El nombre de Johnson Smith Cruz Torres volvió a aparecer en las investigaciones policiales sobre los secuestros registrados en Trujillo. El líder de la organización criminal Los Pulpos figura dentro de una línea de investigación que apunta a nuevos objetivos seleccionados por la banda antes de la captura del presunto cabecilla en Bolivia.

El caso del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla expuso el nivel de violencia utilizado por los delincuentes. El ataque ocurrió cuando un grupo simuló un operativo policial para interceptar el vehículo en el que viajaba el empresario junto con otras personas.

Cuatro acompañantes de Lara Tantaquilla fueron asesinados a balazos durante la intervención. El empresario también murió en el ataque, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso. La modalidad utilizada permitió a los responsables detener el desplazamiento del grupo bajo una falsa intervención policial.

La investigación policial también vinculó a integrantes de la familia Cruz con una serie de secuestros ocurridos en Trujillo. Dentro de ese seguimiento, los agentes identificaron movimientos de Johnson Cruz Torres y otros miembros de su entorno, mientras reunían información sobre las personas relacionadas con los hechos.

Los Pulpos tenía otro objetivo bajo seguimiento

La información policial citada en el reportaje de Punto Final señala que la organización criminal no limitaba su actividad a los casos ya conocidos. El seguimiento de sus integrantes permitió identificar información relacionada con otros posibles objetivos de secuestro.

El trabajo de inteligencia tomó relevancia después de la salida de prisión de John Cruz Arce, señalado como patriarca de la familia Cruz. Según el reporte, recibió una condena de 25 años y salió del penal de Challapalca 18 años después de su ingreso.

Tras su excarcelación, agentes de la Policía Nacional continuaron con el seguimiento de la familia. Una de las diligencias permitió ubicar una casa de campo en las afueras de Trujillo, donde se produjo una reunión familiar el 3 de octubre de 2025.

Johnson Cruz Torres fue ubicado en Bolivia

La investigación también permitió establecer que Johnson Smith Cruz Torres acudió a aquella reunión familiar. Según la información difundida, el desplazamiento se realizó con vehículos blindados y bajo medidas destinadas a evitar que la Policía detectara su ubicación.

El seguimiento posterior permitió localizarlo en Bolivia. La captura contó con la participación de la Policía peruana y la Policía boliviana, además de la intervención del FBI y la DEA, de acuerdo con el reporte.

La investigación policial indicó que no existió un pago de recompensa ni participación de informantes para determinar su ubicación. El trabajo correspondió a equipos de inteligencia de la División de Secuestros de Trujillo y del Equipo Especial Sensitivo contra la Criminalidad Organizada Transnacional.

La familia Cruz dentro de las pesquisas

La investigación identificó a Yoxiel Cruz Torres, Xiomara Cruz Segovia, Widman Torres Herquín, Briseth Cruz Torres y Walter Torres Herquín como integrantes de la familia vinculados a la organización criminal.

Los agentes relacionaron a varios de ellos con investigaciones derivadas de secuestros registrados en Trujillo. La información obtenida tras distintas detenciones permitió ampliar el seguimiento sobre la estructura atribuida a Los Pulpos.

El reporte policial también señala que los integrantes vinculados a los últimos secuestros permanecen capturados, dentro de las diligencias relacionadas con los casos investigados.

Una organización vinculada a secuestros y sicariato

Tras su captura, Johnson Smith Cruz Arce escuchó la notificación de los delitos por los cuales es investigado. Entre las imputaciones mencionadas figuran secuestro, sicariato, extorsión y organización criminal.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades peruanas luego de su expulsión desde Bolivia. La Policía también reconstruyó sus desplazamientos y las conexiones con otros integrantes de la familia Cruz.

En ese contexto, el caso del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla forma parte de la información que permitió exponer una modalidad de ataque basada en la simulación de un operativo policial. La investigación busca establecer la participación concreta de los involucrados y la relación entre los hechos atribuidos a la organización.

Agentes del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y fiscalías del Ministerio Público (MP) desarticularon la organización criminal denominada “Los Cazadores”, vinculada a casos de plagio y secuestro en el departamento de Petén.

El operativo policial, denominado “Cazador”, incluyó seguimientos y allanamientos en inmuebles de los municipios de Poptún, Dolores y San Benito.

Durante las diligencias realizadas en la aldea Santo Domingo, las fuerzas de seguridad capturaron a Byron “N”, de 37 años, alias “Orejón”, y a Elmer “N”, de 24 años, alias “Toro Sentado”.

Un día antes, agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GECE) detuvieron en el barrio San Francisco al presunto líder de la estructura, Gerson “N”, de 33 años, alias “Cascabel”.

Los tres hombres tenían órdenes de aprehensión vigentes emitidas el 4 de septiembre por los delitos de asociación ilícita, plagio o secuestro y robo agravado.

Según las investigaciones, la estructura criminal operaba desde 2025. Las autoridades atribuyen al grupo el secuestro de un hombre de 59 años ocurrido el 31 de enero de 2026 en el municipio de Dolores.

Los captores exigían Q2 millones (USD 260 mil) para liberar a la víctima. Sin embargo, la intervención del Comando Antisecuestros cercó a la banda, lo que obligó a los delincuentes a liberar al afectado el 7 de febrero en una zona montañosa sin recibir pago alguno.

En el procedimiento reciente, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares y una camioneta con orden de secuestro judicial.

Inquilinos falsos utilizan viviendas residenciales como centros de operaciones criminales

A la par de los operativos en áreas rurales, la PNC detectó un esquema delictivo en sectores urbanos del departamento de Guatemala. Según detallaron, en este nuevo modus operandi, miembros de pandillas se hacen pasar por inquilinos para apoderarse de inmuebles en áreas residenciales de San José Pinula, Fraijanes, Santa Catarina Pinula, Amatitlán y la zona 18 de la capital.

Los grupos criminales envían inicialmente a personas de la tercera edad acompañadas de niños para alquilar los inmuebles, quienes pagan varios meses por adelantado.

Días después, presuntos miembros del Barrio 18 o distribuidores de droga ocupan las viviendas para establecer centros de operaciones.

Un caso registrado en el condominio Valle de Navarra, en San José Pinula, derivó en el rescate de una mujer de 54 años retenida durante dos meses en su propio domicilio, a quien obligaban a colaborar en la distribución de narcóticos bajo amenazas de muerte. La intervención policial culminó con la captura de seis sospechosos.

Secuestros gota a gota

De igual manera, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro reflejan un incremento generalizado en las denuncias a nivel nacional. Entre enero de 2024 y el 5 de mayo de 2026, el Ministerio Público contabilizó 688 denuncias por secuestro, de las cuales 150 corresponden a la modalidad gota a gota, una variante vinculada a cobros e intimidaciones que representó el 21,8% del total.

Esta modalidad registró un marcado ascenso al pasar de siete casos en 2024 a 66 durante 2025, con un acumulado de 77 denuncias en los primeros cinco meses de 2026.

Los registros oficiales indican que el país pasó de reportar 157 secuestros en 2024 a 345 en 2025, con un promedio de 10 denuncias semanales en 2026.

A pesar del repunte de las modalidades exprés y gota a gota, las fuerzas de seguridad mantienen operativos coordinados para desmantelar estas estructuras e instan a la población a reportar cualquier anomalía en arrendamientos o cobros anómalos.

Las imágenes y detalles mostrados en el reportaje de Cuarto Poder permiten conocer las características del inmueble que habría funcionado como una especie de centro de cautiverio de la organización criminal. El espacio estaba acondicionado para mantener a una persona encerrada y aislada, con elementos que dificultaban cualquier posibilidad de escape o de pedir auxilio.

El caso de Jens Lara comenzó aproximadamente a las 2:50 de la madrugada, cuando el empresario viajaba junto a cuatro acompañantes: Fara, Nadia, Luz Alberto y Christopher. Los hombres cumplían labores de seguridad, mientras que las mujeres eran amigas de Lara. Habían salido de una discoteca y se desplazaban por Trujillo cuando fueron interceptados.

En la intersección de las avenidas Húsares de Junín e Isabel de Bobadilla, una camioneta Toyota Hilux blanca apareció detrás del vehículo en el que viajaban. La apariencia del vehículo habría contribuido a que los atacantes pudieran acercarse sin levantar sospechas, pues era similar a unidades utilizadas por diferentes dependencias policiales.

De la camioneta descendieron tres sujetos vestidos como policías y armados con fusiles. Pero no eran agentes. Lo que siguió fue una emboscada que terminó con cuatro personas asesinadas y el secuestro de Jens Lara.

Los atacantes rodearon el vehículo, sacaron a Lara y dispararon contra sus acompañantes. Fara, Nadia, Luz Alberto y Christopher fueron asesinados en el lugar. Uno de los delincuentes incluso intentó apartar al conductor para tomar el control de la camioneta, aunque finalmente no logró hacerlo y huyó por una de las calles.

Mientras la familia y las autoridades buscaban establecer el paradero del empresario, comenzaron las primeras intervenciones policiales. Lara fue liberado después de permanecer más de treinta horas secuestrado y, paralelamente, la Policía anunció la captura de los primeros sospechosos.

El cuarto de cautiverio tenía una puerta de metal y chapa electrónica

El elemento que más llamó la atención durante la investigación fue precisamente el lugar donde habría permanecido encerrada la víctima. Se trataba de una vivienda acondicionada con un semisótano, donde se encontraba un espacio especialmente preparado para mantener a los secuestrados.

El inmueble contaba con una puerta de metal maciza con chapa electrónica, una característica que habría permitido controlar el ingreso y salida del ambiente desde el exterior. El espacio también había sido acondicionado como un cubil insonoro, es decir, un ambiente diseñado para reducir la propagación de los sonidos.

Estas características resultan especialmente relevantes para los investigadores porque apuntan a que no se trataría de una habitación improvisada para un solo secuestro. Según la investigación policial, la casa de cautiverio habría albergado a varias víctimas de secuestro de Los Pulpos.

El acondicionamiento del ambiente muestra, de acuerdo con la investigación, que la organización criminal habría contado con una infraestructura destinada específicamente para retener personas contra su voluntad.

El objetivo era mantener a las víctimas aisladas y dificultar que alguien desde el exterior pudiera escuchar pedidos de auxilio. A ello se sumaban las condiciones de seguridad de la puerta, que no era una puerta convencional de vivienda, sino una estructura de metal con un sistema electrónico de cierre.

El reportaje también mostró la presencia de balones de oxígeno, utilizados para evitar que una persona pudiera sufrir dificultades respiratorias dentro del espacio cerrado. Este detalle refuerza la particularidad del ambiente, que habría sido preparado para mantener a una víctima encerrada durante periodos prolongados.

Jenss Lara habría sido llevado a este inmueble

La investigación sostiene que Jens Lara fue trasladado hasta este tipo de espacio después de ser interceptado por los delincuentes. Mientras sus cuatro acompañantes eran asesinados, él fue llevado por los secuestradores para continuar con la operación.

El caso permitió a la Policía reconstruir parte de la organización del secuestro. Las llamadas telefónicas, las coordinaciones realizadas antes y después del ataque, los movimientos de los involucrados y el seguimiento de la ruta del dinero fueron elementos que ayudaron a los investigadores a identificar a quienes habrían participado en el crimen.

Una de las piezas consideradas importantes en la investigación fue Keisy, pareja de Johonson Smith Cruz Torres. La Policía allanó su celda y, según el reportaje, encontró pistas que contribuyeron a avanzar en la investigación.

La información obtenida permitió establecer conexiones entre los diferentes participantes y llegar hasta Johonson Smith Cruz Torres, señalado por los investigadores como el presunto autor intelectual del secuestro.

El conductor de la camioneta confesó cuánto le pagaron

Entre los primeros detenidos figura César García Rivera, a quien la Policía habría identificado como el conductor de la camioneta utilizada durante la emboscada. Durante un interrogatorio, García Rivera reconoció que su participación consistió en “manejar la camioneta” y confirmó que la víctima era “un empresario”.

Además, reveló que recibió 12.000 soles por intervenir en la operación y, al ser consultado sobre quién le dio la orden, respondió: “Jenson”. Sus declaraciones forman parte de los elementos que manejan los investigadores para reconstruir cómo se planificó y ejecutó el secuestro de Jenss Lara.

Tres de los detenidos serían los sicarios

Las capturas continuaron después de la liberación de Jens Lara. Inicialmente fueron detenidos cinco sospechosos: Ángel Bocanegra Linares, Frank Quezada, Julio Zavaleta Quezada, Miguel Cherrepe Dávila y César García Rivera.

Posteriormente fueron intervenidos otros integrantes vinculados a los Bocanegra: Rey Peter, Gian Manuel y Roy Steven. Con ellos, el número de detenidos llegó a ocho en una primera etapa de la investigación. Todos afrontaban una investigación con quince días de detención preliminar.

La participación de los presuntos sicarios también fue materia de interrogatorio. Al ser consultado sobre cuántos de los detenidos habrían actuado como gatilleros, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, respondió:—Tres, por lo menos.

Ante la precisión de que esas personas habrían sido quienes asesinaron a los cuatro acompañantes de Lara, Revoredo confirmó: —Estuvieron en escena como tiradores.

Una camioneta clonada fue utilizada en la emboscada

Otro elemento clave de la investigación fue la Toyota Hilux blanca utilizada para interceptar al empresario. El vehículo habría sido adquirido apenas cinco días antes del atentado y su valor superaría los 20.000 dólares.

Los investigadores determinaron además que la camioneta tenía una particularidad: su identificación habría sido clonada.

El general Víctor Revoredo explicó que la placa principal correspondía a otro vehículo que, según la pericia, se encontraba en Puno.

—“La patente principal pertenece a un vehículo cuya pericia lo arrojará así. Eso es lo que se nos ha indicado, que está en Puno. Por lo tanto, la nomenclatura física ha sido clonada. Y ese es su modus operandi de los Pulpos.”

La investigación apunta al supuesto autor intelectual

Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, quedó señalado como el presunto autor intelectual de la operación. Su ubicación fue posible gracias al seguimiento de diferentes elementos relacionados con el secuestro, entre ellos las comunicaciones, los desplazamientos y la ruta del dinero.

El hombre fue ubicado en Bolivia y posteriormente quedó detenido, según la información difundida en el reportaje.

Pero la investigación no terminó con su captura. Las autoridades todavía deben establecer con precisión el papel de cada uno de los integrantes de la organización que participaron en la operación.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia. La camioneta blanca, con lunas polarizadas, fue acompañada por otros vehículos que circularon por distintos puntos de la ciudad. El desplazamiento continuó hasta una zona alejada de los principales puntos de vigilancia.

Ruta del convoy del crimen

De acuerdo con Panorama, alrededor de las 03:00 a.m. de la madrugada, varias cámaras de seguridad captaron el paso de la camioneta blanca junto a otros vehículos. Al menos tres automóviles habrían circulado por la zona, entre ellos una unidad negra que habría cumplido funciones de escolta.

Los vehículos dieron varias vueltas por el sector antes de detenerse en un callejón alejado de las cámaras. Según el reportaje, en ese lugar se habría producido un “cambiazo”: los delincuentes se habrían quitado los uniformes policiales utilizados durante el ataque y trasladado al rehén a otro vehículo.

Minutos después, una camioneta roja polarizada ingresó a la zona y salió del alcance de las cámaras. Según Panorama, la unidad fue registrada posteriormente en otros puntos de Trujillo. En otra de las imágenes, uno de los presuntos participantes descendió de un automóvil blanco, caminó unos metros y luego corrió hacia el cañaveral.

PNP los buscó durante la madrugada

Luego del terrible crimen, la Policía desplegó un operativo durante la madrugada del domingo 30 de agosto. Agentes de distintas unidades, entre ellas la SWAT y el Escuadrón de Emergencia, llegaron al sector para buscar a los responsables del asesinato y el secuestro.

Alrededor de las 05:00 a.m., más de una decena de policías se encontraban en la zona, mientras un dron sobrevolaba el lugar. Los agentes revisaron los alrededores y los techos de las viviendas, aunque la búsqueda no permitió encontrar a los responsables durante esa madrugada.

Hallazgos en cañaveral

De acuerdo con el informe de inspección criminalística citado por Panorama, en el sector de Cortijo Bajo fueron encontrados uniformes policiales, portaplacas, cascos, esposas y el DNI del empresario secuestrado. Los objetos fueron recogidos como parte de las evidencias del caso.

El lugar es una extensa zona de cañas que dificulta la visibilidad desde el exterior y permite ocultarse entre la vegetación. Además, cuenta con un camino estrecho por el que pueden circular vehículos y que conecta con otro sector de la ciudad, según lo mostrado durante el reportaje.

Búnker del secuestro

La ruta del secuestro habría continuado hasta el distrito de San Isidro, donde la Policía intervino una vivienda de tres pisos que habría sido utilizada como lugar de cautiverio del empresario y como guarida de Los Pulpos. El inmueble contaba con una escalera que conducía a un sótano, espacio que habría sido utilizado para mantener retenido al secuestrado.

La vivienda pertenecía a dos ingenieros jubilados que la habían alquilado. De acuerdo con el reportaje, los propietarios no habrían conocido la identidad de las personas que ocuparon el inmueble ni el uso que le daban.

Durante la inspección, la Policía encontró balones de oxígeno y otros elementos que habrían sido utilizados durante el internamiento del secuestrado. Además, vecinos señalaron que una camioneta negra polarizada era vista con frecuencia estacionada cerca de la vivienda.

Una inspección criminalística en una zona de sembríos de caña de azúcar, en el sector El Cortijo Bajo, en Trujillo, permitió encontrar prendas y accesorios tácticos que guardarían relación con el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años. El hallazgo ocurrió después del violento ataque en el que cuatro personas que acompañaban al hombre de negocios fueron asesinadas.

De acuerdo con el Informe de Inspección Criminalística N.° 1299-2026, al que accedieron medios locales, los agentes encontraron siete muestras de indumentaria policial y elementos tácticos dispersos dentro de los sembríos. Entre los objetos figuran un pantalón de faena, correajes, un chaleco táctico, un camisaco con distintivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), un casco, borceguíes y guantes.

Las prendas adquieren relevancia debido a que los responsables del ataque utilizaron uniformes similares a los policiales para fingir una intervención y detener la camioneta donde se desplazaba Lara. Las evidencias fueron recogidas como parte de las diligencias para establecer quiénes participaron en el secuestro y el asesinato de los cuatro acompañantes.

Hallan prendas policiales en sembríos de caña de El Cortijo

La inspección se realizó durante la mañana del 31 de agosto, en una zona de sembríos de caña de azúcar ubicada en el sector El Cortijo. Según el informe, los objetos estaban dispersos sobre una superficie terrosa y fueron registrados como siete muestras diferentes durante el procedimiento.

La primera muestra correspondió a un pantalón de faena negro, talla M, junto con un correaje táctico negro que contaba con funda para arma de fuego, porta grilletes y grilletes de seguridad. En el conjunto también se encontró un porta CIP con la inscripción “SUBOFICIAL 3RA.”.

El informe detalla además el hallazgo de un chaleco táctico negro que llevaba distintivos en la parte delantera con las inscripciones “F. Guerrero R. Suboficial 3era 2024” y “Policía”. En la parte posterior aparecía la leyenda “Policía Grecco”. La procedencia de estos distintivos forma parte de las pesquisas.

Otra de las evidencias correspondió a un camisaco táctico de faena, negro y de talla M. La prenda tenía en el pectoral izquierdo un logo de la PNP y, en los brazos, parches con las leyendas “O+ POS”, “Policía Nacional - Escuadrón de Emergencia”, además de la bandera peruana y “Policía Nacional - Pueblo Hecho Ley - Región Policial Lima”.

Violento ataque en Trujillo dejó cuatro muertos y un empresario secuestrado

El hallazgo se conoce después de la difusión de nuevas imágenes de la intervención contra el empresario durante la madrugada del 30 de agosto. En la grabación aparecen varios sujetos que descienden de una camioneta Toyota Hilux y rodean la Ford Bronco en la que se desplazaba Lara junto con sus acompañantes.

Los hombres aparentaban realizar un operativo policial y utilizaban prendas similares a las de agentes de la institución. Las imágenes muestran cómo se aproximan al vehículo y apuntan hacia su interior. Poco después, el empresario desciende de la Bronco y es conducido hacia la Hilux utilizada por los secuestradores.

Durante el ataque, cuatro personas que acompañaban a Lara fueron asesinadas dentro del vehículo. La grabación permite observar parte de la intervención, aunque todavía quedan aspectos por esclarecer, como el orden exacto de los disparos y las armas utilizadas por los atacantes.

La PNP investiga si la Toyota Hilux llevaba una placa clonada y busca determinar si las características físicas de los sujetos que aparecen en las cámaras coinciden con las de los cinco presuntos implicados bajo custodia. También se evalúa una comparación antropométrica para contrastar contextura, estatura y forma de caminar.

Lara recuperó su libertad el 1 de septiembre, cerca de las 3:30 p. m., en una vía hacia el balneario de Huanchaco. La Policía también informó sobre el allanamiento del inmueble donde habría permanecido durante varias horas. Las prendas encontradas en El Cortijo quedaron incorporadas a la investigación para ayudar a reconstruir el secuestro y determinar responsabilidades.

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal, general Víctor Revoredo, evitó precisar cuántos de los intervenidos habrían participado de forma directa en el ataque ocurrido el último domingo.

El caso comenzó la madrugada del domingo 30 de agosto con la interceptación del vehículo donde se trasladaba Lara Tantaquilla junto a cuatro acompañantes, quienes fueron asesinados.

Los atacantes usaron prendas similares a uniformes policiales y se llevaron al empresario, quien luego recuperó su libertad. La Policía investiga la posible intervención de integrantes de la organización criminal Los Pulpos.

Revoredo señaló que los trabajos incluyeron la inspección de la escena del crimen, el perfil de las víctimas y la evaluación de las circunstancias, los medios usados y el posible móvil del ataque. “Un homicidio tiene que establecer tres cosas: forma y circunstancia, instrumento y los móviles”, sostuvo durante una entrevista a RPP.

El general afirmó que la investigación reunió a unidades de inteligencia de la PNP, la Dirección Nacional de Inteligencia y otras instituciones. También destacó la coordinación con el Ministerio Público para las diligencias posteriores.

Policía evita precisar la participación directa de los detenidos

Consultado sobre los cinco sujetos que habrían intervenido directamente en el cuádruple asesinato, Revoredo sostuvo que no adelantará conclusiones que puedan afectar el debido proceso.

“Ya van más de 12, ¿no? Pero de los que han participado directamente disparando y matando... por eso yo no quiero violar el debido proceso que ya se lleva”, declaró.

El jefe de la Dirincri cuestionó versiones que descartan la participación de algunos intervenidos y afirmó que las diligencias policiales tuvieron carácter urgente.

“Si no son, el director jurídico que es el responsable de la carga de la prueba, ¿por qué no pide la libertad de las diligencias urgentes e inaplazables realizadas por la policía?”, señaló.

Según Revoredo, parte de los avances surgieron a partir de vínculos telefónicos y datos de inteligencia obtenidos en una investigación previa. El general mencionó la captura de un sujeto conocido como “Andy”, a quien identificó como uno de los cabecillas de una banda criminal. A partir de esa intervención, la Policía ubicó información que permitió activar nuevas acciones en Trujillo.

“Cuando se interviene este sujeto sale la caja de Pandora y él, ante el cúmulo de indicios obtenidos, porque se investiga para detener, no se detiene para investigar, premisa de todo pesquisa”, afirmó.

Revoredo confirmó además el hallazgo de un inmueble donde habría permanecido secuestrado Lara Tantaquilla. Describió el lugar como “un subterráneo muy bien acondicionado en la misma ciudad de Trujillo”, aunque evitó revelar más detalles por tratarse de información reservada.

Fiscalía otorgó 15 días para reunir pruebas sobre el ataque

La investigación continuará bajo coordinación entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Revoredo indicó que el Ministerio Público otorgó 15 días para reunir y contrastar elementos de prueba sobre las personas involucradas.

“Ya en los 15 días será la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial en equipo, trabajando juntos”, expresó. El general añadió que la captura de Jhonsson Cruz Torres, alias ’Jhonsson Pulpo’, en Bolivia representa un golpe para la estructura criminal, aunque advirtió que la Policía debe mantener las acciones contra posibles remanentes del grupo.

Dos personas que habían sido víctimas de secuestro fueron localizadas y liberadas en Veracruz, luego del despliegue de un operativo de seguridad que se puso en marcha tras el ataque contra agentes federales ocurrido el pasado viernes en el municipio de Omealca.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este sábado que el equipo de investigación de la dependencia mantuvo las labores operativas en la entidad para localizar a las dos personas privadas de la libertad.

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que, como resultado de la coordinación entre autoridades federales y estatales, ambas víctimas fueron liberadas y se encuentran sanas y salvas.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Harfuch también reconoció el apoyo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para el desarrollo del operativo.

Mantienen operativo tras ataque contra agentes

El rescate ocurrió como parte de las acciones de investigación y operación desplegadas después de la agresión registrada el viernes en Omealca, Veracruz, donde agentes federales realizaban labores de investigación.

De acuerdo con García Harfuch, los elementos fueron atacados con disparos de arma de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

El saldo de la agresión fue de dos agentes federales muertos y una compañera lesionada, quien recibió atención médica.

Tras el ataque, las autoridades desplegaron un operativo para localizar y detener a los responsables, además de continuar con las investigaciones relacionadas con los hechos.

“Este crimen no quedará impune. Los responsables serán llevados ante la justicia”, afirmó el secretario de Seguridad federal en su mensaje tras la agresión.

La dependencia federal informó que las labores continuaron en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno y autoridades de Veracruz y Oaxaca.

Liberan a las víctimas sin lesiones reportadas

En medio de este despliegue, el equipo de seguridad mantuvo las acciones de investigación para ubicar a las dos personas que se encontraban privadas de la libertad.

Finalmente, ambas fueron localizadas y liberadas, sin que García Harfuch reportara lesiones graves y señalando que se encontraban sanas y salvas.

El funcionario destacó que el resultado fue posible gracias a la coordinación entre las instituciones de seguridad que participaron en las labores posteriores al ataque contra los agentes federales.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el secuestro, identificar a los responsables y establecer si existe alguna relación entre este delito y la agresión perpetrada contra los elementos federales.

Hasta el momento, García Harfuch no informó públicamente sobre personas detenidas por el secuestro ni proporcionó detalles sobre el lugar exacto donde fueron encontradas las víctimas.

El operativo permanece activo en la región con el objetivo de ubicar a los responsables del ataque contra los agentes y llevarlos ante las autoridades correspondientes.

La agresión contra el personal federal dejó dos elementos muertos, una agente lesionada y provocó el despliegue de fuerzas de seguridad en Veracruz y zonas limítrofes, mientras las corporaciones continúan con las labores de investigación.

El rescate de las dos víctimas representa uno de los resultados de este operativo, de acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad federal.

Las declaraciones se producen mientras Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, permanece en los calabozos de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), luego de ser trasladado desde Bolivia tras su captura. El cabecilla de Los Pulpos cumple una detención preliminar de 15 días, periodo en el que se realizarán diversas diligencias relacionadas con las investigaciones en su contra.

El general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, señaló a la prensa nacional que un equipo especializado de secuestros de Trujillo se trasladará a Lima para continuar con las diligencias. Jhonsson también fue llevado a las instalaciones del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECO), donde brindó su manifestación en presencia de sus abogados y representantes del Ministerio Público.

PNP: placa de camioneta utilizada en secuestro fue clonada

Uno de los puntos que generó cuestionamientos tras el secuestro de Lara fue la aparición de una camioneta con una placa aparentemente perteneciente a la Policía.

Al respecto, Lozada aseguró que el vehículo no pertenece a la institución policial y que la placa que llevaba habría sido clonada. Según explicó, la matrícula existe y corresponde a un vehículo policial que actualmente se encuentra en Puno, a miles de kilómetros de Trujillo.

“Son placas clonadas, falsas. Ese vehículo que sí existe con esas letras está en Puno. Entonces, no es un vehículo de la Policía”, afirmó el general Manuel Lozada.

La autoridad agregó que Los Pulpos ya han utilizado anteriormente prendas similares a las de la Policía para ejecutar sus delitos y que, en este caso, también habrían recurrido a la clonación de una placa para aparentar que se trataba de una unidad oficial.

La utilización de falsos policías fue uno de los elementos que llamó la atención en el secuestro del empresario, pues las cámaras de seguridad registraron a sujetos que aparentaban pertenecer a la institución durante la intervención.

Policía descarta, por ahora, vínculo de Diego Vela con el ataque

Otro de los puntos abordados por la Policía fue la muerte del suboficial Diego Vela, quien falleció la misma noche del ataque en Trujillo. El efectivo había estado horas antes en la discoteca Nosso, el mismo local donde se encontraban Jenss Lara y sus acompañantes antes del secuestro, y llevaba consigo un brazalete del establecimiento cuando murió. Este detalle generó interrogantes sobre una posible conexión con el caso, mientras que su familia rechazó cualquier vínculo del joven con el crimen.

Ante ello, el general Víctor Revoredo sostuvo que, hasta el momento, no existe relación entre la muerte del suboficial y el secuestro de Lara.

“Este hecho es violento, sospechoso, por supuesto que sí, pero por el momento no guarda relación con él. Se habría precipitado”, declaró Revoredo.

La autoridad policial también se refirió a la versión inicial que señalaba que el suboficial habría sufrido una herida producida por un arma de fuego. Según explicó, esta apreciación habría correspondido a una evaluación médica inicial que deberá ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes.

La familia de Vela, por su parte, sostiene que el joven murió tras caer desde el edificio donde residía y ha pedido que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.

Jhonsson permanecerá 15 días en la Dircote

Mientras tanto, Jhonsson Cruz Torres continuará en los calabozos de la Dircote durante los próximos 15 días, mientras se desarrollan las diligencias pendientes.

Durante su permanencia en Lima, la Policía prevé realizar interrogatorios y otras actuaciones vinculadas con las investigaciones que se siguen contra el cabecilla de Los Pulpos. Una de las diligencias ya realizadas fue su manifestación ante las autoridades, junto con Alexander Gabriel Mendocilla, quien también fue detenido en Bolivia.

Al término de este periodo, las autoridades penitenciarias deberán determinar el establecimiento donde Jhonsson cumplirá su condena, de acuerdo con la situación judicial que mantiene.

Una joven denunció a tres integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) por presunto secuestro y robo, luego de que la interceptaran cuando salía de una casa de cambio en Juliaca, en la región Puno.

La mujer afirmó que los agentes la obligaron a subir a un vehículo oficial y le exigieron parte de los más de 60.000 dólares que llevaba en una mochila.

El hecho ocurrió en el jirón Mario Núñez, una vía comercial de la ciudad. Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que los efectivos se aproximan a la denunciante y la conducen hacia una camioneta. La joven aseguró que el dinero correspondía a los ahorros de su familia para comprar un vehículo.

“Yo me encontraba saliendo de la casa de cambios y ahí ellos me intervinieron y me dijeron: ‘Miren allí’. Y yo les dije: ‘¿Le puedo gritar? Incluso tengo fotos en mi celular’. Y ellos simplemente... El oficial me agarró del brazo y me subió a la camioneta”, relató.

Según su versión, una vez dentro del vehículo, los agentes la interrogaron y le ordenaron abrir su mochila. La joven señaló que rechazó entregar el dinero, ante lo cual recibió amenazas de una denuncia por presunto lavado de activos.

“Ellos estaban coordinando para decirle al que estaba conduciendo que me llevara al cerro”, declaró. Añadió que uno de los involucrados le ordenó revisar sus pertenencias. “Cuando abrí, me dijo: ‘Ya, ¿cuánto me vas a dar?’. Así. Y yo le dije: ‘No es mi dinero, no te puedo dar nada’. Y me dijo: ‘No me vas a hacer perder mi tiempo, te voy a llevar a la fiscalía por lavado de activos’”, continuó.

Fiscalía Anticorrupción y DIRCOCOR investigan a tres agentes señalados por la joven

La denunciante indicó que, tras la intervención, fue abandonada en una zona descampada de las afueras de Juliaca. Afirmó que posteriormente dos motocicletas se llevaron su mochila, donde estaba el resto del dinero. La información difundida no precisa el monto exacto que habría sido sustraído ni la forma en que las motos accedieron a las pertenencias.

Los policías señalados son el alférez Sebastián Jafet Romero Sánchez, el suboficial de tercera Frank Euder Mercado Roque y el agente Hernán Álvaro Mamani Mendoza. Los tres afrontan diligencias preliminares a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Contra la Corrupción de la PNP (DIRCOCOR).

La investigación busca determinar la secuencia de la intervención, revisar las grabaciones de seguridad y establecer si los agentes actuaron dentro de sus atribuciones o si existió una privación ilegal de la libertad y una sustracción de dinero. También deberán corroborar la procedencia de los fondos y la identidad de las personas que, según la denuncia, participaron desde motocicletas.

La joven expresó temor por su seguridad luego de presentar la acusación. Su declaración y los registros audiovisuales del jirón Mario Núñez forman parte de los elementos que las autoridades deberán contrastar durante las pesquisas.

La presidenta Keiko Fujimori sostuvo hace unos días que cinco detenidos por el crimen en Trujillo, vinculado al secuestro de un empresario minero y al asesinato de cuatro personas, habrían confesado su participación.

La mandataria rechazó que hubiera recibido información errónea y señaló que existirían documentos firmados sobre esas declaraciones. Sus afirmaciones abrieron una diferencia pública con la Fiscalía, que mantiene diligencias en curso y no atribuye de modo definitivo responsabilidad penal a los intervenidos.

Fujimori afirmó ante la prensa que el caso todavía se investiga y evitó referirse a otros elementos que, según dijo, aparecen durante el proceso.

“También puedo señalar que esta investigación continúa, por lo tanto, no puedo pronunciarme por los otros hechos e informes que se están encontrando”, indicó. Añadió que aguardará los informes del titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, antes de fijar una posición sobre el resto de las actuaciones.

Las declaraciones ocurrieron después de que Astudillo vinculara a los arrestados con la organización criminal a la que se atribuye el hecho, aunque no los presentó como autores.

El ministro dijo que la Policía Nacional del Perú (PNP) busca todavía a los responsables materiales e intelectuales y a quienes habrían ordenado el delito. Esa precisión dejó abierta la identificación de los autores dentro de la investigación.

Fujimori también sostuvo que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, no intervino en los interrogatorios. Remarcó que la PNP conduce las pesquisas y pidió esperar los resultados. La presidenta insistió en que no adelantaría opinión sobre los demás informes.

Fiscal Jorge Chávez Cotrina negó que existan confesiones válidas

El fiscal Jorge Chávez Cotrina sostuvo que, al quinto día de las diligencias por el asesinato, no hay pruebas científicas ni declaraciones tomadas bajo las condiciones legales que permitan imputar el hecho de forma definitiva a los cinco investigados.

“De ninguna manera puedo afirmarlo. Los fiscales hablamos con evidencia”. Para el representante del Ministerio Público, la investigación debe reunir elementos técnicos antes de establecer quiénes participaron y qué función habría tenido cada persona.

Chávez Cotrina rechazó la versión sobre confesiones ya formalizadas. “Lamento decir que no le hemos tomado declaración a ninguno de los detenidos hasta el momento. El único momento en que ellos podrían confesar es ante el fiscal y el instructor, con la presencia de sus abogados. Esa diligencia no se llevó a cabo”, afirmó.

Con ello, precisó que una eventual confesión requiere la participación fiscal, la intervención del instructor y la asistencia de la defensa para tener validez jurídica. El fiscal no descartó que las diligencias posteriores aporten información, pero indicó que ese acto no se había realizado.

El representante fiscal cuestionó además la presentación pública de los intervenidos. “Definitivamente eso está mal, porque la norma establece que a los detenidos no se los pueden presentar a la prensa, porque vulnera el derecho a la presunción de inocencia. Toda persona investigada está investida de inocencia y, mientras no se demuestre judicialmente su responsabilidad, no tienen por qué estar exhibiéndolo”, enfatizó. La presunción de inocencia rige mientras un tribunal no determine responsabilidades.

La Fiscalía General de Florida acusó a una pareja de mantener cautivos a cuatro niños —sus propios nietos biológicos— en la cabina de un camión articulado durante más de seis años, con cargos que incluyen abuso sexual, agresiones físicas y negligencia grave. El fiscal general del estado, James Uthmeier, anunció el 1 de septiembre que solicitará la pena de muerte contra los dos imputados.

Los acusados son Keysha Monique Epps, de 51 años, conductora profesional de camiones radicada en Atlanta, y su prometido, Tamra Marshon Stewart, de 37 años, residente de Jacksonville. Las víctimas son cuatro nietos biológicos de Epps —dos niñas y dos niños— que tenían entre cinco y nueve años al inicio del cautiverio, en enero de 2020.

Los menores compartían un catre en el compartimento de descanso del vehículo y no recibían comida ni atención médica adecuadas

Según Fox 35 Orlando, los niños no tenían acceso regular a duchas, escolarización ni controles de salud durante el período investigado, que se extiende desde enero de 2020 hasta abril de 2026. El camión de Epps recorría rutas frecuentes entre Atlanta, Miami y Orlando, y los menores permanecían dentro del vehículo en todo momento.

La investigación determinó que los cuatro niños no asistieron a la escuela durante aproximadamente cinco años y no recibieron atención médica ni odontológica, incluso en situaciones de urgencia. El medio informó además que los adultos los dejaban encerrados en el vehículo cuando hacían paradas en estaciones para camioneros.

Uthmeier describió el vehículo como un “calabozo rodante” y declaró ante los medios: “El camión se detenía en estaciones de servicio donde los adultos iban al baño y se duchaban, pero dejaban a estos niños encerrados”.

Stewart admitió ante los investigadores tres agresiones sexuales, incluido un episodio ocurrido en Orlando

La acusación sostiene que Stewart cometió los abusos sexuales contra las dos niñas. Los dos niños habrían presenciado esas agresiones y recibieron golpes cuando confrontaron a Stewart o cuando le relataron a Epps lo que habían visto.

NBC Miami informó que Stewart admitió ante los investigadores tres agresiones sexuales contra una de las niñas, entre ellas un episodio ocurrido en Orlando.

Epps, en tanto, enfrenta cargos por haber tenido conocimiento de los abusos y no haberlos detenido ni denunciado. Según información citada por Western Journal a partir de fuentes de la investigación, la mujer no les creyó a los menores cuando le relataron lo ocurrido y continuó permitiendo que Stewart quedara a cargo de ellos mientras ella conducía.

Dos menores presentaban quemaduras sin tratar y una de las niñas recibió un diagnóstico de infección de transmisión sexual

Dos de los menores presentaban quemaduras sin tratamiento que dejaron cicatrices permanentes. Una de las heridas se habría producido cuando una niña sufrió quemaduras por fideos calientes y no fue llevada a un hospital, según informó Fox 35 Orlando.

Una de las víctimas recibió además un diagnóstico de infección de transmisión sexual tras salir de la custodia de los acusados. La fiscalía incorporó ese dato al expediente como parte de las pruebas de los abusos atribuidos a Stewart.

Los menores, que ahora tienen entre 11 y 15 años, se encuentran bajo atención y reciben tratamiento, según confirmaron las autoridades. Uthmeier señaló que ese era “el único dato positivo del expediente”.

Stewart enfrenta cargos de agresión sexual y negligencia que causó desfiguración permanente en dos menores

Stewart afronta dos cargos de agresión sexual cometida por una persona con autoridad familiar o de custodia y dos cargos de actos lascivos o de abuso sexual contra menores de 12 años. La acusación también le atribuye dos cargos por agresión a un menor mediante la expulsión de determinados fluidos o materiales, dos cargos por negligencia infantil sin lesiones graves y dos por negligencia que causó desfiguración permanente.

ABC7 New York detalló que Uthmeier declaró ante los medios: “Buscaremos la pena de muerte. Buscaremos ejecuciones si alguien viene aquí a abusar de nuestros niños”.

Epps enfrenta cuatro cargos por no haber denunciado los abusos de los que tuvo conocimiento directo

Epps afronta dos cargos de agresión sexual cometida por una persona con autoridad familiar o de custodia y dos cargos de actos lascivos o de abuso sexual contra menores de 12 años. La imputación incluye además dos cargos por negligencia infantil sin lesiones graves, dos por negligencia que causó desfiguración permanente y cuatro cargos por no haber denunciado el abuso infantil del que, según la fiscalía, tuvo conocimiento directo.

Según Fox 35 Orlando, la investigación permanece abierta y las autoridades advirtieron que podrían presentarse cargos adicionales contra ambos imputados a medida que avance la pesquisa.

La ley de Florida contempla la pena de muerte para ciertos delitos de abuso sexual contra menores

La legislación de Florida contempla la pena capital para determinados delitos de agresión sexual contra menores. La fiscalía encuadró los cargos más graves dentro de esa categoría y anunció que pedirá la máxima pena disponible.

“Estos niños quedaron atrapados en una prisión rodante y fueron abusados por los adultos que debían protegerlos. Florida tiene cero tolerancia con quienes atacan a los niños”, afirmó Uthmeier en un comunicado de la Fiscalía General del estado, según reprodujeron NBC Miami y Fox 35 Orlando.

Ambos imputados quedaron detenidos. La investigación continúa y las autoridades no descartaron nuevas imputaciones en función de las pruebas que reúnan sobre el período de cautiverio.

El cierre vial se registró a la altura de la colonia Primavera, donde habitantes de la zona utilizaron vehículos particulares y motocicletas para impedir el paso en ambos sentidos de esta importante vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por vecinos, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:30 horas de este jueves, cuando la adolescente salió de su domicilio.

Desde entonces, sus familiares y personas cercanas comenzaron a solicitar apoyo para localizarla, ya que familiares señalaron que podría haber sido sustraída por otros familiares que tienen orden de restricción.

Vecinos bloquean Picacho Ajusco para exigir respuestas

Ante la preocupación por el paradero de la joven, habitantes de la colonia Primavera decidieron manifestarse sobre la carretera Picacho Ajusco y exigieron a las autoridades atender el caso.

Los manifestantes señalaron que buscan que las autoridades actúen de manera inmediata para esclarecer lo ocurrido y localizar a Jimena, por lo que mantuvieron cerrado el paso vehicular en ambos sentidos.

El bloqueo generó afectaciones a la circulación en la zona, mientras familiares, vecinos y personas cercanas permanecieron en el lugar a la espera de información sobre las acciones emprendidas para dar con el paradero de la adolescente.

Piden ayuda para localizar a Jimena

Familiares y personas cercanas a Jimena solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que pueda contribuir a localizarla.

A través de mensajes difundidos entre vecinos y redes sociales, pidieron que cualquier dato relacionado con su posible paradero sea comunicado de inmediato a sus familiares o directamente a las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, los datos disponibles corresponden a los primeros reportes sobre la movilización vecinal y la búsqueda de la adolescente, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.

Autoridades deberán investigar la desaparición

Mientras continúan las acciones para tratar de localizar a Jimena, sus familiares mantienen la esperanza de encontrarla y pidieron a la población mantenerse atenta ante cualquier información que pueda ayudar.

El bloqueo de la Carretera Picacho Ajusco en Tlalpan refleja la preocupación de los familiares de la joven, quienes demandaron una respuesta rápida y acciones concretas para garantizar la seguridad de la menor.

Cualquier persona que cuente con información que permita establecer el paradero de Jimena debe comunicarla a sus familiares o a las autoridades, evitando compartir información sin verificar.

La prioridad en este momento es lograr la localización con vida de la joven de 17 años y esclarecer las circunstancias en las que desapareció.

La retención también alcanzó a Rigoberto Primitivo Ramírez López, identificado como alcalde constitucional; a Juan Hernández, suplente del alcalde; a Juan Domingo Pascual Velásquez, secretario del alcalde; a Cirilo Eduardo Hernández, representante del barrio El Portillo, y a Irma Martínez, esposa del representante del barrio. Todos permanecieron privados de la libertad dentro del mismo conflicto comunitario.

Los reportes preliminares ubicaron el origen de los hechos en una reunión del presidente comunitario indígena Efraín Ramírez Hernández en oficinas del barrio El Portillo. En ese lugar, un grupo de personas llegó e ingresó por la fuerza, y desde ese momento Gómez perdió contacto con sus compañeros de trabajo en TVBus y con su familia.

Pobladores señalaron que entre quienes encabezaron la agresión, el robo y la retención del comunicador estuvieron Efraín Domingo Ramírez Hernández y Mario Efraín Martínez. Ambos mantuvieron un conflicto personal con el presidente municipal electo Juan Félix Pascual Vargas.

La retención ocurrió durante una cobertura periodística en la Sierra Sur

La privación de la libertad del reportero ocurrió mientras realizaba una cobertura informativa, por lo que el caso no solo involucró a autoridades y actores comunitarios enfrentados, sino también al ejercicio periodístico en una zona atravesada por tensiones políticas locales. Las denuncias públicas sostuvieron que el comunicador era ajeno a la disputa.

En la comunidad también se denunció que Efraín Domingo Ramírez Hernández y Mario Efraín Martínez se autonombraron presidente comunitario y alcalde comunitario, respectivamente. A partir de ello, realizaron una serie de agresiones y acciones de golpeteo político contra Juan Félix Pascual Vargas.

La disputa que rodeó las retenciones llevaba varios meses. Estaba relacionada con la entrega de recursos públicos y con el reconocimiento institucional entre autoridades municipales electas y autoridades comunitarias.

Esa confrontación fue el contexto en el que se produjo la irrupción violenta en El Portillo. La retención del periodista quedó ligada a una pugna que ya rebasaba el desacuerdo político y alcanzaba a funcionarios, representantes barriales y personas cercanas a ellos.

Las familias pidieron intervención urgente del Gobierno de Oaxaca

Aunque periodistas y distintos organismos avisaron a autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca sobre la retención de Graciano Gómez, hasta el momento descrito en los reportes ningún funcionario ni representante de alguna instancia había acudido a la zona para dialogar su liberación. Esa ausencia de presencia oficial fue uno de los datos que más preocupación generó entre colegas y familiares.

Las personas afectadas y sus familias solicitaron la intervención urgente del secretario de Gobierno Jesús Romero López, del titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. La petición buscó garantizar la integridad de los retenidos y su liberación inmediata.

El secretario general del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación, Froylán Méndez Ferrer, afirmó que la privación ilegal de la libertad constituía un delito grave tipificado por la legislación penal mexicana. En el caso de un comunicador, agregó, también representaba una violación directa a la libertad de expresión.

Méndez Ferrer sostuvo: “Aunque este episodio ocurrió en el marco de un conflicto comunitario y no de un conflicto armado, el principio subyacente fue el mismo y ha sido reiterado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando señaló que un comunicador que documenta hechos de interés público actuó como observador independiente, no como parte del litigio, y su labor no pudo confundirse con una toma de postura frente a las disputas locales que cubrió”.

El caso también fue planteado como una agresión a la libertad de expresión

Las denuncias públicas expusieron que la retención e incomunicación del periodista constituyeron una vulneración al libre ejercicio de la comunicación y a los derechos humanos en la Sierra Sur. También advirtieron que usar a un reportero como pieza dentro de una disputa local colocó en riesgo el derecho de la sociedad a mantenerse informada.

En esos señalamientos se afirmó que la retención habría sido utilizada como mecanismo de presión política frente a autoridades gubernamentales. También se señaló que Efraín Domingo Ramírez habría estado presuntamente vinculado al diputado local Isac López López.

Los pronunciamientos sobre el caso enumeraron varias afectaciones legales: la privación del libre tránsito y la retención arbitraria de un ciudadano, la incomunicación en contra de su voluntad y el atentado contra la libertad de prensa. Según esas valoraciones, impedir el trabajo informativo mediante aislamiento e intimidación contravino las garantías constitucionales de los artículos 6° y 7°.

La incomunicación fue presentada además como una afectación directa a la integridad personal y física del comunicador. En el mismo sentido, distintas voces advirtieron que este tipo de hechos crearon un entorno de inseguridad para el ejercicio del periodismo en comunidades donde los conflictos políticos locales escalan sin mediación institucional inmediata.

El llamado final se dirigió a autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la Fiscalía de Oaxaca para que intervinieran de manera inmediata. La exigencia incluyó asegurar la integridad física de Graciano Gómez, lograr su pronta liberación y deslindar responsabilidades conforme a derecho en un caso que, al cumplirse 24 horas de retención, seguía sin respuesta oficial en el lugar.

• Graciano Gómez fue retenido e incomunicado en El Portillo durante una cobertura periodística junto con cinco personas más.• El conflicto estuvo ligado a una disputa de varios meses por recursos públicos y reconocimiento entre autoridades municipales electas y autoridades comunitarias.• Familias, periodistas y organizaciones pidieron la intervención urgente del Gobierno de Oaxaca, la Fiscalía estatal y la Defensoría de Derechos Humanos.

La mujer es una de las tres integrantes de una banda de falsos cambistas acusados de robarle 13.000 dólares a dos personas en departamentos alquilados temporariamente en los barrios porteños de Palermo y Saavedra. El fiscal Leonel Gómez Barbella, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, solicitó la elevación a juicio de los imputados a la jueza Vanesa Peluffo, titular del Juzgado N°63 del mismo fuero.

Los hechos ocurrieron el 20 de mayo y el 29 de octubre de 2025. En ambos casos, los imputados recurrieron a un modus operandi similar: alquilaron viviendas a través de la plataforma Booking, con identidades falsas, para atraer a sus víctimas con la excusa de un intercambio de dinero.

El primer episodio se produjo el 20 de mayo de 2025 en un departamento de la calle Paraguay al 3400. Según la acusación, una mujer que se identificó como “Ana Roitman” contactó al propietario a través de Booking y reservó el inmueble del 20 al 23 de mayo. Tras confirmar la reserva, indicó que abonaría mediante transferencia.

Ese mismo día, el jefe de la víctima —un empleado de una empresa agropecuaria— le pidió que contactara a la supuesta “Dra. Roitman” para concretar el intercambio de una suma de dinero. En la puerta del edificio, J.A.A., vestida con un ambo rosa, lo recibió y lo condujo hasta un departamento del cuarto piso, donde tres hombres —entre ellos J.M.C.— lo interceptaron con un arma de fuego y lo obligaron a ingresar por la fuerza.

Una vez dentro, los agresores golpearon a la víctima en la cabeza, le sustrajeron la mochila con 10.000 dólares y un celular de uso laboral, y lo maniataron con precintos antes de encerrarlo en el baño. El hombre logró comunicarse desde su teléfono personal, que no había sido robado, con un compañero que esperaba afuera y que lo ayudó a liberarse.

“Los imputados actuaron de consuno con división de tareas para perpetrar los injustos que nos ocupan, por lo que corresponde agravar el tipo penal de robo”, sostuvo el fiscal Gómez Barbella en su requerimiento.

Meses más tarde, el 29 de octubre, una mujer identificada como “Cecilia Rivas” reservó un departamento en la calle Superí al 3700, también a través de Booking, y le indicó a la propietaria que su sobrino se encargaría de pagar el alquiler. L.M.C. cumplió con ese pago pasado el mediodía y obtuvo las llaves, con las que luego permitió el ingreso de J.A.A. y de otro hombre no identificado.

Pasadas las 16.30, J.A.A., esta vez con un ambo rojo, recibió a un hombre que había llegado al lugar para cambiar 3.000 dólares. Los dos hombres lo sorprendieron, le exhibieron un arma, lo ataron con precintos y le sustrajeron el dinero antes de escapar. La víctima comenzó a gritar y fue rescatada por la hija de la propietaria del inmueble.

