Hace dos semanas que Ura - nombre ficticio, así se bautizó la operación policial que permitió su rescate - salió de Mallorca oculta en el maletero del coche de su padre. El hombre, según avisó su madre a las autoridades al denunciar la desaparición de la pequeña, había dicho previamente que se marchaba de España con ella.

En el momento en que su madre alertó de su desaparición, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Baleares activó con urgencia un dispositivo para tratar de reconstruir el recorrido del investigado y así encontrar a la menor.

Un ‘Airtag’ enviado por correo a Marruecos para engañar a las autoridades

De acuerdo con un comunicado de la Guardia Civil, Ura llevaba un dispositivo geolocalizador Airtag en la mochila, pero mientras desembarcaba junto a su padre en algún lugar de Europa, el dispositivo aparecía en Marruecos, presuntamente enviado allí por correo por el padre o alguna otra persona de su entorno en un intento de dirigir la búsqueda de la pequeña al lugar equivocado.

El hombre ocultó a la menor en todo momento, atravesando controles fronterizos sin declarar su presencia, y tomando diversas medidas de precaución que, para los agentes, revelaban una planificación previa. Entre otras cosas, el hombre había cancelado sus cuentas bancarias, eliminado sus perfiles en redes sociales, y alterado su aspecto físico progresivamente para no ser reconocido por las autoridades.

Los investigadores realizaron inspecciones en domicilios vinculados al caso, revisaron grabaciones de cámaras de seguridad, analizaron movimientos bancarios y pudieron verificar su salida por vía marítima desde Mallorca, si bien la presencia de la niña, que había abandonado el país oculta en el maletero de su vehículo, no fue registrada por las autoridades transfronterizas de ninguno de los países que el hombre pudiese haber tenido que atravesar.

Una investigación internacional “especialmente sensible” resuelta en dos semanas

Lo único que estaba claro en este punto es que el investigado estaba fuera de España, por lo que se activaron mecanismos de cooperación policial internacional y la autoridad judicial emitió una Orden Europea de Detención y Entrega, además de ordenar prisión para el hombre.

La reconstrucción que la Guardia Civil - en coordinación permanente con la autoridad judicial, especialistas de la UCO, el agregado de la embajada de España en Berlín y otras autoridades policiales extranjeras - pudo hacer de su recorrido permitió determinar que se encontraba en Kosovo, y el hallazgo en Alemania de un vehículo con la misma matrícula que aquel en el que el hombre había escapado de España reforzó la hipótesis de que podrían haberse utilizado placas dobladas o falsificadas.

Localizado ya en Kosovo el hombre junto a la menor, las autoridades del país procedieron a su detención este miércoles, 24 de junio. La niña se encontraba en buen estado de salud y quedó desde entonces bajo la protección de las autoridades competentes, y este viernes finalmente regresó, acompañada por su madre, a su hogar en Mallorca.

La Guardia Civil ha resaltado la rapidez de la actuación judicial, la cooperación internacional y el trabajo conjunto de las unidades participantes, que han permitido resolver una investigación “especialmente sensible” en pocos días y asegurar la protección de la menor

De acuerdo con la información suministrada por voceros de la Policía Nacional, la operación, realizada en coordinación con unidades de la Fiscalía, resultó en la imputación inmediata por los delitos de secuestro simple y hurto calificado.

Según la versión policial, ambos capturados portaban brazalete electrónico y cumplían medida de aseguramiento domiciliaria al momento de su detención.

La investigación indicó que los implicados ya eran conocidos por emplear un falso servicio de transporte para engañar a sus víctimas, privarlas de la libertad, despojarlas de sus pertenencias y forzarlas a entregar el acceso a sus cuentas bancarias.

Las autoridades vincularon a los capturados con al menos cuatro denuncias formales, aunque se estima que podrían existir más de 20 víctimas, todas mujeres.

Desde la Policía Nacional se hizo un llamado especial a las víctimas que hayan sido afectadas por esta modalidad delictiva a que tramiten sus denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

Capturado feminicida venezolano en Medellín

Tras esta captura, desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se confirmó la retención en Medellín de un ciudadano venezolano conocido como alias Guayo, que era buscado por las autoridades de Chile mediante una Notificación Roja de Interpol.

La captura se realizó a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia y en coordinación con el mismo organismo en Chile, en una operación conjunta.

De acuerdo con la investigación, “Guayo” es señalado de ser cabecilla de la estructura criminal Tren del Coro y está requerido por los delitos de feminicidio consumado y homicidios frustrados múltiples. Las autoridades chilenas lo acusan de haber asesinado a su compañera sentimental y de estar implicado en otros hechos de violencia que han generado alarma en ese país.

La Policía informó que la retención de este individuo es resultado de un trabajo coordinado de inteligencia y seguimiento internacional, que permitió ubicarlo en territorio colombiano y proceder a su detención conforme a los protocolos de cooperación judicial entre ambos países.

Capturas en Cali

Desde la institución también se reportaron varios resultados operativos en la Comuna 3 de Cali tras el despliegue de patrullajes, acciones preventivas y controles en los barrios San Nicolás, San Juan Bosco y San Pedro.

Durante estos procedimientos, las autoridades frustraron un hurto a una estación de servicio, recuperaron una motocicleta robada, incautaron dos armas de fuego y capturaron a un hombre con notificación azul de Interpol.

En el barrio San Nicolás, las unidades policiales lograron recuperar una motocicleta reportada como hurtada desde el 19 de mayo. El vehículo fue encontrado abandonado, presuntamente por la presión ejercida por los patrullajes, y fue trasladado para ser entregado a su propietario.

En este mismo sector, la reacción inmediata de los uniformados evitó el robo en una estación de combustible, donde lograron capturar a uno de los presuntos responsables, incautándole una motocicleta y un arma traumática utilizada para intimidar a las víctimas.

Simultáneamente, en el barrio San Juan Bosco, la Policía detuvo a un hombre de 20 años, a quien se le halló una pistola de fabricación artesanal, un proveedor y un cartucho calibre 7.65 milímetros. El capturado fue presentado ante la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.

En el barrio San Pedro, las labores de verificación de antecedentes permitieron la retención de un ciudadano colombiano de 27 años, que tenía una orden de captura vigente con notificación azul de Interpol por delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, homicidio y homicidio tentado.

Este viernes 26 de junio fueron detenidos el comandante de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, junto con tres elementos más de la corporación, debido a presuntos vínculos con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, fundadora del medio Pulso Informativo del Sureste raptada desde el pasado 2 de junio de 2026.

Dichas capturas comenzaron a circular como un supuesto rumor la tarde de este día, sin embargo, el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste confirmó el hecho, detallando que autoridades competentes realizaron un procedimiento contra los servidores públicos.

De Nanchital, donde fue secuestrada Guzmán Ramírez, a Ixhuatlán del Sureste, municipio al que pertenecían los policías detenidos, hay una distancia aproximada de 7 kilómetros en carretera, un trayecto de alrededor de 15 minutos en automóvil.

Estas acciones se suman a la detención de José “N”, alias el “Delta 7″, presunto participe del secuestro. Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México detallaron que tras la captura, el sujeto reveló el sitio donde fue ultimada la periodista.

El ayuntamiento no tenía información oficial sobre las causas de la detención

El gobierno municipal precisó mediante un comunicado que hasta ese momento no había recibido información sobre las causas que motivaron el procedimiento.

Según reportes de medios de comunicación como La Silla Rota, fuentes ministeriales vincularon los arrestos con el crimen contra la comunicadora, ocurrido en el municipio de Nanchital. El mismo medio refirió que los policías fueron identificados como Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N”.

En el comunicado, el presidente municipal Raúl González Martínez instruyó brindar atención a los familiares de los elementos detenidos y proporcionarles apoyo jurídico para que conocieran, por los conductos oficiales, la situación legal de los policías.

El ayuntamiento reiteró su respeto a las instituciones encargadas de la procuración de justicia y expresó su confianza en que las actuaciones se desarrollarían con apego a la legalidad, al debido proceso y al respeto de los derechos humanos. Señaló que continuaría colaborando, en el ámbito de sus atribuciones, con las autoridades competentes cuando así fuera requerido.

Por último, el H. Ayuntamiento se comprometió mantener informada a la población conforme las autoridades emitieran información oficial que pudiera hacerse del conocimiento público.

Tras su arresto, el comandante y los tres elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE Veracruz), que formulará la imputación correspondiente y los llevará ante un juez para definir su situación.

Marina detuvo en Coatzacoalcos al “Delta 7” por el secuestro de la periodista

Un día antes de la captura de los policías municipales, el pasado 25 de junio, fue detenido José Del Carmen ”N", alias “Delta 7”, presunto integrante del Grupo Sombra de Veracruz, por su posible implicación en el secuestro de Guzmán Ramírez.

La captura fue resultado de semanas de operaciones de inteligencia naval coordinadas con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y la Secretaría de Marina.

El “Delta 7” es señalado como participe activo en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora. Su arresto representó el primer avance concreto en la investigación tras más de 20 días de búsqueda ininterrumpida.

La FGR atrajo el caso diez días después del secuestro

El 12 de junio, la fiscal general del estado de Veracruz Lisbeth Aurelia Jiménez confirmó en conferencia de prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) asumiría la investigación del caso a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con sede en la Ciudad de México. La FGE Veracruz recibió la notificación de atracción el 10 de junio.

Jiménez precisó que la fiscalía estatal realizó todas las diligencias correspondientes desde el día de los hechos: entrevistas, dictámenes y labores de búsqueda. Subrayó que la entrega de la carpeta no implicó el cese de las investigaciones locales. “Continuamos”, afirmó.

La titular señaló que la investigación contaba con al menos dos líneas activas y que ninguna había sido descartada. Advirtió que el caso debía analizarse en su contexto social y familiar. “Tenemos que ver el contexto social, familiar que la rodea. Tenemos que atender a todos estos aspectos y empezar a aterrizar todos estos datos”, sostuvo.

La FGR confirmó esa misma noche que la FEADLE ejerció la facultad de atracción para continuar la integración del caso bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y que continuaría trabajando de manera coordinada con las demás autoridades involucradas.

El arresto de Terrion Arnold, una de las promesas defensivas de los Detroit Lions, generó conmoción en la NFL y en el ámbito deportivo de Estados Unidos.

El joven jugador enfrenta ocho cargos graves por su presunta participación en un secuestro y un robo a mano armada ocurridos en febrero en Tampa, Florida.

La investigación, detallada por medios estadounidenses como NBC News, vincula a Arnold con un complejo entramado delictivo que involucra violencia, represalias y a varios coimputados.

Las acusaciones y el desarrollo del caso

El miércoles por la noche, la oficina de la fiscalía estatal del condado de Hillsborough confirmó la detención de Terrion Arnold, de 23 años, quien se entregó voluntariamente en la cárcel de Orient Road, en Florida.

Según los registros judiciales, el jugador enfrenta cuatro cargos de robo a mano armada y cuatro de secuestro, todos ellos delitos tipificados como graves y que pueden acarrear penas que llegan hasta la cadena perpetua.

La fiscal Suzy Lopez subrayó en redes sociales que la justicia busca “responsabilizar a todos los involucrados” en el ataque.

La investigación, según Fox News, sostiene que el 1 de febrero se produjo el robo de objetos por un valor superior a USD 250.000 en una vivienda alquilada por Arnold en Largo, Florida.

El deportista y sus allegados denunciaron el hecho dos días más tarde ante la policía local. Las sospechas de Arnold recayeron sobre dos jóvenes, quienes posteriormente se convirtieron en víctimas del secuestro y la agresión, aunque la policía determinó que no estaban implicados en el robo original.

Durante la noche del 4 de febrero, los implicados —entre ellos Arianna Del Valle (19), Jasmine Randazzo (19), Lyndell Hudson II (26), Christion Williams (24), Boakai Hilton Jr. (23) y Freddie Hughes (27)— llevaron a cabo un plan para atraer a los tres jóvenes a un apartamento en la zona de North 46th Street, en Tampa.

De acuerdo con fuentes policiales, dos de los sospechosos aguardaban ocultos y, al llegar las víctimas, las encañonaron, golpearon y les sustrajeron pertenencias personales. Uno de los momentos clave del caso es que parte del ataque fue transmitido en vivo a Arnold y otros miembros del grupo, mientras estos se desplazaban hacia el lugar.

Evidencias, declaraciones y contexto judicial

Las autoridades presentaron como evidencia principal la existencia de un chat grupal en el que Arnold y otros acusados habrían dado instrucciones durante el desarrollo de la agresión.

Según Fox News, los investigadores consideran que el jugador de los Lions fue “el principal organizador del esquema”, aunque su defensa rechaza de forma categórica esta versión.

Denise White, directora ejecutiva de EAG Sports Management, la agencia que representa a Arnold, declaró a NFL.com que “no hay pruebas creíbles que vinculen al Sr. Arnold con estas acusaciones”. Además, señaló que la fiscalía se apoya en “testimonios de varios condenados con incentivos para desviar la culpa y reducir sus propias condenas”.

El expediente judicial indica que, tras la agresión, las víctimas fueron forzadas a abandonar el departamento en su propio vehículo, tras permanecer bajo amenaza durante unos 40 minutos.

La denuncia formal llegó poco después, permitiendo la identificación de los presuntos responsables y la detención de seis personas, de las cuales dos ya se declararon culpables, mientras las otras cuatro permanecen sin fianza.

La fiscalía del condado de Hillsborough anticipó que solicitará mantener a Arnold bajo detención preventiva hasta la celebración del juicio. El jugador tiene programada su primera audiencia ante el tribunal este jueves a las 13:30, hora del este de Estados Unidos.

Repercusiones deportivas y trayectoria de Terrion Arnold

El impacto del caso no solo afecta a la esfera judicial, sino también al entorno deportivo. Terrion Arnold fue seleccionado en la primera ronda del Draft 2024 de la NFL como la apuesta defensiva de los Detroit Lions, tras destacarse en la Universidad de Alabama.

Nacido en Tallahassee, Florida, el esquinero acumuló 91 tacleadas, 10 pases defendidos y una intercepción en 24 partidos, 22 de ellos como titular, durante sus dos primeras temporadas.

En 2025, participó en apenas ocho partidos a causa de una lesión de hombro, que requirió cirugía y lo marginó del resto del torneo.

Tanto la NFL como los Lions confirmaron a través de comunicados que están al tanto de la situación legal del jugador. “No haremos comentarios en este momento por respeto al proceso judicial en curso”, señaló la franquicia de Detroit en un mensaje difundido por NFL.com.

Por su parte, la liga indicó que se mantiene en contacto con el equipo y sigue de cerca el desarrollo del caso.

La tarde del 22 de junio, la vida de Meyling Suhey Granados Blandón cambió de manera abrupta cuando su hija, Melani Josmary Granados, de apenas un año, fue arrebatada de los brazos de su abuela en el barrio El Alacrán, municipio de Matiguás, departamento de Matagalpa.

Según reportó Yerlin Cruz Urbina Noticias, la niña habría sido secuestrada por su padrastro, Marlon Antonio López Vivas, de 36 años, quien llegó acompañado de un cómplice a bordo de una motocicleta y actuó con rapidez para huir del lugar.

La madre, originaria del municipio de Muy Muy, había decidido mudarse recientemente a Matiguás, buscando alejarse de López Vivas tras episodios de maltrato. El día del secuestro, Granados Blandón se encontraba trabajando, dejando a la pequeña bajo el cuidado de su abuela.

Cuando López Vivas irrumpió en la vivienda, tomó a la niña y escapó, mientras la abuela y los vecinos, a pesar de sus esfuerzos, no lograron alcanzarlo. “Él me había dicho: si te vas es sola, pero la niña no sale de aquí”, declaró la desesperada madre a La Prensa.

La denuncia fue presentada ante la Policía Nacional, que activó las diligencias para localizar a la menor. Sin embargo, el proceso burocrático complicó la atención inmediata. La madre acudió también a la delegación policial de Muy Muy, donde le negaron ayuda, argumentando que la investigación correspondía a la jurisdicción de Matiguás. En medio de los trámites, la incertidumbre y el miedo, Granados Blandón manifestó a La Prensa que tiene “miedo que le haga algo a la niña porque él es solo su padrastro, no el padre”.

La búsqueda no se limitó a los despachos policiales. Granados Blandón recorrió más de 20 kilómetros la tarde del secuestro, visitó la vivienda de los padres del sospechoso y contactó a conocidos, pero nadie logró aportar datos concluyentes. La única pista es que algunas personas vieron a López Vivas cargando a la niña, aunque no intervinieron por desconocer que se trataba de un secuestro.

La desesperación se tradujo en un llamado urgente a la población para aportar cualquier información relevante sobre el paradero de la menor o el sospechoso. Granados Blandón pidió que cualquier dato se comunique de inmediato al número +505 8180 0809. Según lo publicado en las redes de Yerlin Cruz Urbina Noticias, cada minuto sin noticias de la pequeña incrementa la angustia familiar; una familia que se aferra a la esperanza de recuperarla sana y salva.

En Nicaragua, los secuestros de menores han generado preocupación en los últimos años. Reportes de organizaciones de derechos humanos y medios locales han documentado casos en los que niñas y niños son sustraídos por familiares o conocidos, muchas veces en contextos de violencia intrafamiliar o disputas por la custodia. En 2024, la desaparición de dos hermanos en el departamento de Estelí movilizó a la policía y resultó en la recuperación de los menores tras varios días de búsqueda. A pesar de estos esfuerzos, la falta de mecanismos ágiles de respuesta y la revictimización de las familias persisten como desafíos para el sistema de justicia.

De acuerdo con el Código Penal de Nicaragua, el secuestro de menores es sancionado con penas que van de 10 a 15 años de prisión, agravándose si la víctima es menor de edad o si existe vínculo familiar con el perpetrador. La legislación nicaragüense contempla agravantes para casos donde la integridad de la víctima corre peligro o existen antecedentes de violencia familiar. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar y alertar de inmediato sobre este tipo de hechos para activar los protocolos de búsqueda y protección.

Mientras las autoridades mantienen activa la investigación, la familia de Melani Josmary Granados continúa apelando a la solidaridad ciudadana. Para Meyling Suhey Granados Blandón, la incertidumbre se ha convertido en una angustia diaria, marcada por la esperanza de volver a abrazar a su hija y poner fin a su calvario.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Lima Norte condenó a 35 años de prisión a Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, al hallarlo responsable por el secuestro de los empresarios Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres, un caso ocurrido en marzo de 2020 que incluyó el cobro de un millonario rescate, una operación policial y la muerte de un agente de la Policía Nacional.

De acuerdo con la acusación fiscal, Moreno Hernández dirigía la organización criminal Los Injertos de Lima Norte, desde donde coordinó el secuestro de ambas víctimas en el distrito de Comas. Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que el ahora sentenciado participó directamente en las llamadas extorsivas dirigidas a los familiares de los empresarios y en el envío de videos para presionar el pago del rescate.

La sentencia fue emitida luego de que el tribunal concluyera que los medios probatorios y las declaraciones testimoniales acreditaban la responsabilidad penal de alias ‘El Monstruo’ en los hechos. La pena corresponde al máximo previsto para esta modalidad de secuestro temporal.

Secuestro de los empresarios

La investigación fiscal señala que Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres fueron secuestrados en marzo de 2020 mientras se desplazaban por el distrito de Comas. Tras su captura, los delincuentes trasladaron a ambos empresarios a un inmueble donde permanecieron retenidos bajo vigilancia armada.

Durante los días de cautiverio, los integrantes de la organización criminal establecieron contacto permanente con los familiares de las víctimas para exigir un rescate. Según la Fiscalía, inicialmente exigieron 300 mil dólares a cambio de liberar con vida a los empresarios. Para incrementar la presión, enviaron grabaciones en las que los secuestrados aparecían rodeados por sujetos armados suplicando que se reuniera el dinero solicitado.

Las negociaciones fueron asumidas por los familiares de las víctimas, quienes mantuvieron comunicación con los secuestradores mientras la Policía seguía el caso. La investigación sostiene que las conversaciones y las exigencias económicas eran dirigidas por Erick Moreno, identificado como el cabecilla de la organización criminal.

Asesinato del suboficial William Ríos

El 15 de marzo de 2020, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron un operativo para rescatar a los empresarios. La intervención terminó en un enfrentamiento armado entre los efectivos policiales y los secuestradores, permitiendo la liberación de Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres.

Durante la balacera resultó gravemente herido el suboficial William Abel Ríos Cauti, quien recibió impactos de bala mientras participaba en la operación. Pese a los esfuerzos médicos, el agente falleció días después debido a la gravedad de sus heridas, convirtiéndose en una de las principales víctimas del caso.

La muerte del efectivo policial fue incorporada como uno de los elementos que evidenciaron la violencia con la que actuaba la organización criminal. El caso también marcó uno de los primeros expedientes judiciales en los que la Fiscalía atribuyó a Erick Moreno un rol de liderazgo dentro de Los Injertos de Lima Norte, estructura dedicada al secuestro y la extorsión.

Acusación contra ‘El Monstruo’

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Porfirio Capcha sostuvo que Erick Moreno no solo encabezaba la organización criminal, sino que además participaba activamente en las comunicaciones extorsivas y en la coordinación del secuestro. Entre los elementos presentados figuraron testimonios, registros de llamadas y los videos enviados a los familiares para exigir el pago del rescate.

La defensa del acusado alegó que no existían pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. Sin embargo, el colegiado determinó que el conjunto de pruebas presentadas por el Ministerio Público acreditaba la responsabilidad penal de Erick Moreno Hernández en el secuestro de los dos empresarios.

La conductora de la cadena NBC, Savannah Guthrie, realizó este martes un pedido público en su programa matutino para solicitar información sobre el paradero de su madre, Nancy Guthrie, desaparecida desde hace más de cuatro meses en Tucson, Arizona.

La búsqueda se intensificó tras la difusión de un segundo mensaje vinculado al caso, considerado clave por las autoridades y reportado en exclusiva por NBC News.

Según lo informado por Reuters, este mensaje afirmaba que la madre de la periodista había muerto, aunque la investigación aún no logró esclarecer el desenlace.

Un caso abierto en Arizona y un pedido ante millones

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista con vida por última vez el 31 de enero en su domicilio de Tucson. De acuerdo con el relato de su familia, había pasado la tarde junto a su hija mayor, Annie Guthrie, y su yerno.

La salud de Nancy era frágil y su movilidad, limitada, factores que aumentaron la preocupación de los allegados desde el primer momento.

La mañana del martes, Savannah interrumpió la habitual rutina del programa televisivo Today para hablar de su situación personal frente a la audiencia. “Quería aprovechar la oportunidad para pedirle a la gente, para rogarle a la gente, que dé un paso al frente. Alguien sabe algo”, expresó, según recogió Reuters.

El mensaje estuvo acompañado de un reclamo directo a quienes puedan aportar datos y la recordatoria de una recompensa de USD 1.000.000 ofrecida por la familia a quien ayude a encontrar a Nancy.

La conductora destacó el impacto profundo que la desaparición sigue teniendo sobre su entorno: “Estamos en agonía. No podemos estar en paz. Por más que trate de venir aquí todos los días y sonreír y encontrar esa alegría”, afirmó durante su intervención. Además, subrayó: “Amamos a nuestra mamá y nunca dejaremos de buscarla, nunca”.

El giro en la investigación: dos mensajes y una pista frustrada

La cobertura del caso tomó un nuevo impulso al conocerse detalles de dos notas que, según las autoridades, podrían estar relacionadas con el secuestro de Nancy Guthrie. NBC News reveló que la segunda de ellas, difundida al público esta semana, hacía referencia a que la mujer había fallecido.

Esta comunicación, citada por tres fuentes anónimas cercanas al caso, no incluía pedidos de dinero para entregar el cuerpo ni expresaba disculpas, lo que alimentó el misterio en torno al hecho.

El primer mensaje, recibido poco después de la desaparición y también considerado verídico por los investigadores, exigía un pago en criptomonedas a cambio de la liberación de Nancy. Ambos textos son tenidos en cuenta por el equipo policial y, según Reuters, la credibilidad de estos escritos fue respaldada por fuentes vinculadas a la investigación.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) difundieron a mediados de febrero imágenes de videovigilancia en las que se observa a un individuo armado y con el rostro cubierto, manipulando la cámara del timbre en la casa de la víctima.

Días después, el FBI informó sobre la obtención de una muestra de ADN de un guante hallado cerca de la vivienda, similar al utilizado por el intruso.

Sin embargo, los análisis no arrojaron coincidencias con perfiles genéticos registrados en bases de datos nacionales, lo que frustró una de las principales líneas de investigación.

El impacto mediático y la estrategia de la familia

La exposición pública del caso se mantuvo alta durante las primeras semanas, aunque luego disminuyó hasta la reciente revelación sobre el segundo mensaje.

La propia Savannah aclaró durante su aparición que no participa en la cobertura informativa del caso dentro de NBC. “No tengo ningún comentario sobre esta historia y no estoy involucrada en nuestra cobertura”, declaró, en un intento de separar su rol profesional del drama que atraviesa su entorno personal.

El recurso emocional de la presentadora, sumado a la recompensa ofrecida, busca reactivar la atención social y mediática sobre el caso. Según Reuters, la familia continúa aguardando noticias y mantiene “la esperanza de que Nancy siga con vida”, aunque también asume que el desenlace podría ser fatal.

Las autoridades, en tanto, sostienen abiertas todas las líneas de investigación, mientras el entorno de Savannah Guthrie apela a la comunidad para que cualquier persona que pueda aportar datos se contacte con las fuerzas de seguridad.

La desaparición de Nancy Guthrie se mantiene como uno de los enigmas recientes más resonantes en Arizona y en la esfera pública estadounidense, sin señales claras que permitan determinar si la mujer está con vida o cuál fue su destino desde aquella tarde de enero.

Un firmante de paz fue secuestrado junto a sus dos hijos menores y su escolta en el norte del Cauca, en un hecho en el que los responsables simularon ser policías, instalaron un falso retén y terminaron robando una camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección. Las víctimas fueron liberadas horas después y llegaron por sus propios medios a Santander de Quilichao para denunciar lo ocurrido.

La información publicada por periódico El Tiempo señala que el caso se registró en la madrugada del domingo 21 de junio, hacia las 5:40 a. m., sobre la vía Panamericana, en el sector de La Colombina, cerca de la glorieta del municipio de Santander de Quilichao. El firmante de paz contaba con esquema de seguridad y se movilizaba en un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según el relato conocido, hombres armados instalaron un puesto de control falso y se hicieron pasar por integrantes de la Policía. Cuando el escolta descendió de la camioneta para presentar la documentación, los responsables aprovecharon para abrir las puertas, reducir a los ocupantes y tomar el control del automotor.

Víctimas fueron llevadas hacia zona rural

Después de interceptarlos, los falsos policías trasladaron al firmante de paz, al escolta y a los dos menores hacia una zona rural cercana al corregimiento de Timba, Cauca, en límites con Jamundí, Valle del Cauca. Allí permanecieron retenidos mientras los responsables esperaban instrucciones, según la información entregada por las víctimas.

Durante el hecho, los delincuentes hurtaron la camioneta blindada y varios elementos del esquema de protección. Sin embargo, las personas retenidas fueron liberadas posteriormente y lograron abordar un bus escalera, conocido como chiva, en el que se movilizaban varios indígenas hacia Santander de Quilichao.

Hacia las 8:30 de la mañana del mismo domingo, las víctimas llegaron al casco urbano y se presentaron en la estación de Policía para denunciar lo sucedido. Las autoridades confirmaron que fueron liberadas y se encuentran fuera de peligro.

La UNP, a través de un comunicado, confirmó que el firmante de paz adscrito a la Subdirección Especializada fue víctima de esta acción delincuencial. La entidad señaló que, una vez conocida la situación, se activaron los protocolos de atención y coordinación interinstitucional mediante el Centro Automático de Despacho de la línea de emergencias Vida 103.

UNP advierte riesgos para protegidos

“La situación fue reportada oportunamente y se activaron los protocolos de atención, verificación y articulación institucional para atender la emergencia”, indicó la Unidad Nacional de Protección, al referirse al caso ocurrido en el norte del Cauca.

La entidad también advirtió que este tipo de hechos evidencian los riesgos que enfrentan las personas cobijadas con esquemas de protección, especialmente en regiones con complejas condiciones de orden público. Por ahora, el firmante permanece a la espera de un vehículo sustituto para continuar su desplazamiento hacia el Valle del Cauca.

En otro hecho distinto ocurrido en el municipio de Cajibío, cámaras de seguridad registraron el secuestro de un hombre en pleno casco urbano. De acuerdo con el video conocido, cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron a un ciudadano en un establecimiento comercial.

La víctima fue identificada como Estiven Ordóñez, de 32 años. En las imágenes se observa que uno de los desconocidos ingresa al lugar y luego lo saca por la fuerza, mientras otro lo intimida con un arma de fuego. Después, el hombre fue obligado a subir a una motocicleta y trasladado hacia una zona rural.

Hasta el momento no hay información oficial sobre su paradero ni sobre su estado de salud. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer ambos hechos y ubicar a los responsables armados.

La Fiscalía CDMX obtuvo una sentencia de 125 años de prisión contra Geovanni “N” y Tomás “N” por el secuestro exprés agravado para cometer robo de un hombre de 83 años, cuya desaparición permitió reconstruir un trayecto que inició en Xochimilco y terminó con la localización de la víctima sin vida en Morelos. El caso se sostuvo con videovigilancia, análisis técnicos, seguimiento de ruta y otros datos de prueba que acreditaron la responsabilidad penal de ambos acusados.

La víctima fue vista por última vez el 7 de septiembre de 2023 afuera de su domicilio en la colonia Santa Cecilia Tepetlapa, en la alcaldía Xochimilco. Ese día estaba con los dos sentenciados, quienes hacían trabajos de albañilería en la casa y, horas después, lo privaron de la libertad, se apoderaron de dos vehículos de su propiedad y lo sacaron de la Ciudad de México rumbo al estado de Morelos.

Al día siguiente, la coordinación institucional y el intercambio de información con la Fiscalía de Morelos permitieron localizar el cuerpo sobre la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura de Huitzilac. Ese hallazgo cerró la primera parte de la investigación y abrió la ruta para establecer cómo ocurrió el traslado y quiénes participaron.

La videovigilancia permitió seguir la salida de los vehículos

Agentes de la Policía de Investigación analizaron imágenes del C5 y con ese material identificaron la salida de los dos vehículos robados. En uno de ellos observaron a la víctima en la parte trasera, un dato que vinculó directamente el momento de la privación de la libertad con el desplazamiento fuera de la capital.

La indagatoria también incorporó labores de análisis y seguimiento técnico para reconstruir parte del recorrido de los responsables desde la alcaldía de origen hasta el punto donde fue localizada la víctima. Esa reconstrucción permitió ordenar los hechos y ligar las imágenes, los movimientos y el uso posterior de objetos de la víctima en una sola línea de tiempo.

Uno de los datos que fortalecieron el caso fue el uso del teléfono celular del hombre de 83 años después del crimen. La investigación estableció que ese aparato fue utilizado con una línea vinculada a Geovanni “N”, lo que añadió un elemento de conexión técnica entre el acusado y los hechos posteriores a la desaparición.

Los familiares de la víctima también aportaron reconocimientos que resultaron útiles para la causa penal. En las grabaciones obtenidas durante la investigación identificaron a los dos hombres y confirmaron que eran las mismas personas que realizaban trabajos en el domicilio del adulto mayor.

Las capturas ocurrieron en Milpa Alta y Xochimilco en 2024

Con los datos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión contra los dos imputados. Después, los actos de investigación permitieron localizarlos en distintos momentos y puntos de la Ciudad de México.

A Geovanni “N” lo aprehendieron el 29 de febrero de 2024 en la alcaldía Milpa Alta. A Tomás “N” lo detuvieron el 15 de julio del mismo año en Xochimilco, con lo que la autoridad completó la ejecución de los mandamientos judiciales contra ambos señalados.

Durante el juicio oral, la Fiscalía CDMX presentó testimonios, videograbaciones, análisis técnicos y otros medios de prueba. Con ese conjunto, el Tribunal acreditó la responsabilidad penal de los dos acusados en el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado para cometer robo.

La condena fue de 125 años de prisión para cada uno. Además, el Tribunal fijó medidas de reparación del daño para las víctimas indirectas, entre ellas atención psicológica, indemnización por muerte, pago de gastos funerarios y restitución económica por los vehículos sustraídos.

El caso mostró que la combinación de videovigilancia, análisis pericial y seguimiento técnico permitió reconstruir el recorrido de la víctima desde su salida en Xochimilco hasta el punto donde fue hallada sin vida en Morelos. También permitió identificar a los responsables, sustentar su captura y obtener una sentencia condenatoria con medidas de reparación para la familia.

• La víctima de 83 años desapareció el 7 de septiembre de 2023 en Santa Cecilia Tepetlapa, Xochimilco, y fue localizada sin vida al día siguiente en Huitzilac, Morelos.
• La investigación acreditó que Geovanni “N” y Tomás “N”, quienes hacían trabajos de albañilería en el domicilio, lo privaron de la libertad y robaron dos de sus vehículos.
• El Tribunal impuso 125 años de prisión a cada sentenciado y ordenó reparación del daño con atención psicológica, indemnización, gastos funerarios y restitución económica de los vehículos.

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, ocurrida en febrero de 2026, en las afueras de Tucson, Arizona, avanzó en las últimas horas con una confirmación crucial: las dos notas de rescate recibidas días después del secuestro fueron enviadas por la misma persona o grupo, desde una dirección IP coincidente, y la segunda carta afirma que Guthrie murió poco después de ser capturada, según reveló CBS News en base a fuentes policiales.

Este dato representa el giro más importante y reciente del caso, al modificar la principal hipótesis de trabajo sobre el destino de la víctima.

La primera carta, remitida el 2 de febrero a tres medios (entre ellos TMZ) a través de sus canales de denuncias online, estaba dirigida a Savannah, hija de la víctima y presentadora del programa Today.

El mensaje exigía millones en bitcoin a cambio de la liberación de Nancy Guthrie y detallaba información específica sobre la casa, como la presencia de un Apple Watch con correa blanca en el dormitorio y el desperfecto en la luz del porche trasero.

La segunda nota, fechada el 6 de febrero, mantuvo un tono y estilo similares, pero no incluyó exigencias económicas y comunicó que Nancy había fallecido poco después del secuestro, según los propios secuestradores. El texto agregaba que la muerte no era parte de la intención original del grupo.

Esta información, confirmada también por NBC News y The Washington Post, fue considerada verídica tanto por los investigadores como por la propia familia Guthrie.

En diálogo con NBC, Savannah Guthrie explicó: “Creo que la mayoría de los otros mensajes que llegaron no son reales, pero confío en la autenticidad de los dos que recibimos y respondimos”. La familia no realizó declaraciones adicionales en las últimas horas, a la espera de avances en la investigación.

El contexto del secuestro: sangre, videos y operativos de búsqueda

Desde el primer momento, el caso fue clasificado como secuestro violento por la policía y el FBI, tras descubrir sangre en la entrada de la vivienda de Nancy Guthrie, de 84 años.

Las cámaras de seguridad captaron la imagen de un individuo enmascarado durante la noche del secuestro, un dato central en la investigación, según The Washington Post.

El sospechoso fue descripto por el FBI como una persona de estatura promedio (alrededor de 1,75 metros), armada y con una mochila negra marca Oz Trail.

A partir de esos datos, los investigadores rastrearon la zona desértica próxima a la frontera con México, donde equipos de rescate y voluntarios realizaron búsquedas sin resultados, según AP News.

Las autoridades optaron por no divulgar el contenido íntegro de las cartas para garantizar la verificación de futuras comunicaciones y evitar filtraciones que puedan entorpecer la investigación. Tanto la policía local como la familia pidieron a los medios cautela con la información que circula sobre el caso, según CNN.

La reacción de la familia y la repercusión pública

La familia de Nancy Guthrie sostuvo una estrategia de colaboración con las autoridades y realizó pedidos públicos de ayuda.

Tras la recepción de la segunda nota, Savannah y sus hermanos publicaron un video en Instagram dirigido a los responsables: “Recibimos su mensaje y entendemos. Les rogamos ahora que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Esta es la única manera en que tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros, y pagaremos”.

Durante una aparición en el programa Today, Savannah reiteró el pedido a la audiencia: “Quiero aprovechar la oportunidad para pedirle a la gente, para realmente rogarle, que se presente. Alguien sabe algo. Estamos en agonía y no podemos estar en paz. Necesitamos su ayuda. Les rogamos su ayuda”.

Para incentivar la colaboración, la familia ofrece una recompensa de USD 1.000.000, suma que complementa los USD 100.000 prometidos por el FBI a quien aporte información que ayude a resolver el caso.

En paralelo, los investigadores recibieron otros mensajes de individuos que alegan poseer información sobre el paradero de Guthrie o el accionar de los secuestradores. Varias de estas comunicaciones resultaron ser intentos de extorsión sin pruebas, de acuerdo con lo informado por CNN.

El caso sigue bajo la atención de los principales medios estadounidenses, sin novedades sobre el paradero de la víctima ni sobre la identidad pública de los responsables. Un grupo de trabajo conformado por detectives del FBI y de la Oficina del Sheriff del condado de Pima mantiene abierta la búsqueda de Nancy Guthrie y de quienes participaron en su secuestro

Un intenso despliegue de fuerzas de seguridad en la comunidad de Sayulilla, perteneciente al municipio de Acaponeta, en Nayarit, generó alarma entre los habitantes de la región luego de que usuarios en redes sociales reportaran la presencia de aeronaves oficiales, patrullajes y presuntas detonaciones de arma de fuego.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Nayarit aclaró que el operativo no obedecía a un enfrentamiento armado, sino a una acción coordinada para dar cumplimiento a dos órdenes de aprehensión en contra de un sujeto identificado como Benito “N”, señalado por su presunta participación en el secuestro de dos elementos militares.

En un comunicado oficial, la dependencia estatal explicó que las acciones desplegadas en Sayulilla tuvieron como propósito localizar y detener al presunto responsable de la privación ilegal de la libertad de los integrantes de las Fuerzas Armadas, un caso del que hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Hallan con vida a menor desaparecido

Las autoridades también informaron que durante el operativo fue localizado con vida un niño que contaba con un reporte de desaparición vigente. El menor quedó bajo el resguardo de las instancias correspondientes para garantizar su protección y realizar las diligencias necesarias.

Hasta ahora, la Fiscalía de Nayarit no ha dado a conocer la identidad del menor ni las condiciones en las que fue encontrado, debido a las restricciones legales que existen en torno a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En el despliegue participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, efectivos de la Policía Estatal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes mantuvieron presencia en distintos puntos de la localidad mientras continuaban las labores de investigación.

La movilización provocó incertidumbre entre los habitantes de Sayulilla y comunidades cercanas, especialmente después de que en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre un supuesto enfrentamiento armado en la zona. Algunos usuarios señalaron haber escuchado detonaciones y observar el sobrevuelo de helicópteros y otras aeronaves oficiales.

No obstante, la autoridad estatal insistió en que la operación tenía fines estrictamente ministeriales y de procuración de justicia, relacionados con el cumplimiento de mandatos judiciales y la investigación por el secuestro de los militares.

Ataques contra militares mantienen bajo presión a las autoridades

El caso en Nayarit ocurre en un contexto de creciente preocupación por las agresiones contra integrantes de las Fuerzas Armadas en distintas regiones del país.

Apenas el pasado sábado, un ataque armado contra elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Yahualica de González Gallo, en Jalisco, dejó un saldo de tres civiles abatidos y dos soldados lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, personal adscrito a la 11/a Zona Militar de Zacatecas realizaba recorridos de vigilancia en la región cuando fue agredido por un grupo de civiles armados, situación que derivó en un intenso intercambio de disparos.

Los militares repelieron la agresión y lograron controlar la situación tras varios minutos de enfrentamiento, lo que provocó una importante movilización de corporaciones de seguridad federales y estatales en la zona.

Como resultado del operativo, tres presuntos integrantes del grupo agresor murieron en el lugar, mientras que dos elementos castrenses resultaron heridos y recibieron atención médica.

Tras esos hechos, autoridades federales reforzaron la presencia de efectivos en Yahualica y municipios cercanos, al tiempo que continúan las investigaciones para esclarecer la identidad de los agresores y determinar si forman parte de alguna organización criminal que opera en la región.

Aunque las autoridades no han establecido una relación entre el caso de Yahualica y la investigación en Nayarit, ambos episodios reflejan el nivel de riesgo que enfrentan las corporaciones de seguridad y la creciente complejidad de las operaciones contra grupos delictivos en diversas zonas del país.

Por el momento, la Fiscalía General del Estado de Nayarit mantiene abiertas las investigaciones en torno al secuestro de los dos militares y la localización del menor desaparecido, mientras continúan las acciones para dar con el paradero de Benito “N” y cumplimentar las órdenes de aprehensión en su contra.

Un hombre y una mujer fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la ejecución de un “falso secuestro”, en contra de la presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, el cual fue realizado para cubrir un posible desfalco de 40 millones de pesos de la administración municipal, según las averiguaciones.

El 22 de junio la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la situación de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, quienes fueron procesados por su probable participación en el delito de secuestro simulado de la actual edil de Tenancingo, Nancy Nápoles, el 31 de mayo pasado.

A los dos les fue determinada prisión preventiva y dos meses para las averiguaciones correspondientes.

El reporte de la Fiscalía mexiquense indica que en el falso secuestro de Nancy Nápoles habrían participado personas cercanas a la edil. De manera particular fueron identificados José Roberto “N” y Oscar “N”, esposo y cuñado, respectivamente, de la presidenta municipal.

Les habrían ofrecido medio millón de pesos

José Roberto y Oscar serían los responsables de planear la simulación del secuestro par poder exigir el pago de 40 millones de pesos como rescate, dinero que saldría del erario municipal.

“Para llevar a cabo el “falso secuestro”, Oscar “N” contactó a su amigo Cristian “N”, a quien “le propuso un negocio” y le ofreció que José Roberto “N”, un pago de 500 mil pesos a cambio de su participación. Este sujeto, a su vez, invitó a su pareja sentimental Karla Valeria “N” y al hermano de esta, Víctor Manuel “N”.

Es importante señalar que las averiguaciones apuntan a que en la planeación y realización del secuestro habría participado la propia funcionaria, quien buscaba justificar recursos públicos faltantes durante su administración.

Cómo fue el secuestro y el papel de los procesados

A finales de mayo pasado Nancy Nápoles llegó a su cada en un Jetta color arena que era conducido por su hermana y en el que también estaba su madre.

Un auto Virtus rojo que era conducido por Karla Valeria “N” llegó al sitio y de la unidad bajó Víctor Manuel “N”, este último fingió obligar a la presidenta municipal a subirse al auto, tras estas acciones se dirigieron a la comunidad de San Pedro Zictepec, municipio de Tenango del Valle.

Las investigaciones de la Fiscalía mexiquense establecen que nunca hubo acciones violentas en contra de la funcionaria municipal y que uno de los implicados incluso la ayudó, sin que hubiera acciones de sometimiento.

Además, las indagatorias revelaron que el auto Virtus que fue usado para transportar a Nancy Nápoles era usado de manera habitual por Karla Valeria “N”.

“Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” también son investigados por el delito de extorsión, por el que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión", señala el reporte oficial.

La propia edil habría sido la que indicó a las personas las rutas necesarias para evitar las cámaras de vigilancia, pero en algún momento se dieron cuenta del despliegue de unidades policiacas, al parecer en la búsqueda de la funcionaria, lo anterior derivó en que Nancy Nápoles contactara con su hermana.

N.N.P., utilizó un teléfono celular propiedad de Víctor Manuel “N” para comunicarse con su hermana, a quien le manifestó que se encontraba bien y le pidió expresamente “que no avisara a la policía”

FGJEM

Asimismo, tras notar la movilización de los agentes de seguridad, pidió a las personas que la dejaran en un camino de terracería en la comunidad de El Chapulín, en el municipio de Tenancingo y desde ese lugar aseguró haber escapado de sus captores.

Las acciones anteriores resultaron en que la Fiscalía mexiquense ejercitara acciones penales en contra de seis personas, incluida Nancy Nápoles quien enfrenta una audiencia de imputación para el 9 de julio.

Presidenta municipal asegura que seguirá en el cargo

El mismo día de las vinculaciones a proceso, Nancy Nápoles publicó un video en sus redes sociales en el que detalla que seguirá en su puesto.

“Estuve atendiendo varias entrevistas que me hicieron diversos medios de comunicación para poder dar información importantísima por todo este tema que se ha venido mediatizando […] yo estoy trabajando, yo seguiré al frente de la administración como lo he hecho hasta este momento, con mucha honestidad y con mucha responsabilidad", comentó.

La condena por el caso de Etan Patz volvió a quedar en pie después de que la Corte Suprema de Estados Unidos restableciera el lunes el veredicto contra Pedro Hernández por el secuestro y asesinato del niño de seis años desaparecido en Manhattan en 1979. La decisión anuló un fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito que había abierto la puerta a un nuevo juicio, según The New York Times.

