En diálogo con La W Radio, Zuleima Rodríguez, madre del soldado profesional Jeison Javier García Rodríguez, expuso la situación que atraviesa su familia tras el secuestro del militar ocurrido el 24 de agosto de 2025 en zona rural del departamento de Nariño, durante enfrentamientos con disidencias de las Farc.

De acuerdo con lo expresado por Rodríguez, la familia ha recibido información limitada desde el día en que el uniformado fue retenido en medio de operaciones militares.

La mujer indicó que las comunicaciones oficiales han sido escasas y que, pese a los reportes iniciales, no han conocido avances concretos sobre su situación actual ni sobre eventuales gestiones para su regreso.

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“Hasta el momento no hemos tenido mayor información, solamente que fue secuestrado en combate y nos han dicho que el Ejército está haciendo todo lo posible, pero esperamos más ayuda del Gobierno”, afirmó la madre del soldado durante la entrevista radial concedida al medio.

El soldado Jeison Javier García Rodríguez es oriundo de Lorica, Córdoba, y se encuentra adscrito al Batallón de Despliegue Rápido No. 7 (FUDRA Nariño), unidad que opera en zonas con presencia de estructuras armadas ilegales. Según lo informado, el secuestro ocurrió mientras el grupo al que pertenecía adelantaba labores en territorio nariñense.

Rodríguez señaló que la incertidumbre se ha prolongado durante varios meses y que la familia mantiene la expectativa de que las autoridades nacionales adopten medidas adicionales para facilitar contactos o negociaciones que permitan la liberación de los militares retenidos. En sus declaraciones, reiteró la solicitud de una intervención más activa por parte del Estado.

“Esperamos que se pongan la mano en el corazón. Así como ellos tienen familiares y quieren tener un día especial, nosotros esperamos lo más pronto posible las negociaciones que tengan que hacer para que, no solo mi hijo, sino todos los muchachos que se encuentran en esa condición vuelvan a sus hogares”, expresó Rodríguez en la conversación con La W.

El caso de García Rodríguez ha generado manifestaciones públicas en su lugar de origen. El 11 de septiembre de 2025, en el municipio de Lorica, se realizó una movilización pacífica en la que familiares, conocidos y ciudadanos solicitaron su liberación y la de otros integrantes de la Fuerza Pública que permanecen en poder de grupos armados.

Durante esa jornada, los asistentes portaron pancartas y mensajes dirigidos a las autoridades nacionales, reclamando información clara sobre los procedimientos adelantados y recordando la situación del soldado cordobés, cuyo secuestro se produjo en el contexto de enfrentamientos armados.

El pasado 27 de diciembre de 2025, se conoció una prueba de supervivencia en la que el soldado García Rodríguez apareció junto a otros compañeros retenidos. En el material difundido, el uniformado envió mensajes con motivo de las festividades de fin de año, dirigidos tanto a su familia como a las autoridades del país.

“Mi nombre es Jeison Javier García Rodríguez, quiero darle una feliz Navidad a mi familia, quiero decirle a mi mamá que la amo mucho, a mi hija también que la amo de todo corazón, a mi esposa, quiero mandarle un saludito, a mi abuela, a mis dos hermanos y a toda mi familia. Quiero decirle al Estado colombiano que por favor se acuerde de nosotros”, manifestó el soldado en el mensaje divulgado.

La difusión de este video confirmó que el militar continúa con vida, información que fue recibida por sus familiares como una señal sobre su estado actual, aunque sin detalles adicionales sobre su ubicación o las condiciones de su retención.

Desde la familia se ha insistido en la necesidad de contar con canales de información constantes y en que se adopten medidas que permitan avanzar hacia una solución. Según lo expresado por la madre del soldado, la falta de datos oficiales ha dificultado el seguimiento del caso y ha incrementado la preocupación en su entorno cercano.

El secuestro de García Rodríguez se suma a otros episodios ocurridos en zonas del suroccidente del país, donde persisten enfrentamientos entre la Fuerza Pública y estructuras armadas ilegales, especialmente en áreas rurales con alta complejidad de orden público.

La comunidad de Villavicencio sorprendió al reunirse en una emotiva eucaristía para pedir por la pronta liberación de Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja, que permanecen secuestrados tras ser interceptados a la salida de un concierto en el departamento del Cauca.

La ceremonia fue organizada por la Gobernación del Meta y allí se reunieron familiares y amigos de los afectados, con el fin de pedir que los jóvenes regresen a salvo a sus hogares.

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Durante la misa, Giovanny Ayala, padre del artista secuestrado, expresó públicamente su dolor y su llamado a la reconciliación: “Hoy desarmo mi corazón. Desarmo mi corazón para que se abran los caminos a mis hijos y aflojen los corazones de los captores que tienen a mi hijo para ese pronto regreso, para esa pronta tranquilidad y que todo vuelva en calma porque el reloj se paró“, relató el cantante de Anoche la escribí, De rodillas te pido y De qué te las picas.

El famoso demostró la inquietud que siente por lo ocurrido: “Uno no sabe si es de día, si es de noche. Es una incertidumbre impresionante, algo que solamente lo sienten las personas que han vivido esta situación”, dijo Giovanny Ayala a los medios presentes en el evento religioso.

