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Condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

Óscar “N” y Porfirio “N” recibieron sentencias de 50 años de prisión por secuestro agravado, luego de que la Fiscalía General de la República acreditó su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de tres personas extranjeras. Ambos fueron detenidos en octubre de 2023 por elementos de la Guardia Nacional, cuando viajaban en una camioneta sobre la carretera estatal Tierra Blanca-Las Trancas, en Veracruz, con las víctimas a bordo. Tras quedar a disposición del Ministerio Público Federal, la Fiscalía Especializada de Control Regional integró la investigación y presentó las pruebas que permitieron obtener la condena. Además de la pena de cárcel, cada uno deberá pagar una multa de 414 mil 960 pesos.

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

Inés Gómez Mont recurrió a una corte federal de Florida para intentar recuperar su libertad, luego de ser detenida por autoridades migratorias estadounidenses la semana pasada. Sus abogados presentaron una demanda de habeas corpus para cuestionar su permanencia bajo custodia y evitar que sea trasladada fuera del área de Miami. El juez Jeffrey Kuntz rechazó conceder una suspensión inmediata, pero ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) justificar los motivos de su arresto a más tardar este miércoles.

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Detienen a mujer y adolescente por intentar ingresar marihuana al Reclusorio Oriente

Una mujer de 31 años y un adolescente fueron detenidos cuando presuntamente intentaban ingresar marihuana al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa. Durante la revisión de visitantes, personal de custodia encontró entre sus pertenencias dos envoltorios con aproximadamente 75 gramos de hierba verde y seca, con características similares a la droga. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Marina identifica rutas de cocaína en la costa de Michoacán tras detener a tres presuntos líderes criminales

Tres presuntos líderes de una célula delictiva detenidos el pasado 29 de octubre estarían relacionados con el control de rutas marítimas utilizadas para introducir cocaína a México desde Centro y Sudamérica, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina. La organización habría operado en la franja costera entre Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila, Michoacán, desde donde los cargamentos eran trasladados a distintos puntos del país. La dependencia señaló que las detenciones derivaron de labores de inteligencia naval y coordinación con otras instituciones.

Sonora reporta ‘cifra histórica’ de órdenes de aprehensión y cateos durante octubre

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que durante octubre cumplimentó 590 órdenes de aprehensión y ejecutó 189 cateos en 38 municipios, las cifras más altas para un solo mes, según la dependencia. Las intervenciones, realizadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en coordinación con corporaciones de seguridad, permitieron asegurar narcóticos, vehículos con reporte de robo, equipo táctico y cartuchos. Entre los resultados destacan seis artefactos explosivos improvisados localizados y neutralizados por personal de la Defensa en dos cateos realizados en Magdalena de Kino.

Balacera en establecimiento de bebidas alcohólicas deja cuatro muertos en Campeche

Una discusión entre dos hombres terminó en una balacera que dejó cuatro personas muertas y dos heridas en un establecimiento de bebidas alcohólicas de Mayatecún II, en el municipio de Champotón, Campeche. De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, uno de los involucrados habría sacado un arma de fuego y disparado contra quienes se encontraban en el lugar. La Fiscalía estatal inició las investigaciones, mientras que elementos de seguridad desplegaron un operativo para localizar al presunto responsable, sin que hasta el momento se reporten detenciones.

Información ampliada:

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Balean en Uruapan a escolta de la síndica municipal durante el aniversario del asesinato de Carlos Manzo

Un policía municipal asignado a la protección de la síndica de Uruapan, Hilda Flor del Campo Maldonado Medina, fue baleado durante la madrugada del 1 de noviembre, cuando la ciudad conmemoraba el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo. El agente, identificado como Cristian Jesús R. M., recibió un disparo en el abdomen en la colonia La Tamacua y fue trasladado a un hospital, donde los primeros reportes médicos lo reportaron fuera de peligro. La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el móvil de la agresión, sin que hasta el momento se haya confirmado alguna relación con el homicidio del exalcalde o con el Movimiento del Sombrero.

Información ampliada:

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Abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU

El litigante aseguró que César Jáuregui no mintió sobre la presencia de dos agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal, sino que informó conforme recibió nuevos datos sobre el accidente en la sierra Tarahumara, donde murieron cuatro personas. Como argumento, sostuvo que las versiones iniciales pueden corregirse conforme avanzan las investigaciones y recordó el caso del aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo anunciado inicialmente como huachicol.

Entrevista completa:

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Tres hombres señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Puebla durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Marina) y la Fiscalía General del Estado (FGE). La intervención se realizó en la colonia Unidad Antorchista.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Carlos N., de 30 años; Iván N., alias “El Tartas”, de 28 años, y Francisco N., de 27 años. Según se informó, los tres habrían cumplido funciones operativas dentro de una célula vinculada a esa organización delictiva.

Cómo operaban los detenidos según la investigación

De acuerdo con las pesquisas, los tres hombres se encargaban de coordinar la logística para la distribución de sustancias ilícitas dentro de la estructura criminal. También tenían la tarea de localizar inmuebles que pudieran funcionar como puntos de encuentro para otros integrantes del grupo.

Además de estas funciones logísticas, las autoridades señalaron que los detenidos participaban en actos de violencia vinculados a las actividades de la célula. Esta combinación de tareas (distribución, logística de inmuebles y violencia) definió el perfil operativo que las instituciones atribuyeron al grupo detenido.

Dos de los tres detenidos cuentan con antecedentes penales previos. Según se informó, estos registros corresponden a delitos contra la salud, portación de arma de fuego y delitos patrimoniales.

Qué aseguraron las autoridades durante la intervención

Como resultado del operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 280 envoltorios con sustancias de características similares a la metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana.

El material asegurado incluyó también armamento. Las autoridades reportaron el hallazgo de un arma de fuego, dos cargadores y 39 cartuchos útiles en el lugar de la intervención.

A esto se sumó el aseguramiento de un vehículo con placas de circulación del estado de Guerrero, cuya presencia en Puebla forma parte de los elementos recabados durante la diligencia.

El conjunto de bienes asegurados quedó a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones abiertas contra los tres detenidos.

El contexto de coordinación interinstitucional

Las autoridades estatales enmarcaron esta detención dentro de un esquema de coordinación entre instituciones federales y estatales. La participación conjunta de la SSP, la Marina y la FGE fue presentada como parte de las acciones de combate a la delincuencia organizada en la entidad.

Según se informó, esta intervención busca debilitar las estructuras operativas de los grupos delictivos que operan en Puebla. El trabajo de inteligencia y el despliegue estratégico de fuerzas de seguridad fueron mencionados como ejes centrales de esta estrategia.

El Gobierno del Estado señaló que continuará con este tipo de acciones coordinadas. La SSP indicó que, en conjunto con autoridades federales y municipales, mantendrá operativos firmes contra las células delictivas que operan en la entidad poblana, con el objetivo de preservar la tranquilidad de las familias poblanas.

Presencia del CJNG en Puebla

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) figura entre las organizaciones delictivas con actividad registrada en territorio poblano desde al menos enero de 2025. El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, reconoció ese mes la presencia de esa organización, junto con el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, además de grupos locales dedicados a actividades ilícitas.

Previo a la detención del 2 de noviembre, la SSP ya había reportado capturas vinculadas al CJNG en la entidad. El 31 de agosto de 2026, la dependencia informó sobre la detención de tres hombres identificados como presuntos integrantes del cártel, relacionados con delitos de alto impacto en la zona metropolitana.

La organización también mantiene presencia a través de operadores con influencia en varios estados. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el 13 de octubre de 2026 sobre la detención de Iván “N”, alias “El Tanque”, en Zapopan, Jalisco, a quien identificó como operador regional del CJNG con influencia delictiva en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Jalisco y Puebla.

La detención o captura de líderes de estas estructuras no implica necesariamente el fin de la organización, debido a la posible sustitución de mandos y fragmentación de células que continúan operando bajo el mismo nombre.

A un año del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, se ha identificado el papel específico de cada uno de los 34 detenidos dentro de la estructura criminal que planeó y ejecutó el crimen. El expediente, con un avance del 90%, distingue entre quienes ordenaron el ataque, quienes lo coordinaron, quienes dispararon y quienes filtraron información desde el propio Ayuntamiento de Uruapan.

El homicidio ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, cuando Manzo era entonces alcalde de Uruapan. Según la Fiscalía, el crimen fue una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la detención de uno de sus jefes de plaza, ocurrida meses antes por órdenes del propio edil.

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, líder de la célula “Los R’s” vinculada al CJNG, es señalado como el autor intelectual del homicidio. Las autoridades sostienen que fue él quien dio la orden de matar a Manzo tras la captura de René Belmontes, alias “El Rhino”, jefe de plaza detenido en agosto de 2025.

El R1 fue aprehendido el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Un juez lo vinculó a proceso el 7 de agosto con prisión preventiva oficiosa.

El operador que coordinó la célula y creó el chat de vigilancia

Jorge Armando Gómez Sánchez, alias El Licenciado, también conocido como “El Contador”, fungió como operador logístico del atentado. De acuerdo con la investigación, reportaba directamente al R1 y dirigía a la célula encargada de planear y ejecutar el ataque en al menos cuatro regiones del estado.

Las pesquisas indican que El Licenciado creó un grupo de mensajería cifrada en la aplicación Threema uno o dos días antes del crimen.Ese chat se usó para tareas de observación y para coordinar el seguimiento de los movimientos de Manzo previo al ataque. El Licenciado fue detenido el 19 de noviembre de 2025 en Morelia.

El comando que disparó contra Manzo, hoy sin sobrevivientes

El ataque armado estuvo a cargo de tres jóvenes, los tres ya fallecidos. Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario de Paracho, fue el tirador que abrió fuego contra Manzo en plena Plaza Morelos; murió abatido de inmediato por los escoltas del alcalde con la misma pistola que usó para disparar.

Fernando Josué, también menor de edad, actuaba como tirador suplente. Ramiro, alias “El Jaguar”, cumplía funciones de reclutador y coordinador de ambos jóvenes. Los cuerpos de ambos fueron hallados el 10 de noviembre de 2025 en la carretera Uruapan-Paracho; un día después, las autoridades recuperaron sus teléfonos celulares, dispositivos que resultaron determinantes para reconstruir la planeación del homicidio.

Por esas dos muertes fue detenido Alejandro Baruc Castellanos, alias “El Caos”, señalado como hombre de confianza de El Licenciado en las localidades de La Basilia y Tiamba, al norte de Uruapan.

La filtración de información desde el entorno cercano al alcalde

Dentro del Ayuntamiento de Uruapan, Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, es investigado por proporcionar datos sobre la agenda y los desplazamientos de Manzo a integrantes de la célula criminal, presuntamente a cambio de dosis de estupefacientes para consumo personal. Fue detenido el 11 de enero de 2026.

Rosa Alejandra “N”, exsecretaria de Bienestar municipal, fue aprehendida el 29 de octubre de 2026 por el delito de encubrimiento por favorecimiento. Es madre de Alejandro “El Macas”, uno de los escoltas detenidos, y tía de Alexis “El Brilloso” y Cristian “El Vikingo”, señalados como integrantes de la célula operativa.

Reclutamiento, traslados y apoyo logístico al ataque

Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, fue identificado como el reclutador que captó a Víctor y Fernando Josué en centros de rehabilitación de Uruapan y los puso en contacto con Ramiro. Fue detenido el 23 de noviembre de 2025.

La investigación también ubicó a un taxista que trasladó a Fernando Josué hasta La Basilia el día de los hechos, además del intermediario que consiguió ese transporte. En febrero de 2026 cayeron tres personas cercanas al grupo de El Caos, entre ellas Salvador Belmontes Aguilar, alias “Comandante 26”, hermano de “El Rhino”.

Los escoltas bajo investigación y el jefe de seguridad prófugo

Los siete escoltas que integraban el primer cinturón de seguridad de Manzo fueron detenidos el 21 de noviembre de 2025 y permanecen vinculados a proceso por presunta omisión en su labor de protección. Entre ellos figura Alejandro “El Macas”, sobrino de Rosa Alejandra “N”. Los escoltas son identificados como Omar M, Mario Alberto S, Guillermo T, Demetrio D, Omar Osvaldo G y Montserrat G.

La Fiscalía mantiene pendiente la captura de José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas del alcalde y coronel en retiro, contra quien existe una orden de aprehensión. Las autoridades ofrecen una recompensa de 100 mil pesos por información que permita ubicarlo.

En qué punto está la investigación

A un año del crimen, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reporta un avance del 90% en las pesquisas. El expediente acumula alrededor de 3 mil 500 actos de investigación, 3 mil dictámenes periciales, mil 200 horas de videograbaciones analizadas, 120 audiencias y 72 extracciones de información digital.

De las 34 personas detenidas, al menos 29 ya fueron vinculadas a proceso. La Fiscalía descartó un móvil político y sostiene que el homicidio respondió a una represalia de la delincuencia organizada contra Manzo.

Quedan, sin embargo, diligencias pendientes, como la entrega de los teléfonos celulares de Manzo, que permanecen bajo resguardo de la actual alcaldesa, Grecia Quiroz. El vicefiscal Israel Vega explicó, en conferencia de prensa del 28 de octubre, que la funcionaria no ha entregado los dispositivos por desconfianza de que su contenido sea borrado.

Quiroz, por su parte, ha pedido que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y acusa a la Fiscalía de Michoacán de irregularidades en el proceso.

La marcha del 1 de noviembre

Al cumplirse un año del asesinato, Grecia Quiroz convocó una marcha por la justicia y la paz en Uruapan. La actividad incluyó una misa, una ofrenda en memoria de Manzo y la develación de una estatua en su honor.

Habitantes de Uruapan, víctimas de violencia y madres buscadoras se sumaron a la convocatoria bajo la consigna de que la ciudad “merece paz”. La jornada conmemorativa coincidió con la fecha exacta del crimen.

Pese a los 34 detenidos y el avance reportado por la Fiscalía, Quiroz insistió en que la justicia aún no llega a su familia y afirmó que, un año después, las autoridades todavía no han determinado quién ordenó el asesinato.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que entregó a Estados Unidos tres órdenes de aprehensión vigentes contra Inés Gómez Mont, detenida el pasado 30 de octubre en el estado de Florida por autoridades migratorias estadounidenses. El intercambio se produjo en las últimas semanas, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, como parte del proceso que busca su extradición a México.

Según informó la Fiscalía, la detención de Gómez Mont responde en este momento a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos. Si se determina su deportación, la FGR ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada al país.

Tres órdenes de aprehensión por distintos delitos

Gómez Mont tiene, según la FGR, tres órdenes de aprehensión vigentes, todas libradas por jueces federales mexicanos. La primera fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las otras dos órdenes corresponden a la Fiscalía Especializada de Control Competencial, por el delito de defraudación fiscal equiparada. En conjunto, las tres acusaciones conforman el expediente que la FGR buscará activar en cuanto la conductora pise suelo mexicano.

El esquema de desvío investigado

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita. Esos fondos provendrían de un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), ejecutado a través de empresas fantasma.

El esquema bajo investigación se articuló en torno a contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos, firmados con el órgano responsable de los centros penitenciarios del país. Esos recursos estaban destinados a la seguridad del sistema penitenciario nacional.

“Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos. Desde que Inés N. huyó del país, la Fiscalía ha actuado para presentarla ante la justicia mexicana”, dijo la Fiscal Ernestina Godoy Ramos en un mensaje difundido a través de las redes oficiales de la dependencia.

La Fiscalía explicó que las empresas fantasma simulan operaciones para desviar fondos del erario y ocultar su destino final. El lavado de dinero, según el organismo, busca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos.

La presunta evasión fiscal de 2014 y 2016

Además del esquema de desvío, la FGR investiga a Gómez Mont por presunta defraudación fiscal. De acuerdo con la Fiscalía, habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

Como consecuencia de esa declaración incompleta, Gómez Mont habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos. La Fiscalía calificó estas conductas como graves y las vinculó directamente con el esquema de triangulación de recursos públicos detectado en el sistema penitenciario.

El camino hacia la extradición

La solicitud de captura contra Gómez Mont no es reciente. Desde que la conductora abandonó México, la Fiscalía trabajó para presentarla ante la justicia mexicana.

En septiembre de 2025, la FGR solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición. En paralelo, en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense, se integró la petición formal correspondiente para avanzar en ese proceso.

Gómez Mont goza de presunción de inocencia. La Fiscalía remarcó que serán los tribunales mexicanos, conforme al debido proceso, quienes determinen su responsabilidad penal una vez que comparezca ante la justicia del país.

La postura oficial de la Fiscalía

La FGR insistió en que cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos. El organismo encuadró el caso dentro de su estrategia de combate a la impunidad en casos de corrupción vinculados al erario público.

La Fiscalía cerró su mensaje con una frase que resume su posición institucional frente al caso: donde haya impunidad, habrá investigación; donde haya crimen, habrá consecuencias. Con esa declaración, el organismo reafirmó su compromiso de que Gómez Mont comparezca ante los tribunales mexicanos una vez resuelta su situación migratoria en Estados Unidos.

La captura en Florida

Gómez Mont fue detenida el pasado viernes 30 de octubre en Miami, Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de permanecer casi cinco años fuera del alcance de las autoridades mexicanas. El arresto se produjo por una situación migratoria irregular, después de que la conductora habría rebasado el tiempo permitido de estancia en el país.

Según la agencia EFE, Gómez Mont permanece bajo custodia en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, un suburbio de Miami. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han precisado públicamente los detalles de su situación migratoria.

La detención ocurrió poco más de un mes después de que Interpol retirara las fichas rojas de búsqueda contra Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, también señalado en el mismo esquema de desvío de recursos. El 31 de octubre, la defensa de la conductora presentó una demanda de habeas corpus ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida, con el objetivo de que sea liberada de la detención migratoria.

La delincuencia organizada corrompe, hace daño y representa una amenaza para México, advirtió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al encabezar junto con autoridades de la Secretaría de Marina (Semar) la graduación de 166 elementos que concluyeron cursos de especialización en operaciones militares y tácticas de combate.

Durante la ceremonia de clausura y graduación, realizada en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), ubicado en San Luis Carpizo, Campeche, el funcionario federal llamó a los graduados a asumir con responsabilidad las nuevas capacidades adquiridas para enfrentar las amenazas de la delincuencia organizada y proteger a la población.

“La delincuencia organizada corrompe, hace daño y trae mal a nuestro país. La convicción y la misión de ustedes es neutralizar estas amenazas, servir a nuestro país y proteger a los millones de mexicanas y mexicanos que viven en él”, expresó García Harfuch.

El titular de la SSPC reconoció el esfuerzo de los participantes, quienes concluyeron una etapa de formación especializada que busca fortalecer las capacidades operativas de las instituciones federales encargadas de la seguridad pública y la defensa nacional.

Harfuch destaca coordinación

En su mensaje, García Harfuch subrayó que la preparación de los elementos de seguridad no solamente implica adquirir conocimientos técnicos, sino también asumir una mayor responsabilidad frente a los desafíos que enfrenta el país.

El secretario agradeció al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina y Alto Mando de la Armada de México, por el respaldo y la colaboración permanente con la SSPC para fortalecer la capacitación del personal de seguridad.

Asimismo, destacó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y mediante los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, la coordinación entre las instituciones federales se ha consolidado como una herramienta para combatir a los grupos criminales.

Como parte de los resultados de esta estrategia, el funcionario aseguró que la coordinación institucional ha contribuido a conseguir una reducción de 53 por ciento en los homicidios dolosos.

Por igual, insistió en que los elementos graduados deberán poner sus conocimientos al servicio de la población y actuar con compromiso frente a las amenazas que representa el crimen organizado.

Gradúan a 166 elementos en cursos especializados de Marina y SSPC

Durante la ceremonia se reconoció a 166 elementos que concluyeron cinco cursos impartidos en las instalaciones del CENCAEIM, como parte de los esfuerzos de capacitación y cooperación entre la Marina y la Secretaría de Seguridad.

Del total de graduados, 152 pertenecen a la Armada de México y 14 forman parte de la Unidad Nacional de Operaciones (UNO) de la SSPC.

Los participantes concluyeron los cursos Básico de Fusileros Paracaidistas; Doblado y Mantenimiento de Paracaídas; Rappel y Soga Rápida; Técnicas de Tiro Básico y de Combate, así como Operaciones Especiales en Áreas Urbanas.

Estas especialidades permiten ampliar los conocimientos y habilidades del personal en actividades que requieren disciplina, precisión, coordinación y capacidad de respuesta ante escenarios operativos complejos.

Uno de los momentos centrales fue la transición de casco a boina, ceremonia que simboliza la conclusión de una etapa de preparación y la asunción de mayores responsabilidades dentro del servicio.

Marina llama a mantener disciplina y preparación permanente

Por su parte, el secretario de Marina resaltó particularmente la participación de los integrantes de la SSPC en los cursos impartidos por la Armada de México, al considerar que compartir conocimientos y experiencia contribuye a fortalecer las capacidades del Estado mexicano.

Morales Ángeles destacó que la formación en estas especialidades exige precisión, disciplina y conocimiento, por lo que los nuevos graduados deberán mantener un comportamiento profesional y actuar con estricto apego a la ley.

Al dirigirse a los participantes, señaló que la especialización no debe limitarse a la obtención de una constancia, sino que debe reflejarse en el desempeño cotidiano, el trabajo en equipo y la capacidad para tomar decisiones ante situaciones que demandan preparación y criterio.

También pidió a los elementos mantener los valores de profesionalismo, lealtad y honor, al tiempo que recordó que cada nueva capacidad representa una responsabilidad mayor frente a la sociedad.

El traslado de 574 reclusos desde el departamento de El Paraíso hacia la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán,en Honduras se desarrolló bajo un dispositivo de seguridad con participación de cuerpos policiales y militares encargados de custodiar el desplazamiento.

Según las autoridades, los 574 reclusos serán distribuidos en los módulos de máxima seguridad de Támara. La medida apunta a personas vinculadas con estructuras criminales que el Estado clasifica como grupos terroristas y de alta peligrosidad.

El traslado de este lunes se suma a otro movimiento ejecutado la semana pasada, cuando más de mil privados de libertad fueron reubicados en los módulos de máxima seguridad de Támara.

Con ambas operaciones, las autoridades penitenciarias contabilizan más de 1.574 reclusos trasladados en dos jornadas.

La concentración de estos internos en espacios de máxima seguridad forma parte de una estrategia de reorganización que busca separar a los reclusos según su vinculación con estructuras criminales y su nivel de peligrosidad.

Operativo policial y militar

El traslado de los 574 internos requiere un amplio despliegue de seguridad, dado el número de personas movilizadas y las condiciones de custodia que implica una operación de esta magnitud.

Distintos cuerpos policiales y militares participan en el dispositivo, con labores de vigilancia y resguardo durante el recorrido entre Morocelí y Támara.

Las autoridades no detallaron la cantidad de unidades de transporte utilizadas, el número de efectivos desplegados ni el tiempo previsto para completar la movilización.

La reubicación responde a disposiciones aprobadas para el manejo de personas identificadas por las autoridades como integrantes de organizaciones criminales consideradas terroristas.

El objetivo es modificar las condiciones de agrupamiento de la población penitenciaria y fortalecer los controles sobre privados de libertad vinculados con estructuras delictivas de alta peligrosidad.

La Penitenciaría Nacional de Támara ocupa un papel central en el proceso al recibir a los internos provenientes de La Tolva y de otros establecimientos del país.

Sin embargo, la concentración de una cantidad elevada de reclusos en módulos de máxima seguridad plantea desafíos para la administración penitenciaria en materia de capacidad instalada, vigilancia, alimentación, atención médica y condiciones de reclusión.

Más de 1.574 reclusos trasladados

La reestructuración del sistema penitenciario también contempla cambios en las condiciones de permanencia de los internos clasificados bajo el régimen especial. Las reformas aprobadas por el Congreso Nacional establecen restricciones a las visitas, comunicaciones telefónicas y desplazamientos dentro de los establecimientos, además de controles más estrictos para evitar que las estructuras criminales continúen coordinando actividades delictivas desde prisión.

Entre las disposiciones figura la permanencia de los reclusos en celdas individuales de máxima seguridad, con limitaciones para compartir espacios con personas de otros regímenes.

Las salidas de las celdas estarán sujetas a autorización y acompañamiento de custodios, mientras que las audiencias judiciales podrán desarrollarse de manera virtual conforme a las disposiciones legales.

Otro de los cambios es la habilitación de infraestructura especializada. El INP informó en octubre que trabajaba en la adecuación de módulos con capacidad aproximada para 950 personas, mientras el Congreso y el Gobierno comenzaron a coordinar gestiones para construir un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad, debido a las limitaciones de espacio en las instalaciones existentes

La Diócesis de Culiacán exigió “resultados verificables” a las autoridades de los tres órdenes de gobierno al acusar que la estrategia en materia de seguridad no ha sido suficiente a dos años del inicio de la guerra de las facciones del Cártel de Sinaloa que ha provocado una ola de violencia en el estado.

Su llamado se realizó luego de confirmar que el padre Clemente Morales Topete fue golpeado, quemado y amenazado de muerte durante los tres días que permaneció privado de la libertad por un grupo de sujetos armados que lo “levantaron” el pasado sábado 24 de octubre.

Al respecto, la Diócesis agradeció los esfuerzos que realizaron tanto la Policía Municipal, estatal y autoridades federales para localizar con vida al padre Clemente e insistió en su petición de solicitar que se esclarezca el caso y garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.

Sin embargo, también expresó su preocupación porque la violencia e inseguridad continúan afectando a la sociedad con desapariciones, privaciones ilegales de la libertad, feminicidios y muertes violentas en Sinaloa.

“Después de más de dos años de vivir esta situación (...) nos obligan a decir que lo realizado hasta ahora no ha sido suficiente para devolver a nuestra ciudad la tranquilidad que tanto necesita”, sentenció.

Sin discursos ni datos estadísticos, la Diócesis exige resultados verificables en la paz de los habitantes

La Diócesis acusó que la seguridad no solo se realiza mediante “discursos ni datos estadísticos” cuando las familias continúan sufriendo y viven con temor, por lo que exigió que los resultados sean verificables a través de la protección de la población y condiciones de paz.

“Es indispensable que los esfuerzos institucionales se traduzcan en resultados verificables, en una mayor protección de la población, en investigaciones eficaces y en condiciones reales para recuperar la paz”, señaló.

Es así que la Iglesia exhortó a las autoridades a fortalecer la estrategia de prevención, seguridad y búsqueda de personas desaparecidas, así como de procuración de justicia y atención integral de víctimas.

Piden a generadores de violencia a respetar la vida

La Diócesis de Culiacán también hizo un llamado a los generadores de violencia en Sinaloa, específicamente a las facciones de Los Chapitos y Los Mayos a detenerse y “escuchar la voz de su conciencia” al provocar muertes, desapariciones, daños físicos, psicológicos y morales.

“Por compasión, ¡deténganse! Ninguna vida humana es desechable. Ninguna familia merece vivir bajo la amenaza, el miedo o la incertidumbre. Ningún proyecto, interés o ambición puede justificar el sufrimiento que se inflige a personas inocentes", señaló.

En el documento compartido también hicieron un llamado a la sociedad sinaloense para ser solidarios y respetar a quienes han sido víctimas de la delincuencia y hacia sus familias, ya que algunas víctimas enfrentan señalamientos, burlas y juicios precipitados que agravan su dolor.

La Iglesia invitó a quienes publican o comparten contenido sobre casos de violencia a actuar con prudencia, humanidad y responsabilidad y propuso una verificación previa a la difusión de cualquier dato: “Antes de compartir información sobre una víctima o su familia, preguntémonos si es verdadera y si ayuda a esclarecer los hechos y si respeta la dignidad de las personas involucradas”.

Amenazas y tortura: así fue el secuestro del padre Clemente

El padre Clemente Morales fue privado de la libertad el pasado 24 de octubre, su desaparición fue reportada luego de que se le vio por última vez cuando salió de una cita médica y no acudió a la parroquia donde oficiaría misa horas después.

A su llegada a la casa parroquial, el 27 de octubre, el padre Clemente fue atendido de inmediato por miembros de su comunidad, otros sacerdotes, personal médico y autoridades que acudieron al lugar, según el relato de la diócesis. Posteriormente fue trasladado a una clínica para recibir atención especializada.

Durante los tres días que permaneció retenido, el sacerdote recibió amenazas de muerte reiteradas. La Iglesia informó que sus captores lo mantuvieron en un lugar que no conocía y le exigían información que Morales Topete no podía ofrecer a base de golpes y quemaduras graves en el cuerpo, además de presionarlo psicológicamente.

Sobre las circunstancias exactas del secuestro, la diócesis precisó que las investigaciones correspondientes continúan abiertas y que, por responsabilidad y respeto al debido proceso, no es conveniente adelantar conclusiones ni difundir información que pudiera comprometerlas.

En cuanto a la recuperación del sacerdote, la diócesis informó que Morales Topete continúa bajo observación médica y que su evolución es favorable, aunque advirtió que el proceso “requerirá tiempo, cuidados y acompañamiento integral” debido a las afectaciones físicas y psicológicas ocasionadas por sus captores.

Dos centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones fueron atacados a balazos durante la tarde del domingo 1 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa. Las agresiones ocurrieron en menos de cuatro horas en distintos sectores del puerto y dejaron tres personas muertas y cinco heridas.

El primer ataque se registró alrededor de las 12:30 horas en un inmueble acondicionado como centro de tratamiento contra las adicciones, ubicado en la colonia Felipe Ángeles, cerca del cruce de las calles Mayor J. Osuna y Acapulco.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que viajaban en motocicletas llegaron al establecimiento y dispararon contra las personas que se encontraban en el acceso. Durante la agresión murieron dos internos identificados como Jesús, de 40 años, y Kevin, de 25.

Una tercera persona resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar después de recibir un reporte al número de emergencias 911, mientras que paramédicos auxiliaron a las víctimas.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes para recabar indicios y establecer las circunstancias del ataque.

Segundo ataque dejó un muerto y cuatro heridos

Menos de cinco horas después, alrededor de las 16:50 horas, se reportó una segunda agresión armada contra otro centro de rehabilitación, esta vez en la colonia Flores Magón.

El establecimiento se encontraba sobre la calle Azucena, entre Madre Selva y Jazmín, cerca de unas canchas deportivas donde se desarrollaba un partido de futbol.

Los primeros informes señalaron que hombres armados dispararon desde un vehículo en movimiento contra un grupo de internos que se encontraba en la calle, frente al inmueble, mientras observaba el encuentro deportivo.

Una persona murió en el lugar y otras cuatro resultaron heridas. Durante la agresión, algunos internos corrieron para escapar de los disparos, pero dos de ellos cayeron lesionados a unas dos cuadras del establecimiento.

Paramédicos de Bomberos Veteranos y de la Cruz Roja Mexicana trasladaron a los heridos a hospitales para recibir atención médica. Después de la balacera, el resto de los internos fue evacuado y algunos se retiraron del lugar por sus propios medios.

La zona quedó bajo resguardo de policías municipales y estatales, quienes esperaron la llegada de peritos de la Fiscalía para procesar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo.

Hasta los primeros reportes sobre el caso no se había informado de personas detenidas por esta segunda agresión.

Investigan los ataques contra centros de rehabilitación

Los dos establecimientos fueron atacados durante la misma tarde en sectores distintos de Mazatlán. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado que exista una relación entre ambas agresiones ni han presentado una hipótesis sobre los motivos de los ataques.

En el primer establecimiento, los agresores habrían llegado en motocicletas, mientras que en el segundo dispararon desde un vehículo en movimiento. Las diferencias en las circunstancias de ambos hechos deberán ser consideradas durante las investigaciones.

Elementos del Ejército Mexicano desplegaron operativos de búsqueda para localizar a los responsables después de las agresiones, mientras que personal ministerial inició las diligencias para integrar las carpetas de investigación.

El saldo conjunto fue de tres personas asesinadas y cinco lesionadas en los dos centros de rehabilitación, sin que hasta ahora se haya informado si alguno de los establecimientos había recibido amenazas previas o si sus responsables tenían antecedentes de denuncias.

La Fiscalía estatal deberá establecer si los internos fueron atacados por su permanencia en esos lugares o si las agresiones estaban dirigidas contra personas específicas que se encontraban dentro de los inmuebles.

Dos hombres más fueron asesinados dentro de un automóvil en Cima Horizonte

La jornada violenta del domingo dejó otras dos víctimas mortales en el fraccionamiento Cima Horizonte, al norte de Mazatlán. Hombres armados que viajaban en motocicletas dispararon contra los ocupantes de un automóvil Hyundai Grand i10 blanco, estacionado sobre la calle Cima de las Rocas.

Tras la agresión, uno de los hombres quedó sin vida en el asiento del copiloto, mientras que el conductor alcanzó a abrir la puerta y cayó sobre la vialidad. Paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que ambos habían muerto por las heridas de bala. Hasta los reportes consultados, las víctimas no habían sido identificadas y tampoco se había informado sobre personas detenidas.

Con este doble homicidio, los ataques a los dos centros de rehabilitación y la agresión contra los ocupantes del automóvil, Mazatlán acumuló cinco personas asesinadas y cinco heridas durante el 1 de noviembre. No hay información que permita establecer una relación entre los tres episodios.

Las elecciones intermedias de Estados Unidos se llevarán a cabo mañana, 3 de noviembre, ante el escenario de una derrota del Partido Republicano; esto podría llevar al presidente Donald Trump a tomar decisiones “alocadas” contra México, incluyendo una mayor confrontación comercial o militar, advirtió el académico José Arturo Santa Cruz Díaz Sanatana a la Universidad de Guadalajara.

El especialista, director del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUCSH, señaló que un Trump debilitado y acorralado políticamente tiene menos incentivos para moderar su política exterior.

Las encuestas citadas por el académico muestran un panorama adverso para los republicanos: 99% de probabilidad de que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes y hasta 65% de posibilidades de ganar el Senado. La aprobación de Trump se ubica en niveles históricamente bajos, con dos terceras partes del electorado desaprobando su gestión, principalmente por una inflación que llegó a 3.6% el mes de septiembre.

Los aranceles y los cárteles, en la mira de un eventual arrebato

El maestro Miguel Alejandro Hiljar Chiapa, profesor investigador del mismo centro académico, advirtió a Universidad Guadalajara que Trump podría endurecer los aranceles a productos mexicanos o intensificar su ofensiva contra los cárteles mexicanos mediante intervención militar directa o ataques con drones. “Tendría implicaciones importantísimas en daños y en contra de la soberanía”, afirmó el académico.

Santa Cruz Díaz Santana fue más allá y planteó un escenario adicional: que la administración estadounidense busque llevarse a territorio de Estados Unidos a políticos, gobernadores o funcionarios mexicanos señalados de complicidad con el crimen organizado para juzgarlos ahí.

México descarta que el T-MEC se vea afectado por el resultado electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró en su conferencia matutina del 28 de octubre que la negociación del T-MEC no depende del resultado del 3 de noviembre. De acuerdo con la mandataria, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Echeartea, dialogó con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y con el embajador Ronald Johnson para explorar un entendimiento previo a los comicios.

Sheinbaum indicó que el principal punto pendiente de México en las negociaciones comerciales es la reducción de aranceles de la sección 232 y llamó a mantener “mucha paciencia y serenidad” ante los mensajes contradictorios de Trump, quien hasta ese momento, se encontraba en campaña electoral.

El voto latino, factor decisivo que podría inclinar la balanza

El resultado electoral depende en buena medida del electorado hispano, que según The New York Times se consolidó como el grupo de votantes indecisos más influyente de la década. Los latinos prefieren ahora a los demócratas por 30 puntos porcentuales, un giro notable frente al 44% de apoyo que Trump obtuvo entre ellos en 2024.

El costo de la vida y la política migratoria explican el viraje. El 61% de los votantes hispanos afirma que respaldará a los demócratas, mientras que casi una cuarta parte conoce a alguien deportado o detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los últimos dos años, según The New York Times.

Un fallo de seguridad en ChatGPT permitía que un atacante accediera a conversaciones privadas de otros usuarios con solo conseguir que abrieran un enlace compartido. La vulnerabilidad podía exponer el historial completo de chats, incluso aquellos que nunca habían sido publicados ni compartidos, y también permitía ejecutar acciones desde la cuenta de la víctima.

La empresa de ciberseguridad Parameter documentó esta cadena de ataque en un informe publicado el 28 de octubre. Sin embargo, el problema ya había sido solucionado por OpenAI antes de que se difundieran los detalles. Los investigadores notificaron el fallo el 18 de octubre mediante el programa de recompensas por errores de la compañía y, desde el 26 de octubre, las versiones web de ChatGPT bloquean este método de ataque.

Parameter indicó que no encontró evidencias de que la vulnerabilidad hubiera sido utilizada contra usuarios reales. Las pruebas se realizaron exclusivamente entre cuentas controladas por los propios investigadores.

Cómo un enlace compartido podía exponer los chats privados de ChatGPT

El ataque aprovechaba una función habitual de ChatGPT: compartir conversaciones mediante un enlace. El problema estaba en la manera en que la plataforma procesaba determinados elementos incorporados en esos chats.

Según Parameter, los investigadores crearon una conversación que incluía una vista previa HTML y un gráfico matemático. Para mostrar este último elemento, ChatGPT utilizaba MathLive, una biblioteca que incorpora un teclado virtual para escribir fórmulas.

La vulnerabilidad se encontraba precisamente en ese componente. El teclado aceptaba mensajes procedentes de otras ventanas y permitía insertar contenido HTML sin comprobar adecuadamente su origen. Esto generaba un espacio sin aislamiento dentro de la página, que el navegador interpretaba como parte del propio dominio de ChatGPT.

Los investigadores aprovecharon esa condición y las políticas de seguridad del sitio para ejecutar código JavaScript dentro de la sesión de la persona que abría el enlace.

De esta manera, el atacante podía consultar la lista de conversaciones almacenadas en la cuenta, abrir chats privados que nunca habían sido compartidos y extraer fragmentos de su contenido para enviarlos a un servidor externo.

La investigación también identificó que esta técnica podía utilizar las interfaces internas de ChatGPT para realizar acciones en nombre de la víctima. Parameter describió esta posibilidad como una forma de tomar el control de la cuenta.

En una primera versión del ataque, el usuario debía pulsar el botón de vista previa de la conversación. Posteriormente, los investigadores desarrollaron una variante que activaba esa vista automáticamente, por lo que bastaba con abrir el enlace compartido.

OpenAI corrigió la vulnerabilidad y pagó una recompensa

OpenAI recibió el reporte el 18 de octubre y consiguió reproducir el problema. El 21 de octubre, la compañía elevó la clasificación de gravedad del incidente de P2 a P1, una categoría que identifica fallos de seguridad de mayor prioridad.

Como reconocimiento por el hallazgo, la empresa pagó 5.000 dólares a los investigadores. Sin embargo, el desarrollador Simon Willison consideró que la recompensa podía resultar baja teniendo en cuenta el alcance potencial de la vulnerabilidad.

La corrección también involucró a MathLive, que modificó la configuración predeterminada de su teclado virtual. Desde la versión 0.111.2, publicada el 31 de octubre, el componente solo acepta mensajes procedentes de su propio origen, salvo que los desarrolladores autoricen expresamente otras fuentes.

Cómo revisar los enlaces compartidos en ChatGPT

Aunque la vulnerabilidad ya fue corregida, el incidente vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de compartir conversaciones mediante enlaces públicos.

OpenAI advierte que cualquier persona que tenga acceso a uno de esos enlaces puede consultar su contenido y compartirlo con terceros. Además, estos vínculos no permiten restringir el acceso a determinados usuarios ni establecer una fecha de vencimiento.

Para revisar los enlaces creados, los usuarios pueden ingresar a ChatGPT, abrir Configuración, seleccionar Controles de datos y buscar la opción Enlaces compartidos. Desde allí es posible consultar y eliminar los vínculos individualmente o todos al mismo tiempo.

También es recomendable evitar abrir enlaces desconocidos mientras se mantiene iniciada una sesión con información personal. Utilizar una ventana privada del navegador sin iniciar sesión puede reducir el riesgo de que una página maliciosa aproveche los permisos de una cuenta activa.

El fallo demuestra que incluso una función aparentemente sencilla, como compartir una conversación, puede convertirse en una puerta de entrada para ataques informáticos cuando existen errores en los componentes que utiliza una plataforma.

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Arrestan a dos hombres por defraudar a un vecino en la construcción de un jardín en San Luis Potosí

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) capturó a dos hombres señalados de defraudar a un vecino de la capital potosina mediante la construcción deficiente de un jardín. Las detenciones se concretaron en distintos puntos de la ciudad tras el cumplimiento de sendas órdenes de aprehensión por el delito de fraude específico.

El caso se remonta a hechos ocurridos en 2021, cuando la víctima contrató a los ahora detenidos para realizar una obra en su domicilio y, según las investigaciones, terminó con un patrimonio afectado por trabajos mal ejecutados.

Como resultado de las labores de investigación, agentes de la PDI establecieron posibles ubicaciones de los señalados y desplegaron acciones operativas para su localización. Roberto “N” fue detenido en la colonia 6 de Junio, mientras que Aarón “N” fue asegurado en la colonia Centro, ambos puntos en la capital potosina.

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron en 2021, cuando la parte afectada contrató a los ahora detenidos para realizar la construcción de un jardín en la azotea de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villa Magna, en San Luis Potosí.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima realizó diversos depósitos como pago por los trabajos. Sin embargo, al revisar los avances de la obra, detectó presuntas deficiencias en la construcción, así como el uso de materiales de mala calidad, situación que habría ocasionado una afectación a su patrimonio.

Roberto “N” y Aarón “N” quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requiere, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

Arrestan a hombre por feminicidio tras cateo por narcomenudeo en Oaxaca

Un cateo ejecutado por presunto narcomenudeo en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, terminó con la detención de un hombre que tenía pendiente una orden de aprehensión por feminicidio agravado. La diligencia, realizada en la región de la Mixteca, derivó también en la aprehensión de una segunda persona vinculada a la misma investigación.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que el operativo se originó por indagatorias sobre delitos contra la salud y permitió, de manera simultánea, dar cumplimiento a una orden judicial relacionada con un crimen ocurrido meses atrás contra una mujer.

La diligencia fue ejecutada por la Vicefiscalía Regional de la Mixteca en un domicilio ubicado en el Barrio de la Asunción, en Putla Villa de Guerrero. La orden de cateo respondía a investigaciones por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de comercio o suministro, incluso gratuito.

Durante la intervención, los agentes localizaron y detuvieron a E.C.C., identificado con los alias de “El Negro” o “Moreno”. Al verificar sus antecedentes, el personal ministerial confirmó que el hombre contaba con una orden de aprehensión vigente por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.

En el mismo operativo fue detenida una mujer identificada como M.G.H.R., quien, junto con E.C.C., quedó a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Qué pasó con el feminicidio de Putla Villa de Guerrero

El feminicidio por el que se buscaba a E.C.C. ocurrió el 8 de junio de 2026 en Putla Villa de Guerrero. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la víctima, una mujer que trabajaba en un establecimiento comercial de la colonia Centro, fue agredida por dos personas que irrumpieron en el inmueble y recorrieron distintas habitaciones de la vivienda. Los agresores la golpearon y le colocaron cinta adhesiva, lo que le impidió respirar y provocó su muerte por sofocación.

Las pesquisas sobre este crimen se mantuvieron activas durante meses hasta que las acciones de investigación permitieron ubicar el paradero del probable responsable, aprehendido finalmente en el curso de un operativo distinto, originado por una causa penal relacionada con narcomenudeo.

E.C.C. y M.G.H.R. permanecen a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica conforme a derecho en los próximos días.

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Nueve personas fueron detenidas en Toluca y San Mateo Atenco tras un operativo contra una presunta célula dedicada al robo de transporte de carga, informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). Durante las acciones se recuperó una camioneta con medicamento analgésico vitaminado valuado en 14 millones de pesos.

El despliegue estuvo a cargo de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), en coordinación con las policías municipales de Xonacatlán y San Mateo Atenco.

Origen de la investigación

El operativo derivó del seguimiento a un robo de medicamentos ocurrido el 5 de septiembre, cuyo monto ascendió a aproximadamente 45 millones de pesos. Las indagatorias también relacionaron el caso con un intento de robo registrado el 10 de octubre.

A partir de esas pesquisas, las autoridades identificaron vehículos presuntamente vinculados a los hechos y dieron de alta sus datos en plataformas institucionales.

Ese registro permitió detectar el paso de las unidades investigadas cerca del Parque Industrial Toluca 2000, lo que activó el despliegue operativo.

Persecución y enfrentamiento en Toluca

Durante la movilización, los uniformados ubicaron una camioneta presuntamente robada minutos antes, custodiada por los llamados “vehículos muro”. Al advertir la presencia policial, los ocupantes iniciaron detonaciones con arma de fuego. Los elementos de seguridad repelieron la agresión. En el intercambio, uno de los implicados resultó herido.

La recuperación de la unidad y de la totalidad del medicamento se concretó a la altura de la colonia La Constitución Totoltepec, en el municipio de Toluca. En ese punto fueron detenidas seis personas: Brian “N” y Tania “N”, ambos de 33 años; Melissa “N”, de 29; José Luis “N”, de 37; Cristian “N”, de 26, y Luis Manuel “N”, de 51.

Este último presentó una lesión en la mano derecha, aparentemente ocasionada por un proyectil de arma de fuego.

Eduardo “N”, quien conducía una camioneta de color negro, presentaba una lesión en la cabeza. Fue atendido por paramédicos de Protección Civil dentro de una ambulancia y trasladado después a un hospital de la zona, donde permaneció bajo custodia policial.

Objetos asegurados durante la intervención

En el operativo, los efectivos aseguraron una camioneta de color negro en cuyo interior localizaron un arma de fuego calibre 9 milímetros.

También fue asegurada una camioneta tipo NP300 que, según las autoridades, presuntamente sería utilizada para el trasbordo de la mercancía. En la unidad de carga recuperada se localizaron además dos inhibidores de señal.

Segunda detención en San Mateo Atenco

En una acción derivada de los mismos hechos, los policías dieron seguimiento a dos vehículos que presuntamente participaron en el robo e intentaron darse a la fuga.

Durante la persecución, uno de ellos, un automóvil tipo Charger, se impactó contra un taxi a la altura del puente de San Mateo Atenco.

En coordinación con la policía municipal de esa demarcación, los elementos de la SSEM detuvieron a los dos ocupantes del vehículo: Luis Ángel “N”, de 31 años, y Eduardo Alejandro “N”, de 37.

Con esta segunda acción, el número total de detenidos por su probable participación en los hechos ascendió a nueve personas.

Situación jurídica y recomendaciones

Los indicios asegurados y las personas detenidas fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos OCRA, con sede en Toluca, donde se realizarán las investigaciones correspondientes y se determinará su situación jurídica.

La SSEM señaló que mantiene su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y la coordinación interinstitucional para combatir el robo de transporte de carga en la entidad.

La dependencia recordó que los números 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Emergencias están disponibles las 24 horas del día para reportes ciudadanos. También puso a disposición sus canales en redes sociales: Facebook, en la cuenta @SS.Edomex, y X, en @SS_Edomex.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres por una presunta construcción irregular en suelo de conservación, en el Paraje Pozos, alcaldía Tláhuac. El operativo se realizó en coordinación con personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Los detenidos tienen 56, 39 y 26 años. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), que determinará su situación jurídica.

Cómo se originó el operativo y la detención

Los hechos ocurrieron este 1 de noviembre. De acuerdo con el comunicado oficial, autoridades ejidales alertaron a los oficiales mediante una llamada telefónica sobre varias personas que realizaban trabajos de construcción en suelo de conservación.

El aviso señaló como punto exacto el cruce de las calles Mar de la Fecundidad y Circo Arzaquel, en el Paraje Pozos. Los policías de la SSC se trasladaron de inmediato al lugar tras recibir el reporte.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con personal de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCorenadr), dependiente de la Sedema. Ese personal confirmó que efectivamente se realizaban trabajos de construcción en la zona.

Con esa confirmación, los oficiales procedieron a detener a los tres hombres. Se les informaron sus derechos constitucionales antes de trasladarlos ante la FIDAMPU.

Carpeta de investigación y postura oficial

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito contra el ambiente. La indagatoria está relacionada con la posible ocupación de suelo de conservación y cambio de uso de suelo.

Como parte de las diligencias, se recabó la entrevista del primer respondiente. Además, se solicitó la intervención de personal pericial en fotografía, criminalística, impacto ambiental, arquitectura e identificación forense.

El Gobierno de la Ciudad de México refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada para proteger las zonas de conservación de la capital. La administración capitalina señaló su intención de prevenir acciones que atenten contra el ecosistema.

Qué es el suelo de conservación y por qué está protegido

El suelo de conservación es una de las dos grandes categorías administrativas en las que se divide el territorio de la Ciudad de México, junto con el suelo urbano. Según la Sedema, esta clasificación corresponde a zonas que, por sus características ecológicas, proveen servicios ambientales necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de la capital, de acuerdo con la Ley Ambiental de la Ciudad de México.

Esta categoría ocupa 87.297,1 hectáreas, lo que equivale a alrededor del 59% del territorio de la ciudad, y se concentra principalmente al sur y suroriente. En el caso de Tláhuac, la alcaldía alberga aproximadamente el 7,2% de esa superficie protegida.

El suelo de conservación permite la recarga de los mantos acuíferos que abastecen a la capital, alberga más del 12% de la biodiversidad nacional del país y aporta alimentos mediante la agricultura rural, según datos de la Sedema. También contribuye a mitigar los efectos del cambio climático y a regular el clima urbano.

Dentro de esta categoría se ubican 18 de las 27 Áreas Naturales Protegidas con las que cuenta la Ciudad de México. En Tláhuac, parte del suelo de conservación forma parte de la Sierra de Santa Catarina, una formación volcánica declarada Zona de Conservación Ecológica en 2003, que alberga ecosistemas como matorrales xerófilos y cuyos suelos volcánicos favorecen la infiltración de agua de lluvia.

El Paraje Pozos se ubica dentro del territorio de la alcaldía Tláhuac, que según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) tiene el 75,81% de su superficie clasificada como suelo de conservación, equivalente a 6.469,82 hectáreas.

Ese régimen de protección responde a que el suelo de conservación de Tláhuac posee zonas de recarga hidrológica consideradas importantes para el ciclo del agua de la ciudad, de acuerdo con la PAOT. La normatividad ambiental vigente prohíbe, dentro de esta categoría de suelo, el entubamiento, la desviación, la contaminación y la obstrucción de cauces, manantiales, lagunas y otros cuerpos de agua.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México salió al cruce de versiones periodísticas sobre una suspensión judicial definitiva otorgada a Ernesto Ruffo Apel en una causa por delitos en materia de hidrocarburos. El organismo aclaró que ese beneficio no representa el cierre del proceso penal en su contra.

La aclaración llegó a través de un comunicado de prensa fechado el 1 de noviembre de 2026, identificado como el boletín 770/26. En el comunicado la dependencia aseguro que Ruffo Apel se encuentra vinculado a proceso por delitos en materia de hidrocarburos.

El origen de la controversia judicial

Según el comunicado, el pasado 29 de octubre un juez otorgó una suspensión definitiva a favor de Ernesto Ruffo en el marco de la causa penal que se sigue en su contra.

La suspensión definitiva no equivale al fin del proceso penal contra Ruffo Apel: su único efecto es pausar momentáneamente el procedimiento una vez concluida la etapa intermedia, hasta que se resuelva el juicio de amparo que la originó. Esto impide que la causa avance a la etapa de juicio oral mientras ese trámite legal siga pendiente.

La FGR precisó que Ernesto Ruffo se encuentra vinculado a proceso por su posible participación en delitos relacionados con hidrocarburos. La investigación en su contra, remarcó el organismo, continúa activa.

La resolución fue dictada por la jueza Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro del expediente 1085/2026.

El alcance real del beneficio otorgado

La Fiscalía insistió en diferenciar entre una suspensión del procedimiento y una resolución favorable al imputado. De acuerdo con el comunicado, la medida judicial solamente detiene de forma temporal el avance de la causa, sin que esto implique un sobreseimiento ni una resolución de fondo sobre la responsabilidad penal.

El mecanismo descrito por la Fiscalía funciona de la siguiente manera: una vez que concluye la etapa intermedia del proceso penal, el caso queda en pausa hasta que un tribunal resuelva el juicio de amparo promovido por la defensa. Solo después de esa resolución podrá determinarse si el proceso avanza hacia la etapa de juicio oral.