La Corte Suprema decidió que Hernández no tendrá un nuevo juicio y dejó vigente su condena de 2017 por el secuestro y asesinato del niño. Según The New York Times, la mayoría concluyó que el tribunal federal de apelaciones se excedió al revisar una condena estatal, y tres juezas —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— dejaron constancia de su desacuerdo.

La resolución, emitida sin firma, formó parte de las órdenes rutinarias del tribunal y no incluyó audiencias orales. El fallo devuelve el caso a instancias inferiores y revierte la decisión de julio del año pasado, cuando el Segundo Circuito había ordenado liberar a Hernández de su condena de 25 años a cadena perpetua o concederle otro juicio.

Harvey Fishbein, abogado de Hernández, afirmó a The New York Times que su equipo estaba “terriblemente decepcionado”. “Creemos firmemente que un hombre inocente está en la cárcel por un delito que no cometió”, afirmó.

El fiscal de distrito de Manhattan Alvin L. Bragg sostuvo en un comunicado recogido por The New York Times que el caso había “cambiado a una generación de neoyorquinos”.

También añadió: “Esta oficina se ha mantenido firme en su búsqueda de justicia para Etan y la familia Patz, y seguirá respaldando esta importante condena”.

Cómo desapareció Etan Patz y por qué el caso conmocionó al país

El caso se remonta al 25 de mayo de 1979, cuando Etan Patz salió de su casa en el barrio neoyorquino de SoHo para recorrer solo dos cuadras hasta la parada del autobús escolar. Era la primera vez que hacía ese trayecto sin compañía.

Antes de salir, el niño le dijo a su madre, Julie Patz: “Está okey mamá, puedo hacerlo solo”. Llevaba un bolso con elefantes, una gorra de Eastern Airlines y un dólar para comprar una bebida en el camino.

Etan nunca subió al autobús ni llegó a la escuela. La alarma familiar se activó horas después, cuando no regresó a casa por la tarde y Julie comprobó en una ronda de llamadas que su hijo no había aparecido en ningún punto del trayecto.

La policía movilizó a 100 agentes con perros, mientras helicópteros sobrevolaban la zona y la casa de los Patz se convertía en centro de operaciones para investigadores, voluntarios y periodistas.

Tres días después, Julie Patz lanzó un pedido público dirigido a quien pudiera tener al niño: “Deseo que esté con alguien que lo cuide… Yo no quiero lastimarte ni juzgarte, no importa quién sos, sólo quiero que lo traigas a casa”.

La desaparición generó una atención pública inmediata y, junto con el asesinato de Adam Walsh dos años más tarde, marcó una etapa de mayor cautela entre padres de todo Estados Unidos, según The New York Times. La imagen del niño apareció en cartones de leche, paradas de autobús, escuelas, aeropuertos y otros espacios públicos.

Décadas de pistas fallidas y un caso sin cuerpo

Durante años, los investigadores de Manhattan no lograron determinar qué había ocurrido y el cuerpo de Etan jamá apareció. En 2001, las autoridades lo declararon legalmente muerto.

Uno de los primeros sospechosos fue José Ramos, vinculado de forma indirecta a la familia porque era pareja de una mujer que había cuidado al niño.

Ramos, que cumplía condena en una cárcel de Pensilvania por abusar de otro menor, siempre negó haber secuestrado a Etan y nunca enfrentó cargos por falta de pruebas.

En el año 2000 los investigadores excavaron durante ocho horas en el sótano de un edificio donde Ramos había vivido. Hallaron huesos, pero los peritos concluyeron que pertenecían a mascotas.

En 2012, mientras las autoridades examinaban otra línea de investigación sobre un obrero llamado Othoniel Miller, surgió el dato que cambiaría la investigación. Hasta entonces, el expediente acumulaba sospechas, búsquedas y reconstrucciones sin una respuesta definitiva.

La confesión de Pedro Hernández y las dudas de la defensa

El giro llegó cuando un hombre llamó a las autoridades y dijo que su cuñado, Pedro Hernández, le había contado que había matado a un niño en Manhattan. A partir de esa pista, agentes de la policía de Nueva York fueron a buscar a Hernández a Camden, Nueva Jersey.

Tras unas siete horas de interrogatorio, Hernández confesó primero antes de recibir la advertencia de sus derechos y dos veces más después. Hernández contó que atrajo al niño con la oferta de una bebida para hacerlo entrar en la bodega donde trabajaba, en la esquina de Prince y West Broadway.

Hernández dijo que llevó a Etan al sótano, lo asfixió y después ocultó el cuerpo en una bolsa, entre hielo de un congelador y más tarde en una caja que dejó en la basura a dos cuadras del lugar. También dijo que no sabía por qué lo había hecho y que había sentido “el deseo de matar”.

La investigación no encontró pruebas científicas que vincularan a Hernández con el crimen, según The New York Times. Aun así, una referencia sobre una puerta que no estaba en el lugar en 1979 convenció a los detectives de que conocía detalles internos de la bodega.

La defensa sostuvo que las confesiones no eran fiables y que Hernández las había inventado para apaciguar a la policía. Sus abogados alegaron que las declaraciones derivaban de su bajo coeficiente intelectual y de delirios psicóticos.

De los jurados divididos al fallo final de la Corte Suprema

El primer juicio contra Hernández, en 2015, terminó sin veredicto después de 18 días de deliberaciones, según The New York Times. El segundo comenzó en octubre de 2016 y concluyó en febrero de 2017.

El jurado del segundo proceso declaró culpable a Hernández tras nueve días de deliberaciones, según The New York Times. El juez Maxwell Wiley dictó sentencia el 14 de abril de 2017 y fijó una pena de 25 años a cadena perpetua.

En medio de ese proceso, el entonces fiscal de Manhattan Cyrus R. Vance Jr. afirmó: “La desaparición de Etan Patz persiguió a las familias de Nueva York y a las de todo el país por casi cuatro décadas”. Durante el juicio, el padre de Etan Patz dijo: “Ya sé cómo es la cara del diablo”.

La disputa jurídica posterior giró sobre las instrucciones que Wiley dio al jurado sobre confesiones en serie. Según The New York Times, cuando los jurados preguntaron si debían descartar una confesión posterior si consideraban involuntaria la primera, el juez respondió con una sola palabra: “No”.

El Segundo Circuito entendió después que Wiley debía haber explicado mejor un precedente de la Corte Suprema sobre ese tipo de confesiones y anuló la condena. La Corte Suprema respondió el lunes que ese tribunal federal había ido más allá de su autoridad, porque la ley aplicable no permite revisar una condena estatal a partir de su propia valoración sobre la fiabilidad de las pruebas.

Durante años, el caso se volvió un símbolo nacional de los niños desaparecidos y empujó cambios públicos y privados, desde campañas de búsqueda hasta nuevas rutinas de cuidado.

Las alertas emitidas a través de mensajes de texto en los que le indicaban a una madre que su hija se encontraba secuestrada al interior de un domicilio del municipio de Chalco, Estado de México, permitieron el rescate de una joven y la detención de dos implicados en el caso.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con personal de Protección Civil, quienes llevaron a cabo el rescate de la joven que se encontraba privada de la libertad como parte de un operativo en un inmueble de la colonia San Marcos Huixtoco.

La acción se llevó a cabo luego de que policías estatales recibieron información, a través de grupos de coordinación interinstitucionales, sobre una posible privación de la libertad.

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a una mujer que les refirió haber recibido mensajes en los que le indicaban que su hija se encontraba secuestrada al interior de dicha vivienda. Fue así que se desplegó un operativo para intervenir el domicilio.

Durante la revisión, los agentes localizaron en una de las habitaciones a una mujer amordazada y atada de pies y manos. Al hacer contacto con ella, manifestó que llevaba cuatro días secuestrada y señaló haber sido víctima de agresiones sexuales.

Ante los hechos, la joven recibió atención inmediata y fue trasladada a un hospital para que le fuera realizada una valoración médica especializada.

En la vivienda también fueron detenidos Lisandro “N”, de 29 años de edad, y Sergio “N”, de 24 años, quienes fueron informados de sus derechos y puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para que determine su situación jurídica.

No es el primer secuestro y rescate en el Edomex: en diciembre pasado una adolescente fue hallada en una bocina

Un hecho que sorprendió a decenas de personas se registró el pasado 12 de diciembre de 2025, cuando una joven de 17 años de edad fue localizada oculta dentro de una bocina en un inmueble del municipio de Temascalapa, Estado de México, luego de que fuera reportada como desaparecida tras ser privada de la libertad.

El rescate se realizó durante un operativo en el que participó la célula de Búsqueda de Personas y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Ecatepec, así como de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de Justicia del Edomex y la Policía Estatal.

La joven fue identificada como Yareth Alexandra “N”, de 17 años, quien se encontraba en calidad de desaparecida desde el 28 de noviembre de 2025, cuando fue vista por última ocasión en el municipio de Tecámac.

Ese día había asistido al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de esa localidad. Un día después, las autoridades emitieron su reporte de no localización y solicitaron apoyo ciudadano al temer que pudiera ser víctima de un delito.

La Alerta Amber difundida en ese momento refería que la joven vestía pants azul marino con franjas verdes laterales, sudadera negra y tenis color beige.

Tres sujetos fueron detenidos por los hechos

Tras diversas indagatorias, las autoridades llevaron a cabo un cateo en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Paula, donde aseguraron un inmueble donde localizaron a tres sujetos -uno de ellos conocido de la menor de edad- que la mantenían retenida contra su voluntad.

Los tres sujetos fueron identificados como Edgar Ricardo “N”, Martín Gerardo “N” y César Alberto “N”, y quedaron a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad.

Tras su localización, Yareth Alexandra fue atendida por personal de la Procuraduría del Menor, Niños, Niñas y Adolescentes de Ecatepec para recibir atención integral.

La agrupación 100 Periodistas por el Estado de México reveló que cuatro comunicadores del espacio informativo “La Madeja Política de Tenancingo” recibieron citatorios de la policía municipal para comparecer ante el Ministerio Público, luego de que la presidenta municipal, Nancy Nápoles Pacheco, los denunció por violencia digital en sus coberturas sobre la administración local.

La demanda, según el colectivo, se registró en la carpeta de investigación 275/2026, con fecha 26 de mayo de 2026, antes de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señalara a Nápoles por el delito de simulación de secuestro, el cual presuntamente fue orquestado para cubrir un déficit de 40 millones en las finanzas de Tenancingo.

Fue la misma agrupación quien dio a conocer las identidades de los periodistas:

• Ángel Ávila Calvo
• Alejandro López Vásquez
• Ramón Castañeda Mondragón
• Arturo Escobar Sánchez

El comunicado detalla que los cuatro fueron notificados el 2 de junio para rendir declaración ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG) con sede en Metepec.

La agrupación advirtió que la denuncia señalaba una posible sanción económica por daño psicológico a la presidenta municipal, quien solicitó una reparación del daño de 125 mil pesos por cada uno de los involucrados.

Según la investigación, Nápoles acusó a los cuatro comunicadores de violencia digital reiterada, ataques constantes en redes sociales, publicaciones, transmisiones y comentarios que difundían información falsa. Los señaló por referirse a ella con insultos, hostigamiento, intimidación, violencia psicológica, sarcasmo, ironía y por dañar su reputación.

La alcaldesa denunció a los periodistas como ciudadana, no como servidora pública

Según el mensaje de 100 Periodistas por el Estado de México, la carpeta de investigación registró a Nápoles como denunciante en calidad de ciudadana, no en el ejercicio de sus funciones como presidenta municipal.

Afirmaron que las críticas que motivaron la denuncia abarcaron deficiencias en servicios públicos, alumbrado, agua, limpia, nepotismo, sueldos y costos de obras públicas. Presuntamente todos los señalamientos fueron publicados con respaldo en investigación periodística y solicitudes de información.

La agrupación también reveló que Nancy Nápoles presuntamente había solicitado a la ciudadanía no comentar en redes sociales sobre el desempeño de su administración, y menos aún escuchar a la prensa local.

El grupo pidió la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del Fiscal del Edomex José Luis Cervantes, y del Congreso Estatal para frenar la criminalización del trabajo periodístico en Tenancingo.

Además, señalaron que la denuncia contravino el sano desarrollo democrático de la entidad e invocó las recientes reformas a la Ley Integral de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos impulsadas por el Gobierno Mexiquense.

La FGJEM señaló a Nápoles por simulación de secuestro

El pasado 17 de junio de 2026, la FGJEM reveló una investigación en curso contra Nancy Nápoles Pacheco y cinco personas más por el delito de simulación de secuestro. Según la investigación, la edil habría fingido su propio plagio la noche del 31 de mayo para justificar un desfalco de 40 millones de pesos en las arcas del ayuntamiento.

Sin embargo, las videograbaciones de cámaras de vigilancia no mostraron actos de violencia ni resistencia. Uno de los involucrados la auxilió para descender de su propio vehículo antes de abordar un Volkswagen Virtus rojo, donde presuntamente la levantaron.

Durante el trayecto, fue la propia alcaldesa quien habría indicado la ruta para evadir cámaras. Al detectar el despliegue policial para rescatarla, supuestamente pidió que la dejaran en un camino de terracería en la comunidad de El Capulín, donde fingió haber escapado.

La Fiscalía ejerció acción penal contra seis personas. Tres fueron detenidas en Oaxaca el 11 de junio. El esposo y el cuñado de Nápoles permanecen prófugos y son señalados como los principales orquestadores del fraude.

La audiencia de imputación contra la presidenta municipal quedó fijada para el próximo 9 de julio.

Nancy Nápoles desacreditó a los medios que reportaron su secuestro

La actual alcaldesa de Tenancingo fue diputada local en la LX Legislatura del Edomex por el Distrito 7, donde coordinó dentro del grupo parlamentario el área de Impulso y Desarrollo del Liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres.

El 2 de junio, Nápoles Pacheco transmitió en vivo desde su cuenta oficial de Facebook. Sin confirmar ni desmentir el secuestro, dijo que le había “tocado vivir una situación difícil”. Descalificó a los medios que reportaron el caso como páginas que “distorsionan y malinforman” y pidió a la ciudadanía ignorar cualquier información que no publicara ella directamente.

En esa misma transmisión agradeció el apoyo de su esposo, José Roberto, quien según la FGJEM habría sido uno de los organizadores del montaje desde febrero de 2026.

La investigación ministerial estableció que el esposo y el cuñado de la alcaldesa planearon el falso secuestro con meses de anticipación. El análisis de comunicaciones reveló 136 llamadas entre los organizadores entre abril y junio, y 49 registros entre ambos entre el 7 de abril y el 4 de junio, pese a que José Roberto negó cualquier contacto con los implicados.

En una rápida y efectiva respuesta operativa, las autoridades de la Policía Nacional de Honduras, a través de sus unidades élite, lograron el rescate sano y salvo de un menor de 15 años que había sido privado de su libertad. El exitoso operativo fue ejecutado por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), logrando frustrar el cobro de un millonario rescate exigido por los delincuentes a cambio de la libertad del estudiante.

El hecho delictivo comenzó a gestarse el día de ayer, jueves 18 de junio, cuando el joven, identificado por las autoridades policiales como Josué David Ortiz, salió de su residencia habitual en horas de la mañana con rumbo hacia su centro educativo. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de sus familiares y de testigos locales, el menor nunca llegó a las instalaciones de la institución, perdiéndose de inmediato todo contacto con él durante el trayecto.

Ante la repentina falta de comunicación y la notable ausencia del joven, se encendieron las alarmas comunitarias. Poco después del rapto, los delincuentes se pusieron en contacto directo con los familiares de la víctima, exigiendo la suma de L 2,000,000.00 ($74,880.00 dólares) a cambio de otorgarle la libertad y respetar su vida.

Al recibir la denuncia formal del hecho, la respuesta institucional fue inmediata. Bajo la dirección del subinspector de policía Norman Velázquez, se activaron los protocolos correspondientes bajo la presunción legal del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, organizando de forma urgente a los equipos especializados de la UNAS.

Despliegue estratégico de las fuerzas del orden

Para dar con el paradero del menor, la Policía Nacional, la DPI y la UNAS ejecutaron una robusta estrategia que combinó la fuerza operativa con la inteligencia criminal:

• Saturaciones y patrullajes: Despliegue de contingentes en sectores clave del municipio.
• Puntos de control: Establecimiento de retenes estratégicos en los accesos y salidas de la zona.
• Investigación de campo: Equipos de inteligencia civil y policial recopilaron declaraciones de familiares, testigos presenciales y personal del centro educativo.
• Análisis tecnológico: Revisión minuciosa de cámaras de seguridad públicas y privadas cercanas a la ruta del menor.

Por lo que, mediante la aplicación de técnicas especiales de investigación y un riguroso trabajo de inteligencia, los agentes encubiertos lograron ubicar el lugar exacto de cautiverio. El centro de retención clandestino se encontraba situado en una vivienda del barrio El Pura, en el municipio de Siguatepeque, Comayagua.

Gracias a la precisión de la intervención táctica, las autoridades lograron el rescate del menor de 15 años sin que se realizara ningún tipo de pago monetario, garantizando en todo momento su integridad física y emocional. Tras asegurar al estudiante, los especialistas policiales le brindaron la atención primaria necesaria para salvaguardar su estado de salud general antes de ser entregado formalmente a su núcleo familiar.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por un portavoz oficial de la policía hondureña, los captores, al percatarse de la inminente llegada y el fuerte despliegue de las fuerzas policiales en el perímetro, tomaron la decisión de salir huyendo de la escena para evitar ser capturados en flagrancia.

No obstante, las autoridades confirmaron que ya se encuentran realizando las diligencias técnico-científicas pertinentes en el lugar del hallazgo. Actualmente, los cuerpos de inteligencia ya disponen de algunos perfiles de los sospechosos vinculados a este secuestro. Esta valiosa información criminal se mantiene bajo estricta investigación y reserva profesional para no entorpecer los próximos operativos orientados a la pronta captura de los responsables de este delito.

Dos elementos de la Policía Municipal de Jamay fueron detenidos e imputados por desaparición forzada por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de un hombre de origen colombiano, a quien habrían entregado a un grupo armado tras detenerlo el 9 de junio. El caso también incluía a una segunda persona de la misma nacionalidad que, según la investigación, habría sido retenida.

El fiscal estatal Salvador González de los Santos informó que se acreditó que la víctima fue golpeada y permaneció privada de la libertad durante dos días. “Se ha logrado acreditar que la víctima fue golpeada y lo mantuvieron privado por dos días para luego ser liberado junto con otra persona también de origen colombiano”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con la investigación, los hechos iniciaron tras un incidente menor en una tienda de autoservicio que ya había sido atendido. Después de ese episodio, los policías presuntamente trasladaron al hombre a los separos municipales, donde permaneció entre cuatro y cinco horas.

Más tarde, la víctima habría sido llevada en una patrulla a una zona despoblada, donde presuntamente fue entregada a un grupo de alrededor de ocho hombres armados. En ese sitio, según las indagatorias, fue golpeada y mantenida cautiva hasta que fue liberada junto con otra persona también de nacionalidad colombiana.

Las pesquisas quedaron a cargo de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, que inició las diligencias y realizó un cateo en la comisaría de Jamay con apoyo de la Secretaría de Seguridad. En ese operativo fueron detenidos Octavio N y Víctor N, quienes ya contaban con órdenes de aprehensión.

González de los Santos detalló que el cateo se ejecutó en días previos y derivó en la localización de los dos elementos municipales señalados. “Los investigadores de la Vicefiscalía en personas desaparecidas iniciaron de inmediato con las indagatorias, ejecutándose un cateo en días pasados en dicha comisaría, en la que fue localizado dos policías con las que ya se contaba orden de aprehensión, Octavio N y Víctor N, ambos elementos ya fueron imputados por el delito de desaparición forzada”, declaró.

La Fiscalía del Estado señaló que las investigaciones continuaron para esclarecer la situación de la segunda víctima mencionada en el expediente. En el mismo caso, la audiencia de vinculación a proceso se desarrolló este jueves, mientras se definía la situación jurídica de los imputados.

• Detuvieron e imputaron a Octavio N y Víctor N, policías municipales de Jamay, por desaparición forzada.
• La víctima colombiana habría sido retenida tras hechos del 9 de junio, y habría permanecido privada de la libertad dos días.
• La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas realizó un cateo en la comisaría y la Fiscalía estatal mantuvo abierta la investigación por una segunda víctima.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo audiencia de formulación de imputación contra la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por su presunta participación en la simulación de un secuestro ocurrido el 31 de mayo de 2026, dentro de una investigación en la que también se señala a otras cinco personas.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el caso se sostiene en entrevistas, análisis de videograbaciones y seguimiento de comunicaciones telefónicas, con los que se plantea que el hecho denunciado no ocurrió como fue reportado inicialmente, sino que habría sido un montaje para simular un secuestro y exigir 40 millones de pesos.

En ese contexto, la Fiscalía sostiene que la funcionaria habría participado en la organización del esquema junto con otros implicados. Sin embargo, será un juez de control quien determine si esa participación se acredita y qué nivel de responsabilidad se le puede atribuir dentro del caso.

¿Puede alcanzar prisión? Esto depende de cómo se clasifiquen los hechos

El punto clave del caso está en cómo se encuadra jurídicamente la conducta. La Fiscalía citó la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que establece dos escenarios relevantes:

• Artículo 13: contempla la simulación de secuestro cuando una persona finge ser víctima del delito. En ese supuesto, la sanción prevista es de hasta 700 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, sin pena de prisión.
• Artículo 14: aplica cuando hay participación en la simulación del secuestro, organización del hecho o intervención en la exigencia de recursos. En este caso, las penas pueden alcanzar hasta 16 años de prisión.

Adicionalmente, algunos de los señalados enfrentan imputaciones por extorsión —Karla Valeria N y Víctor Manuel N—, delito que, de acuerdo con la legislación aplicable, puede alcanzar hasta 25 años de prisión, dependiendo de la modalidad y agravantes que se acrediten.

La diferencia no es menor: si el juez concluye que la alcaldesa sólo encuadra en el supuesto de simulación como víctima, no habría cárcel como pena final. Pero si se acredita la versión ministerial de que participó en la planeación o ejecución del montaje, el caso podría escalar a un delito con sanción de prisión.

Por eso, aunque hoy no existe una condena ni una determinación final, sí está abierta la posibilidad de pena de cárcel, dependiendo de cómo se acredite su participación.

La audiencia del 9 de julio: el primer filtro judicial

La audiencia de imputación marcará el inicio formal de la etapa judicial. Ahí, la Fiscalía expondrá los hechos y las pruebas iniciales, mientras la defensa podrá responder a las acusaciones. El juez no dicta sentencia en este momento, pero sí decide si el caso avanza a proceso penal.

Además, en esa misma audiencia se pueden imponer medidas cautelares. Estas van desde firma periódica hasta, en casos más graves, prisión preventiva mientras dura el proceso.

La prisión preventiva tampoco es una condena: es una medida temporal para asegurar que el imputado no evada la justicia o interfiera con la investigación.

Investigación paralela por recursos públicos

De forma independiente, la Fiscalía informó que dio vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) por una posible afectación de 40 millones de pesos al erario municipal.

Esta línea de investigación se mantiene abierta y podría derivar en nuevos delitos si se comprueba un mal uso de recursos públicos.

Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, rechazó las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al señalarla de haber montado un secuestro falso para obtener 40 millones de pesos y encubrir un presunto desfalco al erario municipal.

Tras difundirse la detención de tres personas relacionadas con el caso, así como la búsqueda de José Roberto “N”, esposo de la edil, y de Óscar “N”, su cuñado, la funcionaria rechazó los señalamientos y dijo que sus declaraciones fueron manipuladas

Nápoles Pacheco aseguró que atendió todas las citaciones que le formuló la Fiscalía Especializada al Combate al Secuestro tras denunciar el 1 de junio los hechos ocurridos el domingo 31 de mayo, además de haber entregado todas las pruebas que le fueron requeridas.

Lejos de reconocer irregularidades en su conducta, la alcaldesa acusó a los ministerios públicos adscritos a la fiscalía de haber manipulado “con narrativas facciosas y mentiras” la información que proporcionó durante su declaración.

De un trato discriminatorio a un testigo oportunista: alcaldesa apunta a un propósito político

La alcaldesa dijo que atendió todas las solicitudes realizadas por la Fiscalía del Estado, pero que durante el proceso recibió un trato “discriminatorio y de manipulación”, por lo que exigió al fiscal general, José Luis Cervantes Martínez, a que conozca su caso de manera directa.

“Exijo que se investiguen todas y casa una de las acciones que tuvieron los ministerios públicos, y del cómo manejaron la información que yo proporcione, manipulándola con narrativas facciosas y narrativas, argumentando hoy una supuesta versión de un testigo con criterio de oportunidad, que a cambio de una reducción de sentencia dirá lo que otros quieren que diga", acusó.

Además, denunció que detrás de las acusaciones existe “un propósito político para desacreditarla como persona, como mujer y como servidora pública", por lo aseguró que cuenta con “datos y pruebas” de que los responsables serían subalternos que operan en territorio bajo las órdenes de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México

Niega desfalco al Ayuntamiento de Tenancingo y reafirma su respaldo a la gobernadora

Frente al señalamiento de que el secuestro fue planeado para ocultar 40 millones de pesos injustificados del erario público, la alcaldesa negó “contundentemente” el desfalco y aseguró que el municipio de Tenancingo “está financieramente sano”.

Para respaldar esa afirmación, lanzó una invitación abierta al órgano superior de fiscalización.

“Pido al órgano superior de fiscalización que se apersone en el momento que quiera en el municipio para que compruebe de que no existe tal hecho”, dijo, sin fijar una fecha ni un plazo concreto para esa revisión, pese a que su audiencia de imputación se realizará el próximo 9 de julio.

Al mismo tiempo, exigió que las autoridades lleven la investigación “hasta sus últimas consecuencias” para identificar y consignar a los responsables del delito que ella misma denunció. Y en medio de sus señalamientos, también aprovechó el espacio para reconocer el trabajo realizado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, con quien compartió filas en Morena.

“No tengo nada qué esconder”, aseguró

Finalmente, la alcaldesa aseguró que no tiene nada qué esconder, por lo que continuará realizando sus labores frente a la alcaldía.

“Aquí estoy con la frente en alto y seguiré trabajando como siempre lo he hecho porque no tengo nada que esconder”, afirmó.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Edomex detalló este miércoles que por el caso de la alcaldesa ya fueron detenidas tres personas en el estado de Oaxaca, quienes habrían sido invitadas a participar en la ejecución del secuestro por el propio esposo y cuñado de Nancy Nápoles a cambio de un pago de 500 mil pesos.

Su esposo, José Roberto “N”, y su cuñado, Óscar “N”, se encuentran en calidad de prófugos hasta el momento.

La policía de Los Ángeles confirmó el 15 de junio el arresto en México de Rubén Fregoso, señalado por el asesinato de su esposa Marisol García y por llevarse a su hija Daleyza, de cinco años, un caso que avanzó hacia su extradición a Estados Unidos y permitió localizar a la menor con vida bajo resguardo de autoridades mexicanas.

La niña fue encontrada sana y salva y quedó bajo custodia en México. Por su nacionalidad estadounidense, la Embajada de Estados Unidos en México quedó a cargo de coordinar su regreso con sus familiares.

Fregoso, de 40 años, fue detenido cerca de dos semanas después de que las autoridades lo acusaron por la muerte de Marisol García Palacios. De acuerdo con la información oficial, enfrentó un cargo de homicidio y un cargo menor por abuso infantil en circunstancias distintas a lesiones corporales graves o la muerte.

El caso tomó dimensión binacional desde finales de mayo, cuando las autoridades activaron una alerta Amber por la desaparición de Daleyza Fregoso. La menor había sido vista por última vez el 24 de mayo a las 4:00 horas junto a su padre en el área de Avenida Alsace y Calle Ferndale, en West Adams.

La búsqueda se concentró en la frontera tras el hallazgo de una camioneta en San Ysidro

La investigación cambió de rumbo cuando la camioneta Land Rover en la que Fregoso había sido visto con la menor fue localizada abandonada en un estacionamiento del punto de entrada de San Ysidro, en el condado de San Diego, en la frontera entre Estados Unidos y México.

Las cámaras de vigilancia de la zona registraron al hombre cuando cruzó con su hija hacia territorio mexicano. Ese registro respaldó la sospecha inicial de que ambos habían salido de Estados Unidos después del crimen.

El hallazgo del cuerpo de Marisol García ocurrió el 25 de mayo, cuando policías acudieron a una vivienda ubicada en el 2620 de South Alsace Avenue, cerca de Adams Boulevard, para verificar el estado de una persona. La revisión ocurrió alrededor de las 12:40 horas y en el lugar encontraron a la mujer sin vida.

Las autoridades describieron que García, de 34 años en una versión de los reportes y de 36 años en otra, murió de forma violenta. No se dieron a conocer detalles sobre la causa específica del fallecimiento.

Desde ese momento, Fregoso se convirtió en el principal sospechoso. La investigación sostuvo que después del presunto asesinato salió con la hija de la pareja, lo que detonó la alerta por secuestro y una búsqueda en dos países.

La extradición y la reunificación familiar quedaron en manos de autoridades de Estados Unidos en México

Tras la captura, las autoridades indicaron que Fregoso sería extraditado en los días siguientes para enfrentar el proceso penal en Estados Unidos. La gestión quedó a cargo de la Embajada de Estados Unidos en México.

La misma representación diplomática también asumió la coordinación para reunir a la niña con su familia. Mientras ese procedimiento avanzó, Daleyza permaneció bajo protección de autoridades mexicanas.

El caso también generó atención fuera de California por el origen de la víctima. Marisol García fue identificada como originaria del municipio de Teopantlán, en Puebla, y su asesinato provocó seguimiento tanto en comunidades migrantes como en la Mixteca poblana.

La relevancia pública del expediente creció por la combinación de dos hechos: el hallazgo de una mujer asesinada dentro de su vivienda y la desaparición posterior de una niña de cinco años. La detención en México cerró la etapa de búsqueda del sospechoso, pero abrió la fase judicial para definir su traslado y el proceso penal en Estados Unidos.

• Rubén Fregoso fue arrestado en México el 15 de junio por el caso del asesinato de Marisol García y la desaparición de su hija.
• Daleyza Fregoso, de cinco años, fue localizada sana y salva y quedó bajo custodia de autoridades mexicanas.
• La Embajada de Estados Unidos en México quedó a cargo de la extradición del sospechoso y de la reunificación de la menor con su familia.

La Fiscalía del Estado de Jalisco obtuvo una condena de 37 años y seis meses de prisión contra Aurora Phelps por la desaparición de un hombre estadounidense ocurrida en Zapopan, un caso en el que la víctima seguía sin ser localizada después de haber sido trasladada a Nayarit, de acuerdo con la propia dependencia.

La sentencia se dictó el 11 de junio durante la audiencia de individualización de sanciones, según la Fiscalía del Estado, que también informó que la mujer debía pagar una multa por el delito de desaparición cometida por particulares.

El caso quedó inscrito en un contexto de pocas sentencias por este delito en Jalisco. De acuerdo con el documento “Respuestas de México a la solicitud de información con arreglo al artículo 34 de la Convención”, elaborado por el Gobierno de México, en la entidad había un número reducido de condenas por desapariciones, mientras que un recuento periodístico citado en el texto fuente ubicó poco más de 50 condenas desde 2018 hasta agosto del año pasado.

La víctima acordó una reunión en Zapopan y después fue llevada a Nayarit

Los hechos por los que Aurora “N” fue sentenciada ocurrieron el 8 de diciembre de 2021 en el municipio de Zapopan, según la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado. Ese día, la mujer y el hombre agraviado acordaron una reunión por medio de plataformas digitales.

De acuerdo con las investigaciones de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, cuando el hombre llegó al sitio pactado fue trasladado en su propio vehículo hacia el estado de Nayarit. Desde ese momento se desconoció su paradero.

Ese fue el núcleo del caso: la autoridad sostuvo que la víctima salió de la reunión inicial en su automóvil y después desapareció, sin que hasta ahora se informara sobre su localización. La condena se relacionó con esa secuencia y con la participación que la Fiscalía atribuyó a la acusada.

La detención ocurrió cuando conducía el vehículo de la víctima

Como parte de los actos de investigación y búsqueda, la Fiscalía del Estado estableció la probable participación de la mujer en los hechos. Según la dependencia, la detención se realizó cuando Aurora “N” estaba en posesión y al volante del vehículo propiedad del hombre desaparecido.

Ese dato resultó central en la investigación ministerial porque vinculó directamente a la acusada con bienes de la víctima después de la desaparición, de acuerdo con la versión institucional. A partir de esa línea se desarrollaron las distintas etapas procesales que después llevaron al fallo condenatorio.

La Fiscalía de Jalisco informó que el litigio y el seguimiento del caso estuvieron a cargo de su área especializada en personas desaparecidas. Tras el desahogo del proceso penal, la autoridad consiguió una pena privativa de la libertad de 37 años y seis meses, además de la sanción económica impuesta en la misma audiencia.

Jalisco registró pocas condenas por desaparición, según documentos oficiales

La resolución contra Aurora “N” se presentó como una de las pocas sentencias por desaparición cometida por particulares en la entidad. Esa condición apareció también en el intercambio entre el Estado mexicano y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, identificado como CED en el texto fuente.

Según el documento oficial referido en el texto, el Gobierno de México respondió a observaciones relacionadas con desapariciones y dejó asentado que en Jalisco había escasas sentencias en esta materia. El caso del hombre estadounidense se incorporó así a una estadística limitada de resoluciones condenatorias.

La Fiscalía del Estado sostuvo que mantendría las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y las investigaciones contra quienes vulneraran la libertad y la integridad de las personas. En este expediente, la autoridad no informó nuevos datos sobre el paradero de la víctima más allá de que seguía desaparecida desde su traslado a Nayarit.

• La Fiscalía de Jalisco obtuvo una condena de 37 años y seis meses de prisión contra Aurora “N” por desaparición cometida por particulares.

• El hombre estadounidense desapareció el 8 de diciembre de 2021, después de acudir a una reunión en Zapopan y ser trasladado en su propio vehículo a Nayarit.

• La acusada fue detenida cuando conducía el automóvil de la víctima, y el caso se sumó a un número reducido de sentencias por desaparición en Jalisco.

El supuesto secuestro de Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, contó con la participación de dos piezas clave para orquestarlo con el objetivo de cubrir un desfalco de 40 millones de pesos al erario municipal.

Para lograrlo, el esposo y cuñado de la alcaldesa llevaron a cabo la planificación mediante la invitación de tres personas más para que, a cambio de un pago, fingieran el secuestro de Nápoles Pacheco a principios del mes de junio de este año.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la trama comenzó a orquestarse en febrero de este año por José Roberto “N”, esposo de la edil, y Óscar “N”, cuñado de la misma, con el propósito de aparentar el plagio y exigir un rescate que saldría de los fondos públicos del ayuntamiento.

Sin embargo, la propia presidenta municipal también habría participado activamente en la planeación y ejecución del esquema.

La planeación: cuatro meses de coordinación entre esposo y cuñado

Desde febrero de 2026, José Roberto “N” y Óscar “N” comenzaron a estructurar el secuestro. A través de entrevistas realizadas en la sede ministerial se determinó que los involucrados pretendían que el rescate “saliera del ayuntamiento”, dado que existía “un desfalco” en la administración municipal y el pago ficticio serviría para “justificar el dinero”.

Uno de los partícipes declaró ante el Ministerio Público que “todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos” y que dicha cantidad debía provenir del erario local. La investigación estableció que José Roberto “N” negó tener comunicación con Óscar “N”, sin embargo los registros telefónicos documentan 49 llamadas entre ambos entre el 7 de abril y el 4 de junio de 2026.

El reclutamiento del grupo ejecutor

Para la fase operativa, Óscar “N” contactó a su amigo Cristian “N” y le propuso participar en lo que describió como “un negocio”, ofreciéndole a nombre del esposo de la edil, José Roberto “N”, un pago de 500 mil pesos.

Luego de aceptar, Cristian “N” incorporó a su pareja sentimental, Karla Valeria “N”, y al hermano de esta, Víctor Manuel “N”, quienes finalmente materializaron el supuesto secuestro el pasado 31 de mayo.

El vínculo entre Óscar “N” y Cristian “N” quedó documentado con 136 llamadas telefónicas registradas entre abril y junio de 2026. Para la realización del secuestro, Karla Valeria “N” utilizó un vehículo Volkswagen Virtus color rojo, el cual usaba de manera frecuente y se identificó en grabaciones de cámaras de vigilancia.

El secuestro del 31 de mayo y el papel activo de la alcaldesa

De acuerdo con las investigaciones, el 31 de mayo Nancy Nápoles llegó a su domicilio en Tenancingo a bordo de un Volkswagen Jetta color arena, conducido por su hermana, y en el que también viajaba su madre. Al descender, arribó el Virtus rojo con Karla Valeria “N” al volante; Víctor Manuel “N” bajó del vehículo y, de manera simulada, aparentó obligar a la presidenta municipal a subir a la parte trasera de la unidad.

Las imágenes de videovigilancia analizadas por la FGJEM no mostraron actos de violencia durante los hechos: por el contrario, uno de los probables intervinientes “incluso le auxilia para que descienda de su vehículo y se traslade al automotor rojo, sin que se observen actos de fuerza, sometimiento o resistencia”.

Durante el trayecto hacia la comunidad de San Pedro Zictepec, en el municipio de Tenango del Valle, fue la propia edil quien indicó a sus acompañantes la ruta a seguir para evadir las cámaras de videovigilancia.

Al advertir el paso de patrullas con sirenas, Nápoles Pacheco tomó el teléfono de Víctor Manuel “N”, llamó a su hermana y le pidió expresamente “que no avisara a la policía”.

Ante la presencia policiaca, la mujer les dijo a sus acompañantes que “todo se salió de control” y les solicitó que la dejaran en un camino de terracería en la comunidad de El Capulín, desde donde pediría auxilio argumentando haber escapado.

Las contradicciones que derrumbaron la coartada

En ese punto fue localizada por su esposo, José Roberto “N”, y el director de Seguridad Pública Municipal, quienes la trasladaron a su domicilio. Al día siguiente, el 1 de junio, la edil acudió a sede ministerial a denunciar el “secuestro” y declaró que había aprovechado “un descuido de sus captores” para escapar.

Sin embargo, la investigación de la FGJEM desarticuló esa versión mediante el análisis de comunicaciones, videograbaciones y el rastreo del dispositivo móvil que le fue entregado durante la supuesta privación de libertad. Ese teléfono registró desplazamiento hacia la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México, y posteriormente al estado de Oaxaca, concretamente a la comunidad de San José La Noria, donde la línea permaneció activa del 8 al 10 de junio.

Fue el 11 de junio, en colaboración de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, que las autoridades lograron la detención de Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian “N” en esa entidad.

Esposo y cuñado se encuentran prófugos

Por los hechos del 31 de mayo, la FGJEM obtuvo órdenes de aprehensión contra Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” —ya detenidos junto con Cristian “N”— y mandamientos de captura vigentes contra José Roberto “N” y Óscar “N”, a quienes se considera prófugos de la justicia.

En cuanto a la alcaldesa, la Fiscalía solicitó y obtuvo una Audiencia de Formulación de Imputación programada para el 9 de julio de 2026.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, los implicados podrían enfrentar 16 años de prisión por simulación de secuestro.

En tanto, la presidenta municipal, en su calidad de servidora pública, podría recibir una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo comunitario conforme al artículo 13 de la misma ley.

Por su parte, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” enfrentan además cargos por extorsión, delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión.

En lo que respecta a la afectación de 40 millones de pesos al erario, la FGJEM dio vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para que proceda.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició este miércoles un proceso legal contra seis personas por el delito de simulación de secuestro, entre ellas la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, militante y funcionaria de Morena.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el presunto montaje habría sido ideado para obtener un rescate de 40 millones de pesos —equivalentes a 2.3 millones de dólares— que saldrían del erario municipal, y cuyo destino habría sido cubrir un desfalco en el ayuntamiento.

El “secuestro” que nunca ocurrió

El 1 de junio de 2025, Nápoles Pacheco presentó una denuncia en la que aseguró haber sido privada de su libertad el día anterior, el 31 de mayo, y relató que horas después logró escapar de sus captores.

Sin embargo, la FGJEM determinó que los hechos habrían sido una simulación deliberada, orquestada con la participación de su esposo, su cuñado y al menos tres personas más.

Entre los procesados ya detenidos figuran Karla Valeria ‘N’ y Víctor Manuel ‘N’, así como Cristian ‘N’. Por su parte, José Roberto ‘N’ y Óscar ‘N’ permanecen prófugos. La audiencia inicial de la alcaldesa está programada para el 9 de julio.

El video que complica a Sheinbaum

El caso adquiere una dimensión política de mayor peso por la existencia de un video en el que la presidenta Claudia Sheinbaum aparece pidiendo explícitamente el voto por Nancy Nápoles de cara a las elecciones del 2 de junio.

“Amigos y amigas de Tenancingo, les recomiendo ampliamente a Nancy Nápoles, voten este 2 de junio todo Morena”, se escucha decir a Sheinbaum en la grabación.

El material circula ampliamente en redes sociales y coloca al partido en una posición incómoda: la candidata avalada públicamente por la jefa del Ejecutivo federal enfrenta ahora acusaciones de haber montado su propio secuestro para desviar recursos públicos.

Nápoles Pacheco tiene una larga trayectoria dentro de Morena: fue diputada local por el partido y desde hace cinco años preside el Consejo Estatal del movimiento en el Estado de México.

Las penas que enfrentan

Según la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro:

• Los particulares involucrados podrían recibir hasta 16 años de prisión por simulación de secuestro.
• Karla Valeria ‘N’ y Víctor Manuel ‘N’ enfrentan además cargos por extorsión, delito que puede alcanzar hasta 25 años de prisión.
• Como servidora pública, Nápoles Pacheco podría ser sancionada con hasta 700 jornadas de trabajo comunitario.

La Fiscalía también notificó a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) sobre el presunto daño al erario.

Nancy Nápoles Pacheco llegó a la presidencia municipal de Tenancingo con un perfil construido en la militancia de izquierda. Originaria de San Miguel Tecomatlán, comunidad ubicada al sur del Estado de México, fue diputada local, coordinadora de causas feministas y defensora pública.

Este 17 de junio de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la imputó por el delito de simulación de secuestro. Según la investigación, habría fingido su propio plagio para justificar un desfalco de 40 millones de pesos en las arcas del ayuntamiento.

La FGJEM ejercitó acción penal contra seis personas vinculadas al caso. Tres fueron detenidas en Oaxaca el pasado 11 de junio. El esposo y el cuñado de Nápoles permanecen prófugos junto con ella.

La audiencia de imputación contra la alcaldesa quedó fijada para el 9 de julio, según información revelada por la Fiscalía mexiquense.

De San Miguel Tecomatlán a la LX Legislatura del Estado de México

Nápoles Pacheco nació y creció en Tenancingo. Estudió Derecho y desde participó en el activismo de izquierda, vinculada a la figura de Andrés Manuel López Obrador y al llamado Gobierno Legítimo.

Se afilió formalmente a Morena en 2017 y cuenta con una maestría en Administración Pública.

En 2018 llegó a la LX Legislatura del Estado de México como diputada local por el Distrito 7, que abarca 10 municipios del sur del Edomex: Tenancingo, Malinalco, Ocuilan, Zumpahuacán, Joquicingo, Tenango del Valle, Calimaya, Almoloya del Río, San Antonio la Isla y Rayón.

Dentro del grupo parlamentario de Morena, ocupó la coordinación de Impulso y Desarrollo del Liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres.

El falso secuestro del 31 de mayo

La noche del 31 de mayo de 2026, Nápoles Pacheco denunció ante el Ministerio Público haber sido privada de su libertad frente a su domicilio en Tenancingo.

Según su versión, dos hombres y una mujer la obligaron a abordar un vehículo Volkswagen Virtus color rojo bajo amenaza de arma de fuego. Dentro del auto, sus supuestos captores le entregaron un celular para que ella misma llamara a sus familiares y exigiera un rescate de 40 millones de pesos.

Agregó que sus captores le advirtieron que, de no tener el dinero, lo tomara de los recursos del ayuntamiento.

Sin embargo, la investigación de la FGJEM echó abajo esa versión. Las videograbaciones de cámaras de vigilancia no mostraron actos de violencia, sometimiento ni resistencia. Al contrario, uno de los involucrados la auxilió para descender de su propio vehículo antes de abordar el Virtus.

Durante el trayecto, fue la propia alcaldesa quien presuntamente indicó la ruta para evadir cámaras de videovigilancia. Cuando se dio cuenta del despliegue policial por el rapto, pidió que la dejaran en un camino de terracería en la comunidad de El Capulín, donde fingió haber escapado.

“Estoy bien”: el mensaje del 2 de junio y la acusación de la Fiscalía

La noche del 2 de junio, Nápoles Pacheco transmitió en vivo desde su cuenta oficial de Facebook. Sin confirmar ni desmentir el secuestro, dijo que le había “tocado vivir una situación difícil”.

Descalificó a los medios que reportaron el caso como páginas que “distorsionan y malinforman” y pidió a la ciudadanía ignorar cualquier información que no publicara ella directamente.

En esa transmisión agradeció el apoyo de su esposo, José Roberto, quien según la FGJEM habría sido uno de los organizadores del montaje desde febrero de 2026.