Estos dos episodios se sumaron a una investigación iniciada el 8 de septiembre de 2025, cuando un hombre denunció el robo de 30.000 dólares a uno de sus empleados en un departamento de la calle Junín al 1600, en Recoleta. En esa ocasión, la víctima había concurrido al lugar para cambiarle 45.900.000 pesos a una mujer que la había contactado un día antes por WhatsApp.

Esa causa, que originalmente tenía autores desconocidos, permitió identificar a J.A.A., L.M.C. y J.H.C., quienes ya fueron requeridos a juicio en enero de este año por su participación en el robo ocurrido el 1° de septiembre de 2025.

En su nuevo requerimiento, el fiscal pidió juicio oral para J.A.A. y L.M.C. como coautores, y para A.C.P. (60) como partícipe necesario de uno de los hechos, por haberse ocupado del alquiler del departamento de la calle Paraguay.

Gómez Barbella calificó los hechos como robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, además de privación ilegal de la libertad agravada. Entre los elementos probatorios, el fiscal destacó una transferencia realizada el 19 de mayo desde una cuenta de Mercado Pago a nombre de un hombre al que A.C.P. solía pedirle que efectuara pagos a terceros, y el análisis de antenas de telefonía que ubicó a A.C.P. en la zona del hecho.

Además, una de las víctimas reconoció a J.A.A. en una rueda de reconocimiento realizada el 29 de abril, y en un allanamiento a la vivienda de la mujer se secuestraron prendas de vestir similares a las utilizadas durante los robos.

Sobre la privación ilegal de la libertad, el fiscal remarcó que, en el primer hecho, la víctima “permaneció privado de su libertad habiendo sido maniatado y encerrado en el departamento, aplicándole intimidaciones y golpes, no solo mientras se consumaba el injusto sino que después de que se dieron a la fuga, lo dejaron en esas condiciones atado sus manos con precintos, concretamente en el baño, indicándole que no podía salir hasta que alguien lo buscara”. En el segundo episodio, el hombre “también fue atado de pies y manos con precintos, pero a diferencia del anterior, tras su fuga, los imputados dejaron abierta la puerta de acceso a la unidad”.

Gómez Barbella sostuvo que la privación se extendió hasta que las víctimas fueron rescatadas por vecinos, conocidos o personal policial, y agregó que quedó acreditada “la ejecución conjunta de los hechos, pues ambos fueron perpetrados en el marco de un plan previamente acordado por los acusados y sus consortes, cada uno de los cuales cumplió un rol determinado”.

El operativo se realizó la noche del martes 2 de septiembre desde la sede de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, ubicada en la cuadra 17 de la avenida Paseo de la República, hasta la carceleta de la Dircote, en la avenida España. La Policía Nacional del Perú dispuso un cierre parcial de la vía expresa para garantizar el desplazamiento del convoy hacia el Cercado de Lima.

La restricción alcanzó el sentido que va desde Javier Prado hacia el centro de la capital. El trayecto, que suele estar condicionado por el flujo vehicular de esa zona, se completó en menos de dos minutos, de acuerdo con la información difundida durante el despliegue. Las medidas buscaron evitar incidentes durante la custodia de uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal Los Pulpos de Cruz Blanca.

Más de 50 agentes participaron en el traslado hacia la Dircote

En los alrededores de la sede policial de La Victoria se concentraron más de 50 efectivos de distintas unidades. El dispositivo incluyó personal de servicios especiales, agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), integrantes del pelotón Cobra y otros grupos operativos de la Policía Nacional del Perú.

Las imágenes del operativo mostraron motocicletas destinadas a abrir paso, camionetas policiales con circulinas y agentes equipados con chalecos antibalas y escudos. Al momento de la salida, Cruz Torres fue escoltado hasta una camioneta blanca, mientras miembros de la SUAT se ubicaron incluso en la tolva del vehículo para reforzar la seguridad.

Un jefe policial, presentado como director de investigación criminal, confirmó que el detenido sería llevado a la Dircote tras concluir las diligencias iniciales en la unidad de lavado de activos. Allí se le practicaron procedimientos de identificación, toma de huellas, registro de datos, reconocimiento y examen médico legal antes de su derivación.

Bolivia expulsó a Cruz Torres por el uso de documentos falsos

El retorno de Johnson “Pulpo” al Perú no se produjo a través de un proceso de extradición. Las autoridades bolivianas lo expulsaron tras determinar que había ingresado a ese país con documentación falsa, una condición que permitió acelerar su traslado y evitar los trámites diplomáticos y judiciales propios de una extradición.

La secuencia comenzó con su captura en La Paz. Luego, Cruz Torres fue entregado en Desaguadero, en la frontera entre Bolivia y Perú, y trasladado a Puno. Desde esa región fue llevado al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, desde donde partió hacia Lima bajo custodia policial.

El ministro del Interior afirmó que la captura fue posible por un trabajo coordinado entre la Policía boliviana, la Policía Nacional del Perú y el apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI). El funcionario sostuvo que existen elementos que vincularían al detenido con hechos que dejaron cuatro jóvenes muertos y con el secuestro de un empresario que ya fue liberado.

El Ministerio del Interior atribuye al detenido un vínculo con otros crímenes

“Han encontrado elementos de convicción que relacionan a este criminal con los hechos luctuosos que acabó con la muerte de cuatro jóvenes y el secuestro, bueno, ahora liberado de este señor”, declaró el titular del Ministerio del Interior. También señaló que esa relación está “fuera de discusión” y que sería directa.

El ministro agregó que las fuerzas de seguridad continuarán con la búsqueda de integrantes de organizaciones criminales fuera del país. “No importa en qué país estén, dónde estén, en qué momento sea, nosotros vamos a ir tras estos delincuentes asesinos”, afirmó al referirse a la captura de Cruz Torres.

Las autoridades aún deben definir el destino final del detenido. La información conocida hasta el momento indica que pasará la noche en la carceleta de la Dircote y que, posteriormente, se evaluará su traslado a Trujillo y al establecimiento penitenciario que le corresponda. Esa decisión estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La condena vigente no impide que afronte nuevas investigaciones

Cruz Torres tiene una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de una empresaria, cometido en 2020 en Trujillo después de un robo. La condena no impide que sea investigado o procesado por otros hechos, siempre que las fiscalías reúnan los elementos necesarios para establecer responsabilidades individuales.

Entre los casos bajo investigación figura el secuestro de un empresario ocurrido durante el último fin de semana en Trujillo. Una de las hipótesis apunta a que el hecho estaría relacionado con un cambio en el esquema de protección de la víctima, quien habría dejado de trabajar con Los Pulpos para vincularse con una agrupación rival conocida como La Jauría.

Un jefe policial precisó que las diligencias todavía no concluyeron y que la participación de cada sospechoso será determinada al término de la investigación. La pesquisa debe establecer quiénes cumplieron tareas de dirección, vigilancia, conducción de vehículos, manejo de armas, comunicaciones u otras funciones dentro de la estructura investigada.

La pesquisa apunta al control territorial y al circuito del dinero

La organización Los Pulpos de Cruz Blanca mantiene presencia en La Libertad, según la información que manejan las autoridades. Las pesquisas apuntan a un esquema de control territorial que se expresaría en actividades públicas, espectáculos musicales y otros espacios donde se busca exhibir influencia frente a la población y grupos rivales.

Una celebración por el cumpleaños de la hija de Cruz Torres, realizada en una zona exclusiva de La Paz, aportó indicios para ubicarlo. La difusión de videos y la identificación de proveedores permitieron seguir parte de la ruta del dinero y reconstruir contactos relacionados con su permanencia en Bolivia, de acuerdo con las indagaciones.

La captura de la pareja sentimental del detenido, en enero, también habría contribuido al seguimiento posterior. La investigación por lavado de activos cobra relevancia por el volumen de dinero que se atribuye a la organización y por la necesidad de identificar bienes, operadores financieros y personas que hubieran facilitado el ocultamiento de recursos. Mientras tanto, Cruz Torres deberá permanecer bajo custodia en Lima hasta que las autoridades definan las siguientes diligencias y su traslado a un penal.

Días antes de morir, Ariel Castro vio cómo las topadoras derribaban la casa de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, donde había mantenido encerradas a tres mujeres durante una década. Semanas después de escuchar su sentencia, se quitó la vida.

Castro murió el 3 de septiembre de 2013: se ahorcó en su celda de una prisión de Ohio, semanas después de ser condenado a cadena perpetua más 1.000 años de cárcel por secuestrar y violar a Michelle Knight, Amanda Berry y Gina DeJesus en Cleveland. La médica forense Jan Gorniak dictaminó que la causa de su muerte fue un suicidio. Una investigación posterior halló irregularidades graves en la vigilancia de la prisión de Ohio.

Un informe difundido en octubre de 2013 por el Departamento de Correccionales de Ohio informó que los guardias no completaron correctamente sus rondas de control esa noche. Según revelaron medios periodísticos por entonces, dos oficiales modificaron los registros de cinco rondas de vigilancia nocturnas que debían realizarse cada media hora.

Los responsables quedaron suspendidos sin goce de sueldo mientras avanzaba la investigación interna. El mismo reporte abrió una hipótesis alternativa: la posición del cuerpo, con el pantalón y la ropa interior bajos hasta los tobillos, llevó a considerar la posibilidad de una asfixia autoerótica en lugar de un suicidio planificado. Esa parte del informe no llegó a una conclusión inapelable.

Castro nació el 10 de julio de 1960 en Yauco, Puerto Rico, hijo de Pedro Castro y Lillian Rodríguez. Sus padres se divorciaron y su madre se mudó con los hijos a Pensilvania antes de instalarse finalmente en Cleveland. De niño, Castro fue abusado sexualmente por un vecino y por un tío. Su madre también lo golpeaba con cinturones y palos.

En la década de 1980 comenzó una relación con Grimilda Figueroa, una vecina de su barrio. La pareja se mudó para convivir en la misma casa en 1992 y el vínculo se volvió violento poco después: Castro le rompió la nariz, las costillas y los brazos a Figueroa.

Los golpes le provocaron un coágulo cerebral que derivó en un tumor, y en una ocasión la arrojó por una escalera y le fracturó el cráneo. Castro fue arrestado por violencia de género en 1993, pero un gran jurado no llegó a indagarlo. Figueroa se fue de la casa en 1996 con los cuatro hijos de la pareja. En 2005 volvió a denunciarlo por agresiones y logró una orden de restricción. La mujer murió en 2012 por complicaciones derivadas del tumor cerebral.

La separación de Figueroa y la pérdida de contacto con sus hijos coincidieron con el inicio de los secuestros que llevaron a su detención. En agosto de 2002, Castro secuestró a Michelle Knight, de 21 años.

La policía creyó primero que Knight había abandonado la ciudad y la eliminó de la base de datos del Centro Nacional de Información de Delitos 15 meses después de su desaparición. En realidad, Castro la mantenía atada de manos, pies y cuello en su casa y la había dejado tres días sin comida apenas la secuestró.

En abril de 2003 secuestró a Amanda Berry, un día antes de que la joven cumpliera 17 años. Su madre recibió luego una llamada de un hombre que usaba el teléfono de Amanda: “Tengo a Amanda. Está bien y volverá a casa en un par de días”, según se supo durante la investigación.

Un año más tarde, el 2 de abril de 2004, Castro secuestró a Gina DeJesus, de 14 años, cuando volvía caminando de la escuela. La joven era amiga de la hija de Castro, Arlene, y las autoridades no emitieron una alerta Amber por su desaparición, algo que su padre reclamó públicamente que se corrigiera.

Las tres mujeres permanecían encerradas en dormitorios con llave, sin ningún contacto con el exterior. Según las crónicas, comían apenas una vez por semana y solo podían bañarse dos veces, como máximo.

Knight fue golpeada con mancuernas y arrojada contra las paredes en reiteradas ocasiones. Quedó embarazada cinco veces durante su cautiverio y, cada vez, Castro la golpeaba hasta provocarle un aborto. También mató a golpes al perro que la acompañaba después de que el animal lo mordiera en su defensa.

Según relatos de hace trece años, Castro encadenaba a las mujeres a un poste en el sótano o a un calefactor en un dormitorio, y llegó a estrangular con el cable de una aspiradora a una de ellas luego de que intentara escapar.

A diferencia de Knight, cuando Berry quedó embarazada Castro no la obligó a abortar. Sin acceso a control prenatal, Berry entró en trabajo de parto el día de Navidad de 2006 y dio a luz en una pileta inflable que Castro instaló en la casa.

Knight asistió el parto bajo la amenaza de que la mataría si la bebé no sobrevivía. Cuando la recién nacida dejó de respirar, Knight logró reanimarla con respiración boca a boca. Castro crio a la niña, Jocelyn, como si fuera su propia hija y hasta la llevaba de visita a la casa de su propia madre.

El 6 de mayo de 2013, Castro salió de la casa y olvidó cerrar una de las puertas internas. No era la primera vez que dejaba una puerta abierta: solía hacerlo a propósito para poner a prueba a las mujeres y castigarlas si intentaban escapar.

Berry decidió arriesgarse. Llegó hasta la parte de la casa que había quedado abierta y gritó pidiendo ayuda. Un vecino, Ángel Cordero, la escuchó, pero solo hablaba español y no entendió lo que decía en inglés. Otro vecino, Charles Ramsey, llegó al lugar y entre los dos lograron romper la parte inferior de la puerta mosquitera. Berry salió a rastras con su hija y le contó a Ramsey que había estado secuestrada.

Ramsey llamó a la policía mientras Berry hacía otra llamada al 911 desde la casa de otro vecino: “Ayúdenme, fui secuestrada y estuve desaparecida durante diez años. Y estoy aquí. ¡Soy libre ahora!”, dijo, según revelaron los testigos del hecho.

Cuando la policía entró a la casa, Knight se asomó desde su habitación, corrió hacia uno de los agentes y repitió: “Usted me salvó”. Minutos después encontraron también a DeJesus. A las tres, junto con la hija de Berry, las trasladaron a un hospital cercano. La policía localizó a Castro poco después en un local de McDonald’s y lo detuvo.

El 8 de mayo de 2013, dos días después de la fuga de sus tres cautivas, Castro fue imputado por cuatro cargos de secuestro y tres de violación. Un tribunal fijó una fianza de ocho millones de dólares, a razón de dos millones por cada cargo de secuestro.

El 7 de junio, un gran jurado del condado de Cuyahoga elevó la acusación a 329 cargos, entre ellos 139 de violación, 177 de secuestro y uno de homicidio agravado por haber provocado de forma deliberada la interrupción del embarazo de una de las víctimas. Los hermanos de Castro fueron arrestados junto a él en un primer momento, pero luego quedaron desvinculados de la causa y fueron liberados.

El 12 de julio, la fiscalía amplió otra vez la acusación hasta los 977 cargos, que incluían 512 de secuestro y 446 de violación. Frente a la posibilidad de una condena a muerte, Castro negoció un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de 937 de esos cargos.

A cambio, el fiscal descartó la pena capital y Castro renunció a su derecho de apelar además de aceptar la confiscación de todos sus bienes. El 1 de agosto de 2013, el tribunal ratificó la condena a cadena perpetua ya anticipada y sumó una multa de 100.000 dólares además de ordenar la demolición de la casa donde había mantenido secuestradas a sus víctimas.

En esa misma audiencia, el juez Michael Russo le preguntó a Castro si entendía que jamás saldría de prisión. Castro respondió: “Sí lo entiendo, su señoría. Sabía que me iban a caer con todo el peso de la ley”. Luego tomó la palabra por su cuenta. “Soy adicto a la pornografía, al punto de que me hace impulsivo y no sé lo que hago”, dijo ante el tribunal.

“No soy un monstruo, no soy un depredador. Actué por mis instintos sexuales y nunca les pegué a estas mujeres”, agregó ante los jueces, de acuerdo con la publicación, y sostuvo que el sexo en la casa había sido consentido. Algo difícil de sostener ya que las mujeres estaban secuestradas.

También dijo haber sido abusado de niño y se refirió a Jocelyn, la hija que tuvo con Berry durante el cautiverio: “¿Qué clase de padre fui yo? El mejor. La crie durante seis años, tuvo una vida normal, la llevé a pasear, iba a misa”.

Durante esa misma audiencia, las víctimas pudieron hacer sus manifestaciones. Knight tomó la palabra y le dijo a Castro: “Pasé once años en el infierno; ahora su infierno recién empieza. Usted morirá un poco cada día mientras piense en las atrocidades que nos infligió durante once años. Puedo perdonarlo, pero nunca lo olvidaré”.

En 2014 Knight publicó el libro Finding Me, que llegó a la lista de más vendidos del New York Times. Un año después, Berry y DeJesus publicaron juntas Hope: A Memoir of Survival in Cleveland, otro best seller.

En 2017, Berry comenzó a conducir un segmento periodístico en la señal de Cleveland Fox 8, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, algo que continúa en la actualidad. DeJesus fundó ese mismo año una organización sin fines de lucro para acompañar a familias con casos similares.

Un año más tarde, Knight publicó un segundo libro, Life After Darkness: My Journey to Happiness, y creó además una organización de rescate de animales llamada Unleashed Animal Rescue.

La justicia de Quintana Roo condenó a dos ciudadanos cubanos a cuatro años y seis meses de prisión cada uno, en una causa por privación ilegal de la libertad agravada ocurrida en Cancún. Los sentenciados fueron identificados como Yosbel Lázaro Planas Pita y Roinel Morejón Rodríguez.

La resolución se dictó tras un proceso iniciado en abril de 2024, luego de que agentes policiales localizaran a la víctima dentro de una vivienda y detuvieran a los dos acusados. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo señaló que el afectado también era cubano y que había llegado poco antes a la ciudad.

Las autoridades no precisaron la situación migratoria del hombre, su lugar de procedencia ni la forma en que conoció a los condenados. Tampoco dieron detalles sobre las circunstancias de su llegada a Cancún según Periódico Cubano.

La investigación ubicó la retención en una vivienda de Cancún

El expediente situó los hechos en el municipio de Benito Juárez. Según la investigación, la víctima fue llevada contra su voluntad a una casa del fraccionamiento Los Héroes, en la Supermanzana 224 de Cancún, donde permaneció bajo vigilancia, inmovilizada y sin posibilidad de retirarse por sus propios medios.

Durante el tiempo que estuvo en el inmueble, los responsables habrían amenazado con quitarle la vida si sus familiares no reunían el dinero solicitado. La exigencia económica ascendía a USD 8,000 y, de acuerdo con las actuaciones, se planteó como condición para permitir que el ciudadano cubano recuperara su libertad.

El afectado pudo pedir ayuda después de aprovechar un descuido de las personas que lo vigilaban. La información oficial indicó que logró acercarse a un lugar desde el que alertó a personas que estaban fuera de la vivienda, lo que permitió solicitar la intervención policial.

Los agentes acudieron al domicilio, ingresaron a la propiedad y encontraron al hombre que permanecía retenido. En el mismo operativo detuvieron a Planas Pita y Morejón Rodríguez, mientras la Fiscalía abrió una investigación para reunir elementos sobre lo ocurrido.

La causa incluyó información relacionada con el traslado de la víctima hasta la vivienda, las condiciones de su permanencia dentro del inmueble, las amenazas denunciadas y el pedido de dinero dirigido a sus familiares. Esos elementos fueron presentados posteriormente ante las autoridades judiciales.

Una jueza impuso la misma pena para los dos acusados

El proceso avanzó hasta la etapa de juicio oral, donde se analizaron las pruebas reunidas durante la investigación. Una jueza declaró responsables a los dos acusados por el delito de privación ilegal de la libertad agravada y fijó para cada uno una pena de cuatro años y seis meses de cárcel.

La Fiscalía de Quintana Roo no precisó si la sentencia contempla multas, una reparación económica para la víctima u otras medidas complementarias. Tampoco informó si los dos condenados cuentan con recursos legales pendientes o si existe una apelación contra la resolución, de acuerdo con datos de Periódico Cubano.

Aunque el expediente incluyó una retención, amenazas y una exigencia económica, la condena oficial correspondió a privación ilegal de la libertad agravada. La información difundida por las autoridades no indicó que el fallo incluyera una condena por el delito de secuestro.

Hasta el momento, la responsabilidad judicial comunicada se limita a Planas Pita y Morejón Rodríguez. La Fiscalía no dio a conocer la existencia de otras personas investigadas o procesadas por este caso, ni informó que los hechos estuvieran relacionados con una organización criminal más amplia.

El pedido de auxilio realizado desde la vivienda permitió que los agentes llegaran al lugar, localizaran a la víctima y detuvieran a los acusados. Más de dos años después del inicio de la causa, la justicia mexicana emitió la sentencia contra los dos ciudadanos cubanos.

Después de un duro litigio judicial, Herman Krause relató cómo recuperó a sus dos hijos, luego de que su ex esposa los sacara ilegalmente del país. Finalmente, la Justicia de Brasil habilitó su regreso y otorgó la guarda provisoria hacia el padre.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Krause describió el proceso que atravesó tras la desaparición de sus hijos. El caso adquirió notoriedad cuando Interpol emitió un alerta amarilla para localizarlos, después de que su expareja, Juliana Magalhanes Da Rosa, se los llevó sin autorización a Brasil en julio de 2024.

“Fue un proceso muy complicado, y más en estos dos meses que se estaba por tomar la decisión allá en Brasil”, relató Krause sobre su estadía en San Pablo, donde permaneció casi dos meses aguardando la resolución judicial. “Lo que conseguimos fue muy importante, porque es muy difícil que un país como Brasil te devuelva dos niños cuando estás litigando contra una madre brasilera”, enfatizó.

Semanas atrás, la Justicia de Brasil le otorgó la tenencia provisoria y el segundo tribunal confirmó la sentencia inicial, lo que permitió el regreso de los niños y de su padre a la Argentina. “A partir de que me entregaron la guarda provisoria el 15 de julio, los primeros días fueron difíciles, porque mis hijos estaban muy alienados y pasaron mucho tiempo sin verme. Un día llegaron, me dijeron: ‘Hacete cargo’, sin una preparación psicológica de los chicos ni nada”, reconstruyó.

En ese marco, Krause narró el reencuentro y el proceso de adaptación familiar a la nueva realidad. “De a poquito nos fuimos acostumbrando los tres a estar juntos de nuevo. Ellos volvieron a entrar en confianza conmigo, y cada vez mejor. Les fui contando qué fue lo que pasó, por qué a ellos se los llevaron, qué dijo la justicia argentina y qué estaba diciendo la justicia de Brasil para permitirles estar conmigo”.

El caso

En la reconstrucción del padre, el conflicto comenzó en 2022, cuando su ex mujer le presenta la primera denuncia penal en su contra por violencia de género, lo que derivó en su salida del domicilio familiar y el inicio del proceso de divorcio. “Durante el 2023, yo teníamos la tenencia compartida de los chicos. Yo veía a mis hijos sin ningún problema”, detalló sobre la rutina previa a la fuga.

En septiembre de 2023, una nueva denuncia agravó la situación: “Me hacen denuncias por abuso sexual de mis hijos. Ahí se me inicia una causa penal y dejo de ver a los chicos, porque cuando tenés una denuncia tan grave no se te permite verlos”.

La investigación penal concluyó en octubre de 2024, cuando la Justicia archivó la causa por falta de pruebas. Fue entonces cuando Da Rosa tomó la decisión más drástica: “A la semana saca a los chicos de las escuelas y se los lleva en un taxi a Puerto Iguazú, y los cruza ilegalmente hacia Foz de Iguazú”.

Krause descubrió la ausencia de sus hijos al intentar contactarse con la escuela: “Justo esa semana habían estado faltando. No habían mandado certificado médico ni nada, porque justo esa semana había sido el archivo de la causa”.

Tras varias gestiones fallidas para comunicarse con la madre, el padre tuvo que recurrir a la policía. El alerta de Interpol y el rastreo de teléfonos en Foz de Iguazú confirmaron la sospecha: los chicos habían salido del país de manera ilegal y permanecían en Brasil.

El futuro del vínculo con la madre

Actualmente, el destino de los menores depende de la decisión del Juzgado de Familia en Argentina. Consultado sobre el vínculo con la madre, aclaró: “Ella no tiene ningún impedimento, por ahora, ni penal ni de familia para venir a Argentina. Todo va a depender de la actitud que tomen ellos, de que se hagan cargo de lo que hicieron y modifiquen su actitud”.

Krause destacó la importancia del contacto materno para sus hijos, aunque advirtió nunca “va a tomar la misma posición de separar a mis hijos de la madre”. “Mis hijos si la quieren ver, yo no voy a ser el que impida el contacto, pero siempre bajo ciertas normas que son obvias. Si veo que hay una actitud de que pueda llegar a pasar lo mismo que pasó, no lo voy a aceptar y voy a hacer las denuncias que tenga que hacer”, apuntó.

Krause reflejó toda la dificultad del proceso, y celebró que pudo retornar sin mayores problemas al país con sus dos hijos. “Mi mayor miedo era cómo iba a hacer para subir a esos nenes a un avión. Y fue lo más fácil que me pasó en todo este tiempo, porque los chicos ya estaban preparados para hacer esa vuelta”, concluyó.

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Un comando armado asesinó a tres integrantes de una familia y secuestró a otras tres personas cerca de la medianoche del lunes 31 de agosto en Salamanca, Guanajuato, en un ataque dentro de una vivienda de la colonia El Deportivo que, de acuerdo con el director de Seguridad Pública municipal, habría estado ligado a la disputa por la plaza entre grupos criminales.

Entre las víctimas mortales estuvo una menor de 14 años. Los otros dos fallecidos fueron hombres adultos, localizados dentro del domicilio con impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

El ataque ocurrió en una casa de la calle Leona Vicario, donde un grupo de hombres armados llegó a bordo de varios vehículos e irrumpió por la fuerza. Ya dentro, los agresores dispararon contra los habitantes de la vivienda y después sacaron a tres personas por la fuerza para llevárselas con rumbo desconocido.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades por las detonaciones. Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Al entrar al inmueble, los agentes encontraron a dos hombres y a la adolescente tirados en el piso. Paramédicos de la Cruz Roja revisaron a las víctimas y confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

El jefe policial vinculó el ataque con la disputa criminal en Salamanca

Más tarde llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado y personal de la Agencia de Investigación Criminal para procesar la escena e iniciar las indagatorias por el homicidio múltiple y la privación ilegal de la libertad de tres personas.

Hasta ese momento, la Fiscalía de Guanajuato no había dado a conocer la identidad de las personas asesinadas. Tampoco se informó sobre el paradero de quienes fueron sacados de la vivienda por los agresores.

Este martes, el director de Seguridad Pública de Salamanca, Juan Pablo Ramírez Talavera, confirmó que en el ataque hubo tres personas asesinadas y tres privadas de la libertad. El mando policial sostuvo que el hecho estuvo relacionado con la pugna entre grupos criminales por el control del municipio.

Ramírez Talavera dijo que esas organizaciones pretendían ingresar a Salamanca y “tomar la plaza”. En su declaración precisó: “Lamentablemente tuvimos la situación durante la noche. Fueron tres personas abatidas, entre ellas una niña de 14 años, y tres personas privadas de la libertad”.

El funcionario agregó que, con base en los datos obtenidos por las autoridades municipales, los vehículos y las personas que participaron en la agresión habrían llegado desde la zona de Villagrán, donde opera el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Esa fue la respuesta central de las autoridades locales sobre lo ocurrido: un ataque de un grupo armado contra una familia dentro de su casa, con saldo de tres homicidios y tres secuestros, en un contexto que el gobierno municipal atribuyó a la pelea por el control territorial.

Guanajuato acumuló una cadena de homicidios múltiples en 2026

El ataque en Salamanca se sumó a una secuencia de homicidios múltiples registrados en Guanajuato durante 2026. Uno de los casos más recientes ocurrió antes de esta agresión en el municipio de Santiago Maravatío, donde fueron localizadas cinco personas sin vida con impactos de arma de fuego.

En ese hecho, la Fiscalía dio a conocer que las víctimas fatales fueron cuatro hombres y una mujer, todos sin identificar hasta ese momento. El caso se incorporó a una lista de asesinatos colectivos en distintos municipios del estado.

El 29 de mayo de 2026, en Salamanca, cinco personas fueron asesinadas a balazos y otras dos resultaron lesionadas durante un ataque en la zona centro de la ciudad. Dos días después, el 31 de mayo, un padre y su hijo fueron asesinados mientras atendían su puesto de carnitas en Valle de Santiago.

El 1 de junio de 2026, también en Salamanca, cuatro hermanos murieron después de una riña por una herencia. Uno de ellos mató a sus familiares y luego se disparó.

Otro de los episodios más letales ocurrió el 27 de enero de 2026 en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca. Ahí, un grupo armado abrió fuego contra asistentes a un partido de futbol y dejó 11 muertos y 12 heridos.

Ese ataque ocurrió en medio de una disputa abierta entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el cristal, las rutas del Bajío y el control territorial. Esa referencia colocó a Salamanca como uno de los puntos más golpeados por la violencia criminal en la entidad.

El 20 de junio de 2026, en San Luis de la Paz, varias personas fueron atacadas a balazos afuera de un establecimiento comercial. Tres murieron y cuatro quedaron lesionadas.

Ese mismo día, en la comunidad de San Juan de Razos, en Salamanca, personas que convivían cerca de un campo de futbol fueron sorprendidas por hombres armados que dispararon en su contra y escaparon. El 12 de julio de 2026, en Pénjamo, un ataque durante una convivencia familiar dejó cuatro personas muertas y dos heridas de gravedad.

De acuerdo con las autoridades, en ese caso las víctimas fueron ubicadas, obligadas a hincarse y después les dispararon frente a los demás asistentes. El 29 de julio de 2026, en Valle de Santiago, cuatro integrantes de una familia fueron asesinados dentro de su vivienda por un comando armado.

Dos de esas víctimas, un padre y su hijo, trabajaban como Servidores de la Nación en la delegación Guanajuato de la Secretaría del Bienestar. El 19 de agosto de 2026, en Irapuato, cuatro futbolistas amateurs fueron asesinados a balazos y otros tres resultaron heridos de gravedad al finalizar un partido comunitario.

Los primeros reportes señalaron que los jugadores fueron emboscados por grupos armados en dos puntos distintos de la comunidad Ejido de Malvas.

• Tres integrantes de una familia fueron asesinados dentro de su casa en Salamanca, incluida una menor de 14 años.
• Otras tres personas fueron privadas de la libertad por los agresores, que habrían llegado desde Villagrán.
• El gobierno municipal relacionó el ataque con la disputa por la plaza entre grupos criminales en Guanajuato.

Estados Unidos actualizó su advertencia de viaje para Brasil y mantuvo al país en el nivel 2, que recomienda ejercer mayores precauciones por riesgos de delincuencia y secuestro. El Departamento de Estado publicó la revisión el 31 de agosto y señaló que los delitos violentos pueden ocurrir en zonas urbanas durante el día y la noche.

La actualización no implica una prohibición general para los viajeros estadounidenses, pero incluye advertencias sobre homicidios, robos a mano armada, sustracción de vehículos, secuestros exprés y agresiones cometidas con drogas o sedantes. El organismo también alertó sobre engaños a extranjeros mediante aplicaciones de citas y contactos en bares.

El aviso sitúa parte de los riesgos en actividades habituales de los turistas, como usar cajeros automáticos, trasladarse en autobús, concurrir a playas de noche o aceptar bebidas de desconocidos. Las autoridades estadounidenses recomendaron reducir la exposición a situaciones que puedan facilitar robos, extorsiones o agresiones.

¿Cuál es la alerta de viaje de Estados Unidos para Brasil?

El Departamento de Estado mantuvo a Brasil en el nivel 2 de su sistema de alertas para viajes internacionales. Esa categoría indica que los ciudadanos estadounidenses deben ejercer mayores precauciones debido al crimen y al secuestro.

La revisión publicada el 31 de agosto no modificó el nivel general de la advertencia. La actualización incorporó información sobre delitos que pueden afectar a los extranjeros, con énfasis en el riesgo de violencia urbana y en modalidades de robo que incluyen la retención temporal de las víctimas.

El sistema estadounidense contempla cuatro niveles de advertencia. El nivel 2 no pide cancelar un viaje, aunque aconseja adoptar medidas de seguridad adicionales antes y durante la estadía. En el caso brasileño, el Gobierno de Estados Unidos centró sus recomendaciones en la prevención de delitos violentos y patrimoniales.

El texto oficial señala que los visitantes deben conocer las condiciones de seguridad de los lugares que planean recorrer. También recomienda ajustar los desplazamientos a la situación de cada área, en especial al circular de noche o utilizar servicios de transporte.

La advertencia se dirige a ciudadanos de Estados Unidos, aunque describe delitos y riesgos que también pueden alcanzar a turistas de otras nacionalidades. El Departamento de Estado no difundió cifras sobre hechos contra extranjeros en su actualización, pero incluyó estas amenazas entre los motivos que justifican la recomendación de actuar con más cuidado.

¿Qué delitos advierte Estados Unidos para quienes viajan a Brasil?

El aviso estadounidense sostiene que los delitos violentos se producen en áreas urbanas de Brasil tanto durante el día como por la noche. Entre los hechos que enumera figuran homicidios, robos a mano armada y robos de vehículos.

La inclusión de estos delitos obliga a los viajeros a tomar precauciones en sus traslados y al elegir los lugares que visitan. El Departamento de Estado aconseja mantenerse atento al entorno y evitar la exhibición de bienes que puedan atraer a delincuentes.

La recomendación abarca efectivo, joyas, teléfonos, cámaras, computadoras y otros dispositivos. La guía no establece una lista de zonas urbanas seguras o inseguras para el público general, por lo que sugiere evaluar cada destino y limitar la exposición de objetos de valor.

La advertencia también incluye el secuestro entre los riesgos de seguridad. Según la información oficial, los secuestros extorsivos que involucran a ciudadanos estadounidenses son poco frecuentes, aunque ocurren en algunas ocasiones.

El Departamento de Estado precisó que los brasileños suelen ser las principales víctimas de esos delitos. Sin embargo, aclaró que los extranjeros continúan expuestos, una consideración relevante para turistas que pueden no conocer las dinámicas locales ni contar con redes de apoyo inmediatas.

¿Qué es el secuestro exprés y cómo funciona en Brasil?

El aviso identifica al secuestro exprés como una amenaza persistente para residentes y visitantes. Esta modalidad consiste en la retención de una persona bajo amenaza, con el objetivo de obtener dinero en un período breve.

El Departamento de Estado explicó que los delincuentes pueden obligar a la víctima, a punta de pistola, a retirar efectivo en varios cajeros automáticos. También pueden forzarla a realizar transferencias a través de aplicaciones bancarias.

La guía oficial menciona de forma específica a Pix, el sistema de pagos instantáneos de Brasil. El uso de transferencias electrónicas permite que los autores de un delito reclamen fondos sin depender únicamente de la disponibilidad de efectivo en una cuenta o de los límites de extracción en cajeros.

Las autoridades estadounidenses recomiendan ser prudentes al realizar operaciones bancarias. El aviso no detalla protocolos particulares para usar Pix o cajeros, pero sitúa esas actividades dentro de los escenarios que pueden exponer a turistas a robos o extorsiones.

Los viajeros deben considerar el contexto de cada operación, evitar mostrar dinero y prestar atención a los movimientos alrededor de bancos y cajeros. La advertencia también pide mantener conciencia del entorno, una recomendación que se extiende a los trayectos de ida y vuelta desde esos sitios.

¿Por qué Estados Unidos alerta sobre bebidas adulteradas en Río de Janeiro?

La actualización advierte que las agresiones con sedantes o drogas colocadas en bebidas son frecuentes, sobre todo en Río de Janeiro. El Departamento de Estado incluyó este riesgo entre sus principales recomendaciones para las personas que salen de noche o conocen a alguien durante el viaje.

El aviso señala que delincuentes pueden buscar a extranjeros en bares o a través de aplicaciones de citas. Después de establecer contacto, pueden usar sustancias para incapacitar a la víctima y robarle pertenencias, efectivo o acceso a servicios bancarios.

Ante esa posibilidad, la autoridad estadounidense aconseja vigilar las bebidas y no aceptar alimentos o tragos de desconocidos. La recomendación también alcanza a quienes participan en reuniones organizadas a través de plataformas digitales.

El Departamento de Estado no sostiene que toda cita o visita a un bar implique un riesgo. Su advertencia apunta a determinadas conductas que pueden facilitar delitos, como perder de vista una bebida o confiar datos personales y financieros a personas conocidas recientemente.

Para quienes utilizan aplicaciones de citas, la guía recomienda atención frente a contactos que propongan encuentros en lugares alejados o que intenten alterar las decisiones de la otra persona. La alerta se concentra en la prevención de robos y agresiones, sin atribuir estos delitos a todos los establecimientos o usuarios de esas plataformas.

¿Qué precauciones recomienda Estados Unidos en playas y transporte público?

El Departamento de Estado aconseja tener mayor cuidado por la noche, especialmente en playas, bares, centros de transporte y medios de transporte público. Estos espacios concentran parte de las situaciones de riesgo señaladas en la advertencia.

En el caso de las playas, la recomendación oficial es evitar permanecer allí después del anochecer. Para los bares, el aviso vuelve a subrayar la importancia de controlar las bebidas y rechazar consumos ofrecidos por desconocidos.

Las terminales y los puntos de conexión del transporte también requieren atención. El organismo estadounidense pide cautela en grandes centros de movilidad y advierte que los pasajeros enfrentan un mayor riesgo de robo o agresión al utilizar autobuses públicos en Brasil, sobre todo de noche.

La guía no ordena a los visitantes que eviten por completo los autobuses o las terminales. Sí recomienda que organicen sus desplazamientos, vigilen sus documentos y efectos personales, y reduzcan la cantidad de bienes de valor que llevan consigo.

La actualización del 31 de agosto mantiene esas recomendaciones como parte de la alerta de nivel 2 para Brasil. El Departamento de Estado dejó vigente su llamado a extremar cuidados frente a delitos violentos, robos, secuestros exprés y ataques que pueden comenzar en entornos de ocio, transporte o transacciones bancarias.

El caso generó conmoción en Trujillo luego de que el empresario fuera secuestrado durante la madrugada del domingo 30 de agosto, en un violento ataque que dejó cuatro personas asesinadas. Posteriormente, la Policía confirmó la liberación del empresario y la captura de cinco presuntos implicados. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los detenidos y establecer quiénes estuvieron detrás de la planificación del crimen.

En medio de las diligencias, una de las principales interrogantes estaba relacionada con la manera en que se consiguió la liberación del empresario y si la familia había realizado algún pago a los secuestradores. Durante sus primeras declaraciones, las autoridades habían evitado brindar detalles debido a que la operación de inteligencia todavía estaba en desarrollo.

Sin embargo, en la entrevista concedida a Canal N, Rafael Belaúnde Llosa confirmó que sí hubo una entrega de dinero, aunque dejó claro que todavía existen aspectos de la operación que no pueden hacerse públicos.

Rafael Belaúnde Llosa confirma la entrega de dinero durante la operación

La periodista de Canal N llevó al ministro directamente al punto que había generado dudas durante la jornada: si efectivamente había ocurrido una entrega de dinero vinculada con el secuestro. “Estamos confirmando que ha habido una entrega de dinero”, planteó la periodista.

“Sí”, respondió Rafael Belaúnde Llosa. El ministro explicó que la operación continúa en desarrollo y que el hecho de que una persona haya acudido a recoger el dinero no significa necesariamente que se trate del máximo responsable de la organización.

“El que ha ido a recoger el dinero, pues no es el jefe de la operación”, señaló. La periodista insistió en precisar si el sujeto que acudió a recoger el dinero no era el cabecilla. “No es el jefe de la operación”, respondió el ministro.

Luego, Belaúnde explicó que la persona enviada a recoger el dinero habría cumplido solamente una función dentro de una estructura mayor. “Es un chico que han mandado”, manifestó. Ante la consulta sobre la importancia estratégica de este individuo, el titular de Defensa agregó: “Y no tiene ningún valor estratégico eso”.

La Policía monitoreó la entrega de dinero y el contacto con los secuestradores

Durante la entrevista, la periodista de Canal N preguntó si la entrega del dinero había sido monitoreada por la Policía Nacional del Perú, considerando que el objetivo de las autoridades era seguir los movimientos de los presuntos secuestradores sin poner en riesgo la vida de la víctima.

“O sea, el que ha ido a recoger el dinero no era el cabecilla, en base al seguimiento. Entonces, lo que podemos concluir es que esta entrega de dinero o este, digamos, conversación entre la familia y los delincuentes ha tenido que tener un monitoreo de la policía. ¿Esto es así?”, preguntó.

“Ha estado la policía”, confirmó Rafael Belaúnde Llosa. La periodista volvió a preguntar para precisar si la Policía había estado presente durante el proceso de seguimiento. “Ha estado la policía”, respondió nuevamente el ministro.

La intervención de las autoridades, según explicó, permitió avanzar en la identificación y captura de los presuntos integrantes de la organización. “Y así han logrado dar con ellos”, señaló la periodista. “Sí, sí”, respondió Belaúnde.

El ministro destacó que el operativo tenía como prioridad proteger la vida del empresario y conseguir la captura de quienes participaron en el secuestro. Según su explicación, las autoridades manejaban desde el inicio una hipótesis sobre el verdadero móvil del ataque.

Rafael Belaúnde Llosa: “El móvil de fondo no era el secuestro sino era el sicariato”

Uno de los aspectos más delicados de las declaraciones del ministro fue cuando explicó cuál habría sido el móvil que las autoridades identificaron detrás del ataque.

“Lo primero, como se sabía que esto, el móvil de fondo no era el secuestro sino era el sicariato, era lograr salvar la vida de la persona y capturar a los que han participado en el secuestro. Y eso es lo que se ha logrado”, afirmó Rafael Belaúnde Llosa.

La declaración plantea que, para las autoridades, el riesgo principal no se encontraba únicamente en que el empresario permaneciera privado de su libertad, sino en la posibilidad de que el secuestro estuviera relacionado con un eventual ataque de sicariato.

Por ello, el ministro sostuvo que la prioridad fue conseguir que el empresario permaneciera con vida mientras se desarrollaban las acciones de inteligencia. “Ahora, lo que hay que hacer es ahora, s-- y estamos haciendo, es siguiendo la ruta del dinero”, añadió.

Ministro evita revelar hacia dónde llevó la ruta del dinero

Aunque confirmó que hubo una entrega de dinero, Rafael Belaúnde Llosa evitó brindar información específica sobre el destino de los recursos o hasta dónde llegó el seguimiento realizado por las autoridades.

La periodista preguntó directamente si la Policía estaba siguiendo la ruta del dinero entregado. “Ahora, siguiendo la ruta del dinero entregado”, planteó. El ministro respondió que esa información debía ser confirmada por el general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional.

“Bueno, eso lo tendría que confirmar el general Arriola. Esa parte yo a, yo no lo puedo-”, respondió. La periodista volvió a intervenir, pero el titular de Defensa mantuvo la reserva sobre ese punto. “Confirmar en estos momentos”, precisó.

La decisión de no revelar más detalles estaría relacionada con el carácter reservado de la investigación. Precisamente, durante la jornada las autoridades habían insistido en que se trataba de una operación de inteligencia compleja y en curso. El propio Belaúnde había señalado previamente que no podía proporcionar todos los detalles mientras las diligencias no hubieran concluido.

¿Yens Lara será interrogado por la investigación?

Durante la entrevista también se abordó la situación de Yens Lara, quien fue mencionado en la conversación por la periodista debido a sus antecedentes y a investigaciones fiscales relacionadas con la comercialización de oro en el extranjero.

La periodista preguntó si Lara sería interrogado y si su testimonio podría resultar relevante para esclarecer lo ocurrido, especialmente teniendo en cuenta los antecedentes y las personas que habrían cumplido funciones de seguridad para él.

“Ahora, Yens Lara, este, este personaje que tiene antecedentes y que ha sido o es investigado por la fiscalía que comercializa oro en el extranjero, ¿también será interrogado? Porque claro, si él cambia, si él cambia de, de cuidadores y miren quiénes eran sus guardaespaldas, nada más y nada menos que primero los Pulpos y después la otra banda, ¿tendrá mucho que aportar el testimonio de Yens Lara?”, preguntó la periodista.

Ante la consulta, Rafael Belaúnde Llosa evitó adelantar qué ocurrirá con el testimonio del empresario y pidió permitir que las investigaciones continúen.

“Bueno, yo creo que primero es una persona que ha pasado por un proceso traumático. La familia debe estar aterrorizada. Lo que hay que dejar es que las investigaciones sigan su curso”, respondió.

Cinco detenidos tras el secuestro del empresario en Trujillo

La liberación del empresario se produjo en el marco de un operativo policial que terminó con la captura de cinco presuntos integrantes de la organización criminal investigada. De acuerdo con la información brindada por las autoridades, cuatro de ellos estarían vinculados directamente con el ataque y secuestro, mientras que un quinto detenido habría cumplido una función logística.

La Policía también ha señalado que el trabajo de inteligencia y el uso de herramientas tecnológicas fueron determinantes para ubicar a los sospechosos. La investigación incluye el análisis de comunicaciones y el seguimiento de personas vinculadas con la organización criminal Los Pulpos.

El caso continúa generando interrogantes, especialmente por la violencia empleada durante el ataque y por las circunstancias en las que se produjo la liberación del empresario. La Policía ha sostenido que la negociación forma parte de los procedimientos utilizados para preservar la vida de una víctima, aunque inicialmente evitó confirmar si hubo un pago específico.

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo, tras un ataque armado contra la camioneta en la que viajaba. Cuatro personas que lo acompañaban murieron por disparos y él fue llevado por la fuerza. Más de 30 horas después, la víctima recuperó su libertad y volvió con su familia.

El ataque ocurrió a las 2:47 de la madrugada, en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín. De acuerdo con la investigación, los agresores llegaron en una camioneta blanca y usaron prendas similares a uniformes policiales para simular una intervención. Tras identificar a Lara, dispararon contra los ocupantes y lo retiraron del vehículo.

Las víctimas fueron los agentes de seguridad Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos, además de Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que cinco personas permanecen detenidas por su presunta participación en el secuestro y los homicidios. Las diligencias buscan establecer responsabilidades individuales e identificar a otros posibles implicados.

Entrega de dinero y liberación del empresario siguen bajo investigación

La liberación se conoció durante la tarde del lunes 31 de agosto. El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Rafael Belaúnde Llosa, confirmó que el empresario estaba con vida y junto a sus familiares.

La Policía presentó el caso como resultado de un trabajo operativo, aunque el comandante general Óscar Arriola señaló después que se trató de una liberación y no de un rescate ejecutado mediante una irrupción.

Información difundida por Latina indicó que la familia habría entregado hasta USD 3 millones durante una negociación. El ministro Belaúnde confirmó que hubo una entrega de dinero, pero las autoridades no precisaron el monto, el recorrido de los recursos ni las circunstancias de la operación.

La PNP y la Fiscalía deberán determinar si ese pago se concretó, quién lo recibió y cómo se relacionó con la liberación de Lara.

Los investigados fueron intervenidos en Trujillo, El Porvenir y Chepén. Entre ellos figuran Julio Zavaleta Quezada, alias “Juliacho”; Junior Quesada Cruz, alias “Ñato”; César García Rivera, alias “Bolacho”; Fabricio Bocanegra Linares, alias “Folo”; y José Miguel Cherrepe Ávila, alias “Ares”. Los partes policiales los vinculan de forma preliminar con la logística, la coordinación y la ejecución del ataque.

Fiscalía analiza si los captores planeaban asesinar a Jenss Lara

Una declaración recogida durante los interrogatorios abrió otra línea en la investigación. Según la versión atribuida a uno de los detenidos, el encargo para secuestrar al empresario llegó desde un penal, por medio de un familiar del líder de Los Pulpos. Los investigadores también analizan si el grupo tenía previsto mantener cautiva a la víctima después de obtener dinero o si existió un plan para asesinarla.

Esa hipótesis aún no ha sido confirmada por la Fiscalía ni por la PNP. El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, pidió cautela y recordó que los agentes cuentan con 15 días para reunir elementos que permitan esclarecer el caso. Una pericia antropológica y la revisión de cámaras integran las actuaciones pendientes.

Las pesquisas también revisan la posible relación entre el secuestro y disputas por protección dentro de la cadena de comercialización de mineral en Pataz. Un audio difundido durante las diligencias alude a pagos previos a una organización y a un posterior vínculo con otra banda. Esa versión será contrastada con declaraciones, registros telefónicos y pruebas antes de atribuir responsabilidades.

La Policía Nacional del Perú (PNP) negó que una camioneta vinculada al secuestro de un empresario y al homicidio de cuatro personas en Trujillo pertenezca al Ministerio del Interior (Mininter) o forme parte de su parque automotor. La precisión fue difundida este 1 de setiembre mediante el Comunicado N.° 19-2026.

El pronunciamiento surgió luego de la difusión de imágenes y registros que relacionaban una Toyota Hilux con la matrícula EPF-176, registrada oficialmente a nombre del Estado. La PNP sostuvo que esa identificación fue utilizada de manera fraudulenta en el vehículo investigado.

Según la institución policial, las verificaciones técnico-policiales realizadas hasta el momento permitieron establecer diferencias entre la camioneta captada durante los hechos y la unidad oficial asociada a dicha matrícula. La placa EPF-176, precisó la PNP, fue clonada.

El caso permanece bajo investigación para determinar quiénes utilizaron el vehículo, las prendas o los elementos similares a los policiales y cuál fue el origen de los bienes empleados durante el secuestro y el homicidio registrados en la región La Libertad.

PNP descarta que la camioneta pertenezca al Mininter

En su Comunicado N.° 19-2026, la PNP indicó que el vehículo investigado “no es una unidad del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional del Perú”. La institución señaló que las verificaciones realizadas sobre sus características físicas y registros vehiculares no coinciden con los de una camioneta oficial.

La aclaración responde a las versiones difundidas antes del pronunciamiento policial, que vinculaban al Estado con el vehículo utilizado en el crimen. La PNP rechazó que la sola presencia de una placa oficial permita identificar la camioneta como una unidad estatal.

El documento también precisa que “la placa policial exhibida EPF-176 por dicho vehículo fue clonada”. De acuerdo con la institución, la matrícula fue colocada de forma indebida y no corresponde al vehículo que aparece en las imágenes relacionadas con el caso.

La PNP informó que la unidad policial legítima asociada a la matrícula EPF-176 también fue verificada. Según el comunicado, el patrullero original permanece bajo control institucional y está asignado al Departamento de Seguridad de Protección de Carreteras (DESDPC) San Gabán - Juliaca.

La institución detalló que dicha unidad cuenta con sus elementos de identificación y registros correspondientes. Además, figura en condición operativa desde el 28 de agosto de 2025.

Otra placa fue incorporada a las pesquisas

Como parte de las diligencias, la investigación permitió hallar la placa BNG-906. La PNP señaló que, de acuerdo con la consulta registral, esta matrícula corresponde a una camioneta Toyota Hilux de propiedad particular.

La institución indicó que BNG-906 sería la identificación original del vehículo investigado. Este elemento fue incorporado a las pesquisas técnico-científicas para establecer la procedencia de la camioneta y precisar su relación con los hechos.

La información policial modifica la versión difundida previamente sobre la supuesta titularidad estatal del vehículo, sustentada en la presencia visible de la placa EPF-176.

PNP niega indicios contra policías o unidades oficiales

El comunicado también aborda el uso de prendas, distintivos y equipamiento similares a los empleados por la Policía. La institución señaló que la utilización de estos elementos por parte de delincuentes no demuestra una relación con la PNP.

Según el documento, la simulación de una intervención policial puede ser utilizada por organizaciones criminales para sorprender y someter a sus víctimas. Esta circunstancia forma parte de las diligencias que buscan establecer cómo fueron utilizados los elementos similares a los policiales durante el delito.

La PNP sostuvo además que, hasta el momento, “no existen indicios que comprometan a personal policial ni a unidades móviles de la PNP”.