“La Fiscalía General de la República continuará sus investigaciones, hasta llevar a las personas responsables del caso ante la justicia”, dijo la Fiscalía en su comunicado.

El caso de Ruffo Appel

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California. Una semana después, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, lo vinculó a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

La FGR señala a Ruffo Appel como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar. A la compañía se le atribuyen presuntas operaciones de importación ilegal de gasolina y diésel mediante ferrotanques procedentes de Estados Unidos. Ese esquema de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, habría generado un daño al erario estimado en 4 mil millones de pesos.

Tras su detención, el exmandatario permaneció cerca de dos meses y medio recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano. Un juez autorizó modificar su medida cautelar debido a su edad y problemas de salud, lo que permitió su traslado a Ensenada bajo prisión preventiva domiciliaria, custodiada por la Guardia Nacional. Este cambio se dio el 26 de septiembre del presente año.

La FGR sostiene que cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias ministeriales y análisis de información para respaldar la acusación. La Fiscalía señaló que la empresa vinculada a Ruffo registró movimientos millonarios en cuentas nacionales que resultaron incongruentes con su perfil fiscal.

Una cuenta de WhatsApp intervenida puede exponer conversaciones, fotografías, documentos y contactos, además de servir para enviar estafas desde una identidad conocida. Saber si alguien espía su WhatsApp y recuperar el control de la cuenta exige revisar señales concretas, cerrar accesos ajenos y reforzar las opciones de seguridad disponibles en la aplicación.

Actuar pronto importa porque quien accede al perfil puede suplantar a su propietario, pedir dinero a familiares o compañeros y aprovechar la confianza previa de cada conversación. WhatsApp, propiedad de Meta, incluye mecanismos para recuperar el número, comprobar dispositivos vinculados y activar una barrera adicional mediante un PIN de seis dígitos.

Las señales que alertan sobre un acceso ajeno

El primer indicio suele ser un cierre de sesión inesperado. Si WhatsApp solicita verificar de nuevo el número de teléfono sin que el usuario haya cambiado de dispositivo, es posible que otra persona intente registrar esa cuenta en un equipo diferente.

Los códigos de verificación enviados por SMS son uno de los objetivos habituales de los atacantes. Pueden obtenerlos mediante mensajes engañosos, llamadas o suplantaciones de identidad. Nunca se debe compartir ese código, aunque quien lo solicite diga ser un familiar, una empresa o el servicio de soporte.

Otra señal aparece cuando los contactos reciben mensajes, fotografías, enlaces o peticiones de dinero que el propietario de la cuenta no envió. En algunos casos, el atacante busca convencer a varias personas de que necesita una transferencia urgente o un nuevo código para acceder a otro servicio.

También conviene comprobar si hubo modificaciones no autorizadas en la foto de perfil, el nombre, el estado o la descripción de la cuenta. Estos cambios pueden formar parte de una estrategia para ocultar la intrusión o hacer más creíble una estafa dirigida a los contactos.

Los dispositivos vinculados pueden revelar una sesión desconocida

WhatsApp permite conectar la cuenta a computadoras, tabletas y otros equipos mediante la función de dispositivos vinculados. Esta herramienta facilita el uso de WhatsApp Web, pero también puede exponer las conversaciones si una sesión permanece abierta en un ordenador compartido o en un equipo que no pertenece al usuario.

Para revisar las conexiones activas, se debe abrir la aplicación y entrar en “Ajustes” o en el menú principal. Después hay que seleccionar “Dispositivos vinculados”. Allí aparece una lista con los equipos que tienen acceso a la cuenta.

Si surge un dispositivo desconocido, debe cerrarse su sesión de inmediato. La revisión de sesiones abiertas permite detectar accesos que no siempre generan mensajes extraños o cierres de sesión en el teléfono principal.

Los principales indicios que justifican una revisión son los siguientes:

• Cierre inesperado de WhatsApp en el teléfono.
• Solicitud no esperada de verificación del número.
• Mensajes enviados que el usuario no reconoce.
• Cambios en la fotografía, el nombre o el estado.
• Contactos que reciben solicitudes de dinero.
• Equipos desconocidos en “Dispositivos vinculados”.

Cómo recuperar una cuenta comprometida

Si existe sospecha de que alguien tomó el control de la cuenta, el primer paso es reinstalar WhatsApp desde la tienda oficial de aplicaciones. Al abrirla de nuevo, se debe registrar el número de teléfono propio y completar el proceso de verificación con el código recibido por SMS.

Ese procedimiento puede desconectar a la persona que hubiera activado la cuenta en otro dispositivo. Si durante el registro aparece una solicitud de PIN de verificación en dos pasos que no corresponde al propietario, será necesario utilizar las opciones de recuperación disponibles en la aplicación.

Tras recuperar el acceso, es recomendable avisar a los contactos más cercanos. El mensaje debe aclarar que cualquier petición de dinero, código o enlace enviada durante el periodo de intrusión pudo ser fraudulenta. Informar con rapidez reduce la posibilidad de que otras personas caigan en el engaño.

También conviene revisar los chats recientes para identificar mensajes enviados, cambios en la información personal o archivos compartidos sin autorización. Esta comprobación permite valorar si la intrusión afectó solo a la cuenta o si el atacante intentó obtener datos adicionales.

La medida más importante después de recuperar el perfil es activar la verificación en dos pasos. La ruta está en “Ajustes”, “Cuenta” y “Verificación en dos pasos”. Desde allí se puede crear un PIN de seis dígitos y añadir una dirección de correo electrónico.

El PIN añade una barrera frente a intentos de registro no autorizados. Aunque otra persona consiga el código enviado por SMS, necesitará ese número adicional para completar el acceso. El correo electrónico sirve para recuperar la configuración si se olvida el PIN.

También es importante ignorar correos no solicitados para restablecer la verificación en dos pasos o registrar la cuenta. Los enlaces recibidos sin haber iniciado una solicitud pueden formar parte de un intento de fraude.

Actualizar la aplicación, desconfiar de peticiones urgentes y revisar los dispositivos vinculados de forma periódica ayuda a mantener la cuenta protegida.

Brayan Mauricio Miranda, conocido como “El Pozoles”, fue sentenciado a cinco años de prisión por un juez federal. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como uno de los líderes de la organización criminal La Unión Tepito.

El juez lo encontró responsable del delito de posesión de narcóticos con fines de comercio, tras un proceso que incluyó investigación complementaria y juicio oral.

La sentencia y el delito imputado

Un juez federal determinó la responsabilidad penal de Miranda por posesión de narcóticos con fines de comercio. La resolución se dictó tras un juicio oral en el que el agente del Ministerio Público Federal presentó las pruebas correspondientes, según informó la propia Fiscalía General de la República.

La condena establecida fue de cinco años de prisión más una multa. El tribunal ordenó además el decomiso de la droga asegurada durante la detención.

La detención en la colonia Roma Norte

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Miranda en octubre de 2023. El operativo ocurrió cuando el hombre conducía un vehículo por calles de la colonia Roma Norte.

Durante la inspección del automóvil, los agentes localizaron 496.7 gramos de marihuana, 538.3 gramos de metanfetamina y 18.6 gramos de cocaína. La droga estaba confeccionada en bolsas de plástico transparente, listas para su venta.

El traslado del caso al fuero federal

Tras la detención, el caso inició en el fuero local. Sin embargo, en enero de 2024, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), recibió la declinatoria de competencia correspondiente.

Esa declinatoria significó que la investigación pasara del fuero local al federal, en etapa de investigación complementaria. A partir de ese momento, la Fiscalía Federal en la Ciudad de México continuó con el proceso.

El caso avanzó por las distintas etapas procesales hasta llegar al juicio oral, instancia en la que finalmente se dictó la sentencia condenatoria de cinco años de prisión y la respectiva multa.

Quién es “El Pozoles” y sus antecedentes criminales

Antes de su detención de octubre de 2023, Miranda ya había pasado por prisión en el Estado de México. Tras recuperar su libertad, continuó operando en delitos como extorsión, secuestro, tráfico de armas y narcomenudeo.

El Pozoles estaría ligado a varias desapariciones ocurridas en la capital del país y se le señala como presunto responsable de la muerte de Kenny Finol y de otras parejas.

En 2024, agentes de investigación ejecutaron una segunda orden de aprehensión contra Miranda, esta vez por el delito de desaparición cometida por particulares.

Esa causa está relacionada con la desaparición de un joven identificado como Brayan Apodaca Quintero, ocurrida en 2016. “El Pozoles”, entonces de 24 años, fingió que iría a cargar gasolina para su camioneta y salió junto con la víctima, de quien no se volvió a saber nada.

Qué es La Unión Tepito y quiénes la han liderado

La Unión Tepito es una red criminal integrada por células que operan en la Ciudad de México. Surgió entre 2009 y 2012 a partir de desertores de la Organización Beltrán Leyva y de La Familia Michoacana, de acuerdo con InSight Crime.

La organización registró un recambio constante en su liderazgo por capturas y disputas internas. Francisco Javier Hernández Gómez, “Pancho Cayagua”, fue su primer líder; lo asesinaron en 2017. Lo sucedió Roberto Moyado Esparza, “El Betito”, detenido en 2018.

Después asumió el mando Óscar Andrés Flores Ramírez, “El Lunares”, capturado en enero de 2020. Más tarde encabezó la organización Raúl Rojas Molina, “Mi Jefe”, arrestado en mayo de 2022.

Eduardo Ramírez Tiburcio, “El Chori”, se convirtió luego en uno de los operadores principales del grupo y uno de los delincuentes más buscados de la capital, con una recompensa de cinco millones de pesos por información que llevara a su captura. Fue detenido en marzo de 2024.

En febrero de 2022, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, afirmó que La Unión Tepito había quedado fragmentada de manera irreversible tras la ofensiva policial y la caída sucesiva de sus líderes. Desde entonces, la organización opera dividida en células semiautónomas sin un mando central.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Erick Jesús “N”, alias “El Chulo”, y José Alfredo “N”, alias “El Gil”, señalados como presuntos responsables del delito de extorsión. Ambos eran considerados objetivos prioritarios dentro de la llamada Operación Restitución.

Los detenidos estarían vinculados al grupo delictivo autodenominado Nueva Familia Michoacana, organización relacionada con secuestro, despojo y delitos contra la propiedad en distintas modalidades.

Objetivos prioritarios ligados a la Nueva Familia Michoacana

Erick Jesús “N” y José Alfredo “N” formaban parte de la lista de blancos clave de la Operación Restitución, estrategia de la FGJEM contra el despojo de inmuebles. La Fiscalía los relaciona con la Nueva Familia Michoacana, grupo que operaría en los municipios de Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Toluca y Zinacantepec, con actividades de secuestro, despojo y delitos contra la propiedad.

De acuerdo con el Ministerio Público, la organización utiliza la extorsión y el amedrentamiento con armas de fuego como método para apropiarse de inmuebles y exigir pagos periódicos a sus víctimas.

El caso que derivó en la detención de ambos sujetos comenzó el 14 de febrero de 2025. Ese día, una víctima de 59 años acudió a una bodega de su propiedad, ubicada en el municipio de Toluca.

Hasta ese lugar llegaron los hoy detenidos, quienes, según la investigación, portaban armas de fuego y se habrían ostentado como integrantes de La Nueva Familia Michoacana. Le exigieron el pago de 10 mil pesos mensuales y la entrega del inmueble, bajo amenaza de privarla de la vida y dañar a su familia si no cumplía.

Cronología de las amenazas y el despojo

El 18 de marzo, “El Chulo” y “El Gil” regresaron a la bodega. Según el relato de la víctima ante el Ministerio Público, le indicaron que iban por el dinero y las llaves del inmueble.

Bajo amenazas, la víctima entregó cinco mil pesos y las llaves de la propiedad, con lo que los sujetos consumaron el despojo del lugar.

Los hechos se mantuvieron sin nuevas acciones reportadas hasta el 7 de septiembre de 2026. Ese día, la víctima se encontraba en su domicilio cuando llegaron los mismos sujetos.

La agredieron físicamente y, con arma de fuego, le reclamaron por qué no había entregado el dinero. Le exigieron entonces 20 mil pesos y le ordenaron trabajar para el grupo delictivo.

La víctima entregó una parte del dinero exigido y, para resguardar su seguridad, abandonó su vivienda.

El 12 de octubre, la víctima volvió a su domicilio con la intención de recoger sus pertenencias. Al abrir la puerta, localizó un letrero con una amenaza firmado por “El Chulo” y “El Pepe”.

La investigación y la orden de aprehensión

Al tener conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes. Como parte de la indagatoria, identificó a los probables responsables del delito de extorsión.

Con base en los elementos reunidos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión contra Erick Jesús “N” y José Alfredo “N”.

Elementos de la Fiscalía cumplimentaron el mandato judicial e ingresaron a ambos detenidos al Centro Penitenciario de la zona. Ahí quedaron a disposición de una autoridad judicial, que determinará su situación legal.

La FGJEM precisó que a los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que un órgano judicial determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

El avance de la Operación Restitución en el Edoméx

La detención de “El Chulo” y “El Gil” se suma a los resultados que la FGJEM ha reportado en el marco de la Operación Restitución, estrategia enfocada en combatir el despojo de inmuebles en la entidad.

Desde su puesta en marcha, la operación suma 2 mil 876 inmuebles asegurados en 91 municipios del Estado de México, de los cuales mil 859 ya fueron restituidos a quienes acreditaron legalmente su propiedad, según el comunicado 1029/2026 de la Fiscalía, con fecha del 25 de octubre de 2026.

El operativo involucra a la FGJEM junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (MARINA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales.

Solo en el periodo del 17 al 23 de octubre de 2026, estas corporaciones realizaron 11 cateos y 39 inspecciones en municipios como Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Zinacantepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Texcoco, entre otros. Como resultado, se aseguraron 50 inmuebles: 31 casas habitación, 18 predios y un local comercial.

La Operación Restitución forma parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México.

El aspirante a Guardia Aeronaval, Dannel Alejandro Gómez. murió el sábado en la provincia de Colón, durante una prueba de flotabilidad controlada, ejercicio obligatorio del pensum académico de esta disciplina.

El trágico incidente se produjo pese a que instructores, guardavidas y paramédicos le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de forma inmediata, según informó la entidad de seguridad pública.

Gómez cursaba su formación en el Instituto Superior Aeronaval (ISAN) “Teniente de Fragata Manuel Castillo”, dependiente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

El aspirante sufrió una inmersión inesperada durante el ejercicio, según la información oficial.

Agregó que Gómez perdió la flotabilidad durante la práctica y sufrió lo que el Senan definió como una “inmersión inesperada”.

El personal de instrucción y seguridad que supervisaba el ejercicio se percató de la emergencia y lo sacó del agua de inmediato.

Se afirma que en el lugar se encontraban instructores, guardavidas y paramédicos, además de una ambulancia institucional dispuesta para cualquier contingencia. Ese equipo aplicó maniobras de RCP y primeros auxilios al aspirante antes de su traslado.

Una ambulancia trasladó al joven de manera urgente hacia un centro médico ubicado en la provincia de Colón, pero al llegar los médicos de turno dictaminaron su fallecimiento.

La prueba en la que participaba Gómez no era un entrenamiento excepcional. Se trata de una actividad reglamentaria incluida en el pensum académico del ISAN, el centro encargado de formar a los aspirantes del Senan en Colón.

Este tipo de ejercicio busca que los futuros guardias aeronavales aprendan a mantener la flotabilidad durante determinados períodos. También incorpora técnicas de respiración y relajación en el agua.

El entrenamiento apunta, además, a que los aspirantes sepan reaccionar ante una inmersión accidental y manejen con eficiencia los dispositivos de flotación cuando están disponibles.

Según el Senan, la actividad se desarrollaba bajo medidas de seguridad preventivas, con la presencia reglamentaria de instructores, guardavidas, paramédicos y una ambulancia institucional.

Tras confirmarse la muerte del aspirante, la institución anunció que colaborará con las diligencias e investigaciones que buscan esclarecer lo sucedido. El Senan puso a disposición de las autoridades competentes todos los elementos necesarios para ese proceso.

La entidad manifestó, en la misma información, su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto al debido proceso durante la investigación en curso.

El comunicado no precisó si se abrió una investigación interna paralela a la que realizarán las autoridades competentes, ni ofreció detalles adicionales sobre las causas médicas del fallecimiento.

La muerte del aspirante ocurre en el marco de un ejercicio que, según la propia institución, reiteró que contaba con personal de seguridad y equipo médico presente en el sitio.

Esa circunstancia no impidió el desenlace fatal, pese a la rapidez con la que se dijo se activaron los protocolos de rescate y reanimación.

El hecho pone en discusión los procedimientos de seguridad que rodean las pruebas de flotabilidad dentro de la formación de los aspirantes a Guardia Aeronaval.

También expone la necesidad de que las autoridades determinen con precisión qué falló durante el ejercicio, pese a la presencia de instructores, guardavidas y paramédicos en el lugar.

Por ahora, la versión oficial se limita al comunicado del Senan, que describe el episodio como una inmersión inesperada ocurrida dentro de una actividad reglamentaria y respaldada por medidas de seguridad preventivas.

Las investigaciones en curso deberán determinar las causas exactas de lo ocurrido con Dannel Alejandro Gómez en el Instituto Superior Aeronaval “Teniente de Fragata Manuel Castillo”.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) tiene como postulado, según su misión, ser una institución de seguridad pública ejemplar, que proteja la integridad de la República a través de un continuo mejoramiento de su talento humano, fundamentados en altos valores organizacionales, aprovechando los medios tecnológicos de avanzada.

OpenAI lanzó el 30 de octubre de 2026 GPT-Rosalind-6, un modelo de inteligencia artificial para biología y desarrollo de medicamentos que rechaza menos consultas sobre temas que pueden servir tanto a la ciencia como al daño. La empresa lo entregará solo a organizaciones que apruebe.

Según la ficha técnica que OpenAI publicó ese día, el modelo usa los mismos pesos (los parámetros que definen su funcionamiento) que GPT-6 Astra, su modelo principal. La empresa no añadió datos de entrenamiento ni un nuevo ajuste para esta versión. Cambian el límite de lo que responde y quién puede usarlo.

OpenAI sostiene que el modelo sigue rechazando pedidos para fabricar armas biológicas. Clasificó el lanzamiento con capacidad alta en riesgos biológicos y químicos, un nivel por debajo del crítico en su Marco de Preparación. En ciberseguridad lo trata como crítico, el nivel máximo, igual que a GPT-6 Astra.

GPT-Rosalind se presentó el 16 de abril, con empresas como Amgen, Moderna y Thermo Fisher Scientific entre sus clientes. El 11 de septiembre del mismo año salió de la fase de prueba y quedó disponible en todo el mundo para organizaciones elegibles. La versión 5.5 es la anterior a la nueva.

Cómo OpenAI evaluó este modelo

OpenAI evaluó el modelo con tres pruebas de ciencias de la vida y lo comparó con GPT-Rosalind-5.5. En química medicinal, la puntuación pasó de 28,9% a 49,6%. En análisis de datos genómicos, el éxito en un intento subió de 16,7% a 37,7%. En tareas aportadas por científicos en ejercicio, de 44,0% a 61,3%.

Son resultados de la propia empresa, con el mayor presupuesto de razonamiento que probó. La prueba de genómica usó una configuración distinta de la que funciona en producción, según el documento.

Cómo desempeña el nuevo modelo de OpenAI

Una prueba de conocimiento de riesgo biológico, elaborada con Gryphon Scientific, muestra el efecto del cambio. GPT-Rosalind-6 rechazó el 9,4% de las preguntas. GPT-6 Astra rechazó el 29,2%, y la versión 5.5, el 1,8%.

Sin contar los rechazos como aciertos, el modelo acertó el 78,3% al tomar la respuesta más frecuente de 32 intentos, frente a 63,3% de GPT-6 Astra. OpenAI calcula además un puntaje que trata cada rechazo como acierto, para estimar la capacidad que el entrenamiento de seguridad puede ocultar: 85,0%, sobre el umbral indicativo de 80% para capacidad alta.

Tras ese ajuste, el modelo supera los umbrales de capacidad alta en tres de las cuatro evaluaciones, por lo que OpenAI mantiene esa clasificación. El documento aclara que las pruebas miden capacidades específicas y no son un examen completo de la capacidad de causar daño biológico.

El mismo 30 de octubre, OpenAI corrigió en la ficha de GPT-6 Astra un resultado de SecureBio, que realizó la evaluación.

La puntuación en la prueba World Class Bio bajó de 61,6% a 59,2% porque la cifra original se obtuvo con búsqueda web activada y la de los modelos comparados, sin ella.

Cómo es el acceso a GPT-Rosalind-6

GPT-Rosalind-6 no está abierto al público. OpenAI exige que cada organización demuestre una misión legítima en ciencias de la vida, un caso de uso creíble, gobernanza y control del acceso. A las que no son gubernamentales les aplica además verificación de empresa y controles de cumplimiento.

Para entidades de gobierno existe una vía separada, limitada a usos aprobados de bioseguridad, preparación sanitaria y biodefensa. Los clientes deben restringir el acceso a usuarios autorizados y aplicar revisión humana calificada antes de que los resultados del modelo informen experimentos, publicaciones o decisiones de peso.

El modelo no está en la pestaña de chat de ChatGPT. Se ofrece en las funciones Work y Codex y, por la API, solo con aprobación aparte. Según el centro de ayuda de OpenAI, tampoco se ofrece por Amazon Bedrock, el servicio de modelos de IA de Amazon.

OpenAI aclaró que esta versión no amplía quién es elegible: se mantienen los requisitos de la 5.5, incluido el plan para laboratorios académicos de universidades de Estados Unidos.

En espacios de trabajo Enterprise, el modelo arranca con dos semanas de vista previa para administradores y viene desactivado por defecto durante ese período.

La Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Defensa definieron una nueva estrategia para enfrentar la expansión de los grupos armados organizados en el departamento, con medidas que incluyen centros de fusión de inteligencia, refuerzo de estaciones de Policía, protección de infraestructura crítica y operaciones contra economías ilegales.

La hoja de ruta fue acordada durante un consejo de seguridad realizado este 30 de octubre, con participación del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, el gobernador Andrés Julián Rendón, mandos de la Fuerza Pública y representantes de municipios priorizados.

Según informó El Tiempo, uno de los puntos centrales fue la propuesta de crear cuatro centros de fusión, que operarían como “burbujas operacionales” articuladas entre Ejército, Policía, Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF.

La intención es combinar inteligencia, investigación y operaciones especiales para atacar las estructuras financieras de los grupos ilegales, especialmente aquellas relacionadas con lavado de activos, narcotráfico y minería ilegal.

Seis subregiones estarán priorizadas

Los centros de fusión tendrían impacto en Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá, zonas en las que las autoridades han identificado una mayor presión de estructuras armadas.

Rendón también reiteró su solicitud de recategorizar a ‘El Mesa’ como grupo armado organizado, con el argumento de que esa clasificación permitiría ampliar las herramientas operativas de la Fuerza Pública.

Otra de las medidas que ya avanza es la reactivación de la base policial de La Paraguaya, en Caucasia, que será utilizada como centro de operaciones para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca.

El ministro Mora aseguró que el Gobierno buscará contener la expansión de los grupos armados en Antioquia, con especial atención sobre el Clan del Golfo.

También anunció una intervención integral en zonas de disputa territorial y ajustes destinados a aumentar el número de uniformados en estaciones de Policía.

Presencia armada se extendió en Antioquia

El diagnóstico presentado durante la reunión parte de un escenario de expansión de estructuras ilegales.

De acuerdo con cifras de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) citadas por el medio, en 2019 había presencia de grupos armados organizados en 21 de los 125 municipios de Antioquia.

Para 2025, esa presencia habría aumentado a 71 municipios, equivalentes al 56,8 % del departamento.

Las autoridades departamentales también han advertido sobre presencia de estructuras armadas en las nueve subregiones, incluido el Valle de Aburrá mediante células urbanas.

Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Suroeste aparecen entre las zonas donde se concentran varias de las operaciones más fuertes.

El gobernador Rendón ha señalado además que las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo han incrementado su presencia en el departamento durante los últimos años, aunque esas cifras corresponden a estimaciones de la administración departamental.

El plan de seguridad también incluirá una nueva estrategia nacional contra la minería ilegal, que, según el ministro Mora, será presentada en los próximos días y tendrá a Antioquia como uno de sus principales focos.

Además, el ministro propuso a Medellín y Antioquia como sede de una próxima reunión de la Coalición contra Carteles de las Américas (A3C), que reúne autoridades de defensa de distintos países del continente.

Con estas medidas, el Gobierno Nacional y la Gobernación buscan concentrar esfuerzos operativos y financieros en las zonas donde actualmente existe mayor disputa territorial y presencia de economías ilegales.

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El nombre de Luis Manuel Hernández Victoria, alias “El Ingeniero”, quedó formalmente ligado ante la justicia de Estados Unidos a uno de los narcotúneles transfronterizos descubiertos este año entre México y California. Un gran jurado federal de San Diego lo acusó de diseñar y construir el pasadizo presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para introducir drogas a territorio estadounidense.

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La Vocería de Seguridad del estado de Tamaulipas dio a conocer, por medio de redes sociales, que la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 450 elementos y dos helicópteros Black Hawk en Matamoros y la región.

Esto, como parte del reforzamiento de la seguridad y las acciones de vigilancia.

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En 1993, el rostro de Joaquín “El Chapo” Guzmán era prácticamente desconocido para México. Un cardenal muerto a tiros en el aeropuerto de Guadalajara cambió eso: aquella tarde del 24 de mayo, Jacobo Zabludovsky presentó en el noticiero 24 Horas el primer retrato hablado del narcotraficante sinaloense, junto con una recompensa de cinco millones de dólares.

El documental Operación Cisne Negro, estrenado el 27 de octubre de 2026 en la plataforma Vix, recupera ese fragmento de archivo como el instante en que el fantasma se volvió rostro.

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Bernardo Federico Chalé Barea, un exagente de la Policía Estatal de Quintana Roo y destacado luchador profesional conocido en la región como “Darkness”, fue asesinado a tiros en su domicilio en Nachicocom, localidad de Chetumal.

De acuerdo con medios locales, el crimen ocurrió la noche del miércoles 28 de octubre; sin embargo, el caso comenzó a recibir cobertura nacional al día siguiente.

/mexico/2026/10/30/asesinan-a-expolicia-y-luchador-frente-a-su-esposa-e-hijos-en-quintana-roo/

Entre abatimientos y detenciones, integrantes de cinco estructuras del crimen organizado mexicano recibieron golpes en cuatro días, con operativos desplegados en Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán y Tamaulipas del 26 al 29 de octubre de 2026.

Las cinco estructuras han sido designadas organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos recibieron esa designación el 20 de febrero de 2025, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14157 del presidente Donald Trump; el Cártel de Juárez fue designado el 16 de julio de 2026.

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Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, fue recapturado el 29 de octubre de 2026 en Matamoros, Tamaulipas, casi tres años después de su primera detención y más de dos años después de que un juez federal lo sacara del penal de máxima seguridad del Altiplano pese a que el gobierno ya lo vinculaba con homicidios, secuestros y tráfico de fentanilo.

La detención de este jueves desencadenó narcobloqueos en tres municipios de Tamaulipas, el fallecimiento de una menor de edad y una alerta de seguridad del Consulado de Estados Unidos en Matamoros.

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La docuserie La caída de El Mayo, disponible en Netflix desde el 29 de octubre de 2026, reconstruye en su primer episodio “El Señor del Sombrero” uno de los episodios menos contados del Cártel de Sinaloa: el secuestro de uno de los gemelos Flores en México, el encuentro que siguió con Joaquín “El Chapo” Guzmán y la posterior presentación ante Ismael “El Mayo” Zambada, los mismos capos a quienes años después traicionarían desde adentro ante el gobierno de Estados Unidos.

Los hermanos Margarito y Pedro Flores, nacidos en el barrio de Little Village en Chicago, confesaron haber movido más de 60 toneladas de cocaína, heroína y metanfetaminas como los principales distribuidores del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos. En 2008, cuando cooperaron con autoridades estadounidenses, su testimonio derivó en acusaciones formales contra más de 50 narcotraficantes, incluyendo al propio Chapo Guzmán y a El Mayo Zambada.

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El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, ha cambiado su estrategia de seguridad y en vez de buscar detener a los líderes de los cárteles del narcotráfico, buscará abatirlos.

Así lo aseguraron los periodistas y especialistas en temas de seguridad, José Luis Montenegro y Jesús Lemus en un capítulo de su podcast Narcomundo.

En él, los especialistas señalaron que el gobierno de México ya no busca capturar a los capos, sino que le ha sido más conveniente abatirlos, en una estrategia para que no hablen sobre lo que ocurre en el país, cuando son llevados a Estados Unidos, en caso de que ese país solicite su extradición.

José Luis Montenegro dijo que “parecería que ahora el gobierno de México quiere, ya no capturar a los capos, parecería que les está siendo más conveniente abatirlos, no sé si en una especie de simplemente repeler la agresión, sino en una estrategia por que ellos no canten del otro lado de la frontera si es que Estados Unidos los reclama”.

Recordó que el pasado miércoles Omar García Harfuch había dado a conocer que un personaje ubicado como Jesús González Peñuelas, alias El Chuy Peñuelas, un operador del Cártel de Guasave, había sido abatido en Sinaloa por Fuerzas federales.

Por su parte, Jesús Lemus dijo que es cierto lo que dijo Montenegro, de que pareciera que el gobierno mexicano ya no busca la captura de los capos del narcotráfico para presentarlos judicialmente y procesarles, pues parece que ahora la dinámica es el aniquilamiento para evitar problemas.

“Esto tiene una razón, un fundamento, la presidenta de México acaba de anunciar que se va a redefinir la estrategia de seguridad tanto en Michoacán como en Sinaloa, y esto tiene algo más profundo, hay algo que no nos está diciendo la presidenta, la presidenta de México está aceptando justamente la participación del gobierno norteamericano en acciones conjuntas, de Fuerzas Especiales norteamericanas con Fuerzas Especiales federales mexicanas, para el combate al narcotráfico, y están yendo por los jefes de los cárteles más importantes que considera el gobierno norteamericano como narcoterroristas”, dijo Lemus.

Señaló que el gobierno de México está pensando en la aniquilación de los líderes del cártel de Los Viagras, que es Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo; de los Cárteles Unidos, que es Juan José Farías Álvarez, El Abuelo Farías y La Nueva Familia Michoacana, que son los hermanos Jonny y Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Pez y El Fresa, respectivamente, en Michoacán. También menciona que van por los líderes de La Mayiza, que es Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco y de Los Chapitos, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán.

“Hay operaciones ya permitidas por parte del gobierno mexicano, en coordinación con el gobierno norteamericano, donde hay operaciones de agentes de la DEA, FBI, CIA y ATF trabajando en suelo mexicano, y están entrando en Sinaloa y en Michoacán, por eso vamos a ver a partir de ahora esa dinámica: abatir, ya no presentar a lo judicial, abatir, porque eso es también lo que ha dispuesto el gobierno norteamericano”, dijo Lemus.

Estados Unidos, contra los grupos narcoterroristas, no pretende gastar en manutensión, procesos, juicios, jurados, sentencias, reclusión prolongada, etc, pues, de acuerdo con lo dicho por Lemus, al país vecino del norte le sale más barato un criminal abatido que un criminal procesado.

“Le representa un desgaste político al gobierno norteamericano, y al gobierno mexicano eso le cae de perlas, esa disposición, porque significa que ya no va a haber fuga de información”, dijo.

Bernardo Federico Chalé Barea, un exagente de la Policía Estatal de Quintana Roo y destacado luchador profesional conocido en la región como “Darkness”, fue asesinado a tiros en su domicilio en Nachicocom, localidad de Chetumal.

De acuerdo con medios locales, el crimen ocurrió la noche del miércoles 28 de octubre; sin embargo, el caso comenzó a recibir cobertura nacional al día siguiente.

Así fue el asesinato de Darkness

El miércoles, un grupo de hombres armados arribó a la localidad de Nachicocom cerca de las 20:00 horas. Testimonios citados por Diario de Yucatán señalan que los sujetos arribaron a bordo de una camioneta color azul.

Descendieron de la unidad portando armas largas e ingresaron con violencia en el domicilio de Bernardo Federico Chalé Barea.

Extraoficialmente, su esposa y sus hijos, quienes estaban en el domicilio al momento del ataque, resultaron ilesos debido a que se resguardaron en un baño.

Tras oír los disparos, la mujer salió del baño y encontró en el suelo el cuerpo inerte de Chalé Barea.

Residentes de Nachicocom alertaron a las autoridades. Elementos de seguridad y de emergencias, asignados a la zona, arribaron al sitio.

A su llegada, confirmaron que la víctima había muerto en el lugar de los hechos. Personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de investigación acordonaron el exterior de la vivienda para preservar indicios, entre ellos casquillos percutidos.

A más de 24 horas del crimen, la dependencia estatal no ha informado sobre el caso ni sobre las líneas de investigación para esclarecerlo.

¿Quién era Bernardo Federico Chalé Barea, “Darkness”?

Bernardo Federico Chalé Barea era una figura conocida en Chetumal por su trayectoria en la corporación policiaca estatal y en la lucha libre.

Durante su paso por la policía era identificado como “Choby”, mientras que sobre el ring adoptó el nombre de “Darkness”. Familiares y conocidos recuerdan que, décadas atrás, también luchó bajo el nombre de Mr. Zodiaco.

De forma paralela, se dedicó al oficio de peluquero, actividad con la que se ganó la cercanía de habitantes de Chetumal.

¿Qué grupos criminales operan en Chetumal?

El sur de Quintana Roo registra disputas entre organizaciones del crimen organizado por el control territorial y las rutas utilizadas para el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas.

Entre los grupos señalados por reportes de seguridad se encuentra el Cártel de Caborca, con presencia referida en Chetumal y Bacalar, así como el Cártel de Sinaloa, cuya actividad en la región se relaciona históricamente con la recepción de cargamentos procedentes de Centroamérica.

También se ha señalado que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha buscado ampliar su influencia en distintos puntos de la entidad. A estas organizaciones se suman células locales vinculadas con el narcomenudeo y otros delitos, entre ellas remanentes identificados en la zona sur como ‘El Zury’.

Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que relacione a alguna de estas organizaciones con el homicidio del expolicía y luchador.

Entre abatimientos y detenciones, integrantes de cinco estructuras del crimen organizado mexicano recibieron golpes en cuatro días, con operativos desplegados en Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán y Tamaulipas del 26 al 29 de octubre de 2026.

Las cinco estructuras han sido designadas organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos recibieron esa designación el 20 de febrero de 2025, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14157 del presidente Donald Trump; el Cártel de Juárez fue designado el 16 de julio de 2026.

El saldo incluye el abatimiento de Jesús González Peñuelas, “Chuy González”, operador del Cártel de Guasave, un remanente del Cártel de Sinalia liderado por el Chapo Isidro; la captura de Carlos César Cruz Muñoz, “El Semáforo”, presunto jefe de plaza del CJNG; la detención de Sergio “N”, “El Señor de la A”, jefe de plaza de La Línea; la aprehensión de tres presuntos líderes de Los Pichilinguillos, facción de Cárteles Unidos; y la recaptura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, “El Titán”, segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo.

La Marina abatió a “Chuy González” en Sinaloa, buscado por la DEA

El lunes 26 de octubre, la Secretaría de Marina desplegó un operativo aéreo y terrestre en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Guasave, Sinaloa, tras detectar un convoy de tres camionetas con hombres armados. La persecución se extendió por caminos rurales hasta Estación Capomas, donde se registró el enfrentamiento.

En el intercambio de disparos murieron dos personas: Jesús González Peñuelas, de 56 años y originario de Batamote, Guasave, y Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias “El Profe”, originario del ejido 5 de Febrero, municipio de Sinaloa de Leyva.

González Peñuelas era identificado por las autoridades como operador de segundo nivel del Cártel de Guasave, solo por debajo de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”. Desde al menos 2007, encabezó una célula dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, heroína y fentanilo hacia California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El Departamento de Estado ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que llevara a su arresto. La OFAC lo había designado Narcotraficante Extranjero Significativo en mayo de 2021, y en mayo de 2026 anunció nuevas sanciones por sus vínculos con el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

La trayectoria de González Peñuelas comenzó bajo el liderazgo de Arturo Beltrán Leyva. Tras la muerte de este en 2009, se vinculó con “El Chapo Isidro”. Según fuentes de seguridad citadas por N+, también operó con “Los Chapitos” antes de alinearse con “Los Mayos”.

En la acción se aseguraron cuatro camionetas con reporte de robo en Estados Unidos, tres armas largas, cargadores y municiones. Los indicios quedaron a disposición de la FGR. Terry Cole, director de la DEA, se atribuyó un papel en el operativo y calificó el resultado como “un duro golpe” al Cártel de Guasave y, por extensión, al Cártel de Sinaloa.

El CJNG pierde a “El Semáforo”, señalado como sucesor de “El Tanque” en Veracruz

La madrugada del 28 de octubre, fuerzas federales detuvieron en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a Carlos César Cruz Muñoz, de 42 años, alias “El Semáforo”, “Semo” o “El Señor de las Luces”, señalado como presunto jefe de plaza del CJNG en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río.

El operativo incluyó más de 15 vehículos blindados y helicópteros sobrevolando colonias de Tuxtepec, y fue resultado de inteligencia naval coordinada con la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y la SSPC. También fue detenida Ana Gabriela Aguilar Ávalos, señalada como operadora logística de la organización.

Las autoridades lo identifican como sucesor de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, capturado el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, y señalado como objetivo prioritario tanto en México como en Estados Unidos. Según el Gabinete de Seguridad, Cruz Muñoz ocupaba el segundo nivel de la estructura criminal regional y se le investiga por el asesinato de dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal el 12 de mayo de 2025 en Boca del Río.

En el operativo se aseguraron sustancias ilícitas, armas, granadas, cuatro vehículos, seis motocicletas, dos cuatrimotos y un inmueble. El valor estimado de los bienes asciende a 8 millones 837 mil pesos. Ambos detenidos fueron trasladados en helicóptero a la Base Aeronaval de Veracruz y luego en avión a la Ciudad de México.

Cae en Chihuahua “El Señor de la A”, jefe de plaza de La Línea con orden de extradición a Estados Unidos

El 28 de octubre, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano capturaron en Ojinaga, Chihuahua, a Sergio “N”, alias “El Señor de la A”, identificado como presunto jefe de plaza de La Línea —brazo armado del Nuevo Cártel de Juárez— en el municipio de Rosales.

La Sedena indicó que la detención fue resultado de inteligencia militar e intercambio de información con agencias de Estados Unidos. El detenido cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a ese país por delitos de narcotráfico. Las autoridades también lo señalan por tráfico de personas hacia EEUU.

Según el reporte oficial, Sergio “N” habría operado bajo las órdenes de su propio hijo, Sergio Pedro “N”, alias “Checo”, señalado como jefe regional de La Línea. Fue trasladado en aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México para comparecer ante un juez federal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció en redes sociales el trabajo de las Fuerzas Especiales de la Defensa y de la Guardia Nacional: “Esta persona cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y es señalada por su participación en el tráfico de drogas y personas hacia ese país”, escribió.

Tres líderes de Los Pichilinguillos

El 29 de octubre, la Secretaría de Marina encabezó un operativo en Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, que resultó en la detención de tres presuntos líderes de Los Pichilinguillos, facción de Cárteles Unidos: Bernardo “N”, alias “Mando”; Leobardo “N”, alias “Lioba”; y Leopoldo Fabián “N”, alias “Negrito”. Los tres cuentan con órdenes de aprehensión.

Los tres detenidos son hermanos y controlaban rutas de narcotráfico de cocaína en la franja costera entre Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila. El grupo operaba el desembarco de droga procedente de Centro y Sudamérica y la redistribuía hacia Apatzingán, el centro del país y puntos en Estados Unidos.

Bernardo “N” y Leopoldo Fabián “N” enfrentan cargos por homicidio calificado derivados de un ataque armado del 28 de mayo en Aquila, sobre la carretera costera, en el que murieron tres personas —entre ellas integrantes de la comunidad indígena nahua de Pomaro y dos docentes— y una mujer resultó herida. Bernardo “N” acumula además tres órdenes adicionales por secuestro agravado y desaparición forzada.

La captura involucró a la Semar, la SSPC, la FGR y corporaciones estatales de Michoacán. Los tres detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México.

“El Titán” es recapturado en Matamoros

El 29 de octubre, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo.

García Harfuch lo señaló como segundo al mando de Los Ciclones y lo vinculó con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y personas, contrabando de armas y robo de hidrocarburos. También lo responsabilizó de la agresión del 17 de mayo de 2026 contra elementos de la SSPC en Matamoros, en la que murió el agente Marcelo Vázquez Vázquez.

Las fuerzas federales lo interceptaron sobre la avenida Pedro Cárdenas mientras conducía una Lamborghini Urus color azul. Fue detenido junto con una segunda persona y trasladado por la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Su recaptura desencadenó narcobloqueos en Matamoros, Río Bravo y Padilla. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el fallecimiento de una menor de edad y dos personas lesionadas como consecuencia de los hechos de violencia. El Consulado de Estados Unidos en Matamoros emitió una alerta de seguridad para su personal y ciudadanos de ese país en la región.

“El Titán” había sido detenido por primera vez el 7 de mayo de 2023 en Matamoros, enviado al penal del Altiplano y liberado el 20 de enero de 2024 por una resolución del juez Crescencio Contreras Martínez que el gobierno federal calificó de irregular. Semanas después, la Secretaría de Gobernación presentó una denuncia de juicio político contra ese juzgador ante la Cámara de Diputados.

Un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en Acapulco, dejó cuatro hombres detenidos la tarde del jueves 29 de octubre de 2026.

La intervención ocurrió después de que sujetos presuntamente intentaran refugiarse en las instalaciones universitarias para evadir a las autoridades.

La movilización provocó inquietud entre la comunidad estudiantil y cobró notoriedad durante la noche, cuando comenzó a circular un video en el que se observa a hombres armados ingresando al plantel.

La UAGro confirmó que se trató de un operativo de elementos federales y que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

¿Qué ocurrió durante el operativo federal en la UAGro de Acapulco?

De acuerdo con fuentes de seguridad citadas por medios locales, la intervención comenzó tras recibir reportes sobre la presencia de personas sospechosas en las inmediaciones de la Facultad de Contaduría y Administración.

Los primeros informes señalan que cuatro hombres ingresaron a la escuela aparentemente para ocultarse, situación que motivó la intervención de agentes de la SSPC.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios hombres armados entrando a las instalaciones universitarias.

Aunque inicialmente surgieron dudas sobre su identidad, las fuentes consultadas señalaron que eran elementos federales que participaban en el despliegue.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado si existía una persecución previa, qué motivó específicamente las detenciones o si fueron asegurados objetos relacionados con algún delito.

UAGro confirma detenciones y aclara si los involucrados son estudiantes

Ante la difusión del video, la Universidad Autónoma de Guerrero publicó un comunicado para precisar las circunstancias de la intervención.

“Este día elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron un operativo y detuvieron a sujetos, que ingresaron a nuestras instalaciones universitarias. Las personas detenidas ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público”, informó.

La institución señaló que todavía no había determinado si los involucrados pertenecían a su comunidad académica.

“La Universidad verifica si las personas detenidas forman parte de nuestra comunidad estudiantil. Pedimos no difundir versiones no confirmadas que buscan propagar información tendenciosa”, expresó.

Asimismo, reiteró su disposición para colaborar con las investigaciones y rechazó cualquier conducta delictiva dentro de sus instalaciones.

La institución destacó que mantiene programas de prevención del delito y acciones destinadas a fortalecer la seguridad de sus estudiantes.

Según los reportes iniciales de fuentes de seguridad, los cuatro hombres fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Corresponderá al Ministerio Público establecer las circunstancias de su detención, identificar las posibles conductas delictivas y determinar su situación jurídica.

La autoridad tampoco ha informado si los detenidos cuentan con antecedentes penales o mantienen vínculos con alguna organización criminal.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la periodista Lydia Cacho pidieron a una jueza federal imponer la pena máxima de 12 años de prisión al exgobernador de Puebla Mario Marín Torres, por el delito de tortura cometido en su contra en 2005, es decir, que el proceso de este caso se arrastra desde hace ya 21 años.

La petición se formalizó durante la audiencia de alegatos finales, celebrada este jueves 29 de octubre vía remota en el Juzgado Cuarto de Distrito de Cancún, Quintana Roo, ante la jueza María José Pech Sáenz.

Qué pidió la FGR y cuándo habrá sentencia

La pena máxima que solicitó la Fiscalía responde al artículo 4 de la ley de tortura vigente en Quintana Roo cuando ocurrieron los hechos, que establece una sanción de hasta 12 años de prisión para este delito. Si se le aplica esa condena completa, Marín saldría en libertad a principios de 2033.

La FGR confirmó en sus conclusiones acusatorias que el expolítico debe ser declarado culpable y condenado a esa pena, según informó Pedro Cárdenas, Oficial de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, organización que acompaña legalmente a la periodista.

Al cierre de la diligencia, la jueza Pech Sáenz anunció que resolverá el fondo del asunto “a la brevedad posible”, en cuanto las cargas de trabajo lo permitan. Dispone de un plazo de hasta 60 días para emitir su fallo, luego de estudiar los 66 tomos que integran la causa penal.

Sin embargo, antes deberá resolverse un amparo promovido por la defensa de Marín, vinculado a su edad y estado de salud, por lo que todavía no existe una fecha definitiva para conocer la resolución.

La audiencia se realizó por videoconferencia: Cacho se conectó desde España, donde reside desde 2019 como víctima de desplazamiento forzado, y Marín lo hizo desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.

El primer careo entre Cacho y Marín en 21 años

Por primera vez desde que ocurrieron los hechos, Cacho y Marín se vieron las caras, aunque de manera virtual. “Es la primera vez en mi vida que veo de frente al exgobernador Mario Plutarco Marín Torres”, expresó la autora del libro Los demonios del Edén.

Durante su intervención, la periodista recordó la promesa que hizo en 2003 a las víctimas de la red de explotación sexual encabezada por Jean Succar Kuri y Kamel Nacif, y describió su proceso como “una batalla colectiva de un país que está cansado” de que gobernadores usen el aparato del Estado para proteger a grupos de delincuencia organizada.

Cacho exigió además que Marín le pida disculpas públicas a ella y a la sociedad poblana, y anunció que presentará un escrito solicitando la reparación integral del daño. Según la periodista, el exmandatario “ordenó mi castigo, lo celebró y me mandó a dar un coscorrón”.

Los argumentos de la defensa de Marín

La defensa del exgobernador, a cargo de la abogada Pamela Ramírez Cruz, sostuvo que no existen pruebas que acrediten su responsabilidad directa en la orden o ejecución de los actos de tortura durante la detención de la periodista.

Marín, conectado desde el locutorio del penal, leyó su defensa y aseguró que su intervención se limitó a dos llamadas telefónicas relacionadas con la orden de aprehensión y la custodia de la detenida. “No hay prueba material de que ordenara la detención y tortura en contra de la periodista Lydia Cacho”, declaró.

El exmandatario pidió que se respete su presunción de inocencia y solicitó una sentencia absolutoria. Su defensa citó seis argumentos sobre lo que calificó como “invalidez e insuficiencia probatoria” en la causa penal.

Sobre la llamada telefónica con Kamel Nacif, en la que se le escucha decir que ya le mandó a dar un “coscorrón a la pinche vieja”, la defensa aseguró que esa expresión no se refería a la periodista.

La postura del Ministerio Público Federal

El Ministerio Público sostuvo que quedó acreditado que Marín, como gobernador de Puebla y en la cúspide de la estructura de poder estatal, participó como autor mediato a través de sus subordinados en la entonces Policía Judicial de Puebla.

De acuerdo con la Fiscalía, durante el traslado de 20 horas de Cancún a Puebla se ejerció contra la periodista violencia psicológica y moral, amenazas de muerte, suspensión de tratamiento médico, exposición a cambios bruscos de clima y falta de líquidos y alimentos. Ya en Puebla, según el expediente, se permitió que un hombre la empujara, le jalara el cabello y golpeara su cabeza contra la pared.

El Ministerio Público pidió que se aplique perspectiva de género por tratarse de una periodista agredida por ejercer su libertad de expresión, y que se tome en cuenta la condena de 2018 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el Estado mexicano por este caso. También solicitó la suspensión de los derechos civiles y políticos del exmandatario y una amonestación pública.

Antecedentes: el libro, la detención y los años de proceso

El caso se originó con la denuncia del empresario textilero Kamel Nacif contra Cacho por difamación y calumnias, luego de la publicación en 2004 de su libro Los demonios del Edén, que documentó una red de pornografía infantil con sede en Cancún encabezada por Jean Succar Kuri, fallecido en junio de 2024 mientras purgaba su sentencia.

El 16 de diciembre de 2005, agentes detuvieron a Cacho en Cancún y la trasladaron por carretera a Puebla. Marín fue detenido el 3 de febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, tras permanecer prófugo de la justicia durante casi tres años, y actualmente permanece preso en el penal de El Altiplano.

El 11 de abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo, a cargo de la magistrada María Elena Suárez, había ordenado la aprehensión de Marín, Nacif y mandos policiacos por el delito de tortura.

Los retrasos del proceso y las reacciones de Artículo 19

La audiencia del 29 de octubre se había pospuesto originalmente el 20 de octubre por una falla técnica en la plataforma Webex, que dejó inhabilitada la cuenta de la defensa de Cacho. Artículo 19 México y Centroamérica manifestó entonces su inconformidad por el nuevo retraso tras 21 años de impunidad en el caso.

Cacho recordó, en una transmisión previa desde España, que su padre falleció el 23 de febrero de 2026 sin conocer una sentencia contra el exgobernador. Tras la audiencia de alegatos finales, Cárdenas, de Artículo 19, señaló: “Es la audiencia final en este caso previo a la sentencia. La jueza dictaminará ahora, esperemos pronto”.

Durante la visita de Fujimori a la Casa Presidencial de San Salvador, Perú y El Salvador suscribieron cuatro acuerdos de cooperación bilateral:

• Marco de Asociación Estratégica, firmado por Carlos Espá y la canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco.
• Acuerdo de cooperación técnica en infraestructura, gestión penitenciaria y fortalecimiento del sistema de justicia frente a la criminalidad, suscrito por Ernesto Álvarez, César Augusto Astudillo y el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro.
• Acuerdo de cooperación institucional entre los ministerios de Salud de Perú y El Salvador, firmado por Luis Dyer y el ministro de Salud salvadoreño, Francisco Alabí.
• Acuerdo de cooperación turística, suscrito por Roger Valencia Espinoza y Morena Valdez.

El jefe de Estado salvadoreño aseguró que su país está dispuesto a compartir sus experiencias para que puedan ser aplicadas en las áreas que consideren útiles. Además, señaló que la visita busca afianzar la relación entre ambos pueblos y fortalecer la cooperación. “Ese triángulo de seguridad, salud y educación es vital”, indicó Bukele.

Fujimori, por su parte, en su discurso anunció que Perú reforzará su política penitenciaria con la construcción de dos nuevas cárceles: una destinada a internos de alta peligrosidad, inspirada en aspectos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, y otra para presos con menor nivel de riesgo. En este último caso, prevé incorporar talleres productivos y un plan de “cero ocio” para los reclusos. También señaló que el país tiene otras cárceles en proceso de finalización.

En materia operativa, planteó unificar el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mediante un comando unificado para enfrentar a las organizaciones criminales. Además, sostuvo que su gestión buscará respaldar a los integrantes de las fuerzas de seguridad, a quienes afirmó que anteriormente fueron perseguidos o no recibieron defensa institucional. La propuesta toma como referencia la experiencia salvadoreña, aunque remarca que las medidas deberán adaptarse a la realidad peruana.

A su vez, la mandataria sostuvo que su Gobierno adoptó medidas para impedir que las organizaciones criminales operen desde las prisiones. “El mensaje que va al Perú, las cárceles están para cumplir las penas y no para ser centros donde las organizaciones criminales dirigen los delitos.

Presidenta peruana visitó el CECOT

Fujimori recorrió por la mañana las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) este 29 de octubre, en una actividad oficial orientada a examinar los mecanismos del sistema penitenciario y la política de seguridad pública de El Salvador.