La investigación ministerial estableció que el esposo y el cuñado de la alcaldesa planearon el falso secuestro con meses de anticipación.

Una de las tres personas detenidas, quienes cayeron en Oaxaca, declaró al ministerio público que “todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.

El análisis de comunicaciones reveló 136 llamadas entre los organizadores entre abril y junio, y 49 registros entre el esposo y el cuñado en el período del 7 de abril al 4 de junio, pese a que José Roberto “N” negó cualquier contacto con los implicados.

Por el delito de simulación de secuestro, los particulares involucrados enfrentan hasta 16 años de prisión.

La alcaldesa, en su calidad de servidora pública, podría recibir hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

La FGJEM también reveló que ya informó a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para investigar el presunto desfalco de 40 millones de pesos en la administración municipal.

Las autoridades del Estado de México investigan lo que sería un falso secuestro de la actual presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, quien estaría involucrada en los hechos en su contra y con los que pretendía justificar un gasto de 40 millones de pesos

El 17 de junio fueron informadas las acciones penales en contra de seis personas. Por un lado, fueron arrestadas tres personas: Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”. Por otro lado, las autoridades buscan detener a dos hombres que la parecer participaron en el “secuestro” en contra de la funcionaria.

Finalmente, fue solicitada una audiencia de formulación de imputación en contra de una funcionaria, quien también sería la víctima del secuestro.

Un secuestro simulado

Las investigaciones arrojan que las acciones en contra de la presienta municipal habrían estado previamente acordadas por los seis sujetos señalados.

“Se estableció que, desde el mes de febrero de este año, dos sujetos identificados como José Roberto “N” y Oscar “N”, respectivamente esposo y cuñado de la presidenta municipal, comenzaron a planear un “falso secuestro de la edil” en el que exigirían el pago de un supuesto rescate por la cantidad de 40 millones de pesos, recursos que serían obtenidos del erario municipal.

La denuncia de Nancy Pacheco establece que el 31 de mayo pasado ella estaba en un vehículo Volkswagen Jetta estacionado a las afueras de un inmueble, a dicho lugar llegó un auto rojo en el que había dos hombres y una mujer.

Nancy fue “obligada” a entrar al auto al mismo tiempo que era amenazada, aunque alcanzó a darle sus pertenencias a un familiar. Cuando la edil estaba en la unidad le fue entregado un teléfono para que contactara con sus familiares y consiguiera el pago de una suma de dinero a cambio de su libertad.

Sin embargo, testigos de los hechos dieron alerta a las autoridades, lo que derivó en la localización de la funcionaria. Un día después de los hechos Nancy acudió a denunciar lo ocurrido y comentó que pudo escapar de al aprovechar un descuido de los captores.

Un teléfono del Edomex a la CDMX y luego a Oaxaca

Pudo llegar a un domicilio y llamar a su esposo y con ello regresar a casa. De igual manera, destacó que los responsables del secuestro “habían mandado matarla, a su mamá, a su hermana y su sobrino” y que pedían 40 millones de pesos para que quedara en libertad. “Que si no los tenía ella, los tomara de los recursos del ayuntamiento”

Las investigaciones derivaron en el seguimiento al dispositivo desde el cual fue realizada la llamada fue desplazado a la colonia Tabacalera de la Ciudad de México y luego a la comunidad de San José La Noria, Oaxaca.

De igual manera, fue identificado que en las acciones en contra de la edil fue usado un Volkswagen Virtus color rojo, el cual aparece en las cámaras de vigilancia que captaron los hechos. El material muestra que no hubo violencia física contra la funcionaria ni actos de resistencia por parte de la mujer.

Además, el auto Virtus usado por la edil también era utilizado por Karla Valeria “N”, quien al parecer participó en las acciones junto con su hermano Víctor Manuel “N” y su pareja Christian “N”, estos últimos quienes huyeron a Oaxaca.

Dinero serviría para cubrir un desfalco

Durante una entrevista en sede ministerial, uno de los implicados señaló que “todo estaba planeado” y que el rescate de 40 millones de pesos era para cubrir un desfalco.

En dicha planeación y ejecución también habría participado la propia presidenta municipal, de iniciales N.N.P., quien pretendía justificar un faltante de recursos públicos por el mismo monto, generado en su propia administración

FGJEM

Con el objetivo de ejecutar el falso secuestro Oscar “N” ofreció un pago de 500 mil pesos a José Roberto “N” si participaba. Finalmente, El 31 de mayo pasado, José Roberto “N”, Oscar “N”, N.N.P, Cristian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” materializaron la acción.

Edil sabía como evadir las cámaras de vigilancia

Las investigaciones arrojan que Víctor Manuel “N” es quien simuló obligar a la funcionaria a subir a la unidad que se la llevó. Además, Nancy Nápoles fue la que compartió instrucciones sobre la ruta para poder evitar las cámaras de vigilancia.

Víctor Manuel “N”, quien, de manera simulada, aparentó obligar a la presidenta municipal a abordar la parte posterior de dicha unidad y después iniciaron su desplazamiento con dirección a la comunidad de San Pedro Zictepec, municipio de Tenango del Valle.

Los implicados comenzaron a ver movilización policiaca e infirieron que era por la no localización de Nancy.

“N.N.P., utilizó un teléfono celular propiedad de Víctor Manuel “N” para comunicarse con su hermana, a quien le manifestó que se encontraba bien y le pidió expresamente “que no avisara a la policía“, es parte del reporte oficial.

Como la situación se había salido de control la mujer pidió que la dejaran en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín del municipio de Tenancingo.

Tras conocer lo anterior, “la Fiscalía mexiquense ejercitó acción penal por la probable comisión del hecho delictivo de simulación de secuestro”.

Además, por el desfalco de los 40 millones de pesos se dio vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, así como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia condenatoria de 60 años de prisión contra Héctor “N” y José “N” tras acreditarse su responsabilidad penal por secuestro exprés agravado, robo de autotransporte federal de carga, asociación delictuosa y posesión de inhibidor de señales.

El caso se originó en junio de 2021, cuando se inició una investigación a partir de la puesta a disposición asentada en un Informe Policial Homologado elaborado por elementos de la Guardia Nacional, quienes detuvieron a los dos hombres en el kilómetro 14 300 del Libramiento Noreste, a la altura del municipio de García, en Nuevo León.

De acuerdo con la acusación, ambos viajaban en un tractocamión acoplado a un semirremolque tipo plataforma con placas del Servicio Público Federal de carga que tenía reporte de robo. En esa intervención, las autoridades rescataron al conductor, quien se encontraba privado de la libertad.

La FGR informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en la entidad, presentó las pruebas necesarias ante la autoridad judicial para sustentar los delitos y obtener la pena de prisión dictada contra los sentenciados.

Durante la detención, los uniformados aseguraron el tractocamión y dos semirremolques, además de un vehículo tipo Dolly. También decomisaron un inhibidor de señales equipado con 12 antenas, presuntamente destinado a bloquear comunicaciones o sistemas de rastreo.

En el mismo operativo, la Guardia Nacional aseguró la carga que transportaba la unidad: dos rollos de acero con un peso aproximado de 20 toneladas. La FGR señaló que estos aseguramientos formaron parte de los elementos integrados a la carpeta de investigación que se inició a nivel federal.

Además de la pena corporal, la autoridad judicial impuso una sanción económica. La Fiscalía detalló que la multa fijada fue de $430,176, como parte de la sentencia condenatoria dictada contra Héctor “N” y José “N”.

• Sentenciaron a Héctor “N” y José “N” a 60 años por secuestro exprés agravado, robo de autotransporte federal y otros delitos.
• La detención ocurrió en junio de 2021 en el Libramiento Noreste, a la altura de García, Nuevo León, tras un reporte de robo del tractocamión.
• Aseguraron un inhibidor con 12 antenas, unidades remolcadas y una carga de acero de 20 toneladas; el conductor fue rescatado.

Homicidio doloso en México registra baja tras repunte de abril: ocho estados concentran el 54% de los casos

Ocho estados concentraron el 54 por ciento de los homicidios dolosos registrados en México durante mayo de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El mes cerró con un promedio de 47.3 casos diarios, a comparación de abril con el 52.6 por ciento.

La cifra representa una caída de 6.4 por ciento frente al mes anterior, lo cual representó mayo como el periodo más bajo desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum.

Los estados con mayor concentración de casos

De acuerdo con las estadísticas, Guanajuato encabezó la lista con 8.8 por ciento de los homicidios del país, seguido por Baja California (7.8 por ciento) y Chihuahua (7.7 por ciento). Completaron el grupo Sinaloa (6.8 por ciento), Morelos (5.9 por ciento), el Estado de México (5.9 por ciento), Guerrero (5.5 por ciento) y Veracruz (5.3 por ciento).

La distribución territorial no es nueva: las mismas entidades han encabezado los registros de violencia en meses anteriores, con Guanajuato como el estado de mayor incidencia acumulada en lo que va del año.

Marcela Figueroa, titular del SESNSP, presentó los datos durante la conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La funcionaria explicó que la serie analizada abarca de septiembre de 2024 a mayo de 2026.

En ese periodo, el promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026. Esa diferencia equivale a 39 homicidios dolosos menos por día al cierre del quinto mes del año.

Sin embargo, la funcionaria detalló que el acumulado de enero a mayo de 2026 también establece un mínimo: el promedio de 50.4 homicidios diarios en ese período es el más bajo desde 2016 para los primeros cinco meses de cualquier año.

28 estados con tendencia a la baja

Según las cifras presentadas desde Palacio Nacional, la disminución no se concentró en unas pocas entidades. Al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo período de 2026, 28 estados presentaron una reducción en su promedio diario de homicidios dolosos.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el caso de Valeria, adolescente de 15 años hallada sin vida en Morelia el 26 de mayo pasado, reveló una red criminal dedicada al secuestro y extorsión que ya acumulaba al menos tres antecedentes de víctimas documentados por las autoridades.

En conferencia de prensa, realizada este martes 16 de junio, el funcionario detalló que ya se tenía conocimiento de tres víctimas que estarían relacionadas con la red integrada por Alexander “N”, Rigoberto “N” y Rigoberto “N”, los tres integrantes de una familia.

Los caso previos eran dos secuestros de menores de edad -que lograron escapar- y el homicidio de Roosevelt “N”, un hombre originario de Nogales, Sonora, cuyo cuerpo fue localizado en octubre de 2025 en la misma zona donde apareció el cuerpo de la joven.

Por estos hechos, el fiscal anunció que un agente del Ministerio Público enfrentará este martes una audiencia judicial por omisiones en relación con dichas investigaciones.

Integrantes de una familia formaron la red de secuestro: este es su historial criminal previo al asesinato de Valeria

Las investigaciones permitieron identificar que la banda está integrada por 3 hombres que comparten vínculos familiares directos: Alexander “N”, señalado como el agresor principal, material e intelectual del crimen; y dos personas identificadas ambas como Rigoberto “N”, uno de ellos padre de Alexander y el otro su hermano.

De acuerdo con el fiscal, la primera carpeta vinculada a la banda corresponde al secuestro de una menor de edad, por cuya liberación los agresores exigieron 300 mil pesos, y en el que la víctima logró escapar por sus propios medios.

La segunda carpeta involucra a Roosevelt “N”, un hombre originario de Nogales que llegó a Morelia para reunirse con integrantes de la banda, a quienes conocía. Durante su recorrido, los captores comenzaron a enviar mensajes a su hermana -con residencia en Estados Unidos- para solicitarle un pago de 25 mil dólares a cambio de liberarlo.

La familia presentó la denuncia al sexto día, pero el 9 de octubre de 2025 Roosevelt “N” fue hallado sin vida en las inmediaciones de La Nopalera, a la altura de La Aldea. En la misma zona donde se localizaría meses después a Valeria “N”.

La tercera carpeta refiere el secuestro de otra menor de edad, por quien la banda exigió 250 mil pesos, y al igual que en el primer caso, la joven logró escapar de sus captores.

El fiscal Torres Piña subrayó que la acumulación de estas carpetas pone en evidencia una falla institucional, por lo que un ministerio público que estuvo al frente de estas investigaciones fue acusado de omisiones.

“Si un ministerio público, un perito, un policía de investigación no solicita de inmediato algunos temas, se pueden escapar algunas informaciones fundamentales que podemos evitar y prevenir”, advirtió el fiscal.

El caso Valeria: la cuarta víctima de la misma banda

Valeria, de 15 años y vecina de Morelia, fue la cuarta víctima documentada del grupo. Sus captores contactaron a la familia en distintos momentos para exigir 300 mil pesos por su liberación. El 26 de mayo fue hallada sin vida en la misma zona donde meses antes apareció el cuerpo de Roosevelt “N”: La Nopalera, a la altura de La Aldea.

La investigación del caso de Valeria fue la que llevó a la Fiscalía a cruzar datos de carpetas diversas y descubrir el patrón criminal de la banda. “Al meternos a la revisión y al cotejo de información, nos ha llevado a que esta banda delincuencial tenía tres antecedentes”, explicó Torres Piña.

Fue la vicefiscal de Alto Impacto, identificada como Cristy, quien informó al fiscal el día previo a la conferencia sobre la incorporación de una carpeta adicional al historial delictivo de los implicados.

Alexander “N” pretendía tener una relación con Valeria

De acuerdo con la información previa brindada por las autoridades, Alexander “N” trabajaba en el corte de aguacate en la región de Tacámbaro y había establecido contacto con Valeria con la intención aparente de mantener una relación sentimental con ella. El día de su desaparición, el 25 de mayo, se ofreció a llevarla a la escuela en su motocicleta.

Durante las investigaciones, Alexander fue detenido inicialmente por el delito de cohecho luego de que intentó sobornar a agentes de la Policía de Investigación. Posteriormente se obtuvo una orden de aprehensión en su contra por secuestro agravado.

El 2 de junio, un juez de control lo vinculó a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa.

Su padre, Rigoberto “N”, fue detenido ese mismo día, señalado como presunto responsable del secuestro y homicidio de Roosevelt en 2025, aunque las investigaciones continúan para determinar su grado de participación en el caso Valeria.

El asfalto del barrio Cabañas, en San Pedro Sula, suele estar acostumbrado al bullicio cotidiano, pero el terror que se desató en una de sus calles interrumpió la normalidad de un tajo.

Una niña de apenas once años jugaba con su patineta, ajena al peligro, devorando la tarde sobre ruedas, cuando el rugido de un motor alteró su juego.

Un vehículo tipo turismo, de un frío color gris, frenó abruptamente cerca de ella. De su interior no descendieron personas comunes, sino una pesadilla materializada: tres hombres ocultos tras grotescas máscaras, algunas de ellas con la perturbadora sonrisa de un payaso.

El intento de rapto fue violento y veloz. Los sujetos arremetieron contra la menor, sometiéndola físicamente. En el forcejeo, la pequeña fue maltratada y arrojada contra el suelo, quedando su ropa y su piel cubiertas por el lodo de los charcos.

En medio de la desesperación, la niña sintió un pinchazo agudo en el brazo; una aguja punzó su piel para inyectarle una sustancia desconocida con el fin de doblegar su resistencia.

A pesar del dolor físico y de la bruma mental que empezaba a causarle la droga, el instinto de supervivencia de la pequeña fue más fuerte. Al ver que los captores se distrajeron por la presencia de un grupo de hombres en un taller de motocicletas cercano, la menor sacó fuerzas de la nada, logró zafarse del agarre de los encapuchados y corrió por su vida.

La huida la llevó hasta las puertas de una vivienda vecina que, por fortuna, permanecía abierta. Exhausta, con la mirada perdida por el efecto de los narcóticos y el llanto ahogándole la garganta, la niña clamó por un vaso de agua. Fue el último acto de conciencia antes de que su cuerpo colapsara y se desmayara en los brazos de una familia local que se convirtió en su refugio y su milagro.

Las mujeres de la casa la auxiliaron de inmediato, la devolvieron en sí y llamaron a la comunidad. Los vecinos reaccionaron en cadena: tomaron fotografías, revisaron los alrededores y alertaron a las autoridades.

Poco después, una patrulla de la Policía Nacional llegó al lugar junto a los padres de la menor para trasladarla de urgencia a Medicina Forense y a un centro médico, iniciando de inmediato la revisión de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los presuntos raptores disfrazados de payasos.

Honduras: una infancia acechada por la sombra del secuestro

Este alarmante suceso en San Pedro Sula no es un hecho aislado, sino el reflejo de la profunda y sistemática crisis de violencia e inseguridad que azota a Honduras, donde los niños y jóvenes se han convertido en los blancos más vulnerables de las redes criminales. La vulnerabilidad de la niñez hondureña es una herida abierta que sangra constantemente ante la impotencia de la sociedad y las deficiencias del sistema de seguridad pública.

Un ejemplo estremecedor de esta realidad, que conmocionó al país entero y se volvió un fenómeno viral en las redes sociales, fue el caso del pequeño Patrick. El video del momento de su rapto heló la sangre de miles de internautas: en las imágenes se escuchaba el grito desgarrador e impotente de otra niña que, con una mezcla de horror y desesperación absoluta, exclamaba repetidamente: “¡Se llevan a Patrick, se llevan a Patrick!”.

Por fortuna, y gracias a una intensa presión social junto con un despliegue policial coordinado, el caso de Patrick tuvo un desenlace milagroso y el menor pudo ser rescatado con vida.

Sin embargo, no todas las familias hondureñas corren la misma suerte. La delincuencia organizada y las bandas comunes operan a menudo con total impunidad, dejando a los padres de familia en un estado de constante zozobra. Salir a jugar a la acera, caminar hacia la escuela o andar en patineta se han transformado en actividades de alto riesgo.

La noche del 26 de mayo, seis jóvenes fueron arrestados y acusados de secuestro luego de que, según documentos federales citados por CBS News Miami y Fox News, dos personas fueran privadas de su libertad, golpeadas y extorsionadas en el entorno del Margaritaville Hollywood Beach Resort, en el condado de Broward, Florida.

El caso, que involucra también a una menor de 17 años, captó la atención por la brutalidad de los hechos y la minuciosidad con la que los acusados planearon el ataque.

De acuerdo con la denuncia penal, Saul Alfonso Fajardo, de 19 años, conocido como “Gordo”, se acercó a una de las víctimas y a un testigo con la excusa de asistir a una exhibición de autos en el remoto West Broward Boat Ramp. La cita inicial, facilitada por la confianza previa entre algunas de las partes, fue el punto de partida para una serie de hechos violentos que continuaron en las inmediaciones del resort, un punto emblemático de la costa atlántica de Florida.

Todos los acusados adultos —Fajardo, Justin Phihoang Le, Amari Tamire Hill, Anthony Teruel Hernandez (18), Marikevies McNichols Jr. (19) y Weilen Hernandez (20)— enfrentan cargos federales por secuestro y conspiración para cometer secuestro. CBS News Miami informó que los abogados defensores fueron contactados por la prensa, aunque no se difundieron declaraciones oficiales.

Secuestro, amenazas y tortura: el desarrollo del caso

Según narraron las víctimas en la denuncia y reconstruyeron los medios estadounidenses, los involucrados condujeron a los afectados hasta el cuarto piso del estacionamiento del Margaritaville, donde otros cuatro hombres y la adolescente los esperaban.

Todos portaban armas semiautomáticas y cubrían sus rostros con máscaras de tela, tipo shiesty, además de usar guantes de látex.

En ese momento, los acusados obligaron a las dos víctimas a entrar en dos vehículos diferentes a punta de pistola. Durante el trayecto, Justin Phihoang Le, de 20 años, amenazó a uno de los secuestrados: “Si intentas salir, voy a acabar con tu vida. Voy a matarte a ti y a tu familia”, declaró la víctima, según los documentos recogidos por CBS News Miami.

Para aumentar la presión, le mostró unas pinzas y le advirtió: “Si no consigo mi dinero, cada 10 minutos te voy a arrancar una uña”.

Los secuestradores exigieron a las víctimas que realizaran llamadas telefónicas para conseguir dinero. Una de ellas fue forzada a transferir USD 400 a través de la app de pagos digitales Zelle.

La amenaza física se intensificó al llegar a la rampa para botes de Broward, donde Le utilizó un soplete para quemar el tatuaje de una de las víctimas, según confirmó la acusación federal. La frase “voy a torturarte” fue registrada en el expediente.

En ese lugar, ambas víctimas fueron despojadas de sus teléfonos, joyas, ropa y otros objetos personales. Además, los obligaron a quedarse en ropa interior y a arrodillarse a punta de pistola, según informa Fox News.

En medio del cautiverio, Amari Tamire Hill, de 21 años, disparó al aire durante una videollamada para intimidar a una de las personas contactadas por las víctimas.

Fuga, hallazgos y proceso judicial

La situación dio un giro cuando los secuestradores se percataron de que una de las víctimas portaba un monitor electrónico de tobillo, dispositivo que podía alertar a las autoridades sobre su ubicación.

Temiendo ser descubiertos, decidieron abandonar a esta persona en una subdivisión de Cooper City, desde donde pudo llegar, solo en ropa interior, a la casa de un familiar y pedir ayuda.

La otra víctima, aún bajo custodia de los agresores, observó cómo “quemaban algo” en la rampa para botes. Los acusados discutieron la necesidad de destruir evidencias. Aprovechando el desconcierto, fingió una convulsión, estrategia que le permitió ser arrojada fuera del vehículo y ponerse a salvo.

Posteriormente, las autoridades hallaron ropa quemada y otras pertenencias de las víctimas en el sitio, así como grabaciones de cámaras de seguridad que refuerzan la acusación.

El expediente judicial también incluye mensajes entre la menor implicada y Fajardo; uno de ellos señala: “Tiene lesiones de golpiza”, mientras que otro instruía: “BORRA INSTA”, en alusión a eliminar pruebas en redes sociales.

El caso continúa bajo investigación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que trabaja en colaboración con el Broward County Sheriff’s Office.

El expediente destaca que, a pesar de la violencia y la planificación, las víctimas sobrevivieron y lograron colaborar con las autoridades. La acusación no detalla el motivo exacto del secuestro, aunque apunta a que existía una relación previa entre algunos de los implicados.

Según el relato de la víctima que consta en su denuncia, la joven, que regresaba de estudiar en su facultad, caminaba por la esquina de 25 de Mayo y José de San Martín, a dos cuadras de la Plaza Belgrano y a escasa distancia de la zona céntrica de Burzaco, poco antes de las 22 horas de ese día.

Allí, vio cómo se aproximaba un auto de color gris, del que no pudo recordar marca o modelo. Tres hombres viajaban en el vehículo. Uno de ellos descendió y comenzó a hablarle en voz baja. No había nadie a la vista en la cuadra que pudiera socorrerla. La chica, atemorizada, no pudo recordar las palabras. Así, corrió en dirección contraria.

Pidió auxilio a un auto que pasaba, que no se detuvo. En su carrera, soltó su mochila, donde llevaba sus libros de estudio y su DNI. Luego, soltó su campera y su celular. Los delincuentes, según la denuncia, frenaron para llevarse sus pertenencias y huyeron con rumbo a la avenida Hipólito Yrigoyen.

La joven estudiante llegó a su casa, donde varios vecinos y su pareja la contuvieron. Finalmente, frenaron a un patrullero que pasaba. Luego, según la denuncia, el novio de la víctima regresó a las cuadras que corrió en busca de sus cosas. Insólitamente, encontró su celular, pero no su documento.

La denuncia fue presentada al día siguiente en la Comisaría 2° de Burzaco, con un expediente iniciado en la Justicia de instrucción de Lomas de Zamora.

En paralelo, la Justicia investiga los intentos de secuestro protagonizados en Ezeiza por un sospechoso encapuchado y vestido con un sobretodo a bordo de un auto negro de alta gama, asistido por un cómplice. Varias mujeres fueron atacadas en un radio de pocas cuadras, para luego viralizar sus reclamos en redes sociales. El principal sospechoso fue detenido, según reveló ayer este medio. El supuesto cómplice continúa prófugo.

Un total de nueve personas que fungieron como policías estatales de Veracruz fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro agravado tortura.

De igual manera, se les determinó la medida de prisión preventiva y un plazo de tres meses para las averiguaciones complementarias.

Se trata de Jorge “N”, Artemio “N”, Sergio “N”, Jesús “N”, Yadira “N”, Aarón “N”, Yael “N”, Conrado “N” y Lino “N”, quienes, en ejercicio de sus funciones, al parecer, participaron en el secuestro y tortura de cinco víctimas en los meses de julio y septiembre de 2023.

Los hechos fueron informados por la Fiscalía General de la República (FGR) el 14 de junio. Los ex agentes fueron arrestados por efectivos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

Además, la institución encabezada por Ernestina Godoy comartió una grabación que permite ver las fichas de detención de los sujetos recientemente procesados.

Detención de policías estatales

Cabe recordar que el pasado 7 de junio fue informado el arresto de ocho elementos de la Policía Estatal de Veracruz, entre ellos un comandante en activo, fueron detenidos por su presunta participación en secuestro agravado y tortura, delitos cometidos en julio de 2023 en la ciudad de Xalapa, según las averiguaciones.

Las investigaciones apuntan a que las víctimas fueron interceptadas a las afueras de una tienda de conveniencia en Xalapa, donde habrían sido privadas de la libertad por un grupo de policías que se desplazaban en una patrulla oficial tipo pick up. Las personas fueron trasladadas a bordo de la unidad policial y sometidas a agresiones físicas y actos de tortura, antes de ser liberadas al día siguiente.

Las autoridades identificaron a los presuntos responsables como Sergio “N”, Jorge “N”, Jesús “N”, Aarón “N”, Yadira “N”, Yael “N”, Lino “N” y Conrado “N”, quienes habrían participado directamente en los hechos denunciados por las víctimas. Es decir únicamente no aparece el nombre de Artemio “N”, este último sí aparece en los sujetos procesados.

Los operativos de detención se realizaron de forma coordinada entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con despliegues en distintos puntos del estado de Veracruz: Xalapa, Cuitláhuac, Jilotepec, el puerto de Veracruz y Naolinco de Victoria. Lo anterior como resultado de una carpeta de investigación que fue abierta a partir de la denuncia presentada por las propias víctimas.

Tras su aseguramiento, los ocho detenidos fueron puestos a disposición del Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, con sede en Emiliano Zapata.

Cabe recordar que los delitos de secuestro agravado y tortura están considerados de máxima gravedad en la legislación mexicana y conllevan penas que pueden alcanzar varias décadas de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos en caso de acreditarse la responsabilidad penal de los imputados.

Secuestro de periodista en Veracruz ahora es investigado por FGR

Por su parte, el pasado 2 de junio un grupo de hombres armados se llevaron de su hogar a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien es directora del portal Pulso Informativo del Sureste.

Las primeras indagatorias fueron realizadas por la Fiscalía de Veracruz, pero el pasado 12 de junio la FGR atrajo el caso.

En una conferencia de prensa, la titular de la FGE Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dijo en conferencia de prensa que la entrega de la carpeta a las autoridades federales no implica que la institución estatal deje de investigar, por lo que las averiguaciones continúan.

“Tenemos que ver el contexto social, familiar que la rodea. Tenemos que atender a todos estos aspectos y empezar a aterrizar todos estos datos y especificar determinadas líneas de investigación”, comentó la funcionaria.

Siete personas llegaron a dos colegios de Caracas con una historia que encendió las alarmas de seguridad. Uno de ellos, el único adolescente del grupo se presentó falsamente como hijo del procurador general de la República; los demás como sus escoltas armados. La directora de una de las instituciones, donde estudian hijos de altos funcionarios del gobierno, alertó a la Policía Nacional Bolivariana sobre lo ocurrido.

Aunque no se presentó evidencia directa de que el grupo pretendiera secuestrar a una nieta de Nicolás Maduro, los funcionarios policiales construyeron el caso con base en la versión de dos supuestos testigos presos. Según esos testimonios, los acusados habrían hablado de trasladar a la niña a Colombia.

La investigación sobre el presunto intento de secuestro contra las nietas de Nicolás Maduro Moros fue identificada por el Ministerio Público con el número MP-119480-2022. En tribunales, el caso quedó registrado bajo el expediente 03ºCT-083-2022.

El Ministerio Público estuvo representado por Elín Teodoro León Aguilar y Yaneth Espinoza, fiscal titular y auxiliar interina de la Fiscalía 74 contra la Legitimación de Capitales y Delitos Financieros y Económicos, comisionados por la dirección contra la Legitimación de capitales, delitos financieros y económicos adscrita al entonces fiscal general Tarek William Saab Halabi.

Los acusados fueron Jesús Yoarky Reverón Fagúndez, comisario de Inteligencia Naval; Franklin Alexis González López, subcomisario general; Jesús Alberto Oropeza Velázquez, agente de Inteligencia Naval; Jonathan Alfredo Tisoy Subero, funcionario de Inteligencia Naval; Cristian Alfredo Tisoy Subero, funcionario de la Policía de Caracas; el chofer Edward Manuel Arrieta Benítez; y un adolescente.

A todos les imputaron seis delitos: terrorismo, asociación, posesión ilícita de arma de fuego, porte ilícito de arma de fuego, uso de adolescente para delinquir y secuestro con fines políticos en grado de frustración.

Reverón Fagúndez, propietario de un local nocturno en el Círculo Militar de Mamo, en La Guaira, ya había sido detenido en junio de 2021 por porte ilícito de arma de fuego, tras presuntamente accionar un arma en varias oportunidades a las afueras de una residencia en Tanaguarena, parroquia Caraballeda.

Daivith Lárez, esposa de Jonathan Tisoy, recluido en la cárcel de Rodeo III y condenado a 30 años de prisión, sostiene que el caso contra su esposo fue una simulación. Afirma que la directora del Colegio Humboldt negó en dos juicios que hubiese ocurrido un intento de secuestro contra la hija de Nicolás Ernesto Maduro Guerra.

Durante una movilización de familiares de presos de distintas cárceles hasta la Nunciatura Apostólica en Caracas, Lárez exhibió un cartel con la fotografía de su esposo y recordó que lleva cuatro años detenido por un hecho en el que, según dijo, “no hay secuestro y tampoco víctimas”. “Detenidos por algo que nunca sucedió”, reclamó, al pedir justicia a Maduro Guerra.

Katherine González, hija de Franklin González, aseguró que su padre tenía una empresa de seguridad con más de 12 años de funcionamiento y que nunca había tenido problemas hasta el 1 de junio 2022. Según su versión, el adolescente, haciéndose pasar por hijo de un alto funcionario, solicitó un servicio de escolta y traslado. Ante su conducta sospechosa, los guardaespaldas lo presentaron ante el CICPC de La Guaira. Horas después, funcionarios de la PNB los detuvieron sin explicación, afirmó.

La tía de Jonathan y Cristian Tisoy también denunció públicamente que el expediente carece de pruebas suficientes. Durante una manifestación mundial convocada por María Corina Machado por la libertad de los presos políticos, sostuvo entre lágrimas que la condena contra sus sobrinos era injusta.

Los familiares denuncian, además, que los detenidos permanecieron incomunicados y en desaparición forzada. También señalan que fueron sometidos a dos juicios: el primero quedó interrumpido tras la remoción del juez, y el segundo recayó en la jueza Alejandra Verónica Romero, quien los condenó a 31 años de prisión.

Declaró el personal del colegio

En su declaración formal, la directora del colegio relató que escuchó al adolescente presentarse como hijo del procurador general de la República. Según dijo, el joven afirmó que su padre lo había enviado, pero que “no podía decirlo en público”, y aseguró que los cinco hombres que lo acompañaban eran sus escoltas.

Ya en su oficina, el adolescente le ofreció dotar a la institución de los recursos que necesitara. Dijo que esos fondos provenían de una fundación cuyo nombre la directora no logró entender. Ella le respondió que el colegio era una institución internacional y que cualquier ofrecimiento debía presentarse con documentación formal de la fundación y una comunicación escrita.

La directora le suministró un correo electrónico y le pidió el suyo. El adolescente respondió que era una cuenta de Gmail que comenzaba por “Miguel”, pero que no recordaba el resto. Luego solicitó recorrer el colegio, petición que fue rechazada. Al cerrar la conversación, la directora aseguró haberlo escuchado decir que irían a La Guaira “a seguir lo acordado”.

Tras el episodio, la directora notificó a la directora administrativa para que llamara a la gerente de seguridad. Su pregunta fue directa: cómo habían ingresado cinco personas armadas, sin identificación y acompañadas por un adolescente cuya identidad no había sido verificada.

Otros testimonios internos corroboraron la presencia del adolescente y sus acompañantes. La coordinadora de traducciones confirmó la versión de la directora. La gerente integral agregó que a una supervisora identificada como Rosa le solicitaron la renuncia por presuntamente haber permitido el acceso de los vehículos. También precisó que la seguridad interna estaba conformada por nueve oficiales, dos supervisores y un supervisor de monitores, mientras que la seguridad externa estaba a cargo de la empresa Evelseg.

Un hecho similar fue reportado el 2 de junio de 2022 en el Colegio San Agustín, ubicado en la avenida E de la urbanización El Pinar del Paraíso, en Caracas. Allí, según el expediente, un adolescente que se presentó como “familiar del procurador” llegó acompañado por un adulto en una camioneta Toyota Fortuner dorada. Ambos habrían intentado indagar con una versión semejante a la expuesta en el Colegio Humboldt.

Los testigos presos

Uno de ellos OJVD dice que él y su amigo Aguana fueron detenidos y recluidos en el calabozo de la DIP; dos días después trajeron a seis hombres, también a un adolescente que dejaron fuera de la celda. “Me hice el dormido atento para escuchar qué hablaban”, asegura que al principio lo hacían en clave, pero que después “el hombre canoso se paró en la reja del calabozo diciéndole al menor ‘por tu culpa estamos presos” y el chamo les dijo ‘yo no los mandé a ustedes a cagarla”, no hablando más con el chamo”, relata el testigo. Agrega que después los hombres hablan entre ellos “y allí escuche que iban a secuestrar a la nieta del presidente de la República Nicolás Maduro y ellos seguían comentando que iban a sacar la nieta del presidente para Colombia, que ya tenían todo listo en San Antonio del Táchira” y que todo se les habla caído por culpa del menor.

Aseveró el testigo OJVD que los hombres que estaban en el calabozo con él “dijeron haber ingresado a varios colegios de Caracas”, a fin de ubicar y secuestrar a la nieta de Maduro, pero que según el canoso decía “la vuelta se cayó porque el carajito no supo hacer su papel de hijo de un alto funcionario del gobierno, ya que su papel era convencer a la gente de los colegios que él podía ayudar con dinero y materiales”.

El otro testigo, AOJR, detenido en la DIP de Boleíta en Caracas, dijo que cuando trajeron a los seis hombres “empezaron a habla bajito y a comentar que por culpa del menor se cayó el trabajo, entendí de lo que hablaban que iban a secuestrar a la nieta del presidente de la república Nicolás Maduro y que a llevarían a Colombia que ya tenían todo cuadrado en Táchira”.

La versión policial

La investigación se inicia el 2 de junio 2022, cuando el funcionario Yoan Giménez de la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) recibe llamada del Mayor (GNB) Pedro Tarazona para que se presente al Colegio Humboldt porque hay un problema con varios escoltas del hijo del Procurador General de la República, que le solicitaron a la directora del plantel un recorrido ofreciendo mejoras para el colegio. La comisión policial enviada, la conforman oficiales de la PNB: Crismari Rendón, Jhonny Chávez, Dainerson Ojeda, Jorge Ovalles, Jennifer Rojas, Maia Leison, Anyelys Medina, Luis Velásco, Enyelber Babaresco, Enrique Silva y Ademar Pérez, quienes fueron atendidos por la directora del colegio Humboldt.

Esos funcionarios suscriben el acta policial del 3 de junio 2022, junto a la supervisora Elicar Escorche Corredor, Comisionado Yoan Giménez y los oficiales Esaac Bustos, Pedro Bellorín y Jesús Díaz. Todos adscritos a la Brigada de Violencia de la Dirección de Investigación Penal, del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

La supervisora de la PBN Elicar Escorche Corredor relata que el 2 de junio el Mayor (GNB) Pedro Tarazona, Director de Investigaciones Penales, recibió la llamada telefónica de la Lic. Ana, directora del Colegio Humboldt, informándole de la situación irregular en el colegio ubicado en la urbanización la Florida, calle el Estanque, Parroquia el Recreo. municipio Libertador, Distrito Capital, Caracas.

La directora habría narrado que seis personas, entre ellas un adolescente, que dijo ser hijo del Procurador General, entraron en una camioneta Toyota Fortuner color beige y una moto KLR, pidiendo información sobre alumnos, por lo que mostró preocupación considerando que “algunos alumnos son familiares de altas personalidades tanto del mundo económico, político y de la farándula”, por lo que la actitud de los hombres y el adolescente le pareció extraña.

En la sede del área de monitoreo de las cámaras, a la que tienen acceso por autorización del colegio, los policías vieron en los registros de las grabaciones, “el arribo de los ciudadanos al plantel y las características fisonómicas de las personas, así como las características de los vehículos en que se desplazaban siendo el primero una camioneta marca Toyota, modelo Fortuner, color: beige, placa: AA798PS, y un vehículo dos (02) rueda marca KLR, tipo Moto”.

La directora del Colegio le dijo a los funcionarios que los sospechosos se iban a trasladar a La Guaira para otras visitas institucionales.

La detención

Posteriormente, en una alcabala móvil, en la Avenida Soublette de La Guaira, fue retenida una camioneta con similares características a la que entró al colegio. A bordo iban tres ciudadanos: Franklin Alexis González López, Jonathan Alfredo Tisoy Subero y un adolescente. De un vehículo Toyota corolla rojo que se encontraba detrás de la camioneta desciende el funcionario de la Policía del municipio Libertador, Cristian Alfredo Tisoy Subero, quien pide agilizar la verificación de los dos vehículos y de una camioneta Chevrolet Grand Blazer azul. El copiloto de corolla rojo era Jesús Alberto Oropeza Velázquez.

En el vehículo azul iba Edward Manuel Arrieta Benítez y el comisario general de Inteligencia Naval, Jesús Yoarjy Reverón Fagúndez. El acta de la policía asegura que Cristian Tesoy habría dicho que realizaban un trabajo de escoltas.

Supuestamente el comisionado Jiménez y la supervisora Escorche se percataron que un vehículo tipo camioneta Grand Blazer azul, marca Chevrolet, pretendió eludir el dispositivo por lo que la interceptaron. Del lado copiloto se bajó dos hombres, uno “de tez morena clara, cabello canoso, quien de manera violenta manifestó ser comisario general y a su vez el conductor de tez morena, contextura gruesa, cabello color negro”, que resultaron ser los agentes de inteligencia naval Jonathan Alfredo Tisoy Subero y Jesús Alberto Oropeza Velásquez.

Los otros detenidos fueron el oficial jefe de Policaracas, Cristian Alfredo Tisoy Subero; Franklin Alexis González López, subcomisario de Inteligencia Naval, quien aparecía con registro en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL); el chofer Edward Manuel Arrieta Benítez; comisario general de Inteligencia Naval Jesús Yoark Reverón Fagúndez; y MAEG un estudiante de 17 años, quien tenía cuatro pases del Consejo Nacional Electoral.

Luego que todos son detenidos, el informe policial sostiene que dos testigos, a quienes identifican solo como Oswaldo y José, manifestaron que estando en el mismo calabozo de la PNB en Boleíta, los siete detenidos del caso incluyendo el menor de edad hablaron entre ellos diciendo que “iban a secuestrar a la nieta de Nicolás Maduro”.

Según el informe policial “uno de los detenidos de pelo canoso le decía al adolescente que se encontraba en otra celda, que por su culpa habían quedado detenidos”.

Refieren que el 7 de julio 2022 los supuestos testigos fueron abordados, en horas de visita, por una mujer robusta, morena, de cabello largo crespo, les pidió acercarse, les dijo que era abogada y les dijo que debían informar al tribunal que fueron obligados por los funcionarios policiales a declarar contra los acusados, que si no lo hacían atentaría cintra ellos y sus familias.

Hombres armados secuestraron en Haití a James Boyard, director de gabinete del Ministerio de Defensa y un muy respetado experto en seguridad que además se desempeña como inspector general de la policía de Haití, informó este sábado una persona con conocimiento de la situación.

Es el funcionario de más alto rango secuestrado en los últimos años en el país caribeño asolado por las pandillas.

Una persona con conocimiento de la situación, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el caso, confirmó el secuestro a The Associated Press este sábado.

Medios locales reportaron que Boyard fue capturado el jueves en Bourdon, una de las pocas zonas de Puerto Príncipe que se considera relativamente segura. Se estima que el 70% de la capital está controlado por una poderosa coalición de pandillas conocida como Viv Ansanm, que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera en mayo del año pasado.

Boyard, quien también es politólogo, tenía la tarea de ayudar a reconstruir las fuerzas armadas de Haití y ha contribuido a evaluar a la Policía Nacional de Haití para implementar reformas.

Hasta el momento se desconoce a los autores del secuestro y si se ha solicitado un rescate.

“Una persona de este rango claramente cuenta con un dispositivo de seguridad muy fuerte”, afirmó Diego Da Rin, analista del International Crisis Group.

Indicó que el secuestro de Boyard posiblemente sugiere que el rapto fue planificado con gran detalle y que pudo haber dependido de la colaboración de alguien cercano a su equipo de seguridad.

Da Rin señaló que los secuestros ocurren cada vez más en zonas de Puerto Príncipe que antes se consideraban seguras, y que a veces miembros de pandillas visten uniformes policiales y detienen a conductores como parte de operativos falsos.

Observó que las pandillas han estado secuestrando a personas con doble nacionalidad y apuntando contra funcionarios públicos. Eso podría significar que buscan rescates más altos y que posiblemente intentan disuadir a las autoridades de atacar ciertos territorios controlados por pandillas donde se mantiene retenidas a las víctimas de secuestro, explicó Da Rin.

La policía ha atacado recientemente Villa de Dios, un barrio marginal controlado por la pandilla 5 Segundos, liderada por Johnson André. Conocido sobre todo como “Izo”, André es considerado uno de los jefes de pandillas más poderosos de Haití.

Da Rin indicó que las pandillas han estado llevando a algunas víctimas de secuestro a Villa de Dios.

En los últimos años, los secuestros de alto perfil han tenido como objetivo a personas entre las que se incluyen periodistas haitianos y misioneros internacionales. Al menos 267 personas fueron reportadas como secuestradas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, la mayoría de ellas hombres, según un informe de la ONU.

En 2025 se reportaron 1.268 secuestros, una caída de casi el 40% frente a los 2.058 secuestros reportados el año anterior, indicó el informe.

La FGR obtiene la vinculación a proceso de tres personas señaladas como presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico de migrantes en la frontera de Tamaulipas, con operación en Reynosa y Río Bravo, de acuerdo con la propia dependencia federal.

Según la FGR, los imputados Gregorio N, Britani N y Balbina N son investigados por su posible participación en actividades relacionadas con el traslado ilegal de personas migrantes hacia Estados Unidos, una operación que presuntamente realizan desde 2024 para una estructura criminal asentada en la región fronteriza.

La captura ocurre hace unos días durante un operativo encabezado por agentes de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada durante un cateo en la colonia Cumbres, en el municipio de Río Bravo, señala la Fiscalía.

Como parte de la intervención, las autoridades aseguran cuatro inmuebles presuntamente utilizados por la organización, además de 12 teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un vehículo, diversa documentación y dinero en efectivo, de acuerdo con la información oficial.

En audiencia, el Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, formula imputación por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas, según la FGR. Con los datos de prueba presentados, un juez de control determina vincular a proceso a los tres acusados.

La resolución incluye la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y el internamiento de los imputados en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, además de un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, precisa la Fiscalía.

El caso se registra en una de las rutas con mayor actividad de redes dedicadas al traslado ilegal de migrantes hacia Estados Unidos. La FGR sostiene que la estructura operaba en la frontera de Tamaulipas, una zona donde este delito se mantiene como un foco de atención para las autoridades federales.

• La FGR obtiene la vinculación a proceso de Gregorio N, Britani N y Balbina N por delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.
• El cateo se realiza en la colonia Cumbres de Río Bravo; aseguran cuatro inmuebles y 12 celulares, además de un vehículo, documentos y dinero en efectivo.
• Un juez dicta prisión preventiva oficiosa en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros y fija cuatro meses para la investigación complementaria.

Daniel Garay Tanamachi, empresario sinaloense de 44 años, sigue desaparecido en Guadalajara desde el 17 de mayo, mientras un juez ya vinculó a proceso a tres hombres por su probable participación en el caso y ordenó que permanezcan en prisión preventiva durante todo el procedimiento penal, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco.

El órgano jurisdiccional también fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, según la Fiscalía de Jalisco. Ese periodo será usado para profundizar en el esclarecimiento de los hechos y mantener la búsqueda del empresario, cuyo paradero sigue sin conocerse.

La resolución judicial se dictó después de que el Ministerio Público reunió datos de prueba en trabajos ministeriales y de campo, según la Fiscalía de Jalisco. Con esos elementos, la autoridad solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra Guillermo “N”, Luis Ricardo “N” y Mario “N”.

