El Buzón Tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es uno de los principales canales de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. A través de esta herramienta digital se envían notificaciones, avisos, resoluciones administrativas, solicitudes de información y otros documentos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Aunque comúnmente se habla de multas por “no revisar” esta plataforma, es importante hacer una precisión: la sanción prevista en el Código Fiscal de la Federación no se genera únicamente por dejar de consultar los mensajes, sino por no habilitar el Buzón Tributario, no registrar los medios de contacto o proporcionar información incorrecta o desactualizada.

De acuerdo con los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, las personas que incumplan con esta obligación pueden recibir una multa que va de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos. El monto aplicable dependerá de las circunstancias de cada caso y de la determinación de la autoridad fiscal.

¿En qué casos aplica la multa por el Buzón Tributario?

El SAT puede imponer una sanción cuando el contribuyente no cumple con los requisitos necesarios para mantener operativo este canal de comunicación. Entre los principales supuestos se encuentran:

• No haber habilitado el Buzón Tributario.
• No registrar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular.
• Proporcionar medios de contacto incorrectos, inexistentes o ajenos.
• No mantener actualizada la información registrada.

Estas omisiones pueden impedir que la autoridad establezca comunicación con el contribuyente. Por ello, el Código Fiscal de la Federación considera que registrar datos erróneos o no auténticos puede tener consecuencias similares a no habilitar la plataforma.

Además de la posible multa, ignorar las notificaciones depositadas en el Buzón Tributario puede ocasionar que una persona pierda plazos para presentar aclaraciones, responder requerimientos o atender algún procedimiento fiscal. En determinadas actuaciones, los plazos legales pueden comenzar a correr aunque el contribuyente no haya abierto personalmente el documento.

¿Cómo habilitar el Buzón Tributario del SAT?

El procedimiento se realiza en línea desde el portal oficial del SAT. El contribuyente debe ingresar con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), contraseña o e.firma y localizar la opción para habilitar o actualizar el Buzón Tributario.

Posteriormente, deberá registrar sus mecanismos de comunicación. Generalmente se solicita una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular. El sistema enviará un enlace al correo proporcionado y un código mediante mensaje SMS.

Ambos medios deben confirmarse dentro de un plazo máximo de 72 horas después del registro. Si la validación no se completa durante ese periodo, el trámite puede quedar inconcluso y será necesario realizar nuevamente el procedimiento, según las indicaciones del SAT para habilitar y actualizar el Buzón Tributario.

Una vez confirmados los datos, el sistema genera el Acuse de registro o actualización de mecanismos de comunicación como medios de contacto. Este documento debe descargarse y conservarse, pues funciona como comprobante de que el contribuyente realizó el proceso.

¿Por qué es importante revisar los mensajes del SAT?

Aunque no abrir un mensaje no constituye por sí solo la infracción establecida en el artículo 86-C, revisar periódicamente el Buzón Tributario es fundamental. Las comunicaciones depositadas en esta plataforma pueden estar relacionadas con devoluciones, requerimientos, créditos fiscales, invitaciones para corregir inconsistencias o actos administrativos que deben atenderse dentro de un plazo determinado.

Los avisos enviados por correo electrónico o mensaje de texto únicamente informan que existe una nueva comunicación. Para conocer su contenido y efectos legales es necesario ingresar directamente al portal oficial.

También es recomendable verificar periódicamente que el correo y el número celular registrados sigan activos. Si alguno cambia, debe actualizarse cuanto antes para evitar problemas de comunicación con la autoridad.

Mantener habilitado y consultar el Buzón Tributario no solo reduce el riesgo de recibir una multa de hasta 11 mil 540 pesos, sino que permite responder oportunamente a los requerimientos del SAT y llevar un mayor control de la situación fiscal. Ante cualquier mensaje cuya autenticidad genere dudas, lo más seguro es ingresar directamente al sitio oficial y evitar abrir enlaces enviados desde direcciones desconocidas.

Los conductores con multas de tránsito podrán acceder a una reducción excepcional en el monto de sus deudas desde este sábado 5 de setiembre. El beneficio fue habilitado luego de que el Concejo Municipal Metropolitano aprobara una ordenanza que establece las condiciones para aplicar el nuevo régimen en Lima.

La medida permitirá cancelar las papeletas con una rebaja del 90%, de acuerdo con las disposiciones contempladas en el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima señaló que la norma municipal también busca adecuar los procedimientos administrativos y operativos necesarios para poner en marcha el beneficio.

¿Desde cuándo estará disponible el descuento?

La Ordenanza Municipal N.° 2849-2026-MML fue aprobada por el Concejo Municipal Metropolitano y establece el marco para la aplicación del régimen excepcional en la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Según informó el SAT de Lima, el descuento comenzará a aplicarse desde el sábado 5 de setiembre. La disposición busca adaptar los procedimientos a lo establecido previamente por el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC, además de brindar seguridad jurídica a los ciudadanos que decidan acogerse a la medida.

¿Cómo pagar las papeletas con la rebaja?

Los ciudadanos interesados podrán efectuar el pago de sus multas de tránsito aplicando el descuento extraordinario mediante la plataforma de pagos en línea del SAT. La entidad indicó que el beneficio también estará disponible a través de las plataformas de los bancos afiliados.

De esta manera, quienes cumplan con las condiciones para acogerse al régimen podrán realizar el trámite por canales digitales habilitados. El SAT señaló que las adecuaciones normativas y tecnológicas fueron necesarias para garantizar la correcta implementación de la medida.

SAT señala que busca garantizar el servicio

El organismo tributario de la Municipalidad de Lima indicó que el proceso de implementación contempla ajustes destinados a asegurar un servicio adecuado durante la vigencia del beneficio. La entidad también destacó que estos cambios permitirán atender a los ciudadanos bajo criterios de transparencia y eficiencia.

Con esta medida, la Municipalidad de Lima pone en marcha el régimen excepcional establecido para las papeletas, con una reducción del 90% en el pago de las multas. La información fue comunicada por el SAT este viernes 4 de setiembre.

¿Cómo saber si tienes multas de tránsito?

Las plataformas oficiales permiten verificar de forma gratuita si un conductor registra multas o papeletas. La consulta puede realizarse con la placa del vehículo, el DNI o el número de licencia, dependiendo de la entidad y del lugar donde se cometió la infracción.

En Lima Metropolitana, el SAT Lima permite consultar deudas por papeletas ingresando la placa o los datos del propietario. Para revisar el récord a nivel nacional, el MTC cuenta con una plataforma donde se puede conocer el historial de infracciones y los puntos acumulados en la licencia.

En el caso de las carreteras nacionales, la Sutrán dispone de un sistema para consultar infracciones mediante la placa o el acta de control. Estas herramientas también permiten conocer el estado de las sanciones y, según corresponda, acceder a opciones de pago o regularización.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede embargar casas, vehículos y cuentas bancarias de quienes acumulen créditos fiscales firmes y no los paguen ni los garanticen dentro del plazo que marca la ley.

El mecanismo opera sin necesidad de una orden judicial previa y está regulado por el Código Fiscal de la Federación (CFF). Los plazos comienzan a correr desde el día siguiente a la notificación del adeudo, según establece la propia norma.

Motivos que activan un embargo del SAT

La autoridad fiscal no actúa de forma arbitraria. Para iniciar cualquier procedimiento de cobro forzoso debe existir una causa documentada, entre las que figuran:

• Deuda fiscal vencida sin pago ni garantía suficiente.
• Omisión reiterada de declaraciones mensuales o anuales.
• Discrepancia fiscal no aclarada entre ingresos declarados y movimientos bancarios.
• Contribuyente catalogado como “no localizado” en su domicilio fiscal.
• Operaciones con empresas dedicadas a la expedición de comprobantes fiscales falsos (EFOS).

Cuando un contribuyente recibe la notificación de un crédito fiscal, cuenta con 30 días hábiles para pagarlo o garantizarlo. Si ese plazo se vence sin ninguna acción, el SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), que habilita el embargo de cuentas bancarias, vehículos y hasta inmuebles hasta cubrir el monto total del adeudo actualizado.

El artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) regula el segundo mecanismo: la discrepancia fiscal. Esta se activa cuando los gastos, adquisiciones de bienes, depósitos bancarios, inversiones o cargos en tarjetas de crédito de una persona física superan los ingresos que declaró ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Ante esa discrepancia, el SAT notifica al afectado mediante el Buzón Tributario y le otorga 20 días hábiles para aclarar por escrito el origen de los recursos.

El artículo 55 de la misma ley obliga a los bancos a reportar al fisco los depósitos en efectivo que superen los $15,000 pesos dentro de un mismo mes en una sola entidad. Instituciones como BBVA, Banamex y Santander deben entregar ese informe a más tardar el día 17 de cada mes.

Procedimiento Administrativo de Ejecución paso a paso

El PAE sigue una secuencia de pasos establecida en el artículo 145 y siguientes del CFF:

1. Vencido el plazo de 30 días hábiles sin pago ni garantía, el SAT emite un mandamiento de ejecución.

2. Un ejecutor designado acude al domicilio fiscal del contribuyente o al lugar donde se encuentren sus bienes.

3. El ejecutor requiere comprobante de pago en ese momento. Si el contribuyente no acredita el pago, se levanta un acta de embargo de forma inmediata.

4. Si no se localiza a la persona, el ejecutor deja citatorio para el día hábil siguiente. Si tampoco es hallada, la diligencia se entiende con quien se encuentre en el lugar.

El CFF establece además un orden de prelación para determinar qué bienes se embargan primero: dinero en efectivo, metales preciosos y depósitos bancarios; acciones, bonos y créditos de fácil cobro; bienes muebles como vehículos y maquinaria; y, al final, bienes inmuebles, incluida la vivienda.

Una vez embargado un bien, peritos determinan su valor comercial mediante avalúo. El SAT publica después una convocatoria de remate al menos 10 días antes de la subasta, con un precio mínimo equivalente a dos terceras partes de ese avalúo.

Si el monto obtenido en el remate cubre la totalidad del adeudo, el procedimiento se cierra. Cuando resulta insuficiente, el SAT emite un nuevo requerimiento, amplía el embargo y puede retener más bienes hasta cubrir el crédito fiscal por completo.

Embargo de cuentas bancarias sin previo aviso

El artículo 156-Bis del CFF faculta al SAT para ordenar la inmovilización de depósitos bancarios en cualquier tipo de cuenta, en moneda nacional o extranjera, sin notificar antes al titular. El oficio se dirige directamente al banco o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La institución financiera tiene hasta tres días hábiles para ejecutar el bloqueo. Solo después, en un plazo máximo de otros tres días, el SAT notifica al titular mediante el buzón tributario, estrados o edictos.

La ley contempla dos supuestos para esta medida. El primero ocurre cuando el crédito fiscal ya es firme: una deuda determinada, notificada y no impugnada en tiempo, o que agotó todos los medios de defensa disponibles.

El segundo aplica cuando el crédito está impugnado pero no garantizado, y se cumple al menos una de estas condiciones: el contribuyente no es localizable en su domicilio fiscal, la garantía ofrecida es insuficiente, no se amplió la garantía cuando la autoridad lo requirió, o los bienes embargados previamente no alcanzan a cubrir el interés fiscal.

Son susceptibles de embargo las cuentas de cheques, ahorro, nómina e inversiones registradas a nombre del contribuyente en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. El CFF reconoce, además, el derecho del contribuyente a designar los bienes a embargar, siempre que respete el orden legal de prelación.

Cambio normativo desde la Ley de Ingresos de la Federación 2026

Hasta 2025, interponer un recurso de revocación eximía al contribuyente de garantizar el crédito fiscal mientras se tramitaba la impugnación. Esa facilidad desapareció con la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

Ahora, quien presente el recurso debe constituir una garantía del interés fiscal en un plazo de seis meses, o en 10 días hábiles si la resolución llega antes de ese término.

Bienes y recursos que el SAT no puede embargar

El artículo 157 del CFF establece un listado de bienes inembargables, entre los que figuran las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias, así como sueldos, salarios y pensiones de cualquier tipo.

También quedan protegidos los recursos vinculados a programas sociales del gobierno federal, el lecho cotidiano y los vestidos del deudor y su familia, los muebles de uso indispensable del hogar que no sean de lujo, y los libros, instrumentos y mobiliario necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio del deudor.

En ningún caso el SAT puede inmovilizar un monto mayor al del crédito fiscal actualizado más sus accesorios legales, sea que la medida recaiga sobre una sola cuenta o sobre varias.

Opciones para el contribuyente ante un embargo

La vía más directa para detener el procedimiento es pagar el adeudo dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación. Una alternativa es garantizar la deuda, lo que suspende el PAE mientras el contribuyente negocia, aclara o impugna el crédito.

El artículo 141 del CFF reconoce como garantías válidas el billete de depósito, la carta de crédito, la prenda o hipoteca, la fianza y la obligación solidaria de un tercero. Si ya se ejecutó el bloqueo de una cuenta, el titular puede ofrecer una garantía sustituta para liberar los fondos; la autoridad tiene un plazo máximo de cinco días para resolver, y si no lo hace, el banco debe levantar la inmovilización.

Quienes consideren indebida la determinación del SAT pueden interponer un recurso de revocación ante la propia autoridad, con un plazo de 30 días hábiles desde que surte efectos la notificación. También está disponible el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con un plazo de 30 a 45 días hábiles, o el juicio de amparo cuando se alegan violaciones a derechos constitucionales.

Una tercera vía es acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que puede actuar como intermediaria cuando detecta irregularidades en el procedimiento fiscal.

En atención a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el SAT informó que de octubre de 2024 a agosto de 2026 canceló la posibilidad de emitir facturas a 2 mil 205 empresas comercializadoras que vendían combustible de manera ilegal, de acuerdo con un comunicado difundido este 2 de septiembre.

Según el SAT, la medida forma parte de sus acciones para combatir la evasión y elusión fiscal, además del contrabando.

Sheinbaum pide a la FGR detallar cómo operaba la red de huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la FGR explique cómo se descubrió y cómo operaba la red de huachicol fiscal ligada al contrabando de combustible, un caso en el que se implica a Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Semar.

Durante su conferencia de este 2 de septiembre, la mandataria sostuvo que “no hay nada que esconder” y planteó que la Fiscalía informe “hasta donde puedan en su proceso judicial” los detalles del expediente.

El señalamiento cobra relevancia luego de que, según la presidenta, en una audiencia de Farías Laguna surgieron los nombres de Andrés López Beltrán y del senador Adán Augusto López como parte de testimonios de un testigo.

“Que la Fiscalía explique todo con todo detalle y, obviamente, hay temas que son parte del proceso, pero que se explique claramente cómo estas personas desarrollaron una red muy amplia de contrabando de combustible”, declaró.

Primeras denuncias del caso parten del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda

Sheinbaum afirmó que la investigación, que las autoridades destaparon en marzo de 2025, está a cargo de la FGR y que se puede dar información para aclarar el avance del caso. “Es muy importante que se conozca para que se vea que no hay nada que esconder, absolutamente nada”, dijo.

La presidenta detalló que las primeras denuncias partieron del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, quien presentó información ante la Fiscalía. Agregó que las detenciones iniciales se realizaron bajo la dirección del fiscal Alejandro Gertz Manero y que después continuaron con la actual titular, Ernestina Godoy, quien da seguimiento a las carpetas de investigación.

Sheinbaum también señaló que solicitó a la FGR exponer públicamente cómo se integró la red, quiénes participaron y qué mecanismos permitieron frenar el contrabando de combustible, un tema que, aseguró, impacta la venta de gasolina legal. Sobre las menciones a figuras políticas, insistió en que la explicación debe provenir de la autoridad ministerial: “No es nada más que alguien diga o que un periódico diga o que una revista diga”.

Huachicol fiscal introdujo 935 millones de barriles sin impuestos desde 2019, según un análisis

El huachicol fiscal de combustibles sumó desde 2019 hasta mediados de 2026 cerca de 935 millones de barriles de gasolina y diésel introducidos a México sin pagar impuestos, con un quebranto superior a 730 mil millones de pesos; el esquema, según explicó Francisco José Barnés de Castro en entrevista con Aristegui Noticias, evolucionó del contrabando fronterizo a redes marítimas y ferroviarias con participación criminal y corrupción oficial.

Información del analista ubicó la detonación del fenómeno en 2019, cuando el cierre y resguardo de ductos de Pemex obligó a los cárteles a mover su negocio del robo de infraestructura al contrabando masivo por puertos y aduanas. El efecto, de acuerdo con ese análisis, no solo pegó a la Hacienda pública: también desplazó a la petrolera del mercado por el volumen de combustible ilegal que circula con apariencia legal.

El mecanismo central se repite en los casos documentados: las organizaciones importan gasolina o diésel, pero los declaran ante aduanas como aceites, lubricantes u otros derivados con carga tributaria menor o nula. Así evaden el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El cambio de 2019 movió el negocio de los ductos a puertos y aduanas

Los antecedentes del contrabando de combustibles en México se remontan a las décadas de los 70 y 80, cuando la diferencia de precios entre Estados Unidos y México impulsó el ingreso hormiga de gasolina y diésel por la frontera norte. Con la entrada en vigor del TLCAN, diarios nacionales comenzaron a registrar la llegada de “gasolina pirata” mediante facturas falsas y triangulaciones en aduanas.

En ese periodo, bandas criminales y empresarios aduanales corrompidos registraban camiones cisterna como si transportaran otros productos químicos con menor carga impositiva. En 2001, La Opinión publicó uno de los primeros reportajes formales sobre el tema, “Los chupaductos”, centrado en bandas dedicadas al robo y comercialización ilegal de gasolina en el norte del país.

La periodista Ana Lilia Pérez fue una de las primeras voces en documentar que el problema no era solo fronterizo. Sus reportajes expusieron redes de complicidad dentro de Pemex y del propio gobierno federal.

Del 2011 al 2018, el crimen organizado concentró ganancias en la perforación de ductos de Pemex en el centro del país. Barnés de Castro sostuvo que esa etapa financió las operaciones de mayor escala que vendrían después.

En 2019, el resguardo de ductos con fuerzas armadas obligó a los grupos delictivos a rediseñar su modelo. Entonces dirigieron su infraestructura al contrabando masivo por puertos y aduanas, en colusión con funcionarios del Ejército y la Marina.

La plataforma Código Magenta comenzó a documentar a mediados del sexenio anterior el desembarco de combustible ilegal en muelles del país. El medio difundió imágenes de filas de pipas formadas para descargar buques, sin que el gobierno de ese momento reconociera el problema.

Buque Challenge Procyon expuso una red con marinos, armas y pedimentos falsos

El 6 de marzo de 2025, medios locales como Milenio Diario informaron sobre filas inusuales de camiones cisterna afuera del puerto de Tampico/Altamira. El 19 de ese mes, tras una denuncia anónima, la FGR y Semar aseguraron el buque Challenge Procyon en la aduana de Altamira, Tamaulipas.

Las autoridades decomisaron entre 8 y 10 millones de litros de diésel y armas de alto calibre a bordo. La empresa importadora Intanza, identificada por la FGR como fachada del CJNG, falsificaba pedimentos y declaraba el diésel como “aditivos para aceites lubricantes” o “residuos petroquímicos”.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Aristegui Noticias, publicada el 9 de enero de 2026, reveló que el buque transportaba en realidad 20.9 millones de litros, el doble de lo anunciado oficialmente. A partir de esa diferencia surgió en redes la discusión sobre los 10 millones de litros faltantes en el registro gubernamental.

En septiembre de 2025 fueron detenidas 14 personas ligadas al buque, entre ellas nueve integrantes activos de la Marina. N+ Focus reveló entre el 24 y 25 de ese mes que el Challenge Procyon descargaba armamento militar por las noches con destino al CJNG.

El 20 y 21 de agosto de 2026, el gobierno mexicano concretó desde Argentina la extradición del excontralmirante Fernando Farías Laguna, a quien la FGR identificó como líder de la estructura criminal. La fiscal general Ernestina Godoy indicó que la red operó en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México, con participación de al menos 12 exservidores públicos.

El esquema también apareció en Ensenada, Houston y Coahuila

Otro caso citado por Barnés de Castro ocurrió el 8 de marzo de 2025, cuando el buque tanque Torm Agnes llegó al puerto de Ensenada con millones de litros de diésel declarados falsamente como “aditivos químicos”. La embarcación fue fletada por la empresa estadounidense Ikon Midstream para trasladar producto comprado en Canadá e introducirlo de forma clandestina al país.

La evasión estimada en ese solo viaje fue de 7 millones de dólares. Después, el 14 de abril de 2026, agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos allanaron las oficinas centrales de Ikon Midstream en Houston, Texas, y decomisaron computadoras y archivos de transacciones con empresas fachada de los cárteles.

El tercer caso documentado por el analista es el hallazgo del 7 de julio de 2025 de 33 ferrotanques aparentemente abandonados en las vías de Ramos Arizpe, Coahuila. Dentro ocultaban 3.96 millones de litros de diésel sin documentación legal.

Ana Lilia Pérez resumió el fenómeno en una mesa de análisis para IMER Noticias: “El contrabando de combustible, que genéricamente se denomina huachicol fiscal porque le están huachicoleando al fisco lo que tendrían que pagar y no pagan, no solo representa un fraude a la Hacienda Pública, sino que es un tema de delincuencia organizada”.

La periodista añadió que la reforma energética de 2013 abrió la puerta al crecimiento del contrabando al otorgar mil 377 permisos de importación de combustibles, de los cuales solo 14 correspondieron a Pemex. “Muchas de esas empresas no tenían infraestructura real, eran empresas de papel o factureras”, afirmó.

Sobre la vinculación a proceso del ex mandatario de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, Pérez dijo en entrevista con Astillero Informa: “El señor fue gobernador de Baja California, pero es un contrabandista de combustible”. En ese mismo espacio rechazó que la detención tuviera un trasfondo político y sostuvo que el componente partidista suele usarse “como una artimaña para evadir la ley”.

La periodista también subrayó el carácter transnacional del negocio en la mesa de IMER Noticias. “Sería muy interesante ver cómo este caso se vierte en un efectivo factor de colaboración entre autoridades de los dos países con una cosa que es transnacional”, señaló, y advirtió que las investigaciones deben avanzar “no importa si alguien es militante de tal o cual partido”.

El SAT fija el 17 de septiembre como fecha límite para ocho obligaciones fiscales en un mes marcado por el feriado del Día de la Independencia, que complica los tiempos para millones de contribuyentes en México.

El 17 de septiembre es la fecha límite para presentar declaraciones y realizar los pagos correspondientes al mes de agosto,según lo establece el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), que fija el día 17 de cada mes como plazo general para los pagos provisionales del Impuesto sobre la Renta (ISR) y los pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La medida abarca tanto a personas físicas como a personas morales inscritas en distintos regímenes tributarios, y su incumplimiento puede derivar en multas, recargos y hasta el bloqueo de cuentas bancarias a futuro.

Qué se debe pagar antes del 17 de septiembre

Los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) encabezan la lista de obligados. Deben presentar su cálculo mensual de ISR sobre los ingresos efectivamente cobrados en agosto, con tasas que van del 1% al 2.5%, además del entero de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las retenciones por salarios y asimilados a salarios.

Las personas físicas con actividades empresariales y profesionales también deben declarar el IVA mensual y realizar sus pagos provisionales o definitivos del Impuesto sobre la Renta (ISR). Las empresas bajo el Régimen General de Ley, por su parte, están obligadas a presentar retenciones de IVA e ISR por salarios, garantizando que la información coincida con sus registros contables.

El Régimen de los Coordinados y los contribuyentes que comercializan productos sujetos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) también tienen hasta esa fecha para presentar sus declaraciones mensuales y definitivas, respectivamente.

El feriado del 16 de septiembre complica los tiempos

La cercanía con el Día de la Independencia —descanso obligatorio el 16 de septiembre, un martes— deja apenas un día hábil de margen antes del vencimiento. Eso significa que los contribuyentes deben tener listas sus conciliaciones bancarias, pólizas contables y facturación antes de esa semana.

La saturación del portal del SAT es habitual en las fechas de cierre. Por eso, el organismo recomienda no esperar al último día y verificar con anticipación que la e.firma y la contraseña estén vigentes, ya que credenciales vencidas retrasan todo el procedimiento.

Plazos escalonados para algunos contribuyentes

Ciertos contribuyentes pueden acogerse a días adicionales según el sexto dígito de su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Los dígitos 1 y 2 extienden el plazo hasta el viernes 18; los dígitos 3 y 4, hasta el lunes 21; los dígitos 5 y 6, hasta el martes 22; los dígitos 7 y 8, hasta el miércoles 23; y los dígitos 9 y 0, hasta el jueves 24 de septiembre.

Este beneficio no aplica para grandes contribuyentes, personas morales consolidadas ni para los inscritos en el RESICO, quienes deben ceñirse estrictamente al 17 de septiembre.

Dos fechas más que vencen en septiembre

El 30 de septiembre es la otra fecha de atención obligatoria para este mes. Ese día vence la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), que corresponde a personas morales y físicas sujetas al IVA.

En esa misma fecha cierra también el plazo para enviar la balanza de comprobación mensual de la contabilidad electrónica, correspondiente a las operaciones de julio, conforme al desfase reglamentario de dos meses que establece el marco fiscal.

Qué pasa si no se cumple

El SAT tiene la facultad de bloquear cuentas bancarias en cualquier institución que opere en México —incluyendo BBVA, Banamex, Santander y Banco Azteca— sin necesidad de un juicio previo, siempre que el crédito fiscal sea firme y exigible, conforme al artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación.

El bloqueo se mantiene hasta que el contribuyente regularice su situación, ya sea pagando el adeudo o presentando garantías aceptadas por la autoridad. El monto inmovilizado incluye el adeudo principal más recargos, multas y gastos de ejecución.

Adicionalmente, los bancos reportan de forma automática al fisco los depósitos mensuales que superen $15,000 pesos, por lo que cualquier discrepancia entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios puede desencadenar una revisión o auditoría.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensifica en septiembre de 2026 su cruce de información con los bancos del país para detectar depósitos en efectivo que no coincidan con los ingresos declarados, en una estrategia que puede derivar en auditorías, requerimientos formales e incluso el embargo de cuentas. La obligación de reportar no recae en el cuentahabiente, sino en las instituciones financieras.

Según el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), bancos como BBVA, Banamex y Santander deben entregar al fisco, a más tardar el día 17 de cada mes, un informe con los depósitos en efectivo acumulados que superen los $15,000 pesos dentro del mismo periodo en una misma entidad.

Qué movimientos disparan el reporte automático al SAT

El umbral de $15,000 pesos mensuales aplica exclusivamente a billetes y monedas depositados en ventanilla o cajero automático, así como a la compra en efectivo de cheques de caja. La norma fue reformada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021.

Quedan fuera de ese esquema de reporte las transferencias electrónicas por SPEI, los traspasos entre cuentas y cualquier operación pactada mediante títulos de crédito, incluso si el movimiento ocurre dentro de la misma institución que recibe los recursos.

La discrepancia fiscal, el detonador real de una auditoría

Superar el umbral de $15,000 pesos no implica una citación automática. El artículo 91 de la LISR establece que el procedimiento de discrepancia fiscal se activa cuando las erogaciones de una persona física —gastos, adquisiciones de bienes, depósitos bancarios, inversiones financieras y cargos en tarjetas de crédito— superan los ingresos que declaró o debió declarar ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El SAT puede activar una revisión cuando detecta que los gastos, depósitos o compras con tarjeta de un contribuyente superan sus ingresos declarados ante el RFC. Ante esa discrepancia, la autoridad notifica al afectado a través del Buzón Tributario y le otorga 20 días hábiles para aclarar por escrito el origen de los recursos y presentar las pruebas que considere pertinentes. Si la inconsistencia no se aclara, se presume ingreso gravado y se formula la liquidación correspondiente.

La norma también prevé excepciones. No entran al cálculo de discrepancia los depósitos que el contribuyente realice en cuentas ajenas cuando demuestre que correspondieron al pago por bienes o servicios, ni los traspasos entre sus propias cuentas o hacia cuentas de cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta de primer grado.

Las cinco causales que pueden llevar al embargo de una cuenta

El fisco no puede congelar ni inmovilizar fondos de forma arbitraria o inmediata. Para ordenar un aseguramiento de depósitos, la ley exige un procedimiento administrativo previo y documentado. Las causales legales son:

Deuda fiscal vencida sin pago ni garantía: cuando un contribuyente acumula créditos fiscales firmes y no los liquida ni ofrece respaldo económico suficiente, el SAT solicita la inmovilización de sus cuentas hasta garantizar el cobro total.

Omisión reiterada de declaraciones: dejar de presentar declaraciones mensuales o la declaración anual activa protocolos automáticos de revisión que pueden culminar en el bloqueo total de las cuentas asociadas.

Discrepancia fiscal no aclarada: depósitos, transferencias o gastos que superen los ingresos declarados, sin respaldo documental, motivan la inmovilización preventiva de los fondos mientras se desarrolla la investigación formal.

Estar catalogado como “no localizado”: el contribuyente registrado con un domicilio fiscal donde la autoridad no puede ubicarlo queda expuesto a medidas de aseguramiento de sus activos bancarios.

Operaciones con empresas factureras (EFOS): realizar transacciones con sociedades dedicadas a la expedición de comprobantes fiscales falsos es causal directa de congelamiento de cuentas.

La ley protege de forma expresa las cuentas de nómina, el pago de pensiones, los fondos de ahorro para el retiro (AFORE) y los apoyos de programas sociales, que no pueden ser objeto de embargo bajo ninguna de estas causales.

Plazos de septiembre que el SAT fijó como inamovibles

El organismo confirmó que el 17 de septiembre es la fecha límite para cumplir con ocho trámites fiscales obligatorios, entre ellos las declaraciones mensuales del Régimen de Coordinados y la declaración definitiva del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Quienes no regularicen su situación antes de esa fecha se exponen a multas y a auditorías derivadas de inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios registrados. La autoridad advirtió que la saturación del portal es habitual en las fechas límite.

El SAT informó que los ingresos del Gobierno federal sumaron 3 billones 830 mil 732 millones de pesos de enero a julio de 2026, un crecimiento nominal de 117 mil 65 millones de pesos frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el organismo.

En esos siete meses, los ingresos tributarios se ubicaron en 3 billones 407 mil 331 millones de pesos, con un aumento nominal de 128 mil 523 millones de pesos respecto a enero-julio del año previo, según el comunicado del SAT.

IEPS deja más de 401 millones de pesos en los primeros siete meses del 2026

Por IEPS ingresaron 401 mil 712 millones de pesos, 22 mil 628 millones de pesos más que en el mismo lapso de 2025.

La recaudación por IVA alcanzó 1 billón 41 mil 19 millones de pesos, un crecimiento de 129 mil 667 millones de pesos a tasa nominal anual, y por ISR se reportaron 1 billón 777 mil 785 millones de pesos.

El SAT añadió que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes fortalece la recaudación, la economía mexicana y el bienestar de la población.

En términos presupuestales, la recaudación tributaria forma parte central de los recursos del Gobierno Federal. Ese dinero se destina a programas sociales y pensiones; servicios de salud y compra de medicamentos; educación pública; infraestructura carretera, hidráulica y de transporte; seguridad pública, procuración de justicia y operación de dependencias federales; y organismos públicos.

Registra el país en julio un récord de exportaciones e importaciones, informa el Inegi

México marcó en julio un récord de exportaciones e importaciones, con ventas al exterior por 81 mil 420 millones de dólares y compras por 82 mil 268 millones de dólares, un resultado que confirma el repunte del comercio exterior aunque ese mismo mes deja un déficit comercial por 847.5 millones de dólares, según las cifras oportunas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El avance anual también alcanzó máximos en ambos flujos: las exportaciones crecieron 43.7% frente a julio de 2025 y las importaciones subieron 45%. En el acumulado de enero a julio, el saldo se mantiene positivo, con un superávit de 9 mil 255 millones de dólares.

De acuerdo con el Inegi, el dinamismo de julio se concentró sobre todo en las mercancías no petroleras y en la industria manufacturera. Dentro de ese bloque, los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos aparecen como uno de los motores del repunte.

Manufacturas llevan las exportaciones mexicanas a su mayor nivel mensual

Las mercancías no petroleras aumentaron 45% respecto de julio de 2025. En ese segmento, las ventas hacia Estados Unidos crecieron 49.8%, mientras las dirigidas al resto del mundo avanzan 21%.

Las exportaciones manufactureras sumaron 76 mil 306 millones de dólares y registraron un incremento anual de 45.7%. El dato confirmó que el mayor empuje del comercio exterior mexicano en julio provino de la producción industrial.

Dentro de las manufacturas, las exportaciones no automotrices alcanzaron 59 mil 841 millones de dólares y suben 64.9%. Las automotrices llegaron a 16 mil 465 millones de dólares, con un alza de 2.4%.

Ese desempeño automotriz se explica por trayectorias distintas según el destino. Los envíos a Estados Unidos aumentaron 3.7%, pero las ventas a otros mercados bajaron 3.9%.

Entre los productos con mayores incrementos destacan los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, con un salto de 134%. También subieron los productos de la minerometalurgia, con 27.3%; la maquinaria y equipo para industrias diversas, con 13.9%; los productos plásticos y de caucho, con 13.3%; y los productos automotrices, con 2.4%.

Las exportaciones extractivas también mostraron un repunte de 87.1% anual. En el caso de las petroleras, el valor exportado asciende a 1 mil 988 millones de dólares, con un crecimiento de 6.8%.

El SAT informó que los depósitos en efectivo que superen 15 mil pesos al mes en una misma institución financiera se notifican de forma automática a la autoridad fiscal, una regla prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta que también puede detonar revisiones cuando el dinero que una persona gasta o deposita rebasa lo que declaró como ingreso.

La obligación no recae en el cuentahabiente, sino en las instituciones que integran el sistema financiero. La ley les ordena entregar mensualmente la información a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior cuando el monto acumulado de depósitos en efectivo exceda ese umbral en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular dentro de la misma entidad.

Todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja, de acuerdo con el artículo 55 de la Ley del ISR. La disposición vigente fue reformada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021.

Regla aplica solo a depósitos en efectivo y excluye transferencias y traspasos

La propia ley define qué operaciones entran en este supuesto. Se consideran depósitos en efectivo los realizados en moneda nacional o extranjera en cualquier tipo de cuenta a nombre de personas físicas o morales en instituciones del sistema financiero, así como la compra en efectivo de cheques de caja.

Quedan fuera de esa categoría las transferencias electrónicas, los traspasos de cuenta, los títulos de crédito y cualquier otro documento o sistema pactado con instituciones financieras en términos de la legislación aplicable. La exclusión opera incluso si el movimiento se hace con cargo a la misma institución que recibe los recursos.

Ese punto responde una de las dudas más frecuentes sobre el aviso al SAT: no todo depósito bancario entra al esquema de información automática. La obligación se activa por depósitos en efectivo acumulados por arriba de 15 mil pesos mensuales dentro de una misma institución.

La discrepancia fiscal puede surgir si gastos y depósitos superan los ingresos declarados

El artículo 91 de la misma ley establece que las personas físicas pueden ser sujetas al procedimiento de discrepancia fiscal cuando sus erogaciones en un año calendario sean mayores a los ingresos declarados o a los que debieron declarar. Para ese cálculo, la norma toma en cuenta gastos, adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias, inversiones financieras y cargos en tarjetas de crédito.

Si una persona no está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, no presenta las declaraciones a las que está obligada o declara ingresos menores a sus erogaciones, esas salidas de dinero se presumen ingresos. En el caso de contribuyentes asalariados que no están obligados a presentar declaración anual, la ley considera como ingresos declarados los manifestados por quienes les hicieron retenciones.

La norma también prevé excepciones. No se toman en cuenta los depósitos que el contribuyente haga en cuentas que no sean propias cuando demuestre que ese dinero correspondió al pago por bienes o servicios, a una contraprestación por el uso o goce temporal de bienes o a inversiones financieras.

Tampoco se consideran, para esos efectos, los traspasos entre cuentas del propio contribuyente ni los movimientos hacia cuentas de su cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta en primer grado. Esa precisión acota el alcance de una posible revisión de la autoridad fiscal.

El contribuyente tiene 20 días para aclarar el origen de los recursos

Cuando la autoridad detecta una discrepancia, notifica al contribuyente el monto de las erogaciones observadas, la información utilizada para identificarlas y el medio por el cual la obtuvo. A partir del día siguiente a esa notificación, la persona cuenta con 20 días para informar por escrito el origen de los recursos y presentar las pruebas que considere idóneas.

Las autoridades fiscales pueden requerir información o documentación adicional por una sola vez. Si la discrepancia se acredita y no se aclara, se presume ingreso gravado y se formula la liquidación respectiva con base en las erogaciones no aclaradas.

La ley añadió que, para conocer el monto de esas erogaciones, el SAT puede usar cualquier información que obre en su poder, ya sea la que conste en expedientes, documentos o bases de datos, o la que haya sido proporcionada por un tercero u otra autoridad.

Los conductores que circulan por las calles y carreteras del Perú deben cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito (RNT). Cuando un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) detecta una infracción, puede imponer la correspondiente papeleta, cuya sanción y procedimiento se encuentran regulados por el cuadro oficial de tipificaciones del RNT.

Las infracciones se identifican mediante códigos que empiezan con las letras M, G o L, según su gravedad: Muy Graves, Graves y Leves. El monto de la multa se determina principalmente como un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

Para 2026, el valor de la UIT es de S/5.500, por lo que una infracción grave equivalente al 8% de la UIT representa S/440. Las infracciones leves tienen, en general, una multa equivalente al 4% de la UIT, aunque existen códigos con porcentajes específicos.

La tabla oficial de infracciones del SAT de Lima recoge el cuadro del Reglamento Nacional de Tránsito y sus modificatorias. También puede consultarse la tabla actualizada publicada por el SAT en Gob.pe.

Infracciones Muy Graves (M) según la Policía Nacional de Tránsito

Las infracciones calificadas como Muy Graves son las que pueden generar las sanciones más severas, incluyendo multas elevadas, retención o internamiento del vehículo, suspensión o cancelación de la licencia y una importante cantidad de puntos.

Con una UIT de S/5.500, los principales montos vigentes son los siguientes:

• M01 – S/5.500: conducir con presencia de alcohol por encima de lo previsto en el Código Penal, bajo efectos de drogas o negarse al examen correspondiente cuando se haya participado en un accidente. Puede generar cancelación de la licencia e inhabilitación definitiva.
• M02 – S/2.750: conducir con presencia de alcohol o bajo efectos de estupefacientes, narcóticos o alucinógenos, o negarse al examen. Genera suspensión de la licencia por tres años.
• M03 – S/2.750: conducir un vehículo sin tener licencia de conducir o permiso provisional.
• M04 – S/5.500: conducir con licencia retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener licencia.
• M05 – S/2.750: conducir un vehículo con una licencia cuya clase o categoría no corresponde al vehículo.
• M06 – S/1.320: estacionar en curvas, puentes, túneles, zonas estrechas, pasos a nivel, pasos a desnivel, pendientes o cruces ferroviarios.
• M07 – S/1.320: participar en competencias de velocidad no autorizadas.
• M08 – S/1.320: permitir que un menor de edad conduzca un vehículo sin autorización o permiso provisional.
• M09 – S/1.320: conducir un vehículo con sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o sistema eléctrico en mal estado, previa inspección.
• M10 – S/660: abastecer de combustible a un vehículo de transporte público de pasajeros cuando haya personas a bordo.
• M11 – S/660: conducir determinados vehículos sin parachoques o dispositivo antiempotramiento cuando corresponda.
• M12 – S/660: no detenerse ante un vehículo de transporte escolar debidamente identificado que recoge o deja escolares.
• M13 – S/660: conducir con neumáticos cuya banda de rodadura presente un desgaste inferior al permitido.
• M14 – S/660: no detenerse ante un cruce ferroviario a nivel o cruzar por lugares distintos a los autorizados.
• M15 – S/660: circular produciendo contaminación por encima de los límites máximos permisibles de emisiones.
• M16 – S/660: circular en sentido contrario al tránsito autorizado.
• M17 – S/660: cruzar una intersección o girar con el semáforo en luz roja, cuando no exista indicación contraria.
• M18 – S/660: desobedecer las indicaciones sobre tránsito impartidas por el efectivo de la PNP asignado al control del tránsito.
• M19 – S/660: conducir sin cumplir las restricciones consignadas en la licencia de conducir.
• M20a – S/990: superar el límite máximo de velocidad hasta en 10 km/h adicionales.
• M20b – S/1.320: superar el límite máximo entre más de 10 y hasta 30 km/h adicionales.
• M20c – S/2.750: superar el límite máximo en más de 30 km/h adicionales.
• M20d – S/990: no respetar el límite mínimo de velocidad establecido.
• M21 – S/660: estacionar interrumpiendo totalmente el tránsito.
• M22 – S/660: detenerse para cargar o descargar mercancías en lugares que representen peligro, obstáculo o interrumpan la circulación.
• M23 – S/660: estacionar o detener el vehículo en el carril de circulación de carreteras o caminos donde existe berma lateral.
• M24 – S/660: circular sin placas de rodaje o sin el permiso correspondiente.
• M25 – S/660: no dar preferencia de paso a vehículos de emergencia u oficiales cuando utilizan señales audibles y visibles.
• M26 – S/660: conducir un vehículo especial que no cumpla las exigencias reglamentarias sin autorización.
• M27 – S/2.750: conducir un vehículo sin certificado de aprobación de inspección técnica vehicular, con la excepción establecida para vehículos L5.
• M28 – S/660: conducir sin contar con SOAT o Certificado contra Accidentes de Tránsito vigente, cuando corresponda.
• M29 – S/660: deteriorar, adulterar, destruir o sustraer placas de exhibición, rotativas o transitorias.
• M30 – S/660: utilizar placas de exhibición, rotativas o transitorias fuera del plazo, horario o ruta autorizada, o cuando hayan caducado o sido invalidadas.
• M31 – S/660: utilizar placas de exhibición, rotativas o transitorias en vehículos a los que no fueron asignadas.
• M33 – S/660: circular, conducir u operar máquinas amarillas o verdes por vías públicas terrestres.
• M34 – S/660: circular produciendo ruidos que superen los límites máximos permisibles.
• M35 – S/660: realizar un giro en U en lugares prohibidos, como curvas, puentes, pasos a desnivel, vías expresas, túneles o cruces ferroviarios.
• M36 – S/660: transportar carga sin los dispositivos de sujeción o seguridad establecidos.
• M37: conducir y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales incumpliendo las normas del RNT. La sanción contempla suspensión de la licencia por un año, además de medidas sobre el vehículo.
• M38: conducir un vehículo de transporte público y ocasionar un accidente con daños personales incumpliendo las normas de tránsito. Puede generar suspensión de la licencia por tres años.
• M39: ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte incumpliendo las normas. La sanción contempla cancelación e inhabilitación definitiva para obtener licencia.
• M40 – 5% de la UIT (S/275 como referencia): conducir un vehículo con la licencia vencida.
• M41a – 150% de la UIT (S/8.250): circular, interrumpir o impedir el tránsito durante situaciones de desastre natural o emergencia incumpliendo las restricciones establecidas por la autoridad.
• M41b1 – 12% de la UIT (S/660): incumplir por primera vez una prohibición o restricción de circulación establecida durante un estado de emergencia por orden interno.
• M41b2 – 24% de la UIT (S/1.320): reincidir en la infracción relacionada con las restricciones de circulación durante un estado de emergencia.
• M42 – 5% de la UIT (S/275): conducir un vehículo de categoría L5 sin certificado de aprobación de inspección técnica vehicular.
• M43 – 12% de la UIT (S/660): no respetar el derecho preferente de paso de ciclistas o conductores de vehículos de movilidad personal.
• M44 – 12% de la UIT (S/660): obstruir una ciclovía.
• M45 – 12% de la UIT (S/660): circular por rutas que no forman parte de caminos, vías urbanas o del Sistema Nacional de Carreteras para evadir el pago del peaje.
• M46 – 12% de la UIT (S/660): realizar maniobras que generen daños materiales a infraestructura o garitas de pago de peaje.

El cuadro oficial del SAT establece los porcentajes de la UIT, sanciones y puntos correspondientes a estas infracciones.

Infracciones Graves (G) y Leves (L) detectadas por la PNP

Las infracciones Graves están identificadas con la letra G y, en términos generales, tienen una multa equivalente al 8% de la UIT, es decir, S/440 en 2026. Las infracciones Leves llevan la letra L y generalmente representan el 4% de la UIT, aunque existen excepciones.

Infracciones Graves

• G01 – S/440: adelantar o sobrepasar indebidamente a otro vehículo.
• G02 – S/440: no realizar señales o tomar precauciones al girar, hacer U, cambiar de carril o detenerse.
• G03 – S/440: detener bruscamente el vehículo sin motivo.
• G04 – S/440: no respetar la línea de parada o el derecho de paso de peatones, ciclistas o usuarios de VMP.
• G05 – S/440: no mantener una distancia suficiente y prudente respecto de otro vehículo.
• G06 – S/440: no ubicarse con anticipación en el carril correspondiente para girar o voltear.
• G07 – S/440: no utilizar el carril extremo derecho cuando corresponda por el tipo de vehículo o servicio.
• G08 – S/440: no utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros o carga.
• G09 – S/440: retroceder salvo en los casos permitidos.
• G10 – S/440: incumplir las disposiciones para vías de tránsito rápido o acceso restringido.
• G11 – S/440: circular, estacionar o detenerse en islas, separadores, bermas, aceras, áreas verdes, pasos peatonales o rampas, entre otros lugares prohibidos.
• G12 – S/440: girar con luz roja y flecha verde sin respetar el derecho preferente de los peatones.
• G13 – S/440: transportar más personas que el número de asientos permitido o pasajeros de pie en determinados vehículos.
• G14 – S/440: mantener abierta la puerta, capot o maletera mientras el vehículo está en marcha.
• G15 – S/440: no utilizar luces de emergencia o dispositivos de seguridad cuando el vehículo queda inmovilizado.
• G16 – S/440: circular por una vía donde no está permitida la circulación o sobre mangueras contra incendios.
• G17 – S/440: utilizar lunas o vidrios polarizados sin la autorización correspondiente cuando impidan la visibilidad del interior.
• G18a – S/440: conducir sin mantener ambas manos sobre el volante, salvo las excepciones reglamentarias.
• G18b – S/440: utilizar un dispositivo móvil u objeto portátil mientras se conduce de forma que se deje de utilizar ambas manos.
• G19 – S/440: circular con vidrios de seguridad o parabrisas deteriorados o con elementos que obstaculicen la visibilidad.
• G20 – S/440: conducir sin las luces o dispositivos retrorreflectivos exigidos.
• G21 – S/440: conducir sin espejos retrovisores.
• G22 – S/440: conducir bajo lluvia o llovizna sin limpiaparabrisas operativo.
• G23 – S/440: transportar pasajeros de pie en determinados vehículos de transporte público cuya altura interior no supera 1,80 metros.
• G24 – S/440: conducir con el motor en punto neutro o apagado.
• G25 – S/440: no portar el certificado SOAT físico cuando corresponda, el CAT o portar uno que no corresponda al uso del vehículo.
• G26 – S/440: conducir determinados vehículos con la salida del tubo de escape orientada hacia la acera.
• G27 – S/440: transportar carga o pasajeros que obstruyan la visibilidad de los espejos laterales.
• G28 – S/440: no utilizar cinturón de seguridad cuando sea obligatorio.
• G29 – S/440: circular en forma desordenada o realizar maniobras peligrosas.
• G30 – S/440: transportar personas en la parte exterior de la carrocería o permitir que sobresalga parte de su cuerpo.
• G31a – S/440: circular sin las luces reglamentarias en condiciones de poca visibilidad o no utilizar luces bajas durante las 24 horas en las vías donde corresponde.
• G31b – S/440: circular en zonas señalizadas como “Zona de neblina” sin las luces intermitentes de emergencia cuando sean obligatorias.
• G32 – S/440: circular por una ciclovía.
• G33 – S/440: transportar cargas que excedan las dimensiones permitidas o materiales sin las medidas de seguridad para evitar su caída.
• G34 – S/440: remolcar vehículos sin las medidas de seguridad correspondientes.
• G35 – S/440: utilizar luces altas en vías urbanas o hacer un uso inadecuado de las luces.
• G36 – S/440: compartir el asiento del conductor con otra persona, animal u objeto.
• G37 – S/440: no reducir la velocidad ante túneles, puentes, intersecciones, curvas, calles congestionadas, condiciones climáticas adversas u otros peligros.
• G38 – S/440: circular lentamente por el carril izquierdo generando congestión o riesgo, o rápidamente por el derecho.
• G39 – S/440: aumentar la velocidad cuando otro vehículo intenta adelantarlo.
• G40 – S/440: estacionar en zonas prohibidas o rígidas señalizadas o sin las medidas de seguridad correspondientes en una emergencia.
• G41 – S/440: estacionar o detenerse sobre una intersección o crucero peatonal.
• G42 – S/440: estacionar frente a entradas o salidas de garajes, estacionamientos, vías privadas o determinados locales.
• G43 – S/440: estacionar a menos de cinco metros de bocacalles, hospitales, centros médicos, bomberos o hidrantes, salvo excepciones.
• G44 – S/440: estacionar a menos de tres metros de las puertas de establecimientos educativos, teatros, iglesias y hoteles.
• G45 – S/440: estacionar a menos de 20 metros de un cruce ferroviario a nivel.
• G46 – S/440: estacionar en zonas no permitidas a menos de 10 metros de un cruce peatonal o paradero, o en el espacio destinado a la parada del bus.
• G47 – S/440: estacionar afectando el transporte público, la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito.
• G48 – S/440: estacionar determinados vehículos pesados en vías públicas urbanas fuera de lugares autorizados.
• G49 – S/440: estacionar vehículos M, N u O a menos de un metro de otro vehículo estacionado, salvo las excepciones reglamentarias.
• G50 – S/440: estacionar en terminales o estaciones de ruta fuera de los lugares autorizados.
• G51 – S/440: estacionar de noche o en condiciones de escasa visibilidad sin mantener las luces de estacionamiento encendidas.
• G52 – S/440: estacionar en vías con pendientes pronunciadas sin asegurar la inmovilización.
• G53 – S/440: desplazar o empujar un vehículo correctamente estacionado para ampliar un espacio.
• G54 – S/440: abandonar el vehículo en la vía pública.
• G55 – S/440: utilizar la vía pública para efectuar reparaciones, salvo emergencia.
• G56 – S/440: recoger o dejar pasajeros fuera de los paraderos autorizados cuando existan.
• G57 – S/440: no respetar señales de tránsito cuyo incumplimiento no esté tipificado en otra infracción.
• G58 – S/440: no presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, licencia física cuando corresponda o documento de identidad.
• G59 – S/440: conducir motocicletas y otros vehículos de categoría L sin casco o elementos de protección exigidos.
• G60 – S/440: circular con placas ilegibles, sin iluminación o con elementos que impidan su lectura.
• G61 – S/440: no llevar las placas de rodaje en el lugar correspondiente.
• G62 – S/440: no devolver placas de exhibición, rotativas o transitorias dentro de los plazos establecidos.
• G63 – S/440: utilizar señales audibles o visibles similares a las de vehículos de emergencia u oficiales.
• G64 – S/440: conducir un vehículo cuyas características registrables o condiciones técnicas hayan sido modificadas afectando la seguridad o no coincidan con la Tarjeta de Identificación Vehicular.
• G65 – S/440: no ceder el paso a vehículos que tienen preferencia.
• G66 – S/440: seguir a vehículos de emergencia u oficiales para avanzar más rápidamente.
• G70 – S/440: detenerse sobre la demarcación de la señal “No bloquear cruce”.
• G71 – S/440: circular por vías con infraestructura de peaje sin pagar la tarifa correspondiente.
• G72a – S/440: utilizar mientras se conduce un dispositivo electrónico que reproduzca imágenes o videos con fines de entretenimiento visual.
• G72b – S/440: utilizar dispositivos electrónicos permitidos que obstaculicen la visibilidad del conductor o las señales del tablero.
• G73 – S/440: adelantar o sobrepasar a bicicletas, ciclos o VMP incumpliendo la obligación de realizar la maniobra por el carril izquierdo.
• G74 – S/440: abrir o dejar abierta la puerta o capot dificultando la circulación de bicicletas, ciclos o VMP.