Las diligencias permanecen abiertas para determinar la identidad de los responsables del secuestro y del homicidio de las cuatro personas. La Policía también busca establecer el origen de los vehículos y bienes utilizados durante los hechos.

La FGR obtuvo una sentencia condenatoria tras casi 10 años de diligencias, ya que la investigación se abrió en 2016, contra cuatro personas acusadas por el secuestro agravado de una víctima en el municipio de San Juan Teotihuacán, Estado de México. El Tribunal de Enjuiciamiento dictó el fallo tras un proceso iniciado en diciembre de 2016 e impuso a cada sentenciado 50 años de prisión y una multa de 292 mil 160 pesos. Jesús, Jonás, Jorge y Octaviano cumplen actualmente su condena en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez.

Secuestro con exigencia de rescate en Teotihuacán

El delito ocurrió en San Juan Teotihuacán. Según el informe de la extinta Policía Federal incorporado a la indagatoria, los cuatro sentenciados contactaron a los familiares de la víctima para exigir dinero a cambio de su liberación.

Luego de las negociaciones, la víctima fue liberada. Ese desenlace no impidió que la autoridad federal iniciara las acciones penales correspondientes.

La carpeta de investigación quedó abierta en diciembre de 2016 bajo el delito de secuestro agravado.

Órdenes de aprehensión y detención de los imputados

Con las primeras evidencias reunidas, el agente del Ministerio Público Federal (MPF) profundizó la investigación durante los meses siguientes. El trabajo de recopilación de pruebas permitió identificar plenamente a los cuatro presuntos responsables.

En octubre de 2017, aproximadamente diez meses después de iniciada la indagatoria, el MPF solicitó y obtuvo de un juez las órdenes de aprehensión en contra de Jesús, Jonás, Jorge y Octaviano.

A partir de ese momento, el caso transitó por las distintas etapas del proceso hasta llegar al juicio ante el Tribunal de Enjuiciamiento, donde el MPF desahogó las pruebas y sostuvo los argumentos necesarios.

Un proceso de varios años hasta el fallo

Desde la apertura de la carpeta en diciembre de 2016 hasta la sentencia definitiva, el caso se extendió por varios años. A lo largo de ese periodo, la Fiscalía General de la República (FGR) mantuvo la acusación y presentó los elementos probatorios en cada etapa procesal.

El Tribunal de Enjuiciamiento valoró el conjunto de pruebas y dictó el fallo condenatorio. La resolución fijó una pena de 50 años de prisión para cada uno de los sentenciados, además de una multa individual de 292 mil 160 pesos.

Los cuatro sentenciados cumplen su condena en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, conforme a lo establecido en el fallo judicial.

Pruebas de la FGR, clave para el resultado

El resultado del juicio dependió de la solidez del material probatorio presentado ante el Tribunal de Enjuiciamiento. El informe de la Policía Federal constituyó una de las piezas centrales de la acusación, al documentar el contacto de los delincuentes con los familiares de la víctima y la exigencia de dinero por el rescate.

La presentación sostenida de esa evidencia ante el órgano jurisdiccional resultó determinante para que el tribunal emitiera un fallo condenatorio contra los cuatro imputados.

La FGR no proporcionó detalles adicionales sobre la identidad de los sentenciados, a quienes identificó únicamente por sus nombres de pila seguidos de la letra “N”, conforme a la práctica institucional en casos penales.

Contexto: otros casos de secuestro agravado en el Estado de México

Teotihuacán ya registraba otro caso similar. En septiembre de 2015, Cecilia R, Armando R y Ángel M participaron en el secuestro de una víctima en Teotihuacán. El Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, les impuso una pena de 70 años de prisión y multa de 420 mil 600 pesos, según informó la FGR.

El modus operandi de exigir rescate mediante amenazas a familiares se repite en la región. En un caso registrado en Metepec, Estado de México, los responsables privaron de la libertad a una víctima y, desde una casa de seguridad, obligaron a los familiares a pagar el rescate mediante amenazas. El sentenciado, Alejandro S, recibió 50 años de prisión y multa de 347 mil 520 pesos.

Las órdenes de aprehensión suelen ejecutarlas agentes federales especializados. En un secuestro cometido en 2014 en Villa de Allende, Estado de México, agentes federales cumplimentaron en enero de 2015 la orden de aprehensión contra Hilario “N”, Juan “N” y Jorge “N” en la localidad de Sabana del Rosario. Tiempo después recibieron condenas de 50 y 52 años de prisión por secuestro.

El atleta nicaragüenseDodani Estrada, de 22 años, continúa desaparecido en Costa Rica luego de que su familia recibiera una llamada en la que desconocidos exigieron ₡5 millones, aproximadamente $11,00, por su liberación. Han pasado 11 días desde esa comunicación y los parientes del joven no han vuelto a recibir información sobre su paradero, según datos difundidos por medios locales.

Estrada fue visto por última vez el 21 de agosto en Horquetas de Sarapiquí, localidad situada en el norte de Costa Rica. Su desaparición es investigada como un posible secuestro por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizó allanamientos y detuvo a tres sospechosos en el marco de las pesquisas.

La familia del joven señaló que recibió cuatro llamadas durante los primeros dos días posteriores a su desaparición. En esas comunicaciones, las personas que se identificaron como sus captores afirmaron que tenían retenido a Dodani y exigieron ₡5 millones, moneda de Costa Rica, a cambio de dejarlo en libertad.

Cristina Estrada, hermana del atleta, indicó que después de aquellas llamadas no hubo más contactos. La familia tampoco ha recibido información nueva sobre las condiciones en las que podría encontrarse el joven ni sobre el sitio donde habría sido llevado.

La última vez que fue visto estaba en Horquetas de Sarapiquí

De acuerdo con la información que maneja la familia, Dodani Estrada viajó desde la Zona de Los Santos hacia Horquetas de Sarapiquí acompañado por un taxista. Los familiares desconocen el motivo de ese desplazamiento y las actividades que realizaban en la zona.

La principal versión es que ambos fueron privados de libertad el mismo día. El taxista quedó posteriormente en libertad, mientras que Estrada habría sido trasladado por quienes lo retuvieron. Ese elemento forma parte de la investigación abierta por las autoridades costarricenses.

La familia presentó una denuncia ante el OIJ después de la desaparición. Cristina Estrada afirmó que se ha comunicado con la institución para conocer avances, pero que no recibió novedades sobre el caso ni sobre la ubicación de su hermano.

La falta de contacto de los presuntos secuestradores es uno de los elementos que mantiene la incertidumbre entre los familiares. La exigencia de dinero fue la última señal que recibieron relacionada con Dodani. No se informó sobre nuevos pedidos de pago, una eventual negociación o alguna prueba sobre su condición.

Tres detenidos en allanamientos, pero sin rastro del joven

El 26 de agosto, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo varios allanamientos en Horquetas de Sarapiquí. Durante el operativo fueron capturadas tres personas sospechosas de tener participación en el supuesto secuestro.

Las diligencias permitieron establecer que el taxista que viajaba con Estrada había sido retenido junto con él antes de recuperar su libertad. No obstante, hasta el 1 de septiembre no se había informado que las detenciones permitieran dar con el paradero del atleta nicaragüense.

Las autoridades no han divulgado detalles sobre la identidad de los detenidos, los posibles cargos que enfrentarían ni el vínculo que tendrían con la desaparición. Tampoco se conoce si los allanamientos permitieron decomisar elementos que ayuden a reconstruir el recorrido del joven.

Dodani Estrada cumplió 22 años el 29 de agosto, mientras su familia seguía a la espera de información. Sus allegados lo describen como una persona dedicada al deporte y mantienen la búsqueda a través de las gestiones de las autoridades.

Al cumplirse 11 días desde la última llamada de extorsión, la familia de Dodani Estrada permanece sin noticias sobre su ubicación. La investigación continúa en Costa Rica, donde el caso concentra las diligencias judiciales tras la captura de tres sospechosos.

Luego de la conferencia de prensa en la sede de la Divincri, adonde Belaúnde viajó para anunciar el rescate de Lara y la detención de cinco presuntos integrantes de la organización criminal Los Pulpos, respondió sobre por qué el ministro del Interior no había acompañado el operativo, tratándose de una acción liderada por la Policía Nacional del Perú (PNP), institución que depende justamente de esa cartera.

Belaúnde respondió que Astudillo “ha estado directamente involucrado en otros aspectos de la operación” y remarcó que en las últimas horas se sostuvieron reuniones con la presidenta de la República y el premier para “organizar un sistema de respuesta multisectorial y multidisciplinario” que incluye el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia del Estado. Según explicó, su presencia en Trujillo tuvo como objetivo “garantizar el respaldo político” y evitar cualquier obstrucción durante la ejecución del operativo.

Ante la insistencia sobre a qué tipo de obstrucciones se refería, el ministro citó de manera puntual la geolocalización de llamadas realizadas a través de WhatsApp, un procedimiento que, según dijo, involucra a distintos operadores de telecomunicaciones y requiere que no se produzcan interferencias en el proceso. “Es importante no que se produzcan interferencias ahí”, afirmó, al tiempo que subrayó que el componente de inteligencia resulta “extremadamente relevante” para anticipar movimientos y triangular comunicaciones con rapidez.

El ministro defiende la continuidad del rol de Astudillo en la crisis

Belaúnde insistió en que la ausencia de Astudillo no implicó una exclusión del ministro del Interior de la respuesta estatal frente al secuestro. “No es que él haya estado excluido de la operación ni mucho menos”, sostuvo, y atribuyó la distribución de funciones a una decisión previa dentro del Ejecutivo que asignó distintas responsabilidades a cada cartera involucrada en la crisis de seguridad.

El funcionario también respondió a una pregunta directa sobre si los efectivos policiales sienten el respaldo del titular del Interior pese a su ausencia en Trujillo. “Por supuesto que sí lo sienten”, respondió, y agregó que Astudillo “ha estado al tanto” del desarrollo de las investigaciones, aunque sin precisar en qué consistieron sus tareas específicas durante las horas en que el empresario permaneció cautivo.

La geolocalización de llamadas, eje del respaldo político reclamado

Durante el intercambio con la prensa, Belaúnde volvió en varias oportunidades sobre la importancia de la tecnología aplicada a la investigación criminal. Explicó que la posibilidad de geolocalizar y triangular llamadas resulta determinante para anticipar los movimientos de los captores y actuar con la celeridad que exigen este tipo de casos, en los que la vida de la víctima depende de la rapidez de la respuesta policial.

El ministro remarcó que ese tipo de gestiones, vinculadas a distintos operadores de telecomunicaciones, requieren de un respaldo político que permita destrabar eventuales trabas administrativas. “Se producen problemas insospechados que requieren el aval y la determinación política para poder avanzar”, señaló, en referencia a las coordinaciones necesarias para que la investigación no se viera interrumpida en momentos críticos del operativo.

Belaúnde se apoyó en las Fuerzas Armadas y no participó de la operación policial

Consultado sobre si acudirá a Trujillo en futuras ocasiones vinculadas a la crisis de seguridad, Belaúnde respondió que su presencia obedeció a una instrucción directa de la presidenta de la República, quien según explicó “lidera y comanda la lucha contra la criminalidad”. El ministro precisó que, desde su llegada a la ciudad, operó en coordinación con el general Mao Córdoba, a cargo de las Fuerzas Armadas en la zona, y no con mandos policiales.

“Yo no participo de las operaciones policiales”, aclaró Belaúnde, en un intento por delimitar su rol dentro del dispositivo desplegado tras el secuestro de Lara, ocurrido la madrugada del domingo en la avenida Húsares de Junín, donde además murieron cuatro personas que lo acompañaban en el vehículo interceptado por los atacantes. El empresario, vinculado a la comercialización de oro en la provincia de Pataz, permaneció retenido más de 36 horas antes de ser hallado con vida por agentes de la PNP en un sector cercano a Huanchaco.

Durante las diligencias, la Policía identificó a cuatro de los intervenidos con los alias de “Ñato”, “Juliacho”, “Bolacho” y “Polo”. A ellos se sumó José Miguel Cherrepe Dávila, quien fue capturado este lunes 31 de agosto en Chepén, luego de acciones reservadas vinculadas al uso de tecnología, según lo informado durante la conferencia.

La Policía atribuyó a los detenidos diferentes funciones dentro del ataque. Entre los elementos expuestos figuran registros de intervenciones anteriores por delitos contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, receptación y extorsión. Estos antecedentes forman parte de las diligencias y deberán ser evaluados dentro del proceso de investigación.

¿Quiénes son los detenidos por el secuestro?

Erank Junior Quezada Cruz, de 23 años, alias “Ñato”, figura entre los primeros intervenidos. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, registra una denuncia por lesiones y otros antecedentes de intervenciones policiales. Durante la conferencia, se señaló que esta persona habría proporcionado una versión sobre la forma en que fue reclutado para participar en el hecho.

La Policía también mencionó a Julio Zavaleta Quezada, de 19 años, alias “Juliacho”. Según los registros expuestos, en 2024, cuando todavía era menor de edad, fue intervenido por presunta tenencia ilegal de armas de fuego. Además, el 14 de octubre de ese mismo año fue capturado por una requisitoria procedente de Chimbote y trasladado a Lima.

Otro de los detenidos es César Iván García Rivera, de 20 años, alias “Bolacho”. La Policía le atribuye la conducción de la camioneta utilizada por los sujetos que llegaron al lugar del ataque. Entre sus antecedentes figuran una intervención por presunta receptación de vehículo y otra por presunta tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Ángel Fabricio Bocanegra Linares, de 19 años, alias “Polo”, también fue presentado por la Policía. Según la información expuesta en la conferencia, habría ocupado la parte posterior derecha de la camioneta utilizada durante el ataque. Sus registros incluyen intervenciones por presunta receptación, hurto y una denuncia por presunta extorsión.

José Miguel Cherrepe fue capturado en Chepén

El quinto intervenido identificado por la Policía es José Miguel Cherrepe Dávila. Su captura ocurrió este lunes a las 14:00 horas en Chepén, luego de diligencias de carácter reservado. Durante la conferencia se indicó que las acciones estuvieron relacionadas con el uso de tecnología para ubicarlo.

Cherrepe Dávila registra una intervención del 26 de marzo de 2023 por delitos contra el patrimonio, robo agravado, receptación y un delito contra la seguridad pública relacionado con armas de fuego. También figura un registro del 24 de abril de 2025 como agraviado por una agresión física, cuando se encontraba en un centro juvenil.

La Policía precisó que la captura de Cherrepe ocurrió después de que este sujeto lograra ponerse a buen recaudo. Su ubicación en Chepén permitió concretar la intervención dentro de las diligencias vinculadas con el caso.

Investigación continúa tras la liberación del empresario

Jenss Marty Lara Tantaquilla fue ubicado con vida después de permanecer más de 36 horas secuestrado. Reportes difundidos durante la tarde del lunes señalaron que posteriormente fue trasladado hasta su vivienda en Trujillo.

Las circunstancias exactas de su liberación todavía son materia de investigación. La Policía continúa con las diligencias para establecer la participación individual de los detenidos y determinar si existen otras personas involucradas en el cuádruple asesinato y el secuestro.

La DIVINCRI mantiene entre sus hipótesis la presunta participación de la organización criminal Los Pulpos. La Policía considera que el ataque requirió planificación debido al empleo de varios vehículos y prendas similares a las utilizadas por unidades policiales especializadas.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció este lunes 31 de agosto sobre el secuestro y posterior liberación del empresario minero Jenss Lara en Trujillo, un caso que dejó cuatro personas asesinadas durante un ataque armado ocurrido en la madrugada del domingo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del crimen ocurrido en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, y se refirió a las acciones de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Expreso mis más sentidas condolencias y solidaridad con las familias de las cuatro víctimas, quienes perdieron la vida ayer en la ciudad de Trujillo”, escribió Keiko Fujimori.

La presidenta destacó que la intervención policial permitió liberar al empresario, quien había permanecido más de 36 horas en cautiverio, y detener a cuatro presuntos involucrados en el ataque. “Mi reconocimiento a nuestra Policía Perú por su rápida y firme respuesta en este caso”, señaló.

Fujimori sostuvo que el Ejecutivo adoptará medidas frente a los hechos de inseguridad registrados en la ciudad. “No vamos a dar tregua a la delincuencia. El Gobierno responderá con firmeza”, afirmó en su publicación.

Jenss Lara fue liberado y volvió con sus familiares

El empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue liberado durante la tarde del lunes, luego de que agentes de la PNP lo ubicaran tras varias horas de búsqueda. Según la información difundida por las autoridades, el comerciante se encontraba con vida y volvió con sus familiares luego del operativo.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, confirmó que la víctima ya estaba fuera del poder de sus captores. También indicó que los cuatro presuntos autores materiales del secuestro permanecen detenidos, incluido el hombre al que las autoridades atribuyen los disparos contra las personas que acompañaban al empresario.

Las diligencias permitieron la captura de un quinto sospechoso, señalado como presunto responsable de la logística del ataque. De acuerdo con el titular de Defensa, este investigado habría coordinado con integrantes de la organización criminal Los Pulpos que se encuentran fuera del Perú.

La Policía investiga si ese detenido facilitó los uniformes, armas y otros elementos empleados por los atacantes. Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para establecer el grado de participación de cada uno de los intervenidos e identificar a otros posibles responsables.

El ataque en Trujillo dejó cuatro víctimas mortales

El secuestro ocurrió cerca de las 2:47 del domingo 30 de agosto, cuando un grupo de delincuentes interceptó una camioneta en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín. Los atacantes habrían llegado en una camioneta blanca y usado prendas similares a las de unidades especializadas de la Policía para aparentar una intervención oficial.

Durante el ataque fueron asesinados los agentes de seguridad Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos, quienes brindaban protección a Lara. También murieron Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez, quienes se encontraban dentro del vehículo.

Tras los disparos, los agresores retiraron por la fuerza al empresario y lo trasladaron en otra unidad. La investigación policial estima que cerca de 10 personas participaron en la operación y que los responsables utilizaron al menos tres vehículos para ejecutar el secuestro.

Las cámaras de seguridad de la zona forman parte de las pruebas revisadas por los investigadores. La PNP busca reconstruir el desplazamiento de los sospechosos y determinar si otros integrantes de Los Pulpos intervinieron en el asesinato de las cuatro personas y en el secuestro de Jenss Lara.

El caso se inició después de un ataque contra una camioneta en la que viajaban Lara y otras cuatro personas. Los agresores interceptaron el vehículo y utilizaron armas de fuego contra sus ocupantes. Cuatro personas murieron en el lugar, mientras que Lara fue retirado del vehículo y llevado por la fuerza en otra unidad.

La información sobre el rescate fue difundida durante la tarde del lunes 31 de agosto. TVPerú también reportó que agentes de la Policía Nacional participaron en la liberación del comerciante.

El Ministerio de Defensa y el comandante general de la Policía tenían prevista una conferencia de prensa en la sede de la Divincri de Trujillo para brindar detalles sobre el operativo, el estado del comerciante y las detenciones relacionadas con el ataque.

Rescate de Jenss Lara se produce tras más de 36 horas de cautiverio

Lara Tantaquilla permaneció retenido desde las primeras horas del domingo hasta la tarde del lunes. Según la información difundida, los agentes policiales lograron ubicar al comerciante después de varias horas de búsqueda.

Los primeros reportes sobre su liberación circularon de forma extraoficial antes de la comunicación prevista por las autoridades. En ese momento, la información disponible señalaba que Lara permanecía con vida y que ya podía encontrarse fuera del poder de sus captores.

La posterior confirmación sobre el rescate permitió establecer que el comerciante pudo regresar con sus familiares. También se informó que se encontraba en su domicilio de la urbanización El Bosque.

Ministro de Defensa confirma la liberación del comerciante

Durante la conferencia de prensa, el ministro de Defensa confirmó que Lara fue ubicado con vida y permanece junto a sus familiares. El funcionario atribuyó el resultado a la actuación de la Policía Nacional.

“Desde la mañana de ayer a este momento, tengo que informar que gracias a la actuación diligente y decidida y profesional de la Policía Nacional del Perú, que la víctima del secuestro se encuentra en este momento liberada y en compañía de sus familias, de sus seres queridos”, declaró.

El ministro también informó sobre la detención de los cuatro presuntos autores materiales del secuestro. Según su declaración, entre ellos se encuentra el sujeto que habría disparado contra las cuatro personas que estaban junto a Lara al momento del ataque.

“Los cuatro ocupantes de esa camioneta se encuentran en custodia policial, detenidos, incluyendo al gatillero al que disparó contra las cuatro personas que en esa camioneta estaban en compañía de la víctima secuestrada”, señaló.

La investigación también permitió detener a un quinto sospechoso, señalado por el ministro de Defensa como el presunto operador logístico del secuestro.

Según explicó el funcionario, este individuo habría coordinado con integrantes de la organización criminal “Los Pulpos” que se encuentran fuera del Perú. Además, habría proporcionado los uniformes, las armas y otros elementos utilizados durante la ejecución del ataque.

El ministro precisó que este presunto coordinador también permanece detenido mientras continúan las diligencias policiales.

Ataque ocurrió durante la madrugada del domingo

El secuestro ocurrió aproximadamente a las 2:47 de la madrugada del domingo 30 de agosto, en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín.

De acuerdo con la información proporcionada, los delincuentes llegaron en una camioneta blanca y utilizaron prendas similares a los uniformes de unidades especializadas de la Policía Nacional. Los sujetos simularon una intervención policial para interceptar el vehículo donde se encontraba Lara.

Los atacantes utilizaron armas de fuego contra los ocupantes. Cuatro personas murieron dentro de la camioneta: los agentes de seguridad Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos, quienes prestaban servicio de protección al comerciante, además de Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez.

Policía investiga participación de “Los Pulpos”

La investigación policial también contempla una posible participación de la organización criminal “Los Pulpos”. El ministro de Defensa sostuvo que el presunto operador logístico detenido habría mantenido coordinación con integrantes de esta organización ubicados fuera del país.

Las diligencias buscan determinar el nivel de participación de cada uno de los detenidos y establecer la intervención de otras personas en el secuestro y el asesinato de las cuatro víctimas.

Las cámaras de seguridad forman parte de las pesquisas. Según la información proporcionada, las imágenes permitieron observar a algunos de los agresores y reconstruir parte de los desplazamientos efectuados durante el ataque.

La Policía estima que cerca de diez personas podrían haber participado en la operación y que se utilizaron varios vehículos. Las investigaciones continúan para identificar a los demás involucrados.

Daniel “N” y Daniel Sayeg “N” fueron condenados a 50 años de prisión por robar con violencia un tractocamión cargado con más de un millón de pesos en embutidos en la autopista Arco Norte, secuestrar a su conductor y acompañante, y portar un dispositivo inhibidor de frecuencias. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo el fallo condenatorio tras un juicio oral ante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, además de una multa de $434 mil 280 pesos.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a los dos hombres sobre la autopista Arco Norte, a la altura del kilómetro 198, con dirección a Puebla. Para entonces, el robo ya se había consumado: el tractocamión, acoplado a un semirremolque, había sido despojado de su carga en un inmueble ubicado en Calpulalpan, Tlaxcala.

Cómo operaron los sentenciados

Mediante el uso de un arma de fuego, Daniel “N” y Daniel Sayeg “N” interceptaron el vehículo y privaron de la libertad al conductor y a su acompañante. Bajo amenaza, los obligaron a trasladar el tractocamión hasta el inmueble en Calpulalpan, donde los forzaron a desenganchar el semirremolque.

La mercancía transportada consistía en diversos embutidos con un valor de $1 millón 287 mil 619 pesos. Al momento de la detención sobre la Arco Norte, la GN aseguró el vehículo, a las dos personas y los objetos que portaban, y los puso a disposición de la FGR en la entidad.

Los delitos por los que fueron juzgados

El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la FECOR en Puebla, llevó el caso a juicio oral y acreditó la responsabilidad penal de ambos procesados en tres delitos: privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés, robo al autotransporte federal de carga, y ataques a las vías generales de comunicación por la posesión del dispositivo inhibidor de frecuencias.

Además del tractocamión y el semirremolque, las autoridades aseguraron un arma de fuego abastecida con seis cartuchos y el inhibidor de frecuencias. La autoridad judicial valoró las pruebas desahogadas durante el juicio oral y emitió sentencia condenatoria de 50 años de prisión y una multa de $434 mil 280 pesos para ambos sentenciados.

La estrategia de la FGR contra el robo al autotransporte

El fallo se suma a una serie de condenas de la FECOR en Puebla contra el robo de carga federal en las autopistas del centro del país. En lo que va de 2026, la fiscalía especializada ha obtenido otras sentencias de igual duración por casos con un patrón similar.

En agosto de este año, un juez condenó a Josué “N” a 50 años de cárcel por secuestrar al conductor de un tractocamión cargado con más de dos mil cajas de licor de agave en la carretera federal México-Puebla, con una multa de $347 mil 520 pesos, según informó la FGR. En febrero, Alberto “N” recibió idéntica pena por privar de la libertad a dos personas a bordo de un tractocamión en la autopista Puebla-Orizaba, con una multa de $829 mil 920 pesos.

El patrón delictivo en los casos documentados es consistente: intercepción de tractocamiones en autopistas federales del corredor Puebla-centro del país, uso de violencia o armas para someter a los operadores, y privación de la libertad como instrumento para consumar el robo.

Puebla y el corredor Arco Norte, zonas de alta incidencia

La autopista Arco Norte, que conecta los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, figura entre las vías con mayor incidencia de robo al autotransporte en el país. Su trazado permite a los grupos delictivos trasladar rápidamente los vehículos robados entre entidades, como ocurrió en este caso, en el que el tractocamión fue llevado de la Arco Norte hasta Tlaxcala.

De acuerdo con datos de la empresa de monitoreo de carga Overhaul, Puebla concentra el 25% de los ataques al transporte de fertilizantes y pesticidas registrados en México, empatada con Veracruz en el primer lugar de incidencia para ese segmento. La intercepción de unidades en tránsito representa el 78% del modus operandi utilizado en esos robos, y los tractocamiones son el objetivo principal en el 48% de los casos.

Las autoridades de Guatemala han detectado un alarmante auge de los llamados “secuestros gota a gota”, una modalidad que transforma a los antiguos prestamistas colombianos informales en sofisticados plagiadores.

En este esquema, las víctimas, en su mayoría trabajadores de servicios a domicilio o delivery, son contactadas por falsos clientes que las citan para realizar labores en lugares apartados o de difícil acceso.

El método no implica un secuestro físico tradicional. Quienes caen en la trampa suelen ser obligados a apagar su teléfono o, en ocasiones, se les arrebata y roba el dispositivo.

Desde ese momento, los delincuentes llaman a familiares o empleadores, afirmando que la persona está bajo su control y exigiendo rescate mediante transferencias electrónicas.

La víctima, en realidad, no ha sido retenida, pero la puesta en escena logra engañar y presionar a los allegados.

Cómo operan los secuestradores gota a gota

Los grupos criminales se hacen pasar por clientes que necesitan servicios como instalación de aire acondicionado, fumigación, reparación de equipos electrónicos o armado de muebles, entre otros.

Una vez que el trabajador llega al punto acordado, lo apartan de cualquier contacto y simulan un secuestro. Las amenazas suelen ser directas: se le exige que abandone el lugar y no intente comunicarse, bajo advertencia de sufrir daños.

En paralelo, los delincuentes contactan al propietario del negocio o a los familiares del trabajador, asegurando que solo liberarán a la supuesta víctima si reciben pagos de entre Q5.000 (USD 650) y Q10.000 (USD 1.299).

Todo el proceso se realiza por medio de llamadas, mensajes o videollamadas, reforzando la ilusión de que el trabajador está cautivo, detalló la Policía Nacional Civil (PNC).

En palabras de voceros de la Fiscalía contra Secuestros y del Comando Antisecuestros, “la víctima nunca estuvo secuestrada, únicamente se le aparta y se utiliza su ausencia para extorsionar a terceros”.

Respuesta rápida: ¿qué es el secuestro gota a gota?

El secuestro gota a gota es una modalidad criminal en Guatemala donde bandas, integras principalmente por exprestamistas colombianos, simulan el secuestro de trabajadores a domicilio para exigir dinero a sus familiares o empleadores.

Utilizan engaños, amenazas y manipulación para obtener pagos rápidos por transferencias, sin que la persona realmente esté retenida.

Las autoridades recomiendan verificar la identidad de los clientes y compartir la ubicación en tiempo real para prevenir estos hechos.

La evolución de los préstamos gota a gota hacia la extorsión

Originalmente, los prestamistas gota a gota operaban con redes de usura que ofrecían dinero fácil a cambio de pagos diarios y tasas imposibles de saldar.

Sin embargo, fueron evidenciados por las autoridades e incluso la misma población, por lo que dejaron de ser un atractivo para aquellos que necesitaban saldar alguna emergencia.

Ahora, han migrado hacia tácticas de plagio y extorsión, aprovechando la vulnerabilidad de quienes trabajan solos y se desplazan a domicilio. De acuerdo con el Ministerio Público, esta variante crece más rápido que el secuestro clásico o exprés.

Las cifras lo respaldan: entre enero de 2024 y mayo de 2026, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro recibió 688 denuncias por secuestro, de las cuales 150 corresponden a la modalidad gota a gota, es decir, el 21,8 % del total.

El salto es notable: de solo siete casos en 2024, la cifra escaló a 66 en 2025 y suma ya 77 en los primeros cinco meses de 2026.

Operativos y capturas recientes

El pasado 23 de marzo, un operativo conjunto permitió la captura de ocho presuntos integrantes de la estructura “Los imitadores de secuestros”, acusados de simular ser parte de un cartel mexicano para reforzar sus amenazas.

Las acciones policiales se desplegaron en Guatemala, El Progreso y Huehuetenango, donde fueron detenidos varios sospechosos, incluidas familias completas presuntamente involucradas en la trama.

Gracias a la denuncia ciudadana y la labor de inteligencia, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía han logrado identificar y desarticular algunas de estas bandas, aunque el fenómeno sigue en expansión.

Recomendaciones de las autoridades

La Policía Nacional Civil exhorta a la población a extremar precauciones: siempre comprobar la identidad y referencias de clientes, evitar acudir solo a lugares apartados, compartir la ubicación en tiempo real y, de ser posible, ir acompañado.

Si se recibe una llamada de este tipo, la recomendación es mantener la calma y denunciar de inmediato al 110 de la PNC o al 1561 de Crime Stoppers.

“La prevención también está en sus manos. No caiga en la trampa”, advierte la Policía en sus mensajes. Aunque el secuestro clásico sigue siendo el más frecuente, el crecimiento del gota a gota obliga a redoblar la vigilancia y el autocuidado para frenar esta nueva modalidad de extorsión.

Según información preliminar de las autoridades policiales, el escenario también permitió considerar la posibilidad de un secuestro. Testigos señalaron que una quinta persona fue retirada por la fuerza del vehículo por un grupo de sujetos que llegó al lugar en una camioneta blanca.

De acuerdo con las versiones recogidas, los atacantes portaban armas de fuego, tenían el rostro cubierto con pasamontañas y descendieron de la unidad antes de aproximarse al vehículo. Las primeras diligencias policiales buscaron establecer la identidad de las víctimas y las circunstancias exactas del ataque.

Las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas posteriormente por Latina Noticias permitieron conocer nuevos detalles sobre la operación. En el registro se observa que los sujetos utilizaron prendas similares a las de agentes policiales y ejecutaron una intervención simulada antes de disparar contra los ocupantes y retirar con vida al empresario.

Así ocurrió el ataque registrado por cámaras

Según el reporte del noticiero, el ataque ocurrió cerca de las tres de la madrugada. La grabación muestra cómo la camioneta blanca se detiene detrás del automóvil donde viajaban las cinco personas.

Tres individuos bajaron de la unidad y rodearon parcialmente el vehículo. Uno de ellos se ubicó cerca del conductor, mientras otro ocupó una posición en el lado opuesto. El tercer sujeto quedó parcialmente registrado por la cámara.

Los atacantes solicitaron documentos como parte de una intervención simulada. De acuerdo con la información difundida por el medio, las imágenes y los testimonios recogidos permitieron establecer que los sujetos utilizaron armas con silenciadores, por lo que los disparos no generaron un sonido perceptible en el registro.

Después del ataque, cuatro personas quedaron sin vida dentro del automóvil. El empresario fue sacado del vehículo y llevado hacia la camioneta de los secuestradores.

Las imágenes difundidas muestran otro momento de la operación. Luego del traslado de la víctima, uno de los sujetos volvió al automóvil donde permanecían los cuerpos.

El individuo ingresó al vehículo durante algunos segundos y después salió. Según el reporte, una de las hipótesis consideradas por la Policía apunta a que pudo intentar utilizar ese automóvil para abandonar el lugar y retirar la unidad de la escena.

El intento no habría resultado efectivo. El sujeto salió del vehículo y escapó por la calle Isabel de Bobadilla. Según la información policial citada por Latina Noticias, después recorrió unas tres cuadras y otro vehículo lo recogió.

Este desplazamiento constituye uno de los elementos que sostiene la hipótesis policial sobre la participación de más personas en la operación.

La estimación policial apunta a la posible participación de unas diez personas y tres vehículos. Esta hipótesis se sustenta en el traslado de los atacantes y en la posterior salida del lugar por diferentes medios.

El número exacto de participantes permanece sujeto a las diligencias de investigación. Las imágenes de seguridad forman parte de los elementos utilizados para establecer la ruta seguida por los responsables y determinar la intervención de otros vehículos.

Víctor Revoredo vincula el caso con Los Pulpos

El coronel PNP Víctor Revoredo declaró que la Policía considera como hipótesis técnica la participación de integrantes de la organización criminal Los Pulpos. Según explicó, esa línea de investigación toma en cuenta la modalidad del ataque, las características de la víctima y los medios utilizados durante el secuestro.

Revoredo también señaló que integrantes vinculados con esta organización permanecen recluidos en distintos establecimientos penitenciarios. Entre los nombres mencionados durante la entrevista figuran personas recluidas en Tacna, Chiclayo y Trujillo.

El oficial precisó que la posibilidad de una planificación desde centros penitenciarios todavía forma parte de una investigación en desarrollo. La Policía evalúa la existencia de una articulación entre personas recluidas y otros integrantes que permanecen fuera de los penales.

Revoredo informó que fuerzas especiales de la Policía Nacional del Perú fueron destinadas a Trujillo para reforzar las investigaciones. También mencionó la participación de la División de Investigación de Secuestros.

La Policía mantiene como prioridad la ubicación de los responsables y la recuperación del empresario secuestrado. Revoredo también señaló que las diligencias buscan establecer la participación concreta de cada integrante dentro de la estructura investigada.

Identifican a las cuatro víctimas

Las cuatro personas asesinadas dentro de la camioneta fueron identificadas como Farhad Andrea Monzón Lingán, pareja del empresario secuestrado; Nadia Edith Urtecho Rodríguez; Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas; y Christopher Eduardo García Álvarez. Según información difundida por Panorama, una de las jóvenes era pareja del empresario minero, mientras que los dos hombres eran sus guardaespaldas.

Las cuatro víctimas permanecieron dentro del vehículo tras el ataque, mientras el empresario fue retirado por los sujetos que ejecutaron la intervención y trasladado en la camioneta blanca utilizada por los captores.

La identificación de las personas asesinadas forma parte de las primeras diligencias realizadas tras el hallazgo del vehículo en la avenida Húsares de Junín. Las autoridades también buscan establecer la relación entre las víctimas y determinar las circunstancias que precedieron al ataque.

Trujillo registró un nuevo episodio de violencia tras el accionar de un grupo de delincuentes que simuló un operativo policial para secuestrar al empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla. Al momento de la interceptación, Lara Tantaquilla viajaba acompañado, pero ninguno de sus acompañantes logró sobrevivir: los cuatro fueron asesinados a balazos durante el ataque.

El ataque, perpetrado por sujetos que simularon ser policías, ha acentuado el clima de inseguridad en la ciudad. Ministros y altos mandos policiales han acudido a la ciudad ante el secuestro del empresario.

Todas las víctimas fueron identificadas por las autoridades y con trayectorias personales.

¿Quiénes eran las víctimas?

En total, fueron cuatro víctimas, quienes fueron asesinados de varios disparos.

Entre los fallecidos se encuentra Christopher Eduardo García Álvarez, de 32 años, gerente de una empresa de seguridad. García Álvarez formaba parte del equipo de confianza del empresario y poseía amplia experiencia en protección ejecutiva.

Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, de 35 años, era profesor de artes marciales y jiu-jitsu. Su conocimiento en técnicas de defensa personal lo había vinculado directamente con funciones de resguardo y seguridad privada.

Farhad Andrea Monzón Lingán, quien sería pareja de Lara Tantaquilla, era estudiante de Medicina y la única hija de su familia.

Nadia Edith Urtecho Rodríguez, bachiller en Administración, quien había finalizado estudios universitarios y mantenía una estrecha relación con la pareja, tanto en actividades sociales como profesionales.

Mientras que Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario minero de 31 años, es natural de Chillia, en Pataz. Figura en registros de formalización minera y fue investigado en 2020 por un presunto caso de lavado de oro ilegal.

“Mi sobrina es una mujer activa y alegre, no es justo que la arrebaten la vida así. Queremos justicia. [...] La familia está muy triste. La recordamos muy alegre y activa”, manifestó la tía de Andrea Monzón.

A este pedido, se suma el pedido de los otros familiares, quienes solicitan que las investigaciones sean céleres.

La Policía Nacional del Perú mantiene abiertas las investigaciones para determinar la autoría del crimen y dar con el paradero del empresario.

PNP avanza en la investigación

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, informó que la investigación por el asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla ya derivó en detenciones. El oficial afirmó que las pesquisas presentan avances y que la policía ha logrado reconstruir parte de lo ocurrido, aunque evitó revelar cuántos sospechosos permanecen bajo custodia.

Espinoza anunció que ofrecerá una conferencia de prensa en un plazo de dos horas, una vez que concluya una diligencia pendiente. La Policía Nacional tampoco confirmó la versión sobre un eventual pedido de rescate de 50 millones de soles ni ofreció detalles sobre la identidad de los detenidos o las medidas que se ejecutan para localizar al empresario.

Además, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, sostuvo una reunión con altos mandos de la Policía Nacional, entre ellos el comandante general Óscar Arriola, para evaluar las acciones tras el crimen y secuestro en Trujillo.

Según informaron preliminarmente las autoridades policiales, el escenario del crimen también dejó abierta la posibilidad de un secuestro, ya que testigos aseguraron que una quinta persona fue llevada por la fuerza por los atacantes.

El suceso tuvo lugar en la cuadra 2 y 3 de la avenida Húsares de Junín, una zona transitada de Trujillo. De acuerdo con versiones recogidas, varios sujetos descendieron de una camioneta blanca portando armas de fuego y con los rostros cubiertos con pasamontañas.

Los testigos afirmaron que los atacantes vestían chalecos y prendas similares a las empleadas por integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que habría generado confusión entre los presentes.

La intervención se produjo alrededor de las 3:00 a. m. cuando los ocupantes del vehículo fueron sorprendidos. Los testimonios recogidos en el lugar coinciden en que los responsables se aproximaron al vehículo haciéndose pasar por agentes policiales, lo que facilitó su acceso sin levantar sospechas inmediatas.

Víctimas e hipótesis iniciales

Dentro de la camioneta Ford, las autoridades encontraron los cuerpos de dos hombres y dos mujeres. Las primeras informaciones mencionan que las víctimas serían Farhad Andrea Monzón Lingán, presunta pareja sentimental del propietario del vehículo; Nadia Edith Urtecho Rodríguez; Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. Sin embargo, la identidad de las víctimas aún se encuentra en proceso de verificación oficial.

El propietario de la unidad, identificado preliminarmente como Jens Marty Lara Tantaquilla, dedicado a la compra y venta de minerales y con actividades en el sector minero, habría sido forzado a descender del vehículo y posteriormente sustraído por la fuerza. Una de las versiones iniciales sostiene que la persona presuntamente secuestrada estaría vinculada a un empresario minero, aunque este dato todavía no ha sido confirmado oficialmente.

Modalidad de los atacantes

Uno de los elementos más llamativos del caso es el uso de indumentaria similar a los uniformes oficiales de la PNP. Se informó que los atacantes portaban prendas con características propias de unidades especializadas de la policía, aunque hasta el momento no existen indicios que confirmen su pertenencia a alguna institución policial formal.

El uso de estos elementos habría contribuido a que los agresores se acercaran sin levantar sospechas inmediatas, estrategia que, según los testimonios, facilitó la ejecución del ataque y el presunto secuestro. La confusión generada por la apariencia de los atacantes es ahora uno de los puntos de investigación prioritarios para las autoridades.

En el lugar de los hechos, reportaron que se encontraron al menos siete casquillos de bala como parte de las primeras diligencias. La policía acordonó la zona y los peritos recolectaron evidencias que permitan reconstruir la dinámica del ataque e identificar a los responsables. Además, se busca esclarecer la ruta seguida por los agresores tras perpetrar el crimen.

Las autoridades analizan las grabaciones de cámaras de seguridad y continúan entrevistando a testigos para precisar cómo se produjo el ataque, identificar a los autores y determinar si existía un objetivo específico entre los ocupantes del vehículo.

Investigación en curso y declaraciones oficiales pendientes

Hasta el cierre de esta edición, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público no han emitido un pronunciamiento oficial con la confirmación de las identidades de las víctimas, las circunstancias exactas del crimen o el paradero de la persona presuntamente secuestrada. La hipótesis de un ataque dirigido y la posible implicación de un empresario minero figuran entre las líneas de investigación más relevantes, aunque aún no se descartan otras motivaciones.

La comunidad de Trujillo permanece expectante ante la evolución del caso, mientras los investigadores buscan esclarecer los hechos y dar con el paradero del propietario de la camioneta. Diario Correo y La República seguirán informando sobre los avances en las pesquisas y el desarrollo de esta investigación, que ha generado consternación en la región.

El secuestro de Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo abrieron una nueva línea de investigación sobre el empresario minero de 31 años, cuyo nombre figura en registros vinculados con actividades de formalización minera y en una investigación policial por presunto lavado de oro ilegal.

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo 30 de agosto, cuando Lara Tantaquilla y sus acompañantes salían de una conocida discoteca de la ciudad. Dos sujetos con uniformes similares a los de la Policía Nacional simularon una intervención y consiguieron detener el vehículo en el que viajaba el grupo.

Cuatro personas murieron dentro de la camioneta. Las víctimas fueron identificadas como Farhad Andrea Monzón Lingán, pareja del empresario; Nadia Edith Urtecho Rodríguez; Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas; y Christopher Eduardo García Álvarez. Lara Tantaquilla fue retenido por los delincuentes y permanece como víctima de secuestro.

El caso también puso bajo revisión los antecedentes empresariales del hombre natural de Chillia, en la provincia de Pataz. Según información recogida por Conexión Norte, su nombre aparece relacionado con compañías mineras inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), además de una investigación policial desarrollada en 2020 por presuntos vínculos con una organización dedicada al lavado de oro ilegal.

El vínculo de Lara Tantaquilla con empresas mineras

Una de las empresas relacionadas con el empresario es Consorcio Minero JyJ E.I.R.L., cuya dirección oficial figura en Tarma, Junín. La compañía inició actividades el 1 de abril de 2013 y permaneció dentro del proceso de formalización minera durante más de una década, hasta su baja definitiva el 29 de abril de 2024. según Conexión Norte.

Lara Tantaquilla también aparece como propietario de la empresa minera Matwork de Jenns Lara, constituida en 2013. Esta compañía adquirió relevancia dentro de una investigación desarrollada por la Policía Nacional del Perú en 2020.

El caso se relacionó con el uso de registros del Reinfo para facilitar el traslado de mineral aurífero procedente de actividades atribuidas a mineros ilegales. La investigación policial incluyó la intervención y detención del empresario.

Investigación policial por presunto lavado de oro

Según información publicada por El Comercio el 25 de febrero de 2020, la Policía investigó a Lara Tantaquilla bajo la sospecha de que habría cedido su registro dentro del Reinfo para permitir el transporte de 200 kilos de oro, valorizados en US$10 millones, y fueron capturadas 18 personas, entre ellas dos extranjeros, presuntamente vinculadas a la organización criminal Los Topos del Frío.

De acuerdo con esa investigación, el mineral era trasladado hasta el puerto de El Callao y desde ese punto tenía como destino mercados de Europa y Asia. La intervención formó parte de un megaoperativo contra una organización vinculada con el denominado lavado de oro ilegal.

El antecedente policial adquiere relevancia dentro de la investigación actual debido a la actividad económica de la víctima y a su relación previa con el sector minero de Pataz. No obstante, estos antecedentes corresponden a una investigación de 2020 y no establecen por sí mismos una relación entre aquel caso y el ataque ocurrido este domingo.

La camioneta utilizada en el ataque

El vehículo en el que viajaban las cinco personas era una Ford Bronco. De acuerdo con información de Sunat, la unidad figura a nombre de Millenium J&J S.A.C., empresa dedicada al transporte de carga por carretera.

El registro empresarial consultado señala que Luis Miguel Ruiz Cherres ocupa la gerencia general de Millenium J&J S.A.C. desde abril de 2023. El nombre de Lara Tantaquilla aparece, en cambio, asociado a Consorcio Minero JyJ dentro de los registros de formalización minera.

La diferencia entre la titularidad del vehículo y las empresas relacionadas con el empresario forma parte de los elementos que deben ser revisados dentro de las diligencias sobre el ataque.

El jefe de la Macroregión Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza Cuestas, confirmó que los responsables utilizaron prendas similares a las de la Policía Nacional para interceptar el vehículo.

“En horas de la madrugada una camioneta salía de una conocida discoteca acá en Trujillo y a bordo se encontraba Jenss Lara Tantaquilla, quien es natural de Pataz y tiene algunas actividades relacionadas a la minería y, efectivamente, ha sido objeto de secuestro. Utilizaron camionetas tipo policía Hilux porque estas personas simularon una intervención policial”, declaró el oficial.

Espinoza señaló además que los ocupantes del vehículo opusieron resistencia durante la intervención ejecutada por los delincuentes. El jefe policial no precisó el origen de los uniformes utilizados durante el ataque.

Investigación apunta al secuestro como objetivo principal

La información difundida por Panorama señala que la investigación policial considera como principal objetivo del ataque el secuestro de Lara Tantaquilla. El reporte también vinculó de forma preliminar a la organización criminal Los Pulpos con el hecho.

Según ese medio, un familiar cercano del empresario habría sido secuestrado semanas antes del ataque. El hecho no se hizo público en ese momento y, de acuerdo con la información difundida, los familiares habrían negociado con los responsables el pago de aproximadamente cuatro millones de soles.

El reporte situó ese antecedente dentro de la investigación sobre un posible segundo secuestro dirigido contra Lara Tantaquilla. También mencionó a La Jauría como otro grupo criminal considerado por la Policía dentro de las hipótesis sobre el caso.

Policía envía unidad especializada a Trujillo

Tras el secuestro, la Policía Nacional dispuso el desplazamiento de un equipo especializado de la unidad de secuestros hacia Trujillo. La intervención busca establecer el paradero de Lara Tantaquilla e identificar a los responsables del ataque.

El crimen ocurrió a pocas cuadras del centro de Trujillo y cerca de una dependencia policial, de acuerdo con la información difundida tras el hecho. La cercanía con instalaciones policiales forma parte de los elementos considerados dentro de las primeras diligencias.

La investigación policial continúa con la revisión de los antecedentes del empresario, las circunstancias de la interceptación, la identidad de los autores materiales y el paradero de Jenss Marty Lara Tantaquilla.

El jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que la institución recibió alertas previas sobre la preparación de un secuestro, aunque en ese momento no se conocía quién sería el objetivo. Por esa razón, la Policía notificó a personas consideradas posibles blancos para que adoptaran medidas de precaución.

El ataque ocurrió en la cuadra 2 y 3 de la avenida Húsares de Junín. Una camioneta Ford quedó en el lugar con cuatro ocupantes muertos, mientras un grupo de sujetos retiró por la fuerza a un quinto pasajero, identificado por la Policía como James Lara Antaquilca.

Las primeras diligencias establecieron que los autores utilizaron una camioneta blanca tipo Hilux y prendas similares a las de agentes policiales para simular una intervención. Las cámaras de seguridad y otros elementos recogidos en la escena forman parte de las investigaciones para determinar la ruta de los responsables y la cantidad exacta de personas involucradas.

Policía recibió alertas sobre un posible secuestro

Ricardo Espinoza Cuestas explicó que las labores de inteligencia ya advertían sobre la preparación de un secuestro desde meses atrás. Según el jefe policial, la institución conocía que un grupo delictivo buscaba seleccionar a una persona con capacidad económica, pero no contaba con información precisa sobre la identidad del objetivo.

“Estos hechos graves son planificados”, afirmó Espinoza Cuestas al explicar la secuencia que, según la Policía, suelen seguir este tipo de organizaciones. El jefe REGPOL indicó que primero se identifica a la víctima y luego se realizan acciones de seguimiento antes del secuestro.

El oficial también precisó que la División de Secuestros permaneció durante un periodo en la jurisdicción y notificó a posibles víctimas. “Esto ya venía de hace tres meses”, señaló durante sus declaraciones ante los medios.

Consultado sobre la identidad de los secuestradores, Espinoza Cuestas mencionó a La Jauría y Los Pulpos como las organizaciones que son objeto de análisis policial. El jefe REGPOL aclaró que las autoridades revisan las cámaras y la secuencia de desplazamiento para determinar quiénes participaron en el operativo.

El oficial también vinculó las investigaciones con el impacto que tuvo la captura de Andy Quispe Cruz sobre la estructura económica de Los Pulpos. Según su versión, esa situación podría estar relacionada con una búsqueda de nuevos recursos por parte de integrantes de la organización.

La Policía todavía no atribuye de forma definitiva el secuestro a una de estas bandas. Las diligencias continúan con el análisis de imágenes, vehículos y desplazamientos registrados después del ataque.

Atacantes simularon una intervención policial

Las imágenes difundidas muestran que el grupo utilizó una camioneta blanca para aproximarse al vehículo donde viajaban las cinco personas. El registro corresponde a un momento cercano a las tres de la madrugada.

Tres sujetos descendieron de la unidad y rodearon parcialmente la camioneta Ford. Uno se colocó cerca del conductor y otro tomó posición en el lado contrario. Los individuos utilizaron prendas similares a uniformes policiales y solicitaron documentos como parte de una intervención simulada.

Los atacantes utilizaron armas con silenciadores. El registro audiovisual permitió observar el ataque sin que los disparos generaran un sonido perceptible en la grabación.

Tras la agresión, cuatro ocupantes quedaron muertos dentro del vehículo. El quinto pasajero fue retirado del automóvil y trasladado hacia la camioneta utilizada por los secuestradores.

Prendas de la víctima fueron encontradas durante la operación

Espinoza Cuestas informó que durante las diligencias fueron localizadas prendas vinculadas con la víctima, Jenns Marty Lara Tantaquilla, empresario minero. El jefe policial indicó que los secuestradores suelen retirar la ropa de las personas capturadas ante la posibilidad de que porten dispositivos de seguridad.

“Ya se encuentra también la ropa, las prendas de vestir de la víctima”, declaró el oficial. Debido a que el operativo policial permanecía en curso, precisó que recibía fotografías de los hallazgos conforme avanzaban las acciones de búsqueda.

El jefe REGPOL también informó que un equipo especial de la División de Secuestros llegó a Trujillo para asumir las acciones correspondientes al caso. La unidad especializada quedó a cargo de las diligencias relacionadas con la víctima y el contacto con sus familiares.

