El gobierno de Honduras anunció que el Presupuesto General para 2026 se situará en aproximadamente 430 mil millones de lempiras, lo que representa una reducción respecto al monto aprobado por la administración anterior. El anuncio fue realizado por José Argueta, secretario de prensa, quien presentó un conjunto de iniciativas orientadas a la modernización del Estado y a la contención del gasto, según informó el medio original.

La proyección de 430 mil millones de lempiras implica un recorte respecto a los 469 mil millones acordados en septiembre de 2025 durante el Consejo de Ministros del gobierno anterior. Argueta confirmó que esta reducción se basó en una revisión completa de las finanzas públicas. Como resultado, las nuevas directrices permitirán un ahorro mensual estimado en 600 millones de lempiras, lo que representa 7 mil 500 millones de lempiras al año que serán reasignados a prioridades estratégicas.

El funcionario resaltó el hallazgo de un incremento considerable en el gasto en salarios. Durante la gestión previa, la administración central aumentó en 20 mil millones de lempiras anuales su desembolso en planilla. Al ampliar el análisis al conjunto del sector público, el aumento total alcanzó 33 mil millones de lempiras anuales. Ante esta situación, el gobierno actual instruyó a todos los secretarios de Estado a presentar informes detallados sobre sus dependencias, abarcando estructura organizativa, personal, contratos y proyectos vigentes. El objetivo es identificar duplicidades, ineficiencias y gastos innecesarios, y así ajustar la estructura estatal.

Como parte del proceso de ajuste, la administración emprenderá una fusión de instituciones con funciones superpuestas. Entre las dependencias incluidas figuran la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), la Secretaría de Planificación y la Secretaría de la Presidencia. Argueta señaló que el enfoque no es eliminar servicios esenciales, sino eliminar redundancias administrativas y dotar de mayor eficiencia operativa al Estado.

El análisis alcanza áreas específicas como la Secretaría de Estrategia, la cual, de acuerdo con el informe oficial, tenía asignado un gasto cercano a 1.500 millones de lempiras y más de 500 empleados vinculados a uno de los canales estatales. Estas acciones buscan dejar de financiar estructuras cuyo costo no se justifica por sus resultados.

Entre las medidas inmediatas, el gobierno dispuso la supresión de prácticas calificadas como onerosas. Argueta detalló: “No más carros alquilados; solo en prados blindadas se iban 1 mil 200 millones de lempiras al año. También se bajará el consumo de combustible y el alquiler de edificios innecesarios.” Estas acciones buscan reforzar la austeridad y transparencia en el manejo de recursos públicos.

En materia de seguridad, la administración enviará al Congreso Nacional de Honduras un proyecto de ley antiextorsión orientado a fortalecer el combate a este delito, que afecta especialmente a pequeños y medianos empresarios, transportistas y comerciantes. El fortalecimiento jurídico estará acompañado de programas de simplificación administrativa y gobierno digital, cuyo propósito es reducir la discrecionalidad de los servidores públicos y limitar oportunidades para la corrupción.

Argueta informó que la modernización administrativa incluirá la digitalización de trámites y procesos, asegurando una mayor transparencia y acceso ciudadano a la información. Un ejemplo concreto será la nueva plataforma en la Secretaría de Infraestructura, donde la ciudadanía podrá consultar en tiempo real la ubicación y el costo de los proyectos públicos, lo que permitirá un mayor escrutinio social sobre la gestión de fondos.

La infraestructura es otro eje clave del plan. Entre las primeras disposiciones, el Consejo de Ministros ordenó la reparación urgente del Muelle de Henecán, infraestructura portuaria considerada estratégica para el comercio y la movilidad en la zona sur. Argueta precisó que el muelle enfrenta riesgo de colapso y su rehabilitación resulta fundamental para dinamizar el tráfico marítimo.

Coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, el gobierno ejecutará la reparación de 2.700 kilómetros de carreteras para mejorar la conectividad y reducir accidentes en un período de alto flujo vehicular hacia zonas turísticas y áreas rurales

La discusión sobre la distribución del poder administrativo en la Corte Suprema de Justicia de Honduras se ha vuelto a encender en el Congreso Nacional, tras la presentación de una iniciativa que apunta a modificar el modelo de gobernanza judicial.

