Un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada y elementos de seguridad pública dejó como saldo cuatro personas muertas en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, luego de una persecución que se registró sobre la carretera Veracruz-Tejar, a la altura del fraccionamiento Lagos de Puente Moreno.

Los hechos provocaron momentos de tensión y temor entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona, debido a las detonaciones de arma de fuego y al intenso despliegue policiaco que se extendió durante varias horas.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó en entrevista con medios de comunicación locales que las personas fallecidas presuntamente estaban vinculadas con actividades de delincuencia organizada.

De acuerdo con la mandataria estatal, el enfrentamiento se originó luego de que los sujetos intentaran privar de la libertad a un taxista en la zona. La intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública derivó en una persecución que terminó en un intercambio de disparos.

“Estos sujetos agarraron a un taxista para quererlo prácticamente levantar y se dio la ayuda por parte de la Secretaría de Seguridad Pública”, declaró la gobernadora.

Según los primeros reportes, los presuntos delincuentes intentaron escapar tras detectar la presencia de las autoridades, lo que desató una persecución sobre la transitada vía que conecta al puerto de Veracruz con diversas localidades de la zona conurbada.

Durante el operativo se registraron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que obligó a conductores y habitantes cercanos a resguardarse. Testigos reportaron escenas de pánico mientras patrullas estatales y unidades ministeriales cerraban el paso vehicular para controlar la situación.

La carretera Veracruz-Tejar quedó completamente blindada por las corporaciones de seguridad, especialmente en el tramo cercano a una gasolinera y a la colonia Los Ríos, donde finalmente concluyó el operativo.

Posteriormente, agentes ministeriales acordonaron el área para permitir el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las diligencias correspondientes. El cierre vial se extendió a la altura de un verificentro ubicado en la zona, generando afectaciones a la circulación durante varias horas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las personas fallecidas ni si hubo detenidos adicionales tras el enfrentamiento. Tampoco se informó sobre policías lesionados o víctimas civiles derivadas de la balacera.

Los hechos vuelven a poner sobre la mesa la problemática de violencia que persiste en distintas regiones de Veracruz, particularmente en municipios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, donde en los últimos años se han registrado operativos, persecuciones y enfrentamientos relacionados con grupos del crimen organizado.

La presencia de fuerzas estatales y ministeriales continuó en el sitio incluso después de concluidas las diligencias, mientras peritos recababan indicios balísticos y otras evidencias para integrar la carpeta de investigación.

Según consignó New York Post, Strand relató el impacto devastador que el crimen generó en la familia: “Tú no solo le arrebataste la vida a Athena, destruiste a nuestra familia”.

El testimonio recogido por el diario estadounidense incluyó recuerdos personales, como el apodo que le daba la menor y la sensación de vacío que dejó su ausencia. “Nos robaste la seguridad, la paz y la confianza en el mundo. Cambiaste para siempre lo que somos como familia”, expresó ante el juez y el acusado.

El caso: secuestro y asesinato de una niña de siete años

Athena Strand, de siete años, desapareció el 30 de noviembre de 2022 en la localidad de Paradise, Texas. Según la reconstrucción judicial, la niña fue interceptada por Tanner Horner mientras jugaba cerca de su casa.

El propio Horner admitió haberla secuestrado después de atropellarla con el camión de reparto. Posteriormente, la asfixió y abandonó el cuerpo en un arroyo, a unos 13 kilómetros de la vivienda de la víctima.

De acuerdo con New York Post, imágenes y grabaciones presentadas ante el jurado mostraron a la menor dentro del camión y documentaron los momentos previos al crimen.

Durante el juicio, la fiscalía expuso que Horner no solo mintió sobre las circunstancias del secuestro, sino que también intentó negociar con la policía la posibilidad de pasar la Navidad con su hijo a cambio de cooperar con la investigación. El hallazgo del cuerpo, así como pruebas forenses y registros digitales, fueron claves para sustentar la acusación.

El proceso judicial y las pruebas presentadas

La causa fue trasladada del condado de Wise al de Tarrant debido a la amplia cobertura mediática. En el juicio, la fiscalía presentó videos, audios y testimonios de especialistas sobre el estado en el que se encontró a la víctima, así como antecedentes de denuncias de abuso sexual contra el acusado por parte de otras personas.

Según la información recogida por New York Post, las pruebas incluyeron análisis de ADN que no descartaron la presencia de material genético de Horner en el cuerpo de Athena. La exposición de este material llevó a que algunos miembros del jurado y asistentes abandonaran la sala.

El fiscal James Stainton advirtió a los jurados sobre la crudeza del caso y señaló que las pruebas dejaban en evidencia la magnitud de la violencia ejercida. Horner, por su parte, alegó padecer trastornos mentales y que el cambio de ruta en su trabajo contribuyó al desenlace de los hechos.

La defensa propuso la cadena perpetua como alternativa, argumentando un diagnóstico previo de autismo y una infancia problemática, pero el jurado no consideró estos factores como atenuantes suficientes.

La sentencia a muerte y el impacto en la familia

El jurado deliberó durante tres horas antes de dictar la pena de muerte por inyección letal para Tanner Horner.

El acusado no mostró reacción alguna al escuchar el veredicto. El proceso de apelación quedó abierto de manera automática, como estipula la legislación texana para este tipo de condenas.

Según informó New York Post, la madre de Athena asistió a la audiencia con el cabello teñido de rosa, el color favorito de su hija, y permaneció acompañada de sus seres queridos durante la lectura de la sentencia.

En la sala, el testimonio de Elijah Strand concluyó con una afirmación dirigida a Horner: “Dices que has encontrado a Dios, pero lo que le hiciste a Athena se opone directamente a todo lo que ahora dices creer. En Mateo 18:6 está escrito: ‘Si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el mar’”. Así, subrayó la magnitud del castigo inflingido a alguien que dañara a un niño y advirtió: “Te enfrentarás a la ira de Dios. Pero quiero que sepas que no eres nada. Eres una nota al pie en la historia de Athena. Nadie te recordará después de esto”.

Tropas adscritas al Gaula Militar lograron la liberación de dos personas que habían sido secuestradas por el grupo delictivo conocido como Tren de Aragua, una organización criminal transnacional que mantiene presencia en Latinoamérica.

Según el reporte oficial, la operación se produjo en la madrugada del 6 de mayo de 2026, en los municipios de Durania y Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander.

Las autoridades confirmaron que entre los liberados se encuentra un ciudadano de nacionalidad peruana, al igual que una persona de origen colombiano.

La intervención de las autoridades respondió a denuncias formales presentadas por las autoridades de Perú ante el GAULA Militar, tras reportar la desaparición del ciudadano peruano en territorio colombiano mientras se dirigía a Venezuela, confirmó el mayor Nelson Ruíz Cárdenas Rodríguez, comandante del grupo GAULA en Norte de Santander.

“En el municipio de Villa del Rosario, la presión ejercida por nuestros soldados logró la liberación de un ciudadano de nacionalidad peruana”, mencionó el alto oficial.

Las labores de inteligencia militar permitieron ubicar a la víctima extranjera en el barrio La Parada de Villa del Rosario, donde permanecía retenida por los secuestradores. La presión ejercida por las tropas del Gaula obligó a los captores a abandonarlo y huir del lugar, lo que garantizó la liberación del ciudadano peruano sin registro de heridos.

La víctima de nacionalidad peruana había sido captada en la ciudad de Piura (Perú). Engañado por miembros del Tren de Aragua, fue trasladado por vía terrestre, cruzando Ecuador y posteriormente Colombia, confirmando la actuación transfronteriza de esta estructura delictiva, según la información de inteligencia revelada por Caracol Radio.

En cuanto a la segunda persona liberada, el Ejército detalló que el ciudadano colombiano fue víctima de secuestro por delincuencia común. La operación se activó tras denuncia recibida, logrando que los secuestradores huyeran ante la inminencia de la intervención militar.

“Estos resultados demuestran la importancia de la denuncia y la confianza ciudadana en nuestras capacidades contra el secuestro y la extorsión”, afirmó el alto militar.

Los recientes rescates se producen en un contexto de incremento del delito de secuestro y extorsión en Norte de Santander, particularmente en la franja fronteriza del Catatumbo y en la provincia de Ocaña. A finales de abril, se documentaron tres secuestros en dicha provincia colombiana.

Capturan a ‘Hilary’, señalada integrante del Tren de Aragua

Además del rescate de los dos ciudadanos, el Tren de Aragua también sufrió un duro golpe tras reportarse la captura de Whilet Betzabeth Hernández Cabriles, identificada como alias Hilary o ‘La Llavera’ y considerada la máxima responsable de las operaciones financieras internacionales de la organización terrorista trasnacional.

La detención, realizada en Medellín en el marco de la operación Sin Frontera, cuenta con solicitud formal de extradición a Estados Unidos, donde la Corte Distrital para el Distrito Oeste de Texas la requiere por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, según publicó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

La investigación oficial señala que la mujer tendría vínculo directo con uno de los fundadores del Tren de Aragua, Larry Amaury Álvarez Núñez (‘Larry Changa’), lo que elevó su posición al núcleo de confianza de la organización, otorgándole acceso a los mecanismos centrales de dirección y control.

El alcance internacional de su rol se corrobora en el interés judicial que le atribuyen Perú y México por presuntas actividades de proxenetismo, circunstancia que, según la Policía Nacional de Colombia, confirma la proyección continental del grupo criminal.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, remarcó que la detención representa un golpe estructural para la banda criminal, pues afecta directamente sus canales de expansión, logística y recursos económicos, particularmente hacia Estados Unidos y Sudamérica.

La investigación transnacional involucró una alianza operativa entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y el FBI de Estados Unidos. Hernández Cabriles fue puesta a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía colombiana tras su arresto y permanece a la espera de que se finalicen los trámites de extradición.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de un juez la vinculación a proceso de Víctor Martín “N”, excomisario de Seguridad Pública de Jilotzingo, y cinco policías municipales, quienes enfrentan cargos por su probable participación en el delito de secuestro exprés.

El caso surgió tras la denuncia de dos víctimas, quienes fueron interceptadas por una patrulla, amenazadas con armas de fuego y privadas de su libertad de manera momentánea mientras circulaban en un camión de carga por la colonia Miguel Tecpan el 7 de marzo de 2026.

Cabe señalar que los servidores públicos junto a 4 civiles más fueron arrestados el pasado 21 de abril tras el robo violento de un tractocamión cargado con neumáticos.

Sobre la reciente imputación por secuestro exprés, el juez determinó la medida cautelar de prisión preventiva para los seis policías y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

De ser hallados responsables, los procesados podrían recibir una sentencia de hasta 90 años de prisión, según los datos difundidos por la Fiscalía mexiquense.

El excomisario Víctor Martín “N”, también enfrenta cargos por cohecho tras haber ofrecido dinero a los agentes de la Secretaría de Seguridad estatal y de Tlalnepantla para evitar la consignación de sus cómplices cuando fueron descubiertos descargando el camión robado.

El caso de secuestro exprés

Según las indagatorias sobre el caso, el 7 de marzo de 2026, dos personas que viajaban en un camión de carga fueron interceptadas en la colonia Miguel Tecpan por una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública de Jilotzingo.

Las autoridades relatan que Víctor Martín “N” y dos policías municipales descendieron del vehículo oficial, cuestionaron a las víctimas sobre la mercancía y les informaron que serían remitidas al Ministerio Público por una supuesta infracción.

Los policías amenazaron a las víctimas con un arma de fuego y les exigieron dinero y parte de la mercancía.

Después, los dos hombres fueron obligados a abordar la patrulla y las abandonaron metros adelante.

Estas acciones motivaron la denuncia e iniciaron la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Detención y cargos adicionales para los implicados

El 21 de abril, elementos de la Secretaría de Seguridad estatal y de la policía municipal de Tlalnepantla detuvieron a Víctor Martín “N” y nueve personas más —cinco policías y cuatro civiles— mientras respondían a una alerta de robo de camión.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por encubrimiento por receptación y, en el caso del excomisario, también por cohecho, ya que habría intentado sobornar a los agentes para no presentar a sus cómplices ante la autoridad ministerial.

Por el delito de cohecho, Víctor Martín “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Esta es la lista completa de los detenidos aquel 21 de abril:

En total, esta fue la lista de sujetos aprehendidos, según autoridades estatales:

• Víctor Mendoza Landgrave (41 años)
• Juan “N” (24 años)
• Jonathan “N” (35 años)
• Abel “N” (38 años)
• Francisco “N” (47 años)
• Rogelio “N” (56 años)
• Marcos “N” (32 años)
• Miguel “N” (33 años)
• Jarib “N” (48 años)
• Leonel “N” (53 años)

Procesos y situación legal de los civiles relacionados

Los cuatro civiles detenidos el 21 de abril fueron procesados por delitos distintos. Miguel Ángel “N” y Marcos “N” enfrentan cargos por robo de vehículo con violencia y se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco. Miguel Ángel “N” tiene dos procesos previos por hechos delictivos distintos y contaba con una orden de reaprehensión al momento de su detención.

Los otros civiles, Leonel “N” y Jarib “N”, están vinculados a proceso por secuestro exprés con fines de robo y permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

La autoridad judicial reiteró que los detenidos deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.

El niño de seis años de la localidad de Esquina, Corrientes, que era intensamente buscado desde el domingo, fue encontrado este martes a media mañana. Tras el hallazgo, fue restituido a su madre y su padre quedó detenido.

La investigación, liderada por el fiscal Javier Gustavo Mosquera, derivó en la localización del menor junto a Josías Santos Regis, de nacionalidad brasilera, en el paraje El Duraznillo, una zona rural ubicada a la altura del kilómetro 720 de la Ruta Nacional 12.

Las autoridades aseguraron que el menor se encuentra “en buen estado de salud y bajo resguardo judicial”. Según pudo saber este medio, el niño fue encontrado por efectivos de la PRIAR, una división especializada en seguridad rural de la Policía de Corrientes.

El dato que terminó de encaminar el operativo, según explicó el ministro de Seguridad provincial, Adán Gaya, llegó a través de un llamado clave: el dueño de un campo del paraje San Juan alertó a la policía correntina sobre la presencia de una persona desconocida dentro de su propiedad. Esa denuncia permitió a las autoridades localizar al sospechoso, concretar su detención y encontrar al nene.

Domingo 3 de mayo: visita, discusión y disparos

El episodio comenzó el pasado 3 de mayo, durante una visita del padre al nene. Esa tarde, Santos Regis le propuso a la madre del niño, Mariana Riquelme, llevar a sus dos hijos a pescar. La mujer accedió parcialmente: le pidió que el menor se quedara con ella porque debía dormir la siesta, pero autorizó que se llevara al niño de seis años.

La mujer, entonces, aprovechó esa tarde para reunirse con amigos en una casa. Sin embargo, según su versión, comenzó a recibir mensajes de hostigamiento por parte del ciudadano brasileño, sin que mediara ninguna situación previa.

En ese contexto, el hombre habría comenzado a circular reiteradamente en las inmediaciones del domicilio donde se encontraba la mujer. Al finalizar la reunión, la situación escaló y derivó en una discusión que terminó en un episodio de violencia armada. Como consecuencia del ataque, un hombre de 47 años resultó herido.

Tras ese hecho, Mariana perdió por completo el contacto con su hijo.

Lunes 4 de mayo: denuncia y activación de la Alerta Sofía

Al día siguiente, el Ministerio de Seguridad Nacional solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar al menor y difundió una foto del niño con descripciones acerca de su apariencia y la vestimenta que llevaba puesta al salir de su casa.

Tras radicar la denuncia en la comisaría, su madre habló con los medios locales: “Yo creo que no le va a hacer nada (a mi hijo), pero tengo miedo de que se lo lleve lejos”. Mariana aseguró que Santos Regis estaba “de ilegal” en el país y que incluso, un tiempo atrás, ella había pedido que lo deporten. “Yo no vivía tranquila, tenía tiempos que él estaba tranquilo y otros tiempos que me hostigaba, que me perseguía”, dijo.

Desde un primer momento, las sospechas recayeron sobre Santos Regis, identificado como “El Brasilero” y contra quien se había abierto una investigación por tentativa de homicidio bajo la hipótesis de violencia vicaria. Es decir cuando un hombre ejerce daño sobre los hijos u otras personas queridas con el solo objetivo de maltratar, controlar y causar sufrimiento a la madre.

Según pudieron reconstruir los investigadores, después de balear al hombre el domingo a la tarde, el agresor regresó a su domicilio. Una cámara de seguridad lo registró en ese momento junto al menor.

Otro punto que sumó atención en la causa fue su inesperado nexo con el caso de Loan Danilo Peña, desaparecido en junio de 2024 en la misma provincia. Y es que, antes del arresto de Santos Regis, se conoció la detención de José Codazzi, exdefensor de Laudelina Peña (tía de Loan). Según pudo saber Infobae, el abogado habría facilitado la fuga de Josías Santos Regis, el padre de Nahuá, junto al menor.

Daniela Zapata, abogada de la madre del niño desaparecido, confirmó que el propio Codazzi indicó ayer a las autoridades el punto al que trasladó a ambos en su camioneta, desde el domicilio de Regis hasta el municipio de San Isidro, en Goya.

La letrada explicó que la relación entre Codazzi y Santos Regis surge de una causa previa en la que el abogado fue su defensor. También indicó que el letrado le alquila una vivienda, desde la cual se habría realizado el traslado hasta San Isidro.

Fuentes allegadas indicaron que la principal sospecha es que el niño habría permanecido durante todo este tiempo junto a su padre, quien lo habría mantenido oculto sabiendo que era intensamente buscado.

Traas su hallazgo, el niño N. pudo reencontrarse con su madre. Las autoridades locales confirmaron que fue revisado por médicos de la Policía y que, si bien se encuentra en buen estado de salud, fue trasladado al sector de pediatría del Hospital San Roque para que se le realicen una serie de controles más exhaustivos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia de condena de 195 años de prisión en contra de Daniel Alejandro Rivera Segura y Juan Carlos Avelino Sánchez, por los delitos de secuestro simple y con complementación de haber privado de la vida a una de sus víctimas.

De acuerdo con las autoridades, los sujetos formaban parte de una célula criminal autodenominada “Los Deltas”, relacionada con una organización delictiva con orígenes en Jalisco que operaba en diversos municipios del Valle de Toluca.

Los hechos por los cuales fueron sentenciados ocurrieron en el municipio de Metepec durante el mes de abril de 2025, cuando las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo, momento en el que fueron abordadas por los sujetos, quienes las amenazaron con armas de fuego y las privaron de su libertad.

Ambas víctimas fueron trasladas a diferentes lugares, y una de ellas, fue privada de la vida con disparos de arma de fuego, mientras que la segunda permaneció en cautiverio con la finalidad de exigir un pago a cambio de su libertad. Días después esta víctima fue liberada en un camino del mismo municipio.

Una vez que la Fiscalía tuvo conocimiento de estos acontecimientos, se iniciaron los actos de investigación correspondientes que permitieron identificar a Daniel Alejandro Rivera Segura y a Juan Carlos Avelino Sánchez como responsables del hecho, por lo un Juez ordenó la aprehensión en su contra.

Tras ser detenidos, ambos sujetos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de la Autoridad Judicial, quien, tras revisar los datos de prueba y el proceso legal, determinó una sentencia condenatoria de 195 años de prisión para cada uno por los delitos de secuestro y secuestro con complementación de haber privado de la vida a la víctima.

Según las investigaciones preliminares, la autoridad judicial estableció que la célula criminal “Los Deltas”, a la que pertenecen los sentenciados, mantiene nexos con una organización delictiva procedente de Jalisco. A través de estos vínculos, el grupo logró expandir sus actividades en municipios del Valle de Toluca, incluyendo Tenango del Valle, Mexicaltzingo, Calimaya, Toluca y Metepec.

En dichas zonas, sus integrantes cometían delitos como homicidio, secuestro y distribución de narcóticos, fortaleciendo la evidencia sobre su implicación en actividades ilícitas en la región.

Con ello, la sentencia de 195 años de prisión impuesta a los miembros de “Los Deltas” constituye una de las penas más elevadas en la zona, lo que refuerza el mensaje de las autoridades de combatir con firmeza la impunidad y la delincuencia organizada en la entidad y en sus alrededores.

Un operativo internacional permitió la repatriación de un menor de 10 años que se identifica con el género femenino, y fue devuelto a su madre biológica en Utah, después de que su padre —una mujer transgénero identificada como Rose Inessa-Ethington— y su pareja Blue Inessa-Ethington la trasladaran sin autorización a Cuba en abril de 2026, durante una disputa judicial por custodia y el derecho a definir su identidad de género.

Las autoridades federales de Estados Unidos, en colaboración con la policía cubana, enviaron un avión oficial del Departamento de Justicia para recuperar a la menor, una decisión excepcional que refleja la tensión social y política actual sobre los tratamientos de afirmación de género en menores. Así lo documentaron Associated Press, ABC 4 News y el propio Departamento de Justicia.

Según los registros judiciales citados por ABC 4 News, la madre biológica denunció la desaparición el 3 de abril de 2026, tras incumplirse el acuerdo de custodia que establecía el regreso de la menor ese día tras un supuesto viaje de camping a Canadá. Solicitó a la policía que realizara una visita de control en el domicilio de Rose, pero la policía no logró ponerse en contacto con nadie en la vivienda.

Desde la última comunicación, realizada el 28 de marzo, no volvió a saber de su hija hasta que fue recuperada en Cuba casi dos semanas después.

La investigación del FBI y la policía de Logan constató que la pareja, junto con el hijo de tres años de Blue Inessa-Ethington, viajó primero a Vancouver, luego a México y finalmente a La Habana, pese a haber fijado como destino inicial la ciudad canadiense de Calgary.

Documentos de la corte, reseñados por el Departamento de Justicia, detallan que agentes federales obtuvieron pistas precisas mediante el rastreo de correos electrónicos, redes sociales y actividad de dispositivos electrónicos de ambos acusados.

En registros allanados en el domicilio de Inessa-Ethington, los investigadores hallaron listas de preparativos para abandonar el país, instrucciones para disponer de USD 10.000 y directivas de una terapeuta en Washington D.C. sobre cuidados médicos afirmativos para menores. En las notas no había indicación explícita de planes médicos en Cuba, ni de procedimientos quirúrgicos.

Una preocupación central para el entorno familiar, evidenciada en declaraciones recogidas por una afirmación jurada del FBI y el reportaje de Associated Press, fue la posibilidad de que la menor fuese llevada a Cuba para someterla a una cirugía de reasignación de género.

Sin embargo, tanto los agentes federales como la policía de Utah subrayaron la ausencia de pruebas físicas que vincularan el traslado de la menor con una intervención médica. El propio portavoz policial, sargento Brandon Bevan, explicó que se trataba de “una preocupación manifestada por familiares”, sin evidencia directa.

Tramitación judicial y reacción internacional

El 13 de abril de 2026, el juez estatal Brian Cannell de Utah ordenó la restitución inmediata de la niña y otorgó la custodia exclusiva a su madre. Al día siguiente, el FBI solicitó una orden federal de arresto por “secuestro internacional parental” contra Rose y Blue Inessa-Ethington, quienes fueron localizadas y deportadas desde Cuba gracias a la colaboración entre organismos estadounidenses y cubanos, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia.

Tras arribar a territorio estadounidense, las acusadas comparecieron en una audiencia inicial en Richmond, Virginia, donde permanecen detenidas a la espera de su traslado a Utah.

La causa judicial recoge también el impacto de las políticas oficiales en Estados Unidos respecto a la atención médica para menores transgénero. Como reseñó ABC 4 News, en 2023 Utah prohibió el acceso a cualquier tratamiento de afirmación de género—hormonas, cirugías o bloqueadores de pubertad—en menores de edad, justificando la medida en la supuesta protección del bienestar infantil.

Contra esta legislación se entablaron numerosos recursos judiciales. El debate público se intensificó tras la política nacional impulsada por la gestión de Donald Trump en diciembre de 2025, que limitó radicalmente estos tratamientos en todo el país.

Un fragmento clave del expediente del FBI, citado en Associated Press, señaló que “existen preocupaciones de que MV 1 fue trasladada a Cuba para realizarle una cirugía de reasignación de género antes de la pubertad”.

Sin embargo, la legislación cubana solo autoriza estos procedimientos para adultos, bajo el control de una comisión médica multidisciplinar y tras un proceso de evaluación prolongado, como clarificó el análisis de la agencia.

Antecedentes de la disputa y contexto

El conflicto legal entre ambas progenitoras data al menos desde 2021, año en el que Blue Inessa-Ethington lanzó una campaña pública para recaudar fondos para costear honorarios de abogados, según registros publicados por ABC 4 News. Los desencuentros se agravaron al incrementarse la distancia física entre las partes y al fracasar un intento de mediación oficial.

Durante la investigación preliminar, la policía de Logan descubrió inconsistencias en el relato de Rose Inessa-Ethington a su ex cónyuge sobre el itinerario del viaje a Canadá. El grupo nunca llegó al hotel ni al camping reservados en Calgary y Banff, como se pudo confirmar al contactar esos establecimientos desde el 28 de marzo.

La familia de la menor y el entorno parental de Rose aportaron diversas inquietudes sobre el bienestar psicológico de la niña y el proceso por el que identificaba su género, aunque todos los testimonios recogidos por el FBI apuntaban a manipulaciones presuntas, sin una denuncia médica concreta.

La menor, identificada en las actuaciones judiciales como “MV 1”, fue devuelta finalmente a su madre biológica tras la intervención directa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que destinó un avión oficial para asegurar su traslado.

De acuerdo con las fuentes judiciales, la participación conjunta del FBI, los servicios diplomáticos y de migraciones fue fundamental para resolver el caso en menos de un mes desde la denuncia inicial.

Diversas asociaciones médicas estadounidenses, citadas por Associated Press y ABC 4 News, insisten en que las cirugías de afirmación de género en menores son excepcionales y que el abordaje clínico depende de la evaluación individual. Mientras tanto, el expediente sigue en trámite en los tribunales federales de Utah; con Rose y Blue Inessa-Ethington permanecen bajo custodia.

Las autoridades de Guanajuato informaron sobre la sentencia de 50 años de prisión en contra de Manuel “N”, un sujeto identificado en reportes periodísticos como El Manotas.

El fallo fue emitido por el Tribunal de Enjuiciamiento y dado a conocer por la Fiscalía General del Estado (FGE) el 3 de mayo. Manuel “N” fue condenado por hechos que sucedieron en marzo de 2022, fecha en la que dos personas fueron privadas de su libertad en el fraccionamiento el Molino de Irapuato.

En dicha ocasión un grupo de personas armadas interceptó a las víctimas y las retuvo. Las averiguaciones de las autoridades indican que el hombre recientemente sentenciado tuvo un papel importante en los hechos violentos, pues fue el responsable de la logística y negociación.

Según el reporte de la Fiscalía de Guanajuato, el sujeto fue el encargado de realizar llamadas con el objetivo de exigir el pago del rescate, además de coordinar su entrega a cambio de la liberación de las víctimas.

El tribunal consideró los elementos presentados por la Fiscalía estatal, con lo que ratificó la responsabilidad del acusado en el secuestro agravado. Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye una multa económica, la reparación integral del daño y la devolución del monto del rescate. Se determinó también una compensación por el daño psicológico ocasionado a las víctimas.

Sentencia contra hombre y mujer por intento de asesinato de agentes de seguridad

Cabe recordar que el pasado 12 de abril las autoridades informaron sobre la condena de 10 años en contra de un hombre y una mujer por su responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de tres agentes de Investigación Criminal estatales.

Se trató de Alexis “N”, alias El Tata y María de Jesús del Carmen “N”, quienes accedieron a un procedimiento abreviado. Los hechos por los que fueron sentenciados sucedieron en la colonia Cañada del Real, en León.

Agentes de seguridad realizaban labores de investigación en la zona cuando fueron agredidos por las personas mencionadas.

“La investigación, sustentada en evidencia sólida, permitió identificar, capturar y llevar ante la justicia a los responsables. Un juez dictó 10 años de prisión para cada uno, además de multa y la suspensión de sus derechos políticos y electorales”, es parte del informe oficial.

Mientras que el 29 de marzo pasado fue informada la sentencia en contra de Alberto Antonio “N” y Juan David “N”, alias El Barbas por un ataque en contra de agentes de seguridad de Guanajuato. Los dos individuos fueron identificados en reportes periodísticos como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un estudio del docente e investigador Camilo Solano, construido a partir de cifras del Ministerio de Defensa, analizó el comportamiento de la criminalidad en el país mediante un Índice Compuesto de Presión Delictiva, integrado por diez variables, las cuales son homicidio intencional, lesiones personales, secuestro extorsivo, secuestro simple, terrorismo, asesinatos de la Fuerza Pública, heridos de la Fuerza Pública, extorsión, hurto a personas y hurto de vehículos.

De acuerdo con el análisis, el índice registró una variación progresiva durante los tres primeros años del actual gobierno. Pasó de 48,3 en el primer año, a 51,3 en el segundo, y alcanzó 61,9 en el tercer año de la administración de Gustavo Petro, cifra que el estudio ubica como la más alta dentro del periodo comparado de cinco gobiernos.

En su publicación en redes sociales, Solano señaló: “Lo que podemos ver es que el sentimiento de inseguridad recogida por diversas encuestas en nuestra sociedad no es una percepción solamente y se hace visible en que este gobierno sí nos tiene bajo un índice de presión delictiva superior al de gobiernos anteriores”.

Comparación histórica con cinco gobiernos

El estudio incluye una revisión comparativa con los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos (dos periodos), Iván Duque y Gustavo Petro, evidenciando comportamientos distintos en el índice.

• Álvaro Uribe Vélez (2006–2010): descenso de 32 a 19,9.
• Juan Manuel Santos I (2010–2014): incremento de 38,6 a 46.
• Juan Manuel Santos II (2014–2018): variación de 30,5 a 33,6.
• Iván Duque (2018–2022): descenso de 38,6 a 33,6.
• Gustavo Petro (2022–2026, año 3): aumento hasta 61,9.

El documento señala que la cifra del tercer año del actual gobierno se encuentra por encima de los valores registrados en los cinco periodos analizados.

Homicidios y lesiones personales: niveles intermedios en la serie histórica

En el componente de homicidio intencional, el gobierno Petro registra 13.813 casos en el tercer año, mientras que en el gobierno Duque se reportaron 12.987, y en Santos II 11.994.

En periodos anteriores, los valores oscilaron entre 15.242 y 15.762 en Santos I, y entre 15.093 y 15.509 en Uribe II.

En cuanto a lesiones personales, el informe señala una reducción progresiva dentro del actual gobierno, pasando de 99.146 a 89.237 casos, aunque en comparación con gobiernos anteriores, los rangos han variado entre 47.363 y 130.391 casos dependiendo del periodo.

Fuerza Pública: asesinatos y heridos

El análisis incluye cifras relacionadas con la Fuerza Pública. En el gobierno actual se registran 143 asesinatos de miembros de la Fuerza Pública, mientras que en administraciones anteriores los datos incluyen 126 en Duque, 96 en Santos II y hasta 505 en Santos I.

En el caso de heridos de la Fuerza Pública, el estudio reporta 654 casos en el gobierno Petro, frente a 938 en Duque, 1.147 en Santos II y 2.546 en Santos I.

Solano, en su hilo explicativo, señaló: “Menos miembros de la fuerza pública han resultado asesinados o heridos y la violencia letal (homicidios y lesiones personales) se encuentran en niveles intermedios de gravedad con respecto a gobiernos anteriores”.

Secuestro: variaciones en la tendencia histórica

El informe destaca cambios en la dinámica del secuestro. En el caso del secuestro simple, el gobierno Petro registra 162 casos en el tercer año, frente a 70 en Duque y 92 en Santos II.

En el secuestro extorsivo, el análisis señala 377 casos en el actual gobierno, mientras que en administraciones anteriores los registros fueron de 91 en Duque, 108 en Santos II, 168 en Santos I y 176 en Uribe II.

El investigador indicó: “Durante el gobierno de Uribe fue rápidamente llevado hasta niveles bajos que se consolidaron en los gobiernos de Santos y Duque. Con Petro se mantuvieron en esos niveles, pero la tendencia ha mostrado una notable reversión”.

Extorsión y terrorismo: componentes con mayores incrementos

El estudio identifica a la extorsión y el terrorismo como dos de los delitos con mayor incremento dentro del índice.

En extorsión, el gobierno Petro registra 13.577 casos, frente a 8.278 en Duque, 5.270 en Santos II, 3.768 en Santos I y 1.147 en Uribe II.

En terrorismo, el informe señala 1.285 casos en el tercer año del actual gobierno, comparados con 548 en Duque, 751 en Santos II y 328 en Uribe II.

Solano afirmó: “En cuanto a actos de extorsión y terrorismo, también nos hallamos con una tendencia preocupantemente ascendente buscando máximos históricos”.

Hurtos: cifras sostenidas en niveles elevados

En el indicador de hurto a personas, el estudio reporta 300.558 casos en el tercer año del gobierno Petro, tras un pico de 374.620.

En gobiernos anteriores, las cifras fueron 250.842 en Duque, 183.565 en Santos II y 63.346 en Uribe II.

Respecto al hurto de vehículos, el análisis registra 46.987 casos en el actual gobierno, frente a 41.159 en Duque y 20.764 en Uribe II.

El investigador señaló que estos delitos, aunque pueden presentar variaciones en la denuncia, se mantienen en niveles altos dentro del periodo analizado.

Narcotráfico y erradicación de cultivos ilícitos

El estudio también incluye cifras sobre erradicación manual de cultivos ilícitos. Según el informe, el gobierno Petro pasó de 40.561 hectáreas a 8.614, mientras que en el gobierno Duque se registraron 115.338 hectáreas erradicadas.

En administraciones anteriores, los datos fueron 37.685 en Santos II y 25.606 en Santos I.

El caso más reciente, expone la violencia que enfrentan comerciantes de rubros como billares y bodegas, quienes, tras resistirse al pago, son privados de su libertad, agredidos y grabados en video para intensificar la presión sobre su entorno y forzarlos a cumplir con las exigencias económicas.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), detalló en diálogo con Latina Noticias que las exigencias iniciales de estos grupos ascienden a 5.000 soles por “vacuna” o empadronamiento, suma que puede aumentar hasta los 10.000 soles si la víctima no accede a los pagos semanales exigidos bajo amenazas.

Una vez que el comerciante se niega a cumplir con la extorsión, los delincuentes proceden al secuestro, utilizan maniobras violentas y graban a la víctima para luego enviar esos videos tanto a familiares como a socios, incentivando el pago inmediato del rescate.

Entre los casos recientes figura el de un ciudadano dominicano que administraba un billar y fue secuestrado al negarse a la extorsión. Según el general Revoredo, su entorno amical y familiar recibió audios y videos que documentan los maltratos sufridos por la víctima, método empleado para ejercer una coacción psicológica intensa.

Cómo funciona la nueva modalidad: amenazas, secuestro y presión con videos

Los delincuentes de este esquema criminal actúan en sectores como El Agustino, el Cercado de Lima y zonas conexas. Inicialmente, extorsionan a propietarios de pequeños comercios exigiendo la “vacuna”, cuyo incumplimiento desencadena la privación de la libertad. Tras el secuestro, someten a la víctima a maltratos físicos y psicológicos y registran el abuso en video, material que posteriormente distribuyen entre amistades y familiares del secuestrado.

Revoredo precisó a Latina Noticias que el pago inicial de 5.000 soles sirve como “empadronamiento”, pero si la víctima se retrasa o deja de pagar las cuotas semanales previamente registradas en los cuadernos de la banda, la deuda se incrementa y se recurre al secuestro violento. En uno de los episodios investigados, los delincuentes exigieron entre 7.000 y 10.000 soles por liberar al rehén.

Los secuestradores suelen emplear viviendas alquiladas de manera informal por ciudadanos peruanos, quienes omiten toda verificación administrativa. Estos inmuebles funcionan como “guaridas”, permitiendo a la banda mantener cautivas a las víctimas sin ser detectados fácilmente.

Según el general Revoredo, la mutación de los métodos extorsivos responde a la presión policial sobre las células criminales del transporte público, lo que ha impulsado la diversificación de las actividades ilícitas hacia la informalidad interna de los barrios vulnerables.

Caso en investigación: víctima dominicana sigue desaparecida tras violento secuestro

Las víctimas de esta modalidad de secuestro son, principalmente, pequeños empresarios y trabajadores extranjeros y peruanos dedicados a actividades informales o semi informales. Destacan como blanco los administradores de billares, bodegas, paraderos de transporte y espacios deportivos, especialmente quienes han formado asociaciones para la explotación de estos negocios.

En el caso bajo investigación por la División de Homicidios de la Dirincri, la persona secuestrada es un dominicano, cuyo paradero aún está en proceso de localización, tras hallarse pruebas de una lesión grave en el lugar de su cautiverio mediante una pericia de luminol. El operativo también permitió rescatar en el Cono Norte a otros dos ciudadanos—esta vez de nacionalidad venezolana—quienes habían sido objeto de un secuestro similar, uno de los cuales resultó herido en la extremidad inferior.

La organización criminal detrás de estos hechos, conocida como Los Herederos del Tren, está integrada en su mayoría por jóvenes de entre 17 y 20 años, según información recabada por Latina Noticias. El general Revoredo explicó que estos individuos muestran ausencia total de expectativas de vida y son reclutados por jefes delictivos vinculados a agrupaciones transnacionales como el Tren de Aragua. Parte de ellos recibe instrucciones directas desde el exterior, aprovechando las fronteras permeables entre países.

Un rasgo distintivo en la consolidación de este esquema es la tolerancia administrativa de arrendadores locales, quienes facilitan viviendas sin control de antecedentes ni garantías, generando condiciones propicias para la instalación de células criminales y la perpetración de delitos como los secuestros atípicos.

La respuesta policial ha logrado neutralizar células de “Los Gallegos”, “Los Hijos de Dios”, la “Dinastía Layón” y la “Costa 905”, según reportó Revoredo. Sin embargo, la migración de jóvenes delincuentes y el cambio de estrategia criminal representan nuevos desafíos para la seguridad urbana de Lima, donde el trabajo articulado entre la policía, la fiscalía y la comunidad resulta esencial para frenar el avance de estos grupos.

La desaparición de niñas y adolescentes en México alcanza niveles críticos y representa ya el 31 % del total de mujeres no localizadas, cifra que según organismos de derechos humanos refleja un fenómeno en ascenso vinculado a delitos como la trata, la explotación y la impunidad. Los datos al 5 de marzo de 2026 muestran más de 8 mil 900 menores de edad en esta condición, lo que evidencia que la violencia contra mujeres en el país golpea especialmente a las más jóvenes.

Niñas y adolescentes concentran la tercera parte de las desapariciones de mujeres en México

De acuerdo con un informe de la Red Lupa, la proporción de niñas y adolescentes entre las mujeres desaparecidas en el país prácticamente se duplicó en los últimos 15 años. Mientras que en 2010 solo una de cada cinco mujeres desaparecidas era menor de edad, para 2025 la cifra escaló a casi cuatro de cada diez. Este aumento, señalan las organizaciones, se considera especialmente grave por el contexto que rodea estas desapariciones.

El análisis, elaborado a partir de registros históricos entre 1950 y marzo de 2026, detalla que 8.925 niñas y adolescentes permanecen desaparecidas y no localizadas en territorio nacional. Esta estadística resalta la magnitud del fenómeno y la urgencia de respuestas institucionales que prioricen la protección de menores de edad.

Contrasta que, entre los hombres reportados como desaparecidos, los menores de edad constituyen solo el 8.5 %. Esta diferencia revela que existe un perfil diferenciado de riesgo por género y edad, y recalca la vulnerabilidad estructural de las menores frente a delitos como la trata y otras formas de explotación.

El aumento sostenido de las desapariciones de niñas y adolescentes

La sobrerrepresentación de niñas y adolescentes en los registros de mujeres desaparecidas ha crecido de forma sostenida. En 2010, el 20 % de los casos correspondían a menores, lo que equivalía a 129 de 635 mujeres desaparecidas ese año. Para 2025, la cifra ascendió a 39 %, es decir, 1.086 de 2.780 casos.

Este cambio en la composición etaria de las mujeres desaparecidas muestra una tendencia acelerada y sostenida, que según el propio informe estaría relacionada no solo con el crecimiento de redes criminales que operan en México, sino también con la falta de acciones preventivas y de acceso efectivo a la justicia.

Las organizaciones enfatizan que estos números podrían ser aún mayores, ya que en escenarios de migración existen lagunas en los sistemas de registro y muchas desapariciones no se reportan de manera oficial. La ausencia de un sistema robusto de datos también dificulta el diseño de políticas públicas enfocadas en la protección de niñas y adolescentes.

Los delitos de trata y explotación detrás de las desapariciones

Especialistas advierten que el perfil de las desaparecidas coincide con los patrones de reclutamiento y captación que usan las redes de trata de personas. Muchas de las menores que desaparecen lo hacen en contextos de desplazamiento, pobreza extrema o violencia familiar, factores que facilitan la operación de grupos delictivos.

