Héctor Contreras, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Quintana Roo, fue captado la noche del lunes 8 de junio en una zona VIP del Madison Square Garden de Nueva York durante el tercer partido de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs, en un área donde los boletos alcanzaron precios de hasta 20,000 dólares (casi 350 mil pesos mexicanos) por asiento.

El funcionario apareció en las transmisiones internacionales justo debajo del palco del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acudió al evento.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales luego de que los medios internacionales enfocaran a Trump —el primer mandatario estadounidense en asistir a unas Finales de la NBA, acompañado de su nieta Kai Trump— y en el encuadre quedara visible Héctor Contreras Mercader, vestido con el jersey de los Knicks y acompañado de un joven que ha sido identificado como su hijo.

Hasta el momento, ni el funcionario ni el SAT Quintana Roo han emitido posicionamiento público sobre su presencia en el evento y los recursos con los que adquirió los boletos.

La cifra del costo aproximado de los boletos dista del ingreso neto que el titular del SAT reporta en la Plataforma Nacional de Transparencia, que es de 64,650 pesos mensuales. Para pagar un solo boleto, el funcionario habría necesitado ahorrar más de cinco meses de su sueldo íntegro.

El boleto más barato en esa zona superó los 10,000 dólares

Los precios en el Madison Square Garden para el Juego 3 de las Finales escalaron de forma acelerada tras la confirmación de la asistencia de Trump. El boleto de entrada más económico en el recinto llegó a costar 3,940 dólares el lunes por la mañana, mientras que los asientos en la zona baja del estadio alcanzaron hasta 104,000 dólares, de acuerdo con datos del portal Vivid Seats.

En dicho partido, los Spurs ganaron el partido 115 a 111 sobre los Knicks, resultado que dejó la serie 2 a 1 a favor de Nueva York.

¿Quién es Héctor Contreras?

Héctor José Contreras Mercader es licenciado en Finanzas y Contaduría Pública. Inició su carrera como auxiliar contable en empresas privadas y del sector público, de acuerdo con información del Gobierno de Cancún.

Entre 2011 y 2013 fue jefe de departamento en la XV Regiduría del Ayuntamiento de Benito Juárez. En 2013 ganó su primer cargo de elección popular como regidor de ese municipio. Posteriormente ocupó la Dirección General de Solución Integral de Residuos Sólidos de Cancún y trabajó como asesor financiero en distintas dependencias públicas.

Entre 2016 y 2018 fue oficial mayor del mismo ayuntamiento. En octubre de 2018, la entonces presidenta municipal Mara Lezama lo ratificó en ese cargo. Tras la victoria de Lezama en la gubernatura de Quintana Roo, Contreras Mercader fue nombrado titular del SAT en la entidad, cargo que ocupa actualmente.

La aparición del funcionario en una de las zonas más exclusivas del Madison Square Garden generó cuestionamientos en redes sociales por el contraste con el discurso de austeridad republicana que ha sido bandera de los gobiernos emanados de Morena.

El Servicio de Administración Tributaria confirmó la inclusión definitiva de 89 contribuyentes en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), lo que invalida las facturas emitidas por esas empresas y expone a quienes operaron con ellas a perder deducciones y créditos fiscales.

El organismo emitió el oficio 500 05 00 00 00 2026 11587 el 15 de abril de 2026. Lo firmó el licenciado en contaduría Rubén Martín López Rodríguez, Administrador Central de Fiscalización Estratégica, adscrito a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF). La publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se concretó el 5 de junio.

El propio oficio justifica la medida con un argumento de interés público: “es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes”, así como que la sociedad conozca a quienes llevan a cabo ese tipo de operaciones.

Qué son los EFOS y por qué sus facturas no tienen validez

Las empresas y personas físicas incluidas en este listado reciben el nombre de EFOS: Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas. El SAT acreditó que emitieron comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para respaldar las transacciones que amparaban.

Un detalle que genera confusión frecuente: la factura en sí cumple con los requisitos formales del sistema tributario. Lo que es falso es la operación detrás del documento, que en realidad no existió.

89 contribuyentes de 20 estados, en sectores muy distintos

Los 89 contribuyentes incluidos en el Anexo 1 del oficio son personas físicas y morales domiciliadas en al menos 20 estados: Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila de Zaragoza, Guerrero, Veracruz, Baja California, Sinaloa, Tabasco, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Campeche, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Zacatecas.

