La Fuerza Antipandillas de Haití (GSF, por su siglas en inglés) confirmó este jueves la llegada de un contingente salvadoreño para reforzar la búsqueda y liberación de cuatro técnicos de aviación de El Salvador secuestrados tras un ataque de pandillas.

La misión tiene como objetivo apoyar las operaciones que ya desarrollan las autoridades haitianas y la fuerza multinacional. Los soldados permanecen desaparecidos desde el domingo 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que viajaban fue atacado en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe. De acuerdo con las autoridades, hombres armados abrieron fuego y utilizaron explosivos contra el vehículo, que se incendió tras la emboscada.

Los técnicos lograron salir del vehículo, pero las autoridades perdieron contacto con ellos después de que huyeron por un sector bajo influencia de grupos criminales.

De acuerdo con AP, El Salvador desplegó 100 integrantes de sus fuerzas especiales. A su vez, la agencia señala que un funcionario salvadoreño, en condición de anonimato, sostuvo que otro centenar de efectivos serían enviados a Haití durante la noche del jueves. Según esa fuente, el operativo trabaja bajo la premisa de que los cuatro hombres continúan con vida.

Bukele lanzó una advertencia a las pandillas

El jefe de Estado salvadoreño puso en marcha una operación militar cuyo único objetivo es recuperar a los técnicos “vivos y sin daños”. Además, sostuvo que los desaparecidos no tenían tareas de combate y que su misión se concentraba en labores aéreas, evacuaciones médicas y apoyo técnico.

En un mensaje dirigido a los líderes de las pandillas haitianas, Bukele aseguró que la ofensiva podía escalar si los cuatro hombres no eran liberados. También planteó que la situación volvería al punto anterior al secuestro si los salvadoreños regresaban con vida e ilesos.

El ataque ocurrió mientras los técnicos regresaban a su base tras realizar compras de alimentos, según la versión difundida por el gobierno salvadoreño y recogida por medios internacionales. La zona de Santo forma parte de Croix-des-Bouquets, un municipio donde operan grupos armados y que registra enfrentamientos frecuentes entre las pandillas y las fuerzas de seguridad.

Haití declaró que la liberación es una prioridad

El Gobierno de Haití calificó la liberación de los cuatro técnicos como una “prioridad absoluta” y comunicó que movilizaría los recursos necesarios para ubicarlos. La declaración siguió a una reunión en la oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, para evaluar las operaciones en curso y coordinar medidas con la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Las autoridades informaron que la Policía Nacional de Haití y las unidades internacionales presentes en el país mantienen operativos en el área del ataque. Los residentes recibieron advertencias para permanecer en sus viviendas ante la continuidad de los enfrentamientos.

El contingente salvadoreño forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión multinacional respaldada por Naciones Unidas que comenzó a operar tras el reemplazo de la fuerza encabezada por Kenia. La nueva estructura reúne a poco más de 2,000 efectivos, por debajo de los 5,500 previstos para su despliegue total.

No hay una banda que se haya atribuido el ataque

Hasta el jueves, ninguna organización criminal se había atribuido la emboscada ni había divulgado información sobre el paradero de los cuatro salvadoreños. AP señaló que el ataque ocurrió en un territorio asociado con la banda Chèn Méchan, mientras que el grupo 400 Mawozo tiene presencia en sectores cercanos y dispone de mayor capacidad de fuego.

El analista Diego Da Rin, del International Crisis Group, advirtió a AP que localizar a los técnicos podría resultar muy difícil si las pandillas no deciden entregarlos. También sostuvo que el secuestro podría utilizarse para presionar a las autoridades y evitar operaciones de seguridad dentro de zonas bajo control criminal.

Un juez federal condenó a 41 años de prisión a cuatro integrantes de la banda de secuestradores conocida como “Los Carnales”, responsables de plagiar a tres víctimas en la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. La sentencia fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Los condenados son Jessica Miranda Rojas, Pedro de Jesús Mendoza Garavito, Gabriela Velasco García y Víctor Manuel Arámburo Lara. El juzgador los encontró responsables de los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, les impuso una multa de 215 mil 352 pesos y ordenó el pago de 3 millones 359 mil pesos por reparación del daño material en favor de las tres víctimas.

Qué pasó en el secuestro de Xochimilco

Los hechos ocurrieron en febrero de 2011, cuando los sentenciados privaron de su libertad a un matrimonio y a su hijo que circulaban en una camioneta sobre la carretera Xochimilco-Oaxtepec.

Las víctimas fueron trasladadas a una casa de seguridad en el municipio de Ecatepec, Estado de México, y tiempo después a otro inmueble en la colonia CTM-Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán.

En abril de ese mismo año, los familiares pagaron el rescate solicitado, pero los plagiarios solo liberaron al padre de familia, identificado como un empresario dedicado a la venta de mole. Un mes más tarde, la banda exigió una segunda entrega de dinero y únicamente soltó a la madre.

El hijo de la pareja, en cambio, logró escapar de sus captores por sus propios medios y pidió el auxilio de las autoridades. En total, los afectados pagaron alrededor de tres millones de pesos en concepto de rescate, de los cuales las autoridades lograron recuperar 700 mil pesos.

El rol de la fiscalía en el proceso

La condena fue resultado del trabajo del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Esta unidad, luego de diversos procedimientos, aportó las pruebas que resultaron contundentes para demostrar la responsabilidad penal de los acusados.

La FGR explicó que ese trabajo probatorio permitió sostener la acusación tanto por el delito de delincuencia organizada como por el de secuestro agravado, cargos por los que finalmente se dictó la sentencia condenatoria.

Como parte del fallo, la FGR obtuvo también el pago de la reparación del daño material en favor de las tres víctimas del secuestro, fijado en 3 millones 359 mil pesos. Este monto se suma a la multa impuesta a los sentenciados por 215 mil 352 pesos.

Quién es la banda de secuestradores “Los Carnales”

“Los Carnales” es el nombre con el que se identificó a la organización criminal dedicada al secuestro que operaba en la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en la Ciudad de México. El grupo fue desarticulado originalmente en 2011, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como procurador de justicia del entonces Distrito Federal.

El exfuncionario reveló en su momento que la banda estaba encabezada por tres internos del penal de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, quienes dirigían las operaciones del grupo desde prisión.

La organización mantenía como método de operación la interceptación de víctimas sobre la carretera Xochimilco-Oaxtepec. Para presionar el pago de los rescates, enviaba a los familiares videos en los que se veía a los plagiarios disparar contra los secuestrados sin llegar a herirlos, ya que previamente les colocaban una placa de acero como protección.

Las personas secuestradas por el grupo eran trasladadas y confinadas en casas de seguridad ubicadas en Ecatepec, Estado de México, y en la colonia CTM-Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Otros casos de bandas de secuestradores en la Ciudad de México

En julio de 2026, ocho personas fueron vinculadas a proceso por operar una red de secuestro y extorsión activa en ocho estados del país. El grupo estaba liderado por Jorge “N”, un exagente del Ministerio Público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Esa banda utilizaba documentos y uniformes oficiales para simular investigaciones, órdenes de captura y cateos, con el fin de privar de la libertad a sus víctimas bajo una apariencia de legalidad. El caso salió a la luz tras el rescate de una empresaria en Querétaro, por la que exigían un pago de 60 millones de pesos.

El grupo operaba en Querétaro, Estado de México, Tamaulipas, Morelos, Sinaloa, Sonora, Baja California y Chiapas. Los ocho implicados permanecen en prisión tras ser vinculados a proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Iván “N”, alias “Comandante Cromo”, identificado como probable integrante y jefe de plaza de Los Cromos, grupo relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. El imputado enfrenta cargos por posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, entre otros.

La investigación contra esta estructura alcanzó a presuntos operadores territoriales, financieros y personas relacionadas con mecanismos de protección desde el gobierno municipal de Juchitán. Para el 28 de septiembre, la Operación Sable acumulaba más de 250 detenidos, entre ellos familiares, personas de confianza y probables colaboradores del mando conocido como Comandante Cromo.

Un juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para Iván tras los argumentos presentados por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. El imputado quedó recluido en el CEFERESO No. 1 Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras se fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

La captura ocurrió en Guadalajara, Jalisco, tras labores de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y del Centro Nacional de Inteligencia. Las indagatorias lo ubicaron como posible integrante de una organización relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

Los Cromos extendieron su presencia en municipios del Istmo

Los Cromos surgieron como una organización delictiva local y posteriormente establecieron una alianza con el CJNG, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Su presencia fue documentada en Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo.

La estructura desarrolló una red con funciones diferenciadas: control del narcomenudeo, distribución de armamento y vigilancia de los movimientos de las corporaciones de seguridad. También fue señalada por instalar bloqueos carreteros, amenazar a comerciantes y atacar a integrantes de organizaciones rivales durante disputas por el control territorial.

Las investigaciones identificaron a Sánchez Santiago como jefe de plaza del CJNG en la región. Su zona de influencia se concentró en Juchitán de Zaragoza y otros municipios del corredor del Istmo, una región conectada por carreteras y vías ferroviarias entre Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Las autoridades también le atribuyeron actividades vinculadas con el control de rutas utilizadas para el traslado de migrantes. La Fiscalía estatal mantuvo a la extorsión en Juchitán entre los principales objetivos de sus investigaciones contra esta célula.

La ofensiva contra Los Cromos tomó fuerza desde abril de 2024, con labores de inteligencia y operativos que después quedaron asociados a la Operación Sable. Para diciembre de 2025, esa estrategia había derivado en la detención de 64 objetivos prioritarios en municipios del Istmo, mientras Sánchez Santiago permanecía entre los mandos buscados.

El alias Comandante Cromo había sido usado por otros integrantes

Iván fue la tercera persona que utilizó el alias de “Comandante Cromo” dentro de Los Cromos. En noviembre de 2025, el fiscal de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla informó que esa identidad criminal ya había sido empleada por otros dos integrantes de la organización.

Entre sus antecesores figuró Samuel Toledo Villalobos, también vinculado con ese nombre, según las investigaciones estatales. La sucesión del apodo mostró que la estructura mantuvo operaciones pese a los cambios de sus operadores y amplió su presencia hacia distintos municipios del Istmo.

Las indagatorias identificaron a Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias Fallo o Comandante Renco, como presunto dirigente de la organización. En esa estructura también figuraron Yesenia Sánchez Santiago, hermana de Iván, y José Luis Pineda Martínez, alias Pora.

Los reportes de seguridad situaron a Sánchez Santiago como responsable de operaciones en el Istmo bajo una organización encabezada por Álvarez Palma. Entre otros mandos aparecieron El Caporal, relacionado con un rancho utilizado para operaciones y resguardo de armas, así como El Pollo, señalado por homicidios y uso de vehículos blindados.

Las investigaciones incluyeron a hombres conocidos como El Fantasma, El Cali, El Tonche y El Macanannu. En febrero de 2026, las autoridades detuvieron a Alexis “N”, alias El Macanannu, a quien atribuyeron la distribución de armamento y la vigilancia de desplazamientos de fuerzas federales, además de posibles vínculos con secuestros y homicidios.

La investigación alcanzó a funcionarios del Ayuntamiento de Juchitán

La ofensiva contra Los Cromos también derivó en indagatorias sobre presuntas relaciones con funcionarios del Ayuntamiento de Juchitán. En septiembre de 2026, la Fiscalía estatal atribuyó al alcalde Miguel S., alias “Quetu”, actividades de protección política y económica a favor de la organización criminal.

Las investigaciones federales señalaron que desde la infraestructura municipal se habría facilitado información del Centro de Comando y Control para alertar sobre la presencia de corporaciones de seguridad. Al edil también se le atribuyó una probable participación en esquemas de cobro de piso, adquisición de armas y protección de casas de seguridad para el tráfico de migrantes.

Un día después de la detención del alcalde, las autoridades capturaron al excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, John Keny Moreno Segura. Fue señalado por presuntamente brindar protección a la misma organización y posteriormente fue vinculado a proceso por delitos contra la investigación y seguridad del Estado.

Las autoridades investigaron además la posible participación de Los Cromos en el asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán de Zaragoza, ocurrido en noviembre de 2025. El caso comenzó la noche del 10 de noviembre, cuando un comando armado irrumpió en un domicilio y asesinó a Adilene, de 21 años, madre de la menor, además de otras personas.

La niña fue reportada como desaparecida tras el ataque. Cerca de 15 horas después, el 11 de noviembre, un operativo conjunto de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal localizó su cuerpo sin vida en un domicilio de la colonia La Planta.

A Iván se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Richard Buchanan no era un preso común. Desde su celda en California, el hombre que las autoridades federales identificaron como integrante de la mafia mexicana orquestó durante dos décadas un entramado de extorsiones, apuestas ilegales, narcotráfico y conspiraciones de asesinato que se extendió por todo el sur del condado de San Diego.

El martes por la mañana, los guardias de la prisión estatal de Kern Valley lo encontraron sin signos vitales. Tenía 72 años.

La oficina forense del condado de Kern será la encargada de establecer la causa del deceso, informó Terri Hardy, vocera del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR), en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times.

Buchanan creció en los barrios de San Ysidro y Otay Mesa, al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, tal como consta en una declaración jurada del propio recluso. Aunque negó cualquier vínculo con la organización, un funcionario penitenciario testificó que fue identificado como miembro en 1989.

Los orígenes violentos de un ascenso criminal

Las autoridades sostuvieron que Buchanan ganó su lugar en la organización tras apuñalar a Manuel Rebeles, exintegrante de la Nuestra Familia —pandilla rival—, en una cárcel del condado de San Diego.

Rebeles levantaba pesas en el patio de ejercicios de la azotea cuando recibió tres puñaladas en el pecho, de acuerdo con un informe de los investigadores al que accedió Los Angeles Times. La víctima sobrevivió al ataque.

Los fiscales argumentaron que la agresión fue ordenada por dos miembros de la agrupación radicados en National City: Ronaldo y Héctor Ayala. Buchanan no fue condenado por ese hecho, pero pasó gran parte de las dos décadas siguientes en prisión por robo, fuga y otros delitos.

Cada vez que recuperaba la libertad, su permanencia en las calles era breve. En 2004, trabajaba en un depósito de chatarra y vivía en una casa en esa misma ciudad, relató una asociada al FBI.

La dueña de la vivienda no le cobraba alquiler, y el camión que conducía había sido un regalo. “La gente le daba cosas porque era una buena persona”, declaró la mujer a los agentes federales.

El caso que lo envió a prisión de por vida

El caso que determinó su encierro de por vida involucró a una guardia penitenciaria corrupta.

Ernesto Torres, un recluso que cumplía una sentencia corta por violencia doméstica, entabló una relación con Jessica Chavez, oficial del Centro Correccional Richard J. Donovan. Tras su liberación, Torres y Chavez mantuvieron un vínculo sentimental, pero la guardia le pidió que se alejara cuando él se volvió posesivo.

Torres amenazó con exponer la relación ante el empleador de Chavez. “Todo tu mundo se va a derrumbar”, le dijo en un mensaje de voz, según los registros del tribunal de apelaciones. La oficial contactó entonces a un recluso que operaba bajo las órdenes de Buchanan.

Buchanan advirtió a Torres que dejara en paz a la guardia. “Estás metiéndote con algo que está ahí y está ahí con un propósito”, le dijo en una llamada grabada, en alusión a que Chavez participaba en otros actos de corrupción. La guardia llamó a Buchanan para agradecerle. “Quiero llevarlos a tomar algo o a cenar”, le ofreció.

Pero Torres no se detuvo. Dejó otra grabación a Chavez: “Me contactaron. El gran homie Richie acaba de hablar conmigo para que te deje en paz. Te han estado vigilando un buen rato”.

Buchanan y su subordinado Steve “Spanky” Parraz se presentaron en el domicilio de Torres. “Si tu familia no estuviera aquí, te mataría”, le espetó Parraz, de acuerdo con la documentación del caso. Buchanan le entregó un teléfono y le ordenó que llamara a Chavez para decirle que nunca más la molestaría.

Buchanan quería dinero. Torres, aún bajo coacción, aseguró que no tenía, pero ofreció el dato de un narcotraficante al que podían “cobrarle impuestos”. Mientras los tres se dirigían a una taquería de Chula Vista para encontrarse con el distribuidor, la policía detuvo el vehículo y los arrestó.

Torres entró en estado de pánico. “No puedo volver a prisión. Estoy muerto. Van a matar a mi familia”, dijo a los oficiales, conforme a un informe policial.

Chavez terminó por renunciar al CDCR y se declaró culpable de amenazas criminales, según el relato del Los Angeles Times. Durante el juicio, testificó que había mantenido relaciones sexuales con el asociado encarcelado de Buchanan porque estaba “agradecida” por su ayuda.

Un imperio criminal que funcionó desde la celda

Tras la condena, Buchanan no perdió su influencia. Conservó el dominio sobre pandillas de la zona sur de San Diego, afirmó un informante del FBI en un reporte de la agencia.

El recluso dividía con los hermanos Ayala el dinero de extorsión recaudado en las cárceles del condado, un fondo conocido como “the light bill” (la cuenta de la luz), aseguró la misma fuente. También operaba casas de apuestas ilegales en sociedad con ellos.

Desde la prisión, Buchanan autorizó a pandilleros del condado de Imperial a cobrar “impuestos” en las ciudades de El Centro, Brawley, Holtville, Calipatria y Niland, según una acusación federal. Sus subordinados secuestraron y torturaron a un distribuidor de drogas que se negó a pagar, añadió el documento.

En 2024, una escucha telefónica captó a Buchanan en conversación con Ronaldo Ayala y Frank “Chino” Madriaga, otro miembro de la mafia mexicana que había sido liberado de una prisión federal. Los tres buscaban localizar a un desertor de una pandilla que había sido visto en San Diego, de acuerdo con una denuncia penal consultada por el diario.

Ayala cumple una condena a muerte por un triple homicidio cometido en 1985. Madriaga fue declarado culpable en septiembre de conspiración para cometer asesinato, informó el diario.

El hecho quedó registrado en un video de vigilancia que muestra el momento en que la menor se soltó del agresor y corrió hacia el interior de la estación de servicio, ubicada en el 2840 S State Road 7. Un testigo que presenció la escena llamó al 911, lo que permitió activar la respuesta policial de forma inmediata.

Así fue el intento de secuestro de la adolescente de 13 años en la gasolinera de Miramar

Según un boletín oficial difundido por el Departamento de Policía de Miramar, el incidente ocurrió a las 5:34 p.m. De acuerdo con el reporte de arresto citado por el Miami Herald, Polanco se acercó a la menor y le preguntó por unas tijeras. Acto seguido, la sujetó y le rodeó el cuello con el brazo. Un testigo relató a los agentes que, mientras la retenía, el sospechoso le hizo “comentarios sexuales y explícitos provocadores” a la adolescente.

La menor logró zafarse y corrió al interior de la gasolinera para ponerse a salvo, una secuencia que las cámaras de seguridad captaron con claridad.

El jefe Moss describió la agresión en declaraciones recogidas por CBS News Miami: “Este sujeto camina junto a la niña, de repente le pasa el brazo por encima y la sujeta por el cuello. La niña empieza a gritar, logra soltarse y corre hacia uno de nuestros establecimientos comerciales, donde había ayuda disponible”.

De acuerdo con Telemundo 51, un testigo que trabaja en un taller mecánico cercano a la estación de servicio relató que el sospechoso sujetó a la menor por el cuello y que la niña parecía que iba a llorar. El hombre llamó al 911 mientras la adolescente corría hacia el interior de la gasolinera.

Michael Polanco huyó tras el ataque, pero fue localizado cerca de la estación de servicio

Cuando los agentes de la Policía de Miramar llegaron a la gasolinera Shell, Polanco ya había huido. No obstante, mientras se dirigían al sitio, recibieron un reporte sobre un hombre con una descripción coincidente que provocaba un altercado en las inmediaciones de la estación de servicio.

Los agentes acudieron al punto señalado, ubicaron al sospechoso y procedieron a detenerlo. Tanto la adolescente como el testigo que presenció el ataque identificaron a Polanco como el agresor, lo que permitió formalizar su arresto. Tras la detención, lo trasladaron a la sede principal de la oficina del Sheriff de Broward.

“Fue muy inteligente de parte de esta niña pelear, soltarse y llamar la atención sobre la situación para asegurarse de que hubiera ayuda disponible”, declaró el jefe Moss a CBS News Miami. El funcionario agregó: “Si te llevan de un lugar a otro, no sabés qué cosas terribles pueden pasar, así que tenés que correr, pelear y llamar la atención para que no te lleven”.

Cargos por secuestro y agresión contra Michael Polanco tras el ataque en Miramar

Las autoridades imputaron a Polanco cargos por secuestro con daño físico y por aterrorizar a la víctima, además de agresión con lesiones corporales. Ambos delitos constituyen cargos graves en el estado de Florida. El martes, un juez le negó la fianza al acusado, por lo que permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso penal.

Moss también se refirió al hecho de que el detenido reside en Davie y no en Miramar: “Este sospechoso es de Davie, y no sé por qué estaba en Miramar, pero el mensaje es: si cometes un delito, primero, no deberías hacerlo. Segundo, no vengas a nuestra ciudad a hacerlo porque te vamos a atrapar”, advirtió en declaraciones a CBS News Miami.

El acusado del intento de secuestro en Miramar acumula un amplio historial delictivo

La Policía de Miramar indicó que el detenido posee un extenso récord criminal que incluye delitos violentos, robos con agresión, allanamiento e infracciones relacionadas con estupefacientes, entre otros cargos previos.

Moss señaló que uno de los antecedentes que más preocupa a las autoridades es una acusación previa por exhibición indecente, lo que, según el jefe policial, “nos da una idea de la motivación, aunque quizás nunca estemos seguros”, de acuerdo con lo declarado a CBS News Miami.

Polanco permanece recluido en la cárcel principal del condado de Broward sin posibilidad de fianza, a la espera de las próximas audiencias judiciales que determinarán el curso del proceso en su contra. La familia de la víctima, según indicó el jefe Moss, prefirió no hacer declaraciones públicas sobre el caso.

Domingo Atanacio Quirino, de 50 años, es el único de ocho campesinos del ejido El Balcón que continúa sin ser localizado tras el secuestro ocurrido el 24 de septiembre en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

De acuerdo con el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, las últimas pistas que se tienen de su paradero es que el hombre se enfermó durante el cautiverio y fue separado del grupo cuatro días después del plagio.

El dato más reciente sobre su paradero surgió en un hospital, donde un sobrino de Domingo —también enfermo durante el cautiverio— fue hospitalizado y recibió una respuesta vaga al preguntar por él.

“Cuando él estaba en el hospital preguntó si sabían algo de él y le dijeron simplemente que se estaba recuperando, pero pues no hay señales de él”, relató el sacerdote en entrevista con Azucena Uresti. “Eso es muy preocupante”, advirtió.

El secuestro y liberación de los campesinos

Los hechos se remontan al 24 de septiembre, cuando un comando armado interceptó a 11 pobladores del ejido El Balcón mientras realizaban labores de pesca, siembra y pastoreo cerca de la comunidad de La Lajita. Los agresores soltaron de inmediato a dos mujeres y a un menor, pero retuvieron a los ocho hombres restantes, entre ellos Atanacio Quirino.

Según el relato del padre Velázquez, Domingo se enfermó y fue apartado del resto de los secuestrados alrededor del 28 de septiembre, cuatro días después de la captura.

El 4 de octubre fue liberado un menor de edad, identificado como Jordi Alberto. Los siete campesinos restantes permanecieron en cautiverio durante más de tres semanas, periodo en el que fueron trasladados constantemente entre distintos puntos de la Tierra Caliente para evadir los operativos de búsqueda, de acuerdo con el testimonio de Velázquez.

El 7 de octubre circuló en redes sociales una grabación de cinco minutos en la que los campesinos, maniatados y con los ojos vendados, aparecen interrogados por una voz masculina. En el video, los hombres declaran pertenecer a Los Granados, grupo rival de La Nueva Familia Michoacana activo en la Costa Grande. Atanacio Quirino no figura en esa grabación ni en otra fotografía que circuló.

Fuerzas federales y estatales localizaron con vida a seis de los siete campesinos el 16 de octubre, mediante un operativo de búsqueda terrestre en el camino que conecta Ajuchitlán, Cuevitas, Puerto Grande, El Balcón y Agua Vicente, dentro del mismo municipio.

Las víctimas liberadas fueron identificadas como Nicolás Atanacio González, de 75 años; Fidel Quirino Atanacio, de 54; Isidro Brito Arriola, de 32; Eulises Medrano López, de 26; José Leodanis Medrano López, de 24, y Everardo León Atanacio, de 17 años.

De acuerdo con versiones de pobladores de la región, los integrantes del grupo criminal habrían optado por liberar a los hombres ante la presión de las corporaciones de seguridad. El padre Velázquez planteó además una segunda hipótesis: que el caso habría atraído demasiada atención hacia los propios líderes del grupo criminal, lo que pudo resultarles inconveniente.

Hijo de Domingo suplica su liberación

A 26 días de la desaparición de Domingo Atanacio, su hijo, un niño, compartió un video en redes sociales en el que suplica a quienes lo tienen retenido que lo liberen con vida, pues padece una enfermedad.

El menor describe a su padre como un hombre dedicado exclusivamente al trabajo del campo, sin vínculos con grupos armados ni conflictos. “Les pido, por favor, que lo suelten, es un campesino, y díganos dónde está para ir a traerlo”, dice en el video, difundido el 19 de octubre en un perfil de Facebook de reciente creación.

“Está enfermo, por favor, tráiganmelo con vida. Es un campesino, no es de pleito”, repite en distintos momentos de la grabación, visiblemente afectado. La descripción que acompaña la publicación dice: “Por favor, compartan; yo quiero a mi papá sano y salvo; sus hijos lo esperan”.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero mantiene activa una ficha de búsqueda bajo el folio HVAGRO/0220/2026, registrada el 30 de septiembre. El documento describe a Atanacio Quirino como un hombre de 1.60 metros de estatura, tez morena clara, cabello negro corto y ojos pequeños y negros, con vitíligo en ambas manos y en los pies, además de una cicatriz en la cabeza del lado izquierdo.

El Centro Minerva Bello denuncia tortura y falta de atención a los liberados

Los seis campesinos liberados el 16 de octubre denunciaron haber sido sometidos a golpes, tortura, privación de alimentos y otras condiciones que atentaron contra su integridad física y psicológica durante el cautiverio, de acuerdo con un comunicado del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, fechado el 21 de octubre.

La organización señaló que las víctimas han tenido que cubrir por sus propios medios su atención y recuperación, sin respaldo institucional adecuado. El comunicado denunció además la ausencia del subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros, a una reunión pactada ese mismo día con los campesinos liberados y la familia de Domingo Atanacio Quirino.

En representación del funcionario asistió Juan Méndez, delegado de Gobernación en la Costa Grande. De acuerdo con el Centro Minerva Bello, el encuentro se limitó a “escuchar y registrar peticiones, sin ofrecer soluciones concretas, compromisos verificables ni una ruta clara de atención a las víctimas”.

La organización también señaló a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, encabezada por Enedina Medrano Serrano, por no haber brindado hasta el momento la atención médica y psicológica que corresponde a las víctimas conforme a la Ley General de Víctimas. “La liberación de las personas privadas de su libertad no significa que sus derechos hayan sido restituidos ni que las obligaciones del Estado hayan concluido”, señala el comunicado.

El Centro Minerva Bello exige, entre otros puntos, la búsqueda inmediata, efectiva y coordinada de Domingo Atanacio Quirino, con participación de las instituciones competentes y comunicación permanente con su familia. “No basta con que las víctimas regresen con vida. Es obligación del Estado garantizar su recuperación, protección, acceso a la justicia y reparación integral”, agrega el documento.

La Nueva Familia Michoacana estaría detrás

Los habitantes de la comunidad y el padre Filiberto Velázquez han mencionado que detrás del plagio estaría La Nueva Familia Michoacana, organización que disputa el control territorial de la Costa Grande.

El padre Velázquez explicó que el objetivo del grupo armado habría sido el instalar una base de operaciones permanente en territorio de El Balcón.

Por otro lado, el sacerdote señaló que el caso de Domingo no es un hecho aislado: “Hay otras personas de la región que han sido secuestradas de la misma manera, que han sido desaparecidas”, apuntó al revelar que los campesinos también habrían convivido con otros 100 secuestrados.

La Nueva Familia Michoacana fue designada organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unidos en febrero de 2025. La organización opera en al menos 35 municipios del sur del país, de acuerdo con registros sobre su expansión territorial.

Más de 100 personas permanecerían en cautiverio en la región de Tierra Caliente, Guerrero, según reveló el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello.

El sacerdote sostiene que los siete campesinos del ejido El Balcón en Ajuchitlán, que fueron secuestrados el pasado 24 de septiembre y liberados recientemente, convivieron con ese número de rehenes durante su cautiverio.

Velázquez reveló el dato en entrevista con la periodista Azucena Uresti, donde atribuyó los secuestros a la organización criminal La Nueva Familia Michoacana, que buscaría consolidar su control territorial en la Costa Grande.

Trasladan a los rehenes entre bodegas y ranchos

Los campesinos liberados relataron que los movían constantemente entre distintos puntos de la Tierra Caliente para evadir los operativos de búsqueda. “Inclusive llegaron a estar en un lugar en el Estado de México”, explicó Velázquez durante la entrevista.

El grupo armado no mantenía a los secuestrados en una ubicación fija, de acuerdo con el testimonio del sacerdote. “Básicamente donde había operativos los movían, los movían en camionetas y no estaban en un lugar en específico”, señaló. Los trasladaban entre bodegas, parcelas y ranchos de la región.

Velázquez describió la dinámica entre las fuerzas de seguridad y el grupo criminal como un patrón de evasión constante. “El ejército se pone en un lugar, ellos entran por otro. Entonces, pues están jugando como el gato y el ratón”, afirmó el sacerdote, quien precisó que la presencia militar en la zona existe pero resulta insuficiente debido a la extensión del territorio.

El padre “Fili”, como también se le conoce, advirtió que, pese al despliegue de autoridades en la región, ningún responsable ha sido identificado ni detenido por la privación de la libertad de los campesinos. “Hasta para este punto, pues no existen culpables”.

Sobre los motivos detrás de la liberación de los seis campesinos, Velázquez planteó dos hipótesis sin confirmar. La primera apunta a la presión generada por los operativos de búsqueda; la segunda, a que el caso habría atraído demasiada atención hacia los propios líderes del grupo criminal, lo que pudo resultarles inconveniente.

El objetivo del grupo armado era someter al ejido El Balcón, según el sacerdote

El plagio de los ocho campesinos del ejido El Balcón respondería a una estrategia de La Nueva Familia Michoacana para disputar territorio frente a cárteles rivales en la Costa Grande, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos locales.

La organización criminal buscaría instalar una base de operaciones permanente en territorio de El Balcón: “Querían tener ahí su base en El Balcón para poder operar de una manera más libre contra sus enemigos”, detalló el sacerdote.

El Balcón se distingue de otras comunidades de la sierra por rechazar el uso de armas en su organización interna, de acuerdo con Velázquez. “De todos los grupos de autodefensa comunitaria, de policías comunitarias, ellos son los únicos que no utilizan armas”, señaló el director del Centro Minerva Bello, quien describió a la comunidad como un modelo de organización basado en asambleas y gestión con el gobierno.

El propósito del secuestro habría sido obligar a los campesinos a dejar de ejercer funciones de vigilancia comunitaria o, de manera alternativa, sumarlos a las filas del grupo criminal.

El Centro Minerva Bello denuncia tortura y exige seis puntos al gobierno de Guerrero

De acuerdo con un comunicado del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, fechado el 21 de octubre, los campesinos liberados el 16 de octubre denunciaron haber sido sometidos a golpes, tortura, privación de alimentos y otras condiciones que atentaron contra su integridad física y psicológica durante el cautiverio.

La organización señaló que las víctimas han tenido que cubrir por sus propios medios su atención y recuperación, sin respaldo institucional adecuado. El comunicado también denunció la ausencia del subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros, a una reunión pactada ese mismo día con los campesinos liberados y la familia de Domingo Atanacio Quirino, el único campesino que sigue privado de la libertad del grupo de 8 que fueron secuestrados.

En representación del funcionario asistió Juan Méndez, delegado de Gobernación en la Costa Grande. De acuerdo con el Centro Minerva Bello, el encuentro se limitó a “escuchar y registrar peticiones, sin ofrecer soluciones concretas, compromisos verificables ni una ruta clara de atención a las víctimas”.

La organización también señaló a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, encabezada por Enedina Medrano Serrano, por no haber brindado hasta el momento la atención médica y psicológica que corresponde a las víctimas conforme a la Ley General de Víctimas.

El Centro Minerva Bello exige seis acciones concretas al gobierno estatal: la búsqueda inmediata, efectiva y coordinada de Domingo Atanacio Quirino; atención médica, psicológica y psicosocial especializada para los campesinos liberados; la intervención inmediata de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; una reunión directa y resolutiva con el subsecretario Francisco Rodríguez con compromisos por escrito y plazos definidos; la investigación diligente de los hechos de privación de la libertad y de las denuncias de tortura; y medidas efectivas de protección y garantías de no repetición para las comunidades afectadas.

“La liberación de las personas privadas de su libertad no significa que sus derechos hayan sido restituidos ni que las obligaciones del Estado hayan concluido”, señala el comunicado.

“No basta con que las víctimas regresen con vida. Es obligación del Estado garantizar su recuperación, protección, acceso a la justicia y reparación integral”, agrega el documento.

El operativo estuvo a cargo de la oficina de Deportación y Expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, conocida como ERO Los Angeles. La agencia federal confirmó la detención a través de un video publicado en sus redes sociales, donde narró los detalles del operativo.

Detención en Los Ángeles

De acuerdo con la información difundida por ICE, Cervantes Moctezuma fue capturado en territorio californiano tras ser identificado como fugitivo. La agencia lo describió como un “extranjero ilegal y prófugo” requerido por las autoridades mexicanas.

En el video, antes del operativo, la agencia señaló: “Vamos a ir tras un extranjero indocumentado con antecedentes penales, quien además es buscado en México”. El material audiovisual muestra el momento previo a la intervención, con sonidos de una puerta que se abre, murmullos de fondo y una puerta que se cierra. Una vez concretado el arresto, ICE indicó en el mismo video lograron “detenerlo sin incidentes”.

La búsqueda por el presunto secuestro

Según detalló ICE en el video, el secuestro de la menor ocurrió en 2018, cuando Cervantes Moctezuma la habría separado del lado de su madre. La agencia precisó: “En 2018, secuestró a su hija, arrebatándosela a la madre, quien tiene la custodia legal exclusiva”.

El comunicado no detalla las circunstancias específicas en las que se produjo el traslado de la niña desde México hacia Estados Unidos, ni el tiempo que transcurrió hasta su localización.

Reencuentro de la menor con su madre

ICE explicó en el video que la operación contó con la colaboración de una unidad especializada del FBI. La agencia señaló antes del arresto: “Con la colaboración de la Unidad contra la Trata de Personas del FBI, vamos a lograr que la menor se reúna nuevamente con su madre”.

Tras la detención del hombre, la agencia confirmó: “Nuestra unidad de menores, con el apoyo del grupo de trabajo contra la trata de personas del FBI, se hizo cargo de la pequeña; en este momento, ella ya va camino a reencontrarse con su madre”. La reunificación fue presentada como el resultado directo del operativo.

Proceso migratorio en curso

Tras su arresto, Cervantes Moctezuma quedó sujeto a un proceso de expulsión (removal proceedings) dentro del sistema migratorio estadounidense. En el video, la agencia indicó: “Al individuo detenido lo trasladaremos a nuestras oficinas para iniciar los trámites correspondientes a su proceso de deportación”.

ICE precisó además que este procedimiento administrativo es independiente de cualquier proceso penal que el hombre pudiera enfrentar en México por los hechos que se le atribuyen. Tampoco se informó si existe una solicitud formal de extradición por parte de las autoridades mexicanas hacia Estados Unidos.

Difusión del caso

La captura de Cervantes Moctezuma se enmarca en las labores de control migratorio y localización de personas buscadas que desarrolla ICE en distintas regiones de Estados Unidos. La oficina de Los Ángeles fue la encargada de difundir el caso mediante un video acompañado de música instrumental, en el que narró el antes y el después del operativo.

Hasta el momento, no se conocen declaraciones adicionales de las autoridades mexicanas sobre el expediente judicial que originó la búsqueda de Cervantes Moctezuma, ni detalles sobre el estado procesal del caso en territorio mexicano.

Marco legal sobre sustracción de menores en México

En México, un caso como el de Daniel Cervantes Moctezuma se enmarcaría dentro del delito de sustracción, retención u ocultamiento de menores, figura distinta del secuestro con fines de rescate o extorsión, que se regula por separado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Esta última ley, vigente con reformas hasta 2021, establece penas de entre 40 y 80 años de prisión para quien prive de la libertad a una persona con el propósito de obtener rescate, usarla como rehén o causarle daño; esa normativa no es la que aplicaría directamente a un caso de sustracción parental sin fines de rescate.

Un documento publicado en la Gaceta Parlamentaria en marzo de 2026 contiene un articulado específico sobre retención y sustracción de menores por parte de familiares, aunque no fue posible confirmar con las fuentes disponibles si ese texto corresponde a una ley ya promulgada o a una iniciativa de reforma todavía en discusión legislativa. Según ese documento, cuando un padre o madre que no tiene la guarda y custodia legal retiene, sustrae u oculta a un menor, la pena prevista sería de dos a seis años de prisión, además de una multa de entre mil y 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), con un atenuante si el responsable devuelve voluntariamente al menor dentro de los cinco días siguientes.

El mismo texto incluye un agravante relevante para un caso como el difundido por ICE: cuando el padre o la madre, sin tener la guarda y custodia, traslada al menor fuera del territorio nacional, las penas se incrementarían en una mitad. Más allá del estatus de esa iniciativa, existe un antecedente judicial confirmado: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2014 que el delito de sustracción de menores cometido por un progenitor sin custodia es constitucional y resulta acorde con el principio de interés superior del menor, al proteger a los menores de los daños derivados de disputas entre padres separados.

De manera general, este tipo de delitos contra la custodia familiar suele perseguirse por querella de la parte ofendida, es decir, requiere que la persona con la custodia legal presente la denuncia correspondiente ante las autoridades para que se inicie el proceso penal.

Carol Borda, representante a la Cámara del partido Movimiento de Salvación Nacional, informó que radicó dos proposiciones al proyecto de ley de sometimiento para eliminar beneficios penales a estructuras armadas o criminales en las que haya un menor de edad, una persona secuestrada o redes de explotación sexual infantil.

La congresista difundió en redes sociales los textos de las iniciativas, vinculadas al proyecto de ley 433 de 2026 Cámara y 296 de 2026 Senado, también conocido como Ley de Sometimiento. La iniciativa busca modificar y prorrogar disposiciones de la Ley 418 de 1997 sobre orden público e intervención territorial.

La pérdida de beneficios alcanzaría a toda la estructura o bloque

Según el soporte documental que compartió la congresista en sus redes sociales, la primera iniciativa modifica el numeral cuarto del artículo 66A, referido a las condiciones que deben cumplir quienes accedan al tratamiento penal diferenciado dentro de un proceso de sometimiento.

El texto plantea que, una vez iniciadas la indagación, la investigación y la judicialización, las personas sometidas a la ley deben mantener una participación genuina en el proceso, colaborar con la justicia, abstenerse de cometer nuevos delitos y contribuir al cumplimiento de los derechos de las víctimas.

La modificación incorporaría una sanción para la totalidad de la organización o bloque si, tras la entrega exigida por la ley, las autoridades hallan menores de edad, personas secuestradas o redes de explotación sexual ocultas bajo su control.

Borda aclaró: “(...) Al terrorista y criminal que se le encuentre un solo menor en sus filas luego de haber solicitado someterse a la ley. No puede haber concesiones cuando se trata de los niños”.

La proposición establece que el hallazgo posterior de un solo menor de edad o persona secuestrada generará “la pérdida inmediata e irrecuperable de todos los beneficios penales” para toda la estructura o el bloque al que pertenezcan los responsables.

La misma consecuencia aplicaría en caso de que se detecte “el ocultamiento de redes de explotación sexual, explotación sexual infantil”, según el documento firmado por la legisladora.

El proyecto exige colaboración con la justicia y entrega de bienes ilícitos

El artículo que la congresista Borda propone modificar mantiene otras obligaciones para quienes ingresen al proceso de sometimiento. Entre ellas, entregar información sobre la estructura criminal, sus áreas de influencia, su modo de operación y sus fuentes de financiación.

También, que “suministre la información necesaria para el desmantelamiento de las economías criminales de las que haya derivado recursos, así como el esclarecimiento de los nexos políticos y líneas de corrupción que atenten contra la administración pública y la recta y eficaz impartición de justicia de la organización”.

Adicionalmente, pidió que entreguen la relación de bienes y activos “obtenidos con ocasión de sus actividades ilícitas, como garantía de los derechos a la reparación de las víctimas y de las comunidades”.

La segunda iniciativa presentada por la representante modifica el artículo 27 del proyecto, relacionado con las derogatorias normativas.

El texto propone derogar artículos de la Ley 2272 de 2022, disposiciones de la Ley 418 de 1997 y parágrafos de la Ley 1908 de 2018, además de otras normas que resulten contrarias a la nueva regulación, según Borda.

En marcha el debate: negaron el archivo del proyecto de ley en el Senado

Las comisiones primeras de Cámara de Representantes y Senado iniciaron el debate conjunto de la Ley de Sometimiento del Gobierno y rechazaron las solicitudes de archivo presentadas por sectores de oposición.

La decisión permitió que continúe la discusión del proyecto, que plantea un mecanismo para que integrantes de organizaciones criminales se entreguen ante la justicia ordinaria a cambio de rebajas de penas bajo condiciones específicas.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, explicó que el proyecto debe aplicarse de manera paralela al Estatuto Antiterrorista y a acciones militares y policiales contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades criminales.

“La lógica es muy clara: un Estatuto Antiterrorista y una ofensiva militar y policial contra todas las organizaciones narcoterroristas y, al mismo tiempo, a las que, abrumadas por la fuerza del Estado, quieran someterse a la ley, desarmarse, entregar las redes de financiación ilícitas y colaborar con la justicia, pues lo puedan hacer”, afirmó el alto funcionario.

El operativo se desarrolló en dos municipios del estado y contó con la participación de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Detención del director de Momax por facilitación delictiva

La primera intervención ocurrió en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, donde se ejecutó una orden de cateo. Como resultado, fueron detenidos Cecilia “N” y José Miguel “N”, este último director de Seguridad Pública del municipio de Momax.

José Miguel “N” era investigado por su probable participación en el delito de facilitación delictiva y contaba con un mandamiento judicial en su contra. Durante el cateo se aseguraron una granada de fragmentación, cargadores, cartuchos y sustancias con características de narcótico.

Director de Río Grande, señalado por secuestro y extorsión

La segunda intervención tuvo lugar en el municipio de Río Grande, donde se realizaron dos operaciones simultáneas. La primera permitió cumplimentar una orden de aprehensión contra José Alonso “N”, director de Seguridad Pública de ese municipio.

Posteriormente se ejecutó una orden de cateo que derivó en la detención de Raúl “N”. Ambos detenidos son investigados por su probable participación en los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada, cometidos en perjuicio de productores del sector ganadero de la región.

El caso de Río Grande se suma a una serie de detenciones de mandos policiales municipales registradas en Zacatecas durante este año, como la captura en agosto del director de Seguridad Pública de Juchipila, también por secuestro agravado, y la del entonces jefe policiaco de Tlaltenango en febrero, por el mismo delito.

Aseguramientos durante los cateos

Durante la intervención realizada en Tlaltenango de Sánchez Román, los elementos participantes aseguraron una granada de fragmentación, además de cargadores, cartuchos útiles y sustancias con características de narcótico. El material fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

En el caso de Río Grande, el comunicado de la FGJEZ no detalló aseguramientos específicos vinculados a la operación contra José Alonso “N” y Raúl “N”, más allá de las detenciones y la vinculación de ambos con los delitos de secuestro y extorsión agravados.

Coordinación institucional y mesa de seguridad

Las cuatro detenciones se enmarcan en un esquema de trabajo conjunto entre instancias federales y estatales. Participaron en el operativo Defensamx, la SSPC, la Guardia Nacional, la FGR, el CNI, la FGJEZ y la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.

La Fiscalía estatal señaló que las acciones representan un avance en el combate a la delincuencia y a la impunidad. La institución refrendó su compromiso de mantener una coordinación permanente con las instancias federales y estatales de seguridad.

De acuerdo con el comunicado, este esquema de colaboración busca fortalecer el Estado de derecho y contribuir a la construcción de paz y convivencia social en la entidad.

Antecedentes de funcionarios policiales detenidos en Zacatecas

El caso se inscribe en un patrón que han documentado medios locales a lo largo de 2026. En agosto, el fiscal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó la detención de un director de Seguridad Pública de Juchipila junto con un elemento policial, por su probable participación en un secuestro agravado.

El funcionario detenido fue identificado como Pedro Humberto de la Cruz Balvanera, mientras que el elemento activo fue señalado como “Marco N”. En esa misma ocasión, el fiscal mencionó otros antecedentes de servidores públicos municipales vinculados a investigaciones por delitos graves, entre ellos el caso de Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango, detenido en febrero por secuestro agravado, y el de un exagente de Teúl de González Ortega, señalado por extorsión, cohecho y asociación delictuosa.

Las autoridades estatales no descartaron en ese momento que continuarían las acciones contra servidores públicos municipales, aunque evitaron proporcionar detalles sobre nuevas órdenes de aprehensión para no afectar las investigaciones en curso.

El Gobierno de Haití informó que coordinó una respuesta estatal ante el secuestro de soldados salvadoreños, ocurrido el domingo 18 de octubre, y situó su liberación entre las prioridades de las autoridades.

La Primatura de la República de Haití señaló en un comunicado divulgado este miércoles 21 de octubre que el primer ministro encabezó una reunión de alto nivel para revisar las acciones en marcha y definir medidas destinadas a reforzar las operaciones de seguridad.

El encuentro se realizó en la Oficina del Primer Ministro con funcionarios involucrados en la respuesta oficial. Las autoridades trabajan en coordinación con la Fuerza de Represión de las Bandas (FRG), una unidad creada para enfrentar a los grupos armados en el país.

La liberación de los militares, prioridad declarada por las autoridades

El Gobierno haitiano afirmó que movilizó los recursos disponibles para lograr la liberación de los militares y proteger sus vidas. Las fuerzas de seguridad mantienen, además, operaciones contra los responsables del hecho.

“La liberación de los soldados secuestrados es una prioridad absoluta”, indicó la Primatura en su mensaje, que insistió en que el Estado busca reafirmar su autoridad frente a las organizaciones armadas.

El comunicado no precisó cuántos soldados salvadoreños fueron secuestrados, el lugar exacto donde ocurrió el hecho ni la identidad del grupo que los mantiene cautivos. Tampoco informó si hubo contactos con los captores o avances concretos en las tareas de rescate.

Haití prometió continuar las operaciones hasta que concluya la crisis

La administración haitiana aseguró que continuará con las intervenciones de seguridad hasta finalizar las operaciones vinculadas al secuestro. El Estado adoptará, según el comunicado, las medidas que considere necesarias para recuperar a los militares y responder a la acción de los grupos armados.

El anuncio se conoció tres días después del secuestro denunciado por la Primatura, en un contexto marcado por la actividad de bandas armadas en distintas zonas de Haití.

El anuncio se emitió horas después de que el Ejército salvadoreño lanzó este miércoles una ofensiva militar contra las pandillas haitianas que mantienen secuestrados a cuatro técnicos de aviación de su contingente en Haití. El propio presidente, Nayib Bukele, difundió un mensaje dirigido directamente a los captores, traducido al criollo haitiano, en el que advierte que el operativo de hoy “no es nada comparado con lo que está por venir” si no liberan con vida a los rehenes.

Su vehículo blindado fue atacado con disparos y explosivos en la zona de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de la capital haitiana.

La propia ONU calificó el episodio como un secuestro y exigió la liberación inmediata y segura de los cuatro hombres, pese a que las autoridades aún no presentaron pruebas públicas sobre las condiciones en que se encuentran ni identificaron de forma oficial a sus captores.

Fue el pasado domingo 18 de octubre cuando medios haitianos informaron que cuatro soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) estaban desaparecidos tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe, según informaron medios locales haitianos. Inicialmente se manejó que eran cinco, pero la Fuerza Armada de El Salvador informó que son cuatro, en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Los abogados de las familias de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, presentaron ante un juez adscrito al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte una solicitud para fijar fecha y hora de una audiencia de control contra omisiones, negligencias y determinaciones del Ministerio Público en agravio de las víctimas.

La solicitud, encabezada por el abogado Odracir Espinoza, fue dada a conocer públicamente por las familias tras las detenciones recientes de presuntos responsables del secuestro y homicidio de los trabajadores, ocurrido el 23 de enero en el municipio sinaloense.

La solicitud de audiencia de control

Las familias informaron que la petición busca que un juez federal revise las omisiones y negligencias que, a su juicio, ha cometido el Ministerio Público durante la investigación del caso.

La audiencia de control es el mecanismo judicial mediante el cual las víctimas pueden exigir que un juez revise el desempeño de la autoridad investigadora cuando consideran que existen fallas u omisiones en el proceso. En el caso Concordia, las familias de los mineros recurrieron a esta vía ante la falta de información sobre los avances tras las últimas detenciones vinculadas al secuestro de sus familiares.

La petición se suma a los reclamos previos de la representación legal, que había solicitado a la FGR un informe sobre todas las detenciones relevantes realizadas en la zona desde el inicio de la investigación.

El reclamo a SSPC y FGR tras las detenciones

La solicitud de audiencia de control se presentó después de que las autoridades informaran la detención de Jesús Abraham García Perales, alias “El Talibán”, y cuatro presuntos integrantes más de una célula delictiva vinculada a Los Chapitos, en los municipios de El Rosario y Mazatlán, Sinaloa.

Las familias pidieron a Omar García Harfuch, titular de la SSPC, y a Ernestina Godoy, fiscal general de la República, realizar un esfuerzo adicional para obtener testimonios de los detenidos que ayuden a esclarecer los hechos.

A ocho meses del secuestro y tras la detención de al menos 11 personas vinculadas al caso, según las propias autoridades, las familias consideran imposible que no exista mayor información sobre lo ocurrido el día del hecho, la intervención del grupo criminal y la responsabilidad de Vizsla Silver en la seguridad de sus trabajadores.

Los familiares reconocieron en comunicados anteriores las acciones realizadas por la SSPC, la FGR y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Sin embargo, expresaron un reclamo puntual por la falta de información sobre los posibles testimonios de los detenidos.

Las detenciones vinculadas al caso Concordia

De acuerdo con información oficial, las capturas de “El Talibán” y los otros cuatro presuntos integrantes de la célula criminal se realizaron el 16 y el 17 de octubre mediante dos operativos de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y la Guardia Nacional.

En las acciones participaron también la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a partir de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Sedena.

Los cuatro detenidos en El Rosario formaban parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, identificado como jefe regional de la facción de Los Chapitos en el sur de Sinaloa. “El Talibán” fue señalado como persona de confianza de Juan Benito “N”, alias “Beny 17”, también jefe regional de esa facción.

Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra “El Talibán” por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá en los próximos días. Los detenidos quedaron a disposición de la FGR, con sede en Culiacán.

El paradero de Francisco Antonio Esparza Yáñez

Pese a las detenciones realizadas en los últimos meses, continúa sin conocerse el paradero del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, el único de los diez trabajadores que no ha sido localizado desde el secuestro.

Las familias insistieron en que las autoridades aún no han precisado si los detenidos aportaron información relacionada con la ubicación de Esparza Yáñez durante los interrogatorios.

Pendientes con Vizsla Silver

Las familias reiteraron su solicitud para que Vizsla Silver entregue documentos, bitácoras, protocolos de riesgo, registros de GPS y filmaciones de cámaras de vigilancia que ayuden a dilucidar lo ocurrido el día del secuestro.

Hasta el momento, según han señalado los representantes legales, la empresa minera canadiense no ha comparecido para proporcionar estos elementos en los términos requeridos por la investigación.

Antecedentes del caso

El secuestro de los diez trabajadores ocurrió la madrugada del 23 de enero, cuando un comando armado irrumpió en el campamento La Clementina, en el poblado de Pánuco, municipio de Concordia, donde Vizsla Silver alojaba a personal del proyecto minero Pánuco.

El 5 de febrero, las autoridades localizaron una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, a unos 19 kilómetros de Concordia, donde comenzaron a aparecer los primeros cuerpos. El proceso de identificación se extendió durante meses: para el 6 de abril, Vizsla Silver confirmó que nueve de los diez trabajadores habían sido hallados sin vida.

Las autoridades mexicanas atribuyeron el ataque a una célula de Los Chapitos que, según la versión oficial difundida en su momento por García Harfuch, habría confundido a los mineros con integrantes del grupo rival Los Mayos. Las familias han cuestionado esa versión y sostienen que el motivo del secuestro todavía no tiene una explicación oficial completa.

Entre enero de 2025 y enero de 2026 se registraron aproximadamente 12 incidentes de distinta naturaleza en la región de Concordia. En abril de 2025, Vizsla Silver había suspendido temporalmente actividades de campo por condiciones de inseguridad, antes de que los trabajadores regresaran al campamento.

El Ejército salvadoreño lanzó este miércoles una ofensiva militar contra las pandillas haitianas que mantienen secuestrados a cuatro técnicos de aviación de su contingente en Haití.

El propio presidente, Nayib Bukele, difundió un mensaje dirigido directamente a los captores, traducido al criollo haitiano, en el que advierte que el operativo de hoy “no es nada comparado con lo que está por venir” si no liberan con vida a los rehenes.

Los cuatro militares desaparecieron el domingo 18 de octubre, cuando regresaban a su campamento tras comprar comida en un mercado cercano a Puerto Príncipe.

Su vehículo blindado fue atacado con disparos y explosivos en la zona de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de la capital haitiana.