La mandataria se trasladó desde San Salvador en una caravana fuertemente escoltada por las autoridades salvadoreñas. A su llegada al recinto, alrededor de las 10:00 am los integrantes del Gabinete de Seguridad salvadoreño recibieron a la comitiva de Lima.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, y el director de la penitenciaría, Belarmino García, encabezaron la delegación anfitriona que guió la inspección por las áreas de control y vigilancia.

La mandataria acudió al complejo carcelario junto a miembros de su equipo de gobierno. Entre los funcionarios presentes estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Ernesto Álvarez.

La delegación ministerial inspeccionó los protocolos de contención y la distribución de los reclusos en los diferentes sectores de la infraestructura.

Siete personas fueron detenidas en Oaxaca tras una investigación que permitió desarticular una banda dedicada a explotar cajeros automáticos con soplete y tanques de gas en la costa del estado. Así lo informó el fiscal general del Estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla, en una conferencia de prensa junto a representantes de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Los siete detenidos son originarios de Jalisco, específicamente de Puerto Vallarta y Guadalajara, y no tenían presencia previa registrada en territorio oaxaqueño, según detalló el funcionario durante la presentación del caso.

¿Cómo operaba la banda que explotaba cajeros en Oaxaca?

El grupo llegaba a la zona, rentaba un vehículo y vigilaba los cajeros antes de actuar, siempre durante la madrugada, alrededor de las 03:30 horas. Cuatro integrantes ingresaban al área donde se encontraba el cajero mientras uno o dos más permanecían en el auto, listos para la huida inmediata tras el ataque.

El mecanismo utilizado consistía en un soplete y dos tanques de gas colocados frente a la parte principal del cajero. Esa combinación generaba, según describió el fiscal, una “explosión controlada” que rompía el panel delantero y permitía a los asaltantes acceder a la caja fuerte interna.

Investigación: del vehículo rentado a la identificación telefónica

La pista inicial surgió de las cámaras de seguridad de los bancos, que captaron el vehículo utilizado por los asaltantes. A partir de esas imágenes, los investigadores acudieron a la empresa arrendadora y lograron identificar a quienes lo habían rentado.

Con esa información, las autoridades cruzaron datos de telefonía y geolocalización que ubicaron a los sospechosos en tiempo, lugar y momento coincidentes con cada uno de los robos. Esa doble vía, identificación vehicular y rastreo telefónico, permitió consolidar el caso.

En los teléfonos recuperados a los detenidos se hallaron fotografías y videos en los que, según explicó Rodríguez Alamilla, uno de ellos se fotografiaba frente al cajero en lo que en realidad era parte del proceso de vigilancia previo al ataque. El grupo también utilizó un automóvil tipo Tsuru de color verde, identificado en distintos registros.

Un integrante señalado con el apodo de “el Cejas” resultó clave para la investigación: a partir de su identificación, la AEI logró ubicar al resto de los miembros de la célula.

Dos ataques en diez días en la costa oaxaqueña

Los hechos que detonaron la investigación fueron dos ataques con explosivos contra cajeros automáticos ubicados en hoteles de la zona turística de la costa de Oaxaca, en el corredor entre Puerto Escondido y Mazunte. El primero ocurrió el 1 de octubre y el segundo el 10 de octubre.

La cercanía entre ambos eventos y la sofisticación de los mecanismos empleados llevaron a la Fiscalía a descartar que se tratara de hechos aislados. Según el fiscal, el patrón de operación correspondía a un grupo “bastante profesional”, cuya presencia no se tenía registrada previamente en Oaxaca.

Las autoridades detectaron, a través de fuentes abiertas y cerradas, que un modo de operar similar había ocurrido antes en los estados de Nayarit y Jalisco, con participación de algunas de las mismas personas ahora detenidas. De acuerdo con la información obtenida, el grupo planeaba ejecutar un tercer ataque en la región de la costa oaxaqueña y expandir sus operaciones hacia los valles centrales del estado.

Montos robados y coordinación con otras fiscalías

La Fiscalía indicó que continúa el proceso para determinar con precisión el monto total sustraído en los ataques, aunque Rodríguez Alamilla precisó que las cifras involucradas ascienden a varios cientos de miles por cada intento de explosión contra los cajeros.

El funcionario explicó que cada cajero cuenta con un monto específico suministrado por las empresas contratadas por los bancos para ese servicio, lo que complica el cálculo exacto hasta que concluya la revisión caso por caso.

La dependencia estatal ya mantiene comunicación con fiscalías de otros estados del país para compartir la información obtenida durante la investigación, de cara a posibles órdenes de aprehensión adicionales contra los detenidos por hechos similares registrados fuera de Oaxaca.

Sin vínculos confirmados con el crimen organizado

Alamilla fue cuestionado si la célula desarticulada mantenía relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación o con el caso de personas desaparecidas en Tlaxcala que habían sido reclutadas para cometer robos en otros estados.

Rodríguez Alamilla descartó ambos vínculos. Señaló que se trata de un grupo específico, sin relación identificada con el cártel mencionado ni con el caso de Tlaxcala, que calificó como “una cosa completamente distinta”.

El fiscal precisó que los detenidos están identificados únicamente como especialistas en el robo de cajeros mediante el uso de tecnología y explosivos artesanales, sin que hasta el momento existan elementos que los vinculen con actividades como el narcomenudeo o el cobro de piso. Agregó que la investigación continúa para determinar si el grupo participó en hechos similares en otras regiones del país además de Oaxaca, Nayarit y Jalisco.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que depende de la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutó tres operativos entre el 13 y el 21 de octubre contra redes dedicadas al robo y venta ilegal de hidrocarburos. Las acciones se realizaron en Veracruz, Tamaulipas, Querétaro y la Ciudad de México.

Los casos forman parte de una estrategia de investigación que, según la fiscalía, busca llegar hasta los accionistas y empresas detrás de las estructuras de huachicol, y no solo a quienes operan en el terreno.

Aprehensiones en Veracruz por una red con empresas fachada

Entre el 13 y el 14 de octubre, autoridades ejecutaron en cuatro entidades federativas órdenes de aprehensión contra Rodolfo “N”, Rafael “N”, Luis “N”, Ulises “N”, Juan “N” y Rodolfo “C”.

El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Federal Ministerial (PFM) de la FGR. Las seis personas fueron vinculadas a proceso y un juez les decretó prisión preventiva oficiosa.

El origen de esta investigación se remonta a septiembre de 2020, cuando una dependencia de gobierno denunció que una embarcación de bandera mexicana no contaba con la documentación necesaria para poseer o almacenar hidrocarburos. Desde entonces, la FEMDO llevó a cabo revisiones documentales con autoridades del sector energético, aduanero y de seguridad, además de comparecencias de personas físicas y representantes legales de las empresas involucradas.

El análisis contractual, corporativo, financiero y fiscal arrojó indicios de que la red operaría a través de empresas fachada, con una estructura corporativa compleja detrás del esquema.

Cateos en Reynosa con aseguramiento de pipas y combustible

El 16 de octubre se realizó el cateo de cuatro inmuebles en Reynosa, Tamaulipas, donde fueron detenidos Manuel “N” y Andrés “N”, ya vinculados a proceso.

En el operativo se aseguraron más de 100 vehículos, 71 de ellos pipas, además de aproximadamente 1.5 millones de litros de hidrocarburos entre diésel, nafta, gasolinas y otros combustibles.

Esa investigación inició en julio de 2026, cuando la FEMDO comenzó a documentar en campo los productos, las personas y las empresas probablemente involucradas. La documentación y el análisis de cada activo asegurado permiten, de acuerdo con la fiscalía, reunir evidencia adicional para construir investigaciones más sólidas contra los responsables.

Órdenes de aprehensión en Querétaro y la Ciudad de México

El 21 de octubre, en coordinación con la Guardia Nacional (GN), se ejecutaron órdenes de aprehensión obtenidas por la FEMDO contra José “N” y Ricardo “N”, en el estado de Querétaro, y contra José “N”, en la Ciudad de México.

A las tres personas se les investiga por su posible participación en delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

Esta investigación comenzó en agosto de 2025 con cateos autorizados por un juez en al menos dos entidades, donde se aseguraron equipo, hidrocarburos y documentos. El proceso incluyó entrevistas y la revisión documental de estructuras corporativas y contratos.

El análisis de lo asegurado permitió detectar que se mezclaban distintos tipos de hidrocarburos. La fiscalía identificó al menos dos gasolineras que vendían al público final combustible que no cumplía con las normas oficiales mexicanas. A partir de ese hallazgo, la investigación avanzó sobre toda la cadena de suministro, método que la FEMDO aplica actualmente para identificar a los accionistas y las empresas relacionadas con cada esquema.

Balance de la FEMDO y continuidad de las investigaciones

Los tres expedientes comparten una misma lógica de trabajo: investigación documental y de campo, entrevistas con personas físicas y representantes legales, y análisis de estructuras corporativas, contratos y finanzas.

La fiscalía sostiene que este tipo de indagación, sostenida durante meses o incluso años antes de solicitar cateos y órdenes de aprehensión, permite construir casos con mayor respaldo probatorio. En los tres casos, así como en los demás que investiga la FEMDO, el trabajo continúa de forma permanente. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

De enero a octubre, la FEMDO llevó a 121 personas a proceso y obtuvo 60 sentencias condenatorias por delitos en materia de hidrocarburos. La cifra supera a la registrada durante todo 2025, cuando se alcanzaron 103 personas vinculadas a proceso y 34 sentencias condenatorias.

Este fortalecimiento de la labor ministerial se ha dado en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con el objetivo de desarticular redes de empresas, servidores públicos y personas que cometen delitos en materia de hidrocarburos.

El embajador Ronald Johnson afirmó este 29 de octubre que la Embajada de Estados Unidos en México y sus nueve consulados fortalecen la cooperación bilateral en seguridad, migración y vigilancia fronteriza bajo el liderazgo del presidente Donald Trump.

Según la declaración de Ronald Johnson, las acciones buscan combatir a los cárteles, el tráfico de drogas y armas, la migración ilegal y el tráfico de personas.

La misión diplomática estadounidense atribuyó a esa coordinación una reducción de 95% en las detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste de Estados Unidos durante los últimos 12 meses. Aseguró que se trata del nivel anual más bajo registrado.

Igualmente, el embajador indicó que la Patrulla Fronteriza también mantiene una política de “cero liberaciones” de migrantes ilegales en las comunidades, de acuerdo con el comunicado. Septiembre de 2026 fue el decimoséptimo mes consecutivo sin liberaciones bajo ese criterio.

Estados Unidos atribuye la baja de sobredosis a esfuerzos conjuntos

La representación diplomática sostuvo que las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 40% frente al punto más crítico de la crisis. En su estimación, esa reducción equivale a más de 40 mil vidas salvadas mediante los esfuerzos conjuntos.

Johnson señaló que, con información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, las autoridades mexicanas incautaron más de 500 toneladas métricas de drogas ilícitas, entre ellas más de 9.5 millones de pastillas de fentanilo.

El comunicado indicó que las autoridades mexicanas decomisaron aproximadamente 90 toneladas métricas de cocaína en el mar con coordinación de la Guardia Costera y la Armada de Estados Unidos. También afirmó que el tráfico marítimo de drogas hacia territorio estadounidense bajó más de 95%.

La Embajada de Estados Unidos en México añadió que las operaciones incluyen la interrupción del suministro de precursores químicos, el desmantelamiento de laboratorios, la intercepción de redes de narcotráfico y el aseguramiento de bienes. Asimismo, señaló que Washington impone sanciones contra fuentes de financiamiento vinculadas con los cárteles.

México realizó 96 extradiciones a custodia estadounidense

En Estados Unidos, las autoridades incautaron más de 50 mil armas de fuego y casi 2.9 millones de cartuchos, además de detener a más de 10 mil personas relacionadas con el tráfico de armas, según la declaración.

Las autoridades estadounidenses entregaron a México a más de 360 fugitivos buscados por delitos graves, incluidos homicidio, secuestro, lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales transnacionales.

Desde el inicio de estos esfuerzos, México realizó 96 extradiciones y 92 traslados de criminales violentos a custodia estadounidense, afirmó la misión diplomática. Entre esas personas había cuatro integrantes de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

El gobierno estadounidense sostuvo que sus sanciones buscan afectar las operaciones financieras de los cárteles y otras organizaciones criminales. La estrategia, expuso, contempla a líderes de cárteles, traficantes, lavadores de dinero, facilitadores y empresas fachada.

La declaración señaló que la reducción del ingreso de drogas a las calles estadounidenses, el decomiso de armas y las acciones contra la migración ilegal y el tráfico de personas se traducen, según la embajada, en comunidades más seguras y mayores oportunidades para familias y empresas de ambos países.

Estados Unidos continuará los trabajos para mejorar la cooperación con México frente a amenazas compartidas, desmantelar redes criminales, asegurar la frontera, proteger a sus ciudadanos y fortalecer las condiciones para el comercio legítimo, la inversión y la prosperidad económica.

Ronald Johnson descarta que la designación terrorista de cárteles justifique ataques en México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la designación terrorista de los cárteles mexicanos no pretende justificar bombardeos ni ataques militares en territorio nacional, sino ampliar las herramientas legales y financieras para debilitar sus redes completas.

Durante un panel del Simposio de Inversionistas Globales del Instituto Milken sobre la relación bilateral, el diplomático abordó las dudas sobre la medida impulsada por la administración de Donald Trump. Johnson relató que habló personalmente con el presidente estadounidense antes de que se concretara la decisión.

“Mucha gente piensa que se hizo para poder lanzar bombas sobre los cárteles. Esa no fue la razón”, declaró el embajador.

La medida busca sanciones y cargos por apoyo al terrorismo

Johnson explicó que la clasificación de los grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras permite emplear medidas financieras, sanciones y cargos por apoyo al terrorismo contra personas y estructuras vinculadas con los cárteles.

“El objetivo era poder emplear otras herramientas como medidas financieras y sanciones para combatir el terrorismo. Queríamos debilitar la red en su totalidad”, afirmó.

La estrategia no se concentra únicamente en los líderes visibles de las organizaciones criminales. El embajador señaló que también contempla a traficantes, lavadores de dinero y empresas fachada relacionadas con esas redes.

Johnson sostuvo que los cárteles mexicanos mantienen operaciones fuera del país, con presencia en Europa, Asia, Sudamérica y Estados Unidos. Bajo esa lógica, un arresto en México podría derivar en detenciones en otros territorios vinculados con la misma estructura.

“Los cárteles no operan solo en México, están presentes en Europa, Asia y Sudamérica. Se extienden incluso hasta Estados Unidos”, señaló el diplomático.

Amnistía Internacional exigió a las autoridades de Chiapas investigar con debida diligencia el asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos asesinado a balazos el miércoles 28 de octubre en el municipio de Chenalhó. El organismo reclamó que se considere su labor de defensa de derechos humanos como línea de investigación.

Pérez Pérez, indígena tzotzil, era beneficiario desde 2023 del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Antes de su muerte había denunciado amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados en su contra.

El reclamo de Amnistía Internacional

El asesinato de Reynaldo Pérez evidencia los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en México y la urgencia de garantizarles una protección efectiva. Amnistía Internacional expresó su solidaridad con la familia del defensor y exigió a la Fiscalía General del Estado de Chiapas garantizarle acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.

El organismo también llamó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a revisar y fortalecer sus medidas, con el fin de prevenir nuevas agresiones y evitar que las amenazas contra defensores culminen en asesinatos.

Amnistía Internacional instó además al gobierno de Chiapas a atender las causas estructurales del desplazamiento forzado interno y a garantizar protección, asistencia humanitaria y condiciones de seguridad para que las familias desplazadas puedan ejercer sus derechos, incluido el retorno voluntario y seguro a sus comunidades.

Crisis de desplazamiento forzado en Chiapas

Amnistía referenció los datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), para asegurar que en Chiapas suman ya 24 mil 510 víctimas de desplazamiento forzado interno. La organización describió hace cuatro años la situación en los alrededores de Chenalhó: “Estamos en un escenario de guerra como consecuencia del abandono y la complicidad de los gobiernos, por lo que han proliferado los ataques armados”.

En la región fronteriza con Guatemala persiste una crisis de violencia armada y control territorial por parte de grupos criminales que, desde 2021, ha obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares. Muchas continúan desplazadas, sin acceso a refugios seguros ni a la atención humanitaria que necesitan, y expuestas a nuevas agresiones.

Patrón de violencia contra defensores

Entre 14 y 20 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Chiapas entre 2016 y 2026, según registros de monitoreo independiente. A esta violencia se suman 156 ataques directos documentados entre enero de 2024 y mediados de 2025 por el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas y organizaciones como Espacio OSC, de los cuales al menos cuatro derivaron en homicidios.

Cómo murió Reynaldo Pérez

El crimen ocurrió la tarde del miércoles 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, según reconstruyó el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca. Dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta, se acercaron a la víctima y dispararon con arma corta.

Personal de la Fiscalía Indígena, agentes de investigación y peritos acudieron al lugar para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios. Llaven precisó que, hasta ese momento, no existía ninguna línea de investigación concreta y describió el hecho como “aislado”, sin elementos para vincularlo a algún conflicto político o social en la región.

El fiscal adelantó que realizarán “un recuento cronológico de qué pasó momentos antes, dónde estuvo antes” de la víctima, con el fin de precisar una línea de investigación. Reveló además que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar lo llamó personalmente para pedirle que supervisara el caso, por lo que se trasladó a San Cristóbal de Las Casas.

En una publicación posterior en Facebook, Llaven informó que se encontraba en esa ciudad “por acuerdo de la Mesa de Paz, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez”, y confirmó la designación de un grupo especial para las diligencias correspondientes. El funcionario describió a Pérez como una persona “muy activa”, que ofrecía servicios como abogado y asesor de víctimas y a quien era habitual ver en las oficinas de la Fiscalía Indígena, Zona Altos.

“Habrá cero impunidad”, aseguró Llaven, quien añadió que los responsables “van a enfrentar la justicia”.

Más de una década de defensa a comunidades desplazadas

Pérez Pérez fue uno de los propios desplazados de Santa Martha, en Chenalhó, y sobrevivió al ataque armado de 2023 que dejó al menos siete muertos entre la población desarraigada.

El defensor representaba a 63 familias tzotziles de esa comunidad, expulsadas de sus viviendas el 24 de junio de 2022 por grupos señalados como paramilitares. Meses después, en octubre de ese año, otras 130 personas indígenas fueron desplazadas de la misma zona, y cinco indígenas tzotziles fueron reportados como desaparecidos.

La comunicación de la ONU y las denuncias previas del defensor

La relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, junto con los relatores especiales Morris Tidball-Binz, Gina Romero y Albert K. Barume, enviaron al Gobierno de México la Comunicación Conjunta AL MEX 1/2025 el 17 de febrero de 2025.

El documento alertó sobre ataques contra Pérez y José Vásquez Gutiérrez, ambos defensores indígenas tzotziles de Los Altos de Chiapas. Según esa información, Pérez colaboraba con la organización Derechos Humanos Cuerpos Diplomáticos de Paz, mientras que Vásquez Gutiérrez era miembro de Las Abejas de Nuevo Yibeljoj.

Los relatores precisaron que ambos presentaron al menos tres denuncias ante las autoridades correspondientes, las cuales no actuaron con diligencia para investigar las agresiones ni sancionar a los responsables. La información recibida por la relatora sugería que funcionarios públicos habrían estado involucrados en esas agresiones.

El Estado mexicano respondió el 6 de marzo de 2025, en un informe transmitido por la Misión Permanente de México en Ginebra el 1 de abril. El documento confirmó que ambos defensores fueron incorporados formalmente al Mecanismo de Protección desde el 13 de junio de 2023, aunque el listado de medidas implementadas apareció sin contenido visible en la versión pública del informe.

Pérez Pérez encabezó durante años gestiones, mesas de diálogo y movilizaciones para exigir al gobierno de Chiapas condiciones de seguridad que permitieran el retorno de esas familias a sus hogares, demandas que no lograron concretarse.

Además de su acompañamiento a los desplazados, fungió como mediador en el conflicto territorial entre los municipios de Aldama y Chalchihuitán, en Los Altos de Chiapas, y se desempeñaba como asesor externo del ayuntamiento de Pantelhó.

Las acciones fueron resultado de labores de inteligencia, inspección y vigilancia realizadas por personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en distintos puntos de la terminal aérea.

Detención por manipulación irregular de equipaje

La primera detención se originó por reportes y quejas de usuarios sobre robo y sustracción de objetos dentro de las maletas facturadas. A partir de trabajos de inteligencia, personal de Marina identificó a un hombre de nacionalidad mexicana que manipulaba de forma inusual diversas maletas en el área de procesamiento de equipaje.

Ante la conducta irregular, el personal naval intervino de manera inmediata y procedió a su detención. Este caso se enmarca en las acciones orientadas a contrarrestar el robo de pertenencias al interior de los equipajes de los pasajeros.

Cocaína con destino a España

En un segundo hecho, dos hombres de nacionalidad mexicana fueron detenidos en flagrancia cuando pretendían transportar droga con destino a España.

Durante la revisión, personal de Marina localizó 17 paquetes con un peso bruto aproximado de 19.9 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína. El hallazgo se produjo como resultado de tareas de inteligencia dirigidas a prevenir el tráfico de estupefacientes en la terminal aérea.

Metanfetamina y cocaína con destino a Corea del Sur

En un tercer evento, una persona fue detenida en posesión de dos tipos de sustancia. Se le encontraron 18 paquetes con alrededor de 21.44 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina. El sujeto detenido fue identificado extraoficialmente como Jesús Delgado Valencia

Además, portaba cinco paquetes con alrededor de 6.1 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína. De acuerdo con el reporte, ambos cargamentos tenían como posible destino Corea del Sur.

Del total de tres personas detenidas en estos dos hechos vinculados al tráfico de drogas, dos arribaron al AICM en vuelos procedentes de Guadalajara, Jalisco, según informaron las autoridades. Las detenciones se dieron como parte de las tareas de inteligencia orientadas a prevenir el ingreso y traslado de estupefacientes en la terminal.

Puesta a disposición y afectación económica

A las cuatro personas detenidas se les informaron sus derechos de ley. Junto con la droga asegurada, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) correspondiente, quien determinará su situación legal.

Las autoridades indicaron que estos aseguramientos representan una afectación económica estimada de aproximadamente nueve millones 125 mil 254.20 pesos para la estructura operativa y logística de los grupos delictivos involucrados.

Coordinación institucional

Con estas acciones, la ANAM, en coordinación con Marina a través del Grupo Aeroportuario Marina, y las instituciones del Gabinete de Seguridad y de la Ciudad de México, refrendaron su compromiso de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control aduanero.

El objetivo declarado es evitar el ingreso de sustancias ilícitas al país y reforzar los controles en uno de los puntos de mayor tránsito aéreo de pasajeros en México.

Decomisos previos de droga en el AICM

Entre los casos más recientes reportados en el AICM durante 2026 se encuentra el decomiso de 10 kilogramos de presunta metanfetamina ocultos dentro de una máquina para carpintería con destino a Australia.

Días antes, el 22 de octubre, el Gabinete de Seguridad reportó el hallazgo de cerca de 10 kilos de sustancias ilícitas en el equipaje de un pasajero procedente de Miami, Estados Unidos, quien fue detenido. Las pruebas dieron positivo a sulfato de pseudoefedrina y morfina.

El 25 de octubre, personal de Aduanas, Marina y la SSPC detectó 367 gramos de metanfetamina ocultos en bases de carga para controles de videojuegos, dentro de un paquete postal con destino al Reino Unido, según el Gabinete de Seguridad Federal.

Otros casos documentados en 2026 incluyen el decomiso de 8.64 kilogramos de cocaína ocultos en piezas de artesanía provenientes de Lima, Perú, el 30 de septiembre, y un cargamento de 8.8 kilogramos de cocaína distribuidos en una silla de ruedas, detectado el 14 de mayo.

El 15 de septiembre, Marina y la ANAM también reportaron un cargamento de mil 77 kilogramos de café contaminado con presunta cocaína base, en tránsito internacional, aunque ese hallazgo no derivó en detenciones confirmadas.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) este 29 de octubre, en una actividad oficial orientada a examinar los mecanismos del sistema penitenciario y la política de seguridad pública de El Salvador.

La mandataria se trasladó desde San Salvador en una caravana fuertemente escoltada por las autoridades salvadoreñas. A su llegada al recinto, alrededor de las 10:00 am los integrantes del Gabinete de Seguridad salvadoreño recibieron a la comitiva de Lima.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, y el director de la penitenciaría, Belarmino García, encabezaron la delegación anfitriona que guio la inspección por las áreas de control y vigilancia.

La mandataria acudió al complejo carcelario junto a miembros de su equipo de gobierno. Entre los funcionarios presentes estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Ernesto Álvarez.

La delegación ministerial inspeccionó los protocolos de contención y la distribución de los reclusos en los diferentes sectores de la infraestructura.

Durante el trayecto, los representantes del Ejecutivo salvadoreño detallaron los criterios de gestión carcelaria impulsados bajo el mandato del presidente Nayib Bukele.

Las autoridades salvadoreñas expusieron las características técnicas del recinto diseñado para el aislamiento de reos de alta peligrosidad, con énfasis en el régimen de custodia aplicado a miembros de estructuras criminales.

Fujimori observó el funcionamiento de los filtros de seguridad entre escáneres corporales y detectores de metales

Durante el recorrido por el penal, la comitiva ingresó a uno de los pabellones de detención para observar las condiciones de custodia. En el lugar, las autoridades salvadoreñas mostraron los protocolos de atención médica que se suministran a los reclusos, al tiempo que un contingente de internos realizó una sesión de ejercicios físicos dirigidos dentro de ese mismo sector bajo estricta vigilancia.

Al cierre de la actividad en el recinto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, entregó a la dignataria un documento técnico con el detalle operativo del denominado modelo Bukele.

Frente a los medios de comunicación en Tecoluca, la mandataria peruana subrayó que la transformación en materia de orden interno lograda en el país centroamericano constituye una referencia para la región. Fujimori remarcó el interés de su gabinete por interiorizarse en programas específicos de trabajo penitenciario como el Plan Cero Ocio, cuya adaptación quedará bajo la órbita de su cartera de Justicia.

“Sabemos que en el Perú necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles con todas estas iniciativas”, manifestó la gobernante, quien expresó un reconocimiento a la labor conjunta de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada salvadoreña, además de destacar la conducción de Nayib Bukele.

La agenda oficial en San Salvador continuará con reuniones de Estado en Salud y Educación

Tras la visita a la cárcel de Tecoluca, el programa bilateral contempla una audiencia privada entre Fujimori y Nayib Bukele, seguida por una cena de Estado ofrecida por el Ejecutivo anfitrión en honor a la comitiva peruana.

La delegación de Lima arribó a la capital salvadoreña la tarde del miércoles 28 de octubre para una gira que también abarca el intercambio de experiencias en áreas sociales y de infraestructura.

Para el viernes 30 de octubre, la gobernante de Perú sostendrá una sesión de trabajo con el ministro de Salud, Francisco Alabi, que incluirá una visita guiada al Hospital Rosales.

En el turno de la tarde, la jefa de Estado mantendrá un encuentro con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros, con el propósito de conocer el modelo de funcionamiento pedagógico e infraestructura en una escuela pública salvadoreña, además de proyectar vínculos en materia turística.

Hasta este viernes 30 de octubre especialistas en seguridad digital, representantes de organismos internacionales comparten en Panamá experiencias para reforzar la prevención, la detección y la respuesta frente a las amenazas cibernéticas.

Esto será en el marco del Cyber Americas Forum y Cibercom 2026, cuyo acto inaugural reunió a autoridades y diplomáticos de distintos países.

“Hoy comprendemos que las amenazas no reconocen fronteras. La protección de nuestras infraestructuras críticas, la defensa del ciberespacio y la prevención del ciberdelito requieren instituciones preparadas, cooperación efectiva y una visión compartida”, señaló el viceministro de Seguridad Pública encargado, Juan Carlos Rodríguez.

Que Panamá reciba este foro implica para el funcionario una responsabilidad que trasciende lo protocolar.

“Significa consolidar nuestro compromiso con la seguridad hemisférica, impulsar el intercambio de conocimientos y contribuir a la construcción de una región más segura, resiliente y preparada ante las amenazas emergentes”, manifestó.

Remarcó que la cita abre una vía para reforzar lazos entre naciones, compartir aprendizajes y avanzar hacia un continente con mayor capacidad de respuesta ante los riesgos del entorno digital.

El evento, surge de una cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA) para reforzar las capacidades regionales en esta materia, de acuerdo a una nota de prensa de la entidad.

En esta oportunidad, agrega, se trata de la primera edición que fusiona el tradicional Simposio de Ciberseguridad con Cibercom, ampliando los espacios destinados al intercambio de conocimiento, la innovación y la cooperación entre naciones.

El trasfondo de esta cooperación excede lo estrictamente tecnológico: una estafa electrónica puede vaciar los ahorros de una familia, el robo de datos puede exponer la identidad de una persona y un ataque contra sistemas esenciales puede interrumpir servicios de los que depende la población entera.

Estos escenarios colocan a la ciberseguridad como un componente central de la seguridad pública, alineado con los objetivos del Plan Firmeza que adelantan las autoridades, que tiene proyectado una protección ciudadana capaz de adaptarse a nuevos desafíos sin perder el foco en las personas.

Bajo esa lógica, se indicó que la prevención, la preparación y la coordinación entre países se vuelven herramientas necesarias para anticipar amenazas, tanto en el espacio físico como en el digital.

El Cyber Americas Forum + Cibercom 2026, celebrado en la Ciudad de Panamá se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes del hemisferio para discutir la ciberseguridad, la ciberdefensa y el futuro digital de las Américas, al articular en un mismo encuentro el tradicional simposio de ciberseguridad de la OEA y el congreso nacional panameño de ciberseguridad y ciberdefensa CIBERCOM.

Bajo el lema de las “hiperamenazas” y la necesidad de asegurar la innovación regional en un ecosistema cibernético sin fronteras, el foro reúne a las autoridades gubernamentales, responsables de seguridad pública, diplomáticos, organismos internacionales, sector privado tecnológico, academia y poder judicial.

El objetivo, se indicó, también es el de fortalecer la cooperación regional frente a riesgos como las estafas electrónicas, el robo de datos personales, los ataques contra infraestructuras críticas y la sofisticación de las amenazas impulsadas por la inteligencia artificial.

Según las descripciones oficiales, el foro está organizado por la Sección de Ciberseguridad del CICTE de la OEA y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg), lo que evidencia una alianza institucional entre un organismo multilateral de seguridad hemisférica y la autoridad nacional responsable de la política de seguridad pública panameña.

Esta coorganización permite que el evento combine la visión regional de la OEA sobre amenazas cibernéticas con las necesidades específicas de Panamá, que tiene un rol estratégico como centro de conectividad internacional y nodo de comercio global, subrayó el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez en su intervención inaugural.

A la ceremonia asistieron la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sara Rogers, y el secretario ejecutivo encargado del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Guillermo Moncayo.

Igualmente, se contó con la presencia de la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, y el embajador estadounidense en el país, Kevin Marino Cabrera.

Un grupo armado emboscó y mató al regidor priista Adán Rodríguez Ávalos y a su esposa, Martha Reyes Salinas, en la comunidad de El Triunfo, municipio de Indaparapeo, Michoacán. El ataque ocurrió la noche del miércoles, cuando la pareja viajaba junto a su hijo en una camioneta particular.

El crimen se produjo días después de que un grupo delictivo amenazara al funcionario y a los habitantes de la zona con un ultimátum: abandonar la comunidad, pagar una cuota o entregar a un familiar a las filas del cártel. La denuncia fue hecha pública por el dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes.

La emboscada en El Triunfo

La agresión ocurrió alrededor de las 21:45 horas sobre la calle Prolongación Bravo, en la comunidad Colonia del Triunfo. El regidor se dirigía a su domicilio a bordo de su camioneta, acompañado por su esposa y su hijo, Jesús Rodríguez Reyes.

Los agresores utilizaron al menos tres vehículos de modelo reciente, identificados de forma preliminar como una Honda CRV, una GMC y un Volvo. Tras disparar contra la unidad, los atacantes huyeron por caminos rurales y brechas de la zona.

Fueron vecinos del lugar quienes alertaron del ataque a través del número de emergencias 911 y solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro. Al sitio acudieron patrullas y paramédicos de Protección Civil, que confirmaron el fallecimiento de Martha Reyes Salinas en el lugar de los hechos, donde quedó sin vida con varios impactos de arma de fuego.

Adán Rodríguez Ávalos fue trasladado de urgencia al Hospital General “Doctor Miguel Silva”, en el municipio colindante de Charo, donde falleció al momento de ingresar al área de urgencias.

Su hijo Jesús resultó con heridas de gravedad durante el ataque y permanece hospitalizado bajo vigilancia policial.

La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), se trasladó al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y trasladar los cuerpos a la morgue para la práctica de las necropsias de ley.

Amenazas previas denunciadas por el PRI

El ataque contra Rodríguez Ávalos no fue un hecho aislado, según la versión del PRI estatal. Días antes del asesinato, un grupo delictivo había amenazado directamente al regidor y a los habitantes de El Triunfo con un ultimátum.

De acuerdo con Valencia Reyes, los criminales dieron un plazo de tres días a los pobladores para abandonar la comunidad o, en caso contrario, someterse al pago de extorsiones o aceptar que un familiar se integrara a la organización criminal.

El dirigente partidista relató el contenido de la amenaza en un mensaje difundido en redes sociales: “Llegaron hasta la comunidad de El Triunfo y les dicen a todos los habitantes: tienen tres días para dejar la comunidad... o para pagar cuota o para que uno de sus hijos forme parte de nuestras filas o, si no, los vamos a asesinar”.

Valencia Reyes cuestionó el nivel de violencia ejercido contra las familias de la región y señaló: “¿Cuál fue su pecado? Que un grupo del crimen organizado llegaron a esa comunidad y les comentaron a todos los habitantes: tienen tres días para abandonar la comunidad o de lo contrario tienen que pagar cuota o uno de los integrantes de su familia integrarse a las filas de nuestro cartel delictivo”.

El dirigente, quien también se desempeña como diputado local, condenó el ataque y exigió a la Fiscalía que investigue los hechos. Además, expresó su pésame a la comunidad de Indaparapeo y rechazó la situación de violencia que, según dijo, enfrentan los pobladores de la zona.

En su mensaje, Valencia Reyes describió el caso como un ejemplo de represalia: “Que una comunidad entera en un municipio que está a 30 minutos de Morelia sea desplazada por el crimen organizado”.

Disputa territorial entre cárteles

Autoridades estatales han identificado que en Indaparapeo existe una pugna activa entre organizaciones criminales. Se trata del Cártel X y el Cártel de Los Correa, ambos con nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se disputan el control territorial de la zona.

La confrontación entre estos grupos abarca la producción y el tráfico de drogas, además de la extorsión a comerciantes y otras actividades ilícitas en la región, según la información recabada por las autoridades locales.

No se ha determinado con precisión cuál de las dos organizaciones habría sido responsable directa del ataque contra Rodríguez Ávalos y su familia, debido a que la zona se mantiene como un territorio en disputa entre ambos grupos delictivos.

Condolencias del ayuntamiento de Indaparapeo

El Ayuntamiento de Indaparapeo emitió un comunicado en el que lamentó “profundamente” el fallecimiento del regidor y de su esposa. El mensaje describe la pérdida como “irreparable” y señala que deja “un profundo vacío” entre quienes compartieron con Rodríguez Ávalos la responsabilidad de servir al municipio.

La administración municipal reconoció el “compromiso, entrega y labor” del regidor en favor de los habitantes de Indaparapeo, de acuerdo con el texto difundido por el cabildo.

En el comunicado, el ayuntamiento expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la pareja, y deseó la pronta recuperación de Jesús Rodríguez Reyes, hijo de ambos y herido en el ataque.

El mensaje cierra con una frase dirigida al propio regidor: “Descanse en paz, compañero Adán”.

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Decomisan droga, armas blancas y celulares en revisión al CERESO de Chilpancingo

Elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional decomisaron droga, armas blancas y equipos de telefonía celular durante una requisa realizada en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Chilpancingo, Guerrero. La acción se llevó a cabo, según declaraciones de las autoridades contenidas en un boletín oficial, con apego a los protocolos de actuación y respeto a los derechos humanos.

Durante la revisión, los elementos localizaron 171 gramos de marihuana, 25 gramos de heroína y 24 gramos de metanfetamina. También se encontraron armas blancas y celulares entre la población interna del penal.

Los indicios quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente para las indagatorias correspondientes. El Comité Técnico del centro penitenciario valorará los hallazgos para determinar las medidas disciplinarias que correspondan, de acuerdo con la normatividad aplicable.

En imágenes difundidas por las autoridades se observan dos mesas con los objetos decomisados. En una de ellas hay celulares, bocinas portátiles, cargadores, cables, droga y hasta pipas. En la otra se exhiben numerosas armas blancas de fabricación artesanal, con mangos de colores, además de tijeras y navajas de distintos tamaños.

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Policía Estatal detiene a dos hombres con 95 dosis de marihuana en Acapulco

Elementos de la Policía Estatal del Estado de Guerrero detuvieron a dos hombres y aseguraron 95 bolsitas con marihuana durante un patrullaje sobre la carretera Cayaco-Puerto Marqués, en el municipio de Acapulco. La intervención formó parte de las acciones de vigilancia que desarrolla la Secretaría de Seguridad Pública en la zona.

El operativo ocurrió a la altura de la colonia El Coloso, en las inmediaciones de Piedra Roja. Los elementos estatales detuvieron a los dos hombres de 25 y 30 años y aseguraron las 95 dosis de ilícitos, además de un vehículo de color rojo.

Los detenidos y los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes. En un mensaje oficial con motivo de dar a conocer el decomiso, las autoridades señalaron que el procedimiento se realizó respetando el debido proceso y el principio de presunción de inocencia de los involucrados.

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Fiscalía de Nuevo León ejecuta dos cateos simultáneos en China y General Bravo

Agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ejecutan de manera simultánea dos órdenes de cateo en los municipios de China y General Bravo, con el objetivo de recolectar indicios relacionados con una carpeta de investigación activa, informó la institución.

Entre los elementos que se buscan recolectar se encuentran posibles sustancias ilícitas y otros indicios de interés para la investigación, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía.

Las diligencias se realizan sobre la calle Anselmo Cavazos, en la colonia Viuda Emilia, en el municipio de China, así como en la calle General Tapia, en la colonia Tijerina, en el municipio de General Bravo.

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Detienen a hombre con drogas y un arma en Culiacán

Un hombre armado fue detenido en Culiacán luego de que intentara huir al notar la presencia de autoridades durante un recorrido de vigilancia.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, y del Ejército Mexicano, en coordinación con el Grupo Interinstitucional, en el fraccionamiento Hacienda del Valle, en Culiacán.

Al acercarse al civil, el personal estatal y militar observaron que llevaba una mochila de la cual sobresalía lo que parecía ser un arma de fuego, por lo que le realizaron una inspección.

De la revisión se obtuvo el siguiente resultado: un fusil calibre 5.56x45 milímetros, un arma corta calibre 9 milímetros, cinco cargadores para arma larga calibre 5.56 milímetros, 150 cartuchos útiles calibre 5.56 milímetros, un cargador para arma corta calibre 9 milímetros y 15 cartuchos útiles calibre 9 milímetros.

Además, le fueron aseguradas 75 bolsas con una sustancia con características de la metanfetamina, con un peso aproximado de 40 gramos.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.

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Sentencian a 60 años cárcel a cuarto implicado en la desaparición de una maestra y un hombre en Guanajuato: lo investigan por fosas clandestinas donde localizaron 80 cuerpos

Un juez sentenció a 60 años de prisión a Carlos Manuel N., el cuarto implicado en la desaparición de la maestra Guadalupe, conocida como Lupita, y de Ulises, hecho ocurrido en Salvatierra, Guanajuato, en febrero de 2020, informó el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO).

Con esta sentencia, los cuatro implicados en el caso se encuentran actualmente en prisión, tras un proceso judicial que incluyó absoluciones, revocaciones, recursos de amparo e incluso la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La maestra Guadalupe, de 32 años, desapareció el sábado 29 de febrero de 2020 cuando se encontraba de visita en casa de sus padres, en Salvatierra. La profesora, que daba clases en una escuela primaria en Irapuato, había salido aquella mañana a realizar compras al centro de la ciudad, pero nunca regresó.

De acuerdo con los testimonios recabados durante la investigación, Guadalupe viajaba junto con Ulises en una camioneta cuando fueron interceptados por cuatro hombres armados que circulaban en dos motocicletas, en el Barrio de San Juan. Los agresores les cerraron el paso, los obligaron a descender del vehículo y posteriormente los privaron de su libertad. Desde entonces se desconoció el paradero de ambos.

La desaparición movilizó a los familiares de Guadalupe, quienes, junto con colectivos de búsqueda, emprendieron diversas acciones para localizarla. Fue hasta octubre de 2020 cuando, en un predio del Barrio de San Juan, en Salvatierra, comenzaron los trabajos de recuperación de restos humanos en múltiples fosas clandestinas, donde fueron localizados los cuerpos de 80 personas, entre ellas Guadalupe y Ulises.

Después de varios meses de estudios forenses, el 19 de febrero de 2021 se confirmó mediante pruebas genéticas la identidad de Guadalupe. Los dictámenes periciales establecieron que tanto ella como Ulises habían fallecido a consecuencia de heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

La detención y sentencia de Carlos Manuel N.

Carlos Manuel N., quien permanecía prófugo de la justicia, fue detenido el pasado 8 de octubre en Celaya y trasladado al penal de Acámbaro bajo un dispositivo especial de seguridad, en el que participaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, debido a su perfil de riesgo, según el GIO.

La detención fue resultado de varios meses de labores de seguimiento e intercambio de información entre las instituciones que integran el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO), agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado.

El 13 de octubre, un juez le dictó una sentencia de 60 años de prisión por la desaparición cometida por particulares agravada, en perjuicio de ambas víctimas.

Qué investigan sobre la fosa clandestina en Salvatierra

Paralelamente a la condena, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación sobre la posible participación de Carlos Manuel en otros hechos relacionados con las fosas clandestinas localizadas en octubre de 2020 en el Barrio de San Juan, en Salvatierra, donde fueron recuperados los restos de 80 personas, entre ellas Guadalupe y Ulises.

Esta investigación es independiente de la condena por la desaparición de ambas víctimas y deberá determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades por otros delitos vinculados con el hallazgo de la fosa clandestina, de acuerdo con lo informado por el GIO.

Rescatan a adolescente luego de que el chofer de plataforma se desvió de la ruta en Tijuana

Una adolescente de 16 años fue rescatada en Tijuana luego de que un conductor de una plataforma digital se desviara de la ruta solicitada, lo que llevó a la detención del hombre señalado por presuntamente privarla de su libertad, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

De acuerdo con las autoridades, la joven había solicitado un viaje a través de una aplicación de transporte en Tecate. Al percatarse de que el trayecto no correspondía al destino acordado, avisó a su madre por WhatsApp y le compartió su ubicación en tiempo real.

Tras recibir el reporte de la madre de la menor, agentes de seguridad lograron localizarla en un domicilio de Tijuana. En el lugar fue detenido Daniel “N”, identificado como el conductor de la plataforma, señalado por presuntamente privar de la libertad a la adolescente.

Una vez localizada, la adolescente fue trasladada a un hospital para su valoración física y emocional.

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Oscar Salvador Pelayo Guzmán, ciudadano mexicano de 55 años, se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína ante un tribunal federal de Nueva Jersey. El hombre, señalado por las autoridades como integrante de una red de narcotráfico vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, admitió el cargo este miércoles en Newark, según informó el fiscal federal Robert Frazer.

Pelayo Guzmán era residente de Kansas y se presentó ante el juez federal de distrito Jamel K. Semper para reconocer su participación en un cargo de conspiración para distribuir sustancias controladas. Su declaración se suma a la de otros dos acusados que ya admitieron cargos similares en la misma causa.

Quiénes son los otros acusados en la causa

José Manuel Amaya Villarreal y Reymond Alex Avina Samaniego, ambos residentes de California, también se declararon culpables ante el juez Semper por cargos separados de conspiración para distribuir sustancias controladas.

Villarreal ya recibió condena: el 7 de agosto de 2026 fue sentenciado a 57 meses de prisión. Samaniego, en cambio, todavía espera su sentencia, programada para el próximo 9 de noviembre de 2026.

En total son tres los acusados que admitieron su responsabilidad en esta red de distribución de cocaína que operaba entre California y Nueva Jersey, de acuerdo con los documentos presentados por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

Cómo operaba la red de narcotráfico

Según los documentos judiciales y las declaraciones realizadas ante el tribunal, Pelayo Guzmán era miembro principal de una organización de narcotráfico con sede en Kansas City dedicada al transporte y distribución internacional e interestatal de estupefacientes.

A partir de enero de 2025, Pelayo Guzmán y sus cómplices conspiraron para transportar grandes cantidades de cocaína hacia Nueva Jersey. En abril de ese año, viajó personalmente al estado y organizó el envío de aproximadamente 20 kilogramos de cocaína desde California hasta Newark.

El cargamento fue trasladado en un camión conducido por Villarreal y Samaniego. Tras la entrega de la droga a cambio de más de 300 mil dólares en efectivo, las autoridades arrestaron a ambos conductores. Poco después detuvieron también a Pelayo Guzmán.

Penas previstas y próxima audiencia

El cargo de conspiración para el tráfico de cocaína conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión, un máximo de cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares. La sentencia de Pelayo Guzmán está prevista para el 1 de marzo de 2027.

El gobierno está representado en el caso por el fiscal adjunto Jonathan S. Garelick, de la División Penal de la Fiscalía de los Estados Unidos en Trenton.

Las agencias que participaron en la investigación

El fiscal federal Frazer reconoció a los agentes especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), bajo la dirección de la agente especial a cargo Towanda R. Thorne-James, por la investigación que condujo a la declaración de culpabilidad.

También agradeció al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), bajo la dirección del agente especial a cargo Michael S. McCarthy, y al Servicio de Impuestos Internos, División de Investigación Criminal (IRS-CI), bajo la dirección de la agente especial a cargo Jenifer Piovesan en Newark.

A nivel local, participaron la Oficina del Fiscal del Condado de Monmouth, bajo la dirección del fiscal Raymond S. Santiago, y la Oficina del Fiscal del Condado de Ocean, bajo la dirección de Bradley D. Billhimer.

También colaboró el Departamento de Policía de Asbury Park, bajo la dirección del director de Policía John B. Hayes; el Departamento de Seguridad Pública de Newark, División de Policía de Newark, bajo la dirección del director de Seguridad Pública Emanuel Miranda; el Departamento de Middletown, bajo la dirección del jefe R. Craig Weber; la Policía de Lakewood, bajo la dirección del jefe Gregory H. Meyer; el Departamento de Policía de Neptune, bajo la dirección del jefe Anthony Gualario; la Policía de Ocean Gate, bajo la dirección del jefe Michael Kuchta, y el Departamento de Spotswood, bajo la dirección del jefe Philip Corbisiero.

El marco de la Operación Recuperar Estados Unidos

Este caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa a nivel nacional que moviliza los recursos del Departamento de Justicia para repeler la inmigración ilegal, lograr la eliminación de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades de los autores de delitos violentos.

La causa contra Pelayo Guzmán, Villarreal y Samaniego se enmarca en esta estrategia federal, que combina la persecución de redes de narcotráfico con la aplicación de controles migratorios más estrictos sobre personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales que operan dentro de territorio estadounidense.

La Comisión Accidental para la Supervisión de los Temas Fronterizos y Limítrofes entre Colombia y Venezuela anunció que solicitará a la Cancillería un informe detallado sobre el estado de las relaciones entre ambos países y los acuerdos vigentes en materias como seguridad, defensa, cooperación económica y lucha contra el crimen transfronterizo.

La petición será una de las primeras acciones de la comisión, integrada por 15 representantes a la Cámara de diferentes partidos y regiones fronterizas.

Según informó Blu Radio, el objetivo es establecer cuáles compromisos siguen activos, qué mecanismos de coordinación existen y cuál es la posición del Gobierno colombiano frente a la relación bilateral con Venezuela.

La representante a la Cámara por Norte de Santander y coordinadora de la comisión, Diana Riveros, sostuvo que los problemas de seguridad en la frontera requieren respuestas conjuntas.

“Los problemas de la frontera no podemos resolverlos solos. De nada sirven los esfuerzos de este lado si no tenemos una comunicación clara y colaborativa con Venezuela”, afirmó.

Seguridad y crimen transfronterizo, entre las principales preocupaciones

La comisión pondrá especial atención a la situación de orden público en departamentos como Norte de Santander y La Guajira.

Riveros mencionó durante la presentación de la instancia el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y mayor retirado de la Policía Nacional.

La congresista señaló que existe información según la cual el presunto responsable habría huido hacia la frontera venezolana. Esa afirmación corresponde a lo manifestado por Riveros y deberá ser esclarecida por las autoridades competentes.

También hizo referencia a las explosiones registradas cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander y a otros hechos de violencia que afectan recurrentemente la zona.

La comisión sostiene que en la frontera persisten problemas asociados con presencia de grupos armados ilegales, narcotráfico y contrabando.

Por esa razón, buscará establecer qué acciones pueden coordinar Colombia y Venezuela para enfrentar esas dinámicas y fortalecer los controles de seguridad.

Comisión también hará seguimiento a comercio y recursos públicos

La agenda no se limitará a los asuntos de seguridad.

Los integrantes de la comisión también plantearon la necesidad de fortalecer el comercio legal, el empleo, la infraestructura y el acceso a servicios de salud y educación en los territorios fronterizos.

El representante a la Cámara por La Guajira y también coordinador de la comisión, Jorge Figueroa, señaló que las normas destinadas a estas regiones deben traducirse en resultados concretos.

“La frontera también es Colombia, y La Guajira la vive todos los días en su comercio, su empleo y sus comunidades wayuu”, manifestó.

Figueroa agregó que la comisión buscará que las leyes existentes sobre zonas de frontera se cumplan efectivamente y que esos territorios tengan mayor prioridad dentro de la agenda nacional.

La instancia legislativa también realizará seguimiento a los recursos destinados a las regiones fronterizas, su nivel de ejecución y los resultados de las políticas públicas.

Además, prevé citar a ministros y entidades responsables para que expliquen las acciones que han adelantado y los planes previstos para atender las necesidades de estas comunidades.

La comisión también podrá promover iniciativas legislativas relacionadas con los problemas identificados durante ese seguimiento.

La solicitud a la Cancillería busca establecer qué herramientas diplomáticas e institucionales existen actualmente para coordinar acciones con Venezuela.

A partir de esa información, los congresistas pretenden evaluar el funcionamiento de los acuerdos existentes y determinar si son necesarias nuevas medidas para enfrentar la inseguridad, facilitar el comercio formal y fortalecer la presencia estatal en las zonas de frontera.

El detenido, de 42 años y originario de ese municipio oaxaqueño, era señalado como el sucesor de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, capturado días antes en Jalisco. Junto a Carlos César Cruz Muñoz fue detenida Ana Gabriela Aguilar Ávalos, identificada como presunta operadora logística de la organización.

Detención en Tuxtepec y los señalamientos contra los capturados

El operativo se ejecutó en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, resultado de labores de recolección y análisis de información, inteligencia naval y la coordinación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con el área de operaciones especializadas de Marina. El detenido también responde a los alias de “Semo” o “Señor de las Luces”.

Carlos César Cruz Muñoz, esta vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como presunto jefe de plaza en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.

Segundo al mando y sucesor de “El Tanque”

De acuerdo con la información oficial, Carlos César Cruz Muñoz, ocupaba el segundo nivel dentro de la estructura del grupo delictivo al que pertenecía. Las autoridades lo señalan como presunto sucesor de Iván Casarín Molina, alias “El Tanque”, detenido en Zapopan, Jalisco, el pasado 5 de octubre.

“El Tanque” fue capturado mediante una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la Guardia Nacional. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo identificó en su momento como presunto operador regional del CJNG con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Radio de acción del grupo delictivo en Veracruz y Oaxaca

Carlos César Cruz Muñoz, es señalado como presunto responsable de actividades delincuenciales en Boca del Río y San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como en los límites de ese estado con Oaxaca. El grupo delictivo al que pertenecería está vinculado con secuestros y homicidios en esa franja territorial.