El empresario salió con otro hombre y desde entonces se perdió la comunicación

La investigación se abrió tras la denuncia por la desaparición de Daniel Garay Tanamachi, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco. La dependencia señaló que el empresario fue visto por última vez en un domicilio de la colonia Country Club, en Guadalajara.

Las indagatorias establecieron que la víctima salió de ese inmueble acompañado de otro hombre a bordo de un vehículo, según la Fiscalía de Jalisco. A partir de ese momento se perdió toda comunicación con él y se desconoce su ubicación.

La Comisión Nacional de Búsqueda emitió una ficha de alerta nacional con el folio FI26-1FE9FD78B-25F1-489B-8F43-6F63ED91C7B0. La carpeta de investigación en la Fiscalía de Jalisco quedó registrada con el número 29561/2026.

Antes de que hubiera detenidos, la Fiscalía General del Estado de Jalisco y corporaciones federales investigaban el caso bajo la hipótesis de un posible secuestro. Esa línea se sostenía mientras no había avances públicos sobre su localización.

También se conoció que el 17 de mayo Garay Tanamachi asistió a una reunión familiar y alrededor de las 21:00 horas regresó a su departamento en la colonia Country Club. Cámaras de seguridad del edificio lo captaron al entrar al inmueble y, minutos después, al recibir a un hombre desconocido.

Ambos permanecieron dentro del departamento y después salieron del edificio en el vehículo del propio empresario. Desde entonces, su familia perdió todo contacto con él.

Dos imputados enfrentan un cargo y uno fue vinculado con agravante

Durante la audiencia de vinculación celebrada el pasado 10 de junio, el juez determinó vincular a proceso a Guillermo “N” por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco. En el mismo acto, Luis Ricardo “N” y Mario “N” fueron vinculados por desaparición cometida por particulares sin el agravante.

La autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa a los tres imputados durante todo el tiempo que dure el procedimiento penal, según la Fiscalía de Jalisco. Esa medida cautelar mantendrá a los acusados bajo resguardo mientras avanza la causa.

El dato central del caso es este: hay tres hombres ya procesados penalmente por la desaparición de Daniel Garay Tanamachi, pero la víctima todavía no ha sido localizada. La investigación judicial ya avanzó contra probables responsables, aunque la búsqueda del empresario continúa abierta.

En los días posteriores a la desaparición surgieron elementos que la familia interpretó como indicios de una privación de la libertad. Un primo de Garay Tanamachi sostuvo que el visitante que llegó al departamento se habría presentado como un cliente potencial interesado en cerrar un negocio.

Ese familiar explicó que Daniel acostumbraba recibir clientes en su edificio para hablar de negocios. Bajo esa versión, una oferta le habría parecido atractiva y por eso permitió el ingreso del hombre a su departamento.

La familia recibió mensajes por 40 mil pesos un día después de la desaparición

Cuando los familiares acudieron al departamento, encontraron las luces encendidas, la televisión prendida y dos cervezas a medio consumir. Esos indicios apuntaban a que el empresario no esperaba ausentarse por mucho tiempo.

Un día después de la desaparición, el padre de Daniel y uno de sus amigos comenzaron a recibir mensajes en los que se les exigían 40 mil pesos para participar en un supuesto “proyecto de inversión”. La familia interpretó esos contactos como una señal de que el empresario habría sido retenido contra su voluntad.

Hasta ahora, la Fiscalía de Jalisco sostiene que los trabajos de investigación permitieron ubicar la probable participación de tres personas y llevarlas ante un juez. El paradero de Daniel Garay Tanamachi sigue sin conocerse.

• Tres hombres fueron vinculados a proceso por la desaparición de Daniel Garay Tanamachi y permanecerán en prisión preventiva.
• La víctima fue vista por última vez el 17 de mayo en la colonia Country Club, en Guadalajara, cuando salió con otro hombre en un vehículo.
• El juzgado dio seis meses para la investigación complementaria y la familia recibió mensajes en los que les exigían 40 mil pesos.

Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, fue asesinado a balazos frente a su casa la madrugada de este sábado en la zona centro de ese municipio de la Mixteca de Oaxaca; el crimen ocurrió después de que el edil panista pidió protección al Estado por temor a su seguridad y, según lo que él mismo informó, esa solicitud no fue atendida.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el homicidio cerca de las 10:40 horas de hoy e informó que desplegó un operativo interinstitucional en la zona para localizar a los responsables. La dependencia también inició las investigaciones por el asesinato y activó protocolos para delitos de alto impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, Bravo Martínez salió de su domicilio cuando sujetos que viajaban en un vehículo le dispararon. Su hijo presenció el ataque, pidió ayuda a los números de emergencia y el alcalde murió en el lugar.

El caso es el segundo ataque que sufrió el edil en poco más de tres semanas. El 15 de mayo solicitó protección en una mesa de seguridad en Huajuapan porque, públicamente, expresó que temía por su integridad.

El edil ya había sido atacado en Puebla antes del asesinato

El antecedente inmediato ocurrió el 22 de mayo, cuando Joel Bravo Martínez y su equipo fueron asaltados mientras transitaban por la carretera Ahuatlán-Oaxaca, en territorio del municipio poblano de Santiago Petlalcingo, en la Mixteca poblana. Regresaban a Oaxaca después de una reunión de trabajo.

Según la versión difundida sobre ese hecho, dos camionetas les cerraron el paso por delante y por detrás. Hombres armados descendieron, los amenazaron, los obligaron a bajar de su vehículo, les quitaron sus pertenencias y los golpearon en repetidas ocasiones.

En otra referencia sobre ese episodio, se señaló que el edil había sido secuestrado durante la primera semana de mayo en la vía Huajuapan-Acatlán, en la jurisdicción de Petlalcingo, en el estado de Puebla. Tras ese hecho, Bravo Martínez acudió a pedir resguardo oficial.

El tramo carretero donde ocurrió esa agresión fue señalado como una de las zonas más peligrosas de la entidad poblana. A partir de ese antecedente, se exigió a las autoridades locales reforzar la seguridad en esa región.

La Fiscalía de Oaxaca informó que, como parte de las diligencias por el homicidio, peritos y agentes investigadores acudieron al sitio del ataque para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios. Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del crimen.

El crimen ocurrió cuando Bravo Martínez iba en su tercer periodo como alcalde

Joel Ángel Bravo Martínez tenía 53 años y gobernaba San Miguel Amatitlán en la mitad de su tercer periodo como presidente municipal. Había encabezado el ayuntamiento en los periodos 2016-2018, 2022-2024 y 2025-2027.

Ganó la elección de 2024 bajo los colores del PAN. Su asesinato provocó reacciones de las dirigencias estatal y nacional de ese partido, que condenaron el crimen.

La agresión también derivó en una movilización de corporaciones estatales y federales en la región Mixteca. De acuerdo con la información oficial, se reforzó la vigilancia en carreteras y comunidades cercanas para cerrar posibles rutas de escape usadas por los agresores.

Las autoridades también pusieron en marcha trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional para determinar cómo ocurrió el ataque e identificar a los autores materiales y a quienes pudieran estar relacionados con la agresión. La Fiscalía de Oaxaca sostuvo que mantendrá el despliegue de seguridad mientras avanzan las indagatorias.

San Miguel Amatitlán se ubica en la Mixteca oaxaqueña. El asesinato de su alcalde ocurrió frente a su vivienda, en el centro de la cabecera municipal, y se suma al antecedente de violencia que ya había denunciado el propio edil semanas antes.

• Joel Bravo Martínez fue asesinado frente a su casa en San Miguel Amatitlán, Oaxaca, la madrugada de este sábado.
• El edil había solicitado protección el 15 de mayo tras denunciar un ataque previo en Puebla, pero señaló que no recibió resguardo.
• La Fiscalía de Oaxaca desplegó un operativo, abrió una investigación y hasta el momento no ha informado detenciones ni el móvil del crimen.

La Fiscal General del estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, confirmó este 12 de junio en conferencia de prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) será la autoridad encargada de investigar la privación de la libertad en contra de la periodista Roxana Guzmán, ocurrida el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital por parte de un comando armado.

Según la titular, la carpeta de investigación fue entregada este 12 de junio a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, con sede en la Ciudad de México. La FGE Veracruz recibió la notificación de atracción el pasado 10 de junio.

La comunicadora raptada es fundadora del medio Pulso Informativo del Sur.

Esto reveló la Fiscal en conferencia

Jiménez precisó que la FGE Veracruz realizó todas las diligencias correspondientes desde el día de los hechos: entrevistas, dictámenes y labores de búsqueda.

Sin embargo, subrayó que la entrega de la carpeta no implica el cese de las investigaciones por parte de la fiscalía estatal. “Continuamos”, afirmó.

La titular de la FGE señaló que la investigación cuenta con al menos dos líneas activas y que ninguna ha sido descartada. Advirtió que el caso debe analizarse en su contexto social y familiar, y que existen especulaciones —sobre una posible aparición de la periodista y sobre detenciones— que deben ser evaluadas con cautela antes de establecer conclusiones.

“Tenemos que ver el contexto social, familiar que la rodea. Tenemos que atender a todos estos aspectos y empezar a aterrizar todos estos datos y especificar determinadas líneas de investigación”, sostuvo Jiménez.

Agregó que la fiscalía estatal se mantiene “muy respetuosa” de la facultad de atracción ejercida por la FGR.

Operativo de búsqueda desde el primer día

El mismo 2 de junio, el Gobierno de Veracruz desplegó un operativo de búsqueda y localización. La Secretaría de Seguridad Pública del estado encabezó las acciones, con la participación de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial de la FGE.

De manera paralela, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos.

El caso tomó relevancia nacional tras la difusión de un video en el que se observa a sujetos encapuchados irrumpir en la vivienda de la periodista, romper los vidrios de la entrada y apuntar con armas largas hacia el interior.

El padre de Roxana Guzmán intentó interponerse; los agresores lo sometieron a golpes y patadas, lo esposaron y lo dejaron inmovilizado en el suelo. Tuvo que ser hospitalizado.

Avances en la investigación: seis detenidos, tres liberados

Extraoficialmente se reportó que la madrugada del 6 de junio, efectivos de la Policía Ministerial detuvieron a seis personas presuntamente relacionadas con el secuestro de Roxana, en un domicilio del fraccionamiento Residencial Sección XI de Nanchital.

Los arrestos no fueron confirmados de forma oficial por la FGE ni por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Reportes periodísticos actualizaron que el 8 de junio fueron presentados ante un juez de control en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos.

Tras una audiencia de más de seis horas, el juez habría resuelto el liberar a tres de los imputados formalmente, al no lograr la Fiscalía sustentar los cargos de ataque a las instituciones públicas y narcomenudeo.

Uno de los sujetos, identificado como César Alejandro, trabajador de Pemex, presuntamente quedó detenido y continúa su proceso. No se ha confirmado su participación directa en el secuestro.

Los familiares de los arrestados denunciaron irregularidades durante el operativo y señalaron que los elementos policiales irrumpieron sin orden de aprehensión.

Artículo 19 exige mantener la búsqueda y denuncia cobertura especulativa

La organización Artículo 19, defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, urgió a las autoridades federales y estatales a no detener las labores de búsqueda para localizar con vida a Guzmán Ramírez.

Señaló que, pese a los avances reportados y a la detención de presuntos responsables, la coordinación institucional debe mantenerse hasta dar con el paradero de la comunicadora.

La organización también expresó preocupación por los señalamientos de la familia sobre una aparente disminución en la comunicación con las autoridades. La madre de Roxana Guzmán declaró que se enteró de algunos avances —entre ellos, la detención de seis personas y la posterior liberación de algunas de ellas— únicamente a través de redes sociales y publicaciones periodísticas.

Artículo 19 criticó además parte de la cobertura mediática del caso, que habría difundido versiones especulativas sobre posibles vínculos de terceros con actividades ilícitas y narrativas que buscan atribuir responsabilidades a decisiones editoriales o laborales de la propia periodista.

FGR confirmó la atracción del caso, horas después del anuncio estatal

La FGR informó la noche de este 12 de junio que, a través de la FEADLE, ejerció la facultad de atracción del caso para continuar su integración bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

La dependencia federal precisó que la FEADLE puede atraer delitos del fuero común cometidos contra personas periodistas o comunicadoras cuando estos tengan conexidad con delitos federales o afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, conforme a lo previsto por los artículos 73, fracción XXI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La FGR señaló que la FEADLE continuará trabajando de manera coordinada con las diversas autoridades que participan en el seguimiento del caso.

La noche de este jueves la diputada federal de Morena Rocío López Gorosave, dio a conocer que su hijo Erik Zertuche López y su acompañante fueron liberados tras ser secuestrados por un comando armado. La funcionaria publicó en sus redes sociales su agradecimiento público:

“Quiero reconocer el gran trabajo realizado por la Secretaría de Defensa Nacional, y demás fuerzas de seguridad y procuración de Justicia de los gobiernos de México y de Baja California, quienes al trabajar de manera coordinada y oportuna, hicieron posible que se encontraran con vida a mi hijo y a su compañero de trabajo, quienes fueron privados de su libertad el pasado miércoles.

“Agradezco a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, a nuestra Gobernadora Marina del Pilar, así como a los titulares de la Fiscalía General del Estado, y demás corporaciones por su compromiso con la seguridad de las y los bajacalifornianos.

“De igual manera, me solidarizo con las familias de quienes han sufrido la desaparición de sus seres queridos, y reitero mi compromiso para -dentro de mis facultades y posibilidades- sumarme para que puedan regresar con bien a sus hogares, y que este delito sea erradicado totalmente de nuestro Estado y de nuestro país”.

Un comando privó de la libertad a Erik Zertuche López, y a su compañero José Héctor Olivero Carabita en la delegación Punta Colonet, en el municipio de Ensenada, Baja California. El hecho ocurrió la noche del miércoles 10 de junio, cuando ambos regresan de un operativo en San Quintín.

El gobierno estatal confirmó la privación ilegal de la libertad de los dos trabajadores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) y aseguró que esa dependencia mantenía “plena colaboración con las instancias encargadas de la investigación”. La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) informó que desplegó acciones de búsqueda y localización en coordinación con otras autoridades.

De acuerdo con la información disponible, Zertuche López y Olivero Carabita estaban en la zona en calidad de inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) cuando son interceptados por un grupo armado. El punto del ataque se ubicó a 122 kilómetros del puerto de Ensenada.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando las víctimas viajan en una unidad oficial del IMOS. Un grupo encapuchado y armado, integrado por hasta 15 personas y que se movilizó en tres vehículos, les cerró el paso, según los datos difundidos sobre el caso.

Entre los vehículos del grupo se mencionó una camioneta Cherokee Rubicon con neumáticos especiales para terracería. Tras la interceptación, el comando habría realizado dos disparos contra el vehículo oficial y luego sometió a los dos hombres para llevárselos.

Las edades de las víctimas se estiman en 34 y 46 años, respectivamente. Hasta el momento, no se detallan públicamente detenciones relacionadas con este caso ni el lugar al que habrían trasladado a los trabajadores.

En el ámbito político, Erik Zertuche López es identificado como hijo de la diputada federal de Morena Rocío López Gorosave y del abogado Juan Antonio Sánchez Zertuche, vinculados históricamente al Partido del Trabajo (PT) en Baja California. La información disponible no precisa si el parentesco influyó en el móvil del plagio.

No se registró un posicionamiento de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sobre el caso, más allá de publicaciones sobre otros temas.

La trayectoria de López Gorosave dentro del gobierno estatal incluye su paso como oficial mayor en el gabinete de la mandataria, cargo que desempeña durante dos años, de 2021 a 2023. En este contexto, la confirmación oficial se limita a señalar la colaboración institucional y el despliegue de acciones de búsqueda.

La FGE sostiene que, como parte de las diligencias, realizó trabajos de investigación y acciones operativas pero no detalló las líneas de investigación, ni especificó si el hecho se investiga como secuestro u otro delito.

• Privan de la libertad a Erik Zertuche López y a José Héctor Olivero Carabita en Punta Colonet, Ensenada, la noche del miércoles 10 de junio.
• El gobierno estatal confirma el hecho y el IMOS reporta colaboración con las instancias investigadoras.
• La FGE informa que despliega acciones de búsqueda y localización en coordinación con otras autoridades.

De las cuatro personas que habían sido secuestradas por el Clan del Golfo en el sector El Diamante, en Segovia (Antioquia), recuperaron la libertad dos de ellos.

Una de las personas fue identificada como Abel Andrés Acevedo Patiño, minero con más de una década de experiencia en la vereda Cañaveral Chocamoqué. La identidad de la segunda persona liberada aún no ha sido confirmada por las autoridades.

La liberación de Acevedo trajo alivio a su familia en el nordeste antioqueño, tras más de dos días de incertidumbre. El hecho se produjo después de que miembros del Clan del Golfo lo mantuvieran secuestrado junto a otras tres personas en zona rural de Segovia.

Acevedo ya se encuentra con sus allegados y las autoridades aguardan su testimonio para reconstruir los detalles del secuestro. Según el reporte oficial, el martes 9 de junio, un vehículo con cuatro ocupantes fue interceptado por hombres armados, quienes obligaron a los pasajeros a descender antes de prender fuego a la camioneta.

La liberación de Acevedo Patiño se produjo tras una investigación interna realizada por el grupo armado, según información proporcionada por Caracol Radio. Durante el cautiverio, la familia del minero defendió su nombre y negó cualquier vínculo con organizaciones ilegales. El resultado de la pesquisa interna habría respaldado esa versión y facilitado su salida.

En cuanto a las demás víctimas, el conductor del vehículo de servicio público, identificado como Iván Darío Jiménez Sánchez, permanece en manos del grupo armado. Las fuentes consultadas aseguraron que tampoco existen pruebas de que este conductor tenga nexos con el conflicto armado en la zona. Las circunstancias en torno a su detención siguen bajo revisión y se desconoce cuánto tiempo más permanecerá retenido.

Sobre la cuarta persona que viajaba en el automóvil el día del secuestro, se mantiene la incertidumbre. Versiones preliminares sugieren que podría haber escapado de sus captores, aunque las autoridades no han logrado confirmar este extremo. La investigación sigue abierta y busca aclarar los hechos ocurridos el 9 de junio, cuando el grupo armado interceptó el vehículo en el que se desplazaban las víctimas.

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

La Gobernación de Antioquia lanzó una recompensa de hasta 300 millones de pesos para localizar a John Fiera, señalado como uno de los principales responsables de la reciente escalada de violencia en el nordeste del departamento, y 100 millones por alias Chuzo y alias Veneco.

Así lo anunció el gobernador Andrés Julián Rendón, quien advirtió sobre el peligro inminente tras el secuestro de al menos cuatro personas en el sector El Diamante, jurisdicción de Segovia, por parte de hombres armados.

En la zona del secuestro, las autoridades hallaron una camioneta calcinada con equipos como drones en su interior. Los investigadores manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas entre estructuras criminales, ya que “todo parece indicar que —los secuestrados— pertenecen a la estructura criminal de las Farc, por los equipos que había al interior de esta camioneta”, explicó el gobernador.

La cadena de violencia, según Rendón, no es un hecho aislado. El mandatario relató que el fenómeno responde a una secuencia de retaliaciones entre bandas ilegales. “Que tanto han crecido en el gobierno de Petro. No se nos olvide que las Farc, durante el mandato de Petro, han crecido el 70% en Antioquia; el Clan del Golfo, un 60%”, afirmó.

Desde marzo, el departamento ha registrado una serie de ataques y represalias. La masacre de siete personas en Vegachí, atribuida a Luis Daniel Terán Baldovino, alias Chuzo o Niño, marcó el inicio de estos episodios. El gobernador aclaró que Chuzo cambió de bando: “pasó del Clan del Golfo al frente 4º de las Farc bajo el mando de alias John Fiera”.

Los hechos recientes en Remedios y Segovia han seguido un patrón similar. Según el mandatario, “fue así como el pasado 6 de junio en el municipio de Remedios secuestraron a cuatro personas que después asesinaron. Luego pretendieron hacer lo mismo en otra vereda (...) y en consecuencia secuestraron a una persona de quien se desconoce el paradero hoy día. Y recientemente en el municipio de Segovia, fueron unos cuatro integrantes de las Farc de esa misma estructura que recibe órdenes a Calarcá, volvieron a ser secuestrados”, precisó.

Los ataques, secuestros y asesinatos se concentran en municipios del nordeste antioqueño y en algunas zonas del sur de Bolívar. En la actualidad, las fuerzas de seguridad trabajan en la búsqueda de los desaparecidos y en el rastreo de los responsables directos.

La situación en Antioquia, según el gobernador Rendón, se ha agravado por la presión política de las Farc sobre comunidades en municipios del norte del departamento. Aseguró que “están constriñendo a la población en municipios que ellos creían que eran suyos para que voten por el candidato del partido de gobierno. Eso está pasando concretamente en los municipios del norte de Antioquia, Angostura y Campamento”.

Las autoridades departamentales mantienen la hipótesis del ajuste de cuentas entre grupos armados. El secuestro y asesinato de civiles, el uso de tecnología como drones y la quema de vehículos forman parte de una estrategia de intimidación y disputa territorial que se ha intensificado en los últimos meses.

Este jueves 11 de junio de 2026, la jueza del Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías dio por cumplidos los requisitos formales de la acusación y, tras la negativa de los cuatro procesados a aceptar cargos, la audiencia continuó con la solicitud de medida de aseguramiento.

El giro determinante de la jornada llegó a las 11:10 a. m., cuando la jueza afirmó que existían elementos para considerar que los hechos objeto del proceso sí habrían ocurrido. Con esa base, encuadró la imputación en el delito de secuestro extorsivo agravado atenuado, pese a las objeciones de las defensas.

Stiven Mesa Londoño, nombre real del artista, rechazó los cargos cinco minutos después. Luego hicieron lo mismo los otros tres imputados: Jaramillo, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

La jueza activó consecuencias procesales tras el rechazo colectivo

Al confirmar que ninguno de los cuatro aceptaba responsabilidad, la jueza informó que la Fiscalía comenzaría a correr el término para presentar el escrito de acusación, el cual sería asignado a un juez con funciones de conocimiento que los citaría para las audiencias correspondientes.

Agregó que, conforme al artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, a partir de ese momento y por seis meses, los imputados no podrían realizar transacciones con los bienes registrados a su nombre, pues carecerían de validez.

Cerró con la confirmación de que la Fiscalía cumplió el deber establecido en los artículos 286 y siguientes del mismo código, y que el acto de comunicación no admitía ningún recurso.

La posibilidad de allanarse a cargos o celebrar preacuerdos con la Fiscalía quedó descartada con esa respuesta colectiva. El proceso avanzará así hacia las etapas en que la acusación deberá probar la responsabilidad de cada uno.

La acusación apunta al cantante como determinador, no como ejecutor

La Fiscalía no ubica a Mesa Londoño como participante secundario, sino como el determinador del hecho, una calificación que eleva el peso de su presunta intervención.

La fiscal expuso que esa condición se sustenta en dos elementos: que Sánchez imitaba al cantante bajo el nombre artístico Yo me llamo Blessd, y en una llamada que la víctima asegura haber recibido del propio artista con amenazas e intimidaciones.

La defensa, a cargo de los abogados Santiago Trespalacios y Andrés Felipe Arango, de la firma Arango Trespalacios, sostiene que el cantante no estuvo en la reunión donde habrían ocurrido los hechos y que el origen del conflicto fue el uso no autorizado de su imagen.

Esa diferencia marca el núcleo del expediente: para la acusación, la intervención de Blessd habría estado en la decisión y en la intimidación que antecedieron al hecho denunciado.

El caso acumula cuatro años y dos aplazamientos en la misma semana

La investigación parte de la denuncia de Sánchez, quien afirmó que el 1 de junio de 2022 fue citado a una reunión en una disquera del barrio El Poblado de Medellín y que, al negarse a firmar un contrato que le prohibía imitar al artista, fue agredido y amenazado con una pistola durante cerca de tres horas. La cita fue convocada por Jaramillo.

El proceso tardó cuatro años en llegar a esta instancia. La audiencia estaba prevista para el martes 9 de junio, fue aplazada por quebrantos de salud del juez designado y se realizó finalmente el jueves 11.

Antes de esta semana, según la defensa de la víctima, la Fiscalía había contemplado el archivo del caso y las partes exploraron mecanismos de justicia restaurativa, camino que se cerró con la reactivación de las actuaciones judiciales.

La defensa de Sánchez está a cargo del abogado Sebastián Gutiérrez. Al cierre de la audiencia, la solicitud de medida de aseguramiento para enviar a los imputados a la cárcel ya se discutía ante el despacho.

La Policía de la provincia de Neuquén desplegó un nuevo operativo en la ciudad de Centenario, que culminó con resultados contundentes: el secuestro de casi 2 kilogramos de marihuana, un arma de fuego, municiones y la demora de dos hombres mayores de edad. Todo comenzó a raíz de una denuncia por robo de ganado.

La acción policial se desarrolló en el barrio Villa Obrera. De acuerdo a lo informado por el portal LM Neuquén, el operativo involucró a personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, la Comisaría 52°, la Comisaría 5°, la UESPO y la Metropolitana.

Según se informó, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos lideró la investigación, recolectando pruebas suficientes para solicitar las órdenes de allanamiento.

Durante los procedimientos, los investigadores identificaron a todos los ocupantes de las viviendas allanadas, demorando a dos hombres que quedaron vinculados a la causa. Entre los elementos hallados, se destaca la incautación de una planta de cannabis sativa y 1,968 kilogramos de cogollos, picadura y semillas de marihuana. También se secuestró un revólver calibre 32 largo con ocho cartuchos y diversos objetos cuya procedencia está bajo análisis.

Ante la presencia de estupefacientes, intervino personal especializado de Antinarcóticos, que procedió al secuestro de las sustancias y puso en marcha actuaciones por infracción a la ley de drogas. Este procedimiento se enmarca en la reciente estrategia provincial de abordaje del microtráfico, que busca desarticular redes locales a partir de acciones policiales y judiciales conjuntas.

Además de la droga y el arma de fuego, los investigadores secuestraron elementos que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos ocurridos en la zona. Entre los objetos incautados figuran cuatro bicicletas tipo MTB, un recado completo para caballo y un generador a combustión marca Honda modelo 600. Todos estos bienes fueron retenidos de manera preventiva mientras se investiga su procedencia y posible vinculación con denuncias previas de robo en la región.

Los dos hombres detenidos permanecen a disposición de la Justicia, que trabaja para determinar su grado de responsabilidad tanto en el robo de ganado como en los delitos vinculados a drogas y armas. La investigación continúa activa, con la expectativa de esclarecer la procedencia de los elementos recuperados y fortalecer las pruebas en torno a los hechos denunciados.

El Gobierno de la provincia de Neuquén subrayó que el operativo en Centenario es parte de una política de seguridad más amplia, impulsada tras la desfederalización de los delitos vinculados al microtráfico de drogas.

Entre las acciones implementadas, la Provincia realizó una inversión superior a 18.000 millones de pesos destinada a la adquisición de más de 300 móviles incorporados a la fuerza, 353 vehículos en proceso de compra, más de 1.500 cámaras de monitoreo, drones, tecnología de investigación, detectores de drogas, pistolas menos letales, cámaras corporales, chalecos balísticos y mejoras en infraestructura policial y penitenciaria.

El gobierno provincial sostiene que la combinación de recursos tecnológicos, refuerzo del personal y articulación interinstitucional ha permitido mejorar la respuesta ante delitos complejos como el abigeato, el microtráfico y la tenencia de armas. Las autoridades remarcaron que la continuidad de estas políticas es clave para brindar mayor seguridad a los habitantes de Neuquén y reducir los índices delictivos en toda la provincia.

El Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a Kevin Manolo Rivas Cordón a 70 años de prisión incomutables por plagio o secuestro y asesinato de la estudiante universitaria Litzy Amelia Cordón Guardado, un caso ocurrido en octubre de 2020 en Teculután, Zacapa, que además seguirá bajo investigación para individualizar a otras personas responsables del hecho, según la lectura de la sentencia.

La pena quedó dividida en 35 años por asesinato y 35 años por plagio o secuestro, de acuerdo con el fallo. El tribunal también suspendió al condenado en el goce de sus derechos políticos mientras dure la condena, lo obligó al pago de las costas procesales y fijó para el 15 de junio de 2026 a las 10:00 la audiencia de reparación digna.

La resolución fue adoptada por mayoría. En su voto razonado, la jueza vocal Marling Mayela González Arrivillaga sostuvo que persistían dudas razonables sobre la responsabilidad penal del acusado y que la tesis acusatoria del Ministerio Público presentaba falencias.

El tribunal declaró culpable a Rivas Cordón por los delitos cometidos en perjuicio de Litzy Amelia Cordón Guardado tras concluir el juicio por la desaparición y muerte de la joven en un sector de Zacapa en octubre de 2020. Según la decisión judicial, el acusado permanecerá en prisión en la misma situación jurídica en la que se encuentra para garantizar el cumplimiento de la condena.

El fallo ordenó continuar la pesquisa para identificar a otros responsables

Durante la lectura de la sentencia, el tribunal dispuso que el Ministerio Público continúe con la investigación para individualizar a las demás personas responsables del hecho. También dejó a disposición de la fiscalía la prueba material y audiovisual del caso.

La lectura íntegra de la sentencia y la entrega de copias correspondientes fueron programadas para el 26 de junio de 2026 a las 15:00, según el fallo. Una vez firme la resolución, el proceso será enviado al lugar de ejecución penal correspondiente.

La acusación había pedido una pena mayor. El 27 de mayo, la fiscalía solicitó 112 años de prisión contra el sindicado: 50 por secuestro, 50 por asesinato y 12 por violación, al sostener que existían elementos para respaldar su presunta responsabilidad en el crimen.

El tribunal, sin embargo, lo condenó únicamente por asesinato y plagio o secuestro. La sentencia establece un total de 70 años de prisión incomutables y precisa que la pena no puede superar el máximo de 50 años, de conformidad con la ley, según la lectura judicial incorporada al fallo.

La desaparición de Litzy Cordón activó una alerta y derivó en una exigencia de rescate

El caso está vinculado con la desaparición de Litzy Cordón, cuyo cuerpo apareció un día después de que fuera reportada como desaparecida y de que se activara una alerta Isabel-Claudina. La joven tenía 20 años y era estudiante universitaria de la carrera de Trabajo Social.

Según la información del caso, Litzy Cordón fue vista por última vez el 5 de octubre de 2020 en el caserío Barranca Seca, Teculután, Zacapa. Ese mismo día, la familia recibió una llamada en la que se exigía el pago de Q5 millones (USD 656,002.00) para no hacerle daño.

La localización de la víctima ocurrió en la madrugada del 6 de octubre en un sector de la aldea La Vega, en la misma localidad. El tribunal consideró que el Ministerio Público presentó medios de prueba suficientes para acreditar que Rivas Cordón participó en los hechos que derivaron en su muerte.

Semanas antes de la sentencia, el acusado declaró ante el tribunal que no había participado en los hechos delictivos. En esa intervención atribuyó el crimen a dos familiares suyos.

Una camioneta de servicio público fue interceptada en las primeras horas del 9 de junio en el sector conocido como El Diamante, jurisdicción del municipio de Segovia, en el nordeste de Antioquia.

Hombres fuertemente armados obligaron al conductor y a cuatro pasajeros a descender y los privaron de la libertad. Posteriormente, los atacantes incendiaron el vehículo. Según confirmó la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), el paradero de las cinco personas permanece desconocido.

El hecho se registró hacia las 5:00 a. m., cuando la camioneta de placas LCZ 241, que cubría la ruta entre Medellín y Mina Nueva, fue detenida por sujetos armados. El conductor, identificado como Iván Darío, y los cuatro pasajeros fueron amarrados y retenidos contra su voluntad. La organización humanitaria denunció que los captores incendiaron el vehículo en el lugar de los hechos, dejando el automotor en pérdida total.

Reacciones y exigencias de organizaciones humanitarias

La Corporación Cahucopana exigió “la libertad inmediata y el respeto a la vida de las personas civiles”, en un llamado urgente difundido tras el ataque. La entidad reclamó a los grupos armados que respeten a la población civil que transita por las rutas del departamento y solicitó la intervención rápida de las autoridades nacionales en materia de protección y derechos humanos.

El caso fue confirmado por las autoridades de seguridad de Antioquia, que informaron sobre la activación de protocolos de búsqueda por parte del Ejército Nacional. Tropas del Batallón de Infantería de Selva N.º 55 acudieron al lugar donde quedó la camioneta incinerada, con el objetivo de rastrear a los responsables y ubicar a las víctimas. “La vida de la población civil debe ser respetada y protegida”, reiteró Cahucopana en sus pronunciamientos.

Contexto de violencia en el nordeste antioqueño

El ataque ocurre en una región marcada por la presencia de grupos armados ilegales y disputas territoriales que afectan a la población civil. Días antes del secuestro, se reportó la masacre de cuatro campesinos en el municipio de Remedios, también en el nordeste de Antioquia.

De acuerdo con las autoridades, en ese hecho estuvieron involucrados integrantes de las disidencias de alias Calarcá, que ingresaron a una finca, secuestraron a los ocupantes, los asesinaron, incendiaron dos viviendas y dejaron grafitis vinculados al frente cuarto de las Farc.

La situación de seguridad en la zona se agravó, según informó la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre el alto riesgo de crisis humanitaria en la región. Líderes locales advierten que el conflicto entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc amenaza con trasladarse de las áreas rurales a las urbanas, aumentando el peligro para la población civil.

“La preocupación que en este momento tiene nuestra población es de grafitis que hacen alusión al cuarto frente de las Farc y bueno, ya acá es preocupante ver que este conflicto pueda escalar también a la zona urbana, sin desconocer que en la zona rural hay enfrentamientos”, expresó Hambler André Patiño, personero de Segovia a Telemedellín.

Operativo de búsqueda y situación actual de las víctimas

El Ejército Nacional lanzó un operativo en la zona rural de Segovia para ubicar a las víctimas y recuperar el control del corredor vial. Las autoridades no han reportado avances sobre el paradero o las condiciones de salud de las cinco personas retenidas, aunque confirmaron que la búsqueda continúa.

Organizaciones sociales y humanitarias insisten en la necesidad de fortalecer la presencia estatal y garantizar la seguridad de los habitantes en el nordeste antioqueño. Las administraciones municipales y la gobernación departamental no han emitido pronunciamientos oficiales sobre la situación de los desaparecidos.

El titular de la FGE Carlos Torres Piña informa hoy 9 de junio de 2026 avances en las indagatorias por el secuestro y homicidio de Valeria G.C. y reporta que los actos de investigación permiten identificar posibles vínculos con el caso de Rusbert R. en Morelia, Michoacán.

La Fiscalía General del Estado (FGE) recordó que Alexander “N” fue detenido inicialmente por el delito de cohecho, luego de intentar sobornar a agentes de la Policía de Investigación; posteriormente se obtuvo orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado en perjuicio de Valeria G.C.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el cuerpo sin vida de Rusbert R., originario de Nogales, Sonora, se localiza el 9 de octubre de 2025 en el predio conocido como “La Nopalera”, un sitio que también queda relacionado con las investigaciones del caso de Valeria.

En rueda de prensa, Torres Piña afirma que ambos hechos se analizan bajo una misma línea criminal y ministerial. “Cada acto de investigación aporta elementos que permiten reconstruir contextos, establecer relaciones y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Nuestro compromiso es continuar trabajando con responsabilidad y con pleno respeto a las víctimas y sus familias”, expresa.

La FGE recuerda que Alexander “N” es detenido inicialmente por cohecho, tras intentar sobornar a agentes de la Policía de Investigación, y después se obtiene una orden de aprehensión en su contra por secuestro agravado en perjuicio de Valeria. El pasado 2 de junio, un Juez de Control lo vincula a proceso por cohecho y ese mismo día se cumple en reclusión la orden por secuestro agravado; en la audiencia de formulación de imputación se impone prisión preventiva oficiosa, según la institución.

Sobre Rusbert, la Fiscalía informa que la víctima llega a Morelia en septiembre de 2025 para visitar a unos amigos y, más tarde, su familia recibe mensajes por WhatsApp con una exigencia de USD 15,000 a cambio de su libertad.

Como resultado de las investigaciones, la FGE señala que el pasado 1 de junio se obtienen órdenes de aprehensión contra tres personas por su probable participación y que el 2 de junio se detiene a Rigoberto “N”, a quien Torres Piña identifica como padre de Alexander “N”, mientras continúan las indagatorias por los posibles vínculos entre ambos casos.

El padre de Alexander N., identificado como Rigoberto N., fue detenido como presunto responsable del secuestro y homicidio de un hombre en la ciudad de Morelia, Michoacán, hechos cometidos en 2025, informó Carlos Torres Piña, fiscal general del estado.

Agregó que el 30 se septiembre del año pasado, la víctima identificada como Rusbert, originario de Nogales, Sonora, llegó a la capital michoacana y se reunió con el padre y el hijo (actualmente detenidos); el 1 de octubre, la familia recibió mensajes por Whatsapp donde exigían 15 mil dólares para la libertad de la víctima.

En el mes de octubre, el cuerpo de Rusbert fue localizado con lesiones en su cabeza por golpes, por lo que las autoridades investigan a Rigoberto por el crimen y si está involucrado en el deceso de Valeria, joven de 15 años, cuyo presunto responsable es su hijo.

Secuestro y asesinato de Valeria de 15 años

Valeria fue vista por última vez la mañana del 25 de mayo, alrededor de las 11:30 horas, en la colonia 3 de Agosto, en Morelia. Después de perder contacto con ella, su familia presentó la denuncia ese mismo día, y por la noche se emitió la ficha de búsqueda junto con la activación de la Alerta Amber.

Alexander trabajaba en el corte de Aguacate en la región de Tacámbaro, cortejaba a Valeria y el día de su desaparición se ofreció a llevarla a la escuela en su motocicleta, rastreo que fue identificado y seguido por la Fisclaía, detalló Torres Piña.

Los familiares de la adolescente informaron que el detenido habría permanecido en posesión del teléfono de la adolescente para exigirles fuertes cantidades de dinero.

Detención de Alexander

La Fiscalía de Michoacán detuvo a Alexander “N”, de 18 años, como presunto feminicida de Valeria, adolescente de 15 años que desapareció el 25 de mayo en Morelia y fue localizada sin vida un día después; la investigación sigue abierta porque las autoridades tienen datos sobre la posible participación de más personas en el asesinato.

El caso ocurre mientras el gobierno estatal sostiene que en Michoacán hubo una reducción de 41.5% en feminicidio y homicidio doloso contra mujeres entre 2015 y 2025. Aun así, de acuerdo con las cifras citadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril se registraron nueve feminicidios en la entidad, lo que equivale a al menos una víctima cada 15 días.

La detención fue dada a conocer este viernes por la Fiscalía General del Estado. El arresto ocurrió en la cabecera municipal de Tacámbaro, como parte de un operativo en el que participaron agentes de la Policía de Investigación y corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Tras el hallazgo del cuerpo de Alexander Valencia en una zona de manglares, las autoridades capturaron a cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal, entre ellos un menor de edad. En los procedimientos, se incautaron tres fusiles, dos pistolas, una escopeta, una granada de fragmentación, cerca de 400 cartuchos y tres teléfonos celulares.

Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Leyson Rentería, alias Leyson; Hulver Iván Riascos, alias Chinga; y Jefferson Andrés Gamboa, alias Yefer, mientras avanza la investigación.

A los procesados se les atribuyeron los presuntos delitos de tenencia de armas de fuego agravado y uso de menores de edad para la comisión de esos actos.

La audiencia también dejó un episodio que marcó el procedimiento judicial. Mientras el fiscal David Jiménez exponía los hallazgos de la investigación, alias Leyson se rio y obligó al funcionario a interrumpir su intervención para exigir respeto.

“Tendrían un rol en esta organización. Y que, en ese lugar, donde al parecer residen, almacenarían armas, como parte de esas dinámicas delictivas que se presentan en esa zona de La Bocana”, dijo el fiscal David Jiménez. Frente a esa intervención, Leyson se rio en plena diligencia.

Jiménez respondió de inmediato: “Como es la extorsión, el hurto y los homicidios, así usted se ría, señor Leyson. Eso fue lo que nos informó la fuente, sí señor”. Más adelante agregó que los implicados “representan un peligro futuro para la comunidad. Especialmente, para la comunidad bonaverense y vallecaucana, azotada y flagelada por este tipo de circunstancias”.

De acuerdo con la investigación, alias Leyson tendría una vinculación directa con la desaparición y el homicidio porque, según las autoridades, sería la persona que aparece en videos en los que las víctimas son retenidas y amenazadas con arma de fuego antes de su desaparición.

Ese señalamiento lo ubica como uno de los principales investigados dentro del caso. La Fiscalía sostuvo además que los capturados cumplirían funciones dentro de la organización criminal y que el lugar donde al parecer residían era usado para almacenar armas.

El crimen ocurrió a mediados de mayo de 2026, cuando Alexander Valencia y su hijo Nicolás Valencia visitaron una playa de Buenaventura, en Valle del Cauca. Durante el recorrido, ambos fueron secuestrados por presuntos miembros de “Los Shottas”.

Días después, la Policía del Valle confirmó el hallazgo del cuerpo de Alexander Valencia en la zona de manglares. Nicolás Valencia sigue desaparecido.

La decisión judicial cobijó únicamente a los tres mayores de edad aprehendidos tras los operativos posteriores al hallazgo del cadáver. En el mismo despliegue fue detenido un menor de edad, también señalado de estar vinculado con los hechos.

La Fiscalía argumentó que la privación de la libertad era necesaria para proteger a la comunidad y garantizar el avance de la investigación.

El ente acusador sostuvo que los tres capturados harían parte de Los Shottas y representarían un riesgo para la población de Buenaventura por su presunta participación en hechos violentos atribuidos a esa estructura.

La Gobernación del Valle del Cauca ofrece hasta $100 millones por el caso de un padre y su hijo desaparecidos en Buenaventura

La Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita esclarecer los hechos en los que dos turistas desaparecieron en Buenaventura.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Guillermo Londoño, dijo que se desplegaron “todas las capacidades institucionales” para esclarecer el caso y confirmó el apoyo de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 en las labores operativas y de búsqueda.

La comandante de la Policía Valle, la general Sandra Liliana Rodríguez, sostuvo que las autoridades mantienen las labores para ubicar a Nicolás Valencia y judicializar a los responsables.

Este martes 9 de junio, una semana después de que un grupo armado sacara por la fuerza a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez de su domicilio en Nanchital, Veracruz, seis hombres se encuentran detenidos por su presunta responsabilidad en la desaparición de la comunicadora.

Entre ellos hay dos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), un abogado, un empleado del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) y otras dos personas cuya identidad las autoridades no han precisado.

Aunque hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha revelado los cargos específicos ni el papel que cada uno habría tenido, las familias de los detenidos dicen que son inocentes.

La fiscal general del estado Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre confirmó que las investigaciones permitieron identificar el vehículo utilizado por los captores mediante el análisis de videograbaciones y establecer posibles rutas de desplazamiento. Dos de los detenidos tendrían relación directa con ese vehículo.

Mientras la Fiscalía guarda hermetismo, los hijos de la periodista esperan su regreso. Una adolescente de 16 años y un niño de 7 que, según contó su abuela materna Rubicela Ramírez entre lágrimas a medios de comunicación, llora preguntando por su mamá a cada rato.

Los detuvieron en un convivio familiar

Los operativos comenzaron el viernes 5 de junio y se extendieron hasta la madrugada del sábado 6. Cuatro de los seis detenidos fueron capturados al mismo tiempo durante una reunión familiar en una vivienda del fraccionamiento Residencial Sección XI de Nanchital, según reportó Reforma.

Los identificados son César Alejandro “N ”, Alejandro “N”, Luis Arturo “N” y Andrés “N”.

Según medios locales, César Alejandro se desempeña como ayudante especialista en el área eléctrica del Complejo Petroquímico Cangrejera de Pemex; mientras que Andrés trabaja como ingeniero en la Terminal Marítima de Pajaritos.

Por otro lado, Luis Arturo es estudiante de la Universidad Tecnológica y trabajador del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) en Nanchital. El cuarto detenido fue identificado como abogado. De los dos restantes se desconocen sus datos.

El lunes 8 de junio los seis fueron presentados ante el juez Daniel García en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos durante la audiencia inicial. La Fiscalía presentó análisis de videograbaciones, testimonios y geolocalización de dispositivos como datos de prueba. Al cierre de esta edición, se desconoce si el juez los vinculó a proceso.

Familias de los detenidos denuncian violencia y rechazan acusaciones

La detención no fue sin resistencia. Ana Itzel Contreras, esposa de César Alejandro, describió en entrevista con Milenio cómo ocurrió el operativo: “Los agarran, nos golpean, no nos dicen nada y se los llevan. Yo realmente me salvé porque me metí a mi casa. Se meten, golpean, destrozan toda la casa, destruyen todo, me lastiman y me tiran a la cama, me amenazan y me apuntan con armas. Eran estatales y ministeriales”.

Otras familias de los detenidos, que pidieron el anonimato por temor a represalias, exigieron a la gobernadora Rocío Nahle una investigación sin irregularidades, según Latinus.