Los militares salvadoreños secuestrados en Haití

Los cuatro aerotécnicos pertenecen a la Fuerza de Tarea Libertad II, el contingente salvadoreño dentro de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión respaldada por la ONU que combate a las bandas armadas en Haití. Lograron escapar del vehículo incendiado, pero desde entonces se perdió todo contacto con ellos y distintas fuentes no oficiales en Haití apuntan a que habrían sido capturados por la pandilla Chen Mechan, vinculada a la coalición criminal Viv Ansanm.

En su publicación, Bukele insiste en que sus hombres “no son combatientes”. Son, según su descripción, personal técnico cuya función dentro de la misión internacional se limita a evacuaciones médicas, no a operaciones de combate.

Durante cuatro días consecutivos, los intentos de rescate por tierra y por aire fracasaron. Los helicópteros salvadoreños enviados a la zona recibieron disparos de armas de grueso calibre, según informó Haiti Libre, diario haitiano. La Fuerza Armada de El Salvador confirmó que, pese al apoyo aéreo, los grupos armados lograron repeler varios intentos de aproximación.

La ofensiva militar del miércoles

La publicación de Bukele coincide con el anuncio de una operación militar activa para recuperar a los cuatro secuestrados. El mandatario fue tajante: su único objetivo es que los cuatro compatriotas “regresen a casa vivos, sin ningún daño”.

El mensaje no se limita a esa petición. Bukele advierte a los jefes de las pandillas haitianas que “ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también”. El presidente salvadoreño enmarca la amenaza dentro del relato con el que su gobierno describe el combate contra las maras en su propio país.

La GSF informó este miércoles que varios presuntos pandilleros murieron durante los enfrentamientos registrados en las operaciones de búsqueda, que ya se extienden por cuarto día consecutivo en la zona de Santo, dentro de Croix-des-Bouquets.

La misión también informó de cuatro efectivos propios heridos, que reciben atención médica, aunque no precisó el número total de bajas entre los grupos armados ni confirmó el paradero de los salvadoreños.

La GSF, con menos de la mitad de su fuerza autorizada

La GSF fue creada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2025 para reemplazar a la misión liderada por Kenia, que había operado con fondos insuficientes. Su mandato autoriza hasta 5.550 efectivos, pero actualmente despliega poco más de 2.000 —alrededor de un tercio de su capacidad total—, con tropas de Chad, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Sri Lanka y El Salvador.

Este ataque contra el contingente salvadoreño representa el golpe más grave recibido por la fuerza internacional desde que comenzó a operar este año. Guatemala respondió al incidente con el envío de un nuevo contingente militar para reforzar la misión, según un reporte difundido esta semana.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, condenó el ataque ante el Consejo de Seguridad y aseguró que tanto su país como la fuerza internacional mantienen el compromiso de recuperar a los cuatro militares. Waltz expresó su convicción de que los efectivos sobrevivieron a la emboscada, aunque reconoció que su paradero sigue sin establecerse.

La propia ONU calificó el episodio como un secuestro y exigió la liberación inmediata y segura de los cuatro hombres, pese a que las autoridades aún no presentaron pruebas públicas sobre las condiciones en que se encuentran ni identificaron de forma oficial a sus captores.

El contexto de violencia detrás de la emboscada

La zona donde ocurrió el ataque forma parte de la llanura de Cul-de-Sac, un sector bajo fuerte control de bandas armadas al noreste del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe. Según una reconstrucción citada por medios internacionales, los militares se habrían apartado de su ruta mientras buscaban una tienda con ayuda de una aplicación de navegación, sin advertir que ingresaban a territorio dominado por grupos criminales.

La violencia de las pandillas en Haití dejó más de 5.700 personas muertas o heridas entre enero y mediados de septiembre de este año, además de más de 230 secuestros registrados en el mismo período, de acuerdo con cifras de la ONU. El caso de los cuatro salvadoreños se suma a esa escalada y pone a prueba la capacidad de la fuerza internacional para sostener su despliegue en un país donde las bandas armadas controlan amplios sectores de la capital.

Bukele cierra su mensaje con una advertencia final a los captores: “Todavía tenemos tiempo para evitarlo”. El presidente ofrece una salida concreta: la liberación de los cuatro compatriotas con vida y sin daño a cambio de que, en sus palabras, “todo volverá a ser como antes del secuestro”. La decisión, remata, queda en manos de las propias pandillas.

Cuatro agentes de la Policía de Investigación y tres civiles fueron detenidos en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex) por su presunta participación en un secuestro exprés, luego de que habrían privado de la libertad a una persona y exigido a su familia dinero en efectivo y vehículos para liberarla. La captura ocurrió durante un operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para rescatar a la víctima.

Los siete presuntos integrantes de la banda fueron sorprendidos cuando pretendían cobrar el rescate, de acuerdo con la información proporcionada por autoridades policiacas. La detención ocurrió en un centro comercial ubicado sobre la carretera México-Cuautla, a la altura de la colonia El Capulín.

La Fiscalía investiga a cuatro agentes por secuestro exprés

Los policías de investigación identificados son Arturo N, de 50 años; Jhorman N, de 30; Fernando N y Jesús N, ambos de 31 años. Los civiles detenidos son Cuauhtémoc N, de 53 años; Mauricio N, de 20, y Óscar N, de 31 años.

Las autoridades describieron a los tres civiles como “madrinas”. Junto con los agentes, habrían participado en la privación ilegal de la libertad y en las exigencias hechas a la familia de la víctima.

Los cuatro servidores públicos fueron puestos a disposición del representante social de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Esa instancia inició una carpeta de investigación por la probable participación de los agentes en el delito de secuestro exprés.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México afirmó en un comunicado que “no tolerará abusos por parte de ninguno de sus integrantes y ejercerá todo el peso de la ley en contra de cualquier servidor público, de cualquier nivel de esta Institución, que infrinja la norma jurídica y que con sus acciones atente contra la sociedad en general”.

Liberaron a mujer de secuestro en Nicolás Romero

En atención a una solicitud de auxilio, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal de Nicolás Romero, detuvieron a tres hombres, probables implicados en los hechos con apariencia de delitos de privación ilegal de la libertad, en agravio de una mujer, y encubrimiento por receptación; durante la intervención rescataron a la persona que, al parecer, retenían contra su voluntad.

A través de una llamada al Número Nacional de Emergencias 9-1-1, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), atendieron un reporte donde referían la privación ilegal de la libertad de dicha mujer en calles de la colonia Francisco Sarabia, en el municipio de Nicolás Romero, por lo que se avisó a uniformados estatales en campo para su atención.

Efectivos de la dependencia estatal que realizaban despliegues estratégicos en coordinación con policías locales, acciones instruidas en las Mesas de Paz, implementaron un operativo de búsqueda y las acciones tácticas permitieron ubicar el paradero de los sospechosos en la colonia Clara Córdova Morán, donde se ubicó un inmueble en el que al parecer se localizaba la femenina.

Apegados a protocolo de actuación y con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la persona, las fuerzas de seguridad ingresaron al sitio; tras una revisión física encontraron a una mujer que refirió que la retenían contra su voluntad aparentemente con la intención de abusar sexualmente de ella.

Luego de informarles que privar de la libertad a una persona constituye un delito, los oficiales detuvieron a Brian “N”, de 25 años; Omar “N”, de 29 años; y Leonardo “N”, de 32 años; a simple vista observaron dos motocicletas, al consultar los datos de identificación vehicular, resultó que ambas unidades contaban con reporte de robo vigente.

Durante la audiencia de legalización de captura de Everth Julio Hawkins, exgobernador de San Andrés investigado por presunta extorsión y secuestro, la Fiscalía General de la Nación expuso el testimonio de la sobrina de una de las presuntas víctimas de estos delitos.

Según el relato de la fiscal María Claudia Díaz Paternina, la mujer narró cómo estuvo retenida cerca de dos horas dentro de una camioneta y que, durante ese tiempo, vio al exmandatario en una videollamada.

La fiscal leyó en la audiencia apartes de la entrevista entregada a la policía judicial. De acuerdo con esa versión, el conductor del vehículo habló con un hombre al que la joven identificó como Hawkins.

La víctima agregó que los hombres que la secuestraron exigían cerca de $3.000 millones a su tío y decían que estaban encargados de cobrar la deuda. La joven reiteró que alcanzó a escuchar la cifra que los presuntos responsables exigían.

“Él fue quien le dio todas las instrucciones para que le cobraran ese dinero a mi tío. Yo escuché que eran tres mil millones de pesos”, manifestó.

La mujer declaró que permaneció en el asiento trasero del vehículo, entre dos hombres armados, situación que, según su relato, le permitió observar la pantalla del teléfono que utilizaba el conductor.

“Yo estaba en el medio, retenida por una persona armada de cada lado, lo cual me dejó con la suficiente visibilidad para ver con quién hablaba la persona que conducía”, afirmó.

Mientras tanto, conforme a la lectura, la testigo explicó que escuchó en varias ocasiones un apellido similar a “Hawkins” en boca del conductor y que asoció a la persona que vio en la llamada con, aparentemente, el exgobernador de San Andrés. También aseguró que podría reconocer tanto al exmandatario como al hombre que conducía la camioneta mediante fotografías u otro mecanismo de identificación.

La joven indicó que no conserva elementos materiales adicionales sobre el episodio, aparte de las llamadas que, de acuerdo con su declaración, realizaron a su tío durante el día de los hechos.

Hawkins es investigado por los delitos de extorsión y secuestro. La audiencia de legalización de captura forma parte de las actuaciones judiciales iniciales, en las que un juez debe revisar la legalidad del procedimiento que llevó a la detención del exmandatario.

La captura del exgobernador de San Andrés por presuntas extorsiones a contratistas

La Fiscalía General de la Nación confirmó la detención del exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por su presunta participación en un caso de extorsión agravada y secuestro extorsivo contra dos personas vinculadas con contratos de la Gobernación del archipiélago.

El procedimiento tuvo lugar el 19 de octubre de 2026 en Barranquilla, Atlántico, en cumplimiento de una orden judicial. Tras la legalización de la captura, Hawkins será presentado ante un juez de control de garantías por una fiscal del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

La Fiscalía indaga un supuesto nexo con Las Salsas Mexicanas

De la misma manera, la investigación de la Fiscalía apunta a que el exmandatario departamental habría buscado contactos con integrantes de Las Salsas Mexicanas, una estructura delincuencial que, según las autoridades, se dedica a intimidar a comerciantes de la isla para obtener dinero.

El delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Raúl Humberto González Flechas, informó que la captura obedeció a una orden solicitada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

“Los elementos materiales probatorios indican que tendría vínculos con un grupo delincuencial denominado Las Salsas Mexicanas, dedicado a extorsionar a algunos comerciantes de la isla”, indicó González Flechas, citado en un comunicado de la institución.

La hipótesis oficial es que esos contactos tuvieron como fin presionar a los contratistas y condicionar la continuidad de sus negocios mediante amenazas contra su seguridad y la de sus familias.

Tres personas fueron detenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) como presuntos integrantes de la banda criminal “Los Merry”, investigada por el secuestro y la extorsión de un prestamista. El caso se inició tras la denuncia de un hombre que señaló que fue interceptado en Chorrillos el 15 de octubre.

Según la información del Ministerio del Interior (Mininter), los sospechosos habrían exigido S/ 5.000 a los familiares de la víctima para permitir su liberación. Además, le atribuyen el pedido de pagos semanales vinculados con las motocicletas que operaban en el negocio de préstamos personales del agraviado.

Las intervenciones policiales se realizaron en dos inmuebles ubicados en Lima: uno en el asentamiento humano Juan Pablo II, en San Juan de Lurigancho, y otro en el asentamiento humano Rodrigo Franco, en Santiago de Surco. Las diligencias estuvieron a cargo de la División de Secuestros (Divise), perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Durante el operativo, los agentes incautaron un arma de fuego, municiones, seis teléfonos celulares y una camioneta que habría sido utilizada para mantener cautiva a la víctima. También recuperaron prendas y otros objetos de interés para las investigaciones.

Quiénes son los tres detenidos por el caso de “Los Merry”

Los intervenidos fueron identificados como Ingrid Rojas Ccallo, de 32 años; Gregorio Baptista Arellano, de 28; y Richard Gabriel Camacho Silva, de 31. Los tres son investigados por los presuntos delitos de secuestro, extorsión y pertenencia a una banda criminal.

De acuerdo con el Mininter, las capturas se produjeron en el marco de las diligencias realizadas por la Divise tras la denuncia del agraviado. La intervención permitió reunir objetos que serán materia de análisis durante el proceso de investigación.

La situación legal de los detenidos deberá determinarse a partir de las diligencias correspondientes y de la evaluación de los elementos recabados por las autoridades.

La investigación comenzó con la denuncia de Gregori Jesús Zerpa Navea, de 31 años, ciudadano extranjero dedicado a los préstamos personales. Según su versión, el 15 de octubre fue interceptado en el distrito de Chorrillos por sujetos que primero le preguntaron si se dedicaba a prestar dinero y después lo privaron de su libertad.

Durante el cautiverio, los presuntos responsables se habrían comunicado con sus familiares para exigir S/5.000 a cambio de su liberación. La denuncia también incluye una exigencia económica periódica: el pago de S/100 semanales por cada motocicleta que operara en el negocio de la víctima.

Como parte de esas demandas, los familiares transfirieron S/300 mediante una aplicación a una línea telefónica vinculada con una de las detenidas. Asimismo, se registró una transferencia de aproximadamente S/500 desde la billetera digital del agraviado hacia ese mismo número.

La investigación también comprende la presunta apropiación de la motocicleta lineal y del teléfono celular del prestamista, bienes que habrían quedado en poder de los implicados.

Arma con numeración erradicada y municiones entre lo incautado

Durante las diligencias, los efectivos policiales incautaron una camioneta que, según la información del Mininter, habría servido para mantener cautiva a la víctima. En los inmuebles intervenidos también encontraron una pistola con la numeración erradicada y una cacerina abastecida con siete municiones.

A estos elementos se sumaron otras diez municiones sin percutir y seis teléfonos celulares, equipos que podrían aportar información relevante para esclarecer las circunstancias del secuestro y las presuntas comunicaciones extorsivas.

Los agentes también incautaron cascos, casacas y otras prendas de vestir. Según el reporte oficial, el agraviado reconoció algunas de estas pertenencias como de su propiedad, mientras que los demás objetos quedaron sujetos a las verificaciones correspondientes.

La PNP puso a los tres intervenidos y las especies incautadas a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias del caso. Las investigaciones deberán establecer la participación que habría tenido cada detenido en los hechos denunciados.

La desaparición de cuatro militares salvadoreños en una zona bajo influencia de grupos armados volvió a mostrar el alcance de la violencia de las pandillas en Haití, un país donde barrios enteros, carreteras y actividades económicas están sometidos a estructuras criminales que han debilitado al Estado y han puesto a la población civil entre el fuego cruzado.

Los aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II, integrados a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), fueron atacados el domingo 18 de octubre en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe. La Fuerza Armada de El Salvador informó que viajaban de regreso a su campamento en un vehículo blindado, que fue alcanzado por disparos y explosivos antes de incendiarse.

Los cuatro lograron salir del vehículo, pero desde entonces no se conoce su ubicación. Las operaciones de búsqueda por tierra y aire han enfrentado obstáculos por los enfrentamientos armados en la zona. Versiones difundidas por medios locales señalaron que el grupo habría cambiado su ruta para “buscar una tienda” y que “usaba Google Maps” para ubicarse.

El diario Le Nouvelliste informó, con base en dos fuentes gubernamentales haitianas, que los militares habrían sido “secuestrados” por integrantes de la banda Chèn Méchan. Dos días después no se ha podido confirmar su paradero o si se encuentran con vida.

La emboscada contra los salvadoreños expuso los riesgos que enfrentan las fuerzas internacionales en un territorio donde las pandillas conservan capacidad de ataque, controlan corredores estratégicos y desafían a las instituciones haitianas.

Santo está dentro de una franja disputada por grupos armados

Santo forma parte de la planicie de Cul-de-Sac, una zona estratégica del área metropolitana de Puerto Príncipe. Su ubicación conecta la capital con rutas hacia el centro y el este de Haití, así como con corredores que conducen hacia la frontera con República Dominicana.

El control de estas vías permite a las pandillas instalar retenes ilegales, atacar vehículos, exigir pagos a comerciantes y transportistas, mover armas, municiones entre otras mercancías. En ese entorno operan grupos como 400 Mawozo, Chèn Méchan, Canaan, Tokyo y Kraze Baryè.

400 Mawozo, liderada por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, mantiene presencia en Croix-des-Bouquets y en rutas cercanas a la frontera. La banda ha sido vinculada con secuestros colectivos, extorsiones y ataques a transportistas. Chèn Méchan controla sectores de Santo, Marin y Shadda, mientras que Canaan ha extendido su influencia sobre áreas de la planicie de Cul-de-Sac.

Kraze Baryè, dirigida por Vitelhomme Innocent, opera principalmente en Tabarre y zonas cercanas. Su líder fue acusado por Estados Unidos de participar en el secuestro de 17 misioneros en 2021 junto con integrantes de 400 Mawozo.

De grupos electorales a estructuras armadas

Las pandillas haitianas comenzaron a ganar fuerza hace cerca de dos décadas en barrios de Puerto Príncipe como La Saline, Fort Touron y Cité Soleil. Su expansión se aceleró después de 2011, cuando jóvenes desempleados fueron reclutados por dirigentes políticos y candidatos para tareas de intimidación y control electoral.

Tras recibir armas, dinero y protección, muchos de esos grupos mantuvieron sus redes una vez terminados los procesos políticos. Otros fueron financiados por sectores económicos que buscaban proteger negocios o imponer control en zonas de interés comercial.

Con el paso de los años, esas bandas dejaron de depender exclusivamente de sus patrocinadores iniciales. Hoy obtienen recursos a través de secuestros, extorsiones, peajes ilegales, tráfico de armas, municiones y drogas. En barrios bajo su dominio, comerciantes, transportistas, vendedores ambulantes y residentes deben pagar para trabajar o circular.

Antiguos rivales se convirtieron en aliados

La principal alianza criminal del país es Viv Ansanm, creada en 2024 por Jimmy Chérizier, alias Barbecue. La coalición reúne a grupos que antes integraban G9 y G-Pép, dos bloques rivales que se disputaron durante años el control de Puerto Príncipe.

Chérizier dirige una estructura armada en Delmas 4 y enfrenta sanciones internacionales. Estados Unidosofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que permita detenerlo.

Más de 5,700 personas murieron o resultaron heridas entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de este año, mientras que se documentaron más de 230 secuestros y más de mil agresiones sexuales contra mujeres y niñas, según datos recogidos por EFE.

El Municipio de San Isidro presentó una denuncia penal contra la empresa de seguridad privada del barrio cerrado Ovejitas I y solicitó ante la Provincia de Buenos Aires su sanción e inhabilitación, luego del robo con privación de la libertad que sufrió Tomás Makintach, hermano de la ex jueza Julieta Makintach, durante la madrugada del domingo.

La presentación apunta a la actuación del personal del complejo situado en Guido al 2500, en Beccar. Según informó el municipio, los guardias impidieron primero que agentes policiales ingresaran a inspeccionar el predio ante una alerta por personas que se movían sobre los techos y, más tarde, habilitaron la salida del vehículo en el que escaparon los asaltantes junto a la víctima.

La secuencia comenzó cerca de las 2:30, cuando una vecina de la calle Ernesto de las Carreras al 2100 notificó que escuchaba ruidos sobre los techos. El móvil 442 de la Patrulla Municipal y efectivos del Comando de Patrullas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires montaron un cerrojo en la manzana y revisaron inmuebles cercanos.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron un bolso que contenía un crique. La hipótesis era que quienes habían circulado por las viviendas podían haber ingresado al barrio privado lindero. Sin embargo, la empresa de seguridad privada no autorizó el acceso solicitado por los policías.

Según supo Infobae, esa imposibilidad de continuar la búsqueda dentro del complejo quedó bajo análisis tras el asalto ocurrido poco después en una vivienda del mismo predio.

El robo al hermano de Makintach

A las 3:34, tres hombres ingresaron por la parte trasera de la casa de Makintach, ubicada en Guido 2555. Permanecieron allí entre 30 y 45 minutos. La víctima no fue golpeada ni atada, según los datos aportados sobre el hecho.

Los delincuentes se llevaron USD 1.000, realizaron una transferencia por $ 800.000 desde una cuenta de Mercado Pago y sustrajeron un celular Samsung S26 Plus, un reloj Garmin, una PlayStation 3 y las llaves de un Honda estacionado en la calle.

Luego tomaron una Ford de la víctima y la obligaron a ir con ellos. El vehículo salió del barrio cerrado tras la apertura de la barrera por parte de la guardia privada. El recorrido continuó por Guido, Ernesto de las Carreras y Padre Acevedo. En Murature, Makintach logró escapar y el auto fue abandonado; los autores huyeron a pie hacia el barrio San Cayetano.

El municipio pidió sanciones para la empresa de seguridad

Este martes, la comuna formalizó la denuncia por los delitos previstos en los artículos 239 y 277 del Código Penal. La primera figura se refiere a la resistencia o desobediencia contra un funcionario público en ejercicio legítimo de sus funciones; la segunda contempla la ayuda para eludir una investigación o sustraerse a la acción de la autoridad.

Además, San Isidro pidió al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, organismo encargado de regular la actividad, que aplique sanciones e inhabilite a la firma involucrada. El planteo se apoya en la Ley provincial 12.297, que obliga a los prestadores de servicios de seguridad privada a cooperar y asistir a las fuerzas policiales y a los organismos de persecución penal respecto de las personas o bienes bajo su custodia.

El municipio entregó a la fiscal interviniente las imágenes de sus cámaras de seguridad ubicadas en la zona y mantiene tareas coordinadas con la Policía bonaerense y la Fiscalía para identificar a los responsables. La causa tramita en la jurisdicción de la Comisaría 11.ª de San Isidro.

A seis meses del secuestro de Juan Vega Arredondo, padre del alcalde de Taxco de Alarcón, en Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, las autoridades federales y estatales han asestado varios golpes contra la Familia Michoacana con el objetivo de debilitar sus redes criminales en el municipio.

El cerco contra la Familia Michoacana ha registrado un reforzamiento en los últimos cuatro días con el incremento de las detenciones tanto de sus presuntos miembros como de funcionarios del Ayuntamiento de Taxco presuntamente vinculados con el cártel.

De acuerdo con Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y experto en seguridad pública, en este municipio de Guerrero tiene presencia tanto la Familia Michoacana como el grupo delictivo de Los Tlacos.

Y es que Juan Vega Arredondo, padre del edil, fue reportado como desaparecido el pasado 11 de abril de 2026 cuando el también pediatra y director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” se dirigía hacia su centro de trabajo.

El hombre fue interceptado por sujetos armados cuando circulaba a bordo de su vehículo y privado de la libertad. Su coche fue localizado horas después en inmediaciones de la comunidad de Acamixtla.

Alcalde también desapareció tras el secuestro de su padre: autoridades señalaron a la Familia Michoacana

Dos días después, el acalde fue reportado como desaparecido tras presuntamente salir en un dispositivo de búsqueda para hallar con vida a su padre, peo horas más tarde las autoridades federales confirmaron que ambos habían sido localizados con vida en el Estado de México.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció en conferencia de prensa matutina del 14 de abril que la Familia Michoacana estuvo detrás de la desaparición del padre del alcalde y del propio Vega Carranza.

Además, informó que se encontraban investigando narcomantas difundidas en 2025 y 2026 en las que acusaban al alcalde de presuntamente mantener alianzas con el grupo delictivo de Los Tlacos.

Del director de Reglamentos del Ayuntamientos a miembros de la Familia Michoacana: las detenciones realizadas en menos de dos semanas

El primer detenido por el secuestro del padre del edil fue José Carlos “N”, director de Reglamentos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, quien fue arrestado el pasado 16 de octubre por su presunta implicación en el crimen.

José Carlos “N” fue capturado al contar con una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado, luego de que las investigaciones lo señaron por presuntamente intervenir en la transmisión de información relacionada con el secuestro un día después de cometerse los hechos.

El sujeto también es acusado de presuntamente eliminar registros de comunicaciones relacionadas con el secuestro, calificadas como relevantes para el esclarecimiento de lo ocurrido.

En una segunda acción, autoridades federales y estatales llevaron a cabo un cateo en un inmueble ubicado en el barrio Pedro Martín, donde se concentraban diversos productos de abarrotes relacionados con este cártel.

De acuerdo con las autoridades, el sitio era usado para el almacenamiento y acaparamiento de productos comerciales, entre los que se encontraban refrescos, bebidas energéticas y cervezas, además de dos camionetas y dos camiones de carga.

Horas después, la Fiscalía de Guerrero informó la captura de Gerónimo “N”, elemento activo de la Policía Municipal de Taxco, por su probable responsabilidad en un secuestro agravado. El hombre también fue señalado como presunto miembro de la Familia Michoacana.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron entre el 6 y 21 de julio de 2026, cuando la víctima permaneció privada de la libertad en Paintla. Para cometer el crimen, el sujeto habría participado en la privación de la libertad de la persona y acudió al sitio del cautiverio portando no solo el uniforme de la Policía Municipal, sino también a bordo de una patrulla oficial.

Las autoridades lo relacionan con otras personas que también estarían vinculadas con el secuestro al haber mantenido comunicación durante el tiempo que la víctima estuvo en cautiverio, además de señalarlo como miembro del mismo cártel.

Ese mismo día fue capturado en Maravatío de Ocampo, Michoacán, Rodrigo “N”, alias “El Gallinero”, presunto miembro de un brazo armado generador de violencia relacionado con la Familia Michoacana con operaciones en Taxco.

Su arresto fue realizado por el secuestro de seis elementos de la Policía Estatal, ocurrido el 21 de junio de 2020, cuando los uniformados circulaban a bordo de dos patrulladas sobre la carretera estatal Taxco-Tetipac, entre las localidades de El Gavilán y San Gregorio.

Los policías fueron atacados a balazos por un grupo de sujetos armados, entre ellos “El Gallinero”. Todos los elementos fallecieron en la agresión.

La siguiente captura fue la de Adrián “N”, alias “El Charro”, ejecutada en el municipio de Iguala de la Independencia. El sujeto es señalado como presunto miembro de este cártel y fue arrestado por la desaparición de un menor de edad.

Las indagatorias refieren que los hechos ocurrieron entre el 30 de junio y el 1 de julio de 2026 en Taxco, cuando Adrián “N” presuntamente trasladó al menor de edad con rumbo desconocido en compañía de otros cómplice que aún no son identificados.

Las más recientes detenciones vinculadas con este grupo criminal ocurrieron este lunes, cuando fueron asegurados cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Taxco supuestamente relacionados con el cártel y acusados de secuestro agravado, así como de desaparición forzada de personas.

Los detenidos fueron identificados como Ricardo “N”, director del Centro de Comando y Control (C2); José “N”, monitorista del centro; Gabriel “N” y Olga “N”, elementos de la Policía Preventiva Municipal de Taxco.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2026, cuando la víctima fue privada de la libertad por varias personas que la obligaron a subir a un vehículo.

La Fiscalía de Guerrero detalló que las investigaciones señalan que Gabriel “N” y Olga “N” habrían ordenado el retiro de elementos de Tránsito Municipal en la zona donde cometieron el crimen y habrían instruido a Ricardo “N” y José “N” a no reportar lo sucedido a las corporaciones de seguridad.

Carlos Miguel Suárez Soto murió este martes 20 de octubre, informó su amigo y colega Roberto Tello, conocido como “El Coreano”.

El actor mexicano, recordado por dar vida a Poncho en Tú y yo, llevaba años fuera de las telenovelas y atendía un puesto de tacos en Ciudad de México tras enfrentar problemas económicos y las secuelas de un secuestro.

Roberto Tello confirmó el fallecimiento durante la madrugada con una publicación en Instagram. “Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”, escribió el actor al despedirse de Suárez Soto.

Carlos Miguel Suárez Soto formó parte de las producciones de Televisa durante las décadas de 1980 y 1990. Su trayectoria incluyó participaciones en telenovelas de distintos horarios y géneros, además de unitarios que permanecieron al aire durante varios años.

Roberto Tello confirmó la muerte de Carlos Miguel Suárez Soto

La noticia volvió a colocar en el centro la historia de un actor que dejó los foros de televisión luego de sufrir un secuestro. Carlos Miguel habló públicamente de ese episodio en 2017, cuando explicó que la agresión cambió su vida personal y profesional.

En una entrevista con De Primera Mano hace 7 años atrás, el actor explicó que permaneció privado de la libertad durante cuatro días. Según su testimonio, el hecho comenzó como un secuestro exprés, pero se prolongó más de lo previsto.

“Fueron cuatro días. Iba a ser algo exprés y se hicieron cuatro días”, declaró Carlos Miguel a De Primera Mano. El actor evitó abundar sobre las circunstancias en que fue retenido.

Suárez Soto dijo que sufrió lesiones durante el secuestro. Explicó que perdió algunos dientes y que sus agresores le lastimaron los tendones. Después recibió terapias para recuperarse.

“Yo sí acaso perdí algunos dientes, me sacaron los tendones, pero ya estoy mucho mejor que antes”, dijo el intérprete al programa de Imagen Televisión.

El secuestro alejó al actor de los foros de Televisa

Carlos Miguel sostuvo que no dio seguimiento legal al caso por temor a que sus hijas fueran atacadas. De acuerdo con su relato, los secuestradores tenían fotografías de ellas.

“No hubo… ya no di seguimiento porque como tenían fotos de mis hijas, que me agarraron con fotos de mis hijas, yo ya no quise hacer nada”, señaló en la conversación con De Primera Mano.

El actor también vinculó sus dificultades económicas con los cambios en la industria televisiva. Explicó que la reducción de las telenovelas y el aumento de las series modificaron las oportunidades laborales para intérpretes que habían trabajado de forma constante en ese formato.

“Sufrí un secuestro, luego también se juntaron las cosas. Lo de la televisión cambió mucho, las telenovelas dejaron de ser y se convirtieron en series”, declaró Carlos Miguel en 2017.

Suárez Soto afirmó que, después del secuestro, quedó sin condiciones para retomar de inmediato su actividad profesional. “Con lo del secuestro me dejaron ahí pelas, pelapapas”, expresó al describir las consecuencias que enfrentó.

Carlos Miguel vendió tacos en Ciudad de México

Lejos de las grabaciones, Carlos Miguel comenzó a vender comida para generar ingresos. Primero ofreció tacos de canasta y después amplió su negocio con tacos de guisado, tortas, burritos y otras preparaciones.

El puesto se convirtió en su principal ocupación durante los últimos años. El actor habló sin reservas sobre ese cambio y explicó que buscaba sostenerse tras la falta de trabajo en televisión.

La venta de alimentos ocurrió luego de una carrera que incluyó participaciones en Dos mujeres, un camino, Volver a empezar, Soñadoras, Amigas y rivales, Muchachitas, Las vías del amor, La verdad oculta y Mujer de madera.

También apareció en episodios de Mujer, casos de la vida real, Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe. Su presencia en esos programas lo mantuvo ligado a la pantalla chica aún después de que disminuyeron sus participaciones en telenovelas.

Amores con trampa marcó una de sus últimas telenovelas

Según los registros disponibles sobre su carrera, Carlos Miguel Suárez Soto participó en Amores con trampa en 2015. Esa producción figuró como una de sus últimas apariciones en una telenovela.

Su último trabajo televisivo habría sido un capítulo de Como dice el dicho, transmitido en 2018. Después de ese proyecto, no se conocieron nuevos créditos actorales del intérprete.

La muerte de Carlos Miguel Suárez Soto ocurrió después de varios años alejado de los foros. Su trayectoria quedó ligada a Poncho, el personaje de Tú y yo, y a una generación de producciones que marcaron la programación de Televisa.

El operativo, ejecutado en menos de tres minutos por un grupo de aproximadamente 10 hombres con indumentaria táctica negra y armamento de alto poder, ocurrió cerca de las 4:00 de la madrugada del lunes en una residencia del barrio Obrero, sobre las calles Valois Rivarola y Choferes del Chaco.

Los atacantes ingresaron por el estacionamiento, redujeron al ocupante principal y lo sacaron descalzo, en ropa interior y con las manos atadas a la espalda.

El secuestrado tenía doble documentación

El hombre sustraído fue identificado como Marcelo Juan Ortiz Narvaja, de 26 años, y no como Marcelo Juan Ortiz Moura, según precisó el fiscal Emilio Álvarez en declaraciones recogidas por ABC Color. El representante del Ministerio Público confirmó que Ortiz Narvaja posee documentos tanto paraguayos como brasileños, un dato que amplía el alcance de las pesquisas a ambos lados de la frontera.

“Efectivamente me comunicaron eso a las 4:30, un hecho de homicidio doloso y también fue raptada una persona de nacionalidad paraguaya y también cuenta con documento del vecino país”, declaró Álvarez sobre la primera notificación que recibió del caso.

Sobre los antecedentes del secuestrado, el fiscal añadió: “Según las informaciones preliminares, el señor Marcelo cuenta con problemas en el vecino país por narcotráfico, pero esa información está por confirmar de forma oficial”.

La falta de una confirmación definitiva mantiene abierta la línea de investigación, aunque los indicios apuntan hacia un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales.

Una brasileña de 28 años fue ejecutada cuando intentó frenar a los atacantes

La víctima fue Carolina Benítez Arce, de 28 años y nacionalidad brasileña, pareja de Ortiz Narvaja. Los investigadores presumen que los agresores ingresaron con la intención de llevarse al hombre, pero la situación derivó en la ejecución de la mujer en el exterior de la vivienda, sobre la vereda.

Las cámaras de seguridad del inmueble registraron el momento en que al menos seis hombres armados con fusiles entraron a la casa. Cerca de dos minutos después, sacaron a Ortiz Narvaja y lo subieron a una camioneta Toyota Fortuner gris.

El grupo se desplazaba en dos vehículos de ese modelo, uno gris y otro blanco, según la Policía Nacional.

Un secretario del secuestrado y un menor estaban en la casa durante el ataque

Uno de los datos que emergió en las horas posteriores al hecho fue la presencia de Johannes Mateus Rodrigues Martínez, identificado como secretario de Ortiz Narvaja, quien se encontraba en el acceso principal de la vivienda junto a una criatura al momento de la irrupción.

Rodrigues Martínez fue trasladado a la sede fiscal para prestar declaración como testigo, lo que lo convierte en una pieza central para reconstruir la secuencia del ataque.

Los peritos hallaron munición de calibre militar en la escena del crimen

En el lugar, los especialistas en criminalística levantaron evidencia balística que confirma el uso de armamento de guerra. El fiscal Álvarez detalló que se encontraron cuatro cartuchos percutidos de calibre 7.62 y dos sin percutir de calibre 5.56, ambos calibres utilizados en fusiles de asalto.

Dentro del inmueble también se incautaron cargadores, documentación vinculada con armas, teléfonos celulares y el sistema de circuito cerrado de vigilancia para su análisis judicial.

La ausencia de pedido de rescate refuerza la hipótesis de un ajuste narco

Transcurridas varias horas desde el secuestro, ningún grupo se comunicó para exigir dinero a cambio de la liberación de Ortiz Narvaja.

El fiscal calificó esta circunstancia como “muy llamativa” y señaló que hasta la fecha no hubo “ni un pedido de rescate, ni pedido de dinero en relación a esta persona que fue raptada”.

El silencio de los captores alimenta la sospecha de que el operativo no fue un secuestro extorsivo, sino una acción vinculada con disputas del crimen organizado.

La Fiscalía pidió colaboración a la Policía Civil de Brasil

Para avanzar en la causa, la Fiscalía paraguaya solicitó formalmente la asistencia de la Policía Civil de Brasil con el objetivo de cruzar información sobre los antecedentes de Ortiz Narvaja y descartar hipótesis sobre el trasfondo del hecho. La coordinación binacional resulta determinante en una zona donde Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, están separadas por apenas una avenida.

Esa franja fronteriza es considerada un corredor estratégico para el traslado de marihuana y cocaína hacia Brasil y otros mercados. Allí operan organizaciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), además de estructuras locales.

Las autoridades analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para trazar la ruta de escape de los vehículos e identificar a los autores.

La grabación se difundió este 19 de octubre, después de que hace tres días seis hombres retenidos junto con Atanacio Quirino recuperaran la libertad mediante un operativo militar. Solo él permanece sin ser localizado.

El menor pide pruebas de vida y la ubicación de su padre

El niño describe a su padre como un hombre dedicado exclusivamente al trabajo del campo, sin vínculos con grupos armados ni conflictos. “Les pido, por favor, que lo suelten, es un campesino, y díganos dónde está para ir a traerlo”, dice en el video.

“Está enfermo, por favor, tráiganmelo con vida. Es un campesino, no es de pleito”, repite en distintos momentos de la grabación, visiblemente afectado. El mensaje incluye un llamado directo a los captores para que informen sobre la ubicación de su padre.

El video fue publicado en un perfil de Facebook de reciente creación. La descripción que acompaña la publicación dice: “Por favor, compartan; yo quiero a mi papá sano y salvo; sus hijos lo esperan”.

Ocho hombres del ejido El Balcón desaparecieron el 24 de septiembre

Los hechos se remontan al 24 de septiembre, cuando un comando armado interceptó a 11 pobladores del ejido El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, mientras realizaban labores de pesca, siembra y pastoreo cerca de la comunidad de La Lajita. Los agresores soltaron de inmediato a dos mujeres y a un menor, pero retuvieron a los ocho hombres restantes.

El 4 de octubre fue liberado un segundo menor de edad, identificado como Jordi Alberto. Los habitantes de la comunidad responsabilizan del plagio a La Nueva Familia Michoacana, organización que disputa el control territorial de la zona, aunque ninguna autoridad ha confirmado judicialmente esa autoría.

Los campesinos fueron obligados a declararse parte de un grupo rival

El 7 de octubre circuló en redes sociales una grabación de cinco minutos en la que cinco de los campesinos, maniatados y con los ojos vendados, aparecen interrogados por una voz masculina. En el video, los hombres declaran pertenecer a Los Granados, grupo rival de La Nueva Familia Michoacana activo en la Costa Grande.

El ejido El Balcón rechazó de inmediato el contenido de la grabación y denunció incongruencias, entre ellas la vestimenta de camuflaje que no correspondía a la ropa de trabajo que los hombres llevaban al momento de la captura. Los vecinos defendieron la trayectoria de sus compañeros, dedicados al campo, la ganadería, la producción de mezcal y el manejo forestal sustentable.

Una investigación periodística difundida el 13 de octubre reveló la existencia de cinco grabaciones captadas por dron en fechas cercanas a los hechos. Las imágenes muestran la aparente captura de tres de los campesinos junto a instalaciones señaladas como posibles campamentos de La Nueva Familia Michoacana. La comunidad entregó esos materiales a las autoridades para fortalecer las diligencias en curso.

El trasfondo económico del conflicto tiene origen en la caída de los cultivos de amapola en la región. Ante ese declive, los grupos armados se desplazaron hacia la tala ilegal de madera, donde las comunidades organizadas que defienden sus bosques se convirtieron en un obstáculo para su expansión.

La Nueva Familia Michoacana fue designada organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unidos en febrero de 2025 y opera en al menos 35 municipios del sur del país.

El 16 de octubre se confirmó la liberación de seis de los siete campesinos

La falta de avances en la localización de los hombres detonó una respuesta comunitaria. Más de 2,000 pobladores de cerca de 50 comunidades de la sierra marcharon en Técpan de Galeana y bloquearon la carretera Zihuatanejo-Acapulco para exigir el regreso con vida de los desaparecidos.

Un total de 319 comunidades serranas de la región acordaron articularse para llevar su reclamo directamente ante el gobierno federal. La presión social antecedió el pronunciamiento público de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien se refirió al caso por primera vez el 9 de octubre.

Salgado Pineda difundió un mensaje en video acompañada del secretario de Seguridad estatal, Antonio Ledesma Osuna, y el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros. “No escatimaremos en recursos ni esfuerzos para encontrar a sus seres queridos y retornarlos a sus hogares”, declaró la gobernadora.

Fuerzas federales y estatales localizaron con vida a seis de los siete campesinos que aún permanecían desaparecidos, mediante un operativo de búsqueda terrestre realizado el 16 de octubre. Las víctimas liberadas fueron identificadas como Nicolás Atanacio González, de 75 años; Fidel Quirino Atanacio, de 54; Isidro Brito Arriola, de 32; Eulises Medrano López, de 26; José Leodanis Medrano López, de 24, y Everardo León Atanacio, de 17 años.

Los seis hombres fueron encontrados en el camino que conecta Ajuchitlán, Cuevitas, Puerto Grande, El Balcón y Agua Vicente, dentro del mismo municipio. Uno de ellos presentó llagas y debilidad, atribuidas a las esposas que les impusieron los captores durante las semanas de cautiverio.

Domingo Atanacio Quirino no aparece en ninguno de los videos grabados durante el cautiverio

Dos familiares de los plagiados aseguran que Domingo Atanacio Quirino estaba junto al resto del grupo al momento de la captura.

A diferencia de sus compañeros, Atanacio Quirino no figura en ninguna de las grabaciones que circularon durante el cautiverio, en las que los captores obligaron a los demás campesinos a declararse integrantes de un grupo delictivo rival. Su paradero continúa sin esclarecerse.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero mantiene activa una ficha de búsqueda bajo el folio HVAGRO/0220/2026, registrada el 30 de septiembre. El documento describe a Atanacio Quirino como un hombre de 1.60 metros de estatura, tez morena clara, cabello negro corto y ojos pequeños y negros. Entre sus señas particulares, la ficha señala que presenta vitíligo en ambas manos y en los pies, además de una cicatriz en la cabeza del lado izquierdo.

La dependencia estatal solicita a quien tenga información sobre su paradero comunicarse a la línea 800 832 7692 o a través del sitio www.fiscaliaguerrero.gob.mx.

El avance de La Nueva Familia Michoacana sobre la sierra de Guerrero hacia la Costa Grande data de años atrás. Desde 2021, comunidades como Guajes de Ayala, al oriente de El Balcón, resisten intentos de ese grupo por apoderarse de terrenos destinados a la instalación de laboratorios para la producción de drogas sintéticas.

Los habitantes de El Balcón sostienen que las mismas actividades que ellos realizan —agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal— son las que la organización criminal busca controlar mediante el despojo de tierras en la región.

Cuatro soldados salvadoreños podrían haber sido secuestrados por pandillas que controlan una zona roja en las afueras de Puerto Príncipe, luego de que se alejaran de la ruta mientras buscaban una tienda y fueran emboscados por hombres armados. La información surgió un día después del ataque contra el vehículo blindado en el que viajaban los militares, cuyo paradero continúa sin conocerse.

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) confirmó que los cuatro integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II permanecen desaparecidos tras el ataque ocurrido el domingo 18 de octubre en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets. La institución indicó que no ha logrado establecer contacto con ellos, pese a los operativos por tierra y aire desplegados junto con fuerzas internacionales.

La versión sobre un posible secuestro fue difundida por el diario haitiano Le Nouvelliste, que citó a dos fuentes gubernamentales. Según una de ellas, los militares “fueron capturados por miembros de la pandilla Chen Mechan”, grupo que opera en sectores de la llanura de Cul-de-Sac, dentro del área metropolitana de Puerto Príncipe. Hasta ahora, la FAES no ha confirmado que los soldados estén en manos de esa estructura criminal.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por el medio haitiano, los militares se apartaron de la ruta mientras trataban de encontrar una tienda. Para ubicarse utilizaron Google Maps, sin advertir que ingresaban a un sector controlado por pandillas. La zona figura entre las áreas de mayor riesgo para los desplazamientos de personal de seguridad y misiones internacionales en Haití.

Según el medio internacional, la República Federal de Alemania, junto con la Policía Nacional de Haití (PNH), con el apoyo de una empresa de seguridad privada (Task Force), llevó a cabo una operación en la zona para intentar localizar a los soldados, sin obtener resultados favorables.

Los soldados habrían quedado bajo ataque al entrar en ese punto. La información disponible señala que hubo un intercambio de disparos con los delincuentes, antes de que se perdiera contacto con ellos. La hipótesis de que fueron retenidos surgió porque los equipos de apoyo no lograron encontrarlos después de la emboscada.

La FAES informó que los cuatro aerotécnicos regresaban a su campamento en un vehículo blindado cuando fueron atacados con armas de fuego y explosivos. El impacto provocó un incendio en la unidad. “El vehículo blindado fue alcanzado por los explosivos y terminó incendiándose; sin embargo, nuestros cuatro militares lograron salir de él”, indicó la institución en un comunicado.

Las autoridades habrían movilizado helicópteros para brindar apoyo en el lugar de la emboscada. Según su versión, las aeronaves lograron obligar a los grupos armados a retroceder, aunque también recibieron disparos durante la operación. Los intentos posteriores para llegar al área no permitieron ubicar a los militares.

“Se han realizado múltiples intentos de aproximación por vía terrestre y aérea, pero estos se han visto obstaculizados por la intensidad de los enfrentamientos y las condiciones de seguridad en la zona”, señaló la FAES. La institución agregó que mantiene coordinación con el mando de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y con contingentes internacionales para determinar dónde se encuentran los salvadoreños.

La GSF, por su parte, confirmó el ataque contra una unidad que trasladaba a su personal en Santo, Croix-des-Bouquets. “Un vehículo que transportaba a personal de la Fuerza de Supresión de Pandillas fue atacado por presuntos miembros de pandillas”, indicó la fuerza en un comunicado. El organismo no informó cuántos integrantes iban en el vehículo ni se refirió a la desaparición de los cuatro salvadoreños.

La zona donde ocurrió el hecho se encuentra en la llanura de Cul-de-Sac, un corredor cercano a la capital haitiana donde las pandillas mantienen presencia armada. El control territorial de estos grupos ha dificultado las operaciones de la Policía Nacional Haitiana y de la misión internacional creada para apoyar el combate contra las estructuras criminales.

El mismo domingo 18 de octubre, el Gobierno de Guatemalaconfirmó el envío de más de 50 militares a Haití para incorporarse a la fuerza internacional que busca respaldar a las autoridades del país caribeño frente a la expansión de las pandillas.

El ataque ocurrió cerca de las 04:00 en una residencia situada sobre Valois Rivarola casi Choferes del Chaco, en el barrio Obrero. De acuerdo con imágenes de seguridad a las que se refieren los datos del caso, los atacantes ingresaron por el estacionamiento y permanecieron en el lugar menos de tres minutos.

Las grabaciones muestran a al menos seis hombres con armas largas que entran al inmueble. Cerca de dos minutos después, sacaron a Marcelo Juan Ortiz Moura, de 26 años, vestido solo con ropa interior, descalzo y con las manos sujetas detrás de la espalda.

Los hombres lo llevaron hasta una camioneta Toyota Fortuner gris y abandonaron el lugar. La Policía señaló que el grupo podría haber estado integrado por unas diez personas, movilizadas en dos vehículos de ese modelo, uno gris y otro blanco, y vestidas con indumentaria militar táctica oscura.

Benites Arce recibió disparos frente a la casa

Después de retirar a Ortiz Moura, los agresores llevaron afuera a Carolina Benites Arce, brasileña de 27 años. La mujer cayó sobre la vereda y recibió varios disparos, de acuerdo con el informe preliminar citado por ABC Color.

Los investigadores analizan si Benites Arce intentó impedir que los atacantes se llevaran a su pareja. Personal del Departamento de Investigaciones de Amambay llegó tras una alerta radial y constató que la víctima ya no tenía signos vitales.

La Fiscalía investiga un posible vínculo con el narcotráfico

El fiscal Emilio Álvarez indicó que, según datos preliminares, Ortiz Moura tendría causas o antecedentes vinculados con el narcotráfico en Brasil. Hasta el momento no hubo un pedido de rescate ni información oficial sobre su paradero.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron cargadores con cartuchos, documentación relacionada con armas y dos teléfonos celulares. La Fiscalía y la Policía mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque en la zona de frontera entre Paraguay y Brasil.

Una frontera urbana bajo presión del crimen organizado

Pedro Juan Caballero, en Paraguay, y Ponta Porã, en Brasil, están separadas por una avenida y conforman una frontera urbana de circulación constante. Esa cercanía permite el tránsito cotidiano entre ambas ciudades, pero también facilita que grupos armados se desplacen de una jurisdicción a otra con rapidez.

La zona es considerada un corredor utilizado para el traslado de marihuana y cocaína hacia Brasil y otros mercados. En ese escenario operan organizaciones criminales brasileñas, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), además de grupos locales e independientes. Las autoridades investigan de forma habitual ataques y secuestros vinculados con disputas entre estructuras delictivas, aunque en este caso todavía no se estableció de manera oficial el móvil.

El empleo de ropa táctica, fusiles y camionetas de gran porte forma parte de modalidades que los investigadores han identificado en ataques atribuidos a grupos organizados en la región. La posibilidad de cruzar la frontera en pocos minutos plantea desafíos para la búsqueda de sospechosos y víctimas.

Por ese motivo, las pesquisas dependen de la coordinación entre la Policía Nacional de Paraguay, sus unidades de Antisecuestro y Crimen Organizado, y las fuerzas de seguridad brasileñas, incluida la Policía Federal. El intercambio de información sobre identidades, antecedentes y movimientos de vehículos es una de las herramientas centrales para avanzar en este tipo de casos.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró sentencias condenatorias de hasta 48 años de prisión contra seis integrantes de una célula criminal que operaba en Guerrero y Morelos. Los responsables fueron hallados culpables de los delitos de delincuencia organizada y secuestro cometido en agravio de dos víctimas.

El caso se remonta a mayo de 2014, cuando una pareja fue interceptada con violencia en Taxco y posteriormente asesinada pese al pago de un rescate.

Las penas impuestas a cada sentenciado

A Israel Moronati Chavoya, alias “Pitus”, identificado como líder de la célula del crimen organizado, se le impuso la condena más alta: 48 años de prisión y el pago de 414 mil 500 pesos de multa, por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y secuestro en agravio de dos víctimas.

Otros cuatro integrantes del grupo recibieron penas de 44 años de prisión. Se trata de Mayra Sánchez Coronel, Emmanuel Gutiérrez Escamilla, Alberto Morales Olmos, alias “El Bibis” y Édgar Iván Gómez Porcayo, alias “Nan”. A los cuatro se les fijó además una multa de 398 mil 500 pesos, por los mismos delitos y el mismo número de víctimas que a Moronati Chavoya.

Georgina Carreón Delgado también fue condenada a 44 años de prisión y al pago de 398 mil 500 pesos de multa, aunque en su caso la sentencia corresponde a la afectación de una sola víctima, a diferencia del resto del grupo.

En total, seis personas resultaron sentenciadas por su participación en la estructura criminal que delinquía en Guerrero y Morelos, con penas que oscilan entre los 44 y los 48 años de prisión según el grado de responsabilidad y el número de víctimas atribuido a cada uno.

El secuestro de la pareja en Taxco

Las investigaciones establecieron que, en mayo de 2014, los sentenciados participaron en el secuestro de una pareja que viajaba en motocicleta rumbo al centro de Taxco, Guerrero, cuando fue interceptada con violencia por el grupo criminal.

Tras ser interceptada con violencia, fue trasladada a una casa de seguridad rentada en Cuernavaca, Morelos, desde donde contactó a sus familiares para exigir el pago de un rescate. La familia cumplió con la entrega del dinero, pero ambas víctimas fueron encontradas sin vida.

La denuncia original detalla que, pese al pago realizado por los familiares, los secuestradores asesinaron a las dos personas, hecho que posteriormente sirvió como base para la acusación por delincuencia organizada y secuestro contra los seis integrantes de la célula.

Fiscalías que participaron en la investigación

La obtención de las sentencias condenatorias fue posible gracias al trabajo del Ministerio Público Federal, que actuó a través de dos áreas especializadas de la FGR.

Por un lado, intervino la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Guerrero, encargada de las diligencias correspondientes a esa entidad, donde ocurrió la interceptación de la pareja.

Por otro lado, participó la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que aportó elementos probatorios relacionados con la estructura criminal y su operación en ambos estados.

De acuerdo con la FGR, estas dos instancias aportaron las pruebas que resultaron determinantes para que un juez dictara las sentencias condenatorias contra los seis integrantes de la célula, tras los procedimientos judiciales derivados de la denuncia original por el secuestro de la pareja.

Cómo castiga la ley mexicana el delito de secuestro

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece las penas aplicables a este delito en todo el territorio mexicano.

De acuerdo con el artículo 9 de esta ley, a quien prive de la libertad a otra persona se le aplicarán de 40 a 80 años de prisión y de mil a cuatro mil días de multa, cuando la privación de la libertad tenga como propósito obtener rescate, detener a la víctima como rehén, causarle daño o cometer un secuestro exprés.

El artículo 10 contempla agravantes que incrementan la pena. Si el secuestro se realiza en camino público, en grupo de dos o más personas, con violencia, mediante allanamiento del inmueble donde se encuentra la víctima, o si esta es menor de 18 años, mayor de 60, o se trata de una mujer embarazada, la condena sube a un rango de 50 a 90 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días de multa.

Existe una segunda categoría de agravantes, con penas de 50 a 100 años de prisión y de ocho mil a 16 mil días de multa, aplicable cuando durante el cautiverio se ejercen actos de tortura o violencia sexual contra la víctima, o cuando esta muere a causa de alguna alteración de su salud durante el secuestro.

El escenario más severo está previsto en el artículo 11: si la víctima es privada de la vida por los autores o partícipes del delito, la pena asciende a entre 80 y 140 años de prisión, además de una multa de 12 mil a 24 mil días.

La ley también contempla un esquema de atenuantes en el artículo 12. Si la víctima es liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a la privación de la libertad, sin que se haya logrado el propósito del secuestro ni se presenten agravantes, la pena se reduce a un rango de cuatro a 12 años de prisión. Si a la víctima se le causó alguna lesión durante el cautiverio, la pena aumenta a entre 18 y 32 años de prisión, además de la colocación de dispositivos de localización durante los cinco años posteriores a su liberación.