El cuadro oficial consultado confirma que las infracciones G vigentes tienen, en general, una multa equivalente al 8% de la UIT, que en 2026 representa S/440.

Infracciones Leves

• L01 – S/220: dejar mal estacionado el vehículo en lugares permitidos.
• L02 – S/275: estacionar en zonas destinadas a vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad.
• L04 – S/220: abrir o dejar abierta la puerta de un vehículo estacionado dificultando la circulación.
• L05 – S/220: utilizar el carril de giro a la izquierda para continuar la marcha en una dirección no permitida.
• L06 – S/220: arrojar, depositar o abandonar objetos o sustancias en la vía pública que dificulten la circulación.
• L07 – S/220: utilizar la bocina innecesariamente para llamar la atención.
• L08 – S/220: utilizar bocinas de descarga de aire comprimido en zonas urbanas.

El código L03 no figura en el cuadro vigente consultado, por lo que no debe agregarse como infracción activa.

¿Qué nuevas multas de tránsito se incorporarán en 2026?

El Decreto Supremo N.° 011-2026-MTC modificó el Reglamento Nacional de Tránsito e incorporó los códigos M47, M48, M49, M50, G75 y G76. Sin embargo, esta modificación todavía no está vigente al 25 de agosto de 2026, debido a que la norma estableció un periodo de 120 días hábiles desde el día siguiente de su publicación.

Entre las nuevas conductas figuran:

• M47: circular con placas adulteradas, ilegibles o con elementos que impidan su lectura mediante medios tecnológicos.
• M48: conducir un vehículo cuyas características registrables o condiciones técnicas hayan sido modificadas afectando la seguridad.
• M49: no respetar la señal de altura máxima permitida.
• M50: incumplir la señal de altura máxima y provocar daños a la infraestructura o interrupciones del tránsito.
• G75: deteriorar, adulterar, destruir o sustraer placas de exhibición, rotativas o transitorias.
• G76: utilizar placas de exhibición, rotativas o transitorias fuera de los horarios o rutas establecidos.

Estas modificaciones deberán ser incorporadas en una actualización posterior de la tabla cuando entre en vigor el decreto.

Descuentos y pronto pago en papeletas de la Policía Nacional del Perú

Una de las principales dudas de los conductores es cuánto pueden ahorrar si pagan rápidamente una papeleta.

El Reglamento Nacional de Tránsito contempla un descuento de 83% cuando el pago se realiza dentro de los primeros cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la imposición o notificación de la infracción.

Existe un segundo periodo en el que el descuento es de 67%, desde el sexto día hábil hasta el último día hábil previo a la notificación de la resolución de sanción.

Sin embargo, no todas las infracciones tienen derecho a descuento. El SAT establece excepciones para códigos como M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M12, M16, M17, M20, M21, M23, M27, M28, M29, M31, M32 y M42.

Por ello, antes de realizar un pago es recomendable verificar el código exacto de la papeleta y el monto que figura en el sistema de la entidad encargada de la cobranza.

Cómo consultar si tienes papeletas impuestas por la PNP

La PNP impone la papeleta, pero la consulta y cobranza dependen de la autoridad competente. En Lima, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) administra las infracciones de tránsito correspondientes a la jurisdicción.

Puedes revisar el estado de un expediente de tránsito en el Buscador de expedientes del SAT. La búsqueda puede realizarse con datos como número de papeleta, expediente o placa.

Para otras jurisdicciones existen sistemas de las respectivas municipalidades provinciales. En el caso de infracciones fiscalizadas por la SUTRAN, también existe una plataforma para verificar documentos de infracción y conocer el monto correspondiente.

Esto es importante porque no todas las papeletas impuestas por la PNP se consultan en el SAT de Lima. El ciudadano debe identificar primero qué autoridad es responsable de la cobranza y del procedimiento administrativo en su jurisdicción.

Procedimiento para impugnar una papeleta injusta ante la Policía Nacional

Si consideras que una papeleta fue impuesta de manera incorrecta, no significa que debas pagarla inmediatamente. El conductor tiene derecho a presentar un descargo ante la autoridad administrativa competente.

En Lima, el SAT señala que el descargo debe presentarse dentro de los cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la imposición o notificación de la papeleta.

El escrito debe identificar al administrado, indicar el número de papeleta, expresar claramente lo que se solicita, señalar los fundamentos y adjuntar los documentos que respalden la posición del conductor.

Entre los elementos que pueden ser útiles como sustento están:

• Fotografías o videos que demuestren las condiciones del lugar.
• Documentos que acrediten que el vehículo cumplía con los requisitos exigidos.
• Pruebas que permitan demostrar un error en la identificación del vehículo o conductor.
• Documentos que acrediten circunstancias relevantes para el caso.
• Cualquier otro elemento que permita cuestionar objetivamente la imputación.

El SAT señala que, después del descargo, analiza los hechos y puede determinar la existencia de la infracción o declarar que esta no corresponde. Si el administrado recibe una resolución desfavorable, puede presentar un recurso de apelación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución final, de acuerdo con la información publicada por el propio SAT.

En el caso de las infracciones fiscalizadas por la SUTRAN, el procedimiento también contempla la posibilidad de presentar descargos. La entidad informa que estos deben formularse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, dentro de la fase instructora del procedimiento sancionador.

Por ello, si un conductor considera que una papeleta de tránsito de la PNP es injusta, lo más importante es no dejar vencer los plazos y presentar el descargo ante la entidad que administra el procedimiento, acompañado de las pruebas correspondientes.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anunció la sanción de 17 funcionarios de diversas dependencias federales, con inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de hasta una década, así como destituciones y suspensiones, tras la comprobación de conductas graves y no graves en el ejercicio de sus funciones. La determinación deriva de investigaciones impulsadas por las Unidades de Responsabilidades y Órganos Internos de Control, en colaboración con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que dictó las resoluciones de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De acuerdo con el comunicado fechado este domingo 23 de agosto de 2026, entre las instituciones involucradas figuran la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Banco del Bienestar, la Secretaría de Salud y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), junto con dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo S.A. de C.V. y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Las sanciones impuestas responden tanto a faltas administrativas graves como a omisiones consideradas no graves.

La Secretaría enfatiza que las resoluciones se dictaron conforme a derecho y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad, además de invitar a la sociedad a denunciar cualquier conducta contraria a la legalidad y los principios de integridad, en apego a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el compromiso de erradicar la corrupción en la vida pública.

Sanciones por faltas graves en entidades federales

Dentro de los casos más relevantes destacan las inhabilitaciones dictadas contra servidores públicos de la CFE , donde dos empleados de la zona de distribución Tacuba, Valle de México Centro, recibieron sanción por cuatro años, tras detectar la solicitud de pagos indebidos por 70,000 pesos al usuario durante la revisión de un medidor defectuoso.

En el ISSSTE, un servidor de la Unidad de Medicina Familiar en Campeche fue inhabilitado diez años y recibió una multa de 180,000 pesos por hacerse pasar por licenciado en Nutrición con un título profesional ajeno, obteniendo remuneraciones indebidas.

Por su parte, un trabajador del Banco del Bienestar fue sancionado con dos años de inhabilitación y multa de 13,000 pesos por movimientos irregulares en cuentas ajenas, mientras que en la Secretaría de Salud, una funcionaria utilizó su posición para beneficiar a familiares en procesos de ingreso y contratación, motivo por el cual fue inhabilitada tres meses.

El SAT también aplicó suspensiones: dos empleados de la administración de Baja California recibieron suspensión de 60 días por irregularidades en la revalidación de certificados digitales de sellos fiscales, permitiendo el uso de documentación temporal de manera improcedente.

Acciones disciplinarias en organismos y empresas estatales

En el ámbito de las faltas no graves, Pemex suspendió por ocho días a un funcionario del Hospital General de Coatzacoalcos, Veracruz, por registrar de manera incorrecta una incapacidad médica en septiembre de 2025, sin cumplir con los procedimientos internos. En la Guardia Nacional, tres trabajadores de las Oficinas Centrales en Ciudad de México fueron destituidos debido a la presentación de certificados de bachillerato no válidos, requisito indispensable para la portación de armas de fuego.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia sancionó con un año de inhabilitación a un integrante de la Coordinación Nacional de Arqueología por la omisión de reportar ausencias laborales de un subordinado, lo que derivó en pagos indebidos por más de 200,000 pesos. En el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, un responsable técnico fue suspendido 15 días por autorizar el pago de más de 2 millones de pesos a una cuenta no prevista en el contrato de digitalización de información.

La Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo S.A. de C.V. sancionó a un gerente de ingeniería con 14 días de suspensión por no gestionar los permisos presupuestales necesarios, lo que generó pagos anticipados no autorizados por 24 millones de pesos. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, dos servidores públicos recibieron amonestaciones por no verificar correctamente los requisitos de una licitación pública, aunque la situación fue corregida antes de la firma de los contratos.

Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, las cuales serán defendidas por la Secretaría con base en la legalidad y la protección de los derechos de las personas afectadas.

Este sábado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), compartió su respuesta a los reportes periodísticos que revelaron que varias empresas de Estados Unidos se quejaron por una fiscalización “sin precedentes” que no da certeza jurídica a las inversiones.

A través de una nota informativa, la institución a cargo de Edgar Amador, recordó que ha emitido diversos comunicados, en los que informó sobre las acciones específicas “orientadas a dar certeza jurídica y confianza a los contribuyentes en materia de fiscalización”.

De acuerdo con Hacienda, todas las acciones y acuerdos se han traducido en una “reingeniería” en la forma de fiscalizar y destacó diversos resultados, como la fiscalización a actividades de alto riesgo, conicidad como factureras; mayor comunicación con los contribuyentes; correcciones tempranas, en lugar de la determinación de créditos fiscales, entre otras acciones.

Empresas de EEUU acusan al SAT de “prácticas irregulares”

En el boletín, la SHCP le dio aclaración a los señalamientos que hicieron las grandes firmas norteamericanas que son parte del Consejo Nacional de Comercio de Estados Unidos (NFTC, por sus siglas en inglés).

Las empresas de EEUU recordaron que, en mayo pasado, la Secretaría de Hacienda Crédito Público presentó un acuerdo para frenar revisiones excesivas y dar mayor certeza jurídica, pero, cuatro meses después, consideraron que eso no fue suficiente.

La nueva carta del NFTC, fechada el 30 de julio, fue dirigida al presidente del Comité de Finanzas del Senado de EEUU, el republicano Mike Crapo, y al demócrata de más alto rango del mismo comité legislativo, el senador Ron Wyden.

Al igual que el pasado mes de marzo, el NFTC acusó al SAT de negarle a sus miembros deducciones legítimas de diversos impuestos, así como la aplicación de auditorías fiscales dudosas y agresivas.

Sin embargo, en la más reciente misiva, el Consejo cita ejemplos de daños a pequeñas empresas con los nuevos impuestos al comercio exterior en plataformas digitales.

Hacienda aclara quejas de los inversionistas extranjeros

Luego de conocer las inconformidades de las multinacionales estadounidenses, la Secretaría de Hacienda presentó seis puntos, con los que intentó aclarar esta nueva problemática:

1. Reinterpretación retroactiva del IVA y rechazo de acreditamientos

El SAT realiza revisiones con el fin de identificar la procedencia o no del acreditamiento del IVA, sin interpretaciones retroactivas y siempre respetando y acatando las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales.

1. Rechazo arbitrario de la deducción del ISR por pagos a partes relacionadas

El SAT es respetuoso de los compromisos internacionales establecidos en los Tratados para Evitar la Doble Tributación, en los cuales se establecen mecanismos de conciliación entre autoridades en beneficio de los contribuyentes, lo cual ha servido para alcanzar acuerdos que neutralicen riesgos de doble tributación en materia de precios de transferencia.

Se ha trabajado estrechamente con las autoridades competentes de otros países para resolver los casos presentados.

1. Resolución de controversias bajo un esquema de “pagar para poder impugnar”

El 9 de abril de 2026, se publicó una reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación mediante la cual se elimina la obligación de garantizar los créditos fiscales con billete de depósito como primera y principal forma de garantía, lo anterior, a fin de no afectar la liquidez de las empresas cuando acudan a los medios de defensa; respetando todas las opciones existentes para que sea el contribuyente el que decida cuál se le facilita más.

1. Artículo 30-B / “Kill Switch” de plataformas y acceso en tiempo real

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la autoridad competente para realizar la fiscalización en tiempo real de los contribuyentes, siempre en apego al secreto fiscal y a todos los derechos de los contribuyentes. En este sentido, el artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación de México prevé un mecanismo de revisión de información sin que implique ningún acto de molestia adicional para los contribuyentes.

1. Acuerdos Anticipados de Precios (APAs)

Los Acuerdos Anticipados de Precios (APAs) desempeñan un papel fundamental al brindar certeza en materia de precios de transferencia a las empresas; por ello, el SAT ha fortalecido el procedimiento de emisión de resoluciones mediante el contacto directo con las empresas y se ha trabajado en conjunto con la autoridad competente de Estados Unidos en soluciones para reducir considerablemente el inventario.

1. Retenciones fiscales en marketplaces

Considerando la evolución y crecimiento del comercio electrónico y con la finalidad de evitar la evasión fiscal, se incorporó la retención de impuestos a través de las plataformas de comercio. No se trata de un cambio de criterio, sino de implementar acciones que permitan garantizar el pago de impuestos asertivo y el control de la evasión fiscal.

Vamos a ver si esta respuesta de la Secretaría de Hacienda es suficiente para evitar que haya una reacción negativa desde EEUU, por la fiscalización “sin precedentes” que sufren sus empresas en México.

Un grupo de empresas multinacionales de Estados Unidos presentaron, en el Capitolio, sus denuncias contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por lo que consideraron prácticas de fiscalización “sin precedentes”.

De acuerdo con reportes periodísticos, cerca de 300 de las más influyentes empresas presentaron un nuevo escrito a los legisladores de la Unión Americana, donde describieron cómo el SAT cambió sus normas a la de cobrarles impuestos en México.

No han respetado acuerdo de Secretaría de Hacienda

Pese a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en mayo un acuerdo para frenar revisiones excesivas a empresas y dar mayor certeza jurídica, el Consejo Nacional de Comercio Exterior de EEUU (NFTC, por sus siglas en inglés), que representa a firmas como Amazon, Ford, ExxonMobile, consideró que eso no fue suficiente.

“Si bien la NFTC valora el Acuerdo 68/2026 emitido en mayo de 2026 y algunos de los desafíos que busca abordar, el enfoque del SAT ha resultado en gran medida en un régimen de administración tributaria que impone cargas crecientes y sin precedentes a muchas empresas multinacionales de EEUU”, reza el documento entregado a los legisladores norteamericanos.

“Se ha desincentivando la inversión y la creación de empleo que México ha tratado de atraer”, detalla el grupo en una carta dirigida al presidente del Comité de Finanzas del Senado de EEUU, el republicano Mike Crapo, y al demócrata de más alto rango del mismo comité legislativo, el senador Ron Wyden.

Nueva queja contra el SAT llega hasta EEUU

Cabe señalar que la nueva misiva del organismo empresarial –que incluye firmas como FedEx, Walmart y Visa– llega solo cuatro meses después de haber enviado un documento dirigido al secretario de Hacienda, Edgar Amador, donde detalló “prácticas irregulares” atribuidas al SAT.

Al igual que el pasado mes de marzo, el NFTC acusó al SAT de negarle a sus miembros deducciones legítimas de diversos impuestos, así como la aplicación de auditorías fiscales dudosas y agresivas.

No obstante, la nueva carta cita ejemplos de daños a pequeñas empresas con los nuevos impuestos al comercio exterior en plataformas digitales.

Fechada el 30 de julio de 2026, la nueva carta dirigida a los senadores de Estados Unidos está firmada por la vicepresidenta política comercial global del NFTC, Tiffany Smith, y llega en el marco de una comparecencia ante el Comité de Finanzas del jefe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jameison Greer.

Problema tributario, ahora, es de confianza: experto

De acuerdo con el abogado y presidente de la asociación civil Perteneces AC, José Mario de la Garza Marroquín, lo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya dejó de ser un pleito entre empresas y la autoridad fiscal, pues, ahora, es un problema de confianza.

“Las quejas de compañías de EEUU llegaron al Senado justo cuando se revisa el T-MEC. Ese salto importa: un problema tributario interno empieza a convertirse en un problema de confianza, inversión y Estado de Derecho”, publicó el abogado en su cuenta de X.

También consideró que el trabajo de la dependencia a cargo de Antonio Martínez Dagnino –quien es primo hermano de Daniel Asaf, uno de los mejores amigos de Andrés Manuel López Beltrán–, no da certeza, pero sí riesgos.

“Nadie pide un SAT débil ni privilegios para las multinacionales. Que paguen lo que deben. Pero otra cosa es cambiar criterios, desconocer deducciones años después o hacer tan costosa la defensa que resulte más barato negociar que litigar. Ahí la fiscalización deja de ser certeza y empieza a convertirse en riesgo.

“México puede recaudar más; lo que no puede permitirse es que invertir aquí signifique no saber qué reglas terminarán aplicándote mañana. El capital soporta impuestos altos. Lo que castiga es la arbitrariedad. Y cuando esa percepción llega a Washington en plena revisión del T-MEC, el problema ya es mucho más grande que el SAT”, agregó.

Bueno, parece que el secretario de Hacienda tiene tarea, pues varias empresas de EEUU acusaron al SAT antes senadores de ese país, por un presunto acoso del SAT.

La suspensión de tu línea celular puede dejarte sin acceso a tu banca móvil, mensajería y compras en línea si no vinculas tu número con la CURP antes de la fecha que corresponde al último dígito de tu teléfono.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) inició en agosto de 2026 las primeras suspensiones del calendario escalonado para líneas de prepago sin registrar. El corte no solo interrumpe llamadas: elimina los datos móviles y los mensajes SMS, que son la llave de autenticación que usan decenas de aplicaciones para verificar la identidad del usuario.

El efecto en cadena que pocos anticipan

Cuando una línea queda suspendida, las apps no desaparecen del teléfono, pero dejan de funcionar en los momentos que más importan.

WhatsApp y Telegram pueden seguir abiertos si hay conexión WiFi, pero cualquier reactivación, cambio de teléfono o reinstalación exige recibir un código por SMS o llamada. Sin línea activa, ese código nunca llega.

Lo mismo ocurre con Uber, DiDi, Amazon y Mercado Libre: en entregas o compras, estas plataformas confirman operaciones mediante mensajes al número registrado. Si la línea está suspendida, la verificación falla.

Banca móvil: el golpe más directo

La Asociación de Bancos de México (ABM) advirtió que el número celular es “la llave para validar la identidad y mantener activa la banca digital”. Sin ella, el usuario pierde el control remoto de sus finanzas.

El problema no está en las cuentas ni en el dinero depositado: ambos permanecen intactos. La afectación es operativa.

La mayoría de los bancos en México utilizan códigos de un solo uso —conocidos como OTP— enviados por SMS para autorizar transferencias SPEI, activar la app en un dispositivo nuevo, recuperar contraseñas y confirmar compras. Sin SMS, esas operaciones quedan bloqueadas.

Instituciones como Santander y Plata ya notificaron a sus clientes sobre el riesgo. Quienes no puedan recibir el código deberán acudir en persona a una sucursal para resolver trámites que normalmente harían desde el celular.

Trámites de gobierno también en riesgo

El impacto se extiende a plataformas oficiales. Servicios del SAT, el IMSS Digital y aplicaciones de programas sociales también usan el número telefónico como segundo factor de autenticación.

Sin línea activa, un usuario puede quedar impedido para presentar declaraciones fiscales, consultar semanas cotizadas o gestionar citas médicas en línea.

Qué sigue funcionando durante la suspensión

La suspensión no deja el teléfono completamente inutilizable. La CRT estableció que las líneas bloqueadas conservan acceso a servicios de emergencia.

Durante la suspensión siguen disponibles: llamadas al 911, comunicación con los números de atención ciudadana 079, 088 y 089, contacto con el operador para regularizar el trámite, y recepción de alertas sísmicas y de protección civil.

El número no se pierde. Una vez completada la vinculación con el operador, el servicio se restablece de forma completa, incluyendo llamadas, SMS y datos móviles. La CRT permite regularizar la línea dentro de los 90 días posteriores a la suspensión.

Fechas, operadores y cómo hacer el trámite

El calendario de la CRT organiza los plazos según el último dígito del número telefónico. Las terminaciones 0 vencieron el 15 de agosto; las terminaciones 1 tienen plazo hasta el 31 de agosto. El resto se extiende hasta diciembre:

Terminación 2: 15 de septiembre

Terminación 3: 30 de septiembre

Terminación 4: 15 de octubre

Terminación 5: 31 de octubre

Terminación 6: 15 de noviembre

Terminación 7: 30 de noviembre

Terminación 8: 15 de diciembre

Terminación 9: 31 de diciembre

La medida aplica únicamente a líneas de prepago. Las líneas de pospago o plan de renta ya quedaron registradas a nombre del titular al firmar el contrato, por lo que sus usuarios no deben repetir el trámite.

Los operadores incluidos son Telcel, AT&T, Movistar, Bait, CFE y OXXO CEL, entre otros proveedores móviles virtuales.

Cómo registrar la línea y qué evitar

El trámite es gratuito y puede realizarse por el portal o la app oficial del operador, o de forma presencial en un centro de atención. Se requiere identificación oficial vigente y CURP; en algunos casos, el proceso en línea incluye fotografías del documento y una prueba de vida con la cámara del teléfono.

El portal oficial de consulta y acceso a los operadores es registratulinea.crt.gob.mx. La CRT también habilitó códigos QR en tiendas OXXO para acceder directamente al portal desde el punto de venta.

Los operadores no realizan llamadas para confirmar registros. Cualquier contacto no solicitado que pida datos personales, NIP o pagos debe tratarse como un intento de fraude. Los reportes pueden hacerse al correo denuncias@sat.gob.mx.

José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) , dijo que las acciones para facilitar el flujo de inversiones en México impulsadas por la presidenta, Claudia Sheinbaum, han sido “exitosas”.

Este viernes, el líder empresarial destacó que el gobierno federal ya autorizó inversiones por tres mil 500 millones de dólares, mismas que pronto serán anunciadas.

Tras sostener una reunión con Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) y el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, Medida Mora aplaudió los avances significativos de los decretos anunciados el pasado 4 de mayo por Sheinbaum Pardo para dar certidumbre a las inversiones, como el Plan México.

“Pronto tendremos un anuncio porque ya son más de tres mil 500 millones de dólares de inversiones autorizadas”, reveló el líder empresarial ante medios de comunicación, tras participar en la reunión del Consejo Nacional del CCE.

Altagracia Gómez es puente de comunicación con los empresarios: José Medina Mora

El líder empresarial también destacó el trabajo de Altagracia Gómez, al detallar que actúa como “un puente de comunicación del sector empresarial con el gobierno federal”.

Además, José Medina Mora señaló que el comité de inversiones de la actual administración, conformado por petición del sector empresarial, ha demostrado ser altamente efectivo. “Ese comité de inversión ha sido muy exitoso, se reúne cada semana”, dijo.

Medina Mora insistió en que “los proyectos que hemos enviado se resuelven rápidamente”. Subrayó que el enfoque del gobierno federal es simplificar los trámites y acelerar las respuestas ha sido fundamental.

Resaltó que la presidenta Sheinbaum Pardo “le ha dado prioridad de tal manera que se ha podido avanzar” y que las acciones para disminuir trámites y obtener respuestas más rápidas han sido claves.

También habló sobre los lineamientos hacia el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que no frene los proyectos de inversión y, al mismo tiempo, continúe con su función recaudatoria.

Nuevas inversiones frenaran caída económica

Por otro lado, el dirigente del CCE precisó que los esfuerzos para facilitar inversiones en el país han dado frutos, ya que, luego de un primer trimestre de caída económica, “a partir del segundo trimestre empieza a retomar el crecimiento, empieza a retomar también las inversiones”.

Mora Icaza aclaró que las inversiones autorizadas incluyen tanto nacionales como extranjeras, y que “todo lo que sea inversión lo estamos impulsando”.

Pese a que aún hay muchos proyectos en proceso de autorización, el presidente del CCE reconoció la apertura de las autoridades para facilitar la inversión, incluyendo la rápida respuesta de la Secretaría de Economía a las solicitudes de inversiones en generación de energía, “que como saben es como la punta de lanza”.

Fracking es una oportunidad de inversión: Medina Mora

Mientras organizaciones civiles, así como expertos y sociedad en general se oponen a esta práctica, el líder empresarial consideró que la apertura del gobierno federal para utilizar el fracking con Pemex es una oportunidad de inversión para el sector privado.

Lo anterior, porque “la tecnología ha avanzado” y el comité de revisión ha recomendado tener especial cuidado con el medio ambiente. Bueno, para los empresarios, siempre será más importante multiplicar sus ganancias.

“Hoy la tecnología para hacer este tipo de exploración contempla el cuidado del medio ambiente y la reparación de tal manera que no haya un efecto secundario”, indicó Medina Mora, al tiempo que subrayó que estos recursos energéticos son importantes para que “México pueda competir y tener ventajas competitivas como país”.

Mientras la economía mexicana sigue de capa de caída, el dirigente del CCE reconoció las acciones de Claudia Sheinbaum para facilitar inversiones por tres mil 500 millones de pesos.

El SAT habilitó su Oficina Virtual para que personas físicas tramiten su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes por videollamada, sin necesidad de acudir a ningún módulo presencial. El servicio está disponible para mexicanos residentes en el extranjero y para quienes perciben ingresos por salarios o no tienen obligaciones fiscales pendientes.

El trámite es gratuito. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que cualquier cobro por gestionar una cita o agilizar el proceso debe denunciarse al correo denuncias@sat.gob.mx.

A quiénes va dirigido y quiénes no pueden usarlo

La Oficina Virtual atiende tres perfiles: mexicanos que viven fuera del país, personas físicas con ingresos por salarios y personas físicas sin obligaciones fiscales activas.

Quedan excluidos de esta modalidad los menores de 18 años —que deben acudir de forma presencial con un tutor—, las personas morales, los extranjeros sin CURP asignada y quienes tengan el RFC suspendido o cancelado por el SAT.

Documentos que se necesitan antes de agendar

Son tres los requisitos documentales para acceder al servicio:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio, únicamente si la dirección no aparece en la identificación.

Formato de Inscripción al RFC por Oficina Virtual (FOV-I), llenado y firmado con anterioridad a la cita.

Los archivos deben enviarse a color, en formato PDF, con buena legibilidad y sin superar los 4 megabytes por documento.

Cómo agendar la videollamada: cinco pasos

El procedimiento completo se realiza desde el portal oficial del SAT y consta de cinco etapas:

1. Ingresar a citas.sat.gob.mx y seleccionar “Inscripción al padrón de contribuyentes Personas Físicas”.

2. Recibir el acuse de confirmación en el correo electrónico registrado.

3. Enviar la documentación antes de la cita desde el apartado “Consultar / Gestionar”, o bien al correo oficina.virtual@sat.gob.mx.

4. Conectarse a la videollamada en la fecha y hora indicadas, siguiendo las instrucciones del correo de confirmación.

5. Durante la sesión, personal del SAT valida la identidad del solicitante y revisa la documentación hasta concluir la inscripción.

Las citas se liberan de forma constante en la plataforma.

Sin aplicaciones adicionales y con horario del Centro de México

Desde julio de 2025, la plataforma permite ingresar a la videollamada directamente desde el enlace recibido por correo, sin necesidad de descargar aplicaciones de terceros en computadora o teléfono celular.

El SAT precisó que los horarios publicados al momento de agendar corresponden al Tiempo del Centro de México, por lo que los usuarios de otras entidades con distinto huso horario deben considerar la diferencia antes de confirmar su cita.

La Oficina Virtual también corrige la CURP vinculada al RFC

La misma plataforma permite tramitar la corrección o incorporación de la CURP al RFC cuando el dato es incorrecto, está desactualizado o no aparece registrado. Este procedimiento corresponde al trámite 36/CFF, denominado “Aviso de corrección o cambio de nombre y demás datos de identidad”.

Para este caso, los requisitos adicionales son: identificación oficial digitalizada por ambos lados y el formato de solicitud 36/CFF llenado y firmado, con la CURP anterior que contiene el error y la fecha exacta de la cita.

Si la documentación está completa, el SAT entrega de inmediato el Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal y la Constancia de Situación Fiscal corregida.

Otros trámites que resuelve la Oficina Virtual

La plataforma no se limita a la inscripción al RFC. A través de la misma modalidad de videollamada, el SAT también ofrece orientación fiscal a contribuyentes que tengan dudas sobre sus obligaciones, regímenes o situación ante el fisco, sin necesidad de cita presencial.

Quienes ya cuenten con RFC pueden usar la Oficina Virtual para actualizar datos del registro, como cambios en el régimen fiscal o en la actividad económica declarada, siempre que dispongan de contraseña o e.firma vigente.

La corrección de nombre, apellidos o fecha de nacimiento vinculados al RFC también se gestiona por esta vía, bajo el mismo esquema del trámite 36/CFF ya descrito. En todos los casos, el acceso se realiza desde el enlace enviado por correo, sin descargar aplicaciones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigente el Programa de Regularización Fiscal 2026, que ofrece descuentos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución a personas físicas y empresas con adeudos fiscales pendientes. La solicitud puede presentarse hasta el 31 de octubre de 2026.

El programa está activo desde el 1 de enero de 2026 y busca que los contribuyentes corrijan su situación fiscal con una carga financiera menor derivada de sanciones acumuladas.

Qué beneficios ofrece el programa

El SAT condona hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. Además, permite cubrir el adeudo en una sola exhibición o mediante hasta seis parcialidades, con la condición de que el último pago se realice a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

El beneficio no elimina el impuesto principal adeudado, sino los accesorios: las sanciones y los cargos adicionales que se acumulan sobre la deuda original.

Quiénes pueden solicitarlo

Pueden acceder al programa las personas físicas y morales cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos. El requisito aplica tanto para quienes tienen créditos fiscales ya determinados por la autoridad como para quienes desean corregir su situación de forma voluntaria.

También pueden incorporarse contribuyentes sujetos a facultades de comprobación o que cuenten con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Qué adeudos cubre

El esquema contempla adeudos generados en 2024 o ejercicios anteriores. Incluye contribuciones federales propias, retenidas o trasladadas; aprovechamientos; cuotas compensatorias; recargos; gastos de ejecución; y multas por infracciones fiscales, aduaneras o de comercio exterior.

También abarca sanciones por incumplimiento de obligaciones fiscales distintas al pago.

Plazos para presentar la solicitud

Los contribuyentes con créditos fiscales determinados por la autoridad tienen hasta el 31 de octubre de 2026 para presentar su solicitud. Quienes no cuenten con créditos fiscales determinados disponen de un plazo extendido hasta el 31 de diciembre de 2026.

En ambos casos, el pago en parcialidades debe quedar saldado a más tardar el 30 de noviembre.

Cómo solicitar el beneficio ante el SAT

El trámite puede realizarse por dos vías. En línea, el contribuyente debe ingresar a sat.gob.mx, acceder a Mi Portal con su RFC y contraseña, y enviar un escrito libre con la solicitud de adhesión.

De forma presencial, puede acudir a la oficina desconcentrada del SAT correspondiente a su domicilio para recibir orientación y apoyo en el proceso. El SAT recomienda verificar previamente que los adeudos estén registrados y definir la modalidad de pago antes de iniciar el trámite.

Resultados del programa hasta agosto de 2026

Al corte más reciente, el Programa de Regularización Fiscal 2026 ha aportado 6,436 millones de pesos al erario. Un total de 38,399 contribuyentes se han beneficiado: 11,404 empresas y 26,995 personas físicas.

Qué se condona exactamente y qué no

El beneficio no es uniforme en todos los casos. Según el comunicado oficial 51/2026 del SAT publicado en gob.mx/sat, la condonación llega al 100% en multas, recargos y gastos de ejecución cuando se trata de adeudos firmes.

Para multas derivadas exclusivamente de incumplimientos formales —es decir, obligaciones distintas al pago de un monto adeudado—, el porcentaje de condonación baja a 90%.

Quiénes quedan excluidos del programa

No todos los contribuyentes con adeudos pueden acceder al beneficio. El SAT precisó que quedan fuera quienes ya recibieron condonación en programas generalizados anteriores, quienes tengan sentencia firme por delito fiscal, y quienes figuren en los listados definitivos de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación, relativos a operaciones simuladas.

La autoridad recomienda revisar el historial fiscal antes de iniciar cualquier trámite.

Paso a paso para solicitar la regularización

El SAT estableció el siguiente procedimiento para adherirse al programa:

1. Verifica tu situación fiscal. Revisa en tu buzón tributario o en el portal sat.gob.mx si tienes créditos fiscales firmes susceptibles de regularizarse. Este paso es previo a cualquier trámite.

2. Identifica tu escenario. Define si tu adeudo ya fue determinado por la autoridad o si deseas corregir tu situación de forma voluntaria. El canal y los plazos pueden variar según el caso.

3. Elige la vía de solicitud. Puedes hacerlo en línea desde sat.gob.mx —ingresando a Mi Portal con tu RFC y contraseña para enviar un escrito libre— o de forma presencial en la oficina desconcentrada del SAT más cercana a tu domicilio.

4. Presenta la solicitud antes del plazo. La fecha límite es el 31 de octubre de 2026 para contribuyentes con créditos fiscales determinados, y el 31 de diciembre de 2026 para quienes corrijan su situación de forma voluntaria.

5. Espera la respuesta de la autoridad. Al presentar la solicitud, el procedimiento administrativo de ejecución queda suspendido de forma automática, sin necesidad de garantizar el interés fiscal.

6. Realiza el pago. Una vez aprobada la solicitud, cubre el adeudo en una sola exhibición o en hasta seis parcialidades. El último pago debe liquidarse a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

La prórroga del Impuesto sobre Circulación de Vehículos en Guatemala ya está vigente y extiende hasta el último día hábil de diciembre de 2026 el plazo para pagar el tributo sin recargos, una medida que busca dar margen a los propietarios que no cumplieron antes del 31 de julio y aliviar el impacto económico que, según los diputados, han causado el alza de los combustibles y de la canasta básica.

La ampliación beneficia a la porción de contribuyentes que seguía pendiente del trámite. Hasta el 3 de agosto, la información de comunicación social de la SAT registraba 5,37 millones de vehículos con el impuesto pagado, equivalentes al 81% del parque sujeto al cobro, mientras 1,40 millones seguían en mora, un 19% del total.

La norma fue oficializada con la publicación del Decreto 19-2026 en el Diario de Centro América y entra en vigor el 12 de agosto. El texto establece que las multas, moras e intereses por falta de pago quedan exonerados desde el 1 de agosto hasta la entrada en vigencia de la ley temporal.

El cambio responde a una decisión del Congreso de la República, que aprobó la medida de urgencia nacional en un solo debate. El decreto recibió 130 votos a favor, tres en contra y registró 27 ausencias.

La prórroga permite pagar hasta diciembre sin multas ni intereses

La disposición responde de forma directa a la situación de quienes no pagaron dentro del plazo ordinario: podrán regularizar el ISCV hasta diciembre de 2026 sin que se les cobren los recargos generados por el atraso durante el período cubierto por la ley. Después de esa fecha volverán a aplicarse las disposiciones y recargos previstos en la legislación tributaria.

El presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos y el secretario general de la Presidencia Juan Gerardo Guerrero firmaron el decreto aprobado por el Congreso el 29 de julio. La ley temporal autoriza la extensión del plazo para el ejercicio fiscal 2026 y mantiene abierta la posibilidad de pago durante varios meses adicionales.

La ampliación permite que los contribuyentes pendientes realicen el pago cuando dispongan de recursos más adelante en el año, incluido el período de aguinaldo, una de las razones mencionadas por los diputados para justificar la medida.

Para completar el trámite, los propietarios deben ingresar al portal de la Superintendencia de Administración Tributaria, verificar el monto correspondiente y efectuar el pago. Una vez hecho, podrán actualizar la tarjeta de circulación, documento vinculado al cumplimiento anual de esta obligación.

El impuesto de circulación sostiene una meta de Q. 1.495,13 millones

Los datos de recaudación muestran el peso fiscal del tributo. Hasta la fecha consignada por la SAT, el cobro acumulado ascendía a Q. 1.271,47 millones, equivalente al 85% de la meta fijada para 2026, que es de Q. 1.495,13 millones.

El universo de vehículos registrados asciende a 6.674.731 unidades. De ese total, 3.401.187 son motocicletas, 2.844.187 corresponden a vehículos particulares y 429.379 a vehículos comerciales; además, se reportan 110 mil vehículos inactivos.

La publicación también precisa que la tarjeta de circulación y la calcomanía correspondientes a 2025 mantendrán su validez hasta el 31 de diciembre de 2026 como efecto de la ampliación. Aun así, sigue siendo obligatorio para conductores de vehículos y motocicletas portar licencia de conducir, tarjeta de circulación y calcomanía.

La entrada en vigor de la prórroga también modifica los controles en la vía pública. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil no verificará el pago del impuesto durante los operativos ni impondrá sanciones por ese incumplimiento, mientras la Policía Municipal de Tránsito indicó que no realizará operativos relacionados con esa verificación hasta 2027.

El SAT implementa cámaras y grabaciones en auditorías formales para verificar que las operaciones fiscales de empresas y contribuyentes sean reales, en el marco de su nuevo Plan Maestro de Fiscalización 2026, que combina tecnología, cruce de datos y alertas electrónicas para detectar irregularidades con mayor precisión.

La idea de que inspectores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) recorrerán colonias enteras realizando revisiones sorpresa o tocando puertas al azar es falsa. Las autoridades fiscales aclararon que no existen operativos masivos de ese tipo ni programas de inspección indiscriminada. Especialistas fiscales coinciden en que los rumores difundidos en redes sociales exageran el alcance real del plan.

Qué es la “Fiscalización Inteligente” del SAT

Lo que sí está ocurriendo es una transformación en la manera en que el SAT realiza sus auditorías. Bajo el modelo denominado “Fiscalización Inteligente”, la autoridad aprovecha herramientas de análisis de datos, automatización y tecnología digital para detectar posibles irregularidades con mayor precisión y rapidez.

Uno de los cambios centrales para 2026 es el concepto de “materialidad”: el SAT ya no se limitará a revisar facturas electrónicas o documentación administrativa. Ahora buscará verificar que los bienes o servicios facturados realmente existieron y fueron prestados.

No bastará con contar con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido correctamente. Una empresa deberá acreditar que cuenta con instalaciones, personal, maquinaria, inventarios o cualquier otro elemento relacionado con la actividad económica que reporta ante el fisco.

Cámaras corporales y grabaciones dentro de las auditorías

Las nuevas facultades permiten que, dentro de una auditoría formalmente iniciada, los verificadores documenten las diligencias mediante fotografías, grabaciones de audio y video, incluyendo dispositivos similares a cámaras corporales o de solapa.

El objetivo es generar evidencia que permita corroborar la existencia de bienes, instalaciones o actividades económicas relacionadas con las operaciones revisadas. Estas herramientas no representan una autorización para ingresar libremente a cualquier domicilio: forman parte de procedimientos fiscales regulados por la ley.

Alertas por Buzón Tributario y plazos de respuesta

La estrategia también contempla una mayor automatización de los procesos. Mediante el cruce de bases de datos, el SAT podrá detectar inconsistencias y emitir alertas electrónicas a través del Buzón Tributario, sin necesidad de iniciar auditorías extensas.

Cuando se detecte una discrepancia relevante, los contribuyentes podrían recibir requerimientos con plazos de entre 15 y 20 días para presentar documentación y aclarar su situación.

El combate a las facturas falsas, prioridad del plan

Uno de los principales objetivos del Plan Maestro de Fiscalización 2026 es combatir las llamadas “factureras”: empresas que simulan operaciones para emitir comprobantes fiscales sin respaldo real.

La autoridad pondrá especial atención en las cadenas de proveedores y clientes vinculados con ese tipo de esquemas. Si un contribuyente realizó operaciones con empresas identificadas como emisoras de facturas falsas, podría ser requerido para demostrar la autenticidad de las transacciones.

En determinados casos, el SAT podrá solicitar correcciones, imponer sanciones administrativas o iniciar procedimientos más graves cuando existan elementos que apunten a una posible simulación de operaciones.

Quiénes tienen más probabilidades de ser auditados

Las auditorías estarán dirigidas principalmente a contribuyentes que presenten señales de riesgo: discrepancias entre ingresos y gastos, operaciones con empresas cuestionadas, deducciones inusuales, devoluciones improcedentes o movimientos financieros inconsistentes con lo declarado.

Expertos recomiendan conservar contratos, comprobantes de pago, estados de cuenta y cualquier documento que respalde las actividades económicas realizadas.

Qué hacer si el SAT llega a tu domicilio

Lo primero es no obstruir la visita, pero tampoco entregar documentos sin condiciones. Antes de cualquier otra acción, el contribuyente tiene derecho a exigir la identificación oficial de todos los visitadores y revisar la orden de visita, que debe estar fundada y motivada: si no señala los preceptos legales aplicables ni las razones específicas de la revisión, el acceso no es obligatorio, según el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez verificada la orden, el contribuyente debe solicitar la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado y designar dos testigos para la diligencia. Llamar de inmediato a un asesor fiscal o contador, antes de proporcionar cualquier información, es el siguiente paso.

Durante el procedimiento, no se deben ceder documentos sin que se levante un inventario previo. Conserva copia de todo lo que se solicite o exhiba, y lleva un registro escrito de lo ocurrido. Si el contribuyente o su representante legal no se encuentran en el domicilio al momento de la inspección, los visitadores dejarán un citatorio oficial para regresar al siguiente día hábil, conforme a la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado.

Las visitas se practican en días y horas hábiles, entre las 7:30 y las 18:00 horas. En casos excepcionales —o en materia de comercio exterior— la ley permite habilitar horarios extraordinarios durante las 24 horas, los 365 días del año..

Por último, si alguien solicita dinero para agilizar una cita o el proceso, se trata de un fraude: todos los trámites del SAT son gratuitos. Las denuncias pueden presentarse al correo denuncias@sat.gob.mx.

“Estoy abierto a que me investiguen. No solo eso, ya fui investigado”, señaló García, quien acusó a diputados locales de promover un juicio político basado, según él, en señalamientos que calificó como “refritos”, es decir, procesos que —de acuerdo con su versión— ya habrían sido resueltos por otras vías legales.

El origen del señalamiento, según el gobernador

De acuerdo con lo expuesto por García en el video, el caso al que se refirió tendría su origen en el proceso electoral de 2024, cuando las diputadas Gabriela Govea (PRI) e Itzel Castillo (PAN) presentaron una denuncia por un presunto acto de corrupción relacionado con el pago de un proveedor a la firma jurídica de su familia.

El mandatario aseguró, mostrando documentos durante la transmisión, que en agosto de 2025 se le notificó como denunciado y que la Fiscalía de Nuevo León habría determinado el no ejercicio de la acción penal, al concluir que no existía daño patrimonial. Según su versión:

• Los pagos corresponderían a servicios jurídicos derivados de una auditoría de 2015, previa a su ingreso a la política en agosto de ese año.
• El Gobierno de Puebla, entidad donde el contribuyente en cuestión tiene su domicilio fiscal, habría concluido que los pagos fueron correctos.
• El SAT habría aclarado favorablemente la situación fiscal de la firma.
• La Auditoría Superior de la Federación no habría emitido observaciones sobre estos pagos correspondientes al ejercicio 2022.

Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden a lo declarado por el propio gobernador en el video; no se ha tenido acceso independiente a los documentos oficiales que confirmen cada uno de estos puntos.

Contexto: el juicio político en curso

Cabe señalar que, de acuerdo con información previamente difundida por el Congreso de Nuevo León, existe un procedimiento de juicio político distinto —iniciado en junio de 2026 por la Comisión Anticorrupción a partir de una denuncia de la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer— que investiga una presunta triangulación de recursos por cerca de mil millones de pesos hacia despachos vinculados con familiares del gobernador. Ese proceso, así como una denuncia paralela ante la Fiscalía General de la República, continúa su curso y no cuenta hasta ahora con una resolución definitiva.

Llamado a los diputados

García cerró su mensaje pidiendo al Congreso local “dejar de perder el tiempo” y enfocarse en la discusión del presupuesto 2027, al señalar que los legisladores no habrían aprobado leyes relevantes en los últimos cinco años. El gobernador insistió en que, a su juicio, se trata de un caso ya resuelto —“cosa juzgada”, en sus palabras— y adelantó que continuará dando seguimiento público al tema.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lleva a cabo visitas domiciliarias conforme a la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado y cuando identifica que un contribuyente pudo emitir CFDI por operaciones inexistentes o sin respaldo real. Estas visitas constituyen una fiscalización directa en el domicilio fiscal o en el lugar indicado por el contribuyente. El fin es comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras.

El procedimiento también permite verificar la legalidad de ciertas operaciones, atender consultas sobre devoluciones fiscales o revisar si los asesores fiscales informaron sus esquemas reportables. Cuando se trata de mercancía extranjera, la inspección busca confirmar que su posesión o importación sea legal.

Si el contribuyente no está presente en el domicilio, se deja un citatorio para reagendar la visita al siguiente día hábil y, si nuevamente no se presenta, la diligencia continúa con la persona que se encuentre en el lugar.

Las visitas domiciliarias no tienen un calendario específico; sin embargo, de acuerdo con el SAT, la época de cierres y vacaciones son claves para esta medida, aunque cabe aclarar que estas se pueden hacer en cualquier momento, siempre que se cumpla con los siguientes criterios:

• Se practican en días y horas hábiles: entre las 7:30 y las 18:00 horas.
• Pueden habilitarse horas inhábiles si la actividad del contribuyente lo requiere o para asegurar bienes.
• En materia de comercio exterior, la ley considera hábiles las 24 horas, los 365 días del año.
• Si el contribuyente o representante no se encuentran presentes en el momento, se le notifica mediante citatorio para el día siguiente hábil.

Módulos del SAT: disponibilidad de citas del 3 al 7 de agosto

A través de su cuenta oficial en ‘X’, el SAT compartió un listado oficial con la disponibilidad que cuentan los módulos y oficinas para brindar atención presencial a los contribuyentes en los 32 estados de la República de México para la semana del 3 al 7 de agosto de 2026.

A nivel nacional, el semáforo de disponibilidad de atención presencial indica los siguientes tiempos de espera:

• Verde-Alta disponibilidad (1 a 10 días hábiles): El 74% de los módulos y oficinas se encuentran en color verde. Esto significa que en la gran mayoría del país podrás conseguir una cita rápida.
• Amarillo- Disponibilidad media (11 a 20 días hábiles): El 20% de los módulos presenta un nivel amarillo, con tiempos de espera moderados.
• Rojo- Disponibilidad baja (más de 21 días hábiles): Solo el 6% de las oficinas registra color rojo, lo que indica una alta demanda y tiempos de espera prolongados.

Puntos clave que debes conocer antes de ir al SAT:

Si estás pensando en agendar una cita, ten en cuenta estas recomendaciones oficiales:

1. Atención sin cita: Las personas de la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o con menores lactantes no requieren agendar cita para recibir atención presencial en los módulos.
2. Prioriza las herramientas digitales: Recuerda que solo es estrictamente necesario acudir de manera presencial para la generación de la e.firma por primera vez. La mayoría de los trámites se pueden realizar desde casa usando el portal sat.gob.mx, SAT ID, la Oficina Virtual o la app SAT Móvil.
3. Cero costos: Todos los trámites en el SAT son totalmente gratuitos. Si alguien te ofrece venderte una cita o agilizar un trámite a cambio de dinero, repórtalo inmediatamente al correo: denuncias@sat.gob.mx.

Los pagos provisionales del SAT son anticipos mensuales del Impuesto sobre la Renta que personas físicas y morales deben entregar al fisco a lo largo del año, antes de la declaración anual de abril. Lejos de ser el impuesto definitivo, funcionan como adelantos que se acreditan al cierre del ejercicio fiscal.

El mecanismo distribuye la carga tributaria en 12 pagos durante el año, en lugar de concentrarla en una sola liquidación. Al llegar abril, el SAT compara lo pagado provisionalmente contra el impuesto real del ejercicio y determina si existe saldo a favor o diferencia a cubrir.

Quiénes están obligados a presentarlos

Deben realizar pagos provisionales las personas físicas con ingresos por actividad empresarial o servicios profesionales (honorarios), quienes arrienden inmuebles y quienes cobren a través de plataformas digitales como Uber, Airbnb o Mercado Libre.

Las personas morales en régimen general también están obligadas, al igual que los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Quedan exentos quienes tributan exclusivamente en Sueldos y Salarios, ya que su patrón retiene el impuesto de forma directa.

Base legal y fundamento fiscal

Para personas físicas, la obligación se establece en el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Para personas morales, el fundamento es el artículo 14 de la misma ley, que también define el mecanismo del coeficiente de utilidad.

Ambos artículos coinciden en el plazo: los pagos deben enterarse a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que se declara. El SAT también contempla fechas escalonadas según el sexto dígito numérico del RFC del contribuyente.

Cómo se calcula el impuesto provisional

El cálculo para personas físicas es acumulativo: no se toman solo los ingresos del mes en curso, sino el total cobrado desde el 1 de enero hasta el último día del mes a declarar. Solo cuentan los ingresos efectivamente cobrados; una factura emitida pero no liquidada no entra en el cálculo.

A ese total se restan las deducciones autorizadas acumuladas del periodo —gastos indispensables para la actividad, comprobados con CFDI—, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar. Al resultado se aplica la tarifa del artículo 96 de la LISR.

Para personas morales, el procedimiento parte del coeficiente de utilidad del último ejercicio fiscal de 12 meses. Ese coeficiente se multiplica por los ingresos nominales acumulados del periodo; al resultado se le aplica la tasa del 30% establecida en el artículo 9 de la LISR.