El detenido es señalado por su presunta participación en el asesinato de dos agentes ministeriales ocurrido en Vía Muerta, Boca del Río, en mayo de 2025, durante un operativo contra el secuestro.

Ana Gabriela Aguilar Ávalos, por su parte, es señalada como presunta operadora logística del grupo delictivo en la misma zona de Veracruz y Oaxaca, sin que el comunicado oficial detalle funciones adicionales atribuidas a ella.

Bienes asegurados y traslado de los detenidos

Durante la acción se aseguraron sustancias ilícitas, armas y granadas. También fueron decomisados cuatro vehículos, seis motocicletas, dos cuatrimotos y un inmueble.

El valor estimado de estos bienes asciende a 8.837.000 pesos, según el comunicado del Gabinete de Seguridad.

Ambos detenidos fueron trasladados en un helicóptero naval desde Tuxtepec, Oaxaca, hasta la Base Aeronaval de Veracruz. Posteriormente fueron llevados en avión a la Ciudad de México y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, encargado de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Parte de una ofensiva más amplia contra el grupo delictivo

Las autoridades federales enmarcaron estas detenciones dentro de los trabajos coordinados para detener a generadores de violencia. El comunicado oficial precisa que estas capturas se suman a las de otros 16 integrantes de este mismo grupo delictivo, detenidos previamente en Veracruz y Oaxaca.

Marina, SSPC, FGR y las instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que estas acciones buscan debilitar las estructuras criminales que operan en la región. El despliegue en Tuxtepec incluyó más de 15 vehículos oficiales, varios blindados, que ingresaron a las colonias Gelatao, Loma Alta, El Nanche, El Rubí, El Edén y Los Tules, mientras helicópteros sobrevolaban la ciudad y puntos cercanos de Veracruz como Tres Valles y Cosamaloapan.

Otras detenciones dentro de la misma estructura

La captura de Carlos César se suma a la de otros 16 presuntos integrantes de este grupo delictivo en Veracruz y Oaxaca, como parte de los esfuerzos coordinados para debilitar la estructura criminal en la región.

Entre las personas ya detenidas dentro de esta presunta organización se encuentran Omar Alfonso, conocido como “Comandante Toga”, y Cristian Aldair, identificado como “Comandante Güero”. Ambos son señalados como mandos operativos subordinados a la célula que encabezaban sucesivamente “El Tanque” y, posteriormente, “El Semáforo”.

La estructura operativa a la que pertenecían ambos detenidos habría estado subordinada a Cazarín Molina antes de su captura en Jalisco. Las autoridades no han precisado si existen más personas señaladas dentro de esta cadena de mando que permanezcan prófugas.

“El Tanque” y cómo fue su detención

Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, fue detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco. En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, con apoyo de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que la detención ocurrió en flagrancia y que las autoridades aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas dosis de droga. El funcionario señaló que la acción resultó de labores de inteligencia, investigación y coordinación entre dependencias.

El Gobierno mexicano identifica a Cazarín Molina como líder regional de una célula del CJNG con presencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, y lo ubica dentro del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Las investigaciones lo relacionan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Las autoridades también lo señalan por su presunta participación en un ataque armado contra un helicóptero en Jalisco en 2015, durante un operativo contra “El Mencho”.

García Harfuch indicó que en septiembre de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado a Cazarín por sus vínculos con el CJNG, lo que permitió un intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas (DEA) que condujo a su localización.

Tras su detención, “El Tanque” fue acusado formalmente el 22 de octubre por un gran jurado federal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, por conspiración para traficar cocaína y metanfetamina, además de posesión de arma de fuego vinculada al narcotráfico. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

Una jueza federal mexicana, Azucena Lazalde Iñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, negó un amparo con el que la defensa de Cazarín buscaba frenar una eventual orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró 10 kilos de metanfetamina ocultos en una máquina de carpintería que tenía como destino Australia.

El hallazgo se dio a conocer a través del comunicado de prensa conjunto 114/2026, fechado el 28 de octubre de 2026 en Ciudad de México, durante la revisión de un embarque de exportación en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Cómo se detectó la droga en la aduana del AICM

El embarque fue declarado como una máquina trompo para carpintería. Durante el procedimiento de despacho, personal de la ANAM realizó una inspección no intrusiva con equipo de rayos X, con apoyo adicional de un binomio canino.

Esa revisión reveló compartimentos dentro de la maquinaria que no correspondían a su estructura original. Al abrir el equipo, los agentes localizaron 10 bolsas con una sustancia ajena a los componentes del aparato.

La inspección se realizó como parte del procedimiento habitual de despacho aduanero para embarques de exportación, sin que el comunicado detalle si hubo detenciones asociadas al hallazgo.

Autoridades involucradas en el operativo

La acción fue resultado de la coordinación entre tres dependencias federales. La ANAM condujo la inspección física y documental del embarque, mientras la Secretaría de Marina y la SSPC participaron en el operativo conjunto, según precisó el comunicado.

Las tres instituciones integran el Gabinete de Seguridad, que difundió el hallazgo como parte de sus reportes habituales sobre aseguramientos en operaciones de comercio exterior.

Qué sigue para la maquinaria y la droga asegurada

La máquina de carpintería permanece asegurada de manera precautoria en la aduana del AICM. Las autoridades tomaron muestras de la sustancia localizada para su análisis.

El dictamen técnico sobre la composición de la sustancia estará a cargo del Laboratorio Central de la ANAM. Una vez concluido ese análisis, el procedimiento continuará con la puesta a disposición del caso ante la Fiscalía General de la República (FGR), según el comunicado.

El documento no especifica plazos para la emisión del dictamen ni detalles adicionales sobre el remitente o destinatario declarado del embarque.

Antecedentes de envíos de metanfetamina a Australia desde México

El AICM ha registrado en años recientes varios aseguramientos de metanfetamina con Australia como destino declarado. En septiembre de 2022, la ANAM informó el aseguramiento de 440 kilogramos de aparente metanfetamina dentro de 20 botes de plástico con destino a la ciudad de Victoria, en Australia, detectados por un binomio canino.

En octubre de ese mismo año, la Secretaría de Marina detectó un cargamento de 8 mil 368 kilogramos de shampoo, acondicionador y cremas que dio positivo a contaminación con metanfetamina y cocaína, en el mismo aeropuerto. El entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, calificó el hallazgo como el mayor registrado hasta ese momento en una terminal aérea mexicana, con destino a Australia.

Más recientemente, en julio de 2025, la Guardia Nacional incautó más de 100 kilogramos de metanfetamina ocultos en bloques metálicos de maquinaria en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, procedentes de Lagos de Moreno, Jalisco, también con destino a Sídney, Australia.

Decomisos registrados en puertos australianos con origen en México

En abril de 2023, agentes de la Fuerza Fronteriza de Australia inspeccionaron en el puerto de Nuevo Gales del Sur, en Sídney, una prensa hidráulica procedente de México. El grosor anormal del acero, detectado mediante rayos X, llevó a desarmar el equipo.

Dentro de la maquinaria hallaron 79 paquetes esféricos con metanfetamina en polvo, con un peso total de 300 kilos.

Dos días antes de ese hallazgo, la Policía Federal Australiana (AFP, por sus siglas en inglés) había interceptado en territorio australiano otro cargamento con 45 kilos de metanfetamina salido de México, oculto en una máquina de inyección de plástico y enviado con escala en Hong Kong con destino a Melbourne.

Salam Zreika, sargento de la AFP, declaró al anunciar el decomiso de la prensa hidráulica: “El decomiso muestra lo que están dispuestos a hacer los grupos del narcotráfico para introducir droga a Australia por las ganancias que pueden generar aquí”.

La misma investigación señaló que la AFP abrió una oficina en México para anticipar movimientos de los traficantes que operan hacia Oceanía, y que la corporación identificó al menos dos rutas utilizadas para esos envíos: una con escalas en Corea del Sur y Hong Kong, y otra que pasa por islas como Fiyi y Tonga.

La Maratón de Nueva York 2026 obligará a los espectadores de la llegada en Central Park a pasar controles de seguridad y a dejar fuera objetos como neveras portátiles, bolsos de gran tamaño, sillas, paraguas, armas y drones.

La prueba se correrá el domingo 1 de noviembre, contará con cerca de 60.000 corredores y provocará cierres en puentes y calles de los cinco distritos.

Las áreas destinadas al público junto a la meta tendrán accesos con inspección de bolsos. Quienes lleven artículos no permitidos no podrán ingresar: la lista comprende neveras portátiles, mochilas o bolsos voluminosos, sillas, paraguas y armas.

Tampoco se autorizan drones de particulares; la Policía de Nueva York (NYPD) desplegará sus propios equipos para detectar y atender operaciones no autorizadas.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, indicó que no había amenazas específicas y creíbles conocidas antes de la carrera.

Sin embargo, el dispositivo incluirá miles de agentes, unidades de emergencia, montadas, caninas, marítimas, aéreas y antibombas, además de helicópteros, drones, vehículos de bloqueo y más de 10.000 vallas metálicas, según Gothamist.

El acceso a la meta estará limitado y no habrá público en la salida ni en el puente Verrazzano

No habrá zonas para espectadores en la partida ni en el puente Verrazzano-Narrows. En el tramo final, el público podrá ingresar a la zona de pie de Central Park, desde Columbus Circle hasta el extremo sur de las tribunas, o acceder a las tribunas con entrada.

La capacidad podrá limitarse por decisión de la NYPD, New York Road Runners (NYRR) y el Departamento de Parques de la ciudad.

Las entradas habilitadas para la zona de pie serán Broadway con West 61st Street y el acceso del lado este, a través del sendero de Central Park cercano a Heckscher Fields.

En esos puntos habrá controles. No se permitirá público al norte de las tribunas y no habrá sillas disponibles ni se admitirá que los asistentes las lleven, de acuerdo con ABC7NY.

El Verrazzano cerrará parcialmente desde el sábado y por completo desde las 7.00 del domingo

El nivel superior del Verrazzano-Narrows permanecerá cerrado en ambos sentidos desde las 23.00 del sábado 31 de octubre hasta las 16.00 del domingo.

El nivel inferior se sumará al cierre entre las 7.00 y las 16.00. Durante esa franja, quienes necesiten viajar entre Staten Island y Brooklyn deberán utilizar alternativas al puente.

También habrá cortes desde las 5.00 en Bay Street, Richmond Terrace, Narrows Road South y Lily Pond Avenue. La salida de Bay Street de la Staten Island Expressway estará cerrada de 5.00 a 14.00, mientras que el Brooklyn-Queens Expressway, entre el Verrazzano y 79th Street, no estará disponible de 7.00 a 18.30. Los horarios y reaperturas pueden modificarse por decisión policial.

Queensboro, Pulaski, Willis y Madison tendrán cortes durante el paso de la carrera

El puente Ed Koch Queensboro cerrará su nivel inferior en ambos sentidos de 6.30 a 17.30; el superior estará vedado para camiones en ese mismo horario.

El Pulaski permanecerá cerrado de 6.30 a 18.30, mientras que los puentes Willis y Madison Avenue no tendrán circulación entre las 7.30 y las 18.30.

En Manhattan, los cortes alcanzarán arterias que forman parte del trazado o lo atraviesan. La Quinta Avenida tendrá restricciones entre las calles 90 y 120 de 9.00 a 19.30; Central Park West cerrará entre Columbus Circle y la calle 81 desde la medianoche hasta las 22.30.

Los cruces transversales de las calles 65 y 79 también permanecerán cerrados desde la medianoche hasta las 21.30.

La ciudad advirtió que los cortes se aplicarán de forma escalonada y que las franjas informadas están sujetas a cambios sin aviso.

El detalle por calles y distritos figura en Office of the Mayor, documento oficial que además recomienda prever demoras en el Belt Parkway y en los accesos próximos al recorrido.

El metro será la principal alternativa ante las restricciones para autos y autobuses

La organización y las autoridades recomiendan priorizar el transporte público. Los corredores podrán llegar en metro a la terminal del ferry de Staten Island y tomar desde allí los autobuses lanzadera a la salida. Para los espectadores, el metro es la opción sugerida para moverse entre los puntos habilitados del recorrido.

El circuito de 42,2 kilómetros comenzará a las 8.00 en el puente Verrazzano-Narrows. Atravesará Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan y el Bronx, antes de regresar a Manhattan para concluir en Central Park.

Las tandas de participantes saldrán durante la mañana y las restricciones sobre calles y puentes se levantarán de manera progresiva una vez que pase el último corredor.

La edición de este año coincide con el 50.º aniversario del recorrido por los cinco distritos, que transformó la carrera en el formato actual.

Las autoridades estiman la asistencia de unos 2,5 millones de espectadores y pidieron al público mantenerse atento y reportar cualquier situación sospechosa.

Cecilia Delgado, representante del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, denunció que la delegación en el estado de la Fiscalía General de la República (FGR) no reportó ninguna de las más de 200 fosas clandestinas localizadas en la entidad durante 2025. La activista habló tras salir momentáneamente de una mesa de diálogo realizada en Hermosillo, Sonora, con autoridades estatales y federales.

Delgado explicó que acudió a otro evento y tuvo que ausentarse de manera breve, aunque remarcó que su presencia en la reunión era indispensable para plantear los reclamos del colectivo y exigir compromisos concretos por escrito.

La discrepancia entre las cifras oficiales

Sonora ocupó el primer lugar nacional en hallazgo de fosas clandestinas durante 2025, con un total de 204 fosas localizadas en el estado, según indicó Delgado. Pese a esa cifra, la delegación de la FGR en Sonora no reportó ninguna fosa. El colectivo Buscadoras por la Paz Sonora señaló esta discrepancia como evidencia de una falta de coordinación entre las instancias encargadas de la búsqueda e investigación.

Delgado calificó la diferencia entre ambos registros como una señal de descoordinación entre las instancias de búsqueda y de procuración de justicia. “No puede ser que sea, que no estén trabajando de la mano”, afirmó.

La activista adelantó que plantearía directamente el tema a Godoy durante la reunión, al considerar que no es posible que existan datos tan diferentes entre lo que documentan los colectivos en campo y lo que informan las autoridades.

La convocatoria para el Consejo Ciudadano

Un día antes de esta reunión, se lanzó en el Congreso del Estado la convocatoria para integrar un Consejo Ciudadano. Delgado señaló que esta instancia tendrá la función de fiscalizar el trabajo tanto de la Comisión de Búsqueda como de la Fiscalía.

La activista calificó este paso como importante para el colectivo, en tanto representa un mecanismo adicional de vigilancia sobre las labores de búsqueda e investigación que llevan a cabo las instituciones estatales.

Los reclamos de organización y seguimiento

Delgado insistió en que las autoridades involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas deben estar mejor organizadas entre sí y mantener comunicación constante, además de rendir cuentas de manera transparente. Subrayó que los colectivos también deben trabajar de forma coordinada entre ellos para avanzar en el tema de las desapariciones.

La representante del colectivo planteó que el objetivo de su participación en la reunión era aterrizar los temas discutidos y, sobre todo, lograr que las autoridades firmen acuerdos concretos. “De nada nos sirve que tengamos estas reuniones y las palabras se las lleve el viento”, expresó.

Delgado pidió que los compromisos que se asuman queden documentados en una minuta firmada, con plazos definidos para su cumplimiento. “Firmar acuerdos donde nos den tiempos para las cosas que queremos”, señaló como una de las principales exigencias del colectivo hacia las autoridades presentes en la mesa de diálogo.

El encuentro en Hermosillo y sus participantes

La reunión formó parte de las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Región Noroeste, según informó Ernestina Godoy Ramos en su cuenta de X. El encuentro reunió a personas de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Godoy participó junto con la secretaria Rosa Icela y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Delgado también mencionó la presencia de Arturo Medina, entre otros funcionarios, en la mesa de diálogo.

Godoy señaló en su publicación que escuchar a las familias, conocer sus necesidades y atender sus propuestas ayuda a fortalecer el trabajo conjunto. “Desde la FGR, les recordamos que no dejaremos de sumar esfuerzos para avanzar en la búsqueda de sus seres queridos”, afirmó.

Delgado indicó que este tipo de mesas ya se había sostenido previamente en la Ciudad de México, donde se abordaron temas similares a los que el colectivo plantea desde hace años. Reconoció que varios de los puntos discutidos en estas reuniones son recurrentes, pero sostuvo que eso no resta valor a la necesidad de insistir en ellos hasta lograr avances concretos.

La Estrategia Nacional de Búsqueda y el papel de la Segob

La Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que estas mesas responden a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y buscan informar sobre los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda, además de escuchar diagnósticos y propuestas de las familias.

Rodríguez señaló que los encuentros buscan garantizar que las familias reciban atención digna y que las autoridades cuenten con los elementos necesarios para avanzar en cada caso. “Podremos verificar que en todos los casos haya una carpeta de investigación y planes de búsqueda”, expresó.

La funcionaria también planteó como objetivo que las autoridades cuenten con los perfiles genéticos correspondientes en el Banco Nacional de Datos Forenses. “Mientras existan familias que no sepan dónde están sus seres queridos, tenemos la obligación de seguirlos buscando hasta encontrarlos”, afirmó.

Rodríguez destacó la necesidad de coordinación entre fiscalías y comisiones de Búsqueda y de Atención a Víctimas, tanto estatales como federales, para agilizar la respuesta desde el momento en que se reporta una desaparición. Explicó además que el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), instalado en la Segob, opera las 24 horas los siete días de la semana con la coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la participación de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. Según indicó, estas acciones de búsqueda inmediata ya permitieron localizar a más de 16 mil personas.

En la mesa también participaron la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez, quien expuso el fortalecimiento técnico, humano y material de la Comisión; y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez. También asistió el nuevo representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU-DH en México, Oscar Solera.

En Yucatán, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a un hombre de nacionalidad estadounidense considerado un objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos.

El detenido, identificado como Richard Panas de 68 años, cuenta con cuatro órdenes de arresto vigentes en el estado de Florida por delitos de fraude y robo de identidad. Las autoridades lo vinculan con una célula delictiva dedicada a este tipo de operaciones."

Cómo se desarrolló el operativo en Mérida

La detención se concretó en el marco de la cooperación interinstitucional entre las corporaciones mexicanas involucradas. Según el reporte oficial, la acción partió de trabajos de investigación y de un intercambio de información previo.

Con esos datos, los efectivos de Marina, SSPC y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la FGR, implementaron cercos de seguridad en el municipio de Mérida. Durante los recorridos de vigilancia, el personal identificó y ubicó al sujeto en la zona.

Una vez ubicado, los agentes se aproximaron para corroborar su identidad antes de proceder con cualquier acción formal en su contra.

Por qué fue detenido el hombre

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al momento de verificar la identidad del sujeto se constató que no acreditó su estancia regular en territorio nacional. Esa irregularidad migratoria fue el motivo inmediato de su detención.

Tras el arresto, los elementos le informaron sus derechos de ley, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de intervenciones.

Posteriormente, Richard Panas fue trasladado a las instalaciones del INM para continuar con los procedimientos correspondientes ante las autoridades competentes.

Las órdenes de arresto en Florida

El reporte oficial precisa que Richard “N” cuenta con cuatro órdenes de arresto vigentes en el estado de Florida, Estados Unidos. Estas se relacionan con su participación en delitos de fraude y robo de identidad.

Las autoridades mexicanas lo señalan como un objetivo prioritario para el gobierno estadounidense debido a su vinculación con una célula delictiva dedicada a este tipo de actividades ilícitas.

No se detallaron en el comunicado las características específicas de los esquemas de fraude ni el número de víctimas asociadas a la causa en Florida.

Qué sigue en el proceso

Con el traslado a las instalaciones del INM, el caso de Richard “N” continuará su curso ante las autoridades competentes en materia migratoria. El reporte oficial no precisó plazos ni detalles adicionales sobre los pasos administrativos que seguirán tras esta etapa.

La intervención del INM resulta relevante en este tipo de casos, dado que la irregularidad en la estancia del detenido fue el elemento que permitió formalizar su detención en territorio mexicano.

Cooperación entre México y Estados Unidos

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de fortalecer la coordinación y el intercambio de información con autoridades internacionales. El objetivo declarado es localizar y detener a personas requeridas por otros países.

Según el comunicado, estas acciones se realizan en estricto apego a la ley y con respeto a la soberanía nacional.

El caso de Richard “N” se suma a los operativos conjuntos entre Marina, SSPC, FGR e INM orientados a la localización de personas con órdenes de arresto vigentes en el extranjero, particularmente en Estados Unidos.

Estadounidenses atrapados en México

El caso de Richard “N” se suma a una lista de ciudadanos estadounidenses capturados en territorio mexicano a pedido de las autoridades de su país. El más reciente antecedente es el de Miguel Casillas, alias “Compa Mike 517”, detenido el 23 de octubre en Zapopan, Jalisco, en un operativo entre la Secretaría de Seguridad de Jalisco y el Servicio de Marshals de Estados Unidos.

Casillas, de 36 años, contaba con una orden de arresto en San Diego, California, por homicidio, intento de homicidio y delitos federales contra la salud. Tras su detención, quedó a disposición del INM, que inició el proceso de deportación hacia Estados Unidos.

México también ha sido el país donde se ocultaban cinco de los diez prófugos más buscados por el FBI. Entre ellos figura Samuel Ramírez Jr., ciudadano estadounidense de 33 años, detenido el 10 de marzo en Culiacán, Sinaloa, acusado del asesinato de dos trabajadoras del bar y restaurante Stars, en Federal Way, Washington, durante un ataque ocurrido en mayo de 2023.

Otro caso es el de Arnoldo Jiménez, capturado el 30 de enero de 2025 en Monterrey, Nuevo León, tras permanecer más de 12 años prófugo de la justicia estadounidense. A estos se suman las detenciones de Alejandro Rosales Castillo, el 16 de enero de 2026 en Pachuca, Hidalgo, y de Francisco Javier Román-Bardales, señalado como integrante de alto rango de la Mara Salvatrucha (MS-13), localizado en Veracruz en marzo de 2025.

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado en México se apoya cada vez más en círculos cercanos: amistades, entornos familiares y plataformas digitales, de acuerdo con la Dra. Marisol Ochoca Elizondo, directora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana (IBERO), quien advirtió que la captación no se limita al uso de la fuerza.

Según la especialista, el acercamiento puede comenzar con una invitación aparentemente voluntaria, una oferta de trabajo o la promesa de dinero, protección y reconocimiento. Identificó a adolescentes entre 12 y 17 años como la población más expuesta.

En algunas regiones del país es más frecuente que los adolescentes convivan con familiares, amistades o conocidos con vínculos en actividades delictivas, lo que facilita que los grupos les ofrezcan integrarse a sus economías ilegales. En esos contextos, delinquir puede percibirse como una forma habitual de obtener ingresos.

El contacto también ocurre en escuelas, espacios de convivencia y plazas comerciales. Ochoa Elizondo mencionó casos identificados en Guadalajara, Jalisco, y zonas periféricas, donde un joven puede convertirse en intermediario para atraer a otros, sin que sus familias lo sepan.

El riesgo aumenta si los menores son trasladados a otros territorios, lo que puede derivar en desplazamiento y desaparición.

Redes sociales: ofertas falsas y grooming

La académica refirió que el Centro Nacional de Inteligencia ha detectado alrededor de mil 800 páginas vinculadas con la captación delictiva de jóvenes, y destacó su preocupación por TikTok.

Las vías que enumeró son:

• Anuncios de trabajo con ingresos atractivos.
• Conversaciones privadas con supuestos empleadores.
• Grooming, que aprovecha vínculos emocionales y expectativas económicas.
• Videojuegos y otros espacios digitales.

Mencionó además el decreto presidencial emitido el 14 de octubre de 2026, que contempla que las plataformas detecten, reporten y retiren contenidos que inciten a la violencia o pongan en riesgo a menores.

Para la especialista, estos grupos aprovechan necesidades emocionales y sociales. En comunidades con familias fragmentadas o pocas redes de apoyo, una organización criminal puede ofrecer identidad y pertenencia.

Algunos adolescentes entienden que pueden morir o ejercer violencia, pero priorizan beneficios inmediatos, como ingresos o reconocimiento.

Ochoa Elizondo señaló que el reclutamiento ya no es un fenómeno exclusivamente masculino, por lo que la prevención debe incluir a niñas y adolescentes.

Investigar antes de criminalizar

Subrayó que un menor detenido, incluso con armas o drogas, no debe ser tratado automáticamente como delincuente. Las autoridades deben investigar si actuaba bajo amenazas, subordinación o explotación, con intervención de las instancias de protección de la infancia.

La respuesta, concluyó, exige coordinación entre seguridad, fiscalías y protección de menores, además de atender la violencia y la falta de redes de apoyo.

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Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo Farías, líder de los Cárteles Unidos, está siendo “cercado” por autoridades de México y Estados Unidos (EEUU) para su detención en los próximos días o semanas.

Así lo aseguraron los periodistas y escritores especializados en narcotráfico José Luis Montenegro y Jesús Lemus, en su podcast Narcomundo, donde dijeron que “ya no tardan” en detener al narcotráficante.

/mexico/2026/10/27/dea-y-fbi-estrechan-el-cerco-contra-el-abuelo-farias-lider-de-carteles-unidos-especialistas-preven-una-captura-inminente/

Las desapareciones de niñas y adolescentes en Guerrero y Puebla han alertado a la población y sus familias piden ayuda para encontrarlas ya que temen que puedan ser víctimas de algún tipo de delito.

Romina Querena Pomposo Tolama, de 8 años, desapareció el 12 de octubre de 2026 al salir de la escuela Guillermo Jiménez Morales, en Puebla. Según la información difundida por su familia, una mujer habría llevado a la menor cuando se encontraba en la plazuela del Calvario, en la colonia Plazas Amalucan.

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El sacerdote Clemente Morales Topete fue localizado con vida en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, luego de ser reportado como desaparecido el pasado sábado tras salir de una consulta médica.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que este martes el sacerdote fue localizado “sano y salvo” en la ciudad, tres días después de ser visto por última vez.

/mexico/2026/10/27/localizan-con-vida-al-sacerdote-clemente-morales-reportado-como-desaparecido-en-culiacan-blindan-parroquia-donde-daba-misa/

Dos narcolaboratorios para elaborar metanfetamina fueron localizados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Topia, en Durango. Su desmantelamiento provocó una afectación de más de 500 millones de pesos a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Los laboratorios clandestinos fueron localizados en dos acciones distintas en inmediaciones del poblado El Destierro, en el que el primer sitio fue ubicado durante labores de búsqueda de lugares para la fabricación de drogas, en el que aseguraron aproximadamente 3 mil litros de metanfetamina líquida.

/mexico/2026/10/27/marina-golpea-con-mas-de-500-millones-de-pesos-a-los-mayos-desmantelan-dos-narcolaboratorios-para-elaborar-metanfetamina-en-durango/

Zapopan se ha convertido durante 2026 en uno de los principales puntos de captura de objetivos prioritarios relacionados con organizaciones criminales, con al menos 12 personas detenidas en los primeros nueve meses del año y hasta octubre.

Los perfiles identificados por autoridades incluyen presuntos integrantes y operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), miembros de estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa y Los Beltrán Leyva, además de personas investigadas por extorsión, lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, homicidio y contrabando de hidrocarburos.

/mexico/2026/10/27/zapopan-refugio-del-crimen-organizado-12-objetivos-prioritarios-han-sido-detenidos-en-nueve-meses/

La detención de Israel Leonel Trigueros Muñoz, alias “El Isra”, abrió una nueva etapa para las investigaciones sobre la violencia atribuida a Los Rusos en el Valle de Mexicali.

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, confirmó el 26 de octubre que el presunto operador tiene asuntos pendientes con la justicia estatal por homicidio y desaparición de personas, además de que las autoridades lo relacionan con los asesinatos de los agentes Rubén López Orduño y Manuel Enrique Guerrero Sánchez, así como con el de la esposa del primero.

/mexico/2026/10/27/los-rusos-tras-la-captura-de-el-isra-las-investigaciones-por-desapariciones-y-ataques-contra-policias-que-siguen-abiertas/

Al menos dos civiles habrían muerto durante un presunto enfrentamiento armado con elementos de la Secretaría de Marina registrado la tarde del lunes 26 de octubre en las inmediaciones de Estación Capomas, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el incidente ocurrió después de una persecución que habría comenzado en la sindicatura de Estación Bamoa y que posteriormente se extendió por caminos rurales hacia Estación Capomas y comunidades cercanas a Siete Ejidos.

/mexico/2026/10/27/persecucion-desata-operativo-de-marina-en-guasave-hay-dos-civiles-muertos/

Autoridades federales y de la Ciudad de México aseguraron 6 toneladas de cigarros apócrifos en un operativo realizado en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de una investigación que derivó en cuatro cateos en inmuebles donde los almacenaban para su posterior comercialización.

La movilización de los agentes derivó de una investigación en la que dieron seguimiento a la venta de cigarros apócrifos en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde aseguraron máquinas para la elaboración, confección, empaquetado y distribución de cigarros.

/mexico/2026/10/27/los-empaquetaban-y-vendian-en-edomex-aseguran-6-toneladas-de-cigarros-falsos-que-almacenaban-en-bodegas-de-la-colonia-morelos/

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este martes, por medio de un mensaje posteado en sus redes sociales, que por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo; de la Secretaría de Marina (Marina), Raymundo Pedro Morales Ángeles, y él mismo, realizarán, durante esta semana, una agenda coordinada de visitas de supervisión en el estado de Sinaloa.

Harfuch señaló que el secretario de la Defensa Nacional acudirá este martes, mientras que la Marina y la SSPC realizarán sus respectivas visitas en diferentes días de la semana. Esta distribución, explicó, permitirá ampliar la presencia y la supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, así como dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución.

/mexico/2026/10/27/cambian-estrategia-en-sinaloa-sheinbaum-ordena-a-mandos-de-las-fuerzas-armadas-visitar-el-estado-para-un-informe-de-seguridad/

El penal de Mazatlán, en Sinaloa, continúa registrando hechos violentos luego de la riña que dejó 12 muertos a principios de mes, y en la que estuvieron involucrados miembros de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

A menos de 20 días de los hechos, medios locales reportaron la desaparición de José Luis Vega Parra, identificado como médico del Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, quien fue visto por última vez el pasado 23 de octubre.

/mexico/2026/10/27/penal-de-mazatlan-sigue-en-medio-de-la-violencia-tras-rina-de-los-chapitos-que-dejo-12-muertos-desaparece-jose-luis-vega-doctor-de-la-prision/

Marcos Alejandro G., de 25 años y originario de Paso de Valencia, fue identificado por sus familiares como el joven localizado sin vida en las inmediaciones de la comunidad de Francisco Villa, en Papantla, Veracruz. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía, que no informó las circunstancias del fallecimiento ni el posible móvil.

La víctima se dedicaba al corte de naranja y otros cítricos. Sus familiares acudieron ante las autoridades ministeriales para realizar el reconocimiento oficial y proporcionar la información requerida durante las diligencias.

/mexico/2026/10/27/identifican-a-hombre-cercenado-en-veracruz-tenia-25-anos-y-se-dedicaba-al-corte-de-naranja/

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas trasladó a un penal estatal a Armando “N”, alias “El Melo”, uno de los dos hombres señalados como presuntos responsables del feminicidio de Miriam, de 55 años, y su nieta Ariana Scarleth, de 12, ocurrido en el municipio de Ostuacán.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó mediante un video que “El Melo” fue llevado a un centro penitenciario para continuar con el proceso relacionado con los hechos ocurridos el pasado 23 de octubre.

/mexico/2026/10/27/el-melo-es-enviado-a-un-penal-tras-el-linchamiento-de-su-complice-por-el-feminicidio-de-miriam-y-su-nieta-ariana-de-12-anos/

El Gabinete de Seguridad negó la existencia de un informe o reporte de inteligencia federal que acredite la supuesta reunión de Ariadna Montiel Reyes con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, luego de que se reportó que el encuentro habría tenido como objetivo beneficiar a candidatos de Morena en las elecciones de 2024.

Tras la publicación de la columna de Héctor de Mauleón para El Universal, en el que el periodista citó un informe de seguridad para reportar el presunto encuentro, las autoridades aseguraron que no existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad de algún reporte, ni elementos que acrediten los supuestos acuerdos con el hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

/mexico/2026/10/27/gabinete-de-seguridad-niega-existencia-de-reporte-sobre-presunta-reunion-de-ariadna-montiel-con-el-guano-para-favorecer-candidatos-de-morena/

Una colilla de cigarro encontrada en la bodega donde terminaba el túnel de fuga del penal del Altiplano llevó a las autoridades hasta Édgar Coronel Aispuro, cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las escuchas telefónicas que se derivaron de ese hallazgo revelaron un encargo inesperado: ir por un changuito llamado Botas que la familia del capo había dejado abandonado en una casa cerca de la cárcel.

El traslado del animal confirmó la ubicación del escondite del narcotraficante más buscado de México, según revela la docuserie Operación Cisne Negro, producida por N+ Docs y estrenada este 27 de octubre en ViX.

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Previo a la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal federal del Altiplano por un túnel en 2015, reos de alta peligrosidad que compartían pabellón con el capo escucharon durante semanas el ruido de taladros y herramientas que provenía del subsuelo, alertaron a las autoridades penitenciarias y fueron ignorados o amenazados con ser trasladados a otro centro, según revelan testimonios en la docuserie Operación Cisne Negro, producida por N+ Docs y estrenada este 27 de octubre en la plataforma ViX.

Las declaraciones pertenecen a enemigos directos de “El Chapo” Guzmán —integrantes de Los Zetas, del Cártel de Tijuana y del Cártel Jalisco Nueva Generación— que compartían el mismo lugar de máxima seguridad donde el exlíder del Cártel de Sinaloa fue recluido tras su captura en febrero de 2014.

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Enrique Peña Nieto iba a bordo del avión presidencial rumbo a Francia la noche del 11 de julio de 2015 cuando un asistente se le acercó con un mensaje del entonces director del CISEN, Eugenio Ímaz. El texto era breve pero demoledor: “Lamento informarle, pero El Chapo se fugó”.

Así lo reveló el propio expresidente en la docuserie Operación Cisne Negro, producido por N+ Docs que se estrenó este martes 27 de octubre en la plataforma ViX.

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Un juzgado federal en Tijuana rechazó las dos primeras demandas de amparo con las que los empresarios Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices buscaban recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos operadores financieros de La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, según reportó el semanario Zeta.

La resolución judicial abarca también las cuentas de al menos cuatro empresas vinculadas a Moreno Gómez Santelices: Inteliproof Efficient, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Corevial Constructora y Baja Fixer Group, todas con recursos inmovilizados en instituciones bancarias desde finales de septiembre de 2026.

/mexico/2026/10/27/los-santelices-empresarios-ligados-a-la-mayiza-por-eeuu-pierden-primer-round-contra-la-uif-por-bloqueo-de-cuentas/

Los hijos de Domingo Atanacio Quirino, el único de ocho campesinos secuestrados en la sierra de Guerrero que permanece sin ser localizado, difundieron un nuevo video en el que piden a la presidenta Claudia Sheinbaum, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y a la gobernadora Evelyn Salgado que intervengan para traer de vuelta a su padre, esto a más de un mes de que fue secuestrado por hombres armados.

En la grabación, los menores aparecen sosteniendo una cartulina con las fotografías impresas de los tres funcionarios, cada una identificada con su nombre escrito a mano: “Evelyn”, “Omar” y “Claudia”. En el centro de la cartulina colocaron una ficha de búsqueda tipo “Se busca” con la fotografía de Domingo, su nombre, la leyenda “50 años” y la frase “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. A los costados escribieron: “Quiero a mi papi de regreso” y “Tus hijos te esperan”.

/mexico/2026/10/27/hijos-de-campesino-secuestrado-en-guerrero-piden-ayuda-a-sheinbaum-harfuch-y-evelyn-salgado-regresen-a-nuestro-papito/

Un tribunal federal de Nueva York rechazó todas las mociones previas al juicio presentadas por la defensa de Naasón Joaquín García, líder de la organización religiosa La Luz del Mundo, junto con las de su madre, Eva García de Joaquín, y su sobrino, Joram Núñez. La decisión fue emitida el 27 de octubre de 2026 por la jueza federal Loretta Preska, del Tribunal Federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

El fallo permite que la fiscalía continúe adelante con el proceso que enfrentan los tres acusados por cargos de crimen organizado, tráfico sexual y delitos financieros.

Qué decidió la jueza del caso

El 27 de octubre de 2026, tras una audiencia oral, la jueza Preska denegó el conjunto de mociones presentadas por la defensa de Joaquín García, García de Joaquín y Núñez. La determinación permite a la fiscalía avanzar con los cargos de tráfico sexual y crimen organizado contra los tres acusados, según se informó.

La audiencia se desarrolló de forma presencial y abarcó distintos planteamientos legales que la defensa había acumulado desde julio de este año, cuando la misma jueza ya había negado una solicitud previa para acceder a transcripciones del gran jurado.

Con este nuevo rechazo, el proceso judicial contra los tres acusados continúa su curso dentro del Distrito Sur de Nueva York, sin que se hayan producido cambios en la jurisdicción ni en los cargos que enfrentan.

Los argumentos que planteó la defensa

Los abogados de Joaquín García, García de Joaquín y Núñez cuestionaron la autoridad de la fiscalía para perseguir acusaciones que, según sostuvieron, implican conductas ocurridas fuera de la jurisdicción del distrito neoyorquino.

Según el comunicado difundido por La Luz del Mundo, la defensa “planteó argumentos legales y constitucionales sustanciales” para impugnar esa autoridad. La organización religiosa afirmó que esos desafíos legales “están sólidamente fundamentados” y adelantó que continuará disputándolos.

El escrito de la iglesia también señaló lo que describió como “la evidente falta de entrega de información básica para controvertir los cargos”, en referencia a material que la defensa había solicitado previamente, incluida la divulgación de transcripciones y pruebas del gran jurado, pedido que Preska ya había negado en julio.

La respuesta de La Luz del Mundo

A través de un comunicado firmado por su Ministerio de Comunicación Social y Relaciones Públicas, La Luz del Mundo manifestó su “respetuosa discrepancia” con la decisión del tribunal.

El texto expresó mayor preocupación por lo que calificó como la dependencia de la fiscalía en una teoría de “coerción espiritual”, que, según la organización, “amenaza con convertir enseñanzas y prácticas religiosas en conductas criminales”. La iglesia rechazó “categóricamente cualquier intento de criminalizar creencias religiosas”.

El comunicado sostuvo que “las creencias religiosas son una elección libre” y que no pueden constituir coacción, al tiempo que invocó los derechos que otorga la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La organización agregó que considera inconstitucional que un tribunal sostenga que las creencias religiosas pueden equivaler a coacción.

La Luz del Mundo aclaró que el fallo “no valida las falsas acusaciones, no establece la culpabilidad ni resuelve las graves cuestiones constitucionales planteadas por la defensa”. El texto añadió que la decisión “suscita serios cuestionamientos sobre el respeto a las garantías constitucionales, el derecho a una defensa adecuada y la observancia plena del debido proceso”.

La organización reiteró su respaldo a los tres acusados y vinculó el caso con la conmemoración de su Centenario, al señalar que, durante 100 años, la iglesia “ha servido a Dios, unido a las familias, fortalecido comunidades y promovido la paz”.

Cuándo se realizará el juicio

El juicio con jurado contra Joaquín García, García de Joaquín y Núñez estaba programado originalmente para el 15 de marzo de 2027 en Manhattan. Una orden judicial del 3 de septiembre de 2026 pospuso esa fecha al 29 de marzo de 2027, debido a un conflicto de agenda del tribunal. La decisión de Preska de rechazar las mociones de la defensa no modifica ese calendario.

El proceso continúa con la fecha de juicio reprogramada, mientras ambas partes avanzan en la etapa previa, que incluye la entrega de notificaciones y pruebas adicionales por parte de la fiscalía.

Los cargos y los antecedentes del caso

El caso contra Naasón Joaquín García se originó con una acusación formal revelada el 10 de septiembre de 2025 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El entonces fiscal federal, Jay Clayton, anunció cargos contra seis personas: Joaquín García, Rosa Sosa, Azalia Rangel García, Eva García de Joaquín, Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña.

Según la Fiscalía, los seis integraron una organización criminal denominada “Empresa Joaquín LLDM”, que habría operado durante décadas dentro de la Iglesia La Luz del Mundo para facilitar el abuso sexual sistemático de niños y mujeres. Clayton declaró que “se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos”.

El día de la revelación de los cargos, Joaquín García fue detenido en Chino, California, donde cumplía una condena estatal por abuso sexual de menores. García de Joaquín fue arrestada en Los Ángeles y Núñez Joaquín en las afueras de Chicago. Sosa, Rangel García y García Peña permanecían prófugos, presuntamente en México, por lo que el Gobierno estadounidense anunció que solicitaría su extradición. El caso quedó asignado a la jueza federal Loretta A. Preska.

La Fiscalía sostuvo que el patrón de abuso se extendió durante generaciones dentro de la estructura familiar que lidera La Luz del Mundo desde su fundación en Guadalajara, México, en 1926. Tanto el fundador, Eusebio Joaquín González (“Aarón”), como su hijo Samuel Joaquín Flores (padre de Naasón, fallecido en 2014) y luego Joaquín García se habrían aprovechado de su posición como “apóstoles” para abusar sexualmente de feligreses, manipulándolos con la promesa de una “bendición” especial a cambio de servirles.

El documento alega que Joaquín García ordenó a sus cómplices producir fotografías y videos de abuso sexual infantil para su gratificación, material que las fuerzas del orden habrían incautado. También sostiene que instruyó a colaboradores para seleccionar adolescentes de la iglesia bajo el pretexto de actividades religiosas. Sosa habría preparado y abusado directamente de menores junto a Samuel Joaquín Flores; García de Joaquín, esposa de Samuel, habría acicalado a menores para el abuso de su esposo y cometido abusos ella misma; Rangel García es descrita como una de las principales cómplices de Joaquín García.

Las finanzas de la organización y los cargos específicos

El caso incluye cargos por delitos financieros. Según la Fiscalía, los diezmos de los feligreses, aportados bajo la creencia de que financiarían actividades legítimas de la iglesia, se habrían destinado a viajes de lujo para Joaquín García y jóvenes que lo acompañaban, juguetes sexuales, productos de limpieza para destruir evidencia, autos, joyas y vuelos en jets privados.

Tras el arresto de Joaquín García en California en 2019 por cargos estatales, miembros de la organización habrían presionado a sobrevivientes para que declararan falsamente que no habían sido abusadas, y destruido pruebas mediante trituración de archivos, quema de documentos e inmersión de dispositivos electrónicos en agua. Núñez Joaquín se habría hecho pasar por abogado de la iglesia para impedir denuncias ante las autoridades, función que García Peña, jefe de relaciones públicas de Joaquín García y de LLDM, habría cumplido de forma similar.

La acusación formal contempla seis cargos. El primero, conspiración de crimen organizado, alcanza a los seis acusados y prevé cadena perpetua para Joaquín García, Sosa, Rangel García y García de Joaquín, y 20 años de prisión para Núñez Joaquín y García Peña. El segundo, conspiración de tráfico sexual, recae sobre Joaquín García, Sosa, Rangel García y García de Joaquín, con cadena perpetua y un mínimo obligatorio de 10 años.

Un tercer cargo, trata sexual mediante fuerza, fraude y coacción, afecta a Joaquín García y Rangel García con penas idénticas. Ambos enfrentan además un cuarto cargo por inducción a viajar para actividades sexuales ilegales (20 años de prisión), un quinto cargo por conspiración para explotar sexualmente a menores (hasta 30 años, con mínimo de 15 años) y un sexto cargo por conspiración de explotación infantil, con cadena perpetua y mínimo obligatorio de 20 años.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) detuvo a Berenice “N”, alias “La China” o “La Sheena”, exintegrante de la extinta Policía Estatal de la entidad, por su probable participación en el homicidio calificado de 19 migrantes ocurrido en el municipio de Camargo en enero de 2021.

La captura se concretó el lunes 26 de octubre de 2026 en la colonia Albañiles, en el municipio de Altamira, mediante una orden de aprehensión otorgada por una Jueza de Control. Tras el procedimiento, la detenida quedó a disposición de la autoridad competente.

La masacre de Camargo y los hechos de 2021

El caso conocido como la masacre de Camargo se remonta al 22 de enero de 2021, cuando un grupo de 16 guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos fueron asesinados mientras viajaban por la brecha Santa Anita, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, cerca de Camargo.

En la persecución y el ataque habrían participado integrantes del entonces Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. El hecho generó condena internacional y derivó en 20 órdenes de aprehensión, la mayoría ya cumplimentadas.

Detalles del hallazgo y la investigación forense

Los cuerpos de las víctimas fueron localizados en una brecha del ejido Santa Anita, cerca de los límites con el estado de Nuevo León, dentro de una camioneta Chevrolet Silverado que presentaba 113 impactos de bala. Quince cuerpos se encontraban en la caja del vehículo, dos en la cabina y dos más cerca de las puertas del piloto y el copiloto.

En el mismo sitio fue abandonada una segunda camioneta, una Toyota Sequoia, que también resultó incendiada. Pese a la cantidad de disparos registrados en la escena, no se hallaron casquillos percutidos en el lugar.

Los policías involucrados recogieron la mayoría de los casquillos antes de huir, en un intento por ocultar su participación en los hechos. En un primer momento, los agentes señalados declararon que únicamente habían encontrado los cadáveres ya calcinados, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de Tamaulipas. Esa versión fue desmentida durante el proceso judicial que derivó en las condenas de 2023.

La agencia AP documentó que cinco migrantes guatemaltecos sobrevivieron al ataque y permanecieron bajo protección en Estados Unidos, según confirmó en su momento el entonces presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Los restos de 16 víctimas de nacionalidad guatemalteca fueron repatriados a ese país semanas después del hallazgo, donde familiares los recibieron en la capital antes de trasladarlos a sus comunidades de origen en el departamento de San Marcos.

Avance de las investigaciones y condenas previas

El titular de la FGJET, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que con la detención de Berenice “N” suman once las personas capturadas por su presunta participación en el asesinato y la incineración de los cuerpos de los 19 migrantes. El funcionario precisó que aún faltaría por detenerse a una persona más implicada en los hechos.

Ese mismo año 12 personas fueron condenadas a 50 años de prisión por los hechos registrados en el ejido Santa Anita, culpables de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia.

Entre los procesados por el caso se encuentra José Arturo Alfaro Acuña, exintegrante del extinto Grupo de Operaciones Especiales, quien se fugó en abril de este año tras una audiencia. Las autoridades de Tamaulipas ofrecieron entonces una recompensa de 300 mil pesos por información que condujera a su captura, y en septiembre fue recapturado, por lo que ahora enfrenta dos cargos.

Situación procesal y compromiso institucional

La FGJET no precisó el papel que la exagente habría tenido en los hechos ni la fecha de su próxima audiencia. La responsabilidad de Berenice “N” deberá determinarse conforme al proceso judicial en curso.

En su comunicado, la Fiscalía refrendó su compromiso de investigar los delitos que atentan contra la vida, procurar justicia para las víctimas y combatir la impunidad, con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

La dependencia estatal señaló que continuará con las investigaciones para procurar justicia en el caso, que a casi seis años de ocurrido mantiene abiertos procesos judiciales contra varios de los implicados en la masacre de Camargo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este 27 de octubre la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de Ramón “N”, alias “El Toro”, señalado como integrante de La Familia Michoacana, por su probable responsabilidad en la extorsión a un comerciante de Tenango del Valle. El detenido ya había sido capturado con anterioridad por su presunta relación con el homicidio de un expresidente municipal mexiquense.

Según el comunicado de la dependencia, elementos de la FGJEM cumplimentaron una orden de aprehensión contra el sujeto y lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, donde quedó a disposición de una autoridad judicial.

Los hechos de extorsión en Tenango del Valle

Las indagatorias del Ministerio Público establecieron que el 30 de noviembre de 2024, la víctima, dedicada al comercio, se encontraba en su negocio ubicado en el municipio de Tenango del Valle cuando llegó “El Toro” acompañado de dos sujetos más.

Los tres hombres portaban armas de fuego y, de acuerdo con la investigación, se habrían ostentado como miembros de La Familia Michoacana.

El comerciante extorsionado fue obligado a pagar 10 mil pesos tras una exigencia inicial de 15 mil, ya que “El Toro” lo amenazó con dañarlo a él o a su familia. Los agresores huyeron del lugar inmediatamente después de recibir el dinero.

El agente del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes al tener conocimiento de los hechos. Tras identificar al probable responsable, solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión por el delito de extorsión que derivó en la detención de este 27 de octubre.

El antecedente: vínculo con el homicidio de un exalcalde

“El Toro” no es un nombre nuevo para las autoridades mexiquenses. El sujeto había sido detenido en una operación de la FGJEM en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, en el municipio de Ixtapan del Oro.

En aquella ocasión, Ramón “N” fue señalado como integrante de La Familia Michoacana y vinculado a la muerte del expresidente municipal de Ixtapan del Oro, Francisco García Morales, ocurrida el 25 de septiembre de 2023.

García Morales murió tras perder el control de su camioneta e impactar contra un árbol en el paraje La Rastra, en un hecho catalogado inicialmente como accidente. La Fiscalía no detalló en ese momento por qué vinculaba a “El Toro” con esa muerte.

El Ministerio Público local, de acuerdo con el mismo reporte, investigaba también la probable intervención de Ramón “N” en los delitos de secuestro y extorsión, además del homicidio.

La situación legal del detenido

Tras la captura de este 27 de octubre, Ramón “N” permanece a disposición de una autoridad judicial de Tenango del Valle, que determinará su situación legal por el delito de extorsión.

El detenido debe ser considerado inocente hasta que un órgano judicial determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria. En caso de resultar responsable de los hechos, podría alcanzar una pena de 70 años de prisión.

La Familia Michoacana opera en el 42% del territorio mexiquense

La Familia Michoacana es el grupo delictivo con origen en Michoacán al que pertenecería “El Toro”, de acuerdo con las investigaciones de la FGJEM. La organización está liderada por los hermanos Johnny “El Pez” Hurtado Olascoaga y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga.

Según el mapa criminal de la propia Fiscalía del Estado de México, el grupo opera en 26 municipios mexiquenses, equivalentes al 42% del territorio estatal. El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que La Familia Michoacana tiene su base de operaciones en el Estado de México.

Esa expansión se documentó bajo la “Operación Enjambre”, que reveló el financiamiento de gobiernos municipales hacia el grupo. Los municipios de Amanalco, Santo Tomás de los Plátanos y Tonatico habrían canalizado fondos a la organización, de acuerdo con Infobae.

La investigación derivó en la detención de siete funcionarios públicos desde finales de noviembre de 2024, entre ellos la entonces alcaldesa de Amanalco, María Elena “N”, arrestada el 22 de noviembre junto con otros seis servidores públicos. Según la FGJEM, la funcionaria sostenía reuniones periódicas con líderes de la organización y entregaba 100 mil pesos por cada acuerdo de cabildo aprobado, además de transferencias trimestrales por 1 millón de pesos provenientes de fondos públicos.

El modus operandi atribuido a “El Toro”, extorsionar comerciantes bajo la identificación del grupo, se repite en otros casos recientes en la entidad. El 26 de octubre, un juez vinculó a proceso a Alan Yair “N”, alias “El Árabe”, por extorsionar a un comerciante en Chimalhuacán bajo el mismo esquema.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ofrece una recompensa de 350 mil pesos cada una para localizar a Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como presunto responsable del feminicidio de la doctora Cristina Ramos Argüello.

Además, la fiscalía también activó una recompensa con el mismo monto por su padre, Lenin Yuri Córdova Santana, acusado de encubrimiento.

El anuncio se dio a conocer este 27 de octubre a través de las fichas oficiales de la dependencia, que suman 700 mil pesos en recompensas por ambos hombres, prófugos desde el crimen ocurrido el 15 de octubre en Coatzacoalcos.

La recompensa y las vías para aportar información

La Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos por cada uno de los dos hombres buscados: Lenin Salvador Córdova Pérez es señalado como el feminicida de la doctora Cristina Ramos, y su padre, acusado de haberlo ayudado a huir. Las fichas corresponden a los acuerdos 174/2026 y 175/2026, y la dependencia garantiza confidencialidad total para quien aporte datos.