Según el comunicado, los detenidos están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., además del secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México.

La operación conjunta en Sinaloa

El operativo se originó a partir de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Sedena. Participaron Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, con el respaldo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

La acción se coordinó además con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. El despliegue se dividió en dos acciones consecutivas, ejecutadas el 16 y el 17 de octubre, en los municipios de El Rosario y Mazatlán.

Durante los dos operativos se detuvo, en conjunto, a integrantes de una célula delictiva en posesión de armamento y diverso equipo táctico. Los capturados quedaron vinculados a los homicidios de diez mineros y al secuestro de cuatro turistas, ambos hechos ocurridos a inicios de este año.

Detenciones en El Rosario y Mazatlán

El primer operativo tuvo lugar el 16 de octubre en el municipio de El Rosario. Ahí fueron detenidos cuatro integrantes de una célula delictiva que, de acuerdo con el comunicado, formaban parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano N, alias “Casco” o “el 81”.

Este último es señalado como jefe regional de la facción “Los Chapitos”, dentro de la organización Cártel de Sinaloa. Entre los cuatro detenidos en este primer evento se encuentra una persona de nacionalidad colombiana, según precisó la Sedena.

El segundo operativo se realizó al día siguiente, el 17 de octubre, en el municipio de Mazatlán. La Sedena indicó que esta acción derivó directamente de los trabajos de inteligencia obtenidos tras la detención de la célula capturada un día antes.

En este evento fue finalmente detenido Jesús Abraham N, alias “Talibán”, quien portaba armamento y se encontraba en posesión de un vehículo al momento de su captura. De acuerdo con el comunicado, “Talibán” es persona de confianza de Juan Benito N, alias “Beny 17”, también señalado como jefe regional de la facción “Los Chapitos” dentro del Cártel del Pacífico.

Quiénes son “Casco” y “Beny 17”, los jefes regionales detrás de los detenidos

Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, es identificado como jefe regional de “Los Chapitos” en el sur de Sinaloa, con control territorial sobre los municipios de Concordia y El Rosario.

Forma parte del grupo conocido como “Los Hermanos Martínez”, integrado también por Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80” (detenido en junio de este año), y Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias “El Owen”, asesinado el pasado 9 de octubre durante una riña armada en el penal “El Castillo” de Mazatlán.

Originarios de Jalisco pero criados en El Rosario, los hermanos Martínez Larios forman parte de la facción desde hace aproximadamente una década, de acuerdo con El Financiero. “El Casco” es además señalado como implicado en el secuestro y asesinato del grupo de 10 mineros de la empresa Canam en Concordia, cuyos cuerpos comenzaron a ser hallados en una fosa clandestina en la localidad de El Verdee.

Autoridades federales ya habían intentado capturarlo en julio pasado, durante un operativo de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional en los poblados de Chametla y Agua Verde, sin éxito. Hasta el momento continúa prófugo.

En cuanto a “Beny 17”, se trata de un operador señalado por mantener su zona de influencia en el sur de Sinaloa, específicamente en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán.

Reportes lo ubican dentro de la estructura de Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40”, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como jefe de plaza de “Los Chapitos” en Mazatlán, y señalado por ese organismo de dirigir actividades de narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsión y producción de fentanilo en la región.

Vínculo con el secuestro y homicidio de mineros

La Sedena señaló que los detenidos en ambos operativos están relacionados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp. Ese hecho ocurrió el 23 de enero de este año en el municipio de La Concordia, Sinaloa.

Además de este caso, las autoridades militares relacionaron a los capturados con el secuestro de cuatro turistas originarios del Estado de México. Ese hecho se registró el 3 de febrero de este año en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Los dos casos que ligan a los detenidos con violencia contra civiles en Sinaloa

El secuestro de los mineros ocurrió el 23 de enero, cuando un comando armado irrumpió en el campamento La Clementina, en el poblado de Pánuco, municipio de Concordia, y sustrajo a 10 trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp. que operaba el proyecto minero Pánuco.

Días después, la Fiscalía General de la República confirmó la localización progresiva de los 10 cuerpos en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde. Para el 9 de febrero, cinco de ellos habían sido identificados: Jesús Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Ángel Hernández Vélez y José Antonio Jiménez Nevárez.

El entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó el crimen a una célula de “Los Chapitos” que habría confundido a los mineros con integrantes del grupo rival “Los Mayos”. En septiembre, antes de este nuevo operativo, ya habían sido detenidos Ángel Gabriel N, alias “Tronco”, y Milton Yair N, señalados como parte de una célula subordinada a Óscar Luciano Martínez Larios, “El Casco”.

El segundo caso ocurrió la noche del 3 de febrero, cuando seis integrantes de una misma familia originaria de Santa Ana Ixtlahuaca, Estado de México, fueron interceptados por sujetos armados en la avenida Sábalo-Cerritos, en Mazatlán, tras rentar vehículos tipo Razer para recorrer la zona.

Una mujer de 28 años y una niña de nueve fueron rescatadas con vida al día siguiente en el poblado de El Habal. Los cuatro hombres restantes (los hermanos Omar Alexis, Javier y Gregorio Ramírez Sabino, junto con su cuñado Óscar García Hernández) continúan desaparecidos.

En mayo, autoridades federales detuvieron a 22 presuntos integrantes del grupo delictivo señalado por este secuestro, sin lograr localizar a las víctimas. En abril, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana había reportado ya 10 detenidos por el mismo caso, entre ellos Iván Norberto N, alias “Tito”, identificado como distribuidor de droga en Mazatlán.

Situación jurídica de los detenidos

Tanto los cinco detenidos como el armamento, el vehículo y el equipo táctico asegurado durante ambos operativos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, Sinaloa.

El comunicado precisó que la FGR continuará con las investigaciones y las diligencias periciales correspondientes para determinar la situación jurídica de los detenidos.

José Carlos “N”, director de Reglamentos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón fue detenido por su presunta participación en el secuestro de Juan Vega Arredondo, padre de Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de ese municipio de Guerrero, ocurrido en el mes de abril pasado.

Su captura se concretó el pasado 16 de octubre en Taxco, luego de que la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Guerrero obtuviera una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado.

Según las investigaciones, el funcionario presuntamente intervino en la transmisión de información relacionada con el secuestro un día después de cometerse el hecho (11 de abril de 2026). Además, José Carlos “N” es señalado de presuntamente eliminar registros de comunicaciones relacionadas con el caso, la cual es calificada como relevante para su esclarecimiento.

La Fiscalía de Guerrero detalló que José Carlos “N” también es señalado como presunto integrante del grupo criminal La Familia Michoacana.

En el operativo de su detención también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal.

José Carlos “N” fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

El secuestro del padre del alcalde en abril de 2026

Los hechos que originaron la investigación se registraron el 11 de abril de 2026, cuando Juan Vega Arredondo, pediatra y director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” de Taxco, fue privado de la libertad por sujetos armados cuando circulaba hacia su centro de trabajo.

De acuerdo con reportes, el vehículo del médico fue localizado horas después en las inmediaciones de la comunidad de Acamixtla, luego de que no llegó a una reunión que tenía programada a las 11:00 horas.

Dos días después, el acalde fue reportado como desaparecido luego de que presuntamente salió en un dispositivo de búsqueda para localizar a su padre. Horas más tarde, autoridades federales confirmaron que ambos habían sido hallados con vida en el Estado de México.

Tras los hechos, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, confirmó en conferencia de prensa matutina del 14 de abril que la Familia Michoacana estuvo detrás de la desaparición tanto del padre del alcalde como del propio Vega Carranza.

El funcionario también dijo que se lleva a cabo una investigación debido a señalamientos con un presunto cártel de droga por parte del edil.

“Hubo dos mantas que salieron en su contra, una el año pasado y otra este año, pero eso está en investigación”, afirmó.

Las mantas, difundidas en 2025 y 2026, acusaban al edil de mantener alianzas con una célula criminal distinta, conocida como Los Tlacos. Desde el partido Morena, al que pertenece Vega Carranza, se sostuvo en ese momento que se trataba de ataques sin fundamento.

Por su parte, fuentes consultadas por El Sur de Acapulco señalaron que la Familia Michoacana exigía la liberación de Juan “N”, alias “El Gokú”, detenido el 8 de abril, a cambio de la vida del padre del alcalde. Según estas versiones, Vega Carranza habría acudido voluntariamente a una reunión con el grupo armado en el municipio mexiquense de Zacualpan para negociar la liberación de su padre.

Hasta el momento, el director de reglamentos del Ayuntamiento de Taxco es el único detenido por el secuestro del padre del alcalde.

Policía Municipal de Taxco de Alarcón también fue detenido por un secuestro

Gerónimo “N”, elemento activo de la Policía Municipal de Taxco de Alarcón, fue detenido por elementos de seguridad estatal, en coordinación con autoridades federales, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

La Fiscalía de Guerrero informó que los hechos ocurrieron entre el 6 y 21 de julio pasados, cuando la víctima permaneció privada de la libertad en la localidad de Paintla del mismo municipio.

Gerónimo “N” es señalado por presuntamente participar en la privación de la libertad de la víctima, así como de acudir al sitio donde la resguardaban portando el uniforme de la Policía Municipal, a bordo de una patrulla oficial, al aprovechar su condición de servidor público.

Las indagatorias lo relacionan con otras personas que también estarían involucradas en el secuestro, con quienes habría tenido comunicación durante el tiempo en el que la mantuvo privada de la libertad.

Gerónimo “N” también es identificado por las autoridades como presunto miembro de la Familia Michoacana, relacionado con actividades delictivas en la región norte del estado.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) rescató a una adolescente de 16 años que presuntamente había sido privada de la libertad y detuvo a dos personas señaladas como probables integrantes de una célula de Los Tlacos, durante un operativo realizado en Huitzuco de los Figueroa.

La intervención se llevó a cabo con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal, luego de que las autoridades recibieran un reporte al número de emergencias 911 relacionado con la presunta privación de la libertad de la menor.

Durante las acciones de búsqueda, personal ministerial ubicó una motocicleta en la que viajaban tres personas, entre ellas la adolescente, quien solicitaba auxilio.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, el conductor intentó escapar, pero fue alcanzado y detenido junto con su acompañante en la colonia Centro de Huitzuco.

Los detenidos fueron identificados como Jesús “N”, alias “El 25”, y Blanca Yessenia “N”, alias “La China”, quienes son investigados por su probable responsabilidad en los delitos de privación de la libertad y robo de vehículo equiparado.

La adolescente fue puesta a salvo, mientras que los agentes aseguraron una motocicleta Benelli modelo 2025, la cual contaba con reporte de robo vigente.

¿Quiénes son Los Tlacos?

De acuerdo con las líneas de investigación de la Fiscalía, Jesús “N” y Blanca Yessenia “N” estarían presuntamente vinculados con una célula de Los Tlacos, organización también identificada como Cártel de la Sierra, a la que autoridades han atribuido presencia y actividades criminales en distintas regiones de Guerrero.

La organización comenzó a consolidarse en la zona serrana del estado después de la fragmentación de grupos criminales ocurrida tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en 2009.

Investigaciones y reportes de seguridad ubican la consolidación de Los Tlacos alrededor de 2017 en Heliodoro Castillo, cuya cabecera es Tlacotepec. El grupo pasó de tener vínculos con estructuras comunitarias y de autodefensa a desarrollar una organización criminal con capacidad armada y presencia territorial.

Entre las actividades atribuidas a sus células se encuentran la producción y trasiego de drogas, narcomenudeo, extorsión y cobro de piso, además del control de rutas y actividades económicas en distintas regiones.

Uno de los principales líderes identificados por autoridades ha sido Onésimo Marquina Chapa, “El Necho”, mientras que otros integrantes han sido señalados como operadores en municipios de la zona Centro y Norte de Guerrero.

Los Tlacos y Los Ardillos mantienen disputa en Guerrero

La detención ocurre mientras la disputa entre Los Tlacos y Los Ardillos mantiene bajo presión a distintas comunidades de Guerrero.

La confrontación entre ambas organizaciones ha sido relacionada con ataques armados, bloqueos, desplazamientos forzados y disputas por territorios y corredores estratégicos, particularmente en zonas de la Sierra y la Montaña baja.

En fechas recientes, el gobierno federal confirmó el desplazamiento de personas en comunidades de la región y desplegó elementos del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad ante el riesgo para la población civil.

La pugna entre ambos grupos también ha tenido repercusiones en municipios cercanos a Chilapa y Chilpancingo. En años recientes se han registrado bloqueos carreteros, ataques e interrupciones de actividades económicas en medio de la disputa por el control territorial.

Los Tlacos también han sido relacionados con presiones contra comerciantes y transportistas, mientras que investigaciones periodísticas han documentado la influencia que grupos criminales buscan ejercer sobre actividades económicas y comunidades en diferentes zonas del estado.

En este contexto, las autoridades investigan ahora la posible participación de una célula de Los Tlacos en la privación de la libertad de la adolescente localizada en Huitzuco.

Las personas detenidas y la motocicleta asegurada serán puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

La FGE Guerrero reiteró que mantiene coordinación con las instituciones de seguridad para combatir delitos de alto impacto y proteger a niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades recordaron que Jesús “N” y Blanca Yessenia “N” se presumen inocentes mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

Un niño de cuatro años fue localizado con vida horas después de que su familia denunciara que había sido llevado de la puerta de su vivienda en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este. La Policía Nacional informó que el menor fue encontrado sano y salvo durante la noche del jueves, mientras mantiene abierta una investigación para establecer qué ocurrió.

El caso tuvo amplia atención luego de que circulara una grabación de una cámara de seguridad instalada en la zona. En las imágenes se observa a una mujer que corre con el niño sobre la espalda, una escena que motivó la denuncia de los parientes y la activación de operativos de búsqueda.

En un video difundido en redes sociales la madre del menor expresó su agradecimiento con el despliegue policial a través del cual fue localizado el menor.

¿Dónde fue localizado Sammy?

La Policía identificó al menor como Sammy Ciprián Gabriel, de cuatro años. Según el informe oficial, fue localizado en las proximidades de la calle 42, en el sector Capotillo, Distrito Nacional.

Las autoridades no precisaron en qué punto fue encontrado o cómo fue identificado. Las autoridades se limitaron a señalar que estaba sano y salvo.

Después del hallazgo, el menor fue trasladado junto con su madre, Chantal Gabriel Bonhomme, de 31 años, al Palacio de la Policía. La mujer agradeció el respaldo recibido durante las horas en que su hijo permaneció desaparecido.

La denuncia comenzó tras la desaparición en Los Tres Brazos

El niño había sido reportado como desaparecido la noche del miércoles. Sus familiares indicaron que se encontraba frente a su vivienda, en Los Tres Brazos, cuando una persona se lo llevó.

La secuencia quedó registrada por una cámara de vigilancia del sector. El video, difundido en redes sociales, mostró a una mujer que corría mientras cargaba al menor en la espalda. Las imágenes fueron incorporadas a las diligencias de los investigadores.

El caso fue tratado inicialmente como un presunto rapto. La Policía aún no ha establecido de forma pública si la persona que aparece en la grabación es la misma que habría estado vinculada con la localización del niño en Capotillo.

Una menor quedó bajo custodia de las autoridades

La institución informó que una menor de edad permanece bajo custodia en relación con el caso. Han surgido múltiples cuestionamientos al rededor de este caso debido a que las autoridades no han brindado detalles sobre la investigación, posible paradero de la agresora o si hay más personas relacionadas en el caso.

La investigación está a cargo de varias áreas de la Policía Nacional, entre ellas el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), la unidad de Trata de Personas y el departamento de Investigaciones de Personas Desaparecidas.

La Policía busca establecer cómo ocurrió el hecho

Los agentes realizaron entrevistas con familiares y vecinos del sector, además de recopilar registros de cámaras de seguridad cercanas a la vivienda del niño. Esas diligencias buscan reconstruir el recorrido del menor desde el momento en que fue visto por última vez en Los Tres Brazos hasta su ubicación en Capotillo.

La captura se produjo en el corregimiento El Pato, en jurisdicción de Zaragoza, Antioquia, durante una operación desarrollada por tropas del Batallón de Selva N.° 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, con apoyo de unidades policiales.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el detenido sería cabecilla de zona del componente criminal focalizado de la subestructura Uldar Cardona Rueda. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una pistola, más de 50 cartuchos de distintos calibres, un radio de comunicaciones y tres teléfonos celulares.

Las autoridades le atribuyen una trayectoria de más de 10 años en la organización

Las investigaciones citadas por el Ejército indican que alias Doble Cero llevaría más de una década vinculado al Clan del Golfo. Su presunto papel dentro de la estructura incluía labores de coordinación territorial y logística entre las subestructuras Uldar Cardona Rueda y Jorge Mario Valle, que tienen presencia en zonas del nordeste y el Bajo Cauca de Antioquia.

Además, fue señalado como uno de los responsables de promover desplazamientos forzados en los municipios de Zaragoza y El Bagre. Las autoridades sostienen que su función habría consistido en ejercer presión sobre comunidades rurales y habitantes de esas localidades para afianzar el control de la organización armada.

Los investigadores también lo relacionan con actividades de inteligencia ilegal dirigidas a ubicar unidades del Ejército y de la Policía. Esa información, según la hipótesis oficial, era utilizada para planear acciones contra las tropas desplegadas en la región.

El capturado también es investigado por presuntos cobros extorsivos y hechos de constreñimiento contra comerciantes y población civil en general. Con base en el reporte militar, sería una de las personas encargadas de ordenar homicidios selectivos y de promover el reclutamiento de nuevos miembros para la estructura ilegal mediante labores de presión y adoctrinamiento en comunidades bajo su área de influencia.

El detenido es vinculado con secuestros, homicidios y ataques en el Bajo Cauca

Entre los hechos que se le atribuyen figura el secuestro y homicidio de un menor de edad ocurrido en agosto de 2024 en Segovia, Antioquia. Las autoridades no divulgaron detalles adicionales sobre ese caso ni precisaron el estado de la investigación judicial relacionada con ese crimen.

Alias Doble Cero también estaría vinculado con dos ataques contra la fuerza pública registrados en abril de 2025 en Zaragoza. El primero correspondió, según las autoridades, a un hostigamiento con disparos de fusil contra unidades de la Policía Nacional que atendían un accidente de tránsito en una vía nacional del municipio.

El segundo caso ocurrió en una zona rural de la misma localidad. De acuerdo con el informe, una unidad del Ejército fue objeto de una emboscada mediante la activación de un artefacto explosivo improvisado. La acción dejó lesionado a un soldado que prestaba servicio militar.

Las autoridades consideran que estos hechos hacen parte de la estrategia de la estructura armada para limitar la presencia institucional y mantener corredores de movilidad en el Bajo Cauca antioqueño. La zona ha sido escenario de disputas y acciones criminales atribuidas a grupos armados organizados que buscan controlar actividades ilegales y ejercer presión sobre la población.

Investigan su presunta participación en el secuestro de ocho personas en Anorí

El hombre capturado también es investigado por su presunta relación con el secuestro de ocho personas en septiembre de 2026, en el corregimiento El Charcón de Liberia, perteneciente al municipio de Anorí.

Según la información preliminar conocida por las autoridades, tres de las víctimas habrían sido asesinadas. El Ejército señaló que el caso forma parte de las investigaciones que vinculan a alias Doble Cero con acciones de control violento y ataques contra habitantes de municipios antioqueños.

Tras su captura, el detenido y los elementos decomisados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes. La orden vigente en su contra responde a los delitos de concierto para delinquir y homicidio.

El Ejército afirmó que la operación afecta la capacidad operativa del componente criminal focalizado de la subestructura Uldar Cardona Rueda, así como su mando territorial en Zaragoza. Las autoridades anunciaron que mantendrán las operaciones contra los grupos armados que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño.

La detención de Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, en Guadalajara, Jalisco, este 14 de octubre, ocurrió tres semanas después del arresto del alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, y del inicio de las investigaciones contra funcionarios municipales por su presunta relación con Los Cromos, grupo criminal señalado por extorsiones y homicidios en el Istmo de Oaxaca.

La Fiscalía aún debe esclarecer qué acciones se atribuyen a cada uno de los funcionarios detenidos y qué pruebas sostienen las sospechas de protección institucional a la organización.

El caso ya incluye detenciones de integrantes señalados del grupo criminal y de funcionarios municipales. Sin embargo, las acusaciones todavía deben sostenerse con pruebas que permitan establecer si existió una colaboración sistemática entre servidores públicos y Los Cromos, quiénes habrían participado y qué conductas se atribuyen a cada persona.

El alcalde y el excomisionado policial, bajo investigación

Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, fue detenido el 23 de septiembre de 2026, cuando todavía era presidente municipal de Juchitán. Ese mismo día también fue arrestado Carlos Alberto “N”, alias “La Parka”.

La Fiscalía de Oaxaca señaló a Sánchez Altamirano y a “La Parka” por su probable responsabilidad en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Las investigaciones apuntan a presuntas acciones para encubrir o favorecer actividades ilícitas de Los Cromos, aunque la responsabilidad de cada uno deberá establecerse durante el proceso judicial.

Un día después, el 24 de septiembre, fue detenido Jhon Keny Segura Moreno, excomisionado de la Policía Municipal. El 1 de octubre fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado, debido a que presuntamente brindaba protección al grupo criminal.

También es necesario determinar si las sospechas involucran únicamente a los funcionarios detenidos o si la investigación comprende a otros servidores públicos y agentes municipales.

Las denuncias sobre policías y el uso de patrullas

Antes de las detenciones, habitantes de Juchitán denunciaron presuntas acciones de colaboración entre policías municipales e integrantes de Los Cromos. Testimonios de vecinos han descrito el uso de patrullas oficiales para trasladar a personas señaladas como integrantes del grupo y acompañar a quienes cobraban extorsiones a comerciantes.

Uno de los testimonios describió a un hombre identificado por los vecinos como integrante de la organización que, después de permanecer en un comercio, subió a una patrulla municipal. Otro comerciante relató que pagaba mil pesos semanales y que, en ocasiones, quienes acudían a cobrar estaban acompañados por una unidad policial.

Para establecer qué ocurrió, las autoridades tendrían que contrastar los testimonios con registros de patrullaje, bitácoras de servicio, comunicaciones entre policías, grabaciones disponibles y otros datos de prueba. También falta conocer si los agentes mencionados en las denuncias han sido identificados formalmente y si la Fiscalía les atribuye conductas específicas.

El C2 y los antecedentes de la intervención policial

En junio de 2025, fuerzas estatales y federales tomaron el control de la Policía Municipal y del Centro de Control y Comando (C2) de Juchitán como parte de la Operación Sable, dirigida contra delitos como extorsión, homicidio, secuestro y cobro de piso en el Istmo de Tehuantepec.

Ese antecedente plantea preguntas sobre el funcionamiento de las corporaciones municipales y el manejo de la información de seguridad. Sin embargo, no hay elementos públicos suficientes para afirmar que Los Cromos utilizaran las cámaras del C2, que tuvieran acceso a sus sistemas o que algún funcionario alterara registros para favorecer a la organización.

La Fiscalía debe aclarar qué hallazgos surgieron de la intervención de 2025, si el funcionamiento de la Policía Municipal y del C2 forma parte de las líneas actuales de investigación y si existen pruebas que relacionen esos antecedentes con las acusaciones contra Sánchez Altamirano y Segura Moreno.

También falta establecer si hubo fallas de supervisión, filtraciones de información operativa o intervenciones deliberadas de servidores públicos. Son escenarios distintos y requieren pruebas específicas para atribuir responsabilidades.

La captura de “El Cromo” y las preguntas pendientes

Iván Sánchez Santiago fue detenido este miércoles 14 de octubre en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo en el que participaron la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Sánchez Santiago tenía órdenes de aprehensión por homicidio calificado relacionadas con tres víctimas, además de otra orden vinculada con un caso de 2020. Las autoridades también lo relacionan con las investigaciones por el asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán.

Las acusaciones contra “El Cromo” y las investigaciones sobre funcionarios municipales forman parte del mismo contexto de presuntas actividades criminales en la región, pero la detención del señalado como líder de Los Cromos no demuestra, por sí misma, cómo habría operado una posible red de protección institucional.

Uno de los puntos pendientes es establecer qué relación mantenía Sánchez Santiago con los funcionarios detenidos y qué pruebas sustentan las sospechas de colaboración. También falta conocer si existen otras órdenes de aprehensión contra personas presuntamente vinculadas con la organización o si las autoridades investigan a más integrantes de la administración municipal.

Otro aspecto por esclarecer es la estructura de Los Cromos y su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades han señalado ese vínculo, pero para dimensionar su alcance es necesario conocer qué información respalda esa identificación, qué funciones desempeñaban los integrantes del grupo y cuál era su área de operación.

Las próximas actuaciones judiciales y los resultados de las diligencias ministeriales deberán precisar si las detenciones permiten acreditar responsabilidades individuales y cómo se relacionan las acusaciones por extorsión y otros delitos con la presunta protección desde el gobierno municipal. Hasta que existan pruebas y resoluciones judiciales, las imputaciones contra los funcionarios y los señalados como integrantes de Los Cromos deberán mantenerse como acusaciones sujetas a investigación.

La Fiscalía de Morelos liberó a José David “N”, alias “El Güero Gym”, para recuperar a tres de sus colaboradores privados de la libertad en Totolapan por personas que exigían la entrega del detenido.

La crisis estuvo acompañada de bloqueos, vehículos incendiados y disparos; además, los agentes fueron torturados para acelerar el intercambio, de acuerdo con la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos.

“El Güero Gym” es señalado por las autoridades como presunto generador de violencia en la región oriente de Morelos y vinculado con el grupo criminal Pueblos Unidos. Su captura ocurrió el 12 de octubre, durante una diligencia para recuperar un inmueble asegurado; la Fiscalía informó que fue detenido en flagrancia por un delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple.

Tras su detención, presuntos integrantes de ese grupo retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente y exigieron que el hombre fuera entregado. La situación derivó en bloqueos carreteros, vehículos incendiados y detonaciones de arma de fuego en Totolapan y otras localidades de la región.

Ante el riesgo para su personal, la Fiscalía decidió liberar al detenido. Los tres colaboradores recuperaron su libertad alrededor de las 19:35 horas, aproximadamente cinco horas después de la captura. Uno de ellos sufrió una herida de arma de fuego y fue trasladado a un hospital; su estado de salud fue reportado como estable.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, explicó que la institución activó el protocolo de atención a víctimas de secuestro y que la prioridad fue proteger la vida de sus colaboradores. La dependencia sostuvo que la decisión no significaba renunciar a la aplicación de la justicia y anunció que continuaría las investigaciones por la privación de la libertad y las agresiones contra sus trabajadores.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, respaldaron la actuación bajo el argumento de que era necesario recuperar a los agentes y evitar una confrontación con mayores consecuencias.

La Fiscalía anunció que buscaría nuevamente a “El Güero Gym” y que investigaría a las personas involucradas en los hechos. La entrega del detenido permitió recuperar a los tres colaboradores, pero dejó abierta la investigación sobre la privación de la libertad de los agentes y la violencia registrada durante la jornada.

Guerrero: seis días de presión para exigir la excarcelación de un dirigente indígena

Casi tres meses antes, habitantes de Buenavista, comunidad del municipio de San Luis Acatlán, en la región Costa Chica de Guerrero, retuvieron a dos funcionarios estatales para exigir la liberación de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

El 20 de julio, pobladores bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del puente de Marquelia, para protestar por la detención del dirigente, ocurrida tres días antes en un retén cerca del crucero de Monte Alto, en el municipio de San Marcos.

Durante la movilización, Rafael Julián Arcos, director de Gobernación estatal, y Germán Herrera Clemente, delegado de Gobierno en la Costa Chica, acudieron a dialogar con los manifestantes. Después de la conversación, los pobladores los llevaron a Buenavista y condicionaron su liberación a que Plácido Galindo saliera de prisión. También exigieron la presencia de Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, a quien acusaron de haber engañado al dirigente para detenerlo.

Plácido Galindo fue acusado de homicidio calificado por un crimen cometido en octubre de 2021. El 23 de julio, un juez lo vinculó a proceso y permaneció recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

La detención generó pronunciamientos de organizaciones comunitarias y de derechos humanos, que cuestionaron el procedimiento y denunciaron una posible criminalización de la labor del dirigente. El Cipog-EZ y sus simpatizantes sostuvieron que la acusación estaba relacionada con su trabajo de defensa del territorio y sus denuncias sobre la violencia contra comunidades indígenas. Estos señalamientos formaron parte de la controversia pública, pero no sustituyen la resolución judicial sobre el proceso penal.

Los habitantes mantuvieron a los funcionarios bajo su control durante seis días. El 26 de julio, ambos recuperaron su libertad después de que representantes de los gobiernos estatal y federal dialogaran con autoridades comunitarias.

El acuerdo contempló brindar asesoría jurídica para buscar una solución a la situación de Plácido Galindo. Los pobladores fijaron un plazo de 45 días para que se atendiera el caso, pero el compromiso no significó la excarcelación inmediata del dirigente, quien permaneció sujeto a proceso.

La liberación de los funcionarios resolvió la crisis inmediata, pero dejó pendiente la exigencia que había originado la protesta. En la información difundida tras el acuerdo, las autoridades no precisaron si iniciarían acciones legales por la privación de la libertad de los servidores públicos.

Dos crisis y respuestas distintas

Los episodios de Morelos y Guerrero tuvieron un punto en común: la libertad de servidores públicos se convirtió en una condición para presionar a las autoridades por la situación jurídica de otras personas. Sin embargo, las respuestas institucionales y los desenlaces fueron distintos.

En Totolapan, la Fiscalía entregó a un detenido para recuperar a tres colaboradores, ante el riesgo de que continuaran las agresiones. En Buenavista, las autoridades negociaron la liberación de dos funcionarios y se comprometieron a facilitar asesoría legal para revisar la situación del dirigente indígena, quien permaneció sujeto a proceso.

También fueron diferentes las circunstancias. En Morelos, la privación de la libertad de los agentes ocurrió después de una diligencia ministerial y estuvo acompañada de bloqueos, vehículos incendiados y disparos. En Guerrero, la presión se desarrolló durante una movilización comunitaria y un bloqueo carretero para exigir la libertad de un dirigente acusado de homicidio.

Ambos episodios plantean preguntas sobre los protocolos de actuación cuando agentes o funcionarios son privados de la libertad para condicionar una decisión gubernamental. En particular, muestran la tensión entre la obligación de proteger la vida de las personas retenidas y la continuidad de los procedimientos penales.

En Morelos, la Fiscalía sostuvo que su prioridad era recuperar a sus colaboradores con vida y que continuaría las investigaciones. En Guerrero, el acuerdo permitió liberar a los funcionarios, pero la revisión jurídica solicitada por los habitantes quedó separada de la decisión judicial sobre Plácido Galindo.

La respuesta institucional ante estas crisis no termina cuando los servidores públicos recuperan su libertad. También implica investigar las agresiones, determinar quiénes participaron en las privaciones de la libertad y garantizar que las decisiones sobre la situación jurídica de los detenidos se tomen conforme a los procedimientos legales.

Los dos casos dejan una pregunta de fondo: cómo responder a una amenaza contra agentes y funcionarios sin que la presión ejercida mediante su privación de la libertad determine, por sí sola, el curso de una investigación penal.

Noemí “N”, alias “La Patrona”, fue detenida en un operativo realizado por elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas en el estado de Campeche.

Las autoridades la identifican como una de las principales generadoras de violencia en la región de Jalpa de Méndez, en el estado de Tabasco, donde presuntamente está encargada de dirigir a una célula criminal relacionada con la venta de droga, extorsión, homicidios, secuestro, robo de vehículos y portación de armas de fuego.

Su detención se llevó a cabo como parte de trabajos de inteligencia e investigación para desarticular grupos criminales, por lo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de asociación delictuosa.

Las indagatorias permitieron a las autoridades identificar que Noemí “N” se ocultaba en Ciudad del Carmen, Campeche, desde donde coordinaba las actividades delictivas en la zona de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Alcalde de Jalpa de Méndez reconoció disputa criminal en el municipio

El alcalde de Jalpa de Méndez, José del Carmen Olán, reconoció el pasado 4 de febrero que había una disputa entre grupos delictivos por el control del municipio, luego de un multihomicidio que dejó cinco personas asesinadas en el poblado Ayapa.

Durante una entrevista con XEVT, Olán admitió que existían grupos que peleaban por la plaza en el municipio: “Pues digo, eso no negamos, ¿verdad?, que haya plazas que tengan esa disputa”, declaró.

El alcalde también pidió a los habitantes mantener la confianza en las autoridades y afirmó que trabajaba con respaldo del gobierno estatal y federal con la presencia de elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica, conocida como FIRT Olmeca, y otras corporaciones de las Fuerzas Armadas.

Jalpa de Méndez registró un aumento de homicidios durante 2025

El reconocimiento de una disputa criminal ocurrió después de un aumento en los homicidios dolosos registrados en el municipio durante 2025. Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, Jalpa de Méndez acumuló 29 carpetas por homicidio doloso ese año, frente a 16 en 2024, representando un incremento de 81.25% en un año.

El mismo reporte señaló un aumento en las denuncias por narcomenudeo, ya que el municipio pasó de cuatro carpetas en 2024 a 16 durante 2025, una variación de 300%.

Fiscalía abrió 234 carpetas por homicidio doloso hasta mayo de 2026

La Fiscalía General del Estado informó que entre enero y mayo de 2026 inició 234 carpetas de investigación por homicidio doloso en Tabasco. En ese mismo periodo obtuvo 106 órdenes de aprehensión, de las cuales cumplimentó 61, y logró 62 vinculaciones a proceso contra personas investigadas por ese delito.

La dependencia reportó también 21 sentencias por homicidio doloso, con penas de entre 20 y 50 años de prisión. En homicidio en grado de tentativa, informó que obtuvo 12 órdenes de aprehensión, ejecutó ocho, consiguió ocho vinculaciones a proceso y recibió 11 sentencias condenatorias.

En ese tiempo también se llevó a cabo la desarticulación de seis grupos criminales en distintos municipios, presuntamente relacionados con homicidios, extorsiones y narcomenudeo. Las investigaciones derivaron en 44 órdenes de aprehensión, 47 detenciones y el esclarecimiento de 18 homicidios.

Entre los municipios donde se realizaron operativos y capturas figuró Jalpa de Méndez, junto con Teapa, Macuspana y Jonuta. Las autoridades reportaron aseguramientos de armas, droga y vehículos durante las acciones contra células delictivas.

Desde mayo de 2025, Jalpa de Méndez formó parte del esquema de Mando Único Policial firmado entre el Gobierno de Tabasco y 16 ayuntamientos. El convenio colocó a la SSPC estatal como instancia rectora para coordinar labores de vigilancia, intercambio de información y videovigilancia.

La Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos informó que los tres agentes de la Fiscalía del Estado secuestrados por presuntos miembros de Pueblos Unidos para exigir la liberación de José David “N”, alias “El Güero Gym”, fueron torturados para motivar que las autoridades accedieran al acuerdo.

Durante conferencia de prensa realizada este martes, Luis Flores Barrios, titular de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, informó que la liberación del hombre era inminente debido a que “El Güero Gym”, no contaba con órdenes de aprehensión al momento de su captura.

El funcionario detalló que los hechos ocurrieron durante un operativo realizado por agentes de la Fiscalía de Morelos para la entrega de un inmueble asegurado, por lo que se implementó un cerco perimetral de seguridad en el que también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado.

Sin embargo, minutos después de iniciar la acción, se ubicó a un generador de violencia que rondaba las inmediaciones del domicilio que intervenían, por lo que se desplegó a elementos para evitar que pudiera atentar contra el personal.

“El personal que se encontraba en el cerco perimetral desplegó un operativo para evitar que esta persona pudiera atentar en contra del personal que se encontraba interviniendo. Fue así como se realizó la detención, la ubicación y detención de este sujeto de nombre José David. Este sujeto se detuvo en flagrancia por delitos contra la salud”, explicó.

Secuestro se dio en una segunda intervención: 3 agentes fueron torturados para que el miembro de Pueblos Unidos fuera liberado

El funcionario explicó que “El Güero Gym” fue detenido alrededor de las 14:50 horas por el delito contra la salud en su modalidad simple por posesión de un narcótico, lo que no ameritaba prisión preventiva oficiosa.

Al finalizar la acción, el personal salió rumbo a Atlatlahucan, pero transcurridos cerca de cuarenta minutos, se dio el reporte del secuestro de tres agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que realizaban actos de investigación en el mismo municipio de la captura.

Esto derivó en el inicio de una carpeta de investigación por el delito de secuestro, lo que llevó a la Fiscalía de Morelos a identificar que la exigencia de los captores era la liberación de José David “N”, presunto miembro de Pueblos Unidos.

“Esta exigencia radicaba en la entrega de la persona que había sido horas antes detenido (...) Al consultar si esta persona contaba con alguna orden de aprehensión, resultó ser negativo y en consecuencia, estas condiciones permiten lo que se conoce como el acuerdo de libertad durante la investigación. A la postre, en la investigación del delito de secuestro se inició un techo de negociación y este techo de negociación exigía la libertad de esta persona para poder recuperar a nuestros compañeros”, explicó el fiscal.

Con esto, dijo que la prioridad era la recuperación de los tres agentes de la AIC ante la falta de órdenes de aprehensión en contra de José David “N”, por lo que calificó como “exitoso” el operativo al cumplir con con la ley.

Las autoridades detallaron que los tres agentes secuestrados se encontraban realizando actos de investigación luego del primer cateo donde fue detenido José David “N”, pero hasta el momento desconocen la forma en que fueron privados de la libertad.

“Al momento no hemos recabado su declaración (...) Los compañeros están ahorita en condiciones de primero atender sus temas de salud y, en consecuencia, estaremos ahí para tomar sus declaraciones”, señaló Flores.

El funcionario explicó que los tres agentes estaban siendo torturados durante su secuestro, por lo que sus vidas se encontraban en riesgo. Y es que, tras su recuperación, dijo que los elementos se encuentran golpeados, policontundidos y lesionados por disparo de arma de fuego.

Van por diez personas, entre ellas “El Güero Gym”

Tras los hechos, Luis Flores informó que son al menos diez personas las que investigarán por el secuestro de los tres agentes, incluido José David “N”, por lo que adelantó que emitirán las órdenes de aprehensión correspondientes para detenerlos.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, aseguró que no habrá impunidad en el caso y que todos los implicados serán detenidos.

“No habrá impunidad en estos hechos. Lo que sucedió el día de ayer en Totolapan con la retención de nuestros compañeros, el que se haya, por esa negociación, dejado en libertad por un acuerdo ministerial al objetivo que se había detenido y que esto sucedió en esas horas que mencionan, obviamente no quedará impune”, aseguró.

La Policía de Doral, en Florida, detuvo a Lazaro Nunez Martinez y Darian Ernesto Morejon Rodriguez, acusados de participar en un presunto secuestro y robo durante una operación de Facebook Marketplace. El hecho ocurrió el 9 de octubre y tuvo como víctima a un hombre que acudió a concretar la compra de teléfonos, informó CBS Miami.

El jefe de Policía de Doral, Matthew Castillo, explicó al medio que uno de los acusados ya le había vendido previamente un celular a la víctima. Luego, siempre de acuerdo con el relato policial, volvió a contactarlo para ofrecerle más dispositivos y coordinar una nueva transacción.

La reunión se pactó frente a un complejo de apartamentos de la ciudad. Al acercarse al vehículo para completar el intercambio, el comprador habría advertido que había un segundo hombre oculto en el asiento trasero, con un arma de fuego.

“Cuando nuestra víctima se reunió con él abajo, en el edificio, y abrió la puerta delantera del acompañante para realizar la transacción, notó que había alguien escondido atrás y armado”, afirmó Castillo en declaraciones recogidas por CBS Miami.

La víctima habría sido llevada varias cuadras bajo amenazas

Tras el encuentro, los dos sospechosos habrían obligado al comprador a ingresar al vehículo y lo trasladaron varias cuadras por Doral, bajo amenazas, de acuerdo con la versión expuesta por la Policía. La secuencia se desarrolló en una zona próxima a la intersección de Northwest 87th Avenue y Northwest 58th Street.

Las autoridades sostuvieron que, en un momento del trayecto, la víctima intentó escapar del automóvil en movimiento. Sin embargo, los acusados habrían conseguido introducirlo nuevamente en el vehículo.

La situación cambió cuando el hombre tomó una cartera que llevaba consigo y la arrojó por una de las ventanillas. Dentro había dinero en efectivo. La maniobra habría distraído al ocupante que viajaba en el asiento trasero y le permitió escapar.

“Usó su propio dinero, lo lanzó por la ventana para distraer a la persona que estaba atrás, y así pudo salir”, aseguró el jefe policial al describir el episodio. La Policía no precisó cuánto dinero llevaba la víctima ni si el efectivo fue recuperado posteriormente.

Los acusados enfrentan cargos de secuestro y robo

Nunez Martinez fue arrestado y acusado de secuestro y robo, detalló la Policía de Doral. El sospechoso compareció ante un juez el lunes posterior al hecho, según la información divulgada por el medio estadounidense.

Los agentes localizaron ese mismo día al segundo sospechoso, Morejon Rodriguez, en el condado de Broward. También fue detenido en relación con el caso. La información disponible no indicó si ambos contaban con representación legal ni ofreció detalles sobre las decisiones judiciales posteriores a las detenciones.

El caso se originó a partir de una operación coordinada mediante Facebook Marketplace, plataforma utilizada habitualmente para compras y ventas entre particulares. Castillo remarcó que quienes concreten intercambios con desconocidos deben evitar divulgar información personal que pueda comprometer su seguridad.

La Policía recomienda utilizar espacios seguros para las transacciones

Como medida de prevención, la Policía de Doral aconsejó realizar este tipo de encuentros en lugares vigilados y de acceso público. Castillo señaló que las sedes policiales pueden servir como punto de encuentro para concretar ventas o compras acordadas por internet.

“Si va a realizar una transacción con un desconocido, puede usar el vestíbulo de nuestra estación de Policía”, sostuvo el jefe de la fuerza. “Muchas estaciones de Policía y municipios ofrecen ese espacio seguro para hacer una transacción”, agregó.

La recomendación de las autoridades apunta a reducir los riesgos asociados con las operaciones en línea entre personas que no se conocen. En este caso, la investigación atribuye a los detenidos haber utilizado una supuesta venta de teléfonos para atraer a la víctima hasta el lugar donde ocurrió el presunto robo y privación de libertad.

Un juez en Sonora vinculó a proceso a Luis Fernando “N”, conocido como “El Güicho”, por el delito de privación ilegal de la libertad agravada. La resolución se dictó tras una investigación integrada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en el municipio de Magdalena de Kino.

El caso corresponde a hechos ocurridos el 12 de septiembre de 2026, cuando la víctima, identificada como Casandra Jimena “N”, fue interceptada mientras caminaba por la salida sur de la ciudad. Permaneció privada de su libertad hasta que fue liberada en las primeras horas del 14 de septiembre.

La resolución judicial contra “El Güicho”

Un juez determinó que existen elementos suficientes para someter a proceso penal a Luis Fernando “N” por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad agravada. La decisión se basó en los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público durante la investigación.

El imputado es señalado por la FGJES como presunto responsable de haber privado de la libertad a una mujer en la región de Magdalena de Kino, desde el 12 hasta el 14 de septiembre de 2026. La vinculación a proceso representa un primer paso en el procedimiento penal, luego de que la autoridad judicial consideró acreditado el delito y la probable participación del acusado.

La investigación estuvo a cargo de la FGJES, que documentó tanto el momento de la sustracción de la víctima como las condiciones en las que permaneció retenida hasta su liberación.

Cómo ocurrió el secuestro

Los hechos se registraron cuando la víctima caminaba por la salida sur de Magdalena de Kino, a la altura de las letras monumentales de la ciudad, sobre la Carretera Internacional. De acuerdo con los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, el imputado la sujetó por la espalda y la llevó contra su voluntad hacia una zona de monte cercana.

En ese lugar, según la investigación, el hombre la habría sometido mediante amenazas. Posteriormente le habría colocado sobre el rostro un trapo impregnado con una sustancia de fuerte olor, lo que provocó que la víctima perdiera el conocimiento.

Fue en ese estado que, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la mujer fue trasladada a otro punto del municipio, donde permanecería retenida durante los días siguientes.

El cautiverio en la colonia El Sásabe

Tras perder el conocimiento, la víctima fue llevada a un inmueble ubicado en un camino de terracería de la colonia El Sásabe. En ese lugar, según los datos de prueba, permaneció privada de la libertad bajo amenazas y sin posibilidad de retirarse por voluntad propia.

El cautiverio se extendió desde el 12 de septiembre hasta las primeras horas del 14 de septiembre de 2026, cuando finalmente la víctima fue liberada. La FGJES no detalló las circunstancias específicas en las que se produjo la liberación dentro de la información difundida sobre el caso.

Durante ese periodo, el Ministerio Público documentó elementos adicionales que formaron parte del expediente integrado para sustentar la vinculación a proceso ante el juez.

Expresiones de control documentadas en el expediente

Dentro de la investigación, el Ministerio Público también documentó expresiones de control y posesión dirigidas hacia la víctima por parte del imputado. Estos elementos fueron incorporados al contexto de violencia analizado durante la integración de la carpeta de investigación.

La FGJES señaló que el caso se trabajó con perspectiva de género, un enfoque que la institución aplica en la investigación de delitos que vulneran la libertad y seguridad de las mujeres en el estado.

La fiscalía sostuvo que continuará las investigaciones de este tipo de delitos, con el propósito de que las víctimas cuenten con acceso efectivo a la justicia y protección institucional durante todo el proceso penal derivado de estos hechos.

Las penas que contempla el Código Penal de Sonora

El delito de privación ilegal de la libertad agravada, por el que fue vinculado a proceso “El Güicho”, está contemplado en el Código Penal del Estado de Sonora. El artículo 294 de ese ordenamiento establece que comete este delito “el particular que ilícitamente sustraiga, detenga o retenga a otro”, y fija una pena base de tres a nueve años de prisión, además de una multa de veinte a doscientos días.

Sin embargo, cuando concurren determinadas circunstancias agravantes, la sanción se incrementa de forma considerable. El artículo 295 del mismo código establece que, en esos casos, la privación ilegal de la libertad se sancionará con cuatro a doce años de prisión, junto con una multa de veinticinco a trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La FGJES calificó el caso de Luis Fernando “N” como privación ilegal de la libertad agravada, lo que ubica la acusación dentro del rango de pena previsto en el artículo 295. El comunicado oficial de la fiscalía no detalló cuál o cuáles de las circunstancias agravantes contempladas en ese artículo fueron las que se aplicaron al caso concreto.

De comprobarse plenamente la responsabilidad penal del acusado durante el proceso judicial, la pena aplicable correspondería al rango agravado previsto en el artículo 295, es decir, entre cuatro y doce años de prisión, además de la multa correspondiente establecida en Unidades de Medida y Actualización.

La noche en la que Irán Castillo salió de una función de teatro en mayo de 2015, un choque automovilístico cambió el rumbo de su regreso a casa.

La actriz manejaba sola y creyó que el golpe en la parte trasera de su automóvil era un accidente. Minutos después de bajar a revisar los daños, fue privada de la libertad.

Más de 11 años después, una jueza federal dictó condenas de entre 57 y 165 años de prisión contra nueve personas de una organización señalada por secuestro agravado, delincuencia organizada, delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en la CDMX y el Estado de México.

El choque no era un accidente: así comenzaba la emboscada de Irán Castillo

La investigación retrató un método que convertía una maniobra cotidiana en una trampa. La investigación ubica a la organización en la capital del país, así como en Nezahualcóyotl y Chalco.

Entre marzo y mayo de 2015, sus integrantes buscaban, mediante accidentes provocados, sorprender a sus víctimas cuando iban al volante.

• Los agresores provocaban un choque por alcance para obligar a los conductores a detenerse y bajar de sus vehículos.
• Cuando las víctimas revisaban los daños, los integrantes de la banda las encañonaban con armas de fuego y las subían a camionetas.
• Después las trasladaban a casas de seguridad, donde mantenían comunicación con los familiares para exigir el pago de un rescate.
• En el caso de Irán Castillo, tras salir liberada, relató que salía de una obra de teatro cerca de las 23:30 horas cuando su automóvil fue impactado por detrás.
• La actriz dijo llamarse María y ser maestra de yoga para ocultar quién era. Sin embargo, los captores descubrieron su identidad al revisar sus pertenencias.
• Castillo permaneció cautiva durante alrededor de 72 horas, mientras su madre negociaba con los secuestradores.

La FGR también vinculó a la organización con al menos nueve averiguaciones previas por secuestro en Chalco, La Paz, Naucalpan y Ecatepec, además de las alcaldías Azcapotzalco y Álvaro Obregón.

Así, lo que comenzó con un golpe aparentemente menor en una calle de la ciudad en realidad formaba parte de una secuencia más compleja, diseñada para dejar a las víctimas sin margen de reacción.

Más de una década después, las condenas fueron de 57 a 165 años por distintos casos y víctimas

Las capturas se dieron en mayo de 2015. Más de una década después, el expediente llegó a una sentencia contra nueve personas.

La jueza Mariana Monroy Marín, titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, determinó penas distintas según los delitos y el número de víctimas acreditados en cada caso.

• Cristian Versay Juárez Pliego y Edgar Castillo Torres recibieron 165 años de prisión y una multa de 863 mil 742 pesos por hechos en agravio de tres víctimas.
• Jaime López Guerrero y Adriana Mora Cervantes fueron sentenciados a 161 años de cárcel y al pago de 846 mil 672 pesos por delitos cometidos contra tres personas.
• Bernardo Gabriel Ruiz Pantoja y Ángel Castillo Pizaña recibieron 111 años de prisión y multas de 573 mil 552 pesos por casos relacionados con dos víctimas.
• Jorge Luis Moreno Téllez y Carlos Olvera Cruz fueron condenados a 61 años de cárcel y una multa de 300 mil 432 pesos por hechos contra una víctima.
• Rosario Yazmín Juárez Pliego recibió 57 años de prisión y una sanción de 283 mil 362 pesos por delitos vinculados con dos víctimas.

Los hombres cumplirán sus penas en el Cefereso 4 “Noroeste”, en Nayarit, mientras las mujeres quedaron internadas en el Cefereso 16, en Morelos.

De esta manera, el fallo no concentró todos los casos en una sola víctima: expuso la dimensión de una extensa red a la que las autoridades atribuyeron varios secuestros en un periodo de muy pocos meses.

La liberación de Irán Castillo no cerró las secuelas del cautiverio

Irán Castillo recuperó su libertad horas antes de un operativo de la entonces Policía Federal. Días después, las autoridades detuvieron a 13 integrantes de la organización en Valle de Chalco, aunque las condenas anunciadas solamente correspondieron a nueve personas.

• La actriz contó que, al salir del cautiverio, sintió empatía hacia algunos de sus captores y dudó en colaborar con las autoridades.
• Al recopilar los testimonios de Irán, una psicóloga de la entonces SEIDO identificó esa reacción como síndrome de Estocolmo.
• La actriz participó después en diligencias de identificación y decidió declarar al considerar que otras personas podían convertirse en víctimas de la organización.
• La familia tuvo dificultades para reunir el dinero exigido por los secuestradores. Castillo ha señalado y agradecido a Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez, ya que habrían aportado la cantidad que faltaba para completar el rescate.
• Irán luego explicó que el contacto se dio porque su madre conocía al esposo de la cantante: “Ni la conocía, ni siquiera era mi amiga”. También señaló que con el paso del tiempo pudo retribuir el dinero recibido.

Más de 11 años después de aquel choque, las sentencias cerraron una etapa judicial para nueve integrantes de la organización y fijaron responsabilidades penales para quienes fueron condenados.

Para Irán Castillo, el caso conserva la huella de aquella historia que quedó ligada a una noche de mayo de 2015, a tres días de cautiverio e incertidumbre y a un proceso que tardó más de una década en llegar a una resolución.

La Policía Militar de Paraná rescató el viernes a 13 niños tomados como rehenes en un jardín de infantes de Curitiba, en el sur de Brasil, y mató al agresor, que amenazaba con incendiar el lugar.

El hombre ingresó al Centro Municipal de Educación Infantil tras llegar en bicicleta y saltar la cerca. Luego se encerró con los niños, de cuatro y cinco años, en una sala. La Policía indicó que el atacante “padecía esquizofrenia”.

El comandante de las fuerzas especiales de la Policía Militar de Paraná, Alexandre Lopes Dias, afirmó en una conferencia de prensa: “Logramos neutralizar a esa persona y rescatar a los 13 niños, que fueron trasladados a los servicios médicos y de bomberos para recibir atención”.

Según explicó el oficial, el agresor esparció un producto inflamable dentro de la sala y sostenía un encendedor. También portaba un cuchillo y una supuesta pistola, que después fue identificada como una réplica. “Durante toda la negociación permaneció con todos los niños a su alrededor y uno en el regazo”, relató Lopes Dias

Las conversaciones entre los negociadores y el secuestrador se extendieron durante cerca de tres horas. El jefe policial aseguró que los agentes resolvieron intervenir cuando los menores mostraron signos de estrés y el atacante comenzó a agredirlos. “Cuando percibimos que los niños estaban cada vez más estresados y que el agresor comenzaba a agredirlos físicamente, optamos por una intervención táctica para evitar un mal mayor”, explicó.

Televisoras locales difundieron imágenes de maestros y directivos que retiraron del jardín al resto de los alumnos. Testigos informaron que se escucharon varios disparos y fuertes estruendos similares a los de granadas aturdidoras.

La teniente Letícia Donatello, portavoz de la Policía, confirmó ante periodistas apostados frente a la institución que el atacante murió por disparos de los efectivos. La Policía identificó al agresor, pero todavía no determinó el motivo del ataque ni si el hombre tenía algún vínculo con el establecimiento.

Al ingresar al establecimiento, el intruso dejó caer una carta que el personal escolar recogió y entregó a las autoridades. El comandante Alexandre Lopes Dias confirmó la existencia del documento, aunque no divulgó su contenido.