Cabe mencionar que la familia de los secuestrados, hasta el momento, no ha recibido ningún tipo de contacto ni información sobre el paradero de los jóvenes, por lo que el artista aprovechó para reiterar su petición a aquellos que tienen retenido a Miguel Ayala y Nicolás Pantoja: “Protejan la vida de mi hijo, que le abran esas puertas. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Se los pido en nombre de Dios, en nombre de toda mi familia”, dijo Giovanny Ayala, visiblemente conmovido.

A su vez, Patricia Pantoja, madre de Nicolás, también envió un mensaje a los responsables de la desaparición de los jóvenes: “Quiero decirles que esa no es la forma de resolver los conflictos. Ellos no tienen los problemas, la culpa de los problemas de conflictos que tiene el país. Son dos niños trabajadores que tienen muchas ilusiones, muchas metas”.

Secuestro de Miguel Ayala

El secuestro de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja ocurrió el 18 de noviembre, y desde entonces, la incertidumbre hace parte de la cotidianidad para sus familias.

Giovanny Ayala recordó con nostalgia la personalidad de su hijo: “Ese nombre, Miguelito, si fuera mi hijo rebelde, le llamaríamos Miguel solamente. Tiene el cariño de toda la familia, de sus hermanos, de sus amigos. Miguelito, por su, por su carácter de humildad, sencillo. Un muchacho, un niño, 21 años, con sueños, con su pasión de la música. Soy su fan y él, y él es el fan mío”.

La ceremonia religiosa, que contó con la presencia de funcionarios de la Gobernación del Meta, se convirtió en un espacio de solidaridad y esperanza, donde la comunidad llanera realizó oraciones por el regreso seguro de los jóvenes. Hasta el momento, las autoridades continúan a cargo de la investigación, mientras las familias de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja aguardan noticias sobre su paradero.

Anteriormente, el cantante había dejado un sentido mensaje en su cuenta de Instagram: “Son muchachos que solamente le llevan alegría a través de su pasión de la música a municipios desafortunados, que el orden público está volcado en la violencia y ellos se meten en un territorio, que por la ingenuidad de ellos, caen en las manos de estas personas... les pido por favor que guarden su integridad su vida, que les respeten (...) Su madre está destrozada, la familia, sus hermanas... Pronto regreso a Miguel no solamente por el caso de mi hijo, sino por todos los que están secuestrados”.

El secuestro de Zapata Rosales, oriundo del municipio de Comayagua, ocurrió el 13 de octubre de 2025, cuando se encontraba en Colombia como parte de su tránsito migratorio hacia los Estados Unidos.

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De acuerdo con las autoridades, miembros de una organización criminal no identificada lo interceptaron mediante engaños cerca del hotel donde se hospedaba, utilizando un vehículo de una plataforma de transporte.

Posteriormente, los captores de Zapata Rosales lo trasladaron primero a Popayán, y luego a una zona rural de El Tambo, donde permaneció encadenado de pies y manos, con los ojos vendados y sometido a amenazas psicológicas.

La familia de la víctima recibió exigencias de 50.000 dólares (cerca de $200.000.000) a cambio de su liberación. Los secuestradores emplearon distintos métodos para tal propósito, como videollamadas por WhatsApp, para demostrar que Zapata Rosales seguía con vida, en un intento de presionar a sus parientes para recibir el pago de la extorsión por el rescate.

La investigación, que fue desarrollada en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, permitió a las unidades del Gaula de la Policía Nacional, el Gaula Militar del Cauca, los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y la Fiscalía General de la Nación identificar el lugar exacto donde se encontraba la víctima.

Operativo sin disparos y con incautación de armamento

Según información del Ministerio de Defensa, la operación de rescate se ejecutó tras un exhaustivo trabajo de inteligencia, seguimiento técnico y verificación de campo, lo que posibilitó ubicar con precisión el sitio de cautiverio y realizar la maniobra de rescate sin que se produjeran disparos.

Durante el operativo, las tropas irrumpieron de manera simultánea en dos inmuebles utilizados por los secuestradores. En el lugar, las autoridades capturaron a dos hombres que custodiaban a la víctima y portaban armamento de corto y largo alcance. Entre los elementos incautados se encuentran:

• Dos fusiles.
• Tres pistolas.
• Radios de comunicación.
• Esposas metálicas.
• Proveedores.
• Munición.
• Celulares.

El ciudadano hondureño fue atendido de inmediato por personal médico militar, que confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

“Nadie debe vivir el horror de ser privado de la libertad. En el municipio de El Tambo, Cauca, rescatamos con vida a un ciudadano hondureño que había sido secuestrado el pasado 13 de octubre por una red criminal que le exigía a su familia 50.000 dólares para su liberación. Un exhaustivo trabajo de inteligencia, seguimiento técnico y verificación de campo por parte del Gaula de la Policía, Gaula Militar y la Fiscalía, permitió ubicar con precisión el lugar de cautiverio y ejecutar la maniobra de rescate con éxito”, subrayó el Ministerio de Defensa, que destacó la importancia de la acción conjunta que permitió el rescate del extranjero.

Las autoridades establecieron que los detenidos forman parte de una estructura criminal dedicada al secuestro, la extorsión y el tráfico de migrantes, con presencia en el suroccidente de Colombia y conexiones con redes delictivas internacionales.