Según la institución, el monto se otorgará a “quien o quienes aporten información veraz, útil, eficaz, efectiva y oportuna” que contribuya a la localización de ambas personas.

La FGE habilitó tres canales para recibir denuncias: el teléfono 800 890 6863, el correo electrónico recompensas@fiscaliaveracruz.gob.mx y las oficinas ubicadas en Circuito Guízar y Valencia número 707, colonia Reserva Territorial, en Xalapa.

La dependencia precisó que la identidad de los informantes y los datos que proporcionen serán tratados de manera estrictamente confidencial. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a compartir cualquier información que pueda contribuir a la localización de los dos sujetos.

El feminicidio de Cristina Ramos Argüello

Cristina Ramos Argüello, de 34 años, era médica y laboraba tanto en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar como en una unidad del ISSSTE, ambas instituciones ubicadas en Coatzacoalcos. Fue hallada sin vida la mañana del 15 de octubre en su departamento del fraccionamiento privado Santa Cecilia, al poniente del municipio.

La familia de la doctora fue alertada por compañeros de trabajo, quienes avisaron que Cristina no había llegado a su centro de atención médica esa jornada. Tras varias horas de búsqueda, su cuerpo fue localizado dentro de su propio domicilio.

Ramos Argüello tenía menos de seis años ejerciendo como especialista en el municipio de Coatzacoalcos, donde cubría un turno en cada uno de los dos hospitales públicos en los que trabajaba.

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el presunto agresor ingresó al fraccionamiento donde ella vivía.

Tras el ataque, el señalado huyó del lugar y permanece prófugo desde entonces. La Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas abrió la carpeta de investigación bajo el protocolo correspondiente a este delito.

El 16 de octubre, un día después del hallazgo, la Coordinación del IMSS-Bienestar del Estado de Veracruz confirmó la muerte de la doctora. El organismo le dedicó un mensaje en el que destacó “su vocación de servicio, compromiso y calidad humana”.

Perfil y fuga del principal sospechoso

Lenin Salvador Córdova Pérez tiene 21 años y era pareja sentimental de la víctima pese a la diferencia de edad entre ambos. Era estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana al momento del crimen.

El 16 de octubre, un día después del hallazgo del cuerpo, la FGE cateó su vivienda ubicada en la calle Bella Vista, en la zona centro de Coatzacoalcos, como parte de las diligencias de la investigación. En ese operativo las autoridades habrían localizado evidencia que lo relaciona con el feminicidio.

Las primeras versiones apuntaron a Córdova como principal sospechoso por las imágenes de las cámaras de seguridad del fraccionamiento Santa Cecilia. Posteriormente, la Fiscalía confirmó la existencia de una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio. Hasta el momento, el señalado continúa sin ser localizado ni detenido.

La acusación contra el padre del sospechoso

La segunda ficha de recompensa difundida por la FGE corresponde a Lenin Yuri Córdova Santana, padre del principal sospechoso. Contra él pesa una orden de aprehensión por el presunto delito de encubrimiento.

Al padre del señalado se le aplican las reformas legales conocidas popularmente como “Ley Montse”, que castiga a familiares que ayuden a escapar a un feminicida. Familiares y conocidos de la doctora acusaron a Córdova Santana de haber sacado a su hijo de la ciudad de Coatzacoalcos para evadir a las autoridades tras el crimen.

César Rogelio Valdez Bermúdez fue sentenciado a 202 años de prisión por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara ante un juez su responsabilidad en un ataque armado ocurrido en Coacalco.

El fallo judicial se dio a conocer este 27 de octubre de 2026. La investigación determinó que el móvil del ataque fue una disputa por la venta de narcóticos en la zona.

La sentencia y cómo se compone la condena

Un juez impuso 202 años de prisión contra Valdez Bermúdez tras determinar su culpabilidad en los delitos que le imputó la Fiscalía mexiquense. La pena se dividió en dos partes.

Por el homicidio de tres hombres y una mujer, el sentenciado recibió 190 años de prisión. Por el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido contra una víctima que resultó herida, se le impusieron 12 años adicionales. El Órgano Jurisdiccional basó su decisión en las pruebas aportadas por la Fiscalía durante el proceso, que confirmaron la participación de Valdez Bermúdez en ambos hechos.

El ataque armado en Coacalco

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía estatal, los hechos ocurrieron en septiembre de 2024. Cinco víctimas, tres hombres y dos mujeres, se encontraban en la vía pública del municipio de Coacalco cuando fueron agredidas a disparos.

El sentenciado llegó al lugar acompañado de dos hombres más. Los tres abrieron fuego contra el grupo por una presunta rivalidad vinculada a la comercialización de drogas en la zona, según el reporte oficial. El ataque privó de la vida a cuatro personas: tres hombres y una mujer. Una quinta víctima resultó herida.

El ataque ocurrió durante el velorio de una víctima previa, identificada por autoridades como “El Chakalito”, a quien se le atribuían asesinatos vinculados a la disputa por el control de la venta de drogas en Coacalco. Valdez Bermúdez y dos cómplices llegaron al domicilio donde se realizaba el funeral y dispararon contra los asistentes.

El origen del ataque fue un homicidio ocurrido un día antes. Dos sujetos en motocicleta interceptaron y dispararon ocho veces contra “El Chakalito”, quien murió en el lugar. Uno de los responsables de ese ataque habría sido el propio Valdez Bermúdez.

Al día siguiente, familiares y amigos despedían a la víctima en un domicilio de la calle Colima, en la colonia San Lorenzo Tetlixtac. Fue entonces cuando el detenido llegó junto con dos cómplices y disparó con armas de grueso calibre contra los asistentes al funeral.

En el lugar del ataque al velorio, peritos localizaron más de 40 casquillos percutidos calibre 9 milímetros y .223, de acuerdo con el citado medio.

Investigación y detención del responsable

La Fiscalía estatal identificó a los entonces probables responsables del ataque a partir de las diligencias realizadas tras el hecho. Con esos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó ante un juez una orden de aprehensión.

La ejecución de ese mandamiento judicial permitió la detención de César Rogelio. Tras su aprehensión, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona para ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

En octubre de 2024 se encontraba en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. La autoridad judicial se encargó de dictar auto de vinculación a proceso en contra del detenido, con lo que inició formalmente el proceso penal que derivó en la sentencia de 202 años.

Acreditación de responsabilidad en el proceso judicial

Una vez que Valdez Bermúdez quedó bajo investigación, la Fiscalía estatal continuó recopilando y aportando evidencia adicional para demostrar su participación en los hechos.

El material probatorio fue analizado por el Órgano Jurisdiccional, que con base en esos elementos determinó la culpabilidad del acusado en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

Por esa responsabilidad, el juez dictó la condena de 202 años de prisión, distribuida entre los 190 años correspondientes al homicidio de las cuatro víctimas fatales y los 12 años por el homicidio en grado de tentativa de la persona que sobrevivió al ataque.

El menor, quien era empleado de la víctima, conducía la motocicleta en la que se trasladó el presunto autor de los disparos hasta el lugar del crimen. Fue detenido el 23 de octubre y permanece internado en el Centro para Adolescentes “Quinta del Bosque”, en Zinacantepec.

Reconstrucción del ataque armado

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía mexiquense, la víctima de 25 años arribó a bordo de su vehículo a un domicilio ubicado en la calle Salvador Dalí, en la colonia Acuitlapilco. En ese momento llegó al lugar una motocicleta ocupada por dos personas: un adulto que mantenía una relación sentimental con ella y el adolescente, quien conducía la unidad.

Según la Fiscalía, el adulto, identificado como Erick Eduardo “N”, alias “Farrel”, descendió de la motocicleta y disparó en varias ocasiones contra la víctima, para después abordar nuevamente la unidad y huir junto con el adolescente. La mujer falleció en el sitio a consecuencia de las heridas recibidas.

Los hechos quedaron videograbados por cámaras de videovigilancia y se difundieron posteriormente en redes sociales y medios de comunicación, lo que permitió reconstruir la secuencia del ataque.

Antes del ataque, Erick Eduardo “N”, alias “Farrel”, y un sujeto apodado “Vivi” recogieron a la joven en casa de una amiga. De acuerdo con esas reconstrucciones, Helen aprovechó un momento para tomar el volante del automóvil y dirigirse a su domicilio, donde fue interceptada por la motocicleta.

Investigación y vinculación a proceso del adolescente

La Fiscalía mexiquense indicó que, una vez que tuvo conocimiento de los hechos, inició la investigación que permitió identificar al menor de edad como uno de los posibles intervinientes en el delito.

El adolescente fue detenido por elementos de la institución el pasado 23 de octubre. Tras su detención, fue ingresado al Centro “Quinta del Bosque”, en Zinacantepec, a disposición de la autoridad judicial.

Como medida cautelar se le impuso el internamiento y se otorgó un plazo de investigación complementaria de 20 días. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, la autoridad judicial analizó los datos de prueba recabados y aportados por la institución, y determinó la vinculación a proceso del menor.

El presunto autor de los disparos, prófugo

El adulto señalado como quien efectuó los disparos, identificado por la Fiscalía como pareja sentimental de la víctima, tiene pendiente un mandamiento judicial, según el comunicado oficial.

El presunto responsable fue identificado como Erick Eduardo “N”, alias “Farrel”. Karina Hernández, madre de la víctima, exigió que se ejecute la orden de aprehensión al cumplirse dos meses del crimen. Afirmó que la familia entregó a la autoridad videos grabados por las cámaras de videovigilancia de la casa de la víctima donde se observa al sujeto dispararle a quemarropa.

Reclamo de justicia y difusión pública

La familia de Helen Ramírez ofreció una recompensa de 100 mil pesos para quien aporte información que ayude a dar con el paradero del presunto responsable.

La madre de la víctima relató que, ante la falta de una orden de aprehensión inmediata, la familia realizó al menos dos movilizaciones y bloqueos en la avenida Bordo de Xochiaca, en Chimalhuacán, para denunciar la inacción de la policía de investigación.

La familia denunció además que comenzó a recibir mensajes intimidatorios y que el señalado realizó publicaciones en redes sociales tras el crimen. El 21 de octubre se publicó en el perfil de Facebook de la propia Helen una fotografía del sujeto con los escudos de la Fiscalía y el número telefónico 800 702 8770 para quienes deseen aportar información sobre su paradero.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), se reunió con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, para revisar avances en materia de seguridad.

Su visita a la entidad se da semanas después de que el gobernador confirmó haber recibido amenazas por parte de miembros del crimen organizado que, aunque no quiso señalarlos de manera directa, habló de personas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Gabinete de Seguridad también explicó que el titular de la Defensa realizó una visita de supervisión a las tropas de la 13ª Zona Militar en Nayarit, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones de seguridad que realizan los elementos de la Defensa, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en la entidad.

Gobernador confirmó que ha sido amenazado en varias ocasiones luego de la recuperación de cientos de héctareas

El gobernador de Nayarit enfrenta desde agosto una cadena de amenazas atribuidas al CJNG luego de que su administración recuperara cientos de hectáreas de terrenos como parte del Megaoperativo Nuevo Nayarit, que permitió revertir el despojo de tierras por 50 mil millones de pesos.

Las intimidaciones escalaron con narcomantas, cuerpos colgados y un atentado frustrado, y en octubre se sumó la caída de una aeronave que el mandatario solía utilizar, pero que se descartó después que estuviera relacionado con un intento de atentar en su contra.

La cadena de hostigamiento comenzó el 12 de agosto, cuando aparecieron dos narcomantas en Tepic que exhibieron una disputa entre organizaciones criminales por el control del territorio. Tres días después, el 15 de agosto, se hallaron dos cuerpos colgados en el Puente Los Lobos junto a un mensaje dirigido directamente contra Navarro y la fiscal, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, el cual estaba firmado por “C.J.N.G. T.”.

El 9 de septiembre, la fiscal reveló que la institución había detectado, mediante trabajos de inteligencia, un plan para atentar contra ella y contra el gobernador durante la 54ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en Nuevo Nayarit.

“Tenían un atentado contra mí y el gobernador, quien estuvo en la conferencia de procuradores y fiscales en Nuevo Nayarit y ya estaban establecidas las rutas por las que nos iban a ejecutar”, declaró Heredia.

Días después, el 15 de septiembre, Navarro Quintero reveló que dos abogados hallados sin vida en Ixtlán del Río se habían presentado meses antes ante la Fiscalía del Estado para amenazarlos.

“Esos abogados fueron meses antes a la Fiscalía del Estado y advirtieron que teníamos que regresar el terreno, 800 hectáreas nada más, de un altísimo valor económico y que, si no se atendía por la Fiscalía, se atenderían las consecuencias”, declaró el gobernador.

La fiscal identificó a los litigantes como emisarios del CJNG, específicamente de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe de plaza del cártel detenido en abril de 2026 en La Yesca. “Estos abogados se identificaron como defensores de un alto generador de violencia de este grupo”, explicó Heredia.

El episodio más reciente de esta escalada ocurrió el 4 de octubre, con el desplome de un Cessna Citation I/SP 501 que el gobernador utilizaba de forma ocasional. La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Amado Nervo de Tepic con destino a Aguascalientes y cayó en una zona serrana de Ixtlán del Río, con un saldo de dos muertos: el piloto Óscar Quesada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas.

Pese a que la fiscal Heredia no descartó que el accidente se cometiera como un posible intento de atentado contra el gobernador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó en la conferencia de prensa matutina del pasado 7 de octubre que cuenten con datos sobre amenazas contra el gobernador y desestimo que se trata de un atentado en su contra.

“No tenemos información de que haya alguna amenaza. No sé si fue caída como tal, una caída de la avioneta, más bien tuvo un desperfecto por lo que yo sé, pero que se cayó la avioneta. Y no hay nada que tenga el gabinete de seguridad que lo asocie a una situación en contra del gobernador”, aseguró.

Esta reunión también se realiza luego de que las autoridades de Nayarit localizaron lo que la fiscal calificó como un “centro de exterminio” vinculado al CJNG, en donde se resguardaba a personas que privaban de la libertad para posteriormente torturadas, carbonizarlas y arrojar sus huesos a un arroyo.

La fiscal del estado informó que el sitio tendría operaciones activas en el municipio de Xalisco desde, al menos, el año 2019, fecha que corresponde a la presencia de la estructura criminal en Nayarit.

Heredia explicó que al centro eran enviados desertores, vendedores de drogas que no pertenecían a su grupo delictivo e, incluso, por pagos hechos por particulares para desaparecer personas.

Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas (CAIBP) de la Ciudad de México, durante la presentación de los resultados de la estrategia de personas desaparecidas, afirmó que no existen casos de desaparición forzada en la capital.

“No tenemos casos de desaparición forzada en la Ciudad de México”, afirmó el funcionario, quien señaló que el fenómeno debe ser revisado “críticamente”, ya que implica la participación de funcionarios públicos en la comisión del delito de una desaparición. Señaló que esta es una preocupación internacional e insistió en que “no está asociado” con los casos de la capital.

Grupos criminales: “una proporción pequeña”

Al detallar los diez problemas asociados a la desaparición, el funcionario indicó que entre los delitos graves está la desaparición cometida por grupos criminales. Esta implica reclutamiento forzado, trata, secuestro o disputas entre organizaciones. Reconoció que es una proporción pequeña, pero un problema presente en la ciudad.

También mencionó los casos de homicidio o feminicidio con ocultamiento, en los que se intenta esconder a la víctima para evadir la justicia.

1. DESAPARICIÓN FORZADA POR ACTORES DEL ESTADO. Policías, fuerzas armadas o autoridades locales. Casos aislados, no política sistemática.
2. DESAPARICIÓN POR GRUPOS CRIMINALES. Reclutamiento forzado, trata, secuestro, disputas entre grupos.
3. HOMICIDIO O FEMINICIDIO CON OCULTAMIENTO. Ocultan a la víctima para evadir la justicia. Sin vínculo con el crimen organizado.
4. HUIDA POR VIOLENCIA FAMILIAR. La víctima se aleja para protegerse. El agresor puede reportar la ausencia de mala fé.
5. SUSTRACCIÓN Y RETENCIÓN DE MENORES. Conflictos entre progenitores o familiares. Dinámica y respuesta institucional propias.
6. AUSENCIA POR SALUD MENTAL, ADICCIÓN O DETERIORO COGNITIVO. Personas en situación de vulnerabilidad que se extravían.
7. DETENCIÓN O RECLUSIÓN DE LA PERSONA. La ausencia es consecuencia de la detención por la comisión de un delito provocada por la persona detenida.
8. ACCIDENTE CON VÍCTIMA NO IDENTIFICADA. Sin perpetrador intencional. Falla institucional en identificación y cruce de información.
9. SIN PROBLEMAS ASOCIA... AUSENCIA VOLUNTARIA. ...propia, sin delito de por medio... perpetrador ni víctima. .

La clasificación del CAIBP agrupa los casos así:

• Delito grave: desaparición forzada por actores del Estado, desaparición por grupos criminales y homicidio o feminicidio con ocultamiento.
• Problema social, personal y familiar: huida por violencia familiar, sustracción de menores y ausencia por salud mental, adicciones o deterioro cognitivo.
• Otros: detención o reclusión, accidente con víctima no identificada y ausencia voluntaria.

Distinguir estos fenómenos, explicó, es clave para diseñar políticas de prevención y estrategias de búsqueda.

Las cifras de 2026

Con información unificada de la FGJCDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas, la presentación detalló:

• 2,729 personas con reporte de desaparición en 2026.
• 2,208 localizadas (80.9%): 2,158 con vida y 50 sin vida.
• 521 no localizadas (19.1%).
• Delito grave entre las localizadas: 26 casos (1.2%).
• Riesgo delictivo grave entre las no localizadas: 59 casos (11%).
• Ausencias voluntarias: 86.3%.

Entre las localizadas, 1,400 (63%) no tenían problemas asociados y 612 (28%) correspondían a problemas sociales, familiares o personales.

Un contexto de rechazo federal a la ONU

La afirmación surge en un contexto marcado por el rechazo del gobierno federal a la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. En reiteradas ocasiones, el Estado mexicano ha señalado su rechazo e incluso reprochó no reconocer los avances de la estrategia de búsqueda.

Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX dio a conocer que actualmente la Ciudad de México reporta 5 mil 225 casos de personas desaparecidas y no localizadas, sumando 24 mil 539 desde el comienzo del registro en 1952.

A partir de las interacciones de las víctimas con instituciones públicas, se ha recolectado diversos datos como teléfonos celulares y domicilios para que las autoridades verifiquen de manera directa cada una de las investigaciones.

“Es así como hemos llevado a cabo 23 mil 949 visitas de campo, casa por casa, múltiples veces cada caso y al mismo tiempo hemos llevado a cabo 29 mil 955 llamadas. ¿Para qué? Para verificar datos de contacto y verificar el estatus de las personas dadas como desaparecidas". explicó el funcionario.

Registros de personas desaparecidas en la CDMX

Después de actualizar los registros de estos casos en 2022, se dio a conocer que son 5 mil 225 las personas que aún no son localizadas en la capital del país, desglosando este resultado en tres puntos fundamentales:

• 447 personas ubicadas: se necesita recabar pruebas de vida
• 3 mil 394 confrontas, visitas y llamadas: denunciates que no han podido ser contactados después de al menos 23 mil visitas y 29 mil llamadas.
• Mil 385 desapariciones confirmadas: se construye un plan individual de búsqueda

Gómez Negrete puntualizó que en la mayoría de estos casos no se tiene la certeza de que sigan desaparecidos, ya que solamente se cataloga como no localizada cuando se obtiene alguna prueba de vida.

“Esto es una imagen de la persona desaparecida sosteniendo su foto boletín o sosteniendo un cartel con puño y letra donde establezca la situación de su ausencia, que podamos, en los casos de menores de edad, entrevistarlos, hacer una valoración médica y determinar qué fue lo que sucedió con ellos”, señaló.

Base de información de personas desaparecidas

La información recopilada de distintas fuentes se integra para completar los registros de la Ciudad de México:

Registro de la Ciudad de México

• Base de datos construida por los reportes y denuncias en Comisión y Fiscalía de la Ciudad de México.
• Incluye reportes abiertos por CNB sobre casos de personas desaparecidas.

Base Nacional de Carpetas de Investigación (BANCI)

• Registros con carpeta de investigación abierta por la comisión de delitos de desaparición.

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)

• Registros con hipótesis de hechos en Ciudad de México.
• Incluye casos abiertos por instituciones de la Ciudad de México, CNB, FGR, comisiones y fiscalías estatales.
• También incorpora reportes ciudadanos realizados en el portal público.

Crisis de desaparecidos en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concluyó la tercera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores, donde recuperó 24 individuos y 417 elementos óseos de personas inhumadas sin identificación. Los hallazgos serán analizados para establecer posibles identidades y aportar información ante la crisis de desapariciones en México, estimada hasta hace unos meses en 135 mil personas.

Estas labores se realizaron durante 10 días, del 13 al 23 de octubre de 2026, en jornadas del 13 al 17 y del 20 al 23. Colectivos de la CDMX informaron que las tres fases del plan han permitido recuperar 76 individuos, de los cuales 12 ya fueron identificados mediante procedimientos previos.

El activista y defensor del territorio Samuel Cardona Garza, quien desapareció el pasado 13 de octubre en Monterrey, Nuevo León, fue localizado con vida, informaron los colectivos ambientalistas de los que forma parte.

Las organizaciones Noroeste sin Fracking, GreenPace y Un Río en El Río, donde Cardona Garza es miembro activo, compartieron la noticia con un mensaje de alivio y gratitud: “¡Encontramos a Sam!”.

Colectivos agradecen el apoyo recibido

Las agrupaciones expresaron su agradecimiento a todas las personas que se sumaron a la búsqueda:

• Ciudadanos y colectivas
• Organizaciones sociales
• Medios de comunicación
• Autoridades

Según la publicación de Un Río en el Río, todos compartieron su ficha de búsqueda y acompañaron a sus allegados durante los 13 días de incertidumbre donde se desconocía su paradero. Los colectivos destacaron el poder de la organización ciudadana y la solidaridad colectiva, y atribuyeron a la movilización social haber dado visibilidad y fuerza a la búsqueda.

¿Cómo fue la desaparición de Samuel Cardona?

Cardona Garza desapareció el 13 de octubre de 2026 en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey. La Comisión Local de Búsqueda de Personas estatal emitió una alerta con sus rasgos físicos:

• Edad: 34 años al momento de su desaparición
• Cabello: negro, largo y ondulado
• Tez: morena
• Ojos: café oscuro
• Nariz: chata
• Estatura: 1.80 metros
• Complexión: delgada

Durante la búsqueda, las organizaciones exigieron al gobernador Samuel García, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Medio Ambiente una acción inmediata, exhaustiva y coordinada.

Su trayectoria en la defensa del territorio

Cardona Garza es abogado y ha participado en la defensa del río Santa Catarina. También ha cuestionado megaproyectos impulsados por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, entre ellos la construcción de la Línea 4 del Metro cerca de la cuenca.

Como parte de esa labor, promovió acciones legales, como amparos y denuncias ante la Profepa, por la forma en que el gobierno estatal manejaba la obra y sus posibles efectos sobre el entorno natural.

El Gobierno de Costa Rica inició el traslado de los primeros 123 privados de libertad al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), una nueva prisión de máxima seguridad construida para albergar a personas consideradas de alta peligrosidad y vinculadas con estructuras criminales.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la apariencia de los reclusos. Las imágenes difundidas por las autoridades muestran a los internos con la cabeza rapada, vestidos con uniformes de color naranja y arrodillados, mientras mantenían la mirada hacia el suelo durante el procedimiento de ingreso.

Las escenas guardan similitudes con las difundidas desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, una instalación que sirvió de inspiración para el proyecto penitenciario costarricense.

Reclusos ingresaron con el cabello rapado

El corte de cabello fue uno de los elementos más visibles del primer operativo. Los privados de libertad aparecieron con el pelo cortado prácticamente al ras, una imagen que contrasta con la presentación habitual de los internos en otros centros penitenciarios del país.

Aunque las fotografías y grabaciones permiten confirmar que los primeros trasladados estaban rapados, la información difundida hasta ahora no establece si todos fueron sometidos al corte durante el procedimiento de traslado, si se trata de una disposición obligatoria para futuros ingresos o cuáles son las excepciones que podrían aplicarse.

Los nuevos internos también fueron presentados con la vestimenta naranja contemplada para el funcionamiento del CACCO. Este uniforme forma parte de las medidas de identificación y control establecidas para la población penitenciaria que permanecerá en las instalaciones.

Sospechosos del asesinato de un policía estuvieron entre los primeros trasladados

Entre los primeros internos que ingresaron al CACCO se encuentran tres sospechosos del asesinato del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales Cascante, ocurrido el 13 de mayo en Batán, Limón.

Los hombres, identificados por los apellidos Menocal, Mora y Vílchez, permanecen bajo prisión preventiva por su presunta participación en el crimen.

Su traslado había sido solicitado expresamente por la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, durante la inauguración del establecimiento penitenciario, realizada el pasado 14 de octubre.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, anunció posteriormente que este grupo estaría entre los primeros en ingresar al complejo, como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el control sobre personas vinculadas con delitos de especial gravedad.

Una megacárcel con capacidad para 5,100 personas

El CACCO está ubicado dentro del complejo penitenciario de La Reforma, en San Rafael de Alajuela. Su construcción representó una inversión de aproximadamente 33.1 millones de dólares, equivalentes a ₡16,774 millones.

La infraestructura tiene capacidad para 5,100 privados de libertad, distribuidos en cinco módulos de 1.020 espacios cada uno. Las celdas están diseñadas para alojar hasta 60 personas e incluyen literas de tres niveles.

Entre las medidas de seguridad se encuentran cámaras de vigilancia, controles biométricos, equipos de escaneo y pasarelas de supervisión para los agentes penitenciarios.

Según el Ministerio de Justicia, el objetivo es impedir que cabecillas de organizaciones criminales continúen dirigiendo actividades ilícitas desde las prisiones y mejorar la capacidad de respuesta del sistema penitenciario.

Traslados continuarán durante las próximas semanas

La llegada de los primeros 123 internos representa el comienzo de un proceso que las autoridades pretenden desarrollar de manera progresiva, con la expectativa de alcanzar la capacidad total del establecimiento durante diciembre.

El Gobierno sostiene que la ocupación del CACCO contribuirá a reducir la sobrepoblación penitenciaria. Sin embargo, el proyecto también ha generado cuestionamientos.

La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, en el que cuestionó las condiciones de temperatura, privacidad, seguridad y atención médica del establecimiento.

La agrupación solicitó suspender los traslados mientras se analizan los riesgos denunciados. Por su parte, el Ministerio de Justicia sostiene que las nuevas instalaciones permitirán fortalecer la vigilancia y el control de la población penitenciaria considerada de mayor riesgo.

Con el inicio de las operaciones, Costa Rica puso en funcionamiento uno de sus proyectos penitenciarios más ambiciosos.

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SSC reconoce a dos policías de la CDMX por rescatar a víctimas de robo e incendio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reconoció a la Policía Primera María de los Ángeles Velasco Cervantes y al policía Jean Dylan Flores Pedraza como los elementos del mes de agosto por sus intervenciones en dos emergencias.

Velasco localizó un tráiler robado en Iztacalco, detuvo a dos presuntos responsables y encontró a dos transportistas que presuntamente estaban privados de la libertad, mientras que Flores, integrante de la Policía Bancaria e Industrial, ayudó a evacuar a familias durante un incendio en Álvaro Obregón, donde sufrió quemaduras mientras colaboraba en las labores para controlar el fuego y poner a salvo a los habitantes.

Peña Nieto recordó la fuga de El Chapo del Altiplano: “Al mejor cazador se le va la liebre”

Enrique Peña Nieto recordó la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de máxima seguridad de El Altiplano, ocurrida el 11 de julio de 2015, cuando el entonces líder del Cártel de Sinaloa escapó a través de un túnel conectado con una casa ubicada a casi dos kilómetros del centro penitenciario.

“Al mejor cazador se le va la liebre”, dijo el expresidente al referirse a la huida en la docuserie “Operación Cisne Negro”, producida por N+ Docs. El primer capítulo reconstruye cómo Guzmán logró escapar pese a la vigilancia de las cámaras del penal, la Policía Federal y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), además de revisar las investigaciones sobre quienes debían supervisarlo y las condiciones que facilitaron su fuga. Seis meses después, el 8 de enero de 2016, fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa.

Detienen en Mexicali a “El Isra”, presunto líder de Los Rusos y objetivo prioritario en Baja California

Israel Leonardo Trigueros, alias “El Isra”, señalado como uno de los presuntos líderes del grupo criminal Los Rusos, fue detenido la noche del domingo 25 de octubre en un restaurante de Mexicali, Baja California. El hombre era considerado objetivo prioritario por las autoridades estatales y contaba con una orden de aprehensión activa por homicidio en Sonora, entidad a la que fue trasladado tras su captura.

Desaparece sacerdote en Culiacán tras salir de una consulta médica

El sacerdote Clemente Morales Topete, párroco de la iglesia Cristo Resucitado en Culiacán, Sinaloa, desapareció el sábado 24 de octubre después de acudir a una consulta médica en el fraccionamiento Montebello. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas activó una ficha para localizarlo, mientras la Diócesis de Culiacán y la Conferencia del Episcopado Mexicano solicitaron apoyo ciudadano y colaboración de las autoridades para dar con su paradero, aún desconocido hasta la mañana de este lunes. El religioso se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux gris oscuro, con placas UG34195.

Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, promovió un amparo indirecto que impide a la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutar la orden de aprehensión girada en su contra. El encargado del despacho de la FGE, Gilberto Loya Chávez, confirmó la notificación del recurso durante la rueda de prensa semanal de la dependencia.

La protección judicial bloquea también la posibilidad de solicitar una ficha roja ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) o una alerta migratoria para su localización, de acuerdo con lo expuesto por el propio fiscal.

El amparo y sus efectos legales

Loya Chávez explicó que Zuany Portillo tiene un amparo indirecto ya notificado a la institución. “Esta persona, Guillermo Arturo Z., tiene un amparo indirecto, promovió un amparo indirecto, del cual ya se nos notificó”, declaró el funcionario.

El fiscal precisó que la institución seguirá en su “tarea de investigar no solo el delito por el cual se promovió esto, sino la posibilidad de la existencia de otros delitos”. Ante la pregunta directa de si ya existe algún cargo adicional confirmado contra Zuany, Loya no amplió detalles, limitándose a reiterar el impedimento legal vigente para su detención por la causa amparada.

Postura de la Fiscalía pese al amparo

Loya Chávez afirmó que la institución dará cumplimiento a cualquier resolución judicial, pero que continuará con los procesos de judicialización de la carpeta de investigación. “Por supuesto, nosotros le vamos a dar cabal cumplimiento a cualquier orden de algún juez”, señaló el fiscal durante la conferencia.

El funcionario añadió que la FGE mantiene abierta la posibilidad de encontrar otros delitos no cubiertos por el amparo que permitan avanzar en el caso contra el exfuncionario.

Identidad, cargo y proceso penal del imputado

Zuany Portillo encabezó previamente la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y después asumió como titular de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua. Renunció a su puesto el 13 de mayo de 2026.

El 16 de octubre, el juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Morelos, Luis Alberto Simental Ortega, firmó la orden de aprehensión en su contra, identificada con el oficio 53095/2026 dentro de la causa penal 3055/2026. El documento contempló tres resolutivos: el primero señaló a Zuany y al exfiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno como coautores de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, conforme a los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal estatal.

El segundo resolutivo correspondió únicamente a Jáuregui por los mismos delitos, pero en calidad de autor material. El tercero se dirigió de forma exclusiva contra Zuany, por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, previsto en el artículo 308 del código punitivo estatal.

La orden se ejecutó contra Jáuregui el mismo 17 de octubre, cuando fue detenido por agentes investigadores en la ciudad de Chihuahua. Hasta ahora no se ha confirmado la captura de Zuany.

Contexto del caso El Pinal

Las imputaciones contra ambos exfuncionarios se originan en la investigación derivada de un operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara. Durante ese despliegue, agentes de la AEI y elementos del Ejército desmantelaron laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.

Al concluir las operaciones, un convoy que regresaba a Chihuahua sufrió un accidente en una zona serrana de terracería. En el percance murieron cuatro personas: Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la AEI; el agente Manuel Genaro Méndez Montes; y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA.

La orden contra Jáuregui y Zuany se vincula con presuntas omisiones en la cadena de mando y en los protocolos aplicables durante ese operativo. Esta causa, instruida por la FGE ante un juez de control local, es independiente de la investigación paralela que mantiene la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público, en la que Jáuregui enfrenta además una acusación por traición a la patria.

Paradero incierto del exfuncionario

Hasta el momento se desconoce si Zuany Portillo se encuentra en México o en Estados Unidos, versión que ha circulado de forma extraoficial sin confirmación de las autoridades.

Loya Chávez indicó que la Fiscalía continúa usando los mecanismos legales disponibles para dar con su ubicación, aunque el amparo vigente restringe las vías para hacerlo a través de Interpol o controles migratorios.

Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron más de 134 mil piezas de mercancía con posibles irregularidades en materia de propiedad intelectual. El hallazgo se produjo durante labores de inspección y vigilancia en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La revisión se realizó sobre dos contenedores, donde el personal de las tres instituciones identificó productos que ostentaban marcas, logotipos e imágenes comerciales. A partir de ese hallazgo se advirtieron posibles violaciones a los derechos de propiedad intelectual sobre los artículos transportados.

Mercancía con marcas, logotipos e imágenes comerciales

Entre los productos identificados en los contenedores destacan 80 mil 100 piezas de diversas figuras con logotipos, la mayor cantidad individual reportada en el operativo.

También se localizó un bulto con 21 peluches con la imagen de la famosa gata Hello Kitty, además de 131 estuches con diseños de las integrantes del grupo animado KPop Demon Hunters proveniente de una cinta de Netflix.

El tercer grupo de productos corresponde a 36 mil 350 piezas de audífonos con cable cargador que portaban el logotipo de una manzana, es decir Apple. A esto se suman 48 mochilas negras con la imagen de un personaje animado japonés.

El listado se completa con 17 mil 900 playeras blancas con logotipos de una marca deportiva, el último de los artículos detallados en el reporte del operativo.

Operativo conjunto en la aduana de Lázaro Cárdenas

El operativo tuvo lugar en la aduana de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, uno de los puertos de mayor movimiento de carga del Pacífico mexicano. Participaron de manera conjunta personal de la ANAM, la Marina y la SSPC, en el marco de las labores habituales de inspección y vigilancia aduanera.

Durante la revisión de dos contenedores, los equipos detectaron una cantidad considerable de productos con marcas, logotipos e imágenes comerciales que no contaban con verificación de origen legal. Ese procedimiento derivó en el aseguramiento de más de 134 mil piezas en total.

Resguardo de la mercancía y compromiso institucional

Derivado de las posibles irregularidades detectadas, la mercancía permanece en sus contenedores de origen. El resguardo quedó bajo guarda y custodia de la Fiscalía General de la República (FGR).

La permanencia de los productos bajo esa custodia se mantendrá mientras se determina su situación jurídica, conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia. No se precisó un plazo para la resolución del caso ni el destino final de la mercancía asegurada.

Con estas acciones, la ANAM y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de la legislación aduanera en los puntos de ingreso de mercancía al país.

Las autoridades señalaron que buscan combatir la introducción de mercancías que vulneren la propiedad intelectual, a través de operativos de inspección como el realizado en la aduana de Lázaro Cárdenas.

Operativos previos en la misma aduana

Este aseguramiento se suma a otras acciones recientes de la ANAM, la Marina y la SSPC en la aduana de Lázaro Cárdenas. El pasado 24 de octubre de 2026, las mismas instituciones aseguraron 14 mil 250 envases de perfumería que portaban el nombre de una marca internacional sin acreditar el cumplimiento de la normativa de propiedad intelectual, según informó el Gabinete de Seguridad.

Días antes, el 7 de octubre de 2026, los mismos elementos federales habían inmovilizado 10 millones 584 mil cigarrillos de la marca Marlboro dentro de un contenedor que, según la documentación de importación, debía transportar vasos de vidrio.

Ese hallazgo se originó por una alerta de los sistemas aduaneros ante un posible riesgo de propiedad intelectual. Tras la revisión, las autoridades detectaron que la mercancía declarada no coincidía con el contenido real del contenedor, de acuerdo con el comunicado publicado en el sitio del Gabinete de Seguridad.

Los tres operativos forman parte de las labores de inspección y vigilancia que las dependencias federales mantienen en el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los principales puntos de entrada marítima de mercancías al país.

Marco legal de la piratería en México

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial regula en México las conductas que vulneran marcas, patentes y diseños registrados. Su aplicación administrativa corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El artículo 404 de esa ley establece penas de dos a seis años de prisión y multa de mil a 100 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien venda, de forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos con marcas falsificadas a consumidores finales en vías o lugares públicos.

Las infracciones administrativas, por su parte, pueden sancionarse con multas de hasta 250 mil UMA por cada conducta, de acuerdo con el artículo 388 de la ley. El monto se calcula según la gravedad de la infracción y el perjuicio ocasionado a los titulares de los derechos afectados.

Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es señalado como uno de los operadores de mayor rango dentro del Cártel de Sinaloa. Su historial incluye ataques armados contra fuerzas federales, el presunto asesinato de un familiar y sucesivos operativos de captura que no han logrado su detención.

El nombre de “El Guano” volvió a cobrar relevancia pública luego de que se señalara a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, de mantener una supuesta reunión con Aureliano en 2024. El señalamiento fue negado por Montiel.

Guzmán Loera opera principalmente en el Triángulo Dorado, la zona serrana que comparten Sinaloa, Chihuahua y Durango, dedicada al cultivo de amapola y marihuana y a la producción de drogas sintéticas. Desde la primera detención de su hermano, su carrera dentro de la organización criminal mostró un crecimiento sostenido.

El ataque armado de 2016 y la fuga de “El Kevin”

En octubre de 2016, “El Guano” quedó en la mira de las autoridades federales tras un ataque con granada contra un convoy militar en Sinaloa. El objetivo de la agresión era liberar a Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin”, uno de sus aliados cercanos que se encontraba bajo custodia castrense. El saldo del ataque fue de cinco militares muertos y diez heridos. “El Kevin” logró escapar durante la confusión generada por el asalto.

Tras el hecho, se desplegaron alrededor de 50 vehículos militares en territorio sinaloense para dar con el paradero de Guzmán Loera. El operativo no tuvo éxito y “El Guano” consiguió evadir el cerco.

Ese episodio marcó el inicio de una búsqueda intermitente por parte de las fuerzas federales que, hasta la fecha, no ha derivado en su captura.

El homicidio de su medio hermano y otros delitos en Chihuahua

A “El Guano” se le atribuye el asesinato de su medio hermano, Ernesto Guzmán Hidalgo, ocurrido en abril de 2015 en la sierra de Sinaloa. El crimen reforzó su reputación de violencia incluso dentro de su propio círculo familiar.

En la región serrana donde opera, reportes periodísticos lo señalan como una figura poco respetada por otras estructuras criminales, debido a conflictos recurrentes con bandas rivales que han puesto en riesgo tierras y vidas de cientos de habitantes de la zona.

Además de los hechos en Sinaloa, se le atribuyen el secuestro, la extorsión, la tortura y el homicidio de un elevado número de personas en Chihuahua. Entre las víctimas atribuidas a su organización figuran funcionarios públicos y empresarios de esa entidad.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fechados en 2018, “El Guano” comandaba entonces una red de al menos 300 personas, distribuida en células como “Los Coteros”, “La Válvula” y “Gente de Aboyta”, con presencia en Badiraguato y Escuinapa, en Sinaloa, y en Tamazula, Durango.

Las fugas lo han mantenido libre durante casi una década

Aureliano Guzmán Loera ha evadido al menos siete grandes operativos militares en la sierra de Sinaloa y Durango desde 2011, lo que lo convierte en uno de los capos más escurridizos del narcotráfico mexicano.

El primer operativo documentado ocurrió en 2011, cuando las autoridades aún no lo identificaban plenamente como figura de alto rango dentro del Cártel de Sinaloa. Esa falta de perfil le permitió construir en silencio una base territorial en Badiraguato, Sinaloa, y Tamazula, Durango.

En 2014, un operativo preparado durante cuatro meses con apoyo de la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos) apuntó a una vivienda en Santiago Papasquiaro, Durango. Cuando los soldados intentaron bloquear las salidas del pueblo, una turba los detuvo alegando invasión de propiedad privada, lo que dio tiempo suficiente para que “El Guano” escapara.

En octubre de 2016, durante un enfrentamiento en la zona de Huixiopa y Bacacoragua, Guzmán Loera resultó herido, según informó entonces el comandante de la Novena Zona Militar, Rogelio Terán. Pistoleros de su organización irrumpieron en el hospital donde era atendido y mataron al soldado que lo había auxiliado para rescatarlo. Más de 50 vehículos del Ejército se desplegaron en la sierra sin lograr su captura.

En abril de 2017, una nueva incursión en Badiraguato generó versiones de que “El Guano” había sido detenido, pero el gobierno de Sinaloa desmintió el arresto. El entonces gobernador, Quirino Ordaz Coppel, declaró no tener conocimiento de ninguna detención.

Entre el 23 y 24 de febrero de 2023, un operativo de la Secretaría de Marina en El Durazno, Tamazula, terminó sin resultados: según el periodista Óscar Balderas, el capo escapó por una puerta falsa con al menos una hora de ventaja sobre las fuerzas federales.

El operativo más reciente ocurrió el 22 de abril de 2026 en La Cebadilla, Tamazula, con participación del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, y apoyo de inteligencia estadounidense. Se detuvo a 10 integrantes de su círculo cercano, entre ellos su mano derecha, Abel “N”, pero Aureliano Guzmán Loera volvió a evadir la captura.

Cargos pendientes en Estados Unidos y recompensa de 5 millones de dólares

Fuera de México, “El Guano” enfrenta dos acusaciones formales presentadas por un gran jurado federal del Distrito de Arizona, Estados Unidos. La primera, del 13 de noviembre de 2019, lo señala por cuatro cargos relacionados con una conspiración internacional para distribuir heroína, cocaína y fentanilo.

La segunda acusación, emitida el 19 de febrero de 2020, sumó dos cargos adicionales vinculados a la distribución internacional de marihuana, heroína, cocaína y metanfetamina.

Como consecuencia de estos procesos, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó en 2021 la recompensa por información que lleve a la captura y extradición de Aureliano Guzmán Loera hasta 5 millones de dólares, cifra que se mantiene vigente.

“El Guano” según el Departamento de Estado de EEUU

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una ficha oficial sobre Aureliano Guzmán-Loera dentro de su programa de recompensas contra narcotraficantes mexicanos. El documento no precisa con exactitud su fecha de nacimiento, pero sí registra tres posibles datos: el 20 de julio de 1945, el 20 de octubre de 1946 y el 16 de junio de un año desconocido.

La ficha tampoco detalla su estatura ni su peso, y los describe como desconocidos. Según el registro, tiene cabello negro, ojos color marrón, y no se consignan cicatrices, tatuajes o marcas distintivas.

El documento confirma que su base de operaciones se ubica en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, el mismo poblado natal de su hermano Joaquín “El Chapo” Guzmán. Desde ahí, su organización administra plantaciones y laboratorios distribuidos en distintas localidades del Triángulo Dorado.

El perfil oficial describe a su organización como “polidroga”, es decir, dedicada al cultivo, producción, fabricación y transporte de amapola, marihuana, heroína, fentanilo, metanfetamina y cocaína en nombre del Cártel de Sinaloa. La principal fuente de ingresos del grupo proviene del cultivo a gran escala de marihuana y amapola en la Sierra Madre de Sinaloa.

La reciente controversia política

El historial criminal de “El Guano” volvió a cobrar relevancia pública este mes luego de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, señalara a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, por supuestos vínculos con el crimen organizado, durante una entrevista.

Campos aseguró que se lo había hecho saber en privado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien posteriormente confirmó el señalamiento en su conferencia matutina y defendió a Montiel como una dirigente honesta.

El origen directo de la controversia fue una columna del periodista Héctor de Mauleón, que citó un informe de seguridad sobre una supuesta reunión entre Montiel y Aureliano Guzmán Loera en 2024, en la que la dirigente morenista habría negociado el apoyo de la organización de “El Guano” a candidatos del partido en Chihuahua, a cambio de permitirles el control territorial entre La Tuna, Sinaloa, y Moris, Chihuahua.

Ariadna Montiel negó las acusaciones

Montiel rechazó la acusación en sus redes sociales, en donde afirmó: “Denunciamos la irresponsabilidad de presentar señalamientos no acreditados como hechos y utilizarlos para desacreditar a todo un Movimiento”, escribió.

La dirigente calificó la columna como un “instrumento de golpeteo de la derecha” y afirmó: “Nunca he tenido relación ni me he reunido con personas dedicadas a actividades delictivas. Mi patrimonio está asentado en mi declaración patrimonial, que siempre ha sido pública”.

Montiel vinculó la difusión del señalamiento con sus propias denuncias sobre la participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. Según la dirigente, Campos conocía la participación del exfiscal César Jáuregui Moreno en ese operativo y guardó silencio durante seis meses antes de señalarlo.

Los 24 gobernadores de Morena emitieron un comunicado conjunto en el que atribuyeron las acusaciones de Campos a “frustración y diferencias políticas”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo dos vinculaciones a proceso contra Noé “N”, quien se identificó como integrante de La Unión Tepito, por su probable participación en dos casos de extorsión. Las víctimas fueron los propietarios de una academia de música en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, y de una cafetería en la colonia Axotla, alcaldía Álvaro Obregón.

Las investigaciones determinaron que una cuenta bancaria a nombre de Noé “N” recibió dinero de ambas víctimas. En uno de los casos, otros dos hombres también resultaron vinculados a la causa.

Amenazas contra una academia de música en Polanco

El primer hecho ocurrió el 12 de julio de 2025. Ese día, el propietario de una academia de música recibió una llamada de un hombre que se identificó como “Irving”, integrante de “La Unión”, quien le exigió 50 mil pesos por “derecho de piso”.

El sujeto amenazó con disparar contra el establecimiento y sus alumnos si no entregaba el dinero. Las amenazas se prolongaron durante aproximadamente cinco meses, entre julio y diciembre de 2025.

Durante ese periodo, la víctima realizó depósitos y transferencias por un total de 80 mil pesos. El dinero se repartió entre tres cuentas bancarias, que después fueron identificadas a nombre de Noé “N”, Erick “N” y José Martín “N”.

Extorsión paralela a una cafetería en Axotla

Tres días después de las primeras amenazas contra la academia de música, el propietario de una cafetería en Axotla recibió una llamada de un hombre que se presentó como “Brayan”, de “La Unión Tepito”. El sujeto le exigió 20 mil pesos y le advirtió que dos personas acudirían en motocicleta a recogerlos.

Ante el temor de que le hicieran daño a él o a su familia, la víctima realizó dos transferencias por un total de 3 mil 300 pesos. Pero las exigencias no se detuvieron ahí.

Le indicaron que debía realizar pagos semanales de mil pesos y entregar cantidades adicionales en días festivos. El propietario bloqueó el número desde el que lo contactaban, pero esa misma noche recibió nuevos mensajes por WhatsApp en los que le exigían responder y lo amenazaban con represalias.

La investigación estableció que el dinero de la cafetería también fue transferido a una cuenta a nombre de Noé “N”, quien era el único autorizado para disponer de esos recursos. Según la indagatoria de la fiscalía, Noé “N” habría utilizado ambas cantidades el mismo día en que fue recibida.

Rastreo bancario y capturas de los implicados

A partir de las denuncias, el Ministerio Público y la Policía de Investigación (PDI) recabaron entrevistas, realizaron trabajos de investigación y analizaron información bancaria obtenida con autorización judicial.

En el caso de la academia de música identificaron tres cuentas que recibieron pagos de la víctima. En el de la cafetería, confirmaron que el dinero llegó a una sola cuenta, también a nombre de Noé “N”.

Con los datos de prueba del caso de Polanco, la Fiscalía CDMX obtuvo órdenes de aprehensión contra los tres hombres. Agentes de la PDI los localizaron en distintos puntos de la zona metropolitana.

A Erick “N” lo detuvieron el 9 de octubre de 2026 en la alcaldía La Magdalena Contreras. A José Martín “N” lo capturaron el 12 de octubre en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Noé “N” fue localizado el 20 de octubre en la alcaldía Iztapalapa.

Vinculación a proceso y nueva orden contra Noé “N” en el reclusorio

El agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial, con los que obtuvo la vinculación a proceso de los tres imputados por extorsión calificada. Las audiencias se celebraron entre el 10 y el 21 de octubre y los tres permanecen en prisión preventiva.

La investigación por las amenazas contra la cafetería permitió obtener una segunda orden de aprehensión contra Noé “N”. Para entonces, el imputado ya se encontraba recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente por el caso anterior.

Agentes de la PDI ejecutaron esa orden dentro del propio reclusorio el 23 de octubre. Al día siguiente, el Ministerio Público presentó los datos de prueba con los que obtuvo una nueva vinculación a proceso, esta vez por el delito de extorsión.

La autoridad judicial determinó que Noé “N” permanezca en prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX señaló que trabaja para que las denuncias por extorsión se traduzcan en investigaciones sólidas que permitan identificar a las personas involucradas y presentarlas ante la justicia.

Yuriana Julia Pelaez Calderón, inmigrante mexicana en situación irregular se declaró culpable de orquestar un secuestro falso y de culpar a agentes federales de inmigración por ese hecho, según informó la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

Pelaez Calderón, de 43 años y residente del sur de Los Ángeles, admitió un cargo de conspiración para impedir, obstruir, perjudicar y frustrar las funciones legales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dentro de la jurisdicción federal.

El cargo y la sentencia que enfrenta Calderón

Calderón se declaró culpable ante el juez de distrito Stephen V. Wilson, quien fijó la audiencia de sentencia para el 8 de febrero de 2027. En esa fecha, Calderón se enfrentará a una pena máxima legal de cinco años de prisión federal.

Según su acuerdo de culpabilidad, en junio de 2025 HSI realizaba funciones gubernamentales legítimas, entre ellas la gestión de amenazas creíbles a la seguridad pública, como el secuestro. Fue en ese contexto cuando Calderón decidió fingir su propia detención.

Calderón admitió que, entre junio y julio de 2025, simuló haber sido detenida por agentes federales o por personas que actuaban en su nombre. La investigación estuvo a cargo de la División de Delitos Financieros de El Camino Real de HSI, una unidad interinstitucional de HSI Los Ángeles que agrupa a investigadores federales y estatales.

Cómo se fabricó el engaño

El 25 de junio de 2025, Calderón le dijo falsamente a una persona que “inmigración” se la estaba llevando mientras se encontraba dentro o cerca de un restaurante de comida rápida. Según documentos judiciales, afirmó que los funcionarios habían “encendido las luces” y “amenazado con romperle la ventana”.

Dos días después, el 27 de junio, llamó a un miembro de un grupo de defensa de los derechos de los inquilinos y afirmó que las “autoridades” la habían llevado a San Ysidro, donde ella y otros habrían sido presionados para firmar documentos de desalojo voluntario.

Ese mismo día, en una tercera llamada, aseguró que la habían trasladado a un almacén en un lugar desconocido, donde permanecía retenida junto a otros detenidos. El 28 de junio modificó nuevamente la versión: dijo estar junto a alguien del centro de inmigración “B-18” en Los Ángeles y a otra persona “recogida en una gasolinera en Bakersfield”.

La repercusión mediática y el encubrimiento

Las mentiras de Calderón derivaron en la difusión de información falsa a medios de comunicación y a las fuerzas del orden. Según esa versión, Calderón había sido “secuestrada” por hombres enmascarados vestidos de civil que conducían un vehículo sin distintivos y que actuaban como agentes federales o como sus intermediarios.

El 30 de junio de 2025, activistas comunitarios ofrecieron una rueda de prensa en Los Ángeles donde otras personas repitieron el relato de Calderón y exigieron su liberación. Mientras esa cobertura se difundía, Calderón permanecía oculta en Bakersfield, al tanto de lo que se decía en los medios.

El 3 de julio, en una nueva llamada con identificador bloqueado, Calderón afirmó que sería liberada pronto debido a la amplia cobertura mediática que había alcanzado el caso.

La simulación de la liberación en el condado de Tulare

Ese mismo día, Calderón viajó de Bakersfield al condado de Tulare para escenificar su supuesta liberación. Se acercó a una persona del lugar y le dijo que la “Patrulla Fronteriza” acababa de dejarla en libertad.