El alcalde de Curitiba, Eduardo Pimentel, confirmó que los menores sobrevivieron y prometió asistencia para sus familias. “¡Los 13 niños están vivos y a salvo! Después de momentos de mucha tensión y angustia, esa es la noticia que todos esperábamos”, escribió en la red social Instagram.

La Secretaría Municipal de Educación señaló que siguió el caso desde el inicio y envió funcionarios a la escuela para asistir a los menores y a sus familias.

El estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, registró otros hechos de violencia en centros educativos. En 2023, un hombre armado con una pistola ingresó en una escuela de la ciudad de Cambé y el tiroteo dejó dos alumnos muertos.

(Con información de AFP)

El 16 de julio de 2026 comenzó como una jornada de trabajo ordinaria para Yajaida Cuadro Méndez. Laboraba como mesera en la conocida cafetería y restaurante La Escalerita, ubicada en Sweetwater, Florida. Sin embargo, al finalizar su turno de trabajo en la noche, la rutina diaria dio un giro drástico hacia una experiencia traumatizante que la confrontó de frente con el miedo a perder la vida.

Al terminar su jornada laboral, Yajaida intentó solicitar un vehículo a través de una aplicación para regresar a su hogar en Miami Gardens. Sin embargo, el servicio de transporte demoró y el conductor asignado nunca llegó a la locación.

En ese instante de espera e incertidumbre, un cliente habitual del establecimiento notó las dificultades de la trabajadora y se ofreció voluntariamente a llevarla en su propio automóvil. Yajaida, confiando en la aparente familiaridad de la interacción diaria en la cafetería, no percibió riesgo alguno y aceptó el ofrecimiento.

El trayecto transcurrió de forma normal hasta que la actitud del conductor cambió drásticamente. El hombre, identificado posteriormente como Deglis Anthony Harkin, de 24 años y de nacionalidad nicaragüense, le hizo propuestas de índole sexual a Yajaida mientras se desplazaban.

Sorprendida por la situación, la víctima rechazó de inmediato la propuesta y le ofreció pagarle en dinero el valor correspondiente al viaje realizado. Ante la negativa de la víctima, el nicaragüense reaccionó violentamente. La sujetó violentamente por el cuello, intentó forzarla a darle un beso y comenzó a asfixiarla dentro del habitáculo.

Cuando la presión cedió por un instante, Yajaida abrió con rapidez la puerta del automóvil para intentar escapar. Al bajar, debido al estado de shock y a los nervios del momento, cayó de rodillas sobre la carretera. En ese instante, el sujeto descendió del vehículo, la embistió y se lanzó sobre ella en plena vía pública, comenzando una violenta golpiza a puño cerrado. La agresión física y el estrangulamiento le provocaron la pérdida del conocimiento, quedando tendida sobre el pavimento.

Arresto, cargos penales y consecuencias del caso

Tras recobrar el sentido y recuperarse del ataque, Yajaida interpuso una denuncia ante el Departamento de Policía de Miami Gardens. Las autoridades iniciaron una investigación que incluyó la recopilación de testimonios y la revisión de imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, donde el sospechoso había quedado registrado la noche del incidente.

Luego de varias semanas de indagatorias e investigaciones, los oficiales ejecutaron el arresto de Deglis Anthony Harkin en el área de Miami Gardens. El hombre de 24 años enfrenta cargos graves de secuestro y agresión agravada por la tentativa de abuso sexual y las lesiones infligidas a la víctima.

Harkin permanece bajo custodia policial en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TJK) en el condado de Miami-Dade. Debido a su estatus migratorio como ciudadano nicaragüense, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) emitió una orden de retención migratoria sobre el detenido mientras se desarrollan las audiencias del proceso judicial.

Para Méndez, las secuelas físicas del ataque han sido acompañadas por un impacto emocional profundo. La víctima señaló para Univisión que padece de insomnio persistente y estrés postraumático a raíz del ataque vivido. Tras la traumática experiencia, asegura que la dolorosa lección que le deja este episodio es la importancia de no abordar vehículos particulares ni aceptar traslados de personas fuera de los canales formales y de confianza.

El episodio del secuestro de Irán Castillo “llega a su final” este 8 de octubre con sentencias de hasta 165 años de prisión para nueve integrantes de la banda que la mantuvo cautiva en mayo de 2015. La actriz fue retenida tres días, mientras su familia negociaba el pago del rescate con los captores.

Un juez federal acreditó los delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado, posesión de drogas con fines de comercio y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), presentó las pruebas que sostuvieron el fallo.

Dos de los captores recibieron la pena máxima

Las condenas variaron según el número de víctimas acreditadas a cada sentenciado. Cristian Versay Juárez Pliego y Edgar Castillo Torres fueron declarados responsables del secuestro de tres personas y recibieron 165 años de prisión, además de una multa de 863,742 pesos.

Jaime López Guerrero y Adriana Mora Cervantes obtuvieron 161 años de cárcel por delitos contra tres víctimas. Bernardo Gabriel Ruiz Pantoja y Ángel Castillo Pizaña fueron sentenciados a 111 años, mientras que Jorge Luis Moreno Téllez y Carlos Olvera Cruz recibieron 61 años. Rosario Yazmín Juárez Pliego cerró la lista con 57 años de prisión.

Los hombres cumplirán condena en el Centro Federal de Reinserción Social Número 4 “Noroeste”, en Nayarit. Las mujeres fueron trasladadas al penal federal número 16, en Morelos.

La organización estaba vinculada con al menos nueve averiguaciones previas por secuestro en Chalco, La Paz, Naucalpan y Ecatepec, además de las alcaldías Azcapotzalco y Álvaro Obregón.

El choque que llevó al secuestro

La actriz Irán Castillo relató en una entrevista con la periodista Matilde Obregón que el secuestro fue “fortuito”: el grupo no la buscaba a ella en particular, sino que operaba bajo el método de seguir a la mujer que va sola manejando de noche.

Esa noche de mayo de 2015, cerca de las 11:30 de la noche, salía de una función de teatro. Los agresores chocaron su auto por detrás. Antes de bajar, revisó el seguro de las puertas, un gesto reflejo que no evitó lo que vino después. “Me bajé yo, ‘ay, perdón’”, contó la actriz, al recordar que pidió disculpas a quienes la habían embestido, sin saber que se trataba de una emboscada. La subieron a una camioneta y la encañonaron.

Para ganar tiempo, dijo llamarse María y afirmó ser maestra de yoga, oficio que había ejercido antes. “Como es un asalto, pues les voy a decir, no, mira, me llamo María”, relató. El engaño se sostuvo hasta que, ya en la casa de seguridad, revisaron sus pertenencias y descubrieron su identidad.

Fueron los propios captores quienes llamaron primero a la madre de Castillo para iniciar la negociación. La actriz asegura que, años después, su mamá “hasta la fecha creo que todavía no se repone bien de aquello”.

Sufrió síndrome de Estocolmo

Durante los tres días de cautiverio, a Castillo nunca le vendaron los ojos, aunque sí le ordenaron mantener la vista en el piso. Una mujer, la única presente en el grupo, la cuidó durante el encierro: “no me dejes, cuídame, por favor”, le pedía la actriz, según su propio relato.

La relación con la mayoría de sus captores contrastó con la del líder de la banda, quien ya entonces estaba preso y se comunicaba por teléfono. “Cuando hablaba el jefe... me decía cosas espantosas, psicológicamente, feo, feo, feo”, describió Castillo.

Al ser liberada, se topó con un operativo de policías federales que no esperaba. Su primer instinto fue quedarse callada ante las preguntas, pues incluso llegó a pensar en cómo ayudar a quienes la habían secuestrado, convencida de que “estaban sufriendo mucho” y que algunos actuaban “por necesidad”.

Especialistas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) la canalizaron con una psicóloga, quien nombró lo que sentía: “Eso que tú tienes se llama síndrome de Estocolmo”, le dijo, según recordó la actriz.

El cuadro la llevó a resistirse a declarar ante las autoridades. Finalmente reconoció la voz del líder durante un proceso de identificación junto a otras ocho víctimas plagiadas antes por la misma organización. Declaró pese al malestar que le generaba señalarlos, porque de no hacerlo “iban a seguir secuestrando a otras personas”. Hoy dice seguir pidiendo que sus captores tengan “otra oportunidad de tener otra vida”.

Gloria Trevi completó el dinero del rescate

La familia de Castillo no logró reunir el monto total exigido por los secuestradores. La cantante Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, aportaron la diferencia, pese a que no existía entonces una relación cercana entre ambas artistas.

“Ni la conocía, ni siquiera era mi amiga”, dijo Castillo sobre Trevi, al explicar que el contacto se dio porque su madre conocía al esposo de la cantante. Con el paso del tiempo, la actriz pudo retribuir el dinero recibido.

Las víctimas fueron identificadas como Jherwin Cachique Ishuiza, de 24 años, y Marcial Ojanama Gonzales, de 42. Ambos prestaban servicios para un minero artesanal con contrato vigente, según la información proporcionada sobre el caso.

El ataque también dejó dos heridos, identificados como Vidal Tomás Villanueva Flores, de 34 años, y Armando Ferreyra Flores, de 30. Ambos recibieron atención médica inicial en la zona y fueron trasladados a Trujillo para recibir asistencia especializada, de acuerdo con los reportes del suceso.

La Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, intervino en el lugar para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades buscan establecer las circunstancias del enfrentamiento e identificar a los responsables.

Cómo ocurrió el ataque en la bocamina de Pataz

El ataque se produjo cerca de las 20:00 horas del lunes 6 de octubre, en la bocamina del nivel 2410, situada en el sector Santa María–Beta Briana, dentro de las instalaciones relacionadas con la minera Poderosa.

De acuerdo con la información preliminar, el episodio estaría relacionado con un enfrentamiento entre trabajadores mineros y presuntos integrantes de organizaciones criminales. Otro reporte policial señala que el hecho podría estar vinculado con una toma de rehenes dentro de la bocamina, circunstancia que permanece bajo investigación.

Los agentes que acudieron al lugar encontraron a dos hombres muertos por impactos de arma de fuego y a otros dos con heridas de gravedad. Un quinto trabajador logró salir ileso, según los reportes difundidos sobre la emergencia.

Minera Poderosa solicita más recursos para combatir la actividad ilegal

La Compañía Minera Poderosa confirmó que colabora con la Policía Nacional del Perú para facilitar las investigaciones. La empresa busca que las autoridades esclarezcan el ataque y determinen quiénes participaron en la incursión armada.

Asimismo, la compañía solicitó al Poder Ejecutivo un mayor despliegue de recursos para el Comando Unificado de Pataz, con el objetivo de reforzar las acciones frente a la actividad minera ilegal y los hechos de violencia que afectan a la provincia.

El pedido se produce tras un nuevo episodio armado en una zona donde las operaciones mineras y las intervenciones de seguridad requieren la actuación coordinada de las instituciones estatales. La investigación del caso permanece a cargo de las autoridades competentes.

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú condena el ataque

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) difundió un comunicado el 8 de octubre en el que condenó el ataque y expresó sus condolencias a los familiares de los dos trabajadores fallecidos. La institución también manifestó su solidaridad con los heridos, sus compañeros y las personas afectadas por el suceso.

En el documento, el IIMP sostuvo: “La minería ilegal es crimen organizado”. Además, advirtió sobre las consecuencias de la violencia para las comunidades y el Estado de Derecho.

La entidad instó a las autoridades a restablecer el orden y actuar contra las actividades ilegales. También reclamó garantías de seguridad para los trabajadores mineros, con el propósito de que puedan desempeñar sus labores sin poner en riesgo sus vidas.

El instituto reafirmó su compromiso con una minería formal, segura y sostenible, y pidió medidas frente a los hechos de violencia registrados en Pataz.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Diana Milena Agudelo Salazar, alias La Morocha, fue sometida a medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta responsabilidad en el secuestro de una pareja y el posterior desplazamiento forzado de esa familia en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá.

La captura se produjo el 6 de octubre de 2026 en la vereda Zabaleta Alta, parte de la misma entidad territorial, durante una operación conjunta con la Policía Nacional. Junto a Agudelo Salazar fueron detenidos Maicol Daniel Calle Pachón y Adonai Osorio Yusunguaira. Las autoridades les incautaron una pistola calibre 9 milímetros, una escopeta y munición.

La pareja permaneció retenida durante 11 días, según la Fiscalía

De acuerdo con el ente acusador, alias La Morocha, señalada como posible cabecilla del autodenominado Frente Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc, habría ordenado retener a la pareja, acusada por la estructura armada como opositores a sus intereses.

Según la información de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 18 de marzo de 2026, durante una reunión comunitaria en la vereda Camelia. Según la investigación, Agudelo Salazar increpó a las víctimas y ordenó que fueran llevadas a una vivienda del sector conocido como Nueva Ilusión.

La pareja habría permanecido privada de la libertad durante 11 días, hasta que escapó tras un descuido de quienes la vigilaban. Cuando los rehenes regresaron a su residencia, hombres armados llegaron al lugar y, presuntamente por orden de alias La Morocha, le exigieron salir de la región junto con sus cuatro hijos menores de edad.

A ‘La Morocha’ le atribuyen control social, recaudo de dinero y extorsiones

La Fiscalía sostuvo que Agudelo Salazar habría estado vinculada desde 2023 a la organización de masas y al recaudo de recursos para las disidencias de las Farc vinculadas a alias Calarcá, en esa zona de Caquetá. Entre sus presuntas funciones estarían imponer reglas a las comunidades, establecer horarios de movilidad y coordinar acciones extorsivas.

Por ende, tras su captura, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales la señaló por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, secuestro, desplazamiento forzado, terrorismo y porte de armas, municiones o explosivos de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.

Por su lado, Calle Pachón y Osorio Yusunguaira fueron imputados por fabricación, tráfico y porte agravado de armas de fuego o municiones. Los tres procesados no aceptaron los cargos y deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La Presidencia de la República, por su parte, enfatizó que “La Morocha” tenía tres órdenes de captura vigentes por concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas, municiones y explosivos.

Gobernador de Caquetá dijo que se buscó suspender sus órdenes de captura

De hecho, tras la detención, el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Aguilar, aseguró en declaraciones suministradas al medio NTN24 que durante el gobierno de Gustavo Petro se habría contemplado solicitar a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura contra Agudelo Salazar, por una eventual vinculación con el proceso de paz de la estructura de alias Calarcá.

Aguilar afirmó que acudió ante el ente acusador para cuestionar esa posibilidad y que la medida no se concretó. También denunció presuntas intimidaciones de la estructura Rodrigo Cadete durante los procesos electorales de 2023 y 2026. Según su versión, aspirantes políticos habrían sido obligados a buscar autorizaciones para hacer campaña en zonas rurales de Cartagena del Chairá.

Un informe de inteligencia militar divulgado por Blu Radio había alertado sobre supuestas reuniones convocadas en abril de 2026 por integrantes de esa estructura, entre ellos alias La Morocha, para movilizar representantes veredales y obstaculizar operaciones de la Fuerza Pública. Estas denuncias no hacen parte, por ahora, de los cargos anunciados por la Fiscalía en el caso del secuestro y desplazamiento de la pareja.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias condenatorias de hasta 165 años de prisión contra los integrantes de un grupo criminal dedicado al secuestro, que operó entre marzo y mayo de 2015 en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y en los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y Chalco.

Los sentenciados fueron hallados responsables de los delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado, posesión con fines de comercio de marihuana y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Las penas impuestas por cada caso

Un juez federal dictó distintas condenas según el número de víctimas atribuido a cada pareja de sentenciados. Cristian “N” y Edgar “N”, responsables por tres víctimas, recibieron 165 años de prisión y una multa de 863 mil 742 pesos.

Jaime “N” y Adriana “N”, también en agravio de tres víctimas, fueron condenados a 161 años de cárcel y una multa de 846 mil 672 pesos. Bernardo “N” y Ángel “N”, vinculados a dos víctimas, obtuvieron 111 años de prisión y multa de 573 mil 552 pesos.

Por su parte, Jorge “N” y Carlos “N” recibieron 61 años de prisión por una víctima, con una multa de 300 mil 432 pesos. Rosario “N”, señalada en agravio de dos víctimas, fue sentenciada a 57 años de prisión y multa de 283 mil 362 pesos.

Las sentencias fueron posibles luego de que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) aportara pruebas para acreditar todos los delitos imputados, incluido el secuestro, que se diferenció según el número de víctimas por cada acusado.

El modus operandi del grupo delictivo

El grupo criminal operó durante marzo y mayo de 2015 con un método reiterado: provocaba choques en la parte trasera de los vehículos de sus víctimas para obligarlas a detenerse. Una vez inmovilizadas, las privaba de la libertad y exigía el pago de un rescate a sus familiares.

Un boletín de la entonces Secretaría de Gobernación, publicado en 2015, detalló que la Policía Federal había iniciado la investigación contra este grupo desde enero de ese año. El trabajo de campo e inteligencia permitió identificar similitudes en el modo de operar de la organización, que interceptaba a personas de entre 20 y 40 años en el oriente del Estado de México y en el Distrito Federal.

Esa indagatoria ubicó una vivienda en la colonia La Concepción, en el municipio de Valle de Chalco, utilizada por los plagiarios tanto para mantener cautivas a sus víctimas como para planear sus actividades delictivas.

La detención y el arranque del proceso penal

El 8 de mayo de 2015, personal de la División de Investigación de la Policía Federal implementó un operativo en esa vivienda y detuvo a 13 presuntos secuestradores, entre ellos a quienes encabezaban la organización: Cristian Versay Juárez Pliego, de 22 años, y Ricardo Gómez López, de 23.

En el lugar se les aseguró un arma larga tipo fusil calibre .223, un arma corta tipo revólver calibre .38 especial, cinco paquetes de marihuana con un peso aproximado de 100 kilogramos y tres vehículos particulares, presuntamente empleados para interceptar a las víctimas. También se les decomisaron equipos de telefonía celular y otros objetos relacionados con las personas que mantuvieron en cautiverio.

De acuerdo con el boletín de la entonces Secretaría de Gobernación, a esta organización se le vinculó con al menos nueve averiguaciones previas por secuestro, derivadas de hechos ocurridos en 2015 en los municipios de Chalco, La Paz, Naucalpan y Ecatepec, en el Estado de México, así como en las delegaciones Azcapotzalco y Álvaro Obregón, en el Distrito Federal.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación de la entonces Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República, que ejerció acción penal ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Del auto de formal prisión a la sentencia firme

Tras el ejercicio de la acción penal en mayo de 2015, un juez dictó auto de formal prisión contra los procesados. El caso se mantuvo en distintas instancias jurisdiccionales hasta que la FGR obtuvo el fallo condenatorio definitivo detallado en las penas señaladas.

El boletín de sentencia de la FGR hace referencia a nueve de los originalmente detenidos: Cristian, Edgar, Jaime, Adriana, Bernardo, Ángel, Jorge, Carlos y Rosario. El documento no especifica la situación procesal de los otros cuatro detenidos en el operativo de 2015.

La indagatoria de la FGR precisó que el secuestro se diferenció como delito independiente según el número de víctimas atribuido a cada acusado, lo que explica la variación en los años de condena entre los distintos sentenciados, aun cuando enfrentaron los mismos cargos por delincuencia organizada, posesión de droga y posesión de arma de fuego.

Centros penitenciarios de reclusión

Según la FGR, los hombres sentenciados deberán cumplir sus condenas en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 4 “Noroeste”, ubicado en Nayarit. Las mujeres condenadas, por su parte, purgarán sus penas en el Centro Federal de Reinserción Social Número 16, localizado en Morelos.

Un juez de control determinó la vinculación a proceso de Brian Alonso “N” como presunto responsable del delito de desaparición cometida por particulares, en el caso que mantuvo en vilo a Culiacán durante enero de 2026, la privación de la libertad de la influencer Nicole Pardo Molina, identificada en redes sociales como “La Nicholette”. El juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y justificada.

La resolución se dio a conocer este 8 de octubre tras una audiencia en la que la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas Zona Centro, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), expuso los datos de prueba del caso.

El Ministerio Público formuló la imputación correspondiente y el imputado optó por guardar silencio sin declarar. El juzgador fijó un plazo de dos meses para que la investigación complementaria llegue a su cierre, tiempo que permanecerá en prisión.

La vinculación a proceso no implica una declaración de culpabilidad. Se trata de una resolución judicial que determina la existencia de elementos suficientes para continuar la investigación formal contra Brian Alonso “N”.

El Ministerio Público reconstruyó el operativo armado contra la influencer

Según los elementos presentados en la audiencia, el episodio se desarrolló el 20 de enero de 2026 en el fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán. Ahí, un comando de tres hombres armados habría interceptado a la víctima y la sometió para subirla por la fuerza a un vehículo. De acuerdo con el relato ministerial, posteriormente la trasladaron hasta la sindicatura de Imala, donde permaneció cautiva y recibió amenazas de muerte.

El secuestro ocurrió mientras “La Nicholette” se encontraba en un estacionamiento comercial de la zona, junto a su llamativa camioneta Tesla Cybertruck de color lila, un vehículo que ya era reconocido entre los habitantes de la ciudad por su diseño poco común. El sistema de cámaras integrado en la unidad grabó la totalidad del hecho, un registro que habría sido determinante para reconstruir la secuencia del ataque.

Las imágenes muestran cómo los agresores llegaron a bordo de un automóvil sedán, modelo antiguo y de color blanco, y bajaron para abordarla. En un primer momento ella intentó resguardarse en su propia camioneta, pero uno de los hombres, armado con un rifle de asalto, se lo impidió y la obligó a subir al otro vehículo. La Cybertruck quedó abandonada en el sitio como único rastro visible del ataque.

Un despliegue interinstitucional y el Protocolo Alba se activaron para localizar a la joven

La desaparición de la influencer detonó una movilización de autoridades estatales y federales, además de elementos castrenses que llegaron a la zona poco después del reporte. La Fiscalía puso en marcha el Protocolo Alba, mecanismo destinado a la búsqueda de mujeres desaparecidas, y distribuyó una ficha identificada con el folio PASIN/05/2026, en la que se describían los rasgos físicos de la joven, entonces de 20 años y 1.62 metros de estatura.

Durante los días en que permaneció desaparecida circuló en redes sociales un video en el que ella aparece leyendo un texto con un tono y una cadencia ajenos a su manera habitual de comunicarse, lo que generó sospechas de que se trataba de una grabación realizada bajo amenazas.

En ese material se le escucha declarar un presunto vínculo laboral con la estructura de “El Mayito Flaco”, hijo del histórico operador del Cártel de Sinaloa Ismael Zambada García. “Yo no estoy aquí por santa ni por casualidad, yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa de ‘El Mayito Flaco’”, se escucha decir en el video, en el que además menciona haber colaborado para cubrir pagos a patrullas estatales y recabar cobros de comercios en Culiacán. El mensaje incluye también un llamado a cesar el conflicto con la facción rival conocida como “La Chapiza”.

La joven fue liberada y reapareció públicamente días después

Tras las jornadas de búsqueda, la Fiscalía confirmó el 24 de enero que Pardo Molina había sido localizada con vida y que ya se encontraba junto a sus familiares. En ese momento las autoridades no detallaron las circunstancias exactas de su liberación, aunque el hallazgo representó el cierre del operativo de búsqueda activo desde el día del levantón.

Dos días más tarde, la influencer hizo su primera aparición pública en una ceremonia religiosa celebrada en una iglesia de la sindicatura de El Salado. Con la voz quebrada, subió al altar para dirigirse a los asistentes y agradecer las muestras de solidaridad recibidas durante su cautiverio: “Gracias a todos por tenerme en sus oraciones, por cada veladora que me prendieron, gracias por nunca perder la fe”, expresó ante la congregación.

La Nicholette, originaria de Phoenix, Arizona, y con doble nacionalidad, se había consolidado como figura digital gracias a su presencia en plataformas como TikTok, Instagram y OnlyFans, además de un negocio de mercancía con temática ligada a figuras del narcotráfico, entre ellas Joaquín “El Chapo” Guzmán y la fracción conocida como Los Chapitos. Su historia había alcanzado notoriedad desde 2023, cuando un corrido dedicado a su vida interpretado por el Grupo Arriesgado acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales.

“La Nicholette” reveló en el podcast de Gusgri detalles inéditos de su cautiverio

Seis meses después de su liberación, Nicole Pardo Molina habló por primera vez a profundidad sobre lo ocurrido durante su secuestro en una conversación con el podcast del Youtuber Jonathan Samao, mejor conocido como Gusgri. Ahí confesó un dato que no se conocía hasta entonces: el video en el que aparece autoinculpándose fue editado por ella misma en la aplicación CapCut, a partir de un guion que sus captores le hicieron llegar por mensaje de texto.

“Nada de lo dicho en esa grabación es real”, sostuvo la influencer respecto al contenido del material, donde se le escucha admitir un supuesto vínculo con la facción de “El Mayito Flaco” y hacer referencia a pagos hacia policías estatales. De acuerdo con su versión, sus captores no decidían nada por cuenta propia, sino que antes de interrogarla sobre cualquier tema consultaban por teléfono a alguien con mayor jerarquía.

Según su testimonio, el cautiverio se extendió durante cuatro días en una vivienda de dos plantas situada a escasos minutos del punto donde fue interceptada. Calculó que entre seis y siete personas, todas menores de 25 años, intervinieron en el operativo, y precisó que dos de los sujetos que aparecen en las grabaciones de su camioneta eran menores de edad.

La influencer narró también el momento de su liberación. Según contó a Gusgri, sus captores la dejaron la mañana del 24 de enero en la colonia Las Quintas, en Culiacán, con 500 pesos para tomar un taxi de regreso. El dato contrasta con el comunicado de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que ubica el cautiverio en la sindicatura de Imala, una zona rural alejada del área urbana donde Pardo Molina situó la casa de seguridad.

La captura de Armando Maldonado Lozoya, alias “El Chivo” o “El Señor de los Cuernos”, redujo a siete el número de objetivos que permanecen pendientes en la campaña “Se Busca Información”, una relación de personas buscadas por autoridades de ambos lados de la frontera de Chihuahua y Texas.

Maldonado Lozoya fue detenido el 25 de septiembre de 2026 en Ciudad Juárez por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento de una orden de aprehensión federal. En la lista binacional aparecía por el delito de homicidio y era identificado como “Chivo, El Señor de los Cuernos”.

En México, la investigación contra “El Chivo” tomó otra ruta. Un juez federal lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en delincuencia organizada relacionada con tráfico de personas y delitos contra la salud, además de imponerle prisión preventiva y fijar tres meses para la investigación complementaria.

El detenido era señalado por autoridades locales como presunto jefe de sicarios de La Línea en Ciudad Juárez. La ficha de “Se Busca Información” para El Paso y Chihuahua contempla 10 objetivos. Con Maldonado Lozoya, son tres los que han sido capturados: Leonel Salas Favela, alias “El Sobrino”; Manuel Galindo Moncayo, “Chivis” o “El Profe”; y “El Chivo”. Los otros siete continúan pendientes.

El 2 de octubre, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, César Omar Muñoz Morales, informó que se trabajaba en la renovación de la estrategia y que se esperaba contar con una lista actualizada hacia mediados de octubre.

Los siete perfiles que permanecen en la lista

Entre los objetivos que continúan pendientes se encuentra Emeterio Sifuentes Ortega, alias “Oso”, buscado por posesión ilegal de un arma de fuego y secuestro.

También aparece Jorge Rodríguez Luján, “El Kory”, por posesión o distribución de narcóticos y tentativa de homicidio agravado; así como Daniel Herrera Rodríguez, “El Palito” o “Dany”, por tortura y posesión o distribución de narcóticos.

La relación incluye además a Ángel Daniel Perales Herrera, “El Perales”, buscado por homicidio agravado; Michel Eduardo Gómez Lazarín, “Cirujano”, por homicidio y secuestro agravados; y Miguel Ángel Lares Mendoza, “El Lares”, por posesión o distribución de narcóticos y homicidio.

El séptimo perfil corresponde a Alberto Mariscal, quien aparece en la campaña por una acusación de agresión sexual contra un menor.

Las fichas establecen los delitos por los que cada persona es buscada, pero no significan por sí mismas una condena. Tampoco la inclusión en la campaña permite establecer que los siete objetivos restantes pertenezcan a una misma organización criminal.

La Línea, vinculada históricamente al Cártel de Juárez

La Línea es una organización criminal vinculada históricamente al llamado Cártel de Juárez o Cártel de Vicente Carrillo Fuentes. Su principal zona de operación se encuentra en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez y la región fronteriza con El Paso, Texas.

La relevancia de Ciudad Juárez para estas estructuras está relacionada con su ubicación frente a El Paso y con las rutas utilizadas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El Departamento de Justicia estadounidense ha descrito a La Línea como parte del Cártel de Juárez y ha documentado su alianza histórica con Barrio Azteca para disputar rutas de tráfico en Ciudad Juárez y Chihuahua.

Esa posición fronteriza también explica la dimensión binacional de las investigaciones. La zona de Juárez y El Paso concentra operaciones de corporaciones de seguridad de ambos países y es escenario de investigaciones relacionadas no sólo con narcotráfico, sino también con homicidios, secuestros, tráfico de personas y otras actividades criminales.

En el caso de “El Chivo”, las investigaciones federales revelaron además una conexión con estructuras dedicadas al tráfico de personas mediante túneles clandestinos en la zona limítrofe entre Ciudad Juárez y El Paso. La FGR mantiene abiertas indagatorias sobre esas redes.

La Línea, sin embargo, no debe confundirse con la totalidad de los perfiles incluidos en “Se Busca Información”. La campaña reúne objetivos diferentes y las fichas individuales atribuyen a cada uno delitos específicos.

Así define el Departamento del Tesoro a La Línea

La Línea comenzó como un brazo armado del Cártel de Juárez para defender los territorios de la organización en Ciudad Juárez y sus alrededores. Actualmente, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mantiene operaciones en Ciudad Juárez y acceso a rutas utilizadas para el tráfico de drogas y personas entre México y Estados Unidos.

La organización obtiene ingresos mediante el cobro de cuotas a otros grupos del narcotráfico por el traslado de mercancías a través del Valle de Juárez y, según el Tesoro estadounidense, también participa en el tráfico de drogas sintéticas, la tala ilegal y el robo de vehículos en Chihuahua.

El gobierno de Estados Unidos también señala que integrantes de La Línea participan en el tráfico de personas en territorio estadounidense. Entre los hechos atribuidos al grupo está el asesinato de nueve ciudadanos estadounidenses, incluidos seis niños, ocurrido en noviembre de 2019 en Sonora.

El Departamento del Tesoro añadió que La Línea mantiene una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde septiembre de 2023. Según esa dependencia, el CJNG suministra cocaína, metanfetamina y fentanilo a La Línea.

La lista será renovada a mediados de octubre

La campaña binacional fue establecida con una relación inicial de 10 objetivos y, dos años después, solamente tres han sido capturados. El 30 de agosto de 2024 fue definida la lista que se ha utilizado como referencia en la frontera.

Con la detención de “El Chivo”, la relación vigente quedó reducida a siete personas pendientes de captura. La renovación anunciada para octubre permitirá determinar qué perfiles permanecerán y cuáles serán incorporados a la siguiente etapa de la estrategia.

La campaña contempla la colaboración de agencias estadounidenses como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Departamento de Justicia, mientras que por México participan corporaciones de Ciudad Juárez y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Affleck interpreta a Mark Kimball, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles que ha construido su campaña sobre una imagen pública de estabilidad. Esa fachada queda bajo presión cuando Denny, su hijo, es secuestrado. Junto con su esposa Abigail, encarnada por Washington, deberá conseguir el dinero del rescate y decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para recuperarlo.

La cuenta regresiva impuesta por los captores atraviesa la vida privada y la ambición política de los Kimball. La búsqueda del niño obliga a la pareja a enfrentar información que había permanecido fuera de la vista pública y pone en riesgo tanto su familia como la candidatura de Mark.

Un secuestro altera la campaña de Mark Kimball

La sinopsis presenta a Animals como un thriller criminal centrado en las decisiones de una familia ante una crisis extrema. La desaparición de Denny desencadena una red de engaños que compromete a los protagonistas mientras buscan reunir el rescate.

En ese contexto aparece Dayle, el personaje de Gillian Anderson, quien advierte a los Kimball que la supervivencia de su hijo depende de que dejen de ocultarse cosas. Esa intervención instala uno de los ejes de la película: la distancia entre la imagen que el matrimonio proyecta y los secretos que sostiene puertas adentro.

La trama combina el conflicto familiar con la presión de una campaña electoral en Los Ángeles. Para Mark, cada paso tiene consecuencias que trascienden el ámbito doméstico, ya que su respuesta al secuestro puede afectar su aspiración de llegar a la alcaldía.

Kerry Washington encabeza el reparto junto a Affleck

Además de Affleck, Washington, Anderson y Yeun, el elenco incluye a Adriana Paz, Luis Gerardo Méndez, Ray Fisher, Christopher Woodley, Matt Gerald y Jacob Estrada. Paz y Méndez interpretan a Cecilia y Ramón, aunque los detalles sobre la participación de sus personajes en el misterio se mantienen en reserva.

La presencia de los dos intérpretes mexicanos amplía el reparto internacional del largometraje. Paz viene de ganar visibilidad global por Emilia Pérez, mientras que Méndez ha participado en producciones estadounidenses como Murder Mystery y Charlie’s Angels.

El guion fue escrito por Connor O. McIntyre, Billy Ray y Affleck. La película tiene una duración de 1 hora y 48 minutos y fue rodada en Los Ángeles y sus alrededores, el mismo escenario en el que transcurre la historia.

Affleck retoma el thriller desde la dirección

Con Animals, Affleck vuelve al terreno del suspenso como director después de títulos como Argo y Live by Night. La producción está a cargo de Brad Weston, Collin Creighton, Affleck, Matt Damon, Dani Bernfeld y Luciana Damon, con participación de Artists Equity, la compañía fundada por Affleck, Damon y Gerry Cardinale.

El proyecto tuvo modificaciones durante su desarrollo. En una entrevista con Entertainment Weekly, Affleck explicó que Jennifer Garner fue considerada inicialmente para interpretar a Abigail. El director señaló que ambos decidieron no avanzar con esa alternativa para evitar que la atención pública sobre su vínculo personal condicionara la recepción de la película.

La producción también atravesó una pausa durante el rodaje, iniciado en 2024. Matt Damon formó parte de una etapa inicial del proyecto, pero luego dejó el elenco debido a su participación en The Odyssey. Affleck asumió entonces el rol principal frente a cámara.

Animals estará disponible en Netflix desde el 9 de octubre.

Una jueza del estado de Morelos dictó auto de formal prisión contra Vito “N”, ex elemento del grupo antisecuestros de la Policía Judicial, acusado del delito de tortura en perjuicio de una mujer en hechos ocurridos en enero de 1998 en Cuernavaca. La resolución se obtuvo luego de una investigación impulsada por la Fiscalía Regional Metropolitana, dependiente del Ministerio Público.

La audiencia se celebró en el juzgado del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, ubicado en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, bajo el sistema tradicional de justicia penal mixta vigente para este tipo de expedientes.

Qué determinó la jueza y próximos pasos del proceso

Vito “N” seguirá recluido en prisión y cuenta con un plazo de 15 días para ofrecer pruebas a su favor y desechar las acusaciones en su contra. Así lo determinó la jueza al sujetarlo a proceso tras la audiencia realizada hoy.

El ex agente judicial enfrenta la acusación por hechos registrados en enero de 1998, durante una investigación por secuestro en Cuernavaca. El caso se suma al expediente de un ex compañero de corporación, procesado por los mismos hechos.

Previamente, en la audiencia de declaración preparatoria, Vito “N” se reservó su derecho a declarar con base en el artículo 20 de la Constitución. Su abogado defensor solicitó, además, la ampliación del término constitucional de 72 a 144 horas para definir su situación jurídica, lo que retrasó la resolución final sobre su proceso.

Los hechos de 1998 que originaron la acusación

De acuerdo con las indagatorias, en enero de 1998 Vito “N” se desempeñaba como policía judicial dentro del grupo antisecuestros de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado. En ese contexto, participó junto con otros ex agentes judiciales en la privación ilegal de la libertad de una mujer.

La víctima permaneció retenida durante cuatro días, como parte de una investigación por secuestro. Según las indagatorias, Vito “N” y los demás elementos la habrían torturado para que confesara haber participado en ese delito.

Producto de esa confesión obtenida bajo tortura, la mujer fue sentenciada posteriormente a 30 años de prisión. Recuperó su libertad en febrero de 2023, mediante el beneficio de remisión parcial de la pena.

A partir de las indagatorias sobre estos hechos, el Ministerio Público determinó la probable responsabilidad de Vito “N” y solicitó una orden de aprehensión en su contra.

Detención de Vito “N” y participación de la AIC

Vito “N” fue detenido el pasado 1 de octubre, acusado de participar en la privación ilegal de la libertad de la víctima en 1998. La orden de aprehensión en su contra fue ejecutada en días pasados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Tras la captura, se desarrollaron la audiencia de declaración preparatoria y, posteriormente, la de formal prisión, ambas bajo el sistema tradicional mixto que rige este expediente. En esa segunda audiencia, la jueza resolvió dejarlo en prisión al sujetarlo a proceso.

El caso paralelo de José Guadalupe “N”

Por los mismos hechos delictivos, José Guadalupe “N”, también ex policía judicial, permanece internado en el Cereso Morelos. Una jueza decretó previamente auto de formal prisión en su contra por el delito de tortura.

José Guadalupe “N” fue detenido el pasado 12 de agosto en la colonia Cuautlixco, en el municipio de Cuautla. Su caso se desprende de la misma investigación que derivó en la orden de aprehensión contra Vito “N”.

Ambos ex agentes judiciales enfrentan procesos independientes por su presunta participación en la tortura de la misma víctima, en hechos vinculados a la investigación por secuestro iniciada en 1998 en Cuernavaca.

Por qué se dicta un auto de formal prisión y no una vinculación a proceso

La audiencia contra Vito “N” se celebró bajo el anterior sistema tradicional de justicia penal mixta, no bajo el sistema acusatorio que rige actualmente la mayoría de los procesos penales en México.

Por ese motivo, la resolución judicial que define su situación jurídica se denomina auto de formal prisión y no auto de vinculación a proceso, término reservado al sistema acusatorio.

Esta distinción proviene de una reforma constitucional. El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que transformó el sistema penal mexicano de uno mixto a uno acusatorio, oral y adversarial. Esa reforma sustituyó la figura del auto de formal prisión, vigente en el país desde la Constitución de 1917, por el auto de vinculación a proceso.

La implementación de ese cambio no fue inmediata en todo el país. El propio decreto estableció un plazo máximo de ocho años, que culminó el 18 de junio de 2016, para que todas las entidades federativas adoptaran el sistema acusatorio. Antes de esa fecha límite, cada estado migraba al nuevo esquema en momentos distintos: Morelos, por ejemplo, lo instaló en 2007, antes incluso de la reforma federal, según cita un documento de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Esta transición explica por qué, en la actualidad, conviven procesos bajo ambos sistemas dentro del mismo estado: los hechos ocurridos antes de la entrada en vigor del sistema acusatorio continúan resolviéndose conforme a las reglas procesales vigentes al momento en que se cometió el delito, lo que en este caso corresponde al sistema tradicional mixto y, por tanto, al auto de formal prisión.

Esta misma figura judicial se aplicó en el caso paralelo de José Guadalupe “N”, el otro ex policía judicial señalado por los mismos hechos, quien también permanece recluido en el Cereso Morelos tras recibir un auto de formal prisión en su contra.

Un dron permitió a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizar y rescatar con vida a un adolescente de 17 años, quien permaneció privado de la libertad en una propiedad del ejido El Sapo, en las afueras de Hermosillo, Sonora. La aeronave no tripulada sirvió para ubicar con precisión el predio donde los captores mantenían oculto al menor, lo que permitió a los policías ministeriales intervenir antes de que la víctima sufriera algún daño.

De acuerdo con las primeras declaraciones del adolescente, habría sustraído droga a un grupo delictivo, hecho que detonó su secuestro en el contexto de un conflicto con una célula rival. En el predio donde fue hallado, los elementos de la AMIC detectaron pintas con las siglas “C.R.S.” y “GNS”, esta última asociada en reportes previos a una organización delictiva que opera en el estado, la Gente Nueva Salazar.

La información fue revelada en una conferencia de prensa encabezada por el fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, realizada en Hermosillo, donde se detallaron las circunstancias del operativo de rescate y se respondieron preguntas de los medios de comunicación.

El mensaje de auxilio del menor y el rastreo con dron que condujo al predio

Según los datos oficiales compartidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la intervención se originó cuando los familiares del adolescente recibieron un mensaje enviado por él mismo, en el que solicitaba ayuda y señalaba que se encontraba retenido por personas armadas. Con ese aviso, los familiares acudieron de inmediato ante las autoridades para reportar el hecho.

Elementos de la AMIC desplegaron un operativo en la zona del ejido El Sapo y recurrieron al uso de un dron para rastrear el sitio exacto donde permanecía la víctima. La aeronave sobrevoló el área y captó imágenes de las construcciones del predio, rodeado de vegetación y terrenos característicos de las afueras de Hermosillo.

Gracias a esa vigilancia aérea, los policías ministeriales ubicaron la zona donde se encontraba el menor. Al acercarse al lugar, escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de una de las construcciones, lo que confirmó la ubicación.

Debido a que se trataba de un delito en proceso y existía flagrancia, los elementos ingresaron al predio sin necesidad de una orden judicial previa y lograron poner a salvo al adolescente. Los presuntos responsables, al notar la presencia del dron sobre el predio, huyeron a pie e internándose en el monte cercano antes de que los policías llegaran a las construcciones.

Autoridades reconocieron que, pese al despliegue inmediato de las unidades, no fue posible la localización de los agresores en ese momento. Hasta el momento no se conoce cómo consiguieron la ubicación del predio.

Cinco vehículos y pintas atribuidas a grupos delictivos quedaron en el predio asegurado

Al revisar el inmueble, los elementos de la AMIC apreciaron a simple vista al menos cinco vehículos distribuidos en el predio. Entre ellos, una camioneta con las puertas traseras y la cajuela abiertas, en cuyo interior los captores mantuvieron oculto al menor antes del rescate.

En una de las paredes del predio quedaron visibles las siglas “C.R.S.” y “GNS”, pintadas en distintos colores sobre las estructuras de madera y lámina que conformaban el inmueble. Salas Chávez no detalló en la conferencia el significado exacto de esas siglas ni confirmó su vínculo con algún grupo delictivo específico.

Sin embargo, reportes previos documentados por Infobae México señalaron que, en septiembre de 2024, la Secretaría de Marina incautó en Caborca, Sonora, vehículos blindados con la leyenda “GNS” pintada, siglas que correspondieron a Gente Nueva Salazar, una célula que surgió como brazo armado del Cártel de Sinaloa y que opera de manera independiente desde finales de 2023, cuando se separó de Los Chapitos. La Gente Nueva Salazar también son reconocidos en Sonora como Los Salazar.

Salas Chávez indicó que la fiscalía tramitaba una orden de cateo para ingresar formalmente al predio una vez que se concretara el mandamiento judicial correspondiente. El inmueble quedó asegurado por los elementos ministeriales mientras se desahogaba ese trámite legal.

El robo de droga que habría originado la privación de la libertad del menor

Durante la conferencia, un reportero preguntó si el joven rescatado pertenecía a algún grupo delictivo y qué tipo de mercancía estaba en disputa. Salas Chávez respondió que, por tratarse de un menor de edad, existía un impedimento legal para proporcionar más información sobre su identidad o su posible vinculación delictiva.

Pese a esa reserva, Salas Chávez confirmó que la mercancía en disputa correspondía a droga y a un producto conocido como “wax”, un extracto concentrado de marihuana que suele ser vendido ilegalmente en vaporizadores. No se precisó la cantidad exacta sustraída ni el nombre del grupo al que presuntamente pertenecía la víctima antes de los hechos.

En la misma conferencia, el fiscal reconoció que la incorporación de menores de edad a actividades delictivas, ya sea como víctimas o como presuntos responsables, representó un fenómeno que no era exclusivo del estado de Sonora. Además, señaló que el Gobierno del Estado planteó, en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, una revisión del marco legal aplicable a menores involucrados en delitos de alto impacto.

El adolescente rescatado recibió atención médica y permaneció resguardado mientras la fiscalía de Sonora mantuvo abierta la investigación para identificar, ubicar y detener a los responsables de su privación de la libertad.

El recuerdo de los policías y militares que fueron secuestrados por las extintas Farc-EP volvió al centro del debate tras la difusión de declaraciones de Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, sobre un supuesto “buen trato” a los cautivos, en una audiencia de comparecencia en la que el exsecretario del grupo guerrillero participó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2019.

En especial, después de que víctimas de los secuestros, como el mayor general de la Policía Nacional Luis Mendieta, se pronunciaron frente a las declaraciones de Londoño en la diligencia judicial —reveladas por la senadora del Centro Democrático María Clara Posada—, el Centro Nacional de Memoria Histórica evocó una imagen de personas detrás de un alambre.

Frente a la imagen, la institución señaló: “Así trataban las Farc-EP a sus secuestrados”. La entidad precisó que muchos de los retratados fueron llevados durante la toma de Miraflores, Guaviare, ocurrida el 3 de agosto de 1998.

“129 policías y soldados, quienes también son víctimas, y también tienen memoria”, agregó la entidad en su publicación, que puso de nuevo el foco sobre los uniformados privados de la libertad durante el conflicto armado.

No obstante, la entidad no fue la única que recordó la situación de los rehenes en las temporadas más álgidas del grupo armado. En redes sociales se divulgaron videos en los que se registraron maltratos y encierros.

Las víctimas cuestionaron la versión de un “buen trato”

Por su lado, las reacciones de víctimas y la postura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contrastaron con esa versión. La discusión se intensificó luego de que se conocieron declaraciones de Londoño, en las que aseguró que la organización tenía lineamientos internos sobre la atención a las personas retenidas.

“Había unos criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida”, afirmó el exjefe guerrillero. También sostuvo que la tortura y los golpes estaban prohibidos dentro de esas directrices.

Sin embargo, antiguos secuestrados rechazaron esa descripción. El mayor general Mendieta, retenido durante cerca de 12 años después de la toma de Mitú en noviembre de 1998, respondió que “mi dolor supera todo lo que he leído en estas redes sobre lo reciente revelado de la JEP”.

Mendieta relató, en entrevista con La FM, que padeció encadenamientos, enfermedades, aislamiento y lesiones durante su cautiverio. En otro mensaje afirmó: “Casi dos décadas de cadenas, de llagas, de enfermedad, de hambre, de tortura resumidas en una risa perversa (...) El cinismo de estos criminales no tiene límites”.

El coronel retirado Enrique Guillermo Blanco, que también fue secuestrado en Mitú y recuperó la libertad en la Operación Camaleón de junio de 2010, cuestionó con ironía las afirmaciones de Londoño.

“Qué alivio para las víctimas. Debió ser maravilloso estar secuestrado en los campamentos de las Farc. Gracias por la aclaración, Timochenko”, escribió.

La JEP señaló que las directrices internas no se cumplieron

Frente a la controversia, la Jurisdicción Especial para la Paz aclaró que en el Caso 01, que investiga la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad atribuidas a las Farc-EP, se documentó la existencia de disposiciones internas que hablaban de un trato humano a los cautivos.

No obstante, como respuesta a las revelaciones de las audiencias, el tribunal precisó que esas reglas no se aplicaron de forma efectiva en los campamentos. Sus decisiones, indicó, se sustentan en testimonios de víctimas, análisis de contexto y pruebas periciales, no únicamente en las explicaciones de antiguos integrantes de la guerrilla.

Según la JEP, los responsables de la custodia tuvieron un amplio margen de actuación sobre los retenidos, una situación que derivó en torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual, homicidios y desapariciones forzadas.

Por estos hechos, la jurisdicción imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 antiguos integrantes de las Farc-EP, entre ellos los siete miembros del antiguo Secretariado. La entidad ha sostenido que la mención de un reglamento interno no reduce las responsabilidades judiciales ni equivale a una validación de las condiciones de cautiverio.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a los hermanos Franklin Jovani Pira Sarmiento y Yurley Andrea Pira Sarmiento, señalados de participar en la retención de un conductor de plataforma digital para hurtarle su vehículo y pertenencias en el sur de Bogotá.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado. La víctima habría sido intimidada y obligada a entregar las claves de sus teléfonos y la información relacionada con el sistema de ubicación del vehículo, con el fin de desactivar el rastreo satelital.

Los procesados no aceptaron los cargos. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras continúa el proceso penal en su contra. La decisión se tomó tras avalar la captura en flagrancia realizada por la Policía Metropolitana en la localidad de Tunjuelito.

De acuerdo con la información conocida después del procedimiento, uno de los detenidos, de 28 años, registra cuatro anotaciones judiciales previas por el delito de hurto. Su hermana, de 26 años, fue capturada en el mismo hecho. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades tras el volcamiento del vehículo en el que se movilizaban.

Así empezó todo: el falso servicio en El Campín

La reconstrucción del caso realizada por la Fiscalía ubica el inicio de los hechos en inmediaciones del estadio Nemesio Camacho El Campín, en la localidad de Teusaquillo, durante la madrugada del 3 de octubre. La víctima, conductor de una plataforma digital, recogió a dos hombres y una mujer con destino al barrio Gran América.

Al llegar al lugar indicado, uno de los pasajeros que iba en la parte trasera lo habría intimidado con un arma cortopunzante, mientras el otro lo amenazaba desde el asiento delantero. Luego lo obligaron a ubicarse en la parte trasera del automotor y le exigieron las claves de sus celulares y datos del sistema de ubicación.

Durante el cautiverio, que según algunos testimonios se extendió hasta dos horas, el conductor fue trasladado dentro de su propio vehículo hacia el sur de la ciudad. En ese lapso, los presuntos responsables se apoderaron de dinero en efectivo, un reloj, documentos personales, las llaves de su vivienda y tres teléfonos celulares.

Cómo los descubrieron: un carro halado con cuerda y gritos de auxilio

El caso que derivó en la judicialización fue advertido por uniformados que realizaban labores de vigilancia en el barrio San Vicente Ferrer, en la localidad de Tunjuelito. Allí observaron una maniobra que les generó sospecha: un vehículo era remolcado por otro automotor mediante una cuerda, en lo que las autoridades identifican como la modalidad de halado.

Al acercarse para verificar lo ocurrido, los policías escucharon voces de auxilio provenientes del interior de uno de los carros. Dentro encontraron al conductor con las manos atadas, pidiendo ayuda.

El mayor Marlon Parada, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, detalló el procedimiento: “Nuestros uniformados observaron un vehículo que era halado con una cuerda por otro automotor. Al escuchar voces de auxilio provenientes de su interior, procedieron a detenerlos”.

La persecución y el volcamiento que impidió la fuga

Al notar la presencia policial, los ocupantes de los dos vehículos emprendieron la huida por varias calles del sector. Cuadras más adelante, el conductor del carro que iba halando perdió el control y se volcó sobre la vía.

Después del accidente, uno de los señalados logró salir por una de las puertas e intentó escapar a pie, pero fue interceptado por una patrulla que le seguía el rastro. La mujer quedó atrapada dentro del vehículo volcado, lo que permitió a los uniformados llegar hasta la víctima y rescatarla. El conductor estaba amordazado y con las manos atadas, y era trasladado contra su voluntad.

La información oficial divulgada por la Alcaldía de Bogotá señala que el procedimiento permitió recuperar el vehículo y frustrar el traslado hacia un punto donde, al parecer, pretendían ocultarlo. La persecución y el posterior volcamiento impidieron que los ocupantes continuaran la fuga.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra tres efectivos policiales y un civil investigados por un presunto robo agravado ocurrido en Juliaca, Puno. La medida fue solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román y evaluada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román.

Los investigados son los policías Jhon B., Giancarlo B. y Micheel C., además del civil Cristian M. Según la disposición fiscal, los tres agentes pertenecían a la Unidad Escuadrón Verde – TERNA Juliaca al momento de los hechos.

La investigación sostiene que el grupo habría utilizado prendas y chalecos policiales para simular una intervención en un inmueble de la urbanización San Adrián de Juliaca. De acuerdo con la Fiscalía, los investigados también habrían empleado armas de fuego para intimidar a las personas que se encontraban dentro de la vivienda.

El caso se originó el 3 de octubre de 2026, cuando los cuatro investigados habrían llegado al inmueble en vehículos, entre ellos una camioneta perteneciente a la Policía Nacional del Perú. La diligencia fiscal permitió recoger diversos elementos que ahora forman parte de la investigación por presunto robo agravado.

Fiscalía atribuye a los investigados un robo de 10 mil soles

Según la tesis del Ministerio Público, los investigados ingresaron al inmueble sin contar con una orden judicial ni autorización para efectuar una intervención. Una vez dentro, habrían reducido a uno de los agraviados y conducido a otro por distintos ambientes de la vivienda bajo amenaza con un arma de fuego.

Los actuados fiscales señalan que uno de los afectados habría sido amarrado durante el presunto asalto. Otro de los agraviados habría sido trasladado hacia los pisos superiores, donde los investigados le habrían exigido una mochila y dinero.

La Fiscalía sostiene que el grupo habría registrado una habitación del tercer piso y sustraído 10 mil soles en efectivo. Además, uno de los agraviados presentó una lesión en la muñeca, de acuerdo con el certificado médico legal incorporado a la carpeta fiscal.

Diligencias permitieron incautar armas y otros objetos

Luego de los hechos, las diligencias permitieron encontrar dos armas de fuego y municiones. También fueron incautados un pasamontañas, una sobaquera y gorras, además de prendas de vestir y otros objetos que son materia de investigación.

La información fiscal señala que los gritos de auxilio y el llanto de los menores que se encontraban en el inmueble alertaron a los vecinos. Un grupo de residentes rodeó la vivienda y evitó que los investigados pudieran escapar antes de la llegada de las autoridades.