Una familiar presente en la audiencia inicial fue directa al salir del Centro Integral de Justicia: “Sí los están relacionando con el caso de la periodista Roxana Guzmán, que habrían participado. Son mentiras, porque son cosas que no son”.

Los allegados de los detenidos insisten en que todos tienen empleos formales y vidas documentadas. Piden que se respete el debido proceso y que la Fiscalía haga pública la evidencia que los vincula al caso.

¿Cómo fue el secuestro de Roxana Guzmán?

La mañana del 2 de junio, alrededor de las 6:00 horas, un grupo de al menos tres hombres encapuchados y vestidos de negro llegó al domicilio número 35 de la calle Balderas, en la colonia Primero de Mayo de Nanchital. Roxana tenía el celular en la mano. Alcanzó a grabar.

Las imágenes, difundidas de inmediato en redes sociales, muestran a los sujetos golpeando la puerta con un marro en repetidas ocasiones. Adentro, el hermano de la periodista les pedía que se detuvieran y les advertía que había una bebé en el lugar. Uno de los hombres le apuntó con un arma larga. Los sujetos continuaron hasta vencer la puerta.

Fue entonces cuando salió el padre, Fernando Guzmán. “Yo salí, pero a mí me agarraron y me golpearon. Me dieron unas patadas y me esposaron”, relató.

“Yo oí que gritó mi hija: ‘A mi papá no le peguen’. Eso fue lo único”, narró en entrevista con Milenio. Los captores sometieron a todos los presentes y los amenazaron antes de llevarse a Roxana.

Antes de salir, los sujetos subieron a la periodista a bordo de un Nissan Versa blanco. Su mamá contó a Radio Fórmula que los sujetos intentaron meterla a la cajuela, pero al no poder la subieron a la parte trasera de los asientos.

Tras recibir la denuncia, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al domicilio para recabar indicios. El lugar quedó acordonado y bajo resguardo policial.

La gobernadora Nahle confirmó hasta este lunes que las investigaciones sí tenían avances, aunque evitó precisar cuáles. “Sí hay reportes de cómo han avanzado, qué están haciendo, pero por el propio proceso hay que esperar a que trabajen. Son varias líneas de investigación, pero hay que cuidar la integridad de la persona”, declaró en conferencia de prensa.

Durante el 8 de junio fue reportada la detención de seis personas presuntamente relacionadas con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, quien fue interceptada por un grupo de sujetos armados en Nanchital, Veracruz.

Reportes de medios locales señalan que los arrestos fueron realizados por efectivos de la Policía Ministerial presuntamente durante la madrugada del pasado 6 de junio. Sin embargo, no fueron revelados los nombres de los arrestados.

Fue el portal El Sol de Xalapa el que reportó las detenciones de personas al parecer ligadas con la mujer que fundó el medio Pulso Informativo del Sur y quien fue secuestrada el pasado 2 de junio. Mientras que reportes de Nmás (portal que señala cuatro detenidos) detallan que las detenciones fueron dadas a conocer por la movilización de Ana Itzel Contreras, quien es esposa de uno de los detenidos.

Familiares señalan que los detenidos son inocentes

Según señala al mujer, las personas detenidas no están relacionadas con la desaparición de la periodista. Personas que se identificaron como familiares de los detenidos señalan que habría irregularidades en las capturas.

“No se me hace justo la forma en cómo los detuvieron. No llevaron ni una orden ni nada. Hasta ahorita, pues estamos esperando. Ahorita los abogados están haciendo su trabajo y espero en Dios que todo salga bien”.

Hasta la edición de esta nota, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz habían publicado información a través de sus canales oficiales.

El operativo de búsqueda tras el secuestro

El mismo día que la mujer fue secuestrada, las autoridades desplegaron un operativo con el objetivo de hallar a al periodista.

“Desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, la trilogía investigadora integrada por 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝘀 𝘆 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶́𝗮𝘀 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables", destacó la Fiscalía de Veracruz.

Si bien reportes preliminares del pasado 4 de junio señalaban que la mujer ya habría sido hallada, colaboradores de la mujer negaron lo anterior.

“Se ha recibido mucha información acerca de que nuestra compañera ya, apareció, pero no, no es correcto. Nuestra compañera no ha aparecido, no hemos tenido información de fuentes oficiales y no hemos tenido ningún contacto con alguien que nos diga que ya está bien o que por lo menos ya la encontraron", según aparece en una transmisión en vivo del medio local.

Organizaciones exigen a autoridades que la periodista sea hallada

La organización Artículo 19 documentó los hechos el mismo día de la desaparición de la periodista y exigió a las autoridades actuar de forma inmediata para localizarla.

A través de sus redes sociales, la institución dirigió un mensaje Fiscalía de Veracruz (FGE Veracruz), al Gobierno de Veracruz y a la Comisión Estatal para la Búsqueda de Veracruz (CEBVER): “Exigimos implementar de manera inmediata acciones efectivas para su búsqueda y localización. Asimismo, solicitamos que su labor periodística sea considerada como una línea prioritaria de investigación y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión”.

La Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos A.C. señaló un elemento que apunta hacia una posible vinculación institucional con el crimen: en el video que registra el momento del rapto, uno de los individuos involucrados porta una chamarra similar a las utilizadas por una institución de seguridad.

Por su parte, la organización Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) también exigió a la Fiscalía de Veracruz desplegar las acciones necesarias para la localización de la periodista, al tiempo que demandó a las autoridades actuar “con mucha diligencia y transparencia”.

CIMAC subrayó la doble vulnerabilidad que enfrentan las mujeres periodistas ante este tipo de agresiones: “Cuando la violencia se ejerce contra una mujer periodista, convergen el doble de factores de especial vulnerabilidad derivados tanto de su labor informativa como de la violencia de género que enfrentan las mujeres en el ejercicio periodístico”.

Durante el operativo de sustracción, los hombres armados irrumpieron en el domicilio y se encontraron con la resistencia de Fernando Guzmán, padre de Roxana Guzmán Ramírez, quien intentó interponerse ante los agresores. En respuesta, los atacantes lo sometieron a golpes y patadas, lo esposaron y lo dejaron inmovilizado en el suelo.

“Héctor, ¿dónde estás?”. La oscuridad aún persiste, no hay respuesta. La desaparición en Panamá del padre Héctor de Jesús Gallego se desvanece cada vez más, tal como hicieron con él los miembros de la entonces Guardia Nacional que lo secuestraron un 9 de junio de 1971, hace 55 años.

Fue en la región de Santa Fe, provincia de Veraguas, a donde aquella noche llegaron los militares preguntando por Gallego, a quien posteriormente subieron en un auto y trasladaron hacia un lugar hasta ahora desconocido.

Días antes de su desaparición, había sufrido hostigamientos, incluso el incendio de su vivienda.

El sacerdote promovía la organización campesina, en medio de un régimen castrence, que enquistado en el poder desde hacía cuatro años atrás, ya mostraba sus intenciones de convertirse en una dictadura, que a la postre duró 21 años.

Gallego había llegado a Panamá en 1967, motivado por su vocación de servicio y su adhesión a los postulados de la Teología de la Liberación.

Su misión pastoral se centró en la creación de la Cooperativa Esperanza de los Campesinos, desde donde promovió la alfabetización y la autogestión económica en una de las zonas más empobrecidas del país.

Reportes de la época indican que esa tarea le generó rechazo entre los terratenientes y sectores aliados al régimen militar, quienes lo acusaron de comunista y agitador.

Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo metropolitano de Panamá, recordó este domingo el legado de Gallego como uno de los “testimonios más luminosos de compromiso evangélico, solidaridad y defensa de la dignidad humana en la historia reciente” del país.

Durante su homilía, Ulloa Mendieta invitó a la comunidad a hacer memoria de aquel joven sacerdote colombiano que llegó a Panamá para servir a los más humildes y que hizo de las comunidades campesinas de Santa Fe de Veraguas el centro de su misión pastoral.

“En este día no podemos dejar de hacer memoria de un sacerdote cuyo testimonio sigue iluminando la conciencia de nuestra Iglesia y de nuestra patria”, expresó al recordar que el próximo 9 de junio se cumplen 55 años de la desaparición del padre Gallego.

Durante su recordatorio, el arzobispo evocó una de las preguntas que durante décadas ha acompañado la memoria colectiva de los panameños: “Héctor, ¿dónde estás?”.

Una interrogante que surgió tras su desaparición en 1971 y que, según afirmó, continúa resonando en la conciencia nacional.

Sin embargo, señaló que la respuesta se encuentra en el legado que dejó entre los más pobres y excluidos. “Hoy podemos decir que está en la memoria agradecida de los campesinos que aprendieron a descubrir su dignidad; está en el recuerdo de quienes encontraron en él un pastor cercano y valiente; está en la conciencia de una Iglesia que no olvida a quienes entregaron su vida por el Evangelio”, puntualizó.

En 2018, circuló la noticia del hallazgo de restos humanos en el antiguo y hoy desaparecido cuartel militar de Los Pumas de Tocumen, en la afueras de la ciudad capital, volvió a traer el caso del sacerdote a la palestra pública.

No obstante, las pruebas forenses descartaron que correspondieran al sacerdote de origen colombiano, afianzando la incertidumbre sobre el destino final de Gallego.

La Comisión de la Verdad lo incluyó en su lista oficial de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar, que se extendió hasta 1989.

En 1994 las autoridades informaron que tres exagentes de la Guardia Nacional fueron condenados por su complicidad en el crimen, aunque la sentencia no determinó responsabilidades de altos mandos. Uno de los implicados fue capturado 31 años después de ser condenado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó en diciembre de 2025 a las autoridades panameñas por la impunidad en la desaparición forzada del sacerdote Héctor de Jesús Gallego.

Un retén de un grupo armado en una carretera hacia San Andrés (Huila) dejó al cantante de música popular Alex Sam sin una presentación, con pérdidas por 80 millones de pesos y bajo un miedo que, según relató al programa La red, lo llevó a pensar “hasta en la muerte” mientras esperaba durante tres horas la orden de cuál sería su destino.

El episodio implicó el robo de dinero y de equipos personales. También frustró un contrato por el que, según el artista, iba a recibir 25 millones de pesos, dinero que se perdió junto con el compromiso que tenía programado ese día.

Sam contó al programa de variedades de Caracol Televisión que viajaba con su representante y su equipo de trabajo cuando hombres armados los detuvieron, les exigieron identificarse y explicar a dónde iban.

“Averiguaron si era verdad, si era mentira”, dijo el cantante al medio, al describir un control en el que los hombres consultaban con sus superiores “qué hacer con nosotros, qué hacer con el carro, qué hacer con los equipos”.

Qué contó sobre la retención

El artista precisó que no pudo identificar a qué estructura pertenecían quienes los interceptaron.

“No se sabía si eran paramilitares, guerrilla”, dijo Alex Sam al programa citado inicialmente, al reconstruir un tramo del viaje en el que, según su relato, quedó suspendida cualquier certeza sobre si seguirían su camino o serían retenidos por más tiempo.

Durante la retención, el cantante dijo que tuvo que interpretar tres canciones mientras los hombres armados esperaban instrucciones. “Les tuve que cantar como tres canciones, mientras les daban la orden a ellos de qué hacer con nosotros”, agregó el artista.

Ese tramo de la espera fue, según su testimonio, el momento de mayor angustia. “Todo fue muy difícil en el momento, porque uno no sabe qué le puede esperar. Si se lo lleven, si lo retengan varios días. Uno piensa hasta en la muerte”, dijo al medio.

Alex Sam relató que la retención duró cerca de tres horas. En ese lapso, explicó, él y quienes lo acompañaban pensaron en sus familias y en los planes que podían quedar truncos si la decisión de los captores era otra.

Por qué no denunció

Tras recuperar la libertad, el artista aseguró que evaluó acudir a las autoridades, pero descartó esa posibilidad. “Nosotros pensamos en denunciar, ¿sí? Pero no lo hicimos”, contó Alex Sam a La red.

La razón, según explicó, fue el temor a nuevas amenazas. “No lo hicimos porque, por miedo. Por miedo a represalias de pronto contra nosotros”, señaló al medio, después de enumerar el dinero, los equipos y la presentación que perdió ese día.

Cómo cambió su forma de trabajar

El cantante sostuvo que el hecho dejó efectos más allá de lo material. “Psicológicamente queda mal. Queda mal y queda con muchas dudas”, agregó.

A partir de ese episodio, agregó, su equipo extremó las verificaciones antes de aceptar una contratación. “Nosotros averiguamos primero quién es el empresario que nos está llamando, qué tipo de zona es”, explicó al medio, al señalar que ahora son “más rigurosos” porque en algunos casos aparecen intermediarios en las negociaciones.

“Ahorita la inseguridad en el país está complicada y la vida vale más que el dinero”, concluyó Alex Sam al programa citado.

Las reacciones en la publicación del programa de variedades no tardaron en aparecer: “La inseguridad está desbordada”; “Lo que tienen que enfrentar las poblaciones lejos de Bogotá”; “Mucha fortaleza para afrontar este difícil momento!!”; “Afortunadamente no pasó a mayores y todo está bien querido Alex”; “Todo saldrá bien de aquí en adelante2, entre otros más.

Hace unos días se publicó una amplia investigación que llevó tres años en documentar: Esclavos de la Sierra Tarahumara. Sobrevivir a los campos de trabajo forzado del narco, que refleja uno de los principales problemas que se vive en todo el país donde secuestran a personas vulnerables, quienes son sometidos a las más crueles prácticas de deshumanización, violación, amenazas a sus familias y la muerte, ya que muchos son asesinados al intentar escapar o exigir el pago que les prometieron.

El reportaje investigado y gestionado por Marcela Turati, Thelma Gómez Durán y Eliezer Budasoff de Quinto Elemento Lab, muestra diversas entrevistas con varias personas que fueron rescatadas o lograron escapar tras años de trabajar en lo más alejado de la Sierra Tarahumara en Chihuahua.

En entrevista con Infobae México, Marcela y Eliezer detallaron ampliamente los motivos del reportaje. En este periodo apenas les daban de comer lo básico para sobrevivir sin pago alguno e incluso los presionaban para consumir drogas y trabajar cerca de 20 horas todos los días. Se aseaban con una barra de jabón para 15 personas dos veces al mes y los castigos si se quejaban eran prácticas de tortura infrahumanas.

A principios de julio de 2019, posteriormente tres personas lograron escapar y dieron pie a un operativo que se hizo una semana después, el 11 de julio de 2019, en el que fueron rescatadas 21 personas cautivas en el mismo sitio. Un desenlace inusual en un país donde la cifra oficial de desapariciones supera las 130 mil personas, el 95 por ciento ocurrido en las últimas dos décadas.

Margarito Guerrero fue llevado con engaños en los años ochenta al rancho El Búfalo en Chihuahua, una plantación de marihuana de más de 500 hectáreas atribuida en el texto a Rafael Caro Quintero, y esa experiencia marcó décadas después la forma en que entendió la desaparición de su hijo Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según Proceso, en ese rancho trabajaban unos 12 mil jornaleros y la operación funcionó durante tres años. El texto describe una división precisa de tareas: siembra, selección de ramas, empaque y vigilancia armada para impedir fugas.

Margarito Guerrero era originario de Omeapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero. Hombres que llegaron a su pueblo le ofrecieron trabajo en la pizca de manzana con buena paga y él abordó un autobús hacia el norte del país.

A mediados de los años ochenta llegó a una planicie del municipio de Allende, cerca del poblado El Búfalo, en Chihuahua. En lugar de manzanos encontró una extensión preparada para cultivar marihuana.

El rancho funcionaba con encierro, castigos y trabajo sin salario

El texto señala que las jornadas empezaban a las 07:00 horas y podían extenderse hasta las 04:00 del día siguiente. Los trabajadores dormían en bodegas y, durante el mes y medio que Margarito estuvo ahí, no recibió pago.

Los “mayordomos”, hombres armados, vigilaban que nadie escapara. Si alguien intentaba salir, era castigado, aunque sí les daban comida.

“Mataban muchas vacas”, recordó Margarito al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. El texto indica que contó por primera vez lo vivido después de la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.

En su libro El siglo de las drogas, el sociólogo Luis Astorga escribe que, a principios de los ochenta, jóvenes de colonias populares de Culiacán y rancherías cercanas eran reclutados para sembrar amapola en el Triángulo Dorado mediante anuncios en camiones de redilas que ofrecían empleo para la “pizca de la manzana”.

Astorga añade en su libro que a esos “pizcadores de droga” se les ofrecían sueldos muy por arriba de los del trabajo agrícola tradicional. La paga era tan alta que “varios poblados quedaron habitados sólo por mujeres, niños y ancianos”, según cita el texto.

El texto también ubica otros patrones regionales. En la sierra de Guerrero, desde finales de los ochenta, el cultivo de amapola se extendió por las montañas y los cárteles tomaban pueblos enteros para obligarlos a sembrar la flor, aunque a esos cultivadores sí les pagaban.

En Chihuahua, sobre todo en rancherías del municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, hombres, mujeres y niños se alistaban para la temporada de amapola. Eran contratados para rayar el bulbo de la flor y extraer la goma que después se transformaría en heroína, y esa labor también era pagada.

Pobladores de campamentos de reclutados suelen estar coludidos

El reclutamiento forzado del narco se sostiene desde hace décadas sobre redes de trabajo temporal y sobre la dependencia económica de poblados cercanos a los campamentos, explicó Eliezer Budasoff. Esa combinación ayuda a entender por qué las personas secuestradas que intentan escapar suelen ser devueltas o detectadas antes de salir de la zona.

Budasoff dijo a Infobae México que una de las claves de la investigación fue acceder a testimonios que casi nunca se consiguen, porque aunque se conoce la existencia de campamentos de trabajo del narcotráfico, no se sabe con precisión qué ocurre dentro. Según el periodista, esos relatos permitieron profundizar en la facilidad con la que los grupos criminales captan mano de obra.

El narco aprovecha una cultura de trabajo temporal en varias regiones

De acuerdo con Budasoff el reclutamiento se monta sobre una cultura de trabajo temporal que no existe solo en Chihuahua, sino en otros estados del país. Se trata, dijo, de personas que no encuentran otra oportunidad laboral y pasan meses desplazándose entre cosechas, de la pizca de manzana a la nuez y de la nuez al tomate en Sinaloa.

El periodista señaló que en muchos rincones de México opera un código comunitario alrededor de ese tipo de trabajo, y que el narco se aprovecha de esa lógica para quebrarla. Esa estructura, agregó, vuelve más sencillo atraer y someter a quienes ya viven en condiciones de precariedad.

Los poblados cercanos dependen del narco para subsistir

Budasoff afirmó que también hay un factor geográfico: los campamentos se ubican en sitios donde los pequeños poblados cercanos dependen casi por completo del narco para su subsistencia. Según su explicación, esas comunidades proveen materiales y alimentos, lo que refuerza la vigilancia sobre quienes buscan huir.

El periodista detalló que las historias de sobrevivientes muestran dos rutas frecuentes de captura tras un intento de escape. Una ocurre cuando las víctimas se topan con otros campos de trabajo forzado en la zona, vinculados entre sí y asociados a una misma familia; la otra, cuando llegan a la población más cercana y ahí son identificadas.

Budasoff recordó una idea planteada por Marcela Turati en una entrevista para su podcast El hilo: las personas de esas comunidades tampoco tienen muchas opciones. A partir de eso, sostuvo que una de las partes más duras del reportaje es ver cómo todos saben qué sucede en esos lugares y cómo, en los niveles más bajos de la economía criminal, las fronteras entre víctimas y victimarios se diluyen.

¿Por sustitución de amapola y marihuana por drogas sintéticas disminuirá el reclutamiento forzado?

El reclutamiento forzado por parte del narco no disminuiría de forma automática si baja el consumo de drogas sintéticas y sube el de amapola o marihuana, porque las organizaciones criminales ajustan sus negocios para mantener ganancias y recortan costos cuando un mercado deja de ser rentable, según explicaron los periodistas Eliezer y Marcela Turati a partir de su reportaje sobre personas obligadas a trabajar para estos grupos.

El punto de quiebre que describen está en la economía criminal: desde 2016, con la entrada del fentanilo, el precio de la goma de opio cayó en picada y en una década registró una baja de 90%, dijo Eliezer al explicar una tesis del investigador Luis Astorga. Según esa lectura, los grupos no abandonan un negocio aunque pierda valor; buscan que siga dejando dinero a partir de la reducción de costos.

Esa reducción, de acuerdo con Eliezer, incluye esquemas de esclavización y trabajo forzado. La lógica no es sustituir una droga por otra y desactivar la violencia de reclutamiento, sino hacer rendir cualquier actividad ilícita en una coyuntura de mercado adversa.

El abandono estatal aparece como la base del reclutamiento

El reportaje citado por Eliezer y Turati ubica el reclutamiento en territorios donde la ausencia del Estado ya era previa. Según Eliezer, los criminales no captan personas en cualquier sitio, sino en poblaciones “abandonadas por el Estado”, donde la marginación ya había dejado a sus habitantes fuera de la protección institucional.

Para sostener esa afirmación, Eliezer relató que las reporteras pudieron recorrer calles de Vista Cerro Grande y localizar con facilidad tanto a víctimas como a victimarios, incluso dentro de la misma colonia. Según su testimonio, si dos periodistas lograron identificar dónde operan y dónde levantan personas, las autoridades también podrían hacerlo si realmente estuvieran mirando.

Marcela Turati detalló que el perfil de las personas a las que se llevan incluye migrantes, jóvenes sin empleo, jornaleros agrícolas en tránsito y personas con deudas relacionadas con adicciones. También dijo que, en algunos casos, esas adicciones son provocadas por los mismos grupos que después exigen el pago de una deuda y usan esa condición para someter a las víctimas.

La respuesta a la pregunta de si el reclutamiento bajaría con un regreso a mercados como la amapola o la marihuana, según lo expuesto por ambos periodistas, es negativa si persisten las mismas condiciones de explotación, pobreza y omisión oficial. Mientras exista una población disponible por desempleo, deuda, movilidad forzada o abandono institucional, las redes criminales conservarían una fuente de mano de obra coaccionada.

Las organizaciones criminales cambian de negocio, pero no dejan de captar personas

Marcela Turati definió a estos grupos como “empresas criminales” que buscan maximizar ganancias y minimizar costos. Bajo esa lógica, explicó que el reclutamiento forzado no se limita al sicariato, sino que forma parte de una división de tareas más amplia dentro de la estructura del crimen organizado.

Según Turati, cuando necesitan pelear territorios citan a jóvenes en centrales de autobuses y se los llevan por la fuerza. También señaló que otros reportajes han documentado la captación de estudiantes de química para procesos técnicos, mientras que su trabajo se concentró en otra rama: personas forzadas a laborar en condiciones de esclavitud.

Esa descripción apunta a un fenómeno más amplio que la sola producción de una droga. Si una organización se fragmenta, el incentivo para retener rentas y abaratar operaciones puede mantenerse en células más pequeñas, siempre que conserven acceso a víctimas vulnerables y tolerancia de autoridades locales, según lo planteado por Turati al hablar de responsabilidad “por omisión, por complicidad o por participación”.

La periodista añadió que familias de personas desaparecidas de distintas partes del país les han hecho saber que ya habían denunciado que sus hijos estaban siendo obligados a trabajar y que las autoridades no actuaron. Para Turati, ese patrón vuelve el caso una pista concreta sobre dónde podrían estar algunas personas desaparecidas.

Marcela Turati también cuestionó la eficacia de las intervenciones públicas en esas colonias. Dijo que personas encargadas de programas sociales que llegan a esos lugares les habían reconocido que ninguna intervención había funcionado y que muchas medidas eran apenas “cosméticas”, como entregar una despensa o una beca sin ofrecer empleo estable.

Su conclusión fue que el Estado compite con desventaja frente al narco cuando no garantiza trabajo. Según Turati, lo que se necesita es una política laboral capaz de ofrecer ingresos sostenidos, porque el reclutamiento forzado se alimenta de personas que buscaban empleo con urgencia para mantener a su familia o saldar una deuda.

Ocho elementos de la Policía Estatal de Veracruz, entre ellos un comandante en activo, fueron detenidos por su presunta participación en los delitos de secuestro agravado y tortura, en hechos ocurridos en julio de 2023 en la ciudad de Xalapa, de acuerdo con investigaciones ministeriales en curso.

Las indagatorias señalan que las víctimas fueron interceptadas cuando se encontraban afuera de una tienda de conveniencia, en la capital del estado, donde habrían sido privadas de la libertad por un grupo de policías que se desplazaban en una patrulla oficial tipo pick up.

De acuerdo con la investigación, las personas fueron trasladadas a bordo de la unidad policial y posteriormente sometidas a agresiones físicas, además de actos de tortura, antes de ser liberadas hasta el día siguiente.

Las autoridades identificaron a los presuntos responsables como Sergio “N”, Jorge “N”, Jesús “N”, Aarón “N”, Yadira “N”, Yael “N”, Lino “N” y Conrado “N”, quienes habrían participado directamente en los hechos denunciados por las víctimas.

La detención de los ocho elementos se llevó a cabo mediante operativos coordinados entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desplegados en distintos puntos del estado de Veracruz, entre ellos Xalapa, Cuitláhuac, Jilotepec, el puerto de Veracruz y Naolinco de Victoria.

De acuerdo con las autoridades federales, los policías están señalados por los delitos de secuestro agravado y tortura, dentro de una carpeta de investigación abierta a partir de la denuncia presentada por las víctimas.

Tras su aseguramiento, los detenidos fueron puestos a disposición del Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, con sede en Emiliano Zapata, donde un juez federal definirá en las próximas horas su situación jurídica.

El proceso por los delitos de secuestro agravado y tortura son considerados de máxima gravedad en la legislación mexicana y son sancionados con penas que pueden alcanzar varias décadas de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos en caso de acreditarse su responsabilidad penal.

Será la autoridad judicial federal la que determine el grado de participación de cada uno de los imputados y resuelva su situación jurídica conforme avance la audiencia inicial del caso.

Abuso policial y procesos por tortura y desaparición, un patrón recurrente en corporaciones de seguridad en México

Los casos de Veracruz se inscriben en una serie de procesos penales abiertos en distintas entidades del país donde elementos de corporaciones policiales han sido señalados por delitos graves como secuestro, tortura o desaparición forzada, generalmente en el contexto del uso de patrullas oficiales o de estructuras institucionales para la comisión de ilícitos.

En distintos expedientes judiciales y resoluciones federales, se ha documentado que este tipo de conductas ha involucrado tanto a policías municipales como estatales, con procesos que han derivado en detenciones, judicialización y, en algunos casos, sentencias condenatorias, particularmente cuando se acredita el abuso de autoridad y la participación directa en la privación ilegal de la libertad de civiles.

Estos antecedentes han sido utilizados por autoridades ministeriales y federales como referencia en investigaciones donde se analiza la posible responsabilidad individual y colectiva de los elementos involucrados, así como el uso de recursos oficiales en la comisión de los delitos.

Los hechos ocurridos en Veracruz se suman a ese contexto de judicialización de corporaciones policiales por delitos de alto impacto, en los que la intervención de autoridades federales ha sido determinante para la detención y procesamiento de los implicados.

En este tipo de casos, la resolución queda en manos de jueces federales, quienes deben determinar no sólo la responsabilidad penal, sino también el grado de participación de cada uno de los acusados dentro de las estructuras de seguridad pública.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala reportó la captura de una mujer acusada de secuestro y complicidad en agresión sexual contra una vecina en una aldea de la zona occidental del país. El hecho se registró en Momostenango, departamento de Totonicapán.

Según el reporte oficial, Elena “N”, de 38 años, fue detenida en la aldea mencionada, señalada de participar en el secuestro y abuso sexual de una vecina de 36 años, junto con su hijo. Las investigaciones indican que ambos tenían conflictos previos con la víctima.

La noche del 2 de enero de 2026, la detenida y su hijo irrumpieron en la vivienda de la víctima, ubicada en el kilómetro 203 de la aldea Polgua, Momostenango. En ese lugar, la mujer fue atada con una cuerda, privada de su libertad y posteriormente violentada sexualmente por el hijo de la acusada.

Hasta el momento, las autoridades no han aclarado el motivo específico que originó el conflicto entre las mujeres. Tampoco se ha confirmado la captura ni la identidad del segundo agresor implicado en el caso. Se prevé que Elena N. sea puesta a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar el proceso correspondiente.

Las denuncias de abuso sexual mantienen tendencia al alza

Durante los primeros meses de 2026, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala ha registrado 1,229 denuncias de violencia sexual. De mantenerse el ritmo, la cifra podría alcanzar un récord anual, según proyecciones oficiales.

El informe revela que en 2025 se contabilizaron 4,820 denuncias de este tipo, un aumento frente a los 4,312 casos reportados en 2024 y los 4,010 en 2023. Este panorama refleja una tendencia sostenida de crecimiento en los últimos años.

El incremento en las denuncias ha llevado a una intensificación de campañas de prevención y a una mayor capacitación del personal sanitario en los centros públicos que atienden a víctimas de violencia sexual.

Los registros muestran que la mayoría de las víctimas en 2026 son niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Esta situación coincide con los patrones observados en años recientes, donde los grupos más vulnerables siguen siendo los principales afectados. De las 1,229 denuncias presentadas este año, 1,037 corresponden a mujeres y 192 a hombres, manteniéndose una distribución proporcional similar a años anteriores.

El análisis por edad indica que el grupo de 10 a 14 añosacumula389 casos en el primer trimestre, seguido del rango de 15 a 19 años con 332 denuncias. Entre menores de 10 años, se contabilizaron 166 casos en el grupo de cinco a nueve años y 66 en menores de cuatro años.

A partir de los 20 años, la cantidad de denuncias desciende de manera progresiva. Entre los 20 y 24 años se registraron 120 casos, y en el rango de 25 a 29 años, 62 denuncias. En los grupos de mayor edad, los registros no superaron los 15 casos por segmento, manteniendo la tendencia decreciente en los reportes conforme avanza la edad de las víctimas.

Un nuevo escándalo golpea a las corporaciones de seguridad de Veracruz luego de que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieran a cinco elementos activos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, quienes son investigados por su presunta participación en delitos de desaparición forzada y posibles vínculos con la delincuencia organizada.

Las detenciones se realizaron durante un operativo conjunto encabezado por elementos de la Policía Ministerial Federal, adscrita a la FGR, con apoyo de efectivos del Ejército Mexicano. La movilización se desarrolló tanto al interior del Cuartel San José, uno de los complejos de seguridad más importantes de la capital veracruzana, como en las inmediaciones del inmueble, sobre la calle Justo Sierra, en la ciudad de Xalapa.

De acuerdo con información preliminar, durante la intervención fueron arrestados cuatro hombres y una mujer que se desempeñaban como policías estatales en activo. Aunque las autoridades federales no han dado a conocer oficialmente sus identidades, diversas versiones difundidas por medios locales señalan que los detenidos son conocidos con los alias de “El Teo”, “El Max”, “El Bigotes”, “La Guerrera” y “El Jack”.

Investigación apunta a una presunta red criminal

De manera extraoficial, las indagatorias federales apuntan a que los policías detenidos formarían parte de una estructura que habría operado desde el interior de la corporación estatal y que presuntamente estaba vinculada con actividades ilícitas.

Reportes difundidos por medios de comunicación locales indican que los elementos arrestados presuntamente actuaban bajo las órdenes de Heriberto S., conocido con el alias de “El Tigre”, quien en el pasado ocupó el cargo de director operativo dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Aunque los detalles de la investigación permanecen bajo reserva, las autoridades federales buscan determinar si los agentes participaron en hechos relacionados con desapariciones forzadas y otras actividades vinculadas con grupos criminales que operan en la entidad.

La presunta infiltración de organizaciones delictivas en cuerpos policiales ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades federales y organismos de derechos humanos en distintos estados del país, particularmente en regiones donde la presencia del crimen organizado mantiene una fuerte influencia.

Veracruz y el reto de combatir las desapariciones

El delito de desaparición forzada constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos debido a que implica la privación ilegal de la libertad de una persona con la participación directa o indirecta de servidores públicos.

Veracruz ha sido una de las entidades que históricamente ha enfrentado señalamientos relacionados con desapariciones de personas. Diversos colectivos de búsqueda, organismos nacionales e internacionales y familiares de víctimas han documentado durante años casos en los que presuntamente participaron funcionarios públicos o elementos de corporaciones de seguridad.

La detención de policías en activo por este tipo de delitos representa un hecho de alto impacto debido a que pone nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de control interno, supervisión y depuración de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Especialistas en seguridad han advertido en diversas ocasiones que la infiltración criminal dentro de las corporaciones policiales no sólo facilita la comisión de delitos, sino que además erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar el orden y la protección de la población.

Se espera postura oficial de las autoridades

Tras el despliegue federal registrado en Xalapa, existe expectativa sobre la información que puedan proporcionar tanto la FGR como el gobierno de Veracruz respecto al avance de las investigaciones.

Se prevé que en las próximas horas las autoridades federales definan la situación jurídica de los detenidos y determinen si existen elementos suficientes para formular imputaciones formales por desaparición forzada, delincuencia organizada u otros delitos derivados de las investigaciones en curso.

Mientras tanto, el caso ha generado atención pública debido a la relevancia de los cargos que ocupaban los detenidos y a las implicaciones que tendría la confirmación de una presunta red criminal operando desde el interior de una corporación policial estatal.

En el mismo operativo también fue detenido el suboficial Miguel Ángel Jiménez Hidalgo. Ambos permanecen con mandato de detención preliminar por siete días mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones por los presuntos delitos de secuestro, extorsión y hurto agravado.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el caso se originó tras el secuestro de un mototaxista que había retirado S/ 32.500 de una entidad bancaria en Pucallpa. La víctima denunció que fue interceptada, golpeada y amenazada por sus captores, quienes la trasladaron por distintos puntos de la ciudad.

Según las investigaciones preliminares, algunos de los implicados habrían utilizado su condición de efectivos policiales para facilitar el desplazamiento del agraviado e, incluso, presuntamente lo habrían llevado a una dependencia policial, donde las agresiones habrían continuado durante parte de su cautiverio.

Las pesquisas señalan además que los secuestradores habrían obligado a la víctima a contactar a sus familiares para solicitar dinero y entregar otros bienes a cambio de recuperar su libertad.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el mototaxista había sido intervenido anteriormente en investigaciones relacionadas con presunto tráfico ilícito de drogas, circunstancia que habría llevado a los investigados a sospechar que el dinero retirado tenía un origen ilícito. Sin embargo, las diligencias realizadas hasta el momento apuntarían a que los S/ 32.500 contaban con documentación que acreditaría su procedencia legal.

Asimismo, versiones recogidas por medios locales señalan que el suboficial Miguel Ángel Jiménez Hidalgo habría sido mencionado anteriormente en un caso de características similares ocurrido en el distrito de Curimaná. No obstante, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la existencia de una sanción o responsabilidad penal firme relacionada con esos hechos.

Tras conocerse las detenciones, el jefe de la Región Policial Ucayali, general PNP Manuel Centeno, aseguró que la institución no encubrirá a efectivos involucrados en actos ilícitos.

“Tenga presente que en esta Jefatura de la Región Policial no vamos a apañar ni mucho menos encubrir a personal policial que de repente estaría cometiendo algunas conductas disfuncionales o algún delito”, declaró.

El Ministerio Público y la Diviac continúan con las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno de los investigados y establecer si la presunta organización criminal utilizaba recursos e infraestructura policial para ejecutar sus operaciones ilícitas. Las autoridades no descartan nuevas detenciones conforme avance la investigación.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de tres exelementos de la policía municipal de Ecatepec, tras acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro exprés cometido en octubre de 2023.

Los sentenciados fueron identificados como Eduardo Aguilar de los Santos, Erick Guardado Moreno y Valeria Gómez Silva, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías en activo de la corporación municipal.

La resolución judicial fue emitida por un Juez con sede en Ecatepec, luego de que el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para demostrar la participación de los tres acusados en la privación ilegal de la libertad de una persona, a quien utilizaron para obtener un beneficio económico mediante amenazas y extorsión.

Así ocurrió el secuestro exprés en Ecatepec

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía mexiquense, los hechos ocurrieron el 12 de octubre de 2023, cuando la víctima fue interceptada por los entonces policías municipales y subida a una unidad oficial bajo el argumento de que se encontraba detenida.

Durante el traslado, los uniformados aprovecharon su posición de autoridad para despojar a la persona de su teléfono celular y comenzar una serie de actos de extorsión.

Las indagatorias revelaron que los responsables se comunicaron con familiares de la víctima para exigirles la cantidad de 50 mil pesos a cambio de no presentarla ante el Ministerio Público y permitir su liberación.

Además de las amenazas, uno de los implicados utilizó la aplicación de banca móvil instalada en el dispositivo de la víctima para realizar una transferencia de dinero, incrementando así el daño patrimonial ocasionado.

Horas después, la persona afectada fue liberada en la colonia Polígonos, ubicada en el municipio de Ecatepec.

Investigación permitió identificar a los responsables

Tras la denuncia y el inicio de las investigaciones, la FGJEM reunió diversos elementos de prueba que permitieron identificar plenamente a los tres servidores públicos involucrados en el delito.

Con la evidencia recabada, la Fiscalía solicitó órdenes de aprehensión en contra de los acusados, las cuales fueron autorizadas por la autoridad judicial correspondiente.

Una vez cumplimentados los mandamientos judiciales, Eduardo Aguilar de los Santos, Erick Guardado Moreno y Valeria Gómez Silva fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde permanecieron sujetos a proceso penal.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó testimonios, peritajes y otros datos de prueba que acreditaron la responsabilidad de los tres acusados en el secuestro exprés.

Juez impone condena ejemplar

Luego de analizar todas las pruebas aportadas por la Fiscalía del Estado de México, el Juez determinó la culpabilidad de los tres exintegrantes de la Policía Municipal de Ecatepec.

Como resultado, dictó una sentencia de 50 años de prisión para cada uno de ellos por el delito de secuestro exprés.

Asimismo, la autoridad judicial ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, medida que forma parte de las sanciones derivadas de la condena.

Este caso representa una de las sentencias más severas impuestas contra servidores públicos involucrados en delitos de privación ilegal de la libertad en el Estado de México y refleja los esfuerzos de las autoridades para combatir actos de corrupción y abuso de poder cometidos por integrantes de corporaciones de seguridad.

La Fiscalía mexiquense reiteró que continuará investigando y persiguiendo cualquier conducta delictiva cometida por funcionarios públicos, especialmente aquellas que vulneren la confianza ciudadana y atenten contra la seguridad de la población.

La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación con medida de aseguramiento al artista colombiano Blessd y a su representante, Dímelo Jara, en el desarrollo de una investigación por el delito de secuestro extorsivo agravado. El proceso, que involucra a otras tres personas, fue reactivado tras permanecer sin avances durante cuatro años.

El martes 9 de junio se llevará a cabo la diligencia judicial en la ciudad de Medellín, según informó el abogado Sebastián Gutiérrez, que representa a la presunta víctima, Andrés Felipe Sánchez.

El anuncio se divulgó a través de una publicación en la cuenta de Instagram de la defensa de Sánchez, en la que se notificó oficialmente la fecha y hora de la audiencia para los investigados, entre ellos Stiven Mesa Londoño (nombre real de Blessd), Santiago Jaramillo Moran (Dímelo Jara), Laura Moreno Restrepo y Julian David Giraldo Arboleda.

De acuerdo con la información compartida por Gutiérrez, la audiencia busca imputar cargos e imponer una medida de aseguramiento por la supuesta participación de los señalados en hechos relacionados con secuestro extorsivo agravado.

“Como representantes de las víctimas, recibimos con satisfacción esta decisión judicial. El próximo 9 de junio de 2026 se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Blessd, Dímelo Jara y otros investigados”, detalló el abogado en la red social.

Es de mencionar que, hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento público oficial sobre el caso, aunque la citación judicial ya fue notificada a las partes involucradas, según evidenció la defensa en su publicación.

El proceso judicial y el caso Sánchez

Este proceso judicial recobró vigencia luego de que la Fiscalía reactivara la investigación en abril de 2026. El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, conocido por su participación en el programa de televisión Yo me llamo, en el que imitaba al cantante Ozuna. Sánchez aseguró que el 1 de junio de 2022 fue víctima de retención ilegal, agresión física y amenazas con arma de fuego en una oficina del sector de El Poblado, en Medellín.

Según la denuncia, el objetivo de la retención habría sido forzar a Sánchez a firmar un contrato en contra de su voluntad.

“Me querían obligar a hacer algo que yo no quería hacer, que era firmar un contrato. Me golpearon en la cara, en el cuello, me quitaron el celular, me amenazaron, me dijeron que ellos eran ‘de calle’ e inclusive me dijeron que ellos me podían matar ahí mismo”, relató Sánchez a Telemedellín. El denunciante también afirmó que los responsables lo intimidaron con un arma y le impidieron abandonar el lugar mientras ocurría la agresión.

La defensa de Sánchez consideró que estos hechos podrían configurar varios delitos, entre ellos secuestro, acceso abusivo al sistema informático y amenazas o intimidación con arma de fuego. “Son múltiples delitos los que se pueden desprender de la conducta desplegada presuntamente”, puntualizó Gutiérrez en su momento.

Reactivación del caso y respuesta de los investigados

A pesar de la gravedad de las denuncias presentadas en 2022, el expediente permaneció en fase de indagación preliminar durante cuatro años, sin avances significativos. La defensa de Sánchez insistió en la necesidad de reactivar el proceso, hasta que el Tribunal Superior de Medellín admitió una tutela el 9 de abril de 2026 que ordenó a la Fiscalía darle continuidad a la investigación.

El 20 de abril, tanto Blessd como Dímelo Jara fueron citados a un interrogatorio de indiciados en estas diligencias, según reportó Telemedellín con base en documentos oficiales del ente acusador.

Hasta la fecha, ni el cantante antioqueño ni su mánager han emitido declaraciones públicas sobre la reactivación del proceso ni sobre la citación a interrogatorio.

Un hombre vinculado a proceso por secuestro escapó durante un traslado penitenciario realizado en Puebla, hecho que derivó en un operativo de búsqueda y en una investigación contra dos policías custodios encargados de su vigilancia.

La evasión ocurrió a la altura del municipio de Amozoc, cuando Luis Ángel N. era trasladado desde la Casa de Justicia de Tehuacán hacia la ciudad de Puebla, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Tras la fuga, corporaciones de seguridad desplegaron acciones de localización en la zona y en puntos cercanos con el objetivo de ubicar al detenido. Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han informado sobre su reaprehensión.

Luis Ángel N. se encontraba vinculado a proceso por el delito de secuestro. Reportes relacionados con su captura lo identificaron previamente con el alias de “El Tamara”, aunque ese dato no fue incluido en la información oficial difundida tras el incidente.

El caso también abrió una investigación para esclarecer cómo ocurrió la evasión. La Secretaría de Seguridad Pública dio vista a la Fiscalía General del Estado, que llevará a cabo las diligencias correspondientes para determinar posibles responsabilidades.

Como parte de ese procedimiento, dos policías custodios que participaban en el traslado fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales mientras se desarrollan las indagatorias.

De manera paralela, la Subsecretaría de Centros Penitenciarios inició una investigación administrativa para establecer las circunstancias en las que ocurrió la fuga y verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad aplicables a este tipo de traslados.

Las autoridades no han dado a conocer detalles sobre el mecanismo utilizado por el detenido para escapar ni han informado si existen personas adicionales bajo investigación. Mientras tanto, continúa el operativo para localizar al hombre procesado por secuestro y esclarecer las condiciones en las que logró evadir la custodia penitenciaria.

Puebla registró otra fuga durante un traslado, dos custodios también quedaron bajo investigación en 2024

La evasión de Luis Ángel N. ocurrió menos de dos años después de otro caso similar registrado en Puebla. En noviembre de 2024, un interno identificado como Eliud N., vinculado a delitos relacionados con robo de vehículos, escapó mientras era trasladado de regreso al penal de San Miguel tras una audiencia judicial. De acuerdo con los reportes difundidos entonces, el detenido logró abandonar la unidad oficial durante el trayecto, lo que provocó un operativo de búsqueda y la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias de la fuga.

Al igual que en el caso ocurrido este jueves en Amozoc, las autoridades pusieron a disposición de la Fiscalía a los dos custodios responsables del traslado mientras se determinaba si existieron omisiones o algún grado de responsabilidad en la evasión del interno. La investigación se centró en reconstruir la mecánica de los hechos y verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad aplicables a este tipo de movilizaciones.

Días después, autoridades estatales informaron la reaprehensión de Eliud N. en la ciudad de Puebla. El detenido fue localizado durante un operativo coordinado por corporaciones estatales y federales, mientras continuaban las investigaciones sobre la actuación del personal encargado de su custodia.

Este antecedente coloca la fuga de Luis Ángel N. dentro de una serie de incidentes recientes ocurridos durante traslados penitenciarios en la entidad, procedimientos que han derivado no sólo en operativos de búsqueda, sino también en investigaciones contra el personal responsable de la vigilancia de los internos.

La violencia volvió a sacudir al sur de Veracruz este miércoles luego de que dos mujeres fueran privadas de la libertad por un grupo de hombres armados que irrumpió en su domicilio en el municipio de Acayucan.