Plazos según régimen fiscal

Los contribuyentes del RESICO presentan pagos provisionales de forma mensual, con vencimiento el día 17 de cada mes. Quienes tributan en el régimen de Arrendamiento tienen un calendario bimestral.

En todos los casos, el monto calculado para cada periodo se reduce con los pagos provisionales ya enterados en meses anteriores dentro del mismo ejercicio, así como con las retenciones de ISR que terceros hayan efectuado al contribuyente.

Cómo presentarlos en el portal del SAT

El trámite se realiza en sat.gob.mx con RFC y contraseña o e.firma. Los pasos son:

Ingresar al portal y seleccionar el apartado de declaraciones provisionales.

Elegir el ejercicio fiscal 2026, el periodo mensual a declarar y la obligación correspondiente.

Revisar la información precargada: el sistema muestra ingresos según los CFDI de ingreso emitidos y las retenciones registradas.

Capturar o validar deducciones, retenciones y pagos anteriores. Los datos pueden editarse antes del envío si hay discrepancias con la contabilidad.

Enviar la declaración. El sistema genera un acuse de presentación.

Descargar el acuse y, si existe saldo a cargo, pagar la línea de captura generada a través del banco o portal bancario dentro del plazo indicado.

Qué ocurre si hay errores o diferencias

Si la información precargada por el SAT no coincide con la contabilidad propia, el contribuyente debe confrontar los datos de los CFDI con sus estados de cuenta, papeles de trabajo y declaraciones previas antes de capturar cifras definitivas.

En caso de haber presentado una declaración con datos incorrectos, es posible corregirla mediante una declaración complementaria: se ingresan los datos correctos, se recalcula el impuesto y, si la corrección genera un saldo mayor al ya pagado, se entera la diferencia junto con la actualización e intereses correspondientes.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) lanzó una advertencia pública ante la circulación de falsas órdenes de captura vehicular por deuda de papeletas.

Según comunicó la entidad a través de sus canales oficiales, los estafadores envían mensajes y correos electrónicos imitando notificaciones legítimas, con el fin de obtener información personal o pagos indebidos de los conductores.

“Se ha identificado que personas inescrupulosas vienen utilizando indebidamente el nombre, logotipo e imagen institucional de la Sutran para intentar engañar a los ciudadanos y obtener pagos indebidos o información personal”, señala el comunicado oficial.

La modalidad consiste en el envío de documentos falsos que solicitan el pago de supuestas deudas, incluyendo enlaces o códigos QR que redireccionan a portales fraudulentos.

“Estas comunicaciones se anexan a estas comunicaciones links de pago para realizar este pagos a través de plataformas o a través de códigos QR para también redireccionar a plataformas de pago y realizar pagos por presunta comisión de infracciones”, dijo meses atrás Ronald Power, vocero de la Sutran, a RPP:

Los delincuentes replican el diseño institucional y, en algunos casos, incluyen la imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) para dar apariencia de autenticidad.

Los montos solicitados pueden alcanzar los 2.800 soles, aunque también se han detectado cobros de 500 soles por supuestos acumulados de multas.

La Sutran advierte que nunca emite órdenes de captura vehicular por deudas de papeletas y que las comunicaciones reales sobre sanciones llegan solo a través de la casilla electrónica del MTC o mediante notificaciones físicas en el domicilio declarado por el usuario.

Recomendaciones y canales de validación

La entidad recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos o mensajes sospechosos, no realizar pagos solicitados por medios no verificados, y no compartir datos personales, bancarios o información de sus vehículos.

Toda consulta sobre la autenticidad de los mensajes debe hacerse únicamente por los canales oficiales de la Sutran: la central telefónica (01) 200 4555, el correo comunicate@sutran.gob.pe, o el portal institucional con dominio sutran.gob.pe.

“Sutran realiza comunicaciones por dos mecanismos. Uno, a través de depositar comunicaciones a través de la casilla electrónica mediante el cual un usuario se ha afiliado previamente. Y, en segundo lugar, estamos hablando de comunicaciones que realizamos a través de comunicaciones en los domicilios”, precisó Power.

En lo que va de 2026, la Sutran ha detectado once casos de esta modalidad a nivel nacional. El procurador público de la entidad ya inició acciones legales y cuatro expedientes fueron derivados a la Fiscalía.

“Uno ya tiene, por ejemplo, una sentencia condenatoria donde se ha determinado una responsabilidad a un delincuente”, detalló Power.

También estafan con el SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) también reportó un incremento de mensajes falsos dirigidos a contribuyentes, simulando notificaciones de multas con enlaces a portales fraudulentos.

Recomiendan validar cualquier notificación a través de la web oficial (www.gob.pe/satlima), el canal Aló SAT (01) 315 2400 y el correo asuservicio@sat.gob.pe.

El llamado es a mantenerse informados y consultar siempre los canales oficiales para evitar caer en este tipo de engaños.

El SAT no tiene una lista de palabras prohibidas en transferencias bancarias, pero el marco legal mexicano sí obliga a los bancos a monitorear los conceptos de pago y reportar operaciones inusuales a la autoridad fiscal.

La confusión que circula en redes sociales mezcla dos realidades distintas: una recomendación institucional real de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y la ausencia de cualquier norma que genere consecuencias fiscales automáticas por el texto de una transferencia.

Qué dice la PRODECON: la advertencia real

La PRODECON advirtió públicamente que los contribuyentes deben evitar escribir en el concepto de una transferencia palabras relacionadas con actividades ilícitas

—drogas, armas, contenido sexual o delitos contra la salud—, incluso en tono de broma.

Según la institución, ese tipo de conceptos puede detonar procesos internos de revisión y, en determinados casos, provocar bloqueos temporales mientras se analiza la operación.

El fisco supervisa el campo “concepto” mediante herramientas de inteligencia artificial (IA) para hallar indicios de evasión fiscal y lavado de dinero, por lo que un mensaje escrito en tono de broma podría derivar en un requerimiento para explicar el motivo del pago.

Gloria Franco Vargas, directora general de Orientación y Asesoría al Contribuyente de Atención Personalizada de la PRODECON, precisó en entrevista los alcances reales de ese monitoreo: “En las disposiciones fiscales no hay ningún monitoreo, salvo cuando yo realizo depósitos en efectivo superiores a los 15,000 pesos, que se tienen que reportar al SAT”.

Franco Vargas aclaró que el SAT no hace monitoreo de contribuyentes a menos que haya una fiscalización, una auditoría, o que se esté realizando una devolución y sea necesario el cruce de información.

El SAT no establece palabras prohibidas

El SAT no cuenta con boletines, criterios normativos ni disposiciones que establezcan que el texto del concepto de una transferencia determina, por sí solo, una obligación fiscal.

Los documentos oficiales tampoco contemplan un catálogo de términos prohibidos ni establecen que expresiones como “préstamo”, “donación” o “regalo” generen automáticamente una revisión o el cobro de un impuesto. La PRODECON es quien emite la recomendación de cuidado; no el SAT mediante regla vinculante.

El fundamento legal: artículo 115 y la LFPIORPI

El monitoreo de conceptos en transferencias bancarias tiene base en dos instrumentos normativos que recaen sobre las instituciones financieras, no directamente sobre el contribuyente.

El primero es el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), que obliga a los bancos a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal —lavado de dinero— o favorecer delitos como el terrorismo.

El segundo es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. Esta ley obliga a las instituciones bancarias a reportar operaciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 definen una “operación inusual” como aquella que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida del cliente, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional, en función al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación. El concepto de la transferencia puede ser un elemento que active esa alerta interna, pero no es el único ni el determinante.

Banxico no prohíbe palabras en el SPEI

El Banco de México (Banxico) regula el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y establece que el concepto de pago es una descripción informativa libre que se transmite íntegramente al banco destino.

Banxico no autoriza filtros lingüísticos específicos ni exige la censura de palabras dentro del campo de concepto. Su regulación se enfoca en aspectos operativos, de seguridad y autenticación, así como en la generación del Comprobante Electrónico de Pago (CEP). Las reglas públicas del sistema no establecen que alguna palabra provoque el rechazo automático de una operación.

Qué analiza realmente la autoridad fiscal

Cuando el SAT ejerce facultades de comprobación, el análisis se centra en la congruencia entre los movimientos financieros y la información fiscal declarada por el contribuyente.

Lo que activa el escrutinio del fisco son las discrepancias: depósitos en efectivo acumulados que superen los 15 mil pesos mensuales en una misma institución —umbral que los bancos deben reportar—, ingresos que no coincidan con lo declarado, movimientos incongruentes con el régimen fiscal del contribuyente o un aumento patrimonial sin respaldo documental.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha establecido que, cuando la autoridad presume que ciertos depósitos constituyen ingresos, el contribuyente puede desvirtuar esa presunción con documentación comprobatoria: estados de cuenta, reportes de transferencias, identificación de cuentas de origen y destino y registros contables. El concepto de la transferencia no figura en ese criterio como elemento suficiente para determinar una obligación fiscal.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisadas tampoco establecen que el texto del concepto sea suficiente para presumir ingresos o determinar contribuciones.

Qué hacer si el SAT solicita una aclaración

Cuando la autoridad detecta inconsistencias, puede iniciar distintos procedimientos: solicitar información adicional, requerir documentación o invitar formalmente a aclarar diferencias antes de escalar a una auditoría.

La notificación llega a través del Buzón Tributario con un plazo determinado para responder. Ignorar ese aviso puede derivar en el inicio de facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Para acreditar el origen de los recursos, los especialistas recomiendan reunir estados de cuenta, contratos de préstamo o donación firmados, CFDIs relacionados y cualquier comprobante que demuestre la naturaleza del movimiento. Entre las prácticas que elevan el riesgo de una revisión se encuentran no emitir facturas por ingresos de negocio, declarar montos menores a los que registran los estados de cuenta, mezclar finanzas personales con actividad empresarial y recibir depósitos frecuentes sin documentación de respaldo.

El SAT puede presentarse en cualquier negocio, bodega o domicilio fiscal, grabar todo lo que encuentre y bloquear la facturación del contribuyente el mismo día de la visita, sin necesidad de una auditoría tradicional.

La facultad existe en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pero la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025 la amplió de forma sustancial con la incorporación del artículo 49 Bis, en vigor desde el 1 de enero de 2026.

El SAT puede revisar desde declaraciones hasta bienes físicos en el domicilio del contribuyente

El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta a la autoridad para comprobar que contribuyentes, responsables solidarios, terceros relacionados, asesores fiscales e instituciones financieras hayan cumplido con sus obligaciones fiscales y aduaneras.

Dentro de ese marco, el SAT puede rectificar errores en declaraciones, requerir contabilidad para revisión de escritorio, practicar visitas domiciliarias, revisar dictámenes de contador público y practicar avalúos de bienes.

Las visitas domiciliarias son la modalidad más invasiva: la autoridad se constituye físicamente en el domicilio fiscal, sucursales, bodegas u oficinas del contribuyente.

Una factura bien emitida puede ser declarada falsa si el negocio no prueba que la operación ocurrió

La reforma incorporó la obligación de que toda factura electrónica (CFDI) ampare “operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales”.

Una factura puede estar correctamente emitida y haber pasado todas las validaciones técnicas del SAT y aun así ser declarada falsa si el contribuyente no puede demostrar con documentos que la transacción que la origina realmente ocurrió.

Para verificarlo, el artículo 49 Bis habilita a la autoridad a presentarse físicamente en el negocio, sin necesidad de una auditoría tradicional, y concluir el procedimiento en un máximo de 24 días hábiles.

Desde la notificación, el contribuyente pierde la capacidad de facturar y tiene 24 días hábiles para resolver

En el momento en que se entrega la orden de visita, el Certificado de Sello Digital (CSD) del contribuyente queda suspendido de forma automática.

Sin el CSD, es imposible emitir cualquier factura electrónica nueva mientras el proceso concluye.

Los visitadores están facultados para recabar fotografías, audio y video desde el inicio de la diligencia, previa notificación al contribuyente.

Pueden constituirse en el domicilio fiscal, sucursales, bodegas, almacenes, locales comerciales y puestos fijos o semifijos en la vía pública.

El contribuyente tiene cinco días hábiles para ofrecer pruebas y desvirtuar la presunción de falsedad.

Si no lo logra en los 15 días hábiles del periodo probatorio, la autoridad emite resolución que declara los CFDI falsos y cancela definitivamente el CSD.

Además, publica el nombre y el RFC del emisor en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 45 días hábiles siguientes.

El SAT cruza facturas, nóminas, cuentas bancarias y declaraciones para seleccionar a quién visitar

Las revisiones se dirigen principalmente a presuntas Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y a las Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS), que son las que utilizan esas facturas para reducir su carga fiscal.

El SAT cruza en tiempo real los CFDI emitidos y recibidos, las declaraciones fiscales, los registros patronales ante el IMSS, la información bancaria y los datos de comercio exterior.

Cuando esos cruces detectan inconsistencias, la autoridad puede activar el procedimiento.

Qué hacer si el SAT se presenta en tu negocio

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la inviolabilidad del domicilio.

Toda orden de visita debe estar fundada y motivada: señalar los preceptos legales aplicables y las razones específicas por las que se emite. Sin ese requisito, el contribuyente no está obligado a permitir el acceso.

Al momento de la visita, el contribuyente tiene derecho a exigir identificación oficial de todos los visitadores, revisar la orden de visita, solicitar la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado y designar dos testigos para la diligencia.

La reforma al artículo 49 del CFF establece que si nadie designa testigos, los propios visitadores pueden nombrarlos, dejando constancia en el expediente.

Las visitas se realizan en días y horas hábiles, entre las 7:30 y las 18:00 horas. En asuntos de comercio exterior, el mismo artículo habilita los 365 días del año, las 24 horas.

En casos graves, la reforma al CFF tipifica como delito la expedición, adquisición o uso de comprobantes fiscales falsos, con penas de 2 a 9 años de prisión y multas de entre el 55% y 75%del monto total facturado.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), desde el pasado 10 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las primeras listas de los contribuyentes que “no desvirtuaron la presunción de emisión de CFDI falsos”.

Ante esta situación, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos recomendó a los contribuyentes estar atentos a las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, pues quienes hayan recibido comprobantes fiscales emitidos por personas incluidas en los listados ahí publicados tendrán la obligación de corregir los efectos fiscales correspondientes a través de una declaración complementaria.

Ludivina Lejia Rodríguez, presidenta del IMCP, explicó que si en un lapso de 30 días naturales, los contribuyentes no regularizan su documentación fiscal, ni podrán emitir nuevos comprobantes fiscales.

“Para ello, contarán con un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación en el DOF. En caso de no hacerlo, la autoridad fiscal restringirá temporalmente el uso de los certificados de sello digital para la emisión de comprobantes fiscales”, advirtió Lejia Rodríguez ante medios de comunicación.

Estos fueron los primeros contribuyentes en ser exhibidos

Por su parte, el vicepresidente de fiscal del IMCP, Luis Carlos Figueroa Moncada, reveló que el pasado 10 de julio fueron publicados tres contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de emisión de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes.

Figueroa Moncada detalló que los tres contribuyentes publicados fueron: Alianza Corporativa Camarence, A.C., Asociación Patronal Región Zamora, A.C. y Confederación De Servidores Públicos de los Poderes De Los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas de la República Mexicana.

“En consecuencia, los contribuyentes que hayan recibido CFDI emitidos por cualquiera de los tres contribuyentes incluidos en el listado del 10 de julio deberán presentar la declaración complementaria a más tardar el 9 de agosto”, advirtió Figueroa Moncada.

Si los contribuyentes no presentan sus declaraciones complementarias, a partir del 10 de agosto el SAT tendrá facultades para restringir temporalmente su CSD, y si después de esa acción no subsanan o desvirtúan dicha situación dentro de los siguientes 40 días, “la autoridad podrá dejar sin efectos de manera definitiva el certificado”.

Le tocará a los contribuyentes solucionar este problema fiscal, por lo que es necesario que se acerquen a sus contadores para que puedan verificar si no aparecen en las listas y, de ser el caso, emitir el comprobante complementario en el lapso establecido por la ley.

A casi 60 mil contribuyentes el SAT les canceló sellos

Además, el vicepresidente de fiscal del IMCP destacó que estas primeras listas son diferentes a las que se hacen trimestralmente de los contribuyentes a los que el SAT canceló definitivamente los CSD.

“La actualización más reciente del listado se publicó en abril de 2026 e incluye un total de 58 mil 195 contribuyentes con el Certificado de Sello Digital sin efectos”, manifestó el experto,

Los representantes del IMCP destacaron que el SAT canceló de forma definitiva los sellos digitales de casi 60 mil contribuyentes que no lograron corregir ni desvirtuar inconsistencias detectadas en actos de fiscalización dentro de un plazo de 40 días.

Mientras que en el periodo de entre enero y mayo de 2026, del total de acciones de entrevistas de vigilancia profunda, el 4.8 por ciento (cuatro mil 353 contribuyentes) concluyeron en la cancelación definitiva del certificado de sello digital.

De no ser por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, miles de contribuyentes, tal vez, no sabrían que el SAT comenzó a emitir listas de los contribuyentes que emitieron facturas falsas.

El IMSS eliminó el Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) y establece que la e.firma emitida por el SAT es el único certificado digital válido para realizar trámites electrónicos patronales.

El cambio rige desde este 17 de julio de 2026, tras la publicación del acuerdo ACDO.AS2.HCT.290626/176.P.DIR en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día anterior.

Los patrones tienen 90 días naturales para migrar al nuevo sistema (hasta el 13 de octubre) porque el NPIE dejará de ser aceptado como mecanismo de autenticación ante el Instituto.

En julio de 2026, el IMSS emitió una alerta nacional tras detectar casos en los que empresas amanecían con hasta 15 mil trabajadores falsos registrados en un solo día.

El Consejo Técnico del IMSS aprobó por unanimidad el uso exclusivo de la e.firma

El Consejo Técnico del IMSS, presidido por el director general Zoé Robledo, aprobó la disposición en sesión ordinaria del 29 de junio.

La propuesta fue presentada por Luisa Obrador Garrido, titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación, mediante el oficio número 109 de fecha 23 de junio de 2026, y fue dictaminada por el Comité de Incorporación y Recaudación en reunión del 25 del mismo mes.

Obrador Garrido señaló que la necesidad del cambio partió de la identificación de mejoras en la seguridad y simplificación de trámites del sistema anterior.

Entre los beneficios declarados por la Dirección de Incorporación y Recaudación figuran principalmente la reducción de riesgos de suplantación de identidad.

Entre otras razones se encuentran el fortalecimiento de la transparencia y la protección de los derechos de los trabajadores ante movimientos afiliatorios no reconocidos.

Los trámites firmados con e.firma son legalmente equivalentes a los firmados en papel

El acuerdo establece que los actos realizados con e.firma ante el IMSS producen los mismos efectos legales que los documentos presentados con firma autógrafa y tienen el mismo valor probatorio.

El fundamento legal incluye el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación y el artículo 7 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Desde 2013, el IMSS ya contemplaba abandonar el NPIE y migrar hacia la e.firma del SAT como único mecanismo de autenticación.

El acuerdo de junio de 2026 cierra formalmente ese proceso y cancela las reglas que durante más de 20 años regularon el NPIE como credencial patronal ante el Instituto.

Sin registro de e.firma no se podrán realizar movimientos en el sistema laboral

El acuerdo establece que toda persona autorizada para actuar en nombre de un patrón —sea representante legal, administrador o cualquier figura equivalente— deberá vincularse exclusivamente a través del Escritorio Virtual del IMSS.

El representante se autenticará con su propia e.firma y firmará conjuntamente con la persona representada, ambos con su respectiva e.firma.

Los trámites afectados abarcan todos los actos electrónicos ante el Instituto: altas, bajas y modificaciones de salario de trabajadores, entre otros movimientos afiliatorios.

Para patrones con e.firma vencida o próxima a vencer, el SAT requiere cita presencial con identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio fiscal.

Los patrones tienen hasta el 13 de octubre de 2026 para completar la migración

El IMSS designó a la Dirección de Incorporación y Recaudación como la instancia que resolverá dudas y aclaraciones de patrones durante la transición.

La orientación también estará disponible a través del Centro de Contacto telefónico del Instituto y las áreas de Afiliación en cada localidad del país.

Quien no complete la migración antes del 13 de octubre de 2026 quedará sin acceso a los sistemas digitales del Instituto.

Este sistema es esencial para registrar modificaciones de salario, así como altas o bajas de personal, lo que puede derivar en multas y recargos por incumplimiento de obligaciones patronales.

La SAT de Guatemala propuso revisar el costo y la utilidad de los incentivos fiscales que en 2025 representan Q22 mil 586 millones, un monto equivalente al 2,4% del PIB, para determinar si esos tratamientos preferenciales deben mantenerse, modificarse o eliminarse en un país donde el Fondo Monetario Internacional ha insistido en que aumentar los ingresos públicos es clave para cerrar brechas sociales y de infraestructura.

La actualización del informe sobre gasto tributario, citada por Prensa Libre, muestra que la mayor parte de ese monto se concentra en dos tributos: el IVA, con Q15 mil 164 millones, y el ISR, con Q6 mil 186 millones. Juntos suman Q21 mil 350 millones, es decir, el 94,5% del gasto tributario total.

El desglose elaborado por la Intendencia de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria indica además que Q15 mil 775 millones correspondieron a impuestos indirectos y Q6 mil 811 millones a impuestos directos. El estudio fue presentado durante el primer semestre del año.

El gasto tributario es el ingreso que el Estado deja de percibir por la aplicación de tratamientos preferenciales previstos en la legislación. Esos mecanismos incluyen exoneraciones, exenciones, franquicias y deducciones especiales contenidas en la Constitución, en leyes ordinarias y en otros instrumentos de política económica.

Los beneficios fiscales amparados por leyes ordinarias concentran más de tres cuartas partes del total

Los beneficiarios constitucionales absorbieron Q5 mil 114 millones, equivalentes al 22,7% del total. En ese grupo, el IGSS reportó Q2 mil 476 millones; los centros educativos, Q1 mil 550 millones; las universidades, Q1 mil 68 millones; y el Comité Olímpico Guatemalteco junto con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Q18,2 millones.

Los beneficios respaldados por leyes ordinarias alcanzaron Q17 mil 472 millones, el 77,4% del gasto tributario total de 2025. Entre los cinco principales beneficiarios figuran las personas individuales y las familias, con Q7 mil 360 millones; la intermediación financiera, con Q2 mil 272 millones; las actividades mercantiles, con Q1 mil 633 millones; las instituciones de asistencia social, con Q1 mil 336 millones; y los empleados en relación de dependencia, con Q1 mil 221 millones.

Esos cinco grupos concentraron Q13 mil 822 millones, equivalentes al 79% del monto asociado a los beneficiarios por leyes ordinarias. Según el diario, esa concentración explica buena parte del peso fiscal de las exoneraciones vigentes.

El superintendente de la SAT, Werner Ovalle Ramírez, citado por Prensa Libre dijo que el gasto tributario de 2025 se mantuvo alrededor del 2,4% del PIB y que, en términos macroeconómicos, no mostró un aumento general. También precisó que algunos tratamientos pudieron variar al alza o a la baja según el comportamiento de las actividades económicas a las que están vinculados.

Ovalle añadió que en 2025 no hubo cambios relevantes en la legislación tributaria que ampliaran los beneficios o incentivos vigentes. A su juicio, esa ausencia de modificaciones ayuda a explicar la estabilidad observada en el nivel agregado del gasto tributario.

La SAT busca medir mejor los incentivos mientras el FMI pide ampliar la base tributaria

La respuesta central que plantea la administración tributaria es abrir más adelante un análisis de costo-beneficio sobre los distintos tratamientos diferenciados. El objetivo, según expuso el jefe de la SAT, es establecer su pertinencia, efectividad, continuidad o eventual supresión.

Mientras ese debate no se abre, la entidad dice que sigue fortaleciendo los mecanismos de control, medición y trazabilidad del gasto tributario. Ovalle lo resumió así: “Actualmente, una parte cada vez más importante del estudio se construye a partir de información contenida en declaraciones aduaneras y tributarias, reduciendo progresivamente la dependencia de estimaciones alternativas. Esta mejora representa un avance sustancial para identificar, cuantificar y controlar con mayor precisión la aplicación de beneficios e incentivos fiscales”.

En junio, durante su visita anual a Guatemala, el FMI señaló que reducir las brechas sociales y de infraestructura requiere elevar los ingresos fiscales. El organismo reconoce avances de la SAT en cumplimiento tributario, digitalización, gestión de devoluciones y modernización aduanera, pero advierte que la recaudación lleva décadas situada cerca del 12% del PIB.

De acuerdo con el organismo, para que los esfuerzos actuales y previstos de la SAT se traduzcan en más recaudación, conviene evitar la eliminación de impuestos o la creación de regímenes especiales que sigan erosionando la base imponible. También recomendó limitar el arbitraje tributario interno y transfronterizo y avanzar hacia una reforma fiscal integral que racionalice el gasto tributario, amplíe la base imponible y eleve tasas hoy ubicadas en niveles muy bajos, sobre todo en el ISR.

Recibir dinero de un familiar o un amigo mediante una transferencia bancaria no genera automáticamente una multa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, existe un requisito que sí puede derivar en sanciones económicas cuando se trata de montos elevados.

En los últimos días ha circulado información sobre supuestas multas de hasta 35 mil pesos por recibir dinero de familiares. Aunque el dato tiene un fundamento legal, no aplica para todas las transferencias, sino únicamente en casos específicos previstos por la legislación fiscal.

A continuación te explicamos cuándo el SAT puede imponer una sanción, qué operaciones deben declararse y qué dice la ley.

¿En qué casos el SAT puede multar por transferencias entre familiares?

La clave está en distinguir una transferencia bancaria ordinaria de un préstamo, donativo o aumento de capital que rebasa los límites establecidos por la autoridad fiscal.

De acuerdo con la información difundida por el SAT y lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), las personas físicas deben informar a la autoridad cuando reciben:

• Préstamos.
• Donativos.
• Premios.
• Otros ingresos similares.

La obligación cobra especial relevancia cuando el monto acumulado supera los 600 mil pesos durante un ejercicio fiscal. Si no se presenta el aviso correspondiente, el contribuyente puede hacerse acreedor a una multa que ronda los 35 mil pesos, dependiendo de la infracción.

El requisito indispensable para evitar la multa

El requisito no consiste en pedir autorización para recibir una transferencia, sino en declarar ante el SAT los préstamos, donativos o aportaciones que excedan el monto previsto por la legislación.

En algunos casos también debe presentarse la Forma 86-A, utilizada para informar préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital recibidos en efectivo, cuando así lo establece la normatividad fiscal.

Si el contribuyente omite este aviso, el SAT puede considerar que existe un incumplimiento de las obligaciones fiscales y aplicar la sanción correspondiente.

¿Todas las transferencias entre familiares deben declararse?

No, el propio SAT ha aclarado que recibir una transferencia de un familiar o amigo no implica, por sí mismo, una multa, ni existe una disposición que sancione automáticamente este tipo de operaciones.

Las transferencias que forman parte de apoyos económicos habituales, gastos compartidos o movimientos bancarios comunes no generan una sanción únicamente por realizarse.

Sin embargo, cuando las cantidades son elevadas y corresponden a préstamos, donativos u operaciones que la ley obliga a informar, el contribuyente debe cumplir con las disposiciones fiscales para evitar problemas con la autoridad.

¿De cuánto puede ser la multa?

Las sanciones pueden alcanzar alrededor de 35 mil pesos, dependiendo del tipo de incumplimiento y de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Además de la multa, el SAT puede solicitar información adicional para comprobar el origen de los recursos si detecta inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos financieros del contribuyente.

Recomendaciones para evitar problemas con el SAT

Si vas a recibir una cantidad importante de dinero de un familiar o amigo, los especialistas recomiendan:

• Conservar comprobantes de la operación.
• Elaborar un contrato cuando se trate de un préstamo.
• Declarar los montos cuando la ley así lo exija.
• Mantener congruencia entre los ingresos reportados y los movimientos bancarios.

De esta manera podrás demostrar el origen de los recursos en caso de que la autoridad fiscal solicite información y evitar posibles sanciones.

Los grandes contribuyentes —empresas y entidades económicas— son un pequeño sector que aporta una parte importante de los ingresos tributarios de México; son el complemento de los millones de mexicanos que cumplen sus obligaciones con el fisco.

Pese a que son una fracción mínima del padrón nacional, los grandes contribuyentes aportan casi la mitad de la recaudación tributaria federal, lo que los ha convertido en una pieza importante para las finanzas públicas.

Área estratégica del SAT supervisa a grandes contribuyentes

De acuerdo con el sitio digital EL CEO, ese segmento es supervisado por la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), una de las áreas más estratégicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que actualmente encabeza Jennifer Krystel Castillo Madrid.

El trabajo de la AGGC se enfoca en brindar atención y fiscalización a corporativos con ingresos superiores a los mil 500 millones de pesos al año. El alcance incluye a entidades financieras, empresas productivas del Estado y grupos empresariales con estructuras operativas complejas.

¿Quiénes integran el padrón de grandes contribuyentes?

Para 2026, el padrón de grandes contribuyentes quedó integrado por cerca de 16 mil empresas y personas físicas, una cifra que equivale a alrededor de 0.02 por ciento del total de contribuyentes registrados en México.

Aunque representa un grupo reducido, este segmento económico aporta millones al fisco y concentra una parte relevante de la actividad nacional. De acuerdo con el SAT, su tasa efectiva promedio de tributación es de 4.1 por ciento sobre sus ingresos acumulables.

Algunos de los corporativos más grandes de México son parte de este sector de contribuyentes, entre los que destacan:

• Petróleos Mexicanos (Pemex)
• Comisión Federal de Electricidad (CFE)
• América Móvil
• Walmart de México y Centroamérica
• Fomento Económico Mexicano (FEMSA)
• Grupo Bimbo
• Grupo México
• BBVA México
• Grupo Financiero Banorte

¿Qué labor realiza la AGGC al interior del SAT?

La Administración General de Grandes Contribuyentes concentra sus esfuerzos en supervisar operaciones empresariales de alta complejidad y en verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales de los mayores contribuyentes del país.

Entre sus atribuciones están auditorías especializadas en reestructuras corporativas, precios de transferencia, comercio exterior y operaciones internacionales, rubros que se consideran de alto efecto en la recaudación.

Sin embargo, su trabajo no se concentra en la fiscalización, pues la AGGC también tiene la encomienda de brindar atención especializada a las empresas a través de la gestión de devoluciones de impuestos, compensaciones y otros trámites fiscales complejos.

Asimismo, la relevancia de esta unidad está en equilibrar una recaudación fiscal eficiente que ayude al fortalecimiento de las finanzas públicas con la certeza jurídica que exigen las compañías responsables de una parte considerable de la inversión y actividad económica de México.

Impuestos recaudados en México durante 2026

De acuerdo con el titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Pérez Diagnino, entre enero y junio de 2026, la institución logró recaudar casi tres billones en ingresos tributarios.

La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) previó que la recaudación tributaria en la primera mitad del año alcanzara los tres billones de pesos, de acuerdo con el calendario de pronósticos de ingresos.

En ese documento adjunto a la LIF, la meta para ese periodo se fijó en tres billones 17 mil 193.9 millones de pesos. Casi se consiguió el objetivo.

Pese a que millones de mexicanos sostienen buena parte de la recaudación fiscal de México, los grandes contribuyentes juegan un papel muy importante.

El IMSS elimina el NPIE y adopta la e.firma del SAT como único certificado digital válido para trámites patronales electrónicos, tras una serie de fraudes masivos que expusieron las vulnerabilidades del sistema anterior.

Los patrones tienen hasta el 13 de octubre de 2026 para completar la migración.

El fraude que aceleró el cambio

El detonante del cambio fue una acumulación de esquemas fraudulentos que el NPIE no pudo contener. En julio de 2026, el IMSS emitió una alerta nacional después de detectar casos en los que empresas amanecían con hasta 15 mil trabajadores falsos registrados en un solo día mediante el sistema patronal electrónico.

Un caso documentado en San Pedro, Coahuila, reveló que un negocio amaneció con 300 empleados apócrifos afiliados sin su conocimiento. El esquema, que preocupó a la iniciativa privada, se replicó en múltiples empresas de distintas partes del país.

Las consecuencias para los patrones afectados incluían el pago de cuotas obrero-patronales improcedentes, diferencias en obligaciones fiscales y posibles bloqueos de cuentas bancarias. En paralelo, investigaciones previas también habían documentado la suplantación de identidad para inscribir patrones apócrifos directamente en subdelegaciones del Instituto.

La decisión y su respaldo institucional

El H. Consejo Técnico del IMSS aprobó por unanimidad la medida en sesión ordinaria celebrada el 29 de junio de 2026. La propuesta fue presentada por Luisa Obrador Garrido, titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación (DIR), ante el organismo presidido por el director general Zoé Robledo, con representantes del sector patronal, obrero y de gobierno.

El acuerdo ACDO.AS2.HCT.290626/176.P.DIR se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio de 2026 y entró en vigor al día siguiente. Con ello, quedaron derogados los acuerdos 43/2004 y 533/2006 que regulaban el NPIE, así como el certificado digital expedido por el propio Instituto.

Obrador Garrido señaló que la necesidad del cambio partió de la identificación de mejoras en la seguridad y simplificación de trámites del sistema anterior.

Qué cambia para los patrones

La e.firma —antes conocida como FIEL— es la Firma Electrónica Avanzada que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emite a personas físicas y morales con RFC activo. Desde 2013, el IMSS contemplaba la migración hacia este mecanismo; el acuerdo de junio de 2026 concluye formalmente ese proceso.

A partir del 14 de octubre de 2026, la e.firma será el único certificado aceptado para realizar altas, bajas y modificaciones de salario de trabajadores por medios electrónicos. Los actos firmados con este instrumento tienen el mismo valor jurídico que una firma autógrafa, conforme al artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación y la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

La vinculación de representantes legales también cambia: deberá realizarse exclusivamente en línea a través del Escritorio Virtual del IMSS, con autenticación conjunta del representado y su representante, ambos con su propia e.firma.

Calendario de transición y riesgos de no migrar

El periodo de transición inició el 17 de julio de 2026 y vence el 13 de octubre de 2026. Durante esos 90 días naturales, el NPIE y la e.firma pueden coexistir para la realización de trámites.

Quien no complete la migración antes del plazo quedará imposibilitado para realizar movimientos afiliatorios electrónicos. Las consecuencias operativas incluyen el rechazo de solicitudes de alta, baja o modificación salarial, además de posibles infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones patronales.

Para patrones cuya e.firma esté próxima a vencer o ya haya expirado, el SAT requiere agendar una cita presencial con identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio fiscal.

Beneficios y canales de atención durante la transición

La medida estandariza la autenticación patronal bajo un único instrumento reconocido por toda la Administración Pública Federal, lo que elimina la necesidad de gestionar el NPIE como credencial separada.

Entre los beneficios declarados por la DIR figuran la reducción de riesgos de suplantación de identidad, el fortalecimiento de la transparencia y la protección de los derechos de los trabajadores ante movimientos afiliatorios no reconocidos.

Durante el periodo de transición, la orientación estará disponible a través del Escritorio Virtual, el Centro de Contacto del IMSS y las áreas de Afiliación de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspenderá plazos y términos administrativos del 20 al 31 de julio de 2026, según la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio.

La medida aplica al primer periodo general de vacaciones del organismo en el año y entra en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el DOF.

Qué plazos quedan pausados

Durante el periodo inhábil no correrán plazos ni términos en los siguientes procedimientos:

• Requerimientos emitidos por el SAT
• Revisiones fiscales
• Procedimientos administrativos en curso
• Trámites que requieran intervención directa de la autoridad fiscal

El conteo de días se retomará a partir del lunes 3 de agosto de 2026, desde el punto en que se encontraba antes del inicio del periodo vacacional.

Las obligaciones del contribuyente no se detienen

El periodo inhábil no equivale a una prórroga automática para los contribuyentes. Las declaraciones mensuales, los pagos de impuestos y las obligaciones fiscales periódicas deben cumplirse en las fechas establecidas, independientemente del receso del organismo.

Las plataformas digitales del SAT permanecerán disponibles durante esos días, al igual que la atención en oficinas.

Alcance para estados y municipios

La resolución contempla que las autoridades estatales y municipales coordinadas en materia fiscal —en términos de los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)— podrán adoptar el mismo periodo inhábil.

Sin embargo, la medida no es automática: cada entidad o municipio deberá publicarlo en su propio órgano o medio de difusión oficial, conforme a sus disposiciones legales y administrativas.

Otros cambios en la misma resolución

La Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2026 incluyó, además del periodo vacacional, ajustes en estas materias:

Facturación electrónica (CFDI): nuevos controles y causales de restricción temporal para emitir comprobantes

Multas y pagos a plazos: precisiones operativas para contribuyentes en procesos de regularización

Estímulo fiscal a la producción cinematográfica y audiovisual Plataformas y servicios digitales: retenciones de ISR e IVA, y obligaciones para residentes en el extranjero

IEPS: marbetes, precintos y apuestas en línea

Trámites que sí pueden realizarse durante el receso

Aunque los plazos administrativos quedan suspendidos, las oficinas del SAT no cerrarán sus puertas entre el 20 y el 31 de julio. Trámites presenciales como la generación de la e.firma por primera vez o la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) seguirán disponibles con normalidad.

La Oficina Virtual del organismo, que opera mediante videollamada gratuita con cita previa en citas.sat.gob.mx, también permanecerá activa. A través de ese canal pueden realizarse los siguientes trámites:

• Generación o renovación de contraseña
• Renovación de la e.firma
• Actualización de datos fiscales, como cambio de domicilio
• Corrección o cambio de nombre
• Incorporación o corrección de la CURP
• Obtención de la constancia de situación fiscal
• Asistencia para recuperar una contraseña

Qué establece la resolución oficial

El documento tiene fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación (CFF), y el artículo 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

La regla 2.1.6., fracción III de la resolución establece de forma textual: “El primer periodo general de vacaciones de 2026, comprende del 20 al 31 de julio de 2026“.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación y algunas disposiciones prevén fechas específicas de aplicación conforme a sus artículos transitorios.

Segundo periodo vacacional: fechas aún pendientes en el DOF

La regla 2.1.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal contempla también un segundo bloque de días inhábiles, que por tradición el SAT ubica en los últimos días de diciembre.

Sin embargo, la resolución publicada el 9 de julio no fijó aún las fechas exactas de ese segundo periodo.

Se darán a conocer en una publicación posterior en el Diario Oficial de la Federación, conforme el organismo emita la resolución correspondiente.

El certificado de e.firma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene una vigencia de cuatro años es por ello que aquellos que lo dejaron vencer hace más de 12 meses ya no pueden renovarlo por internet: la única vía es acudir nuevamente en persona a una oficina del organismo con cita previa.

Es decir si la firma venció en 2024 o antes, el trámite digital ya no es posible. El SAT establece que la vía remota —ya sea mediante la aplicación SAT ID o la plataforma CertiSAT WEB— solo está disponible cuando el certificado lleva menos de un año sin vigencia. Superado ese plazo, la renovación presencial es el único camino.

Qué bloquea una e.firma vencida

Sin el certificado activo, el contribuyente pierde acceso a trámites que van desde la presentación de declaraciones anuales hasta la facturación electrónica.

También quedan suspendidos la solicitud de devoluciones fiscales, la actualización del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y el ingreso a servicios digitales del SAT, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Para las personas morales, la e.firma es obligatoria sin excepción. Para las personas físicas, se vuelve indispensable cuando la declaración anual implica una devolución superior a 50 mil pesos o cuando se modifica la cuenta CLABE en devoluciones mayores a 10 mil pesos.

Cómo agendar la cita en el SAT

El primer paso es ingresar al portal citas.sat.gob.mx y seleccionar el servicio “e.firma Renovación y Revocación de Personas Físicas”.

El sistema solicita RFC, CURP y correo electrónico. Tras confirmar el captcha, se elige fecha, horario y oficina. El portal envía un token al correo registrado para confirmar la cita.

Qué documentos llevar el día de la cita

Los requisitos varían según cuánto tiempo lleva vencido el certificado. Cuando el vencimiento no supera un año, basta con la huella dactilar para acreditar identidad y domicilio.

• Cuando han pasado más de 12 meses desde el vencimiento, el SAT exige documentación adicional:
• Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional), en original
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses
• Unidad de memoria USB, preferentemente nueva
• Correo electrónico personal activo
• Las personas morales deben agregar la copia certificada del poder notarial del representante legal, el acta constitutiva y la e.firma vigente de dicho representante.

Qué pasa en la oficina del SAT

El asesor captura los datos del contribuyente y realiza la validación biométrica: huellas dactilares, fotografía de iris y firma digitalizada.

Una vez verificada la identidad, el sistema genera los nuevos archivos de la e.firma —con extensiones .key y .cer— que se guardan directamente en la USB proporcionada por el contribuyente.

Al concluir, el SAT entrega un acuse que confirma la actualización del certificado digital. El trámite se resuelve en la misma visita y no tiene ningún costo.

Renovación cuando el vencimiento es menor a un año

Quienes todavía se encuentran dentro del primer año de vencimiento tienen dos alternativas sin necesidad de cita. La primera es la aplicación SAT ID, disponible para personas físicas mayores de edad: requiere subir una identificación oficial, grabar un video con una frase indicada por el sistema y esperar hasta cinco días hábiles para la aprobación.

Una vez aprobada la solicitud en SAT ID, el contribuyente debe descargar el programa Certifica en su computadora, generar el archivo de requerimiento (.req) y completar el proceso en CertiSAT WEB seleccionando “Renovación de Certificado con SAT ID”.

La segunda opción es la renovación directa en CertiSAT WEB con la e.firma aún vigente o recién vencida, cargando los archivos .key y .cer originales junto con la contraseña de la llave privada.

En 2026, quiénes deben renovar

La e.firma emitida o renovada en 2022 cumple su ciclo de cuatro años en 2026. Quienes la tramitaron ese año deben verificar la fecha exacta de expiración en el Servicio de Validación de e.firma del portal sat.gob.mx, ingresando el RFC y el archivo .cer.

Si el certificado ya superó el año de vencimiento, la cita presencial no admite demora: cada mes adicional sin renovar implica más trámites bloqueados y, en el caso de personas morales, posibles incumplimientos fiscales.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reporta que, al 12 de julio de 2026, 3,287,281 vehículos han realizado el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV), lo que representa el 49% del parque vehicular nacional. El otro 51%, equivalente a 3,458,312 unidades, permanece pendiente de pago, según información oficial difundida por la institución.

El monto recaudado asciende a Q820.40 millones, según datos confirmados por la propia SAT. La cifra representa un progreso relevante, aunque todavía se ubica por debajo de la meta anual establecida para 2026, que es de Q1,495.13 millones.

Composición del parque vehicular

De acuerdo con los registros más recientes de la Superintendencia de Administración Tributaria, el parque vehicular nacional está compuesto por 2,860,874 vehículos particulares, 3,454,568 motocicletas y 430,151 comerciales, sumando un total de 6,745,593 unidades en circulación. La mayor parte corresponde a motos, seguidas de automóviles particulares y, en menor medida, vehículos comerciales.

Este volumen de vehículos circula en los 22 departamentos del país y representa un desafío logístico y recaudatorio para la SAT.

Fechas clave y consecuencias por mora

El superintendente de la SAT, Werner Ovalle, recordó que el período voluntario de pago del ISCV se extiende del 1 de enero al 31 de julio de 2026. A partir del 1 de agosto, quienes no hayan cancelado el tributo quedarán sujetos a las sanciones previstas en la legislación tributaria vigente.

Según lo estipulado en el artículo 31 del Decreto Número 70-94, Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, el contribuyente incurre automáticamente en infracción por omisión de tributos desde el día siguiente al vencimiento del plazo.

En estos casos, la sanción consiste en una multa equivalente al 100% del impuesto omitido, además del pago de intereses.

Actualmente, la Administración Tributaria no ha informado sobre la posibilidad de alguna prórroga para este período de pago.

Seguimiento y expectativas

La SAT subraya la importancia de cumplir con esta obligación fiscal dentro del plazo establecido. El objetivo de recaudación para 2026 se mantiene en Q1,495.13 millones, una meta que dependerá del comportamiento de los contribuyentes en las próximas semanas.

El avance en la recaudación y la reducción del rezago serán determinantes para evitar sanciones y fortalecer la capacidad financiera del Estado mediante el cumplimiento del ISCV.

Una parte importante de lo recaudado se transfiere directamente a las municipalidades del país para proyectos de desarrollo local. Por ley, este dinero tiene destinos muy específicos:

• Mantenimiento y construcción vial: Se debe usar exclusivamente para mejorar, pavimentar, construir y ampliar calles, puentes, bordillos y viaductos en las cabeceras y poblados municipales.
• Servicios básicos: En algunos casos, se destina a mejorar y ampliar los sistemas de agua potable, drenajes y alumbrado público de las comunidades.
• Tránsito local: Compra y mantenimiento de semáforos, señales de tránsito y otros equipos para ordenar y controlar el tráfico en cada municipio.

El SAT expide la Constancia de Situación Fiscal de forma gratuita a través de cinco canales oficiales en 2026, sin necesidad de cita previa en la mayoría de los casos, y en menos de cinco minutos desde el portal o la aplicación móvil.

Desde el 1 de enero de 2026, este documento ya no es un requisito legal para emitir facturas electrónicas ni comprobantes de nómina. Quien lo exija como condición para facturar comete una infracción sancionada por el Código Fiscal de la Federación.

Qué es la Constancia de Situación Fiscal

La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para acreditar que un contribuyente está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y para verificar su actividad económica registrada.

El documento incluye la Cédula de Identificación Fiscal (CIF) con código QR, el RFC, el nombre o denominación social, el domicilio fiscal, el régimen fiscal, las actividades económicas del contribuyente, y el lugar y fecha de emisión.

Qué cambió en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, la CSF dejó de ser obligatoria para la facturación electrónica y la emisión de comprobantes de nómina. Para emitir un CFDI, el SAT precisa que únicamente se requieren cuatro datos: la clave del RFC, el nombre o razón social, el código postal y el régimen fiscal.

Condicionar la emisión de una factura a la entrega de la constancia constituye una infracción conforme al artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación. La sanción va de MXN $21.420 a MXN $122.440.

Dónde sí se puede exigir

Pese al cambio normativo, bancos, empleadores e instituciones públicas y privadas siguen solicitando la CSF de forma legítima en ciertos trámites.

Los casos más frecuentes son: apertura de cuentas bancarias, inicio de una relación laboral, y actualización de datos ante organismos públicos o privados. En estos contextos, la constancia funciona como documento corroborador de información fiscal.

Cómo obtenerla: los 5 canales oficiales

Canal 1 — Portal sat.gob.mx (personas físicas y morales con contraseña o e.firma):

1. Ingresa a sat.gob.mx e inicia sesión en el apartado de tu tipo de contribuyente.

2. Selecciona “Trámites del RFC”.

3. Elige “Constancia de Situación Fiscal”.

4. Haz clic en “Generar Constancia”.

5. Descarga o imprime el PDF con tus datos actualizados.

Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Canal 2 — SAT ID (personas físicas sin contraseña ni e.firma):

1. Descarga la app SAT ID desde App Store o Google Play.

2. Selecciona “Constancia de Situación Fiscal con CIF” y acepta los términos.

3. Ingresa tu RFC de 13 dígitos, correo electrónico y número de celular.

4. Captura el token que recibirás en tu correo.

5. Adjunta una fotografía o PDF de tu identificación oficial vigente (INE por ambos lados, cédula profesional o pasaporte).

6. Graba el video de validación de identidad frente a la cámara, leyendo la frase que aparece en pantalla.

7. Verifica la información, firma en el recuadro y descarga el PDF.

El documento llega al correo en un plazo de hasta cinco días hábiles.

Canal 3 — App SAT Móvil (con RFC y contraseña):

1. Descarga la aplicación SAT Móvil para Android o iOS.

2. Inicia sesión con tu RFC de 13 dígitos y contraseña del portal SAT.

3. Toca “Documentos” y selecciona “Constancia de Situación Fiscal (CSF)”.

4. Descarga el documento o envíalo directamente a tu correo electrónico.

Canal 4 — Chat uno a uno del SAT (con asesor en línea):

1. Ingresa al Centro de Contacto SAT en chat.sat.gob.mx.

2. Selecciona “Cédula de Identificación Fiscal”.

3. Llena el formulario con tus datos y acepta que la información es verídica.

4. Guarda tu número de ticket, valida tus datos y confirma.

5. Descarga el documento mediante el enlace que el asesor te compartirá.

Disponible de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

Canal 5 — Oficinas y módulos itinerantes del SAT (sin cita):

1. Localiza la oficina o módulo del SAT más cercano. El SAT cuenta con 161 oficinas en todo el país, además de módulos itinerantes con horario de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

2. Acude con tu identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional). No se requiere cita previa para este trámite.

3. Solicita la constancia en el módulo de atención. El personal puede validar tu identidad con huella digital si está registrada en el sistema.

4. Recibe la constancia impresa en el momento.

En los módulos itinerantes también se puede tramitar la inscripción al RFC, la e.firma y recibir orientación sobre obligaciones fiscales, todo de forma gratuita.

Vigencia y cuándo actualizarla

La CSF no tiene vigencia definida y el trámite es completamente gratuito. No es necesario renovarla con periodicidad fija.

Solo debe actualizarse cuando el contribuyente registre cambios en su información ante el SAT: modificación del domicilio fiscal, cambio de régimen fiscal o actividades económicas, o incorporación y corrección de la CURP. Cada vez que se genera una nueva constancia, el sistema produce un PDF con los datos más recientes.

El SAT puede cancelar o suspender el RFC de un contribuyente mexicano sin que este reciba una notificación directa, dejándolo imposibilitado para facturar, contratar con el gobierno o acceder a servicios financieros. Conocer las causas, las consecuencias y los pasos para reactivar el registro puede evitar multas y auditorías.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con cuatro causas principales para dar de baja un Registro Federal de Contribuyentes (RFC): el cese definitivo de actividades económicas, el fallecimiento del contribuyente, la existencia de registros duplicados y la detección de operaciones simuladas o facturas falsas.

En este último caso, la autoridad puede actuar con base en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), que permite presumir la inexistencia de operaciones y anular los comprobantes fiscales emitidos por esos RFC.

Suspensión o cancelación: no es lo mismo

Antes de buscar una solución, el contribuyente debe identificar qué le ocurrió a su registro, porque el trámite de recuperación es distinto en cada caso.

La suspensión de actividades congela las obligaciones fiscales periódicas —declaraciones mensuales, emisión de CFDI— pero el RFC permanece activo. La cancelación, en cambio, es una baja definitiva que solo procede cuando el contribuyente cesa por completo su actividad sin intención de retomarla, como al liquidar una empresa.

Si el RFC fue suspendido, la solución es presentar un aviso de reanudación de actividades. Si fue cancelado, el procedimiento es más complejo y el SAT lo evalúa caso por caso.

Qué consecuencias trae un RFC inactivo

Un RFC cancelado o suspendido sin que el contribuyente lo sepa puede generar un efecto en cadena sobre su operación fiscal y financiera.