Estos elementos fueron incorporados a la investigación para establecer la participación de cada uno de los cuatro imputados y determinar las circunstancias en las que se produjo el presunto asalto.

Juzgado considera riesgo de fuga durante el proceso

Durante la audiencia, el magistrado José Enrique Ríos Núñez revisó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y los argumentos de las partes. El juzgado determinó que existen graves y fundados elementos de convicción que vincularían a los investigados con los hechos atribuidos.

Otro de los aspectos considerados fue el peligro de fuga. La resolución tomó en cuenta el intento de evasión advertido durante los hechos y la falta de arraigos suficientes que permitan garantizar la permanencia de los investigados durante el proceso penal.

El juzgado también consideró que la posible pena supera los 15 años de privación de libertad. Por estos motivos, dispuso nueve meses de prisión preventiva para los cuatro investigados.

Cuatro investigados serán internados mientras continúa la investigación

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román sustentó el requerimiento ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román. La fiscal adjunta provincial Silvia Álvarez Mita estuvo a cargo de la sustentación fiscal del pedido de prisión preventiva.

El Ministerio Público informó que las diligencias contaron con la participación de fiscales de las Fiscalías Penales de San Román, entre ellos Edgar Machaca Mamani, Tito Nieto Portocarrero, Carlos Medina Romero, Silvia Álvarez Mita, Andrea Quispecondori Calcina y Liz Amanqui Jara.

También participaron trabajadores administrativos y se contó con la coordinación de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Puno, Patricia Yolanda Olazábal Guerra.

Los cuatro investigados serán internados en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

Un Tribunal Unitario de Juicio Oral de Tamaulipas condenó a seis hombres ligados con el Cártel del Golfo a 25 años y tres días de prisión por la desaparición de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, ocurrida en marzo de 2023. Dos de las víctimas murieron durante el episodio.

Los sentenciados fueron identificados como Juan Francisco “N”, Antonio de Jesús “N”, Gustavo Marcelino “N”, Luis Valdez “N”, Ever Noel “N” y José Guadalupe “N”.

El fallo y las condenas impuestas

El tribunal impuso una pena de 25 años y tres días a cada uno de los seis hombres por el delito de Desaparición Cometida por Particulares. Ever Noel “N” recibió, además, 12 años adicionales por Homicidio Simple Intencional, lo que eleva su condena total a 37 años y tres días de prisión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el fallo se dictó tras valorar los elementos de prueba presentados durante el proceso, que acreditaron la responsabilidad penal de los sentenciados.

De acuerdo con AP, los condenados tienen edades que van de los 24 a los 41 años. Juan Francisco tiene 41 años; Antonio de Jesús, 36; Gustavo Marcelino, 34; Luis, 24; Ever Noel, 31, y José Guadalupe, 27. La misma agencia señaló que Ever Noel es de nacionalidad guatemalteca.

El viaje y el ataque en Matamoros

Los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados el 3 de marzo de 2023 en Matamoros fueron Latavia “Tay” McGee, Eric Williams, Shaeed Woodard y Zindell Brown.

El grupo de estadounidenses viajó desde Lake City, Carolina del Sur, hasta Matamoros, un trayecto de más de 2 mil 300 kilómetros que les tomó 22 horas. El objetivo era que Latavia McGee acudiera a una clínica para someterse a una abdominoplastia.

Cerca del mediodía del 3 de marzo de 2023, mientras circulaban por el centro de Matamoros, un vehículo embistió al suyo por detrás. Eric Williams relató que, al mirar hacia atrás, Zindell Brown vio un arma y les advirtió que no se detuvieran. Los disparos comenzaron de inmediato.

“Zindell y Shaeed se levantaron para correr y les dispararon”, contó Williams. Él saltó del vehículo por el lado del conductor y recibió disparos en ambas piernas. McGee fue subida a la fuerza a la caja de una camioneta, en un momento que quedó captado en video y luego difundido por las autoridades.

Una mujer mexicana, identificada como Areli Pablo Servando, de 33 años, murió por una bala perdida a una cuadra y media del lugar del ataque, según confirmó la Fiscalía de Tamaulipas en un comunicado.

El cautiverio y la localización de las víctimas

Según los sobrevivientes, Brown y Shaeed Woodard seguían con vida cuando sus cuerpos fueron arrastrados hacia la camioneta. Los cuatro fueron trasladados a otro punto para ser interrogados, donde Woodard murió. Brown falleció más tarde, mientras los captores decían llevarlo a un hospital, según el relato de McGee.

Durante el cautiverio, el grupo fue movido entre distintas ubicaciones, incluida una clínica donde atendieron la herida de bala de Williams. El entonces gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, señaló que los traslados constantes buscaban generar confusión y dificultar las labores de rescate.

Las autoridades localizaron a los cuatro estadounidenses el 7 de marzo de 2023 en una cabaña de madera en la zona de La Lagunona, al sur de Matamoros. Brown y Woodard fueron hallados sin vida; uno de los cuerpos presentaba una bata quirúrgica.

McGee resultó ilesa, mientras que Williams presentaba heridas de bala en ambas piernas. Los dos sobrevivientes fueron trasladados al Puente Internacional Ignacio Zaragoza y entregados a las autoridades estadounidenses.

En el momento del hallazgo, las autoridades detuvieron a José Guadalupe “N”, de 24 años, quien presuntamente vigilaba el lugar.

Las hipótesis sobre el motivo del ataque

El entonces fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo en conferencia de prensa que la línea principal de investigación apuntaba a un caso de identidad equivocada, aunque no brindó más detalles. Una fuente estadounidense cercana a la investigación dijo que los investigadores creían que el grupo pudo haber sido confundido con traficantes haitianos de droga.

El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los ciudadanos estadounidenses quedaron atrapados en medio de un enfrentamiento entre grupos.

La carta del Cártel del Golfo

Un día después de hallados los sobrevivientes, una persona que dijo hablar en nombre de la facción Los Escorpiones del Cártel del Golfo entregó una carta manuscrita a una autoridad policial de Tamaulipas, obtenida por la agencia AP. En el documento, el grupo señaló que habían “decidido entregar a los involucrados y responsables directos en los hechos, quienes en todo momento actuaron bajo su propia determinación e indisciplina”.

El grupo se disculpó con la sociedad de Matamoros, con la familia de Areli Pablo y con los estadounidenses afectados, y se comprometió a que los responsables paguen.

Pese a la disculpa, los familiares de las víctimas expresaron escepticismo. El padre de Woodard dijo sentirse sorprendido de que el cártel ofreciera disculpas, mientras que un primo de Williams afirmó que su familia no aceptaría ninguna disculpa del grupo criminal.

Evidencia asegurada y antecedentes del proceso judicial

Durante las investigaciones derivadas del caso, las autoridades aseguraron cuatro vehículos, una ambulancia, un predio y dos inmuebles, según informó la Fiscalía de Tamaulipas.

El caso había tenido un avance previo en el proceso penal. Según un reporte de la Fiscalía, las autoridades de Tamaulipas ya habían cumplimentado órdenes de aprehensión contra cinco de los implicados por los delitos de secuestro agravado y homicidio simple intencional, antes de que el proceso derivara en la calificación de Desaparición Cometida por Particulares que sostuvo la sentencia final.

En esa etapa previa, un juez también determinó la vinculación a proceso de José Guadalupe por secuestro agravado, con un plazo de cierre de investigación complementaria de cinco meses y prisión preventiva oficiosa mientras durara el proceso.

Reparación del daño y proceso paralelo

El tribunal determinó, además de las penas privativas de la libertad, la reparación del daño conforme a derecho. En el caso de Ever Noel “N”, se estableció el pago de 113.595,03 pesos, además de 25.242 pesos por concepto de gastos funerarios, en los términos fijados por la autoridad judicial.

La Fiscalía informó que, derivado de los mismos sucesos, otra persona fue sentenciada por el delito de abuso de autoridad. Esa persona recibió una pena de dos años de prisión y un año de inhabilitación para desempeñar un cargo público. El comunicado oficial no detalló la identidad de este sentenciado ni precisa en qué consistió la conducta sancionada.

Postura de la Fiscalía de Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas señaló que, con este resultado, refrenda su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la libertad, integridad y seguridad de las personas. La dependencia añadió que busca procurar justicia para las víctimas y evitar que los delitos queden impunes.

Juan —un nombre ficticio para preservar su identidad— fue secuestrado en su casa de Villa Devoto y permaneció cautivo casi dos días en un asentamiento de San Martín. Lo golpearon, lo torturaron con una picana eléctrica y exigieron dinero para liberarlo. Su hermano pagó un rescate de 3.000 dólares que envió mediante un Uber.

Por el ataque, ocurrido en noviembre de 2020, el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín condenó a Joaquín “El Paisa” Aquino, Marcelo Humberto González y Claudio Cisneros a 15 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo agravado, lesiones leves y robo agravado.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las penas al rechazar los recursos de sus defensas “por cuestiones formales”. La decisión lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Aquino, de nacionalidad paraguaya, fue detenido en febrero de 2022 en medio de la investigación por la cocaína envenenada vendida en Puerta 8, en Tres de Febrero. Por entonces, los investigadores sospechaban que su banda había provisto la droga adulterada.

El secuestro

El ataque sobre el que la Corte Suprema se expidió este jueves comenzó el 5 de noviembre de 2020, cuando los secuestradores capturaron a Juan en su domicilio del barrio porteño de Villa Devoto. Desde allí, lo obligaron a subir a un Chevrolet Spin y lo trasladaron a Villa Sarmiento, un asentamiento de Billinghurst, en el partido bonaerense de San Martín.

Durante el cautiverio, lo mantuvieron retenido y oculto en tres construcciones distintas. Según se acreditó en la investigación, lo golpearon, lo intimidaron con armas y le aplicaron descargas con una picana eléctrica mientras reclamaban dinero a cambio de su libertad.

También lo obligaron a pedirles dinero a su hermano y a su abogado. Finalmente, su hermano reunió los 3.000 dólares y los envió mediante un Uber hasta el lugar donde lo tenían cautivo.

Juan fue liberado el 7 de noviembre, alrededor de las 13.30, cerca del cruce de las avenidas General Paz y Beiró. Habían pasado casi dos días desde el secuestro.

Para la calificación del secuestro se consideraron la participación de tres o más personas, la obtención del pago del rescate y la violencia e intimidación ejercidas mediante armas cuya aptitud de disparo no pudo acreditarse.

Las defensas apelaron la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó las penas en octubre de 2024. Después llevaron sus cuestionamientos a la Corte Suprema.

Los antecedentes de “El Paisa”

Aquino fue detenido en José C. Paz en febrero de 2022, durante los operativos realizados en medio de la investigación por la cocaína envenenada. En su domicilio, los policías encontraron una pistola Glock con la numeración limada y material para unas 5.000 dosis de cocaína. En aquella causa fue imputado por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

La investigación sobre su organización había comenzado antes: en noviembre de 2021, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) había presentado ante la Justicia federal información reunida por la Policía Bonaerense sobre las actividades de la banda.

Tras su detención, la Dirección Nacional de Migraciones dispuso su expulsión y la prohibición permanente de reingreso a la Argentina, a raíz de sus condenas previas por delitos vinculados con armas y narcotráfico. La entonces titular del organismo, Florencia Carignano, precisó que la decisión se haría efectiva “cuando cese el interés de la Justicia sobre la persona”.

Septiembre dejó seis muertes, un secuestro de cuatro migrantes cubanos en México y la intercepción de 15 personas en aguas próximas a Bahamas, según el Índice de Riesgo Migratorio Cubano (IRMC) elaborado por elTOQUE y la organización Fundación 4Métrica.

El reporte contabilizó 14 eventos que involucraron a 40 personas durante septiembre de 2026. La cantidad de personas afectadas cayó un 82.1% frente a agosto, cuando se registraron 223 casos en 13 eventos. La reducción, sin embargo, no evitó que el mes quedara marcado por muertes, privaciones de libertad, intercepciones marítimas y condiciones de traslado que pusieron en riesgo a migrantes cubanos.

El IRM, que mide la exposición de los migrantes a hechos como muertes, secuestros, detenciones e intercepciones, marcó 0.69, sobre un máximo de uno, durante el mes pasado. La cifra corresponde a un nivel alto de riesgo y fue menor que el 0.74 de agosto.

Cuatro cubanos fueron detenidos tras una falsa oferta laboral en México

Uno de los episodios registrados comenzó con una oferta de empleo difundida en redes sociales. Un migrante cubano salió desde Playa Boca de San Diego, en Pinar del Río, hacia Cancún, México, a bordo de una lancha. La propuesta laboral no se concretó y el hombre terminó capturado junto a otros tres cubanos en una vivienda de la calle De los Jaguares, en el fraccionamiento Valle Verde.

El grupo estaba integrado por dos mujeres y dos hombres. Según los reportes citados por elToque, los secuestradores golpearon y torturaron a las víctimas. Además, grabaron las agresiones y enviaron los videos a sus familiares en Cuba para exigir USD 5,000 por persona.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional rescataron a los cuatro migrantes. El caso reunió dos de los riesgos que identifica el IRMC: las travesías marítimas irregulares hacia México y la acción de redes que retienen a migrantes para exigir dinero a sus familias.

Cinco cubanos murieron en Miami y otro falleció en Guyana

Las seis muertes documentadas ocurrieron en dos hechos. Cinco trabajadores cubanos de limpieza aeroportuaria fallecieron el 6 de septiembre, cuando un avión de carga se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y embistió varios vehículos, de acuerdo con el informe.

La sexta víctima fue un trabajador cubano de 36 años, que murió electrocutado el 1 de septiembre en una obra de Plantation Houston, East Bank Demerara, en Guyana.

Una embarcación con 15 cubanos fue detectada cerca de Elbow Cay

El 3 de septiembre, una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detectó una embarcación rústica con 15 cubanos a 13 millas al oeste de Elbow Cay, en Bahamas.

Una de las personas requirió evacuación por motivos médicos. Las otras 14 fueron repatriadas a Cuba una semana después. El hecho aparece en dos categorías del recuento mensual: intercepción y repatriación. Por ese motivo, la suma de personas por tipo de incidente alcanza 54, aunque el total de individuos afectados durante el mes fue de 40.

El informe también incluyó el hallazgo de un cubano, dos bolivianos y un colombiano dentro de un tanque de agua colocado sobre la plataforma de una camioneta cerca de Eagle Pass, Texas. La Patrulla Fronteriza los localizó el 14 de septiembre y debió cortar el tanque desde el exterior porque las personas encerradas no tenían forma de salir.

Estados Unidos concentró la mayor cantidad de eventos

Estados Unidos acumuló nueve de los 14 eventos del mes, con 14 personas involucradas. Bahamas registró dos incidentes y 15 afectados; Guyana tuvo dos eventos con siete personas, mientras que México sumó un caso que afectó a cuatro migrantes.

Por tipo de hecho, el IRMC registró cinco detenciones que involucraron a seis personas; dos eventos vinculados con condiciones de detención; una intercepción; una repatriación; un secuestro; una deportación y un rescate. Entre las personas cuya identidad pudo ser establecida había 16 hombres y dos mujeres. En los otros 22 casos, las fuentes no informaron sexo ni edad.

El índice advierte que sus cifras pueden variar si aparecen nuevos reportes sobre hechos ocurridos en septiembre.

Una mujer que permanecía secuestrada desde hacía casi seis meses fue localizada y liberada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), luego de que sus presuntos captores se enfrentaran a balazos en una vivienda del Infonavit Casas Grandes, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hecho ocurrió durante la madrugada y derivó en la muerte de uno de los hombres que presuntamente participaban en el secuestro, mientras que otros dos resultaron lesionados por impactos de arma de fuego.

De acuerdo con información de la SSPM, el caso comenzó cuando un hombre llegó por sus propios medios a la estación de policía Universidad, ubicada sobre el eje vial Juan Gabriel, para solicitar ayuda debido a que había recibido un disparo en la mejilla derecha.

Hombre herido llevó a los policías hasta la vivienda

Aproximadamente a la 01:50 horas, los policías encargados de la caseta de vigilancia reportaron a sus superiores que un hombre de 53 años, identificado como Lorenzo C. D., había llegado para pedir atención debido a una herida de bala.

El hombre aseguró que había sido víctima de un intento de asalto y señaló que el ataque ocurrió en el cruce de las calles Francisco Javier Alegre y Pedro Meoqui.

Ante el reporte, elementos de la corporación se trasladaron hasta el punto indicado para investigar lo ocurrido.

Sin embargo, mientras se encontraban en la zona, los agentes escucharon los gritos de una mujer que pedía ayuda, provenientes de una vivienda.

Los policías se acercaron al inmueble y localizaron a una mujer que se encontraba amarrada y parcialmente envuelta en una cobija.

La víctima fue identificada como Beatriz Susana S., de 34 años, quien relató a los agentes que había permanecido privada de la libertad durante casi seis meses y que tres hombres la mantenían cautiva.

Tras pagar el rescate, los captores se enfrentaron

La mujer explicó que sus familiares habían realizado un pago por su liberación durante la mañana del día anterior.

Sin embargo, después de recibir el dinero, los presuntos secuestradores comenzaron a discutir por la manera en que debían repartirse el pago.

Según el testimonio de la víctima, la discusión entre los hombres escaló hasta convertirse en una confrontación y posteriormente escuchó tres detonaciones de arma de fuego.

Los disparos permitieron que la situación fuera detectada por las autoridades, luego de que uno de los hombres involucrados llegara herido a la estación de policía.

A unos metros de la vivienda donde fue localizada la mujer, los agentes encontraron a José Manuel N. V., de 37 años, quien presentaba lesiones producidas por impactos de bala.

En el mismo sitio fue localizado otro hombre sin vida, quien presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza.

En la escena, los agentes aseguraron tres casquillos calibre 9 milímetros, los cuales quedaron bajo resguardo como evidencia para las investigaciones.

Fiscalía investiga el secuestro y el homicidio

Después del hallazgo, al lugar acudieron peritos en criminalística de campo, además de agentes ministeriales de la Unidad de Delitos contra la Vida y personal del Servicio Médico Forense.

Los especialistas realizaron las diligencias correspondientes en la vivienda y sus alrededores para recabar indicios relacionados tanto con el homicidio como con el secuestro de la mujer.

El cuerpo del hombre asesinado fue trasladado al anfiteatro de la Fiscalía de la Zona Norte, donde se realizarán los procedimientos correspondientes para establecer formalmente las causas de su muerte.

Mientras tanto, los dos hombres que resultaron heridos permanecen bajo custodia de la Agencia Estatal de Investigación, mientras se determina su posible participación en los hechos.

La misma autoridad quedó a cargo del resguardo de Beatriz Susana, quien fue localizada con vida después de permanecer presuntamente casi seis meses privada de la libertad.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el secuestro, identificar plenamente a todos los involucrados y determinar las responsabilidades correspondientes por el homicidio, las lesiones y la privación ilegal de la libertad.

Desde entonces, no hay sospechosos identificados públicamente, las recompensas no fueron reclamadas y su paradero sigue siendo un misterio. El caso es uno de los más seguidos del país.

La única detención visible en toda la investigación fue la de Luke Daley, de 37 años, a quien agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Pima interceptaron el 13 de febrero durante un control de tránsito en el estacionamiento de un Culver’s.

Al mismo tiempo, allanaron el hogar de su madre, ubicado a unos tres kilómetros (aproximadamente dos millas) del domicilio de Guthrie.

Pocas horas después del procedimiento, Daley quedó en libertad. Su abogado, Chris Scileppi, fue categórico al respecto.

“Mi cliente no tiene ningún vínculo con Nancy Guthrie y no posee información relacionada con su secuestro”, declaró Scileppi en un comunicado recogido por Fox News. “Al igual que toda la comunidad de Tucson, tanto él como su madre esperan que Nancy regrese sana y salva con su familia”, añadió.

Detenido de nuevo, pero por otra causa

El arresto del 30 de septiembre de 2026 responde a causas completamente distintas, tal como confirmó un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Pima a Fox News.

“Luke Daley fue ingresado al Centro de Detención para Adultos del Condado de Pima el 30 de septiembre de 2026. Este arresto no guarda relación con el caso de Nancy Guthrie”, sostuvo el funcionario.

Daley arrastra una extensa hoja de antecedentes penales y condenas previas. Registros judiciales obtenidos por Arizona Unsolved revelan que enfrenta dos acusaciones de delito grave: tenencia ilegal de armas y posesión de un narcótico.

El procedimiento del 30 de septiembre se inició durante una verificación de su libertad condicional, en la que agentes hallaron dos armas de fuego —una de ellas con un cargador colocado— y una bolsa con aproximadamente 0,7 gramos de una sustancia que dio positivo para crack. Se trata de acusaciones formales, no de una condena.

Esos cargos se suman a un expediente previo por drogas y armas en el que ya cumplía libertad condicional, cuya revocación los fiscales ya habían solicitado.

Una investigación sin sospechosos y con millones en recompensas sin reclamar

Las cámaras Nest instaladas en la puerta del domicilio de Guthrie captaron a un hombre enmascarado en las inmediaciones alrededor del momento del secuestro. Esa persona sigue sin ser identificada.

El FBI difundió dos imágenes obtenidas de ese sistema de cámaras, aunque aclaró que no es posible determinar si ambas corresponden al mismo individuo.

El sospechoso fue descrito como un hombre de entre 1,75 y 1,78 metros de estatura (entre 5 pies 9 y 5 pies 10 pulgadas), de contextura mediana, que llevaba una mochila negra de la marca Ozark Trail.

La familia de Guthrie recibió dos mensajes enviados a través de formularios de denuncia digital de distintos medios de comunicación: uno con una exigencia de rescate y otro en el que los supuestos captores afirmaban que había fallecido de manera inesperada.

Las autoridades no confirmaron la autenticidad de ninguno de los dos ni pudieron identificar a sus remitentes, tal como informó Fox News.

La recompensa acumulada por información que conduzca a su paradero asciende a más de USD 1.200.000, monto que permanece sin reclamar.

Quienes cuenten con datos útiles pueden comunicarse al 1-800-CALL-FBI o al servicio de denuncias anónimas de Tucson, Crime Stoppers, al 520-88-CRIME.

Durante años, la Ciudad de México fue considerada por sus autoridades como una excepción dentro del mapa del crimen organizado en México. Hablaban de narcomenudeo, de bandas dedicadas al secuestro y otros grupos locales, pero afirmaban que no había cárteles asentados en la capital. Esa fue la explicación oficial que se mantuvo durante buena parte de las administraciones de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.

Esta imagen comenzó a cambiar conforme aparecieron estructuras con capacidad para mantener redes de distribución de droga, disputar territorios y extender sus actividades a distintas alcaldías. Entre ellas surgieron la Unión Tepito, la Fuerza Anti-Unión y el Cártel de Tláhuac, mientras que investigaciones posteriores identificaron células relacionadas con organizaciones criminales de alcance nacional.

En mayo de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contaban con un reporte de inteligencia que identificaba 62 grupos delictivos con presencia en la capital. El documento “Grupos Delictivos 2024-2025” los relacionaba con actividades como narcomenudeo, extorsión, secuestro, homicidio, sicariato y explotación sexual.

La cifra no significa que existan 62 cárteles ni que todos tengan la misma capacidad. El propio mapa criminal incluye desde estructuras locales hasta células vinculadas con organizaciones que operan en otras entidades y grupos transnacionales. La importancia del dato está en el contraste con el diagnóstico que durante años sostuvieron funcionarios de seguridad: en la capital había delincuencia organizada, pero no propiamente cárteles.

El cambio en el discurso, a través de las declaraciones de los propios funcionarios

En enero de 2011, Miguel Ángel Mancera, entonces procurador general de Justicia del Distrito Federal, rechazó que el crimen organizado se hubiera asentado en la ciudad. En ese momento, la Secretaría de Marina y la Policía Federal habían realizado operativos en distintos puntos de la capital en busca de personas relacionadas con Los Zetas.

“No tenemos ningún reporte de que se hubiera encontrado, de que se hubiera asentado el crimen organizado en el Distrito Federal”, dijo Mancera. Explicó que algunos objetivos criminales podían encontrarse en tránsito y que, cuando eran detectados, las autoridades federales actuaban.

Dos meses después, el procurador volvió sobre el tema tras reunirse con Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública federal. Según Mancera, el funcionario federal le confirmó que tampoco existía un asentamiento de cárteles en el Distrito Federal.

“Reiteró (García Luna) algo que ya habíamos dicho nosotros, que no hay asentamiento de cárteles en el Distrito Federal”, declaró Mancera. El entonces procurador reconoció que integrantes de organizaciones criminales podían ser capturados en la capital porque estaban de paso o acudían para realizar alguna operación o recibir suministros.

La distinción era entonces entre la presencia ocasional de integrantes del crimen organizado y la existencia de una estructura criminal asentada en territorio capitalino.

En 2013, esa explicación seguía vigente. Rodolfo Ríos Garza, entonces procurador capitalino, fue entrevistado por El País sobre la existencia de cárteles y la violencia relacionada con el narcotráfico en la ciudad.

“Hay narcomenudeo, son transacciones de poca monta”, respondió entonces Ríos Garza. El funcionario aseguró que no había “ningún tipo de cartel ni banda organizada en la ciudad”, y separó el problema del narcomenudeo de la operación de los grandes grupos dedicados al tráfico de drogas.

Ese mismo año, Miguel Ángel Mancera, ya como jefe de Gobierno, también sostuvo que en la capital no operaban cárteles de la droga. La postura oficial seguía describiendo a la ciudad como un mercado de narcomenudeo y no como un territorio con organizaciones nacionales disputando espacios.

El diagnóstico tampoco cambió de inmediato ante nuevos indicios de actividades relacionadas con la producción y distribución de drogas.

Nuevo diagnóstico tras el hallazgo de un laboratorio para elaboración de drogas sintéticas

En enero de 2014, la Procuraduría General de la República localizó un laboratorio de drogas sintéticas en Milpa Alta. El hallazgo incluyó precursores químicos y equipo utilizado para la elaboración de estupefacientes.

Ese mismo día, Héctor Serrano, entonces secretario de Gobierno del Distrito Federal, también sostuvo que no existía presencia de cárteles en la capital. La posición del gobierno local era que los grupos criminales buscaban introducirse en la ciudad, pero no tenían una estructura asentada.

Meses después, la misma conclusión llegó desde el gobierno federal. En agosto de 2014, Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, afirmó que los reportes de inteligencia no habían registrado la presencia de grandes cárteles del narcotráfico en el Distrito Federal.

Murillo Karam reconoció que existía un problema de consumo y narcomenudeo, pero sostuvo que la capital no era una zona de tráfico o producción de estupefacientes y que los grandes grupos no estaban asentados en ella.

El mapa criminal de la ciudad ya comenzaba a adquirir nombres propios

En el suroriente apareció con fuerza el Cártel de Tláhuac, encabezado por Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”. La organización logró construir una estructura local con presencia principalmente en Tláhuac y capacidad para extender sus actividades hacia otras alcaldías.

El 20 de julio de 2017, Pérez Luna fue abatido durante un operativo de la Secretaría de Marina en Tláhuac. La operación convirtió al grupo en uno de los ejemplos más visibles de la capacidad que una organización criminal local había alcanzado dentro de la capital.

En el centro de la ciudad, mientras tanto, la Unión Tepito había evolucionado desde estructuras dedicadas al narcomenudeo hasta una organización relacionada con extorsiones, cobro de piso y otros delitos. Sus disputas internas también dieron paso a organizaciones rivales como la Fuerza Anti-Unión.

La diferencia con el diagnóstico de años anteriores comenzó a hacerse evidente: ya no se hablaba solamente de personas que llegaban a la capital para realizar operaciones aisladas, sino de organizaciones que tenían integrantes, redes y actividades permanentes dentro de distintas zonas de la ciudad.

El cambio de postura quedó expuesto en 2020

En junio de ese año, Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sufrió un atentado atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Un mes después, el funcionario afirmó que los grupos dedicados al narcotráfico llevaban años trabajando en la Ciudad de México.

“Los cárteles llevan muchísimos años trabajando en la Ciudad de México, que se haya negado su presencia en algún momento no es que no existieran”, declaró García Harfuch. Añadió que esas organizaciones habían operado a través de grupos locales como la Unión Tepito y la Anti-Unión.

La declaración marcó un contraste directo con lo que funcionarios capitalinos y federales habían sostenido durante los años anteriores. García Harfuch no planteó que un solo cártel controlara la capital; por el contrario, explicó que las organizaciones nacionales utilizaban células y grupos locales para operar.

Esa fragmentación se convirtió en una característica del nuevo mapa criminal

La Unión Tepito perdió parte de su capacidad como consecuencia de detenciones y disputas internas, mientras aparecieron nuevas células y grupos con presencia en diferentes alcaldías. En paralelo, organizaciones con base en otras entidades comenzaron a ser identificadas en la capital mediante operadores locales.

La SSC empezó a presentar sus resultados bajo esa lógica: no solamente como capturas de personas, sino como desarticulación de células y estructuras criminales.

Entre octubre de 2024 y abril de 2026, la dependencia reportó la desarticulación de 39 grupos delictivos con operación en la Ciudad de México. En ese periodo también informó la detención de 10 mil 435 personas por delitos de alto impacto y el aseguramiento de armas, drogas y vehículos relacionados con distintas investigaciones.

En septiembre de 2025, la SSC había reportado que 632 personas detenidas durante la administración de Clara Brugada estaban relacionadas con 26 células delictivas generadoras de violencia que habían sido desarticuladas. Entre los objetivos identificados entonces aparecían integrantes de Los Malportados, Cártel Nuevo Imperio y una célula vinculada con La Nueva Familia Michoacana.

El cambio más significativo, sin embargo, quedó registrado en el reporte de inteligencia 2024-2025.

Las 62 organizaciones identificadas por la SSC y la Fiscalía capitalina incluyen grupos locales y estructuras con vínculos fuera de la ciudad. Entre los nombres mencionados aparecen la Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión, Los Rodolfos, Los Tanzanios, Cártel Nuevo Imperio, Los Balta y el Cártel de Tláhuac, además de células relacionadas con organizaciones de alcance nacional.

El propio listado demuestra que el concepto de “grupo delictivo” utilizado actualmente por las autoridades es mucho más amplio que el de “cártel” que se discutía hace una década. Hay organizaciones con estructuras locales, células regionales y grupos que mantienen vínculos con organizaciones nacionales.

Por eso, la cifra de 62 no debe leerse como si la capital tuviera 62 organizaciones con capacidad para controlar territorios completos. El mapa muestra una delincuencia mucho más fragmentada, con grupos que compiten por mercados específicos y zonas determinadas.

La evolución también explica por qué el territorio se convirtió en un elemento central de la estrategia de seguridad capitalina. Las autoridades ya no solamente buscan impedir que integrantes de organizaciones nacionales entren a la ciudad: investigan células que tienen capacidad para distribuir drogas, extorsionar, cobrar piso, cometer homicidios y mantener redes criminales en alcaldías específicas.

El contraste con las declaraciones de una década atrás es evidente.

En 2011, Mancera hablaba de integrantes del crimen organizado que llegaban a la capital en tránsito o para realizar operaciones puntuales. En 2014, Murillo Karam sostenía que los grandes cárteles no estaban asentados en el Distrito Federal. En 2015, Mancera todavía afirmaba que la Ciudad de México no tenía un cártel asentado.

En 2020, García Harfuch reconoció que los cárteles llevaban años trabajando en la capital mediante grupos locales. Y para 2025, la inteligencia de la SSC y la Fiscalía capitalina ya tenía identificadas 62 organizaciones de distinta dimensión y alcance.

El mapa criminal de la Ciudad de México, por tanto, no cambió solamente porque aparecieran nuevos nombres. También cambió la forma en que las propias autoridades describen el fenómeno: de negar la existencia de cárteles asentados a reconocer la operación de organizaciones nacionales mediante células locales y a elaborar un mapa de decenas de grupos con presencia en la capital.

SSC reporta desarticulación de 39 grupos delictivos entre 2024-2026

En febrero de 2026, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reconoció la presencia de grupos criminales en la Ciudad de México, pero afirmó que ninguna organización mantiene el control territorial de alguna zona de la capital. También señaló que integrantes de grupos nacionales utilizan la ciudad para esconderse y operar sin mantener un dominio permanente.

“La ciudad no tiene ningún territorio que esté controlado por ningún grupo delictivo”, afirmó al ser cuestionado específicamente por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La diferencia respecto al discurso de años anteriores es que la propia SSC ya documenta organizaciones con operación en la capital. Entre octubre de 2024 y abril de 2026 reportó la desarticulación de 39 grupos delictivos, entre ellos Unión Tepito, Los Mancilla y Los Tanzanios. También documentó operaciones contra grupos como Cártel Nuevo Imperio y Los Malportados. SSC CDMX

En septiembre, un reporte de inteligencia citado por La Jornada identificó 13 organizaciones criminales relevantes con presencia en las calles de la Ciudad de México, mientras la FGR colocó a la capital entre las entidades con mayor concentración de organizaciones criminales activas.

Al menos cinco organizaciones criminales están relacionadas con el despojo de inmuebles

La identificación de organizaciones vinculadas con delitos específicos también se volvió más explícita. En agosto de 2026, Vázquez señaló que las autoridades tenían identificadas al menos cinco organizaciones criminales relacionadas con el despojo de inmuebles y predios, además de actividades como narcomenudeo, cobro de piso y extorsión. Mencionó entre ellas a Los Rodolfos, Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión, Los Malcriados 3AD y el Cártel de Tláhuac.

El cambio también se observa en investigaciones de alto impacto. En mayo de 2026, tras el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada, las autoridades capitalinas informaron que el crimen había sido coordinado por un grupo dedicado al narcomenudeo con operaciones en Ciudad de México y Estado de México. Posteriormente se identificó a la célula conocida como Los Dilan, cuyos integrantes, de acuerdo con las investigaciones citadas por La Jornada, habrían trabajado como sicarios para otros grupos, entre ellos Los 3AD y Cártel Nuevo Imperio.

Así, para 2026 la discusión oficial ya no gira alrededor de si existen o no organizaciones criminales en la Ciudad de México. La propia autoridad las identifica, les atribuye actividades concretas, ubica sus zonas de operación y reporta la captura de sus integrantes. La frontera discursiva se desplazó hacia otra pregunta: si esas organizaciones tienen capacidad para controlar de manera permanente un territorio de la capital. Esa es la diferencia entre el discurso actual de la SSC y las declaraciones de funcionarios de años anteriores que negaban el asentamiento de cárteles en el entonces Distrito Federal.

Michael Devlin pasa sus días bajo custodia protegida en una cárcel de Misuri, donde cumple más de 4.000 años de prisión por una serie de delitos que incluyen secuestro, abuso sexual y privación ilegal de la libertad. Ese número resume el desenlace judicial de un caso que comenzó en octubre de 2002, cuando un chico de 11 años llamado Shawn Hornbeck desapareció mientras andaba en bicicleta cerca de Richwoods, un pueblo rural a las afueras de San Luis, en Misuri, Estados Unidos.

Lo encontraron recién en enero de 2007, por casualidad, cuando la policía buscaba a otro chico secuestrado: Ben Ownby. Los dos estaban retenidos en el mismo departamento, a pocos kilómetros de sus casas.

El 6 de octubre de 2002, hace 24 años, Shawn salió a visitar a un amigo. Iba en su bicicleta verde limón por el mismo trayecto de siempre, el que sus padres lo dejaban recorrer solo.

En el camino, una camioneta blanca lo chocó. El conductor bajó con gesto de preocupación, se acercó al chico y le dijo que había estado “en el lugar equivocado en el momento equivocado”. Ese hombre era Michael Devlin, de 41 años, gerente de una pizzería durante el día y empleado de una funeraria de noche.

En segundos, Devlin se lo llevó. Lo trasladó a un departamento en Kirkwood, un suburbio de San Luis, donde lo mantendría cautivo durante más de cuatro años. El chico sufrió golpes y amenazas de muerte si intentaba escapar o pedir ayuda.

Craig y Pam Akers, el padrastro y la madre de Shawn, no se resignaron. Dejaron sus trabajos, gastaron sus ahorros y pidieron préstamos contra su jubilación para buscar a su hijo. Hasta consultaron videntes. En una aparición en The Montel Williams Show, la autoproclamada médium Sylvia Browne les aseguró que Shawn estaba muerto. La familia no le creyó y siguió adelante.

Los Akers crearon además la Fundación Shawn Hornbeck para ayudar a otras familias con hijos desaparecidos. Craig Akers llegó a colaborar en más de 40 casos de personas extraviadas.

Todos los años, en el aniversario de la desaparición, organizaban una vigilia. Para buena parte de sus allegados, aquello ya funcionaba más como un homenaje a un hijo perdido que como una búsqueda activa.

El secuestrador ataca de nuevo

El 8 de enero de 2007, Devlin repitió el método. Secuestró a Ben Ownby, de 13 años, cuando el chico bajó del colectivo escolar en Beaufort, otra localidad rural de Misuri.

Esa vez hubo un testigo. Un amigo de Ben llamado Mitchell Hults escuchó sus gritos y alertó sobre una camioneta blanca que escapaba a gran velocidad.

Mientras la policía rastreaba ese vehículo, Michelle McNamara, quien investigaba el caso de Shawn de forma independiente, empezó a cruzar datos. McNamara, quien luego participó en la identificación del Golden State Killer, vinculó las dos desapariciones antes que las propias autoridades.

Su hipótesis era que el secuestrador elegía chicos que aparentaban menos edad de la que tenían. Estuvo a punto de resolver el caso en su blog de crímenes reales, apenas un día antes de que la policía encontrara a los dos chicos con vida.

La captura del secuestrador

Las versiones sobre cómo la policía llegó hasta Devlin difieren según las reconstrucciones del hecho. Por un lado se informó que el FBI recibió un aviso sobre una camioneta estacionada en la pizzería donde trabajaba Devlin, y que las agentes Lynn Willett y Tina Richter lograron que confesara.

En cambio, otra versión señala que todo empezó cuando dos policías, mientras hacían un control en unos departamentos modestos de Kirkwood, vieron un vehículo que coincidía con la descripción de la camioneta buscada.

Lo cierto es que los investigadores rastrearon una camioneta hasta ese mismo edificio en la noche del jueves y allanaron el lugar la mañana del viernes.

Cuando entraron, encontraron a los dos chicos jugando con videojuegos. El sheriff del condado de Franklin, Glen Toelke, anunció esa misma noche que ambos habían aparecido con vida. La prensa bautizó el hallazgo como “El milagro de Misuri”.

La escena en la puerta del departamento quedó grabada en todos los relatos. Ben preguntó a los oficiales: “¿Me van a llevar a casa?”. El otro chico, cuando le preguntaron quién era, respondió simplemente: “Soy Shawn Hornbeck”.

Shawn había abierto la puerta junto a su captor con total naturalidad, y fue él mismo quien anunció que llevaba secuestrado desde octubre de 2002.

A ambos los llevaron a un hospital para un control médico. “Sonreían y parecían muy contentos de estar con sus familias”, dijo por entonces Bob Davidson, vocero del Cardinal Glennon Children’s Hospital. “Fue una noche emocionante”, agregó.

El tío de Ben, Loyd Bailie, describió la reacción del chico al ver a sus padres: “Se le iluminaron los ojos como monedas de plata”.

Craig Akers se enteró del hallazgo mientras volvía del trabajo bajo la lluvia. “Es el llamado telefónico que más voy a recordar en toda mi vida”, dijo al diario. “Es el mejor día de nuestras vidas. Ha sido como un sueño, y tenemos miedo de despertarnos”.

Días después, en la conferencia de prensa, Akers resumió todo con una frase que repitió varias veces: “Los milagros existen. Shawn es la prueba de ello”. También recordó el caso de Elizabeth Smart, otra chica secuestrada que había aparecido con vida años antes, y dijo que esa noticia les había dado fe cuando más la necesitaban.

La vida cotidiana del secuestrador

Lo que más desconcertó a investigadores y vecinos fue que Shawn no estuvo encerrado todo ese tiempo. Según la policía no mostraba signos evidentes de maltrato, andaba en bicicleta con regularidad y tenía amigos que lo visitaban.

Los vecinos del edificio pensaban que Devlin y el chico eran padre e hijo. Rick Butler, que vivía al lado, contó que nunca había notado nada raro: una vez encontró un celular que Shawn había perdido y se lo devolvió, y en otra ocasión los vio armar una carpa en el patio. “No vi ni escuché nada extraño en el departamento. Pensé que eran padre e hijo”, dijo.

Otro vecino, Mario Emanuel, recordó que semanas antes del rescate Devlin había llamado a la policía, furioso porque alguien le había ocupado su lugar de estacionamiento, y atendió a los agentes con total tranquilidad mientras Shawn se escondía adentro.

Tom Garner, que vivía en el mismo edificio, describió a Devlin como una persona “irritable”. Contó que a veces se escuchaban golpes contra las paredes y gemidos, y que en una ocasión bajó a preguntar por los ruidos: Devlin y el chico les aseguraron que no pasaba nada.

Pese a la aparente libertad, Shawn nunca intentó escapar ni delatar a su secuestrador ante extraños. Sí dejó una pista cifrada: usando el nombre “Shawn Devlin”, escribió en un sitio web armado por sus padres para recibir datos sobre su paradero: “¿Hasta cuándo piensan buscar a su hijo?”.

El regreso a casa no fue inmediato ni sencillo. Craig Akers se enfureció cuando el conductor televisivo Bill O’Reilly sugirió que Shawn podría haber disfrutado vivir con Devlin más que con su propia familia.

“¿De verdad se puede ser tan cruel?”, dijo Akers a la revista TIME. “Nuestro hijo tenía 11 años cuando lo secuestraron. A esa edad se puede manipular mentalmente a un chico en muy poco tiempo”, agregó.

El propio Shawn les había contado a sus padres que había vivido aterrorizado, después de ver esos comentarios en las noticias. Akers sospechaba además que Devlin podía haber abusado del chico, una intuición que la pareja compartió también en una entrevista con la reconocida periodista Oprah Winfrey.

Durante el cautiverio, Shawn no había pisado una escuela. Pam Akers explicó a la revista que esa sería la primera prioridad una vez que el chico fuera evaluado. El superintendente del distrito escolar de Richwoods, John Westerman, se comprometió a conseguirle maestros particulares para que pudiera recibirse junto a sus compañeros de siempre, pese a los años perdidos.

En casa, la adaptación tuvo roces propios de cualquier adolescente, pero con un trasfondo distinto. “Probó los límites, empujó un poco acá y allá”, contó Craig Akers a TIME. La familia tuvo que poner reglas nuevas, como mantener la puerta abierta cuando una chica que Shawn conocía de antes lo visitaba.

Pam Akers bromeó sobre lo que vendría: “Puede ir a ver la película que quiera. Pero vamos a estar ahí, con él”, dijo. Su marido, entre risas, agregó que ambos tendrían que acostumbrarse a hacer de acompañantes en varias citas.

Devlin terminó por admitir ante los fiscales que Shawn ya se le había hecho “grande” y que por eso había ido tras Ben, que aparentaba menos edad, tal como había anticipado la investigadora Michelle McNamara antes de que las autoridades resolvieran el caso.

Se declaró culpable de todos los cargos en su contra y recibió la condena que terminó en custodia protegida después de que otro preso lo atacara con un punzón de hielo en la cárcel.

McNamara, la investigadora que había conectado ambos secuestros desde su blog, murió a los 46 años mientras colaboraba con la investigación que terminaría identificando al Golden State Killer, poco antes de que ese caso se resolviera.

La Fundación Shawn Hornbeck, que la familia había sostenido durante los años de búsqueda, cerró por falta de fondos y de tiempo. Parte de sus integrantes ayudó después a crear el Missouri Valley Search and Rescue Team, un equipo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en la región.

Dos personas fueron rescatadas por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras un secuestro reportado en el centro poblado de Vijus, provincia de Pataz, en La Libertad. La intervención permitió además la captura de tres presuntos integrantes de la organización criminal “Los Secos de Trujillo”.

El caso se inició luego de una denuncia por la retención de dos ciudadanos que viajaban desde Huamachuco hacia Vijus. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio del Interior, sujetos armados interceptaron el vehículo en la zona de Nimpana y bloquearon su desplazamiento con dos automóviles.

Las primeras diligencias permitieron establecer que los presuntos secuestradores trasladaron a las víctimas hasta otro punto de la provincia. La esposa de una de las personas retenidas recibió una llamada telefónica en la que los captores exigieron S/500 000 a cambio de la liberación.

La respuesta policial estuvo a cargo de efectivos de las comisarías de Vijus y Chagual. Las unidades desplegaron acciones de búsqueda que llevaron hasta las inmediaciones del puente Calemar, donde se produjo un intercambio de disparos antes de la captura de los tres sospechosos y el rescate de las dos víctimas.

Tres sospechosos fueron capturados durante el operativo

La PNP identificó a los intervenidos como Miguel Ángel Paredes Ayay, de 30 años; Juan Cristian Briceño Vargas, de 28; y Eduar Jhonatan Baltodano Romero, de 31. Los tres fueron señalados de forma preliminar como presuntos integrantes de “Los Secos de Trujillo”.

El operativo también permitió el decomiso de un arma de fuego tipo UZI con un cargador abastecido. A ello se sumaron tres teléfonos celulares y una tableta, equipos que quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de las diligencias vinculadas con la investigación.

El hallazgo de estos elementos será incorporado a las actuaciones fiscales para determinar su relación con el secuestro denunciado. La investigación deberá establecer también la participación individual de cada uno de los intervenidos y si existen otros involucrados en el hecho.

Secuestro se produjo durante un viaje hacia Vijus

Según la denuncia recibida por la Policía, las víctimas se desplazaban desde Huamachuco con destino a Vijus cuando fueron interceptadas en el sector de Nimpana. Los sujetos utilizaron dos vehículos para impedir el paso de la camioneta en la que viajaban los ciudadanos.

Después de la interceptación, los presuntos delincuentes mantuvieron retenidas a las víctimas y establecieron contacto con la esposa de una de ellas. En esa comunicación solicitaron S/500 000 como condición para permitir su liberación.

Las acciones de búsqueda realizadas por las comisarías de Vijus y Chagual permitieron ubicar a los sospechosos en las inmediaciones del puente Calemar. En ese lugar ocurrió el enfrentamiento armado que precedió al rescate de los ciudadanos.

La Libertad figura entre las regiones con denuncias de secuestro

El caso registrado en Pataz ocurre dentro de un escenario nacional con denuncias de este delito. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 2.999 denuncias por secuestro entre enero y julio de 2026. La información difundida por Infobae, con base en los registros de dicha institución, señala que La Libertad aparece entre las regiones con una cantidad significativa de casos, junto con Arequipa y Junín.

El Ministerio Público proyectó además que el país podría superar las 5.300 denuncias de secuestro al cierre de 2026. Brenda Belleza, gerenta de Observación de Criminalidad de esa institución, señaló: “De acuerdo a lo observado, podemos indicar incluso que para el cierre de este año podríamos incluso superar la cifra de cinco mil trescientas denuncias de secuestro a nivel nacional”.

El registro citado por el Ministerio Público corresponde a denuncias acumuladas a nivel nacional y no establece una relación directa entre esa proyección y el caso investigado en Pataz. La investigación sobre las dos víctimas rescatadas permanece bajo responsabilidad de las autoridades competentes.

Fiscalía recibe a los detenidos y las especies incautadas

Los tres intervenidos y los objetos decomisados fueron puestos a disposición del fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Mixta de Tayabamba. Esta instancia deberá dirigir las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del secuestro y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La evidencia incautada durante la intervención forma parte de las actuaciones fiscales. Entre los elementos entregados figuran el arma tipo UZI, los tres teléfonos celulares y la tableta localizada durante el operativo.

La veterinaria Vania Rojo Ferrufino fue localizada con vida y se reunió con su familia después de permanecer tres días presuntamente secuestrada en el departamento boliviano de Santa Cruz, informó este domingo la Policía.

Rojo había sido reportada como desaparecida la noche del jueves 1 de octubre, después de que tres hombres armados la interceptaran cuando regresaba a su domicilio ubicado en el barrio 24 de Noviembre, en el municipio de Montero, 60 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra.

En el momento del secuestro, la mujer se encontraba junto a su esposo de nacionalidad francesa y sus dos hijos menores de edad. Los atacantes efectuaron disparos para amedrentar a la familia y se llevaron a la mujer en un vehículo.

Según información extraoficial, Rojo fue localizada el domingo en una plaza del municipio de General Saavedra, también en el norte de Santa Cruz, después de haber permanecido presuntamente retenida en una localidad de Puerto Villarroel, en el vecino departamento de Cochabamba.

Si bien las autoridades no dieron detalles sobre las circunstancias de su liberación, el comandante departamental de la Policía, Edson Fernández, confirmó la noche del domingo que la mujer se encontraba a salvo y junto a sus familiares.

Durante el cautiverio, los secuestradores habrían contactado a la familia para exigir el pago de 500.000 dólares a cambio de su liberación. Sin embargo, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, informó que no se pagó el rescate.

“La familia no ha pagado ningún rescate, la liberación es fruto del trabajo de inteligencia y del operativo policial desplegado desde el primer momento”, informó Oviedo, citado por medios locales, y vinculó a la organización criminal con el Trópico de Cochabamba, una región productiva en la que también se cultiva hoja de coca y donde se refugia el expresidente Evo Morales ante su posible captura.

El ministro Oviedo señaló que el operativo permitió la aprehensión de dos miembros de la organización criminal. Según su informe, la denuncia fue presentada la misma noche del secuestro, tras recibir la primera llamada extorsiva, y a partir de entonces se desplegaron unidades de investigación y operativos para localizar al a víctima.

El personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) estableció que la línea telefónica desde la que se contactó a la familia estaba vinculada a una cuenta de banca móvil a nombre de Luis F.V., un dato que permitió rastrear a los secuestradores.

La triangulación telefónica y la revisión de cámaras de seguridad aportaron elementos que condujeron a la aprehensión de dos de los presuntos responsables quienes fueron encontrados en poder de un arma de fuego, llaves de vehículos de alta gama y bienes inmuebles, además de grandes sumas de dinero. Según el reporte oficial, ambas personas intentaron sobornar a los policías que los habían encontrado con el pago de diez mil dólares.

La investigación continúa para identificar y capturar a los autores materiales y cómplices del secuestro.

El caso se produce en medio de la creciente preocupación en Bolivia por delitos vinculados al crimen organizado, aunque las autoridades todavía no han establecido oficialmente las circunstancias ni las posibles motivaciones detrás del rapto de Rojo.

Durante la persecución, se conoció que los sujetos habían retenido a una víctima, pero que fue rescatada tras el vuelco de uno de los automotores que habían sido hurtados. Allí, los uniformados encontraron al propietario de uno de los carros reportados como robados, amordazado en el asiento trasero.

El procedimiento comenzó en el barrio San Vicente Ferrer, en la localidad de Tunjuelito (sur de Bogotá), donde una patrulla detectó una escena que consideró irregular: un vehículo avanzaba mientras arrastraba a otro con una cuerda. La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que, al acercarse, los agentes escucharon pedidos de auxilio desde uno de los automotores.

Así como explicó el mayor Marlon Parada, comandante de la estación de Policía Tunjuelito: “Gracias a la oportuna reacción de nuestras patrullas de vigilancia, fueron capturados en flagrancia dos hermanos de veintiséis y veintiocho años de edad, quienes al parecer habrían hurtado dos vehículos en inmediaciones del estadio El Campín, mediante las modalidades de servicio de plataforma y halado. El procedimiento se desarrolló en el barrio San Vicente Ferrer de la localidad de Tunjuelito, donde nuestros uniformados observaron un vehículo que era halado con una cuerda por otro automotor”.

La intervención permitió frustrar la huida de dos hermanos, de 26 y 28 años, que estarían vinculados con el robo de dos vehículos cerca del estadio El Campín, en la localidad de Teusaquillo. Según la versión policial, uno de los dueños permanecía retenido contra su voluntad mientras los sospechosos trasladaban los carros hacia Tunjuelito.

Los ocupantes de los vehículos aceleraron al advertir la presencia de las patrullas y trataron de escapar por las calles de la localidad. La persecución se extendió durante varias cuadras hasta que uno de los automotores perdió el control y terminó volcado.

El oficial continuó diciendo: “Al escuchar voces de auxilio provenientes de su interior, procedieron a detenerlos. Al notar la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida durante el seguimiento, perdieron el control del vehículo y terminaron volcándose. Uno de ellos logró salir, intentó escapar, pero fue interceptado y capturado por nuestros uniformados. Su cómplice quedó atrapado en el automotor, situación que permitió a los policías rescatar el propietario del vehículo, quien fue encontrado amordazado y retenido en contra de su voluntad”.

Tras el accidente, el conductor logró salir por una puerta e intentó continuar la fuga a pie. Los policías lo persiguieron y lo capturaron poco después, de acuerdo con el reporte de la institución.

El otro señalado quedó atrapado dentro del vehículo que había volcado. Esa situación permitió a los uniformados acceder al automóvil y sacar a la víctima, quien seguía en la parte trasera.

La Policía sostuvo que los dos detenidos habrían usado dos métodos para concretar los robos: el falso servicio solicitado mediante una plataforma y el denominado “halado”, una modalidad en la que un vehículo remolca a otro para desplazarlo.

La retención del propietario habría empezado durante el hurto registrado en inmediaciones de El Campín. La persecución, por tanto, dejó al descubierto una secuencia que se inició en Teusaquillo y terminó con la intervención policial en Tunjuelito.

Uno de los hermanos capturados registra cuatro anotaciones por hurto, informó la Policía Metropolitana de Bogotá. Ambos quedaron a disposición de la autoridad competente.

“Uno de los capturados registra cuatro anotaciones por hurto. Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de hurto y secuestro. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a la línea 123 o al CAI más cercano”, concluyó diciendo el mayor Marlon Parada.

La Fiscalía deberá establecer la participación de cada detenido en el robo de los vehículos y en la privación de la libertad del propietario rescatado. El caso se investiga por los presuntos delitos de hurto y secuestro.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la víctima formaba parte de un grupo de mujeres que solicitaron créditos financieros, pero luego de surgir diferencias relacionadas con los pagos, comenzó a recibir exigencias de dinero y amenazas.