A esa misma persona le pidió que fuera testigo en el “caso” que planeaba iniciar contra la Patrulla Fronteriza, con la intención declarada de demandar a la agencia.

Como parte del montaje, Calderón alteró su apariencia física para simular que había sido maltratada durante la supuesta detención. Un cómplice fotografió esa apariencia alterada, imágenes que formaban parte del relato que buscaba sostener frente a terceros.

El ocultamiento final y el cierre de la investigación

Entre el 3 y el 5 de julio de 2025, Calderón apagó sus teléfonos y se negó a responder las llamadas de los agentes de la ley que la buscaban. Además, pidió a otras personas que hicieran lo mismo, con pleno conocimiento de que las autoridades intentaban ubicarla.

Según el acuerdo de culpabilidad, Calderón sabía, o tenía motivos para saber, que las fuerzas del orden destinarían recursos a buscarla a raíz de sus falsas denuncias de secuestro.

Las fiscales adjuntas Lana Morton Owens, de la División de Seguridad Nacional, y Matthew J. Tako, de la Sección de Crimen Organizado Transnacional, están a cargo del caso.

En el operativo se aseguraron 100 kilos de la droga sintética, resultado de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad para combatir la producción de estupefacientes en el país.

Operativo y hallazgos en el laboratorio

Personal naval y de la SSPC ejecutaron la acción dentro de los trabajos permanentes de búsqueda, localización, neutralización e inhabilitación de laboratorios clandestinos que realizan de forma coordinada las instituciones del Gabinete de Seguridad.

En el sitio ubicado en Los Brasiles, Culiacán, las autoridades aseguraron 100 kilos de metanfetamina junto con 32 litros de sustancias químicas y material diverso empleado en el proceso de fabricación.

El hallazgo forma parte de las labores que Marina, SSPC y FGR desarrollan en Sinaloa para detectar instalaciones dedicadas a la producción de drogas sintéticas antes de que la sustancia llegue a circular. El operativo permitió el aseguramiento conjunto de droga terminada, insumos químicos y equipo utilizado en el proceso clandestino.

Inhabilitación del equipo y afectación económica

Todo el equipo y los accesorios localizados en el laboratorio fueron inhabilitados directamente en el lugar, con el objetivo de impedir que vuelvan a utilizarse para fabricar droga. La medida se aplicó tanto al material de producción como a las sustancias químicas encontradas en el sitio.

El comunicado conjunto precisó que la operación representa una afectación económica estimada a la delincuencia organizada de aproximadamente 8.8 millones de pesos. Esta cifra corresponde al valor combinado de la metanfetamina asegurada, los 32 litros de sustancias químicas y el equipo inhabilitado durante el procedimiento.

Postura del Gabinete de Seguridad

Marina, SSPC y FGR reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir la producción de drogas sintéticas en el territorio nacional.

Según el comunicado, este tipo de acciones buscan evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles y proteger la seguridad de la población.

Otro operativo simultáneo en Culiacán

El hallazgo en Los Brasiles no fue la única acción contra la producción de drogas sintéticas reportada en Culiacán durante el mismo fin de semana. Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron, por separado, siete áreas de concentración de sustancias químicas en los poblados de Corral Viejo, Las Puertas, San Román, El Cedrito y Los Mayos.

En esas zonas se aseguraron 5 mil 935 litros y 365 kilos de materiales utilizados para la elaboración de metanfetamina, con un valor estimado de 128 millones de pesos. En conjunto, ambos operativos realizados en Culiacán representaron decomisos valuados en 136.8 millones de pesos para el crimen organizado.

Antecedentes de operativos en Sinaloa y Durango

El operativo en Los Brasiles se suma a una serie de acciones recientes del Gabinete de Seguridad contra laboratorios clandestinos en el noroeste del país. El 16 de octubre, Marina, SSPC y FGR desmantelaron un laboratorio en la comunidad de Carricitos, Durango, donde aseguraron aproximadamente 1.3 toneladas de metanfetamina, con una afectación económica de 163 millones 560 mil 134 pesos, según el propio Gabinete de Seguridad.

Días antes, el 7 de octubre, las mismas corporaciones habían inhabilitado un laboratorio en el poblado Las Tinajas, municipio de Elota, Sinaloa, donde se localizó un predio de 12 mil metros cuadrados (129.167 pies cuadrados) destinado a la fabricación de drogas sintéticas.

Según cifras difundidas por el Gabinete de Seguridad en redes sociales, en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetamina en el país.

Marine Le Pen advirtió durante su lanzamiento de campaña presidencial que tratará a los cárteles mexicanos como terroristas: “tampoco permitiremos que Francia caiga en la mexicanización”

Marine Le Pen advirtió que no permitirá que Francia se deslice hacia la “mexicanización” por la presencia de cárteles. La líder de extrema derecha lanzó así oficialmente su campaña presidencial este domingo en Orleáns, con la seguridad como eje central de su discurso.

“No permitiremos que Francia se deslice hacia la mexicanización con la presencia de cárteles. Erradicaremos estas organizaciones criminales sin contemplaciones, tratándolas como terroristas”, afirmó ante unos 8.500 simpatizantes reunidos en la ciudad vinculada históricamente a Juana de Arco.

La advertencia sobre los cárteles y la “mexicanización”

La frase se convirtió en el punto más citado del acto de lanzamiento. Con ella, Le Pen buscó instalar la idea de que el crimen organizado representa una amenaza creciente para Francia, comparable a la situación que atribuye a México.

Le Pen aseguró que combatirá a los cárteles sin contemplaciones si llega al Elíseo en las elecciones de abril y mayo de 2027. La advertencia sobre la “mexicanización” formó parte de un bloque de propuestas de seguridad que incluyó, además, penas más duras contra quienes agredan a agentes de la autoridad.

La dirigente vinculó esta amenaza al deterioro del orden público que, según su discurso, atraviesa el país. Presentó el combate a las organizaciones criminales como una de las prioridades de su eventual gobierno, junto al control migratorio y el refuerzo de fronteras.

Cárteles mexicanos en Francia

Existen casos documentados de presencia de cárteles mexicanos en territorio francés. El más relevante ocurrió en junio de 2024, cuando la gendarmería francesa desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetamina en una villa del departamento del Var, cerca de Toulon. El caso se hizo público en mayo de 2025, cuando la fiscalía de Marsella confirmó los detalles.

El laboratorio fue montado por químicos mexicanos vinculados directamente al cártel de Sinaloa, según confirmó el periódico Le Parisien. Fue la primera vez que una investigación francesa estableció un vínculo directo entre el territorio galo y una organización criminal mexicana de ese nivel.

El operativo derivó en 16 detenciones en Francia y Bélgica. Según el diario Midi Libre, los traficantes esperaban facturar más de 11 millones de euros con una inversión inicial de 150 mil euros. La droga producida se exportaba hacia Nueva Zelanda.

Además, un informe de la Brookings Institution confirmó que el cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) instalaron laboratorios de metanfetamina en Francia, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Bulgaria y Rumania. El mismo informe señala que redes chinas de lavado de dinero vinculadas a estos cárteles operan en Francia, Italia y España.

La conexión entre el narcotráfico latinoamericano y Francia no es reciente. Se remonta a las décadas de 1960 y 1970 con la llamada “French Connection”, y luego evolucionó con los cárteles colombianos en los años 80. Los grupos mexicanos tomaron el relevo de forma más visible desde la consolidación del cártel de Sinaloa bajo las ordenes de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la década de 2010.

El lanzamiento de campaña en Orleans

El acto donde Le Pen dio su declaración marcó el inicio formal de la cuarta candidatura presidencial de Marine Le Pen. La dirigente de Agrupación Nacional (RN) pronunció su discurso en Orleans, ciudad donde Juana de Arco, figura del siglo XV venerada por los nacionalistas como símbolo de patriotismo y soberanía, logró su victoria militar más reconocida.

Le Pen definió su proyecto como “el amanecer de una nueva era” y no como un regreso al pasado. La frase buscó despegar su propuesta de gestiones anteriores del partido y presentarla como una alternativa de renovación.

El mitin se desarrolló entre cánticos de “¡Vamos a ganar!” y consignas contra el presidente centroderechista Emmanuel Macron. La candidata apeló reiteradamente a la unidad y planteó la posibilidad de un “gobierno abierto y plural, de unidad nacional” en caso de ganar las elecciones.

Propuestas migratorias y de orden público

Además de su advertencia sobre los cárteles, Le Pen anunció una política de “tolerancia cero” en materia de inmigración. La propuesta incluye el establecimiento de una “doble frontera”, tanto a nivel europeo como francés.

La candidata prometió también la “deportación automática y permanente” de los extranjeros que cometan delitos en territorio francés. Este punto se suma a su planteo de expulsar a todo inmigrante que delinca, sin excepciones.

Le Pen planteó, además, que la nacionalidad francesa vuelva a ser “un privilegio que se hereda o se merece”. En esa línea, propuso introducir el concepto de “prioridad nacional” dentro de su esquema de gobierno.

El escenario electoral

Las encuestas actuales ubican a Le Pen como favorita para las elecciones presidenciales de 2027. En segundo lugar aparece el candidato de extrema izquierda de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon.

Durante el acto, la dirigente de RN confirmó que Jordan Bardella, presidente del partido, ocupará el cargo de primer ministro en caso de que ella gane las elecciones. Bardella fue reelegido al frente de RN durante el congreso partidario que precedió al lanzamiento de campaña.

Con este escenario de respaldo en los sondeos, Le Pen afronta su cuarto intento de alcanzar la presidencia de Francia, en una campaña que se definirá en dos rondas durante abril y mayo del próximo año.

Grecia Itzel Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, pidió a Omar García Harfuch reforzar la seguridad en Uruapan tras el asesinato de Dania R.G., una mujer de 28 años que fue atacada a balazos en un negocio de tacos ubicado en la colonia Los Pinos.

Quiroz García difundió desde su cuenta oficial en ‘X’, que estableció comuinicación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para reportar los hechos y solicitar mayor coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales.

“No podemos ni debemos acostumbrarnos a la violencia”, escribió Quiroz. La publicación ocurre después de la agresión armada registrada la noche del sábado en un establecimiento de la calle Venustiano Carranza, al poniente de Uruapan.

Dania muere después de recibir atención médica

Reportes preliminares difundidos en medios locales señalan que dos mujeres fueron atacadas dentro o en las inmediaciones del negocio. Una de las víctimas fue identificada como Dania R. G., de 28 años, quien habría recibido un disparo en la cabeza.

Dania fue trasladada a un hospital, pero murió a causa de la gravedad de las lesiones. Hasta ahora, las autoridades no han informado el móvil del ataque ni han reportado detenciones relacionadas con el caso. En el sitio también habría resultado lesionada otra mujer. Los primeros reportes apuntan a que ambas eran nuera y suegra, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades ni por las familias.

Dos niñas que presuntamente estaban en el lugar sufrieron golpes durante el incidente. Tampoco se ha detallado su estado de salud ni las circunstancias en las que resultaron heridas.

Quiroz sostuvo que pidió a la Fiscalía estatal agilizar las investigaciones para esclarecer la agresión e identificar a los responsables. “La seguridad y la vida de nuestra gente deben estar por encima de cualquier diferencia”, señaló.

La hermana gemela de Dania exige justicia

Diana Rojas, hermana gemela de Dania, compartió un mensaje en redes sociales en el que reclamó justicia por el homicidio y cuestionó la normalización de la violencia en el municipio.

“Dania no murió, a Dania la mataron ruin y cobardemente”, escribió. En su publicación, recordó que ambas no habían llegado a la mitad de sus vidas y afirmó que el asesinato le arrebató “la mitad” de su vida.

También rechazó la idea de que las víctimas de ataques violentos necesariamente estén vinculadas con actividades delictivas. “Uno cree que solo le pasa a quien andaba mal, pero hoy me doy cuenta de que no es así”, señaló.

El caso generó reclamos públicos sobre la seguridad en Uruapan, uno de los municipios michoacanos que enfrenta episodios de violencia ligados a ataques armados y hechos delictivos. Además de haber vivido el magnicidio de Carlos Manzo Rodríguez y una serie de ataques armados.

Funcionaria cuestiona respuesta de Grecia Quiroz

Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria de Carlos Manzo Rodríguez —y quien ha señalado a Grecia Quiroz como implicada en el asesinato de su esposo—, cuestionó el posicionamiento de Quiroz y sostuvo que la violencia no representa un hecho aislado ni reciente en el municipio.

Méndez afirmó que habitantes de Uruapan viven con preocupación e incertidumbre ante la inseguridad. También acusó a Quiroz de realizar giras y asistir a eventos mientras la ciudadanía exige acciones frente a los homicidios y ataques armados.

“La seguridad no es un asunto secundario, ni un tema que pueda atenderse cuando haya tiempo”, publicó. La funcionaria pidió explicaciones, medidas concretas y resultados ante los casos de violencia reportados en la ciudad.

Quiroz afirmó que acompañará a la familia de Dania y dará seguimiento al expediente. Las autoridades no han difundido información oficial sobre los agresores, el número de personas involucradas ni una línea de investigación por el ataque ocurrido en la colonia Los Pinos..

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Procesan a hombre por tentativa de feminicidio de su expareja y lesiones en contra de una adolescente en San Luis Potosí

Un hombre identificado como Jaime “N” fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones agravadas, tras una agresión contra su expareja y una adolescente en el municipio de Matlapa, en el estado de San Luis Potosí.

La determinación fue obtenida por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de su Delegación Sexta, luego de que un Juez de Control concediera la medida durante la audiencia correspondiente.

La investigación se inició a partir de una denuncia relacionada con hechos ocurridos el 9 de octubre de 2026 en un domicilio de la localidad de Chalchitepetl, municipio de Matlapa. De acuerdo con las indagatorias, el imputado ingresó de manera violenta al domicilio y amenazó a su expareja para después intentar agredirla con un mazo de metal.

La víctima logró impedir los golpes, mientras otras personas intervinieron para detener la agresión, según indicó la Fiscalía. Durante estos acontecimientos, una adolescente también habría sido agredida por el señalado.

Tras su detención, Jaime “N” fue presentado ante la autoridad judicial. Durante la audiencia, personal de la Delegación Sexta de la FGESLP expuso los datos de prueba y solicitó su vinculación a proceso, petición que fue concedida por el Juez de Control.

La autoridad judicial impuso además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Arrestan a hombre con drogas que intentó tirarlas para evitar su detención en Quintana Roo

Un hombre identificado como Erick José “N” fue detenido en el municipio de Cozumel como presunto implicado en delitos contra la salud, luego de que intentara huir en una motocicleta tras arrojar al suelo varias bolsitas con una hierba seca similar a la marihuana.

Elementos de la Dirección de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban labores de prevención del delito y vigilancia cuando observaron a un hombre junto a una motocicleta, manipulando bolsitas de plástico con hierba seca con características similares a la marihuana. El hecho ocurrió sobre la avenida Antonio González Fernández, en Cozumel.

Al advertir la presencia policial, el hombre arrojó las bolsitas al suelo e intentó abordar la motocicleta para huir del lugar, pero los uniformados lo interceptaron antes de que lograra escapar.

Tras explicarle el motivo de la intervención, se realizó una revisión preventiva en la que se le aseguraron 20 bolsitas con hierba seca y verde con características similares a la marihuana, un estuche de color negro y una motocicleta marca Suzuki, tipo UR110EZ, de color azul con negro, con placas de circulación del estado de Quintana Roo.

Con estos elementos asegurados, tanto los indicios como el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para determinar su situación jurídica.

Arrestan a presunto miembro de Los Cuatetes en Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), puso a disposición de las autoridades correspondientes a un hombre señalado como presunto responsable de delitos contra la salud, luego de un operativo realizado en el municipio de Huehuetán.

El detenido fue identificado como Francisco “N”, alias “Pancho”. Durante un recorrido de prevención, disuasión y proximidad social con dirección al ejido Guadalupe, sobre la carretera federal Tapachula-Arriaga, elementos de la FRIP lo localizaron y, tras una revisión a su persona y pertenencias, le aseguraron 12 bolsitas ziploc con una sustancia granulada con características similares al cristal, además de una motocicleta de la marca Italika.

Durante el procedimiento, el propio detenido manifestó pertenecer al grupo delictivo identificado como los “Cuatetes”. Con este antecedente y los elementos asegurados, Francisco “N” fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Fallece reo del penal de Mazatlán mientras recibía tención médica

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que un recluso del Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, falleció mientras recibía atención médica.

De acuerdo con la corporación, la persona se encontraba hospitalizado desde el pasado 23 de octubre porque padecía tuberculosis y diabetes, lo que provocó complicaciones de salud.

“Con base a los protocolos, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, así como a los familiares de la PPL por parte de personal de trabajo social de la dirección de dicho Centro Penitenciario, además de ofrecer el acompañamiento institucional”, detalló en un comunicado.

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Santiago Vali Castillo, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Transporte en Todas sus Formas, Construcción y sus Servicios Relacionados en la República Mexicana (SITRAC RM), fue asesinado a balazos la noche del sábado 24 de octubre. El ataque ocurrió en el interior de un restaurante en el municipio de Tuxpan, al norte de Veracruz, y hasta el momento no hay detenidos.

El crimen se registró en el establecimiento Wings Army, ubicado sobre la carretera a la Barra Norte, en la colonia La Calzada, a un costado del hotel Holiday Inn. Un sujeto armado ingresó al local, se acercó directamente a la mesa donde se encontraba la víctima y le disparó a corta distancia. Después escapó con rumbo desconocido.

Cómo ocurrió el ataque armado

De acuerdo con los reportes preliminares, el agresor aprovechó la confusión generada entre las personas presentes en el restaurante para huir del lugar. Vali Castillo recibió múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, principalmente en el rostro.

Tras el reporte de las detonaciones a la línea de emergencias 911, paramédicos acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios. Al evaluar al dirigente sindical, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha reportado detenidos ni ha confirmado el móvil del ataque.

Despliegue de seguridad y estado de la investigación

Tras confirmarse el deceso, elementos de la Policía Municipal de Tuxpan, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (SEMAR) se desplegaron en la zona.

Las corporaciones acordonaron la escena del crimen para preservar los indicios balísticos y facilitar el trabajo de los peritos. También implementaron un operativo de búsqueda en las colonias periféricas y las vías de salida del municipio.

Personal ministerial y de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado se presentó en el lugar para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de ninguna persona vinculada con el homicidio. La carpeta de investigación busca esclarecer el móvil del crimen y determinar a los responsables.

Amenazas denunciadas desde 2025

Santiago Vali Castillo había denunciado públicamente, desde el año 2025, presuntas amenazas y actos de hostigamiento en su contra. Según sus declaraciones, las advertencias también se dirigieron contra integrantes de SITRAC RM y las familias de los agremiados.

Horas después de confirmarse su fallecimiento, se difundió en redes sociales una grabación de una rueda de prensa realizada en 2025. En ese video, el entonces dirigente sindical denunció haber recibido presuntas amenazas de muerte dirigidas contra él, su madre y diversos integrantes de su entorno familiar y laboral.

En aquellas declaraciones, Vali Castillo relacionó el hostigamiento con disputas laborales por contratos y fuentes de empleo en la región norte de Veracruz. Señaló al Sindicato de Transporte y Acarreo de Tuxpan, perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de intentar desplazar a su organización de sus labores.

El conflicto por contratos de construcción

El origen de la disputa, según las denuncias del dirigente, se centraba en un contrato que SITRAC RM mantenía con la empresa Gas de Calidad para la ejecución de obras de construcción en el Polo de Desarrollo de la zona.

Vali Castillo había acusado al Sindicato de Transporte y Acarreo de Tuxpan de operar con una toma de nota vencida desde el año 2020, y señaló a los integrantes de esa agrupación de actuar de forma arbitraria frente a su organización.

En ese contexto, el dirigente hizo un llamado a las autoridades estatales, en especial a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para que interviniera en la situación y privilegiara la seguridad de los trabajadores y de sus familias.

Como antecedente adicional, durante 2026 se registraron incendios contra unidades de la organización SITRAC RM. Uno de ellos ocurrió el 14 de julio sobre la carretera Tuxpan-Tampico, mientras que otro fue reportado en la carretera Tuxpan-Tamiahua.

El contexto del paro nacional de transportistas

El homicidio ocurrió horas antes del paro nacional de transportistas convocado para el lunes 26 de octubre, en el que distintas organizaciones anunciaron concentraciones y caravanas a velocidad reducida para exigir mayor seguridad en las carreteras y atención a sus demandas.

Hasta ahora, las autoridades tampoco han establecido una relación entre el asesinato del dirigente sindical y la jornada de protesta convocada a nivel nacional.

Elementos de la Comisaría Regional de la Policía de Jalisco localizaron y destruyeron dos plantíos de aparente marihuana, además de un centro de secado, en la delegación de San Martín de las Cañas, municipio de Tequila.

El hallazgo se produjo durante labores de prevención y vigilancia en brechas y zonas serranas de la demarcación. En conjunto, los dos terrenos detectados sumaban una extensión de 22 mil 880 metros cuadrados.

Hallazgo durante patrullajes en zonas serranas

Los oficiales de la corporación estatal realizaban patrullajes de prevención y vigilancia por brechas y zonas serranas de la delegación cuando ubicaron los dos predios destinados al cultivo. Ambos terrenos presentaban una extensión combinada de 22.880 metros cuadrados.

Junto a los cultivos, los uniformados identificaron un centro de secado con plantas ya cortadas. El hallazgo abarcó así tres puntos dentro de la misma zona: los dos plantíos y el secadero.

Cerca de 98 mil plantas aseguradas

En los dos predios localizados, los elementos contabilizaron aproximadamente 95 mil plantas en pie. A esa cifra se sumaron otras 3 mil ejemplares de un metro de altura encontradas en el centro de secado.

El total combinado entre ambos sitios rondó las 98 mil unidades vegetales aseguradas. La extensión de 22 mil 880 metros cuadrados ocupada por los cultivos da cuenta de la escala de la operación agrícola ilegal detectada en la zona serrana del municipio.

Procedimiento legal y corporaciones involucradas

Tras el hallazgo, los uniformados dieron aviso a un agente del Ministerio Público de la Federación para proceder conforme al protocolo establecido. Antes de la destrucción del enervante, se recabaron muestras representativas de las plantas.

También se recopiló material fotográfico del sitio, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación correspondiente al caso. Una vez cumplidos estos pasos, se llevó a cabo la incineración de la droga asegurada en el lugar.

El operativo contó con el apoyo coordinado de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Guardia Nacional en la región Valles. Esta participación conjunta, sumada a la de la Comisaría Regional de la Policía de Jalisco, permitió completar las labores de localización, aseguramiento e incineración del material vegetal.

Valor estimado en el mercado negro

De acuerdo con informes de inteligencia, la droga localizada en la delegación San Martín de las Cañas tiene un precio estimado en el mercado negro de 102.9 millones de pesos.

Esta valoración corresponde al conjunto de las casi 98 mil plantas aseguradas entre los dos terrenos de cultivo y el centro de secado ubicados en la zona serrana de Tequila.

Cómo se realiza la destrucción de plantíos ilícitos en México

La destrucción de plantíos de marihuana y amapola en el país se rige por el Protocolo Nacional de Actuación para la Destrucción de Plantíos Ilícitos, un instrumento firmado por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, según informó el Gobierno de México.

En los operativos documentados, las fuerzas de seguridad han ubicado sembradíos tanto durante patrullajes de rutina como a partir de información de inteligencia, de acuerdo con reportes de la Sedena. Una vez confirmado el hallazgo, se establece un perímetro de seguridad en la zona.

Antes de proceder a la quema, las autoridades dan aviso a un agente del Ministerio Público de la Federación para que se integre la carpeta de investigación. En ese paso se recaban muestras representativas del vegetal y se levanta material fotográfico como evidencia.

En los casos registrados en Michoacán y Sinaloa, la destrucción se realizó mediante el método conocido como mano de obra e incineración, que consiste en cortar manualmente las plantas y quemarlas en el propio sitio del cultivo, según documentaron la Guardia Nacional y la Sedena. En otros casos, cuando el procedimiento se efectúa en instalaciones oficiales, participan también peritos en química forense, quienes realizan un muestreo aleatorio antes de confirmar la incineración, de acuerdo con un comunicado de la FGR.

Estas tareas suelen ejecutarse de forma coordinada entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías estatales, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de evitar que estas drogas lleguen a la juventud mexicana, según señaló la Sedena.

Un juez vinculó a proceso a Alan Yair “N”, alias “El Caimán” o “El Árabe”, señalado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como su probable responsable en un delito de extorsión cometido contra un comerciante en el municipio de Chimalhuacán. La autoridad judicial le impuso la prisión preventiva como medida cautelar.

El sujeto es considerado un objetivo prioritario de la Fiscalía mexiquense por su papel como generador de violencia en la zona oriente de la entidad. Tras el análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez otorgó un plazo de dos meses para las indagatorias complementarias.

Cómo ocurrió la extorsión en Chimalhuacán

De acuerdo con las primeras indagatorias del Ministerio Público, los hechos se registraron el 6 de febrero de este año. La víctima, dedicada al comercio, se encontraba vendiendo en calles de Chimalhuacán cuando la abordaron cuatro sujetos armados, entre ellos el ahora procesado.

Los agresores se habrían presentado como integrantes de La Familia Michoacana. Bajo esa identificación, le exigieron al comerciante el pago de 2 mil pesos como condición para respetar su lugar de venta en la zona.

Además del cobro inicial, los sujetos advirtieron a la víctima que a partir de ese momento debería entregar 4 mil pesos semanales para continuar con su actividad comercial en el lugar. La amenaza incluyó una advertencia directa: en caso de negarse, le harían daño a él o a su familia.

El pago bajo amenaza y la huida de los agresores

Ante el temor a represalias, el comerciante entregó en ese momento la cantidad de mil pesos, inferior a la exigida originalmente. Una vez recibido el dinero, Alan Yair “N” y sus acompañantes se retiraron del lugar sin más incidentes.

El episodio se enmarca en un patrón de cobro de piso que, según las primeras líneas de investigación del Ministerio Público, los sujetos aplicaban contra comerciantes de la zona mediante la intimidación con armas de fuego y la invocación de pertenecer a una estructura criminal.

La investigación y la detención del acusado

Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes. El trabajo ministerial permitió identificar al probable responsable, lo que derivó en la solicitud y obtención de una orden de aprehensión por el delito de extorsión ante un juez.

Con esa orden en mano, elementos de la Fiscalía detuvieron a Alan Yair “N” e ingresaron al detenido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. En ese momento quedó a disposición de una autoridad judicial para que se determinara su situación legal.

La vinculación a proceso y las medidas cautelares

Tras recibir y analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Alan Yair “N” por el delito de extorsión en agravio del comerciante de Chimalhuacán.

Como medida cautelar durante el proceso, el juez determinó que el acusado permanezca en prisión preventiva. Asimismo, otorgó un plazo de dos meses para que se desarrollen las indagatorias complementarias correspondientes al caso.

Según información de la propia Fiscalía, el detenido es clasificado como objetivo prioritario dentro de las estrategias de combate a la violencia en la zona oriente del Estado de México, región que concentra buena parte de las denuncias por extorsión en la entidad.

La Iglesia católica mexicana llamó este domingo a las autoridades y a la sociedad en general a proteger a niñas, niños y adolescentes de las presiones del crimen organizado para integrarse a sus filas. La advertencia se difundió a través del editorial del semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis Primada de México, que insistió en que se debe actuar antes de que los menores sean reclutados por los delincuentes.

“Llegar antes que el crimen significa que un niño o adolescente encuentre la atención y seguridad que necesita”, señaló la Arquidiócesis en el editorial.

“Su deseo de pertenecer y de construir un futuro merecen una respuesta de toda la sociedad, y ninguna organización criminal debería encontrar en esas aspiraciones una oportunidad para apropiarse de su vida”, agregó.

El respaldo de cifras sobre violencia infantil

El reclutamiento de menores por el crimen organizado en México preocupa a la Iglesia católica porque, según sus propias palabras, el país no cuenta con información suficiente para dimensionar el problema. Por eso, la Arquidiócesis recurrió a cifras de homicidios y desapariciones infantiles como evidencia de la violencia que enfrenta la niñez mexicana, aunque aclaró que estos datos no equivalen a un conteo directo de reclutamiento.

El órgano católico refirió datos del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (IBERO), que indicó que en México mil 338 niñas, niños y adolescentes murieron por agresiones en el año 2024. Mientras que otros 7 mil 941, que habían desaparecido entre 2019 y 2024, seguían sin localizar al 5 de septiembre de 2025.

La Iglesia explicó que estas cifras fueron recopiladas por la IBERO a través de fuentes oficiales y organizaciones ciudadanas, con el propósito de desarrollar un cuadernillo sobre reclutamiento infantil publicado hace unos días.

El documento citado por la Arquidiócesis advierte que estas cifras muestran la violencia que enfrenta la infancia en un país que “carece de un registro específico de la captación de niños y adolescentes por parte del crimen organizado”.

“Prevenir esta realidad empieza por conocer el fenómeno y, por ello, iniciativas como la de la Universidad Iberoamericana ayudan a estudiar los mecanismos de captación”, apuntó la Iglesia católica mexicana en su editorial dominical.

Cómo opera el reclutamiento, según el reporte citado

La Arquidiócesis explicó, con base en el reporte de la IBERO, que el reclutamiento de un niño o un adolescente “puede comenzar con una falsa oferta de empleo, una amenaza o una relación de confianza”. Las organizaciones criminales, señaló, también “aprovechan la necesidad de pertenecer, de sentirse reconocido y de imaginar un futuro”, entre otras situaciones.

El cuadernillo sobre reclutamiento infantil, citado por el semanario católico, documentó que “incluso quienes estudian y cuentan con padres presentes pueden ser captados”. Con esta advertencia, la Iglesia subrayó que el riesgo no se limita a condiciones de pobreza o abandono familiar.

Los cuatro ejes que propone la Iglesia

A partir del diagnóstico recogido en el cuadernillo, la Arquidiócesis difundió cuatro ejes de acción para enfrentar el reclutamiento infantil.

El primero consiste en conocer y medir el fenómeno. Contar con un registro específico e investigar los casos permitiría identificar cómo se establece el contacto, qué amenazas o engaños se utilizan y dónde se necesita intervenir. Escuchar a los propios adolescentes es indispensable para comprender los riesgos que enfrentan y orientar las políticas de prevención.

El segundo plantea prevenir desde la familia, la escuela y la comunidad. Esto exige informar sobre los mecanismos de captación y ofrecer espacios seguros de convivencia, educación, arte y deporte. Las familias, como núcleo fundamental de la sociedad, necesitan orientación y respaldo para ejercer su tarea de cuidado, especialmente cuando la violencia o las amenazas rebasan sus posibilidades.

El tercero se concentra en actuar frente al reclutamiento digital. Las plataformas deben responder ante los contenidos que buscan captar a menores de edad, transparentar sus medidas de moderación y colaborar con las autoridades para establecer mecanismos eficaces de detección y denuncia. Además, las familias necesitan herramientas para reconocer estos riesgos y saber a quién acudir.

El cuarto eje llama a proteger y acompañar a quienes ya fueron reclutados. Reconocerlos como víctimas exige ofrecerles caminos para salir de las organizaciones criminales, recibir atención y reconstruir sus proyectos de vida. Esa tarea requiere instituciones preparadas y comunidades capaces de recibirlos y acompañarlos.

La prevención en la vida cotidiana

La Iglesia destacó que la prevención comienza cuando la protección se hace presente en la vida cotidiana. Como ejemplo, mencionó que una ausencia escolar debe recibir atención, una amenaza debe encontrar respuesta y una familia debe saber que puede pedir ayuda sin quedar expuesta.

El editorial de Desde la Fe cerró con el mismo mensaje con el que abrió su llamado dominical, asegurando que es necesario “llegar antes que el crimen significa que un niño o adolescente encuentre la atención y seguridad que necesita. Su deseo de pertenecer y de construir un futuro merecen una respuesta de toda la sociedad, y ninguna organización criminal debería encontrar en esas aspiraciones una oportunidad para apropiarse de su vida”.

La acción formó parte de la ejecución de nueve órdenes de cateo en distintos municipios de la entidad, de las cuales cuatro arrojaron resultados positivos.

La detención en el segundo domicilio de Salina Cruz

La detención se dio durante una serie de cateos a diversas propiedades, fue en el segundo domicilio allanado en Salina Cruz donde elementos de la Décima Región Naval detuvieron a Henry “N” y Luis “N”. En ese mismo inmueble se aseguraron presuntas sustancias ilícitas, cuya cuantificación permanece pendiente según informó la dependencia.

Este hallazgo se suma a los resultados obtenidos en el primer domicilio allanado, donde fue detenido Andrés “N” y se le aseguraron dos armas cortas. En otro inmueble, también incluido entre los resultados positivos, se aseguraron 24 dosis de hierba verde y seca con características similares a la marihuana y 32 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, conocida como cristal. Ese inmueble quedó asegurado.

Señalamientos sobre vínculos con el crimen organizado

De acuerdo con información preliminar de inteligencia, Henry “N” es identificado como presunto jefe de una célula dedicada a préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Las autoridades señalan una presunta vinculación de Henry “N” con el Cártel de Sinaloa y con el grupo de una persona identificada con el alias de “Bogar”. Se apunta además una posible relación con la estructura delictiva denominada “Los Cromos”.

La Marina aclaró que estos señalamientos corresponden a información preliminar de inteligencia, por lo que la situación jurídica de los detenidos quedará sujeta a la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

“El Bogar”, líder criminal ligado al detenido

El alias “Bogar” corresponde a Ricardo Estévez Colmenares, señalado como presunto líder del Cártel de la Costa de Oaxaca, una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa-Beltrán Leyva. Su centro de operaciones y control territorial se ubica en la región de la Costa oaxaqueña.

El pasado 30 de julio de 2026, autoridades federales y estatales detuvieron a J.M.G.G., alias “El Miky” o “El 086”, identificado como el segundo al mando dentro de la estructura de “El Bogar” y encargado de plaza en los corredores que enlazan la Costa y el Istmo de Tehuantepec con la capital del estado.

La FGEO ha documentado una presunta alianza entre el Cártel de la Costa que lidera “El Bogar” y la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), organización gremial que derivó en un grupo dedicado a la extorsión, el cobro de piso, el narcomenudeo y los préstamos “gota a gota” en más de 90 municipios de los Valles Centrales. La Fiscalía identificó a “El Miky” como el vínculo entre ambas estructuras y a “El Contador” como jefe de plaza en Ocotlán de Morelos.

El 17 de octubre de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, incluyó a Estévez Colmenares en la lista de los criminales más buscados por la justicia estadounidense, en un comunicado enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum. Rodríguez Alamilla confirmó que, a partir de esa alerta, se activaron operativos en la Costa y los Valles Centrales para lograr su captura, aunque “El Bogar” continúa prófugo.

Cateos en el Istmo de Tehuantepec

El operativo se enmarcó en la ejecución de nueve órdenes de cateo en municipios del Istmo de Tehuantepec, de las cuales cuatro tuvieron resultados positivos. Las diligencias se llevaron a cabo en domicilios ubicados en Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, San Blas Atempa y Asunción Ixtaltepec.

En un tercer domicilio fueron detenidos Pablo “N” y Jorge “N”. En ese inmueble se aseguraron 22 dosis de hierba verde y seca con características similares a la marihuana, 33 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina y tres pipas. El inmueble también quedó asegurado.

La dependencia señaló que las acciones forman parte de los esfuerzos coordinados entre las instituciones de seguridad para combatir actividades ilícitas en la región.

Balance general del operativo

En total, las diligencias dejaron cinco personas detenidas: Andrés “N”, Henry “N”, Luis “N”, Pablo “N” y Jorge “N”. Los aseguramientos sumaron 111 dosis de presuntas sustancias ilícitas, dos armas cortas y dos inmuebles.

Los operativos se concentraron en cuatro domicilios con resultados positivos de los nueve cateos ordenados. La Marina precisó que las cifras reportadas son preliminares.

Diligencias pendientes

La Secretaría de Marina indicó que los resultados son preliminares, toda vez que se encuentra pendiente la cuantificación de las presuntas sustancias ilícitas aseguradas en uno de los domicilios, el correspondiente al segundo inmueble de Salina Cruz donde fueron detenidos Henry “N” y Luis “N”.

También quedan pendientes de ejecución dos órdenes de cateo adicionales, por lo que el balance del operativo podría modificarse en los próximos reportes.

Las personas detenidas y los efectos asegurados serán puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, para la integración de las carpetas de investigación correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el mantenimiento del Estado de derecho y la seguridad de la población.

Un juez del Estado de México vinculó a proceso a dos hombres identificados como presuntos integrantes de la célula delictiva “Los Rayón” por el homicidio de dos hombres ocurrido en mayo pasado en el municipio de Otumba. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó ante la autoridad judicial la probable participación de Luis Gustavo “N”, alias “El Rayón”, y de Carlos Adán “N”, alias “El Papayo”, en el crimen.

Ambos quedaron sujetos a un proceso penal con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, mientras la investigación complementaria continúa su curso.

Cómo ocurrió el doble homicidio

Según la reconstrucción de la FGJEM, el ataque sucedió el 28 de mayo de este año. Las dos víctimas, ambas de sexo masculino, se encontraban en el poblado de Santiago Tolman a bordo de una camioneta tipo pickup color negro.

Hasta ese lugar llegaron cuatro sujetos, entre ellos los dos hombres ahora procesados. De acuerdo con la indagatoria, “El Rayón” comenzó a agredir verbalmente a una de las víctimas y después habría accionado un arma de fuego en su contra.

Otro de los agresores disparó contra la segunda víctima. Ambos hombres murieron a consecuencia de las heridas producidas por los disparos.

Una vez consumado el ataque, “El Papayo” habría indicado a los otros tres sujetos que abordaran la camioneta y abandonaran el sitio antes de ser descubiertos, según el relato de la Fiscalía.

La estructura delictiva “Los Rayón”

La FGJEM estableció que los dos hombres procesados formaban parte de una estructura delictiva independiente autodenominada “Los Rayón”. El grupo operaba en la zona de Otumba y se dedicaba a la venta y distribución de narcóticos, además de robo de vehículos, robo de hidrocarburo y homicidio.

El proceso judicial y la captura

Tras tomar conocimiento del caso, la Fiscalía identificó a los probables responsables y solicitó ante un juez una orden de aprehensión, que fue cumplimentada posteriormente. Luis Gustavo “N” y Carlos Adán “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona tras su captura.

Una vez a disposición de la autoridad judicial, el juez analizó las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público para sustentar la probable participación de ambos en el doble homicidio. Con base en ese análisis, determinó la vinculación a proceso.

El juzgador fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para los dos procesados.

Otro operativo reciente en la misma zona

Días antes de esta vinculación a proceso, la FGJEM realizó otro operativo en Santiago Tolman que derivó en la detención de seis personas, entre ellas se detuvo a Luis Gustavo “N”, con el alias “Rayón”.

La detención, ocurrida el 22 de octubre, se dio en el marco de la investigación por el homicidio de la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) Joselyn Sandoval, su pareja sentimental Juan Carlos Ortiz Bravo y un tercer hombre, identificado como Mario Alberto Hernández Martínez. Los tres cuerpos fueron hallados en septiembre pasado en Otumba.

Los cuerpos de Ortiz Bravo y Hernández Martínez fueron localizados el 22 de septiembre dentro de un vehículo Chevrolet Aveo con heridas de arma de fuego. Un día después fue hallado el cuerpo de Sandoval, también con impactos de bala, en la zona de Santiago Tolman.

Las autoridades determinaron que ese triple homicidio estaría relacionado con una disputa por la comercialización de narcóticos en la región, derivada de la fragmentación de un grupo criminal que antes encabezaba Irving “N”, actualmente recluido en un penal estatal. Tras su detención, Felipe “N” habría formado su propia organización, en disputa con otro grupo rival por el control de la zona.

Los seis detenidos en ese operativo fueron vinculados a proceso por un homicidio distinto al de las tres víctimas de septiembre, con prisión preventiva y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía mexiquense señaló que continuará las diligencias para establecer la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos registrados en la región de Otumba.

Las víctimas murieron en el ejido Xochimilco Viejo. Según la investigación, dos hombres identificados como Armando “N”, alias El Melo, y Andrés “N”, alias El Cera, persiguieron a Cruz Alpuche y a la menor hasta el lugar del crimen y luego se dieron a la fuga.

El móvil del crimen

Llaven Abarca explicó que los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación permitieron establecer con claridad la responsabilidad de ambos hombres en los hechos.

El rencor personal que originó el ataque pertenecía a “El Melo”, señaló el fiscal. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, fue él quien impulsó la persecución que terminó con la vida de la mujer y de la niña, cuya identidad se mantiene reservada. Las autoridades ya acreditaron su participación y la de un segundo hombre, y buscan ahora una condena de 100 años de prisión contra el responsable que permanece con vida.

La investigación detalló que ambos hombres actuaron de manera conjunta: primero siguieron a las víctimas y después escaparon del lugar donde las mataron. La Fiscalía no precisó el origen exacto del conflicto que derivó en la venganza.

La pena que solicitará la Fiscalía

El organismo informó que la carpeta de investigación por el doble feminicidio continúa en integración para su judicialización.

Cuando el expediente llegue ante un juez, la Fiscalía pedirá la pena máxima de 100 años de prisión contra Armando “N” por el crimen cometido contra Cruz Alpuche y la menor.

Llaven Abarca remarcó que el proceso busca que el imputado enfrente la justicia por los hechos. El fiscal no ofreció una fecha estimada para la judicialización del caso.

Antecedentes de Andrés “N”

Durante la investigación también se estableció que Andrés “N”, alias El Cera, había sido detenido en 2023 por el delito de robo con violencia en el municipio de Pichucalco, por lo que contaba con antecedentes penales.

De acuerdo con testimonios recabados en la carpeta, Andrés se dedicaba al robo con violencia y era adicto a sustancias psicoactivas. La Fiscalía incorporó estos elementos como parte del perfil de los responsables.

La detención y el linchamiento

Después de ser detenidos, Armando “N” y Andrés “N” fueron trasladados a los separos de la presidencia municipal.

Alrededor de las 19:00 horas, una multitud de habitantes de Ocozocuautla irrumpió de manera violenta en la alcaldía y sustrajo a los dos imputados. La Fiscalía señaló que de inmediato se establecieron diálogos con los ciudadanos y se reforzaron las medidas de seguridad.

Pese a esas acciones, los pobladores privaron de la vida a Andrés “N”. Armando “N” fue rescatado con heridas, pero con vida, y trasladado de inmediato para recibir atención médica. Su estado se reportó estable. A raíz de la muerte de Andrés “N”, la Fiscalía inició una carpeta de investigación distinta por el delito de homicidio cometido en su agravio.

Restablecimiento del orden en Ocozocuautla

El fiscal informó que el orden se restableció desde la madrugada en el municipio, con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la propia Fiscalía General del Estado.

Llaven Abarca indicó que, al momento de su mensaje, la situación en Ocozocuautla se encontraba en calma.

El fiscal dirigió un mensaje directo a la población: no habrá impunidad y Armando “N”, el imputado que permanece detenido, enfrentará la justicia por el doble feminicidio.

La Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación para llevar el caso ante un juez y sostener la solicitud de la pena máxima contra el responsable que sobrevivió al linchamiento.

El crimen, la desaparición y el hallazgo de los cuerpos

Miriam Cruz Alpuche y su nieta desaparecieron el lunes 19 de octubre, después de salir hacia unos terrenos de la comunidad de Tanchichal para revisar y alimentar ganado.

Al no regresar, familiares y vecinos iniciaron una búsqueda en caminos, potreros y zonas montañosas de la zona.

El miércoles 21 de octubre fue localizado el cuerpo de Miriam a la orilla de un arroyo, con signos de violencia. La búsqueda de la menor continuó con la participación de corporaciones policiales, voluntarios y personal de Protección Civil, apoyados por los binomios caninos Nazca y Tornado. El viernes 23 de octubre, las autoridades encontraron sin vida a la niña cerca de la misma comunidad.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las necropsias identificaron lesiones provocadas por arma blanca en Miriam Cruz. En el caso de la menor, los estudios determinaron que murió por asfixia y revelaron indicios de agresión sexual.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alerta sobre una modalidad de fraude que utiliza fotografías de visualización única en WhatsApp para extorsionar a usuarios. El engaño consiste en enviar una imagen desde un número desconocido y, tras abrirla, los delincuentes aseguran que fue enviada por error o acusan a la víctima de haber visto contenido privado, con lo que exigen un pago bajo amenaza de denuncia o difusión de información.

La corporación capitalina difundió la advertencia a través de su cuenta oficial en ‘X’, donde detalla el mecanismo del fraude y ofrece recomendaciones concretas para no caer en el engaño.

Tres pasos para evitar caer en la trampa

Ante la recepción de una imagen de este tipo desde un contacto desconocido, seguida de amenazas o exigencias de dinero, la SSC CDMX recomienda no pagar bajo ninguna circunstancia, no compartir datos personales ni financieros con el remitente, y bloquear y reportar el número de inmediato dentro de la aplicación.

La corporación precisa un punto central del fraude: abrir una fotografía de visualización única no es un delito. Esta aclaración busca frenar el principal argumento de presión que usan los extorsionadores para generar miedo en la víctima.

La policía capitalina también pide a los usuarios mantener la calma y conservar las evidencias de la conversación, como capturas de pantalla de los mensajes recibidos, el número telefónico utilizado y cualquier amenaza enviada por el delincuente.

Para reportar este tipo de casos, la Policía Cibernética SSC CDMX puso a disposición de la ciudadanía el número 55 5242 5100, extensión 5086.

Una segunda modalidad de fraude alerta sobre llamadas falsas del SAT

En paralelo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) difundió una advertencia sobre otra modalidad de estafa telefónica que no está relacionada con WhatsApp, pero que comparte el mismo objetivo: presionar a la víctima mediante el miedo para obtener dinero o datos personales.

Según la comisión, los defraudadores llaman a los usuarios simulando ser representantes de su banco y les advierten que el SAT detectó un movimiento de 50,000 pesos en su cuenta, razón por la cual su cuenta bancaria sería bloqueada si no atienden la llamada de inmediato.

La Condusef calificó este esquema como un fraude telefónico y detalló que, si la llamada automática pide presionar algún número o amenaza con el bloqueo de la cuenta, la instrucción es colgar de inmediato y no dar datos personales bajo ninguna circunstancia.

La comisión también recomendó verificar cualquier aviso relacionado con el SAT directamente en los canales oficiales de la dependencia, en lugar de responder a llamadas o mensajes no solicitados que aseguren provenir de esa institución.

Ambas alertas, la de la Policía Cibernética y la de la Condusef, coinciden en un mismo patrón: los delincuentes buscan generar presión inmediata en la víctima mediante amenazas de bloqueo, denuncia o exposición pública, con el fin de que actúe sin verificar la información antes de compartir datos o realizar un pago.

La protesta nacional de transportistas prevista para el próximo lunes 26 de octubre enfrenta una fractura en el gremio, luego de que la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), encabezada por David Estévez Gamboa, anunciara que se deslinda de la movilización y no participará, al considerar que faltan propuestas concretas para atender los problemas de quienes trabajan en las carreteras.

La decisión marca una diferencia frente al respaldo que la organización había expresado inicialmente a la convocatoria de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), y abre interrogantes sobre el alcance de la jornada de protesta.

ANTAC se baja de la movilización del 26 de octubre

A través de un comunicado oficial, la ANTAC informó que decidió retirar su respaldo a la movilización después de señalar que no existe suficiente claridad sobre los planteamientos ni propuestas que respondan a las necesidades del sector transportista.

La asociación explicó que su apoyo inicial a la convocatoria de la CANACAR estaba condicionado a que se tratara de una protesta seria, legítima, formal y sustentada en objetivos concretos. Sin embargo, sostuvo que esos elementos no están suficientemente definidos, por lo que determinó no sumarse a las acciones anunciadas.

La organización también aclaró que respeta el derecho de otros grupos a manifestarse, aunque insistió en que una convocatoria nacional debe contar con objetivos definidos, soluciones viables y un compromiso directo con los operadores y los llamados hombres-camión.

¿Qué organización sí mantiene la convocatoria a la protesta?

La movilización del 26 de octubre fue convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y los estados contemplados son los siguientes:

• Ciudad de México
• Estado de México
• Hidalgo
• Guanajuato
• Querétaro
• Zacatecas
• Jalisco
• Michoacán
• Sinaloa
• Tamaulipas

Otra de las organizaciones convocantes es la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC), que citó a participar desde las 6:00 horas en las 32 entidades del país.

En Morelos, las unidades permanecerían a un costado de corredores federales considerados estratégicos; y enn Guanajuato, los transportistas proyectan movilizaciones en autopistas y otras vías federales, con el compromiso de no realizarlas durante los horarios de mayor tráfico por la mañana y la tarde.

Diálogo con Segob entre demandas de inseguridad en las carreteras

La protesta prevista para el 26 de octubre se produce en un contexto de inconformidad por los problemas de seguridad que enfrentan los transportistas en las carreteras, entre ellos los robos y las extorsiones, estas preocupaciones forman parte del escenario en el que se anunció la movilización.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación ofreció abrir conversaciones con los transportistas ante el paro anunciado, para el sector convocante, el desafío no consiste únicamente en una movilización, sino en establecer compromisos que respondan a las condiciones de quienes recorren las carreteras y dependen de esta actividad para sostener a sus familias.

La ANTAC, por su parte, aseguró que continuará trabajando de manera independiente en la defensa del autotransporte mexicano y que no respaldará iniciativas que, a su juicio, carezcan de objetivos claros o no coloquen al transportista en el centro de las decisiones.

El gobierno de Estados Unidos propuso que agentes estadounidenses acompañaran operativos contra cárteles dentro de México, una medida con la que Washington habría buscado obtener un resultado público en seguridad antes de las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre, según informó The New York Times.

La propuesta habría sido entregada mediante un memorando a las autoridades mexicanas en las últimas semanas. El documento plantea una vía para que personal de seguridad de Estados Unidos participara junto con fuerzas mexicanas en acciones contra organizaciones criminales en territorio nacional.

El texto también incluye la intención de ampliar el intercambio de inteligencia entre ambos países. Funcionarios estadounidenses pretendían involucrarse de forma más directa en áreas de la seguridad mexicana, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones citadas por la publicación.

La presión estadounidense se habría intensificado ante el escenario político interno de ese país. Las encuestas mostraban que los republicanos podrían perder el control del Congreso por el descontento ciudadano relacionado con los precios de la gasolina y la inflación, por lo que la administración de Donald Trump habría buscado exhibir un logro concreto contra el narcotráfico.

México rechazó operaciones conjuntas y ataques con drones

El gobierno mexicano había rechazado las peticiones de Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas o permitir ataques con drones estadounidenses en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que una intervención de ese tipo violaría la soberanía nacional y rechazó la versión de que los cárteles controlaran amplias zonas de México.

Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que la postura de Washington respondía a la presencia de grupos criminales en la frontera. “Es inaceptable que organizaciones terroristas extranjeras controlen territorios extensos en todo México, incluida toda la región que limita directamente con Estados Unidos”, declaró.

La vocera añadió que esas organizaciones mantenían una ofensiva violenta contra la población estadounidense. “Estos cárteles libran una campaña implacable de violencia contra Estados Unidos y su pueblo”, señaló en la declaración difundida al diario.

La propuesta estadounidense representaba una de las medidas más firmes para que México aceptara una participación militar o de seguridad de Estados Unidos dentro del país. La administración mexicana había sostenido su negativa, aun cuando Washington buscaba profundizar su cooperación con las autoridades nacionales.

El gobierno estadounidense también había entregado una lista de objetivos de seguridad cuya captura buscaba. México habría detenido o abatido a la mayoría de esas personas, entre ellas Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue abatido durante una operación mexicana el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

Washington también pidió acciones contra funcionarios ligados al narco

En abril, la administración de Trump acusó a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, de presuntamente estar vinculados con Los Chapitos y brindarles protección a cambio de apoyo. El gobierno mexicano respondió que Washington debía presentar las pruebas de esas acusaciones.

La entrega de objetivos prioritarios habría formado parte de la estrategia de México para contener una posible incursión estadounidense. El medio señaló que las acciones mexicanas contra integrantes de organizaciones criminales redujeron temporalmente la presión, aunque ésta volvió a aumentar conforme se acercaban las elecciones legislativas de Estados Unidos.

