La crónica policial de los noticieros uruguayos no dio tregua en los últimos días. Las noticias de homicidios se repetían a diario, incluso con varios asesinatos por día. La semana que pasó, por ejemplo, cerró con 10 homicidios y la anterior una masacre había generado conmoción: cinco miembros de un clan familiar fueron acribillados a balazos.

La sucesión de estos casos policiales provocan que la noticia informada por el Ministerio del Interior este lunes no sorprenda: la cantidad de homicidios en el primer semestre aumentó. Se trata de un dato que el propio ministro del Interior, Carlos Negro, había anticipado días atrás aunque sin precisión.

El Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior presentó este lunes el Boletín Semestral de Estadísticas Criminales correspondientes al período enero-junio de 2026. El informe muestra que, considerando todos los delitos denunciados, el descenso fue de 3,7%; pero el problema principal está en los homicidios.

El informe señala que entre enero y junio hubo 195 homicidios, 12 más que en el mismo período de 2025 (cuando se contabilizaron 18 casos). El aumento fue de 6,6%.

Este aumento se dio principalmente en el segundo trimestre del año, entre abril y junio. Además del episodio como el quíntuple homicidio, se dio también un triple crimen en un a boca de drogas. Mayo, en concreto, fue el mes con mayor cantidad de asesinatos con 38 casos (nueve más que el mismo mes de 2025).

El Ministerio del Interior informó también que hubo un aumento de la utilización de las armas de fuego. Tres de cada cuatro homicidios fueron cometidos con este tipo de armas, una cantidad superior al 64% registrado en el primer semestre del año pasado. Los crímenes con armas de fuego fueron 146 (un incremento del 25%); los cometidos sin utilizarlas, en tanto, se redujeron un 26%.

“Lo que se puede interpretar es que las estrategias que cambiaron a finales del año pasado tuvieron un semestre entero de resultados positivos. En los últimos meses del año pasado y el primer trimestre de este año mostraron descensos bastante considerables de los homicidios en esas zonas. Sin embargo, a partir de marzo, en otras zonas aledañas de Montevideo y también en Canelones se ven aumentos”, dijo Diego Sanjurjo, el gerente de Estadística y Criminología del Ministerio del Interior, en una rueda de prensa.

En ese departamento, el 70% de los crímenes está asociado al mercado de drogas.

“La delincuencia se adapta a las estrategias. El aumento del segundo semestre está siendo analizado por la Policía Nacional y vemos que las estrategias que llevan adelante van a tomar en cuenta estos nuevos cambios”, comentó.

Los homicidios de mujeres por violencia basada en género disminuyeron de 12 a 10 al tiempo que los crímenes cometidos por parejas o exparejas se mantuvieron estables en ocho casos. Las denuncias por violencia doméstica y los delitos asociados descendieron un 1,1% (pasaron de 21.575 a 21.434), mientras que los delitos sexuales disminuyeron de 1.541 denuncias a 1.432 (un 7% menos).

En los delitos contra la propiedad, hubo una disminución, según la información oficial. Las rapiñas bajaron un 4%, al pasar de 8.087 a 7.762 casos. Los hurtos registraron uno de los descensos más significativos, al pasar de 53.154 a 49.187 denuncias, una reducción del 7,5%.

La cantidad de autos hurtados cayó un 8,3%, al pasar de 6.943 casos a 6.370. Los abigeatos registraron la mayor reducción porcentual entre los delitos patrimoniales, con un descenso del 20,1%, pasando de 427 a 341 casos.

En cuanto a las estafas y fraudes informáticos, se informan 14.035 denuncias en 2026 frente a 13.780 en 2025. Se trata del único delito de esta categoría que aumenta. El gobierno proyecta que este número continuará creciendo.

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Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”: seguirá preso en el penal de San Miguel

Un juez de control vinculó a proceso a Rafael “N”, empresario español de 67 años identificado como el “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos. El imputado permanecerá en prisión preventiva en el penal de San Miguel mientras continúa el proceso. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla, acumula al menos 10 denuncias por presuntamente disparar contra vehículos que circulaban sobre esa vialidad, hechos en los que un motociclista resultó herido. Durante los cateos realizados tras su detención fueron aseguradas varias armas de fuego, más de 500 cartuchos, casi 730 mil pesos en efectivo, equipos electrónicos y la camioneta que presuntamente utilizaba para cometer las agresiones.

EEUU va por la fortuna de “El Mayo” Zambada con una estratosférica multa de 15 mil mdd

Un juez federal de Estados Unidos ordenó la confiscación de 15 mil millones de dólares contra Ismael “El Mayo” Zambada, además de imponerle cadena perpetua por delitos relacionados con narcotráfico. La sanción económica, solicitada por fiscales federales, superó la confiscación de 12 mil 600 millones de dólares establecida en 2019 contra Joaquín “El Chapo” Guzmán y representa el monto más alto planteado en un caso de narcotráfico ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

El Departamento de Justicia estadounidense calculó la cifra con base en las ganancias ilícitas generadas por el Cártel de Sinaloa durante décadas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, aunque la recuperación de esos recursos dependerá de futuras investigaciones para localizar bienes, cuentas y activos vinculados con la organización criminal.

Caen 10 presuntos integrantes del CJNG en Nayarit: capturan a operador que sucedió a “El Jardinero”

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que fuerzas federales realizaron siete cateos en Nayarit que derivaron en la detención de 10 presuntos integrantes de una célula del CJNG con operaciones en Nayarit, Puebla y Tlaxcala. Entre los capturados se encuentra José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “M4”, identificado como operador del grupo criminal tras la captura de “El Jardinero”. De acuerdo con el funcionario, la organización está vinculada con secuestro, extorsión, homicidio, narcotráfico, tráfico de armas, robo a transporte de carga y robo de hidrocarburos. En los operativos participaron la SSPC, Sedena, Semar, FGR y el Centro Nacional de Inteligencia, y fueron aseguradas armas, drogas, vehículos, teléfonos celulares y diversa documentación.

Detienen en Mazatlán a ciudadano de EEUU ligado a Los Chapitos y buscado por narcotráfico

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que fuerzas federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a Janero Van “N”, ciudadano estadounidense requerido por autoridades de Michigan por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. El operativo fue realizado por elementos de la SSPC, la FGR, la Semar y el INM, en coordinación con la DEA mediante mecanismos de cooperación internacional e intercambio de información. De acuerdo con el funcionario, el detenido está vinculado con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos.

El Mayo Zambada será sentenciado hoy en Nueva York: fiscalía busca decomiso récord de 15 mil millones de dólares

Ismael “El Mayo” Zambada comparecerá este lunes 20 de julio ante el juez federal Brian M. Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York para recibir su sentencia definitiva, luego de declararse culpable de cargos por narcotráfico. Además de la cadena perpetua prevista por la legislación estadounidense, el juez resolverá si ordena la confiscación de 15 mil millones de dólares solicitada por la Fiscalía, decidirá si emite una recomendación sobre el penal federal donde permanecerá y expondrá públicamente la valoración de la justicia de Estados Unidos sobre el papel que desempeñó durante décadas como cofundador y líder del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en el informe “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI” que agentes de inteligencia rusos operan en México bajo coartadas de ser diplomáticos para recopilar información sobre territorio estadounidense, un asunto que, según Washington, ha generado fricciones con el gobierno mexicano durante varios años.

El documento oficial de 100 páginas, presentado por el secretario de Estado Marco Rubio, está dedicado principalmente a Cuba, pero vincula al gobierno de La Habana con Moscú en materia de espionaje e inteligencia. En ese contexto, México aparece como un punto de operaciones clave para el Kremlin en el hemisferio occidental.

México como base del GRU ruso

El informe retoma declaraciones formuladas en marzo de 2022 ante el Comité de Servicios Armados del Senado por el general Glen VanHerck, entonces jefe del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), quien advirtió que el Directorio Principal de Inteligencia (GRU) de Rusia mantenía en México su mayor base de operaciones a nivel mundial.

Según el documento, los oficiales rusos de alto nivel se presentan como funcionarios diplomáticos para obtener información de inteligencia relacionada con Estados Unidos.

“La presencia de altos espías rusos en México, haciéndose pasar por diplomáticos para recabar información sobre Estados Unidos, ha sido fuente de tensión diplomática entre ambos países en los últimos años”, se lee en el texto. El reporte agregó que esta actividad le ha permitido a Rusia mantener un acceso mediante “puerta trasera” a datos de seguridad estadounidenses.

La lista de la CIA y los acuerdos previos

El informe del Departamento de Estado recupera también una investigación publicada en diciembre de 2025 por The New York Times, según la cual la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entregó en 2022 a la Secretaría de Relaciones Exteriores una lista con más de 24 presuntos espías rusos acreditados como diplomáticos en México.

De acuerdo con esa pesquisa, el asunto fue planteado a partir de 2020 al entonces canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien respondió que los agentes enlistados no representaban “un problema”. La subsecretaria de Estado estadounidense Wendy Sherman le rebatió directamente: “Son un problema. Lo sabemos. Los expulsamos de Washington y ahora están aquí.”

Durante 2023, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador llegó a un acuerdo con la administración de Joe Biden: permitir que Washington emitiera opiniones sobre las solicitudes de acreditación de nuevos diplomáticos rusos. No obstante, los agentes que ya se encontraban en territorio mexicano no fueron expulsados.

El eje Cuba-Rusia y su alcance regional

El documento ubica la situación en México dentro de una alianza estratégica más amplia entre Moscú y La Habana. Según el Departamento de Estado, Cuba alberga 18 instalaciones de inteligencia de señales (SIGINT), de las cuales tres son operadas directamente por China y dos por Rusia, cuyo personal en la isla se ha triplicado desde el año 2023.

El documento advierte que Cuba alberga además la mayor instalación rusa de SIGINT en el extranjero, originalmente establecida durante la Guerra Fría y reactivada por Moscú en 2014. Washington sostiene que esa red refuerza las relaciones militares y de inteligencia del Kremlin con gobiernos como los de Nicaragua y Venezuela.

“A medida que Cuba depende cada vez más de la energía y la asistencia rusas, Rusia busca aprovechar esta relación creciente para revitalizar sus antiguas redes de inteligencia en el hemisferio occidental", señala el texto, que también menciona operaciones de ciberataques, desinformación y propaganda antiestadounidense.

Sheinbaum afirmó que hay 250 agentes de diferentes nacionalidades

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al tema durante su conferencia en Palacio Nacional. Confirmó que en México operan alrededor de 250 agentes extranjeros de diversas agencias, todos aprobados por un Comité del Gabinete de Seguridad y obligados a cumplir la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

“Todos tienen que cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Tienen que ser aprobados por un Comité del Gabinete de Seguridad y cada mes tienen que estar informando cuál es su actuación en México”, precisó Sheinbaum.

La mandataria recordó el caso de agentes de la CIA detectados en el estado de Chihuahua sin la debida notificación al gobierno federal, hecho que derivó en la renuncia del fiscal estatal César Jáuregui Moreno en abril de 2026.

“Cuando ocurrió lo de Chihuahua, nosotros pedimos a la embajada que retirara a los agentes que no tenían permiso. En abril o mayo. Y sí se retiraron", afirmó.

Sheinbaum trazó una distinción entre la cooperación autorizada y las operaciones no notificadas. “El problema es si hay algún otro miembro del gobierno de Estados Unidos que viene a hacer alguna operación a México que no informa al gobierno de México”, planteó, al tiempo que subrayó que la vía diplomática seguirá siendo el mecanismo preferido para dirimir diferencias.

“Nosotros no buscamos una confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Eso no quiere decir que dejemos que violen la soberanía”, concluyó la presidenta.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) basa su fortaleza en la cooperación internacional para responder de manera coordinada a amenazas como el crimen organizado transnacional, los activos virtuales, el fraude digital y los delitos ambientales.

Por ello, Panamá impulsa una agenda moderna y prospectiva que incorpora temas estratégicos como la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, el fortalecimiento de la inteligencia financiera, la recuperación de activos, y la identificación y verificación de beneficiarios finales.

Esto lo afirma Isabel Vecchio Arófulo, presidenta Pro Témpore del Gafilat y quien recientemente dirigió las deliberaciones del máximo órgano de decisión del organismo, reunido en Lima, Perú.

El Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La reunión congregó a representantes de los 18 Estados miembros, organismos observadores, organismos internacionales y países cooperantes para evaluar la evolución de las amenazas que enfrenta la región, aprobar nuevos instrumentos técnicos y definir las prioridades que orientarán el trabajo del Gafilat con miras a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Vecchio destacó que América Latina enfrenta un entorno marcado por profundas transformaciones tecnológicas, económicas y geopolíticas, lo que exige sistemas nacionales de prevención cada vez más resilientes, innovadores y basados en riesgos, según una nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas.

Bajo la conducción de Panamá, agrega la información, el pleno aprobó importantes decisiones para fortalecer la arquitectura regional de prevención de los delitos financieros.

Entre ellas destaca la presentación de la Primera evaluación regional de riesgos de financiamiento de la proliferación, considerada un hito para América Latina al constituir el primer diagnóstico conjunto sobre esta amenaza.

Se dijo que este instrumento servirá como base para fortalecer las políticas públicas nacionales, orientar las estrategias regionales de mitigación de riesgos y reforzar la cooperación entre los países miembros.

Otro de los principales avances fue la incorporación de la inteligencia artificial como eje estratégico permanente del Gafilat.

El pleno aprobó una hoja de ruta regional que contempla el desarrollo de estudios especializados, espacios de intercambio técnico y una evaluación regional sobre el impacto de esta tecnología en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, reconociendo tanto su potencial para fortalecer la supervisión y la detección de operaciones sospechosas como los riesgos asociados a su uso por organizaciones criminales.

En ese contexto, se manifestó que se desarrolló una Sesión Especial sobre Delitos Ambientales, en la que participaron representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá junto con autoridades de la región y organismos multilaterales.

Durante el encuentro se analizaron los desafíos que representan la minería ilegal, la tala ilegal y otros delitos ambientales como fuentes de flujos financieros ilícitos, resaltando la necesidad de fortalecer las investigaciones financieras, la cooperación internacional y la recuperación de activos.

De igual manera, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con representantes del Ministerio de Gobierno, participaron en la Sesión Especial sobre Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).

Las discusiones, siempre de acuerdo con el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, abordaron la importancia de aplicar un enfoque basado en riesgos que permita prevenir el abuso del sector para fines ilícitos, preservando al mismo tiempo el papel esencial que desempeñan las organizaciones sin fines de lucro en el desarrollo social, humanitario y comunitario.

Néstor Morales Castro, alias "El Tuna“, fue sentenciado a 36 años y tres meses de prisión por el homicidio calificado de un hombre al que secuestró junto con tres cómplices en Ixtapan de la Sal, Estado de México, en julio de 2025, tras una disputa por el control de la venta de drogas en la zona. La condena fue obtenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ante un juez que también le impuso una multa y el pago de una reparación del daño a los familiares de la víctima.

El crimen: golpiza, secuestro y ejecución

El 12 de julio de 2025, la víctima caminaba por la vía pública en la colonia Centro de Ixtapan de la Sal cuando fue interceptada por cuatro individuos que se desplazaban a bordo de una camioneta. Nadie volvió a verla con vida.

Dos días después, el 14 de julio de 2025, el cuerpo fue localizado a la altura de la comunidad de El Platanar, en el municipio de Malinalco, con una herida producida por el paso de un proyectil de arma de fuego.

El hallazgo, a kilómetros del lugar del secuestro, confirmó que la víctima había sido trasladada, ejecutada y abandonada en una zona distinta a la del ataque inicial.

Una disputa por el narcomenudeo como móvil del crimen

Néstor Morales Castro, alias "El Tuna“, fue sentenciado a 36 años y tres meses de prisión por el homicidio calificado de un hombre en Ixtapan de la Sal. El crimen ocurrió el 12 de julio de 2025, cuando el sentenciado y tres cómplices secuestraron a la víctima en plena vía pública tras una disputa por el control de la venta de drogas en la zona. El cuerpo fue hallado dos días después en Malinalco con una herida de bala.

Las investigaciones de la FGJEM establecieron que el detonante del crimen fue una disputa por el control del narcomenudeo en la zona de Ixtapan de la Sal.

La participación de los cuatro sujetos a bordo de la camioneta fue documentada por la Representación Social como parte de un plan deliberado.

El juez acreditó las circunstancias que elevan el delito a homicidio calificado, según informó la FGJEM, sin precisar en su comunicado cuáles calificativas fueron reconocidas formalmente en el fallo.

La investigación que llevó a la detención

Al tomar conocimiento del caso, la FGJEM dio inicio a las investigaciones correspondientes. A través de las diligencias realizadas, los agentes ministeriales lograron identificar a Morales Castro como uno de los participantes directos en los hechos.

Con esa información, la Fiscalía solicitó y obtuvo del juez competente una orden de aprehensión en contra del imputado.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la propia institución, quienes detuvieron a Morales Castro y lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. A partir de ese momento, el proceso penal siguió su curso hasta la resolución final.

La condena: prisión, multa y reparación del daño

El juez a cargo del caso determinó la culpabilidad de Néstor Morales Castro y le dictó una sentencia de 36 años y tres meses de prisión por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado. El fallo incluyó dos sanciones de carácter económico.

La primera: una multa por 200 mil 823 pesos. La segunda: el pago de 247 mil 776 pesos por concepto de reparación del daño en favor de los afectados por el crimen.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Luis “N” por el delito de trata de personas, luego de que una investigación estableciera que el imputado compartió archivos de pornografía infantil a través de un chat grupal de mensajería instantánea en Gómez Palacio, Durango. Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa en su contra y fijó cuatro meses para la investigación complementaria.

La modalidad del delito: distribución digital de material de explotación infantil

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó ante el juez de control los datos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado.

La resolución judicial lo vinculó específicamente por trata de personas en la modalidad de “compartir por cualquier medio imágenes y videos en los que participan personas menores de dieciocho años en actos sexuales y/o de exhibicionismo corporal con fines sexuales reales”.

Esta figura legal encuadra la distribución de pornografía infantil dentro del delito de trata de personas, conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

La resolución judicial lo vinculó específicamente por trata de personas en la modalidad de compartir por cualquier medio imágenes y videos en los que participan personas menores de dieciocho años en actos sexuales.

Detención en la colonia Sacramento de Gómez Palacio

La aprehensión de Luis “N” fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la colonia Sacramento del municipio de Gómez Palacio, en el estado de Durango.

La diligencia se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por autoridad judicial, como parte del proceso de investigación que ya había identificado al imputado como posible responsable de la distribución del material. La detención se efectuó sin que se informara de incidentes durante el operativo.

Prisión preventiva en el CEFERESO 18 de Coahuila

Tras la audiencia inicial, el juez federal impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, modalidad que no admite sustitución por otra medida y que aplica de forma automática para ciertos delitos graves previstos en la Constitución.

Luis “N” quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 18, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

El juez también fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el MPF deberá consolidar el acervo probatorio de cara a la siguiente etapa procesal.

La FEMDO, fiscalía especializada a cargo del caso

La investigación fue conducida por la FEMDO, unidad de la FGR cuya competencia abarca los delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, incluidos los relacionados con tráfico de menores y trata de personas cuando concurren los elementos legales correspondientes.

La participación de la PFM y la AIC en la ejecución de la orden de aprehensión también es indicativa del nivel institucional con que la FGR atendió esta investigación, que involucra la explotación sexual de menores a través de plataformas digitales de mensajería.

Casos similares en semanas recientes

El caso de Luis “N” se inscribe en una serie de investigaciones que la FGR ha llevado a proceso en semanas recientes por conductas similares en distintos estados del país.

A través de distintas fiscalías especializadas, entre ellas la FEMDO y la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), la dependencia ha obtenido vinculaciones a proceso por la distribución y almacenamiento de material de abuso sexual infantil en plataformas digitales.

Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado la madrugada de este lunes dentro del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, el mismo inmueble donde, en abril de 2022, fue encontrada sin vida Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años. El descubrimiento lo hizo un creador de contenido que ingresó sin autorización al predio abandonado para realizar una exploración urbana. Las autoridades investigan las causas del deceso y la identidad de la víctima.

La movilización policial ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando el tiktoker recorría las instalaciones del motel en el marco de una exploración urbana con fines de documentación para redes sociales. Al avanzar por los pasillos en ruinas, detectó marcas de arrastre en el piso que lo condujeron a la habitación 156, donde encontró el cuerpo sin vida de un hombre.

El creador de contenido interrumpió la grabación y alertó a los servicios de emergencia. Minutos después, quedó a disposición de las autoridades para rendir declaración. Su identidad no ha sido revelada públicamente.

Movilización de múltiples corporaciones

Tras el aviso, elementos de la Policía Municipal de Escobedo, conocida como Proxpol, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acordonaron el área e iniciaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Las condiciones en que se encontraba impidieron determinar de manera inmediata los rasgos físicos de la víctima, su vestimenta o la presencia de posibles huellas de violencia.

Identidad y causa de muerte, sin confirmar

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que mantiene abierta la carpeta de investigación. Los exámenes forenses y las pruebas comparativas de ADN serán determinantes para identificar formalmente al fallecido, establecer la causa de la muerte y definir si existió participación de terceros.

Las autoridades no han precisado si el deceso fue consecuencia de un hecho violento o de otra causa. Tampoco se ha descartado ninguna línea de investigación.

Un predio que volvió a quedar sin custodia

El Motel Nueva Castilla permaneció clausurado durante varios años como parte de las investigaciones derivadas del caso Debanhi Escobar. Alrededor de julio de 2025, tras la resolución de un amparo, las autoridades estatales liberaron gran parte del inmueble, aunque zonas como la cisterna, la alberca y el restaurante permanecen con restricciones, y desde entonces quedó en estado de abandono.

El predio se ubica en el kilómetro 15.5 de la carretera a Nuevo Laredo. Vecinos y reportes locales señalan que las entradas no autorizadas son una práctica frecuente entre jóvenes y creadores de contenido que documentan el deterioro del sitio.

El caso que marcó a México

El Motel Nueva Castilla adquirió notoriedad nacional e internacional cuando el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa fue localizado en una cisterna en desuso dentro del predio, 13 días después de su desaparición.

La noche del 8 de abril de 2022, la joven, de 18 años, asistió a una fiesta en una quinta en Escobedo junto a dos amigas. Al retirarse, un conductor de una plataforma de transporte, aunque el servicio se realizó fuera de la aplicación, la dejó sola en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, frente al motel. La fotografía que le tomó el conductor en ese momento se volvió viral y es la última imagen que se tiene de ella con vida. Su desaparición fue reportada el 9 de abril.

El cuerpo fue hallado el 21 de abril de 2022 en la cisterna del predio. El caso generó una profunda indignación social por las inconsistencias detectadas durante la investigación inicial y derivó en la atracción del expediente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta la fecha, no se han realizado detenciones por el feminicidio.

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, no obtuvo ningún beneficio del gobierno de Estados Unidos por haber orquestado el traslado forzado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense. Así lo confirmó el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella.

La declaración de Nocella se produjo este lunes, tras la audiencia en la que el juez federal Brian Cogan condenó a Zambada a cadena perpetua en Brooklyn. Cerró así, al menos en el plano público, la especulación sobre si Guzmán López habría negociado algún tipo de trato favorable a cambio de entregar al histórico líder del Cártel de Sinaloa.

Guzmán López admitió haber orquestado el secuestro

Al declararse culpable, Guzmán López reconoció ante el tribunal que fue él quien planificó y ejecutó el operativo que derivó en el arribo de El Mayo a suelo estadounidense. Según consta en el expediente público, el propio acusado admitió que actuó con la expectativa de ganarse el favor del gobierno de los Estados Unidos.

“Joaquín Guzmán López, cuando se declaró culpable, declaró que él orquestó el secuestro de El Mayo, y también declaró que esperaba ganarse el favor del gobierno de los Estados Unidos por haberlo hecho”, afirmó Nocella en una conferencia de prensa realizada posterior a la audiencia de sentencia de “El Mayo”.

Esa admisión convirtió el expediente en el registro oficial de uno de los episodios más oscuros del caso: el hijo de El Chapo no entregó a El Mayo como parte de un acuerdo negociado con las autoridades, sino que lo hizo de forma unilateral, calculando que eso le generaría un retorno judicial.

La postura de Washington: sin crédito, ni gloria

El gobierno estadounidense fue explícito en su rechazo a esa lógica. Nocella subrayó que Estados Unidos “dejó perfectamente claro que no condona el secuestro” y que Guzmán López “no recibiría ningún crédito por nada de lo que hizo en ese sentido”.

La distinción es relevante desde el punto de vista legal: en el sistema federal estadounidense, la cooperación con las autoridades puede traducirse en reducciones de pena. Que el fiscal descarte expresamente ese beneficio para Guzmán López indica que el mecanismo del secuestro, no negociado y no autorizado, fue determinante para que la fiscalía no lo reconociera como cooperación válida.

La postura oficial separa así dos hechos que el propio Guzmán López habría querido vincular: el resultado, El Mayo en custodia estadounidense y el método, que las autoridades consideran inaceptable independientemente de sus consecuencias.

La pregunta que el fiscal no respondió

Durante la rueda de prensa, un periodista planteó la pregunta que más incomodidad generó: si el FBI o el HSI tenían conocimiento previo del secuestro antes de que ocurriera.

Nocella no respondió. Se limitó a señalar lo que consta en el expediente público y agregó que no podía ir más allá porque se trata de “un asunto de investigación continua”.

Esa respuesta alimenta las interrogantes sobre el papel que jugaron las agencias federales en el arresto. La pregunta no era menor: si alguna agencia sabía de antemano lo que Guzmán López planeaba, la narrativa oficial sobre cómo llegó El Mayo a Estados Unidos adquiere una dimensión distinta. El fiscal no confirmó ni desmintió ese escenario. La investigación sigue abierta.

El Mayo Zambada, condenado a cadena perpetua

Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeródromo privado en Santa Teresa, Nuevo México. Su llegada estuvo envuelta en versiones contradictorias desde el primer momento.

Zambada sostuvo desde el inicio que fue víctima de un engaño y un secuestro. La declaración de culpabilidad de Guzmán López ante el tribunal federal del Distrito Este de Nueva York vino a confirmar, al menos en parte, esa versión. Este lunes, el juez Cogan le impuso la pena máxima a Ismael “El Mayo” Zambada.

Un juez del Estado de México condenó a Aarón Hernández Gamas a 50 años de prisión por el secuestro exprés y robo de un camión de carga en la autopista México-Tuxpan, en el municipio de Nopaltepec. La sentencia, obtenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), incluye además una multa de $452,560 pesos.

El hecho ocurrió el 14 de septiembre de 2025, cuando la víctima transportaba abarrotes, ropa y electrodomésticos a bordo de un camión Torton marca Internacional. Hernández Gamas y un cómplice armados interceptaron la unidad, privaron de la libertad al conductor y lo trasladaron a otro municipio antes de liberarlo.

Cómo ocurrió el asalto en la autopista

Sobre la autopista México-Tuxpan, un vehículo color negro cerró el paso al camión de carga. Del automóvil descendieron Hernández Gamas y otro sujeto, ambos portando armas de fuego.

Lo mantuvieron privado de su libertad con el objetivo de apoderarse del camión y su carga, y posteriormente lo liberaron en calles del municipio de Axapusco.

El camión Torton, cargado con mercancía de consumo básico y artículos del hogar, quedó en manos de los asaltantes.

La tecnología GPS que permitió recuperar la mercancía

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) fueron alertados del robo y lograron interceptar a Hernández Gamas mientras conducía el vehículo robado. Para ese momento, el camión ya no transportaba la mercancía.

Los productos sustraídos contaban con rastreadores GPS, lo que permitió a las autoridades ubicarlos al interior de un inmueble en el municipio de Teotihuacán. La tecnología de geolocalización resultó determinante tanto para la recuperación de la carga como para fortalecer el caso en contra del imputado.

Hernández Gamas fue hallado al volante de la unidad robada, lo que facilitó su identificación como uno de los responsables directos del delito.

De la detención a la sentencia condenatoria

Al tomar conocimiento de los hechos, la FGJEM inició las investigaciones correspondientes e identificó a Hernández Gamas como probable responsable. La Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión formal en su contra.

Elementos de la Fiscalía estatal ejecutaron el mandato judicial e ingresaron al imputado al centro penitenciario de la zona. Quedó a disposición de un juez, quien analizó el conjunto de pruebas presentadas por la representación social.

Tras ese proceso, el juzgador dictó sentencia condenatoria de 50 años de prisión por su responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de robo. El fallo también fijó una multa de $452,560 pesos.

Secuestro exprés con fines de robo, un delito de alto impacto

El secuestro exprés con fines de robo se distingue de otros ilícitos porque la privación de la libertad de la víctima es instrumental: el objetivo central es el apoderamiento de bienes, y la retención del afectado opera como medio de control para consumar el despojo.

En este caso, la víctima fue trasladada a bordo del vehículo negro mientras sus agresores tomaban el control del camión de carga. Una vez asegurada la unidad, fue liberada en Axapusco, municipio colindante con Nopaltepec dentro del Estado de México.

La FGJEM no informó sobre el paradero ni la situación jurídica del segundo sujeto que participó en el asalto, identificado en las indagatorias iniciales pero no incluido en la sentencia emitida.

El caza provocó que sombrillas y sillas salieran despedidas, sorprendiendo a los presentes y dejando al piloto envuelto en una controversia nacional.

El episodio, registrado en video y ampliamente difundido en redes sociales, motivó a la Marina de Estados Unidos a iniciar una revisión interna para establecer si la maniobra respetó los protocolos de la fuerza y de la Administración Federal de Aviación (FAA).

De acuerdo con Forbes, la institución subrayó que la protección de espectadores, comunidad y tripulantes figura entre sus prioridades más estrictas.

El hecho se produjo durante una demostración aérea y, según comunicó el escuadrón, la situación se apartó de las rutinas habituales.

El comandante del grupo acrobático, Adam Bryan, manifestó que cualquier acción que implique riesgos para el público obliga a un análisis técnico exhaustivo.

En esta ocasión, la investigación busca determinar por qué el aparato sobrevoló una zona poblada a una altura no prevista en los estándares de la fuerza. Medios internacionales, citando a fuentes oficiales, confirmaron que el escrutinio institucional se encuentra activo y que toda la secuencia está bajo evaluación.

El testimonio del piloto y la reacción de la dirigencia

La legisladora estatal Michelle Salzman relató en sus redes sociales que conversó con el piloto implicado y, según su testimonio, este reconoció el error en la maniobra y expresó que “cargar con lo sucedido le ha resultado especialmente duro”.

Salzman afirmó que el aviador se mostró comprometido con un alto nivel de exigencia profesional y afectado por no haber cumplido con ese estándar.

Forbes reprodujo la declaración: “No puso excusas ni buscó desviar la responsabilidad, sino que admitió el giro incorrecto, una situación indeseable para cualquier piloto experimentado”.

El incidente no solo despertó atención dentro de la estructura militar. En el plano político, la maniobra fue defendida por figuras alineadas con el presidente Donald Trump.

El secretario de Defensa interino, Pete Hegseth, rechazó la imposición de sanciones y, a través de la red social X, optó por resaltar el carácter simbólico de las exhibiciones aéreas, asegurando: “Los sobrevuelos continuarán hasta que mejore la moral”.

Su postura fue respaldada por el secretario de la Marina, Hung Cao, quien sintetizó la resolución institucional con una frase rotunda: “Sin reprimendas. Sin despidos. Sin problema”. Ambos funcionarios acompañaron sus mensajes con videos del vuelo, consolidando el apoyo a la escuadrilla.

La reacción política cruzó también al ámbito partidario. Eric Trump, hijo del mandatario, responsabilizó a los medios de comunicación por la polémica y calificó de “fabricada” la indignación frente al episodio.

Para el dirigente republicano, la demostración fue el momento más destacado del día para quienes asistieron a la playa.

La cobertura de Forbes señala que la gestión de Hegseth impulsa una agenda orientada a reforzar la imagen masculina de las fuerzas armadas, una tendencia visible en la reciente implementación de controles anuales de testosterona para militares de más de 30 años y en su resistencia a la participación femenina en roles de combate.

Antecedentes recientes y contexto de las demostraciones militares

El sobrevuelo en Pensacola se suma a una serie de exhibiciones militares recientes que generaron controversia. Entre los antecedentes más cercanos figura la decisión de las autoridades de revertir la suspensión de ocho pilotos de helicópteros Apache, quienes realizaron una pasada a baja altura sobre la costa de Carolina del Sur durante los festejos del 4 de julio.

Además, la defensa oficial alcanzó a dos pilotos del Ejército que realizaron una maniobra cerca de la residencia del músico Kid Rock en Nashville, Tennessee.

La secuencia de incidentes fue interpretada por analistas y medios como parte de una estrategia de reivindicación del poderío militar y de consolidación de una narrativa de fortaleza nacional.

Forbes y publicaciones especializadas documentaron que, ante cada caso, la respuesta oficial priorizó la defensa institucional y el respaldo a las exhibiciones, minimizando los señalamientos sobre posibles riesgos para la población civil.

Hasta el momento, la investigación por el vuelo bajo en Pensacola continúa en curso, sin que se hayan anunciado penalizaciones para el piloto.

Las autoridades insisten en que el proceso de revisión busca garantizar que las futuras demostraciones se desarrollen bajo parámetros estrictos de seguridad, mientras en el escenario público persiste el debate sobre los límites entre la exhibición militar y la protección de los ciudadanos.

La madrugada del domingo estuvo marcada por la violencia y sacudió el centro de Tucson. En medio de una zona de ocio densamente concurrida, un tiroteo dejó a nueve personas heridas y a un sospechoso hospitalizado tras ser baleado por la policía.

El incidente, ocurrido aproximadamente a las 2:00, generó alarma en la comunidad y activó operativos de emergencia y seguridad. Según informó el portavoz del Departamento de Policía de Tucson, Frank Magos, agentes asignados a patrullaje a pie escucharon detonaciones y se dirigieron de inmediato hacia el foco del ataque.

Al llegar a la intersección de East Congress Street y North 6th Avenue, los oficiales se encontraron con un hombre adulto identificado como sospechoso. Magos aseguró que los policías emitieron órdenes reiteradas antes de que uno de ellos utilizara su arma reglamentaria e hiriera al individuo.

Los uniformados prestaron asistencia médica tanto al herido como a las víctimas hasta la llegada de personal especializado del Departamento de Bomberos de Tucson.

Detalles de la intervención y la investigación

El saldo del ataque incluyó nueve personas adultas con heridas de bala en las extremidades, quienes fueron trasladadas en estado crítico a hospitales de la zona.

El propio sospechoso resultó herido de gravedad por los disparos policiales y también fue remitido a un centro médico, tal y como detalló Reuters, que sumó al atacante en el conteo total de heridos. Las fuentes oficiales confirmaron que ningún agente policial sufrió lesiones durante la intervención.

El motivo detrás de la agresión permanece bajo análisis. Fuentes policiales citadas por la filial local KGUN indicaron que la investigación evalúa si el incidente se originó a partir de una confrontación previa entre dos grupos, circunstancia que habría derivado en que transeúntes terminaran alcanzados por los disparos.

La policía solicitó colaboración a quienes presenciaron el hecho o posean vídeos del episodio, invitando a comunicarse con las autoridades de manera anónima mediante el canal 88-CRIME y haciendo referencia al expediente 260719048.

La magnitud del suceso motivó la activación del Pima Regional Critical Incident Team (PRCIT) para conducir la investigación criminal principal, mientras que la revisión del uso de la fuerza policial quedó en manos de la Oficina del Sheriff del Condado de Pima.

A la par, el Departamento de Policía de Tucson abrió una pesquisa interna para determinar posibles infracciones a sus normativas. Según lo habitual en casos donde intervienen armas reglamentarias, las conclusiones serán remitidas a la Oficina del Fiscal del Condado de Pima para su evaluación.

Reacciones y contexto nacional sobre la violencia armada

El ataque se produjo en un contexto nacional de creciente preocupación por los tiroteos masivos en Estados Unidos. La organización Gun Violence Archive elevó a 257 la cifra de incidentes de este tipo registrados en lo que va de año, caracterizados por involucrar al menos cuatro víctimas heridas o fallecidas.

La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, emitió un comunicado donde lamentó el hecho: “Anoche, Tucson experimentó otro acto de violencia armada. Un tirador comenzó a disparar temerariamente en una zona concurrida e hirió a nueve personas antes de ser detenido por un oficial de policía de Tucson”.

Romero añadió que, gracias a la atención brindada por bomberos y agentes, todas las víctimas fueron estabilizadas y trasladadas al hospital, manifestando esperanza en su recuperación. Más adelante, la funcionaria señaló que “el fácil acceso a las armas y las débiles leyes de seguridad con armas de Arizona han seguido poniendo a todos en riesgo”.

Diversas voces públicas se sumaron a las muestras de conmoción y solidaridad. Gabby Giffords, exrepresentante federal y sobreviviente de un intento de asesinato en 2011, expresó su pesar en un mensaje difundido el domingo: “Me rompe el corazón saber que nueve personas recibieron disparos temprano esta mañana en el centro de Tucson. Demasiadas vidas han cambiado para siempre por la crisis de violencia armada de Estados Unidos, en mi ciudad natal y en todo el país”.

Por su parte, la cobertura local de KVOA News 4 Tucson y KOLD 13 News incluyó testimonios de testigos presenciales que describieron escenas de pánico y el rápido accionar de los equipos de emergencia.

El presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de Tucson, Darrell Hussman, destacó que la proximidad de los agentes al lugar fue determinante para controlar la situación y evitar una tragedia mayor.

Procedimientos y próximos pasos

Las autoridades mantienen activa la investigación sobre el origen del ataque y el perfil del sospechoso, quien permanece hospitalizado bajo custodia.

El proceso judicial y las revisiones administrativas seguirán su curso, con la expectativa de que nuevos datos surjan de los peritajes y testimonios recabados.

El episodio de Tucson reavivó el debate sobre la tenencia de armas y la seguridad pública en el estado de Arizona, así como el reclamo por reformas legislativas que permitan prevenir tragedias similares en el futuro.

Mientras tanto, la comunidad permanece atenta a la evolución del estado de salud de las víctimas y al avance de las investigaciones oficiales.

El Mayo Zambada, el cofundador del Cártel de Sinaloa que eludió durante más de tres décadas a todas las autoridades del mundo, acumuló a lo largo de su carrera criminal un rastro de masacres, corrupción institucional y ejecuciones ordenadas a sangre fría que los tribunales estadounidenses documentaron con precisión. Hoy enfrenta cadena perpetua en Nueva York tras ser engañado y entregado por su propio ahijado.

Su historia abarca cinco décadas de narcotráfico, dos entrevistas clandestinas con periodistas mexicanos y una guerra interna que, tras su caída, dejó más de mil 600 muertos en Sinaloa en menos de un año.

Los inicios: del Cártel de Guadalajara al imperio sinaloense

Ismael Zambada García nació en El Álamo, Culiacán, Sinaloa. Según su propia declaración ante un tribunal federal en agosto de 2025, entró al mundo del narcotráfico a los 19 años, en 1969, cuando un amigo lo llevó a las montañas de Sinaloa para sembrar marihuana oculta entre cultivos de maíz. Aquella primera cosecha produjo aproximadamente 60 libras, que vendió a unos 15 dólares el kilogramo.

Su primera estructura criminal fue el Cártel de Guadalajara, la organización pionera del tráfico de drogas en México, liderada por Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Fue en ese entorno donde Zambada aprendió las reglas del negocio: la logística, la corrupción y el silencio.

Cuando esa organización se desintegró tras el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, Zambada no cayó con ella. Emergió fortalecido. A finales de los años 80, junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán y Juan José “El Azul” Esparragoza, cofundó el Cártel de Sinaloa. Según la fiscalía federal de Estados Unidos, desde sus primeros años la organización estableció vínculos directos con el Cártel de Medellín de Colombia para abastecer el mercado estadounidense.

Los envíos crecieron hasta el punto en que el cártel recibía, de manera rutinaria, entre 15 y 20 vuelos nocturnos, cada uno cargado con entre mil y mil 500 kilogramos de cocaína. Zambada nunca quiso el protagonismo de El Chapo. Operó siempre en las sombras, delegando las operaciones visibles mientras controlaba la logística, las finanzas y la red de corrupción. Esa estrategia le permitió sobrevivir durante más de 35 años sin ser detenido por ninguna autoridad, ni mexicana ni estadounidense.

El caso Kiki Camarena: el crimen que sacudió dos países

El 7 de febrero de 1985, mientras Zambada era miembro activo del Cártel de Guadalajara, ocurrió uno de los hechos más graves en la historia del narcotráfico mexicano. Enrique “Kiki” Camarena, agente encubierto de la DEA infiltrado en esa organización, fue secuestrado en plena luz del día frente al consulado de Estados Unidos en Guadalajara por policías corruptos al servicio del cártel.

Durante más de 30 horas, Camarena fue sometido a torturas sistemáticas en una casa ubicada en el número 881 de la calle Lope de Vega, en el barrio Jardines del Bosque, propiedad de Rafael Caro Quintero. Murió el 9 de febrero de ese año. Su cuerpo, junto al del piloto y agente del programa de erradicación de drogas Alfredo Zavala Avelar, fue hallado el 5 de marzo de 1985, envuelto en plástico en una zona rural de La Angostura, Michoacán.

El crimen desató un terremoto diplomático entre México y Estados Unidos, el primero de esa magnitud en la historia del narcotráfico binacional. La DEA lanzó la llamada Operación Leyenda, una investigación masiva que derivó en detenciones, extradiciones y señalamientos que llegaron hasta funcionarios del gobierno mexicano de la época.

La desintegración del Cártel de Guadalajara que siguió al escándalo no frenó a Zambada. Según documentos judiciales, su paso por esa estructura fue el trampolín desde el que construyó su propio reino en Sinaloa.

La guerra de Ciudad Juárez: miles de muertos en una sola ciudad

El episodio más sangriento atribuido directamente a Zambada por la fiscalía estadounidense fue la guerra por la plaza de Ciudad Juárez, desatada en 2008. Ese año, Zambada y El Chapo enviaron un ejército de sicarios para exterminar a La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez de Vicente Carrillo Fuentes, hermano del legendario “Señor de los Cielos”.

Las tropas de Zambada operaron a través de tres grupos: Gente Nueva, los Artistas Asesinos y la pandilla de los Mexicles. La facción de Zambada los financió con dinero y armamento de grado militar. Los fiscales describen los métodos empleados durante ese periodo como actos de “violencia extrema”, que incluían “la mutilación o desmembramiento del cuerpo en un acto ritual” y su exhibición pública como advertencia.

Las cifras de esa guerra son escalofriantes. En 2007, antes del estallido pleno del conflicto, Juárez registró alrededor de 301 ejecuciones en todo el año. Con la guerra en curso, 2008 cerró con cerca de mil 600 homicidios. En 2009 la cifra superó los 2 mil 700 asesinatos. El año más letal fue 2010, cuando se documentaron aproximadamente 3 mil 111 homicidios en una ciudad de 1,3 millones de personas.

Ese año, Ciudad Juárez fue considerada la ciudad más violenta del mundo. Al otro lado del río Bravo, El Paso era simultáneamente uno de los lugares más seguros de Estados Unidos. Al final de la guerra, el Cártel de Sinaloa se convirtió en el grupo hegemónico de esa plaza.

Ejecuciones ordenadas: los casos documentados por la fiscalía

La acusación federal presentada en Texas vincula a Zambada con al menos tres órdenes de ejecución directas, con nombres, fechas y métodos documentados.

El primero ocurrió en septiembre de 2009. Un integrante del cártel perdió 300 kilogramos de marihuana en un decomiso realizado por autoridades en Sierra Blanca, Texas. Zambada ordenó su ejecución. El hombre fue secuestrado en Horizon City, trasladado a México y asesinado. “El cuerpo mutilado fue encontrado en Juárez, donde había sido golpeado y estrangulado y sus manos habían sido cortadas y colocadas sobre el pecho como mensaje para aquellos que pensaran en robar al cártel”, cita textualmente la acusación.

El segundo caso data de mayo de 2010. Zambada ordenó el secuestro de un residente de Columbus, Nuevo México, como represalia contra rivales del Cártel de Juárez. Sus sicarios irrumpieron en una boda celebrada en Ciudad Juárez y se llevaron a tres hombres. Los cuerpos aparecieron días después en una camioneta, con señales de tortura.

El tercer episodio ocurrió en noviembre de 2023, en Tijuana. Tras el robo de un cargamento de fentanilo, metanfetamina y cocaína, Zambada ordenó represalias. Al menos tres personas fueron asesinadas, según la fiscalía.

El asesinato de su propio sobrino “Cheyo Ántrax”

Apenas meses antes de su captura, en mayo de 2024, Zambada ordenó el asesinato de su sobrino Eliseo Imperial Castro, alias “Cheyo Ántrax”. La razón: el sobrino cobraba deudas en nombre del cártel para beneficio propio y sin autorización.

El cuerpo fue hallado en un automóvil a la orilla de una carretera en Culiacán, Sinaloa. El caso figura en el escrito de sentencia presentado por la fiscalía estadounidense al juez Brian M. Cogan como prueba de la disciplina interna con la que Zambada gobernaba su organización. Ni los lazos de sangre garantizaban protección.

“El acusado participó en asesinatos sistemáticos de miembros del propio cártel, miembros de cárteles rivales, y personal de las fuerzas del orden y militares que traicionaron o actuaron en contra de los objetivos del Cártel”, se lee en el documento judicial.

La corrupción como columna vertebral del cártel

Bajo el liderazgo de Zambada, el Cártel de Sinaloa destinó millones de dólares al año para sobornar a policías, comandantes militares y funcionarios políticos de todos los niveles del Estado mexicano. El juicio contra El Chapo en Nueva York ya había revelado el rol de Zambada como “el gran corruptor”.

El propio Zambada reconoció ante el periodista Diego Enrique Osorno en 2021 que el negocio del narcotráfico estaba sostenido por la complicidad institucional. Negó, en esa misma conversación, haber entregado dinero personalmente al entonces secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien fue condenado en Estados Unidos por vínculos con el cártel, aunque admitió que García Luna tenía acuerdos con otras facciones.

Su hermano de “El Mayo”: El Rey Zambada

Jesús Reynaldo Zambada García, “El Rey”, hermano de El Mayo y jefe de la plaza del Cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, donde controlaba las operaciones del aeropuerto capitalino. Fue él quien subió al estrado en el juicio de Nueva York y describió con precisión cómo el cártel compró al hombre que dirigía la seguridad pública de México.

Según su testimonio, en 2006 el abogado del cártel Óscar Paredes Echegaray coordinó dos reuniones en el restaurante Champs Elysées, sobre Paseo de la Reforma, a metros de la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. En la primera, Paredes subió al salón privado del segundo piso con una maleta deportiva y un portafolio que sumaban 3 millones de dólares.

El Rey esperó en el bar del piso de abajo. Quince minutos después vio salir a García Luna con sus escoltas cargando el equipaje. Tres semanas más tarde, en el mismo lugar, se entregaron 2 millones de dólares más, todo por la protección del cártel durante el gobierno de Felipe Calderón.

“Dijo que no iba a haber problemas con mi hermano”, declaró El Rey ante el jurado. El cártel obtuvo además el compromiso de colocar mandos policiales de confianza en las plazas bajo su control y recibir información anticipada sobre operativos. El Rey también pagó 350 mil dólares al sobrino de García Luna para infiltrar a un agente del cártel, Edgar Bayardo, dentro de la SIEDO. Bayardo murió acribillado en un café de la Ciudad de México en 2009.

El Rey fue detenido en octubre de 2008 en la colonia Lindavista, extraditado a Estados Unidos en 2012 y sentenciado a 12 años de prisión. Testificó primero en el juicio de El Chapo en 2018 y luego en el de García Luna en 2023. Fue liberado en marzo de 2020 por su cooperación. El jurado de Brooklyn validó su testimonio como pieza central de la condena de García Luna, dictada el 16 de octubre de 2024: 38 años y 6 meses de prisión.

La entrevista con Julio Scherer: “si me atrapan o me matan, nada cambia”

En febrero de 2010, Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, recibió en la redacción un mensaje anónimo. El texto era escueto: indicaba un día, un lugar y una hora. Anunciaba que Ismael Zambada deseaba conversar con él. No agregaba una palabra más.

Scherer, que por entonces tenía 83 años y rechazaba cualquier tipo de escolta personal, aceptó. Lo que siguió fue un traslado en distintos vehículos por caminos rurales del noroeste de México, presumiblemente en la región conocida como el Triángulo Dorado, la zona montañosa que se extiende entre Sinaloa, Chihuahua y Durango. Cada cambio de automóvil era una medida para evitar rastreos.

Al llegar a una casa rústica, vigilada por guardaespaldas armados, Zambada le tendió la mano y le dijo: “Tenía mucho interés en conocerlo. Lo esperaba para que almorzáramos juntos”. Sobre la mesa había leche, carne, frijoles, tostadas, queso y café endulzado. Zambada no permitió el uso de grabadora.

La conversación que Scherer reconstruyó de memoria para la edición 1744 de Proceso, publicada en abril de 2010, se convirtió en uno de los documentos periodísticos más citados de la llamada “guerra contra el narcotráfico” del gobierno de Felipe Calderón. Durante el encuentro, el capo confesó vivir en un estado permanente de pánico ante la posibilidad de ser encarcelado.