Investigación apunta a una operación con varios vehículos

La cantidad de personas que participaron en el ataque todavía no está determinada. Espinoza Cuestas señaló que, en las primeras observaciones, se identificó a cuatro sujetos en el desarrollo directo de la operación, aunque estimó que el despliegue completo podría involucrar a más de diez personas.

Luego de retirar al empresario, uno de los sujetos regresó al vehículo donde permanecían los cuerpos. Ingresó durante algunos segundos y después abandonó la unidad.

De acuerdo con el reporte, el individuo escapó por la calle Isabel de Bobadilla, recorrió unas tres cuadras y fue recogido por otro vehículo. Este desplazamiento forma parte de los elementos que la Policía analiza para establecer si existieron más integrantes y unidades de apoyo.

La hipótesis preliminar contempla la posible participación de unas diez personas y tres vehículos. La cifra permanece sujeta a las diligencias policiales y al análisis de las cámaras de seguridad.

El cabo José Olger Melo Charry, militar colombiano activo de la Legión Extranjera Francesa, permanece secuestrado en Nariño desde el pasado 6 de agosto, según información atribuida a las disidencias de las Farc, Estado Mayor Central.

El grupo armado aseguró el domingo 30 de agosto que tiene al uniformado en su poder y afirmó que “está vivo”. El texto también indicó que, “unidades del Estado Mayor Central interceptaron y tomaron prisionero al cabo José Olger Melo Charry, miembro activo del Ejército francés y perteneciente a la legión extranjera”.

¿Quién es Melo Charry y qué hacía en Colombia?

Melo Charry es un ciudadano colombiano, oriundo de Pasto, que se encontraba en Colombia durante un permiso para visitar a su familia. El reporte conocido por las autoridades indica que viajaba acompañado de otra persona cuando hombres armados lo interceptaron en un retén ilegal y lo obligaron a bajar del vehículo. El hecho habría ocurrido en un puente del sector de Puerto Remolino, sobre el río Patía, mientras se dirigía hacia la cordillera del norte de Nariño.

La denuncia formal presentada por la esposa del militar el 12 de agosto activó la investigación y los protocolos de búsqueda del Gaula Militar. Las autoridades relacionan preliminarmente el caso con estructuras armadas ilegales que tienen presencia en esa zona del departamento.

Las disidencias aseguraron que Melo Charry se encuentra en buenas condiciones de salud y que recibió alimentación y atención médica. Además, señalaron que lo consideran “prisionero de guerra” y condicionaron su integridad a que no se adelanten operaciones militares hostiles en el área donde permanece retenido.

El grupo armado también lanzó una advertencia al presidente Abelardo de la Espriella frente a un eventual intento de rescate militar, mientras continúan las labores de las autoridades para establecer el paradero y las condiciones en las que se encuentra el uniformado.

La investigación tomó una dimensión internacional luego de que el diario francés Le Monde reportara el caso y señalara que Melo Charry estaba en Colombia durante un periodo de permiso. Mientras tanto, las autoridades colombianas continúan contrastando testimonios para establecer el punto exacto de la interceptación y el posible sitio al que fue llevado.

El Gaula Militar de Nariño notificó a la Defensoría del Pueblo y a organismos internacionales de derechos humanos para activar mecanismos de seguimiento. Las Fuerzas Militares y los equipos judiciales también adelantan labores de inteligencia con fuentes humanas en la zona del Bajo Patía.

Una de las versiones ubica el secuestro cerca de Puerto Remolino. Además, información conocida por Caracol Radio apunta a que el militar habría sido trasladado posteriormente hacia el corregimiento de Sidón, en Cumbitara. Esta hipótesis continúa bajo verificación.

El secuestro está relacionado preliminarmente con estructuras bajo el mando de alias Iván Mordisco, identificado como Néstor Gregorio Vera Fernández. Las autoridades señalan que estos grupos tienen presencia en Nariño y obtienen recursos del narcotráfico y la minería ilegal, además de instalar retenes ilegales en vías del norte del departamento.

Francia se pronunció sobre el caso

El Ministerio de Defensa de Francia también se refirió a la situación y precisó que el permiso de Melo Charry le permitía permanecer en territorio metropolitano francés, pero no contemplaba un viaje a Colombia. La entidad agradeció además la apertura de una investigación judicial en el país.

La cartera francesa confirmó que el militar es “de nacionalidad colombiana” y que no tiene nacionalidad francesa. Su regimiento dentro de la Legión Extranjera permanece en reserva.

La fuerza fue creada en 1831 por el rey Luis Felipe I y actualmente tiene cerca de 9.000 militares. Melo Charry ingresó hace cuatro años. Sus integrantes firman inicialmente contratos de cinco años y pueden solicitar la nacionalidad francesa después de tres años de servicio. Mientras continúa la búsqueda en Nariño, las autoridades mantienen las verificaciones para establecer el paradero del cabo y las circunstancias que rodearon su secuestro.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una condena de 50 años de prisión contra Josué “N” por interceptar un tractocamión cargado de licor de agave en la carretera federal México-Puebla, privar de la libertad a su conductor mediante amenazas con un cuchillo y robar mercancía valuada en aproximadamente $425 mil 336 pesos. El fallo se dictó en audiencia de juicio oral tras las diligencias de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla.

Qué ocurrió en la carretera México-Puebla

En octubre de 2020, Josué “N” interceptó un tractocamión que circulaba por la carretera federal México-Puebla. Con un cuchillo en mano, amenazó al operador del vehículo y lo privó de su libertad.

Bajo amenaza, el conductor fue obligado a continuar al volante. El tractocamión llevaba acoplado un semirremolque con dos mil 350 cajas, cada una con 12 botellas de un litro de licor de agave, mercancía valuada en aproximadamente $425 mil 336 pesos.

El uso de violencia y la privación de la libertad del conductor como instrumento para consumar el robo configuraron los dos delitos que la autoridad federal persiguió: secuestro exprés y robo de autotransporte.

Cómo fue detenido el imputado

Elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan recibieron el reporte de los hechos a través de comunicación vía radio. Tras identificar el vehículo en circulación, lo interceptaron.

En el operativo, los agentes detuvieron a Josué “N” y liberaron al conductor que mantenía privado de su libertad. El imputado quedó a disposición de las autoridades federales para el inicio del proceso penal correspondiente.

El papel de la FGR en el proceso judicial

Una vez detenido el probable responsable, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la FECOR en Puebla tomó el caso. Las diligencias de investigación se orientaron a construir la acusación ante el Sistema Penal Acusatorio.

En la audiencia de juicio oral, el MPF presentó los elementos de prueba que acreditaron la responsabilidad penal de Josué “N”. La autoridad judicial emitió el fallo condenatorio.

La condena: 50 años de prisión y sanciones adicionales

El juez impuso una pena de 50 años de prisión al sentenciado, además de una multa de $347 mil 520 pesos.

La resolución incluyó el decomiso de los bienes asegurados durante el proceso y la suspensión de los derechos civiles y políticos de Josué “N”. La autoridad judicial determinó también el pago por concepto de reparación del daño a favor de la víctima.

La carretera México-Puebla, corredor con alta incidencia de robo a transportistas

La autopista México-Puebla ha sido uno de los tramos carreteros federales con mayor registro de robos a autotransporte de carga en el país. Entre el 9 de julio de 2025 y el 9 de agosto de 2026, se contabilizaron 54 robos en ese corredor, según datos del comandante de la Guardia Nacional (GN), Guillermo Briseño Lobera, presentados en agosto de 2026 ante Palacio Nacional.

El mismo reporte señala que, tras la implementación del Plan Cero Robos al Transporte, la incidencia en ese tramo disminuyó 90% respecto al periodo anterior. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) identificó a la México-Puebla como el corredor federal con el mayor número de unidades de carga recuperadas durante ese lapso: 191 vehículos.

A nivel nacional, el robo al autotransporte pasó de 13 mil 68 casos en 2018 a 6 mil 263 en 2025, con una reducción proyectada de 37% para el cierre de 2026, según la GN.

Un patrón de condenas máximas por secuestro exprés en Puebla

El caso de Josué “N” no es aislado en la entidad. La FECOR en Puebla ha obtenido en 2026 al menos dos sentencias de 50 años de prisión por delitos similares contra operadores de autotransporte federal de carga.

En agosto de 2026, un juez federal condenó a Juan “N” a 50 años de prisión por secuestro exprés agravado y robo de vehículo en la autopista Amozoc-Perote, tras la presentación de pruebas por el MPF adscrito a la misma fiscalía. En febrero del mismo año, Alberto “N” recibió idéntica pena por privar de la libertad a dos personas a bordo de un tractocamión en la autopista Puebla-Orizaba, con una multa adicional de $829 mil 920 pesos.

La ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante agosto ha tenido como objetivo distintos niveles de sus estructuras criminales. En Michoacán, las autoridades reportaron la captura de personas identificadas como presuntos cabecillas de células vinculadas con la organización, mientras que en el Estado de México fueron detenidos integrantes de un grupo señalado por homicidios, desaparición y extorsión.

Los casos no corresponden a un solo operativo ni permiten establecer por sí mismos una desarticulación nacional del CJNG. Se trata de investigaciones realizadas en diferentes momentos y regiones, pero tienen un elemento en común: los objetivos perseguidos no se limitaron a personas señaladas como integrantes de base, sino que incluyeron presuntos responsables de dirigir células o de obtener recursos mediante actividades criminales.

Michoacán concentra los golpes a estructuras de mando

El 19 de agosto, un operativo en Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, dejó inicialmente nueve detenidos, entre ellos Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas por autoridades federales como hija y pareja sentimental, respectivamente, de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, señalado como jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco. Horas después, tres personas más fueron detenidas como parte de la misma operación, con lo que el saldo ascendió a 12 presuntos integrantes del grupo.

La operación también permitió detener a personas que las autoridades identificaron como presuntos integrantes de células relacionadas con actividades de producción y trasiego de drogas, además de delitos como extorsión y secuestro.

El dato relevante para la dimensión del operativo fue la posición que las autoridades atribuyeron a algunos de los objetivos. La captura no estuvo dirigida únicamente contra personas encargadas de ejecutar tareas operativas, sino contra integrantes señalados como cabecillas de estructuras con presencia regional.

32 detenidos en dos ofensivas distintas contra el CJNG

A las nueve detenciones del 19 de agosto se sumó una operación realizada entre el 21 y el 23 del mismo mes en Hidalgo, Jalisco y Michoacán.

En esas acciones fueron detenidas otras 20 personas presuntamente relacionadas con el CJNG. Los elementos de seguridad ejecutaron 36 órdenes de cateo y aseguraron 113 vehículos, armas, droga, dinero en efectivo, equipo de comunicación, un dron y un inhibidor de drones.

Con ambos operativos, el Gabinete de Seguridad reportó 32 detenidos presuntamente vinculados con el CJNG.

Sin embargo, esa cifra debe leerse con precisión: no representa el total de integrantes del grupo capturados en México durante agosto ni significa que las 32 personas formaran parte de una misma estructura. Se trata de los detenidos reportados por las autoridades en esas dos operaciones.

La diferencia resulta relevante porque permite observar la estrategia desde distintos frentes: mientras una investigación se concentró en personas señaladas como mandos o integrantes de células regionales, la segunda intervino simultáneamente inmuebles y aseguró vehículos, armas, droga y equipo utilizado por las estructuras intervenidas.

La extorsión se convirtió en otro frente de persecución

El componente financiero aparece de manera particular en las investigaciones desarrolladas en Michoacán.

El 11 de agosto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 12 personas presuntamente dedicadas a la extorsión de productores, trabajadores, comerciantes, transportistas y empacadores.

De acuerdo con las autoridades, las personas detenidas estaban relacionadas con células vinculadas con el CJNG y Los Caballeros Templarios. Entre las víctimas de estas estructuras se encontraban integrantes de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.

Uno de los detenidos había sido capturado el 7 de agosto en Uruapan. Se trataba de Cristian Martín “N”, alias “El Vikingo” o “El Vykingo”, a quien autoridades estatales señalaron como presunto extorsionador de productores de aguacate y relacionaron con una estructura identificada como Los Rs, vinculada a su vez con el CJNG.

La importancia de estos casos radica en que la investigación no se concentra exclusivamente en el tráfico de drogas. El cobro de extorsiones constituye otra línea de persecución contra las células criminales que buscan obtener ingresos mediante el control de actividades económicas locales.

En el Estado de México aparece otra estructura vinculada al CJNG

Los golpes no quedaron concentrados en Michoacán. En el Estado de México, las autoridades también reportaron durante los últimos días de agosto avances contra una célula conocida como Los Pingos, relacionada con el CJNG.

La estructura ha sido señalada por su presunta participación en homicidios, desapariciones y cobro de piso, además de extorsiones contra operadores del transporte público.

Con nuevas capturas realizadas durante agosto, las autoridades reportaron que el número de integrantes de esta célula detenidos llegó a nueve.

El caso introduce otra dimensión en la ofensiva: la persecución de grupos que no dependen exclusivamente del narcotráfico como fuente de ingresos, sino que mantienen presencia territorial mediante cobros, amenazas y violencia contra actividades económicas y servicios locales.

Balance de operativos: acciones contra mandos, células operativas y redes de extorsión

Así, el balance de agosto no se reduce al número de detenidos. Los expedientes muestran tres frentes distintos sobre las estructuras vinculadas con el CJNG: quienes presuntamente ejercen funciones de mando, quienes mantienen células operativas en territorios específicos y quienes participan en esquemas de extorsión para obtener recursos.

La dimensión del golpe, sin embargo, deberá medirse con el avance de las investigaciones y no únicamente con las detenciones. Los operativos pueden afectar temporalmente a determinadas células, pero las capturas por sí solas no permiten afirmar que el CJNG haya perdido su capacidad de operación a escala nacional.

Lo que queda documentado durante agosto es una presión simultánea sobre mandos regionales y mecanismos de recaudación criminal, además de los integrantes de las células que operan en campo. Para las autoridades, el objetivo ya no es únicamente detener a quienes participan directamente en los hechos violentos, sino intervenir las estructuras que permiten a esos grupos conservar presencia territorial y obtener recursos.

La investigación contra una célula vinculada con La Nueva Empresa permitió identificar una estructura que operaba en distintos puntos del país y que, según autoridades federales, utilizaba túneles, vehículos y recursos tecnológicos para sostener sus actividades.

El principal corredor para el traslado de migrantes se encontraba en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que en Jalisco fueron localizados integrantes de la organización y parte del equipo que utilizaba.

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a Ana Florella Fragoso Ramos, alias “La Tía” o “Flor”, como presunta líder de la célula. Junto con ella fueron detenidas otras cuatro personas durante tres cateos realizados en Zapopan y Tonalá, Jalisco, el 28 de agosto. Las autoridades vincularon a la estructura con tráfico de personas migrantes hacia Estados Unidos, además de narcotráfico, secuestro y extorsión.

Ciudad Juárez, el punto de salida hacia Estados Unidos

La operación de tráfico de personas estaba relacionada con Ciudad Juárez, de acuerdo con la investigación federal. Desde esa zona fronteriza, la célula presuntamente utilizaba túneles para trasladar migrantes hacia Estados Unidos.

El uso de estos pasos clandestinos es uno de los elementos que distingue la operación investigada. Las autoridades no han informado cuántos túneles fueron identificados, sus ubicaciones exactas, dimensiones o características, pero sí señalaron que eran utilizados por la organización para facilitar el traslado de personas hacia territorio estadounidense.

El dato también coloca a la célula dentro de un fenómeno que continúa apareciendo en investigaciones recientes en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. En 2025, autoridades localizaron un túnel de aproximadamente 300 metros que conectaba Ciudad Juárez con El Paso, mientras que en 2026 un hombre fue condenado en Texas por participar en una red que utilizaba túneles y alcantarillas para trasladar migrantes.

Estos casos no están vinculados públicamente con la organización de “La Tía”, pero muestran que la infraestructura subterránea continúa siendo utilizada por redes dedicadas al tráfico de personas en esa zona fronteriza.

Una estructura que no terminaba en la frontera

La investigación contra la célula llevó a las autoridades hasta Jalisco, donde fueron ejecutadas tres órdenes de cateo en inmuebles de Zapopan y Tonalá. Allí fueron localizados los cinco presuntos integrantes y parte de los recursos atribuidos a la organización.

Entre los objetos asegurados estaban una camioneta GMC Sierra AT4 y una Toyota Tacoma, además de dinero en efectivo. La autoridad no estableció que los vehículos fueran utilizados directamente para trasladar migrantes, por lo que su función dentro de la estructura aún debe determinarse.

La investigación todavía no permite reconstruir públicamente toda la ruta entre ambos estados ni establecer qué funciones desempeñaba cada integrante en las distintas etapas de la operación.

31 teléfonos y una red de dispositivos

Los cateos permitieron asegurar 31 teléfonos celulares, tres tabletas electrónicas, una computadora portátil, cuatro equipos de cómputo, una memoria USB y tres tarjetas SIM.

El inventario revela la cantidad y diversidad de recursos tecnológicos localizados en los inmuebles, aunque las autoridades no han informado qué información contenían los dispositivos ni qué función específica tenía cada uno.

El análisis de ese material podría aportar información sobre contactos, comunicaciones, movimientos o integrantes adicionales, pero esos elementos todavía forman parte de las diligencias de investigación y no han sido dados a conocer.

La misma cautela aplica para los vehículos y el dinero en efectivo. Su aseguramiento está documentado, pero el comunicado oficial no establece por sí mismo qué papel desempeñaban dentro de las actividades investigadas.

Las terminales de pago abren una pista financiera

Entre los objetos asegurados también fueron localizadas tres terminales de pago. Su presencia introduce un elemento financiero dentro de la infraestructura encontrada durante los cateos.

Las autoridades no han precisado a nombre de quién estaban registradas, qué operaciones habían procesado, quién las utilizaba ni si tenían relación directa con el tráfico de migrantes.

Por ello, el aseguramiento no permite afirmar que esos dispositivos fueran utilizados para cobrar el traslado de personas o para lavar dinero. Lo que sí está documentado es que tres terminales fueron encontradas junto con dinero en efectivo y otros equipos tecnológicos.

El análisis de estos dispositivos podría aportar información sobre movimientos financieros de la célula, aunque cualquier vínculo con el tráfico de personas deberá ser establecido por la investigación ministerial.

¿Qué es La Nueva Empresa y dónde opera?

La Nueva Empresa es una organización criminal que las autoridades mexicanas han identificado como una estructura dedicada a distintas actividades ilícitas, entre ellas narcotráfico, tráfico de personas, secuestro y extorsión. Su nombre comenzó a aparecer en investigaciones de seguridad pública como parte de la reconfiguración de grupos delictivos con presencia en el norte del país.

Su actividad se ha relacionado principalmente con Chihuahua y otras zonas de la frontera norte, donde las rutas hacia Estados Unidos representan un punto estratégico para el tráfico de drogas y personas. La organización también ha sido mencionada en investigaciones relacionadas con Jalisco, aunque la información pública disponible no permite establecer un mapa preciso de sus zonas de control territorial.

El grupo también resulta relevante por su capacidad para participar en diferentes mercados criminales. En lugar de atribuirle una sola actividad, las investigaciones recientes lo han relacionado con tráfico de migrantes, narcotráfico, secuestro y extorsión, lo que permite ubicar a La Nueva Empresa dentro de las estructuras que combinan distintas fuentes de ingresos ilícitos.

La Operación Diamante marcó un avance estratégico en la lucha contra el secuestro y la extorsión en Colombia, con 111 personas capturadas en una serie de acciones simultáneas desarrolladas en distintos puntos del país.

La intervención, liderada por la fuerza pública, incluyó 15 operativos coordinados, durante los cuales se ejecutaron 18 allanamientos. Como resultado, las autoridades decomisaron armas, granadas, vehículos y más de 260 dispositivos de comunicación, según reportó la administración nacional.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, calificó el despliegue como un “golpe contundente contra las mafias del secuestro y la extorsión”.

El mandatario destacó que “estamos desmantelando estas estructuras criminales, cortando sus redes y llevando ante la justicia a quienes amenazan, extorsionan y secuestran a los colombianos”.

El comunicado oficial detalló que de los detenidos, 71 enfrentan cargos por extorsión y 25 por secuestro, cifras que reflejan el alcance de la operación.

El Gobierno enfatizó la coordinación entre diferentes agencias de la fuerza pública para lograr estos resultados. “Se acabó la impunidad. En el Gobierno del Tigre, el que delinque, paga”, expresó de la Espriella en un mensaje divulgado a través de la red social X.

El golpe afectó a diversas estructuras criminales, como el Clan del Golfo (con células identificadas por nombres y cabecillas), la Segunda Marquetalia, el ELN (frente Luis Carlos Cárdenas), los Pachencha y organizaciones como el Tren de Aragua y Los Costeños.

Según las cifras oficiales, se intervinieron también otras redes, entre ellas los grupos delincuenciales denominados Los Chamos de la R, La Libertad, Longino, Nueva Generación, Remolino, El Hampa y Salsas Mexicanos.

La actual administración reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales, haciendo énfasis en la necesidad de mantener acciones sostenidas para garantizar la tranquilidad de la población.

Durante los operativos, las autoridades incautaron una variedad de elementos utilizados por las redes criminales para coordinar actividades ilícitas, entre ellos equipos de comunicación y vehículos.

La operación tuvo impacto en Cundinamarca, Boyacá, Putumayo, Risaralda, Arauca, Antioquia, Córdoba y Meta, mostrando la extensión territorial de las acciones. Autoridades destacaron: “Estos resultados reflejan el compromiso interinstitucional para garantizar la seguridad y enfrentar la criminalidad organizada”.

El reporte subrayó la importancia de la cooperación entre organismos para frenar delitos que afectan la tranquilidad ciudadana. El Gobierno reafirmó su política de cero tolerancia y anticipó la continuidad de estrategias conjuntas para debilitar las estructuras criminales en el país.

Abelardo de la Espriella refuerza la lucha contra el crimen con operativos exitosos en Cesar y Putumayo

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció en X que continúa la ofensiva contra el terrorismo y el crimen en todo el país.

En un reciente operativo en El Paso, Cesar, el Ejército Nacional logró la captura en flagrancia de cuatro integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, a quienes se les atribuye la acción terrorista del 27 de agosto de 2026 que afectó la línea férrea y un tren de la empresa Drummond. Durante el procedimiento se incautaron cinco armas largas, un arma corta y munición.

El mandatario enfatizó que “así como ellos han atentado contra el Cesar y han pretendido sembrar terror entre su gente, nosotros vamos por todos ellos”. Subrayó que el objetivo es “desmantelar sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y acabar con su presencia en este territorio”.

En Mocoa, Putumayo, una acción conjunta entre Gaula Militar, Gaula de la Policía y CTI permitió el rescate ileso de dos personas secuestradas horas antes. Los captores exigían $30 millones por su liberación. En la operación se produjo un enfrentamiento armado, donde dos secuestradores perdieron la vida durante el desarrollo de la misión.

De la Espriella advirtió: “Al que secuestre, extorsione, ataque nuestra infraestructura o aterrorice a los colombianos lo vamos a perseguir con toda la capacidad legítima de nuestra fuerza pública”.

El jefe de Estado remarcó que el Estado mantiene la presión sobre quienes atentan contra la seguridad y la tranquilidad nacional. “Estamos pasando a la ofensiva total y no vamos a aflojar”, concluyó el presidente.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) este grupo contaba con operaciones en los municipios de Axapusco, Ecatepec, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán y en el estado de Hidalgo, donde cometían los delitos.

Tras la detención de cuatro de sus presuntos integrantes, incluido Juan “N”, alias “El Cerdo”, identificado como su líder, las autoridades mexiquenses anunciaron este jueves que el grupo fue finalmente desmantelado.

Además de su líder, los detenidos fueron identificados como Diego Bladimir “N”, Óscar “N” y Raúl “N”, presuntos miembros del grupo.

Así fueron ubicados “Los Cerdos”

De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, el primer hecho donde fueron ubicados ocurrió el pasado 13 de julio, cuando una víctima viajaba en su automóvil por el municipio de Tecámac. En ese momento, presuntamente Juan “N” y otros sujetos la interceptaron y despojaron de su vehículo, para luego huir del lugar.

Otra acción denunciada tuvo lugar el pasado 3 de agosto en Axapusco, cuando Diego Bladimir “N” y otro individuo, actualmente vinculado a proceso, usaron prendas de policía municipal y una patrulla falsa para interceptar a las víctimas.

Según las investigaciones, los implicados amenazaron a las víctimas bajo el argumento de que realizarían una inspección de seguridad protocolaria en su vehículo. En ese momento, Óscar “N” y Raúl “N” se sumaron para sustraer pertenencias y obligarlos a realizar transferencias bancarias.

Durante este segundo hecho, la autoridad informó que mientras los detenidos esperaban instrucciones de su supuesto líder, uno de ellos habría abusado sexualmente a una de las víctimas. Posteriormente, los involucrados robaron el automóvil y liberaron a las personas afectadas en Axapusco.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, el grupo de “Los Cerdos” también estaría vinculado a robos en casas habitación, de vehículos y violaciones en la misma zona geográfica.

Luego del análisis de los incidentes, el Ministerio Público estatal integró la indagatoria y solicitó órdenes de aprehensión, las cuales se concedieron: una por robo de vehículo con violencia y tres por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

La autoridad informó que Juan “N”, alias “El Cerdo”, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. Los otros tres detenidos –Diego Bladimir “N”, Óscar “N” y Raúl “N”– quedaron en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba. Estas personas se encuentran a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

Por el delito de robo de vehículo con violencia, la condena podría alcanzar hasta 39 años de prisión, mientras que por secuestro exprés con fines de robo y extorsión la pena máxima es de 100 años, de acuerdo con la Fiscalía.

Las autoridades mexiquenses también reportaron la detención de Gabriel “N” y Deni “N” por su presunta relación con el secuestro exprés y violencia sexual cometidos el 3 de agosto en Axapusco. Ambos enfrentan un proceso legal por estos hechos, además de una orden de aprehensión adicional por robo de vehículo con violencia.

Según la investigación, aprovechando que la víctima detuvo su vehículo por un percance en una llanta, la habrían despojado del automóvil tras amenazarla con armas de fuego y posteriormente huyeron del lugar.

Un hombre víctima de secuestro fue rescatado por autoridades capitalinas luego de que los presuntos responsables solicitaron 20 millones de pesos para liberarlo. En la acción también detuvieron a cinco personas implicadas en el crimen.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el rescate con vida de la víctima y las detenciones se llevaron a cabo durante un cateo en la colonia San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco, durante la madrugada de este miércoles.

El operativo fue el resultado de una investigación que combinó el análisis de cámaras de videovigilancia y un reporte ciudadano anónimo para localizar el inmueble donde el hombre permanecía retenido desde el pasado 10 de agosto, cuando fue privado de su libertad en la colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa.

El secuestro y la construcción de la ruta de escape

Las autoridades detallaron que el secuestro ocurrió en la colonia El Retoño. Desde ese lugar, la víctima fue trasladada hasta un domicilio en Xochimilco, donde permaneció retenida durante más de dos semanas mientras sus captores negociaban el pago del rescate con sus familiares.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron imágenes del sistema de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para reconstruir la ruta del vehículo de la víctima y de otros automóviles posiblemente vinculados al caso. Ese seguimiento orientó las labores de búsqueda hacia San Francisco Tlalnepantla.

El 23 de agosto, un reporte anónimo recibido a través del 089 advirtió que una persona con la cabeza cubierta había sido bajada de un vehículo e introducida a un domicilio en esa misma colonia. Al cruzar esa información con el análisis de videovigilancia, los agentes de la PDI identificaron el inmueble como posible lugar de cautiverio.

Con esos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de cateo para intervenir el lugar.

Durante la diligencia, los agentes rescataron a la víctima y detuvieron a Juan “N”, Mariana “N”, Mauricio “N”, Luis Martín “N” y Kevin “N”, quienes se encontraban en el inmueble al momento del operativo. Los cinco quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, que determinará su situación jurídica.

Reducción del secuestro en la Ciudad de México: de 50 casos a tres en siete años

Según datos de la Fiscalía CDMX, el delito de secuestro registró una caída del 94% en la capital: de 50 casos entre enero y julio de 2019 a solo tres en el mismo periodo de 2026.

“Cada caso activa capacidades especializadas para localizar a las víctimas y llevar ante los tribunales a quienes probablemente participaron”, aseguró la Fiscalía en un comunicado.

Los tres casos registrados entre enero y julio de 2026 fueron judicializados en su totalidad, lo que representa una tasa del 100%. Frente al mismo periodo de 2019, las judicializaciones aumentaron un 178%, según las autoridades.

Procesan a cuatro personas por secuestro de un hombre: eran familiares de su pareja

El pasado 1 de agosto cuatro personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en un secuestro agravado cometido en el mes de marzo de este año contra un hombre.

De acuerdo con las autoridades, los captores lo amenazaron, agredieron y exigieron la entrega de dos menores de edad. El hombre fue privado de su libertad el 8 de marzo y permaneció oculto en una bodega de la colonia Tepeyac Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los cuatro imputados —identificados como Dulce “N”, Beatriz “N”, César “N” y Eduardo “N”, presuntos familiares de su pareja— lo trasladaron posteriormente a Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde lo obligaron a llamar a su madre para exigirle la custodia de los hijos menores de la pareja. Fue liberado el 9 de marzo en la colonia Lago de Guadalupe.

Agentes de la Policía de Investigación localizaron a los cuatro imputados el 23 de julio en distintos puntos del Valle de México. La captura de Eduardo “N” se realizó en Ecatepec de Morelos con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El 29 de julio, la autoridad judicial impuso prisión preventiva a los cuatro y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En su retorcida concepción del mundo, Phillip Garrido creía que Dios le había dado una misión en la vida, la de difundir su mensaje. Por eso, la última semana de agosto de 2009 se presentó en la Universidad de Berkeley, acompañado por dos niñas, para solicitar que le prestaran el campus para realizar una actividad llamada “El deseo de Dios” e invitar a los estudiantes a asistir a ella. A la asistente social Lisa Campbell, encargada de los eventos especiales de la universidad, le llamaron la atención varias cosas extrañas: la primera de ellas era que Garrido parecía sufrir un delirio místico; la segunda que las dos chicas tenían comportamientos extraños; la tercera, el moretón que tenía la mayor en uno de sus ojos. Sospechó por lo menos la existencia de un abuso y por eso, en lugar de sacárselo de encima con cualquier excusa, citó a Garrido a una reunión dos días después. Apenas perdió de vista al hombre, tomó el teléfono y llamó a la policía. El agente que atendió la llamada tomó el asunto en serio y buscó los antecedentes del hombre cuyo nombre le había dado Campbell. El dato apareció enseguida: Phillip Garrido estaba en libertad condicional cumpliendo una pena por violación.

El miércoles 26, Garrido llegó a la universidad acompañado por las dos chicas y también por una joven rubia, a la que presentó como su sobrina Alyssa. Cuando vio a los policías, la joven de 29 años tuvo una reacción que sorprendió a todos. Se acercó a uno de los policías y le dijo en un susurro: “Soy Jaycee Dugard y este hombre me tiene secuestrada”. Garrido fue detenido en el momento y poco después una patrulla se dirigió a su casa para detener a su mujer, Nancy. Apenas vio a Garrido esposado, la joven pidió un teléfono y marcó el número – que nunca había olvidado - de la casa de su madre. Cuando atendieron, dijo:

-Mamá, soy yo, Jaycee.

Del otro lado de la línea, Terry Dugard reaccionó mal.

-No me hagas esto. No es gracioso - respondió, porque a lo largo de los años había recibido muchas llamadas como esa, bromas de mal gusto que la hacían estallar.

-No, mamá, soy yo, Jaycee, de verdad - insistió la voz.

Cuando la encontraron y pudieron identificarla, Jaycee Lee Dugard tenía 29 años y se parecía muy poco a la niña de 11 cuya foto sonriente había saturado primero las calles del tranquilo pueblo rural de Meyer, en el Estado de California, y luego las listas de personas desaparecidas en Estados Unidos. Durante dieciocho años había vivido a solo 240 kilómetros del lugar de su secuestro, primero esposada a una cama, después encerrada sin poder salir y finalmente moviéndose con cierta libertad por las calles de Antioch pero presa de otras cadenas, las psicológicas producidas por casi dos décadas de abusos, que le impedían siquiera decir su verdadero nombre.

En todo ese tiempo la policía pudo haberla encontrado decenas o quizás centenares de veces, una cifra que se calcula solo repasando la cantidad de ocasiones en que los agentes visitaron la casa donde la tenían secuestrada para monitorear al convicto que vivía allí, beneficiado por una libertad domiciliaria cuando cumplía una pena por violación. Más de una vez, en esas visitas, vieron a una niña – y luego a una adolescente – de pelo rubio y actitud sumisa, que el secuestrador, si le preguntaban, decía que era la hija de su hermano que estaba de visita. Con el paso de los años, tampoco repararon en que las dos niñas que el violador con domiciliaria y su mujer presentaban como propias, se parecían mucho a la joven rubia y nada a Garrido. De no ser por la perspicaz mirada de la asistente social Campbell es posible que Jaycee Dugard nunca hubiera recuperado la libertad.

Un secuestro en la calle

El secuestro de Jaycee fue perpetrado a plena luz de día la mañana del 10 de junio de 1991, cuando caminaba la niña hacia la parada del ómnibus escolar, en la esquina de su casa. Era una de las pocas caras nuevas que había en Meyers, donde vivía con su familia desde hacía menos de un año. La familia de Jaycee, formada por ella, su madre, Terry, su padrastro, Carl, y su media hermana pequeña Shayna, se había mudado allí en busca de un ambiente tranquilo en el que las niñas pudieran crecer seguras y sin violencia. Por eso habían abandonado Arcadia para establecerse en Mayer, pueblecito rural situado también en el estado de California al que llegaron en septiembre de 1990, justo para que Jaycee pudiera empezar las clases.

Esa mañana Terry salió temprano hacia su trabajo en una industria gráfica y Carl se ocupó de darles el desayuno a las chicas. Minutos antes de la hora en que debía pasar el ómnibus escolar, Jaycee salió de la casa para ir hasta la parada, mientras Carl la vigilaba desde la ventana. Siempre lo hacía, la veía caminar hasta la esquina y seguía allí, mirando, hasta que la veía subir al ómnibus con otros chicos del barrio. Todos vieron cómo la secuestraban. Carl desde la ventana de su casa y los compañeros de Jaycee desde la esquina. La nena caminaba por la vereda cuando se detuvo un auto gris y una mujer asomó la cabeza por la ventanilla. Posiblemente le haya preguntado algo, porque Jaycee se acercó.

Cuando la tuvo al alcance, la desconocida le disparó con una pistola eléctrica y luego, ella y un hombre la cargaron y la tiraron en el asiento de atrás. El auto dio una vuelta en “U” haciendo chirriar las ruedas y se alejó antes de que nadie pudiera reaccionar. Desesperado, Carl atinó a subirse a la bicicleta que tenía en el jardín delantero e intentó perseguir al auto, pero solo pudo ver cómo se alejaba cada vez más hasta que se perdió de vista a toda velocidad

El padrastro y otros testigos le dieron a la policía una descripción del auto y de la ropa que llevaba Jaycee. Se dio la alarma, pero los uniformados de Mayer pusieron la mira en dos sospechosos: el propio Carl y el padre biológico de la nena, Key Slayton, como posibles autores intelectuales del rapto. Carl fue investigado a fondo y se sometió al detector de mentiras, mientras protestaba junto con Terry, por el tiempo que estaban perdiendo. Así y todo, demoraron en descartarlo. En cuanto a Slayton, cuando lo localizaron dijo que se equivocaban, que él no tenía ninguna hija. Y era verdad, porque Terry confirmó que no lo sabía, que cuando se separaron ella no le dijo que estaba embarazada de dos meses.

Una pareja perversa

Los secuestradores eran Phillip Garrido y Nancy Bocanegra, y luego de dar la vuelta en “U” con Jaycee aturdida en el asiento trasero, se dirigieron a alta velocidad hacia Antioch, en el condado de Contracosta, donde el matrimonio vivía con la madre de Phillip, una anciana que padecía de demencia senil y no se daba cuenta de nada. Pese a las descripciones del auto y de sus tripulantes que dieron los testigos, la policía nunca pensó en Phillip Garrido, aunque sobraban motivos para, por lo menos, tenerlo en cuenta.

Garrido había sido un chico como cualquier otro hasta que en la adolescencia sufrió un accidente en moto. Después de eso se hizo adicto a los calmantes y más tarde al LSD. Según su hermano, a partir de ahí pasó de “ser un buen chico para volverse más loco que una cabra”. Cuando tenía 21 años fue acusado de violar a una nena de 14 años, pero la familia de la víctima retiró los cargos para no exponerla a testificar en el juicio. Esa impunidad lo envalentonó y meses más tarde violó a una antigua compañera de colegio, Christine Murphy y de nuevo zafó. Aceptó casarse con la chica a cambio de que no lo denunciara. El matrimonio duró hasta que Christine, a la que tenía prácticamente presa en la casa, pudo abandonarlo y refugiarse en la casa de sus padres.

En 1975, cuando tenía 25 años, Garrido secuestró a Katherine Callaway, una joven de su misma edad, y la llevó desde California hasta un almacén abandonado de Reno, en Nevada. Allí la violó durante más de cinco horas, y podía haberlo durante mucho tiempo más si no hubiese cometido el error de romper el candado de entrada al lugar. Los vecinos denunciaron el hecho y la presencia de un auto extraño. La policía llegó cuando seguía violando a Katherine y lo detuvo. En el juicio le dieron cincuenta años de cárcel.

Estaba cumpliendo su pena en la prisión de Leavenworth, Nevada, cuando conoció a Nancy Bocanegra, una enfermera y fisioterapeuta que visitaba a su tío, también preso. Se casaron en 1981 y ese matrimonio sumado a la buena conducta en la cárcel le permitieron a Garrido obtener la libertad vigilada, que debía cumplir viviendo en la casa de su madre enferma, en Contra Augusta. Para otorgársela, la junta de libertad condicional había considerado el casamiento de Garrido con Nancy como una señal de recuperación. Nadie imaginó que la enfermera podía ser tanto o más perversa que él.

Porque lejos de espantarse, Nancy disfrutaba con las inclinaciones pedófilas de su marido, tanto que lo acompañaba a las plazas donde había niños jugando y los filmaba para que él se masturbara después viendo las imágenes. Poco a poco, marido y mujer fueron urdiendo un plan que los llevaría a un nivel más alto: secuestrar a una nena, que sería el “regalo” que Nancy le haría a Phillip para que hiciera con ella lo que sus deseos le dictaran.

Madre por violación

A Jaycee la secuestraron al voleo, porque se les presentó la oportunidad cuando caminaba sola por la calle. Jaycee ya no estaba aturdida por la pistola eléctrica pero sí aterrorizada por la situación cuando, después del mediodía del 10 de junio de 1991, el auto gris llegó a la casa de Contra Augusta. Se había hecho pis encima y tenía la cabeza cubierta con un trapo que no la dejaba ver nada a su alrededor. Lo único que atinó a decir durante el viaje fue que sus padres no tenían dinero para pagar un rescate. Le gritaron que se callara.

Apenas llegaron a la casa, Garrido la desnudó – lo único que le dejó conservar fue un anillo con una mariposa, del que no se desprendería durante los siguientes 18 años - y la obligó a bañarse con él. Después la dejó encerrada durante cinco días, esposada a una cama. Nancy le liberaba las manos solamente para que pudiera comer. Después de esos días de “ablande”, Garrido la violó por primera vez y ya no dejó de hacerlo. Nancy la alimentaba y alternaba gestos supuestamente tiernos con maltratos. Cada mañana, Jaycee se despertaba sin saber si ese día le pegarían o la tratarían bien.

En su encierro solamente la dejaban ver dos series de televisión: “La doctora Quinn” y “Who’s the boss?”. Esos dos programas la marcarían para siempre. Como sus secuestradores se negaban a llamarla por su verdadero nombre, les propuso que la llamaran Alyssa, por uno de los personajes secundarios de “Who’s the boss?”. De “La doctora Quinn”, una médica de un pueblo del oeste estadounidense, aprendería a cuidar niños, lo que le resultó útil cuando tuvo, a los 14 años, a Ángel, la primera de las dos hijas engendradas por las violaciones de Garrido. A los 17 tuvo la segunda, Starlet.

Durante todo ese tiempo, la familia de Jaycee no dejó de buscarla. Se hicieron campañas para encontrarla se hicieron remeras con su cara, se crearon canciones dedicadas a ella. La policía seguía teniendo abierto el caso, pero la investigaba mal, hasta que finalmente la dejó de buscar.

La prisión de la mente

Las condiciones del secuestro de Jaycee fueron cambiando con el correr de los años. Fue tal la dependencia que llegó a tener de Garrido y su mujer, que llegó a comportarse como una suerte de cómplice de su propio calvario. Primero pudo moverse con cierta libertad dentro de la casa y luego salir a la calle. Nunca se le ocurrió escapar. Cuando llegaban policías u oficiales de libertad condicional para entrevistar a Garrido, éste la presentaba como su sobrina, hija de uno de sus hermanos, y ella no lo desmentía.

Entre los vecinos corrían muchos rumores sobre esa familia tan extraña. Nadie había visto embarazada a Nancy, pero el matrimonio tenía ya dos pequeñas hijas, que eran más parecidas a “la sobrina” que a la supuesta madre. Eso tampoco llamó la atención de la policía. Las dos nenas de “Alyssa” crecieron creyendo que eran hijas de Nancy, porque – años después dijo que lo hizo para protegerlas – Jaycee nunca les dijo la verdad.

Phillip y Nancy la dejaban moverse con libertad. Sabían que la tenían atada con algo mucho más poderoso que las esposas de metal: las cadenas de la dependencia psíquica. La habían convertido en una esclava sin voluntad de rebelarse. Así, Jaycee empezó a trabajar en un negocio de imprenta y fotocopias que abrió Garrido, diseñando tarjetas de presentación e invitaciones para fiestas y casamientos. Allí atendía a los clientes, tenía teléfono y una computadora conectada a Internet. Sin embargo, nunca se atrevió a denunciar nada ni tampoco trató de comunicarse con su madre. También colaboraba con Garrido en una misión que él mismo se había encomendado, la de creer que tenía un mensaje de Dios para entregar al mundo. Repartía folletos que ella misma diseñaba en la imprenta.

Fue ese delirio religioso de Garrido el que terminó abriendo las puertas de la libertad para Jaycee y sus dos hijas, de 11 y 15 años, el 26 de agosto de 2009, cuando pudo acercarse a uno de los policías en la Universidad de Berkeley y susurrarle: “Soy Jaycee Dugard”. Después explicó que se atrevió a hacerlo porque sus hijas Ángel y Starlet estaban con ella y no con Nancy en la casa.

Una vida recuperada

Cuando se reencontró con su familia, Jaycee supo que nunca habían dejado de buscarla. Su madre descubrió que, además de poder abrazar a su hija perdida, también tenía dos nietas. Unos días después, su tía Tina contó cómo había sido el momento en que volvieron a estar juntos después de 18 años: “Reímos y lloramos juntas. También pasamos mucho tiempo sentadas, tranquilas, disfrutando la compañía de unas y otras”, dijo.

A los 29 años, con 18 de calvario sobre sus espaldas, Jaycee se propuso iniciar una nueva vida, no solo para ella sino también para sus hijas. Como parte de su proceso de recuperación, creó una fundación, JAYC, que busca acompañar a las familias que vivieron situaciones traumáticas.

El estado de California la indemnizó con 20 millones de dólares por los daños que sufrió debido a la negligencia de la policía y la justicia. Con ese dinero, Jaycee creó la fundación. Garrido fue condenado a 431 años de prisión y, Bocanegra, a 36 por el secuestro de Jaycee y el robo de identidad de sus hijas. A pesar de todo, Ángel y Starlet le pidieron permiso para visitar a su padre biológico en la cárcel. “Les he enseñado a tomar sus propias decisiones en la vida. En ese sentido, al ser su elección me parecerá bien lo que hagan”, explicó cuando le preguntaron si lo permitiría. Lo que le molesta, y dice cada vez que tiene oportunidad, es que la gente piense que no escapó antes porque sufría el Síndrome de Estocolmo. “No me gusta que la gente piense que he estado enamorada de él, simplemente es que no quiero albergar odio en mi corazón”, explica. A lo que Terry, su madre, suele agregar: “Tranquila, tengo odio suficiente para las dos”.

Como parte de su proceso de sanación y de recuperación de la identidad, Jayce Dugard escribió dos libros: Freedom: My Book of First y Una Vida Robada, en los que cuenta el aislamiento y la angustia que padeció el tiempo que estuvo secuestrada a manos de Phillip y Nancy Garrido. “Vivía en mi propio mundo. El abuso físico es todo lo que conocía, pero a medida que pasó el tiempo me acostumbré a todo tipo de cosas”, dijo durante la presentación del último, tratando de explicar por qué no había podido escapar cuando tuvo oportunidad. También se hicieron dos documentales sobre su caso, The Abduction of Jaycee Dugard, dirigido por Scott Holubek y estrenado en 2010, y Kidnapped for 18 Years: The Jaycee Dugard Story, un especial de televisión centrado en sus años de cautiverio y las fallas de la investigación policial.

El despliegue, según detalló la Fuerza Naval de la Amazonía, se realizó gracias a información de inteligencia provista por la Regional de Contrainteligencia Naval, lo que permitió ubicar e individualizar a los sospechosos, que tenían órdenes de captura vigentes por secuestro simple agravado y concierto para delinquir.

Entre los detenidos figura alias Cóndor, identificado como cabecilla e instructor de la denominada escuela de cursantes de los Comandos de Frontera en el área urbana de Puerto Leguízamo. Junto a él fueron capturados alias Maduro, alias Pinzón y alias Solarte, señalados por ejercer influencia delictiva en los municipios intervenidos y por mantener una red de apoyo a las actividades criminales de la organización.

Responsabilidades atribuidas y contexto delictivo

De acuerdo con datos de inteligencia, los capturados serían responsables de actividades de inteligencia delictiva, acciones de subversión y constreñimiento a la población civil. Estos hechos, precisó la Fuerza Naval de la Amazonía, tendrían la finalidad de asegurar el control territorial de la estructura, además de facilitar el tráfico de estupefacientes, armamento y divisas a través de los corredores del sur de Putumayo.

El comandante de la Fuerza Naval de la Amazonía, contralmirante Alfonso Córdoba García, detalló que la operación estuvo articulada entre las tres fuerzas de seguridad y subrayó la importancia del golpe para la desarticulación de la red logística y de inteligencia de los Comandos de Frontera.

“Este resultado afecta de manera significativa sus capacidades para obtener información sobre las operaciones de la Fuerza Pública y el fortalecimiento de sus economías ilícitas”, sostuvo Córdoba García.

Las autoridades también vinculan a los detenidos con el uso de armas de fuego y amenazas para la exigencia de dádivas a víctimas civiles, así como con hechos de desplazamiento y retención forzada en los municipios bajo su injerencia.

Según información recopilada por la Policía Nacional, los cuatro capturados harían parte desde 2021 de una red de apoyo a las estructuras residuales, con actividades en Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Valle del Guamues y Mocoa.

Impacto en la seguridad regional y antecedentes

La captura de los presuntos integrantes de los Comandos de Frontera representa, según la fuerza pública, un avance en la estrategia de protección a las comunidades locales y debilitamiento de las estructuras criminales en el sur del país. El contralmirante Córdoba García aseguró que las Fuerzas Armadas continuarán implementando operaciones conjuntas y coordinadas para garantizar la seguridad y la convivencia en la región.

El comandante del Departamento de Policía Putumayo, coronel Álvaro Correa Gamba, resaltó el trabajo investigativo que hizo posible las capturas y recordó el legado de los investigadores de la Policía, el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez, que fallecieron en un siniestro aéreo en marzo de 2026 durante el desarrollo de estas indagaciones.

“No permitiremos que estas estructuras ilegales sometan a nuestros comerciantes y comunidades mediante amenazas, extorsiones o desplazamiento forzado”, afirmó Correa Gamba, que reiteró el compromiso de las fuerzas de seguridad para mantener la tranquilidad en el departamento.

Judicialización y próximos pasos

Tras la detención, los cuatro presuntos integrantes de la organización Comandos de Frontera quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes. La Armada de Colombia reiteró que las operaciones conjuntas continuarán en el sur del país para debilitar la presencia y capacidad operativa de los grupos armados ilegales, así como para proteger a las comunidades bajo su jurisdicción.

La estructura de los Comandos de Frontera es identificada por las autoridades como una de las principales responsables de diversas formas de criminalidad en la región, incluyendo el secuestro, la extorsión y el desplazamiento forzado de habitantes locales.

El director de Seguridad Pública Municipal de Juchipila, Zacatecas, Pedro Humberto de la Cruz Balvanera fue detenido este martes 25 de agosto de 2026 a las 11:16 de la mañana derivado de una orden judicial por el delito de secuestro agravado.

En el mismo operativo fue aprehendido también un elemento de la Policía Municipal. Las detenciones se ejecutaron en el marco del operativo SAGAZ —Seguridad Aguascalientes y Zacatecas— mediante el cumplimiento de dos órdenes de cateo y dos órdenes de aprehensión.

De la Cruz Balvanera figuró como director de Seguridad Pública en el segundo Informe de Gobierno de la administración municipal 2021-2024, encabezada por la presidenta municipal María del Rocío Moreno Sánchez. El funcionario también aparece en el directorio vigente del Ayuntamiento de Juchipila, correspondiente a la administración 2024-2027 del presidente municipal José María Castro Félix.

El Registro Nacional de Detenciones identifica al director como “Aquiles”

El Registro Nacional de Detenciones, consultado por Infobae México registra a Pedro Humberto de la Cruz Balvanera con el alias “Aquiles”. El documento lo describe como masculino de complexión obesa, moreno, sin tatuajes ni bigote, vestido con pantalón azul marino, playera azul marino tipo polo y bota táctica, por lo que habría estado vestido con el uniforme de la institución al momento de la captura.

El estatus del funcionario en el sistema era de traslado informativo al momento de la consulta. La hora de detención registrada en el RND es las 11:16 de la mañana del martes 25 de agosto de 2026.

Fiscal de Zacatecas confirmó las detenciones en entrevista tras sesión de Protección Civil

El fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó las detenciones en una entrevista con medios de comunicación al término de la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil e Instalación del Puesto de Comando. Precisó que las aprehensiones se realizaron en coordinación con la Mesa de Construcción de la Paz y Seguridad del Estado de Zacatecas, dentro del operativo SAGAZ.

Camacho Osnaya descartó que los detenidos tuvieran vínculo con el caso conocido como “La China”, otro expediente activo en la entidad relacionado con una red de reclutamiento ligada al CJNG. Ante los medios, el fiscal fue directo: “Es un tema totalmente distinto”.

Según el fiscal, tanto el director de seguridad de Juchipila como el elemento municipal fueron detenidos en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

El fiscal detalló que el operativo SAGAZ arrancó hace poco más de un mes y medio. Desde entonces acumuló resultados en distintos frentes: detenciones, aseguramiento de máquinas tragamonedas y acciones de prevención en zonas de interés de grupos delincuenciales. “Se ha tocado diversos puntos sensibles y de intereses de los grupos delincuenciales”, sostuvo Camacho Osnaya.

Operativo SAGAZ suma detenciones de servidores públicos en varios municipios de Zacatecas

Las aprehensiones de este martes en Juchipila no fueron las primeras contra servidores públicos en el marco del operativo SAGAZ. El fiscal mencionó que previamente cayó un funcionario en la zona de Teúl, en otro resultado del mismo operativo.

Camacho Osnaya señaló que el trabajo de proximidad con la ciudadanía fue determinante. “Ese contacto con la ciudadanía nos ha permitido recabar distintas denuncias y que se han trabajado”, dijo el fiscal.