Funcionarios militares estadounidenses habrían advertido a la Casa Blanca que una acción unilateral contra cárteles en México podría deteriorar de forma grave la relación bilateral. También alertaron que una decisión de ese tipo podría llevar al gobierno mexicano a suspender la cooperación de seguridad con Washington.

La postura de Claudia Sheinbaum se mantuvo en el rechazo a la intervención extranjera, mientras Estados Unidos insistía en ampliar la participación de sus agentes y su acceso a información de inteligencia para perseguir a los cárteles dentro de México.

El dispositivo, conocido como Sistema de Denegación Activa (ADS, por sus siglas en inglés), fue diseñado por el ejército estadounidense para el control de multitudes y puede alcanzar blancos a más de 800 metros (media milla). Sería la primera vez que esa tecnología se emplea contra migrantes.

Su posible uso fronterizo reaviva interrogantes sobre los límites legales de la fuerza, la eficacia real del sistema y los riesgos para la integridad física de las personas, en particular en zonas cercanas a ríos donde una huida repentina podría resultar fatal.

Qué es el Sistema de Denegación Activa y qué efecto tiene en el cuerpo

El ADS lanza un haz de energía electromagnética de 95 GHz que, al entrar en contacto con la piel humana, genera un efecto de hormigueo y ardor que dura entre diez y quince minutos, según autoridades militares citadas por CNN. El haz penetra aproximadamente 1/64 de pulgada en la superficie de la piel y la calienta de forma casi instantánea, de acuerdo con documentación del Departamento de Defensa citada por Axios.

Funcionarios del Pentágono han comparado la sensación con la ráfaga de calor que se percibe al abrir un horno. El efecto, según documentación militar, produce “un impulso instintivo e irresistible de huir”. El arma no dispara proyectiles ni deja marcas visibles, pero su diseño busca que el cuerpo humano no tolere la exposición.

Incidentes previos con el arma no letal del Pentágono

Aunque se clasifica como no letal, el sistema ha causado quemaduras de segundo grado en al menos dos incidentes documentados:

• Un accidente de laboratorio en 1999 que dejó una ampolla.
• Un ejercicio de entrenamiento en 2007 en la base aérea Moody, en Georgia, donde un aviador resultó herido por errores de procedimiento, según reportó Military.com. El militar se recuperó por completo.

El ejército de Estados Unidos desplegó el ADS brevemente en Afganistán, pero decidió no utilizarlo en operaciones de combate y lo retiró en 2010. También evaluó su empleo para el control de detenidos en instalaciones antiterroristas en el exterior, sin concretarlo.

El memorando de Hegseth habilita un préstamo sin precedentes

El documento autoriza el “préstamo temporal” de una unidad del ADS a partir de septiembre de 2026. Establece que el sistema “no será operado por personal del Departamento de Guerra”, una cláusula que busca deslindar al Pentágono de cualquier responsabilidad sobre el uso final del arma.

La responsabilidad recae en forma exclusiva sobre el DHS, que deberá definir tácticas, técnicas y procedimientos de empleo. Al término de los siete meses, la agencia podrá solicitar una extensión, indicó un funcionario de Defensa a CNN. Un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señaló que la agencia “evalúa de forma continua nuevas tecnologías, en especial aquellas que fortalecen la efectividad operativa”.

Patrick Weaver, jefe adjunto de gabinete de Hegseth, celebró la decisión en la red social X: “La frontera es ahora una instalación militar y un laboratorio de combate para probar nuevos sistemas, incluidas armas de energía dirigida”. La afirmación contrasta con la lectura de especialistas. Jared Keller, autor del boletín de tecnología de defensa Laser Wars, dijo a Axios que el arma plantea cuestionamientos éticos y legales desde su desarrollo. “Personalmente, yo simplemente no lo haría”, afirmó.

Años de debates sobre legalidad y riesgos del arma en la frontera

La idea de desplegar el ADS en la frontera no es nueva. Funcionarios de la CBP han debatido su empleo como herramienta de dispersión en zonas con alta concentración de cruces irregulares, pero nunca lo llevaron a la práctica. El sector El Centro, que cubre unos 113 kilómetros (70 millas) de frontera entre Estados Unidos y México, evaluó el sistema hace varios años bajo la dirección de Rodney Scott, actual comisionado de la CBP.

La preocupación central era si el arma podría incapacitar a quienes estuvieran en el río y multiplicar los rescates de emergencia. “Aunque estés persiguiendo a la gente de vuelta hacia el río, no querés que se metan y se ahoguen”, advirtió un exfuncionario de la CBP a CNN.

En 2018, funcionarios de la CBP sopesaron el uso del ADS contra migrantes, pero la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, rechazó la propuesta. “El problema era tratar a inmigrantes y ciudadanos como combatientes enemigos”, explicó un exfuncionario del DHS. En 2020, el principal oficial de policía militar del Pentágono consultó a la Guardia Nacional del Distrito de Columbia si disponía de un ADS antes de que fuerzas federales despejaran a manifestantes cerca de Lafayette Square, según NPR.

La Guardia respondió que no contaba con uno.

Qué falta definir sobre el posible despliegue del ADS en la frontera

El memorando no especifica dónde se realizarán las pruebas, qué protocolos de uso de la fuerza se aplicarán ni cómo se abordarían las implicancias de soberanía si el haz alcanza a personas del lado mexicano que aún no hayan cruzado a territorio estadounidense.

La legislación federal autoriza al secretario de Defensa a ceder equipamiento militar a fuerzas civiles, pero el lenguaje del préstamo no garantiza bajo qué marco legal podría utilizarse el arma contra personas, precisó Military.com. Las regulaciones del DHS exigen que sus agentes apliquen “el nivel de fuerza objetivamente razonable según la totalidad de las circunstancias”, un estándar cuya interpretación será central si el sistema llega a desplegarse.

En julio de 2025, la Oficina de Capacidades de Fuerza Intermedia del Pentágono publicó un artículo que abogó por el uso de armas de energía dirigida para reforzar la seguridad fronteriza, según Axios. Algunos agentes de la Patrulla Fronteriza, sin embargo, han puesto en duda que el arma sea necesaria: los cruces irregulares se encuentran en niveles bajos y la dotación de personal ha aumentado.

Si el DHS decide avanzar con el despliegue, deberá resolver las cuestiones legales y operativas que frenaron cada intento anterior.

En septiembre de 2026, de la población de 18 años y más residente en 91 áreas urbanas (ciudades) de interés, 58.1 por ciento consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un cambio estadísticamente comparado con los porcentajes que se registraron en junio de 2026 (59.8) y en septiembre de 2025 (63.0).

Lo anterior es de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes al tercer trimestre de 2026.

En el caso del Edomex, el municipio de Tlalnepantla encabezó la reducción de la percepción de inseguridad en el Estado de México, con una disminución anual de 26.1 por ciento y una baja trimestral de 18.8 por ciento.

Los resultados fueron revisados por autoridades mexiquenses donde se destacó que los ocho municipios mexiquenses incluidos en esta medición registraron una mejoría en la percepción de inseguridad respecto a septiembre de 2025.

Además de Tlalnepantla, las demarcaciones evaluadas fueron Nezahualcóyotl, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Chimalhuacán y Toluca, cuyos resultados mostraron una tendencia favorable en el comparativo anual.

La gobernadora Delfina Gómez señaló que los datos reflejan una disminución en la proporción de habitantes que consideran inseguro vivir en su ciudad, aunque el promedio simple de percepción de inseguridad en los ocho municipios evaluados por la ENSU durante el tercer trimestre de 2026 fue de 65.45%, es decir, 6 de cada 10 mexiquenses se sienten inseguros.

Tlalnepantla registra la mayor reducción anual

En el balance de septiembre de 2025 a septiembre de 2026, Tlalnepantla presentó una disminución de 26.1 por ciento en la percepción de inseguridad, cifra que lo colocó a la cabeza de los ocho municipios mexiquenses incluidos en el levantamiento del INEGI.

La demarcación también destacó en el comparativo del tercer trimestre de 2026, correspondiente al periodo de junio a septiembre, con una reducción de 18.8 por ciento.

Estas variaciones colocaron a Tlalnepantla como el municipio con los resultados más favorables en ambos periodos, aunque casi el 60 por ciento se sigue sintiendo inseguro en el municipio, de acuerdo con las cifras difundidas durante la revisión estatal de los indicadores de seguridad.

La ENSU mide la percepción de la población de 18 años y más sobre la inseguridad en las ciudades donde reside. Sus resultados permiten identificar cambios en la manera en que las personas valoran las condiciones de seguridad en su entorno, aunque no equivalen, por sí solos, a una disminución comprobada en la incidencia delictiva.

Por ello, los resultados deben distinguirse de las estadísticas sobre delitos denunciados, carpetas de investigación y víctimas, que permiten analizar otras dimensiones del comportamiento de la seguridad pública.

Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Atizapán también mejoran

En el comparativo trimestral, seis de los ocho municipios mexiquenses evaluados registraron una mejoría entre junio y septiembre de 2026.

Entre los avances destacados se encuentra Cuautitlán Izcalli, con una disminución de 4.4 por ciento en la percepción de inseguridad durante ese periodo. Naucalpan reportó una reducción de 4.2 por ciento, mientras que Atizapán de Zaragoza presentó una baja de 3.9 por ciento.

Estas tres demarcaciones se sumaron a Tlalnepantla entre los municipios con reducciones destacadas en el trimestre.

En el caso de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán y Toluca, la información difundida también reportó una mejoría en el comparativo anual.

Qué significa la medición del INEGI

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana constituye uno de los principales instrumentos para conocer la percepción ciudadana sobre la seguridad en las zonas urbanas del país. Además de preguntar a la población si considera inseguro vivir en su ciudad, el estudio permite observar cambios en la confianza y en las experiencias relacionadas con la seguridad pública.

Los resultados pueden contribuir a orientar las estrategias de prevención y vigilancia, así como a identificar las zonas donde persiste una mayor preocupación entre los habitantes.

En el Estado de México, la revisión de estos indicadores forma parte del seguimiento de seguridad realizado en las Mesas de Paz, espacios donde autoridades estatales y representantes de instituciones vinculadas con la seguridad analizan información y coordinan acciones.

Aunque los ocho municipios evaluados mostraron avances anuales, el comportamiento trimestral evidencia diferencias entre las demarcaciones.

La evolución de estos indicadores en los siguientes levantamientos permitirá determinar si la tendencia favorable se mantiene y cómo se relaciona con otros datos de seguridad pública en el Estado de México, donde muchos de los delitos no son denunciados derivado por la alta corrupción que se mantiene en la entidad más poblada del país.

El fortalecimiento del sistema de justicia hondureño formó parte de la agenda de conversaciones entre representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y autoridades del Poder Judicial, en momentos en que Honduras busca avanzar en sus compromisos con el organismo financiero para acceder a nuevos desembolsos.

La reunión fue encabezada por el presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo Paredes, quien recibió a una misión del FMI para intercambiar información sobre los desafíos institucionales y los proyectos orientados a mejorar el funcionamiento de la justicia en Honduras.

De acuerdo con la información divulgada por el Poder Judicial, durante el encuentro se abordaron distintos asuntos de interés nacional, incluidos temas relacionados con la seguridad y las iniciativas que impulsa la institución para fortalecer sus servicios.

La delegación internacional estuvo integrada por Emilio Fernández Corugedo, jefe de la misión; Fabiano Rodrigues Bastos, representante residente; Joaquín Gadea, del Departamento Legal del FMI, y Francia Rivera, asesora de la directora ejecutiva del organismo. También participaron otros funcionarios del Gobierno hondureño.

Durante la reunión, Vallecillo expuso los principales retos que enfrenta el Poder Judicial y las iniciativas que se encuentran entre sus prioridades para mejorar la atención a los ciudadanos y ampliar el acceso a los servicios de justicia.

Entre los temas presentados figuraron la digitalización de los procesos judiciales, la reducción de la mora y la ampliación de los servicios institucionales a diferentes regiones del territorio nacional.

La mora judicial constituye uno de los desafíos del sistema de justicia, debido a la acumulación de expedientes y los tiempos que pueden transcurrir antes de que los casos reciban una resolución definitiva.

La modernización tecnológica busca contribuir a una gestión más eficiente de los procedimientos, mientras que la expansión de los servicios pretende facilitar el acceso de la población a las instituciones judiciales.

Según el comunicado oficial, la misión del FMI manifestó interés en acompañar los asuntos relacionados con la justicia en Honduras, aunque no se detallaron compromisos financieros específicos ni acuerdos concretos derivados de la reunión.

El encuentro se produce en un momento en que el país mantiene conversaciones con el organismo internacional sobre sus compromisos económicos y las medidas necesarias para continuar con el programa vigente.

El Gobierno hondureño espera avanzar en la sexta revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un proceso que resulta relevante para el seguimiento de los compromisos asumidos por el país y la posibilidad de acceder a recursos asociados al programa.

Las revisiones permiten al organismo evaluar el cumplimiento de las metas y los compromisos establecidos con las autoridades nacionales. La aprobación de una evaluación puede facilitar los desembolsos previstos, de acuerdo con las condiciones contempladas en el acuerdo.

Sin embargo, la reunión entre la misión del FMI y el Poder Judicial no implica, por sí misma, que la sexta revisión haya sido aprobada ni que se hayan autorizado nuevos fondos.

La visita permitió a los representantes internacionales conocer los proyectos y las dificultades que enfrenta una de las instituciones fundamentales del Estado hondureño, especialmente en materia de modernización, eficiencia y cobertura de los servicios.

Por ahora, el Poder Judicial destacó el intercambio de información y el interés manifestado por la misión internacional en acompañar los temas de justicia. No se anunciaron fechas para nuevos encuentros ni medidas específicas derivadas de las conversaciones.

En las paredes donde durante años la Mara Salvatrucha (MS-13) dejó marcas de control territorial, tres mujeres salvadoreñas pintan murales con pájaros, flores y paisajes en la colonia 10 de Octubre, una comunidad de San Marcos, al sur de San Salvador, que estuvo bajo dominio de pandillas.

Con pinceles, aerosoles, rodillos y paletas, Patricia Vega, Marcela Alvarenga y Elizabeth Guardado intervienen fachadas y escaleras del barrio, situado a unos 10 kilómetros de San Salvador. La iniciativa busca alterar la imagen de un lugar donde, hasta hace pocos años, entrar sin autorización de un pandillero podía implicar un riesgo.

“En mi vida hubiera pensado meterme aquí”, dijo Vega, de 30 años, en declaraciones a AFP, agencia francesa de noticias, mientras trabajaba en una de las calles empinadas de la comunidad.

La joven creció con advertencias familiares sobre las zonas que debía evitar. Según relató, las mujeres eran un “blanco” de la violencia machista ejercida por las pandillas. Esa experiencia forma parte de lo que define como un “miedo de la supervivencia”, aprendido desde niña en Mejicanos, otra localidad cercana que también sufrió la presencia de estructuras criminales.

Los grafitis de la MS-13 dan paso a nuevos murales

En una escalera de la colonia, Guardado cubrió con pintura verde una pared en la que todavía podía leerse “Hollywood”, el nombre de la célula de la MS-13 que controlaba el sector. La dueña de la vivienda celebró de forma discreta que desapareciera ese símbolo, aunque evitó dar declaraciones públicas.

Varios vecinos se detuvieron a observar las obras, pero rechazaron hablar con AFP por temor a ser identificados por posibles remanentes de las pandillas. El miedo persiste incluso después de los operativos de seguridad desplegados en la zona.

La colonia 10 de Octubre fue cercada en 2024 durante una operación que derivó en cientos de capturas. Desde entonces, militares y policías realizan patrullajes permanentes, y algunos agentes se detienen a mirar los trabajos de las muralistas.

El gobierno del presidente Nayib Bukele inició en 2022 una ofensiva contra las pandillas, bajo un régimen de excepción que ha dejado detenciones masivas. Las autoridades sostienen que la Mara Salvatrucha y Barrio 18 controlaban el 80% del territorio salvadoreño antes de esa política de seguridad.

Para Alvarenga, de 27 años, las paredes pintadas expresan una transformación del barrio. “El mural representa un antes y un después”, afirmó. La artista señaló que siente satisfacción por contribuir a la reconstrucción de una comunidad de la que, según recordó, era posible no salir con vida.

Las artistas buscan abrir espacio para otras mujeres

Las tres jóvenes son las primeras mujeres invitadas a intervenir los muros de la colonia por PigmenTrip, un colectivo que promueve proyectos de arte urbano e inclusión social en comunidades atravesadas por la violencia.

Guardado, de 30 años, considera que pintar en esos espacios supone desafiar límites sociales y profesionales. “Es una forma de empoderarme como mujer, joven y profesional”, expresó a AFP.

La muralista sostuvo que el acceso de las mujeres al arte urbano sigue condicionado por prejuicios y situaciones de acoso. En muchos casos, explicó, se las ubica en roles secundarios, como “musas” o ayudantes de artistas varones.

“No es algo fácil de conseguir. Es una gran oportunidad y un gran reto por ser mujeres y jóvenes. Tenemos que irnos abriendo caminos y ser lumbreras para otras”, agregó Guardado.

En uno de sus trabajos, Alvarenga representó a una niña que pinta rombos de colores. La escena apunta a que otras niñas identifiquen referentes femeninos en espacios que históricamente les fueron negados. “Hay mujeres afuera haciendo más”, resumió la artista.

La arquitectura del crimen organizado en el Triángulo Norte de Centroamérica atraviesa un punto de inflexión histórico. Tras décadas de despliegue territorial, violencia endémica e influencia en la vida pública, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 continúan situadas en el centro de las agendas de seguridad de la región y de Estados Unidos.

Un reciente informe de InSight Crime, publicado en 2025 y actualizado en octubre de 2026, detalla el listado de bandas designadas formalmente como organizaciones terroristas extranjeras en América Latina, destacando de manera prioritaria a la MS13 y al Barrio 18 en:

• El Salvador
• Guatemala
• Honduras.

No obstante, el caso de El Salvador representa el pilar central de la transformación en el combate a las maras. Desde la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, medida que se ha mantenido vigente mediante sucesivas prórrogas, las autoridades salvadoreñas han implementado la campaña antipandillas más agresiva de la historia hemisférica.

Bajo este plan de seguridad, las fuerzas del orden han capturado a decenas de miles de pandilleros y colaboradores. Esta ofensiva masiva ha neutralizado operativamente a la MS13 y a las dos facciones del Barrio 18 (Revolucionarios y Sureños) en los barrios y colonias donde antes ejercían un control social y económico absoluto mediante la extorsión a comercios y al transporte público.

A medida que el estado de excepción avanzaba, el sistema judicial ajustó su marco normativo para consolidar el desmantelamiento de las redes criminales. En 2025 y 2026, el país dio paso a una fase de juicios masivos procesando a cientos de acusados en un solo expediente.

Entre estos procesos destaca el juzgamiento de 486 cabecillas de la MS13, incluidos integrantes de la cúpula conocida como la Ranfla Nacional, atribuidos de más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, así como macro juicios contra líderes de las facciones del Barrio 18.

Guatemala y Honduras: fragmentación y resistencia carcelaria

A diferencia de la neutralización sufrida en El Salvador, las estructuras de la MS13 y Barrio 18 mantienen una presencia activa y peligrosa en Guatemala y Honduras. En estos países, la designación de estas pandillas como organizaciones terroristas responde a su incesante capacidad de:

• Extorsionar
• Traficar drogas a escala local
• Homicidios
• Violencia
• Entre otros.

En Guatemala, la respuesta estatal se intensificó notablemente con la retirada de privilegios a los cabecillas recluidos y su traslado a penales de máxima seguridad. La cúpula del Barrio 18, conocida como la “Rueda”, y sus rivales de la MS13 han reaccionado coordinando motines y atentados violentos desde las cárceles, lo que provocó declaraciones de estados de emergencia para contener los embates criminales.

La alianza de Barrio 18 con grupos locales para el narcomenudeo evidencia que la red sigue operativa y adaptables a las medidas gubernamentales. En Honduras, el gobierno intenta emular la estrategia salvadoreña declarando un estado de excepción para frenar el delito de la extorsión.

En Honduras, el gobierno intenta emular la estrategia salvadoreña declarando un estado de excepción para frenar el delito de la extorsión. Sin embargo, los resultados han sido dispares. Más que desmantelar la jerarquía criminal, las operaciones policiales fragmentaron a las clicas, provocando la aparición de facciones independientes que continúan ejerciendo presión violenta sobre las comunidades urbanas.

Muestra de este deterioro es que las muertes violentas han ido en aumento, registrándose 1,236 homicidios solo en el primer semestre de 2026, según cifras preliminares del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El nuevo panorama regional para la MS13 y el Barrio 18

El informe de InSight Crime subraya que la persecución de las pandillas trasciende las fronteras centroamericanas. Con líderes como César Oswaldo N., alias “El Pulpito”, capturados en estados del sur de México, y la presencia persistente de clicas en ciudades clave de EE.UU., la clasificación de organizaciones terroristas busca estrangular las conexiones transnacionales de estos grupos.

Mientras El Salvador muestra un escenario donde la MS13 y el Barrio 18 han sido diezmados operativamente en las calles mediante arrestos masivos, Guatemala y Honduras continúan enfrentando estructuras criminales profundamente arraigadas. El futuro de estas pandillas dependerá de la sostenibilidad de los modelos de seguridad aplicados y de la capacidad de los Estados para impedir que refundan sus redes financieras y territoriales fuera del alcance de la justicia.

José Ignacio Escorcia Serrano fue condenado a 70 años de prisión por el feminicidio de Itzel Díaz González, la joven universitaria de 23 años cuyo cuerpo fue localizado con huellas de violencia en el interior de una cisterna de una vivienda particular en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México.

La sentencia fue dictada este jueves por un juez adscrito al penal estatal de Chalco, luego de una audiencia que se prolongó por más de tres horas y que estuvo marcada por varias suspensiones. Con la resolución, el acusado recibió la pena máxima de prisión prevista para este delito, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

El domicilio donde fue encontrada la víctima pertenecía a Escorcia Serrano, quien fue señalado por su responsabilidad en los hechos ocurridos en octubre de 2025. Itzel desapareció el 7 de octubre de ese año, después de salir a cenar con un amigo en la región de los volcanes, y dos días después su cuerpo fue localizado dentro de una cisterna.

Feministas celebran la sentencia por el feminicidio de Itzel

Tras darse a conocer la condena, el colectivo Feminismo Zona Oriente Volcanes expresó su satisfacción por la resolución judicial y agradeció a las personas que acompañaron a la familia de Itzel durante el proceso.

A través de una publicación en redes sociales, la agrupación destacó la importancia de la sentencia y recordó que ninguna resolución judicial puede devolverle la vida a la joven.

“Se logró, se obtuvo un poco de justicia. Se condenó a José Ignacio Escorcia Serrano a una sentencia de 70 años de prisión”, señaló el colectivo.

La organización también agradeció a quienes mantuvieron presente el caso, difundieron información y exigieron justicia para la víctima. En su mensaje, subrayó que la condena representa una respuesta judicial ante el feminicidio de la joven.

“ITZEL NO MURIÓ, JOSÉ LA ASESINÓ”, concluyó el pronunciamiento, con el que el grupo reiteró su exigencia de justicia y memoria para la universitaria.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Itzel Díaz?

Itzel Díaz González tenía 23 años y era originaria de Ozumba, Estado de México. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el 7 de octubre de 2025 pidió permiso a su madre para salir a cenar con el ahora sentenciado. Sin embargo, después de esa salida no regresó a su casa.

La joven estaba próxima a recibir su título en ingeniería y tenía planes de incorporarse al ámbito laboral para contribuir a mejorar las condiciones de vida de su familia. También era cantante y mantenía una relación cercana con la Iglesia y con su fe.

La desaparición generó preocupación entre sus familiares, quienes comenzaron a buscar información sobre su paradero. Dos días después, el 9 de octubre, el cuerpo de Itzel fue encontrado en una cisterna ubicada dentro de una vivienda en Tepetlixpa.

El hallazgo confirmó el desenlace fatal de la búsqueda. Según los reportes del caso, la víctima presentaba huellas de violencia y su cuerpo había sido quemado antes de ser depositado en la cisterna.

La vivienda estaba relacionada con José Ignacio Escorcia Serrano, quien, de acuerdo con la información difundida, inicialmente negó conocer a la joven. Posteriormente, el proceso judicial avanzó hasta llegar a la sentencia condenatoria dictada este jueves.

Feminicidio en el Estado de México: pena y sanciones

El feminicidio constituye uno de los delitos de mayor gravedad contemplados en la legislación penal mexicana.

El colectivo señaló que tan solo en el 2025 se registraron 721 casos por feminicidio, 56 de ellos cometidos dentro del Estado de México. Además de la prisión, piden una reparación de daño, una disculpa pública, así como una sanción o multa por el delito.

En el Estado de México, el Código Penal establece sanciones específicas para quienes privan de la vida a una mujer por razones de género.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el marco legal aplicable al caso, las penas pueden alcanzar hasta 70 años de prisión o prisión vitalicia, según las circunstancias y los supuestos previstos en la legislación.

Además de la pena privativa de la libertad, las resoluciones judiciales pueden contemplar medidas relacionadas con la reparación del daño a las víctimas indirectas, entre ellas sus familiares, conforme a lo determinado por las autoridades competentes.

En el caso de Itzel Díaz, la condena de 70 años contra José Ignacio Escorcia Serrano representa el resultado del proceso penal por su feminicidio y responde a la exigencia de justicia que mantuvieron sus familiares y colectivos acompañantes.

Para sus seres queridos, la resolución judicial representa un avance en la búsqueda de justicia, aunque no elimina la pérdida ni el impacto que el crimen dejó en su familia.

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Juez desecha amparo de “El Tanque”, cofundador del CJNG, contra posible extradición a EEUU

Una juez federal desechó el amparo promovido por Iván Cazarín, alias “El Tanque”, contra una posible extradición a Estados Unidos, al considerar que no existe constancia formal de un procedimiento para entregarlo a autoridades de ese país.

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Argentina declara terroristas a dos cárteles mexicanos sin documentación sobre la presencia de uno de ellos

Argentina declaró organizaciones terroristas a la Nueva Familia Michoacana y al Cártel de Sinaloa, aunque no existe documentación sobre la presencia del primer grupo criminal en ese país, según especialistas consultados por Infobae México. La decisión se suma a las medidas impulsadas por Estados Unidos y otros gobiernos para combatir a los cárteles, en una estrategia regional vinculada al Escudo de las Américas, promovido por Donald Trump. Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, señaló la falta de registros sobre operaciones de la Nueva Familia Michoacana en Argentina, mientras que Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, atribuyó la designación a los acuerdos de cooperación entre los países participantes en esa iniciativa.

Información ampliada:

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Sentencian a 26 años de prisión a hombre que golpeó y robó a dos adultos mayores en Álvaro Obregón

Un hombre identificado como Benito “N” fue sentenciado a 26 años de prisión por golpear y robar a dos personas adultas mayores, de 72 y 75 años, en una vivienda de la alcaldía Álvaro Obregón, donde sustrajo 100 mil pesos, joyas y relojes el 7 de marzo de 2025. El Tribunal de Enjuiciamiento también le impuso una multa de 103 mil 140 pesos y ordenó devolver el dinero robado como parte de la reparación del daño, mientras que las víctimas deberán acreditar el valor de las joyas y los relojes durante la ejecución de la sentencia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la orden de aprehensión contra Benito “N” fue ejecutada el 13 de agosto de 2025 y que el 14 de octubre de 2026 se dictó la condena.

Así funciona el “rayo de calor” que EEUU prestará a Seguridad Nacional para evaluar su uso en la frontera

El Sistema de Denegación Activa, conocido como “rayo de calor”, es un arma de energía dirigida que Estados Unidos busca evaluar para posibles operaciones en la frontera con México. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó el préstamo temporal del dispositivo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) durante siete meses, a partir de septiembre, para desarrollar tácticas y procedimientos de uso, según un memorando obtenido por CNN. El sistema emite ondas electromagnéticas que alcanzan hasta un kilómetro y, al entrar en contacto con la piel, generan una sensación intensa de ardor que suele desaparecer entre 10 y 15 minutos. Aunque las fuerzas estadounidenses lo desplegaron brevemente en Afganistán hace casi dos décadas, descartaron su uso en operaciones de combate.

Información ampliada:

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Un hospital, la última pista del paradero de un campesino desaparecido en Guerrero

Un hospital es la última pista sobre el paradero de Domingo Atanacio Quirino, campesino de 50 años que permanece desaparecido tras el secuestro de ocho pobladores del ejido El Balcón, ocurrido el 24 de septiembre en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. El padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, informó que Domingo se enfermó durante el cautiverio y fue separado del grupo cuatro días después del levantón; posteriormente, un sobrino suyo, también se enfermo durante el secuestro, preguntó por él mientras estaba hospitalizado y recibió como respuesta que se encontraba recuperándose, aunque hasta ahora no hay señales de su paradero. Seis de los siete campesinos que continuaban cautivos fueron localizados con vida el 16 de octubre, pero Domingo sigue sin ser localizado.

Información ampliada...

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Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), rescataron a 39 animales durante un cateo realizado en un inmueble de Ecatepec. El operativo, derivado de una denuncia anónima por posible maltrato animal, permitió localizar a 33 perros y seis gatos en malas condiciones de salud.

La intervención se produjo luego de que un reporte alertara sobre la presencia de varios animales domésticos en condiciones irregulares dentro de una propiedad del municipio. A partir de esa información, la Fiscalía mexiquense abrió una investigación que derivó en la orden judicial para efectuar la diligencia.

Origen de la investigación y el cateo

La denuncia anónima señalaba que al interior de un inmueble ubicado en Ecatepec se mantenía a varios animales domésticos en posibles condiciones de maltrato. Con base en ese reporte, la FGJEM inició las indagatorias correspondientes.

La Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez la autorización para realizar la técnica de investigación de cateo. La diligencia se cumplimentó con la participación conjunta de personal de la Fiscalía Edoméx, la Marina, la Guardia Nacional y la SSEM.

Animales hallados en malas condiciones de salud

Durante el cateo en Ecatepec, las autoridades localizaron a 33 perros de diversas razas y colores, además de seis gatos. Todos los ejemplares presentaban malas condiciones de salud, lo que impidió determinar con precisión su raza y edad.

La diligencia fue resultado de una orden judicial de cateo solicitada por la Fiscalía mexiquense, con apoyo de la Marina, Guardia Nacional y seguridad estatal. El deterioro físico de los animales fue tal que las autoridades no pudieron establecer con exactitud sus características de raza ni su rango de edad al momento del hallazgo.

Destino de los animales rescatados

De los 39 animales localizados, cuatro perros quedaron bajo el resguardo de la Unidad de Control y Bienestar de Ecatepec. Esta dependencia municipal se hizo cargo de su traslado y atención inmediata.

Los 35 animales restantes permanecerán en el mismo sitio donde fueron encontrados. La Unidad de Control y Bienestar de Ecatepec también quedó a cargo de su alimentación y cuidado mientras continúa el proceso.

Investigación en curso y posible remisión a CEPANAF

La Fiscalía mexiquense señaló que, en caso de que el dueño o los dueños de los animales no cuenten con los permisos correspondientes para su tenencia, los perros y gatos serán remitidos a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF).

Al concluir la diligencia, el inmueble donde se realizó el cateo no fue asegurado. Las autoridades no reportaron detenciones relacionadas con los hechos.

Los actos de investigación continúan con el objetivo de identificar a la persona o personas responsables del presunto maltrato hacia los animales encontrados en el domicilio de Ecatepec.

Marco legal del maltrato animal en el Estado de México

El Código Penal del Estado de México tipifica el maltrato animal en el Capítulo III del Título Segundo, dentro del Subtítulo Séptimo de delitos contra el ambiente. El artículo 235 Bis establece que comete este delito quien cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no de causarle la muerte.

La pena prevista para ese supuesto es de seis meses a cuatro años de prisión, además de una multa de 150 a 300 días de salario mínimo. La misma sanción aplica a quien abandone a un animal de forma que quede expuesto a riesgos para su integridad o la de terceros.

El mismo artículo sanciona los actos de naturaleza sexual cometidos contra animales con una pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 50 a 150 días. En todos estos casos, la pena se incrementa hasta en una mitad cuando el maltrato fue fotografiado, videograbado o difundido.

El artículo 235 Ter contempla un agravante para los casos en que se cause la muerte no inmediata del animal mediante cualquier medio que prolongue su agonía. En ese supuesto, la pena se eleva de tres a seis años de prisión, con multa de 200 a 400 días de salario mínimo.

Las penas contenidas en este capítulo se incrementan hasta en una mitad cuando el delito es cometido por servidores públicos que tengan a su cargo el manejo de animales. Este marco normativo es el que puede aplicar la Fiscalía Edoméx en investigaciones como la derivada del cateo realizado en Ecatepec.

Un juez federal condenó a 41 años de prisión a cuatro integrantes de la banda de secuestradores conocida como “Los Carnales”, responsables de plagiar a tres víctimas en la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. La sentencia fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Los condenados son Jessica Miranda Rojas, Pedro de Jesús Mendoza Garavito, Gabriela Velasco García y Víctor Manuel Arámburo Lara. El juzgador los encontró responsables de los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, les impuso una multa de 215 mil 352 pesos y ordenó el pago de 3 millones 359 mil pesos por reparación del daño material en favor de las tres víctimas.

Qué pasó en el secuestro de Xochimilco

Los hechos ocurrieron en febrero de 2011, cuando los sentenciados privaron de su libertad a un matrimonio y a su hijo que circulaban en una camioneta sobre la carretera Xochimilco-Oaxtepec.

Las víctimas fueron trasladadas a una casa de seguridad en el municipio de Ecatepec, Estado de México, y tiempo después a otro inmueble en la colonia CTM-Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán.

En abril de ese mismo año, los familiares pagaron el rescate solicitado, pero los plagiarios solo liberaron al padre de familia, identificado como un empresario dedicado a la venta de mole. Un mes más tarde, la banda exigió una segunda entrega de dinero y únicamente soltó a la madre.

El hijo de la pareja, en cambio, logró escapar de sus captores por sus propios medios y pidió el auxilio de las autoridades. En total, los afectados pagaron alrededor de tres millones de pesos en concepto de rescate, de los cuales las autoridades lograron recuperar 700 mil pesos.

El rol de la fiscalía en el proceso

La condena fue resultado del trabajo del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Esta unidad, luego de diversos procedimientos, aportó las pruebas que resultaron contundentes para demostrar la responsabilidad penal de los acusados.

La FGR explicó que ese trabajo probatorio permitió sostener la acusación tanto por el delito de delincuencia organizada como por el de secuestro agravado, cargos por los que finalmente se dictó la sentencia condenatoria.

Como parte del fallo, la FGR obtuvo también el pago de la reparación del daño material en favor de las tres víctimas del secuestro, fijado en 3 millones 359 mil pesos. Este monto se suma a la multa impuesta a los sentenciados por 215 mil 352 pesos.

Quién es la banda de secuestradores “Los Carnales”

“Los Carnales” es el nombre con el que se identificó a la organización criminal dedicada al secuestro que operaba en la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en la Ciudad de México. El grupo fue desarticulado originalmente en 2011, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como procurador de justicia del entonces Distrito Federal.

El exfuncionario reveló en su momento que la banda estaba encabezada por tres internos del penal de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, quienes dirigían las operaciones del grupo desde prisión.

La organización mantenía como método de operación la interceptación de víctimas sobre la carretera Xochimilco-Oaxtepec. Para presionar el pago de los rescates, enviaba a los familiares videos en los que se veía a los plagiarios disparar contra los secuestrados sin llegar a herirlos, ya que previamente les colocaban una placa de acero como protección.

Las personas secuestradas por el grupo eran trasladadas y confinadas en casas de seguridad ubicadas en Ecatepec, Estado de México, y en la colonia CTM-Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Otros casos de bandas de secuestradores en la Ciudad de México

En julio de 2026, ocho personas fueron vinculadas a proceso por operar una red de secuestro y extorsión activa en ocho estados del país. El grupo estaba liderado por Jorge “N”, un exagente del Ministerio Público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Esa banda utilizaba documentos y uniformes oficiales para simular investigaciones, órdenes de captura y cateos, con el fin de privar de la libertad a sus víctimas bajo una apariencia de legalidad. El caso salió a la luz tras el rescate de una empresaria en Querétaro, por la que exigían un pago de 60 millones de pesos.

El grupo operaba en Querétaro, Estado de México, Tamaulipas, Morelos, Sinaloa, Sonora, Baja California y Chiapas. Los ocho implicados permanecen en prisión tras ser vinculados a proceso.

República Dominicana descartó el cierre de su frontera con Haití pese al aumento de la tensión en el país vecino, donde continúa la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada ocurrida el domingo en las afueras de Puerto Príncipe.

El Ministerio de Defensa dominicano informó este jueves que las condiciones no requieren medidas extraordinarias en la zona limítrofe. Las autoridades afirmaron que mantienen vigilancia sobre la evolución de los hechos en Haití y que evaluarán nuevas decisiones de acuerdo con los riesgos que puedan surgir.

La decisión se conoció después de una reunión encabezada por el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, junto con los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana. También participaron responsables de inteligencia y operaciones del Estado Mayor Conjunto.

Según el comunicado oficial, el encuentro permitió analizar la situación haitiana y sus efectos posibles sobre la seguridad dominicana. El Gobierno sostuvo que las actividades comerciales, sociales y cotidianas en la frontera se desarrollan sin alteraciones.

Vigilancia sostenida sin cambios en los pasos fronterizos

El Ministerio de Defensa señaló que no detectó, hasta ahora, circunstancias que exijan modificar la dinámica habitual de las comunidades fronterizas. La posición oficial descarta una clausura preventiva del paso entre ambos países, una medida que en otras ocasiones fue aplicada ante episodios de tensión política, crisis humanitarias o incidentes de seguridad.

La frontera entre República Dominicana y Haití se extiende por cerca de 390 kilómetros y concentra intercambios comerciales, desplazamientos de trabajadores y relaciones entre poblaciones de ambos lados. Por ese motivo, las autoridades dominicanas subrayaron que cualquier disposición será proporcional a la amenaza identificada.

El comunicado no detalló si el operativo de vigilancia recibió refuerzos adicionales. Sí indicó que el Ministerio continuará con el seguimiento de los acontecimientos en el territorio haitiano ante la posibilidad de que la crisis tenga consecuencias sobre la estabilidad fronteriza.

Las actividades en los pasos fronterizos continúan con normalidad, según la evaluación transmitida por las autoridades dominicanas tras la reunión de seguridad.

Búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras emboscada en Puerto Príncipe

La crisis en Haití se agravó tras la desaparición de cuatro integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Los militares perdieron contacto con sus superiores tras una emboscada el domingo en la zona de Santo, perteneciente a la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Las tareas para localizarlos se intensificaron el miércoles en la capital haitiana. La zona del ataque está entre los sectores controlados por grupos armados, que mantienen influencia sobre amplias áreas de la capital y sus alrededores.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó el miércoles, a través de su cuenta en X, que existe una operación militar para rescatar a los cuatro integrantes de la GSF. El mandatario exigió que las pandillas los liberen sin daño y advirtió que habrá represalias si no ocurre.

Bukele confirmó una operación de rescate para recuperar a los militares salvadoreños, aunque no divulgó información sobre su ubicación ni sobre las fuerzas involucradas en el operativo.

Violencia de pandillas: más de 5,700 víctimas y elecciones en duda

La situación de los militares desaparecidos se suma a una crisis de seguridad que afecta a Haití desde hace años. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas citados por EFE, más de 5,700 personas murieron o resultaron heridas en lo que va de 2026 como consecuencia de la violencia de las pandillas.

La ONU también atribuye a esos grupos más de 230 secuestros y la violación de más de 1.000 mujeres y niñas durante el año. La expansión territorial de las bandas y la debilidad institucional dificultan las operaciones de seguridad y condicionan el funcionamiento de los servicios públicos.

El deterioro de la situación también dejó en duda la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 13 de diciembre. El Consejo Electoral Provisional aplazó la campaña y anunció que difundirá un nuevo calendario, que todavía no fue publicado.

La incertidumbre electoral se mantiene mientras las autoridades haitianas intentan recuperar el control de áreas bajo influencia de las pandillas y avanzan las operaciones para encontrar a los cuatro militares salvadoreños.

La detención se realizó bajo instrucciones de la doctora Ma. Elena Andrade Ramírez, fiscal general del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

El crimen que originó la investigación

“El Nenuco” fue aprehendido por su probable participación en el homicidio de un agente activo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, crimen ocurrido en octubre de 2023 en la colonia Las Abejas. La Fiscalía identificó al imputado como probable responsable tras las investigaciones correspondientes.

El caso corresponde al asesinato de Dalia Suzeth Espinoza López, agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, baleada frente a su casa en el fraccionamiento Las Abejas de Tijuana el 19 de octubre de 2023, crimen por el que ya habían caído cinco sicarios.

Los delitos que se le imputan

Guillén García es requerido por tres delitos: homicidio calificado con ventaja y alevosía, asociación delictuosa y delitos cometidos contra miembros de instituciones policiales del Estado.

Estos tres cargos conforman la base de la acusación formal presentada por la Fiscalía General del Estado ante la autoridad judicial correspondiente.

Próximos pasos del proceso judicial

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer por completo las circunstancias del homicidio. La detención no cierra el caso, sino que da paso a la etapa judicial.

Será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica de Arturo Enrique Guillén García, conforme al principio de presunción de inocencia que rige todo proceso penal en México.

Así se concretó la captura en Zapopan

Detrás del alias “El Nenuco” está Arturo Enrique Guillén García, detenido la tarde del lunes 19 de octubre de 2026 en el municipio de Zapopan, Jalisco. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México lo señaló como generador de violencia y operador del Cártel de Sinaloa.

El operativo terminó a las 17.00 horas dentro de un hospital privado ubicado en la colonia Jardines de Guadalupe, adonde habría llegado para visitar a una persona herida. La Fiscalía General de la República ejecutó la orden de aprehensión a través de su Agencia de Investigación Criminal.

Labores previas de vigilancia e inteligencia ubicaron su paradero en Zapopan, aunque su zona de operación original se registraba en Tijuana. En la detención participaron también elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, en un despliegue conjunto entre dependencias del Gabinete de Seguridad.

Según las autoridades, un reporte del Centro Nacional de Inteligencia resultó determinante para concretar el arresto. En el lugar, los agentes aseguraron tres vehículos con placas de la Ciudad de México: una camioneta Chevrolet Cheyenne roja, un Mazda blanco y un Toyota gris.

Al revisar al detenido, le hallaron dos armas largas, dos cargadores y 22 cartuchos útiles. Luego de hacerle saber sus derechos, quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación legal.

Lo que ya se sabía por reportes previos

Antes de que el Gobierno federal confirmara la captura, el medio Zeta Tijuana ya seguía el rastro de Guillén García y lo identificaba como un operador con presencia en Tijuana vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, una filiación distinta a la que después difundió el Gabinete de Seguridad, que lo colocó del lado del Cártel de Sinaloa sin precisar si hubo un cambio de bando.

Ese medio reconstruyó el momento del arresto y situó el operativo en un hospital de la Avenida Manuel Clouthier, adonde Guillén García habría ido a visitar a un hombre internado tras recibir un ataque armado el 16 de octubre en unas canchas deportivas de Zapopan.

El medio lo vinculó con la colocación de mantas amenazantes contra intérpretes de corridos en Baja California y con el ataque armado sufrido por un escolta de la entonces alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, también en octubre de 2023.

A esa lista se sumó después una acusación por el homicidio de Librado Álvarez Vizcaíno, quien fuera alcalde del municipio jalisciense de Tonaya y fue asesinado en Tijuana en mayo de 2023, caso por el que Guillén García también enfrenta una investigación.

La instalación ocupaba una superficie aproximada de 2 mil 500 metros cuadrados. En el sitio se identificaron equipos y accesorios para la elaboración de narcóticos, aunque no se localizaron sustancias químicas ni narcóticos.

Operativo coordinado entre Marina, SSPC y FGR

El hallazgo se dio en el marco de acciones coordinadas para la búsqueda, localización, neutralización e inhabilitación de laboratorios clandestinos. Personal naval y de la SSPC ejecutaron el recorrido terrestre que permitió ubicar la instalación.

La coordinación entre ambas corporaciones se realizó junto con la FGR, según un comunicado conjunto difundido en Ciudad de México el 22 de octubre de 2026. El sitio, de 2 mil 500 metros cuadrados, contenía reactores, quemadores y tambos que fueron inhabilitados en el lugar para impedir su reutilización.

Características del sitio localizado

La instalación se encontraba en preparación para la producción de metanfetamina. El comunicado precisó que durante esta acción no se localizaron narcóticos ni sustancias químicas en el predio.

El hallazgo se concentró en el equipo y los accesorios destinados a la elaboración de la droga.

Inventario del equipo hallado en el laboratorio

Dentro de la instalación se encontró un reactor de destilación con capacidad de 600 litros, además de cinco quemadores y dos tinas. También se localizaron tres tambos con capacidad de 500 litros cada uno.

El inventario incluyó cinco ollas de peltre, un tanque de gas de 45 kilos, dos pinzas de presión y una pala para mezclar.

A unos 300 metros de la instalación principal, el personal localizó además un destilador de reactor.

Inhabilitación del equipo en el lugar

Todo el equipo, los accesorios y las herramientas identificadas fueron inhabilitados directamente en el sitio. La medida busca evitar que el material pueda ser reutilizado.

El procedimiento de inhabilitación se aplicó tanto al reactor de destilación como a los quemadores, tambos y demás utensilios encontrados en la instalación de Sanalona.

Mensaje de las instituciones del Gabinete de Seguridad

Las tres dependencias reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir la producción de metanfetamina. El objetivo declarado es evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles.

El comunicado conjunto subrayó que estas acciones buscan proteger la seguridad de la población.

Cómo funcionan estos laboratorios clandestinos

La producción de metanfetamina se basa en un proceso químico que extrae precursores como la pseudoefedrina o la efedrina y los reduce mediante sustancias como litio, hidróxido de sodio o éter. Según explica la organización Guardian Recovery, el líquido resultante se hierve y luego se enfría para provocar la cristalización de la droga.

En México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalla que los precursores químicos suelen provenir de Asia y llegan al país por puertos como Lázaro Cárdenas, Mazatlán y Manzanillo. El proceso de elaboración, según ese organismo, consiste en mezclar los ingredientes, calentarlos para integrar los precursores, destilarlos, dejarlos reposar para su secado y finalmente colarlos y limpiarlos para obtener la droga.

El equipo empleado en estos laboratorios suele incluir sustancias químicas, reactores para síntesis orgánicas, centrifugadoras y vehículos para transporte de químicos, de acuerdo con la Sedena. Este proceso conlleva riesgos de explosiones, incendios y contaminación ambiental para las comunidades cercanas, según Guardian Recovery.

Contexto sobre el desmantelamiento de narcolaboratorios en México

El hallazgo en Sanalona se suma a una ofensiva más amplia contra la producción de drogas sintéticas en Sinaloa. De acuerdo con cifras del Gabinete de Seguridad citadas, suman 2 mil 792 narcolaboratorios inhabilitados desde el inicio de la actual Estrategia Nacional de Seguridad.

La estrategia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, se apoya en la colaboración con agencias de seguridad estadounidenses para debilitar a los cárteles desde distintos frentes.

En Culiacán se han registrado otras intervenciones independientes en días recientes. El Ejército Mexicano inhabilitó dos áreas de concentración para elaborar metanfetamina en la comunidad de Corral Viejo, donde se aseguraron mil 450 litros de sustancias químicas. Esa acción representó una afectación económica estimada en 29 millones de pesos para el crimen organizado.

En otro operativo distinto, también en el municipio, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron una zona de almacenamiento de insumos en el poblado El Melado. Ahí se aseguraron 415 litros de sustancias químicas, con una afectación económica calculada en 8 millones de pesos.

Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla labores de inteligencia, investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales en distintas entidades del país.

La audiencia intermedia contra Lex Ashton, señalado como responsable del homicidio de un estudiante y de la tentativa de homicidio de un trabajador del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, fue suspendida por cuarta ocasión. La nueva fecha quedó fijada para el 18 de noviembre.

La diligencia, que se realiza en las salas de oralidad del Reclusorio Oriente, debía reanudarse este jueves tras haberse pospuesto en tres ocasiones anteriores. La sesión volvió a diferirse antes de concluir.

Motivos del nuevo aplazamiento

De acuerdo con los abogados defensores, el diferimiento se debió a que el Ministerio Público no ha dado a conocer por completo la carga probatoria del caso. Según explicaron, existe una parte de los datos de prueba que aún no les fue mostrada a la defensa.

La audiencia intermedia es la etapa del proceso en la que el juez de control revisa y depura las pruebas presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa, para determinar cuáles serán admitidas de cara a un eventual juicio oral. Sin acceso completo a esa información, la defensa no puede preparar su estrategia de manera íntegra, lo que derivó en la cuarta postergación del caso.

Esta no es la primera vez que la audiencia se pospone. El pasado 30 de septiembre, la diligencia ya había sido diferida porque Ashton no se presentó ante las autoridades correspondientes. En ese momento, el acusado atravesaba una afectación renal que requirió su traslado a un hospital.

Tras ese episodio, la audiencia se reanudó el 21 de octubre en las salas de oralidad del Reclusorio Oriente. La sesión volvió a suspenderse ese mismo día, lo que obligó a reprogramarla para el 22 de octubre, fecha en la que tampoco pudo concluirse.

Con este nuevo diferimiento, el proceso judicial contra Ashton acumula cuatro aplazamientos desde que comenzó la etapa intermedia.

Los hechos del 22 de septiembre de 2025

El caso se originó el 22 de septiembre de 2025, cuando un joven de 19 años ingresó armado con dos cuchillos a las instalaciones del CCH Sur, ubicado en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. De acuerdo con las investigaciones, el presunto responsable habría llevado el arma blanca dentro de su mochila.

Dentro del plantel, el acusado quitó la vida a un compañero de 16 años, identificado como Jesús Israel. Además, hirió a un trabajador de mantenimiento del mismo colegio que intentó detenerlo durante el ataque.

Por estos hechos, Ashton enfrenta cargos por homicidio calificado en agravio del estudiante y homicidio en grado de tentativa en perjuicio del trabajador. Desde entonces, permanece recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Lo que se expondría en la audiencia intermedia

En la fase intermedia del proceso, tanto el Ministerio Público como la defensa de Ashton debían presentar ante el juez de control el conjunto de medios de prueba recabados durante la investigación, con el objetivo de sustentar sus respectivas teorías del caso.

La Fiscalía de la Ciudad de México sostiene, según los datos de prueba que ha recabado, que el acusado actuó con el uso pleno de sus facultades mentales en el momento en que atacó primero al estudiante y después al trabajador del plantel.

Por su parte, la defensa de Ashton ha reiterado que, al momento de los hechos, el joven no tenía la capacidad de comprender la ilegalidad de sus actos debido a sus condiciones de salud mental. Los abogados planeaban exponer pruebas que, según afirman, demuestran que el acusado actuó bajo un cuadro psicótico y con alteración de sus facultades.

Será tarea del juez de control, una vez que se celebre la audiencia, hacer la depuración de las pruebas presentadas por ambas partes y determinar cuáles serán consideradas válidas de cara al juicio oral.

Con la suspensión de este jueves, la audiencia intermedia quedó reprogramada para el próximo 18 de noviembre. Hasta entonces, el acusado continúa recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Pronunciamientos tras el ataque en el CCH Sur

Horas después del ataque ocurrido el 22 de septiembre de 2025, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó los hechos de violencia registrados en el plantel y confirmó que el presunto agresor fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

A través de un comunicado, la institución informó que mantuvo contacto directo con las familias de las víctimas para expresarles condolencias y ofrecerles acompañamiento legal. “La UNAM continuará cerca de las familias, brindándoles apoyo y acompañamiento legal, así como la asistencia necesaria en estos difíciles momentos”, señaló la universidad en ese mensaje.

La UNAM también dio a conocer que el trabajador herido durante el ataque se encontraba fuera de peligro y ya había sido dado de alta, aunque no precisó su identidad ni la función que desempeñaba en el plantel. Como medida inmediata, suspendió las clases en el CCH Sur para permitir el desarrollo de las investigaciones.