Cuando Scherer le preguntó si consideraría quitarse la vida antes de pisar una celda, Zambada respondió: “Quiero pensar que sí, que me mataría”. Años después, cuando llegó el momento, no lo hizo. Zambada habló con orgullo de su familia, una esposa, cinco mujeres, 15 nietos y un bisnieto, todos viviendo en las montañas y describió las cuatro ocasiones en que había sentido al ejército sobre su cabeza: “Hui por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo”.

La frase más recordada de esa entrevista fue su respuesta ante un escenario hipotético: si él fuera capturado o muerto, ¿qué cambiaría? “Encerrados, muertos o extraditados, sus relevos ya andan por ahí”, respondió. Y añadió: “Si me atrapan o me matan... nada cambia”.

La edición de Proceso con esa entrevista fue comprada en su totalidad en el estado de Sinaloa antes de que pudiera circular. La única prueba gráfica del encuentro fue una fotografía en la que Zambada aparece junto a Scherer, con el brazo sobre el hombro del periodista.

La segunda entrevista: Diego Enrique Osorno en la sierra de Sinaloa (2021)

Once años después del encuentro con Scherer, Zambada volvió a buscar a un periodista. Esta vez, el elegido fue Diego Enrique Osorno, reportero, documentalista y cronista mexicano, autor de libros como El Cártel de Sinaloa.

El contacto llegó en 2021, en plena pandemia de covid-19. Osorno relató que, al comenzar la conversación, Zambada se mostró impaciente: le habían asignado 30 minutos para la entrevista y el periodista estaba presentándose. Fue hasta que Osorno mencionó el nombre de Julio Scherer cuando el capo se incorporó en su silla y cambió de actitud. “Lástima que no lo podemos revivir”, dijo Zambada. Luego hablaron durante tres horas.

El encuentro se produjo en las montañas del norte de Sinaloa, en una casa que Osorno describió como parecida a la que Scherer había visitado años atrás. Sobre la mesa, carne asada, verduras, frijoles y tortillas. El capo, sentado en una mecedora, habló con un tono que Osorno describió como ascético.

Las revelaciones de esa conversación, publicadas en el libro En la Montaña por editorial Anagrama, fueron múltiples. Zambada afirmó que el negocio del narcotráfico existía porque Estados Unidos lo demandaba: “Nos dedicamos a un negocio que necesita Estados Unidos. Eso hacemos”. Luego añadió: “No crean que nuestra vida es buena. Luchamos, como todos. Hay que trabajar duro para mantener el negocio y la familia”.

Sobre el fentanilo, el cargo que hoy podría costarle la pena de muerte, Zambada fue categórico: “Nada más lo he visto por la televisión”, afirmó, desmarcando a su facción del opioide. También negó haber entregado dinero personalmente a García Luna y anticipó, con precisión, que el gobierno de Estados Unidos terminaría designando a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esa designación ocurrió en febrero de 2025.

Osorno es el tercero de los periodistas que se sabe tuvieron contacto directo con Zambada antes de su detención. Los otros dos fueron Julio Scherer y su hija, María Scherer Ibarra.

El Vicentillo: cuando el hijo negoció con la DEA

Uno de los golpes más dolorosos para Zambada no vino de un rival, sino de su propio linaje. El 19 de marzo de 2009, el Ejército Mexicano detuvo en una residencia de Lomas del Pedregal, en la Ciudad de México, a Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hijo mayor del capo. Fue hallado junto a cinco escoltas en posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El Vicentillo fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010, con destino al Distrito Norte de Illinois, en Chicago. Lo que ocurrió después sacudió al Cártel de Sinaloa desde adentro: el hijo de El Mayo se convirtió en testigo colaborador de la DEA.

El Vicentillo proporcionó datos sobre operaciones del cártel, sobre organizaciones rivales, sobre familiares y sobre su propio padre. Fue sentenciado a 15 años de prisión en mayo de 2019, pero liberado antes de cumplirlos por su cooperación. En abril de 2021 su nombre desapareció del registro de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos.

La fiscalía estadounidense prevé que El Vicentillo figure en la lista de testigos potenciales contra su padre en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. De concretarse, padre e hijo se verían frente a frente en un tribunal.

El Traidor

En 2011, mientras El Vicentillo purgaba su condena en el Metropolitan Correctional Center de Chicago, escuchó por radio una entrevista con la periodista Anabel Hernández a propósito de su libro Los señores del narco. Decidió que era el momento de hablar. A través de su abogado Fernando Gaxiola, le hizo llegar hojas escritas a mano desde su celda: su diario personal, en el que describía operaciones, rutas, sobornos y nombres de funcionarios en la nómina de su padre.

El material que Gaxiola entregó a Hernández a lo largo de años fue la base del libro El Traidor. El diario secreto del hijo del Mayo (Grijalbo, 2019). En sus páginas, El Vicentillo afirma que El Mayo era el verdadero jefe del Cártel de Sinaloa, por encima del Chapo, y que los sobornos mensuales a comandantes y funcionarios en los estados donde operaba el cártel superaban el millón de dólares. También describio acuerdos con militares de alto rango y señala presuntos vínculos con tres expresidentes: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Son alegaciones del propio Vicentillo, no hechos probados en juicio. Una frase del diario resume la filosofía de El Mayo: “Mi papá decía que los sobornos han sido tan costosos, incluido al Presidente, que a fin de cuentas trabajamos para el Gobierno”.

La voz que nadie grabó

Uno de los rasgos más documentados de Zambada es que no existe una sola grabación conocida de su voz. Ni la DEA, ni la FGR, ni ningún otro organismo de inteligencia logró interceptar una llamada suya en más de cinco décadas de operaciones. El dato fue confirmado por el periodista especializado Jesús Esquivel en la serie documental “Los más buscados del mundo”, estrenada por Netflix en el año 2020.

Zambada prohibió que sus subordinados pronunciaran su nombre. En las reuniones de más alto nivel del cártel no decía una sola palabra: cuando necesitaba dar una orden, llamaba a un colaborador fuera del recinto y se la dictaba en privado. Usó durante años al Chapo como intermediario público: todas las llamadas interceptadas, todas las negociaciones grabadas, todos los registros de voz que sirvieron de evidencia en el juicio de Nueva York fueron de Guzmán Loera, nunca de Zambada. “Entendió desde joven la importancia de pasar desapercibido”, señaló Esquivel.

Esa disciplina, más que cualquier operativo de seguridad, fue el verdadero escudo que lo mantuvo libre durante 35 años.

La guerra por Tijuana

El Cártel de Sinaloa libró simultáneamente otra disputa territorial igualmente sangrienta: la conquista de Tijuana, entonces controlada por el Cártel de los Arellano Félix. El conflicto entre ambas organizaciones arrancó a principios de los años 90, cuando los hermanos Arellano Félix intentaron asesinar a Zambada en al menos dos ocasiones, incluida una oferta de 3 millones de pesos por su cabeza.

El episodio que marcó el punto de quiebre ocurrió el 10 de febrero de 2002, durante el Carnaval de Mazatlán. Ramón Arellano Félix, el brazo operativo del cártel, llegó a la ciudad con la intención de asesinar a Zambada. Murió en un tiroteo con un policía ministerial en la zona hotelera.

Según documentos judiciales, fue El Chapo quien ordenó la parada de tráfico que derivó en la muerte de Ramón, aunque la versión oficial la atribuye a una revisión rutinaria. La disputa se extendió por casi dos décadas más.

El quiebre definitivo llegó desde adentro. En 2008, cuando Eduardo Arellano Félix fue detenido, Teodoro García Simental, “El Teo”, uno de los principales operadores del cártel tijuanense, rompió con la facción de Luis Fernando Sánchez Arellano y se alió con el Cártel de Sinaloa.

Desde Tijuana, donde siguió operando, desató una guerra interna que disparó los homicidios en la ciudad. Fue capturado en enero de 2010 en La Paz, Baja California Sur. Para entonces, el Cártel de Sinaloa ya controlaba la plaza. Los hermanos Arzate García, alineados con la facción de El Mayo, quedaron como jefes de plaza en la ciudad.

La designación terrorista

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó formalmente al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera (FTO) y como terrorista global especialmente designado (SDGT). La medida, impulsada por el gobierno de Donald Trump, también alcanzó al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel del Golfo, al Cártel del Noreste, a los Cárteles Unidos y a la Nueva Familia Michoacana.

Las consecuencias jurídicas son directas: cualquier persona o empresa bajo jurisdicción estadounidense que proporcione apoyo material a estas organizaciones, es decir, dinero, servicios, asesoría, transporte, comete un delito federal. Los activos de los integrantes designados quedan bloqueados en el sistema financiero de Estados Unidos.

Sus miembros son inadmisibles en territorio norteamericano y pueden ser deportados si ya se encuentran en él. Lo que hace el dato aún más llamativo es que El Mayo lo anticipó con cuatro años de antelación: en su conversación con Diego Enrique Osorno .

La captura: la traición del ahijado y una guerra sin fin

El 25 de julio de 2024, Ismael Zambada aterrizó en un aeródromo privado de Santa Teresa, Nuevo México, a bordo de un avión Beechcraft King Air. Lo acompañaba Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo y ahijado del propio Zambada. Al bajar del avión, fue detenido por agentes del FBI.

Según la carta que el capo envió desde prisión, fue víctima de una trampa. Guzmán López le hizo creer que viajaban al norte de México para inspeccionar posibles pistas de aterrizaje clandestinas. En cambio, lo subió a un avión rumbo a Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de aprehensión contra Guzmán López por el presunto secuestro y lo acusó de traición a la patria.

Durante la operación, el político sinaloense Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado. Dos escoltas de Zambada, José Rosario Heras López y Rodolfo Chaídez, desaparecieron y no han sido localizados. La FGR mantiene abiertas siete investigaciones y 32 órdenes de aprehensión vinculadas al caso.

La caída de Zambada desató de inmediato una guerra interna entre Los Chapitos y La Mayiza, las dos facciones del Cártel de Sinaloa. En sus primeros diez meses, ese conflicto dejó más de mil 600 asesinados, mil 800 desaparecidos, más de 100 bloqueos carreteros, el incendio de más de 50 viviendas y el desplazamiento forzado de al menos 3 mil familias en zonas rurales de Sinaloa.

La carta de aceptación

El pasado 6 de julio de 2026, el abogado Frank A. Pérez entregó al juez Brian M. Cogan un memorando de sentencia en nombre de Zambada. El texto central es directo: “El acusado Ismael Zambada García se ha declarado culpable, plenamente consciente de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua. Él acepta este resultado y no solicita al Tribunal que lo sentencie fuera de la ley”.

La defensa aclaró además que el capo no buscará, ni en el futuro, ninguna reducción de condena, y que instruyó a sus abogados desde el primer día para no interponer mociones ni alargar el proceso. El único pedido concreto es el penal: Zambada, de 76 años, padece diabetes, hipertensión y problemas en las rodillas, y solicita cumplir prisión de por vida en una instalación médica federal.

Este lunes 20 de julio, ante el mismo juez que condenó al Chapo y a García Luna, se dicta la sentencia formal.

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Certificado de defunción de Dafne Quintos revela asfixia por sumersión: su madre exige justicia

La madre de Dafne Quintos difundió en redes sociales un documento que identificó como el certificado de defunción de la adolescente de 13 años, fallecida tras asistir a un campamento de una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

El documento clasifica la muerte como “homicidio” y señala la “asfixia por sumersión” como causa del fallecimiento. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha confirmado públicamente esa clasificación, aunque previamente informó que la necropsia reveló una cantidad importante de agua en los pulmones de la menor. La investigación continúa para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.

Condenan a 50 años de prisión a mujer por secuestro agravado en Puebla

Un tribunal sentenció a 50 años de prisión a Evelin Yareli “N” por el delito de secuestro agravado, informó la Fiscalía General del Estado de Puebla. De acuerdo con la investigación, la víctima fue privada de la libertad el 25 de julio de 2021 en el municipio de Nopala y permaneció cautiva en una casa de seguridad mientras sus captores exigían 8 millones de pesos a sus familiares. Tras el pago del rescate, realizado el 3 de agosto de ese año en Coxcatlán, la persona fue liberada.

Además de la pena de prisión, la sentenciada deberá pagar una multa de 358 mil 480 pesos; la reparación del daño será definida en la etapa de ejecución de la sentencia.

Dictan prisión preventiva contra ocho detenidos por presunto contrabando de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República obtuvo prisión preventiva contra Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”, señalados por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Cinco de los imputados fueron trasladados al penal del Altiplano, en el Estado de México; dos permanecerán en sus domicilios por motivos de salud y Adriana “N” fue ingresada al Cereso Nezahualcóyotl Sur. La FGR informó que presentó cerca de 100 datos de prueba dentro de una investigación por presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

Detienen en Yucatán a presunto operador financiero de grupo criminal: aseguran bienes por más de 145 millones de pesos

La Secretaría de Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República detuvieron en Yucatán a Justo Aurelio “N”, señalado como presunto operador logístico y financiero de un grupo delictivo. En cuatro cateos, las autoridades aseguraron 15 vehículos de alta gama y diversos bienes con un valor superior a los 145 millones de pesos. El Gabinete de Seguridad informó que los operativos buscan afectar la capacidad económica y operativa de organizaciones criminales, aunque no detalló a qué grupo estaría vinculado el detenido.

Identifican a las 10 víctimas halladas sin vida en Zacatecas: dos eran funcionarios de Fresnillo

Las autoridades de Zacatecas identificaron a las 10 personas asesinadas y localizadas el sábado en distintos municipios de la entidad. Entre las víctimas se encuentran dos funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo, el exalcalde de Sombrerete Ignacio Castrejón Valdez y dos personas originarias de Durango. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que continúa con las investigaciones y con los trámites para entregar los cuerpos a sus familiares.

Sentencian a adolescente por el feminicidio de Britany Nahomi en Monterrey: recibió la pena máxima de tres años de internamiento

Un juez especializado sentenció a José “N” a tres años de internamiento por el feminicidio de Britany Nahomi, una adolescente de 15 años asesinada entre el 27 y 28 de enero de 2026 en la colonia Barrio La Industria, en Monterrey, Nuevo León. El responsable, quien tenía 14 años al momento del crimen y mantenía una relación sentimental con la víctima, recibió la pena máxima prevista por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para su grupo de edad, además de ser condenado al pago de la reparación del daño y los gastos funerarios.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el adolescente disparó contra Britany dentro de un domicilio y posteriormente trasladó el cuerpo en una carretilla para enterrarlo de forma clandestina en otro punto de la colonia. La investigación determinó que el caso debía perseguirse como feminicidio por la relación de confianza entre ambos, la violencia ejercida, las lesiones de carácter infamante y el ocultamiento del cadáver. La sentencia se emite en medio del reconocimiento oficial de un aumento de los feminicidios en Nuevo León durante junio y julio de 2026.

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a dos exfuncionarios de seguridad del estado de Nayarit acusados de desaparición forzada en agravio de 56 víctimas, en un caso que involucra presunto contubernio con la delincuencia organizada. Los imputados son el excomandante de la Policía de Nayarit, Jaime Gabriel “N”, alias “El Jimmy”, y el exescolta del exfiscal estatal Édgar Veytia, Francisco Alfonso “N”, alias “Paco Salazar”.

Ambos exservidores públicos habrían cometido los hechos aprovechándose de sus cargos en el área de seguridad estatal. La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) aportó los datos de prueba suficientes ante el Ministerio Público Federal (MPF) para lograr la vinculación.

Cargos diferenciados contra cada imputado

“El Jimmy” enfrenta el delito de desaparición forzada. El juez fijó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El caso de “Paco Salazar” acumula una mayor cantidad de cargos. Además de desaparición forzada, se le imputan los delitos de ocultamiento, sepultamiento e inhumación de restos humanos de una persona. Su medida cautelar es también prisión preventiva oficiosa, pero con un plazo de investigación complementaria de seis meses.

La diferencia en los plazos refleja la complejidad adicional de los cargos que enfrenta “Paco Salazar” respecto a su coimputado.

56 víctimas y las fosas del predio La Saucera

El expediente registra 56 víctimas directas, cifra que dimensiona la gravedad del caso. La FGR relaciona a los imputados con al menos 55 cuerpos localizados en el predio La Saucera, en el municipio de Xalisco, donde se descubrió la llamada Fosa de los 21, catalogada como uno de los entierros clandestinos más profundos del estado.

En esa zona se hallaron otras fosas vinculadas a desapariciones masivas registradas en 2017 en Nayarit. Rosa María Jara Montes, coordinadora del colectivo En Busca de Nuestros Corazones A.C., precisó que la cifra de 55 cuerpos corresponde a los restos localizados en ese predio, pero representa un mínimo: existen personas desaparecidas relacionadas con los hechos que aún no han sido encontradas.

El vínculo con Édgar Veytia y la red de corrupción

“Paco Salazar” era ex escolta y colaborador directo del exfiscal de Nayarit Édgar Veytia, quien cumple una condena de 20 años en Estados Unidos por conspiración para distribuir narcóticos.

El caso se inscribe en un patrón documentado de desapariciones forzadas cometidas entre 2017 y 2019 en Nayarit, atribuidas a funcionarios estatales en coordinación con grupos del crimen organizado. “Paco Salazar”, además, ya enfrentaba desde marzo de 2026 una vinculación a proceso por abuso de autoridad y asociación delictuosa en el fuero común.

El papel de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos

La intervención de la FEMDH subraya la naturaleza del delito: la desaparición forzada constituye una violación grave a los derechos humanos cuando es perpetrada por servidores públicos o con su aquiescencia.

Fue esa fiscalía especializada la que aportó los datos de prueba que el MPF presentó ante la autoridad judicial para obtener la vinculación a proceso de ambos exfuncionarios. El proceso penal se encuentra ahora en etapa de investigación complementaria, con plazos distintos para cada imputado.

Compromiso institucional y presunción de inocencia

La FGR reiteró su "compromiso con las víctimas y con la sociedad" para el esclarecimiento de los hechos, así como para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia.

La institución precisó que tanto Romero Montejo como Salazar Velazco gozan de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. La vinculación a proceso no equivale a una condena: es la resolución judicial que determina que existen datos suficientes para continuar el proceso penal y que el imputado debe enfrentarlo, en este caso, desde prisión preventiva.

La Marina, la FGR y la SSPC detuvieron a diez presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos al operador de la organización en Nayarit y Tlaxcala, tras ejecutar siete cateos simultáneos en los municipios de Tepic y Xalisco. El operativo dejó tres armas largas, tres vehículos y teléfonos celulares asegurados, con una afectación económica al grupo delictivo superior a los 4 millones de pesos.

Entre los detenidos destaca José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “M4”, identificado como presunto operador del CJNG y coordinador de actividades criminales en los estados de Nayarit y Tlaxcala. Su captura representa el golpe central del operativo, al tratarse de una figura de enlace entre dos entidades con presencia activa del cártel.

Los demás arrestados están presuntamente vinculados a una cadena delictiva que abarca homicidio, secuestro, extorsión, venta de droga, robo a transporte de carga, venta de armas, y extracción y venta ilegal de hidrocarburo.

Siete cateos simultáneos en Tepic y Xalisco

La operación fue producto de labores previas de inteligencia y vigilancia naval que permitieron identificar diversos inmuebles presuntamente utilizados por integrantes del grupo delictivo. Con esa información, las instituciones participantes obtuvieron de un Juez de Control las siete órdenes de cateo correspondientes.

Los cateos se ejecutaron de forma simultánea en inmuebles ubicados en los municipios de Tepic y Xalisco, en el estado de Nayarit. La simultaneidad buscó evitar que los objetivos pudieran alertarse entre sí o destruir evidencia durante el desarrollo de las diligencias.

Participaron de manera coordinada elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por conducto de la Armada de México, junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los bienes asegurados y el golpe financiero al CJNG

En los inmuebles cateados se aseguraron tres armas largas, tres vehículos y diversos teléfonos celulares. El conjunto de bienes representa una afectación económica al grupo delictivo valuada en más de 4 millones de pesos.

Las autoridades señalaron que con estos aseguramientos se debilita la estructura financiera de la organización criminal, además de afectar su capacidad operativa, logística y de coordinación en la región.

Los inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades al concluir las diligencias.

El perfil delictivo del grupo detenido

De acuerdo con las investigaciones, los diez detenidos están presuntamente relacionados con una amplia gama de actividades ilícitas: homicidio, secuestro y extorsión, así como delitos contra la salud vinculados a la venta de droga.

El grupo también enfrenta señalamientos por robo a transporte de carga, comercialización de armas, y extracción y venta ilegal de hidrocarburo, lo que apunta a una célula con diversificación criminal dentro de la estructura del CJNG.

La presencia del grupo en dos estados, Nayarit y Tlaxcala, sugiere una red de coordinación interestatal que las autoridades buscan desarticular con la detención de Ahumada Villegas.

Situación jurídica de los detenidos

A todas las personas detenidas les fueron leídos sus derechos de ley. Junto con los bienes asegurados, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

La Semar indicó que el operativo forma parte de sus acciones coordinadas de inteligencia naval para combatir a grupos generadores de violencia, y reafirmó su compromiso de trabajar de manera articulada con otras instituciones federales para garantizar la seguridad de la población.

Jesús Adrián “N”, alias "El Bomba“, de 20 años e identificado como objetivo prioritario en Cajeme, Cajeme, enfrenta tres imputaciones por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa ante la justicia de Sonora, por la desaparición de tres personas en la colonia Isabeles de Ciudad Obregón el pasado 16 de marzo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló los cargos dentro de tres causas penales distintas, vinculadas a las desapariciones de Iliana Guadalupe “N”, de 27 años; Javier Gilberto “N”, de 29; y Carlos Alberto “N”, de 28. En los tres casos, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada al imputado.

Tres desapariciones, una misma colonia

Los hechos que originaron las causas penales ocurrieron el 16 de marzo en la colonia Isabeles, una zona de Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme. Las tres víctimas, dos hombres y una mujer de entre 27 y 29 años, desaparecieron en ese mismo punto.

Las investigaciones de gabinete y campo desarrolladas por la fiscalía permitieron vincular a Jesús Adrián “N” con cada uno de los tres casos de manera individual, lo que derivó en la apertura de causas penales separadas para cada víctima.

Capturado por otro delito, imputado por tres

El imputado no fue detenido en el marco directo de estas investigaciones. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lo había capturado previamente por un delito distinto, y fue durante las audiencias iniciales por reclusión que un agente del Ministerio Público Especializado expuso los datos de prueba que lo vinculan con las desapariciones.

En esas audiencias, el representante de la FGJES solicitó que Jesús Adrián “N” permaneciera bajo medida cautelar. El juez de control resolvió imponer prisión preventiva justificada en las tres causas penales.

El imputado, junto con su defensa, se acogió al plazo constitucional para que se determine su situación jurídica respecto a la vinculación a proceso. Las continuaciones de audiencia fueron programadas para fechas posteriores sin que la fiscalía precisara las fechas exactas.

Objetivo prioritario en Cajeme

La FGJES identificó a Jesús Adrián “N” como objetivo prioritario y presunto integrante de un grupo delictivo activo en Cajeme. El municipio, cuya cabecera es Ciudad Obregón, es uno de los territorios con mayor presión delictiva en Sonora, donde las desapariciones forzadas y cometidas por particulares han concentrado la atención de colectivos de búsqueda y autoridades judiciales.

La fiscalía no detalló el nombre ni la estructura del grupo al que presuntamente pertenece el imputado, ni precisó el rol específico que habría desempeñado en cada una de las tres desapariciones.

Investigaciones abiertas, víctimas sin localizar

La FGJES subrayó que las investigaciones permanecen abiertas en los tres casos. El objetivo declarado es doble: esclarecer el paradero actual de Iliana Guadalupe “N”, Javier Gilberto “N” y Carlos Alberto “N”, y establecer si otras personas participaron en los hechos para llevarlas ante la justicia.

La institución reafirmó su compromiso con las víctimas y sus familias. A la fecha del comunicado, el paradero de las tres personas sigue sin determinarse, y la fiscalía no proporcionó información sobre líneas de búsqueda activas ni sobre el estado pericial de las investigaciones.

Cajeme, segundo municipio con más desaparecidos en Sonora

Cajeme acumula 767 personas desaparecidas y no localizadas al corte de mayo de 2026, según el Informe Nacional de Personas Desaparecidas presentado por la Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que ubica al municipio solo detrás de Hermosillo.

Durante 2025, la organización Nora Lira reportó alrededor de 400 desapariciones en Ciudad Obregón y sus alrededores. La percepción de inseguridad en la ciudad llegó al 88% ese año, un aumento de 18.6 puntos porcentuales respecto a 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El grupo de edad más afectado por las desapariciones en el municipio es el de 25 a 29 años, con 96 casos registrados entre 2015 y 2025, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Las tres víctimas del caso de “El Bomba” se encuentran dentro de ese rango etario.

La Armada de México detuvo en Mazatlán a un ciudadano estadounidense buscado por las autoridades de Michigan por posesión de sustancias controladas. La operación, coordinada entre tres dependencias federales, culminó con la entrega del hombre a la justicia de Estados Unidos.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que en días pasados ejecutó la detención de Janeiro “N”, un nacional estadounidense que figuraba en la lista de los diez más buscados del estado de Michigan. En su contra pesaba una orden de aprehensión vigente emitida por una corte de ese estado por su probable responsabilidad en el delito de posesión de sustancias controladas.

Tres dependencias federales, una sola operación

El arresto fue producto de un trabajo de coordinación entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM). Las tres instituciones recopilaron, analizaron e intercambiaron información de inteligencia que permitió localizar al buscado en el puerto sinaloense.

La Marina describió la acción como resultado de “labores de coordinación interinstitucional, investigación e inteligencia" desarrolladas de forma conjunta por las dependencias participantes.

Este tipo de operativo refleja el esquema de colaboración que las autoridades mexicanas han consolidado para atender solicitudes de localización de personas con órdenes de captura internacionales, en particular cuando involucran a ciudadanos de países con los que México mantiene acuerdos de cooperación en materia de seguridad.

Michigan lo buscaba entre sus diez más peligrosos

Janeiro “N” no era un perfil menor en los registros policiales del estado de Michigan. Su nombre aparecía en la lista de los diez individuos más buscados por las autoridades de esa entidad, una categoría reservada para personas cuya localización se considera prioritaria por la gravedad de los cargos o por el tiempo que llevan prófugos.

El delito imputado es la posesión de sustancias controladas. El comunicado de la Secretaría de Marina no precisó el tipo de sustancia involucrada ni los detalles del caso original instruido en Michigan.

La existencia de una orden de aprehensión vigente emitida por una corte estadounidense fue el fundamento legal que habilitó la intervención de las autoridades mexicanas y el posterior proceso de entrega.

Derechos garantizados antes de la extradición

Durante la intervención, Janeiro “N” fue informado de sus derechos en estricto apego a los protocolos de derechos humanos, según detalló la Secretaría de Marina. Acto seguido, quedó a disposición de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales correspondientes.

El traslado se realizó hacia el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, desde donde fue conducido para ser presentado ante las autoridades judiciales de Estados Unidos. En ese país, un tribunal determinará su situación jurídica en relación con los cargos que motivaron la orden de captura.

El proceso descrito por la Marina corresponde al mecanismo habitual de entrega de personas buscadas por gobiernos extranjeros: detención en territorio mexicano, puesta a disposición de autoridades nacionales y traslado aéreo al país requirente para que sea la justicia local quien resuelva el fondo del caso.

La Marina amplía su rol en seguridad terrestre

Con este operativo, la Secretaría de Marina refrendó su participación activa en tareas de seguridad que van más allá de la vigilancia marítima. La Cuarta Región Naval, con jurisdicción en el noroeste del país, actuó como eje articulador de la coordinación entre dependencias civiles y de seguridad.

La institución subrayó que acciones de este tipo buscan “combatir la impunidad, fortalecer el Estado de derecho y contribuir a la seguridad y bienestar de la población”, en línea con el mandato constitucional que le permite operar en tierra cuando las circunstancias lo requieren.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a tres hombres acusados de extorsionar a una comerciante para despojarla de dos parcelas en los municipios de San Mateo Atenco y Metepec. Los investigados, Juan Daniel “N”, Luis Gregorio “N” y Jorge Ramón “N”, fueron identificados como objetivos prioritarios de la “Operación Restitución” y se ostentaban como integrantes de “Los Gordos”, grupo delictivo con orígenes en Michoacán.

Los tres ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde enfrentan una pena de hasta 50 años de prisión.

Tres meses de presión y amenazas contra una ejidataria

Todo comenzó el 6 de mayo en unas canchas deportivas de San Mateo Atenco, donde la víctima, de oficio comerciante, fue abordada por los tres sujetos. En ese primer encuentro, le exigieron la entrega de dos parcelas de su propiedad. Al negarse, los investigados la amenazaron con causarle daño a ella o a sus familiares, según informó la FGJEM.

Seis días después, el 12 de mayo, Juan Daniel “N”, Luis Gregorio “N” y Jorge Ramón “N” volvieron a buscarla. En esa ocasión le ofrecieron 400 mil pesos por las parcelas. Ante una nueva negativa, los sujetos revelaron su filiación criminal: se identificaron como miembros de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán.

El 13 de mayo, la secuencia de intimidación escaló. La víctima participaba en una reunión con otros ejidatarios en Metepec cuando uno de los investigados llegó al lugar, la jaló físicamente y amenazó a los demás asistentes para que se alejaran. En ese momento, el sujeto se presentó como integrante del grupo autodenominado como “Los Gordos”.

Investigación ministerial e identificación de los responsables

Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes. Las diligencias permitieron identificar a los tres hombres como probables responsables, tras lo cual la Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión por el delito de extorsión.

Elementos de la FGJEM cumplimentaron la detención y trasladaron a los tres sujetos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. Un juez determinará su situación legal en los próximos días.

De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos podrían estar vinculados con tres investigaciones adicionales por diversos ilícitos. Las pesquisas continúan.

“Los Gordos” y el patrón michoacano en el Estado de México

La autoidentificación de los sujetos como integrantes de “Los Gordos” no es un dato menor. La FGJEM ha documentado la presencia de células con orígenes en Michoacán en distintos municipios del Estado de México, vinculadas a extorsión, despojo de tierras y cobro de piso en el Valle de Toluca.

En julio de 2026, un juez mexiquense vinculó a proceso a Marco Antonio “N”, alias El Kino, identificado como integrante de una célula michoacana activa en Chicoloapan con homicidios, extorsiones y narcomenudeo.

El patrón operativo descrito en este caso, acercamiento directo a la víctima, oferta económica, amenaza y exhibición de membresía criminal, coincide con el modus operandi registrado por la Fiscalía en otras investigaciones activas dentro de la Operación Restitución.

Qué es la Operación Restitución y cuánto ha avanzado

La “Operación Restitución” es una estrategia interinstitucional activa desde abril de 2025, impulsada por el gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para combatir el despojo de inmuebles y tierras en la entidad.

La operación articula a la FGJEM con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales.

Al corte del 31 de mayo de 2026, el operativo acumulaba más de 2 mil 082 inmuebles asegurados en 79 municipios, de los cuales mil 198 fueron devueltos a sus legítimos propietarios. Para el 4 de junio, 46 sujetos identificados como objetivos prioritarios habían sido detenidos en distintas etapas procesales.

Entre los grupos desarticulados figuran organizaciones que operaban bajo fachada sindical o social, como “GOPEZ”, “Los 300”, “AMOS”, “USON” y “Los Gastones”, cuyos líderes enfrentan cargos por extorsión ante tribunales mexiquenses.

El ministro de Seguridad Gerzon Velásquez anunció un plan nacional para reforzar los controles en carreteras y calles de Honduras. Desde el próximo lunes operarán brigadas de control y seguridad vial en distintos departamentos, con inspecciones permanentes y acciones preventivas para reducir los accidentes de tránsito.

El funcionario explicó que las brigadas supervisarán el cumplimiento de la Ley de Tránsito y desarrollarán acciones dirigidas tanto a conductores como a peatones. Según señaló, la estrategia responde al aumento de la siniestralidad vial y apunta a reforzar la presencia de las autoridades en los principales corredores del país.

“El objetivo es fortalecer la seguridad vial y reducir la cantidad de accidentes mediante controles permanentes y una mayor presencia policial”, indicó el titular de Seguridad.

Cómo funcionarán las brigadas

Las nuevas brigadas estarán integradas por personal especializado en tránsito y seguridad vial, con la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las normas de circulación, detectar conductores en estado de ebriedad, controlar el exceso de velocidad, revisar la documentación de los vehículos y promover una conducción responsable.

Además de las tareas de fiscalización, las autoridades desarrollarán campañas de prevención y concienciación para los usuarios de las vías públicas, con énfasis en el uso del cinturón de seguridad, el casco para motociclistas y el respeto a las señales de tránsito.

El ministro llamó a la población a colaborar con las autoridades y adoptar una cultura de respeto a las normas de circulación. “La protección de la vida de los hondureños es una prioridad y por ello necesitamos el compromiso de todos los conductores para reducir los accidentes que enlutan diariamente a muchas familias”, expresó.

El contexto de la siniestralidad vial

La decisión de reforzar los operativos llega mientras los accidentes viales continúan entre las principales causas de muerte en Honduras.

De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), a finales de junio de 2026 las autoridades contabilizaban 985 personas fallecidas, de las cuales 452 eran motociclistas, es decir, el 41,7% del total de víctimas mortales. El promedio nacional se mantiene entre cuatro y cinco fallecidos diarios por percances viales.

Con el paso de las semanas, la cifra superó el millar de fallecidos y consolidó a los accidentes de tránsito como la segunda causa de muerte violenta en Honduras, solo por detrás de los homicidios.

El impacto en los motociclistas

Uno de los principales desafíos para las autoridades sigue siendo la alta participación de motociclistas en los accidentes de tránsito.

Los datos oficiales reflejan que una parte de las víctimas mortales corresponde a conductores de motocicleta, una situación que las autoridades atribuyen al exceso de velocidad, invasión de carril, maniobras imprudentes, falta de experiencia al volante y, en algunos casos, a la conducción bajo los efectos del alcohol.

La DNVT también señaló que muchos motociclistas circulan sin la documentación correspondiente, sin licencia de conducir o sin utilizar casco, lo que aumenta el riesgo de sufrir lesiones fatales en caso de accidente.

Operativos y enfoque preventivo

Las nuevas brigadas también intensificarán los operativos para detectar conductores que manejen bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Durante operativos desarrollados por la Policía Nacional en mayo de este año, fueron decomisadas 1.895 motocicletas, principalmente porque sus conductores eran menores de edad, no portaban licencia, carecían de la documentación requerida o fueron sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad.

Las autoridades consideran que el consumo de alcohol continúa entre los principales factores asociados a los accidentes de tránsito, especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta la movilidad en las carreteras del país.

Aunque los operativos contemplan la aplicación de sanciones establecidas en la Ley de Tránsito, Velásquez aseguró que el enfoque principal será preventivo.

La estrategia incluye una mayor coordinación entre la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y otras instituciones vinculadas a la seguridad vial, con el propósito de reducir los factores de riesgo que provocan accidentes con consecuencias fatales.

La que pasó fue una semana violenta en Uruguay: se registraron 10 homicidios, un delito que aumentó en el primer semestre del año. Este dato se confirmará este lunes, cuando el Ministerio del Interior presente oficialmente los datos, pero la tendencia ha provocado el pedido de renuncia de Carlos Negro, quien encabeza esta cartera. Pero, al menos hasta ahora, el presidente Yamandú Orsi lo ratificó en el cargo.

La seguidilla de asesinatos fue la siguiente:

1. Un hombre fue asesinado este sábado en el Centro de Montevideo de un disparo en la madrugada. La víctima estaba con varias personas cuando una de ellas le disparó y huyó en bicicleta junto a una mujer.
2. Dos personas fueron asesinadas en el barrio Los Bulevares. Uno de los fallecidos era un vecino del barrio que estaba haciendo arreglos en la casa; el otro tenía antecedentes penales. Además, un joven de 18 años autista fue herido en la cara. 
3. El domingo 12, un hombre de 37 años fue asesinado de varias puñaladas en el barrio periférico Piedras Blancas. La policía manejó como información primaria que el ataque estuvo relacionado a las drogas porque la víctima era consumidora. 
4. El lunes 13, un joven de 21 años fue asesinado mientras se cortaba el pelo en una barbería, en el barrio Cerro de Montevideo. Dos atacantes llegaron en moto al lugar, la estacionaron frente al comercio, ingresaron y le dispararon a la víctima por la espalda, a una corta distancia. No tenía antecedentes penales y murió en el lugar. 
5. El martes 14, un adolescente de 17 años fue asesinado a disparos y un joven de 27 fue herido en Toledo, en el departamento de Canelones. 
6. El martes 14, una joven de 27 años fue asesinada de un disparo en Estación Atlántida, en el departamento de Canelones. 
7. El miércoles 15, un joven de 27 años fue asesinado al ser atacado a balazos desde una moto en el Barrio Borro. Otro hombre resultó herido. Tenía cinco antecedentes penales. 
8. Ese mismo día, dos hermanos fueron atacados a tiros en el barrio Conciliación: uno de ellos fue asesinado y el otro fue herido en el cuello. El fallecido tenía 31 años y había sido baleado en el brazo.
9. También el miércoles 15 un hombre de 34 años fue asesinado en el barrio Marconi. El sistema de detección de disparos registró más de 30 detonaciones en el lugar. Tenía cuatro antecedentes penales. 

Los detalles de los homicidios fueron informados por el noticiero Telemundo, de Canal 12.

A estos casos se le sumó una balacera en Cerro Norte, uno de los barrios atravesados por el enfrentamiento entre grupos criminales, y el ingreso de una bala perdida a un liceo.

Pedidos de renuncia y un ministro ratificado

Esta seguidilla de homicidios motivó pedidos de renuncia al ministro del Interior, Carlos Negro. El senador Andrés Ojeda, secretario general del opositor Partido Colorado, dijo que la seguridad es “uno de los principales problemas de la gente”. “Negro está solo, sin respaldo electoral y sin resultados”, expresó.

“Creo que el presidente, al darle el respaldo constante sin consultar, cuestionar ni preguntar sobre el rumbo de la seguridad, quizás no esté tomando la decisión más atinada. La seguridad es uno de los principales problemas de la gente”, expresó Ojeda.

Pero el presidente Yamandú Orsi lo ha ratificado en el cargo. En una rueda de prensa, el mandatario señaló: “Si yo fuera a llevar a cabo todas las renuncias que me han pedido, me quedo sin gabinete. Tienen todos mis respaldos, el ministro Negro, por supuesto, y cada vez más, porque lo veo trabajar como con todo el equipo”, dijo.

Sin dudarlo, dijo que la gestión de Negro lo convence aunque reconoció los problemas de seguridad que tiene el país.

Este respaldo fue valorado por Negro: “Para nosotros no es nueva la manifestación del presidente de la República, porque siempre sentimos su apoyo explícito desde el mismo día en el que comenzamos la gestión”, expresó.

“La renuncia siempre está presentada. Depende del presidente de la República tanto la continuidad de este ministro como la de cualquiera de los miembros del gabinete”, agregó.

Negro informó que este lunes se presentarán las cifras de los delitos. “En este semestre va a haber un aumento leve de la tasa de homicidios. Según estas estimaciones primarias, el abigeato va a tener disminución muy importante. Son estimaciones que se hacen a priori. Vamos a tener los números finalmente presentados el día lunes”, expresó.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la cooperación bilateral en materia de seguridad entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum continúa dando resultados concretos, al informar que desde enero de 2025 las autoridades estadounidenses han detenido a más de 450 prófugos de la justicia mexicana.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el diplomático destacó que esta coordinación ha permitido fortalecer el combate contra la delincuencia y facilitar la entrega de personas requeridas por las autoridades mexicanas para enfrentar procesos judiciales por diversos delitos.

Ronald Johnson destaca resultados de la cooperación entre México y Estados Unidos

En su publicación, Ronald Johnson aseguró que el trabajo conjunto entre ambos gobiernos refleja el compromiso de combatir a la delincuencia organizada y evitar que personas buscadas por la justicia encuentren refugio fuera de México.

“La cooperación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum sigue dando resultados. Desde enero de 2025, las autoridades de los Estados Unidos han detenido a más de 450 prófugos buscados por México”, escribió el embajador.

El funcionario estadounidense añadió que varios de esos fugitivos ya fueron entregados a las autoridades mexicanas, donde enfrentarán procesos penales por delitos de alto impacto.

Más de 300 fugitivos fueron entregados a México

Ronald Johnson precisó que los 300 fugitivos entregados enfrentarán delitos por los cuales son requeridos se encuentran:

• Homicidio.
• Abuso.
• Trata de personas.

El embajador subrayó que la cooperación entre ambos países permite fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación operativa y cumplimiento de solicitudes judiciales.

Asimismo, destacó que la colaboración en materia de seguridad se mantiene como uno de los principales ejes de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

“Los delincuentes no tienen dónde esconderse”

En el mismo mensaje, Johnson sostuvo que los resultados alcanzados demuestran la eficacia del trabajo coordinado entre ambos gobiernos.

“Cuando trabajamos juntos, los delincuentes rinden cuentas y demostramos que no tienen dónde esconderse”, expresó.

La declaración del diplomático ocurre en un contexto de estrecha colaboración entre las instituciones de seguridad de ambos países para localizar y capturar personas con órdenes de aprehensión vigentes, así como para combatir redes del crimen organizado que operan en ambos lados de la frontera.

Seguridad, uno de los pilares de la relación bilateral

La cooperación en materia de seguridad ha cobrado especial relevancia durante los últimos meses, con acciones enfocadas en el combate al narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico de armas y la captura de objetivos prioritarios buscados por las autoridades mexicanas.

Las extradiciones, deportaciones y entregas de fugitivos forman parte de los mecanismos de coordinación existentes entre ambos gobiernos para impedir que presuntos delincuentes evadan la acción de la justicia al cruzar la frontera.

El mensaje de Ronald Johnson busca destacar los avances alcanzados mediante esta colaboración institucional, al señalar que cientos de personas buscadas por delitos graves ya enfrentan procesos judiciales en México.

Cooperación bilateral continúa fortaleciendo acciones contra el crimen

Las declaraciones del embajador estadounidense ponen de relieve la importancia de la coordinación permanente entre las agencias de seguridad de México y Estados Unidos para combatir la impunidad y fortalecer el Estado de derecho.

Con más de 450 prófugos detenidos en territorio estadounidense y más de 300 entregados a México desde enero de 2025, ambos gobiernos presentan estos resultados como una muestra de la cooperación binacional para perseguir a personas acusadas de delitos graves y garantizar que comparezcan ante la justicia.

La colaboración entre las autoridades de ambos países continúa siendo uno de los principales instrumentos para enfrentar la delincuencia transnacional y reforzar la seguridad en la región.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su informe de Alerta de Viaje a la Argentina y mantuvo al país en Nivel 1, que invita a cada ciudadano estadounidense a que “tome las precauciones habituales”.

En ese marco, las autoridades realizaron una actualización relevante: la ciudad de Rosario mejoró su calificación y pasó del Nivel 2 al Nivel 1, lo que indica que ya no está señalada específicamente como una zona de mayor riesgo. Aun así, el aviso mantiene una advertencia específica sobre la violencia y los delitos asociados a grupos criminales en esa ciudad.

El embajador Peter Lamelas destacó la novedad con el relato de una experiencia personal: “Recientemente visité la hermosa ciudad de Rosario (hogar de Messi) y, como prometí, gracias a los grandes esfuerzos del gobernador (Maximiliano) Pullaro y el intendente (Pablo) Javkin para reducir significativamente el crimen y hacerla más segura, recomendamos bajar la Alerta de Viajes de EE.UU. a un nivel típico del resto de Argentina. ¡Los turistas deberían disfrutar y los negocios pueden florecer allí!“.

Riesgos de seguridad

El documento, emitido el 10 de julio de 2026, señala que el país es, en general, un destino seguro para los viajeros, aunque conserva alertas por delincuencia y violencia: advierte sobre delitos menores, sobre todo en lugares turísticos populares y en toda la ciudad de Buenos Aires

La delincuencia callejera aparece como un problema en la mayoría de las zonas urbanas, entre ellas la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Rosario y Mendoza. El aviso menciona asaltantes, carteristas, estafadores y ladrones de celulares y carteras.

Esos hechos, detalla el informe, pueden ocurrir en la calle, en restaurantes y vestíbulos de hoteles, en estaciones de micros y tren, en el transporte público y en los puertos de cruceros. El texto también desaconseja guardar objetos de valor en el equipaje facturado.

En Buenos Aires, el aviso identifica a San Telmo, La Boca, Retiro, Palermo y la calle Florida como áreas con índices de criminalidad más altos. Fuera de la capital, menciona suburbios como Lomas de Zamora, Quilmes y Moreno entre las zonas con más delitos violentos.

El documento añade que en La Boca se registraron robos violentos tanto de día como de noche. También recomienda permanecer en las calles principales del circuito turístico y usar taxis gestionados por una central de despacho para entrar y salir del barrio.

El texto pide evitar las villas o asentamientos precarios en toda la Argentina. También alerta sobre robos de equipaje y bolsos en la terminal de autobuses de Retiro en Buenos Aires, en la terminal de Mendoza y en los compartimentos superiores de los autobuses.

Otra advertencia apunta a los “motochorros”, frecuentes en las ciudades. El aviso indica que suelen actuar en pareja y arrebatan relojes, carteras y mochilas, además de forzar autos o meterse en ellos para robar objetos de valor.

Recomendaciones para viajar a Argentina

Entre las medidas prácticas, el aviso indica no resistirse físicamente ante un intento de robo. También recomienda inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas y facilitar la localización en caso de emergencia.

El texto además aconseja contratar seguro de viaje y revisar con la aseguradora la cobertura médica, de evacuación y de cancelación. Para los traslados, recomienda reservar con anticipación taxis por despacho, usar aplicaciones de transporte o elegir servicios de remis de tarifa fija en aeropuertos.

Además, advierte sobre estafas con taxis amarillos y negros en aeropuertos internacionales y en los alrededores de Buenos Aires. También alerta sobre estafas financieras y engaños románticos por internet.

Alerta con las app de citas

En el caso de las aplicaciones o sitios web de citas, señala que delincuentes pueden concertar encuentros en una habitación de hotel o en una residencia privada, drogar a la víctima y robarle. Frente a ese riesgo, aconseja reunirse en lugares públicos concurridos, compartir la ubicación desde el celular y avisar a familiares o amigos con quién será el encuentro.

El aviso también recomienda hacer una videollamada previa y no aceptar comida o bebidas de extraños ni dejarlas sin vigilancia. Además, sugiere mantener un plan de comunicación con familiares o amigos y enviar actualizaciones a intervalos fijos.

En el apartado tecnológico, el texto pide actualizar el software antes del viaje y no conectarse a redes wifi públicas. También aconseja proteger datos personales como correos electrónicos, números de teléfono y datos bancarios.

Añade que los ladrones de celulares suelen tener como objetivo a turistas y pueden usar el aparato robado para vaciar cuentas bancarias antes de que la víctima logre bloquearlas. El aviso también menciona el uso de aplicaciones de VPN o VoIP de confianza con sede en Estados Unidos y recomienda revisar la seguridad de las rutas sugeridas por el GPS.

El documento incorpora además una referencia sanitaria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que emitieron un aviso de salud para viajeros de Nivel 1 por el virus de los Andes, o hantavirus, en la región. Según el texto, el riesgo para la mayoría de los viajeros es extremadamente bajo.

A eso suma advertencias sobre seguridad turística y fenómenos naturales. Menciona inspecciones poco frecuentes en actividades turísticas, inundaciones entre octubre y marzo, incendios forestales entre diciembre y marzo y terremotos durante todo el año en provincias cercanas a los Andes.

El incidente, que quedó documentado en diversos videos difundidos en redes sociales, provocó preocupación entre los pasajeros, quienes durante varios minutos vivieron un ambiente de incertidumbre mientras el vehículo avanzaba sin detenerse pese a la presencia de las autoridades.

De acuerdo con la información disponible, inspectores de movilidad realizaban un operativo de supervisión cuando marcaron el alto a la unidad. Sin embargo, el conductor presuntamente optó por no atender la indicación y aceleró la marcha, obligando a las autoridades a iniciar un seguimiento para impedir que continuara circulando.

La persecución comenzó en diferentes vialidades de la capital queretana y posteriormente se trasladó hacia la carretera federal 57, en dirección al municipio de Pedro Escobedo, donde finalmente terminó el operativo.

Mientras la unidad avanzaba, algunos pasajeros utilizaron sus teléfonos celulares para grabar lo que ocurría dentro del vehículo. Las imágenes muestran el ambiente de tensión que se vivía, así como la preocupación de quienes viajaban en el transporte público al desconocer cómo terminaría la situación.

En los videos que posteriormente fueron compartidos en plataformas digitales se escuchan las voces de varios usuarios pidiendo al operador que pusiera fin a la huida. Los pasajeros insistían en que detuviera la unidad, pues consideraban que continuar el recorrido mientras era perseguido por las autoridades representaba un riesgo para todas las personas que iban a bordo.