El operativo contempló también una estrategia de prevención. Además de las acciones contra grupos delincuenciales, SAGAZ incluyó desde su arranque tareas de proximidad social y presencia en puntos considerados sensibles para la seguridad en Aguascalientes y Zacatecas.

Fuerzas federales y estatales desplegadas en Juchipila tras las detenciones

Tras las aprehensiones, las autoridades mantuvieron un despliegue de elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en el municipio de Juchipila. El operativo abarcó no solo los puntos donde se ejecutaron los cateos, sino también un centro de seguridad en la localidad.

El fiscal pidió a la población atender las indicaciones de las autoridades y reportó que la situación en el municipio estaba bajo control total. “Solicitamos a la ciudadanía, a la población, hacer caso de manera muy atenta a todas las autoridades”, indicó Camacho Osnaya en la entrevista con medios.

Familiares y colegas periodistas del reportero Elí Martínez temieron que fuera privado de la libertad la noche del lunes 24 de agosto en Poza Rica, Veracruz, después de un ataque armado en la colonia Cazones; sin embargo la mañana de este martes 25 Infobae México confirmó su aparición con vida a un allegado al caso.

La agresión ocurrió alrededor de las 22:00 horas sobre la avenida 20 de Noviembre, cuando el comunicador, identificado como colaborador de Noreste y Radiofórmula, se encontraba con otro reportero de la fuente policiaca. De acuerdo con los primeros reportes citados ambos fueron interceptados por sujetos armados.

Tras las detonaciones, corporaciones de seguridad estatales y federales desplegaron un operativo y acordonaron el sitio del ataque. En el lugar también localizaron artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, que presuntamente fueron colocados sobre la vialidad para dificultar el paso de las patrullas.

El otro periodista logró sobrevivir al ataque y fue reportado como estable. Según los reportes, rindió una entrevista a los elementos de seguridad para aportar detalles de la agresión.

La avenida 20 de Noviembre ya había sido escenario de dos asesinatos de periodistas

La desaparición de Martínez provocó alarma entre integrantes del gremio periodístico y familiares, que exigieron reforzar la búsqueda y esclarecer lo ocurrido. La preocupación se concentró también en el lugar del ataque: la avenida 20 de Noviembre ya había sido escenario de agresiones previas contra comunicadores en Poza Rica.

En esa misma zona fue asesinado el periodista Luis Ángel López Valdez el 11 de junio de este año, quien horas antes estuvo con Eli Martínez y quien detalló lo ocurrido orevio a su muerte. Antes, el 8 de enero, también fue asesinado Carlos Castro, otro comunicador de la fuente policiaca, aunque ese ataque ocurrió cuando se encontraba en su local de alimentos.

Los dos casos fueron mencionados en los reportes sobre la desaparición de Martínez porque confirmaron un patrón de violencia contra periodistas en esa ciudad del norte de Veracruz. El nuevo ataque se dirigió otra vez contra un reportero dedicado a la cobertura de crímenes y hechos de seguridad.

Según la información difundida, familiares y amistades del periodista intentaron comunicarse con él sin éxito después de la agresión. Su búsqueda comenzó en instituciones de salud.

Hasta el martes 25 no había postura oficial sobre su paradero

Los primeros reportes señalaron que, tras el ataque, Martínez no pudo ser localizado y por eso se temía que hubiera sido levantado. Por esa razón, la información sobre su posible secuestro se manejó en términos de presunción, sin embargo fue encontrado con vida.

El caso también expuso la gravedad de las condiciones de seguridad para quienes cubrían nota roja en la región. Martínez se dedicaba a la cobertura de información criminal, una de las fuentes con mayor exposición en zonas atravesadas por ataques armados y presencia de grupos violentos.

La respuesta institucional, hasta ese momento, se había limitado al despliegue del operativo en el área de la agresión y al resguardo de la escena, donde fueron hallados casquillos percutidos. La ausencia de un pronunciamiento oficial sobre la búsqueda dejó sin respuesta la pregunta central que familiares, colegas y medios locales plantearon desde las primeras horas del martes: dónde estaba el reportero.

El ataque ocurrió en la colonia Cazones, una zona de Poza Rica que volvió a aparecer en los reportes de violencia contra la prensa. En esa ciudad, durante este año, ya se habían registrado dos asesinatos de periodistas vinculado con la cobertura policiaca.

Policía municipal en Poza Rica le habría quitado 7 mil pesos en 2025

El sábado 11 de enero de 2025, un grupo de policías municipales en Poza Rica detuvo al periodista Eli Martínez en la colonia Arroyo del Maíz y, tras llevarlo a barandillas, este reportó que le faltaban $7,000 pesos de sus pertenencias al recuperar sus objetos personales.

De acuerdo con el relato, la detención ocurrió en la calle Victorino Ortega, a la altura de la unidad deportiva Tres Amigos, cerca del Conalep, cuando los agentes los interceptaron a bordo de la unidad PM-240. El comunicador iba acompañado de dos personas, quienes también fueron revisadas y trasladadas a las celdas preventivas.

El testimonio identificó al periodista como Alejandro Elí Martínez. Señaló que, tras salir de la comandancia de la Policía Municipal, ubicada en la calle Empleados esquina Profesores, en la colonia Sector Popular, notó la ausencia del efectivo.

Según la versión difundida, el dinero formaba parte de los recursos destinados a un evento deportivo que organizaba y se usaría para la premiación de atletas. .

Otro periodista está desaparecido, se trata del locutor de radio Iván Michel Atilano fue reportado como desaparecido en Oaxaca. Las autoridades estatales difundieron una ficha de búsqueda en la que señalaron que el comunicador y locutor de radio tiene 47 años y fue visto por última vez el martes 18 de agosto de 2026.

• El reportero Elí Martínez fue atacado junto a otro colega la noche del 24 de agosto en la colonia Cazones de Poza Rica.
• En la escena fueron localizados “ponchallantas” y casquillos percutidos; otro periodista que estaba con él sobrevivió y fue reportado como estable.
• La mañana del 25 de agosto fue hallado con vida, confirmó Infobae México

La investigación comenzó después de que la familia denunciara la desaparición de la joven. Los antecedentes de violencia que Emiliane había denunciado contra Rodrigues de Souza llevaron a los investigadores a considerarlo el principal sospechoso. La Policía estableció que había alquilado una vivienda en el barrio Jardim América Tres y comenzó a seguir sus movimientos hasta localizar el automóvil que utilizaba.

Según la reconstrucción del caso, el hombre intentó escapar cuando fue interceptado por los agentes, pero fue perseguido y detenido. Luego, la Policía allanó la vivienda y encontró a Emiliane dentro de una habitación especialmente preparada para el cautiverio. En el lugar había paneles que impedían ver hacia el interior, además de cadenas de hierro, esposas, sogas y reservas de comida.

La cantidad de alimentos almacenados y las condiciones de la habitación llevaron a los investigadores a considerar que el secuestro había sido planificado y que Rodrigues de Souza pretendía mantener a la joven encerrada durante mucho tiempo. También encontraron una carta dirigida a la familia de Emiliane, firmada por ella, en la que pedía que no llamaran a la Policía. La principal hipótesis es que el hombre la obligó a firmarla.

La citó para hablar de sus hijos y terminó secuestrada

El secuestro ocurrió el lunes 17 de agosto. Ese día, Emiliane salió de su casa rumbo a un centro estético y posteriormente tenía previsto encontrarse con su expareja para hablar sobre la manutención de los dos hijos que tienen en común, de 2 y 4 años.

El encuentro estaba pactado en una distribuidora de bebidas que ambos compartían en Goiás. Según el relato de la joven, Rodrigues de Souza no quiso hablar sobre los niños sino que le exigió que retomara la relación. Emiliane se negó y, en ese momento, el hombre utilizó un paño o tela impregnado con una sustancia cuya composición todavía no fue determinada para cubrirle la boca y el rostro.

La joven intentó resistirse, pero perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, ya estaba inmovilizada dentro de la habitación donde permanecería cautiva durante los siguientes cinco días.

De acuerdo con su testimonio, Rodrigues de Souza le dijo que nunca volvería a salir de la vivienda y que ese lugar sería el nuevo hogar de ambos. También le habría dicho que su propia vida había terminado y que la de ella terminaría junto con la suya.

La habitación había sido insonorizada para evitar que los gritos pudieran ser escuchados desde el exterior y contaba con elementos destinados a mantenerla inmovilizada. La máscara de gas que llevaba puesta al momento del rescate también habría sido utilizada para impedir que pudiera pedir ayuda.

Los antecedentes de violencia que ya había denunciado

El secuestro fue el episodio más extremo de una serie de hechos que Emiliane había denunciado después de separarse de Rodrigues de Souza en diciembre de 2025. Según su testimonio, el hombre no aceptó el final de la relación y comenzó a hostigarla y amenazarla. “Vos sos mía o no sos de nadie”, era una de las frases que, según la joven, le repetía su expareja.

Entre los episodios denunciados aparecen el daño de las ruedas de su automóvil con el objetivo de provocar un accidente, la contaminación del tanque de agua de su vivienda con soda cáustica, pintadas en su casa y un ingreso no autorizado a su domicilio.

Las denuncias también quedaron bajo análisis después del secuestro. La investigación apunta a determinar por qué las autoridades no habían podido confirmar previamente que Rodrigues de Souza estuviera detrás de esos ataques. Cuando la familia denunció la desaparición de Emiliane, los antecedentes permitieron concentrar la búsqueda sobre él.

La encontraron con múltiples lesiones

Emiliane fue rescatada con lesiones en distintas partes del cuerpo. Presentaba quemaduras y descamación en los labios, quemaduras en el interior de la boca, dolor y dificultad para tragar y lesiones en los ojos. También tenía hematomas, las manos hinchadas y lastimadas y marcas en los brazos, los pies, las piernas y el cuello, compatibles con las distintas ataduras.

La joven contó además que durante los primeros días posteriores al rescate tenía dificultades incluso para mirar la pantalla de un teléfono celular debido al dolor que le provocaba la luz.

El caso incorporó además una nueva denuncia después de la liberación: Emiliane afirmó que fue víctima de abusos sexuales durante los cinco días que permaneció cautiva.

“Podríamos haber pasado muchos años ahí”

Después de ser liberada, la joven agradeció el apoyo de su familia, de sus vecinos y de las personas que participaron de su búsqueda. Su testimonio también permitió dimensionar el temor que tuvo durante el cautiverio y la posibilidad de que la situación se prolongara.

“Yo quiero decir de corazón muchas gracias por todo. Muchas gracias. Me sentí realmente muy acogida. Si no fuera por el esfuerzo de mi familia, de mi barrio, de mi ciudad, no estaría acá para contar la historia”, expresó.

Emiliane aseguró que su expareja no tenía intención de liberarla y que contaba con los elementos necesarios para mantenerla encerrada durante mucho tiempo. “Él nunca me hubiera dejado salir de ahí. Él nunca, nunca, nunca. Él estaba muy abastecido. Podríamos haber pasado muchos años ahí”, afirmó.

Rodrigues de Souza quedó detenido y el sábado se confirmó su prisión preventiva. La investigación se encuentra todavía en una etapa inicial: la acusación comenzó centrada en el secuestro y deberá ampliarse a partir de la denuncia de abuso sexual y de los demás hechos de violencia que la víctima atribuye a su expareja.

El caso también puso bajo la lupa las denuncias realizadas por Emiliane antes de su desaparición y la respuesta que recibió frente a una escalada de violencia que terminó con ella encerrada, encadenada y aislada dentro de una habitación preparada específicamente para su cautiverio.

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Más de 50 personas fueron secuestradas y al menos 47 murieron después de un ataque de pandillas en Kenscoff, una comunidad de las colinas próximas a Puerto Príncipe que hasta hace poco conservaba una relativa calma en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Haití.

La ofensiva comenzó el domingo y dejó además viviendas incendiadas, familias desplazadas y una nueva amenaza contra las autoridades haitianas, después de que un jefe de banda advirtiera que mataría a los rehenes si las fuerzas de seguridad herían o abatían a integrantes del grupo armado durante un operativo en la zona.

Esta masacre irrumpe como uno de los episodios más graves de los últimos años en Haití, en un momento en que el país intentaba mostrar señales de recuperación en materia de seguridad. Según datos difundidos por la ONU, entre las víctimas fatales hubo al menos cinco niños, mientras que 22 personas fueron ejecutadas en una iglesia donde habían buscado refugio.

El ataque golpeó a una comunidad agrícola ubicada en las alturas sobre Puerto Príncipe, una posición estratégica por su cercanía con Pétion-Ville y por las rutas que conectan la capital haitiana con el sur del país. Ese factor explica parte del interés de las pandillas por expandirse hacia el área, que desde enero ya sufría ataques esporádicos, aunque ninguno de la magnitud del registrado ese fin de semana.

Los sobrevivientes comenzaron a encontrar cadáveres en las calles durante la madrugada del lunes, entre escenas de dolor y desesperación. Varias familias buscaron a sus parientes entre los cuerpos o entre los desaparecidos, mientras otras denunciaron que el Estado no dio la protección suficiente pese al avance de la violencia en la zona.

Un agricultor de 41 años relató que perdió a 14 familiares, mientras otro vecino sostuvo que la matanza podría haberse evitado con una presencia policial más sólida. En el lugar también quedaron 25 viviendas incendiadas, según informó la alcaldía local, que además confirmó la muerte de dos empleados del gobierno, entre ellos un integrante del equipo de seguridad del alcalde.

La comunidad de Kenscoff quedó bajo el impacto de una incursión que, según las autoridades locales, fue atribuida a miembros de Viv Ansanm, la coalición de pandillas que amplió su presencia en los alrededores de la capital. El alcalde Jean Massillon describió un ingreso violento de hombres armados que atacaron casas, una iglesia y propiedades privadas, entre ellas la del médico Jean “Bill” Pape, conocido por dirigir una organización de asistencia sanitaria en el país.

La Policía Nacional de Haití rechazó las acusaciones por supuesta inacción y defendió su respuesta ante el ataque. Su director, Vladimir Paraison, visitó la zona y sostuvo que los agentes no abandonaron el terreno. También el jefe de la fiscalía de Puerto Príncipe señaló que en Kenscoff había ocho vehículos blindados, aunque admitió que varias respuestas sobre lo ocurrido debían ser explicadas por la alcaldía y por la propia policía.

La agresión también se produjo a menos de cuatro meses de las elecciones generales previstas para el 13 de diciembre, las primeras en más de una década en Haití. Ese calendario añadió una dimensión política a la ofensiva, porque las pandillas controlan cerca del 70% de Puerto Príncipe y conservan capacidad para alterar la vida institucional del país. En las últimas semanas, el registro de votantes ya avanzaba bajo amenazas en distintas zonas de la capital.

El gobierno haitiano condenó el asalto y anunció el envío de refuerzos, además de prometer que Kenscoff no quedaría abandonada. La Oficina de Protección Ciudadana repudió la masacre y denunció que entre las víctimas hubo numerosos jóvenes. A nivel internacional, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el ataque y remarcó que la continuidad de las agresiones de las pandillas revela el deterioro extremo de la seguridad en el país.

La nueva matanza volvió a exponer la dimensión de la crisis haitiana. Según cifras de Naciones Unidas difundidas esa semana, más de 3.050 personas murieron y otras 1.400 resultaron heridas entre enero y junio por la violencia en el país. El mismo informe registró además casi 800 violaciones entre abril y junio, de las cuales el 87% correspondieron a agresiones colectivas.

La expansión de las pandillas ya desplazó a 1,5 millones de personas dentro de Haití, un récord para el país.

(Con información de AP)

El comerciante Albeiro Angarita Peñaranda volvió a su casa después de permanecer siete meses en cautiverio. Su liberación se conoció este lunes 24 de agosto, luego de que hubiera sido secuestrado en enero en zona rural del municipio de Los Patios, en Norte de Santander.

De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, Angarita Peñaranda fue plagiado cuando se encontraba en una finca de la vereda La Mutis. En ese momento, varios hombres armados llegaron al lugar, lo intimidaron y se lo llevaron con rumbo desconocido. Desde entonces, su familia permanecía sin información clara sobre su paradero.

El caso generó preocupación en el Área Metropolitana de Cúcuta, no solo por el tiempo que la víctima estuvo retenida, sino por los antecedentes de hechos similares en esa misma zona rural. Según el reporte, en La Mutis ya se han presentado otros casos en los que hombres armados llegan en camionetas hasta viviendas de sus víctimas y se las llevan sin dar explicaciones.

Familiares marcharon para exigir su libertad

Durante los meses de cautiverio, familiares y allegados de Angarita organizaron varias marchas en Los Patios para exigir su pronta liberación. Las movilizaciones fueron una forma de mantener visible el caso y pedir respuestas ante la ausencia de información sobre el comerciante.

La incertidumbre marcó buena parte del proceso. Aunque el secuestro ocurrió en enero, solo hasta este lunes 24 de agosto se confirmó que Angarita regresó al seno de su hogar. La noticia cerró una espera de siete meses para sus familiares, que habían pedido en distintos momentos que se respetara su vida y se permitiera su retorno.

Según la información extraoficial conocida en su momento por Caracol Radio, la víctima estaría cumpliendo una condena bajo medida de detención domiciliaria cuando fue secuestrada. Ese dato hace parte de los elementos que rodearon el caso, aunque las autoridades deberán precisar si tuvo alguna relación con el plagio o con las circunstancias en que ocurrió.

La liberación representa un alivio para la familia, pero también deja preguntas abiertas sobre quiénes participaron en el secuestro, cómo se produjo la retención durante siete meses y bajo qué condiciones fue dejado en libertad.

Autoridades tenían indicios sobre posible responsabilidad del ELN

Hasta el momento no se conoce una confirmación oficial sobre los responsables del secuestro. Sin embargo, el reporte señala que, en su momento, las autoridades tenían indicios de que el ELN podría estar detrás del plagio.

Esa hipótesis deberá ser aclarada por los organismos competentes. En una zona como Norte de Santander, donde confluyen distintas dinámicas de violencia, los investigadores tendrán que establecer si el caso estuvo relacionado con estructuras armadas, delincuencia organizada u otros intereses que hayan motivado el secuestro.

El hecho vuelve a poner la atención sobre la seguridad en la zona rural de Los Patios y en el Área Metropolitana de Cúcuta. La repetición de casos similares en la vereda La Mutis aumenta la preocupación de los habitantes, que han visto cómo hombres armados ingresan a predios y viviendas para llevarse personas con rumbo desconocido.

Las autoridades deberán avanzar ahora en la investigación para identificar a quienes ejecutaron el secuestro y determinar si hubo una red de apoyo detrás del traslado y retención del comerciante. También será clave establecer qué ocurrió durante los siete meses de cautiverio y si existen más personas en riesgo en esa zona.

Por ahora, la información principal es que Albeiro Angarita Peñaranda fue dejado en libertad y regresó a su hogar. Su caso deja una advertencia sobre la persistencia del secuestro en Norte de Santander y sobre la necesidad de reforzar la protección de comunidades rurales expuestas a grupos armados.

Un operativo de la Policía Nacional del Perú permitió localizar un inmueble en El Agustino donde permanecía retenido un empresario colombiano. La intervención ocurrió luego de labores de inteligencia e investigación que permitieron identificar el lugar utilizado como punto de cautiverio.

La víctima fue interceptada durante la madrugada por sujetos armados y trasladada contra su voluntad. De acuerdo con la información policial proporcionada, los responsables exigían S/100 000 para permitir su liberación y utilizaron comunicaciones por WhatsApp para presionar a la pareja del empresario.

El despliegue policial terminó con el rescate del hombre de negocios y la detención de siete presuntos integrantes de la banda denominada “Los Injertos del Mal”. Entre los intervenidos se encuentran dos menores de edad, según informó la Policía Nacional del Perú.

La operación también permitió incautar un arma de fuego abastecida, municiones, teléfonos celulares y un vehículo que, según la Policía, estaría vinculado con el seguimiento, secuestro y traslado de la víctima. Uno de los sospechosos resultó herido durante la intervención y recibió atención médica.

Rescate del empresario en un inmueble de El Agustino

Los agentes policiales llegaron hasta un inmueble ubicado en la calle Fernando Noriega Calmet, en El Agustino, donde localizaron al empresario colombiano. La intervención permitió retirar al hombre del lugar y trasladarlo para las diligencias correspondientes junto con representantes del Ministerio Público.

Según la información difundida por la Policía Nacional del Perú, la víctima permanecía retenida bajo amenazas y presentaba signos de agresión. Los secuestradores habrían registrado videos de los golpes y enviado ese material a la pareja del empresario como parte de la exigencia económica.

El ministro del Interior, César Astudillo, llegó hasta la zona durante el operativo y confirmó que el empresario se encontraba estable. También informó que uno de los intervenidos resultó herido en un brazo y una pierna, por lo que recibió atención médica antes de continuar con las diligencias fiscales.

Siete detenidos y material incautado

La acción policial terminó con siete personas detenidas, según el reporte oficial. La Policía señaló que entre los intervenidos existen dos menores de edad y que todos los sospechosos serían de nacionalidad venezolana.

Los objetos incautados quedaron bajo custodia para las pericias correspondientes. Los detenidos también fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras el Ministerio Público participa en las diligencias destinadas a establecer las responsabilidades individuales.

La Policía atribuye a la organización denominada “Los Injertos del Mal” participación en el secuestro. La investigación deberá determinar el grado de intervención de cada una de las personas detenidas y establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la retención.

Durante el ingreso de los agentes al inmueble, uno de los presuntos integrantes de la banda habría intentado escapar y efectuó disparos contra el personal policial. La respuesta de los agentes produjo un intercambio de disparos en el que el sospechoso resultó herido.

La Policía también verificó el inmueble utilizado como lugar de cautiverio y recogió elementos que podrían contribuir a la investigación del secuestro. Los teléfonos celulares serán parte de las pericias destinadas a identificar comunicaciones y posibles vínculos con otras personas.

Investigación fiscal definirá responsabilidades

Tras el rescate, el empresario quedó bajo protección policial y pasó por las diligencias correspondientes. La Fiscalía participa en el procedimiento para recoger testimonios, revisar los elementos incautados y establecer las circunstancias del secuestro.

La investigación también deberá precisar cómo se produjo la interceptación del empresario en El Agustino, quiénes participaron en su traslado y qué función cumplió cada detenido dentro de la estructura investigada.

La Policía Nacional del Perú informó que el operativo fue resultado de labores de inteligencia, investigación y campo. Los siete detenidos, el vehículo y las especies incautadas quedaron a disposición de las autoridades para las actuaciones previstas por ley.

El empresario Jesús Molina Vargas fue hallado con vida la noche del domingo 23 de agosto en las inmediaciones de El Sauzal, sobre la carretera libre Tijuana-Ensenada, en el municipio de Ensenada, aproximadamente 26 horas después de que un comando armado lo privara de la libertad dentro de su parque ecoturístico en Playas de Rosarito.

El operativo que permitió su localización involucró a más de mil elementos de cinco corporaciones federales y estatales, con apoyo aéreo y terrestre.

La Unidad Estatal de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el hallazgo alrededor de las 19:30 horas. Tras ser localizado, el empresario fue trasladado para recibir valoración médica y descartar afectaciones a su salud. Se espera que en las próximas horas rinda su declaración ante el Ministerio Público para fortalecer la investigación.

En el primer semestre de 2026, la FGE recibió mil 407 denuncias por desaparición en Baja California, con mil 484 víctimas registradas, de las cuales 239 fueron halladas sin vida. Solo en Rosarito se acumularon 69 denuncias en ese periodo.

¿Qué se sabe del secuestro?

El hecho ocurrió el sábado 22 de agosto, alrededor de las 17:40 horas, en el Pikin Parque de Altura, ubicado en el kilómetro 42 de la carretera libre Tijuana-Rosarito, en la delegación Primo Tapia. Según testigos y los registros de videovigilancia, los secuestradores ingresaron al lugar como clientes regulares.

Una vez dentro, cuatro hombres fuertemente armados localizaron a Molina Vargas —propietario del parque, de alrededor de 70 años— en las oficinas del negocio. Lo obligaron a subir a una camioneta tipo SUV, color azul claro, de modelo reciente, y huyeron por la carretera federal con dirección a Tijuana.

Las cámaras de seguridad registraron la salida del vehículo. La FGE no confirmó si existía una demanda de rescate, ni precisó si se trató de un secuestro extorsivo o si el cobro de piso fue el móvil del plagio. Extraoficialmente, versiones apuntaron a ambas posibilidades.

Desde la tarde del sábado, la mesa estatal de seguridad de Baja California activó un operativo especial. Este domingo el dispositivo se reforzó hasta alcanzar más de mil elementos y 90 vehículos desplegados en Playas de Rosarito y en poblados del límite con Ensenada.

En el operativo participaron la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la FGE, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y las policías municipales de Rosarito y Ensenada. Las acciones fueron coordinadas por el general Laureano Carrillo Rodríguez, por instrucción de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El dispositivo integró capacidades aéreas: un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevoló la región en coordinación con equipos de drones para cubrir terrenos de difícil acceso.

Molina Vargas fue encontrado en las inmediaciones de El Sauzal, sobre la Ruta del Vino. Vestido de playera amarilla, pantalón oscuro y tenis, se identificó con su nombre ante las autoridades. Hasta el cierre de la información, la FGE no había informado detenciones vinculadas al caso ni precisado si los captores lo liberaron o si el empresario logró escapar.

El operativo: mil elementos y seis corporaciones

Desde la tarde del sábado, autoridades de la mesa estatal de seguridad de Baja California activaron un operativo especial de búsqueda. Este domingo el despliegue se reforzó con efectivos adicionales hasta alcanzar más de mil elementos y 90 vehículos.

En el operativo participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Marina), la FGE, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y las policías municipales de Rosarito y Ensenada, todas bajo coordinación de la mesa estatal de seguridad.

Búsqueda por aire y por tierra

El operativo integra capacidades terrestres y aéreas. En tierra, los 90 vehículos realizan patrullajes en distintas zonas de Playas de Rosarito y en localidades de la franja limítrofe con el municipio de Ensenada.

En el aire, un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevuela la región en coordinación con equipos de drones, que permiten cubrir terrenos de difícil acceso y ampliar el radio de rastreo más allá de las vías principales.

Zona de operaciones

Los trabajos de búsqueda se concentran en Playas de Rosarito y se extienden hacia poblados en el límite con Ensenada. Las autoridades no precisaron si el vehículo utilizado por los secuestradores fue localizado o interceptado en algún punto de la carretera federal hacia Tijuana.

La FGE no informó sobre detenciones vinculadas al caso ni dio a conocer líneas de investigación sobre la autoría del secuestro.

Secuestro en el parque turístico Pikín

El hecho ocurrió el sábado en el parque turístico Pikín, ubicado en la delegación Primo Tapia, al sur de Playas de Rosarito. El comunicado oficial situó el momento del plagio alrededor de las 16:00 horas.

Según testigos y los registros del sistema de videovigilancia, los secuestradores habían entrado previamente como clientes regulares. Actuaron en horario de máxima afluencia y, una vez que sometieron al empresario en las oficinas del parque ecológico, lo subieron al vehículo y huyeron por la carretera federal con dirección a Tijuana.

La víctima es el propietario del parque Pikín, espacio de recreación y turismo de la zona costera de Baja California. Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado (FGE) no había confirmado la existencia de una demanda de rescate.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades exhortaron a la población a colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a la localización de Molina Vargas. Quienes cuenten con información pueden comunicarse al número de emergencias 9-1-1 o a la línea de denuncia anónima 089.

Rosarito, bajo presión del crimen organizado

El contexto no es aislado. Apenas el 5 de agosto, 18 días antes del secuestro, las autoridades habían activado el operativo “Rosarito Seguro” con 200 elementos y 45 unidades para prevenir y contener delitos en el municipio.

Crisis de desapariciones en Baja California

El caso se enmarca en una situación de alta conflictividad en el estado. En el primer semestre de 2026, la Fiscalía General del Estado recibió mil 407 denuncias por desaparición con un total de mil 484 víctimas, de las cuales 239 fueron halladas sin vida.

En ese mismo periodo, Rosarito acumuló 69 denuncias por desaparición. El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a Baja California con una alerta Nivel 3: Reconsidera el viaje, la segunda más grave en su escala, por crimen y riesgo de secuestros.

La investigación por la desaparición del ingeniero ambiental Andrés Camilo Peláez Yepes sumó un nuevo detenido. Se trata de un joven señalado de haber cumplido una función de vigilancia en el lugar donde el profesional habría permanecido retenido después de desaparecer el 3 de abril de 2022.

El caso mantiene la atención de las autoridades porque, pese al tiempo transcurrido, todavía no se pudo establecer con precisión qué ocurrió después del traslado del ingeniero. Las nuevas capturas permitieron reconstruir parte de la cadena de personas que habrían intervenido en su desaparición, aunque la ubicación del cuerpo continúa siendo una tarea pendiente para los investigadores y para la familia aún.

El operativo se realizó esta semana en el barrio El Tapón, en Bello, y estuvo a cargo de agentes del CTI de la Fiscalía con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional. Las autoridades llegaron hasta Brayan Andrei Palacio Arango, de 21 años, conocido con el alias de “el Cabo”, después de varios meses de labores investigativas. De acuerdo con las indagaciones, Palacio Arango habría integrado el grupo delincuencial “el Mesa” y participado en el rapto del ingeniero cuando tenía 17 años. Su presunta función dentro de los hechos habría sido vigilar la vivienda donde llevaron a Peláez Yepes y donde posteriormente se perdió el rastro del profesional.

La edad que tenía al momento de los hechos determinó el tratamiento judicial que recibió tras su aprehensión. Como le faltaban dos meses para cumplir la mayoría de edad, un juez de infancia y adolescencia con funciones de control de garantías ordenó su internamiento preventivo en el Centro de Atención Especializada La Pola. Al joven le fueron imputados cargos por desaparición forzada agravada. La medida se tomó teniendo en cuenta las disposiciones de la ley de infancia y adolescencia, aplicables por su edad cuando ocurrieron los hechos.

Con esta actuación, ya son cuatro los presuntos implicados en el caso que han sido capturados desde el pasado mes de julio, a partir de las investigaciones adelantadas por las autoridades. Entre ellos están Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa; Weimar Alexánder Castillo, alias 300, y Willinton Ortiz Muñoz, alias Willy.

La investigación también tiene antecedentes de otras dos personas detenidas por la desaparición. José Fernando Chavarría Ramírez, alias Huevito, fue capturado en septiembre de 2022, mientras que Juan Fernando Tapias Guzmán, alias Juancito, fue detenido el 22 de febrero de 2023. Ambos enfrentaron imputaciones por desaparición forzada, pero quedaron en libertad en 2024 debido a la falta de evidencias contundentes.

Las autoridades también relacionan a Palacio Arango con otras actividades delictivas. Según las investigaciones, habría participado en el hurto de motocicletas en Medellín y el Valle de Aburrá para la organización el Mesa. Las motos, de acuerdo con esa información, eran trasladadas hacia San Andrés de Cuerquia y Santa Rosa de Osos. El detenido es hermanastro de Willinton Ortiz Muñoz. Ambos habrían sido reclutados por integrantes de alto rango de el Mesa, entre ellos Fernando Jiménez Ruiz, alias Caníbal o El Feo, mediante algunos de sus lugartenientes, como alias Serna.

Mientras el proceso judicial avanza, la búsqueda de Andrés Camilo Peláez Yepes continúa sin resultados. Las autoridades han establecido, tras las capturas de los cuatro presuntos implicados, que todos tendrían conocimiento del lugar donde estaría el cuerpo del ingeniero. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible encontrarlo. La ausencia de respuestas mantiene abierta una de las principales preguntas del caso: dónde está Peláez Yepes y qué ocurrió con él después de su desaparición.

Claudia Yepes, madre del ingeniero, insiste públicamente en la necesidad de esclarecer los hechos y de encontrar a su hijo. Su actividad en redes sociales se convirtió en uno de los espacios desde los que reclama avances en la investigación y cuestiona lo que considera falta de resultados por parte de las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México capturó a seis integrantes de ‘Los Cerdos’, responsables de múltiples secuestros exprés en la autopista México-Tuxpan. Los seis presuntos integrantes fueron detenidos en dos operativos separados, entre ellos un expolicía municipal y el presunto líder del grupo, identificado como Óscar Juan ‘N’, alias ‘El Cerdo’. El caso fue detonado por el asalto a un matrimonio de Tamaulipas el 3 de agosto en el tramo de Nopaltepec, Estado de México.

Dos fases de captura y un expolicía entre los detenidos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las detenciones tras rastrear las transacciones bancarias que la banda obligaba a realizar a sus víctimas durante los atracos. Esa línea de investigación llevó a la captura inicial de dos hermanos: Gabriel ‘N’ y Denny ‘N’, a quienes las víctimas transfirieron dinero directamente el día del asalto.

El segundo golpe operativo ocurrió el pasado 19 de agosto. Agentes de la Fiscalía Especializada en Combate al Robo de Vehículos ejecutaron una orden de cateo en un inmueble del municipio de Nopaltepec, donde aseguraron a cuatro personas más.

Entre los capturados en ese segundo momento destacan Diego Vladimir ‘N’, quien se desempeñaba como expolicía municipal de Nopaltepec, y Óscar Juan ‘N’, alias ‘El Cerdo’, señalado por las autoridades como el líder de la organización. También fue detenido Raúl ‘N’. Al momento del cateo, los elementos ministeriales les aseguraron armas de fuego y diversas dosis de estupefacientes.

Durante la retención, los agresores ejercían violencia física, lanzaban burlas y buscaban intimidar de forma deliberada.

Los seis presuntos integrantes quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su ingreso formal a un penal.

Cómo operaba la banda en la autopista

‘Los Cerdos’ tenía un esquema de operación diseñado para generar confusión y someter a sus víctimas con rapidez. El primer paso consistía en simular ser agentes de policía: los delincuentes circulaban en un vehículo con apariencia de patrulla para obligar a los automovilistas a detener la marcha sobre la autopista México-Tuxpan.

Una vez que el vehículo de las víctimas se detenía, otros cuatro sujetos armados emergían desde el camino para amagar a los ocupantes. Los delincuentes realizaban detonaciones de advertencia y trasladaban a las personas hacia una zona de nopaleras, alejada de la vía principal y fuera de la vista de otros conductores.

Ya en ese sitio despoblado, la banda despojaba a las víctimas de su automóvil y sus pertenencias. Las mantenían retenidas mientras las obligaban a realizar transferencias bancarias desde sus teléfonos móviles hacia cuentas vinculadas a los miembros de la red.

Uno de los métodos de intimidación documentados era exigir a las víctimas que miraran directamente a la cara de sus captores, acompañado de amenazas verbales explícitas.

Las autoridades de la FGJEM estiman que este grupo podría estar relacionado con decenas de asaltos similares bajo el mismo patrón en el Valle de México.

El relato de las víctimas

El caso que detonó la investigación involucra a un matrimonio originario de Tamaulipas, asaltado el 3 de agosto en el tramo de Nopaltepec. Tras las detenciones, ambos identificaron plenamente a los seis imputados.

El hombre describió el momento en que él y su esposa fueron desviados de la carretera por quienes se hacían pasar por policías. Su esposa relató que los agresores realizaron tres detonaciones de arma de fuego cerca de su rostro y la golpearon.

La mujer también expresó rechazo ante las manifestaciones de familiares de los detenidos que exigen su liberación, al considerar que se trata de personas de alta peligrosidad que pusieron en riesgo sus vidas.

La investigación continúa abierta

Las autoridades ministeriales de la FGJEM señalaron que la investigación permanece activa. Los elementos recabados hasta ahora apuntan a que la banda podría tener vínculos con un número mayor de asaltos en la región, todos ejecutados bajo el mismo esquema operativo.

La participación de un expolicía municipal de Nopaltepec entre los detenidos representa uno de los hallazgos de mayor gravedad del caso.

Un operativo conjunto de cinco corporaciones de seguridad localizó a dos hermanos de 8 y 9 años con Alerta AMBER vigente, sustraídos por su padre desde el 23 de febrero de 2026 en Agua Prieta, Sonora. El hallazgo ocurrió durante un cateo en la colonia Pueblitos de Hermosillo, donde además fueron detenidas dos personas y asegurados 14 envoltorios con presunta droga conocida como “crystal”.

La diligencia fue ejecutada este domingo 23 de agosto por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Hermosillo, en un domicilio ubicado en calle La Aduana, entre Arroyo Agua Escondida y Pedro Salazar Félix, en el fraccionamiento Pueblo del Sol.

Seis meses desaparecidos: el origen de la Alerta AMBER

La Alerta AMBER que pesaba sobre los dos menores se originó a partir de una denuncia por posible sustracción presentada por su madre. Según los antecedentes de la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el padre habría llevado a los niños desde Agua Prieta sin autorización, lo que desencadenó la activación del protocolo de búsqueda.

Durante seis meses, ambos hermanos permanecieron sin ser localizados. La alerta se mantuvo vigente hasta este domingo, cuando el cateo iniciado en el marco de una investigación por narcomenudeo permitió dar con su paradero.

El padre, detenido con orden de aprehensión vigente

Uno de los dos arrestados es Víctor Antonio “N”, de 34 años, identificado como el padre de los menores. Al momento de su detención, contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de sustracción de menores, lo que derivó en su arresto inmediato.

La segunda persona detenida es Judas Rubén “N”, de 19 años, quien también se encontraba en el domicilio durante la ejecución del cateo. Ambos quedaron a disposición de las autoridades en el marco de la investigación por narcomenudeo y por lo que resulte.

Crystal asegurado: 14 envoltorios durante el cateo

En el interior del domicilio, los elementos participantes aseguraron 14 envoltorios de plástico de color negro con una sustancia granulada con características de la droga conocida como “crystal”. La diligencia se realizó con base en una investigación previa por el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

La dirección del inmueble cateado corresponde a calle La Aduana, en el fraccionamiento Pueblo del Sol, dentro de la colonia Pueblitos de Hermosillo.

Protección inmediata: los niños, a cargo de la Procuraduría de Sonora

Tras ser localizados, los dos hermanos fueron resguardados con estricto apego al principio del interés superior de la niñez. Fueron trasladados a las instalaciones de la AMIC para posteriormente ser puestos a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, autoridad competente para determinar las medidas de protección, guarda y custodia que correspondan.

La FGJES señaló que en todo momento se respetaron los derechos de los menores y que su seguridad fue la prioridad durante el traslado y la atención posterior.

La Fiscalía reafirmó su compromiso con la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como con la protección integral de niñas, niños y adolescentes en el estado de Sonora.

El caso de los menores: un patrón recurrente en Sonora

La sustracción de menores por parte de uno de los progenitores, conocida como sustracción parental, es el patrón que se repite en varios casos recientes de Alerta AMBER en Sonora.

En julio de 2026, la FGJES activó una Alerta AMBER para localizar a Camille Sánchez Flores, de 6 años, sustraída en Nogales el 4 de junio presuntamente por su padre, en el marco de un conflicto entre sus progenitores. Las autoridades solicitaron incluso una Alerta Migratoria y una Ficha Roja ante la posibilidad de que el padre hubiera salido del país con la menor. Al cierre de la información disponible, la niña no había sido localizada.

El contexto de desaparición de menores en Sonora

Las cifras son preocupantes. Según la Fundación Nueva Generación Sonora, en la última década fueron reportados mil 136 menores desaparecidos en el estado, de los cuales 440 ocurrieron solo en 2025, un año calificado como histórico en términos de reportes. El 37% de esos menores no había sido localizado al momento del reporte.

El incremento es sostenido: entre 2022 y 2025, los casos de jóvenes de 15 a 19 años desaparecidos en Sonora aumentaron un 836%, al pasar de 11 a 103 reportes. En el rango de 10 a 14 años, el aumento fue del 900% en el mismo periodo, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Elver Juan Pablo Antuche Hernández, de 24 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalado del secuestro de una adolescente en Guatemala.

La captura se llevó a cabo este domingo 23 de agosto por parte de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC.

El operativo se realizó en la zona 1 de Villa Canales en cumplimiento de una orden de captura vigente por el delito de secuestro, emitida el 22 de agosto por un juzgado de Guatemala.

Según el reporte policial, Antuche Hernández sería el segundo detenido por la privación de libertad de una menor de 17 años en la carretera a El Salvador. Un caso en el que la víctima ya fue rescatada con vida y en el que las autoridades buscan establecer el grado de participación de cada sospechoso.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad también incautaron un vehículo tipo picop Toyota con placas P-863JBP, que quedó bajo resguardo como parte de las diligencias. De acuerdo con las autoridades el automotor estaría vinculado con las actividades ilícitas relacionadas con el caso.

La adolescente había sido secuestrada el 20 de agosto y fue rescatada al día siguiente

La persona capturada este domingo es señalada como el segundo presunto implicado en el secuestro de la adolescente, quien, de acuerdo con la investigación, fue privada de libertad el 20 de agosto.

La menor fue localizada y rescatada con vida en un operativo previo en el que también fue detenido Horacio “N”, de 39 años.

Ese rescate ocurrió en una gasolinera ubicada sobre la carretera a El Salvador, donde la adolescente permanecía junto a uno de los hombres señalados de participar en el plagio. Después fue trasladada a un centro asistencial para una evaluación médica.

El primer operativo fue ejecutado por investigadores de la DEIC adscritos a la delegación de Villa Nueva a la altura del kilómetro 36 de la carretera, en la entrada a la aldea El Jocotillo, en jurisdicción de Villa Canales. La reconstrucción policial sitúa el rapto en una estación de servicio del kilómetro 29.1 de la misma vía.

En esa primera acción, Horacio “N” fue interceptado cuando la adolescente seguía privada de libertad. La investigación policial sostiene que la víctima había sido retenida mediante el uso de la fuerza y trasladada en un vehículo tipo picop.

El caso sigue abierto para determinar cómo actuó cada sospechoso

La nueva captura responde a una orden judicial vigente y forma parte del avance de las autoridades para esclarecer cómo ocurrió la privación de libertad y cuántas personas habrían intervenido. El segundo detenido fue llevado ante un juzgado para que se le informen los motivos de su aprehensión y continúe el proceso legal correspondiente.

En el caso de Horacio “N”, la información policial indicó que también tenía una orden de captura por secuestro emitida el 22 de agosto por un juzgado de la capital. El parte policial añadió que registraba un antecedente de prisión por lesiones graves desde 2009.

La investigación permanece en desarrollo mientras las autoridades intentan definir el papel que habría tenido cada uno de los detenidos. El vehículo Toyota con placas P-863JBP quedó incautado durante la diligencia realizada en Villa Canales.

Tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en el secuestro de una mujer extrajera que fue trasladada y alojada en el país para luego dirigirse a Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los imputados fueron identificados como Luis “N”, Aida “N” y Ramón “N”, a quienes se les vinculó a proceso por los delitos de secuestro agravado, tráfico de personas y delincuencia organizada.

De acuerdo con las autoridades, la investigación inició en el mes de julio y a partir de una denuncia que reveló que la víctima fue trasladada y alojada en territorio mexicano para trasladarse a EEUU.

Durante ese trayecto fue privada de su libertad y sus familiares recibieron una exigencia de pago para obtener su liberación, pero la mujer logró escapar por sus propios medios.

Operativo conjunto en Ciudad Juárez

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), identificó a los probables responsables mediante entrevistas, actos de investigación y trabajo conjunto con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Con base en los datos de prueba aportados, el juez de control libró órdenes de aprehensión y de cateo. Personal de la Policía Federal Ministerial ejecutó las diligencias autorizadas y cumplimentó las órdenes de captura en el mismo operativo.

Los tres detenidos quedaron bajo prisión preventiva oficiosa tras la audiencia celebrada ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez. La autoridad judicial fijó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Procesan a tres mexicanos por el secuestro de 5 personas originarias de la India

Un hecho similar ocurrió en el mes de junio pasado, cuando un juez de control vinculó a proceso a tres mexicanos acusados de secuestrar a cinco ciudadanos de la India en Ciudad Juárez, Chihuahua, y les impuso prisión preventiva oficiosa.

Los imputados fueron identificados como Tomás “N”, Diana “N” y Jaqueline “N”, quienes enfrentan cargos por delincuencia organizada con fines de cometer secuestro y secuestro agravado.

El caso se originó en junio de 2025, cuando el cónsul de la Embajada de la República de la India en México notificó por correo electrónico a las autoridades mexicanas que cinco de sus connacionales se encontraban privados de su libertad en Ciudad Juárez. La alerta diplomática detonó una investigación coordinada entre la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).

A partir de esa denuncia, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) ejecutaron órdenes de cateo en cinco domicilios. Las víctimas ya habían sido liberadas antes de los operativos, de acuerdo con información oficial.

Durante los cateos, los agentes aseguraron equipos telefónicos, equipo de cómputo, memorias de almacenamiento, una báscula digital y una máquina contadora de billetes, todos puestos a disposición de peritos especializados.

El juez concedió cuatro meses para la investigación complementaria. Tomás “N” quedó recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Estatal No. 3 de Chihuahua, mientras que Diana “N” y Jaqueline “N” fueron trasladadas al CERESO Estatal No. 2 de la misma entidad.

Medios nacionales han señalado que los tres imputados podrían tener vínculos con el Cártel del Noreste, aunque las autoridades no han confirmado esa filiación.

Un cuarto imputado y el antecedente de Jalisco

Un cuarto implicado, identificado como Emmanuel “N”, enfrenta cargos por los mismos delitos. Su orden de aprehensión se cumplimentó en el CERESO Estatal No. 3, centro penitenciario donde ya se encontraba recluido al momento de las detenciones de los otros tres procesados.

El caso de Chihuahua no es el único en que una alerta internacional derivó en un operativo de rescate en México. En mayo de 2026, una denuncia formal del Buró Federal de Investigaciones (FBI) ante las autoridades mexicanas condujo al rescate ileso de un ciudadano estadounidense retenido en una zona serrana de Jalisco, entre los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío.

Ese operativo fue encabezado por la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía de Jalisco, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la GN. Las labores de inteligencia permitieron ubicar a la víctima con precisión y detener a un hombre presuntamente vinculado con el plagio.

Un grupo de bandas armadas irrumpieron el viernes por la noche en varias aldeas del estado de Níger, en el centro de Nigeria, mataron a más de 40 personas y secuestraron a más de un centenar de habitantes en una cadena de asaltos que alcanzó incluso la mezquita central de Dekara, uno de los principales focos de la ofensiva.

Los ataques golpearon a Dekara, Gidan Zana, Sabon Gida y Masaka, dentro del área de Borgu, una zona remota que limita con los estados de Kebbi y Kwara y también con Benín. Los agresores actuaron después de las oraciones del viernes y, según la Policía y residentes, llevaban ropa de estilo militar.

El portavoz policial Wasiu Abiodun confirmó el balance inicial de muertos y secuestrados y señaló que las fuerzas de seguridad desplegaron operativos para localizar a las víctimas y detener a los responsables. Entre los raptados figuraba, de acuerdo con reportes locales, un hombre de 90 años, padre del responsable político del distrito de Dekara.

Habitantes de la zona relataron que los hombres armados entraron primero en Dekara, reunieron a vecinos y se los llevaron hacia áreas boscosas cercanas antes de extender el ataque a otras aldeas. Además, testimonios posteriores describieron escenas de extrema violencia y señalaron que algunos agresores acusaron a los pobladores de no seguir las enseñanzas verdaderas del islam.

La autoría del ataque no quedó establecida de manera definitiva. La Policía sostuvo la hipótesis de que los responsables pertenecían a bandas dedicadas al secuestro y al saqueo para exigir rescates. Otras versiones mencionaron a grupos como Lakurawa o Ansaru, señalados por residentes y dirigentes locales en medio de la confusión posterior a la matanza.

Por su parte, el representante federal Jafaru Mohammed confirmó que la ofensiva alcanzó a varias aldeas de Borgu. Según los testimonios reunidos en la zona, durante el ataque también se produjo un enfrentamiento entre grupos armados rivales, una situación que permitió la fuga de parte de los secuestrados, aunque hasta el sábado no había una cifra precisa.

La matanza volvió a exponer la fragilidad de la seguridad en Borgu, un territorio de difícil acceso. Abiodun explicó que las tareas de rescate y persecución avanzaban con obstáculos por la geografía de la zona, la escasez de caminos transitables y el colapso de un puente que conecta a las comunidades atacadas con la sede del gobierno local.

El episodio se sumó a una serie de hechos recientes en esa misma región. A comienzos de este mes, las autoridades informaron el rescate de 145 personas secuestradas en otras cuatro aldeas de Borgu: Konkoso, Kasuwan-Daji, Tungan-Makeri y Shafachi. Ese operativo formó parte de una acción mayor en la que, según la versión oficial, fueron liberadas 308 personas, incluidas más de 160 capturadas en el vecino estado de Kwara.

Funcionarios locales también habían informado la semana anterior la muerte de más de 20 personas en el área de gobierno local de Borgu. La repetición de estos ataques consolidó el temor en una región donde bandas armadas y grupos extremistas aprovechan áreas boscosas y corredores fronterizos con escasa vigilancia.

El estado de Níger ya había sufrido secuestros masivos de alto impacto. En noviembre de 2025, hombres armados secuestraron a más de 200 alumnos de una escuela en Papiri. Los chicos recuperaron la libertad alrededor de un mes después.

En el noroeste y en el centro de Nigeria, el secuestro se convirtió en una fuente habitual de financiamiento para redes criminales y grupos insurgentes. A esa presión se suman organizaciones yihadistas, choques entre agricultores y pastores en la zona central y un foco separatista activo en el sudeste del país.

(Con información de Europa Press)

Padres de los niños secuestrados en el noreste de Nigeria salieron a las calles este viernes para exigir al gobierno federal que intensifique las operaciones para lograr su liberación. Los menores llevan casi 100 días en cautiverio, después de haber sido sacados por la fuerza de sus aulas en el estado de Borno, una de las regiones más afectadas por la violencia de grupos islamistas

La protesta se concentró en la ciudad de Uba, donde los padres reclamaron por los menores desaparecidos tras la incursión de hombres armados en tres escuelas de Mussa, una comunidad ubicada en las inmediaciones del bosque de Sambisa, el pasado 15 de mayo. Orbet Lawan Yakubu, representante del líder tradicional de la zona, precisó que alrededor de 45 niños continúan desaparecidos hasta el momento.

Los atacantes llegaron en motocicletas menos de 30 minutos después de que las tropas que patrullaban la zona abandonaran el pueblo. Para dispersar a los residentes, efectuaron disparos y, durante la retirada, utilizaron a los menores como escudos humanos, lo que impidió que las fuerzas de seguridad respondieran con fuego.

La movilización pone de manifiesto la frustración acumulada ante la persistencia de los secuestros, a pesar de años de operaciones militares contra Boko Haram y su rama, el Estado Islámico de África Occidental (ISWAP), en el noreste del país. Aunque ambos grupos se han debilitado respecto a su etapa de mayor poder, continúan perpetrando ataques contra civiles, escuelas y fuerzas de seguridad en Borno y estados vecinos.

La policía indicó que el ejército está “al tanto de la situación”, aunque declinó ampliar la información y remitió las consultas a las fuerzas armadas, que no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El 29 de junio, un nuevo ataque en la cercana localidad de Lassa dejó 36 estudiantes y un profesor en manos de sus captores. El mes pasado, las autoridades lograron la liberación de decenas de escolares retenidos por hombres armados en establecimientos del suroeste del estado de Oyo, tras casi dos meses de cautiverio.

Chinda Buba, cuyo hijo se cuenta entre los desaparecidos, resumió la incertidumbre que atraviesan: “No sabemos dónde están nuestros hijos. No sabemos si están bien de salud o si están pasando por dificultades”. Peace Nicolos, madre de dos menores de tres y ocho años aún retenidos, añadió: “Nos preocupamos a diario y nos cuesta mucho comer. Le suplicamos al gobierno que los rescate”.