Las consecuencias de esta problemática trascienden la estadística. Cada desaparición provoca una ruptura familiar y social, y la mayoría de los casos permanece impune. El informe subraya que la impunidad es uno de los motores del fenómeno: “La mayor parte de las desapariciones de niñas y adolescentes no recibe castigo ni justicia”. Esta cita ilustra la percepción de abandono estatal que cargan las familias de las víctimas.

Las dinámicas locales y territoriales también juegan un papel. Zonas con presencia de grupos dedicados a la trata, rutas migratorias y regiones con acceso limitado a servicios públicos muestran las tasas más altas de desaparición de menores. Los organismos ciudadanos piden que las investigaciones adopten un enfoque de género y edad, y que las autoridades sean diligentes desde los primeros momentos de la denuncia.

Cifras subestimadas y contextos vulnerables

El informe reconoce que los registros oficiales no reflejan la total dimensión del problema. En contextos migratorios, muchas niñas y adolescentes desaparecen sin dejar rastro formal en los sistemas nacionales, pues son familiares, voluntarios o grupos de apoyo quienes suelen documentar estos casos. Esto provoca que la estadística oficial esté por debajo de la cifra real de víctimas.

Las organizaciones de derechos humanos urgen a la creación de mecanismos de búsqueda inmediata enfocados en menores de edad, y reclaman la articulación de políticas preventivas en escuelas, comunidades y zonas de alto riesgo. Solo el desarrollo de estrategias integrales permitiría frenar este fenómeno que afecta a una generación completa de mujeres mexicanas.

• El 31 % de las mujeres desaparecidas en México son niñas y adolescentes, lo que equivale a más de 8.900 menores al 5 de marzo de 2026.
• La proporción de menores desaparecidas se duplicó en 15 años, pasando de 20 % en 2010 a 39 % en 2025 entre las mujeres no localizadas.
• Organizaciones advierten que la cifra real de desapariciones podría ser mayor, especialmente en contextos migratorios o de trata donde no se reportan todos los casos.

La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en el estado de Veracruz, dio a conocer el cumplimiento de una orden de aprehensión contra Roberto “N”, alias El Bukanas, por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Por medio de un comunicado, las autoridades federales señalaron que el sospechoso es considerado líder de una banda criminal en el estado de Veracruz con operaciones, además, en Puebla e Hidalgo.

Por ello el juzgado Décimo Segundo de Distrito en el estado de Veracruz ordenó su aprehensión bajo los cargos de participación en la comisión del delito de delincuencia organizada y secuestro.

Se informó que de acuerdo con una carpeta de investigación de septiembre de 2014, El Bukanas al parecer mantuvo secuestradas a 36 personas en la localidad de Sierra de Agua, en el municipio de Acultzingo, Veracruz, quienes fueron liberadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La orden de aprehensión por estos delitos se ejecutó contra Roberto N en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, en Puebla, donde se encuentra como interno y a disposición del juez por delitos del fuero federal.

“A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, señalaron las autoridades.

Así fue la detención de El Bukanas

El pasado 19 de abril, el Gobierno del Estado de Puebla informó sobre la detención de Roberto N, El Bukanas, en la localidad de Tres Cabezas, Chignahuapan, tras un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por medio de un comunicado se dio a conocer que, junto a él, fueron detenidos siete integrantes de su grupo delincuencial, quienes presuntamente lideraban delitos como robo a transporte de carga en el estado de Hidalgo y la zona limítrofe con Puebla.

En el operativo fueron asegurados dos fusiles de asalto tipo AK-47, un fusiol de asalto tipo AR-15, un fusil de asalto tipo Galil, una escopeta Mossberg, dos pistolas calibre 9 mm, cartuchos útiles de diferentes calibres y una camioneta GMC con placas de Tamaulipas.

“Con la desarticulación de este grupo delictivo, se combaten delitos como el robo de hidrocarburo, secuestro, robo de vehículos, extorsión, despojo y homicidios”, se señaló.

Roberto N, El Bukanas, es señalado como uno de los principales operadores del robo de hidrocarburo y generador de violencia en el llamado Triángulo Rojo en Puebla, además de ser relacionado con delitos como asaltos, robos en carreteras, secuestros y homicidios.

Fuentes policiales informaron a Infobae que el hecho ocurrió en el barrio de Mataderos, luego de que vecinos alertaran que escuchaban pedidos de auxilio desde la reja de una casa. Ante el llamado, efectivos se trasladaron hasta un domicilio ubicado en la calle San Pedro al 5700.

Al llegar, los agentes encontraron a la mujer, de 53 años y de la misma nacionalidad que el sospechoso, encerrada y en un ataque de nervios, según precisaron las fuentes.

De acuerdo con su testimonio, durante dos meses fue obligada a trabajar en el taller ilegal de costura y a vender los productos en la feria de La Salada, en el partido de Lomas de Zamora. También afirmó que sufría privaciones de alimentos.

Tras el rescate, los oficiales hallaron una gran cantidad de prendas -entre ellas, camperas y chalecos-, además de máquinas de coser, mesas de corte, moldes, rollos de tela, hilados, anotaciones y otros elementos vinculados a la actividad.

En el lugar fue identificado el presunto responsable, un hombre de 66 años que inicialmente intentó evadir a la policía. Luego se confirmó que era quien estaba a cargo del taller, por lo que fue detenido.

Intervino la División Trata de Personas, que brindó asistencia y contención a la víctima, resguardando su integridad y proporcionándole apoyo psicológico.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Julián Ercolini, que dispuso la detención del imputado, el secuestro de los elementos hallados y la intervención de la División Investigaciones Comunales 9.

Un caso similar ocurrió en Parque Chas, en donde un taller textil clandestino donde trabajaban menores de edad fue clausurado en el marco de un operativo de la Policía de la Ciudad. El procedimiento, ordenado por la Unidad de Flagrancia Norte y coordinado por la fiscal María Andrea Caleri, culminó con la recuperación de una propiedad que había estado usurpada durante 15 años.

El inmueble, ubicado en Barzana 1236, fue intervenido luego de que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) detectara riesgo edilicio en el lugar. En este contexto, los agentes debieron forzar el ingreso ya que, quienes ocupaban la vivienda, en su mayoría ciudadanos de nacionalidad boliviana, se negaban a permitir el acceso.

En el interior, las autoridades encontraron a 17 menores en condiciones de trabajo y un inmigrante en situación irregular, quien fue detenido y enfrenta una orden de expulsión del país.

La Dirección Nacional de Migraciones constató que uno de los residentes tenía una orden de detención vigente solicitada por el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo de la jueza Lara Correa, y cuya residencia había sido cancelada a fines de 2022.

La Dirección General de la Policía Nacional, bajo la estrecha supervisión del cuerpo de Comunicaciones Estratégicas dirigido por el coronel Diego Pesqueira, ha emitido una alerta máxima en todo el territorio nacional y las zonas fronterizas para dar con el paradero del ciudadano haitiano Wolfay Emmanuel, conocido popularmente por los alias de “Waifai”.

El sujeto es identificado como el principal sospechoso de la desaparición y presunto rapto de su sobrina, la menor de seis años Valentina Sofía Emmanuel, en un hecho que ha movilizado a las unidades élites de la institución.

De acuerdo con las declaraciones oficiales ofrecidas por el coronel Pesqueira a través de sus plataformas digitales, la desaparición se produjo en las primeras horas de la mañana del pasado martes 28 de abril.

La niña Valentina Sofía salió de su hogar, ubicado en el sector de Batey Bienvenido, en Santo Domingo Oeste, con la intención de asistir a su centro educativo. Como era costumbre, la menor realizaba el trayecto acompañada de su hermano mayor, de 11 años de edad.

Sin embargo, las investigaciones preliminares indican que la niña nunca llegó a su destino escolar. Al notar su ausencia al final de la jornada, su madre, identificada como Altagracia, inició una búsqueda desesperada que culminó en una denuncia formal ante las autoridades policiales esa misma noche.

Desde el primer momento, las sospechas recayeron sobre Wolfay Emmanuel, quien mantiene un vínculo familiar directo con la víctima al ser hermano de su padre.

Cámaras de seguridad

Uno de los pilares fundamentales en la construcción de este caso ha sido el uso de la tecnología de vigilancia. Equipos de la Subdirección Central de Investigación (DICRIM) han analizado minuciosamente las grabaciones de diversas cámaras de seguridad apostadas en la ruta que la niña debía seguir hacia la escuela.

Las evidencias recolectadas son contundentes: las imágenes muestran el momento exacto en que la menor se desvía de su trayecto original bajo la dirección de su tío. Un detalle que ha alarmado a los investigadores es la premeditación del acto: las cámaras captaron cómo la niña se detuvo en un punto intermedio del camino para cambiarse su uniforme escolar por un vestido, prenda que le fue suministrada por el propio “Waifai”.

Posteriormente, se observa al sospechoso abordar una motocicleta con la menor, partiendo con rumbo desconocido. Según el vocero policial, este traslado se realizó sin ninguna autorización por parte de los padres o tutores legales, configurando un posible caso de sustracción de menores.

Hipótesis de traslado hacia territorio Haitiano

Una de las principales preocupaciones de los familiares y de las autoridades dominicanas es la posibilidad de que el sospechoso haya intentado sacar a la niña del país. Reportes recibidos por la familia sugieren que el sujeto pudo haber emprendido un viaje hacia la zona fronteriza con la intención de cruzar hacia Haití, país de origen tanto del captor como de la familia de la menor.

Ante esta posibilidad, la Policía Nacional ha establecido una comunicación fluida con los cuerpos de vigilancia fronteriza y ha distribuido la fotografía del sospechoso en todos los puestos de control migratorio.

“El interés de la institución es garantizar el retorno seguro de Valentina Sofía a los brazos de su madre y que el responsable sea presentado ante la justicia”, enfatizó la dirección de Comunicaciones Estratégicas.

En el marco de las pesquisas, la uniformada informó que varias personas han sido detenidas de manera preventiva para fines de investigación. Se trata de individuos cercanos al entorno de “Waifai” y del padre de la niña, quienes podrían haber tenido conocimiento del paradero del sospechoso o haber colaborado de alguna manera en su huida. Estas personas están siendo interrogadas por especialistas del Ministerio Público y la Policía para esclarecer si hubo complicidad en el rapto.

La institución del orden ha sido enfática en señalar que Emmanuel es considerado un individuo de “alto interés investigativo” y su captura es prioridad número uno para la dirección regional de Santo Domingo Oeste.

Una compleja trama aparece detrás de la desaparición de Alicia Isabel Godoy, una joven de 30 años que fue secuestrada el pasado 4 de abril en su casa de la zona sur de Rosario luego de haber contraído una deuda con transeros del barrio debido a su consumo problemático de droga. La familia de la mujer hizo transferencias y entregó una bicicleta rodado 29 en concepto de rescate, aunque ella no volvió a ser vista desde la fecha del rapto.

La fiscal Paula Barros imputó este jueves a cinco personas por el caso: María Belén “La Pelada” Salinas, Ludmila Gisel Leiva, Kevin Josué Torres Cabrera, Gastón Laureano D’Agostino y Ana Laura Salinas. Todos cayeron en los quince allanamientos que realizó desde comienzos de la causa la brigada de Paraderos de la Policía de Investigaciones.

De acuerdo a los indicios recolectados en las últimas tres semanas de medidas –que incluyeron rastrillaje con perros, uso de luminol y recorrido de cámaras con inteligencia artificial–, a Godoy la raptaron en su casa de Flammarion al 4900. Se presume que la trasladaron hasta un domicilio de Vuelta de Obligado al 4900, donde fue retenida al menos hasta el 8 de abril.

Desde entonces se perdió todo tipo de rastro. Después del secuestro, personas del entorno de los acusados fueron hasta un inmueble de la familia de la joven y comunicaron que tenían que pagar 150 mil pesos para no hacerle daño.

Los parientes de la mujer dieron una Venzo rodado 29 e hicieron dos transferencias por el monto de 50 mil pesos –una de 10 mil y la otra de 40 mil– el pasado 5 de abril, día posterior al hecho. Las cuentas que recibieron el dinero están a nombre de María Belén y Ana Laura Salinas.

El 8 de abril, los familiares recibieron un mensaje mafioso en un trozo de cartón en el que daban detalles de las identidades del entorno de Alicia Godoy, lo cual reforzó la idea de que extorsionaban en busca de más plata.

Por eso, la fiscal Barros atribuyó a Ana Laura Salinas, María Belén Salinas, Gastón D’Agostino, Ludmila Leiva y Kevin Torres Cabrera el delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas. También los acusó por microtráfico de droga en la zona de Flammarion al 5000, ya que halló indicios en los procedimientos en sus domicilios y en sus celulares de que se dedicarían al narcomenudeo.

Para Barros, María Belén Salinas es quien coordinaba la venta de estupefacientes, Noelia Fernández la encargada de conseguir las sustancias y Gastón D’Agostino, Ana Laura Salinas y Agustina Aguirre tenían como rol el de vendedor en búnkeres situados en las inmediaciones de Flammarion al 4900.

Este jueves, tras cinco horas de audiencia, la jueza Luciana Vallarella tomó una resolución de lectura compleja. Por un lado, rechazó un planteo de la defensa que indicaba que la causa por secuestro extorsivo debía tramitarse en la Justicia federal. Después de ratificar la competencia, recalificó el caso a extorsión, rechazó las acusaciones de Ludmila Leiva y Kevin Torres Cabrera y los dejó en libertad.

Además, la magistrada dispuso la prisión preventiva efectiva por cuatro meses para Ana Laura Salinas, María Belén Salinas y Gastón D’Agostino.

El secuestro ocurrió el 24 de abril, cuando el empresario fue interceptado en la vía pública mientras se desplazaba junto a su esposa y su hijo menor. A partir de ese momento, los captores iniciaron contactos con los familiares, con demandas de dinero y mensajes enviados bajo presión. La liberación se concretó en la madrugada del 29 de abril, tras una intervención ejecutada por agentes especializados.

La División de Investigación de Secuestros y Extorsiones condujo las acciones que permitieron ubicar a la víctima. El trabajo incluyó seguimiento y análisis de información recopilada durante varios días.

El coronel Carpio, representante de dicha unidad, explicó: “se trata de un caso de secuestro en el cual una banda criminal de extranjeros de nacionalidad venezolana han secuestrado a un empresario”. La autoridad precisó que la intervención se realizó alrededor de las tres y media de la mañana, momento en que se logró asegurar la liberación.

Durante el cautiverio, la víctima fue trasladada entre distintos puntos. “Fue llevado inicialmente a un lugar de cautiverio en Ancón y posteriormente trasladado a otro lugar de cautiverio en Santa Anita”, indicó el oficial, al describir el desplazamiento aplicado por los secuestradores.

Presión económica y agresiones físicas durante la retención

La organización criminal exigió el pago de 80 mil soles a cambio de la liberación. La familia realizó un abono parcial, pero la retención continuó pese a ese pago.

El coronel Carpio detalló el mecanismo empleado por los captores: “ellos siempre cuando secuestran a una persona obligan a que envíen mensajes a la familia, pero en este caso, aparte de ello, han efectuado actos de tortura contra él”. Según la autoridad, al momento de la liberación “ha sido evidente ver todas las lesiones que presenta en diferentes partes del cuerpo”.

El estado de la víctima generó atención médica inmediata. “La persona secuestrada se encuentra delicada de salud por las lesiones que presenta”, señaló el oficial, quien agregó que el reconocimiento médico legal permitirá documentar las evidencias físicas.

Detenidos y estructura de la organización

La operación policial culminó con la detención de nueve personas, identificadas como integrantes de la banda denominada “Los Ecos de Lima”. El grupo está compuesto por ocho adultos y una menor de edad.

De acuerdo con el coronel Carpio, los implicados cumplían funciones específicas dentro del grupo. “Conforman esta banda criminal con roles diferentes, distintos y específicos”, afirmó. También indicó que contaban con armas de fuego y vehículos utilizados durante la ejecución del secuestro.

Respecto a antecedentes, la autoridad precisó: “no registran antecedentes en nuestro país, a excepción de uno que ya fue intervenido por la división de homicidios en el año 2024”. Además, señaló que se solicitará información adicional sobre registros en el extranjero.

Intervención en el Callao y proceso de investigación

El secuestro se produjo en el Callao, cuando la víctima se dirigía a su vivienda. Según información policial, los delincuentes lo interceptaron, lo amenazaron con armas y lo obligaron a subir a un vehículo.

Las imágenes del hecho muestran a los familiares pidiendo ayuda en el momento de la captura. El caso continúa en investigación en la División de Investigación de Secuestros, donde se busca determinar la responsabilidad individual de cada detenido.

El coronel Carpio indicó que los implicados “van a ser sometidos a una rigurosa investigación con la finalidad de corroborar todas las hipótesis que ya teníamos planteadas”.

Una de las afectadas logra escapar al correr por la calle, acto que provoca que los presuntos secuestradores huyan sin concretar el secuestro. Según los testimonios recogidos, los agresores descienden de un automóvil tipo Versa y portan capuchas al intentar forzar a las víctimas a entrar al vehículo.

Las hermanas regresan de inmediato a su casa y solicitan ayuda a sus familiares, quienes hallan que los presuntos delincuentes ya han escapado de la zona. Los familiares y las víctimas subrayan que la falta de vigilancia policial permite que los delitos como robos y secuestros de mujeres sean frecuentes en el sector.

Testigos denuncian que la presencia policial es insuficiente en el barrio Xochiaca y que los incidentes delictivos se repiten con regularidad. Los residentes piden mayor patrullaje para garantizar la seguridad de quienes viven y transitan en la zona.

El incidente queda registrado en video, aportando pruebas del intento de privación de la libertad contra las dos jóvenes. Los datos del automóvil y la ruta de escape aún no han sido esclarecidos por las autoridades hasta el momento.

Las víctimas destacan el temor creciente en la comunidad debido a que los asaltos y tentativas de secuestro, sobre todo contra mujeres, persisten. El caso genera preocupación entre los habitantes de Chimalhuacán, que exigen una respuesta inmediata de las instituciones encargadas de la seguridad.

• Tres sujetos capuchados intentan secuestrar a dos hermanas en Chimalhuacán y huyen tras la reacción de una de las víctimas.
• La comunidad denuncia falta de vigilancia policial y aumento de delitos contra mujeres en el barrio Xochiaca.
• El hecho queda registrado en video, lo que aporta pruebas del incidente ocurrido la mañana del 29 de abril.

México suma 94 feminicidios en 2026 y más de 11 mil agresiones a mujeres

En México se registraron 94 víctimas de feminicidio en los últimos dos meses, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El 41.5% de las víctimas, es decir, 39 se concentran cuatro entidades del país.

Según los datos se trata de Sinaloa, con 13; Ciudad de México y Veracruz, con 9 cada una, y Chiapas, con 8. A nivel municipal, Culiacán, Sinaloa, presenta la mayor incidencia con 10 casos en el periodo.

En cuanto al perfil de las víctimas, 77 correspondían a mujeres adultas, de 18 años o más, mientras que el resto se distribuye entre menores de edad y casos en los que no se especificó el rango de edad.

El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez, Adrián Sánchez, dio a conocer, el pasado miércoles, la identidad de tres personas detenidas la tarde del pasado martes, por secuestrar y mantener cautivos por la fuerza a dos migrantes provenientes del estado de Oaxaca.

Se trata de Jorge Alfredo E. V. de 39 años, Antonio M. R. de 26 y María Fernanda F. R. de 23, quienes fueron detenidos en una casa de la calle Tres Jacales, de la colonia Toribio Ortega, de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los presuntos delicuentes, se dio a conocer, forman parte del grupo delictivo La Línea y recibían órdenes de un sujeto que se encuentra identificado por las autoridades, que ya lo buscan.

Al momento de la captura de los tres sujetos, se les aseguraron dos teléfonos. Los detenidos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público, acusados del delito de secuestro.

¿Cómo ocurrió el rescate de las víctimas secuestradas?

El pasado martes, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez, llevaron a cabo el rescate de dos ciudadanos mexicanos que habían sido víctimas de secuestro, logrando también la detención de tres personas, presuntamente involucradas con el delito.

La intervención ocurrió cuando los agentes realizaban labores de vigilancia y prevención, y dos sujetos se acercaron a los elementos policiacos, solicitando su ayuda.

Ante la urgencia de su petición, los policías se detuvieron para atender la situación. Durante la entrevista, los hombres, originarios de Oaxaca, revelaron que habían estado privados de su libertad por ocho días en un domicilio, donde varias personas los mantenían cautivos con el propósito de ayudarles a cruzar de manera ilegal a Estados Unidos. Con esa información de las víctimas, los agentes se dirigieron a la vivienda donde habían estado retenidas ambas personas.

Al llegar al lugar, los policías vieron a una mujer y dos hombres saliendo del domicilio señalado, mismos que fueron identificados por las víctimas como responsables de haberles grabado con teléfonos celulares bajo amenazas, con el objetivo de exigir un rescate a sus familiares.

Por ello, los policías detuvieron a las tres personas, quienes, tras la lectura de sus derechos, fueron puestas a disposición para enfrentar cargos por su presunta participación en el secuestro.

El caso expone la dinámica de las organizaciones dedicadas al secuestro extorsivo en Lima y Callao. La captura de los presuntos responsables permite reconstruir el recorrido del agraviado y las condiciones en las que permaneció retenido. La Policía confirmó que la víctima sufrió agresiones físicas durante el encierro, mientras los delincuentes presionaban a sus familiares para obtener dinero.

La operación se concretó en Santa Anita, distrito al que los secuestradores trasladaron al empresario luego de mantenerlo inicialmente en Ancón. El seguimiento policial incluyó vigilancia y acciones de campo que permitieron cerrar el cerco durante la madrugada. La liberación ocurrió alrededor de las 3:30 a. m., según información oficial.

El coronel Carpio, jefe de la División de Secuestros, explicó: “Lo amenazan de muerte con sus armas, lo inmovilizan, lo reducen y lo obligan a que suba a uno de los vehículos”. Tras la captura, los delincuentes iniciaron contactos con la familia para exigir dinero.

La Policía precisó que los secuestradores pidieron 80 mil soles a cambio de la liberación. Además, obligaron a la víctima a enviar mensajes para presionar a sus familiares.

Traslados y cautiverio

Las investigaciones indican que el empresario fue llevado inicialmente a una zona de Ancón. Posteriormente, los secuestradores lo trasladaron a Santa Anita, donde permaneció hasta el momento del operativo.

Durante el cautiverio, la víctima sufrió agresiones físicas. El jefe policial señaló: “Han efectuado actos de tortura contra él, de tal manera de que el día de hoy, cuando se logró su liberación, ha sido evidente ver todas las lesiones que presenta en diferentes partes del cuerpo”.

Tras el rescate, el empresario fue sometido a un reconocimiento médico legal. Las autoridades indicaron que su estado de salud es delicado debido a las lesiones.

Estructura de la organización criminal

La banda fue identificada como “Los Ecos de Lima”. Según la Policía, está integrada por ocho ciudadanos venezolanos mayores de edad y una menor, quienes cumplían funciones específicas dentro del grupo.

El coronel Carpio indicó: “Todos ellos conforman esta banda criminal con roles diferentes, distintos y específicos”. También precisó que los implicados contaban con armas de fuego y vehículos utilizados durante el secuestro.

En relación con los antecedentes, señaló que ninguno registra historial en el país, salvo uno intervenido en 2024 por la división de homicidios. Las autoridades realizan coordinaciones para verificar información en el extranjero.

Proceso de investigación

Los detenidos permanecen bajo custodia mientras continúan las diligencias. La Policía busca determinar la participación de cada implicado y confirmar las hipótesis planteadas durante la investigación.

El coronel Carpio afirmó: “Van a ser sometidos a una rigurosa investigación con la finalidad de corroborar todas las hipótesis”. También indicó que las lesiones sufridas por la víctima constituyen un agravante en el proceso penal.

El empresario se encuentra con su familia y bajo protección policial mientras avanzan las investigaciones del caso.

Investigación en curso

Los detenidos permanecen en la División de Investigación de Secuestros mientras se desarrollan las diligencias. La Policía busca confirmar la participación de cada implicado y establecer si existen más víctimas vinculadas a la organización.

El coronel Carpio sostuvo que el proceso permitirá “corroborar todas las hipótesis” planteadas durante la investigación. También señaló que el caso podría derivar en sanciones severas debido a la violencia ejercida contra la víctima.

El empresario permanece bajo protección policial y junto a su familia. La intervención permitió cerrar un caso que mantuvo en alerta a las autoridades durante varios días.

En diferentes ocasiones, sus familiares han realizado actos simbólicos para pedir por la libertad de los uniformados que fueron retenidos en la vía que conecta a Tame con Arauca.

A pesar de ello, el grupo armado no ha escuchado las peticiones de los allegados de los policías, que el 29 de abril fueron noticia luego de que fueron compartidos videos en redes sociales con pruebas de supervivencia de ellos.

A través de la red social X, el Ejército de Liberación Nacional compartió grabaciones que fueron realizadas el 25 de abril en un campamento guerrillero, en los que los uniformados hablan de su sufrimiento en cautiverio.

Cabe recordar que Hoyos y Pérez están desde hace nueve meses en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN. En los videos los uniformados visten botas de caucho, pantalón de jean y una camisa azul.

En el video protagonizado por el subindentende Frankey Hoyos, este recuerda el tiempo que lleva secuestrado y le habla directamente (se desconoce si fue por orden de los guerrilleros) al presidente Gustavo Petro.

“Nosotros llevamos ya nueve meses, más de nueve meses acá y no ha sido posible que usted haga las gestiones para nuestra liberación. Usted como presidente de la República, la Constitución le da todas las herramientas necesarias para que sea una liberación pronta. Señor presidente, ¿qué pasa?“.

En su mensaje, Hoyos le pide al mandatario nacional que se ponga en su situación y apruebe un intercambio humanitario por guerrilleros del ELN que esten en poder de las autoridades.

“Ya llevamos mucho tiempo, mucho tiempo acá y no hay solución de nuestro problema. No solo nosotros sufrimos, sufre también nuestra familia, señor presidente. Póngase en nuestros zapatos, póngase la mano en el corazón. Sea solidario con nosotros“.

Por su parte, el patrullero Pérez se presentó como funcionario de la Dijín, recordó que está en poder del grupo armado desde julio de 2025 y reafirmó las palabras de su compañero al exigirle al presidente Petro por su liberación.

“Al Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, le exijo la liberación de nosotros. Usted como presidente, como jefe de Estado, que tiene todas las herramientas constitucionales, que la Constitución lo faculta para darnos la libertad, para esos derechos fundamentales. ¿Qué pasa? Sabemos desde el último video que la Fiscalía General ya hizo su trabajo jurídico".

El uniformado afirmó que les han indicado que su liberación depende de la aprobación del intercambio por parte del presidente Gustavo Petro, por lo que volvió a pedirle que gestione los trámites para que puedan estar de nuevo junto a sus familias.

“¿Qué pasa que usted no apoya a la fiscal general? ¿Qué pasa que en sus manos está nuestra liberación? Le agradecemos y le exijo como funcionario, como ser humano, nuestra liberación, que nosotros no somos máquinas, no somos unos perros, ni unos animales”.

Sin que existan avances en las negociaciones que ha sostenido el Gobierno Petro con el ELN en los últimos años, este grupo armado mantiene, de acuerdo con información de las autoridades, a 38 personas secuestradas.

El total de personas retenidas por grupos armados y organizaciones criminales en el país asciende a 91, siendo el ELN responsable de 38 de estos casos. Las cifras provienen de informes oficiales del Gobierno colombiano y la Defensoría del Pueblo. Esta información se actualiza de acuerdo con los reportes de las autoridades, pero no se descarta que el número real pueda variar debido a la naturaleza clandestina de estos hechos.

Un ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán habría secuestrado y asesinado a una fuente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y a un familiar de esta persona, en un caso donde autoridades de Estados Unidos acusan a funcionarios de alto rango, incluidos actuales líderes políticos de Sinaloa, de colaborar con el Cártel de Sinaloa y facilitar el trasiego de drogas hacia ese país.

Juan Valenzuela Millán, ex comandante de la Policía Municipal, enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de narcóticos, posesión de armas y explosivos, además de secuestro con resultado de muerte.

La acusación sostiene que Millán habría recibido pagos mensuales de más de USD mil 600 (más de 28 mil pesos) por parte de la célula de los Chapitos a cambio de garantizar protección y acceso a la corporación policial.

La justicia federal de Estados Unidos señala que en octubre de 2023, Millán habría usado sus atribuciones dentro de la policía para coordinar el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esta persona, quienes fueron torturados y asesinados. El motivo habría sido la sospecha de que colaboraban con las autoridades estadounidenses en la investigación contra el Cártel de Sinaloa.

La acusación formal, dada a conocer por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA Terrance C. Cole, implica a funcionarios activos y ex funcionarios sinaloenses. Entre los mencionados se encuentra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázares y Enrique Díaz Vega, además de altos ex mandos policiacos como Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez alias “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y Juan de Dios Gámez Mendívil. Todos habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para la distribución de grandes cantidades de narcóticos, principalmente hacia Estados Unidos.

El caso alcanza a funcionarios en activo y ex altos mandos de Sinaloa

El expediente criminal, asignado a la jueza Katherine Polk Failla, es la continuación de una serie de cargos emitidos desde 2023. Las autoridades estadounidenses atribuyen al menos 30 integrantes y asociados del Cártel de Sinaloa, entre ellos miembros de la dirección principal, por delitos vinculados a la distribución internacional de drogas y por haber afectado de manera directa las operaciones del cártel.

Según la acusación, algunos ex funcionarios habrían participado de modo directo en hechos de violencia y represalias ordenadas por la organización criminal. En el caso de Millán, además de operar desde la policía municipal, habría utilizado a otros agentes como parte de la estructura de apoyo al narco, realizando arrestos, secuestros y asesinatos para mantener el control territorial en Culiacán bajo la tutela de los Chapitos.

Acusaciones por narcotráfico, armas y violencia en Culiacán

Los cargos específicos contra Juan Valenzuela Millán incluyen conspiración para importación de narcóticos, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y explosivos, así como secuestro que resultó en muerte y conspiración para cometer este delito. En Estados Unidos, los delitos que se le imputan conllevan una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

Las pruebas presentadas por el Distrito Sur de Nueva York sostienen que el pago mensual a Millán, entregado por la facción de los Chapitos, era a cambio de garantizar un acceso “ilimitado” a la corporación policiaca de Culiacán. Esta complicidad habría facilitado labores de vigilancia, protección de cargamentos, así como operaciones de represión violenta contra presuntos informantes o rivales del cártel.

Por otra parte, la inclusión de funcionarios civiles, como el actual gobernador y miembros recientes de la administración del estado, coloca a la estructura del gobierno de Sinaloa bajo un intenso escrutinio internacional en materia de infiltración por el narco. Las autoridades estadounidenses acusan que la colaboración de estos funcionarios permitió sostener el tráfico internacional de drogas a gran escala y dificultó los esfuerzos de persecución de las agencias norteamericanas.

Estado de la acusación y alcances judiciales

El caso permanece bajo jurisdicción de la corte federal en Nueva York, donde se suma a una cadena de investigaciones que buscan desarticular las redes de connivencia entre autoridades mexicanas y el Cártel de Sinaloa. Desde 2023, la fiscalía de dicho distrito ha presentado más de una treintena de acusaciones formales similares, dirigidas a desmantelar la protección institucional del narcotráfico sinaloense.

Las autoridades estadounidenses, representadas por Jay Clayton como fiscal federal y Terrance C. Cole de la DEA, insisten en que el involucramiento de altos mandos policiacos y gubernamentales representa uno de los principales obstáculos en el combate binacional al tráfico de drogas y a la violencia derivada de las pugnas internas por el control de la plaza en Sinaloa.

Según el expediente judicial, la pena de cadena perpetua es obligatoria en caso de una sentencia condenatoria para Juan Valenzuela Millán.

• Un ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán habría secuestrado y asesinado a una fuente de la DEA y a un familiar en represalia por colaborar con autoridades estadounidenses.
• Las acusaciones incluyen a funcionarios activos y ex funcionarios estatales, entre ellos el actual gobernador de Sinaloa, por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
• El expediente presentado en Nueva York contempla más de 30 acusaciones similares contra miembros y aliados del cartel desde 2023.

La seriedad del caso no solo está ligada al robo en sí, sino a las consecuencias humanas más profundas: el pequeño, además del susto inicial, sufrió alteraciones severas en su comportamiento, con episodios constantes de llanto, insomnio y rechazo a asistir al colegio. Según el reporte de Latina Noticias, el contexto de inseguridad en el distrito se ve agravado por bandas delictivas identificadas en investigaciones policiales y judiciales, que operan con violencia y a menudo extorsionan tras cometer robos.

Al día siguiente del asalto, los criminales exigieron un pago de 15.000 soles a Gamarra para devolverle el vehículo, suma que hasta el momento no ha permitido la recuperación de la camioneta. Latina Noticias informó que la policía desaconseja de manera tajante cualquier tipo de pago a los extorsionadores.

Delincuentes interceptan camioneta con menor a bordo

El hecho tuvo lugar el lunes, alrededor de las 20:00, cuando Edgar Gamarra llegó a la calle La Concordia para estacionarse tras dejar a su hijo. De acuerdo al relato de Gamarra, los delincuentes interceptaron su vehículo colocándose delante de la camioneta para bloquearle el paso.

Ante la presencia de armas de fuego y las amenazas verbales, Gamarra descendió del vehículo. Según sus palabras: “Básicamente ellos ni siquiera se dieron cuenta que mi menor hijo de dos años estaba ahí”. Aunque los criminales no advirtieron la presencia del niño, la madre del menor logró rescatarlo rápidamente antes de que los asaltantes huyeran con el vehículo sustraído.

El modo de actuar de estos delincuentes —bloquear la salida, emplear violencia armada y no registrar que había un menor en el automóvil— retrata el nivel de exposición al que se ven sometidas las familias. Las cámaras de vigilancia ubicadas en la zona podrían aportar pruebas para la identificación de los agresores, aunque la policía sigue solicitando mayor colaboración para acceder a todas las grabaciones posibles, como detalló Gamarra.

Niño quedó afectado emocionalmente luego del robo

El episodio dejó un profundo impacto emocional en el niño de dos años. Edgar Gamarra relató a Latina Noticias que, luego del asalto, el menor mostró una alteración anímica considerable.

“No quiere ir a la escuela, no fue el día de ayer a la estimulación. La mamá me cuenta que en la noche tampoco no concilió bien el sueño y ese mismo día era totalmente, era “llanto y llanto”. Mi hijo no llora de manera escandalosa. Estuvo así toda la noche y todo el día”.

Este trauma psicológico, generado por la exposición a un evento violento en una edad tan temprana, es reflejado en el informe del noticiero, que menciona las consecuencias de la criminalidad sobre los vínculos familiares y el desarrollo emocional de quienes resultan más vulnerables.

Para un menor, presenciar un asalto con armas de fuego puede desencadenar miedo persistente, dificultades para dormir y ansiedad. El reporte resalta en negrita: “el terror continúa, el miedo continúa” para la familia, una situación intensificada por la incertidumbre sobre la seguridad y la posibilidad de nuevos episodios.

Delincuentes exigieron S/ 15 mil por devolución del vehículo

Al daño inicial, se sumó la extorsión sufrida por la familia de Edgar Gamarra. Los responsables solicitaron 15.000 soles a cambio de la devolución del vehículo, lo que prolongó la angustia del entorno familiar. La policía, de acuerdo a lo que trascendió, orientó a Gamarra a “no realizar ningún pago” y lo instó a seguir colaborando en la recopilación de pruebas.

Gamarra explicó que se encuentra en proceso de recolectar grabaciones de varias cámaras de videovigilancia para aportar material relevante a la investigación en curso. Un vecino le proporcionó algunas imágenes, pero la búsqueda continúa hasta reunir todas las grabaciones solicitadas por las autoridades.

La imposibilidad de recuperar la camioneta hasta el momento y la incertidumbre por las amenazas latentes reflejan la desprotección que experimentan los ciudadanos en sectores vulnerables de la capital peruana. Latina Noticias remarcó que, aunque Edgar Gamarra optó por la vía legal, la preocupación persiste debido al impacto duradero tanto en la integridad material como en el bienestar psicológico de su hijo y su núcleo familiar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la vinculación a proceso de Efrén “N”, señalado como probable responsable del delito de secuestro exprés con fines de extorsión, luego de presentar pruebas suficientes ante un juez con sede en Toluca.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 18 de septiembre de 2024 sobre la calle López Portillo, en la capital mexiquense, donde la víctima fue interceptada por dos sujetos armados que descendieron de un vehículo color negro.

Los agresores, quienes dijeron pertenecer a un grupo delictivo con origen en Michoacán, amagaron a la persona y la obligaron a subir al automóvil.

Una vez dentro de la unidad, la víctima fue retenida contra su voluntad y amenazada. Según las indagatorias, en el interior del vehículo se encontraba Efrén “N”, quien presuntamente participó directamente en las intimidaciones, exigiendo a la víctima el pago de un porcentaje de las ganancias de su negocio a cambio de no causarle daño.

La víctima fue liberada

Tras concretar la amenaza, los implicados liberaron a la víctima en otro punto del mismo municipio. Posteriormente, la persona afectada denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió a la Fiscalía mexiquense iniciar las investigaciones correspondientes para identificar y ubicar a los responsables.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Efrén “N”.

Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, el detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. Asimismo, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Este delito es considerado de alto impacto en el Estado de México, debido a su modalidad, que implica la privación ilegal de la libertad por un periodo corto con el objetivo de obtener un beneficio económico inmediato mediante amenazas o coacción. En caso de ser declarado culpable, Efrén “N” podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión, de acuerdo con la legislación vigente.

Las autoridades reiteraron que, conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido debe ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.

La FGJEM también hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la denuncia de posibles delitos relacionados con este individuo o con otros casos similares.

El combate al secuestro exprés y la extorsión continúa siendo una de las prioridades para las autoridades mexiquenses, quienes han reforzado operativos e investigaciones para desarticular células delictivas que operan bajo este esquema en la entidad.

En la serie Dear Killer Nannies, que revela secretos de la infancia de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, se reveló que en los 80 el líder del cartel de Medellín tuvo en sus planes secuestrar a Michael Jackson.

Este tipo de historias han vuelto a ser recordadas tras el estreno de biopic sobre la estrella norteamericana, que es protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, que es hijo de Jermaine Jackson y la colombiana Alejandra Martínez.

Este no es lo único que en algún momento unió a la familia Jackson con Colombia, puesto que en 1993 otro de los hermanos del “Rey del pop”, Randall Randy Jackson, fue secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El cautivero de Randall Jackson en Colombia

Para entender el contexto de la historia hay que recordar que Alejandra Martínez primero tuvo una relación con Randall Randy Jackson, en la que tuvieron dos hijos; años más tarde se comprometió con Jermaine Jackson, con el que tuvo tres hijos, entre ellos el protagonista de la película sobre Michael Jackson.

Precisamente, aunque Michael Jackson nunca visitó Colombia, Randall viajaba constantemente al país debido a que en ese entonces era pareja de Alejandra Martínez.

En abril de 1993, Newsweek reveló que Randall Jackson había sido retenido durante una de sus visitas a Colombia por un grupo guerrillero, lo que fue confirmado por la familia Jackson. De acuerdo con su testimonio, Randy Jackson se movilizaba por una carretera de Saravena (Arauca), cuando se registraron los hechos.

A pesar del pánico que le generó estar frente a un grupo armado, Randall no reveló que era familiar de una de las personas más famosas del mundo; en cambio, afirmó que en Estados Unidos trabajaba como pastor cristiano y que estaba en una comitiva religiosa por América del Sur.

En 2015, Alejandra Martínez, exesposa de Randall, reveló detalles de esta historia a Los Informantes. La colombiana afirmó que el motivo por el que fue liberado es que los guerrilleros no vieron en el hermano menor de Michael Jackson una persona de valor.

Tras el secuestro de ocho horas, Randall Jackson tomó la decisión de no volver a Colombia; de la misma forma, Martínez también tuvo que salir del país junto a sus hijos luego de que recibiera una llamada del embajador en Estados Unidos que le afirmó que habría planes para secuestrarla.

“‘Se tienen que ir a los Estados Unidos ya, están buscando a sus hijos’, nos dieron una hora para hacer maletas y nos sacaron”, declaró en esa ocasión Martínez.

A diferencia de lo que afirma la familia Jackson, en 1993 la prensa colombiana confirmó la presencia del norteamericano en el país, pero sin mencionar el secuestro por parte del ELN.

Los medios aseguraron que el hermano menor del “Rey del pop” solo había sido detenido en una carretera del país por un grupo guerrillero, pero que permaneció unos minutos junto a ellos y que luego de que asegurará que era un pastor cristiano se le permitió continuar con su viaje.