“La rápida acción de inteligencia técnica y de campo permitió ubicar el punto de cautiverio y rescatar al ciudadano hondureño sano y salvo”, explicó el coronel Edgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía Nacional, según declaraciones recogidas por la propia institución.

Tras su liberación, el ciudadano Zapata Rosales logró comunicarse con su familia en Honduras, que expresó su agradecimiento a las autoridades colombianas por la pronta respuesta.

Adán Martínez, un joven de 21 años con discapacidad motriz, contó su heroica historia de supervivencia al confesar que estuvo secuestrado y encerrado en un hueco de menos de un metro de altura durante 76 días sin poder ver la luz del sol, sin comida suficiente y rodeado de heces e insectos.

La historia de Adán, ocurrida en Villavicencio, se remonta a su infancia en una familia numerosa. Un accidente en la niñez le provocó una lesión en la médula espinal, lo que motivó su traslado a vivir con su padre y una de sus hermanas, buscando compañía y apoyo. En ese nuevo entorno, comenzó a forjar una relación con Sebastián, su medio hermano, con quien apenas empezaba a compartir momentos y a conocerse.

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Pero, una noche marcó el inicio de la pesadilla de Adán: su hermana salió a una fiesta, dejándolo solo en casa. Lo que se vislumbraba como una jornada tranquila se transformó de repente en zozobra, cuando hombres armados irrumpieron en la vivienda, allí lo forzaron a beber un líquido que lo sumió en un sueño profundo. Al despertar, Adán ya se encontraba secuestrado.

“El lugar donde me tenían no era una habitación, era un hueco, sin espacio para moverme. Me tapaban con lonas y piedras, y me daban agua de lavadero”, relató Adán Martínez en una entrevista que concedió en el pódcast Conducta Delictiva.

La oscuridad y el encierro se convirtieron en la rutina del joven mientras intentaba comprender quiénes lo retenían y por qué lo habían hecho. Todo ello, mientras pensaba con angustia que debía pasar un tiempo en cautiverio en un lugar que, según el hombre, distaba mucho de una habitación.

“Por lo regular, a una persona cuando la secuestran la ingresan a un cuarto, pero el lugar donde yo estaba era un hueco: o sea, mis necesidades las tenía que hacer ahí, en ese lugar tan estrecho, tan incómodo, sobre un balde. Todo el tiempo que pasé en ese lugar fue sentado y con las piernas recogidas.”, contó Adán en el programa de entrevistas.

El descubrimiento de Adán que lo dejó en estado de shock

Con el paso de los días, Adán comenzó a captar fragmentos de conversaciones. Así descubrió que los secuestradores exigían 200 millones de pesos por su liberación. El plan original, según dedujo, era secuestrar a su hermana, pero al no encontrarla, optaron por llevárselo a él.

Su familia, de origen humilde y que incluye ocho hermanos, vendió sus casas, pidió préstamos, y logró reunir 80 millones de pesos de manera desesperada. Pero, tras realizar dos pagos, el joven nunca fue liberado.

Durante su encierro, fue testigo de una disputa entre sus captores por la desaparición de una suma de dinero. En medio de los gritos, un nombre emergió y lo dejó atónito: el de su hermano. La sospecha de una traición familiar se instaló en su mente, sumando angustia a su situación.

“Se acercó a mí y yo estaba en la cama acostado y me dijo ‘¿Cómo me lo tenían?’. Eso me dijo (...) Yo en ese momento, como ya había enterado de que él estaba relacionado (con el secuestro) y que la Policía lo estaba investigando, con muchos nervios al hablarle, fui muy precavido. Actué normal, como si no supiese nadie, y le agradecí por su visita.”, relató Adán Martínez en Conducta Delictiva.

A los quince días de cautiverio, Adán intentó escapar, pero su intento fracasó: el joven fue descubierto y castigado. Los secuestradores reforzaron el hueco con más peso, dificultando cualquier nuevo intento de huida. La oportunidad definitiva llegó el 12 de febrero de 2021. Ese día, la mujer encargada de vigilarlo salió. Adán, qué durante su escape ya se mostraba debilitado por la falta de comida, se arrastró hasta la calle y logró captar la atención de un hombre, quien finalmente lo ayudó a ponerse a salvo.

Durante su encierro, Adán memorizó nombres, apodos y hasta el número de cédula de uno de sus captores, datos resultaron fundamentales para la investigación. Actualmente, la Fiscalía sostiene que cuenta con pruebas que vinculan a su hermano Santiago con el secuestro.

Ocurrió a la luz del día y delante de todos: la mañana del viernes 1 de febrero de 1980, un auto frenó bruscamente, se abrió una de sus puertas y alguien arrojó el cadáver de un joven frente al edificio del Rectorado de la Universidad de San Carlos, en Ciudad de Guatemala. Se supo de inmediato quién era el muerto, porque desde la madrugada, cuando había sido secuestrado del hospital donde estaba internado, se temía por la suerte del campesino Gregorio Yujá Xoná, uno de los dos sobrevivientes del brutal asalto a la sede de la Embajada de España perpetrado la tarde anterior por un grupo especial de la policía guatemalteca. Allí habían muerto 37 personas la mayoría de ellas quemadas por los lanzallamas utilizados por los asaltantes.