De acuerdo con un reporte policíaco, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Vázquez Gómez y Aquiles Serdán, en el barrio Villalta, donde sujetos armados ingresaron por la fuerza y se llevaron a las víctimas en medio de escenas de violencia que generaron alarma entre los habitantes de la zona.

Vecinos que presenciaron parte de lo ocurrido realizaron llamadas al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de las corporaciones de seguridad. Minutos después arribaron al sitio elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Guardia Nacional y Policía Ministerial, quienes iniciaron las primeras diligencias e implementaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar a las mujeres.

Hasta la noche del miércoles, ninguna de las corporaciones participantes había informado sobre el hallazgo de las víctimas ni sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

Disparos, sangre y daños en la vivienda

Habitantes del barrio Villalta relataron que durante el ataque se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, lo que provocó temor entre las familias de la zona.

Según testimonios recabados en el lugar, los agresores actuaron con rapidez y abandonaron el sitio después de someter a las mujeres. Tras la intervención de las autoridades, se reportó el hallazgo de rastros de sangre en una parte del inmueble, así como daños visibles en una de las ventanas de la vivienda.

Los indicios encontrados fueron integrados a la carpeta de investigación que las autoridades ministeriales iniciaron para esclarecer lo sucedido y determinar el móvil del ataque.

Mientras tanto, familiares y vecinos permanecen a la espera de información oficial que permita conocer el paradero de las víctimas y las circunstancias que rodearon su desaparición.

Crece preocupación por hechos similares en el sur de Veracruz

El caso registrado en Acayucan ocurre apenas un día después de otro hecho de características similares ocurrido en el municipio de Nanchital, también ubicado en la región sur del estado.

La mañana del martes 2 de junio, hombres armados y encapuchados ingresaron al domicilio de la comunicadora veracruzana Roxana Guzmán Ramírez, a quien privaron de la libertad frente a la preocupación de familiares y habitantes de la zona.

Desde entonces, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno mantienen un operativo de búsqueda para tratar de localizar a la periodista; sin embargo, hasta el momento no se había informado sobre resultados positivos.

La coincidencia temporal entre ambos casos ha generado inquietud entre habitantes de la región, quienes exigen mayores medidas de seguridad y una respuesta efectiva por parte de las autoridades para frenar este tipo de delitos.

Organizaciones civiles y ciudadanos han manifestado su preocupación ante la persistencia de hechos violentos en municipios del sur de Veracruz, una zona que en los últimos años ha enfrentado episodios relacionados con desapariciones, secuestros y actividades de grupos delictivos.

Por ahora, las investigaciones continúan abiertas tanto en Acayucan como en Nanchital, mientras familiares de las víctimas esperan avances que permitan conocer su paradero y garantizar su integridad.

Fernando Guzmán salió a defender a su hija cuando cuatro hombres armados irrumpieron en su domicilio de Nanchital, Veracruz, la madrugada de este 2 de junio. Lo golpearon, lo esposaron y se lo tiraron al piso. Lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue el grito de Roxana: “A mi papá no le peguen”.

Más de 24 horas después de su secuestro, la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez sigue sin aparecer y su padre, que terminó hospitalizado por los golpes, tiene un solo mensaje para sus captores.

“Devuelvan a mi hija. Ella no les ha hecho nada. Si ser periodista desfavorece a todo mundo, pues entonces no va a haber periodistas”, dijo Fernando Guzmán ante las cámaras de Milenio. La familia ha confirmado que hasta ahora los agresores no han pedido ningún tipo de rescate.

El secuestro ocurre en el país que Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó como la segunda nación más letal para la prensa en 2025, solo por detrás de Palestina. Ese año fueron asesinados 9 periodistas en México — la cifra más alta en tres años — y el país ocupó el segundo lugar mundial en desapariciones de comunicadores, con 28 casos, únicamente por detrás de Siria, con 37.

“Eran cuatro, amenazaron a todo mundo y no dijeron nada más”

Alrededor de las 6:00 horas del 2 de junio, los hombres llegaron al domicilio número 35 de la calle Balderas, en la colonia Primero de Mayo de Nanchital. Roxana tenía el celular en la mano y alcanzó a grabar parte de lo que ocurría: tres sujetos encapuchados, vestidos de negro, golpeaban la puerta con un marro mientras adentro su hermano les advertía que había una bebé en el lugar.

Cuando lograron vencer la puerta, uno de los hombres apuntó con un arma larga al hermano de la periodista. Fue entonces cuando salió el padre. “Yo salí, pero a mí me agarraron y me golpearon. Me dieron unas patadas y me esposaron”, relató Fernando Guzmán.

Los captores sometieron a todos los presentes, amenazaron a quienes estaban en el lugar y se llevaron a Roxana. El primero en ingresar tomó el celular. Ahí se cortó la grabación.

La esposa de Fernando y el hijo que aparece en el video también recibieron golpes, según relató. “Estamos devastados”, dijo en otra entrevista a Telemundo entre sollozos. “No sabemos nada, si está viva o está muerta, no sabemos nada”.

La familia alcanzó a fotografiar el vehículo en que se llevaron a Roxana: un Nissan Versa blanco con placas S43AKY. Según Milenio, en el Registro Público Vehicular (REPUVE) esa matrícula corresponde a un Hyundai Atos 2001, registrado ante la Secretaría de Finanzas de Puebla en 2005, con última actualización vehicular en junio de 2023. Las placas no corresponden al auto.

Tras recibir la denuncia, personal de la Fiscalía acudió al domicilio para recabar indicios. La vivienda quedó acordonada y bajo resguardo policial, lo que generó temor entre los vecinos del sector.

Operativo por tierra y aire no da resultados

Fuerzas federales y estatales intensificaron el operativo de búsqueda este miércoles 3 de junio. Decenas de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal se desplegaron por tierra y aire en Nanchital y en los municipios vecinos de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán.

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos. Hasta el cierre de esta edición, el operativo no ha arrojado resultados positivos, no hay personas detenidas ni se han revelado líneas de investigación.

ARTICLE 19 México y Centroamérica documentó el caso y exigió a la FGE Veracruz, al Gobierno del estado y a la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas implementar acciones efectivas de manera inmediata.

La organización pidió que la labor periodística de Guzmán Ramírez sea considerada línea prioritaria de investigación y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) activó la Alerta Mujeres Periodistas y exigió la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La organización señaló que, cuando la violencia se ejerce contra una mujer periodista, convergen un doble factor de vulnerabilidad: su labor informativa y la violencia de género.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) también condenaron el secuestro junto al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP).

“Exigimos al gobierno mexicano que adopte medidas inmediatas para garantizar su integridad. México continúa siendo el país más riesgoso para el ejercicio del periodismo en el continente, y por ello reclamamos que se activen todos los protocolos necesarios para proteger a quienes ejercen la labor de informar, frente a la violencia de grupos criminales y de poder”.

Una periodista que regresó a Veracruz tras su exilio

Roxana Berenice Guzmán Ramírez es directora de Pulso Informativo del Sureste, también conocido como Pulso Nanchiteco, un medio digital hiperlocal que cubre temas sociales, políticos y de seguridad en la zona sur de Veracruz. El portal sumó 19,000 seguidores en pocos meses.

En los días previos al secuestro, publicó textos sobre una denuncia ciudadana por la venta de huevos en mal estado y sobre las exigencias de una familia al ayuntamiento por un accidente con una camioneta oficial.

Detrás de su regreso hay una historia de violencia. El 11 de marzo de 2017, su pareja Carlos Fernández Escalante, alias “El Loco”, fue ejecutado a balazos en la colonia Brunet de Nanchital, a unos metros de donde ella se encontraba. Las líneas de investigación apuntaron a una posible venganza por viejas rencillas, según Plumas Libres.

Fernández Escalante había sido identificado por las autoridades como jefe de plaza de una organización criminal local. Tras su asesinato, Roxana salió de Veracruz. CIMAC confirmó que la salida fue por motivos de seguridad. Regresó en 2025 para fundar su portal informativo.

Quienes la conocen dicen que nunca advirtió peligro alguno. “En ningún momento nos platicó que había algo así de amenaza”, dijo uno de sus compañeros periodistas a Milenio. La única excepción data de 2019, cuando solicitó la intervención de la CEAPP por un presunto hostigamiento de una funcionaria municipal de Nanchital, un caso sin relación con su cobertura.

Una familiar lo vio todo. Vio cómo el taxi arrancaba. Vio cómo la niña de 15 años desaparecía dentro del vehículo. Intentó detenerlo. No pudo.

Diez angustiosos meses se vivieron desde el secuestro de la joven, la travesía hasta su localización mantuvo a la familia en vilo mientras las autoridades hacían todo para encontrar a la menor.

Desde aquella tarde del 18 de julio de 2025 en la colonia Ampliación Penitenciaría, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México pasaron tormentosos meses de búsqueda, con dos domicilios clandestinos y un cateo que finalmente puso fin a la historia de terror para la familia y terminó en el rescate de la adolescente y la detención del presunto perpetrador.

La sustracción: una tarde en Venustiano Carranza

La menor salió de su domicilio en la colonia Ampliación Penitenciaría. Eran solo unos minutos fuera de casa. Un hombre identificado como Marco “N” la subió a bordo de un taxi y la trasladó a destino desconocido. Una familiar que presenció la escena intentó bloquear el vehículo e impedir que avanzara. El taxi escapó de todas formas.

Ese mismo día, la madre de la adolescente presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX). Comenzó así una investigación que se extendería por diez meses.

La investigación: entrevistas, cámaras y dos domicilios

📝 Marco “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en la desaparición de una adolescente de 15 años, quien fue localizada y rescatada por agentes de la @PDI tras permanecer varios meses oculta en un inmueble de la alcaldía Venustiano Carranza.

La investigación… pic.twitter.com/I5cdpgGZEQ

— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 4, 2026

Las primeras diligencias condujeron a un inmueble en la colonia 10 de Mayo, también dentro de la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí, de acuerdo con la Fiscalía CDMX, la adolescente habría permanecido oculta durante varios meses.

Los agentes de la Policía de Investigación (PDI) recabaron entrevistas, analizaron videograbaciones y desarrollaron labores de seguimiento técnico para reconstruir los movimientos del imputado.

El 2 de octubre de 2025, las cámaras y los testigos aportaron un dato nuevo: Marco “N” habría sacado a la menor del inmueble de la colonia 10 de Mayo y la trasladó a otro sitio a bordo de un vehículo. El rastro se cortó temporalmente. Las labores de seguimiento continuaron durante meses.

Con el tiempo, nueva información permitió a los investigadores establecer que la víctima había regresado al inmueble original en la colonia 10 de Mayo. Con ese dato de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó ante un juez de control dos instrumentos: una orden de aprehensión contra Marco “N” y una orden de cateo para el inmueble.

Ambas fueron concedidas.

El rescate: cateo del 21 de mayo de 2026

El 21 de mayo de 2026, agentes de la PDI ejecutaron el cateo en el inmueble de la colonia 10 de Mayo. Dentro encontraron a la adolescente. Con vida.

Marco “N” fue detenido en el mismo operativo.

La menor quedó bajo resguardo institucional para recibir atención integral orientada a favorecer su reintegración familiar, según el comunicado oficial de la Fiscalía CDMX publicado el 3 de junio de 2026. El imputado fue trasladado ante la autoridad judicial.

Diez meses y tres días después de su desaparición.

El proceso judicial: vinculación y prisión preventiva

El 26 de mayo de 2026, cinco días después del cateo, se celebró la audiencia inicial. La Fiscalía CDMX presentó los elementos de prueba reunidos durante diez meses de investigación y formuló imputación contra Marco “N” por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares, en agravio de una adolescente de 15 años.

El juez de control determinó la vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

El tipo penal aplicado —desaparición cometida por particulares— no exige acreditar una exigencia de rescate. Basta con que el imputado haya privado a la víctima de su libertad y la haya mantenido oculta, sustrayéndola del amparo de su familia y de las autoridades.

En este caso, la Fiscalía CDMX acreditó ante el juez que esa condición se prolongó durante diez meses, con al menos dos domicilios distintos utilizados para ocultar a la menor.

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, Marco “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.

La investigación complementaria tiene plazo hasta octubre de 2026.

Un operativo de la Fiscalía de Jalisco en un anexo de Tonalá permitió localizar a una mujer reportada por posible privación ilegal de la libertad, detuvo a dos mujeres con mandamientos judiciales vigentes y derivó en la clausura del inmueble, un hecho que también abrió la revisión sobre las condiciones en que operaba el centro y el destino de sus internas.

Las diligencias se realizaron los días 25 y 26 de mayo, de acuerdo con la autoridad estatal, en un centro de rehabilitación ubicado en Prolongación y Antonio Durán, en la colonia La Ladrillera, con apoyo de autoridades municipales. En el sitio fueron revisadas 43 mujeres internas y varias pidieron ser reintegradas con sus familiares o trasladadas a otros albergues.

La intervención comenzó tras reportes sobre la posible retención de una mujer dentro del establecimiento. Durante la inspección, las autoridades la localizaron y señalaron que, según las indagatorias, sus familiares la habían ingresado al lugar sin que su pareja supiera dónde estaba.

Ese es el dato central del caso: la mujer reportada sí fue encontrada dentro del anexo de Tonalá y, tras la revisión oficial, el sitio quedó clausurado por autoridades municipales mientras continúan las investigaciones sobre su funcionamiento.

La revisión del anexo derivó en dos detenciones por órdenes vigentes

Al verificar la identidad de las personas que se encontraban en el centro, los agentes detuvieron a Miriam Alejandra “N”, quien tenía una orden de aprehensión vigente. La Fiscalía indicó que se le buscaba por desaparición cometida por particulares agravada, desaparición cometida por particulares y lesiones calificadas.

Según la autoridad estatal, la mujer estaría presuntamente relacionada con la desaparición de un hombre y una mujer ocurrida en abril de 2025 en San Pedro Tlaquepaque. La misma línea de investigación la vincularía con lesiones provocadas con arma de fuego al hijo de ambas víctimas.

La segunda captura ocurrió en otro momento del operativo. Durante la entrega de internas a sus familiares, fue detenida Nancy Lizeth “N”, quien acudió por una de las mujeres y contaba con una orden de reaprehensión vigente por el delito de robo.

La autoridad no informó en el texto difundido si alguna de las dos detenidas era parte de la administración del centro de rehabilitación. Lo que sí precisó es que ambas fueron aseguradas por contar con mandamientos judiciales activos al momento de la revisión.

El centro fue clausurado y varias internas pidieron salir

Después de la intervención, autoridades municipales clausuraron el inmueble. La medida se aplicó mientras continúan las indagatorias para esclarecer las condiciones en las que operaba el anexo de la colonia La Ladrillera.

La revisión oficial estableció que el resto de las internas manifestó no ser víctima de delitos. Aun así, algunas solicitaron salir del lugar, ya fuera para volver con sus familiares o para ser llevadas a otros espacios de resguardo, una gestión que fue atendida por las autoridades.

El operativo fue encabezado por personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social. La Fiscalía de Jalisco informó que las acciones se desplegaron la tarde de este martes en el municipio de Tonalá, luego de recibir reportes sobre la posible privación ilegal de una interna.

El caso también dejó una línea adicional de revisión sobre el modo en que la mujer localizada ingresó al centro. De acuerdo con la investigación preliminar, su estancia en el sitio no era conocida por su pareja, porque habría sido internada por familiares.

La autoridad estatal no informó en el texto difundido cuánto tiempo llevaba la mujer dentro del anexo ni detalló si hubo personas presentadas por la posible privación ilegal de su libertad. Tampoco precisó cuántas de las 43 internas fueron entregadas a familiares y cuántas fueron canalizadas a albergues.

Lo que sí quedó asentado por la Fiscalía es que la inspección al inmueble permitió ubicar a la mujer mencionada en los reportes iniciales, ejecutar una orden de aprehensión y una orden de reaprehensión, además de desocupar de manera parcial o total el lugar tras la solicitud de algunas internas y la clausura municipal.

• La Fiscalía de Jalisco localizó en un anexo de Tonalá a una mujer reportada por posible privación ilegal de la libertad.
• En la revisión fueron inspeccionadas 43 mujeres y quedaron detenidas Miriam Alejandra “N” y Nancy Lizeth “N” por órdenes judiciales vigentes.
• El centro de rehabilitación de la colonia La Ladrillera fue clausurado por autoridades municipales y siguen las investigaciones sobre su operación.

La oposición mexicana culpa a los gobiernos de Morena por el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Veracruz y exige su localización con vida. “No están gobernando, están entregando el país al crimen”, escribió la senadora panista Lilly Téllez en su cuenta de X, mientras que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, reclamó que “no podemos normalizar el terror”.

Estas declaraciones surgieron tras el secuestro de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, periodista y directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, ocurrido la mañana del 2 de junio en Nanchital, Veracruz. De acuerdo con los reportes del caso, un grupo armado irrumpió en su casa y se la llevó por la fuerza.

La oposición colocó el caso como una señal de la crisis de seguridad en el país y como evidencia, según sus mensajes, de la responsabilidad de los gobiernos de Morena frente al avance del crimen. Lilly Téllez y Alito Moreno exigieron que las autoridades localicen con vida a la comunicadora y actúen contra los responsables.

El secuestro de Roxana Guzmán ocurrió dentro de su domicilio en la colonia Primero de Mayo, donde al menos tres hombres armados y encapuchados derribaron la puerta e ingresaron al inmueble. La periodista alcanzó a grabar una parte del ataque con su celular antes de que la grabación se cortara.

Qué dijeron Lilly Téllez y Alito Moreno

En su publicación en redes sociales, Lilly Téllez responsabilizó al oficialismo por la violencia que vive el país y usó el secuestro de la periodista en Veracruz para cuestionar el desempeño de las autoridades. Su mensaje convirtió el caso en una acusación política directa contra Morena por la falta de seguridad.

“Su trabajo se centraba en el periodismo ciudadano: sin grandes estructuras mediáticas, con su teléfono y sus redes sociales, transmitía en vivo y cubría temas sociales, de política y seguridad en el sur de Veracruz”, redactó Téllez.

“Eso, presidente Sheinbaum, es su responsabilidad y la de la gobernadora Rocío Nahle, bajo cuya administración Veracruz se ha convertido en una zona de cacería para quienes se atreven a informar” acusó la senadora, quien también lamentó los hechos.

Por separado, Alejandro Moreno Cárdenas también se pronunció y sostuvo que el secuestro no puede asumirse como un hecho más dentro de la violencia cotidiana. El dirigente priista exigió la localización de Guzmán Ramírez y reclamó una respuesta inmediata del Estado.

“Esto ocurre en un país donde el gobierno de MORENA se dedica a promover el acoso a los medios críticos e impulsa una ley censura para callar a la prensa, mientras los cárteles del crimen organizado operan con total impunidad”, escribió desde sus redes el dirigente del PRI.

La investigación y el contexto del secuestro

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que abrió una carpeta de investigación por la presunta privación de la libertad de la comunicadora. También señaló que fiscales, peritos y policías ministeriales realizan diligencias para esclarecer los hechos, ubicar a la víctima e identificar a los responsables.

Hasta el momento, no hay reporte público sobre el paradero de Guzmán Ramírez ni sobre detenciones vinculadas con el caso. El operativo de búsqueda incluye participación de fuerzas estatales y federales.

Roxana Guzmán había regresado a Veracruz este año después de haber salido del estado en 2017 por motivos de seguridad. Ese año, su esposo fue asesinado en Nanchital. Tras volver, fundó su medio digital y retomó la cobertura de temas comunitarios, sociales y de seguridad en la zona sur de la entidad.

En los días previos a su secuestro, la periodista publicó denuncias ciudadanas y reportes locales sobre presuntas irregularidades en su municipio. Organizaciones como ARTICLE 19 México y Centroamérica pidieron que su trabajo periodístico sea considerado como línea prioritaria en la investigación.

Una autoridad judicial sentencia a Juana N. a 75 años de prisión por secuestro agravado de tres adolescentes hondureños en Villahermosa, Tabasco, informa la FGR este lunes 1 de junio de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el caso se integra a partir de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), que presenta pruebas para sustentar la responsabilidad penal de la acusada y obtener el fallo condenatorio.

La FGR detalla que los hechos ocurren en julio de 2016, cuando tres adolescentes, de nacionalidad hondureña, cruzan por territorio mexicano con destino a Estados Unidos, tras una gestión realizada por su madre.

Según la FGR, al llegar a Villahermosa, tres personas armadas bajan de una camioneta, privan de la libertad a los tres menores y los trasladan a una casa de seguridad, donde permanecen bajo cautiverio.

La Fiscalía indica que el proceso ministerial permite acreditar “plenamente” la participación de Juana N. y que, tras la etapa de juicio oral, la sentencia se dicta en una audiencia pública realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en Villahermosa.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial impone una multa equivalente a $438,240 pesos, una amonestación y la suspensión de derechos civiles y políticos, precisa la FGR.

En su comunicado, la Fiscalía sostiene que la resolución se inscribe en acciones contra delitos que afectan a personas en movilidad humana y que buscan frenar la impunidad en casos que implican violaciones graves a la libertad de niñas, niños y adolescentes que transitan por México.

La FGR señala que las víctimas son menores de edad: dos mujeres y un hombre, todos de origen hondureño, y que el delito por el que se dicta sentencia corresponde a secuestro agravado en perjuicio de los tres adolescentes.

La institución agrega que la investigación y la presentación de elementos ante la autoridad judicial se desarrollan desde la representación social de la Federación, a fin de sostener la acusación en juicio oral y obtener una condena.

• Juana N. recibe 75 años de prisión por el secuestro agravado de tres adolescentes hondureños en Tabasco, según la FGR.
• Los hechos, de acuerdo con la Fiscalía, ocurren en julio de 2016 cuando las víctimas transitan por México rumbo a Estados Unidos.
• La sentencia incluye multa de $438,240 pesos, amonestación y suspensión de derechos civiles y políticos, precisa la FGR.

El Gobierno de Veracruz informó la tarde este 2 de junio el despliegue de un operativo de búsqueda y localización por la privación de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste.

Al menos tres hombres armados sustrajeron a Guzmán de su domicilio en Nanchital la mañana de este mismo día.

Según autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz encabeza las acciones, las cuales estarían siendo implementadas desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos.

En los trabajos también está involucrada la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, por lo que se trata de un operativo integrado por fuerzas federales y estatales.

Además, fue confirmado que de manera paralela la Fiscalía de Veracruz abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de los responsables.

El caso tomó relevancia en redes sociales y medios de comunicación a nivel nacional luego de la difusión de un material en el que sujetos fuertemente armados irrumpen en la vivienda donde se encontraba la periodista, rompiendo los vidrios de la entrada y apuntando con armas largas hacia el interior.

Hasta el momento no hay personas detenidas tras los hechos, ni se han revelado líneas de investigación.

El esposo de Roxana Guzmán fue asesinado en 2017

El 11 de marzo de 2017, medios locales como Plumas Libres reportaron el asesinato de Carlos Fernández Escalante, alias “El Loco”, esposo de la periodista.

Extraoficialmente se supo que fue baleado en Nanchital, a unos metros de donde ella se encontraba.

Su asesinato no habría sido el primer episodio de violencia contra Fernández Escalante. El mismo medio afirmó que en 2012, las Fuerzas Armadas lo detuvieron en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y droga.

Tres años después, en diciembre de 2015, al recobrar su libertad, recibió al menos tres impactos de bala en un atentado.

Las líneas de investigación sobre su muerte apuntaron a una posible venganza por viejas rencillas, de acuerdo con Plumas Libres.

Organizaciones de derechos humanos exigen justicia para Roxana

Artículo 19 documentó la desaparición de la periodista y exigió a la FGE Veracruz, al Gobierno del Estado y a la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas implementar acciones efectivas de manera inmediata.

La organización pidió que la labor periodística de Guzmán Ramírez fuera considerada línea prioritaria de investigación y que se aplicara el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Por su parte, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) activó la Alerta Mujeres Periodistas y exigió la intervención inmediata de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La organización señaló que, cuando la violencia se ejerce contra una mujer periodista, convergen un doble factor de vulnerabilidad: su labor informativa y la violencia de género.

CIMAC también aportó datos sobre el historial de Guzmán Ramírez. En 2017 se vio obligada a salir de Veracruz por motivos de seguridad (los cuales posiblemente están relacionados con el asesinato de su esposo) y confirmó que en el 2025 regresó al estado y fundó Pulso Informativo del Sureste.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Misael “N”, alias “El Borregas”, identificado como hermano de Guillermo Fragoso Báez, exregidor de Ecatepec que actualmente se encuentra prófugo de la justicia y cuenta con una orden de aprehensión vigente.

La captura se realizó mediante un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal de Ecatepec, como parte de las acciones de la denominada Operación Restitución, estrategia implementada para combatir el delito de despojo en territorio mexiquense.

De acuerdo con las autoridades, “El Borregas” era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en diversas actividades ilícitas relacionadas con organizaciones señaladas por operar bajo la apariencia de sindicatos.

La Fiscalía estatal lo identifica como uno de los principales integrantes de las agrupaciones conocidas como USON, 25 de Marzo y Piperos de Ecatepec y Estado de México, grupos que han sido objeto de investigaciones por su posible vínculo con diversos delitos.

Lo relacionan con delitos de alto impacto

Según la información oficial, Misael “N” es investigado por su presunta participación en delitos como extorsión, secuestro, robo con violencia y despojo, entre otros ilícitos.

Tras su captura, fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación legal en los próximos días.

La detención representa uno de los operativos más relevantes dentro de la estrategia emprendida por la FGJEM para combatir redes dedicadas al despojo de inmuebles, una problemática que ha generado múltiples denuncias en municipios de la zona metropolitana del Valle de México.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades atribuidas al detenido y la posible participación de otras personas relacionadas con estas organizaciones.

El vínculo con un exregidor prófugo

La Fiscalía destacó que el detenido es hermano de Guillermo Fragoso Báez, dirigente de la organización USON y exregidor de Ecatepec durante el periodo 2019-2021, correspondiente a la primera administración municipal encabezada por el entonces alcalde Fernando Vilchis Contreras.

De acuerdo con las autoridades, Fragoso Báez permanece evadido de la justicia debido a que existe una orden de captura en su contra por diversos delitos que actualmente son investigados por la Fiscalía mexiquense.

La dependencia no detalló las acciones recientes para localizar al exfuncionario, aunque confirmó que continúa siendo un objetivo de búsqueda.

Antecedentes en la administración municipal

El caso también ha reavivado cuestionamientos sobre la influencia que integrantes de la familia Fragoso tuvieron dentro de la administración municipal de Ecatepec.

Según antecedentes señalados por las autoridades, durante el primer gobierno de Fernando Vilchis Contreras, Merced Guillermo Fragoso Estévez, padre de Guillermo Fragoso Báez y de Misael “N”, fue designado como titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec.

De acuerdo con diversas líneas de investigación, desde esa posición presuntamente se habrían realizado actividades ajenas al marco legal, aunque las autoridades no han informado sobre resoluciones judiciales relacionadas con dichos señalamientos.

La captura de “El Borregas” ocurre en un contexto de reforzamiento de los operativos contra grupos acusados de controlar territorios mediante amenazas, invasiones de inmuebles y actividades de extorsión en distintos municipios mexiquenses.

Roxana Guzmán, una periodista de Nanchital, en Veracruz, fue secuestrada este martes cuando se encontraba en su casa.

De acuerdo con reportes, Guzmán se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo armado, irrumpió en su casa y se la llevó.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz dio a conocer que por medio de la 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗮𝘁𝘇𝗮𝗰𝗼𝗮𝗹𝗰𝗼𝘀, se inició una carpeta de investigación derivado de la presunta privación de la libertad de la comunicadora, quien labora en el municipio de Nanchital.

Además, se informó que desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, la trilogía investigadora integrada por 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝘀 𝘆 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶́𝗮𝘀 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.

“La 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 reitera que 𝗹𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘀𝗲 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗿𝗮́𝗻 𝗮 𝗰𝗮𝗯𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁𝗼 𝗮𝗽𝗲𝗴𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗹𝗲𝘆, 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝘁𝗼 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗼𝘀 𝘆 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶́𝗰𝘁𝗶𝗺𝗮 𝘆 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗿 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗮 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗵𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝗵𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀“, se informó.

Por medio de redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve el momento en el que hombres armados y con el rostro cubierto golpean la puerta de la casa de la mujer en reiteradas ocasiones para ingresar al domicilio.

Un hombre al interior de la casa, sin casima, pide a los hombres que dejen de golpear la puerta, sin embargo, uno de ellos le apunta con un arma de fuego. Los sujetos logran romper la puerta e ingresar al lugar.

De acuerdo con información disponible, Roxana Berenice Guzmán Ramírez es directora del portal Pulso Informativo del Sureste, en Veracruz.

Miguel Raymundo Martínez Monroy, Policía Segundo y jefe de la XIV Región de Luvianos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), fue encontrado sin vida en el municipio de Tejupilco luego de haber sido reportado como desaparecido durante la jornada del lunes en la región sur de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el mando policial fue presuntamente privado de la libertad por hombres armados en la zona de Tierra Caliente, al suroeste del Estado de México —en los límites con Guerrero y Michoacán—. Horas después, autoridades localizaron su cuerpo con huellas de violencia en un predio ubicado en territorio de Tejupilco.

La desaparición del jefe regional generó la activación de protocolos de búsqueda por parte de corporaciones de seguridad estatales. Versiones preliminares señalan que el servidor público habría sido interceptado tras concluir su jornada laboral cuando se dirigía a su domicilio.

Información difundida por medios locales indica que las autoridades tuvieron conocimiento de la desaparición después de una llamada anónima en la que presuntamente se informó que Martínez Monroy se encontraba secuestrado. A partir de ese momento se desplegó un operativo coordinado en municipios del sur mexiquense.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrantes de la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes instalaron filtros de revisión y realizaron labores de búsqueda e inteligencia.

Tras el hallazgo del cuerpo, personal de emergencia confirmó el fallecimiento y la zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos. Posteriormente acudieron agentes del Ministerio Público y especialistas forenses para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cadáver y su traslado a las instalaciones de Servicios Periciales.

La Secretaría de Seguridad estatal difundió una esquela en memoria de Miguel Raymundo Martínez Monroy, quien se desempeñaba como responsable de la región policial con sede en Luvianos.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por estos hechos. La Fiscalía mexiquense informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque.

El asesinato ocurrió en una región que en los últimos años ha concentrado operativos de seguridad debido a la presencia de organizaciones criminales. Además, el caso se registró horas después de reportes relacionados con la presunta privación de la libertad de una funcionaria municipal en la zona sur del Estado de México.

De operativos contra La Familia Michoacana a agresiones contra policías: los antecedentes recientes en Tierra Caliente

En los últimos meses, la región sur del Estado de México ha sido escenario de operativos de gran escala contra presuntas estructuras de La Familia Michoacana. En marzo de 2026, autoridades federales y estatales desplegaron la llamada Operación Bastión, mediante la cual aseguraron inmuebles vinculados con la organización criminal en municipios de Tierra Caliente como Tejupilco, Tlatlaya y Luvianos.

Semanas antes, en febrero de 2026, también se reportaron acciones derivadas de la Operación Enjambre, estrategia enfocada en investigar posibles vínculos entre funcionarios y grupos delictivos en distintas regiones mexiquenses.

La tensión en la zona ya había quedado evidenciada durante julio de 2025, cuando operativos contra extorsiones atribuidas a La Familia Michoacana provocaron bloqueos carreteros, retención de policías estatales, vandalización de patrullas y agresiones contra elementos de seguridad en municipios como Tejupilco y Tlatlaya.

La violencia volvió a golpear al municipio de Salamanca, Guanajuato, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en una reunión social y atacara a balazos a los asistentes, dejando un saldo preliminar de cuatro personas muertas, tres heridas de gravedad y un hombre privado de la libertad.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 10 de la noche del pasado viernes, en una vivienda ubicada sobre la calle Mariano Abasolo, casi en su cruce con Río Bravo, donde varias personas convivían tanto dentro como fuera del inmueble cuando fueron sorprendidas por los agresores.

De acuerdo con los primeros reportes recabados por autoridades locales, varios sujetos armados arribaron al sitio a bordo de dos camionetas y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra quienes se encontraban en el lugar.

El ataque provocó momentos de pánico entre los asistentes, quienes intentaron resguardarse mientras las detonaciones se escuchaban en varias calles de la zona.

Cuatro muertos y tres heridos de gravedad

Tras el ataque, cuerpos de emergencia y elementos policiacos acudieron al lugar para atender la situación. Las primeras evaluaciones confirmaron la muerte de cuatro personas, mientras que otras tres resultaron lesionadas.

Entre los heridos se encontraban dos mujeres que, junto con una tercera víctima, fueron trasladadas de emergencia a distintos hospitales de la región en vehículos particulares debido a la gravedad de sus lesiones.

Fuentes locales señalaron que el estado de salud de los sobrevivientes era delicado, por lo que permanecían bajo observación médica.

Durante las diligencias realizadas en la escena del crimen, peritos y agentes investigadores localizaron múltiples indicios balísticos, además de rastros de sangre que se extendían por varios metros sobre la vía pública.

También se observaron envases de cerveza y otros objetos relacionados con la convivencia que se realizaba momentos antes de la agresión, lo que reforzó la hipótesis de que las víctimas se encontraban en una reunión cuando fueron atacadas.

Testigos reportan privación de la libertad

Además de la masacre, testigos informaron a las autoridades que los agresores se llevaron por la fuerza a un hombre cuya identidad no ha sido revelada.

Según las versiones recabadas por la policía, el individuo habría sido subido a uno de los vehículos utilizados por los atacantes antes de que estos escaparan del lugar.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si el secuestro está relacionado con el ataque armado o con algún conflicto previo.

Otra ejecución horas antes

La jornada violenta en Salamanca había comenzado incluso antes de la masacre.

Aproximadamente una hora antes del ataque en la calle Mariano Abasolo, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Los Pinos.

De acuerdo con autoridades locales, la víctima viajaba a bordo de un triciclo sobre la calle 5 de Mayo cuando fue interceptada por un sujeto armado que se desplazaba en motocicleta.

El agresor abrió fuego en repetidas ocasiones y posteriormente huyó del lugar sin que pudiera ser detenido.

La víctima murió en el sitio a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Tras ambos hechos, elementos de corporaciones municipales, estatales y federales desplegaron operativos en distintos puntos de Salamanca para intentar localizar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

Gustavo Domínguez Saldívar fue privado de la libertad en la capital de Zacatecas, y la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación porque el exdirector de la Policía de Investigación fue interceptado sobre la avenida San Marcos y, hasta el momento, no existe una exigencia de rescate ligada al caso.

La fiscalía estatal informó que la indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en el Combate de Delitos de Alto Impacto. La dependencia detalló que ya identificó un vehículo presuntamente relacionado con los hechos y que mantiene seguimiento operativo y análisis de información sobre esa unidad.

El caso ocurrió la noche del jueves, alrededor de las 21:00, cuando Domínguez Saldívar estaba afuera de un negocio presuntamente de su propiedad. De acuerdo con la información oficial y los reportes incluidos en el texto fuente, hombres armados lo sometieron y lo obligaron a subir a un vehículo.

La fiscalía precisó que los hechos se registraron en la avenida San Marcos, en la capital del estado. También sostuvo que no se ha recibido ninguna comunicación vinculada con un cobro de rescate o una negociación por la liberación de la víctima.

La fiscalía ya rastrea un vehículo ligado a la privación de la libertad

El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya confirmó la privación de la libertad durante una entrevista radiofónica citada en el texto fuente. Según esa versión, el seguimiento por videocámaras del C5i permitió establecer incluso la ruta de salida del vehículo identificado.

La Fiscalía de Zacatecas expuso en un comunicado que las primeras diligencias ministeriales y de inteligencia permitieron ubicar esa unidad. Añadió que el seguimiento continúa como parte de las acciones para localizar al exfuncionario y esclarecer lo ocurrido.

Al momento del secuestro, elementos del Ejército Mexicano y otras corporaciones desplegaron un operativo en colonias como Las Palmas y Minera, además de zonas aledañas. Ese despliegue no logró encontrar ni a la víctima ni a quienes participaron en la privación de la libertad, según el texto fuente.

La autoridad estatal también informó que mantiene coordinación interinstitucional para dar con el paradero de Domínguez Saldívar. La dependencia señaló que las tareas en curso combinan acciones operativas y trabajo especializado de investigación.

Un dato que la fiscalía subrayó desde sus primeras comunicaciones es que la víctima dejó de laborar en la institución hace un año y ocho meses. La dependencia sostuvo que esa condición no reduce ni modifica los esfuerzos desplegados para ubicarlo.

Ese punto responde a una pregunta central del caso: cuál es la situación institucional actual de Gustavo Domínguez Saldívar. De acuerdo con la propia fiscalía, ya no formaba parte de la corporación cuando ocurrió la privación de la libertad, aunque la búsqueda se mantiene con el mismo objetivo de localizarlo con prontitud.

Gustavo Domínguez encabezó la Policía de Investigación durante dos gobiernos estatales

Según los antecedentes incluidos en el texto fuente, Domínguez Saldívar fue director de la Policía de Investigación, antes llamada Policía Ministerial, durante todo el sexenio del exgobernador Miguel Alonso Reyes, de 2010 a 2016. Después permaneció en funciones durante parte del gobierno de Alejandro Tello Cristerna.

En febrero de 2019 fue relevado del cargo y pasó a encabezar la Unidad Antisecuestros dentro de la misma corporación. Más tarde dejó de laborar en la fiscalía estatal, de acuerdo con la precisión oficial difundida ahora por la institución.

El texto fuente también recupera antecedentes de 2020 sobre una presunta captura de Domínguez Saldívar en Matamoros, Tamaulipas, cuando aparentemente buscaba cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos con destino a Brownsville, Texas. Esa información se presentó entonces como una versión extraoficial.

En ese mismo periodo se mencionó de forma no confirmada que habría existido una investigación en su contra por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito por parte de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, adscrita a la FGR. La fiscalía zacatecana de ese momento negó que existiera una carpeta de investigación o una detención confirmada.

Otro antecedente disponible en el portal de la fiscalía, citado en el texto fuente, indica que el exmando fue vinculado con investigaciones internas por la dilación en la búsqueda de personas desaparecidas. Ese señalamiento aparece como parte del contexto de su trayectoria dentro de la corporación.

La información oficial difundida sobre el secuestro no establece, hasta ahora, un móvil para la privación de la libertad. La fiscalía se limitó a informar la apertura de la carpeta, la identificación de un vehículo, la ausencia de llamadas de rescate y la continuidad de los operativos de búsqueda.

La dependencia estatal reiteró que las acciones se desarrollan mediante coordinación entre distintas corporaciones. Al cierre de la información contenida en el texto fuente, el paradero de Gustavo Domínguez Saldívar seguía sin conocerse y la investigación continuaba abierta.

• La Fiscalía de Zacatecas confirmó que Gustavo Domínguez Saldívar fue privado de la libertad sobre la avenida San Marcos, en la capital del estado.
• Las autoridades identificaron un vehículo presuntamente ligado al caso y mantienen seguimiento operativo e inteligencia para localizar a la víctima.
• Hasta el momento no existe una exigencia económica por rescate y la fiscalía sostuvo que el exfuncionario dejó la institución hace un año y ocho meses.

Una abuela será llevada a juicio, luego de que fuera acusada de secuestrar a su nieto de tres años desde su casa en la ciudad de Tunuyán, Mendoza, con la presunta intención de venderlo en la provincia de Salta. En el caso también está imputada su pareja, quien fue acusado de haber sido partícipe del macabro plan. Desde que fueron detenidos, se encuentran detenidos en el penal de San Felipe.

El caso se conoció el 1 de junio de 2025, cuando una adolescente, que sería la presunta hija de la acusada, del barrio La Tablada llamó al 911 para denunciar que pretendían llevarse a su hijo sin permiso a otra provincia. La rápida intervención de la policía permitió localizar en el callejón Belgrano a un hombre con el nene, acompañado por una mujer y un adolescente, quienes avanzaban en dirección a la Ruta 40.

Luego de que las autoridades lograran detenerlos, se confirmó que la abuela sería una mujer de 37 años, identificada como J. V., mientras que la pareja de esta se trataría de un hombre de 28 años, cuyas iniciales serían E. M. Según confirmó la Fiscalía de Tunuyán, ambos fueron acusados de sustracción de menores, un delito que contempla penas de entre cinco y quince años de prisión.

Durante el operativo, el hombre manifestó ante los efectivos que el menor le había sido entregado por la madre debido a que no podía cuidarlo por motivos de salud. Sin embargo, otra comisión policial acudió al domicilio de la madre y encontró a la joven, de 19 años, llorando.

Por otro lado, tres personas presentes en la vivienda confirmaron que el nene había sido retirado con el objetivo de venderlo en Salta por $14.000.000, suma de la cual ya se habría pagado un 50 %. No obstante, desde ese momento la Fiscalía dispuso el secreto de sumario y no habían descartado en un primer momento la hipótesis de trata de personas.

En la audiencia preliminar celebrada ante la jueza Mónica Romero, las partes acordaron los puntos del debate, que se desarrollará próximamente en los tribunales del Valle de Uco. De acuerdo con la información obtenida por Telesoldiario, las autoridades judiciales anticiparon que “el debate se realizará a la brevedad”.

El caso generó amplia repercusión, por lo que la Justicia de Mendoza había alertado a las autoridades de Salta, que iniciaron una investigación para determinar si detrás de este traslado existía una red de posibles compradores o intermediarios.

Según la información que había sido recopilada por El Tribuno de Salta, el hecho abrió una línea de investigación colaborativa entre ambas jurisdicciones para esclarecer la existencia de un posible circuito de venta de menores.

Buscan en Buenos Aires a una nena mendocina de 7 años: creen que habría sido ocultada por su madre

La Justicia de Mendoza ordenó la búsqueda y restitución de Sur Álvarez Tovar, una nena de siete años presuntamente oculta por su madre en la provincia de Buenos Aires. La disposición fue tomada por la jueza de Familia Natalia Lorena Vila, quien resolvió el retorno de la menor a su padre, identificado como A. A., luego de que este presentara una acción judicial ante los tribunales de Gestión Judicial Asociada de Familia de Maipú.

Según surge del expediente, Sofía Micaela Tovar, madre de la menor, no acató la orden judicial de entrega y habría cambiado el nombre de la menor, lo que dificultaría las tareas de localización. El último dato oficial indica que estuvieron en el partido bonaerense de San Isidro, donde Sur fue inscripta por última vez en una escuela.

La resolución de la jueza Vila establece el regreso inmediato de la nena a Mendoza y habilita la intervención de organismos especializados, entre ellos el Ministerio Público Pupilar, encargado de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las autoridades remarcaron que el seguimiento descartaría posibles cambios de establecimiento escolar o modificaciones en las características personales de la menor, ya que existen antecedentes de alteraciones de este tipo.

La Justicia de Mendoza autorizó la difusión pública de imágenes, datos y señas particulares de Sur Álvarez Tovar para facilitar su localización y el cumplimiento de la decisión judicial. Las fotografías que acompañan el comunicado oficial fueron divulgadas a través de medios y plataformas públicas, conforme a la autorización judicial.

Desde la Oficina de Prensa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se recordó que estos procedimientos buscan garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y asegurar la ejecución de las resoluciones judiciales. Ante cualquier información relevante sobre el paradero de Sur, se solicita a la ciudadanía dar aviso inmediato en la comisaría más cercana o comunicarse al 911.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de David “N”, alias “El Deivid” y/o “El Chino”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región de Ecatepec y presunto líder del grupo delictivo conocido como “La Chokiza”, además de estar relacionado con la asociación denominada “Sumando Amigos A.C.”.

La autoridad judicial determinó iniciar proceso penal en su contra por su probable participación en el delito de secuestro exprés, luego de analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público mexiquense.

Así ocurrió el secuestro exprés contra un comerciante

De acuerdo con la investigación de la FGJEM, los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2025 en el municipio de Ecatepec, cuando la víctima, quien trabajaba como vendedor ambulante, fue interceptada por tres individuos, entre ellos David “N”.

Según las indagatorias, los sujetos se identificaron como integrantes de “La Chokiza” y exigieron al comerciante el pago de una cuota económica a cambio de permitirle continuar con sus actividades comerciales en la zona.

La víctima rechazó las exigencias económicas, por lo que presuntamente fue privada de su libertad. Los agresores lo obligaron a subir a un vehículo y lo mantuvieron retenido mientras lo amenazaban de muerte.

Ante el temor por su integridad física, el comerciante accedió a las demandas de los presuntos delincuentes, lo que derivó en su posterior liberación.

Captura de “El Deivid” cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Tras reunir diversos elementos de prueba, la Fiscalía mexiquense solicitó una orden de aprehensión en contra de David “N”, misma que fue concedida por un juez.

La captura se llevó a cabo el pasado 22 de mayo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mediante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la FGJEM y la Fiscalía de la CDMX.

Una vez detenido, el presunto líder criminal fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Juez impone prisión preventiva

Luego de revisar las pruebas aportadas por la representación social, el juez resolvió vincular a proceso a David “N” por el delito de secuestro exprés.

Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía recordó que el detenido debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

La Chokiza opera en varios municipios del Valle de México

Información de la FGJEM señala que David “N” habría asumido el control de “La Chokiza” tras la detención de su hermano Alejandro Gilmare “N”, alias “El Choko”, quien anteriormente encabezaba dicha organización criminal.

Las autoridades investigan a este grupo por su presunta participación en diversos delitos de alto impacto en municipios como Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Zumpango y Tultepec.

Debido a estas investigaciones, la Fiscalía del Estado de México exhortó a la ciudadanía a denunciar en caso de reconocer a David “N” como posible participante en otros hechos delictivos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo este viernes la vinculación a proceso de David “N”, conocido como “El Deivid” y/o “El Chino”, identificado como principal generador de violencia del grupo delictivo “La Chokiza” en la entidad. La decisión judicial responde a su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés.

Las investigaciones señalan que, el 17 de septiembre de 2025, tres sujetos —incluido el hoy procesado— privaron de la libertad a un comerciante ambulante en Ecatepec, presentándose como miembros de “La Chokiza”. Mediante amenazas, exigieron a la víctima una suma de dinero para permitirle continuar con su actividad comercial.

El trabajador se negó a entregar el pago solicitado. Ante esa negativa, “El Deivid” y los otros dos implicados lo obligaron a subir a un vehículo, lo retuvieron y lo amenazaron de muerte hasta que aceptó sus demandas; solo entonces recuperó su libertad.

Ante los hechos, la Institución solicitó y obtuvo de un Juez la orden de aprehensión en contra de David “N”, alias “El Deivid” y/o “El Chino”, que se cumplimentó el pasado 22 de mayo, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Una vez detenido, David “N” fue ingresado al centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición de la Autoridad competente, quien, tras revisar las pruebas aportadas por esta Fiscalía, determinó vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva, así como un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Cabe señalar que, de acuerdo con información de la Fiscalía mexiquense, este sujeto habría asumido el liderazgo del grupo delictivo “La Chokiza” después de la detención de su hermano Alejandro Gilmare “N” alias “El Choko” en el municipio de Ecatepec.

El ascenso al liderazgo de “La Chokiza”

David “N” no siempre encabezó la organización. Asumió el mando del grupo delictivo tras la detención de su hermano, Alejandro Gilmare “N”, alias “El Choko”, y desde ese momento fue señalado como la figura que sostenía la capacidad violenta de la banda.

Este grupo delictivo tendría presencia en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Zumpango y Tultepec y se encuentran relacionados con diversos hechos delictivos de alto impacto.

¿Quién es “El Choko”, el hermano detenido?

Alejandro Gilmare “N”, alias “El Choko”, fue detenido el 10 de septiembre de 2025 por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La captura ocurrió en la plaza comercial Centro Las Américas, en Ecatepec, principal zona de operación de la organización.

El arresto se produjo a partir de una denuncia anónima sobre un grupo dedicado a secuestros, extorsión y venta de drogas. Una semana después, un juez lo vinculó a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro.

El Choko, en el Altiplano

Tras la vinculación, Alejandro “N” fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano”. La investigación que derivó en su captura estuvo dirigida por la Fiscalía General de la República, con base en información ciudadana.

La caída de “El Choko” marcó el inicio de una nueva fase de operativos contra “La Chokiza” y abrió el camino para que su hermano David asumiera el control —y, con ello, se convirtiera en el nuevo objetivo prioritario de las autoridades del Estado de México.

La audiencia relacionada con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue diferida este viernes luego de que el senador Javier Corral no acudiera a la diligencia programada en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

Ante la inasistencia del legislador de Morena, el juez de control determinó suspender el desarrollo de la sesión y fijó una nueva fecha para el próximo martes 2 de junio a las 09:45 horas.

La audiencia deriva de la impugnación promovida por Javier Corral contra la decisión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de no ejercer acción penal en contra de la mandataria estatal por presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Cabe destacar que Maru Campos tampoco acudió presencialmente a la audiencia celebrada este viernes. En su representación legal arribaron sus abogados, encabezados por Roberto Gil Zuarth, quienes centrarán su estrategia en demostrar que no existe fundamento para ejecutar acción penal contra la gobernadora.

Defensa acusa intento de llevar el caso a la FGR

Durante la audiencia, la defensa legal de Maru Campos acusó formalmente a Javier Corral de buscar que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.

De acuerdo con los litigantes, la intención del exgobernador de Chihuahua sería trasladar el expediente al ámbito federal para resultar favorecido políticamente por funcionarios cercanos a la FGR, particularmente por el actual vocero de la institución, Ulises Lara.

Los abogados señalaron que esta maniobra replicaría la estrategia utilizada en 2024, cuando autoridades de Chihuahua intentaron detener a Javier Corral en la Ciudad de México por acusaciones de corrupción y peculado, arresto que finalmente no se concretó.

La solicitud para que la FGR atraiga el caso fue confirmada por Javier Schütte, abogado de Javier Corral, quien ratificó que formalizaron la petición ante la instancia federal.

Según explicó el litigante, buscan que la federación investigue los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

No obstante, Schütte aclaró que la denuncia no está dirigida directamente contra Maru Campos, sino “contra quien resulte responsable”, además de señalar que será decisión exclusiva de Javier Corral acudir o no a la próxima audiencia programada para el martes.

Gil Zuarth denuncia presión política

A su llegada al Poder Judicial capitalino, Roberto Gil Zuarth sostuvo que existe un contexto político que podría influir en el desarrollo del proceso judicial, especialmente por el cargo que ocupa Javier Corral como presidente de la Comisión de Justicia del Senado.

“No podemos dejar de lado el hecho de que Javier Corral es presidente de la Comisión de Justicia del Senado, en un momento en el que se está discutiendo la reforma judicial”, declaró.

El abogado añadió que la reforma judicial ha derivado en presiones sobre jueces y tribunales, por lo que la defensa busca impedir que una supuesta presión política derive en la reapertura de una carpeta de investigación contra la gobernadora.

“Hay una presión política natural y eso es lo que justamente venimos a evitar, que por presión política el juez determine volver a someter a la gobernadora Maru Campos a una carpeta de investigación”, afirmó.

El origen del conflicto: acusaciones de corrupción y peculado

La confrontación entre Javier Corral y Maru Campos tiene como antecedente los hechos ocurridos en 2024, cuando agentes de la Fiscalía de Chihuahua intentaron detener al entonces exgobernador en un restaurante de la Ciudad de México.

En ese momento, las autoridades chihuahuenses buscaban arrestarlo para que respondiera por presuntos delitos de corrupción y peculado en agravio del estado, relacionados con un supuesto desvío de recursos públicos por alrededor de 98 millones de pesos.

Tras aquel episodio, Corral acusó a la administración estatal de persecución política y posteriormente presentó denuncias relacionadas con el operativo de captura.

Además de los señalamientos jurídicos, el senador morenista ha acusado públicamente a Maru Campos de corrupción, simulación de justicia y de presuntamente proteger al exgobernador César Duarte.

El diferimiento de la audiencia ocurre apenas días después de que la Fiscalía de la Ciudad de México aclarara públicamente que no existe una investigación activa ni un proceso penal abierto contra la gobernadora de Chihuahua.

Por ahora, el caso permanecerá en pausa hasta el próximo 2 de junio, fecha en la que se espera la continuación de la audiencia y la comparecencia de las partes involucradas.

En el marco de la causo de Alicia Isabel Godoy, la mujer de 39 años que estuvo retenida durante un mes por una banda narco que le exigía saldar una deuda de $150.000, este jueves la fiscal Paula Barros imputó por secuestro extorsivo a Yonatan C., uno de los captores. El juez Hernán Postma le dictó seis meses de prisión preventiva y avaló por primera vez en la causa esa calificación penal.

La fiscal le atribuyó a Yonatan C. el rol de coautor de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas y por la intervención de menores de edad. La mujer apareció el 5 de mayo cuando se presentó por sus propios medios en la Estación Policial Sudoeste, después de un mes sin noticias sobre su paradero.

Antes de esta nueva imputación, el hombre ya había sido vinculado al expediente el 30 de abril, cuando fue acusado junto con otros involucrados por amenazas y lesiones contra los familiares de Godoy. En esa ocasión había recuperado la libertad con reglas de conducta.

Es uno de los 4 imputados por la desaparición de Godoy. Las otras personas involucradas en el cado son Ana Laura S., María Belén S., alias “La Pelada”, y Gastón D. En relación con ellos, la jueza Luciana Valarella rechazó la figura de secuestro y aplicó la de extorsión, una decisión que la fiscalía apeló. Otros dos sospechosos quedaron desvinculados en esa etapa de la investigación.

Según la fiscal Barros, Yonatan “Jona” C., de 21 años, integró el grupo que sostuvo “un contexto permanente de intimidación, control y amenazas” durante el cautiverio. También fue acusado de intimidar a Godoy con una tijera y de advertirle que, si no conseguía el dinero, atentarían contra sus hijos, los matarían delante de ella y golpearían al bebé contra una pared, según La Capital.

El secuestro de Godoy

Godoy fue raptada el 4 de abril por una organización para la que trabajaba en la venta de drogas a baja escala en distintos puestos de su barrio. La pesquisa reconstruyó que el secuestro tuvo como finalidad obtener un provecho económico mediante el cobro de un rescate vinculado a la desaparición de $150.000 que estaban destinados a Ana Laura S.

De acuerdo con la imputación citada por La Capital, esa suma “fue sustraída por un tercero no individualizado”, pero dentro de la organización culparon a Godoy. A partir de eso, la mantuvieron retenida contra su voluntad durante los primeros días a apenas 100 metros de su casa, en el domicilio de Alicia en Vuelta de Obligado al 4900.

La mujer declaró que en esa vivienda se guardaban armas y objetos robados, y que no podía oponerse a una banda que “ejercía control y violencia sobre ella”, según la imputación. Ese contexto fue incorporado por la acusación para describir la relación de dependencia y coerción previa al secuestro.

El mismo día de la desaparición, los familiares de Alicia Godoy fueron amenazados por un grupo de personas armadas. La familia llegó a entregar una bicicleta para intentar cancelar la deuda, pero eso no alcanzó y las amenazas continuaron. La noche del 5 de abril hicieron dos transferencias para frenar los aprietes, aunque el pago tampoco resolvió el conflicto ni permitió recuperar a la mujer.

El 19 de abril, familiares de la víctima fueron hasta la casa de Ana Laura S. para pedirle que se presentara ante las autoridades, y allí se produjo otro episodio violento donde la mujer tomó del pelo a una de las víctimas, la golpeó, la tiró al suelo, la arrastró hasta la puerta y luego arrojó varias veces al aire un cuchillo tipo serrucho. La hermana de la mujer atacada intentó defenderla y ahí fue cuando Yonatan C. intervino con golpes y amenazas.

Barros encuadró esos hechos como parte de un accionar “conjunto, coordinado y con división de roles entre los distintos intervinientes, quienes además presentan vinculación territorial con los domicilios donde se desarrollaron los hechos”, según La Capital.

Un robo de medicamentos y aparatos tecnológicos valorado en más de 200 millones de pesos derivo en diversas detenciones e incautaciones tanto en el Estado de México como en la capital del país.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades indicaron que los operativo sucedieron como respuesta al robo registrado el 10 de mayo pasado en el municipio de Lerma, lugar al que acudieron hombres armados para sustraer medicamentos controlados y aparatos tecnológicos con la ayuda de vehículos de carga.

Para lograr el robo los sujetos habrían secuestrado a un chofer de la empresa afectada. Por los hechos anteriores fue revisado el material del C5, mientras que la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM) ubicó las unidades vehiculares que participaron en los hechos.

Algunas de las unidades fueron ubicadas en la carretera Toluca-CDMX y otra pasó por los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, Ocoyoacac y Toluca hasta un inmueble tipo pensión. A dicho sitio llegaron agentes de seguridad mexiquenses y escucharon gritos de auxilio, entraron al inmueble y rescataron a una persona. De igual manera, fueron arrestados nueve sujetos, entre ellos un menor de edad.

Por lo anterior, el 19 de mayo pasado, Mauricio “N”, Christian “N”, Mario “N”, Carlos “N” y Yulissa “N” y un adolescente de 16 años, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de robo.

Al interior del inmueble había 38 vehículos, una docena de vehículos particulares, un par de máquinas para construcción, tres autobuses de pasajeros y 19 tractocamiones. A su vez, dentro de los camiones estaban parte de los medicamentes robados.

Operativos se extendieron a CDMX

Las investigaciones llegaron hasta la capital del país. El 13 de mayo fue arresto un hombre que manejaba una camioneta Mazda, unidad en la que había 80 cajas con medicamento, al parecer del que fue sustraído en Lerma, además de 49 dosis de presunta marihuana.

Las investigaciones continuaron, con lo que pudo conocerse que otra parte de los medicamentos robados estaban en otros inmuebles. Lo anterior derivó en un cateo en la colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa.

Como resultado delas revisiones en el sitio fueron detenidas dos mujeres y un hombre, también fueron aseguradas presuntas drogas, armas de fuego y 23 cajas de medicamento controlado.

Ahora bien, para el 27 de mayo fue realizado otro cateo en un inmueble de la calle Sahuayo, colonia Janitzio, alcaldía Venustiano Carranza que terminó con la incautación de un camión, una hoja de distribución y dos montacargas.

Otros dos predios fueron revisados, encontraron más de mil cajas con medicamentos

En la colonia San Bartolo de Azcapotzalco fue asegurado un camión blanco, mientras que en la colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez, había mil 100 cajas con medicamento y 5 mil piezas individuales.

Cabe destacar que el inmueble en Benito Juárez fue identificado como una clínica de “medicina de primer contacto”.

Alfredo Guzmán, exalcalde de Tame (Arauca, Colombia), expresó su tristeza ante el secuestro de su hijo Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, que se desempeña como coordinador de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia en esta región.

De acuerdo con información confirmada por las autoridades y reproducida por diversos medios de comunicación, el hombre de 33 años fue interceptado por varios sujetos armados en el barrio Villa Maestro, que lo obligaron a subir a un vehículo y lo trasladaron a un destino desconocido.

El hecho se produjo mientras Guzmán Valcárcel regresaba a su vivienda después de compartir con conocidos en esa zona.

El exmandatario municipal, en declaraciones a NTN24, reveló su desconocimiento sobre el paradero de su familiar, y lanzó fuertes críticas por lo que considera como una ineficacia de las autoridades para proteger a las campañas en oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

Así mismo, reveló detalles sobre el actuar de los delincuentes que raptaron a su hijo, advirtiendo que la vía es constantemente utilizada por las organizaciones armadas como plan de escape para evadir a las autoridades.

“Yo no puedo decir donde pueden tener a mi hijo. Solo sé que se lo llevaron en la madrugada y que la ruta que ellos tomaron, es siempre la ruta de escape de los sicarios, criminales y del ELN. Nosotros conocemos esa ruta”, declaró Guzman al citado medio de comunicación.

Ante la posibilidad de que el ELN sea el grupo que mantiene retenido al coordinador de campaña, Alfredo Guzmán instó al grupo guerrillero para que de pronta liberación a su hijo, asumiendo su responsabilidad por sus constantes críticas a ellos.

“Mi hijo no tiene nada que ver con lo que yo he sufrido, con lo que yo he padecido con el ELN. Es una persona que no es ni de pelea ni nada de eso. Es lo único que yo le puedo decir al ELN. El culpable de todo soy yo, Alfredo Guzmán, yo soy el culpable de todo, porque yo a ellos no les he comido cuento, no les he hecho caso a sus convicciones, no les he caminado a sus, a sus actos terroristas, no les he caminado de actos criminales por nunca los critico”, remarcó.

Advertencias previas

Previo a la captura ilegal de su hijo, el exalcalde de Tame ya les había advertido sobre algunas acciones que el ELN estaría ejerciendo en ese territorio.

“Yo en alguna ocasión hablé con mis hijos diciéndoles que dejaran la rumba, que se cuidaran, porque mire que la situación está delicada. Y alguno de ellos me dijo: ‘Papá, a nosotros nos han dicho que los problemas de su, del padre no son los problemas de los hijos. Por lo tanto, ustedes no tienen ningún problema’. Y mire dónde vamos”, rememoró.

Incluso, sostuvo que el secuestro de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel se produce en forma de retaliación, teniendo en cuenta que faltan menos de cinco días para que se realicen las elecciones presidenciales, en la que la víctima de cautiverio había respaldado la campaña de la senadora del Centro Democrático.

Así mismo, recordó que no es la primera vez que su entorno familiar haya padecido este flagelo. “La rabia que nos tiene a nosotros como familia Guzmán Tafur es que se cumplían 28 años de asesinato a manos del ELN de mi hermano, que era diputado, de mi hermano Edgar. Ellos celebraron el asesinato con el secuestro de mi hijo”, denunció.

Por último, envió un mensaje al presidente Gustavo Petro para que sea intercesor para la liberación de su hijo. “Si es por la vida de mi hijo, yo le pediría al señor presidente que interceda, ya que tiene las mejores relaciones con ellos (...) que nos mire a nosotros, no somos unos empresarios, no somos proletariado, no somos banqueros ni nada, somos unas personas trabajadoras nada más”, concluyó.

La incertidumbre y el temor persisten entre los habitantes de Tame y otras localidades de la zona, en donde la violencia asociada a la confrontación armada sigue condicionando la contienda electoral, en la que participa la oposición

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y fiscales del Ministerio Público iniciaron una semana de capacitación intensiva sobre investigación de extorsiones y secuestros, en el marco de una cooperación técnica con la Unión Europea (UE).

El taller, organizado por el Ministerio del Interior (Mininter), reúne a personal especializado de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado (Fecor), con el objetivo de fortalecer capacidades frente a delitos complejos vinculados al crimen organizado.

De acuerdo con información del Mininter, la iniciativa forma parte de un convenio de financiamiento suscrito con la Unión Europea, que busca consolidar estrategias y recursos para enfrentar el accionar de redes delictivas en el territorio nacional.

El taller cuenta con la participación de especialistas de la Guardia Civil de España, quienes abordan temáticas clave como los modos operativos de las organizaciones criminales, la evolución de los secuestros y el uso de la violencia en la comisión de estos delitos.

Estrategias, análisis y nuevas herramientas para combatir el crimen organizado

Durante la capacitación, los instructores europeos exponen a los participantes sobre la estructura y el funcionamiento de las redes de crimen organizado, su dimensión transnacional y las técnicas más recientes de inteligencia criminal.

Entre los módulos programados se incluye el análisis financiero y patrimonial, herramienta fundamental para identificar y golpear las finanzas ilícitas que sustentan estas organizaciones.

La instrucción se centra, además, en el uso de tecnología y en el análisis de casos reales para entender la evolución de los delitos de extorsión y secuestro en el contexto peruano. Los participantes adquieren conocimientos sobre tipologías criminales, patrones de comportamiento y métodos de intervención efectivos, que luego serán aplicados en investigaciones a nivel nacional.

El Proyecto de Apoyo de la Unión Europea en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en el Perú, impulsor de esta capacitación, busca que las autoridades peruanas cuenten con herramientas actualizadas para responder ante un escenario delictivo cada vez más sofisticado.

Otros esfuerzos

Este esfuerzo se suma a otras iniciativas, como la creación del Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos, que ya opera en la Dirección de Criminalística de la PNP para fortalecer la identificación de sospechosos y víctimas.

Este laboratorio incorpora dos equipos tecnológicos automatizados. En ese espacio se realiza la extracción del material genético y se pueden obtener hasta 13 muestras biológicas independientes de manera simultánea.

La capacitación recibida por los agentes de la PNP y los fiscales especializados permitirá optimizar las investigaciones y los operativos contra delitos que afectan a miles de ciudadanos en todo el país.

Según el Mininter, este tipo de alianzas internacionales representa una oportunidad para compartir experiencias y mejorar los protocolos de actuación en casos de alta complejidad.

Al cierre de la jornada, tanto la PNP como el Ministerio Público destacaron la importancia de continuar trabajando junto a la Unión Europea para elevar el nivel técnico de las investigaciones y contribuir a la seguridad ciudadana.

Las autoridades peruanas prevén replicar la experiencia en otras regiones, con el propósito de enfrentar de manera más efectiva el fenómeno del crimen organizado que opera en diferentes puntos del país.

Giovanni Llanas Galindo y Víctor Ricardo Hernández González fueron sentenciados a 220 años de prisión cada uno por su responsabilidad en el delito de secuestro con agravante de causar la muerte, en agravio de dos víctimas. Los hechos fueron informados el 25 de mayo.

La condena fue obtenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras un proceso legal que culminó con una de las penas más severas contempladas en la legislación local.

Los hechos ocurrieron el 8 de abril de 2025 en calles de la colonia Clara Córdova, en el municipio de Nicolás Romero, donde las víctimas se encontraban en compañía de otra mujer.

En ese momento llegó al lugar un vehículo color vino tripulado por Hernández González, conocido con el alias de El Huevo, en el que también viajaban Llanas Galindo y un tercer sujeto. Al descender de la unidad, los tres individuos extrajeron un arma de fuego con la que amenazaron a las víctimas y las obligaron a abordar el automóvil y las trasladaron a un lugar distinto.

Al día siguiente, el 9 de abril de 2025, un testigo observó cómo Llanas Galindo y Hernández González abandonaban los cuerpos de las víctimas en la colonia Bosques de Ixtacala, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

A partir de ese momento, la Fiscalía del Edomex inició los actos de investigación que permitieron identificar a los probables responsables y solicitó ante un juez las órdenes de aprehensión correspondientes.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutaron el mandato judicial e ingresaron a ambos sentenciados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de la autoridad competente.

Tras el proceso legal, el juez impuso a cada uno una condena de 220 años de prisión, además de una multa de dos millones 36 mil 520 pesos y la cancelación de sus derechos civiles y políticos.

Sentencian a 40 años a un hombre por extorsión agravada

Por su parte, un juez con sede en Ecatepec dictó una sentencia de condena de 40 años de prisión contra Víctor Arellano Anaya, tras quedar acreditada su participación en el delito de extorsión agravada en el municipio de Tecámac, Edomex.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2025, cuando la víctima y su pareja sentimental se encontraban en su negocio de venta de alimentos y bebidas en Tecámac.

Fue en ese establecimiento donde llegó el hoy sentenciado a exigirles el pago de una cantidad de dinero de forma semanal, bajo la amenaza de causarles daño a su persona, familia o negocio en caso de no cumplir con la demanda.

Las propias víctimas lograron someter al individuo en el momento de los hechos y solicitaron el apoyo de la Policía Municipal, corporación que efectuó la detención.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la sentencia en contra de Jorge Armando Martínez Guerrero, alias El Patuleco, un sujeto fue operador del Cártel del Golfo y que fue hallado culpable de privación ilegal de la libertad.

El reporte de la institución encabezada por Ernestina Godoy compartido el 25 de mayo detalla que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con residencia en Matamoros fue el responsable de dictar la condena de 130 años de prisión en contra del sujeto referido.

“El Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) recabó cada una de las pruebas suficientes para presentarlas ante la autoridad competente y así obtener la pena”, es parte del informe de las autoridades.

De igual manera, además de los años tras las rejas, las autoridades le impusieron una multa que supera los tres millones y medio de pesos.

Fue en septiembre de 2014 que agentes de la Policía Federal Ministerial, cumplimentaron por reclusión la orden de aprehensión en contra Jorge Armando Martínez mientras estaba en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 “Oriente” con sede en Villa Aldama, Veracruz.

“La #FGR, a través de #FEMDO, obtuvo en #Matamoros, #Tamaulipas, sentencia de 130 años de prisión en contra de Jorge “N”, por ser penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de una víctima", compartió la institución a través de sus canales oficiales.

Vinculan a proceso al “Metro 9″, líder de célula del Cártel del Golfo

Por su parte, el pasado 7 de mayo las autoridades informaron sobre la vinculación proceso en contra de a Alexander B.F., un sujeto conocido con los alias Metro 9 o R9, señalado como líder de la facción “Los Metros” del Cártel del Golfo.

Fue procesado por su su probable participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La detención de dicho sujeto fue realizada el 27 de abril como resultado de una orden de cateo en una casa habitación de dos plantas color blanco ubicada en la calle Martín Carrera, entre la avenida Adolfo López Mateos y la calle Cuauhtémoc, en la colonia Vicente Guerrero de Reynosa, Tamaulipas

Lo anterior en el marco de los trabajos del Gabinete de Seguridad. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de la Fiscalía Federal del Estado de Tamaulipas y peritos de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la entidad.

Cinco personas fueron sentenciadas luego del rescate de 135 migrantes de diferentes nacionalidades que permanecían secuestrado en un domicilio del municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 35 años de prisión contra Jesús “N” y de 17 años y seis meses para Santiago “N”, Guadalupe “N”, Jesús “N”, Vianey “N” y Ana “N”, por su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

El fallo fue dictado por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, con residencia en Mexicali, tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Rescate de migrantes y proceso judicial en contra de los hoy sentenciados

De acuerdo con la investigación, fue en mayo de 2023 cuando agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) escucharon gritos de auxilio provenientes de un domicilio en San Luis Río Colorado durante recorridos de vigilancia.

Al ingresar al inmueble, liberaron a 135 personas de diferentes nacionalidades que estaban privadas de la libertad, lo que motivó la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

En diciembre de 2023, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutaron las órdenes de aprehensión contra los ahora sentenciados, vinculados con el secuestro de los 135 migrantes en Sonora.

Las pruebas recabadas permitieron acreditar la responsabilidad penal de los implicados por delincuencia organizada destinada al secuestro, de acuerdo con la FGR.

Así fue la liberación de 113 migrantes en Sonora

La Fiscalía de Sonora informó el 06 de mayo de 2023 la liberación de 113 migrantes en San Luis Río Colorado que permanecían secuestrados en un predio de la colonia El Mezquite. Los datos concuerdan en fecha y lugar con los cinco sentenciados por el secuestro de migrantes, por lo que presume podría tratarse del mismo hecho.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo ocurrió cuando las autoridades daban seguimiento a la privación de la libertad de 10 migrantes colombianos rescatados un día antes, quienes fueron ubicados cerca de una gasolinera sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a 2 kilómetros de la caseta de salida a San Luis Río Colorado.

“Los 7 hombres y tres mujeres se encuentran en buen estado de salud y reciben atención en el Centro Integral de Justicia, donde reciben acompañamiento e información sobre su situación”, indicó la Fiscalía de Sonora.

Sobre ese caso, trascendió que los colombianos huyeron de su país por amenazas de una organización criminal y buscaban cruzar a Estados Unidos, pero antes de llegar a San Luis fueron bajados por la fuerza del autobús en el que viajaban.

Las 113 víctimas eran originarias de El Salvador, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, India, Perú, Nepal, Bangladesh, Cuba, Colombia, Brasil y Afganistán.

Después de ser puestos en libertad, los migrantes fueron trasladados a la Academia de Policía Municipal para recibir atención médica por parte de una brigada de la Secretaría de Salud y acompañamiento del Centro de Atención a Víctimas de Delito.

Las autoridades informaron que durante el operativo también fueron detenidas cinco personas en flagrancia como presuntas responsables del secuestro.

Los arrestados fueron identificados como Jaime Noé “N.”, de 20 años, y Axcel Yoan “N.”, de 22 años, ambos originarios de Honduras, además de Leobardo “N.”, de 49; Carlos Aarón “N.”, de 34, de Hermosillo, Sonora, y Jesús Armando “N.”, de 40, originario de Nacozari de García, Sonora.

En el operativo participaron la UECS, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal de San Luis Río Colorado, de acuerdo con la Fiscalía estatal.

El Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva contra siete ciudadanos extranjeros investigados por el secuestro extorsivo de un empresario en Lima Norte, caso en el que los presuntos implicados habrían exigido una fuerte suma de dinero para liberar a la víctima.

La medida fue obtenida por el Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte e incluye a Bryan Parra, Odnamra Urbina, Angle Jaimes, Ronner Gonzales, Moisés Villalobos, José Infante y Dannier Pacheco, quienes también son investigados por presuntos delitos relacionados con tenencia ilegal de municiones y posesión de drogas para fines ilegales.

Según la tesis fiscal, el empresario fue interceptado el pasado 24 de abril mientras caminaba junto a su familia por el distrito de San Martín de Porres. Sujetos armados y encapuchados lo obligaron a subir a un vehículo y huyeron de la zona con apoyo de un segundo automóvil que habría servido como resguardo durante el secuestro.

S/80 mil por libertad de empresario

Tras el rapto, los secuestradores se comunicaron con la pareja del empresario para exigir el pago de S/80 mil a cambio de su liberación. De acuerdo con las investigaciones, los implicados enviaron mensajes y facilitaron una cuenta bancaria para recibir parte del dinero solicitado.

Las diligencias de inteligencia permitieron a la Policía identificar a uno de los presuntos involucrados, señalado como conductor del vehículo utilizado durante el secuestro. El sospechoso fue intervenido días después en el Callao, donde los agentes encontraron drogas y el automóvil presuntamente empleado en el hecho criminal.

A partir de esa intervención, los efectivos ejecutaron nuevos operativos en distintos distritos de Lima. En una vivienda ubicada en Los Olivos fueron detenidos otros investigados y se incautaron municiones, drogas, dinero en efectivo y el segundo vehículo que habría participado en el secuestro.

Captura de los implicados

Las investigaciones también permitieron identificar a la titular de la cuenta bancaria donde se habría depositado parte del dinero exigido a la familia del empresario. La mujer fue detenida junto a otro investigado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Posteriormente, otro de los presuntos implicados fue capturado en Carabayllo. Durante la intervención policial se encontraron municiones, drogas y otros objetos considerados relevantes para el desarrollo de las investigaciones.

El empresario fue finalmente liberado durante la madrugada del 29 de abril en el distrito de Santa Anita, luego de las acciones de seguimiento e inteligencia desplegadas por agentes policiales.

Cámaras de seguridad y pericias como pruebas

Durante la audiencia de prisión preventiva, el Ministerio Público presentó diversos elementos de convicción para sustentar el pedido contra los siete investigados.

Entre las pruebas expuestas figuran las actas de intervención policial, registros personales y domiciliarios, declaraciones de la víctima y de testigos, así como imágenes de cámaras de seguridad y registros obtenidos de teléfonos celulares.

La Fiscalía también incluyó pericias de balística forense, exámenes químicos relacionados con las drogas incautadas y consultas realizadas ante la Sucamec sobre la situación de las municiones halladas durante los operativos.

La localización de un joven presuntamente privado de la libertad en una casa de Tonalá, Jalisco, terminó con su rescate por parte de su madre la noche del jueves 21 de mayo y abrió señalamientos contra policías municipales por una supuesta omisión que habría facilitado la huida de los sospechosos, de acuerdo con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

El caso ocurrió en una vivienda de la colonia Lomas de Zalatitán, sobre la calle Madre Selva, en cruces con Obelisco y Jacarandas, según el colectivo. La denuncia se conoce en medio de una crisis nacional de desapariciones: Amnistía Internacional reportó en su informe anual de 2026 que México cerró 2025 con 133 mil 500 personas desaparecidas.

De acuerdo con Guerreros Buscadores de Jalisco, el joven había desaparecido el miércoles 20 de mayo. Su familia siguió una posible pista gracias al sistema GPS de la motocicleta en la que viajaba y así llegó al domicilio donde presuntamente estaba retenido.

La madre preguntó por su hijo a un hombre que estaba en la vivienda, pero él negó que se encontrara ahí y le dijo que lo buscara en otra calle, según la versión difundida por el colectivo. La mujer desconfió de esa respuesta y decidió permanecer en el sitio.

Ese dato responde al punto central del caso: el joven sí salió de esa casa y fue puesto a salvo por su madre, según la versión de las buscadoras. Después del rescate, la víctima aseguró que dentro del inmueble había más personas retenidas, dijo la líder del colectivo, Indira Navarro.

El colectivo acusa que los sospechosos sacaron armas y documentos de la casa

Navarro relató que, tras la liberación del joven, las integrantes del colectivo se quedaron en el lugar porque el muchacho les comentó que no era la única persona retenida. La permanencia de las buscadoras derivó en lo que ellas describieron como un operativo ciudadano para vigilar la vivienda.

Según la denuncia del colectivo, durante esos minutos se escucharon detonaciones de arma de fuego. También observaron que del inmueble sacaban armas cortas, armas largas y documentos antes de que los presuntos responsables escaparan.

La acusación más delicada apunta a la Policía de Tonalá. Guerreros Buscadores de Jalisco sostuvo que los agentes municipales habrían avisado sobre el reporte presentado por la madre y por las buscadoras, lo que habría dado tiempo a los señalados para huir y retirar pruebas del sitio.

El colectivo refiere que la familia presenció cuando se lo llevaron a la víctima a la fuerza en una camioneta y comenzaron a seguirlos pero a la vez llamaron a una vecina que es integrante del colectivo los cuales llegaron hasta el domicilio en mención y llamaron a la policía municipal de Tonalá pero estos llegaron cuatro horas después, en tanto una mujer del colectivo sin autorización ingresó a la finca y dice que hay concreto fresco por lo que creen hay personas enterradas.

La finca fue asegurada y la fiscalía solicitara una orden de cateo.

El caso ocurre mientras la ONU advierte indicios de crímenes de lesa humanidad

La información difundida por Guerreros Buscadores de Jalisco se inserta en un contexto más amplio de desapariciones en México. En abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó a la Asamblea General una intervención urgente al señalar que las desapariciones forzadas en el país presentan indicios de ser crímenes de lesa humanidad por su carácter generalizado.

Ese señalamiento internacional coincide con lo expuesto por Amnistía Internacional en su informe anual de 2026. La organización cuestionó la impunidad y la falta de protección estatal para las mujeres buscadoras, un punto que conecta con lo ocurrido en Lomas de Zalatitán, donde fueron la madre del joven y las integrantes del colectivo quienes siguieron la pista, llegaron a la vivienda y permanecieron en el lugar tras el rescate.

El hecho conocido este jueves 21 de mayo comenzó un día antes, el miércoles 20 de mayo, con la desaparición del joven. La pista del GPS permitió ubicar la casa en la calle Madre Selva, donde la madre primero recibió una negativa y después logró recuperar a su hijo.

La propia víctima, según Indira Navarro, dijo que había más personas dentro del domicilio. Esa afirmación explica por qué las buscadoras no se retiraron tras el rescate y por qué después denunciaron detonaciones, movimiento de armas y la salida de documentos de la vivienda.

• La madre de un joven desaparecido lo localizó y rescató en una casa de Tonalá tras seguir la señal GPS de una motocicleta.
• Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que en el inmueble habría más personas retenidas y que de ahí sacaron armas y documentos.
• El colectivo acusó a la Policía de Tonalá de una presunta omisión que habría permitido la fuga de los sospechosos.

La Operación Enjambre volvió a golpear a funcionarios públicos en Morelos este miércoles. Entre los detenidos se encuentran Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan; Jesús “N”, alcalde de Cuautla; e Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla, además de una mujer cuya identidad no ha sido revelada oficialmente.

“El operativo se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre.” En él participaron personal de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia, quienes cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión obtenidas por la FEMDO.

El antecedente: el video que encendió las alarmas en 2025

Las detenciones no ocurrieron de la nada. En febrero de 2025, un video de 40 segundos difundido en redes sociales mostró a los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, en una mesa junto a Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como cabecilla de una célula del Cártel de Sinaloa que opera en la región oriente de Morelos.

El contraste con sus discursos de toma de posesión resultó llamativo. El alcalde de Atlatlahucan había asegurado que combatiría delitos como el cobro de piso, mientras que Jesús Corona Damián hizo campaña con el lema “De la seguridad me encargo yo”.

Tras la difusión del video, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, confirmó la existencia de una indagatoria contra un presidente municipal, un secretario de Ayuntamiento y otros tres servidores, quienes aparecían en el material audiovisual reunidos con el presunto líder del Cártel de Sinaloa, acompañados de sujetos armados.

González Saravia respalda el operativo y anuncia medidas de gobernabilidad

Ante los arrestos, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reaccionó a través de su cuenta en X con un posicionamiento institucional. La mandataria respaldó las acciones del Gobierno de México y anunció que el Estado brindará acompañamiento a los municipios afectados para preservar la gobernabilidad y el funcionamiento de los servicios públicos.

Un punto clave de su comunicado: las titularidades de los ayuntamientos de Atlatlahucan y Cuautla serán asumidas temporalmente por las Sindicaturas, en términos de lo que establece la Ley Orgánica Municipal.

Morelos, en el centro de la estrategia federal antiextorsión

Este operativo no es un hecho aislado en el estado. En marzo, el Gobierno de Morelos informó sobre la captura de tres funcionarios del municipio de Amacuzac, señalados por el delito de extorsión agravada, lo que ayuda a entender por qué Morelos aparece dentro de las investigaciones federales y estatales contra presuntas redes de extorsión con participación de funcionarios públicos.

Las cuatro órdenes de captura fueron emitidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, aunque hasta el momento las autoridades no han detallado públicamente los delitos específicos por los que son investigados los funcionarios detenidos.

¿Qué es la Operación Enjambre?

La Operación Enjambre es una estrategia de investigación y detención contra servidores públicos presuntamente vinculados con delitos de alto impacto o con estructuras criminales. Su antecedente más visible ocurrió en el Estado de México, donde la Fiscalía local obtuvo sentencias contra 20 personas, con penas acumuladas de mil 146 años y seis meses de prisión, por delitos como homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada y evasión.

Las investigaciones continúan abiertas. Las próximas horas definirán el curso legal de los funcionarios detenidos y si se amplían las órdenes de aprehensión en la región oriente del estado.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 250 años de prisión para tres individuos identificados como Benito “N”, Froylán “N” y César “N”, por su responsabilidad penal en los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó las pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de los tres sentenciados y alcanzar dicha pena.

La condena se cumplirá en el Centro de Reinserción Social 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango, destaca el reporte de la institución encabezada por Ernestina Godoy compartido el 19 de mayo.

Según la investigación, en julio de 2016 las víctimas se trasladaban a bordo de una camioneta con destino a Aculco, Estado de México, cuando fueron interceptadas por al menos seis sujetos que las privaron de su libertad.

En febrero de 2020, agentes federales ejecutaron una orden de aprehensión por reclusión en contra de Benito “N”, Froylán “N” y César “N”, quienes ya se encontraban internos en el Centro de Reinserción Social 14 al momento de su detención formal.

Otras sentencias informadas por la FGR

Por su parte, el 16 de mayo pasado la FGR informó sobre sentencias condenatorias de hasta 13 años de prisión en contra de dos personas detenidas en febrero de 2024, dictadas por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato.

Hugo “N” recibió una pena de 13 años cuatro meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos contra la salud, en específico con funciones de administración, dirección y supervisión.

Por su parte, Jorge “N” fue condenado a seis años ocho meses de prisión por el mismo delito, aunque sin las funciones de administración, dirección y supervisión que se le atribuyeron al primero. Ambos sentenciados cumplirán su condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato.

Las órdenes de aprehensión contra ambos individuos fueron cumplimentadas en febrero de 2024 en distintos puntos del país. Hugo “N” fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mientras que Jorge “N” fue arrestado en Coatepec, Estado de México.

Días antes, el 14 de mayo, la institución informó sobre la condena en contra de un hombre por agresiones sexuales.

"Georges “N”, durante el periodo de 2021 a 2023, en Hidalgo, agredió sexualmente a una persona menor de edad, al mismo tiempo que fotografiaba y grababa estas agresiones sexuales, para posteriormente compartir el contenido de pornografía infantil en un sitio web, así como en redes sociales", destacó el informe oficial.

Un control de rutina de Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 9 derivó en la incautación de casi 160 millones de pesos transportados sin justificación legal en un colectivo de larga distancia.

El procedimiento fue realizado por integrantes del Escuadrón 55 “Tucumán” en el kilómetro 1.358, a la altura del peaje Molle Yaco, en cercanías de la localidad de Trancas, provincia de Tucumán.

Durante la inspección, los agentes revisaron el sector de pasajeros y localizaron una mochila de mano que, al ser examinada, reveló una suma inusual de dinero en efectivo. El colectivo, que cubría el trayecto entre Salta y Buenos Aires, fue detenido cerca del mediodía, cuando los efectivos notaron irregularidades en uno de los equipajes.

De acuerdo con lo informado por el portal El Tribuno, el operativo incluyó un control físico y documentológico. Según se informó, la actitud del propietario del bulto levantó sospechas entre los uniformados, quienes solicitaron la colaboración de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses “Tucumán” para continuar con la verificación y conteo del dinero hallado.

Los especialistas contabilizaron un total de 159.980.000 pesos argentinos dentro de la mochila. El ciudadano argentino que transportaba el bulto no pudo acreditar la procedencia lícita de semejante cantidad en efectivo ni presentó documentación que avalara su tenencia. Ante esa situación, tanto el dinero como la documentación relevante fueron secuestrados por disposición del Juzgado Federal 3 y la Fiscalía Federal 1 de Tucumán, en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de la provincia.

El pasajero identificado como propietario del dinero fue notificado de la causa y, por orden judicial, permanece en libertad, aunque supeditado al avance de la investigación y sujeto a futuras citaciones.

Viajaba de Chaco a Buenos Aires con más de 300 millones ocultos en la guantera del auto

A mediados del mes de marzo pasado, cuatro hombres y una empresa de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, enfrentan un proceso judicial tras la incautación de 357 millones de pesos ocultos en una camioneta que se dirigía desde Chaco hacia la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de la primera formalización de una investigación por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos con participación societaria en la jurisdicción.

El caso, intervenido por la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista (Santa Fe), involucra medidas de alcance patrimonial y restricciones personales que buscan asegurar la disponibilidad de bienes y la sujeción de los imputados al proceso.

El juez de garantías Aldo Mario Alurralde dictó un embargo cautelar de 2.000 millones de pesos, además de ordenar el congelamiento de cuentas bancarias y cajas de seguridad durante 180 y 90 días respectivamente, a fin de garantizar posibles penas, decomisos e indemnizaciones.

Estas medidas afectan tanto a los imputados como a la sociedad por acciones simplificadas dedicada a la venta de repuestos para autos y motos, dos de cuyos socios figuran entre los acusados.

El operativo que desencadenó la investigación ocurrió el 28 de marzo de 2025 en la Ruta Nacional N°11, a la altura de El Timbó, cuando efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron un Toyota Corolla Cross conducido por F.E.V..

Los gendarmes detectaron “irregularidades estructurales” en el interior y, tras notificar a la fiscalía de turno, revisaron el vehículo en presencia judicial y hallaron compartimentos modificados donde se escondían billetes por un total de 357.210.000 pesos.

La millonaria suma de dinero oculta en la camioneta fue detectada por personal de Gendarmería Nacional durante un control de rutina en una zona rural de Santa Fe.

La audiencia que formalizó la imputación tuvo lugar el 27 de febrero de 2026, encabezada por el fiscal Roberto Salum y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda. Allí se detalló que la empresa intervenida servía de pantalla para el traslado sistemático de efectivos, con operaciones reiteradas sin el respaldo de actividad comercial que justificara la frecuencia de viajes a provincias como Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.

Según concluyó la investigación encabezada por el Ministerio Público Fiscal, entre 2024 y 2025 los acusados realizaron de manera continua la compra y venta de dólares y euros sin la correspondiente autorización, valiéndose de la estructura societaria y asignando apariencia de legitimidad a fondos cuyo origen no pudo ser acreditado.

Durante un allanamiento en la sede de la firma en Resistencia, la presencia de maquinaria para conteo de billetes, recibos, pagarés y llaves de distintos vehículos fue incorporada como prueba de la operatoria financiera clandestina.

La estrategia de los imputados incluía la preconstitución de un documento notarial, una “autorización para el uso de automóvil y administración de dinero”, fechada el 20 de marzo de 2025 y con un límite declarado de 800 millones de pesos. Este recurso, descripto por el fiscal Salum durante la audiencia, pretendía simular legitimidad en caso de que el traslado fuera detectado por las autoridades.

La investigación identificó a P.M.T como propietario del vehículo e integrante de la empresa, mientras que el conductor oficiaba de nexo con los clientes, contactados a través de comunicaciones telefónicas y atendidos en oficinas de la empresa de repuestos. El cuarto implicado, C.E.F, fue señalado por coautoría en el delito de lavado de activos.

En respuesta a la magnitud y complejidad del expediente —caracterizado por la multiplicidad jurisdiccional y la sofisticación de la maniobra—, el magistrado Alurralde concedió un plazo de un año para el desarrollo de la investigación, autorizando la totalidad de medidas probatorias y restrictivas propuestas por la fiscalía.

Una madre y su hija fueron privadas de la libertad por un grupo armado y posteriormente asesinadas en el municipio de Cosoleacaque, al sur del estado de Veracruz, en un nuevo hecho de violencia que ha generado temor entre los habitantes de la región.

Las víctimas fueron identificadas como Yalina Cristal Lezama González, de 25 años, y Ana Lilia González Mateos, de 42, quienes de acuerdo con reportes policiacos eran comerciantes y residentes de ese municipio conurbado con Minatitlán.

Según la información preliminar, ambas mujeres habrían sido privadas de la libertad durante la tarde del domingo 17 de mayo presuntamente por hombres armados. Horas después, durante los primeros minutos delm lunes, sus cuerpos fueron abandonados sobre una calle del Barrio Cuarto de Cosoleacaque.