Las consecuencias más frecuentes incluyen la imposibilidad de emitir CFDI, la restricción o cancelación del Certificado de Sello Digital (CSD) —sin el cual ningún Proveedor Autorizado de Certificación puede timbrar facturas—, y la pérdida de la opinión de cumplimiento positiva exigida por el artículo 32-D del CFF para contratar con dependencias de gobierno.

A eso se suman multas por omisión de avisos al RFC y la apertura de procesos de revisión o auditoría, dado que el SAT cruza información con los PAC y detecta ingresos o facturas emitidas por contribuyentes con obligaciones inactivas.

Cómo reactivar el RFC paso a paso

El trámite de reanudación de actividades es gratuito y está disponible en dos modalidades: en línea a través de sat.gob.mx o de forma presencial en cualquier oficina del SAT con cita previa.

Para el trámite en línea, el contribuyente debe ingresar al portal oficial, seleccionar “Otros trámites y servicios”, luego “Actualización en el RFC” y elegir “Presenta tu aviso de reanudación de actividades”. Se requiere RFC, contraseña del SAT o e.firma vigente, identificación oficial y CURP. Al confirmar, el sistema genera un acuse de recibo que debe guardarse como comprobante.

Si la e.firma está vencida, es necesario renovarla primero en una oficina del SAT antes de iniciar el proceso en línea. El cambio de estatus se refleja en el sistema entre 24 y 72 horas hábiles.

Obligaciones que se reactivan con el aviso

Presentar el aviso de reanudación no solo recupera el RFC: también reactiva todas las obligaciones fiscales del régimen correspondiente desde la fecha indicada.

Esto incluye la emisión de CFDI por cada ingreso o servicio, la presentación de declaraciones mensuales de IVA e ISR, la declaración anual y el envío de contabilidad electrónica cuando el SAT lo requiera. Si el CSD venció durante el periodo de inactividad, el contribuyente deberá solicitar uno nuevo antes de emitir su primera factura.

El sistema permite señalar una fecha de reanudación retroactiva, pero eso genera obligaciones fiscales pendientes desde ese momento, con los pagos de IVA e ISR que correspondan.

El riesgo de operar sin haber presentado el aviso

Retomar la actividad económica sin notificar al SAT no pasa desapercibido. La autoridad fiscal cruza datos del buzón tributario, reportes de terceros y registros de los PAC para detectar facturas emitidas por contribuyentes con obligaciones suspendidas.

Las sanciones por no presentar el aviso de reanudación a tiempo van desde multas por omisión hasta requerimientos formales y auditorías por diferencias entre los ingresos detectados y las declaraciones presentadas. La pérdida de la opinión de cumplimiento positiva también cierra el acceso a licitaciones públicas y a ciertos productos financieros.

Un juez federal vinculó a proceso a Alejandro “N”, cuñado de la conductora Inés Gómez Mont, por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal relacionado con la presunta omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.

Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal en su contra. Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Alejandro “N” fue detenido en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en un operativo realizado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con la investigación, el imputado es señalado por un presunto perjuicio al fisco federal derivado del incumplimiento de sus obligaciones fiscales durante el ejercicio de 2016.

FGR marca distancia con el caso de Inés Gómez Mont

Tras informar sobre la resolución judicial, la FGR subrayó que el proceso contra Alejandro “N” no guarda relación con los procedimientos de extradición que enfrentan Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga, quienes son requeridos por autoridades mexicanas por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia detalló que Víctor Álvarez Puga permanece sujeto a un procedimiento migratorio en Estados Unidos desde septiembre de 2025. Aunque obtuvo su libertad mediante el pago de una fianza y el uso de un dispositivo de geolocalización, la próxima audiencia de su caso está programada para noviembre de 2026.

Respecto a Inés Gómez Mont, la Fiscalía señaló que también presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No obstante, indicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la petición formal correspondiente, la cual continúa integrándose para cumplir con los requisitos exigidos por ese país.

La resolución dictada contra Alejandro “N” corresponde exclusivamente a la investigación por presunta defraudación fiscal. Conforme al principio de presunción de inocencia, deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por un juez.

Así fue la captura en Cancún la noche del 9 de julio

Alejandro Álvarez Puga fue detenido la noche del 9 de julio en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, en cumplimiento de una orden de aprehensión. Tras su captura, fue trasladado para quedar a disposición de un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.

El empresario, hermano de Víctor Álvarez Puga y cuñado de Inés Gómez Mont, ha sido mencionado en distintas investigaciones de la Fiscalía General de la República por presuntos delitos fiscales y financieros. En una de ellas, la dependencia sostiene que una red de empresas habría triangulado alrededor de 2 mil 950 millones de pesos mediante contratos celebrados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Esa indagatoria es distinta al proceso por presunta defraudación fiscal por el que ahora fue vinculado a proceso.

La captura de Alejandro Álvarez Puga ocurre casi cinco años después de que las investigaciones contra la familia y su círculo cercano cobraron relevancia pública. Desde entonces, distintas indagatorias federales han derivado en órdenes de aprehensión, procesos penales y solicitudes de extradición por presuntos delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante la polémica por la propuesta de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, sobre el pago de impuestos a las herencias, muchos ciudadanos se preguntan cuánto tendrían que pagar al recibir un legado.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en México, las regulaciones fiscales al patrimonio está regulado de manera precisa por la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y el Código Civil Federal. El artículo 1281 del Código Civil define este proceso como la sucesión en todos los bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se extinguen con su fallecimiento.

El tratamiento fiscal proviene del numeral 93, fracción XXII, de la LISR, que clasifica las herencias como ingresos exentos para efectos de ISR, siempre que se declare en los términos establecidos por la ley cuando el monto rebasa los 500 mil pesos mexicanos. Esta clausula establece la obligación de informar en la declaración anual la recepción de ingresos superior a ese monto.

De cumplirse este requisito, el ingreso permanece exento del Impuesto Sobre la Renta, aun cuando se trate de una operación exenta, los beneficiarios deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e informar el monto heredado cuando excede el umbral antes mencionado.

En el caso de recibir un bien inmueble por herencia, el beneficiario no debe pagar el impuesto en ese momento. Sin embargo, al formalizar la sucesión se genera el Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI), cuya tasa varía entre entidades de la República, rondando entre 2 y 4.5% del valor de la vivienda. Este gravamen corresponde a un impuesto local y se fija por cada entidad federativa.

Debate en la SCJN: ¿deben pagar impuestos las Afores heredadas?

Lenia Batres expresó su respaldo a la posibilidad de aplicar impuestos a las herencias, legados y recursos de las Afores que reciben los beneficiarios de trabajadores fallecidos. La funcionaria judicial manifestó que aunque considera justa la recaudación de estos gravámenes, la decisión corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión, pues la Corte solo interpreta la legislación vigente.

El debate surgió ante criterios opuestos en tribunales federales sobre si los fondos heredados deben pagar Impuesto Sobre la Renta o estar exentos, como ocurre con legados. Mientras que la ministra defendió que estos ingresos representan patrimonio transferido y no fruto del trabajo directo del beneficiario, la mayoría del Pleno de la SCJN rechazó el proyecto que proponía gravarlos.

La postura predominante entre los ministros fue que los recursos acumulados en una cuenta individual forman parte del patrimonio generado por la persona trabajadora, y deben asegurar protección económica a los beneficiarios, sin crear diferencias injustificadas en el tratamiento fiscal.

En México, las herencias siguen exentas del ISR, los recursos de las Afores mantienen un régimen distinto pendiente de clarificación legal. Batres recordó que, históricamente, el país aplicó impuestos a herencias hasta 1961 y que la OCDE reúne a 24 países que hoy los mantienen. Por ahora, cualquier reforma depende de una decisión legislativa y no judicial.

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la mañanera del pueblo de este 9 de julio en Palacio Nacional, declaró no estar de acuerdo con aplicar impuestos a herencias y recursos de Afores heredados, desmarcándose de la propuesta defendida por la ministra mexicana.

Asimismo, la jefa de Estado descartó promover un debate legislativo al respecto y señaló que, aunque en otros países estos gravámenes existen, su gobierno no considera necesario implementarlos.

En México es común pensar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece un monto máximo para realizar cualquier pago en efectivo. Sin embargo, la realidad es distinta: no existe un límite único aplicable a todas las operaciones.

Las restricciones varían dependiendo del tipo de compra o servicio y tienen como objetivo prevenir el lavado de dinero, además de garantizar la transparencia en las operaciones de alto valor.

Por ello, algunos pagos únicamente pueden realizarse mediante transferencias bancarias, cheques nominativos, tarjetas u otros medios financieros cuando rebasan determinados montos.

Para 2026, estos límites se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor es de 117.31 pesos.

Estos son los límites para pagar en efectivo en 2026

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, establece topes para determinadas actividades consideradas vulnerables.

En el caso de la compraventa de bienes inmuebles, como casas, departamentos o terrenos, el pago en efectivo no puede utilizarse cuando la operación supera las 8 mil 025 UMA, equivalentes a 941 mil 412.75 pesos.

Por otra parte, el límite es menor para otras operaciones. La compra de vehículos nuevos o usados, así como de joyas, relojes, metales y piedras preciosas, obras de arte, boletos de sorteos o juegos con apuestas, acciones y partes sociales, además del arrendamiento de bienes inmuebles o vehículos, no puede liquidarse en efectivo cuando el monto rebasa las 3 mil 210 UMA, es decir, 376 mil 565.10 pesos.

Cuando una operación supera esos límites, las partes deberán utilizar medios de pago autorizados, como transferencias electrónicas, cheques nominativos u otros instrumentos del sistema financiero.

Estas medidas buscan reducir el uso de efectivo en operaciones de alto valor y fortalecer los mecanismos para prevenir el lavado de dinero.

¿Cuándo es obligatorio pagar mediante transferencia para deducir impuestos?

Además de las restricciones previstas en la Ley Antilavado, el SAT aplica reglas específicas para quienes desean deducir gastos en su declaración anual o en el cálculo de impuestos.

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), cualquier pago superior a 2 mil pesos que pretenda ser deducible debe realizarse mediante un medio electrónico o bancario.

Entre las formas de pago permitidas se encuentran:

• Transferencia electrónica de fondos.
• Tarjeta de débito.
• Tarjeta de crédito.
• Cheque nominativo.
• Monedero electrónico autorizado.

Si una persona paga más de 2 mil pesos en efectivo, aunque solicite factura (CFDI), ese gasto no podrá considerarse deducible para efectos fiscales.

Depósitos en efectivo: qué deben saber los contribuyentes

Otro aspecto que suele generar dudas es el relacionado con los depósitos bancarios en efectivo.

El SAT no establece un límite para depositar dinero en una cuenta bancaria. Sin embargo, las instituciones financieras tienen la obligación de reportar a la autoridad fiscal los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos acumulados durante un mismo mes.

Este reporte no implica automáticamente el cobro de impuestos ni la imposición de sanciones. Su finalidad es proporcionar información para que la autoridad pueda verificar, en caso de ser necesario, que el origen de los recursos sea lícito y coincida con los ingresos declarados por el contribuyente.

Por ello, especialistas en materia fiscal recomiendan conservar documentación que respalde el origen del dinero y privilegiar el uso de medios bancarios en operaciones de alto valor.

El SAT no fija un monto general para pagar en efectivo, sino que la legislación mexicana establece distintos límites según el tipo de operación. Asimismo, cuando se busca obtener beneficios fiscales mediante deducciones, el uso de transferencias, tarjetas o cheques deja de ser una opción y se convierte en un requisito indispensable para cumplir con la normativa vigente.

Un contribuyente mexicano puede tener una deuda registrada ante el SAT sin haber recibido ningún aviso perceptible.

El mecanismo es legal, automático y corre en su contra desde el momento en que la notificación se deposita en el Buzón Tributario, aunque nunca la haya abierto. Así lo establecen el artículo 4 y el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Qué dice la ley cuando la notificación fue irregular

El principio rector en materia fiscal es que ningún acto administrativo puede surtir efectos legales en perjuicio de un particular si no le fue debidamente notificado. Así lo establece el artículo 129 del CFF, que obliga a la autoridad a analizar los vicios de notificación antes de entrar al estudio de fondo del crédito.

El contribuyente puede solicitar la declaración de nulidad de la notificación como agravio principal dentro del recurso que interponga. Si la notificación resulta nula, las gestiones de cobro derivadas de ella también pierden efecto legal.

Qué es un crédito fiscal y cómo se origina

Conforme al artículo 4 del CFF, un crédito fiscal es toda cantidad que el Estado tiene derecho a cobrar por contribuciones, multas o recargos no cubiertos. No se trata de un aviso genérico: es una deuda con monto determinado y exigible.

Ese adeudo puede nacer de dos formas. La primera es la autodeterminación: el contribuyente declara un impuesto —ISR, IVA o IEPS— y no lo paga, con lo que el saldo queda registrado como crédito a su cargo. La segunda ocurre cuando el SAT ejerce sus facultades de comprobación —revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica— y emite una resolución con el monto adeudado.

También el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) pueden generar créditos fiscales cuando detectan incumplimientos en cuotas de seguridad social o aportaciones para vivienda.

Situaciones que generan el adeudo con mayor frecuencia

Entre las personas físicas, las causas más comunes son las declaraciones presentadas fuera de plazo —el SAT aplica multas automáticas desde el momento en que determina la sanción— y las diferencias en el IVA por errores de cálculo en operaciones con tasas mixtas del 0% y el 16%.

Las inconsistencias entre los ingresos declarados y los depósitos bancarios registrados también activan revisiones. Si la autoridad detecta una brecha, emite una resolución determinativa con el importe a pagar, lo que constituye un crédito fiscal desde ese instante.

En el caso de personas morales, la omisión de retenciones de nómina es uno de los supuestos más graves: si una empresa retiene el ISR de sus empleados pero no lo entera al fisco, ese dinero —que nunca perteneció a la empresa— se convierte en crédito fiscal exigible. Las multas por este concepto pueden alcanzar el 75% del monto omitido.

El Buzón Tributario y la notificación que corre aunque no se lea

Un contribuyente puede desconocer que tiene una deuda ante el SAT porque el sistema de notificación oficial opera de forma que no exige la lectura efectiva del documento. Cuando el SAT deposita un aviso en el Buzón Tributario, envía una alerta al correo o teléfono registrado. Si el contribuyente no abre la notificación dentro de los tres días hábiles siguientes, el artículo 17-K del CFF la tiene por realizada al cuarto día.

A partir de ese momento, el plazo de 30 días hábiles para pagar o impugnar el crédito —establecido en el artículo 65 del CFF— comienza a correr sin importar si el contribuyente leyó o no el documento. Tener el Buzón Tributario desactivado o con datos de contacto desactualizados no suspende ese plazo.

Cómo crece la deuda y las consecuencias de ignorarla

El crédito fiscal no permanece estático. Se actualiza mensualmente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y acumula recargos por mora del 2.07% mensual, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación vigente en 2026. En 2025, esa tasa era del 1.47%.

Si el plazo de 30 días hábiles vence sin respuesta, el SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE). El artículo 156-Bis del CFF faculta a la autoridad para ordenar la inmovilización de cuentas bancarias directamente ante la institución financiera, sin notificar primero al titular. El banco tiene hasta tres días hábiles para ejecutar el bloqueo; solo entonces el SAT avisa al contribuyente.

Las consecuencias adicionales incluyen el bloqueo del sello digital —lo que paraliza la facturación— y una Opinión de Cumplimiento negativa, que puede impedir la celebración de contratos y el cobro de pagos corporativos.

Cómo verificar si existe un crédito fiscal

Cualquier contribuyente puede consultar sus adeudos en sat.gob.mx ingresando con su RFC y contraseña o e.firma, en la sección “Mi Portal → Créditos Fiscales”. Otra vía es revisar la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, prevista en el artículo 32-D del CFF: si el resultado es negativo, hay algún pendiente registrado.

Opciones de regularización disponibles en 2026

Ante un crédito fiscal determinado, el CFF contempla tres alternativas. La primera es el pago inmediato dentro del plazo de notificación, generando una línea de captura en el Buzón Tributario. La segunda es el pago en parcialidades: el artículo 66 del CFF permite hasta 36 mensualidades con un enganche del 20% del adeudo actualizado.

La tercera opción es el Programa de Regularización Fiscal 2026, que permite eliminar hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución para adeudos del ejercicio 2024 y anteriores.

Pueden acceder personas físicas y morales cuyos ingresos totales en 2024 no hayan excedido los $300,000,000 MXN. El pago puede realizarse en una sola exhibición o en hasta seis parcialidades antes del 30 de noviembre de 2026, mediante el trámite en “Mi Portal → Estímulo Fiscal LIF 2026”.

De acuerdo con el artículo 146 del CFF, el crédito fiscal prescribe en un plazo de cinco años contados desde que el pago pudo ser legalmente exigido, aunque ese término puede interrumpirse si el SAT realiza gestiones de cobro notificadas al contribuyente.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) transformó en 2026 su forma de operar en dos frentes simultáneos: lleva módulos itinerantes a colonias y municipios de todo el país para que cualquier persona tramite su RFC, e.firma o Constancia de Situación Fiscal sin cita previa, mientras endurece la fiscalización con criterios de auditoría públicos, inteligencia artificial y consecuencias penales para las facturas falsas.

Ambas medidas forman parte del Plan Maestro 2026, presentado el 26 de enero por el titular del organismo, Antonio Martínez Dagnino, con una meta de recaudación histórica de 5.8 billones de pesos.

El giro más profundo en años

En 2024 y 2025, el SAT operó en modo reactivo: cobró adeudos de grandes contribuyentes, limpió el padrón de importadores e introdujo mejoras al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). El plan de 2025 organizaba sus revisiones por sectores económicos de alto riesgo.

El Plan Maestro 2026 abandona esa lógica por completo. La autoridad fiscal adoptó un modelo preventivo y predictivo, apoyado en analítica de datos masivos y aprendizaje automático, para identificar patrones de riesgo antes de que deriven en evasión consolidada. Las auditorías ya no se activan por incumplimientos detectados a posteriori, sino por señales que el sistema cruza en tiempo real contra las declaraciones y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de cada contribuyente.

El cambio estructural más notable es que, por primera vez, el SAT publica de forma anticipada y explícita los criterios que activan una auditoría. En planes previos, los contribuyentes solo conocían los motivos de una revisión cuando esta ya había comenzado.

Más oficinas, módulos en los 32 estados y atención en lenguas indígenas

El plan contempla la apertura de nueve nuevas oficinas en Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, la expansión de infraestructura de atención más amplia desde la creación del organismo en 1997.

El programa Oficina Móvil se extiende de forma ininterrumpida a los 32 estados durante todo 2026. Estos módulos itinerantes acercan trámites esenciales a comunidades sin acceso a oficinas permanentes, donde trasladarse a una sede fija puede implicar varias horas de viaje. El calendario de sedes se publica cada semana en sat.gob.mx: durante la semana del 29 de junio al 3 de julio, los módulos operaron en 19 estados con una meta de 8,600 trámites y atención a 4,500 contribuyentes.

El Servicio de Aclaración al Contribuyente se transforma en la Ventana Virtual de Atención para resolver controversias de forma más ágil y conclusiva. El sistema de citas se amplía para orientar a contribuyentes en proceso de auditoría sobre sus derechos y obligaciones, y se incorpora asistencia en lenguas originarias —maya, mixteco y zapoteco— para integrar a comunidades indígenas al sistema fiscal formal.

Qué trámites ofrece el módulo y qué documentos llevar

En cada módulo itinerante los contribuyentes pueden realizar cuatro gestiones de forma gratuita y sin cita: inscripción al RFC, generación y renovación de la e.firma, emisión de la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y orientación sobre obligaciones fiscales.

El horario general de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas, aunque algunas sedes operan con horarios diferenciados.

Para cualquier trámite presencial se requiere identificación oficial vigente con fotografía —credencial del Instituto Nacional Electoral, pasaporte o cédula profesional— y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Para tramitar la e.firma por primera vez se necesita además un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y una memoria USB con al menos 1 megabyte libre. Durante la cita, el personal recaba datos biométricos: huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía y firma autógrafa.

La inscripción al RFC exige también el acta de nacimiento certificada. El formato R-1 se llena en el propio módulo.

Trámites en línea: sin salir de casa

Quienes ya cuenten con RFC y contraseña pueden obtener la Constancia de Situación Fiscal por tres canales digitales. El primero es el portal sat.gob.mx, donde basta iniciar sesión, ingresar a “Trámites del RFC” y seleccionar “Generar Constancia” para descargar el documento en PDF.

El segundo es la aplicación SAT Móvil —disponible para Android e iOS—, que permite obtener la constancia en menos de cinco minutos. El tercero es SAT ID, que utiliza reconocimiento biométrico facial sin requerir e.firma: el contribuyente graba un video de validación y recibe el documento en su correo en un plazo de hasta cinco días hábiles.

La renovación de la e.firma, si está vigente o venció hace menos de un año, también puede realizarse en línea desde SAT ID sin cita presencial.

A quién audita el SAT en 2026

Las revisiones se concentran en contribuyentes que encajen en alguno de 12 criterios de conducta, sin distinción de sector. Quedan bajo la mira quienes operen con factureras o nomineras, presenten pérdidas fiscales recurrentes, simulen deducciones, obtengan ingresos no declarados, abusen de estímulos fiscales o muestren inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.

También activan una revisión la subvaluación en importaciones, el incumplimiento en retenciones de nómina, las operaciones con paraísos fiscales, las devoluciones improcedentes, una tasa efectiva de impuesto por debajo del promedio sectorial y el incumplimiento de regulaciones no arancelarias.

El SAT garantiza criterios uniformes en cualquier oficina del país para partidas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia e importaciones. La misma operación recibe el mismo tratamiento en Ciudad de México, Monterrey o Mérida. Para quienes cumplen correctamente y a tiempo, el plan es explícito: no se emitirán actos de fiscalización en su contra.

Facturas falsas: denuncia penal y 30 días para regularizarse

El combate a los comprobantes fiscales apócrifos operaba en planes anteriores como un procedimiento principalmente administrativo con plazos amplios. El Plan Maestro 2026 endurece cada etapa.

Ante una empresa detectada como emisora de facturas falsas, el SAT practica una visita domiciliaria inmediata y suspende el certificado de sello digital desde el primer día. Si se confirma la simulación, presenta denuncia ante el Ministerio Público bajo un nuevo tipo penal de defraudación fiscal calificada, sin suspender el procedimiento administrativo en paralelo.

La medida más drástica es la “muerte civil corporativa”: el SAT negará la inscripción al RFC a nuevas empresas cuyos representantes, socios o accionistas hayan participado previamente en compañías emisoras de comprobantes falsos. El antecedente persigue a las personas, no a las razones sociales.

Para quienes compraron esas facturas, el plazo es de 30 días para corregir su situación fiscal una vez declarados falsos los comprobantes. A diferencia de procedimientos anteriores, en este esquema el contribuyente no puede probar ante el SAT la materialidad de las operaciones dentro de ese lapso. Si no se regulariza, pierde su sello digital.

Beneficios para quien cumple: devoluciones más rápidas y descuento total en multas

Dos medidas sin precedente directo en planes anteriores favorecen a los contribuyentes en regla. Los plazos de devolución de impuestos se reducen a cinco días para personas físicas y 30 días para personas morales, frente a tiempos que en años previos podían extenderse por meses.

Un programa de regularización fiscal, dirigido a contribuyentes con ingresos anuales de hasta 35 millones de pesos, ofrece una reducción del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución para quienes corrijan adeudos de forma voluntaria. El RESICO recibe facilidades administrativas adicionales para atraer a más contribuyentes hacia un esquema de tasas de ISR reducidas basado en flujo de efectivo facturado.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lleva sus servicios fiscales directamente a municipios, universidades, centros de trabajo y ferias de empleo de todo el país a través de su programa Oficina Móvil, que opera módulos de atención gratuita y sin cita previa.

Las jornadas de julio abarcan del 1 al 10 en diferentes entidades de la república, con el calendario completo de fechas, horarios y ubicaciones disponible en el portal oficial

El programa forma parte del Plan Maestro 2026 del organismo encabezado por Antonio Martínez Dagnino, cuyo primer eje estratégico establece como prioridad una “atención honesta, cercana y con calidez”. Bajo ese lineamiento, el SAT reforzó el despliegue de módulos itinerantes en las 32 entidades federativas para reducir la brecha de acceso a servicios tributarios en zonas con menor infraestructura institucional.

Qué es la Oficina Móvil y a quién atiende

La Oficina Móvil instala módulos temporales en plazas públicas, presidencias municipales, centros comunitarios y recintos de fácil acceso. Puede establecerse en municipios y localidades alejadas de zonas urbanas, comunidades indígenas, universidades, centros de trabajo, ferias de empleo y eventos de instituciones públicas o privadas.

La atención está dirigida principalmente a personas físicas de las comunidades anfitrionas. Dependiendo del evento o la sede, también puede atenderse al público en general, sujeto a los protocolos de cada institución organizadora.

Desde su implementación en 2022, el programa ha brindado atención a más de 216 mil contribuyentes en todo el país, combinando trámites con asesoría personalizada y sesiones de cultura contributiva.

Trámites disponibles y qué documentos llevar

Los módulos itinerantes cubren los cuatro servicios fiscales más solicitados por personas físicas. A continuación, los requisitos específicos para cada uno:

Inscripción al RFC: Se requiere identificación oficial vigente, CURP impreso y actualizado, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses, acta de nacimiento certificada y correo electrónico activo. El formato de inscripción R-1 se llena directamente en el módulo.

Generación o renovación de e.firma: Además de los documentos generales, se debe llevar una memoria USB para guardar los archivos del certificado. Para la renovación, conviene tener a la mano los archivos anteriores (.cer y .key) y la contraseña de la firma vigente, en caso de recordarla. La primera generación de e.firma es un trámite exclusivamente presencial.

Constancia de Situación Fiscal (CSF): Se tramita con RFC vigente e identificación oficial. Si se realiza en línea, se requiere además e.firma o contraseña del SAT; en el módulo, el personal imprime el documento directamente.

Orientación fiscal: El personal brinda asesoría para habilitar el Buzón Tributario, activar o actualizar medios de contacto y resolver dudas sobre facturación electrónica con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Como documentos de identificación oficial, el SAT acepta credencial para votar (INE/IFE), pasaporte mexicano, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional. Para el comprobante de domicilio son válidos recibos de luz (CFE), agua, gas natural, teléfono fijo o estados de cuenta bancarios, siempre a nombre del contribuyente y con vigencia no mayor a tres meses.

El Plan Maestro 2026: más oficinas y tecnología fiscal

Más allá de los módulos itinerantes, el Plan Maestro 2026 contempla la apertura de nueve nuevos módulos de atención fija en puntos estratégicos: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. La medida responde a la saturación de citas en zonas de alto crecimiento económico.

En materia digital, las aplicaciones SAT Móvil y Factura SAT Móvil recibirán actualizaciones para que micro y pequeños empresarios puedan facturar, consultar su situación fiscal y generar constancias desde el teléfono celular. El plan también perfecciona el prellenado automático de declaraciones a partir de los CFDI emitidos y recibidos por cada contribuyente.

Otra medida del plan es la Ventana Virtual de Aclaraciones, una plataforma que busca agilizar la resolución de controversias y reducir los tiempos de espera en aclaraciones administrativas. En materia de inclusión, el SAT ofrecerá asistencia en lenguas originarias —entre ellas maya, mixteco y zapoteco— para integrar a comunidades indígenas al sistema formal.

Regularización fiscal y combate a facturas falsas

El Plan Maestro 2026 incluye un Programa de Regularización Fiscal dirigido a personas físicas y morales con ingresos anuales de hasta 35 millones de pesos. El beneficio consiste en una reducción del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución para quienes corrijan adeudos de forma voluntaria.

En paralelo, el SAT refuerza el combate a las empresas que emiten o deducen facturas de operaciones simuladas. Quienes reciban una factura declarada posteriormente como falsa tendrán 30 días para corregir su situación fiscal; de lo contrario, enfrentarán la restricción de sus certificados de sello digital, lo que impediría seguir facturando.

Para la detección de irregularidades, el organismo utilizará modelos de analítica de datos e inteligencia artificial orientados a identificar contribuyentes con pérdidas fiscales recurrentes injustificadas, tasas de impuesto por debajo del promedio sectorial o inconsistencias entre ingresos facturados e IVA declarado.

Horarios y cómo evitar contratiempos

El horario general de atención en los módulos es de 9:00 a 17:00 horas de lunes a jueves, y de 9:00 a 15:00 horas los viernes. Algunas sedes operan con horarios diferenciados según el evento o la institución anfitriona.

El SAT recomienda llegar con anticipación, verificar el calendario antes del traslado y llevar originales y copias de todos los documentos —las copias quedan en poder del organismo. Los martes y miércoles por la mañana suelen registrar menor tiempo de espera en oficinas fijas, criterio que puede aplicarse también a los módulos itinerantes.

Todos los servicios son estrictamente gratuitos. Cualquier cobro por citas o trámites debe denunciarse al correo denuncias@sat.gob.mx

La Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior (VUTCE) es la nueva plataforma digital del gobierno federal mexicano que centraliza más de 130 trámites de importación y exportación en un solo punto de entrada. Su creación, formalizada mediante decreto el 4 de mayo de 2026, transfirió la administración del sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

La VUTCE es el único punto de entrada digital para que empresas, agentes aduanales y operadores logísticos presenten ante las autoridades la información y documentación requerida para importar o exportar bienes desde México.

En un solo trámite electrónico, la plataforma coordina la validación de documentos, la autorización de permisos y la consulta de regulaciones no arancelarias de 10 dependencias: SAT, Secretaría de Economía (SE), SADER, SEMARNAT, SEDENA, Salud, SENER, PROFEPA, INBA e INAH, además de dos organismos reguladores.

El decreto que transfirió el control a la ATDT

El decreto del 4 de mayo habilita la VUTCE como sucesora operativa de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM), plataforma creada en 2011 y administrada durante 15 años por el SAT. La nueva ventanilla entró en vigor el 5 de mayo de 2026 y se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, dentro de su Eje Transversal 2 de “Innovación Pública para el Desarrollo Tecnológico Nacional”.

El texto del decreto establece la VUTCE como el único medio oficial para que la SE, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) reciban, gestionen y resuelvan los trámites a su cargo. La VUCEM no desaparece de inmediato: continúa operando como infraestructura tecnológica durante el período de transición, hasta que su transferencia del SAT a la ATDT se complete en los plazos que ambas autoridades determinen.

El decreto también crea el Expediente Único de Comercio Exterior (EUCE), un repositorio digital interoperable que reúne los documentos de cada persona física o moral para que las autoridades los consulten sin exigir los mismos archivos más de una vez. Si la SE ya cuenta con un documento en el expediente electrónico, el SAT no puede solicitarlo nuevamente.

La ATDT asume facultades amplias: emitir lineamientos de operación, supervisar que los trámites se resuelvan en los plazos legales, coordinar la interoperabilidad de sistemas entre dependencias, gestionar bajas o suspensiones de padrones de importación y exportación, y brindar asesoría a los usuarios durante todo el ciclo del trámite.

Cómo funciona la plataforma

El flujo comienza cuando el usuario ingresa al sistema con su certificado de e.firma vigente y carga la documentación según el tipo de operación. El sistema valida automáticamente los datos contra diversas bases de datos gubernamentales mediante intercambio electrónico de datos.

Una vez validada la información, la VUTCE se conecta con el Sistema de Operación Integral Aduanera (SOIA) y el Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI) para continuar el proceso. Esos sistemas interconectados permiten el seguimiento en tiempo real de cada trámite, desde la clasificación arancelaria inicial hasta la liberación final de la mercancía en la aduana.

Para operar en la plataforma, la persona interesada debe estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Las notificaciones electrónicas tienen plena validez jurídica: se consideran legalmente realizadas al generarse el acuse de recibo electrónico y surten efectos el día hábil siguiente a aquel en que estén disponibles en la ventanilla.

Trámites y obligaciones vigentes en 2026

La VUTCE es el canal obligatorio para solicitudes de permisos previos de importación y exportación, certificados de origen, manifiestos electrónicos y declaraciones ante la SADER. Toda persona física o moral que realice operaciones de comercio exterior en México está obligada a utilizarla.

A partir del 31 de julio de 2026, se suma una nueva obligación: la Manifestación de Valor Electrónica (MVE), derivada de la Regla 1.5.1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior y del artículo 59 de la Ley Aduanera. Mediante ese formato, el importador declara factura por factura cómo determinó el valor en aduana de sus mercancías y con qué documentos lo respalda.

La declaración exige conciliar facturas, documentos de transporte, certificados de origen y comprobantes de valor. La normativa establece que la responsabilidad sobre la veracidad de los datos recae directamente en el importador: una inconsistencia entre documentos puede derivar en demoras en el despacho o en sanciones.

Transición tecnológica y obligaciones para los usuarios

La transferencia de la VUCEM del SAT a la ATDT se realizará en los plazos que ambas autoridades determinen, conforme al Artículo Tercero Transitorio del decreto. La ATDT contó con un plazo no mayor a 15 días hábiles desde la entrada en vigor para habilitar la VUTCE para la recepción de trámites.

Los trámites iniciados antes de la entrada en vigor del decreto —permisos previos de importación, certificados de origen, programas IMMEX u otros— migran al nuevo entorno tecnológico, pero se resuelven bajo el marco normativo vigente al momento de su presentación original. No se pierden ni se reinician.

En materia de obligaciones, los usuarios deben proporcionar información completa, legible, veraz y actualizada; mantener activos los mecanismos de notificación que disponga la plataforma, y responder por los actos de sus representantes legales y terceros autorizados. La ATDT implementará protocolos de ciberseguridad y monitoreo continuo para proteger la integridad y confidencialidad de la información.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el Recurso de revisión fiscal 5/2025 y dejó firme una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que anuló un crédito fiscal por 2 mil 868 millones de pesos, con lo que la autoridad hacendaria ya no podrá combatir en esa vía el cobro de ISR, actualizaciones, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal de 2011.

La ministra Lenia Batres sostuvo en un mensaje público de este 2 de julio que ese monto equivale al pago de 441 mil pensiones para personas adultas mayores o de 299 mil becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En ese mismo posicionamiento dijo que votó en contra de la decisión del Pleno.

De acuerdo con el comunicado de la Suprema Corte de este 2 de julio, el recurso promovido por la autoridad hacendaria era un medio de impugnación excepcional. Su procedencia, explicó el Máximo Tribunal, solo opera en los supuestos previstos expresamente en la ley y cuando el asunto tiene importancia y trascendencia jurídica.

La resolución del tribunal administrativo que anuló el crédito fiscal no entró al fondo del cobro. Según la SCJN, la nulidad se apoyó en razones formales: las facultades de la autoridad hacendaria para determinar el crédito ya habían caducado conforme al artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, y además la resolución se basó en un acto previo que después fue declarado nulo con carácter de cosa juzgada.

Sostuvo la Corte que la revisión fiscal no procede cuando solo hay vicios formales

La SCJN precisó que su jurisprudencia establece que, cuando una sentencia únicamente declara la nulidad de un acto administrativo por vicios formales, el recurso de revisión fiscal es improcedente. Bajo ese criterio, no se cumplen los requisitos de importancia y trascendencia que permiten abrir esa instancia extraordinaria.

Por esa razón, el Pleno desechó el recurso y dejó firme la sentencia emitida por el TFJA que declaró nulo el crédito fiscal. Ni el comunicado ni la ministra Batres identificaron a la empresa beneficiada por esa decisión, sin embargo, en redes sociales circularon reportes que señalan que la empresa involucrada sería Femsa.

Batres cuestionó ese criterio y afirmó en redes sociales: “Con un criterio superado, la Corte exonera a una empresa de pagar 2,868 millones de pesos de impuestos". También señaló que la mayoría del Pleno decidió no analizar el asunto con base en un criterio de la extinta Segunda Sala, según el cual la revisión de estos casos no procede cuando se trata de temas procesales.

La ministra agregó que, a su juicio, la última reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo sí permite revisar este tipo de asuntos cuando el monto de un crédito fiscal excede 2 millones 38 mil pesos. En su mensaje identificó el expediente como “Recurso de revisión administrativa 5/2025”.

El Pleno de la SCJN no revocó directamente la nulidad dictada por el tribunal administrativo, sino que cerró la posibilidad de revisarla por esa vía extraordinaria. El efecto práctico es que queda firme la sentencia que anuló el crédito fiscal determinado por concepto de ISR, actualizaciones, recargos y multas del ejercicio 2011.

Suprema Corte perfila exentar del ISR la AFORE

La SCJN perfiló este 2 de julio que los recursos de Afore entregados por fallecimiento a personas beneficiarias quedarían exentos de ISR, al considerar de forma mayoritaria que esos fondos forman parte del patrimonio generado por la persona trabajadora y conservan una función de protección económica para quienes tienen ese derecho.

Cabe destacar que la definición final sigue pendiente porque el Pleno retiró el asunto para elaborar un nuevo proyecto. Antes de eso, durante la misma sesión, ministras y ministros expusieron una postura mayoritaria contra gravar esos recursos cuando pasan a beneficiarias o beneficiarios de una persona fallecida.

Desde el 1 de enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con un mecanismo legal para presentarse en cualquier negocio, bodega o local comercial, grabar todo lo que encuentre y bloquear la capacidad de facturar del contribuyente el mismo día de la visita, sin necesidad de una auditoría tradicional.

El instrumento es el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025. Su propósito: verificar si los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que emite un contribuyente amparan operaciones que realmente ocurrieron.

Qué cambió con la reforma fiscal de 2026

La fracción IX incorporada al artículo 29-A del CFF establece que todo CFDI debe amparar “operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales”. El que no cumpla ese requisito se considera falso, aunque haya sido timbrado correctamente y cuente con todos los campos técnicos en orden.

Un comprobante puede estar perfectamente formateado en XML, haber pasado las validaciones del SAT y aun así ser declarado falso si la transacción que lo origina no puede demostrarse con documentos.

Antes de esta reforma, la validez de una factura se evaluaba por su estructura técnica. Ahora también se evalúa por la realidad de la operación que la origina.

Cómo opera la visita domiciliaria exprés

Las visitas no son masivas ni aleatorias. El SAT opera modelos algorítmicos que cruzan en tiempo real los CFDI emitidos y recibidos, las declaraciones fiscales, los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la información bancaria y los datos de comercio exterior.

Cuando esos cruces detectan inconsistencias, la autoridad puede iniciar el procedimiento del artículo 49 Bis. Los visitadores deben identificarse oficialmente y entregar la orden al contribuyente, a su representante legal o al encargado del establecimiento.

A partir de ese momento, están autorizados para fotografiar y grabar audio y video de forma inmediata. Las inspecciones pueden realizarse en domicilios fiscales, sucursales, oficinas, bodegas, almacenes, locales comerciales y puestos fijos o semifijos en la vía pública.

La facturación se bloquea desde el primer día

El golpe más inmediato del procedimiento no es la multa: es la parálisis operativa. Desde el momento en que se notifica la orden de visita, el Certificado de Sello Digital (CSD) del contribuyente queda suspendido de forma automática.

Sin el CSD, es imposible emitir cualquier factura electrónica nueva hasta que el procedimiento concluya. Para un negocio que opera con clientes que exigen CFDI, eso equivale a una detención de operaciones.

El plazo total del proceso no puede superar 24 días hábiles: cinco para que el contribuyente presente sus pruebas y 15 adicionales para que la autoridad emita su resolución.

Qué debe probar el contribuyente y en qué tiempo

La reforma invierte la carga de la prueba: no es el SAT quien debe demostrar que la operación fue falsa, sino el contribuyente quien debe acreditar que fue real. Según los criterios del SAT y la regla 2.9.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, el expediente de “materialidad” debe demostrar cuatro elementos:

Sustancia económica: la operación debe tener un propósito de negocio real, no solo un beneficio fiscal.

Capacidad operativa del proveedor: personal inscrito en el IMSS suficiente para ejecutar el servicio, infraestructura verificable, domicilio fiscal localizable y actividad económica registrada congruente con lo facturado.

Evidencia de prestación: entregables, reportes, fotografías del trabajo realizado, bitácoras, correos electrónicos con metadatos, órdenes de compra y minutas.

Trazabilidad financiera: los pagos deben realizarse mediante transferencia electrónica (SPEI) o cheque nominativo. Los pagos en efectivo superiores a $2,000 pesos no acreditan materialidad, sin importar que exista factura de por medio.

Qué pasa si el SAT declara falsas las facturas

Si el contribuyente no logra desvirtuar la presunción en el plazo establecido, el SAT emite una resolución que declara los CFDI falsos. Las operaciones que amparan dejan de tener efectos fiscales y el CSD se cancela de forma definitiva.

Dentro de los 45 días hábiles siguientes, el nombre y el RFC del emisor se publican en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación.

En casos graves, la reforma tipifica como delito la expedición, adquisición o uso de comprobantes fiscales falsos, con penas de 2 a 9 años de prisión y multas de hasta el 55% del monto total facturado.

El riesgo se extiende a quienes recibieron esas facturas

Las consecuencias no se limitan al emisor. Los contribuyentes que recibieron los CFDI declarados falsos y los usaron para deducir gastos o acreditar IVA tienen 30 días naturales desde la publicación en el DOF para presentar una declaración complementaria y revertir esos efectos fiscales.

Quienes no actúen en ese plazo también arriesgan la restricción temporal de su propio Certificado de Sello Digital, lo que los deja sin capacidad de facturar aunque nunca hayan sido investigados directamente.

Para 2026, el SAT tiene programadas más de 16,200 auditorías con criterios uniformes aplicados en las 32 entidades federativas.

Una deuda bancaria olvidada en México puede terminar en embargo judicial sin que el titular haya recibido una llamada del banco ni una alerta del Buró de Crédito: la ley no obliga a ninguna de las dos instituciones a advertir al deudor antes de que un proceso legal avance.

El Buró de Crédito no es un ente que persigue deudas ni activa procedimientos judiciales. Su función es registrar el comportamiento de pago de personas y empresas ante bancos, tiendas departamentales y otras entidades financieras. No decide si se otorga o niega un crédito, y tampoco avisa cuando una cuenta entra en mora.

El registro negativo aparece tras tres meses de atraso y puede permanecer en el historial hasta seis años, dependiendo del monto adeudado.

Cómo escala una deuda hasta el juzgado

Cuando una persona deja de pagar una tarjeta de crédito o un préstamo personal, la primera respuesta del acreedor es la cobranza extrajudicial: llamadas, correos y propuestas de negociación. Estas acciones no tienen facultad legal para embargar bienes.

Solo cuando la institución presenta una demanda ante un juez —generalmente a través de un juicio ejecutivo mercantil— el proceso adquiere consecuencias patrimoniales reales. Ese procedimiento incluye pasos obligatorios que la ley no permite saltarse:

Presentación de la demanda

Revisión del caso por un juez

Notificación formal al deudor por un actuario

Requerimiento de pago en ese acto

Si el deudor cubre el adeudo en el momento del requerimiento, el embargo no se ejecuta. El proceso completo puede durar meses o años.

Por qué el deudor puede no enterarse a tiempo

En México, una deuda bancaria impaga puede derivar en embargo sin que el titular lo perciba con anticipación porque ni el banco ni el Buró de Crédito están obligados a emitir una advertencia directa antes de demandar. La notificación formal llega cuando ya hay un juicio en curso, a través de un actuario judicial. Si el deudor no actualiza su domicilio o ignora las comunicaciones del acreedor, el proceso puede avanzar sin que tenga conocimiento real de ello.

En el caso del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el mecanismo es aún más directo: el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta a la autoridad para ordenar la inmovilización de cuentas bancarias sin notificar primero al contribuyente. El oficio se dirige directamente al banco, que tiene hasta tres días hábiles para ejecutar el bloqueo. Solo entonces el SAT notifica al titular.

Qué puede embargarse y qué queda protegido

La ley establece que el embargo debe ser proporcional a la deuda. Una obligación de $50,000 pesos no justifica asegurar bienes por cientos de miles de pesos si existen otras opciones suficientes para cubrir el adeudo.

Solo una autoridad judicial puede ordenar un embargo, y este recae únicamente sobre bienes registrados a nombre del deudor. Quedan expresamente excluidos:

Bienes de familiares

Artículos indispensables: cama, ropa y herramientas de trabajo

Cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias

Ningún despacho de cobranza privado tiene facultad para ejecutar un embargo por cuenta propia. Si alguien ingresa a un domicilio sin orden judicial, el afectado puede presentar una denuncia por allanamiento de morada.

El historial crediticio: daño que persiste años

Los plazos de permanencia en el Buró de Crédito dependen del monto de la deuda. Con el valor de la Unidad de Inversión (UDI) al 30 de junio de 2026 en $8.82 pesos, los rangos en moneda corriente son los siguientes:

Deudas de hasta $220 pesos: se eliminan al año

Deudas de entre $220 y $4,408 pesos: se borran a los dos años

Deudas de entre $4,408 y $8,816 pesos: desaparecen a los cuatro años

Deudas superiores a $8,816 pesos: no se eliminan de forma automática

Las deudas con un proceso judicial activo tampoco desaparecen aunque transcurran los plazos. Pagar una deuda no la borra del historial de inmediato: el registro cambia a estatus “liquidado”, lo que mejora la calificación pero no elimina la huella del incumplimiento.

Derechos del deudor y vías de defensa

El artículo 17 de la Constitución Mexicana prohíbe la prisión por deudas de carácter civil. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirma que esto aplica para tarjetas departamentales, préstamos personales, créditos bancarios y financiamientos similares con instituciones como BBVA, HSBC y Banamex.

La excepción ocurre cuando existe fraude o un delito patrimonial comprobable —como proporcionar información falsa al solicitar un crédito o pagar con cheque sin fondos—, contemplados en el artículo 386 del Código Penal Federal.

Si el acreedor no reclama la deuda en un plazo de 10 años, el derecho a cobrar prescribe y el embargo deja de proceder legalmente, aunque los despachos de cobranza puedan continuar con intentos extrajudiciales. Quienes reciban amenazas extralegales pueden acudir a la Profeco o a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para solicitar orientación.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que el partido aplicará filtros de seguridad e inteligencia financiera a sus aspirantes antes de definir candidaturas para las 17 elecciones a gubernaturas de 2027, en un mecanismo que calificó de voluntario pero que el partido asumirá como obligatorio.

El anuncio llegó tras el cierre del registro de aspirantes al proceso interno para definir las coordinaciones estatales de defensa de la transformación, en el que participan también el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El papel de la UIF, el SAT y la Secretaría de Seguridad

El filtro implicará una consulta directa al gabinete de seguridad federal. “Vamos a pedirle al Gabinete de Seguridad que revise los perfiles, ¿por qué decimos que al gabinete de seguridad? Porque es la UIF, el SAT, la Secretaría de Seguridad Pública”, precisó Montiel en conferencia de prensa este martes.

La revisión no busca exponer antecedentes de los aspirantes, sino evitar su postulación si presentan irregularidades. El objetivo declarado es, en palabras de la dirigente, “cumplir con el compromiso con el pueblo de México de presentar a los mejores candidatos”.

Montiel aclaró que el mecanismo es de aplicación interna y posterior al proceso de encuestas. “Eso va a hacer Morena internamente, posteriormente ya en el proceso electoral del próximo año, como se planteó en la reforma legal que presentó nuestra presidenta”, señaló.

Encuestas, cursos de género y el debate sobre paridad

Quienes superen las encuestas internas deberán también completar cursos de género, con la finalidad de hacerle frente al machismo.

Sobre la distribución de candidaturas entre hombres y mujeres, la dirigente desmintió listas que circularon en redes sociales con supuestas asignaciones por entidad. Aclaró que primero se aplicarán todas las encuestas y que solo si los resultados lo requieren se harán ajustes de paridad. “Qué tal que ganan 17 mujeres y ya no hay que ajustar nada. Es mi convicción. Que sean solo mujeres”, afirmó.

Montiel extendió además la lógica formativa a toda la militancia, no solo a los aspirantes. Planteó pedirle al instituto electoral que refuerce la capacitación en temas de género con quienes aspiran a candidaturas y con la base del partido en general.

Morena, Verde y PT inician proceso rumbo al 2027 sin alianza concreta en SLP

Morena, el Partido Verde y el PT arrancan por separado los registros de aspirantes a las coordinaciones estatales de cara a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. La fractura se origina en la figura de Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a quien el Verde no descarta postular pese a la política antinepotismo de su aliado.

El coordinador nacional electoral del Verde, Arturo Escobar, confirmó que la medida antinepotismo es exclusiva de Morena y no vincula a su partido, cabe destacar que, en San Luis Potosí, Ruth González encabeza las opciones del Verde para la candidatura al gobierno estatal.

La posibilidad de una coalición no está descartada. Escobar señaló que “hasta que no se agote la fecha límite legal, que será seguramente a mediados de enero, siempre hay una viabilidad de construir un acuerdo”. Morena, por su parte, mantiene su postura: dirigentes como Ariadna Montiel y Citlalli Hernández sostienen que la política del partido es no respaldar a familiares directos del gobernante en turno para cargos de elección popular.

Los ingresos tributarios en México mantienen una tendencia positiva durante 2026. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, de enero a mayo, el Gobierno Federal obtuvo ingresos por 2 billones 781 mil 646 millones de pesos, cifra que representa un incremento nominal de 35 mil 994 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el organismo, el crecimiento se explica principalmente por el buen desempeño de la recaudación de impuestos como el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), recursos que financian programas sociales, infraestructura, salud, educación y otras acciones del gasto público.

Ingresos tributarios superan los 2.47 billones de pesos

En su más reciente comunicado, el SAT detalló que los ingresos tributarios ascendieron a 2 billones 477 mil 738 millones de pesos entre enero y mayo de 2026.

Esto significa un incremento nominal de 65 mil 848 millones de pesos respecto a los primeros cinco meses de 2025, consolidando a la recaudación fiscal como una de las principales fuentes de financiamiento del Gobierno mexicano.

El reporte también destaca el comportamiento de los principales impuestos:

• ISR: 1 billón 345 mil 229 millones de pesos recaudados.
• IVA: 703 mil 351 millones de pesos, con un aumento de 49 mil 809 millones respecto al mismo periodo de 2025.
• IEPS: 298 mil 799 millones de pesos, equivalente a un incremento de 30 mil 351 millones de pesos frente al año anterior.

SAT reconoce el cumplimiento de los contribuyentes

El organismo encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció a las personas físicas y morales que cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales.

Según explicó el SAT, el pago de impuestos permite obtener recursos que posteriormente se destinan al desarrollo económico, la prestación de servicios públicos y el bienestar de la población mexicana.

Además, la gráfica incluida en el comunicado muestra que los ingresos del Gobierno Federal han mantenido una tendencia de crecimiento durante los últimos años. Entre enero y mayo de 2020 se registraban 1.78 billones de pesos, mientras que para el mismo periodo de 2026 la cifra alcanzó 2.78 billones, reflejando un aumento acumulado cercano al billón de pesos en seis años.

¿Qué impuestos aportan más recursos al Gobierno de México?