La orden de atacar, violando una de las reglas básicas del derecho internacional, vino desde lo más alto de la dictadura encabezada por el general Fernando Romeo Lucas García y su ejecución estuvo al mando del jefe de policía, Pedro García Arredondo. Entre los muertos se contaban funcionarios de la sede diplomática, dirigentes políticos y sindicales guatemaltecos, estudiantes de la Universidad de San Carlos y miembros de un grupo campesino. El embajador español, Máximo Cajal López, salvó su vida al saltar por una ventana; Yujá Xoná porque se protegió del fuego debajo de los cuerpos de otras víctimas y, así oculto, evitó ser baleado.

La Cruz Roja intervino con rapidez y pudo trasladar al embajador y al joven campesino al Hospital Privado Herrera Llerandi donde fueron atendidos y quedaron internados con una custodia de la Policía Nacional que, se dijo, debía protegerlos. El diplomático tenía varias heridas, pero ninguna de gravedad; Yujá Xona había sufrido quemaduras, pero estaba consciente y en condiciones de hablar.

La dictadura de Lucas García no quería testigos y envió a un grupo de tareas a secuestrarlos a los dos esa misma noche. El embajador español evitó secuestro gracias a la presencia de otro diplomático, al campesino se lo llevaron sin que nadie interviniera en su defensa.

La toma de la embajada

La mañana del jueves 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos del Departamento El Quiché, del altiplano guatemalteco, llegó a la Universidad de San Carlos, para pedir asesoramiento de militantes estudiantiles para hacer conocer la escalada represiva que el ejército estaba llevando a cabo en su región. Los medios nacionales, controlados por la dictadura o silenciados por la censura, no publicaban sus reclamos, y buscaban llamar la atención internacional, sobre todo en los países europeos.

Con esa intención, a las once de la mañana, un grupo de unos treinta estudiantes y miembros del Comité de Unidad Campesina entró a la Embajada de España para realizar una toma simbólica y ser escuchados por el embajador Cajal López. Aprovechando la inviolabilidad diplomática del edificio, pensaban también convocar a corresponsales extranjeros para hacer conocer sus demandas. Cuando entraron, el diplomático estaba reunido con el ex canciller Adolfo Molina Orantes, el ex vicepresidente Eduardo Cáceres Lenhoff y el profesor de Derecho de la Universidad de San Carlos Mario Aguirre Godoy para organizar una celebración que se realizaría en el Instituto de Cultura Hispánica.

La policía rodeó rápidamente la sede diplomática y exigió a sus ocupantes que se entregaran. El embajador Cajal López intentó mediar, pero la policía se negó a escucharlo y nadie del gobierno atendió sus llamados. Entonces los ocupantes –aprovechando que las líneas de teléfono no habían sido cortadas– hicieron conocer un comunicado donde decían: “No nos ha quedado otra alternativa que permanecer en la Embajada de España, como la única manera de hacer llegar nuestras denuncias a todo el pueblo de Guatemala y del mundo”.

Una matanza con fuego

El infierno se desató a las cuatro y media de la tarde, cuando la policía entró con armas largas y lanzallamas a la sede diplomática e incendió la habitación donde se encontraban los funcionarios, los visitantes y los integrantes del grupo que la había ocupado. Muchos murieron quemados por el fósforo blanco y quienes quedaron con vida fueron ejecutados con disparos de armas de fuego.

Cajal López saltó por la ventana y así no solo se salvó de morir quemado sino también de ser ejecutado, porque no se atrevieron a dispararle en el exterior, donde podía haber testigos. Escondido debajo de los cadáveres, Yujá Xoná se hizo el muerto hasta que llegó la Cruz Roja, lo encontró con vida y lo trasladó al hospital.

La dictadura intentó justificar la masacre acusando al embajador Cajal López de conspirar contra el régimen. La versión que difundió fue que el diplomático había invitado al ex canciller, al ex vicepresidente y al jurista como parte de un plan elaborado en complicidad con los campesinos para tomarlos como rehenes, aprovechando su enorme prestigio y el derecho internacional que supuestamente protegía las instalaciones de la sede diplomática española.

También intentó encubrir la masacre como un “operativo de rescate” y sostuvo que las muertes se debían a un incendio que comenzó por causas desconocidas. Esa versión fue repetida casi sin modificaciones por todos los medios guatemaltecos y algunos diarios españoles de derecha. En la Argentina, bajo la sangrienta dictadura presidida por Jorge Rafael Videla, la mayoría de los diarios se hizo eco de la fábula: “Medio centenar de campesinos ocupó ayer la embajada de España en Guatemala y tomó como rehenes a todos sus diplomáticos. Al ‘operativo de rescate’ emprendido por las fuerzas policiales se sumó el estallido de un incendio. Unas 40 personas murieron carbonizadas o heridas de bala. El embajador se salvó arrojándose al vacío”, se puede leer la edición del 1º de febrero de Clarín. Ninguno habló de masacre, ni de fósforo blanco ni de lanzallamas.