“No hay nada más doloroso que separar a niños muy pequeños de sus padres”, declaró Yakubu. “Toda la comunidad se ve afectada porque casi todas las familias están emparentadas con los que fueron secuestrados”.

(Con información de EFE)

José Pimentel Moncada, de 61 años y presidente de la Central de Abastos de Los Mochis —conocida como “La Yarda Grande”—, fue privado de la libertad la tarde del jueves 20 de agosto cuando se dirigía a su casa tras salir del mercado. Según reportes, dos vehículos lo cerraron en las inmediaciones del propio recinto; hombres armados lo bajaron a la fuerza y se lo llevaron. Su familia no supo más de él desde entonces.

Los familiares acudieron a las autoridades para levantar la denuncia ante la Vicefiscalía zona norte y, al mismo tiempo, recurrieron a las redes sociales para pedir ayuda. Nadie se había comunicado con ellos al cierre de esta nota.

Dos vehículos lo interceptaron frente al mercado que presidía

El lugar donde ocurrió el hecho no fue aleatorio: fue justo afuera de la Central de Abastos, el espacio al que Pimentel Moncada dedicó su vida. De acuerdo con lo reportado por el medio sinaloense Luz Noticias, dos vehículos lo bloquearon cuando emprendía el camino a su domicilio. Los ocupantes, presuntamente armados, lo obligaron a descender y lo subieron a uno de los vehículos.

La noche del jueves y la mañana de este viernes transcurrieron sin que la familia recibiera llamada, mensaje ni señal alguna de los responsables. La incertidumbre se extendió también entre vecinos y comerciantes del mercado, quienes comenzaron a compartir el video en redes sociales.

Sus hijos grabaron un video para pedir que lo regresen con vida

En el video que circuló en redes sociales, los hijos de Pimentel Moncada tomaron la palabra uno tras otro. El primero en hablar confirmó lo sucedido y situó los hechos en el tiempo: “El día de ayer a las tres de la tarde levantaron a nuestro papá, José Pimentel Moncada, que es el actual presidente del mercado de abasto de Los Mochis”.

El segundo dirigió un mensaje directo a quienes se lo llevaron: “Les pedimos que nos lo regresen sano y salvo como se lo llevaron. Saben que es una persona que ha dedicado toda su vida al mercado de abastos, a la agricultura y al transporte”.

Una de sus hijas cerró el video con voz entrecortada: “Mi papá nunca ha sido una persona de problemas, es un hombre trabajador y honesto. Por favor, queremos que lo regresen. Lo estamos esperando”.

Asimismo, la familia compartió distintos canales para recibir información. Quienes tengan datos sobre el paradero de Pimentel Moncada pueden llamar al 6688-16-40-63, de la Dirección de Apoyo a Búsquedas de Personas Desaparecidas, o al 6682-65-49-10, con Dulcina Parra, directora de esa oficina municipal.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, Zona Norte también recibe reportes en los números 6677-16-70-90, 668-818-3990, 6688-15-21-58 y 6688-15-81-55, extensiones 17593 y 17634.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sinaloa atiende en el 6682-19-45-25. En caso de emergencia, el 911 permanece activo.

Quién es José Pimentel Moncada

Pimentel Moncada llevaba años al frente de la Central de Abastos de Los Mochis, en el municipio de Ahome, uno de los principales puntos de abastecimiento agrícola del norte de Sinaloa. Sus hijos describieron una trayectoria construida sobre tres ejes: el comercio en el mercado, la agricultura y el transporte.

Lo retrataron como un hombre ajeno a conflictos, cuya rutina giraba en torno al trabajo. Hasta el momento no se sabe si existía algún antecedente que pudiera estar relacionado con lo ocurrido.

Sinaloa acumula casos de privación ilegal de la libertad en agosto

El de Pimentel Moncada no fue el único caso de privación ilegal de la libertad registrado en Sinaloa en las últimas semanas. El 11 de agosto, un grupo armado ingresó a un domicilio en el fraccionamiento Santa Rocío, al poniente de Culiacán, y se llevó a María de los Ángeles Ruiz Salazar, de 35 años, trabajadora del área de seguridad del Centro Penitenciario de Aguaruto.

Horas después del secuestro, las autoridades localizaron un cuerpo sin vida en la comunidad de Campo El Diez, en Culiacán, con características coincidentes con las de Ruiz Salazar. La SSP Sinaloa confirmó posteriormente su identidad mediante una esquela difundida en sus redes sociales.

A 23 años de la desaparición de Sergio Ávalos, el estudiante universitario de 18 años que fue visto por última vez en un boliche durante la madrugada del 14 de junio de 2003, la Fiscalía pidió llevar a juicio oral a 19 personas. Según la acusación, el joven fue retenido por una estructura de seguridad que operaba dentro de “El Fuerte”, también conocido como “Las Palmas” en Neuquén.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la acusación alcanza a once personas como coautores y a otras ocho como partícipes necesarios del delito de desaparición forzada de persona. De acuerdo con el requerimiento presentado ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén, la seguridad del local estaba compuesta específicamente por seis militares, cinco policías y tres empleados civiles, ese grupo habría intervenido en la desaparición del joven.

La Fiscalía sostuvo además que personal de mantenimiento, limpieza y tareas administrativas del local “debió conocer lo sucedido” y se negó a proporcionar información sobre lo ocurrido hasta la actualidad. Según el requerimiento, esa conducta obstruyó e impidió, cada uno en la medida de sus posibilidades, el avance del caso.

En línea con la acusación, la desaparición de Ávalos ocurrió dentro de un “aparato de violencia organizado” que funcionaba en el boliche y que tenía un modo de actuación definido. En esa reconstrucción, el personal de seguridad ejercía un control permanente del local, actuaba con violencia frente a conflictos y utilizaba un espacio conocido como el “cuartito de seguridad”, donde algunos asistentes eran trasladados y agredidos.

En el planteo de elevación a juicio, la fiscal sostuvo que, “con los elementos colectados se puede afirmar que la víctima fue retenida dentro del lugar, y luego trasladada para su ocultamiento a otro u otros lugares, permaneciendo así hasta el día de la fecha”. Aunque la búsqueda de Ávalos continúa, consideraron que ya existe prueba suficiente para llevar a debate oral la responsabilidad de los 19 acusados.

En 2014 que la investigación debía quedar en la Justicia Federal. Desde entonces, el expediente tramitó en el fuero federal de Neuquén, donde se tomaron más de 100 testimonios, se hicieron tareas de campo, peritajes, relevamientos en cementerios de Neuquén y Río Negro y estudios de ADN con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense.

En paralelo, sigue vigente una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Sergio Ávalos.

La reconstrucción de la última noche

La madrugada del 14 de junio de 2003, el joven fue a bailar con otros estudiantes al boliche ubicado sobre la calle Primeros Pobladores al 2000, en la ciudad de Neuquén, conocido como “El Fuerte” o “Las Palmas”. Los registros de la causa marcan que fue visto por última vez dentro de ese establecimieto entre las 6.30 y las 7.00.

En la reconstrucción, la Fiscalía señaló que la noche en que desapareció Ávalos no fue una jornada sin incidentes. El requerimiento menciona una pelea con rastros de sangre en el sector de enfermería, una agresión en una zona conocida como “el túnel” y un conflicto vinculado con el sistema de “ticket-vaso”. También remarca que el personal del boliche se comunicaba con handies y que el lugar contaba con cámaras instaladas en sectores estratégicos.

Uno de los puntos que destacó la fiscal fue la ausencia de las grabaciones de aquella madrugada. Según declararon imputados, la cinta se había terminado y no fue reemplazada. Tiscornia consideró que esa explicación no resulta verosímil por el nivel de control que, según la investigación, existía dentro del establecimiento.

Posteriormente, sucedieron otras irregularidades, entre ellas la destrucción de documentación policial y la falta de registro de una llamada recibida en el Hospital Castro Rendón, donde una trabajadora dejó asentado que una persona dijo conocer qué había pasado con el estudiante.

Tres días después, el 17 de junio de 2003, el encargado de las residencias universitarias denunció que el joven no había regresado. La causa empezó en la justicia provincial como averiguación de paradero, hasta que años más tarde la querella, la universidad y el Ministerio Público Fiscal impulsaron que el caso se investigara como desaparición forzada.

Raúl Padilla Villafuerte, Neyzer Christopher Pérez Zacarías, Benjamín Hernández Cruz, Hirvins Alcántara Padilla y Luis Eduardo Martínez Valiente fueron condenados a 70 años de prisión cada uno por el secuestro exprés de una persona en el municipio de Aculco, Estado de México. Un juez con sede en Jilotepec dictó la sentencia tras acreditar su responsabilidad en el delito, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportara las pruebas del caso. Los cinco también deberán pagar una multa individual de $678,840 pesos.

El hecho ocurrió el 28 de agosto de 2025 en el poblado de San Lucas, Aculco, cuando la víctima esperaba dentro de su Volkswagen Jetta estacionado. Durante el ataque, los sujetos se identificaron como presuntos integrantes de La Familia Michoacana.

Así ocurrió el secuestro en San Lucas

Al lugar llegó un Honda Civic en el que viajaban los cinco ahora sentenciados. Todos descendieron del vehículo y se aproximaron al automóvil de la víctima.

Uno de ellos portaba un arma de fuego con la que amenazó a la persona y la obligó a trasladarse a la parte posterior de su propio vehículo. Los demás la sometieron y tomaron el control del Jetta.

En ese momento, los sujetos se ostentaron como presuntos miembros de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán. De inmediato huyeron a bordo de ambas unidades: el Civic y el Jetta secuestrado.

El testigo que alertó a las autoridades

Un testigo que se encontraba en el lugar se percató del operativo delictivo e intentó perseguir a los captores. Los investigados respondieron con disparos de arma de fuego para disuadirlo.

Su reporte fue determinante para desencadenar la respuesta policial que culminó con el rescate de la víctima.

Operativo en San Pedro Denxhi y detención de los cinco

Tras recibir el reporte, elementos policiacos desplegaron un operativo de búsqueda en el municipio de Aculco. La movilización concluyó en un domicilio ubicado en la comunidad de San Pedro Denxhi.

Ahí, los agentes rescataron a la víctima y detuvieron a los cinco implicados. Los captores fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición del juez.

El rescate se concretó sin que se informara de víctimas adicionales durante el operativo.

70 años de prisión y multa de más de 678 mil pesos

Con las evidencias recabadas y presentadas por la FGJEM ante el juez con sede en Jilotepec, el órgano jurisdiccional determinó la plena responsabilidad de los cinco acusados en el delito de secuestro exprés con fines de robo.

La condena impuesta a Padilla Villafuerte, Pérez Zacarías, Hernández Cruz, Alcántara Padilla y Martínez Valiente fue de 70 años de prisión a cada uno, además del pago de una multa de $678 mil 840 pesos por sentenciado.

La sentencia fue resultado del trabajo de integración de la carpeta de investigación por parte de la fiscalía mexiquense, que acreditó tanto la privación ilegal de la libertad como el uso de arma de fuego y la participación coordinada del grupo.

Presuntos vínculos con La Familia Michoacana

Durante el secuestro, los cinco sujetos se presume que se identificaron ante la víctima como presuntos integrantes de La Familia Michoacana, organización criminal con origen en el estado de Michoacán que opera en diversas entidades del país.

Ninguna autoridad confirmó oficialmente esa filiación en el marco de este proceso judicial. La FGJEM y el juez de la causa sustentaron la sentencia en el delito de secuestro exprés con fines de robo, sin que los documentos públicos del caso acrediten formalmente su pertenencia a dicho grupo.

La intérprete compartió en redes sociales cómo experimentó una transformación total, tanto en su cuerpo como en su perspectiva de vida, durante el rodaje de la cinta basada en hechos que conmocionaron a México.

La película revive el caso de la bebé robada en el Hospital General

La producción, inspirada en el caso de una recién nacida sustraída en el Hospital General de Ciudad de México, abordó uno de los episodios más debatidos de la última década.

El filme reconstruye la historia desde la perspectiva de la mujer sentenciada, así como de los familiares afectados y el contexto judicial de la época. El caso, ocurrido en 2009, generó un amplio debate sobre la seguridad hospitalaria, el dolor colectivo y la criminalización de la infertilidad.

La cinta propone una mirada íntima de los hechos y de los motivos que impulsaron a la protagonista, evitando juicios y mostrando las consecuencias personales, familiares y sociales del delito.

La narrativa buscó dar voz tanto a la mujer que cometió el acto como a quienes resultaron afectados directamente.

El impacto mediático y la reapertura del caso en documentales y ficciones recientes reavivaron la discusión sobre la protección de la niñez y la salud mental materna.

El proceso de transformación de Ana Celeste para el papel

Ana Celeste relató en sus cuentas de TikTok e Instagram que el proceso de construir a su personaje fue uno de los retos más grandes de su carrera.

“Decidí grabar mi proceso porque solo mi coach y yo sabíamos cómo me sentía… construir fue hermoso como actriz, doloroso como Ale, pero sobre todo intenté honrar los dolores por los que pasamos todas. Hay un dolor colectivo que nos habita y ahí quería estar para poder contar esto”, compartió en uno de sus videos.

La actriz describió que tuvo que someterse a una intensa transformación física para el papel, incluyendo un aumento de peso significativo.

“Subí 10 kilos, cambió todo de mí, cambió mi manera de ver el mundo, hasta mi música era otra, mi mente ya nunca fue la misma”, escribió en Instagram.

Ana Celeste detalló que, para lograr esta construcción, fue necesario dejar atrás sus propios juicios y permitir que afloraran emociones profundas.

En su mensaje, la intérprete habló de cómo el trabajo actoral la llevó a explorar y habitar dolores propios y ajenos.

“Me permití habitar mis dolores más grandes, descubrí mis heridas y otras que no sabía que estaban y al mismo tiempo, en medio de toda la destrucción, me sentí completa”, explicó.

Consideró que habitar el espíritu y las emociones de otro ser a través de su cuerpo y conciencia le permitió experimentar una catarsis personal y profesional.

La experiencia de filmar la cinta la llevó a reflexionar sobre su disciplina y su vocación actoral.

“Sentí que había valido la pena tanto esfuerzo, tanto estudiar, tanto esperar, tantos años de trabajo… Sentí respeto, disciplina, fuerza, dolor, convicción y una satisfacción muy grande”, expresó en su publicación.

Ana Celeste subrayó la importancia de la transformación en su carrera: “Siempre he visto la transformación como algo necesario, quiero habitarme de todas las formas posibles, me gusta el límite, lo diferente, aunque me da miedo siempre viajo a lo más profundo de mí”.

Finalmente, la actriz agradeció la oportunidad de interpretar a Alejandra y de contar su historia.

“Gracias Alejandra por permitirme habitarte y contar tu historia”, concluyó. El papel dejó en Ana Celeste un aprendizaje duradero y una visión renovada sobre la empatía, el dolor y la fuerza que implica encarnar historias reales en la pantalla.

El caso de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, sentenciada por la sustracción de una bebé dentro de una bolsa de regalo en el Hospital General de Ciudad de México, marcó no solo a quienes lo vivieron en 2009.

La historia también impactó profundamente a Saskia Niño de Rivera, quien más tarde se consolidó como una de las voces más influyentes en temas de reinserción social y derechos de personas privadas de la libertad.

En su podcast, la fundadora de Reinserta compartió cómo este caso fue clave en su trayectoria personal y profesional, revelando la dimensión humana y sistémica de la justicia mexicana.

Por qué resurgió el caso de Alejandra Marín

La publicación del documental Un hijo propio en Netflix reavivó el interés social y mediático en el caso. A 17 años de los hechos, la producción reconstruyó el proceso judicial y la vida de los protagonistas.

La historia de Alejandra volvió a generar debate sobre la violencia obstétrica, la criminalización de la infertilidad y las condiciones de reinserción de las mujeres en prisión.

El documental integró testimonios inéditos, archivos judiciales y entrevistas con las partes involucradas. Diversos especialistas, así como víctimas y responsables, analizaron el contexto que llevó a la comisión del delito y el trato que recibieron tanto la acusada como la madre biológica de la menor.

Lo que dijo Saskia Niño de Rivera en su podcast Penitencia

Mucho antes de la aparición del documental, Saskia Niño de Rivera ya había compartido el impacto que el caso de Alejandra tuvo en su propia vida.

En un episodio especial de su podcast Penitencia, relató:

“Te conocí cuando entraste, en un pinche caso viralizado, muy cabrón. Me tocó escuchar tu historia. Yo creo que ha sido de las primeras historias que me tocó escuchar en prisión, salí completamente conmovida y una de las grandes lecciones que hoy tengo como criminóloga, como activista, la aprendí gracias a ti”.

La fundadora de Reinserta reconoció que la experiencia de escuchar a Alejandra la llevó a replantear sus prejuicios y a entender el contexto detrás de los delitos.

“No juzgues con la poca información que tienes, ¿no? Porque allá afuera eres así, en una frase, una cosa. Y cuando escuchas tu historia es una historia que da mucho de qué analizar y de qué entender como seres humanos, como mujeres”, expresó en el programa.

En ese mismo episodio, Niño de Rivera explicó cómo la relación con Alejandra fue transformándose con los años:

“Hemos crecido juntas. Literalmente, grabamos este capítulo cuando vas a salir mañana. Estás en tu último día de cárcel. Catorce años después”. Su vínculo con mujeres privadas de la libertad, y en especial con Alejandra, ayudó a Saskia a consolidar la perspectiva de género y derechos humanos que caracteriza su activismo.

Durante la conversación, la activista también abordó la importancia de escuchar las voces de las personas encarceladas y de quienes han sido estigmatizadas por la sociedad.

“Para mí este espacio se tiene que ocupar para que se escuche tu voz, para que tú cuentes tu historia, porque tu historia es poderosísima y yo estoy segura que quien la escuche, si tiene media neurona, va a poder entender la importancia que es ver más allá de la poca información que de repente vemos en redes sociales”, afirmó.

La experiencia con el caso de Alejandra llevó a Saskia Niño de Rivera a replantear la manera en que abordaba la justicia penal.

“Yo me acuerdo que cuando escuché tu historia dije: ‘¿Cómo puede ser que juzguemos a la ligera de esa manera?’”, reconoció.

Eleonor Alejandra Marín Mendoza, la mujer que hace 17 años sustrajo a un bebé dentro de una bolsa de regalo del Hospital General de Ciudad de México, reveló qué pasó con su vida tras su liberación.

La historia, que alcanzó notoriedad por el documental de Netflix Un hijo propio, muestra los cambios que enfrentó al salir de Santa Martha Acatitla y el rol que ahora desempeña en la vida del hombre con quien planeó formar una familia.

¿Cómo resurgió el caso?

Un hijo propio reconstruye el caso ocurrido en 2009, cuando Alejandra se llevó a un bebé recién nacido del Hospital General.

La producción de Netflix narra cómo la protagonista enfrentada a la presión social de su esposo Arturo y familiares de él por ser mamá, así como múltiples abortos espontáneos la llevaron a un lugar que nunca imaginó.

Según la versión de Alejandra, cuando perdió a su tercer bebé se habría encontrado a Mayra, una mujer embarazada que no quería ser madre y que le habría ofrecido regalarle a su bebé.

Ante esto, Marín decidió no decirle a nadie de su pérdida y fingió un embarazo esperando que al final pudiera tener al otro recién nacido, sin embargo, el día del alumbramiento las cosas no sucedieron cómo ella habría esperado y terminó llevándose a la bebé en una bolsa de regalo.

Posteriomente fue arrestada junto a su esposo Arturo y ella permaneció alrededor de 13 años en prisión.

El documental incluye testimonios de Mayra, madre biológica de la bebé, quien da una versión completamente diferente de los sucesos, así como fragmentos de archivos judiciales y mediáticos.

Alejandra tras salir de prisión: ¿qué fue de ella y cómo luce hoy?

Al salir de prisión, Alejandra y Arturo continuaban juntos, sin embargo, según la protagonista, su esposo aún tenía la ilusión de tener un hijo biológico y le pidió a ella que hicieran un tratamiento in vitro.

Alejandra se negó pues durante el tiempo que estuvo privada de su libertad se dio cuenta que ya no quería ser mamá y le dijo a Arturo que se separaran, pues si él quería tener un hijo era válido que lo intentara con otra persona.

Alejandra relató que su pareja salió con otra persona y tuvo un bebé.

El reencuentro entre ambos ocurrió cuando Arturo se separo de la madre de su hijo y buscó a Alejandra para confesarle que la extrañaba y quería rehacer su vida a su lado.

Actualmente, la pareja convive con el niño que Arturo tuvo en su ausencia.

El caso ha reabierto la discusión sobre las consecuencias personales y familiares de los delitos relacionados con el deseo de ser madre.

Una madre y su cómplice fueron sentenciados a 90 años de prisión por secuestrar a una mujer en Zinacantepec y recluirla en un centro de rehabilitación, en un caso que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó a juicio con pruebas de campo y de gabinete.

Martha Ramírez Sánchez y Salvador Huerta Castro recibieron cada uno una condena de 90 años de cárcel, dictada por un juez con residencia en Almoloya de Juárez. Ambos también perdieron sus derechos civiles y políticos. Según el comunicado de la fiscalía, Ramírez Sánchez habría orquestado el operativo para internar a su propia hija en un inmueble habilitado como centro de rehabilitación en el municipio de Zinacantepec, en el Estado de México.

Cómo ocurrió el secuestro

En junio de 2025, la víctima salió de su domicilio en Zinacantepec con destino a una tienda cercana. En la vía pública fue interceptada por los ahora sentenciados, quienes la sometieron y la subieron por la fuerza a un vehículo.

La mujer fue privada de su libertad mediante violencia física, de acuerdo con las indagatorias de la FGJEM.”

El comunicado de la fiscalía señala, con reserva, que Ramírez Sánchez habría actuado con el propósito de internar a su hija en ese lugar, aunque ese vínculo no forma parte de los términos del fallo judicial citado.

La investigación y el rescate

La FGJEM desplegó técnicas de investigación de campo y de gabinete para dar con el paradero de la víctima. Esas diligencias permitieron identificar y localizar el inmueble donde se encontraba retenida.

Una vez que la mujer recuperó su libertad, presentó una denuncia formal en la que señaló a los investigados como quienes la privaron de ella. Con esa declaración y los datos de prueba ya recabados, el agente del Ministerio Público solicitó al juez las órdenes de aprehensión correspondientes.

El juez concedió las órdenes. Huerta Castro y Ramírez Sánchez fueron detenidos e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial mientras avanzaba el proceso.

Las pruebas que determinaron la condena

Durante el proceso legal, la FGJEM aportó el conjunto de pruebas que acreditaron la participación de ambos sentenciados en el delito de secuestro. El juez con residencia en Almoloya de Juárez valoró ese material probatorio y los declaró culpables.

La pena impuesta a cada uno fue de 90 años de prisión, acompañada de la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

El papel del centro de rehabilitación

El inmueble donde fue retenida la víctima estaba habilitado como centro de rehabilitación. El comunicado de la FGJEM no precisa si ese establecimiento operaba con algún tipo de registro o autorización oficial, ni si fue objeto de alguna medida adicional por parte de las autoridades.

Lo que quedó acreditado en juicio es que ese espacio fue utilizado para mantener privada de su libertad a la mujer, hecho que formó parte del cuerpo del delito por el que se condenó a Huerta Castro y a Ramírez Sánchez.

La FGJEM no detalló en su comunicado si existen otras personas vinculadas al caso ni si el inmueble continúa en operación tras la detención de los sentenciados.

“Entre julio de 2025 y el 22 de marzo de 2026, la fiscalía abrió 152 carpetas de investigación vinculadas a centros de rehabilitación irregulares en el Estado de México”.

Centros de rehabilitación irregulares en el Estado de México

El caso se inscribe en un patrón documentado por la FGJEM: entre julio de 2025 y el 22 de marzo de 2026, la fiscalía abrió 152 carpetas de investigación vinculadas a centros de rehabilitación irregulares en el Estado de México por delitos como homicidio, secuestro, desaparición y trata de personas. Zinacantepec figura entre los municipios donde se han realizado operativos y rescates. Según la institución, varios de estos inmuebles operaban sin permisos ni personal certificado, cobraban cuotas excesivas a los familiares y mantenían a los internos bajo condiciones de violencia física y psicológica.

El despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región de Piura, ubicada al norte del territorio nacional, permitió la captura de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana con orden de captura internacional.

La intervención, realizada en el kilómetro 128 de la carretera Sullana – Tumbes, en el distrito de Los Órganos, fue resultado de un trabajo coordinado entre los departamentos de Investigación Contra el Crimen Organizado de Piura y Lima, junto con la participación de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior (Digimin).

Los detenidos, identificados como Leonardo Camejo Cassiani (29), conocido como “Caracas”, y Alember Contreras Cárdenas (19), alias “Gocho Alember”, transitaban en una miniván con dirección a Tumbes.

De acuerdo con la investigación de la PNP, los extranjeros pretendían abandonar el territorio peruano con rumbo a Ecuador y posteriormente a Colombia para evitar su captura. 

Ambos registraban una notificación roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), a solicitud del Juzgado de Garantías de Los Ángeles, en Chile, informaron las autoridades a la prensa desde Piura.

Al momento de la intervención, ninguno de los ciudadanos portaba documentos de identificación. Fueron trasladados a la dependencia policial de Los Órganos, donde se confirmó su identidad y la vigencia de la alerta internacional. El operativo, encabezado por el comandante Óscar Choquehuanca, se concretó gracias a información obtenida por la base regional de Digimin.

Investigación por secuestro y homicidio: el caso chileno y la conexión con el Tren de Aragua

Según el reporte policial, ambos detenidos están involucrados en una investigación por el presunto secuestro con homicidio de Carlos Luciano Silva Guzmán, ocurrido en Chile.

La notificación roja de Interpol responde a la solicitud de la justicia chilena, que vincula a los sospechosos con la organización criminal Tren de Aragua. Esta red, de origen venezolano, es señalada por delitos como extorsión, robos, tráfico de armas, trata de personas y homicidios en varios países de la región.

La División de Investigación Contra el Crimen Organizado (Divincco) de la PNP asumió las diligencias posteriores y coordina con las autoridades chilenas para definir el proceso de extradición o entrega internacional.

Fuentes policiales confirmaron que, según información preliminar, los detenidos ingresaron a Perú por la frontera con Bolivia después de salir de Chile. Tras su paso por el sur, pretendían cruzar la frontera norte, siguiendo rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al crimen transnacional.

El operativo se activó tras el intercambio de datos entre las unidades de investigación y la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú, lo que permitió ubicar a los sospechosos antes de que lograran salir del país.

La PNP mantiene abierta la investigación para establecer el grado de participación de ambos en el caso y su posible relación con otros delitos vinculados al Tren de Aragua.

Hasta el cierre de este informe, se conoció que las autoridades continuarán recopilando información para determinar la situación jurídica de los detenidos y su futuro proceso legal ante la justicia de Chile.

El caso puso sobre el tapete la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el seguimiento de delincuentes internacionales por parte de Interpol.

Entre 2008 y 2015, Los Zetas convirtieron Monclova, Coahuila, en un laboratorio del terror silencioso. Las familias que huían del cártel antes de ser alcanzadas dejaban sus casas con las puertas cerradas; las que eran sacadas a la fuerza las dejaban abiertas. Ese código vecinal no oficial fue durante años el único registro del desplazamiento forzado que ocurría en la ciudad, porque el gobierno de Coahuila, según documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró entre mayo de 2013 y junio de 2015 que la entidad no contaba con ningún registro sobre el tema.

El fenómeno tenía una lógica brutal y precisa. Los Zetas usaban el miedo como herramienta de control territorial: quien denunciaba un delito ponía en riesgo a su familia, de modo que la huida sin denuncia era la única salida racional para quienes lograban anticiparse al cártel.

Las puertas cerradas y abiertas de Monclova como único registro del terror

El periodista Óscar Balderas documentó en Milenio el sistema de lectura que los vecinos de Monclova desarrollaron ante la ausencia de cualquier registro oficial. Una puerta cerrada en una casa súbitamente vacía significaba que la familia había logrado huir; una puerta abierta significaba que Los Zetas se les habían adelantado.

El segundo escenario tenía un destino conocido: secuestro, tortura, asesinato y fosa clandestina. El primero, en cambio, era técnicamente desplazamiento forzado, aunque ninguna autoridad lo registrara como tal.

Ese vacío no era un accidente administrativo. El gobierno de Coahuila reconoció formalmente, ante la CNDH, que no tenía registro alguno de personas desplazadas en su territorio durante ese período. La entidad concentraba entonces algunos de los índices de violencia más altos del país, con 1.830 personas desaparecidas registradas por la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas del estado, una cifra que organizaciones de derechos humanos consideraron también una subestimación.

La CMDPDH y el IDMC: lo que el Estado no contó

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) documentó que entre 2011 y febrero de 2015, al menos 281.418 personas sufrieron desplazamiento interno forzado en México como consecuencia de la violencia. El propio informe advirtió que Coahuila era uno de los estados con mayor subregistro, precisamente porque la información periodística disponible sobre la entidad era escasa durante los años más intensos del dominio zeta.

Para finales de 2016, la CMDPDH contabilizó al menos 310.527 personas desplazadas por la fuerza en 15 estados del país, entre ellos Coahuila. Los desplazamientos ocurrieron principalmente porque las personas huían para evitar ser víctimas de organizaciones criminales o de funcionarios públicos.

El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) calculó, con datos triangulados junto a la CMDPDH, que hasta 2021 México acumulaba 379 mil personas desplazadas internas por violencia. Esa cifra no incluye a quienes huyeron sin dejar rastro en ningún padrón, como ocurrió en Monclova entre 2008 y 2015.

La estimación más amplia disponible proviene de una encuesta de la firma Parametría publicada en 2011, que calculó en 1.648.387 el total de mexicanos mayores de 18 años que habrían sufrido desplazamiento forzado por violencia hasta ese año. Esa cifra representó el 2% de la población adulta del país en ese momento.

México sin ley federal: el desplazado que no existe para el Estado

El problema de fondo es estructural. México no cuenta a nivel nacional con un marco jurídico especializado en materia de desplazamiento interno, según establece el Manual sobre desplazamiento interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo cinco estados —Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca— tienen leyes específicas sobre el tema; Coahuila no está entre ellos.

Esa ausencia legal tiene una consecuencia directa: quien huye de su casa ante una amenaza criminal no adquiere ningún estatus jurídico que lo proteja o lo haga visible para el Estado. La familia que cerraba su puerta en Monclova y abandonaba la ciudad no existía en ningún registro como víctima de desplazamiento forzado.

El Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI contabilizó 262.411 personas que cambiaron de residencia entre 2015 y 2020 por inseguridad o violencia. El propio INEGI reconoció que el instrumento censal no fue diseñado para medir el desplazamiento interno en toda su magnitud, por lo que la cifra es una subestimación reconocida.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, con datos de 2024, estimó que más de 248.360 hogares abandonaron su residencia ese año para protegerse del crimen. El IDMC y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana calcularon entre 26.000 y 28.000 personas desplazadas en eventos masivos de violencia solo durante 2024, un incremento superior al 120% respecto a 2023.

El ACNUR trabaja con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas del gobierno federal en una guía para el registro de personas desplazadas internas, en ausencia de legislación general. La organización también impulsó una propuesta para incorporar preguntas específicas sobre desplazamiento en la Encuesta Intercensal 2025, con el objetivo de contar por primera vez con datos oficiales a escala nacional.

Mientras ese marco no exista, el desplazado interno en México sigue en una condición paradójica: es víctima de un crimen que el Estado no tipifica como tal en su territorio. Las puertas cerradas de Monclova fueron, durante años, más elocuentes que cualquier estadística oficial.

Dos jóvenes de 18 y 19 años, que habían sido reportados como secuestrados en unas canchas de fútbol del sur de Ciudad de Guatemala, aparecieron la noche del martes envueltos en bolsas plásticas en la vía pública, según destacó una nota de la agencia EFE.

Sus cuerpos, con señales de violencia, fueron hallados tras una alerta de vecinos que activó a los Bomberos Voluntarios y a la Policía Nacional Civil (PNC).

El macabro hallazgo eleva a más de 90 los casos similares registrados en Guatemala durante 2026, una cifra que duplica los 39 contabilizados durante todo 2025.

Guatemala atraviesa un deterioro acelerado de un patrón criminal que combina pandillas, narcomenudeo y disputas territoriales.

De acuerdo a EFE en lo que va de 2026, los cuerpos abandonados en bolsas, sábanas o maleteros de vehículos no son hechos aislados: son el rastro visible de una guerra entre estructuras criminales que usan los cadáveres como mensajes.

Las víctimas aparecen en zonas donde se disputa la venta de drogas, y la ubicación de cada escena funciona como una advertencia al bando rival.

Julio, el mes más letal del año

El mes de julio concentró el pico más alto del fenómeno. Según datos desglosados por el medio guatemalteco Soy502, ese mes registró 27 de los más de 90 hallazgos de cuerpos empaquetados, el mayor volumen mensual del año.

El 8 de julio, en un lapso de 24 horas, siete personas aparecieron abandonadas en bolsas plásticas y sábanas en tres puntos distintos de la ciudad.

La PNC cerró julio con 312 muertes violentas en todo el país, un promedio de 10 fallecidos por día. El departamento de Guatemala concentró el 40% del total, con 122 casos, y dentro de la capital, la zona 18 acumuló la mayor incidencia, con 11 de los 41 homicidios registrados en el municipio, según Prensa Libre.

La anatomía de un modus operandi

El criminólogo y exdirector del Sistema Penitenciario Eddy Morales describió a Soy502 el mecanismo detrás del patrón: “Aquí ya estamos hablando de que es el resultado de una alianza criminal estratégica entre estructuras vinculadas al narcomenudeo y las pandillas que dominan ciertos territorios. Se generan venganzas entre ellos y dejan los cuerpos envueltos en nailon o sábanas en lugares visibles como advertencias”.

Las necropsias del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) establecen que la principal causa de muerte es la asfixia por estrangulación, seguida de heridas de bala y arma blanca.

En varios casos, el estado de los cuerpos obligó a recurrir a pruebas de ADN para identificar a las víctimas, lo que retrasó la entrega a sus familias.

El director de la PNC, David Boteo, apuntó que las investigaciones asocian estas muertes a disputas entre pandillas por territorio, luchas de poder dentro de una misma estructura y casos en los que el fallecido habría retenido dinero de extorsiones o narcomenudeo.

Una reducción de homicidios que convive con más violencia organizada

El panorama estadístico presenta una contradicción que los analistas ya advierten. El presidente Bernardo Arévalo de León anunció en julio que los homicidios bajaron 10% y las extorsiones 38% en el primer semestre frente al mismo período de 2025. Entre enero y junio se registraron 1.437 asesinatos, contra los 1.600 del año anterior.

Sin embargo, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) alertó que esa tendencia muestra señales de quiebre. Por primera vez en el año, junio de 2026 registró más homicidios que junio de 2025, con 265 frente a 255, y departamentos como El Progreso, Chiquimula y Chimaltenango acumularon aumentos. El CIEN lo interpretó como una posible recomposición territorial de la violencia.

David Casasola, analista asociado del CIEN, señaló a Soy502 que los cuerpos en bolsas responden a “enfrentamientos entre pandillas, temas de narcotráfico, reacomodos dentro de las mismas estructuras criminales y posibles ajustes de cuentas”.

La respuesta del gobierno y sus límites

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reconoció ante Soy502 que los equipos de investigación “aún no cuentan con pistas claras” sobre el fondo de estas muertes, en parte porque ocurren en espacios privados a los que la policía no puede acceder sin causa justificada.

Villeda atribuyó parte del fenómeno a la ausencia de liderazgo dentro de las pandillas, lo que genera disputas internas entre quienes buscan tomar el control de las estructuras.

Semanas atrás, tras un fin de semana que dejó 24 asesinatos solo el sábado, además de dos masacres con al menos 11 muertos, el gobierno anunció una reestructuración de su estrategia de seguridad. Los detalles operativos de ese plan no se han hecho públicos.

El análisis del CIEN sitúa el 85% de los homicidios del país en 10 departamentos, y cerca de la mitad del total nacional en el departamento de Guatemala.

La tasa se ubicó en 16.26 homicidios por cada 100,000 habitantes en junio de 2026, frente a 17.47 en el mismo mes del año anterior: una mejora que los propios expertos califican como frágil ante el avance del crimen organizado.

En la noche del 17 de agosto de 1998, cuando los agentes federales esposaron a Daniel Arizmendi López en las inmediaciones del Toreo Cuatro Caminos, en Naucalpan, no solo cerraron el expediente del secuestrador más buscado del país. Clausuraron también la era de las grandes bandas de plagiarios que habían convertido a México en uno de los países con mayor incidencia de secuestros en el mundo durante esa década.

Lo que vino después no fue el fin del delito, sino su mutación. El modelo que Arizmendi llevó a su expresión más brutal dejó una huella en la forma en que el crimen organizado entendería el secuestro durante los siguientes 25 años.

El ecosistema criminal que hizo posible al Mochaorejas

El secuestro como negocio organizado no nació con Arizmendi. Según funcionarios federales citados por La Jornada, las primeras grandes bandas se formaron en 1981 en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde coincidieron figuras como Andrés Caletri, José Bernabé Cortés —apodado “El Marino”— y José Luis Canchola. Ese fue el semillero.

Durante los años ochenta y la primera mitad de los noventa, el modelo dominante apuntaba a empresarios y políticos de alto perfil. Las bandas operaban con cierta contención: el objetivo era cobrar el rescate, no necesariamente escalar la violencia. Las víctimas eran elegidas por su capacidad de pago, y la negociación era parte del protocolo, según el análisis histórico del delito publicado por la UNAM.

Arizmendi rompió esa lógica. Su banda operó entre 1996 y 1998 en al menos siete estados del país y acumuló alrededor de 200 secuestros, aunque él mismo reconoció solo 21 en sus primeras declaraciones a la prensa tras su captura, según recogió El País. La cifra real nunca se estableció con precisión porque muchas víctimas no denunciaron por miedo.

Un método diseñado para paralizar, no solo para cobrar

La técnica de Arizmendi tenía un componente que sus predecesores no habían sistematizado: la mutilación como herramienta de presión pública. Su mano derecha, Jesús Luna Cesma, lo describió en el podcast Penitencia, citado por El País: la banda cortaba “tres o cuatro centímetros de pedazo del cartílago” de la oreja de las víctimas con “tijeras de pollero” o “chorlas de zapatero”, sin cuidados médicos, y cauterizaba las heridas con betún caliente y unturas de aguacate.

Los fragmentos mutilados llegaban a las familias en bolsas o frascos de vidrio. El mensaje no era solo económico: era psicológico. El propio Arizmendi lo explicó en una entrevista con el diario Reforma en 1996, dos años antes de su captura: “Porque sus familiares, a pesar de tener tanto dinero, no me lo querían dar. Fue como les dije: ‘Dios los va a castigar a ustedes por ávaros’”.

La violencia no era improvisada, sino calculada. Según el fragmento del libro El Mochaorejas. Conversaciones desde el infierno, de Olga Wornat, publicado en Milenio, la banda realizaba simulacros el día previo al secuestro. El plagio del empresario Joaquín Giménez de la Cruz, el 5 de agosto de 1998 en Querétaro, fue precedido por dos ensayos el 4 de agosto, uno por la mañana y otro por la tarde.

La logística que lo diferenciaba de sus contemporáneos

El operativo de captura de Giménez involucró al menos cuatro vehículos coordinados —una combi, una RAM 2500, una camioneta Cheyenne y un Volkswagen blanco— y armamento variado: pistolas 9 mm, una Beretta, una Taurus y un AK-47, según el relato de Wornat en Milenio. Para 1998, eso era el nivel de sofisticación logística de un cártel, no de una banda callejera.

La organización también contaba con una red de protección institucional. El periodista Humberto Padgett llegó a documentar, según El País, que entre los protectores de Arizmendi figuraban un fiscal estatal, un comandante de la Policía Judicial y otro de un grupo antisecuestros. La corrupción no era un accidente del sistema: era parte de la estructura operativa.

Esa combinación —violencia extrema, inteligencia operativa y complicidad policial— generó entre 100 y 150 millones de pesos en dos o tres años de actividad, según los cálculos de Luna Cesma citados por El País, equivalentes a unos 20 millones de dólares de la época.

El contexto que lo alimentó: 600 secuestros en un solo año

El año de la captura de Arizmendi, 1998, concentró 600 plagios denunciados solo en ese periodo, según el fragmento de Wornat en Milenio. Más de cien bandas armadas operaban simultáneamente en el territorio nacional. El gobierno de Ernesto Zedillo llegó a poner precio a la cabeza del Mochaorejas, una medida que reflejaba la incapacidad del Estado para contenerlo por vías ordinarias.

Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en los cuatro años del gobierno de Zedillo (1997-2000) se contabilizaron 2 mil 962 casos denunciados a nivel nacional, un periodo que coincide exactamente con el auge de la banda de los hermanos Arizmendi y otras organizaciones contemporáneas como Los Canchola y el grupo de Caletri.

Lo que vino después: más secuestros, distintas víctimas

La captura de Arizmendi no redujo el delito. Lo transformó. Durante el gobierno de Vicente Fox se abrieron 2 mil 675 expedientes por secuestro, y el año 2006 fue el más violento de esa administración, según La Jornada. Con Felipe Calderón, la cifra escaló a 6 mil 584 averiguaciones previas entre 2006 y 2012, el periodo con mayor incidencia registrada.

El perfil de las víctimas también cambió. Según funcionarios entrevistados por La Jornada, las bandas más organizadas de los ochenta y noventa apuntaban a empresarios y políticos. Con el tiempo, los grupos delictivos comenzaron a victimizar a personas de ingresos medios y bajos, “de oportunidad”, para obtener cientos o miles de pesos en lugar de millones.

Del secuestro físico al secuestro virtual

La mutación más profunda llegó con la digitalización del crimen. Los mismos funcionarios citados por La Jornada documentaron el surgimiento del “secuestro virtual”: las víctimas son obligadas a permanecer en hoteles o en sus propios domicilios y a transferir dinero a través de sus familiares, siguiendo instrucciones telefónicas. No hay traslado, no hay cautiverio físico, no hay mutilación. Solo presión y engaño.

Ese modelo es el opuesto exacto al de Arizmendi, que basaba su poder en la presencia física, la violencia demostrable y el terror tangible. La transición de uno a otro no fue lineal ni inmediata, pero el contraste revela hasta dónde ha llegado la adaptación del delito.

Una historia que el cine ya había anticipado

La influencia del caso Arizmendi trascendió las fronteras del crimen. El director estadounidense Tony Scott se inspiró en su figura para el filme Man on Fire (2004), protagonizado por Denzel Washington y ambientado en Ciudad de México, según documentó El País. Los personajes de los secuestradores en esa producción se llaman Daniel y Aurelio, los mismos nombres del Mochaorejas y su hermano.

El escritor Carlos Monsiváis también registró el fenómeno en un artículo titulado Un mal día en la vida de Daniel Arizmendi, publicado en Proceso en 1998, citado por El País. Arizmendi mismo, en una entrevista recogida por Monsiváis, sintetizó su propia lógica con una frase que define la diferencia entre él y cualquier secuestrador anterior: “Secuestrar era para mí como una droga, como un vicio. Era la excitación de saber que te la estabas jugando. Era como cortar pan, como cortar pantalones”.

Cuatro funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fueron detenidos por su probable participación en delitos de extorsión y secuestro exprés en los municipios de Texcoco y Ecatepec, durante un operativo coordinado por autoridades federales.

Los detenidos fueron identificados como Benito “N”, de 57 años; María Fernanda “N”, de 38; Efraín “N”, de 65, y Mario “N”, de 43 años, quienes presuntamente se desempeñaban como agentes investigadores de la FGJEM.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas de manera simultánea: tres de los funcionarios fueron asegurados en Texcoco y uno en Ecatepec, como resultado de una investigación contra servidores públicos por su probable relación con actividades ilícitas.

El despliegue formó parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y contó con la participación de elementos de la Fuerza de Tarea Marina de Ecatepec, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con información difundida sobre el operativo, las acciones derivaron de trabajos de inteligencia e intercambio de información entre las instituciones participantes, que dieron seguimiento a una carpeta de investigación relacionada con servidores públicos.

Les aseguraron armas, drogas y equipos electrónicos

Durante las diligencias también fueron aseguradas armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cartuchos útiles, dosis de drogas sintéticas, teléfonos celulares y equipos de cómputo.

Un comunicado de la Secretaría de Marina detalló que el operativo permitió asegurar seis armas de fuego, además de cargadores, teléfonos, computadoras y documentación diversa. El despliegue involucró a cerca de 200 elementos de las distintas corporaciones, quienes establecieron perímetros de seguridad y proporcionaron cobertura para ejecutar las órdenes judiciales.

Las autoridades realizaron las capturas en distintos puntos de Ecatepec y Texcoco, con el objetivo de ejecutar de manera simultánea los mandamientos judiciales y evitar posibles fugas durante las diligencias.

Tras su detención, los cuatro funcionarios fueron trasladados ante la FEMDO, donde quedaron a disposición de las autoridades encargadas de continuar con las investigaciones.

Información difundida por medios mexiquenses señala que los cuatro fueron vinculados a proceso por los delitos que se les atribuyen.

La extorsión, bajo la lupa de las autoridades en el Estado de México

El caso ocurre mientras las autoridades mexiquenses mantienen abiertas investigaciones contra servidores públicos señalados por posibles actos de extorsión.

En enero de este año, la FGJEM informó que investigaba denuncias relacionadas con posibles actos de extorsión atribuidos a personal de la institución en Tecámac y municipios de la región. En aquella investigación aparecían un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores, mientras la Fiscalía buscaba establecer la posible participación de funcionarios o personas ajenas a la institución.

En otro caso reciente, la propia FGJEM judicializó una investigación contra exservidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, señalados por un presunto esquema de extorsión contra propietarios de verificentros.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los implicados presuntamente exigían cuotas mensuales de 200 mil pesos a propietarios de estos establecimientos a cambio de permitirles continuar con sus actividades, además de otros cobros relacionados con las líneas y vehículos verificados.

Así, Raul “N” Y Carlos Eduardo “N”, fueron detenidos el 10 de agosto de 2026 y vinculados a proceso el 16 de agosto: uno por extorsión agravada y otro por abuso de autoridad. El esquema habría recaudado cientos de millones de pesos de manera ilícita y buscaba obtener más de 430 millones de pesos adicionales antes de noviembre de 2026.

Estos casos son distintos entre sí y no existe información que permita vincularlos directamente con los cuatro agentes detenidos en Ecatepec y Texcoco. Sin embargo, muestran que la participación de servidores públicos en posibles esquemas de extorsión se ha convertido en una línea de investigación para las autoridades del Estado de México.

Hace 17 años, la sustracción de una recién nacida dentro de una bolsa de regalo en el Hospital General de Ciudad de México marcó a dos familias y abrió uno de los casos de robo de bebés más discutidos del país.

El documental Un hijo propio de Netflix recupera los testimonios de los padres biológicos y de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, la mujer sentenciada por el delito.

La versión de los papás, Mayra y Ricardo, ofrece detalles inéditos sobre los hechos y desmonta las teorías de un supuesto acuerdo para entregar a la menor.

Alejandra Marín sostiene que existió un acuerdo previo

En el documental, Alejandra Marín narra que conoció a Mayra durante el embarazo en el Hospital General. Su versión sostiene que hubo un trato para que, tras el parto, le entregaran a la bebé, alegando que la madre biológica no podía hacerse cargo.

“Ella me dijo que se iba a Chihuahua y que me quedara con la niña”, afirmó Marín frente a las cámaras de Netflix.

Según la protagonista, el encuentro se produjo en el área de ginecología, donde supuestamente Mayra le ofreció a su hija. Marín detalla que, a partir de ese momento, se preparó para recibir a la bebé y justificar su presencia en el hospital ante su familia y pareja.

“Todo estaba listo. Tenía ropa, cunas, todo lo necesario para la niña”, relató en el documental. Marín también aseguró que nunca se disfrazó de enfermera y que su intención era formalizar el proceso con un documento privado.

Una experta entrevistada en la producción agrega que las pruebas demuestran que Mayra llevó su control de embarazo en un centro de salud diferente y que solo acudió al hospital para el parto.

Mayra y el padre de la bebé rechazan la existencia de un acuerdo

La versión de Mayra y del padre de la menor, presentada en el documental difiere radicalmente.

“Es muy ilógica, super ilógica. Si tú vas a regalar a un bebé no lo haces adentro del hospital, no la saca en la forma en la que la sacó. Jamás hubo un trato, jamás la vi hasta que nació Katya y las pruebas se presentaron”, sostuvo Mayra.

La madre biológica asegura que jamás coincidió con Alejandra Marín antes del parto y que su control de embarazo lo realizó en un centro de salud, no en el hospital donde ocurrió la sustracción.

“Al hospital llegué a dar a luz nada más. Jamás pisé un centro de salud antes, no hay posibilidad de que la hubiera visto”, afirmó.

Sobre el momento del robo, Mayra recordó que Alejandra se habría presentado como encuestadora.

“Ella anduvo deambulando en el área de gineco y pasa conmigo a decirme que estaba haciendo una encuesta, me enseña la credencial, su gafete y yo confié. Me empezó a hacer muchas preguntas, que si era mi primer hija, que si era del mismo matrimonio, cómo era mi relación con su papá, ahí sacó todo lo que dijo”, relató

El padre de la bebé corroboró este testimonio.

“Entré al hospital, estaba Mayra en la cama y le digo: cómo te sientes. Me dice: muy mal, tengo mucha temperatura y me dice: ahí está la niña. La vi a mi hija por primera vez y me enamoré de ella”, cuenta.

Según su relato, en ese momento también vio a Alejandra en la habitación, quien dejó los papeles y se retiró tras la llegada del padre.

El día del robo, Mayra fue habría sido enviada a realizarse pruebas médicas.

“Tenía casi 40 de temperatura, no me podían dar de alta porque tenía una infección, me mandan por pruebas de orina y les digo a mis compañeras, les encargo a mi bebé ahorita vengo. El baño estaba a unos pasos del cuarto, regreso y ya no está mi hija. Lo primero que me imaginé fue a lo mejor la están bañando, jamás pensé me robaron a mi hija”, recuerda la madre.

Según conoció Infobae Colombia, el hecho ocurrió el lunes 17 de agosto en el sector conocido como La Curva, jurisdicción de Bucarasica, cuando los uniformados fueron interceptados por sujetos fuertemente armados y trasladados con rumbo desconocido.

Interceptación en plena vía nacional

La retención ilegal se registró cerca de las 12:30 del mediodía, en una zona rural donde se movilizaban el mayor Fredy Alexis Russi González, la patrullera Erika Tatiana Monroy y el patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña. Todos ellos forman parte del Grupo Investigativo Contra el Terrorismo (Grate), adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

De acuerdo con los reportes obtenidos por este medio, los tres policías, vestidos de civil, transitaban en un Chevrolet Spark rojo cuando fueron obligados a detenerse debido al accionar de dos camionetas en las que se transportaban hombres armados con fusiles.

Testigos señalaron que los captores realizaron al menos un disparo de advertencia para obligar a los uniformados a descender del vehículo. Tras someterlos, los trasladaron por la fuerza hacia el interior del corregimiento La Curva, dejando el automóvil abandonado a un costado de la carretera.

Infobae Colombia tuvo acceso a un video que muestra el momento exacto en que los funcionarios fueron interceptados y obligados a abordar el vehículo de los captores. Las imágenes constituyen una prueba clave dentro del proceso de esclarecimiento del caso.