La persecución concluyó en Pedro Escobedo, donde elementos de la Policía Estatal consiguieron cerrar el paso al vehículo y asegurar al conductor, poniendo fin a los momentos de incertidumbre que vivieron los pasajeros.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si el incidente dejó personas lesionadas ni han dado a conocer el estado de salud de quienes viajaban en la unidad. Tampoco se ha informado cuál es la situación jurídica del operador tras su detención.

Otro de los aspectos que permanece sin aclararse es la razón por la que el conductor decidió evadir el operativo de revisión. De manera oficial, no se ha precisado si existía alguna irregularidad relacionada con la unidad, con la documentación del servicio o con el propio operador que pudiera explicar la decisión de escapar.

El caso rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron a las grabaciones captadas por los pasajeros. Muchos expresaron su preocupación por el peligro al que estuvieron expuestas las personas durante la persecución, mientras otros solicitaron que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Las imágenes también reavivaron el debate sobre la importancia de los operativos de supervisión al transporte público y la necesidad de que los conductores respeten las indicaciones de las autoridades para evitar poner en riesgo la integridad de los usuarios.

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro mantiene de manera permanente acciones de inspección con el propósito de verificar que las unidades de transporte cumplan con las normas vigentes y operen bajo las condiciones establecidas por la legislación estatal.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante la persecución y determinar si el conductor incurrió en responsabilidades administrativas o penales. Asimismo, se espera que en los próximos días se informe oficialmente qué originó la decisión de evadir la revisión y si existían irregularidades que motivaran la huida, un episodio que dejó imágenes de tensión y preocupación entre quienes únicamente buscaban llegar a su destino de forma segura.

Un hijo del cantante de regional mexicano Arnulfo Jr. ha sido vinculado extraoficialmente a las indagatorias por el feminicidio de Yahaira Alvarado, una joven de 25 años que fue quemada viva en el municipio de Juárez, Nuevo León, el 10 de julio.

A través de sus cuentas oficiales, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó la noche del jueves que agentes realizaron un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Tolteca, en Guadalupe, “como parte de una investigación relacionada con el aseguramiento de un vehículo en la misma zona, derivado de un hecho delictivo”.

Telediario reportó en vivo las acciones operativas y señaló que una camioneta incautada está a nombre del hijo de Arnulfo Jr., cuya identidad no ha sido revelada públicamente.

La unidad fue asegurada para realizar un peritaje y recabar indicios biológicos, documentales y tecnológicos necesarios para esclarecer la carpeta de investigación del feminicidio de Pamela Yajaira.

Paralelamente, agentes de la FGJNL catearon en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Rincón de la Tierra y Rincón de la Basílica, situada en la colonia Rincón de Guadalupe, para ejecutar la orden judicial de inspección complementaria.

De acuerdo con versiones extraoficiales, un hombre y una mujer fueron detenidos previamente por su probable participación en los hechos, versión que no ha sido confirmada por la dependencia.

Arnulfo Jr. es hermético ante las acusaciones

Por su parte, el cantante Arnulfo Jr. ha sido hermético ante las versiones que vinculan a su hijo con el feminicidio de Yahaira Alvarado. Sus últimas publicaciones en redes sociales se centran en la promoción de su presentación en la Feria de Santa Catarina, el sábado 18 de julio.

El caso de Yahaira Alvarado

El caso de Yahaira Alvarado ha generado indignación y consternación en el estado. La joven fue localizada con quemaduras severas el viernes 10 de julio en la colonia Lomas del Sol, en Juárez, después de asistir a una fiesta en Guadalupe con un hombre que conoció en redes sociales.

Según testigos, en el lugar fue atacada por dos hombres, quienes le rociaron gasolina. Fue trasladada al Hospital General de Juárez, donde falleció horas más tarde.

¿Quién es Arnulfo Jr., “El Pirata del Amor”?

Arnulfo López Gallegos, conocido artísticamente como Arnulfo Jr. “El Pirata del Amor”, ha construido una carrera dentro de la música regional mexicana inspirada por la tradición familiar. Es hijo de Arnulfo López Sánchez, exvocalista de Traileros del Norte, influencia que marcó su acercamiento a los escenarios desde temprana edad.

A lo largo de su trayectoria ha formado parte de agrupaciones como La Amenaza, El Golpe, El Tráiler de Lupe Villarreal y Los Arcángeles del Norte, experiencias que le permitieron consolidar un estilo propio dentro del género norteño.

Con el paso de los años, Arnulfo Jr. ganó reconocimiento gracias a su interpretación de temas de corte romántico y a una propuesta musical que le valió el apodo de “El Pirata del Amor”. Entre las canciones más conocidas de su repertorio destacan “Soy la calle”, “En tu basura” y “Abeja reina”, piezas que forman parte habitual de sus conciertos.

Uno de los momentos recientes más destacados de su carrera ocurrió el 20 de mayo, cuando compartió escenario con Luis Antonio López “El Mimoso” en el Domo Care de Monterrey. La presentación reunió a miles de asistentes que acompañaron al cantante durante buena parte del espectáculo.

En las últimas horas, el nombre de Arnulfo Jr. volvió a ocupar espacio en la conversación pública, aunque por motivos ajenos a su actividad artística.

Autoridades de Nuevo León mantienen investigaciones relacionadas con el feminicidio de Yahaira Alvarado, caso en el que su hijo es señalado como presunto implicado.

Hasta el momento, las indagatorias continúan y las autoridades no han informado una resolución definitiva sobre el caso.

La circulación de motocicletas aumentó de manera notable en Panamá en lo que va del 2026, y actualmente hay 119,101 inscritas en el país, de acuerdo con el Registro Único de Vehículos Motorizados.

La cantidad representa un incremento sostenido en los últimos años, crecimiento que coincide con una preocupación creciente por la seguridad vial, ya que los incidentes que involucran a motociclistas han provocado la reacción de autoridades y agrupaciones del sector.

En el país son constantes las quejas de los conductores de automóviles por lo que consideran un manejo desordenado e incluso a veces descortés de los motociclistas, actitudes temerarias que pueden provocar accidentes.

Ante esta situación, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), junto a representantes de asociaciones de motociclistas, instaló esta semana una mesa de trabajo para coordinar acciones orientadas a frenar el aumento de accidentes de tránsito.

El objetivo de esta iniciativa, según se informó, es fortalecer la seguridad vial y reducir la cantidad de siniestros en la red vial nacional en los que se ven involucrados los motociclistas.

Durante el primer encuentro, representantes de este grupo de conductores expusieron los riesgos diarios que enfrentan en las carreteras y propusieron estrategias de prevención que permitan establecer una convivencia más segura para todos los usuarios.

El director de la ATTT, Nicolás Brea, afirmó que la institución mantendrá la disposición al diálogo con todos los sectores del transporte.

Para el funcionario, estos encuentros buscan impulsar iniciativas que contribuyan a salvar vidas y fomentar una conducción responsable.

“La ATTT es una institución abierta al diálogo y con la total disposición de escuchar a todos los sectores que componen el parque vehicular de nuestro país. La creación de esta mesa técnica con los grupos motorizados nos permitirá unificar esfuerzos y diseñar estrategias de prevención vial. Nuestro norte es salvaguardar vidas y asegurar que cada panameño regrese sano y salvo a su hogar”, dijo.

La mesa técnica instalada permitirá definir medidas concretas para reforzar la prevención de accidentes y mejorar la seguridad de quienes utilizan motocicletas en el país.

En lo que respecta al cumplimiento de normas, la ATTT reportó que 40,110 motocicletas cumplieron con el revisado vehicular en 2024, 43,650 en 2025 y 25,525 entre enero y junio de 2026.

A pesar de las acciones preventivas, los accidentes en que se ven involucradas las motocicletas persisten y suelen generar graves consecuencias.

En los últimos días, los medios informaron sobre una colisión múltiple que involucró a varios vehículos en la Vía Centenario, una de las más transitadas del país.

El incidente causó congestión vehicular y dejó varios lesionados, lo que puso de manifiesto la vulnerabilidad de los motociclistas en el tráfico. La cobertura periodística destacó que las autoridades habilitaron un solo carril por sentido mientras se atendía la emergencia, lo que afectó la circulación hacia sectores cercanos a la ciudad capital, como Arraiján y La Chorrera.

El crecimiento en el parque de motocicletas y el incremento de incidentes han convertido a la seguridad vial en una prioridad para las autoridades.

La situación refleja el desafío que representa la convivencia entre distintos tipos de vehículos en las carreteras de Panamá, donde la densidad del tráfico y la falta de cultura vial incrementan los riesgos. Los representantes de los motociclistas señalaron en su encuentro con las autoridades de Tránsito la necesidad de establecer reglas claras y mecanismos de fiscalización que permitan reducir los siniestros.

Las cifras y testimonios muestran que la problemática de los accidentes de motos requiere una respuesta articulada y constante.

Los actores involucrados buscan avanzar hacia una reducción sostenida de los siniestros, en un contexto donde la movilidad en motocicleta sigue creciendo y demanda de políticas públicas enfocadas en la protección de la vida.

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Enfrentamiento al sur de Culiacán deja dos civiles abatidos: aseguran 25 kilos de metanfetamina y fusiles AK-47

Un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas federales y estatales en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, Sinaloa, dejó dos presuntos agresores abatidos y tres detenidos. De acuerdo con el Grupo Interinstitucional, el operativo comenzó tras una persecución a dos vehículos cuyos ocupantes dispararon contra los agentes. En el lugar fueron asegurados aproximadamente 25 kilogramos de presunta metanfetamina, cinco fusiles AK-47, cargadores, cartuchos, equipos de comunicación y artefactos ponchallantas.

Hermanos que viajaron a Mazatlán para un cumpleaños fueron hallados muertos tras más de 40 días desaparecidos

Los hermanos Arlin Angélica (de 35 años) y Miguel Ángel Sánchez López (de 37) fueron localizados sin vida después de permanecer desaparecidos durante más de 40 días tras viajar de Culiacán a Mazatlán para celebrar un cumpleaños. La Fiscalía General del Estado confirmó la identificación de Arlin mediante estudios genéticos, mientras que la muerte de Miguel fue informada de manera extraoficial. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de muerte, el lugar exacto del hallazgo ni si existen personas detenidas por el caso.

Asesinan a periodista en Puebla: su hijo alertó a autoridades tras encontrarlo herido

El periodista Josué N., director general del portal Noticias San Martín Texmelucan y también maestro, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, su hijo fue quien alertó a los servicios de emergencia tras encontrarlo herido sobre la vía pública. Paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer el móvil del homicidio.

Catean inmueble en Jardín Balbuena y aseguran 54 kilos de presunta marihuana en CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ejecutaron un cateo en un inmueble de la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde aseguraron 54 kilos de presunta marihuana empaquetada en bolsas de plástico. De acuerdo con las investigaciones, el lugar era utilizado para embalar narcóticos que posteriormente eran distribuidos mediante taxis solicitados por aplicación. La SSC informó que las indagatorias continúan para identificar a los responsables y desarticular a los grupos delictivos involucrados.

‘Cocineros’ mexicanos aparecen en 11 de 12 laboratorios de metanfetamina desmantelados en África

La presencia de cocineros mexicanos en laboratorios clandestinos de metanfetamina en África dejó de ser un hecho aislado y se ha convertido en un patrón, de acuerdo con un análisis de InSight Crime. Operativos recientes en Nigeria y Sudáfrica derivaron en la detención de ciudadanos mexicanos vinculados con centros de producción industrial, mientras que el Comando de África de Estados Unidos (AFRICOM, por sus siglas en inglés) informó que especialistas mexicanos fueron identificados en 11 de los 12 laboratorios desmantelados en el continente durante los últimos dos años, donde aportarían conocimientos técnicos para la fabricación de drogas sintéticas.

Jalisco busca tipificar como delito el acceso de menores a máquinas tragamonedas

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que presentará al Congreso local una iniciativa para castigar con penas de prisión a quienes permitan, promuevan o induzcan que menores de edad utilicen máquinas tragamonedas o dispositivos de juegos de azar. La propuesta busca modificar el artículo 142-A del Código Penal estatal para incluir esta conducta entre los delitos contra el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. El anuncio ocurre mientras este negocio ilegal continúa siendo una fuente de ingresos para organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que además ha utilizado estos establecimientos como puntos para la venta de droga y el reclutamiento de jóvenes, según investigaciones y operativos de autoridades federales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutó una orden de aprehensión contra Héctor Esaith “N”, integrante del Sindicato 22 de Octubre, por amenazar con un arma de fuego a una mujer en Chalco para obligarla a ceder su vivienda o pagar una cuota mensual. El detenido quedó recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, a disposición de un juez que determinará su situación legal.

Amenaza armada en el conjunto Hacienda de Guadalupe

El 13 de marzo de 2025, la víctima se encontraba en su domicilio de la calle Hacienda Trinidad, en el conjunto urbano Hacienda de Guadalupe, cuando Héctor Esaith “N” llegó al lugar junto con cuatro acompañantes, tres mujeres y un hombre a bordo de una camioneta pick up negra.

Al descender del vehículo, el grupo se dirigió hacia la mujer. Con un arma de fuego en mano, le exigieron que entregara su casa o que pagara cinco mil pesos mensuales para que pudiera seguir viviendo ahí. Le advirtieron que, de negarse, sufrirían daños ella o su familia.

Por temor, la víctima aceptó el trato y entregó en ese momento dos mil pesos en efectivo. Los sujetos le indicaron la fecha en que regresarían a cobrar el primer pago formal, abordaron la camioneta y se retiraron del lugar.

La investigación y la orden de captura

Al tener conocimiento de los hechos, un agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación correspondiente. Las diligencias permitieron identificar a Héctor Esaith “N” como probable responsable del delito de despojo, figura jurídica que en el Código Penal del Estado de México abarca la ocupación o privación del uso de un inmueble mediante violencia o amenazas.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó ante un juez la orden de aprehensión, la cual fue concedida. Elementos de la FGJEM ejecutaron el mandato judicial y trasladaron al detenido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.

Qué es el Sindicato 22 de Octubre

El detenido es identificado como integrante del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del Comercio, Prestadores de Servicios, Autotransporte, Construcción en General, Similares y Conexos del Estado de México, conocido como Sindicato 22 de Octubre.

Según investigaciones de la FGJEM, la organización opera desde hace años en la zona oriente del Valle de México. Tiene presencia documentada en Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz y una parte de Chimalhuacán, región de alta densidad poblacional.

Las autoridades vinculan al grupo con despojos de viviendas, extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y control de bicitaxis. El sindicato funciona con un esquema de membresía: sus integrantes adquieren un distintivo que les otorga identidad y libre tránsito en las zonas donde operan.

Antecedentes de detenciones en Chalco

La captura de Héctor Esaith “N” se suma a una serie de arrestos previos vinculados al mismo grupo en el municipio de Chalco. En febrero de 2026, un juez del Poder Judicial del Estado de México condenó a Víctor Eladio “N” a seis años de prisión por el despojo de la vivienda de Mariana “N”, hija de María Carlota, quien el 1 de abril de 2025 mató a balazos a dos presuntos invasores identificados como integrantes del Sindicato 22 de Octubre.

En mayo de 2025, la FGJEM también ejecutó órdenes de aprehensión contra Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio “N” por su participación en ese mismo caso, en el marco de los operativos "Restitución de la Propiedad" y "Operación Restitución“, estrategias institucionales desplegadas para frenar los despojos violentos en el oriente del Estado de México.

El exlíder del Sindicato 22 de Octubre, Christian Jesús Castillo Grimaldo, conocido como “El Jimmy”, quien ocupó la sexta regiduría del cabildo de Chalco, anunció su separación del grupo en mayo de 2025. Meses después, el 21 de noviembre de ese año, la FGJEM lo detuvo en el marco de la segunda fase de la Operación Caudal por robo de agua, extorsión, secuestro y despojo. Fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Policías de la SSC detuvieron a "El Cuauh“, operador de La Unión Tepito en un cateo ejecutado en la alcaldía Iztapalapa, con el respaldo de la FGJ, la SEMAR y la Guardia Nacional. Edgar Saúl Delgado Galicia, de 32 años, fue arrestado en un inmueble de la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón que presuntamente usaba para almacenar y distribuir narcóticos.

En el sitio, los uniformados hallaron 58 bolsitas con una sustancia similar al crystal, tres bolsitas con hierba verde y seca con características de marihuana, dos cargadores metálicos y un cartucho útil. El inmueble, ubicado en la calle Joaquín Ibarguen, quedó sellado y bajo resguardo policial al concluir la diligencia.

Denuncias ciudadanas detonaron la investigación

El operativo no fue producto de un hallazgo fortuito. Derivó de múltiples denuncias de vecinos que alertaron sobre posibles puntos de venta de droga en la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón, una de las zonas de la alcaldía Iztapalapa donde La Unión Tepito mantiene presencia.

A partir de esos reportes, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) iniciaron trabajos de investigación de gabinete y campo. Las pesquisas apuntaron a un inmueble en la calle Joaquín Ibarguen como posible centro de almacenamiento y distribución de narcóticos.

Con los datos de prueba suficientes en mano, los investigadores los trasladaron al agente del Ministerio Público, quien los presentó ante un Juez de Control. El juez autorizó el mandamiento judicial que permitió intervenir legalmente en el inmueble.

El cateo y lo que encontraron

Las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad perimetral antes de ejecutar la orden. El procedimiento, según el comunicado oficial, se realizó en apego estricto al protocolo de actuación policial, las normas sobre uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.

El procedimiento se realizó en apego estricto al protocolo de actuación policial, las normas sobre uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.

Dentro del inmueble, los efectivos aseguraron 58 bolsitas de plástico con cierre hermético con sustancia similar al crystal, tres bolsitas con hierba verde y seca con características de marihuana, dos cargadores metálicos y un cartucho útil.

Al concluir la diligencia, el inmueble fue sellado y permanece bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones derivadas del caso.

Quién es “El Cuauh”

Edgar Saúl Delgado Galicia, conocido como "El Cuauh“, es señalado por las autoridades como uno de los principales operadores del grupo delictivo La Unión Tepito en la zona. Su labor dentro de la organización estaría centrada en la venta de droga en la colonia Ejército de Oriente, Zona Peñón. La captura se enmarca en las acciones de las autoridades capitalinas para identificar y desarticular estructuras criminales activas en esa demarcación.

“El Cuauh” fue informado de sus derechos constitucionales al momento de su detención y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, es considerado inocente hasta que un órgano jurisdiccional declare su responsabilidad mediante sentencia.

Coordinación entre cuatro instituciones

El operativo reunió a cuatro instituciones de distintos órdenes de gobierno. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, encabezaron las acciones; mientras que personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN) brindaron apoyo durante la ejecución del cateo.

La SSC y la FGJ reafirmaron su compromiso de mantener investigaciones conjuntas y el intercambio de información con instancias del Gobierno de México, con el objetivo de identificar a los grupos delincuenciales que, según las autoridades, atentan contra la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México.

La Fiscalía de la Ciudad de México vinculó a proceso a Juan “N”, alias “El Pelacas”, presunto integrante del grupo delictivo “La Glendisa”, por narcomenudeo en la alcaldía Iztapalapa. La detención ocurrió el 8 de julio de 2026 durante un cateo ejecutado por la Policía de Investigación con apoyo de la Guardia Nacional, y la audiencia judicial se celebró el 15 de julio.

Denuncia ciudadana detonó la investigación

Todo comenzó con una llamada anónima. Un ciudadano reportó a las autoridades que un inmueble en la alcaldía Iztapalapa era utilizado como punto de venta de droga, dato que la Policía de Investigación (PDI) tomó como punto de partida para desplegar labores de vigilancia y otras diligencias.

A partir de esa información, el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba suficientes para solicitar ante un juez una orden de cateo. La autoridad judicial la concedió, lo que abrió el camino al operativo del 8 de julio.

El caso ilustra el papel que juegan las denuncias anónimas en la estrategia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) para identificar puntos de distribución de narcóticos en zonas de alta incidencia delictiva como el oriente capitalino.

El cateo: GERI y Guardia Nacional en el operativo

La diligencia fue ejecutada por agentes del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) de la PDI, en colaboración con elementos de la Guardia Nacional. Durante el cateo, las autoridades detuvieron a Juan “N” en el interior del inmueble señalado.

El aseguramiento incluyó diversas dosis de narcóticos y dos teléfonos celulares, equipos que la Fiscalía considera parte del acervo probatorio para documentar la presunta actividad de narcomenudeo.

En este operativo, la PDI y la Guardia Nacional actuaron de forma conjunta, conforme a lo documentado en el comunicado oficial de la Fiscalía CDMX.

Quién es “El Pelacas”

Las investigaciones de la Fiscalía CDMX identificaron a Juan “N” como probable integrante de "La Glendisa“, un grupo generador de violencia con presencia en el oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con las indagatorias, la organización no se limita al narcomenudeo: también está vinculada a la extorsión y los homicidios en esa zona de la capital. La detención de “El Pelacas” es parte de las acciones que la Fiscalía CDMX impulsa contra la estructura del grupo en Iztapalapa.

La zona oriente concentra varios de los grupos delictivos más activos de la ciudad. En días recientes, la misma fiscalía aprehendió a Nicolás “N”, alias “El Nico”, señalado como fundador de “Los Tanzanios”, otra organización con presencia en Iztapalapa, Cuauhtémoc e Iztacalco, de acuerdo con información publicada por Infobae.

La audiencia y la resolución judicial

En la audiencia del 15 de julio, la Fiscalía CDMX formuló la imputación y presentó el material probatorio reunido durante la investigación: dictámenes periciales y entrevistas realizadas al personal policial que participó en la detención de Juan “N”.

Con base en esos elementos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado. Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La vinculación a proceso no equivale a una condena. En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, Juan “N” es considerado inocente mientras no exista una sentencia firme emitida por el órgano jurisdiccional competente.

Fiscalía CDMX refuerza ofensiva contra grupos violentos en Iztapalapa

El caso de “El Pelacas” se inscribe en una serie de acciones que la Fiscalía CDMX ha emprendido contra organizaciones delictivas en el oriente capitalino durante julio de 2026.

En días recientes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo por tercera ocasión a un presunto operador de “El Güero Fresa”, figura identificada por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en Iztapalapa y Tláhuac.

La Fiscalía CDMX señaló que continuará impulsando investigaciones orientadas a combatir a los grupos generadores de violencia y fortalecer la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México.

Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan Nancy Gómez Vargas y presunto líder de La Familia Michoacana en el oriente mexiquense, por el delito de homicidio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su probable participación en el asesinato de un hombre ocurrido en el municipio de La Paz, en septiembre de 2000.

Fue detenido el 10 de julio en Chiapas, tras seis años con orden de aprehensión activa, y trasladado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, donde quedó bajo prisión preventiva justificada.

Por este delito, “El Kino” podría recibir una sentencia de hasta 70 años de prisión, según informo la fiscalía.

El homicidio que originó la orden de aprehensión

De acuerdo con la investigación de la FGJEM, en septiembre de 2000 “El Kino” agredió con un arma de fuego a un hombre en la colonia Carlos Hank González, municipio de La Paz, luego de que ambos iniciaran una discusión mientras convivían en la vía pública.

La víctima fue trasladada al Hospital General de La Perla, en el municipio de Nezahualcóyotl, donde falleció a causa de las heridas. Marco Antonio Gómez Vargas huyó del lugar tras el ataque.

La Fiscalía inició la investigación que lo identificó como probable responsable del ilícito, lo que derivó en la solicitud y obtención de una orden de aprehensión en su contra ante la autoridad judicial.

Seis años con orden de aprehensión: Chiapas y una identidad falsa

Tras la emisión de la orden de aprehensión, “El Kino” permaneció prófugo durante seis años. Se ocultó en plantaciones de plátano en el municipio de Reforma, Chiapas, propiedades atribuidas a su cuñado, el diputado local Samuel Ríos Moreno, donde se fotografiaba como trabajador agrícola para evadir a las autoridades. Llegó incluso a cambiar de nombre para dificultar su localización.

Agentes especializados realizaron labores de inteligencia durante los últimos tres meses previos a la captura para confirmar su paradero. Fue detenido el 10 de julio por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal, la Defensa y el Grupo Especial de Mandamientos Judiciales de la FGJEM, en el marco de la Operación Enjambre.

Una vez capturado, las autoridades federales lo trasladaron y entregaron a personal de la FGJEM, que lo internó en el Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl a disposición del juez de control.

Presunto líder de La Familia Michoacana en el oriente del Edoméx

La FGJEM señaló que “El Kino” es considerado integrante de una célula del grupo delictivo con orígenes en Michoacán, cuya zona de operación abarcaba los municipios de Chicoloapan y La Paz.

Investigaciones de inteligencia lo ubicaron como lugarteniente de los alias “Osiris” y “El Tuerto”, señalados como líderes de La Familia Michoacana en el Estado de México. Habría asumido el control de la célula en Chicoloapan tras la detención de Brayan “N”, alias “El Panqué”.

Entre las actividades atribuidas a su organización figuran homicidios, extorsión a locatarios, quema de unidades de transporte, portación de armas de fuego y comercialización de narcóticos.

El vínculo con el Ayuntamiento de Chicoloapan

La Fiscalía informó que existe una investigación paralela sobre el presunto aprovechamiento que el hoy imputado habría hecho de su parentesco con una servidora pública del Ayuntamiento de Chicoloapan durante la administración 2018-2021, para obtener información que encubriera sus actividades ilícitas.

Ese señalamiento apunta a su hermana, Nancy Gómez Vargas, quien gobernó Chicoloapan en dos periodos consecutivos bajo las siglas de Morena: el primero de 2018 a 2021, y el segundo a partir de enero de 2022. La investigación de la Fiscalía acota el señalamiento de encubrimiento al primer periodo.

La exfuncionaria reaccionó públicamente tras la detención y rechazó cualquier responsabilidad. "Él sabrá qué camino tomar, así como yo decidí el mío“, afirmó.

Sostuvo que era “una persona completamente independiente” y que no respondía por terceros, ni siquiera por familiares. Calificó los señalamientos de encubrimiento como difamaciones que la habían acompañado desde su gestión municipal, y anunció que esa sería su única declaración pública sobre el asunto.

La resolución judicial

Tras revisar los datos de prueba aportados por la FGJEM, el juez de control determinó la vinculación a proceso de Marco Antonio Gómez Vargas por el delito de homicidio. Como medida cautelar, impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Un juez del Estado de México condenó a 100 años de prisión a cuatro personas halladas responsables del secuestro de un hombre y una mujer en el municipio de Amanalco, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara su participación en el delito ante el órgano jurisdiccional con sede en Tenango del Valle.

Los sentenciados son Charlie García Acevedo, Teresa del Carmen Montero Tapia, Natalia Martínez Santana y Pascual Martínez Vera. Cada uno recibirá la pena de forma individual, además de la cancelación de sus derechos civiles y políticos. La condena se suma a una serie de sentencias de alto impacto que la FGJEM ha obtenido en los últimos meses contra grupos dedicados al secuestro en la entidad.

Persecución, enfrentamiento y captura en Amanalco

Los hechos que derivaron en la detención de los cuatro sentenciados ocurrieron en octubre de 2024, en calles del municipio de Amanalco. En ese momento, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México realizaban labores de vigilancia cuando un sujeto que circulaba en motocicleta les disparó.

Los agentes iniciaron una persecución que culminó en un inmueble ubicado en el mismo municipio. Al llegar al lugar, varios individuos que se encontraban en el interior del predio abrieron fuego contra los policías.

Los elementos, en uso legítimo de la fuerza, repelieron la agresión y lograron someter y detener a García Acevedo, Montero Tapia, Martínez Santana y Martínez Vera.

Dos víctimas rescatadas en el interior del inmueble

Al asegurar el predio, los agentes hallaron en su interior a una mujer y un hombre privados de la libertad. De inmediato procedieron a su liberación.

Posteriormente, ambas víctimas identificaron a los cuatro detenidos como sus captores, dato que resultó determinante para la integración de la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público de la FGJEM.

Durante el aseguramiento del inmueble, las autoridades decomisaron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, aparatos de radiocomunicación, narcóticos y vehículos. El hallazgo de ese arsenal reforzó la hipótesis de que los cuatro imputados operaban de forma organizada.

Internos en Tenango del Valle desde su detención

Tras ser capturados, García Acevedo, Montero Tapia, Martínez Santana y Martínez Vera fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, donde permanecieron a disposición del juez durante todo el proceso legal.

La FGJEM presentó ante el órgano jurisdiccional las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad de los cuatro imputados en el delito de secuestro en agravio de dos personas. El juez valoró el material probatorio y determinó la sentencia condenatoria.

100 años de prisión y pérdida de derechos civiles para cada sentenciado

El fallo judicial estableció 100 años de prisión para cada uno de los cuatro responsables, pena que se aplica de forma individual. El juez dispuso también la suspensión de sus derechos civiles y políticos por el mismo periodo, una medida contemplada en la legislación para delitos de esta naturaleza.

La condena se enmarca en el delito de secuestro previsto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que establece penas elevadas cuando el ilícito se comete contra más de una víctima y con uso de armas.

Contexto: ofensiva judicial de la FGJEM contra el secuestro

La sentencia en el caso de Amanalco se produce en un periodo de actividad judicial sostenida de la fiscalía mexiquense en materia de secuestro. El 8 de julio de 2026, un juez condenó a seis integrantes de la célula “Los Jockes”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a 150 años de prisión cada uno por el secuestro exprés de dos mujeres ocurrido en Toluca en octubre de 2025.

Dos días después, el 10 de julio, otro tribunal sentenció a seis miembros de la célula CJNG “Delta 4” a 60 años de cárcel por un secuestro exprés cometido contra un motociclista en la misma ciudad. En ese mismo mes, la FGJEM obtuvo también una condena de 108 años y nueve meses para cuatro personas responsables del homicidio de tres policías municipales en Malinalco.

Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, alias "El Doctor“, presunto operador de Los Viagras en Michoacán, fue detenido el martes 14 de julio por agentes de la Policía Federal Ministerial en la localidad de Acahuato, municipio de Apatzingán. El arrestado era buscado por autoridades de Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, y sobre él pesaba una recompensa de hasta USD 5 millones.

La captura se registró a las 17:35 horas según su ficha de detención publicada en el Registro Nacional de Detenciones (RND) en una cancha de la tenencia de Santiago Acahuato, dentro de la zona de influencia histórica de Los Viagras y bastión del Cártel de la Virgen, célula que opera Ricardo Madrigal, alias “El Barbas”. Al momento del arresto le fueron asegurados un arma larga, un cargador para fusil con cartuchos útiles y una bolsa de plástico con cuatro envoltorios de metanfetamina.

Quién es “El Doctor” y su rol dentro de Los Viagras

Ortiz Ávalos, de 36 años, es señalado como parte operativo de Los Viagras, cercano a la estructura encabezada por los hermanos Sierra Santana. Su peso en la organización estaría vinculado al funcionamiento conjunto del grupo y a actividades de narcotráfico.

Esa proyección extrarregional fue lo que motivó una investigación por parte de agencias estadounidenses. "En la ficha del Programa de Recompensas contra Narcóticos de Estados Unidos, Ortiz Ávalos aparece señalado por conspirar para fabricar, importar y distribuir sustancias controladas hacia territorio estadounidense."

La recompensa de USD 5 millones y los cargos en Estados Unidos

El monto ofrecido por su captura es de hasta USD 5 millones, uno de los más altos asignados a un integrante de Los Viagras. Los cargos en su contra incluyen conspiración para la fabricación, importación y distribución de drogas con destino a Estados Unidos, delitos que en ese país pueden derivar en largas condenas federales.

Tras el arresto, el detenido, el armamento, la droga y los demás indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal. Ortiz Ávalos fue trasladado a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Morelia.

Los Viagras, designados organización terrorista por Estados Unidos

La captura de Ortiz Ávalos se produjo un día antes de que el gobierno de Estados Unidos publicara en el Registro Federal la designación de Los Viagras como organización terrorista extranjera. La medida se hizo efectiva el 15 de julio junto con la del Cártel de Juárez.

Los Viagras se consolidaron a partir de grupos surgidos durante el movimiento de autodefensas de Michoacán y extendieron sus actividades al tráfico de drogas, la producción de metanfetaminas, la extorsión y el control de mercados en la región. La organización opera bajo el liderazgo de los hermanos Sierra Santana y forma parte de Cárteles Unidos, articulado para disputar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el control de municipios de Tierra Caliente.

Nicolás Sierra Santana, “El Gordo” que lidera Los Viagras y tiene recompensa de USD 5 millones en Estados Unidos

Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”, es el jefe máximo de Los Viagras, el cártel michoacano que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera el 15 de julio de 2026. Nació el 10 de septiembre de 1977 en México y enfrenta una acusación federal en el Distrito de Columbia por conspiración para el tráfico de drogas. El Departamento de Estado ofrece hasta USD 5 millones por información que conduzca a su arresto o condena.

Sierra Santana emergió públicamente en 2014 bajo el manto del movimiento de autodefensas de Michoacán, aunque su vínculo con el crimen organizado quedó en evidencia poco después. Es uno de los fundadores de Los Viagras, grupo surgido en 2013 como escisión de esas milicias civiles en la región de Tierra Caliente.

Los cargos que acumula en México y en Estados Unidos

En Michoacán, Sierra Santana tiene una orden de aprehensión por secuestro agravado derivada de la causa penal 163/2017. La Fiscalía estatal ofrece hasta 100 mil pesos por información que permita capturarlo. Investigaciones y denuncias públicas también lo señalan, junto a Heladio Cisneros Flores, alias “La Sirena”, como presunto responsable de orquestar el asesinato del exlíder de autodefensas Hipólito Mora Chávez, ocurrido el 29 de junio de 2023 en La Ruana, Buenavista.

En Estados Unidos, la acusación formal en su contra fue presentada en junio de 2025 ante el Distrito de Columbia y desclasificada en julio de ese año. Los cargos incluyen conspiración para el tráfico de drogas, en el marco de una investigación de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) que arrancó en 2019 en Knoxville, Tennessee. Esa indagatoria rastreó flujos de metanfetamina, fentanilo y heroína desde Michoacán hasta territorio estadounidense, y documentó el decomiso de más de 1 tonelada de metanfetamina atribuida a Cárteles Unidos.

Las sanciones de Washington y la recompensa por su captura

El 14 de agosto de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Sierra Santana a través de su Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), junto a otros líderes de Cárteles Unidos. Ese mismo día, el Departamento de Estado publicó su ficha en el Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés) con una recompensa de hasta USD 5 millones.

En el primer semestre de 2026, se documentaron al menos 2 mil 529 atrocidades y crímenes de extrema violencia en el país, con registros diarios de asesinatos con tortura, masacres y actos violentos contra la autoridad, de acuerdo con un informe de la organización Causa en Común.

El documento advierte que estos hechos afectan la vida pública y requieren acciones urgentes para fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia.

Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua concentran más de 900 casos, mientras que la violencia contra la prensa y el control criminal en diversas regiones generan un subregistro de víctimas.

El reporte indica que en promedio se registran 14 atrocidades y eventos de alto impacto al día, incluidos hallazgos diarios de fosas clandestinas y asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

El documento “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos (enero-junio, 2026)” define como atrocidad el uso intencional de la fuerza para causar muerte con extrema violencia, la muerte de un alto número de personas, el asesinato de personas especialmente vulnerables o el uso de la violencia para provocar terror.

Los eventos de alto impacto incluyen, por ejemplo, asesinatos de policías, activistas y actores políticos.

Entre los hallazgos del estudio, destaca el registro de 658 casos de asesinatos con tortura, 290 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 242 actos violentos contra la autoridad, 193 fosas clandestinas, 156 masacres y al menos 154 casos de mutilación y descuartizamiento de cadáveres.

Además, se documentaron 199 jornadas de violencia en el país, con mayor concentración en Michoacán, Jalisco y Sinaloa.

El informe de Causa en Común señala que los crímenes se registran en todo el territorio nacional, pero Sinaloa (326), Michoacán (180), Guerrero (149), Guanajuato (143) y Chihuahua (140) presentan la mayor cantidad.

La organización advierte que la violencia contra la prensa y el dominio criminal dificultan el registro completo de los hechos.

Algunos de los casos documentados incluyen el asesinato de tres personas en Mérida, Yucatán, el 5 de enero; 113 jornadas de violencia en 25 estados tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre el 22 y el 28 de febrero.

A estos se suma el homicidio de dos maestras por un alumno en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 24 de marzo; y el hallazgo de al menos mil 076 restos óseos en Tláhuac, Ciudad de México, el 14 de abril.

También señala la denuncia de incursiones armadas y desplazamiento de familias en Chilapa, Guerrero, que se denunciaron el 6 de mayo; y la localización de los restos de la periodista Roxana Guzmán, quien fue asesinada tras ser secuestrada en Moloacán, Veracruz, el 25 de junio.

Para enfrentar estas tragedias, Causa en Común propone fortalecer a las instituciones de seguridad, procuración de justicia y el sistema penitenciario, impulsar justicia transicional para esclarecer violaciones sistemáticas a derechos humanos, reconstruir el Poder Judicial bajo principios de independencia y profesionalismo, recuperar la autonomía de la CNDH y desarrollar programas de prevención de la violencia basados en el desarrollo local y la denuncia ciudadana.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene vigente la advertencia de viaje de nivel 4, la más severa, para 21 países debido a amenazas críticas para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. La actualización, realizada entre enero y mayo de 2026, afecta a viajeros, empresas internacionales, organizaciones humanitarias y periodistas con intereses en zonas consideradas de alto riesgo, según la información oficial publicada en el portal del Departamento de Estado.

Las advertencias incluyen naciones de África, Asia y Oriente Medio, y están respaldadas por informes de agencias federales como el Buró de Asuntos Consulares y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El criterio para la clasificación de nivel 4 se basa en la presencia de terrorismo, conflictos armados, secuestros, criminalidad, graves disturbios sociales y condiciones sanitarias deficientes, de acuerdo con los avisos oficiales en travel.state.gov. Estas alertas limitan la capacidad de asistencia consular y recomiendan evitar cualquier desplazamiento a las regiones señaladas.

El gobierno estadounidense revisa periódicamente el estatus de cada país, ajustando el nivel de advertencia conforme evolucionan los riesgos y la capacidad institucional para responder a emergencias. La recomendación se mantiene mientras continúen los peligros identificados y hasta que existan garantías de seguridad para los viajeros y residentes estadounidenses.

¿Cuáles son los países con advertencia de viaje nivel 4 en 2026?

De acuerdo con la lista oficial publicada en el portal del Departamento de Estado de Estados Unidos, los siguientes países tienen activa la advertencia “Level 4: Do Not Travel”:

1. Afganistán (20 de febrero de 2026)
2. Belarús (29 de diciembre de 2025)
3. Burkina Faso (4 de mayo de 2026)
4. Myanmar (Birmania) (8 de mayo de 2026)
5. República Centroafricana (15 de enero de 2026)
6. Chad (28 de abril de 2026)
7. Malí (9 de enero de 2026)
8. Níger (29 de enero de 2026)
9. Irán (5 de diciembre de 2025)
10. Irak (2 de marzo de 2026)
11. Líbano (6 de mayo de 2026)
12. Siria (11 de diciembre de 2025)
13. Rusia (29 de diciembre de 2025)
14. Ucrania (14 de noviembre de 2024)
15. Yemen (19 de diciembre de 2025)
16. Uganda (8 de diciembre de 2025)
17. Somalia (confirmado en la página individual)
18. Corea del Norte (confirmado en la página individual)
19. Haití (16 de abril de 2026)
20. Sudán del Sur (17 de mayo de 2026)
21. Sudán (15 de mayo de 2026)

La información detallada y actualizada se encuentra disponible en la página oficial de advertencias de viaje (travel.state.gov). La lista se actualiza cuando surgen nuevos riesgos o cuando la situación de seguridad mejora de manera significativa.

¿Qué significa una advertencia de viaje nivel 4 para ciudadanos estadounidenses?

La advertencia de viaje nivel 4, la más alta del sistema estadounidense, implica que el gobierno desaconseja cualquier viaje al país señalado y limita su capacidad de brindar asistencia consular. El Departamento de Estado enfatiza que “Level 4 means DO NOT TRAVEL. We assign Level 4 based on local conditions and/or our limited ability to help Americans there. These places are dangerous. Do not go for ANY reason”. Según la agencia consular, los ciudadanos que decidan viajar a estos destinos pueden enfrentar riesgos de detención arbitraria, lesiones, secuestros o muerte.

Reuters informó que, en muchos casos, las embajadas y consulados estadounidenses han reducido sus operaciones o suspendido servicios habituales debido a la inseguridad y la falta de garantías para su personal. Las advertencias también afectan a organizaciones humanitarias, empresas internacionales y medios de comunicación, que deben extremar sus protocolos de seguridad o cancelar misiones en las zonas afectadas.

¿Por qué se asigna el nivel 4 y cuáles son los criterios?

El Departamento de Estado basa sus advertencias en información proveniente de agencias de inteligencia, reportes diplomáticos y análisis de riesgos. Los criterios incluyen:

• Conflicto armado activo: como en Ucrania, Siria, Yemen, Afganistán y Sudán del Sur.
• Terrorismo y ataques violentos: documentados en Malí, Burkina Faso, Somalia y otros países del Sahel.
• Secuestros y criminalidad organizada: con casos reiterados en Haití, Chad, Irak y otros destinos.
• Colapso institucional o ausencia de servicios consulares: situaciones observadas en Corea del Norte, Sudán y Somalia.
• Riesgos sanitarios: como brotes epidémicos o infraestructura médica insuficiente, detallados para Uganda y República Centroafricana.

“La revisión de los niveles de alerta es constante y responde a la evolución de los riesgos, así como a la capacidad de asistencia en el terreno”, explicó el Departamento de Estado en sus comunicados oficiales.

¿Cuáles son los riesgos específicos en los países bajo nivel 4?

Cada país en la lista presenta riesgos particulares, según los avisos individuales:

• Afganistán: terrorismo, secuestro, disturbios civiles y asistencia consular limitada.
• Haití: violencia de pandillas, secuestros, disturbios, crisis humanitaria y sanitaria.
• Sudán del Sur y Sudán: criminalidad, secuestros, disturbios, terrorismo y problemas de salud pública.
• Siria y Yemen: conflictos armados, ataques con armamento pesado y riesgo de toma de rehenes.
• Rusia y Ucrania: riesgos por conflicto armado, restricciones consulares y detenciones arbitrarias.

Las advertencias detallan los riesgos en cada destino y pueden consultarse individualmente en el portal del Departamento de Estado. Reuters ha señalado que los criterios se actualizan en función de reportes de incidentes y cambios en la situación local.

¿Cómo afectan estas advertencias a viajeros y empresas estadounidenses?

Las alertas de nivel 4 tienen impacto directo sobre ciudadanos estadounidenses, empresas, organizaciones internacionales y agencias de ayuda humanitaria. Las aseguradoras suelen excluir cobertura en estos destinos y las compañías multinacionales restringen los desplazamientos de personal. Las familias con miembros residentes en el extranjero reciben instrucciones para preparar planes de evacuación y comunicación de emergencia, según protocolos de seguridad institucional.

Además, el Departamento de Estado recomienda a quienes permanezcan en estos países que mantengan discreción, eviten desplazamientos innecesarios y sigan las indicaciones de autoridades locales o internacionales.

¿Cómo se actualiza la lista de países con nivel 4?

La lista de países bajo advertencia nivel 4 se revisa periódicamente. El Departamento de Estado publica las actualizaciones en travel.state.gov, donde cada país tiene una página específica con los motivos de la alerta, fecha de emisión y recomendaciones para los viajeros. Las decisiones se basan en reportes diarios de agencias federales, embajadas, organismos internacionales y gobiernos aliados.

“Las advertencias de viaje se revisan con regularidad y pueden cambiar a medida que mejoran o se deterioran las condiciones”, señala el Departamento de Estado de Estados Unidos en sus avisos oficiales. Reuters informó que esta práctica busca mantener informados a ciudadanos y empresas sobre los riesgos dinámicos que existen en el extranjero.

¿Qué deben hacer los ciudadanos estadounidenses si se encuentran en un país nivel 4?

El Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos que se encuentren en países con nivel 4 de advertencia que elaboren planes de evacuación, mantengan un perfil bajo, actualicen sus contactos de emergencia y sigan las recomendaciones oficiales. Las personas con residencia en estos países deben estar preparadas para cambios repentinos en las condiciones de seguridad y para la suspensión de servicios consulares.

Los viajeros pueden suscribirse al Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) para recibir notificaciones y facilitar la localización en caso de emergencia.

¿Dónde consultar la lista oficial de advertencias de viaje de Estados Unidos?

Toda la información oficial sobre advertencias de viaje, motivos de alerta y actualizaciones está disponible en el portal del Departamento de Estado de EE. UU.

La noche del 13 de julio, personas desconocidas intentaron ingresar por la fuerza al domicilio del periodista independiente Ángel Maldonado en Ciudad Acuña, Coahuila. El ataque ocurrió apenas unas horas después de que el comunicador cubriera una manifestación sobre un presunto caso de abuso sexual a menores.

La organización de derechos humanos Artículo 19 denunció que esta agresión se suma a una serie de ataques recientes contra la prensa y exigió medidas de protección efectivas para evitar que se repita la violencia contra quienes ejercen el periodismo.

El intento de secuestro se registró cerca de las 23:38 horas, tras un ataque con piedras al domicilio del periodista. Ángel Maldonado pidió auxilio a la Policía Municipal, estatal y la Guardia Nacional, pero los agresores lograron huir antes de la llegada de las autoridades. El comunicador relató que durante la cobertura que había realizado previamente, un familiar del señalado como presunto agresor sexual le exigió dejar de grabar, lo que incrementó el nivel de riesgo para su integridad.

De acuerdo a Artículo 19, Maldonado ya contaba con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero estas han resultado insuficientes. Exigió que el mecanismo cumpla cabalmente con lo dispuesto en el plan de seguridad, incluyendo la instalación de cámaras en el domicilio y rondines bitacorados de la Guardia Nacional al menos tres veces por semana.

Otro ataque que exhibe la vulnerabilidad de la prensa

La agresión contra Maldonado ocurre en un contexto nacional marcado por la violencia sistemática contra periodistas. La desaparición y asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz, ocurrida en junio, reabrió el debate sobre la falta de garantías para ejercer el periodismo en México.

El caso se vincula debido a que el secuestro de Roxana quedó registrado en video, donde se aprecia cómo sujetos armados ingresaron a la vivienda de la comunicadora, la secuestraron y semanas después, su cuerpo sin vida fue localizado.

Organizaciones internacionales han documentado la magnitud del peligro. Al menos 28 periodistas permanecen desaparecidos, de acuerdo a organizaciones como Reporteros Sin Fronteras. En Veracruz, donde fue secuestrada Roxana Guzmán, suman 34 periodistas asesinados desde el año 2000.

Exigen garantías y sanción a los responsables

La exigencia de Artículo 19 se suma a las demandas de otras organizaciones que han reclamado investigaciones exhaustivas y sanciones para los responsables de los crímenes contra periodistas. El caso de Ángel Maldonado ilustra la insuficiencia de las medidas de protección actuales y la normalización de la violencia, que erosiona la percepción social sobre la importancia del periodismo y debilita la empatía hacia las víctimas.

En el caso de Roxana Guzmán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la investigación sigue abierta hasta determinar la responsabilidad de cada una de las personas involucradas. Reportó que suman ocho personas detenidas, incluyendo a integrantes de la Policía Municipal y a miembros de grupos criminales, y que las autoridades federales y estatales mantienen operaciones coordinadas para detener a todos los responsables.

El funcionario detalló, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 15 de julio, que la instrucción presidencial es garantizar justicia para la familia de Guzmán y detener a quienes participaron en el crimen, sin permitir impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas.

En ese sentido, Artículo 19 demandó que el Mecanismo Federal de Protección cumpla con todas las medidas establecidas, garantice seguridad efectiva y permita que los periodistas continúen su labor sin poner en riesgo su vida.

Cuando se habla de una caja de seguridad, la imagen suele ser inmediata: dinero, lingotes, joyas o documentos importantes. Sin embargo, esa idea empieza a quedar vieja. En un mundo donde las personas valoran cada vez más aquello que no puede volver a comprarse, las cajas de seguridad están cambiando de significado. Ya no se trata únicamente de proteger el patrimonio económico, sino también el patrimonio emocional, la privacidad y la tranquilidad.

Porque no todo lo valioso tiene precio. Una carta escrita a mano por un abuelo, una medalla heredada, fotografías familiares en papel, una libreta con recetas que atravesó generaciones, una camiseta firmada, el primer dibujo de un hijo o una escritura que resume décadas de esfuerzo. Son objetos cuyo valor no aparece en ninguna cotización, pero cuya pérdida sería irreparable.

Esta transformación no ocurre solo en Argentina. En distintos mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, Europa y Japón, las empresas dedicadas al resguardo patrimonial vienen observando una diversificación del uso de las cajas de seguridad. Junto al dinero y las joyas aparecen documentos digitales almacenados en discos externos, obras de arte de pequeño formato, relojes de colección, memorabilia deportiva, vinos de edición limitada, colecciones familiares y, cada vez con mayor frecuencia, recuerdos personales imposibles de reemplazar. La tendencia refleja un cambio cultural: proteger ya no significa únicamente preservar riqueza, sino también conservar identidad y memoria.