Muchos medios europeos cuestionaron la versión oficial y publicaron fotografías que mostraban a los policías con lanzallamas. Más tarde, trascendieron algunos resultados de las pericias donde se decía que muchos cuerpos estaban quemados solo de la cintura para arriba. Es decir, que no habían muerto en víctimas de un incendio, sino que habían sido atacados con lanzallamas

Eliminar a los testigos

Para sostener la versión oficial, la dictadura de Lucas García necesitaba eliminar a los dos sobrevivientes, testigos que podían desbaratarla contando la verdad. Gracias a la oportuna intervención de la Cruz Roja, el embajador Casal López y el campesino Yujá Xoná estaban internados en dos habitaciones contiguas del Hospital Privado Herrera Llerandi, donde además de ser atendidos por los médicos quedaron protegidos por una custodia de la Policía Nacional.

Corrían los primeros minutos de la madrugada del 1 de febrero cuando los policías de la custodia desaparecieron misteriosamente del hospital. Poco después, un comando de unos 20 hombres vestidos de civil irrumpió en las instalaciones, redujo a los médicos y el resto de los empleados y se dirigió a las habitaciones que ocupaban el embajador y el campesino. El grupo que pretendía llevarse al diplomático se encontró con una sorpresa: al entrar se topó con el embajador de Costa Rica y otros diplomáticos extranjeros que acompañaban al español. Estaban allí para protegerlo, en previsión, precisamente, de que quisieran secuestrarlo y asesinarlo. En cambio, al campesino Gregorio Yujá Xoná lo encontraron solo e indefenso. Lo cargaron y lo sacaron a la fuerza del hospital.

Cuando horas después tiraron su cadáver frente al Rectorado de la Universidad de San Carlos, además de las quemaduras sufridas en la embajada, el cuerpo mostraba inequívocas marcas de tortura. La dictadura no se había conformado con asesinarlo para silenciarlo, también buscó hacerlo sufrir. Del cuello de Yuxá Xoná colgaba un cartel escrito a mano: “Cajal, comunista, te ocurrirá lo mismo”, decía.

Para entonces el embajador estaba a salvo porque un grupo de diplomáticos lo había sacado del hospital para llevarlo a la residencia del embajador de los Estados Unidos. Horas después, en un auto diplomático, lo trasladaron al aeropuerto y lo sacaron del país. Apenas el avión que lo llevaba a Madrid salió del espacio aéreo de Guatemala, el gobierno español presidido por Adolfo Suárez rompió relaciones diplomáticas con la dictadura guatemalteca. Recién las restableció en 1984, tras la caída de Lucas García.

El recuerdo de Rigoberta Menchú

Entre las víctimas estaba el dirigente campesino Vicente Menchú Pérez, padre de Rigoberta Menchú, la militante por los derechos humanos guatemalteca que sería distinguida con el Premio Nobel de la Paz en 1992. “Mi padre era un líder comunitario, un guía espiritual y uno de los fundadores del Comité de Unidad Campesina, quien, entre otras responsabilidades, se encargaba del cuidado de las semillas de su comunidad. En esos años se estaban agudizando las masacres en El Quiché en el marco del conflicto armado. Por esa razón, buscaron apoyo en la embajada de España para denunciar la represión contra la población civil. Ningún medio de comunicación radial, escrito y mucho menos televisivo quiso darles un espacio para exponer tal situación. La última instancia era buscar el apoyo de la comunidad internacional presente en Guatemala”, contó en una entrevista de 2021.

En enero de 2015 –es decir, 35 años después de la matanza– el ex jefe de policía Pedro García Arredondo, fue juzgado y declarado culpable del asesinato de las 37 personas que murieron en la embajada de España. Para entonces estaba cumpliendo una pena de 70 años de prisión por la desaparición forzada del estudiante universitario Édgar Sáenz Calito sucedida en 1981. Fue el único de los responsables de la masacre que fue juzgado. Todos los demás quedaron impunes. Rigoberta Menchú fue la primera testigo de la fiscalía y querellante en el juicio.

Desde hace años, todos los 31 de enero se realiza un homenaje ante la tumba de Gregorio Yuxá Xoná, cuyos restos están enterrados en el predio de la Universidad de San Carlos. En la misma entrevista que recordó a su padre, Rigoberta Menchú explicó la razón por la cual el joven campesino reposa allí: “Hay que reconocer el importante papel de la Universidad de San Carlos al apoyar las justas demandas de los indígenas. Por eso, las fuerzas represivas del Estado, después de secuestrarlo y torturarlo, arrojaron su cuerpo sin vida en el campus central como un claro mensaje de amenaza e intimidación para las organizaciones estudiantiles y de profesionales. Por mucho tiempo se ocultaron estos hechos, pero ahora hay un mayor reconocimiento de la tumba de Gregorio Yujá en la Universidad de San Carlos”, dijo.

En medio de los festejos navideños, la familia del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, que fue detenido en Venezuela bajo la sospecha de que habría viajado como un presunto espía a servicio del gobierno nacional, reiteró el pedido para que sea liberado, tras haberse presentado la documentación necesaria para probar que había viajado como turista para visitar a su familia. “No vamos a dejar de pedir una prueba de vida y su liberación inmediata”, apuntó su esposa, María Gómez.