Esta historia fue revivida por la actriz Martha Bolaños, que en sus redes sociales reveló detalles del momento en el que conoció a Michael Jackson, la exparticipante de MasterChef Celebrity afirmó que en los pocos minutos que estuvo con el estadounidense le preguntó por una futura presentación en Colombia.

“Me dijo que no, que nunca vendría a Colombia porque a él le secuestraron a un hermano acá, pero nunca supieron que era su hermano y lo liberaron. Esa historia es real porque años después algo se supo”, fueron las palabras de la actriz colombiana durante el programa culinario.

En una de las audiencias que más ha dado de que hablar de la JEP en los últimos meses, por primera vez en la historia cinco antiguos mandos medios del extinto Bloque Caribe de las Farc-EP comparecieron para reconocer su responsabilidad en los secuestros perpetrados en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla.

Cabe recordar que los comparecientes, Abelardo Caicedo “Solís Almeida”, Osmany Landero “Hernando González”, Gilberto de Jesús Giraldo “Aldemar Altamiranda”, Luis Cuadras “Leonardo Guerra” y Uriel Oviedo “Mañe” fueron parte del Estado Mayor del Bloque Caribe.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP documentó 463 secuestros individuales y colectivos atribuidos a esta estructura. Los comparecientes fueron señalados como determinantes en la ejecución de la política de secuestro, implementada bajo tres patrones: obtención de recursos para la lucha armada, control social y territorial, y la intención de presionar al Estado mediante secuestros para canje de guerrilleros presos.

Los comparecientes fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, como toma de rehenes, privación grave de la libertad, desaparición forzada, asesinato, tortura, tratos crueles y desplazamiento forzado. Estos delitos no son susceptibles de amnistía ni perdón judicial.

La audiencia se dividió en dos jornadas, desarrolladas en el Museo de Arte y Memoria de Mampuján en María La Baja, Bolívar, y en la Universidad Nacional, sede La Paz, en Cesar. La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll presidió las sesiones, acompañada por las magistradas Catalina Díaz Gómez, Diana Vega Laguna y el magistrado Óscar Parra Vera. En las diligencias participaron once víctimas que participaron activamente, exponiendo casos representativos de los secuestros cometidos en la región.

Entre los testimonios, Andrea Redondo relató el secuestro y desaparición de su padre, Oswaldo Redondo, en 2001. Andrea tenía diez años y recordó que su madre tuvo que mudarse junto a ella a otras zonas del país para poder sostenerla económicamente y alejarse de la violencia.

“La desaparición forzada es una forma de tortura que se prolonga en el tiempo”, afirmó el compareciente Uriel Oviedo, que asumió la responsabilidad por la muerte y desaparición de Oswaldo Redondo, al que acusaron de ser colaborador de los paramilitares.

Entre los hechos relevantes estuvo la participación de la víctima Andrea Bautista, que fue secuestrada siendo niña en un retén ilegal. Bautista enfatizó la necesidad de que la violencia termine para que las nuevas generaciones crezcan en entornos seguros. Además, los comparecientes reconocieron su responsabilidad en el secuestro y asesinato de la exministra Consuelo Araujo “La Cacica”, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata.

Otro caso mencionado fue el del exministro Fernando Araújo, puesto que el compareciente que se encargó de cuidar al político en cautiverio comparó el sufrimiento del exministro durante su cautiverio con las condiciones carcelarias de un condenado.

En la audiencia participó Roberto Lacouture, secuestrado en 1989 en un corregimiento de Becerril, narró como pasó tres meses privado de libertad, la mitad del tiempo amarrado a un árbol. “Todos los sueños que tenía en esa época con mi novia, que hoy es mi esposa, no los pudimos cumplir”.

Otros testimonios fueron el de Alejandro Lara, que en nombre de su padre, un zootecnista de 80 años que fue secuestrado tras el robo de unas vacas; el de Víctor Manuel Quintero, hermano de Isaías y Ersaín Quintero, dos desaparecidos tras ser secuestrados en 1998 en zona rural de Becerril, y el de familiares de otras víctimas que murieron en cautiverio.

Luego de que finalizó la segunda audiencia, las víctimas disponen de 15 días para realizar observaciones a los reconocimientos hechos por los comparecientes. Estos tendrán la oportunidad de proponer proyectos de Sanciones Propias orientados a la reparación.

Por su parte, la Sala de Reconocimiento de Verdad evaluará los aportes de verdad y, si cumplen los requisitos, también emitirá una resolución de conclusiones que trasladará el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz. Este documento identificará a los comparecientes que hayan aportado verdad y reconocido su responsabilidad, y estos podrán ser considerados para la imposición de las sanciones contempladas por la justicia transicional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció criterios clave sobre la prescripción de la reparación del daño en delitos como el secuestro, al resolver el Amparo en Revisión 433/2025.

La decisión responde a una pregunta central: ¿puede una víctima exigir la reparación del daño más de una década después de la sentencia condenatoria?

El caso tiene su origen en 2006, cuando una persona fue condenada por secuestro en Coahuila. Además de la pena de prisión y una multa, el tribunal impuso la obligación de reparar el daño causado a la víctima. Sin embargo, el monto no se fijó en ese momento, sino que quedó pendiente para la etapa de ejecución de sentencia.

Años más tarde, en 2022, la persona sentenciada solicitó que se declarara extinguida esa obligación, argumentando que habían transcurrido más de diez años, plazo que —según la legislación local— bastaba para que prescribiera la reparación del daño. Las autoridades estatales rechazaron la petición, lo que llevó el caso hasta el máximo tribunal del país.

¿Qué resolvió la Corte?

La SCJN revocó la decisión previa del Tribunal local y ordenó emitir una nueva resolución bajo lineamientos precisos. En primer lugar, se determinó que el plazo general de diez años para la prescripción de la reparación del daño comienza a contar a partir de que la sentencia condenatoria queda firme. Es decir, cuando ya no puede ser impugnada y adquiere carácter definitivo.

No obstante, el tribunal constitucional fue enfático en señalar que este criterio no opera de manera automática. Para que el plazo corra válidamente, es indispensable que la víctima haya sido notificada de forma eficaz sobre la firmeza de la sentencia. Solo así puede tener conocimiento del estado del proceso y participar en la determinación del monto que debe ser reparado.

Además, la Corte instruyó a revisar si, por tratarse de un delito grave como el secuestro, pueden aplicarse reglas especiales, como la imprescriptibilidad de la reparación del daño, conforme a la legislación vigente al momento en que ocurrieron los hechos.

Equilibrio entre víctimas y sentenciados

El fallo subraya la necesidad de equilibrar dos principios fundamentales del sistema penal: la certeza jurídica para las personas sentenciadas y el derecho de las víctimas a una reparación integral.

Por un lado, la prescripción cumple una función importante al evitar que las obligaciones se prolonguen indefinidamente. Pero, por otro, la Corte dejó claro que el simple paso del tiempo no puede perjudicar a una víctima que nunca fue debidamente informada sobre el estado de su caso.

La resolución también enfatiza que los tribunales deben analizar cada caso concreto, verificando que se hayan respetado las garantías procesales de ambas partes antes de declarar extinguida una obligación de reparación.

Impacto del criterio

Este precedente resulta relevante en un contexto donde frecuentemente existen retrasos o deficiencias en la notificación a víctimas. La SCJN fija así un estándar que obliga a las autoridades a garantizar procesos transparentes y efectivos.

Asimismo, brinda claridad a las personas sentenciadas sobre cuándo pueden alegar la prescripción de sus obligaciones, evitando interpretaciones discrecionales o contradictorias en los tribunales locales.

Con esta resolución, la Suprema Corte refuerza la idea de que la justicia no se limita a imponer sanciones, sino que también debe asegurar que las víctimas reciban una reparación adecuada. El fallo deja en claro que el tiempo, por sí solo, no puede borrar derechos si el proceso no ha sido plenamente garantista.

El criterio marcará pauta en futuros casos, especialmente en delitos de alto impacto, donde la reparación del daño es una pieza fundamental para restituir, en la medida de lo posible, las afectaciones sufridas por las víctimas.

Como parte de la Operación Enjambre, fue sentenciado a 150 años de prisión Adrián Mauricio Sánchez Mitre, quien se desempeñaba como comisionado de Seguridad Pública de Nicolás Romero, Estado de México.

La condena fue informada por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 23 de abril, el hombre fue hallado culpable del delito de secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

El reporte de las autoridades mexiquenses detalla que los hechos por los que fue condenado sucedieron el 4 de enero de 2023. Las averiguaciones establecen que Mauricio Sánchez Mitre llegó, junto con otros elementos de la Policía Municipal, al mercado “29 de junio”.

Exigió miles de pesos y realizó amenazas de muerte

La víctima tenía en dicho mercado un puesto de ropa, la víctima fue insultada y el mando policiaco ordenó a los uniformados ingresarlo a una patrulla para llevárselo a un sitio diferente, en acciones que duraron aproximadamente dos a tres horas.

“Durante este tiempo, Adrián Mauricio le exigió a la víctima comunicarse con sus familiares para solicitarles la entrega de 10 mil pesos a cambio de su libertad, sin embargo, al ver que no llegaban los familiares con el dinero ordenó a los Policías retirarse, amenazando a las víctimas de muerte en caso de denunciar los hechos”, es parte del informe.

Otra sentencia en su contra

Cabe recordar que el exfuncionario fue sentenciado a 40 años tras las rejas debido a que fue hallado culpable de homicidio, la FGJEM destacó que, según sus averiguaciones, el sujeto y otro hombre participaron en el asesinato de una persona.

Las averiguaciones indican que el sujeto mencionado, y al menos otra persona más, partició en el asesinato de un individuo en Nicolás Romero. Al principio la víctima fue atacada físicamente, pero posteriormente el exfuncionario usó un arma de fuego.

“En algún momento, el hoy sentenciado sacó un arma de fuego y disparó en su contra, privándola de la vida”, compartió la Fiscalía mexiquense.

Qué es la Operación Enjambre

La Operación Enjambre consiste en una estrategia conjunta entre fuerzas federales y fiscalías estatales, cuyo propósito es desarticular redes delictivas instaladas en administraciones municipales. El enfoque recae en localidades con actividad económica clave, donde existen sospechas de que funcionarios públicos utilizan su posición para extorsionar a empresarios o beneficiar a organizaciones criminales.

La coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha sido fundamental para la puesta en marcha de este dispositivo.

Dichas acciones han sido realizadas en el Edomex y en Jalisco, en esta última entidad donde fue capturado Diego Rivera, quien era presidente municipal de Tequila.

La calma habitual de Yorito, un rincón cafetalero de Honduras, se quebró de forma definitiva el pasado lunes 20 de abril. Lo que comenzó como una jornada de trabajo para el pastor evangélico y productor de café, Óscar Núñez, se transformó en una pesadilla que mantuvo en vilo a toda una comunidad.

El líder religioso, respetado tanto por su labor espiritual como por su aporte al sector ganadero y agrícola, fue interceptado por sujetos desconocidos que lo privaron de su libertad, iniciando un conteo regresivo que, lamentablemente, tuvo el peor de los desenlaces.

Durante días, el silencio de la montaña solo fue roto por las exigencias de los captores. La cifra impuesta para su retorno era astronómica para una familia de trabajadores: cinco millones de lempiras ($187.829).

A pesar de la desesperación y de los intentos de negociación que se gestaron entre sus allegados, la crueldad de los criminales se impuso sobre la esperanza.

El hallazgo se produjo finalmente en la aldea Agua Blanca, en una zona de difícil acceso conocida como Ojo de Agua, perteneciente al municipio de San José del Potrero, Comayagua. El cuerpo del pastor yacía en un sector retirado, lejos de las fincas que lo vieron trabajar.

El Director de Comunicación de la Policía Nacional (PNH), Wilmer Mayes Ríos, confirmó la fatalidad con tono solemne. El despliegue policial en la zona del levantamiento no solo busca recuperar el cuerpo, sino recolectar los indicios que permitan robustecer un expediente criminal que no deje fisuras legales.

La consigna de las autoridades es clara: capturar a los responsables y asegurar que el sistema judicial no les permita una “mínima oportunidad” de recuperar la libertad.

El Cartel del “Diablo”: la sombra criminal tras el secuestro

El caso ha tomado un tinte aún más oscuro tras las declaraciones oficiales que vinculan directamente a una organización delictiva autodenominada como el “Cartel del Diablo”. Según las investigaciones preliminares y la confirmación de la PNH, este grupo criminal se autoacreditó el secuestro del señor Núñez, una táctica que busca sembrar el terror tanto en las familias de las víctimas como en las autoridades locales.

De acuerdo con las autoridades este cartel no es una banda improvisada, ya que se le atribuye una estructura jerárquica que incluye desde “gatilleros” hasta cabecillas que coordinan operaciones de extorsión y secuestro de alto impacto en los departamentos de Yoro y Comayagua.

Su modus operandi se basa en el estudio de perfiles de personas con solvencia económica o relevancia social en zonas rurales, aprovechando la geografía accidentada para ocultar a sus víctimas en “casas de seguridad” o campamentos montañosos.

• Zonas de Influencia: Operan principalmente en el corredor central y norte de Honduras
• Financiamiento: El secuestro extorsivo es su principal fuente de ingresos, exigiendo sumas millonarias
• Perfil de Violencia: A diferencia de otras bandas que prefieren el bajo perfil, este grupo utiliza la violencia simbólica (como el uso de su nombre) para establecer un control territorial basado en el miedo.

Ante la gravedad de la muerte del pastor y el desafío público que representa el Cartel del Diablo, la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional ha movilizado un contingente masivo hacia el sector de San José del Potrero y áreas aledañas.

El objetivo de esta misión, denominada de “exclusividad operativa”, es desarticular por completo la estructura. Las autoridades han enfatizado que la persecución no se detendrá hasta dar con el paradero de cada miembro, “desde el líder hasta el último cabecilla”. La comunidad de Yorito, mientras tanto, despide a uno de sus hijos más queridos, exigiendo que esta vez, el peso de la ley sea tan implacable como la tragedia que hoy los enluta.

Lo que en un inicio se manejaba como un presunto secuestro en el occidente de Honduras terminó convirtiéndose en una historia que ahora está bajo investigación policial por posible simulación del delito.

Una menor de 17 años, que había sido reportada como víctima de secuestro, fue localizada sana y salva por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de un operativo desplegado en diversos puntos del país y la activación de protocolos especializados de búsqueda.

Según el informe preliminar, la adolescente, originaria del municipio de Yamaranguila, en el departamento de Intibucá, Honduras, salió de su vivienda el 19 de abril con destino a su centro educativo en La Esperanza y no regresó a su hogar al finalizar la jornada.

Investigación policial

Luego de haber sido localizada, la menor comunicó a las autoridades que los mensajes enviados a sus familiares respondieron a una decisión propia. Ante esta declaración, la Dirección Policial de Investigaciones abrió una nueva línea de investigación por simulación del hecho.

Los agentes indicaron que el expediente podría establecer el delito de simulación de infracción inexistente, regulado por el artículo 529 del Código Penal hondureño, que sanciona la denuncia o creación de delitos falsos que provocan el uso de recursos de seguridad y justicia.

Tanto la menor como otro joven vinculado al caso fueron remitidos a las instancias correspondientes para la continuación del proceso legal.

Diversas denuncias

Esta situación no constituye un hecho aislado. En Honduras, las autoridades han dado a conocer casos similares en los últimos años, en los que supuestas víctimas de secuestro fueron posteriormente localizadas al comprobarse que los hechos habían sido simulados.

Según cifras de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), durante 2025 se registraron varias denuncias que derivaron en investigaciones por simulación de secuestro, algunas asociadas a intentos de obtener dinero, evadir responsabilidades o generar presión familiar. Desde UNAS informaron: “Durante 2025 se registraron múltiples denuncias que derivaron en investigaciones por simulación de secuestro”.

El Ministerio Público también notificó la apertura de expedientes por estos hechos, describiendo casos en los que los implicados utilizaron llamadas falsas, mensajes intimidatorios y montajes para aparentar crímenes inexistentes. Para 2026, las autoridades continúan identificando este tipo de situaciones, lo que mantiene bajo vigilancia el fenómeno dentro de las líneas de trabajo de la DPI.

Operaciones policiales

Aunque no todas las denuncias falsas llegan a la instancia judicial, fuentes de seguridad advierten que un porcentaje de los reportes de secuestro que se atienden anualmente resultan ser simulaciones, aspecto que representa un desafío operativo para las unidades especializadas.

Estas acciones afectan el uso de recursos estatales: cada alerta activa protocolos que implican la movilización de personal, tecnología y coordinación entre distintas instituciones, lo que puede retrasar la atención de casos reales.

Desde las instancias oficiales subrayaron que “la simulación de delitos no solo constituye una falta penal, sino que también afecta la confianza en los sistemas de denuncia y seguridad”. Debido a ello, han hecho un llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad y utilizar los mecanismos de emergencia únicamente en situaciones reales.

El testimonio de Mane Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, volvió a generar impacto tras revelar detalles inéditos sobre el secuestro que sufrió en octubre de 2023. “Confié en él como en un hijo y me vendió”, afirmó al referirse a la persona que, según su relato, habría facilitado su entrega a los captores, citado por Revista Semana.

El relato expone cómo una persona de su círculo cercano habría sido clave en el secuestro, generando una de las traiciones más dolorosas de su vida. Díaz aseguró que nunca sospechó de quien terminó involucrado, pues hacía parte de su entorno cotidiano y laboral. Según explicó, esa cercanía fue determinante para que bajara la guardia y aceptara un encuentro que terminó en el hecho violento.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad en situaciones de confianza y cómo estas pueden ser aprovechadas en contextos criminales. Durante la entrevista, Mane Díaz recordó que semanas antes ya existían advertencias sobre un posible secuestro. “Ya se escuchaban rumores: ‘Profe, cuídese’, ‘lo van a secuestrar’”, relató, citado por Revista Semana, pero admitió que no dimensionó el riesgo.

El día del secuestro, todo ocurrió bajo la apariencia de una reunión normal. Díaz contó que fue citado con el argumento de un encuentro pendiente. “Ya la gente lo está esperando”, le dijeron, lo que lo llevó a trasladarse sin sospechas. Sin embargo, al llegar al lugar, fue interceptado por hombres armados. “Nosotros jurábamos que era un atraco”, recordó, citado por Revista Semana, hasta que comprendió que se trataba de un secuestro.

En su relato, explicó que fue obligado a subir a su propio vehículo y trasladado hacia una zona rural. “Me dieron la ruta… y me metieron al fondo de la selva”, afirmó, describiendo el momento en que entendió la gravedad de la situación. Uno de los hechos que más lo marcó fue la actitud de la persona que lo acompañaba ese día, quien desapareció sin explicación. “Salió… se fue normal”, contó, lo que reforzó la sospecha de traición.

Durante los días de cautiverio, Mane Díaz enfrentó una experiencia que describió como extrema. Aunque aseguró que no sufrió agresiones físicas, el impacto emocional fue profundo. “Eso es un infierno… uno no sabe si regresa o no regresa”, expresó, citado por Revista Semana. La incertidumbre constante y el aislamiento fueron los factores que más afectaron su estado emocional.

El secuestro de Mane Díaz generó una fuerte reacción nacional e internacional, especialmente por la notoriedad de su hijo, el futbolista Luis Díaz. En medio de esa presión mediática, el caso se convirtió en un tema de interés público, lo que, según el propio afectado, pudo haber influido en su liberación días después.

Uno de los momentos más sensibles del testimonio se produjo al recordar su liberación. Díaz se mostró visiblemente afectado al describir el reencuentro con su familia. “Así como yo ahorita… ellos también llorando”, dijo con la voz entrecortada, citado por Revista Semana. Para él, ese instante representó tanto alivio como la carga emocional de lo vivido durante el secuestro.

Tras recuperar la libertad, conoció detalles adicionales sobre el plan que habría permitido su retención. Según relató, las autoridades encontraron evidencia en el teléfono de la persona implicada. “Le cogieron el teléfono… tenía todas las conversaciones, videos, cómo se iba a pagar”, aseguró, citado por Revista Semana. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que el secuestro fue planeado con información privilegiada.

A pesar de la gravedad de los hechos, Mane Díaz sorprendió al afirmar que no guarda rencor hacia quien lo habría traicionado. Indicó que incluso aceptó sus disculpas, aunque dejó un mensaje claro sobre las consecuencias de sus actos. “Yo te disculpo, pero piensa bien en tu familia y en lo que vas a hacer”, relató, citado por Revista Semana.

El caso del secuestro de Mane Díaz sigue siendo un referente sobre los riesgos asociados a la confianza en entornos cercanos. Más allá del hecho puntual, su testimonio deja una reflexión sobre la necesidad de estar alerta incluso frente a personas conocidas.

Al cierre de su relato, el padre del futbolista reiteró la lección que le dejó esta experiencia. “La confianza no se le puede brindar toda a nadie”, afirmó. Además, recordó una advertencia que, según él, pudo haber cambiado el desenlace: “Cuando alguien te dice ‘pila’, hay que pararle bola”, citado por Revista Semana.

El caso revela una modalidad que busca generar confianza o confusión en las víctimas mediante la suplantación de identidad policial. En esta ocasión, los implicados portaban chalecos con insignias de la Dirincri, lo que sugiere un intento de simular un operativo oficial. La rápida actuación de los agentes permitió evitar el secuestro de un empresario de la región La Libertad.

El operativo también expone la persistencia de estructuras criminales que operan bajo coordinación externa, incluso desde otros países. Las autoridades sostienen que la planificación del delito no se limitaba a la vigilancia de la víctima, sino que incluía información detallada sobre su entorno familiar.

Intento de secuestro frustrado en Trujillo

La intervención policial permitió detener a tres personas identificadas como Frank Paredes, Juan Carlos Rodríguez y Jonathan Ávila. Según información de la Dirincri, los sujetos integraban la banda denominada ‘Los Malditos de la Esperanza’. Al momento de la captura, se encontraban dentro de un vehículo que contenía chalecos falsos de la Policía, un arma de fuego, municiones y una granada.

Durante la inspección, uno de los intervenidos negó la propiedad de los objetos incautados. En el registro audiovisual del operativo se escucha: “Eso no es mío”. La frase se repite ante distintos elementos hallados dentro del vehículo, incluidos documentos vinculados al empresario que habría sido secuestrado.

Entre los objetos incautados figura un croquis de la vivienda de la víctima, fotografías personales y un esquema familiar. Esta información sugiere un nivel de planificación que incluía reconocimiento previo del entorno y posibles rutas de intervención.

Presunta conexión con organización criminal

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, señaló que la acción delictiva se vincula con la organización criminal ‘Los Pulpos’. Según la autoridad policial, el presunto cabecilla, Johnson Cruz Torres, alias Johnson Pulpo, dirige operaciones desde Chile.

Revoredo explicó que la estructura del grupo responde a una lógica de segmentación. “Esa es su manera de actuar, pero él sectoriza criminalmente en pseudobandas, pero bajo la línea de acción criminal de los Cruz Arce, de Los Pulpos, en este caso de Johnson Cruz Torres”, declaró.

La Policía sostiene que esta modalidad permite a la organización operar en distintas zonas con células que ejecutan delitos específicos, sin perder conexión con una ղեկավար central. Esta estrategia complica la identificación de vínculos directos entre los distintos grupos intervenidos.

Los tres detenidos presentan antecedentes policiales, según información oficial. La Dirincri indicó que, con esta intervención, se alcanza un total de 503 bandas delictivas y nueve organizaciones criminales desarticuladas en lo que va del año.

Cuestionamientos por liberación de menor implicado

En paralelo, otro caso generó cuestionamientos dentro de la Policía. Se trata de alias Dominic, un menor de edad vinculado a la organización Los Injertos de Ventanilla. El joven fue intervenido con un arsenal de armas y es señalado por su participación en el robo de lingotes de oro en la Costa Verde.

Pese a que el menor confesó su participación, fue puesto en libertad. El general Revoredo expresó su sorpresa ante esta decisión. “Está en registros fílmicos transportando las armas de fuego de corto y largo alcance. Y una persona no lo va a soltar, pues así de fácil”, afirmó.

El Ministerio Público informó que solicitó prisión preventiva, mientras que el Poder Judicial indicó que no se presentó ninguna medida de coerción, por lo que se dictó comparecencia con restricciones. El menor fue citado a una audiencia programada para el 3 de julio.

Otro operativo reciente permitió desarticular a la organización Los Despiadados de Ancón dos. En esta intervención, quince personas fueron detenidas por delitos de extorsión en zonas como Puente Piedra y Huacho.

El caso llamó la atención debido a que el presunto cabecilla, identificado como Lucio Moreno, alias Pirata, coordinaba las actividades desde el penal de Juliaca. Según la Policía, se evalúa su traslado a otro centro penitenciario con mayores restricciones.

Revoredo indicó que se busca aislar al interno para evitar que mantenga contacto con redes criminales externas. “Y muy seguro se ha trasladado a otro penal con la finalidad de que esta persona esté aislada, aislada del mundo criminal”, señaló.

Las intervenciones recientes evidencian patrones comunes en la operación de estas organizaciones, como el uso de información detallada sobre víctimas, la suplantación de identidad y la dirección remota desde centros penitenciarios o el extranjero.

El hecho ocurrió a las 5:20 a.m. en el río Corrientes, cuando unas 25 personas a bordo de pequeñas embarcaciones interceptaron violentamente al convoy y obligaron a sus tripulantes a cambiar de ruta hacia el centro poblado de Providencia, bajo amenazas, según denunció la compañía.

Siete tripulantes permanecen retenidos

La empresa sostiene que al menos siete ciudadanos peruanos continúan privados de su libertad, luego de que los intervenidos tomaran el control del remolcador Coseda I y forzaran el abandono de la barcaza Pacífico XIX, una estructura de gran tamaño utilizada para el traslado del crudo.

Paúl Vigo, gerente de operaciones de RICSA, afirmó que los trabajadores fueron reducidos mediante presión física y verbal, y que actualmente enfrentarían afectaciones psicológicas y vulneración de sus derechos laborales.

Exigen S/2 millones para liberación

De acuerdo con la denuncia empresarial, los responsables estarían condicionando la devolución de la embarcación y la liberación del personal al pago de S/2 millones en efectivo.

RICSA indicó que entregó a las autoridades presuntos audios en los que se escucha dicha exigencia económica, material que forma parte de la investigación fiscal en curso.

La compañía identificó como presuntos promotores de la medida al apu de Providencia, Manuel Peraza Sandi, así como al teniente gobernador Gary Peraza Valera y al presidente de una federación local, Isaías Saboya Mayanchi.

Hasta el momento, no se conoce una versión pública de los mencionados dirigentes sobre las acusaciones.

Alertan riesgo ambiental en el río Corrientes

RICSA advirtió que mantener la carga de crudo sin supervisión técnica especializada representa un riesgo ambiental grave para el ecosistema del río Corrientes, debido a la posibilidad de manipulación indebida de la barcaza.

Además, aseguró que la paralización del transporte afecta el abastecimiento energético de la zona y frena recursos vinculados al canon petrolero para Loreto.

Piden operativo urgente

La empresa señaló que notificó del caso a la Capitanía de Puerto de Iquitos y a la IV Macro Región Policial desde el 17 de abril, exigiendo una intervención inmediata para rescatar a los trabajadores y recuperar la embarcación.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que las diligencias preliminares ya se desarrollan bajo una línea de investigación relacionada con presunta criminalidad organizada.

Números de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

La Municipalidad de San Felipe (90 kms al norte de Santiago) confirmó este martes la presentación de una querella en contra del concejal Ronald Olivares, quien en febrero del año pasado se apersonó en una comisaría de Viña del Mar para denunciar un secuestro a fin de justificar su inasistencia al trabajo, pero hace pocos días cambió su declaración admitiendo había ido a comprar “falopa” y terminó en un “ruco” consumiendo drogas junto a desconocidos.

“Efectivamente, estamos efectuando una querella ante la situación de unas declaraciones del concejal Ronald Olivares, que ameritan que los tribunales en el área penal sean los que tienen que revisar”, confirmó la alcaldesa de esa comuna, Carmen Castillo

“Esto, por tratarse de nosotros ser funcionarios públicos que nos obliga a hacer denuncias cuando se detectan posibles irregularidades. Esta querella está recién ingresada y si es admitida por los tribunales, podremos dar mayores antecedentes", complementó la edil.

La declaración del concejal

El medio Radio Aconcagua tuvo acceso a una reciente declaración hecha a Carabineros por Olivares, en la que reconoce que se gastó el dinero del viático entregado por el Estado para asistir a una capacitación en Viña del Mar -$350 mil, unos USD 390-, en drogas.

En dicho testimonio, aseguró que se encontraba en casa de unos familiares cuando decidió salir con “la finalidad de comprar cigarros y falopa”. A los pocos pasos conoció a cuatro individuos, quienes lo subieron a un auto y lo llevaron hasta un “ruco”, donde había otros sujetos con cuchillos y pistolas consumiendo alcohol y diversas drogas.

Intimidado por estos individuos, “durante la estadía en ese lugar realicé varias transferencias de dinero, a cuentas bancarias que los sujetos me daban, para seguir comprando droga".

Sin embargo, finalmente sus compañeros de juerga abandonaron el “ruco” y lo dejaron solo, siendo rescatado por una familia que pasaba por el lugar quienes lo trasladaron hasta la casa donde sus preocupados familiares lo estaban hospedando.

El concejal reconoció que tiempo atrás tuvo serios problemas con las drogas, que en dicho viaje a Viña del Mar tuvo una recaída y que inventó el secuestro para justificar su inasistencia a la capacitación y ante sus familiares, aunque insistió en que se había quedado en el “ruco” debido al temor que sus nuevos conocidos le habían inspirado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una sentencia condenatoria de 110 años de prisión contra cinco individuos identificados como Ángel Oswaldo González Soto, Josué Hernández Barrera, Erson Montero Santamaría, Oscar Alexis García Parente y Héctor Rodríguez Nava, tras acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de robo ocurrido en el municipio de Jilotepec.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos se registraron en abril de 2025 sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 113, en el poblado El Rosal.

En ese punto, las víctimas viajaban a bordo de un tractocamión de la marca Freightliner que transportaba un cargamento de cigarros con valor comercial superior a los seis millones de pesos, acompañado por dos vehículos que fungían como escoltas.

Las indagatorias señalan que, en un momento determinado, la unidad de carga y los vehículos de apoyo fueron interceptados por los ahora sentenciados y otros cómplices, quienes se desplazaban en diversas unidades, entre ellas una camioneta Volkswagen Tiguan, un Jetta, un Virtus color gris, un vehículo Kia, un camión de redilas y un tractocamión Kenworth. Los agresores, portando armas de fuego, sometieron a las víctimas, privándolas de la libertad y obligándolas a subir a una de las unidades utilizadas para cometer el ilícito.

Acción rápida de las autoridades mexiquenses

El operativo de rescate se activó tras una alerta emitida por la empresa de seguridad privada al sistema del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, lo que permitió la movilización inmediata de elementos de la FGJEM, así como de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales de Aculco y Jilotepec. Estas corporaciones participaban en un despliegue interinstitucional enfocado en combatir el robo al transporte de carga en la región.

Gracias a la rápida coordinación, las autoridades lograron la detención en flagrancia de Héctor Rodríguez Nava y otro individuo. En tanto, Erson Montero, Oscar Alexis García y Josué Hernández fueron retenidos por habitantes de la comunidad de San Martín, en el municipio de Aculco, quienes intervinieron al percatarse de los hechos.

Por su parte, Ángel Oswaldo González Soto fue localizado a un costado de la autopista México-Querétaro, en la localidad de El Rosal, donde pobladores lo mantenían atado e intentaban lincharlo antes de la llegada de las fuerzas de seguridad, que lograron ponerlo a disposición de la autoridad competente.

Los cinco detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec, donde enfrentaron el proceso judicial correspondiente. Tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional determinó su plena responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de robo.

Además de la pena privativa de libertad, el juez dictó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

La Fiscalía mexiquense destacó que este caso forma parte de las acciones emprendidas para combatir de manera frontal el robo al transporte de carga, uno de los delitos que más afectan a la economía y a la seguridad en las principales vías de comunicación del país.

Finalmente, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades mediante denuncias anónimas ante los diversos delitos que se registren.

El alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, no regresó a su oficina en el palacio municipal después de haber sido privado de la libertad junto con su padre el fin de semana, lo que dejó sin actividad visible el despacho principal del Ayuntamiento. La ausencia se mantuvo durante varios días, sin que se observara movimiento de autoridades en el edificio y en la sede alterna donde despachan regidores.

El Ayuntamiento de Taxco informó que Juan Andrés Vega Carranza y su padre, Juan Vega Arredondo, fueron localizados con vida este 13 de abril de 2026 en el Estado de México tras un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. Ambas personas permanecieron bajo atención médica y seguimiento institucional, según el comunicado oficial.

La oficina del alcalde permaneció cerrada

De acuerdo con el corresponsal de El Sur de Taxco, Claudio Viveros, “no ha aparecido en sus oficinas de Taxco, no ha aparecido desde el fin de semana. No existe el alcalde de Taxco”. La declaración se dio en entrevista con Ciro Gómez Leyva. El reportero añadió que en la presidencia municipal no hay actividad, y que en la sede alterna solo un regidor ha acudido, lo que muestra la falta de atención a la ciudadanía tras el secuestro del edil.

A 24 horas de su localización, Juan Andrés Vega publicó una foto y un video en redes sociales para agradecer las labores de búsqueda y rescate. El video tuvo una duración cercana a los tres minutos y en él dio las gracias por las muestras de apoyo recibidas luego de su liberación. “Quiero agradecer a Dios porque en los momentos más duros uno se aferra a su fe, y hoy puedo decir con tranquilidad que mi familia y yo estamos con bien”, dijo el alcalde en el mensaje dirigido a la población.

La Familia Michoacana, presunta responsable del secuestro

El operativo que permitió la localización del alcalde y su padre fue coordinado a nivel federal y se desplegó en el Estado de México. El Ayuntamiento aseguró que las funciones y servicios municipales continuaron con normalidad y que existía coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad en Taxco.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero ejecutó órdenes de cateo en Taxco de Alarcón como parte de las investigaciones. De acuerdo con declaraciones de Omar García Harfuch, la organización criminal conocida como La Familia Michoacana habría sido responsable del secuestro de Juan Andrés Vega Carranza y su padre. El gobierno estatal, encabezado por Evelyn Salgado, puso en marcha un operativo especial para reforzar la seguridad en la zona tras la liberación del edil.

El presidente municipal agradeció el respaldo del gobierno federal y estatal, y reconoció la labor de las instituciones de seguridad, de las que puntualizó que “actuaron con responsabilidad y compromiso”.

Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable de Malinalco, fue secuestrado por un comando armado la mañana de este miércoles 15 de abril, cuando se dirigía a su oficina.

De acuerdo con la información de medios locales, el funcionario circulaba en una camioneta color guinda y fue obligado a descender de su vehículo para abordar otro, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

El hecho ha detonado un dispositivo de búsqueda en la región sur del Estado de México, donde autoridades estatales y federales desplegaron operativos en comunidades como San Nicolás y El Palmar de Guadalupe.

Las últimas pistas revelaron que la unidad utilizada por los secuestradores tomó la carretera Toluca-Taxco con dirección a Chalma. Familiares y autoridades municipales perdieron contacto con Poblete alrededor de las 9:30 horas.

Hasta el cierre de esta edición, no existía ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México ni posicionamiento oficial por parte del organismo que dirige.

¿Qué grupos criminales están en dicha región?

En la zona donde ocurrió el levantón, las autoridades reconocen la presencia de células de La Familia Michoacana y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El municipio de Malinalco, ubicado en el sur del estado, se considera zona de riesgo ante la actividad de grupos delictivos.

Hasta ahora, no hay información pública sobre su localización. Además, apenas hace unos días, el presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, director del hospital general, fueron privados de la libertad y posteriormente rescatados en un operativo coordinado desde la Federación. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, atribuyó ese secuestro a integrantes de La Familia Michoacana.

Cadena de ataques

En semanas recientes, otros hechos violentos han ocurrido en la comunidad. En San Nicolás, un vendedor de tamales fue “levantado”, lo que llevó a familiares y amigos a bloquear la carretera Tenancingo-Chalma para exigir su búsqueda.

En el mismo periodo, se dio a conocer la desaparición de Rogelio Portillo Jaramillo, actual director de Bienestar en el municipio de Huetamo, Michoacán, quien se encuentra en la mira de autoridades de Estados Unidos desde 2021, acusado de conspiración para distribuir narcóticos en territorio estadounidense. El funcionario, también ex candidato de Morena, fue visto por última vez el 28 de marzo de 2026.

Sin embargo, el secuestro de Rogelio Poblete Zamora iría más allá, formando parte de una cadena de agresiones contra directivos de organismos de agua municipales.

El 26 de marzo, en Irapuato, Roberto Castañeda, director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, fue asesinado durante un ataque armado.

En 2022, Guillermo Adolfo Galeana, exdirector de Finanzas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, fue secuestrado y logró escapar.

En 2019, Jesús Reyes Consuelo, titular de OPDAPAS Zinacantepec, también fue víctima de un intento de secuestro.

La Fiscalía de Oaxaca y el Gabinete de Seguridad frustraron un intento de secuestro virtual en la capital del estado, donde un adulto y una menor de edad fueron localizados con vida tras ser víctimas de extorsión telefónica.

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de sujetos fingieron ser integrantes de un grupo criminal para manipular a un hombre y a su prima con amenazas telefónicas, así como con pruebas falsas para exigir 300 mil pesos de rescate.

Sin embargo, la madre de la menor denunció, lo que permitió la intervención de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la localización segura de ambos, sin que hubiera privación física de la libertad ni entrega de dinero.

Modus operandi del secuestro virtual en Oaxaca

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía del Estado, los extorsionadores contactaron a las víctimas mediante una llamada intimidatoria, argumentando que su número de celular estaba relacionado con contenido ilícito en redes sociales. Mostraron imágenes de personas armadas y, tras manipularlos, obtuvieron el acceso a la cuenta de WhatsApp del hombre al solicitarle códigos de verificación.

Posteriormente, los delincuentes pidieron una fotografía personal para simular que ambos estaban secuestrados y con esta imagen buscaron extorsionar a la madre de la menor. Mediante amenazas, obligaron a las víctimas a trasladarse a una plaza comercial, manteniéndolos incomunicados y bajo fuerte presión psicológica, mientras exigían el pago de 300 mil pesos por su supuesta liberación.

Las autoridades determinaron que no hubo privación de la libertad física, sino que se trató de un “secuestro virtual”, modalidad en la que los criminales actúan únicamente por vía telefónica, rompiendo la comunicación entre familiares y forzando el aislamiento de las víctimas.

Intervención de las autoridades y recuperación de las víctimas

Tras la denuncia, se activó el trabajo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, quienes, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y el monitoreo del C5i Oaxaca, desplegaron un operativo.

Las víctimas fueron ubicadas “sanas y salvas” frente al gimnasio de Ciudad Universitaria, evitando que se realizara el pago exigido. Las investigaciones siguen en curso, y la Fiscalía de Oaxaca mantiene su compromiso de identificar y detener a los responsables de estos hechos en la entidad.

Medidas de prevención ante el secuestro virtual

La Fiscalía Estatal exhortó a la ciudadanía a considerar los siguientes pasos frente a casos similares:

1. No perder la calma y cortar la comunicación con los extorsionadores.2. No entregar códigos ni datos sensibles de aplicaciones como WhatsApp a desconocidos.3. Contactar de inmediato a las autoridades ante cualquier sospecha de extorsión.4. No realizar pagos hasta tener certeza de la situación de sus familiares.

El presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, reapareció la noche del martes tras haber sido secuestrado junto con su padre, Juan Vega Arredondo, el pasado 11 de abril.

Ambos fueron hallados con vida tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, con la participación de más de 500 elementos. El rescate ocurrió en el municipio de Zumpahuacán, Estado de México, en los límites con Guerrero.

¿Qué dijo el alcalde tras su liberación?

En un video publicado en su cuenta de Facebook, Vega Carranza agradeció en primer lugar a Dios: “En los momentos más duros uno se aferra a su fe. Y hoy puedo decir con tranquilidad que mi familia y yo estamos con bien”.

El edil expresó su gratitud por el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la actuación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el apoyo del Gobierno del Estado de Guerrero, liderado por Evelyn Salgado Pineda.

El alcalde reconoció a todas las dependencias que participaron en el operativo y extendió su agradecimiento a la ciudadanía: “Gracias también a cada persona de Taxco, a quienes enviaron un mensaje, a quienes preguntaron, a quienes estuvieron pendientes. Ese cariño, esa solidaridad y esa fuerza es lo que nos representa y se siente en el alma y se agradece con el corazón”. También dirigió un reconocimiento a su equipo de trabajo por mantenerse firme y cuidar a la gente durante su ausencia.