Sin embargo, las amenazas se ejecutaron el pasado 17 de agosto, cuando la mujer circulaba a bordo de un vehículo junto a su esposo al poniente de Morelia.

La unidad fue interceptada por varias personas que obligaron a la mujer a descender y, a base de amenazas contra su integridad y la de sus hijos, presuntamente la forzaron a firmar un documento en el que cedió los derechos de otro vehículo y se comprometía a entregar una cantidad de dinero.

Mientras cometían este delito, su esposo y una tercera personas fueron retenidos contra su voluntad, y uno de sus automóviles fue retirado sin su consentimiento.

Capturan a cuatro mujeres implicadas en el secuestro y extorsión

Luego de que la víctima presentó su denuncia, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión llevó a cabo las investigaciones que permitieron a identificar a cuatro mujeres implicadas en el hecho, por lo que solicitó las órdenes de aprehensión correspondientes.

Fue así que agentes de la Policía de Investigación ubicaron y detuvieron a Leslie Marlene “N”, Alina Yazmín “N”, Olivia “N” y María Teresa “N” al ser ubicadas en distintos puntos de Morelia.

Luego de su arresto, las cuatro mujeres fueron trasladadas al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto y puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional para que resuelva su situación jurídica.

Feminicidio destapa una banda de secuestradores en Michoacán

Un caso reciente relacionado con el secuestro ocurrió en Michoacán, donde el asesinato de Valeria, una adolescente de 15 años, permitió a la Fiscalía de Michoacán ubicar a una presunta banda familiar que habría participado en al menos tres privaciones de la libertad previas.

La joven fue localizada sin vida el pasado 26 de mayo en la zona de La Nopalera, a la altura de La Aldea, en Morelia. El hallazgo llevó a los investigadores a revisar otras carpetas y encontrar coincidencias con casos registrados desde 2025 en los que también estarían involucrados los presuntos responsables del feminicidio.

El principal detenido por el caso de Valeria fue Alexander “N”, identificado como el presunto responsable material e intelectual del secuestro de la joven. En la investigación también aparecen dos hombres llamados Rigoberto “N”, padre y hermano del primer arrestado, quienes tendrían vínculos con los hechos.

Carlos Torres Piña, entonces fiscal estatal, informó que el grupo acumulaba antecedentes por dos privaciones ilegales de la libertad de menores de edad y por el homicidio de Roosevelt “N”, un hombre originario de Nogales, Sonora.

En los dos casos de adolescentes, los captores habrían exigido dinero a las familias. Una de las víctimas habría sido retenida después de una exigencia de 300 mil pesos, mientras que en el segundo expediente la suma solicitada era de 250 mil pesos.

Los dos menores lograron escapar por sus propios medios, pero sus denuncias no derivaron en la desarticulación del grupo, el cual de manera posterior estaría involucrado en otro asesinato.

La tercera carpeta corresponde a Roosevelt “N”, quien viajó a Morelia para encontrarse con personas que conocía. Durante el trayecto, sus familiares comenzaron a recibir mensajes en los que les pedían 25 mil dólares a cambio de su liberación.

La denuncia por ese secuestro fue presentada seis días después de que Roosevelt “N” dejó de tener contacto con su familia, pero su cuerpo fue encontrado el 9 de octubre de 2025 en las inmediaciones de La Nopalera, la misma área donde meses después apareció Valeria.

El caso de Valeria: la cuarta víctima de la misma banda

Valeria vivía en Morelia y habría tenido contacto previo con Alexander “N”. De acuerdo con los datos que dio a conocer la Fiscalía, el hombre trabajaba en el corte de aguacate en Tacámbaro y se habría acercado a ella bajo la intención de establecer una relación sentimental.

El 25 de mayo, día de su desaparición, Alexander “N” se ofreció a llevarla a la escuela en motocicleta. Después, la familia de Valeria comenzó a recibir exigencias de un pago de 300 mil pesos por su liberación.

Alexander “N” fue detenido inicialmente por cohecho, luego de que habría intentado sobornar a agentes de la Policía de Investigación. Más tarde, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión en su contra por secuestro agravado.

Un juez de control lo vinculó a proceso el 2 de junio y le impuso prisión preventiva oficiosa. Su padre, Rigoberto “N”, fue detenido el mismo día por su probable participación en el secuestro y homicidio de Roosevelt “N”.

Tras identificar los tres casos previos relacionados con esta banda de secuestradores, un agente del Ministerio Público, que estuvo al frente de esas investigaciones, fue puesto a disposición de un juez por presuntas omisiones.

De acuerdo con las imágenes y los testimonios difundidos, los hechos ocurrieron en la región oriente del Estado de México. En la grabación se observa a los tres individuos mientras intentan someter a la joven, quien reclama que pretenden llevársela sin explicarle el motivo.

La mujer sostiene que únicamente caminaba por la zona, mientras los sujetos argumentan que supuestamente estaba fumando marihuana.

“Viene fumando”, se escucha decir a uno de los hombres cuando vecinos cuestionan la intervención y preguntan por qué pretenden llevarse a la joven.

Ante los reclamos, uno de los individuos habría respondido que no necesitaba una orden de aprehensión debido a que, según su versión, la joven llevaba droga.

La escena provocó que algunas personas cuestionaran la identidad de los sujetos y la legalidad de la detención.

En el video también se observa un vehículo utilizado durante la intervención, cuya placa habría sido alterada o cubierta. Sin embargo, en las imágenes se alcanzaría a distinguir una calcomanía con la matrícula NTC-7165, dato que forma parte de los señalamientos difundidos públicamente y que no ha sido confirmado oficialmente por la Fiscalía.

Denuncian que serían los mismos que participaron en otro supuesto secuestro

Además del video, en redes sociales apareció el comentario de una persona que aseguró reconocer a los individuos y señaló que la mujer que aparece en la grabación presuntamente se habría presentado anteriormente como comandante.

“Son los mismos que me secuestraron”, afirmó la posible víctima en una publicación, en la que también aseguró que la mujer supuestamente trabaja en el Ministerio Público de San Vicente Chicoloapan.

La persona sostuvo que los presuntos involucrados habrían participado en otros hechos de extorsión y secuestro en la zona de la carretera México-Texcoco.

El caso, sin embargo, ocurre en un contexto en el que durante 2025 y 2026 se han documentado distintos casos de personas que se hacen pasar por agentes ministeriales para cometer delitos en el Estado de México.

FGJEM ha detenido a falsos ministeriales

En marzo de 2026, la FGJEM informó que había detenido a 44 personas que presuntamente se hacían pasar por policías ministeriales para instalar retenes ilegales, realizar revisiones a automovilistas y posteriormente extorsionarlos.

Según la Fiscalía, algunos de los involucrados utilizaban vehículos, uniformes e insignias apócrifas. Los expedientes fueron judicializados por delitos relacionados con la simulación de vehículos oficiales, portación y disparo de arma de fuego y uso indebido de uniformes o insignias.

El caso también fue llevado al Congreso del Estado de México, donde el diputado Samuel Hernández informó en marzo que 44 personas habían sido detenidas por presuntas extorsiones contra automovilistas mediante falsos operativos en carreteras de la zona nororiente.

Denuncias en la México-Texcoco

En julio de 2025, ciudadanos denunciaron la presencia de presuntos falsos ministeriales en la región de Texcoco. Una de las víctimas relató que personas que se ostentaban como agentes detuvieron a un familiar bajo el argumento de realizar una inspección de rutina y posteriormente lo habrían amenazado con incriminarlo si no entregaba dinero.

De acuerdo con el reporte, los supuestos agentes se desplazaban en vehículos Dodge Charger sin placas ni logotipos oficiales.

Un mes antes, en junio de 2025, dos hombres que presuntamente se hacían pasar por ministeriales fueron detenidos sobre la carretera Texcoco-Lechería, en Ecatepec. Según el reporte, un automovilista había denunciado que fue privado de la libertad y llevado a retirar dinero de una institución bancaria.

Cuatro agentes de la FGJEM fueron detenidos por presunto secuestro exprés

El antecedente más reciente y relevante ocurrió en agosto de 2026, cuando cuatro elementos de la Policía de Investigación de la propia FGJEM fueron detenidos por su probable participación en un secuestro exprés con fines de extorsión.

La Fiscalía identificó a los detenidos como María Fernanda “N”, Benito “N”, Efraín “N” y Mario “N”, y precisó que todos tenían plaza de agentes investigadores, aunque no ocupaban cargos de mando.

Por separado, en mayo de 2026 autoridades federales y estatales desarticularon una célula cuyos integrantes presuntamente simulaban ser agentes ministeriales para cometer secuestros, extorsiones, robos y homicidios en municipios como Huehuetoca, Zumpango, Coatepec y Teoloyucan.

Autoridades no han informado sobre el video de Chicoloapan

Hasta el momento no se había dado a conocer una postura oficial de la FGJEM sobre el video de San Vicente Chicoloapan ni se había confirmado que las personas involucradas fueran servidores públicos de la institución.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México mantiene canales para denunciar casos de extorsión y recomienda utilizar el número 089 para reportar este tipo de hechos. La dependencia informó que durante 2025 recibió más de 39 mil reportes relacionados con extorsión y fraude.

Lisa Irwin tenía tan solo diez meses cuando desapareció de la cuna de su casa en Kansas City, Misuri, Estados Unidos, la madrugada del 4 de octubre de 2011. Sus padres, Deborah Bradley y Jeremy Irwin, nunca dejaron de creer que alguien entró esa noche y se la llevó. Quince años después, nadie fue acusado formalmente y aquella beba, hoy una adolescente, sigue sin aparecer.

Lisa había nacido el 11 de noviembre de 2010. Sus padres la describían como una nena feliz que adoraba a sus dos hermanos, de cinco y ocho años. Faltaban apenas semanas para su primer cumpleaños cuando se esfumó.

La familia vivía en un barrio de trabajadores en las afueras de Kansas City, donde los vecinos se movían en camionetas y se juntaban los domingos a comer. La desaparición de la beba rompió esa rutina: los vecinos dejaron de reunirse.

Esa noche, Jeremy Irwin trabajaba su turno como electricista mientras Deborah se quedaba en la casa con Lisa y sus dos hijos mayores. La mujer bebía vino en el patio con una amiga.

Jeremy volvió pasadas las 3 de la madrugada del 4 de octubre y algo no encajaba. Las luces estaban prendidas, la puerta principal sin llave y una de las ventanas tenía el mosquitero forzado hacia adentro. Cuando fue a revisar a Lisa, la cuna estaba vacía. Nunca se determinó si fue secuestrada o si murió esa noche.

“Nos levantamos y empezamos a gritar por ella, buscamos por todos lados, no estaba”, dijo Deborah Bradley a la prensa. El hombre también notó que faltaban tres teléfonos celulares que la familia tenía cargando en la cocina.

Los primeros informes policiales describieron a Lisa con 76 centímetros de altura y entre 11,8 y 13,6 kilogramos de peso, ojos celestes, pelo rubio y dos dientes inferiores. Vestía un short y una remera violeta con gatitos blancos.

Al amanecer, más de 100 oficiales rastrillaban el bosque detrás de la casa. La comunidad organizó una vigilia la noche siguiente, mientras la búsqueda seguía sin resultados.

La madre dijo primero que había acostado a Lisa a las 22.40 de la noche anterior. Después cambió su relato: admitió que había bebido lo suficiente como para perder la noción del tiempo y que quizás la última vez que la vio con certeza fue a las 18.30.

Los padres también sostuvieron que una ventana de la habitación de Lisa había sido forzada desde afuera, lo que alimentó la hipótesis del secuestro y motivó que se emitiera una alerta nacional. Más tarde se supo que esa ventana estaba intacta, y fue marcada como una de las contradicciones centrales del caso.

La mujer se sometió a un test de polígrafo y la policía le dijo que lo había reprobado, aunque nunca le mostraron los resultados. “Dijeron que fallé. Y yo seguí diciendo que eso no es posible porque no sé dónde está y no hice esto”, dijo Deborah Bradley en 2011 a la agencia Associated Press.

Jeremy, en cambio, quedó descartado rápido: una cámara de seguridad lo mostraba trabajando esa noche. “Prácticamente todos los demás tienen una coartada. Yo estaba en el trabajo. Ya me descartaron”, comentó.

Una amiga de Deborah, Shirley Pfaff, habló con los medios y aseguró que la mujer tenía un “lado oscuro”. “Esta chica Debbie, no la subestimaría con nada”, dijo Pfaff.

El 19 de octubre, los detectives volvieron a la casa con perros entrenados para detectar olor a cuerpos en descomposición. Los animales marcaron una zona del piso del dormitorio de Deborah, cerca de la cama. Durante ese mismo allanamiento, los oficiales hallaron indicios de consumo de alcohol y de pastillas para dormir.

El abogado Joe Tacopina, contratado por la pareja, cuestionó el hallazgo de los perros: “No hay ningún escenario donde esta beba, Dios no quiera que esté muerta, se hubiera descompuesto en tan poco tiempo”, planteó.

Los oficiales retiraron de la casa una almohada, un short rojo, una remera de Mickey Mouse, un juguete fosforescente, una manta de la película Cars y rollos de cinta adhesiva. También cavaron en el jardín trasero, donde la tierra parecía removida, pero no hallaron nada.

Deborah admitió que al principio no buscó a su hija en el patio porque “temía lo que podría encontrar”, según había declarado ante los investigadores.

En los días siguientes surgieron tres testimonios de personas que aseguraban haber visto a un hombre caminando con un bebé vestido solo con pañales esa madrugada. Una cámara de seguridad captó a un hombre de blanco saliendo de una zona boscosa cercana a las 2.30.

Una mujer que vivía a pocas cuadras de la casa de los Irwin habló con un canal de TV y dijo que le resultó extraño ver a alguien afuera con un bebé sin ropa en una noche tan fría. Otro vecino, identificado como Mike Thompson, aseguró haber visto lo que podría ser al mismo hombre a unos cinco kilómetros de distancia.

Otro llamado alertó sobre una pareja de mediana edad que viajaba con un bebé similar a Lisa en una camioneta SUV, vista en una estación de servicio sobre la autopista interestatal 29. Un tercer aviso llevó a los detectives hasta una mochila con pañales y toallitas húmedas cerca de una casa abandonada, pero el capitán Steve Young aclaró que esos elementos llevaban tiempo en el lugar.

El agente del FBI Brad Garret puso en duda la hipótesis del hombre con el bebé: no le cerraba que alguien secuestrara a una beba y después siguiera caminando por el barrio en lugar de escapar.

Uno de los tres celulares robados hizo una llamada de 50 segundos alrededor de la medianoche a una mujer llamada Megan Wright, quien negó haber atendido. Wright era la ex pareja de un hombre conocido en la zona como “Jersey”, identificado como John Tanko.

“Todo este caso depende de quién hizo esa llamada y por qué. Creemos firmemente que quien tenía ese teléfono también tenía a Lisa”, dijo el investigador privado Bill Stanton en un programa de televisión.

Tanko, que tenía antecedentes vinculados a las drogas, fue interrogado por los detectives, pero terminó descartado como sospechoso por falta de pruebas.

Un donante anónimo ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información sobre el paradero de Lisa. La empresa Lamar Advertising donó varios carteles publicitarios con la foto de la beba. La policía de Kansas City llegó a descartar 700 pistas y siguió de cerca otras 60, sin que ninguna condujera a algo concreto. Deborah apareció en distintos canales de televisión con versiones que cambiaban de una entrevista a otra.

Los padres cooperaron al principio y hasta pidieron por TV que les devolvieran a su hija. Pero después dejaron de responder preguntas de los investigadores. “Viven en la casa. Tienen información íntima sobre lo que pasa ahí”, dijo el capitán Steve Young.

Los hermanos de Lisa, de cinco y ocho años, iban a ser entrevistados por un especialista en interrogar niños, pero Deborah y Jeremy cancelaron la cita la noche anterior. Poco después, la abogada Cyndy Short renunció a la representación de la familia.

Cinco años después de la desaparición, Short recordó que la policía descartó a Jeremy casi de inmediato por su coartada laboral. “En cualquier investigación así, hay que mirar primero a las personas más cercanas al chico desaparecido”, explicó la abogada.

Cuatro años más tarde de la desaparición, Deborah y Jeremy dieron una entrevista en Fox News y volvieron sobre la noche del 4 de octubre de 2011. “Dormí a Lisa en mis brazos y después estuve con un amigo bebiendo, mientras Jeremy trabajaba en el turno de noche”, relató Deborah.

La mujer confesó entonces que todavía mira cada cochecito que pasa por la calle y se pregunta si el bebé que lleva dentro es en verdad su hija. Los padres contaron que mantienen la habitación de Lisa igual a como estaba el día de su desaparición, y que la siguen llenando de regalos después de cada cumpleaños y Navidad.

“Se siente bien entrar allí, olerla, y saber que algún día volverá a casa y verá todos estos regalos”, contó Deborah con la voz entrecortada en la misma nota.

“Es difícil decir que alguien no es sospechoso cuando no tenés a nadie. Pero en verdad, no hay nadie que lo sea o no lo sea”, admitió el capitán Young en un reportaje, un año después de esa entrevista televisiva.

Deborah, consultada por la misma publicación que entrevistó a Young, dijo entender las sospechas que recayeron sobre ella. “Llega un momento en que tu mirada tiene que dejar de ser tan miope. Y cuando no avanzás, tenés que mirar para otro lado”, sostuvo.

Jeremy, por su parte, aseguró que con el correr de los años dejó de importarle lo que la gente pensara de él y de su esposa. “Algunos se hacen una idea de entrada y ya está, no cambian más. Tenés que dejarlo pasar”, contó.

La familia mantiene la búsqueda. El expediente sigue clasificado como una persona desaparecida y continúa formalmente abierto quince años después de aquella noche fatídica.

Un hombre de 19 años fue condenado a 34 años de prisión por participar en un esquema que utilizaba falsas ofertas de empleo para captar mujeres a través de internet.

Las víctimas acudían creyendo que accederían a oportunidades laborales, pero eran trasladadas a otros lugares, donde eran sometidas a violencia sexual y posteriormente despojadas de sus pertenencias.

El mecanismo comenzaba con ofertas de trabajo difundidas mediante redes sociales, principalmente para desempeñarse como saloneras, bailarinas o masajistas.

Una vez establecido el contacto, las mujeres eran citadas en determinados puntos públicos y desde allí eran conducidas hacia zonas consideradas rojas, según explicó la Fiscalía Superior del Distrito de San Miguelito.

La promesa de empleo era utilizada para conseguir que las víctimas acudieran voluntariamente al primer encuentro. Después de recogerlas, los responsables las trasladaban a otros sectores y las sometían a agresiones sexuales y robos, una secuencia que permitió a los investigadores establecer un patrón entre las denuncias vinculadas al grupo.

La investigación mantiene aproximadamente nueve carpetas abiertas relacionadas con este esquema, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público. La mayoría de las víctimas eran mujeres de 18, 19 y 20 años, aunque entre los casos investigados también se encuentra el de una menor de edad.

La condena de 34 años representa uno de los resultados judiciales de la investigación, pero el proceso contra los integrantes del grupo no ha concluido.

Algunos de los implicados alcanzaron acuerdos de pena por 19 años de prisión, mientras otros permanecen a la espera de las audiencias en las que deberá determinarse su responsabilidad.

El expediente había tomado notoriedad pública después de allanamientos realizados en San Miguelito como parte de la operación SCAM, que permitió avanzar en las investigaciones sobre la utilización de supuestas oportunidades laborales para captar víctimas.

Uno de los episodios investigados involucró una falsa propuesta de trabajo como modelo difundida mediante redes sociales.

En ese caso, ocurrido el 31 de julio de 2026, una mujer fue convocada a una estación del Metro después de responder a la supuesta oportunidad laboral. Posteriormente abordó un vehículo y fue trasladada a una casa de ocasión, donde las investigaciones establecieron que fue privada de libertad y víctima de violencia sexual.

Durante ese episodio, la víctima también recibió amenazas y fue fotografiada y grabada en situaciones íntimas, según la investigación. Ese material habría sido utilizado para extorsionarla, mientras las diligencias permitieron profundizar en el método empleado para contactar y someter a las mujeres mediante ofertas difundidas en plataformas digitales.

La investigación reveló así un esquema que comenzaba con la búsqueda de mujeres interesadas en conseguir empleo y continuaba con encuentros previamente acordados.

La apariencia de una contratación permitía generar confianza antes de trasladarlas a otros sitios, donde se producían las agresiones sexuales, los robos y, en algunos casos, otras conductas investigadas por las autoridades.

El caso se conoce en momentos en que Panamá registra un aumento de las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual. Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público contabilizó 4,599 denuncias, frente a 4,072 durante el mismo periodo del año anterior, un incremento de 527 casos, equivalente al 13%.

Dentro del total registrado durante esos ocho meses, 1,733 denuncias correspondieron al acceso sexual con personas de entre 14 y 17 años. Otras 1,522 fueron presentadas por violación y 771 por actos libidinosos, mientras los registros por pornografía infantil aumentaron de 43 a 64 casos frente al mismo periodo de 2025.

La corrupción de menores también mostró un incremento, al pasar de 206 denuncias entre enero y agosto de 2025 a 253 durante igual periodo de 2026. Por ubicación geográfica, Panamá registró 919 denuncias, mientras Chiriquí acumuló 724 y Panamá Oeste contabilizó 620, de acuerdo con las estadísticas preliminares del Ministerio Público.

La sentencia de 34 años contra el hombre de 19 años marca un nuevo avance judicial dentro de la investigación sobre la captación de mujeres mediante ofertas laborales falsas. Mientras algunos integrantes ya cumplen condenas derivadas de acuerdos de pena, otros procesos continúan pendientes y cerca de nueve carpetas permanecen abiertas por hechos relacionados con el mismo esquema.

El mandatario aseguró que las acciones estuvieron a cargo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía, en coordinación con el ente judicial, y estuvieron dirigidas contra estructuras vinculadas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otras bandas dedicadas a exigir pagos ilegales.

Abelardo de la Espriella difundió los resultados a través de su cuenta en X, en la que afirmó que el operativo buscó afectar redes que ejercían presiones sobre comerciantes, transportadores y habitantes de distintas regiones del país.

Las capturas incluyeron 75 casos de extorsión y casi la mitad por secuestro

Del total de detenidos, 75 fueron capturados por extorsión, 32 por hechos relacionados con secuestro y 41 por delitos conexos, según el desglose presentado por el jefe de Estado.

La información divulgada por el mandatario no precisó las identidades de los capturados, las ciudades y departamentos donde se realizaron los procedimientos. Los señalados deberán comparecer ante jueces de control de garantías, donde se definirá la legalidad de las capturas, la imputación de cargos y las eventuales medidas de aseguramiento.

La operación se concentró en delitos que afectan a sectores económicos y comunidades de varias zonas del país. Las extorsiones suelen consistir en exigencias de dinero a cambio de permitir la continuidad de actividades comerciales, transporte de mercancías o la permanencia en determinados territorios. El secuestro, por su parte, implica la privación de la libertad de una persona con fines económicos, políticos o de otra naturaleza.

Las autoridades informaron la incautación de más de 1.000 elementos

Durante los operativos, los uniformados y funcionarios judiciales incautaron 1.195 elementos, entre armas de fuego, munición, granadas, teléfonos celulares, motocicletas, un vehículo, un dron, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes.

El Gobierno indicó que ese material formaba parte de las capacidades operativas y financieras de las estructuras intervenidas. Las armas, los dispositivos de comunicación y los vehículos serán sometidos a procesos de verificación técnica y judicial para establecer si fueron utilizados en otros hechos delictivos.

Según el presidente, la Operación Perla tuvo alcance en seis ciudades y 12 departamentos, con acciones simultáneas para identificar a presuntos responsables de cobros extorsivos y casos de secuestro. El reporte oficial atribuyó afectaciones a estructuras del ELN, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

El Gobierno atribuyó a las denuncias la prevención de pagos por $34.000 millones

El jefe de Estado sostuvo que, desde el inicio de su administración, las autoridades capturaron a 114 personas por secuestro y 390 por extorsión. También afirmó que la información aportada por ciudadanos permitió evitar pagos por más de $34.000 millones a organizaciones criminales.

“A los secuestradores y extorsionistas les tiene que quedar claro: vamos por ustedes”, escribió el mandatario en su publicación. Agregó que su Gobierno no permitirá que esas organizaciones se financien “con el miedo y el trabajo de los colombianos”.

El presidente vinculó la denuncia ciudadana con los resultados de las operaciones contra esas redes. “Cuando el Estado se decide, nunca pierde”, expresó en el mismo mensaje.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación no informaron en el reporte divulgado por el mandatario si los procedimientos permitieron rescatar personas retenidas ni si se identificaron nuevos casos de extorsión durante el desarrollo de las diligencias.

Una mujer fue detenida en Oaxaca por su probable participación en la desaparición de un policía estatal ocurrida hace casi siete años, cuando la víctima fue interceptada por un grupo de personas que lo sometió, lo ató de pies y manos y se lo llevó en la cajuela de un vehículo utilizado para privarlo de la libertad.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que la mujer, identificada como E.C.T., fue localizada en la localidad de Arroyo Venado, en el municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, donde agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron una orden de aprehensión relacionada con la causa penal 291/2021 por el delito de desaparición cometida por particulares.

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el 10 de octubre de 2019 en San Miguel Soyaltepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan. De acuerdo con la carpeta de investigación citada por la Fiscalía, el policía, identificado como H.M.I., salió de su domicilio ubicado en Benito Juárez Dos acompañado de su familia para dirigirse a su trabajo como policía estatal.

Mientras se encontraban en la vía pública, varias personas que viajaban en dos vehículos interceptaron a la familia. Los agresores sometieron al policía, lo ataron de pies y manos y posteriormente lo introdujeron en la cajuela de uno de los automóviles.

Los vehículos se retiraron del lugar con rumbo desconocido y, desde entonces, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer qué ocurrió con el policía y determinar la responsabilidad de las personas relacionadas con su desaparición.

La captura de E.C.T. fue resultado de las diligencias realizadas por la Vicefiscalía Regional de la Cuenca para establecer la identidad y ubicación de personas relacionadas con el caso. Los agentes la localizaron sobre la calle Vidal Soriano, en Arroyo Venado, corroboraron su identidad y le hicieron saber que existía un mandato judicial en su contra antes de ejecutar la orden de aprehensión.

La mujer quedó a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar su situación jurídica. Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado públicamente cuál habría sido la participación específica de E.C.T. en la desaparición del policía ni ha señalado qué ocurrió con H.M.I. después de que fue llevado en el vehículo.

La pena puede alcanzar hasta 75 años

El caso tiene una particularidad por la condición de la víctima como integrante de una institución de seguridad pública. La Ley General en Materia de Desaparición establece para el delito de desaparición cometida por particulares una pena de 25 a 50 años de prisión. El mismo ordenamiento señala que las penas pueden incrementarse hasta en una mitad cuando la persona desaparecida sea integrante de las instituciones de seguridad pública.

Aplicado al extremo superior de la pena base, ese incremento permitiría llegar hasta 75 años de prisión. Sin embargo, esto representa únicamente el máximo que contempla el marco legal bajo esas condiciones y no significa que E.C.T. haya sido condenada o que vaya a recibir esa pena.

Además, la ley establece que las penas previstas para la desaparición cometida por particulares pueden modificarse conforme a las reglas de agravantes y disminuciones contempladas en el propio ordenamiento. La situación jurídica de la detenida todavía debe ser determinada por un juez.

La Fiscalía de Oaxaca señaló que las investigaciones continúan para esclarecer la desaparición del policía y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

Soyaltepec acumula otros casos de desaparición durante 2026

El municipio de San Miguel Soyaltepec aparece también en otra investigación por desaparición que tuvo avances durante agosto de este año. Se trata de un hombre identificado como J.M.A.T., quien fue privado de la libertad el 17 de agosto de 2023 en la comunidad de Temascal.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Oaxaca, un grupo de nueve personas llegó al domicilio donde se encontraba la víctima. Los agresores portaban armas de fuego y utilizaban prendas con características similares a las de corporaciones de seguridad pública. Después de someter a quienes estaban en el inmueble, esposaron a J.M.A.T. y se lo llevaron en uno de los vehículos.

En agosto de 2026, la Fiscalía informó sobre la captura de un segundo implicado en ese expediente. A.O.C. fue localizado en el municipio veracruzano de Tres Valles y trasladado a Oaxaca, donde un juez lo vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa. Un primer acusado, L.A.L.R., había sido detenido días antes en Las Choapas, Veracruz, y también fue vinculado a proceso.

La investigación resulta relevante para el contexto de Soyaltepec porque la desaparición de 2023 no quedó limitada a una detención aislada: las autoridades identificaron a varias personas presuntamente involucradas y establecieron que parte de los sospechosos se trasladó hacia Veracruz después de los hechos. La propia Fiscalía señaló que ambos fueron localizados mediante colaboración entre autoridades de Oaxaca y Veracruz.

La prensa local reportó posteriormente que cuatro personas habían sido detenidas por ese expediente y que la víctima continuaba sin ser localizada.

Otro caso registrado este año ocurrió en marzo en Santa María Jacatepec, también en la Cuenca del Papaloapan. Jorge Antonio Procopio, identificado como defensor de la tierra, y su hermano Saúl fueron privados de la libertad por hombres armados que ingresaron a un domicilio de la colonia San Juan del Río. De acuerdo con la denuncia difundida entonces, ambos fueron golpeados y subidos a vehículos para después ser trasladados con rumbo desconocido.

La región también registró hechos violentos distintos a las desapariciones. El 26 de mayo, tres personas fueron asesinadas en San Miguel Soyaltepec y sus cuerpos fueron localizados dentro de un vehículo abandonado en un camino de terracería entre las comunidades de Galería y Nueva Patria. Las víctimas presentaban heridas de bala y, de acuerdo con los primeros reportes, pertenecían a una misma familia.

Un corredor entre Oaxaca y Veracruz

El municipio San Miguel Soyaltepec forma parte de la Cuenca del Papaloapan, una región que se extiende hacia la zona limítrofe con Veracruz y que durante 2026 ha obligado a las autoridades de ambos estados a coordinar investigaciones y detenciones.

En marzo, la Fiscalía de Oaxaca informó sobre la captura de J.A.H.V., alias “El Kilo”, señalado como jefe de plaza de una célula delictiva con presencia en la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz. De acuerdo con la dependencia, el grupo investigado tenía actividades relacionadas con cobro de piso, extorsión, homicidio, secuestro y narcomenudeo, además de posibles vínculos con huachicol y trasiego de drogas.

La Fiscalía señaló entonces que la organización tenía presencia principalmente en municipios fronterizos de la Cuenca del Papaloapan y que, debido a la ubicación interestatal del corredor, participaron en el operativo autoridades de Oaxaca y federales, entre ellas la Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional y Policía Estatal.

La movilidad entre ambos estados también aparece en investigaciones recientes por desaparición. En los casos de Soyaltepec de 2023, dos de los acusados fueron ubicados en territorio veracruzano, uno en Las Choapas y otro en Tres Valles, antes de ser trasladados a Oaxaca para enfrentar sus respectivos procesos.

El patrón vuelve a aparecer en otro expediente de la Cuenca. En julio de 2025, la Fiscalía informó la detención de un hombre relacionado con la desaparición de un matrimonio que había salido de San Juan Bautista Tuxtepec rumbo a Veracruz para vender un terreno. La camioneta en la que viajaban fue localizada posteriormente en Loma Bonita, Oaxaca, mientras que la investigación continuó en la zona limítrofe entre ambas entidades.

Estos expedientes no permiten establecer por sí mismos que exista una sola organización detrás de las desapariciones ni que todos los casos tengan relación entre sí. Sí muestran, sin embargo, que durante los últimos meses las investigaciones de la Fiscalía han llevado en repetidas ocasiones hacia municipios de la Cuenca del Papaloapan y, en algunos casos, hacia Veracruz.

La Policía de Edmonton, en Canadá, emitió órdenes de arresto de alcance nacional contra Scot MacDermid, de 42 años, por la desaparición de sus hijos, George y Lesley, de origen dominicano. El hombre enfrenta dos cargos por presunto secuestro en violación de una orden de custodia.

Los niños tienen 6 y 9 años y no han sido localizados desde el 28 de agosto, cuando fueron vistos junto a su padre en el centro comercial Manning Town Centre, en el noreste de Edmonton.

Según informó el Servicio de Policía de Edmonton (EPS), las órdenes contra MacDermid fueron emitidas el 23 de septiembre. Los registros judiciales señalan que la acusación formal se presentó el 4 de septiembre por la sustracción de dos menores de 14 años en contra de disposiciones de custodia.

La última pista los ubica en una ciudad fronteriza entre Alberta y Saskatchewan

La Policía indicó que el padre y los dos menores fueron vistos en Lloydminster alrededor de las 18:30 del 28 de agosto. Desde entonces, las autoridades no han determinado la ruta que siguieron ni el lugar en el que podrían encontrarse.

En el momento de ese avistamiento, MacDermid estaba acompañado por otro hombre. Los agentes identificaron y entrevistaron a esa persona, por lo que retiraron una fotografía suya que habían difundido en una alerta inicial.

El EPS precisó que la investigación no reúne por ahora los requisitos para emitir una Alerta Amber. Para activar ese mecanismo en Canadá, los investigadores deben contar con razones para creer que existió un secuestro y que el menor corre un riesgo físico inminente.

“Encontrar a Lesley y George sigue siendo nuestra máxima prioridad”, declaró el sargento Robert Davis, de la Sección de Protección Infantil de la Policía de Edmonton. El funcionario sostuvo que los agentes continúan las tareas para ubicar a los niños “sanos y salvos”.

El caso se produce tras una disputa judicial por la custodia de los menores

La desaparición ocurre después de una disputa por la custodia entre MacDermid y la madre de los niños, cuya identidad no fue divulgada por las autoridades canadienses. De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, el padre sostuvo en 2024 que la mujer había trasladado ilegalmente a los menores desde la República Dominicana hacia Canadá.

Un tribunal falló a favor de la madre y estableció que la residencia habitual de los niños estaba en Edmonton. MacDermid apeló esa decisión, pero el recurso fue rechazado el 14 de junio de 2024.

Los antecedentes judiciales señalan que la pareja se casó en Edmonton en 2016 y que vivió tanto en esa ciudad canadiense como en Puerto Plata, República Dominicana. La separación definitiva ocurrió el 26 de junio de 2023.

La resolución también consignó que MacDermid nació y creció en Canadá, donde tiene empresas e intereses comerciales en Alberta y República Dominicana. La madre nació y creció en territorio dominicano, aunque reside de forma permanente en Canadá desde 2018.

La Policía pidió no acercarse al padre ni a los niños

MacDermid mide alrededor de 1,65 m y pesa unos 73 kg. Tiene cabello castaño y ojos azules. George mide cerca de 1,27 m y Lesley, 1,32 m; ambos tienen cabello castaño y ojos marrones.

La Policía advirtió que cualquier persona que los vea no debe acercarse. También pidió que quienes tengan datos sobre su posible ubicación se comuniquen con el EPS al 780-423-4567 o al #377 desde un teléfono móvil. Las denuncias anónimas pueden realizarse ante Crime Stoppers.

Un vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv aterrizó de emergencia el miércoles 30 de septiembre en Arabia Saudita tras una pelea en la cabina en la que uno de los pilotos fue apuñalado. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que uno de los pilotos apuñaló al otro y aparentemente intentó estrellar el avión con todos a bordo. El agresor quedó detenido en Arabia Saudita.

El caso reabre un debate conocido en la aviación comercial: el riesgo de que el control de la nave quede en manos de quien debería protegerla. El aparato, identificado como el vuelo FZ1073, se desvió al aeropuerto de Tabuk. Según el propio aeropuerto, el vuelo emitió una llamada de socorro a las 8.44 hora local y aterrizó sin novedad a las 9.45.

La terminal saudita informó de que ambos pilotos fueron hospitalizados con heridas. La embajada de la India en Riad comunicó que el herido, identificado como Machchhar, se encuentra en condición estable. Tras varias horas en tierra, los pasajeros fueron trasladados al aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv. Ninguno resultó herido, aunque varios testigos describieron escenas de pánico durante un descenso brusco y sacudidas violentas del avión.

Un precedente con matices

El incidente tiene antecedentes en la aviación comercial, pero casi nunca con un esquema idéntico. Los casos en que un tripulante provocó o intentó provocar un siniestro suelen dividirse en tres grupos: los que terminaron en accidente, los que se frenaron a tiempo y aquellos donde las conclusiones oficiales siguen en disputa.

22 de octubre de 2023. Un piloto de Alaska Airlines que viajaba fuera de servicio en un asiento adicional de la cabina intentó apagar los motores de un avión de Horizon Air entre Everett y San Francisco. La nave se desvió a Portland con más de 80 personas a bordo. Joseph Emerson dijo a la policía que atravesaba un duelo por la muerte de un amigo, había consumido hongos alucinógenos y llevaba días sin dormir.

21 de marzo de 2022. Un avión de China Eastern Airlines se estrelló contra una montaña en el trayecto entre Kunming y Cantón, y murieron las 132 personas a bordo. Las autoridades chinas no han publicado el informe final. Datos difundidos por investigadores estadounidenses este año sugieren que los motores se apagaron de forma deliberada y que hubo un forcejeo en la cabina antes del picado.

24 de marzo de 2015. El copiloto de un Germanwings entre Barcelona y Düsseldorf encerró al comandante fuera de la cabina y estrelló el avión en los Alpes franceses. Murieron 150 personas. Andreas Lubitz tenía antecedentes de depresión, insomnio y temor a perder la vista.

17 de febrero de 2014. El copiloto de un vuelo de Ethiopian Airlines entre Adís Abeba y Milán secuestró el avión y lo desvió a Ginebra. Hailemedhin Abera Tegegn se entregó a la policía suiza y pidió asilo político. Ninguno de los 193 pasajeros sufrió daños.

29 de noviembre de 2013. El piloto de un avión de Mozambique Airlines entre Mozambique y Angola lo estrelló en un parque nacional de Namibia, y murieron las 33 personas a bordo. Según las autoridades, Herminio dos Santos Fernandes cerró la puerta de la cabina cuando el copiloto fue al baño y fijó un rumbo de colisión.

31 de octubre de 1999. Un vuelo de EgyptAir entre Los Ángeles y El Cairo cayó al Atlántico frente a Nantucket y murieron las 217 personas a bordo. Los investigadores estadounidenses concluyeron que el copiloto, Gameel Al-Batouti, provocó la caída mientras el comandante estaba en el baño. Las autoridades egipcias discreparon y atribuyeron el siniestro a un fallo mecánico.

19 de diciembre de 1997. Un avión de SilkAir se estrelló cerca de Palembang, Indonesia, en el trayecto entre Yakarta y Singapur, con 104 muertos. Los investigadores indonesios hablaron de una probable “interferencia ilícita”. El piloto, Tsu Way Ming, tenía problemas financieros y había recibido sanciones disciplinarias, entre ellas una degradación.

21 de agosto de 1994. Un vuelo de Royal Air Maroc se estrelló en el Atlas diez minutos después de despegar de Agadir, y murieron las 44 personas a bordo. Los investigadores concluyeron que el piloto, Younes Khayati, desconectó el piloto automático. Un sindicato de pilotos rechazó esas conclusiones.

7 de abril de 1994. Un ingeniero de vuelo de FedEx que viajaba como pasajero en un avión de carga entre Memphis y San José atacó a la tripulación con un martillo y un arpón. Auburn Calloway pretendía estrellar el aparato tras enfrentar posibles medidas disciplinarias. La tripulación lo redujo y aterrizó a salvo, aunque los atacados sufrieron heridas graves.

9 de febrero de 1982. Un avión de Japan Airlines cayó a la bahía de Tokio durante la aproximación y murieron 24 de las 174 personas a bordo. Los investigadores determinaron que el piloto, Seiji Katagiri, activó la reversa de los motores en pleno vuelo y que había sido declarado apto pese a un historial de enfermedad mental, incluida esquizofrenia paranoide.

En noviembre de 2024, siete funcionarios municipales fueron detenidos en el Estado de México por investigaciones relacionadas con delitos como secuestro agravado, homicidio y delitos contra la salud. Entre ellos estaba la entonces presidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles.

Las capturas formaron parte de la Operación Enjambre, un despliegue que comenzó con 14 órdenes de aprehensión contra servidores públicos de distintos municipios.

Ese operativo abrió uno de los primeros expedientes de este periodo en los que las autoridades señalaron a integrantes de gobiernos municipales por presuntos vínculos con actividades criminales. En los meses siguientes, las investigaciones alcanzaron a funcionarios y exfuncionarios de otras entidades por delitos distintos, desde delincuencia organizada y extorsión hasta secuestro, homicidio y corrupción.

En total, 31 alcaldes y exalcaldes han sido detenidos en México desde 2024. De ellos, 23 fueron aprehendidos cuando todavía estaban en funciones. La cifra reúne investigaciones estatales y federales que no forman parte de una sola operación ni apuntan a una misma organización criminal.

De la Operación Enjambre a investigaciones en distintos estados

La Operación Enjambre comenzó en el Estado de México con investigaciones sobre funcionarios municipales señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales. El 22 de noviembre de 2024 fueron ejecutadas las primeras siete órdenes de aprehensión, mientras que las autoridades informaron que tenían otras órdenes pendientes contra servidores públicos.

El operativo no quedó limitado a aquel despliegue inicial. Para mayo de 2026, el Gabinete de Seguridad reportaba más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos dentro de acciones relacionadas con Enjambre, incluidos siete alcaldes en funciones. Entre las capturas mencionadas estaban los presidentes municipales de Cuautla y Atlatlahucan, así como el exalcalde de Yecapixtla, todos en Morelos.

En septiembre de 2026, las autoridades volvieron a utilizar el nombre de Operativo Enjambre para la captura del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Miguel Sánchez Altamirano tenía una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Sin embargo, los 31 casos no forman parte de una sola operación. El conteo incorpora expedientes abiertos en diferentes momentos y por autoridades estatales y federales, con acusaciones que van desde delincuencia organizada hasta delitos patrimoniales.

Cuando las acusaciones alcanzan a la estructura municipal

En algunos expedientes, las investigaciones no se limitan a señalar al alcalde como presunto responsable de un delito, sino que apuntan al posible uso de recursos, policías o estructuras del Ayuntamiento.

José Ascensión Murguía Santiago, exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, fue detenido en mayo de 2025 dentro de la investigación federal relacionada con el Rancho Izaguirre. La Fiscalía General de la República sostuvo que habría utilizado elementos de la Policía Municipal, patrullas y armamento para brindar protección al inmueble.

El expediente incluye acusaciones por delincuencia organizada y desaparición forzada, entre otros delitos. Se trata de imputaciones sujetas al proceso judicial y no de una sentencia condenatoria.

En Tequila, también en Jalisco, Diego Rivera Navarro, exalcalde del municipio, fue detenido en febrero de 2026. La investigación federal lo señala por delincuencia organizada y secuestro agravado, además de relacionarlo con una presunta red de corrupción y extorsión.

Las autoridades sostienen que habría participado en el secuestro de dos precandidatos durante el proceso electoral de 2021. El caso continúa bajo proceso judicial.

Morelos concentra varios expedientes

Las investigaciones contra funcionarios municipales también se acumularon en Morelos durante 2026.

Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, e Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla, fueron detenidos en mayo dentro de una investigación federal. Posteriormente fue detenido Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla.

En el caso de Corona Damián, las autoridades federales lo señalaron por presuntos delitos de delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas y delitos contra la salud.

Los expedientes corresponden a investigaciones distintas, por lo que las acusaciones contra los tres funcionarios no implican necesariamente una misma estructura criminal.

Puebla: robo de transporte, secuestro y extorsión

En Puebla, varios de los casos están relacionados con investigaciones sobre delitos cometidos en el corredor de la carretera Puebla-Veracruz.

Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, fue detenido en septiembre de 2026 después de un operativo federal. Las autoridades lo relacionaron con una estructura dedicada presuntamente al robo de autotransporte de carga, secuestro y extorsión.

La investigación incluyó cateos y aseguramientos de armas, vehículos y otros objetos. Posteriormente, la Fiscalía General de la República informó que Rodríguez Ochoa fue vinculado a proceso junto con otras personas por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

Otro expediente es el de Said de Jesús Godos, alcalde de Tepeyahualco, quien fue detenido días antes y señalado por presunto secuestro exprés, robo de vehículo con violencia y extorsión.

Los casos poblanos muestran otra de las rutas que aparecen en el universo de 31 detenciones: investigaciones sobre estructuras criminales que operan alrededor de actividades económicas y corredores de transporte terminan alcanzando a funcionarios municipales.

Juchitán: la detención que forzó la desaparición del Ayuntamiento

La investigación contra Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, tuvo una consecuencia adicional después de su captura.

Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre de 2026 junto con otra persona. Ambos tenían órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.

Posteriormente, un juez impuso prisión preventiva al alcalde. La investigación también involucra a Carlos Alberto, alias “La Parka”.

Después de la detención, el Congreso de Oaxaca decretó la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán y estableció un mecanismo para sustituir al gobierno municipal. La presencia de fuerzas estatales y federales también fue reforzada en la ciudad.

En este caso, la investigación penal tuvo una consecuencia que rebasó al funcionario detenido y alcanzó la continuidad de la administración municipal.

Delincuencia organizada, extorsión y corrupción

Los 31 expedientes reúnen acusaciones de naturaleza distinta. De acuerdo con un conteo documentado por El Sol de México, 12 casos están relacionados con delincuencia organizada, presuntos vínculos con cárteles o delitos contra la salud; 11 con extorsión; nueve con peculado, desvío de recursos, lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, y tres con homicidio.

Las categorías se superponen, por lo que un mismo funcionario puede aparecer en más de un grupo. El dato no significa que existan 31 investigaciones con un mismo patrón delictivo.

También cambia el tamaño de los municipios involucrados. La mitad tiene menos de 20 mil habitantes y, en conjunto, las 31 demarcaciones suman alrededor de 1.1 millones de habitantes. Los presupuestos municipales correspondientes a 2025 alcanzaron poco más de 6 mil millones de pesos, según el mismo conteo.

La distribución incluye municipios pequeños y ciudades de mayor población. Los expedientes se desarrollan además en regiones con características diferentes: corredores carreteros, zonas con presencia de organizaciones criminales y municipios donde las autoridades locales han sido señaladas dentro de investigaciones por corrupción o extorsión.

Las detenciones no equivalen a sentencias

Los 31 casos tienen situaciones jurídicas diferentes. Algunos funcionarios fueron vinculados a proceso después de su detención; otros permanecen bajo investigación y existen expedientes que han tenido distintas resoluciones judiciales.

Por ello, las acusaciones formuladas por fiscalías y autoridades de seguridad deben distinguirse de una sentencia condenatoria.

Lo que muestra el conjunto de casos es que las investigaciones penales han llegado hasta gobiernos municipales por rutas distintas. Algunas comenzaron con señalamientos de presuntos vínculos con organizaciones criminales; otras se relacionan con extorsión, secuestro, homicidio, delitos contra la salud o posibles actos de corrupción.

La Operación Enjambre fue uno de los primeros despliegues de este periodo en los que las autoridades llevaron esas investigaciones directamente contra funcionarios municipales. Después, expedientes independientes en distintos estados ampliaron el número de alcaldes y exalcaldes detenidos hasta llegar a los 31 casos documentados desde 2024.

El vuelo FZ1073 había despegado de Dubái con destino a Tel Aviv y transportaba a 174 personas. Durante el trayecto se produjo un enfrentamiento entre los pilotos que dejó al capitán herido y provocó una situación de emergencia.

La situación obligó a desviar el Boeing 737 hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Allí aterrizó de emergencia y los pasajeros permanecieron en el aeropuerto hasta que fueron trasladados a Israel en otra aeronave de Flydubai. El grupo llegó finalmente al aeropuerto Ben Gurion a las 18:34 hora local.

La aeronave perdió aproximadamente 17.000 pies de altitud en apenas un minuto, una caída que generó alarma entre los pasajeros. Una de las personas que viajaba a bordo describió posteriormente el momento como una situación en la que el avión parecía dirigirse hacia un accidente.

En medio del caos, Hayun y otro pasajero consiguieron llegar hasta la cabina. Allí, según explicó posteriormente, encontró al hombre que había tomado posición sobre los controles, mientras los pilotos ya no estaban sentados frente a los mandos.

“Cuando entré, vi al terrorista sobre los controles, entre los dos asientos. No había pilotos en los asientos”, relató.

Hayun se abalanzó entonces sobre el hombre y consiguió apartarlo de la zona de mando. “Agarré al terrorista, lo sujeté y, antes que nada, lo saqué afuera”, contó. Después pidió la colaboración de otros pasajeros para mantenerlo inmovilizado.

Cuando Netanyahu quiso saber qué estaba intentando hacer el agresor, Hayun respondió que buscaba inutilizar los sistemas de la aeronave. “Estaba tratando de destruir los controles para desactivar el avión”, explicó.

Al advertir que el avión volvía a inclinarse, Hayun regresó a la cabina. En ese momento tomó los mandos y comenzó a tirar de ellos para intentar recuperar la estabilidad.

“Salté de nuevo allí, agarré los controles y empecé a tirar de ellos”, relató ante Netanyahu.

El pasajero explicó que tenía alguna noción sobre cómo reaccionar porque había visto episodios del programa documental Mayday, dedicado a accidentes e incidentes de aviación. “Sé qué hacer porque veo Mayday”, dijo.

La maniobra consiguió que el avión comenzara a estabilizarse. Poco después, uno de los pilotos pudo recuperar el control de la aeronave. “El avión empezó a nivelarse un poco más y entonces el piloto me dijo que él se hacía cargo desde allí”, recordó Hayun.

Después del aterrizaje en Israel, Netanyahu se reunió con el pasajero y su familia. El primer ministro lo abrazó y destacó su actuación durante la emergencia. “Veo un león, veo un gran héroe”, le dijo.

Durante el encuentro, Netanyahu también reparó en unas manchas de sangre visibles en la camisa blanca de Hayun y preguntó si pertenecían al atacante.

“Sí. Lamentablemente no logramos matarlo, pero le llevará un tiempo recuperarse”, respondió el pasajero.

Hayun también explicó al primer ministro que el avión se encontraba relativamente cerca de su destino cuando ocurrió el incidente. Calculó que faltaba aproximadamente una hora o una hora y diez minutos para el aterrizaje. “Creo que estábamos en el límite”, señaló al referirse a la cercanía con el espacio aéreo de destino.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó el episodio como un “intento de ataque yihadista” y afirmó que los pasajeros impidieron que el presunto agresor mantuviera el control del avión. “Según la información inicial de la que disponemos, el terrorista tenía una sola intención: estrellar el avión”, sostuvo.

Flydubai confirmó que los 174 pasajeros estaban a salvo y señaló que las razones de la “alteración” ocurrida en la cabina todavía eran objeto de investigación. Las autoridades deberán determinar ahora qué desencadenó el enfrentamiento, qué ocurrió exactamente entre los pilotos y cuáles fueron las acciones realizadas durante los minutos en los que el avión perdió el control.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias condenatorias de 105 y 25 años de prisión contra dos integrantes de una banda dedicada al secuestro en el Estado de México.

Los sentenciados, identificados como Javier Miguel Garzón y Esteban Cruz Gutiérrez, fueron detenidos en 2014, luego de que el Ministerio Público de la Federación (MPF) acreditara su participación en el secuestro de al menos cuatro víctimas en distintos municipios mexiquenses. Un juez federal con sede en el Estado de México resolvió el caso, según informó la dependencia en un comunicado.

Condenas y sanciones económicas impuestas

La FGR informó que el juez federal condenó a Javier Miguel Garzón a 105 años de prisión y a Esteban Cruz Gutiérrez a 25 años, tras comprobarse su participación en el secuestro de víctimas en el Estado de México entre 2010 y 2012. Ambos deberán además reparar el daño causado.

Garzón recibió su pena por su responsabilidad penal en el secuestro de cuatro personas. Junto con la prisión, se le impuso una multa de 392 mil 609 pesos.

En el caso de Cruz Gutiérrez, la condena de 25 años corresponde al secuestro de una sola víctima. Su multa quedó fijada en 118 mil 160 pesos.

El juez federal ordenó, para ambos sentenciados, además de las penas de prisión y las multas, la reparación del daño a favor de las víctimas. La resolución llegó luego de un proceso judicial que se extendió por más de una década desde el ejercicio de la acción penal.

Cómo operaba la banda de secuestradores

Según el comunicado difundido por la FGR, el grupo criminal al que pertenecían Garzón y Cruz Gutiérrez operó entre 2010 y 2012 en los municipios de Tepetlaoxtoc, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Los Reyes La Paz, todos ubicados en el Estado de México.

Las víctimas eran interceptadas de forma violenta con armas de fuego. Los captores las trasladaban después a casas de seguridad, donde permanecían en cautiverio mientras la organización exigía dinero a cambio de su liberación.

De acuerdo con los datos gubernamentales citados por la FGR, los hoy sentenciados y otras personas formaban parte de un grupo dedicado principalmente al secuestro en esa región del territorio mexiquense durante el período señalado.

La modalidad de operación se mantuvo estable durante los tres años que la investigación logró documentar, con los mismos municipios como punto de referencia para la captura y el cautiverio de las víctimas.

El proceso penal contra los acusados

El Ministerio Público ejerció acción penal contra Garzón y Cruz Gutiérrez en enero de 2014, luego de acreditar su participación en el secuestro de por lo menos cuatro víctimas. A partir de ese momento comenzó el proceso judicial que derivó en la sentencia condenatoria.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Federal en el Estado de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Personal de la FECOR aportó las pruebas que sustentaron la acusación en contra de ambos procesados. Ese material probatorio resultó determinante para acreditar la responsabilidad penal de Garzón y Cruz Gutiérrez en los distintos hechos de secuestro que se les atribuyeron durante la investigación.

Reclusión de los sentenciados

Tras la resolución judicial, Javier Miguel Garzón y Esteban Cruz Gutiérrez quedaron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 14, conocido como CPS Durango, ubicado en el municipio de Gómez Palacio, en el estado de Durango.

