La privación de la libertad de una persona en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, activó este 11 de mayo un operativo que terminó con el abatimiento de un civil y la muerte de la víctima, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en un comunicado.

Todo comenzó cuando autoridades recibieron un reporte telefónico por el crimen, lo que movilizó al Grupo Interinstitucional y desencadenó una persecución que se extendió desde la Calzada Aeropuerto hasta la colonia San Javier.

En la zona donde concluyó el operativo se registró una agresión armada contra las fuerzas de seguridad. Las autoridades lograron reducir a uno de los agresores y detuvieron a una persona vinculada al incidente.

De acuerdo con la SSP Sinaloa, la persona privada de la libertad fue ultimada por sus captores en el lugar de los hechos.

Hasta el cierre de esta nota, otro probable responsable continuaba prófugo, por lo que se montó un operativo para detenerlo.

Autoridades mantienen búsqueda y piden colaboración ciudadana

La SSP Sinaloa informó que se mantiene un operativo de búsqueda en la zona para localizar al probable responsable que logró escapar. La dependencia exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y seguir las recomendaciones oficiales en el área de San Javier y sus alrededores.

Reportes de medios locales indican que en el sitio sobrevuela un helicóptero de fuerzas federales para apoyar en la localización del sujeto prófugo. Además, fotografías difundidas por Desierta Sinaloa Noticias muestran que en el sitio de la balacera hay presencia del Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque el comunicado estatal solo refirió la intervención de un Grupo Interinstitucional sin detallar las corporaciones involucradas.

Las líneas de emergencia 911 están habilitadas para reportar información relevante sobre el caso. Asimismo, la SSP Sinaloa recordó a la población que el 089 está disponible para recibir denuncias anónimas.

El comunicado oficial hizo énfasis en la importancia de atender las indicaciones de las autoridades, dadas las condiciones de riesgo y la presencia de operativos activos en la zona donde ocurrieron los hechos.

En 2026, FGE Sinaloa registra 6 secuestros y 731 homicidios dolosos

De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, entre enero y el 1 de mayo de 2026 se han registrado 6 secuestros y 731 homicidios dolosos en la entidad. Los datos corresponden a la estadística actualizada y publicada en su sitio oficial.

En el caso de secuestros, el registro mensual muestra 1 caso en enero, 2 en febrero, 2 en marzo y 1 en abril, sin reportes durante mayo. Esta cifra implica una reducción del 50% en comparación con el año anterior, de acuerdo con el promedio diario reportado por la dependencia.

Respecto a los homicidios dolosos, el acumulado de 2026 suma 180 casos en enero, 186 en febrero, 160 en marzo y 205 en abril. El total hasta la fecha, asciende a 731 víctimas.

Desde la detención y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades de Estados Unidos, ocurrida el 25 de julio de 2024 tras un secuestro orquestado por miembros del propio Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”, la violencia en el estado se incrementó drásticamente.

El episodio derivó en una ruptura interna y el inicio de una guerra abierta entre la facción de los hijos de “El Chapo Guzmán” y “Los Mayos”, grupo comandado por el hijo de Zambada, conocido como “El Mayito Flaco”.

El aumento de enfrentamientos y homicidios comenzó formalmente en septiembre de 2024, cuando la disputa por el control de la organización criminal se tradujo en ataques armados, ejecuciones y un alza en los homicidios, además del desplazamiento de miles de familias.

El 28 de mayo de 2025, el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo en Villa Canales marcó un nuevo capítulo en los crímenes de alto impacto en Guatemala.

Según información retomada de La Hora GT, ese día, Julio había modificado su rutina habitual con motivo del cumpleaños de su hija mayor. Las primeras horas transcurrieron dentro de la normalidad, hasta que, cerca de las nueve de la mañana, el odontólogo ingresó a un centro comercial en la ruta a El Salvador, sin sospechar que había sido vigilado y seguido.

De acuerdo con la investigación presentada por el Ministerio Público (MP), la mañana del secuestro, Julio salió de su residencia y fue interceptado por tres vehículos que ya lo vigilaban desde el parqueo de un restaurante de comida rápida.

La Hora GT detalló que los secuestradores se habían reunido previamente en ese lugar para coordinar el operativo. Entre los implicados identificados por las autoridades figura Julio Alejandro G., quien habría facilitado el uso de los automóviles y cuyo vínculo personal con la víctima permitió anticipar sus movimientos.

Las cámaras de seguridad que reconstruyeron el secuestro

Las cámaras de seguridad del centro comercial registraron la llegada de Julio y, minutos después, su salida junto a uno de los vehículos que lo perseguía. Los registros muestran cómo el odontólogo fue seguido por una Toyota Tundra, una Ford Explorer y un Jeep Compass, los mismos automotores observados en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida, según La Hora GT.

Los vehículos mantuvieron el seguimiento durante aproximadamente 8 kilómetros, hasta el cruce de la carretera El Salvador hacia la aldea El Jocotillo, punto donde se perdió la señal de las cámaras urbanas.

El análisis de los videos de seguridad, presentado por la Fiscalía en audiencias, permitieron rastrear la secuencia de los hechos. Se observa cómo los automóviles de los secuestradores se adelantan al de la víctima y lo obligan a detenerse en un paraje sin vigilancia, utilizando como señuelo una supuesta falla mecánica. Según La Hora GT, en ese tramo sin cámaras, Julio habría sido privado de su libertad, lo que explicaría la ausencia de imágenes posteriores tanto de su vehículo como de los de los perpetradores.

Los minutos posteriores resultaron decisivos para la investigación. En el trayecto de regreso hacia la capital, cámaras adicionales captaron el paso de la Toyota Tundra y la Ford Explorer en dirección a la ciudad de Guatemala, seguidos poco después por el vehículo de la víctima.

Uno de los elementos clave fue la localización del pickup de Julio en la entrada del condominio Arrazola, donde fue abandonado. La Hora GT reportó que las cámaras de seguridad documentaron el momento en que una persona descendía del automóvil y abordaba el Jeep Compass, cerrando así el recorrido registrado por las autoridades.

Un rescate fallido

La desaparición del odontólogo fue confirmada cuando la hermana de la víctima, alertada por su ausencia, localizó el vehículo y buscó asistencia de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las llamadas de los secuestradores no tardaron en llegar: exigieron un rescate de Q5 millones, cifra que coincidía con el valor de un terreno que Julio planeaba vender en El Jocotillo. Pese a la entrega de parte del dinero, la familia no obtuvo la liberación del profesional, cuyo paradero sigue siendo desconocido hasta la fecha, como relata La Hora GT.

El Ministerio Público presentó una serie de pruebas, entre ellas escuchas telefónicas y fotogramas de videovigilancia, que refuerzan la hipótesis de un secuestro planificado y ejecutado con información privilegiada sobre la rutina de la víctima. La investigación permitió identificar a cinco implicados: Julio Alejandro Girón C., Carlos Antonio G., Juan Ubaldo T., Juan Oswaldo T. y Paola Isabel D., todos vinculados formalmente al proceso penal por plagio o secuestro.

El proceso judicial avanza mientras el paradero de Julio sigue sin resolverse

Durante las audiencias, se revelaron grabaciones que documentan el seguimiento y la coordinación entre los secuestradores antes y durante la ejecución del delito. La Hora GT subrayó que uno de los elementos más impactantes fue la última comunicación de la víctima registrada por WhatsApp, en la que un hombre le ordena que siga conduciendo y, segundos después, la llamada se interrumpe.

El proceso judicial continúa en etapa intermedia, con la expectativa de que las pruebas presentadas por el Ministerio Público permitan avanzar hacia un juicio formal.

Según el reporte de La Hora GT, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el destino de Julio, mientras la familia y la sociedad guatemalteca exigen justicia en un caso que ha expuesto los riesgos que enfrentan los profesionales en el país.

El secuestro de Edyleni Mercedes Martínez Liriano ocurrió la madrugada del 5 de mayo, cuando tres hombres bloquearon la salida del área de parqueo de su residencia. Imágenes de cámaras de vigilancia confirmaron que varios desconocidos armados interceptaron a la víctima al salir de su vivienda, la forzaron a abandonar su vehículo y la introdujeron en una yipeta blanca, según reportes de la Policía dominicana.

Tras el hecho, los secuestradores establecieron comunicación telefónica con los familiares de la víctima con fines económicos, mientras las autoridades intensificaron las labores de búsqueda e inteligencia. El trabajo coordinado fue liderado por el Departamento Operativo II Antisecuestros y Extorsiones, que contó con el respaldo de distintas unidades especializadas del ente policial y la supervisión directa del Ministerio Público.

De acuerdo con la postura oficial, el análisis de evidencias, labores de inteligencia y el uso de herramientas tecnológicas permitieron identificar rápidamente el vehículo utilizado en el secuestro. Esta pista resultó clave para ubicarlo y detener a dos de los implicados en la avenida Las Américas, dentro del sector Los Frailes, en Santo Domingo Este.

Los detenidos, Delvar P., de nacionalidad haitiana, y Noel J., figuran como presuntos participantes en la logística del secuestro, incluidos el uso y el intercambio del vehículo implicado, según la investigación en curso. Un tercer captor fue arrestado más adelante, mientras que otros dos sospechosos permanecen identificados por las autoridades, entre ellos un empleado vinculado al padre de la víctima, de acuerdo con lo comunicado hecho por la Policía Nacional.

Reserva de información para proteger la investigación

Las fuentes oficiales consultadas subrayaron que la rápida localización y el rescate de la víctima se debieron a la integración de diversas capacidades técnicas y operativas, aunque se reservaron detalles específicos sobre los mecanismos empleados. El ente policial enfatizó que la reserva de ciertos datos obedece a la protección tanto de la investigación como de la integridad de las personas implicadas.

Durante la operación, los agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y representantes del Ministerio Público ejecutaron el rescate en una zona boscosa de Sabana Perdida, logrando sacar a Edyleni ilesa pocas horas después, según confirmaron agentes policiales.

La Policía Nacional reiteró su compromiso en la lucha contra el secuestro y la extorsión, y recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo. Las autoridades comunicaron que ofrecerán más información conforme avancen las pesquisas, manteniendo la reserva sobre detalles que puedan comprometer la investigación en curso.

“Según las investigaciones, el rapto habría sido planificado con fines económicos por el prófugo ´Alex, quien es empleado del padre de la mujer rescatada, ya que este es comerciante. Asimismo, fueron detenidas dos personas para fines de investigación, vinculadas familiarmente a uno de los principales sospechosos", expresa la nota.

Alicia Isabel Godoy, una mujer de 38 años que fue secuestrada el pasado 4 de abril en su casa de la zona sur de Rosario luego de haber contraído una deuda con transeros del barrio debido a su consumo problemático de droga, fue hallada en buen estado de salud. Fue sometida a estudios médicos, ya que se detectaron algunas lesiones, y por disposición de la fiscal Paula Barros interviene un equipo interdisciplinario.

La rosarina se presentó este martes por la noche ante la Estación Policial situada en Iriondo y Lácar, en el sudoeste de la ciudad. Desde allí se dio aviso al Ministerio Público de la Acusación, que ordenó una revisión médica y que sea trasladada momentáneamente a la comisaría 21ª para poder ser entrevistada.

La situación de la mujer es delicada. Tiene consumo problemático de estupefacientes y, por las averiguaciones llevadas a cabo por la fiscal Barros, también vendía drogas para presuntos dealers de la zona de Flammarion al 4900, donde tiene domicilio.

Por el rapto de Alicia hay tres personas imputadas y en prisión preventiva efectiva por cuatro meses: Ana Laura Salinas, María Belén “La Pelada” Salinas y Gastón D’Agostino. Son quienes, a criterio de la fiscal, secuestraron a Godoy en su casa y la retuvieron en contra de su voluntad hasta al menos el 8 de abril en una propiedad de Vuelta de Obligado al 4900.

La familia de la mujer realizó dos transferencias por un monto de 50 mil pesos y entregó una Venzo rodado 29 a los presuntos secuestradores, que habían pedido un rescate de 150 mil pesos a través de un cartel que le habían tirado debajo de la puerta de su casa. Las cuentas que recibieron el dinero estaban a nombre de María Belén y Ana Laura Salinas.

Desde el 4 de abril a la fecha, la brigada de paraderos de la Policía de Investigaciones realizó un total de 15 allanamientos, rastrillajes con perros y luminol, relevamiento de cámaras de videovigilancia, recorridas con drones y toma de testimonios.

Lo curioso es que el domingo pasado, en horas de la madrugada, la Policía localizó a Godoy en Laguna del Desierto y Crespo, en el distrito sudoeste de Rosario, y la llevó hasta la casa de un familiar que, según consta en las actuaciones, se negó a recibirla. Es por eso que la trasladaron luego hasta la comisaría 21ª por unas horas.

En la acusación que formuló la fiscal sobre el caso también incluyó el narcomenudeo al que se dedicarían las personas imputadas. Según los indicios recolectados, por lo menos se hallaron evidencias que comercializaban drogas desde marzo pasado en la zona sur de la ciudad con roles definidos.

La jueza Luciana Vallarella que estuvo a cargo de la audiencia, al cabo de la imputación, modificó la calificación legal de la causa: la pasó de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas a extorsión.

Un juez sentenció a Jorge Carlos “N”, exrector de una universidad en el sur de Guanajuato, a 50 años de prisión tras ser hallado responsable como autor intelectual del secuestro agravado de una persona en el municipio de Moroleón.

La determinación incluyó una multa económica y la obligación de reparar integralmente el daño, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, emitida este 5 de mayo.

Así fue el secuestro en Moroleón

La víctima fue privada de la libertad en agosto de 2023 a las afueras de una institución educativa. Las investigaciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro establecieron que el exrector planeó el delito y contrató a terceros para ejecutarlo.

El móvil fue una disputa de bienes, ya que el sentenciado buscó que el padre de la víctima firmara documentos legales a su favor bajo amenazas directas a su familia.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato señaló que, después del desahogo de pruebas en juicio oral, el tribunal dictó la sentencia máxima para este tipo de delitos.

La FGE destacó la solidez de las pruebas presentadas y la intervención de investigadores especializados en secuestro para conocer a detalle la operación en el crimen.

Autoridades no detallaron qué sucedió con la víctima del crimen ni la fecha de captura del exrector. Además, reservaron el nombre de la institución educativa donde se desempeñaba Jorge Carlos “N” .

Asimismo, el comunicado oficial reiteró el compromiso del ministerio público estatal para combatir el secuestro y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la libertad y seguridad de las familias en la entidad.

El caso de Jorge Carlos “N” marca uno de los fallos más severos emitidos en la región por delitos de esta naturaleza.

“Con resultados firmes y sustentados en investigación especializada, la Fiscalía de Guanajuato reafirma su compromiso de combatir el secuestro y llevar ante la justicia a quienes atentan contra la libertad y la seguridad de las familias guanajuatenses”, afirmó la institución luego de dar a conocer la sentencia obtenida.

Casos similares en la entidad

En Guanajuato, los tribunales han dictado sentencias ejemplares en casos recientes de secuestro agravado, como parte de una estrategia para combatir este delito de alto impacto. Además del fallo contra el exrector de una universidad del sur del estado, destaca la condena de 50 años de prisión para Manuel “N”, conocido como “El Manotas”, declarado culpable por el secuestro de dos personas en el fraccionamiento El Molino, en Irapuato, durante marzo de 2022.

La investigación señala que un grupo armado, bajo la coordinación de “El Manotas”, interceptó a las víctimas cuando transitaban por el fraccionamiento y las retuvo en contra de su voluntad. Durante el cautiverio, Manuel “N” tomó el control de las negociaciones con la familia de los secuestrados, realizando llamadas para exigir una suma de dinero a cambio de la libertad de las personas.

La Fiscalía estableció que, además de planear el secuestro, participó directamente en la logística y en la distribución de tareas entre los implicados.

El tribunal valoró pruebas como grabaciones de llamadas, testimonios de las víctimas y rastreo de movimientos financieros para acreditar la responsabilidad del sentenciado.

La sentencia incluyó, además de la pena privativa de libertad, una multa económica, la reparación integral del daño, la devolución del dinero pagado como rescate y una compensación por el daño psicológico provocado a las víctimas y sus familias. Casos como este y el del exrector muestran la respuesta judicial ante el secuestro en la entidad.

La detención de ‘Calolo’, identificado como uno de los sicarios más peligrosos de Honduras, marca un nuevo paso en la investigación por el asesinato del pastor óscar Núñez. La Policía Nacional realizó el arresto en el municipio de Marale, Francisco Morazán, donde el sospechoso intentaba evitar la acción de las autoridades.

Los responsables del caso sostienen que ‘Calolo’ habría estado directamente involucrado en el secuestro del pastor, etapa previa al homicidio. El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, señaló que el detenido es miembro activo del denominado ‘Cartel del Diablo’, una organización que, según las investigaciones, replica métodos del crimen organizado mexicano y cuenta con al menos 12 integrantes y una red de colaboradores en distintas regiones del país.

La muerte del pastor ha generado una amplia reacción en la opinión pública y ha intensificado los operativos policiales. El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce Canales, afirmó, según Diario la Tribuna: “Todos los involucrados en el crimen ya están identificados. Donde vayan, donde se metan, los vamos a capturar”. Manteniendo la búsqueda de quienes aún no han sido detenidos.

Antes de la captura de ‘Calolo’, las autoridades arrestaron a Eduin Eraldo Palma Banegas, alias ‘El Puñal’, acusado de secuestro agravado y porte ilegal de arma de fuego. De acuerdo con la investigación, este individuo habría recibido un millón de lempiras (USD 37.500) como pago por su participación en el hecho.

El caso óscar Núñez: secuestro, violencia y conmoción social

La tranquilidad de Yorito, una zona cafetalera de Honduras, se quebró el 20 de abril, cuando óscar Núñez fue interceptado y secuestrado por desconocidos. El pastor era una figura respetada en el ámbito espiritual y agrícola, lo que aumentó la consternación entre los habitantes y sectores productivos.

Durante varios días, los captores exigieron cinco millones de lempiras (USD 187.500) como rescate, una suma inalcanzable para la familia. A pesar de los intentos de negociación, la situación terminó en tragedia: el cuerpo de Núñez fue hallado en una zona remota de Agua Blanca, en el municipio de San José del Potrero, Comayagua, el 23 de abril.

Las autoridades confirmaron que el ‘Cartel del Diablo’ se atribuyó el secuestro y el homicidio. De acuerdo con la Policía Nacional, esta organización cuenta con una estructura jerárquica y emplea métodos de extorsión y secuestro de alto impacto, especialmente en Yoro y Comayagua. Su modo de operar consiste en seleccionar víctimas con relevancia social o económica y mantenerlas ocultas en casas de seguridad ubicadas en zonas montañosas de difícil acceso.

La comunidad de Yorito despidió a Núñez exigiendo justicia y mayor seguridad. La Policía Nacional desplegó fuerzas especiales en la región con la consigna de desarticular completamente la estructura criminal y capturar tanto a cabecillas como a ejecutores materiales. Las autoridades han declarado que la persecución continuará hasta ubicar a todos los responsables, reafirmando su compromiso de evitar cualquier posibilidad de impunidad.

En su diagnóstico, “este gobierno ha dejado que el secuestro crezca en más del cien por ciento”, una situación que, según afirmó, ha ubicado al país en “cifra récord de los últimos quince años en acciones terroristas y, escúchenlo bien, de masacres”.

En su opinión, Colombia atraviesa un nivel de “convulsión y violencia” superior al visto en periodos recientes, aún cuando, según indicó, el presidente asegura que “no hay un caos de seguridad y que tampoco hay un caos en salud, que todo está perfecto”.

La aspirante expuso que el actual mandatario “tapa y silencia a todo aquel que quiere mostrar lo que verdaderamente está sufriendo Colombia”, incluso en casos de secuestro.

El abordaje de la candidata Valencia hacia los responsables de secuestros elimina cualquier matiz conciliador: “Seremos contundentes con los secuestradores. Ese es un delito de lesa humanidad y el que secuestra en Colombia lo vamos a meter preso hasta que se pudra en la cárcel”, advirtió. Rechazó el uso del secuestro “como un mecanismo de chantaje” y sostuvo: “El país tiene que recuperar la libertad de sus ciudadanos”.

La región de Arauca fue citada como ejemplo de vulnerabilidad: allí, dijo, “a la gente la secuestran porque las vidas están a merced de los violentos. A la gente la matan porque no hay presencia de la Fuerza Pública”. Anunció como respuesta el fortalecimiento de la capacidad militar, asegurando: “volveremos a tener unas Fuerzas Armadas de quinientos treinta mil hombres, aumentaremos el pie de fuerza, la capacidad de despliegue, los helicópteros, los drones, la tecnología”.

La candidata del Centro Democrático cerró el tema, adelantando la intención de “ser parte del escudo de las Américas y vamos a perseguir los narcotraficantes y los terroristas hasta que no quede ninguno en nuestro país”. Reconoció que “será un proceso difícil”, pero insistió en su necesidad para que Colombia “pueda vivir en libertad”.

Paloma Valencia derrotaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial

El escenario electoral colombiano muestra una competencia ajustada a poco tiempo de las elecciones presidenciales. El porcentaje de voto en blanco se ubica en 7,2%, según la última encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para El Tiempo, lo que podría incidir en el desenlace.

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, lidera la intención de voto con el 38%, cifra apenas superior a la medición anterior. Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y Paloma Valencia (Centro Democrático) le siguen con 23,9% y 22,8% respectivamente, ambos con un crecimiento respecto a la encuesta previa. Los demás aspirantes, como Sergio Fajardo, Claudia López y Santiago Botero, no superan el 3%, mientras que el resto de candidatos apenas suma apoyos marginales.

La diferencia entre Cepeda y sus principales rivales se ha reducido en las últimas semanas, consolidando una contienda centrada en tres figuras principales. En cuanto a la posible segunda vuelta, Paloma Valencia supera por primera vez a Cepeda en un escenario de balotaje, con 44,8% contra 40,1%, y un 15,3% de los encuestados que no elegiría a ninguno. Si la segunda vuelta se diera entre Cepeda y De la Espriella, ambos quedarían en un empate técnico (40,6% y 40,4%), con un 19% que optaría por no votar por ninguno.

La encuesta revela que la candidata del Centro Democrático supera ahora al del Pacto Histórico en una proyección de segunda ronda, invirtiendo una diferencia que en enero favorecía a Cepeda. El panorama sugiere que la definición dependerá de los indecisos y del voto en blanco, en un contexto de marcada incertidumbre y cambio en las tendencias de preferencia electoral.

Policías estatales del Edomex detuvieron a dos hombres luego de rescatar a una persona que había sido secuestrada en el municipio de Tecámac, tras una persecución que inició en calles del Fraccionamiento Héroes de Tecámac.

El operativo permitió liberar a la víctima y asegurar armas de fuego, equipo de uso oficial y varios objetos, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Hasta el momento no se sabe si pertenecen a algún grupo delictivo.

Así fue la detención por parte de la SSEM

La persecución comenzó cuando elementos de la SSEM identificaron un automóvil blanco con una llanta ponchada y cristales polarizados.

La dependencia de seguridad informó que al marcarle el alto con comandos verbales, los tripulantes ignoraron la orden y aceleraron.

Los policías siguieron el vehículo hasta que, metros adelante, dos sujetos descendieron y huyeron a pie. Los agentes observaron que portaban lo que parecían ser armas de fuego. Posteriormente fueron alcanzados.

Durante la detención, los uniformados aseguraron a Luis “N”, de 28 años, y Luis “N”, de 19. A ambos se les confiscaron dos armas tipo escuadra calibre 22 milímetros y varios cartuchos útiles del mismo calibre.

La SSEM reportó que, tras el arresto, regresaron al sitio donde los sospechosos abandonaron el vehículo y localizaron a un hombre con golpes contusos en la cabeza.

La víctima relató a los policías que lo llevaban secuestrado y momentos antes lo despojaron de una camioneta de color negro.

Además, la víctima afirmó que lo obligaron a ingerir bebidas alcohólicas durante el cautiverio.

Dentro del automóvil, los agentes encontraron dos teléfonos celulares, un chaleco balístico, estribos de uso oficial y un parlante.

Dos sujetos arrestados tras operativo en Tecámac

De acuerdo con la SSEM, los dos detenidos fueron trasladados junto con los objetos asegurados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se inició una investigación por probable secuestro exprés.

La víctima recibió atención médica por las lesiones que presentaba y fue resguardada por las autoridades mexiquenses.

La intervención se realizó como parte de la Estrategia Mando Unificado Zona Oriente, implementada en municipios con altos índices delictivos en el Estado de México.

El operativo permitió la incautación de dos armas de fuego, varios cartuchos calibre 22 milímetros, dos celulares, un chaleco balístico, estribos de uso oficial y un parlante, por lo que existe la teoría de que podrían haber estado usurpando funciones.

SSEM investiga posible vínculo con otros delitos

La SSEM informó que continuará con las indagatorias para determinar si los detenidos están relacionados con otros delitos registrados en la zona oriente de la entidad.

Los objetos y armas asegurados también serán revisados para verificar si pertenecen a corporaciones de seguridad o si han sido utilizados en otros hechos.

Autoridades estatales reiteraron que la coordinación policial busca frenar delitos de alto impacto y fortalecer la presencia de la SSEM en municipios como Tecámac.

En la ciudad de Berisso, un conductor de aplicación de viajes fue víctima de un secuestro exprés durante más de dos horas tras ser interceptado por una banda de asaltantes. El episodio tuvo lugar en la madrugada del lunes, alrededor de las 5 de la mañana, en la intersección de Montevideo y 35, donde la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Honda de 110 cc.

El hombre subió a su moto a una pasajera conocida como “La Flaca”, a quien ya había visto en otras ocasiones. Ambos avanzaron hasta la zona de 26 y 156, donde la joven descendió del vehículo. Allí, el motociclista fue sorprendido por tres personas que lo abordaron por la espalda.

De acuerdo con el relato recogido por 0221, uno de los asaltantes tomó el control de la moto y le apoyó un cuchillo en el cuello, mientras otro le cubría la cabeza con su propia campera para impedir que pudiera identificar a los atacantes.

Bajo amenazas, el repartidor fue forzado a desplazarse varias cuadras. En ese trayecto, lo obligaron a descender del vehículo y lo condujeron a un galpón precario con piso de tierra.

Allí, la víctima permaneció privada de su libertad, con un pasamontañas colocado y sometida a insultos y agresiones físicas. Durante el cautiverio, los asaltantes le sustrajeron todas sus pertenencias, entre ellas un teléfono celular, un reloj, un anillo, una campera, una mochila y dos cascos.

El mismo medio detalló que dos de los agresores escaparon del lugar en la moto robada, mientras un tercer integrante se quedó custodiando al repartidor. La orden era atarlo y vigilarlo, mientras los otros huían. Durante ese tiempo, el hombre recibió golpes y amenazas, permaneciendo retenido por más de dos horas.

El giro en el caso se produjo cuando el vigilante, que continuaba en el galpón, optó por liberarlo. Según la reconstrucción, el asaltante le indicó que escapara antes del regreso de los cómplices. Desorientado y con el rostro cubierto, la víctima logró desplazarse por la zona hasta 28 y 162, donde consiguió quitarse el pasamontañas. Ya en condiciones de pedir ayuda, se cruzó con un patrullero en 29 y 170, donde alertó a la Policía Bonaerense sobre lo ocurrido.

El repartidor informó a las autoridades que no sufrió heridas de gravedad, aunque sí recibió golpes y patadas durante el cautiverio. La víctima no pudo identificar a los agresores, ya que le cubrieron el rostro en todo momento. Describió a los atacantes como jóvenes, delgados y vestidos con ropa oscura. Sobre la pasajera que levantó al inicio de la jornada, manifestó que no cree que haya estado involucrada en el asalto.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que analiza cámaras de seguridad y prepara rastrillajes para ubicar el galpón donde estuvo retenida la víctima. Los responsables permanecen prófugos, en tanto las autoridades avanzan con las tareas para dar con su paradero.

Un análisis genético clave podría demorar varios meses en el caso Nancy Guthrie, según han afirmado expertos, aunque existen factores que podrían acelerar los resultados y aportar pistas sobre la desaparición de la madre de Savannah Guthrie.

El FBI recibió el cabello para pruebas de ADN después de que el Departamento del Sheriff del condado de Pima lo enviara inicialmente a un laboratorio privado en Florida, lo que generó tensiones entre las agencias y retrasó la investigación sobre el presunto secuestro ocurrido en el norte de Tucson hace más de ochenta días, informó Fox News Digital.

Actualmente, más de USD 1,2 millones de recompensa permanecen sin ser reclamados mientras las autoridades intentan determinar a quién pertenece el cabello y si se trata de un posible sospechoso, según el mismo medio.

La duración de la espera para conocer los resultados está condicionada por dificultades técnicas asociadas al análisis de una muestra sin raíz visible, explicó CeCe Moore, especialista en genealogía genética de Parabon Nanolabs, Virginia, a Fox News Digital.

Las pruebas realizadas sobre la muestra han avanzado poco, pese a que ya han transcurrido más de once semanas desde la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años y madre de una reconocida presentadora de televisión en Estados Unidos.

Según Fox News Digital, el cabello fue enviado inicialmente al laboratorio privado DNA Labs International, en Florida, decisión tomada por el sheriff local pese a que el FBI había solicitado analizarlo con su propia tecnología desde hacía dos meses.

Finalmente, la muestra fue transferida al FBI, pero la incertidumbre persiste, ya que no está claro si el cabello pertenece a la persona responsable del secuestro o a alguien cercano a la familia.

El análisis del cabello y la estrategia de identificación genética

Ben Williamson, subdirector de asuntos públicos del FBI, indicó al medio estadounidense que la agencia solicitó analizar el ADN hace dos meses utilizando la tecnología habitual, pero el sheriff local optó por enviarlo a un laboratorio privado. Williamson aseguró que cualquier avance será comunicado tan pronto como sea apropiado.

CeCe Moore señaló que, en su experiencia, estos procesos suelen requerir meses, aunque la urgencia del caso podría acelerar los resultados.

Añadió que existe un componente de azar, ya que en ocasiones se necesitan varios intentos para obtener un perfil de ADN utilizable.

Moore explicó que la ausencia de raíz en la muestra complica el análisis, pero tecnologías recientes permiten construir un perfil SNP con mayor rapidez, facilitando la identificación a través de genealogía genética investigativa (IGG).

Este método combina perfiles de ADN con búsqueda tradicional, cruzando datos genéticos, registros públicos y otras fuentes para generar pistas.

Tecnología forense, laboratorios y antecedentes

El laboratorio Astrea Forensics, con sede en San Francisco y reconocido por colaborar con el FBI en el caso del asesino serial de Long Island, Rex Heuermann, podría intervenir también en la investigación Guthrie, según Fox News Digital.

Pruebas similares con cabellos sin raíz permitieron, décadas después, identificar y encarcelar a Heuermann, quien recientemente aceptó su culpabilidad y enfrenta múltiples cadenas perpetuas.

La investigación de la desaparición de Nancy Guthrie emplea genealogía genética investigativa, una técnica que ha ganado relevancia internacional por su capacidad para identificar sospechosos mediante el análisis de ADN combinado con recursos genealógicos y bases públicas.

El resultado central depende de si la muestra corresponde o no al responsable del secuestro. Moore puntualizó a Fox News Digital que el avance del caso está atado a que el cabello pertenezca realmente al secuestrador y no a otra persona que haya visitado la vivienda o transferido accidentalmente la muestra.

Por el momento, la familia mantiene activa una recompensa de más de USD 1,2 millones para quienes aporten información relevante sobre el paradero de Nancy Guthrie. El teléfono habilitado por el FBI para recibir datos sobre el caso es 1-800-CALL-FBI.

Un adolescente de 17 años denunció a su pareja, una mujer de 38 años, luego de haber permanecido durante cinco días secuestrado en la casa que compartían en la localidad de Melchor Romero, en La Plata. En su relato indicó que recibió golpes y amenazas por parte de la sospechosa y de otro individuo, que fue identificado como presunto cómplice de la principal acusada.

El caso se dio a conocer esta semana, después de que la acusada decidiera dejarlo en libertad. Acto seguido, el menor de edad se dirigió a la casa de su hermana, quien lo acompañó hacia el hospital más cercano y, posteriormente, a radicar la denuncia. Asimismo, indicó que la relación había comenzado hace apenas una semana, pero que habían decidido convivir en el domicilio de ella.

Según el relato del denunciante, la situación se inició el miércoles 15 de abril, cuando la mujer comenzó a golpearlo y le quitó su teléfono celular. Todo habría sido motivado por una discusión por celos, debido a que la acusada le habría reprochado un supuesto vínculo amoroso con su hermana.

De acuerdo con la información a la que accedió el medio platense 0221, el adolescente contó que fue atado de manos y mantenido dentro de la casa en contra de su voluntad durante cinco días. Durante ese período, el joven afirmó haber sufrido golpes reiterados, algunos propinados con una linga de metal, y que, además, recibió amenazas y acusaciones de robo.

De la misma manera, el adolescente señaló ante la Policía que la mujer no se encontraba sola en la vivienda, ya que identificó la presencia de un hombre, apodado con un nombre relacionado con un personaje de fantasía, quien habría participado activamente en las agresiones y en la retención. A pesar de esto, no pudo aportar más detalles sobre la identidad de este individuo.

Tras haber permanecido varios días retenido, el joven relató que la mujer decidió liberarlo durante la mañana del domingo 19 de abril. En ese momento, la mujer le pidió disculpas, pero lo obligó a abandonar la casa sin devolverle su teléfono, un Motorola E20, ni su documento de identidad.

Luego de haber aceptado retirarse sin sus pertenencias, el menor se dirigió al domicilio de su hermana mayor, quien lo trasladó al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Fue así que los profesionales de la salud constataron que presentaba politraumatismos en varias partes del cuerpo, aunque no detectaron lesiones óseas ni internas graves.

Por otro lado, el testimonio del adolescente aportó un dato que se incorporó a la investigación judicial, debido a que aseguró haber presenciado cómo se vendían estupefacientes en la vivienda a lo largo de su estadía. Según su relato, en el lugar se comercializaban dosis de cocaína y marihuana tanto en el día como en la noche, y en ocasiones se realizaban intercambios por objetos de posible procedencia ilícita.

Esta afirmación amplió el foco de la causa, que ahora también abarca la presunta existencia de una red de comercialización de drogas en la zona. A raíz de esto, la Justicia de La Plata también busca esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables.

Cayó un joven acusado de secuestrar, apuñalar y abusar de su ex novia embarazada de 16

Un joven de 20 años fue detenido en Santiago del Estero tras ser acusado de secuestrar, apuñalar y abusar sexualmente de su ex novia, una adolescente de 16 años embarazada. Por la gravedad del caso, la jueza Roxana Cejas Ramírez, del Juzgado de Control y Garantías, dictó prisión preventiva por dos años al considerar la peligrosidad del imputado y el riesgo para la víctima.

El episodio se inició cuando el acusado, pese a la negativa de la adolescente, ingresó a su vivienda, la atacó mientras se encontraba en la cama, y la golpeó y apuñaló varias veces. Luego, la obligó a abandonar la casa y la llevó por un camino vecinal, donde la apuñaló nuevamente por la espalda. Posteriormente, la trasladó a su propio domicilio, donde continuaron los golpes y el abuso sexual.

La víctima logró escapar cuando su atacante se quedó dormido y, actualmente, recibe asistencia y apoyo psicológico para afrontar las consecuencias del ataque. La secuencia de violencia incluyó amenazas previas, ya que el joven había advertido que “iba a ir a su casa”.

Frente a esto, el acusado fue imputado por violación de domicilio, lesiones calificadas y abuso sexual. Asimismo, la jueza rechazó la excarcelación solicitada por la defensa, fundamentando su decisión en la gravedad de los hechos, el riesgo de entorpecimiento del proceso judicial y la vulnerabilidad de la víctima.

La resolución de la magistrada, que ordenó la prisión preventiva, se apoyó en la evaluación del contexto de violencia y en la necesidad de garantizar la seguridad de la adolescente embarazada. También consideró la persistencia de las amenazas en su contra y la brutalidad de la agresión sufrida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este sábado 18 de abril que Rogelio Poblete González, titular del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Malinalco, fue localizado con vida.

El funcionario fue encontrado tres días después de que se reportó su desaparición, presuntamente causada por un comando armado.

Las autoridades señalaron que Poblete fue dejado en una calle del municipio de Malinalco y de ahí se trasladó a su domicilio. De acuerdo con el comunicado de la FGJEM, elementos de la dependencia acudieron hasta la casa del servidor público tras su regreso y le ofrecieron atención ministerial y médica.

El titular de Aguas municipal comunicó a los agentes que no deseaba rendir entrevista formal ni someterse a una revisión de salud en ese momento, argumentando que no se encontraba en condiciones.

Autoridades estatales y federales montaron un operativo para encontrarlo

Las instituciones que integran la Mesa de Paz del Estado de México, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR) implementaron un operativo de búsqueda tras la denuncia de desaparición de Poblete González. Aunque el despliegue involucró diversos esfuerzos, fue el propio funcionario quien llegó a su domicilio, donde fue atendido por elementos de la Fiscalía mexiquense.

Rogelio Poblete rehusó rendir declaración formal tras su localización

Según los reportes oficiales, Poblete González manifestó a las autoridades que fue dejado en una calle del municipio de Malinalco por la mañana de este 18 de abril.

Además. indicó que, por el momento, no desea rendir declaración formal en sede ministerial ni ser certificado de su estado de salud, argumentando que no se encuentra en condiciones para hacerlo tras su localización.

Tras los hechos, no se brindaron más detalles sobre el caso.

Así habría sido el secuestro de Rogelio Poblete

Rogelio Poblete Zamora habría sido privado de la libertad la mañana del miércoles 15 de abril, cuando se dirigía a su oficina.

De acuerdo con información preliminar, viajaba en una camioneta color guinda y habría sido interceptado por un grupo armado, que presuntamente lo obligó a descender del vehículo para subirlo a otra unidad.

Testimonios señalan que la camioneta en la que habrían trasladado a Poblete Zamora tomó la carretera Toluca-Taxco en dirección a Chalma.

Familiares y autoridades municipales reportaron que perdieron contacto con él alrededor de las 9:30 horas.

En la zona donde ocurrió la desaparición, autoridades han identificado la presencia de células de La Familia Michoacana y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No cesan los secuestros de servidores públicos en México

En los últimos días, el secuestro de servidores públicos mantiene la atención en distintas regiones del país. Apenas este 13 de abril, autoridades federales y estatales localizaron con vida a Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, y a su padre, Juan Vega Arredondo, luego de que ambos fueron privados de la libertad el 11 de abril.

El hallazgo ocurrió tras un operativo coordinado que incluyó personal en tierra, helicópteros y la participación de la SSPC, Ejército, Marina, Guardia Nacional (GN) y policías estatales de Guerrero, Morelos y Estado de México, así como autoridades ministeriales.

Versiones extraoficiales señalaron que el alcalde habría sido secuestrado cuando intentó negociar la liberación de su padre, quien fue retenido tras salir de un hospital en Taxco.

Este crimen estaría vinculado con una célula de La Familia Michoacana, según dichos del titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Nahuel Horacio “El Negro” Llanos, vecino de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, siempre andaba armado y rodeado de “pibitos” en los Monoblocks de La Tablada, donde él mandaba. “Nada sucedía en el barrio si no lo autorizaba. Para hacer una calle, poner una luz o lo que sea, tenías que hablar con él. Decidía quién entraba y quién salía”, graficó una fuente vinculada a la investigación que desembocó en el arresto del feroz secuestrador de narcos.

El mandato se le terminó esta semana cuando agentes de la PFA lo detuvieron en medio de un impactante operativo que frustró los planes de “rescate” de integrantes de la organización conocida como “Los 14″, integrada por jóvenes adultos. Una banda que toma cada vez más fuerza en la zona. “Son violentos, tienen armas y dominio. Tiran tiros todos los días”, destacó la fuente.

Tal es así que los federales fueron recibidos con balas y a los piedrazos. Antes habían ido a buscarlo, pero no lo encontraron. Esta vez, sí, y lo esposaron. Y la reacción de Llanos fue la de una sonrisa enorme para la cámara que registró el momento.

Sucede que, según las fuentes, se alegraba de integrar la lista de los más buscados del país. Todo un hito en su carrera delictiva: es considerado uno de los criminales más peligrosos de la zona oeste del conurbano.

“Siempre andaba con sus dos pistolas en la cintura, infundiendo terror entre los vecinos, sobre todo, a quienes no acataban sus órdenes”, remarcaron.

El fiscal federal de Morón Sebastián Basso, lo acusa de ser el jefe de una organización mafiosa vinculada a los secuestros extorsivos de narcos, sicariato y narcomenudeo en los barrios de La Tablada, Villegas y Puerta de Hierro.

Llanos era buscado por el Departamento Antisecuestros de la PFA por el secuestro exprés, una modalidad conocida como “cortito”, de un hombre de nacionalidad peruana vinculado a la venta de drogas. También tenía una captura por un homicidio de la Justicia de La Matanza.

La captura

Los detectives del Departamento Antisecuestros Sur, con cooperación de Grupos de irrupción GEOF, llegaron al asentamiento el 24 de marzo pasado, luego de dar con uno de los refugios de Llanos.

La consigna de la diligencia era clara y precisa: actuar con rapidez y neutralizar cualquier intento de resistencia.

Sin embargo, pese a la sigilosa y sorpresiva irrupción del grupo táctico, Llanos intentó fugarse por la ventana. No lo logró, pero la voz comenzó a correrse entre los vecinos: “El Negro Nahuel” había sido atrapado.

Minutos después, comenzaron a oírse detonaciones de armas de fuego que provenían desde las terrazas de los monoblocks linderos.

El líder de “Los 14″, también conocidos como “Los Nahueles”, tenía respaldo en el barrio. Rápidamente, algunas personas rodearon la propiedad allanada para impedir que el capturado sea trasladado. A raíz de ese intento de rescate, los efectivos aplicaron un dispositivo de extracción del prevenido.

Al caer la tarde, se conformó la cápsula. Para ese entonces, decenas esperaban en la calle. Algunos aplaudían, otros empujaban a los agentes y se abrazaban con tristeza. En cuanto Llanos fue subido al móvil, comenzaron a atacar ese vehículo y otros móviles. Lanzaron piedras y se detectaron disparos de arma de fuego. Luego de emplear armamento antitumulto, finalmente, lograron salir con el detenido.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de tres pistolas semiautomáticas (Glock Austria modelo 19, Glock 17 GENS y Taurus calibre 9 mm), con numeraciones limadas, en condiciones de uso inmediato. También, municiones, cargadores y elementos de portación, además de otros objetos de interés.

La Glock 19 incautada tenía pedido de secuestro por robo desde 2018 y que la Glock 17 pertenecía al Ministerio de Seguridad bonaerense como arma institucional.

La acusación

Basso solicitó el procesamiento y prisión preventiva de Nahuel Horacio Llanos por su presunta participación en el brutal secuestro extorsivo de Rusbel Alvarado Jara en el conurbano bonaerense. El pedido se formalizó este martes ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, subrogado por Juan Manuel Culotta.

El caso impacta por la cantidad de pruebas reunidas, la logística criminal detallada y el hallazgo de armas de guerra.

Para la fiscalía, Llanos integró una banda que privó de la libertad a Jara desde una fecha indeterminada, anterior al 17 de marzo de 2024, hasta el 23 del mismo mes. La víctima fue liberada tras cinco días de cautiverio, sin que su familia llegara a pagar rescate.

Según la reconstrucción, la banda encabezó una reunión clave la noche del 17 de marzo en el local “Pollos Machu Pichu” de Villa Celina. Allí participaron Franco Daniel Ibarra, Pablo Nicolás Valdez, Francisco Matías Fernández, el propio Llanos y otros no identificados. A pocos metros, Diomedes Raymundo Moreno hacía tareas de seguimiento.

Horas más tarde, aproximadamente a las 6 de la mañana, interceptaron a la víctima en una plaza cercana, valiéndose de dos autos y utilizando armas de fuego. Jara fue amenazado, atado, fotografiado y luego trasladado a distintos puntos del conurbano y La Plata.

Durante el cautiverio, la víctima sufrió torturas: amenazas a familiares, golpes, intentos de asfixia, quemaduras con cigarrillos y hasta un disparo en la pierna izquierda, seguido de una quemadura en el mismo lugar. Un informe médico constató todas estas lesiones al momento de la liberación.

El traslado de la víctima involucró al menos tres vehículos: un Peugeot 505, un Citroën C4 y la propia camioneta Chevrolet Tracker de la víctima. Cámaras de seguridad, análisis de comunicaciones y testimonios permitieron trazar el itinerario y vincular a los acusados con varios sitios de cautiverio.

Las paradas coincidieron con zonas de monitoreo en Quilmes, Berazategui, El Peligro (La Plata) y conclusivamente en Villa Elisa, donde se presume que la banda buscó dificultar la investigación moviendo a la víctima entre domicilios asociados a Milagros Ailén Acosta y Franco Daniel Ibarra.

La víctima fue finalmente liberada en Florencio Varela, despojada de sus pertenencias, apenas vestida, y caminó 15 cuadras hasta pedir auxilio en una remisería para contactar a su familia.

Un punto clave de la investigación fue el informe elaborado por la División Enlace Operativo de la Policía bonaerense. El estudio demostró que todos los celulares de los implicados convergieron en el radio de Villa Celina en la noche previa al secuestro, incluso fuera de sus rutinas habituales de uso, lo que refuerza la hipótesis de una operación planeada.

A partir de las cámaras de seguridad, la Policía corroboró la reunión y la posterior salida de los acusados. Imágenes y testimonios permitieron identificar roles y vestimenta.

Pablo Nicolás Valdez, en declaración ampliatoria, reconoció que en ese encuentro “les dieron las indicaciones para realizar el secuestro extorsivo” y que tanto él como otros integrantes estaban armados cuando salieron del lugar.

La fiscalía resaltó los cruces entre escuchas y redes sociales para identificar a Nahuel Horacio Llanos como uno de los “Nahueles” presentes en la reunión y luego involucrados en el operativo. Además, datos de geolocalización indicaron que su teléfono estuvo en los sitios y momentos clave del delito.

Otra escucha relevante captó a Franco Daniel Ibarra (aún prófugo) relatando, apenas horas después de la liberación de la víctima, que no habían logrado obtener dinero, y nombrando a “el negro Nahuel”, identificado como Llanos.

Tras la detención, la fiscalía determinó que la posesión de armas robadas o de origen estatal, sin justificación, implica el delito de encubrimiento, además de tenencia ilegal de armas de guerra y acopio de municiones.

En cuanto al riesgo procesal, la fiscalía alertó que Llanos tenía una condena previa por robo agravado y encubrimiento dictada en 2019, y que permaneció prófugo más de un año desde que se ordenó su captura, dificultando la investigación.

Llanos optó por no declarar en indagatoria y no aportó ningún descargo. En pocas palabras, eligió el silencio.

El hallazgo del cuerpo sin vida de José Antolín Montero Alpírez, exdirector del Hospital Regional de Poza Rica, evidenció un episodio de violencia extrema en el estado de Veracruz.

El médico fue encontrado con señales de tortura en un terreno baldío de la colonia Revolución, municipio de Poza Rica, junto al CBTIS 78. El hallazgo habría derivado de una denuncia hecha por vecinos al número de emergencias.

La noticia impactó a la comunidad médica, quienes han publicado en redes sociales mensajes destacando la labor de Montero en el gremio.

De acuerdo con reportes extraoficiales, la víctima habría sido secuestrada y al momento de su localización presentaba el rostro cubierto con cinta y lesiones visibles.