Vega Carranza reflexionó sobre la unidad familiar y comunitaria: “Cuando una familia enfrenta una tormenta, lo que la sostiene son sus manos unidas, el valor y el amor por los suyos. Así es Taxco de Alarcón, un pueblo lleno de personas buenas, trabajadoras y con un corazón profundamente humano”.

También reiteró su compromiso como servidor público y aseguró que mantendrá una cercanía constante con la población, fortaleciendo su labor para escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía: “Hoy no solo les hablo como presidente municipal, les hablo como un taxqueño más, con más convicción que nunca de seguir caminando con ustedes, de escuchar, de servir y de trabajar por la tranquilidad, la confianza, la paz y el bienestar de nuestras familias”.

También abordó el sentido de la reconstrucción comunitaria, al señalar que no solo implica obras materiales, sino también sanar, recuperar la confianza y fortalecer el tejido social. En ese contexto, hizo un llamado a la unidad y a mantener la esperanza, al destacar que la comunidad debe avanzar junta para recuperar la tranquilidad.

“Sigamos adelante con unidad, con esperanza y sobre todo con mucho amor por nuestra tierra. Porque en Taxco nadie está solo, porque Taxco merece tranquilidad, porque Taxco merece lo mejor y eso lo vamos a lograr juntos”, finalizó.

Dos secuestros y La Familia Michoacana, ¿qué se sabe del caso?

El secuestro de Juan Vega Arredondo, director del hospital general de Taxco, ocurrió la mañana del sábado 11 de abril. Ese día, no acudió a una reunión programada en el hospital y más tarde fue localizada la camioneta donde viajaba.

Horas después, el alcalde Vega Carranza también fue reportado como desaparecido tras intentar negociar la liberación de su padre. Según autoridades, el edil fue citado en el barrio de Casahuate, punto estratégico de la ciudad, donde fue interceptado por un grupo armado.

Un funcionario municipal presentó una denuncia que activó un protocolo especial de búsqueda, informó Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Gobierno en Guerrero. En el operativo participaron más de 500 elementos del Ejército, la Guardia Nacional, policías estatales y agentes de la Fiscalía, con acciones extendidas a municipios de Guerrero, Morelos y Estado de México. El despliegue incluyó personal en tierra y apoyo aéreo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y helicópteros estatales.

Las labores de inteligencia permitieron que la Secretaría de Seguridad del Estado de México identificara rutas de desplazamiento hacia territorio mexiquense, donde ambos fueron localizados en Zumpahuacan y resguardados por fuerzas estatales. Posteriormente, fueron trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, donde se les realizaron valoraciones médicas y psicológicas.

Las autoridades informaron que existían antecedentes de amenazas en contra del alcalde, con al menos dos mantas en su contra, una este año y otra el anterior, lo que se investiga como parte del contexto del secuestro.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si hay personas detenidas, sin embargo, Omar García Harfuch indicó que las investigaciones apuntan a la participación de La Familia Michoacana en el secuestro.

La desaparición y posterior localización del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, el médico Juan Vega Arredondo, escaló a nivel nacional no solo por el despliegue de seguridad, sino también por la polémica en torno al senador Félix Salgado Macedonio, quien rechazó cualquier vínculo con los hechos.

Félix Salgado niega mediación en caso Taxco y aclara encuentro con el alcalde

El senador de Morena y expresidente municipal de Acapulco de Juárez, Félix Salgado Macedonio, negó de forma categórica haber intervenido para la liberación del alcalde y su padre, luego de que versiones lo señalaran como posible mediador.

El legislador explicó que su visita a Taxco el sábado 11 de abril fue de carácter personal.

Relató que acudió a la catedral y posteriormente entró a un restaurante frente a este recinto, donde coincidió con el alcalde.

De acuerdo con su versión, el encuentro fue completamente casual y se limitó a un saludo.

Afirmó que no hubo conversación sobre la desaparición del padre del edil ni sobre algún tema de seguridad.

Salgado Macedonio sostuvo que no recibió información alguna sobre los hechos y rechazó haber realizado recomendaciones o gestiones.

“No inventen cosas que no son”, expresó, al insistir en que la investigación debe seguir su curso por la vía institucional.

Añadió que la conversación giró en torno a temas ajenos a la crisis, como un evento local relacionado con apoyo a refugios de animales, descartando cualquier vínculo con la situación de violencia.

Desaparición del padre del alcalde desató crisis de seguridad en Taxco

El caso se originó la mañana del sábado, cuando Juan Vega Arredondo, director de un hospital IMSS-Bienestar, fue privado de la libertad por un grupo armado mientras se dirigía a su centro de trabajo.

Horas después, su vehículo fue localizado abandonado en la comunidad de Acamixtla, lo que encendió las alertas entre autoridades y habitantes.

Durante más de 36 horas, el hecho se mantuvo con información limitada, hasta que la Fiscalía General del Estado confirmó oficialmente la desaparición y emitió la ficha de búsqueda correspondiente.

En ese contexto, trascendió que la noche del mismo sábado el alcalde sostuvo un encuentro con el senador Salgado Macedonio, lo que posteriormente generó especulaciones sobre una posible intervención.

Alcalde habría sido secuestrado al intentar negociar liberación de su padre

De acuerdo con versiones de fuentes federales, el alcalde Juan Andrés Vega Carranza habría acudido a negociar la liberación de su padre con presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana.

Sin embargo, en ese encuentro también habría sido privado de la libertad, lo que agravó la situación en el municipio.

Aunque ninguna autoridad confirmó de inmediato este hecho, la circulación de la información generó un ambiente de tensión en Taxco, con presencia visible de fuerzas de seguridad y vigilancia constante.

Operativo federal permitió localizar con vida a las víctimas

El titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que ambas víctimas fueron localizadas con vida tras un operativo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

En el despliegue participaron:

• Elementos del Ejército mexicano 
• Personal de la Marina 
• Guardia Nacional 
• Fiscalía General de la República 
• Autoridades estatales de Guerrero y Estado de México

Fuentes indicaron que más de 500 elementos fueron movilizados, con apoyo aéreo y vigilancia en puntos estratégicos.

Violencia y control criminal, el trasfondo del caso en Taxco

De manera extraoficial, se ha señalado que la privación de la libertad del padre del alcalde estaría relacionada con presiones del crimen organizado, tras recientes operativos contra sus actividades en la región.

En particular, se menciona la presencia de La Familia Michoacana, organización que mantiene influencia en Taxco desde hace varios años.

Este grupo ha sido vinculado con el control de la distribución de productos, así como con prácticas de extorsión, lo que ha generado un entorno de riesgo constante para autoridades y población.

En semanas recientes, se realizaron cateos en bodegas y detenciones de presuntos integrantes, lo que habría incrementado la tensión en la zona.

El caso pone en evidencia la complejidad del contexto de seguridad en Taxco, donde los hechos de violencia continúan impactando la vida pública, mientras las investigaciones siguen en curso para esclarecer responsabilidades y dar con los responsables.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que hasta el momento van 10 personas detenidas por el secuestro de cuatro turistas en Mazatlán, Sinaloa, ocurrido el pasado 3 de febrero.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario informó la reciente detención de tres personas en Culiacán, de los cuales uno está relacionado directamente con la desaparición de los hombres.

El sujeto fue identificado como Iván Norberto “N”, alias “Tito”, quien se dedicaba a la venta y distribución de narcóticos en Mazatlán. El arrestado se suma a una lista de nueve personas más que han sido capturadas por estar relacionados con el secuestro de los turistas originarios del Estado de México.

Harfuch detalló que continúan trabajando para localizar a los cuatro hombres desaparecidos desde hace dos meses.

Así fue su secuestro en la zona turística de Mazatlán

La noche del martes 3 de febrero se reportó al 911 el secuestro de cuatro hombres, una mujer y una niña en la zona turística de Mazatlán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado desplegó un operativo conjunto con elementos de los tres niveles de gobierno para localizar a las seis personas secuestradas.

De acuerdo con reportes, los turistas habían rentado dos vehículos tipo Razer durante su estadía, los cuales fueron localizados abandonados en el área de Cerritos derivado del seguimiento del GPS de las unidades.

Testigos del hecho relataron que un grupo de sujetos armados interceptaron a los visitantes y los obligaron a subir a otros vehículos.

Derivado del despliegue, la mañana del siguiente día se logró la localización y rescate de la mujer y la niña, quienes se encontraban en el poblado El Habal del mismo municipio sinaloense.

Los cuatro hombres que aún faltan por localizar fueron identificados como Óscar García Hernández, Javier Ramírez Sabino, Omar Alexis Ramírez Sabino y Gregorio Ramírez Sabino..

De acuerdo con los datos, tres de los turistas desaparecidos son hermanos: Javier, Gregorio y Omar Alexis Ramírez Sabino, mientras que el cuarto desaparecido es un familiar cercano.

Óscar García Hernández, de 30 años de edad, fue descrito en su ficha de búsqueda como un hombre de complexión delgada, tez morena y de 1.76 metros de altura.

El día de los hechos vestía un short y playera color verde, así como calcetas blancas y largas. Como seña particular tiene en el antebrazo izquierdo la imagen de un león a la mitad y con la descripción “XX2VIMMXVI”.

Javier Ramírez Sabino, de 25 años de edad, es un hombre de tez blanca, complexión robusta y de 1.70 metros de altura. El día de los hechos vestía una casaca color negra con la leyenda “Mazatlán”, short de mezclilla y tenis color blanco.

Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años de edad, es un hombre de complexión robusta y tez morena que vestía una playera de la selección Mexicana color verde, short gris y tenis negros.

Por su parte, Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años de edad, es un hombre de complexión robusta y tez morena clara que vestía camisa corta con granjas en color pastel verde, blanco y melón. También llevaba un short color verde y chanclas de playa de plástico color negro.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron hallados con vida Juan Andrés Vega Carranza y su padre, Juan Vega Arredondo, este último médico de profesión.

Agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) fueron los que ubicaron a los dos hombres. Es relevante destacar que Juan Andrés Vega fue reportado como desaparecido el 13 abril luego de que salió buscar a su padre que no había sido localizado desde días antes.

“Fueron localizados por personal de @SS_Edomex el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quien fue privado de la libertad el pasado 11 de abril”, es parte de lo compartido por el funcionario a través de sus redes sociales.

Asimismo el secretario de Seguridad expuso que continuarán las operaciones para encontrar a los responsables.

La ubicación de las dos personas fue resultado de un operativo en el que participaron elementos del Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), al Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, así como elementos de Guerrero y del Edomex.

Francisco Rodríguez Cisneros, quien se desempeña como subsecretario de Gobierno en Guerrero, fue quien confirmó que el alcalde de Taxco fue reportado como desaparecido. Ante esta situación, fue activado un protocolo de búsqueda que derivó en el hallazgo de los dos hombres.

Hasta el momento no han sido reportadas personas detenidas en los operativos que resultaron en el hallazgo de las dos personas.

Seguirán acciones operativas: Gobernadora de Guerrero

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, publicó un mensaje en su cuenta X en la que destacó que la localización de los dos hombres fue resultado de labores de los tres niveles de gobierno, además, anunció acciones permanentes.

Secretaría de Seguridad mexiquense destaca su labor

“Con un despliegue permanente en la región Norte y acciones operativas en territorio. Se continuará con las investigaciones y las operaciones correspondientes para dar con los responsables”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

De igual manera, la Secretaría de Seguridad del Edomex destacó su trabajo a través de X.

“Esta dependencia dio con el paradero de Juan Andrés Vega Carranza, Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, y su padre, quienes fueron privados de la libertad el pasado 11 de abril”, escribió la dependencia.

Luego de la ubicación de los hombres en territorio mexiquense, ambos se dirigieron a Guerrero para continuar con el proceso por su no localización. Reportes periodísticos de Milenio señalan que las dos personas fueron halladas en el municipio de Zumpahuacan, el cual está ubicado al sur del Edomex, en los límites con Guerrero.

La violencia vinculada a redes de extorsión y secuestro vuelve a situarse en el centro del debate público tras una sentencia dictada en Lima Norte. El caso expone un patrón delictivo que combina seguimiento de la víctima, uso de vehículos de apoyo y presión sistemática sobre familiares mediante material audiovisual. La decisión judicial marca un punto relevante en la respuesta penal frente a este tipo de crimen organizado.

El Ministerio Público informó que el proceso permitió reconstruir la secuencia de los hechos y establecer responsabilidades directas. La investigación fiscal incluyó la participación de distintas especialidades periciales y el análisis de comunicaciones entre los implicados y el entorno de la víctima. La resolución judicial recoge esos elementos y fija la máxima sanción prevista para el delito imputado.

Condena por secuestro extorsivo con resultado de muerte

La Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, a través de su Cuarto Despacho, obtuvo una sentencia de cadena perpetua contra Francar Reaño, de 34 años, y Samir Noureddine, de 28. Ambos fueron hallados responsables del delito de extorsión agravada en la modalidad de secuestro extorsivo en agravio de un empresario de 51 años.

De acuerdo con la tesis fiscal, los sentenciados formaron parte de un grupo que planificó y ejecutó la privación de la libertad de la víctima con fines económicos. La exigencia de pago alcanzó los USD 300 000, suma que los captores reclamaron a cambio de la liberación del empresario. La fiscal provincial Carmen Ynes Gonzales Gonzáles estuvo a cargo de la sustentación durante el juicio oral.

Secuencia del secuestro en Independencia

La investigación determinó que el empresario fue interceptado en la calle Las Prensas, en el distrito de Independencia. Cinco sujetos encapuchados y armados lo redujeron mediante golpes y amenazas. Luego lo trasladaron a una camioneta con rumbo desconocido.

El Ministerio Público señaló que Francar Reaño cumplió funciones de supervisión durante el secuestro. Según lo expuesto en juicio, el sentenciado se encontraba en un vehículo que escoltaba la unidad donde trasladaron a la víctima. Este esquema evidenció una coordinación previa entre los integrantes del grupo.

Tras el secuestro, los captores contactaron al hijo mayor del empresario. La Fiscalía indicó que los delincuentes exigieron el pago bajo amenaza y remitieron contenido audiovisual que mostraba actos de tortura contra la víctima. Ese material buscó forzar una negociación inmediata.

En los días posteriores, otros familiares y trabajadores del empresario también recibieron videos con escenas de agresión. La fiscal sostuvo que ese mecanismo de presión formó parte de una estrategia para acelerar la entrega del dinero. Pese a las comunicaciones y exigencias, el monto solicitado no llegó a concretarse.

El proceso estableció que, ante la falta de pago, los secuestradores asesinaron a la víctima. El cuerpo fue abandonado en la carretera Panamericana Sur, en el distrito de San Borja. La Fiscalía precisó que Samir Noureddine supervisó esta etapa del delito, desde un vehículo que escoltó el traslado del cadáver.

Este elemento permitió diferenciar roles dentro de la organización y reforzó la imputación contra los sentenciados. La reconstrucción de los desplazamientos resultó clave para ubicar a cada implicado en momentos específicos del hecho.

Pruebas presentadas en el juicio oral

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Durante el juicio, la Fiscalía presentó diversos medios probatorios. Entre ellos figuraron la denuncia policial, informes de inteligencia, el protocolo de necropsia y las declaraciones de los familiares. También se incluyó la visualización de los teléfonos celulares vinculados al caso.

A ello se sumaron registros de cámaras de seguridad y pericias de ingeniería forense, biología y balística. El análisis del recorrido GPS de los vehículos y las copias de contratos de alquiler de los autos utilizados como escolta completaron el conjunto probatorio.

La representante del Ministerio Público también obtuvo la detención preliminar de los implicados, quienes fueron capturados en el distrito de Lurín. Ese paso permitió asegurar su presencia en el proceso y avanzar con la formalización de cargos.

Tras la sentencia, el Ministerio Público reafirmó su política de persecución penal frente a delitos que afectan la vida y la seguridad de las personas. La institución destacó la articulación entre fiscalía y peritos especializados para sostener la acusación.

La fiscal Carmen Ynes Gonzales Gonzáles señaló durante el proceso que los elementos reunidos permitieron demostrar la responsabilidad penal de los acusados en cada etapa del delito. La resolución judicial recogió esa argumentación y estableció la cadena perpetua como sanción.

Juan Andrés Vega Carranza, alcalde Taxco de Alarcón en Guerrero, fue reportado como desaparecido la mañana de este lunes luego de que presuntamente saliera en un dispositivo de búsqueda para localizar a su padre secuestrado.

De acuerdo con reportes de medios locales, el funcionario se encontraría en calidad de no localizado al menos desde la noche de este domingo. Algunas versiones extraoficiales señalan que también habría sido privado de la libertad durante su operativo de búsqueda.

Por su parte, Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Gobierno Estatal, confirmó que el alcalde de Taxco fue reportado como desaparecido, lo que provocó que de inmediato se activara el protocolo homologado de búsqueda.

Además, detalló que se integrará a la carpeta de investigación correspondiente para que sea la Fiscalía del Estado la responsable de dar a conocer los avances de la investigación.

Con el objetivo de ampliar la cobertura operativa y agilizar la búsqueda, personal de seguridad se mantiene desplegado en toda la región Norte del estado.

Pese a los hechos, en las redes sociales del alcalde han continuado las publicaciones relacionadas con el municipio. La última fue realizada alrededor de las 13:00 horas de este lunes, en la que aparece Juan Andrés Vega junto a pobladores de dos comunidades.

Padre del funcionario fue secuestrado hace dos días

Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” y padre del alcalde de Taxco de Alarcón, fue secuestrado la mañana del sábado cuando circulaba a bordo de su automóvil.

De acuerdo con reportes, el también funcionario circulaba sobre la carretera Taxco-Cuernavaca, a la altura de la comunidad Los Pocitos, cuando fue interceptado por un grupo de sujetos armados que lo trasladaron con rumbo desconocido.

El director del hospital tendría una reunión a las 11:00 horas a la que no llegó, por lo que sus familiares comenzaron con su búsqueda. En tanto, el vehículo de Vega Arredondo fue localizado al mediodía de este domingo en las inmediaciones de la comunidad Acamixtla.

La Fiscalía del Estado informó la noche de este domingo el inicio de una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Juan Vega Arredondo, quien fue visto por última vez en el mismo municipio dirigido por su hijo.

Implementan operativos en tres municipios para localizar al padre del funcionario

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó este lunes que mantienen un despliegue operativo para localizar al padre del alcalde de Taxco, en el que participan elementos de la Fiscalía del Estado, Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar).

Las acciones se activaron desde este domingo en los municipios de Taxco de Alarcón, Tetipac y Pilcaya, los cuales integran recorridos y acciones coordinadas en campo para su pronta localización. Asimismo, se llevan a cabo con el apoyo de helicópteros para facilitar su ubicación.

Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Gobierno Estatal, informó que tras el reporte de la no localización del director se activaron los protocolos institucionales de búsqueda para dar con su paradero.

Cabe señalar que el mismo día de la desaparición de su padre, Juan Andrés Vega Carranza se reunió con Félix Salgado Macedonio, senador y padre de la gobernadora Evelyn Salgado.

El alcalde compartió en sus redes sociales que ambos dialogaron sobre las acciones en favor de la población.

Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” y padre del alcalde de Taxco de Alarcón en Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, fue secuestrado cuando se encontraba abordo de su vehículo.

De acuerdo con reportes, fue la mañana del sábado cuando un grupo de sujetos armados lo interceptaron en la carretera Taxco-Cuernavaca, a la altura de la comunidad Los Pocitos, mientras circulaba a bordo de su automóvil marca Volkswagen color blanco.

El director del hospital tendría una reunión a las 11:00 horas a la que no llegó, por lo que sus familiares comenzaron una búsqueda. De acuerdo con Proceso, el vehículo de Vega Arredondo fue localizado al mediodía de este domingo en las inmediaciones de la comunidad Acamixtla.

Autoridades iniciaron una carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Juan Vega Arredondo, quien fue visto por última vez en el municipio de Taxco de Alarcón el pasado sábado.

“Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, esta Fiscalía activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda, implementando acciones de gabinete y campo para dar con su paradero, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que de manera inmediata se activaron los protocolos institucionales de búsqueda luego de que se reportó la no localización del padre del alcalde municipal.

Además, indicó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas puso en marcha el protocolo homologado de búsqueda, por lo que desplegó acciones operativas y de campo en coordinación con diversas corporaciones para fortalecer las labores de localización de Vega Arredondo.

En las acciones participan autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes privilegian el intercambio de información y la atención inmediata del caso.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Juan Vega Arredondo tiene 68 años de edad, mide 1.65 metros de altura y es de tez moreno claro. Como señas particulares tiene un lunar en la barbilla del lado izquierdo y una cicatriz de una cirugía en la región del abdomen.

Alcalde de Taxco se reunió con el padre de la gobernadora

Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco, sostuvo una reunión con Félix Salgado Macedonio, senador y padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, la noche del sábado, el mismo día en el que su padre fue visto por última vez.

El alcalde compartió en sus redes sociales que recibió al senador en Taxco, donde dialogaron sobre las acciones a realizar en favor de la población.

“Cerrar el sábado entre amigos, con un cafecito de por medio y una plática amena, también es una forma de seguir construyendo acuerdos por nuestra tierra (…) Un encuentro de cercanía, respeto y coincidencias por el bien de nuestra gente”, detalló.

Hasta el momento las autoridades se mantienen en la búsqueda de Juan Vega Arredondo, padre del funcionario municipal.

Las autoridades de Sonora informaron la detención de Loreto “N”, un hombre apodado Tito y quien es identificado como objetivo prioritario para las autoridades de Baja California, a dicho hombre le fue cumplimentada la orden de aprehensión en su contra mientras estaba en un hospital.

El arresto de Loreto “N” fue informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) el 12 de abril.

Dicho sujeto estaba en instalaciones hospitalarias de San Luis Río Colorado debido a que fue lesionado en un hecho violento. que resultó en que tuviera que ser atendido.

“El detenido es señalado como probable responsable del delito de secuestro agravado con resultado de muerte en perjuicio de tres víctimas”, es parte del reporte de las autoridades de Sonora.

A través de redes sociales, la Fiscalía de Sonora compartió una imagen en la que puede verse al sujeto de interés en la cama del hospital, mientras es custodiado por efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Cuando los agentes de seguridad acudieron al hospital pudieron comprobar que el sujeto contaba con un mandamiento judicial en su contra, lo que derivó en la coordinación con autoridades de Baja California.

Es por lo anterior que Tito quedó bajo custodia de agentes policiales y militares, mientras es determinado su traslado en cuanto su estado de salud lo permita, según refiere el reporte oficial de la Fiscalía de Sonora, institución que reiteró su compromiso de colaborar con otras agencias.

Mientras que, en acciones más recientes, fue vinculado a proceso Francisco Manuel “N”, alias Menny y Omar “N”, ambos señalados como posibles responsables de delitos de alto impacto en Ímuris.

Menny es identificado como objetivo prioritario y quien trabajaba para El Ponchis, este último señalado como líder de Los Salazar.

Detenido objetivo prioritario en Sonora

Mientras que el 2 de febrero pasado fue informado el arresto de César Daniel “N”, un hombre conocido como El Peye y quien contaba con 10 órdenes de captura por delitos de alto impacto.

En dicha ocasión, las autoridades indicaron que el sujeto capturado sería un líder delictivo que estaría relacionado con el asesinato de un policía municipal en Hermosillo.

“El detenido es señalado como presunto integrante con funciones de liderazgo dentro de una célula delictiva generadora de violencia, relacionada con diversos hechos registrados en distintos municipios de la entidad”, es parte de lo compartido por la Fiscalía de Sonora en sus canales oficiales.

Las autoridades destacaron que el arresto de dicho sujeto fue realizado en Ciudad Obregón por elementos de la AMIC y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

La Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó sobre la expansión de un esquema de extorsión telefónica conocido como “llamada cruzada”, una modalidad que simula secuestros sin que exista una privación real de la libertad.

Las autoridades capitalinas señalaron que este tipo de fraude comenzó a identificarse desde 2025 y su ejecución se basa en una serie de engaños coordinados que involucran tanto a la víctima directa como a sus familiares.

El primer contacto ocurre mediante una llamada en la que los responsables adoptan distintas identidades, como supuestos funcionarios o, incluso, personas vinculadas a grupos del crimen organizado. A partir de ese acercamiento, logran que la persona salga de su domicilio e interrumpa la comunicación con su entorno.

Una vez que la víctima queda incomunicada, los extorsionadores establecen contacto con sus familiares y les informan que ha sido privada de la libertad. En ese momento, exigen dinero bajo la premisa de un rescate.

La imposibilidad de localizar a la persona refuerza la credibilidad del engaño. Las autoridades han indicado que este tipo de fraude se apoya en la presión emocional, ya que el miedo y la urgencia dificultan que los familiares verifiquen la información antes de actuar.

Niños y adolescentes, los más vulnerables

En algunos casos, los delincuentes dirigen sus intentos hacia menores de edad, a quienes persuaden para salir de casa mediante engaños o promesas. Esta ausencia temporal permite construir una historia de desaparición que resulta convincente para sus familiares.

Un caso reciente, documentado en el Estado de México, evidenció este mecanismo. Un niño de 10 años fue convencido por teléfono de abandonar su hogar con el argumento de reencontrarse con su madre. Mientras el menor se trasladaba a otro punto, su padre recibió llamadas en las que le exigían dinero a cambio de su supuesta liberación.

Horas después, el menor fue localizado en una gasolinera y resguardado por elementos de seguridad, lo que permitió descartar el secuestro y confirmar el intento de extorsión.

Ante este panorama, autoridades recomendaron verificar la identidad de quien realiza llamadas, evitar compartir información personal y mantener comunicación constante con familiares. También sugirieron establecer mecanismos de verificación internos, como palabras clave, que permitan confirmar situaciones reales.

La Policía Cibernética indicó que este tipo de delitos se apoya en la información disponible y en la rapidez con la que se desarrollan los contactos, por lo que insistió en la importancia de reducir la exposición de datos personales y reportar números sospechosos.

Golpes recientes a la extorsión telefónica

En este contexto, autoridades federales y estatales llevaron a cabo la Operación Desconexión en el Estado de México durante un periodo de 46 días, con el objetivo de intervenir redes dedicadas a la extorsión en su modalidad indirecta.

De acuerdo con información oficial, el operativo derivó en la detención de 102 personas y el aseguramiento de 67 centros telefónicos presuntamente utilizados para este tipo de actividades. Además, se identificaron cinco puntos vinculados con préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.

De acuerdo con las autoridades, las acciones incluyeron la ejecución de 86 operativos, así como el aseguramiento de 192 inmuebles, 206 establecimientos considerados giros negros y 14 puntos relacionados con la venta de estupefacientes.

Como parte de los trabajos, se revisaron mil 084 denuncias por extorsión registradas entre julio de 2025 y marzo de 2026. De ese total, el 62 por ciento correspondió a casos de extorsión indirecta, realizados mediante llamadas telefónicas, mensajes o plataformas digitales.

En cuanto a los detenidos, el reporte indica que 25 son mexicanos y 77 extranjeros, mientras que 60 fueron vinculados a proceso con prisión preventiva justificada.

El despliegue fue encabezado por el gobierno del Estado de México, en coordinación con autoridades federales y locales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía estatal.

Una mujer de Michigan fue arrestada por las autoridades bajo acusaciones de abuso agravado y privación ilegítima de la libertad, después de que su cuñada, una mujer discapacitada de 58 años, escapara de un encierro en el sótano que, según la policía, se extendió durante dos años y puso en riesgo su vida.

El Departamento de Policía de Saginaw, estado de Michigan, liderado por Jeff Doud, informó a la cadena estadounidense FOX News que la víctima fue hallada en estado de desnutrición tan avanzado que, según el personal sanitario, la hospitalización inmediata fue indispensable para evitar su fallecimiento.

La investigación determinó que Tasha Beamon, de 48 años, mantenía a la mujer en un viejo colchón, en un sótano cerrado con candado y sin suficiente acceso a comida ni agua. Además, los agentes hallaron en el lugar un cubo de 19 litros lleno de orina. Doud señaló: “No la alimentaban con regularidad” y que la víctima “no tenía acceso al agua”.

De acuerdo con el relato de la mujer, desde marzo de 2024, Beamon colocó un radio con alto volumen, funcionando de manera continua en el sótano. El cautiverio finalizó el 15 de marzo, cuando logró forzar una puerta tras percatarse de que la vivienda estaba vacía, escapó y pidió ayuda ingresando a la vivienda de un vecino.

El hombre, que la encontró en extremo estado de debilidad, declaró a la filial local ABC 12 que la mujer le pareció considerablemente mayor y peligrosamente delgada: “Pensé que tenía unos 78 años. Era alta, pura piel y huesos”.

El traslado inmediato al hospital fue indispensable; el personal médico indicó a la policía, según FOX News, que “si se la hubiera dado de alta, habría muerto”.

En su declaración, Tasha Beamon reconoció ante la policía haber mantenido a su cuñada en el sótano impidiéndole salir. Conforme a la investigación del Departamento de Policía de Saginaw, existe la sospecha de que el motivo del encierro era apoderarse de los pagos por discapacidad de la víctima, práctica considerada un agravante judicial cuando involucra adultos vulnerables.

Además, la acusada realizó cerca de 40 llamadas al hospital donde la mujer fue internada tras la fuga, según señaló Doud a la cadena estadounidense FOX News.

El hallazgo de una radio encendida, un colchón en el suelo, el candado externo y el cubo de 19 litros de orina fue confirmado por los agentes al inspeccionar la vivienda. Beamon fue arrestada el 2 de abril, y la fiscalía del condado de Saginaw solicitó una fianza (garantía judicial) de USD 100.000 al considerar el riesgo que representaba para la comunidad. Su primera comparecencia judicial será en una audiencia preliminar programada para el 20 de abril.

La privación de libertad con fines económicos y su impacto judicial

La investigación de la cadena estadounidense FOX News indica que los agentes sospechan que el móvil del encierro fue apoderarse de los ingresos por discapacidad de la mujer. En Michigan, la ley contempla este agravante como relevante en delitos similares cuando la víctima es un adulto vulnerable.

Condiciones de encierro y testimonios vecinales

El caso se hizo público cuando la víctima logró romper una ventana de una casa vecina y pidió auxilio, llevando una barra metálica, según narró quien le abrió la puerta. El mismo vecino relató a la cadena estadounidense FOX News y a la filial local ABC 12 la fuerza que demostró la víctima, a pesar de su debilitamiento extremo, y subrayó que en su primer pedido solicitó llamar a la policía.

Los hallazgos de la policía de Saginaw incluyeron una puerta del sótano cerrada con llave desde el exterior, un colchón en el suelo, un radio a alto volumen y un cubo de 19 litros de orina, elementos que confirman las condiciones de cautiverio descritas por la mujer.

Las autoridades reportaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de una presunta pareja de jóvenes que había sido reportada como desaparecida desde marzo en el departamento de Arauca. El caso es objeto de investigación y una de las hipótesis principales apunta a un presunto secuestro ocurrido semanas antes del hallazgo.

El descubrimiento se produjo hacia las 12:30 del mediodía del viernes 10 de abril de 2026, en la vía que conecta los municipios de Tame y Fortul, a pocos kilómetros del casco urbano de Tame. Este corredor es una ruta frecuentada por habitantes de la región y ha sido escenario de otros hechos de orden público en el pasado.

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De acuerdo con la información preliminar brindada por Blu Radio, los cuerpos fueron localizados en sectores diferentes de la misma carretera, lo que hace parte de los elementos que están siendo analizados por los investigadores.

Uno de los cadáveres fue encontrado en el sector conocido como Chontaduro, en la intersección que conduce hacia Puerto Rondón. El segundo fue ubicado varios kilómetros más adelante, en inmediaciones del sector de Crispulandia.

Equipos de policía judicial realizaron la inspección técnica en ambos puntos, recolectando evidencias que serán clave para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Las autoridades también adelantaron labores de verificación en la zona para establecer posibles rutas de desplazamiento y ubicar testigos.

Víctimas habrían sido retenidas el 11 de marzo

Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la identidad de las víctimas, versiones preliminares expuestas por el medio ya mencionado, indican que se trataría de Yulissa Andrea Rojas Navarro, de 28 años, quien trabajaba como manicurista, y su pareja Jonathan José Rosales Briceño.

Según la información conocida, ambos habrían sido retenidos el pasado 11 de marzo, cuando se movilizaban en motocicleta desde la ciudad de Arauca hacia la región del Sarare, un trayecto que realizaban con frecuencia.

Desde esa fecha, no se volvió a tener información sobre su paradero, lo que llevó a familiares y allegados a reportar su desaparición y solicitar apoyo de las autoridades para su búsqueda.

Hipótesis en evaluación por parte de las autoridades

Las autoridades han señalado que una de las principales líneas de investigación contempla la posible participación de grupos armados ilegales con presencia en el piedemonte araucano, aunque por ahora no hay atribuciones oficiales.

Contexto reciente de secuestros en el país

En medio de este panorama, se han registrado otros casos recientes relacionados con secuestro en distintas regiones. En el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, dos hombres que habían sido retenidos ilegalmente recuperaron su libertad en las últimas horas.

Se trata de Eimer Durán Real, de 22 años, y Diosemir Torrado Real, de 34, quienes habían sido secuestrados el pasado 29 de marzo en zona rural del sector conocido como Barrio Largo.

La liberación se llevó a cabo mediante una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica, entidades que acompañaron el proceso para garantizar condiciones de seguridad en el retorno.

A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo indicó que “las personas civiles deben permanecer por fuera del conflicto, en respeto al derecho internacional humanitario. La libertad siempre debe prevalecer”, reiterando su llamado a los actores armados a respetar la integridad de la población.

Hechos recientes de orden público en Norte de Santander

De manera paralela, el departamento de Norte de Santander ha registrado recientes hechos de violencia contra la fuerza pública, lo que ha incrementado la preocupación de las autoridades.

Uno de los casos ocurrió en Cúcuta, donde un atentado con explosivos dejó un policía herido y obligó a la convocatoria de un consejo de seguridad para evaluar la situación.

Horas después, se registró un segundo ataque en el municipio de Ragonvalia, en el que una patrulla de la Policía fue blanco de una acción armada. En total, estos hechos dejaron al menos cuatro uniformados lesionados.

Un hombre de 43 años ha sido imputado en Francia tras descubrirse que mantuvo a su hijo de nueve años secuestrado durante más de un año en una furgoneta, según información de la AFP. El hallazgo, realizado por la gendarmería el lunes en la localidad de Hagenbach, al noreste del país, se produjo tras el aviso de una vecina que escuchó “ruidos de niño” procedentes del vehículo, estacionado en un patio compartido por varias viviendas.

Al llegar al lugar, los agentes desbloquearon la puerta de la furgoneta y encontraron al menos tumbado en posición fetal, desnudo y cubierto con una manta, echado sobre un montón de basura y junto a excrementos. El fiscal de Mulhouse, Nicolas Heitz, informó en un comunicado que el niño, visiblemente "pálido y manifiestamente desnutrido“, no podía caminar debido a la prolongada inmovilidad en posición sentada. El menor fue trasladado de inmediato al hospital de Mulhouse para recibir atención médica.

“Desapareció de un día para otro” y pasó un año encerrado en la furgoneta

El relato del niño ante los investigadores permitió reconstruir parte de su historia reciente. Según contó, la pareja de su padre había manifestado en varias ocasiones que ya no le quería en el apartamento, llegando a expresar un deseo de que el menor fuese internado en un hospital psiquiátrico. Su padre optó por mantenerle encerrado en la furgoneta “para no internarlo”, según la declaración del niño. En el interior del vehículo, el menor disponía únicamente de un hatillo con ropa, y debía utilizar botellas de plástico para orinar y bolsas de basura para el resto de sus necesidades. Según su testimonio, la última vez que se había duchado fue a finales de 2024.

El niño había asistido a la escuela en Mulhouse hasta el curso 2023-2024, momento en que el expediente escolar fue archivado después de que la familia comunicara que sería escolarizado por otros medios. Personas del vecindario y testigos entrevistados por los investigadores señalaron que el menor “desapareció de un día para otro”.

La pareja del padre, de 37 años, residía en el mismo domicilio junto a dos niñas de 10 y 12 años, una hija de él y otra de ella. Ambos adultos han sido imputados: el padre por secuestro y privación de cuidados desde noviembre de 2024 y la mujer por no denunciar malos tratos, privación o agresión sexual. Según el fiscal, el padre reconoció haber mantenido al hijo encerrado; y que permitió al niño salir en mayo de 2025 para que accediera al apartamento durante las vacaciones del resto de la familia, cuando no había nadie más en el domicilio.

Respecto a la implicación de la pareja, el padre sostiene que ella sospechaba que algo ocurría, aunque no estaba al tanto de que el niño permanecía encerrado en el vehículo. La mujer, por su parte, negó todas las acusaciones ante las autoridades. El fiscal de Mulhouse aclaró que ningún informe médico ha detectado problemas psiquiátricos en el menor.

Las autoridades han asumido la custodia provisional de los tres menores implicados, mientras sigue abierta la investigación para esclarecer todos los hechos y determinar responsabilidades. El acusado permanece en prisión preventiva mientras avanzan las diligencias.

El operativo de captura se llevó a cabo en distintos sectores y culminó con la aprehensión de Selvin Omar Martínez (inicialmente reportado como Bingomar Martínez), César David López y Alex Josué Sánchez Suazo, señalados como presuntos implicados en el rapto del menor.

Según la información preliminar publicada por La Tribuna, Martínez sería el supuesto líder del grupo que orquestó el secuestro. Las detenciones se efectuaron luego de una serie de operativos ejecutados en la ciudad de Siguatepeque, tras el traslado del menor desde Taulabé por parte de sus captores. Al ser presentados ante las autoridades, los detenidos negaron su participación en el delito.

Selvin Omar Martínez dijo ante los medios de comunicación que él no está vinculado con este hecho. “Yo no tengo nada que ver, no sé por qué me involucran. No conozco a los familiares del niño”, declaró. Otro de los implicados manifestó que su detención se debió a que se encontraba cerca del lugar, mientras que el tercero aseguró desconocer completamente lo ocurrido. Pese a estas afirmaciones, las investigaciones policiales continúan para esclarecer los hechos y definir el grado de participación de los capturados.

El secuestro de Patrick Sammir Girón Chávez, ocurrido en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua, generó alarma a nivel nacional. De acuerdo con los informes de medios locales, los secuestradores exigían cinco millones de lempiras (188,260 dólares) a cambio de la liberación del niño, lo que provocó la difusión masiva de videos del momento previo al rapto y un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con la búsqueda. La presión social y el trabajo coordinado de los cuerpos de seguridad permitieron dar con el paradero del menor la noche del 8 de abril, logrando su rescate sano y salvo.

El momento del reencuentro entre Patrick y su familia se convirtió en símbolo de alivio y esperanza para la comunidad. El conmovedor episodio quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales. Las imágenes muestran al niño siendo recibido entre abrazos, lágrimas y muestras de profunda alegría por parte de sus seres queridos y vecinos. Algunos de los presentes, visiblemente emocionados, elevaron oraciones y entonaron cantos de agradecimiento, celebrando que el menor regresara con vida tras las horas de angustia vividas por el secuestro.

Las autoridades policiales continúan con las diligencias para esclarecer los hechos, recabar pruebas y determinar la responsabilidad de cada uno de los detenidos en el caso. El proceso de investigación avanza en la DPI, donde los sospechosos permanecen bajo custodia mientras se amplía la recolección de testimonios, análisis de videos y demás elementos que permitan robustecer el expediente judicial.

El caso de Patrick Sammir Girón Chávez ha puesto en evidencia la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad y la solidaridad de la comunidad, que se volcó en apoyo a la familia del menor. La intervención rápida y coordinada de las autoridades fue clave para evitar un desenlace fatal y devolver la tranquilidad a la población.

Hoy, la historia de Patrick se transforma en ejemplo de resiliencia y en un llamado a fortalecer la vigilancia ciudadana y la labor policial en la lucha contra el secuestro y la violencia. La familia del menor, rodeada de muestras de apoyo, agradeció públicamente la intervención de los cuerpos policiales y el respaldo de la sociedad, marcando así el inicio de una nueva etapa tras el dramático episodio.

Patrick Sammir se dirigía ayer por la mañana hacia la escuela Modesto Rodas Alvarado, en el municipio de Taulabé, cuando desapareció, según videos que circularon de manera viral en las redes sociales. Medios hondureños como la Tribuna siguieron de cerca el caso y publicaron audiovisuales donde se aprecia el momento preciso en el que se llevan al menor. Patrick aparece caminando junto a una niña en una calle de poco tránsito. En las imágenes, él se despide, continúa solo su camino y cruza hacia otra vía, donde finalmente se pierde de vista. Minutos después, la alarma se activó en la comunidad.