Más de dos semanas transcurrieron desde la última vez que los familiares de Nahuel tuvieron noticias de él, debido a que el pasado 8 de diciembre perdió todo tipo de contacto al ser demorado y posteriormente detenido en Migraciones. Desde ese momento, iniciaron un reclamo para que sea liberado y para ser informados sobre en dónde y cómo se encuentra.

“Lo que nosotros sabemos es lo que se escucha. Escuchamos muchas cosas y lo que nosotros queremos es escuchar que está bien”, remarcó la mujer, respecto de la poca información oficial que recibieron por parte de las autoridades venezolanas. “Está en El Helicoide, para mí sería un alivio que no estuviese”, reconoció al hacer referencia a que la cárcel conocida por ser la sede del servicio de inteligencia, en el que se alojarían los presos políticos.

Durante una entrevista para el programa A dos voces, emitido por TN, Gómez exigió: “Queremos que él nos lo diga, porque él no se ha podido comunicar ni siquiera conmigo, ni su familia en Argentina”, para luego repetir: “No vamos a dejar de pedir una prueba de vida y su liberación inmediata”.

De la misma manera, aseguró que se encontraba en contacto con la Cancillería argentina, pero que no había recibido ningún tipo de información extra. “Obviamente, tenemos ansiedad de saber qué están haciendo, pero me imagino que están guardan un poco la información por el tema de la investigación”, comprendió al destacar: “Estamos trabajando en conjunto para devolver a Nahuel sano y salvo a Argentina”.

Por otro lado, la esposa de Gallo admitió que, como familia, atravesaban una situación difícil, sobre todo, con la llegada de las fiestas de diciembre. “Nos quitaron las ganas de pasar unos días bonitos, de pasar unos días en familia y cada día que pasa crece más la incertidumbre”, señaló al hacer referencia a que el gendarme había viajado a Venezuela con la intención de reunirse con ella y su hijo, debido a que hace algunos meses se habían mudado por cuestiones familiares.

A pesar de que el argentino había sido acusado de presunto espionaje, el Gobierno nacional demostró que Gallo había sido autorizado por Venezuela para ingresar al país con fines turísticos y recreativos. El Ministerio de Seguridad de la Nación remitió la documentación mencionada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, debido a que el país vecino intercedió en la cuestión diplomática desde que se cortaron los lazos entre ambos gobiernos.

De acuerdo con los escritos a los que accedió Infobae, el gendarme había informado al gobierno venezolano que viajaba para visitar a su familia e, incluso, su esposa había presentado una carta de invitación. “Mi invitado es mi pareja desde hace más de 5 años y padre de mi hijo menor, conociéndolo como una persona seria y responsable”, declaró la mujer, quien había entregado la declaración dos semanas antes de que el argentino viajara.

La mujer también aclaró que Gallo se alojaría en su residencia familiar y que ella se haría cargo tanto de los costos de la estadía como de cualquier otra asistencia que requiera en su país. Al final, aclara: “Mi invitado, supra identificado, realiza esta visita en calidad de turista, con fines exclusivamente recreativos y sin fines de lucro en la ciudad de Puerto La Cruz”.

Al pie del documento, se encontraban las firmas del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, a cargo de la vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, lo que convalidó el permiso de ingreso de Gallo. Por este motivo, las autoridades argentinas exigieron la liberación del gendarme al acusar que, si se hubiera detectado algún tipo de irregularidad en los documentos, deberían haber rechazado su ingreso, en lugar de secuestrarlo.

Además de la carta de invitación y la habilitación de los papeles desde el régimen de Maduro, Argentina también había presentado la ficha del gendarme, su partida de nacimiento y la autorización del Poder Ejecutivo argentino para que Gallo viaje al exterior.

Según los informes, esta era la primera vez en sus años de servicio que el gendarme había pedido salir del país durante su período de vacaciones. De acuerdo a lo informado y aprobado por la Gendarmería Nacional Argentina, el argentino iba a viajar hasta el 3 de enero, ya que la intención era celebrar la Navidad y el Año Nuevo con sus familiares, para luego retornar a sus servicios.

Luego de la pelea que se generó entre la vicepresidente, Victoria Villarruel, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto al caso del gendarme argentino secuestrado por el régimen chavista, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió el conflicto al señalar que ese tipo de temas tapaban los logros de la gestión de Javier Milei al hacer referencia al descenso que se pronosticó para el tercer trimestre del 2024. “Me manejo con los temas de Gabinete, con las cosas que me parecen trascendentes e importantes", sentenció.

Bajo el punto de vista del dirigente, el debate sobre la pelea desencadenada por un tweet que publicó la presidente del Senado sería un tema meramente banal. "Como no es bueno para el Gobierno, me parece que es un tema que hay que dejarlo de lado, no me parece que sea importante discutirlo“, evaluó en un intento de apartarlo de la agenda mediática.

A pesar de que el jefe de los ministros intentó esquivar dar una opinión al respecto, finalmente, dejó entrever sus diferencias con la segunda en el poder al mencionar que en calidad de funcionaria pública emitió "una opinión con la cual yo no estoy de acuerdo“. Y profundizó al considerar que ”ella se equivoca“, al indicar que titular de la cartera de Seguridad no fue la autoridad que le habría dado el permiso como tal para viajar a Venezuela.