Medios locales señalaron que personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal, acudieron a la colonia Revolución para acordonar la zona y desplegar un operativo enfocado en resguardar el área y facilitar las labores de investigación a la fiscalía general de la entidad.

Consternación en el sector salud y la sociedad civil

El asesinato de Montero Alpírez provocó un profundo pesar en el gremio médico de Poza Rica.

Tras conocerse la noticia, la comunidad expresó su duelo y el reconocimiento al legado profesional y humano del especialista.

En redes sociales lamentaron su fallecimiento y recordaron su vocación de servicio, su entrega y el impacto positivo que dejó en la salud pública de la ciudad.

El vacío que deja Montero Alpírez en el entorno médico de Poza Rica ha sido destacado por quienes compartieron con él años de trabajo y atención a la comunidad. Su figura fue descrita como una luz de esperanza para muchos.

Asimismo, el personal del Sanatorio Maternidad Lazcano expresó su pesar por la pérdida, destacando que Montero Alpírez no solo fue un cirujano destacado, sino también una persona invaluable.

En el mensaje resaltaron su vocación, entrega y calidez, cualidades que dejaron una huella profunda en pacientes, colegas y quienes lo conocieron. Lo describieron como un hombre alegre, empático y solidario, atributos que dignificaron su profesión y marcaron la diferencia en la vida de muchos.

Investigación: secuestro, pago de rescate y asesinato

Reportes extraoficiales señalan que Montero Alpírez fue secuestrado antes de ser hallado sin vida. Las indagatorias periodísticas apuntan a que la familia del médico pagó el rescate exigido por los presuntos captores, sin que esto evitara el asesinato.

Pese a que los familiares habrían cumplido con las exigencias de los secuestradores, la víctima fue asesinada y abandonada en la colonia Revolución.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido declaraciones públicas sobre el caso y no hay información oficial acerca de personas detenidas en relación con el secuestro y homicidio de Montero Alpírez.

La falta de pronunciamiento mantiene la incertidumbre en la sociedad de Poza Rica, donde persisten los llamados para esclarecer los hechos y detener a los responsables.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó este martes 31 de marzo de 2026 que un juez de control vinculó a proceso a Jorge “N”, secretario de Seguridad Pública municipal de Matehuala, y a Pablo Ernesto “N”, exfuncionario del ayuntamiento, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

La medida se dictó ocho días después de su detención en flagrancia con diversas dosis de drogas. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de marzo, cuando agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con fuerzas estatales y federales, aseguraron a ambos funcionarios en operativos desplegados en distintos puntos del municipio.

Durante las acciones, se decomisaron bolsas de marihuana, dosis de “cristal” y dos vehículos, uno de ellos oficial.

Reportes extraoficiales señalan que estas detenciones podrían estar relacionadas con la desaparición y posterior localización con vida de 7 electricistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio potosino. Hasta el momento no se conoce cuál habría sido su papel en la desaparición grupal.

El secuestro de los electricistas está presuntamente vinculado con reclutamiento forzado, una modalidad utilizada por las organizaciones criminales para enfilar a personas a sus filas sin gastos.

Audiencia y medida cautelar

La autoridad estatal señaló que durante la audiencia inicial, un agente del ministerio público adscrito a la FGE presentó los elementos de prueba que sustentaron la imputación por delitos contra la salud.

El juez de control resolvió la vinculación a proceso y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para ambos detenidos.

Además, el órgano judicial también fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía indicó que las indagatorias continúan para robustecer la carpeta y esclarecer la posible participación de los imputados en otros hechos delictivos.

Esto les encontraron a los procesados

Según información publicada previamente por este medio, la captura de Jorge “N”, identificado como titular de seguridad municipal, ocurrió durante patrullajes y trabajos de inteligencia en el Altiplano potosino. Los agentes interceptaron una patrulla Nissan Versa y localizaron 52 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 334 gramos, además de tres bolsas de “cristal” con un peso de 30 gramos.

En otra acción, detuvieron a Pablo Ernesto “N”, a quien le incautaron 29 dosis de marihuana con un peso de 180 gramos y una camioneta pickup Chevrolet año 2025.

Infiltración del narco en Matehuala

A raíz de estas detenciones, se fortalecieron las sospechas de infiltración del crimen organizado en estructuras municipales de Matehuala.

Autoridades estatales confirmaron que existen investigaciones en curso para determinar posibles nexos de servidores públicos, incluido el alcalde, con grupos delictivos dedicados al narcotráfico.

Según reportes previos de este medio, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció el inicio de una investigación formal sobre la presunta relación entre funcionarios municipales y organizaciones criminales.

El mandatario estatal -quien fue detenido en el año 2015 por delincuencia organizada y lavado de dinero- enfatizó que no se tolerarán pactos ni tolerancia dentro de la administración pública.

Los creadores de contenido e influencers originarios de Sinaloa han sido alcanzados por la guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, quienes desde septiembre de 2024 provocaron una ola de violencia en la entidad marcada por jornadas con ataques armados y asesinatos.

La desaparición de Carmiña Miroslava Castro Salazar, creadora de contenido y repostera de Culiacán, se suma a una larga lista de personas que comparten videos en redes sociales que han sido víctimas de secuestros o asesinatos en la entidad.

Esta violencia comenzó un mes después del inicio de la disputa del cártel, antiguamente liderado por Ismael “El Mayo” Zambada, cuyo secuestro y entrega a los Estados Unidos marcó la pauta para el conflicto.

De asesinatos a secuestros: ocho creadores alcanzados por la violencia

Carmiña Castro, de 29 años de edad, fue reportada como desaparecida este domingo 29 de marzo luego de ser vista por última vez en un domicilio del Boulevard Rolando Arjona Amabilis en Culiacán.

Sin embargo, medios locales señalaron que la joven fue presuntamente privada de la libertad por sujetos desconocidos, pero esta versión no ha sido confirmada.

La joven compartía contenido de su emprendimiento llamado “Rosa Dely”, ubicado en la capital de Sinaloa y donde vende postres, repostería y hace pedidos de pasteles de cumpleaños.

La Nicholette

El 21 de enero pasado, Nicole Pardo Molina, tiktoker e influencer conocida como “La Nicholette” fue secuestrada por dos sujetos armados cuando se encontraba en el fraccionamiento Isla Musala en Culiacán.

La camioneta de la joven grabó el momento en el que los sujetos la interceptaron y la obligaron a subir a un vehículo, dejando su unidad abandonada.

Tres días después, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la localización con vida de la joven, quien previamente apareció en un video siendo obligada a decir que tenía vínculos con Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, líder de la facción de Los Mayos.

Agustín Paúl “El Pinky”

El cuerpo de Agustín Paúl, de 22 años de edad, fue localizado con huellas de violencia y disparos de arma de fuego el 10 de enero de 2025 sobre La Costerita del libramiento Benito Juárez en Culiacán.

Horas después, circuló en redes sociales un video donde “El Pinky” aparece bajo custodia de presuntos sicarios de Los Chapitos confesando que entregaba información de esta facción a una célula antagónica.

El joven no apareció en los volantes lanzados en Sinaloa, pero durante su asesinato se le vinculó con la organización criminal en disputa.

Gael Castro “Gail Castro”

Gael Castro Cárdenas, conocido como “Gail Castro”, fue asesinado el 28 de marzo de 2025 cuando se encontraba en un restaurante en Ensenada, Baja California.

El influencer de 32 años de edad y originario de Culiacán, era hermano de Marcos Eduardo, conocido como “Markitos Toys”. Ambos fueron vinculados en narcovolantes por presuntos nexos con Los Chapitos.

Camilo Ochoa

El influencer fue asesinado el sábado 16 de agosto de 2025 en el municipio de Temixco, Morelos, cuando fue agredido a tiros al interior de un domicilio.

Ochoa realizaba contenido en redes sociales en el que hablaba sobre narcotráfico y sus experiencias al ser exmiembro del Cártel de Sinaloa. Además, hablaba sobre la disputa entre las facciones de la organización criminal.

Camilo Ochoa también apareció en narcovolantes que fueron lanzados por avionetas en enero del mismo año en Sinaloa, donde se boletinó a cantantes e influencers por presuntos nexos con Los Chapitos.

Leovardo Aispuro “Gordo Peruci”

El creador de contenido fue asesinado el 9 de diciembre de 2024 al sur de Culiacán cuando se encontraba con su esposa. Un grupo de civiles armados los interceptaron y lo atacaron a tiros.

Leovardo Aispuro fue boletinado en enero por presuntos vínculos y apoyo a Los Chapitos.

Miguel Vivanco “El Jasper”

Este creador de contenido fue localizado sin vida el 23 de noviembre de 2024 en un camino de terracería en la sindicatura de El Quemadito, a un costado de la maxipista Culiacán-Mazatlán, luego de ser reportado como desaparecido.

“El Jasper” también apareció en narcovolantes lanzados en Culiacán que lo acusaban de vínculos con Los Chapitos.

Juan Carlos “El Chilango”

El 19 de octubre de 2024, el creador de contenido Juan Carlos, conocido como “El Chinalgo”, fue asesinado en la Isla Musala de Culiacán, cuando se encontraba vendiendo golosinas en una carriola y un grupo de civiles armados le disparó en varias ocasiones.

El influencer, en múltiples ocasiones, hizo alusión a la facción de Los Chapitos. Además de que fue boletinado en narcovolantes lanzados desde avionetas en enero de 2025 en los que se le acusó de ser su “financiero y colaborador cercano”.

La desaparición y asesinatos de influencers han ocurrido luego de la disputa entre las facciones que integraban el Cártel de Sinaloa, ahora lideradas por los hijos de sus exlíderes: Iván Archivaldo Guzmán (hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán" e Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco” (hijo de “El Mayo” Zambada).

A más de un año y medio del inicio de la guerra del cártel, se han registrado en Sinaloa cerca de 3 mil homicidios, enmarcados por desapariciones, ataques armados, detenciones y secuestros.

En lo que va del 2026 han sido registrados tres secuestros masivos de trabajadores de diferentes gremios y en diferentes parte del país. Si bien los empleados han sido objeto de los grupos delictivos desde hace años, el investigador Víctor Sánchez Valdés platicó con Infobae México sobre los casos de las desapariciones en diversas partes del país.

A finales de enero pasado fue informada la no localización de 10 ingenieros dedicados al sector minero en Concordia, Sinaloa. Mientras que para el mes de marzo fueron registrados otros dos casos.

Por un lado, siete electricistas desaparecieron en Matehuala, San Luis Potosí. A lo anterior se suma el caso de trabajadores desaparecidos en China, Nuevo León.

En el caso de Concordia, la Fiscalía General de la República (FGR) ya identificó varios cuerpos. Las autoridades de Matehuala confirmaron la localización con vida de los siete electricistas, mientras que siete de ocho personas fueron halladas por los agentes de seguridad de Nuevo León.

Una tendencia nacional

Víctor Sánchez considera que los grupos delictivos siempre han visto las actividades de extorsión una una fuente constante de ingresos, por lo que el secuestro de empleados suele generar presión a las empresas para que paguen el denominado “derecho de piso”.

Para lo anterior, las organizaciones criminales suelen buscar empresas con solvencia económica.

“Todo responde pues a una tendencia nacional en donde, debido a que cada vez hay más organizaciones criminales, estas tienen que recurrir a la diversificación de fuentes de ingreso”, comentó el especialista en seguridad pública en entrevista para esta casa editorial.

Los amplios márgenes de ganancia de determinadas empresas se vuelven un factor relevante para las estructuras delictivas. Además, factores como la localización de las compañías y la poca vigilancia de las mismas tienden a generar que sean objetivos de extorsiones.

Extorsión y reclutamiento las razones detrás de las desapariciones

“Hay una propensión de las organizaciones a buscar trabajadores de empresas transnacionales o con cobertura nacional como una forma de obtener ingresos”, continúa Sánchez Valdés.

El investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) también añade que no solo se trata de actividades de extorsión contra los trabajadores, pues al parecer en el caso de San Luis Potosí, el objetivo habría sido el de reclutar a los electricistas.

Además, agrega que las acciones por parte de grupos criminales pueden rastrearse hasta hace varios años.

“Desde la década de los 2000 había extorsiones a agricultores mucho tiempo antes y el sector energético también desde la década de los 2000″.

Como una posible solución, Víctor Sánchez apuesta porque haya coordinación de las autoridades con las cámaras de comercio y que haya sistemas tempranos de alerta. Lo anterior en el marco de la Estrategia Nacional contra la extorsión anunciada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie ha generado conmoción nacional tras casi dos meses sin respuestas concretas.

La familia se alarmó el domingo en que halló la casa en Tucson con la puerta trasera abierta, la cámara de seguridad arrancada y los objetos personales de Nancy intactos, según relató su hija, la periodista Savannah Guthrie, en una entrevista reciente.

La incertidumbre inicial llevó a la familia Guthrie a considerar una posible emergencia médica, pero el hallazgo del teléfono, el bolso y otros artículos de Nancy en la vivienda debilitó rápidamente esa hipótesis.

“Mi hermana me llamó y me dijo: ‘Mamá no está’. Entramos en pánico”, contó Savannah Guthrie. La ausencia de señales de accidente o huida voluntaria sumó inquietud al caso, desencadenando una búsqueda que pronto captó la atención nacional.

En la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie, las autoridades confirmaron que fue secuestrada el 1 de febrero en su residencia cercana a Tucson.

La policía difundió un video donde se observa a un hombre armado, con pasamontañas, guantes y mochila, manipulando la cámara de seguridad a la 1:47 de la madrugada.

A pesar de varias notas de rescate que exigieron sumas millonarias, la familia no ha recibido pruebas de vida, y no se han hallado coincidencias de ADN en bases de datos federales.

Investigación y hallazgos en la escena

Según la policía del condado de Pima, el video de seguridad muestra cómo el sospechoso actúa con aparente premeditación, primero abordando la cámara y luego accediendo al interior del domicilio.

La presencia de la cámara arrancada y la ausencia de testigos directos han dificultado el avance de la investigación, mientras la familia Guthrie enfrenta la angustia de la incertidumbre prolongada.

Nancy Guthrie fue secuestrada el 1 de febrero en su domicilio en las afueras de Tucson. El caso obtuvo repercusión nacional, pero los avances han sido limitados.

La policía difundió un video que muestra a un hombre armado, encapuchado, con guantes y mochila, acercándose a la puerta principal y retirando la cámara de seguridad durante la madrugada.

En los primeros días de búsqueda, surgieron varias notas de rescate que exigían sumas millonarias. Según Savannah Guthrie, al menos dos de estas notas parecen legítimas, aunque la ausencia de pruebas de vida ha dificultado el avance de la investigación.

La familia ha cooperado con las autoridades federales y estatales, entregando todas las comunicaciones y documentos recibidos para su análisis.

El hallazgo de más de una docena de guantes en la zona dio esperanzas de encontrar nuevas pistas, pero solo uno coincidía con un trabajador de un restaurante local.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han detectado coincidencias de ADN en las bases de datos federales.

Los peritajes realizados en la vivienda y sus alrededores tampoco han arrojado resultados concluyentes, lo que ha incrementado la frustración de la familia y de los investigadores.

Hipótesis sobre el motivo del secuestro

Savannah Guthrie declaró que la familia desconoce el motivo del secuestro, aunque teme que la notoriedad de la familia haya sido un factor.

“No sé si fue porque es mi madre y alguien pensó que podrían sacar dinero rápido”, indicó. Las exigencias económicas en las notas de rescate refuerzan esta posibilidad, pero no se han obtenido respuestas concluyentes.

La policía tampoco ha descartado la intervención de un grupo organizado, aunque hasta ahora no se han recibido otros mensajes que permitan orientar la investigación hacia una banda criminal específica.

El caso se ha visto complicado por la condición de salud de Nancy Guthrie, quien sufría dolores crónicos y era considerada frágil por sus allegados.

Esta circunstancia llevó a la familia a pensar inicialmente en una posible emergencia médica vinculada a la desaparición, aunque el escenario encontrado en la casa terminó por descartar esa posibilidad.

Sin avances significativos tras dos meses

Tras alertar a hospitales y con la investigación sin progresos sustanciales, la familia Guthrie permanece en incertidumbre. “Esto no está bien. Algo va muy mal aquí”, concluyó Savannah Guthrie sobre la escena encontrada el día de la desaparición.

En declaraciones recientes, la periodista insistió en la necesidad de mantener la atención pública sobre el caso, con la esperanza de que nuevas pistas puedan surgir a partir de la difusión mediática.

La policía mantiene abierta la investigación, pero la falta de pistas sólidas prolonga la espera de la familia y de la opinión pública. Mientras tanto, el paradero de Nancy Guthrie sigue siendo desconocido, y cada día que pasa sin respuestas incrementa la preocupación y la presión sobre las autoridades.

Ese 5 de septiembre pasado, ella, de 46 años, no lo dudó. Fue hasta la comisaría de Tandil y a la sede de Fiscalías local para denunciar que su ex pareja Jairo Corsi, de 46 años, la llevó hasta un campo y allí la amenazó con un cuchillo para abusarla sexualmente.

Con todos los resortes de la Justicia activos, siete días después se detuvo a Corsi y se lo imputó por los delitos de abuso sexual y amenazas agravadas. El acusado quedó con prisión domiciliaria en una casa del pasaje Catriel al 200 de Tandil. Le pusieron una tobillera electrónica.

Pasarían 189 días para que se volviera a desatar el calvario en la vida de ella. Según pudo saber Infobae, este viernes, llamó al 101 desde una estación de servicio ubicada en Juan N. Fernández, en la ciudad de Necochea. Allí le dijo al operador que su ex, el que debía estar en prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, la había privado de su libertad.

Dicho y hecho, las autoridades constataron que Corsi se había cortado la tobillera electrónica y no estaba preso en la casa del paraje Catriel de Tandil. Tampoco nada se sabía de ella y entonces se inició una causa por averiguación de paradero.

Se estableció así que ese llamado era tan cierto como temible: el imputado había captado a su ex y la mantenía cautiva. Las cámaras de seguridad fueron cruciales. El prófugo la llevaba en una camioneta Ford Ranger y, por los impactos de las antenas de los teléfonos, se los ubicó en San Manuel, de la localidad de Lobería, al día siguiente del pedido de auxilio de ella.

Este domingo, se allanó por orden del juez de garantías N°2 Juan J. Suárez la casa de Corsi en Tandil, donde debía estar preso, y se secuestraron celulares. En paralelo, la camioneta del prófugo fue hallada abandonada en Juan N. Fernández. Había quedado encajada. Pero no ellos: se la llevó en una moto Kawasaki negra rumbo a la ciudad de Rauch.

Esta madrugada, la SubDDI de Las Flores y agentes del Comando de Patrulla de Rauch hallaron al prófugo y a la víctima en el establecimiento rural “La Lonja”. Al notar la presencia policial, Corsi se atrincheró y tomó a su ex como rehén.

Los policías lograron que los dos hijos de Corsi dejaran la propiedad, mientras escuchaban cómo el prófugo amenazaba con quitarse la vida. “Los oficiales fueron al límite y primero negociaron la entrega de los chicos y después llamaron al Grupo Halcón”, contó una fuente del caso a este medio.

Con personal del GAD de la Bonaerense, un negociador y el Grupo Halcón en el lugar, se estableció un perímetro y, tras cuatro horas y media de tensión, se irrumpió en el lugar: los policías redujeron al imputado y, si bien Corsi disparó, no lesionó a nadie. Fue trasladado a la Comisaría 4ª luego de poner a la víctima a salvo.

A Corsi le secuestraron un revólver calibre .22, marca Tala, con cinco cartuchos intactos y una vaina servida y ahora deberá responder ante el fiscal Eguzquiza de la UFI N°16 de Azul.

La familia de Nancy Guthrie, de ochenta y cuatro años, renovó su pedido de ayuda tras más de siete semanas sin noticias sobre su paradero desde su desaparición el 1 de febrero en Tucson, Arizona.

En una declaración difundida a través de redes sociales y medios locales, sus allegados pidieron a la comunidad que revise cualquier registro, conversación o anotación que pudiera aportar una pista sobre el caso y recalcaron la importancia de la participación ciudadana en la investigación.

La desaparición de Nancy Guthrie movilizó a las autoridades locales y federales, incluyendo al FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Pima, que indagan bajo la hipótesis de secuestro.

Según fuentes oficiales, la investigación se intensificó tras detectar la presencia de un sospechoso en la vivienda y recibir denuncias sobre intentos de extorsión usando criptomonedas.

Para incentivar la colaboración se ofrece una recompensa superior al millón de USD por información que ayude a localizar a Nancy Guthrie.

El caso Guthrie generó conmoción en Tucson y el sur de Arizona, donde la posibilidad de nuevas pistas depende de que se analicen cuidadosamente todos los indicios, por mínimos que parezcan.

Las autoridades solicitaron a los residentes en un radio de tres kilómetros alrededor del domicilio de Guthrie que revisen y entreguen grabaciones de cámaras de seguridad captadas entre el 1 de enero y el 2 de febrero.

Figuran entre las pruebas analizadas videos de un posible intruso enmascarado y mensajes de rescate calificados por el FBI como “altamente sofisticados”, ya remitidos para análisis forense.

Cronología y detalles clave de la desaparición

El 31 de enero, Nancy Guthrie fue vista por última vez tras compartir una cena familiar en su domicilio. Al día siguiente, la familia nota su ausencia en la iglesia, lo que activa la alarma y deriva en la denuncia formal por desaparición.

La familia destacó tres momentos clave para la investigación:

• Noche del 31 de enero: última vez que se ve a Nancy Guthrie.
• Primeras horas del 1 de febrero: periodo en que se detecta la desaparición.
• Tarde del 11 de enero: cámaras de seguridad captan a un hombre enmascarado en la puerta de la vivienda de Guthrie, hecho que podría estar relacionado con los eventos posteriores.

En su llamado, firmado por Camron, Kristine, Annie, Tommaso, Savannah y Michael, la familia señaló: “No hay detalle demasiado pequeño. Puede ser la clave”.

Subrayaron que algún vecino podría tener datos relevantes, incluso si aún no es consciente de su importancia, y enfatizaron la necesidad de revisar cualquier registro, fotografía o grabación, pues hasta el dato más pequeño puede ser determinante para la investigación.

Investigación, hipótesis y recompensa

La búsqueda moviliza a la comunidad y múltiples agencias de seguridad. Tanto el FBI como la Oficina del Sheriff del Condado de Pima investigan el caso como un posible secuestro, apoyados en pruebas como la presencia de un sospechoso en las inmediaciones de la vivienda y el análisis de mensajes de rescate con nivel técnico inusual, según información oficial.

Entre las pruebas recopiladas se incluyen grabaciones de cámaras, mensajes electrónicos y pruebas físicas recabadas durante los operativos.

La recompensa por información que conduzca al paradero de Nancy Guthrie supera el millón de USD, cifra inédita en la región y que refleja la gravedad del caso y la determinación de la familia y autoridades.

Las pistas pueden ser enviadas de forma confidencial al FBI llamando al 1-800-CALL-FBI, a través del formulario en línea o directamente a la Oficina del Sheriff del Condado de Pima.

El impacto en la familia y la comunidad

La familia Guthrie expresó su agradecimiento por el apoyo de vecinos, amigos y organizaciones locales. Reiteraron: “no pueden descansar hasta que Nancy regrese a casa”, y reconocieron la incertidumbre diaria como “un golpe devastador”.

También manifestaron: “Queremos celebrar su vida hermosa y valiente, pero no podemos hacerlo hasta que la traigamos de regreso”.

El caso ha impactado en Tucson y el sur de Arizona, donde la comunidad mantiene la expectativa de que la cooperación ciudadana y la labor de las autoridades permitan esclarecer lo ocurrido y devolver la tranquilidad a los Guthrie.

Cada mensaje, grabación o detalle aportado podría ser decisivo en una investigación aún abierta y sin respuestas concluyentes.

Rafael “N”, alias “Aurora” y/o “Rafa”, fue detenido derivado de labores de inteligencia por parte de elementos de seguridad federal en el municipio de Uruapan, Michoacán, tras estar relacionado con huachicol y otros delitos en la región.

Su arresto se efectuó por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y de autoridades locales.

Derivado de labores de seguimiento a las actividades de una organización criminal con presencia en el municipio, las autoridades lograron identificar al sujeto.

Tras la realización de vigilancias fijas y móviles, las autoridades obtuvieron su ubicación y zona de movilidad en la colonia Rosa de Castilla del municipio de Uruapan, donde se desplegó un operativo para capturarlo.

Detenido con un arma de fuego y dosis de droga

Rafael “N”, alias “Aurora”, fue localizado en dicha colonia por autoridades federales, quienes durante su detención le aseguraron un arma de fuego, cinco cartuchos útiles, cinco dosis de droga y un vehículo.

El sujeto fue puesto junto con lo asegurado a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Desde delincuencia organizada hasta huachicol: estos son los delitos de los que se le acusa

Datos obtenidos por Infobae México refieren que el “Aurora”, de 35 años de edad, es identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien está relacionado con delitos contra la salud, traspaleo, delincuencia organizada y robo de hidrocarburos.

Además, Rafael “N” está imputado dentro de una carpeta de investigación que radica en el estado por los delitos de secuestro y receptación.

No solo el CJNG, estas son las organizaciones criminales con presencia en Michoacán

El estado de Michoacán se encuentra asediado por la operación de 17 grupos criminales que disputan el control en la mayoría de los 113 municipios que lo integran, de acuerdo con un análisis del especialista en seguridad pública, Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

El Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización que domina el estado con actividad en 110 de los 113 municipios. Esta cifra lo coloca muy por encima de cualquier otro grupo delictivo local, consolidando a dicha estructura como la de mayor alcance en el territorio michoacano.

En contraste, la agrupación conocida como Cárteles Unidos tiene operaciones en 81 municipios, lo que significa una diferencia de solo 29 municipios respecto al CJNG.

Cárteles Unidos actúa como un conglomerado de organizaciones rivales que han pactado alianzas intermitentes e incluye a Los Viagras, la Nueva Familia Michoacana, Cártel de Tepalcatepec, los Caballeros Templarios, Cártel de los Reyes, Cártel Santa Rosa de Lima y la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Hasta ocho grupos criminales en un solo municipio

El mapeo criminal, publicado originalmente en Animal Político, indica que en 30 municipios solo se registra una organización, en 31 coexisten dos grupos, y en 30 hay tres bandas delictivas varias veces enfrentadas entre sí.

La situación escala en complejidad en lugares como Apatzingán, donde se han detectado hasta 8 organizaciones criminales diferentes.

El informe detalla la distribución de los principales grupos más allá del CJNG y Cárteles Unidos:

• Los Viagras, de manera autónoma, tienen presencia en 44 municipios, principalmente en la zona de Tierra Caliente y el área central del estado.
• Cártel de Tepalcatepec se encuentra activo en 26 municipios.
• Nueva Familia Michoacana tiene operaciones en 29 localidades.

• Blancos de Troya controlan actividades en 12 municipios.
• Cártel de los Reyes cubre 11 municipios.
• Caballeros Templarios actúan en 10 municipios.
• Cártel Santa Rosa de Lima limita su influencia a 2 municipios.
• Los Mayos del Cártel de Sinaloa están presentes en 1 municipio.

Organizaciones de menor envergadura territorial, como Cártel de Zicuirán cuenta con presencia en 7 municipios, el Cártel de la Virgen en 6 , los Tena en 8, Pájaros de la Sierra en 10, los Correa en 13, los Panchitos en 4, Pueblos Unidos en 6 y los Revuelta en 2.

Durante una rueda de prensa en la sede madrileña de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), el arzobispo expresó su preocupación por el incremento de la violencia: “Me alegré y aplaudí cuando escuché a Donald Trump que dijo vamos a ir a Nigeria, vamos a acabar con Boko Haram, y dije 'ven', pero en Navidad recibimos un regalo que fue una bomba que cayó en suelo nigeriano que no sabría decir si hizo algún bien. Y ese incidente sumado a sus palabras han inflamado mucho la pasión de los islamistas que hay en ese territorio. La cantidad de ataques, la cantidad de secuestros de Boko Haram y de los demás grupos han estado creciendo incluso desde entonces. Pensábamos que iba a atacar la raíz del problema, la raíz de Boko Haram, a erradicar todo esto para poder vivir en paz”, manifestó Kaigama, citado por Europa Press.

El prelado agradeció que Trump identificara explícitamente la persecución sufrida por los cristianos nigerianos, pero criticó que el lanzamiento de “una sola bomba” no haya cambiado la situación y, por el contrario, haya generado “el efecto contrario”, de acuerdo con Europa Press. Kaigama solicitó a Trump y a otros líderes internacionales que apoyen a Nigeria con equipamiento, personal y cooperación con el gobierno local para erradicar la violencia. Subrayó que no es suficiente con acciones militares puntuales, sino que es necesario un compromiso sostenido y integral.

El arzobispo expuso que existe una estrategia deliberada por parte de grupos islamistas para debilitar el cristianismo y frenar el avance de la evangelización en Nigeria. Según argumentó, se producen incidentes de secuestro recurrente de sacerdotes y amenazas a la población laica que asiste a misa, mediante ataques armados y amenazas continuas. Kaigama detalló que trasladó la situación al Papa León XIV durante la reciente visita de los obispos nigerianos a Roma, durante la cual el pontífice ofreció un espacio de diálogo a puerta cerrada para escuchar las experiencias y preocupaciones de la delegación.

En las declaraciones citadas por Europa Press, Kaigama advirtió sobre el interés de Boko Haram en “islamizar Nigeria”. Relató cómo la imposición de la ley islámica, la Sharía, afecta a personas no musulmanas, las cuales han visto restringidos sus derechos, especialmente en el norte del país. El arzobispo informó que diversas parroquias de Abuja se encuentran actualmente sin actividad, ya que sus responsables temen regresar por el clima de inseguridad. “Si esto continúa, vamos a estar en peligro de perder nuestra fe y de no tener la fortaleza necesaria para sostener nuestra fe y nuestra Iglesia”, señaló.

En ese mismo evento, el director de ACN España, José María Gallardo, señaló que en la última década han sido secuestrados 200 sacerdotes, 80 comunidades han experimentado ataques directos y solo en la diócesis de Makurdi se contabilizan 1,5 millones de personas desplazadas. Europa Press reportó que la noche del 13 al 14 de junio de 2025 se perpetró una masacre contra comunidades de desplazados internos, en la que fueron asesinados 259 cristianos, según testigos que identificaron a extremistas fulani como perpetradores de esos hechos.

Gallardo atribuyó la reciente escalada de violencia a factores como el yihadismo de Boko Haram y el Estado Islámico, el accionar de bandas criminales y el extremismo de los pastores fulani, sumados a la debilidad política, la deficiente gestión estatal y la corrupción, además de una lucha persistente por el control de recursos naturales. A pesar de esta situación, ACN resaltó que los sacerdotes y seminaristas continúan prestando apoyo a sus comunidades, mientras los seminarios mantienen sus matrículas.

La campaña 'Sana Nigeria', presentada por ACN en Madrid, busca canalizar ayuda a través de tres líneas de trabajo: apoyo material, formativo y pastoral a sacerdotes y religiosas; construcción de un centro de atención para víctimas y desplazados; y medidas de protección para cristianos perseguidos. El director de ACN España afirmó, según recogió Europa Press, la importancia de visibilizar la situación, como en la proposición no de ley debatida recientemente en el Congreso español para apoyar a los cristianos perseguidos, invitando a la unidad política en torno a la defensa de los derechos humanos de las comunidades afectadas en Nigeria.

Por otra parte, el arzobispo Kaigama comentó la existencia de un conflicto por el control de los recursos y la influencia sobre la población nigeriana, señalando la presencia de inversores extranjeros, como empresarios chinos, motivados por el interés económico y no por objetivos religiosos, según reflejó Europa Press. Esta dinámica agrega presión sobre las comunidades locales, que enfrentan tanto amenazas de grupos armados como la competencia por los recursos naturales.

Según información recopilada por Europa Press, la campaña 'Sana Nigeria' prevé reforzar tanto la resiliencia de las comunidades cristianas como la denuncia internacional de las vulneraciones que afectan a la Iglesia en el país. Las cifras de sacerdotes secuestrados, personas desplazadas y víctimas fatales reflejan la complejidad y la magnitud de la crisis vigente, mientras líderes eclesiásticos solicitan de manera urgente la intervención internacional y una cooperación amplia para preservar su fe y sus derechos fundamentales.

Las fuentes del caso precisaron a Infobae que “Dehilan”, de 18 años, era buscado por Interpol en el marco de una causa en la que se lo acusa de haber actuado en conjunto con otros integrantes de una banda criminal, que operaba en el país trasandino, para secuestrar a dos ciudadanas chilenas que circulaban en su vehículo particular.

Medios chilenos precisaron que “Dehilan” -que cuenta con más de 80 mil seguidores, 40 mil en TikTok y 50 mil oyentes mensuales en Spotify- era buscado por el secuestro de la hija y la esposa de Marcelo Mella, líder del clan “Los Mella”, quien en enero del año pasado reunió en menos de un día 500 millones de pesos para liberarlas.

Con las víctimas cautivas, “Dehilan”, hijo de Carlos Acevedo Ramírez, un narcotraficante conocido como “El Guatón Mutema” que fue asesinado en abril de 2025; extorsionaba a los familiares de las chicas con reiterados envíos de fotos y videos de ellas, mediante los cuales exigían el pago de una millonaria recompensa.

Si bien en un principio reclamaban la suma de 1.000 millones de pesos chilenos, los secuestradores finalmente accedieron a bajar sus pretensiones y obtuvieron un total de 500.000.000 pesos de la moneda chilena, un equivalente a 600 mil dólares.

De acuerdo a la causa iniciada por las autoridades judiciales de Chile, “Dehilan” habría sido el autor intelectual y material del secuestro de las víctimas, por lo cual se ordenaron una serie de tareas investigativas para dar con él y sus cómplices.

En el marco de una intensa investigación, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA desarrolló amplias tareas de campo, análisis informativos sobre fuentes públicas y privadas y consultas con la Dirección Nacional de Migraciones.

De esa manera, los investigadores lograron determinar que el cantante arribaría durante los primeros días del año a la Argentina, en compañía de su actual pareja.

Una vez identificados, los uniformados llevaron a cabo un sigiloso seguimiento y divisaron que “Dehilan” y su acompañante ingresaron a un edificio de alquileres temporarios de CABA.

Después de algunas horas de vigilancia en el lugar, los agentes concretaron el arresto del músico, que quedó a disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, Secretaría N°3 de Lourdes López.

El pasado jueves, luego de permanecer casi dos meses detenido en CABA, “Dehilan” fue extraditado a su país natal. Acompañado por dos efectivos de la Policía de Chile, voló en un vuelo de la línea aérea Latam y ahora será juzgado por la justicia chilena.

Un joven de 19 años fue secuestrado en la madrugada del 22 de febrero en un local de comida rápida en la zona sur de Aviñón, en Francia, un hecho que movilizó a la policía judicial de la ciudad. La investigación apunta a que el grupo armado habría cometido un error al elegir a su víctima.

El ataque ocurrió mientras el joven aguardaba su pedido en el McDonald’s de La Cristole, acompañado de dos amigas. De acuerdo con la reconstrucción inicial, varios hombres encapuchados y provistos de un kalashnikov lo encañonaron y lo obligaron a subir a un vehículo en cuestión de segundos.

La División de Criminalidad Organizada y Especializada (DCOS) asumió el caso de secuestro y privación de libertad, centrando sus esfuerzos en identificar y localizar a los responsables. Sin embargo, según la policía, “los delincuentes se habrían equivocado de objetivo”.

El joven, que no tenía antecedentes policiales ni judiciales, fue finalmente liberado tras ser golpeado y despojado de sus pertenencias. Logró refugiarse en una vivienda de Pujaut, un pueblo en el cercano departamento del Gard, donde fue hallado posteriormente. La policía ha destacado que se trata de un error y que la vida del chico no está en peligro.

Aumentan los secuestros en Francia

El caso se enmarca dentro de un crecimiento de los secuestros en Francia. En 2025, muchos de los incidentes estuvieron relacionados con el mundo de la inversión en criptomonedas. Así, en los últimos meses, Francia, Bélgica y España han sido escenario de ataques con características similares, todos ellos dirigidos contra individuos o familiares cercanos a figuras relevantes del ecosistema cripto.

Entre los precedentes más notorios destaca el secuestro de David Balland, fundador de una empresa del sector valorada en más de mil millones de euros. El pasado 21 de enero, Balland fue secuestrado junto a su pareja en su domicilio de Méreau y posteriormente trasladado a otra localidad. En ese intervalo, los asaltantes le amputaron un dedo y remitieron el vídeo de la mutilación a su socio como elemento de coacción, acompañando las imágenes de una demanda de diez millones de euros en criptomonedas.

Otro de los casos más recientes, y el episodio más grave registrado hasta la fecha, fue el de un hombre de 60 años que permaneció retenido durante más de dos días en una vivienda situada al sur de París, periodo en el que los captores, tras amputarle un dedo, exigieron un rescate millonario a su hijo.

La intervención de la policía francesa se produjo a raíz de la denuncia interpuesta por la familia de la víctima. Según ha informado la Fiscalía, el padre secuestrado está relacionado de forma directa con el sector de las criptomonedas, ya que su hijo, junto a él, gestiona una empresa con sede en Malta dedicada a estos activos digitales. La esposa del hombre ha explicado a la policía que tanto su marido como su hijo ya habían sido objeto de amenazas previas, lo que ha incrementado la preocupación de los investigadores sobre los riesgos específicos que afrontan quienes acumulan riqueza en este sector.

Un nuevo caso de desaparición se reportó en la calle 85 con carrera 13, en el norte de Bogotá, uno de los puntos de la capital del país, en el que más casos de secuestros exprés y extorsivos se han reportado.

Se trata de Sergio Daniel Gómez, un joven economista, caleño, que abordó un vehículo que, según la información del cartel de búsqueda que se está difundieron en las redes sociales, fue visto por última vez abordando un vehículo de placas REN 143, tras salir de la discoteca Capote Bogotá, en la calle mencionada.

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El desaparecido se subió en el vehículo alrededor de las 4:00 a. m. del viernes 27 de febrero de 2026, como se ve en una de las imágenes que acompaña al anuncio.

En la instantánea se ve al joven con una chaqueta gris, un jean y zapatos blancos. Según el reporte, también vestía una camiseta blanca.

En ese sentido, los familiares y amigos del economista vallecaucano entregaron datos de contacto en caso de que alguna persona tenga información de su paradero o algún detalle que permita su ubicación.

Los números de teléfono que dejaron fueron estos: 301 6464898 y 317 1127137.

El joven es un activo profesional de la Economía. En sus redes sociales se describe como un “apasionado por la política”, integrante de #LaCurulDeLaGente, así como un participante de la bancada popular de Cali, del Pacto Histórico.

Durante las últimas semanas la ciudadanía capitalina se ha conmocionado por los crecientes casos de secuestros exprés, también extorsivos, y los casos de ‘paseos millonarios’ ocurridos a ciudadanos que solicitan servicios de transporte en la reconocida calle capitalina.

La calle 85, un epicentro de la inseguridad del norte de Bogotá

Este reconocido corredor, que entre las carreras 7 y 15 es uno de los puntos más concurridos de Bogotá por quienes buscan restaurantes, bares y establecimientos de ocio, es también uno de los más inseguros, de acuerdo con las cada vez más denuncias ciudadanas sobre casos de ‘paseos millonarios’ y secuestros exprés.

La que fuera una de las calles más costosas de la capital, por su gran concentración de tiendas de moda, restaurantes de primer nivel y otro tipo de comercios, además de su cercanía con el centro comercial Andino, se ha convertido en un campo de batalla entre la ciudadanía y la delincuencia.

Solo en el 2026 se han conocido escenarios desgarradores, como la cruenta muerte del profesor de la Universidad Externado de Colombia, Neill Felipe Cubides, a finales de enero, que solicitó un servicio de transporte en ese sector, para que unos días después su cuerpo fuera hallado incinerado en una zona deshabitada de la localidad de Usme.

También está el asesinato del empresario Gustavo Aponte Fonnegra, que fue ultimado a tiros por un equipo sicarial que los estaban esperando a él y a su escolta persona, a la salida de su entrenamiento, en la sede del Bodytech de la calle 85, abajo de la carrera 7. El hecho ocurrió el miércoles, 11 de febrero.

Otros casos de víctimas drogadas y hurtadas

Aunque otros casos también se han reportado, incluso, en la prensa, uno de los más sonados en la última semana de febrero fue el secuestro de Diana Ospina, que pese a que no ocurrió precisamente en la calle 85, sucedió en la localidad de Chapinero, la noche del 24 de febrero.

Tras la liberación de Ospina, diversas víctimas expusieron sus experiencia en la mencionada calle, como Valerie Gutiérrez Galvis, que denunció que fue drogada y robada esa misma noche, tras salir de un bar de la calle 85.

La mujer abordó un servicio de transporte por aplicación junto a una amiga, según relató en un video publicado en sus redes sociales, y activó la función de rastreo de su iPhone y lo ubicó en la zona de la Primera de Mayo, en el sur de Bogotá.

Según el testimonio, después de finalizar la fiesta, eligió pedir un transporte por aplicación pese a estar acompañada de amigos. “Pedimos un Uber y minutos después perdimos total conocimiento”, explicó. Al despertar en la calle 127 con carrera séptima, junto a su acompañante, el conductor les exigió que descendieran del auto y les negó haber subido celulares. “El señor empieza a gritar: ‘Ustedes nunca se subieron con un celular. Se me bajan ya, se me bajan’”, narró la víctima.

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló este miércoles varios puntos de acopio y distribución de drogas en la localidad de González Catán, tras un operativo simultaneo que culminó con la detención de ocho personas, la incautación de diversas sustancias ilegales y el decomiso de armas, dinero y material tecnológico.

Del procedimiento participó la División Operaciones Área Metropolitana Norte, mientras que la investigación fue supervisada por el Juzgado de Garantías N° 3 Departamental de La Matanza y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 Temática de Estupefacientes bajo.

Según pudo saber Infobae de fuentes relacionadas al caso, los resultados permitieron identificar una organización que empleaba dichos domicilios como centros de acopio, fraccionamiento y venta de estupefacientes. Los documentos judiciales revelaron que el grupo operaba bajo las órdenes de un masculino que ya se encontraba detenido por infracción.

De acuerdo con el parte oficial, los domicilios donde se ejecutaron las órdenes de allanamiento se ubican sobre la calle Riglos, Céspedes, Pje. Aranda, calle Lanza, y un local con fachada de rotisería sobre la calle Armonía. También se intervino una celda dentro de la Unidad N° 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Durante la operación, el personal policial detuvo a cinco mujeres, identificados como B. C. M., N. V. A., M. E. V., C. A. J., y S. M. A.; y tres hombres: M. A. A., A. S. V. y B. E. Q. Además, incautaron 282 gramos de tusi, 220 gramos de cocaína, 810 gramos de pasta base, 848 gramos de marihuana y tres plantas de marihuana.

Secuestraron una pistola Glock modelo 19 calibre 9 mm con numeración suprimida, varios cargadores y 128 municiones calibre 9 mm, un rifle de aire comprimido, dos balanzas digitales de precisión, quince teléfonos celulares, y una suma de dinero compuesta por 142.400 pesos argentinos, cinco dólares estadounidenses, diez euros y veinte mil guaraníes.

El operativo también permitió el retiro del circuito ilegal de bolsas tipo ziploc y recortes de nylon negro destinados al fraccionamiento y empaque de las sustancias.

La Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico destacó la importancia de la labor de inteligencia criminal, que incluyó tareas de campo y recolección de pruebas durante varias semanas.

El procedimiento recibió el respaldo de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, que subrayó la relevancia de desarticular eslabones claves dentro de la cadena de distribución minorista.

Las investigaciones continúan abiertas, mientras que las pruebas recolectadas serán evaluadas por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 Temática de Estupefacientes. Las autoridades no descartan nuevas medidas vinculadas a la misma estructura criminal.

Dos detenidos en un búnker en Merlo

El lunes de esta semana se llevó a cabo un operativo policial que permitió la desarticulación de un búnker narco en Merlo, donde se detuvo a dos personas y se incautaron envoltorios de cocaína listos para la venta.

Los agentes, tras identificar el método de comercialización, lograron reunir pruebas audiovisuales de las transacciones que determinaron la autorización del allanamiento por parte del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón. El registro, realizado en la esquina de Manuel Alvarado y Doblas, derivó en el secuestro de dinero en efectivo y teléfonos celulares, elementos que serán peritados para avanzar en la causa.

La investigación comenzó luego de que vecinos del barrio presentaran reiteradas denuncias por peleas entre vendedores y compradores de droga. Estas quejas, canalizadas a través de la Secretaría de Seguridad local, llevaron a la intervención de la Fiscalía N° 9 de Morón, bajo la dirección de la fiscal Marisa Monti, y al despliegue de tareas encubiertas por parte de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de la Policía.

El domicilio funcionaba como un punto de venta permanente, lo que generaba un flujo sostenido de personas y vehículos en el barrio. Las dos personas detenidas fueron identificadas como los principales responsables de la organización que operaba allí. La cocaína secuestrada será sometida a análisis para determinar su pureza.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a penas de hasta 15 años de prisión para los integrantes de la banda de falsos policías que secuestraron en agosto de 2015 a Eduardo “Lalo” Ramos, ex campeón de Turismo Carretera, y a su acompañante, cuando ambos viajaban desde la ciudad de Mar del Plata hacia Buenos Aires por la Autovía 2.

El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa oficial de los condenados, según consta en la resolución judicial a la que accedió Infobae.

El episodio tuvo lugar el 18 de agosto de 2015, cuando Ramos y su amigo transitaban por el kilómetro 40 de la ruta 2, en el partido bonaerense de Berazategui. Ambos viajaban desde Mar del Plata hacia Puerto Madero con motivo de una cena.

En ese trayecto, delincuentes que simulaban ser policías detuvieron el vehículo bajo el pretexto de un control. Tras identificarse como miembros de una fuerza de seguridad, los supuestos agentes obligaron a Ramos y Villar a bajar del automóvil. Allí los precintaron, propinaron golpes de puño y, a uno de ellos, le aplicaron un culatazo con un arma.

De acuerdo con la reconstrucción que figura en el fallo, los falsos policías forzaron a las víctimas a subir al piso trasero del rodado de los imputados. Durante el cautiverio, uno de los secuestradores llegó a aplicarle una descarga eléctrica con una picana a Eduardo “Lalo” Ramos en el hombro.

Posteriormente, los captores separaron a los dos hombres: uno permaneció a bordo de un vehículo toda la noche, mientras el otro fue trasladado a una vivienda. En ese lugar, uno de los imputados lo amenazó reiteradamente al apoyar un arma de fuego en su cabeza, accionar la corredera y martillar el arma, una secuencia que quedó registrada en el expediente judicial.

La situación se extendió hasta que los secuestradores lograron cobrar un rescate de 35.000 dólares, tras lo cual ambas víctimas recuperaron la libertad.

“Me quiero cuidar porque hay una investigación, pero siempre tuve sentido de la ubicación, fue un viaje de unos 40 minutos y nunca perdí el sentido de la ubicación”, comentó el ex corredor en declaraciones a Radio Mitre, dos días después del secuestro. Y al respecto, precisó: “En un momento me bajaron a mí con este tipo que estaba totalmente loco y me dijo: ‘Juntá 500 mil para arrancar’. Entonces le respondí: ‘Sos medio pelotudo, ¿de dónde querés que saque esa plata?’”.

La investigación derivó en el procesamiento y posterior condena de los responsables. Hay que recordar que el 28 de febrero de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 dictó sentencia contra Pablo Franco Canabe Rogel, Gabriel Arnaldo Villalba y Pablo Javier Gaitán, condenándolos a 15 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo agravado por la cantidad de personas intervinientes y el uso de armas de fuego.