Evidencias y primeras hipótesis

El vehículo en el que se movilizaban los policías quedó con el vidrio trasero roto y presentaba impactos de bala, además de grafitis pintados con aerosol azul. Entre las inscripciones halladas se leía la leyenda “Farc-EP”, lo que orientó las primeras líneas de investigación hacia la posible autoría de disidencias de las Farc o del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organizaciones ilegales con presencia activa en la región.

Las autoridades confirmaron que en la zona delinquen integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y el Frente 33 de las disidencias. Por el momento, ninguna de estas estructuras criminales se ha atribuido oficialmente el secuestro. Según información preliminar, los captores se desplazaron con los policías en una camioneta, sin que se conozca su paradero.

Reacción de las autoridades y operativo de búsqueda

Desde el momento en que se reportó la desaparición de los uniformados, la Policía Nacional desplegó unidades especializadas en labores de inteligencia y búsqueda en el área. Las investigaciones incluyen la reconstrucción de la ruta tomada por los secuestradores y el análisis de las evidencias encontradas en el lugar.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció a través de la red social X con el mensaje:

“Condeno el secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra Policía Nacional. He ordenado desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal. A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley (sic)”.

Por su parte, las autoridades insisten en que las evidencias recolectadas —incluidos los impactos de bala y los grafitis— forman parte de los elementos clave para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del secuestro.

Hasta el momento, las acciones de búsqueda continúan y las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener información que pueda conducir a la localización de los policías. Se mantienen abiertas todas las hipótesis, mientras los equipos de investigación trabajan en la identificación de los responsables y en la reconstrucción de los hechos.

Elementos de la AMIC detuvieron en flagrancia a un hombre que acumula ocho órdenes de aprehensión vigentes por delitos que incluyen desaparición cometida por particulares y privación ilegal de la libertad agravada. También, en la misma acción policial, cuatro hombres fueron asegurados en el fraccionamiento Casa Bonita Residencial de Hermosillo, Sonora, por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y narcomenudeo.

El operativo fue ejecutado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el 16 de agosto de 2026 en el bulevar Agustín G. del Campo. Los cinco detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público junto con las armas, el vehículo y los envoltorios con droga asegurados en el lugar.

El detenido con ocho órdenes de aprehensión

Un elemento que eleva la gravedad del caso es el historial de Jaime Heberto “N” y/o Jaime Heriberto “N”, quien al momento de su detención registraba ocho órdenes de aprehensión vigentes.

Los mandatos judiciales lo vinculan con tres delitos de alto impacto: desaparición cometida por particulares, asociación delictuosa y privación ilegal de la libertad agravada.

La acumulación de órdenes de aprehensión sin que hubieran sido ejecutadas previamente pone de relieve la relevancia del operativo: la detención en flagrancia por portación de armas y narcomenudeo permitió a la AMIC retener a un individuo con un amplio historial de señalamientos judiciales por conductas vinculadas al crimen organizado.

Jaime Heberto “N” quedó de inmediato a disposición de la autoridad ministerial para los efectos legales correspondientes a los ocho mandatos acumulados, además de los cargos derivados del operativo del 16 de agosto.

Los cinco detenidos

También, en el operativo fueron arrestados Jaime Heberto “N” y/o Jaime Heriberto “N”, Iván Osvaldo “N”, Diego Alejandro “N”, Óscar Iván “N” y Miguel Eduardo “N”. La FGJES no proporcionó edades ni datos adicionales de filiación de los imputados, en apego a los protocolos de reserva de identidad que establece el sistema de justicia penal acusatorio en México.

Todos quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Armas, droga y un Mazda: lo que encontraron los agentes

Durante el operativo, los agentes ministeriales aseguraron tres armas de fuego tipo pistola, todas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

También decomisaron un vehículo Mazda y diversos envoltorios con sustancias con características de metanfetamina y marihuana, lo que encuadra los cargos en la modalidad de narcomenudeo conforme a la legislación vigente.

La detención se produjo en flagrancia, lo que significa que los elementos de la AMIC sorprendieron a los imputados en el momento mismo de la comisión de los presuntos delitos, sin necesidad de una orden judicial previa para proceder al arresto.

Ministerio Público tomará el caso

La totalidad de los detenidos, junto con las tres pistolas, el vehículo Mazda y los indicios de droga asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Sonora.

Esa instancia es la encargada de continuar las investigaciones, integrar la carpeta respectiva y presentar los cargos formales ante un juez de control, quien determinará si procede la vinculación a proceso y qué medidas cautelares aplican para cada imputado.

La FGJES y su estrategia de operativos coordinados

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirmó, a través del comunicado oficial, su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y persecución de los delitos mediante operativos coordinados.

La dependencia subrayó que su objetivo es llevar ante la autoridad judicial a quienes sean señalados como probables responsables de conductas delictivas, con apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos.

La FGJES no precisó si el operativo del bulevar Agustín G. del Campo forma parte de una investigación de mayor alcance ni tampoco si existen más personas vinculadas al caso bajo seguimiento.

Familiares de Melanie Estrella realizaron un bloqueo en Avenida Central la noche del viernes 14 de agosto de 2026 en Ecatepec para exigir celeridad en su búsqueda. Amigos, vecinos y padres de la adolescente de 17 años cerraron la vialidad a la altura de la estación Río de los Remedios para exigir su localización con vida y avances en la investigación por su desaparición, ocurrida desde el 3 de agosto.

La protesta duró más de tres horas y mantuvo cerrados todos los carriles con dirección a Periférico desde cerca de las 19:30 hasta alrededor de las 22:30 horas, cuando la circulación se reanudó de forma normal. En ese lapso, la fila de automovilistas alcanzó varios kilómetros y el tránsito quedó colapsado hacia Ciudad Azteca y Periférico Río de los Remedios.

El cierre se realizó en los límites de Ecatepec y Nezahualcóyotl, frente a la estación Río de los Remedios de la Línea B del Metro. Ahí se concentró un grupo de aproximadamente 50 personas, que llevó pancartas y lonas para pedir que las autoridades aceleraran la búsqueda de la menor.

Melanie Estrella Enríquez Escamilla fue reportada como desaparecida el 3 de agosto de 2026 en el municipio de Ecatepec de Morelos. Desde esa fecha, sus familiares dijeron que desconocían su paradero.

La familia reclamó avances en la carpeta de investigación

La exigencia central de la protesta fue una: que la FGJEM informara qué avances tenía la carpeta iniciada por la desaparición de la adolescente. Sus familiares señalaron que ya habían acudido a presentar la denuncia, pero aseguraron que hasta ese momento no habían recibido información sobre el curso de la investigación.

Los manifestantes también pidieron que se intensificaran los trabajos de búsqueda. Incluso advirtieron que mantendrían el bloqueo hasta obtener información sobre el caso, aunque finalmente se retiraron del lugar de forma pacífica.

Durante la noche acudieron autoridades del Ayuntamiento de Ecatepec y elementos de la fiscalía mexiquense para dialogar con los inconformes. Después de ese intercambio no quedó claro qué acuerdos alcanzaron las partes para liberar la vialidad.

La movilización respondió a la desaparición de una menor cuya búsqueda seguía activa 11 días después de que fue vista por última vez. Esa ausencia detonó el cierre de una de las vías más transitadas de la zona oriente del Valle de México.

La ficha de búsqueda difundió rasgos físicos y el último rastro conocido

La ficha de búsqueda de Alerta Amber México indicó que Melanie tenía cabello lacio rojizo, ojos castaños oscuros, brackets y una perforación en el ombligo. También precisó que medía 1.53 metros, era de complexión delgada y de tez blanca.

De acuerdo con sus padres, la adolescente salió de su domicilio en Ecatepec el 3 de agosto con rumbo desconocido. Otra versión sobre su último trayecto señaló que fue vista al salir de su casa y abordar un vehículo durante la madrugada, según cámaras de seguridad instaladas en la calle Gobernador Francisco Murguía, en la colonia Granjas Valle de Guadalupe.

Desde entonces no había tenido contacto con sus padres, ni con otros familiares o amigos. Ese fue el punto que sostuvo la protesta: la familia pidió su reaparición con vida y una respuesta concreta de las autoridades sobre las diligencias realizadas.

El bloqueo provocó afectaciones para miles de automovilistas que quedaron varados sobre Avenida Central. La circulación permaneció detenida en dirección a Ecatepec y Periférico mientras continuó la manifestación frente al Metro.

Al final de la jornada, familiares, amigos y vecinos liberaron la avenida después de poco más de tres horas de cierre, sin que se informara públicamente el contenido de los acuerdos alcanzados con las autoridades.

• Melanie Estrella Enríquez Escamilla, de 17 años, fue reportada como desaparecida el 3 de agosto de 2026 en Ecatepec.

• Sus familiares y vecinos bloquearon Avenida Central, a la altura de Río de los Remedios, durante más de tres horas para exigir avances en la búsqueda.

• La protesta terminó alrededor de las 22:30 horas, tras un diálogo con autoridades del Ayuntamiento de Ecatepec y de la FGJEM.

El jefe de la Divopus Sur 1, coronel PNP Walter Gurreonero, informó que la intervención ocurrió durante la mañana del último viernes, cuando los agentes detectaron un vehículo en el que se desplazaban cinco personas en actitud sospechosa.

Según explicó el oficial a Latina Noticias, los policías procedieron a intervenir la unidad y, durante la identificación de sus ocupantes, se detectó que cuatro de ellos registraban antecedentes policiales por diferentes delitos, entre ellos extorsión, lesiones, delitos contra la vida y la salud y tráfico de drogas.

Sin embargo, durante la intervención se descubrió que el quinto ocupante del vehículo no sería parte de la organización criminal, sino la víctima de los cuatro intervenidos.

Comerciante fue interceptado en San Juan de Miraflores

De acuerdo con la versión proporcionada por la víctima a la Policía, los hechos comenzaron alrededor de la medianoche, cuando fue abordado en inmediaciones de la avenida Vargas Machuca, en San Juan de Miraflores.

Los delincuentes lo obligaron a subir al vehículo y posteriormente le quitaron sus pertenencias. Incluso lo habrían desvestido y despojado de su teléfono celular.

Los sujetos le exigían el pago de S/3.000 y, para intimidarlo, aseguraban que eran policías que trabajaban en la Dirincri de la avenida España. Bajo ese argumento, le indicaron que sería trasladado hasta dicha dependencia policial.

La víctima habría sido sometida a una negociación mientras los presuntos delincuentes utilizaban su propio teléfono para comunicarse con su hermana y exigirle el dinero.

El recorrido continuó desde San Juan de Miraflores hasta la zona de Javier Prado con la Panamericana Sur, donde finalmente se produjo la intervención policial que permitió poner a salvo al comerciante.

Hallaron chalecos, grilletes y pasamontañas

Durante el registro del vehículo, los agentes encontraron diversos elementos que habrían sido utilizados por los intervenidos para hacerse pasar por policías.

Entre los objetos encontrados figuran chalecos policiales, grilletes, pasamontañas y teléfonos celulares. Además, los agentes hallaron droga en el interior de la unidad.

El coronel Gurreonero señaló que estos elementos serán materia de investigación y que su hallazgo coincide con la versión proporcionada por la víctima, quien indicó que los sujetos se presentaron ante él como agentes policiales.

La presencia de prendas y accesorios vinculados a una presunta identificación policial será uno de los elementos que deberán ser analizados durante las investigaciones para determinar cómo fueron utilizados y si los intervenidos estarían involucrados en otros hechos similares.

¿Cómo identificar a un verdadero policía durante una intervención?

Ante este tipo de casos, el jefe de la Divopus Sur 1 recordó que los ciudadanos tienen derecho a verificar la identidad de los efectivos que realizan una intervención.

El agente policial debe identificarse con su carné de identidad y señalar la unidad a la que pertenece. De acuerdo con la recomendación brindada por el oficial, la persona intervenida puede realizar las verificaciones correspondientes con la dependencia policial que el agente indique.

Asimismo, el coronel señaló que los ciudadanos pueden grabar una intervención policial, siempre que ello no interfiera con el procedimiento, como una medida para dejar constancia de lo ocurrido.

La recomendación cobra especial importancia frente a delincuentes que utilizan prendas, accesorios o supuestas identificaciones policiales para generar temor y obligar a sus víctimas a entregar dinero u otras pertenencias.

Estefany Madonna saltó de un auto en movimiento la noche del miércoles 12 de agosto en Nezahualcóyotl, Estado de México, para escapar de su exnovio, a quien señaló de haberla privado de la libertad durante varios días en un hotel y de someterla a golpes, consumo forzado de drogas y agresiones sexuales antes de subirla desnuda al vehículo.

La mujer, de 32 años, cayó sobre la avenida Sor Juana, casi esquina con avenida Pantitlán, en la colonia Evolución. Paramédicos la encontraron gravemente lesionada y sin ropa sobre el pavimento, en una escena que activó la intervención de cuerpos de emergencia y de personal de atención a víctimas.

De acuerdo con el relato que dio después de ser estabilizada, su expareja la convenció con engaños para acompañarlo. Una vez dentro del automóvil, el hombre la llevó a un hotel de la zona centro del municipio, donde permaneció retenida durante varios días.

Durante ese periodo, Estefany denunció que fue golpeada de manera constante. También afirmó que el agresor la obligó a consumir psicoactivos y que sufrió agresiones sexuales mientras estaba intoxicada.

La víctima cayó en avenida Sor Juana con lesiones en la cabeza y el torso

El momento de mayor riesgo llegó cuando el hombre la subió desnuda al automóvil. En pleno trayecto detuvo la marcha para recoger a otra mujer, cuya identidad y vínculo con el presunto agresor no habían sido determinados.

Estefany dijo que, al notar que el vehículo seguía avanzando sin rumbo claro, temió por su vida. A pesar de su estado físico, aprovechó un descuido y se arrojó del carro cuando avanzaba a alta velocidad.

La caída le provocó heridas en la zona occipital, raspones en el pecho y contusiones en distintas partes del cuerpo. Ese fue el cuadro con el que fue localizada por paramédicos de SUAT MEDICAL, que acudieron tras recibir por radio el reporte de una persona lesionada en la vía pública.

La atención prehospitalaria ocurrió en el lugar donde terminó la fuga. Después, la trasladaron de emergencia al Hospital General La Perla, donde el personal del área de urgencias se negó a recibirla pese a la gravedad de sus lesiones.

Ante esa negativa, los paramédicos tuvieron que retirarse para buscar otra opción. La llevaron al Hospital Gustavo Baz, también en Nezahualcóyotl, donde sí fue ingresada y recibió atención médica.

La Policía de Género mantuvo a Estefany bajo resguardo mientras siguió la búsqueda del agresor

Personal de la Unidad de Atención a Víctimas y elementos de la Policía de Género de Nezahualcóyotl llegaron al hospital para asistir a la mujer. Ahí comenzaron las diligencias para ubicar al exnovio señalado por la víctima y a la otra mujer que viajaba en el auto al momento del escape.

Los primeros reportes indicaron que Estefany estaba intoxicada cuando recibió ayuda de los paramédicos. Esa condición coincidió con su versión de que había sido forzada a consumir sustancias durante el tiempo que permaneció encerrada.

Ya en el hospital, la mujer narró que el hombre la mantuvo privada de la libertad durante varios días. Según su declaración, después de las agresiones la subió desnuda al coche, pasó por otra mujer y continuó el recorrido hasta que ella decidió lanzarse para salvar la vida.

Las autoridades mantuvieron a Estefany bajo resguardo mientras recibía tratamiento de desintoxicación y terapias psicológicas. Su estado de salud fue reportado como delicado tras la caída y por las afectaciones previas derivadas de las agresiones denunciadas.

La familia de la víctima, vecina de la colonia Las Palmas, fue notificada de lo ocurrido. La investigación siguió abierta para localizar tanto al exnovio señalado como a la mujer que lo acompañaba durante el traslado.

• Estefany Madonna, de 32 años, se arrojó de un auto en movimiento en Nezahualcóyotl para escapar de su exnovio, a quien acusó de haberla secuestrado durante varios días.
• La víctima denunció que fue llevada con engaños a un hotel, donde sufrió golpes, consumo forzado de psicoactivos y agresiones sexuales antes de ser subida desnuda al vehículo.
• Paramédicos la auxiliaron en avenida Sor Juana; después de una negativa en el Hospital General La Perla, fue atendida en el Hospital Gustavo Baz y quedó bajo resguardo de la Policía de Género.

La Comisión de Búsqueda de Jalisco publicó este jueves la ficha para localizar a Octavio Haro Cachua, empresario inmobiliario de 43 años desaparecido en Zapopan, en un caso que se sumó a la ausencia sin resolver de otro integrante del mismo sector en menos de dos semanas y que volvió a colocar el foco sobre la crisis estatal de personas no localizadas.

El caso ocurrió en un estado que acumuló 13,635 casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, una cifra que colocó a Jalisco entre los primeros lugares del país, por debajo del Estado de México, con 14,844 expedientes, y por encima de Tamaulipas, con 13,614.

Haro Cachua fue visto por última vez durante la madrugada del martes 11 de agosto en el fraccionamiento Diana Natura Residencial, en Zapopan, en las inmediaciones de la carretera a Nogales. La Fiscalía de Jalisco abrió el miércoles una carpeta de investigación por su desaparición.

Familiares, amigos y allegados difundieron mensajes en redes sociales para pedir apoyo ciudadano y acelerar su localización. La familia sostuvo que no era habitual que se ausentara de esa manera y solicitó compartir su fotografía, sus datos de identificación y cualquier pista al 911.

Octavio Haro salió de Diana Natura Residencial y ya no regresó

Octavio Haro Cachua tenía 43 años y se presentaba en sus redes sociales como emprendedor enfocado en promover la inversión inmobiliaria y en compartir recomendaciones financieras. También era identificado como creador de contenido.

Al momento de su desaparición viajaba en un Mazda MX-5 de dos puertas con placas JBBG079A. La información oficial indica que mide aproximadamente 1.75 metros, tiene complexión media, tez morena clara, cabello oscuro y corto, y ojos cafés.

La ficha de búsqueda agregó señas particulares para facilitar su identificación: una verruga visible en el ojo derecho, las uñas pintadas y una cicatriz en la frente. También precisó que vestía una chamarra de mezclilla azul con interior aborregado y una playera negra.

La solicitud oficial a la población fue entregar a las autoridades de búsqueda cualquier información que ayudara a dar con su paradero. Mientras tanto, el entorno cercano de Haro Cachua mantuvo activa su búsqueda por su cuenta.

La desaparición ocurrió después del caso de Ricardo Cabezas en Zapopan

La no localización de Haro Cachua se convirtió en el segundo caso reciente que involucró a un empresario inmobiliario en Jalisco en un lapso de dos semanas. El antecedente inmediato fue el de Ricardo Cabezas Talavera, de 45 años, desaparecido a finales de julio en Zapopan.

Cabezas Talavera fue reportado como no localizado después de salir de su domicilio para atender una cita de trabajo en la colonia El Batán. Su vehículo, un automóvil compacto blanco, fue encontrado después abandonado en las inmediaciones de la colonia Indígena de Mezquitán, también en Zapopan.

Personal pericial inspeccionó la unidad. En su interior aseguraron prendas de vestir, un bolso deportivo y una sábana con restos que aparentaban ser manchas de sangre.

Este jueves 13 de agosto fue detenida y vinculada a proceso Joselinne “N”, señalada por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de Cabezas Talavera. Como medida cautelar, el órgano jurisdiccional le impuso prisión preventiva oficiosa por un año mientras continuaba la investigación.

La vicefiscal especial en Personas Desaparecidas Blanca Trujillo informó que la mujer habría sido vista con el empresario antes de que se perdiera contacto con él. También dijo que una de las líneas de investigación buscaba determinar si la imputada tuvo relación con la sustracción de dinero de las cuentas bancarias de la víctima mediante sus tarjetas.

Trujillo agregó que Joselinne “N” habría establecido contacto con Ricardo Cabezas para ofrecerle servicios relacionados con el manejo de redes sociales. Hasta ese momento, las indagatorias no habían establecido públicamente una relación cercana de amistad entre ambos y seguían centradas en aclarar las circunstancias y la finalidad de ese acercamiento.

Jalisco mantiene abiertas 26 carpetas por jóvenes desaparecidos en julio

La desaparición de Haro Cachua se insertó en un contexto más amplio de crisis de seguridad en Jalisco, donde adolescentes y jóvenes aparecieron como uno de los grupos más vulnerables frente al crimen organizado. Durante julio, la Fiscalía estatal acumuló 26 carpetas de investigación por la desaparición de jóvenes en la entidad.

Blanca Trujillo informó que de ese grupo las autoridades localizaron con vida a cinco personas. El resto de los casos continuó bajo investigación activa.

La funcionaria detalló además que cinco de esas carpetas se trabajaban en coordinación con fiscalías de otras entidades federativas. Esa colaboración se derivó de diligencias de campo y rastreo tecnológico que permitieron ubicar geográficamente a personas desaparecidas fuera del territorio jalisciense.

Las autoridades estatales investigaban la hipótesis de que varios de esos jóvenes pudieran haber sido víctimas de reclutamiento forzado. Trujillo precisó que las indagatorias en curso todavía no permitían confirmar formalmente ese supuesto.

• Octavio Haro Cachua, empresario inmobiliario de 43 años, desapareció en Zapopan tras ser visto por última vez la madrugada del martes 11 de agosto en Diana Natura Residencial.
• La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación y la familia pidió apoyo ciudadano; Haro viajaba en un Mazda MX-5 con placas JBBG079A.
• Su caso ocurrió días después de la desaparición del empresario Ricardo Cabezas Talavera y en un estado que acumuló 13,635 casos de personas desaparecidas y no localizadas.

Aún no aparece Ricardo Cabezas Talavera: detienen a una implicada

La detención y vinculación a proceso de Joselinne ‘N’ por la desaparición de Ricardo Cabezas Talavera abre la primera línea penal concreta en el caso del empresario inmobiliario de 45 años, visto por última vez el 30 de julio en la colonia Tabachines de Zapopan, mientras la Fiscalía de Jalisco sostiene que la mujer habría tenido contacto previo con él y también estaría bajo investigación por la sustracción de dinero de sus cuentas bancarias.

La acusada fue presentada el 12 de agosto ante un juez de control y oralidad de Jalisco, que determinó vincularla a proceso por desaparición cometida por particulares y le impuso prisión preventiva oficiosa por un año. Ese plazo correrá mientras se desarrolla la investigación complementaria.

La captura se concretó después de al menos cinco cateos en domicilios de colonias como El Batán, Lomas del Batán y Atemajac del Valle, según lo informado en la conferencia semanal de seguridad por la vicefiscal especial en Personas Desaparecidas Blanca Trujillo Cuevas.

La Fiscalía investiga contacto previo y retiro de dinero de las cuentas del empresario

La familia descarta haber recibido solicitudes de rescate y desconoce con quién tenía la cita Ricardo Cabezas Talavera el día que desapareció. (Fiscalía de Jalisco)

De acuerdo con la funcionaria, Joselinne ‘N’ habría establecido comunicación con Ricardo Cabezas Talavera para ofrecerle servicios de manejo de redes sociales. Esa relación previa es, hasta ahora, el vínculo identificado entre ambos.

Trujillo Cuevas afirmó que no existe prueba de una amistad cercana entre la víctima y la detenida. Por esa razón, una de las líneas de investigación apunta a que el acercamiento habría tenido como fin cometer el delito.

Cinco personas que presuntamente forman parte del grupo criminal conocido como “Los Rusos” fueron detenidas por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), luego de que supuestamente privaran de la libertad a un hombre de 31 años en un domicilio de la colonia Villas de Alarcón, en Mexicali.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles 12 de agosto, cuando agentes de la FESC realizaban recorridos de vigilancia en la zona y recibieron un reporte a través de los números de emergencia sobre la privación ilegal de una persona.

Los elementos se trasladaron hasta las inmediaciones de la avenida Gordoa, donde observaron a varias personas que presuntamente intentaban escapar del inmueble y brincaban entre las casas para evitar ser detenidas.

Ante la situación, los agentes solicitaron refuerzos y desplegaron un operativo en los alrededores para localizar a los sospechosos.

Durante el dispositivo, las autoridades lograron poner a salvo a un hombre de 31 años, quien presentaba varias lesiones. Personal de la Cruz Roja Mexicana acudió para valorar su estado de salud.

Detienen a cinco y aseguran cartuchos

Como resultado del operativo fueron detenidos Saúl “N”, de 18 años; Francisco Julián “N”, de 37; César Octavio “N”, de 20; Gregorio “N”, de 24; y Eduardo “N”, de 29 años.

Durante la intervención, los agentes aseguraron una mochila negra, dos cargadores, 28 cartuchos útiles y un tubo negro.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los cinco detenidos manifestaron pertenecer al grupo delictivo denominado “Los Rusos”.

Asimismo, habrían señalado que realizaban actividades relacionadas con la privación de la libertad de integrantes de grupos contrarios, además de participar presuntamente en la venta y distribución de drogas.

Los cinco hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California, autoridad que deberá determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones para establecer su posible responsabilidad en los hechos.

El caso ocurre en medio de una serie de operativos realizados recientemente en Mexicali contra integrantes de “Los Rusos”, organización a la que las autoridades atribuyen actividades delictivas en la zona fronteriza.

“El Canelo”, otro golpe a “Los Rusos”

Días antes, el 10 de agosto, fuerzas estatales y federales detuvieron en la zona conocida como Kilómetro 57, en la región limítrofe entre Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, a Luis Felipe de Jesús Cortés Escobedo, alias “El Canelo” o “El Rojo”, identificado por autoridades como presunto mando medio y generador de violencia relacionado con “Los Rusos”.

El operativo fue realizado por elementos de la FESC, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Cortés Escobedo viajaba en un vehículo acompañado de un presunto escolta. Ambos fueron interceptados por los agentes y, después de una breve persecución, quedaron detenidos.

Durante esa intervención fueron aseguradas dos armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15, señalado por las autoridades como un arma de uso reservado para las Fuerzas Armadas.

“El Canelo” fue trasladado a Mexicali y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se determinara su situación jurídica.

De acuerdo con información de inteligencia citada por las autoridades, Cortés Escobedo era considerado uno de los presuntos generadores de violencia de mayor peligrosidad en el Valle de Mexicali y habría asumido un papel de liderazgo dentro de la estructura criminal después de la detención de Javier Gabriel Mora Pino, alias “La Piruja”, ocurrida en diciembre pasado.

A “Los Rusos” se les atribuye presencia en esta región fronteriza y su liderazgo es relacionado con Juan José Ponce Félix.

“El Canelo” acumula múltiples registros

Cortés Escobedo, de 29 años, también cuenta con diversos antecedentes registrados por autoridades, de acuerdo con información publicada por ZETA.

Entre los registros se encuentran una averiguación previa por un delito del fuero federal iniciada en 2014, así como detenciones relacionadas con robo de vehículo, robo a casa habitación, robo calificado y robo con violencia.

También se le atribuyen 39 detenciones por parte de corporaciones policiales de Mexicali y San Luis Río Colorado por diferentes motivos, entre ellos faltas administrativas, portación de arma prohibida, posesión de enervantes, robo de vehículos y delitos contra la salud.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente mayores detalles sobre su situación jurídica ni han precisado si existe alguna orden de aprehensión vigente en su contra.

Con la detención de los cinco presuntos integrantes de “Los Rusos” en Villas de Alarcón, las autoridades de Baja California mantienen los operativos contra esta estructura criminal, particularmente en zonas de Mexicali donde se le relaciona con actividades de narcomenudeo, homicidios y privaciones ilegales de la libertad.

La detención y vinculación a proceso de Joselinne ‘N’ por la desaparición de Ricardo Cabezas Talavera abre la primera línea penal concreta en el caso del empresario inmobiliario de 45 años, visto por última vez el 30 de julio en la colonia Tabachines de Zapopan, mientras la Fiscalía de Jalisco sostiene que la mujer habría tenido contacto previo con él y también estaría bajo investigación por la sustracción de dinero de sus cuentas bancarias.

La acusada fue presentada el 12 de agosto ante un juez de control y oralidad de Jalisco, que determinó vincularla a proceso por desaparición cometida por particulares y le impuso prisión preventiva oficiosa por un año. Ese plazo correrá mientras se desarrolla la investigación complementaria.

La captura se concretó después de al menos cinco cateos en domicilios de colonias como El Batán, Lomas del Batán y Atemajac del Valle, según lo informado en la conferencia semanal de seguridad por la vicefiscal especial en Personas Desaparecidas Blanca Trujillo Cuevas.

La Fiscalía investiga contacto previo y retiro de dinero de las cuentas del empresario

De acuerdo con la funcionaria, Joselinne ‘N’ habría establecido comunicación con Ricardo Cabezas Talavera para ofrecerle servicios de manejo de redes sociales. Esa relación previa es, hasta ahora, el vínculo identificado entre ambos.

Trujillo Cuevas afirmó que no existe prueba de una amistad cercana entre la víctima y la detenida. Por esa razón, una de las líneas de investigación apunta a que el acercamiento habría tenido como fin cometer el delito.

La vicefiscal también dijo que, por los datos reunidos, se descarta por ahora que la acusada sea la misma persona a la que Ricardo habría mostrado un inmueble antes de desaparecer. La hipótesis de la autoridad es que ella probablemente ya lo habría estado buscando para esos fines.

En la misma indagatoria, la Fiscalía atribuye a la mujer una probable relación con la sustracción de dinero de las cuentas bancarias del empresario. El caso, por eso, se mantiene abierto por dos delitos: la desaparición de Ricardo Cabezas y el robo de recursos de sus cuentas.

Ricardo Cabezas sigue desaparecido y no se descarta la participación de más personas

Ricardo Cabezas Talavera sigue sin ser localizado. La autoridad no descarta que más personas hayan participado en los hechos.

Según explicó Blanca Trujillo Cuevas, la investigación permite hablar de una configuración del secuestro distinta a la prevista de forma tradicional en la ley, porque no existe una exigencia expresa de rescate a la familia, pero sí se identifica al dinero como posible finalidad del plagio.

La funcionaria agregó que en este tipo de ilícitos suelen intervenir personas conocidas por las víctimas e incluso familiares. Con base en esa observación, descartó que exista un grupo organizado atacando de forma específica a inmobiliarios o empresarios en Jalisco.

El empresario habría dicho que debía atender un asunto personal antes de perderse. Después ya no se tuvo noticia de su paradero.

El auto fue hallado con prendas, un bolso y una sábana con manchas aparentes de sangre

Como parte de las diligencias, las autoridades localizaron abandonado el vehículo de Ricardo en las inmediaciones de la colonia Indígena de Mezquitán. Se trata de un automóvil compacto blanco revisado por peritos.

Dentro del auto fueron aseguradas prendas de vestir, un bolso deportivo y una sábana con restos que aparentan ser manchas de sangre. Esos indicios forman parte de la carpeta de investigación.

La desaparición de Ricardo Cabezas provocó además protestas de sus familiares, quienes han realizado manifestaciones para exigir que se refuercen las labores de búsqueda y se esclarezca qué ocurrió con el empresario.

Durante el primer semestre de 2026, las cifras oficiales de 10 delitos de alto impacto presentaron variaciones atípicas, posibles subregistros y reclasificaciones, de acuerdo con un análisis de Causa en Común que comparó los registros reportados por las fiscalías al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con los datos del mismo periodo de 2025.

Entre los casos más extremos destaca la extorsión: mientras Aguascalientes reportó una disminución de 94%, Chihuahua registró un incremento de 2,325%. En feminicidio, Nayarit informó una reducción de 82%, frente a un aumento de 600% en Zacatecas.

El análisis contempla homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, narcomenudeo, violencia familiar, robo de vehículo con violencia, robo a transeúnte con violencia y robo a transportista con violencia.

Causa en Común estableció cinco categorías de alerta: variación estadística atípica, posible reclasificación, subregistro, opacidad por desapariciones y presentación propagandística de las cifras. La organización aclaró que estos señalamientos no constituyen por sí mismos una prueba de manipulación, pero consideró que las inconsistencias requieren explicación, revisión o auditoría.

Homicidios y desapariciones concentran las principales alertas

El homicidio doloso concentró el mayor número de alertas debido a que existen otras fuentes que permiten contrastar los registros oficiales.

Causa en Común señaló que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabilizó 27 mil 989 asesinatos durante 2025, mientras que el SESNSP reportó 24 mil 344 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, una diferencia de 3 mil 645 víctimas.

Otro punto de preocupación corresponde a las desapariciones. En algunas entidades, el número de personas desaparecidas supera al de víctimas de homicidio doloso y feminicidio, situación que, según el análisis, plantea interrogantes sobre la dimensión de la violencia letal reflejada en los registros gubernamentales.

La organización también cuestionó la manera en que se presentan los datos de homicidios durante las conferencias matutinas, al señalar que algunas gráficas muestran los promedios diarios visualmente próximos a cero. También identificó comparaciones entre septiembre de 2024 y junio de 2026 que muestran reducciones mayores a las obtenidas mediante una comparación con el mismo mes del año anterior.

Hay entidades con variaciones extremas

Además de los casos de extorsión y feminicidio, Zacatecas reportó una disminución de 62% en las víctimas de homicidio doloso, mientras que Guanajuato informó una reducción de 50% en los casos de narcomenudeo. Veracruz, en contraste, registró un incremento de 132% en ese delito.

El análisis también encontró entidades que reportaron cero casos en delitos que anteriormente registraban incidencia. Causa en Común puso como ejemplo a Nayarit, donde no se contabilizaron robos a transeúnte ni a transportista con violencia durante el periodo, además de que no se reportaron víctimas de trata de personas.

Para la organización, estas variaciones deben ser revisadas porque una reducción en los registros administrativos no necesariamente significa que los delitos hayan disminuido en la misma proporción.

Alertan por posible subregistro y reclasificación

Además de las variaciones estadísticas, se identificaron posibles casos de subregistro en homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, robo de vehículo con violencia y robo a transportista con violencia.

En Puebla, por ejemplo, las autoridades reportaron cinco víctimas de feminicidio, mientras que Causa en Común documentó al menos 15 asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

También se detectaron posibles reclasificaciones en homicidio doloso, feminicidio y secuestro. San Luis Potosí reportó 30 víctimas de homicidio doloso y 136 víctimas bajo la categoría de “otros delitos contra la vida”.

En Guanajuato fueron registradas 13 víctimas de feminicidio frente a 100 mujeres víctimas de homicidio doloso. En la Ciudad de México se reportaron cinco víctimas de secuestro, mientras que mil 735 fueron clasificadas como víctimas de “otros delitos contra la libertad”.

La organización recordó que los registros oficiales están condicionados además por la llamada cifra negra: 93% de los delitos no son denunciados, de acuerdo con su referencia.

Ante las inconsistencias, la organización propuso aumentar la denuncia ciudadana mediante mecanismos vecinales y vías digitales, fortalecer los sistemas de información del SESNSP, homologar los criterios de registro entre instituciones y realizar auditorías independientes sobre las estadísticas estatales y federales.

También planteó establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para los funcionarios encargados de generar la información estadística sobre incidencia delictiva.

La noche de ayer, al menos siete presuntos integrantes de La Unión Tepito intentaron secuestrar a un hombre en la calle León Cavallo, en la colonia Vallejo, de la alcaldía Gustavo A. Madero, sin embargo, la víctima logró escapar en dos ocasiones distintas debido a las fallas mecánicas de los vehículos usados por los agresores.

El video, difundido por el periodista Carlos Jiménez del programa C4 en Alerta, muestra con precisión cada etapa del ataque y la resistencia de la víctima.

En el primer percance, el hombre se dirigía a su casa cuando el grupo lo interceptó en plena vía pública. Varios motociclistas llegaron al punto donde otros cómplices ya vigilaban al objetivo con anticipación.

Los agresores rodearon a la víctima, la golpearon con puñetazos y codazos, y la jalonearon para subirla a la fuerza a una camioneta estacionada previamente en el lugar. La víctima recibió al menos un puñetazo en la cara que la tiró al suelo, pero se resistió en todo momento.

Cuatro hombres intentaron meter a la víctima al interior de la camioneta y lo lograron. No obstante, el conductor no pudo encender el motor tras varios intentos, lo que obligó al grupo a cambiar de plan.

Uno de los agresores bajó a la víctima de la camioneta y le hizo una señal a los motociclistas para que regresaran al punto. Entre varios sujetos volvieron a golpear al hombre para obligarlo a subir a una de las motocicletas.

La víctima quedó aprisionada entre el conductor de la moto y otro de los implicados. La mala fortuna del grupo se repitió: el conductor de la motocicleta tampoco pudo arrancar el vehículo, que se apagó en dos ocasiones distintas.

Ese segundo fallo mecánico le dio a la víctima la oportunidad de zafarse. El hombre corrió hacia una tienda cercana, donde vecinos del lugar lo protegieron; durante su huida recibió un puñetazo adicional en la cara por parte de uno de los agresores que intentó alcanzarlo sin éxito.

Al ver que la víctima estaba resguardada, los delincuentes escaparon del lugar. Uno de ellos abandonó su motocicleta en la vía pública durante la huida.

Los tres detenidos: David Josafat, Hugo Alexis y Andrick

Segundos después de los hechos, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llegó al lugar. Los vecinos de la zona explicaron a los policías lo ocurrido y les dieron información sobre la dirección de los agresores.

Los oficiales emprendieron un operativo de búsqueda en la zona y capturaron a 3 de los 7 presuntos responsables. Carlos Jiménez los identificó como David Josafat ‘N’, de 14 años; Hugo Alexis ‘N’, de 24; y Andrick ‘N’, de 29, quien acumula tres registros previos por tráfico de drogas.

Los dos adultos fueron trasladados al Reclusorio Norte bajo los cargos de robo e intento de secuestro. El menor de edad quedó bajo un proceso diferenciado por su condición de adolescente, de acuerdo con la información difundida por C4 en Alerta y Milenio.

Las amenazas de muerte y la intervención de la Fiscalía de la Ciudad de México

Tras las detenciones, familiares de los presuntos secuestradores contactaron telefónicamente a la víctima para exigirle que retirara los cargos. En esas llamadas, los interlocutores se identificaron abiertamente con el grupo delictivo: “Al chile somos de La Unión Tepito, déjate de mamadas. Si los acusan de secuestro va a empezar la guerra y no les va a alcanzar. Van a matar hasta el perro”.

La víctima y su familia denunciaron las amenazas ante las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) trabaja actualmente en el caso para garantizar la protección de los afectados.

La Fiscalía también busca evitar que los detenidos obtengan su libertad en las próximas audiencias ante el juez. Los cuatro presuntos secuestradores que no fueron capturados permanecen prófugos al cierre de esta nota.

La víctima sobrevivió al ataque sin lesiones de gravedad, según la información disponible hasta el momento. El caso expone la presencia activa de La Unión Tepito fuera de su zona de influencia tradicional, en una alcaldía del norte de la capital donde el grupo ya opera con logística previa de vigilancia.

El rescate de un menor de cinco años en Gómez Palacio desató una investigación por probable sustracción y retención, luego de que policías lo encontraran oculto dentro de un clóset en una casa del sector Centro y de que el caso se extendiera a otros dos menores que también quedaron bajo resguardo por presunta omisión de cuidados.

El niño fue localizado la mañana del lunes 10 de agosto en un domicilio de la calle Constitución, en la esquina con avenida Morelos, después de un reporte anónimo al 911 sobre un menor en riesgo. La intervención derivó en el aseguramiento de un hombre de 38 años y una mujer de 73, porque no pudieron acreditar ningún vínculo familiar con el pequeño.

El caso también exhibió una presión constante sobre la atención institucional a la niñez vulnerable. El DIF municipal recibía entre 20 y 30 reportes diarios de diversa índole y mantenía 225 carpetas abiertas por omisión de cuidados en la presente administración.

De acuerdo con la información oficial, agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana acudieron al inmueble con la autorización correspondiente para ingresar y revisar el lugar. En una habitación de la segunda planta encontraron al menor escondido entre ropa dentro de un clóset, visiblemente asustado.

Las autoridades señalaron que el niño no presentaba lesiones visibles. Una psicóloga del Agrupamiento Violeta le brindó contención emocional en el sitio antes de que quedara bajo protección institucional.

El niño fue hallado dentro de un clóset en una casa del Centro

En el domicilio fueron detenidos Eduardo Inyoll N., de 38 años, y Marta Estela N., de 73. Ambos, madre e hijo, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Vicefiscalía Región Laguna para el deslinde de responsabilidades.

La línea de investigación seguía abierta porque la autoridad todavía no definía si el caso configuraba sustracción de menores, retención o ambas conductas. El vicefiscal en la Región Laguna Juan Francisco Ángeles Zapata explicó que el objetivo era reunir los datos de prueba necesarios para judicializar el expediente según la responsabilidad de cada uno.

El funcionario precisó que hasta ese momento no se había determinado responsabilidad individual y que se revisaban las condiciones en las que el menor había permanecido en la casa. También indicó que este tipo de hechos solían presentarse entre padres de familia, pero en este caso cobraban otra dimensión porque no existía parentesco entre el niño y las personas detenidas.

La autoridad mantuvo contacto con la madre del menor, quien acudió al DIF después de la localización del niño. Según la información oficial, ella no había presentado denuncia por desaparición antes de ese acercamiento.

La directora del Agrupamiento Violeta Alejandra Martínez Ramírez informó que además del rescate del niño también fueron resguardadas otras dos menores de edad. Se trataba de sus hermanas, de nueve y dos años, quienes estaban bajo tutela de la madre y se encontraban en una presunta situación de riesgo.

Otro dato incorporado al expediente fue que, al momento de la intervención, el menor estaba sin playera. También se indicó que el hombre detenido tenía el cierre del pantalón abierto cuando los policías entraron al domicilio.

El DIF resguardó a tres hermanos y evaluó la custodia temporal

El DIF Gómez Palacio asumió el resguardo del niño por una evidente omisión de cuidados. La misma valoración alcanzó a las dos hermanas, que también quedaron bajo protección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

La directora general del sistema municipal Guadalupe Aguirre González señaló que los menores presentaban señales de omisión de cuidados, sobre todo en higiene y atención básica. Añadió que la Procuraduría del DIF evaluaba redes de apoyo familiar aptas para una custodia temporal y revisaba factores de riesgo en el entorno, entre ellos el posible consumo de sustancias.

Aguirre González advirtió que esas evaluaciones no eran inmediatas. Podían tomar varios meses de trabajo con personal de trabajo social, psicología y representación legal.

La intervención comenzó por una denuncia ciudadana al 911 y se realizó en coordinación con el Agrupamiento Violeta, que actuó como primer respondiente antes del traslado de los menores. Martínez Ramírez pidió a la población denunciar de inmediato cualquier caso en el que niñas, niños, adolescentes o mujeres pudieran estar en riesgo.

El organismo municipal reiteró que las denuncias por vulnerabilidad infantil podían hacerse a través del 911 o en las líneas directas 871-714-2127 y 871-714-2124.

• Un niño de cinco años fue rescatado dentro de un clóset en una casa del Centro de Gómez Palacio.
• Dos personas, de 38 y 73 años, quedaron detenidas y bajo investigación por probable sustracción o retención de menores.
• El DIF resguardó al menor y a sus dos hermanas, de nueve y dos años, por presunta omisión de cuidados.

Un encuentro pactado a través de una aplicación derivó en una denuncia por presunta extorsión y privación ilegítima de la libertad en San Juan, donde un hombre afirmó que fue retenido dentro de un departamento y obligado a transferir 70.000 pesos para evitar la difusión de conversaciones íntimas. El acusado quedó detenido tras un allanamiento ordenado por la Justicia sanjuanina.

El episodio sucedió en un domicilio ubicado sobre calle Doctor Ortega, en Rawson, que se originó luego de un contacto previo entre dos hombres a través de una aplicación de citas utilizada por personas de la comunidad LGBTQ+. La denuncia sostiene que, tras varios intercambios en la plataforma y luego por WhatsApp, ambos acordaron concretar un encuentro durante la madrugada del 6 de agosto.

Según publicó Tiempo de San Juan a partir de fuentes oficiales y allegados a la causa, la secuencia comenzó de manera cordial. El visitante llegó al departamento del ahora sospechoso con la intención de mantener una cita íntima, y durante los primeros intercambios no se produjo ningún incidente.

La situación cambió pocos minutos después, cuando el dueño de casa le habría planteado a su invitado que necesitaba dinero por problemas económicos familiares. En ese momento, la presunta víctima decidió retirarse del lugar. Sin embargo, no logró hacerlo porque el otro hombre habría bloqueado la salida, tomó las llaves y cerró la puerta con la intención de impedirle abandonar el inmueble.

La acusación indica que el hombre retenido recibió una exigencia concreta: debía transferir 70.000 pesos si quería recuperar la libertad. A esa presión se habría sumado una amenaza adicional, que consistía en divulgar los chats íntimos que ambos habían intercambiado antes del encuentro. El damnificado accedió a concretar la transferencia por miedo.

Ese elemento incorporó al expediente un componente extorsivo, ya que la supuesta coacción no se habría limitado al encierro dentro del departamento, sino también al uso de información privada como mecanismo de presión. El acusado le habría dicho que el dinero no debía enviarse directamente a su propia cuenta, sino que se tenía que transferir a la cuenta bancaria de una tercera persona. Solo después de que la operación bancaria fue efectivamente realizada, la víctima pudo salir del departamento.

Al día siguiente, el hombre se presentó ante las autoridades y radicó la denuncia, lo que activó la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales. Esta quedó a cargo de las medidas iniciales para reconstruir lo ocurrido, reunir evidencia digital y solicitar las primeras disposiciones judiciales.

El principal sospechoso fue identificado como A.S. de 25 años, según Tiempo de San Juan. Su detención se concretó este miércoles por la mañana durante un allanamiento autorizado por el juez de Garantías Alberto Caballero, a pedido del fiscal Nicolás Schiattino. Tras el procedimiento, quedó alojado en los calabozos de la Central de Policía de San Juan, mientras avanza la investigación.

El acusado tomó la decisión de designar como su defensor al abogado Claudio Vera. Por el momento, la información que se difundió no especifica una calificación legal definitiva para el caso ni ofrece detalles sobre si el imputado ya prestó declaración o si todavía no lo hizo.

La posible confirmación de la transferencia mencionada y la comprobación de los intercambios de mensajes entre las partes constituyen aspectos fundamentales del caso. Del mismo modo, determinar si existió una imposibilidad real para que el denunciante abandonara el lugar y cuánto se extendió esa situación podría ser determinante.

Por ahora, la causa permanece en etapa inicial y bajo investigación judicial. El avance del expediente dependerá de las pruebas que reúnan la fiscalía y la policía, del análisis de las comunicaciones. Mientras tanto, el acusado continúa detenido, a la espera de las próximas actuaciones.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero detuvo a dos presuntos integrantes de la célula delictiva “Los Chabelos” por el secuestro de una persona en Iguala de la Independencia, ocurrido el 7 de agosto de 2026, en el que exigieron 400 mil pesos a los familiares de la víctima a cambio de su liberación.

José Antonio “N” fue arrestado en flagrancia el 9 de agosto durante un operativo de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión. José Isabel “N”, alias “Chabelo”, fue capturado dos días después mediante orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

José Antonio “N” cayó en flagrancia; le aseguraron dinero, celular y una motoneta

El operativo del 9 de agosto permitió detener a José Antonio “N” en el momento en que presuntamente participaba en los hechos. Durante la intervención, agentes de la Fiscalía le aseguraron dinero en efectivo, un teléfono celular y una motoneta.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para la integración de la carpeta de investigación. La Fiscalía desarrolló actos de investigación a partir de la denuncia presentada por los familiares de la víctima, cuya identidad se mantuvo en reserva.

“Chabelo” fue detenido el 11 de agosto mediante orden de aprehensión por secuestro agravado

Dos días después de la primera detención, agentes de la Policía Investigadora Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra José Isabel “N”, alias “Chabelo”, el 11 de agosto de 2026. Su captura se logró a partir de los datos obtenidos durante la continuidad de las investigaciones.

José Isabel “N” fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal que lo requería, a efecto de que se determinara su situación jurídica conforme a derecho.

De acuerdo con la información recabada, “Los Chabelos” era una célula señalada no solo por secuestro, sino también por cobro de cuotas y préstamos con altos intereses en la zona de Iguala. En ambas detenciones la fiscalía estatal contó con la con la coordinación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.

La FGE Guerrero llamó a comerciantes, empresarios y ciudadanos que hubieran sido víctimas de estas personas a presentar su denuncia al número 747 165 8355, con garantía de confidencialidad.

FGE Guerrero detuvo a seis presuntos integrantes de “Los Tlacos” por extorsión en Chilpancingo

Las acciones de la FGE Guerrero contra grupos delictivos dedicados a la extorsión se han extendido más allá de Iguala. El pasado 11 de agosto, un día antes de la captura de los presuntos integrantes de “Los Chabelos”, la fiscalía detuvo en flagrancia a seis personas vinculadas con “Los Tlacos” en Chilpancingo de los Bravo.

Las personas aprehendidas fueron identificadas como Daniel “N”, Víctor “N”, Eloy “N”, Vianey “N”, Marcela “N” y Blanca “N”.

Todo derivó de una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión por una víctima de identidad reservada, propietaria de un establecimiento comercial en Chilpancingo de los Bravo, a quien presuntamente le exigían el pago de 300 mil pesos.

A partir de la denuncia, agentes de la Policía Investigadora Ministerial desarrollaron actos que permitieron implementar el operativo en coordinación con autoridades federales y estatales.

Durante la intervención se recuperaron 100 mil pesos correspondientes al pago de la extorsión. También fueron asegurados un arma de fuego calibre .380 abastecida con cinco cartuchos útiles, siete teléfonos celulares y dos vehículos. Los detenidos y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.

De acuerdo con las investigaciones, los seis presuntos integrantes formaban parte de una célula del grupo delictivo “Los Tlacos”, dedicada al cobro de extorsiones en la capital del estado. Las autoridades no descartaron su probable relación con otros hechos de extorsión registrados en Chilpancingo.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo determinó que una disputa por un predio de alta plusvalía fue el móvil de la privación ilegal de la libertad de 13 trabajadores de la empresa Steel Constructora, ocurrida el lunes 4 de agosto, en la comunidad Pueblo Morebi, en el municipio de Bacalar.

De acuerdo con las investigaciones, los obreros, originarios de Veracruz, fueron interceptados por un grupo armado mientras realizaban trabajos vinculados al Tren Maya en dicho predio, según informó la vicefiscal Estela Noemí Labastida Rodríguez.

Las autoridades señalaron que los 13 empleados integraban una cuadrilla de Steel Constructora, empresa con sede en Cancún dedicada al montaje y desmontaje de estructuras metálicas. El grupo se hospedaba en la cabecera municipal de Bacalar y se trasladaba a diario al complejo residencial Morebi para levantar una bodega en ese desarrollo privado.

Entre las personas reportadas como no localizadas se encontraba el ingeniero Gilberto Domínguez Peralta, originario de Coatzacoalcos, Veracruz. Sus familiares difundieron llamados de auxilio en redes sociales y pidieron apoyo ciudadano para conocer su paradero.

Ante la pérdida de comunicación con la cuadrilla, cuatro familias residentes de Chetumal y el apoderado legal de Steel Constructora acudieron ante la FGE para denunciar la desaparición de los empleados. La autoridad activó las fichas de búsqueda correspondientes e inició las diligencias ministeriales.

Rescate con vida y búsqueda pendiente de dos personas

La madrugada del miércoles 6 de agosto de 2026, el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad localizó con vida a los 13 trabajadores en el municipio de Bacalar, tras un operativo conjunto de autoridades de los tres órdenes de gobierno en una zona selvática. La dependencia informó que todos se encontraban en buen estado de salud y fueron puestos a disposición de la FGE para la continuación de las diligencias.