Durante una entrevista para el programa ¿La Ves?, emitido por TN, Francos apuntó: “Me parece que fue una chicana que no tenía sentido“, e indicó que ”estas cosas no tienen sentido dentro de lo que es un mismo gobierno“. En línea con esto, profundizó: ”Es algo que no correspondía, es un mal gesto después que ella había sacado un tweet en donde bajaba más de un cambio".

“Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar. Slds”, disparó Villarruel en la red social X, una crítica que no tardó en recibir una respuesta filosa por parte de la ministra, quien la increpó al acusarla de explotar el caso “para juntar likes”.

En línea con esto, Bullrich recriminó: “Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional”. Asimismo, destacó que “los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político”, al hacer referencia a la eliminación del mensaje post mediatización del mismo.

A raíz de esto, el jefe de Gabinete evaluó que lo ocurrido no habría caído de la mejor manera al presidente Javier Milei al describirlo como una persona de carácter fuerte. “No creo que tolere estas cosas", expresó, para luego descartar la posibilidad de una futura salida de Villarruel del Gobierno. Además, recordó que la vicepresidente también había sido elegida por el país, pero reafirmó su postura sobre que el enfrentamiento “no le hace bien a nadie”.

De la misma manera, el jefe de Gabinete habló sobre la relación actual entre Milei y Villarruel, luego de que el mandatario marcara distancia de la titular del Senado al acusarla de ser parte de la casta política. Por este motivo, reconoció que "es un vínculo que tendrá sus altos y sus bajos“, pero aseguró que tratarán de evitar que este tipo de cuestiones se manifiesten públicamente.

“Tenemos un año electoral por delante”, remarcó Francos al vaticinar que La Libertad Avanza (LLA) tendría grandes posibilidades de ser el espacio ganador durante las elecciones legislativas que se celebrarán en 2025. “No va a ser un año sencillo, pero es muy distinto tener un bloque de 38 diputados a tener uno de 90 o 100. Y es muy distinto tener 8 senadores a tener 16″, analizó al subrayar que sería vital ganar más bancas en Diputados y Senadores para poder poner en funcionamiento la segunda generación de reformas que anunció el presidente.

A más de una semana de que el régimen chavista detuviera al gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo en la frontera del Estado de Táchira bajo la acusación de que realizar presuntas tareas de espionaje para el gobierno nacional, la diputada nacional María Eugenia Vidal señaló que “no puede haber grieta, ni división, todos tenemos que condenar de manera unánime este acto del gobierno autoritario y dictador de Venezuela”. Asimismo, consideró responsables a los máximos referentes del kirchnerismo por haber avalado al gobierno venezolano durante todos estos años.

Luego de que la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires se solidarizara con los familiares del miembro de la Gendarmería Nacional (GNA), instó al arco político a involucrarse en la causa desde el lugar que les correspondiera a cada uno. “Nosotros desde el bloque del PRO firmamos una declaración repudiando esta situación”, comunicó sobre el documento creado durante la reunión celebrada este martes.

“Queremos que el gobierno lleve adelante todas las acciones a nivel internacional que tengamos que llevar para recuperar a este argentino que está secuestrado”, exigió la referente del partido amarillo, para después cuestionar el rol que habrían tenido los dirigentes kirchneristas en la cuestión, debido a que los acusó de sostener un doble discurso. “Cuando hay violación de los derechos humanos solo aplica en algunos casos y en otros no”, cuestionó.

Durante una entrevista con Alfredo Leuco, por La Nación+, Vidal apuntó que “todos los referentes máximos del kirchnerismo que han hecho gala de su buena relación con el gobierno chavista durante décadas tienen responsabilidad sobre este argentino secuestrado en El Helicoide”, tras haber planteado que en este caso “no puede haber grieta, ni división”.

“Todos tenemos que condenar de manera unánime este acto del gobierno autoritario y dictador de Venezuela, que no es un gobierno legítimo, que no reconoció su derrota electoral y que no reconocemos como gobierno desde la Argentina”, insistió la diputada al evaluar que la situación puso al descubierto la falta de eficacia de las herramientas que existirían en el plano internacional para solucionar este tipo de conflictos diplomáticos.

En línea con esto, la referente del PRO aseguró que el flagelo no solo quedaba en evidencia con el caso venezolano, sino que también era visible en el conflicto entre Rusia y Ucrania, al igual que con los rehenes secuestrados por Hamas. “Está claro que el sistema internacional está fracasando y que hay que pensar cosas nuevas”, evaluó.

No obstante, Vidal reiteró la necesidad de tomar una postura frente al accionar del régimen chavista al sentenciar que “solo puede quedar algo claro, la indiferencia en este caso es complicidad”. Por lo que apuntó contra los gobiernos de la región que no repudien lo ocurrido.

El régimen chavista confirmó que el gendarme argentino será procesado por terrorismo

Después de que las autoridades venezolanas informaron que Gallo se encontraba detenido en un edificio perteneciente a los servicios de inteligencia venezolanos conocido como El Helicoide, el canicller Yván Gil comunicó que el agente está siendo procesado por supuestos “planes terroristas” que comprometerían al presidente argentino Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quienes acusó de haber dejado pruebas de presuntamente haber ideado un plan terrorista.