En Argentina ese fenómeno encuentra además un componente propio. Nuestra relación con los bienes valiosos siempre estuvo atravesada por la necesidad de anticiparse, cuidar y proteger. Durante décadas, millones de personas desarrollaron estrategias caseras para esconder dinero u objetos importantes dentro de sus viviendas. Detrás de cuadros, en dobles fondos de placares, dentro de bibliotecas, rejillas de ventilación o incluso enterrados en jardines. Lo que alguna vez pareció ingenioso hoy forma parte del repertorio más conocido por quienes planifican robos domiciliarios.

Los especialistas en seguridad coinciden en que esos escondites son los primeros lugares que revisan los delincuentes durante una entradera. El riesgo se vuelve todavía mayor cuando las víctimas son adultos mayores, un segmento que muchas veces conserva ahorros en efectivo en sus hogares por razones culturales o por desconfianza hacia otras alternativas. Allí el delito deja de ser casual para convertirse en selectivo: se observa, se estudian rutinas y se actúa cuando aparece la oportunidad.

Frente a ese escenario, las cajas de seguridad privadas dejaron de ser un servicio reservado para grandes patrimonios. Según datos de la Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad (CAESACS), la demanda creció un 35% durante el último año y el sector proyecta un incremento cercano al 40% para este año. La expectativa es que esa expansión continúe en los próximos años, impulsada tanto por una mayor conciencia sobre el resguardo patrimonial como por la reducción de la oferta del servicio dentro de la banca tradicional.

Pero detrás de esas cifras hay un fenómeno más profundo. Lo que está creciendo no es únicamente el alquiler de cajas de seguridad. Está creciendo la necesidad de preservar aquello que cada persona considera verdaderamente irremplazable.

Vivimos en una época donde casi todo puede digitalizarse, copiarse o almacenarse en la nube. Sin embargo, existen objetos cuya autenticidad reside justamente en ser únicos. Ningún archivo reemplaza una carta escrita hace cuarenta años. Ninguna fotografía escaneada conserva el valor simbólico del original. Ninguna copia puede sustituir un reloj que pasó de generación en generación o un documento que resume la historia de una familia.

Las cajas de seguridad acompañan esa evolución. Hoy representan mucho más que una infraestructura blindada. Son espacios donde conviven confianza, privacidad y continuidad. Son el lugar donde una persona decide resguardar aquello que no quiere perder, no quiere exponer o simplemente no podría reemplazar.

En definitiva, el crecimiento de las cajas de seguridad privadas funciona como un termómetro de nuestro tiempo. Ya no representan únicamente un refugio para el dinero. Representan un refugio para la memoria. Porque, al final, las personas no buscan proteger solamente aquello que cuesta mucho, sino aquello que, si desapareciera, ninguna suma de dinero podría devolver.

El autor es presidente de CAESACS (Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad)

La Fiscalía General de la República (FGR) logró revertir la prisión domiciliaria de Juan Carlos Minero Alonso, director de la financiera Black Wallstreet Capital, quien deberá regresar al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 1 “Altiplano”, en el Estado de México, bajo prisión preventiva justificada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La decisión fue adoptada por una jueza federal tras una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el 14 de julio en el Centro de Justicia Federal del Altiplano. Minero Alonso, de 35 años, permanecía desde finales de 2025 en su departamento en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, luego de que en octubre de ese año una jueza había autorizado que cumpliera la prisión preventiva en su domicilio.

Por qué le habían concedido el arresto domiciliario

El argumento central de la defensa para obtener el cambio de lugar de reclusión fue que Minero Alonso no recibía el tratamiento adecuado para su problema de hipertensión dentro del penal. Con base en esa hipótesis de enfermedad grave, la jueza federal había modificado en octubre de 2025 el lugar de ejecución de la prisión preventiva justificada al domicilio del imputado.

Junto con esa medida, se impusieron condiciones adicionales: prohibición de salir del país, localizador electrónico, vigilancia fija a cargo de la Guardia Nacional (GN) y una garantía económica.

Qué resolvió la jueza: el padecimiento no es grave

En la audiencia del 14 de julio, los fiscales federales y representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron nuevos argumentos para solicitar el reingreso de Minero Alonso a prisión. Entre ellos, que la instalación residencial no garantizaba la imposibilidad de fuga y que el estado de salud del imputado podía atenderse desde el interior del penal.

Con ese razonamiento, la jueza concluyó que ya no se actualizaba la excepción prevista en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales para suspender la aplicación de la prisión preventiva y dio instrucciones a la GN para que el imputado fuera trasladado de vuelta al penal federal de alta seguridad del Altiplano.

La queja de los vecinos y la investigación interna de la FGR

Además, desde el condominio ubicado en el número 30 de la calle Sierra Guadarrama. Los residentes del edificio promovieron recursos legales afirmando que una instalación habitacional no era el lugar adecuado para la medida otorgada al imputado. Además, la propia GN emitió oficios en los que reconoció que el edificio no reunía las condiciones necesarias para el resguardo.

Ante esa situación, la FGR abrió una investigación interna por presuntas negligencias y actos de corrupción de las fiscales originalmente a cargo del caso, a quienes sustituyó por un nuevo equipo. Ese equipo documentó los riesgos, revisó la situación de reclusión de Minero Alonso y solicitó formalmente la audiencia de revisión de medidas cautelares.

El origen de la investigación: empresas fachada y triangulación de recursos

La causa penal contra Minero Alonso tiene sus raíces en una denuncia presentada por la UIF en 2022. Según el comunicado de la FGR, entre 2018 y 2022, el imputado y otros investigados habrían utilizado tres personas morales como fachada para dispersar y triangular recursos de origen presumiblemente ilícito. La investigación involucra también a otras personas físicas.

En su audiencia inicial de mayo de 2025, la FGR expuso que Minero Alonso lavó dinero del Cártel del Norte del Valle y del Cártel de Cali, ambas organizaciones colombianas vinculadas a la figura de Eduard Fernando Giraldo, alias “El Boliqueso”, uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia al momento de su detención en la Ciudad de México. El monto del presunto lavado de dinero asciende a al menos 15 mil millones de pesos.

El proceso penal bajo la causa 341/2024 sigue en curso y avanza hacia la etapa de juicio, con independencia del cambio en el lugar de ejecución de la prisión preventiva.

Cargos en Estados Unidos y posible extradición

El expediente de Minero Alonso no se limita a México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos en su contra ante una corte federal en Florida en una acusación fechada en septiembre de 2025 y desclasificada en enero de 2026.

Según esa acusación, Juan “N” habría participado en un esquema de lavado de dinero a través de criptomonedas y otros instrumentos financieros, en el que también resultaron estafadas 450 personas que invirtieron cerca de USD 18 millones con promesas de rendimientos que no se materializaron. Los cargos contemplan una pena de hasta 20 años de prisión y una multa no menor a USD 550 mil en caso de condena.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Enrique “N”, sacerdote de la Arquidiócesis de México con 25 años de ministerio, por el delito de pederastia agravada contra una adolescente de 17 años en la alcaldía Cuauhtémoc. Un juez lo envió a prisión preventiva el 14 de julio de 2026 tras una investigación que arrancó con el hallazgo de conversaciones sexuales en el teléfono celular de la víctima.

La detención ocurrió el 9 de julio en las inmediaciones de la Parroquia San Martín de Porres, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de aprehensión girada por el Ministerio Público.

Conversaciones ocultas como “Winnie Poo”

La investigación formal arrancó el 4 de junio de 2026, pero el origen del caso se remonta al 8 de enero de este mismo año, cuando la madre de la víctima encontró en el teléfono celular de su hija conversaciones de contenido sexual con un contacto guardado bajo el nombre de “Winnie Poo”.

La adolescente identificó ese contacto como Enrique “N” y declaró que el sacerdote la habría obligado a realizar actos de índole sexual en al menos cuatro ocasiones distintas.

Con base en esa denuncia, el Ministerio Público recabó entrevistas, dictámenes periciales y realizó labores de seguimiento técnico. El conjunto de esas diligencias permitió acreditar los datos de prueba suficientes para solicitar y obtener la orden de aprehensión.

El conjunto de esas diligencias permitió acreditar los datos de prueba suficientes para solicitar y obtener la orden de aprehensión, un hecho central para el desarrollo del caso.

Vinculación a proceso y prisión preventiva

En audiencia celebrada el 14 de julio, la FGJ-CDMX formuló la imputación formal contra Enrique “N” y presentó ante el juez de control los datos de prueba reunidos durante la investigación.

El juez determinó vincular a proceso al imputado por el delito de pederastia agravada, le impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Enrique “N” acumula 25 años de ministerio dentro de la estructura de la Iglesia católica y estaba adscrito a la Parroquia San Martín de Porres, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La Arquidiócesis se enteró por el propio sacerdote

La Arquidiócesis Primada de México emitió un comunicado oficial este 15 de julio en el que reveló que no fue ninguna autoridad civil quien la alertó del caso si no, "un sacerdote perteneciente a esta Iglesia particular le informó que fue detenido por autoridades civiles en el marco de una investigación por la presunta comisión de un delito de carácter sexual en agravio de una persona menor de edad“.

El documento precisó que “hasta el momento, la Arquidiócesis no ha sido notificada por la autoridad competente", aunque manifestó su “plena disposición para colaborar en lo que sea requerido, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la procuración de justicia”.

El cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, instruyó a la autoridad eclesiástica para que iniciara de manera inmediata la investigación previa correspondiente, “de conformidad con el derecho canónico y con los procedimientos establecidos por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe”. El comunicado aclaró que esas medidas internas se llevarán a cabo “sin interferir ni sustituir las actuaciones de las autoridades civiles”.

Protección a la víctima y presunción de inocencia

La institución reiteró en su comunicado su “cercanía con la víctima menor de edad, con su familia y con toda persona que pudiera haber sido víctima de cualquier forma de abuso”, y refrendó su “compromiso permanente con la protección de niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables”.

La Arquidiócesis dirigió también un llamado expreso a medios de comunicación y usuarios de redes sociales para que se abstengan “de difundir públicamente el nombre, imágenes, datos personales o cualquier información que permita identificar, directa o indirectamente, a la persona menor de edad afectada, con el propósito de proteger su dignidad, así como de evitar cualquier forma de revictimización”.

Al mismo tiempo, la institución invocó “el derecho que toda persona tiene a la presunción de inocencia y al debido proceso” e indicó que “evitará emitir juicios anticipados” y se abstendrá de revelar la identidad del sacerdote mientras las autoridades competentes desarrollen las diligencias correspondientes.

Sociedad civil exige que no opere el “fuero eclesiástico”

Además, la organización Spes Viva, dedicada a la defensa de los derechos de la infancia, emitió una postura en la que denunció que la Arquidiócesis aprovecha el silencio “para proteger y encubrir este tipo de casos, dejando a las víctimas en estado de gran indefensión y vulnerabilidad”.

La agrupación exigió que la institución eclesiástica “colabore en las investigaciones y rompa su pacto de silencio”, y llama a las autoridades capitalinas a “apegarse a derecho y no hacer valer en este caso el tácito ‘fuero eclesiástico’ que en el pasado ha otorgado impunidad a los ministros católicos pederastas”.

Spes Viva demando que se garantice a la víctima “la correspondiente justicia, reparación integral y garantías de no repetición”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró que cuatro personas recibieran una condena de 108 años y nueve meses de prisión cada una por el asesinato de tres policías municipales de Malinalco, Estado de México. La fiscalía acreditó su participación ante un juez, que también les impuso multas y el pago de reparación del daño a las familias de las víctimas. Los hechos ocurrieron el 28 de enero de 2025.

Tres policías asesinados en la carretera Capulín-Chalma

El 28 de enero de 2025, tres policías municipales de Malinalco fueron atacados mientras realizaban actividades propias de su cargo sobre la carretera Capulín-Chalma, a la altura del segundo arco de la entrada al centro del municipio.

Dos vehículos llegaron al lugar. De ellos descendieron ocho sujetos armados que, al tener de frente a los servidores públicos, abrieron fuego contra los tres agentes. Las lesiones provocadas les causaron la muerte. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

Identificación y detención de los imputados

Con el avance de las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) identificó a cuatro de los ocho sujetos como participantes directos del crimen: Michelle Hernández Andrade, Diego Antonio García Bahena, Edgar Rodrigo García Leguizamo y Alexis Herrera Ortiz.

La representación social solicitó ante el juez las órdenes de aprehensión correspondientes. Una vez cumplimentadas por elementos de la fiscalía, los cuatro fueron detenidos y trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

La condena: 108 años y nueve meses para cada sentenciado

Con las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, el órgano jurisdiccional decretó la culpabilidad de los cuatro imputados por el delito de homicidio en contra de servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública en funciones.

El juez sentenció a cada uno de los responsables a 108 años y nueve meses de prisión, al pago de una multa por $602 mil 460 pesos y una reparación del daño de $247 mil 776 pesos por cada una de las tres víctimas. La pena incluye además la suspensión de derechos civiles y políticos, y fue aplicada en los mismos términos para los cuatro condenados.

El papel de la Fiscalía del Estado de México

La FGJEM coordinó la investigación desde el inicio: recabó evidencias, identificó a los participantes, obtuvo los mandamientos judiciales y ejecutó las detenciones. Ante el juez, sus agentes presentaron el caudal probatorio que permitió acreditar la responsabilidad penal de los cuatro imputados. El caso involucra el asesinato de tres elementos de seguridad pública que se encontraban en servicio activo al momento del ataque.

La violencia contra policías en México, un problema sin tregua

En 2025, 348 policías fueron asesinados en México, según el registro de la organización civil Causa en Común, lo que equivale a un promedio de una víctima por día y representa un aumento de 9% frente a los 320 casos documentados en 2024.

La cifra ubica al año pasado como uno de los más letales para las fuerzas de seguridad del país en la última década. En 2020 se registró el pico más alto, con 524 policías asesinados; desde entonces, los números han oscilado entre 320 y 412 víctimas anuales, sin que ningún año haya cerrado por debajo de las 300 muertes.

El Estado de México, entre las entidades más afectadas

El Estado de México no es ajeno a esta tendencia. Durante 2025 se documentaron al menos 19 asesinatos de policías en la entidad, de acuerdo con registros de Causa en Común: 10 correspondieron a agentes municipales, cuatro a policías estatales, tres a expolicías y dos a elementos de la Ciudad de México atacados en territorio mexiquense.

En lo que va de 2026, la entidad acumula 14 agentes de seguridad pública asesinados, cifra que la coloca en el cuarto lugar nacional, detrás de Jalisco (34), Michoacán (21) y Sinaloa (21), según el registro de Causa en Común actualizado al 9 de julio de 2026.

174 agentes asesinados en lo que va de 2026

A nivel nacional, el año en curso suma 174 agentes de seguridad pública asesinados entre el 1 de enero y el 9 de julio de 2026, de acuerdo con Causa en Común. De ese total, 73 eran policías municipales, 52 estatales, 37 elementos de la Guardia Nacional, nueve del Ejército, dos policías federales y un marino.

Desde el inicio del actual gobierno federal, el 1 de octubre de 2024, han sido asesinados al menos 616 agentes de seguridad pública en todo el país, según el mismo registro.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Joel “N” por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil agravada. La detención se concretó el 13 de julio de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, tras una investigación iniciada a partir de un reporte internacional que alertó sobre la distribución de material sexual de menores de edad a través de cuentas de correo electrónico.

Alerta internacional desató la investigación

El caso tuvo su punto de partida el 5 de diciembre de 2023, cuando el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) emitió un reporte en el que alertó sobre el almacenamiento y la transmisión de 21 archivos distribuidos entre fotografías y videos, con contenido sexual de personas menores de edad.

Esos archivos circulaban a través de diversas cuentas de correo electrónico. La alerta fue recibida por un agente del Ministerio Público de la Fiscalía CDMX, quien abrió de inmediato la carpeta de investigación correspondiente.

Inteligencia cibernética identificó al imputado

A partir del reporte, la Fiscalía CDMX desplegó labores de inteligencia cibernética y análisis periciales con el objetivo de rastrear el origen de las cuentas de correo señaladas en la alerta.

Las indagatorias permitieron establecer que esas cuentas estaban vinculadas a un hombre identificado como Joel “N”. Con esa información, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo ante la autoridad judicial una orden de aprehensión en su contra.

La investigación no se limitó al análisis digital. Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizaron labores de seguimiento técnico y otras diligencias para localizar físicamente al imputado.

Esa coordinación entre instancias locales y federales fue determinante para el desenlace del operativo. La Fiscalía CDMX no precisó el tiempo que tomaron las labores de campo desde la obtención de la orden hasta la aprehensión.

Detención en la alcaldía Cuauhtémoc

El 13 de julio de 2026, agentes de la PDI y personal de la SSPC localizaron a Joel “N” en la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México. Fue aprehendido en ese lugar y puesto a disposición de la autoridad competente.

Al día siguiente, el 14 de julio, se celebró la audiencia inicial ante un juez de control. Durante esa diligencia, la Fiscalía CDMX formuló la imputación formal y presentó los datos de prueba recabados a lo largo de las indagatorias.

La autoridad judicial analizó el material probatorio y determinó vincular a proceso a Joel “N” por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil agravada. Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Colaboración interinstitucional como eje del caso

El resultado del operativo fue posible gracias a la articulación entre la Fiscalía CDMX, la PDI y la SSPC, así como al vínculo con organismos internacionales como el NCMEC. Ese esquema de trabajo conjunto es el que la fiscalía capitalina ha adoptado para atender delitos de explotación sexual infantil con componentes digitales y transnacionales.

La Fiscalía CDMX señaló que continuará fortaleciendo la colaboración con instituciones locales, federales e internacionales para desarrollar investigaciones especializadas que permitan identificar, localizar y llevar ante la justicia a quienes participen en conductas que atenten contra la integridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

La Guardia Nacional y la Guardia Estatal de Tamaulipas detuvieron este miércoles a cuatro personas armadas en la colonia Loma Alta de Matamoros, Tamaulipas, y aseguraron un arsenal que incluye cinco armas largas entre las que se encuentra un fusil Barrett .50, una granada de mano, droga y una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos. El operativo se desencadenó durante un recorrido de seguridad y vigilancia, cuando los elementos detectaron a los sujetos a bordo de un vehículo e intentaron huir.

Intento de fuga y detención en Loma Alta

Durante las labores de patrullaje, el personal operativo identificó una camioneta con ocupantes armados en la colonia Loma Alta. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los tripulantes intentaron escapar.

La maniobra no prosperó. Tras una intervención oportuna, los cuatro ocupantes del vehículo fueron detenidos sin que se reportaran lesionados entre los elementos de seguridad.

Las cuatro personas quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes, de acuerdo con el reporte oficial de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

Arsenal asegurado: un fusil Barrett calibre .50 y una granada

Entre los materiales decomisados destaca un fusil Barrett calibre .50, arma de alto poder con un alcance efectivo de hasta mil 800 metros, utilizada para neutralizar blancos a distancias de nivel militar.

El aseguramiento incluyó en total cinco armas largas, además de una granada de mano, cargadores, equipo táctico y hierba seca con características similares a la marihuana.

La camioneta en que se desplazaban los detenidos también fue asegurada. El vehículo contaba con un reporte de robo vigente en Estados Unidos, lo que añade una arista de investigación transfronteriza al caso.

Matamoros, foco de operativos armados en julio

El decomiso en Loma Alta no es un hecho aislado en la zona. El 11 de julio, elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo en la colonia Lomas del Real, también en Matamoros, donde aseguraron otro fusil Barrett calibre .50, nueve armas largas, 51 cargadores y más de mil 71 cartuchos, además de un vehículo.

En ese operativo, todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Matamoros para los peritajes y la determinación de su procedencia.

La acumulación de operativos en el municipio fronterizo refleja la presión sostenida de las fuerzas de seguridad sobre la zona. Entre el 10 y el 12 de julio, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México registró 56 detenidos, 91 armas aseguradas, entre ellas un fusil Barrett, y siete personas rescatadas en 15 entidades del país.

El fusil Barrett, arma reiterada en decomisos de Tamaulipas

El fusil Barrett calibre .50 es un rifle de francotirador de origen estadounidense con un alcance efectivo documentado de mil 800 metros, capaz de neutralizar objetivos a distancias que superan la capacidad de la mayoría del armamento convencional. Su aparición reiterada en operativos de Tamaulipas lo convierte en un indicador del armamento disponible para grupos del crimen organizado en la región fronteriza.

En el caso del operativo del 11 de julio en Lomas del Real, la FGR asumió la custodia del material para determinar su procedencia y vínculo con estructuras delictivas. Para el decomiso de Loma Alta, la autoridad competente receptora no fue especificada en el reporte oficial.

Investigaciones en curso

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que las cuatro personas detenidas, junto con las armas, el equipo táctico, la droga y la camioneta robada, fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

Las investigaciones para establecer las responsabilidades legales de los implicados continúan a cargo de las instancias correspondientes, sin que hasta el momento se haya informado sobre la identidad de los detenidos ni su presunta filiación a alguna organización criminal.

Autoridades federales y estatales recuperaron en Chalco, Estado de México, un cargamento de insumos farmacéuticos y medicamentos valuado en $2 millones 500 mil pesos, junto con dos vehículos con reporte de robo activo. La acción fue resultado de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), tras recibir un alertamiento sobre el robo de las unidades de carga. Los vehículos y la mercancía fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público.

El operativo se desplegó luego de que las corporaciones recibieron un reporte que indicaba el robo de dos unidades de carga en la zona. Con base en esa información, las fuerzas de seguridad implementaron un esquema de búsqueda y localización en el municipio de Chalco.

Cómo se localizaron los vehículos y la mercancía

El despliegue permitió ubicar las dos unidades sobre la calle Hacienda Compañía, en el fraccionamiento Los Héroes Chalco. Al realizar una inspección de los vehículos, los elementos encontraron en su interior el cargamento de insumos farmacéuticos y medicamentos.

Tanto los vehículos como la totalidad de la mercancía fueron asegurados en el lugar. Ningún detenido fue reportado en el comunicado conjunto emitido por ambas secretarías.

Ministerio Público inicia la carpeta de investigación

Una vez concluido el operativo, los vehículos y la mercancía fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público. La autoridad ministerial dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente para continuar con las indagatorias y determinar la identidad de los responsables del robo.

El robo de transporte de carga es uno de los delitos con mayor incidencia en el Estado de México. De acuerdo con datos de la Unión Industriales del Estado de México (Unidem), la entidad registra un promedio de siete robos diarios a unidades de carga, aunque en meses recientes se ha observado una reducción de 17%.

El municipio de Chalco forma parte de los corredores logísticos del oriente del Valle de México, una zona donde el robo a transporte de carga ha sido registrado de manera recurrente por las autoridades.

Coordinación federal y estatal como eje del operativo

La recuperación del cargamento se enmarca en los esquemas de coordinación interinstitucional entre la federación y los gobiernos estatales que tanto la SSPC como la SSEM han promovido para atender delitos de alto impacto económico en la zona metropolitana.

El comunicado conjunto subrayó que el alertamiento ciudadano fue el punto de partida del operativo. Sin ese reporte inicial, la localización de las unidades y la mercancía no habría sido posible en el tiempo en que se concretó.

En ese sentido, la SSEM recordó a la ciudadanía que cuenta con dos canales para presentar denuncias: el 089, línea de denuncia anónima, y el 9-1-1, número de emergencias, ambos disponibles las 24 horas del día. La dependencia también atiende reportes a través de sus redes sociales, en @SS.Edomex en Facebook y @SS\_Edomex en la plataforma X.

Operativos de seguridad en el país el 13 de julio

La recuperación del cargamento en Chalco coincidió con una jornada de operativos del Gabinete de Seguridad en múltiples entidades del país. Solo el 13 de julio de 2026, las acciones incluyeron aseguramientos en Coahuila, Durango, Hidalgo, Sonora, Yucatán y Sinaloa, con una afectación económica a la delincuencia organizada de 45 millones de pesos.

En el caso de Chalco, las autoridades no reportaron detenciones vinculadas al hecho. La investigación quedó en manos del Ministerio Público, quien determinará los pasos a seguir una vez iniciada la carpeta de investigación.

Conducir por rutas en pendiente suele poner a prueba la destreza al volante, sobre todo cuando se utiliza un vehículo con transmisión automática. Las subidas y bajadas pronunciadas, tan habituales en ciertas ciudades y rutas de montaña, generan dudas sobre la forma más segura de maniobrar sin comprometer la integridad del motor ni de la transmisión.

El desconocimiento sobre el uso correcto de la caja automática durante estas maniobras puede traducirse en riesgos de accidentes o en costosas reparaciones mecánicas.

Los fabricantes advierten que aplicar técnicas inadecuadas, como acelerar excesivamente en subida o descender en punto muerto, aumenta las posibilidades de daños y reduce la seguridad. En este contexto, se explican las claves para conducir un automático en pendientes

Cómo se debe preparar el vehículo automático antes de transitar en una pendiente

Al acercarse a una cuesta, es útil anticipar el cambio de comportamiento del vehículo. Ganar algo de velocidad antes del inicio de la pendiente permite aprovechar la inercia, facilitando el ascenso.

Además, mantener una distancia prudencial con los vehículos precedentes amplía el margen de maniobra en caso de imprevistos.

Ford sugiere que, en pendientes muy pronunciadas, conviene programar con anticipación el uso del modo manual si el vehículo dispone de esta función, lo que permite controlar mejor las revoluciones y la potencia sin forzar la transmisión.

Cuál es la mejor forma de subir una pendiente empinada con un automático

Según Ford, en subidas con mucha inclinación el vehículo puede perder velocidad o dar la sensación de falta de potencia. La tendencia natural de muchos conductores sería presionar el acelerador a fondo, pero esta práctica solo genera un desgaste prematuro del motor y un consumo excesivo de combustible.

La marca señala que, ante pendientes exigentes, lo más conveniente es activar el modo manual y seleccionar la primera marcha (identificada como “1” o con los signos -/+ en la palanca). Esta estrategia aumenta el número de revoluciones, proporcionando mayor fuerza y mejor respuesta del motor.

Conforme evoluciona la pendiente, se puede incrementar la marcha en función de la exigencia del terreno y la capacidad del vehículo. Mantener el vehículo en modo “Drive” en subidas muy pronunciadas puede ser insuficiente, mientras que el modo manual ofrece mayor control sobre la entrega de potencia y previene el sobrecalentamiento de la transmisión.

Qué pasos seguir para un descenso seguro y sin peligros para la transmisión

El descenso exige una atención especial sobre la velocidad y el control del vehículo. La palanca debe permanecer en “Drive” durante todo el trayecto cuesta abajo.

Esta configuración asegura que la transmisión mantenga el control sobre las ruedas motrices y evite que el auto gane velocidad descontroladamente por la acción de la gravedad.

Para regular la velocidad, se debe mantener el pie sobre el pedal del freno, aplicando presión de forma suave y constante. Alternar la presión del freno, en lugar de mantenerlo presionado de manera continua, ayuda a evitar el sobrecalentamiento del sistema.

Ford advierte que descender en punto muerto o “neutral” no solo elimina el control inmediato del vehículo, sino que, en caso de emergencia, podría dificultar el cambio rápido de marcha y causar daños internos en la transmisión automática.

Cuáles errores deben evitarse para proteger la caja automática en pendientes

Entre los errores más comunes figura el hábito de acelerar a fondo en subidas con la intención de mantener la velocidad, lo que solo consigue forzar el motor y desgastar la caja de cambios.

Asimismo, otra equivocación frecuente es circular en “neutral” durante los descensos, bajo la creencia de que así se ahorra combustible.

No existe un ahorro real, y, por el contrario, esta práctica puede provocar un sobrecalentamiento de la transmisión y una pérdida de control ante cualquier imprevisto.

La Aduana de Argentina decomisó 1.340 álbumes truchos del Mundial durante un operativo realizado en un depósito de una empresa de logística, en la ciudad de Córdoba. El procedimiento, que incluyó la incautación de 130 termos, 55 termos con mate, 70 vasos térmicos y 30 mates, arrojó un valor estimado de la mercadería secuestrada de 9 millones de pesos. Según informó la propia Dirección Regional Aduanera Central, la acción se desarrolló bajo tareas de fiscalización y control coordinadas por la División Investigaciones y Control Operativo Regional.

El hallazgo se realizó mediante el uso de un equipo de inspección no intrusiva Scan Van, tecnología que permitió identificar encomiendas con imágenes compatibles con posibles infracciones al Código Aduanero. La utilización de este escáner posibilitó la detección temprana de los paquetes, lo que llevó a la retención preventiva de los bultos involucrados.

El operativo contó con la intervención del Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, que ordenó la apertura de las encomiendas tras el informe inicial de los agentes aduaneros. Al inspeccionar los paquetes, los funcionarios comprobaron la existencia de mercadería presuntamente ingresada al país en infracción al régimen aduanero vigente.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas detenidas ni sobre avances en la investigación penal, aunque confirmaron que la mercadería quedará bajo custodia judicial mientras se determina su destino final y se profundiza la pesquisa sobre posibles redes de importación irregular.

Los antecedentes

En menos de dos meses, las fuerzas de seguridad argentinas desarticularon tres operativos de contrabando de álbumes y figuritas del Mundial 2026. Los procedimientos ocurrieron en Mendoza, Misiones y la Ciudad de Buenos Aires, con decomisos valuados en decenas de millones de pesos.

El primer caso se produjo en la Ruta Nacional N° 7, cerca de Punta de Vacas, Mendoza, cuando efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional interceptaron a un ciudadano peruano que intentó evadir un control vial en estado de ebriedad. El hombre, que circulaba con las luces apagadas en un Ford Focus proveniente de Chile, perdió el control del vehículo y volcó tras una persecución policial. La inspección reveló álbumes y figuritas del Mundial 2026 por un valor estimado en más de 17 millones de pesos. Tanto el conductor como la mercadería quedaron a disposición de la justicia federal, que dispuso el secuestro del automóvil y el inicio de una investigación por contrabando.

El segundo hecho relevante ocurrió a fines de mayo en Puerto Iguazú, Misiones, donde la Prefectura Naval Argentina detuvo cuatro camionetas bajo vigilancia por sospechas de contrabando. Los vehículos transportaban 3.100 álbumes del Mundial y unas 900 camperas, sin la documentación correspondiente. El operativo incluyó un disparo disuasivo al aire y la detención de los conductores, uno de ellos de nacionalidad paraguaya. El valor de la mercadería incautada alcanzó los 98 millones de pesos.

El tercer procedimiento, bautizado como “El álbum más buscado”, fue ejecutado por la Policía Federal Argentina en la Ciudad de Buenos Aires y derivó en el secuestro de 2.200 álbumes de figuritas de la Copa Mundial FIFA 2026 de origen brasileño, con un valor estimado en 100 millones de pesos. Los operativos incluyeron allanamientos en un depósito de Lanús y un comercio de encomiendas, así como la incautación de prendas de vestir, dispositivos electrónicos y otros artículos de alto valor.

Seis de cada diez personas en Panamá afirman que prefieren pagar con tarjetas de débito, aunque el efectivo todavía representa el 48% del gasto de consumo personal, lo que evidencia una brecha entre la preferencia de los consumidores y el uso cotidiano de los medios de pago digitales.

El dato proviene del Estudio sobre el Estado de la Digitalización y la Inclusión Financiera 2026 de Mastercard, el cual indica que esta realidad refleja un desafío compartido en la región.

Afirma que en América Latina y el Caribe, el 89% de los consumidores ya utiliza soluciones de pago digitales en su vida diaria, sin embargo, indica que todavía persisten situaciones en las que recurren al efectivo, incluso cuando preferirían pagar digitalmente.

De hecho, el 59% afirma que al menos una vez al mes debe usar efectivo por falta de alternativas, mientras que el 87% considera clave que más comercios y personas acepten pagos digitales.

“En Panamá seguimos viendo cómo más personas incorporan los pagos digitales a su día a día. Las tarjetas de débito se han convertido en una puerta de entrada a pagos más seguros, mayor control financiero y beneficios diseñados para acompañar distintos momentos de la vida cotidiana”, dijo Soledad Rovira, Country Manager de Mastercard para Panamá y Belice.

El siguiente paso, de acuerdo con la especialista, es garantizar que puedan utilizarlas donde y cuando lo necesiten.

Para lograrlo, manifestó que la empresa que representa continuará trabajando para ampliar la aceptación y fortalecer la confianza en los pagos digitales, acercando a más panameños a los beneficios de una economía cada vez más conectada

En este contexto de crecimiento, la compañía busca seguir impulsando un uso cada vez más informado del débito, aclarando percepciones y destacando sus beneficios.

Para ilustrar a los consumidores, la empresa sostiene que existen muchos mitos y realidades que al conocerlos permiten entender mejor su valor en la vida cotidiana en Panamá.

Uno de los mitos es que el débito no protege contra el fraude, cuando en realidad las tarjetas de débito están respaldadas por estándares globales de seguridad y por tecnologías de ciberseguridad y prevención de fraude de las más avanzadas a nivel mundial integrando Inteligencia Artificial predictiva y generativa para monitorear y analizar transacciones en tiempo real, fortaleciendo la protección frente a posibles fraudes.

De esta manera, asegura, usar débito no solo es conveniente, sino también seguro.

Otro mito es que el débito no ofrece beneficios, cuando apunta a que este aporta valor más allá del pago, pues ofrece beneficios tangibles como descuentos, promociones y experiencias en comercios aliados, así como servicios de asistencia global 24/7. Además, permite acceder a una experiencia de pago más segura, conveniente y conectada con el ecosistema digital.

De igual manera, se tiene que las tarjetas solo funcionan con moneda nacional, cuando en realidad tanto las tarjetas de débito como las de crédito permiten realizar compras dentro y fuera del país. Funcionan en todo el mundo y convierten automáticamente la moneda para compras en comercios físicos y en línea, de forma simple y segura.

Desgranando mitos, la Country Manager de Mastercard para Panamá y Belice reveló que las tarjetas de débito pueden integrarse fácilmente a billeteras digitales, permitiendo pagos seguros y sin contacto desde el celular.

Gracias a la tokenización, los datos reales de la tarjeta no se comparten durante el pago. En su lugar, se utilizan identificadores únicos que añaden una capa adicional de seguridad a las transacciones digitales y sin contacto.

El débito también puede ser una herramienta para administrar mejor el dinero, toda vez que cada transacción genera un registro que permite dar seguimiento a los gastos, mantener trazabilidad sobre cómo se utilizan los recursos y contar con mayor visibilidad de los movimientos financieros.

Esto, según el informe, ayuda a las personas a mantener el control de sus finanzas y tomar decisiones más informadas en su día a día.

Para contribuir a que más personas y comercios puedan aprovechar los beneficios de los pagos digitales, Rovira afirmó que se trabaja junto con bancos, comercios, fintechs y otros actores del ecosistema desarrollando soluciones para facilitar la aceptación de pagos digitales.

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Detienen en Tijuana a hombre que amenazó con pistola a adulta mayor dentro de su casa

Un hombre de 50 años fue detenido en Tijuana después de amenazar con una pistola a una mujer de 81 años dentro de su propio domicilio, en la colonia Guaycura. El detenido, identificado como Abundio “N”, originario del estado de Puebla, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

El arresto se produjo cuando agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, realizaban patrullajes de prevención en las inmediaciones de la colonia.

La adulta mayor los abordó visiblemente alterada y les solicitó ayuda urgente.

Según la información oficial disponible, con el permiso de la propietaria, los uniformados ingresaron al inmueble y localizaron a Abundio “N” en el área del patio, con una pistola en la mano. Los elementos le ordenaron verbalmente que colocara el arma en el piso y que pusiera las manos sobre la cabeza, sin que el sujeto opusiera resistencia. Se le aseguró una pistola calibre 9 milímetros con la leyenda “COMBAT 19”, equipada con un cargador que contenía cuatro cartuchos útiles.

Tras revisar lo que portaba, los agentes lo inmovilizaron con esposas, apoyados de elementos de la Guardia Nacional y lo pusieron a disposición de la FGR, debido a la portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

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Con equipo táctico y bajo el calor, Policía Estatal recorre playas de Acapulco

Elementos de la Policía Estatal de Guerrero realizaron recorridos de proximidad social en diversas playas de Acapulco, con presencia permanente para atender cualquier eventualidad, según información e imágenes compartidas por la la Comunicación Social del gobierno de Guerrero.

Durante los operativos, los agentes portaron uniforme táctico negro, chaleco antibalas, casco con visor y armamento largo, según se observó en el registro fotográfico del recorrido sobre la arena del puerto.

Además de mantener vigilancia en la zona costera, el personal brindó recomendaciones preventivas a visitantes y prestadores de servicios turísticos, con el propósito de promover una estancia segura y fortalecer la cultura de la prevención.

Los recorridos también buscaron fomentar la cercanía entre la corporación y la ciudadanía, en el marco de las acciones de proximidad social que impulsa la Policía Ecológica Estatal en Guerrero.

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Sigue las noticias de narcotráfico y seguridad más destacadas del día en tiempo real en Infobae México.

La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso para siete personas detenidas en un cateo sobre la carretera federal Matamoros-Ciudad Victoria, en Tamaulipas, donde fueron asegurados 66 mil 500 litros de hidrocarburo, 27 pipas, 12 frac tanks y 10 tractocamiones. Un juez especializado impuso prisión preventiva oficiosa a los imputados por el probable delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

La operación fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en el municipio de Matamoros, luego de que la Guarnición Militar local alertó sobre irregularidades en el manejo de petrolíferos en ese predio. Los siete detenidos, identificados como Mario, Juan, Román, Reyes, Erik, José y Marcos, permanecerán recluidos durante dos meses en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa mientras concluye la investigación complementaria.

Una denuncia militar abrió la investigación

El caso llegó a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas a través de una denuncia formal presentada por personal de la Guarnición Militar de la Ciudad de Matamoros.

En esa denuncia, los efectivos castrenses describieron haber observado tanques cisterna y contenedores tipo frac tank sin la identificación requerida por la normativa vigente. También reportaron otras irregularidades que podrían contravenir la Ley en materia de hidrocarburos y las normas oficiales mexicanas sobre transporte y manejo de materiales peligrosos.

Con base en esos datos, la FECOR inició las investigaciones y solicitó ante un juez federal la orden de cateo que permitió el ingreso al inmueble ubicado sobre la carretera federal Matamoros-Ciudad Victoria.

El cateo y los bienes decomisados

Durante la ejecución de la orden judicial, los elementos de la PFM intervinieron el predio y procedieron al aseguramiento de los bienes hallados en el lugar.

El decomiso incluyó 66 mil 500 litros de hidrocarburo, 27 pipas, 12 frac tanks, 10 tractocamiones, motobombas de combustión, mangueras y documentación diversa. El inmueble también quedó asegurado a disposición de la autoridad federal.

Siete personas ante el juez

En la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas. La autoridad judicial calificó de legal la detención de los siete imputados y procedió a dictar la vinculación a proceso.

El juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio impuso además prisión preventiva oficiosa contra Mario, Juan, Román, Reyes, Erik, José y Marcos, medida que cumplirán en el Centro de Ejecución de Sanciones de la Ciudad de Reynosa.

El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria es de dos meses, periodo durante el cual el Ministerio Público Federal deberá fortalecer el expediente por la probable comisión del delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

La FGR precisó en su comunicado que a las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Patrón de operativos en Tamaulipas

El caso se enmarca en una serie de acciones antihuachicol que la FGR ha intensificado en Tamaulipas durante julio de 2026. Días antes del operativo en Matamoros, la misma institución ejecutó un cateo en el kilómetro 19 del Libramiento Sur II de Reynosa, donde fueron asegurados 16 frac tanks, 16 autotanques tipo pipa, dos tractocamiones y 26 mil 180 litros de gasóleo contaminado.

En ese operativo previo, tres personas —Miguel, David y Jorge— fueron vinculadas a proceso por posesión ilícita de hidrocarburo e igualmente sometidas a prisión preventiva oficiosa.

Ambos casos fueron atendidos por la FECOR Tamaulipas y resueltos ante jueces del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, lo que refleja una estrategia sostenida de la fiscalía federal para desarticular redes de almacenamiento y distribución clandestina de combustible en la región fronteriza del noreste del país.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ejecutaron la orden en la alcaldía Iztapalapa. El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Quién es “El Nico” y por qué lo buscaban

Nicolás “N” es señalado por las investigaciones de la Fiscalía CDMX como el fundador de “Los Tanzanios”, uno de los grupos delictivos con mayor presencia en la zona oriente de la capital. “El Nico” habría asumido el mando de la organización tras la detención en 2005 de Juan Manuel García González, alias “El Chacal”, identificado como exintegrante del Ejército y fundador original del grupo.

Además del narcomenudeo, el imputado es investigado por su probable participación en secuestro y extorsión, de acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía CDMX.

No es la primera vez que “El Nico” enfrenta una detención. En diciembre de 2023, agentes de la PDI lo aprehendieron durante un cateo en la colonia Agrícola Oriental, donde le aseguraron 292 dosis de droga en polvo, además de una cantidad a granel. La orden ejecutada el 14 de julio corresponde a un proceso distinto, por el delito de narcomenudeo.

Cómo se ejecutó la aprehensión

Trabajos de investigación, inteligencia y vigilancia permitieron localizar al imputado en la alcaldía Iztapalapa. Fue ahí donde agentes de la PDI ejecutaron la orden vigente en su contra, con apoyo de personal de la SSC.

Una vez detenido, Nicolás “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición del órgano jurisdiccional. La autoridad judicial determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Qué son “Los Tanzanios” y dónde operan

“Los Tanzanios” es un grupo delictivo con presencia en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc e Iztacalco, así como en los municipios mexiquenses de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad. La Fiscalía CDMX los identifica como uno de los principales generadores de violencia en el oriente capitalino.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, la organización inició sus operaciones con robos a transeúntes y asaltos en microbuses en Iztapalapa. Con el tiempo, extendió sus actividades al narcomenudeo, la extorsión a tianguistas y choferes de transporte público, el cobro de piso, el secuestro y el homicidio.

Ulises Lara, entonces vocero de la Fiscalía General de Justicia, describió al grupo en declaraciones como “una banda delictiva que después extendió sus actividades ilícitas con la venta de droga, extorsión de tianguistas y a choferes de transporte público” en Iztapalapa. Las investigaciones también documentaron nexos con “La Unión Tepito” y “Los Dukes”, vínculos que permitieron al grupo ampliar su red de distribución de narcóticos.

Una serie de golpes a la organización desde 2023

La detención de “El Nico” se suma a una cadena de aprehensiones que las autoridades capitalinas han ejecutado contra “Los Tanzanios” en los últimos tres años.

En mayo de 2023, cayó Irving Ricardo, alias “La Liebre”, quien dirigía la organización hasta ese momento. Semanas después, en junio de ese año, fueron detenidos Kevin Israel y César “N” en la alcaldía Iztacalco.

Durante 2024, la Fiscalía aprehendió a Osvaldo “N”, alias “El Nariz”; a María “N”, alias “La Patrona”; y a Pedro “N”, alias “El Peter”, en un cateo en la colonia La Polvorilla, Iztapalapa, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Según las investigaciones, “El Nariz” y “La Patrona” controlaban puntos de venta de droga y mantenían una red de extorsión en colonias de Iztapalapa e Iztacalco.

En septiembre de 2025, la SSC detuvo a Juan Manuel García González, alias “El Chacal”, identificado como líder de la organización, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc. Le siguieron Adriana “N”, operadora del grupo, capturada en noviembre de ese año, y Juan Daniel Sánchez Vera, líder de una célula dedicada a la venta de narcóticos cerca de una escuela de nivel superior, detenido en enero de 2026.

Ese mismo mes, agentes de la SSC aprehendieron a Juan Carlos Rebollar Martínez, de 54 años, encargado del embalaje de droga en un inmueble de la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco. Durante el cateo se aseguraron 143 bolsas de cocaína, 139 dosis de marihuana y tres cartuchos de arma de fuego.

El marco legal de la detención

La Fiscalía CDMX informó que continuará fortaleciendo las investigaciones dirigidas a desarticular la estructura criminal de “Los Tanzanios” y a llevar ante la justicia a quienes participen en actividades delictivas que afecten la seguridad de quienes habitan y transitan en la Ciudad de México.

El Gobierno de México rechazó este martes las acusaciones del titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien señaló la existencia de vínculos entre los cárteles y las autoridades mexicanas. En un comunicado conjunto, el Ejecutivo federal calificó las afirmaciones de infundadas y presentó un balance de resultados para refutarlas.

“Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales”, se lee en el comunicado.

El documento, fechado el 14 de julio de 2026 en Ciudad de México, lleva la firma de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“La Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales”, agrega el texto.

Las cifras con las que México responde

Desde el arranque de la actual administración y hasta el 30 de junio de 2026, el Gobierno federal reportó la detención de 59 mil 582 personas, entre las que se encuentran líderes, operadores y generadores de violencia de todas las organizaciones criminales, "sin distinción alguna“, según precisa el comunicado.

En materia de aseguramiento de bienes, las instituciones de seguridad decomisaron 31 mil 366 armas de fuego y 498 toneladas de droga. Dentro de ese volumen se incluyen 2 mil 363 kilogramos y 5 millones 546 mil 100 pastillas de fentanilo, cifra que el Gabinete presenta como evidencia directa del combate al tráfico de la sustancia que más preocupa a las autoridades estadounidenses.

El operativo también alcanzó la infraestructura del narcotráfico: fueron inhabilitados 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración destinadas a la elaboración de metanfetaminas.

Operación Enjambre y funcionarios detenidos

Uno de los argumentos centrales del comunicado para refutar las acusaciones es la persecución de servidores públicos corruptos. Como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones complementarias, han sido detenidos más de 80 servidores y exservidores públicos vinculados a actividades delictivas.

Entre los detenidos figuran siete presidentes municipales en funciones. El Gabinete de Seguridad señaló que ese dato confirma que "en el Gobierno de México no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas“, en respuesta directa a la acusación de connivencia con el crimen organizado.

La caída en homicidios como termómetro

El Gabinete también incluyó un indicador de violencia general. De septiembre de 2024 a junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos registró una caída del 48 %, equivalente a 41 homicidios menos por día en todo el país, de acuerdo con los datos presentados en el propio escrito.

El documento presenta esa reducción como reflejo directo de la estrategia de seguridad, aunque no desglosa los factores específicos que explican la baja ni ofrece comparativos por entidad federativa.

Cooperación bilateral y soberanía

El documento cerró con un mensaje dirigido a Washington. El Gabinete reconoce que los mecanismos de cooperación bilateral han producido resultados concretos, entre ellos la detención de “objetivos prioritarios requeridos por las autoridades de Estados Unidos“.

Al mismo tiempo, el Gobierno de México reafirmó su disposición a fortalecer esa cooperación, pero estableció las condiciones bajo las cuales está dispuesto a hacerlo: respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación. El objetivo declarado es combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambas naciones.

Lo que dijo Terry Cole

"Hay una conexión mortífera entre los cárteles y quienes, desde el servicio público, facilitan sus operaciones“, declaró Terry Cole este lunes durante la cumbre Fentanyl Free America, celebrada en Orlando, Florida. El titular de la DEA advirtió que la agencia no limitará sus acciones a los integrantes de los grupos criminales: también perseguirá a quienes, desde cargos públicos, presuntamente permitan o faciliten su actividad. Cole señaló que el foco de la ofensiva abarca las estructuras dedicadas al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como a sus presuntos protectores dentro del aparato gubernamental.

El exsenador, analista político y abogado David Luna emitió un fuerte comentario contra el saliente presidente, Gustavo Petro, luego de que se conociera el secuestro de 39 civiles colombianos —incluidos dos menores de edad— que fueron interceptados por integrantes del ELN, en la vía Quibdó-Medellín, cerca del municipio de Carmen de Atrato.

Pese a que las decenas de ciudadanos ya fueron puestos en libertad tras el rescate realizado por las Fuerzas Militares, dos soldados profesionales murieron por causa de un explosivo, en medio de un operativo oficial puesto en marcha por el Ejército Nacional.

“El ELN secuestra a 39 colombianos en Chocó, entre ellos un niño de dos años, y asesina a un soldado que intentaba rescatarlos. Seis militares más quedan heridos. Y en medio de esto Petro tiene el descaro de decir que se va con la frente en alto”, escribió Luna.

El excongresista se refirió a las publicaciones del jefe de Estado que, en sus redes sociales, hacen alarde de su gestión, en medio de sus hipótesis sobre el presunto fraude electoral de 2026 y la presentación de datos y cifras para defender su gestión.

Una de ellas fue un video animado que publicó el mandatario saliente —de manera paralela a la notificación del secuestro masivo— en el que aseguró que el foco de su Gobierno fue, en contraposición al mensaje del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la defensa de todos los derechos, y que “cumplió su deber con orgullo”.

Sin embargo, Luna le contestó al presidente que, en cambio, fueron “cuatro años de ceses al fuego regalados y territorios enteros cedidos sin condiciones es la herencia de seguridad que deja este gobierno. Y como si fuera poco, hoy el país ni siquiera tiene ministro de Defensa en el cargo. La fotografía perfecta de la seguridad en estos cuatro años”, agregó.