En el caso de Villalba, se agregó el delito de resistencia a la autoridad, mientras que Gaitán recibió, además, condena por portación ilegal de arma agravada por antecedentes penales y encubrimiento, todos en concurso real. Por su parte, Matías Emanuel Avalos fue condenado a seis años y ocho meses de prisión como partícipe secundario.

La decisión de primera instancia fue confirmada el 13 de febrero de 2020 por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, y frente a la negativa de un recurso extraordinario, la defensa de Villalba, Avalos y Gaitán interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema. El expediente regresó a Casación, donde la Sala IV ratificó las condenas en 2022.

Finalmente, la máxima instancia judicial desestimó el recurso extraordinario, dejando firmes las condenas.

Las víctimas permanecieron privadas de la libertad durante 15 horas bajo la modalidad de secuestro extorsivo, de acuerdo con la información oficial que emitieron las fuerzas militares.

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El operativo fue posible gracias a la denuncia inmediata de los familiares ante el Gaula Militar Meta. La rápida reacción de las tropas permitió ejercer presión sobre los secuestradores, que finalmente abandonaron el lugar y liberaron a los ciudadanos en una zona rural del municipio. Sin embargo, los presuntos delincuentes huyeron.

Voceros de la institución indicaron que, tras la liberación, los uniformados continuaron con labores de registro y control, y lograron ubicar un vehículo abandonado y tres teléfonos celulares que habían sido despojados a las víctimas. Todos los bienes recuperados fueron devueltos a sus propietarios.

Desde la Cuarta División del Ejército Nacional confirmaron un despliegue operacional en el departamento del Meta en favor de la población civil y la lucha contra el secuestro y los delitos que afectan la libertad personal.

Puerto Gaitán, ubicado en el oriente colombiano, es una zona prioritaria para las operaciones de la Fuerza Pública debido a la persistencia de acciones delictiva.

En Bogotá también aumentaron los secuestros extorsivos

La Plenaria del Concejo de Bogotá aprobó la citación presentada por el concejal Julián Sastoque para que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán responda en debate por el aumento de los secuestros extorsivos en la ciudad.

Sastoque, del Partido Alianza Verde, calificó la situación de “absolutamente preocupante” y exigió que la Secretaría de Seguridad presente estrategias serias para enfrentar este delito. El concejal refirió el caso de Diana Ospina, no como un hecho aislado, sino como una práctica normalizada y reveló que durante 2025 los secuestros extorsivos crecieron un 362%, de ocho casos en 2024 a treinta y siete en 2025. “Esa cifra no se registraba desde hace 21 años”, enfatizó.

Según datos del Sistema Estadístico de la Policía Nacional, Bogotá se consolida como la capital con más secuestros extorsivos en el país. Además, Sastoque advirtió que las mujeres representan el 27% de las víctimas de este delito. El debate de control político se realizará en próximas sesiones con la participación de la Alcaldía y entidades de seguridad.

La inseguridad por secuestros sí estaría peor, en Bogotá: en el Concejo confrontaron cifras de la Alcaldía

El concejal Julián Espinosa encendió las alarmas en el Concejo de Bogotá al advertir que la ciudad no es más segura y que las cifras oficiales contradicen el último balance de seguridad presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán.

Durante un debate de control político sobre seguridad, Espinosa sostuvo que seis delitos de alto impacto han aumentado en los dos primeros años de la actual administración, entre ellos homicidio, secuestro y extorsión.

Según cifras del Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco), los homicidios aumentaron un 14% al comparar los dos últimos años del gobierno de Claudia López (2.101 casos) con los dos primeros años de Galán (2.387 casos).

De estos, 1.446 homicidios fueron cometidos con armas de fuego, lo que representa un incremento del 26%. Espinosa afirmó que “el debate no es si el alcalde dice que nueve de once delitos bajaron; el debate es que se está evaluando mal. Un gobierno no puede medirse consigo mismo. Debe compararse con la administración anterior, y ahí las cifras son alarmantes”.

Entre 2024 y 2025, el delito de secuestro pasó de 13 a 40 casos, un aumento del 208%, una cifra que el concejal calificó como una “alerta grave en materia de seguridad”. La extorsión también mostró un crecimiento importante, pasando de 2.859 a 4.747 casos (66% más), mientras que los delitos sexuales aumentaron un 38% y la violencia intrafamiliar un 32%.

Espinosa cuestionó la presentación de resultados por parte de la administración Galán, señalando que “eso no se puede tapar con comparaciones convenientes ni con titulares optimistas. La ciudad necesita respuestas, no relatos”.

El cuerpo de Chris Baghsarian, de 85 años, apareció el pasado 24 de febrero tirado en los alrededores de un campo de golf de Sídney (Australia). La policía encontró su cadáver 11 días después de que la familia hubiese denunciado su desaparición, con claros signos de tortura. El octogenario no tenía enemigos, antecedentes penales ni se había inmiscuido en asuntos peliagudos, pero el pasado 13 de febrero, fue secuestrado por error por un grupo de hombres enmascarados.

Una cámara de seguridad registró las primeras horas del secuestro, donde se observa a varios hombres encapuchados saliendo de un todoterreno oscuro, accediendo a la vivienda y forzando a Baghsarian a subir al vehículo mientras él intenta zafarse. Los secuestradores parecían tener un objetivo diferente: buscaban a un hombre con vínculos a una familia del crimen organizado, pero se equivocaron de persona. “Estamos todos indignados de que esto le haya podido pasar a un hombre inocente”, declaró el inspector jefe Andrew Marks, que lidera la investigación policial, a la BBC.

La Policía de Sidney ha detenido este miércoles a dos hombres de 24 y 29 años que podrían estar relacionados con el secuestro del señor Baghsarian. Los arrestos se produjeron a las 6:30 horas de la mañana en Kenthurst y Castle Hill. Los sospechosos están siendo interrogados por los agentes, sin que haya trascendido más información.

Secuestrado y asesinado por error

Baghsarian fue sacado a la fuerza de su casa en el barrio de North Ryde poco antes del amanecer del 13 de febrero. Treinta y seis horas después, la policía reveló la identidad de la víctima y lanzó varios llamamientos urgentes a la ciudadanía para obtener pistas que pudieran conducir a su localización y garantizar su seguridad. Estaban “un millón por ciento seguros” de que los secuestradores se habían equivocado de persona.

Paralelamente, la familia lanzó un comunicado, en el que describieron la situación como “una pesadilla surrealista”. “Chris es un padre, hermano, tío y abuelo dedicado. Es profundamente querido, amable y la persona más buena que conocemos –alguien incapaz de hacer daño a nadie–“, expresaron sus allegados, según recoge la BBC. “Nos cuesta entender cómo hemos podido vernos envueltos en algo completamente ajeno a nosotros“, añadieron.

Los días pasaron sin noticias del señor Baghsarian, si bien entre las redes criminales de Sídney empezaron a circular vídeos y mensajes que supuestamente mostraban al octogenario aún vestido con el pijama con el que fue raptado y conheridas graves. Entre estos mensajes se incluía la exigencia de un rescate de cincuenta millones de dólares australianos (30,3 millones de euros) dirigido a un antiguo vecino de la zona, lo que reforzaba la hipótesis del error de identidad.

El jefe del Gobierno de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, sugirió entonces a los secuestradores que dejasen a Baghsarian en un centro comercial, un hospital o incluso una residencia de mayores, en una apelación desesperada para lograr su liberación. De poco sirvieron los avisos: pocos días después del secuestro, fueron hallados dos vehículos incendiados en otro suburbio de Sídney. Uno de ellos, supuestamente robado, contenía una alfombra manchada de sangre. Los análisis forenses permitieron vincular esas muestras tanto con Baghsarian como con una vivienda abandonada en Dural, que fue objeto de un registro policial el jueves.

Los investigadores pudieron relacionar los vídeos difundidos de Baghsarian con dicho inmueble. Además, se obtuvieron nuevos datos que conectaban el coche empleado durante el secuestro con otra zona situada al norte, lo que llevó a centrar la búsqueda en un área boscosa y de difícil acceso.

Pese a la búsqueda policial, los agentes localizaron los restos humanos de Baghsarian a las 8:00 horas del martes. El inspector Marks ha solicitado la colaboración ciudadana para cualquiera que haya observado movimientos sospechosos en la zona del campo de golf el sábado, 14 de febrero, justo al día siguiente de la desaparición. “Por pequeña que crean que sea la información que tengan, les pedimos que contacten con nosotros; estudiaremos cualquier dato que puedan aportar”, ha solicitado.

La provincia de Cabo Delgado, en Mozambique, ha sido escenario de una serie de ataques atribuidos a milicianos islamistas desde octubre de 2017, con una frecuencia que, según Carta de Mozambique, ha aumentado durante los últimos meses. El portal mozambiqueño reportó que en las inmediaciones de Mocimboa de Praia, un grupo armado interceptó a varias personas solicitando su colaboración para trasladar una embarcación que se encontraba atascada en la costa de Anga. Luego de este acercamiento, los individuos fueron forzados a acompañar a los agresores y, posteriormente, llevados a un destino desconocido.

De acuerdo con Carta de Mozambique, al menos ocho personas figuran entre las víctimas de este secuestro. Las fuentes locales citadas por dicho medio puntualizaron que los asaltantes pidieron ayuda a sus víctimas, un requerimiento que precedió a la privación forzada de la libertad y el traslado fuera de la localidad. Hasta el momento de la publicación, ninguna organización ha reivindicado la autoría del ataque. No obstante, las autoridades y reportes independientes asocian el incidente a actividades de supuestos yihadistas que actúan en la región norte del país africano.

El medio Carta de Mozambique informó que la provincia de Cabo Delgado enfrenta de manera recurrente ataques de milicianos islamistas, a menudo vinculados al grupo conocido localmente como Al Shabaab, aunque se precisa que esta organización no mantiene relación con el grupo del mismo nombre que opera en Somalia ni con los vínculos con Al Qaeda que caracterizan a la organización somalí. En este contexto, la facción denominada Estado Islámico en África Central (ISCA) ha visto un incremento en la frecuencia y violencia de sus operaciones en Mozambique, en concordancia con el fenómeno reportado en los últimos meses por las fuentes locales.

El secuestro reportado se suma a una cadena de acontecimientos que han generado preocupación tanto en las comunidades locales como en organismos internacionales, debido a la intensidad y el impacto de los ataques en la vida cotidiana y la seguridad de la población civil. Expertos citados por Carta de Mozambique han destacado que muchas de las operaciones realizadas por los grupos armados se desarrollan siguiendo patrones de intimidación y presión hacia comunidades costeras y rurales, donde la presencia del Estado es limitada. Mocimboa de Praia y sus alrededores han sido repetidamente afectados, constituyéndose en zonas de alto riesgo para los habitantes.

Desde el inicio de la insurgencia en octubre de 2017, la región ha sido escenario de desplazamientos, asesinatos y secuestros atribuidos a grupos yihadistas, según documentó Carta de Mozambique. Las razones tras el aumento de estas acciones incluyen la búsqueda de control territorial y la obtención de recursos para el financiamiento de sus operaciones. Además, se reporta que los métodos empleados por estos grupos suelen dirigirse tanto contra infraestructuras estratégicas como contra la población civil local, amenazando las condiciones de vida y las actividades económicas de la provincia.

El nuevo secuestro expuesto por el medio Carta de Mozambique refuerza el clima de inseguridad que se vive en Cabo Delgado. Hasta el momento, las autoridades no disponen de información que permita establecer el paradero de las personas detenidas ni de los responsables del ataque. A pesar de la ausencia de una reivindicación formal, las actuaciones recientes del ISCA y de grupos islamistas locales siguen constituyendo una de las principales amenazas en la zona, según las fuentes consultadas por el citado portal de noticias.

La advertencia sobre el nivel de riesgo en Haití se mantiene en “no viajar”, categorización nivel cuatro, según lo recordó la sección de asuntos consulares de Estados Unidos en los canales oficiales y la propia embajada norteamericana en el país. De acuerdo con lo informado por el medio, la notificación insiste en que persisten escenarios de alta inseguridad especialmente para ciudadanos estadounidenses que permanezcan en territorio haitiano o consideren desplazarse al país.

Según reportó la agencia, las autoridades estadounidenses pidieron este miércoles a sus nacionales extremar precauciones ante un incremento de secuestros con fines de extorsión en la capital haitiana, Puerto Príncipe, y en particular en el área de Delmas. La embajada y el Departamento de Estado advirtieron sobre la existencia de incidentes en los que los responsables de secuestros suplantaron la identidad de agentes policiales para cometer los hechos delictivos, dificultando así la identificación temprana de los riesgos.

Tanto la sección de asuntos consulares del Departamento de Estado como la embajada en Puerto Príncipe han emitido recomendaciones específicas a quienes residen o trabajan en Haití. Entre esas pautas, sugieren mantener un bajo perfil, evitar toda salida innecesaria, avisar a familiares o superiores sobre los desplazamientos y la hora estimada de regreso, contar con planes claros de comunicación con familiares, empleadores u organizaciones anfitrionas, y abstenerse de conducir sin compañía. Estas indicaciones buscan disminuir la vulnerabilidad de los ciudadanos estadounidenses frente a imprevistos motivados por la actual ola de violencia y secuestros.

El medio precisó que Washington emitió esta advertencia formal menos de dos semanas después de que el entonces primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, identificara como principales retos la organización de comicios transparentes y la desactivación de las pandillas armadas. Dichas declaraciones se produjeron en el contexto del término del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), órgano que, según la fuente, no logró los objetivos establecidos desde su conformación en abril de 2024, pues no se concretó una reducción significativa de la violencia ni hubo avances claros respecto a los procesos electorales, con un cronograma relegado a una hoja de ruta imprecisa para la segunda mitad de 2026.

Reportó el medio que la situación de seguridad en Haití ha venido deteriorándose en los últimos meses, y que las advertencias de viaje y las recomendaciones prácticas están enmarcadas dentro de una política continuada de monitoreo y alerta máxima por parte de las autoridades estadounidenses. La embajada también señaló la conveniencia de mantener canales de información abiertos y la necesidad de actualizar regularmente los planes personales de emergencia debido a la evolución constante del escenario local.

Según la información difundida por la sección consular y referenciada en la web oficial de la embajada, los viajeros estadounidenses que estén en Puerto Príncipe o en zonas aledañas deben evitar las rutas habituales donde se han detectado mayores riesgos de incidentes, como la usurpación de funciones policiales por parte de grupos armados con el objetivo de perpetrar secuestros. La gravedad de estos hechos ha motivado que la embajada refuerce su llamado a la cooperación con las fuerzas locales y la coordinación con organizaciones internacionales de asistencia.

El medio detalló que la falta de avances en la pacificación y la demora en la definición de un calendario electoral han generado inquietud tanto entre la población haitiana como entre los ciudadanos extranjeros, que cuentan con el apoyo consular de los Estados Unidos como recurso principal en situaciones de emergencia. La persistente inestabilidad política, sumada al auge de la violencia armada y los delitos de secuestro, componen el escenario que llevó a las autoridades a insistir en las restricciones de viaje y en la adopción de medidas de autoprotección estrictas para los extranjeros y residentes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido este miércoles a sus ciudadanos que restrinjan “todos los viajes innecesarios” y tomen precauciones a la hora de viajar a Haití, especialmente a su capital, Puerto Príncipe, con motivo de “un aumento de secuestros”.

“Se ha registrado un aumento en los secuestros para pedir rescates en Puerto Príncipe, particularmente en la zona de Delmas. Se han registrado incidentes de secuestradores que se hacen pasar por policías”, han alertado tanto la Embajada de Estados Unidos en Haití en su web como la sección de asuntos consulares del Departamento de Estado en redes sociales.

La legación diplomática, por su parte, ha aconsejado a los estadounidenses que actualmente están en el país centroamericano que “mantenga un perfil bajo, limite los viajes innecesarios, informe siempre a alguien sobre su destino y la hora prevista de regreso, desarrolle un plan de comunicación con su familia, su empleador o la organización anfitriona”, así como que “no conduzcan solos”.

De igual manera, la sección de asuntos consulares ha recordado que su alerta en cuanto a desplazamientos a Haití continúa en el nivel cuatro, bajo las palabras “no viajar”.

La advertencia de Washington ha llegado menos de dos semanas después de que el hasta entonces primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, señalara como principales desafíos la celebración de elecciones libres y la eliminación de las bandas armadas, palabras que llegaron al cierre mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), tras haber fracasado este en todas las tareas que tenía encomendadas desde su creación en abril de 2024: ni ha pacificado el país ni ha conseguido concretar un calendario electoral más allá de una vaga hoja de ruta para renovar autoridades en el segundo semestre de 2026.

El país sufre desde hace muchos años la violencia de las bandas criminales, que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. Según la ONU, las bandas armadas controlan el 90% de Puerto Príncipe, la capital, y mataron a casi 6.000 personas en 2025.

A finales de enero, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, había subrayado “la importancia de que se mantenga en el cargo de primer ministro de Haití para combatir a las bandas terroristas y estabilizar la isla”.

Pocos días después, el Departamento de Estado sancionó a dos miembros del CPT y a un ministro, acusándolos de apoyar a bandas.

La policía haitiana lleva varias semanas llevando a cabo una vasta ofensiva contra estas bandas criminales en el centro de Puerto Príncipe, que permitió desalojar a uno de sus miembros más conocidos, Jimmy Cherizier, alias “Barbecue”.

(con información de EP y AFP)

Según Vanguard, el ataque fue perpetrado por personas armadas no identificadas mientras se celebraba una vigilia religiosa. Aproximadamente diez fieles resultaron secuestrados, sin que hasta el momento ninguna organización haya asumido la autoría del ataque. La falta de reivindicación no ha impedido que aumente la preocupación en el área, especialmente porque la inseguridad en Nigeria ha mostrado un claro deterioro en los últimos años, particularmente en estados del centro y norte.

El presidente del consejo de Ado, Sunday Oche, confirmó la situación al calificar los hechos como “tristes noticias”. Oche informó que ha ordenado la movilización de todas las agencias de seguridad y afirmó que las autoridades están colaborando para lograr el rescate de las víctimas. Aconsejó a la población abstenerse de participar en reuniones y actividades nocturnas ante el creciente riesgo de secuestro, subrayando que la prevención resulta fundamental hasta que mejore la seguridad en la región.

De acuerdo con Vanguard, el portavoz de la Policía en Benue declaró que los agentes continúan evaluando el caso para esclarecer los detalles. Esta investigación se suma a la de otras situaciones recientes, como el asesinato de tres personas y el secuestro de otras diez durante un asalto a otra iglesia en el estado de Kaduna, donde un sacerdote también fue raptado.

Tal como detalló Vanguard, Nigeria atraviesa una crisis de seguridad marcada por la acción de varios grupos armados. En el noreste del país, las operaciones de Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en África Occidental (ISWA), continúan provocando inestabilidad. A estos conflictos se añaden los enfrentamientos entre comunidades de agricultores y pastores, motivados principalmente por disputas sobre el control de tierras fértiles, así como las tensiones derivadas de las ambiciones separatistas del pueblo igbo.

Vanguard también consignó que el crecimiento de bandas criminales en el centro y norte del país ha agudizado la situación de inseguridad. Estas bandas, junto con los conflictos religiosos y étnicos, convierten a Nigeria, la nación más poblada del continente africano, en uno de los escenarios con retos más complejos en materia de seguridad pública. Al mismo tiempo, las exigencias de organizaciones civiles y líderes locales —como las de Jude Onwe— reflejan el descontento de una parte de la ciudadanía que reclama protección y acciones más efectivas para rescatar a las víctimas de los secuestros y atacar de raíz las causas de la violencia.

El reciente secuestro en la iglesia St. John se enmarca dentro de una ola de incidentes similares que afectan la vida cotidiana de comunidades enteras, e impone restricciones en las prácticas religiosas y sociales de la población. La incertidumbre generada por estos episodios ha llevado a las autoridades locales a tomar medidas precautorias, mientras las investigaciones policiales continúan para identificar a los responsables de los ataques y establecer estrategias que permitan restaurar la seguridad en la zona, reportó Vanguard.

Un hombre de 36 años deberá cumplir con un régimen de prisión preventiva, luego de que lo acusaran de haber retenido, agredido físicamente y amenazado de muerte a su ex pareja en un rancho precario de la zona del Bañado, en la provincia de Santa Fe. Según relató la víctima, la había engañado para que supuestamente lo acompañara al médico porque estaba enfermo.

El episodio, ocurrido el jueves 29 de enero, comenzó con un engaño planificado. De acuerdo con el detalle presentado por la Fiscalía, Á. A. S. se había presentado ante la joven, para pedirle que lo acompañara a una consulta médica por una presunta enfermedad.

La mujer confió en la urgencia expresada y aceptó acompañarlo; fue así que el acusado pasó a buscarla en su motocicleta en la vivienda de una amiga. Sin embargo, en vez de dirigirse a un hospital, desvió el trayecto por la avenida de Circunvalación hasta internarse en el Bañado, una zona ribereña donde el imputado posee una ranchada utilizada para la pesca.

Cuando la víctima detectó que la ruta era incompatible con la de cualquier centro de salud del área, había cuestionado el rumbo que había tomado. No obstante, el acusado buscó tranquilizarla al afirmar que debía recoger algo antes de seguir camino.

Ya en el sitio, el hombre ingresó primero al rancho y simuló una caída. Según la información recopilada por El Litoral, cuando esta ingresó para ayudarlo, fue atacada por el agresor, quien la sujetó del cuello y la amenazó con un cuchillo.

El relato judicial consignó que, mientras la golpeaba, el hombre le gritaba amenazas de muerte explícitas. Así, le había manifestado su presunta intención de asesinarla, para luego quitarse la vida. Solo la rápida reacción de la víctima y su círculo cercano impidieron un desenlace fatal.

En un momento de descuido del agresor, la mujer logró enviar un mensaje de texto a una amiga en el que pidió auxilio. Fue esta persona quien alertó a la Central de Emergencias 911, permitiendo que la policía localizara la ranchada, rescatara a la víctima y detuviera a su ex pareja en flagrancia.

A partir de los elementos reunidos y del testimonio de la víctima, la Fiscalía resolvió imputar al hombre por los delitos de “lesiones leves dolosas calificadas por la relación de pareja y por violencia de género” y “amenazas calificadas”, en calidad de autor.

Durante la audiencia imputativa, el fiscal Eric Fernández solicitó que el imputado también afronte una prisión preventiva, tras considerar que el dejarlo en libertad implicaba un peligro inmediato para la integridad de la mujer. “Los riesgos procesales estaban latentes y la preventiva era necesaria para resguardar a la mujer que resultó víctima”, sostuvo.

A raíz de esto, el juez penal Sergio Carraro concluyó que no existía alternativa que garantizara la protección de la víctima ni de los testigos, por lo que ordenó que el imputado permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Rescataron a una mujer de una red de trata de personas que funcionaba en Granadero Baigorria

Una operación de la Policía de Investigaciones (PDI) en Granadero Baigorria permitió el rescate de una mujer que estaba privada de su libertad y la detención de un hombre durante un allanamiento por trata de personas.

El procedimiento, realizado el miércoles en una vivienda de Pasaje Esperanza sin numeración, fue coordinado por la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Entre los elementos secuestrados se hallaron dos teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

La investigación, que tramita en la Unidad Fiscal Federal de Rosario, tiene como objetivo identificar posibles vínculos con otras bandas delictivas y localizar a más responsables e involucrados. Además, no descartarían la posibilidad de poder rescatar a eventuales nuevas víctimas.

Tras concluirse el operativo, la víctima fue trasladada para su asistencia, sin que se difundieran detalles acerca de su estado ni las circunstancias exactas en que fue hallada. Finalmente, las autoridades insistieron en que la trata de personas constituye un delito federal e informaron la existencia de líneas de denuncia anónima y gratuita para quienes aporten datos sobre casos similares.

De acuerdo al estremecedor relato que compartió el propio Jonás, la violenta situación ocurrió el lunes 19 de enero, cuando se presentó en la maderera La Nativa, su lugar de trabajo, para retomar sus funciones. Sin embargo, la respuesta de los dueños de la carpintería no fue la esperada: no solo le dijeron que no le darían más trabajo, sino que, además, le comunicaron que no le pagarían ninguno de los días que estuvo en rehabilitación. No conformes con ello, también lo obligaron a firmar unos papeles en blanco para concretar su renuncia.

“Al ingresar a la oficina me dijeron que no había trabajo para mí y que no se me iba a remunerar ningún día de los días de reposo que tenía, a lo que yo exigí que se me paguen porque el accidente lo sufrí en un día laboral de semana y sucedió dentro de su carpintería. Y me dijeron que no me iban a pagar nada y que querían que les firme unos papeles en blanco”, contó Jonás, acompañado por su madre.

Al expresar su disconformidad con la decisión de sus empleadores, el patrón reaccionó de la peor manera. “Me negué y mi patrón me dijo: ‘Bueno, vamos a pagarle entonces al muchacho’. Le dijo al hijo que cierre la puerta. Cuando cerró la puerta, lo primero que hicieron fue atacarme entre los tres; me empezaron a pegar con los puños, con un palo por la cabeza, me amenazaron con una pala y me pedían que firme, que firme, que firme. Me rehusé y me siguieron pegando hasta que, por cansancio, accedí a firmar”, detalló.

Pero eso no era todo. Una vez que Jonás había firmado la documentación requerida por sus empleadores, estos le exigieron que entregara su teléfono celular para borrar todo el contenido relacionado con ellos. Mediante una nueva golpiza, los atacantes lograron que la víctima les revelara la contraseña del dispositivo, accedieron a él y eliminaron “sus contactos, el contacto del seguro, el de la empresa y el de su hijo”, según precisó Jonás.

Tras más de dos horas de permanecer encerrado en la oficina, Jonás fue llevado por sus agresores a una escribanía, donde nuevamente fue obligado, esta vez, a firmar su renuncia. Luego, fue abandonado en plena ruta junto a sus pertenencias.

Sin embargo, el calvario para Jonás continúa. “No conforme con todos los golpes que me dieron, sufrí amenazas de parte de los tres, de parte de los dos hijos y de mi patrón, que tienen mis datos, saben dónde vivo, tienen armas, tienen poder y dijeron que tienen la suficiente plata como para desaparecer a una persona. Así que estoy yo y mi familia bajo amenaza de ellos”, advirtió.

En este contexto, fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que Jonás denunció a sus empleadores cuatro días después del ataque. Al otro día, agentes pertenecientes a la Unidad Regional III de la Policía de Misiones allanaron la fábrica de maderas donde trabajaba la víctima y aprehendieron a dos de los presuntos atacantes, identificados como Virgilio y Román Alonzo. Asimismo, secuestraron una madera que habría sido utilizada para propinarle una golpiza al trabajador, el escrito que Jonás había firmado en la escribanía y las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la oficina donde el joven había sufrido el brutal ataque.

Dos días después, Maximiliano Alonzo, el otro sospechoso, se presentó en la sede policial de forma voluntaria y acompañado por un abogado.

Según confirmaron fuentes del caso a este medio, hasta este lunes al mediodía los tres presuntos agresores continuaban demorados, acusados de cometer los delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y lesiones. Interviene el Juzgado de Instrucción N° 1 de Eldorado.

Según información de Europa Press, los investigadores del Grupo de Secuestros y Extorsiones de la UDEV Central de la Policía Nacional reconocen que la mayoría de personas secuestradas evitan comunicar que han sido víctimas debido al clima de silencio impuesto por la rivalidad entre grupos criminales, lo que complica las labores policiales. Este grupo especializado, según detalló el jefe de sección Alberto Olivares a Europa Press, aborda a diario la tarea de localizar y liberar a víctimas bajo una presión temporal concreta, establecida, habitualmente, en un máximo de 72 horas, periodo durante el que las probabilidades de éxito disminuyen a medida que transcurre el tiempo.

Europa Press publicó que la prioridad principal de estas investigaciones es garantizar la seguridad e integridad de los secuestrados, así como la detención de quienes perpetran los crímenes. La problemática adquiere mayor complejidad por el silencio que imponen tanto las víctimas como su entorno, en un contexto dominado por organizaciones criminales nacionales e internacionales, muchas de ellas ligadas al tráfico de drogas. Según explicó Olivares, estos casos suelen relacionarse con los llamados “amarres”, es decir, secuestros de corta duración que a menudo afectan a miembros propios de las organizaciones o a integrantes de bandas rivales, y suelen tener su origen en deudas o robos de criptomonedas.

En uno de los casos recientes reportados por Europa Press, un hombre secuestrado por la organización sueca 'Dalen' en Alicante fue liberado tras tres días de cautiverio, en una operación que incluyó la detención de cuatro sospechosos. Los secuestradores iniciaron el chantaje reteniendo a los perros del afectado y exigiendo 800.000 coronas noruegas. Ante la negativa de pago, capturaron al propietario y enviaron imágenes de agresiones a sus familiares, empleando la violencia como mecanismo de presión. En este caso, la infraestructura de colaboración internacional resultó determinante: la denuncia presentada por la familia en Noruega y la comunicación a través de la comisaría general de Policía Judicial facilitaron la intervención.

El medio también consignó otro caso en el municipio andaluz de Mijas, donde la determinación de la pareja de la víctima —quien logró huir de los captores y dar aviso a las autoridades— fue decisiva para desencadenar la investigación. La persona secuestrada era de nacionalidad holandesa y solía exhibir un elevado nivel de vida, desplazándose en un automóvil de lujo. La intención de los secuestradores era acceder a sus criptomonedas mediante coacción. Finalmente, la víctima falleció y cinco sospechosos fueron arrestados. Olivares señaló que la ostentación de riqueza constituye una motivación recurrente detrás de muchos de estos secuestros cortos.

La evolución de los métodos empleados por los secuestradores también figura entre los aspectos destacados en el informe de Europa Press. En palabras de Olivares, en los años noventa la lógica detrás de los secuestros respondía a objetivos económicos o políticos y requería de estructuras logísticas complejas, ya que las víctimas permanecían retenidas por periodos largos. En la actualidad, el patrón dominante corresponde a los “amarres” de breve duración, que pueden dirigirse tanto a individuos de bandas rivales como a miembros de la misma organización, motivados casi siempre por deudas, incumplimientos internos o sustracción de sustancias ilegales. Según el jefe policial, el uso de estos secuestros busca enviar advertencias a otras bandas o a propios miembros; sin embargo, indica que el interés económico suele prevalecer: “Si sólo fuera ejemplarizante, se limitarían a una paliza o al asesinato y abandono de la víctima; en estos escenarios habituales siempre hay alguna deuda pendiente”.

Europa Press detalló el papel determinante de los negociadores policiales en estos procedimientos, quienes actúan como enlace entre las familias y los investigadores. Cuando una denuncia pone en marcha uno de estos operativos, la recolección de cualquier información útil es inmediata, ya que cada minuto marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. El negociador, que forma parte del equipo de secuestros, administra la comunicación con los familiares —nunca directamente con los captores— y su tarea consiste en extraer datos útiles al tiempo que gana tiempo para las pesquisas. Son frecuentes los casos en los que los denunciantes manifiestan incapacidad para pagar deudas reclamadas, lo que refuerza la importancia del papel del negociador, cuya estrategia pivota en manejar la tensión emocional y obtener todo dato relevante en el margen de tiempo dado.

El jefe del grupo de secuestros explicó cómo la participación de negociadores contribuye a optimizar las posibilidades de liberación: “Lo que tenemos para investigar es el tiempo que dura el secuestro, porque a partir de que se resuelve, ya se acabaron las colaboraciones”, indicó Olivares según Europa Press.

A juicio de los especialistas consultados por Europa Press, el denominado “margen de maniobra” resulta sumamente estrecho, ya que, una vez liberada la víctima, el círculo de denuncia o cooperación suele cerrarse rápidamente, especialmente cuando las propias personas afectadas o sus allegados eligen mantener el silencio sobre las circunstancias que rodean el delito. En consecuencia, la Policía intenta maximizar la rapidez y la precisión de sus actuaciones en ese breve espacio temporal, enfocado siempre en la seguridad de la víctima por encima de otros factores del contexto delictivo que puedan hallarse detrás.

Además, Europa Press recoge que muchas de estas organizaciones criminales han extendido sus redes más allá de las fronteras españolas, alimentando un escenario de criminalidad transnacional en el que el flujo de información y la colaboración entre fuerzas de seguridad de varios países aumentan en relevancia para la resolución de estos hechos. El caso de la organización sueca en Alicante y la coordinación con la policía noruega ilustra este fenómeno, exponiendo cómo los asuntos ligados al narcotráfico y al manejo de activos digitales han incorporado nuevos retos para las fuerzas de seguridad.

El clima de silencio y la amenaza constante de represalias desincentivan la colaboración directa tanto de los secuestrados como de su entorno. Esta “ley del silencio”, según se detalla en el informe de Europa Press, se suma a las dificultades inherentes a las investigaciones, por lo que la labor de los equipos policiales depende de la rapidez en la reacción ante cualquier denuncia o reporte. El objetivo esencial de las operaciones permanece en la salvaguardia de las víctimas y el arresto de los responsables, tareas afrontadas bajo la presión de limitar los efectos mortales que puede acarrear un secuestro en manos de organizaciones criminales especializadas.

El caso de violencia de género y abuso sexual que tuvo como víctima a A. Y., una joven japonesa de 23 años, que denunció haber sido secuestrada, violentada y amenazada por su ex pareja en Salta, pasará al fuero federal, ya que será investigado como un presunto delito de trata de personas. Además, se envió un informe a la Fiscalía Penal actuante con el pedido formal de detención del acusado.

El cambio de jurisdicción habría sido producto de la repercusión nacional que tuvo la denuncia en las últimas horas, cuando se difundieron detalles sobre el infierno que la mujer vivió por meses. Luego de haber sido rescatada del domicilio donde ocurrieron los hechos, confirmaron que ahora se encuentra en un domicilio reservado y bajo acompañamiento institucional.

Uno de los puntos que serían analizados con detenimiento por la Justicia apuntaría a la forma en la que el acusado, identificado como M. L. (23), la había convencido para que se mudaran desde Japón hacia la Argentina. Pues, según constó en la denuncia, el vínculo comenzó en su país de origen a mediados de septiembre de 2024.

De acuerdo con la declaración recopilada por El Tribuno, la joven contó que había quedado embarazada a los cinco meses de haberlo conocido. Incluso, sostuvo que el embarazo fue producto de un “descuido” del denunciado, quien no había utilizado protección, pese a que se lo había pedido.

Luego de que confirmara que esperaba un bebé, la denunciante aseveró que había aceptado mudarse al país para poder tener un parto gratuito. No obstante, apenas se establecieron en Salta, A. Y. aseguró que habían iniciado las agresiones.

“Cuando comenzó la convivencia en el domicilio actual, los actos y signos de violencia por parte de este sujeto siguieron avanzando, ya que cuando discutían se enojaba, la agredía físicamente”, aseguró la joven, tras indicar que la gravedad de las lesiones aumentó a partir del mes de junio.

En este sentido, describió que los “hechos empezaron a ser más fuertes, ya que no solo eran sujeciones ni forcejeos, sino que ya comenzó a propinarle golpes de puños en el rostro, le jalaba fuertemente el cabello, la arrastraba y le propinaba diferentes golpes en distintas partes del cuerpo”.

Incluso, la denunciante afirmó haber sido abusada sexualmente por el hombre durante su etapa de embarazo. Según reconstruyó, el sospechoso le habría insistido para tener relaciones sexuales y, al haberse negado a hacerlo, este la habría forzado.

A.Y también responsabilizó al acusado por lesiones recientes y daños persistentes. “Le lesionó uno de sus dedos, y pese a pedirle que la lleve a un médico, este se negó y actualmente posee imposibilidad para movilizar su dedo medio de la mano derecha”, indicó uno de sus acompañantes.

En la denuncia no solo se hizo mención a la violencia física, sino que la joven también fue víctima de violencia económica. “El acusado manejaba sus cuentas bancarias, su tarjeta de crédito, donde procedió a gastarle todo su dinero que tenía ahorrado, siendo un total de $180.000; también le utilizó su tarjeta de crédito, por un monto de $850.000″, señalaron.

Para el acusado esto no habría sido suficiente, debido a que también la habría obligado a pedirle dinero a sus padres, quienes se encuentran en Japón. Asimismo, la joven explicó que no tenía oportunidad de solicitar ayuda, debido a que se encontraba bajo su control y solía dejarla incomunicada por largos períodos. También le había retenido su pasaporte, con el fin de retenerla en la casa.

No obstante, a pesar de que la mujer hubiera intentado escapar junto a su bebé, aseguró que era una tarea prácticamente imposible porque no contaba con una copia de llaves del domicilio. Por este motivo, tuvo que ser rescatada durante un operativo, donde la encontraron con golpes en la cara y encerrada en una habitación junto al bebé.

Recientemente, la División Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta tomó intervención en el caso, tras asegurar que la víctima recibió un acompañamiento integral. “Realizamos acompañamiento en su domicilio, entrevistas en el polo de las mujeres, participamos de audiencias judiciales y realizamos varios informes de seguimiento al juzgado“, informó la subsecretaria de las Mujeres, Género y Diversidad, Julieta Valencia Donat.

Entre la ayuda que recibió la joven, la funcionaria aseguró que también le ofrecieron alojarse en el Hogar de Resguardo para mujeres, tras haber sido recibida por el equipo interdisciplinario del Polo Integral de las Mujeres hace unos días. Incluso, se puso una traductora a su disposición, debido a que la denunciante no sabe hablar español.

Por otro lado, Valencia Donat comunicó que se trabajaba con varios organismos, como, por ejemplo, el Registro Civil para poder tramitar el DNI del hijo de la víctima y la Oficina de Migrantes y Refugiadas para poder regularizar su situación. Mientras se pidió al Ministerio de Desarrollo Social la entrega de leche y pañales, también se solicitó la intervención del Consulado de Japón en Argentina.

Una joven de 23 años y nacionalidad japonesa denunció haber vivido un auténtico infierno en Salta, luego de haber sido sometida a actos de violencia por parte de su ex pareja durante varios meses. Desde haber estado privada de su libertad hasta haber sido agredida física y sexualmente, el caso conmocionó a la provincia al conocerse los detalles de las vejaciones que tuvo que soportar.

A. Y., como será mencionada para resguardar su identidad, pasa las 24 horas de su día custodiada, luego de haber denunciado a su M. L., también de 23 años. Mientras recibe asistencia de la Fundación Volviendo a Casa, está a la espera de poder regresar a Japón con hijo.

Todo comenzó en Japón en septiembre de 2024, cuando los jóvenes entablaron una relación sentimental y, luego de cinco meses, ella quedó embarazada. Según su declaración, la gestación fue resultado de una acción irresponsable del acusado, ya que le había pedido que usara protección.

Según el testimonio al que accedió El Tribuno, el embarazo los impulsó a asentarse en la Argentina, para poder acceder a un parto gratuito. A partir de ese momento, se desencadenó la serie de maltratos y agresiones que hoy denuncia.

A lo largo del infierno, la joven aseguró haber sufrido violencia física y psicológica, incluyendo “golpes de puño en el rostro y diferentes partes del cuerpo, jalones de cabello y arrastres”, así como robos de dinero y uso fraudulento de su tarjeta de crédito. Incluso, contó que fue forzada a pedir dinero a sus padres para el agresor.

“Cuando estaba embarazada, ella no tenía deseos de tener relaciones y él la obligaba y abusaba de ella con acceso carnal”, relató una de las personas que asistiría a la víctima, cuyo calvario se perpetuó debido a que no tenía manera de denunciar los hechos por no saber hablar en español. Asimismo, este allegado indicó que las agresiones le ocasionaron lesiones, entre ellas la fractura de un dedo.

Otro de los detalles que habría sido clave para mantenerla aislada socialmente se debió a que el agresor le había quitado su teléfono celular, sumado al hecho de que la extranjera no contaba con familiares en la provincia. Incluso, sumaron una acusación contra un familiar del hombre, quien sería médico y se habría encargado de borrar el historial de lesiones que habría sufrido en los últimos meses.

Por otro lado, recriminaron que las acciones estatales fueron insuficientes, debido a que acusaron al Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1º Nominación de haber intervenido de forma irregular en el caso. “La Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 3 nunca la llamó a testificar como víctima y mintió que el expediente no estaba habilitado y sí lo está”, aseguró el testigo.

De hecho, cuando denunció los hechos por primera vez, la Justicia resolvió que el acusado permaneciera en la vivienda que compartían, bajo una consigna personalizada, tras alegar que la joven tenía un diagnóstico de depresión post parto.

No obstante, la custodia policíaca dispuesta por orden judicial resultó deficiente, debido a que acusaron al hombre de presuntamente haber testificado en nombre de A. Y. para dar aviso de que supuestamente realizarían un viaje familiar a Jujuy. Asimismo, apuntaron que entre el 25 y el 27 de diciembre, la joven y su hijo permanecieron sin resguardo estatal, en circunstancias no aclaradas por las autoridades.

Finalmente, la joven pudo denunciar los hechos de secuestro y abuso y la policía logró rescatarla. Para esto, se presentaron en el domicilio y la encontraron con el rostro visiblemente lesionado. Incluso, constataron que la joven permanecía oculta junto a su bebé en una habitación.

Actualmente, la víctima reside en la vivienda de una persona que la acompaña permanentemente mientras intenta reunir los fondos necesarios para regresar a Japón. De la misma manera, había solicitado el permiso de poder salir del país junto a su hijo, pero todavía no tuvo una respuesta oficial.

A pesar de la gravedad del caso, denunciaron que el agresor continúa en libertad. Incluso, expusieron que el joven mantiene contacto con ella, pese a las restricciones judiciales que aplicaron en su contra.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín denegó la solicitud de libertad asistida presentada por la defensa de Brian Alberto “Boli” González, quien cumple una pena de diez años de prisión por un secuestro extorsivo ocurrido en 2015, en la localidad bonaerense de Olivos.

La decisión se tomó este jueves, luego de evaluar diversos informes penitenciarios que desaconsejaron su egreso anticipado de la cárcel. El juez Daniel Omar Gutierrez consideró que, aunque el recluso cumplió con los plazos temporales previstos por la ley, todavía representa un riesgo para sí mismo y para terceros.

“Boli” González fue condenado el 8 de agosto de 2019, cuando la justicia lo encontró culpable de haber participado en la captura, retención y ocultamiento de una persona para cobrar rescate. La sentencia impuesta vencerá el 7 de marzo de 2027, fecha en la que completará la totalidad del castigo previsto. Sin embargo, la ley permite que los internos soliciten salir bajo supervisión antes del agotamiento de la pena si cumplen ciertos requisitos de conducta y tratamiento.

El abogado defensor, Cristian Barritta, argumentó que su cliente ya estaba en condiciones de acceder al beneficio. El letrado explicó que González alcanzó el tiempo requerido gracias a un estímulo educativo que redujo los plazos de su progresividad en nueve meses.

También destacó que el joven mantiene una conducta ejemplar dentro del penal, posee un concepto bueno y cuenta con contención familiar para su reinserción laboral fuera de la cárcel. Según esta postura, el único motivo por el cual los reportes fueron negativos se debió a un traslado reciente de unidad, una circunstancia ajena a la voluntad del detenido.

No obstante, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal emitieron una opinión distinta tras analizar el perfil del recluso en la Unidad 12, la cárcel de Viedma. El consejo correccional votó mayoritariamente en contra de la liberación.

Los especialistas señalaron que, si bien las calificaciones numéricas de González mejoraron en los últimos trimestres de 2025, existen problemas de fondo que no se resolvieron. El área criminológica advirtió que el hombre tiene dificultades persistentes para revisar su conducta delictiva y muestra una capacidad de introspección limitada, lo que significa que asume poca responsabilidad subjetiva por los hechos que cometió.

Otro punto central para rechazar el pedido fue el informe del equipo de salud mental. Los profesionales indicaron que el interno tuvo una escasa adherencia al tratamiento psicológico ofrecido. Detallaron que González no solicitó audiencias y, cuando asistió a las entrevistas en su anterior lugar de alojamiento, exhibió actitudes desafiantes. Por este motivo, los expertos concluyeron que el trabajo terapéutico realizado hasta el momento resultó insuficiente para comprender los factores que lo llevaron a delinquir.

A estas valoraciones se sumó un reporte de la División Seguridad Interna que encendió las alarmas del TOF N° 2 de San Martín. El documento reveló que González llegó a su actual prisión proveniente de la cárcel de Río Gallegos debido a problemas de convivencia. En aquel establecimiento del sur del país, el personal lo identificó como un “líder negativo”, capaz de iniciar o participar en episodios de violencia. Esta situación obligó a los evaluadores a requerir un periodo más prolongado de observación para confirmar si realmente incorporó las normas sociales.

El fiscal general Eduardo Codesido coincidió con el diagnóstico penitenciario y se opuso a la liberación. En su dictamen, sostuvo que el objetivo de la ley es lograr que el condenado comprenda y respete las normas, algo que todavía no se garantizó en este caso. Para la fiscalía, los datos objetivos sobre la falta de autocrítica y los antecedentes de mala conducta pesaron más que el cumplimiento matemático de la pena.

El caso

El hecho que originó esta causa sucedió la noche del 5 de diciembre de 2015 en la localidad de Olivos. La víctima salía de su casa y se disponía a encender su auto cuando otro vehículo le bloqueó el paso. Del rodado descendieron varios sujetos armados, entre ellos González, quienes obligaron al muchacho a subir al asiento trasero de un Chevrolet Prisma. Durante el cautiverio, los captores golpearon al joven y le provocaron cortes mientras circulaban por la zona.

La banda criminal se comunicó con la madre del secuestrado para exigir dinero. Tras una negociación, la familia entregó diez mil pesos y varios dispositivos electrónicos, incluyendo una computadora, un teléfono y auriculares, en una esquina pactada.

Finalmente, liberaron al hombre cerca de la estación de tren de Carapachay, dejándolo solamente en ropa interior y con un buzo, ya que se quedaron con sus zapatillas y pantalones. La policía detuvo a González nueve días después, tras un allanamiento donde encontraron armas.

Durante el trámite reciente para definir la libertad asistida, el tribunal intentó contactar a la familia damnificada para informarle sobre la situación, tal como lo establece la ley de víctimas. La madre del joven secuestrado agradeció la comunicación pero expresó que el grupo familiar intenta olvidar ese episodio al que calificó como “terrible”, por lo que pidieron no recibir más notificaciones sobre los avances del expediente judicial.

El juez Gutierrez concluyó que otorgar el beneficio en este momento resultaría prematuro. En su resolución, ordenó que el Servicio Penitenciario elabore informes cada 15 días para monitorear la evolución de González y le brinde herramientas para afianzar su tratamiento. De no revertir los aspectos negativos señalados por los peritos, el condenado deberá permanecer tras las rejas hasta el cumplimiento total de su sentencia en marzo de 2027.

Momentos de tensión se vivieron este domingo en la localidad de Caseros, partido bonaerense de Tres de Febrero, debido a que un exconvicto, que había salido de prisión el pasado 13 de enero, tomó de rehén a su pareja en medio de una fuerte discusión conyugal y la amenazó con un cuchillo en el cuello durante más de cuatro horas. Tras una intensa negociación, una mediadora de la Policía Bonaerense logró que el secuestrador deponga su actitud y se entregue a los agentes que permanecían afuera del domicilio.

Fuentes policiales consultadas por Infobae explicaron que el hecho ocurrió en una finca ubicada sobre Pringles al 4300, entre Gabriel Linares y Catriló y a unas cinco cuadras del Acceso Oeste.

Al recibir un llamado al 911, personal de la Comisaría 4a de Villa Pineral se desplazó hasta el lugar indicado y constató que un hombre, luego identificado como N.A.L., de 31 años, mantenía de rehén a su pareja, a quien amenazaba con un cuchillo en el cuello.