“Se llevan a Patrick”, grita una niña que observa el instante en el cual los secuestradores raptan al pequeño. Ahí comienza la angustia. Familiares, amigos y vecinos comenzaron a movilizarse y a difundir la alerta, lo que generó un ambiente de zozobra en Taulabé y se extendió en todo el país.

La familia de Patrick, desesperada por su paradero, recibió un video como prueba de vida. En el mensaje, los captores exigían un rescate de cinco millones de lempiras (188,260 dólares) a cambio de la liberación del menor. Este hecho activó de inmediato los protocolos de respuesta de la Policía Nacional, que desplegó equipos de inteligencia y búsqueda en diferentes sectores del municipio.

El operativo de rescate y la captura de los sospechosos

De acuerdo con la información de la Policía Nacional, el rescate de Patrick fue resultado de un operativo especial ejecutado en diversos puntos de Taulabé. Tras labores intensas de búsqueda, los cuerpos de seguridad lograron ubicar al niño y rescatarlo en condiciones estables de salud. Al mismo tiempo, las autoridades capturaron a tres hombres identificados como los presuntos responsables del secuestro: Bingomar Martínez, señalado como líder del grupo, César David López y Alex José Sánchez Suazo. Los detenidos permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Los secuestradores mantenían al niño en el sector de la colonia Los Ángeles, de Siguatepeque, en buen estado de salud. Las primeras indagaciones revelan que los sospechosos utilizaron diferentes vehículos para llevar a cabo el secuestro. Testigos mencionan que se movilizaban en una camioneta Honda, vista en la zona de Montañuelas, y posiblemente en un vehículo Ford Escape azul, aunque este último dato aún no ha sido confirmado por las autoridades. Los videos de cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir los movimientos previos al rapto y orientar los operativos.

La difusión de los videos y la coordinación entre vecinos aceleraron las labores de búsqueda. La Policía Nacional instó a utilizar la línea 911 para canalizar cualquier dato relevante.

La presión social y la respuesta rápida de los cuerpos de seguridad permitieron que el caso se resolviera en cuestión de horas. Según las fuentes consultadas por medios hondureños, la Policía Nacional desplegó unidades especializadas en secuestros y reforzó la presencia en puntos estratégicos del municipio. El operativo se mantuvo en sigilo para evitar poner en riesgo la integridad del menor, quien aparece en los brazos de un oficial que ingresó a la vivienda para rescatarlo.

Posteriormente, fue entregado a sus padres, quienes los reciben con abrazos y lágrimas. El niño, visiblemente afectado, llora en los brazos de su madre, quien sintió la zozobra y largas horas de agonía tras el reporte del secuestro.

Repercusiones y contexto del caso

El rescate de Patrick Sammir Girón Chávez no solo devuelve la tranquilidad a su familia, sino que también pone de relieve el desafío que enfrenta Honduras en materia de seguridad infantil y la amenaza persistente de los secuestros.

El caso se suma a una serie de incidentes similares registrados en los últimos años, lo que ha motivado a las autoridades a reforzar los protocolos de respuesta y a la sociedad civil a mantenerse alerta.

Hasta el momento, los tres sospechosos permanecen bajo investigación y se espera que en las próximas horas se presenten los resultados de las audiencias judiciales.

La familia de Patrick agradeció el apoyo de la comunidad y el trabajo de los cuerpos de seguridad, mientras que las autoridades reiteraron su compromiso de combatir este tipo de delitos y garantizar la protección de los niños en todo el país.

La historia de Patrick Sammir Girón Chávez es un recordatorio del valor de la solidaridad ciudadana y la importancia de la acción coordinada entre instituciones y sociedad para enfrentar las amenazas que afectan a la niñez hondureña.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplió una orden de aprehensión contra Juan “N”, policía municipal de Ecatepec, por su probable participación en el delito de secuestro.

La investigación señala que el pasado 6 de noviembre de 2025, las víctimas circulan en su automóvil por la colonia Valle de Anáhuac cuando una patrulla de la policía municipal les cierra el paso y tres uniformados los obligan a descender de su vehículo.

Ambas personas son subidas a la patrulla oficial y trasladadas por diferentes calles de la zona. Uno de los elementos les exige 60 mil pesos para dejarlos en libertad. Las víctimas, temiendo por su integridad, solicitan apoyo a un familiar para que realice un depósito bancario y entregue el resto del dinero en efectivo en un punto acordado.

Al llegar al sitio pactado, el familiar contacta a dos hombres identificados como Brayan Avelino “N” y Tomás “N”, también policías municipales de Ecatepec. Ambos viajan en un auto con cromática de taxi y son detenidos en ese momento por agentes alertados de los hechos. Juan “N” logra escapar del lugar, pero la Fiscalía continúa con las investigaciones para acreditar su posible responsabilidad.

Juez vincula a proceso a dos policías por secuestro de ciudadanos

El pasado 14 de noviembre de 2025, un juez con sede en Ecatepec dictó vinculación a proceso en contra de Brayan Avelino “N” y Tomás “N” por el delito de secuestro. La autoridad determinó que ambos debieron enfrentar proceso penal tras su presunta intervención en el caso. Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo resguardo a los dos ex policías.

Con los avances de la investigación, la Fiscalía General de Justicia mexiquense obtiene y ejecuta la orden de aprehensión contra Juan “N”, quien es ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. El órgano jurisdiccional determinará su situación jurídica en los próximos días. Cabe precisar que, conforme a la ley, el imputado debe ser considerado inocente mientras no exista sentencia condenatoria.

Investigación señala abuso de autoridad y extorsión

De acuerdo con la carpeta de investigación, la detención de las víctimas ocurre sin justificación aparente. Los tres policías municipales utilizan una patrulla oficial para privar de la libertad a los ciudadanos y posteriormente exigirles dinero a cambio de su liberación. Parte del pago se realiza a través de un depósito bancario solicitado a un familiar, mientras que el resto se entrega en efectivo.

Las autoridades confirman que la intervención oportuna de los cuerpos policiales permite la detención de dos de los presuntos responsables y evita que el delito se consume en su totalidad. El tercer implicado, identificado como Juan “N”, logra huir, pero es ubicado y detenido después, gracias a la labor ministerial.

La Fiscalía reiteró que la investigación sigue abierta y no descarta nuevas diligencias para esclarecer completamente los hechos y deslindar responsabilidades. El caso se encuentra bajo seguimiento judicial y los imputados permanecen en prisión preventiva.

Un policía del municipio de Ecatepec, Estado de México, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro en contra de dos personas. Se trata del tercer elemento de seguridad capturado en el caso.

El 8 de julio la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la detención de Juan “N”, identificado como elemento policiaco. Los hechos por los que fue capturado fueron registrados el 6 de noviembre del año pasado.

Las víctimas viajaban en un automóvil por la colonia Valle de Anáhuac, lugar donde una patrulla de la Policía Municipal de Ecatepec les cerró el paso, por lo que frenaron el auto.

De la unidad oficial bajaron tres elementos de la policía y, sin razón alguna, obligan a las personas a bajar de la unidad para subirlas a la patrulla.

Uniformado les pidió 60 mil pesos para dejarlos libres

“Ya a bordo de la unidad oficial, comienzan a circular por varias calles de la zona momento en que uno de los policías municipales les dice que tienen que entregarles la cantidad de 60 mil pesos para dejarlos en libertad”, es parte de lo informado por la Fiscalía del Edomex.

Resultado de lo anterior y con el temor de sr agredidas, las víctimas pidieron a un familiar que hiciera un depósito a una cuenta de banco, con lo que cubrirían parte de la cifra exigida, mientras que la otra fracción sería entregada en efectivo en un lugar acordado.

Cuando las personas llegaron al sitio el familiar de las víctimas contacto con otras dos personas, estos últimos identificados como Brayan Avelino “N” y Tomás “N” y quienes viajaban en un taxi.

Los uniformados que viajaban en el taxi fueron capturados por elementos de seguridad que fueron alertados sobre la situación, sin embargo, en ese momento Juan “N” logró escapar.

Con las averiguaciones, la Fiscalía mexiquense acreditó la posible participación del hombre que logró huir, por lo que obtuvo una orden de captura en contra de Juan “N”, este último capturado por agentes de la FGJEM.

Tras la captura, el policía de Ecatepec fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, además de que que fue puesto a disposición del Órgano Jurisdiccional para que sea determinada su situación jurídica.

Detenido “Mando” en Edomex

Por su parte, el pasado 3 de abril fue informada la detención de Luis Gerardo “N”, un sujeto conocido con el alias Mando y quien se desempeñaba como policía municipal en Toluca.

Dicho hombre fue capturado por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. El informes señala que el sujeto estaría ligado con una estructura criminal dedicada al robo a casa habitación en Toluca y Metepec.

Un adolescente de 16 años originario de Arandas, en Jalisco, fue rescatado este lunes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque tras escapar de un grupo armado que lo secuestró en Nayarit. El joven había sido contactado a través de una aparente oferta laboral, según la versión proporcionada a las autoridades tras su rescate. El caso revela la manera en que grupos criminales utilizan falsas promesas de empleo para capturar a menores y plantea nuevas interrogantes sobre la trata de personas en la región.

El adolescente permaneció varios días en cautiverio en zona rural de Nayarit

La policía de Tlaquepaque atendió el llamado del personal de la central camionera ubicada en Periférico Sur y Avenida Colón, donde el menor pidió ayuda alrededor de las 20:00 horas del lunes. Las autoridades informaron que el joven declaró haber sido citado en una tienda de conveniencia el domingo anterior con la supuesta intención de iniciar un empleo en una abarrotera. Al presentarse al lugar, varios sujetos armados lo interceptaron, lo subieron a la fuerza a una camioneta y lo trasladaron fuera del estado.

El secuestro ocurrió en la zona de Arandas. El adolescente refirió ante policías municipales que los sujetos lo llevaron hasta una ranchería en el municipio de Ixtlán del Río, en Nayarit. Permaneció retenido en ese sitio rural mientras los agresores decidían los siguientes pasos. Aunque no se aportaron detalles sobre las condiciones del cautiverio, el joven logró escapar por sus propios medios y caminó hasta la cabecera municipal de Ixtlán del Río.

Tras escapar, pidió apoyo en Tlaquepaque. Le brindaron atención médica y protección

En la cabecera municipal, una persona le ayudó a pedir un vehículo por plataforma, lo que permitió que el adolescente se dirigiera hacia su estado natal. Su ruta terminó en la central camionera de Periférico Sur y Avenida Colón, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde solicitó auxilio al personal que labora en el sitio.

Los trabajadores dieron aviso inmediato al 911. La policía municipal se movilizó y resguardó su integridad. El adolescente fue trasladado a la Cruz Verde Marcos Montero, donde recibió atención médica debido a lesiones menores sufridas durante su retención. Agentes especializados realizaron entrevistas y revisaron si existía alguna ficha de localización vigente, además de activar los protocolos para garantizar la protección de los derechos del menor.

Las autoridades judiciales investigan el caso; no hay detenidos hasta el momento

El adolescente explicó que vive con su abuela en Arandas y que había sido contactado días antes de su privación ilegal de la libertad. Los sujetos le prometieron empleo en una abarrotera como parte del engaño.

El caso fue turnado ante el Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación. Al cierre de la información no se registran personas detenidas por estos hechos. La fiscalía del estado investiga la presunta participación de un grupo criminal en este secuestro, con énfasis en la modalidad de captación mediante ofertas laborales simuladas.

La captación de jóvenes bajo promesas de empleo expone a menores a grupos criminales

Este episodio ocurre en un contexto donde autoridades advierten sobre el incremento de casos en que bandas delictivas atraen a adolescentes con la promesa de un trabajo. Los menores, normalmente de origen rural o con vínculos familiares limitados, resultan más vulnerables a este tipo de engaños.

La activación de unidades especializadas y la intervención de personal del área Andrómeda permitieron atender de inmediato al joven y canalizar el caso a instancias competentes. El resguardo policial y la pronta atención médica fueron clave para garantizar la seguridad física y legal del adolescente.

La investigación sigue abierta para determinar la responsabilidad de los agresores y esclarecer si hay otros jóvenes afectados bajo el mismo patrón de captación. El nombre del adolescente se reserva en cumplimiento de protocolos para menores víctimas de delito.

• Un joven de 16 años de Arandas fue secuestrado por un grupo armado que lo engañó con una oferta de trabajo y lo retuvo en Nayarit.
• Tras escapar por sus propios medios, llegó a Tlaquepaque y recibió atención médica y protección policial.
• La fiscalía investiga el caso; no hay personas detenidas y se indaga la posible operación de una banda que capta menores bajo engaño laboral.

Este miércoles, tres hombres fueron condenados a más de 80 años de prisión por su participación en un secuestro agravado que derivó en la muerte de una persona en el municipio de Santiago, Nuevo León, informó la Fiscalía General de Justicia del estado.

La dependencia estatal precisó que la sentencia fue obtenida por una Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, tras acreditar la responsabilidad de Pedro “N”, Missael “N” y Erick “N” en los hechos ocurridos en mayo de 2021.

Según la carpeta de investigación, los ahora sentenciados ingresaron armados al domicilio de un hombre de 31 años, a quien sometieron mediante el uso de la fuerza con el propósito de exigirle dinero. Posteriormente, lo privaron de la libertad al trasladarlo en una camioneta.

Durante ese trayecto, los agresores dispararon contra la víctima. Más tarde, su cuerpo fue abandonado en calles de la colonia San José Norte, en el mismo municipio de Santiago, donde finalmente fue localizado sin vida.

Detención, con narcóticos y un arma corta

Las autoridades indicaron que los implicados fueron detenidos el 28 de mayo de 2021 en el municipio de Escobedo. La captura ocurrió cuando circulaban en un vehículo por la colonia Palmiras Residencial, donde policías municipales realizaron una revisión precautoria.

En esa intervención, los agentes aseguraron diversas dosis de narcóticos y un arma de fuego corta, elementos que fueron integrados a la investigación y considerados dentro del proceso penal.

La Fiscalía señaló que las pruebas reunidas permitieron sostener las acusaciones por secuestro agravado y delitos contra la salud, lo que derivó en la imposición de una pena que supera los 80 años de prisión para cada uno de los responsables.

Los sentenciados deberán cumplir la condena en un centro penitenciario estatal, conforme a lo determinado por la autoridad judicial.

El miércoles 1 de abril autoridades estadounidenses reportaron la detención de Rosa María Rubio Zepeda en Miami, Florida, como parte de una investigación relacionada con el secuestro y homicidio de Carlos de Jesús Aguirre Gómez, empresario vinculado a Grupo Radio Centro.

La captura se llevó a cabo en Brickell Avenue, una zona de alta plusvalía en esa ciudad, mediante un operativo coordinado entre agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

De acuerdo con las indagatorias, la detenida fue identificada como presunta responsable de planear y ejecutar un esquema para apropiarse de bienes del empresario. Las autoridades señalaron que el plan incluyó transferencias de activos como fideicomisos, propiedades y recursos financieros a su nombre, con un valor estimado en cientos de millones de dólares.

Hija de la víctima agradece trabajo coordinado entre México-EEUU

A través de un clip de video, Sofía Aguirre, hija de la víctima, agradece particularmente a Ernestina Godoy, fiscal general de la República; a Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la Ciudad de México; y a Laura Borbolla, subprocuradora general de Procesos de la Ciudad de México. Reconoce la coordinación con autoridades estadounidenses y el trabajo realizado durante más de cinco años.

Aguirre afirma que el proceso ha sido largo y doloroso, pero la detención representa un avance en la búsqueda de justicia para su familia. Destaca el apoyo recibido por parte de sus familiares y subraya que esta acción contribuye a limpiar el nombre de su padre.

La detención de Rubio Zepeda se da tras un proceso prolongado, en el que la familia Aguirre Gómez insiste en la importancia de esclarecer el caso y evitar nuevos daños por parte de la acusada.

Crimen planeado: movimientos financieros y hechos posteriores

Las investigaciones apuntaron a que, una vez asegurado el control de ese patrimonio, se habría concretado el crimen. Este elemento fue considerado clave en la integración del caso, debido a la relación entre los movimientos financieros y los hechos posteriores.

La orden de captura fue emitida a través de mecanismos de cooperación internacional, lo que permitió su localización en territorio estadounidense. La intervención de agencias federales respondió a una solicitud derivada de una ficha de búsqueda internacional, lo que facilitó la ejecución del arresto.

Tras su detención, Rubio Zepeda quedó bajo custodia de autoridades estadounidenses, mientras se desarrolla el proceso correspondiente para su traslado a México, donde enfrenta acusaciones por secuestro agravado y homicidio.

Autoridades federales iniciaron el procedimiento de extradición, que permitirá definir los plazos y condiciones para que la detenida sea puesta a disposición de un juez en México.

Por medio de un comunicado, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) expresó un enérgico rechazo a presuntos hechos de represión violenta ocurridos en el estado de Tlaxcala contra miembros de dicha organización, quienes, se asegura, se encontraban ejerciendo de manera legítima su derecho constitucional a la libre manifestación.

En su comunicado, al ANTAC responsabiliza de manera directa al gobierno del estado de Tlaxcala por un ataque artero y desmedido, perpetrado contra ciudadanos, que de manera pacífica mantenían una movilización en defensa de sus derechos.

Se señaló que lo ocurrido no se podía minimizar ni justificar bajo ninguna circunstancia, y denunciaron que sus compañeros fueron agredidos con armas de fuego, golpeados y, además, varios de ellos se encuentran desaparecidos, lo cual constituye una violación flagrante a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en la Constitución de México.

Esos actos, se señaló en el comunicado, no solo representan un abuso de autoridad, sino que evidencian un preocupante uso de la fuerza pública para silenciar la legítima protesta social.

“La criminalización de la lucha transportista y campesina y el uso de la violencia institucional son inaceptables en un Estado que se dice democrático”.

Se exigió que, de manera inmediata:

- Se presentara con vida a todos los compañeros desaparecidos.

- El cese inmediato de la represión contra el movimiento campesino y transportista.

- Una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que sancione a los responsables materiales e intelectuales de los hechos.

- Garantías reales para el ejercicio libre de manifestación y la protesta social.

Se advirtió que los actos no quedarán impunes ni en el olvido, y se señaló que la unidad del gremio campesino y transportista a nivel nacional se mantendrá firme y en pie de lucha ante cualquier intento de intimidación o represión.

“Hoy más que nunca, alzamos la voz con dignidad y exigimos justicia”, se concluyó.

Además, por medio de un video, se responsabilizó Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora del estado, por el ataque que sufrieron los compañeros de la organización y por la desaparición de varios de ellos. Se acusó que se les atacó con gas lacrimógeno, y se dijo que los actos contra los miembros de la ANTAC, no se tolararán.

Además, se pidió la destitución de la gobernadora de Tlaxcala. También se responsabilizó al gobierno federal, nombrando directamente a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de Luis Gerardo “N”, alias “Mando”, quien se desempeñaba como policía municipal de Toluca, por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

De acuerdo con la investigación iniciada por la FGJEM, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025, cuando el ahora imputado, en compañía de otros sujetos, presuntamente privó de la libertad a una persona mientras se ostentaban como integrantes de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán. Los agresores portaban armas de fuego y mantuvieron a la víctima en cautiverio a bordo de un vehículo.

Según las indagatorias, durante el tiempo que permaneció privado de la libertad, la víctima fue sometida a amenazas y violencia física con el objetivo de obligarlo a dejar de vender su mercancía. Asimismo, le advirtieron que, en caso de continuar con su actividad comercial, tendría que pagar una cuota quincenal.

Habrían despojado de 35 mil pesos a víctima

En ese contexto, los presuntos responsables lograron despojar a la víctima de 35 mil pesos en efectivo antes de liberarla. Este tipo de delito, conocido como secuestro exprés, se caracteriza por la retención temporal de una persona con el fin de obtener un beneficio económico inmediato, generalmente mediante intimidación.

El avance de las investigaciones permitió identificar a Luis Gerardo “N” como probable responsable de estos hechos. Por ello, el Agente del Ministerio Público solicitó a un juez la emisión de una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por elementos de seguridad.

Tras su captura, el ex policía fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Podría tener una sentencia de 90 años

Luego de analizar los datos de prueba presentados por la Representación Social, un juez determinó vincularlo a proceso y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá recluido durante el desarrollo del proceso penal.

En caso de ser declarado culpable del delito de secuestro exprés con fines de extorsión, Luis Gerardo “N” podría enfrentar una sentencia de hasta 90 años de prisión. No obstante, las autoridades recordaron que debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme en su contra.

De acuerdo con información adicional proporcionada por la Fiscalía mexiquense, el imputado también estaría relacionado con una banda delictiva dedicada al robo a casa habitación que opera en el Valle de México, particularmente en los municipios de Toluca y Metepec.

Las investigaciones señalan que, presuntamente, el ahora detenido aprovechaba su cargo como policía municipal para facilitar labores de vigilancia y monitoreo a los integrantes de este grupo criminal mientras cometían robos. Esta situación habría permitido a la organización delictiva evadir a las autoridades y concretar diversos ilícitos.

Las autoridades indicaron que esta detención y proceso penal forman parte de la llamada “Operación Enjambre”, una estrategia enfocada en desarticular redes delictivas y combatir la corrupción dentro de corporaciones policiales en el Estado de México.

Asimismo, se destacó que la acción contó con la colaboración de la policía municipal de Toluca, lo que refleja un esfuerzo coordinado entre distintas instancias de seguridad para enfrentar la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas.

La Fiscalía estatal continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a quienes resulten responsables, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilícita que contribuya a fortalecer el estado de derecho en la entidad.

El 1 de abril se estrenó Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, una producción de ocho capítulos en los que se cuenta la infancia a partir del testimonio de Juan Pablo Escobar Henao, hijo de Pablo Escobar.

Aunque en la actualidad se presenta como Sebastián Marroquín en las charlas motivacionales que realiza en prisiones y colegios, el primogénito del capo más temido de la historia decidió retomar su identidad inicial para revelar secretos de lo que vivió cuando era un niño.

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Teniendo en cuenta que tenía 16 años cuando su padre fue abatido en Medellín, Marroquín trabajó en la producción de la serie con el objetivo de exponer la ausencia de una infancia “normal”, lo que abordó al contar historias de las que se tenía poco conocimiento.

Por ejemplo, en el desarrollo de la serie se menciona que en 1988, durante la preparación de la fiesta por el cumpleaños de Juan Pablo, el capo tomó la decisión de intentar contratar a Michael Jackson.

Para dar contexto a los espectadores, en los capítulos previos se abordó el fanatismo que tenía Juan Pablo Escobar por el artista norteamericano, llegando al punto de que les pidió a los sicarios que lo cuidaban que pintaran un mural con el rostro del cantante en una de sus habitaciones.

Al recibir la noticia de que recibiría a Jackson en su fiesta de cumpleaños, Escobar Henao (encargado de la voz en off de la serie) narró las sensaciones que tenía antes de conocer a su ídolo y cómo esto cambió con el paso de los días.

El punto clave que se muestra en la serie es una conversación en la que Juan Pablo Escobar escuchó a su padre indicar que pagaría tres millones de dólares por tener a Michael Jackson en Colombia y que esta cifra sería recuperada porque su plan incluía secuestrar al cantante.

Al abordar los motivos que tenía el capo, se menciona el odio que tenía por las figuras que representaban a Estados Unidos.

En la serie se menciona que la intención de tener a Jackson en Colombia fue descartada luego de que Juan Pablo Escobar les indicó a sus padres que ya no era seguidor de la música del estadounidense; sin embargo, en la narración se explica que esto fue una muestra de que tuvo que renunciar a cosas que le gustaban por miedo a que su padre las destruyera.

“Fue él mismo el que me hizo sentir que todo aquello que yo amara estaría en peligro”, son las palabras de Escobar Henao en el desarrollo del capítulo “Aprender a renunciar”, en el que se cuentan secretos de la negociación que tuvo la esposa de Pablo Escobar con los capos del cartel de Cali tras la caída del antioqueño.

En la producción, Escobar Henao explica que no tuvo amigos cuando era niño por el temor que las demás personas le tenían a su padre, lo que lo obligó a vivir rodeado de sicarios que tenían la orden de protegerlo.

Debido a los debates que se generan en Colombia cuando se estrena una producción sobre la vida del mayor criminal de la historia de este país, en diálogo con Javier Ponzo, el hijo de Pablo Escobar indicó que esta producción no busca cambiar la percepción que se tiene sobre el fundador del cartel de Medellín.

“Esta no es una serie de Pablo Escobar, es una serie de su hijo, de su familia, de lo que se vive al interior de una familia rodeada de violencia, de gente muy mala, y es una mirada única; el resto son burdas imitaciones”.

Una adolescente de 16 años fue rescatada luego de que recibió una llamada telefónica en la que, bajo amenazas, la obligaron a permanecer escondida para exigir un pago de 40 mil pesos a sus padres por su supuesta liberación en el municipio de Pánfilo Natera en Zacatecas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal lograron localizar a la menor de edad tras un operativo de búsqueda luego de que su familia denunció haber perdido contacto con ella.

El familiar acudió a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para informar que la joven había desaparecido tras recibir una llamada.

Además, señaló que otra de sus hijas fue contactada por presuntos delincuentes que le exigieron un pago de 40 mil pesos por la supuesta liberación de la adolescente.

El hombre refirió que depositaron el dinero que les fue solicitado, pero ya no recibieron más información sobre el paradero de la menor.

Adolescente fue localizada por policías

Luego de recibir la denuncia, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y localización que permitió hallar a la adolescente en la avenida Cuauhtémoc.

Al momento de su localización, presentaba un estado de crisis nerviosa y explicó a las autoridades que siguió instrucciones de permanecer oculta mientras se realizaba la transacción económica exigida a sus padres para su supuesta liberación.

Este tipo de secuestro, conocido como virtual, no implica contacto físico con la víctima, sino manipulación telefónica. El objetivo de los delincuentes es generar miedo y presión para obtener dinero rápidamente, ordenando a la persona permanecer aislada y sin comunicación.

Operativo policial y atención a la víctima

Tras ser hallada, la menor fue trasladada a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde se reunió con su familia. Allí recibió orientación sobre la importancia de presentar una denuncia y los pasos legales a seguir para dar seguimiento al hecho.

La Secretaría de Seguridad Pública subrayó su compromiso de actuar con prontitud ante delitos que afectan la tranquilidad de las familias. Además, resaltó la importancia de difundir información preventiva para evitar que más personas sean víctimas de estos engaños.

Hecho similar ocurrió en Guanajuato

Un hecho similar se registró en julio del 2025 en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, donde un adolescente de 15 años fue rescatado tras ser víctima de un secuestro virtual.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó que el rescate del menor de edad se llevó a cabo cuando miembros del Escuadrón Antiextorsión localizaron al joven en la zona cerril de Magallanes, luego de que fuera obligado por extorsionadores, a través de una llamada telefónica, a ocultarse con el pretexto de que su familia estaba en peligro.

La dependencia estatal precisó que los extorsionadores utilizaron amenazas vía telefónica para lograr el aislamiento psicológico del menor, sin que existiera una privación real de la libertad. El adolescente señaló que fue convencido de mantenerse incomunicado porque le hicieron creer que sus padres corrían riesgo.

El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que brindó acompañamiento legal y apoyo emocional tanto a la víctima como a sus familiares, según los reportes oficiales.

Cinco hombres relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos cuando circulaban a bordo de dos vehículos en el municipio de Matías Romero, Oaxaca.

Datos obtenidos por Infobae México refieren que estos sujetos están relacionados con la organización criminal que lideraba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a quienes las autoridades les atribuyen un corredor operativo que conecta los estados de Oaxaca con Veracruz, operado a través de casas de seguridad y dedicándose principalmente al secuestro y la extorsión.

Las detenciones se llevaron a cabo tras un patrullaje conjunto de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), cuando los agentes detectaron dos vehículos sospechosos en inmediaciones de la colonia Barrio Nuevo.

Al interceptar el primer automóvil, los efectivos llevaron a cabo una revisión en la que solicitaron al conductor y sus acompañantes descender.

Al inspeccionar la unidad, los agentes hallaron en su interior 10 dosis de una sustancia similar al cristal, 30 dosis presuntamente de cocaína y aproximadamente 400 gramos de sustancia granulada con características semejantes.

En el segundo vehículo, los elementos ejecutaron otra revisión que permitió asegurar 40 dosis de polvo con características de la cocaína, 7 cargadores y 221 cartuchos de diferentes calibres, una pistola, además de bolsas con presunta droga.

Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes junto con los detenidos, quienes fueron informados de sus derechos en el momento de la captura.

Realizan cateo y aseguramiento de inmueble en Matías Romero

De manera paralela a las cinco detenciones, personal de Marina y la Fiscalía estatal ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la colonia Barrio Nuevo, en el mismo municipio.

Durante la intervención, los agentes proporcionaron seguridad perimetral y aseguraron 8 paquetes grandes con hierba seca, 164 bolsitas con marihuana, 15 paquetes con presunto cristal, 29 bolsitas adicionales de la misma sustancia, 4 bolsas con cartuchos de distintos calibres y 7 cargadores abastecidos.

El operativo incluyó la incautación de un vehículo, equipo táctico y diversos objetos vinculados con las actividades ilícitas del grupo criminal.

Este aseguramiento responde a investigaciones por narcomenudeo en la región y refuerza la hipótesis de que el inmueble era utilizado como base de operaciones para delitos de alto impacto.

Desmantelan casa de seguridad de una célula con operaciones en los límites de Oaxaca y Veracruz

Autoridades de Veracruz y Oaxaca desmantelaron el pasado 13 de marzo una casa de seguridad perteneciente a una célula ligada al grupo de “El Tigre”, durante un operativo en la zona limítrofe de ambos estados, que permitió la detención de dos hombres y el decomiso de armas de alto poder, uniformes militares y vehículos con emblemas federales falsos.

El grupo criminal, vinculado con narcobloqueos y quema de vehículos en carreteras —especialmente en territorio veracruzano—, quedó oficialmente desarticulado tras la intervención.

Entre las personas detenidas se encontraban Ulises Cervantes “N”, de 27 años, y Ramiro Rodríguez “N”, de 38.

El operativo, coordinado por las fiscalías de Oaxaca y Veracruz y con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, incluyó el aseguramiento de credenciales, decenas de dosis de drogas y vehículos de distintos tipos.

Las autoridades subrayaron que la táctica utilizada para operar, que incluía uniformes y vehículos apócrifos de fuerzas federales, buscaba facilitar la comisión de delitos y burlar la vigilancia en el corredor interestatal entre Cosolapa y Tezonapa.

El operativo representó un golpe a la capacidad logística del grupo criminal, que mantiene su actividad principalmente en el estado de Veracruz.

Los antecedentes de un mando con el apodo de “El Tigre” datan de agosto de 2022, cuando fue detenido Francisco Javier “N”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Minatitlán, vinculado a delitos como secuestro, homicidio y robo de hidrocarburos. No obstante, las autoridades no confirmaron si el líder desarticulado en este operativo corresponde a la misma persona.

Héctor Sandarti compartió en un encuentro con la prensa detalles sobre el papel crucial que tuvo Dalílah Polanco en un intento de secuestro que vivió años atrás.

El conductor guatemalteco también habló sobre la próxima boda de su hija y la tradición familiar que implica.

Sandarti recuerda a Dalílah

Durante la entrevista, Sandarti recordó el incidente en el que, según sus palabras, Dalilah Polanco fue “muy importante” para que el secuestro no se concretara.

“Lo de Dalílah hoy lo platicamos con risa, como una gran anécdota, donde ella sin querer queriendo casi, casi me salvó la vida”, explicó el presentador.

El conductor de televisión relató que nunca sintió miedo tras el intento de secuestro.

“No tuve miedo, creo que ni siquiera al mes después. Viví un proceso muy rápido de sanación interior para poder entender que lo que me había pasado había sido fortuito. Perdoné a mis secuestradores casi al mes y ya. He vivido sin ningún miedo, sin ninguna precaución extra, más que las que todos llevamos siempre”, detalló.

Sandarti mencionó que la fe que heredó de su madre fue fundamental durante el proceso.

“Solamente la fe que heredé de mi madre, nada más”, subrayó.

¿Cómo fue el intento de secuestro?

El conductor también narró el momento en que fue interceptado, recordando que actuó como en las películas.

“Cuando me agarran en una papelería, yo automáticamente dije: ‘¿Cómo le haces?’ Porque aparte llega un tipo y me pone una pistola en el costado. Entonces yo, que tenía la mano libre, dije: ‘Voy a actuar como en las películas’ y levanté las manos. Y me dijo: ‘No, bájalas, cabrón, bájalas’, porque ellos no quieren que te des cuenta de que están pasando por un asalto”.

La inesperada reacción de Dalílah que salvó la vida de Sandarti

En una antigua entrevista con Yordi Rosado, el famoso explicó cómo fue la intervención de Dalílah.

Sandarti relató que, cuando los secuestradores buscaban reunir dinero para el rescate, intentaron contactar a Dalílah, quien estaba casada con Sergio Catalán en ese momento.

Al recibir la llamada, Dalílah respondió sin saber lo que ocurría: “ Ay,no seas pendej*, güey. Ya cállate, chinga tu madre”, dijo antes de colgar el teléfono, pues creyó que era una broma.

Dicho gesto fue interpretado por los secuestradores como señal de que ni su mejor amiga respaldaría a Sandarti.

“El secuestrador dijo: ‘No, güey, este pobre ni su mejor amiga lo quiere’. Ni su mejor amiga responde por él. Libérenlo”, recordó Sandarti, quien aseguró que Dalílah, sin saberlo, le salvó la vida.

Sobre el aprendizaje que dejó el episodio, Sandarti detalló en el reciente encuentro con la prnesa que su paz interior es prioridad.

“Si yo me paso la vida queriéndolos atrapar o viendo a ver quiénes son o queriendo que se pague la culpa, no voy a estar en paz y para mí mi paz interior es más importante que cualquier cosa”.

Se puede ver a dos personas que se aproximan a la mujer en una esquina y la fuerzan a ingresar a un automóvil gris plata. Luego de un breve forcejeo, entran ellos también al vehículo y este parte velozmente saliendo de la escena.

El hecho desató un operativo de seguridad que incluyó una persecución en plena ciudad.

Según detallaron fuentes oficiales, durante el intento de fuga el vehículo de los captores fue interceptado y terminó volcando. Las fuerzas de seguridad lograron detener a uno de los sospechosos y secuestrar uno de los autos utilizados en el secuestro, mientras continúa la investigación para dar con el resto de los implicados.

Funcionarios estadounidenses e iraquíes indicaron que Shelly Renee Kittleson había sido advertida de amenazas en su contra días antes de su secuestro. Kittleson, periodista independiente que ha trabajado durante años en Irak y Siria, fue secuestrada el martes en una calle de la capital iraquí y permanece desaparecida.

Hussein Alawi, asesor del primer ministro Mohammed Shia al-Sudani, declaró que Kittleson intentó entrar por el paso fronterizo de Al-Qaim desde Siria el 9 de marzo, pero fue rechazada porque no tenía un permiso de trabajo para la prensa y debido a problemas de seguridad derivados de “la escalada de la guerra y los proyectiles aéreos sobre el espacio aéreo iraquí como consecuencia de la guerra contra Irán”.

Posteriormente, ella ingresó al país tras obtener una visa de entrada única a Irak, válida por 60 días, expedida para permitir que los ciudadanos extranjeros varados en países vecinos “tránsito a través de Irak para llegar a sus países de origen a través de las rutas de transporte disponibles”, dijo.

Según él, Kittleson entró en Bagdad unos días antes de ser secuestrada y se alojaba en un hotel de la capital.

“Las agencias de seguridad e inteligencia iraquíes, bajo la supervisión de Al-Sudani, están siguiendo de cerca el incidente”, declaró Alawi. Añadió que un sospechoso, presuntamente implicado en el complot de secuestro, ha sido arrestado y está siendo interrogado.

Las fuerzas de seguridad iraquíes persiguieron a sus captores y arrestaron a un sospechoso después de que el coche que conducía se estrellara, pero otros secuestradores lograron escapar con la periodista en un segundo vehículo.

Un funcionario de inteligencia iraquí, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones, afirmó que las autoridades iraquíes creen que la mujer está retenida en Bagdad y que están intentando localizarla y conseguir su liberación. Añadió que las autoridades “tienen información sobre los secuestradores”, pero se negó a dar más detalles.

Funcionarios estadounidenses han alegado que Kittleson fue secuestrado por Kataib Hezbollah, una milicia iraquí vinculada a Irán que ha estado implicada en secuestros anteriores de extranjeros. El grupo no se ha atribuido el secuestro y el gobierno iraquí no se ha pronunciado públicamente sobre la afiliación de los secuestradores.

El funcionario de inteligencia iraquí afirmó que, antes del secuestro de Kittleson, los iraquíes se habían puesto en contacto con funcionarios estadounidenses para notificarles que existía una amenaza específica de secuestro contra ella por parte de milicias vinculadas a Irán.

Dylan Johnson, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Públicos, declaró el martes X que “el Departamento de Estado ya cumplió con su deber de advertir a esta persona sobre las amenazas en su contra”.

Un periodista estadounidense que fue secuestrado en Bagdad había intentado cruzar de Siria a Irak tres semanas antes y fue inicialmente rechazado, dijo un funcionario iraquí el miércoles.

Funcionarios estadounidenses e iraquíes indicaron que Shelly Renee Kittleson también había sido advertida de amenazas en su contra días antes de su secuestro. Kittleson, periodista independiente que ha trabajado durante años en Irak y Siria, fue secuestrada el martes en una calle de la capital iraquí y permanece desaparecida.

Hussein Alawi, asesor del primer ministro Mohammed Shia al-Sudani, declaró que Kittleson intentó entrar por el paso fronterizo de Al-Qaim desde Siria el 9 de marzo, pero fue rechazada porque no tenía un permiso de trabajo para la prensa y debido a problemas de seguridad derivados de “la escalada de la guerra y los proyectiles aéreos sobre el espacio aéreo iraquí como consecuencia de la guerra contra Irán”.

Posteriormente, ella ingresó al país tras obtener una visa de entrada única a Irak, válida por 60 días, expedida para permitir que los ciudadanos extranjeros varados en países vecinos “tránsito a través de Irak para llegar a sus países de origen a través de las rutas de transporte disponibles”, dijo.

Según él, Kittleson entró en Bagdad unos días antes de ser secuestrada y se alojaba en un hotel de la capital.

“Las agencias de seguridad e inteligencia iraquíes, bajo la supervisión de Al-Sudani, están siguiendo de cerca el incidente”, declaró Alawi. Añadió que un sospechoso, presuntamente implicado en el complot de secuestro, ha sido arrestado y está siendo interrogado.

Las fuerzas de seguridad iraquíes persiguieron a sus captores y arrestaron a un sospechoso después de que el coche que conducía se estrellara, pero otros secuestradores lograron escapar con la periodista en un segundo vehículo.

Un funcionario de inteligencia iraquí, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones, afirmó que las autoridades iraquíes creen que la mujer está retenida en Bagdad y que están intentando localizarla y conseguir su liberación. Añadió que las autoridades “tienen información sobre los secuestradores”, pero se negó a dar más detalles.

Funcionarios estadounidenses han alegado que Kittleson fue secuestrado por Kataib Hezbollah, una milicia iraquí vinculada a Irán que ha estado implicada en secuestros anteriores de extranjeros. El grupo no se ha atribuido el secuestro y el gobierno iraquí no se ha pronunciado públicamente sobre la afiliación de los secuestradores.

El funcionario de inteligencia iraquí afirmó que, antes del secuestro de Kittleson, los iraquíes se habían puesto en contacto con funcionarios estadounidenses para notificarles que existía una amenaza específica de secuestro contra ella por parte de milicias vinculadas a Irán.

Dylan Johnson, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Públicos, declaró el martes X que “el Departamento de Estado ya cumplió con su deber de advertir a esta persona sobre las amenazas en su contra”.

Un funcionario estadounidense, que también habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas, dijo: “Se la contactó en repetidas ocasiones para advertirle de las amenazas en su contra”, incluso la noche anterior al secuestro.

Un video de vigilancia obtenido por Associated Press muestra lo que parece ser el momento del secuestro del periodista en Bagdad. En las imágenes se ve a dos hombres acercándose a una persona que se encontraba en una esquina y obligándola a subir a la parte trasera de un automóvil. Se observa un breve forcejeo para cerrar la puerta antes de que los hombres entren al vehículo y este se aleje.

Las milicias respaldadas por Irán en Irak han lanzado ataques regulares contra instalaciones estadounidenses en el país desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

(con información de AP)

Una operación policial, llevada a cabo en la localidad bonaerense de Los Toldos, finalizó con la desarticulación de una plantación de marihuana y la detención de un hombre mayor de edad, según informó la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín.

El procedimiento, realizado este último lunes, se enmarca en la aplicación de la Ley 23.737 de estupefacientes y surge tras una investigación que permitió identificar la presencia de cannabis en una vivienda del barrio Pueyrredón.