Las polémicas publicaciones de Gustavo Petro

En el video que publicó el primer dignatario, figura él en versión animada, que expresa cinco “avances históricos” en materia laboral de su gestión:

“Cuando llegué a la presidencia de Colombia, me propuse devolverle a los trabajadores la dignidad que gobiernos anteriores les quitaron”, dijo.

“Hoy, con orgullo, les digo que lo logramos. Uno: más pago por trabajar domingos y festivos. El recargo, que antes era del 75%, sube de forma gradual hasta llegar al 100% en 2027. Dos: el recargo nocturno empieza más temprano. Antes arrancaba a las 9 p. m.. Ahora rige desde las 7:00 p. m., con un pago extra del 35%”, dijo.

Agregó que “los aprendices del Sena ahora tienen contrato laboral. Su pago en la etapa de estudio sube del 50% al 75% por ciento de un salario mínimo y llegan al 100% en la etapa práctica, con derecho a salud, pensión y prestaciones”.

El presidente saliente aseguró que también se legislaron “nuevos derechos para quienes trabajan con aplicaciones de domicilios y transporte, con su vínculo laboral y afiliación a seguridad social”.

De la misma manera, resaltó que el contrato a término indefinido “pasa a ser la modalidad principal y los contratos a término fijo quedan limitados a un máximo de cuatro años”.

Por otra parte, entre otros mensajes subidos por el mandatario, que han sido blanco especialmente de críticas, está la publicación de unas fotografías de él mismo, usando lentes oscuros y luciendo sus prendas de vestir con documentos en mano, acompañadas de un mensaje en el que, nuevamente, reiteró un presunto plan informático para evitar la victoria electoral del excandidato Iván Cepeda.

“Estoy muy tranquilo, transmito esta foto, en algún lugar de Bogotá, donde examino los documentos y pruebas de lo que la inteligencia artificial con programación basada en la matemática puede hacer, los israelíes en medio de la sociedad más drogadicta del mundo, ha sabido mantener el dominio de la matemática y la física, y se mueve en la contradicción política de Einstein, ciencia vs política, que hoy vuelve aparecer en las empresas de inteligencia privadas israelíes que en territorio estadounidense hicieron en EE. UU. para defraudar no solo él voto del pueblo, sino del principio de una nación que es su soberanía nacional: atacaron la soberanía nacional de Colombia (sic)”, escribió.

Con este mensaje, Petro alegó que se va “con el deber cumplido, con mis principios intactos, pasé por él poder y me hizo mucho daño personal y familiar, pero demostré que cumplimos, palabra que sí, cumplí con mi palabra, no me robé un peso del presupuesto ni entró un billete del narcotráfico en mi billetera o en mis campañas (sic)”.

Michoacán aprobó un protocolo de atención al desplazamiento interno forzado y reformó su Código Penal para tipificar este delito, con el respaldo técnico de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, consolidando así uno de los marcos institucionales más completos del país en la materia.

El estado de Michoacán cuenta desde el 8 de junio de 2026 con un Protocolo de Respuesta a Emergencias de Desplazamiento Interno, aprobado en sesión ordinaria del Comité Interinstitucional durante la visita oficial de Chiara Cardoletti, representante de ACNUR en México. El documento fue construido con asistencia técnica de la agencia onusiana y es resultado de una iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Qué establece el Protocolo de Respuesta

El instrumento fija directrices claras y mecanismos de coordinación entre 15 dependencias estatales y representantes de la sociedad civil. Su propósito central es garantizar la protección, el bienestar y los derechos de las personas desplazadas mediante medidas de atención temporal y ayuda humanitaria de emergencia.

El Protocolo también busca evitar la duplicidad de funciones entre niveles de gobierno y sentar las bases para soluciones duraderas: retorno voluntario, integración local o reubicación en otro punto del país. Todo ello con perspectiva interseccional y adecuada al contexto de cada evento.

Su contenido consolidó las lecciones aprendidas en las respuestas operativas desplegadas desde 2023 para atender eventos masivos de desplazamiento, en coordinación con autoridades municipales y con el acompañamiento de ACNUR.

La primera activación: Apatzingán

Semanas después de su aprobación, el Protocolo fue puesto en marcha ante un evento de desplazamiento interno en la comunidad de El Morado, en el municipio de Apatzingán. ACNUR participó directamente en la jornada de atención junto a la Secretaría del Migrante y la Secretaría de Gobierno del estado, así como el Ayuntamiento local.

Durante la intervención se entregaron artículos de higiene y se trabajó en la detección de necesidades comunitarias, perfiles en riesgo y el fortalecimiento de rutas de referencia para las personas afectadas.

Dado que El Morado es una comunidad de difícil acceso, la jornada requirió la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Protección Civil Municipal, y oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, a fin de garantizar corredores seguros para la asistencia humanitaria.

Michoacán tipifica el desplazamiento arbitrario

El 1 de julio, el Congreso del estado aprobó una reforma al Código Penal de Michoacán para incorporar la tipificación del desplazamiento arbitrario como delito. Según el gobierno estatal y ACNUR, con esta medida Michoacán se convierte en el sexto estado de México en concretarlo.

La reforma fue producto del diálogo con las comunidades afectadas y de la interlocución sostenida con autoridades locales y legisladores. Junto al Protocolo de Respuesta, este cambio normativo representa uno de los avances más concretos en materia de protección a personas desplazadas registrados en el país en los últimos años.

Un proceso de cuatro años con respaldo de la ONU

ACNUR brinda asistencia técnica al Gobierno de Michoacán desde 2022, con el objetivo de fortalecer espacios de coordinación, apoyar respuestas operativas y diseñar un marco jurídico que retome estándares internacionales de protección y restitución de derechos.

En 2024, la agencia facilitó las metodologías para el diseño y aprobación del Reglamento de Respuesta a Emergencias del Municipio de Apatzingán, descrito como el primer ordenamiento de su tipo a nivel municipal en Las Américas.

En la sesión de aprobación del Protocolo estuvieron presentes la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo; el presidente municipal de Coahuayana, Andrés Rafael Aguilar Mendoza; y el presidente municipal de Tuzantla, Fernando Ocampo Mercado, los tres con experiencia en la respuesta coordinada a eventos de desplazamiento junto al gobierno estatal.

Ramírez Bedolla subrayó la necesidad de fortalecer la operatividad en la respuesta al desplazamiento y de profundizar la coordinación con el nivel municipal, al que definió como la autoridad territorialmente más próxima a las comunidades afectadas.

El acompañamiento de ACNUR en Michoacán es posible gracias al cofinanciamiento de la Dirección General de Protección Civil Europea y Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Comisión Europea.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación este 14 de julio contra Leonel Alejandro “N”, de 31 años, por el homicidio calificado del custodio penitenciario Julio César “N”, ocurrido el 22 de mayo en la colonia Pimentel de Hermosillo. La víctima prestaba servicios en el Centro de Reinserción Social (CERESO) número 1. El detenido quedó bajo prisión preventiva justificada al término de la audiencia inicial.

La imputación se sustentó en los cargos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, tras la presentación de datos de prueba por parte del Ministerio Público. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la situación jurídica definitiva del imputado se resolverá en una audiencia posterior.

Vigilancia, seguimiento y ejecución en la vía pública

De acuerdo con la investigación ministerial, el crimen no fue un hecho fortuito: Leonel Alejandro y un segundo imputado realizaron labores de vigilancia previas en el domicilio de la víctima antes de actuar.

Tras identificar los movimientos de Julio César “N”, ambos lo siguieron a bordo de un vehículo hasta interceptarlo en la esquina de las calles Leovigildo Gómez y Michoacán, en la misma colonia Pimentel.

Fue en ese punto donde, según los datos de prueba presentados ante el juez, Leonel Alejandro descendió de la unidad y disparó de manera repentina contra el custodio, quien se encontraba desarmado. La planificación previa del ataque fue el elemento central que sustentó la calificativa de premeditación.

El operativo que llevó a su captura

Leonel Alejandro “N” fue detenido el 10 de julio en una operación coordinada entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y otras instituciones de seguridad, según informó la FGJES.

En la misma acción fue capturado Jonathan Enrique “N”, de 23 años, señalado por el homicidio del custodio Joaquín “N”, ocurrido el 2 de julio. Al momento de ambas detenciones, otras cuatro personas fueron aseguradas en flagrancia por posesión de narcóticos, y los indicios recabados quedaron a disposición del Ministerio Público.

Con esas capturas, la FGJES informó que los tres casos registrados contra personal del Sistema Estatal Penitenciario contaban ya con personas detenidas y procesadas.

Una ola de ataques contra custodios en Sonora

El homicidio de Julio César “N” no es un hecho aislado. Desde el 22 de mayo de 2026, Sonora registra tres agresiones contra trabajadores del sistema penitenciario: la primera ese día en la colonia Pimentel, y las otras dos el 1 y 2 de julio.

El comisario general de la AMIC, Carlos Alberto Flores, confirmó que las investigaciones vinculan a dos grupos criminales distintos con los tres ataques, y que de ambas organizaciones hay personas detenidas. Flores precisó que las indagatorias van más allá de los autores materiales: “Se están explorando otras líneas de investigación en relación a estos hechos”, afirmó.

El funcionario también señaló que estas agresiones constituyen una reacción de grupos delictivos ante las acciones implementadas para fortalecer el control y la gobernabilidad en los centros de reinserción social del estado.

La postura de la Fiscalía ante la violencia contra custodios

Al concluir la audiencia inicial contra Leonel Alejandro “N”, la FGJES reiteró su posición institucional: los homicidios dolosos serán investigados y llevados ante los tribunales con firmeza, en particular los cometidos con ventaja y planificación.

El organismo subrayó que quienes sean señalados como generadores de violencia en Sonora enfrentarán la acción penal del Estado. La causa contra Leonel Alejandro continuará en la próxima audiencia, donde el juez determinará si procede la vinculación a proceso y las condiciones de la etapa de investigación complementaria.

A más de cuatro años de la desaparición de Angie Peña en la isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, nuevas declaraciones de la exdirectora de Medicina Forense y exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, reavivaron el debate sobre uno de los casos más emblemáticos de desaparición en Honduras y plantearon nuevos cuestionamientos sobre el desarrollo de la investigación.

Villanueva afirmó que existen indicios y testimonios que apuntan a que la joven habría sido localizada con vida y posteriormente entregada a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), aunque, según sus declaraciones, nunca habría sido puesta a disposición de sus familiares.

La exfuncionaria sostuvo que el Ministerio Público debe ampliar las investigaciones para esclarecer estas nuevas versiones y determinar si existieron responsabilidades de funcionarios encargados del caso.

Según Villanueva, una de las principales líneas que debe investigarse es la presunta infiltración de estructuras criminalesdentro de la ATIC, las cuales, aseguró, habrían obstaculizado el esclarecimiento de la desaparición de la joven.

“La institucionalidad se ve infiltrada por el crimen que tiene a sus ‘peones útiles’ en los operadores de justicia”, manifestó la exfuncionaria al referirse a la necesidad de profundizar las investigaciones.

Asimismo, afirmó que existen testigos, incluidos algunos bajo mecanismos de protección, que han expresado preocupación por el manejo del caso y que sostienen que Angie Peña habría sido entregada a las autoridades, aunque posteriormente habría permanecido oculta.

"Hay testigos, incluso protegidos, que han manifestado su preocupación y aseguran que Angie fue entregada, pero posteriormente ocultada“, declaró Villanueva.

La exviceministra también aseguró que, de acuerdo con la información que conoce, la ATIC habría tenido conocimiento de la presunta privación de libertad de la joven y cuestionó el manejo que se dio a esa información durante el proceso investigativo.

De igual forma, señaló que existía una recompensa de 500 mil lempiras por información relacionada con el caso, circunstancia que, según indicó, habría influido para que la joven fuera entregada a las autoridades, aunque posteriormente no se concretara su reunificación con la familia.

Villanueva explicó que actualmente existe un proceso judicial en curso contra un grupo de personas presuntamente vinculadas con el caso, cuyo juicio está programado para desarrollarse entre el 7 y el 14 de septiembre.

Indicó que durante ese proceso se prevé la presentación de pruebas científicas, documentales y testimoniales para sustentar los cargos relacionados con privación de libertad y asociación para delinquir.

Entre los señalados en investigaciones previas figura Gary Lee Johnston, quien, de acuerdo con las autoridades, habría mantenido vínculos con presuntas redes de trata de personas que operaban en Islas de la Bahía.

No obstante, Villanueva aclaró que parte de la evidencia no será divulgada públicamente para no comprometer el desarrollo del juicio, aunque advirtió que las investigaciones podrían extenderse hacia funcionarios que, presuntamente, habrían participado en acciones u omisiones relacionadas con el caso.

Tras las declaraciones de la exfuncionaria, el padre de Angie, Walter Peña, volvió a exigir respuestas a las autoridades y manifestó que la familia continúa sin conocer el paradero de su hija.

El padre de la joven afirmó que las nuevas versiones incrementan la incertidumbre que han enfrentado durante más de cuatro años y pidió a las instituciones encargadas de la investigación brindar información clara sobre el avance del caso.

"Solo se nos dice que se está investigando el caso, que están localizadas las personas involucradas, pero lastimosamente existe apatía por parte de las autoridades para desentrañar el caso porque están involucrados jueces y agentes“, declaró.

Walter Peña sostuvo que tanto él como el resto de la familia se consideran víctimas no solo de la presunta red de trata de personas que habría operado en Roatán, sino también de la falta de respuestas por parte del Estado.

Asimismo, no descartó acudir a instancias internacionales si las investigaciones continúan sin resultados concretos, al considerar que la familia tiene derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido con Angie Peña y a que se determinen las responsabilidades correspondientes.

La Fiscalía CDMX vinculó a proceso a Luis Ernesto “N” por el feminicidio de su pareja de 19 años en la alcaldía Álvaro Obregón, tras ser detenido en flagrancia el 8 de julio mientras intentaba ocultar el cuerpo de la víctima en una hielera. El juez le impuso prisión preventiva y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La detención ocurrió en un inmueble de la colonia Mártires de Tacubaya, luego de que una vecina llamó al 911 al escuchar gritos y golpes, y observó al imputado manipulando bolsas de plástico en el patio trasero. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llegaron al domicilio ubicado en la intersección de la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos, donde lo detuvieron.

Cuerpo hallado en una hielera y machete asegurado

Al inspeccionar el lugar, los elementos de la SSC encontraron los restos de la joven de 19 años, con quien el hoy imputado mantenía una relación de pareja, dentro de la hielera. También localizaron un machete, que fue asegurado para los análisis periciales correspondientes. Los restos presentaban indicios de desmembramiento.

Una vez detenido, el imputado fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) llegó al domicilio para realizar los peritajes en criminalística, mientras agentes de la Policía de Investigación resguardaron el lugar.

La investigación que sustentó la imputación

Tras la detención, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación y coordinó entrevistas, dictámenes periciales y otras diligencias.

Los resultados de ese trabajo permitieron a la Fiscalía CDMX formular la imputación por los delitos de feminicidio, así como de posesión y almacenamiento de cadáver, en agravio de la joven de 19 años.

La institución informó que continuará desarrollando las diligencias necesarias para el esclarecimiento integral de los hechos y para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas.

Prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria

Durante la audiencia celebrada este martes 14 de julio, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Luis Ernesto “N” con base en los datos de prueba aportados por la Fiscalía.

El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía CDMX deberá consolidar los elementos que sustenten la acusación formal.

La Fiscalía subrayó su compromiso de investigar con perspectiva de género toda muerte violenta de mujeres y de combatir la violencia feminicida en la capital del país.

Feminicidios en la Ciudad de México van al alza en 2026

El caso se inscribe en un panorama de violencia contra las mujeres que muestra una tendencia al incremento en la capital. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo de 2026 se registraron 19 feminicidios en la Ciudad de México, frente a 14 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de 35.71%.

El repunte contrasta con la caída registrada el año anterior. Durante todo 2025, la capital reportó 44 feminicidios, una reducción de 38% respecto a los 68 casos de 2024, según datos del SESNSP.

La alcaldía Álvaro Obregón acumuló cinco feminicidios durante 2025, lo que la ubicó como la segunda demarcación con más casos ese año, solo por detrás de Iztapalapa, con seis. En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de enero de 2026, en Álvaro Obregón se han localizado 34 víctimas de feminicidio, según el Atlas de Feminicidios de la Ciudad de México, elaborado por la Fiscalía capitalina.

A nivel nacional, solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 148 feminicidios, de los cuales 11 correspondieron a la Ciudad de México en ese mismo periodo de tres meses, lo que colocó a la capital en el tercer lugar del ranking estatal junto al Estado de México, por detrás de Sinaloa y Chiapas, de acuerdo con datos del SESNSP.

Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Chiapas denunciaron públicamente en conferencia de prensa este martes 14 de julio el avance de megaproyectos y la represión contra pueblos originarios, acusando la participación de los tres niveles de gobierno en el despojo de territorios.

Desde el pasado 12 de febrero de 2026, familias tseltales han sido desplazadas, con viviendas destruidas y detenciones, en operativos donde participaron elementos de la Guardia Estatal, Policía Municipal, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Tribunal Agrario, de acuerdo con el CNI.

Actualmente, ocho familias permanecen desplazadas, enfrentando enfermedades, carencia de empleo y vivienda, mientras Francisco Moreno continúa preso en Yajalón y María de Jesús Sánchez debe presentarse cada viernes ante autoridades. El CNI sostiene que hay órdenes de aprehensión activas contra ocho personas más.

En el municipio de Ocosingo, 39 copropietarios tseltales del Mercado Público Tradicional “Dr. Belisario Domínguez” sufren despojo, destrucción de locales, amenazas y fabricación de delitos, además de episodios de secuestro y violencia contra mujeres y menores.

El comunicado detalla: “Nuestros hermanos del Mercado Público Tradicional Dr. Belisario Domínguez ‘Samir Flores Soberanes’ continúan con la defensa del territorio y su autonomía, no están en venta al gran capital, así como tampoco se negocian nuestra existencia y la resistencia de nuestros pueblos”. Las familias exigen que se detenga el despojo legalizado y cualquier acto de represión contra sus integrantes.

Despojo territorial: mejorar condiciones para el turismo y empresarios

En un comunicado de prensa difundido este martes 14 de julio, denunciaron que proyectos como el Tren Maya han incrementado las amenazas al territorio que habitan:

“Ahora con la construcción de la supercarretera San Cristóbal-Palenque, están destruyendo nuestros cerros, cortando árboles”, lo que señalan que ha provocado sequías, niveles bajos de ríos y la carretera de saca cosecha (caminos diseñados para soportar vehículos de carga ligera o mediana y que promete facilitar el tránsito rural) ha generado divisiones comunitarias.

De acuerdo con el CNI, nunca fueron informados por las autoridades ejidales “según es para el beneficio de la población, cuando sabemos que es para la entrada del turismo”.

CNI denuncia que la comunidad de Teopisca es engañada para construir carretera

El CNI señaló que la comunidad de San Francisco, municipio de Teopisca, Chiapas, fue informada el pasado 24 de marzo por presuntos ingenieros del gobierno estatal de que su territorio pasaría la carretera San Cristóbal a Teopisca, argumentando que ocuparían 60 metros de ancho y que esto había sido aprobado por las comunidades vecinas, a lo que expresaron: “Nuestros hermanos y hermanas de muchas comunidades no están de acuerdo con el paso de esta carretera”.

Aseguran que los campesinos de San Francisco señalan que la carretera será un beneficio para los empresarios y que a las comunidades traerá contaminación y destrucción cultural, así como de la paz. Exigen lo siguiente:

• Alto total al despojo de los territorios de los pueblos originarios.
• Alto a los ataques a la autonomía de nuestros hermanos del Congreso Nacional Indígena en Chiapas.
• Libertad total a nuestra compañera María de Jesús Sánchez y Francisco Moreno.
• Cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros y compañeras.
• Se atienda el desplazamiento forzado de nuestros compañeros y compañeras.
• Restitución inmediata e incondicional de los locales a nuestros compañeros del Mercado Público Tradicional Dr. Belisario Domínguez “Samir Flores Soberanes”.
• Cese inmediato de las amenazas, el hostigamiento y cualquier intento de desalojo en contra de las familias del CNI de Agua Clara de la zona 5 Roberto Barrios, municipio de Salto de Agua.
• Respeto a la organización comunitaria y a nuestro derecho a permanecer en nuestro territorio que habitamos.

En la previa al encuentro, se realizó una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial en Leesburg, Virginia, donde participaron representantes de la FIFA, el FBI, las policías de Atlanta y Miami, y delegaciones de seguridad de Inglaterra y Argentina, como parte de la agenda de trabajo diaria del Mundial.

Durante esa reunión, Monteoliva indicó que se elaboró el documento “pre match”, con una evaluación del riesgo, los antecedentes entre hinchadas y puntos de concentración de aficionados. En ese marco, se definió que “el partido va a contar con aproximadamente 1.600 agentes policiales”.

“Ningún país tiene injerencia en la planificación del operativo, simplemente la posibilidad de hacer recomendaciones”, deslizó la ministra, al precisar el sentido de la participación de Franco Berlin, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos y del programa “Tribuna Segura”, y Alejandro Eboli, comisario de la División de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Otra de las decisiones centrales fue la diferenciación de ingresos: los hinchas argentinos deberán acceder al Mercedes-Benz Stadium por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3. Aunque dentro del estadio no habrá segregación de las parcialidades, la medida busca evitar cruces en los accesos principales.

Además, Monteoliva advirtió que “está prohibido el ingreso de botellas o elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político, contenido racial o un contenido provocativo”. “No van a poder entrar carteles, banderas o mensajes de ese tipo”, contó, y dio a entender que entre esos objetos están aquellos que incluyan la imagen de las Islas Malvinas.

“Mañana precisamente no pueden entrar banderas con contenido político, nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, reiteró cuando le preguntaron específicamente por la presencia de imágenes de las islas del Atlántico Sur.

Las entradas para el partido ya fueron vendidas en su totalidad y las zonas asignadas, por lo que las autoridades insistieron en que quienes no cumplan con las normas podrán enfrentar sanciones inmediatas.

El derecho de admisión sobre la hinchada argentina

La ministra precisó que, a diferencia de otros mundiales, la presencia de barrabravas argentinos en Estados Unidos es mínima, resultado de un trabajo coordinado entre Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. “Compartimos con Estados Unidos el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión, que incluye a 33.000 personas”, detalló.

Además de esa nómina, durante el torneo unos 13 argentinos fueron identificados e incorporados al registro por intentar eludir controles, ingresar con entradas falsas o generar disturbios. “A los trece se les aplicó restricción administrativa de concurrencia, tanto allá como acá para cuando vuelvan”, dijo Monteoliva.

Por otro lado, informó que el sistema de alerta Halcón, que está activo, permitió detectar casos de personas potencialmente conflictivas en el Mundial. “Es una alerta temprana, pero silenciosa. Es decir, no se entera ni el personaje que tiene una restricción, ni siquiera el funcionario que le sella en Migraciones. Nos avisa sobre la salida de personas que tienen antecedentes de violencia en espectáculos públicos, que pueden salir del país porque no tienen una restricción” para viajar, explicó.

El operativo en el centro porteño

Ahora bien, también habrá controles específicos en la Ciudad de Buenos Aires, ante posibles disturbios o descontrol en el marco del partido. El operativo está coordinado con el ministro de Seguridad porteño, Horacio Jiménez, y pondrá especial atención al Obelisco, punto tradicional de reunión.

“Lo que queremos es que el festejo sea en paz. Eso tiene que quedar muy claro. Todo aquel que se ponga violento, atente contra las fuerzas de seguridad o rompa cosas, que se atenga a las consecuencias”, sentenció la ministra.

En la previa, el DT de Argentina, Lionel Scaloni, intentó poner paños fríos al partido, al afirmar que solo se trata de “un partido de fútbol” y que no deben entrar en juego factores externos.

Claudia Sheinbaum sostuvo este 14 de julio que las cifras de homicidios en México no están maquilladas y que los homicidios son clasificados como tal, rechazando la preocupación de colectivos sobre posibles cambios de categoría en las estadísticas. Detalló que junio de 2026 registró una reducción significativa respecto a septiembre de 2024, atribuyendo la baja a una tendencia que se observa desde el inicio de su gobierno.

La presidenta respondió a las acusaciones del gobernador de Jalisco sobre falta de recursos para la crisis hídrica y aclaró que el gobierno federal mantiene proyectos como la presa El Zapotillo y el saneamiento del lago Lerma. Se deslindó de cualquier bloqueo al juicio contra el gobernador de Nuevo León y criticó a los dirigentes del PRI y PAN por no solidarizarse con los migrantes mexicanos fallecidos en operativos del ICE.

Sheinbaum celebró el respaldo del Senado en la defensa de los migrantes, afirmó que Estados Unidos no ha entregado pruebas sobre el caso de Rubén Rocha Moya y consideró que la filtración de audios de la gobernadora de Baja California no pone en riesgo la seguridad estatal. Reiteró su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas y pidió a la Secretaría de Gobernación informar sobre casos de presidentas municipales y de la estudiante Ana Amelí.

Concluye la conferencia de prensa

“No hay maquillaje” en cifras de homicidos en México, dice Sheinbaum

Ante la preocupación de colectivos y organizaciones respecto a cómo quedan las cifras de homicidios en relación a su distribución en otras categorías, Sheinbaum dijo: "Los homicidios son homicidios, no hay maquillaje, no hay otros delitos que pasaron de un delito a otro delito“.

Por su parte, Marcela Figueroa, señaló que los datos se encuentran públicos, así como la metodología para presentar los índices de violencia,que especifica la categoría de cada delito.

Sheinbaum descarta reducción en homicidios por “tregua” relacionada con el Mundial 2026

La jefa del Ejecutivo señaló que si hubiera una caída estrepitosa en un mes particular, “pues sí puede asociarse a una particularidad. En el mes de enero, por ejemplo, muchas veces es un mes con menos homicidios, hay comportamiento estacional“.

Sheinbaum Pardo reconoció que “la toma del espacio público de la ciudadanía” abona a la disminución de la inseguridad; sin embargo, puntualizó que el reporte de homicidios en junio “es parte de una tendencia que viene desde que entramos al gobierno”.

Sheinbaum responde a acusación de Pablo Lemus por falta de recursos en inversión para atender crisis de agua en Jalisco

La jefa del Ejecutivo señaló que desde la administración del expresidente Andrés Manuel se hizo la presa del Zapotillo para conducir agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Además, Sheinbaum subrayó que actualmente el gobierno federal está realizando el saneamiento del lago Lerma.

“Cada quien que asuma su responsabilidad, el gobernador (Pablo Lemus) que asuma su responsabilidad, nosotros la nuestra y ahí donde desee cooperar, pues mejor que no sea a través de declaraciones, sino a través de una llamada”, dijo Sheinbaum.

Sheinbaum se deslinda de bloqueo a juicio contra el gobernador de Nuevo León

“Un gobernador puede ser enjuiciado de acuerdo a las constituciones de cada Estado de la República y es la ministra quien tiene que dar toda la información de por qué toma esta decisión (...) voy a ver los argumentos que da la ministra, pero lo que sé es que hay una investigación por parte del Congreso y pues, tendría que definir el propio Congreso si procede o no”.

/mexico/2026/07/14/suprema-corte-debe-explicar-fallo-para-evitar-juicio-politico-contra-samuel-garcia-afirma-sheinbaum/

“Solo me critican”: Sheinbaum critica a Alejandro Moreno y a Jorge Herrera por no interesarse en la defensa de mexicanos en el exterior

La jefa de Estado criticó las declaraciones que emitieron los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, y el del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, respecto al llamado que hizo para unión política en defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos tras la muerte de 17 connacionales en operativos del ICE.

“El presidente del PRI y del PAN solamente me critican, pero no dicen si se solidarizan con los mexicanos”, declaró Sheinbaum.

Sheinbaum celebra respaldo del Senado de la República ante su llamado a la defensa de migrantes mexicanos en EEUU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el comunicado emitido por el Senado de la República, firmado por todos los partidos políticos donde exigieron una investigación imparcial, transparente y exhaustiva por la muerte de 17 mexicanos en Estados Unidos en operativos del ICE.

Estados Unidos sigue sin entregar pruebas sobre acusación contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el gobierno de Estados Unidos no ha enviado pruebas para sustentar los señalamientos que hizo en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Sheinbaum señaló que solo ha hablado en una ocasión con Rocha Moya, el día en que salieron las acusaciones, desde entonces no se ha comunicado directamente con él.

De acuerdo con García Harfuch, la Fiscalía General de la República (FGR) es quien lleva la investigación de Mauro Alberto Nuñez “El Jano”, piloto que trasladó a El Mayo Zambada.

El secretario señaló que la fiscalía dará más detalles del caso.

Omar García Harfuch dijo que la gobernadora de Baja California no le informó sobre cómo y a quién le compartió información. Asimismo, descartó que se investigue a la funcionaria estatal porque “no compartió información sensible”.

Audios de Marina del Pilar y caso Maru Campos, “Son cosas diferentes”, dice Sheinbaum

La jefa del Ejecutivo dijo que los audios de la gobernadora Marina del Pilar son una situación diferente respecto al caso de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, quien es señalada de presuntamente tener vínculos con agentes extranjeros.

Sheinbaum dijo que los periodistas pueden preguntarse cuál es el objetivo de filtrar este tipo de audios. Además, descartó que se investigue este audio porque no compartió información sensible.

“Si hay que investigar, que se investigue, pero son dos cosas completamente diferentes”.

Claudia Sheinbaum exige pruebas tras detención de alcaldesas de Morena y rechaza impunidad

La presidenta afirmó que no hay impunidad ante delitos cometidos por autoridades municipales, pero subrayó que el gobierno federal solo puede actuar si existen pruebas sólidas.

La declaración surge tras la detención de Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, y la imputación de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, ambas señaladas por presuntos delitos durante su gestión en Morena.

/mexico/2026/07/14/claudia-sheinbaum-pide-pruebas-por-detenciones-de-dos-alcaldesas-de-morena-y-asegura-que-no-habra-impunidad/

Desaparición de Ana Amelí sigue siendo investigada

La presidenta dijo que en la desaparición de la estudiante de la UNAM, Ana Amelí, en el Ajusco en 2025, han participado elementos de seguridad en su búsqueda.

Reafirmó su compromiso con las familias de personas desaparecidas.

Sheinbaum se desmarca de retiro de antimonumento de los desaparecidos en la CDMX

La presidenta dijo “no nos correspondió ese retiro al Gobierno de México” y recordó que durante su gobierno en la capital había una Glorieta de los Desaparecidos y que respetó la manifestación de las familias y “como lo hemos dicho siempre, la secretaria de Gobernación está muy cerca de todos los colectivos”.

/mexico/2026/07/14/sheinbaum-se-deslinda-del-retiro-del-antimonumento-de-personas-desaparecidas-en-el-angel-de-la-independencia/

“No pone en riesgo absolutamente nada”: Sheinbaum reacciona a filtración de audios de Marina del Pilar

La presidenta dijo que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, ya dio sus propias declaraciones y señaló que no se sabe a quién le envía esos audios, sin embargo, Sheinbaum sostuvo que esta filtración “no pone en riesgo absolutamente nada en el gobierno de Baja California”.

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Harfuch descarta peligros de filtración de información por audios de la gobernadora Marina del Pilar

“Primero en los audios que se hicieron públicos el día de ayer, no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan no solo las autoridades estatales y federales; se identifica la incidencia delictiva diaria, mas no hay información como tal que tenga algo de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad, si es que fuera el caso que es con alguna autoridad, porque todavía no se sabe exactamente con quien estaba hablando”, dijo Omar García Harfuch.

Informe de seguridad de García Harfuch: operativos y detenciones clave en México

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, destacó algunas de las operaciones relevantes realizadas en el periodo de junio-julio de 2026:

• Operativo en Durango: Se aseguraron 121 armas de fuego, detenidas 48 personas y 147 vehículos y más de 120 millones de pesos.
• Detención de Alberto ‘N’ alias ‘El virus’ en Hidalgo: En coordinación entre elementos capitalinos y estatales se realizó esta detención, considerado objetivo prioritario para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
• Culiacán: Desarticulación de una célula delictiva, donde perdió la vida Christian Guadalupe ‘N’ alias ‘Texas’ operador regional dedicado al secuestro y robo.
• Veracruz: La Fiscalía Estatal y el gobierno local trabajan en coordinación para dar seguimiento a la investigación por la desaparición y homicidio de la periodista Roxana Guzmán.

/mexico/2026/07/14/investigacion-del-asesinato-de-la-periodista-roxana-guzman-seguira-hasta-detener-a-todos-los-responsables-afirma-harfuch/

Sí al desarme, sí a la paz: suma más de 11 mil armas recolectadas

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presentó los avances del programa Si al desarme, sí a la paz que en un periodo del 1 de octubre de 2024 al 9 de julio de 2026 ha recolectado 11 mil 689 armas de fuego y ha intercambiado 12 mil 124 juguetes bélicos por didácticos.

Rodríguez recordó que el pasado jueves, en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la presidenta encabezó la recolección de armas en la Basílica de Guadalupe.

Homicidio doloso por entidad federativa: 1er semestre de 2026

Ocho entidades federativas concentran el 54% de los homicidios dolosos registrados en México durante el primer semestre de 2026, lo que equivale a 4,835 casos. El promedio nacional es de 280.88 homicidios dolosos por entidad.

Entidades con mayor incidencia

Las ocho entidades con mayor número de homicidios dolosos son:

• Guanajuato: 1,368 casos (15.3%)
• Baja California: 793 casos (8.8%)
• Jalisco: 741 casos (8.3%)
• Estado de México: 633 casos (7.1%)
• Guerrero: 590 casos (6.6%)
• Veracruz: 509 casos (5.7%)
• Chihuahua: 493 casos (5.5%)
• Ciudad de México: 429 casos (4.8%)

Estas entidades superan el promedio nacional y representan más de la mitad de los casos en el país.

Entidades con menor incidencia

Entre las entidades con menor número de homicidios dolosos destacan:

• Durango: 29 casos (0.3%)
• San Luis Potosí: 29 casos (0.3%)
• Baja California Sur: 27 casos (0.3%)
• Yucatán: 15 casos (0.2%)
• Zacatecas: 59 casos (0.7%)

Estas cifras muestran una marcada concentración de la violencia letal en ciertas regiones del país durante el periodo analizado.

Reportan reducción en homicidios dolosos

Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que se registró una reducción de 41 homicidios dolosos diarios desde septiembre de 2024 al corte del 30 de junio del 2026.

/mexico/2026/07/14/homicidio-doloso-en-mexico-baja-48-en-junio-ocho-estados-concentran-mas-de-la-mitad-de-los-casos/

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará los índices de seguridad en México, destacando que “Junio de 2026 tuvo la mitad o casi la mitad de homicidios que septiembre de 2024″.

De acuerdo con la mandataria, los delitos de alto impacto de 2024 a 2026 presentan una reducción.

El alcalde porteño, Jorge Macri, encabezó este martes el egreso de 1.000 nuevos policías de la Ciudad de Buenos Aires, que se sumarán a tareas de prevención y patrullaje dentro del Plan Integral de Seguridad. En el acto, realizado en el estadio Mary Terán de Villa Soldati, el jefe de Gobierno de CABA ratificó su respaldo político a la fuerza.

La incorporación se suma a una estructura que, según informó Macri, supera los 28.000 efectivos. Durante la actual gestión se agregaron 7.608 agentes: 5.269 egresados del Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial del Instituto Superior de Seguridad Pública y 2.339 provenientes de los cursos NICE.

En su discurso, el alcalde porteño sostuvo que “los porteños se sienten muy orgullosos de la Policía que tienen” y que “cuentan con nuestra confianza para lograr lo más importante: proteger a cada uno de los porteños y a quienes nos visitan”, afirmó.

Luego añadió: “La regla con la que ustedes deben actuar es clara: tolerancia cero con el delito. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de esta Ciudad. Acá no hay excepciones, nadie está por encima de la ley”. Además, durante su discurso, Macri agregó que “en esta Ciudad el vale todo ya se terminó”.

Macri sostuvo además que su apoyo a la fuerza “nunca les va a faltar” y planteó que la administración porteña seguirá “cuidando a los que nos cuidan”. Y también recordó a los policías caídos en cumplimiento del deber.

El jefe de Gobierno de CABA, además, volvió a contrastar su política con la de otros distritos: “Los porteños de bien saben que estamos de su lado. Los únicos que tienen que tener miedo en la Ciudad son los delincuentes”, expresó antes de terminar el acto con un “¡Viva la Patria!”.

El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro. También, por el ministro de Justicia, Gabino Tapia; el fiscal General de la Ciudad y director del ISSP, Martín López Zabaleta; los legisladores porteños Silvia Lopennato y Waldo Wolff, jueces del Tribunal Superior de Justicia, funcionarios, y la cúpula de la Policía y Bomberos.

La formación policial

Los nuevos efectivos se incorporarán a la Policía de la Ciudad para tareas de prevención y patrullaje. Una parte completó el trayecto regular de formación y otra ingresó a través de un esquema destinado a personas con experiencia previa en fuerzas de seguridad o armadas.

Los cadetes cursan durante dos años y obtienen el título de Técnico Superior en Seguridad Pública. El plan de estudios combina clases teóricas y prácticas, un período de internación y una etapa final en la que comienzan a desempeñar funciones operativas mientras terminan la carrera.

En el caso de los cursos NICE, la capacitación comprende 240 horas cátedra de formación física, técnica, legal y táctica en el ISSP. Ese trayecto está orientado a quienes ya tenían antecedentes en otras fuerzas.

Patrulleros, chalecos y operativos

Durante el acto, Macri repasó medidas aplicadas en materia de seguridad. Señaló que en su gestión se incorporaron más de 400 patrulleros, camionetas, motos, cuatriciclos, unidades para traslado de detenidos y 200 bicicletas destinadas a comisarías.

También destacó la compra de 7.000 chalecos antibalas con sistema de geolocalización para rastreo en tiempo real y de más de 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna. Esos equipos forman parte del refuerzo material de la fuerza presentado por la administración porteña.

El Gobierno de la Ciudad informó además que fueron restituidas más de 880 propiedades usurpadas a sus dueños. En varios casos, esos inmuebles funcionaban como aguantaderos de delincuentes y focos de inseguridad.

La gestión también señaló que liberó 68 kilómetros lineales de espacio público ocupados por manteros en zonas comerciales y de alta circulación. Entre los puntos mencionados figuran Once, Flores, Liniers, Retiro, Constitución y Parque Patricios.

El operativo de seguridad en curso incluye despliegues de saturación en distintos sectores de la capital. Entre ellos aparecen Operación Muro, enfocada en los accesos desde la provincia de Buenos Aires; Tormenta Negra, aplicada en villas porteñas; y Marea Azul, concentrada en estaciones de subte, centros de trasbordo y autopistas en horarios de mayor movimiento.

Sobre Tormenta Negra, precisó que movilizó a 1.500 efectivos en 15 villas. El mismo medio indicó que Marea Azul distribuyó al mismo tiempo a 1.100 efectivos en franjas de alta circulación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre los avances en el caso de Roxana Berenice Guzmán, periodista secuestrada y luego asesinada en Veracruz el pasado 2 de junio, y aseguró que “la investigación continúa hasta determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados”.

Durante el reporte de seguridad presentado en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 14 de julio, el secretario de Seguridad detalló que al momento suman ocho personas detenidas por este lamentable caso.

Avances en la investigación del homicidio de la periodista Roxana Guzmán

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que las instituciones del gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Veracruz, han logrado identificar y detener a ocho personas vinculadas con la desaparición y asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

“Mediante trabajos de inteligencia desarrollados principalmente por la Unidad de Inteligencia Naval y operaciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, fue posible identificar a los responsables y ejecutar diversas órdenes de aprehensión”, detalló Harfuch.

Entre los detenidos se encuentran José del Carmen “N”, Karen Monserrat “N”, así como cuatro elementos de la Policía Municipal señalados por su participación en la privación de la libertad de la periodista. Posteriormente, fueron capturados Luis Arturo “N”, alias Delta 11, identificado como responsable directo del homicidio, y Javier Iván “N”, alias Delta 1, quien también habría participado en los hechos.

“La investigación continúa hasta agotar todas las líneas de investigación y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados”, subrayó el funcionario desde Palacio Nacional. Además, reiteró que no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas ni para quienes pretendan vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya sea mediante el abuso de un cargo público o como integrantes de una organización criminal.

“La instrucción de la presidenta es esclarecer plenamente los hechos, garantizar justicia para Roxana Guzmán y su familia y detener a todas las personas responsables de este crimen”, puntualizó.

Caso Roxana Guzmán: secuestro y posterior asesinato

El pasado 2 de junio se registró el lamentable secuestro de Roxana Berenica Guzmán, periodista en Veracruz, directora del medio Pulso Informativo del Sureste. El caso causó un fuerte impacto no solo por sumarse a la reiterada violencia que sufren los periodistas en México, especialmente los de los estados, sino también porque el secuestro quedó grabado en el teléfono de Roxana, video que pronto dio la vuelta a todo el país.

Roxana Guzmán ya había sido víctima de violencia anteriormente, cuando en 2017 se vio obligada a abandonar Veracruz luego de que su esposo, Carlos Fernández Escalante, fuera asesinado. Este año finalmente había regresado para continuar con su labor informativa en el estado y fundar su propio medio.

Durante un mes, autoridades, familiares y organizaciones como ARTICLE 19 y CIMAC exigieron una búsqueda activa y que la investigación considerara su labor periodística como línea prioritaria. El cuerpo de Roxana Guzmán fue hallado el 3 de julio de 2026 en un rancho de Moloacán, tras la detención de uno de los implicados, alias “Delta 7”, quien señaló su paradero.

La muerte de la comunicadora provocó que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y libertad de prensa condenaran el hecho. Colectivos como CIMAC y la Red Nacional de Periodistas demandaron que el caso se investigue y sancione como feminicidio y con perspectiva de género.

Un quíntuple homicidio que ocurrió el viernes en Uruguay evidenció una disputa entre clanes familiares por el territorio de venta de drogas que viene de larga data, según las autoridades. Los cinco asesinados pertenecían a la familia de Los Suárez, un conocido grupo criminal que hacía poco tiempo se había instalado en el barrio El Monarca, en la periferia de Montevideo. Antes, esta banda operaba en Villa Española.

La masacre ocurrió a la hora 7.30 del viernes, cuando cuatro delincuentes llegaron a la vivienda en la que estaban siete personas. Ingresaron simulando ser policías y, una vez adentro de la casa, dispararon contra todo lo que encontraron. Allí mataron a dos jóvenes de 18 y otro de 28 –estos tres eran hermanos– y a la suegra de uno de ellos, de 32 años. Una adolescente de 14 (hija de esta mujer) quedó gravemente herida y murió al poco rato.

Una de las sobrevivientes fue Karina Suárez, una mujer que ha perdido a siete hijos productos de estos enfrentamientos criminales.

Pero, ¿qué hay detrás de este crimen? Durante 2023 y 2024, Villa Española de Montevideo fue escenario de un fuerte enfrentamiento entre tres bandas: Este barrio sufrió la guerra narco, se dejó de recoger basura y hasta lo ómnibus cambiaron sus recorridos luego de haber quedado en medio del fuego cruzado, como reflejó Infobae en ese entonces.

Los Suárez –el grupo criminal que el viernes perdió a cinco de sus integrantes– disputaba el territorio de venta de drogas con Los Puglia y Los Albín, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Decenas de personas murieron por esta disputa. En 2024, en tanto, Los Suárez asesinaron a un niño de 8 años, el hijo del líder de Los Albín.

La guerra había comenzado como una disputa por el control de venta de droga en la zona y terminó escalando en una venganza tras otra. Dos de los muertos fueron los que elevaron el conflicto: la muerte del niño de 8 fue una venganza del asesinato de un joven de 21, integrante de Los Suárez.

Hubo varios allanamientos, que derivaron en que los líderes de Los Albín y Los Puglia fueran enviados a la cárcel. También fueron condenados los autores del crimen del niño.

Con el paso del tiempo la guerra perdió intensidad por la acción la Policía y porque algunos protagonistas se fueron del barrio.

Los Suárez decidieron mudarse de Villa Española a El Monarca, un barrio que está unos 15 kilómetros al norte (casi en el límite de Montevideo con Canelones). En este nuevo lugar, el grupo criminal siguió operando. Otra línea de investigación que la Policía toma en cuenta es que el enfrentamiento haya sido con otra banda de El Monarca, dado que Los Suárez ingresaron a su propio territorio.

Las víctimas

Braian Andrés Barrio Suárez fue una de las víctimas. Tiene 28 años y tenía antecedentes penales. De hecho, estaba cumpliendo prisión domiciliaria porque evitó un control policial y agredió a policías cuando se trasladaba en moto.

Sebastián Suárez Furtado y Michael Suárez Furtado eran gemelos, de 18 años. Ambos tenían antecedentes penales y estaban imputados por tenencia de armas de fuego. En febrero, en un allanamiento a esa misma casa, se las habían incautado.

La identidad de las otras víctimas fue preservada porque no tenían antecedentes. Eran madre e hija.

Otro de los hermanos había sido asesinado a balazo el 30 de marzo. Este crimen todavía no fue aclarado, pero la Policía cree que los autores pueden ser los mismos que los que cometieron el quíntuple homicidio de este viernes.

La madre de ellos, en una entrevista con el noticiero Subrayado, lamentó: “¡Siete hijos me mataron! ¿Qué Justicia voy a pedir ahora? ¡Qué me maten a mí!”.

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Junio de 2026 fue el mes menos violento en 15 años en la CDMX, asegura SSC

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que junio de 2026 fue el mes con menor incidencia de homicidios y violencia en los últimos 15 años, de acuerdo con registros oficiales. Durante la presentación del Informe de Seguridad, encabezada junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que entre el 5 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026 fueron detenidas 11 mil 223 personas por delitos de alto impacto, incluidas mil 295 presuntamente vinculadas a 43 células criminales desarticuladas.

Imputan a pareja de agente ministerial por presunta inducción al suicidio feminicida en Jalisco

La Fiscalía de Jalisco imputó a Ernesto “N” por el delito de inducción o ayuda al suicidio feminicida por su presunta responsabilidad en la muerte de Flor Leticia Aceves Cuevas, agente ministerial que se quitó la vida el 30 de junio. De acuerdo con la investigación, el hombre habría ejercido violencia psicológica y amenazas durante la relación. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que será el 15 de julio cuando un juez defina si es vinculado a proceso.

Detienen a pareja con lanzacohetes antitanque y mil pastillas de fentanilo en Ciudad Juárez, Chihuahua

Una pareja fue detenida en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras ser encontrada en posesión de un lanzacohetes antitanque, cuatro armas largas, una pistola, 580 cartuchos útiles y aproximadamente mil pastillas de fentanilo durante un operativo derivado de una investigación por homicidio. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los sospechosos fueron ubicados con apoyo de drones y la Plataforma Centinela, y quedaron a disposición del Ministerio Público federal junto con el arsenal, la droga y los vehículos asegurados.

Carambola en la autopista Guadalajara-Tepic deja 10 muertos y 10 lesionados

Una carambola registrada en el kilómetro 69 de la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura de Plan de Barrancas, en Jalisco, dejó un saldo preliminar de 10 personas fallecidas y 10 lesionadas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit. El accidente ocurrió cuando un tercer tractocamión impactó la zona donde autoridades atendían un choque previo entre dos unidades de carga, lo que provocó que tres vehículos particulares y dos tractocamiones fueran consumidos por el fuego. La Comisión Nacional de Emergencias reportó cifras distintas, con nueve muertos y 13 lesionados, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del percance.

Asesinan a dos trabajadores de una carnicería tras ser privados de la libertad en Ayala, Morelos

Dos hombres dedicados al oficio de la carnicería fueron asesinados en el municipio de Ayala, Morelos, luego de ser privados de la libertad por un grupo armado. Sus cuerpos fueron localizados con heridas de bala en distintos puntos de la localidad, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio. Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad oficial de las víctimas ni reportan personas detenidas por estos hechos.

Jalisco realizará simulacro de seguridad con bloqueos carreteros en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Autoridades federales, estatales y municipales realizarán este lunes 13 de julio, a las 13:00 horas, un simulacro de seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara que incluirá ejercicios de bloqueo en siete carreteras de acceso a la ciudad. La Fiscalía de Jalisco informó que el despliegue de policías, cuerpos de emergencia y personal operativo forma parte de un ejercicio preventivo organizado por la Sedena, por lo que no representa ningún riesgo para la población y pidió mantenerse informado únicamente a través de canales oficiales y evitar difundir información no verificada.

Los bloqueos temporales se llevarán a cabo en los siguientes accesos carreteros:

Zacatecas, Saltillo, Lagos de Moreno, La Barca, Chapala, Colima y Puerto Vallarta

La Fiscalía de Oaxaca detuvo al presunto asesino del alcalde de San Miguel Yogovana en menos de 48 horas tras el crimen, gracias a un operativo conjunto con la Policía Estatal y el Gabinete de Seguridad del estado.