En ese contexto, la fiscal Marcela Costa, de la UFI N° 6 Descentralizada de Tres de Febrero, Departamento Judicial San Martín, solicitó la presencia de un mediador en el lugar.

Durante la negociación, los investigadores hicieron la consulta correspondiente en el CEPAID (Centro de Procesamiento y Análisis de la Información Delictiva) y corroboraron que N.A.L. poseía un amplio prontuario delictivo, con dos antecedentes por homicidio simple —uno en 2008 y otro en 2016— y tres por robo, entre otros.

Su último ingreso a prisión, en tanto, había sido el 25 de febrero del año pasado, en una causa por resistencia a la autoridad que tramita la UFI N° 4 departamental.

Tras más de cuatro horas de negociación, una mediadora, integrante del Grupo Táctico de Operaciones de la comisaría interviniente, logró el objetivo: N.A.L. liberó a su novia, que resultó ilesa, lanzó lejos de su radio el arma blanca con la que había amenazado a su pareja y se entregó a la Policía.

Este lunes, la fiscal Costa imputó e indagó a N.A.L. por los delitos de privación de la libertad, amenazas agravadas y desobediencia. Asimismo, solicitó la conversión de aprehensión en detención del acusado, pero hasta este martes el requerimiento no había sido resuelto por el Juzgado de Garantías N° 5 departamental, a cargo del juez Nicolás Schiavo.

Un hecho similar en La Plata

Este lunes, un entrenador de 24 años, identificado como G.V.D.V., fue detenido en la ciudad de La Plata luego de intentar secuestrar a su novia y amenazarla de muerte con una cuchilla de carnicero.

Las fuentes del caso señalaron a este medio que la discusión de pareja se desató en el departamento en el que convivían la víctima y el atacante, en un edificio ubicado sobre calle 38, entre 5 y 6.

Una vez recibido el llamado al 911 que realizó la víctima en medio de la desesperación, personal de la Comisaría 2a platense se acercó al lugar y dialogó con la mujer, que había logrado escapar de las manos de su captor a pesar de que este había roto el picaporte de la puerta de entrada para que no pudiera salir.

Ante este escenario, los agentes subieron hasta el departamento donde se había producido el conflicto y hallaron a G.V.D.V., quien se encontraba en el interior de la vivienda y con el arma blanca que había utilizado para amenazar a su novia en sus manos.

Por orden de la UFI N° 11 platense, el agresor, imputado por privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas por el uso de armas en el contexto de violencia de género, fue aprehendido de inmediato y la cuchilla de carnicero terminó secuestrada.

La investigación, encabezada por la fiscal Natalia Castronovo, se inició el 17 de enero pasado, cuando un matrimonio fue abordado por dos delincuentes en la localidad de Martínez, donde fueron raptados y sometidos a castigos físicos y verbales durante más de dos horas.

Fuentes del caso precisaron a Infobae que la fiscal Castronovo, de la UFI N° 1 Descentralizada de Martínez, comenzó a seguir los pasos de los miembros de “Los Malditos” cuando, diez días atrás, secuestraron y torturaron a un matrimonio de 61 y 62 años.

Todo comenzó cuando las víctimas fueron sorprendidas, cerca de las 22, por dos delincuentes en el cruce de Alvear y el Río, donde se encontraban a bordo de su camioneta Land Rover.

Mediante amenazas de muerte y distintas agresiones, los asaltantes tomaron el control del vehículo y obligaron a las víctimas a sentarse en el asiento trasero.

Luego, los ladrones recorrieron con las víctimas las localidades de Martínez, Villa Adelina, Villa Ballester y José León Suárez, estas dos últimas en el partido de San Martín.

Durante el trayecto, el matrimonio fue sometido a tormentos físicos, que incluyeron golpes de puño y lesiones punzantes con una lapicera.

Los delincuentes le sustrajeron dinero en efectivo, documentación, celulares y otros efectos personales. Y bajo presión de sus captores, el dueño del auto realizó una transferencia electrónica mediante una billetera virtual, constatándose además consumos con tarjetas de crédito en comercios de Villa Ballester y José León Suárez.

Finalmente, fueron abandonadas en el interior de Villa La Rana, un asentamiento del partido de San Martín, donde fueron auxiliadas por vecinos y trasladadas posteriormente a una zona segura.

La Land Rover fue hallada al día siguiente, con manchas de sangre de los damnificados en su interior.

La investigación

Al ser notificada del hecho, la fiscal Castronovo ordenó que la DDI San Isidro encabece las tareas investigativas para dar con los sospechosos, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad, informes bancarios y telefónicos, redes sociales y labores de inteligencia.

Como la colaboración del municipio de San Isidro, la Policía Bonaerense logró establecer la identidad de los autores y los domicilios donde se escondían. El Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro ordenó cuatro allanamientos de urgencia: tres en José León Suárez y uno en Boulogne.

En el procedimiento la Policía arrestó a dos de los supuestos autores del violento robo, identificados como M.J.M. y C.M.S., ambos de 30 años, y D.A.G., una mujer de 31 años que se encargaba de recibir las transferencias de las billeteras virtuales que sus cómplices les obligaban realizar a las víctimas.

En tanto, los agentes incautaron 540 mil pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y prendas de vestir utilizadas en el hecho.

El video que encabeza esta nota fue clave en la investigación: la cámara de seguridad registró a uno de los sospechosos, con el torso desnudo, un short negro con detalles con una franja naranja a la altura de la cintura, zapatillas grises y una remera roja debajo de su brazo izquierdo.

De acuerdo a investigación, la banda de “Los Malditos” sometía de forma desmedida e inhumana a sus víctimas.

M.J.M., C.M.S. y D.A.G. fueron imputados por robo agravado, robo de automotor agravado y encubrimiento agravado.

El último rehén israelí en Gaza, Ran Gvili, fue finalmente llevado de regreso a su país, según informó el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. Gvili, quien había sido reconocido por su participación en la defensa de su comunidad durante el ataque terrorista del siete de octubre, se convirtió en un símbolo para muchas familias afectadas por el conflicto.

El sargento Ran Gvili, de veinticuatro años, formaba parte de la unidad YASSAM Negev de la Policía de Israel, en el distrito sur. Nacido en Meitar, Gvili se encontraba en su domicilio recuperándose de una fractura en el hombro causada por un accidente de motocicleta cuando comenzó la incursión de terroristas palestinos. A pesar de su convalecencia, se puso el uniforme y salió a enfrentarse a los atacantes.

En su trayecto, Gvili se encontró con combatientes armados y participó en los enfrentamientos en la entrada del kibutz Alumim. Los residentes de la comunidad lo apodaron más tarde como "Ran, el Defensor de Alumim" por su valentía y entrega en la línea del frente. Tras varios meses de incertidumbre, se determinó que Gvili fue capturado solo después de quedarse sin municiones, tras un intenso combate.

Ran Gvili perdió la vida a los veinticuatro años y fue secuestrado a Gaza después de la batalla. Deja a sus padres, Talik e Itzik, a su hermano Omri, a su hermana Shira y a una familia extendida que lamenta su pérdida. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos subrayó que Gvili era apreciado por todos, descrito como un joven de valores profundos, presencia serena y una sonrisa contagiosa.

En la Knéset, el primer ministro Benjamín Netanyahu calificó el regreso del cuerpo de Ran Gvili como "un logro extraordinario para Israel“. “Prometimos, y yo prometí, traer de vuelta a todos, y trajimos de vuelta a todos, hasta el último”, declaró el mandatario, quien lo definió como “un héroe de Israel”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente el regreso del último rehén fallecido desde Gaza. En un mensaje difundido a través de la red social Truth Social, Trump expresó: "Acabo de recuperar el último cuerpo de rehén en GAZA. ¡Así que recuperé a los 20 rehenes vivos y a todos los muertos! ¡Un trabajo increíble! Muchos lo consideraban imposible. ¡Felicidades a mi gran equipo de campeones!"

Con la repatriación de su cuerpo, Gvili se convierte en el último de los rehenes israelíes en regresar, cerrando un capítulo doloroso para su familia y para la sociedad israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) localizaron e identificaron el cuerpo de Gvili en un cementerio en el este de la ciudad de Gaza, tras una búsqueda que incluyó la exhumación y análisis de unos 250 cuerpos. Según las FDI, la identificación se realizó mediante pruebas dentales y dactilares. La familia fue informada de inmediato y el cuerpo está siendo trasladado a Israel para su entierro.

El proceso de localización se basó en información de inteligencia que, desde hace tiempo, apuntaba a ese cementerio, aunque la confirmación final llegó tras nuevas operaciones y datos proporcionados por Hamás a través de mediadores. Esta operación marca la primera vez desde 2014 que no permanecen rehenes israelíes en la Franja de Gaza.

La búsqueda se llevó a cabo en el lado israelí de la Línea Amarilla, con apoyo de ingenieros de combate y expertos forenses. Otras líneas de investigación consideraron la posibilidad de que el cuerpo estuviera en túneles o en el Hospital Shifa, pero sin resultados. Las FDI anunciaron que los demás cuerpos exhumados serán devueltos a sus tumbas y el cementerio será limpiado en señal de respeto.

El desplazamiento forzado de la población se ha afianzado como uno de los desafíos más graves en los esfuerzos por establecer la paz en Sudán del Sur, generando consecuencias directas en la seguridad y el bienestar de los civiles. De acuerdo con un informe presentado por la Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y citado por Europa Press, este fenómeno pone a la población en una situación de vulnerabilidad frente a la violencia y la carencia de recursos esenciales, como resultado de los enfrentamientos armados extendidos en distintas regiones del país africano. En este contexto, la misión de la ONU alertó sobre un incremento en secuestros y casos de violencia sexual vinculados al conflicto, señalando al mismo tiempo graves deficiencias en la protección de la población civil.

Según consignó Europa Press, el último reporte trimestral elaborado por la UNMISS expone que, aunque los homicidios y lesiones a civiles reflejan una disminución significativa —del 18% y el 41%, respectivamente—, la situación registra un avance preocupante en otras formas de violencia. El documento detalla que los secuestros han registrado un aumento del 20% y los episodios de violencia sexual relacionada con el conflicto han subido un 7%, afectando especialmente a mujeres y niños. Esta tendencia se atribuye al empeoramiento constante del entorno político y de seguridad en Sudán del Sur, fenómeno que la misión identifica como un obstáculo crítico en la protección de derechos y garantías humanitarias.

La responsable de la misión de la ONU, Anita Kiki Gbeho, explicó que, pese a los descensos en algunos indicadores, persisten condiciones de gran preocupación en áreas como Equatoria Central, Jonglei, Unity, Alto Nilo, Bahr el-Ghazal Occidental y Equatoria Occidental. Estas regiones continúan bajo riesgo elevado debido a hostilidades armadas que dificultan la consolidación del orden y la pacificación. Europa Press recogió las palabras de Gbeho indicando que “el informe trimestral sobre Derechos Humanos de la UNMISS revela un preocupante panorama de seguridad y protección de la población civil”, al destacar cómo las formas más severas de abuso, incluidas agresiones sexuales y secuestros, se mantienen al alza a pesar de la reducción en los ataques letales directos.

El documento de la UNMISS dirigido a la comunidad internacional detalla que las causas principales de estos riesgos incluyen la violencia tanto intercomunitaria como intracomunitaria, la polarización étnica y las tensiones continuadas entre el gobierno y la oposición, así como enfrentamientos entre distintos grupos armados. Factores que, según publicó Europa Press, han contribuido a generar desplazamientos internos masivos, agravando las necesidades en materia de ayuda humanitaria.

La jefa de la misión instó de manera enfática a todas las partes implicadas en el conflicto a cumplir con las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Gbeho afirmó, citada por Europa Press, que “el aumento de los secuestros y la violencia sexual, así como la persistencia de las hostilidades armadas, son inaceptables”, exhortando a un mayor compromiso con la protección de la población civil. Además, destacó la importancia de la rendición de cuentas como pilar fundamental para fortalecer la confianza, impulsar la reconciliación y alcanzar una paz estable.

El reporte de la UNMISS subraya, según Europa Press, que la protección de los civiles sigue comprometida de manera severa en los estados más afectados, donde la limitada capacidad de intervención de las autoridades y de los organismos internacionales dificulta la prevención de abusos y agresiones. Las dificultades para contener la violencia, la fragmentación política y la persistencia de disputas armadas, han debilitado los mecanismos de protección y respuesta ante vulneraciones a los derechos humanos.

De acuerdo con el resumen de la misión, la situación de Sudán del Sur demanda acciones urgentes de la comunidad internacional y de los actores internos para frenar la expansión del conflicto y salvaguardar a la población civil, especialmente en lo referido a las mujeres y los niños, los grupos más expuestos a los secuestros y la violencia sexual. Europa Press puntualizó que la UNMISS mantiene sus esfuerzos de monitoreo y asistencia sobre el terreno, pero reconoce que sin un compromiso renovado de todas las partes y sin avances en la rendición de cuentas por parte de los responsables de violaciones, los desafíos permanecerán presentes.

El informe sostiene, tal como reportó Europa Press, que la reducción de la violencia letal no debe interpretarse como un éxito suficiente mientras persistan altos niveles de abusos graves y desplazamientos forzados. Dentro de este contexto, la misión de Naciones Unidas insiste en que la estabilidad de Sudán del Sur se encuentra en entredicho hasta lograr un cese efectivo de las hostilidades armadas y una mejora tangible en el respeto de los derechos fundamentales de toda la población.

La Iglesia Católica en Colombia manifestó su preocupación por la escalada de violencia que se registra en al menos cinco regiones del país, una situación que, según advirtió, está generando graves afectaciones humanitarias para la población civil.

De acuerdo con lo expuesto en entrevista con Caracol Noticias, el recrudecimiento del conflicto armado ha dejado a comunidades sin acceso a alimentos, medicamentos y servicios médicos esenciales, mientras persisten los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

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Durante el pronunciamiento, la Iglesia hizo un llamado urgente a los actores armados, en especial al ELN, para que den muestras reales de paz, permitan el ingreso de ayuda humanitaria y liberen a los policías que permanecen secuestrados.

Catatumbo, uno de los focos más críticos del conflicto

Desde el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por la violencia, la Iglesia reiteró su preocupación por el impacto que el conflicto está teniendo sobre las comunidades. A través del obispo de Ocaña, monseñor Orlando Olave, se envió un mensaje directo a los grupos armados ilegales para que cesen la escalada violenta y den pasos concretos hacia la paz.

“Ellos deben entender que esta guerra que están escalando trae más retrasos a la sociedad en general”, advirtió el prelado, al señalar que la confrontación armada no solo deja víctimas inmediatas, sino que profundiza el abandono estatal y frena el desarrollo de regiones con alto potencial económico y social.

Monseñor Olave insistió en que nadie debe cansarse de buscar la paz, incluso en contextos marcados por la persistencia del conflicto armado y la presencia de actores ilegales.

“El Estado debe ir más allá del envío de la fuerza pública”

En su intervención, el obispo de Ocaña también hizo un llamado al Gobierno nacional, subrayando que la respuesta del Estado no puede limitarse únicamente al despliegue de la fuerza pública en los territorios afectados por la violencia.

“Sin duda, el Estado tiene que estar presente, no solamente con la fuerza pública”, afirmó.

Según explicó, regiones como la provincia de Ocaña requieren inversión social sostenida, que se traduzca en carreteras, más escuelas y apoyo a los campesinos que trabajan dentro de la legalidad en zonas históricamente afectadas por el conflicto.

“Hablaban de treinta mil soldados, pero necesitamos cientos de kilómetros de carreteras, necesitamos muchas más escuelas y apoyo para nuestros campesinos”, señaló, al enfatizar que el desarrollo integral es clave para cerrar el paso a la violencia.

Cinco regiones con restricciones para alimentos y medicamentos

Durante el informe periodístico, también se expuso que el Monseñor Juan Carlos Barreto ha advertido sobre la complejidad de la situación humanitaria en varias zonas del país. Según la información entregada, al menos cinco regiones presentan serias dificultades para el acceso a alimentos y medicamentos, debido a las restricciones impuestas por los grupos armados ilegales.

De acuerdo con lo informado, en departamentos como Antioquia, Chocó, Catatumbo y Cauca, comunidades enteras padecen hambre y están privadas de servicios médicos esenciales, ya que en algunos casos se impide el ingreso de brigadas médicas, medicamentos y ayuda humanitaria.

“En Antioquia, en el Chocó, en el Catatumbo y en el Cauca hay problemas en los que la población padece de hambre y está privada de servicios médicos esenciales”, indicó.

Agregó que los grupos armados a veces impiden el ingreso de brigadas médicas y medicamentos, lo que perjudica gravemente a la población, especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Impacto humanitario y confinamiento de comunidades

La Iglesia alertó que el accionar de los grupos armados no solo genera enfrentamientos, sino que también condena a poblaciones enteras al confinamiento, limitando su movilidad y su acceso a bienes de primera necesidad. Esta situación, advirtió, agrava la crisis humanitaria y vulnera derechos fundamentales de la población civil.

Desde los territorios afectados, la Iglesia reiteró que la población no puede seguir siendo utilizada como instrumento dentro del conflicto, y que el respeto por la vida debe ser un límite que no se puede cruzar.

Llamado a desescalar la violencia y replantear el rumbo de la paz

Barreto recordó que el mensaje del Papa es desescalar la industria de la guerra y avanzar hacia lo que denominó “la artesanía de la paz”, instando a los grupos armados a priorizar los intereses de la población sobre los propios intereses económicos o estratégicos.

Desde la Pastoral Social se planteó, además, la posibilidad de reconsiderar el rumbo que actualmente tiene el proceso de paz, con el objetivo de que los esfuerzos institucionales y los diálogos se traduzcan en resultados concretos para la población civil, especialmente en las regiones más golpeadas por la violencia.

Familiares de los propietarios de los bares incendiados en el municipio de Villaflores, Chiapas, denunciaron la desaparición de Sergio Enrique “N” y José Armando “N” tras los ataques registrados en la madrugada de este sábado 27 de diciembre.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que derivado de los hechos registrados en los bares “La Kabala Sport Bar y Karaoke” y “Anubi’s Discoclub” también recibieron cinco denuncias de hombres desaparecidos vinculados con los hechos.

Ante los hechos, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para lograr la localización de las siete personas reportadas como desaparecidas tras el incendio de los dos bares, así como del reporte de detonaciones de arma de fuego en el municipio.

Además de las personas desaparecidas, el fiscal informó que tres mujeres resultaron con quemaduras en el cuerpo, identificadas como Nayeli “N”, Citlali “N” y Yazmín “N”, quienes se encuentran recibiendo atención médica.

Móvil de los hechos es la disputa de grupos criminales

Llaven Abarca confirmó que tras las primeras investigaciones de los hechos han podido establecer que el móvil principal es la disputa por el narcomenudeo entre dos células delictivas de la región.

Las pesquisas también les permitieron avanzar con algunos datos tecnológicos, en los que lograron identificar que los responsables se movilizaron a bordo de tres camionetas.

Los sujetos armados ingresaron al municipio de Villaflores alrededor de las 03:00 de la madrugada.

En redes sociales comenzó a circular un video en el una cámara de seguridad captó el ingreso de tres camionetas con sujetos armados, las cuales podrían corresponder a los hechos cometidos durante la madrugada de este sábado.

En el material se observa a los tres convoyes seguirse de cerca y movilizarse por el municipio.

Militares y elementos de seguridad de Chiapas fueron desplegados

Fuentes federales informaron a Infobae México que elementos del Ejército Mexicano fueron desplegados al municipio de Villaflores para garantizar la seguridad de los habitantes tras los hechos violentos ocurridos esta madrugada.

Por su parte, el fiscal de Chiapas detalló que más de 200 elementos de seguridad estatal, coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), así como agentes de Inteligencia e Investigación Ministerial, fueron desplegados desde las primeras horas de este sábado.

Llaven Abarca afirmó que por estos hechos no habrá impunidad y que continuarán trabajando para localizar a las personas secuestradas.

“Queremos dejar en claro que ningún acto delictivo quedará impune. Ya se encuentra una fuerza de tarea importante en esa región, realizando todas las investigaciones, los cuales daremos a conocer de manera oportuna y tal como lo ha señalado el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, vamos a actuar con contundencia. No habrá impunidad en ningún acto delictivo”, afirmó.

Estos hechos ocurren en un contexto de disputa entre el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCYG), que han provocado desplazamiento forzado de los habitantes.

La región central de Nigeria ha presenciado recientemente el secuestro de al menos 28 personas, incluyendo menores de edad, quienes hasta el momento permanecen en paradero desconocido. De acuerdo con fuentes locales citadas por el diario nigeriano The Premium Times, los hechos ocurrieron en Zak, dentro del área de Yak, en el estado de Plateau, territorio afectado por una escalada de violencia y criminalidad en distintos puntos del país. El suceso forma parte de una tendencia creciente de ataques atribuidos a bandas armadas, que operan con el propósito de exigir pagos a cambio de la liberación de rehenes.

Según detalló The Premium Times, un grupo de individuos armados interceptó un vehículo que transportaba a miembros de una delegación oficial, los cuales se dirigían a una ceremonia religiosa de la comunidad musulmana en la localidad de Sabon Layi. Sapii Sambo, líder comunitario de Wase, manifestó al citado medio que los atacantes emboscaron el automóvil a las afueras de Zak, secuestrando a todos los que viajaban en él. Sambo indicó que entre los raptados se encontraban adultos y un número indeterminado de menores. Hasta el momento no se dispone de información sobre el destino de las víctimas o si ha habido contacto alguno con los secuestradores.

El atentado se produce en un periodo marcado por el deterioro de las condiciones de seguridad en Nigeria. El estado de Plateau, tradicionalmente escenario de tensiones entre diversas comunidades, ha enfrentado un repunte de la inseguridad, que previamente se había centrado en la zona noreste del país, región donde insurgentes como Boko Haram y su rama, el Estado Islámico en África Occidental (ISWA), mantienen una presencia significativa. De acuerdo con The Premium Times, en la actualidad la problemática de la violencia y los secuestros se ha extendido hacia el centro y el oeste nigeriano, áreas en las que la actividad de redes criminales armadas ha incrementado de forma notoria.

The Premium Times informó que, a pesar del impacto y el alcance del ataque, las autoridades nigerianas aún no han ofrecido una declaración oficial sobre lo ocurrido en Zak. El lunes anterior, el ministro de Información de Nigeria, Mohammed Idris, declaró el establecimiento de una nueva doctrina nacional antiterrorista por parte del gobierno del presidente Bola Tinubu. Esta política incluye la catalogación de cualquier grupo armado involucrado en secuestros como organización terrorista. Idris afirmó que con esta decisión el Ejecutivo busca enviar un mensaje claro y reforzar las estrategias para combatir el fenómeno del secuestro y el actuar de bandas armadas.

Los secuestros masivos en Nigeria han mostrado una tendencia al alza en los últimos años. The Premium Times subrayó que, en muchos casos, los perpetradores son bandas dedicadas al crimen organizado que buscan obtener compensaciones económicas mediante la privación de libertad de civiles y funcionarios. El secuestro de integrantes de delegaciones y de personas inocentes en desplazamientos cotidianos ha acrecentado la percepción de inseguridad, además de dificultar las actividades normales en comunidades afectadas por la violencia.

El medio nigeriano también contextualizó el episodio dentro de una mayor crisis de seguridad nacional, marcada por ataques esporádicos, desplazamientos forzados de población civil y una respuesta limitada de las autoridades ante el accionar de estos grupos. La persistencia de estos eventos ha generado preocupación entre los residentes y líderes comunitarios, quienes demandan un aumento de la protección por parte de los cuerpos de seguridad.

A diferencia de episodios previos concentrados en regiones con activa insurgencia yihadista, como los estados del noreste, el actual ataque en Plateau pone de manifiesto la expansión de la amenaza hacia otras zonas de Nigeria. The Premium Times subrayó que los secuestros y la inseguridad asociada agravan además las tensiones entre comunidades religiosas y étnicas, dibujando un panorama complejo para la estabilidad en el país.

Las autoridades se enfrentan ahora al reto de implementar efectivamente la doctrina antiterrorista proclamada por el gobierno federal. Según The Premium Times, la declaración de grupos armados como terroristas implica una mayor movilización de recursos y facultades legales para perseguir y neutralizar a estas organizaciones, aunque los resultados inmediatos de estas medidas todavía no se han visto reflejados en la prevención de sucesos como el de Zak.

Mientras tanto, las familias de los secuestrados y residentes de la zona esperan información respecto al paradero y la suerte de las víctimas. The Premium Times recogió declaraciones de líderes comunitarios exigiendo acciones concretas frente a la continua amenaza de la criminalidad y la violencia, fenómenos que obstaculizan la convivencia y el desarrollo en varias regiones de Nigeria.

El proceso de justicia transicional dio un nuevo paso en Colombia con las audiencias de reconocimiento realizadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bucaramanga, donde cuatro exintegrantes del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc admitieron su responsabilidad en los secuestros cometidos en Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá y Cesar.

Las diligencias se centraron en escuchar a las víctimas y en permitirles confrontar directamente a quienes participaron en los hechos que marcaron sus vidas.

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Durante las sesiones, las víctimas relataron episodios de extrema crueldad, las consecuencias físicas y psicológicas que aún padecen, y las preguntas que siguen sin respuesta, especialmente sobre el paradero de familiares desaparecidos.

La JEP, en su rol restaurativo, facilitó espacios de diálogo que derivaron en reconocimientos explícitos de responsabilidad y solicitudes de perdón por parte de los comparecientes.

Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll ofreció disculpas públicas, en nombre del Estado colombiano, a Campo Elías Serrano Peña, quien fue secuestrado por las Farc y posteriormente condenado por crímenes que no cometió.

“Quisiera […] pedirle perdón por la enorme injusticia que se cometió con usted, por haber pagado cárcel por algo que no hizo. Si el Estado tuviera conciencia, seguro le dolería”, expresó Lemaitre, al reconocer los 17 años que el sobreviviente pasó entre el cautiverio y la prisión.

El testimonio de Serrano Peña evidenció la brutalidad de su secuestro: relató que fue sometido a tratos degradantes y presionado a asumir responsabilidades por delitos ajenos, bajo amenaza de muerte. Hoy, como secuela de los años de encierro en la selva y en la cárcel, permanece en silla de ruedas.

Ante ese relato, Pedro Trujillo Hernández, excomandante de las Farc, reconoció que Serrano Peña fue víctima de una injusticia y se sumó a la solicitud de reparación.

“Usted no fue un sicario; asumió un delito que no había cometido y lo hizo por miedo a ser asesinado. Nos unimos a la solicitud del Estado: que haya una pronta reparación por los años que estuvo en cautiverio de forma injusta”, afirmó.

La magistrada Catalina Díaz destacó el valor del intercambio entre víctimas y comparecientes, subrayando que estos ejercicios son esenciales para la construcción de la paz. “Es muy emocionante ver este diálogo […] Lo que hacen aquí es construir la paz con sus propias manos y su propia palabra”, señaló.

Con estos reconocimientos, la JEP avanza en el esclarecimiento de crímenes cometidos por las extintas Farc en cinco departamentos del país.

JEP documenta masacres, despojo y desapariciones en Urabá

La JEP también acreditó 504.853 víctimas en la región de Urabá, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado, dentro del macrocaso 04 que investiga los crímenes cometidos entre 1986 y 2003.

La decisión marca un avance en la justicia transicional al imputar simultáneamente a siete exintegrantes de las Farc, veintiún militares retirados y cinco empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba, señalados como máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

El extenso auto de imputación, de más de mil quinientas páginas, documenta patrones de violencia que afectaron a mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes, campesinos y líderes sociales.

Entre los hechos más devastadores se encuentra la masacre de Bojayá (2002), en la que 98 personas murieron cuando un cilindro bomba de las Farc impactó la iglesia donde se refugiaban civiles en medio de combates con paramilitares.

En total, la JEP ha reconocido 54.672 víctimas de desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, tortura, violencia sexual, daños ambientales y despojo de tierras.

El caso abarca hechos en municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba, afectados por la disputa territorial y económica de múltiples actores armados. La JEP identificó tres patrones criminales:

1. Eliminación por prejuicio del enemigo, ejemplificada en la masacre de Pueblo Bello, Turbo, donde paramilitares con apoyo militar asesinaron a 43 campesinos señalados de colaborar con la guerrilla.
2. Vaciamiento territorial y despojo de tierras, perpetrado por paramilitares, exmilitares y empresarios del Fondo Ganadero, especialmente en la región de Tulapas, convertida en epicentro de asesinatos y desplazamientos masivos.
3. Control sociocultural y territorial, reflejado en asesinatos de líderes comunitarios y daños a bienes protegidos, como la destrucción de la bonga tutelar en Carmen del Darién, que provocó graves afectaciones ambientales.

Tras la imputación, los 34 comparecientes deberán reconocer por escrito su responsabilidad en un plazo de 60 días hábiles.

La Cámara de Representantes cerró este miércoles el debate de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en un ambiente marcado por duras críticas, denuncias sobre el incremento de la violencia, cuestionamientos por muertes de menores en operaciones militares y presuntos nuevos casos de falsos positivos. La votación quedó programada para el martes 16 de diciembre a las 9:00 de la mañana, último día del periodo legislativo.

La representante a la Cámara Katherine Miranda fue una de las principales citantes y expuso cifras que, según dijo, reflejan un deterioro en la seguridad del país. Durante su intervención denunció que entre enero y octubre de 2025 fueron asesinados 153 integrantes de la Fuerza Pública, asegurando que es “la cifra más alta registrada desde el año 2015”.

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Miranda también afirmó que en el mismo periodo 527 personas fueron secuestradas, cifra que calificó como “la más alta desde el dos mil seis”.

En su intervención, la congresista afirmó: “Señor ministro, entre enero y octubre del 2025, 153 integrantes de la Fuerza Pública han sido asesinados. (…) Pero también le digo, ministro, los secuestrados: entre enero y octubre del dos mil veinticinco, quinientos veintisiete personas fueron secuestradas en todo el territorio nacional. Ministro, la cifra más alta desde el dos mil seis”.

Miranda también comparó el crecimiento de los grupos armados en el gobierno de Iván Duque y en el de Gustavo Petro. Sostuvo que durante el mandato de Duque crecieron un 2,3%, mientras que entre 2022 y 2025 el número de combatientes habría aumentado pasando “de 15 mil 120 combatientes a más de 25 mil”, lo que representaría un incremento cercano al 70%.

Denuncias por posibles nuevos falsos positivos

La representante Miranda también mencionó presuntos nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos, según relató, en Ituango (Antioquia) y Vistahermosa (Meta).

En uno de los casos, afirmó: “Tres soldados presuntamente le dispararon a un civil mientras este suplicaba que no lo mataran. Luego, según la denuncia, le desataron las manos, acomodaron el cadáver y le colocaron un arma para simular un combate”.

Miranda señaló que este tipo de hechos serían graves muestras de que, en sus palabras: “Estos son falsos positivos, ministro. Esto que está pasando en el gobierno de la ‘potencia mundial de la vida’ es gravísimo”.

El ministro Pedro Sánchez respondió que estos hechos se encuentran bajo investigación y declaró: “Eso está siendo investigado por la Fiscalía y esperamos que se aplique toda la contundencia (…) Eso no lo toleramos”.

Cifras sobre menores muertos en bombardeos

Otra de las voces fuertes del debate fue la de la representante Catherine Juvinao, quien cuestionó los reportes oficiales sobre los menores fallecidos en combates y operaciones aéreas. Sostuvo que “no son 31 los menores que han fallecido (…) sino 54”.

De acuerdo con su intervención: “54 menores han muerto o en bombardeos, o en enfrentamientos con la fuerza pública, durante el Gobierno de Gustavo Petro”.

Además, aseguró que existirían “cinco bombardeos donde el Estado colombiano no tendría ninguna información”, lo que, según dijo, impediría conocer cuántas personas murieron o si habría más menores entre las víctimas.

Posturas a favor y en contra de la moción

El representante Juan Carlos Losada anunció su voto a favor de la moción al señalar: “Aquí no puede haber dobles raceros cuando se trata de la vida de menores de edad que son víctimas del conflicto armado. Entonces uno aquí se para o del lado de las víctimas o se va a poner con el discurso retrógrado de que esos niños son victimarios”.

En contraste, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, defendió la gestión del ministro Sánchez y aseguró que las fuerzas militares no están involucradas en delitos como en otros momentos del país.

Declaró: “Unas fuerzas militares que no están inmersas en delitos que antes en otros gobiernos se cometían (…) hoy a nuestros militares, nuestros generales y a nuestro ministro sean motivo de celebración y orgullo para nosotros. Y algo que sí debo decir aquí, porque no puedo ocultarlo, es que a mí no me gustan los bombardeos cuando mueren niños”.

Una plenaria casi vacía al cierre del debate

Luego de casi cinco horas de discusión, cerca de las 5:30 de la tarde, el ministro Sánchez inició su exposición ante una plenaria prácticamente vacía.

Al finalizar la sesión, alrededor de las 6:30 p. m., solo 16 representantes permanecían en el recinto, entre ellos Miranda, Juvinao, Carolina Arbeláez, Wilmer Castellanos, Andrés Forero y Hernán Cadavid.

Lo que sigue

La votación se realizará el martes 16 de diciembre a las 9:00 de la mañana. Esta moción se suma a las múltiples citaciones de control político que ha enfrentado el Gobierno en materia de seguridad. Hasta ahora, ninguna moción de censura en esta administración ha prosperado, por lo que la decisión del próximo martes será clave para determinar si el ministro Pedro Sánchez continúa al frente de la cartera de Defensa.

La incertidumbre en torno a los restos entregados a las fuerzas israelíes se mantiene mientras expertos forenses trabajan en su identificación. De acuerdo con lo informado por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, citada por el medio Europa Press, los elementos recibidos fueron trasladados desde la Franja de Gaza tras ser entregados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a la Agencia de Seguridad Interna (ISA) y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Las autoridades israelíes han indicado que se informará a las familias únicamente después de concluir los análisis correspondientes y confirmar la identidad y procedencia de los restos.

Según publicó Europa Press, la ceremonia de recepción en la Franja de Gaza contó con la presencia del rabino militar de Israel y miembros de la Agencia de Seguridad Interna. Tras este acto, los restos o "hallazgos" fueron transportados a territorio israelí con el objetivo de someterlos a un proceso de identificación forense exhaustivo. Hasta el momento, las fuentes oficiales no han precisado si estos restos corresponden a las personas secuestradas durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

El medio Europa Press precisó que la Dirección de Cautivos y Desaparecidos ha mantenido contacto permanente con los allegados de los dos rehenes cuyos cuerpos aún no han sido localizados en Gaza. Esta labor se inscribe en los esfuerzos mayores por conseguir el retorno de todos los rehenes, una cuestión que el gobierno israelí sostiene como prioritaria. En palabras de la oficina de Netanyahu recogidas por Europa Press: “Los esfuerzos para lograr la vuelta de nuestros rehenes siguen en marcha y no cesarán hasta que vuelva el último rehén”.

El acuerdo alcanzado en octubre entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), bajo la propuesta promovida por Estados Unidos para el futuro de la Franja, sentó las bases para acciones coordinadas entre ambas partes relacionadas con intercambio de rehenes y restos. En el marco de ese acuerdo, se estableció un alto el fuego a partir del 10 de octubre, así como la liberación de 20 rehenes que seguían con vida y la entrega de 30 rehenes fallecidos. Además, Israel liberó aproximadamente a 2.000 palestinos que se encontraban en sus centros de detención y devolvió al menos 350 cuerpos de palestinos que permanecían bajo custodia desde los incidentes ocurridos tras los ataques y la operación militar subsiguiente en Gaza.

Europa Press también consignó que, hasta la fecha, Hamás no ha confirmado si los restos recientemente entregados al CICR pertenecen a alguno de los dos rehenes mencionados por la parte israelí. En ocasiones anteriores, la entrega de cadáveres de rehenes por parte de Hamás ha estado acompañada de declaraciones específicas y ceremonias formales con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja para facilitar el traslado de los restos hacia Israel. La ausencia de confirmación por parte de Hamás respecto a estos nuevos hallazgos alimenta la cautela en la comunicación oficial israelí y la incertidumbre entre las familias afectadas.

Las acciones que rodean la identificación e intercambio de cadáveres y prisioneros se enmarcan en el ambiente de tensión persistente entre Israel y las organizaciones palestinas en Gaza. La liberación de prisioneros y la repatriación de restos humanos constituyen componentes relevantes de los acuerdos alcanzados con mediación internacional, y cada uno de estos procedimientos está sujeto a un escrutinio detallado de las partes involucradas, con fuertes repercusiones para la opinión pública de los respectivos territorios.

La cobertura de Europa Press detalla además el componente diplomático y humanitario de estas operaciones, reflejado en el papel del CICR como intermediario encargado de recibir, custodiar y trasladar restos y prisioneros entre las partes. La presencia del rabino militar en la ceremonia resalta la importancia de los protocolos religiosos y legales en la recepción e identificación de restos en el contexto militar israelí.

En el contexto de la crisis humanitaria y las operaciones militares en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre, la gestión de rehenes y cadáveres se ha convertido en uno de los temas más sensibles para las familias y la sociedad tanto en Israel como en Palestina. Europa Press indicó que la comunicación constante entre las autoridades y las familias de los desaparecidos busca proporcionar información oportuna y garantizar el respeto de los procedimientos legales y religiosos en el proceso de identificación y notificación.

El intercambio de prisioneros y cadáveres sigue su curso bajo el marco del acuerdo promovido en octubre, aunque aspectos como la localización y entrega final de todos los cuerpos de los rehenes siguen sin resolverse. La presencia de mediadores internacionales como el CICR resulta esencial, dada la complejidad y delicadeza de las gestiones y la necesidad de conferir legitimidad y protección a estos procedimientos en un entorno de conflicto. Según refleja Europa Press, las informaciones oficiales solo serán comunicadas públicamente una vez concluido el análisis pericial y completada la notificación a las familias afectadas. Mientras tanto, las partes implicadas mantienen cautela a la espera de confirmaciones sustantivas sobre la identidad y el origen preciso de los restos entregados.

El Ejército de Nigeria reportó la muerte de una mujer de 60 años en la misma área donde las fuerzas de seguridad liberaron a siete adolescentes que habían permanecido retenidas por integrantes de bandas armadas en el norte del país, según informó la institución a través de un comunicado citado por medios locales. El rescate se realizó en Tsanyawa, estado de Kano, el sábado por la noche, e involucró el despliegue conjunto de personal militar, policial y de la Fuerza Aérea, en el contexto de la Operación MESA. De acuerdo con el Ejército de Nigeria, esta operación se ejecutó aproximadamente a las 23:00 horas en una región frecuentemente utilizada como refugio por grupos denominados "bandidos", marcando un nuevo episodio en la lucha contra los secuestros en zonas rurales del país.

Según detalló el medio, la exitosa intervención fue encabezada por la 3.ª Brigada del Ejército junto a unidades especializadas de apoyo aéreo y patrullas policiales. Durante la operación se consiguió rescatar a las siete jóvenes, quienes previamente habían sido capturadas por un grupo armado que mantiene actividad recurrente en la región. El comunicado difundido a través de la cuenta oficial en la red social X precisó que tras la liberación, los presuntos secuestradores escaparon del área trasladándose hacia Kankia, localidad en el estado vecino de Katsina, lo que representa un nuevo obstáculo para las labores de localización de otras personas aún desaparecidas.

El fenómeno de los secuestros masivos representa una preocupación creciente en Nigeria, especialmente en los estados del norte y el oeste, donde el accionar de grupos armados se ha intensificado durante los últimos meses. Según consignó el Ejército de Nigeria, tras el rescate de las adolescentes en Kano, todavía permanece desaparecido un grupo adicional de siete personas, por lo que la búsqueda continúa de manera ininterrumpida. Las fuerzas de seguridad han incrementado la vigilancia y los puntos de control en las áreas consideradas de mayor riesgo, particularmente en torno a comunidades rurales y establecimientos educativos, ante la persistencia de estos incidentes.

El medio señaló que el impacto de la inseguridad en la región no se limita al caso de Tsanyawa. En días recientes, se registró el secuestro de más de 300 estudiantes y profesores en Papiri, en el oeste del país, lo que profundizó la alarma entre la población y las autoridades educativas. Estas acciones delictivas suelen estar motivadas por la obtención de rescates o la extorsión de las familias y generan presión constante sobre los gobiernos locales.

La Operación MESA, bajo la coordinación de diversas ramas de las fuerzas armadas y agentes de seguridad interna, ha adoptado como estrategia el despliegue simultáneo de recursos en tierra y en el aire. El Ejército de Nigeria, en declaraciones oficiales, ratificó la continuidad de este tipo de operativos para tratar de ubicar a quienes siguen sin ser encontrados y para dificultar la reorganización de los grupos armados en la zona. Las intervenciones coordinadas con el gobierno local buscan reforzar la protección de comunidades vulnerables, donde los ataques y secuestros representan un desafío persistente.

Mientras los esfuerzos militares prosiguen para localizar a las personas desaparecidas y restringir la movilidad de los "bandidos", el Ejército de Nigeria recordó el compromiso de mantener la presión hasta dar con el paradero de quienes aún permanecen en cautiverio, según publicaron en sus canales oficiales. La colaboración de diferentes organismos humanitarios y líderes comunitarios se ha sumado a estas iniciativas, implementando medidas de apoyo para las familias de las víctimas y requiriendo de las autoridades un enfoque más constante en la protección y prevención en áreas especialmente expuestas a estos ataques.

El aumento en la vigilancia de escuelas y espacios frecuentemente señalados como blanco de secuestradores revela la magnitud del problema, mientras la cobertura internacional y los reclamos de la sociedad civil piden respuestas más eficaces del gobierno federal. El fenómeno de los secuestros mantiene en alerta a varios estados en Nigeria, donde se han reforzado protocolos de emergencia y estrategias de vigilancia, según informaron distintas autoridades a medios nacionales.

El Ejército confirmó que la liberación en Tsanyawa representa apenas un avance parcial frente a una problemática que no da señales de disminuir. La búsqueda de las siete personas que permanecen desaparecidas continúa, con participación de fuerzas militares, policiales y de la Fuerza Aérea, como parte de un esfuerzo que ha involucrado la coordinación entre administraciones locales y el despliegue de más patrullas en rutas y espacios rurales del norte del país. La presión sobre estos grupos armados se mantiene, mientras la preocupación por la seguridad de las comunidades vulnerables y las instituciones educativas sigue ocupando el centro del debate público en Nigeria.

En horas de la tarde de este 29 de noviembre, la guerrilla del ELN dejó en libertad a once personas que habían sido secuestradas a inicios de este año en la convulsionada zona del Catatumbo, en Norte de Santander. Las víctimas, entre ellas nueve hombres y dos mujeres, una de ellas de nacionalidad venezolana, residían en los municipios de Tibú y El Tarra, territorios golpeados por la presencia de distintos grupos armados.

La entrega se realizó ante una comisión humanitaria conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo, quienes verificaron el estado de salud de los liberados. Según el reporte oficial, ninguno presentó afectaciones médicas al momento del encuentro.

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Diez meses y 16 días de cautiverio

El obispo de la Diócesis de Tibú, mons. Israel Bravo, confirmó a La FM que las personas permanecieron diez meses y 16 días en poder del ELN, tiempo durante el cual no se conocieron detalles sobre las razones de su secuestro.

“Afortunadamente regresaron a la libertar, sanos y salvos, y esto nos permite celebrar la vida. No se tiene información del porqué del secuestro, pero espera así mismo que los demás secuestrados regresen a la libertad lo más pronto posible”, indicó Bravo.

Entre los liberados se encuentra un firmante del Acuerdo de Paz, integrante del proceso de reincorporación, hecho que vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos que enfrenta esta población en zonas de conflicto.

Tras la liberación, las once personas pudieron reencontrarse con sus familias, la mayoría de ellas residentes en áreas rurales de Tibú y El Tarra.

Defensoría del Pueblo confirmó la entrega humanitaria

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que precisó que la operación se desarrolló bajo estrictos protocolos humanitarios:

“La entrega humanitaria se realizó a la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de la ONU , en el marco del acompañamiento institucional que garantiza la protección de la vida, la integridad y la dignidad de quienes han estado privados de la libertad”.

La entidad reafirmó que, por seguridad, no se divulgaron los nombres de las personas liberadas.

Crisis por secuestros en el Catatumbo

La liberación ocurre en medio de un preocupante aumento de secuestros en la región. De acuerdo con Olguín Mayorga, representante de víctimas de Norte de Santander, la situación es alarmante:

“los casos de secuestro en la zona del Catatumbo siguen en aumento, sin que haya algún ningún tipo de control por parte de las autoridades locales... los grupos armados al margen de la ley siguen generando afectaciones a la seguridad de las comunidades civiles, quienes son los más afectados por este fenómeno”, indico a la radio mencionada.

En la última semana, solo en el municipio de Tibú, se registraron más de diez secuestros atribuidos tanto al ELN como a las disidencias de las Farc, en diferentes puntos cercanos a la frontera con Venezuela.

Firmantes de paz: entre desplazamientos y asesinatos

Las cifras reveladas por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) muestran un panorama todavía más crítico para quienes avanzan en su proceso de reintegración. Según Lorena Corvera, coordinadora de la ARN en Norte de Santander:

“El panorama sigue siendo preocupante en el Catatumbo. Este año han salido desplazados 223 firmantes de paz, mientras que otros 19 firmantes siguen confinados por los enfrentamientos entre ELN y las disidencias de las Farc”.

Corvera señaló que el acceso institucional a la zona ha sido altamente restringido por la violencia. “Fue complicado ingresar a la zona a inicios del presente año; solamente a mediados del año un grupo de la ARN logró ingresar a la zona urbana de algunos municipios del Catatumbo con el objetivo de brindar la ayuda que requieren estas personas”, explicó a la FM.

Norte de Santander: uno de los departamentos más afectados por el secuestro

De acuerdo con las autoridades, Norte de Santander continúa siendo una de las zonas más golpeadas por este delito, debido a la presencia del ELN, las disidencias de las Farc, grupos narcotraficantes y estructuras criminales que buscan controlar corredores estratégicos para el tráfico ilegal en la frontera.

La liberación de estas once personas representa un alivio para sus familias, pero también evidencia la grave crisis humanitaria y de seguridad que afronta el Catatumbo, donde el secuestro sigue siendo una práctica recurrente de los grupos armados.

Fuentes locales indicaron que el número de personas afectadas por los secuestros recientes en el estado de Níger, en el oeste de Nigeria, podría superar el medio centenar, abarcando adultos y menores. Según consignó el diario ‘Daily Post’, los atacantes armados llevaron a cabo asaltos en varias aldeas, llegando a raptar no solo agricultores sino también niños, en un contexto en que la preocupación en la región aumenta debido al crecimiento de la violencia en las comunidades rurales y los centros educativos.

El medio Tribune Online detalló que la policía de Níger confirmó el secuestro de diez agricultores en Angwan-Kawo y Kuchipa, ambas localidades del área de Shiroro. El portavoz de la policía, Wasiu Abiodun, explicó a este portal que las fuerzas de seguridad pusieron en marcha una operación para tratar de liberar a los secuestrados. Las cifras reportadas por las autoridades a Tribune Online contrastan con lo señalado por otras fuentes, como ‘Daily Post’, que habló de más de 50 personas privadas de su libertad como consecuencia de los últimos ataques.