La mayor parte de los ingresos tributarios proviene de tres gravámenes:

• Impuesto sobre la Renta (ISR): grava los ingresos de trabajadores, empresas y personas con actividad económica, por lo que suele representar la mayor fuente de recaudación.
• Impuesto al Valor Agregado (IVA): se aplica al consumo de bienes y servicios y constituye el segundo impuesto más importante para las finanzas públicas.
• Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): se cobra sobre productos específicos como combustibles, bebidas alcohólicas, cigarros, refrescos y alimentos con alta densidad calórica.

El desempeño de estos impuestos suele utilizarse como un indicador de la actividad económica y del consumo interno. Cuando la economía mantiene un ritmo favorable, la recaudación también tiende a incrementarse.

¿En qué se utilizan los impuestos que recauda el SAT?

Los recursos obtenidos mediante la recaudación tributaria integran una parte fundamental del presupuesto del Gobierno Federal.

Entre otros rubros, el dinero recaudado permite financiar:

• Programas sociales y pensiones.
• Servicios de salud y adquisición de medicamentos.
• Educación pública en todos los niveles.
• Infraestructura carretera, hidráulica y de transporte.
• Seguridad pública y procuración de justicia.
• Operación de dependencias federales y organismos públicos.

Un mayor nivel de recaudación también puede reducir la necesidad de contratar deuda pública para cubrir el gasto gubernamental, fortaleciendo la estabilidad de las finanzas nacionales.

Con el reporte correspondiente a enero-mayo de 2026, el SAT destacó que la recaudación continúa mostrando resultados positivos gracias al cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, así como a las acciones de fiscalización y eficiencia administrativa implementadas durante el año.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone en marcha en 2026 un programa que permite a personas físicas y empresas con adeudos de años anteriores pagar solo el impuesto original sin multas ni recargos.

El programa arrancó el 1 de enero de 2026 y tiene fechas límite distintas según el tipo de adeudo.

Quien no actúe a tiempo pierde el beneficio y deberá cubrir el monto completo, incluidos recargos y sanciones.

Lo que el SAT no adelanta es cuánto puede ahorrar un contribuyente ni cuáles son las condiciones exactas que determinan si la reducción es del 100% o del 90%. Eso depende del tipo de deuda y de cómo se originó.

Así se calcula cuánto te descuenta el SAT: 100% o 90% según el tipo de deuda

El programa cubre adeudos de ejercicios 2024 o anteriores determinados tanto por el SAT como por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Incluye multas por infracciones a leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior, así como multas con agravantes.

Según el portal oficial del SAT, la reducción del 100% aplica cuando el crédito fiscal incluye contribuciones federales omitidas —propias, retenidas o trasladadas—, aprovechamientos o cuotas compensatorias.

En ese caso, las multas, los recargos y los gastos de ejecución asociados desaparecen del monto a pagar.

La reducción baja al 90% cuando el crédito fiscal está integrado exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas al pago, por ejemplo, no presentar una declaración informativa.

En ese caso, el porcentaje de disminución aplica siempre que el contribuyente cumpla la obligación omitida que dio origen a la multa.

Tu situación fiscal determina cuál de las tres vías debes seguir para obtener el beneficio

El SAT establece tres vías de acceso al beneficio, según la situación fiscal del contribuyente.

El primero aplica a quienes detectan su propio adeudo sin que la autoridad lo haya determinado.

Deben presentar la declaración correspondiente en el portal del SAT, seleccionar la opción “Estímulo de regularización fiscal” en el campo de estímulos y realizar el pago en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026.

El segundo corresponde a contribuyentes que ya están bajo facultades de comprobación, es decir, en medio de una auditoría.

Pueden acceder al beneficio si se autocorrigen y pagan dentro del plazo que fije la autoridad revisora, antes de que se emita la resolución definitiva y a más tardar el último día del año.

El tercero es para quienes ya tienen un crédito fiscal firme notificado, incluso si lo impugnaron.

Deben ingresar a Mi Portal, seleccionar la opción ESTIMULO FISCAL LIF 2026 y presentar la solicitud antes del 31 de octubre de 2026.

Si el adeudo está impugnado, deben adjuntar el acuse de desistimiento.

En este supuesto, el pago puede hacerse hasta en seis parcialidades, con la última a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

Requisitos y condiciones que excluyen del programa

El beneficio aplica a contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no excedieron los 300 millones de pesos mexicanos.

El SAT excluye a quienes recibieron condonaciones en programas generalizados anteriores al amparo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019.

Tampoco pueden solicitar el beneficio quienes ya fueron beneficiados por el estímulo del Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025.

También quedan fuera quienes tengan sentencia condenatoria firme por delitos fiscales.

Lo mismo aplica para las instituciones y organismos que ejecutan gasto federal, referidos en el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El SAT advierte que al presentar la solicitud de créditos firmes, el contribuyente consiente íntegramente el adeudo. Si después lo impugna, el estímulo pierde efectos.

La cuenta de nómina puede ser embargada en México, aunque la ley fija límites precisos que la mayoría de trabajadores y patrones desconoce. El salario mínimo es inembargable por mandato constitucional, pero el excedente sí puede retenerse, bajo condiciones y porcentajes estrictamente regulados.

El artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que los salarios no podrán ser embargados, salvo en el caso de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisó el alcance real de esa protección: una autoridad jurisdiccional sí puede ordenar el embargo sobre el excedente del salario mínimo para garantizar obligaciones de carácter civil o mercantil, pero únicamente hasta el 30% de ese excedente.

Cuando se trata de pensiones alimenticias, la protección opera de forma distinta: el embargo puede aplicarse sobre la totalidad del excedente del salario mínimo, sin el límite del 30%.

El salario mínimo, el único monto intocable

La fracción VIII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Ese umbral es el punto de partida de cualquier cálculo.

Solo la parte del ingreso que supera ese mínimo entra en el cómputo del embargo. Y aun sobre ese excedente, la ley no permite retener la totalidad: fija el 30% como techo general, salvo en materia de alimentos.

La SCJN también aclaró que, si el salario ya está parcialmente afectado por una pensión alimenticia, la protección del 30% se aplica únicamente sobre la fracción del excedente que no está comprometida por esa pensión.

El SAT puede bloquear la cuenta sin avisar

El artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ordenar la inmovilización de depósitos bancarios en cualquier tipo de cuenta —incluidas las de nómina— sin notificar primero al titular.

El oficio de bloqueo se dirige directamente a la institución financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El banco tiene hasta tres días hábiles para ejecutar la medida. Solo entonces, en un plazo máximo de otros tres días, el SAT notifica al titular vía buzón tributario, estrados o edictos.

La autoridad puede actuar así en dos supuestos: cuando el crédito fiscal ya es firme —es decir, una deuda determinada, notificada y no impugnada en tiempo— o cuando el crédito está impugnado pero no garantizado y el contribuyente no es localizable, la garantía es insuficiente o los bienes embargados previamente no cubren el adeudo.

Qué cuentas pueden bloquearse y cuáles están protegidas

Son susceptibles de embargo las cuentas de cheques, ahorro, nómina, inversiones y cualquier depósito en moneda nacional o extranjera registrado a nombre del contribuyente en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

La ley excluye expresamente las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias, hasta por el monto de las aportaciones realizadas conforme a la ley de la materia.

La SCJN emitió recientemente una resolución que abre una excepción: las cuentas AFORE sí pueden ser embargadas cuando el titular adeuda pensión alimenticia, no posee otros bienes embargables y se encuentra sin empleo formal. En ese caso, el monto máximo a retener será el menor entre 75 días del salario base de cotización de los últimos cinco años o el 10% del saldo total acumulado en la subcuenta de retiro.

La obligación del patrón y sus límites

El artículo 112 de la LFT precisa que los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de embargo que no provenga de autoridad competente en materia de pensiones alimenticias.

Eso significa que, ante una orden de embargo por deuda civil o mercantil, el patrón no tiene obligación legal de retener el salario del trabajador directamente en nómina. La medida recae sobre la cuenta bancaria, no sobre el empleador.

El monto bloqueado por el SAT corresponde al adeudo fiscal actualizado, más recargos, multas y gastos de ejecución. La ley prohíbe que el embargo exceda ese importe, ya sea que recaiga sobre una sola cuenta o sobre varias.

Derechos del trabajador ante un embargo

El CFF reconoce al contribuyente el derecho de designar los bienes a embargar, siempre que siga el orden legal: primero dinero y depósitos bancarios, luego acciones y valores, después bienes muebles y, al final, bienes inmuebles.

Si ya se ejecutó el bloqueo de una cuenta, el titular puede ofrecer una garantía sustituta para liberar los fondos. El artículo 141 del CFF acepta depósito en dinero o carta de crédito bancaria, prenda o hipoteca, fianza de institución autorizada, obligación solidaria de tercero solvente, embargo en vía administrativa, y títulos valor o cartera de créditos propios.

La autoridad tiene un plazo máximo de cinco días para resolver y notificar si acepta o rechaza la garantía. Si no lo hace en ese término, la entidad financiera debe levantar la inmovilización.

Vías para impugnar el bloqueo

Ante un embargo que el contribuyente considere indebido, el CFF y la legislación procesal fiscal prevén tres vías: el recurso de revocación ante el propio SAT, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el juicio de amparo, cuando se alegan violaciones a derechos constitucionales.

El artículo 151 del CFF establece que no procede el embargo respecto de créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede administrativa o jurisdiccional y se encuentren debidamente garantizados conforme a las disposiciones legales aplicables.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa inhabilitó por un año a Jaime “N”, exadministrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por falsear sus declaraciones de situación patrimonial para ocultar un incremento de 1 millón 532 mil 452 pesos que no pudo explicar ni justificar ante las autoridades federales.

La sanción fue anunciada este domingo por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) a través del Comunicado 070. La dependencia precisó que Jaime “N” era ex servidor público del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que su conducta fue calificada como una infracción grave.

El caso representa uno de los resultados más recientes del trabajo de fiscalización patrimonial que lleva a cabo la SABG sobre ex funcionarios federales, en el que las declaraciones de situación patrimonial funcionan como principal instrumento de detección.

La investigación que destapó el caso

La Unidad de Combate a la Impunidad de la SABG condujo la indagatoria que permitió acreditar la irregularidad ante el tribunal. El organismo demostró que el exfuncionario faltó deliberadamente a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales con el propósito de disimular un aumento en su patrimonio que no correspondía a sus ingresos reportados.

El incremento de más de 1.5 millones de pesos no contó con respaldo documental ni con una explicación válida durante el proceso de investigación. La SABG concluyó que la omisión no fue accidental, sino una acción deliberada para ocultar bienes ante las autoridades.

El exfuncionario y su aduana

Jaime “N” se desempeñó como administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, ubicada en el estado de Michoacán. El comunicado de la SABG no estableció ningún vínculo entre la sanción administrativa y operaciones ilícitas en ese recinto aduanero.

La dependencia tampoco proporcionó detalles sobre el periodo en que Jaime “N” ocupó el cargo ni sobre las circunstancias en que concluyó su función como servidor público del SAT.

Sanción firme, pero impugnable

La SABG aclaró que Jaime “N” tiene derecho a impugnar la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ante las instancias que correspondan. No obstante, la dependencia anticipó que, de presentarse ese escenario, defenderá el fallo “con la misma firmeza con que fue investigado”, según el texto compartido por la dependencia.

La inhabilitación por un año le impide al ex funcionario ocupar cargos, empleos o comisiones dentro del servicio público federal durante ese plazo.

Sanciones por ocultar bienes en una declaración patrimonial

En México, ocultar o falsear bienes en la declaración patrimonial constituye una falta administrativa grave sancionada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las consecuencias van desde inhabilitación de tres meses hasta 20 años, destitución del cargo, multas de hasta tres veces el monto ocultado y, si el caso lo amerita, denuncia penal ante la FGR por enriquecimiento ilícito.

La autoridad también puede ordenar un embargo precautorio sobre el patrimonio del implicado durante el proceso, según establecen la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Denuncia ciudadana, parte del mecanismo

La dependencia convocó a la ciudadanía a reportar posibles actos de corrupción a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, disponible en denuncias.gob.mx. En el comunicado sostuvo que denunciar “no solo es un derecho: es también un deber cívico para proteger los recursos públicos”.

La SABG subrayó que la vigilancia sobre el uso del erario no recae exclusivamente en las instituciones del Estado, y que la participación de la sociedad resulta necesaria para fortalecer los mecanismos de control.

La dependencia reiteró que continuará investigando conductas irregulares de servidores y ex servidores públicos, al considerar que “quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este 28 de junio que se cumplió una orden de aprehensión contra Héctor “N”, ex servidor público del SAT que ocupó un cargo entre 2011 y 2018, de acuerdo con un comunicado y en referencia a lo difundido por la FGR.

Según la dependencia, el SAT presentó en noviembre de 2022 una denuncia de hechos ante la FGR contra el ex trabajador por el delito de enriquecimiento ilícito, tras detectar irregularidades durante un procedimiento de verificación de situación patrimonial.

Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que la carpeta de investigación sigue en curso en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, y subrayó que se presume la inocencia de la persona señalada mientras no exista sentencia condenatoria de una autoridad judicial competente.

Además, la Secretaría reafirmó su compromiso contra la corrupción al concluir que “nadie podrá obtener, manejar ni beneficiarse de recursos ilícitos y que cualquier conducta indebida será investigada y sancionada conforme a la ley.”

FGR aprehende a un ex funcionario del SAT por posible enriquecimiento ilícito

La FGR informó la aprehensión de Héctor “N”, ex funcionario del SAT entre 2011 y 2018, por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito; el caso se originó en una denuncia presentada en noviembre de 2022 y la investigación sigue abierta en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC).

De acuerdo con la información del Gabinete de Seguridad compartida el pasado 13 de junio, la captura se realizó en un domicilio de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Xalapa, Veracruz. De acuerdo con la FGR, el operativo se ejecutó después de vigilancias fijas y móviles en distintos días y horarios para confirmar su presencia en ese lugar.

La investigación se desprende de una denuncia presentada en noviembre de 2022

Según la FGR, elementos de la Agencia de Investigación Criminal desarrollaron técnicas de investigación, análisis patrimonial, verificación de domicilios y trabajos de inteligencia que permitieron cumplimentar la orden de aprehensión. La dependencia añadió que el Ministerio Público Federal adscrito a la FEMCC solicitó y obtuvo el mandamiento judicial con base en los datos de prueba reunidos.

La acusación sostiene que Héctor “N” posiblemente incrementó su patrimonio sin justificación. La FGR también indicó que probablemente habría recibido un bien inmueble como pago por un contrato de prestación de servicios que no fue realizado.

Ese es el señalamiento central del caso: la autoridad federal lo buscó por su presunta participación en hechos que, a partir de la indagatoria patrimonial, podrían constituir enriquecimiento ilícito. La carpeta de investigación permanece en curso en la fiscalía especializada.

La FGR señaló que el arresto se llevó a cabo con apoyo de autoridades del Gabinete de Seguridad. Después de su aseguramiento, la persona detenida fue puesta a disposición de la autoridad competente.

Durante la aprehensión, agregó la fiscalía, se le leyó la Cartilla de Derechos de las Personas en Detención. La dependencia sostuvo que en el procedimiento se garantizó el debido proceso y el respeto a sus derechos humanos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sanciona a 39 servidores públicos por faltas graves y no graves

Anticorrupción y Buen Gobierno informó el pasado 14 de junio que sancionó a 39 personas servidoras públicas por faltas graves y no graves en dependencias federales, con castigos que incluyen amonestaciones, suspensiones, inhabilitaciones de hasta 20 años y una multa solidaria de 1 mil 192 millones 500 mil pesos; en los casos graves, las resoluciones las impuso el TFJA, y en los no graves actuó la propia dependencia con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La sanción económica más alta recae en cuatro exfuncionarios de CFE por la contratación, en 2017, de 82 mil optimizadores de tensión que no eran necesarios para la prestación del suministro eléctrico. Además de la multa solidaria, tres de ellos fueron inhabilitados por 20 años y uno por 10.

En el SAT, Rubén D., adscrito a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo “2”, fue suspendido 90 días por la emisión fuera de plazo de un crédito fiscal por 205 millones de pesos por ISR, IVA, recargos y multas en 2018.

El SAT puede embargar tu casa en México sin necesidad de una orden judicial: el organismo tributario está facultado para iniciar un cobro forzoso sobre el patrimonio del deudor —incluidos los inmuebles— y rematarlos en subasta pública hasta cubrir el total del adeudo. El proceso opera bajo el Código Fiscal de la Federación (CFF) y los plazos corren desde el día siguiente a la notificación.

Ignorar la notificación es el error más común y el más costoso. Los plazos para actuar son cortos y su incumplimiento puede agravar la situación hasta el punto de perder el inmueble sin posibilidad de recurso.

Qué ocurre desde el momento de la notificación

Desde que surte efectos el aviso del crédito fiscal, el contribuyente tiene 30 días hábiles para pagar el adeudo o garantizarlo ante la autoridad. Si ese plazo vence sin ninguna acción, el SAT queda facultado para activar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), el mecanismo que abre la puerta al cobro forzoso.

El primer instrumento que emite la autoridad es el mandamiento de ejecución. Con ese documento, funcionarios fiscales pueden presentarse en el domicilio del contribuyente y requerir comprobante de pago en ese momento. Si no se acredita el pago, el embargo se ejecuta de forma inmediata.

El CFF establece un orden de prelación para el embargo: primero el dinero en efectivo, metales preciosos y depósitos bancarios; luego acciones, bonos y créditos de fácil cobro; después bienes muebles como vehículos y maquinaria; y en cuarto lugar, los bienes inmuebles, incluida la vivienda. Esto significa que el SAT debe haber agotado las opciones anteriores antes de llegar al inmueble.

Herramientas legales para frenar el proceso

El contribuyente dispone de varias vías para detener el embargo antes de que avance. La más directa es liquidar el adeudo dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.

Una opción menos difundida, pero igual de eficaz, es garantizar el adeudo. Las formas aceptadas por el SAT, según el artículo 141 del CFF, son: billete de depósito, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza y obligación solidaria de tercero. Garantizar suspende el PAE mientras el contribuyente negocia, aclara o impugna el crédito.

Quienes consideren incorrecta la determinación del SAT pueden interponer un recurso de revocación ante la propia autoridad, con un plazo de 30 días hábiles desde que surte efectos la notificación. También está disponible el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con un plazo de entre 30 y 45 días hábiles.

Embargo bancario: un proceso que sí requiere un juez

A diferencia del SAT, un banco o institución financiera no puede embargar una vivienda por su propia voluntad. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es claro: solo un juez puede ordenar el embargo, tras un proceso legal en el que se acrediten la deuda y el incumplimiento. Ninguna llamada de cobranza, carta o amenaza extrajudicial tiene validez para retener bienes.

El proceso formal suele iniciarse entre el tercer y el sexto mes de impago, aunque el incumplimiento se computa desde la primera mensualidad no cubierta. Antes de llegar a esa instancia, la mayoría de las instituciones ofrecen alternativas de reestructura o convenios de pago, pues un juicio resulta costoso y prolongado para ambas partes.

El cambio de reglas que entró en vigor en 2026

Hasta 2025, interponer un recurso de revocación eximía al contribuyente de garantizar el crédito durante la tramitación. Esa facilidad desapareció con la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

Ahora, quien presente el recurso debe constituir una garantía del interés fiscal en un plazo de seis meses, o en 10 días hábiles si la resolución llega antes de ese término. Se trata de un cambio que reduce el margen de maniobra de los deudores que antes podían impugnar sin comprometer bienes adicionales.

Una tercera vía es acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que puede actuar como intermediaria cuando detecta irregularidades en el procedimiento fiscal. Su intervención puede derivar en la suspensión temporal del embargo mientras se revisa el caso.

Bienes que el SAT no puede tocar

El artículo 157 del CFF establece un listado de bienes inembargables. Entre ellos figuran las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias; sueldos, salarios y pensiones de cualquier tipo; recursos vinculados a programas sociales del gobierno federal; el lecho cotidiano y los vestidos del deudor y su familia; los muebles de uso indispensable del hogar que no sean de lujo; y los libros, instrumentos y mobiliario necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio del deudor.

En ningún caso el SAT puede inmovilizar un monto mayor al del crédito fiscal actualizado más sus accesorios legales.

Qué hacer si el embargo ya fue ejecutado

Una vez embargado el inmueble, peritos del SAT determinan su valor comercial mediante avalúo. Luego, la autoridad publica una convocatoria de remate al menos 10 días antes de la subasta, con un precio mínimo equivalente a dos terceras partes del valor del avalúo.

Si el monto obtenido en la subasta cubre la totalidad del adeudo, el procedimiento se cierra y la deuda queda liquidada. Cuando el valor de los bienes rematados resulta insuficiente, el SAT emite un nuevo requerimiento, amplía el embargo y puede retener más bienes del contribuyente hasta cubrir el crédito fiscal por completo.

Especialistas en derecho fiscal recomiendan reunir desde el primer momento toda la documentación disponible: estados de cuenta, contratos, facturas y cualquier comunicación previa con la autoridad. Esos registros son la base de cualquier defensa, ya sea administrativa o ante los tribunales.

El SAT puede embargar tu cuenta bancaria sin avisarte antes: el Código Fiscal de la Federación lo permite expresamente, siempre que exista una deuda fiscal firme o impugnada sin garantía suficiente. El bloqueo se ejecuta directamente con el banco, y la notificación al titular llega hasta después.

El artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ordenar la inmovilización de depósitos bancarios en cualquier tipo de cuenta —en moneda nacional o extranjera— sin notificar primero al contribuyente.

El oficio de inmovilización se dirige directamente a la institución financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El banco tiene hasta tres días hábiles para ejecutar el bloqueo. Solo entonces, en un plazo máximo de otros tres días, el SAT notifica al titular vía buzón tributario, estrados o edictos.

Cuándo puede aplicarse el embargo

La ley contempla dos supuestos. El primero ocurre cuando el crédito fiscal ya es firme: una deuda determinada, notificada y no impugnada en tiempo, o que agotó todos los medios de defensa disponibles.

El segundo aplica cuando el crédito está impugnado pero no garantizado, y se cumple al menos una de estas condiciones adicionales:

El contribuyente no es localizable en su domicilio fiscal registrado ante el SAT

La garantía ofrecida es insuficiente para cubrir el adeudo y sus accesorios

El contribuyente no amplió la garantía cuando la autoridad lo requirió

Los bienes embargados previamente no alcanzan a cubrir el interés fiscal

En ninguno de los dos supuestos el SAT está obligado a avisar al contribuyente antes de ordenar el bloqueo a la institución financiera.

Las causas que pueden derivar en un embargo de cuenta

El SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) cuando detecta incumplimientos fiscales. Entre los más frecuentes que la autoridad vincula con esta medida:

Omisión en la presentación de declaraciones fiscales mensuales o anuales

Falta de pago de impuestos dentro del plazo legal

No interponer medios de defensa ni ofrecer garantías ante un crédito firme

Ingresos declarados que no coinciden con los movimientos bancarios registrados

Uso de facturas falsas, simulación de operaciones o actividades inexistentes

El monto bloqueado corresponde al adeudo fiscal actualizado, más recargos, multas y gastos de ejecución. La ley prohíbe que el embargo exceda ese importe, ya sea que recaiga sobre una sola cuenta o sobre varias.

Cómo se ejecuta el procedimiento, paso a paso

Antes de llegar al embargo de cuentas, el SAT sigue una cadena de pasos establecida en el artículo 145 y siguientes del CFF. Primero emite un mandamiento de ejecución; luego un ejecutor designado acude al domicilio fiscal del contribuyente para requerir el pago.

Si el contribuyente no acredita en ese acto haber pagado, el ejecutor levanta un acta de embargo de inmediato. En el caso de cuentas bancarias, no es necesaria la presencia física: el SAT gira el oficio directamente al banco o a la CNBV.

Según el documento oficial del SAT sobre el PAE, si el contribuyente no es encontrado en su domicilio, el ejecutor deja citatorio para el día hábil siguiente. Si tampoco se le localiza entonces, la diligencia se entiende con quien se encuentre en el lugar.

Qué cuentas pueden ser bloqueadas y cuáles no

Son susceptibles de embargo las cuentas de cheques, ahorro, nómina, inversiones y cualquier depósito en moneda nacional o extranjera registrado a nombre del contribuyente en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

La ley excluye expresamente las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias, hasta por el monto de las aportaciones realizadas conforme a la ley de la materia.

Qué derechos tiene el contribuyente ante un embargo

El CFF reconoce al contribuyente el derecho de designar los bienes a embargar, siempre que siga el orden legal: primero dinero y depósitos bancarios, luego acciones y valores, después bienes muebles y, al final, bienes inmuebles.

Si ya se ejecutó el bloqueo de una cuenta, el titular puede ofrecer una garantía sustituta para liberar los fondos. El artículo 141 del CFF acepta como garantías: depósito en dinero o carta de crédito bancaria, prenda o hipoteca, fianza de institución autorizada, obligación solidaria de tercero solvente, embargo en vía administrativa, y títulos valor o cartera de créditos propios.

La autoridad tiene un plazo máximo de cinco días para resolver y notificar si acepta o rechaza la garantía ofrecida. Si no lo hace en ese término, la entidad financiera debe levantar la inmovilización.

Las vías legales para impugnar el embargo

Ante un embargo que el contribuyente considere indebido, el CFF y la legislación procesal fiscal prevén tres vías. La primera es el recurso de revocación ante el propio SAT. La segunda es el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La tercera es el juicio de amparo, cuando se alegan violaciones a derechos constitucionales.

El artículo 151 del CFF establece además que no procede el embargo respecto de créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede administrativa o jurisdiccional y se encuentren debidamente garantizados conforme a las disposiciones legales aplicables.

Una nueva modalidad de fraude electrónico afecta a conductores en todo el país. Delincuentes envían correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que simulan ser notificaciones oficiales de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

El objetivo de los estadores es engañar a los usuarios con supuestas órdenes de captura vehicular por deuda de papeletas, exigiendo pagos indebidos o la entrega de datos personales y bancarios.

Según explicó Ronald Power, vocero de Sutran, “estas comunicaciones se anexan a estas comunicaciones links de pago para realizar este pagos a través de plataformas o a través de códigos QR para también redireccionar a plataformas de pago y realizar pagos por presunta comisión de infracciones”.

Los mensajes utilizan el logotipo, la paleta de colores institucional y hasta la imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) para aumentar la credibilidad. En algunos casos, los montos solicitados alcanzan los 2.800 soles, aunque también se han detectado cobros de 500 soles por un supuesto acumulado de multas.

Los estafadores han desarrollado portales web falsos y guías paso a paso para que el proceso parezca legítimo. “Ese mensaje lo ponen los falsificadores. Uno va a encontrar un paso por paso para realizar, validar la información y finalmente el último es el procedimiento de pago”, detalló Power en RPP.

Esta estrategia busca generar urgencia y temor a los usuarios para que realicen el pago sin verificar la autenticidad de la notificación.

La Sutran subrayó que solo utiliza dos mecanismos oficiales para notificar sanciones: la casilla electrónica de cada usuario, donde solo se envía un mensaje de texto informativo, y las notificaciones físicas en el domicilio declarado. 

“Sutran realiza comunicaciones por dos mecanismos. Uno, a través de depositar comunicaciones a través de la casilla electrónica mediante el cual un usuario se ha afiliado previamente. Y, en segundo lugar, estamos hablando de comunicaciones que realizamos a través de comunicaciones en los domicilios”, precisó Power.

En lo que va de 2026, Sutran ha detectado 11 casos de esta modalidad a nivel nacional. El procurador público de la entidad ya inició acciones legales y cuatro expedientes han sido derivados a la Fiscalía. “Uno ya tiene, por ejemplo, una sentencia condenatoria donde se ha determinado una responsabilidad a un delincuente”, añadió Power.

La institución recalcó que nunca emite órdenes de captura vehicular por deudas de papeletas. En un comunicado oficial, señaló: “Se ha identificado que personas inescrupulosas vienen utilizando indebidamente el nombre, logotipo e imagen institucional de la Sutran para intentar engañar a los ciudadanos y obtener pagos indebidos o información personal”.

SAT también alerta multas y deudas falsas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó un aumento de mensajes falsos dirigidos a contribuyentes, simulando notificaciones de multas con enlaces a portales fraudulentos. La recomendación principal es consultar únicamente el sitio web oficial (www.gob.pe/satlima) o usar los canales verificados como Aló SAT (01) 315 2400 y el correo asuservicio@sat.gob.pe.

Para validar notificaciones, la Sutran habilitó la central telefónica (01) 200 4555 y el correo comunicate@sutran.gob.pe, donde los usuarios pueden consultar la autenticidad de cualquier documento recibido. Además, la entidad recuerda que los mensajes oficiales siempre provienen del dominio sutran.gob.pe.

Entre las recomendaciones para evitar ser víctima de fraude electrónico, la Sutran y el SAT de Lima sugieren:

• No abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos o mensajes sospechosos.
• No realizar pagos solicitados mediante comunicaciones no verificadas.
• No compartir información personal, bancaria o de sus vehículos.
• Verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales.
• Reportar cualquier intento de fraude o suplantación de identidad.

El SAT puede embargar tu casa si no atiendes a tiempo una notificación de crédito fiscal: el organismo tributario está facultado para iniciar un cobro forzoso, retener bienes —incluidos inmuebles— y rematarlos en subasta pública hasta cubrir el total del adeudo. El proceso, regulado por el Código Fiscal de la Federación (CFF), opera sin orden judicial y con plazos que corren desde el día siguiente a la notificación.

Recibir una notificación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) activa de inmediato un proceso legal con consecuencias patrimoniales. No se trata de una carta informativa: es el reconocimiento formal de una deuda que obliga al contribuyente a actuar dentro de plazos estrictos.

Los 30 días hábiles que definen todo

Desde que surte efectos la notificación del crédito fiscal, el contribuyente cuenta con 30 días hábiles para pagar el adeudo o garantizarlo ante la autoridad.

Si ese plazo vence sin ninguna acción, el SAT queda facultado para iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), el mecanismo legal que abre la puerta al cobro forzoso sobre el patrimonio del deudor.

El primer instrumento que emite la autoridad es el mandamiento de ejecución. Con ese documento, funcionarios fiscales pueden presentarse en el domicilio del contribuyente —o donde se encuentren sus bienes— y requerir comprobante de pago en ese momento. Si no se acredita el pago, el embargo se ejecuta de forma inmediata.

Qué puede embargar el SAT y en qué orden

El SAT no toma cualquier bien de forma arbitraria. El CFF establece un orden de prelación para el embargo:

Dinero en efectivo, metales preciosos y depósitos bancarios

Acciones, bonos y créditos de fácil cobro

Bienes muebles: vehículos y maquinaria

Bienes inmuebles, incluida la vivienda

La casa, entonces, no es el primer objetivo del fisco, pero sí puede serlo si los bienes anteriores no alcanzan para cubrir el monto total del crédito fiscal actualizado con recargos y multas.

Una vez embargado un inmueble, peritos determinan su valor comercial mediante avalúo. Luego, el SAT publica una convocatoria de remate al menos 10 días antes de la subasta, con un precio mínimo equivalente a dos terceras partes del valor del avalúo.

Qué pasa si el remate no alcanza para pagar la deuda

Si el monto obtenido en la subasta cubre la totalidad del adeudo, el procedimiento se cierra y la deuda queda liquidada.

Cuando el valor de los bienes rematados resulta insuficiente, el SAT no da por terminado el caso. Emite un nuevo requerimiento, amplía el embargo y puede retener más bienes del contribuyente hasta cubrir el crédito fiscal por completo.

El embargo precautorio: una amenaza que llega antes

Existe una modalidad aún más temprana: el embargo precautorio. A diferencia del PAE, esta medida puede aplicarse incluso antes de que el crédito fiscal quede totalmente firme.

El SAT puede recurrir a ella cuando detecta riesgo de insolvencia, presume que el contribuyente podría ocultar bienes o estima que existe riesgo de evasión de pago. Su alcance incluye cuentas bancarias, vehículos, maquinaria, inventario comercial y bienes inmuebles.

La medida es temporal y debe ser proporcional al monto estimado del adeudo. Puede levantarse si el contribuyente presenta pruebas, aporta documentación o garantiza el interés fiscal.

Qué hacer antes de que llegue el embargo

El contribuyente dispone de varias herramientas para frenar el proceso antes de que avance al embargo formal. La más directa es pagar el adeudo dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.

Una opción menos conocida, pero igual de efectiva para detener el cobro, es garantizar el adeudo. Las formas aceptadas por el SAT, según el artículo 141 del CFF, son: billete de depósito, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza y obligación solidaria de tercero. Garantizar suspende el PAE mientras el contribuyente negocia, aclara o impugna el crédito.

Quienes consideren que la determinación del SAT es incorrecta pueden interponer un recurso de revocación ante la propia autoridad, con un plazo de 30 días hábiles desde que surte efectos la notificación. También está disponible el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con un plazo de 30 a 45 días hábiles.

Un cambio relevante en 2026 afecta directamente esta estrategia de defensa: hasta 2025, interponer un recurso de revocación eximía al contribuyente de garantizar el crédito durante la tramitación. Esa facilidad desapareció con la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Ahora, quien presente el recurso debe constituir una garantía del interés fiscal en un plazo de seis meses, o en 10 días hábiles si la resolución llega antes.

Una tercera vía es acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que puede actuar como intermediaria cuando detecta irregularidades en el procedimiento fiscal.

Bienes que el SAT no puede tocar

El artículo 157 del CFF establece un listado de bienes inembargables. Entre ellos figuran:

Las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias

Sueldos, salarios y pensiones de cualquier tipo

Recursos vinculados a programas sociales del gobierno federal

El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y su familia

Los muebles de uso indispensable del hogar que no sean de lujo

Los libros, instrumentos y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión u oficio del deudor

En ningún caso el SAT puede inmovilizar un monto mayor al del crédito fiscal actualizado más sus accesorios legales.

En las últimas semanas, diversos rumores han generado preocupación entre contribuyentes al asegurar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) visitará casas, negocios y empresas de manera generalizada durante 2026. Sin embargo, especialistas fiscales coinciden en que esta interpretación es exagerada y no refleja con precisión el alcance del nuevo Plan Maestro de Fiscalización.

La idea de que inspectores del SAT recorrerán colonias enteras realizando revisiones sorpresa o tocando puertas al azar es falsa. Las autoridades fiscales aclararon que no existen operativos masivos de este tipo ni programas de inspección indiscriminada dirigidos a la población en general.

Lo que sí está ocurriendo es una transformación en la manera en que el SAT realiza sus auditorías. Bajo un modelo de “Fiscalización Inteligente”, la autoridad busca aprovechar herramientas de análisis de datos, automatización y tecnología digital para detectar posibles irregularidades con mayor precisión y rapidez.

La materialidad será clave en las nuevas auditorías

Uno de los cambios más relevantes para 2026 es que el SAT ya no se limitará a revisar facturas electrónicas o documentación administrativa. Ahora el enfoque estará en comprobar la llamada “materialidad” de las operaciones.

Esto significa que la autoridad buscará verificar que los bienes o servicios facturados realmente existieron y fueron prestados. En otras palabras, no bastará con contar con un CFDI emitido correctamente; también será necesario demostrar que la operación tuvo sustento económico real.

Por ejemplo, una empresa deberá acreditar que cuenta con instalaciones, personal, maquinaria, inventarios o cualquier otro elemento relacionado con la actividad económica que reporta ante el fisco.

Tecnología, fotografías y grabaciones durante las visitas

Otro aspecto que ha generado polémica es el uso de cámaras durante las inspecciones.

Las nuevas facultades permiten que, dentro de una auditoría formalmente iniciada, los verificadores documenten las diligencias mediante fotografías, grabaciones de audio y video, incluyendo dispositivos similares a cámaras corporales o de solapa.

El objetivo es generar evidencia que permita corroborar la existencia de bienes, instalaciones o actividades económicas relacionadas con las operaciones revisadas. Estas herramientas no representan una autorización para ingresar libremente a cualquier domicilio, sino que forman parte de procedimientos fiscales regulados por la ley.

Alertas electrónicas y auditorías más rápidas

La estrategia de fiscalización también contempla una mayor automatización de los procesos.

Gracias al uso de bases de datos y cruces de información, el SAT podrá detectar inconsistencias específicas y emitir alertas electrónicas a través del Buzón Tributario. Estas notificaciones permitirán solicitar aclaraciones sobre determinados movimientos sin necesidad de iniciar auditorías extensas que durante años podían prolongarse por meses.

Cuando se detecte alguna discrepancia relevante, los contribuyentes podrían recibir requerimientos con plazos relativamente cortos, generalmente de entre 15 y 20 días, para presentar documentación y aclarar la situación.

El combate a las facturas falsas será la prioridad

Uno de los principales objetivos del Plan Maestro de Fiscalización 2026 es combatir las llamadas “factureras”, es decir, empresas que simulan operaciones para emitir comprobantes fiscales sin respaldo real.

La autoridad pondrá especial atención en las cadenas de proveedores y clientes vinculados con este tipo de esquemas. Si un contribuyente realiza operaciones con empresas identificadas como emisoras de facturas falsas, podría ser requerido para demostrar la autenticidad de las transacciones realizadas.

En determinados casos, el SAT podrá solicitar correcciones, imponer sanciones administrativas o iniciar procedimientos más severos cuando existan elementos que apunten a una posible simulación de operaciones.

¿Quiénes tienen más probabilidades de ser auditados?

Las auditorías estarán dirigidas principalmente a contribuyentes que presenten señales de riesgo, como discrepancias entre ingresos y gastos, operaciones con empresas cuestionadas, deducciones inusuales, devoluciones improcedentes o movimientos financieros inconsistentes con lo declarado.

Por ello, expertos recomiendan conservar contratos, comprobantes de pago, estados de cuenta y cualquier documento que respalde las actividades económicas realizadas.

El SAT no realizará visitas masivas casa por casa durante 2026. Lo que sí ocurrirá es una fiscalización más tecnológica, enfocada en detectar irregularidades concretas y comprobar que las operaciones reportadas por los contribuyentes sean reales, dentro de los procedimientos legales establecidos por la autoridad fiscal.

La e.firma del SAT es uno de los documentos más importantes para los contribuyentes, tiene una vigencia de cuatro años y su obtención por primera vez es un trámite 100% presencial que no admite excepciones: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) requiere la captura de datos biométricos —huellas dactilares, fotografía y registro de pupila— en alguno de los 67 módulos habilitados en la República Mexicana.

El certificado digital equivale, en términos jurídicos, a la firma autógrafa y es obligatorio para cualquier persona física o moral que necesite cumplir trámites fiscales en México. Desde 2026, el SAT lo exige para todas las devoluciones superiores a $10,000 pesos mexicanos (MXN), un umbral que amplió el rango de contribuyentes obligados a contar con él.

Qué documentos se necesitan para tramitarla por primera vez

Para acudir al módulo del SAT, la persona física debe reunir los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional con fotografía.

CURP certificada (descargable en gob.cada mx/curp).

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono fijo, gas o predial).

Correo electrónico activo al que se tenga acceso inmediato.

Memoria USB nueva o limpia con al menos 1 GB de espacio libre.

Para personas morales, los requisitos incluyen además el acta constitutiva, poder notarial y documentación que acredite la representación legal.

Cómo agendar la cita en el SAT

Las citas se realizan exclusivamente a través del portal citas.sat.gob.mx. El sistema libera nuevos espacios cada día a las 7:00 horas (tiempo de México) para los siguientes 14 días.

Los pasos son:

1. Ingresar a citas.sat.gob.mx y aceptar los avisos del sistema.

2. Seleccionar el tipo de contribuyente (persona física o moral).

3. Elegir el trámite “e.firma — Primera vez” y el estado y módulo más cercano.

4. Capturar CURP o RFC, correo electrónico y teléfono celular.

5. Seleccionar fecha y hora disponibles en el calendario.

6. Confirmar y descargar el comprobante en PDF.

Si no hay disponibilidad inmediata, el portal ofrece la Fila Virtual: el sistema envía un token al correo del usuario cuando se libera un espacio.

Qué ocurre en el módulo del SAT

En la cita, el personal del SAT verifica la identidad del contribuyente mediante comparación biométrica —huella dactilar y fotografía— y coteja los documentos presentados. La cita tiene una duración estimada de entre 20 y 40 minutos.

Al finalizar, el SAT entrega en la memoria USB tres archivos: el certificado digital (.cer), la llave privada (.key) y un comprobante en PDF. El certificado queda activo en el momento de su emisión.

Es indispensable guardar los archivos .cer y .key en al menos dos lugares seguros —USB y respaldo en nube cifrada— y conservar la contraseña de la clave privada. Si se pierden los archivos o se olvida la contraseña, el proceso debe iniciarse desde cero.

Cada cuánto se renueva y qué opciones existen

La e.firma debe renovarse cada cuatro años. El procedimiento varía según el estado del certificado al momento de hacer el trámite.

Si la e.firma aún está vigente, la renovación es completamente en línea mediante el programa Certifica y el portal CertiSAT Web, sin necesidad de acudir al SAT:

1. Descargar el software Certifica desde sat.gob.mx → Herramientas → Certifica.

2. Abrir Certifica y seleccionar “Solicitud de renovación de Certificado de e.firma”.

3. Cargar el archivo .key e ingresar la contraseña de clave privada.

4. Crear una nueva contraseña y mover el ratón de forma aleatoria hasta completar la barra de progreso.

5. El sistema genera un archivo .ren (solicitud de renovación). Guardarlo.

6. Ingresar a CertiSAT Web con la e.firma actual, subir el archivo .ren y descargar los nuevos archivos .cer y .key.

El nuevo certificado tiene vigencia de cuatro años desde la fecha de emisión.

Renovación si la e.firma ya venció (menos de un año)

Si el certificado caducó hace menos de 12 meses, el trámite puede realizarse sin cita presencial a través de la aplicación SAT ID, disponible para iOS y Android:

1. Abrir SAT ID e ingresar el RFC.

2. Seleccionar “Renovación de e.firma”.

3. Subir foto de la identificación oficial y realizar la prueba de vida: grabar un video corto repitiendo una frase aleatoria que el sistema indica.

4. Firmar la solicitud en pantalla y guardar el número de folio.

El SAT valida la identidad mediante biometría y envía una respuesta al correo registrado en un plazo máximo de cinco días hábiles. Si la solicitud es aprobada, el usuario debe regresar al programa Certifica y a CertiSAT Web para generar y descargar los archivos finales.

Cuándo es obligatorio ir al SAT en persona

Existen tres situaciones en las que la renovación presencial es ineludible:

La e.firma venció hace más de 12 meses.

El usuario no cuenta con los archivos .cer y .key de la firma anterior.

Se olvidó la contraseña de la clave privada.

En estos casos, el trámite sigue los mismos pasos y requiere los mismos documentos que la obtención por primera vez. Las citas deben agendarse con anticipación, ya que en temporadas de declaración anual —marzo y abril— la disponibilidad se agota con rapidez.

Cómo verificar si la e.firma está vigente

Existen tres formas de consultar el estado del certificado:

Portal del SAT: Ingresar a sat.gob.mx con RFC y contraseña, ir a “Trámites y servicios” → “Otros trámites y servicios” → CertiSAT Web, e ingresar el RFC para consultar el estatus.

Archivo .cer: Abrirlo con cualquier visor de certificados digitales; el archivo contiene la fecha exacta de vencimiento.

MarcaSAT: Llamar al 55 627 22 728 para consulta telefónica.

El trámite de obtención y renovación de la e.firma ante el SAT es completamente gratuito. El SAT no cobra ninguna tarifa por la expedición ni por la renovación del certificado.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) lanzó una advertencia pública ante el incremento de mensajes falsos que circulan entre los contribuyentes.

La entidad detectó que ciberdelincuentes envían comunicaciones fraudulentas desde cuentas no oficiales, simulando notificaciones de multas o papeletas pendientes con el fin de robar información personal y financiera.

En los mensajes, los remitentes incluyen enlaces que aparentan ser del portal oficial del SAT de Lima, pero en realidad redirigen a páginas fraudulentas con pasarelas de pago falsas. 

La institución aclaró que todas las notificaciones oficiales contienen datos personalizados del contribuyente y se envían únicamente desde sus canales verificados. La recomendación principal consiste en no abrir los enlaces ni proporcionar datos personales ante mensajes sospechosos.

La Municipalidad de Lima instó a la ciudadanía a consultar de forma directa el portal oficial (www.gob.pe/satlima) o los canales de atención como Aló SAT (01) 315 2400 y el correo asuservicio@sat.gob.pe para confirmar cualquier deuda o papeleta real. La entidad también recibe denuncias sobre comunicaciones sospechosas a través de sus redes sociales oficiales.

Métodos de fraude digital evolucionan y amplían riesgos

La problemática de los avisos falsos refleja una tendencia más amplia: los métodos de fraude digital se han sofisticado notablemente. Según explicó Hobber Siccha, director consultivo de la Maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información de Centrum PUCP, los ciberdelincuentes aprovechan tecnologías actuales para perfeccionar sus estafas.

“Los delincuentes utilizan las mismas herramientas tecnológicas que facilitan nuestra vida diaria para cometer fraudes cada vez más sofisticados”, declaró Siccha para Infobae Perú.

Entre las modalidades emergentes se encuentra el quishing, una técnica que utiliza códigos QR para dirigir a los usuarios a sitios falsos y obtener credenciales bancarias o instalar programas maliciosos.

Los códigos QR, presentes en restaurantes, comercios y servicios digitales, se han convertido en un objetivo frecuente. “Lo que el delincuente busca es que la persona entregue información sensible o descargue un programa que permita acceder a sus datos”, puntualizó Siccha.

Otra táctica en auge es el wangiri, basada en llamadas perdidas desde números internacionales. El objetivo es que la víctima devuelva la llamada y, según el número marcado, los cargos pueden alcanzar 20 o 30 dólares o más si la persona insiste en comunicarse. 

En las últimas semanas se han multiplicado los reportes de llamadas desde países con los que los usuarios no tienen ningún vínculo, como Bangladesh, Congo, Yemen o Irak.

Spoofing e inteligencia artificial

El caller ID spoofing representa otro riesgo: mediante esta técnica se falsifica el identificador de llamadas para que en la pantalla del usuario aparezca el número de una entidad legítima, como un banco o una institución estatal.

Esto permite a los estafadores simular comunicaciones urgentes sobre bloqueos de cuentas o consumos sospechosos, buscando obtener contraseñas o inducir a transferencias.

La ingeniería social sigue siendo el eje de estos fraudes. Los delincuentes apelan a la urgencia y al miedo para que el usuario actúe sin verificar la autenticidad de los mensajes, según detalló Siccha para Infobae Perú. Además, el avance de la inteligencia artificial ha facilitado la clonación de voces y la creación de videos falsos, lo que dificulta distinguir entre una comunicación legítima y una estafa.

Las cifras reflejan la magnitud del problema: más de 42 mil denuncias por ciberdelitos se registran cada año en el Perú, según datos citados por Siccha. La principal herramienta de defensa sigue siendo la prevención. “Verificar antes de hacer clic, antes de escanear un código QR o antes de compartir información personal puede marcar la diferencia entre una operación segura y una pérdida económica importante”, aconsejó el especialista.

Durante 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuará fortaleciendo sus mecanismos de fiscalización con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de personas físicas y morales. Entre las facultades más relevantes de la autoridad fiscal se encuentra la posibilidad de embargar cuentas bancarias y bienes de los contribuyentes, aunque esta medida no se aplica de manera automática ni indiscriminada.

Contrario a lo que suelen afirmar algunas publicaciones difundidas en redes sociales, el SAT no puede congelar cuentas o incautar bienes únicamente porque una persona haya retrasado un trámite administrativo. Para que esto ocurra, debe existir un procedimiento legal previo y una causa debidamente fundamentada.

¿En qué casos puede el SAT embargar cuentas bancarias?

La principal razón por la que el SAT puede ordenar la inmovilización de cuentas bancarias es la existencia de créditos fiscales firmes. Esto ocurre cuando la autoridad determina oficialmente que un contribuyente tiene impuestos, multas, actualizaciones o recargos pendientes de pago y estos no son cubiertos dentro de los plazos establecidos.

Cuando la deuda fiscal ya no puede ser impugnada o el contribuyente no ejerce los medios de defensa correspondientes, el SAT puede iniciar acciones para recuperar los recursos adeudados.

En estos casos, la autoridad puede solicitar a las instituciones financieras la retención de fondos hasta por el monto necesario para cubrir la obligación pendiente.

Los movimientos bancarios que pueden generar revisiones

Además de los adeudos fiscales, el SAT cuenta con herramientas para detectar inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos financieros registrados en las cuentas bancarias.

Entre las operaciones que pueden llamar la atención de la autoridad destacan:

• Depósitos en efectivo sin documentación que acredite su origen.
• Transferencias frecuentes provenientes de diversas personas.
• Movimientos financieros que no corresponden con la actividad económica declarada.
• Incrementos repentinos y significativos en los ingresos de una cuenta.
• Recursos que no fueron reportados en declaraciones fiscales.

La detección de alguno de estos movimientos no implica automáticamente una sanción. Sin embargo, sí puede derivar en requerimientos de información o auditorías para verificar la procedencia de los recursos y su correcta declaración ante el fisco.

El Procedimiento Administrativo de Ejecución

Cuando existe una deuda fiscal exigible y el contribuyente no regulariza su situación, el SAT puede recurrir al Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).

Este mecanismo legal permite a la autoridad realizar acciones encaminadas al cobro de créditos fiscales, incluyendo la inmovilización de cuentas bancarias y, en casos necesarios, el embargo de bienes muebles o inmuebles.

Antes de llegar a esta etapa, el SAT debe notificar formalmente al contribuyente y otorgarle la oportunidad de cumplir con sus obligaciones o presentar las aclaraciones que considere pertinentes.

Derechos de los contribuyentes ante una fiscalización

La legislación fiscal mexicana establece diversas garantías para los contribuyentes. Cualquier embargo debe estar debidamente fundado y motivado, además de ser notificado conforme a los procedimientos legales.

Asimismo, las personas sujetas a una revisión pueden presentar documentación para aclarar inconsistencias, interponer recursos de revocación o promover juicios ante las autoridades competentes si consideran que existe una actuación indebida.

También es posible ofrecer garantías alternativas, como fianzas o bienes inmuebles, para evitar la inmovilización de recursos financieros.

Cómo evitar problemas con el SAT en 2026

Especialistas en materia fiscal recomiendan mantener una administración ordenada de las finanzas personales y empresariales para reducir riesgos ante posibles revisiones.

Entre las principales medidas preventivas destacan presentar las declaraciones en tiempo y forma, mantener actualizado el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), atender los mensajes enviados a través del Buzón Tributario y conservar comprobantes de operaciones como préstamos, donaciones, herencias, ventas o cualquier ingreso extraordinario.

Además, es importante evitar prestar cuentas bancarias a terceros, ya que los movimientos registrados serán atribuidos al titular de la cuenta y podrían generar cuestionamientos por parte de la autoridad fiscal.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede devolver dinero por gastos médicos.

El mecanismo funciona a través de la Declaración Anual. Al registrar estos gastos como deducciones personales, la base gravable del Impuesto Sobre la Renta (ISR) disminuye.

Si el empleador ya retuvo impuestos durante el año o el contribuyente realizó pagos provisionales, la diferencia puede convertirse en un saldo a favor que el SAT está obligado a devolver, de acuerdo con el portal oficial de la misma institución.