El sospechoso, identificado como M. M. G., originario de Santa Lucía Miahuatlán, fue capturado durante la tarde del lunes después de que las autoridades procesaron la escena del crimen y establecieron líneas de investigación que permitieron su plena identificación.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Policía Estatal y los demás integrantes del Gabinete de Seguridad coordinaron el despliegue que culminó con la aprehensión de M. M. G. durante la tarde del lunes, a menos de 48 horas de cometido el delito.

La FGEO destacó que la velocidad de la detención fue posible gracias a la articulación entre las labores periciales, las tareas de inteligencia y el operativo de campo ejecutado por las instituciones de seguridad estatales.

El caso se inscribe en un patrón de violencia documentado contra autoridades municipales en Oaxaca. La entidad acumula al menos seis alcaldes asesinados desde 2022; a nivel nacional.

El detenido, a disposición del juez

M. M. G., originario de Santa Lucía Miahuatlán, será puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente en las próximas horas. Será el juez quien determine su situación jurídica y, en su caso, dicte las medidas cautelares que procedan.

Atacado mientras vigilaba su comunidad

La FGEO no precisó en su comunicado si M. M. G. tiene vinculación con los dos detenidos iniciales ni aclaró el estado de salud del agresor herido trasladado al hospital bajo custodia.

El homicidio ocurrió durante la madrugada del domingo en San Miguel Yogovana, agencia del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur de Oaxaca. La víctima, el alcalde de la agencia, realizaba labores de vigilancia cuando detectó dos motocicletas estacionadas frente a un domicilio.

Al solicitar apoyo policial para verificar el estatus de las unidades, el presunto agresor y sus acompañantes salieron de la vivienda. Lejos de someterse al escrutinio, atacaron al edil con armas de fuego y lo privaron de la vida en el lugar.

Durante el enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes resultó herido de gravedad y fue trasladado bajo custodia al Hospital IMSS-Bienestar de Miahuatlán de Porfirio Díaz, según reportó Julio Astillero. Dos personas más fueron detenidas en el lugar y puestas a disposición del Ministerio Público.

Las motocicletas que delataron a los agresores

La intervención inmediata de peritos y agentes de investigación en la escena resultó determinante. Los especialistas lograron identificar el inmueble desde el cual salieron los atacantes y confirmaron que las dos motocicletas aseguradas pertenecían a los agresores.

Ese hallazgo aportó los datos de prueba necesarios para focalizar la búsqueda e iniciar las labores de inteligencia que derivaron en la captura. Según la carpeta de investigación, el rápido procesamiento del lugar de los hechos permitió establecer líneas sólidas desde las primeras horas.

Una agencia municipal en la Sierra Sur

San Miguel Yogovana es una agencia del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur de Oaxaca. Se trata de una comunidad pequeña donde las autoridades locales suelen asumir funciones de seguridad ante la limitada presencia de corporaciones policiales.

Esa realidad coloca a los alcaldes en una posición de exposición directa frente a cualquier conflicto local, tal como quedó documentado en este caso: la víctima realizaba personalmente labores de vigilancia en las calles de su comunidad cuando fue asesinada.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima detuvo a Gilberto “N”, presunto integrante del Grupo TAI, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Manzanillo.

El hombre fue arrestado en posesión de una pistola presuntamente calibre 9 mm, metanfetamina y una pipa de cristal, y fue vinculado a proceso por un juez de control federal tras la presentación de pruebas por el Ministerio Público Federal. Las autoridades lo relacionan con diversos homicidios y hechos violentos en la entidad.

Operativo conjunto en Manzanillo

La acción fue ejecutada de manera coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado de Colima y de la Secretaría de Marina del Gobierno de México, en el marco de las acciones permanentes para combatir los delitos contra la salud y la portación ilegal de armas de fuego.

Durante la intervención, los cuerpos de seguridad aseguraron la pistola con su cargador abastecido con cartuchos útiles.

También incautaron diversas dosis de material granulado con características de metanfetamina, conocida como “cristal”, y una pipa del mismo tipo, utilizada para el consumo de esa sustancia.

Vinculación al Grupo TAI y a homicidios

De acuerdo con información de inteligencia, Gilberto “N” presuntamente forma parte del Grupo TAI, identificado por las autoridades colimenses como la Tropa de Alto Impacto, estructura de sicarios del CJNG que opera en el estado con un sistema de identificación numérica interna para sus integrantes.

Las autoridades lo relacionan con diversos homicidios y hechos violentos registrados en la entidad.

El TAI opera bajo la Célula Cobra, cuya desarticulación fue anunciada por las autoridades estatales el 18 de abril de 2026. En aquella ocasión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, describió al grupo como uno de los más agresivos del CJNG en el país, integrado en su totalidad por sicarios de origen foráneo.

Entre los crímenes atribuidos a esa estructura figuran el asesinato del secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, José Alfredo Chávez González, el 9 de febrero de 2024; el homicidio del oficial estatal Edwin el 2 de enero de 2026; y el ataque a la panadería El Pichón, en la colonia Fátima, donde seis personas perdieron la vida en septiembre de 2025.

Cargos y resolución judicial

La carpeta de investigación fue iniciada por la probable responsabilidad de Gilberto “N” en dos delitos: posesión de droga con fines de comercio y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público Federal, un juez de control calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, quien continuará sujeto al procedimiento penal correspondiente.

Colima, escenario de una ofensiva sostenida contra el CJNG

La detención de Gilberto “N” se produce en el contexto de una serie de golpes contra la estructura del CJNG en Colima que se intensificó desde finales de 2025.

En ese período, las fuerzas federales y estatales concretaron la captura de José Luis Sánchez Valencia, alias El Chalamán, operador del CJNG y familiar de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el 23 de agosto de 2025; y la de Rayberth “N”, alias El Rayo, presunto jefe de plaza del CJNG en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez, el 30 de septiembre. En noviembre de ese año cayeron otros dos integrantes de la estructura: Yajaira Berenice “N”, La China, y Jaime Tonatiuh “N”, El Pilas.

Ya en 2026, el 26 de febrero fue detenido José Israel “N”, alias “El Salsas”, identificado como uno de los principales operadores financieros del cartel en la costa del Pacífico. Su captura se concretó en la comunidad de Alcaraces, municipio de Cuauhtémoc, días después de la muerte de El Mencho.

Semanas después, el 13 de marzo, fue abatido Iván “N”, alias “El Joker”, presunto jefe de sicarios del CJNG en la entidad, durante un enfrentamiento con fuerzas federales en la comunidad de El Alpuyequito.

Iván Raymundo “N”, alias "El 24“, presunto operador de la facción criminal que encabeza Fausto Isidro Meza Flores, ”El Chapo Isidro“, fue vinculado a proceso por un juez federal junto con tres presuntos cómplices, luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) los detuviera tras una persecución en la carretera Pericos-Badiraguato, en el municipio de Mocorito, Sinaloa.

En el operativo se decomisaron cinco fusiles de asalto y se liberó a una persona que mantenían privada de la libertad.

Persecución en la carretera Pericos-Badiraguato

Los hechos ocurrieron sobre esa vía del municipio de Mocorito cuando elementos de la SSPC interceptaron a los tripulantes de dos vehículos. Para obstaculizar el avance de los agentes, los ocupantes arrojaron artefactos ponchallantas sobre el asfalto, táctica que no logró frenar la persecución.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el resultado del operativo como parte de las acciones coordinadas en materia de delincuencia organizada en Sinaloa.

La detención derivó en el aseguramiento de cuatro personas y en la liberación de una víctima que era trasladada privada de su libertad.

Quiénes son los cuatro imputados

Junto a Iván Raymundo “N”, enfrentarán proceso Jorge Araujo “N”, conocido como “Coki”; Patricio Albarrán “N”, alias “Pato”; y Ezequiel Bueno “N”, apodado “Chequelia”. Los cuatro son señalados como presuntos integrantes de la facción que lidera Meza Flores dentro de la estructura del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Iván Raymundo “N” es identificado por las autoridades como operador de esa célula criminal, que opera en la región serrana que conecta los municipios de Mocorito y Badiraguato, zona de disputa entre grupos armados en Sinaloa.

El arsenal decomisado

Durante el operativo, los elementos de seguridad aseguraron cinco fusiles de asalto, un arma corta, 519 cartuchos útiles y 19 cargadores de diversos calibres, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. También se incautaron chalecos tácticos y una cubeta con artefactos ponchallantas.

El volumen y el tipo de armamento decomisado sustentaron parte de los cargos que el Ministerio Público Federal (MPF) presentó ante el juez para obtener la vinculación a proceso.

Los cargos y la agravante para tres de los cuatro

El MPF, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), imputó a los cuatro detenidos por posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, portación de armas de fuego de uso exclusivo y privación ilegal de la libertad.

En el caso de Jorge Araujo “N”, Patricio Albarrán “N” y Ezequiel Bueno “N”, los cargos por portación de armas incluyen la agravante de portar dos o más armas de fuego de manera simultánea, lo que eleva la gravedad de la imputación frente al caso de “El 24”.

Prisión preventiva y plazo de investigación

El juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a los cuatro imputados y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria a cargo de la FEMDO.

La FGR precisó que a las personas mencionadas se les presume inocentes en tanto no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Sinaloa, escenario de operativos continuos

La detención se inscribe en una serie de acciones federales en Sinaloa. Según información del Gabinete de Seguridad, entre el 10 y el 12 de julio de 2026 se registraron múltiples aseguramientos de armas largas, cartuchos y chalecos tácticos en municipios como Concordia, Escuinapa, Cosalá y Mazatlán, en el marco de la disputa entre facciones del crimen organizado que mantiene en tensión al estado desde 2024.

La carretera Pericos-Badiraguato, escenario de la persecución, conecta la zona de la sierra con el valle sinaloense y ha sido señalada como corredor de tránsito de grupos armados en la región.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron este 13 de julio a Mario Iván “N”, alias “El Queso de Puerco”, de 29 años, presunto integrante del grupo criminal H1-A1, célula de la Nueva Familia Michoacana que opera en el oriente de la capital.

El arresto ocurrió en la colonia Central de Abasto, alcaldía Iztapalapa, tras una alerta ciudadana por exceso de velocidad. En su poder, los agentes hallaron marihuana, cocaína, cristal y un arma de fuego.

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez Camacho, informó la detención a través de sus redes sociales y la atribuyó a trabajos previos de investigación e inteligencia orientados al combate de delitos de alto impacto y la desarticulación de células delictivas.

Cómo fue la detención

Un conductor alertó a elementos policiales sobre un vehículo que circulaba a exceso de velocidad y realizaba maniobras que ponían en riesgo a otros automovilistas y peatones en el cruce de la avenida Javier Rojo Gómez y el Eje 5 Oriente.

Los agentes dieron alcance al vehículo, solicitaron al conductor que detuviera su marcha y procedieron a una revisión. Fue entonces cuando localizaron el arsenal de drogas y el arma. Mario Iván “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Qué le encontraron

Durante la revisión, los agentes aseguraron, 83 bolsitas de plástico transparente y dos cuadros emplayados con cinta canela con marihuana, 48 bolsitas de plástico con cocaína, 38 gramos de posible cristal, un arma de fuego corta con cargador y cinco cartuchos útiles. Además dos teléfonos celulares.

Su lugar en la jerarquía del H1-A1

“El Queso de Puerco” es identificado como colaborador cercano de dos operadores conocidos como “El Galleta” y “El Chaparro”, ambos actualmente recluidos en centros penitenciarios de la Ciudad de México.

Estos dos sujetos trabajan bajo el mando de Yanick Iriarte, alias “El Alemán”, y otro operador identificado como “El Champi”. La célula se dedica a la venta y distribución de drogas y armas, extorsión y homicidio en el oriente capitalino.

Qué es el grupo H1-A1 y de dónde viene

El H1-A1 es una célula creada por los hermanos José y Jonny Hurtado, de ahí la letra “H” en el nombre de la banda. La “A1” corresponde a Yanick Iriarte, “El Alemán”, quien recibe órdenes de los Hurtado.

Jonny Hurtado, conocido también como “El Pez”, “El Mojarro” y “Don Gabino”, es identificado por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos como el líder de la organización. Las autoridades lo señalan por tráfico de diversas drogas hacia ese país.

Su hermano José, alias “El Fresa” o “La Fruta”, opera como segundo al mando y dirige las operaciones en el Estado de México y Guerrero.

El grupo nació con el objetivo de extender las operaciones de extorsión y venta de droga de la Nueva Familia Michoacana hacia las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa.

Los golpes previos a la célula H1-A1

La detención de “El Queso de Puerco” se inscribe en una serie de operativos contra la misma red que arrancó meses atrás.

En agosto de 2025, la SSC detuvo a Carlos Adrián “N”, alias “El Chaparro” y/o “El Orejón”, señalado como líder de la célula H1-A1, junto con Alejandra Esparza “N” y Julio Arturo “N”, en la colonia Chinam Pac de Juárez, Iztapalapa.

En septiembre de ese año, autoridades desmantelaron bodegas e invernaderos con más de 150 mil plantas de marihuana y detuvieron a Sergio “N”, alias “D3”, otro líder de célula vinculado a la misma organización.

El 1 de octubre de 2025, policías de inteligencia de la SSC arrestaron a Raúl Miguel Marcos Tapia, alias “El Messi”, de 31 años, y a Karla Paola “N”, de 28 años, en la colonia Unidad Vicente Guerrero, Iztapalapa.

En esa ocasión les aseguraron 42 bolsitas con cocaína, seis envoltorios de papel aluminio con marihuana, un paquete de aproximadamente un kilogramo de la misma sustancia, dos teléfonos celulares, seis cartuchos útiles, dinero en efectivo y el vehículo. Las autoridades señalaron que “El Messi” contaba con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en ese mismo año.

Las autoridades de la Ciudad de México decomisaron cerca de mil 800 kilogramos de distintas drogas y más de 3 mil armas de fuego entre el 5 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, en el marco de la estrategia de seguridad de la administración de la jefa de gobierno Clara Brugada Molina. Los operativos, desplegados durante 20 meses en distintas alcaldías, resultaron además en la detención de 11 mil 223 personas y el desmantelamiento de 43 células delictivas.

Drogas aseguradas: marihuana, cocaína, metanfetamina y cristal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó el aseguramiento de mil 721 kilogramos de marihuana como el decomiso más voluminoso del periodo, seguido de 226 kilogramos de cocaína, 92,7 kilogramos de metanfetamina y 15,2 kilogramos de cristal.

Los aseguramientos se produjeron tanto en cateos como en detenciones en flagrancia a lo largo de distintas zonas de la capital durante los 20 meses que cubre el informe. La progresión es documentable: el corte de mayo de 2026 ya registraba aproximadamente mil 701 kilogramos de marihuana y 224 kilogramos de cocaína, lo que ubica las cifras de junio dentro de una tendencia acumulada sostenida.

El arsenal: 3 mil 63 armas y más de 10 mil cartuchos

En materia de armamento, la SSC informó el decomiso de 3 mil 63 armas de fuego entre cortas y largas, 247 cargadores y más de 10 mil cartuchos útiles. A ese arsenal se suman más de 400 mil pesos en efectivo presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

El volumen de cartuchos decomisados da cuenta de la capacidad de fuego que las autoridades lograron retirar de grupos delictivos con presencia en varias alcaldías. El corte de mayo de 2026 consignaba ya 233 cargadores y 10 mil 462 cartuchos, con lo que el dato de junio confirma esa trayectoria ascendente.

Vehículos y autopartes: la otra cara del crimen organizado

Los decomisos no se limitaron a drogas y armas. La SSC reportó la recuperación de 6 mil 717 vehículos, 612 unidades semi-completas y mil 026 motocicletas desvalijadas, bienes vinculados a redes de robo y despiece de automóviles que operan en la capital.

El dato más abultado de este rubro es el aseguramiento de más de 19 mil toneladas de autopartes, cifra que revela la escala de esas redes. El corte de mayo de 2026 ya registraba 6 mil 440 vehículos y 865 motocicletas desvalijadas, lo que sitúa los incrementos de junio dentro de la progresión acumulada del informe.

Este tipo de delincuencia opera con estructuras logísticas que incluyen centros de acopio, talleres clandestinos y redes de distribución con alcance más allá de la Ciudad de México.

Detenciones y células desarticuladas: el contexto de los decomisos

Los aseguramientos se produjeron en el marco de operativos que resultaron en 11 mil 223 detenciones por delitos de alto impacto, de las cuales mil 295 corresponden a presuntos integrantes de células delictivas identificadas mediante trabajos de inteligencia, según la SSC.

En total, 43 agrupaciones criminales fueron desmanteladas en el periodo. Solo en junio, los operativos incluyeron capturas de integrantes de la Unión Tepito y del Cártel Nuevo Imperio, dos de los grupos con mayor presencia territorial en la capital, así como la desarticulación de una banda de narcomenudeo en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Extorsión: 377 detenidos en 20 meses

Al margen de los decomisos, la SSC reportó 377 detenidos por extorsión o tentativa de ese delito desde el inicio de la administración, frente a las 366 personas registradas al cierre de mayo de 2026.

En junio se concretaron siete detenciones calificadas como relevantes por las autoridades en las alcaldías Cuauhtémoc, Cuajimalpa e Iztapalapa, zonas donde la extorsión a comerciantes y pequeños empresarios representa uno de los delitos de mayor afectación cotidiana.

La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a Iván “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karen Miranda Ayala Torres, de 20 años, ocurrido en el municipio de Tonalá tras una convivencia en un balneario el pasado 7 de julio. El cuerpo de la joven fue hallado el 10 de julio en un barranco de la colonia Prados de los Tulipanes, según informó la dependencia. El detenido fue trasladado a un complejo penitenciario y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional.

La Fiscalía del Estado de Jalisco capturó a Iván “N” mediante una orden de aprehensión gestionada por la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios. Según la dependencia, los hechos se remontan al 7 de julio, cuando el imputado y Miranda Ayala Torres se encontraban en un balneario del municipio de Tonalá.

“La disputa derivó en un forcejeo durante el cual Iván ‘N’ presuntamente empujó a la joven, quien se golpeó la cabeza y quedó inconsciente,” de acuerdo con lo que indicó la investigación ministerial.

Cuerpo abandonado en un barranco

Al creer que la víctima había fallecido, el imputado trasladó el cuerpo en un vehículo y lo abandonó en un barranco de la colonia Prados de los Tulipanes, en el mismo municipio de Tonalá, según se desprende de las indagatorias de la Fiscalía del Estado.

El cuerpo de Karen Miranda Ayala Torres no fue localizado de inmediato. Su familia había interpuesto una denuncia por desaparición ante las autoridades, lo que activó una carpeta de investigación paralela que contribuyó a dar con su paradero. El hallazgo se produjo el 10 de julio, de acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía del Estado.

De la denuncia por desaparición a la orden de aprehensión

Las investigaciones de campo y de gabinete desarrolladas por la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios permitieron identificar al presunto responsable a partir de los elementos recabados en ambas carpetas: la de feminicidio y la de desaparición. Con base en esos indicios, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Iván “N”, nombre que figura únicamente en el comunicado oficial de la Fiscalía del Estado.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Fiscalía del Estado. Tras su captura, el imputado fue trasladado de inmediato a un complejo penitenciario, donde quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requería, según informó la dependencia.

Contexto de violencia de género en Jalisco

El caso se enmarca en un periodo de actividad sostenida de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia. La dependencia vinculó a proceso a 127 personas por delitos cometidos contra mujeres en el estado, a partir de 122 carpetas de investigación integradas en distintas agencias del Ministerio Público, correspondientes al periodo del 15 al 30 de junio de 2026.

Entre los municipios atendidos figuraron Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Puerto Vallarta. Las presentaciones ante juzgados de control derivaron del cumplimiento de ocho órdenes de aprehensión, 117 comparecencias por citación judicial y dos reactivaciones por reposición de procedimiento, de acuerdo con el mismo reporte.

La Fiscalía ratifica su postura ante la violencia de género

En su comunicado, la Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que con la captura de Iván “N” "ratifica su compromiso de trabajar de manera permanente en el combate a la violencia contra las mujeres" y en garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género.

La situación jurídica definitiva del imputado será determinada por la autoridad jurisdiccional en la audiencia de resolución constitucional correspondiente. La Fiscalía no informó sobre la fecha programada para dicha audiencia ni sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público en su contra.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, ofreció al FBI compartir información confidencial de las mesas de seguridad nacionales para evitar cargos penales y una posible orden de extradición en su contra. Así lo reveló una segunda grabación compartida este lunes por el periodista Héctor de Mauleón, que profundiza el escándalo abierto tres semanas antes con un primer audio en el que la funcionaria ya aparecía negociando con intermediarios de agencias estadounidenses.

Ni la reunión con la fiscalía de Estados Unidos ni el estatus actual de Ávila Olmeda como posible colaboradora del FBI han sido confirmados o descartados.

Qué dice el nuevo audio

En la segunda grabación, un asesor externo del FBI le comunica a la gobernadora que las agencias estadounidenses “sienten que han perdido el tiempo” con ella y le ofrecen “la última oportunidad para frenar los cargos o sanciones a tiempo”.

También se escucha la voz de un agente especial que confirma que el FBI tomó el caso, aunque señala que “de momento” no puede informarle sobre los cargos específicos.

La parte más comprometedora llega cuando Ávila Olmeda, ante la mención de una posible extradición, responde: “¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición?... ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber…“.

“Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar, Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad, que tampoco es que yo escuche en otras partes”, agregó

Las reuniones que la gobernadora no había admitido

En la misma grabación, Ávila Olmeda describio un historial de contactos con autoridades de Estados Unidos que contradicen sus declaraciones públicas previas.

Relata haber acudido a una oficina del FBI, donde “platicó con el adjunto”, y haber sostenido encuentros posteriores en México a través de sus abogados. “Incluso el otro día, hace dos o tres semanas, nos sentamos con todas las agencias, ahí estaban todos, también el Departamento de Justicia”, afirma en la grabación.

El agente especial que participa en la conversación señala que “hay mucha frustración porque las tres juntas que ha habido no han sido muy productivas”. En ese intercambio, cuando sus interlocutores le preguntan si “todavía tiene a su abogado de Miami”, la gobernadora responde que sí y lo identifica como Michael Nadler, pese a haber declarado públicamente, tras el primer audio, que ese profesional ya no trabajaba con ella.

El temor a la extradición y la OFAC

Ávila Olmeda no oculta su alarma ante el escenario que le plantean sus interlocutores.

“¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición?”, pregunta en la grabación. Más adelante añade que teme ser sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): “Salgo de ahí y ya pasó algo… parece que me vaya a sancionar la OFAC“.

Al negociar el lugar para la reunión con la fiscalía estadounidense, la gobernadora rechazo el consulado de Tijuana y propone un hotel. “Yo no quiero cruzar a Estados Unidos“, advierte.

La contradicción con sus propias palabras

Tras el primer audio de junio, Ávila Olmeda reconoció que la voz en la grabación era suya, pero acotó el alcance de lo escuchado: dijo que un tercero se había presentado como intermediario, que la reunión propuesta nunca se concretó y que Nadler ya no era su abogado.

Calificó de “invento total” las versiones que apuntaban a acuerdos “en lo oscurito” con Washington, y sostuvo que sus contactos con autoridades estadounidenses eran “transparentes” y orientados al “bienestar de las familias de ambos lados de la frontera”.

El segundo audio, en el que ella misma describe múltiples reuniones con el FBI y el Departamento de Justicia, y confirma que Nadler sigue siendo su representante, contradice esas afirmaciones en al menos tres puntos.

El origen: una visa revocada y un primer audio

El caso tiene su punto de partida en 2025, cuando el gobierno de Estados Unidos canceló la visa de Ávila Olmeda, en lo que constituyó la primera revocación de ese tipo a una gobernadora mexicana en funciones.

La medida estuvo vinculada, según múltiples medios, a investigaciones sobre su entonces esposo, Carlos Torres Torres, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una red de protección política al Cártel de Sinaloa en Baja California. La pareja anunció su divorcio en octubre de ese año.

El 22 de junio de 2026, De Mauleón publicó un primer audio en el que se escuchaba a la gobernadora conversar con intermediarios que se presentaron como asesores externos del FBI, y en el que se mencionaba una posible reunión en el consulado de Tijuana para tratar “sanciones y cargos” en su contra.

Ávila Olmeda reconoció la autenticidad de esa grabación, pero negó cualquier acuerdo irregular. Afirmó que la reunión propuesta “jamás ocurrió” y que el abogado mencionado en el audio, el exfiscal federal de Miami Michael Nadler, ya no formaba parte de su equipo legal.

Panamá y Guatemala aumentaron el gasto en seguridad y defensa entre 2020 y 2026, según el informe “¿Más seguridad? Análisis de la eficacia del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica (2020-2026)“. En ambos casos subieron los recursos destinados al sector, con resultados dispares en la reducción de la violencia.

En 2024, Panamá destinó USD 1,029 millones al Ministerio de Seguridad Pública, equivalentes al 5.62% del gasto del Gobierno Central y al 1.19% del PIB corriente.

Para 2025, el presupuesto aprobado fue de USD 1,032 millones, un 0.28% más que el año anterior, y para 2026 se preveía una reducción del 4.62%, hasta USD 985 millones.

De acuerdo con el informe, cerca de la mitad del presupuesto fue para la Policía Nacional, seguida por el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, que en conjunto sumaron más de 27,700 efectivos.

¿Cómo se distribuyó el gasto en Panamá?

Entre 2020 y 2024, el gasto de capital representó en promedio el 7.66% del total anual ejecutado por la cartera, y alcanzó su nivel más alto en 2024 con 8,20%. Desde 2025, ese componente comenzó a bajar hasta ubicarse en 4.24% para 2026.

El informe citado por Infobae señala que la Policía Nacional absorbió entre el 49.22% y el 52.45% de los fondos entre 2020 y 2024. El Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras recibieron, respectivamente, entre 12% y 15% y entre 11% y 13% del presupuesto en ese período. Otros rubros, como migración, pensiones y servicios de emergencia 9-1-1, representaron porcentajes menores.

El aumento del presupuesto de seguridad en Guatemala

En Guatemala, el Ministerio de Gobernación ejecutó USD 910.17 millones en 2024, equivalentes al 5,84% del presupuesto del Gobierno Central y al 0.80% del PIB corriente. El gasto en seguridad creció 37.80% entre 2020 y 2024 y se aceleró desde 2023.

Para 2025 y 2026, los presupuestos aprobados fueron de USD 1,077 millones y USD 1.272 millones, respectivamente, con incrementos interanuales superiores al 18%. Según el informe citado por Infobae, el gasto siguió orientado sobre todo a sostener y expandir el aparato operativo existente.

Guatemala contaba con la fuerza policial más numerosa de Centroamérica, con aproximadamente 42.000 efectivos en 2024. La mayor parte del presupuesto se destinó al programa Servicio de seguridad a las personas y su patrimonio, que absorbió más del 80% de los fondos.

El documento indica que el aumento del gasto permitió incrementar el número de policías y fortalecer el despliegue operativo, pero la falta de formación suficiente, la corrupción y las debilidades institucionales limitaron su impacto en la mejora de la seguridad.

El gasto en defensa y los resultados sobre la violencia

En defensa, el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala aumentó su presupuesto ejecutado un 39,51% entre 2020 y 2024, al pasar de USD 325 millones a USD 453 millones.

Para 2025 y 2026, los incrementos previstos eran de 10.83% y 25.13%, con una proyección de USD 502 millones y USD 628 millones. El 87% del contingente militar correspondió al Ejército, el 8% a la Armada y el 5% a la Fuerza Aérea.

Según el informe consultado por Infobae, el gasto militar quedó como un componente estructural del esfuerzo fiscal en seguridad, asociado al apoyo a la seguridad interna y al despliegue territorial.

En Panamá, la tasa de homicidios pasó de 11.6 a 12.9 por cada 100.000 habitantes entre 2020 y 2024. En Guatemala, se mantuvo en 16.1 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2024. El informe atribuye estos resultados a la expansión del crimen organizado, la sofisticación de las redes ilícitas y las deficiencias institucionales.

Según explica el especialista en ciberseguridad Evan Ottinger, una imagen de este tipo puede permitir que desconocidos fabriquen una copia funcional, empleando tecnologías hoy disponibles para casi cualquiera.

Ottinger, con experiencia en el análisis de vulnerabilidades tanto en entornos gubernamentales como privados, subraya que este riesgo no está limitado a un país o a un modelo particular de cerradura. La técnica de decodificación mediante fotografía se aplica sobre todo a las cerraduras de cilindro de pines, el estándar más común a nivel mundial, presente también en gran parte de Latinoamérica.

Las plantillas de decodificación que menciona, accesibles libremente en internet, permiten identificar el perfil y los cortes de la llave en cualquier sistema de este tipo, facilitando su réplica tanto con impresoras 3D como con cortadoras comerciales o incluso de forma manual.

Cómo se duplica una llave a partir de una foto

La facilidad para duplicar una llave de esta manera quedó demostrada en un video difundido por Ottinger, que superó 1,3 millones de reproducciones. Allí, muestra el proceso completo: parte de una imagen nítida de la llave original, la introduce en un programa de codificación y luego genera los patrones necesarios para la impresión 3D.

En minutos, obtiene un duplicado que prueba con éxito en la cerradura de su propia puerta. Esta prueba práctica confirma la viabilidad técnica del método y evidencia cómo una publicación común en redes sociales puede exponer a cualquiera a riesgos concretos de intrusión.

En la práctica, solo se requiere una fotografía donde se distinga claramente el perfil y los cortes de una llave de cilindro de pines para que cualquier persona con acceso a herramientas básicas pueda reproducirla.

El video viral generó inquietud y sorpresa entre los usuarios, con comentarios de quienes reconocían sentirse vulnerables tras conocer la técnica. Así, la demostración confirma que difundir imágenes de llaves en plataformas públicas puede facilitar la entrada no autorizada a un hogar.

Qué herramientas permiten copiar una llave

La técnica de copiar llaves a partir de imágenes no exige conocimientos técnicos avanzados ni equipamiento costoso. Ottinger aprendió estos procedimientos en un curso impartido por el especialista en seguridad Deviant Ollam, quien desarrolló overlays de decodificación de uso gratuito en línea. Estas herramientas permiten identificar con precisión los cortes en las llaves de cilindro de pines.

Existen numerosos recursos y tutoriales disponibles en internet que explican cómo utilizar estos overlays en combinación con fotografías de calidad. Las máquinas cortadoras comerciales que duplican llaves a partir de patrones digitales también se encuentran en muchos locales de cerrajería, lo que reduce aún más la barrera de acceso a la técnica.

Incluso para quienes optan por el corte manual, basta con seguir los parámetros obtenidos del overlay para lograr una copia funcional. Todo esto contribuye a que la decodificación y reproducción de llaves esté al alcance de cualquier persona con mínima iniciativa y acceso a la web.

El proceso es adaptable: puede realizarse con una impresora 3D, pero también es posible cortar y limar la llave a mano, o utilizar una máquina cortadora comercial, siempre y cuando se disponga de una imagen adecuada.

Ottinger señala que un usuario experimentado puede pasar de la foto a una copia funcional en solo 10 a 15 minutos. El acceso libre a estas herramientas, salvo la impresora, amplía el alcance de la técnica más allá de los ámbitos especializados.

Por qué una copia de llave dificulta la investigación

Uno de los riesgos más serios de esta modalidad es la ausencia de huellas. También advierte que, a diferencia del forzamiento o ganzuado, el uso de una copia exacta de la llave no deja daños ni señales visibles en la cerradura.

Esto complica la identificación de accesos ilícitos, ya que el mecanismo opera normalmente y la entrada puede pasar desapercibida para cualquiera. Al no dejar pruebas forenses claras, este método limita la eficacia de las investigaciones y de las medidas de detección convencionales.

Esta característica representa un desafío adicional para las aseguradoras y las fuerzas de seguridad, ya que la falta de daños visibles puede dificultar la aprobación de reclamos por robo o la comprobación de la vía de ingreso.

Además, la utilización de una llave legítima no suele activar alarmas ni sistemas automáticos de alerta, lo que incrementa la vulnerabilidad del inmueble. La facilidad con que se puede obtener una copia sin dejar rastros convierte esta modalidad en una de las más difíciles de detectar y prevenir con los recursos tradicionales. Por eso, los expertos insisten en la importancia de la prevención digital y la vigilancia activa.

Cómo reducir el riesgo

La principal recomendación es evitar mostrar llaves en fotos publicadas en redes sociales o sitios públicos. Cuidar la exposición digital se vuelve fundamental ante la facilidad con que puede replicarse una llave con herramientas accesibles.

El especialista sugiere además reforzar la protección del hogar mediante cámaras de vigilancia y sistemas de alarma, para detectar cualquier ingreso no autorizado. Incluso si no quedan rastros físicos en la cerradura, estas medidas pueden alertar sobre situaciones sospechosas y disuadir intentos de intrusión.

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reveló en entrevista con Televisa Univisión los detalles del quiebre en su relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ocurrido tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. Aunque documenta con precisión el silencio del entonces mandatario, evita ofrecer una explicación directa sobre sus causas.

La noche que comenzó el distanciamiento

Según relató Salazar, la noche del 25 de julio de 2024 —fecha de la detención de Zambada— envió un mensaje a AMLO para aclarar que Estados Unidos no tuvo conocimiento previo de la operación ni participó de manera unilateral en territorio mexicano. Esa misma noche, junto con el entonces fiscal general Merrick Garland, redactó una comunicación formal: “no fue nuestro avión, no fue nuestro piloto, no fue nuestra operación”.

La respuesta, dijo el exdiplomático, nunca llegó.

Insistencia sin respuesta

De acuerdo con su testimonio, Salazar intentó comunicarse en los días siguientes por distintas vías:

• Envió cartas adicionales al entonces fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero.
• Garland remitió un memorándum a su contraparte en México.
• Estados Unidos ofreció exhibir la evidencia —incluido el avión utilizado en el traslado— a autoridades mexicanas en El Paso y en el aeropuerto de Doña Ana, Nuevo México.

Pese a que la inspección conjunta se realizó y, según Salazar, “fue exitosa”, el silencio de AMLO se mantuvo. Para el lunes siguiente, escribió el exembajador, “era claro que algo estaba muy mal”: la puerta que antes tenía abierta con el presidente “pareció haberse cerrado de golpe”.

El detonante público: la reforma judicial

El quiebre se hizo visible semanas después. El 23 de agosto de 2024, tras críticas de Salazar sobre el posible impacto de la reforma judicial en las relaciones comerciales, AMLO respondió en su conferencia matutina con una nota diplomática de “profundo extrañamiento” y acusó a Washington de “injerencismo”, afirmando: “esto no es Ken, esto es el Departamento de Estado de Estados Unidos”.

Este quiebre en la comunicación, señaló, marcó el fin de la relación cercana que ambos mandatarios habían construido durante años.

El libro que agita la política binacional

Las declaraciones ocurren en el marco de la promoción de su libro “Borderlands: My Fight for an Inclusive America”, que saldrá a la venta el próximo 28 de julio y cuya versión en español llegará a México en septiembre bajo el sello de Miguel Ángel Porrúa.

En el texto, Salazar también menciona a un empresario identificado como “El Susurrador”, quien le habría advertido que López Obrador estaba preocupado por la información que Zambada pudiera revelar sobre presuntos vínculos de políticos mexicanos con el narcotráfico. El exembajador aclaró que no tiene evidencia directa de esos señalamientos, aunque afirmó que eran comentarios recurrentes entre empresarios mexicanos en ese momento.

T-MEC, migración y una posible candidatura presidencial

La conversación también abordó temas como la revisión del T-MEC, que Salazar considera urgente renovar, y las tensiones fronterizas entre ambos países. Consultado sobre si buscará la presidencia de Estados Unidos, evitó dar una respuesta directa, aunque reconoció sostener conversaciones con otros aspirantes demócratas de cara a las elecciones de 2026 y 2028.

A Karina Suárez, integrante del clan familiar ‘Los Suárez’ en Uruguay, le mataron a tres de sus hijos en el quíntuple homicidio que hubo en Uruguay este viernes. Ella es una de las sobrevivientes del ataque: estaba en la casa cuando llegaron los cuatro delincuentes dispuestos a acribillar a balazos a todos los que estuvieran allí.

Cinco personas –entre ellas una adolescente de 14 años– murieron tras esa balacera, explicada por una disputa criminal de “larga data” que hay en la zona, como expresó el ministro del Interior, Carlos Negro.

Los delincuentes llegaron a la casa simulando que eran policías e ingresaron a todas las habitaciones a dispararle a quien se encontraban. En la vivienda había siete personas en total. Entre ellas estaba Karina, que se escondió abajo de una cama, según contó en una entrevista con el noticiero Subrayado de Canal 10.

Sus tres hijos fueron asesinados: uno de ellos tenía 28 años y los otros dos eran gemelos de 18 años. Las otras personas asesinadas fueron una adolescente de 14 años –que era una de las novias de los jóvenes– y una mujer de 38 años, la madre de esta menor.

“Obvio que estoy cansada. Una matanza hicieron con mis tres hijos, con mi consuegra, con mi nuera. Me allanaron la casa, me dieron vuelta toda la casa con los cuerpos muertos ahí adentro. No tienen una pizca de vergüenza”, dijo Suárez en la entrevista televisiva.

La mujer comentó que se estaba aprontando para mudarse del lugar y que estaba llevando “de a poco” las cosas de su casa. Estaba esperando que terminara una medida cautelar que tenían sus hijos para concretar la mudanza, según contó. EL 18 se terminaban esas medidas y la familia había resuelto esperar hasta el 23 para irse.

“Le dije al fiscal: ‘Yo me tengo que ir, tengo que salvar a mis hijos. Van a hacer una matanza humana’. ¡Yo lo advertí! Le dije que las personas estas están ofreciendo plata por la cabeza de mis hijos y por mi cabeza. Quieren hacer una matanza”, relató Suárez.

“Estuve diciendo: ‘Me tengo que ir, nos van a matar, ya saben dónde vivimos’. Ya saben todo. No tenemos vida, no salimos. Los vecinos nos hacen los mandados porque ya teníamos amenazas de que nos iban a matar”, agregó.

Suárez dijo, entre llantos, que ahora pide que se haga Justicia. Y luego se preguntó: “¿Justicia pa’ qué? Si ya enterré cuatro hijos antes. ¡Siete hijos me mataron! ¿Qué Justicia voy a pedir ahora? ¡Qué me maten a mí!”, agregó.

A la mujer le quedó resonando otra pregunta: “¿Por qué no salí del maldito cuarto, me hubiesen matado y me iba con mis hijos?”.

Suárez contó que se salvó gracias a sus perros. “Cuando ellos entraron diciendo ‘allanamiento’, patean y siento muchos tiros. Yo pensé que eran los botones que estaban tirando balas de goma. No entraban para mi cuarto y me tiré abajo de la cama. Y los perros atacaron para que no entraran porque justo en mi cuarto no hay luz”, contó.

A Karina Suárez le queda un solo hijo con vida, que está internado hace varios años porque tiene una discapacidad cognitiva, informó Montevideo Portal. El primero fue asesinado hace 10 años. En 2023, mataron a Ezequiel en la puerta de su casa; uno de los últimos fallecido fue quien apodaban El Mudo y más tarde a Pepe. Sebastián, Misael y Brayan fueron asesinados este viernes.

Las víctimas eran integrantes de la banda de Los Suárez, un grupo criminal que hace unos años operaba en el barrio Villa Española, ubicado a unos 15 kilómetros de El Monarca. Este clan familiar había tenido varios conflictos en su zona anterior con Los Albín, otra banda criminal que disputa el territorio de venta de drogas.

La Fiscalía del Estado rescató a casi 20 animales en estado de abandono, siete perros de talla grande y 12 aves, tras ejecutar una orden de cateo en una finca de la colonia San Valentín Gómez Farías, en Guadalajara, el pasado 9 de julio.

La operación fue posible gracias a una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de animales en condiciones de maltrato. Según el reporte, los ejemplares habían comenzado a atacarse mutuamente por la ausencia de alimento y agua.

Agentes de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social se trasladaron al inmueble para corroborar los hechos. Al confirmar la presencia de caninos en mal estado, solicitaron el apoyo de médicos veterinarios zootecnistas de la Unidad de Bienestar Animal de Guadalajara, quienes certificaron que los animales padecían desnutrición y deshidratación.

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Autoridades procesan a hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra en hotel de Puerto Vallarta

Un hombre fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado en Puerto Vallarta, acusado de haber cometido actos sexuales contra su hijastra menor de edad en la habitación de un hotel mientras tanto la menor como su madre dormían.

Los hechos ocurrieron el 20 de junio en un establecimiento ubicado en la colonia Emiliano Zapata. Según las indagatorias, el imputado, identificado como Miguel Ángel “N”, aprovechó que su pareja sentimental y la menor dormían para aproximarse a la víctima y agredirla sexualmente.

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Arrestan a sujeto que trasladó un cadáver y lo abandonó en un carrito en Jalisco

Autoridades de Jalisco detuvieron a Abimelesch “N”, alias “El Chino”, por su probable participación en el homicidio de Wilfredo Reyes Herrera, cuyo cuerpo fue localizado en un canal de Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo con la investigación, el presunto responsable habría trasladado el cadáver en un carrito de carga antes de abandonarlo en el lugar donde fue encontrado. La captura se logró tras el análisis de cámaras de videovigilancia, monitoreo con drones y trabajos de inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso en un inmueble abandonado.

Procesan a cuñado de Inés Gómez Mont por presunta defraudación fiscal: irá a prisión preventiva

Un juez federal vinculó a proceso a Alejandro “N”, cuñado de Inés Gómez Mont, por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal relacionado con la presunta omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal 2016. El imputado fue detenido en Benito Juárez, Quintana Roo, y permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la que se fijó un plazo de cuatro meses. La FGR precisó que este caso no está relacionado con las solicitudes de extradición de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga.

Cateos en Querétaro dejan siete detenidos y decomiso de drogas en dos municipios

Siete personas fueron detenidas durante cinco cateos realizados en los municipios de Colón y Querétaro, donde autoridades aseguraron diversas cantidades de metanfetamina y marihuana presuntamente destinadas a la venta. En los operativos también fueron decomisados dinero en efectivo, básculas grameras, equipos electrónicos y otros indicios relacionados con la investigación, además de que cuatro inmuebles quedaron bajo aseguramiento mientras continúan las indagatorias.

Vinculan a proceso a dos por extorsión agravada a comerciante en CDMX: le exigían 300 mil pesos bajo amenazas

Dos personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en una extorsión agravada contra un comerciante en la Ciudad de México. De acuerdo con la investigación, la víctima recibió amenazas contra su vida y la de sus familiares para obligarla a entregar 300 mil pesos; posteriormente realizó dos depósitos por 50 mil pesos a cuentas relacionadas con los ahora imputados. Miguel “N” y Angélica “N” fueron detenidos en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, y permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal.

Investigan posible presencia del Tren de Aragua en rutas de transporte público de la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mantiene abiertas investigaciones por denuncias de operadores de la Red de Transporte de Pasajeros sobre presuntos actos de extorsión y amenazas en distintas rutas. Aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de que el Tren de Aragua opere en la capital, las autoridades analizan si los reportes tienen relación con esta organización criminal o con otros grupos delictivos. Los señalamientos se concentran en corredores como Iztapalapa-Centro Histórico, Cuautepec-Indios Verdes, Aragón-Martín Carrera y Santa Martha-Central de Abasto.

CEDH abre investigación por atropellamiento masivo en Los Cabos; analizan posible omisión de autoridades

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur inició una investigación de oficio para determinar si existieron acciones u omisiones de autoridades durante el atropellamiento masivo ocurrido el 24 de junio en Cabo San Lucas. El hecho ocurrió durante las celebraciones por el partido entre México y República Checa, cuando un vehículo embistió a un grupo de personas y dejó 17 lesionados; posteriormente, asistentes agredieron al conductor, quien falleció días después a consecuencia de las heridas. La indagatoria busca establecer si los operativos de seguridad y protección civil fueron adecuados para atender un evento con alta concentración de personas.

Procesan a seis presuntos responsables de secuestro exprés contra trabajadores de paquetería en Cuautitlán Izcalli

Seis personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el secuestro exprés de dos trabajadores de una empresa de paquetería para robar un camión de carga en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. De acuerdo con la investigación, los presuntos responsables cerraron el paso a la unidad, amagaron con un arma de fuego al conductor, privaron de la libertad a las víctimas mientras se apoderaban del vehículo y la mercancía, y posteriormente las abandonaron antes de huir. Permanecerán en prisión preventiva y, de ser declarados culpables, podrían enfrentar hasta 90 años de prisión.

La Fiscalía de Sonora ofrece hasta 1 millón de pesos de recompensa por cada uno de los tres reclusos que se evadieron del Centro de Reinserción Social (CERESO) 2 de Hermosillo. Los tres hombres cuentan con órdenes de reaprehensión vigentes por delitos de alto impacto y su captura es considerada prioritaria por las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) publicó acuerdos formales de recompensa con el objetivo de obtener información útil, veraz y oportuna que permita localizar y capturar a los evadidos. La dependencia garantiza la confidencialidad de los datos que proporcione cualquier ciudadano que decida colaborar.

Los tres hombres buscados

El primero de los objetivos es Francisco Manuel Romero Carranza, conocido por el alias “El Meny”. El segundo es Omar Milán Tena, también registrado como Omar Millán Tena, quien responde a los alias “El Mike” o “Myke”. El tercero es Paúl Alexis Téllez Olguín, identificado como “El Güero”.

Por cada uno de estos tres hombres, la Fiscalía ofrece una recompensa de hasta 1 millón de pesos a quien aporte datos que conduzcan a su ubicación y posterior detención.

Los tres permanecen evadidos de la justicia tras escapar del CERESO 2 de Hermosillo. Cada uno tiene órdenes de reaprehensión vigentes por diversos delitos de alto impacto, aunque la FGJES no especificó la naturaleza exacta de los cargos que enfrenta cada individuo.

Confidencialidad y procedimiento para reclamar la recompensa

La FGJES subrayó que quienes aporten información no verán comprometida su identidad. La dependencia garantizó la confidencialidad de los datos proporcionados y tiene establecido un procedimiento formal para el otorgamiento de la recompensa una vez que la información resulte útil para la captura.

Este mecanismo busca ampliar la red de colaboración ciudadana en casos donde las labores de inteligencia institucional no han logrado dar con el paradero de los evadidos.

La oferta económica apunta a incentivar la denuncia en un contexto en que los tres individuos siguen prófugos.

Riesgo social y coordinación entre instituciones

La Fiscalía de Sonora advirtió que las tres personas representan un riesgo para la sociedad. En ese marco, la FGJES señaló que mantendrá todas las acciones operativas y de investigación hasta lograr la captura y presentación de los evadidos ante la autoridad judicial.

Para ello, la dependencia trabaja en coordinación con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. La articulación interinstitucional forma parte de la estrategia para dar con el paradero de Romero Carranza, Milán Tena y Téllez Olguín.

Un llamado directo a la ciudadanía

La FGJES hizo un llamado explícito a la población para colaborar con datos que contribuyan a ubicar a los tres evadidos. La institución no precisó canales de contacto específicos en el comunicado, pero la publicación de los acuerdos formales de recompensa implica un procedimiento institucional ya establecido para recibir y procesar la información.

Un sistema penitenciario con historial de fugas

La evasión del 11 de julio no es un hecho aislado. Desde mayo de 2025, el Sistema Estatal Penitenciario de Sonora acumula cuatro fugas La más resonante fue la del CERESO 1 de Hermosillo, donde el presunto líder criminal Saúl Francisco Hernández Tenorio, alias “El Ponchis”, escapó el 4 de mayo de 2025 apenas 40 días después de su detención, con presuntas complicidades internas que le permitieron salir por su propio pie. Ese caso derivó en la detención de seis personas, entre ellas el entonces coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, Gerardo Chavero Bernal, y el comandante del recinto, Manuel Márquez Loya.

En agosto del mismo año se registró otra fuga en ese mismo penal, esta vez de un recluso de bajo perfil. Al historial se suma el asesinato de tres custodios del CERESO 1, que el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez atribuyó a integrantes de grupos delictivos con presencia dentro del recinto.

La Fiscalía General de la República obtuvo una condena de nueve años, cinco meses y 28 días de prisión contra Rogelio “N”, un hombre detenido en Mazatlán, Sinaloa, con más de 10 mil unidades de fentanilo y un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La sentencia fue resultado del trabajo del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que presentó ante la autoridad judicial las pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal del imputado en dos delitos: contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta del estupefaciente fentanilo, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Más de 10 mil dosis de fentanilo y un arma con cartuchos

El decomiso que derivó en la condena incluyó una bolsa con 10 mil 36 unidades que contenían fentanilo, un arma de fuego abastecida con 15 cartuchos útiles y un teléfono celular.

Su tráfico y venta en México se persigue como delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, una de las figuras penales de mayor peso en el Código Penal Federal.

La cantidad asegurada y la presencia del arma de fuego reforzaron ante el juez el argumento del MPF sobre la vinculación del detenido con actividades de venta de estupefacientes.

Cómo ocurrió la detención en la colonia Invasión Palmito

Rogelio “N” fue detenido durante un recorrido de prevención y vigilancia que elementos de la Guardia Nacional (GN) realizaban en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la colonia Invasión Palmito, en Mazatlán, Sinaloa.