Ambos deberán cumplir sus respectivas condenas en ese centro penitenciario federal, además de hacer frente a la reparación del daño ordenada por la autoridad judicial en favor de las víctimas del secuestro.

Secuestro en el Edomex

El Estado de México registró, durante el primer trimestre de 2026, la tasa más alta de delitos de alto impacto entre las seis entidades más pobladas del país, con 281 casos por cada 100 mil habitantes, según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, informó que este delito registró una reducción del 11.1% desde el inicio de la actual administración federal, en septiembre de 2024, según declaraciones citadas por Milenio.

El descenso forma parte de una caída sostenida en los delitos de alto impacto desde 2019, que en marzo de 2026 alcanzó una disminución del 68% respecto al punto máximo registrado en octubre de 2018, según el mismo Consejo Ciudadano.

Pese a esta tendencia general a la baja, el Estado de México mantuvo durante los primeros meses de 2026 el índice más alto de criminalidad entre las entidades con mayor población, superando a la Ciudad de México, que registró 261 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes en el mismo período.

El 1 de febrero de 2026, alguien entró a su casa en la madrugada y se la llevó. Desde entonces, no hay detenidos, no hay certezas sobre si está viva y el caso no tiene resolución.

Ahora, casi ocho meses después, la agencia de noticias informó que el Departamento del Sheriff del Condado de Pima confirmó que investiga una posible nueva nota de rescate.

La institución y el Grupo de Trabajo del FBI asignado al caso fueron alertados sobre la existencia del documento, así como sobre comentarios en redes sociales vinculados a él.

Las autoridades trabajan para determinar su credibilidad y no revelaron detalles sobre el contenido ni sobre cómo llegó a sus manos.

Las dos notas anteriores describieron un secuestro y luego una muerte

En los días posteriores a la desaparición, dos notas de rescate llegaron a una estación de televisión local. La primera, recibida el 2 de febrero, estaba dirigida a Savannah Guthrie y afirmaba que su madre estaba “a salvo pero asustada”.

El texto exigía USD 4 millones en Bitcoin antes de las 5 de la tarde del jueves 5 de febrero. “Si no se recibe el pago, el rescate aumentará a USD 6 millones”, rezaba la nota, tal como reprodujo la oficina del Sheriff. La amenaza era explícita: de no cumplirse ninguno de los plazos, Nancy sería asesinada.

Cuatro días después, el 6 de febrero, llegó una segunda nota. Esta vez, los remitentes sostenían que Guthrie había muerto poco después de ser tomada. “No comprendimos del todo la gravedad de su estado físico. Nunca fue nuestra intención hacerle daño”, decía el texto, según informó el Departamento.

El documento añadía que la causa probable fue un problema cardíaco y que había sido “enterrada en la naturaleza”. Las autoridades no pudieron verificar esa afirmación.

El Sheriff liberó ambas notas en julio para pedir ayuda al público

En julio de 2026, la oficina del Sheriff del Condado de Pima hizo públicas las dos notas con la esperanza de que alguien reconociera las características del texto. “Un amigo, familiar, compañero de trabajo o conocido puede reconocer estos patrones de expresión y contar con información que ayude a identificar al responsable”, señaló el Sheriff en un comunicado.

Las notas presentaban, según la institución, “características lingüísticas distintivas” que podrían resultar familiares para alguien del entorno del autor.

La divulgación generó un “leve aumento” en el volumen de llamadas al número de pistas, de acuerdo con lo que el propio Departamento del Sheriff transmitió a ABC News. Sin embargo, ninguna de esas comunicaciones permitió avanzar de manera concreta en la identificación de los responsables.

La familia ofrece una recompensa de USD 1 millón por información

A lo largo de estos ocho meses, las imágenes de una cámara de seguridad colocada en la entrada del domicilio de Guthrie se convirtieron en uno de los pocos elementos visuales del caso.

El FBI difundió el video, que muestra a una persona enmascarada manipulando la cámara y cubriéndola con una planta.

Las autoridades también revelaron que el mismo individuo habría visitado la vivienda en al menos una ocasión anterior al día del secuestro, sin llevar mochila en ese primer acercamiento.

El caso sigue rodeado de interrogantes: cuántas personas participaron en el operativo, si la víctima fue elegida por alguien de su entorno y cuál fue el destino final del dinero exigido, que nunca fue pagado, de acuerdo con lo publicado por ABC News.

El Sheriff Chris Nanos confirmó en marzo que conocen el móvil del crimen, aunque se negó a hacerlo público para no comprometer la investigación.

Savannah Guthrie mantuvo una presencia pública constante para reclamar respuestas. “Necesitamos que alguien dé un paso al frente”, escribió en una publicación de Instagram en julio.

En declaraciones previas, la conductora llegó a culparse a sí misma por lo ocurrido. “Nuestros corazones están en ruinas”, afirmó tras la divulgación de las notas de rescate.

La familia Guthrie ofrece una recompensa de USD 1 millón por información que conduzca al paradero de Nancy.

El FBI suma USD 100.000 adicionales. Quienes cuenten con datos pueden comunicarse de forma anónima con la Oficina Federal de Investigaciones al 1-800-CALL-FBI o con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima al 520-351-4900, de acuerdo con AP News.

La investigación por el secuestro de una mujer en Kennedy, sur de Bogotá, derivó en la captura de un hombre y en una medida de reclusión preventiva, tras una denuncia que expuso presuntas agresiones físicas, psicológicas y sexuales. La historia de la sobreviviente fue reconstruida en el podcast Más Allá del Silencio.

La mujer, identificada con el nombre de Lizeth, llegó a un hospital de Bogotá el 6 de septiembre de 2026 y afirmó que había estado privada de la libertad en una vivienda. A partir de ese reporte, la Sijín y la Fiscalía iniciaron las diligencias que llevaron a identificar y detener al señalado.

El hombre capturado es Jaime Daniel Castellanos Valbuena, al que las autoridades le atribuyeron secuestro simple, tortura, lesiones personales agravadas y delitos sexuales agravados. Durante las audiencias, no aceptó los cargos y un juez dispuso que permaneciera recluido mientras avanza el proceso.

La denuncia activó una investigación de la Sijín y la Fiscalía

El caso se amplió después de que Lizeth relatara que permaneció nueve días contra su voluntad en un inmueble de la localidad de Kennedy. La denuncia presentada tras su llegada al centro médico puso en marcha la investigación judicial.

La Fiscalía indicó que los investigadores hallaron elementos que serán incorporados como material probatorio. También señaló que el procesado solía permanecer en la vivienda donde, según la denuncia, ocurrieron los hechos.

Castellanos Valbuena fue detenido el 17 de septiembre. La decisión judicial posterior mantuvo abierta la investigación, que deberá establecer las responsabilidades penales por los delitos imputados.

La información judicial convive con el testimonio de la mujer, que decidió contar ante las cámaras lo que asegura que sufrió durante el tiempo en que estuvo aislada. Su relato describe una secuencia de violencia que, según dijo, afectó tanto su integridad física como su estado emocional.

Lizeth relató amenazas y agresiones durante el encierro

“Me puso un taladro en la cabeza, en la frente”, relató Lizeth en el podcast. La mujer afirmó que el hombre decía que quería abrirle un hueco en la cabeza.

La sobreviviente sostuvo que el aparato llegó a arrancarle un mechón de cabello cuando estaba encendido. “Eso me dolió mucho”, dijo Lizeth, quien añadió que el señalado se reía mientras la agredía.

En otro momento de su declaración, describió golpes con distintos objetos, cachetadas y ataques en el estómago, los brazos y la cara. También afirmó que le arrojaron gas pimienta y que sufrió quemaduras con una pipa.

“Me obligó a tener relaciones con él”, aseguró la mujer durante su testimonio. Esa acusación forma parte de los hechos por los cuales la Fiscalía imputó delitos sexuales agravados al detenido.

Lizeth también aseguró que recibió amenazas sobre su vida y la posibilidad de no volver a ver a su familia. Según expresó ante el programa, el presunto agresor le hablaba de introducirla en un balde con ácido y de descuartizarla.

La mujer resumió el efecto de esas agresiones con otra frase: “Cada vez que me lastimaba se reía”. Su declaración no reemplaza el proceso judicial, pero incorpora la voz de quien denunció los hechos que ahora son materia de investigación.

La decisión de imponer una medida de reclusión preventiva no anticipa una condena, pero permite que la Fiscalía continúe con la recolección de pruebas y la reconstrucción de los hechos denunciados. En esa etapa serán determinantes los elementos hallados por los investigadores, los informes médicos, los testimonios y los demás materiales que se incorporen al expediente.

El caso también expone las consecuencias que pueden dejar las agresiones físicas, sexuales y psicológicas en las sobrevivientes de violencia. El avance judicial deberá establecer las responsabilidades penales del detenido, mientras Lizeth busca que su relato contribuya a evitar que otras mujeres atraviesen situaciones similares y a que las denuncias reciban una respuesta institucional oportuna.

Luego de que su primer juicio terminara sin veredicto, Brooke Covington, líder de la iglesia Word of Faith Fellowship, se sienta nuevamente ante un tribunal desde el lunes 28 de septiembre en el condado de Buncombe, en Carolina del Norte.

La acusación sostiene que Covington participó en una sesión de golpizas y restricción física contra un ex miembro joven, mientras otros congregantes oraban para expulsar lo que la iglesia denominó “demonios homosexuales”, según repasó Associated Press.

Matthew Fenner se unió a Word of Faith en 2010, siendo adolescente, junto a su madre. Según su relato, durante un servicio religioso en el complejo de la iglesia en Spindale, Covington y otros miembros lo inmovilizaron, lo estrangularon y lo golpearon durante aproximadamente dos horas.

La sesión, conocida dentro de la congregación como “blasting”, tenía como propósito declarado “expulsar espíritus malignos” de su cuerpo. Ahora, la referente religiosa enfrenta cargos de secuestro en segundo grado y agresión simple por esos hechos, ocurridos hace más de 13 años. Desde entonces, mantuvo su inocencia.

El primer juicio terminó en juicio nulo y el proceso acumuló demoras

El proceso judicial original concluyó en 2017 con un juicio nulo, luego de que el presidente del jurado incorporara investigación propia durante las deliberaciones, una práctica prohibida en el sistema judicial estadounidense.

Lo que siguió fue una secuencia de obstáculos procesales que postergó el segundo juicio por casi una década: la pandemia de COVID-19, disputas legales sobre la idoneidad del fiscal, la muerte o retiro de abogados de ambas partes y la designación de un nuevo fiscal en una jurisdicción distinta frenaron sucesivamente el avance de la causa.

Covington y su defensa no respondieron a solicitudes de información realizadas por medios locales sobre los detalles del próximo juicio, al igual que el nuevo fiscal asignado al caso.

La iglesia niega los abusos y ampara su disciplina en la libertad religiosa

Word of Faith Fellowship es una iglesia protestante no confesional fundada en 1979 por Sam y Jane Whaley en las estribaciones de las montañas Blue Ridge, entre Charlotte y Asheville. Sus miembros consideran a Jane Whaley una profeta.

La iglesia negó en reiteradas ocasiones que sus líderes hayan abusado de sus congregantes y calificó las acusaciones de “falsas”, atribuyéndolas a “ciertos ex miembros” que buscan perjudicar a la institución, repasó AP.

Whaley sostuvo, además, que cualquier forma de disciplina ejercida dentro de la iglesia estaría amparada por la cláusula de libertad religiosa de la Constitución de Estados Unidos. La institución aclaró que no condona el abuso bajo ninguna circunstancia.

En 2017, la agencia Associated Press publicó una serie de investigaciones sobre Word of Faith basadas en entrevistas con decenas de ex miembros de todo el mundo, grabaciones secretas de conversaciones con líderes de la iglesia y cientos de páginas de documentos judiciales, de fuerzas del orden y de servicios de protección infantil.

Esas investigaciones documentaron alegatos de control extensivo sobre la vida de los miembros: desde la elección de pareja hasta las decisiones educativas, pasando por el acceso o no a la universidad.

A su vez, ex congregantes describieron haber sido golpeados, estrangulados y arrojados al suelo durante sesiones de oración grupal intensiva.

El fiscal fue acusado de proteger a la iglesia y un abogado perdió su licencia

La causa tomó un giro adicional cuando el abogado del demandante Fenner, Andrew LaBreche, presentó una petición formal para destituir al fiscal del condado de Rutherford, Ted Bell, a quien acusó de favorecer a Word of Faith.

LaBreche sostuvo que Bell no investigó nueva evidencia ni nuevos testigos, y que habría acordado retirar el cargo de secuestro grave contra Covington, subrayó AP.

Bell rechazó esas acusaciones y presentó mensajes de texto y otros materiales como prueba de que había rehusado hablar con miembros de la iglesia cuando intentaron orientar las conversaciones hacia los casos penales.

El juez de la Corte Superior William Stetzer no solo desestimó la solicitud de LaBreche, sino que ordenó la suspensión de su licencia de abogado por tres años, citando “actos reiterados de deshonestidad y el daño significativo causado a la profesión jurídica”.

El magistrado también condenó en costas a Bell por los honorarios legales. LaBreche apeló la resolución, y la suspensión fue postergada hasta que ese recurso sea resuelto.

El caso fue finalmente derivado a un fiscal especial independiente, designado en una jurisdicción distinta, para retomar el proceso contra Covington.

La membresía de la iglesia se redujo a menos de la mitad en una década

Según datos recogidos por Associated Press, la congregación Word of Faith Fellowship contaba con alrededor de 700 miembros en Carolina del Norte hace una década.

Una declaración jurada reciente de un ex líder de la congregación estima que ese número cayó a entre 300 y 400 personas, lo que representa una reducción de al menos el 43% respecto del pico registrado.

Un adolescente de solo 16 años, de nacionalidad extranjera, fue secuestrado y ajusticiado de tres balazos este domingo en un descampado ubicado en la comuna santiaguina de Buin. Un segundo joven, de 19 años, salió providencialmente con vida y ahora es el principal testigo para dar con el paradero de los responsables.

El hecho ocurrió de madrugada, cuando un grupo aún indeterminado de sujetos los secuestró desde una casa particular ubicada en la comuna de Puente Alto. Una vez arriba del auto, fueron trasladados hasta un sitio eriazo ubicado a la altura del kilómetro 21 de la Autopista Acceso Sur.

Allí, los asesinos obligaron a los muchachos a bajarse y los conminaron a correr, disparando en al menos tres oportunidades contra el menor extranjero, quien falleció en el lugar.

Los hechos

La fiscal Marcela Adasme, del equipo ECOH Metropolitano, señaló que el secuestro y crimen de ambos jóvenes ocurrió cuando los jóvenes participaban de una fiesta en Puente Alto. “Se encontraban allá y fueron abordados por algunos sujetos quienes los trajeron a la fuerza en un vehículo acá a la comuna de Buin, procediendo a disparar al menos en tres oportunidades en contra de la víctima”, según consignó BioBíoChile.

El subprefecto Walt Dapremont, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, detalló por su parte que los secuestradores, “en contra de su voluntad, los suben al vehículo. Estos sujetos mantenían armas de fuego y los trasladan hasta la comuna de Buin, donde los hacen descender y correr en un sitio eriazo al costado de la carretera, propinándole diversos disparos”.

Sin embargo, ninguno de esos disparos dio en el joven chileno de 19 años, quien resultó ileso y ahora es pieza clave de la investigación.

“Se logró establecer que efectivamente la víctima mantiene tres impactos balísticos que entran por la parte posterior del cuerpo, específicamente por su espalda”, agregó el policía civil.

La víctima no portaba documentación alguna, por lo que la policía trabaja con su ficha necrodactilar “con el propósito de lograr su individualización de forma científica, pero de acuerdo a los antecedentes preliminares sería un sujeto extranjero menor de edad, específicamente de 16 años“, complementó.

Debido a las características del asesinato, el subprefecto Dapremont aseguró que no se descarta un ajuste de cuentas.

“Efectivamente podría haber algún tipo de ilícito o podría haber algún tema de crimen organizado respecto a las circunstancias en las cuales se dan los hechos, tomando en consideración que es un hecho de gravedad, con armas de fuego, un secuestro y personas fallecidas”, remató.

Un operativo de agentes de la policía estatal de Querétaro permitió rescatar con vida a una persona privada de la libertad durante la madrugada del sábado, en un despliegue que derivó en la agresión contra los uniformados.

De acuerdo con las autoridades, la intervención se originó a partir del seguimiento a un hecho delictivo ocurrido previamente en el municipio de Pedro Escobedo que permitió mediante el análisis de información y seguimiento operativo a ubicar en el municipio de Corregidora un vehículo relacionado con el caso.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iovan Elias Pérez, detalló que durante la intervención, los agentes lograron rescatar con vida a la persona privada de la libertad; sin embargo, solicitaron apoyo médico especializado derivado de hechos violentos.

Y es que el despliegue se extendió hacia la zona de la carretera federal 57, donde se registró una agresión contra los elementos de la Policía Estatal. Como consecuencia, dos agentes resultaron heridos y recibieron atención médica inmediata.

Medios locales refirieron que al interior de la camioneta interceptada las autoridades localizaron armas de fuego junto con otros indicios que quedaron bajo resguardo, aunque no se informó de personas detenidas durante la intervención.

Al respecto, Iovan Pérez expresó en sus redes que: “Dos compañeros nuestros reciben atención médica. Estoy pendiente de su evolución y reconozco el compromiso con el que actuaron”. El funcionario añadió que la dependencia “sigue trabajando para proteger a las familias queretanas”.

Capturan a persona requerida en Tabasco por desaparición

En un hecho distinto, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre requerido por autoridades del estado de Tabasco por su probable participación en el delito de desaparición forzada.

El sujeto fue identificado como César Alonso “N”, quien era buscado por las autoridades de Tabasco y se ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por información que permitiera su localización o detención.

La Fiscalía de Querétaro detalló que el sujeto era buscado por su presunta responsabilidad en la desaparición de tres personas, por lo que el intercambio de información entre las autoridades de ambos estados permitió establecer su ubicación.

Tras su captura, César Alonso “N” fue entregado a las autoridades de Tabasco para enfrentar el proceso en su contra.

Querétaro reporta baja en homicidios, pero persisten hechos violentos en Corregidora y Pedro Escobedo

Querétaro se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de hogares afectados por desplazamiento por inseguridad, con 2.0%, según la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El fiscal general del Estado, Víctor de Jesús Hernández, informó que Querétaro cerró 2025 y mantiene en 2026 cero casos de secuestro registrados, además de una reducción del 29% en homicidios dolosos, según su informe de actividades. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó, de acuerdo con medios locales, 9,116 carpetas de investigación abiertas en el primer bimestre de 2026, 173 menos que el año anterior.

Pese a estas cifras, el municipio de Corregidora concentró 626 carpetas de investigación durante los dos primeros meses de 2026, con el robo como delito más frecuente, con 224 casos, seguido del fraude, con 76 carpetas, de acuerdo con el registro federal.

El municipio, que gobierna Josué “Chepe” Guerrero Trápala, cerró el bimestre sin homicidios dolosos consumados según ese registro, aunque un ataque armado en un palenque clandestino de Valle Dorado 2000 dejó cuatro muertos el 15 de abril.

El sábado, elementos de la Policía Estatal rescataron en Corregidora a una persona privada de la libertad, tras un operativo derivado de un hecho delictivo en Pedro Escobedo.

Días antes, autoridades detuvieron a tres personas en Corregidora tras hallarles un inhibidor de señal e indicios para cometer delitos, mientras que en Pedro Escobedo se catearon inmuebles asegurados en la localidad de La Lira.

La denuncia fue divulgada por la concejala Quena Ribadeneira, que alertó sobre una modalidad en la que los delincuentes usan propuestas laborales para atraer a sus víctimas. Según se conoció, la víctima fue Andrés León, un contador público, que buscaba trabajo en el sur de la capital colombiana.

El hombre había sido contactado por WhatsApp con una falsa propuesta laboral y acudió a una cita en el barrio Alfonso López, en la localidad de Usme. Allí, dos hombres armados lo interceptaron y lo obligaron a dirigirse hacia una zona boscosa del parque Entre Nubes.

El joven relató que, durante el traslado, más personas se sumaron al grupo hasta que fueron seis los responsables de mantenerlo bajo amenaza. Según dijo, los sujetos se presentaron como miembros de un frente armado de las Farc.

El propio Andrés relató lo sucedido en un video que acompañó la publicación de la concejal. “Caí en esa oferta ficticia y terminé siendo secuestrado, humillado, reducido”, afirmó el contador público.

Los captores grabaron un video del hombre y lo enviaron a sus allegados para exigir 50 millones de pesos como condición para liberarlo. La víctima apareció en la grabación mientras pedía ayuda a una persona cercana.

Durante la retención, el hombre creyó que podían asesinarlo. “En un punto yo dije: me van a matar”, contó la víctima a City TV. El joven también recordó la advertencia que recibió mientras permanecía en el área boscosa: “Usted acá no se mueve hasta que nos entregue todo lo que tiene”, relataron los responsables, según su testimonio ante el canal.

Finalmente, recuperó la libertad en el barrio Villa Diana, en el sur de Bogotá. Personas cercanas a la víctima conocían datos sobre su ubicación mientras permanecía privado de la libertad. El hombre afirmó que el Gaula de Villavicencio se comunicó con el Gaula de Bogotá y que esa coordinación permitió poner en marcha una búsqueda.

“El Gaula de Villavicencio se puso en contacto con el Gaula de Bogotá, y ahí activaron un protocolo de búsqueda rápido”, aseguró el afectado ante Citytv.

El hombre sostuvo después que quienes lo retuvieron no serían integrantes de una estructura armada. Según su versión, se trataría de una banda que utiliza ofertas de empleo falsas para llevar a sus víctimas a lugares apartados y despojarlas de sus pertenencias.

Al reconstruir los minutos de mayor tensión, la víctima remarcó que temió sufrir una agresión física. “La libré, la libré completamente porque me hubieran podido meter un cachazo, me hubieran podido apuñalar o me hubieran podido meter un tiro”, afirmó ante el medio.

Las autoridades continúan con las indagaciones para identificar a los seis implicados y establecer si el grupo estaría relacionado con otros casos de retenciones y robos mediante falsas convocatorias de trabajo.

Según el relato de la cabildante, el joven recibió a través de redes sociales una aparente solicitud para contratar sus servicios profesionales. Andrés, que se encuentra desempleado, acudió al sitio indicado convencido de que asistiría a una oportunidad de trabajo.

Las falsas ofertas de empleo consisten en contactos que aparentan ser oportunidades de contratación y que buscan llevar a la víctima a un lugar determinado. En el caso denunciado por Quena Ribadeneira, la propuesta habría servido para citar a Andrés León en Usme, donde hombres armados presuntamente lo privaron de la libertad y exigieron dinero a él y a su familia.

La denuncia volvió a poner el foco sobre los riesgos de aceptar convocatorias laborales sin verificar la identidad de quienes las realizan ni las condiciones de la reunión propuesta.

Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante fueron golpeados, atados y amenazados con un cuchillo durante un asalto a su departamento de París en 2023, cuando la pareja del hoy arquero del Manchester City estaba embarazada. El jugador italiano, que entonces jugaba para el Paris Saint Germain, no declaró en el proceso que un tribunal penal parisino realizó por el robo que sufrió la pareja.

La reconstrucción del caso, difundida por Daily Mail, incluye el testimonio que Donnarumma entregó a los investigadores. El robo ocurrió en Avenue Montaigne, una de las avenidas más lujosas y conocidas de París, mientras la pareja dormía. Cuatro delincuentes usaron una escalera para llegar al techo del edificio, descendieron hasta el balcón e ingresaron tras romper las ventanas. Donnarumma despertó cuando uno de los hombres le ordenó que guardara silencio. El asaltante lo golpeó en el rostro con una manopla metálica y lo amenazó con un cuchillo antes de exigirle sus relojes.

El arquero relató que le mostró un Audemars Piguet que estaba sobre una mesa de tocador. Ese tipo de relojes puede alcanzar valores de cientos de miles de euros. Elefante también fue despertada por los intrusos, que la atacaron mientras le reclamaban dinero y relojes. La mujer les entregó un reloj Cartier, joyas y 2.000 euros en efectivo.

Los ladrones le exigieron el código de una caja fuerte, pero ella respondió que no lo conocía y que el compartimiento estaba vacío. “Se enfurecieron porque pensaron que estaba mintiendo. Me tiraron del pelo y uno de ellos me golpeó en los muslos. Dije que estaba embarazada, pero continuaron”, le dijo la pareja del portero a los investigadores.

Donnarumma finalmente proporcionó el código, aunque la caja fuerte no contenía objetos de valor. Los delincuentes se llevaron las llaves de un Mercedes y un Lamborghini, además de dinero, relojes y bolsos de lujo.

El joven Ilyas Kherbouch, alias “Ganito”, fue condenado a nueve años de prisión y una multa de 80.000 euros por encabezar el secuestro. El asalto ocurrió en la vivienda de la pareja, ubicada en el distrito VIII de la capital francesa. Elefante, que estaba embarazada de pocas semanas, sufrió un aborto espontáneo poco después. Los atacantes se llevaron un botín estimado en 1 millón de euros.

El fallo fue dictado tras un juicio en el Tribunal Correccional de París, que debió interrumpirse por los insultos y amenazas de Kherbouch. Khyan Mamouni, de 22 años y señalado por la acusación como el otro responsable principal de la operación, fue absuelto. Moktar Diop, de 24 años, recibió una pena de cinco años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento. Un cuarto sospechoso murió por suicidio en 2024 después de haber reconocido haber estado implicado en el hecho delictivo. Había dicho a los investigadores que actuó bajo presión de sus cómplices.

Los abogados de Donnarumma y Elefante afirmaron que ambos seguían “profundamente conmocionados”. Es importante recordar que tras el incidente, del que ya pasaron tres años, el arquero había dado algunos detalles de lo que vivieron junto a su pareja aquella noche en París. “Tenía mucho miedo, y más aún por Alessia”, reconoció el ex futbolista de Milán en la previa al partido amistoso frente al Le Havre. “Tenía miedo de que le pasara algo. Estaba indefenso, atado, no podía hacer nada”, agregó.

“No hablo muy bien francés y era difícil explicarles a estas personas dónde estaban las cosas que estaban buscando. “Alessia todavía está muy asustada. Yo estaba aterrorizado de que pudieran lastimarla. Me inmovilizaron de inmediato y Alessia se vio obligada a regalar todo lo que teníamos. Es el peor sentimiento que puedes tener”, indicó en diálogo con Libero en aquella oportunidad.

Este verano en Europa, la figura del City se casó en Locorotondo, en el sur de Italia, con una celebración que reunió a estrellas del fútbol, artistas internacionales y tradiciones de Apulia bajo un amplio operativo de seguridad. El lugar elegido para la fiesta, Pettolecchia La Residenza, está situada en Savelletri y rodeada de olivos centenarios. El alquiler semanal de la propiedad puede superar los 53.000 euros durante la temporada alta, mientras que la organización y el banquete para un centenar de personas cuestan entre 20.000 y 23.000 euros, de acuerdo con la información a la que accedió Corriere dello Sport.

Las estimaciones del sector citadas por el diario italiano ubicaron el costo global de la boda por encima de 200.000 euros. La cifra no contempla únicamente la residencia: también incluyó el traslado de invitados en vuelos privados, personal de seguridad y la logística montada entre la iglesia y el lugar de la recepción.

La jornada comenzó en la Iglesia de San Giorgio Martire, en el centro histórico de Locorotondo. Donnarumma vistió un traje blanco y Elefante ingresó con un velo largo, mientras invitados, curiosos y seguidores aguardaron durante más de cuatro horas detrás de las vallas instaladas para preservar la privacidad.

Entre los asistentes estuvieron el delantero noruego Erling Haaland, Paolo Maldini, Sandro Tonali, Giovanni Malagò, Nicolò Barella y el ex seleccionador italiano Roberto Mancini. Los pedidos de autógrafos y los cánticos acompañaron la llegada de los futbolistas y dirigentes al templo.

Georgina “N”, exservidora pública en materia de seguridad (Guardia Nacional), fue capturada en Chetumal, Quintana Roo y vinculada a proceso por su probable participación en los delitos de desaparición forzada de personas y homicidio calificado con ventaja, por hechos ocurridos en marzo de 2022 en Vicente Guerrero, Durango. Un juez federal le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de la República informó que la imputada presuntamente condujo y abordó a una víctima a un vehículo en ese municipio duranguense. La persona permaneció desaparecida durante varios días y después fue localizada sin vida.

La captura de Georgina “N” ocurrió en Chetumal, Quintana Roo, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión. Tras su detención, fue trasladada a Durango para quedar a disposición de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal.

La agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos presentó datos de prueba ante el juzgador. Con esos elementos, el juez determinó que existían indicios suficientes para iniciar formalmente el proceso penal en contra de la exservidora pública.

La víctima fue localizada sin vida tras varios días desaparecida

Los hechos investigados se remontaron a marzo de 2022, cuando Georgina “N” habría participado en el traslado de la víctima en Vicente Guerrero. La indagatoria buscó establecer las circunstancias de la desaparición y de la muerte, así como la posible responsabilidad de la detenida.

La imputación incluyó desaparición forzada de personas y homicidio calificado con ventaja. La información oficial no detalló la identidad de la víctima ni las condiciones en que fue hallada sin vida.

El juez ordenó que la acusada permaneciera bajo resguardo durante el desarrollo del procedimiento. La medida cautelar significó que no enfrentaría el proceso en libertad mientras continuaran las diligencias ministeriales y judiciales.

Georgina “N” fue recluida en el Centro Federal de Reinserción Social número 16, ubicado en Morelos. El plazo judicial de tres meses permitió al Ministerio Público Federal continuar con la recopilación de elementos relacionados con el caso.

La detención se realizó en Chetumal y el proceso continuó en Durango

La orden de aprehensión fue ejecutada por agentes federales en la capital de Quintana Roo. La localización de la imputada requirió trabajos de colaboración entre autoridades y permitió su presentación ante el juez que conoció de la causa penal en Durango.

La exservidora pública se desempeñaba en tareas de seguridad al momento de su detención, de acuerdo con la información difundida por autoridades federales. No se precisó la dependencia para la que trabajaba, su cargo, la fecha en que ingresó al servicio público ni los controles de confianza aplicados durante su contratación y permanencia.

Tampoco se informó cuándo fue librada la orden de aprehensión. Ese dato permitiría conocer si el mandamiento judicial existía mientras aún laboraba en alguna institución de seguridad o si fue emitido después.

La vinculación a proceso no representó una sentencia. La determinación judicial permitió que la investigación avanzara por los delitos imputados, mientras la defensa y la fiscalía contaban con el periodo establecido para presentar los elementos correspondientes ante la autoridad judicial.

La prisión preventiva mantuvo a la imputada recluida

La prisión preventiva oficiosa ordenada por el juez mantuvo a Georgina “N” en el Cefereso número 16 durante la continuación del proceso. La medida se aplicó junto con la vinculación a proceso derivada de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal.

El expediente fue atendido por la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, área que participó mediante una agente ministerial federal. La autoridad judicial valoró la información inicial expuesta para determinar que la investigación debía continuar en sede penal.

La causa se relacionó con la desaparición y posterior localización sin vida de una persona en Vicente Guerrero. El caso involucró a una exservidora pública de seguridad detenida fuera de Durango y trasladada posteriormente a esa entidad para enfrentar la acusación.

José también fue detenido

El 20 de septiembre de 2026,marzo de 2022, la FGR capturó en Sinaloa a José “N” y lo llevó a proceso por su probable participación en los delitos de desaparición forzada de personas y homicidio calificado con ventaja, en agravio de una persona en Durango.

El juez de control impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permaneció internado en el Centro Federal de Reinserción Social número 7 de Durango. También fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2022, en el municipio de Vicente Guerrero, donde José “N” habría abordado a la víctima en un vehículo. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra y lo detuvieron en Jalisco.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, presentó los datos de prueba ante el juez, quien determinó que eran suficientes para continuar formalmente el proceso penal. José “N” debía ser considerado inocente mientras no existiera una sentencia condenatoria.

El secuestro gana espacio dentro de un escenario de criminalidad marcado también por la expansión de la extorsión. Un análisis de Juan Carbajal, ingeniero electrónico y analista de datos, basado en registros del Ministerio Público, proyecta que las denuncias por secuestro podrían superar los 5.000 casos al cierre de 2026 si se mantiene el ritmo registrado durante los primeros ocho meses del año.

El análisis corresponde a Juan Carbajal, ingeniero electrónico y analista de datos, quien revisó los registros oficiales del Ministerio Público con información actualizada al 31 de agosto. De acuerdo con sus cálculos, existen dos posibles escenarios para el cierre del año: 5.160 denuncias si se mantiene el promedio mensual actual y hasta 5.225 si los últimos meses siguen un comportamiento estacional similar al de años anteriores.

La evolución de las cifras ocurre mientras la Policía investiga tres secuestros en Lima registrados en un periodo de 48 horas. Los casos involucran a un operario minero, un trabajador de una distribuidora de gas y un empresario del rubro de la panificación. La Dirincri analiza las similitudes entre los hechos y busca establecer si detrás de ellos existe una misma organización criminal.

Perú podría cerrar 2026 con más de 5.000 denuncias por secuestro

Según el análisis de Juan Carbajal, el promedio mensual de secuestros denunciados pasó de 142 casos en 2020 a 430 durante 2026, tomando como referencia los registros acumulados hasta agosto. La cifra representa un incremento considerable respecto al promedio registrado al inicio del periodo utilizado para la comparación.

El analista de datos señala que el actual promedio equivale a 14,1 denuncias diarias. Bajo esa relación estadística, se registra aproximadamente una denuncia por secuestro cada 90 minutos en el país. Carbajal precisa que sus cálculos utilizan información oficial del Ministerio Público con corte al 31 de agosto.

Para proyectar el cierre del año, el especialista plantea un primer escenario en el que el promedio mensual de 430 casos se mantiene entre septiembre y diciembre. Con esa tendencia, el número de denuncias llegaría a 5.160 casos durante 2026.

El segundo escenario incorpora el comportamiento registrado en años anteriores durante los últimos meses del año. Bajo esa estimación, la cifra podría alcanzar los 5.225 casos. Carbajal señala que ambos escenarios ubicarían a 2026 entre los años con mayor cantidad de denuncias desde 2020 y representarían un aumento de entre 5% y 6% frente al registro de 2025.

Tres secuestros en Lima en 48 horas ponen el foco en nuevas modalidades criminales

La proyección sobre el aumento de las denuncias por secuestro coincide con una reciente serie de casos investigados en Lima. En un periodo de 48 horas fueron reportados los secuestros de un operario minero, un trabajador de una empresa distribuidora de gas y un empresario dedicado al rubro de la panificación.

El primer caso ocurrió el 22 de septiembre en San Juan de Lurigancho, cuando el operario minero salió de su vivienda para encontrarse con una mujer. Según las imágenes de las cámaras de seguridad revisadas por la Policía, un vehículo oscuro, de marca Chevrolet, lo interceptó. Tres sujetos encapuchados y armados descendieron del automóvil, redujeron al trabajador y lo trasladaron a un inmueble utilizado como lugar de cautiverio.

Durante el secuestro, los delincuentes grabaron al hombre para exigir a sus familiares el pago de S/70 mil. Ante las dificultades para mantener comunicación con ellos, los responsables optaron por retirar dinero de las cuentas bancarias de la víctima y consiguieron sustraer S/2 mil. Posteriormente, el operario fue liberado en las inmediaciones del puente Atocongo.

El jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri, coronel PNP Jorge Carpio, informó que la Policía encontró similitudes entre este caso y el secuestro de un trabajador de una distribuidora de gas ocurrido al día siguiente. Entre los elementos bajo análisis figuran el vehículo utilizado, las armas de fuego y la forma en que los delincuentes grabaron a las víctimas para exigir dinero a sus familiares. En este segundo caso, la exigencia económica habría ascendido a S/100 mil.

La Fiscalía de Jalisco descartó de forma preliminar que los cuatro jóvenes desaparecidos en Zapopan hubieran sido reclutados por el crimen organizado y concentró la investigación en una posible privación ilegal de la libertad cometida con violencia el pasado 14 de septiembre, tras una balacera registrada en la colonia Arenales Tapatíos.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó que las víctimas eran mayores de edad y que el caso presentó características distintas a las de un reclutamiento forzado. Las autoridades mantuvieron abiertas varias líneas para establecer qué ocurrió antes y durante su desaparición, así como para localizar a los responsables.

Peritos procesaron la finca donde los jóvenes fueron vistos por última vez y localizaron 20 casquillos calibre 9 milímetros. También encontraron una mancha hemática que fue enviada a análisis forense para determinar si correspondía a alguno de los cuatro hombres.

La vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cueva, sostuvo que los indicios ubicados en el domicilio apuntaron a que un grupo armado habría privado de la libertad a las víctimas. “Reclutados no. El reclutamiento opera de manera distinta”, señaló la funcionaria.

La investigación revisa amenazas, actividades y publicaciones en redes sociales

La Fiscalía de Jalisco revisa posibles amenazas previas, conflictos personales o laborales y las actividades que realizaban los jóvenes antes de perder comunicación con sus familias. Las publicaciones que ellos mismos hicieron en redes sociales también fueron incorporadas a las líneas de investigación.

Las fichas de búsqueda fueron difundidas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco después de que los familiares reportaron que dejaron de tener contacto con los cuatro jóvenes desde la noche del 14 de septiembre. Todos fueron vistos por última vez en un domicilio de Arenales Tapatíos, donde presuntamente ocurrió una balacera.

Los desaparecidos fueron identificados como Jorge Daniel Camacho Flores, de 19 años; Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18; Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19, y José Carlos González Vázquez, de 20. Sus edades oscilaron entre los 18 y 20 años.

Claudia Flores, familiar de uno de los jóvenes, afirmó que los cuatro estaban reunidos en la calle Estaños, número 122, cuando hombres armados habrían llegado al sitio. “Lo que sabemos hasta ahorita es que ellos estaban ahí tomando en la calle Estaños, número 122, y llegaron, los balacearon y se los llevaron”, declaró.

Francisco fue considerado testigo y no una quinta persona desaparecida

La Fiscalía descartó que existiera una quinta persona desaparecida vinculada con el caso. Francisco, quien habitaba la casa donde los cuatro jóvenes habrían sido privados de la libertad, fue considerado inicialmente como testigo y las autoridades buscaron localizarlo para obtener su declaración.

Jorge Daniel Camacho Flores vestía una sudadera negra con la leyenda “alo”, pantalón de mezclilla negro y tenis negros con blanco de la marca Balenciaga. Medía 1.50 metros, tenía cabello negro, lacio y corto; entre sus señas particulares figuraron un lunar en la mejilla derecha, pecas, marcas de acné en rostro y espalda, un hundimiento en la parte central del pecho y una cicatriz en la rodilla derecha.

José Carlos González Vázquez llevaba una playera blanca de manga corta con el logotipo Jordan en rojo y puntos negros, pantalón de mezclilla azul marino rasgado y tenis tipo bota negros de la marca Polo. También portaba un rosario negro con dije de San Judas Tadeo y dos pulseras tejidas, una azul y otra verde.

El joven de 20 años medía 1.70 metros, tenía cabello lacio castaño, pecas en el cuello del lado izquierdo y perforaciones en ambas orejas. Sus tatuajes incluían un ángel con un morral de dinero en la mano izquierda y el antebrazo, un ojo con cadenas y signos de pesos, tres diablos con el número 666 en la muñeca derecha y calaveras en el antebrazo derecho.

Las fichas de búsqueda detallaron la ropa y señas particulares de los cuatro jóvenes

Dilan Federico Ramírez Zavala vestía una sudadera negra y blanca con capucha de la marca Dior, camisa negra con el logotipo “Cuidado con el perro”, pantalón de mezclilla y tenis negros. Llevaba gorra negra con tres cruces doradas, una cadena de cuentas de plástico blancas con dije de la Santa Muerte y un reloj de acero con piedras.

Ramírez Zavala era de complexión delgada y medía 1.70 metros. Tenía tatuajes detrás de la oreja izquierda con la imagen de Playboy, un logotipo de Batman en el cuello con la fecha 2026 y figuras de la Santa Muerte en el lado izquierdo del pecho y en el antebrazo derecho, entre otros.

Alan Osiel Zaragoza Mendoza llevaba camisa negra de la marca Boss, pantalón negro, tenis negros Nike, gorra y un rosario negro con rojo, elaborado con chaquiras y una imagen de la Santa Muerte. Era de complexión atlética, de tez morena clara y medía 1.60 metros.

Entre sus señas particulares aparecieron cicatrices en la barbilla, dos en la cabeza y una en la ceja izquierda. Tenía un tatuaje de medusa en la mano izquierda y una cara feliz en el dedo anular de la mano derecha; las autoridades mantuvieron la búsqueda para establecer el paradero de los cuatro jóvenes y determinar quiénes participaron en la privación ilegal de la libertad.

La investigación comenzó después de que la víctima llegó a un hospital del sur de la capital el 6 de septiembre. Allí relató que había permanecido privada de la libertad en una vivienda de la localidad y que sufrió agresiones físicas, sexuales y psicológicas.

El caso corresponde a una denuncia de violencia contra una mujer que mantenía una relación sentimental de cerca de un año con el detenido, aunque no convivían. La víctima aseguró que su pareja la retuvo durante nueve días contra su voluntad dentro del inmueble.

Tras conocer el testimonio, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) inició las labores para identificar y ubicar al presunto responsable. La Fiscalía Local de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy acompañó el proceso judicial.

Los investigadores establecieron que el hombre permanecía habitualmente en el lugar donde habrían ocurrido los hechos. Con ese elemento, la Fiscalía pidió a un juez una orden de registro y allanamiento para detenerlo y recoger evidencia.

La diligencia se realizó el 17 de septiembre de 2026 con la participación de agentes de la Sijín y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes). Durante el procedimiento, las autoridades incautaron elementos que serán analizados dentro de la investigación.

La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que el detenido quedó a disposición de la justicia luego de la legalización de su captura. La Fiscalía le formuló cargos por los delitos vinculados con la retención y las agresiones denunciadas por la mujer.

La institución invitó a reportar de forma oportuna los hechos de violencia o cualquier conducta delictiva mediante la línea de emergencias 123 o en el Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano.

Capturan a hombre de 53 años que agredió a su pareja con una piedra en Bucaramanga

Una mujer fue agredida en Bucaramanga durante un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en el barrio Girardot. La víctima denunció que su compañero sentimental la atacó física y verbalmente y que, en medio de una discusión, le lanzó una piedra que le provocó una herida en la cabeza.

El hecho ocurrió en la calle 27 con carrera 2. La mujer salió a la vía pública para pedir auxilio, mientras el episodio de violencia aún se desarrollaba en el sector.

La Policía capturó en flagrancia a un hombre de 53 años en el lugar señalado por la víctima. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar.

Tras la llegada de los uniformados, la mujer identificó a su pareja como responsable de la agresión y manifestó que quería presentar una denuncia penal. La Fiscalía deberá reunir y exponer los elementos probatorios ante un juez de control de garantías, que definirá la situación judicial del capturado.

La comunidad pidió que las autoridades adopten medidas que impidan posibles represalias contra la denunciante. El proceso judicial determinará si el hombre permanece en libertad o si enfrenta una medida de aseguramiento.

“El llamado de auxilio de la víctima” permitió la intervención policial antes de que el ataque continuara, dijo el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a Vanguardia.

El oficial afirmó ante el diario que la institución mantiene su compromiso con la protección de las mujeres y con la atención de las denuncias por violencia dentro del hogar. También sostuvo que ninguna manifestación de este tipo puede tolerarse.

Las autoridades invitaron a reportar cualquier caso de violencia intrafamiliar mediante la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 3143587212.

La decisión fue adoptada por unanimidad de votos por los jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, tras concluir el juicio oral y público relacionado con el caso de una testigo protegida.

Los declarados culpables son Osmín Orellana Paz, Lester Nahún Uclés Andino, Andy José Pérez Zelaya, Dilmer Stiven Fúnez Espinoza y Enry Michael Cárcamo Molina, quienes al momento de los hechos estaban asignados a la División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU) de la Dipampco.

De acuerdo con los hechos que el tribunal dio por probados durante el juicio, los cinco agentes participaron en un falso operativo policial ocurrido en la colonia Santa Mónica de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.

Durante el supuesto procedimiento, los agentes interceptaron a la testigo protegida y posteriormente la trasladaron al interior de una unidad policial.

Según la información proporcionada por el Poder Judicial, una vez dentro del vehículo, los agentes obligaron a la mujer a quitarse la ropa y a realizar actos de naturaleza sexual, hechos que fueron considerados por los jueces al emitir el fallo condenatorio.

El caso fue llevado ante los tribunales a partir del testimonio de la víctima protegida y de las demás pruebas presentadas durante el proceso judicial.

El portavoz judicial explicó que, después de interceptar a la mujer, los cinco agentes contactaron a sus padres para exigirles dinero a cambio de su liberación.

Los acusados habrían solicitado inicialmente L100.000 a los familiares de la víctima.

Durante el transcurso del día, los padres entregaron L70.000, cantidad que los agentes aceptaron y que permitió posteriormente la liberación de la testigo protegida.

El tribunal determinó que los hechos acreditados durante el juicio eran constitutivos de los delitos por los que los cinco exagentes fueron acusados, por lo que emitió el fallo de culpabilidad.

La resolución representa el cierre de la etapa de juicio y deja pendiente la determinación de la pena que deberá cumplir cada uno de los condenados.

Tras conocerse el fallo, las autoridades judiciales ordenaron que los cinco exagentes permanecieran recluidos en el Centro Penal de Támara, Francisco Morazán, mientras continúa el proceso hasta la individualización de las penas.

La audiencia de lectura de pena quedó programada para el próximo 13 de octubre a la 1:30 de la tarde, momento en el que el tribunal dará a conocer las sanciones correspondientes por los delitos establecidos en la sentencia.

El caso involucra a miembros de una unidad policial que tenía entre sus funciones combatir estructuras criminales y delitos relacionados con maras y pandillas. Los hechos juzgados ocurrieron mientras los acusados se encontraban asignados a la División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU).

La sentencia fue comunicada por el Poder Judicial después de que los jueces concluyeran que las pruebas presentadas durante el juicio permitieron acreditar la participación de los cinco acusados en los hechos denunciados por la testigo protegida.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que la declaración de culpabilidad fue emitida después de que los jueces valoraran las pruebas presentadas durante el juicio oral y público. El fallo fue adoptado de manera unánime, al establecerse judicialmente los hechos atribuidos a los cinco acusados.

Con la sentencia de culpabilidad, el proceso entra ahora en una nueva etapa en la que el tribunal deberá determinar la pena correspondiente a cada uno de los exagentes, de acuerdo con los delitos acreditados. Mientras se desarrolla esta fase, los cinco permanecerán recluidos en el Centro Penal de Támara, en Francisco Morazán.

El caso que conmocionó al Estado de México por la crueldad con la que fue asesinado un niño de 5 años llegó a su fin ante la justicia. Un juez con sede en Toluca condenó a 78 años y 9 meses de prisión a Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y a Carlos Morales Cruz por su participación en los delitos de secuestro que causa la muerte y delitos vinculados a la desaparición de personas, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) probara la responsabilidad de los tres en el crimen contra Fernandito, ocurrido en el municipio de La Paz.

Junto con la pena privativa de libertad, la autoridad judicial fijó multas por un millón 258 mil 682 pesos para cada sentenciado, además de una reparación por daño moral de 618 mil 712 pesos y otra por daño material de 39 mil pesos. También se les suspendieron los derechos políticos y civiles.

Un préstamo de mil pesos derivó en el secuestro del menor

Las investigaciones de la FGJEM reconstruyeron que los tres sentenciados sostuvieron que la madre del niño mantenía con ellos una deuda económica pendiente. Con ese argumento, el 28 de julio de 2025 privaron de la libertad al pequeño como forma de presionar a la mujer para que liquidara los mil pesos que les debía.

Durante los días posteriores, entre el 30 de julio y el 2 de agosto, la madre del niño se presentó en repetidas ocasiones en el domicilio de los agresores, situado en La Paz, con la intención de recuperar a su hijo. En cada visita, Lilia, Ana Lilia y Carlos mantuvieron oculto al menor y le negaron el acceso.

La mujer formalizó la denuncia por los hechos el 4 de agosto de 2025. Ese mismo día, un operativo policial ingresó a la vivienda de los sospechosos y localizó al niño sin vida, con un traumatismo craneoencefálico como causa de muerte.

La Fiscalía investiga a un agente del Ministerio Público por retrasar la atención

Al margen del proceso penal contra los tres homicidas, la FGJEM abrió una carpeta en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para determinar la posible responsabilidad de servidores públicos por abuso de autoridad, luego de que la institución negara un servicio oportuno a la madre de Fernandito.

Según esa indagatoria, la mujer se presentó el domingo 3 de agosto en el Centro de Justicia de La Paz para reportar que había confiado a su hijo al cuidado de una conocida y que esta se negaba a devolvérselo. Un prestador de servicio social que atendía en ese momento las instalaciones trasladó la queja al agente del Ministerio Público en turno.

La respuesta del funcionario, de acuerdo con el expediente, fue que había que aguardar a que llegara “la licenciada Brenda”, pues él ya se retiraba, y sugirió que la mujer podía dirigirse a la agencia del Ministerio Público de Género si prefería no esperar. Ante esa negativa, la madre decidió irse sin presentar la denuncia formal ese día.

La mujer volvió a las instalaciones al día siguiente, el 4 de agosto, y ahí sí formuló la denuncia ante el Centro de Justicia para la Mujer en La Paz. La demora de un día entre el primer intento y la denuncia efectiva quedó documentada como parte de la investigación por abuso de autoridad.

El cuerpo del menor fue hallado en estado de descomposición

Con la denuncia ya presentada, agentes de la Fiscalía se trasladaron junto con la Policía Municipal de Género al domicilio señalado por la madre. Durante la revisión del inmueble, el personal detectó un olor fétido proveniente de unas bolsas colocadas en el patio de la vecindad.

Dentro de esas bolsas se encontró el cuerpo del menor, ya en estado de descomposición. Los exámenes forenses posteriores documentaron fracturas en clavícula y costilla, junto con distintas lesiones contusas en el cuerpo de la víctima.

Los peritos determinaron que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico y calcularon que el deceso ocurrió entre tres y cinco días antes del hallazgo, es decir, en algún momento entre el 30 de julio y el 2 de agosto. Ese cálculo coincidió con la versión que la madre había dado al Ministerio Público, según la cual la privación de la libertad de su hijo comenzó el lunes 28 de julio.

Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez dictó finalmente la sentencia de 78 años y 9 meses de prisión para cada uno de los tres implicados. Lilia Delgado Pérez, Carlos Morales Cruz y Ana Lilia Morales Delgado -padres e hija- quedaron internados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México habilitó canales para que la ciudadanía denuncie a los sentenciados en caso de identificarlos como probables responsables de otros delitos: el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el teléfono 800 7028770.

Un juez en el Estado de México sentenció a 53 años de prisión a Francisco Quirino García tras declararlo culpable del delito de secuestro agravado, cometido en junio de 2016 en agravio de una mujer en el municipio de Tlalnepantla. La resolución judicial se sustentó en los datos de prueba recabados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) durante la investigación del caso.

De acuerdo con la reconstrucción oficial de los hechos, la víctima llegó a bordo de su vehículo a su domicilio en Tlalnepantla cuando fue interceptada por el ahora sentenciado, quien portaba un arma de fuego y la golpeó en la cabeza con ella. Como consecuencia de la sentencia, Quirino García también quedó con sus derechos civiles y políticos suspendidos.

La víctima fue trasladada a una casa de seguridad en Ixtapaluca y sufrió abuso sexual

Según datos oficiales compartidos por la FGJEM este 24 de septiembre, tras el ataque inicial, otros dos individuos subieron por la fuerza a la víctima a un vehículo y la trasladaron hacia una casa de seguridad ubicada en el municipio de Ixtapaluca. En ese sitio, la mujer fue abusada sexualmente por sus captores antes de quedar bajo el resguardo de dos mujeres que la mantuvieron cautiva.

Mientras la víctima permanecía retenida, los responsables del plagio exigieron la entrega de un millón de pesos como condición para liberarla. La negociación por el rescate se extendió durante el tiempo en que la mujer permaneció privada de su libertad en el inmueble de Ixtapaluca.

En una oportunidad que se presentó durante su cautiverio, la víctima logró escapar del lugar donde la mantenían retenida. Tras huir del inmueble, la mujer solicitó ayuda a policías, quienes atendieron su reporte y con ello se activó el proceso de investigación que derivó en la identificación de los responsables.

La Fiscalía mexiquense identificó al responsable y logró su aprehensión

Con base en los actos de investigación realizados a partir de la denuncia de la víctima, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró identificar a Francisco Quirino García como uno de los responsables del secuestro. La dependencia solicitó entonces ante un juez una orden de aprehensión en su contra.

La orden judicial fue cumplimentada y Francisco Quirino García fue aprehendido por las autoridades. Tras su detención, quedó ingresado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de la autoridad judicial, mientras se desahogaba el proceso penal correspondiente.

Con los elementos de prueba aportados por la representación social, el juez que llevó el caso determinó la culpabilidad de Quirino García y dictó la sentencia de 53 años de prisión por el delito de secuestro agravado. La resolución cerró el proceso judicial iniciado a partir del reporte de la víctima ante policías.

Luego de darse a conocer la sentencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 7028770 para que, en caso de que la ciudadanía reconociera a Francisco Quirino García como probable implicado en otros hechos delictivos, procediera a denunciarlo.

La sentencia Fiscalía General de Justicia del Estado de México no dio a conocer si los otros dos individuos que participaron en el traslado forzado de la víctima, ni las dos mujeres que la mantuvieron bajo resguardo durante su cautiverio, fueron identificados o enfrentan algún proceso penal por el mismo hecho.