El proyecto, que ya está en análisis en el seno legislativo, plantea retirar a la presidenta Rebeca Lizette Raquel Obando el control exclusivo sobre nombramientos, remociones, traslados y cancelaciones de personal, obligando a que esos actos sean aprobados por votación mayoritaria del pleno de magistrados.

Este movimiento ocurre en un contexto de críticas históricas al manejo discrecional de las atribuciones administrativas y de llamados a aumentar la transparencia y la legitimidad en el Poder Judicial.

Entre las alternativas en debate, una de las soluciones propuestas consiste en que la propia Corte Suprema conforme una comisión especial encargada de los procesos de personal jurisdiccional y administrativo, lo que diluiría la concentración de autoridad sin depender de una reforma legal inmediata.

El diputado y penalista Marlon Duarte ha argumentado que este camino interno permitiría repartir responsabilidades, aunque remarcó que “el Congreso Nacional tiene plena facultad para emitir un decreto legislativo que redefina las atribuciones administrativas dentro del Poder Judicial”.

Sostuvo además: “Si el Congreso emite un decreto, lo publica y establece su entrada en vigencia, le puede quitar atribuciones no solo a un director o ministro, sino a cualquier funcionario público, y eso se tiene que cumplir”. Estas declaraciones reflejan el reconocimiento de que existen múltiples vías para abordar la concentración de atribuciones, siendo el Congreso y el propio pleno de magistrados agentes clave en la transformación institucional.

En las últimas semanas, la propuesta legislativa ha ganado relevancia, pues junto con la revisión del esquema de atribuciones, se propone investigar las actuaciones administrativas de la presidencia de la Corte en los 90 días previos, en respuesta a señalamientos sobre nombramientos realizados sin procesos de concurso ni consenso del pleno.

Diputados y analistas argumentan que la situación actual otorga a la presidencia de la CSJ poderes poco controlados. Duarte ha sido enfático: “Las decisiones de remoción, nombramiento y cancelación de personal jurisdiccional y administrativo deberían ser tomadas por el pleno de la Corte Suprema de Justicia”, convencido de que ello fortalecería la legitimidad del órgano y limitaría posibles arbitrariedades.

Desde sectores jurídicos, la propuesta ha reavivado discusiones sobre la independencia judicial y la adecuada separación de poderes. Si bien el respaldo al esquema colegiado es significativo, varias voces han advertido que cualquier reforma debe proteger la autonomía del Poder Judicial frente al Legislativo.

Exigen reglas claras y procedimientos estandarizados para evitar que la nueva colegiatura se transforme en un espacio de negociaciones políticas, en detrimento de los méritos y la transparencia.

Algunos expertos han señalado que la solución no puede limitarse a una alteración puntual sino apostar por una reforma integral, incorporando criterios de mérito y mecanismos de control interno que fortalezcan la confianza ciudadana.

El diputado Marlon Duarte también aludió al precedente del desmantelado Consejo de la Judicatura, recordando que la experiencia con ese órgano, instaurado para administrar el Poder Judicial pero desarticulado tras denuncias de corrupción, produjo un vacío que llevó otra vez a la centralización del poder administrativo en la presidencia de la Corte Suprema.

“Creamos una institución que a pocos meses de haber sido nombrada ya estaba envuelta en grabaciones buscando favores, incluso favores sexuales. Siempre he dicho que si a un tonto le dan poder, más tonto se va a volver; el dinero y el poder no son para cualquiera”, expresó el parlamentario, al advertir sobre los riesgos de repetir errores del pasado.

Mientras el Congreso Nacional evalúa la propuesta y dentro de la comunidad jurídica se mantienen posturas divergentes, el debate institucional continúa abierto en Honduras. El desenlace servirá para definir el modelo de gobernanza de la Corte Suprema de Justicia y marcará cómo se estructurará la administración judicial en los próximos años, bajo la atención de una ciudadanía que demanda mayor transparencia y control sobre uno de los poderes del Estado más cuestionados del país.