Los agentes observaron al sujeto parado cerca del acceso a un inmueble, con una mochila sobre el torso. Al percatarse de la presencia de las autoridades, el hombre sacó un arma de fuego de la mochila y les apuntó directamente.

Una vez controlada la situación, el operativo conjunto logró someter al imputado sin que se registraran heridos.

Fue entonces cuando se procedió al aseguramiento del arma, la munición, las unidades de fentanilo y el celular.

El operativo, parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México

La detención se enmarcó en los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, instancia que coordina las acciones de las distintas dependencias federales en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado.

La participación simultánea de la GN, la Marina y la Defensa en el recorrido donde fue detenido Rogelio “N” ilustra el esquema de coordinación interinstitucional que el gobierno federal ha desplegado en Sinaloa, entidad que concentra una parte relevante de las operaciones de grupos dedicados al tráfico de drogas en el país.

La condena y el centro donde cumplirá la pena

El proceso judicial estuvo a cargo del MPF adscrito a la FEMDO, fiscalía especializada en casos vinculados a la delincuencia organizada. Tras la presentación de las pruebas, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria.

Rogelio “N” deberá cumplir su condena de nueve años, cinco meses y 28 días en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el resultado del caso como parte de su comunicación sobre sentencias obtenidas por el MPF en materia de delincuencia organizada, portación de armas y delitos contra la salud.

La Operación "Restitución" en el Estado de México acumula más de un año de acciones coordinadas contra el despojo de propiedades, con 2 mil 276 inmuebles asegurados en 79 municipios y mil 396 ya devueltos a sus dueños legítimos.

La estrategia, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México, reúne a seis instituciones de seguridad y justicia en operativos simultáneos que abarcan zonas urbanas y rurales de la entidad. A más de 12 meses de su primer despliegue, los números reflejan una presencia sostenida en el territorio.

Qué es la Operación Restitución y cómo funciona

La Operación “Restitución” forma parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, coordinada desde la Mesa de Paz del Estado de México. Su objetivo es recuperar inmuebles vinculados a delitos de despojo y contra la propiedad, para devolverlos a quienes acrediten legítimamente su titularidad. Desde su arranque, la iniciativa ha logrado restituir mil 396 de los 2 mil 276 predios asegurados en todo el estado.

En cada operativo participan elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales. La coordinación entre fuerzas federales, estatales y locales es el eje que sostiene el alcance territorial de la operación.

55 inmuebles asegurados en la última semana

Del 4 al 10 de julio de 2026, las autoridades ejecutaron 14 cateos y 41 inspecciones en 22 municipios del Estado de México. El resultado: 55 inmuebles asegurados, de los cuales 41 corresponden a casas habitación y 14 a predios.

Los municipios intervenidos durante esa semana fueron Acolman, Almoloya de Juárez, Atenco, Atlautla, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Jilotepec, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Tecámac, Temascaltepec, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango.

La distribución geográfica de los operativos muestra que la operación no se concentra en una sola zona: abarca tanto municipios del Valle de México con alta densidad poblacional como localidades del interior del estado, donde el despojo de predios rurales representa un problema recurrente.

Una estrategia que cubre 79 municipios del estado

Desde su primer despliegue, la Operación "Restitución" ha extendido su cobertura a 79 municipios de la entidad. La cifra de inmuebles asegurados refleja la escala del problema del despojo en el Estado de México, una de las entidades más pobladas del país.

De ese total, mil 396 propiedades ya fueron restituidas a sus dueños, lo que representa poco más del 61% de los inmuebles asegurados. El resto permanece en proceso de acreditación legal de propiedad o en etapas de investigación.

La operación se sostiene sobre un modelo de intervención que combina diligencias judiciales, como los cateos, con inspecciones en campo, permitiendo actuar tanto sobre inmuebles con orden judicial como sobre aquellos identificados en recorridos de verificación.

Cómo denunciar un despojo ante la FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene activos tres canales para que la ciudadanía reporte delitos de despojo u otros hechos delictivos relacionados con la propiedad. El primero es el correo electrónico, cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx.

El segundo, la línea telefónica 800 7028770, de acceso gratuito. El tercero es la aplicación FGJEdomex, disponible sin costo en las tiendas de aplicaciones para dispositivos con sistemas iOS y Android.

El alcalde de San Miguel Yogovana fue asesinado a balazos en la madrugada de este domingo mientras realizaba labores de vigilancia en su comunidad, en Miahuatlán, Oaxaca. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que los probables responsables ya fueron identificados y que se mantienen activos los operativos para su captura.

El funcionario detectó dos motocicletas estacionadas frente a un domicilio y solicitó apoyo policial para verificar el estatus de los vehículos. En ese momento, los presuntos propietarios salieron de la vivienda con actitud agresiva y lo atacaron con armas de fuego. El alcalde perdió la vida en el lugar.

Peritos identificaron el inmueble y aseguraron las motocicletas

El procesamiento de la escena quedó a cargo de peritos y agentes de investigación de la FGEO, quienes trabajaron en el lugar tras el ataque. El análisis del sitio permitió identificar el inmueble desde el que salieron los agresores.

Las dos motocicletas halladas estacionadas frente al domicilio fueron aseguradas. La investigación confirmó que los vehículos pertenecen a los atacantes, lo que aportó elementos materiales directos para vincularlos con el crimen.

Esas evidencias, combinadas con el trabajo de inteligencia desplegado desde las primeras horas, permitieron la plena identificación de los probables responsables del homicidio, según informó la fiscalía en un comunicado.

La fiscalía estableció líneas de investigación desde las primeras horas

La FGEO señaló que las indagatorias iniciadas a raíz de los hechos derivaron en líneas de investigación sólidas. El organismo no precisó el nombre del funcionario asesinado ni detalles adicionales sobre los sospechosos, en el marco de las acciones orientadas a garantizar su localización.

El trabajo institucional se desarrolló en dos frentes simultáneos: el análisis forense de la escena del crimen y las tareas de inteligencia para rastrear el paradero de los sospechosos. Ambas vías convergieron en la identificación de los agresores antes de que concluyera el domingo.

Gabinete de Seguridad participa en los operativos de captura

La búsqueda de los responsables no recae únicamente en la FGEO. El Gabinete de Seguridad del estado de Oaxaca coordina junto a la fiscalía los trabajos operativos desplegados para dar con el paradero de los agresores identificados.

La FGEO calificó como “activas” las acciones institucionales orientadas a la “pronta localización y captura” de los sospechosos. La coordinación entre corporaciones de seguridad busca acelerar los tiempos de respuesta ante un crimen que involucra a un servidor público electo.

Un alcalde en funciones de vigilancia al momento del ataque

Las circunstancias del homicidio colocan al cargo de la víctima en el centro del relato. El alcalde no fue atacado en el ejercicio formal de una función administrativa, sino mientras realizaba labores de vigilancia en su comunidad durante la madrugada.

Al detectar las motocicletas estacionadas, solicitó apoyo policial para verificar su estatus. La respuesta de los presuntos propietarios fue el ataque armado que le costó la vida.

Oaxaca, el estado con más alcaldes asesinados en México

Oaxaca acumula al menos seis alcaldes asesinados desde 2022, con el homicidio del presidente municipal de San Miguel Yogovana como el caso más reciente. Los cinco anteriores fueron Crispín Hernández Vásquez, de San Pedro Mixtepec, en noviembre de 2022; Román Ruiz Bohórquez, de Candelaria Loxicha, en octubre de 2024; Mario Hernández García, de Santiago Amoltepec, el 15 de mayo de 2025; Lilia Gema García Soto, de San Mateo Piñas, el 15 de junio de 2025, y Joel Ángel Bravo Martínez, de San Miguel Amatitlán, el 13 de junio de 2026.

Los ataques han ocurrido en distintas regiones del estado, entre ellas la Sierra Sur, la Costa y la Mixteca, y han tenido como víctimas tanto a autoridades en funciones como a ediles electos que aún no habían asumido el cargo.

Tres hombres muertos y un herido dejó una riña con disparos en el bar “La Terraza” de Cabo San Lucas, Baja California Sur, durante la madrugada de este domingo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

La alerta llegó a las 03:50 horas del 12 de julio, cuando elementos de Seguridad Pública reportaron detonaciones de arma de fuego en ese establecimiento comercial, ubicado en la esquina de las calles Salvatierra y Camino al Faro Viejo, dentro de la colonia Ampliación Matamoros, en el municipio de Los Cabos.

Al arribar, las autoridades ministeriales y periciales encontraron a tres hombres sin signos vitales con heridas por proyectil de arma de fuego. Una cuarta persona, también involucrada en el enfrentamiento, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Qué ocurrió dentro de “La Terraza”

Según las primeras indagatorias de la PGJE, los cuatro involucrados se encontraban en el interior del local cuando uno de ellos inició la riña. En el transcurso del altercado, esa persona sacó un arma de fuego y accionó el gatillo.

Alguno de los presentes repelió la agresión, también con disparos. El resultado fue el saldo que informó la Procuraduría: tres muertos y un herido que requirió hospitalización.

La dependencia no precisó quién fue el agresor inicial, quién repelió la agresión ni cuál de los cuatro es el sobreviviente. Tampoco detalló el tipo de arma utilizada ni el número de disparos registrados en la escena.

Víctimas identificadas, de tres estados del país

Los tres occisos fueron identificados por las autoridades. Tenían 23, 25 y 33 años de edad, y eran originarios de Tabasco, Sinaloa y Guanajuato, respectivamente.

La PGJE no divulgó los nombres de los fallecidos ni información sobre el herido: su identidad, edad o estado de salud al momento del reporte.

Peritos e investigadores tomaron la escena

De manera inmediata, especialistas de la Dirección de Servicios Periciales y agentes de la Investigación Criminal, adscritos a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, acordonaron el perímetro del establecimiento.

El equipo procesó la escena del crimen, recolectó indicios y dio inicio a las primeras diligencias conforme a los protocolos establecidos. La zona permaneció resguardada para preservar la integridad de las evidencias.

La apertura de la carpeta de investigación activa la maquinaria ministerial formal: a partir de ese momento, la PGJE tiene la obligación legal de documentar cada hallazgo, identificar a los responsables y sostener la acusación ante los tribunales correspondientes.

PGJE promete investigación exhaustiva

La Procuraduría reafirmó, en su comunicado, el compromiso de llevar a cabo una investigación “exhaustiva, profesional y transparente” hasta el total esclarecimiento de los hechos.

La dependencia no informó sobre detenciones al momento de emitir el reporte, ni señaló si alguno de los cuatro involucrados, incluido el herido hospitalizado, se encuentra bajo custodia o como probable responsable dentro de la carpeta abierta.

El establecimiento “La Terraza”, ubicado en la colonia Ampliación Matamoros, quedó como escena del crimen bajo resguardo ministerial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una sentencia condenatoria de 23 años y tres meses de prisión en contra de Héctor Jiménez Hernández, integrante de la banda denominada “Los Panchitos”, por su participación en el robo de un vehículo con violencia en el municipio de Tlalnepantla, informó la FGJEM.

Jiménez Hernández era considerado objetivo prioritario dentro de la estrategia que la Fiscalía mantiene para el combate al robo de vehículos en la entidad.

El caso ilustra una modalidad de robo vehicular con violencia directa que la FGJEM ha identificado como una de las prácticas delictivas de mayor impacto en los municipios del Valle de México, donde diversas bandas organizadas operan con métodos similares.

El robo que derivó en la condena

Los hechos ocurrieron el 21 de agosto de 2025. La víctima se encontraba a bordo de un automóvil marca Nissan, color azul, estacionado en la calle Álamo 3, de la colonia Ahuehuetes, en Tlalnepantla.

En ese momento, Jiménez Hernández llegó al lugar, abrió la puerta de la unidad y apuntó a la víctima con un arma de fuego para despojarla del vehículo y huir del lugar.

El caso ilustra una modalidad de robo vehicular con violencia directa que la FGJEM ha identificado como una de las prácticas delictivas de mayor impacto en los municipios del Valle de México, donde diversas bandas organizadas operan con métodos similares.

Investigación, captura y proceso judicial

Al tener conocimiento de los hechos, el Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes. A través de ellas, identificó a Jiménez Hernández como probable responsable del ilícito.

Con los elementos recabados, la FGJEM solicitó y obtuvo de un Órgano Judicial una orden de aprehensión en su contra por el delito de robo de vehículo con violencia.

Elementos de la Fiscalía ejecutaron el mandato judicial y trasladaron al detenido al Centro Penitenciario de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de un juez.

Tras el desahogo del proceso, la autoridad judicial acreditó la responsabilidad de Jiménez Hernández en el delito y dictó la sentencia condenatoria.

Pena y sanciones adicionales

Además de los 23 años y tres meses de prisión, el juez impuso a Jiménez Hernández una multa superior a $8 mil pesos, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

“La condena se inscribe en una serie de fallos que la FGJEM ha obtenido en los últimos meses contra integrantes de grupos delictivos dedicados al robo de vehículos en la entidad.”

Según informó la propia Fiscalía en octubre de 2025, en una sola semana fueron detenidas 44 personas vinculadas a este delito, de las cuales 35 fueron vinculadas a proceso. Entre ellas figuraban integrantes de células como “Los Rufles”, activas en el Valle de México y el Valle de Toluca.

La estrategia estatal

Jiménez Hernández no era un objetivo menor para las autoridades. La FGJEM lo catalogó como objetivo prioritario dentro de su estrategia integral contra el robo de vehículos, lo que impulsó las diligencias para identificarlo, obtener la orden de aprehensión y ejecutarla.

Entre enero y agosto de 2025, el Estado de México registró una reducción del 32% en la incidencia de robo de automóviles, al pasar de 22 mil 820 denuncias en 2024 a 15 mil 554 en el mismo periodo del año siguiente, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”

Operativos previos contra bandas de robo vehicular

En mayo de 2025, la FGJEM informó la detención de 132 personas en un megaoperativo desplegado en 22 municipios entre el 20 de marzo y el 5 de mayo de ese año.

Ese operativo desarticuló parcialmente a grupos como “Los 50”, con presencia en Nicolas Romero, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla; “Los Chapulines”, activos también en Tlalnepantla; “Los Chuecos”, en Chicoloapan y Chimalhuacán; y “El Rey”, en Texcoco y Tepetlaoxtoc, entre otras células.

Las acciones incluyeron más de 90 operativos, cateos, incursiones y filtros coordinados entre la Fiscalía estatal y otras dependencias de seguridad.

Elegir un vehículo implica considerar aspectos que van más allá del diseño o el tamaño. Quienes buscan adquirir una SUV deben priorizar la seguridad, la tecnología y la capacidad de adaptación a diferentes estilos de vida.

La Suburban Z71 se presenta como una SUV de gran tamaño equipada con un conjunto tecnológico orientado a la conectividad, la seguridad y la adaptación a distintos escenarios de manejo.

Este análisis aborda con base en la ficha técnica los principales elementos tecnológicos, los sistemas de seguridad y los modos de conducción de este modelo, con explicaciones claras para usuarios no especialistas.

Qué tecnología integra este vehículo

La Suburban Z71 incorpora una pantalla central de 17,7 pulgadas con Google Built-In, que permite acceder a navegación y aplicaciones sin necesidad de un teléfono. El panel de instrumentos, completamente digital y de 11 pulgadas, ofrece datos sobre el funcionamiento del vehículo y configuraciones personalizables.

El sistema de infoentretenimiento admite integración inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, así como un punto de acceso WiFi Hotspot para conectar dispositivos a internet.

El audio corre a cargo de un sistema Bose de 10 parlantes. El control por voz avanzado y la conectividad Bluetooth completan el apartado tecnológico.

Cómo aborda la seguridad este modelo de Chevrolet

En seguridad, la SUV está equipada con el sistema OnStar, que brinda asistencia, respuesta automática ante emergencias y diagnóstico remoto. La plataforma incorpora funciones como recuperación vehicular y activación remota del climatizador.

Entre otras opciones que tiene el vehículo está el frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, cámara de visión de 360 grados y asistente de estacionamiento automático.

Además, el inventario de protección incluye monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, sensores de estacionamiento y detectores de peatones y ciclistas, tanto delanteros como traseros.

Entre otros datos, el auto ofrece limpiador automático para la cámara de reversa y detectores laterales que previenen la apertura de puertas ante la proximidad de peatones o ciclistas.

Cuáles modos de conducción tiene y para qué sirven

La Suburban Z71 cuenta con cuatro modos de manejo: Normal, Sport, Off-Road y Remolque. El modo Normal ajusta el funcionamiento para un uso cotidiano, priorizando el consumo y el confort. El modo Sport modifica la respuesta del motor y la dirección para lograr una sensación más directa y rápida.

Por su parte, el modo Off-Road adapta la tracción 4WD y los controles electrónicos para mejorar el agarre en superficies complicadas, como barro o grava. Y, el modo Remolque optimiza la transmisión y el torque del motor para el traslado de cargas de hasta 3.690 libras (1.674 kilogramos).

Qué opciones de conectividad y carga ofrece el SUV

El sistema MyLink de la Suburban Z71 permite gestionar las funciones digitales desde la pantalla central. El vehículo dispone de cargador inalámbrico en la consola y 8 puertos físicos (6 USB-C y 2 USB-A), distribuidos para facilitar el acceso a todos los ocupantes.

La aplicación de la marca posibilita el control remoto y el diagnóstico del vehículo desde un teléfono, mientras que el WiFi Hotspot integrado admite la conexión de varios dispositivos.

Cuál es el aporte del hardware mecánico y la suspensión al manejo y la comodidad

El modelo incorpora suspensión de tipo Magnetic Ride, que adapta la amortiguación en tiempo real según el terreno, con el objetivo de mantener estabilidad y confort. El climatizador digital Tri-Zona permite regular la temperatura en distintas áreas del habitáculo y puede encenderse de forma remota.

Asimismo, el vehículo tiene una longitud de 5,73 metros y una capacidad de carga superior a 2.600 litros, así como la posibilidad de remolcar hasta 3.690 libras.

Una ballena hundió una lancha de rescate del Departamento de Bomberos de Carteret frente a la costa de Nueva Jersey durante el fin de semana del 4 de julio.

El episodio, que no dejó heridos, ocurrió cuando el bote regresaba de un operativo de seguridad y fue golpeado por el animal, lo que obligó a sus tres tripulantes a lanzarse al agua y esperar el auxilio de navegantes civiles que se encontraban cerca.

El hecho fue confirmado por Eric Wahl, jefe del cuerpo, quien relató a ABC News que la tripulación navegaba a unos siete u ocho nudos cuando escuchó un fuerte golpe y detectó un gran agujero en la popa, por donde el agua ingresó rápidamente.

La jornada transcurría con normalidad hasta que, de forma repentina, la embarcación quedó inutilizada. Wahl afirmó que la dotación logró activar las señales de auxilio apenas constató el daño, y rescató lo que pudo antes de saltar al mar.

Cody Binkley, navegante que se encontraba en las inmediaciones, aseguró que el bote se hundió en menos de un minuto, dejando a los bomberos flotando hasta que fueron rescatados por él y otros navegantes, tal y como recogió ABC News.

Contexto del operativo y detalles del accidente

La lancha involucrada retornaba a Carteret tras participar en el dispositivo de seguridad por las celebraciones del 4 de julio en la zona portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, según precisó CBS News. El choque se produjo cerca de las 16:30, cuando el animal emergió en la bahía de Raritan y colisionó con el casco.

El Departamento de Bomberos de Carteret informó que la colisión provocó daños “catastróficos” en la nave, lo que forzó a los ocupantes a abandonar el barco rápidamente.

La unidad marina del Departamento de Bomberos de Perth Amboy participó en el operativo de rescate, junto a los navegantes civiles que acudieron de inmediato. Ninguno de los tripulantes resultó herido, un desenlace que los bomberos atribuyeron a la correcta utilización de los chalecos salvavidas y a la rápida reacción de quienes navegaban cerca.

“La embarcación se llenó de agua en cuestión de segundos”, relató Kevin Gomm, teniente del cuerpo, en diálogo con ABC News.

El episodio no solo sorprendió a los ocupantes, sino también a quienes observaron la escena desde otras embarcaciones.

Según explicó Gomm, los civiles que participaron en el rescate contaron que habían visto una manada de ballenas en la zona menos de un minuto antes del accidente. Después del impacto, Binkley registró en video al animal nadando cerca de la superficie.

Explicaciones científicas y repercusiones

La especialista Sara Morris, directora ejecutiva de Shoals Marine Laboratory, centro operado por la Universidad de Cornell y la Universidad de New Hampshire, aportó una perspectiva científica sobre el incidente.

En declaraciones a ABC News, Morris sostuvo que la ballena, presuntamente una yubarta, probablemente no pretendía atacar la embarcación.

Según su análisis, el choque fue accidental y pudo haber ocurrido mientras el animal realizaba comportamientos de alimentación o salía a la superficie para respirar. “Creo que el bote estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”, sostuvo la experta.

El operativo formaba parte del dispositivo especial por el 250 aniversario de los Estados Unidos, celebrado en las aguas cercanas a la Estatua de la Libertad, de acuerdo con información de New York Post.

La lancha fue golpeada en la popa al aproximarse a la boca de la bahía, un punto donde suelen avistarse ballenas durante el verano. Hasta el momento, no se confirmó si el animal sufrió lesiones a raíz del impacto.

El Departamento de Bomberos de Carteret manifestó su agradecimiento por el desenlace y destacó la necesidad de mantener altos estándares de seguridad, incluso en operativos rutinarios. “Cada respuesta de emergencia implica riesgos, y estamos agradecidos de que todos hayan regresado a salvo”, expresó la institución.

La experiencia dejó a los involucrados con el compromiso de no abandonar las labores acuáticas: la tripulación aseguró que planea volver al agua en los próximos días.

El rol de la prevención y el entrenamiento

Este episodio volvió a poner en relieve la importancia de las medidas de seguridad y la capacitación constante de los equipos de rescate.

El uso de chalecos salvavidas resultó determinante para el desenlace favorable, un punto subrayado tanto por los propios bomberos como por los responsables de los cuerpos de rescate que participaron en la asistencia.

El Departamento de Bomberos de Carteret recordó que sus integrantes reciben entrenamiento regular para todo tipo de emergencias marítimas, aunque reconoció que ningún simulacro contempla la irrupción repentina de una ballena.

El accidente también sirvió como recordatorio de la convivencia entre la navegación humana y la vida silvestre en las costas del noreste estadounidense.

Las autoridades y especialistas reiteraron la necesidad de extremar precauciones en zonas donde suelen avistarse grandes mamíferos marinos, especialmente en épocas de alto tránsito náutico como el verano.

El incidente fue considerado un hecho excepcional, tanto por la naturaleza del choque como por la respuesta inmediata de los equipos y particulares que permitieron rescatar ilesos a los tres ocupantes.

El crecimiento del ecommerce revolucionó la forma en que circulan las mercaderías a nivel global. Millones de envíos diarios atraviesan las fronteras mediante operadores postales y servicios de courier, impulsando cadenas logísticas cada vez más ágiles y fragmentadas. Sin embargo, esa misma infraestructura también modificó el escenario para las administraciones aduaneras, que hoy enfrentan el desafío de controlar un volumen creciente de pequeños paquetes sin afectar la fluidez del comercio internacional.

Ese cambio estructural quedó reflejado en el Illicit Trade Report 2025, elaborado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). El documento concluye que el 44,8% de todos los casos de comercio ilícito detectados durante el último año estuvo vinculado al comercio electrónico.

Esto consolida al ecommerce como uno de los principales canales utilizados para el movimiento transfronterizo de mercaderías ilícitas y obligando a replantear las estrategias tradicionales de control.

Del contenedor al paquete individual

Durante años, buena parte de los controles aduaneros estuvo orientada a grandes cargas transportadas en contenedores, aeronaves o camiones. Sin embargo, el informe señala que el crecimiento sostenido del comercio electrónico trasladó una parte importante de las operaciones hacia envíos postales y servicios de courier, donde predominan paquetes de menor tamaño, pero en cantidades muy superiores.

Para la OMA, este fenómeno representa un cambio de paradigma para la logística internacional. La infraestructura desarrollada para responder a la expansión de las compras online también pasó a ser utilizada por organizaciones dedicadas al comercio ilícito, lo que obliga a fortalecer los mecanismos de control sin comprometer la rapidez que exige el comercio legítimo.

La inteligencia gana protagonismo

Frente a ese escenario, el organismo sostiene que las inspecciones físicas aleatorias resultan cada vez menos suficientes. En su lugar, las administraciones aduaneras avanzan hacia modelos basados en gestión de riesgo, análisis de datos e inteligencia operativa, capaces de identificar las operaciones con mayor probabilidad de incumplimiento antes de que las mercaderías lleguen a la frontera.

El informe explica que cada decomiso reportado alimenta la plataforma Customs Enforcement Network (CEN), una base internacional que permite detectar patrones, identificar nuevas modalidades de operación y fortalecer los perfiles de riesgo utilizados por las aduanas de distintos países. De esta manera, cada procedimiento aporta información que mejora la capacidad de anticipar amenazas y optimizar la asignación de recursos de control.

La OMA considera que este enfoque basado en tecnología, intercambio de información y análisis predictivo resulta clave para mantener el equilibrio entre dos objetivos que hoy conviven en todas las fronteras: facilitar el comercio internacional y reforzar la seguridad de las cadenas logísticas.

El desafío se extiende a toda la cadena logística

El estudio muestra que la utilización del ecommerce como canal logístico se repite en múltiples categorías de mercaderías. En los productos vinculados con la propiedad intelectual, como artículos falsificados, el 68,2% de los casos estuvo asociado al comercio electrónico. La participación también alcanzó el 65,1% en productos médicos, el 62,6% en cannabis y el 57,5% en sustancias psicotrópicas, entre otras categorías analizadas.

Según el organismo, estos datos confirman que el comercio electrónico dejó de ser un fenómeno aislado dentro del comercio ilícito para convertirse en un componente estructural de las cadenas de suministro internacionales. En consecuencia, las capacidades de análisis sobre envíos postales y operaciones de courier pasan a ocupar un lugar central dentro de las estrategias aduaneras.

El informe también señala que la gestión del riesgo en este tipo de operaciones ya no puede depender únicamente del volumen transportado. La creciente fragmentación de los envíos exige incorporar nuevas fuentes de información, mejorar la calidad de los datos disponibles y fortalecer la cooperación entre administraciones para identificar operaciones sospechosas con mayor precisión.

Más cooperación para un comercio más seguro

Como respuesta a este escenario, la Organización Mundial de Aduanas destaca la importancia de profundizar la cooperación internacional entre organismos de control, operadores logísticos y otros actores vinculados al comercio exterior. El intercambio de información, la estandarización de datos y el desarrollo de herramientas tecnológicas compartidas aparecen como elementos esenciales para enfrentar un entorno cada vez más complejo.

En ese contexto, el organismo sostiene que la evolución del ecommerce no solo transformó la logística de distribución a escala global. También aceleró la modernización de las aduanas, que incorporan cada vez más capacidades de inteligencia, análisis de datos y gestión predictiva para responder a un comercio internacional caracterizado por mayores volúmenes, operaciones más fragmentadas y cadenas de suministro cada vez más dinámicas

La Fuerza de Tarea Conjunta continúa consolidando los resultados de la estrategia integral de seguridad ciudadana en la República Dominicana. Al registrar una tasa acumulada de homicidios de 6.92 por cada 100,000 habitantes, el país alcanza la cifra más baja para este período en los últimos cuatro años. Así lo demuestra el reporte semanal de estadística delictiva correspondiente al 3 de julio de 2026.

El informe establece que la tasa mensual de homicidios se sitúa en 3.33 por cada 100,000 habitantes. Este número refleja la efectividad de las acciones preventivas, operativas y de investigación ejecutadas de manera coordinada por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y los demás organismos que integran la Fuerza de Tarea Conjunta.

Los resultados evidencian, además, que 28 territorios del país mantienen tasas de homicidios de un solo dígito, mientras que solo seis registran cifras de dos dígitos. Esto representa que el 82.4% del territorio nacional presenta una tasa igual o inferior a 9.99 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Ante este panorama, las autoridades afirman que esta tendencia a la reducción de este indicador al comparar la tasa acumulada registrada para el mismo período de los últimos años: 12.29 en 2023, 9.96 en 2024, 8.27 en 2025 y un notable 6.92 en 2026. La disminución progresiva es el resultado directo del fortalecimiento de las estrategias de:

• Prevención
• Persecución del delito
• Respuesta oportuna.

El informe presentado por las autoridades detalla que a nivel nacional, al cierre de junio de 2026, se registraron 90 homicidios. La mayor proporción corresponde a la categoría de Conflicto Social, con 33 casos (36.7%). Le siguen los eventos tipificados como Acción Legal, con 26 casos (28.9%); los actos vinculados directamente a la Delincuencia, con 18 casos (20.0%); y finalmente, aquellos que se encuentran En Proceso de Investigación, con 13 casos (14.4%).

Los femicidios se han disparado en RD: el alarmante balance en lo que va del año

Mientras los homicidios comunes y la delincuencia generalizada muestran un retroceso estadístico, los femicidios se han disparado de forma alarmante en lo que va del año 2026, desnudando una persistente crisis de violencia de género que las estrategias de patrullaje y despliegue militar no han logrado contener.

Las organizaciones de la sociedad civil y los reportes de monitoreo independiente revelan un balance devastador: en los primeros seis meses de este año, las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas muestran un incremento dramático en comparación con el mismo período de los años anteriores.

De acuerdo con los últimos datos brindados por la Fundación Vida Sin Violencia, se contabilizan 48 feminicidios íntimos durante el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento del 74 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Esta preocupante tendencia contrasta de manera directa con la reducción del conflicto social en las calles, demostrando que el peligro más letal para muchas ciudadanas dominicanas no proviene de asaltantes desconocidos, sino de sus propios entornos afectivos y del interior de sus hogares.

La disparidad entre la caída de los homicidios generales y el repunte de los femicidios evidencia que la violencia machista requiere un abordaje especializado. No basta con el fortalecimiento de la persecución penal en los barrios; se necesitan profundas reformas educativas, apoyo psicológico integral y mecanismos tecnológicos de supervisión para los agresores detectados.

Mientras las estadísticas globales celebran una tasa histórica de un solo dígito, las familias dominicanas siguen sumando víctimas en una epidemia silenciosa que empaña los logros de la seguridad ciudadana.

Al grito de “¡policía!”, cuatro delincuentes llegaron a una casa de la periferia de Montevideo a las 07:30 del viernes. Iban en moto y vestidos con ropa de trabajo. Treparon muros y se identificaron como agentes policiales, pero rápidamente quedaría claro que no lo eran: comenzaron a disparar y acribillaron a balazos a los cinco integrantes de la vivienda.

Una familia entera murió en este quíntuple homicidio que conmocionó Uruguay y que, según las autoridades, se explica por un conflicto criminal que viene de mucho tiempo.

“Es el resultado de un enfrentamiento entre clanes familiares criminales que viene de larga data y que se ha cobrado ya varias vidas”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, en una rueda de prensa que dio este viernes.

Los cuatro delincuentes se fugaron en dos motos y, mientras huían, volvieron a disparar a la fachada de una casa, según los detalles informados por el noticiero Telemundo de Canal 12.

Tras escuchar más de 20 disparos, los vecinos del lugar llamaron al 911 para reportar lo que estaba sucediendo en barrio El Monarca, ubicado en el límite entre la capital uruguaya y el departamento de Canelones.

Cuando los policías llegaron encontraron una escena dantesca: un hombre estaba muerto en el patio, una mujer sin vida en un sillón y dos hombres sin signos vitales en el ingreso a una habitación.

En una cama, una adolescente de 14 años se debatía entre la vida y la muerte. Tenía varias heridas de arma de fuego. Poco después, en un hospital público, los médicos certificarían su fallecimiento.

Tres de las víctimas mortales eran hermanos: dos de ellos tenían 18 años y uno 28. Todos con antecedentes penales por porte y tenencia ilegal de armas. La cuarta víctima también era familiar: tenía 32 años y era la suegra de uno de ellos y madre de la adolescente fallecida.

Cuando los policías llegaron a la vivienda se encontraron con una única sobreviviente: era la dueña de la casa, la madre de los tres fallecidos. La mujer tiene 54 años y le contó a los policías que la interrogaron que, cuando advirtió la presencia de hombres armados, se escondió debajo de varias mantas de su cama. Solo escuchó gritos y disparos.

Las víctimas eran integrantes de la banda de Los Suárez, un grupo criminal que hace unos años operaba en el barrio Villa Española, ubicado a unos 15 kilómetros de El Monarca. Este clan familiar había tenido varios conflictos en su zona anterior con Los Albín, otra banda criminal que disputa el territorio de venta de drogas.

Los asesinados habían sido amenazados de muerte en las últimas horas, consignó Telemundo. De hecho, los atacantes ya habían advertido que ingresarían a la vivienda a la fuerza.

Lucha entre bandas, escalada de violencia y muerte de inocentes

El quíntuple homicidio cambió el barrio.

El lugar quedó rodeado por policías, conos, elementos de investigación y autos blindados. Hasta allí llegaron el ministro del Interior y el jefe de la Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.

“Los homicidios múltiples no son nuevos en el país. Han ocurrido ya años anteriores. Este es el resultado de varias muertes que se han sucedido entre los mismos protagonistas. La muerte de una niña, como fue lo de hoy, es lo que más nos duele. Seguramente también estamos hablando de muertes de personas inocentes en el marco de la violencia que tiene ya varios años en el país”, reflexionó Negro este viernes.

El ministro informó que se desplegarán en la zona recursos materiales y humanos para lograr un mayor control de barrios “comprometidos”.

Para él no hay un cambio en la modalidad de crímenes en el país. “Viene sucediendo una escalada de violencia en el país, que tiene varios años y tiene como denominador común la proliferación de bandas pequeñas pero con gran capacidad de fuego que luchan entre sí por el dominio de los territorios y eso ocasiona un gran número de muertes”, explicó.

El ministro del Interior dijo que los investigadores cuentan con “bastante importante sobre el tema” pero prefirió no adelantar detalles. Negro –que encabeza la cartera a cargo de la seguridad pública en el país– informó este viernes que el gobierno busca expandir los operativos que se han realizado hasta el momento.

Tras el quíntuple homicidio, la Policía realizó un allanamiento en una casa cercana. Allí se incautaron drogas y un dispositivo de rastreo satelital para vehículos que el grupo tenía. Esta casa estaba vinculada a los fallecidos, dijo el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.

“Eran un clan familiar. Hay tres personas que fallecieron que son hermanos, con antecedentes penales. Esa finca para la Policía Nacional era un objetivo. Se había llevado adelante un allanamiento en febrero de este año. Esas personas que hoy fallecieron habían sido detenidas y puestas a disposición de la Justicia por diferentes hechos”, detalló el jerarca policial.

La Policía está alerta de posibles represalias por parte de la banda de Los Suárez, que perdió a cinco de sus integrantes.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) confirmó este 10 de julio a los medios de comunicación que la institución atraviesa por una etapa de reorganización con respaldo del gobierno federal. El general brigadier Sinuhé Téllez López hizo las declaraciones al término de la conferencia de prensa del Surutatazo Off Road 2026, evento organizado por la Secretaría de Turismo en su doceava edición.

Este anuncio se da en el marco del compromiso que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch asumió el pasado 4 de mayo en Culiacán, cuando garantizó que el gobierno federal ofrecería “especial atención” a la seguridad de Sinaloa.

La visita de García Harfuch ocurrió tras la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de conspirar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Durante la intervención con los medios al término del evento, un reportero preguntó al secretario cómo iba el reforzamiento de la SSP tras lo anunciado por García Harfuch meses atrás. Téllez López respondió que la reorganización se realiza con apoyo del gobierno federal y que mensualmente acude con la presidenta Claudia Sheinbaum para reportar avances en la estrategia de seguridad y plantear necesidades de personal, vehículos, patrullas y tecnología.

Téllez desmintió retiro de cámaras y reportó enfrentamientos sin víctimas en el estado

En otros temas, ante la pregunta de si era cierto el reporte en redes sociales de una balacera la noche anterior -9 de julio- en Villa Juárez, el secretario confirmó que personal del Grupo Interinstitucional atendió el reporte recibido en el C4. Detalló que al llegar al lugar solo encontraron cascos; no cuerpos ni personas lesionadas. Lo mismo ocurrió en Escuinapa, Concordia y El Rosario, en el sur del estado, donde también se confirmaron enfrentamientos entre grupos antagónicos.

Otro reportero preguntó si se habían retirado cámaras del sistema de vigilancia. Téllez López lo desmintió y precisó que el número se incrementó. Informó que Culiacán opera con aproximadamente mil 800 cámaras: alrededor de 900 del C4 del Gobierno del Estado, 420 de la Defensa y cerca de 400 del municipio.

Blindan Surutato antes, durante y después del evento

Además, sobre el evento publicitado este 10 de julio, durante la conferencia de prensa el secretario informó que la SSP inició recorridos preventivos por las carreteras y caminos que conducen a Surutato, municipio de Badiraguato, en preparación para el evento del 14 al 16 de agosto.

El operativo, coordinado por el Grupo Interinstitucional, incluye puestos de inspección ciudadana en accesos y salidas, así como control de tránsito para garantizar el retorno de los visitantes.

“Desde ya vamos a realizar recorridos por las carreteras y caminos que llevan a Surutato, para que la gente tenga la confianza y la seguridad de que llegarán con bien al destino”, dijo Téllez López.

La secretaria de Turismo de Sinaloa Mireya Sosa Osuna informó que para esta edición se esperó la participación de más de 6 mil asistentes y entre 2 mil y 2 mil 500 unidades motrices de distintos municipios de Sinaloa e incluso de Sonora. La ocupación de cabañas en la zona alcanzó el 85% antes del evento.

El titular de Protección Civil Aurelio Roy Navarrete Cuevas detalló que la dependencia desplegó ambulancias, unidades motrices diversas, médicos y paramédicos en un recorrido de 20 kilómetros. Las actividades arrancarán el 14 de agosto con el registro de participantes; el sábado 15 será el recorrido por comunidades y caminos de terracería, y el domingo 16 quedará como día libre para visitar sitios turísticos de la región.

Surutato es una sindicatura del municipio de Badiraguato, en la Sierra Madre Occidental, parte de la región conocida como el Triángulo Dorado, donde convergen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

De ese municipio son originarios Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y la familia Guzmán, nombres que marcaron décadas del narcotráfico mexicano. También nacieron ahí el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, ambos acusados por Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, cargos que los dos rechazaron.

Viajar con perros y gatos dejó de ser una complicación y hoy es parte del estilo de vida de miles de viajeros en México. La tendencia pet-friendly crece a pasos acelerados, pues de acuerdo con datos de Airbnb México, en 2024 las búsquedas de alojamientos que aceptan mascotas aumentaron 35%. Pero con este auge surge una duda clave: ¿cómo encontrar un hospedaje seguro y confiable para ti y tu mascota? ¿Airbnb es la solución segura?

La economía colaborativa y las plataformas digitales como Airbnb han cambiado la forma en que reservamos hospedaje, pero todavía persisten preguntas sobre seguridad, comodidad para las mascotas, transparencia y reglas claras. Por ello te presentamos una breve guía con todo lo que debes saber para viajar con tus mascotas.

¿Qué significa viajar pet-friendly?

Un viaje pet-friendly no solo implica que acepten a tu mascota, sino que el espacio esté adaptado y el anfitrión tenga reglas claras. Los viajeros primerizos suelen buscar orientación paso a paso; los viajeros con más experiencia valoran la eficiencia y ubicación del alojamiento; mientras que familias y grupos priorizan la seguridad y comodidad.

En todos los casos, lo que más pesa es la confianza: saber que tu mascota será bien recibida y que, si surge un imprevisto, cuentas con soporte para resolverlo. Aquí es donde iniciativas como las de Airbnb y de sus superanfitriones y embajadores, han comenzado a marcar la diferencia al ofrecer comodidad, confianza y respaldo a los viajeros.

Checklist pet-friendly antes de reservar

Para evitar sorpresas y asegurar una estadía tranquila, considera estos puntos clave:

1. Documentos en regla
2. 1. Cartilla de vacunación actualizada.
   2. Certificado veterinario (en viajes nacionales puede ser requerido en algunos estados).
   3. En viajes internacionales, comprobantes físicos y digitales validados por SENASICA.
3. Veterinarios cercanos
4. 1. Identifica clínicas veterinarias disponibles 24/7 cerca del alojamiento.
   2. Guarda contactos en el móvil y mapas offline.
5. Kit básico para tu mascota
6. 1. Correa extra, placa de identificación y juguetes con su aroma.
   2. Recipientes portátiles para agua y alimento.
7. Revisión del alojamiento
8. 1. Usa filtros de plataformas como Airbnb para encontrar alojamientos “se permiten mascotas”.
   2. Confirma con el anfitrión dentro de la app todas las dudas antes de reservar.
   3. Mantén la comunicación registrada en la plataforma, lo cual añade protección.

Hoteles tradicionales vs plataformas digitales como AIrbnb

Mientras algunos hoteles imponen tarifas adicionales o restricciones poco claras, las plataformas colaborativas como Airbnb ofrecen mayor flexibilidad y transparencia. Los filtros, las reseñas verificadas y las reglas específicas para mascotas permiten tomar mejores decisiones y evitan malentendidos.

La clave está en leer comentarios recientes bajo la etiqueta “viaje con mascotas” y confirmar reglas específicas directamente con el anfitrión.

El papel de Airbnb: confianza en cada viaje

En este escenario aparece Airbnb con una comunidad de superanfitriones y embajadores que comparte experiencias, estrategias y buenas prácticas para hacer del alojamiento digital una experiencia más segura y confiable.

Su propuesta responde a las dudas más comunes sobre alojamientos que se adaptan a las necesidades de los viajeros y sus mascotas, desde cómo saber si un anfitrión es realmente confiable, hasta qué hacer si tu mascota genera un daño accidental.

Los embajadores y superanfitriones de AIrbnb buscan educar e inspirar confianza en los viajeros:

• Promueve la transparencia en normas y políticas.
• Difunde información sobre seguros y coberturas por incidentes.
• Ofrece recomendaciones verificadas de anfitriones con historial confiable.
• Refuerza la comunidad digital donde los viajeros comparten reseñas reales y consejos prácticos.

Seguridad y confianza: la nueva hospitalidad digital

Hoy, la hospitalidad digital no se mide solo en precios o ubicación, sino en confianza. Desde mapas interactivos con clínicas veterinarias, hasta políticas de cancelación claras y soporte 24/7, las plataformas están evolucionando para atender a un viajero más informado.

El turismo pet-friendly en México está en auge, pero la seguridad y la confianza siguen siendo la clave. Gracias a comunidades de embajadores y superanfitriones como las de Airbnb, los viajeros pueden reservar con mayor tranquilidad, sabiendo que su experiencia está respaldada por anfitriones comprometidos con la seguridad y el bienestar de cada huésped, humano o de cuatro patas.

La aparición de seis objetos esféricos de origen desconocido en Forrest Beach, estado de Queensland, Australia, motivó un operativo de emergencia y la intervención de la Agencia Espacial Australiana (ASA). El episodio derivó en la identificación de los objetos como residuos espaciales, específicamente recipientes presurizados pertenecientes a un cohete extranjero, según confirmaron las autoridades.

La Agencia Espacial Australiana comunicó que las esferas metálicas localizadas en Forrest Beach parecían ser “recipientes a presión de un vehículo de lanzamiento espacial”, de acuerdo con un comunicado. La agencia informó además que las características de los objetos coincidían con “restos del cuerpo de un cohete extranjero que reingresó recientemente a la atmósfera desde la órbita”.

La ASA sostuvo que ya había identificado el posible origen de los restos y estaba en contacto con autoridades espaciales internacionales para confirmar de qué vehículo provenían. Según explicó la Agencia, estos recipientes suelen almacenar gases o líquidos esenciales para el lanzamiento y las operaciones de una nave espacial, y pueden sobrevivir al reingreso en la atmósfera debido a su fabricación con aleaciones resistentes.

El operativo de emergencia tras el hallazgo de las esferas

El hallazgo de los objetos motivó la intervención inmediata de equipos de bomberos y rescate del estado de Queensland, que aplicaron protocolos para materiales peligrosos. Los equipos manipularon las esferas utilizando trajes de protección y las aislaron en tambores herméticos.

Se establecieron perímetros de seguridad de 50 metros en torno a los puntos de hallazgo y se cerraron sectores de la playa, mientras se realizaban análisis para descartar riesgos químicos o radiactivos. Las autoridades locales, junto con la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias y la ASA, ordenaron la evacuación preventiva de residentes cercanos.

Una vez completados los exámenes, la ASA declaró que los objetos no representaban un peligro para la comunidad, por lo que los sectores cerrados fueron reabiertos.

Qué riesgos plantean los residuos espaciales y cómo se manejan estos casos

Los residuos espaciales, como los recipientes presurizados recuperados en Australia, pueden contener restos de combustibles tóxicos. Alice Gorman, arqueóloga espacial de la Universidad de Flinders, advirtió que este tipo de recipientes pueden presentar residuos de hidracina, un combustible altamente peligroso, según le dijo a ABC News.

Por ese motivo, los equipos de emergencia tratan estos objetos como material peligroso y recomiendan a la población no manipular ni acercarse a posibles restos espaciales.

La ASA indicó que todos los objetos hallados en Forrest Beach fueron declarados seguros tras los ensayos de especialistas, aunque instó a reportar inmediatamente la aparición de nuevos fragmentos. La agencia mantiene una política de prevención y alerta pública, disponible en su sitio web oficial.

El contexto global de la basura espacial y cómo afecta a Australia

La proliferación de residuos espaciales es un fenómeno en crecimiento. Existen más de 30.000 fragmentos de basura espacial orbitando la Tierra, entre satélites inactivos y partes de cohetes.

En los últimos cinco años, el aumento en la frecuencia de lanzamientos espaciales incrementó la probabilidad de reentradas atmosféricas de restos, lo que explica la presencia de estos objetos en zonas extensas como Australia.

En 2022, otra pieza de grandes dimensiones fue hallada en el sureste del país y se identificó como parte de una nave SpaceX Dragon. En 1979, fragmentos de la estación espacial Skylab cayeron en Australia Occidental. “Estos recipientes constituyen un ejemplo clásico de las llamadas ‘space balls’”, explicó Gorman, quien añadió que pueden desprenderse durante la separación de módulos o etapas de cohetes.

El hallazgo de las esferas provocó sorpresa y una amplia repercusión mediática en Forrest Beach, una localidad de poco más de 1.000 habitantes. Comerciantes y vecinos manifestaron curiosidad y, tras descartarse riesgos, aprovecharon la atención con publicaciones y productos alusivos al episodio.

Lisa Scobie, dueña de un restaurante local, declaró a The New York Times que “aquí no pasa gran cosa, es un sitio bastante tranquilo y apacible”, y que el incidente “había dado mucho de qué hablar”. El supermercado de la zona difundió mensajes humorísticos en redes sociales y el restaurante de Scobie lanzó una caja de aperitivos con temática de basura espacial. “Ha tenido muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito”, dijo Scobie.

La Agencia Espacial Australiana y la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias continuaban con la identificación exacta del vehículo y el país de origen de los restos. Hasta el momento, las autoridades no habían divulgado esa información.

Se mantenía en tanto la vigilancia en la zona del hallazgo ante la eventual aparición de nuevos fragmentos en los próximos días y las agencias espaciales internacionales colaboraban en la investigación. El episodio reavivó el debate sobre la responsabilidad internacional en la gestión de desechos espaciales y la seguridad en zonas costeras expuestas a la caída de residuos.

La investigación “Presupuesto, fuerza y eficacia: resultados del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica (2020-2026)”, coordinada por Javier Meléndez para Expediente Abierto, documenta cómo el régimen de Nicaragua ha instaurado un Estado policial institucionalizado que prioriza el control político interno por encima de la seguridad ciudadana tradicional.

El estudio, citado por Expediente Abierto en su último informe, detalla la transformación de las fuerzas policiales y militares en instrumentos de represión y disciplinamiento social, bajo un aparato estatal marcado por la opacidad y la instrumentalización política.

Según la investigación, la policía nacional, las fuerzas armadas y los llamados policías voluntarios operan bajo una lógica subordinada a los intereses del poder ejecutivo, desmarcándose de los modelos de seguridad presentes en el resto de Centroamérica.

Desde la crisis sociopolítica de 2018, el principal objetivo de las fuerzas de seguridad pasó a ser el control del disenso interno, desplazando la función de protección ciudadana frente al crimen común.

Expediente Abierto subraya que el gasto en seguridad y defensa en Nicaragua debe analizarse como una herramienta de control político y no únicamente como respuesta a desafíos criminales.

El reporte señala la existencia de vínculos sistémicos entre actores gubernamentales y estructuras del narcotráfico, lo que convierte el fenómeno de la criminalidad en parte de una intersección estructural entre élites políticas y redes ilícitas.

Esta relación se traduce en una convivencia selectiva entre el Estado y el crimen organizado, donde la represión se dirige principalmente contra la disidencia y la oposición política.

La percepción de seguridad en Nicaragua ha estado marcada por la narrativa oficial, que promueve la imagen de un país seguro y de un “muro de contención” frente al narcotráfico.