Según informó Tribune Online, los ataques perpetrados por hombres armados no identificados se han repetido de manera frecuente en las áreas rurales del estado de Níger, afectando directamente a la población de agricultores, un segmento especialmente vulnerable. El fenómeno, según recogió ‘Daily Post’, ocurre apenas días después de que más de 300 estudiantes y profesores fueran secuestrados durante un asalto a una escuela católica en Papiri, localidad ubicada también en Níger. Este incidente se suma a una serie de episodios similares en distintas regiones del país en las semanas recientes.

De acuerdo con lo publicado por ‘Daily Post’, estos raptos masivos han generado una amplia respuesta por parte del gobierno federal. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, declaró el estado de emergencia nacional para responder al aumento de los secuestros, anunciando medidas adicionales en materia de seguridad. Tinubu ordenó la incorporación de más efectivos en las Fuerzas Armadas, en un intento por reforzar la capacidad de reacción y prevención ante la ola de criminalidad que afecta, sobre todo, a los estados del oeste y noroeste nigeriano.

La situación de inseguridad, según consignan varios medios nigerianos, tiene antecedentes en el noreste del país, donde grupos como Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), han actuado con violencia durante años. Sin embargo, como reportó ‘Daily Post’, el fenómeno se ha extendido hacia otras zonas septentrionales, incluidas áreas tradicionalmente agrícolas y educativas, con consecuencias directas para la vida cotidiana de la población y para la economía local.

El crecimiento del número de bandas armadas y el aumento de los secuestros han encendido las alarmas entre los habitantes de comunidades rurales y dirigentes de distintos sectores. Medios como Tribune Online señalaron que el miedo al avance de las redes criminales se refleja en la reacción de los familiares de los secuestrados, quienes han exigido acciones más contundentes por parte de las autoridades locales y federales.

Además de las medidas de seguridad, el gobierno estableció que la presencia militar debe aumentar de forma proporcional en las regiones más vulnerables. Según afirmó Tribune Online, la movilización de tropas busca impedir nuevos ataques y restablecer la confianza de la población en las fuerzas del orden. Las organizaciones de la sociedad civil han reclamado la liberación inmediata de quienes permanecen cautivos y la creación de estrategias integrales para hacer frente al deterioro de la seguridad en el norte y centro-oeste de Nigeria.

En el contexto de los recientes secuestros, observadores y analistas locales han recordado los antecedentes de violencia en centros educativos que se han presentado en los últimos años. Según señalaron portavoces comunitarios a ‘Daily Post’, el secuestro masivo en la escuela de Papiri impactó en todo el país, revitalizando el debate sobre la seguridad escolar y el acceso de los niños a la educación en zonas de alto riesgo.

La respuesta oficial ha incluido también el llamado a la colaboración de la población local e instituciones religiosas para identificar a los responsables y prevenir nuevas incursiones armadas. Tribune Online remarcó las declaraciones de líderes locales sobre la necesidad de fortalecer la cooperación entre comunidades y fuerzas de seguridad, mientras la urgencia por rescatar a los cautivos persiste como una de las principales preocupaciones en el estado de Níger y en amplias zonas rurales de Nigeria.

La instrucción presidencial incluye la transformación de instalaciones destinadas al Cuerpo Nacional de Servicio Juvenil en espacios de entrenamiento temporal para el reclutamiento militar, medida que busca potenciar de inmediato la capacidad de respuesta ante las amenazas de seguridad presentes en el país. Según informó la prensa nigeriana, el presidente Bola Tinubu anunció la iniciativa para complementar su decisión de declarar el estado de emergencia nacional frente a la escalada de secuestros, en especial en el norte y noroeste del territorio, zonas donde mantienen actividad tanto Boko Haram como la facción Estado Islámico en África Occidental (ISWA). Tinubu detalló que la medida permitirá incorporar hasta 20.000 nuevos efectivos, lo que elevaría el contingente de las Fuerzas Armadas a un total de 50.000 personas destinadas a operaciones de seguridad.

De acuerdo con medios nigerianos, la intervención se produce tras una serie de incidentes violentos y el aumento de los raptos, tendencia especialmente intensa en las regiones bajo influencia de grupos armados. Tinubu dirigió un mensaje a la nación para calificar la situación como una "emergencia nacional" y subrayó la importancia de la colaboración cívica en la protección de la estabilidad. En su alocución, el mandatario expuso: "Compatriotas nigerianos, esta es una emergencia nacional y estamos respondiendo con un mayor despliegue de tropas sobre el terreno, especialmente en zonas con problemas de seguridad. Estos tiempos exigen la colaboración de todos. Debemos involucrarnos en la seguridad de nuestra nación", según recogió la prensa local.

De acuerdo con lo publicado por diversos medios nacionales, el presidente elogió el trabajo reciente de las fuerzas de seguridad, que consiguieron localizar a decenas de personas secuestradas en distintos puntos del país durante la última semana. Tinubu citó, entre otros casos, la liberación de una veintena de estudiantes en el estado de Kebbi, al noroeste de Nigeria, como un resultado concreto de las operaciones en curso. Además, el líder nigeriano afirmó que los esfuerzos para encontrar y liberar a víctimas continuarán, y prometió una intensificación de las batidas militares en las áreas afectadas.

La respuesta de emergencia implica también nuevas directrices para las autoridades locales. Según detalló el propio Tinubu, los gobiernos regionales deben reforzar sus estrategias de prevención y capacitar a más personal de seguridad. Además, el mandatario instó a las administraciones a evitar la autorización de construcciones de escuelas y centros de culto en zonas remotas donde la presencia estatal resulta limitada y el riesgo de ataques es considerablemente mayor.

El anuncio ocurre en el contexto del agravamiento de la inseguridad en Nigeria durante las últimas semanas, fenómeno caracterizado por una serie de raptos masivos que han afectado tanto a estudiantes como a ciudadanos en general. Según agregó la prensa del país, la operación de grupos armados como Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental ha intensificado la presión sobre comunidades rurales y ha dificultado la actividad normal en el norte y noroeste nigeriano. El gobierno busca contrarrestar esta dinámica mediante el aumento de efectivos militares y el fortalecimiento de las redes de colaboración entre diferentes niveles de la administración pública.

Tinubu enfatizó la necesidad de una respuesta colectiva, involucrando participantes tanto civiles como estatales, para abordar las causas profundas de la crisis y garantizar condiciones de seguridad en áreas tradicionalmente vulnerables. El Ejecutivo prevé que el mejoramiento de la capacidad operativa y logística, a través del uso de los centros especiales mencionados, refuerce la presencia militar en las zonas de mayor presión por parte de actores armados, según lo informado por medios nigerianos.

Las propuestas presidenciales forman parte de una estrategia de largo alcance que involucra medidas de urgencia y mecanismos de prevención, con el objetivo de frenar el avance de los grupos armados y devolver la normalidad a las regiones afectadas. Los próximos días serán clave para evaluar la eficacia del despliegue y la respuesta de las autoridades regionales a las directrices nacionales anunciadas tras la declaración de emergencia.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas de los acusados de haber planeado el secuestro extorsivo seguido de muerte de Santiago Aguilera Allende, un joven de 18 años que fue víctima de torturas y extorsión en agosto de 2022 en la región de Traslasierra, en provincia de Córdoba.

De esta manera, el tribunal no solo confirmó la prisión perpetua para Walter Ezequiel Gil, sino que además agravó la situación de Julio Ramírez, cuya pena se elevó a 12 años de prisión. Según el fallo, se acreditó su participación en el acceso forzado a las contraseñas de la víctima y en el intento de vaciar sus cuentas digitales.

La resolución, emitida por la Sala I del máximo tribunal penal federal —integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos—, reconstruyó con precisión la secuencia de violencia que caracterizó el plan criminal. Así, se ratificó que los secuestradores sometieron a Aguilera a múltiples agresiones físicas, algunas de ellas letales, en dos momentos distintos durante su cautiverio.

El objetivo inicial de las primeras torturas era obtener las claves de acceso a su cuenta de Gmail y a sus billeteras virtuales, un signo que para los magistrados evidenció la premeditación y la brutalidad del accionar de los responsables. Mientras la víctima permanecía privada de su libertad, comprobaron que los padres recibieron mensajes extorsivos enviados desde el teléfono móvil de la madre de Aguilera.

De acuerdo con la información publicada por Revista Quorum, esta comunicación se interrumpió la mañana del 17 de agosto, poco después de que la familia alertara a la Policía. Después de que se iniciara la búsqueda del joven, su cuerpo del joven fue hallado el 21 de agosto en un basural de la zona.

En relación con la situación procesal de los acusados, la Cámara de Casación rechazó por unanimidad el recurso presentado por la defensa de Gil y ratificó la pena de prisión perpetua como coautor del secuestro extorsivo agravado.

En este sentido, los jueces consideraron probado que Gil participó tanto en la captura de Aguilera como en el envío de los mensajes extorsivos desde el teléfono de la víctima. Asimismo, apuntaron que había actuado en conjunto con otras personas, que aún no fueron identificadas.

No obstante, el debate central del fallo giró en torno al grado de responsabilidad de Ramírez. El Tribunal Oral Federal 3 de Córdoba lo había considerado partícipe necesario, pero tanto la querella como la Fiscalía habían solicitado una revisión más rigurosa de su rol.

En su voto conjunto, Borinsky y Carbajo concluyeron que estaba acreditado que había accedido a la cuenta de Gmail de Aguilera o facilitó el acceso a otros participantes utilizando la conexión de internet de su domicilio y la clave obtenida mediante violencia.

Según los magistrados, este aporte fue concreto, pero no esencial para la consumación del delito, por lo que correspondía calificarlo como partícipe secundario, en línea con la postura de los fiscales durante los alegatos finales. Por mayoría, la Cámara lo condenó a 12 años de prisión.

En disidencia parcial, el juez Hornos sostuvo que Ramírez debía ser considerado coautor y recibir también prisión perpetua, al entender que quedó demostrado que manipuló el celular de la víctima durante el cautiverio, ejecutando directamente el plan extorsivo.

Previo a esto, el Tribunal Oral Federal 3 de Córdoba había condenado a Ramírez a cumplir una pena de cuatro años de prisión en calidad de autor de encubrimiento agravado. Frente a esto, la Fiscalía había pedido 15 años de condena, tras alegar que le correspondía la calificación de partícipe secundario del secuestro extorsivo de Santiago. Así, la cantidad de años que sumó Casación para el condenado habría resultado de una valoración mediada por las justificaciones ambas partes.

Nigeria se vio sacudida por dos secuestros masivos de escuelas la semana pasada, con más de 300 niños secuestrados por bandas armadas en el norte del país, azotado por el conflicto.

Un recuento de The Associated Press muestra que al menos 1.799 estudiantes han sido secuestrados en una docena de los secuestros más grandes desde el ataque de Chibok en 2014, en el que militantes de Boko Haram secuestraron a 276 colegialas, lo que desató la indignación mundial. La mayoría de los niños han sido liberados, muchos tras el pago de rescates. Otros han escapado.

A continuación se presenta una cronología de los principales secuestros de estudiantes en Nigeria:

14 de abril de 2014

Miembros del grupo militante islamista Boko Haram secuestraron a 276 estudiantes en un ataque nocturno en una escuela secundaria pública de Chibok, en el estado de Borno. Se informa que más de 90 estudiantes siguen desaparecidas.

19 de febrero de 2018

Una facción de Boko Haram secuestra a 110 colegialas de una escuela de ciencias en Danchi, estado de Yobe. Casi todas fueron liberadas posteriormente, pero cinco de ellas fueron asesinadas.

11 de diciembre de 2020

Hombres armados en motocicletas atacan una escuela secundaria pública en Kankara, estado de Katsina, y secuestran a más de 300 niños. El gobierno estatal anunció su liberación seis días después, tras negociaciones.

17 de febrero de 2021

Hombres armados con uniforme militar atacan una escuela de ciencias en Kagara, estado de Níger, y secuestran a 27 estudiantes, tres miembros del personal y otras personas. Fueron liberados más de una semana después.

26 de febrero de 2021

Hombres armados secuestraron a más de 300 colegialas en una redada nocturna en una escuela secundaria pública en Jangebe, estado de Zamfara. Todas fueron liberadas pocas semanas después del aparente pago de un rescate.

11 de marzo de 2021

Hombres armados secuestran a 39 estudiantes de la Escuela Federal de Mecanización Forestal de Afaka, en el estado de Kaduna. Son liberados semanas después.

20 de abril de 2021

Hombres armados atacan la Universidad privada Greenfield en el estado de Kaduna y secuestran al menos a 20 estudiantes. La mayoría fueron liberados, pero cinco fueron asesinados, aparentemente porque las negociaciones para el rescate se estaban demorando demasiado.

5 de julio de 2021

Hombres armados secuestran a más de 100 estudiantes de la escuela secundaria bautista Bethel, en la zona de Chikun, estado de Kaduna. Los estudiantes son liberados tras varios meses.

7 de marzo de 2024

Hombres armados en motocicletas atacan a 287 estudiantes en la escuela secundaria gubernamental de Kuriga, en el estado de Kaduna.

9 de marzo de 2024

Hombres armados irrumpen en un internado en Gidan Bakuso, en el estado de Sokoto, y secuestran a 15 niños mientras duermen.

17 de noviembre de 2025

Hombres armados atacan una escuela en el estado de Kebbi y secuestran a 25 estudiantes mientras matan al menos a un miembro del personal.

22 de noviembre de 2025

Bandas armadas irrumpen en una escuela católica en el estado de Níger y secuestran a más de 300 estudiantes y personal.

(con información de AP)

Un sargento de la Bonaerense fue detenido este domingo al ser identificado como presunto autor del robo, el secuestro y el abuso sexual de una mujer en el Parque Pereyra Iraola, en las afueras de la ciudad de La Plata.

Identificado como Jonathan Andrés Peralta, el acusado es un sargento de 32 años que cumplía funciones en un destacamento de la autopista Buenos Aires - La Plata. Cuando lo capturaron manejaba una camioneta robada.

El rapto ocurrió el miércoles a plena luz del día en la calle 14, entre 474 y 476, en la localidad de City Bell. Allí una joven de 25 años había entrado a su Volkswagen Gol Trend cuando un sospechoso que la seguía con una caja en la mano, descartó los cartones y, al mismo tiempo que abría la puerta del conductor del auto, la increpó armado.

En las imágenes que registraron el momento se puede observar cómo el atacante la seguía a una distancia prudencial y cómo se acercó al vehículo con la caja en la mano -posiblemente para simular-: la tiró al suelo justo antes de increpar a la mujer. Según denunció la víctima, una vez dentro del auto el hombre la amenazó para que se quedara dentro del coche.

Quien sería el policía Peralta tomó el volante y manejó hacia el parque. Tuvo retenida a la víctima durante tres horas, en contra de su voluntad.

La mujer relató que una vez en que frenó el vehículo el agresor la sometió sexualmente. Además, el policía habría planeado un encuentro con otra persona que no se concretó.

Luego de esas tres horas fatídicas, el atacante condujo el auto por camino General Belgrano hacia camino Centenario, donde finalmente liberó a la víctima. Le devolvió sus pertenencias, pero se quedó con el VW Gol Trend rojo.

Inmediatamente, la mujer pidió auxilio a un colectivero que pasó por el lugar. La trasladaron al Hospital de Gonnet para realizarle exámenes médicos antes de hacer la denuncia en la comisaría.

La causa quedó a cargo del fiscal Álvaro Garganta y de la jueza de Garantías Marcela Garmendia. Le imputaron al policía los delitos de robo calificado, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad.

En las primeras horas de investigación se tomaron declaraciones testimoniales, se analizaron cámaras de seguridad que grabaron el ataque y se hizo un seguimiento del auto que determinó que el sospechoso huyó hacia el partido deFlorencio Varela.

Luego los investigadores de la DDI de La Plata lo siguieron hasta su domicilio en la localidad de Ingeniero Allan. Desde allí el sargento Peralta salió el sábado manejando un Nissan March blanco sin patente. Fueron tras él y finalmente lo detuvieron en la colectora de la Ruta 2, a la altura de Diagonal Fontana.

Dentro del auto encontraron su pistola calibre 9 milímetros, una chapa patente apócrifa -cuya numeración corresponde a una Renault Kangoo-, documentación y elementos vinculados al hecho. Además, verificaron que tenía el vehículo que manejaba tenía un pedido de secuestro activo por robo.

En el operativo también se incautó el celular del sospechoso, dos cargadores de su pistola y ocho municiones.

La Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense dispuso la inmediata desafectación del servicio del agente detenido.

Fuentes próximas al proceso diplomático informaron a la agencia japonesa Kiodo que la oficina de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ya inició gestiones para concertar una reunión con Kim Jong Un, líder de Corea del Norte. Con esta iniciativa, Takaichi busca abrir un canal de diálogo directo para abordar diversas disputas pendientes, en particular la cuestión de los ciudadanos japoneses secuestrados hace varias décadas, y avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas. Según publicó Kiodo, la mandataria expresó su disposición a reunirse con Kim Jong Un, insistiendo en la necesidad de obtener resultados concretos en distintos ámbitos.

Takaichi aseveró: “Con la mirada puesta en unas relaciones sinceras entre Japón y Corea del Norte, quisiera celebrar una reunión con el líder Kim Jong Un y lograr resultados en diversos campos”, según citó Kiodo. El gobierno japonés ha reiterado que la situación de los ciudadanos secuestrados durante los años 70 y 80 sigue sin resolverse, y considera este asunto un obstáculo para avanzar en la relación bilateral. Las autoridades niponas acusan a los servicios especiales de Corea del Norte de haber sido responsables del secuestro de 17 japoneses en esa época, mientras que el gobierno norcoreano solo ha admitido trece de los casos.

De acuerdo con la información de Kiodo, parte de los secuestrados lograron regresar a Japón tras gestiones diplomáticas realizadas en 2002 por el entonces primer ministro Junichiro Koizumi. Como resultado de visitas de alto nivel en ese año, al menos cinco ciudadanos japoneses retornaron a su país. En cuanto a las personas cuyo regreso no se concretó, Corea del Norte sostiene que ocho de ellas fallecieron, aunque las autoridades japonesas han puesto en duda esa versión, ya que aseguran que las pruebas de ADN suministradas por Corea del Norte no coinciden con las de las familias de los desaparecidos.

El gobierno de Tokio exige la entrega efectiva de los restos de todos los ciudadanos afectados, al considerar insuficiente la información ofrecida hasta el momento por Pyongyang, reportó Kiodo. Este requerimiento sigue siendo uno de los grandes puntos de fricción entre ambos países y figura habitualmente en la agenda de las conversaciones formales e informales entre Japón y Corea del Norte.

Las iniciativas previas para resolver las disputas históricas no han dado resultados definitivos. El secuestro de ciudadanos japoneses es un tema altamente sensible en la opinión pública y ha sido un elemento permanente en la política exterior de sucesivos gobiernos nipones. En 2002, la visita de Koizumi marcó un hito en el acercamiento bilateral tras décadas de tensiones, pero no consiguió cerrar todos los capítulos pendientes. El anuncio de la primera ministra Takaichi de establecer un contacto directo con Kim Jong Un representa, según la cobertura difundida por Kiodo, un nuevo intento para avanzar tanto en la resolución de los secuestros como en otros aspectos vinculados a la relación diplomática entre Tokio y Pyongyang.

El proceso de fijar la fecha para el posible encuentro entre los líderes se encuentra en sus primeras etapas. Según detalló Kiodo, ambas partes mantienen comunicación a través de canales no oficiales y habría disposición para continuar explorando una agenda más amplia que incluya la seguridad regional y la cooperación en temas humanitarios. Por el momento, los gobiernos de ambos países no han confirmado públicamente detalles sobre el formato, la posible sede o el calendario de la reunión propuesta.

De acuerdo con el historial de gestiones publicado por Kiodo, los escasos encuentros de alto nivel entre Japón y Corea del Norte en las últimas décadas tuvieron resultados limitados. Persisten disputas no solo por el caso de los ciudadanos secuestrados, sino también por la histórica ausencia de relaciones diplomáticas plenas y situaciones derivadas del programa nuclear norcoreano. Al manifestar su voluntad de reunirse con Kim Jong Un, la primera ministra japonesa apuesta, según la información presentada por Kiodo, por retomar la vía del diálogo directo como mecanismo para desbloquear los principales desacuerdos.

El contexto político y la evolución de los contactos diplomáticos entre Tokio y Pyongyang seguirán marcando las próximas etapas de este proceso, cuyo avance depende, según ha señalado Tokio y difundió Kiodo, del esclarecimiento de la situación de todos los ciudadanos japoneses afectados, así como del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en negociaciones previas.

Un informe de ATV revela, paso a paso, cómo operó esta transformación y cómo cayó finalmente este cabecilla criminal, considerado una pieza clave dentro del entramado delictivo que asola el norte del Perú.

Una metamorfosis criminal

El cambio es contundente: cicatrices borradas, rejuvenecimiento facial, cabello modificado y gafas como accesorio permanente. Los expertos consultados confirman que se sometió a un sofisticado tratamiento estético.

“Hay un tratamiento cosmético… Se han podido borrar las cicatrices, incluso hay un rejuvenecimiento facial realista. Pero el mentón y la forma del pabellón auricular no han podido cambiar”, explica un especialista forense.

Ese detalle —la curvatura del hélix y antihélix en la oreja— fue decisivo. Ni las operaciones, ni el dinero acumulado ilícitamente, ni su red de protección pudieron salvarlo.

La fuga y el rastro de muerte

Romero escapó a Argentina siguiendo la misma estrategia que otros narcotraficantes y extorsionadores peruanos como ‘El Monstruo’: salir del radar, cruzar fronteras y montar nuevas bases criminales. Pronto se confirmó que no solo buscaba refugio, sino expandir sus operaciones.

Detrás dejó un camino violento: apenas desapareció, dos de sus acompañantes aparecieron asesinados a tiros. Investigadores sostienen que estas muertes estarían relacionadas con disputas internas dentro de su propia organización.

El rostro de Los Compadres

Alias Jorobado Deivi no es un delincuente cualquiera. Es uno de los líderes de 'Los Compadres’, banda dedicada a la extorsión, secuestros y minería ilegal. Según la Policía, además es el brazo armado de la mafia transnacional 'Los Pulpos Nueva Generación’, dirigida por el prófugo Johnson Smith Cruz Torres.

La cercanía entre ambos va más allá del crimen: Romero mantuvo una relación sentimental con Judith Katerin Cruz Arce, tía de Johnson, condenada por el secuestro de la estudiante Kristell Denisse Cotrina. Un vínculo familiar y delictivo que fortaleció la estructura criminal.

Entre los delitos que se le imputan a Romero Ullilen figura el atentado con explosivos contra la sede principal de la Fiscalía de Trujillo, ocurrido en enero de este año, con el que habría intentado detener una investigación que lo comprometía directamente.

La lista de crímenes continúa: secuestros de empresarios mineros, asesinatos de sus familiares y usurpación de socavones de alto contenido de oro. La Unidad de Inteligencia Financiera estima que las organizaciones que él integra manejan más de 4 mil millones de dólares al año producto de extorsiones y minería ilegal.

Según expertos en seguridad, muchos mineros informales comenzaron pagando por “protección”, pero terminaron siendo despojados de sus operaciones por estas mafias, que luego se apropiaron del negocio.

La Policía Federal Argentina capturó a Romero tras una alerta roja de Interpol y, según especialistas, su presencia en el país vecino no habría sido casual, sino parte de la expansión de redes delictivas transnacionales provenientes del Perú, cuya actividad extorsiva ya se ha extendido a países como Chile y Argentina.

A la espera de la extradición

Actualmente, Jorobado Deivi permanece detenido en Argentina mientras avanza el proceso de extradición al Perú. De ser devuelto, retornará probablemente a las frías celdas del penal de Challapalca, donde ya estuvo recluido por más de una década.

Su captura ha revelado no solo la magnitud de su imperio criminal, sino la sofisticación con la que algunos cabecillas intentan reinventarse para evadir la ley.

Una transformación impresionante, casi irreconocible, pero insuficiente: al final, un detalle mínimo —una oreja— derribó la fachada del criminal que quiso convertirse en otro.

La Detección de Delitos Complejos de Moreno y General Rodríguez detuvo a tres personas, un hombre de 45, otro de 21 y una mujer de 25, mediante un operativo que permitió el secuestro de de elementos relacionados con robos de vehículos y autopartes. El descubrimiento ocurrió luego de allanar varios domicilios a raíz de denuncias por amenazas, abuso de armas y encubrimiento agravado.

La intervención, que incluyó la coordinación entre la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 y el Juzgado de Garantías N°2, terminó con la aprehensión de P. R. C., K. S. C. y A. E. C., quienes pertenecerían a la misma familia por la coincidencia de los apellidos.

Según los documentos judiciales, la investigación se originó hace un mes, cuando la víctima, identificada como A. A., denunció haber recibido amenazas por parte de uno de los aprehendidos. De acuerdo con el relato de la víctima, ese día, alrededor de las 19:30, transitaba en bicicleta para encontrarse con su pareja, cuando fue interceptado cerca de su domicilio en General Rodríguez. El mayor de los detenidos lo insultó y lanzó amenazas directas y después se fue.

Horas más tarde, aproximadamente a las 21:00, la víctima informó haber vuelto a escuchar la presencia del hombre en las inmediaciones de su domicilio. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, al agresor ejecutó al menos dos disparos con arma de fuego antes de huir de la zona.

La recolección de pruebas y los informes presentados a la UFI 9 permitieron obtener tres órdenes de allanamiento en viviendas de la localidad. Durante las tareas, la Policía Bonaerense secuestró un revólver calibre 22 y seis municiones del mismo calibre, así como teléfonos celulares de los involucrados, según supo este medio de fuentes oficiales.

Entre los objetos incautados figura una camioneta Ford Ranger, cuyo pedido de secuestro activo desde mayo pasado y corresponde a una causa por robo en la UFI 6 de Morón. Además, el operativo incluyó una cantidad notable de autopartes asociadas a distintas causas por robo y hurto de los últimos cinco años. Particularmente, las autopartes tenían la numeración suprimida, lo que complicará su trazabilidad.

Parte de estos objetos corresponden a causas de robo agravado, con fechas de registro en diciembre de 2024 y enero de 2025.

Las puertas vehiculares, por otro lado, conservaban identificadores que corresponden a diferentes expedientes judiciales, incluidos robos en la localidad de La Matanza, en el mencionado lapso.

La lista de elementos abarca también motores de vehículos con pedidos de secuestro activo por diversos delitos de diferentes unidades funcionales tales como Moreno, General Rodríguez, Malvinas Argentinas, La Matanza y Lomas de Zamora. También se secuestraron tres puertas vehiculares con identificaciones ligadas a hechos de robo y hurto en fechas que se remontan a 2016, además de varias autopartes de procedencia aun bajo investigación.

En este sentido, el hombre de 40 quedó imputado de amenazas agravadas, encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de fuego. Mientras tanto, los otros dos jóvenes quedaron aprehendidos por el delito de encubrimiento agravado. Las fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la investigación continúa para identificar la posible participación de otros individuos o eventuales compradores de los elementos robados.

Las causas paralelas por robo y hurto que se vinculan a los objetos secuestrados datan de distintos años, con ingresos judiciales en enero de 2020 y agosto de 2021, entre otros registros.

Las personas detenidas permanecen a disposición de la UFI N° 9 de Moreno-General Rodríguez, a la espera de nuevas medidas judiciales vinculadas a los delitos imputados y las pruebas obtenidas. Desde la fiscalía se aguarda el análisis de la telefonía y los antecedentes de las autopartes.

Una mujer de 59 años y su familia denunciaron un supuesto secuestro extorsivo en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, que está siendo investigado, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho ocurrió este martes por la tarde, cerca de las 18, cuando, según la versión de la familia, dos encapuchados, presuntamente de nacionalidad brasileña, abordaron a la víctima en un centro de estética al que había asistido junto a su hermana Y mientras se realizaba un tratamiento de belleza.

En unos pocos minutos, los presuntos secuestradores maniataron a la hermana de la víctima, encerraron en el baño a la dueña del comercio, encapucharon a la mujer y se la llevaron a bordo de un vehículo.

Horas después, los captores se habrían comunicado con su hija para exigirle 200 mil dólares como rescate. Siempre de acuerdo a su versión, le enviaron una foto de la supuesta cautiva con un arma apuntando a su cabeza.

De inmediato, la hija de la mujer dio aviso a las autoridades policiales locales, que junto a personal de Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía Federal comenzaron a realizar un barrido por toda la ciudad.

Pero a las 0.30 de este miércoles, y en medio de un intenso operativo de búsqueda para rescatar a la mujer de las manos de sus captores, la víctima fue liberada en una oscura avenida de Puerto Iguazú. Allí, un motociclista que pasaba por la zona la divisó y la auxilió.

Desesperada, se comunicó con su yerno, un reconocido empresario del rubro automotor de la ciudad, quien fue a buscarla al lugar donde había sido liberada sin el pago del rescate.

Los investigadores secuestraron los celulares de la mujer y su hija. Hay dudas acerca de la veracidad de la secuencia, detallaron las fuentes a este medio.

Según pudo saber este medio, el yerno de la mujer es un reconocido empresario del rubro automotor en Puerto Iguazú, con casi 20 años de experiencia en la compra y venta de autos. El negocio registró un crecimiento exponencial en los últimos años, debido a la ordenanza local que exige a los taxistas a renovar sus autos cada cinco años para poder trabajar en el aeropuerto, el punto más redituable de la ciudad a la hora de levantar pasajeros.

“Hace poco inauguraron una tienda, la más grande de la zona, y está llena de autos, todos nuevos”, aseguraron a este medio.

El caso está a cargo del juez federal de Misiones, Marcelo Cardozo, y colabora la UFECO, la unidad fiscal especializada en secuestros extorsivos, encabezada por Santiago Marquevic.

La investigación, que se mantiene estancada, llevó a los padres a intensificar sus reclamos ante las autoridades, según informó Cba24n

Elías Flores, padre del menor, manifestó su creciente angustia y exigió acciones concretas a las máximas autoridades nacionales y provinciales. “Quiero que investiguen, por favor, quiero que me reciban y me escuchen. Quiero y necesito saber qué pasó con mi hijo”, expresó.

En su mensaje, el trabajador ladrillero solicitó la intervención directa del presidente Javier Milei, de la ministra Patricia Bullrich, del gobernador Martín Llaryora y del ministro provincial Juan Pablo Quinteros. “Quiero que investiguen, me reciban y me escuchen. Nadie está haciendo nada”, reclamó Flores, quien grabó su pedido vistiendo una remera con la imagen de su hijo.

En medio de la falta de respuestas, la familia decidió sumar al abogado Carlos Nayi para que los represente tanto en el fuero federal como en el provincial, con la expectativa de reactivar la investigación y obtener avances en la causa.

El caso de Liam experimentó un cambio en la conducción judicial en septiembre, cuando la fiscal provincial de Bell Ville, Isabel Reyna, fue apartada de la causa. Desde entonces, la investigación quedó bajo la responsabilidad del fiscal provincial Nicolás Gambini.

Lian, de tres años, desapareció el 22 de febrero de 2025 en un paraje rural ubicado a unos tres kilómetros al sudeste de Ballesteros Sud.

Aquel día el nene se encontraba en su casa junto a su madre, Plácida Soraide Colque, su padre, Elías Flores Mamani, y sus hermanos.

La ausencia de Lian fue advertida por su hermana Maribel alrededor de las 16:30, cuando su padre le pidió que buscara frutas y llamara a sus hermanos para la merienda. El niño vestía un pantalón largo de color azul y no llevaba remera. Esa prenda fue encontrada al día siguiente de la desaparición en la puerta de la vivienda.

El lugar de residencia de la familia Flores Soraide, denominado en la investigación como “zona cero”, se ubica en el llamado “sector cortadero de ladrillos”. En un radio aproximado de 300 metros convivían otras tres familias -27 personas-, que también se dedicaban a la producción de ladrillos.

Según pudieron establecer, en las inmediaciones del lugar donde Lian fue visto por última vez se encontraban dos integrantes de la familia R. Z., vecinos colindantes de los Flores Soraide.

Estas dos personas tienen 21 y 16 años. Las autoridades señalaron que ambos incurrieron en inconsistencias y contradicciones en sus respectivos relatos testimoniales.

El 23 de febrero de 2025, en el marco de los procedimientos realizados a la familia R. Z., se secuestraron los celulares de ambos sospechosos. Los informes confeccionados por la Unidad de Equipos Móviles del Ministerio Público Fiscal de Córdoba revelaron el contenido de los aparatos móviles secuestrados.

En el teléfono celular marca LG del menor se analizaron los contenidos de imágenes, sonidos y videos, con un total de 153.987 “eventos” extraídos, y los investigadores visualizaron aproximadamente 40 archivos de exhibición y abuso sexual infantil, siendo algunos de ellos menores de 13 años.

El dispositivo también contenía videos con contenido pornográfico. El informe destacó que el análisis realizado no encontró, al menos en las imágenes aportadas a través de la extracción, indicios de envío o producción de esos archivos con el dispositivo móvil.

Por su parte, Samsung Galaxy A35, utilizado por el mayor de los hermanos, contenía un total de 65.954 imágenes. Entre ellas se detectaron dos archivos de pedofilia, también con menores de 13 años. Asimismo, el dispositivo poseía 5.783 videos, en gran medida con contenido pornográfico.

Los informes concluyeron que el análisis realizado mediante las herramientas forenses de las que se dispuso no agotó el total del contenido extraído de los dispositivos, y que ciertas partes no pudieron ser analizadas debido a las limitaciones de las herramientas.

Un hombre entró a la comisaría de La Unión, en Ezeiza, y le relató a la Policía una historia tan increíble como urgente. Denunció que su hermana había sido raptada y que permanecía retenida, contra su voluntad, en una casa de la zona. La escena transcurrió el 24 de marzo pasado.

De acuerdo a fuentes de la causa, la mujer habría robado unos 9 envoltorios de cocaína a dealers del barrio, inmersos en una contienda por el territorio, y como reprimenda resolvieron secuestrarla. Además, la violaron y la obligaron a trabajar en el negocio narco.

En un momento de su cautiverio, la víctima logró acceder a su celular y enviarle mensajes a su hermano. “Ayer casi me matan, y si me voy, me tienen amenazada que van a matar a mis hijas”, aseguró en uno de los chats. Mandó una foto, en la que se la veía golpeada.

Dio direcciones en las que podría estar. Conocía a sus captores, uno de ellos le vendía droga, el otro, había sido su novio. La Policía fue a dos de los puntos marcados, pero no la encontraron. Dio en la tecla en un tercer domicilio. “En esta dirección me tienen”, indicó en otro mensaje la mujer cautiva.

La fiscal Lorena González, de la UFI N°3 descentralizada de Ezeiza, concedió un allanamiento de urgencia.

Los efectivos llegaron al lugar y vieron a un hombre salir de la casa. Fue rápidamente reducido y esposado. Se trataba de Ezequiel Villarreal (27), quien le indicó a los efectivos que dentro de la vivienda se encontraban su dueño, Mauricio Leonardo Vázquez (41), y una mujer. En ese momento, el propietario se asomó por la ventana. Los policías entraron y lo esposaron, mientras la víctima escapaba corriendo hacia el exterior.

En el procedimiento, los agentes encontraron un desorden muy grande, muebles sin uso, una heladera vacía, un baño con muy poca higiene y una bolsa de nylon con 4,2 gramos de cocaína, una balanza y celulares.

La trama de una pesadilla

Todo comenzó el 7 de marzo, con un ofrecimiento de Villarruel a la víctima: “¿Querés que te pase a buscar? Estoy con un amigo en un auto“, le dijo. Ella, quien padece adicción a las drogas, se había separado y estaba en situación de calle, aceptó.

Los dos hombres pasaron a buscarla cerca de una plazoleta, a las 2 de la madrugada. Cuando vio a Vázquez, se paralizó. No sabía que él era el “amigo” del que hablaba su ex. Días atrás, en medio de una discusión, ella le había robado 9 envoltorios de droga al supuesto dealer. “Ahora vas a pagar”, le avisó al verla.

La llevaron a la casa en la que permaneció por unas dos semanas. Vázquez, según la investigación, la violó y la obligó a preparar envoltorios de cocaína pura, siempre encerrada y sin ser vista por las personas que llevaban la droga para fraccionar.

La víctima hizo lo que le exigían, incluso contar el dinero de las ventas, hasta que decidió escapar. Se lo impidieron de forma muy violenta. Le pegaron en el rostro, le pisaron la cabeza, la tomaron del cuello y la golpearon con un sable y contra la pared de la habitación en la que había permanecido secuestrada. De acuerdo a su relato, mientras el dueño de la propiedad la agredía, Villarreal observaba sin detener el ataque.

“Grita todo lo que quieras que nadie te va a escuchar”, le avisaron. Luego, escuchó una conversación entre los dos captores: “¿Qué hacemos? ¿La cortamos, la llevamos a Paraguay o se la llevamos a la ‘Rubia’?“.

Según la víctima, se referían a una presunta líder narco que vive en un country de la zona sur del conurbano, dedicada también al tráfico de mujeres. ”Vos sabes mucho“, le dijeron a modo de intimidación.

Luego, Vázquez se subió encima de ella para inmovilizarla mientras le tiraba agua en la cara y le decía: ”Las ratas se exterminan solas“.

El castigo continuó hasta que la mujer, agotada, le suplicó: “Ya me puedo acostar a dormir, estoy muy cansada, no me voy a escapar”. Cuando se despertó, la obligaron a consumir crack. En un descuido, puede sacarle el celular al agresor y enviar el mensaje de auxilio.

El informe médico confirmó los abusos sexuales.

La causa

Vázquez, en enero de 2024, había sido condenado a la pena de un año y 4 meses de prisión efectiva por los delitos de lesiones graves por el uso de arma, lesiones leves agravadas por ser perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, amenazas y violación de domicilio. Villarreal, por su lado, no tenía antecedentes.

La fiscal consideró que había peligro de fuga, por lo que pidió la prisión preventiva de ambos y solicitó la declinación de la competencia a favor del fuero federal, debido a que, a su entender, había clara situación de explotación, sumado al contexto narco.

A Vázquez le endilgó los delitos de “trata de personas agravada por mediar engaño, violencia, amenazas, y aprovechamiento de un estado de vulnerabilidad en concurso real con abuso sexual con acceso carnal”. A Villarreal lo dejó afuera de los abusos.

El caso recayó, entonces, en el juzgado de Federico Villena y la fiscalía de Cecilia Incardona, en Lomas de Zamora.

La defensa de la expareja de la víctima, que habría actuado como entregador y habría todos los embates de Vázquez, pidió su excarcelación. Una medida con la que la fiscalía estuvo de acuerdo debido a que consideró que no existía peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación, sin embargo, el juez se la negó a causa de la gravedad del hecho.

Fuentes del caso indicaron que existe el temor de una reprimenda mayor contra la mujer, que conoce al imputado y vive en el mismo barrio. “El caso nos recuerda al triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez”, señaló un investigador.

“Resulta pertinente destacar los desafíos que suelen presentarse en supuestos como el investigado. En tales contextos, uno de los principales obstáculos radica en la localización y acompañamiento de las mujeres involucradas en hechos atravesados por situaciones de violencia de género“, advirtió Villena en la resolución.

A la vez, el magistrado remarcó que existe “la necesidad de implementar protocolos de actuación específicos en la materia, que garanticen la intervención de una justicia con perspectiva de género, cercana a las víctimas, que evite toda forma de revictimización y asegure una escucha directa, respetuosa y empática de sus manifestaciones".

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó su rechazo absoluto por el secuestro de dos soldados en La Macarena, Meta, describiendo la acción como un ataque al corazón de la Nación.

El Ejército Nacional informó que el hecho ocurrió cuando los dos uniformados profesionales adscritos al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12, parte de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12, fueron secuestrados tras participar en una operación junto al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en la vereda Getsemaní, La Macarena.

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Pedro Sánchez expresó a través de la red social X su rechazo al hecho y resaltó la prioridad que el Estado otorga a la integridad de los soldados secuestrados. El ministro escribió: “Quienes tocan y agreden a un militar están atacando el corazón de la Nación: rechazo absoluto el secuestro de nuestros dos soldados profesionales en La Macarena, Meta“.

En su pronunciamiento, el jefe de la cartera de Defensa sostuvo: “Como Ministro de Defensa Nacional, y en nombre de todo el pueblo colombiano, rechazo de manera categórica el vil secuestro de nuestros dos soldados profesionales de nuestro Ejército, Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, ocurrido este 3 de noviembre de 2025 en la vereda Getsemaní, zona rural del municipio de La Macarena, Meta, mientras cumplían con su deber constitucional de apoyar a las autoridades judiciales del país”.

El ministro agregó: “Los soldados fueron forzados a vestir prendas civiles y conducidos contra su voluntad hacia un lugar desconocido. Su vida e integridad son una prioridad absoluta del Estado”.

Implicaciones institucionales y respuesta oficial

Sánchez calificó estos hechos como una “flagrante violación a los Derechos Humanos y a los principios más elementales del Derecho Internacional Humanitario, sino que son un atentado directo contra la institucionalidad, la justicia y la seguridad del territorio nacional”.

El titular de Defensa puntualizó que el secuestro fue cometido “bajo el amparo de unas personas en connivencia con las disidencias del cartel de alias Calarcá”, y recalcó: “Condenamos enérgicamente la cobarde acción de quienes, valiéndose de la intimidación y el terror, intentan detener el avance de nuestras Fuerzas Militares y socavar la autoridad del Estado. La Fuerza Pública no descansará hasta lograr la liberación de nuestros soldados y restaurar plenamente el orden en la región”.

Compromiso de las autoridades y acciones en curso

El ministro de Defensa reiteró el compromiso con la defensa de los colombianos y la protección de los derechos humanos. Detalló: “Hemos activado todos los mecanismos legales, operacionales e interinstitucionales para garantizar el retorno seguro de nuestros militares y llevar a los responsables ante la justicia. Nuestro mensaje es claro: Colombia no se rinde ante el terror. La Fuerza Pública está y estará siempre al lado de la ciudadanía, defendiendo la vida, la libertad y la integridad de nuestra Nación”.

Comunicado del Ejército sobre los hechos

La Fuerza de Tarea Omega había confirmado durante horas de la noche del lunes festivo que los soldados secuestrados pertenecen al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12. El comunicado señala que el día 3 de noviembre, los uniformados cumplían tareas de apoyo al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en la vereda Getsemaní.

Luego de la captura y extracción de una mujer por el CTI, “se registró la concentración de aproximadamente 400 personas, quienes al parecer habrían sido objeto de constreñimiento y coacción por parte de integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño”.

El Ejército Nacional informó que “este grupo de personas retuvo inicialmente a un teniente y tres soldados profesionales. Horas después, la población liberó al oficial y a uno de los soldados, manteniendo en cautiverio a dos uniformados, quienes fueron obligados a despojarse de su dotación y sus prendas militares y a utilizar ropa civil, posteriormente fueron trasladados por la población hacia un lugar desconocido. Su integridad física y vida son motivo de preocupación institucional”.

La Fuerza de Tarea Omega destacó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, y que se desarrollan acciones legales y operacionales ante las autoridades competentes para lograr la pronta liberación de los militares secuestrados y el restablecimiento del orden en la zona.

La institución reiteró su rechazo a cualquiera acción que vulnere los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, y expresó su compromiso de continuar desarrollando operaciones de estabilidad, control institucional del territorio y protección de la población civil.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de los soldados Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, mientras las autoridades mantienen como prioridad garantizar su vida e integridad.

La Policía Nacional ha confirmado que Juan María Gordillo Plaza, conocido como el ‘Niño Juan’ —uno de los aluniceros más notorios y reincidentes de España—, fue liberado este sábado por la tarde, apenas un día después de haber sido secuestrado en el madrileño distrito de Carabanchel. El rapto se produjo en la noche del pasado viernes, coincidiendo con las celebraciones de Halloween, cuando tres coches de alta gama embistieron su vehículo y varios individuos armados lo obligaron a subir a uno de ellos a punta de pistola.

Fuentes policiales consultadas señalan que el secuestro fue de carácter exprés y que ninguna persona de su entorno llegó a presentar una denuncia formal. La víctima, de 38 años, apareció con signos evidentes de haber sufrido una paliza, según informaron fuentes próximas a la investigación citadas por EFE. Los agentes hallaron además uno de los tres vehículos implicados en la autopista AP-41, que conecta Madrid con Toledo, en cuyo interior se encontró un extintor completamente vaciado, aparentemente utilizado para eliminar huellas y pruebas del crimen.

El secuestro relámpago que paralizó Carabanchel

El suceso ocurrió alrededor de las 20:45 horas del viernes en la calle Antonio López, una de las vías más concurridas de Carabanchel y paralela a Madrid Río. A esa hora, decenas de familias participaban en actividades de Halloween cuando se escuchó el estruendo de una colisión seguido de varios disparos. Testigos presenciales relataron que tres vehículos de alta gama cerraron el paso al coche de el ‘Niño Juan’ —un Volkswagen Golf, a nombre de una familiar suya—, le embistieron y abrieron fuego.

El secuestro duró menos de cinco minutos. Los atacantes, encapuchados y armados, obligaron a la víctima a salir de su coche y se la llevaron en uno de los vehículos, mientras los otros dos se daban a la fuga por distintas direcciones. En la calle del Marqués de Jura Real quedó abandonado el coche del alunicero, con evidentes daños por impacto y varios orificios de bala.

Las escenas vividas en la zona fueron de pánico. Algunos vecinos se refugiaron en bares cercanos, otros se tiraron al suelo para evitar ser alcanzados por las balas. Una mujer tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad, según fuentes policiales. Parte del secuestro fue grabado por testigos y las imágenes circulan por redes sociales, donde se aprecian los momentos de la emboscada y la huida de los asaltantes.

La Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo en las horas posteriores al secuestro. En la investigación participan agentes del Grupo 12 de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), especializados en secuestros y extorsiones. De momento, no se han practicado detenciones y se mantienen abiertas todas las hipótesis, aunque la principal línea apunta a un posible ajuste de cuentas vinculado a su historial criminal y sus relaciones en el mundo del hampa.

Un historial delictivo que se extiende dos décadas

Juan María Gordillo Plaza, alias el ‘Niño Juan’, acumula más de un centenar de detenciones por delitos de robo con fuerza, asaltos a naves industriales, hurtos de camiones y alunizajes cometidos con vehículos de alta gama. Su nombre figura en informes de la Policía Nacional, la Guardia Civil e incluso de Interpol.

Conocido por su baja estatura y por haberse iniciado en el crimen siendo menor de edad, su carrera delictiva ha estado marcada por espectaculares fugas, detenciones y breves pasos por prisión. En 2019 saltó a la prensa internacional tras su implicación en el intento de robo de obras de arte oriental en el Palacio de Fontainebleau, en Francia, donde fue detenido junto a varios cómplices en una operación vinculada, según diversas fuentes, a la mafia china.

A la banda que lideraba el Niño Juan se le atribuyen más de 50 asaltos a camiones y robos en naves de todo el territorio nacional, entre ellos el de un cargamento de teléfonos móviles valorado en más de 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz, en el marco de la conocida “Operación Camión”.

En 2017 protagonizó una peligrosa persecución policial de más de 30 kilómetros por la M-50 y la A-4, que terminó con su vehículo empotrado contra varios turismos antes de ser arrestado. Años antes, en 2013, fue detenido en un chalet de El Berrueco por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), acusado de formar parte de una red dedicada a robos con fuerza, extorsión y tenencia ilícita de armas.

Sin denuncias y con más preguntas que respuestas

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha recibido ninguna denuncia formal relacionada con el secuestro, pese a que este ya se da por concluido. Los investigadores trabajan para esclarecer tanto las circunstancias de la captura como las de la liberación del conocido delincuente.