El caso se inició a partir de información que alertaba sobre la posible existencia de plantas de marihuana en el domicilio mencionado.

Ante ello, personal de la DDI de Junín realizó tareas de inteligencia que permitieron verificar estos datos y avanzar en la solicitud de una orden de allanamiento. La petición fue elevada ante la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín, que habilitó el ingreso urgente al inmueble.

De acuerdo con lo informado por el portal Democracia, la intervención policial se concretó con la irrupción de los agentes en la vivienda señalada. Allí, se constató una plantación compuesta por 25 plantas de marihuana, cada una de aproximadamente 1,65 metros de altura. Este hallazgo fue respaldado por pruebas de orientación química realizadas en el lugar, las cuales arrojaron resultado positivo para cannabis.

Durante el procedimiento, los efectivos llevaron adelante el pesaje de las hojas y tallos secuestrados, estableciendo un total de 7,53 kilos de sustancia. Según se informó, la operación se desarrolló en el marco de un allanamiento de urgencia con autorización judicial, orientado a desactivar la producción y posible distribución de estupefacientes en la zona.

La autoridad judicial a cargo del caso dispuso la detención del morador de la vivienda. El acusado fue trasladado a dependencias policiales y quedó imputado por infracción a la Ley 23.737, que prevé penas de prisión para quienes cultiven, comercialicen o posean drogas prohibidas. La investigación continúa bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín, que determinará la responsabilidad penal y las eventuales derivaciones del hecho.

En relación con el avance de la causa, el morador detenido quedó a disposición de la Justicia, que analizará las pruebas recolectadas y definirá los próximos pasos procesales. Entre los elementos secuestrados, además de las plantas, se encontraron insumos y herramientas presuntamente utilizadas para el cultivo y mantenimiento del cannabis.

Atraparon a un hombre con drogas y armas tras evadir un control

Días atrás, un hombre quedó detenido en el barrio Villa Boedo, de Córdoba, tras evadir un control policial y esconderse en la casa de una vecina. Cuando los agentes policiales lo encontraron, vieron que portaba una variedad de drogas y un revólver.

El operativo se desarrolló el lunes por la tarde en la intersección de Pedro Medrano y José Aycardoz, en el marco de un despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso intentó escapar a pie al advertir la presencia de los uniformados en la zona y se metió intespestivamente a una vivenda del barrio. Los efectivos observaron la maniobra e iniciaron un procedimiento para dar con el hombre.

Con el consentimiento de la propietaria, ingresaron a la vivienda y lograron reducirlo. Al revisar sus pertenencias, encontraron un morral que contenía un revólver calibre 22, un ladrillo de marihuana, 35 dosis de cocaína fraccionadas y una suma de dinero en efectivo.

En el operativo, también participó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que prestó colaboración en el secuestro de los estupefacientes y el arma. Todo lo incautado fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar la calificación legal y el avance de la causa. El sospechoso quedó alojado en sede policial y será indagado.

Según consignó el Ministerio del Interior de Irak mediante un comunicado difundido en redes sociales, una colaboradora extranjera de prensa fue secuestrada en las inmediaciones del Hotel Palestine, en el barrio capitalino de Karrada. La cartera detalló que personas no identificadas ejecutaron la acción delictiva, consiguiendo huir de la escena. Las acciones de persecución y vigilancia derivaron en la incautación de uno de los vehículos presuntamente empleados en el secuestro y en la detención de un sospechoso vinculado al caso.

El medio Al Monitor reportó que la persona secuestrada es su colaboradora estadounidense Shelly Kittleson, periodista con experiencia en la cobertura de temas relativos al Oriente Próximo y Afganistán. La organización emitió un comunicado exigiendo “su liberación inmediata y segura”, y expresó respaldo a la labor periodística de Kittleson. Además, solicitó su regreso lo antes posible para que retome su actividad profesional en la región.

Tal como publicó el Ministerio del Interior iraquí, las autoridades judiciales y policiales están activando todos los procedimientos y medidas legales “necesarias contra todos los implicados en este acto delictivo de conformidad con la ley”. La declaración de las autoridades incluyó el compromiso de proseguir las indagaciones para identificar y aprehender a todos los responsables del secuestro.

El medio Al Monitor destacó la importancia del trabajo de su colaboradora, enfatizando la necesidad de salvaguardar a los profesionales de la prensa internacional que operan en Irak y en otras zonas de conflicto. En el pronunciamiento hecho público por el medio, se reiteró el pedido de cooperación para lograr la pronta liberación de Kittleson, quien cubre informaciones desde la región para medios internacionales.

La situación representa un nuevo incidente vinculado a la seguridad de los profesionales de la comunicación en Bagdad. Según informó el Ministerio del Interior y recogió Al Monitor, los operativos continúan centrados en rescatar a la periodista, esclarecer completamente las circunstancias del secuestro, y garantizar la aplicación de sanciones legales a quienes resulten responsables de organizar y ejecutar el crimen.

El distrito de Karrada, donde tuvo lugar la acción, ha sido escenario en otras ocasiones de sucesos que afectan a la prensa extranjera. El Hotel Palestine, escenario de este caso, es conocido como lugar de alojamiento para corresponsales y periodistas internacionales en la capital iraquí. Los hechos registrados intensificaron la vigilancia sobre la protección de trabajadores de medios en el país y renovaron la atención sobre los riesgos enfrentados por quienes informan en zonas de alta conflictividad.

Según las declaraciones del Ministerio del Interior de Irak, la actuación de las fuerzas de seguridad pudo desarticular parcialmente la huida de los responsables y arrojó avances en la investigación. No obstante, Al Monitor enfatizó en la gravedad del hecho y en la urgencia de asegurar el bienestar y la libertad de su colaboradora Shelly Kittleson.

Hasta el momento, no se han ofrecido nuevos datos sobre la identidad o situación de los demás individuos implicados, y las autoridades mantienen los operativos en marcha. Los representantes del Ministerio del Interior afirmaron su compromiso de continuar el despliegue de unidades policiales con el fin de localizar a todos los responsables y facilitar el regreso a salvo de Kittleson.

Carmiña Miroslava Castro Salazar, creadora de contenido y repostera, fue reportada como desaparecida este domingo 29 de marzo en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE), la joven de 29 años de edad fue vista por última vez este domingo 29 de marzo en un domicilio ubicado en el Boulevard Rolando Arjona Amabilis, en Culiacán.

Aunque las autoridades la identifican como desaparecida, medios locales refirieron que alrededor de las 18:00 horas un grupo de sujetos armados se llevaron a la joven a la fuerza, pero esta versión no ha sido confirmada.

Carmiña Castro vestía una blusa, pants y tenis color negro cuando fue vista por última vez. Entre sus señas particulares se encuentran un tatuaje en la nuca con el nombre de “Tessio”, otro en la mano derecha de “Adamelia 1717″, mientras que en el dedo medio de la mano izquierda tiene la letra “T” y un corazón.

¿Quién es Carmiña Castro?

Carmiña Miroslava Castro Salazar es conocida en Culiacán y redes sociales por su emprendimiento de repostería llamado “Rosa Dely”, en el que vende cupcakes, fresas con crema, pasteles, donas, entre otros panes y postres.

En sus redes sociales cuenta con más de 3 mil seguidores, a quienes ofrece desde pedidos personalizados hasta una amplia variedad de postres y alimentos.

La joven también comenzó su trabajo como repostera en YouTube, donde compartía recetas de alimentos dulces y algunos salados. Desde el 2020, su contenido también se enfocó en mostrar salidas y convivencias con sus cuatro hijos; sin embargo, su último video lo subió en 2023.

La última historia publicada por la joven fue alrededor de las 18:00 horas de este domingo. En su cuenta personal de Instagram compartió un aguachile de “Pica-Mar”, el cual promocionó debido a su sabor.

La desaparición de la joven también fue reportada por el colectivo Sabuesos Guerreras, quienes a través de sus redes sociales solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a la joven repostera y creadora de contenido.

Este hecho ocurre en un contexto de violencia en el estado debido a la guerra que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024.

La disputa interna comenzó tras el secuestro y entrega a las autoridades de Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del cártel, por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

Desde esa fecha, la entidad ha registrado más de 2 mil 900 homicidios hasta la fecha, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado. Además, los habitantes viven jornadas violentas por la desaparición de personas, robos y ataques armados.

La desaparición de Carmiña Castro se suma a la de Nicole Pardo Molina, tiktoker e influencer conocida como “La Nicholette”, que fue secuestrada por sujetos armados el 21 de enero en el fraccionamiento de Isla Musala en Culiacán. Tres días después fue localizada con vida.

La rutina de trabajo de Carmiña Miroslava Castro Salazar, repostera y creadora de contenido en Culiacán, Sinaloa, se interrumpió la tarde del 29 de marzo cuando fue privada de la libertad en el momento en que atendía su negocio de postres ubicado en el bulevar Rolando Arjona Amábilis.

Ada Ramos, su mejor amiga, reconstruyó el momento en que la joven emprendedora fue interceptada cuando se encontraba en compañía de su pequeño hijo de 10 años.

La cronología

De acuerdo con lo relatado por Ada Ramos a Imagen Noticias, la comunicación entre ambas siempre era constante y no había un solo día que no intercambiaran mensajes.

El último mensaje que intercambiaron ocurrió cerca de las 18:15. Media hora después, Carmiña, madre de cuatro hijos y conocida por su negocio “Rosa Dely”, fue abordada por tres sujetos armados y encapuchados, quienes la obligaron a subir a una camioneta Volkswagen Tiguan color gris. El hecho sucedió a la vista de su hijo mayor, de 10 años, quien la acompañaba en su negocio en ese momento.

Según la reconstrucción de los hechos narrados por la amiga, uno de los agresores preguntó por los productos que vendía. Al acercarse, la amenazaron con armas y le ordenaron subir al vehículo. “No, a él no, no le apunten”, suplicó Carmiña cuando los hombres encañonaron a su hijo. “Pues súbete, súbete tú”, respondieron los agresores.

Ada Ramos relató que Carmiña abrió su local de fresas y postres a las cuatro de la tarde. Apenas dos semanas antes había reabierto el emprendimiento tras un cierre prolongado debido a la inseguridad en Culiacán.

Madre, emprendedora y sin nexos con el crimen

Carmiña Miroslava Castro Salazar, de 29 años, es madre de cuatro niños: el mayor de diez años, dos gemelos de siete y el menor de seis. Su negocio, “Rosa Dely”, ofrece donas, pasteles, roles de canela, fresas con crema y cheesecake, productos que promociona en redes sociales, donde también comparte recetas y brinda cursos gratuitos de repostería en TikTok Live. De lunes a jueves, imparte clases de emprendimiento en la comunidad de San Ignacio.

Ada Ramos subrayó el perfil solidario de su amiga: “Ella solamente lo que hace en esta vida es emprender, ayudar a las personas”. Además, recalcó que Carmiña no tenía enemigos ni antecedentes de amenazas.

“No se mete en problemas, no está coludida con nadie y nunca ella vio algo raro, como cobrar piso o algo, nunca. Ella nunca me dijo nada en absoluto”, afirmó Ada.

Horas antes del hecho, Carmiña compartió en redes la satisfacción por su regreso al trabajo. “No tenemos absolutamente nada, nada, nada que ofrecerles. Andamos cansadísimos, pero bien felices porque se nos terminó absolutamente todo nuestro producto y nuestra mercancía”, expresó en uno de sus videos.

“Te estamos esperando”

La desaparición de la repostera ocurre en un entorno de violencia creciente en Sinaloa, donde han aumentado los ataques contra comerciantes y creadores de contenido en medio de la guerra entre Los chapitos y La Mayiza.

Más de 24 horas después de la desaparición, familiares y amigos de Carmiña mantienen la difusión de su ficha de búsqueda, pidiendo colaboración ciudadana y un esfuerzo decidido de las autoridades.

“Todos te estamos esperando, toda tu familia, te estoy esperando yo. Tenemos muchos planes juntas, nuestro proverbio aquí de amigas, tú no me puedes dejar. Regresa, Carmiña”, expresó Ada Ramos en entrevista.

“La queremos de vuelta, queremos que regrese a casa, sus hijos la esperan y su familia. No tenemos respuesta y queremos que se toquen el corazón”, insistió Ada, en nombre de la familia.

La ficha oficial describe a Carmiña Miroslava Castro Salazar como una mujer de 1.70 metros de estatura, complexión mediana, cabello largo y rubio, tez clara, con tatuajes distintivos en la nuca y ambas manos.

La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba y organizaciones como Sabuesos Guerreras han difundido la alerta en redes sociales. Las autoridades solicitan cualquier información que pueda contribuir a localizarla y piden a la ciudadanía comunicarse a los teléfonos oficiales y al número 667 157 1930.

El caso de Carmiña recuerda el secuestro de la influencer Nicole Pardo, conocida como “Nicholette”, quien fue privada de la libertad por sujetos armados el 20 de enero y liberada cuatro días después.

Una serie de cinco procedimientos realizados por la Dirección General de Aduanas en distintos puntos del país permitió secuestrar mercadería valuada en más de 500 mil dólares, según información oficial obtenida. Los operativos, ejecutados en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mercedes y el aeropuerto internacional de Ezeiza, involucraron desde ropa falsificada y encomiendas con artículos no declarados hasta precursores químicos y exportaciones irregulares de miel. De acuerdo con lo reportado por Infobae, las acciones apuntaron a evitar delitos de contrabando, fraude marcario y tráfico de sustancias sensibles.

En el barrio de Balvanera, en la Ciudad de Buenos Aires, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas (DGA) inspeccionaron tres locales comerciales donde detectaron productos de origen extranjero sin documentación respaldatoria. La mercadería incluía juguetes, artículos de bijouterie, electrónicos, cosmética, calzado y productos de librería. El valor de lo incautado ronda los 110 mil dólares. Muchos de estos productos presentaban indicios de fraude marcario. Según el artículo 987 del Código Aduanero, las multas podrían superar los 500 mil dólares.

Infobae precisó que los responsables no lograron acreditar el ingreso legal de los bienes, lo cual derivó en el secuestro inmediato.

El operativo en la provincia de Córdoba tuvo lugar en depósitos de encomiendas donde la Aduana utilizó la tecnología Scan Van para revisar bultos provenientes de la frontera. Durante estos controles, se incautaron 21.460 pares de medias, 4.500 prendas de ropa interior, 4.990 unidades de indumentaria, 4.370 artículos de blanquería y 300 mochilas, con un valor estimado de 85 millones de pesos.

La cantidad y variedad de los productos, todos sin respaldo documental, llevó a la presunción de que su destino era la comercialización irregular. De acuerdo con fuentes de Infobae, la mercadería fue secuestrada bajo la normativa vigente.

En la frontera de Aguas Blancas–Bermejo, en la provincia de Salta, la Aduana intervino dos camiones con matrícula boliviana que transportaban 35.144 kilogramos de acetato de etilo, un precursor químico clave en la fabricación de cocaína. El tránsito se realizaba desde Uruguay hacia Bolivia sin la habilitación correspondiente del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE).

El valor de la carga incautada asciende a 370 mil dólares y también fueron retenidos los vehículos y los teléfonos celulares de los choferes, ambos ciudadanos bolivianos, quienes quedaron detenidos. Según Infobae, la sustancia decomisada es considerada sensible y está sujeta a estrictos controles.

Otro de los procedimientos tuvo lugar en un depósito fiscal de Mercedes, bajo la jurisdicción de la Aduana de Campana, donde se revisaron 69 tambores de miel con un peso total de 21.090 kilogramos que iban a ser exportados a España. Durante la inspección se detectaron defectos de rotulado en 19 tambores, que no coincidían con la autorización de exportación emitida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Como medida preventiva, la Aduana bloqueó el permiso de embarque hasta que la empresa regularice la situación. Además, el organismo reportó deficiencias edilicias y de seguridad en el depósito, aspectos que deberán ser corregidos antes de autorizar futuras operaciones.

En el aeropuerto internacional de Ezeiza, la Aduana interceptó el ingreso de más de 100 unidades de mercadería falsificada durante controles realizados a dos pasajeros provenientes de Perú y España. Durante la inspección de equipajes, se hallaron 86 camisetas de la NBA, **25 camisetas de fútbol, 6 camperas rompevientos y 6 conjuntos deportivos, todos con inscripciones apócrifas de marcas como Adidas, Nike, Mitchell & Ness, Marathon y Hello Kitty. El valor estimado de la mercadería asciende a 15.860 dólares. Según la Ley 26.458, estos productos califican como de importación prohibida y serán destruidos, confirmó Infobae.

Los operativos desarrollados por la Dirección General de Aduanas se enmarcan en una serie de acciones para combatir el contrabando y proteger el mercado interno de prácticas comerciales ilegales. Las autoridades recordaron que los procedimientos se rigen por el artículo 987 del Código Aduanero, que prevé severas sanciones económicas y penas accesorias. El conjunto de mercadería secuestrada será objeto de procesos legales y, en los casos de sustancias químicas o productos falsificados, se ordenará su destrucción conforme a la normativa vigente.

En octubre de 2023, agentes procedieron con la detención de varias personas que viajaban en una furgoneta, portando matrícula falsa y en posesión de objetos considerados útiles para actividades ilícitas, incluyendo máscaras, bridas, guantes, espray de defensa personal y una pistola en perfecto estado de funcionamiento. La Audiencia de Málaga, según informó Europa Press, dictó el fallo que condena a seis personas –entre las cuales se encuentra una exnovia de la víctima– por delitos relacionados con dos tentativas de secuestro, amenazas de muerte y robo violento, registros que totalizan más de 34 años de prisión.

El medio Europa Press detalló que las sentencias fijan penas individuales comprendidas entre un año y medio y nueve años y medio de reclusión, en función de la participación de cada implicado. Los hechos ocurrieron durante 2023, cuando dos de los acusados, actuando en acuerdo y con la colaboración de la exnovia de la víctima –entonces en prisión por otros motivos–, planearon privar de libertad a un hombre para exigirle el pago de una cantidad indefinida de dinero, indica la resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

De acuerdo con Europa Press, el primer intento de secuestro tuvo lugar en junio de 2023 en Alhaurín de la Torre, Málaga. En aquella ocasión, dos de los principales procesados, asistidos por otras dos personas y un individuo no identificado, organizaron el secuestro del hombre. Consiguieron introducirlo de manera forzada en un vehículo, no obstante, la resistencia opuesta por la víctima frustró el hecho e hizo que sufriera lesiones. Según recoge la sentencia, los implicados cubrían sus rostros con pasamontañas y se equipaban con chalecos policiales y una placa falsa de la Policía, intentando así ocultar sus identidades. Al no concretar el secuestro pero aprovechando la situación, lograron apropiarse, mediante violencia, de una mochila perteneciente al afectado, que contenía documentación personal, varias tarjetas de crédito, setecientos euros en efectivo y las llaves de un vehículo.

El segundo episodio ocurrió en septiembre de 2023, cuando los acusados repitieron el intento de privar de libertad a la víctima. El hombre llegó a un aparcamiento en Málaga donde coincidió con su primo; allí, una furgoneta con placas alteradas se aproximó y de su interior descendieron tres de los encausados, quienes amenazaron con un arma al primo del hombre y agredieron físicamente a la víctima. Europa Press consignó que, pese al uso de la fuerza y las amenazas, ambas personas lograron huir del lugar.

La resolución judicial a la que accedió Europa Press expone que, tras el segundo intento fallido, uno de los principales encausados se comunicó mediante videollamada con el familiar de la víctima. En esa conversación, lo intimidó diciendo: “esta tarde te hemos tenido a tiro, hemos sido nosotros y no va a haber una tercera vez, soy delincuente desde chico y no tengo nada que perder. Si mañana estás en la tienda te tiro dos granadas y si no te matan te pego cuatro tiros”.

El fallo detalla que la detención de los acusados se realizó en octubre de ese año, cuando circulaban a bordo de otra furgoneta con matrículas falsas y transportaban los materiales propios “para la realización de actividades ilícitas que no se han acreditado en juicio”, según el documento judicial. Los delitos por los cuales fueron condenados incluyen secuestro en grado de tentativa, robo con violencia, falsificación documental y tenencia ilícita de armas, variando la pena según el grado de implicación en los hechos. A los dos principales responsables se les impusieron condenas de nueve años y nueve años y medio de prisión respectivamente.

En la sentencia, tal como publicó Europa Press, el tribunal absuelve a los procesados del cargo por pertenencia a grupo criminal. El razonamiento expuesto sostiene que la conducta se considera “un supuesto de codelincuencia y no grupo criminal”, ya que, aunque las actuaciones reflejan planificación y coordinación, no se acredita que la agrupación operara con el fin de cometer una pluralidad de delitos distintos a los eventos juzgados.

El tribunal también desestimó la imputación de un posible tercer secuestro, por entender que durante la intervención policial en la segunda furgoneta, no quedó demostrado sin género de dudas los eventuales planes para ejecutar un nuevo intento de privación de libertad.

Según la información facilitada por Europa Press, la sentencia detalla con precisión tanto los instrumentos usados como las estrategias de los implicados, así como el contexto en el que la exnovia del afectado colaboró desde prisión para facilitar los atentados contra la libertad de la víctima. Las actuaciones judiciales concluyen que el móvil de los responsables incluía la obtención de una suma de dinero cuyo monto no fue determinado y el uso reiterado de la intimidación y la violencia para lograr sus objetivos.

Los condenados deberán cumplir las penas por los diferentes delitos según la participación acreditada en cada uno de los hechos. La Audiencia de Málaga destaca la diferencia entre la organización puntual de los hechos y la existencia de una estructura criminal estable, razón por la cual se ha matizado la calificación legal de las conductas juzgadas.

Un ciudadano de nacionalidad peruana permaneció incomunicado durante cinco días hasta que, por un descuido de sus captores, logró establecer contacto con su madre a través de Whatsapp. Esta breve comunicación permitió a la madre alertar a la Policía Nacional del Perú, lo que desencadenó una respuesta inmediata de los cuerpos policiales en España y Perú. Según informó el Ministerio del Interior español, la víctima había llegado a Bilbao tras recibir una oferta laboral que resultó ser fraudulenta, situándolo en una red de engaño y privación de libertad.

Tal como reportó el medio de comunicación, agentes del Grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Bilbao, en conjunto con el grupo de Secuestros de la Comisaría General de Policía Judicial, coordinaron una operación que culminó con la liberación del hombre retenido. La intervención no solo involucró a las fuerzas de seguridad españolas, sino también a mecanismos de cooperación policial internacional, lo que facilitó la rápida conexión entre la víctima, su madre en Perú y el equipo de secuestros español. Esto posibilitó la activación de un dispositivo policial en el barrio de Zurbarambarri, ubicado en Bilbao, con el objetivo de localizar el punto exacto donde permanecía el hombre retenido.

La información oficial detalla que los secuestradores engañaron al ciudadano peruano prometiendo un empleo bien remunerado en Bilbao. Tras su llegada a España y una vez instalado en la capital vizcaína, los captores exigieron el pago del boleto de avión al propio afectado e intentaron imponerle condiciones laborales drásticamente diferentes a las discutidas previamente. La modificación de los términos y la exigencia de un reembolso por el viaje formaron parte de la presión ejercida sobre la víctima, quien vio restringida su movilidad y capacidad de comunicación.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, los investigadores monitorearon las comunicaciones entre la víctima, su madre y los cuerpos policiales implicados en la operación, mientras desplegaban recursos en las inmediaciones de Zurbarambarri. Esta acción, sumada a la vigilancia y presión ejercida sobre los secuestradores, derivó en la decisión de liberar al hombre en horas de la noche. Los captores abandonaron a la víctima en un parque, donde fue hallado posteriormente por efectivos policiales.

Al momento de su hallazgo, la persona presentaba signos evidentes de desnutrición y desorientación, según reveló el Ministerio del Interior. Los agentes procedieron a trasladarlo primero a un centro sanitario para recibir atención médica inmediata y, posteriormente, al albergue municipal de Bilbao para continuar con su recuperación y resguardo. La intervención priorizó la recuperación física y emocional del afectado tras los días de cautiverio.

Hasta el momento, no se ha producido ninguna detención relacionada con estos hechos. Las autoridades mantienen abierta la investigación y centran sus esfuerzos en identificar plenamente a los responsables del secuestro para su posterior presentación ante la Autoridad Judicial. El Ministerio del Interior subrayó que este operativo sigue en curso, con la recopilación de pruebas y testimonios que permitan esclarecer todos los detalles del caso.

La Policía Nacional aprovechó esta ocasión para recordar a la ciudadanía, especialmente a quienes buscan oportunidades laborales desde el extranjero, que cualquier oferta de trabajo debe estar respaldada por garantías legales y verificación a través de los canales oficiales apropiados. De acuerdo con las autoridades citadas por el medio, estas precauciones resultan fundamentales para evitar situaciones similares y garantizar la integridad de los trabajadores migrantes.

El incidente revela la existencia de redes que operan bajo la apariencia de oportunidades legítimas y que, en realidad, ponen en riesgo a personas vulnerables frente a delitos como el secuestro o la trata de personas. Según consignó el Ministerio del Interior, la cooperación internacional desempeñó un papel decisivo para resolver el caso y brindar asistencia tanto a la víctima como a su entorno familiar. La actuación coordinada entre las fuerzas policiales de Perú y España ilustra la importancia de establecer canales rápidos y efectivos de comunicación en este tipo de situaciones.

El caso permanece bajo investigación y las autoridades reiteran la necesidad de mantenerse alerta ante ofrecimientos laborales no verificados y de acudir siempre a las instancias oficiales antes de emprender viajes motivados por promesas de empleo en el extranjero. La puesta en libertad de la víctima se produjo tras la intervención y presión ejercidas por el dispositivo policial, que priorizó la localización y rescate seguro del ciudadano peruano, como han indicado los responsables del operativo.

Carmiña Miroslava Castro Salazar, conocida por su emprendimiento como repostera en “Rosa Dely” y creadora de contenido, fue privada de la libertad la tarde del domingo 29 de marzo en el sector norte de Culiacán, Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba y familiares, colectivos y autoridades han difundido una ficha de búsqueda para lograr su localización.

¿Qué se sabe de su secuestro?

Carmiña Castro fue interceptada alrededor de las 18:00 horas sobre el bulevar Rolando Arjona Amabilis, cerca de la plaza Carolinas, en el sector La Conquista.

Testigos relataron a medios locales que al menos tres sujetos armados, vestidos de negro y con el rostro cubierto, la obligaron a subir a una camioneta Volkswagen Tiguan color gris y huyeron con dirección a la carretera Los Mochis-Culiacán.

Al momento de la privación de la libertad, Carmiña se encontraba acompañada de su esposo y su hijo, frente al Colegio Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba tras la denuncia de familiares y difundió la ficha oficial, advirtiendo que la integridad de la joven se encuentra en riesgo y podría ser víctima de la comisión de un delito. El colectivo Sabuesos Guerreras también publicó la alerta y solicitó el apoyo de la ciudadanía.

¿Qué se sabe de Carmiña Castro?

Carmiña Miroslava Castro Salazar es reconocida en Culiacán y en redes sociales por su emprendimiento de repostería “Rosa Dely”. El perfil de Instagram de su negocio (@rosadelyy_) suma 3,728 seguidores y más de 170 publicaciones, donde promociona postres personalizados, recetas y contenido creativo.

La desaparición de la repostera ocurre en un entorno de violencia y tensión social en Sinaloa, donde han aumentado los ataques contra comerciantes y creadores de contenido, en medio de la guerra entre “Los Mayos” y “Los Chapitos” que azota la entidad desde el 9 de septiembre de 2024.

La ficha emitida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa describe a Carmiña Miroslava Castro Salazar de la siguiente manera:

• Edad: 29 años
• Estatura: 1.70 metros
• Complexión: Mediana
• Cabello: Largo, lacio, color rubio
• Tez: Clara
• Ojos: Medianos, color café claro
• Cejas: Semi pobladas
• Boca: Chica
• Labios: Delgados
• Nariz: Chica
• Vestimenta al momento del hecho: Blusa negra, pants negro y tenis
• Señas particulares: Tatuaje en la nuca con el nombre “Tessio”, tatuaje en la mano derecha con la frase “Adamelia 1717” y en la mano izquierda la letra “Y” y un corazón

El documento oficial señala: “Se considera que su integridad se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”. Se pide a la ciudadanía aportar cualquier información relevante a los teléfonos oficiales y al número 667 157 1930, difundido por el colectivo Sabuesos Guerreras.

Horas antes hallaron sin vida a empresario secuestrado en Mazatlán

Rafael Tirado Lizárraga, empresario de 65 años y propietario de Frutería Alicia, fue secuestrado la mañana del viernes 27 de marzo de 2026 en Mazatlán, Sinaloa. El hecho ocurrió en las afueras del mercado de abastos La Yarda, donde fue interceptado por sujetos armados antes de iniciar su jornada laboral. Tras dos días de búsqueda, su cuerpo fue hallado en la zona de El Venadillo, con impactos de arma de fuego.

La privación de la libertad de Tirado Lizárraga generó una inmediata reacción de alarma entre comerciantes y empresarios del puerto, quienes reclamaron garantías de seguridad en la región. Cámaras empresariales como la Canacintra Mazatlán condenaron el crimen y exigieron a las autoridades reforzar la estrategia de seguridad para salvaguardar la integridad de la población y la estabilidad de los negocios.

El establecimiento Frutería Alicia, con varias sucursales en Mazatlán, informó públicamente la pérdida de su fundador, al que describieron como un hombre trabajador, generoso y respetado en la comunidad. La noticia provocó muestras de solidaridad de clientes, empleados y otros empresarios locales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por el caso ni sobre los posibles móviles del crimen.

El sábado 28 de marzo de 2026, fueron capturados dos presuntos responsables del caso de un “paseo millonario” del que fue víctima Diana Ospina el 22 de febrero, que tendrán que comparecer ante un juez de garantías.

Según información oficial, las autoridades avanzan en las audiencias preliminares, mientras se busca establecer la responsabilidad de los implicados, uno de los cuales sería señalado como cabecilla de la estructura criminal.

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Las investigaciones, lideradas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, apuntan a la existencia de una organización dedicada a esta modalidad delictiva. Este tipo de crimen consiste en intimidar a las víctimas durante trayectos en transporte para obligarlas a realizar retiros de dinero o transferencias bancarias bajo presión.

Pronunciamiento de la defensa de la víctima

Tras conocerse la captura de los presuntos implicados, el abogado de Diana Ospina, Andrés Felipe Peláez, se pronunció públicamente sobre el avance del proceso judicial y el papel que asumirá la representación de la víctima en las audiencias.

“Hoy empieza a hacerse justicia en el caso de Diana Ospina. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Gaula de la Policía, ha logrado la captura de dos de los responsables por secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado, quienes aceptaron su responsabilidad”.

El defensor señaló que este avance es recibido con cautela, al tiempo que reiteró la necesidad de continuar con el proceso investigativo hasta esclarecer completamente lo ocurrido.

“Recibimos este avance con optimismo y con prudencia. También con la convicción de que el camino correcto es investigar hasta el final, esclarecer plenamente los hechos y sancionar a todos los responsables. Lo ocurrido con Diana no puede repetirse”, escribió Peláez.

De acuerdo con el abogado, la defensa acompañará las actuaciones judiciales que se adelanten en las próximas horas, en las que la Fiscalía imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento contra los capturados.

Solicitudes de medidas de protección

En el marco del proceso, la representación legal de la víctima anunció que solicitará medidas específicas para garantizar la seguridad de Diana Ospina, teniendo en cuenta su papel dentro del proceso judicial como víctima y posible testigo.

“Vamos a hacerle una solicitud de las procesales correspondientes, vamos a requerirle que pida unas medidas de protección en favor de Diana; nos parece muy importante salvaguardar su vida, su integridad y, por supuesto, que prestaremos el apoyo que la Fiscalía requiera en las eventuales audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento”, indicó Peláez.

El abogado también advirtió que se preparan para intervenir en las distintas etapas procesales que se desarrollarán, en coordinación con el ente acusador.

“Tienen que venir unos juicios de responsabilidad; nosotros creemos que esto debe pasar muy pronto. La Fiscalía ya tiene algunas pistas muy claras. Como todo lo han podido conocer hasta el momento, nos preparamos de una manera responsable y ética para ponernos a disposición de la Fiscalía; vamos a hacerle la solicitud procesal correspondiente”, agregó.

Avances en la investigación

El caso se remonta al 22 de febrero de 2026, cuando Diana Ospina fue víctima de secuestro tras salir del establecimiento nocturno Theatron, en la localidad de Chapinero. Según las investigaciones, abordó un taxi con destino a su vivienda en el barrio Santa María del Lago.

Antes de perder contacto con su familia, la víctima logró enviar a una amiga las placas del vehículo en el que se movilizaba, información que permitió a las autoridades iniciar el rastreo y avanzar en la reconstrucción de los hechos.

De acuerdo con el expediente, Ospina permaneció retenida durante aproximadamente 40 horas, periodo en el cual los responsables habrían realizado múltiples transacciones bancarias, logrando sustraer cerca de 40 millones de pesos. Además, se habría intentado exigir un rescate adicional de hasta 10 millones de pesos, monto que fue reducido tras contactos con la familia.

Las autoridades también establecieron, a partir de cámaras de seguridad y testimonios, que la interceptación se produjo mediante una acción coordinada: dos hombres descendieron de otro vehículo y abordaron a la víctima antes de que ingresara a su residencia.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación indicó que cuenta con elementos materiales probatorios; entre ellos videos y declaraciones, que serán presentados ante un juez de control de garantías para sustentar la solicitud de una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los procesados. El ente acusador sostiene que estas evidencias serán clave para avanzar en la judicialización y eventual sanción de los responsables.

El líder indígena del pueblo Nasa y excandidato al Senado, Nelson Cucuñame, fue secuestrado y posteriormente rescatado en la vía Panamericana, en hechos ocurridos el pasado viernes 27 de marzo en el norte del departamento del Cauca.

De acuerdo con información confirmada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acín) y reportada por El País, la retención se produjo cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaba el líder junto a su esquema de seguridad, en el corredor vial que conecta Popayán con Cali.

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Interceptación en el sector del río Ovejas

Según versiones conocidas, el hecho se registró en inmediaciones del río Ovejas, donde sujetos armados obligaron a detener la camioneta y se llevaron a Cucuñame.

Uno de los integrantes del esquema de seguridad, quien logró salir ileso, alertó sobre lo ocurrido a través de un audio: “En el sector del río Ovejas nos interceptaron, se llevaron la camioneta y al protegido”.

De manera preliminar, las comunidades señalan que los responsables serían integrantes de disidencias de las Farc con presencia en municipios del norte del Cauca, pero esta información aún no ha sido confirmada

Activación de controles territoriales y búsqueda

Tras conocerse el caso, comunidades indígenas de sectores como Pescador, Siberia y Caldono activaron mecanismos de control territorial, en coordinación con la Guardia Indígena.

Estas acciones permitieron desplegar labores de búsqueda sobre distintos puntos de la vía Panamericana, con el objetivo de ubicar al líder retenido.

De acuerdo con los reportes, la reacción comunitaria se dio de forma inmediata, lo que facilitó el desarrollo de los operativos en la zona.

Ubicación y liberación en el sector de Tunía

Horas después, Nelson Cucuñame fue ubicado en el sector de Tunía, sobre la misma vía Panamericana, donde habría sido dejado por sus captores.

Integrantes de la comunidad indicaron que la presencia de la Guardia Indígena y de la fuerza pública en el corredor vial incidió en la liberación del líder.

“Logramos interceptar a esos bandidos cuando se llevaban al mayor con rumbo hacia la zona rural de esos sectores, de ahí que al vernos a nosotros y a los soldados, no tuvieron otra opción que soltarlo”, señalaron participantes en las labores de control según el medio ya mencionado.

Valoración médica y acompañamiento comunitario

Tras su liberación, Cucuñame fue trasladado a un centro poblado cercano, donde recibió atención médica en un puesto de salud.

Posteriormente, retornó con su familia acompañado por miembros de la comunidad indígena, que hicieron seguimiento al caso.

Las autoridades indígenas también informaron que el vehículo en el que se movilizaba el líder fue hurtado durante el hecho, situación que continúa siendo materia de verificación.

Pronunciamiento del CRIC

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) también confirmó el secuestro y posterior liberación mediante un comunicado oficial.

“El líder indígena y excandidato al Senado, Nelson Cucuñame, fue secuestrado mientras se movilizaba por la vía Panamericana… horas después fue encontrado con vida gracias a la reacción de la Guardia Indígena y las autoridades del territorio”, señaló la organización.

El CRIC también expresó su rechazo frente a lo ocurrido y reiteró la necesidad de garantías para las comunidades: “Rechazamos este hecho que vulnera la vida y la integridad de nuestros pueblos. Exigimos garantías reales de protección y respeto por los territorios”.

Perfil del líder indígena

Nelson Cucuñame es reconocido como líder del pueblo Nasa en el Cauca, con trayectoria como sabedor y referente en temas de derecho propio y justicia indígena.

En las pasadas elecciones legislativas, fue candidato al Senado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), representando a distintos sectores de los pueblos indígenas.

Contexto de seguridad en la región

El norte del Cauca continúa siendo una zona con presencia de actores armados ilegales, lo que ha generado riesgos para líderes sociales, comunidades indígenas y usuarios de corredores estratégicos como la vía Panamericana.

Organizaciones indígenas han reiterado en diferentes escenarios la necesidad de fortalecer las medidas de protección y garantizar el respeto por los territorios, en medio de este contexto.

Las recientes desapariciones de trabajadores en distintos estados de México ha evidenciado la vulnerabilidad de sectores productivos clave frente a la delincuencia organizada.

El secuestro y localización sin vida 7 mineros de la empresa Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa; el plagio de electricistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Matehuala, San Luis Potosí; y la reciente privación de la libertad de obreros en China, Nuevo León, muestran el alcance de este fenómeno en regiones estratégicas para la economía nacional.

Estos hechos revelarían la capacidad de los grupos criminales para operar en zonas con escasa presencia estatal y controlar actividades económicas relevantes mediante la extorsión y, en algunos casos, reclutar de forma forzosa a la base trabajadora del país para pelear sus guerras.

Para entender la dimensión del problema, Infobae México entrevistó al Doctor Víctor Sánchez, investigador y especialista en seguridad pública, quien identificó los sectores más expuestos y las prácticas empleadas por las organizaciones delictivas.

Agricultura, ganadería y minería: industrias más expuestas

Víctor Sánchez señaló que la agricultura, la ganadería y la minería son las industrias más afectadas por la extorsión del narcotráfico en México.

El por qué, según el experto, estaría relacionado con que estas actividades suelen realizarse en regiones rurales, con baja vigilancia institucional y limitada cobertura mediática, por lo que sería un factor a tomar en cuenta para los cárteles.

Además, señaló que este fenómeno en aumento podría estar relacionado con el continuo crecimiento de organizaciones criminales en el país, las cuales buscan llenar sus arcas mediante la extorsión, debido a que es uno de los criminales más rentables, el cual no requiere inversión.

En el caso de Concordia -el cual apunta como culpable al Cártel de Sinaloa- el secuestro de mineros expone cómo los trabajadores de empresas situadas en zonas remotas enfrentan riesgos derivados de la presión de grupos criminales.

Además, Sánchez recordó que la extorsión a mineros no es algo nuevo, sino que ha sido una constante desde los primeros años de la década de los 2 mil.

Transporte y distribución, otro objetivo recurrente

Además de las tres industrias antes mencionadas, el transporte de carga se ha convertido en otro de los principales objetivos de la delincuencia organizada.

Según el especialista, los transportistas son atacados principalmente por el valor y la facilidad de comercialización de la mercancía que trasladan.

“Lo mismo pueden asaltar un tráiler que lleva gasolina, televisores o equipos médicos. A los transportistas se les asalta realmente por la carga”, afirmó Sánchez.

El impacto también alcanza a trabajadores de empresas de alimentos, bebidas y productos básicos, quienes han sido víctimas de extorsión y amenazas. Los grupos criminales exigen pagos para permitir el paso seguro de mercancías, afectando tanto a grandes corporativos como a negocios locales en diferentes regiones del país.

Empresas y familias ante la extorsión: distintas prioridades

Frente a la amenaza de la extorsión, las respuestas de las empresas y las familias de los trabajadores suelen diferir. Según Sánchez, las compañías buscan mantener sus operaciones y negociar con los grupos criminales, mientras que las familias anteponen la seguridad y el rescate de sus integrantes.

El especialista explicó que la familia prioriza ante todo el bienestar y la seguridad de sus integrantes, mientras que la empresa, aunque muestra preocupación por sus empleados, también considera la continuidad de sus operaciones y su viabilidad a mediano y largo plazo.

Además, el doctor Sánchez recomendó fortalecer la coordinación entre cámaras empresariales y autoridades para mejorar los sistemas de alerta y el reporte de zonas de riesgo.