Sin embargo, Expediente Abierto advierte que la información oficial resulta escasa y poco verificable. El estudio destaca la imposibilidad de validar de forma independiente los resultados reportados, como decomisos de efectivo sin detenidos y una reducción en las incautaciones de drogas, elementos que generan dudas sobre la autenticidad de los logros proclamados por el gobierno.

La evolución de las tasas de homicidio también refleja cambios en la dinámica de seguridad. Entre 2020 y 2022, la tasa oficial de homicidios por cada 100,000 habitantes aumentó un 52.27 %, al pasar de 4.4 a 6.7.

Aunque en 2024 la cifra descendió oficialmente a 6.0, el informe advierte que estos datos carecen de mínima confiabilidad por la ausencia de verificación independiente.

Otro mecanismo central en la consolidación del Estado policial es la proliferación de fuerzas paraestatales.

El estudio documenta la existencia de más de 76,000 policías voluntarios, cuyos detalles administrativos y de financiamiento no figuran en los reportes oficiales.

Esta estructura paraestatal refuerza el control territorial y político, con baja trazabilidad fiscal y sin estar sujeta a mecanismos de fiscalización civil o democrática.

Expediente Abierto enfatiza que la consolidación del Estado policial en Nicaragua se sostiene mediante un uso estratégico del gasto público en seguridad y defensa.

El informe sostiene que el aparato de seguridad ha dejado de responder a la protección ciudadana y se ha convertido en un sistema de dispositivos institucionales y paraestatales enfocados en investigar y perseguir a la población considerada opositora.

“El concepto de ‘seguridad’ en Nicaragua adquiere un sentido distinto al de los demás países del istmo centroamericano. Más que responder a dinámicas de violencia criminal desbordada, el despliegue de las fuerzas de seguridad y defensa se orienta fundamentalmente a preservar el control político y a disciplinar el comportamiento social”, afirma el documento coordinado por Meléndez.

Según la investigación, la opacidad, la falta de rendición de cuentas y la baja profesionalización de las fuerzas de seguridad dificultan cualquier evaluación independiente sobre la seguridad pública.

El informe de Expediente Abierto concluye que el modelo nicaragüense representa una deriva autoritaria en la región, donde el crecimiento presupuestario en seguridad no se traduce en mayor seguridad democrática, sino en la consolidación de un aparato estatal dedicado a la represión y al control social, con graves riesgos para los derechos y libertades fundamentales.

Cuando una protesta termina, solemos pensar que todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, existen daños que no desaparecen cuando reabre una carretera o se desbloquea un puente. Son efectos silenciosos que se acumulan con el tiempo y afectan uno de los activos más valiosos y frágiles que puede tener un país: su reputación. En el caso del turismo, esa reputación está estrechamente vinculada a la percepción de seguridad, factor determinante en su competitividad.

Las recientes alertas sobre movilizaciones sociales en distintas regiones del Perú obligan a mirar más allá de la coyuntura política. Obligan a entender que, en un sector como el turismo, el impacto no se mide solo en lo que sucede en las calles, sino en lo que ocurre en la mente de quienes observan el país desde fuera. El problema no es únicamente la protesta como expresión social, sino su localización, su alcance y el mensaje que proyecta hacia el mundo.

El corazón del turismo convertido en escenario de conflicto

Las alertas identifican posibles concentraciones en Lima, particularmente en el Centro Histórico y espacios emblemáticos como la Plaza San Martín, así como movilizaciones en regiones clave como Cajamarca, Cusco o Puno.

No se trata de espacios marginales. Se trata de los principales nodos de la experiencia turística del país, aquellos lugares por donde transitan visitantes, operadores, servicios y actividades económicas.

Cuando estos espacios se ven alterados, el impacto no se limita a quienes participan en la movilización. También alcanza a toda la estructura del destino. Porque el turismo, a diferencia de otros sectores, no puede reubicarse fácilmente ni adaptarse sin costos. Depende de la continuidad, del acceso y de la previsibilidad. En ese sentido, la seguridad, tanto real como percibida, constituye una condición básica para el funcionamiento del sistema turístico.

Un mensaje que el mundo interpreta sin matices

Desde dentro, el país puede intentar diferenciar entre una movilización puntual y una crisis generalizada. Desde fuera, esa distinción no existe.

Quien está planificando unas vacaciones desde Europa, Estados Unidos o Asia difícilmente analizará el contexto político peruano con el mismo detalle que nosotros. Lo que verá serán imágenes, alertas y noticias. Y si esas señales muestran marchas, bloqueos o conflictos en varias regiones, la conclusión suele ser sencilla: es mejor elegir otro destino.

En turismo, la percepción de riesgo opera con la misma intensidad que el riesgo objetivo. Esa percepción es suficiente para cambiar decisiones: no se necesita una crisis prolongada; basta con la posibilidad de una interrupción para que un viaje se posponga o se cancele.

El daño que no se ve

Las alertas describen posibles afectaciones como congestión, restricción de accesos, interrupciones en el transporte y bloqueos temporales. Sin embargo, ese es solo el nivel más visible del problema. El verdadero impacto comienza cuando el turista decide no venir, cuando el operador internacional deja de recomendar el destino o cuando el país empieza a ser percibido como una apuesta riesgosa.

Ese daño rara vez aparece en las estadísticas del día siguiente. Se refleja en la familia que cambia Perú por otro destino, en el operador turístico que decide modificar un itinerario o en el viajero que pospone su visita por precaución. Se trata de una erosión progresiva de la confianza, un activo intangible crítico en la competitividad turística.

Poco a poco, esas decisiones individuales terminan convirtiéndose en una pérdida colectiva frente a países que ofrecen algo aparentemente más simple: estabilidad y condiciones de seguridad previsibles.

Cuando la protesta se convierte en un riesgo sistémico

El elemento más preocupante de las alertas no es la existencia de movilizaciones, sino la posibilidad de su articulación. Los reportes advierten escenarios en los que diversas regiones pueden movilizarse simultáneamente, generar desplazamientos hacia Lima y afectar corredores estratégicos.

En ese contexto, la afectación deja de ser puntual. Se convierte en sistémica. El turismo, que depende de la conexión entre territorios, se vuelve especialmente vulnerable. Basta con alterar un tramo del recorrido para comprometer toda la experiencia del visitante.En un sistema altamente interdependiente como el turístico, la disrupción de un nodo afecta el conjunto.

Y cuando la experiencia se vuelve incierta, el destino pierde valor.

Lo que realmente está en juego

El turismo no es solo una actividad económica más. Es uno de los pocos sectores con capacidad de distribuir ingresos en distintas regiones, generar empleo local y dinamizar economías que no cuentan con muchas alternativas.

Cuando el turismo se detiene, las pérdidas no recaen únicamente en las grandes empresas. Las sienten el guía que esperaba un grupo ese día, el transportista que vive de cada traslado, el pequeño restaurante familiar y las comunidades que dependen de la llegada constante de visitantes para sostener su economía. Por ello, la afectación del turismo tiene un impacto territorial y social profundamente desigual, concentrándose en quienes cuentan con menor capacidad de absorberlo.

Una debilidad que el país no termina de asumir

Estos episodios revelan una fragilidad estructural. Perú ha construido una propuesta turística fuerte en atractivos, diversidad y patrimonio, pero todavía débil en la gestión de la estabilidad. Porque en el turismo global no basta con tener qué mostrar. Es indispensable garantizar que la experiencia podrá desarrollarse sin sobresaltos. La gestión de la seguridad y del riesgo forma parte de la gobernanza del destino, no es un elemento accesorio.

Sin esa garantía, incluso el destino más atractivo pierde competitividad.

Reflexión final

La protesta es parte de la vida democrática. Pero sus efectos no son neutrales. Cada movilización en un punto estratégico envía un mensaje que trasciende el ámbito local. Ese mensaje no distingue matices ni contextos. Se traduce en percepciones, decisiones y, finalmente, en flujos económicos que cambian de rumbo.

El país no enfrenta un problema de falta de recursos turísticos. Enfrenta un desafío más complejo: gestionar la confianza.

Y en ese escenario, la pregunta que queda abierta es incómoda, pero necesaria: ¿Somos conscientes, como país, de que la seguridad no es solo un asunto de orden interno, sino un pilar esencial para la sostenibilidad y competitividad del turismo?

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de cuatro personas detenidas en aguas del Océano Pacífico, frente a costas de Oaxaca, por su probable participación en el transporte de más de dos toneladas y media de clorhidrato de cocaína y la posesión ilícita de hidrocarburo, ambos delitos cometidos con la agravante de pandilla.

Los imputados, identificados únicamente como Wilson, Jordy, Henry y Erwin, fueron llevados ante un juez de control luego de que su detención fuera calificada de legal en audiencia inicial. El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba suficientes para obtener además prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Cómo ocurrió la detención en alta mar

La captura de los cuatro imputados se originó durante un vuelo de patrullaje marítimo de la Secretaría de Marina (Marina), en funciones de Guardia Costera. Desde el aire, el personal naval avistó dos embarcaciones ribereñas que navegaban sin matrícula ni bandera con rumbo a costas mexicanas.

Ante el avistamiento, una patrulla oceánica se desplazó hacia la zona. Fue el helicóptero embarcado de esa patrulla el que realizó la intercepción directa de las dos naves. Al abordarlas, los elementos navales detuvieron en flagrancia a las cuatro personas y procedieron a la inspección del cargamento.

“Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal en cuanto el buque arribó a puerto,” según informó la dependencia.

Dos toneladas y media de cocaína y casi mil litros de gasolina

La revisión de las embarcaciones arrojó un hallazgo de dos frentes. Por un lado, costalillas con diversos paquetes de clorhidrato de cocaína cuyo peso ministerial quedó determinado en dos toneladas 554 kilos con 965 gramos. Por otro, 19 bidones con petrolífero tipo gasolina que sumaron en conjunto 988.65 litros de combustible ilícito.

La FGR imputó los delitos de posesión ilícita de hidrocarburo y transporte de clorhidrato de cocaína, en ambos casos con la agravante de pandilla. Con ese cargamento probatorio, el MPF adscrito a la FEMDO convenció al juez de control de dictar vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 13 “CPS-Oaxaca”.

Resolución judicial y siguiente etapa del proceso

Tras la calificación legal de la detención, el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la FEMDO deberá consolidar los elementos que sustenten la acusación formal.

Los cuatro imputados permanecerán recluidos en el CEFERESO No. 13, ubicado en Oaxaca, mientras avanza esa etapa procesal. La FGR precisó que, conforme a la ley, a Wilson, Jordy, Henry y Erwin se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El decomiso, en el marco de casi 77 toneladas incautadas en el sexenio

El operativo que derivó en estas detenciones se inscribe en una serie de acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Según datos oficiales de la Marina, el aseguramiento frente a costas de Oaxaca generó una afectación económica estimada en $652 millones 941 mil 250 pesos para el crimen organizado y evitó la distribución de aproximadamente cinco millones 980 mil dosis de droga.

Con este decomiso, la Armada de México acumuló cerca de 77 toneladas de cocaína incautadas en operaciones marítimas desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, cifra que se actualiza conforme las autoridades competentes determinan el peso ministerial de cada aseguramiento.

El caso se suma a otros golpes recientes al narcotráfico marítimo. El 1 de julio, la Marina informó el decomiso de 1.2 toneladas de cocaína y la detención de ocho personas en dos acciones frente a las playas de San José el Hueyate, Chiapas. Semanas antes, el 19 de junio, elementos navales aseguraron 137 kilogramos de la misma sustancia ocultos en un contenedor a bordo de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, operativo en el que fueron detenidos cinco ciudadanos ecuatorianos.

El Cártel de Tláhuac sigue operando tras la detención de su principal sicario, identificado con el alias “El Perrillas”, un asesino entrenado por instructores vinculados al grupo guerrillero peruano Sendero Luminoso y generaba ingresos de hasta cuatro millones de pesos a la semana.

La captura no desarticuló la organización. Según una fuente extraoficial cercana al cartel de Tláhuac consultada por Infobae, “alguien tomará el control de las operaciones del detenido en un plazo de dos a tres días”.

El cártel mantiene activas sus fuentes de ingreso: extorsiones, cobros a distribuidores colombianos de préstamos “gota a gota”, despojo de propiedades y mensualidades de diversas plazas.

La detención ocurre en un momento de tregua interna entre las facciones que se repartieron el cártel tras la muerte de su fundador. La fuente advirtió que esa estabilidad puede romperse: la facción de Felipillo, la que controlaba el Perrillas, es la más propensa a quebrar acuerdos.

Quién es “El Perrillas” y cual es su lugar en el cártel de Tláhuac

El Perrillas comenzó en los márgenes de la estructura como chofer y custodio personal de Felipillo, hijo del fundador de la organización, conocido como Felipe el “El Ojos”. Su función original era proteger a un joven que el propio Felipe consideraba un problema. Felipillo consumía solventes, pastillas y marihuana, robaba baterías y estéreos, y nunca recibió poder real dentro de la organización.

La instrucción de Felipe hacia el Perrillas era concreta. “Cuídame a mi chavo, que no le vayan a hacer algo”. Ese encargo lo mantuvo cerca del núcleo de la organización sin que tuviera mando propio.

“La lógica era directa, según la fuente: ‘Por una pendejada nos puede caer todo, toda la organización’.”

Su ascenso comenzó cuando una fuente externa al cártel lo reclutó para operaciones de robo a bancos y lo incorporó a su propia red, distinta a la de Felipe.

Trabajó como conductor en esas operaciones y demostró utilidad. Fue entonces cuando la fuente le planteó una condición para continuar: “Para seguir con nosotros, te tienes que capacitar”. El Perrillas aceptó y fue enviado a un entrenamiento que duró de entre ocho y doce meses en la sierra, en los límites de Michoacán y Jalisco.

El entrenamiento con Sendero Luminoso

El adiestramiento lo coordinaba un hombre identificado como Gary, vinculado al grupo guerrillero peruano Sendero Luminoso. Para las sesiones llegaban instructores directamente desde Perú. El lugar de entrenamiento estaba bajo la protección de lo que entonces era el Cártel de Guadalajara, al que la red pagaba una mensualidad.

“Las condiciones buscaban llevar al límite la tolerancia al dolor y al horror para garantizar que, ante un interrogatorio, el entrenado no cediera información,” según la fuente.

La disciplina fuera del campo era igualmente rígida. Estaba prohibido consumir cualquier droga, discutir en la vía pública, agredir a la pareja o protagonizar cualquier incidente que pudiera llamar la atención. Si alguien infringía esas normas, se le retiraba el trabajo de forma silenciosa y progresiva.

Al regresar del entrenamiento, el Perrillas pasó otros seis meses aproximadamente trabajando con la red externa antes de reintegrarse al cártel. Al enterarse del nivel de preparación que había adquirido, Felipe “El Ojos” elevó su sueldo de los mil 500 pesos semanales que pagaba a sus operadores comunes a entre 40 y 50 mil pesos por semana.

El sicario más capacitado del cártel

Con ese respaldo, el Perrillas se convirtió en el ejecutor de confianza de “El Ojos”. Cuando un distribuidor, un policía o un rival no se alineaba a las condiciones del cártel, Felipe le enviaba una fotografía con los datos del objetivo, su ubicación y sus turnos. El Perrillas hacía la inteligencia previa, ejecutaba y regresaba con pruebas, las cuales primero eran fotografías y posteriormente se convirtieron en videos que confirmaban el trabajo.

La firma del crimen

La fuente estimó que el Perrillas es responsable directo de entre 30 y 40 homicidios, aunque reconocio que hay casos que desconoce. “Hay muchos que yo no sé”, admitió, antes de agregar que identificaba su autoría por el método empleado.

En las ejecuciones rápidas utilizaba un solo disparo o una sola cuchillada. Cuando la orden incluía tortura, el instrumento era un bisturí. Los cortes seguían una lógica anatómica precisa: el cuello a la altura de la yugular, la entrepierna, los genitales y los dedos. La profundidad del corte y su posición determinaban cuánto tardaba en morir la víctima.

“Nadie de ese combo estaba capacitado para hacer eso”, mencionó la fuente.

Su historial de detenciones, que según la fuente va entre más de tres y menos de seis, confirmó que el entrenamiento funcionó. En cada ocasión resistió sin entregar información. Esa capacidad es, para quienes lo conocen, el atributo que lo mantuvo en la cima de la estructura operativa durante años.

Felipe también lo envió a Colombia junto a otro operador para aprender a producir crack, con finalidad de aumentar la línea de negocio en su estructura.

La fragmentación del cártel tras la muerte de “el Ojos”

Felipe “El Ojos”, fundador de la organización, murió dejando una estructura sin sucesor claro. La disputa estalló entre su hijo Luis Felipe Pérez Flores, alias “El Felipillo”, y su medio hermano Miguel Ángel Pérez Ramírez, alias “El MK” o “El Mickey”, siendo este último con el que la familia se alineó dejando a “El Felipillo” prácticamente solo.

Para sostenerse, “El Felipillo” se apoyó en dos figuras: el Perrillas y Carlos Alejandro Mendoza Sandoval, “El Cyndi”, yerno de “El Ojos”. La fuente describe a Felipillo como un hombre impredecible y violento: consumía drogas, ordenaba ejecuciones por motivos mínimos y era considerado el elemento más traicionero de toda la estructura. Él por cinco pesos hace lo que sea. Y drogado, más, resumió la fuente.

La guerra entre facciones se detuvo porque se andaban matando entre ellos, según la fuente. “El Mickey” cedió a Felipillo una porción de territorio y algunas plazas que había controlado Felipe.

El Cyndi terminó por abandonar la estructura y pasó a operar bajo las órdenes de Hugo Bello, desvinculándose del Cártel de Tláhuac. Con Felipillo recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en la Ciudad de México, el Perrillas quedó como el operador de mayor rango en esa fracción, con control sobre extorsiones, cobros a distribuidores de préstamos “gota a gota”, despojo de propiedades y mensualidades en su zona de influencia.

Sus ingresos semanales no bajaban de tres millones de pesos. “Y eso es barato”, acotó la fuente.

Felipillo intentó además negociar una alianza con La Familia Michoacana para ceder parte de su territorio a cambio de respaldo, y el Perrillas sería el encargado de realizar las negociaciones.

Los cargos que buscan imputarle

La fuente reconoció que las autoridades trabajan para consolidar al menos tres casos contra el Perrillas. El primero involucra el homicidio de un vendedor de carnitas en Av. de las Torres y Av. Tláhuac. El segundo es el asesinato del abogado de “El Ojos”, ejecutado frente a una taquería y el tercero es la muerte del excomandante Felipe Carmona.

El obstáculo central sigue siendo la escasez de testigos dispuestos a declarar. Está muy entrenado y la verdad no hay mucho testigo, reconoció la fuente.

Los nexos que construyó el cártel con autoridades

En su etapa de mayor expansión, la organización de Felipe “El Ojos” mantuvo pagos regulares a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía de Investigación (PDI). Esos pagos cubrían la operación cotidiana, pero no llegaban a las “cabezas grandes”, como los describió la fuente.

Entre esas figuras de mayor rango, la fuente menciona a Hugo de Anda como una presencia de esa época. El caso de mayor peso es el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, actualmente procesado en Estados Unidos.

La fuente afirmó haberlos visto juntos: Felipe y García Luna compartían mesa en un restaurante de barbacoa en Toluca.

Según el relato, fue García Luna quien le pidió a Felipe que moderara sus operaciones tras una serie de homicidios ocurridos dentro del campus de la Ciudad Universitaria, en los que murieron dos personas.

La instrucción fue directa: que identificara a los responsables, que no tomara represalias por su cuenta y que no generara más escándalo.

El control territorial del cártel se extendió a Toluca tras la presentación que hizo un jefe local de la Policía de Investigación. Desde esa base, la organización fue absorbiendo a los distribuidores colombianos que operaban en la zona. El Perrillas era el encargado de alinearlos: convencer o eliminar a quienes se resistían a operar bajo las condiciones del cártel, concluyó la fuente. .

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Colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Colectivos de personas trans, no binarias y trabajadoras sexuales protagonizaron una jornada de protestas en la Ciudad de México tras denunciar que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, incumplió una reunión previamente acordada para atender sus demandas. La movilización derivó en un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional, que utilizaron extintores y mangueras para dispersar al contingente frente a la dependencia, antes de que las manifestantes avanzaran hacia Paseo de la Reforma para realizar bloqueos y exigir la instalación de una mesa de diálogo sobre la Ley Integral Trans.

Rocha Moya niega protección del Ejército y afirma permanecer en su casa en Culiacán

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, negó que cuente con protección de la Secretaría de la Defensa Nacional y aseguró que permanece en su domicilio de Culiacán desde que solicitó licencia al cargo hace 69 días. A través de su cuenta de X, afirmó que ya compareció ante la Fiscalía General de la República para responder a las investigaciones en su contra y calificó como falsas las acusaciones formuladas por una oficina del gobierno de Estados Unidos, que lo señala de presuntamente proteger a la facción de Los Chapitos. Además, rechazó versiones periodísticas sobre un supuesto resguardo militar y sostuvo que ha sido objeto de una campaña de calumnias e imputaciones sin sustento.

Guerrero busca identificar 3 mil 500 cuerpos con apoyo de la ONU

La Fiscalía General del Estado de Guerrero y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) firmaron un convenio para identificar más de 3 mil 500 cuerpos y restos humanos sin nombre que permanecen en los servicios médicos forenses de la entidad.

El acuerdo contempla el uso de inteligencia artificial, el fortalecimiento del análisis genético y del cotejo de huellas dactilares con el INE, así como la creación de un micrositio con fichas de personas ya identificadas para facilitar su reconocimiento por parte de las familias. Las autoridades prevén identificar al menos 400 restos antes de que concluya 2026 y eliminar el rezago durante 2027.

El fentanilo sigue fluyendo hacia EEUU con precios estables pese al conflicto interno del Cártel de Sinaloa, revela informe

El tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos se mantiene sin afectaciones pese a la disputa interna del Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y Los Mayos, de acuerdo con un informe de Crisis Group que señala que la disponibilidad y los precios de esta droga sintética permanecen estables en ese país. El documento identifica a Los Chapitos como la principal facción responsable de producir y enviar fentanilo al mercado estadounidense, seguida por Los Mayos, y destaca que la mayor parte de la producción de drogas en México continúa concentrándose en Sinaloa. Aunque la violencia derivada de la ruptura entre ambos grupos provocó operativos de autoridades mexicanas y estadounidenses, el reporte indica que la oferta de estupefacientes no ha mostrado cambios significativos.

Autoridades de Guerrero anuncian operativo en Guajes de Ayala tras denuncias de ataques con drones

Autoridades de Guerrero informaron sobre acciones de vigilancia aérea y terrestre en Guajes de Ayala, comunidad de Coyuca de Catalán, luego de que pobladores denunciaron ataques con explosivos presuntamente lanzados desde drones. Habitantes difundieron videos de las agresiones, señalaron que mujeres, niñas y niños permanecían refugiados en un centro de salud y solicitaron apoyo urgente de los tres órdenes de gobierno.

Capturan a “El Tucán”, presunto extorsionador de transportistas en Acapulco

Autoridades federales y de los estados de Guerrero y Estado de México detuvieron en Toluca a José “N”, alias “El Tucán”, quien era buscado por una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada contra trabajadores del transporte público en Acapulco. De acuerdo con las investigaciones, el detenido es considerado un objetivo prioritario y presunto generador de violencia vinculado con un grupo criminal que operaba en el puerto; ahora quedó a disposición del juez que lo requiere para definir su situación jurídica.

Gabinete de Seguridad niega que Rubén Rocha Moya esté bajo resguardo del Ejército

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México desmintió las versiones que señalaban que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, fue trasladado y resguardado por el Ejército en instalaciones militares para evadir investigaciones.

A través de una tarjeta informativa, aseguró que ninguna institución federal realizó un operativo con ese propósito —como fue afirmado en algunos medios de circulación nacional—, negó que el mandatario se encuentre en instalaciones castrenses y sostuvo que no existe ninguna acción para proteger a personas investigadas por autoridades mexicanas o extranjeras.

Homicidios en Sinaloa cayeron 40% durante licencia de Rocha Moya, según estadísticas oficiales

Durante los dos meses en que Rubén Rocha Moya permaneció con licencia como gobernador de Sinaloa, los homicidios dolosos disminuyeron cerca de 40% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con estadísticas de las fiscalías estatales y federales. Especialistas en seguridad atribuyen la reducción al desgaste entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, así como a la estrategia de seguridad implementada por México y Estados Unidos, aunque advierten que las cifras podrían no reflejar toda la violencia debido a posibles subregistros y al ocultamiento de víctimas por parte de grupos criminales.

La Fiscalía Regional Coatzacoalcos vinculó a proceso penal a ocho personas detenidas como presuntas responsables del homicidio doloso calificado de la comunicadora R.B.G.R., ocurrido el 2 de junio de 2026 en la colonia Primero de Mayo del municipio de Nanchital, en el estado de Veracruz.

El órgano jurisdiccional determinó, durante la audiencia de continuación, que existen datos de prueba suficientes para establecer la presunta participación de los ocho imputados en el crimen. Como medida cautelar, ratificó la prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 365/2026.

Quiénes son los ocho vinculados a proceso

Los imputados fueron identificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) con sus nombres de pila y alias operativos. El primero es Javier Iván “N”, quien opera bajo el alias “Delta 1”. Le siguen José del Carmen “N”, conocido como “Delta 7”, y Luis Arturo “N”, identificado como “Delta 11” o “El Pelón”.

También fue vinculada Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”. Los cuatro restantes son Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, cuyos alias no fueron dados a conocer por la FGE.

Cómo se logró la captura

Las detenciones fueron producto de investigaciones ministeriales, de gabinete y de acciones coordinadas de seguridad encabezadas por la Fiscalía Regional Coatzacoalcos.

La captura de los ahora vinculados se concretó mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión otorgadas por el órgano jurisdiccional, con base en la probable responsabilidad de cada uno en la comisión del delito.

La FGE no detalló el lugar ni las circunstancias específicas en que fueron detenidos los ocho imputados, ni si todos fueron capturados en un mismo operativo o en acciones separadas.

El proceso legal tras las detenciones

Una vez detenidos, los ocho imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Ante ese órgano se desarrollaron las etapas procesales previstas por la ley, según informó la FGE, que subrayó que en todo momento se garantizó el respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los detenidos.

Durante la audiencia de continuación, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que significa que los ocho imputados permanecerán en reclusión mientras avanza el proceso penal 365/2026, sin posibilidad de enfrentar el juicio en libertad.

El crimen que derivó en la investigación

El homicidio de la periodista R.B.G.R. ocurrió el 2 de junio de 2026 en la colonia Primero de Mayo del municipio de Nanchital, localidad del sur de Veracruz cercana a la zona conurbada de Coatzacoalcos.

La FGE tipificó el delito como homicidio doloso calificado, una figura que implica que el crimen fue cometido con intención y bajo circunstancias agravantes.

La postura de la Fiscalía General del Estado

Con la vinculación a proceso de los ocho imputados, la FGE reafirmó su compromiso de fortalecer las investigaciones y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. La dependencia señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para combatir la impunidad, en estricto respeto al debido proceso y a los derechos humanos.

La Fiscalía Regional Coatzacoalcos tuvo a su cargo la conducción de la investigación que derivó en las detenciones y, posteriormente, en la audiencia ante el órgano jurisdiccional que determinó la vinculación a proceso de los presuntos responsables.

Un hombre fue condenado a 110 años de prisión por el secuestro y homicidio de una víctima en Tlalnepantla, Estado de México, tras una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que culminó con su detención y proceso ante un juez.

Jonathan Huerta Navarro interceptó a su víctima el 26 de marzo de 2024 en calles de la colonia Jorge Jiménez Cantú de Tlalnepantla. Portaba un arma de fuego y actuó junto a tres cómplices.

El grupo obligó al hombre a descender de su camioneta y lo subió a la fuerza a un Honda Civic gris. Pese a exigir un rescate por su liberación, los secuestradores privaron de la vida a la víctima y abandonaron el cuerpo en la misma colonia antes de huir.

La noche del secuestro en Tlalnepantla

El 26 de marzo de 2024, la víctima se encontraba a bordo de su camioneta en calles de la colonia Jorge Jiménez Cantú cuando fue interceptada por Huerta Navarro y tres sujetos más. El grupo, armado, la obligó a bajar del vehículo que conducía.

Los agresores trasladaron a la víctima en un Honda Civic gris. Aunque exigieron el pago de un rescate, no liberaron al hombre: lo privaron de la vida y abandonaron su cuerpo en calles de la misma colonia antes de darse a la fuga.

La modalidad del crimen, secuestro seguido de homicidio, agravó la situación jurídica del sentenciado y fue determinante en el peso de la condena que un juez impuso al término del proceso.

Investigación que llevó a la captura

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las averiguaciones tras tomar conocimiento del hecho. Las diligencias permitieron identificar a Huerta Navarro como el principal responsable del crimen.

Con los elementos recabados, la institución solicitó ante un juez una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro. La orden fue concedida y elementos de la FGJEM la cumplimentaron.

Una vez detenido, Huerta Navarro fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de un Órgano Judicial para enfrentar el proceso penal correspondiente.

Pruebas y condena de 110 años

Ante el Órgano Judicial, la FGJEM presentó las pruebas que acreditaban la participación de Huerta Navarro en el delito. Tras el análisis del material probatorio, el juez determinó su responsabilidad penal.

La sentencia fijó una condena de 110 años de prisión, resolución que representa el cierre del proceso judicial iniciado a raíz del crimen ocurrido en Tlalnepantla más de dos años atrás.

La FGJEM informó el resultado este 9 de julio de 2026 mediante un comunicado oficial, en el que dio cuenta de las investigaciones y el trabajo ministerial desarrollado desde que se tuvo conocimiento de los hechos.

El secuestro en el Estado de México: una entidad con alta incidencia histórica

El Estado de México figura entre las entidades con mayor incidencia de secuestros en el país. Según la organización civil Alto al Secuestro, desde el inicio del sexenio federal anterior (diciembre de 2018 a julio de 2024) la entidad acumuló mil 10 casos, solo por debajo de Veracruz, con mil 51.

En los primeros siete meses de 2024 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 59 víctimas de secuestro en la entidad, un aumento de 15.7% frente a las 51 del mismo periodo de 2023. El Estado de México concentró el 11.4% de las 516 víctimas de este delito a nivel nacional en ese lapso.

Tlalnepantla y los delitos contra la libertad personal

El municipio de Tlalnepantla, donde ocurrió el crimen por el que fue sentenciado Huerta Navarro, registró en enero de 2025 20 víctimas de delitos catalogados por el SESNSP como “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, una categoría residual que agrupa ilícitos distintos al secuestro extorsivo formal. El municipio figuró en el séptimo lugar estatal en esa clasificación, por detrás de Toluca, Ecatepec y Naucalpan.

Carlos Hernández, alias “El Perrillas”, uno de los jefes del Cártel de Tláhuac, fue detenido durante la madrugada de este jueves por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la colonia Miguel Hidalgo. Se trata de al menos su tercera captura a manos de las autoridades.

El operativo se desencadenó a partir de trabajos de vigilancia en las calles Adriana y Juan Bretel. Los agentes observaron a dos hombres que presuntamente comercializaban marihuana y portaban un arma de fuego.

En la inspección, las autoridades decomisaron 25 bolsas con marihuana, un arma de fuego con cargador y cuatro teléfonos celulares. Ambos detenidos quedaron a disposición de las instancias correspondientes.

Quién es El Perrillas y su vínculo con el Cártel de Tláhuac

Carlos Hernández forma parte del Cártel de Tláhuac desde su fundación, encabezada por Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, y se presume que es el actual líder del mismo.

En los meses previos a su detención, buscaba reorganizar al grupo criminal en alianza con la Familia Michoacana.

El origen y declive del Cártel de Tláhuac

El Cártel de Tláhuac surgió alrededor de 2011-2012 como una escisión de La Mano con Ojos y de la Organización Beltrán Leyva (OBL). Su fundador, El Ojos, se inició en el crimen organizado con bandas de secuestradores antes de establecer su propia estructura en la alcaldía Tláhuac, que se convirtió en su bastión.

Desde 2012, el grupo reclutó a mototaxistas para labores de vigilancia y fue expandiendo su territorio hacia Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus actividades abarcan narcomenudeo, extorsión, secuestro y homicidio.

La presencia de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, en la capital mexicana fue el detonante indirecto de su formación. Lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva, La Barbie buscó afianzar operaciones en la Ciudad de México mediante alianzas con clanes delictivos de Tepito, lo que provocó la fragmentación de grupos que se dispersaron hacia distintas demarcaciones.

La caída de El Ojos y la fragmentación posterior

El abatimiento de El Ojos en 2017 marcó el inicio del desmantelamiento de la estructura original. En el operativo de la Semar murieron ocho personas y fueron detenidas al menos 23. Tras su muerte, alrededor de 80 integrantes del cártel fueron muertos o detenidos en el transcurso de un año.

El liderazgo pasó a manos de familiares de Pérez Luna: su esposa, María de los Ángeles Ramírez Arvizu, quedó a cargo de las finanzas, mientras que sus hijos e hijas fueron cayendo progresivamente ante las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) reconoce actualmente la presencia de siete organizaciones criminales en la capital, entre ellas el Cártel de Tláhuac.

Golpes al Cártel de Tláhuac: un historial reciente de capturas

La detención de El Perrillas se suma a una serie de operativos que, desde finales de 2024, han golpeado de manera sostenida la estructura del Cártel de Tláhuac (CDT) en la Ciudad de México.

En diciembre del 2024, la SSC y fuerzas federales catearon un inmueble en la colonia La Conchita, alcaldía Tláhuac, utilizado como centro de operaciones. Fueron detenidos cinco integrantes, entre ellos Cristian Iván, hijo de 18 años del fundador Felipe de Jesús Pérez Luna. En el lugar se aseguraron 50 envoltorios de cocaína en piedra, 60 bolsitas de marihuana, una báscula gramera, un arma de fuego y equipo de radiocomunicación.

También, en enero de 2025 fue detenido Luis Manuel “N”, alias “El Galleta”, vinculado con operaciones en el suroriente de la capital. Formó parte de las 14 detenciones de presuntos integrantes del CDT registradas entre octubre de 2024 y abril de 2025, según cifras oficiales de la SSC.

Un año después, en enero de 2026 la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) capturaron a Agustín Octavio “N”, señalado como líder del CDT, en un cateo en la colonia Yecahuizotl, alcaldía Tláhuac. En el mismo operativo se detuvo al jefe de una célula de Los Tanzanios. Se decomisaron 815 dosis de cocaína, 100 gramos de la misma droga, 151 dosis de marihuana y un arma de fuego.

La caída de la estructura familiar de El Ojos

En septiembre de 2025, la FGJ CDMX detuvo en Pachuca, Hidalgo, a María “N”, viuda de El Ojos, y a su hija Samantha “N”, alias “La Sam”, presunta operadora financiera del grupo.

Ese mismo mes fue detenido Miguel Ángel “H”, alias “El Miguel”, identificado como operador clave de María de los Ángeles Ramírez Arvizu, alias “La Gela”, exesposa de El Ojos.

Semanas después, Liliana “N”, alias “La Voz” o “Li”, hija de El Ojos y una de las principales operadoras del CDT, fue detenida en Cuautla, Morelos, tras un operativo conjunto entre la Policía de Investigación (PDI) y la Fiscalía General del Estado de Morelos. La FGJ CDMX ofrecía 500 mil pesos de recompensa por información que condujera a su captura.

Golpes a la estructura operativa en 2025 y 2026

En octubre de 2025 fue detenida Verónica “N”, alias “La Jefa”, presunta líder de una célula del CDT dedicada a la extorsión y el despojo de predios en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac. Fue arrestada junto a tres colaboradores: Juan Aarón “N”, de 42 años, Maricela “N”, de 41, y Axel Zaid “N”, de 23. Las investigaciones la vinculan como pareja sentimental de Luis Felipe Pérez Flores, alias “El Felipillo”, preso y señalado como uno de los líderes del grupo.

Ese mismo mes, la SSC ejecutó una orden de cateo en un inmueble de la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa, utilizado como centro de empaque y distribución de cocaína. Fueron detenidos Jonathan Guzmán Ayala y Kevin Gabriel Lara Barrios, de 43 y 32 años, vinculados también con extorsión y homicidio. Se decomisaron dos armas de fuego y alrededor de 10 kilogramos de cocaína, valuados en cerca de 2 millones 300 mil pesos.

En junio de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a César “N”, presunto jefe de plaza del CDT, en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, tras una denuncia anónima sobre venta de medicamentos controlados en un tianguis. En su poder se hallaron 240 tabletas de psicotrópicos, cartuchos de uso exclusivo del Ejército, 13 teléfonos celulares, cuatro vehículos, dinero en efectivo y dosis de marihuana, cocaína y metanfetamina.

La captura de dos personas que figuraban entre las más buscadas por las autoridades panameñas marcó una nueva jornada de operativos policiales dirigidos a ubicar a prófugos vinculados con delitos de alto impacto. Los procedimientos realizados provincias de Panamá y Chiriquí, forman parte de la estrategia de la Policía Nacional para localizar personas requeridas por homicidio otros delitos graves.

Uno de los casos corresponde a Abraham Antolín Andrade Morales, quien fue aprehendido en el sector de Los Cántaros, corregimiento de 24 de Diciembre. El hombre era uno de los más buscados por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio.

Según informó la Policía Nacional Andrade Morales era requerido por un hecho ocurrido agosto de 2024, en el que perdió la vida un menor edad Las investigaciones lo señalan como el principal sospechoso del crimen.

Tras su captura fue puesto disposición de la Fiscalía Homicidio y Femicidio del distrito de San Miguelito para continuar diligencias correspondientes.

La segunda captura se produjo en los predios de la Personería San Lorenzo en Horconcito, provincia de Chiriquí, donde unidades policiales aprehendieron a un ciudadano de 34 años que también figuraba en la lista de los más buscados.

En este caso, el hombre era requerido por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto pecuario y mantenía orden de captura y conducción emitida por la Personería Municipal.

Las autoridades indicaron que el sospechoso estaba directamente vinculado a investigaciones abiertas por el robo ganado uno de los delitos que continúa afectando a productores agropecuarios en distintas regiones del país.

A estas capturas se sumó otro caso registrado en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

Luego de reportarse un homicidio cometido con arma blanca, la Policía Nacional activó diversos operativos de búsqueda e investigación para ubicar al presunto responsable.

Como resultado de estas acciones, la persona presuntamente involucrada se entregó voluntariamente a las autoridades y posteriormente fue aprehendida para quedar a órdenes del Ministerio Público.

La institución no reveló la identidad sospechoso ni mayores detalles sobre las circunstancias crimen al señalar que las investigaciones continúan bajo la dirección de las autoridades judiciales.

En otra acción desarrollada en el corregimiento de Arnulfo Arias Madrid unidades policiales capturaron a un ciudadano que mantenía condena vigente de 12 años de prisión por los delitos de homicidio doloso agravado y robo agravado.

La aprehensión se produjo durante labores de seguimiento dirigidas a ubicar personas condenadas que permanecían fuera del alcance justicia.

El hombre fue remitido autoridades competentes para hacer efectiva sentencia impuesta por los tribunales.

Mientras continúan las capturas de personas requeridas por homicidio, el Sistema Penal Acusatorio también registró una nueva condena en la provincia de Chiriquí.

El juez de garantías Erick Javier Polanco González validó un acuerdo de pena mediante cual un ciudadano de 25 años fue condenado veinte años de prisión por homicidio agravado y robo agravado.

La sentencia establece una pena de 14 años por el delito homicidio y seis años por robo agravado. Además, el condenado tendrá prohibido portar armas durante cinco años una vez cumpla pena principal.

La causa se originó por un hecho ocurrido el 19 de diciembre de 2021 en la barriada Loma Colorada distrito de David.

De acuerdo con la investigación Ministerio Público, la víctima fue atacada con arma fuego frente a su residencia y posteriormente despojada bolso que contenía dinero en efectivo y billetes lotería premiados.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta de la Sección de Homicidios, Lourdes Sánchez representó al Ministerio Público, mientras que el sancionado estuvo asistido por su defensor particular.

Continúa la búsqueda de los fugados de La Joyita

Las capturas ocurren mientras las autoridades mantienen activos los operativos para localizar a los 10 privados libertad que aún permanecen prófugos tras la fuga masiva registrada el 1 de junio en el centro penitenciario La Joyita uno de los episodios más graves ocurridos en el sistema carcelario panameño en los últimos años.

En aquella fuga escaparon 195 reclusos, de los cuales la mayoría ha sido recapturada. Sin embargo, la operación también dejó tres privados de libertad muertos durante los operativos búsqueda y desencadenó fuertes cuestionamientos sobre las fallas seguridad que permitieron la evasión masiva.

Hasta la fecha, las autoridades no han explicado con claridad cómo fue posible que se produjera una fuga de esa magnitud.

La crisis derivó además en cambios dentro del Sistema Penitenciario Nacional. El entonces director Jorge Torregroza dejó el cargo y fue reemplazado por Chanan Singh quien asumió la dirección con la misión de fortalecer seguridad en los centros penitenciarios.

Singh, con experiencia en el ámbito militar y de seguridad, ha anunciado una reorganización sistema penitenciario enfocada en recuperar el control de las cárceles reforzar los protocolos de vigilancia y restringir las actividades ilícitas dentro de los penales.

Hay un indicio silencioso que muchos padres pasan por alto: el cambio repentino de comportamiento frente al teléfono móvil, sobre todo cuando el menor apaga la pantalla, cambia de aplicación a toda prisa o evita usar el dispositivo cerca de un adulto. Esa reacción, más que “privacidad”, puede ser una señal de alerta de que algo ocurre en línea.

Importa hoy porque el ciberacoso se mueve donde está la vida social de niños y adolescentes: mensajería, redes, juegos y notificaciones constantes. Además, suele convivir con el acoso cara a cara y puede afectar seriamente la salud mental. Detectar a tiempo un patrón extraño en el uso del móvil puede abrir la puerta a una conversación y a una intervención antes de que el daño crezca.

Qué es el ciberacoso y por qué deja huella

Según Unicef, el ciberacoso es acoso o intimidación mediante tecnologías digitales. Puede ocurrir en redes sociales, plataformas de mensajería, juegos en línea y teléfonos móviles. No es un hecho aislado: se caracteriza por conductas repetidas que buscan atemorizar, enfadar o humillar.

Entre los ejemplos más comunes están:

• Difundir mentiras o publicar fotos y videos vergonzosos en redes sociales
• Enviar mensajes hirientes, abusivos o amenazantes por chats o correo
• Suplantar identidad con cuentas falsas para atacar en nombre de otra persona
• Cometer intimidación o acoso sexual usando herramientas de IA generativa

Una diferencia clave con el acoso presencial es que el ciberacoso suele dejar una huella digital: registros, capturas, mensajes, historial y evidencias que pueden servir para frenar el abuso.

Conductas que merecen atención inmediata

No siempre habrá un mensaje visible que confirme el problema. Muchas veces, la pista está en la forma en que el menor reacciona al entorno cuando llega una notificación o cuando un adulto se acerca.

De acuerdo con la organización Understood, estas señales pueden indicar ciberacoso:

• El menor deja de usar el dispositivo para divertirse de manera repentina
• Esconde el teléfono y evita usarlo cerca de los padres
• Apaga o cambia rápidamente la pantalla cuando aparece un adulto
• Se muestra nervioso o alterado al recibir mensajes o notificaciones, y puede aislarse
• Hace comentarios como “hay muchos problemas en la escuela” o “no tengo amigos”
• No quiere ir a la escuela o se muestra intranquilo por asistir

Lo importante no es un gesto aislado, sino la repetición: un patrón constante de tensión asociado al móvil.

El silencio es parte del problema. Muchos menores no informan por varias razones: no identifican lo que ocurre como ciberacoso, sienten vergüenza, temen represalias o creen que “aguantar” evita empeorar la situación.

También hay un temor muy concreto: que un adulto les quite el dispositivo o les prohíba redes sociales. Para un adolescente, eso puede sentirse como perder su vida social. Por eso, en lugar de pedir ayuda, algunos prefieren ocultar lo que sucede.

El acoso en línea puede afectarle a cualquiera, pero ciertos menores tienen más probabilidades de ser acosados, tanto en internet como en persona. Understood advierte que los niños que piensan y aprenden de manera diferente pueden enfrentar más riesgos por dificultades para socializar, baja autoestima o por ser percibidos como “diferentes”.

El ciberacoso continuo no es “drama escolar”. Puede perjudicar la salud mental y el rendimiento. Entre sus efectos posibles están ansiedad, depresión y dificultad para concentrarse en clase. El impacto se agrava cuando el hostigamiento ocurre en casa, en el mismo lugar donde se supone que el menor está a salvo.

Qué hacer si hay sospecha: pasos prácticos y proporcionales

Actuar rápido no significa actuar de forma agresiva. Estas medidas ayudan a intervenir sin romper la confianza:

1) Abrir conversación sin acusar

Iniciar el diálogo con un ejemplo propio, una noticia o una situación general. Preguntar si ha vivido algo similar y explicar que ciberacoso incluye rumores, cuentas falsas y mensajes hostiles.

2) Si hay resistencia, insistir con calma

Si el menor evita hablar, no conviene ignorarlo. Explicar que la tarea de los padres es proteger y que revisar el dispositivo puede hacerse juntos, buscando solo contenido dañino.

3) Guardar evidencia y frenar la conducta

Si se confirma el acoso, conviene conservar pruebas: capturas, mensajes y registros. También puede pedirse al menor que comunique a los agresores que hay adultos al tanto.

4) Escalar si es necesario

Si el acoso es intenso o frecuente:

• Hablar con los padres del agresor
• Contactar al consejero escolar o al director
• Considerar a la policía si no hay respuesta y el hostigamiento persiste

El objetivo es claro: proteger al menor, detener el abuso y recuperar un uso del móvil que no esté asociado al miedo.

El equipo económico de Yamandú Orsi en Uruguay presentó este miércoles la Rendición de Cuentas ante el Parlamento, el proyecto de ley en el cual explica en qué se gastó el dinero público del año anterior y realiza ajustes presupuestales. Las autoridades destacaron que se destinarán mayores recursos de los previstos en el presupuestos a áreas como la pobreza infantil, la seguridad pública, la educación y la atención a personas que viven en la calle.

Para poder destinar estos mayores recursos el gobierno definió aplicar ajustes en gastos de funcionamientos del Estado y una reducción de créditos para misiones oficiales y de protocolo, así como la reducción de las vacantes por ingreso.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, encabezó este miércoles la comparecencia de su cartera ante los legisladores. En esta instancia, según el comunicado del ministerio, repasó el contexto económico, el desempeño fiscal y las principales prioridades presupuestales del gobierno.

El cambio que el gobierno considera que es más innovador de este proyecto de ley es el que se establece en las transferencias para la infancia. Se creará una asignación única para los niños y adolescentes, que surgirá de la unificación y el fortalecimiento del sistema de transferencias. “La propuesta busca reducir problemas de acceso, disminuir errores de exclusión, simplificar la gestión y aumentar el impacto de los recursos destinados a la infancia”, explicó el ministerio en su comunicación oficial.

Según la estimación oficial, más de 50.000 niños ingresarán al nuevo sistema y recibirán un aumento del 82% en el monto de las asignaciones que les paga el estado. El gobierno estima que el nuevo esquema “duplicará el impacto” del sistema de transferencias sobre la pobreza y permitirá una reducción de 25% en la pobreza de los grupos incorporados, informó el MEF.

Durante la presentación se señaló que la economía uruguaya creció 1,8% en 2025, por debajo de la proyección inicial de 2,6%, debido a eventos no anticipados como la sequía, la afectación de la industria manufacturera y un escenario externo menos favorable, detalla el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Pese a esa corrección a la baja, el ministro también destacó que que el crecimiento se ubicó por encima del promedio anual de la última década, que fue de 1,2%. Por otro lado, la economía mostró “señales de recuperación” en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento interanual de 0,9%, superior al previsto por el Comité de Expertos y la proyección del MEF.

El gobierno también ratificó el objetivo de “reducción global del resultado fiscal estructural” y la “estabilización de la deuda” que tiene el país.

El MEF destacó que la Rendición de Cuentas incorpora asignaciones para prioridades políticas por unos 3.000 millones de pesos uruguayos (unos USD 75 millones). “Los recursos estarán destinados principalmente al combate a la pobreza infantil, seguridad pública, educación, atención a personas en situación de calle e infancia a través del INAU. El financiamiento provendrá en un 40% de recaudación y gasto tributario, y en un 60% de reasignaciones presupuestales”, señaló el ministerio.

¿De dónde saldrá el dinero que no estaba previsto originalmente? Las reasignaciones presupuestales definidas por el gobierno incluyen “ajustes” en los gastos de funcionamiento del Estado, la “reducción de créditos para misiones oficiales y protocolo” y la suspensión de los ingresos a organismos públicos cuando queda un lugar libre, con la excepción de los militares, policías, el personal dela educación y el diplomático.

El Instituto Nacional de Colonización, el organismo estatal que promueve la compra de tierras por parte del Estado para rentarlas, fue uno de los perdedores en este proyecto de ley: se le quitará la mitad de los recursos que le habían sido asignados.