La hipótesis más sólida sigue siendo la de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos, aunque no se descartan otras motivaciones. El hallazgo del vehículo abandonado en la AP-41 y del extintor vaciado refuerza la idea de una operación planificada y ejecutada con precisión. Los agentes analizan ahora las grabaciones de cámaras de seguridad y los vídeos difundidos en redes para identificar a los autores materiales del secuestro.

Juan María Gordillo Plaza, más conocido en el mundo de la delincuencia nacional e internacional como ‘El niño Juan’, ha sido identificado por la Policía como el hombre secuestrado durante la tarde del viernes en el barrio madrileño de Carabanchel. Tras ser embestido su vehículo por otros tres coches, los secuestradores abrieron fuego contra el famoso alunicero y se lo llevaron en uno de sus vehículos en cuestión de minutos.

Esta sería la principal hipótesis de la Policía, que previamente barajaba la posibilidad de otra persona secuestrada, una mujer que viajaba con Gordillo en el vehículo y que fue llevada a la fuerza pro los secuestradores, pero más tarde se conoció que había sido liberada. La posible víctima, de 38 años, tiene un extenso historial policial, con centenares de detenciones y numerosos informes de la Policía nacional, la Guardia Civil y la Interpol.

Además, la investigación policial gira en torno a una posible venganza o ajuste de cuentas contra ‘El Niño Juan’, convertido en símbolo del alunizaje profesional y conocido internacionalmente desde 2019, cuando intentó robar obras de arte oriental en el Palacio de Fontainbleau, Francia, y fue capturado por los agentes del país vecino. Según trascendió, se trataba de un encargo de la mafia china y, junto a él, fueron detenidos otros cuatro españoles y un ciudadano chino.

Una profesional con años de experiencia

Implicado en decenas de robos con fuerza, asaltos, hurtos de camiones y alunizajes de vehículos de alta gama, el historial de ‘El Niño Juan’ parece sacado de una serie de ciencia ficción. La Policía pensó que podía poner fina a su carrera delictiva cuando, en 2022, cometió un robo de más de 1,3 millones de euros en teléfonos móviles. Conocida como “Operación Camión”, la causa terminó con el criminal entre rejas, pero volvió a quedar en libertad provisional.

Con más de 120 detenciones, su vida corrió serio peligro cuando, en 2017 protagonizó una persecución policial durante más de 30 kilómetros por la M-50, la A-4 y la M-301, que terminó con ‘El Niño Juan’ chocando contra varios turismos y estrellándose contra la mediana. Terminó siendo detenido (terminó siendo arrestado).

Tiempo antes, en 2013, fue arrestado en un chalet de El Berrueco, por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía, lo que daba cuenta de su alta peligrosidad y características de este conocido delincuente. En ese entonces, se le imputaron varios delitos cometidos en distintas localidades de la región y provincias limítrofes, como la integración a una red organizada dedicada a robos con fuerza e intimidación, secuestros, extorsiones y tenencia ilícita de armas.

Los vecinos grabaron el secuestro

A las 20:45 horas, en la calle Antonio López, a la altura del número 65, en el madrileño barrio de Carabanchel, un fuerte estruendo sorprendió a los vecinos, que escucharon también detonaciones, según indicaron fuentes policiales, que se encuentran investigando el secuestro. Según la investigación iniciada por los agentes, los tres coches que envistieron al vehículo del hombre desaparecido eran de alta gama.

Como pudieron comprobar los agentes a la llegada a la escena del suceso, el vehículo del conductor atacado quedó abandonado en mitad de la calzada, sin ocupantes y con un impacto de bala. la brigada policial de la Policía Científica acudió de inmediato a inspeccionar ocularmente el lugar y en estos momentos está a cargo de la investigación el Grupo 12, responsable de perseguir casos de secuestros.

Un hombre de 82 años y una mujer de 60 han sido acusados esta semana de presuntamente retener de manera ilegal y realizar actos de tortura y barbarie a una mujer de 45 años. Los hechos han ocurrido en el municipio francés de Saint-Molf, en el departamento de Loira Atlántico.

El pasado 14 de octubre, la víctima, que presenta problemas psicológicos, llegó a casa de sus vecinos sobre las 21.30 horas, aprovechando que su presunto captor se encontraba viendo la televisión. Según han publicado medios como Le Monde o Ouest France, la mujer, que estaba “prácticamente desnuda”, llegó y golpeó la ventana.

Tal y como relató la víctima y difundieron las autoridades a los medios de comunicación franceses, la víctima llevaría retenida cinco años, en los que se había visto forzada a vivir en condiciones infrahumanas en una tienda de campaña en el jardín o en el garaje de la vivienda. Tras conseguir llegar a la casa de los vecinos, fue hospitalizada debido a un estado de hipotermia.

Condiciones precarias y estado de vulnerabilidad

La denunciante explicó que con anterioridad había vivido con la mujer acusada en el inmueble compartido. Fue cuando llegó el hombre de 82 años cuando la situación cambió: le pidieron que abandonara la casa o que se moviese al jardín o al garaje, cuya puerta, según las autoridades, se encontraba bloqueada desde el exterior con bloques de hormigón.

“Dormía en condiciones extremadamente precarias, en una tumbona”, explicó el fiscal de Nantes a cargo del caso. “Defecaba en un orinal o en bolsas de plástico. Comía papilla mezclada con jabón lavavajillas”. Junto a todo esto, a la víctima se le habría impedido salir de la vivienda.

En alguna ocasión, sin embargo, la mujer de 45 años sí había conseguido marcharse, pero debido a su fragilidad psicológica y a “su estado de vulnerabilidad”, había vuelto tras “pasar días enteros a la intemperie, bajo el frío y la lluvia”. Además, explicó que habí sido “víctima de violencia”.

Acusados de tres delitos

“Hace cinco años vivía con una mujer. Obviamente nos cruzábamos en el jardín. Después de eso, no la volvimos a ver. Llegó otra persona”, explicó la vecina que la rescató al medio ICI Loire Océan.

La víctima no solamente parecía haber desaparecido del vecindario, sino que también administrativamente. En sus cuentas bancarias apenas se hacían movimientos, más allá de grandes sumas de dinero que se transferían al acusado. “Ya no tenía teléfono ni suscripción”, explicó Bruno Makary, segundo al mando de la gendarmería de la región de los Países del Loira, tal y como recogió FranceInfo.

El hombre de 82 años y la mujer de 60 años, según destacaron las autoridades, “admitieron parte de los hechos, pero los minimizaron considerablemente”. Han sido acusados de un delito de secuestro con tortura o actos de barbarie, así como otros por abuso fraudulento del estado de sujeción psicológica o física de una persona y por abuso fraudulento de la debilidad de una persona vulnerable. El hombre ha sido puesto bajo supervisión judicial, mientras que la mujer se encuentra en prisión preventiva.

La noche cayó con tensión en Ensenada, cuando un llamado al 911 activó un operativo policial de urgencia. Una mujer pedía auxilio desde el interior de su vivienda y los gritos se escuchaban incluso desde la calle. Al llegar, los policías encontraron un escenario alarmante y a un hombre fuera de sí.

Todo ocurrió en el Barrio Federal II durante la noche del martes. La alerta, que daba cuenta de un posible caso de violencia de género, movilizó a personal del Comando Patrulla de Ensenada, que se dirigió de inmediato a la zona de Maipú y Contarelli, epicentro del incidente.

Según indicaron fuentes policiales al medio local 0221, los primeros agentes policiales que llegaron al lugar fueron recibidos por vecinos del barrio que aseguraron haber escuchado gritos desesperados y golpes provenientes del interior de la vivienda. Ante ese panorama y por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16, los uniformados ingresaron a la fuerza.

Dentro del domicilio encontraron a la víctima cubierta de manchas de sangre en el rostro y el cuerpo. Inmediatamente fue puesta a resguardo por el personal policial.

Mientras tanto, otro grupo de efectivos localizó al presunto agresor, un hombre de 30 años, en las cercanías.

El acusado se encontraba en estado de alteración y fuera de control. Tras un breve forcejeo, fue reducido y trasladado a la Comisaría Primera de Ensenada, donde quedó aprehendido.

La vivienda permaneció custodiada mientras peritos forenses trabajaron en la recolección de elementos de prueba. El caso se investiga como “tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”, según precisaron las autoridades que intervienen en la investigación.

El agresor quedó a disposición de la Fiscalía interviniente mientras avanzan las actuaciones judiciales. La víctima, en tanto, fue contenida y derivada para recibir atención médica.

Arrastró a una joven desnuda por las calles de Rosario tras abusarla

En un caso que generó conmoción en Rosario, un hombre de 48 años fue detenido luego de ser sorprendido por la Policía mientras sujetaba a una mujer desnuda con una cadena y un collar para perros en plena calle. Ahora, un informe forense preliminar indica que el acusado podría no haber comprendido la criminalidad de sus actos, lo que obligará a la Justicia a esperar el resultado de una junta médica para definir si puede ser juzgado.

El detenido, identificado con las iniciales P. F. I., fue imputado este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El hecho, calificado como violencia de género, abuso sexual y torturas, tuvo lugar el domingo por la tarde en una casa ubicada en Eva Perón al 6300, y derivó en una intervención policial luego de que vecinos alertaran al 911.

Durante la audiencia, un médico forense expuso un primer informe en el que sostuvo que el acusado “no comprendía la criminalidad de sus actos”, y planteó la posibilidad de que sea declarado inimputable. Ante esta evaluación preliminar, el especialista solicitó que se conforme una junta médica especial que lleve adelante un examen más exhaustivo.

Según indicaron las fuentes judiciales al medio local Rosario3, el procedimiento podría extenderse por hasta 60 días, durante los cuales el acusado permanecerá alojado en una dependencia del Servicio Penitenciario, con la orden judicial de garantizarle atención en salud mental.

La detención del hombre se produjo luego de que varios vecinos denunciaran al 911 la presencia de una joven encadenada en plena calle, desnuda y pidiendo ayuda. Al llegar al lugar, los policías se encontraron con una escena aberrante: la mujer estaba sujeta del cuello con una cadena y un collar para perros, y era arrastrada por el hombre hacia el interior de la vivienda. Cuando notó la presencia policial, el agresor intentó ingresar a su casa con la víctima y cerrar la puerta, pero fue reducido tras un forcejeo con los efectivos.

La sentencia, fundamentada en una resolución de casi 300 páginas, se basó en el análisis de intervenciones telefónicas, geolocalización de celulares, peritajes de voz y la identificación de un modus operandi idéntico en todos los hechos investigados, según el portal fiscales.gov.ar.

El tribunal, integrado por los jueces Eugenio Martínez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, dio a conocer el veredicto que se hizo público este miércoles el 3 de octubre.

Los condenados

La pena más alta recayó sobre el comerciante Claudio Daniel Coto (63), condenado a 19 años y 6 meses de prisión como jefe ideológico de la asociación ilícita.

En tanto, el mecánico Néstor Adrián Santabaya (61) recibió 17 años y 6 meses como jefe operativo.

Coto y Santabaya fueron considerados coautores de secuestro extorsivo agravado —por haberse cobrado rescate y por la intervención de tres o más personas— en concurso ideal con robo agravado, además de amenazas y extorsión en grado de tentativa. Coto también fue hallado culpable de tenencia ilegítima de Documento Nacional de Identidad ajeno.

Por los mismos delitos, aunque como coautores, fueron condenados Emiliano Mario Andrés Acuña (38) y el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese (47), este último declarado reincidente, a 14 años de prisión.

En tanto, el remisero Nicolás Adrián Santabaya (32) —hijo del mecánico— recibió 5 años de prisión como coautor de asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de guerra, también en concurso real.

Igual pena fue impuesta a Silvia Beatriz López (44), pareja de Pugliese, como coautora de asociación ilícita y partícipe secundaria de secuestro extorsivo agravado.

Los secuestros

El primero de los secuestros ocurrió el 24 de enero de 2023 en Villa Ramallo, cuando A.D. fue interceptado por falsos policías federales y trasladado a una vivienda de San Nicolás.

Los captores exigieron un millón de dólares de rescate, aunque el acuerdo se concretó por 580.000 dólares en la localidad bonaerense Wilde, donde la víctima fue liberada horas después en las afueras de Theobald, Santa Fe.

Cinco meses más tarde, el 5 de octubre de 2023, la organización intentó capturar a F.B., una mujer rosarina, en el garaje de su edificio, pero el operativo falló.

Cinco días después, la misma víctima y su hijo de 13 años fueron secuestrados en ese lugar por tres hombres encapuchados. Ambos fueron trasladados a una vivienda del Barrio Parque Avambaé, en San Nicolás, donde permanecieron cautivos hasta ser liberados sin pago del rescate esa misma noche, en una zona rural de Campo Salles.

El tribunal destacó que la organización actuaba con un esquema planificado y que realizaba tareas de inteligencia previa para seleccionar víctimas de alto perfil económico. Los captores utilizaban algodones en los ojos y precintos plásticos para inmovilizarlos, y las liberaciones se concretaban en zonas rurales, a la vera de rutas nacionales.

Durante el juicio, la Unidad Fiscal Rosario acreditó que entre julio de 2021 y diciembre de 2023, la banda ejecutó secuestros, amenazas y extorsiones con una estructura logística que simulaba la de una “fuerza de seguridad paralela”.

La prueba tecnológica fue clave. Según explicó el fiscal general Federico Reynares Solari, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a cargo de Romina Del Buono, analizó más de 2,5 millones de registros telefónicos para identificar vínculos y errores entre los sospechosos.

Los peritajes demostraron que los acusados usaban tres tipos de teléfonos: extorsivos (entregados a las víctimas), operativos (para ejecutar los hechos) y reales (personales). Un detalle decisivo fue el “celular acompañante” de Coto, que permitió su rastreo, ya que no lo apagaba como los demás.

También se comprobó que los lugares de cautiverio fueron alquilados mediante identidades falsas —como la de “Juan Carlos Sacullo”— a través de MercadoLibre y Airbnb. Ese alias se confirmó cuando a Coto le secuestraron un DNI con ese nombre.

A partir de peritajes de voz, los investigadores establecieron una coincidencia con quien realizaba las llamadas extorsivas, en las que se empleó un distorsionador de voz que falló en una ocasión.

En tanto, los reportes de geolocalización del teléfono de Santabaya revelaron movimientos en Ramallo, San Nicolás y Wilde, en coincidencia con los momentos de captura y liberación.

Los peritos también vincularon a Acuña y Pugliese con las operaciones: el primero fue reconocido por una de las víctimas por sus rasgos oculares, mientras que el segundo fue identificado como uno de los cuidadores en el lugar de cautiverio, detalle reforzado por el hallazgo de tableros de ajedrez en su domicilio, juego por el que había sido descrito.

Durante la instrucción, la investigación fue coordinada por los fiscales Javier Arzubi Calvo (Distrito Rosario) y Matías Di Lello (Sede Descentralizada San Nicolás), con colaboración de la UFECO, a cargo del fiscal Santiago Marquevich, y del Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina.

Las condenas coincidieron con las penas solicitadas por el fiscal general Reynares Solari, quien encabezó el juicio junto al auxiliar fiscal Rodrigo Romero y la fiscal coadyuvante María Virginia Sosa.

También intervino el Área de Atención y Acompañamiento a Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro, con la participación de la psicóloga Evangelina Sovrán y el antropólogo José Rubio.

Un total de cinco personas identificadas como integrantes de una célula criminal dedicada a secuestrar fueron condenados a 150 años de prisión cada uno tras ser hallados culpables de privar de la libertad a tres personas en Morelos y quienes en su momento fueron ligados con la Familia Michoacana.

“Se trata de Angélica “N”, alias La Angie; Eusebio de Jesús “N”, alias El de los Retoños; Geovanni “N”, alias Jovas; Jadier “N”, alias El Pelón y Pedro “N”, alias Italika, en el secuestro de tres personas

Es decir, las sentencias suman 750 años tras las rejas para una mujer y cuatro hombres, lo anterior fue informado por la Fiscalía de Morelos el 19 de octubre.

Las actividades por las que fueron sentenciados sucedieron en junio de 2024. En un primer momento Angélica y otro sujeto llevaron a una víctima a un inmueble ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, sitio donde ya había otra personas privada de su libertad.

Mientras que en una segunda acción, los cinco sentenciados privaron de la libertad a una tercera persona, esta última era pareja de uno de los dos sujetos secuestrados.

Señalados como presuntos integrantes de la Familia Michoacana

Fue a finales de junio del año pasado que fue informada la vinculación a proceso en contra de los sujetos mencionados. El reporte de las autoridades indicaba que los cuatro sujetos y la mujer serían integrantes de un grupo delictivo.

“Información preliminar señala que los detenidos forman parte de una célula del grupo delictivo denominado La Familia Michoacana que opera en el municipio de Emiliano Zapata y zonas aledañas, en delitos contra la salud, continuándose con las investigaciones respectivas”, se puede leer en el informe del 29 de junio del año pasado.

Un hombre logró escapar de sus captores

El 14 de junio de 2024 policías del municipio de Emiliano Zapata realizaban patrullajes en la colonia Lomas de Trujillo, sitio donde un hombre les pidió auxilio debido a que fue secuestrado y logró escapar de sus captores, además de que indicó el inmueble donde ocurrieron los hechos.

Por lo anterior, los uniformados ingresaron al sitio y detuvieron los ahora sentenciados y fueron liberadas dos personas, lo cual coincidió con lo expuesto por el sujeto que denunció los hechos ante los agentes de policía.

Cabe destacar que al momento de informar la vinculación a proceso en contra de las cinco personas, algunos de los nombres eran ligeramente diferentes, aunque las fotografías son las mismas.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva por un secuestro ocurrido en 2024 para Gustavo Adolfo Juliá, quien cumplió una condena de 13 años de cárcel por el tráfico de 944 kilos de cocaína en España en el caso ‘Narcojet’.

La medida también alcanza a otros cuatro imputados por haber participado en el secuestro extorsivo agravado de Gastón Tallone, un empresario portuario entrerriano que fue raptado el 8 de julio de 2024 cerca de un hotel en el barrio porteño de Almagro. En paralelo, la Sala I ordenó la inmediata libertad de otros dos sospechosos por falta de mérito.

Juliá es hijo del fallecido brigadier argentino José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante la presidencia de Carlos Sául Menem. Se trata de un viejo conocido de la Justicia. De hecho, había sido detenido en agosto de 2023 en Vicente López, en el marco de una causa que investiga el contrabando de oro a Estados Unidos. Sin embargo, fue liberado tiempo después.

Ahora, hace 10 meses que está preso por el secuestro de Tallone. El empresario entrerriano fue raptado en las inmediaciones de un hotel en la zona porteña del Abasto y, posteriormente, fue mantenido cautivo en la localidad bonaerense de Benavidez.

Investigadores judiciales indicaron que su familia pagó en una estación de servicio del barrio porteño de Belgrano un rescate de 65 mil dólares por su liberación, aunque fue en vano, porque el empresario nunca apareció.

El caso se destapó tras una denuncia presentada el 11 de julio de 2024 por la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay. Las primeras pistas surgieron de escuchas telefónicas en otra investigación, que permitieron identificar a José Alberto Tomás Uriburu como presunto instigador y a José Luis Lorenzetti como intermediario en la negociación del rescate.

La investigación, que luego pasó al Juzgado Federal N° 1 de la Capital Federal bajo la dirección de la Fiscalía Federal N° 4, derivó en una serie de detenciones y procesamientos por el delito de secuestro extorsivo agravado por la intervención de tres o más personas.

La resolución de la Cámara aborda un conflicto central: la valoración de las pruebas y la inclusión del agravante de “muerte de la víctima” en la calificación legal. Mientras la defensa de los imputados cuestionó la solidez de los elementos de cargo y la razonabilidad de las imputaciones, el Ministerio Público Fiscal y la querella insistieron en que los indicios reunidos —incluida la declaración de Leiva como arrepentido— permiten sostener que Tallone fue asesinado durante el cautiverio.

La Cámara, al analizar el expediente, sostuvo que “los elementos de prueba que de momento fueron recogidos traslucen un hilo conductor que, hacia atrás, permite reconstruir el evento analizado”, y que la valoración conjunta de los indicios permite afirmar la intervención de los imputados en el hecho.

La defensa de los principales imputados —Juliá, Leiva, Ficcadenti, Di Vanni y Zabaleta— planteó una serie de recursos de apelación, cuestionando la validez de los procesamientos, la prisión preventiva y los embargos. Argumentaron, entre otros puntos, que la valoración de la prueba fue arbitraria, que no se acreditó la participación de sus defendidos y que la prisión preventiva carece de fundamento ante la ausencia de riesgos procesales.

En el caso de Juliá, su defensa alegó que no fue debidamente informado de los hechos que se le imputan y que no pudo ejercer su derecho de defensa en juicio. La Cámara rechazó estos planteos, señalando que “el imputado contó con la posibilidad de formular su descargo adecuadamente en consonancia con las reglas de garantía que así lo imponen, particularmente, el derecho de defensa- y su corolario, el derecho a ser oído-, expresamente previstas en nuestro texto constitucional”.

Respecto a la prisión preventiva, el juez Mariano Llorens fundamentó la decisión en la gravedad del delito imputado —que prevé prisión o reclusión perpetua— y en la existencia de riesgos procesales, como la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación.

“La envergadura que reviste la amenaza de pena da cuenta que el riesgo procesal basado en la posibilidad de que puedan sustraerse de la acción de la justicia es suficientemente alto como para motivar la presunción que habilita el dictado de la medida de cautela personal aplicada”, sostuvo el magistrado.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi adhirieron a este criterio, destacando que las condiciones objetivas y particulares de los imputados justifican la continuidad de la medida restrictiva de la libertad.

La resolución también instruye a la jueza de primera instancia para que, antes de elevar la causa a juicio, complete todas las diligencias de prueba pendientes, con el objetivo de precisar los roles de cada imputado en el hecho investigado.

La Cámara remarcó que, si bien la reconstrucción de los hechos se apoya en una valoración conjunta de los indicios, aún resta profundizar la investigación para determinar con mayor certeza la participación individual de los acusados.

La Policía de Córdoba detuvo este domingo a Pablo Laurta, el principal sospechoso por el doble femicidio ocurrido el sábado en la localidad de Villa Serrana, en la ciudad de Córdoba, y del secuestro de su hijo una vez ocurrido el crimen.

El hombre fue detenido en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, cuando intentaba llegar a la frontera para cruzar a Uruguay, país de donde es oriundo. De acuerdo a lo que informaron fuentes del caso, el menor, identificado con las iniciales P. R. L. está en buenas condiciones de salud.

Laurta es apuntado por la Justicia como el autor de los asesinatos de Luna Giardina, madre del niño, y de su abuela materna, Mariel Zamudio ocurrido en la mañana del sábado. Las mataron dentro de su casa, ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, en Córdoba capital.

Tras un intenso operativo, las autoridades dieron con el hombre junto con el menor en el hotel Berlín, ubicado en la ciudad entrerriana. Lo interceptaron en el momento en el que esperaba un taxi para cruzar la frontera.

Quién es Pablo Laurta, el principal sospechoso del doble femicidio y secuestro de su hijo

Laurta es oriundo de Uruguay, del barrio Buceo, en la ciudad de Montevideo. Tenía desde 2010, junto a otros socios, una empresa dedicada a provisión de servicios de marketing online y contenidos. De acuerdo a la descripción que presentó en el sitio, había estudiado periodismo y también gerencia en la Universidad ORT de ese país.

Además de su costado profesional, era militante de un espacio llamado "Varones Unidos“, que se dedicaba a luchar en contra de las falsas denuncias por violencia de género. En su sitio web, el grupo se describía así: ”Consideramos necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género. Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandría, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras".

Justamente, en la cuenta de X del movimiento, el posteo fijado era un artículo donde exponía el caso de la disputa que mantenía con la madre por el menor. “El Caso Pedro Laurta: cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”, así se titula la entrada en el blog.

Algunos de los tuits llevan a un blog con diferentes artículos. Entre ellos, el relato del supuesto secuestro de Pedro en manos de su madre, en un combo en el que habla de presuntas extorsiones, explotación sexual de menores, hostigamiento y estafas.

Al mismo tiempo, entre las publicaciones se puede encontrar la denuncia por violencia de género que realizó Luna Giardino en contra de su por entonces pareja.

“Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que yo no quiero, como tener relaciones sexuales cuando yo no quería, a ir a Uruguay cuando yo no quería, no me dejaba tener redes sociales, no me dejaba tener celular y no me dejaba trabajar”, indicó la mujer en la denuncia que el presunto doble femicida tachó de falsa.

Justamente en la presentación que hizo la joven de 24 años, había denunciado que Laurta habría intentado ahorcarla y eso la llevó a irse con su hijo de nuevo para Córdoba.

Años atrás, en una entrevista en Desayunos Informales, se presentó como el presidente de “Varones Unidos”, y apuntó contra la ley de violencia de género que se debatía en el parlamento uruguayo. Allí, se mostró en contra de la normativa y reiteró el reclamo por las denuncias falsas.

“Hay dos puntos clave que sentimos que se atropellan con este proyecto de ley. Uno de ellos, es el principio de la igualdad ante la ley que está consagrado en nuestra Constitución. Este proyecto define dos leyes distintas para el mismo delito, dependiendo de si lo hace una mujer o si lo hace un hombre. Si un hombre, por ejemplo, ejerce violencia contra su pareja, eso lo atiende esta ley nueva de violencia de género. Ahora, si es la mujer la que ejerce la violencia hacia el hombre, eso lo atiende la ley de violencia doméstica que ya está aprobada. Entonces, eso establece una asimetría”, decía en la entrevista.

En tanto, ejemplificó: “Si sos hombre y estás en pareja, una vez que se apruebe esta ley, podés tener una pelea, tu pareja quiere separarse, puede perfectamente ir a la comisaría, estar cinco minutos, ponerte una denuncia, que puede ser cierta o no, y haciendo eso, consigue que a ti te saquen de tu casa y tú pases un tiempo indeterminado en un calabozo”.

Por otro lado, en sus redes sociales, el 5 de mayo compartió una foto en Facebook de su hijo en Montevideo. Además, hacía posteos en contra del feminismo, mostrándose a favor de políticos como Javier Milei o Donald Trump.

Incluso, en el año 2016, fue uno de los impulsores para que dos hombres también cercanos al presidente argentino como Agustín Laje y Nicolás Márquez, realicen una visita en el Palacio Legislativo de Uruguay para la presentación de un nuevo libro de ambos autores.

“Para “no existir”, como dicen los abogados militantes del feminismo, las #DenunciasFalsas están apareciendo por todas partes", remarcó en una publicación a favor del actor Johnny Depp, en medio del escándalo que atravesó por el juicio contra Amber Heard.

Chiapas atravesó una situación crítica en materia de derechos humanos tras el reporte de 156 ataques contra personas defensoras, incluidos cuatro homicidios entre enero de 2024 y junio de 2025, según datos de la red Espacio OSC.

De acuerdo con organizaciones civiles, los defensores de derechos humanos se encuentran en un contexto dominado por la intimidación, la criminalización y la violencia armada, que despertó preocupación a nivel nacional e internacional.

“Chiapas es uno de los estados más pobres del país, con desigualdades que impactan especialmente a pueblos indígenas, mujeres y niñez. Urge que el gobierno estatal y federal adopten una política de protección y promoción de derechos humanos en diálogo con la sociedad civil”, señaló Espacio OSC en un comunicado.

El estado ocupa actualmente el quinto lugar nacional en número de defensores y periodistas bajo medidas de protección del Mecanismo federal, lo que evidencia el alto grado de riesgo que enfrenta el sector.

Espacio OSC y Protect Defenders EU denunciaron que la violencia se extendió también hacia organizaciones emblemáticas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Dignificación Humana, ambas víctimas de ataques directos, hostigamiento y vigilancia.

Uno de los casos más graves ocurrió contra Dora Roblero, directora del Frayba, cuyo domicilio fue allanado. Tras este ataque, la organización documentó al menos 46 agresiones desde 2024, que van desde difamaciones y amenazas hasta ataques armados.

A pesar de que el Frayba cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace más de una década, el riesgo persiste sin previsiones de una disminución de amenazas.

Criminalización y estigmatización de activistas

Otro ejemplo es el arresto de Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana, ocurrido el 5 de agosto de 2025 en Tapachula, mientras se organizaba una nueva caravana migrante.

Pese a ser absuelto por falta de pruebas de los delitos de crimen organizado y trata de personas, el activista fue estigmatizado públicamente por autoridades federales, en un patrón que se repitió contra otros defensores como Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica.

“Los ataques recientes contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Centro de Dignificación Humana evidencian los graves riesgos que enfrentan quienes defienden la vida y el territorio”, advirtió Protect Defenders EU.

México, sin cumplir con sentencias internacionales

Espacio OSC recordó que el Estado mexicano no ha cumplido con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2021 tras la sentencia por el asesinato de la defensora Digna Ochoa.

Asimismo, recordó que entre 2016 y 2025 fueron asesinadas 177 personas defensoras y 88 periodistas, además de 28 intentos de homicidio y 62 desapariciones vinculadas a su labor, de las cuales 23 permanecen sin localizar.

Las cifras oficiales reflejan un déficit grave de protección: entre enero de 2023 y julio de 2025 se admitieron solo el 32% de las solicitudes de defensores en riesgo y el 55% de las de periodistas, cifras que dejaron a la mayoría fuera de cobertura del Mecanismo federal.

En el mismo periodo, se presentaron 85 amparos y 44 recursos de inconformidad contra dicho programa.

Los riesgos en Chiapas abarcan desde masacres, como la de Nueva Morelia, hasta el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez y los ataques contra miembros de Las Abejas de Acteal, con presunta participación tanto de grupos criminales como de fuerzas de seguridad estatales.

“La impunidad persiste sobre los crímenes cometidos en perjuicio de las personas defensoras. Urge una política pública que garantice su seguridad y el fortalecimiento institucional del Estado mexicano”, concluyó el pronunciamiento.

La Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo tras diversos allanamientos en Santiago a tres sujetos, dos de ellos vinculados directamente a la facción “Los Mapaches” del Tren de Aragua, quienes prestaban sus cuentas bancarias para recibir dineros habidos mediante secuestros extorsivos.

El operativo se realizó la madrugada de este martes en las comunas capitalinas de Puente Alto, Estación Central, Conchalí y Pudahuel, luego de una investigación que atribuye a esta célula su participación en al menos seis plagios ocurridos este año y que ya cuenta con 14 detenidos en prisión preventiva.

Así, el venezolano Angelldy Silva (30), quien se encontraba de manera ilegal en el país, y el chileno Adolfo Guajardo (45), serán imputados por el delito de secuestro, mientras que el tercer apresado, Ángel Mercado (31), también venezolano viviendo de manera irregular en Chile, será formalizado por infracción a la Ley de Drogas.

Brazo financiero

En un punto de prensa, el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, valoró el golpe a “Los Mapaches” e informó que el ciudadano chileno detenido era parte de “algunas actividades relacionadas con esta organización criminal, específicamente en la recepción de dineros relacionados con las extorsiones de estos secuestros en materia de investigación”.

Mientras tanto, el fiscal Milibor Bugueño, detalló que “ellos recibían dinero de parte de esta misma organización criminal conforme a las extorsiones que realizaban al círculo familiar de las víctimas en cautiverio. Por eso destaco el trabajo que estamos desarrollando como nueva estrategia junto al Ministerio Público, que va tras la logística de estas organizaciones criminales y tras su patrimonio,” explicó el fiscal.

En los allanamientos también se decomisaron computadores y tarjetas bancarias de las víctimas, permitiendo establecer el vínculo “y dar cuenta de que son parte de esta organización criminal en uno de los eslabones de las finanzas”.

Además, la policía civi halló varios tipos de drogas ilícitas, entre ellas ketamina sólida, droga asociada comúnmente al Tren de Aragua, la que era distribuida principalmente en las populosas comunas de Estación Central y Puente Alto.

Así, los tres imputados serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas para su control de detención y posterior formalización.

La investigación sobre la desaparición del niño Lian Gael Flores Soraide en Córdoba dio un giro en las últimas horas, luego de que la familia del menor pidiera la detención de dos vecinos a los que les encontraron imágenes de abuso y explotación sexual infantil en sus celulares.

Lian, de tres años, desapareció el 22 de febrero de 2025 en un paraje rural ubicado a unos tres kilómetros al sudeste de Ballesteros Sud. Aunque no hay una hipótesis firme sobre qué ocurrió con el menor, el caso se investiga como un presunto secuestro extorsivo.

Aquel día el nene se encontraba en su casa junto a su madre, Plácida Soraide Colque, su padre, Elías Flores Mamani, y sus hermanos.

La ausencia de Lian fue advertida por su hermana Maribel alrededor de las 16:30 cuando su padre le pidió que buscara frutas y llamara a sus hermanos para la merienda. El niño vestía un pantalón largo de color azul y no llevaba remera. Esa prenda fue encontrada al día siguiente de la desaparición en la puerta de la vivienda.

Sospechas sobre los vecinos

El lugar de residencia de la familia Flores Soraide, denominado en la investigación como “zona cero”, se ubica en el llamado “sector cortadero de ladrillos”. En un radio aproximado de 300 metros convivían otras tres familias -27 personas- que también se dedicaban a la producción de ladrillos.

Las averiguaciones policiales establecieron que en las inmediaciones del lugar donde Lian fue visto por última vez se encontraban dos integrantes de la familia R.Z., vecinos colindantes de los Flores Soraide.

Estos dos vecinos tienen 21 y 16 años. Las autoridades señalaron que ambos incurrieron en inconsistencias y contradicciones en sus respectivos relatos testimoniales.

El 23 de febrero de 2025, en el marco de los procedimientos realizados a la familia R.Z., se secuestraron los celulares de ambos sospechosos. Los informes confeccionados por la Unidad de Equipos Móviles del Ministerio Público Fiscal de Córdoba revelaron el contenido de los aparatos móviles secuestrados.

En el teléfono celular marca LG del menor se analizaron los contenidos de imágenes, sonidos y videos, con un total de 153.987 “eventos” extraídos, y los investigadores visualizaron aproximadamente 40 archivos de exhibición y abuso sexual infantil, siendo algunos de ellos menores de 13 años.

El dispositivo también contenía videos con contenido pornográfico. El informe destacó que el análisis realizado no encontró, al menos en las imágenes aportadas a través de la extracción, indicios de envío o producción de esos archivos con el dispositivo móvil.

Por su parte, Samsung Galaxy A35 utilizado por el mayor de los hermanos contenía un total de 65.954 imágenes. Entre ellas se detectaron dos archivos de pedofilia, también con menores de 13 años. Asimismo, el dispositivo poseía 5.783 videos, en gran medida con contenido pornográfico.

Los informes concluyeron que el análisis realizado mediante las herramientas forenses de las que se dispuso no agotó el total del contenido extraído de los dispositivos, y que ciertas partes no pudieron ser analizadas debido a las limitaciones de las herramientas.

El pedido de detención

A raíz de estos hallazgos, el padre de Lian, Elías Flores Mamani, junto con su patrocinador legal Rodrigo Tripolone, solicitó las detenciones de los vecinos ante el Juzgado Federal de Bell Ville, que ya pidió la opinión de la Fiscalía.

Paralelamente, la fiscal María Virginia Miguel Carmona y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) solicitaron una serie de medidas adicionales para profundizar la investigación, basándose en la gravedad de la evidencia digital encontrada en los dispositivos secuestrados.

Específicamente, la Fiscalía solicitó el libramiento de un exhorto internacional dirigido a las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Mediante este pedido, se buscó que la empresa Google informara los horarios y la geolocalización de varias cuentas de correo electrónico vinculadas a los hermanos ahora apuntados, y a sus líneas telefónicas, durante el día de la desaparición y los días previos y posteriores, entre el 15 y el 23 de febrero de 2025.

Adicionalmente, el Ministerio Público Fiscal requirió a la División Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) que informara sobre la existencia de cualquier tipo de antecedentes, denuncias o investigaciones por posibles situaciones de abuso o explotación sexual de menores, o por la tenencia, producción o distribución de pornografía infantil, vinculadas a los dos hermanos sospechados. Se pidió específicamente la compulsa de datos en su Registro de Agresores Sexuales y en la base de datos internacional de imágenes y vídeos sobre explotación sexual de menores (ICSE).

“Todo este tiempo la justicia tenía elementos suficientes para requerir las detenciones de los vecinos, que no solo tenían material de ASI en su poder, sino también que las declaraciones fueron contradictorias”, se quejó el abogado querellante Rodrigo Tripolone, en diálogo con Infobae.

Por otra parte, aseguró que el padre de Lian dejó de confiar en las autoridades a cargo de la investigación, y está pidiendo colaboración de la Selección Argentina de fútbol para visibilizar el caso, luego de siete meses sin avances sólidos en la causa.

El juicio contra la banda de secuestradores que operó en San Nicolás y Rosario durante 2023 alcanzó su etapa final en los Tribunales Federales de Rosario, luego de que la fiscalía solicitó penas de hasta 20 años de prisión efectiva para los seis acusados, con especial severidad para quienes fueron identificados como líderes de la organización.

“No se trata de hechos aislados, estamos frente a una organización criminal jerarquizada y persistente en el tiempo”, afirmó el fiscal general Federico Reynares Solari durante el alegato que presentó este viernes. Además, estuvo acompañado por el auxiliar Rodrigo Romero y la fiscal coadyuvante María Virginia Sosa, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

En la cúspide de la organización, los investigadores ubicaron a Claudio Daniel Coto como jefe, responsable de la estrategia general y del uso de identidades falsas para encubrir su participación, y señalaron a Néstor Adrián Santabaya como “jefe operativo”. A raíz de sus roles, pidieron que el líder fuera condenado a 20 años de prisión efectiva, mientras que solicitaron otros 18 años en prisión para su mano derecha.

El resto de los imputados cumplía funciones de “soldados” o mano armada (Emiliano Mario Andrés Acuña y Sebastián Ezequiel Pugliese), inteligencia y logística (Silvia Beatriz López) y apoyo (Nicolás Adrián Santabaya).

Según la información publicada por Rosario3, para Acuña y Pugliese pidieron 15 años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que para López y Santabaya se requirieron 6 años de prisión para cada uno. Además, los fiscales solicitaron el decomiso de bienes, vehículos, armas y dinero incautado, al considerar que provienen de la actividad criminal.

En línea con esto, la acusación señaló la existencia de una estructura delictiva con roles definidos y una logística que, en palabras de los fiscales, resultaba “digna de una fuerza de seguridad paralela”. Incluso, describieron que el grupo seleccionaba víctimas de alto perfil patrimonial.

Para esto, la banda realizaba tareas de inteligencia, alquilaba casas para el cautiverio, utilizaba vehículos con patentes cambiadas, teléfonos analógicos para evitar rastreos y hasta un distorsionador de voz.

Después de una investigación, coordinada por el fiscal general Javier Arzubi Calvo para los hechos en Rosario y Matías Di Lello para el caso de Villa Ramallo, permitió desarticular la banda tras una serie de secuestros extorsivos.

El primero de los hechos juzgados ocurrió el 24 de enero de 2023 en Villa Ramallo, donde uno de los hijos del fallecido empresario Gustavo Degliantoni fue interceptado mediante un falso operativo policial. En esa oportunidad, los secuestradores exigieron un rescate de un millón de dólares.

Tras una compleja negociación y el pago en una estación de servicio de Wilde, se acordó el pago de USD 580.000. Finalmente, la liberación se produjo en la madrugada del 26 de enero.

Cinco días después, la banda intentó secuestrar a la pareja y al hijo adolescente del empresario farmacéutico Roberto Zórzoli en la cochera de la Torre Aqualina de Rosario. El primer intento fracasó porque “el techo del utilitario quedó atascado con el portón del edificio, motivo por el cual se retiraron”, según la reconstrucción de los hechos.

No obstante, el 10 de octubre, en el mismo lugar, lograron capturar a la mujer y al adolescente, quienes fueron trasladados a una vivienda en el barrio Parque Avambaé de San Nicolás. Fue así que el empresario recibió mensajes y llamadas en las que le exigían 3 millones de dólares, aunque las víctimas fueron liberadas ilesas ese mismo día en una zona rural de Campo Salles.

Por otro lado, la fiscalía vinculó la Renault Trafic blanca utilizada en el secuestro con un robo posterior de $530 millones a una financiera del microcentro porteño, en el que el vehículo apareció ploteado como ambulancia y luego fue hallado incendiado en Lanús.

De la misma manera, durante la instrucción, los acusados recibieron la falta de mérito en el secuestro del financista rosarino Jorge Oneto, perpetrado en julio de 2021. A pesar de esto, el hecho no fue denunciado en su momento a las autoridades.

“Todo encajó como un rompecabezas que conduce a los mismos nombres y la misma firma criminal”, sostuvo la acusación, tras haber presentado un cuadro probatorio “contundente”, basado en testimonios, escuchas telefónicas, pericias técnicas, cámaras de seguridad, cotejo de voces y análisis de equipos secuestrados.

Las mismas deberán ser evaluadas por el Tribunal Oral Federal N° 3, que fue integrado por los jueces Eugenio Martínez, Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta.

Las penas solicitadas por la fiscalía incluyen 20 años de prisión para Claudio Daniel Coto y 18 años para Néstor Santabaya, considerados jefes de la asociación ilícita y responsables de los secuestros extorsivos.

Ese 6 de marzo de 2024, ella atravesaba el posoperatorio de una cesárea reciente. Ese día, sin embargo, quedó marcado por una secuencia violenta, donde hubo golpes, una violación, amenazas y hasta un rapto, que terminó en un juicio y una condena a 10 años de prisión contra su ex pareja, Miguel Alvidez. En el medio del calvario, una figura inesperada fue la que ayudó a escapar a la víctima, un hombre en situación de calle que, en lugar de sumarse al plan macabro para deshacerse de la mujer, la ayudó a escapar.

La víctima fue agredida brutalmente por Alvidez en la Villa 15 de Mataderos. Ella relató durante el debate oral que fue golpeada, asfixiada e insultada. Entre las amenazas que escuchó de su expareja se encuentran expresiones como “te voy a matar hija de puta” y “de acá no salís, así como estás, no vas a salir, vas a estar peor”.

El ataque escaló cuando, con una pistola suministrada por su hermano Juan Ramón, Alvidez la golpeó nuevamente y la encerró en un baño. Allí la violó, pese a sus pedidos de auxilio. Luego, fue llevada a la casa de otra de las hermanas del violento, Marta, donde la retuvieron amenazada con un cuchillo.

La víctima declaró que la vivienda se discutió qué hacer con ella. Según sus palabras, una opción era matarla y arrojarla a un pozo ciego de la villa, y otra, dejarla tirada en una plaza con droga en los bolsillos. Eligieron esta última.

Alvidez buscó el teléfono de la víctima y, junto a otra de sus hermanas que fue absuelta en el juicio, la llevó en un remis a la plaza Pirelli de Ciudad Oculta.

Durante el trayecto, Alvidez manejaba, que su cuñada iba en el asiento delantero y que ella permanecía en el asiento trasero. Al llegar al punto donde iban a descartarla a su suerte, le colocaron dos bolsitas de droga en los bolsillos y la bajaron a la fuerza del coche.

En ese punto, Alvidez se dirigió a un grupo de indigentes que se encontraba en la plaza y les dijo que la víctima “tenía droga” y que además “era amiga de la Policía”. Uno de ellos se le acercó con la intención de revisar, pero entonces intervino otro.

Ese hombre, al reconocerla por las publicaciones en redes sociales que circulaban en el barrio, ya que su familia la buscaba, cambió el rumbo de la vida de la víctima. Según contó la mujer en el juicio, le dijo: “Camina derecho por este pasillo y vas a encontrar la salida de la villa”. También le pidió que se mantuviera tranquila.

Gracias a esa indicación, la víctima logró salir del asentamiento y llegar a la casa de su madre. Allí pudo refugiarse y realizar la denuncia que derivó en la investigación.

La denuncia y la condena

Lo denuncia la hizo ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD). La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°33 (PCyF 33) intervino de inmediato con medidas de protección para la víctima y su familia y acompañamiento psicológico.

En el marco de la investigación también se identificó domicilios sospechosos en la zona de Ciudad Oculta y se realizaron allanamientos donde se secuestró el arma de fuego y más de 130 cartuchos. Durante esos operativos, los hermanos del principal acusado fueron detenidos, mientras que el imputado logró eludir a la Policía escapando por los techos.

Tras una serie de tareas de búsqueda en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, el prófugo fue capturado y quedó preso.

El caso avanzó en la justicia porteña. El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°10 condenó a Miguel Alvidez a diez años de prisión de cumplimiento efectivo. También fueron sentenciados sus hermanos: Marta Elizabeth recibió tres años y ocho meses de cárcel, y Juan Ramón, tres años y medio, ambos por delitos vinculados a la privación ilegítima de la libertad y suministro de armas.

El proceso incluyó peritajes médicos que constataron hematomas, excoriaciones y contusiones en diversas partes del cuerpo de la víctima, compatibles con la violencia ejercida. También se comprobó la existencia de un arma de fuego Bersa Thunder 9 milímetros, con 135 cartuchos, hallada en un allanamiento en la casa de Alvidez.

Durante el juicio, Brenda declaró en ausencia de los acusados, quienes siguieron la audiencia por videoconferencia desde otra sala. Los jueces destacaron la coherencia de su testimonio y su correspondencia con pruebas médicas y testimoniales.

El tribunal, integrado por Ricardo Baldomar y María Fernanda Botana, valoró especialmente el contexto de violencia de género. En la sentencia se cita: “La violencia contra la mujer incluye la física, sexual y psicológica, que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual”.

Ella estaba dolorida por la cesárea, pero ese dolor no fue nada comparado con el infierno que vivió el 6 de marzo de 2024. Miguel Alvidez, su ex pareja hoy, la agredió brutalmente pese a que recién había parido: la golpeó, la intentó asfixiar y la amenazó: “Te voy a matar hija de puta”, “de acá no salís, así como estás, no vas a salir, vas a estar peor” y “si voy a estar preso por esto, me voy por 25, te mato”.

Como si la violencia no tuviera final, Alvidez le pidió a su hermano Juan Ramón que le entregara un arma y con esa pistola la volvió a golpear. Luego, la metió en un baño minúsculo de la vivienda y la violó. Ella le decía que no y pedía auxilio.

Pero había más dolor. Alvidez logró llevarla hasta la casa de su hermana Marta y ahí fue retenida, amenazada con un cuchillo. Luego, la descartaron en una plaza de Ciudad Oculta. Allí finalmente pudo escapar y refugiarse en la casa de su madre.

Ahora el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°10 de la Ciudad de Buenos Aires dictó una sentencia de 10 años de prisión de efectivo cumplimiento para Miguel Alvidez, tras hallarlo responsable de una serie de delitos cometidos en un contexto de violencia de género contra su ex pareja.

La resolución también condenó a sus hermanos Marta Elizabeth Alvidez y Juan Ramón Alvidez a penas de prisión de 3 años y ocho meses y 3 años y medio de prisión, respectivamente.

El caso, que fue elevado a juicio por la Fiscalía 33, expuso una trama de violencia física, sexual, psicológica y simbólica ejercida por Alvidez sobre la mujer en el interior de una vivienda de la Villa 15, en el barrio porteño de Mataderos.

El calvario

Según la reconstrucción judicial, ese 6 de marzo ella se encontraba en pleno posoperatorio tras una cesárea. Pero a él nada lo frenó. Tras amenazarla, golpearla y violarla, la víctima logró enviar mensajes de socorro a su hermana a través de una aplicación en el televisor, lo que motivó la intervención policial.

Sin embargo, la familia Alvidez impidió el rescate y trasladó a la víctima a distintos ambientes de la casa y luego a otro domicilio, donde fue retenida bajo amenaza con un cuchillo por parte de la hermana del agresor.