Quién puede deducir y a favor de quién

Según la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR), artículo 151, los gastos médicos son deducibles cuando se realizan para el propio contribuyente, su cónyuge o pareja en concubinato, y para sus padres, hijos o abuelos.

En el caso de los familiares, la condición es que no hayan percibido ingresos iguales o superiores al salario mínimo general elevado al año.

Quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no pueden aplicar deducciones personales, advierte el SAT.

Tampoco quienes obtienen ingresos por plataformas tecnológicas, salvo que presenten su declaración anual sobre ese ejercicio.

Los gastos médicos de todos los días que sí puedes deducir

El SAT reconoce como deducibles los honorarios de médicos, dentistas, psicólogos y nutriólogos, siempre que el profesional cuente con título legalmente expedido y registrado ante las autoridades educativas.

También entran los gastos hospitalarios, análisis clínicos, estudios de laboratorio, prótesis, y la compra o renta de aparatos para rehabilitación, según el portal oficial.

Los lentes ópticos graduados también son deducibles, al igual que los honorarios al personal de enfermería.

Las primas de seguros de gastos médicos mayores aplican, pero deben declararse bajo el tipo D07 y no como gasto médico directo, aclara el SAT.

Las medicinas recetadas durante una hospitalización sí proceden, pero únicamente cuando aparecen dentro del comprobante del hospital.

Las compradas en farmacia no son deducibles, de acuerdo con la institución.

Sin estos requisitos, el SAT no reconoce el gasto

La condición para que los gastos sean deducibles es que se hayan pagado con transferencia, tarjeta o cheque nominativo, según lo establece el artículo 151 de la LISR.

El contribuyente también debe contar con el comprobante fiscal digital, el CFDI, que respalde cada gasto.

El límite que fija la LISR para el total de deducciones personales es el que resulte menor entre el 15% de los ingresos anuales totales —incluyendo los exentos— o cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Así lo precisan tanto la LISR en su artículo 151 como el portal oficial del SAT.

El valor de la UMA diaria en 2026 es de 117.31 pesos mexicanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que fija el tope máximo de deducción en más de 200 mil pesos mexicanos para este año.

Lo que el SAT no acepta aunque tengas factura

No todas las facturas médicas son válidas. El SAT rechaza comprobantes que incluyan conceptos no autorizados como coaseguros o membresías de descuento.

En hospitales, tampoco proceden cargos de florería ni cafetería, de acuerdo con el portal oficial.

El gasto debe pertenecer al mismo ejercicio fiscal de la declaración; los de años anteriores no aplican.

Además, el cargo debe salir de una cuenta bancaria a nombre del contribuyente.

Los gastos pagados en efectivo pierden su deducibilidad, establece la LISR en su artículo 151, en su última reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2024.

En la factura, el SAT pide verificar que el RFC esté escrito correctamente, que el producto o servicio sea el correcto y que aparezca el “Uso de CFDI”.

Las facturas se cargan automáticamente al sistema al momento de la declaración; si no aparecen, deben subirse de forma manual con apoyo de la guía tutorial del trámite, según el portal oficial del SAT.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Jennifer Krystel Castillo Madrid como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de obtener 26 votos a favor y 8 en contra.

La funcionaria fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para encabezar una de las áreas más relevantes en materia de recaudación fiscal del país.

Durante su comparecencia ante la Tercera Comisión de Asuntos Económicos, Castillo Madrid presentó las principales líneas de trabajo que impulsará al frente del organismo, con énfasis en una fiscalización estratégica basada en inteligencia fiscal, análisis de datos y certeza jurídica para los contribuyentes.

Auditorías a grandes contribuyentes se enfocarán en operaciones de riesgo

La nueva titular explicó que las auditorías dejarán de estar basadas en revisiones generalizadas para concentrarse en operaciones consideradas de alto riesgo. Para ello, el SAT utilizará sistemas automatizados que cruzan información y generan indicadores para detectar posibles irregularidades.

Según detalló, las revisiones estarán dirigidas principalmente a contribuyentes vinculados con empresas que simulan operaciones, conocidas como “factureras”, así como a quienes reporten pérdidas fiscales recurrentes, presenten abusos en deducciones, registren ingresos no declarados o muestren inconsistencias entre compras, importaciones y ventas.

Castillo Madrid aseguró que el objetivo es combatir la evasión fiscal sin generar cargas innecesarias para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.

Datos clave sobre los grandes contribuyentes en México

• México cuenta con más de 67 millones de contribuyentes activos.
• De ellos, 15 mil 644 pertenecen al segmento de grandes contribuyentes.
• Este grupo representa apenas el 0.02% del padrón nacional.
• Sin embargo, aporta alrededor del 52% de la recaudación federal.
• Entre 2023 y 2025 se realizaron 2 mil 480 auditorías o revisiones ágiles a este sector.
• Sólo cerca del 6% de los grandes contribuyentes fue sujeto a algún acto de fiscalización durante ese periodo.

Recaudación fiscal mantiene crecimiento sin aumentar impuestos

Durante su exposición, la funcionaria destacó que los ingresos tributarios continúan siendo la principal fuente de financiamiento del sector público.

Recordó que en 2025 la recaudación alcanzó los 5.3 billones de pesos, cifra que representó un crecimiento real de 4% respecto al año anterior.

Además, señaló que al cierre del primer trimestre de 2026 los ingresos tributarios representaron el 70.8% de los recursos captados por el sector público, reflejando la importancia de fortalecer los mecanismos de cumplimiento fiscal sin recurrir a incrementos en las tasas impositivas.

Transparencia y certeza jurídica, ejes de la nueva administración

Como parte de su plan de trabajo, Castillo Madrid planteó mejorar los procesos de recaudación mediante auditorías más eficientes, acelerar las devoluciones a contribuyentes y reducir los tiempos de resolución de consultas, autorizaciones y procedimientos administrativos.

Asimismo, propuso fortalecer los criterios de programación de auditorías para evitar duplicidades y auditorías simultáneas sobre un mismo contribuyente. También anunció que se buscará solicitar únicamente información representativa para cada revisión, con el fin de reducir cargas administrativas.

La funcionaria subrayó que se uniformarán los criterios de revisión y se respetarán los plazos legales, los tratados internacionales para evitar la doble tributación y las reglas de caducidad en las facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

¿Quién es Jennifer Krystel Castillo Madrid?

Jennifer Krystel Castillo Madrid cuenta con 18 años de experiencia en la administración pública.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos estratégicos en las secretarías de Administración y Finanzas y de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, además de desempeñarse en la Oficialía Mayor capitalina y en la Secretaría de Energía del Gobierno federal.

Es licenciada en Derecho, cuenta con estudios de posgrado en Administración Pública y ha cursado diversos diplomados en derecho tributario, auditoría y finanzas. Además, actualmente es candidata a doctora en el área de finanzas.

Tras rendir protesta ante la Comisión Permanente, la nueva administradora general de Grandes Contribuyentes reiteró su compromiso de conducir esta área del SAT con apego a la legalidad, eficiencia, transparencia y certeza jurídica, buscando fortalecer la confianza entre la autoridad fiscal y los contribuyentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que Jalisco concentra la mayoría de los casos detectados de personas que falsifican facturas, en el marco del combate a las empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), a las que se vincula con prácticas de evasión fiscal.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria confirmó que recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó “una detención muy importante”, la cual “es la primera en la historia” que se hace por denuncia del SAT, resaltando que su gobierno solicitará más información sobre el caso.

“Sí, hubo una detención muy importante por parte de la Fiscalía General de la República a denuncia del SAT. Es la primera en la historia que se hace de detenciones de personas que falsificaban facturas, la mayoría en Jalisco, la mayoría de ellas en Jalisco. Y vamos a pedir a la Fiscalía que pueda informar con mayor detalle”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum aseguró que el SAT hace una revisión permanente junto con la Procuraduría Fiscal, para evitar las facturas falsas, resaltando que aún son un mecanismo para no pagar impuestos.

“Y está permanentemente el SAT haciendo una revisión junto con la Procuraduría Fiscal, y permanentemente quitando sellos, y algunas otras medidas que han tomado para evitar las facturas falsas, que es todavía una manera de evadir los impuestos, de evadir el pago de impuestos”, concluyó.

Ayer, Gari Flores, administrador general de Recaudación del SAT, informó que se suspendieron los sellos digitales de 7 mil 300 contribuyentes vinculados a estos esquemas a empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).

En conferencia de prensa, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos informaó que, durante los últimos tres meses, se observó un incremento en el número de contribuyentes incluidos en los listados que publica el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los días 30 de abril, 15 de mayo y 5 de junio de 2026. En cada publicación, precisa el organismo, se incorporan más de 100 EFOS.

Las EFOS, conocidas como “factureras”, son empresas que emiten comprobantes fiscales por operaciones inexistentes o simuladas.

El IMCP sostuvo que el combate a las factureras se fortalece después de una baja en años recientes y detalló que en 2018 se registraron alrededor de 3 mil en la lista definitiva, mientras que en 2022 y 2023 la cifra es inferior a 100.

En los listados más recientes del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), agregó, se observa una tendencia creciente.

Prevén aumento en padrón de EFOS

El IMCP estimó que al cierre de 2025 el número de contribuyentes señalados como EFOS será casi de 14 mil, de los cuales aproximadamente 12 mil ya forman parte de la lista definitiva. También prevé que durante 2026 continúe el fortalecimiento de las acciones de combate a las factureras.

El organismo indicó que este esfuerzo se complementa con la aplicación de la reforma fiscal relativa al artículo 49-Bis del CFF, que contempla visitas exprés dirigidas a emisores de esos comprobantes fiscales.

Ante este escenario, recomendó a los contribuyentes verificar periódicamente el listado 69-B del CFF, acreditar la materialidad de sus operaciones si están en revisión y evitar estrategias fiscales que puedan considerarse indebidas, por sus posibles consecuencias administrativas y penales.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este sábado 13 de junio la detención de Héctor Taurino Landa Cabrera, exadministrador central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

La aprehensión se ejecutó en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Xalapa, Veracruz, luego de que la FGR obtuviera una orden judicial en su contra.

La investigación determinó que Landa Cabrera, quien ocupó el cargo entre 2011 y 2018, habría incrementado su patrimonio de manera injustificada. Además, habría recibido un bien inmueble como pago por un contrato de prestación de servicios que no fue realizado.

Actualmente se encuentra en el Reclusorio Sur de la CDMX, en espera de su audiencia inicial.

El detenido entró al SAT en 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, y salió en 2018, al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Landa Cabrera intentó frenar el proceso en su contra al señalar que la tipificación del delito prejuzgaba el origen de su patrimonio. En mayo de 2023, la SCJN negó por unanimidad el amparo.

Análisis patrimonial y trabajo de inteligencia precedieron la detención

Las autoridades revelaron tras la detención de Taurino que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) desarrollaron técnicas de investigación, análisis patrimonial, verificación de domicilios y trabajos de inteligencia para localizar al ex funcionario.

El operativo contó con el acompañamiento del SAT, institución en la que Landa Cabrera trabajó durante siete años como responsable de la coordinación estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes.

El Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) solicitó y obtuvo la orden de aprehensión con base en los datos de prueba recabados por la AIC.

Fue la propia institución tributaria la que acompañó a la AIC en la obtención de información que derivó en la investigación penal contra su ex funcionario.

Vigilancias fijas y móviles, realizadas en distintos días y horarios, confirmaron la presencia de Landa Cabrera en un domicilio ubicado en la calle Juan Rodríguez Clara, entre Reforma y Mártires de Xalapa, municipio de Xalapa. Con esa información, la FGR diseñó un operativo controlado para su aseguramiento.

La Policía Federal Ministerial ejecutó el operativo de noche

El jueves 11 de junio, a las 8:29 de la noche, la Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutó la detención con apoyo de autoridades del Gabinete de Seguridad, en estricto apego al Plan Estratégico de Procuración de Justicia y la Estrategia Nacional de Seguridad.

Autoridades afirmaron que al momento de la aprehensión, se le leyó a Landa Cabrera la Cartilla de Derechos de las Personas en Detención, con lo que la FGR garantizó el debido proceso y el respeto a sus derechos humanos.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) describe a Landa Cabrera con tez clara, complexión regular, estatura de 1.80 metros, cabello corto y vestimenta compuesta por camisa a cuadros azul, saco caqui, pantalón caqui y zapatos negros. La ficha no consignó ningún alias.

Tras su aseguramiento, Landa quedó a disposición de un juez federal en el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) con sede en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, donde se celebrará su audiencia inicial.

La FGR precisó que a Héctor Taurino se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Su área en el SAT tenía como función vigilar que las grandes empresas del país cumplieran con sus obligaciones fiscales. Landa Cabrera coordinaba las investigaciones que determinaban cuánto dinero perdía el fisco por posibles delitos tributarios, y era quien ordenaba auditorías y embargos de cuentas.

Las empresas en México tienen hasta el 30 de junio de 2026 para registrar sus líneas celulares ante el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, un trámite que para personas morales no se realiza con CURP sino con RFC, razón social y documentación que acredite la representación legal.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió que no habrá prórroga y que las líneas sin vincular serán suspendidas automáticamente a partir del 1 de julio.

El proceso arrancó el 9 de enero de 2026 y aplica a todas las líneas activas en el país: prepago, pospago, SIM física y eSIM. Al 13 de mayo, solo 48 de los 144 millones de líneas activas en México habían completado la vinculación, según declaró la comisionada presidenta Norma Solano Rodríguez en el foro M360 de la GSMA. Eso deja aproximadamente 96 millones de líneas sin registro a menos de tres semanas del cierre.

Por qué existe esta obligación

La medida se sustenta en los artículos 103 y 164, fracción III de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio de 2025.

Su objetivo declarado es eliminar el anonimato detrás de llamadas de extorsión, fraude y otros delitos que se cometen desde líneas sin titular identificado.

La norma obliga tanto a personas físicas como a personas morales —empresas, organismos y cualquier entidad con personalidad jurídica propia— a vincular cada línea a una identidad verificable.

Qué necesitan las empresas para registrar sus líneas

Para las personas morales, el trámite no se realiza con CURP. Las empresas deben presentar su RFC y razón social, la identificación oficial vigente del representante legal y el documento que acredite su personalidad jurídica ante la operadora.

Varias operadoras solicitan además la e.firma —Firma Electrónica Avanzada del SAT— como mecanismo para validar esa representación en los portales digitales, aunque los lineamientos del DOF establecen como requisito el documento acreditativo sin especificar el soporte tecnológico.

A diferencia de las personas físicas, que tienen un tope de 10 líneas por CURP, las personas morales no tienen límite en la cantidad de líneas que pueden registrar bajo un mismo RFC.

Existe además una figura intermedia: personas físicas con actividad empresarial, o quienes ya contaban con 10 o más líneas de pospago antes de la entrada en vigor de los lineamientos, pueden superar ese tope presentando su constancia de situación fiscal.

Paso a paso: cómo registrar las líneas de una empresa

El trámite puede completarse en línea o de forma presencial en cualquier centro de atención de la operadora. Estos son los pasos confirmados por la CRT:

Paso 1 — Reunir los documentos Antes de iniciar, el representante legal debe tener a la mano el RFC de la empresa, la razón social, su identificación oficial vigente y el documento que acredite su representación legal. Quienes opten por el canal digital deben verificar con su operadora si requieren e.firma para completar la autenticación en línea.

Paso 2 — Ingresar al portal oficial Acceder a portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles o al portal de la operadora correspondiente. Las compañías también envían un enlace por SMS para iniciar la vinculación directamente desde el teléfono, con un formato que varía según cada operadora.

Paso 3 — Capturar los datos de la empresa Ingresar el RFC, la razón social y los datos del representante legal según lo solicite el sistema de la operadora.

Paso 4 — Cargar la documentación Subir imagen clara de la identificación oficial del representante legal por ambos lados. En algunos portales se solicita también la prueba de vida —fotografía en tiempo real— para confirmar que la persona coincide con el documento.

Paso 5 — Acreditar la representación legal Completar la autenticación con el documento que acredite la personalidad del representante. Este paso distingue el proceso empresarial del trámite individual y es obligatorio para vincular las líneas a nombre de la empresa.

Paso 6 — Guardar el folio de confirmación Una vez validada la información, el sistema genera un folio de registro. Ese comprobante acredita que la línea quedó vinculada y debe conservarse.

El usuario dispone de 3 intentos en línea, según los lineamientos publicados en el DOF. Si los agota sin completar el proceso, deberá acudir presencialmente a un centro de atención con todos los documentos.

Operadoras con registro habilitado

El trámite está disponible en las siguientes compañías: Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Altán Redes, Izzi Móvil, Mega Móvil y Unefon.

Cada operadora cuenta con su propio portal de vinculación, accesible también desde el portal central de la CRT. Los requisitos específicos para personas morales pueden variar entre compañías, por lo que conviene verificar con cada operadora antes de iniciar el trámite.

Qué pasa si una empresa no registra sus líneas antes del plazo

La consecuencia es la suspensión automática del servicio a partir del 1 de julio de 2026, sin multa económica directa para el titular.

Una línea sin registrar quedará bloqueada para realizar llamadas, enviar o recibir mensajes SMS, usar datos móviles, recibir códigos de verificación para banca móvil y aplicaciones gubernamentales, y tramitar portabilidad numérica.

Solo conservará acceso a los números de emergencia —911, 074, 079, 088 y 089— y al servicio de atención al cliente de la operadora para regularizar la situación.

El número y el saldo acumulado no se pierden: el servicio permanece bloqueado hasta que se complete el registro, momento en que se reactivan todas las funciones. Las empresas con planes de pospago deben considerar que la suspensión no exime del pago mensual del plan ni del costo del equipo contratado, según lo establecido en la normativa.

Datos que ninguna empresa o portal puede exigir

La ley prohíbe expresamente solicitar datos biométricos durante este trámite. Ninguna compañía ni portal puede pedir huellas dactilares, escaneo de iris, reconocimiento facial biométrico almacenado, grabación de voz, firma digital manuscrita ni comprobante de domicilio.

La prueba de vida —fotografía y movimiento de cabeza que algunos portales solicitan— únicamente verifica que la persona coincida con su documento en el momento del trámite y no implica almacenamiento de datos biométricos, según la CRT.

Cualquier solicitud de los datos prohibidos bajo el argumento de “registrar tu línea” constituye un fraude o una violación a la ley.

Cómo verificar las líneas ya registradas y reportar irregularidades

Desde el 7 de febrero de 2026, la CRT habilitó un portal de consulta en portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta para verificar qué líneas están asociadas a un RFC o CURP.

La consulta se realiza operadora por operadora; no existe un padrón único centralizado.

Si se detecta una línea desconocida vinculada al RFC o CURP de la empresa o su representante legal, debe solicitarse la desvinculación inmediata a la operadora. Las inconsistencias también pueden reportarse ante el Registro Nacional de Población (Renapo), que permite corregir usos indebidos de la CURP en la titularidad de números telefónicos.

Miles de personas pagan impuestos, pero lo que no todos saben es que hay algunos que pueden librar este cobro por completo gracias a las protecciones que otorga la propia ley.

Para quienes dedicaron su vida al trabajo, el verdadero beneficio radica en comprender las reglas del juego fiscal, una clave indispensable para descubrir qué depósitos llegan intactos y sin un solo descuento.

El impuesto que vigila tus ingresos: lo que debes saber

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es un impuesto federal que grava los ingresos de personas físicas y morales en México.

Lo pagan empleados, empresarios, arrendadores y, en ciertos casos, pensionados.

Es un impuesto anual, aunque los pagos provisionales se realizan mes a mes, a más tardar el día 17 del mes siguiente al periodo correspondiente.

Para personas físicas, la tasa va del 1.92% al 35%, según el nivel de ingresos gravables.

Los ingresos gravables son todos aquellos sobre los que sí se deben pagar impuestos.

Lo relevante para los jubilados es que la Ley del ISR no descuenta todos los ingresos por igual.

Existe una lista de ingresos exentos, es decir, montos que la ley expresamente libera del pago. Las pensiones por jubilación están en esa lista, con condiciones específicas.

El escudo legal: el artículo de la ley que protege el dinero de tu retiro

El artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece qué ingresos quedan exentos del pago de ISR para personas físicas.

En el tema de las pensiones, la regla es muy sencilla: los pagos que recibes del IMSS o del ISSSTE por jubilación, retiro o invalidez no pagan ni un solo peso de impuesto, siempre y cuando el dinero que te depositan al día no supere el límite equivalente a 15 veces el valor oficial establecido por la ley.

Si la pensión rebasa ese límite, el impuesto no se aplica sobre el total. Solo la parte que excede el tope queda sujeta al ISR.

¿Qué sucede para quienes reciben más de una pensión?

El mismo artículo añade una precisión que afecta a quienes reciben más de una pensión: el SAT no revisa cada pago por separado.

Lo que hace la autoridad es juntar todos los ingresos por retiro en una sola bolsa y medir el tamaño total.

Si la suma de todas las pensiones juntas pasa del límite permitido, entonces sí tocará pagar.

El SAT suma todas las pensiones que recibe una persona, sin importar quién las pague, y compara ese total contra el límite permitido.

Solo si el conjunto supera el tope debe aplicar la retención, y únicamente sobre el excedente.

La lista de beneficiarios que reciben su dinero sin descuentos del ISR

De acuerdo con el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los siguientes tipos de pensión pueden hacer que sus beneficiarios queden exentos del ISR dentro del límite que establece la ley:

• Jubilaciones.
• Pensiones por retiro.
• Haberes de retiro.
• Pensiones vitalicias.
• Pensiones por invalidez o incapacidad.
• Pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez.
• Pensiones por muerte del trabajador.

Estas pensiones pueden provenir de la subcuenta del seguro de retiro prevista en la Ley del Seguro Social, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, o de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE.

Cuándo sí se paga ISR y sobre qué monto

Si la pensión supera el límite diario que fija la ley, el ISR no afecta el total: solo la parte que rebasa el tope.

Esto significa que ningún pensionado paga impuestos sobre el cien por ciento de su ingreso, aunque su pensión sea alta.

Además, la ley exenta a los pensionados de presentar declaración anual cuando solo reciben ingresos de un único pagador.

La obligación de declarar surge en tres casos:

• Cuando se tienen dos o más fuentes de pensión.
• Cuando los ingresos anuales superan los 400 mil pesos mexicanos.
• Cuando se obtienen ingresos adicionales por arrendamiento o actividad empresarial.

En todos los demás casos, el pensionado recibe su ingreso íntegro, sin retención, de acuerdo con la ley vigente.

Héctor José Contreras Mercader presentó su renuncia como director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ), luego de la controversia generada por su asistencia a un partido de las Finales de la NBA en Nueva York, donde fue captado en una zona preferencial del Madison Square Garden.

La dimisión fue anunciada mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que el ahora exfuncionario señaló que su decisión busca evitar que la situación continúe generando señalamientos que distraigan el trabajo institucional de la administración estatal.

“Esta determinación tiene como único propósito no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública ni dar lugar a señalamientos que distraigan el trabajo institucional”, expresó Contreras Mercader.

Asimismo, sostuvo que su asistencia al encuentro deportivo ocurrió en el ámbito personal y sin relación con sus responsabilidades como servidor público.

La polémica surgió tras su aparición en transmisión internacional

El caso tomó relevancia nacional luego de que, durante la transmisión del tercer juego de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, las cámaras enfocaran una de las zonas exclusivas del recinto neoyorquino donde se encontraba Contreras Mercader.

Las imágenes mostraron al funcionario acompañado de un joven identificado por diversos medios como su hijo, ambos portando playeras de los Knicks.

La atención aumentó debido a que se encontraban cerca del palco ocupado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya presencia en el encuentro también fue ampliamente difundida.

La difusión de las imágenes en redes sociales generó diversas reacciones y cuestionamientos sobre el costo de los boletos para ese sector del estadio, considerado uno de los más exclusivos del inmueble.

Costos de los boletos generaron debate en redes sociales

Diversos reportes señalaron que los asientos en esa área del Madison Square Garden alcanzaron precios de hasta 20,000 dólares en plataformas de reventa, equivalentes a cerca de 350,000 pesos mexicanos.

Incluso, algunos portales especializados reportaron que ciertos lugares en zonas cercanas a la cancha superaron ampliamente esa cifra debido a la alta demanda generada por las Finales de la NBA y la asistencia de personalidades de relevancia internacional.

Contexto del caso

• Contreras Mercader fue captado durante el Juego 3 de las Finales de la NBA.
• Se encontraba en una zona preferencial del Madison Square Garden.
• Medios estimaron que algunos boletos en ese sector alcanzaron hasta 20,000 dólares.
• Las imágenes se viralizaron en redes sociales y generaron debate público.
• El funcionario afirmó que asistió al evento en calidad de particular y sin utilizar recursos públicos.
• Tres días después de la difusión del caso presentó su renuncia al SATQ.
• Héctor Contreras defendió el carácter privado de su viaje

Ante las críticas surgidas tras la difusión de las imágenes, Contreras Mercader sostuvo que su presencia en el evento deportivo correspondió exclusivamente a actividades personales.

En su mensaje de despedida reiteró que actuó bajo los principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, al tiempo que agradeció la confianza que le fue otorgada durante el tiempo que permaneció al frente del organismo encargado de la recaudación estatal.

La renuncia ocurre en un contexto de intenso escrutinio público sobre el comportamiento y las actividades de los funcionarios fuera de sus labores gubernamentales.

¿Quién es Héctor Contreras Mercader?

Contreras Mercader es licenciado en Finanzas y Contaduría Pública. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública municipal y estatal de Quintana Roo.

Fue regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, además de desempeñarse como oficial mayor y asesor financiero en distintas dependencias gubernamentales.

Posteriormente, con el inicio de la administración estatal encabezada por la gobernadora Mara Lezama, asumió la dirección general del SATQ.

Durante su gestión impulsó proyectos enfocados en la digitalización de trámites fiscales y la modernización de los procesos tributarios de la entidad.

Gobierno de Quintana Roo aún no informa relevo definitivo

Hasta el momento, el Gobierno de Quintana Roo no ha dado a conocer quién asumirá de manera permanente la dirección del Servicio de Administración Tributaria estatal.

Mientras tanto, la salida de Contreras Mercader pone fin a una controversia que durante varios días mantuvo la atención pública y abrió el debate sobre la percepción ciudadana respecto a los servidores públicos y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones.

El SAT puede no cobrarte multa si corriges un error fiscal antes de que la autoridad lo detecte, pero la ventana para hacerlo se cierra en cuestión de horas o días.

La figura se llama cumplimiento espontáneo y está prevista en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación (CFF), aunque la mayoría de los contribuyentes desconoce su existencia.

La regla es simple: quien presenta una declaración omitida, corrige un dato incorrecto o paga una contribución fuera de plazo —sin que el SAT lo haya detectado ni notificado— solo cubre el monto original más actualización y recargos. La multa es cero.

Cuándo se pierde el beneficio

El CFF establece tres situaciones en las que la corrección deja de considerarse espontánea y, por tanto, la multa sí procede.

• La primera: cuando la omisión ya fue descubierta por las autoridades fiscales.
• La segunda: cuando el SAT notificó una orden de visita domiciliaria, un requerimiento o cualquier otra gestión de comprobación antes de que el contribuyente actuara.
• La tercera: cuando la corrección se presenta más de diez días después de que un contador público registrado entregó el dictamen de estados financieros ante el SAT y la omisión quedó asentada en ese documento.

En la práctica, el umbral más frecuente es el segundo. Si ya hay un aviso en el Buzón Tributario, la espontaneidad se extingue de inmediato.

Cuánto cuesta no actuar a tiempo

La diferencia entre corregir antes o después de una notificación es significativa. Según la tabla de penalizaciones del CFF vigente en 2026, quien declara de forma voluntaria paga $0.00 en multas.

Quien espera a que el SAT lo requiera enfrenta sanciones de entre $1,810 y $44,790 pesos por obligación incumplida, dependiendo del tipo de infracción.

Si el contribuyente corrige durante el ejercicio de facultades de comprobación —es decir, ya iniciada una auditoría—, puede acceder a una multa reducida equivalente al 20% de las contribuciones omitidas, conforme al artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

No es lo mismo que espontaneidad, pero representa un ahorro frente a la sanción plena.

Qué obligaciones cubre y cómo actuar

El cumplimiento espontáneo aplica a prácticamente cualquier obligación fiscal: declaraciones anuales o provisionales no presentadas, pagos omitidos, avisos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) entregados fuera de plazo y correcciones a datos ya declarados.

El proceso no requiere cita ni trámite especial. Todo se tramita en línea desde sat.gob.mx, en la sección “Declaraciones”. Si la obligación nunca fue presentada, el contribuyente selecciona la opción “Normal”; si ya existía una declaración pero con datos incorrectos, elige “Complementaria”. El portal calcula automáticamente los recargos y la actualización, y genera una línea de captura con el total a pagar.

La línea de captura tiene vigencia limitada, generalmente unas horas. Si no se liquida el mismo día, los recargos se recalculan y es necesario generarla de nuevo.

Cuando el monto total no puede cubrirse de inmediato, los especialistas recomiendan presentar la declaración de todas formas antes de pagar: una declaración entregada sin pago genera recargos sobre el impuesto, pero evita la multa por omisión. El contribuyente puede solicitar después un convenio de pago en parcialidades al amparo del artículo 66 del CFF, con un plazo máximo de 36 meses.

Un punto que pocos consideran: las notificaciones enviadas al Buzón Tributario se tienen por legalmente realizadas una vez que transcurren cinco días hábiles desde el envío del aviso, independientemente de si el contribuyente las consultó. Por eso, revisar el buzón antes de iniciar cualquier corrección es el primer paso que los asesores fiscales consideran indispensable.

Las omisiones que el SAT detecta primero

La autoridad fiscal no revisa de forma aleatoria. En 2026, el SAT opera con sistemas de inteligencia de datos que cruzan automáticamente la información de facturas electrónicas, depósitos bancarios, retenciones y declaraciones para identificar inconsistencias antes de emitir cualquier notificación.

La discrepancia fiscal es el detonante más frecuente: ocurre cuando los gastos facturados, los depósitos en cuenta o los pagos con tarjeta no coinciden con los ingresos declarados. El sistema presume ingresos omitidos y abre una revisión sin que el contribuyente lo advierta de inmediato.

Otros patrones que concentran la atención del fisco son las pérdidas fiscales declaradas de forma recurrente sin sustento económico lógico, las retenciones de ISR o IVA no enteradas al SAT, y las tasas efectivas de impuesto significativamente por debajo del promedio del sector. Este último criterio se aplica tanto a personas físicas como a empresas.

En el plano operativo, los errores de facturación también activan revisiones. Datos incorrectos del receptor en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), cancelaciones de facturas fuera de plazo y declaraciones en cero cuando existen CFDI de ingresos vigentes son señales que los algoritmos del SAT procesan de forma automática.

Un punto que los especialistas consideran especialmente crítico es e Buzón Tributario inactivo o con datos de contacto desactualizados. Aunque la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2026 prorrogó la aplicación de multas económicas —que van de $3,850 a $11,540 pesos— hasta enero de 2027, la obligación de mantenerlo activo es vigente. Un buzón sin medios de contacto válidos habilita al SAT para notificar por estrados y puede derivar en la restricción del Certificado de Sello Digital, lo que impide emitir facturas de forma inmediata.

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) anunció este miércoles un operativo especial en comercios y aduanas de Guatemala para controlar el cumplimiento fiscal y frenar el ingreso de mercancía mundialista de contrabando.

El superintendente Werner Ovalle Ramírez señaló que estos eventos elevan el consumo y requieren una mayor presencia de la autoridad tributaria, tal como consignó Canal Antigua.

Durante una conferencia, Ovalle subrayó: “Es una fecha importante, es un mes donde se da un incremento de consumo, al igual que en otras fechas importantes que se dan en el plano nacional. Así que con ello, a nivel nacional, la administración tributaria, a través de las áreas de fiscalización, estará haciendo presencias fiscales para garantizar que todos estén cumpliendo con sus obligaciones tributarias como tal. Así que esto es parte de los esfuerzos que tenemos que generar y aprovecho el espacio para invitar a todos los establecimientos para que cumplan con sus obligaciones tributarias”.

La SAT indicó que los controles se intensificarán en puntos fronterizos y comercios urbanos, con prioridad en la detección de productos alusivos al Mundial que ingresen sin la documentación correspondiente. Según la entidad, la medida responde a patrones identificados en años previos, cuando eventos internacionales impulsaron la circulación de bienes importados y los intentos de evasión.

Digitalización de trámites tributarios

En paralelo al anuncio de mayores controles, la SAT presentó acciones de transformación digital para simplificar trámites de los contribuyentes. Werner Ovalle Ramírez detalló que la modernización del Registro Fiscal de Vehículos (RFV Digital) permite ahora la inscripción de vehículos usados y la reposición de distintivos desde la Agencia Virtual.

Según datos oficiales, desde el lanzamiento del RFV Digital en agosto de 2025 para vehículos nuevos, se han gestionado 472.046 trámites, de los cuales 72% ya se realiza bajo este esquema digital. El mecanismo redujo la duración del trámite de inscripción de hasta 30 días a 5 minutos.

La digitalización también incluye la inscripción de vehículos usados y la reposición de distintivos, con expedientes electrónicos y validación automatizada de requisitos. La SAT confirmó además la migración de formularios tributarios de Declaraguate hacia la Agencia Virtual para contribuyentes especiales grandes, medianos y regionales, con 6.438 usuarios en esta primera fase.

Entre los primeros formularios a migrar figuran el SAT-1311 ISR Opcional Mensual y el SAT-2237 IVA General. A partir del 1 de septiembre, los contribuyentes del Régimen General del IVA deberán utilizar los formularios digitales desde la Agencia Virtual, que incorpora declaraciones propuestas y reduce la carga administrativa.

Alcance de la estrategia institucional

La SAT reafirmó su compromiso de facilitar los procesos a los contribuyentes, tanto en tributos internos como en comercio exterior y en el Registro Fiscal de Vehículos. Según la entidad, la estrategia combina innovación tecnológica y fiscalización en momentos como la Copa Mundial.

Werner Ovalle Ramírez reiteró la invitación a los comercios a cumplir con sus obligaciones y aprovechó la ocasión para mostrar avances en la digitalización, que buscan “reducir requisitos y tiempos, facilitando el cumplimiento voluntario”.

Héctor Contreras, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Quintana Roo, fue captado la noche del lunes 8 de junio en una zona VIP del Madison Square Garden de Nueva York durante el tercer partido de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs, en un área donde los boletos alcanzaron precios de hasta 20,000 dólares (casi 350 mil pesos mexicanos) por asiento.

El funcionario apareció en las transmisiones internacionales justo debajo del palco del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acudió al evento.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales luego de que los medios internacionales enfocaran a Trump —el primer mandatario estadounidense en asistir a unas Finales de la NBA, acompañado de su nieta Kai Trump— y en el encuadre quedara visible Héctor Contreras Mercader, vestido con el jersey de los Knicks y acompañado de un joven que ha sido identificado como su hijo.

Hasta el momento, ni el funcionario ni el SAT Quintana Roo han emitido posicionamiento público sobre su presencia en el evento y los recursos con los que adquirió los boletos.

La cifra del costo aproximado de los boletos dista del ingreso neto que el titular del SAT reporta en la Plataforma Nacional de Transparencia, que es de 64,650 pesos mensuales. Para pagar un solo boleto, el funcionario habría necesitado ahorrar más de cinco meses de su sueldo íntegro.

El boleto más barato en esa zona superó los 10,000 dólares

Los precios en el Madison Square Garden para el Juego 3 de las Finales escalaron de forma acelerada tras la confirmación de la asistencia de Trump. El boleto de entrada más económico en el recinto llegó a costar 3,940 dólares el lunes por la mañana, mientras que los asientos en la zona baja del estadio alcanzaron hasta 104,000 dólares, de acuerdo con datos del portal Vivid Seats.

En dicho partido, los Spurs ganaron el partido 115 a 111 sobre los Knicks, resultado que dejó la serie 2 a 1 a favor de Nueva York.

¿Quién es Héctor Contreras?

Héctor José Contreras Mercader es licenciado en Finanzas y Contaduría Pública. Inició su carrera como auxiliar contable en empresas privadas y del sector público, de acuerdo con información del Gobierno de Cancún.

Entre 2011 y 2013 fue jefe de departamento en la XV Regiduría del Ayuntamiento de Benito Juárez. En 2013 ganó su primer cargo de elección popular como regidor de ese municipio. Posteriormente ocupó la Dirección General de Solución Integral de Residuos Sólidos de Cancún y trabajó como asesor financiero en distintas dependencias públicas.

Entre 2016 y 2018 fue oficial mayor del mismo ayuntamiento. En octubre de 2018, la entonces presidenta municipal Mara Lezama lo ratificó en ese cargo. Tras la victoria de Lezama en la gubernatura de Quintana Roo, Contreras Mercader fue nombrado titular del SAT en la entidad, cargo que ocupa actualmente.

La aparición del funcionario en una de las zonas más exclusivas del Madison Square Garden generó cuestionamientos en redes sociales por el contraste con el discurso de austeridad republicana que ha sido bandera de los gobiernos emanados de Morena.

El Servicio de Administración Tributaria confirmó la inclusión definitiva de 89 contribuyentes en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), lo que invalida las facturas emitidas por esas empresas y expone a quienes operaron con ellas a perder deducciones y créditos fiscales.

El organismo emitió el oficio 500 05 00 00 00 2026 11587 el 15 de abril de 2026. Lo firmó el licenciado en contaduría Rubén Martín López Rodríguez, Administrador Central de Fiscalización Estratégica, adscrito a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF). La publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se concretó el 5 de junio.

El propio oficio justifica la medida con un argumento de interés público: “es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes”, así como que la sociedad conozca a quienes llevan a cabo ese tipo de operaciones.

Qué son los EFOS y por qué sus facturas no tienen validez

Las empresas y personas físicas incluidas en este listado reciben el nombre de EFOS: Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas. El SAT acreditó que emitieron comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para respaldar las transacciones que amparaban.

Un detalle que genera confusión frecuente: la factura en sí cumple con los requisitos formales del sistema tributario. Lo que es falso es la operación detrás del documento, que en realidad no existió.

89 contribuyentes de 20 estados, en sectores muy distintos

Los 89 contribuyentes incluidos en el Anexo 1 del oficio son personas físicas y morales domiciliadas en al menos 20 estados: Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila de Zaragoza, Guerrero, Veracruz, Baja California, Sinaloa, Tabasco, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Campeche, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Zacatecas.

Los sectores involucrados abarcan desde construcción, consultoría administrativa, servicios de cómputo, comercialización de hidrocarburos y transporte, hasta gasolineras, fabricación farmacéutica, joyería y espectáculos. El documento registra cuatro motivos formales para la inclusión en el listado: ausencia de activos, ausencia de personal, falta de infraestructura y falta de capacidad material.

El proceso que llevó a la lista definitiva

El procedimiento contempló varias etapas. Las Administraciones Desconcentradas de Auditoría Fiscal en cada estado emitieron oficios de presunción individuales a cada contribuyente, con los hechos que motivaban la sospecha. La coordinación del listado global de presunción y la publicación definitiva correspondió a la Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Tras esa notificación individual, el SAT publicó el listado global en su portal y en el DOF, con un plazo de 15 días hábiles para que los afectados presentaran pruebas y argumentos. El CFF también permite solicitar una prórroga de cinco días adicionales vía buzón tributario.

Ninguno de los 89 contribuyentes se apersonó ante la autoridad ni entregó documentación dentro del plazo. El SAT emitió entonces resoluciones definitivas y, conforme al artículo 69-B del CFF, no procedió a la publicación definitiva sino hasta después de 30 días hábiles posteriores a la notificación de dichas resoluciones, sin que se reportara suspensión, nulidad ni revocación judicial a favor de ninguno de los incluidos.

El riesgo para empresas y personas que operaron con esos proveedores

La consecuencia más directa no recae solo sobre los EFOS, sino sobre quienes contrataron sus servicios o adquirieron sus bienes. Cualquier empresa o persona física que haya dado efectos fiscales a facturas emitidas por un contribuyente ahora en la lista definitiva queda automáticamente bajo sospecha como EDOS: Empresas que Deducen Operaciones Simuladas.

Las deducciones aplicadas y los créditos fiscales obtenidos con esas facturas pueden ser rechazados por el SAT. El artículo 69-B del CFF establece que el contribuyente afectado cuenta con 30 días hábiles a partir de la publicación definitiva para tomar una de dos vías: acreditar ante la autoridad que la operación fue real, con documentación que pruebe la materialidad de la transacción, o corregir su situación fiscal mediante declaraciones complementarias.

Si no actúa dentro de ese plazo, el SAT puede determinar créditos fiscales, rechazar deducciones, imponer multas y recargos, y en casos graves derivar el asunto a consecuencias penales.

Cómo verificar si un proveedor está en la lista

El listado completo está disponible en el portal oficial del SAT en sat.gob.mx y en el DOF. Los contribuyentes pueden descargarlo en formato .csv, consultable desde Excel, con búsqueda por RFC o razón social.

El SAT cobró 40% más en recargos por mora desde el 1 de enero de 2026: una deuda de $100,000 pesos que antes generaba $1,470 mensuales en intereses ahora produce $2,070 cada mes, conforme a la nueva tasa del 2.07% establecida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para este ejercicio fiscal.

El cambio tiene respaldo en dos instrumentos oficiales. El primero es la LIF 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de noviembre de 2025, que fijó la nueva tasa en su artículo 11.

El segundo es la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2026, publicada también en el DOF el 28 de diciembre de 2025 y vigente desde el 1 de enero, que la formalizó en su Regla 2.1.20.

Cuánto cuesta ahora deberle al fisco

La tasa de recargos por mora —la que aplica cuando un contribuyente paga sus impuestos fuera del plazo legal— pasó de 1.47% a 2.07% mensual.

El incremento equivale a 0.60 puntos porcentuales, pero su efecto se amplifica con el tiempo: un adeudo que se deja sin pagar durante un año acumula una carga adicional del 25% sobre el monto original (2.07% × 12 meses).

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) precisó que el objetivo declarado de la reforma es eliminar el incentivo perverso que existía cuando resultaba más económico deberle al fisco que a una institución financiera. Luis Carlos Figueroa, vicepresidente fiscal del IMCP, confirmó el alza del 40% al medio El Economista en noviembre de 2025.

La escala completa de recargos

La mora no es el único concepto que subió. Toda la tabla de recargos se actualizó para 2026:

Prórroga (plazo autorizado para pagar después del vencimiento): de 0.98% a 1.38% mensual

Parcialidades hasta 12 meses: de 1.26% a 1.42% mensual

Parcialidades de 13 a 24 meses: de 1.53% a 1.63% mensual

Parcialidades de más de 24 meses o pago diferido: de 1.82% a 1.97% mensual

Los recargos se calculan de forma automática desde el primer día de atraso sobre el saldo insoluto actualizado, sin necesidad de que el SAT emita un aviso previo.

El perfil del contribuyente más expuesto

Las personas físicas con declaración anual son el grupo de mayor riesgo inmediato: el plazo para presentarla venció el 30 de abril de 2026, y cualquier saldo pendiente desde esa fecha ya acumula recargos a la tasa del 2.07% mensual.

También quedan expuestos quienes tienen convenios de pago en parcialidades firmados antes de 2026, ya que las nuevas tasas aplican sobre los saldos vigentes del ejercicio en curso. Las empresas con adeudos en ISR, IVA o IEPS enfrentan el mismo esquema.

El marco de la estrategia fiscal más ambiciosa del SAT

El endurecimiento de los recargos forma parte del Plan Maestro 2026 del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que fijó una meta de recaudación de 6.448 billones de pesos para este año, la cifra más elevada de la que se tenga registro.

El titular del organismo, Antonio Martínez Dagnino, presentó la estrategia en enero de 2026 bajo la premisa de no crear nuevos impuestos, sino aumentar el costo del incumplimiento y ampliar la base de contribuyentes activos.

La RMF 2026 estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, según lo establece su primer artículo transitorio.

Cómo pagar un adeudo fiscal ante el SAT

El trámite es gratuito en todos los casos. Su fundamento legal está en los artículos 2, 4, 6, 17-A, 20, 21 y 65 del Código Fiscal de la Federación (CFF). El portal oficial es sat.gob.mx.

Opción 1: Pago total en una sola exhibición

Ingresa a Mi Portal con RFC y contraseña

Selecciona Créditos Fiscales / Servicios / Formato para pago (total)

Genera la línea de captura

Paga en ventanilla bancaria o desde tu portal de banca en línea

Nota: si la línea de captura vence antes de concretar el pago, presenta una declaración complementaria para obtener una nueva. El sistema recalcula automáticamente los recargos y la actualización acumulados.

Opción 2: Pago en parcialidades o diferido (artículos 66 y 66-A del CFF)

Plazo máximo en parcialidades: 36 meses

Plazo máximo en pago diferido: 12 meses

Por internet:

Ingresa a Mi Portal con RFC y contraseña

Selecciona Servicios por internet / Servicios o solicitudes / Solicitud

Elige la opción “Pago a plazos 66 y 66-A CFF”

Especifica el monto del adeudo, número de parcialidades o fecha del pago diferido

Adjunta el comprobante del pago inicial de al menos el 20% del total adeudado

Envía la solicitud y conserva el número de folio

El SAT tiene 15 días hábiles para responder. Si requiere información adicional, el contribuyente cuenta con cinco días hábiles para entregarla; de lo contrario, la solicitud queda cancelada.

Presencial:

Acude a la Administración Desconcentrada de Recaudación (ADR) más cercana a tu domicilio fiscal

Presenta los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Escrito libre con RFC, domicilio fiscal, número de resolución del adeudo y correo electrónico

Comprobante del pago inicial del 20%

Recibe tu acuse de recibo

Espera la respuesta por buzón tributario o correo electrónico registrado

Opción 3: Programa de Regularización Fiscal 2026

Permite condonar hasta el 100% de recargos, multas y gastos de ejecución sobre adeudos del ejercicio 2024 o anteriores.

Requisitos para acceder:

Ingresos totales en 2024 no superiores a 300 millones de pesos

No figurar en los listados de los artículos 69-B o 69-B Bis del CFF

No contar con sentencia firme por delitos fiscales

No haber recibido condonaciones en programas generalizados previos

Fechas clave

Solicitud: hasta el 31 de octubre de 2026

Pago una vez autorizado: máximo 15 días naturales

Última parcialidad (créditos firmes): antes del 30 de noviembre de 2026

El trámite se presenta en sat.gob.mx o de forma presencial en la ADR correspondiente. El incumplimiento de cualquier línea de captura implica la pérdida automática del beneficio.

El SAT desplegó oficinas móviles en 18 estados de México durante la primera semana de junio para acercar trámites fiscales a comunidades rurales y zonas con acceso limitado a sus sedes permanentes.

El operativo, impulsado por el titular del organismo, Antonio Martínez Dagnino, proyectó atender a unas 4,500 personas mediante 11,600 tramites entre el 1 y el 5 de junio, sin necesidad de cita previa.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó el despliegue en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. La iniciativa buscó reducir las barreras de acceso para contribuyentes que viven lejos de las administraciones desconcentradas del organismo, en particular en municipios rurales y localidades apartadas.

Trámites disponibles en los módulos itinerantes

Los módulos ofrecieron los servicios fiscales de mayor demanda entre personas físicas, trabajadores y estudiantes. Entre ellos: inscripción y actualización en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), generación y renovación de la firma electrónica (e.firma), emisión de la Constancia de Situación Fiscal (CSF), generación de contraseña SAT, cambio de domicilio fiscal y orientación tributaria presencial.

La atención sin cita previa fue uno de los aspectos más relevantes del operativo, dado que la agenda en oficinas permanentes del SAT suele representar una de las principales quejas entre los contribuyentes.

Cobertura: de Baja California a Quintana Roo

Los módulos itinerantes operaron en Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Baja California Sur, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, Quintana Roo, Hidalgo, Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa, Coahuila, Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Morelos.

Entre las sedes específicas figuraron Tlatlauquitepec en Puebla, el municipio de Isla en Veracruz, Loreto en Baja California Sur, Dzidzantún en Yucatán, General Francisco R. Murguía en Zacatecas y Benito Juárez en Quintana Roo.

En Ciudad de México, el SAT instaló un módulo especial en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con atención dirigida a la comunidad estudiantil. En Torreón, Coahuila, el módulo operó en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canacoservytur), donde se requirió prerregistro previo.

Articulación con programas sociales

Varios módulos se integraron a iniciativas locales ya en marcha. En Hidalgo, la atención se vinculó a las Rutas de la Transformación; en Oaxaca, a Campañas de Formalización; en Michoacán, a Ferias de Bienestar, y en Nuevo León, a las Ferias de Paz.

El horario general fue de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas. En Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Morelos, algunas sedes operaron con horarios diferenciados según las actividades comunitarias locales.

Un operativo que se repite y crece

El despliegue de junio no fue un evento aislado. En mayo, el SAT ya había llevado módulos itinerantes a 15 estados del país con un catálogo de servicios similar.

La expansión a 18 entidades en junio forma parte de una estrategia sostenida de descentralización del servicio fiscal, orientada a poblaciones que no cuentan con oficinas permanentes del organismo en su área de residencia.

Por qué estos trámites son cada vez más urgentes

La Constancia de Situación Fiscal, el RFC y la e.firma dejaron de ser documentos exclusivos del ámbito tributario. Hoy son requisitos habituales en procesos de contratación laboral, inscripción a plataformas digitales, apertura de actividades económicas y validación de datos ante instituciones financieras.

Esa expansión en el uso cotidiano de los documentos fiscales explica la alta demanda que enfrentan las oficinas permanentes del SAT y, con ella, la necesidad de llevar los servicios directamente a las comunidades.

Qué llevar al módulo del SAT

Para aprovechar la atención en los módulos itinerantes, el SAT requiere una identificación oficial vigente —INE o pasaporte—, la Clave Única de Registro de Población (CURP), un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y un correo electrónico activo.

Quienes acudan a tramitar o renovar la e.firma deben sumar a esos documentos un número de teléfono celular y una memoria USB vacía, ya que los archivos de la firma electrónica se entregan en ese dispositivo. Sin la USB, el trámite no puede completarse en el módulo.

En el caso de personas morales o representantes legales, se requiere además el acta constitutiva o el poder notarial correspondiente. La atención es gratuita en todos los casos.

Este semana se difundió información sobre un supuesto nuevo pago de impuestos que deberán realizar este año los adultos mayores, por el pago que de la Pensión del Bienestar, la cual actualmente es de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró los rumores y explicó qué pensiones están excentas del pago de impuestos.

En un comunicado, el SAT dijo que “es totalmente falso” que las personas adultas mayores deberán realizar el pago del impuesto sobre la renta (ISR) y en este sentido, también rechazó haber confirmado el cobro, como se especuló.

En el mismo documento, explicó que la Ley del ISR “establece claramente” cuáles son las pensiones que están exentas y cuáles deben presentar declaración anual y pagar dicho gravamen.

“Cabe mencionar que la gran mayoría de los pensionados en nuestro pais están libres del pago de ese impuesto por los ingresos que reciban por concepto de pensión”, agregó.