La institución anunció, además, que revisaría los protocolos internos de prevención y protección en sus planteles. Para ello, convocó a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario.

“La UNAM reitera su rechazo a todo tipo de violencia”, concluyó el comunicado. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México también condenaron lo ocurrido, manifestaron su solidaridad con la comunidad universitaria y resaltaron la importancia de dar seguimiento a las víctimas y garantizar la rendición de cuentas en el proceso judicial.

Expertos en inspección de atracciones consultados por CBS News indicaron que la investigación por la muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem en la montaña rusa Goliath de Six Flags Over Georgia deberá examinar si hubo una falla mecánica, un error humano o una combinación de ambos. Mientras los peritos examinan la atracción, dos exempleados adolescentes describieron ante el medio un sistema de capacitación que permitía habilitar operadores en apenas 15 minutos, con respuestas de exámenes entregadas de antemano.

Kariem, de 42 años, fue expulsado de su asiento el 12 de octubre, poco antes de las 16:00 hora local, en el parque ubicado en Mableton, a unos 24 kilómetros (15 millas) al noroeste de Atlanta. Testigos relataron que salió disparado del vagón, golpeó a otros pasajeros y cayó debajo de la estructura, donde fue hallado sin signos vitales.

La presión por las filas reducía la formación de operadores a 15 minutos

Harper Henderson, de 18 años, trabajó en el parque desde los 15 y fue promovida a entrenadora a los 17, tras solo seis semanas como operadora. La presión por mantener las filas de la Goliath en movimiento comprimía los plazos de formación hasta niveles que ella misma consideraba insuficientes.

“Les dábamos directamente las respuestas del examen”, afirmó Henderson. Un operador nuevo podía quedar habilitado “en 15 minutos”. Renunció en julio de 2025 porque no se sentía cómoda con ese proceso. “El hecho de que se pudiera saltar todo eso no estaba bien. Y era porque los gerentes realmente presionaban para tener la cantidad mínima de personas para abrir cada atracción”, explicó a CBS News.

Jacobi Edwards, de 18 años, líder de operaciones en el parque la primavera pasada, calificó el lugar como “muy bien administrado”, aunque reconoció que la popularidad de la Goliath generaba urgencia: “Tienen un cronómetro que cumplir porque es la atracción más famosa del parque, así que definitivamente se sienten apurados”. Edwards, que tenía 17 años cuando ocupó ese puesto, dijo que él priorizaba la seguridad de los visitantes por encima de sumar “más ciclos”.

Richard Pretlow, presidente de Six Flags Over Georgia, respondió que “nuestros integrantes reciben capacitación extensa para operar y mantener nuestras atracciones de forma segura”. Un portavoz del parque detalló que los operadores completan “un programa de entrenamiento integral y multietápico que incluye instrucción en aula, práctica supervisada y experiencia en el puesto”.

Un ingeniero forense advierte que un buje ligeramente desalineado puede provocar una falla grave

Expertos en inspección de atracciones señalaron que la investigación también deberá determinar si hubo un desperfecto mecánico. La última revisión oficial de la Goliath, realizada el 16 de marzo, no arrojó infracciones, pero incluyó una anotación: “reemplazar bujes”, piezas que reducen la fricción y absorben impactos en ensambles mecánicos.

Troy Richardson, ingeniero con experiencia en construcción e inspección de montañas rusas y director de MIT Experts —firma de consultoría forense en litigios de parques de atracciones—, advirtió que incluso un defecto menor en un buje puede derivar en un problema grave. “Un buje, si está ligeramente desalineado, puede hacer que un pasador no encaje en el orificio o que quede suelto”, explicó al medio estadounidense.

El fabricante de la Goliath probablemente estableció un cronograma de mantenimiento y reemplazo para cada pieza en un manual de operaciones, añadió Richardson. Una pregunta central de los investigadores, según el ingeniero, será si el personal del parque cumplió con esas instrucciones.

Una fuente con conocimiento de las operaciones del parque indicó a CBS News que los bujes identificados en marzo correspondían a los ensambles de bogies —las piezas que conectan el vehículo a la vía— y no al sistema de sujeción. Según esa fuente, fueron reemplazados conforme a lo recomendado.

La “curva de bañera” del desgaste de piezas complica la decisión de cuándo reemplazarlas

Kathryn Woodcock, editora en jefe del Journal of Themed Experience and Attractions Studies y profesora de la Universidad Metropolitana de Toronto, señaló que los investigadores querrán establecer “qué es exactamente lo que no está como se espera que esté”. “Si dos piezas se desconectaron —por ejemplo, un pestillo que se soltó—, es algo diferente a que una pieza se haya roto, como una grieta que falló de forma catastrófica”, escribió en un correo electrónico dirigido a CBS News.

La experta explicó que la probabilidad de falla en componentes de montañas rusas suele seguir una “curva de bañera”: las roturas son más frecuentes al inicio del uso, por posibles defectos de fabricación; si la pieza sobrevive esa etapa, la probabilidad se mantiene baja durante un período que depende del material, la forma y la carga, hasta que vuelve a aumentar con el desgaste acumulado. Por esa razón, “no es automáticamente mejor reemplazar una pieza demasiado pronto”, ya que una nueva reinicia el tramo de mayor vulnerabilidad.

El sistema de despacho depende de sensores que detectan si todas las barras están cerradas

Los pasajeros de la Goliath quedan sujetos mediante una barra acolchada en forma de U, conocida como “clamshell”, que se bloquea sobre los muslos y la cintura. Un operador del mismo modelo en otro parque de la cadena, identificado solo como Daniel porque aún trabaja en la empresa, describió el funcionamiento del sistema de despacho.

Los operadores utilizan dos botones naranjas en un panel de control para abrir y cerrar las barras de los 36 asientos. Cuando los sensores confirman que cada una está cerrada, dos botones verdes con forma de hongo comienzan a parpadear en la parte inferior del panel, lo que habilita al operador a enviar el tren. La atracción no puede partir si alguna barra permanece abierta, según Daniel.

Sin embargo, antes de la tragedia, algunos visitantes detectaron irregularidades. Erica Billups relató en la red social X que su hijo se sentó en un asiento cuya barra se desbloqueaba de forma repetida. El joven cambió de lugar y el tren partió con ese asiento vacío y la barra levantada, según su testimonio difundido por medios estadounidenses.

Richardson: los operadores deben poder detener la atracción sin presión

El ingeniero forense sostuvo que los supervisores deben confiar en sus operadores como “embajadores que intentan mantener a la gente a salvo y son la primera línea de defensa”. “No me importa si hay 100 personas en la fila, no queremos que alguien muera. Y ellos necesitan tener la capacidad de decir: ‘Tengo la autoridad para detener esto si creo que no es seguro’”, afirmó.

El caso evoca la muerte de Christopher Hawley, de 22 años, tras subir a la montaña rusa X2 en Six Flags Magic Mountain, en California, en 2022. Timothy Loranger, abogado de la familia, dijo que sus conversaciones con el personal de mantenimiento de ese parque no le generaron confianza en su competencia ni en su formación. Six Flags cerró la X2 de forma permanente en septiembre pasado, tras la acumulación de demandas por lesiones cerebrales.

John F. King, comisionado de Seguros y Bomberos de Georgia y responsable de la investigación estatal, aseguró que no se van a “tomar atajos, apresurarse a sacar conclusiones ni dejar preguntas sin responder”. La Goliath permanece fuera de servicio. Al menos 11 atracciones con sistemas de sujeción similares fueron cerradas de forma preventiva en parques de Estados Unidos y Canadá.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco presento este jueves una acusación formal contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas. Así lo confirmó el fiscal general, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros.

Con la presentación de este documento ante la autoridad judicial, el Ministerio Público da inicio a la etapa intermedia del proceso penal contra el exfuncionario, quien es señalado además como presunto líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”.

La acusación formal por desaparición forzada contra Hernán Bermúdez Requena se presentó luego de que concluyera la investigación complementaria. El exsecretario de Seguridad, detenido en Paraguay en 2025 y extraditado a México, permanece recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano y mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.

Declaraciones del fiscal general de Tabasco

Vázquez Landeros confirmó la presentación de la denuncia ante medios locales, afirmando que “el día de hoy estará el fiscal del Ministerio Público correspondiente presentando la acusación en contra de la persona, que todavía se presume inocente”.

El fiscal precisó que la etapa de investigación por el delito de desaparición forzada ya había concluido y que el proceso se encontraba en la fase de formalización de la acusación. También adelantó que, antes de que termine 2026, podría llegar la etapa final del juicio contra el exfuncionario.

Según indicó Vázquez Landeros, el proceso continuará de forma virtual, con enlace entre los juzgados de Tabasco y el penal donde permanece recluido Bermúdez Requena.

Perfil del imputado y antecedentes judiciales

Hernán Bermúdez Requena encabezó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco entre 2019 y 2024. Durante ese periodo, el exfuncionario es señalado por su presunta vinculación con grupos delictivos que operan en la entidad.

En septiembre de 2025, fue detenido en Paraguay para su traslado a México, en el marco de las investigaciones que lo relacionan con estructuras criminales. Tras su captura y extradición, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México.

En abril de 2026, Bermúdez Requena fue vinculado a proceso por el caso de desaparición forzada. En esa ocasión, el juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó los plazos correspondientes para la investigación complementaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Tabasco había establecido el 23 de octubre como plazo límite para concluir dicha investigación y presentar la acusación formal, por lo que la presentación de este jueves se ajustó a ese calendario procesal.

Un segundo frente judicial con más de un siglo de condena solicitada

El caso de desaparición forzada no es el único proceso que enfrenta el exsecretario de Seguridad. De manera paralela, Bermúdez Requena encara un segundo paquete de imputaciones que incluye los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa.

Por este expediente consolidado, la Fiscalía General del Estado solicitó formalmente al tribunal una pena acumulada de hasta 154 años de prisión.

Este segundo frente legal se suma a la causa por desaparición forzada en la estrategia de rendición de cuentas contra la antigua cúpula de seguridad en Tabasco, según se informó.

Modalidad virtual del proceso judicial

Las autoridades estatales prevén que la audiencia de apertura del juicio oral se realice antes de que concluya el año 2026, una vez que el órgano jurisdiccional fije la fecha definitiva en la agenda procesal.

Debido a protocolos de seguridad y complicaciones logísticas, el juicio no se llevará a cabo de manera presencial en los juzgados locales. Las diligencias se desahogarán mediante videoconferencia, con enlace directo al penal de El Altiplano, donde permanece recluido el exmando policiaco.

Próximos pasos del proceso penal

Con la acusación ya presentada, el procedimiento continuará conforme a las etapas y los plazos establecidos en el sistema penal acusatorio mexicano.

La autoridad judicial deberá determinar los pasos siguientes, de acuerdo con las disposiciones aplicables al caso. El avance del expediente permitirá conocer los argumentos y los datos de prueba que la Fiscalía buscará sostener durante el proceso.

La presentación de la acusación no implica que se haya demostrado la responsabilidad penal de Bermúdez Requena. Las siguientes determinaciones judiciales serán relevantes para establecer cómo continuará la causa por desaparición forzada contra el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectaron cuatro bolsas con cerca de 10 kilos de una sustancia en polvo color beige en la aduana de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), según informó un comunicado de prensa conjunto con fecha del 22 de octubre de 2026.

La sustancia estaba oculta en el equipaje de un pasajero procedente de Miami, Estados Unidos, quien fue detenido tras las pruebas de identificación realizadas en el lugar.

Rayos X, un sensor canino y pruebas químicas arrojan resultados preliminares

Durante las labores de inspección, los agentes detectaron mediante equipos de rayos X imágenes inusuales en el equipaje del pasajero. Ese indicio motivó una revisión física detallada por parte del personal aduanero para determinar la naturaleza del contenido.

El pasajero llegado de Miami fue detenido tras hallarse cuatro bolsas con casi 10 kilos de un polvo color beige en su equipaje. Para determinar el tipo de sustancia, el personal utilizó un equipo especializado de identificación. El análisis preliminar arrojó un resultado positivo a sulfato de pseudoefedrina, clasificado como precursor químico.

El sensor canino “Rozsa” realizó un marcaje positivo a la posible presencia de mercancía ilícita durante el procedimiento. De forma adicional, personal de Marina aplicó pruebas con equipos de análisis químico que arrojaron un resultado positivo a morfina.

Ante estos resultados, el pasajero fue detenido. Las autoridades lo pusieron a disposición, junto con la sustancia asegurada, del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Qué son el sulfato de pseudoefedrina y la morfina

La pseudoefedrina es un precursor químico utilizado en la fabricación de metanfetamina, junto con la efedrina y otras sustancias similares, según información de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Fiscalía General de la República (FGR). La misma fuente señala que el tráfico de este tipo de precursores está vinculado con la producción de drogas sintéticas en estados como Sinaloa, Jalisco y Michoacán.

A partir de marzo de 2026 quedó prohibido el uso de sales, precursores y derivados de estas sustancias en cualquier etapa de la fabricación de medicamentos.

La morfina, por su parte, es un opiáceo que se extrae de la planta de amapola y constituye la base para la elaboración de heroína mediante procesos de síntesis química, según documentó la revista académica Iuris Tantum en un trabajo sobre legislación mexicana en materia de precursores químicos.

El AICM figura entre los pocos puntos de ingreso autorizados en el país para el manejo de sustancias como la pseudoefedrina, de acuerdo con documentación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre control de precursores en México, que menciona también a las aduanas de Manzanillo, Colima, y Veracruz.

Vigilancia permanente en los puntos de ingreso al país

La ANAM e instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que mantienen acciones permanentes de vigilancia y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. El comunicado destaca la implementación de herramientas tecnológicas y el trabajo coordinado entre instituciones para prevenir el ingreso de sustancias ilícitas y contribuir a la seguridad nacional.

El caso forma parte del comunicado de prensa conjunto número 107/2026 y se suma a una serie de aseguramientos recientes en el AICM. El 30 de septiembre, autoridades federales aseguraron 8.64 kilogramos de cocaína ocultos en 20 piezas de artesanía de fibra de vidrio que formaban parte del equipaje de un pasajero procedente de Lima, Perú.

En ese mismo aeropuerto se registraron también el hallazgo de 245 kilos de metanfetamina detectados por un binomio canino, la intercepción de más de 6 mil 900 pastillas con hidrocodona y el aseguramiento de cerca de tres millones de cigarros ilícitos procedentes de embarques de China y Corea.

Las autoridades no revelaron la identidad del pasajero detenido ni precisaron el destino final de su vuelo. El comunicado tampoco especificó si enfrenta cargos adicionales relacionados con la posesión de las sustancias aseguradas.

El nombre del aparato rinde un doble homenaje: a la ciencia y al perro de la serie animada Los Supersónicos (The Jetsons), según un comunicado oficial de la universidad. La presentación tuvo lugar los días 20 y 21 de octubre de 2026 en el campus de Lakeland, en el condado de Polk, Florida.

El departamento policial universitario aún aguarda la autorización de la Administración Federal de Aviación (FAA) para poner en marcha los vuelos operativos, un paso que espera concretar entre noviembre y diciembre de este año, de acuerdo con información publicada por Bay News 9.

Astro, el vehículo eléctrico volador que usará la Policía de Florida Poly

El Jetson ONE es una aeronave monoplaza fabricada por Jetson, empresa de origen sueco con sede operativa en Arezzo, Italia, y oficinas en California. A diferencia de un dron convencional, que solo ofrece imágenes aéreas de una situación, Astro puede transportar a un oficial hasta el lugar de la emergencia. El aparato admite un peso máximo del piloto de 210 libras (unos 95 kilogramos), alcanza un techo de servicio de hasta 1.500 pies sobre el nivel del suelo y ofrece una autonomía de vuelo de unos 20 minutos por recarga, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

El vehículo tiene un costo de adquisición cercano a los USD 150.000. De acuerdo con el comunicado de Florida Poly, Stéphan D’haene, director ejecutivo de Jetson, explicó que la compañía aceleró el pedido de la universidad pese a contar con una lista de espera de tres años, debido al enfoque en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) de la institución y al propósito de seguridad pública del proyecto.

“Creemos que este proyecto es tan importante y se alinea tanto con lo que queremos hacer que lo convertimos en una prioridad”, afirmó D’haene.

Cómo funcionará el eVTOL en emergencias y búsquedas de personas

El jefe de la policía universitaria, Aaron Murray, quien asumió el cargo en enero de 2026, describió el aparato como una herramienta diseñada para misiones específicas en un entorno que combina el campus con miles de hectáreas de terreno rural circundante.

“Si alguien desaparece de nuestro campus o de la zona local, si un avión cae o alguien se pierde y no puede ser encontrado en estos miles de acres de tierra rural, esta es una herramienta increíble para hallarlos con rapidez”, declaró Murray en entrevista con Tampa Bay 28.

El uso previsto de Astro abarca la búsqueda de personas desaparecidas, la respuesta rápida ante incidentes en zonas de difícil acceso, la entrega de suministros de emergencia y el apoyo logístico antes y después de tormentas. Murray señaló que la aeronave se empleará tanto dentro del campus de Florida Poly como en coordinación con otras agencias policiales de la región que requieran asistencia.

Murray también trazó un paralelo con la velocidad a la que avanza la tecnología en el ámbito policial. “Cuando empecé, todavía escribíamos los informes a mano. Apenas se estaban incorporando las computadoras y estábamos contentos de poder tipear los reportes en lugar de escribirlos; pero, como se sabe, la tecnología, cuando se hace accesible, avanza con rapidez”, afirmó en declaraciones al mismo medio.

La autorización de la FAA, pendiente para los vuelos policiales

Florida Poly se encuentra en las etapas finales del proceso de aprobación ante la FAA. Sin esa autorización, el departamento no puede iniciar vuelos oficiales con fines policiales. La universidad aspira a obtener el permiso entre noviembre y diciembre de 2026 y, a partir de ese momento, integrar a Astro de forma gradual en las operaciones de seguridad pública, tal como informó Click Orlando.

El avance de este proyecto coincide con un impulso más amplio en Florida. El estado fue seleccionado recientemente para participar en el Programa Piloto de Integración de eVTOL y Movilidad Aérea Avanzada de la FAA.

Además, las instalaciones de SunTrax, en Auburndale, a solo 6,4 kilómetros del campus, albergan el primer centro de pruebas aéreas dedicado a esta tecnología en el país, con ensayos de eVTOL previstos para fines de 2026, de acuerdo con el comunicado de la universidad.

El proyecto académico de Florida Poly con tecnología eVTOL

Más allá de su uso policial, Astro funciona como plataforma de aprendizaje e investigación. Florida Poly lanzó este otoño su nueva carrera de ingeniería aeroespacial, y el vehículo ofrece a los estudiantes una oportunidad inmediata de trabajar con tecnología de vuelo de última generación en un entorno real.

“Astro les da a nuestros estudiantes y docentes un laboratorio vivo donde pueden analizar datos del mundo real, enfrentar nuevos desafíos de ingeniería y ayudar a dar forma al futuro de la movilidad aérea avanzada”, sostuvo Brad Thiessen, preboste de la universidad, en el comunicado oficial.

Estudiantes de Florida Poly modifican el Jetson ONE y crean su gemelo digital

Matt Bohm, director del Departamento de Ingeniería Mecánica, Industrial y Aeroespacial de Florida Poly, explicó que los alumnos ya participan en la modificación del aparato y desarrollan una réplica digital —un gemelo virtual— que permitirá simular su funcionamiento y analizar su rendimiento.

“Tenemos estudiantes de ingeniería mecánica que quieren averiguar cuáles son las tensiones y esfuerzos en esas piezas de fibra de carbono, que ya son livianas, pero si podemos hacerlas un 50 % o un 20 % más livianas, eso se traduce en tiempo de vuelo adicional”, detalló Bohm en declaraciones a Tampa Bay 28.

Rapha Gerard, estudiante avanzado de ingeniería mecánica y fundador del capítulo universitario del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, es uno de los encargados de recopilar datos de vuelo. Según Gerard, el equipo evalúa la instalación de galgas extensiométricas —sensores que miden la deformación de materiales— en el exterior de la aeronave para obtener datos de campo.

“Muchas empresas aeroespaciales están avanzando hacia la tecnología eVTOL, y el hecho de que tengamos acceso a este vehículo nos permite conectarnos con esas compañías”, afirmó en entrevista con Bay News 9.

Murray expresó su expectativa de que la investigación brinde a los estudiantes experiencia práctica aplicable a la industria y, al mismo tiempo, sirva de referencia para que otros departamentos policiales evalúen la incorporación de esta tecnología a sus propias operaciones.

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Detienen a dos hombres en BCS que viajaron en un buque desde Sinaloa

Dos hombres fueron detenidos en Baja California Sur por elementos de la Policía Estatal Preventiva y elementos de seguridad federal tras arribar en un buque desde el estado de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur informó que los hombres, identificados como Benito “N” y Roberto “N”, de 25 y 19 años de edad. fueron arrestados en el Módulo de Revisión Secundaria luego de arribar en un buque proveniente de Sinaloa.

En el sitio, las autoridades corroboraron que ambos contaban con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado, por lo que procedieron con su detención.

Realizan paro de labores policías municipales de Jiutepec y Totolapan, Morelos: fuerzas federales se despliegan para mantener seguridad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos informó que elementos de la corporación, en colaboración con fuerzas federales, mantienen un despliegue preventivo en Jiutepec para preservar las condiciones de seguridad por la manifestación de la Policía Municipal.

Además, señaló que en Totolapan los elementos de la Policía Municipal alcanzaron un acuerdo y reanudaron sus recorridos de vigilancia.

Capturan a “El Duke”, implicado en el feminicidio de su expareja sentimental y el asesinato de dos personas más en panteón de Sonora

Autoridades de Sonora detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable del feminicidio de su expareja sentimental y del homicidio de otras dos personas en un panteón del área rural de Cajeme¿. El crimen, ocurrido en abril pasado, dejó tres víctimas mientras visitaban la tumba de un familiar.

El detenido, identificado como Carlos Antonio “N”, de 35 años y conocido con el alias de “El Duke”, fue ubicado el 20 de octubre en el cruce de las calles Plutarco Elías Calles y Coahuila, en la colonia Nueva Palmira. Según las investigaciones, es identificado además como integrante de una célula generadora de violencia que opera en la región.

Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2026, cuando Lluvia Daniela “N”, de 21 años; Ramón Francisco “N”, de 24, y Dámaris Paola “N”, de 20, se encontraban en el Panteón del Carmen, ubicado en el ejido La Carabina, mientras visitaban la tumba de un familiar.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, “El Duke” llegó acompañado de otro hombre y confrontó a Lluvia Daniela, con quien había mantenido una relación sentimental que terminó en un contexto de violencia física y agresiones verbales. El sospechoso presuntamente la atacó con un arma blanca y después disparó contra ella y contra Ramón Francisco.

La tercera víctima, Dámaris Paola, intentó escapar entre las tumbas, pero también fue atacada con disparos de arma de fuego y falleció en el lugar. Tras la agresión, los probables responsables huyeron a bordo de un vehículo Nissan March color blanco.

Las líneas de investigación contemplan antecedentes de violencia en la relación sentimental entre el detenido y Lluvia Daniela, así como una posible disputa vinculada con actividades de narcomenudeo.

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Capturan a cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Chiapas: tres son guatemaltecos

Una operación interinstitucional derivó en la detención de cuatro hombres, tres de ellos de nacionalidad guatemalteca, en el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) del municipio de Huixtla, Chiapas. En el operativo se aseguraron varias armas de fuego, cargadores y un vehículo con reporte de robo vigente.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que los cuatro hombres fueron detenidos tras un operativo conjunto entre corporaciones estatales y federales que atendieron un reporte del C5 sobre armamento en el lugar.

De acuerdo con el reporte, la fuerza interinstitucional arribó al lugar y, tras verificar los hechos, detuvo a Bryan “N”, Edie “N” y Axel “N”, de nacionalidad guatemalteca, así como a Ángel “N”, de nacionalidad mexicana; todos manifestaron pertenecer al Cártel del Pacífico.

A los cuatro detenidos les fueron aseguradas varias armas de fuego:

• una carabina calibre 5.56 mm abastecida con un cargador
• Dos cargadores adicionales del mismo calibre
• Una pistola tipo escuadra calibre .380 ACP con su cargador
• Una pistola tipo escuadra calibre 9 mm con cargador del mismo calibre y una tercera pistola tipo escuadra con su respectivo cargador.

Además, se aseguró un vehículo marca Toyota, tipo Hilux, que contaba con reporte de robo vigente.

Detienen a cuatro hombres con drogas y armas en Edomex: uno lesionó a un policía para intentar evitar su arresto

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la Guardia Municipal de Naucalpan, detuvo a cuatro hombres señalados por su probable participación en delitos de portación de arma de fuego, contra la salud y homicidio. Durante el operativo, uno de los detenidos forcejeó con un policía municipal y lo lesionó, por lo que el oficial fue trasladado a un hospital de la zona.

Según la dependencia estatal, en la acción les fueron asegurados 108 envoltorios: ocho contenían hierba verde y seca con características de marihuana, mientras que los 100 restantes presentaban una sustancia granulada con similitudes al cristal.

Durante el recorrido por calles de la colonia San Rafael Chamapa, Primera Sección, en Naucalpan, los uniformados observaron una motocicleta estacionada y, junto a ella, a cuatro individuos que al parecer intercambiaban bolsas de plástico con droga, además de portar posibles armas de fuego.

Tras solicitarles que se detuvieran para realizarles una inspección, los sujetos hicieron caso omiso, lo que derivó en una persecución que culminó metros adelante.

Los detenidos dijeron llamarse Jonathan “N”, de 35 años; José “N”, de 18 años; Osvaldo “N”, de 21 años, y Héctor “N”, de 33 años. Según las primeras indagatorias, los cuatro hombres podrían pertenecer a un grupo delictivo y es probable que estén relacionados con el homicidio de una persona ocurrido el pasado 17 de octubre del año en curso.

Al momento de la detención, Jonathan “N” forcejeó con un elemento de la policía municipal y lo lesionó, por lo que el oficial fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica.

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Procesan a un hombre por violación y trata de personas contra una menor en Oaxaca

Un hombre identificado como A.S.G. fue vinculado a proceso por los delitos de violación equiparada agravada y trata de personas en agravio de una adolescente que, al momento de los hechos, tenía 12 años de edad.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detalló que la víctima residía en un domicilio de la colonia Vicente Guerrero, en Río Grande, región de la Costa, donde el 11 de octubre de 2020 habría sufrido una agresión.

Además, las indagatorias establecen que el 18 de enero de 2021 la adolescente habría sido trasladada por dos personas a un establecimiento de cuartos en renta ubicado en la calle Abasolo, también en Río Grande, donde fue objeto de explotación sexual a cambio de dinero.

Tras tomar conocimiento de los hechos, la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos contra la Mujer por Razón de Género, adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Costa, realizó los actos de investigación correspondientes. Estas diligencias permitieron obtener y ejecutar una orden de aprehensión contra A.S.G., con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

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Dos hombres fueron detenidos en la colonia Portales Norte, en la alcaldía Benito Juárez, luego de que un comerciante de la tercera edad denunciara que pretendían quedarse con su negocio. La intervención estuvo a cargo de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en el marco de las instrucciones giradas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para atender de forma inmediata los casos de despojo que se reporten en la capital.

Operativo de la PBI en Portales Norte

Los policías acudieron a la avenida Municipio Libre tras recibir una solicitud de apoyo ciudadano. En el lugar, un hombre de la tercera edad les informó que dos sujetos se encontraban al interior de su negocio.

El comunicado 2834/2026 de la SSC precisó que los detenidos tienen 42 y 45 años de edad, sin identificarlos por nombre. Un reporte de la Alcaldía Benito Juárez, difundido en el marco de la estrategia Blindar BJ 360º, sí los identificó como Juan Carlos N e Israel N, y detalló que los efectivos acudieron a un llamado por un probable allanamiento en el establecimiento. En el lugar también se identificó al apoderado legal del establecimiento.

Versión del comerciante afectado

De acuerdo con el relato recogido por los oficiales, el ciudadano explicó que había contratado a ambos hombres para realizar trabajos de remodelación en el inmueble. Sin embargo, aseguró que estos presuntamente pretendían quedarse con el establecimiento.

Fue por esa razón que el comerciante solicitó el apoyo de los efectivos de la PBI, quienes acudieron al domicilio y realizaron la detención ante el señalamiento directo del propietario.

El reporte no detalla el tipo de remodelación contratada ni el tiempo que los señalados permanecieron en el inmueble antes de que el propietario presentara la denuncia ante la policía.

Procedimiento ante el Ministerio Público

Según el comunicado de la SSC, los efectivos les solicitaron documentación que acreditaran la posesión del local, la cual ninguno de los dos pudo presentar.

Ante esa situación, los oficiales les informaron sus derechos constitucionales y los trasladaron ante el agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica e iniciará las investigaciones correspondientes.

El comunicado de la Alcaldía Benito Juárez coincide en que las personas señaladas fueron trasladadas a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, con el fin de que esa instancia determine lo conducente y deslinde las responsabilidades legales que correspondan.

Ninguno de los dos documentos oficiales precisa si los detenidos contaban con antecedentes penales ni si enfrentan cargos adicionales derivados de otras denuncias.

Estrategia de la SSC contra el despojo

La SSC señaló que, en coordinación con otras autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, fortalece la atención prioritaria de las denuncias por despojo. La dependencia también indicó que refuerza las acciones de investigación e inteligencia orientadas a identificar a las personas involucradas en este tipo de ilícitos.

Entre los objetivos de esta estrategia se encuentran la prevención de nuevos casos de despojo y la detección de posibles grupos delictivos relacionados con esta actividad, de acuerdo con el comunicado 2834/2026 de la corporación.

La Alcaldía Benito Juárez, por su parte, enmarcó la intervención dentro de la estrategia Blindar BJ 360º, dirigida a frustrar hechos como el allanamiento reportado en la colonia Portales.

Cifras del despojo en la Ciudad de México

Entre enero y septiembre de 2026, la Ciudad de México registró 2 mil 967 denuncias por despojo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La cifra representa un incremento de 2.4% respecto al mismo periodo de 2025.

Junto con el Estado de México, la capital concentra 38% de las denuncias por este delito a nivel nacional. Entre las alcaldías con mayor número de carpetas de investigación destacan Iztapalapa, con 404; Gustavo A. Madero, con 332; y Cuauhtémoc, con 320. Benito Juárez, donde ocurrió la detención reportada por la SSC, acumuló 223 denuncias en el mismo lapso, con un incremento de 14.9% frente al año anterior.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno capitalina informó al Congreso de la Ciudad de México que su Gabinete contra el Despojo dictaminó 2 mil 74 casos, de los cuales 468 correspondieron efectivamente a ese delito. De ese total, se restituyeron 146 inmuebles y se detuvieron 18 casos mediante intervención inmediata durante la comisión del delito.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene alrededor de 34 mil carpetas de investigación por despojo. El secretario de Gobierno, César Cravioto, señaló además que dos de cada tres casos revisados por el gabinete no corresponden finalmente a ese delito.

El operativo estuvo a cargo de la oficina de Deportación y Expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, conocida como ERO Los Angeles. La agencia federal confirmó la detención a través de un video publicado en sus redes sociales, donde narró los detalles del operativo.

Detención en Los Ángeles

De acuerdo con la información difundida por ICE, Cervantes Moctezuma fue capturado en territorio californiano tras ser identificado como fugitivo. La agencia lo describió como un “extranjero ilegal y prófugo” requerido por las autoridades mexicanas.

En el video, antes del operativo, la agencia señaló: “Vamos a ir tras un extranjero indocumentado con antecedentes penales, quien además es buscado en México”. El material audiovisual muestra el momento previo a la intervención, con sonidos de una puerta que se abre, murmullos de fondo y una puerta que se cierra. Una vez concretado el arresto, ICE indicó en el mismo video lograron “detenerlo sin incidentes”.

La búsqueda por el presunto secuestro

Según detalló ICE en el video, el secuestro de la menor ocurrió en 2018, cuando Cervantes Moctezuma la habría separado del lado de su madre. La agencia precisó: “En 2018, secuestró a su hija, arrebatándosela a la madre, quien tiene la custodia legal exclusiva”.

El comunicado no detalla las circunstancias específicas en las que se produjo el traslado de la niña desde México hacia Estados Unidos, ni el tiempo que transcurrió hasta su localización.

Reencuentro de la menor con su madre

ICE explicó en el video que la operación contó con la colaboración de una unidad especializada del FBI. La agencia señaló antes del arresto: “Con la colaboración de la Unidad contra la Trata de Personas del FBI, vamos a lograr que la menor se reúna nuevamente con su madre”.

Tras la detención del hombre, la agencia confirmó: “Nuestra unidad de menores, con el apoyo del grupo de trabajo contra la trata de personas del FBI, se hizo cargo de la pequeña; en este momento, ella ya va camino a reencontrarse con su madre”. La reunificación fue presentada como el resultado directo del operativo.

Proceso migratorio en curso

Tras su arresto, Cervantes Moctezuma quedó sujeto a un proceso de expulsión (removal proceedings) dentro del sistema migratorio estadounidense. En el video, la agencia indicó: “Al individuo detenido lo trasladaremos a nuestras oficinas para iniciar los trámites correspondientes a su proceso de deportación”.

ICE precisó además que este procedimiento administrativo es independiente de cualquier proceso penal que el hombre pudiera enfrentar en México por los hechos que se le atribuyen. Tampoco se informó si existe una solicitud formal de extradición por parte de las autoridades mexicanas hacia Estados Unidos.

Difusión del caso

La captura de Cervantes Moctezuma se enmarca en las labores de control migratorio y localización de personas buscadas que desarrolla ICE en distintas regiones de Estados Unidos. La oficina de Los Ángeles fue la encargada de difundir el caso mediante un video acompañado de música instrumental, en el que narró el antes y el después del operativo.

Hasta el momento, no se conocen declaraciones adicionales de las autoridades mexicanas sobre el expediente judicial que originó la búsqueda de Cervantes Moctezuma, ni detalles sobre el estado procesal del caso en territorio mexicano.

Marco legal sobre sustracción de menores en México

En México, un caso como el de Daniel Cervantes Moctezuma se enmarcaría dentro del delito de sustracción, retención u ocultamiento de menores, figura distinta del secuestro con fines de rescate o extorsión, que se regula por separado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Esta última ley, vigente con reformas hasta 2021, establece penas de entre 40 y 80 años de prisión para quien prive de la libertad a una persona con el propósito de obtener rescate, usarla como rehén o causarle daño; esa normativa no es la que aplicaría directamente a un caso de sustracción parental sin fines de rescate.

Un documento publicado en la Gaceta Parlamentaria en marzo de 2026 contiene un articulado específico sobre retención y sustracción de menores por parte de familiares, aunque no fue posible confirmar con las fuentes disponibles si ese texto corresponde a una ley ya promulgada o a una iniciativa de reforma todavía en discusión legislativa. Según ese documento, cuando un padre o madre que no tiene la guarda y custodia legal retiene, sustrae u oculta a un menor, la pena prevista sería de dos a seis años de prisión, además de una multa de entre mil y 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), con un atenuante si el responsable devuelve voluntariamente al menor dentro de los cinco días siguientes.

El mismo texto incluye un agravante relevante para un caso como el difundido por ICE: cuando el padre o la madre, sin tener la guarda y custodia, traslada al menor fuera del territorio nacional, las penas se incrementarían en una mitad. Más allá del estatus de esa iniciativa, existe un antecedente judicial confirmado: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2014 que el delito de sustracción de menores cometido por un progenitor sin custodia es constitucional y resulta acorde con el principio de interés superior del menor, al proteger a los menores de los daños derivados de disputas entre padres separados.

De manera general, este tipo de delitos contra la custodia familiar suele perseguirse por querella de la parte ofendida, es decir, requiere que la persona con la custodia legal presente la denuncia correspondiente ante las autoridades para que se inicie el proceso penal.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un inmueble en el municipio de Apodaca, Nuevo León, luego de ejecutar una orden de cateo que permitió hallar una excavación tipo túnel a pocos metros de un paso de ductos de Pemex. El operativo se enmarca en una investigación por la probable comisión de delitos en materia de hidrocarburos.

La diligencia se realizó con base en una orden librada por un juez de control, como parte de las indagatorias abiertas por la presunta comisión de delitos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Durante la inspección del predio, personal de la FGR documentó las características del túnel y procedió al aseguramiento del inmueble.

Dimensiones y ubicación del túnel

Durante la inspección, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), localizaron la excavación tipo túnel dentro del predio catado.

Las dimensiones registradas por la autoridad fueron de 4.75 metros de largo, 1.60 metros de ancho y 1.47 metros de alto. Se trata de una estructura subterránea de proporciones reducidas, apenas suficiente para el desplazamiento de una persona en su interior.

El dato que la FGR destacó como relevante para la investigación es la distancia entre la excavación y la infraestructura petrolera: el túnel se encuentra a 20 metros de un paso de los ductos de Pemex. Esa cercanía es el elemento que vincula el hallazgo con la probable comisión de delitos en materia de hidrocarburos, categoría bajo la cual se abrió la carpeta de investigación.

La diligencia de cateo se llevó a cabo en un predio ubicado sobre una brecha dentro de la colonia Cosmópolis, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Participación de corporaciones policiales

En la ejecución del cateo participaron elementos de la Policía Municipal de Apodaca, quienes brindaron la seguridad respectiva durante el desarrollo de la diligencia. Esta corporación acompañó a los agentes federales de la PFM-AIC, encargados de la inspección técnica del predio y del registro del hallazgo.

La coordinación entre autoridades federales y municipales se circunscribió, de acuerdo con lo informado, a labores de resguardo del perímetro durante el operativo, mientras el personal de la AIC realizaba las tareas de verificación y documentación del túnel localizado.

Aseguramiento del predio y seguimiento judicial

Al concluir la diligencia, el predio fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León.

Esta instancia del MPF es la encargada de continuar con la integración de la investigación correspondiente, con el objetivo de determinar responsabilidades sobre quien o quienes resulten vinculados con los hechos que motivaron la orden de cateo.

Así operan los túneles usados para robar combustible

Los llamados “huachituneles” son excavaciones construidas desde predios privados para alcanzar ductos de Pemex sin ser detectados en superficie.

El proceso comienza con una fase de inteligencia previa: exempleados de Pemex, contratistas o informantes identifican el punto exacto del ducto, el tipo de hidrocarburo que transporta y los horarios de vigilancia.

Después, brigadas de entre 5 y 30 personas excavan de forma nocturna, generalmente entre la 1:00 y las 4:00 horas, con brocas industriales y herramienta especializada. Una vez que el túnel conecta con el ducto, se instalan válvulas y mangueras de alta presión para extraer el combustible sin que caiga la presión de la tubería, lo que podría alertar a Pemex.

El hidrocarburo extraído se traslada a pipas, tinacos o bidones, y de ahí a bodegas clandestinas en ranchos, predios o inmuebles urbanos. En casos de mayor escala, como el túnel hallado en Santa Catarina, Nuevo León, la estructura puede operar como una terminal paralela de extracción, almacenamiento y distribución, con conexiones soldadas directamente al ducto.

Pemex reportó 11 mil 774 tomas clandestinas en sus ductos durante 2024, y datos oficiales indican más de 70 mil tomas registradas entre diciembre de 2018 y octubre de 2024.

Qué dice la ley sobre el robo de hidrocarburos

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos tipifica como delito la sustracción de combustible de ductos, vehículos, equipos o instalaciones sin derecho ni consentimiento de quien puede disponer de ellos legalmente, según el texto vigente de la norma.

El artículo 8 de la ley establece una pena base de 20 a 30 años de prisión y multa de entre 20 mil y 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización para quien sustraiga o aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de forma ilegal.

La sanción varía según el volumen sustraído. Cuando la cantidad es menor o equivalente a 300 litros, la pena va de 4 a 6 años de prisión; si es igual o mayor a 2 mil litros, la condena puede alcanzar de 12 a 17 años, de acuerdo con la escala establecida en la propia ley.

La norma también castiga conductas relacionadas con el financiamiento de estas actividades. El artículo 18 prevé de 17 a 25 años de prisión para quien aporte o recaude fondos a sabiendas de que serán utilizados para cometer delitos tipificados en la ley, mientras que el artículo 19 sanciona con 10 a 14 años a quien recurra a la violencia o intimidación para facilitar estas conductas.

Las penas se incrementan hasta en una mitad cuando el responsable es o fue trabajador de la industria petrolera, prestador de servicios para asignatarios, contratistas o permisionarios, o servidor público vinculado al sector, conforme a lo dispuesto por la legislación.

El operativo se desarrolló en dos municipios del estado y contó con la participación de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Detención del director de Momax por facilitación delictiva

La primera intervención ocurrió en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, donde se ejecutó una orden de cateo. Como resultado, fueron detenidos Cecilia “N” y José Miguel “N”, este último director de Seguridad Pública del municipio de Momax.

José Miguel “N” era investigado por su probable participación en el delito de facilitación delictiva y contaba con un mandamiento judicial en su contra. Durante el cateo se aseguraron una granada de fragmentación, cargadores, cartuchos y sustancias con características de narcótico.

Director de Río Grande, señalado por secuestro y extorsión

La segunda intervención tuvo lugar en el municipio de Río Grande, donde se realizaron dos operaciones simultáneas. La primera permitió cumplimentar una orden de aprehensión contra José Alonso “N”, director de Seguridad Pública de ese municipio.

Posteriormente se ejecutó una orden de cateo que derivó en la detención de Raúl “N”. Ambos detenidos son investigados por su probable participación en los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada, cometidos en perjuicio de productores del sector ganadero de la región.

El caso de Río Grande se suma a una serie de detenciones de mandos policiales municipales registradas en Zacatecas durante este año, como la captura en agosto del director de Seguridad Pública de Juchipila, también por secuestro agravado, y la del entonces jefe policiaco de Tlaltenango en febrero, por el mismo delito.

Aseguramientos durante los cateos

Durante la intervención realizada en Tlaltenango de Sánchez Román, los elementos participantes aseguraron una granada de fragmentación, además de cargadores, cartuchos útiles y sustancias con características de narcótico. El material fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

En el caso de Río Grande, el comunicado de la FGJEZ no detalló aseguramientos específicos vinculados a la operación contra José Alonso “N” y Raúl “N”, más allá de las detenciones y la vinculación de ambos con los delitos de secuestro y extorsión agravados.

Coordinación institucional y mesa de seguridad

Las cuatro detenciones se enmarcan en un esquema de trabajo conjunto entre instancias federales y estatales. Participaron en el operativo Defensamx, la SSPC, la Guardia Nacional, la FGR, el CNI, la FGJEZ y la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.

La Fiscalía estatal señaló que las acciones representan un avance en el combate a la delincuencia y a la impunidad. La institución refrendó su compromiso de mantener una coordinación permanente con las instancias federales y estatales de seguridad.

De acuerdo con el comunicado, este esquema de colaboración busca fortalecer el Estado de derecho y contribuir a la construcción de paz y convivencia social en la entidad.

Antecedentes de funcionarios policiales detenidos en Zacatecas

El caso se inscribe en un patrón que han documentado medios locales a lo largo de 2026. En agosto, el fiscal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó la detención de un director de Seguridad Pública de Juchipila junto con un elemento policial, por su probable participación en un secuestro agravado.

El funcionario detenido fue identificado como Pedro Humberto de la Cruz Balvanera, mientras que el elemento activo fue señalado como “Marco N”. En esa misma ocasión, el fiscal mencionó otros antecedentes de servidores públicos municipales vinculados a investigaciones por delitos graves, entre ellos el caso de Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango, detenido en febrero por secuestro agravado, y el de un exagente de Teúl de González Ortega, señalado por extorsión, cohecho y asociación delictuosa.

Las autoridades estatales no descartaron en ese momento que continuarían las acciones contra servidores públicos municipales, aunque evitaron proporcionar detalles sobre nuevas órdenes de aprehensión para no afectar las investigaciones en curso.

Los abogados de las familias de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, presentaron ante un juez adscrito al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte una solicitud para fijar fecha y hora de una audiencia de control contra omisiones, negligencias y determinaciones del Ministerio Público en agravio de las víctimas.

La solicitud, encabezada por el abogado Odracir Espinoza, fue dada a conocer públicamente por las familias tras las detenciones recientes de presuntos responsables del secuestro y homicidio de los trabajadores, ocurrido el 23 de enero en el municipio sinaloense.

La solicitud de audiencia de control

Las familias informaron que la petición busca que un juez federal revise las omisiones y negligencias que, a su juicio, ha cometido el Ministerio Público durante la investigación del caso.

La audiencia de control es el mecanismo judicial mediante el cual las víctimas pueden exigir que un juez revise el desempeño de la autoridad investigadora cuando consideran que existen fallas u omisiones en el proceso. En el caso Concordia, las familias de los mineros recurrieron a esta vía ante la falta de información sobre los avances tras las últimas detenciones vinculadas al secuestro de sus familiares.

La petición se suma a los reclamos previos de la representación legal, que había solicitado a la FGR un informe sobre todas las detenciones relevantes realizadas en la zona desde el inicio de la investigación.

El reclamo a SSPC y FGR tras las detenciones

La solicitud de audiencia de control se presentó después de que las autoridades informaran la detención de Jesús Abraham García Perales, alias “El Talibán”, y cuatro presuntos integrantes más de una célula delictiva vinculada a Los Chapitos, en los municipios de El Rosario y Mazatlán, Sinaloa.

Las familias pidieron a Omar García Harfuch, titular de la SSPC, y a Ernestina Godoy, fiscal general de la República, realizar un esfuerzo adicional para obtener testimonios de los detenidos que ayuden a esclarecer los hechos.

A ocho meses del secuestro y tras la detención de al menos 11 personas vinculadas al caso, según las propias autoridades, las familias consideran imposible que no exista mayor información sobre lo ocurrido el día del hecho, la intervención del grupo criminal y la responsabilidad de Vizsla Silver en la seguridad de sus trabajadores.

Los familiares reconocieron en comunicados anteriores las acciones realizadas por la SSPC, la FGR y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Sin embargo, expresaron un reclamo puntual por la falta de información sobre los posibles testimonios de los detenidos.

Las detenciones vinculadas al caso Concordia

De acuerdo con información oficial, las capturas de “El Talibán” y los otros cuatro presuntos integrantes de la célula criminal se realizaron el 16 y el 17 de octubre mediante dos operativos de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y la Guardia Nacional.

En las acciones participaron también la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a partir de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Sedena.

Los cuatro detenidos en El Rosario formaban parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, identificado como jefe regional de la facción de Los Chapitos en el sur de Sinaloa. “El Talibán” fue señalado como persona de confianza de Juan Benito “N”, alias “Beny 17”, también jefe regional de esa facción.

Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra “El Talibán” por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá en los próximos días. Los detenidos quedaron a disposición de la FGR, con sede en Culiacán.

El paradero de Francisco Antonio Esparza Yáñez

Pese a las detenciones realizadas en los últimos meses, continúa sin conocerse el paradero del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, el único de los diez trabajadores que no ha sido localizado desde el secuestro.

Las familias insistieron en que las autoridades aún no han precisado si los detenidos aportaron información relacionada con la ubicación de Esparza Yáñez durante los interrogatorios.

Pendientes con Vizsla Silver

Las familias reiteraron su solicitud para que Vizsla Silver entregue documentos, bitácoras, protocolos de riesgo, registros de GPS y filmaciones de cámaras de vigilancia que ayuden a dilucidar lo ocurrido el día del secuestro.

Hasta el momento, según han señalado los representantes legales, la empresa minera canadiense no ha comparecido para proporcionar estos elementos en los términos requeridos por la investigación.

Antecedentes del caso

El secuestro de los diez trabajadores ocurrió la madrugada del 23 de enero, cuando un comando armado irrumpió en el campamento La Clementina, en el poblado de Pánuco, municipio de Concordia, donde Vizsla Silver alojaba a personal del proyecto minero Pánuco.

El 5 de febrero, las autoridades localizaron una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, a unos 19 kilómetros de Concordia, donde comenzaron a aparecer los primeros cuerpos. El proceso de identificación se extendió durante meses: para el 6 de abril, Vizsla Silver confirmó que nueve de los diez trabajadores habían sido hallados sin vida.

Las autoridades mexicanas atribuyeron el ataque a una célula de Los Chapitos que, según la versión oficial difundida en su momento por García Harfuch, habría confundido a los mineros con integrantes del grupo rival Los Mayos. Las familias han cuestionado esa versión y sostienen que el motivo del secuestro todavía no tiene una explicación oficial completa.

Entre enero de 2025 y enero de 2026 se registraron aproximadamente 12 incidentes de distinta naturaleza en la región de Concordia. En abril de 2025, Vizsla Silver había suspendido temporalmente actividades de campo por condiciones de inseguridad, antes de que los trabajadores regresaran al campamento.

Inocencio Irizar Salazar fue sentenciado a 210 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y feminicidio en agravio de 15 personas, luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) presentara los elementos probatorios del caso ante un juez. El hecho, conocido como la masacre de Huazantlán del Río, ocurrió en junio de 2020 en el Istmo de Tehuantepec.

La resolución se suma a otra condena dictada en 2023 contra tres personas distintas por el mismo crimen, de acuerdo con registros judiciales.

La sentencia y la reparación del daño

Durante la audiencia de lectura de sentencia, la autoridad judicial impuso a Inocencio R.S. la pena de 210 años de prisión por homicidio calificado y feminicidio en agravio de las 15 víctimas, según informó la FGEO.

A más de seis años de la masacre, el fallo también estableció el pago de 6,516,000 pesos por concepto de reparación del daño, más una multa adicional de 86 mil 880 pesos, de acuerdo con el comunicado oficial de la FGEO.

Los hechos del 21 de junio de 2020

De acuerdo con el expediente del caso, el ataque ocurrió la tarde del 21 de junio de 2020 en la agencia municipal de Huazantlán del Río, perteneciente al municipio de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec.

Un grupo de personas que mantenía un plantón civil en el corredor de la agencia fue rodeado por una multitud armada con piedras, palos y tubos, que ingresó de forma violenta a las instalaciones, según el comunicado de la FGEO.

Las 15 víctimas murieron a consecuencia de múltiples golpes y quemaduras. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo en su recomendación 54VG/2022, que las víctimas “fueron golpeadas, apedreadas, les arrojaron blocks de concreto” y que sus cuerpos fueron incinerados posteriormente.

Dicha agresión comenzó la tarde del domingo 21 de junio y continuó hasta la madrugada del lunes siguiente, cuando se registró el ataque de mayor letalidad. Entre las víctimas hubo 13 hombres y dos mujeres.

El conflicto previo en San Mateo del Mar

El ataque se dio en medio de un conflicto político y electoral que escaló desde octubre de 2019, cuando las comunidades de San Mateo del Mar desconocieron el proceso municipal.

Los sobrevivientes acusaron al agente municipal de Huazantlán del Río, José Luis Chávez Salinas, y a una célula del crimen organizado de haber perpetrado las agresiones y torturas contra las víctimas.

El ataque del 21 de junio no habría sido el primero: el 2 de mayo de ese año ya se había registrado una agresión armada contra el mismo plantón y un puesto sanitario en la zona.

La recomendación DDGGH/125/22 de la CNDH documentó que personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se encontraba presente durante los hechos del 21 de junio sin intervenir.

Antecedentes judiciales de la causa

Esta no es la primera sentencia condenatoria dictada en el marco del caso. En diciembre de 2023, el Juzgado de Control de Tanivet ya había impuesto una condena de 210 años de prisión contra tres personas distintas: José Luis C.S., Gualterio E.A. y Flavio S.S., por los mismos delitos de homicidio calificado con ventaja y feminicidio en agravio de las 15 víctimas. La causa penal identificada con el número 206/2020 acusa a 161 personas por los delitos de feminicidio y homicidio doloso derivados de este caso.

El reclamo vigente de las familias de las víctimas

El 20 de octubre de 2026, integrantes del Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la Masacre de San Mateo del Mar se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca.

El comité reconoció la sentencia dictada contra el acusado, pero advirtió que la justicia sigue incompleta mientras existan órdenes de aprehensión pendientes contra otros responsables que permanecen prófugos.

Entre los nombres señalados por la organización como presuntos responsables aún no detenidos están Raúl Rangel González, expresidente municipal de San Mateo del Mar, y Camerino Dávalos Larrínzar, de acuerdo con el pronunciamiento difundido por el comité.