El análisis de Víctor Sánchez y los casos recientes muestran que la extorsión y los ataques a trabajadores forman parte de un fenómeno estructural que exige atención prioritaria.

La retención de un motociclista por miembros de comunidades indígenas desplazadas asentadas en la UPI La Rioja, en el norte de Bogotá, la noche del 25 de marzo de 2026, provocó una respuesta contundente de Francisco Barbosa, exfiscal General.

Sobre este incidente, Barbosa expresó alarma y reclamó intervención urgente: “Aquí se requiere que de una vez la Fiscalía proceda a judicializar a estas personas porque es inadmisible este tipo de conductas”, afirmó en conversación con La FM.

Al analizar los hechos y sus posibles implicaciones legales, Barbosa fue enfático al señalar la gravedad de la acción: “Juan, se llama secuestro y se llama secuestro extorsivo y está en el Código Penal. Implica privación de libertad con fin de provecho económico y no importa que el hecho ocurra en un contexto comunitario o territorial”.

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El exfiscal precisó que exigir dinero a cambio de liberar o devolver constituye “una forma de coacción típica al secuestro extorsivo”, insistiendo en la importancia de que la autoridad investigue si la Fiscalía ya atiende la situación.

Barbosa también se refirió a los límites constitucionales de la jurisdicción indígena. “Ellos pueden ejercer funciones dentro de su territorio, pero tampoco, incluso dentro de sus territorios, se pueden legitimar conductas que vulneren todas las violaciones a los derechos fundamentales”, sostuvo, recalcando que la ley no permite justificar estos hechos bajo ningún modelo de autonomía.

La preocupación de Barbosa se extendió a la posibilidad de que estas acciones desborden los espacios asignados a las comunidades indígenas: “Por fuera de los territorios, esto es una locura lo que dice. Entonces, el parque nacional nos lo van a volver jurisdicción indígena, las calles donde se ubican, la Plaza de Bolívar, los lugares, por favor”, cuestionó en sus declaraciones a La FM.

Indígenas embera retuvieron a motociclista para pedirle dinero

La retención de un motociclista por parte de integrantes embera katío asentados en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida movilizó a la Alcaldía de Bogotá y reavivó el debate sobre la convivencia y jurisdicción en los predios ocupados por esa comunidad.

El episodio, originado tras un accidente de tránsito, expuso tensiones entre derechos indígenas, seguridad ciudadana e integridad de los menores residentes, y llevó al distrito a recalcar su autoridad legal sobre el predio y anunciar acciones judiciales.

“Los equipos distritales que hacen presencia permanente en estas instalaciones buscaron mediar la situación, abogando por una salida dialogada y pacífica que cuidara la integridad de todas y todos los involucrados”, tal como se expuso en el comunicado de la administración distrital que fue compartido por la Consejería de Paz.

Las autoridades precisaron que hasta el momento los equipos institucionales del Distrito no pueden ingresar al lugar, ya que, desde la tarde de ese miércoles, la comunidad embera impide el acceso a las instalaciones en La Florida. Esta restricción afecta el seguimiento institucional y la prestación de servicios a unas 42 familias que viven en el asentamiento, donde, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la mitad de la población está compuesta por niños y niñas.

Restricción de acceso institucional y antecedentes de riesgo para la infancia embera

Durante la noche del 31 de diciembre de 2025, la UPI La Rioja, otro asentamiento embera en Bogotá, fue escenario de incidentes que pusieron en evidencia la vulnerabilidad de los menores frente a conflictos internos y consumo de alcohol, según reportó Juliana Sánchez, subsecretaria técnica de Integración Social del Distrito

Esto llevó al traslado inmediato de 51 menores ese mismo día a centros Amar y desató una revisión profunda sobre la idoneidad del funcionamiento de La Rioja como albergue transitorio. Sánchez detalló que la jornada de fin de año incluyó agresiones contra gestores institucionales, riñas internas y exposición a riesgos graves para la población infantil y femenina.

La privación de la libertad del empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar en pleno sector de La Lomita, en Culiacán, encendió las alertas del sector empresarial y de seguridad en Sinaloa. Tras casi 26 horas de incertidumbre y un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales, el propietario de Grupo Águila fue localizado con vida.

El secuestro ocurrió el martes 24 de marzo, alrededor de las 13:45 horas, cuando Aguilar Salazar circulaba en un BMW modelo 430i, color gris, con placas de Sinaloa, sobre el bulevar Juan Pablo II, muy cerca del templo de Nuestra Señora de Guadalupe (La Lomita) y de la preparatoria Salvador Allende de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Testigos observaron que un grupo armado interceptó al empresario, lo obligó a descender tras un breve intercambio verbal y lo subió a otra unidad, abandonando el vehículo de lujo en la vía pública.

El hecho provocó una movilización inmediata de elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública estatal, fuerzas federales y militares. El propio secretario de Seguridad Pública acudió al sitio, en compañía de agentes de la Fiscalía General del Estado y del equipo de Servicios Periciales, que recabó huellas y otros elementos de evidencia, según los reportes oficiales. La familia del empresario reportó que se dirigía de la oficina a su domicilio al momento del plagio.

La FGE detalló a medios locales que el operativo de búsqueda incluyó patrullajes, análisis de cámaras de seguridad y filtros de revisión en la colonia Lomas de Guadalupe y alrededores. La intervención de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y de la Unidad Especializada Antisecuestros fue clave en la localización.

El empresario fue encontrado con vida, sin lesiones aparentes, y recibió atención médica y psicológica como parte del protocolo. Fuentes con conocimiento del caso dijeron a medios locales que el hombre ya tuvo contacto con personal ministerial para las diligencias correspondientes.

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado el lugar exacto donde se produjo la liberación ni las condiciones de la misma. Tampoco se han reportado personas detenidas en relación con la privación de la libertad.

Reacción del sector empresarial

La privación de la libertad de Arnulfo Aguilar Salazar generó consternación entre integrantes del sector gasolinero y gremios empresariales, quienes de forma anónima exigieron en un comunicado que circuló en redes sociales resultados inmediatos ante el impacto en la seguridad y en la actividad económica de la región.

Representantes empresariales reclamaron garantías para la protección de negocios y operadores, así como una respuesta institucional a la escalada de delitos de alto impacto.

Aguilar Salazar figura entre los empresarios más influyentes del ramo hidrocarburos en Sinaloa y es propietario de Grupo Águila, empresa con presencia relevante en el ramo de gasolineras en Culiacán y otras zonas del estado. El secuestro se suma a una creciente lista de incidentes que afectan a figuras clave del sector productivo local.

El caso se inscribe en un contexto de violencia exacerbada por la disputa interna en el Cártel de Sinaloa, especialmente en la capital sinaloense, donde se han registrado balaceras, enfrentamientos armados, robos de vehículos, incendios de viviendas y desapariciones.

Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl lograron la detención de cinco personas presuntamente relacionadas con el delito de secuestro, además del rescate de una persona que se encontraba privada de su libertad al interior de un bar ubicado en la colonia Estado de México.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos se registraron tras la denuncia de familiares de la víctima, quienes solicitaron el apoyo de las autoridades al señalar que su allegado estaba retenido dentro de un establecimiento, donde presuntamente le exigían dinero en efectivo a cambio de permitirle abandonar el lugar.

Ante esta situación, elementos adscritos al Sector Maravillas y a la Unidad de Investigación del Delito acudieron de manera inmediata al sitio señalado para verificar los hechos. Al ingresar al establecimiento, los oficiales localizaron a la persona afectada, quien se encontraba en el interior en contra de su voluntad, por lo que procedieron a su rescate de forma inmediata.

Durante el operativo, los agentes aseguraron a cinco personas identificadas como Braulio “N”, Joselyn “N”, Perla “N”, Skarlent “N” y Selene “N”, quienes presuntamente participaban en estas acciones ilícitas. Según las primeras indagatorias, los detenidos operaban dentro del bar, donde exigían diversas cantidades de dinero a los clientes a cambio de permitirles retirarse del lugar, lo que podría configurar un esquema de privación ilegal de la libertad con fines de extorsión.

Las autoridades señalaron que, tras la intervención, la víctima fue puesta a salvo y recibió atención, mientras que los presuntos responsables fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Asimismo, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl destacó la importancia de la denuncia ciudadana, ya que la oportuna intervención de los familiares permitió la actuación inmediata de los cuerpos de seguridad y el rescate de la persona afectada sin que se reportaran mayores daños.

La corporación también hizo un llamado a la población para reportar cualquier tipo de delito, en especial aquellos relacionados con extorsión o privación ilegal de la libertad, a fin de prevenir situaciones de riesgo y fortalecer la seguridad en el municipio.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de actuar de manera oportuna y coordinada para combatir delitos que atentan contra la libertad de las personas, al tiempo que exhortaron a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales de denuncia, como el número telefónico 55 57 43 43 43, disponible para brindar atención inmediata ante cualquier emergencia.

Este caso se suma a las acciones que buscan reforzar la seguridad en Nezahualcóyotl, donde las autoridades continúan implementando operativos para inhibir conductas delictivas y proteger a la población.

Diversos centros de rehabilitación tipo anexo fueron revisados por agentes de seguridad del Estado de México lo que derivó en la detención de ocho personas. De los 94 centros de rehabilitación revisados, 54 fueron asegurados, es decir, 41 siguen operando.

Además, las investigaciones de las autoridades mexiquenses indican que algunos de los inmuebles revisados obligaban a los internos a vender narcóticos, además de que eran “reclutados” contra su voluntad.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó el 25 de marzo que los agentes de seguridad acudieron a los anexos tras denuncias por la posible comisión de actividades ilícitas. Además, cuando los uniformados llegaron se dieron cuenta que muchos de estos lugares son un riesgo para la seguridad y salud de los internos.

Los crímenes ligados a los anexos

De igual manera, algunos de los espacios revisados eran casas particulares o bodegas, lo que representa que sea fácil relacionarlos con actividades delictivas, según compartió la Fiscalía mexiquense.

Ciertos anexos no contaban con las mínimas condiciones de seguridad y salubridad para las personas en estado de rehabilitación. Tampoco contaban con personal especializado para el tratamiento de las personas.

“Algunos de estos centros son utilizados por integrantes de estructuras delictivas como “refugio”, para evadir la acción de la justicia [...] en algunos de estos lugares, se desarrollan actividades ilícitas, toda vez que algunas personas internas son obligadas a participar en la venta de estupefacientes o son reclutadas para la comisión de otros delitos", se puede leer en el informe de las autoridades.

Incluso fue detectado que personal de algunos de los anexos violentaba de manera física y psicológica contra los internos, tales como encerrarlos en cisterna o raparlos.

Tras las revisiones, los agentes se dieron cuenta que la mayoría de los internos son mayores de edad, individuos que estaban contra su voluntad y no había expedientes de los mismos.

Los detenidos y los rescatados en Naucalpan y Ecatepec

Un total de mil 599 personas estaban en los anexos asegurados, la mayoría de ellos (mil 518) fueron llevados con sus familias, mientras que 80 fueron reubicados.

En Ecatepec fueron liberados tres menores de edad, posibles víctimas de secuestro y quienes estaban amarrados dentro del sitio revisado. Lo anterior también derivó en la detención de ocho personas.

Tres de los arrestados fueron identificados como trabajadores del anexo, se trata de Julio César “N”, Luis Antonio “N” y Edgardo “N”, quienes son señalados por su presunta responsabilidad el delito de secuestro en el “Centro Integral para las Adicciones “Un Sentido de Vivir”.

Mientras que Víctor Manuel “N”, Francisco Javier “N” y Mauricio “N”, fueron detenidos como posibles autores materiales del delito de privación de la libertad en agravio de tres adultos a quienes mantenían cautivos en el “CETRAPAD Lenguaje del Corazón, un Llamado al Amor” ubicado en Naucalpan.

También en Naucalpan fueron detenidos Ángel “N” y Ana Elena “N”, investigados por el ilícito de privación de la libertad en agravio de dos menores de edad en el “Anexo” “Nuevo Sendero” y/o “Los Hijos de la Quinta”.

“Fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de una interna del “Anexo” denominado “JC2”, identificada como Luna Rebeca “N”, investigada por el ilícito de secuestro que causa la muerte", añade el reporte.

Luego de que se diera a conocer el secuestro de ocho trabajadores en el municipio de China, en Nuevo León, se ha reportado que siete de ellos aparecieron sanos y salvos, y solo falta uno por localizar.

Según información de diversos medios locales, los trabajadores habrían sido privados de su libertad por sujetos armados, quienes los retuvieron.

Cuatro de los ocho trabajadores secuestrados fueron identificados como Eligio Espinoza Garza, de 43; Lindolfo Espinoza Garza, de 42; Mario Alejandro Martínez Perales, de 43 y Francisco Alfonso Martínez Perales de, 38, quienes son originarios de General Terán, mismos que habrían desaparecido en China, cuando se disponían a colocar una cerca en un rancho.

Estos cuatro hombres radican en los sectores de Vaquerías y La Ermita, en el municipio de Terán, en Nuevo León. Cuando desaparecieron se dirigían al municipio de China en una camioneta blanca marca Mitsubishi con placas de Tamaulipas, que era conducida por Casimiro Arjona Serna, de 53 años.

En el transcurso del pasado lunes, los familiares de estos trabajadores perdieron comunicación con ellos y comenzaron la búsqueda, sin éxito, razón por la que el martes presentaron su denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Además, tres hombres también fueron reportados como desaparecidos el pasado 19 de marzo en las inmediaciones del Rancho La Ermita, de la misma localidad. Ellos fueron identificados como Fidel Soto Mata, de 60 años; Sergio Vaca Robles, de 56 años y Pedro Bernal Horta, de 40 años.

De los ocho hombres desaparecidos, siete fueron localizados por las autoridades, y solamente falta encontrar a Casimiro Arjona Serna, de 53 años, habitante de General Terán.

Los trabajadores fueron localizados en la carretera conocida como El Carrizo, a la altura del kilómetro 15, en el tramo que conecta General Terán con Los Ramones, cerca de la carretera Libre a Reynosa en Los Ramones.

Tras la localización de los hombres, la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Antisecuestros, el BUPE de Fuerza Civil y la Comisión Local de Búsqueda, implementa un operativo en el municipio de China.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León confirmó la apaición de las siete personas, y aseguró que se lleva a cabo la búsqueda de la última persona.

La historia del secuestro de Enrique Castro, conocido como ‘Quini’, en la primavera de 1981, sigue generando debate sobre la transformación social en torno a las figuras del fútbol y el distanciamiento de los deportistas de élite con el público general. Según publicó el medio que acompaña el estreno de la serie documental ‘Por cien millones’ en Movistar Plus+, este estreno expone no solo los detalles del suceso que conmocionó a España, sino que contrasta de manera evidente la vida cercana y común que llevaba Quini con el aislamiento en el que residen actualmente los futbolistas de alto nivel.

De acuerdo con lo reportado por la fuente, Nacho G. Velilla, director y cocreador de la serie, destacó que ni Vinicius ni Mbappé podrían haber llevado el tipo de vida tan accesible y cotidiana que caracterizaba a Quini. Velilla subrayó que, en la actualidad, los jugadores tienden a vivir en entornos separados, tanto física como socialmente, del resto de la sociedad que los sigue y los ha convertido en figuras millonarias. “Hoy en día los futbolistas viven como en una burbuja aparte de la sociedad que les admira. Viven en urbanizaciones aparte, en mundos aparte”, señaló Velilla, quien sostuvo que existe una desconexión creciente entre estos atletas y quienes los idolatran.

El proceso de elaboración de la serie incluyó entrevistas con los hijos de Quini, quienes participan con pequeños papeles, lo que permitió profundizar en la vida personal del delantero asturiano. El propio Velilla afirmó que la vida de Quini era similar a la de cualquier ciudadano y que la comunidad todavía lo recuerda compartiendo actividades cotidianas, como cenar con sus vecinos o llevar a sus hijos al colegio, una imagen muy diferente a la de los jugadores de hoy, según reportó la misma fuente.

Raúl Arévalo, que interpreta a uno de los secuestradores en la serie, manifestó estar de acuerdo con la visión de Velilla respecto a la mayor cercanía de los jugadores de fútbol de aquella época con la sociedad. Por su parte, Agustín Otón, quien representa a Quini en la ficción, explicó que la imagen del futbolista actual se ha alejado del concepto tradicional de deportividad y de valores que se reconocían en figuras pasadas. Otón indicó que los futbolistas contemporáneos viven en mansiones y poseen vehículos lujosos, y que este estilo de vida distante influye en la percepción del público que adopta una admiración basada en la superficialidad y la falta de valores. Según comentó Otón a la fuente citada, “hoy en día como que está mal visto ser buena persona, mola ser malo y criticar”.

Durante los tres episodios que componen la serie ‘Por cien millones’, se narra el secuestro del máximo goleador del F.C. Barcelona como un hecho real y traumático, tanto para la familia de Quini como para la sociedad española de entonces. Raúl Arévalo incidió en que la producción evitó frivolizar el sufrimiento que supuso este delito, pero mostró ciertos aspectos inesperados surgidos de la inexperiencia de los secuestradores, quienes eran tres mecánicos de Zaragoza que nunca habían delinquido y que, tras recibir el perdón público de Quini, no volvieron a cometer delitos, detalló el medio.

La fuente destacó que la idea de llevar esta historia a la pantalla comenzó a tomar forma un año después del fallecimiento de Quini en 2018, cuando Nacho G. Velilla conversó con periodistas que le relataron episodios inéditos del caso, como la elección de la víctima y las torpezas de los secuestradores, quienes ni siquiera sabían conducir el coche automático que emplearon en el rapto. Tras estas conversaciones, el equipo creativo realizó una extensa labor de documentación para recrear los hechos con la máxima fidelidad posible, incorporando alrededor de un 10% de elementos ficticios inspirados en un reportaje de una revista aragonesa.

Velilla y los responsables de la serie subrayaron que la situación financiera difícil de los tres secuestradores es un aspecto que sigue teniendo eco en la sociedad actual. Los actores explicaron que las crisis económicas, las dificultades para llegar a fin de mes y las carencias que vivía la población en aquella España de comienzos de los ochenta permiten que el espectador empatice con el trasfondo de la historia, según consignó la fuente. Vito Sanz, otro de los intérpretes principales, resaltó que la conexión de la serie con el presente radica en la persistencia de problemas económicos y la complejidad de la vida cotidiana, factores que permanecen vigentes y hacen que el relato resulte relevante para la audiencia actual.

Movistar Plus+ estrenó ‘Por cien millones’ el jueves 26 de marzo, presentando una producción que, de acuerdo con el director y los actores, no solo retrata fielmente el secuestro de una de las personalidades más destacadas del fútbol español, sino que también invita a reflexionar sobre las transformaciones sociales y la evolución de los valores en el deporte y la vida pública desde entonces.

Un grupo armado privó de la libertad al empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar en Culiacán, Sinaloa, en las inmediaciones del templo de La Lomita, lo que desencadenó un fuerte operativo policial en la zona.

De acuerdo con la información de medios como Noroeste y El Sol de Sinaloa, los hechos ocurrieron la tarde del martes 24 de marzo cuando el empresario de 81 años, propietario de Grupo Águila, iba a bordo de un vehículo BMW de modelo reciente sobre el bulevar Juan Pablo II, en la colonia Lomas de Guadalupe.

¿Qué se sabe del secuestro?

Fue alrededor de las 14:30 horas que el empresario fue interceptado por sujetos armados cerca del templo de Nuestra Señora de Guadalupe y de la preparatoria Salvador Allende de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El automóvil de Aguilar Salazar quedó abandonado a escasos metros del lugar de los hechos. La privación de la libertad del empresario generó una movilización inmediata de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, incluido personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El equipo de Servicios Periciales recabó huellas y otros elementos de evidencia en la escena. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantienen abiertas varias líneas de investigación.

De acuerdo con testimonios, se tiene conocimiento de que los agresores interceptaron el automóvil de la víctima, lo obligaron a descender y se lo llevaron por la fuerza. Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables, el número de personas que participaron ni el motivo que habría detrás del secuestro.

Para la noche del martes el paradero de Arnulfo Aguilar Salazar seguía sin conocerse, y tampoco existen reportes sobre exigencias de rescate o comunicación con los secuestradores.

Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa no ha emitido ninguna ficha relacionada con la privación de la libertad de Arnulfo Aguilar Salazar.

Más hechos violentos

Arnulfo Aguilar Salazar figura, junto a su hermano Arturo, como uno de los empresarios más destacados del sector hidrocarburos en Sinaloa. Es propietario de Grupo Águila, empresa con presencia relevante en el ramo de gasolineras en Culiacán y otras zonas del estado.

La privación de la libertad de Arnulfo Aguilar Salazar ocurre en un contexto de creciente inseguridad en Culiacán, en medio de las disputas internas del Cártel de Sinaloa.

En horas recientes, la ciudad enfrentó otros episodios violentos, como el incendio intencional de una vivienda en la colonia Lázaro Cárdenas donde, una semana antes, se había registrado un ataque armado que dejó tres personas sin vida y una herida.

Por otro lado, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de un hotel ubicado en la colonia Centro de Culiacán. El homicidio se registró alrededor de las 17:45 horas, cuando la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, fue interceptada por hombres armados que le dispararon en varias ocasiones en uno de los pasillos del establecimiento. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

El proceso en contra de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, avanzó a una nueva etapa luego de que este martes finalizó la prórroga solicitada por la Fiscalía General del Estado de Tabasco para formular su acusación.

Luego de ser vinculado a proceso en septiembre de 2025 por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada como parte de la causa penal 213/2025, el Ministerio Público local solicitó un plazo de tres meses para ampliar la investigación en contra del también exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Con la finalización de la prórroga concedida por el juez de control, la Fiscalía del Estado contará con 15 días hábiles para formular la imputación en contra de Bermúdez Requena por los delitos antes referidos.

Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, presidente del Tribunal Superior de Justicia, detalló a medios locales que luego de formular la imputación en contra del exfuncionario, comenzará el juicio en su contra para determinar si es hallado culpable o no.

Javier May, gobernador de Tabasco, informó que las autoridades se encuentran “en tiempo” para realizar la acusación en contra de Bermúdez Requena tras el vencimiento del plazo.

Requena busca ampararse contra posible extradición

Desde principios de marzo, Hernán Bermúdez Requena busca ampararse contra una posible extradición a los Estados Unidos, esto luego de que afirmó haber escuchado a sus custodios decir que tiene un proceso abierto.

De acuerdo con el expediente, consultado por Infobae México, Requena señaló que sus custodios en el Centro Federal de Readaptación Social No.1, también conocido como “Altiplano”, le comentaron que sería enviado a EEUU.

“Custodios me comentaron que ‘ya me iba al gabacho’ porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que robustece con las notas periodísticas de circulación nacional que agrego al presente, sin que a la fecha se me haya notificado procedimiento dicho formalmente de extradición a solicitud de los Estados Unidos de América", detalló en su amparo.

Sin embargo, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, determinó que no existe ningún perjuicio real en contra de Hernán Bermúdez Requena debido a que a la ausencia de una notificación oficial.

Además, el juez señaló que solo tiene comentarios de sus custodios y, tras una revisión a las notas periodísticas recopiladas por el detenido, no advirtió la existencia de un proceso de extradición en su contra.

Ante la negativa, Bermúdez Requena presentó un recurso de queja para que se reevalúe la decisión del juez, ya que insiste en que mantiene un proceso en su contra para ser enviado a los Estados Unidos.

Debido a lo anterior, se espera que sea en los próximos días que un Tribunal Federal emita su resolución, ya que puede confirmar la negativa del juez.

Las autoridades lograron localizar a uno de los prófugos en Benalmádena, Málaga, después de que pasara por varias ciudades españolas bajo identidades falseadas y llevando una vida reservada junto a su entorno cercano. Este individuo era buscado por su implicación en el secuestro y tortura del fundador de una empresa dedicada a las criptomonedas en Francia, así como de la esposa de la víctima, según informó la Guardia Civil mediante un comunicado. Además, en una operación diferente, se arrestó a un ciudadano brasileño en Zarza, Badajoz, requerido por la justicia de su país por delitos de abuso sexual a un menor cometidos en Corumbá de Goiás entre 2024 y 2025, de acuerdo con la información proporcionada por la misma fuente.

En el caso del ciudadano francés, la investigación detalló que existía una Orden Europea de Detención y Entrega en vigor, emitida por las autoridades judiciales de Francia. Este hombre, acompañado de otros tres individuos encapuchados y armados, secuestró al empresario y a su esposa mientras ésta dejaba a sus hijos en el colegio. Según reportó la Guardia Civil, durante el cautiverio los captores exigieron un rescate de 10 millones de euros. Los secuestradores llegaron a amputar un dedo del empresario para ejercer presión sobre la familia, de acuerdo con el comunicado oficial difundido por el cuerpo policial.

Tras la intervención de las fuerzas de seguridad francesas, las víctimas consiguieron ser liberadas y todos los miembros del grupo criminal fueron detenidos, salvo uno, que logró huir hacia territorio español para eludir la acción de la justicia. El medio policial explicó que, finalmente, una investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permitió identificar la ubicación del prófugo en Valencia, donde mantenía una rutina de bajo perfil en compañía de su pareja y un amigo. Los agentes constataron que se alojaban en apartamentos arrendados por internet y empleaban la tarjeta bancaria de una cuarta persona con el propósito de dificultar su rastreo.

Posteriormente, tanto el detenido como su entorno se desplazaron a Sevilla y luego a Cádiz antes de asentarse en Benalmádena, Málaga. Allí fueron localizados durante la última semana y se desplegó un dispositivo policial especial para ejecutar su arresto, traslado y custodia hasta los Juzgados de Fuengirola. El comunicado de la Guardia Civil enfatizó que se mantuvieron medidas de seguridad reforzadas ante la posibilidad de acciones de rescate por parte de la organización criminal a la que pertenecía el detenido.

Por otro lado, la detención realizada en Zarza, Badajoz, correspondió a un hombre de nacionalidad brasileña sobre el que pesaba una orden internacional de captura emitida por Brasil. Según detalló la Guardia Civil, las autoridades brasileñas lo señalaban por un presunto delito de abuso sexual contra un menor perpetrado entre los años 2024 y 2025 en la localidad de Corumbá de Goiás. En febrero de 2026, el Poder Judicial de Brasil dictó prisión preventiva y remitió una Red Notice a INTERPOL para activar la búsqueda global del sospechoso.

Tras recibir la solicitud internacional, agentes de la Guardia Civil iniciaron las tareas de localización. Para este proceso se coordinaron con el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal de Brasil (CCPI-RJ), con sede en Río de Janeiro, tal como consignó el propio cuerpo policial. El trabajo conjunto de intercambio de información permitió determinar que el prófugo residía en la provincia de Badajoz. Finalmente, los agentes españoles desarrollaron la operación que concluyó con la localización y detención del investigado.

El comunicado institucional precisó que ambas detenciones respondieron a reclamaciones judiciales internacionales emitidas por los respectivos países en los que ocurrieron los delitos, Francia y Brasil. De acuerdo con el informe difundido por la Guardia Civil, los arrestos se produjeron tras operativos coordinados entre las fuerzas de seguridad españolas y las autoridades de los países involucrados, con colaboración de organismos internacionales como INTERPOL.

Tanto el ciudadano francés implicado en los hechos violentos contra el empresario de criptoactivos como el nacional brasileño acusado de agresión sexual a un menor han quedado a disposición de la justicia española, a la espera de las decisiones sobre su entrega o extradición a sus países de origen, conforme a los procedimientos establecidos para las órdenes de detención y entrega internacionales.

El barrio Pénjamo, en el municipio de El Progreso, Yoro, suele ser un sector de tránsito cotidiano para cientos de familias hondureñas. Sin embargo, lo que debía ser una rutina escolar ordinaria a la salida de la Escuela Petronila Villalobos, se transformó en el escenario de una pesadilla que ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Todo comenzó en un instante. Mientras los niños abandonaban el centro educativo, una mujer desconocida en la zona se aproximó a un pequeño. Sin mediar palabra y ante la mirada atónita de los presentes, la sospechosa desenfundó un cuchillo y lo colocó directamente en el cuello del menor. El objetivo era claro: el secuestro.

Lo que la agresora no calculó fue la presencia de una “leona” en forma de madre. Al ver a su hijo con el acero rozándole la piel, la progenitora no retrocedió ni cedió al pánico que paralizaría a cualquiera. En un despliegue de adrenalina y valor puro, se lanzó contra la mujer armada.

El forcejeo y la derrota de la captora

El enfrentamiento fue físico y brutal. En plena vía pública, madre y agresora forcejearon por el control del arma blanca. La madre, impulsada por un sentido de urgencia que solo quienes tienen hijos pueden comprender, logró desarmar a la mujer y someterla contra el suelo.

“Si ella está loca, estoy más loca yo, porque por mis hijos doy la vida”, sentenció la valiente mujer minutos después de los hechos, una frase que se ha convertido en el eslogan de resistencia para miles de internautas.

Lo que siguió después del forcejeo fue un despliegue de cinismo por parte de la sospechosa. Al verse rodeada por vecinos que acudieron al grito de auxilio y ante la mirada implacable de la madre que la mantenía inmovilizada, la presunta secuestradora fingió un desmayo. Fue un intento desesperado por evadir la ira de la comunidad y la responsabilidad de sus actos, pero nadie en el barrio Pénjamo se dejó engañar por la actuación.

La crítica a la seguridad: Una hora de abandono

A pesar del desenlace heroico, el caso ha puesto el dedo en la llaga sobre la crisis de seguridad en Honduras. La indignación de los habitantes de El Progreso no solo se dirige a la atacante, sino a la Policía Nacional.

Según los testimonios de los vecinos y los reportes de medios locales, la patrulla policial tardó aproximadamente una hora en llegar al lugar del incidente. Durante ese tiempo, la comunidad tuvo que hacerse cargo de la situación, lidiar con la tensión de un posible linchamiento y asegurar que la sospechosa no escapara ni se hiciera daño.

“Los niños no se tocan”, fue el grito de guerra que resonó en las calles de Pénjamo. La tardía respuesta estatal deja un sabor amargo: si no hubiera sido por la intervención directa de la madre, el destino del niño habría sido trágico antes de que el primer uniforme policial apareciera en la escena.

El poder del instinto

Este caso en Honduras no es solo un caso viral; es un recordatorio de la vulnerabilidad de los espacios escolares y de la resiliencia de una sociedad que, ante la ausencia de protección oficial, ha decidido no dejar pasar ni una sola agresión contra sus miembros más pequeños.

La sospechosa se encuentra ahora bajo custodia, enfrentando cargos que podrían marcar el resto de su vida, mientras una madre y su hijo intentan procesar el trauma de una mañana que comenzó con libros y terminó con una lección de supervivencia que Honduras jamás olvidará.

Diego “N”, el exalcalde de Tequila, Jalisco, obtuvo una suspensión definitiva por parte de un juez respecto a la vinculación a proceso en su contra. El exfuncionario estaría relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hechos fueron dados a conocer el 18 de marzo, fue el juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Jorge Adrián Cruz, el que determinó la medida cautelar.

No implica que salga de prisión, debe resolverse su situación

Con lo anterior se establece que el proceso continúe hasta la etapa intermedia pero tiene que suspenderse la apertura del juicio oral en tanto es resuelto el juicio de amparo. Lo anterior, según destacó el periodista Rubén Mosso de Milenio.

Es importante resaltar que lo definido por el juez no implica que Diego “N” sea liberado.

Cabe recordar que el pasado 10 de marzo el exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N” obtuvo una suspensión provisional contra la vinculación a proceso.

Mientras que el 11 de febrero pasado fue informada la vinculación a proceso en contra del hombre, quien es investigado por su presunta responsabilidad en actividades de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado.

Fue arrestado junto con otros funcionarios

Diego “N” enfrenta acusaciones por presuntamente ser el responsable de extorsiones contra empresas de cerveza y Tequila, además de tener nexos con el CJNG. Reportes de inteligencia lo ubican como posible líder de una estructura de corrupción al interior del Ayuntamiento que tenía a su cargo con el que funcionarios extorsionan a comerciantes de la entidad.

Asimismo, los registros indican que en mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía de Jalisco por el caso de la presentación musical de Los Alegres del Barranco, evento en el que fueron proyectadas imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en ese momento líder del CJNG.

El presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue capturado el 5 de febrero pasado en el marco de la Operación Enjambre, junto con él fueron capturados otros funcionarios:

• Juan Manuel P. S., un hombre que recibía un sueldo de 24 mil pesos mensuales por sus actividades, según archivos de su declaración patrimonial.
• Juan Gabriel T. V., Director de Catastro y Predial. Antes de desempeñar el cargo fue regidor y servidor de la nación.
• También fue detenido Isaac C. V., Director de Obras Públicas de Tequila. Cuenta con una carrera en Ingeniería Civil y antes de trabajar como funcionario fue director de una empresa de marzo de 2021 a septiembre de 2024.

“Se realizó un despliegue en varios sitios de la entidad mexiquense para desarticular la red de apoyo municipal a miembros de diversas organizaciones criminales que operan en la entidad”, destacó el Gobierno de México en dicha ocasión.

Un universitario de 19 años terminó retenido por delincuentes armados en un hecho que expone un patrón de ataque dirigido contra estudiantes y jóvenes en tránsito. El caso se registró el martes 17 de marzo, cerca de las 10:00, cuando el joven regresaba a su vivienda en Tacna.

El episodio ocurrió en la avenida Celestino Vargas, en el distrito de Pocollay. Según fuentes policiales y el testimonio del padre de la víctima, el estudiante caminaba con normalidad cuando un sujeto lo interceptó con un arma de fuego. Bajo amenaza directa, lo obligó a desplazarse hacia una zona con menor circulación.

El agraviado, alumno de la Universidad Privada de Tacna, quedó bajo control de al menos tres personas. Los atacantes utilizaron una estrategia de intimidación basada en suplantar identidad criminal para obtener información personal y familiar.

Retención y amenazas para obtener información

De acuerdo con las fuentes consultadas, el joven fue llevado hasta inmediaciones de la urbanización Caplina, donde lo esperaban otros dos individuos armados. En ese punto, los sujetos reforzaron la amenaza. “Somos sicarios y estamos buscando a una persona para victimarla”, le dijeron, según el relato recogido.

Durante cerca de una hora, los delincuentes formularon preguntas sobre la situación económica de su familia. El objetivo, de acuerdo con la información disponible, se centró en identificar posibles beneficios inmediatos. Tras ese interrogatorio, los agresores le quitaron un teléfono celular, una tablet y su mochila.

Luego del robo, los sujetos abandonaron al estudiante en la zona y escaparon sin dejar rastro visible en el momento. El joven logró regresar a su domicilio tras el hecho.

Denuncia familiar y cuestionamientos a la respuesta

El padre del universitario, identificado como Sergio, denunció el caso ante las autoridades y expresó su preocupación por la reacción del entorno. “Nadie lo ayudó pese a que pedía auxilio”, declaró en referencia a los transeúntes que presenciaron parte del episodio.

También cuestionó la actuación del personal de seguridad local. Según indicó, la respuesta del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Tacna resultó insuficiente frente a la situación. En esa misma línea, mencionó dificultades iniciales con agentes de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú. “No brindaron apoyo inmediato”, sostuvo.

Tras la denuncia formal, agentes policiales iniciaron diligencias desde la comisaría del sector. Las acciones incluyen la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en el trayecto donde ocurrió la intervención y en zonas cercanas.

Fuentes del caso indicaron que ya existen registros visuales que muestran los rostros de los presuntos implicados. Este material se encuentra en proceso de análisis para avanzar en la identificación de los responsables.

La Policía continúa con las investigaciones para ubicar a los involucrados y determinar si el hecho guarda relación con otros casos bajo la modalidad de “reglaje” reportados en la ciudad.

Canales de ayuda

A través de los siguientes canales puedes denunciar cualquier tipo de agresión, la cual debe ser atendida de inmediato por las autoridades sin cuestionar tu decisión.

• Puedes comunicarte al 105, donde la Policía Nacional del Perú atenderá el caso y pondrá en resguardo a la víctima.
• MIMP: el Ministerio de la Mujer también cuenta con diversas plataformas para acompañar a las víctimas de violencia. Puedes acercar la denuncia a través de la Línea 100 o acercarte a un Centro de Emergencia Mujer.
• Fiscalía de la Nación: el Ministerio Público también podrá extender el caso y solicitar medidas de protección con tu denuncia.

La liberación se llevó a cabo tras la intervención de una misión humanitaria de la Cruz Roja Internacional, por lo que las adolescentes se reunieron con su familia tras la revisión médica. Aunque, hasta el momento, no se han divulgado detalles específicos sobre su estado de salud.

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Ante este grave suceso se pronuncio el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, que indicó a Noticias RCN que la incursión armada donde fueron secuestradas las jóvenes resultó también en el asesinato de otras dos personas en El Bagre, una de ellas sería familiar directo de las menores.

La secuencia de los hechos revela que el secuestro de las hermanas ocurrió el jueves 12 de marzo de 2026 en medio de un enfrentamiento entre grupos armados ilegales en la región.

Gloria Quiceno, jefa de la delegación de la misión humanitaria, explicó al medio Radio Nacional de Colombia que la entrega había sido pactada para el lunes, pero que las condiciones de orden público dificultaron el traslado inmediato de las adolescentes: “Ayer en la tarde le fueron entregadas a la Cruz Roja Internacional; por razones de orden público no pudieron salir, pero ya esta mañana, 17 de marzo, se pusieron en buen sitio y ya están en el trámite que se hace en estos casos”.

Además, Quiceno precisó que las menores estaban “en buenas condiciones de salud”, disipando momentáneamente la preocupación sobre posibles complicaciones ocasionadas por el cautiverio. También detalló que las adolescentes quedaron en situación vulnerable al ser capturadas durante una “confrontación entre Gaitanistas y el Frente 4”.

Debido a este nuevo caso, Luis Emil Sanabria, director de Redepaz, instó a los grupos armados a cesar las violaciones al Derecho Internacional Humanitario: “Es necesario transitar por el camino del desescalamiento del conflicto armado para facilitar escenarios de diálogo y paz”.

La Defensoría del Pueblo advirtió que “La persistencia de hechos como estos profundiza el sufrimiento de las comunidades y compromete la responsabilidad, inclusive penal, de quienes los cometen”.

La liberación de las adolescentes se atribuye a la intervención coordinada de instituciones estatales y humanitarias. Cabe mencionar que Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, exigió públicamente y en repetidas oportunidades la liberación inmediata de las hermanas, calificando el hecho como “una violación al derecho internacional humanitario”.

Cabe mencionar que el proceso de entrega, supervisado de cerca por la Misión Humanitaria de la Cruz Roja Internacional, contó con garantías de seguridad y coordinación en territorio afectado por disputas armadas.

Tensión en la zona donde fueron secuestradas las menores de edad

El hecho violento en el que se vieron involucradas las dos adolescentes y resultaron asesinadas dos personas, fue interpretado por organismos de derechos humanos y las autoridades departamentales como una advertencia sobre la persistencia de la violencia armada en Antioquia y los desafíos para la implementación de acuerdos de paz y desescalamiento del conflicto.

La Defensoría del Pueblo reiteró, según Noticias RCN, que “la toma de rehenes, la privación ilegal de la libertad y cualquier forma de violencia contra la población civil, están prohibidas y constituyen graves infracciones”.

La recuperación de la libertad de las hermanas se convirtió en un punto importante en la agenda de búsqueda de soluciones humanitarias inmediatas, mientras la comunidad internacional y local espera que hechos similares no vuelvan a repetirse.

La víctima, una mujer de aproximadamente sesenta años, recibió auxilio de su marido y de un trabajador en plena vía pública después de que una pareja intentó introducirla por la fuerza en un automóvil en el barrio de Son Ferriol, en Palma. Este suceso, ocurrido cerca del mediodía del pasado domingo, motivó la intervención inmediata de los cuerpos de seguridad y ha llevado a la adopción de medidas de internamiento para los supuestos responsables. Según detalló Europa Press citando fuentes judiciales, el magistrado titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos detenidos tras tomarles declaración.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press y confirmada por la Jefatura Superior de Policía de Baleares, el episodio comenzó cuando la víctima se encontraba en una rotonda a la espera de un familiar. En ese momento, se le aproximó un vehículo en el que viajaban los sospechosos, un hombre y una mujer, quienes supuestamente exigieron a la víctima que subiera al coche. Ante la negativa de la mujer, la sospechosa descendió del automóvil y la sujetó con fuerza del brazo, empujándola con la aparente intención de obligarla a ingresar en el vehículo.

Europa Press informó que la escena derivó en un forcejeo. La víctima logró zafarse y desplazarse hasta su domicilio mientras la mujer sospechosa la perseguía. Al alcanzarla nuevamente, se produjo un segundo enfrentamiento físico en el que la mujer afectada cayó al suelo. Según indicaron los testimonios recogidos por la Policía, la presunta asaltante continuó intentando forzar el ingreso de la víctima en el vehículo en medio de esa situación.