Precisó que en el artículo 93 de la Ley del ISR se señala que las pensiones estan exentas de pagar ISR cuando no superan el equivalente a 15 UMAs diarias; es decir, un monto de 53 mil 493 pesos al mes.

En este sentido, el SAT indicó que “también es falso que quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deberán pagar este impuesto”.

“En el artículo 90 de la Ley del ISR se establece que no se consideran ingresos por los que se esté obligado al pago de dicho impuesto, los apoyos economicos o monetarios que reciban los contribuyentes, a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a la población en general de mantenerse informados a través de los canales oficiales de disfusión, como sus cuentas de redes sociales y números de atención.

“Este órgano tributario rechaza cualquier intención de generar confusión entre la ciudadania, mediante información falsa. Por ello, invita a la población a mantenerse informada a través de sus medios oficiales: Portal del SAT: sat.gob.mx, Facebook: SAT México, X: @SATMX, Instagram: satmx, YouTube y TikTok: @satmx

“Para cualquier duda o aclaracion las personas pueden comunicarse a MarcaSAT al numero 55 627 22 728, o bien, al Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx para recibir asesoria”, concluyó.

¿Qué pensionados pagan el ISR?

Si tu pensión es superior a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA), debes pagar el ISR sobre el excedente. Actualmente, esto equivale a 52 mil 789.5 pesos al mes.

Es importante que sepas que las primeras 15 UMAs de tu pensión están exentas de impuestos; solo pagarás ISR sobre el monto que exceda este límite.

¿Cuánto gana un adulto mayor al año con la Pensión del Bienestar?

Actualmente, las pensiones del Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga 38 mil 400 pesos mexicanos al año a cada beneficiario.

Este apoyo está dirigido a personas mayores de 65 años con nacionalidad mexicana y residencia permanente en el país.

El monto no depende de años cotizados ni de historial laboral formal y se deposita de manera bimestral, con entregas de 6 mil 400 pesos cada dos meses directamente a una tarjeta bancaria.

El programa está diseñado especialmente para quienes no cuentan con una pensión contributiva ni con otros mecanismos de protección social.

Para acceder, se requiere identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y el Formato Único de Bienestar.

No obstante, la inscripción al padrón no garantiza la permanencia indefinida, ya que existen diversas causas de baja establecidas por la Secretaría de Bienestar, como el fallecimiento del titular, entrega de documentos falsos, duplicidad de registros, ausencia durante visitas domiciliarias, incumplimiento de reglas o solicitud voluntaria de baja.

En México, tener una factura electrónica ya no es suficiente para acreditar una deducción o un crédito fiscal. Desde el 1 de enero de 2026, una reforma al Código Fiscal de la Federación obliga a cualquier contribuyente a demostrar que cada Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) ampara una operación que realmente ocurrió.

Quien no pueda probarlo enfrenta desde la suspensión inmediata de su capacidad de facturar hasta cargos penales con penas de hasta nueve años de prisión. El cambio proviene de la fracción IX incorporada al artículo 29-A del CFF, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025.

La norma establece que los comprobantes deben amparar “operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales”. Si no cumplen ese requisito, se consideran falsos —incluso si fueron timbrados válidamente por el propio SAT o por un proveedor autorizado de certificación.

La materialidad: de criterio de auditoría a obligación legal

Hasta 2025, la “materialidad de operaciones” era un concepto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicaba de forma interpretativa durante sus revisiones. Los tribunales lo habían avalado, pero no existía un texto legal expreso que lo exigiera al momento de emitir o recibir una factura.

Con la reforma 2026, ese concepto —junto con los de sustancia económica, razón de negocios y fecha cierta— quedó incorporado directamente al CFF. La consecuencia es que la validez de un CFDI ya no se evalúa únicamente por su estructura técnica o su correcto timbrado, sino por la realidad de la transacción que lo origina.

Un comprobante puede estar perfectamente formateado en XML, contar con todos los campos requeridos y haber pasado las validaciones del SAT, y aun así ser declarado falso si la operación que ampara no puede demostrarse.

El artículo 49 Bis: visita exprés y facturación bloqueada desde el primer día

Para hacer cumplir la nueva obligación, la reforma creó el artículo 49 Bis del CFF, un procedimiento de verificación que opera de forma radicalmente distinta a una auditoría tradicional.

El mecanismo arranca con una presunción en contra del contribuyente: la orden de visita señala expresamente por qué el SAT sospecha que los CFDI emitidos son falsos. Desde el momento en que se notifica esa orden, el Certificado de Sello Digital (CSD) queda suspendido de forma inmediata, lo que impide emitir cualquier nueva factura hasta que se resuelva el procedimiento.

La visita puede realizarse en el domicilio fiscal, en bodegas, oficinas, puntos de venta fijos o semifijos, o en cualquier lugar vinculado a las operaciones facturadas. Durante la inspección, los visitadores del SAT están facultados para documentar sus hallazgos con fotografías, grabaciones de audio y video.

Cinco días para probar, 24 para resolver

Una vez iniciada la visita, el contribuyente cuenta con 5 días hábiles para presentar las pruebas que desvirtúen la presunción de falsedad. La autoridad tiene 15 días hábiles adicionales para emitir su resolución. El proceso completo puede concluir en menos de un mes.

Desde el 1 de enero de 2026, el SAT puede verificar si las transacciones registradas en un CFDI son reales, solicitar evidencia al contribuyente y, si determina que el comprobante es falso, publicar el nombre y el RFC del emisor en su portal y en el Diario Oficial de la Federación. El procedimiento completo puede resolverse en 24 días hábiles, un plazo que los especialistas consideran extraordinariamente breve para reunir la documentación exigida.

Si el contribuyente no logra desvirtuar la presunción, los CFDI se declaran falsos con efectos generales y el CSD se cancela de forma definitiva.

Qué documentos exige ahora el SAT

Contratos, estados de cuenta y facturas son apenas el punto de partida. Según los criterios del SAT y la regla 2.9.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, el expediente de materialidad debe demostrar cuatro elementos:

Sustancia económica: la operación debe tener un propósito de negocio real, no solo un beneficio fiscal.

Capacidad operativa del proveedor: personal inscrito en el IMSS suficiente para ejecutar el servicio, infraestructura verificable, domicilio fiscal localizable y actividad económica registrada congruente con lo facturado.

Evidencia de prestación: entregables, reportes, fotografías del trabajo realizado, bitácoras, correos electrónicos con metadatos, órdenes de compra y minutas.

Trazabilidad financiera: pagos mediante transferencia electrónica (SPEI) o cheque nominativo. Los pagos en efectivo superiores a $2,000 MXN no acreditan materialidad. Además, los contratos deben estar protocolizados ante fedatario público para garantizar la fecha cierta.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) emitió el 16 de enero de 2026 un comunicado en el que instó a los contribuyentes a conservar y organizar toda esa documentación —tanto física como digital— antes de que llegue una notificación del SAT, no después.

El efecto dominó sobre quienes recibieron las facturas

Las consecuencias no se limitan al emisor del comprobante declarado falso. Los contribuyentes que recibieron esos CFDI —y los utilizaron para deducir gastos o acreditar IVA— pierden la posibilidad de demostrar por su cuenta la materialidad de las operaciones.

Su única salida es presentar una declaración complementaria dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación en el Diario Oficial, revirtiendo todos los efectos fiscales aplicados. Si no lo hacen en ese plazo, el SAT restringe también su propio Certificado de Sello Digital, dejándolos sin capacidad de facturar.

La reforma tipifica como delito —con penas de 2 a 9 años de prisión— la expedición, adquisición, compra o uso de comprobantes fiscales falsos, tanto para quienes los emiten como para quienes les dan efectos fiscales a sabiendas. Las multas pueden alcanzar el 55% del monto total facturado.

Algoritmos e inteligencia artificial: el SAT ya sabe a quién visitar

La selección de contribuyentes sujetos al artículo 49 Bis no es aleatoria. El SAT opera modelos algorítmicos que cruzan en tiempo real los CFDI emitidos y recibidos, las declaraciones de impuestos, los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la información bancaria y los datos de comercio exterior.

Cuando ese cruce detecta inconsistencias —por ejemplo, un proveedor que factura servicios de ingeniería sin trabajadores registrados ante el IMSS, o una empresa con deducciones que superan cuatro veces el monto de sus créditos fiscales pendientes— el sistema genera una alerta que puede derivar en la activación automática del procedimiento expedito.

El punto más relevante para el contribuyente es la inversión de la carga probatoria: no es el SAT quien debe demostrar que la operación fue falsa, sino el contribuyente quien debe probar que fue real. Para 2026, la autoridad tiene programadas más de 16,200 auditorías, con criterios uniformes aplicados en las 32 entidades federativas.

Un juez de control vinculó a proceso a ocho presuntos integrantes de la red delictiva “Del Caballito” por su participación en la expedición de comprobantes fiscales falsos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos que habrían generado facturas por más de 12 mil millones de pesos en al menos tres años de operación en cinco estados del país.

La autoridad judicial también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra y estableció dos meses como plazo para la investigación complementaria.

La vinculación a proceso de los ocho integrantes fue confirmada este 4 de junio por la Fiscalía General de la República (FGR), quien no reveló el sitio donde se encuentran recluidos. Sin embargo, medios nacionales han indicado que sería el Penal Federal de Michoacán.

La FGR presentó los datos de prueba

Según información oficial, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional, lo que obligó a la Fiscalía General de la República a exponer datos de prueba adicionales ante el juez.

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero sostuvo la acusación con el respaldo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.

Tras exponer las pruebas suficientes, el juez dictó la vinculación a proceso de las siguientes ocho personas:

• Maikol “N”
• Salvador “N”
• Laura “N”
• Luis “N”
• Manuel “N”
• Elda “N”
• Montserrat “N”
• Lilia “N”

Las investigaciones de la FGR señalaron a Maikol “N” y a Salvador “N” como los presuntos líderes de la organización.

Las ocho órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas en cateos ejecutados en Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.

Así operaba la banda Del Caballito

El vocero de la FGR, Ulises Lara López, explicó el 1 de junio que la red se acercaba a empresas reales para ofrecerles mecanismos de evasión fiscal.

“Estas personas se acercaban a las empresas, les presentaban esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal y hacían las operaciones falsas para justificar la emisión de facturas falsas”, declaró.

La organización constituía empresas fachada, realizaba deducciones legítimas por clientes reales y distribuía los beneficios.

Para darle apariencia de legalidad, también operaba una asociación civil que ofrecía asesoramiento en materia de planeación laboral.

El esquema permitía a las empresas beneficiadas evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y ocultar el origen de los recursos.

Las 15 empresas y asociaciones civiles identificadas tenían domicilios fiscales en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.

Uno de los inmuebles asegurados contaba con una placa en la fachada que simulaba un caballito de ajedrez en dorado, símbolo que presuntamente da el nombre a la red.

El operativo desplegó 440 elementos en nueve estados

La desarticulación de la red fue revelada el 29 de mayo tras un operativo en el que participaron 440 elementos distribuidos en nueve estados.

Las autoridades ejecutaron cateos simultáneos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

El operativo permitió asegurar 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas, además de divisas en siete monedas:

• 1 millón 90 mil 550 pesos
• 106 mil yenes
• Mil 700 libras esterlinas
• 370 soles
• Mil 570 euros
• Mil 50 coronas danesas

Entre los efectivos participantes hubo peritos especializados en criminología, informática forense, fotografía, video y contabilidad forense.

Lara López advirtió que las investigaciones continúan y que podrían hallarse más elementos vinculados a delincuencia organizada, lo que derivaría en un cambio en la pena.

El técnico uruguayo Guillermo Almada es la primera opción del América para suplir a André Jardine tras la inesperada salida del brasileño de la institución. El 3 de junio, a través de sus cuentas oficiales, el club anunció la desvinculación laboral de común acuerdo. El sudamericano deja al equipo tras 6 torneos cortos en los que consiguió el tricampeonato de la Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y un Campeones Cup.

SAT, un obstáculo entre Almada y el América

De acuerdo con reportes de ESPN, Récord y AS México, Guillermo Almada es la primera opción de la directiva. Sin embargo, dos temas podrían impedir la llegada del uruguayo al banquillo de Las Águilas.

El periodista Carlos Ponce de León informó que los representantes de Almada buscan que América eleve la oferta salarial de 2.5 a 3 millones de dólares anuales. Por su parte, Fox Sports reportó que fuentes cercanas al club confirmaron que el técnico sudamericano pretende incluir una cláusula de liberación que le permita dirigir a la selección de Uruguay si la federación de su país lo solicita.

Ignacio “El Fantasma” Suárez, periodista de investigación, añadió otro factor que ha trabado las negociaciones: el litigio que Guillermo Almada mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presunta evasión fiscal, factor que influyó para que el uruguayo no firmara contrato con Club Cruz Azul en 2025.

El conflicto de Almada surgió porque la directiva de Santos se comprometió a gestionar y pagar los impuestos de los jugadores y el técnico, pero no cumplió, dejando una deuda con el SAT de aproximadamente 12 millones de pesos.

“Almada tiene un requerimiento de Hacienda y está litigando porque lo requirieron por un pago mayor de 12 millones de pesos. Cuando dirigió al Club Santos, tenía dos contratos; él tenía el contrato que era libre de impuestos, pues alguien no pagó y fue requerido fiscalmente. Ahora dice: “Bueno, yo regreso, pero ayúdenme también a destrabar, a destrabar eso que tiene pendiente”.

En ese mismo espacio, el comunicador Luis Castillo indicó que el directivo Bernardo Gómez, en representación de Grupo Ollamani y General Atlantic, establecería un puente entre la organización deportiva y el gobierno federal.

“El señor Gómez es el que hablará directo. Al estilo del PRI, O sea, ‘hablo directamente con la presidenta y la presidenta arregla ese asunto y Guillermo Almada puede regresar al futbol mexicano’”, indicó.

Se espera que las negociaciones finalicen este jueves para que el Club América haga el anuncio oficial el viernes 5 de junio, una semana antes del inicio del Mundial 2026.

¿Por qué se fue André Jardine?

Guillermo Almada llegaría con la misión de emular el éxito de André Jardine, el técnico con más títulos en la historia del América. León Lecanda, reportero de ESPN, informó en el programa Enfocados que el estratega brasileño tenía la intención de cumplir el año de contrato que mantenía con la institución.

No obstante, su proyecto no convenció al nuevo director general del club, Ferran Reverter, quien habría tomado la decisión de no darle continuidad al brasileño y rescindir su contrato tras no obtener ningún título en los últimos 18 meses.

Hay una nueva regla que cambia la forma en que el gobierno mexicano interactúa con las plataformas digitales que operan en el país.

No es un rumor ni una propuesta: ya está en vigor.

Desde el 1 de abril de 2026, las plataformas de streaming de entretenimiento, así como las aplicaciones de movilidad y hospedaje temporal deben abrir sus bases de datos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de forma permanente y en tiempo real.

La pregunta que muchos se hacen es si eso significa que alguien en Hacienda puede ver qué series consumes o con quién compartes tu cuenta.

La norma que lo hace posible

La respuesta corta es no, el SAT no puede ver con quién compartes tu cuenta o las series que consumes, pero lo que sí cambia es relevante, y conviene entenderlo bien.

El fundamento está en el artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), adicionado el 7 de noviembre de 2025 y vigente desde el primer día de abril de este año.

El texto es directo: los contribuyentes que presten servicios digitales en México deben permitir a las autoridades fiscales “en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

La norma aplica a cualquier plataforma que opere bajo los artículos 1o.-A BIS y 18-B de la Ley del IVA: streaming, transporte, hospedaje, comercio electrónico, educación en línea y cualquier servicio digital con usuarios en México.

No importa si la empresa tiene oficinas en el país o si opera desde el extranjero. Si sus usuarios están en México, la obligación aplica.

Lo que el SAT puede y no puede ver

El SAT aclaró en su Tarjeta Informativa 13 que la medida no constituye espionaje digital: “En ningún momento se establece que el SAT podrá acceder a la información de los usuarios o a la actividad que tengan en las plataformas, ni mucho menos se incluyen fines de vigilancia a las personas”.

Lo que sí puede consultar la autoridad es información fiscal de las plataformas como entidades comerciales: montos de operaciones, IVA trasladado, ISR retenido y métodos de pago.

En el caso de plataformas de intermediación (puentes para compras entre terceros) el acceso incluye datos del vendedor, anfitrión o prestador de servicio: nombre, RFC, CURP, CLABE bancaria y el desglose de cada transacción.

El acceso a esos datos no es mediante reportes periódicos. La plataforma debe habilitar una interfaz técnica propia y entregar al SAT un usuario y contraseña para consultarla.

La información debe estar disponible a más tardar al día siguiente de cada operación.

Qué sectores están en la mira

La obligación abarca a todos los prestadores de servicios digitales, pero los sectores con mayor exposición son cuatro:

1. Entretenimiento y streaming .
2. Comercio electrónico.
3. Transporte y entregas.
4. Hospedaje.

Las consecuencias de no cumplir

El artículo 30-B del CFF no deja margen de maniobra para las plataformas que se nieguen.

El incumplimiento activa los artículos de la Ley del IVA: bloqueo temporal del servicio digital en todo el territorio nacional, ejecutado a través de los concesionarios de la red pública de telecomunicaciones.

El SAT publicará en el Diario Oficial de la Federación y en su sitio web el nombre de la plataforma bloqueada y la fecha de inicio de la medida.

El desbloqueo solo ocurre una vez que la plataforma regularice su situación, y esa resolución también se hará pública.

Qué cambia para el usuario común

Si alguien consume estas plataformas sin vender ni prestar servicios a través de ellas, esta norma no afecta de forma directa.

El foco está en quienes generan ingresos: conductores, anfitriones, vendedores o cualquier persona física que cobre a través de estas plataformas.

Para ellos, el cambio es sustancial. Con el artículo 30-B del CFF, el SAT ya no espera la declaración anual para detectar ingresos no reportados: los tiene en tiempo real.

Recibir una herencia en México no implica, en automático, el pago de impuestos federales. Sin embargo, el proceso sí conlleva ciertas obligaciones fiscales que deben cumplirse ante el Servicio de Administración Tributaria para evitar inconsistencias o sanciones, especialmente cuando se trata de bienes de alto valor o de futuras operaciones como la venta de propiedades.

De acuerdo con la legislación vigente, los ingresos por herencias o legados están exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), aunque esto no exime a los beneficiarios de reportar la información correspondiente en determinados casos.

La regla del SAT sobre el ISR en herencias

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece, en su artículo 93, fracción XXII, que las personas físicas no deben pagar ISR por los ingresos obtenidos a través de herencias o legados.

Esto significa que recibir dinero, una casa u otros bienes no genera un impuesto directo por ese concepto. No obstante, la autoridad fiscal puede solicitar información para verificar el origen y legalidad de estos recursos.

Cuándo debes reportar una herencia

Aunque no se pague ISR, sí existe la obligación de reportar la herencia en la declaración anual cuando el valor individual de los bienes supera los 500 mil pesos, especialmente en el caso de inmuebles.

Si el monto es menor, no es obligatorio incluirlo, pero se recomienda conservar la documentación que respalde la operación. No reportarlo cuando corresponde puede generar discrepancias fiscales ante el SAT.

Otros impuestos y trámites a considerar

Además del ISR, existen impuestos locales que pueden aplicarse según el tipo de bien heredado. Entre ellos destaca el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), que puede ir del 2% al 4.5% del valor de la propiedad, dependiendo de la entidad.

En algunos estados también se contempla un impuesto sobre sucesiones. Si el heredero decide vender un inmueble, deberá pagar ISR por la ganancia obtenida en la operación.

Asimismo, cualquier ingreso adicional generado por los bienes heredados, como intereses o rendimientos, sí está sujeto a impuestos y debe reportarse.

Para formalizar el proceso, el heredero o albacea debe presentar documentos como el acta de defunción, identificación oficial, poder notarial, el formato correspondiente del RFC y el documento que acredite la aceptación del cargo. Tras completar el trámite, el SAT emite un acuse oficial como constancia.

Durante 2025, más de 10.8 millones de personas físicas en México presentaron su declaración anual con la expectativa de recibir un reembolso de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para una parte considerable de estos contribuyentes, el proceso resulta más largo de lo previsto, con demoras que pueden extenderse durante semanas e incluso meses. Otros, en cambio, reciben la notificación de que su saldo a favor ha sido rechazado o sometido a revisión.

Las causas detrás de estas postergaciones suelen generar incertidumbre entre los solicitantes. La Dra. Guadalupe Santos Moreno, académica de la Universidad Iberoamericana, señaló que rara vez existe una única razón para que una devolución se detenga. El organismo emplea mecanismos de control que cruzan la información declarada con la que se encuentra en sus bases de datos, en busca de discrepancias que puedan explicar la negativa.

El objetivo de estos filtros es claro: proteger las finanzas públicas e impedir devoluciones indebidas. No obstante, la especialista advirtió que la autoridad debe comunicar con precisión las razones de cualquier rechazo, fundamentando y motivando la decisión más allá de señalar simples inconsistencias.

¿Por qué el SAT no me ha devuelto mis impuestos?

La devolución de saldos a favor puede verse obstaculizada por diversas situaciones, algunas de las cuales están directamente relacionadas con la información presentada por el propio contribuyente. Entre los problemas detectados con mayor frecuencia se encuentran:

• Diferencias en los ingresos declarados frente a los datos registrados por el SAT.
• Errores en las retenciones reportadas por empleadores o instituciones financieras.
• Deducciones personales que no cumplen los requisitos legales establecidos.
• Inconsistencias en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
• Datos incorrectos en la cuenta bancaria proporcionada para el depósito.

Estos controles están diseñados para evitar pagos improcedentes, pero deben ir acompañados de explicaciones claras y detalladas. La autoridad fiscal no puede limitarse a señalar que existe una “inconsistencia”, debe fundamentar el motivo de la negativa o retraso.

¿Cuáles son las razones por las que el SAT niega o demora una devolución de impuestos?

La mayoría de los rechazos, según la académica, se origina en equivocaciones por las personas que realizaron su declaración anual. Los motivos más habituales incluyen:

• Deducciones mal documentadas o sin los soportes necesarios.
• CFDI’s con información incorrecta.
• Omisión de ingresos relevantes en la declaración.
• Diferencias entre lo declarado y lo reportado por terceros.

En ocasiones, los sistemas automatizados del SAT identifican diferencias que pueden aclararse o corregirse. En esos casos, se suspende la devolución automática y se solicita al contribuyente presentar documentación adicional o realizar el trámite de forma manual.

Para evitar esta situación que puede terminar en una auditoría o en requerimientos fiscales futuros, es necesario prestar atención a ciertas señales de alerta:

• Declarar ingresos diferentes a los registrados por la autoridad fiscal.
• Solicitar devoluciones que no corresponden al nivel de ingresos.
• Omitir ingresos por plataformas digitales, inversiones, arrendamientos o préstamos.
• Realizar depósitos bancarios cuya procedencia no pueda demostrarse.

Una devolución rechazada no implica necesariamente una falta grave, pero si existen inconsistencias importantes, el SAT puede iniciar procedimientos de comprobación y revisar la situación fiscal del contribuyente.

El Servicio de Administración Tributaria aplica en junio como todos los meses de 2026 inmovilizaciones de cuentas bancarias a personas físicas y morales con adeudos fiscales pendientes, en un procedimiento mensual que no requiere orden judicial ni sentencia previa.

La medida alcanza a cualquier institución financiera que opere en México, sin importar su origen.

El SAT puede congelar depósitos bancarios, inversiones y seguros con base en el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa han confirmado la legalidad de esta facultad. Solo se bloquea el monto equivalente al crédito fiscal más recargos y multas: la cuenta completa no puede quedar inmovilizada.

Causas que activan el bloqueo

La primera causal es la falta de pago de impuestos —ISR, IVA u otras contribuciones— dentro de los plazos oficiales. Cuando un adeudo se convierte en crédito fiscal firme, es decir, cuando el contribuyente agotó los plazos para impugnarlo o simplemente no lo hizo, el SAT queda habilitado para ordenar la retención de fondos de forma directa.

La omisión de declaraciones fiscales, tanto mensuales como anuales, es otra causa frecuente. El organismo cruza la información de bancos, emisores de facturas y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para detectar a quienes reciben ingresos sin reportarlos. Si el sistema detecta esa discrepancia, puede iniciar un cobro coactivo que incluye el congelamiento de cuentas.

Ignorar los requerimientos formales del Buzón Tributario —solicitudes de documentación, comparecencias o auditorías— también puede escalar hasta el bloqueo. Lo que comienza como un requerimiento administrativo puede derivar en una inmovilización si el contribuyente no responde.

Dos causales adicionales son las discrepancias entre ingresos declarados y movimientos bancarios, y el uso de facturas falsas o simulación de operaciones. Esta última es la más grave y puede activar sanciones penales además del bloqueo.

Nuevo requisito de garantía en 2026

Hasta 2025, interponer un recurso de revocación ante el SAT eximía al contribuyente de garantizar el crédito fiscal durante la tramitación. Esa facilidad desapareció con la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

El artículo vigésimo noveno transitorio de esa ley establece que quien presente un recurso de revocación debe constituir una garantía del interés fiscal.

El plazo para hacerlo es de seis meses a partir de la presentación del recurso, o de 10 días hábiles si la resolución llega antes de ese plazo. Las formas de garantía aceptadas, en orden de prelación, son: billete de depósito, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza y obligación solidaria de tercero. Los títulos valor y la cartera de créditos ya no son válidos.

Qué cuentas no pueden ser bloqueadas

El artículo 157 del CFF protege ciertos fondos de forma expresa. Las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias, están fuera del alcance de la inmovilización.

También quedan protegidas las cuentas de nómina donde se depositan sueldos, salarios y pensiones, así como los recursos vinculados a programas sociales del gobierno federal. En ningún caso el SAT puede inmovilizar un monto mayor al del crédito fiscal actualizado más sus accesorios legales.

Cómo opera el procedimiento

Una vez que el SAT emite la orden, la entidad financiera tiene tres días hábiles para ejecutar la inmovilización y notificarlo al organismo. El SAT, a su vez, debe informar al contribuyente en los tres días siguientes, a través del Buzón Tributario, por estrados o por edictos.

Si el monto bloqueado supera el crédito fiscal, el SAT debe ordenar la liberación del excedente dentro de los tres días posteriores a que tenga conocimiento del error. No existe un plazo máximo legal para mantener la inmovilización: los fondos permanecen retenidos hasta que el contribuyente pague, ofrezca garantía suficiente o un tribunal ordene el levantamiento.

El rumor viral que el SAT desmintió

Un video publicado en TikTok en abril de 2026 acumuló más de 529 mil reproducciones al afirmar que la llamada “Ley de Moneda Digital Obligatoria 2026” permitiría al SAT congelar automáticamente las cuentas de quienes tuvieran más de $50,000 pesos en efectivo o en aplicaciones financieras.

La plataforma de verificación Verificado.com.mx y el propio SAT desmintieron la afirmación. El Diario Oficial de la Federación, la Cámara de Diputados, el Senado y el Sistema de Información Legislativa no registran ninguna norma con ese nombre ni ninguna iniciativa relacionada. En enero de 2026, el organismo tributario aclaró que “es totalmente falso” que cuente con atribuciones para ejecutar bloqueos masivos de cuentas por supuestos incumplimientos o por el monto de los depósitos.

Cómo recuperar el acceso a una cuenta bloqueada

El primer paso es acudir a la sucursal bancaria para obtener el número de oficio que ordenó la inmovilización y el monto exacto reclamado. Con esos datos, el contribuyente debe agendar una cita en el portal oficial del SAT bajo el concepto de “Adeudos Fiscales” o “Aclaraciones”.

Para desbloquear la cuenta, el contribuyente puede liquidar el adeudo en una sola exhibición, solicitar un convenio de pago en parcialidades —si el SAT lo autoriza— o presentar una garantía válida. El proceso de liberación tarda entre tres y 10 días hábiles una vez regularizada la situación.

Existen tres vías de defensa legal: el recurso de revocación ante el propio SAT, con un plazo de 30 días hábiles; el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con un plazo de 30 a 45 días hábiles; y la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que puede actuar como intermediaria cuando detecta irregularidades en el procedimiento.

Más de 1.100 profesores del sistema universitario californiano pidieron restablecer la Prueba de Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en inglés) como requisito de ingreso. Los docentes aseguran que la ausencia de exámenes estandarizados derivó en un descenso del nivel académico.

La medida de eliminar el SAT buscaba beneficiar a grupos históricamente desfavorecidos. Los docentes advierten que la ausencia de esa prueba ha generado problemas, especialmente en carreras científicas, y señalan que los efectos negativos se extienden a toda la comunidad universitaria, según informó el diario estadounidense, The Wall Street Journal.

El reclamo de los docentes de la Universidad de California

En una carta entregada la semana pasada, profesores de matemáticas y ciencias de la UC advirtieron sobre "graves deficiencias en la preparación" de los nuevos ingresantes. Según el texto, casi un tercio de los estudiantes que ingresaron a cálculo en UC Berkeley mostraron carencias educativas que obligaron a los docentes a repasar contenidos de secundaria en vez de avanzar en los programas universitarios.

“La UC cuenta con recursos limitados y solo puede ayudar a un número reducido de estudiantes”, señalan los firmantes.

El reclamo central apunta a que, si no se corrige el rumbo, la economía tecnológica de California podría verse dañada por la falta de graduados suficientemente preparados en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). Los profesores plantean que la sobrecarga de trabajo y el uso intensivo de recursos afectan a toda la comunidad académica.

¿Por qué se eliminó el SAT y cómo impacta a los estudiantes vulnerables?

La Universidad de California eliminó en 2020 el requisito del SAT o ACT para el ingreso, siguiendo una tendencia nacional que se aceleró durante la pandemia. Críticos como Harry Feder, director ejecutivo de FairTest, argumentan que las pruebas estandarizadas “limitan las oportunidades de los estudiantes negros, hispanos y de bajos recursos” porque muchas veces no reflejan el potencial de quienes provienen de contextos desfavorecidos.

Actualmente, más del 90% de las universidades de Estados Unidos no solicita pruebas estandarizadas, según datos citados por Feder a The Wall Street Journal. Sin embargo, algunos profesores advirtieron que eliminar el SAT dificulta comparar objetivamente a los postulantes, sobre todo ante la inflación de calificaciones en la secundaria.

Consecuencias en la preparación académica

Desde que la UC eliminó los exámenes, creció la proporción de estudiantes que deben cursar clases de refuerzo en matemáticas antes de avanzar a niveles superiores. Un informe de la Universidad de California en San Diego reveló que entre 2020 y 2025 el porcentaje de alumnos inscritos en cursos remediales subió de 0,5% a 8,5%.

Esto implica que cada vez más estudiantes ingresan sin los conocimientos necesarios para afrontar la carga académica de carreras científicas y técnicas. La carta de los profesores expone que, para avanzar en materias como cálculo, los docentes deben repasar conceptos de secundaria, lo que retrasa el avance académico.

El debate sobre equidad y acceso

La intención de eliminar el SAT fue ampliar el acceso universitario y reducir las barreras para los grupos tradicionalmente excluidos.

Sin embargo, el debate persiste: aunque la medida buscó beneficiar a estudiantes negros, hispanos y de bajos recursos, algunos expertos y docentes plantean que la ausencia de pruebas objetivas puede dificultar la identificación de talento en esos mismos grupos, especialmente cuando las calificaciones de las escuelas secundarias no son comparables entre sí.

Mientras la Universidad de California mantiene un sistema de admisión “sin exámenes”, otras instituciones han comenzado a revertir la tendencia. El MIT restableció el SAT en 2022 para medir mejor la preparación de los postulantes y detectar talento en entornos desfavorecidos.

Dartmouth College también volvió a exigirlo en 2024. Yale, que había eliminado los exámenes en 2020, decidió en 2024 volver a requerir una puntuación del SAT o ACT, formalizando el requisito para las próximas generaciones.

Por el contrario, las instituciones del sistema de la Universidad de California no consideran las calificaciones de exámenes estandarizados ni recopilan esos datos durante el proceso de admisión.

El argumento de los docentes y el futuro del SAT en California

“Ya estamos viendo las señales de alerta: trayectorias más largas para completar los cursos prerrequisito, menor preparación para los cursos avanzados y una creciente presión para diluir el rigor cuantitativo”, advierten los docentes.

Los profesores insisten en que, si la tendencia no se revierte, habrá una disminución en las tasas de graduación, un mayor tiempo para obtener el título universitario y menos egresados en carreras CTIM, lo que impactaría directamente en la fuerza laboral calificada del estado.

El presidente del Senado Académico de la UC, Ahmet Palazoglu, informó que el organismo está revisando las políticas y requisitos de admisión.

Mientras tanto, la universidad aconseja a los aspirantes dedicar el tiempo que antes invertían en la preparación para exámenes estandarizados a fortalecer su desempeño en las clases, participar en actividades extracurriculares y elaborar ensayos de calidad, según el portal oficial de UCLA.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima informó que este viernes 29 de mayo vence el plazo para pagar la segunda cuota del impuesto al patrimonio vehicular. En ese marco, la entidad difundió el ranking de distritos con más vehículos afectos al tributo, un indicador que refleja qué jurisdicciones concentraron más vehículos nuevos en los últimos tres años.

De acuerdo con el SAT de Lima, en Lima Metropolitana hay 189 993 vehículos registrados cuyos propietarios deben cancelar este impuesto, que grava la propiedad de automóviles, camionetas, station wagons, camiones, remolcadores o tracto camiones, buses y ómnibuses.

Top 5 de distritos con más vehículos nuevos: Surco, SJL y SMP a la cabeza

Según el reporte difundido por el SAT de Lima, el liderazgo lo mantiene Santiago de Surco y, detrás, aparecen distritos de Lima Este y Lima Norte. Este es el top 5:

1. Santiago de Surco: 19 164 unidades.
2. San Juan de Lurigancho (SJL): 11 604 unidades.
3. San Martín de Porres (SMP): 11 596 unidades.
4. Ate: 10 054 unidades.
5. La Molina: 8607 unidades.

En el siguiente bloque del ranking se ubicaron Miraflores (8577), Comas (7256), Cercado de Lima (7174) y Los Olivos (6923). Con esos datos, el registro muestra que SJL, SMP y Ate figuran entre los distritos que concentraron más unidades nuevas afectas al impuesto, por encima de Miraflores y también por encima de La Molina, aunque este último distrito sí aparece dentro del top 5.

Vence el 29 de mayo: qué se paga y quién está obligado

El impuesto al patrimonio vehicular es de periodicidad anual y se paga durante tres años, contados a partir del año siguiente al que se realizó la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular, según la información institucional del SAT.

La obligación recae en el propietario del vehículo al 1 de enero de cada año en que corresponda tributar. La tasa del impuesto es 1% de la base imponible. El SAT precisó que el monto a pagar no puede ser inferior al 1.5% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponde el impuesto.

La base imponible, además, se construye a partir del valor original de adquisición, importación o ingreso al patrimonio, y no puede ser menor a la tabla referencial que aprueba cada año el Ministerio de Economía y Finanzas, con un ajuste por antigüedad del vehículo.

Cómo consultar y pagar desde casa: web del SAT, bancos y Yape

Para facilitar el trámite y evitar colas, el SAT de Lima recordó que la consulta del monto y el pago pueden hacerse de forma 100 % digital.

El contribuyente puede ingresar a www.sat.gob.pe y elegir la opción “Paga tus tributos y papeletas” para realizar la consulta rápida. El pago, según la entidad, puede completarse desde la web del SAT, mediante plataformas de bancos afiliados o con la billetera digital Yape.

El SAT también indicó que los ciudadanos pueden usar la Agencia Virtual SAT las 24 horas para realizar operaciones de manera rápida y segura.

Sorteo por pagar a tiempo: gift cards, vales y un Smart TV

Como incentivo para el cumplimiento, el SAT de Lima, con el auspicio de Yape, anunció un sorteo virtual entre los contribuyentes que paguen dentro del plazo. Los premios incluyen gift cards de S/1000 y S/500, vales de combustible por S/100 y un Smart TV de 75”.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra Aquivaldo Mosquera, exjugador de futbol y excapitán del América, por el presunto delito de defraudación fiscal.

En los próximos días, las autoridades definirán qué juzgado llevará el proceso, luego de que el caso fuera turnado de un tribunal administrativo a uno penal en la Ciudad de México.

Según reportes judiciales, Mosquera promovió un amparo ante la indagatoria que realiza el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero. El expediente corresponde al número FED/FECOC/UEIDFF/CDMX/0000305/2022 y se relaciona con presuntas irregularidades fiscales en los ejercicios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. La carpeta de investigación fue abierta en 2022.

¿Por qué lo acusan?

La acusación principal apunta a una posible irregularidad en el domicilio fiscal reportado por Mosquera durante su etapa en el futbol mexicano. Versiones cercanas al caso señalan que el problema estaría relacionado con un aspecto administrativo en la gestión de su dirección fiscal, y no con una conducta dolosa.

Mosquera ha declarado que nunca tuvo problemas con el SAT y que cualquier requerimiento previo se resolvió a través de su contador: “Llegó un requerimiento una vez, se aclaró el tema de que habían puesto algo mal y ya, fue todo, desde que llegué acá a México, estuve al día con todos esos temas con el contador, quién sabe qué puede ser, pero para eso estamos aquí”, dijo en mayo de 2021.

En marzo pasado, los abogados que representan al exdefensor confiaban en que el caso pudiera solucionarse mediante justicia alternativa, ya que este tipo de delitos admite acuerdos con el SAT para regularizar la situación fiscal.

Mosquera promovió un amparo para protegerse de la investigación. El trámite llegó primero al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pero ese tribunal rechazó el caso: consideró que el asunto no es de naturaleza administrativa sino penal, por lo que no le correspondía resolverlo.

El expediente fue entonces enviado al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. Sin embargo, ese juzgado tampoco aceptó la conclusión de su contraparte.

En acuerdo del 20 de mayo de 2026, el tribunal penal devolvió el expediente al juzgado administrativo y le pidió que reconsiderara su postura: “Este órgano jurisdiccional no comparte la conclusión a la que arribó el juzgado declinante. Remítase el expediente original al órgano jurisdiccional declinante, previa copia certificada que se obtenga de él”.

En términos simples: ninguno de los dos juzgados quiere asumir el caso. Esa disputa de competencia es lo que mantiene en pausa la resolución del amparo de Mosquera y lo que se deberá definir en los próximos días.

¿Quién es Aquivaldo Mosquera y cómo le afectó el caso?

Aquivaldo Mosquera tiene 44 años, nació el 22 de junio de 1981. En México jugó para Pachuca y América, donde fue campeón y referente en la defensa. Es recordado por su liderazgo y por su participación en la final del Clausura 2013, cuando marcó un gol decisivo para el título de las Águilas.

El proceso judicial ha tenido consecuencias concretas en su vida profesional. Mosquera tenía prevista una actividad como embajador del América en Estados Unidos, pero la investigación le impidió concretarla:

“A mí me llevaban con América a ser embajador en Estados Unidos, y ahora ya no podré ir y se pierde la oportunidad de seguir vigente, y obviamente afectan muchas cosas”, dijo en su momento.

El futuro legal del exjugador colombiano depende de la resolución sobre la competencia judicial y de la posible solución administrativa del tema fiscal. Mientras tanto, sigue pendiente la determinación de la autoridad responsable y la definición final del proceso.

Durante 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementa procedimientos de fiscalización que incluyen la figura de la visita domiciliaria exprés, de acuerdo con la reforma al Código Fiscal de la Federación y lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta modalidad, establecida en el Artículo 49 Bis, permite al SAT acudir a los domicilios fiscales de contribuyentes para verificar la autenticidad de operaciones y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, especialmente en materia de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

El SAT señala que estas visitas no forman parte de operativos masivos ni inspecciones indiscriminadas. La autoridad realiza la selección de los sujetos a través de análisis de riesgo fiscal y criterios objetivos, relacionados con discrepancias entre lo declarado y lo facturado o con inconsistencias detectadas por los sistemas internos del SAT. Pueden ser objeto tanto personas físicas como morales, en sus domicilios fiscales, sucursales, oficinas, bodegas o cualquier lugar registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

En qué consisten las visitas exprés

Las visitas domiciliarias exprés permiten al SAT recabar evidencia física y documental para comprobar la existencia real del contribuyente y la materialidad de las operaciones facturadas. La autoridad puede solicitar acceso a contabilidad, documentos, bienes, mercancía y cualquier elemento vinculado a la actividad económica.

El procedimiento incluye la posibilidad de utilizar medios tecnológicos: los visitadores pueden tomar fotografías, videos y grabar audio para documentar la infraestructura, activos, personal, inventarios y cualquier elemento que respalde las actividades declaradas. Toda la evidencia digital se anexa al acta de visita para sustentar la revisión.

La reforma establece que, si durante la visita se identifican irregularidades graves, el SAT puede restringir temporalmente el uso del Certificado de Sello Digital (CSD), lo que impide al contribuyente emitir facturas electrónicas. El proceso exprés permite que la autoridad agilice la detección de operaciones simuladas y combate el uso de comprobantes fiscales apócrifos.

Procedimiento y formalidades

El personal del SAT debe cumplir con requisitos legales precisos para realizar una visita domiciliaria. La autoridad entrega una orden de visita debidamente fundada y motivada, que especifica el alcance y objeto de la diligencia.

Los visitadores deben identificarse oficialmente, exhibir la orden y entregar la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado al inicio de la visita.

El contribuyente tiene derecho a solicitar la verificación de identidad de los funcionarios, nombrar testigos, recibir copias de las actas y aportar pruebas o documentación que respalden la existencia y veracidad de sus operaciones. La autoridad está obligada a respetar las formalidades establecidas en la ley y la inviolabilidad del domicilio, excepto cuando se cumplan todos los requisitos legales.

Durante la visita, el SAT puede solicitar acceso a documentos y evidencias que permitan corroborar la existencia de bienes, servicios, servicios prestados, contratos, bitácoras, fotografías, registros de personal y cualquier elemento que respalde la operación económica.

Plazos y efectos de la visita exprés

Una vez levantada el acta de la visita exprés, el contribuyente dispone de cinco días hábiles para presentar pruebas que desvirtúen las sospechas u observaciones formuladas por la autoridad. El SAT debe emitir una resolución en un plazo máximo de 15 a 24 días hábiles.

Si la autoridad determina que existen operaciones simuladas, facturación sin sustento real o uso de comprobantes fiscales apócrifos, puede desconocer los efectos fiscales de los CFDI, determinar créditos fiscales, suspender o cancelar los sellos digitales e integrar expedientes para posibles delitos fiscales.

Las grabaciones, fotografías y demás evidencia digital recabada durante la visita pueden ser utilizadas como prueba dentro del procedimiento, pero no constituyen sanción automática.

Derechos y recomendaciones para contribuyentes

El SAT y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) destacan que los derechos constitucionales y las garantías legales del contribuyente permanecen vigentes durante todo el procedimiento.

El contribuyente debe recibir la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado y puede solicitar asesoría de la Prodecon en caso de diferencias de criterio con la autoridad.

Entre las recomendaciones oficiales para enfrentar una visita domiciliaria exprés destacan:

• Mantener actualizado el domicilio fiscal
• conservar organizada la documentación de materialidad (contratos, bitácoras, registros, fotografías, evidencia de servicios)
• Verificar que la operación real coincida con lo facturado y capacitar al personal sobre el protocolo ante la llegada de funcionarios del SAT.
• El contribuyente puede consultar la autenticidad de los visitadores mediante el escaneo del código QR de sus credenciales en la aplicación oficial del SAT.
• Toda evidencia multimedia recabada por la autoridad debe manejarse bajo protocolos de confidencialidad y exclusivamente para fines fiscales.

Las visitas domiciliarias exprés no sustituyen los procedimientos tradicionales de fiscalización, pero permiten a la autoridad actuar de manera más ágil ante indicios de irregularidades, siempre bajo el marco legal y el respeto a los derechos del contribuyente.

Solicitar una aclaración de adeudo reportado en el Buró de Crédito por información del SAT es un trámite que puede realizarse en línea a través de la plataforma oficial. Para iniciar el proceso, los usuarios deben cumplir ciertos requisitos y seguir pasos específicos establecidos en un documento oficial sobre el tema.

Entre los requisitos principales se encuentra la necesidad de tener a la mano el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la Contraseña asociada. Además, es obligatorio contar con los archivos electrónicos que respalden la aclaración, lo cual puede incluir documentos fiscales, comprobantes de pago o cualquier otro soporte relacionado con el adeudo. Un elemento adicional indispensable es un reporte de crédito donde aparezca el adeudo atribuido al SAT, siempre que este documento no supere el mes de antigüedad.

Para quienes han sido reportados en el Buró de Crédito por datos que provienen del SAT, el procedimiento para solicitar una aclaración en línea consta de cinco pasos.

El proceso inicia con el ingreso a la plataforma denominada Mi portal del SAT. El usuario debe acceder utilizando su RFC y la contraseña correspondiente, lo que garantiza que solo el titular de la información pueda avanzar en la solicitud.

Requisitos para solicitar aclaración ante el Buró de Crédito

El documento oficial detalla que los interesados deben reunir ciertos elementos antes de comenzar el trámite. Es obligatorio tener el RFC y la Contraseña activa para acceder a los servicios en línea.

También se requiere preparar los archivos electrónicos que sustenten la aclaración, como documentos que demuestren el pago del adeudo o alguna resolución emitida por el propio SAT.

Otro requisito fundamental es el reporte de crédito. Este debe mostrar específicamente el adeudo reportado por el SAT y no debe tener una antigüedad mayor a treinta días.

Si el reporte de crédito tiene más de un mes, será necesario solicitar uno nuevo antes de poder iniciar la aclaración. La documentación que respalde la solicitud debe estar digitalizada y lista para ser adjuntada durante el proceso.

Pasos para realizar la solicitud en línea

El procedimiento para aclarar un adeudo reportado por el SAT en el Buró de Crédito está detallado en cinco pasos principales. A continuación, los pasos que indica el documento:

Ingresar a Mi portal con el RFC y la contraseña correspondientes.

Localizar la opción Servicios por Internet en el menú principal.

Acceder al apartado Aclaraciones y seleccionar la opción Solicitud.

Elegir el trámite BURÓ DE CRÉDITO en la lista de trámites disponibles.

Capturar el motivo de la aclaración en el campo Asunto y detallar los números de adeudos en Descripción.

Adjuntar el reporte de crédito con antigüedad máxima de un mes y los archivos electrónicos que respalden la aclaración.

Hacer clic en el botón Enviar para formalizar la solicitud.

Cada paso busca facilitar la identificación y resolución de adeudos que el SAT haya reportado al Buró de Crédito.

Documentos y recomendaciones para el trámite

El documento subraya la importancia de que toda la información proporcionada sea clara y verificable. Si la documentación no coincide con los registros del SAT o si el reporte de crédito está desactualizado, la solicitud podría no proceder.

La plataforma Mi portal permite al usuario dar seguimiento a la solicitud. El proceso de revisión puede requerir tiempo, por lo que se recomienda conservar los acuses y comprobantes generados durante el trámite. El seguimiento se realiza también de forma digital a través del mismo portal.

Alcance del trámite

La aclaración del adeudo aplica exclusivamente para casos en los que la información reportada al Buró de Crédito proviene del SAT. Usuarios que detecten algún adeudo en su historial crediticio con origen en otros entes deberán dirigirse a la institución correspondiente.

El procedimiento descrito tiene como objetivo ofrecer una ruta directa y verificable para corregir reportes erróneos en el Buró de Crédito cuando estos estén vinculados con datos fiscales.

Para más detalles o aclaraciones adicionales, el documento sugiere consultar directamente las plataformas oficiales del SAT y el Buró de Crédito, donde se mantienen actualizados los requisitos y pasos a seguir.

La devolución de impuestos solicitada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede no llegar por un error en la cuenta bancaria registrada. Esta situación ocurre cuando el sistema detecta inconsistencias en los datos proporcionados, lo que impide completar el reembolso.

El SAT recomienda verificar si el motivo del rechazo corresponde a un dato erróneo en la cuenta y realizar la corrección directamente desde el portal, sin necesidad de acudir a una oficina.

Los motivos más comunes de rechazo relacionados con la cuenta bancaria incluyen datos incorrectos en los dieciocho dígitos requeridos, cuentas canceladas, bloqueadas o que no están a nombre del solicitante. Si el sistema marca este error, el usuario debe ingresar a la sección “Devoluciones y compensaciones” en la página oficial del SAT.

Al seleccionar la opción para corregir la cuenta bancaria, el contribuyente introduce los nuevos datos y adjunta un estado de cuenta actualizado, donde se refleje el nombre completo, el RFC y el número de cuenta.

Pasos para corregir la cuenta bancaria en el portal del SAT

Para modificar la cuenta registrada, la persona debe acceder al portal oficial y ubicar el trámite denominado “Presenta la corrección de cuenta para devoluciones no pagadas”. El procedimiento requiere:

• Ingresar con la e.firma o la contraseña del RFC
• Capturar los datos bancarios correctos y subir el estado de cuenta digitalizado con una antigüedad no mayor a tres meses.
• Una vez enviada la solicitud, el portal entrega un acuse de recibo y el trámite sigue su curso sin intervención presencial.
• El SAT precisa que la corrección del dato puede hacerse siempre que el estatus de la devolución indique inconsistencia por cuenta bancaria.

Este servicio está disponible para personas físicas y morales. El periodo estimado para procesar la devolución, una vez rectificados los datos, va de diez a cuarenta días hábiles, según la revisión de la documentación y la validación de la nueva información.

Durante ese lapso, el portal permite consultar el avance del trámite en el apartado “Seguimiento de Devoluciones” y recibir notificaciones a través del Buzón Tributario.

Documentación y requisitos para la corrección

El solicitante debe contar con e.firma vigente, RFC, contraseña de acceso y un estado de cuenta bancario donde se visualicen el RFC, el nombre completo del titular y el número de cuenta.

La documentación debe presentarse en formato digital, y el sistema solo admite archivos con una antigüedad máxima de tres meses. El trámite permite utilizar cualquier cuenta bancaria activa, siempre que el titular coincida exactamente con el RFC registrado ante el SAT.

Si el trámite se rechaza nuevamente, el usuario puede comunicarse con el SAT mediante el chat en línea o a través de MarcaSAT para recibir orientación sobre los motivos del rechazo y los pasos a seguir.

Consulta y seguimiento del estatus de la devolución

El portal del SAT ofrece seguimiento en línea sobre el estado de la devolución. Si la solicitud se rechaza otra vez, el sistema indica si persisten inconsistencias o si se requiere realizar una declaración complementaria para subsanar otros datos erróneos, como ingresos omitidos o deducciones no autorizadas.

El SAT señala la importancia de revisar a detalle los datos bancarios antes de enviar cualquier trámite para evitar demoras o rechazos adicionales.

Requisitos previos y puntos a considerar antes de corregir la cuenta

Antes de iniciar cualquier trámite de corrección, el SAT recomienda revisar que la cuenta bancaria esté activa, no tenga restricciones para recibir depósitos y se encuentre a nombre del solicitante.