A través de Telegram, Gil afirmó que Milei y Bullrich “fueron descubiertos con las manos en la masa tratando de introducir elementos violentos en Venezuela”, y los acusó de supuestamente haber “dejado innumerables pruebas físicas que los comprometen en un plan terrorista”. No obstante, no dio detalles sobre las evidencias que habrían recolectado en su contra.

Respecto a la situación del gendarme, el canciller aseguró que “se quiso infiltrar en nuestro país”, por lo que se llevará a cabo un proceso judicial “con pleno respeto al Estado de Derecho y la justicia venezolana”. Asimismo, recriminó a las autoridades argentinas: “Dejen ya la desesperación y asuman las consecuencias de su conducta que avergüenza al noble pueblo argentino”.

Por su parte, Bullrich repudió al régimen liderado por Nicolás Maduro de intentar acumular rehenes como una estrategia para garantizar su impunidad. “Creemos que están acumulando prisioneros para protegerse de haber robado un gobierno”, acusó al indicar que las víctimas también incluiría a otras personas extranjeras.

“Secuestrar a un gendarme argentino no te hace fuerte, te muestra desesperado. La Argentina no se somete a tiranos”, destacó la ministra de Seguridad al asegurar que lograrían que Gallo regrese a su casa “como sea”. Asimismo, advirtió a las autoridades venezolanas de “atenerse a las consecuencias”, si no deciden liberar al gendarme.

El dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Sebastián Camilo Castañeda está desaparecido desde abril de 2023. Fue visto por última vez en compañía del empresario Anderson Santos, también desaparecido, en el Puerto 125, en Pance, un corregimiento del sur de Cali (Valle del Cauca). Su madre, Olga Ochoa, lleva más de un año esperando el regreso de su hijo, que podría estar secuestrado por una organización criminal, según una llamada que recibió el 19 de junio de 2024.

“El día de ayer recibí una llamada donde me dicen que ellos lo tienen, que es un integrante de Los Cebolleros, y está exigiendo que los medios sepan lo que está pasando, porque él dice que el Inpec sabe todo lo que está sucediendo”, contó la mujer, en conversación con W Radio.

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Presuntamente, se trataría de John Kenneber Cárdenas Murillo, conocido como El Cebollero, que está recluido en la cárcel La Picota desde marzo de 2024, a donde fue trasladado luego de lanzar varias amenazas en contra de guardias del Inpec y del alcalde de La Dorada (Caldas), Freddy Saldaña. En la conversación con la mamá del dragoneante desaparecido, aseguró que se siente inconforme por la manera en que está enfrentando su privación de la libertad.

“Estoy muy enfermo y estoy dispuesto a liberar ya a su hijo, a ordenar la liberación. (sic) En estos momentos a mí me tienen aislado, incomunicado. Ya hablé con el director general, ya hablé con el director de esta cárcel, mejor dicho, me falta hablar con la mamá de cada uno de ellos para que se den cuenta”, aseguró el sujeto en la llamada.

Entonces indicó que lo que está buscando es ser trasladado debido a las condiciones en las que está viviendo en el pabellón de alta seguridad de La Picota. Aseguró que el Inpec y la Policía Nacional tienen conocimiento al respecto y no han hecho nada para solucionarlo.

Además, indicó que no quiere dinero de la mujer. “Si se va a poner a consignar eso es culpa suya, mi señora. Nosotros no estamos pidiéndole plata. No nos interesa su plata, ni nos interesa la plata de este muchacho, ni nos interesa que venda la camioneta, ni nos interesa nada; su economía no nos interesa a nosotros (sic), me interesa es mi comodidad”, indicó.

En ese sentido, la mujer solicitó una prueba de que su hijo está vivo y que, en efecto, permanece secuestrado por la organización criminal. Entonces, El Cebollero pidió a Olga Ochoa que buscara la manera de que un medio de comunicación llegue a la cárcel para que uno de los periodistas reciba el reloj, el celular y la billetera de Sebastián Camilo Castañeda. De esta manera, podría corroborar que los objetos pertenecen a su hijo. De igual manera, indicó que la entrega de dichos objetos evidenciaría que están dispuestos a negociar. “Esto es culpa del Estado que no ha querido colaborar”, dijo.

Sin embargo, la mujer informó que no sabe con certeza si el hombre con el que se comunicó es en realidad el delincuente John Kenneber Cárdenas y si tiene bajo su poder al dragoneante del Inpec, como asegura. “La verdad es que no hay ninguna prueba, no hay nada”, insistió. Por eso, pidió ayuda a los medios de comunicación para que contribuyan en el esclarecimiento de los hechos y que, de esa manera, su hijo pueda regresar a casa: “No sé qué pensar ni qué hacer, porque de verdad que nos hemos sentido solos, no hay ningún apoyo”, dijo.

El Cebollero fue noticia en más de una ocasión por amenazar a integrantes del Inpec desde la cárcel de La Dorada (Caldas), donde se encontraba recluido antes de ser trasladado a La Picota. “Voy a matar al funcionario del Inpec bien llamado Sebastián López y al capitán López Sepúlveda, Juan Ramiro, que anda en un vehículo, ese vehículo será atentado y baleado, será volteado con esos hombres que tiene placas de esta ciudad”, aseveró.