Otras condenas por secuestro registradas en el Estado de México

El caso de Tlalnepantla no es el único proceso reciente que concluyó con una sentencia severa por secuestro en la entidad mexiquense. Un mes antes, un tribunal con sede en Jilotepec impuso penas de 70 años de prisión para cinco hombres señalados como presuntos integrantes de La Familia Michoacana, tras acreditarse su participación en el plagio de una persona en el municipio de Aculco.

Ese hecho ocurrió en agosto de 2025, cuando la víctima permanecía dentro de su propio vehículo en el poblado de San Lucas. Un grupo armado llegó al lugar a bordo de otro automóvil, sometió a la persona por la fuerza y se apoderó de la unidad en la que viajaba, huyendo posteriormente con la víctima en su poder.

La intervención de un testigo resultó determinante para el desenlace del caso. Al advertir el ataque, la persona alertó de inmediato a las autoridades, lo que permitió activar un operativo de búsqueda que culminó horas después con la localización de la víctima en un domicilio de la comunidad de San Pedro Denxhi y la detención de los cinco responsables.

La FGJEM integró la carpeta de investigación que sirvió como base para que el juez determinara la responsabilidad penal de los detenidos. Además de la condena de prisión, cada uno de los sentenciados deberá cubrir una multa económica superior a los 670 mil pesos.

Ambos casos, el de Tlalnepantla y el de Aculco, reflejan la actuación de la fiscalía mexiquense en la persecución de delitos de privación ilegal de la libertad, con sentencias que en los dos procesos superaron las cinco décadas de prisión para los responsables.

Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla, Mateo Hernández López, fue localizado sin vida este miércoles en el municipio de Nicolás Bravo luego de cuatro días de búsqueda tras su desaparición.

El joven era estudiante de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y fue visto por última vez el sábado 19 de septiembre tras salir de su domicilio, pero su reporte de desaparición se hizo público hasta este lunes.

Tras su hallazgo sin vida y con huellas de violencia, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que investiga el caso como secuestro, luego de que las pesquisas permitieron identificar que el joven fue privado de la libertad y posteriormente se le exigió un pago al alcalde para soltarlo.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con las investigaciones, el adolescente salió de su domicilio la tarde del sábado, ubicado en Tecamachalco, para dirigirse a un curso académico, pero horas después sus familiares recibieron una llamada en las que se les informó que su hijo estaba secuestrado y les exigieron dinero a cambio de su liberación.

La Fiscalía de Puebla detalló que luego de que la familia recibió la comunicación, se inició una carpeta de investigación y se les brindó acompañamiento.

Sin embargo, el pasado lunes 21 de septiembre la fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que no contaban con una denuncia formal -hasta ese momento- por parte del alcalde de Tecamachalco sobre la desaparición de su hijo.

Aunque se desconoce el momento en el que el edil acudió a emitir su denuncia, medios locales reportaron que desde la noche del domingo se desplegaron a cerca de 30 agentes de la Policía Ministerial para llevar a cabo recorridos en distintos inmuebles.

Además, las autoridades informaron que durante las diligencias obtuvieron videograbaciones de distintos puntos del municipio que permitieron reconstruir parte del recorrido que el adolescente realizó el día de su desaparición, así como ubicar al vehículo presuntamente relacionado con su secuestro.

Además, se realizaron entrevistas a personas que estuvieron en contacto con el joven antes de su desaparición.

Así fue el hallazgo sin vida del hijo del alcalde

Mateo Hernández, de 17 años de edad, fue hallado sin vida este miércoles sobre la carretera estatal Azumbilla-Tlacotepec del municipio de Nicolás Bravo.

De acuerdo con medios locales, fueron motociclistas que circulaban por la zona quienes reportaron la localización del cuerpo del joven, el cual estaba envuelto en una cobija.

Luego de realizar el proceso de identificación, se confirmó que se trataba del hijo mayor del alcalde de Tecamachalco, quien acudió pasadas las 18:00 horas a las instalaciones del anfiteatro de Tehuacán para el reconocimiento del cuerpo.

Alcalde exige justicia tras el asesinato de su hijo

Luego de darse a conocer el hallazgo sin vida de su hijo, el alcalde emitió un comunicado en sus redes sociales en el que, “con el alma rota”, agradeció los mensajes de cariño y oraciones realizadas por el joven.

El alcalde dijo que sus únicas exigencias eran la verdad y justicia en el asesinato de su hijo, y anunció que se mantendrá en el cargo hasta que finalice su periodo (en 2027) para trabajar por la seguridad de los habitantes de Tecamachalco.

“Hoy no les hablo como Presidente Municipal, les hablo como papá, lo único que busco es verdad y justicia. Ninguna familia de Tecamachalco debería pasar por este dolor. Es por ello que continuaré trabajando todos los días para que así sea”, escribió.

Cabe señalar que dos días antes de la desaparición de su hijo, el alcalde encabezó una mesa de trabajo con representantes de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para el reforzamiento de la estrategia de seguridad en el municipio.

Tecamachalco se encuentra en el llamado Triángulo Rojo de Puebla, una zona que abarca varios municipios del centro de la entidad en los que en la última década se han registrado constantes asaltos violentos, secuestros, extorsiones y cobro de piso tanto para transportistas como automovilistas, así como de hallazgo de tomas clandestinas de combustible.

Mateo Hernández, de 16 años, hijo del alcalde de Tecamachalco, Mateo Hernández López, fue localizado sin vida este 23 de septiembre en el municipio de Nicolás Bravo, Puebla, cuatro días después de que se reportara su desaparición.

El cuerpo apareció envuelto en cobijas y con huellas de violencia en el paraje conocido como “La Tabla”, según confirmaron medios locales.

El adolescente, estudiante de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), fue visto por última vez el sábado 19 de septiembre alrededor de la 1 de la tarde, cuando salió de su domicilio para realizar trabajos escolares con compañeros. Su desaparición se reportó hasta el lunes 21 de septiembre.

El operativo de búsqueda movilizó a cerca de 30 agentes de la Policía Ministerial, que realizaron recorridos en distintos inmuebles del municipio desde la noche del domingo.

El hallazgo del cuerpo en la carretera Azumbilla-Tlacotepec de Díaz

De acuerdo con medios locales, los motociclistas que circulaban por la zona reportaron el hallazgo de un bulto sospechoso a un costado de la carretera estatal Azumbilla-Tlacotepec de Díaz, en la junta auxiliar de Azumbilla, municipio de Nicolás Bravo.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, la Policía Municipal de Nicolás Bravo y efectivos del Ejército Mexicano, acompañados por paramédicos, quienes confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

El nivel de descomposición del cuerpo impidió a la Fiscalía comprobar la identidad de manera instantánea y fue hasta pasadas las 18:00 horas que el alcalde morenista acudió a las instalaciones del anfiteatro de Tehuacán para el reconocimiento oficial del cuerpo.

Fue hasta la noche que el edil publicó en sus redes un comunicado en donde confirmó el fallecimiento de su hijo:

“Con el alma rota, mi esposa, un servidor y toda nuestra familia, les agradecemos de corazón a todas y a todos por su cariño, sus mensajes y por cada oración elevada por mi hijo Mateo. Hoy no les hablo como Presidente Municipal, les hablo como papá. Y como papá, lo único que busco es verdad y justicia. Ninguna familia de Tecamachalco debería pasar por este dolor. Es por ello que continuaré trabajando todos los días para que así sea. Gracias por no dejarnos solos en este momento tan difícil. Te amaremos por siempre, querido hijo”, se lee.

¿Qué se sabe del caso?

Las primeras investigaciones apuntan a que el joven habría sido privado de la libertad por sujetos desconocidos, por lo que fue la Fiscalía Especializada en Secuestro y Extorsión la encargada de las pesquisas.

De manera extraoficial trascendió que los captores habrían cobrado un rescate. Fuentes policiacas señalaron además que la familia de la víctima decidió llevar a cabo un proceso de negociación directa por la liberación del menor.

La titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó durante su conferencia matutina que la institución no había recibido una denuncia formal por estos hechos, pese a que la familia ya había alertado a las autoridades locales sobre la desaparición.

Condolencias de distintos partidos

El diputado local Andrés Villegas Mendoza, presidente del Consejo Estatal de Morena en Puebla, expresó sus condolencias al alcalde y sostuvo que “nos han golpeado en lo más profundo y personal, pero el miedo no nos puede detener”.

Agustín Guerrero Castillo, consejero estatal de Morena, pidió que el crimen “no quede impune” y que los responsables sean detenidos. El senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, también envió condolencias al alcalde y a su esposa, Rosario Gutiérrez.

Movimiento Ciudadano Puebla publicó una esquela oficial este 23 de septiembre en la que lamentó “profundamente el fallecimiento de Mateo Hernández Gutiérrez” y expresó su solidaridad a la familia y a la comunidad de Tecamachalco.

La alcaldesa de Zacatlán, Bety Sánchez, también publicó una esquela: “Lamento el sensible fallecimiento de Mateo Hernández, espero que su familia encuentre pronta resignación. Mucha fortaleza”, citó Proceso.

Tecamachalco es señalado como epicentro delictivo del Triángulo Rojo en Puebla, una región de focos rojos en donde los grupos criminales se pelean el robo de combustible, los asaltos con violencia a transportistas y el narcomenudeo.

El jueves 17 de septiembre, dos días antes de la desaparición de su hijo, el alcalde encabezó una mesa de trabajo con representantes de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reforzar la estrategia de seguridad del municipio.

La respuesta de las autoridades ante el secuestro de una pareja de ciudadanos extranjeros en Cañete, provincia ubicada al sur de Lima, se activó a partir de imágenes de videovigilancia y del seguimiento de un dron municipal. Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) liberaron a las víctimas cerca de dos horas después de la interceptación y detuvieron a cinco personas, presuntamente vinculadas con Los Gallegos del Sur.

El operativo comenzó alrededor de las 11 de la mañana de este miércoles 23 de septiembre, cuando operadores del Serenazgo detectaron que la pareja era trasladada entre vehículos mientras se dirigía hacia un mercado de la zona. Las cámaras registraron el recorrido y alertaron a la PNP, que coordinó la intervención en una vivienda de la urbanización Valle Hermoso.

Cámaras y un dron siguieron el traslado de la pareja secuestrada

Según el reporte, los captores obligaron a los agraviados a abordar un primer automóvil en una vía pública. Esa unidad sufrió una falla mecánica durante el desplazamiento, por lo que la pareja pasó a un segundo vehículo. El sistema de cámaras mantuvo el rastro y el dron reforzó la observación hasta identificar el predio donde quedaron retenidos.

Con la ubicación confirmada, los efectivos ingresaron al inmueble desde la puerta principal y por los techos de predios vecinos. La pareja fue encontrada dentro de una habitación y puesta a salvo cerca de la 1 de la tarde. Durante la operación no se informaron heridos. Los policías redujeron a cinco hombres extranjeros que permanecían en la vivienda, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

El alcalde provincial, Raúl Mesa Cuadros, atribuyó la detección temprana a la inversión municipal en equipos de vigilancia. “Hemos trabajado mucho desde el inicio del 2023 con una inversión de un cuarto de millón aproximadamente en la compra de drones y en la compra de 113 cámaras inteligentes con respuestas inmediatas”, afirmó.

Mesa señaló que los drones operan a una altura de hasta 150 metros y permiten visualizar un radio de 10 kilómetros. “Eso nos está dando resultado en este momento y tenemos que darle una tranquilidad a toda nuestra población de la provincia de Cañete”, sostuvo.

PNP incautó un arma, municiones y una granada en la vivienda

En el registro de la vivienda, los agentes incautaron un arma de fuego, dos cacerinas abastecidas con 30 municiones cada una y una granada. Ese material será sometido a pericias como parte de la investigación por secuestro en Cañete. La PNP busca establecer la procedencia del armamento y el nivel de participación de cada detenido.

Diligencias apuntan a una posible relación del caso con préstamos informales y actividades comerciales en la provincia. Además, los investigadores analizan una presunta conexión de los intervenidos con Los Gallegos del Sur y otros hechos de extorsión o secuestro. Las grabaciones de cámaras y drones quedaron incorporadas al expediente que continuará bajo dirección del Ministerio Público.

Las víctimas recibieron atención médica después de su liberación y luego brindarán su declaración sobre la interceptación, el traslado y el tiempo que permanecieron privadas de libertad. La Fiscalía deberá definir la situación legal de los cinco detenidos con base en los videos, las actas policiales y los objetos incautados.

El operativo se llevó a cabo en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con las indagatorias, el detenido también estaría vinculado con la extorsión a comerciantes en la zona de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Detención en Santa Cruz Atoyac: cómo ocurrió el operativo

Los uniformados realizaban recorridos de seguridad pie tierra en la avenida México-Coyoacán, en la colonia Santa Cruz Atoyac, cuando identificaron a Juan “N”. Los oficiales se aproximaron al hombre y le hicieron de su conocimiento el mandamiento judicial que pesaba en su contra.

Tras el reconocimiento, le fueron leídos sus derechos constitucionales conforme a los protocolos establecidos para el cumplimiento de mandamientos judiciales. Posteriormente, el detenido fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad penitenciaria correspondiente.

El destino final del hombre fue un centro penitenciario ubicado en el oriente de la Ciudad de México, donde quedó a disposición del sistema de justicia.

Orden de reaprehensión por secuestro agravado

La orden judicial que motivó el operativo correspondía al delito de secuestro agravado. Este tipo penal contempla circunstancias que agravan la pena original, como el uso de violencia, la participación de más de una persona o afectaciones particulares hacia la víctima.

El procedimiento se enmarca en los trabajos de inteligencia e investigación que la SSC realiza para combatir delitos de alto impacto en la capital.

Vínculo con extorsión a comerciantes en La Merced

Las indagatorias derivadas de la detención señalan que “El Bola” también podría estar relacionado con la extorsión a comerciantes en la zona de La Merced, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza. Este dato fue confirmado tanto en el comunicado oficial de la dependencia como en la publicación del propio Vázquez Camacho en X.

La mención de este posible vínculo se suma a un contexto de operativos recientes contra la extorsión en esa zona del centro histórico. Sin embargo, en el caso de Juan “N”, las autoridades no precisaron si existe una carpeta de investigación abierta específicamente por este segundo delito, ni detallaron el grado de avance de las indagatorias correspondientes.

Protocolo y postura de las autoridades

El comunicado oficial de la SSC precisó que el procedimiento se realizó en estricto apego a los protocolos de actuación policial, con respeto a los derechos humanos y conforme a los lineamientos establecidos para el cumplimiento de mandamientos judiciales.

Por su parte, Vázquez Camacho señaló en su publicación que la corporación “refrenda su compromiso de realizar acciones para cuidar la integridad de las personas, proteger su patrimonio y detener a quienes atenten contra los derechos de las y los habitantes” de la Ciudad de México.

La dependencia reiteró, además, su compromiso de continuar con acciones de investigación orientadas a identificar y detener a personas señaladas por delitos que afectan el patrimonio de la ciudadanía y atentan contra la seguridad de los habitantes de la capital.

La coordinación entre la SSC y la FGJ en este tipo de operativos forma parte de los mecanismos institucionales establecidos para el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con delitos de alto impacto, como el secuestro y la extorsión, en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

La extorsión en La Merced

La extorsión a comerciantes de La Merced es un problema que los locatarios denuncian desde 2019. Al menos seis grupos delictivos operarían cuotas y amenazas en la zona, varios de ellos vinculados a La Unión Tepito, aunque esa cifra corresponde a señalamientos de los propios afectados y no a un conteo oficial de la autoridad.

Al menos tres grupos delictivos activos en La Merced, Candelaria y el Centro Histórico, con cuotas que oscilarían entre 100 y 150 pesos diarios, acompañadas de amenazas contra los negocios que se nieguen a pagar.

Entre las células señaladas por comerciantes aparecen nombres como Los Zapotitla Fierro, la de “El Trompas” y “El Valente”, además de Los Zurita, Los Vega y Los Duarte. Las zonas de mayor incidencia identificadas incluyen las calles Rosario, Olvera y General Anaya, cerca de la Plaza Comercial 2000, así como Cabañas, Adolfo Gurrión, Juan Cuamatzin y Fray Servando Teresa de Mier.

La respuesta oficial: zona prioritaria desde agosto

El 11 de agosto de 2026, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, anunció que La Merced sería incorporada como zona prioritaria de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz del Gobierno capitalino, con protección especial contra delitos de alto impacto, en particular la extorsión.

El funcionario afirmó en ese momento que ya se habían iniciado “varias investigaciones en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, aunque no reveló detalles sobre carpetas específicas ni posibles órdenes de aprehensión pendientes.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció además un programa de seguridad para la Nave Mayor, la Nave Menor y el casetón del mercado, que combinaría vigilancia, investigación y atención a las causas sociales del problema.

Por su parte, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, informó que se contemplaba mayor presencia policial y una célula especial, además de una campaña para orientar a comerciantes sobre cómo actuar ante una extorsión. Parra señaló que en las reuniones de seguridad se reportaban entre dos y tres denuncias al mes, aunque reconoció que la cifra real podría ser mayor debido a que algunos afectados recurren directamente a líneas de atención contra la extorsión.

Tres trabajadores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fueron víctimas de secuestro virtual en Oaxaca luego de su jefe inmediato recibió llamadas en las que le exigían un pago de 100 mil pesos para liberarlos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que los tres ingenieros fueron localizados con vida y en buen estado de salud en el municipio de Sola de Vega derivado de las investigaciones, las cuales les permitieron determinar que se trataba de un secuestro virtual, es decir, que en realidad no estaban retenidos.

El hecho ocurrió la mañana del 22 de septiembre, cuando el jefe inmediato de los tres ingenieros recibió llamadas y audios en los que se le exigían la entrega de 100 mil pesos a cambio de la supuesta liberación de los trabajadores, identificados únicamente con las iniciales Y.C.S., H.D.D. y D.L.A.

Los trabajadores estaban en un hotel

Ante los hechos, el jefe de los ingenieros decidió denunciar, lo que llevó a las autoridades a activar los protocolos de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

Como parte de las diligencias, se recabó información relacionada con una de las líneas telefónicas involucradas en las llamadas de exigencia, además de realizarse diversas acciones de investigación y búsqueda en la zona.

El caso se resolvió en menos de 24 horas: mientras que las amenazas comenzaron el 22 de septiembre, el hallazgo de los tres trabajadores se confirmó al día siguiente en un hotel de Sola de Vega, donde se corroboró que se encontraban a salvo.

Durante la atención del caso, las autoridades brindaron asesoría a la persona que recibía las llamadas de extorsión y le indicaron que no realizara depósitos, esto luego de advertir características propias de un secuestro virtual, una modalidad delictiva en la que los responsables simulan retener a una persona retenida para exigir dinero sin haberla privado realmente de su libertad.

Luego de los hechos, la Fiscalía del Estado informó que continúa con las investigaciones para identificar y llevar ante la autoridad correspondiente a quien o quienes resulten responsables del intento de extorsión.

Capturan al alcalde de Juchitán de Zaragoza por vínculos con Los Cromos, brazo del CJNG

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, fue detenido este miércoles en un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), y fuerzas de seguridad federal, por sus presuntos nexos con Los Cromos, célula operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

El edil, conocido como “Quetu”, contaba con una orden de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, y su arresto se realizó junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, probable integrante del mismo grupo.

Los trabajos de investigación revelaron que Sánchez Altamirano participaba, fomentaba y encubría las actividades delictivas de la célula en el Istmo de Tehuantepec. Desde la estructura municipal, el alcalde facilitaba el acceso del grupo a las cámaras del C2 y alertaba sobre el despliegue de corporaciones estatales y federales.

Además, las autoridades lo señalan por controlar el cobro de piso a comerciantes y cadenas comerciales, además de participar en la compra de armas y en el manejo de casas de seguridad usadas para el tráfico de migrantes.

El funcionario había gobernado el municipio entre 2022 y 2024 y logró la reelección para el período 2025-2027 con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PEVEM) y Fuerza por México.

Tras el arresto del alcalde y de “La Parca”, se registraron bloqueos carreteros en distintos puntos de Juchitán que buscaban impedir el traslado de Sánchez Altamirano. Fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México que se trató de elementos de la Policía Municipal, a quienes luego se sumaron mototaxistas y habitantes del municipio.

La mañana del 17 de septiembre de 1973, Eugenio Garza Sada salió de su residencia en Monterrey rumbo a las instalaciones de la Cervecería Cuauhtémoc. Tenía 81 años y viajaba acompañado por su chofer y dos personas encargadas de su seguridad.

Al llegar al cruce de las calles Luis Quintanar y Villagrán, en la colonia Bella Vista, el automóvil fue interceptado por un grupo armado. La intención era llevarse al empresario, pero la operación no llegó a concretarse: el intento de secuestro derivó en un intercambio de disparos y Garza Sada murió durante el enfrentamiento.

El episodio ocurrió seis meses después de que distintos grupos de izquierda se ‘levantaron en armas’ para formar la Liga Comunista 23 de Septiembre, creada el 15 de marzo de 1973 en Guadalajara. Para entonces, la organización buscaba convertirse en una estructura capaz de articular a diferentes grupos guerrilleros que operaban en distintas regiones del país.

La fecha que formaba parte de su nombre tenía un origen anterior. El 23 de septiembre de 1965 —ocho años antes del atentado contra Garza Sada—, el Grupo Popular Guerrillero (GPG), encabezado por Arturo Gámiz y Pablo Gómez, atacó el cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua. El episodio quedó como uno de los referentes de la guerrilla mexicana de los años sesenta y posteriormente fue retomado por la Liga.

Así, cuando ocurrió el operativo contra Garza Sada, la organización llevaba apenas unos meses de existencia formal.

El intento de secuestro fallido

Los documentos de la antigua Dirección Federal de Seguridad conservados en los Archivos de la Represión reconstruyen el atentado ocurrido aquella mañana.

Garza Sada viajaba en un automóvil acompañado por su chofer, Bernardo Chapa Pérez, y Modesto Torres Briones, quien formaba parte de su equipo de seguridad. El vehículo fue interceptado en el cruce de Luis Quintanar y Villagrán.

La maniobra tenía como objetivo sacar al empresario del automóvil. El enfrentamiento se produjo cuando los hombres que participaron en la operación intentaron someter a los ocupantes del vehículo y éstos respondieron con disparos.

El intercambio dejó muertos a Garza Sada, a sus dos acompañantes y a integrantes del comando que había intentado llevárselo. Los documentos de la investigación incluyen informes sobre la inspección del sitio, los impactos de bala, los cartuchos encontrados y las armas localizadas.

La investigación también condujo a una camioneta utilizada durante la operación. En ella fueron localizados los cuerpos de dos de los participantes, posteriormente identificados por sus familiares.

Los archivos contienen además interrogatorios a personas detenidas en los días posteriores y reportes elaborados por agentes de seguridad que intentaban establecer quiénes habían participado en la operación y cuál era la estructura a la que pertenecían.

La Liga apenas tenía seis meses de existencia

El intento contra Garza Sada ocurrió cuando la Liga Comunista 23 de Septiembre todavía estaba en una etapa inicial.

Su fundación había ocurrido en Guadalajara el 15 de marzo de 1973, a partir de la convergencia de varias agrupaciones armadas. Entre ellas estaban Los Procesos, Los Guajiros, Los Enfermos, Los Lacandones, el Frente Estudiantil Revolucionario y otras organizaciones que buscaban unificar sus esfuerzos dentro de un mismo proyecto revolucionario.

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México identifica a la Liga como una de las organizaciones armadas más importantes surgidas durante ese periodo. Su proyecto buscaba reunir a distintos grupos que habían optado por la lucha armada y construir una estructura nacional.

El Archivo General de la Nación documenta que la organización llegó a tener presencia en diversos estados y que utilizó el periódico clandestino Madera como uno de sus principales medios de difusión.

La publicación había comenzado incluso antes de la fundación formal de la Liga. Después del surgimiento de la organización, volvió a circular en enero de 1974 y llegó a publicar decenas de números de manera clandestina.

El propio nombre de la publicación hacía referencia al episodio que dio origen al nombre de la organización: el ataque al cuartel de Madera ocurrido el 23 de septiembre de 1965.

El asesinato cambió la respuesta de los cuerpos de seguridad

La muerte de Garza Sada colocó a la Liga ante una respuesta de seguridad de mayor alcance.

Los documentos del Archivo General de la Nación muestran que la Dirección Federal de Seguridad comenzó a concentrar información sobre la organización, sus integrantes, publicaciones y actividades. El archivo conserva 13 expedientes de la Liga dentro del fondo de esa corporación, además de un expediente específico dedicado a Eugenio Garza Sada.

Esta respuesta no se limitó al seguimiento documental.

De acuerdo con el AGN, durante el gobierno de Luis Echeverría la DFS estableció una brigada especial cuyo objetivo era perseguir y desarticular a la Liga Comunista 23 de Septiembre. La corporación recopiló publicaciones, mensajes y otros materiales producidos por la organización para alimentar sus investigaciones.

Los documentos de ese periodo forman parte actualmente de los fondos desclasificados que pueden consultarse en el Archivo General de la Nación.

La persecución de las organizaciones guerrilleras ocurrió dentro de un periodo que posteriormente sería identificado como la Guerra Sucia. El propio AGN reconoce que durante esos años las instituciones de seguridad recurrieron a prácticas como la tortura y la desaparición forzada contra personas consideradas vinculadas con movimientos guerrilleros o disidencias políticas.

La creación de la Brigada Blanca fue parte de esa estrategia de persecución. El AGN señala que ese grupo especial fue creado para combatir a la Liga Comunista 23 de Septiembre y que en sus operaciones se utilizaron métodos que derivaron en graves violaciones a los derechos humanos.

El 23 de septiembre que quedó en el nombre del grupo guerrillero

El aniversario de la Liga vuelve a colocar el caso Garza Sada en el calendario histórico.

El 23 de septiembre no corresponde a la fecha del asesinato del empresario. El atentado ocurrió el 17 de septiembre de 1973. La fecha que la organización incorporó a su nombre remite al ataque contra el cuartel de Madera, Chihuahua, ocurrido en 1965.

Entre ambos acontecimientos transcurrieron ocho años.

En 1965, el Grupo Popular Guerrillero intentó tomar una instalación militar en Chihuahua. En 1973, una organización que había adoptado aquel episodio como uno de sus referentes intentó secuestrar a uno de los empresarios más conocidos de Monterrey: Garza Sada.

El primer episodio se convirtió en uno de los antecedentes de la guerrilla que surgió durante las décadas de 1960 y 1970. El segundo colocó a la recién creada Liga Comunista 23 de Septiembre frente a una ofensiva de los aparatos de seguridad que se prolongaría durante los años siguientes.

Hoy, los expedientes conservados por el Estado permiten seguir ambas historias desde los documentos que produjeron las propias instituciones: el intento de secuestro, la investigación del asesinato, el seguimiento de los integrantes de la Liga y la estrategia desplegada para desarticularla.

El 17 de septiembre quedó asociado a la muerte de Garza Sada. El 23, a la fecha que la organización convirtió en su nombre y que remitía a uno de los episodios fundacionales de la guerrilla contemporánea en México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que su captura se realizó cuando un grupo de policías realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Calzada de Tlalpan, donde observaron el vehículo donde se trasladaba “El Irving” y a uno de sus ocupantes manipulando un arma de fuego.

Tras darle seguimiento a la unidad, los uniformados les dieron alcance en el cruce de las calles Napoleón y Miguel de Cervantes Saavedra, en la colonia Moderna, donde les realizaron una inspección que derivó en el hallazgo de drogas, dinero en efectivo y un arma.

Como resultado de la acción, los elementos aseguraron:

• Un arma de fuego con su cargador y 4 cartuchos útiles
• 135 bolsitas de plástico con presunta cocaína
• 70 dosis de aparente metanfetamina

• 85 bolsitas con presunta marihuana y 1 kilogramo a granel
• 4 celulares
• Dinero en efectivo

“El Irving” era objetivo prioritario de la CDMX por sus actividades criminales

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, destacó la captura de “El Irving” al tratarse de un objetivo prioritario y uno de los presuntos líderes de un grupo criminal generador de violencia, el cual mantiene operaciones en la zona oriente de la capital.

“Seguimos trabajando en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para combatir a las células criminales que cometen delitos de alto impacto y atentan contra la tranquilidad de las y los ciudadanos, con el firme compromiso de construir una ciudad cada vez más segura, justa y en paz”, escribió en sus redes sociales.

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, las autoridades relacionan a la célula de Los Tanzanios con los delitos de extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, la cual mantiene operaciones en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

Los dos hombres que fueron detenidos junto a “El Irving” fueron identificados como Eduardo “N”, alias “El Perico, de 31 años de edad; y Edgar ”N", de 41 años. Ambos son señalados como presuntos integrantes del mismo grupo criminal.

Luego de su detención, los tres hombres fueron puestos a disposición, junto con lo asegurado, del agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Capturan a presunto fundador de Los Tanzanios

Otro golpe a esta célula criminal ocurrió el pasado mes de julio, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) capturó a Nicolás “N”, alias “El Nico”, señalado como presunto fundador de Los Tanzanios.

La aprehensión ocurrió el martes 14 de julio en la alcaldía Iztapalapa, luego de labores de investigación e inteligencia que permitieron ubicarlo y posteriormente trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de un juez que determinará su situación jurídica.

Su captura se llevó a cabo como parte de un orden de aprehensión por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. El hombre, además, es investigado por su probable participación en secuestro y extorsión, delitos que las autoridades capitalinas vinculan con la estructura de Los Tanzanios.

No era la primera vez que el imputado enfrentaba una detención. En diciembre de 2023, elementos de la Policía de Investigación (PDI) ya lo habían aprehendido durante un cateo en la colonia Agrícola Oriental, donde le aseguraron 292 dosis de droga en polvo y una cantidad adicional a granel.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía capitalina, Nicolás “N” habría asumido el liderazgo de Los Tanzanios tras la detención en 2005 de Juan Manuel García González, alias “El Chacal”, exintegrante del Ejército y fundador original de la agrupación. Esa transición marcó el inicio de una etapa en la que el grupo amplió su radio de acción delictiva en al oriente de la capital.

En septiembre de 2025 fue detenido de nueva cuenta por la SSC en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, identificado en ese momento como líder de la organización.

Tras una investigación que se extendió durante cinco meses, el grupo fue judicializado y quedó bajo medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir, hurto y secuestro simple.

El caso que impulsó la investigación ocurrió el 6 de abril de 2026 en la localidad de Suba, en Bogotá. Según las autoridades, los delincuentes despojaron a un hombre de su camioneta mediante intimidaciones y huyeron con una niña de siete años que permanecía dentro del vehículo. La menor fue localizada y rescatada esa misma noche por la Policía Nacional, que también recuperó el automotor.

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó que los hechos no se limitaron al robo del vehículo. “No es únicamente el hurto, es secuestro, porque lo que cometieron fue un secuestro”, declaró al referirse al caso de la niña.

La investigación comenzó la noche del robo en Suba

El Gaula de la Policía Nacional abrió la investigación tras el hurto de la camioneta en Suba. Durante cinco meses, los investigadores analizaron más de 100 horas de grabaciones, realizaron interceptaciones telefónicas, entrevistaron a víctimas y efectuaron reconocimientos mediante álbumes fotográficos, además de consultas en bases de datos.

Las diligencias permitieron establecer los roles de los integrantes de la organización y reconstruir la forma en que, presuntamente, seleccionaban a sus víctimas. De acuerdo con la Policía, los sospechosos hacían seguimientos previos para identificar horarios, recorridos, viviendas y otros momentos en los que podían abordar a los conductores.

Las autoridades indicaron que los robos se concentraban en las localidades de Suba, Usaquén, Fontibón, Chapinero, Engativá y Barrios Unidos. La estructura, según la investigación, buscaba principalmente a personas que llegaban a sus casas o descendían de sus vehículos para ingresar a sus viviendas.

“Estas personas, de formas violentas, sin miramiento alguno, con armas de fuego, los intimidaban, los golpeaban y se hurtaban el vehículo”, señaló Cristancho Zambrano.

Así operaban Los Buitres

La modalidad atribuida a Los Buitres incluía la retención temporal de algunas víctimas mientras los integrantes del grupo tomaban control del vehículo y aseguraban su traslado. Los automotores eran llevados a parqueaderos clandestinos, bodegas o inmuebles que, de acuerdo con la Policía, funcionaban como sitios de acopio.

En esos lugares, los vehículos habrían sido sometidos a modificaciones en sus sistemas de identificación antes de su comercialización ilegal. La hipótesis de las autoridades señala que algunas camionetas de alta gama eran ofrecidas a grupos armados en Norte de Santander.

Los vehículos que no correspondían a esa categoría, en cambio, podían terminar en el mercado ilegal de autopartes en Bogotá, según la versión entregada por el comandante de la Policía Metropolitana.

La investigación también identificó presuntas redes de apoyo para la falsificación de placas, la modificación de documentos y la receptación de automotores. La operación afectó rentas criminales estimadas en más de $200 millones mensuales, de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades.

Los delincuentes tenían funciones definidas

Entre los detenidos está alias Homero, identificado por la Policía como el supuesto cabecilla de la estructura. Las autoridades le atribuyen tareas de planeación, dirección y supervisión de los robos.

Por su parte, alias Costeño habría coordinado acciones de intimidación y violencia contra los conductores para facilitar el despojo de los vehículos y controlar a las víctimas. Mientras tanto, alias El Flaco es señalado de abordar y reducir a las personas con armas de fuego para obligarlas a entregar los automotores y sus pertenencias.

Según la Policía, los seis capturados registran anotaciones judiciales por delitos como secuestro extorsivo, hurto, amenazas, lesiones personales, tráfico de estupefacientes, uso de menores para la comisión de delitos y porte ilegal de armas.

La institución atribuye a la banda al menos cinco hurtos violentos de vehículos bajo esta modalidad. Dos de los detenidos ya habían sido capturados en otros hechos relacionados con el robo de automotores, precisó el comandante Cristancho.

Los allanamientos se realizaron en Bosa y Puente Aranda

Las capturas se concretaron durante cuatro diligencias de allanamiento y registro en los barrios Porvenir y Parques de Bogotá, en la localidad de Bosa, y en el barrio Muzú, en Puente Aranda.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron tres computadores, seis dispositivos móviles y munición. Los elementos quedaron bajo análisis de los investigadores dentro del proceso penal.

Los seis hombres fueron presentados ante la Fiscalía, que les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto y secuestro simple. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, lo que quiere decir que permanecerán privados de la libertad mientras se define su situación jurídica.

En el anuncio de las capturas, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo que los casos en los que menores de edad quedan expuestos a hechos de violencia requieren una respuesta judicial efectiva. “Secuestrar a una niña es de los delitos más graves que hay”, afirmó.

Un tribunal del Estado de México impuso una sentencia de 120 años de prisión contra tres hombres que participaron en un secuestro exprés con fines de robo dirigido a un chofer y su custodio, a quienes privaron de la libertad para apoderarse de un cargamento de whisky valuado en más de dos millones de pesos. El hecho ocurrió en la autopista México-Puebla y terminó con la detención de los responsables por elementos de la Guardia Nacional.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la Autoridad Judicial dictó la condena contra Alfonso García Figueroa, Miguel Benjamín Castañeda Alonso y Feliciano Ortiz Alonso, tras acreditar su responsabilidad en el delito. Los tres sentenciados también perdieron sus derechos civiles y políticos como parte de la resolución.

Cómo ocurrió el secuestro exprés en la autopista México-Puebla

Los hechos se registraron el 18 de julio de 2024, cuando la víctima conducía un tractocamión marca Freightliner, de color blanco, acoplado a dos portacontenedores de colores rojo y azul. La unidad transportaba mil 452 cajas de botellas de whisky, con un valor de dos millones 301 mil 389 pesos, y circulaba escoltada por un automóvil tipo Versa de color gris.

El recorrido se desarrollaba con normalidad hasta que, a la altura de la colonia Jorge Jiménez Cantú, en el municipio de Ixtapaluca, el vehículo de custodia le cerró el paso al tractocamión sin motivo aparente. De ese automóvil descendieron García Figueroa, Castañeda Alonso y Ortiz Alonso, mientras que de una camioneta tipo Suburban bajaron otros dos sujetos armados.

Un secuestro exprés con fines de robo consiste en privar de la libertad a una víctima durante un lapso breve para despojarla de bienes o mercancía, sin que medie una negociación de rescate prolongada. En este caso, los agresores sometieron al chofer y a su custodio para trasladar el cargamento de whisky a otra unidad, aunque la maniobra fue detectada antes de concretarse.

El sometimiento de las víctimas y el intento de traslado de la carga

Los agresores amedrentaron al operador de la unidad y, bajo amenazas con armas de fuego, lo obligaron a subir a la parte trasera del automóvil gris. En ese mismo vehículo ya se encontraba privado de la libertad el custodio que había conducido el Versa durante el recorrido.

Con ambas víctimas retenidas, García Figueroa, Castañeda Alonso y Ortiz Alonso avanzaron unos metros con el tractocamión y procedieron a desenganchar los portacontenedores.

Sin embargo, un custodio adicional que circulaba en un vehículo distinto se percató de la maniobra en curso. Ese testigo alertó de inmediato a elementos de la Guardia Nacional, que se encontraban en la zona y pudieron intervenir antes de que los responsables lograran huir con el cargamento.

La detención en flagrancia y la sentencia final

Los elementos de la Guardia Nacional detuvieron a los tres sujetos en flagrancia tras la alerta recibida. García Figueroa, Castañeda Alonso y Ortiz Alonso fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente para el inicio de la investigación formal.

Posteriormente, los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario de la zona, donde quedaron a disposición de un juez. Desde ese momento, el caso pasó a la etapa judicial, en la que el Ministerio Público debió presentar las pruebas recabadas durante la detención.

Tras el proceso legal correspondiente, la Autoridad Judicial determinó la responsabilidad penal de los tres sujetos en el delito de secuestro exprés con fines de robo. Como resultado, dictó una sentencia condenatoria de 120 años de prisión contra cada uno de ellos.

Además de la pena privativa de la libertad, la resolución judicial incluyó la suspensión de los derechos civiles y políticos de los tres sentenciados.

Sosa Gallegos también fue presidente del Colegio Internacional de Cirujanos. De acuerdo con su hijo George, el especialista fue encontrado sin signos vitales en el municipio de Tultitlán, pocas horas después de que su familia siguiera una señal de localización vinculada con unas llaves que utilizaba a diario.

La agresión ocurrió el 25 de agosto, alrededor de las 19:30 horas, en un inmueble de la colonia Atlanta. Un supuesto paciente había solicitado una cita con el médico, quien ofrecía servicios de proctología mediante páginas de internet, y recibió la ubicación del consultorio, instalado en el domicilio del especialista.

El hombre llegó acompañado de otras personas. Al entrar en contacto con el médico comenzó un forcejeo y los agresores lo sacaron del inmueble a punta de pistola para subirlo a una camioneta blanca, descrita por su hijo como una unidad similar a las utilizadas por las empresas repartidoras de productos.

La familia siguió una señal hasta Tlalnepantla

Durante el ataque, los hombres también intentaron llevarse a la esposa del médico, de 74 años, pero su hijo intervino y logró arrebatársela. “Solo vi que a mi padre lo subieron a una camioneta blanca, como de Estafeta”, relató.

Horas después, Jorge, el hijo menor, recordó que su padre tenía unas llaves con un sistema de localización satelital instalado recientemente. Acompañado por un amigo, siguió la señal hasta la colonia La Blanca, en Tlalnepantla, pero no encontró rastro del médico.

La mañana del 26 de agosto, Sosa Gallegos fue hallado sin signos vitales en Tultitlán. La familia no recibió llamadas ni mensajes para negociar su liberación, mientras que los responsables continuaban libres, según la información de su hijo.

A casi un mes del crimen, su hijo Jorge Sosa pidió la intervención de las autoridades para esclarecer el caso y detener a los agresores. “Mi papá no tenía enemigos, ninguna persona que pudiáramos sospechar. Inlcuso daba consulta gratis, si la persona no tenía dinero les decía que se lo pagara cuando pudiera. Era una persona admirable, altruista, era mi héroe. No merecía morir así. Exigimos justicia”, afirmó.

George lamenta que su situación haya cambiado radicalmente porque además de arrebatarles a su padre, también su vida ya que tuvieron que cambiar de domicilio ya que temen por su vida y la de su familia.

El hombre ha realizado sus propias investigaciones y le ha dado información ala fiscalía el Estado de México pero asegura que no ve celeridad en su asunto ni apoyo ya que pidió medidas de protección sin obtenerlas.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrece una recompensa de hasta USD 1.000.000 por información que conduzca directamente al arresto de Trung Duc Lu, ciudadano vietnamita de 46 años acusado de participar en el secuestro, la tortura y el asesinato de dos hermanos en Filadelfia, Pensilvania, en agosto de 2014. La agencia incorporó a Lu en su lista de Los diez fugitivos más buscados el 11 de marzo de 2026, casi siete años después de que un tribunal federal de Pensilvania emitiera una orden de arresto en su contra.

Según la ficha oficial del FBI, Lu es la última persona prófuga vinculada a esos crímenes y debe ser considerado armado, peligroso y con alto riesgo de fuga internacional. Las autoridades creen que huyó a Vietnam poco después de los hechos y que permanece allí desde entonces.

Quién es Trung Duc Lu, el técnico de uñas en la lista de los más buscados del FBI

Trung Duc Lu nació en Vietnam y emigró a Estados Unidos en su adolescencia. Se estableció en el barrio de Queens, Nueva York, donde trabajaba como técnico de uñas.

El FBI lo identifica como presunto integrante de la banda callejera Born to Kill, conocida también como BTK o Canal Boys. Habla inglés y vietnamita, y las autoridades registran los siguientes alias:

• Trung D. Lu
• Tuan Hoang
• Phong Le / Phong Van Le
• Brendan Lu / Calvin Lu
• Duc Trung / Duc L. Trung / Lu Trung
• “B”

Las autoridades sostienen que Lu fue enviado a Filadelfia por esa organización para cobrar una deuda de USD 100.000 relacionada con el tráfico de drogas, según informó 6abc Philadelphia.

Qué delitos se le atribuyen por los hechos de agosto de 2014 en Filadelfia

Según la investigación federal, Lu participó en la tortura, el secuestro y el asesinato de dos hermanos vietnamitas. Sus cuerpos fueron hallados atados, apuñalados y sumergidos en un río con bloques de cemento. Una tercera víctima sobrevivió al ataque y colaboró con las autoridades.

La orden de arresto federal fue emitida el 10 de julio de 2019 en el Tribunal del Distrito Este de Pensilvania. Los cargos en su contra son:

• Conspiración para cometer secuestro.
• Secuestro (tres cargos).
• Viaje interestatal para facilitar actividades ilícitas.
• Conspiración para cobrar una deuda por medios extorsivos.
• Cobro de una deuda por medios extorsivos.
• Conspiración para distribuir marihuana.
• Complicidad.

“Agregar a Trung Lu a la lista de los diez más buscados del FBI refleja la gravedad de sus presuntos crímenes y nuestro compromiso inquebrantable de llevarlo ante la justicia”, afirmó Wayne A. Jacobs, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Filadelfia, en una conferencia de prensa.

Las señas particulares que identifican al fugitivo

Lu mide aproximadamente 1,70 metros (5 pies 7 pulgadas), pesa cerca de 64 kilogramos (140 libras), tiene cabello negro y ojos marrones. Su rasgo más distintivo es un conjunto de tatuajes: un dragón en el centro de la espalda con la inscripción “Asian Pride” en letras grandes, otro tatuaje sobre el pectoral izquierdo, y ambos brazos cubiertos con diseños de dragones, garras y un tigre.

El FBI confirmó que Lu fue visto por última vez en Vietnam, aunque mantiene vínculos en Estados Unidos, incluidos hijos que residen en el país. Lu es residente permanente estadounidense y nunca solicitó la ciudadanía.

Cómo aportar información al FBI para dar con el paradero del prófugo

La recompensa anunciada por el FBI busca incentivar la colaboración ciudadana a escala global y aplica exclusivamente para información que conduzca de forma directa a la captura de Lu. Quien disponga de datos sobre su paradero o sus actividades puede comunicarse por estos canales:

• Línea gratuita: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).
• Formulario en línea: tips.fbi.gov.
• Oficina local del FBI más cercana.
• Embajada o Consulado estadounidense en cualquier país.

Este lunes se reportó la desaparición del hijo mayor de Mateo Hernández López, alcalde de Tecamachalco, Puebla, de quien sus familiares no sabrían nada desde el sábado pasado.

De acuerdo con reportes del Sol del Puebla, el hijo del edil también es estudiante de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuyas primeras investigaciones refieren que el joven habría sido presuntamente privado de la libertad por sujetos desconocidos.

Desde la noche del domingo, habitantes del municipio han observado una movilización de aproximadamente 30 agentes de la Policía Ministerial que realizan recorridos en distintos inmuebles, que según medios locales corresponde a las acciones de investigación por la desaparición del joven.

Hasta el momento el edil no se ha pronunciado sobre los hechos. En tanto, esta casa editorial consultó con la Fiscalía General del Estado para confirmar la desaparición del hijo del alcalde, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

El jueves el alcalde encabezó una reunión con autoridades de seguridad para garantizar la paz

El Gobierno de Tecamachalco intensificó su estrategia de seguridad mediante una mesa de trabajo, realizada el pasado 17 de septiembre, con representantes de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en momentos en que el municipio se ubica como el segundo con mayor incidencia de robo de vehículos en el estado.

Al respecto, el alcalde explicó que se trató de una conversación para sumar esfuerzos con las autoridades federales para garantizar la paz y tranquilidad de las familias.

Durante el encuentro se revisaron las acciones implementadas en materia de prevención del delito, los operativos interinstitucionales y la participación de Tecamachalco en las Mesas de Paz regionales, que articulan a los tres órdenes de gobierno.

Hernández destacó que la seguridad es un eje prioritario de su administración y que el trabajo conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado ha permitido avances en la recuperación de la tranquilidad de las familias.

Robo de vehículos, el delito con mayor incidencia en el municipio

Tecamachalco acumuló 71 carpetas de investigación por robo de vehículo entre enero y marzo de 2026, cifra que lo mantiene como el segundo municipio con mayor incidencia en Puebla, solo detrás de la capital del estado, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En 2025 el municipio había cerrado con 293 vehículos robados entre automóviles y motocicletas.

Vecinos de la cabecera municipal denunciaron robos ocurridos incluso a plena luz del día, lo que motivó a las autoridades municipales a reforzar operativos en coordinación con la Fiscalía General del Estado, Defensa y la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, con los que se han recuperado unidades con reporte de robo en la región.

Resultados estatales que respaldan la estrategia de coordinación

A nivel estatal, el gobernador Alejandro Armenta presentó en la Mesa de Paz una reducción de 24.1% en homicidio doloso entre enero y agosto de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, con 454 víctimas acumuladas frente a 598 el año anterior, según difundió el propio mandatario. El reporte también registró bajas en feminicidio, secuestro, extorsión, robo a transportistas y una disminución de 15.6% en robo de vehículos.

Tecamachalco cuenta desde 2025 con la 119ª Compañía de la Guardia Nacional instalada en el municipio, destacamento que busca fortalecer la presencia de seguridad y mejorar la respuesta ante emergencias en la región.

Un reporte de la privación de la libertad de gambusinos (buscadores independientes de minerales) desató un enfrentamiento entre sicarios y elementos de seguridad en el estado de Sonora, dejando como saldo siete hombres detenidos, tres personas liberadas y el decomiso de un arsenal, entre otros objetos.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la acción se llevó a cabo en Puerto Peñasco, derivado de trabajos de investigación de la Fiscalía del Estado y con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía de Sonora, quienes localizaron un inmueble relacionado con la privación de la libertad de los trabajadores tras obtener información sobre la ruta que siguieron los captores, la camioneta que usaron y el sitio donde permanecían retenidas las víctimas.

Al arribar, los agentes fueron agredidos a balazos, lo que derivó en un enfrentamiento que dejó tres elementos de seguridad heridos. Además, la acción permitió liberar a tres de las víctimas, detener a siete hombres y asegurar más de 40 armas largas, entre las que se encontraban:

• 2 ametralladoras Minimi
• Una ametralladora Browning M2, calibre .50
• Artefactos explosivos improvisados
• Casi 4 mil cartuchos

• Droga
• Equipo táctico
• Vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos

La Fiscalía de Sonora informó que de los siete detenidos uno es menor de edad, quienes estarían relacionados con actividades delictivas. Las tres personas que se encontraban retenidas fueron identificadas como víctimas de desaparición cometida por particulares, por lo que fueron liberados.

Por razones de seguridad, los siete detenidos fueron trasladados de inmediato a Hermosillo bajo resguardo de las Fuerzas Armadas, por lo que fueron ingresados al Centro de Reinserción Social (Cereso) para que sean imputados ante el juez por los siguientes delitos:

• Homicidio calificado en grado de tentativa
• Delitos cometidos contra funcionarios públicos
• Posesión de vehículo de propulsión mecánica con reporte de robo
• Asociación delictuosa
• Desaparición de personas cometida por particulares

Las autoridades detallaron que se dará intervención a la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Harfuch reconoció a los agentes de la Fiscalía de Sonora que resultaron heridos

El titular de la SSPC reconoció a los tres agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la Fiscalía de Sonora, que resultaron heridos durante el enfrentamiento con los sicarios e informó que se encuentran fuera de peligro.

“Su valentía, profesionalismo y compromiso con la protección de la población merecen todo nuestro respeto. Afortunadamente los tres se encuentran fuera de peligro. Agradecemos al gobernador, Alfonso Durazo, por la coordinación y el respaldo permanente”, escribió Harfuch en sus redes sociales.

La Fiscalía de Sonora informó que se trató de un agente que resultó lesionado en una pierna, así como dos agentes mujeres con heridas por esquilarlas.

Tras los hechos, la noche del 19 de septiembre y durante la madrugada del día 20, los elementos de seguridad realizaron dos cateos más en Puerto Peñasco, de los cuales uno se encontraba abandonado.

El segundo cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Centro, donde se aseguraron envoltorios de metanfetamina, tres vehículos de alta gama (dos con reporte de robo en EEUU), varios cargadores para fusil calibre 5.56/.223, abastecidos con 113 cartuchos, así como documentación diversa.

¿Qué son los gambusinos?

Se le conoce como gambusinos a los buscadores independientes de minerales a pequeña escala, quienes se suelen adentrarse en tiros de mina abandonados o lavan arena en los lechos de ríos para localizar partículas de oro o plata.

Sus actividades forman parte de una tradición histórica que se realizaba desde la época colonial en regiones mineras del país como Chihuahua o Zacatecas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exigió al Gobierno nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que fortalezcan las garantías de seguridad para sus funcionarios en las regiones. El llamado se produjo después de la retención de la abogada Sandra Mónica Herrera Gaviria y de los dos escoltas que integraban su esquema de protección en una vía rural de Páez, Cauca.

La entidad sostuvo que la presencia de magistrados, defensores y equipos técnicos en los territorios resulta necesaria para atender a las víctimas, realizar diligencias y acompañar a los comparecientes. A la vez, advirtió que esas labores no pueden exponer a los funcionarios a hechos de violencia.

En un comunicado divulgado el 20 de septiembre, la JEP solicitó una revisión inmediata de los dispositivos de seguridad asignados a las personas que trabajan para la jurisdicción fuera de las principales ciudades. El pronunciamiento incluyó un pedido directo al Ejecutivo para que adopte medidas que permitan sostener el funcionamiento de la justicia transicional en las zonas donde persisten riesgos de seguridad.

La JEP pidió revisar los esquemas de seguridad en las regiones

La JEP afirmó que la protección de sus funcionarios en los territorios requiere una revisión inmediata. “Estar en los territorios para escuchar a las víctimas, realizar diligencias e intervenir con comparecientes no puede significar poner en riesgo la vida de los equipos legales ni de la magistratura”, señaló la entidad.

El reclamo se dirigió al Gobierno nacional y a la UNP, organismo que asigna y administra los esquemas de protección para personas expuestas a amenazas. La JEP indicó que la abogada Herrera había denunciado intimidaciones previas y que, por solicitud de la magistratura, recibió un esquema de protección el 6 de mayo de 2026.

La defensora representa a comparecientes de las antiguas Farc-EP ante la jurisdicción y trabaja mediante un convenio institucional con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad). La justicia transicional rechazó que esa modalidad contractual pueda usarse para minimizar su vínculo con el sistema de justicia transicional.

Hombres armados interceptaron una camioneta blindada cerca de Páez

El hecho ocurrió en el sector conocido como cruce de Itaibe, en el municipio de Páez, Cauca. Herrera viajaba hacia La Plata, Huila, para cumplir labores de representación legal. También tenía previsto atender a comparecientes en Florencia, Caquetá.

De acuerdo con el comunicado, hombres armados con fusiles y pistolas interceptaron el vehículo blindado de la UNP en una vía destapada. Los atacantes encañonaron a la abogada y a sus dos escoltas, que permanecieron bajo coacción durante cerca de 40 minutos.

La JEP sostuvo que la retención de las tres personas constituyó un secuestro, pese a que posteriormente recuperaron la libertad. La institución fundamentó esa calificación en que los ocupantes del vehículo no pudieron moverse libremente y estuvieron sometidos a la fuerza por parte de los hombres armados.

Tras la retención, los agresores se llevaron la camioneta blindada, las armas de dotación, los proveedores y los chalecos balísticos. La entidad indicó que la abogada y los escoltas quedaron incomunicados en el lugar.

La JEP interpretó el asalto como un acto de intimidación contra el ejercicio de la defensa judicial en las zonas donde desarrolla sus actividades. También expresó su rechazo a cualquier intento de restar gravedad al caso o de desligar a Herrera de la justicia transicional por trabajar a través de un convenio con Fupad.

En un mensaje divulgado en X, la jurisdicción resumió su posición frente a lo ocurrido: “Estos son los riesgos que enfrenta la JEP por su presencia en los territorios”. La institución insistió en que la seguridad de quienes cumplen labores de defensa, acompañamiento técnico y administración de justicia debe ser garantizada por las autoridades.