El banco puede rechazar el pago si la cuenta está inactiva, cancelada o el nombre del titular no coincide con el RFC del solicitante. En estos casos, el sistema muestra el estatus “abono no efectuado” o “rechazada por el banco”.

La persona debe asegurarse de contar con la e.firma vigente, el RFC y la contraseña de acceso al portal. Para montos superiores a $15.000, el uso de la e.firma resulta obligatorio. Además, el estado de cuenta bancario debe estar en formato PDF, legible y sin alteraciones. La plataforma rechaza imágenes o capturas de pantalla.

Procedimiento para corregir la cuenta paso a paso

El usuario debe ingresar al Buzón Tributario del SAT con su RFC y contraseña. Elige el trámite “Modificar la cuenta asociada al trámite”, introduce la nueva cuenta bancaria y adjunta el estado de cuenta. El sistema solicita confirmación de los datos y genera un acuse de recibo electrónico, que respalda la actualización realizada. El trámite puede repetirse en caso de nuevos rechazos, siempre que la devolución no haya sido depositada.

El SAT también permite corregir la cuenta mediante el trámite de devolución manual si la transferencia electrónica falla por razones ajenas al contribuyente. En cada caso, el sistema especifica el motivo del rechazo y habilita la opción para ingresar la nueva información bancaria.

Declaración complementaria en caso de rechazo persistente

Si después de corregir la cuenta el rechazo persiste, el SAT sugiere presentar una declaración complementaria. Para ello, el contribuyente ingresa al portal y selecciona la opción de declaración complementaria, elige el motivo del cambio y actualiza los datos requeridos.

El sistema solicita adjuntar la documentación necesaria. El proceso de revisión puede tomar entre diez y cuarenta días hábiles.

El SAT recuerda que los rechazos pueden deberse no solo a errores bancarios, sino también a omisión de ingresos, deducciones improcedentes o inconsistencias fiscales. El contribuyente debe analizar cuidadosamente el motivo comunicado por la autoridad y subsanar en su caso la información.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está obligado, según el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (CFF), a devolver los saldos a favor solicitados por los contribuyentes en un plazo máximo de 40 días hábiles a partir de la presentación de la declaración o solicitud correspondiente.

Si el SAT no cumple con este plazo y la solicitud fue presentada completa y en forma, el contribuyente tiene derecho a reclamar intereses moratorios conforme a la tasa oficial publicada en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026.

El porcentaje de intereses moratorios se aplica únicamente cuando la devolución no se realiza en el plazo legal y el contribuyente no incurre en omisiones o errores en la documentación entregada.

El cálculo de intereses inicia automáticamente a partir del día 41 hábil y continúa hasta el pago efectivo de la devolución.sales de intereses moratorios

El artículo 22 del CFF establece que el SAT tiene hasta 40 días hábiles para efectuar la devolución a partir de la presentación de la solicitud. Si la autoridad solicita información adicional, el plazo se suspende y se reanuda después de que el contribuyente atienda el requerimiento.

Porcentaje oficial de intereses moratorios que paga el SAT en 2026

El SAT paga 2.07% mensual de intereses moratorios sobre el monto no devuelto en tiempo a partir del día 41 hábil.

Este porcentaje está documentado en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 y en el artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación.

Para 2026, la tasa aumentó respecto al año anterior, cuando era de 1.47% mensual. El cálculo es automático y se aplica desde el día siguiente al vencimiento del plazo legal hasta la fecha de pago efectivo.

Paso a paso para reclamar intereses moratorios al SAT

1. Verifica la fecha de presentación de tu solicitud de devolución. El plazo de 40 días hábiles inicia al día siguiente de la presentación.

2. Revisa si el SAT emitió requerimiento de información. Si lo hizo, el plazo se suspende hasta que atiendas el requerimiento.

3. Calcula el vencimiento del plazo. Si han pasado 40 días hábiles sin resolución ni depósito, tienes derecho a intereses moratorios.

4. Prepara tu documentación: acuse de recibo de la solicitud de devolución, constancias de retención, comprobantes fiscales, estados de cuenta y cualquier comunicación del SAT.

5. Presenta un escrito libre dirigido al SAT por medio del Buzón Tributario, solicitando el pago de intereses moratorios. Adjunta pruebas de la fecha de la solicitud y del incumplimiento del plazo.

6. Da seguimiento a tu trámite en el portal del SAT o mediante el Buzón Tributario. Guarda toda la correspondencia recibida y enviada.

7. Si el SAT niega la solicitud o no responde, puedes interponer un recurso de revocación ante el propio SAT o un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un plazo de 30 días hábiles. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente puede asesorarte sin costo.

8. Conserva toda la documentación por al menos cinco años para futuras revisiones o procedimientos.

Fundamento normativo y derechos del contribuyente

Los derechos del contribuyente están protegidos por la normatividad fiscal. Si el SAT no cumple con la devolución en tiempo, el contribuyente puede exigir el pago de intereses. El cálculo se realiza desde el día siguiente al vencimiento del plazo hasta la fecha de pago efectivo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2026 que, en devoluciones por anulación de créditos fiscales, solo se pagan intereses si el tribunal lo ordena expresamente.

Esta resolución de la SCJN sobre créditos fiscales anulados y sus intereses sí forma parte del marco general de intereses moratorios del SAT, pero no aplica a cualquier devolución, sino únicamente a aquellas donde hubo un litigio y una sentencia de nulidad.

Para devoluciones ordinarias de saldo a favor, el interés moratorio es automático si el SAT no cumple el plazo legal.

Ambos temas tratan sobre intereses moratorios, pero su aplicación, origen y requisitos son diferentes.

Estas normativas y organismos respaldan los derechos y pasos para reclamar intereses moratorios ante retrasos en devoluciones fiscales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México puso a disposición el simulador para la declaración anual, una herramienta digital que permite a los contribuyentes verificar y corregir su información fiscal antes de presentar la declaración oficial.

El simulador está disponible en el portal institucional y busca mejorar la precisión de los datos reportados, reducir errores y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias.

El acceso al simulador se realiza desde el sitio oficial del SAT. Los contribuyentes deben ingresar con RFC y contraseña o mediante la e.firma. Una vez dentro, es posible revisar la información precargada sobre ingresos, deducciones, retenciones y pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Esta opción no sustituye la declaración definitiva; su objetivo es ofrecer una vista previa y permitir que los usuarios identifiquen posibles inconsistencias o faltantes.

Paso a paso para utilizar el simulador del SAT

• Ingresa al portal oficial del SAT desde tu navegador.
• Haz clic en la sección “Declaración Anual” y selecciona la opción “Simulador”.
• Accede con tu RFC y contraseña, o utiliza la e.firma si lo prefieres.
• Verifica que tu buzón tributario esté activo y actualizado para poder avanzar.
• Una vez dentro, revisa la información precargada de ingresos, deducciones, retenciones y pagos provisionales que muestra el sistema.
• Si detectas errores, inconsistencias o información faltante, realiza las correcciones necesarias o prepara la documentación para aclaraciones.
• Consulta el cálculo preliminar que el simulador arroja sobre impuesto a pagar o saldo a favor.
• Si es necesario, elabora declaraciones complementarias desde el mismo portal para corregir datos previos.
• Guarda los cambios y utiliza las opciones de descarga para conservar tu simulación.
• Finaliza el proceso y repite la revisión si realizas modificaciones en tus datos antes de la fecha de presentación de la declaración formal.

Funcionamiento y acceso al simulador

El simulador está dirigido a personas físicas, incluidos quienes tributan bajo el régimen de sueldos y salarios, actividad empresarial, servicios profesionales, arrendamiento y plataformas digitales.

También pueden utilizarlo sociedades civiles, RESICO, asociaciones sin fines de lucro y contribuyentes en proceso de liquidación.

Para ingresar, es necesario contar con un buzón tributario activo y actualizado. El sistema valida la identidad del usuario y muestra la información fiscal precargada, recolectada por el SAT a partir de los comprobantes fiscales digitales (CFDI) y declaraciones previas.

Los contribuyentes pueden añadir deducciones personales o corregir datos antes de enviar la declaración definitiva cuando inicie el periodo oficial.

El simulador de declaración anual 2026 permite a los usuarios visualizar el resumen de ingresos, deducciones autorizadas y pagos efectuados durante el año fiscal.

El sistema alerta sobre inconsistencias, omisiones o datos que requieran aclaración, facilitando la corrección anticipada para evitar multas o requerimientos futuros.

Ventajas y novedades del simulador 2026

Entre las ventajas principales del simulador para 2026 se encuentra la precarga automatizada de información y la posibilidad de revisar el cálculo preliminar del impuesto a pagar o a favor. El sistema incorpora nuevas funciones para identificar errores frecuentes, como deducciones duplicadas, ingresos omitidos y diferencias en las retenciones reportadas por terceros.

El SAT indicó que el simulador contribuye a la transparencia y la cultura fiscal, permitiendo a los contribuyentes anticipar el resultado de su declaración y preparar la documentación necesaria.

Además, reduce el riesgo de auditorías al detectar y solucionar inconsistencias antes de la presentación oficial.

El uso del simulador es voluntario, pero se recomienda su empleo para todos los contribuyentes obligados a declarar, ya que ayuda a prevenir sanciones y promueve el cumplimiento adecuado de las obligaciones fiscales.

Utilidad fiscal y prevención de errores

El simulador ofrece la opción de presentar declaraciones complementarias si el usuario detecta errores en los datos precargados.

Esta función es escencial para quienes identifican diferencias entre los ingresos reportados por el SAT y los efectivamente percibidos, o para corregir deducciones no reconocidas.

El SAT destaca que el uso del simulador permite a los contribuyentes evitar multas, recargos y procedimientos de fiscalización, ya que los errores pueden corregirse antes de la declaración formal.

Además, proporciona una guía paso a paso para quienes realizan la declaración anual por primera vez, con tutoriales y asistencia en línea desde el portal institucional.

La herramienta representa un avance para la administración tributaria digital en México, facilitando el cumplimiento fiscal y fortaleciendo la relación entre contribuyentes y la autoridad.

El reparto de utilidades es un derecho constitucional que obliga a los empleadores en México a entregar a sus trabajadores una parte de las ganancias obtenidas por la empresa cada año.

Este mecanismo está previsto en el artículo 123 de la Constitución y el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo.

Por medio del reparto de utilidades, se reconoce la aportación de cada trabajador al crecimiento de la empresa, además de ser una obligación legal para los empleadores.

¿Cómo se calcula el monto que corresponde a cada empleado?

El monto que recibirás se determina a partir del 10% de las utilidades netas que reportó la empresa en el año fiscal anterior.

Esta cantidad se reparte en dos partes iguales: la primera se distribuye según los días trabajados en 2025; la segunda, de forma proporcional al salario cobrado durante el año.

Solo se consideran los salarios base, es decir, lo que se recibe por cuota diaria, sin contar horas extras, primas ni gratificaciones. Si el salario es variable, se utiliza el promedio anual.

Para trabajadores de confianza, existe un tope: su participación no puede superar el salario base anual más alto de los empleados sindicalizados o de base, más un 20%.

Además, el SAT establece que la cantidad máxima que se puede recibir por utilidades es de tres meses de salario o el promedio de las utilidades recibidas en los últimos tres años, el que resulte más favorable.

La institución indica que el empleador debe entregar a los representantes de los trabajadores una copia de la declaración fiscal anual, donde se señala el monto que corresponde a la participación de utilidades.

Esta información debe estar disponible para consulta dentro de los diez días siguientes a la presentación de la declaración.

¿Cuándo y cómo se pagan las utilidades?

De acuerdo con el SAT, el pago de utilidades debe realizarse en tiempo y forma, dentro de los 60 días naturales posteriores a la fecha de pago del impuesto anual: entre el 1 de abril y el 30 de mayo de 2026 en el caso de empresas, y del 1 de mayo al 29 de junio si se labora para una persona física.

Las empresas tienen hasta el 30 de mayo de 2026 para realizar el pago. Si trabajas para una persona física, el límite es el 29 de junio.

El pago debe realizarse en moneda nacional, directamente al trabajador. No es válido compensar este monto contra otras deudas ni cederlo al patrón o terceros.

Qué hacer si no se reciben utilidades o no se está de acuerdo con el pago

Si no se recibe el pago o la cantidad es menor a la que corresponde o tienes dudas sobre el cálculo, puedes presentar una objeción ante el SAT.

El procedimiento inicia con la entrega de la declaración fiscal anual por parte del patrón al sindicato o mayoría de trabajadores, junto con los anexos necesarios.

Se tienen 30 días hábiles para presentar el escrito de objeciones, contados a partir del fin del periodo para revisar las declaraciones fiscales entregadas por el patrón que debe contener las razones, los rubros objetados, domicilio para notificaciones y documentos que respalden la petición.

El SAT dispone de 30 días hábiles para admitir o descartar el escrito y puede requerir información adicional. Si la objeción determina un pago adicional, el patrón debe cubrirlo.

Para el caso individual, se cuenta con un plazo de un año para la reclamación, este proceso no lo lleva a cabo el SAT, se hace a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

Obligaciones del empleador y protección de tu derecho

El empleador debe realizar el pago de utilidades, presentar la declaración anual y entregar copia a los representantes de los trabajadores.

También debe poner a disposición de la Comisión Mixta de utilidades la lista de asistencia y otros elementos para elaborar el proyecto de reparto, fijándolo en un lugar visible del centro de trabajo.

La PROFEDET y el SAT son las instancias pertinentes para vigilar el cumplimiento, dependiendo del caso particular.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció como jurisprudencia que las notificaciones electrónicas personales en juicios de amparo, cuando se generan durante un día inhábil —incluidos fines de semana o días festivos—, tendrán efectos legales a partir del primer minuto del día hábil siguiente.

Este criterio aplica si la constancia se emite porque la persona consulta el portal en una fecha inhábil o si el sistema la genera automáticamente por falta de consulta dentro del plazo, de acuerdo con el comunicado de la SCJN del pasado 12 de mayo.

La resolución respondió a la Contradicción de Criterios 15/2026, discutida en sesión del Pleno, en la que dos tribunales colegiados sostenían posturas opuestas: mientras uno consideraba que los efectos de la notificación comenzaban al generarse la constancia, otro estimaba que debían arrancar hasta el día hábil posterior.

SCJN fundamentó su decisión en una interpretación sistemática de las reglas sobre notificaciones electrónicas y el régimen general de días hábiles de la Ley de Amparo. El Pleno concluyó que, aunque la normativa prevé que la notificación surte efecto con la generación de la constancia, ese principio debe armonizarse con la exigencia de certeza procesal para las partes y la prohibición de computar plazos en días inhábiles.

A partir de este fallo, la Suprema Corte unificó el criterio aplicable a tribunales federales y garantiza seguridad jurídica: los plazos procesales derivados de notificaciones electrónicas iniciarán exclusivamente en días hábiles.

La Suprema Corte declara inconstitucional el plazo para cancelar facturas electrónicas

El Pleno de la SCJN resolvió el pasado 30 de abril que las limitaciones temporales para la cancelación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) establecidas por la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 son inconstitucionales, pues restringen de forma irrazonable el derecho de los contribuyentes a autocorregir su situación fiscal, lo que afecta la seguridad jurídica durante procesos tributarios, de acuerdo con el fallo.

La decisión eliminó el plazo que obligaba a las personas morales a cancelar sus CFDI a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, y a las personas físicas hasta el 30 de abril, ampliando la posibilidad de modificar facturas sin límite temporal. Esta sentencia protege el derecho de autocorrección fiscal, al reconocer que la complejidad de las operaciones comerciales en México exige mayor flexibilidad.

El amparo en revisión 397/2025 surgió después de que el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México negara la protección constitucional en mayo de 2025 a una tercera persona moral y a varias sociedades anónimas de capital variable. La quejosa impugnó la constitucionalidad del artículo 22, fracción VI, que exigía plazos estrictos para la cancelación de comprobantes fiscales digitales por Internet.

En su resolución, la SCJN dictaminó que “resulta incompatible con la dinámica y complejidad de las operaciones comerciales” imponer esta restricción. El Pleno señaló que la norma reclamada sustituía al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, que solo permitía cancelar facturas en el mismo ejercicio en que se emitieron, mientras que la Ley de Ingresos 2025 autorizaba la cancelación solo hasta el último día del mes de la declaración anual.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa inhabilitó hasta por 10 años a cuatro ex servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar (Banbien) por faltas administrativas graves que incluyeron el robo de recursos de cuentahabientes y el uso indebido de datos personales de contribuyentes.

Las investigaciones contra los funcionarios fueron realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC) de ambas instituciones y derivaron también en sanciones económicas de hasta 250 mil pesos.

Los casos en el Banbien involucraron el retiro de recursos de cuentas bancarias sin consentimiento de los titulares por un monto superior a 275 mil pesos, además de la elaboración de conciliaciones con información falsa. En el SAT, la irregularidad consistió en asignar citas para trámites fiscales con datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución, lo que implicó el manejo no autorizado de información privada.

El caso fue revelado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez.

Tres ex funcionarios del BANBIEN recibieron la sanción máxima de 10 años

El exsubjefe de área Juan “D” y el exauxiliar de sucursal Orlando “P” fueron inhabilitados por 10 años y recibieron sanción económica tras acreditarse su participación en el retiro no autorizado de fondos de cuentas bancarias.

Las autoridades no revelaron la sucursal en la que laboraban los sancionados.

En el mismo banco, el exasistente administrativo Marco “M” también fue inhabilitado por una década y multado, en su caso por haber realizado conciliaciones con datos que no correspondían a la realidad.

Las sanciones económicas para los tres ex funcionarios del Banbien se encuentran dentro del rango establecido por el Tribunal, que fijó multas de entre 25 mil y 250 mil pesos.

La SABG precisó que las personas señaladas tienen derecho a impugnar las resoluciones, y que en ese caso la dependencia las defenderá con el respaldo de las evidencias recabadas durante las investigaciones.

En el SAT, la inhabilitación fue de un año por uso irregular de datos de contribuyentes

Un exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT, identificado como Víctor “R”, recibió una inhabilitación de un año para ejercer cargos en el servicio público.

El OIC del SAT documentó que utilizó datos personales de contribuyentes que no figuraban en el portal oficial de la institución para asignar citas de manera irregular, lo que constituyó una falta administrativa grave.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió el comunicado este 13 de mayo de 2026 e invitó a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción en el sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, disponible en su sitio web.

En otros hechos, fue inhabilitada distribuidora por falsificar documentos al IMSS

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por un año a HIMA Promotions, S.A. de C.V. y le impuso una multa de 643 mil 188 pesos tras detectar que presentó documentación falsa en un procedimiento de contratación con el IMSS. La sanción se derivó de la participación de la empresa en la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR012-T-202-2023, para la adquisición de medicamentos, donde entregó una carta de respaldo supuestamente emitida por la titular del registro sanitario, que resultó falsa.

La notificación se realizó hace un mes, el 13 de abril, y la publicación apareció el pasado 6 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

La empresa, originaria de Veracruz, quedó inscrita en el registro de proveedores y contratistas sancionados, lo que le impide participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con el Gobierno de México durante un año. Si al concluir ese plazo no ha pagado la multa, la prohibición se mantiene vigente hasta que acredite el pago ante la Secretaría y se elimine el registro en Compras MX.

La circular publicada en el Diario Oficial instruyó a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas públicas del Estado, la FGR, gobiernos estatales, municipios y alcaldías de la Ciudad de México a abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con HIMA Promotions durante el plazo de la inhabilitación. Los contratos ya adjudicados o formalizados antes de la publicación no se vieron afectados.

El historial de irregularidades de la empresa no era nuevo. En abril de 2024, la Cofepris la incluyó en su lista de distribuidores irregulares de medicamentos por incumplir la regulación vigente. En 2025 volvió a aparecer en esa lista, esta vez por falta de aviso de funcionamiento. Ese mismo año, HIMA Promotions había recibido un contrato del IMSS Hidalgo por 80 mil 694 pesos para suministrar meropenem solución inyectable.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el límite temporal que imponía el SAT para cancelar facturas electrónicas.

La resolución, emitida el 30 de abril de 2026 en el amparo en revisión 397/2025, elimina la restricción que obligaba a los contribuyentes a cancelar los CFDI sólo hasta marzo o abril del año siguiente, según su régimen.

El fallo protege el derecho de autocorrección fiscal y marca un precedente para otros límites similares que el SAT podría imponer en el futuro.

La decisión del Pleno de la SCJN se fundamentó en la incompatibilidad del artículo 22, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 con el principio de seguridad jurídica.

Establecer un plazo fijo, sostuvo la Corte, afecta el derecho de los contribuyentes a corregir su situación fiscal y no refleja la complejidad de las operaciones comerciales que realizan las empresas y personas físicas en México.

Posibles efectos futuros y extensión a otros límites fiscales

La resolución de la SCJN podría tener efectos más allá de la cancelación de facturas. Al declarar inconstitucional el límite temporal, abre la puerta a impugnaciones de otras restricciones administrativas impuestas por el SAT que afecten derechos fundamentales como la autocorrección y la seguridad jurídica.

La sentencia de la SCJN, por tanto, no sólo impacta la cancelación de CFDI vencidos, sino que marca una tendencia hacia la protección de derechos fundamentales frente a restricciones administrativas en materia fiscal en el país.

Fundamentos de la resolución de la SCJN

El recurso fue promovido por una persona moral y varias sociedades anónimas de capital variable, luego de que el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México negara el amparo el 13 de mayo de 2025.

El argumento central aceptado por la Corte fue que la norma imponía una regla invariable: los contribuyentes obligados a expedir CFDI debían cancelarlos a más tardar el último día de marzo del año siguiente para personas morales, y hasta el 30 de abril para personas físicas.

La SCJN determinó que dicha temporalidad era irrazonable y contraria al derecho de autocorrección fiscal. El Pleno sostuvo que limitar la cancelación de CFDI a ese periodo resulta incompatible con la dinámica y complejidad de las operaciones comerciales. Esta sentencia sienta un precedente que podría impactar otros límites administrativos fijados por el SAT.

La disposición impugnada modificaba el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, el cual en 2025 establecía que las facturas sólo podían cancelarse en el ejercicio en el que se emitían.

En contraste, la Ley de Ingresos de 2025 autorizaba la cancelación hasta el último día del mes de la declaración anual, lo que la SCJN consideró insuficiente desde la perspectiva de la seguridad jurídica.

Alcances de la sentencia y efectos para los contribuyentes

El fallo de la SCJN elimina cualquier límite temporal para cancelar los CFDI, abriendo la posibilidad de que los contribuyentes puedan corregir su situación fiscal en cualquier momento.

Esta decisión protege el derecho fundamental de los obligados fiscales a la autocorrección, un principio reconocido por la legislación mexicana.

Con la nueva interpretación, los contribuyentes ya no están obligados a cancelar sus facturas electrónicas antes de marzo o abril del año siguiente, dependiendo de si son personas morales o físicas.

La medida representa un cambio significativo en la administración tributaria y puede influir en la manera en que el SAT regula otros procedimientos.

La sentencia advierte que cualquier restricción debe ser razonable y congruente con la naturaleza de las actividades económicas. El Pleno de la SCJN subrayó que fijar un plazo invariable para la cancelación de CFDI no es compatible con la dinámica comercial vigente en México.

Algunos ejemplos de resoluciones de la SCJN que protegen al contribuyente

Protección contra fiscalización arbitraria (derecho a la privacidad): La SCJN estableció que las autoridades fiscales solo pueden acceder a datos y movimientos bancarios de los contribuyentes bajo condiciones legales estrictas.

Cada requerimiento debe estar debidamente fundado y motivado, informando de manera clara los motivos y el alcance de la revisión. El acceso discrecional a información fiscal por gobiernos u otras autoridades quedó restringido, exigiendo convenios de colaboración y justificación legal.

Acceso a la justicia y debido proceso: La SCJN validó y fortaleció el uso de herramientas digitales para el litigio fiscal. Los contribuyentes pueden presentar recursos y pruebas electrónicas sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México, lo que garantiza el acceso a la justicia y el debido proceso en procedimientos administrativos y fiscales.

Los tribunales deben aceptar promociones digitales y asegurar igualdad procesal.

Derecho a la dignidad humana y patrimonio moral: La SCJN priorizó la protección del patrimonio moral y la dignidad humana por encima del secreto fiscal en casos de daño moral. El tribunal estableció reparaciones integrales cuando se acredita la divulgación indebida de información personal, distinguiendo entre información de interés público y datos personales cuya difusión afecta la reputación y la moral de los afectados.

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) constituye un derecho constitucional en México, que permite a las personas trabajadoras recibir una parte de las ganancias anuales obtenidas por la empresa en la que laboran.

Este pago debe reclamarse dentro del año posterior al plazo marcado por la Ley Federal del Trabajo.

Para empresas constituidas como persona moral, el pago debe realizarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo de 2026. Para personas físicas empleadoras, el periodo va del 1 de mayo al 29 de junio del año en curso.

El beneficio aplica a empleados activos y a quienes hayan terminado la relación laboral, siempre que hayan laborado al menos 60 días, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

Estas personas no tienen derecho a cobrar utilidades en 2026

La Ley Federal del Trabajo ampara el derecho al reclamo en caso de incumplimiento, pero establece límites claros para quienes quedan fuera de la lista de beneficiarios.

No tienen derecho a cobrar utilidades estos trabajadores:

1. Trabajadores domésticos
2. Trabajadores eventuales que hayan trabajado menos de sesenta días en el ejercicio
3. Directores, Administradores y Gerentes Generales, así como socios o accionistas de la empresa, aunque hayan laborado todo el año.
4. Profesionistas técnicos y otros que, mediante el pago de honorarios presten sus servicios, sin existir una relación de trabajo subordinado
5. Quienes hayan trabajado bajo régimen de subcontratación sin cumplir los requisitos legales.

Ni las personas que laboran en empresas exentas por ley: aquellas en su primer año de operaciones, el IMSS, instituciones públicas dedicadas a actividades culturales, asistenciales o de beneficencia, así como empresas cuyo capital sea inferior al mínimo fijado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Cómo se calculan y pagan las utilidades en 2026

El monto destinado al reparto de utilidades se notifica a los empleados dentro de los diez días posteriores a la presentación de la declaración anual de impuestos del patrón.

El reparto se realiza en dos partes iguales: la primera se distribuye de manera equitativa entre todo el personal y la segunda en proporción al salario percibido durante el año.

Para empresas constituidas como persona moral, el pago debe realizarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo. Para personas físicas empleadoras, el periodo va del 1 de mayo al 29 de junio.

El cálculo las utilidades toma únicamente el salario diario ordinario, excluyendo horas extras y bonificaciones.

Para salarios variables, la ley obliga a usar el promedio anual. Si se trata de personal de confianza, se toma el salario más alto de un trabajador sindicalizado o de base más un 20% adicional.

Se consideran como días laborados los periodos en que el trabajador recibió sueldo sin prestar servicio, como incapacidades temporales por accidente, descansos semanales, vacaciones, días festivos y permisos con goce de sueldo.

Qué hacer si no recibes el pago de utilidades correspondiente

Toda persona trabajadora dispone de un año para reclamar el pago de utilidades faltante o incompleto.

El plazo inicia el día siguiente a la fecha límite de entrega establecida por la ley. Si la empresa cambia de razón social, el patrón sustituto debe responder por las obligaciones laborales durante los siguientes seis meses.

En caso de renuncia o despido, si la persona laboró más de 60 días, mantiene el derecho a recibir utilidades y puede solicitar el pago en la última dirección laboral antes del 31 de mayo de cada año.

Si el trabajador considera que el monto recibido no corresponde al que marca la ley, puede presentar una objeción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El incumplimiento en el pago puntual de utilidades puede derivar en multas para la empresa o el empleador.

La sanción mínima es de aproximadamente 29 mil 327 pesos mexicanos y la máxima de más de 500 mil pesos mexicanos, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En 2026, la devolución del saldo a favor del SAT se ha realizado en tiempo récord para miles de contribuyentes, pero existen casos en los que el depósito no llega en el plazo prometido.

Frente a esta situación, es fundamental conocer los pasos oficiales para resolver el atraso y las vías que ofrece el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para acelerar el proceso.

El SAT tiene la obligación legal de devolver los saldos a favor dentro de un plazo de 40 días hábiles. Sin embargo, este año, la autoridad informó que muchas devoluciones automáticas se han procesado en un promedio de tres a cinco días hábiles, especialmente para quienes presentaron su declaración anual sin inconsistencias y con datos correctos.

A pesar de este avance, el hecho de no recibir el depósito rápido no implica el rechazo inmediato del saldo a favor, ya que cada trámite puede enfrentar revisiones específicas o requerimientos adicionales.

Plazos y causas de retraso en la devolución del saldo a favor del SAT

El tiempo máximo legal para que el SAT resuelva una solicitud de devolución es de 40 días hábiles, según el Código Fiscal de la Federación (artículo 22). En 2026, la autoridad mantiene el compromiso de procesar devoluciones automáticas a personas físicas en un promedio de tres a cinco días hábiles, aunque el plazo puede extenderse si se detectan inconsistencias o se requiere información adicional.

El SAT depositó más de 2 mil 179 millones de pesos de ISR en solo tres días a contribuyentes que cumplieron con la declaración anual, pero advierte que cada caso pasa por filtros de validación, revisión de deducciones, verificación de CLABE interbancaria y cruce de datos fiscales. Por ello, aunque el promedio es bajo, algunos contribuyentes pueden recibir el pago semanas después o enfrentar revisiones puntuales.

Si no has recibido la devolución en el tiempo esperado, es posible que el trámite esté en revisión manual debido a errores en la CLABE bancaria, deducciones no reconocidas, e.firma vencida o diferencias entre lo declarado y lo registrado ante el SAT. La autoridad también puede emitir requerimientos de información, suspendiendo el conteo de días hasta que el contribuyente responda.

Cómo consultar el estatus y detectar inconsistencias

El primer paso ante un retraso es ingresar al portal oficial del SAT (sat.gob.mx), acceder a la sección de declaraciones y consultar el estatus de la devolución en el apartado “Devoluciones y compensaciones”.

Es imporntante revisar el buzón tributario, ya que el SAT comunica ahí cualquier requerimiento, rechazo o autorización.

Si el sistema indica que el saldo a favor no está registrado o la solicitud fue rechazada, puede deberse a errores en la declaración, CLABE interbancaria incorrecta, o deducciones sin comprobante fiscal digital (CFDI).

En ese caso, se recomienda presentar una declaración complementaria para corregir la información y volver a solicitar la devolución.

El SAT puede requerir documentación adicional —como estados de cuenta bancarios, constancias de retención o comprobantes de deducciones— a través del buzón tributario. Es fundamental responder en un plazo de 20 días hábiles para evitar la cancelación de la solicitud.

Motivos frecuentes de rechazo o revisión manual

Entre los errores más comunes que generan retrasos o rechazos en la devolución destacan:

• CLABE interbancaria incorrecta o cuenta bancaria no registrada a nombre del RFC del contribuyente.
• Deducciones personales sin comprobante fiscal válido.
• Declaración sin saldo a favor declarado en el sistema.
• E.firma vencida o contraseña incorrecta para devoluciones mayores a $10,000.
• Omisión de responder requerimientos del SAT.
• Diferencias entre datos precargados y lo declarado.

Cuando la devolución automática no procede, el contribuyente debe presentar una solicitud manual mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED), anexando la documentación que respalda el saldo a favor.

Opciones oficiales para acelerar el trámite

Si el SAT no ha realizado el depósito después de los 40 días hábiles, el contribuyente puede exigir el pago de intereses moratorios sobre el monto adeudado, conforme al artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación. El cálculo de intereses inicia desde el día 41 hábil tras la presentación de la solicitud.

Para acelerar el proceso, verifica que la e.firma esté vigente, que la CLABE interbancaria sea correcta y que todos los CFDI de deducciones estén en orden.

Si la devolución fue rechazada o no avanza, presenta una solicitud manual adjuntando los documentos requeridos. El seguimiento debe hacerse siempre por el buzón tributario; responder con prontitud a cualquier requerimiento es clave para evitar la cancelación.

Recomendaciones y canales oficiales del SAT

El SAT recomienda monitorear de forma regular el buzón tributario y el portal oficial para verificar el avance del trámite. Si se detecta algún requerimiento, atiéndelo en tiempo y forma. Para dudas o aclaraciones adicionales, el contribuyente puede acudir a las oficinas del SAT o consultar los canales digitales disponibles en sat.gob.mx.

Este año, el SAT ha destacado la rapidez en la devolución automática para la mayoría de los solicitantes. No obstante, en caso de no recibir el saldo a favor en el tiempo prometido, el organismo fiscal ofrece mecanismos claros y oficiales para reclamar, corregir inconsistencias y asegurar el depósito correspondiente.

La Policía de Investigación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lanzó una alerta nacional ante el aumento de fraudes cibernéticos que suplantan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el actual periodo de cierre fiscal.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes aprovechan el contexto tributario para atacar a los contribuyentes con mayor eficacia. El esquema combina correos electrónicos, mensajes de texto y sitios web apócrifos diseñados para imitar la apariencia oficial del SAT.

Para evitar este tipo de prácticas, aquí te decimos cómo evitarlas.

¿Cómo opera el engaño?

Los sitios y mensajes fraudulentos replican con detalle el aspecto visual del SAT: logotipos, lenguaje institucional e imágenes oficiales. Ante esa apariencia de legitimidad, muchos contribuyentes entregan sus datos sin cuestionar la procedencia de la comunicación.

Una vez que el usuario accede al enlace, se solicita la actualización de datos fiscales o el pago de adeudos que no existen. También promete devoluciones de impuestos que nunca se materializan, con el único fin de obtener información confidencial.

Los datos que los estafadores buscan son el RFC, la CURP, contraseñas de acceso y datos financieros. Con esa combinación, los criminales pueden suplantar la identidad del contribuyente o vaciar cuentas bancarias.

El mensaje falso que circula

Las autoridades difundieron un ejemplo concreto del tipo de señuelo que utilizan los estafadores. El texto del mensaje dice: “NO PRESENTASTE LA DECLARACION DE ABRIL. ISR, IVA REVISA: www.sat.gob.mx// consultas/44083/consulta-tu=ormacion-fiscal”.

La dirección web incluida en ese mensaje no corresponde al portal oficial del SAT. La URL legítima del organismo es únicamente www.sat.gob.mx, sin extensiones adicionales ni caracteres inusuales.

Los delincuentes también recurren a frases como “último aviso” o “acción inmediata requerida” para generar presión psicológica. Esa urgencia artificial busca que la persona actúe sin detenerse a verificar el origen del mensaje.

¿Qué hacer ante un mensaje sospechoso?

La Policía de Investigación precisó que el SAT nunca solicita contraseñas, datos bancarios ni información personal a través de correos electrónicos o mensajes de texto. Ante cualquier comunicación de ese tipo, la recomendación es acceder directamente al portal oficial desde el navegador, sin pulsar ningún enlace externo.

Las autoridades también instaron a no compartir datos personales ni financieros en sitios web que no hayan sido verificados de forma independiente. La activación de la verificación en dos pasos en los servicios fiscales y bancarios es otra medida que reduce el riesgo.

¿Cómo reportar un fraude?

Quienes reciban mensajes sospechosos o detecten sitios apócrifos pueden comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086. También está disponible el correo electrónico cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx para reportes y orientación.

Las autoridades mantienen activas sus cuentas en redes sociales bajo los nombres @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX para dar seguimiento a los casos reportados. La ciudadanía puede acudir a esos canales ante cualquier duda sobre la autenticidad de una comunicación que supuestamente provenga del SAT.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el pasado 30 de abril el amparo en revisión 397/2025, que impugnó la constitucionalidad del artículo 22, fracción VI de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025.

Ante este recurso, el principal argumento de la Corte fue que dicha disposición resulta incompatible con el principio de seguridad jurídica porque establece una restricción temporal para la cancelación de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), lo que afecta el derecho de los contribuyentes a la autocorrección y no se ajusta a la complejidad de las operaciones comerciales.

La Corte concluye que el plazo para cancelar CFDI lesiona seguridad jurídica de contribuyentes

La SCJN analizó el asunto tras recibir el recurso de revisión promovido por una quejosa en representación de una tercera persona moral y varias sociedades anónimas de capital variable. El recurso se presentó luego de que el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México negara el amparo el 13 de mayo de 2025.

En su resolución, el Pleno concluyó que se encuentra sustancialmente fundado el argumento de la parte quejosa de que el artículo 22, fracción VI, es contrario al principio de seguridad jurídica en materia tributaria.

El razonamiento central es que la norma impone como regla que los contribuyentes obligados a expedir CFDI deban cancelarlos a más tardar el último día de marzo siguiente al año fiscal en cuestión, en el caso de personas morales, y hasta el 30 de abril para personas físicas. Esta temporalidad puede resultar irrazonable, según la Corte, porque no es congruente con el derecho a la autocorrección previsto en la legislación fiscal.

La disposición reclamada sustituye el contenido del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, que en 2025 establece: “sólo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan”. La Ley de Ingresos para 2025, en contraste, permite la cancelación del CFDI hasta el último día del mes de la declaración anual: el 31 de marzo para personas morales o el 30 de abril para personas físicas.

El Pleno de la SCJN falló en contra del artículo 22, fracción VI de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025. Por lo tanto, no hay límite para cancelar las CFDI.

Los CFDI y su función en las obligaciones fiscales

El CFDI, según los criterios reiterados por la SCJN, es una factura electrónica que acredita las operaciones comerciales realizadas por los contribuyentes inscritos en el RFC. La normatividad obliga a expedir estos comprobantes por actos o actividades que generen ingresos o retenciones, mediante documentos digitales validados por el SAT.

Este proceso implica que el CFDI debe remitirse al SAT para que valide el cumplimiento de los requisitos legales, asigne el folio correspondiente e incorpore el sello digital. Este documento electrónico debe estar disponible en formato digital para los clientes y, cuando se solicite, también en representación impresa.

De acuerdo con la SCJN, el CFDI cumple una función dual: permite a la autoridad fiscal tener conocimiento de las operaciones realizadas y a los contribuyentes acreditar sus actividades y operaciones para darles efectos fiscales dentro de los plazos legales.

La determinación de la SCJN estableció que cualquier restricción que limite el derecho de los contribuyentes a corregir su situación fiscal debe ser razonable y compatible con la naturaleza de las actividades económicas. El Pleno sostuvo: “resulta incompatible con la dinámica y complejidad de las operaciones comerciales” fijar un plazo invariable para la cancelación de CFDI.

El pago de utilidades representa un derecho garantizado para los trabajadores en México, quienes deben recibir una porción de las ganancias generadas por la empresa o persona física que los emplea, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) informa que el 30 de mayo es la fecha límite para que las personas trabajadoras reciban el pago de utilidades correspondiente a las ganancias de las empresas durante 2025.

El reparto de utilidades es obligatorio para empresas y personas físicas

El reparto de utilidades está regulado por el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.

Para este 2026, quienes laboran en una empresa tienen derecho a recibir el pago de utilidades desde el 1 de abril y hasta el 30 de mayo, según la PROFEDET.

En el caso de quienes prestan servicios a una persona física, el periodo para el pago se extiende del 1 de mayo al 29 de junio.

Esta prestación aplica tanto para personal de base como eventual, siempre que hayan trabajado al menos 60 días en 2025.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la omisión en el pago de utilidades puede derivar en sanciones económicas de 250 a 5 mil UMAs (Unidad de Medida y Actualización).

El monto a pagar se determina considerando dos factores: los días laborados durante el año anterior y los salarios recibidos por cada trabajador.

Si la empresa incumple, las y los empleados pueden reclamar la falta de pago o pagos incompletos hasta un año después de la fecha límite, sin perder el derecho.

El cálculo y las reglas del reparto de utilidades en 2026

La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas establece que el porcentaje obligatorio de participación es de 10% de las utilidades netas.

Este monto se divide en dos partes. La primera se reparte por igual entre todas las personas empleadas, tomando en cuenta los días laborados en 2025.

La segunda parte se distribuye de forma proporcional al salario percibido durante el mismo periodo.

Para el cálculo, solo se consideran los salarios percibidos por cuota diaria; se excluyen ingresos como horas extras, gratificaciones, primas u otros conceptos adicionales.

Cuando el salario es variable, se utiliza el promedio anual. En el caso del personal de confianza, el tope salarial equivale al salario base anual más alto de los trabajadores sindicalizados o de base, más un 20%.

El reparto de utilidades debe realizarse en el lugar donde los trabajadores prestan sus servicios.

¿Quiénes tienen derecho y quiénes quedan excluidos del pago de utilidades?

Tienen derecho al reparto quienes actualmente laboran para una empresa y quienes hayan trabajado mínimo 60 días en 2025 en empresas con utilidades netas iguales o superiores a 300 mil pesos mexicanos, según la declaración fiscal, y siempre que la empresa tenga más de un año en operación.

El beneficio también abarca a personas con incapacidad temporal, madres con licencia de maternidad y padres con permiso de paternidad.

El reparto no aplica para empleados domésticos, directores, administradores y gerentes generales, ni para profesionistas y técnicos contratados por honorarios sin relación subordinada.

Tampoco corresponde a entidades de reciente creación durante su primer año, al IMSS, organismos públicos descentralizados con funciones culturales, asistenciales o de beneficencia, empresas cuyo capital esté por debajo del umbral fijado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ni instituciones de asistencia privada orientadas a la beneficencia.

Protección del derecho y reglas para el cobro

La Ley Federal del Trabajo indica que, además de los días laborados, se consideran para el reparto los periodos en los que la persona recibe salario por disposición legal o contractual, incluyendo incapacidades temporales, descansos semanales, vacaciones, días festivos y permisos con goce de sueldo.

El salario por reparto es irrenunciable y debe entregarse directamente a la persona trabajadora en pesos mexicanos; solo puede cobrarlo un apoderado con carta poder cuando así lo designe el titular.

Las autoridades prohíben la cesión de utilidades al patrón o terceros, así como la compensación por otras obligaciones.

Cuando una persona fallece en México, las deudas no desaparecen automáticamente. Según la legislación vigente y organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las obligaciones pendientes se integran a la masa hereditaria.

Eso significa que, antes de repartir los bienes, el patrimonio del fallecido debe usarse para saldar esas deudas.

Los herederos no están obligados a cubrir los adeudos con su propio dinero, salvo que hayan firmado como avales o coacreditados en algún contrato específico.

Heredar también significa heredar las deudas: lo que nadie te dice antes de aceptar

El Código Civil Federal señala que la herencia incluye tanto bienes como derechos y obligaciones que no se extingan con la muerte.

El artículo 1284 limita la responsabilidad de los herederos hasta donde alcance el patrimonio heredado.

Los acreedores tienen prioridad para ser pagados con los bienes de la sucesión, y solo el remanente, si lo hay, se entrega a los beneficiarios.

Si los bienes no alcanzan todas las deudas, los acreedores solo pueden cobrar hasta el monto disponible.

Nadie está obligado a pagar con recursos propios, a menos que exista responsabilidad solidaria o se trate de un cónyuge con créditos mancomunados.

Deudas bancarias y productos financieros

Las tarjetas de crédito y muchos créditos bancarios suelen estar protegidos por un seguro de vida o de saldo deudor. Si el seguro está vigente y los pagos al corriente, la aseguradora liquida el saldo pendiente tras el fallecimiento.

En caso de no existir seguro, el banco puede reclamar el pago a la sucesión, es decir, al patrimonio heredado. Es fundamental que los familiares notifiquen de inmediato a la institución financiera y presenten el acta de defunción para activar la cobertura.

En los créditos hipotecarios, la ley también requiere la existencia de un seguro de vida que, al activarse, libera el inmueble del gravamen.

Si el fallecido estaba atrasado en pagos, la aseguradora puede negar la cobertura dependiendo de las condiciones pactadas.

En créditos compartidos, como los hipotecarios conyugales, el seguro solo cubre la parte correspondiente al titular fallecido; el sobreviviente debe seguir pagando su proporción.

Créditos personales, automotrices y departamentales

Para los préstamos personales y automotrices, la existencia de un seguro depende de cada contrato. Cuando el seguro está incluido y vigente, la aseguradora paga el saldo pendiente.

Si no hay seguro, la deuda pasa a la masa hereditaria y puede pagarse con la venta de bienes, incluido el automóvil financiado. En créditos departamentales, el contrato mercantil y el Código de Comercio regulan la obligación.

Deudas fiscales y obligaciones con el SAT

Las deudas fiscales tampoco se extinguen con la muerte. El Código Fiscal de la Federación obliga a que el albacea o representante de la sucesión cubra los adeudos tributarios con los bienes del fallecido.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ejercer embargo o remate de bienes heredados para recuperar créditos fiscales pendientes.

Si los bienes no son suficientes, la autoridad solo puede cobrar hasta donde alcance el patrimonio.

Procedimiento sucesorio y pago de deudas

El proceso de sucesión obliga al albacea a inventariar los bienes, identificar las deudas y pagar las obligaciones antes de repartir la herencia.

La documentación clave, como el acta de defunción, debe presentarse a las instituciones correspondientes.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomiendan buscar asesoría legal si existen dudas sobre la validez de los seguros o la distribución de responsabilidades.

Excepciones y casos particulares

Si alguien firmó como aval, deudor solidario o coacreditado, puede ser requerido para cubrir la deuda en su totalidad. En créditos mancomunados, el cónyuge sobreviviente debe asumir su parte proporcional.

Los contratos y pólizas de seguro deben revisarse cuidadosamente para identificar exclusiones o límites de cobertura.

En conclusión, en México, los herederos solo responden por las deudas del fallecido hasta el valor de los bienes heredados; nunca con su propio patrimonio personal, excepto en casos de garantía solidaria o coacreditación.

La clave es notificar a las instituciones, revisar la existencia de seguros y cumplir con el proceso sucesorio legal antes de adjudicar bienes.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó en 2026 su estrategia de fiscalización con revisiones más focalizadas y basadas en riesgo.

Tras el cierre de la declaración anual, la autoridad concentra en mayo la detección de inconsistencias mediante cruces de información bancaria, de plataformas digitales y de comercio exterior, lo que puede derivar en auditorías electrónicas y revisiones más precisas.

Conductas que activan alertas del SAT

De acuerdo con la autoridad fiscal, existen prácticas que elevan el perfil de riesgo tanto de personas físicas como morales:

• Operar con factureras o realizar operaciones simuladas sin materialidad.
• Reportar pérdidas fiscales recurrentes sin sustento económico.
• Aplicar deducciones improcedentes o exceder los límites legales.
• Omitir o subdeclarar ingresos frente a información bancaria o de plataformas.
• Utilizar estímulos fiscales fuera de criterio o de forma indebida.
• Presentar inconsistencias entre compras, importaciones y ventas.
• Incurrir en irregularidades en comercio exterior, como subvaluación.
• No enterar retenciones de empleados (ISR, IMSS o Infonavit).
• Realizar operaciones con jurisdicciones de baja tributación.
• Solicitar devoluciones improcedentes.
• Reportar una tasa efectiva muy por debajo del promedio del sector.

Fiscalización focalizada y recomendaciones

Bajo el Plan Maestro 2026, el SAT prevé auditorías más específicas: una revisión integral por contribuyente cuando aplique, solicitudes de información puntuales y enfoque en hechos detectados mediante análisis de datos.

Para reducir riesgos, la autoridad recomienda revisar los CFDI de ingresos, egresos y nómina; realizar conciliación bancaria; verificar topes de deducciones y soporte documental; enterar retenciones en tiempo y forma; y mantener activo el buzón tributario para atender requerimientos.

La declaración patrimonial 2026 en México es obligatoria para todas las personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno, incluidos quienes trabajan en poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, órganos autónomos y empresas productivas del Estado.

Esta exigencia está fundamentada en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El trámite debe realizarse durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2026 a través de la plataforma Declaranet.

La omisión en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses constituye una falta administrativa. Las sanciones previstas van desde la suspensión, destitución hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Además, pueden imponerse multas económicas que, según el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, oscilan entre 2,050 y 50,710 pesos por obligación no cumplida, y entre 19,460 y 38,890 pesos si la omisión es por no declarar por medios electrónicos o por información incompleta.

Quiénes deben presentar la declaración patrimonial y de intereses en México

La obligación recae sobre las y los servidores públicos de todos los niveles, incluyendo personal de nuevo ingreso, quienes permanecen en funciones y quienes concluyen su encargo.

El objetivo es que el órgano Interno de Control pueda verificar la congruencia entre ingresos, egresos y bienes reportados para prevenir delitos como el enriquecimiento ilícito.

No solo los altos funcionarios están obligados: toda persona que perciba un salario del Estado debe cumplir con este requisito, sin importar su jerarquía.

La declaración debe contener información sobre bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, ingresos de la pareja y dependientes económicos, así como la relación con empresas o fideicomisos.

Fechas, procedimientos y sanciones por no cumplir

La presentación se realiza en línea mediante Declaranet, del 1 al 31 de mayo. La autoridad advierte que hacerlo en una plataforma equivocada puede ser considerado omisión.

Si un servidor público no presenta su declaración patrimonial, el procedimiento inicia con un requerimiento formal; si persiste la falta, se aplica la sanción correspondiente.

Multas y sanciones por no presentar la declaración patrimonial 2026 en México

Las consecuencias por incumplir con la declaración patrimonial y de intereses incluyen medidas administrativas y económicas. Según la ley y disposiciones fiscales vigentes, las sanciones son las siguientes:

• Suspensión temporal del cargo público.
• Destitución definitiva del puesto.
• Inhabilitación para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
• Multas económicas:

- Por no presentar la declaración: entre 2,050 y 50,710 pesos .

- Por omitir la declaración a través de medios electrónicos o por información incompleta: entre 19,460 y 38,890 pesos .

• Prohibición para participar en nuevos procesos de selección para cargos públicos, hasta que se regularice la situación.
• Pago de impuestos omitidos, actualizaciones y recargos, en caso de que la falta se relacione con ingresos no declarados.

Estas medidas buscan asegurar la transparencia y el control sobre la función pública.

controversia sobre la obligación de declaración patrimonial para agentes aduanales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza si los agentes aduanales deben cumplir con la declaración patrimonial ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La reforma a la Ley Aduanera, aprobada en noviembre pasado, impuso a estos auxiliares del gobierno controles de rendición de cuentas similares a los de los servidores públicos.

La nueva obligación ha generado una ola de amparos en todo el país. Solo en la Ciudad de México se tramitan al menos cuarenta recursos promovidos por agentes aduanales o empresas que los emplean, mientras que otros casos se encuentran en diferentes estados.

La discusión jurídica se centra en que los agentes aduanales no son servidores públicos, sino personas físicas con patente para desahogar trámites de importación y exportación.

Sin embargo, la reforma los obliga a declarar su evolución patrimonial cada marzo. Algunos tribunales han sostenido que esta exigencia carece de base constitucional, mientras que otros consideran que su función estratégica justifica la medida.

El SAT ya presentó el caso ante la SCJN, que inició el trámite para emitir jurisprudencia definitiva el 20 de abril de 2026.

Además de la declaración patrimonial, la reforma exige a los agentes integrar expedientes detallados sobre sus clientes y asumir responsabilidades adicionales, como la responsabilidad solidaria por impuestos omitidos.