Finalmente, Alvidez y otra de sus hermanas -que fue absuelta en el juicio- la abandonaron en una plaza, dejándola a merced de desconocidos en una villa de Ciudad Oculta. Le pusieron estupefacientes en sus bolsillos. Lo que él pensó que era el final de su víctima fue el principio de su final: ella logró llegar hasta su mamá y denunciarlo.

Lo hizo ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD). La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°33 (PCyF 33) intervino de inmediato con medidas de protección para la víctima y su familia y acompañamiento psicológico.

En el marco de la investigación también se identificó domicilios sospechosos en la zona de Ciudad Oculta y se realizaron allanamientos donde se secuestró el arma de fuego y más de 130 cartuchos. Durante esos operativos, los hermanos del principal acusado fueron detenidos, mientras que el imputado logró eludir a la Policía escapando por los techos.

Tras una serie de tareas de búsqueda en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, el prófugo fue capturado y quedó preso.

El juicio

El caso llegó a juicio. Y durante el debate oral la denunciante declaró en ausencia de los acusados para evitar su revictimización, mientras que los imputados presenciaron la audiencia por videoconferencia desde una sala aparte.

El fallo condenatorio detalla que las lesiones constatadas en el cuerpo de la víctima incluyeron hematomas de hasta 7 centímetros, excoriaciones y contusiones en la cabeza, rostro, brazos, muslo y glúteo, todas compatibles con golpes y agresiones recientes.

La víctima fue asistida en la Clínica Santa Isabel, donde se le aplicó el protocolo de atención integral para víctimas de violencia sexual.

La investigación también acreditó que Alvidez poseía una pistola Bersa Thunder 9 mm, con 135 municiones sin la debida autorización legal, la cual fue hallada tras un allanamiento en la vivienda. El peritaje balístico confirmó que el arma era apta para el disparo y la munición idónea para cumplir sus fines. Además, se comprobó que su hermana Juan Ramón le suministró la pistola.

El tribunal, integrado por Ricardo Baldomar y María Fernanda Botana, valoró especialmente el contexto de violencia de género. En la sentencia se cita: “La violencia contra la mujer incluye la física, sexual y psicológica, que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual”.

Durante el debate oral, la defensa intentó desacreditar el testimonio de la víctima, alegando contradicciones y motivaciones ajenas a los hechos, pero el tribunal consideró que la declaración de la mujer resultó coherente, persistente y verosímil, y que fue corroborada por pruebas médicas, periciales y testimonios de familiares y profesionales.

El fallo subraya: “No existe ningún impedimento de naturaleza legal, en la materia, para que la fundamentación de una sentencia de condena se base en el testimonio de un solo testigo, ni una sentencia dictada de este modo es descalificable, sin más, bajo el fundamento de que desconoce los principios constitucionales”.

El tribunal también analizó el ciclo de la violencia de género, describiendo cómo la víctima fue aislada de su entorno, privada de recursos económicos y sometida a un control emocional y físico sistemático.

Intimidaciones

Se incorporaron al expediente 29 grabaciones de llamadas en las que el acusado minimizaba los hechos y la presionaba para que desistiera de la denuncia. En una de ellas, Alvidez le dice: “No necesito que me digas todas las cosas malas que te hice”.

En cuanto a los hechos posteriores, se probó que en abril de 2024, Alvidez retomó el contacto con la víctima y la amenazó nuevamente, exhibiéndole un arma de fuego durante una videollamada y luego abordándola en la vía pública, donde le apoyó el arma en el cuerpo y le profirió amenazas de muerte.

El tribunal consideró que estas conductas configuraron los delitos de amenazas con armas y amenazas coactivas, agravadas por el uso de armas y el contexto de violencia de género.

Respecto a la participación de los otros acusados, Marta Alvidez fue condenada como coautora de privación ilegítima de la libertad agravada, mientras que Juan Ramón Alvidez fue hallado responsable del delito de suministro de arma de fuego cuya tenencia se reputa ilegítima.

En ambos casos, el tribunal revocó condenas condicionales previas y unificó las penas, imponiendo tres años y seis meses de prisión para Juan Ramón y tres años y ocho meses para Marta, ambas de cumplimiento efectivo.

El martes 16 de septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el marco de la política de secuestros que se extendió por el país durante más de dos décadas.

Sin embargo, para varias víctimas y sus representantes, la decisión judicial dejó un sentimiento de insatisfacción y reclamos sin resolver.

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Sofía Gaviria Correa, víctima por el asesinato de su hermano a manos de esa guerrilla y presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol), expresó su inconformidad con la sentencia. “Nunca tuvimos fe especial en la JEP. Sin embargo, algunos de mis hermanos participaron en una audiencia. La familia escribió una carta señalando que la decepción era total, no se estaban oyendo a las víctimas, las Farc no estaban aportando la verdad que tenían, que el tribunal se estaba limitando a recopilar la información”, dijo en entrevista con W Radio.

En su cuenta de X, Gaviria calificó la decisión de la Jurisdicción como una “vergüenza”: “¿Ratificar derechos políticos a los criminales de las Farc después de leer parte de su prontuario?”, cuestionó.

Críticas por falta de verdad y reparación

La condena se emitió como resultado del macrocaso 01, con el que la JEP investigó durante siete años los secuestros perpetrados por las Farc entre 1993 y 2016. En este proceso se registraron 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 fueron acreditadas oficialmente ante el tribunal.

Entre las voces críticas estuvo la del general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, quien estuvo secuestrado por más de 12 años. “Lo que hemos visto hoy en la audiencia es que los beneficios se los dieron todos a ellos (a las Farc). Se está beneficiando a los victimarios para que ‘paguen sus penas’ en sus casas o con burocracia”, dijo a la agencia EFE.

Mendieta agregó que las ventajas otorgadas a los excomandantes “vienen desde el mismo inicio del proceso de negociación que terminó con la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016”. También señaló que durante las audiencias las víctimas pidieron, sin éxito, información sobre la ubicación de personas desaparecidas, un problema que —según él— “todavía persiste, ya que no se contó la verdad sobre los desaparecidos y los secuestrados que nunca fueron entregados”.

El general retirado lamentó además que las víctimas y sus familias han sido objeto de exclusión y estigmatización, mientras que los antiguos miembros de la guerrilla fundaron un partido político y accedieron a escaños en el Congreso y otras entidades del Estado.

El rechazo de Ingrid Betancourt y Clara Rojas

La excandidata presidencial Íngrid Betancourt, secuestrada por las Farc durante más de seis años, calificó la decisión como una traición a las víctimas. “Como víctimas estamos indignados y dolidos. Fue mucho lo que advertimos para que no hubiera impunidad para nosotros”, afirmó a W Radio.

Para Betancourt, el fallo representa una afrenta para quienes estuvieron en cautiverio: “Lo ocurrido hoy es una burla para todas las personas que estuvimos secuestradas. Cuando uno mira la sentencia y ve el listado de penas que les aplican, es indignante”.

También aseguró que tanto la justicia como los exguerrilleros incumplieron sus promesas. “Nos mintieron. Hicieron promesas sobre una paz que iba a ser sembrada sobre la justicia, donde no habría repetición, habría reparación a las víctimas y verdad”, agregó.

Clara Rojas, compañera de fórmula y de cautiverio de Betancourt, escribió en su cuenta de X que “queda la sensación de falta de proporcionalidad con la dimensión del daño causado”. En declaraciones posteriores, reconoció que respeta la decisión de la JEP, pero consideró difícil de entender que de más de 21.000 víctimas de secuestro solo 4.200 hayan participado en las audiencias que llevaron a la sentencia.

Sobre las sanciones impuestas a los exFarc

Los excomandantes sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Todos fueron declarados responsables como autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo secuestro, homicidios, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual.

La JEP les impuso ocho años de Sanción Propia, que deberán cumplir a través de trabajos restaurativos. Entre las tareas se encuentran la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado humanitario, la recuperación ambiental, la construcción de memoria histórica y actos simbólicos de reparación. Durante este período estarán bajo supervisión, con restricción de movimientos y monitoreo mediante dispositivos electrónicos.

El magistrado Camilo Suárez Aldana, ponente de la decisión, explicó que la sentencia tiene un valor histórico: “Esta justicia les exige mucho más a los responsables que estar encerrados en cárceles: tuvieron que reconocer públicamente sus crímenes, aportar verdad, dar la cara a las víctimas y ahora deberán trabajar en favor de ellas”, afirmó durante la audiencia.

Durante la mañana del pasado domingo, un operativo policial en el límite entre Mendoza y San Luis permitió la liberación de una mujer y sus tres hijos, quienes estaban siendo trasladados en un colectivo de larga distancia hacia Mar del Plata en contra de su voluntad. El episodio fue descubierto gracias a la denuncia del hermano de la víctima.

El procedimiento, ejecutado en coordinación entre los efectivos policiales de Mendoza y San Luis, se activó poco después del aviso recibido por la línea de emergencias. Esto agilizó la búsqueda y la detención del presunto responsable, quien acompañaba y vigilaba a los afectados.

Todo salió a la luz cuando el hermano de la víctima contactó a las autoridades para advertir que la familiar y los menores estaban siendo llevados por la fuerza a una ciudad costera distante de su domicilio.

En su denuncia, ofreció una descripción precisa del hombre que los acompañaba y del colectivo en el que viajaban, según informó el portal del diario La Capital.

Ante esta situación, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Zona Este, junto al Plan Integral de Seguridad Regional de Cuyo, coordinó acciones con las provincias limítrofes.

La decisión de realizar un control fijo en el puesto de Desaguadero permitió interceptar el colectivo tras más de dos horas de vigilancia.

El arribo del vehículo activó el dispositivo policial dispuesto en la zona. Tras identificar a los pasajeros, los efectivos de la Policía de Mendoza entrevistaron a la mujer, quien pudo confirmar los hechos relatados en la denuncia y aseguró que tanto ella como sus hijos estaban físicamente a salvo.

Personal autorizado comprobó que los cuatro se encontraban contra su voluntad y que la salida de la provincia no contaba con el consentimiento de la mujer. Esto motivó la inmediata intervención judicial y el resguardo de las víctimas.

La Oficina Fiscal de Lavalle Las Heras intervino a continuación. El hombre que acompañaba y custodiaba a la familia fue identificado y quedó bajo arresto, quedando a disposición de la Justicia de Mendoza. Las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se habría originado el traslado forzoso.

La Justicia provincial interviene ahora para determinar si existen antecedentes vinculados al acompañante detenido y esclarecer las causas precisas del traslado forzoso de la mujer y los menores. No se descarta ningún móvil mientras la familia recibe asistencia adecuada.

Rescataron en Ciudadela a una adolescente que fue secuestrada en Córdoba

Una adolescente de 15 años, que había desaparecido en Alta Gracia, provincia de Córdoba, fue localizada en agosto en un operativo realizado en Ciudadela, en el Conurbano bonaerense. La menor era víctima de un secuestro extorsivo y el hombre que la tenía retenida exigía una suma considerable de dinero en euros a cambio de su restitución.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la investigación comenzó cuando la Fiscalía Federal N° 1, a cargo del doctor Enrique Senestrari, ordenó la intervención del Departamento Antisecuestros de la Policía cordobesa.

La orden fue impartida y, de inmediato, los efectivos comenzaron a rastrear pistas que permitieran determinar el paradero de la joven. Las tareas investigativas permitieron ubicar a la menor fuera de la provincia, más precisamente en una vivienda ubicada en Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

Al obtener ese dato, la Justicia Federal de Córdoba se comunicó con sus pares bonaerenses. En paralelo, desde el Departamento Antisecuestros se activó el protocolo correspondiente y se solicitó colaboración a la Policía Federal Argentina, a través de su división especializada en secuestros extorsivos.

Con esa información sobre la mesa, un equipo de esa fuerza se presentó en el domicilio aportado por la investigación y logró rescatar a la adolescente, que se encontraba en el lugar. En ese mismo procedimiento, fue detenido un hombre mayor de edad, sindicado como el presunto autor del hecho.

El detenido quedó alojado en una dependencia policial y a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras que la joven, una vez resguardada, fue contenida por personal especializado. En declaraciones difundidas por fuentes policiales, se indicó que “la misma se encontraba en buen estado de salud”.

La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, que continúa con las actuaciones correspondientes. Según confirmaron desde la investigación, la suma exigida por el acusado no fue abonada.

Tres inspectores de la Policía de la Ciudad fueron procesados con prisión preventiva. Están acusados de haber participado en el secuestro extorsivo de un joven de 24 años, ocurrido el 17 de mayo pasado en el Bajo Flores. La víctima permaneció dos horas cautiva hasta que su familia pagó un rescate de 4.000 dólares y 1.500.000 pesos.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°3, dirigida por el fiscal federal Eduardo Taiano, y derivó en la detención de los tres policías y de un cuarto implicado: un ciudadano peruano de 20 años, repartidor de aplicaciones, también procesado.

La jueza federal María Romilda Servini, titular del Juzgado N°1, resolvió los procesamientos en las últimas horas y fijó embargos por 50 millones de pesos para cada imputado, según el portal Fiscales.

Los policías procesados son A.N.L. (32), P.O.M. (43) y H.M.D.S. (50), todos inspectores y miembros de la División Investigaciones Comunales (DIC) 4, con sede en Parque Patricios. A todos se les abrió un sumario administrativo en la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad.

De acuerdo con la acusación, los inspectores usaron un móvil no identificable de la fuerza para monitorear fases del secuestro y brindar apoyo logístico.

El cuarto acusado es el joven peruano domiciliado en Barracas, cuya motocicleta fue utilizada tanto en la captura como en el cobro del rescate.

La resolución judicial encuadró los hechos como “secuestro extorsivo agravado” —por haberse concretado el pago, por la participación de tres o más personas y por el uso de armas de fuego—, en concurso con “robo agravado por el uso de armas”, ya que a la víctima también le sustrajeron un celular iPhone 12 y un par de zapatillas Nike talle 39, que eran el objeto de la supuesta venta por la cual había sido citado.

En el caso de los policías, la figura se agrava aún más por tratarse de integrantes de una fuerza de seguridad.

Los cuatro fueron detenidos el 2 de septiembre pasado en ocho allanamientos —seis en la Ciudad de Buenos Aires y dos en el conurbano bonaerense— realizados por el Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina (PFA).

La Dirección Autónoma de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad porteño aportó datos clave de geolocalización del móvil policial y de los celulares de los inspectores involucrados, además de filmaciones de la DIC 4 que registraron los movimientos de los acusados.

El secuestro

El secuestro comenzó alrededor de las 15 del 17 de mayo, cuando la víctima, dedicada a la reventa de productos importados, acudió a la intersección de las avenidas Perito Moreno y Cruz para concretar la venta de unas zapatillas.

Allí fue interceptado por dos hombres en moto. Uno de ellos, tras identificarse como comprador, lo amenazó con un arma y le dijo: “Perdiste guachín”. Luego le quitó el celular y lo obligó a conducir por distintas zonas de la Ciudad.

En el trayecto, otro hombre se subió al auto y desde el teléfono de la víctima llamó a su pareja, exigiendo un rescate de 5.000 dólares. Finalmente, el hermano del cautivo entregó 4.000 dólares y 1.500.000 pesos en la esquina de Rucci y Zuviría a un motociclista con el rostro semicubierto, tez trigueña y una cicatriz en el pómulo.

La víctima fue liberada poco después en una plazoleta de Villa Soldati.

La investigación determinó que una Citroën Berlingo blanca, móvil Nº 1177 de la Policía de la Ciudad, fue usada durante el secuestro. Cámaras de la DIC 4 registraron que, el día del hecho, P.O.M. condujo la camioneta, acompañado por A.N.L. y H.M.D.S.. Incluso se verificó que A.N.L. consultó en el sistema policial el dominio del vehículo de la víctima y su DNI mientras el joven estaba cautivo.

Un testigo señaló que uno de los secuestradores llevaba “cadena de oro” y era un “policía de brigada”, en alusión a H.M.D.S. Además, las ropas secuestradas durante los allanamientos coincidieron con las vistas en videos del hecho.

Respecto del repartidor peruano, la jueza valoró que su moto Hero Hunk 150 fue identificada en las imágenes, que su cicatriz coincide con la descrita por el hermano de la víctima y que en sus redes sociales aparecía con el mismo rodado.

En su fallo, Servini destacó la contundencia de la prueba: “El cúmulo de elementos de prueba recolectados hasta aquí me permite tener por acreditada la materialidad del hecho investigado y la responsabilidad de los imputados”. También remarcó la gravedad institucional: “Resulta abrumador siquiera pensar que quienes ostentan la condición policial y tienen el deber de garantizar la ley, se involucren en hechos como el que aquí nos ocupa”.

La magistrada dictó la prisión preventiva al considerar riesgos procesales, dado que los delitos imputados prevén penas de hasta 25 años de prisión y no son excarcelables. Los cuatro procesados quedaron alojados en el Servicio Penitenciario Federal, mientras la investigación continuará bajo la Fiscalía N°3 para identificar a otros posibles partícipes y analizar el patrimonio de los acusados.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deberá pronunciarse en un plazo de diez días sobre la solicitud del antiguo secretariado de las Farc para acumular en un único macrocaso las conductas por las cuales son investigados, luego de que una subsección de conjueces de la Sección de Revisión resolviera parcialmente una tutela interpuesta por los exguerrilleros.

El fallo, dado a conocer el lunes 8 de septiembre, rechazó cuatro de los cinco puntos planteados por los comparecientes, pero ordenó a la presidencia de la JEP, en cabeza del magistrado Alejandro Ramelli, emitir una respuesta más detallada sobre la posibilidad de unificar las investigaciones en un solo macrocaso.

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Sin embargo, esta determinación no tiene efectos suspensivos sobre la primera sentencia que se emitirá contra siete exintegrantes de la antigua guerrilla por más de 21.000 secuestros cometidos durante el conflicto armado. Dicha sentencia será leída el próximo 16 de septiembre.

Petición de unificación de macrocasos

Desde octubre de 2024, el último secretariado de las Farc, representado por Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Pablo Catatumbo; Julián Gallo; Pastor Alape; Milton de Jesús Toncel; Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra, presentó ante la JEP una solicitud judicial para renunciar a su derecho a la presunción de inocencia y pedir la unificación de todos los procesos en una única imputación y sanción.

En su petición, los comparecientes alegaron que esta medida permitiría agilizar el trabajo de la justicia transicional, cerrando en una sola resolución de conclusiones todas las investigaciones adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad en los macrocasos por crímenes cometidos durante el conflicto armado.

En la tutela, los exintegrantes de la guerrilla cuestionaron que, a pesar de los ocho años de funcionamiento de la JEP, “los órganos de la Jurisdicción insisten en evaluar dichos casos de forma fragmentada y repetitiva, mediante la emisión de resoluciones parciales que redundan sobre los mismos hechos y delitos, desconociendo los principios de estricta temporalidad, seguridad jurídica y cosa juzgada”.

Cuatro solicitudes rechazadas por la JEP

La Sección de Revisión negó la tutela en la mayoría de los puntos planteados por los exFarc. Según el fallo, las respuestas de la JEP a las solicitudes iniciales se dieron por los mecanismos previstos en la Constitución y la Ley Estatutaria que rige esta justicia transicional. Las solicitudes negadas fueron:

• Emitir una resolución única por persona.
• Trasladar a la JEP todos los procesos de excombatientes que se encuentran en la justicia ordinaria.
• Definir la situación jurídica de excombatientes no seleccionados como máximos responsables.
• Expedir una resolución que ponga fin a las investigaciones contra personas ya condenadas por delitos no amnistiables.

El tribunal de paz determinó que en estos casos no hubo vulneración del derecho de petición y que las respuestas emitidas por la magistratura fueron adecuadas en términos jurídicos.

No obstante, en relación con la petición de acumular conductas en un único macrocaso, los conjueces consideraron que la respuesta dada inicialmente por la presidencia de la JEP no fue suficientemente clara, por lo que ordenaron un pronunciamiento detallado.

Lo que deberá responder la JEP

El auto precisa que, aunque la JEP había señalado en abril que era posible emitir una resolución unificada siempre y cuando se desagregara por hechos victimizantes, no se abordó de manera expresa la viabilidad de tratar todos los hechos en un solo macrocaso.

“(...) En efecto, el pronunciamiento en estudio se concentró en delimitar el debate en torno a las resoluciones de conclusiones, sin analizar la viabilidad de ajustar la estrategia de análisis de conductas”, señala el fallo.

El magistrado Alejandro Ramelli deberá responder en articulación con las salas y secciones de la JEP para garantizar el debido cumplimiento de la orden judicial. Este pronunciamiento, de carácter administrativo, busca brindar garantías al derecho de petición de los comparecientes.

La Fuerza Pública enfrenta un panorama complejo en varias regiones del país, marcado por asonadas, secuestros y agresiones a los uniformados durante sus operaciones.

En medio de esta situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el Gobierno analiza nuevas medidas de respuesta que incluyen la posibilidad de aplicar una estrategia similar a la usada en Perú, donde se autoriza a los militares a “usar armas en extremidades” para frenar los ataques y retenciones.

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De acuerdo con lo expuesto por el ministro en declaraciones citadas por Semana, la propuesta surge tras el aumento de situaciones en las que comunidades retienen a uniformados, bajo presiones de grupos armados que ejercen control en áreas con cultivos ilícitos.

Sánchez señaló que el objetivo es evaluar mecanismos que brinden mayor capacidad de acción a los militares en estas circunstancias.

“Quien ingrese a ese perímetro ya sabe muy bien las consecuencias que podría tener, que es el empleo de la capacidad letal que tiene la Fuerza Pública en ese momento. Incluso en Perú está autorizado, en la información que he recibido preliminarmente, a emplear sus armas contra las extremidades inferiores. Esa es una ley de emergencia que ha creado el Perú”, dijo el ministro Sánchez, citado por Semana.

Uno de los episodios recientes que evidenció la gravedad de la problemática ocurrió en el departamento del Guaviare, donde más de 30 militares fueron retenidos durante cinco días. Este hecho generó alertas dentro de la institución, pues los secuestros temporales han impactado la moral de las tropas, según revelaron uniformados consultados por el mismo medio.

Las dificultades no se limitan al Guaviare. En el Cauca, región donde operan disidencias armadas, seis soldados fueron asesinados hace una semana, lo que acentuó la preocupación de las autoridades. El 7 de septiembre, en El Tambo, cerca de 600 personas interceptaron y retuvieron a 45 uniformados que adelantaban operaciones en el área.

Los reportes oficiales también registraron hechos violentos en Putumayo. En esa zona, tres militares sufrieron quemaduras después de que dos personas les rociaran gasolina. Los afectados fueron trasladados a Bogotá para recibir atención en el Hospital Militar, donde permanecen bajo supervisión médica.

El centro asistencial emitió un comunicado, citado por Semana, en el que señaló: “Ingresó a nuestras instalaciones, el Subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivo, en estado crítico y bajo observación estrecha y tratamiento por parte de un equipo médico multidisciplinario; con pronóstico reservado. Así mismo informamos que los dos soldados profesionales que ingresaron el día de ayer han presentado evolución satisfactoria y actualmente se encuentran hospitalizados en pisos, en condiciones clínicas estables, requiriendo supervisión médica permanente”.

En paralelo a las discusiones sobre el manejo de estas situaciones, el Gobierno también revisa la política frente a los cultivos ilícitos. El general Ricardo Sánchez, director de la Policía Antinarcóticos, reveló que para este año está proyectada la erradicación de 30.000 hectáreas, según lo informó Semana.

La erradicación manual continúa siendo la principal herramienta, aunque existe debate en torno al retorno de la fumigación aérea. En marzo, el presidente Gustavo Petro, quien previamente se había mostrado en contra de esta práctica, solicitó a la Corte Constitucional reconsiderar su posición y permitir nuevamente la aspersión.

El ministro de Defensa explicó que los métodos de fumigación actuales han cambiado gracias a la tecnología, pues ahora se cuenta con drones que permiten hacer un rociado más preciso, lo que reduciría los impactos colaterales.

Sánchez subrayó que estas decisiones se enmarcan en el esfuerzo por proteger a los uniformados que cumplen labores en áreas donde la presión de grupos criminales hacia la población civil es constante. La idea de replicar medidas como la aplicada en Perú busca, según indicó, generar un mecanismo de disuasión frente a quienes intenten retener a miembros de la Fuerza Pública durante sus operaciones.

En el mundo de la investigación criminal, la identificación de personas es un proceso tan delicado como crucial. En España, este trabajo recae en la Unidad Central de Identificación (UCI) de la Policía Nacional, una división especializada dependiente de la Comisaría General de Policía Científica. Esta unidad no solo se encarga de reconocer a personas vivas, sino que también juega un papel fundamental en la identificación de fallecidos y en la gestión de casos complejos.

Huellas, biometría y reconocimiento facial

El primer paso para muchas investigaciones es la identificación mediante huellas dactilares, un método clásico pero extremadamente fiable. Sin embargo, la UCI no se limita a lo tradicional: emplea identificación facial y biométrica, técnicas que permiten reconocer a individuos incluso en condiciones donde la identificación convencional sería imposible. Gracias a estas tecnologías, la Policía Nacional puede localizar e identificar personas desaparecidas o víctimas de delitos de manera más rápida y precisa.

Pero su labor no termina ahí. La unidad también realiza necropunciones, procedimientos médicos-legales que permiten obtener muestras de cadáveres para identificar a personas fallecidas cuando los métodos habituales no son suficientes. Estos procesos requieren conocimientos avanzados de antropología forense, que estudia los restos humanos para determinar características como la edad, el sexo o la causa de muerte. Además, algunos casos complejos requieren el uso de entomología forense, que analiza insectos presentes en el cuerpo para estimar el momento del fallecimiento y el periodo de descomposición.

Coordinación en sucesos de gran envergadura

Más allá del trabajo individual, la Unidad Central de Identificación tiene un papel clave en la coordinación de actuaciones en sucesos con múltiples víctimas, como accidentes de tren o metro, catástrofes naturales o grandes incendios. En estos escenarios, la identificación rápida y precisa de las víctimas es esencial tanto para la investigación criminal como para ofrecer respuestas a familiares y allegados.

El trabajo de esta unidad combina la ciencia más avanzada con un componente humano fundamental: la necesidad de ofrecer respuestas en situaciones dramáticas, donde cada dato puede ser vital. Su labor no solo tiene repercusiones legales, sino también emocionales, ya que poner un nombre a un rostro perdido puede significar un cierre imprescindible para familias que sufren la desaparición de un ser querido.

Otro de los pilares de la UCI es la gestión de sistemas informáticos de personas desaparecidas y restos humanos no identificados. Estos registros permiten centralizar información de todo el país, facilitando que los equipos de investigación puedan comparar datos, identificar patrones y localizar a personas de manera más eficiente. En este sentido, la unidad actúa como un nexo tecnológico y científico, que integra información de distintos cuerpos policiales y centros forenses.

La Unidad Central de Identificación de la Policía Nacional representa un eslabón esencial en la cadena de la investigación criminal. Su trabajo abarca desde las técnicas más modernas de identificación biométrica hasta procedimientos científicos forenses extremadamente complejos. Además, su capacidad de coordinación en sucesos de gran magnitud y su gestión de sistemas informáticos convierten a esta unidad en un referente dentro de la policía científica española.

En las últimas semanas, Santa Cruz de la Sierra, la ciudad que se erige como el motor económico de Bolivia, ha sido escenario de una serie de hechos violentos que incluyen ataques armados, secuestros y enfrentamientos con la Policía. Estos incidentes, que parecen estar vinculados entre sí, revelan la penetración del crimen organizado y el narcotráfico, así como las debilidades del sistema de seguridad en el país.

La reciente ola de violencia inició el 13 de agosto, cuando tres hombres extranjeros fueron hallados sin vida en una vivienda de la zona norte de la ciudad. Las víctimas fueron identificadas como Dejanço Lazarevski, Miljan Gjekić y Vanja Milošević, nacidos en Macedonia y Serbia, y que según los primeros hallazgos de la investigación, estaban vinculados con la mafia balcánica, una organización dedicada al tráfico internacional de droga.

Una semana después, se produjo un doble asesinato también en la zona norte de la ciudad. Las víctimas fueron identificadas como Leonardo Vaca Díez y Harold Méndez, ambos fueron acribillados con más de 100 disparos dentro de una vagoneta, lo que sugiere una ejecución planificada y de alta violencia. Las víctimas tenían antecedentes penales y habían estado detenidos en la cárcel, Méndez por denuncias de estafa y Vaca Díez por acusaciones de homicidio y secuestro.

Posteriormente, el 2 de septiembre se reportó la desaparición de Lorgio Saucedo, un hombre con un extenso historial delictivo, cuyo vehículo se encontró calcinado en la zona residencial del Urubó. Una persona fue aprehendida por este caso y confesó haber asesinado a Saucedo, cuyo cuerpo habría sido enterrado en Warnes, un municipio vecino de Santa Cruz.

En búsqueda de Saucedo, la Policía llevó a cabo un operativo en un hangar de Warnes, donde inicialmente los agentes fueron atacados con armas. Tras el despliegue de refuerzos aéreos y terrestres, se logró asegurar el lugar y se encontraron siete avionetas, armas de uso militar, chalecos antibalas y caletas presuntamente destinadas a ocultar droga. Sin embargo, no se halló a la víctima buscada.

Finalmente, el 3 de septiembre de 2025, un hombre de aproximadamente 25 años fue acribillado en el barrio popular Plan 3.000. El fiscal Daniel Ortuño indicó que pudo tratarse de una confusión con un ciudadano colombiano que residía en el mismo inmueble y usaba una motocicleta similar.

A estos casos se suman una balacera en una zona comercial de la ciudad a plena luz del día, en la que un policía fue herido en un operativo en el que sus atacantes lograron escapar. En paralelo, se reportaron dos secuestros ocurridos a finales de julio que estarían vinculados con los sicariatos posteriores.

El ministro de Gobierno (Interior), Roberto Ríos manifestó que la hipótesis inicial apunta a que los crímenes tienen que ver con ajustes de cuentas ligados al crimen organizado: “Las víctimas de estos actos violentos tenían antecedentes y vínculos con el narcotráfico, e incluso cuentas pendientes con la justicia”, señaló en conferencia de prensa.

La autoridad mencionó que hay mafias internacionales que están intentando operar en Bolivia y anunció un plan integral para reforzar la seguridad de la ciudad. “Es importante reconocer lo que está aconteciendo en el departamento de Santa Cruz como un intento de organizaciones criminales que quieren ingresar a territorio boliviano, y es un tema que no lo vamos a permitir”, declaró Ríos en conferencia de prensa. El ministro agregó que “no se descarta la presencia de grupos europeos que, a través de emisarios, buscan relacionarse con la actividad del narcotráfico”.

Posterior a sus declaraciones, el ciudadano serbio Luka Starcevic, considerado como un “embajador” de la mafia de los Balcanes en Sudamérica, fue capturado por la Policía paraguaya en un paso fronterizo en la región del Chaco, cuando intentaba ingresar a Bolivia con un documento falso, lo que probaría la teoría que maneja el Gobierno sobre la penetración de este tipo de organizaciones.

Sin embargo, la hipótesis del ministro Ríos tiene indicios más antiguos: en 2014, el asesinato de Goran Popovic en Bolivia reveló por primera vez la presencia de emisarios de la mafia balcánica en el país.

Para la criminóloga y ex directora del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, Gabriela Reyes, la ola de violencia responde a una pugna por el control del mercado de la cocaína entre dos organizaciones criminales transnacionales. La experta ve que hay indicios de su asentamiento en Bolivia: la identificación de miembros de la mafia balcánica y otras organizaciones brasileñas en Bolivia, la relación entre los crímenes ocurridos en el último mes y los altos niveles de violencia, que incluyen tortura previa y múltiples disparos.

La experta sostiene que Santa Cruz se ha convertido en un “hub logístico” de la industria de la cocaína y que esto aumenta la inseguridad en la región. “Esto puede ser el inicio de algo mucho más fuerte, creo que vamos a seguir viendo este tipo de hechos que hasta ahora se ha mantenido entre gente vinculada al mercado de la cocaína", afirmó.

La creciente ola de sicariatos en Santa Cruz, a los que se suman otros recientes en la región cocalera de Cochabamba, ponen de manifiesto la limitada capacidad del Estado para hacer frente a estos crímenes. Entre los desafíos urgentes para el próximo Gobierno, que estará encabezado por Rodrigo Paz o Jorge Quiroga, Reyes apunta que está contener la presunta batalla que se libra entre mafias o sus facciones, y evitar éstas que echen raíces en el país; a través del apoyo de organizaciones internacionales y las agencias policiales de países que se ven afectados por el crimen organizado.

La sofisticación de las técnicas de extorsión en el departamento de Bolívar alcanzó un nuevo nivel con la incorporación de la inteligencia artificial por parte de los criminales, según una alerta lanzada por la Policía Nacional.

El uso de esta tecnología ha permitido a los delincuentes clonar voces y crear perfiles digitales con imágenes de apariencia real, lo que tiene preocupados tanto a los ciudadanos como a las autoridades locales.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Policía de Bolívar, que fue difundido por el medio local El Universal, en lo que va del 2025 se han presentado 64 denuncias por extorsión en el departamento, de ese total, 24 corresponden a modalidades digitales que involucran el uso de la inteligencia artificial.

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De acuerdo con el reporte oficial, los municipios donde se ha detectado la mayor incidencia de estos delitos son Magangué, El Carmen de Bolívar y Mompox, cuyos habitantes están preocupados porque los criminales no dan tregua.

Del mismo modo, la institución precisó que el perfil de las víctimas de estos ataques es el siguiente: personas de entre 30 y 58 años, activas económicamente y con una presencia frecuente en redes sociales, lo que facilita a los extorsionadores el acceso a información personal y de su círculo familiar.

Entre las tácticas más empleadas por los criminales destaca el denominado “falso servicio”. En este método, los delincuentes persuaden a la víctima para que grabe su voz diciendo frases específicas. Posteriormente, mediante inteligencia artificial, manipulan estos audios para simular situaciones de secuestro y así extorsionar a los familiares.

Otra estrategia consiste en la creación de perfiles falsos con imágenes generadas por inteligencia artificial, que resultan ultrarrealistas y permiten establecer relaciones de confianza con las víctimas, que luego son chantajeadas con información o fotografías de carácter íntimo.

Sin embargo, esta no es la única situación que tiene en alerta a las autoridades, puesto que el Departamento de Policía Bolívar informó que también se ha identificado un aumento en las estafas a través de plataformas de préstamos en línea, que operan bajo condiciones abusivas y recurren a la intimidación digital para exigir el pago de intereses excesivos.

Desmantelan banda dedicada a la extorsión mediante inteligencia artificial

La respuesta de las autoridades ante las denuncias de los ciudadanos dio fruto, pues se logró la captura de 36 personas vinculadas a estos delitos, de ese total, 23 fueron detenidas por extorsión y 2 por secuestro. Del mismo modo, se explicó que 29 de los involucrados presentan nexos con grupos armados organizados.

En su reporte, la Policía de Bolívar reiteró que el 91% de los detenidos ha recibido medida de aseguramiento, lo que evidencia la efectividad de las acciones adelantadas para acabar con esta organización criminal.

Otro de los aspectos que llama la atención, es que las investigaciones determinaron que una parte considerable de las llamadas extorsivas se origina en centros carcelarios, debido a que los delincuentes continúan operando aún desde prisión.

Por este motivo, la dirección antisecuestro y extorsión impulsa un proyecto de ley que busca exigir el registro de cada tarjeta SIM a nombre de una persona, con el objetivo de facilitar el rastreo y la judicialización de los responsables.

Ante esta situación se pronunció el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía de Bolívar, que explicó lo siguiente: “Estamos comprometidos con la seguridad de los ciudadanos de Bolívar y estamos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance, incluyendo la tecnología, para combatir estas nuevas formas de extorsión. Deben denunciar a la línea 165 del Gaula”, explicó el oficial que fue citado por el mencionado diario local.

La joven argentina de 27 años y oriunda de Campana, provincia de Buenos Aires, había contado su historia poco tiempo atrás. Dijo que durante casi que 24 meses estuvo encerrada por su pareja en una casa de Ciudad de México vigilada con cámaras, micrófonos y sensores de movimiento. Todo lo contó desde su refugio, donde está resguardada desde que logró escapar del cautiverio junto a su bebé.

Según denunció, Zubirán Rabay la tenía constantemente controlada por nueve custodios armados que respondían a él, no la dejaba comunicarse con nadie sin su supervisión, la golpeaba, la medicaba en contra de su voluntad y hasta la obligó a tatuarse su nombre en varias partes del cuerpo. Aprovechando un descuido de la seguridad y con la ayuda de su entorno, Priscila logró huir con su hijo de nueve meses en brazos.

En diálogo con Infobae había dicho que temía por su familia en Buenos Aires y pidió que se “viralice” su caso para que las autoridades puedan ayudarla, ya que no puede salir de México porque el hombre que la sometió la denunció por “sustracción de menores” y sobre su hijo pesa una Alerta Ámber. Es decir, si intenta volver a Argentina con el niño, podrían detenerla.

A fines de mayo, su agresor fue detenido. Pero Priscila había advertido que su esposo tenía “vínculos con la Justicia” y que podría salir en libertad. En las últimas horas, eso finalmente ocurrió.

En sus redes sociales, la joven publicó un video donde señaló: “Aunque la justicia me falle, mi verdad no se calla. Hoy, la justicia me ha dado la espalda de la forma más cruel con una firma del magistrado Javier Raúl Ayala Casillas, que ha deshecho meses de lucha y le ha devuelto la libertad a mi agresor. Mientras Salvador hoy camina libre por las mismas calles que yo, yo sigo atrapada, prisionera del miedo, soñando con el día en que pueda huir de este país con mi bebé para finalmente sentirnos a salvo”.

El relato continúa: “Es una herida que quema el alma, ver cómo un sistema que debería protegernos se convierte en cómplice de nuestro dolor. Hoy, esa puerta giratoria de la justicia lo ha liberado a él, mientras a mí me condena a seguir mirando sobre mi hombro y a vivir con el terror constante de que vuelva a encontrarlos. Cada papel sellado, cada término legal... parece diseñado para borrar la realidad del infierno que vivimos. Pero hay algo que ninguna resolución puede anular: mi verdad”.

En este sentido, Priscila dijo que el miedo que siente es real, como las amenazas que escuchó y el peligro del que intenta proteger a su hijo.

“En medio de esta oscuridad, mi convicción arde más fuerte que nunca. Aunque un tribunal decida no ver, aunque el sistema elija no creer, mi voz no será silenciada. Levanto la voz por mí, por mi hijo y por cada mujer que ha gritado en el silencio de un juzgado. Porque aunque la justicia hoy me haya fallado, mi verdad no se calla y esa nadie me la puede arrebatar”, remarcó.

Y concluyó: “Que quede registro que el magistrado Javier Raúl Ayala Salas ordenó su excarcelación inmediata. Es decir, el día de hoy quedará en libertad. Por lo tanto, mi hijo y yo estamos en riesgo y totalmente vulnerables, por lo que lo hago responsable a él y a Salvador de cualquier cosa que nos pase a mí, a mi hijo y a mi equipo legal”.

El principio del fin

Todo comenzó en julio de 2023, cuando Priscila conoció a Salvador Zubirán Rabay en un restaurante de la capital mexicana. Al principio —cuenta ella— se mostró amable, atento y generoso. Al tercer día de conocerse, él le propuso que vivieran juntos. Y al cuarto, la pesadilla ya había empezado.

“Le dije a su mamá que me quería volver a mi país y él se enteró. Me sacó el celular, me arrastró del pelo y me golpeó contra una pared”, relató Priscila. Desde entonces, comenzó un largo período de violencia y encierro.

Tuvo un hijo con él y la situación se volvió aún más extrema. Según contó, su pareja controlaba todos sus movimientos, la mantenía completamente aislada de su familia, le revisaba el celular cada vez que volvía del trabajo y hasta le prohibía llevar al bebé al médico si él no estaba presente.

“No podía salir a trabajar. Estaba siempre en la casa. Siempre había un escolta. Si quería salir a caminar, tenía que pedir permiso, y si él me dejaba, iba con alguien atrás. Si quería cortarme el pelo, venía alguien a casa. Si quería hacerme las uñas, también. Y los fines de semana salíamos al shopping, pero siempre con él. Si quería ir al baño, dos personas de seguridad me acompañaban y me esperaban afuera”, relató.

“Estaba atrapada. La casa estaba llena de cámaras, sensores, micrófonos. No podía moverme sin que él se enterara”, explicó. De hecho, con su familia se comunicaba a escondidas en el baño.

Justamente, una de las personas con las que hablaba era su hermana gemela. Fue a través de ella que, en abril de este año, logró iniciar un plan de escape.

Su hermana localizó a una allegada de confianza en México y con su ayuda, Priscila encontró el momento exacto para huir. Estudió durante días los movimientos de la custodia, esperó a que se descuidaran y salió corriendo con su hijo y un bolso con lo justo, para luego tomarse un remís.

Se escondió en un domicilio que alguien de su entorno le ofreció y ese mismo día presentó la denuncia en la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México.

El impulso definitivo para huir fue cuando su esposo, según afirmó, empezó a construir un cuarto de pánico dentro de la casa. “Iba a encerrarme ahí. Ya no había dudas de que tenía que escapar”, contó.

La joven define al acusado como una persona con mucho poder en el distrito, que se jacta de mover dinero en efectivo con su empresa, de portar armas sin permiso, de tener cierta protección judicial.

“Tiene escoltas que lo acompañan a todos lados. Dice que compró jueces, policías, ministerios públicos. Y yo lo vi manipular denuncias, inventar pruebas, usar contactos para perseguir a otras mujeres”, denunció.

No fue la única: una actriz lo padeció

En esa línea, Priscila también asegura que su caso no es el único. Incluso menciona el nombre de la actriz Laura Vignatti, quien también denunció públicamente a Zubirán Rabay.

En julio de 2024, el diario mexicano Récord publicó una nota sobre ese caso. La artista contó a través de sus redes sociales que el hombre la golpeó brutalmente y la amenazó. Compartió fotos y videos de las agresiones, y en una de las grabaciones se escucha la voz del acusado diciéndole: “Te siembro droga, digo que sos dealer, te carga la verga y me vas a demandar, pero cuando salga del pedo vos vas a llorar el resto de tu vida”.

En coincidencia con el relato de Priscila, Vignatti también afirmó que su ex pareja tiene conexiones con la Justicia y que, a pesar de las pruebas, “la fiscalía le ha perdonado muchas”.

V., al menos en los papeles, se dedicaba a otra cosa. La mujer de 62 años, vecina de la zona de Villa Lynch, se había inscripto en los rubros de construcción de ARCA, sin empleados en blanco a su cargo. Tuvo una alerta por facturas truchas, de acuerdo a su perfil comercial. Oriunda de Bolivia, luego tuvo otros problemas mucho peores.

Fue secuestrada el 4 de agosto de 2024 mientras iba a bordo de su Toyota Corolla. Tres hampones la interceptaron a punta de pistola. Así, abordaron su auto. Bajo amenazas, la llevaron a un rancho en la periferia de un asentamiento de Florencio Varela. Poco después, comenzó la negociación por el rescate. Allí, la mujer se comunicó con su familia, les suplicó llorando.

Los captores tuvieron éxito. La liberaron al día siguiente. Su sobrino entregó 6 mil dólares a la banda. Luego, les transfirió el dominio del Toyota Corolla, un botín inusual.

Falta un dato en esta narrativa. A V. no la secuestraron por ser una exitosa empresaria, sino por ser una exitosa narco, una dealer.

En la última semana, luego de varios meses de investigación, la División Antisecuestros Sur de la PFA -que depende de la nueva DFI- detuvo a tres sospechosos por el narcosecuestro en allanamientos ordenados por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y la fiscalía federal de la jurisdicción.

Incautaron 40 panes de cocaína en un domicilio del partido de Ezeiza y un lote de armas y 20 cargadores fue descubierto en otro objetivo en la zona de la localidad Tristán Suárez.

En rigor, hay un cuarto sospechoso involucrado en el caso. Se trata de Jairo Sebastián Crosa Olmedo, de 26 años, oriundo de Uruguay. La Policía Federal lo arrestó en noviembre pasado en el partido Morón, no por el secuestro en Villa Lynch, sino porque lo buscaba la Justicia de su país, que lo acusa de supuestamente matar a un policía durante un robo en Montevideo.

Luego, la investigación de la División Antisecuestros Sur lo señaló como parte clave de la banda que capturó a la dealer de 62 años.

Otro uruguayo también fue investigado por aportar un auto de apoyo para el ataque contra V.. Sin embargo, se descubrió que estaba preso en su país al momento del hecho.

Un buen padre

Uno de los nuevos detenidos fue capturado en Villa Domínico. El amor de padre lo llevó tras las rejas. Los investigadores descubrieron que el sospechoso había tenido una bebé con su ex pareja meses antes.

El hombre había dejado su casa en la zona. Sin embargo, descubrieron que frecuentaba el domicilio de su ex. Así, lo atraparon mientras caminaba al lugar.

“La banda se movía con fijas”, asegura un investigador clave. Sin embargo, todavía es un misterio cómo obtuvieron el dato para capturar a la mujer de 62 años.

Fuentes del caso sospechan de datos tumberos enviados desde prisión, o alimentados por bandas rivales.

El colombiano Juan José Benavides Velazco fue detenido ayer en la zona de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, por la DUOF local de la Policía Federal. En su país, lo acusan de ser el cerebro de una megaestafa cripto, un esquema Ponzi llamado Daily Cop, que operó entre 2019 y 2022; prometía un retorno mágico del 12% a sus inversores, con 150 damnificados.

A Benavides Velazco, el Juzgado N°2 de Cali, lo buscaba con una circular roja de Interpol por diversos delitos, como lavado de dinero, con un monto de poco más de $30 millones de dólares. Un empresario involucrado en la trama aseguró, incluso, que parte de ese dinero habría sido destinado a la campaña presidencial de Gustavo Petro, algo que Petro mismo y su equipo negaron.

El colombiano cayó por un motivo curioso: intentó regularizar de forma online su situación migratoria en las últimas semanas, un trámite que despertó su circular roja, vigente desde el 28 de mayo último.

Pero, en rigor, Benavidez Velazco estaba en el país hace tiempo, junto a su familia y un custodio. En el año 2022, Benavides Velazco denunció en la Justicia de San Martín un intento de secuestro, junto a otro secuestro, según él mismo, consumado. Los protagonistas en el primer caso fueron dos ex policías de la Bonaerense.

El primer hecho, de acuerdo a documentos judiciales obtenidos por Infobae, ocurrió el 30 de julio de aquel año en el estacionamiento del shopping Torres del Sol de Pilar. Los ex policías supuestamente interceptaron la camioneta Baig X35 en el que viajaba Benavides, acompañado de un custodio. Poco después, los ex policías eran arrestados, con una causa a cargo de una UFI de Pilar.

El 12 de agosto de ese mismo año, aseguró que intentaron secuestrarlo junto a toda su familia, con su suegra, su mujer y sus hijos incluidos. Benavides mismo aseguró haber pasado ocho días en cautiverio. El hecho ocurrió comenzó en la entrada del Golf Club de José C. Paz, donde todos ellos vivían. Allí, en la entrada del lugar, les quitaron sus pasaportes y celulares.

Luego, Benavides regresó a su casa, donde lo esperaba una sorpresa. “Al ingresar a la vivienda, Benavides Velasco fue abordado por las personas que se encontraban en el lugar, quienes lo golpearon, lo tiraron al suelo, lo maniataron y colocaron una venda en los ojos y le solicitaron que facilite las claves de ingreso a sus dos celulares, como así también que proceda al pago de 10 millones de dólares, a fin de ser liberado”, asegura un fallo judicial de la causa.