De acuerdo con el parte oficial, las víctimas fueron arrojadas desde una camioneta en movimiento sobre la calle Emiliano Zapata, entre Vicente Guerrero y la carretera Transístmica, a la altura del segundo puente peatonal.

Fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia de los cuerpos sobre la vialidad.

Presentaban impactos de bala y huellas de violencia

Elementos de seguridad que acudieron al sitio confirmaron que ambas mujeres ya no contaban con signos vitales y presentaban impactos de arma de fuego, además de visibles huellas de tortura y violencia física.

La escena fue acordonada por corporaciones policiacas mientras personal ministerial y pericial realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

De manera preliminar, autoridades informaron que la camioneta utilizada para trasladar a las víctimas era una Toyota con placas XY-8628-B del estado de Veracruz, propiedad de Ana Lilia González Mateos.

Según versiones recabadas en la zona, el vehículo fue abandonado en el mismo lugar donde otros sujetos esperaban para facilitar la huida de los agresores, quienes hasta el momento no han sido detenidos.

Habitantes exigen mayor seguridad en el sur de Veracruz

El doble homicidio provocó preocupación entre habitantes de Cosoleacaque, quienes denunciaron el incremento de hechos violentos en la región sur de Veracruz, particularmente en municipios como Minatitlán, Coatzacoalcos y Cosoleacaque.

Tras el hallazgo de las dos mujeres asesinadas, vecinos de la colonia señalaron sentir temor ante la presencia constante de grupos armados y exigieron a las autoridades estatales y federales reforzar la seguridad en la zona.

Algunos habitantes indicaron que durante los últimos meses han aumentado las ejecuciones, desapariciones y ataques armados, situación que mantiene a la población en un clima permanente de incertidumbre.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha informado sobre personas detenidas ni sobre alguna línea de investigación específica relacionada con el crimen.

El caso se suma a otros episodios violentos registrados recientemente en el sur del estado, una región golpeada por la disputa entre grupos criminales y los delitos de alto impacto.

Al menos 30 estudiantes fueron secuestrados este viernes de una escuela primaria y secundaria en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, tras un ataque atribuido a yihadistas de Boko Haram, según informaron fuentes de seguridad locales a la agencia de noticias EFE.

“Según la información de la que disponemos, al menos 30 estudiantes fueron secuestrados por los atacantes, que eran unos 50”, declaró Muhammad Goni, líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF), un grupo miliciano que colabora con el Ejército nigeriano en operaciones contra los yihadistas en la región.

Goni explicó que los hombres armados asaltaron la escuela primaria y secundaria básica de Mussa, ubicada en el área de gobierno local de Askira-Uba, cerca de las 9:00 hora local (8:00 GMT), efectuando disparos indiscriminados antes de secuestrar a los menores presentes en clase.

El portavoz de la policía estatal, Nahum Daso, confirmó que “la escuela fue atacada por la mañana por presuntos terroristas de Boko Haram”.

“Según la información que tenemos, muchos estudiantes huyeron al oír disparos. Aún no hemos podido determinar si hubo alumnos secuestrados ni cuántos. Sin embargo, estamos colaborando con otros organismos de seguridad para responder a las amenazas en la zona”, añadió Daso.

Un residente de la comunidad de Mussa, que prefirió mantenerse en el anonimato, relató a EFE que “los miembros de Boko Haram llegaron de repente y dispararon repetidamente durante horas antes de llevarse a los estudiantes”.

La localidad de Mussa se ubica cerca de los límites del bosque de Sambisa, utilizado como base por insurgentes islamistas para organizar ataques en el noreste de Nigeria.

En algunas regiones de Nigeria, especialmente en el centro y noroeste, se registran ataques frecuentes perpetrados por bandidos, término que se emplea para referirse a bandas criminales involucradas en asaltos y secuestros masivos con fines de extorsión, y que en ocasiones reciben la calificación de “terroristas” por parte de las autoridades.

A esta situación de inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, desde 2016, la de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok, también en el noreste de Nigeria. Aunque muchas de ellas lograron escapar, según la ONU, al menos 91 no han regresado a sus hogares.

Según informó Latina Noticias, el asalto ocurrió dentro de una empresa dedicada a la importación de envases biodegradables. Los delincuentes irrumpieron en el inmueble durante la mañana y exigieron información bancaria a la dueña del negocio mientras la golpeaban con armas de fuego. La víctima sufrió lesiones en la cabeza y terminó desvanecida dentro de su oficina.

La Policía Nacional del Perú identificó a los detenidos como Marciano Laverde Leonardo, Ismael André López Torres y Carlos Paredes Pérez, sindicados como integrantes de la banda “Los Malditos de Villa”. Durante la intervención, los agentes incautaron dos armas abastecidas y cinco teléfonos celulares.

Cámaras registraron la agresión dentro del negocio

Las imágenes de seguridad captadas en el inmueble muestran el momento exacto en que dos hombres ingresan al local a las 9:23 de la mañana. De acuerdo con el reporte difundido por Latina Noticias, ambos sujetos se dirigieron directamente hacia la empresaria Elizabeth Herrera.

Uno de los atacantes golpeó a la mujer con la cacha de un arma de fuego mientras exigía las claves de sus cuentas bancarias. En paralelo, una trabajadora de la empresa quedó retenida dentro del inmueble. La empresaria intentó escapar hacia otra zona de la vivienda, aunque volvió a ser alcanzada y reducida por uno de los delincuentes.

El esposo de la víctima, Fabio Rafael Carpio, también resultó agredido. Las cámaras registraron el momento en que uno de los sujetos lo descubre y lo traslada por la fuerza hacia una oficina. Según el testimonio recogido por el medio televisivo, la familia permaneció bajo amenazas durante varios minutos.

“Fueron casi treinta, cuarenta minutos de terror. Veía a mi esposa ensangrentada y sobre ellos seguían todavía agrediendo a la más. En ese momento, yo simplemente lo único que hacía era despedirme y decirle: ‘Señor, ayúdame’”, relató el esposo de la empresaria.

Un trabajador pidió ayuda y alertó a la policía

Mientras los delincuentes mantenían retenidas a las víctimas, un trabajador de la empresa logró salir del inmueble sin ser detectado. El empleado pidió ayuda a vecinos de la zona, quienes alertaron de inmediato a la Policía Nacional del Perú.

El jefe de la División Policial Sur, Rober Villanueva, informó que el personal policial acudió al lugar tras recibir la alerta ciudadana y encontró a los sospechosos aún dentro de la vivienda.

Los agentes detuvieron en flagrancia a los tres hombres señalados como autores materiales del asalto y del intento de secuestro. Durante el operativo, la policía decomisó dos armas de fuego abastecidas y cinco teléfonos celulares que quedaron incorporados a las investigaciones.

Las imágenes difundidas también muestran el momento posterior a la captura. Uno de los detenidos rompió en llanto frente a los agentes y pidió clemencia. “Te lo juro por Dios, jefe, que yo no sé”, expresó mientras permanecía reducido por efectivos policiales.

Víctima terminó hospitalizada tras el ataque

La empresaria sufrió una herida de consideración en la cabeza producto de los golpes recibidos durante el asalto. Según Latina Noticias, la mujer fue trasladada de emergencia al hospital de Villa El Salvador para recibir atención médica.

Las grabaciones de seguridad muestran que los atacantes obligaron a la víctima a dirigirse hacia la oficina de la empresa con el objetivo de obtener las claves de sus cuentas bancarias. Sin embargo, la mujer perdió el conocimiento antes de responder a las exigencias de los delincuentes.

El caso reveló además un antecedente reciente. De acuerdo con la información policial, la empresaria enfrentó otro intento de asalto quince días antes del ataque actual. En aquella ocasión, dos sujetos intentaron interceptarla en la puerta de su vivienda, aunque la víctima logró escapar debido a que los agresores no portaban armas de fuego.

Policía investiga participación de extrabajadora

Durante los interrogatorios realizados en la comisaría de Lurín, los detenidos mencionaron la participación de una cuarta implicada vinculada a la empresa. Según explicó el coronel Villanueva, se trataba de una extrabajadora que habría proporcionado información interna para ejecutar el asalto.

Las diligencias policiales identificaron a la sospechosa como una exsecretaria que trabajó cuatro años en la compañía. De acuerdo con la investigación preliminar, la mujer habría entregado detalles sobre oficinas, dinero almacenado y rutas de escape utilizadas por los atacantes.

La excolaboradora, de nacionalidad venezolana y con ocho meses de embarazo, acudió posteriormente a la comisaría de Lurín presuntamente para obtener información del caso. La policía procedió con su detención durante la madrugada siguiente tras las primeras declaraciones de los implicados.

Las autoridades indicaron que la mujer había sido despedida anteriormente por hechos relacionados con robo. Tanto ella como los tres detenidos permanecen bajo custodia mientras la Fiscalía revisa las imágenes de seguridad y los testimonios incorporados al expediente del caso.

Gilberto Melquiades Miranda, quien se desempeña como vicefiscal de Delitos Comunes de Tabasco, detalló que ya está establecida la fecha para el juicio oral en contra de Hernán Bermúdez Requena, este último quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad estatal.

Melquiades Miranda comentó el 14 de mayo que la primera audiencia en contra del hombre que es acusado de los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa agravada.

“Ya tenemos el pronunciamiento del auto de apertura a juicio oral, el cual precisamente, pues deriva en que se turne a un tribunal de juicio para desahogar precisamente las pruebas. Esto ya tiene una fecha de realización. Precisamente es el 1 de junio”, es parte de lo compartido por el funcionario.

Además, el vicefiscal de Delitos Comunes agregó que es en la etapa del juicio en la que van a descargarse las pruebas por parte de las dos parte, de la defensa y del Ministerio Público.

Cuando Melquiades Miranda fue cuestionado sobre el proceso en contra de Bermúdez Requena respecto al delito de peculado, el vicefiscal destacó que por estas acciones hernán Bermúdez ya fue vinculado a proceso y que las acciones siguen su curso normal, hechos informados el 13 de abril pasado.

Además, el vicefiscal decidió no pronunciarse respecto a la cantidad de años que Bermúdez Requena podría pasar en prisión en caso de que se hallado culpable, lo anterior para respetar el debido proceso, aunque sí destacó que se trata de penas “bastante severas”.

“El Abuelo”, detenido en Paraguay

Cabe destacar que Bermúdez Requena es identificado con el apodo El Abuelo y/o Comandante H, se le acusa de liderar una estructura criminal denominada La Barredora, una estructura a su vez relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El hombre fue detenido en Paraguay el pasado 12 de septiembre de 2025.

Días después, el 18 de septiembre el hombre fue trasladado vía aérea a México. En dicha ocasión un elemento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le comentó que su aseguramiento fue por "su probale participación en el delito de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Se amparó para no ser extraditado

Ya en prisión el hombre promovió un amparo en contra de un procedimiento de extradición en su contra tras escuchar a custodias que hablaban sobre su posible entrega a Estados Unidos.

“Custodios me comentaron que ‘ya me iba al gabacho’ porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que se robustece con las notas periodísticas de circulación nacional que agrego al presente, sin que a la fecha se me haya notificado procedimiento dicho formalmente de extradición a solicitud de los Estados Unidos de América”, se puede leer en el documento revisado por Infobae México.

El incidente movilizó a diferentes fuerzas de seguridad, desató escenas de caos en calles residenciales y generó daños materiales significativos, como constató la investigación posterior.

La acción alcanzó su punto álgido cuando, tras un corto seguimiento, un agente ejecutó una maniobra PIT —una técnica de intervención que busca inmovilizar vehículos en persecución— en la intersección de Northwest 18th Avenue y 86th Street.

De acuerdo con WSVN, el impacto provocó el vuelco de la camioneta Dodge roja, que colisionó contra un Nissan Altima estacionado y lanzó por los aires a un hombre, quien luego quedó tendido en el suelo antes de ser detenido por las autoridades. Las cámaras de algunos medios registraron la imagen del sospechoso esposado y retirado en una camilla del lugar.

Dos heridos fueron trasladados al hospital y la víctima fue recuperada

Durante el incidente, dos personas resultaron heridas y recibieron atención médica inmediata. Según la información del Miami-Dade Fire Rescue, ambos pacientes fueron trasladados al Jackson Memorial Hospital para su evaluación, informó el canal WSVN.

Hasta el cierre de las primeras horas de investigación, las autoridades no precisaron la gravedad de las lesiones ni clarificaron si la víctima y el sospechoso mantenían algún vínculo previo.

El suceso comenzó cuando la Patrulla de Carreteras de Florida acudió a la zona de Northwest 22nd Avenue y 103rd Street en busca del vehículo involucrado, tras recibir el reporte de que la víctima permanecía en la parte trasera de la Dodge y que el conductor circulaba a gran velocidad, según reconstruyó Telemundo 51.

Al interceptar el vehículo, el conductor se negó a detenerse e inició la huida, dando pie a la breve persecución que terminó violentamente en Northwest 18th Avenue y 86th Street.

Testigos describieron un caos y graves daños materiales en la escena

Vecinos y testigos presenciales relataron momentos de tensión y escenas “de película”. Estra González y Cynthia Hulett, propietarias del Nissan Altima que resultó dañado, contaron a WSVN que escucharon el fuerte impacto y salieron de su casa para constatar la magnitud del choque. “Fue como una película”, explicó González. Su hija agregó: “Estaban intentando detener la Ram roja y el policía la golpeó; giró y cayó sobre nuestro auto”.

La secuencia quedó registrada en varias cámaras de vigilancia, permitiendo observar cómo el conductor salió despedido del vehículo antes de ser rodeado por patrullas con las luces encendidas, de acuerdo con las imágenes difundidas por CBS News.

Hulett mostró a CBS News los daños en su automóvil, con el costado del pasajero completamente destruido. “Creo que el daño es importante. Por todo el lado del pasajero, podría darse por perdido”, afirmó.

El vehículo fue retirado por una grúa después de varias horas, mientras que las secuelas del hecho continuaban siendo evidentes para los residentes.

Investigación abierta y sin divulgación de identidades

De momento, las autoridades no revelaron los nombres del sospechoso ni de la víctima, ni tampoco precisaron si existía una relación entre ambos, según declaró la policía al medio WPLG 10.

Tras el vuelco, el sospechoso fue detenido sin que se reportaran nuevos incidentes y la víctima fue recuperada a salvo, como detalló la Patrulla de Carreteras de Florida en diálogo con Telemundo 51.

El caso sigue bajo investigación por parte de las fuerzas del orden en Miami-Dade, que mantienen abiertas varias líneas para esclarecer tanto la motivación del secuestro como las circunstancias exactas del desenlace operativo.

La persecución y el desenlace, documentados por cámaras de vigilancia y reporteros en el lugar, ofrecen un retrato de la rápida respuesta policial en situaciones de alta peligrosidad, y dejaron el saldo de dos heridos, uno de ellos trasladado en camilla bajo custodia.

Las imágenes, reveladas por Noticentro 1, evidencian la preocupación de los cautivos por su seguridad y la falta de avances institucionales para lograr su regreso.

De acuerdo con las pruebas en video, los secuestrados fueron capturados entre julio y noviembre de 2025 por facciones de las disidencias lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, nombre de pila del líder guerrillero.

Las circunstancias de captura muestran patrones reconocibles: algunos miembros de la fuerza pública fueron interceptados durante descansos o tras combates militares en zonas con fuerte presencia guerrillera.

En sus mensajes, los secuestrados, quienes pertenecen tanto al Ejército Nacional como a la Policía Nacional, acusaron a las autoridades de Colombia de relegar a sus familias la gestión exclusiva de su liberación, mientras las operaciones militares continúan exponiéndolos a un riesgo mayor.

Esto dijeron los uniformados secuestrados

Entre los testimonios destaca el de Víctor Hugo Yepes García, soldado profesional del Batallón de Operaciones Terrestres #20, retenido desde el 14 de noviembre de 2025 en Balboa (Cauca), quien aseguró haber enviado “cuatro saludos al gobierno” sin obtener respuesta.

“Qué están esperando (…) lo único que he sabido de mi familia es por los videos. Imagínense yo llevo acá cinco meses y no han hecho nada por mí. El Gobierno, en realidad, puedo decir de que no está haciendo nada, es lo que he visto. Soy hijo de campesinos, no soy hijo de un rico, de un alto mando, un ministro o un presidente”, declaró el militar en el video revelado por el noticiero colombiano.

Por su parte, José Oneidi Larrahondo Salinas, auxiliar de la Policía Metropolitana de Cali de 21 años, que fue secuestrado el 5 de agosto de 2025 mientras disfrutaba de un permiso familiar en zona rural de Buenos Aires (Cauca), recriminó al Ejecutivo por su falta de intermediación para lograr su liberación.

“Nos tienen olvidados (…) por qué no preguntan si comemos, si bebemos, si estamos bien. Les suplico que se pongan de acuerdo con los señores de las Farc o abran una mesa de diálogo para que se dé nuestra liberación”, aseguró el oficial, apuntando directamente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Situación similar vivieron Yeison Javier García Rodríguez y Brayan Stiven Ruiz Toro, del Batallón de Despliegue Rápido #5 del Ejército, quienes fueron secuestrados el 26 de agosto de 2025 en Nariño.

Ambos coincidieron en video en que “el Estado se ha pronunciado solo haciendo tareas ofensivas, sin importarle que un prisionero de guerra quede en medio de ello”, en alusión a los bombardeos del gobierno Petro contra el grupo armado.

Así mismo, se conoció la prueba de supervivencia del patrullero Harold Ricardo Martínez, de 30 años y adscrito al Departamento de Policía de Arauca, interceptado el 31 de octubre de 2025 cuando se dirigía a conocer a su hijo recién nacido. En su intervención, pidió al gobierno Petro que retome negociaciones para repatriar a los cautivos.

“He recibido información del Estado Mayor Central de las Farc EP, que los presos políticos no tiene las mismas garantías que nosotros. le reitero al Gobierno nacional a que, por favor, tome las negociaciones pertinentes (...) los que estamos en esta situación podemos ser víctimas también de ataques, ya que ustedes desconocen en que zona nos encontramos”, expresó el policía, agregando que se encuentra en óptimas condiciones de salud.

Por último, Jamerson Guachetá, integrante del Batallón de Infantería de las Fuerzas Especiales #6, capturado el 24 de julio de 2025 en Cajibío, Cauca, expresó que “el Gobierno no se preocupa por nosotros”, según su testimonio en los videos revisados por el medio.

En línea con el resto de los secuestrados, pidió reconsiderar los bombardeos y solicitó a las autoridades que confirmen si hay miembros de la Fuerza Pública en los campamentos antes de atacar.

“El señor presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa no se preguntan si, de pronto, nosotros como miembros de la Fuerza publica estaremos en un lugar de esos, entonces pues no es todo guerra, también con el diálogo se puede llegar a muy buenas cosas”, exclamó.

A pesar de la incertidumbre, todos enviaron mensajes de tranquilidad a sus familias e insistieron en la urgencia de que el Estado colombiano priorice su rescate frente al escalamiento del conflicto armado por parte de las disidencias de las Farc.

Por el momento, las autoridades oficiales aún no han emitido pronunciamientos sobre las pruebas fílmicas de los militares retenidos por ‘Iván Mordisco’.

La violencia volvió a sacudir a la capital de Michoacán luego de que un grupo armado privó de la libertad a una pareja en el norte de Morelia y, horas después, la asesinó a balazos a orillas de la presa de Cointzio, al sur de la ciudad.

De acuerdo con información de la Policía de Morelia, el ataque ocurrió la tarde del martes en la colonia Santiaguito, una zona ubicada a aproximadamente cinco kilómetros del Centro Histórico de la capital michoacana. Testigos reportaron alrededor de las 4:00 de la tarde que sujetos armados interceptaron a las víctimas en el cruce de las calles Pico de Tancítaro y Sierra Náhuatl.

Los agresores viajaban en un vehículo Volvo blanco, con el que bloquearon el paso de la camioneta Ford EcoSport en la que se trasladaba la pareja. Tras detenerlos, los hombres armados obligaron al hombre y a la mujer a subir por la fuerza al automóvil de los delincuentes, mientras la camioneta de las víctimas quedó abandonada en el lugar.

Traslado y ejecución en la presa de Cointzio

Según los primeros reportes, la pareja fue trasladada más de 25 kilómetros hasta las inmediaciones de la presa de Cointzio, considerada la principal reserva de agua potable de Morelia. Fue en ese sitio donde los agresores presuntamente ejecutaron a las víctimas con disparos de arma de fuego.

Los cuerpos fueron localizados alrededor de las 6:00 de la tarde a un costado de la presa, lo que movilizó a corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargados de acordonar el área e iniciar las primeras diligencias periciales.

La FGE no ha revelado la identidad de las víctimas ni posibles líneas de investigación relacionadas con el doble homicidio. Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se esperaba que fueran reclamados por familiares.

El caso generó alarma entre habitantes de Morelia debido a que el secuestro ocurrió en plena zona urbana y a escasa distancia del centro de la ciudad, evidenciando nuevamente la capacidad de operación de grupos armados en distintos puntos de la capital michoacana.

Presencia criminal y disputa entre grupos armados

Autoridades federales y estatales han reconocido en distintas ocasiones la presencia de células del crimen organizado en Morelia y municipios cercanos. Entre los grupos identificados se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, así como organizaciones delictivas conocidas como “Los Viagras” y “Los Blancos de Troya”.

En los últimos años, Michoacán ha enfrentado una escalada de violencia derivada de disputas territoriales entre grupos criminales, principalmente por el control de rutas de trasiego, extorsión y actividades ilícitas en distintas regiones del estado.

Aunque hasta ahora no se ha establecido un móvil oficial sobre el secuestro y asesinato de la pareja, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si el crimen estaría relacionado con la operación de organizaciones delictivas en la zona.

De acuerdo con el testimonio de Magna Herrera, abuela del menor, el niño salió de su vivienda para comprar productos para su lonchera cuando fue interceptado por una mujer que descendió de un mototaxi y lo tomó de la mano con la intención de llevárselo.

“Mi nieto ya estaba regresando y se estaba pegando a las rejas de las casas cuando esta mujer lo cogió de la mano y le decía: ‘Vamos, yo te voy a llevar a tu casa’”, relató la familiar en declaraciones a TV Perú.

Según la denuncia, el menor reaccionó, se aferró con fuerza a una reja y comenzó a gritar desesperado que no conocía a la mujer. Sus pedidos de ayuda alertaron a dos vecinas, quienes salieron de inmediato para auxiliarlo y evitar que fuera subido al vehículo menor.

Mientras una de las mujeres forcejeaba con el niño, la conductora del mototaxi le pedía apresurarse. “Las vecinas agarraron a mi nieto y se lo jalaron porque la mujer no lo quería soltar”, contó la abuela.

Momentos después, el menor llamó llorando a su abuela para contarle lo ocurrido. Herrera salió corriendo en busca de su nieto y, en el trayecto, se cruzó con la mujer que conducía el mototaxi, quien aparentemente intentó despistarla preguntando qué ocurría.

Al reencontrarse con el niño, este identificó a la conductora como una de las personas involucradas en el intento de secuestro. La abuela y varios vecinos retuvieron entonces a las sospechosas hasta la llegada de la Policía.

Los residentes denunciaron que debieron esperar más de media hora para que llegara un patrullero y afirmaron que las mujeres intentaron escapar mientras eran retenidas por la población.

Tras la difusión de vídeos grabados por los vecinos durante la captura de las sospechosas, otras familias acudieron a la comisaría para denunciar hechos similares. Una mujer aseguró que su sobrina de 11 años también habría sido víctima de un intento de secuestro el día anterior en el parque Backus, presuntamente por la misma mujer señalada por el niño de diez años.

“Mi sobrina también ha sido querida de ser secuestrada por esta misma persona”, afirmó una familiar de la menor.

Según los testimonios recogidos, los tres casos habrían ocurrido en horarios cercanos al ingreso o salida escolar de los menores, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos del sector.

Las familias denunciaron además que inicialmente tuvieron dificultades para que las autoridades policiales aceptaran las denuncias y sostuvieron que recién se inició el proceso formal tras la viralización de los videos en redes sociales y la presión ejercida por los vecinos frente a la dependencia policial.

“Si no se hubiera hecho viral lo de mi nieto, aquí no hacían nada y las liberaban”, afirmó la abuela del menor.

Los denunciantes también señalaron presuntos excesos policiales durante el traslado de las implicadas al médico legista. Según la familiar, algunos agentes habrían agredido a mujeres que defendían a los menores afectados.

Decenas de vecinos permanecieron en los exteriores de la comisaría exigiendo que las dos mujeres sean investigadas y permanezcan detenidas mientras continúan las diligencias. Los menores involucrados fueron trasladados junto a sus familiares al médico legista para las evaluaciones correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la vinculación a proceso de Alexis Ricardo “N”, un sujeto apodado El Lobito, y Valentín “N”, los dos identificados como presuntos integrantes del grupo criminal Los Julios, por su probable participación en el delito de secuestro.

El juez determinó la medida de prisión preventiva justificada además de un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, según el reporte de las autoridades compartido el 12 de mayo.

El procedimiento se realiza luego de que la autoridad judicial del Estado de México analizara la información presentada por la Fiscalía y determinara la existencia de elementos suficientes para procesar penalmente a ambos sujetos, quienes permanecerán bajo prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Las investigaciones iniciales de la Fiscalía mexiquense indica que, en marzo de 2026, los imputados acudieron a un comercio informal ubicado en la colonia Satélite, en el municipio de Naucalpan, donde se encontraba la víctima.

En dicho lugar los sujetos se presentaron como integrantes de Los Julios, y posteriormente habrían amenazado a una persona y habrían exigido el pago de una cuota económica semanal a cambio de permitirle continuar con su actividad comercial y no causarle daño.

Sin embargo, la víctima se negó, lo que derivó en que los sujetos obligaran a la persona a subir a un vehículo y, en el trayecto, la habrían amenazado con un arma de fuego, exigiendo el pago de dinero bajo amenazas directas. Finalmente, la víctima entregó efectivo para recuperar su libertad.

Tras estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las indagatorias que permitieron identificar a los presuntos responsables y solicitar a la autoridad judicial las órdenes de aprehensión contra El Lobito y Valentín “N”.

La detención de ambos fue realizada el 4 de mayo de 2026, siendo Valentín “N” identificado como escolta de El Lobito y de otro objetivo prioritario dentro del mismo grupo criminal.

Uno de los procesados estaría ligado a un multihomicidio en Azcapotzalco

La FGJEM precisó que Alexis Ricardo “N”, hijo de un objetivo prioritario de Los Julios, enfrenta diversas investigaciones por su posible participación en extorsiones, homicidios, secuestros y robos con violencia, delitos cometidos en perjuicio de comerciantes ambulantes y formales, transportistas y constructores.

Además, la institución señaló que existe información que vincula a Alexis Ricardo “N” y a Luis Enrique “N”, ya detenido, con el homicidio de cuatro integrantes de una familia registrado en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Luis Enrique “N” habría sido el responsable de abandonar una nota en el cuerpo de una de las víctimas con un mensaje intimidatorio presuntamente firmado por “La Unión”.

En las últimas semanas, se han registrado varios hechos de inseguridad en la vía Mondoñedo, conexión entre Soacha y Mosquera en la salida al sur de Bogotá, en donde varios ciudadanos han sido víctimas de la delincuencia organizada.

En la mayoría de los casos, ciudadanos que se movilizan en vehículos particulares son afectados de diferentes formas para obligarlos a detener el automotor y de esa forma quedar expuestos en la vía pública para ser atacados por los delincuentes.

Al respecto, las autoridades en Soacha se han pronunciado para confirmar que están tras los pasos de una estructura criminal que ha sido denominada “la banda de Mondoñedo”, que en el fin de semana de la celebración del Día de la Madre volvió a delinquir bajo el mismo modus operandi.

En diálogo con CityTV, víctimas de un asalto registrado en la vía Mondoñedo revelaron detalles del ataque que recibieron cuando se movilizaban hasta el memorial de un ser querido en la zona.

“Nosotros sobre las cuatro de la tarde llegamos en el vehículo al lugar en el que teníamos que subir para revisar el árbol, cómo a los 10 minutos nos abordaron varias personas de nacionalidad venezolana que nos apuntaron con armas de fuego”, narró una de las afectadas, que prefirió no exponer su identidad por temas de seguridad.

En el hecho fueron amarrados siete adultos y tres menores de edad, que fueron amenazados con ser asesinados si no entregaban las claves de sus cuentas bancarias, de las que los criminales sacaron más de 50 millones de pesos.

“Nos dicen que nos tiremos al suelo y duramos ahí hasta las seis de la tarde. Nos vaciaron las cuentas, nos robaron los vehículos, los celulares y demás, no dejaron nada”.

Tras liberarse, identificaron que a pocos metros había otras personas amarradas y que se trataba de una familia que había sido víctima de un hurto similar.

“Cuando logramos soltarnos, porque fuimos nosotros los que nos liberamos, nos dimos cuenta de que había una tercera familia en el lugar. Esa familia estaba desde la una de la tarde ahí. Eran dos señoras y tres niños. La señora nos dijo que amenazaron a los niños porque iban a gritar”.

A pesar de la denuncia y los trámites que han realizado, hasta el momento no hay ningún tipo de pronunciamiento por parte de las autoridades en el municipio de Soacha, por lo que los afectados acudieron a los medios de comunicación para pedir que su caso no sea uno más, sino que se tomen cartas en el asunto.

Casos se han vuelto repetitivos

En la última semana de abril del 2026 fue noticia un caso similar en el que una familia que viajaba de Girardot a Bogotá sufrió un secuestro y robo cerca del peaje de Mondoñedo, luego de que una de las llantas de su vehículo se pinchó.

Cuando intentaban poner el repuesto, seis personas en motocicletas los interceptaron; entre las víctimas había dos menores y dos mujeres de la tercera edad. Los delincuentes golpearon y amarraron a los integrantes de la familia, luego los llevaron a una zanja en Soacha, donde permanecieron siete horas bajo amenazas y agresiones. Durante ese tiempo, los obligaron a entregar celulares y claves bancarias, mientras los menores presenciaban la situación.

Las víctimas afirmaron que sufrieron agresiones físicas para desbloquear los dispositivos. La familia logró contactar a la Policía después de siete horas. Tras el ataque, una de las mujeres mayores fue hospitalizada por lesiones en un brazo y una menor de ocho años presenta secuelas psicológicas. Las autoridades en Soacha anunciaron un refuerzo en la seguridad de la vía; sin embargo, esto no ha evitado que más casos se registren.

Según el reporte oficial de la PNP, la intervención se realizó luego de recibir la alerta sobre la desaparición de la menor, identificada con las iniciales A.L.L.J. Al ingresar al inmueble, ubicado en la Avenida 09 de Octubre N° 1184, los agentes hallaron a la adolescente encerrada en una habitación del primer nivel, recostada sobre una cama y solicitando auxilio. La víctima, visiblemente afectada, señaló a Mendoza García como la persona que la retuvo y agredió sexualmente.

El operativo, dirigido por el mayor PNP Steven Vargas García y el teniente PNP Jaime Alexander Carrasco, permitió el rescate inmediato de la menor y la detención de dos personas: Mendoza García y Edubigues Mayalu García Rojas (76), familiar del acusado, quien será incluído en la investigación por presunta complicidad en la comisión del delito contra la libertad en la modalidad de secuestro, según informaron fuentes policiales.

Se conoció además que Mendoza García ya contaba con una denuncia previa en el sistema SIDPOL por delitos contra la libertad sexual.

Detalles de la intervención policial

Medios locales como Cadena Tv Huancayo señaló que la adolescente fue puesta bajo resguardo y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica y acompañamiento psicológico especializado.

Mientras tanto, los detenidos fueron puestos a disposición de la AREINCRI PNP Huancayo, donde se realizan las diligencias correspondientes conforme a ley. La policía utilizó herramientas especializadas para acceder a áreas aseguradas de la vivienda, encontrando a Mendoza García escondido en el techo del segundo piso y procediendo a su captura sin que opusiera resistencia.

El caso ha generado preocupación en la comunidad local, que exige justicia y garantías de protección para la víctima. Las autoridades reiteraron el compromiso de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra los delitos de secuestro y violencia sexual, subrayando la importancia de la denuncia oportuna para activar los protocolos de rescate y atención integral a las víctimas.

Canales de ayuda

Si necesitas orientación, apoyo o denunciar un caso de violencia sexual, estos son los principales canales de ayuda disponibles en Perú:

• Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinda atención las 24 horas del día. Puedes llamar desde cualquier teléfono fijo o móvil.
• Chat 100: Atención psicológica y legal en línea a través de la página web del MIMP (www.mimp.gob.pe).
• Centros de Emergencia Mujer (CEM): Hay centros a nivel nacional donde se brinda atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia familiar y sexual.
• Policía Nacional del Perú (PNP): Puedes acudir a cualquier comisaría para presentar una denuncia, solicitar protección o recibir orientación.
• Ministerio Público - Fiscalía: Las víctimas pueden acudir a la fiscalía más cercana para iniciar una investigación y acceder a medidas de protección.

La Asociación Madres del Catatumbo confirmó la liberación del menor de 16 años, Yormay Sebastián Contreras, luego de 26 días retenido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El regreso del joven fue anunciado el lunes 11 de mayo y puso fin a casi un mes de incertidumbre y presión humanitaria en la región de Tibú, Norte de Santander.

La noticia, que generó expectativa en el país, fue confirmada mediante un comunicado de la organización que lideró las gestiones para la liberación. El documento, autorizado expresamente por la familia, destacó:

“Con profundo alivio y esperanza, y con autorización expresa de su familia, informamos a la opinión pública nacional e internacional, a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como a todas las personas que acompañaron este proceso humanitario, que Yormay Sebastián Contreras Castillo recuperó su libertad, luego de permanecer durante 26 días retenido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.

La organización agradeció el acompañamiento de entidades humanitarias, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo, la Consejería de Paz de Norte de Santander y organismos internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y Unicef.

Según el comunicado, la articulación de estos actores permitió abrir canales de diálogo y mantener la presión por la liberación.

El secuestro y la incertidumbre: 26 días de angustia

Yormay Sebastián fue retenido el 7 de abril en un retén ilegal ubicado en el kilómetro 25 de la vía a Tibú. Hombres armados del ELN lo obligaron a descender de una motocicleta y, tras revisar su teléfono móvil, lo llevaron consigo. Desde ese momento, el paradero del menor permaneció desconocido, lo que generó preocupación y movilización en la región.

La madre del joven, Blancanieves Castillo, acudió al lugar rápidamente, pero solo recibió respuesta al día siguiente, cuando los captores indicaron que entregarían al menor “de uno a dos meses y que ellos lo iban a educar”.

La situación llevó a que la presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, Carmen García, tía de Yormay, organizara un plantón y movilizara a la comunidad para exigir su liberación.

En declaraciones recogidas por El Espectador, Carmen García relató que el mensaje que desencadenó la retención correspondía a una conversación en la que un amigo de Yormay le indicaba que había trabajado “en una cocina de la disidencia de las Farc”. Según García, esa interacción fue motivo suficiente para que los hombres del ELN decidieran investigar al joven.

Acción humanitaria y presión social

La Asociación Madres del Catatumbo creó una comisión humanitaria y sumó el respaldo de la ONU y la Defensoría del Pueblo, que exigieron respeto por la vida y la integridad de Yormay. La retención del menor fue señalada como una grave vulneración de los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Durante las semanas de cautiverio, la presidenta de la asociación, junto a organizaciones sociales y cerca de 200 campesinos de la zona, mantuvo un plantón permanente en la vía donde ocurrió el secuestro. La movilización, sumada a los pronunciamientos nacionales e internacionales, mantuvo la presión sobre el grupo armado.

De acuerdo con el último reporte de la ONU del 16 de febrero, el reclutamiento de menores en Colombia aumentó un 300% en los últimos cinco años. La región del Catatumbo se ha visto particularmente afectada por el control de grupos armados y el reclutamiento forzado de niños y adolescentes.

Petición de privacidad y llamado a la protección de la niñez

Tras la liberación, la organización solicitó respeto por la privacidad y el proceso de recuperación emocional de la familia Contreras Castillo. A través de su comunicado, la organización expresó:

“Por solicitud expresa de la familia, y en respeto a su intimidad, seguridad y bienestar emocional, nos abstendremos de entregar información adicional sobre el caso. Pedimos comprensión, sensibilidad y respeto frente a este momento de reencuentro familiar y recuperación emocional”.

Tres personas, presuntos integrantes de la Familia Michoacana, fueron detenidas en el Estado de México por su presunta responsabilidad en el secuestro y agresión de dos menores de edad. cabe destacar que entre los capturados hay un hombre que cuenta con orden de aprehensión por extorsión.

El 10 de mayo la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) informó sobre la detención de Daniel “N”, Juan “N” y Cristóbal “N”, los dos primeros de 25 años y el tercero de 21 años de edad, en el municipio de Acambay.

Los arrestos sucedieron sobre la carretera La Florida, hacia el Agostadero, luego de que los uniformados vieron un vehículo de color negro, desde el cual una mujer pidió ayuda, razón por la que la unidad fue detenida.

Ligados al secuestro de tres menores de edad

Dentro del vehículo estaban el piloto y copiloto, además de una tercera persona en la parte trasera. Además, en el automotor había dos mujeres menores de edad, quienes dijeron que habían sido levantadas violentamente por los tres sujetos.

Es por ello que los agentes solicitaron a los hombres bajar de la unidad, la cual fue asegurada. De igual manera, les fueron incautadas dos bolsas de plástico, una mochila y tres celulares.

Los tres sujetos "dijeron haber llegado recientemente a Acambay y pertenecer a una célula delictiva con orígenes en Michoacán“, es parte del reporte de la SSEM.

Posterior a las detenciones, los elementos de seguridad revisaron el estatus de los sujetos asegurados, con lo que se dieron cuenta que Daniel “N” cuenta con una orden de aprehensión por el delito de extorsión, según aparece en la plataforma del C5.

Los tres sujetos fueron llevados ante el Ministerio Público con sede en Atlacomulco para que sen realizadas las averiguaciones. Las imágenes compartidas por las autoridades muestran a los sujetos capturados, así como los indicios asegurados.

Detención y vinculación a proceso del “Comandante Calleja”

Por su parte, el 19 de marzo pasado fue vinculado a proceso José Armando “N”, alias Comandante Calleja, un sujeto acusado del delito de extorsión en contra de un comerciante. Dicho hombre sería integrante de la Familia Michoacana.

Según las averiguaciones de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), dicho sujeto trabajaba para un hombre identificado como Josué “N”, alias El Colibrí, así como para los hermanos Hurtado Olascoaga, estos últimos líderes del grupo delictivo mencionado.

La detención de José Armando fue informada por las autoridades federales el pasado 14 de marzo. Los reportes indican que es un hombre que se integró al grupo delictivo desde hace 20 años, se encargaba de realizar acciones de cobro de piso en los tianguis de la parte oriente del Edomex.

Luego de que Alicia Isabel Godoy, la mujer de 30 años que había sido secuestrada en su casa de Rosario, fuera hallada en buen estado de salud, este sábado se confirmó la detención de Noelia F., otra mujer sobre quien pesaba un pedido de captura y estaba señalada por presuntas extorsiones en el contexto de una deuda vinculada a consumos problemáticos.

Después de que las primeras líneas de la investigación apuntaran a que la desaparición de Godoy estaría relacionada con una deuda por consumo de estupefacientes, las autoridades señalaron que tanto la víctima como su familia habrían sufrido amenazas y extorsiones atribuidas a integrantes de “La Banda de la Pelada”, una organización que opera en Villa Flamarion.

A partir de esta hipótesis, Noelia F. fue detenida este fin de semana en la calle Florida al 200. En el procedimiento, la policía localizó una bolsa de tela con material que, según la información policial, parecería ser un tipo de estupefaciente.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, la fiscal Paula Barros planteó que un grupo de seis personas habría actuado de manera coordinada para privar de la libertad a Godoy y exigir dinero a su entorno. Bajo esta modalidad, habrían pretendido saldar una presunta deuda por drogas.

De esta manera, determinaron que el 4 de abril la víctima fue retirada por la fuerza de su domicilio en Flammarion al 4900 y trasladada a otra vivienda ubicada en Vuelta de Obligado al 4900, donde permaneció retenida. En línea con esto, la privación de la libertad habría tenido como objetivo principal la exigencia de un pago para saldar la deuda.

El caso se dio a conocer cuando sus familiares perdieron todo tipo de contacto con ella. No obstante, tras concretarse el secuestro, personas del entorno de los acusados se presentaron en la casa de la familia de Godoy para comunicarles que tenían que pagar 150 mil pesos para que le hicieran daño.

A raíz de esto, entregaron una bicicleta Venzo rodado 29 y transfirieron un total de 50 mil pesos. Estas fueron realizadas en dos operaciones distintas, una por 10 mil pesos y la segunda por 40 mil, al día siguiente de la sustracción de la mujer.

De la misma forma, las autoridades confirmaron que las transacciones fueron depositadas en cuentas diferentes. Según confirmaron, una de ellas estaba a nombre de María Belén Salinas, mientras que la segunda fue atribuida a una mujer llamada Ana Laura Salinas.

A raíz de esto, la fiscal Barros ordenó la detención e imputación de cinco personas vinculadas al grupo extorsivo. Estos fueron identificados como María Belén “La Pelada” Salinas, Ludmila Gisel Leiva, Kevin Josué Torres Cabrera, Gastón Laureano D’Agostino y Ana Laura Salinas.

La detención masiva se dio el pasado 30 de abril, luego de que las autoridades realizaran un total de 15 allanamientos. Asimismo, indicaron que el operativo estuvo a cargo del personal de la Brigada de Paraderos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según estableció la fiscal, María Belén Salinas fue quien coordinaba la venta de estupefacientes y Noelia Fernández la encargada de conseguir las sustancias. Mientras que en el caso de Gastón D’Agostino, Ana Laura Salinas y Agustina Aguirre tenían como rol el de vendedor en búnkeres situados en las inmediaciones de Flammarion al 4900.

Después de una audiencia presidida por la jueza Luciana Vallarella, se rechazó la calificación por secuestro extorsivo y la causa fue recalificada a extorsión. Asimismo, dejó en libertad Ludmila Leiva y Kevin Torres Cabrera, tras rechazar las acusaciones en su contra. No obstante, dispuso la prisión efectiva por cuatro meses para Ana Laura Salinas, María Belén Salinas y Gastón D’Agostino.

Finalmente, el jueves pasado se confirmó la reaparición de Godoy, cuando la propia víctima se presentó en la estación policial sudoeste. Desde allí, se notificó de inmediato a la fiscal que dirige la causa. Tras su localización, la mujer fue sometida a estudios médicos y entrevistas con un equipo interdisciplinario para evaluar su estado físico y emocional.

Un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada y elementos de seguridad pública dejó como saldo cuatro personas muertas en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, luego de una persecución que se registró sobre la carretera Veracruz-Tejar, a la altura del fraccionamiento Lagos de Puente Moreno.

Los hechos provocaron momentos de tensión y temor entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona, debido a las detonaciones de arma de fuego y al intenso despliegue policiaco que se extendió durante varias horas.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó en entrevista con medios de comunicación locales que las personas fallecidas presuntamente estaban vinculadas con actividades de delincuencia organizada.

De acuerdo con la mandataria estatal, el enfrentamiento se originó luego de que los sujetos intentaran privar de la libertad a un taxista en la zona. La intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública derivó en una persecución que terminó en un intercambio de disparos.

“Estos sujetos agarraron a un taxista para quererlo prácticamente levantar y se dio la ayuda por parte de la Secretaría de Seguridad Pública”, declaró la gobernadora.

Según los primeros reportes, los presuntos delincuentes intentaron escapar tras detectar la presencia de las autoridades, lo que desató una persecución sobre la transitada vía que conecta al puerto de Veracruz con diversas localidades de la zona conurbada.

Durante el operativo se registraron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que obligó a conductores y habitantes cercanos a resguardarse. Testigos reportaron escenas de pánico mientras patrullas estatales y unidades ministeriales cerraban el paso vehicular para controlar la situación.

La carretera Veracruz-Tejar quedó completamente blindada por las corporaciones de seguridad, especialmente en el tramo cercano a una gasolinera y a la colonia Los Ríos, donde finalmente concluyó el operativo.

Posteriormente, agentes ministeriales acordonaron el área para permitir el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las diligencias correspondientes. El cierre vial se extendió a la altura de un verificentro ubicado en la zona, generando afectaciones a la circulación durante varias horas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las personas fallecidas ni si hubo detenidos adicionales tras el enfrentamiento. Tampoco se informó sobre policías lesionados o víctimas civiles derivadas de la balacera.

Los hechos vuelven a poner sobre la mesa la problemática de violencia que persiste en distintas regiones de Veracruz, particularmente en municipios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, donde en los últimos años se han registrado operativos, persecuciones y enfrentamientos relacionados con grupos del crimen organizado.

La presencia de fuerzas estatales y ministeriales continuó en el sitio incluso después de concluidas las diligencias, mientras peritos recababan indicios balísticos y otras evidencias para integrar la carpeta de investigación.