Al cierre de las investigaciones publicadas, no se había reportado ningún detenido por los hechos ocurridos en Pueblo Morebi. La vicefiscal Labastida Rodríguez señaló que los resultados de las diligencias se darán a conocer “cuando sea el momento oportuno”.

La FGE evitó ofrecer detalles sobre las condiciones del hallazgo para proteger el curso de las investigaciones y evitar la revictimización de los afectados. Las autoridades confirmaron que la carpeta de investigación permanece abierta para determinar quiénes participaron en la privación ilegal de la libertad.

Un contratista de la obra y un mecánico vinculado al mismo proyecto continúan sin ser localizados, según información de 24 Horas QRoo. La búsqueda activa de ambas personas representa un pendiente abierto para las autoridades estatales.

Cuatro episodios de desapariciones colectivas en el sur de Quintana Roo desde 2022

El caso de Pueblo Morebi se suma a una serie de al menos cuatro episodios de privaciones ilegales de la libertad grupales documentados en el sur de Quintana Roo entre 2022 y 2026, según 24 Horas QRoo. El perfil de las víctimas se repite en cada caso: cuadrillas de trabajadores de la construcción o personal de mantenimiento traídos de otros estados del país.

El antecedente más grave ocurrió en junio de 2022, cuando un comando armado privó de la libertad a ocho trabajadores de mantenimiento en un predio de Punta Paycotal, entre Xcalak y Mahahual. Sus cuerpos fueron hallados posteriormente en un rancho de Chikindzonot, Yucatán, en un hecho atribuido a disputas por la tenencia de la tierra.

En septiembre de 2023, nueve obreros procedentes de Nayarit fueron interceptados por un grupo armado en el Hotel Luna Caribe, a la salida de Chetumal. Operativos coordinados entre fuerzas federales y las fiscalías de Quintana Roo y Nayarit lograron rescatar con vida a la totalidad de los trabajadores entre septiembre y octubre de ese año.

El problema escaló en mayo de 2024, cuando pobladores de comunidades rurales de Othón P. Blanco y Bacalar denunciaron la desaparición de alrededor de 30 personas en un lapso de dos semanas. El hecho motivó un despliegue masivo del Ejército y la Guardia Nacional en brechas y zonas selváticas de la región.

La disputa por predios de alta plusvalía en Bacalar tiene un trasfondo estructural documentado. Un reporte de El Punto Sobre la I publicado en junio de 2026 señala que el crecimiento turístico, la expansión inmobiliaria y décadas de rezagos en la regularización territorial mantienen al municipio como uno de los de mayor conflictividad por la tenencia de la tierra en Quintana Roo.

El Ejido Bacalar advirtió en distintas ocasiones sobre la comercialización de lotes sin documentación correspondiente, especialmente en zonas cercanas a la Laguna de Bacalar y áreas de expansión urbana. La situación ha generado litigios entre compradores, posesionarios y propietarios ejidales sobre predios considerados estratégicos por su potencial turístico.

Estimaciones de investigaciones federales calculan que más de 20 de las 58 comunidades que conforman el municipio de Bacalar se encuentran bajo el dominio de grupos criminales, según Diario Cambio 22. La disputa entre el Cártel de Caborca y el Cártel de Sinaloa ha sido señalada como el factor detrás de desapariciones, desplazamientos forzados y ejecuciones en esa zona del estado.

El corredor geográfico que abarca Othón P. Blanco, Bacalar, Mahahual y Xcalak concentra los cuatro episodios de desapariciones colectivas documentados desde 2022. Las investigaciones de la FGE sobre el caso de Pueblo Morebi continúan abiertas sin detenidos al momento de la publicación de esta nota.

Un operativo policial realizado en Concordia permitió el secuestro de 126 envoltorios con cocaína en la tarde de este martes, tras una persecución que inició cuando dos hombres intentaron huir al notar la presencia de las fuerzas de seguridad. El hecho se registró en inmediaciones de las calles Moreno y Néstor Garat, en un contexto de operativos preventivos en la zona.

La intervención se desarrolló poco antes de las 19 horas, cuando personal de la Comisaría Tercera y efectivos de la División Motorizada patrullaban el área. Durante las tareas de vigilancia, los oficiales detectaron la actitud sospechosa de dos personas que, al advertir la llegada de los uniformados, optaron por escapar a pie.

La persecución llevó a los sospechosos a ingresar apresuradamente en una vivienda particular de la zona. Los agentes lograron interceptarlos dentro del inmueble, donde procedieron a su identificación y requisa. En el lugar, los policías encontraron objetos y sustancias que derivaron en la convocatoria de personal de la División Drogas Peligrosas de Concordia, especializado en delitos vinculados al narcotráfico.

Durante la inspección en el domicilio, los funcionarios localizaron un total de 126 envoltorios que, según las pruebas de campo realizadas por los peritos, contenían cocaína lista para su presunta distribución. Además de la sustancia, se incautaron elementos considerados de interés para la causa, relacionados con la preparación y fraccionamiento de estupefacientes.

Según informó el portal El Once, la intervención de la División Drogas Peligrosas permitió el secuestro formal de la droga y el inicio de actuaciones judiciales en el ámbito de la justicia federal. Los dos hombres fueron detenidos en el lugar y trasladados a sede policial, quedando a disposición de la fiscalía correspondiente para su indagatoria y eventual imputación.

La investigación continuará con la toma de declaraciones a los detenidos y la recolección de pruebas en el domicilio allanado. Hasta el momento, no descartaron nuevas detenciones o allanamientos relacionados con el caso, en función de los resultados obtenidos de las diligencias.

Detuvieron a una mujer de 70 años tras hallar cocaína en un allanamiento

Horas antes, una investigación por presunta venta de drogas en Resistencia, Chaco, derivó en la detención de una mujer de 70 años durante un allanamiento en el barrio Santa Catalina, donde la Policía secuestró cocaína fraccionada, dinero en efectivo y otros elementos incorporados a la causa.

El allanamiento se desarrolló en el barrio Santa Catalina de la capital chaqueña, en una vivienda ubicada sobre Remedios de Escalada al 1200. Estuvo a cargo de personal de la División Microtráfico Metropolitana, con apoyo de otras áreas policiales, en el marco de una supuesta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes. La principal investigada fue identificada como Ester de la Cruz Pereña, quien quedó aprehendida en el lugar tras el operativo realizado entre las 16:25 y las 19.

Los efectivos hallaron 12,1 gramos de cocaína distribuidos en distintas presentaciones. Entre los elementos secuestrados incautaron: un envoltorio con forma de piedra, cuatro envoltorios tipo “bochita” y otro paquete de mayor volumen que contenía la sustancia ya disgregada. La droga fue sometida a un reactivo de orientación que arrojó resultado positivo para cocaína.

El procedimiento también permitió el secuestro de $32.000 en efectivo, además de recortes, una tijera y un teléfono celular marca Samsung. Esos elementos quedaron bajo resguardo para su análisis dentro de la investigación judicial, que busca determinar el alcance de la presunta actividad atribuida a la sospechosa y el posible destino de la sustancia hallada en el domicilio.

La intervención judicial se concretó por orden del Juzgado de Garantías N°5, con actuación de la ayudante fiscal Agustina Colussi y bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N°1, a cargo del fiscal Sergio Cáceres Olivera. En el exterior de la vivienda trabajó además el Cuerpo de Operaciones Motorizadas, que tuvo a su cargo la cobertura de seguridad durante toda la franja horaria del allanamiento. La presencia de esa unidad respondió a la necesidad de resguardar el perímetro mientras el personal especializado avanzaba con la inspección del inmueble.

La tarde de este 11 de agosto fue localizado en la comunidad de Campo El Diez, en Culiacán, un cuerpo sin vida con características coincidentes con las de María de los Ángeles Ruiz Salazar, de 35 años, trabajadora del área de seguridad del Centro Penitenciario de Aguaruto que había sido privada ilegalmente de la libertad por un grupo armado horas antes, durante la mañana.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó el hallazgo a las 17:59 horas a través de sus redes sociales e indicó que personal de la Fiscalía General del Estado llevaría a cabo los trabajos periciales correspondientes para establecer oficialmente la identidad de la persona localizada sin vida.

Un grupo armado ingresó a un domicilio y se llevó a Ruiz Salazar

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes en el interior de un domicilio ubicado en la calle Monte Carmelo, en el fraccionamiento Santa Rocío, al poniente de Culiacán. Según reportes publicados por el medio local Río Doce, personas armadas ingresaron al lugar y se llevaron a la mujer con rumbo desconocido. La víctima de secuestro era originaria de El Macapule, en el municipio de Ahome.

Río Doce también reportó que Ruiz Salazar se desempeñaba como celadora del penal. La SSP Sinaloa, en sus comunicados oficiales, la identificó únicamente como trabajadora del área de seguridad del Centro Penitenciario de Aguaruto, sin precisar el cargo.

Los celadores son las personas encargadas de vigilar a los presos en un centro penitenciario. Entre sus funciones se encuentran la custodia y supervisión de los internos, el control de accesos y el mantenimiento del orden al interior de las instalaciones.

La denuncia del secuestro llegó a las autoridades a través del número anónimo 089. A las 16:13 horas, la SSP Sinaloa confirmó públicamente la privación ilegal de la libertad e informó que el Grupo Interinstitucional mantenía un operativo de búsqueda e investigación para lograr su localización.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a una mujer con aparates signos de violencia y semidesnuda en el sitio del hallazgo.

La FGE Sinaloa activó el Protocolo Alba

Antes de la confirmación pública de la SSP Sinaloa, la Fiscalía General del Estado había compartido en sus canales a las 13:44 horas la ficha de búsqueda con número de reporte PASIN/76/2026, bajo el Protocolo Alba del estado de Sinaloa. El documento fue levantado el mismo 11 de agosto de 2026 con lugar de hechos en Culiacán.

La ficha describía a Ruiz Salazar como una mujer de complexión robusta, 1.65 metros de estatura, cabello castaño oscuro de largo medio y ondulado, tez clara, ojos grandes color café obscuro y cejas pobladas. Como seña particular registraba una cicatriz en la ceja izquierda. Al momento de su desaparición vestía playera color rosa y short gris.

El resumen de hechos de la ficha señalaba que la última vez que se le vio fue en el domicilio de la colonia Santa Rocío y que hasta la fecha del reporte no se tenían más datos sobre su paradero. El documento indicaba que se consideraba que su integridad podía encontrarse en riesgo, toda vez que podía ser víctima de la comisión de un delito.

Tras el hallazgo del cuerpo con características de la víctima, la SSP Sinaloa indicó que mantenía coordinación con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

El penal de Aguaruto acumula riñas, fugas y violencia desde 2024

El Centro Penitenciario de Aguaruto arrastra un historial de violencia vinculado a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos por el control interno del reclusorio, conflicto que arrancó en septiembre de 2024 con el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

El 31 de mayo de 2026, una pelea en el módulo 7 dejó siete muertos y un herido; las autoridades no recibieron aviso sino hasta dos horas y media después de iniciado el enfrentamiento. El secretario de Seguridad Pública estatal Sinhué Téllez López confirmó el control de la situación horas más tarde.

Como respuesta, el 18 de junio el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social ordenó el traslado de 25 reos con procesos federales en Aguaruto y en penal de El Castillo, en Mazatlán, hacia instalaciones federales de alta seguridad.

Cabe señalar que en enero de 2026 el entonces secretario de seguridad, Oscar Rentería Schazarino, confirmó que en los últimos 6 meses 78 internos habían sido reubicados tras detectarse conflictos entre grupos rivales.

Uno de los últimos episodios de violencia en el penal ocurrió el pasado 22 de julio, una riña cobró la vida de un interno por arma blanca mientras era trasladado a recibir atención médica. Días antes, revisiones interinstitucionales habían localizado armas blancas, cámaras de vigilancia y amplificadores de señal instalados en los módulos del mismo centro penitenciario, sin que eso detuviera la siguiente ola de violencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rescató a 34 personas retenidas en el centro de rehabilitación contra las adicciones “La Tribu de Judá”, en el municipio de Chimalhuacán, donde los internos eran golpeados, sometidos a castigos físicos y alimentados con comida en estado de descomposición. En el operativo, realizado con apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Municipal, fueron detenidos dos encargados del lugar investigados por privación ilegal de la libertad.

El cateo se ejecutó tras una denuncia recibida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que solicitó y obtuvo de un juez la orden de técnica de investigación para intervenir el inmueble. Al ingresar, policías de investigación encontraron a 30 hombres y 4 mujeres, varios de ellos con lesiones visibles e infecciones en la piel.

Golpes, castigos y comida echada a perder

La información recabada por la FGJEM durante la diligencia reveló un patrón sistemático de maltrato. Los internos eran golpeados de forma habitual y sometidos a castigos físicos que incluían permanecer de pie durante todo el día.

A eso se sumaba que los alimentos que recibían se encontraban en mal estado. Las condiciones documentadas apuntan a un entorno de sometimiento que se extendía tanto al plano físico como al cotidiano.

Las víctimas presentaban diversas lesiones al momento del rescate, así como infecciones en la piel, señales compatibles con las condiciones de encierro y maltrato descritas en la investigación.

El cobro para salir: 15 mil pesos por interno

Uno de los elementos que determinó la calificación del delito como privación ilegal de la libertad fue el esquema de cobro que operaba el centro. Según la información reunida por la FGJEM, las familias de algunos internos debían pagar 15 mil pesos para que sus seres queridos pudieran salir del lugar.

La investigación se abrió precisamente a partir de una denuncia por ese delito. Con base en ella, la FGJEM solicitó ante un juez la orden de cateo que permitió el despliegue del operativo conjunto entre la Fiscalía, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Chimalhuacán.

Dos detenidos y el inmueble asegurado

Al momento del cateo, Ángel Ricardo “N” y Luis Alberto “N” fungían como encargados del centro. Ambos fueron detenidos en el lugar y presentados ante la autoridad correspondiente para que se defina su situación legal.

La FGJEM precisó que los dos individuos deben ser considerados inocentes hasta que un juez determine lo contrario mediante sentencia, conforme al principio de presunción de inocencia establecido en la legislación mexicana.

Las 34 personas rescatadas fueron reintegradas a sus núcleos familiares y el inmueble quedó asegurado tras el operativo.

Aplicando la corrección del bloque Michoacán: elimino la referencia a Heraldo de México y mantengo únicamente la atribución al vicefiscal Israel Vega Rodríguez como fuente primaria.

El contexto nacional: anexos bajo la lupa

El caso de Chimalhuacán se produce en medio de una ofensiva de las autoridades mexicanas contra centros de rehabilitación que operan al margen de la ley. En Jalisco, las fiscalías realizaron 131 operativos entre enero y el 23 de julio de 2026, según informó la Vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo. Al menos 14 establecimientos fueron clausurados y en nueve de las intervenciones se detectaron casos vinculados a privación ilegal de la libertad o alguna actividad delictiva, con 10 personas detenidas o vinculadas a proceso.

En Michoacán, la Fiscalía General del Estado detuvo a ocho personas, cuatro encargados y cuatro internos, por el homicidio de un hombre que fue atado a un pilar y golpeado hasta morir tras negarse a participar en una actividad deportiva, informó el vicefiscal Israel Vega Rodríguez. Los hechos ocurrieron el 27 de julio en un centro del municipio de Tarímbaro; el cuerpo fue abandonado en los alrededores de Copándaro para desviar las investigaciones.

En Sinaloa, un incendio en un centro de rehabilitación del sector Centro de Los Mochis dejó dos muertos y cinco personas con intoxicaciones por monóxido de carbono. Tres empleados del lugar fueron vinculados a proceso y se encuentran en prisión preventiva mientras la Fiscalía General del Estado investiga las causas del siniestro.

El caso fue difundido en redes sociales por el propio conductor y creador de contenido Gellert Sampop, quien mostró la conversación que habría sostenido con la pasajera durante el trayecto.

De acuerdo con su relato, el viaje había sido solicitado por el padre de la joven, por lo que el destino registrado en la aplicación debía cumplirse. Sin embargo, durante el recorrido, la pasajera le pidió que la dejara en otro punto y que posteriormente marcara el viaje como concluido en el lugar establecido.

La intención de la joven, según lo expuesto en el video, era poder reunirse con su pareja sin que su padre supiera que se había desviado del trayecto.

“¿Será que me puedes hacer un favor? Lo que pasa es que voy a ir a ver a mi novio, pero mi papá no me deja. Entonces, quería ver si tú podías bajarme más adelante y terminar el viaje completo”, le solicita la joven al conductor.

El conductor se negó por seguridad

El trabajador decidió no aceptar la petición. Su argumento fue que modificar el recorrido podía generar un problema en caso de que algo le sucediera posteriormente a la pasajera.

“Híjole, no creo. Es que si te llega a pasar algo a ti y después me echan la culpa a mí. Es una responsabilidad muy grande. Yo lo que puedo hacer es dejarte en el destino y ya, este, ya si quieres, este, te puedes ir a donde tú quieras”.

La joven insistió y trató de convencerlo asegurando que se encontraría con una persona de confianza.

“No va a pasar nada. O sea, voy con alguien de confianza. Nada más que, pues, mi papá es muy... como estricto. Es que si me dejas en el destino, ya me queda muy lejos y pues es que sí necesito que me hagas ese favor. La verdad, sí me urge llegar con él”.

Sin embargo, el conductor mantuvo su postura y explicó que no estaba dispuesto a modificar el viaje solicitado.

La amenaza quedó registrada

La conversación cambió de tono cuando el chofer volvió a explicarle que no quería exponerse a una situación que pudiera traerle consecuencias si la pasajera desaparecía o sufría algún incidente después de abandonar el vehículo.

“Es que sí es muy arriesgado, señorita. Te llega a pasar algo, siempre ha pasado en las noticias que se van con el novio y desaparecen y el único que los vio fue el chofer”.

La respuesta de la joven fue todavía más contundente. Al no conseguir que el conductor aceptara su petición, aseguró que comenzaría a gritar y lo acusaría de querer hacerle daño.

“Pues ya, si no, si no, si no me bajas aquí, voy a empezar a gritar. Que me quieres hacer algo. Te estoy pidiendo un favor de buena forma, pues es la única solución que encuentro entonces”.

Ante la advertencia, el conductor decidió detener el automóvil para que la joven pudiera bajar y evitar que la situación escalara todavía más.

El episodio rápidamente provocó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes señalaron la importancia de contar con herramientas de seguridad tanto para pasajeros como para conductores.

Entre los comentarios publicados aparecieron: “La aplicación debería tener un botón de emergencia para asegurar de ese tipo de situaciones”, “Ahí le encargo señora presidenta, usted y sus leyes a favor de las mujeres”; “Viejon no se si lo hiciste pero te hubieras regresado y decirle a los padres y enseñarles el video”, “Yo me hubiera regresado a contarle a el papá”; “Las muchachitas de hoy en día van duro en la vida”; “En ese momento le llamas al padre que fue quién pidió el viaje y le dices que tienes la grabación de la extorsión de su hija”; “Lo bueno que tienes pruebas no importa que allá gritado la hubieras regresado con su papá”.

El caso abrió nuevamente el debate sobre las medidas de protección que deberían existir durante los viajes mediante aplicaciones y sobre la importancia de contar con evidencia cuando ocurre una situación de este tipo.

El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil rescató a una comerciante de 54 años que estaba secuestrada en Guatemala.

La liberación se realizó este lunes 10 de agosto en un operativo que se llevó a cabo en el condominio Valle de Navarra, del municipio de San José Pinula.

En el lugar se logró la captura y neutralización de seis presuntos secuestradores vinculados al Barrio 18, en un caso que sigue bajo investigación para establecer cuánto tiempo permaneció retenida la víctima y cómo ocurrió el plagio.

Entre los detenidos hay cuatro guatemaltecos y dos salvadoreños, de acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades les incautaron varios teléfonos celulares que, según el reporte policial, utilizaban para amedrentar y chantajear a los familiares de la víctima mientras exigían dinero a cambio de su liberación.

La mujer secuestrada fue localizada dentro del condominio y liberada durante el operativo ejecutado por agentes especializados.

La víctima fue rescatada con vida y las seis personas quedaron bajo control de las fuerzas de seguridad como presuntas responsables del secuestro. Todas serán trasladadas a Torre de Tribunales para esclarecer su situación jurídica.

En tanto, la investigación continúa abierta para determinar el origen del hecho y reconstruir la secuencia completa de la retención.

Los capturados

Los guatemaltecos aprehendidos fueron identificados como:

• Andrea Álvarez Rosales, de 32 años;
• Jorge Aníbal Álvarez Rosales, de 34;
• Wilmer Adán Cruz, de 29;
• Edgar Abel García, de 27;

Así como los salvadoreños:

• Hilda Maribel Guardón González, de 26 años, alias “La Diabla” y
• Carlos Alfredo González Vázquez, de 35.

Según la versión policial, los seis integraban una estructura criminal que mantenía privada de libertad a la comerciante en ese punto de San José Pinula. El procedimiento fue resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por unidades especializadas de la institución.

Con antecedentes

Esta no es la primera vez que Jorge Aníbal Álvarez Rosales es capturado. En 2019 se reportó su aprehensión durante operativos para contrarrestar el narcomenudeo en Guatemala.

En esa ocasión, se informó que Álvarez Rosales fue detenido con más de 30 bolsas con marihuana. Su captura se llevó a cabo en allanamientos realizados también en el municipio de San José Pinula.

Incrementan operativos

Las fuerzas de seguridad de Guatemala han intensificado sus acciones operativas durante el presente año para combatir el delito de plagio y secuestro, logrando la captura de diversos implicados en redes criminales dedicadas a la extorsión y privación de libertad.

De acuerdo con informes de la Policía Nacional Civil, las unidades especializadas han respondido de manera inmediata a las alertas ciudadanas. Los despliegues estratégicos, conocidos como anillos de contención y operativos en carreteras, han permitido interceptar vehículos utilizados por estructuras delictivas para cometer los denominados secuestros exprés.

Estas acciones tácticas no solo han culminado con la consignación de los presuntos responsables ante los tribunales correspondientes, sino que han priorizado la vida e integridad de los ciudadanos afectados, garantizando rescates exitosos en cortos períodos tras la denuncia formal.

Estadísticas del Ministerio Público revelan un incremento de denuncias de secuestro. Según los reportes en 2024 se contabilizó 157 casos, 345 en 2025 y más de 180 reportes en los primeros meses de este 2026, destacando el incremento de los secuestros exprés en zonas urbanas de la capital.

Un juez federal vinculó a proceso a Dylan “N”, alias “El Roto”, presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio, tras ser detenido en la Ciudad de México por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en cumplimiento de una orden de aprehensión. “La Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para que la autoridad judicial iniciara el proceso penal por delincuencia organizada con fines de secuestro, extorsión y delitos contra la salud.”

El imputado permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato, bajo prisión preventiva oficiosa. El juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Quién es “El Roto” y con qué grupo opera

Dylan “N” es señalado por las autoridades como presunto integrante de la organización delictiva conocida como Cártel Nuevo Imperio, también identificada como “Los Mal Portados”. Se trata de una célula criminal con presencia en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y Guerrero, a la que las autoridades atribuyen “actividades de narcotráfico, homicidio, extorsión, robo y despojo de inmuebles”.

De acuerdo con información difundida por medios mexicanos, Romero Jacobo acumula antecedentes en al menos cinco carpetas de investigación. Entre ellas figura una por feminicidio correspondiente a 2024, otra por delitos contra la salud iniciada en 2023, y expedientes adicionales relacionados con extorsión, asociación delictuosa y narcomenudeo.

Los cargos y la audiencia inicial

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los datos de prueba que el juez de control consideró suficientes para decretar la vinculación a proceso.

Los delitos imputados a “El Roto” son delincuencia organizada con fines de secuestro, extorsión y delitos contra la salud. “La FGR precisó que la FEMDO encabezó las diligencias que derivaron tanto en la orden de aprehensión como en la detención del imputado.”

Junto con la vinculación a proceso, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que impide cualquier posibilidad de libertad durante la etapa de investigación complementaria.

Cómo comenzó la investigación

Las indagatorias de la FEMDO se iniciaron en abril de 2025, a partir de una denuncia por la privación ilegal de la libertad de una persona en su domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Como resultado de las primeras diligencias, la víctima fue localizada y rescatada por autoridades locales. Las investigaciones no se detuvieron ahí: la FEMDO continuó recabando elementos hasta obtener una orden de aprehensión contra Romero Jacobo.

La detención se concretó cuando elementos de la SSPC ejecutaron dicha orden en la Ciudad de México, para posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público federal.

Prisión en penal federal

El Cefereso No. 12, en el municipio de Ocampo, Guanajuato, será el centro de reclusión donde permanecerá “El Roto” durante la etapa de investigación complementaria, conforme a la medida cautelar impuesta por el juez de control.

El plazo de cuatro meses fijado por la autoridad judicial implica que la FGR, a través de la FEMDO, deberá consolidar el expediente antes de la siguiente etapa procesal. Las autoridades subrayaron que, conforme al principio de presunción de inocencia, Romero Jacobo no cuenta con sentencia condenatoria en su contra.

El Cártel Nuevo Imperio, una escisión del Cártel de Sinaloa

El Cártel Nuevo Imperio tiene su origen en la ruptura de 2008 entre los hermanos Beltrán Leyva y la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán dentro del Cártel de Sinaloa, según el análisis del periodista especializado en seguridad Óscar Balderas.

La organización se presume fue creada por Dámaso López Núñez, uno de los principales operadores de “El Chapo”, quien se valió de una banda local a la que proveyó de armas y vehículos para operar bajo su estructura. Fue en 2017, con la detención de López Núñez, cuando el grupo decidió actuar de forma independiente y adoptó el nombre de Cártel Nuevo Imperio.

Según documentos de inteligencia militar filtrados por el colectivo Guacamaya, la organización mantiene alianzas con la Unión Tepito en municipios del Estado de México como Huixquilucan, Naucalpan y Tlalnepantla. Una presentación de inteligencia de 2021 señala disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana por el control de extorsiones y trasiego de droga.

Sus actividades incluyen tráfico de metanfetaminas y cocaína, extorsión a comerciantes, secuestro, robo a transporte de carga y homicidios, según reportes de la FGR y las fiscalías del Estado de México y de la Ciudad de México. En la capital, su presencia se concentra en las alcaldías Azcapotzalco, Iztapalapa, Tláhuac y Miguel Hidalgo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión para dos hombres hallados responsables del delito de secuestro exprés con fines de robo en Naucalpan. Los sentenciados, Luis Enrique Pérez López y Miguel Ángel Roque Falcón, interceptaron a dos víctimas a bordo de una camioneta, las mantuvieron cautivas en un domicilio mientras robaban su mercancía y fueron detenidos el mismo día de los hechos, ocurridos el 30 de mayo de 2025.

Cómo ocurrió el secuestro exprés en Naucalpan

El 30 de mayo de 2025, dos hombres circulaban al interior de una camioneta Renault Kangoo blanca sobre la calle Colina Azul, en la colonia San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan, Estado de México.

En ese momento, Pérez López se aproximó a la ventanilla del conductor y lo amenazó con un arma de fuego. De forma simultánea, Roque Falcón se acercó por el lado del copiloto para someter al segundo ocupante del vehículo.

Con ambas víctimas bajo su control, Pérez López tomó el volante y condujo la camioneta hasta un domicilio en la colonia Cuartos Constitución, dentro de la misma demarcación de Naucalpan.

El robo de mercancía y el cautiverio

En ese inmueble, los dos sujetos contaron con la participación de una mujer que colaboró en la retención de las víctimas. Mientras ellas permanecían cautivas, los agresores descargaron la totalidad de la mercancía que transportaba la camioneta.

Los agresores descargaron la totalidad de la mercancía que transportaba la camioneta.

Una vez concluida la descarga, Pérez López y Roque Falcón abandonaron el domicilio junto con las víctimas y las dejaron en libertad a pocas calles de distancia.

El delito de secuestro exprés con fines de robo implica la privación temporal de la libertad de una o más personas con el propósito de despojarlas de bienes o valores. En este caso, el cautiverio duró el tiempo necesario para vaciar el vehículo de su carga.

La detención: policías municipales actuaron de inmediato

En cuanto recuperaron la libertad, las víctimas solicitaron auxilio a elementos de la policía municipal de Naucalpan. La respuesta fue inmediata.

Los agentes lograron la detención de Luis Enrique Pérez López y Miguel Ángel Roque Falcón en el lugar, el mismo día en que cometieron el delito. Ambos fueron trasladados y puestos a disposición de un juez, tras su ingreso al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

El juicio y la condena de 50 años

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó ante el juzgado las pruebas reunidas durante la investigación. Tras el análisis del material probatorio y el desarrollo del proceso legal, el juez determinó la plena responsabilidad de ambos sujetos en los hechos delictivos.

La sentencia estableció 50 años de prisión para cada uno de los condenados.

El juez impuso además una multa de $452 mil 560 pesos y ordenó la cancelación de los derechos civiles y políticos de Pérez López y Roque Falcón.

La resolución no se limitó a la privación de la libertad. El juez impuso además una multa de $452 mil 560 pesos y ordenó la cancelación de los derechos civiles y políticos de Pérez López y Roque Falcón, medidas que acompañan a la condena carcelaria como parte del fallo.

Naucalpan, segundo municipio con más robos a transportistas en el Edomex

Naucalpan de Juárez acumuló 256 carpetas de investigación por robo a transportistas entre enero y octubre de 2025, lo que lo ubicó como el segundo municipio con mayor incidencia en el Estado de México, solo detrás de Cuautitlán Izcalli, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El municipio forma parte del corredor norponiente de la entidad, señalado por las mismas cifras oficiales como el epicentro del robo a carga en el país.

A nivel estatal, el Estado de México cerró 2025 concentrando cerca del 49% de los robos a transportistas registrados en todo el territorio nacional, según el SESNSP. Fueron detenidas mil 486 personas por su presunta participación en este tipo de ilícitos, con mercancía recuperada valuada en más de 588 millones de pesos.

La Fiscalía de la Ciudad de México vinculó a proceso a Karen “N” por su probable participación en el secuestro exprés agravado de un servidor público de la propia Fiscalía de la CDMX, quien fue hallado sin vida días después de los hechos. Con esta resolución, suman dos personas que enfrentan prisión preventiva por el caso: la imputada y Eduardo “N”, detenido semanas antes.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 9 de mayo de 2026 en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. La víctima salió de un establecimiento de la zona y solicitó un vehículo por aplicación. El automóvil estaba conducido por Eduardo “N”, quien, en lugar de llevarlo a su destino, se dirigió hacia la colonia Providencia, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde recogió a Karen “N”.

Despojo, traslado y retiro bancario

Ambos imputados presuntamente despojaron a la víctima de sus teléfonos celulares y su cartera. Después la trasladaron hasta la colonia El Chamizal, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, donde la abandonaron.

Horas más tarde, los presuntos responsables habrían realizado un retiro de $8 mil 100 pesos con una tarjeta bancaria de la víctima en una plaza comercial de la Ciudad de México. Ese movimiento financiero quedó registrado y se convirtió en uno de los elementos de prueba de la investigación.

La víctima nunca regresó. Su ausencia fue reportada y, el 11 de mayo, la Fiscalía CDMX abrió formalmente la investigación.

Cámaras del C5 y coordinación interinstitucional

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron las grabaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y videograbaciones de cámaras particulares. Con ese material fue posible reconstruir el recorrido del vehículo e identificar a los probables responsables, lo que permitió al Ministerio Público obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

De forma paralela, servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron el levantamiento del cuerpo de un hombre localizado en la misma colonia donde la víctima había sido abandonada. El 12 de mayo, como resultado de la coordinación entre ambas instituciones, se estableció que ese hombre era el servidor público desaparecido.

La confirmación de su identidad permitió consolidar las líneas de investigación y fortalecer los datos de prueba reunidos por la Fiscalía capitalina.

Dos detenciones en distintas alcaldías

El 29 de junio de 2026, agentes de la PDI localizaron y aprehendieron a Eduardo “N” en la alcaldía Venustiano Carranza. El 5 de julio, un juez de control lo vinculó a proceso por secuestro exprés agravado, le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La búsqueda de Karen “N” continuó durante julio. El 31 de ese mes, la PDI ejecutó la orden de aprehensión en su contra en la alcaldía Gustavo A. Madero, la misma demarcación desde donde había sido recogida la noche del crimen.

El 6 de agosto, un juez de control la vinculó a proceso por el mismo delito. También se le impuso prisión preventiva, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Un servidor público de la propia Fiscalía

El hecho de que la víctima fuera empleado de la institución investigadora añade una dimensión particular al caso. La Fiscalía CDMX reiteró en su comunicado su compromiso de investigar los delitos de alto impacto con rigor técnico y debida diligencia, para garantizar que ningún acto que atente contra la vida e integridad de la ciudadanía quede impune.

La dependencia recordó que, en cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, tanto Eduardo “N” como Karen “N” se consideran inocentes y serán tratados como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no exista una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.

Lo que parecía un secuestro pasó a ser investigado como un presunto autosecuestro en La Paz, Honduras, después de que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones localizaran con vida y sin lesiones a un hombre de 27 años que, según la Policía, habría enviado pedidos de dinero a personas de su entorno laboral.

El hombre fue hallado en una finca cafetalera del municipio de Marcala, en el departamento de La Paz, después de un operativo de especialistas de la Unidad Nacional Antisecuestros.

Según la información, el trabajador habría solicitado un millón de lempiras (L 1.000.000) es decir, más de 37 mil dólares a su jefe inmediato y a dos compañeros de trabajo como condición para su supuesta liberación.

El caso comenzó el viernes 7 de agosto, cuando el hombre, que trabaja como albañil para una empresa constructora, pidió autorización para salir a comprar en una pulpería cercana al lugar donde se encontraba alojado junto con otros empleados.

La compañía desarrolla un proyecto de bacheo en Marcala. Según la Policía, alrededor de 20 trabajadores permanecen hospedados en un apartamento ubicado en ese municipio. Después de salir del alojamiento, el trabajador no regresó.

Al día siguiente tampoco se presentó a sus labores, lo que llamó la atención de su jefe inmediato. El responsable de la empresa decidió comunicarse con el por mensajería para conocer los motivos de su ausencia. La respuesta elevó la preocupación: a través de un mensaje se informó que el trabajador supuestamente había sido secuestrado.

Revelan autosecuestro y fraude

Los mensajes establecían que debían entregar una fuerte suma de dinero para conseguir su liberación. Las mismas solicitudes de dinero fueron dirigidas también a dos compañeros de trabajo del hombre. Ante la posibilidad de que se tratara de un secuestro real, se activaron los protocolos de investigación.

La unidad investiga movilizó desde Tegucigalpa un equipo especializado en el departamento de La Paz para comenzar las labores de inteligencia y búsqueda. Los investigadores desarrollaron distintas diligencias para establecer qué había ocurrido con el trabajador y determinar su ubicación.

El hombre fue encontrado sano y salvo, lo que llevó a los investigadores a profundizar en las circunstancias de su supuesta desaparición y en los mensajes con los que se había solicitado el dinero. Durante las diligencias, según la Policía, el propio hombre reconoció ante los investigadores haber realizado las exigencias económicas.

La explicación que habría dado fue que pretendía ausentarse de su trabajo durante ese día y conseguir dinero para resolver obligaciones económicas personales. Con los elementos recabados durante las primeras diligencias, la Policía considera que no se trató de un secuestro cometido por terceros, sino de una desaparición simulada.

La modalidad consiste en hacer creer a familiares, amigos, compañeros de trabajo u otras personas cercanas que alguien ha sido privado de su libertad para luego solicitar dinero a cambio de una supuesta liberación.

La Policía informó que, de acuerdo con el Código Penal de Honduras, los hechos estarían relacionados con el delito de simulación de infracción inexistente, contemplado en el artículo 529.

Ocho casos de autosecuestro

La Policía Nacional señaló que este caso eleva a ocho autosecuestros o secuestros fingidos el número de hechos registrados por la Unidad Nacional Antisecuestros en Honduras durante 2026.

A diferencia de un secuestro convencional, en estos casos la persona que aparentemente es víctima participa en la creación de la situación ficticia y, en algunos casos, interviene directamente en las comunicaciones destinadas a obtener dinero.

Las motivaciones pueden estar relacionadas con problemas económicos, deudas u otras necesidades personales, según los casos investigados por las autoridades.

Ante una denuncia por un posible secuestro, la Policía Nacional recomienda a la población mantener la calma y comunicarse de inmediato con las autoridades especializadas. La recomendación incluye evitar realizar pagos o tomar decisiones precipitadas antes de recibir orientación de los investigadores.

Un trabajo de seguimiento permitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) ubicar y capturar a Henry Chauca Conde, alias Fabián Chauca, quien permaneció 21 años en la clandestinidad pese a tener una condena de 16 años de prisión efectiva por los delitos de homicidio calificado, secuestro y violación sexual. El requisitoriado fue intervenido esta tarde en el sector de Santa Clara, distrito de Ate, donde finalmente pudo ser localizado por agentes especializados.

Chauca Conde figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), que ofrecía S/30.000 por información que permitiera conocer su paradero y concretar su captura. Asimismo, contaba con una notificación roja de Interpol, tramitada a solicitud de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Esta medida permitió mantener activa su búsqueda mientras permanecía fuera del alcance de las autoridades durante más de dos décadas.

La operación estuvo a cargo de personal especializado del Departamento de Búsqueda y Captura de la Oficina Central Nacional Interpol Lima, en coordinación con la División de Investigación de Delitos Contra la Criminalidad Transnacional (DIVICCT-DIRASINT). Los agentes realizaron las acciones de seguimiento que permitieron establecer la ubicación del sentenciado y ejecutar la intervención en Santa Clara.

Condenado por crimen ocurrido en Arequipa

Los hechos por los que Chauca Conde recibió la condena ocurrieron el 22 de abril de 2005, en la ciudad de Arequipa. De acuerdo con el expediente judicial, el ahora detenido actuó junto con un cómplice en el secuestro y agresión sexual contra la estudiante Liz Pierina Mendoza Espinoza, en una zona conocida como Pozo Negro.

Tras estos hechos, la joven fue arrojada a un canal de regadío, donde falleció. Por este caso, el sujeto fue condenado a 16 años de prisión efectiva por los delitos de homicidio calificado, secuestro y violación sexual.

La orden de captura permaneció vigente durante más de dos décadas, periodo en el que el condenado se mantuvo prófugo. Su incorporación al Programa de Recompensas buscó facilitar la obtención de información ciudadana que contribuyera a determinar su paradero.

Con la intervención en Santa Clara, la PNP logró poner al sentenciado a disposición de las autoridades correspondientes. La notificación roja de Interpol había sido tramitada a solicitud de la Corte Superior de Justicia de Arequipa como parte de las acciones destinadas a su ubicación.

El Ministerio del Interior señala que el Programa de Recompensas busca promover la colaboración ciudadana para localizar a personas requeridas por la justicia. Mediante incentivos económicos, esta herramienta permite recibir información sobre individuos que cuentan con órdenes de captura o condenas pendientes. Los datos proporcionados permiten a las autoridades desarrollar acciones de búsqueda y coordinar intervenciones cuando se logra determinar dónde se encuentra el requisitoriado.

Tras su detención, Henry Chauca Conde deberá ser puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos correspondientes derivados de la requisitoria judicial y de la sentencia dictada en su contra.

Los hechos se iniciaron alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando un grupo de delincuentes le cerró el paso al empresario en la carretera que conduce hacia Sullana. Según informó Latina, los atacantes se movilizaban en dos motocicletas y un automóvil negro. Tras efectuar disparos al aire para intimidarlo, obligaron a Avendaño Ontaneda a descender de su camioneta blanca —de placa D4V-805— y lo subieron al vehículo negro, con el que emprendieron la fuga. Las imágenes del secuestro, captadas por un transeúnte desde su propio vehículo, muestran cómo una de las motos detuvo el tráfico de camiones y vehículos pesados mientras el auto oscuro ejecutaba un giro en U en plena vía.

Un elemento que la Policía Nacional del Perú (PNP) identificó desde el inicio de la investigación es que alguien llamó a la víctima antes del secuestro. El comerciante estaba en su vivienda, recibió una llamada y minutos después salió con rumbo a Sullana, donde fue interceptado. Los dos teléfonos celulares de Avendaño Ontaneda quedaron en el interior de su camioneta y fueron recogidos por los agentes como piezas clave para determinar la identidad de quien lo contactó.

Los secuestradores exigieron a la familia un rescate de más de 100.000 soles —equivalente a alrededor de 1.000 dólares según las primeras versiones difundidas— a cambio de liberar al empresario con vida. La hermana de la víctima recibió la llamada extorsiva. La familia, según detalló Latina, se movilizó para reunir el dinero, pero la negociación no prosperó. Pasadas las nueve de la noche, un agricultor del sector Curumuy alertó a la policía tras escuchar tres disparos en esa zona desolada.

La trampa del desvío a Talara

Desde el primer momento, las investigaciones policiales apuntaron hacia la provincia de Talara, ubicada aproximadamente a una hora y veinte minutos del lugar del secuestro, porque las imágenes mostraban al vehículo negro alejarse en esa dirección. Fue una pista falsa. Los delincuentes nunca abandonaron el área metropolitana de Piura: mantuvieron al empresario en cautiverio dentro de la ciudad mientras la PNP orientaba su operativo hacia Talara.

El cuerpo de Jorge Avendaño fue hallado en una trocha carrozable del sector Curumuy, a menos de quince minutos del centro de Piura. El automóvil utilizado en el secuestro —de placa A3F-35, de propiedad de una ciudadana residente en Lima— fue localizado por agentes del Serenazgo del distrito de Veintiséis de Octubre completamente calcinado en el último paradero de Guadalupe, al final de la avenida Grau. La quema del vehículo, de acuerdo con los investigadores, fue deliberada para eliminar cualquier evidencia que pudiera incriminar a los autores.

Tortura antes de la ejecución

Los peritos de Criminalística y agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) que acudieron a la escena reconstruyeron una secuencia de violencia sostenida. La víctima presentaba las manos atadas con cintillos de seguridad plásticos. Uno de los disparos le había impactado en la pierna izquierda, y sobre esa herida los secuestradores le aplicaron un torniquete para impedir que se desangrara. La interpretación de los investigadores, recogida por Latina, es que la medida buscaba mantenerlo con vida el tiempo suficiente para obligarlo a revelar dónde guardaba su dinero.

Al no obtener la información o el rescate que exigían, los delincuentes ejecutaron al comerciante con cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo. El cuerpo de Avendaño Ontaneda fue trasladado a la morgue de Piura, donde aguardaba el reconocimiento formal por parte de sus familiares, quienes se mantuvieron presentes durante el levantamiento del cadáver y las diligencias de la fiscalía, pero optaron por guardar silencio ante los medios.

La hipótesis de la banda ecuatoriana

La frialdad con la que operó el grupo criminal llevó a los investigadores a manejar la hipótesis de que los responsables serían delincuentes ecuatorianos. El vínculo comercial de la víctima con la zona fronteriza entre Perú y Ecuador es uno de los ejes de la investigación: Avendaño Ontaneda se desplazaba con frecuencia entre ambos países para vender sus productos, lo que lo exponía a rutas y horarios predecibles. La llamada recibida antes del secuestro refuerza la sospecha de que alguien con acceso a información sobre sus movimientos habría facilitado la operación.

Las imágenes del secuestro también revelaron la participación coordinada de al menos dos motociclistas que actuaron como bloqueadores del tráfico, lo que sugiere una organización con varios integrantes y una planificación previa del operativo. El jefe de la Región Policial Piura no emitió pronunciamiento oficial sobre el caso, y la investigación fue declarada en estricta reserva. Un grupo especial de la PNP, conformado de urgencia tras el hallazgo del cuerpo, asumió la conducción de las pesquisas.

El contexto de violencia en Piura

El crimen ocurre en una región que, pese a los avances registrados en materia de seguridad durante 2026, sigue enfrentando una criminalidad activa y organizada. Apenas días antes del secuestro, el general PNP Daniel Jares, jefe de la Región Policial Piura, había presentado cifras que mostraban una reducción del 57% en los delitos de extorsión en lo que va del año, al pasar de 993 a 460 denuncias, y una caída del 21% en robos y hurtos. La institución también informó la desarticulación de 359 bandas criminales y la ejecución de más de 50.000 operativos en la región.

Pese a esos indicadores, el caso de Avendaño Ontaneda expone brechas concretas en la respuesta operativa: la policía buscó al empresario en Talara mientras sus captores lo retenían en Piura, y el vehículo del crimen fue incinerado sin que mediara ninguna intervención preventiva. Reportes de Latina señalaron también la falta de patrullaje y de refuerzos suficientes para hacer frente a una delincuencia que, en este caso, operó con una coordinación y una violencia sin precedentes en la zona.

Los pasos que siguen

El cuerpo del comerciante permanecía en la morgue de Piura a la espera de que sus familiares pudieran trasladarlo a Mallaritos para darle sepultura. La investigación a cargo del grupo especial de la PNP y la fiscalía avanza sobre tres líneas principales: la identidad del autor de la llamada previa al secuestro —a partir del análisis de los dos celulares encontrados en la camioneta—, el origen y los antecedentes del vehículo calcinado y su propietaria en Lima, y la posible vinculación con redes criminales transfronterizas.

La propietaria del automóvil negro utilizado en el secuestro, identificada por las autoridades, ya forma parte de la investigación. Su condición de residente en Lima y la presencia del vehículo en Sullana el día del crimen son datos que los investigadores buscan articular con el resto de la cadena de hechos. La Policía Nacional no descarta ampliar el número de imputados a medida que avance el análisis forense y el rastreo de las comunicaciones de la víctima.

La Guardia Civil Estatal (GCE) de San Luis Potosí rescató a una mujer que se encontraba privada de la libertad durante un operativo de seguridad realizado este jueves en la colonia Los Vergeles, en la capital potosina.

Como resultado de la intervención, dos presuntos responsables fueron detenidos y las autoridades aseguraron un importante arsenal compuesto por armas de fuego de grueso calibre, cargadores, cartuchos útiles y un vehículo.

El operativo fue resultado de labores de inteligencia y vigilancia implementadas por la corporación estatal como parte de las acciones para combatir los delitos de alto impacto en la entidad.

Operativo permitió rescatar a la víctima

De acuerdo con la información proporcionada por la Guardia Civil Estatal, los agentes desplegaron un dispositivo de seguridad en un inmueble ubicado en la colonia Los Vergeles, donde se presumía que se desarrollaban actividades ilícitas.

Durante las acciones, los policías observaron que un hombre descendió de una camioneta portando un arma de fuego e intentó ingresar al domicilio bajo investigación. Ante esta situación, los elementos reforzaron la vigilancia y dieron continuidad a la intervención.

Minutos después, una mujer salió del inmueble solicitando ayuda y manifestó que se encontraba retenida en contra de su voluntad, por lo que los agentes actuaron de inmediato para ponerla bajo resguardo y garantizar su seguridad.

La víctima recibió atención inmediata por parte de las autoridades, quienes activaron los protocolos correspondientes para brindarle asistencia y protección.

Dos detenidos durante la intervención

Como parte del operativo, los elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Ángel “N”, de 21 años de edad, y José “N”, de 44 años, quienes señalaron ser originarios del estado de Tamaulipas.

Ambos fueron asegurados en el lugar de los hechos y posteriormente puestos a disposición de la autoridad competente, la cual será la encargada de determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Las autoridades no descartaron que los detenidos puedan estar relacionados con otros hechos delictivos, por lo que las indagatorias continuarán en coordinación con las instancias correspondientes.

Aseguran seis armas de grueso calibre

Durante la inspección realizada al vehículo utilizado por los presuntos responsables, los agentes localizaron un importante arsenal.

Entre lo asegurado destacan:

• Seis armas de fuego de grueso calibre.
• Diversos cargadores.
• Cartuchos útiles de distintos calibres.
• Una camioneta presuntamente utilizada para la comisión de actividades ilícitas.

Todo el material bélico fue embalado conforme a los protocolos de cadena de custodia y quedó a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Continúan las investigaciones

La Guardia Civil Estatal informó que estas detenciones son resultado de los operativos permanentes de inteligencia y de la coordinación operativa para combatir a los grupos generadores de violencia en San Luis Potosí.

Las autoridades señalaron que la prioridad fue salvaguardar la integridad de la víctima, quien ya recibe el acompañamiento institucional correspondiente.

Asimismo, reiteraron que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en estos hechos, así como para establecer el origen del armamento asegurado y la posible participación de los detenidos en otros delitos.

El Ministerio Público de Panamá se encuentra en la etapa decisiva del caso contra José Gabriel “Gaby” Carrizo, exvicepresidente de la República (2019-2024) y excandidato presidencial.

El proceso, que investiga el presunto delito de enriquecimiento injustificado agravado, avanza tras el cierre formal de la investigación, lo que obliga a la Fiscalía Anticorrupción a presentar un escrito de acusación para su revisión judicial.

La defensa de Carrizo, representada por el abogado Víctor Orobio, confirmó a TVN que había recibido la notificación oficial sobre el cierre de la investigación.

“Ya nos notificaron del cierre de la investigación. Estamos esperando la presentación del escrito de acusación y de la fecha de la audiencia intermedia”, detalló Orobio.

El cierre de la investigación responde a la expiración del plazo legal para las pesquisas, después de que los tribunales rechazaran la solicitud fiscal de extender el periodo bajo la figura de “investigación compleja”.

Por tanto, la Fiscalía Anticorrupción debe ahora solicitar formalmente la audiencia y presentar el escrito de acusación, en el que se expondrán los hechos, la calificación jurídica y las pruebas reunidas.

Posteriormente, la defensa tendrá la oportunidad de contestar e introducir sus propias pruebas para la audiencia intermedia.

La causa se originó tras un informe de la Contraloría General de la República, que identificó un supuesto incremento patrimonial injustificado de Carrizo por $1,9 millones durante su gestión pública.

Como consecuencia, el contralor Anel “Bolo” Flores dispuso en noviembre de 2025 el secuestro de bienes y cuentas bancarias pertenecientes al exvicepresidente hasta por $1,3 millones.

El secuestro de bienes, anunciado públicamente el 6 de noviembre, se implementó, según se dijo, como medida cautelar para asegurar fondos en caso de una eventual condena y resarcimiento al Estado panameño.

La decisión de la Contraloría, bajo la gestión de Flores, intensificó la presión sobre Carrizo, quien ya era objeto de dos investigaciones distintas por presuntas irregularidades durante su periodo como vicepresidente entre 2019 y 2024.

La intervención de la Contraloría en este caso marcó la segunda ocasión en la que se aplica una medida similar contra un miembro de alto perfil del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Esta reiteración provocó en su momento especulaciones y aumentó la controversia pública sobre la transparencia y la gestión de los recursos estatales.

El presunto enriquecimiento injustificado constituye una infracción que afecta de manera directa la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Las autoridades buscan determinar si Carrizo obtuvo ventajas económicas ilícitas aprovechando su cargo, un aspecto central para la integridad de la función pública.

La medida de secuestro de bienes tiene como finalidad principal garantizar la posibilidad de reparación al Estado en caso de condena. Los bienes afectados permanecerán bajo custodia judicial hasta que se resuelva el caso en las instancias correspondientes.

El caso de Carrizo se suma a una cadena de escándalos que han sacudido el escenario político panameño, profundizando el malestar social y la desconfianza en la administración pública.

La lucha contra la corrupción se impone como un reto permanente para Panamá, que requiere acciones decididas de todos los sectores para fortalecer el Estado de derecho y la gobernabilidad.

El desenlace del proceso judicial contra el exvicepresidente será determinante para definir el alcance real de la política anticorrupción en el país y marcará un precedente sobre la responsabilidad de los altos funcionarios en la gestión de los recursos públicos.