Los secuestradores, según testimonios en la causa, aseguraban ser miembros del “Cartel de Otoniel”, el apodo capo colombiano Dairo Antonio Úsuga David. Así, desvalijaron a la familia. Los Benavides, todos excepto Juan José, fueron rápidamente liberados e intentaron salir del país vía Ezeiza. Por el hecho, de acuerdo al mismo documento, hubo al menos cinco imputados. “Otoniel” era una figura ciertamente temible: un año después del hecho en José C. Paz, fue extraditado a New York, donde se declaró expediente en un expediente por narcotráfico.

En cuanto al primer intento secuestro, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito de los ex policías acusados en noviembre de 2022. Abogados defensores de los acusados del segundo hecho acusaron a Benavides de inventarlo todo “con la finalidad de obtener protección por parte del Estado argentino, en virtud de las estafas multimillonarias que habría realizado en su país de origen”.

Entre enero y julio se registraron 7.796 asesinatos, un aumento del 4 %, impulsados por la lucha territorial del narcotráfico y el sicariato.Colombia enfrenta en 2025 un escenario de deterioro de la seguridad pública, con el aumento de los homicidios y secuestros, lo que consolida el año como otro periodo perdido en la lucha contra la criminalidad.

Entre enero y julio, el país contabilizó 7.796 homicidios, lo que equivale a 268 muertes violentas más que en el mismo periodo de 2024. El Ministerio de Defensa atribuye el 4% de incremento al control territorial que disputan redes del narcotráfico en regiones y del microtráfico en ciudades, promovido además por el auge del sicariato.

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Crimen urbano y auge del sicariato

Un caso ilustrativo de la situación se registró en Cartagena, donde Luis Dionisio Ruiz, conocido chef de la ciudad, fue asesinado durante un atraco. Los delincuentes aprovecharon el descuido de la víctima al descargar unas bolsas de mercado frente a un hotel. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, la agresión estuvo motivada por el interés en una cadena de oro, y el chef fue baleado por la espalda al intentar escapar.

El análisis de El Tiempo revela que cada dos horas son asesinadas tres personas en Colombia, una tendencia que mantiene la tasa de homicidios nacional cerca de los 26 casos por cada 100.000 habitantes, casi 20 puntos por encima de la media mundial. Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cúcuta, Pereira, Soledad, Palmira y Santa Marta concentraron el grueso de los homicidios urbanos entre enero y junio, aunque Bogotá se mantiene 10 puntos por debajo de la media nacional.

Impunidad y desigualdad en las víctimas

El patrón de violencia afecta en proporciones desiguales a hombres y mujeres. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, por cada nueve hombres asesinados, muere una mujer. Durante los primeros siete meses, Bogotá sumó 584 homicidios, Cali 511 y Barranquilla 239.

La impunidad caracteriza la respuesta estatal. Laura Bonilla, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que “el 92% de los homicidios permanece impune. Entre enero y mayo, Bogotá tuvo 156 casos de sicariato y solo 16 capturas, lo que implica casi un 90 % de impunidad”.

Secuestros y atentados, otra cara de la crisis

Según El Tiempo, los secuestros extorsivos también se duplicaron en 2025, con 188 casos denunciados entre enero y julio frente a 99 del año anterior. El fenómeno alcanza especial gravedad en Arauca, donde el Eln explota los corredores fronterizos hacia Venezuela para movilizar víctimas. El Ministerio de Defensa reportó 37 liberaciones mediante rescates, 25 liberaciones bajo presión y cuatro asesinados durante el cautiverio; al concluir julio, 19 permanecían secuestrados.

El año también fue escenario de un 12% más de atentados terroristas, con 728 hechos hasta julio. La cifra de uniformados asesinados superó el total de 2024, con 107 miembros muertos hasta el cierre de julio. Solo en agosto, 13 policías cayeron víctimas de un ataque en Amalfi, Antioquia, atribuido a disidencias de grupos armados ilegales.

Dos décadas de cifras críticas

El balance de los últimos 22 años evidencia la magnitud de la crisis de seguridad. Según Caracol Radio, Colombia acumuló 334.657 homicidios entre 2003 y 2025, en función de datos oficiales del Centro de Investigación Observadores Col.

• El gobierno de Álvaro Uribe inició en 2003 con 22.469 muertes violentas y cerró en 2010 con 14.869
• Juan Manuel Santos bajó de 15.663 a 12.573 entre 2011 y 2018
• Iván Duque arrancó su administración con 12.547 y la finalizó con 13.536.
• La gestión de Gustavo Petro inició con 13.555 homicidios en 2023 y al ritmo actual 2025 podría cerrar con 13.369 casos.

El estudio de Caracol Radio también da cuenta de la tendencia en extorsión y hurto. El delito de extorsión podría cerrar el año con 11.624 casos bajo la administración Petro, mientras que el hurto a personas se proyecta en 287.501 denuncias para 2025, después de que en 2023 se reportaron 391.005 casos.

Las causas del homicidio: sicariato y menores reclutados

Sobre las razones detrás de la violencia homicida, un informe especial de RCN Radio basado en presentaciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, subraya que el sicariato, las venganzas vinculadas a actividades de narcotráfico y la intolerancia social, son las principales causas que explican la violencia en el país.

El sicariato explica el 61% de los homicidios; las riñas representan el 19%, hechos de violencia intrafamiliar 6% y ataques de grupos armados residuales 2%.

En la dimensión social del fenómeno, preocupa el aumento de adolescentes implicados en asesinatos por encargo. De acuerdo con datos del general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, 764 menores han sido aprehendidos por homicidio intencional en los últimos tres años, el 83% en flagrancia y el 17% por orden judicial. Las estructuras criminales instrumentalizan jóvenes sabiendo que su edad les concede un margen jurídico mayor.

Impunidad y desafíos institucionales ante el crimen

Los balances presentados dan cuenta de una estructura criminal persistente, altos niveles de impunidad e incapacidad estatal para revertir la tendencia de violencia. El país cerrera otro año sin avances fundamentales en la lucha contra el homicidio, el crimen organizado y la seguridad ciudadana.

Varios guardias del Sistema Penitenciario de Guatemala han sido tomados este viernes como rehenes por pandilleros en dos prisiones de Guatemala, según confirmaron fuentes oficiales. La acción ocurre apenas una semana después de revueltas similares que dejaron un vigilante muerto.

“El ministerio (de Gobernación) ya está en el caso del secuestro de estas personas por estos grupos detenidos, y confiamos en que lo va a resolver como se han resuelto en los anteriores”, declaró el presidente Bernardo Arévalo.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, detalló que los incidentes se registran en las cárceles de Fraijanes (conocida como ‘Pavoncito’) y El Boquerón, ubicados en Ciudad de Guatemala y el sureño departamento (provincia) de Santa Rosa.

Según Jiménez, “los secuestros ocurridos hoy son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes”, quienes fueron trasladados al penal de máxima seguridad Renovación I.

El pasado sábado, la Policía recuperó el control de varias prisiones del país tras varios días de motines que habían culminado con la muerte de un custodio. Los disturbios comenzaron tras el traslado, el 31 de julio, de cinco cabecillas de Barrio 18 y cinco de Mara Salvatrucha a Renovación I, donde permanecen aislados y sin acceso a teléfonos celulares. El ministro reafirmó que, a pesar de los motines, los líderes pandilleros permanecerán en la cárcel de máxima seguridad.

El traslado se realizó a raíz del asesinato de siete personas en una funeraria de la capital guatemalteca dos días antes, presuntamente a manos de miembros de la Mara Salvatrucha, durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival Barrio 18, asesinado el 28 de julio. La masacre, atribuida entonces por Jiménez a las pandillas, dejó 12 heridos y fue cometida por sicarios en varias motocicletas.

“Nuestra prioridad es proteger la vida de los rehenes y restablecer el orden, sin ceder un solo paso ante estos criminales”, añadió en su cuenta de X, sin precisar la cantidad exacta de retenidos, entre los que se incluyen guardias y personal de la empresa que provee alimentos a los reos.

La pandilla Barrio 18 y Mara Salvatrucha -esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos-, se disputan el control de territorios en Guatemala, extorsionando a comerciantes, transportistas y ciudadanos; quienes se niegan a pagar son asesinados. Son las dos pandillas más grandes de Guatemala, y las autoridades las responsabilizan del aumento de la violencia en el país.

Además, operan en Honduras, mientras que en El Salvador el presidente Nayib Bukele ha encarcelado desde marzo de 2022 a miles de presuntos pandilleros bajo un régimen de excepción criticado por grupos de derechos humanos por detenciones arbitrarias.

(Con información de AFP/EFE)

Fuentes policiales y judiciales confirmaron que la captura del prófugo se realizó en la localidad de Las Talitas, ubicada al norte de la capital tucumana, tras una minuciosa investigación que incluyó la participación de diferentes unidades especializadas, bajo la coordinación de la Fiscalía Federal N° 2 provincial.

Villardón, argentino, de 62 años, ejerció funciones en la fuerza provincial hasta alcanzar el grado de sargento. Tras su desvinculación, quedó señalado en la causa judicial iniciada por los delitos de privación ilegal de la libertad de persona y secuestro extorsivo, en la que se investiga el secuestro de una persona identificada como P.F.N..

Las fuentes indicaron que el policía era parte de una estructura integrada por al menos otros cinco uniformados, acusados de conformar una banda dedicada a seleccionar víctimas para robarles o secuestrarlas con el objetivo de exigir rescates en efectivo.

La denuncia fue radicada en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Agustín Chit, quien ordenó la captura del expolicía y el resto de los involucrados. Según los registros judiciales y reportes institucionales, la procuración de pruebas incluyó tareas de inteligencia en coordinación con fuerzas federales, dada la experiencia policial del principal investigado y la posibilidad de que intentara evadir los controles convencionales.

“Villardón permanecía prófugo desde 2022 y era considerado pieza clave en el engranaje de la banda”, detallaron.

La búsqueda del prófugo se intensificó tras su inclusión en el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ofrecía 5 millones de pesos a quienes aportaran información relevante.

Desde el 30 de agosto de 2022, figuraba en los registros nacionales e internacionales de captura, lo que permitió la colaboración entre organismos locales y federales.

Según fuentes oficiales, el seguimiento de pistas condujo a diferentes localidades, hasta que las tareas de vigilancia permitieron ubicarlo en Las Talitas.

Villardón fue interceptado en la vía pública y trasladado a la sede de la División Antidrogas Tucumán. Fuentes de la investigación indicaron que al momento de la detención no portaba armas ni ofreció resistencia.

En la causa judicial se investiga el secuestro de P.F.N., quien fue privado de su libertad y liberado tras el pago de un rescate.

De acuerdo al expediente, Villardón y sus cómplices diseñaban operativos en los que usaban su conocimiento policial para elegir a las víctimas, privarlas de la libertad y exigir sumas de dinero a sus familiares.

Las pruebas reunidas incluyen comunicaciones y movimientos de los implicados, cuyos detalles fueron presentados a la Justicia federal.

La investigación involucra además a otros cinco efectivos de la Policía provincial, actualmente detenidos preventivamente o procesados por privación ilegal de la libertad, robo agravado y extorsión. El juzgado mantiene abierta la instrucción y analiza posibles vínculos con otros casos similares en la región.

Los delitos de secuestro extorsivo se encuentran tipificados en la legislación argentina como crímenes de extrema gravedad, con penas de hasta 25 años de prisión y agravantes para funcionarios públicos involucrados.

El director de la Policía Nacional de Colombia, el brigadier general Carlos Fernando Triana, confirmó la detención en Envigado de tres criminales buscados a internacionalmente, y señalados de pertenecer al Tren del Llano.

La captura de los delincuentes se dio en un operativo que se desplegó en el municipio de Envigado, área metropolitana de Medellín (departamento de Antioquia),

Esta organización delincuencial, conocida como Tren del Llano, es considerada como “una de las primeras megabandas criminales que surgieron en Venezuela”, según el portal especializado Insight Crime.

De hecho, según el mismo portal, este grupo de criminales existe antes de que el terror se apoderara de la región por cuenta de alias Niño Guerrero (Héctor Rusthenford Guerrero Flores, cabecilla máximo del Tren de Aragua), y de que sus secuaces aparecieran en el plano nacional, y en todo el continente.

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El alto oficial en Colombia señaló desde una publicación hecha desde su cuenta de X la mañana del viernes 15 de agosto de 2025, que se ejecutó la retención de tres ciudadanos venezolanos (dos hombres y una mujer) que tenían notificación roja de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal).

El procedimiento, liderado por el Bloque de Búsqueda, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se realizó tras requerimientos de las autoridades de Venezuela, que los acusan de los delitos de asociación ilícita, terrorismo y tráfico de armas.

Tren del Llano buscaba expandir su accionar en Colombia: esto dijo el general Triana

El Tren del Llano es una organización delictiva es señalada como responsable de homicidios, secuestros, hurtos y extorsiones contra el sector ganadero y agrícola en Venezuela.

“Su presencia en Medellín no solo obedecía a evadir a las autoridades del vecino país, sino que pretendían iniciar contactos con grupos criminales del Valle de Aburrá para incursionar en el tráfico de armas”, explicó el general Triana en su mensaje.

Asimismo, y en medio de la acción de los uniformados “se incautaron más de 2.000 dólares y tres celulares”, agregó el director de la Policía Nacional de Colombia.

De acuerdo con la investigación, los sujetos ingresaron de manera irregular a Colombia y se radicaron en Medellín, y gracias a este resultado se espera que en los próximos días se puedan cumplir con los trámites de rigor para

Por último, y durante lo corrido de 2025, el general Triana precisó que la Policía Nacional de Colombia ha realizado 90 retenciones gracias a circulares rojas emitidas por la Interpol.

Una fuente que habló con el diario El Tiempo aseguró que “los investigadores establecieron que las personas no salían del lugar y recibían todos los suministros a través de intermediarios, manteniendo un esquema de seguridad permanente”, tras confirmarse que los dos hombres y la mujer llevaban solo 25 días en Colombia.

Llegaron a un lujoso apartamento que está avaluado en 800 millones de pesos colombianos. Aquí se conoció uno de los primeros detalles que hicieron caer a los aprehendidos: llegaron solo con una cama, una nevera y un sofá.

“Nunca salían. Todo lo que necesitaban se les llevaba, incluso la comida. Las visitas llegaban en vehículos con vidrios polarizados y permanecían poco tiempo”, agregó la misma fuente, que además confirmó que el segundo detalle que permitió ubicarlos fue que identificaron el vehículo que se encargaba de llevarles los víveres hasta el inmueble, ubicado en una de las tres torres que se dividen en 90 apartamentos.

Miembros del Tren del Llano ofrecían servicios de sicariato en Medellín: hasta tenían catálogo

La información recopilada por los organismos de inteligencia permitió identificar que esta organización ofrecía servicios de sicariato con tarifas que comenzaban en 100.000 dólares por acción.

Las autoridades investigan si logró ejecutar operaciones en Medellín, aunque confirmaron vínculos directos con los grupos delincuenciales La Terraza y La Sierra.

Fuentes señalaron que el armamento sería introducido desde Venezuela y luego distribuido a estas organizaciones locales. Asimismo, un oficial de la Dijín precisó al mismo diario colombiano que el crimen organizado venezolano que llegó a Medellín se integró con grupos locales para negociar y proporcionar servicios especializados de este tipo.

Por tal razón, los tres teléfonos celulares que serán analizados para determinar su relación con actividades ilícitas.

Autoridades venezolanas asocian esta estructura con homicidios, secuestros, hurtos y extorsiones dirigidas al sector ganadero y agrícola, actuando en estados llaneros fronterizos con Colombia, como el departamento de Arauca.

La Policía Nacional informó que en lo que va de 2025 se han realizado 90 capturas basadas en Notificaciones Rojas de Interpol, como parte de la estrategia contra el crimen transnacional.

La historia del Tren del Llano: una de las empresas criminales de más vieja data en Venezuela, incluso que el Tren de Aragua

El Tren del Llano es una de las megabandas del crimen organizado más antiguas y persistentes de Venezuela, con amplia influencia en la región central del país.

De acuerdo con el medio especializado, en su reportaje se indicó que esta empresa del crimen surgió en 2008 (el surgimiento del Tren de Aragua se dio entre 2009 y 2010 en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua) en el contexto de las obras ferroviarias entre Guárico y Apure, donde sectores de la Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT) evolucionaron hacia actividades delictivas. Una especie de paramilitarismo, en otras palabras.

Su fundador, José Antonio Tovar Colina, alias El Picure, lideró la transformación de una estructura sindical en una organización dedicada en principio al robo de vehículos y, progresivamente, al secuestro, sicariato, extorsión y microtráfico en los estados Guárico, Aragua, entre otras.

El accionar del grupo ganó notoriedad nacional en 2013 tras el asesinato de un policía en El Sombrero, Guárico, y una masacre en 2014 en una finca de Aragua, donde murieron 11 personas durante un enfrentamiento con rivales. Las fuerzas de seguridad intensificaron la persecución y en mayo de 2016, “El Picure” cayó abatido durante un operativo.

El Tren de Aragua no anda con juegos: incluso amenazaron al dictador Nicolás Maduro

Pese a la muerte de su líder, la banda se rearticuló bajo el mando de Gilberto Malony Hernández, alias Malony, que operó desde el sector Tapón de Guanape, en el Parque Nacional Guatopo, consolidando la extorsión como principal fuente de ingresos, particularmente en Altagracia de Orituco.

Malony impulsó una gobernanza criminal caracterizada por control social, reparto de regalos y ocasionales acciones de justicia paralela. En 2019, la banda exhibió su fuerza en videos donde miembros armados realizaban disparos al aire en público.

En 2020, una facción se desplazó al estado venezolano de Sucre para aprovechar rutas de tráfico de drogas hacia el Caribe. Tras el robo de un cargamento de cocaína vinculado al Cartel de los Soles (grupo criminal por el que Maduro fue acusado por Estados Unidos de ser su líder, y por tal motivo se incrementó la recompensa a 50 millones de dólares por parte del FBI a quien ayude a la captura del líder del régimen), fuerzas estatales venezolanas lanzaron una operación en noviembre de 2021, resultando en la muerte de “Malony” y decenas de miembros, cuyos cuerpos no fueron devueltos a familiares.

Tras esa operación, la dirección pasó a manos de Óscar de Jesús Noguera Hernández (“Óscar del Llano” o “El Pipi”,y que es uno de los hombres más buscados en Venezuela), que mantiene la operatividad de la banda desde Guárico y zonas montañosas de Guatopo, donde el grupo encuentra refugio frente al acecho militar de la dictadura.

Investigaciones recientes indican intentos de expansión hacia Apure, aunque en 2024 se reportó la expulsión del grupo por parte de autoridades locales.

“Aquí no estamos hablando de que yo soy malandro, de que alguien es malandro, de que X o Y, de que somos negros o blancos. Estamos hablando de un pueblo que está maltratado, pasando hambre. ¿Me entiende? No puedo creer que nosotros, que según somos los malos de la película, tengamos más principios que ustedes, los funcionarios. ¿Me entiende?“ dijo en una grabación que se conoció a comienzos de 2024 uno de los cabecillas del Tren del Llano tras la reelección de Maduro, considerada ilegal por varios países del continente.

“Por aquí paso diciéndolo otra vez al hampa, chamo, ¿qué es lo que es, huevón? Vamos a estar atentos todos los que faltan por unirse a la causa, nada más estar pendientes. Si, si reprimen al pueblo, salimos nosotros. Si el pueblo marcha en paz y los funcionarios no joden al pueblo, no maltratan al pueblo, nosotros nos quedamos quietos, porque de verdad, si, si no maltratan al pueblo, no tendríamos nada que hacer ahí“, agregó el encapuchado junto a sus secuaces, armados con fusiles.

El pacto entre el Tren del Llano y el Tren de Aragua en Venezuela

El Tren del Llano ha esquivado la destrucción total a través de la fragmentación en células y el reagrupamiento constante, resistiendo las ofensivas de seguridad, incluidos operativos de gran escala como la operación Trueno y la operación Zaraza 2024, que desplegaron hasta 6.000 efectivos militares en respuesta a ataques de la banda contra funcionarios y por disputas vinculadas al clima post-electoral.

En cuanto a alianzas y conflictos, el Tren del Llano habría pactado con el Tren de Aragua para delimitar territorios criminales, aunque su principal adversario es Nicolás Maduro, debido a la negativa del grupo de someterse a las reglas impuestas al resto del panorama delictivo.

La permanencia del Tren del Llano, a pesar de los golpes sufridos, se explica por su flexibilidad organizacional y capacidad para mantener una red de extorsión que sigue afectando a comerciantes y productores agropecuarios de Guárico y zonas limítrofes, destaca el artículo del medio especializado en grupos criminales y redes de narcotráfico que operan alrededor del mundo, y con especial atención en América Latina.

Las exigencias económicas (aumento de cobros de extorsiones, práctica a la que el Tren de Aragua le ha sabido sacar provecho en Colombia) evidenciando la presión financiera que enfrenta la estructura y, pese al debilitamiento por la acción del régimen de Maduro, la banda continúa siendo un actor relevante en el crimen organizado venezolano, valiéndose de la atomización en células pequeñas para dificultar el accionar de las fuerzas de seguridad y garantizar su subsistencia en el entorno regional.

En una serie de allanamientos ejecutados en simultáneo en al menos tres barrios de Salta, la Policía incautó una importante cantidad de droga y detuvo a varias personas. Además, encontraron teléfonos celulares e investigan si están relacionados con un robo ocurrido días atrás al equipo de fútbol Central Norte.

Los barrios registrados fueron Villa San Antonio, Villa Lavalle y La Paz, ubicados al este y sudeste de la ciudad capital. El operativo, encabezado por la Policía de Salta a través de la División de Investigación Narcocriminal, fue producto de denuncias anónimas efectuadas en la web, en las que vecinos advirtieron sobre la comercialización de estupefacientes en la zona. Allí, encontraron una gran cantidad de pasta base y cocaína.

“Los allanamientos son por comercialización de pasta base”, confirmó el comisario Héctor Castelli, quien supervisó los procedimientos que se extendieron hasta pasado el mediodía del miércoles. De acuerdo con lo informado por El Tribuno, durante el despliegue policial ingresaron a diferentes domicilios donde, además de drogas, obtuvieron numerosos elementos de interés para la causa judicial, incluyendo varios celulares.

Algunos de estos dispositivos podrían corresponder a los teléfonos sustraídos, a principio de agosto, al plantel del equipo de fútbol Central Norte. De igual forma, aún aguardan la confirmación oficial de los resultados de los peritajes.

Según el portal Todo Salta, los detenidos serían al menos ocho personas, aunque no trascendió el número exacto. Además, durante el procedimiento policial, una ambulancia debió asistir a un familiar de uno de los delincuentes que se descompensó tras la aprehensión. Las autoridades continúan trabajando para encontrar el alcance de las operaciones.

El robo de los celulares del plantel del equipo de la Primera B Nacional ocurrió durante una práctica matutina, lo que le permitió a los delincuentes actuar sin inconvenientes. Los individuos ingresaron a la sede de la institución ubicada en avenida Entre Ríos y Brown, y se llevaron al menos cinco teléfonos celulares de alto valor, pertenecientes a los jugadores. De acuerdo con los datos que brindó El Tribuno, habrían sido dos personas. “Todo indica que entraron por la cancha de vóley”, comentaron allegados al equipo.

El comisario Cristian Aguilera Alaníz, confirmó en declaraciones a Cadena 3, que un empleado del club fue quien dio aviso a las autoridades tras descubrir el robo. En ese momento se inició una investigación, la cual permanece abierta. El funcionario aseguró que se está intentando dar con la identidad de los responsables mediante el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas tanto dentro de la sede deportiva como en viviendas linderas.

Al menos siete detenidos por tráfico de drogas

Siete personas fueron detenidas a principios de junio en el Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes, Salta, durante un operativo por tráfico de drogas y celulares dentro de la prisión.

Entre los arrestados figuran internos y personal del Servicio Penitenciario Federal, según confirmaron fuentes vinculadas a la causa. La intervención se desplegó en el horario de visitas, bajo la coordinación del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, con la supervisión de la jueza federal Mariela Giménez.

El procedimiento se activó minutos después del mediodía, cuando fuerzas nacionales aseguraron el penal y evacuaron a los visitantes. Las autoridades sorprendieron a los internos en plena jornada de actividades y, al percatarse de la irrupción policial, varios detenidos intentaron deshacerse de envoltorios con estupefacientes y teléfonos móviles, lanzándolos por las ventanas de los pabellones.

Los agentes lograron incautar diversos paquetes de drogas junto a dispositivos electrónicos y otros objetos de valor judicial. La hipótesis principal sostuvo que existe una red de distribución de drogas y celulares administrada desde el interior del complejo penitenciario, con participación de personal penitenciario que habría facilitado el ingreso de los productos ilegales.

La madrugada del lunes, un asalto con características de operación planificada interrumpió la tranquilidad de una urbanización privada en San Sebastián de los Reyes, en Madrid.

El empresario Álvaro Romillo, figura conocida en redes sociales bajo el nombre de CryptoSpain y vinculado al político español Alvise Pérez, denunció haber sido víctima de un secuestro y robo millonario dentro de su residencia.

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De acuerdo con su declaración ante la Policía Nacional, el incidente ocurrió cerca de las tres de la mañana, aproximadamente una hora después de que él y su pareja regresaran de un viaje. Cinco hombres, a quienes describió como “de nacionalidad colombiana”, irrumpieron en la vivienda. Iban encapuchados, vestían de forma similar, usaban guantes y portaban una pistola, un dispositivo taser y un cuchillo tomado de la cocina del domicilio.

Romillo relató que los intrusos los redujeron rápidamente, sujetándolos con bridas y cubriéndoles la boca con cinta aislante roja. La pareja fue retenida durante cerca de cuatro horas, mientras los asaltantes ejecutaban un plan que incluyó forzar al empresario a transferir 1,2 millones de euros en criptomonedas. Además, se apoderaron de relojes valorados en aproximadamente 500.000 euros, joyas y una pequeña suma en efectivo, estimada en 200 euros.

El empresario explicó que la operación de los delincuentes fue coordinada y meticulosa, sin dejar rastros visibles. Según fuentes policiales citadas por medios como El Español y El Mundo, el hecho llamó la atención por la precisión en los movimientos y la ausencia de huellas gracias al uso de guantes.

Una vez que los agresores abandonaron el lugar, Romillo logró liberarse y buscó ayuda a través de un servicio de seguridad privada, que posteriormente alertó a las autoridades. Efectivos de la Policía Judicial y de la Policía Científica llegaron a la escena para iniciar la recolección de pruebas y abrir la investigación. Hasta el momento, los cinco implicados continúan prófugos.

Romillo es un personaje conocido en el ámbito de las inversiones de alto riesgo. Fue representante visible del proyecto Madeira Invest Club (MIC), calificado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como un “chiringuito financiero”. Actualmente se encuentra bajo investigación por la Audiencia Nacional por su presunta vinculación en una estafa piramidal y por la supuesta financiación irregular del partido Se Acabó la Fiesta, liderado por Alvise Pérez.

En julio de este año, el empresario declaró ante el Tribunal Supremo que había entregado 100.000 euros en efectivo para la campaña electoral de Pérez, afirmación que el político ha negado públicamente. Este antecedente ha generado interés mediático en el caso, aunque las autoridades han insistido en que la investigación del robo avanza de manera independiente a otros procesos.

Las diligencias policiales incluyen el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad en la urbanización y áreas cercanas, así como la revisión de movimientos financieros relacionados con las transferencias en criptomonedas. El uso de este tipo de activos digitales, que ofrecen cierto anonimato, representa un reto adicional para los investigadores.

La suma sustraída, cercana a los dos millones de euros entre dinero y bienes, convierte este hecho en uno de los robos domiciliarios más significativos registrados en la zona en los últimos años. La Policía ha solicitado colaboración ciudadana para obtener información que permita dar con el paradero de los responsables.

Mientras tanto, Romillo ha mantenido un perfil activo en redes sociales, donde ha recibido mensajes de apoyo y comentarios sobre el incidente. Aunque no ha ofrecido más detalles públicos, reiteró que el ataque se produjo de forma violenta y que él y su pareja resultaron ilesos físicamente, aunque bajo evidente afectación emocional.

Fuentes de investigación señalan que no se descarta ninguna hipótesis sobre la motivación del asalto, incluyendo la posibilidad de que estuviera relacionado con su actividad empresarial y su exposición pública. El caso continúa abierto y bajo seguimiento tanto de la Policía Nacional como de las autoridades judiciales.

Elementos de las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) lograron el rescate de dos paramédicos secuestrados en la ciudad de Chihuahua y la detención de tres personas presuntamente implicadas en los hechos, uno de los cuales resultó lesionado al intentar huir.

La intervención de las fuerzas del orden se dio en la ciudad de Parral, luego de una persecución que inició cuando los presuntos responsables detectaron la presencia policial y liberaron a sus víctimas bajo un puente.

El operativo se originó cuando los dos paramédicos, una mujer de 24 años y un hombre de 26 años, respondieron a una solicitud de servicio a bordo de una ambulancia particular en la capital del estado.

Los acontecimientos en orden cronológico

Durante esta labor, fueron privados de la libertad y posteriormente trasladados en la propia ambulancia hasta la ciudad de Parral. En este municipio, los integrantes de las Células BOI —conformadas por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN)— localizaron la unidad de emergencia en el acceso a la ciudad.

Al advertir la presencia de las autoridades, los presuntos involucrados optaron por liberar a los paramédicos debajo de un puente y continuaron la huida en la ambulancia. Las fuerzas de seguridad inspeccionaron el lugar y rescataron a las dos víctimas, quienes se encontraban maniatadas y en estado de shock.

Refirieron que el secuestro se produjo cuando acudieron a un llamado de auxilio, tras lo cual fueron sometidos y privados de la libertad.

La persecución de la ambulancia finalizó en la calle Cherokees, de la colonia Villas del Tecnológico, donde el vehículo chocó contra un poste. Dos individuos descendieron del vehículo e intentaron escapar saltando por los techos de viviendas aledañas. Sin embargo, ambos fueron alcanzados y detenidos por elementos de seguridad.

Uno de los sujetos, identificado como Marco Antonio S. Y., de 22 años y originario de Durango, sufrió lesiones al caer de un techo mientras huía y recibió atención médica. El segundo detenido fue identificado como Carlos Iván R. F., de 35 años, también originario de Durango. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur por su presunta participación en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo.

Pocos minutos después, en otra intervención de las autoridades sobre el periférico Luis Donaldo Colosio, fue detenido Javier D. C., de 25 años, igualmente originario de Durango. Según la información oficial, esta persona presuntamente cumplía labores de “halconeo”, es decir, vigilancia y aviso para facilitar la fuga de los implicados.

Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta correspondiente para determinar su situación legal por los hechos acontecidos.

Las autoridades reiteraron que, de acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, en cumplimiento del artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ciudad del Vaticano, 10 ago (EFE).- El papa León XIV mostró su preocupación por la situación en Haití y pidió la liberación inmediata de los rehenes y ayuda concreta de la comunidad internacional para que los haitianos puedan vivir en paz, en un llamamiento al final del rezo dominical del ángelus en la Plaza de San Pedro.

"La situación del pueblo haitiano es cada vez más desesperada. Hay noticias de asesinatos, violencia de todo tipo, trata de personas, homicidios de todo tipo y secuestros", señaló el pontífice estadounidense asomado a la ventana del palacio pontificio ante cientos de personas congregadas en la plaza.

León XIV realizó entonces un fuerte llamamiento "a todos los responsables para que liberen inmediatamente a los rehenes" y también solicitó "el apoyo concreto de la comunidad internacional para crear las condiciones sociales e institucionales que permitan a los italianos vivir en paz":

Hace unos días, la archidiócesis de Puerto Príncipe condenó "con vehemencia" el secuestro de ocho personas, entre ellas un niño y una misionera irlandesa, ocurrido el domingo pasado en el orfanato Sainte-Helene de Kenscoff, en la parte alta de Puerto Príncipe, calificándolo de "nuevo acto de barbarie" e "ignominioso".

Se trata de "una señal más, entre tantas otras, del colapso moral, del fracaso del Estado y de una sociedad que está perdiendo el sentido de la vida y la dignidad humana", señaló la archidiócesis en un comunicado, en el que afirma haber recibido la noticia con "profunda tristeza" y "gran indignación".

Tropas adscritas a la Brigada número 11 del Ejército Nacional de Colombia anunciaron la captura de un hombre identificado como alias Alonso, presunto cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda, del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo.

Según el reporte oficial, la operación se llevó a cabo en el municipio de Zaragoza, ubicado en la región del Bajo Cauca antioqueño.

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Igualmente, los militares incautaron un revólver calibre 38 mm, 18 cartuchos, dos celulares y una motocicleta que estaban en poder del detenido.

De acuerdo con la investigación militar, este sujeto cuenta con una trayectoria delictiva de 15 años y habría ejercido el liderazgo de la organización en Zaragoza y en El Bagre (Antioquia).

Además, el Ejército indicó que alias Alonso habría ordenado el asesinato de dos hombres el 13 de junio de 2025 en una zona rural de El Bagre.

“En el sitio fueron hallados dos cuerpos con signos de tortura e impactos de bala, hecho que fue atribuido al GAO Clan del Golfo y respondería a una «limpieza social» ordenada por el sujeto en mención como parte de una estrategia de control territorial y criminal”, mencionó la institución castrense en un comunicado.

Además de los homicidios, al hoy detenido también se le atribuye el secuestro de un joven de 24 años durante el mismo mes de junio en el mismo municipio antioqueño. “Inicialmente, la víctima fue retenida en el casco urbano del municipio de El Bagre y trasladada al área rural de Zaragoza, donde tropas del Ejército Nacional lograron rescatarla”, añadió el Ejército.

El control de las rentas ilegales constituía otra de las funciones principales de alias Alonso dentro de la sub estructura mencionada. Según los reportes militares, “sería el encargado de coordinar el cobro de cuotas extorsivas a empresas y comerciantes locales, así como de controlar el recaudo de rentas ilegales en el casco urbano y zonas rurales estratégicas de su área de injerencia, imponiendo pagos bajo amenazas de agresión, cierre forzado y atentados”.

Tras su captura, el detenido y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que determinará su situación judicial.

Para el Ejército Nacional, la captura de uno de sus principales operadores no solo interrumpe el flujo de economías ilícitas como el narcotráfico y la extorsión, sino que desarticula la capacidad de la organización para ejecutar acciones de intimidación y violencia.

“El Ejército Nacional reafirma su compromiso en la consolidación y estabilización de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, desplegando operaciones contundentes orientadas a proteger y defender a las comunidades de esta zona del país”, concluyeron en el comunicado.

Diálogos entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo

La captura de alias Alonso se da luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la reanudación de las conversaciones de paz entre el Gobierno nacional y el Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo.

Durante su intervención en un acto público realizado en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, el mandatario nacional señaló que esta nueva ronda de negociaciones utiliza como base jurídica, el proyecto de ley presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ante el Congreso de la República, el 20 de julio de 2025, con la que se busca otorgar beneficios penales a jefes de grupos criminales en el país.

“Quiero informar a la población que hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista. He iniciado varias. Yo no me canso de hablar, me dicen que soy un poco pendejo”, explicó el jefe de Estado.

Del mismo modo, el presidente Petro enfatizó que, más allá de avanzar en las conversaciones con el grupo armado, es necesario que, desde el legislativo, se avance en la discusión de la iniciativa presentada por Montealegre.

“La condición para hablar, la condición para hacer un trato, que tiene que ver con el mundo jurídico, por eso se llama socio jurídico, no depende tanto de mí. De mí depende lo socio, la sociedad en el territorio, su riqueza alternativa, pero lo jurídico es independiente al Gobierno. Se ha presentado un proyecto de ley que ojalá el Congreso de la República estudie a profundidad”, puntualizó.

Entre tanto, el comisionado de paz, Otty Patiño, aseveró que están próximos a alcanzar primeros acuerdos con esta organización ilegal.

“Con ellos empezamos a hablar y estamos llegando a un punto de unos primeros acuerdos que, a su debido tiempo, daremos a conocer cuando esto suceda”, declaró el funcionario en diálogo con El Espectador.

No obstante, reconoció que, ante la persistencia de sus operaciones en el territorio colombiano, el proceso ha enfrentado varias dificultades.

“El Gobierno hizo una gran ofensiva sobre el Clan del Golfo, todavía se mantiene esa gran ofensiva, y hablar con ellos aquí en el territorio nacional compromete la seguridad de quienes hablan, del Gobierno, pero también de ellos. Pensamos que hay que buscar una manera de poder hablar con ellos sin que se suspenda la ofensiva contra ellos, pero al mismo tiempo buscándole una salida”, expresó al medio citado.

Una adolescente de 15 años, que había desaparecido días atrás en Alta Gracia, provincia de Córdoba, fue localizada durante las últimas horas en un operativo realizado en Ciudadela, en el Conurbano bonaerense. La menor era víctima de un secuestro extorsivo y el hombre que la tenía retenida exigía una suma considerable de dinero en euros a cambio de su restitución.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la investigación comenzó cuando la Fiscalía Federal N° 1, a cargo del doctor Enrique Senestrari, ordenó la intervención del Departamento Antisecuestros de la Policía cordobesa. La orden fue impartida en la tarde del martes y, de inmediato, los efectivos comenzaron a rastrear pistas que permitieran determinar el paradero de la joven. Las tareas investigativas permitieron ubicar a la menor fuera de la provincia, más precisamente en una vivienda ubicada en Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

Al obtener ese dato, la Justicia Federal de Córdoba se comunicó con sus pares bonaerenses. En paralelo, desde el Departamento Antisecuestros se activó el protocolo correspondiente y se solicitó colaboración a la Policía Federal Argentina, a través de su división especializada en secuestros extorsivos. Con esa información sobre la mesa, un equipo de esa fuerza se presentó en el domicilio aportado por la investigación y logró rescatar a la adolescente, que se encontraba en el lugar. En ese mismo procedimiento, fue detenido un hombre mayor de edad, sindicado como el presunto autor del hecho.

El detenido quedó alojado en una dependencia policial y a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras que la joven, una vez resguardada, fue contenida por personal especializado. En declaraciones difundidas por fuentes policiales, se indicó que “la misma se encontraba en buen estado de salud”.

Durante la mañana de este miércoles, partió desde Córdoba una comitiva de investigadores con el objetivo de trasladar a la adolescente a su provincia de origen. En ese mismo viaje, también se concretaría el traslado del acusado, para que sea indagado en el marco de la causa por secuestro extorsivo.

La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, que continúa con las actuaciones correspondientes. Las actuaciones se desarrollaron con intervención de varias jurisdicciones y coordinación entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales. Según confirmaron desde la investigación, la suma exigida por el acusado no fue abonada.

Un secuestro en Munro reveló una insólita red internacional de tráfico de cálculos biliares de vaca

La Justicia y la Policía Federal esclarecieron uno de los casos más insólitos en la historia criminal argentina reciente: un secuestro extorsivo conectado a una red internacional de tráfico de cálculos biliares de vaca. Estas piedras, halladas en la vesícula del animal, son empleadas en la medicina tradicional china y en la industria farmacéutica, con un valor de más de 200 dólares el gramo, de acuerdo a un reciente informe de la BBC.

Seis sospechosos fueron detenidos por el Departamento Antisecuestros Sur de la PFA -que depende de la nueva DFI- en una causa a cargo del fiscal Federico Iuspa y el juez federal Lino Mirabelli. Cinco de estos detenidos pertenecen a la comunidad gitana.

Se allanaron siete objetivos, cinco de ellos ubicados en Mar de Ajó. Se secuestraron armas, $4 millones en efectivo, tres celulares que podrán ser peritados y varios autos, entre ellos una camioneta Chevrolet Duster con pedido de secuestro, robada en Haedo a fines de 2024.

El secuestro fue cometido el 15 de noviembre de 2024. La víctima fue un comerciante de 46 años, vecino de Olivos, ex empleado de un jardín de infantes, que, según reconoció él mismo a la Justicia, se dedicaba a la compra y venta de cálculos biliares de vaca.

Trece días antes del hecho, el comerciante contactó por Facebook a un hombre que se hacía llamar “Jony”, oriundo de Paraguay, que le envió una serie de cálculos por encomienda, que retiró en la terminal de Retiro. Poco después, un tal “Santiago”, supuestamente vinculado a “Jony”, le propuso un nuevo negocio. Para concretarlo, el comerciante debía encontrarse con él en una estación de servicio de la zona de Munro.

Así, se juntaron. “Santiago” se presentó a sí mismo. Era un hombre de ojos claros, 1,60 de estatura. Poco después, el comerciante recibió una golpiza a traición. Dos hampones que acompañaban al hombre lo subieron a un Ford Focus. Le quitaron su teléfono y el poco efectivo que llevaba.

El Ford Focus arrancó. En pleno viaje, los delincuentes discutían qué dirección tomar. Uno de ellos le colocó una capucha en el rostro a la víctima. En el camino, comenzaron a discutir el rescate con la familia del comerciante. El auto siguió por el Camino del Buen Ayre y los captores llevaron al comerciante a una casa, donde la golpiza continuó. Finalmente, fue liberado esa misma noche en la zona de Moreno. Los secuestradores pidieron 25 mil dólares para soltarlo. Sin embargo, no consta en el expediente que la familia -que denunció el hecho- los haya pagado.

La Fiscalía de Lesa Humanidad de Rosario, encabezada por el fiscal general Adolfo Villatte, presentó sus alegatos en el juicio de la causa “El Villazo” y solicitó la pena de prisión perpetua para dos ex directivos de la empresa Acindar. Dieron por probada su participación en homicidios, secuestros y tormentos cometidos contra trabajadores metalúrgicos y ferroviarios durante la represión ocurrida en la zona industrial de Villa Constitución durante 1975.

Además, los fiscales pidieron condenas de entre 10 y 25 años de cárcel para 15 ex policías federales y un ex policía provincial.

El alegato del Ministerio Público Fiscal (MPF) se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario, que integran los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci.

En “El Villazo” se investigaron los crímenes perpetrados contra 57 personas. Entre las víctimas se encontraban trabajadores vinculados a la Seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), así como militantes políticos y simpatizantes de la “Lista Marrón” de esa organización sindical, que poco antes había obtenido la dirección gremial tras ganar las elecciones.

Según la acusación fiscal, los primeros secuestros de las víctimas se produjeron entre el 20 y el 26 de marzo de 1975, y siguieron en los meses de abril, mayo y junio de ese mismo año. Las privaciones ilegítimas de libertad se extendieron por períodos de meses o incluso años en algunos casos. La Fiscalía también estableció que en enero y marzo de 1976 se registraron otros secuestros y homicidios vinculados a estos eventos.

Quiénes son los acusados

Para los ex directivos de Acindar, Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo, quienes se desempeñaban como personal jerárquico al momento de los hechos, el MPF demandó prisión perpetua. Esta solicitud se fundamentó en su presunta participación en ocho casos de homicidio agravado, 29 casos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados, además de su presunta integración en una asociación ilícita.

En cuanto a los efectivos de las fuerzas de seguridad, el fiscal Villatte solicitó diversas condenas. Para Roberto Álvarez, un ex integrante de la Policía Federal Argentina (PFA), pidió 25 años de prisión. Se le consideró responsable de 40 casos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados, además de su presunta pertenencia a una asociación ilícita.

La misma pena de 25 años se reclamó para Amadeo Chamorro, ex miembro de la Guardia Rural “Los Pumas” de la Policía de Santa Fe, por 23 casos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados.

Un grupo de otros diez policías federales también enfrentaron un pedido de pena de 25 años. Estos agentes, identificados como Roberto Squiro, Oscar Vessichio, Juan Carlos Faccendini, Emilio Marciniszyn, Aldo Gradilone, Carlos Brest, Daniel Valdes, Carmen Grosolli De Hellaid, Ricardo Burguburu y Juan Carlos Romero, fueron acusados por la privación de la libertad agravada y los tormentos agravados de 23 víctimas, así como por la comisión del delito de asociación ilícita.

Para otro imputado, Aníbal Lozano Windus, el MPF solicitó 16 años de prisión por la privación de la libertad agravada y los tormentos agravados de cuatro víctimas, además de haber integrado la asociación ilícita.

Para Oscar Roberto Giai se pidieron 14 años de prisión por los mismos delitos, pero en perjuicio de dos víctimas, y también se le consideró parte de la asociación ilícita.

Finalmente, para los policías Horacio Miguel Nardi y Juan De Jesús Martínez, la fiscalía requirió 10 años de prisión para cada uno, por la privación de la libertad agravada y los tormentos agravados de una víctima, respectivamente, y por su presunta integración en la asociación ilícita.

Cárcel común y reparaciones

En los alegatos, la fiscalía también reclamó que las sentencias impuestas se cumplan en cárceles comunes y que se asegure su cumplimiento inmediato.

En materia de reparaciones simbólicas, y en consonancia con los tratados internacionales de Derechos Humanos, los fiscales realizaron varias peticiones.

La Unidad Fiscal de Lesa Humanidad demandó que se ordene al Poder Ejecutivo nacional y al provincial señalizar como “Centros Clandestinos de Detención” los edificios de la Jefatura de Policía de Villa Constitución, la Delegación Rosario de la PFA y la Prefectura Naval Argentina Rosario, prohibiendo cualquier modificación de estas estructuras.

Solicitaron también que se ordene a los medios de comunicación locales de mayor circulación en Villa Constitución que publiquen el veredicto de la causa en sus ediciones impresas y online.

Asimismo, los representantes del MPF exigieron que se ordene a las empresas Acindar, Metcon, Wobrom, Villber y Marathon, o sus continuadoras o sindicaturas concursales, que dejen constancia en los legajos personales de las víctimas que la no presentación a sus puestos laborales se debió a que fueron asesinadas o privadas ilegítimamente de su libertad, conforme al relato de los hechos expuesto por la acusación. Esta medida busca corregir registros donde en muchos casos se hizo constar un abandono voluntario de sus trabajos.

Por último, en aplicación al derecho a la verdad histórica, la fiscalía pidió que se declare probada la participación de personal del Ejército Argentino, la Prefectura Naval Argentina y la Triple A, que actuó al servicio de las fuerzas armadas.

El veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario se conocería durante septiembre.

En unas declaraciones al diario 'Bild', el más leído de Alemania, Merz dijo estar "horrorizado por las imágenes" que han trascendido estos días de los dos secuestrados durante los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023.

"Estoy horrorizado por las imágenes de Evyatar David y Rom Braslavski. Hamás tortura a los rehenes, aterroriza a Israel y utiliza a su propia población en la Franja de Gaza como escudo humano", afirmó Merz, que consideró que ha llegado el momento de negociar un alto al fuego.

"No hay otra alternativa que negociar un alto el fuego. La liberación de todos los rehenes es un requisito imprescindible para ello. Israel no responderá al cinismo de Hamás y debe seguir prestando ayuda humanitaria", agregó.

Además, Merz señaló que Hamás no puede seguir en el ejercicio del poder en Gaza.

"Hamás no debe desempeñar ningún papel en el futuro de Gaza", manifestó Merz.

'Bild' también obtuvo una reacción del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, quien mostró su solidaridad con las víctimas de los secuestros y sus familiares.

Alemania "seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para lograr la liberación de los rehenes", dijo Wadephul.

Las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, difundieron este fin de semana dos videos de David en los que se le veía sufrir una delgadez extrema y en el que pide un acuerdo que le permita volver a casa, además de que Israel deje entrar alimento a Gaza.

En las imágenes, el joven aparece cavando su propia tumba.

El jueves la Yihad Islámica, organización captora de Braslavski, difundió un video en el que la víctima, sin parar de llorar y con un hilo de voz, decía estar muy hambriento y pedía también el acceso de comida para Gaza.

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