La intervención de varios testigos, entre ellos el esposo de la víctima y un trabajador, resultó fundamental para impedir que los sospechosos llevaran a cabo el secuestro. Al percatarse de la ayuda que se aproximaba, quienes intentaban la sustracción huyeron del lugar a bordo del automóvil.

La Policía Nacional señaló a Europa Press que la rápida actuación de los testigos permitió obtener una descripción detallada de los presuntos responsables. Tras recibir estas informaciones, varias patrullas realizaron recorridos por la zona y lograron localizar y arrestar a los sospechosos en las horas siguientes. Los detenidos, tras pasar a disposición judicial, escucharon la decisión del magistrado, que ordenó su ingreso en prisión provisional como supuestos autores de un delito de tentativa de detención ilegal.

Cuando los agentes llegaron al escenario del suceso, encontraron a la víctima mostrando múltiples contusiones y en un estado emocional alterado después del intento de secuestro. Fueron recogidos testimonios de la propia persona afectada y de quienes presenciaron la agresión, tanto su marido como el trabajador que acudieron en su auxilio, según reportó Europa Press basándose en fuentes de la investigación policial.

Las diligencias judiciales abiertas tienen como objetivo clarificar las circunstancias que rodearon la tentativa contra la mujer, precisó Europa Press. El juzgado encargado del caso ha considerado necesarios el internamiento y la incomunicación de los sospechosos, sin opción a fianza hasta la evolución de la causa.

El relato facilitado por la víctima y corroborado por varios testigos permitió reconstruir la secuencia de los hechos y definir la participación de la pareja en un intento de privación ilegal de libertad. Los investigadores descartaron la existencia de una relación previa entre la víctima y los detenidos, de acuerdo con lo informado por Europa Press. El proceso de instrucción continuará en los próximos días mientras avanzan las acciones jurídicas y policiales para esclarecer todos los detalles implicados en este intento de secuestro en Palma.

Los agentes encargados del caso localizaron a los sospechosos y a la víctima en una zona de monte perteneciente a la localidad de Borja, poco después de que testigos informaran sobre una persona introducida a la fuerza en un vehículo y sacada de Ejea de los Caballeros a gran velocidad. Según reportó la Guardia Civil, la intervención permitió la detención de tres individuos y la liberación del joven que, de acuerdo con la investigación, había sido retenido en contra de su voluntad desde la noche del 9 de marzo.

La Guardia Civil informó que la agresión y el secuestro habrían empezado cuando la víctima se encontraba en un bar de Ejea de los Caballeros, Zaragoza, acompañado de varios amigos. En ese momento, cuatro personas entraron, le propinaron un golpe en la cara seguido de empujones y lo obligaron a abandonar el local. Después de un intento de escape, los agresores lograron alcanzarlo en la calle y lo llevaron por la fuerza hasta un vehículo, en el que salieron de la localidad.

De acuerdo con lo publicado por la Guardia Civil, las primeras alertas surgieron gracias a varios testigos que presenciaron el secuestro y dieron aviso inmediato a las autoridades. Este aviso activó un dispositivo de búsqueda en el cual participaron diferentes unidades, logrando dar con el paradero tanto de los sospechosos como de la víctima tres horas después del suceso. El joven presentaba diversas lesiones ocasionadas por los golpes recibidos durante el secuestro, por lo que fue trasladado a un centro de salud para ser atendido médicamente.

En la inspección realizada al vehículo, los agentes localizaron un arma prohibida tipo "taser" bajo una de las ruedas traseras, una llave de pugilato escondida bajo el asiento trasero, así como unos alicates y un bote de disolvente hallados en el maletero. Esto, según la información proporcionada por la Guardia Civil, complementa los elementos de violencia y coerción empleados por los sospechosos.

Los investigadores determinaron durante sus pesquisas que el origen del secuestro radicaba en una deuda económica que el joven mantenía con los detenidos desde enero. Según detalló el cuerpo de seguridad, ante la falta de pago de este adeudo, la víctima había estado recibiendo amenazas de muerte durante varios meses. Durante el periodo de retención, fue objeto de agresiones físicas y descargas eléctricas con el fin de forzarle a saldar la cantidad pendiente.

Además, los autores emplearon el teléfono móvil de la víctima para simular ser él e intentar obtener más dinero. Tomaron contacto con personas de su entorno personal, solicitando sumas de dinero bajo el argumento de una deuda urgente, y señalando que la vida del joven corría peligro si no recibían el pago exigido. El modus operandi, según consignó la Guardia Civil, incluía la intimidación directa tanto al afectado como a sus allegados.

A raíz de la información recabada en el operativo inicial, los agentes procedieron horas después a registrar el domicilio de uno de los detenidos. Según describió la Guardia Civil, allí requiseron diversas cantidades de sustancias estupefacientes, entre ellas speed, cocaína, marihuana, hachís y resina de hachís, además de sustancia de corte y útiles para la manipulación y distribución de dosis. También fueron intervenidos 2.000 euros en efectivo, un machete de grandes dimensiones, una bayoneta y un arma corta de balines metálicos.

Los tres arrestados enfrentan imputaciones por presuntos delitos de secuestro, lesiones, tenencia ilícita de armas y delitos contra la salud pública vinculados al tráfico de drogas, según lo detallado por la autoridad. El operativo fue realizado por el equipo de Policía Judicial de Ejea de los Caballeros, en colaboración con el equipo homólogo de Tarazona, ambos en la provincia de Zaragoza.

El despliegue conjunto de las distintas unidades permitió el rescate inmediato de la víctima, la detención de los implicados y la incautación de material vinculado tanto al delito de secuestro como a otras actividades ilícitas. Según la Guardia Civil, la investigación del caso se encuentra avanzada y continúa para esclarecer la posible implicación de otras personas en los hechos.

En la ciudad de Rosario, la Policía de Investigaciones estuvieron realizando distintos operativos y allanamientos en el marco de una investigación por robo calificado con privación ilegítima de la libertad. Lograron detener a un joven de 22 años y secuestrar cuatro automóviles vinculados al caso.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Circunvalación y Sorrento, donde los agentes localizaron un Fiat Palio Weekend que presentaba pedido de secuestro activo por hechos similares en la región.

Durante el allanamiento realizado por la policía de Rosario, el hombre detenido presentaba pedido de secuestro por robo calificado. Fue identificado como Santiago I. C. de 22 años y actualmente se encuentra a disposición de la autoridad judicial, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Por disposición del fiscal Juan Carlos Oggero, de la Fiscalía de Casilda, se extendieron dos órdenes de allanamiento tras la aprehensión. Una de las diligencias se realizó en una cochera ubicada en Bolivia al 2400, donde se fiscalizaron trece unidades y se encontraron tres vehículos adicionales con irregularidades, todos con algún tipo de restricción por robo o por adulteraciones en los grabados identificatorios.

Entre los automóviles secuestrados se identificaron un Toyota Corolla, un Citroën C4 Lounge y un Peugeot 208, este último con signos de manipulación en sus registros. Según Rosario3, también se incautó un teléfono celular durante el operativo de investigación.

Crecen los allanamientos en Rosario

Seis personas fueron arrestadas durante allanamientos realizados el jueves 12 de marzo en Parque Casas, barrio ubicado en la zona norte de Rosario. Las intervenciones de los grupos tácticos siguen creciendo tras los incontables casos de narcotráfico y robos que sufre la ciudad.

Este operativo sucedió por orden de la fiscal de Microtráfico Alejandra Raigal e intervención de la División Antidrogas de la Policía Federal. Los procedimientos, vinculados a la venta minorista de estupefacientes por parte de dos familias, incluyeron el secuestro de cerca de un kilo de cocaína, dos pistolas calibre 9 milímetros, tres cargadores, 24 cartuchos, una notebook y aproximadamente $400.000 en efectivo.

Entre los lugares inspeccionados, una chatarrería figura como una presunta pantalla utilizada para disfrazar la actividad de comercialización de droga, de acuerdo con la investigación citada por Rosario3. En otra parte del operativo, realizado en Uriarte al 2000, la policía confiscó 500 envoltorios de cocaína, celulares, elementos para fraccionar la sustancia y balanzas de precisión.

Narcotráfico en Rosario

Una pareja vinculada al narcotráfico en Rosario fue detenida tras un allanamiento en Puerto Gaboto, donde agentes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Rosario, dependiente de la Agrupación XV Rosario, confiscaron 18 pistolas, más de USD45.000, municiones y un chaleco antibalas, según informó Canal Uno.

Los investigadores detectaron la conexión del principal sospechoso, identificado como “Artur”, con una organización criminal relacionada con Claudio “Morocho” Mansilla y Jésica “La Fea” González, ambos detenidos en la actualidad.

El procedimiento concluyó con la detención de Artur, de 48 años, acompañado de su pareja Evelin Mariel A., de 27 años, en una vivienda situada en inmediaciones de Almagro y Novaro. Las tareas de vigilancia que permitieron su captura también identificaron en el lugar cajas de cartuchos de distintos calibres, dos vehículos, 15 gramos de cocaína y dos millones de pesos.

Según fuentes del caso, la pesquisa señala que “Artur” tenía una orden de captura vigente y se le atribuye el rol de instigador de homicidios, así como la participación en la distribución de estupefacientes en barrio Godoy, al oeste de Rosario.

La investigación, dirigida por la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva, permitió que, tras las detenciones, el magistrado responsable ordenara el decomiso del dinero y el armamento confiscado, que será sometido a análisis judicial conforme a la causa.

En un video difundido por el grupo ilegal el 14 de marzo de 2026, una vocera explicó las razones de operativo ilegal y la indignante excusa por la que las menores fueron retenidas contra su voluntad.

“Unidades del cuarto frente de las Farc-EP, pertenecientes a la compañía Alfredo Jiménez, realizamos una incursión al corregimiento de Puerto López con el fin de golpear a las estructuras paramilitares que viven dentro del casco urbano y patrullan con armas largas y cortas como si nada", dijo la mujer armada con fusil.

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La integrante de las disidencias se refiere a miembros del Clan del Golfo que, según ella, operarían en el territorio “bajo la mirada de la Policía, que también se encuentran en el corregimiento y han servido como escoltas de esa estructura paramilitar y no de la población civil”.

La incursión, ocurrida el jueves 12 de marzo de 2026, dejó como resultado, según las disidencias, “dos integrantes de esta estructura dados de baja y la captura de dos menores de edad que servían como puntos de esta estructura. Las menores hasta el momento se encuentran bien y estamos en la espera para ser entregadas a las entes competentes”.

El grupo armado negó enfrentamientos con la fuerza pública: “En ningún momento hubo enfrentamiento con la fuerza pública y estos en ningún momento hicieron presencia en el corregimiento”.

Al respecto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rnedón, atribuyó este hecho a la política de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro y condenó la acusación del grupo armado contra las adolescentes.

“En El Bagre, Farc de Calarcá secuestró a dos niñas de 14 y 15 años y las expusieron en un video acusándolas de ser ‘informantes’. Este es el país que deja la ‘paz total’ de @petrogustavo a meses de terminar su gobierno: criminales enriquecidos, más violencia, más minas antipersona, más narcotráfico y más niños atrapados en espirales de violencia y victimizados por criminales (sic)”, indicó vía X.

Los testimonios de las adolescentes secuestradas

En la parte final del video, las jóvenes Alexandra Yánez Hernández y Mariana Yánez Hernández explicaron su situación. Alexandra, de 15 años, declaró: “Estamos detenidas por estar en la vivienda donde viven los integrantes del Clan del Golfo, por integrarnos con el Clan del Golfo. Nos ponían a pasarle información sobre el Ejército, cuándo salía, a qué hora entraba. Mi mamá vivía con uno de ellos”.

Y agregó: “Estamos muy feliz porque ya nos dijeron que nos van a entregar a la Cruz Roja o a Derechos Humanos. Y pues aquí nos han tratado superbién, nos han dado buena alimentación, buena comida, nos compraron ropa, nos han tratado superexcelente (sic)”.

Mientras que Mariana, de 14 años, complementó: “Estamos detenidas por estar en la vivienda donde se quedaban los del Clan del Golfo. Ellos nos ponían a ver dónde estaban los soldados, por dónde salían, por dónde entraban. Mi mamá vive con uno de ellos. Mi hermano andaba con esa gente. Y pues aquí nos han tratado muy bien, estamos bien, nos compraron ropa, cosas de aseo y todo”.

Pronunciamiento de las autoridades

La Defensoría del Pueblo rechazó el secuestro de las menores de edad y solicitó su liberación inmediata: “Hacemos un llamado a los grupos armados a liberar de inmediato a las adolescentes y a que respeten su vida e integridad. La persistencia de hechos como estos profundiza el sufrimiento de las comunidades y compromete la responsabilidad, inclusive penal, de quienes los cometen”.

El organismo recordó que la retención de menores no es un hecho aislado en la región y pidió a las autoridades medidas urgentes de protección.

Contexto de violencia en Puerto López, El Bagre

Los hechos fueron registrados durante la mañana del jueves 12 de marzo, donde se reportó la muerte de dos personas en Puerto López tras enfrentamientos entre el Clan del Golfo y una presunta alianza entre el ELN y las disidencias de las Farc.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, precisó que los fallecidos “no tienen como unos uniformes o características que los detallen como integrantes de algún grupo armado ilegal”. De acuerdo con la declaración oficial, la fuerza pública fue hostigada al intentar intervenir.

La confrontación generó temor entre los habitantes, quienes se resguardaron en sus viviendas por los disparos. Los cuerpos no pudieron ser evacuados de inmediato debido a la presencia de los grupos armados.

Un hombre armado ha permanecido atrincherado desde la madrugada hasta la tarde en una vivienda familiar de la localidad burgalesa de Villoruebo, después de secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid y obligarlo a conducir hasta el pueblo, según ha informado la Guardia Civil a Infobae. Asimismo, fuentes policiales indican que el taxista fue liberado en buen estado de salud.

La Guardia Civil ha recibido el aviso sobre un hombre encerrado en una vivienda de Villoruebo, en la comarca burgalesa de La Demanda, a primeras horas de la mañana. La persona se niega a salir, y aunque se informó a los agentes de que esta persona podría ser peligrosa y portar un arma de fuego, la Benemérita aún no ha podido confirmar estos hechos, según ha señalado a Infobae.

Tras recibir el aviso, la Guardia Civil activó un operativo para localizar al individuo, siguiendo un protocolo urgente ante la posible peligrosidad del caso. Los agentes lograron localizarlo en una vivienda de un familiar en Villoruebo. Según informan las autoridades, el hombre había obligado previamente a un taxista de Madrid a trasladarlo hasta la provincia de Burgos. Afortunadamente, el taxista fue liberado posteriormente y se encuentra en buen estado de salud.

Desde primeras horas de la mañana, entre las 6:30 y 7:00 horas, un negociador de la comandancia de Burgos intenta dialogar con el hombre atrincherado para lograr su entrega voluntaria. Paralelamente, la Guardia Civil mantiene un amplio servicio de seguridad alrededor del domicilio, por si la negociación no diera resultado o fuera necesaria una intervención.

La Guardia Civil ha detenido al hombre

Después de más de siete horas, los negociadores de la Guardia Civil convencieron al hombre, que presenta problemas de salud mental, de salir del domicilio en Villoruebo por su propia voluntad, donde estaba atrincherado desde la madrugada. Por lo que fue detenido poco después de las 16:30 horas, según confirmaron fuentes de la investigación a EFE. Tras la detención, los agentes ingresaron al domicilio en busca del arma empleada para amenazar al taxista durante el secuestro.

La Guardia Civil, que desplegó un amplio operativo en la zona, contó a partir de las 15:00 horas con la intervención de efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) ante la posibilidad de tener que entrar por la fuerza.

Asimismo, fuentes de la investigación señalaron que la mujer del taxista fue quien alertó a las autoridades al perder contacto con su marido. Mediante la geolocalización del vehículo, la policía confirmó que se encontraba en Villoruebo, en la sierra de La Demanda, a más de tres horas de Madrid.

Por su parte, el alcalde de Villoruebo, Javier Arnaiz, ha explicado a EFE que el detenido es conocido en la localidad por pasar temporadas vacacionales. Llegó al pueblo durante la madrugada y liberó al taxista, quien luego presentó la denuncia. El hombre se dirigió a la casa de un vecino, donde pasó la noche. Por la mañana, el propietario se encontró con el operativo policial al regresar de un paseo y comunicó a los agentes que el hombre estaba en su vivienda.

La reciente advertencia destaca que diversas infraestructuras críticas ubicadas en todo Irak han resultado atacadas, mientras empresas estadounidenses, hoteles habitualmente visitados por extranjeros y otras instalaciones relacionadas con Estados Unidos figuran entre los principales objetivos, según detalló la Embajada estadounidense en Bagdad. Esta situación se relaciona con el incremento de amenazas y ataques perpetrados por facciones vinculadas a Teherán, en el contexto de una intensificación de la crisis en Oriente Próximo.

De acuerdo con la información publicada por la Embajada estadounidense y difundida por varios medios, la representación diplomática alertó a los ciudadanos estadounidenses presentes en Irak sobre el posible riesgo de secuestro, en medio del aumento de tensiones derivado de la ofensiva conjunta realizada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. El comunicado oficial especifica que "Irán y grupos terroristas alineados con Irán siguen suponiendo una amenaza significativa a la seguridad pública", por lo que recomienda a los ciudadanos estadounidenses permanecer vigilantes, reducir la exposición pública y evitar zonas que puedan convertirlos en posibles objetivos.

En su notificación, la sede diplomática remarcó que acudir a lugares identificados con la presencia estadounidense, o frecuentados por otros ciudadanos estadounidenses, puede incrementar el nivel de riesgo. "Congregarse en zonas asociadas con Estados Unidos o con grupos de otros ciudadanos estadounidenses puede ponerles en riesgo. Ha habido ataques contra ciudadanos e intereses estadounidenses en Irak y los estadounidenses hacen frente al riesgo de secuestro", señaló el texto, según informó la Embajada. El aviso subrayó que sectores como el hotelero, el empresarial, así como infraestructuras relevantes en el ámbito energético y de comunicaciones, han registrado ataques recientes apuntando tanto a intereses estadounidenses como a objetivos extranjeros en general.

La advertencia de la Embajada, citada por la prensa internacional, insistió en que no solo establecimientos comerciales y hosteleros han sido blanco, sino también recintos vinculados directa o indirectamente a Estados Unidos, así como instalaciones críticas estratégicas del país. Además, la entidad diplomática indicó que la preocupación por posibles secuestros ha crecido en paralelo al desarrollo de nuevos ataques, cuyo patrón, según diversos análisis, señala la implicación de formaciones armadas alineadas políticamente con intereses iraníes.

Según consignó la Embajada de Estados Unidos en Irak, la escalada militar registrada en la región desde la operación lanzada contra Irán ha elevado los niveles de alerta ante posibles incidentes que afecten tanto a ciudadanos estadounidenses como a cualquier persona vinculada con Occidente. Por esta razón, el comunicado urge a quienes residen o trabajan en territorio iraquí a mantener medidas de seguridad extraordinarias, evitar rutas y zonas de alto tránsito de extranjeros y no divulgar información personal ni itinerarios en redes o entornos públicos.

El mensaje trasladado por la Embajada incluyó referencias específicas a la importancia que otorgan las autoridades estadounidenses a la protección de sus ciudadanos en el extranjero. “Para el presidente (estadounidense, Donald) Trump, el secretario de Estado (Marco) Rubio y el Departamento de Estado, la seguridad de los ciudadanos estadounidenses es la principal prioridad”, señaló el texto, reportó la prensa estadounidense. En función de esta directriz de gestión, el Departamento de Estado mantiene evaluaciones constantes sobre nuevas opciones y procedimientos que faciliten la salida de nacionales estadounidenses desde territorios afectados por la emergencia regional.

El aumento de la inestabilidad en Irak ocurre en un momento marcado por ataques coordinados y represalias entre actores armados en la zona de Oriente Próximo, según informó la Embajada estadounidense. Las autoridades diplomáticas recomendó a quienes tengan la posibilidad, considerar planes para abandonar la región, al tiempo que recalcó que las rutas de evacuación o traslado podrían verse afectadas por la dinámica hostil actual.

El comunicado brindó una serie de recomendaciones prácticas dirigidas a los estadounidenses en Irak, tales como permanecer informados a través de canales oficiales, tener actualizados sus documentos de viaje, y contar con planes alternativos en caso de emergencias o cierres inesperados de fronteras y aeropuertos, puntualizó la Embajada. La advertencia alcanza tanto a residentes permanentes como a quienes se encuentren de paso, e incluye sugerencias para contactos sistemáticos con la sede diplomática y para extremar la cautela durante desplazamientos, especialmente en áreas de mayor concurrencia de ciudadanos extranjeros.

En su evaluación, la Embajada insistió en que la situación de seguridad podría experimentar cambios repentinos, por lo cual recomendó a sus nacionales evitar difundir posicionamientos políticos o asociarse a actividades públicas que pudieran llamar la atención de grupos hostiles. También planteó a empresas, organismos internacionales y entidades privadas que refuercen sus protocolos de seguridad y revisen periódicamente los posibles riesgos derivados de la coyuntura internacional.

La publicación de estas recomendaciones responde a la serie de eventos recientes en Irak, en el marco del conflicto regional y la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, precisó la Embajada estadounidense. El aviso forma parte de un paquete de actualizaciones constantes sobre riesgos y amenazas dirigidas a ciudadanos estadounidenses repartidos en zonas consideradas de alto riesgo por el Departamento de Estado.

La denuncia de un presunto secuestro activó la alarma de una familia y movilizó a la Policía en el Callao. Durante dos días, la preocupación creció mientras circulaban mensajes que exigían dinero a cambio de la liberación de una mujer que, según las comunicaciones, permanecía retenida por desconocidos.

Las imágenes enviadas por teléfono mostraban a una mujer con las manos atadas dentro de una habitación. Los mensajes advertían que su vida corría peligro si no se entregaba una fuerte suma de dinero. El destinatario de esas comunicaciones era su conviviente, quien acudió a las autoridades tras recibir las amenazas.

Con el avance de las diligencias, la investigación tomó un rumbo distinto. La versión inicial sobre un secuestro comenzó a perder sustento luego de la revisión de información y de las acciones realizadas por los agentes de investigación criminal.

Prisión preventiva por presunta extorsión

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao dictó seis meses de prisión preventiva contra Sikandra Banya Mercedes Moscol Arcelles (36), ciudadana venezolana nacionalizada peruana. La medida responde a una investigación por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de exigencia o requerimiento extorsivo en agravio de su conviviente, Giovanni Miguel Fernández Ponce (40).

La resolución judicial estuvo a cargo del magistrado Luis Miguel Torres Bonifacio. Según información del Poder Judicial del Callao, el juzgado evaluó los elementos presentados durante la audiencia antes de ordenar la medida restrictiva.

De acuerdo con la investigación policial, los hechos comenzaron el 6 de marzo. Ese día, Moscol Arcelles salió de su vivienda con el argumento de asistir a una entrevista de trabajo.

Horas después, Fernández Ponce comenzó a recibir mensajes extorsivos por WhatsApp desde el número telefónico de su conviviente. En las comunicaciones aparecían fotografías de una mujer con las manos atadas dentro de una habitación.

Los mensajes indicaban que se trataba de un secuestro. Los supuestos captores exigían inicialmente 40 000 soles para permitir su liberación. En el transcurso de las comunicaciones, el monto se redujo a 20 000 soles y a cantidades menores. Las advertencias señalaban que la vida de la mujer corría peligro si no se entregaba el dinero.

Frente a estas amenazas, el agraviado presentó la denuncia ante la Depincri Bellavista.

Aparición de la mujer y cambio en la investigación

El 8 de marzo, Moscol Arcelles apareció en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Alfredo Mendiola, en el distrito de Los Olivos. En ese momento declaró que ciudadanos extranjeros la mantuvieron secuestrada.

Sin embargo, las diligencias policiales y el levantamiento de información condujeron a una conclusión distinta. Según la investigación, la mujer nunca estuvo retenida por terceros.

Los agentes establecieron que la imputada permaneció en un hostal ubicado en el distrito de La Perla. Desde ese lugar habría enviado las fotografías en las que aparecía simulando estar atada, además de los mensajes que exigían dinero a su pareja.

Tras la evaluación de los elementos presentados por la fiscalía y la Policía, el juzgado consideró que existían indicios suficientes para dictar prisión preventiva.

El Poder Judicial del Callao indicó que la medida responde a la existencia de “fundados y graves elementos de convicción”. La resolución también señala que la investigada no cuenta con el arraigo suficiente y que la gravedad de la pena probable respalda la decisión adoptada.

Mientras continúan las investigaciones, Sikandra Moscol Arcelles permanecerá recluida en un establecimiento penitenciario por el periodo dispuesto por el juzgado.

Las pesquisas realizadas confirmaron que el detenido llevaba más de veinte años residiendo en territorio español bajo una identidad falsa, periodo durante el cual se dedicó a la comisión de hurtos y evitó a las autoridades mientras era reclamado por delitos graves de crimen organizado y violencia, según consignó la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La intervención policial se desencadenó tras una denuncia ciudadana recibida el 4 de diciembre de 2025, a través del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos, en la que se alertaba que un individuo dedicado a hurtos no era quien decía ser, sino una persona con una orden de búsqueda y captura internacional.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, este hombre era requerido por las autoridades de Perú, país en el que se le acusaba de haber formado parte, en abril de 1999, de una organización especializada en secuestro y extorsión. Los hechos que motivaron la orden de búsqueda internacional se remontan a un episodio en el que, simulando ser policía, participó en el secuestro armado de un hombre y dos de sus familiares. Durante ese acto delictivo, las víctimas permanecieron retenidas durante nueve días bajo amenazas y coacción, mientras los secuestradores exigían un pago económico a cambio de su liberación, detalló la Jefatura Superior de Policía de Madrid en el comunicado.

La investigación en España comenzó a tomar fuerza a raíz de la denuncia mencionada, cuando el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos puso en conocimiento de la policía que el hombre utilizaba una identidad falsa. Para confirmar la verdadera identidad, los agentes solicitaron el cotejo de las huellas dactilares a la Brigada Provincial de Policía Científica, logrando establecer sin lugar a dudas que correspondía al fugitivo reclamado por las autoridades extranjeras.

Tal como publicó la Policía Nacional, la participación de este individuo en delitos dentro de España estuvo marcada por hurtos reiterados bajo su identidad falsa, lo que le permitió evitar la acción judicial durante prácticamente dos décadas. Según los registros oficiales, desde el año 2004 residía en España bajo documentación fraudulenta y, durante ese tiempo, no solo eludió su captura internacional, sino que también se insertó en dinámicas delictivas locales.

El pasado 26 de enero, los agentes dieron con su paradero, procediendo a su detención en cumplimiento de la reclamación judicial internacional activa en su contra. Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado, que inició los trámites necesarios para materializar su extradición al país que solicitó su arresto.

La solicitud de extradición partió de la existencia de una orden internacional de búsqueda y captura, ya que el investigado estaba vinculado a hechos delictivos asociados a crimen organizado. En el caso de 1999, figuraba como miembro activo de la banda criminal responsable no solo de la planificación, sino también de la ejecución material del secuestro y extorsión. Distintas autoridades policiales han señalado que el procedimiento seguido para su identificación y captura cumplió los protocolos habituales en casos de fugitivos internacionales, según reportó la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La Policía Nacional enfatizó la relevancia de la colaboración ciudadana y del uso de recursos de atención a víctimas como canales efectivos para la detección de individuos con pendientes judiciales en el extranjero. La confirmación de la identidad a través de la comparación de huellas fue uno de los elementos decisivos que permitió cerrar el círculo de la investigación y culminar la operación con éxito.

Durante los años que permaneció en España con documentación falsa, el detenido eludió de forma sistemática la vigilancia policial, manteniendo una vida aparentemente normal pese a estar reclamado por delitos graves en su país de origen. La investigación que condujo a su localización y arresto también arrojó luz sobre los mecanismos utilizados por personas buscadas para ocultarse en otros países y sobre los desafíos que enfrentan los cuerpos de seguridad para identificarlas.

De acuerdo con la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la operación subraya la importancia de la cooperación internacional y de los intercambios de información entre cuerpos de policía de diferentes países para la localización de este tipo de prófugos. La información recabada previa a la detención permitió actuar con rapidez una vez confirmada la verdadera identidad del implicado. El caso destaca los desafíos de la lucha contra la criminalidad internacional y el crimen organizado, así como el papel de la identificación forense en la resolución de investigaciones complejas, según la información difundida por la Policía Nacional.

Las autoridades de Honduras informaron la captura de un tercer sospechoso vinculado al asesinato de la joven Valeria Joleth Alvarado Borjas, de 20 años, estudiante de Medicina.

El aprehendido, Cristian Ariel Rodríguez Ortega, presunto integrante de la Mara Salvatrucha y conocido como “El Principito”, fue localizado durante un operativo ejecutado en la aldea El Milagro, sector Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés, como parte del Plan Barrios y Comunidades Seguras 2026.

Tenía órdenes de captura por secuestro agravado, dato, confirmado por la DPI mediante la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), diferencia este caso de otras investigaciones y resalta la gravedad de su supuesto historial delictivo.

La investigación policial apunta a que Rodríguez Ortega integraría una estructura criminal dedicada a secuestros, robos de vehículos y ataques contra mujeres solas en distintas regiones, de acuerdo con la DPI.

La detención se produjo después de acciones de inteligencia de la UNAS-DPI, que ubicaron al sospechoso en una vivienda de la aldea El Milagro, sector Dos Caminos. Durante el operativo, los agentes decomisaron un automóvil Hyundai Elantra y dos teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a análisis técnicos para buscar pruebas adicionales o establecer el vínculo del detenido con otros delitos.

El operativo se realizó semanas después de que fuera encontrado el cuerpo de la universitaria en el sector de las cañeras del municipio de San Manuel, Cortés. La joven había sido reportada como desaparecida el 15 de febrero de 2026 en El Progreso, departamento de Yoro, donde fue vista por última vez al salir a pasear a su perro. Un reporte policial difundido por la DPI detalló que el cadáver presentaba signos de abuso sexual.

Previamente, las autoridades habían detenido a dos presuntos integrantes de la MS-13 relacionados con el caso. La DPI informó que las primeras capturas ocurrieron tras una persecución que terminó con el vuelco del vehículo en el que huían, lo que permitió la detención. Con la reciente aprehensión de “El Principito”, son ya tres los individuos arrestados por su presunta participación en el crimen

Según los investigadores de la DPI, la estructura criminal de los detenidos se centraría en interceptar a mujeres solas, privarlas de la libertad y robarles el vehículo, además de cometer agresiones sexuales en algunos casos. Esta organización había causado alarma en localidades como Siguatepeque, tras perpetrar hechos similares el año anterior. Las autoridades policiales mantienen abierta la posibilidad de su implicación en otros casos ocurridos en Honduras.

Valeria Alvarado, hija de un empleado municipal cercano al alcalde de El Progreso, Alexander López, fue víctima de una desaparición que movilizó intensamente a su familia y a la ciudadanía, con mensajes en redes sociales y reclamos para reforzar la lucha contra la violencia de género. Aunque existen referencias a sus vínculos familiares, la DPI subrayó que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación y que, hasta ahora, no hay confirmación oficial de una relación directa entre estos lazos y el crimen.

Tras la detención, Rodríguez Ortega fue trasladado bajo custodia y presentado ante los tribunales, donde enfrentará cargos por los delitos imputados. Los teléfonos y el vehículo incautados serán analizados para identificar pruebas concretas sobre la secuencia de los hechos y la posible implicación de otros miembros de la organización, indicó la DPI.

El asesinato de Valeria Joleth Alvarado Borjas generó la movilización de organizaciones sociales, universitarios y ciudadanos, quienes insisten en que el crimen no quede impune.

Como respuesta, la DPI anunció que continuarán los operativos específicos contra estructuras criminales dedicadas al secuestro y delitos de alto impacto en el marco del Plan Barrios y Comunidades Seguras 2026, con el propósito de desarticular estas redes y evitar nuevos ataques. La familia de la estudiante exige que se esclarezca cada detalle y que todos los responsables sean llevados ante la justicia.

La policía de Yerres - en el departamento francés de Essonne - encontró este lunes a un joven, de unos 20 años y vestido sólo con un suéter, mientras caminaba por la calle visiblemente desorientado. Al acercarse para prestar asistencia, el joven les contó una historia que solo podía marcar el comienzo de una investigación penal. La policía solicitó asistencia médica para el hombre después de escuchar su relato, y fue entonces trasladado a un hospital para recibir tratamiento por las heridas superficiales que presentaba.

Secuestrado, desnudado y golpeado en pleno bosque

Según el joven, había estado en su propio apartamento en Boissy-Saint-Léger (una localidad de Val-de-Marne, un departamento distinto a donde fue encontrado) cuando cuatro personas le sacaron por la fuerza de la vivienda; y a continuación fue trasladado al bosque de Bois de la Grange, en Yerres. Una vez allí, le quitaron la ropa, le golpearon y le arrebataron el teléfono móvil y otras de sus pertenencias.

El hombre aseguró entonces que la persona responsable de organizar el ataque había sido una persona con la que convivía en su apartamento, a quien describió como su “casera”. Según el joven, el pasado 7 de febrero había presentado una denuncia contra ella, por lo que esta, a modo de venganza, habría recurrido a las cuatro personas que este lunes arrastraron al joven al bosque.

La fiscalía de Créteil ha abierto una investigación por “secuestro, detención ilegal y violencia con arma”, y el caso queda en manos de la policía judicial de Val-de-Marne, que se encargará de identificar a los cuatro responsables, además de esclarecer el contexto en el que el joven vivía en el piso. No han podido, por el momento, confirmar ni desmentir la versión del joven.

El apartamento en el que vive el joven se encuentra en el cuarto piso de una residencia gestionada por Paris Habitat y de la cual la mujer a la que el joven llama “casera” no es propietaria, lo cual podría sugerir, aunque no es sino una hipótesis de los investigadores, que el piso estaba siendo subalquilado sin autorización.

El testimonio de una vecina respalda esta teoría: “Normalmente es el piso de una señora y su familia, pero creo que lo subalquilan. Desde hace tiempo lo ocupa un joven, vino una vez a pedirme un cargador”, declaró preguntada por Le Parisien. Tampoco se percató de nada fuera de lo común la noche de los hechos: “No escuché nada, y eso que estaba despierta. Solo recuerdo que hubo un fuerte olor a quemado hacia las nueve de la noche, pero nada más”, añadió. La puerta del piso no mostraba daños cuando fue revisada por la policía.

La policía de Val-de-Marne continúa recabando testimonios y pruebas para identificar a los agresores y aclarar si, como piensa el joven, el suceso fue una venganza por la denuncia que presentó el mes pasado. Hasta el momento, las autoridades no han realizado detenciones. Tampoco han trascendido los hechos por los que el joven habría denunciado a su “casera” en febrero.

Un total de seis personas son investigadas por autoridades del Estado de México por su presunta responsabilidad en actividade de robo en un predio conocido como “El Zoológico”, lugar donde previamente fueron hallados diversos animales exóticos.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre el inicio de una carpeta de investigación en contra de cinco hombres y una mujer identificados como Rosario “N”, Eduardo “N”, Román Javier “N”, Octavio “N”, José Juan “N” y Enrique “N”.

El pasado 7 de marzo agentes de seguridad que mantenían un aseguramiento perimetral del sitio notaron ruidos extraños al interior del inmueble ubicado en la comunidad de San Pedro Cholula, municipio de Ocoyoacac.

Al interior estaban los sujetos ahora investigados, mismos que usaron herramientas para irrumpir en el inmueble a través de una apertura en la pared. Presuntamente tenían como objetivo llevarse madera, una zorra roja y un mono capuchino, según el informe del 11 de marzo.

Finalmente, los cinco hombres y la mujer fueron detenidos y les fueron asegurados cuatro vehículos.

Secuestro en “El Zoológico” lleva a hallar diversos animales

De igual manera, el reporte de la Fiscalía mexiquense detalla que el sitio al que accedieron los ahora detenidos es parte de varias averiguaciones, entre ellas por secuestro agravado en contra de un hombre en hechos ocurrido el pasado 4 de marzo.

En dicha ocasión el sujeto logró escapar de sus captores y tras pedir auxilia a elementos de seguridad municipales fueron detenidos 16 hombres, tres de ellos (Brayan Adrián “N”, Osvaldo Michel “N” y Gonzalo “N”) por secuestro y el resto por resistencia.

Cuando los efectivos entraron al lugar encontraron diversos animales, entre domésticos y exóticos:

Un mono babuino, un mono capuchino, dos mapaches, cinco leonas, seis leones, dos panteras, dos tigres, cuatro tigres de bengala albinos, un tigre de bengala, dos lobos, un zorro, nueve perros de razas diversas y cuatro gatos.

Escucharon gritos de auxilio

Otras de las investigaciones, el 9 de marzo pasado elementos de seguridad fueron alertados acerca de gritos de auxilio desde el interior del inmueble.

Un hombre identificado como Demetrio “N” dijo a los uniformados que estaba herido. Durante las acciones los agentes notaron que había animales afuera de sus jaulas, por lo que fueron planeadas acciones operativas para entrar al sitio.

Al sitio llegaron elementos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), del Parque Ecológico Zacango para que intervinieran veterinarios para sedar a los animales y regresarlos a sus jaulas.

Continuando con las labores de revisión, un hombre fue ubicado en el tercer nivel del inmueble que al parecer solicitaba ayuda y que tenía rasguños en el rostro, además de que estaba en estado de ebriedad, quien fue llevado a un hospital para que fuera atendido.

La Policía Rural de Mendoza llevó adelante un operativo que terminó con la desarticulación de un centro clandestino de acopio y venta de carne, ubicado en el departamento de Guaymallén.

La intervención se originó tras recibir denuncias sobre las condiciones en las que se manejaban productos cárnicos en una propiedad de la calle Famatina al 1600, en el distrito de Rodeo de la Cruz.

La investigación se inició cuando vecinos alertaron sobre posibles irregularidades sanitarias en el lugar. El despliegue policial, acompañado por agentes de la Dirección Provincial de Ganadería y del municipio, permitió constatar la existencia de una cámara frigorífica repleta de carne en estado dudoso.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario Los Andes, el operativo fue autorizado por la Oficina Fiscal de Guaymallén y el Primer Juzgado Penal Colegiado, quienes intervinieron tras comprobarse la gravedad de la situación. En el procedimiento, la policía rural decomisó cerca de 3.900 kilos de carne que, de acuerdo a los peritos, no era apta para el consumo humano.

Tras el secuestro de la mercadería, la Comisión de Sanidad Animal de Mendoza tomó muestras para su análisis en laboratorio, con el objetivo de determinar el nivel de riesgo para la salud pública. El proceso de desnaturalización —destrucción controlada— se realizó en el lugar, evitando así que los productos pudieran reingresar al circuito comercial.

El municipio de Guaymallén dispuso la clausura inmediata del establecimiento. El hecho fue encuadrado como una infracción al artículo 201 del Código Penal argentino, que sanciona la comercialización de alimentos peligrosos para la salud.

Se decomisaron 1600 kilos de carne en la estado en Neuquén

Hace unos meses, a partir de un control realizado sobre las rutas en Neuquén, se logró decomisar más de mil kilos de carne que se encontraban en mal estado. Con el fin de terminar con la comercialización informal, también se realizaron operativos en la localidad de Zapala.

La intervención, liderada por el Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa), se realizó en colaboración con la Policía y el área de Bromatología, y abarcó tanto operativos en rutas como inspecciones en carnicerías de la ciudad de Zapala.

Durante uno de los procedimientos, las autoridades incautaron un cargamento compuesto por 48 medias reses de cerdo, cuyo peso total alcanzó los 1.430 kilos. Este lote carecía de certificado sanitario, documentación tributaria y sello identificatorio que acreditara su procedencia de un establecimiento habilitado.

Las mediciones de temperatura efectuadas en el lugar arrojaron valores entre 16°C y 20°C, superando ampliamente el rango permitido para el transporte seguro de carne, lo que representa un riesgo sanitario considerable para los consumidores. Según explicaron los especialistas, la ruptura de la cadena de frío favorece la proliferación de bacterias y la posibilidad de contaminaciones cruzadas, comprometiendo la inocuidad del alimento.

En paralelo, el Cippa llevó a cabo fiscalizaciones en carnicerías de la localidad de Zapala, donde se intervinieron aproximadamente 240 kilos de carne en mal estado, sin posibilidad de identificar su origen ni trazabilidad. En todos los casos, el material decomisado fue retirado de circulación y se labraron las actas correspondientes para dar inicio a las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes.

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria recordaron que estas tareas de fiscalización se desarrollan de manera permanente en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de prevenir la comercialización de alimentos sin control sanitario y asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de inocuidad alimentaria.