Los sectores involucrados abarcan desde construcción, consultoría administrativa, servicios de cómputo, comercialización de hidrocarburos y transporte, hasta gasolineras, fabricación farmacéutica, joyería y espectáculos. El documento registra cuatro motivos formales para la inclusión en el listado: ausencia de activos, ausencia de personal, falta de infraestructura y falta de capacidad material.

El proceso que llevó a la lista definitiva

El procedimiento contempló varias etapas. Las Administraciones Desconcentradas de Auditoría Fiscal en cada estado emitieron oficios de presunción individuales a cada contribuyente, con los hechos que motivaban la sospecha. La coordinación del listado global de presunción y la publicación definitiva correspondió a la Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Tras esa notificación individual, el SAT publicó el listado global en su portal y en el DOF, con un plazo de 15 días hábiles para que los afectados presentaran pruebas y argumentos. El CFF también permite solicitar una prórroga de cinco días adicionales vía buzón tributario.

Ninguno de los 89 contribuyentes se apersonó ante la autoridad ni entregó documentación dentro del plazo. El SAT emitió entonces resoluciones definitivas y, conforme al artículo 69-B del CFF, no procedió a la publicación definitiva sino hasta después de 30 días hábiles posteriores a la notificación de dichas resoluciones, sin que se reportara suspensión, nulidad ni revocación judicial a favor de ninguno de los incluidos.

El riesgo para empresas y personas que operaron con esos proveedores

La consecuencia más directa no recae solo sobre los EFOS, sino sobre quienes contrataron sus servicios o adquirieron sus bienes. Cualquier empresa o persona física que haya dado efectos fiscales a facturas emitidas por un contribuyente ahora en la lista definitiva queda automáticamente bajo sospecha como EDOS: Empresas que Deducen Operaciones Simuladas.

Las deducciones aplicadas y los créditos fiscales obtenidos con esas facturas pueden ser rechazados por el SAT. El artículo 69-B del CFF establece que el contribuyente afectado cuenta con 30 días hábiles a partir de la publicación definitiva para tomar una de dos vías: acreditar ante la autoridad que la operación fue real, con documentación que pruebe la materialidad de la transacción, o corregir su situación fiscal mediante declaraciones complementarias.

Si no actúa dentro de ese plazo, el SAT puede determinar créditos fiscales, rechazar deducciones, imponer multas y recargos, y en casos graves derivar el asunto a consecuencias penales.

Cómo verificar si un proveedor está en la lista

El listado completo está disponible en el portal oficial del SAT en sat.gob.mx y en el DOF. Los contribuyentes pueden descargarlo en formato .csv, consultable desde Excel, con búsqueda por RFC o razón social.

El SAT cobró 40% más en recargos por mora desde el 1 de enero de 2026: una deuda de $100,000 pesos que antes generaba $1,470 mensuales en intereses ahora produce $2,070 cada mes, conforme a la nueva tasa del 2.07% establecida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para este ejercicio fiscal.

El cambio tiene respaldo en dos instrumentos oficiales. El primero es la LIF 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de noviembre de 2025, que fijó la nueva tasa en su artículo 11.

El segundo es la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2026, publicada también en el DOF el 28 de diciembre de 2025 y vigente desde el 1 de enero, que la formalizó en su Regla 2.1.20.

Cuánto cuesta ahora deberle al fisco

La tasa de recargos por mora —la que aplica cuando un contribuyente paga sus impuestos fuera del plazo legal— pasó de 1.47% a 2.07% mensual.

El incremento equivale a 0.60 puntos porcentuales, pero su efecto se amplifica con el tiempo: un adeudo que se deja sin pagar durante un año acumula una carga adicional del 25% sobre el monto original (2.07% × 12 meses).

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) precisó que el objetivo declarado de la reforma es eliminar el incentivo perverso que existía cuando resultaba más económico deberle al fisco que a una institución financiera. Luis Carlos Figueroa, vicepresidente fiscal del IMCP, confirmó el alza del 40% al medio El Economista en noviembre de 2025.

La escala completa de recargos

La mora no es el único concepto que subió. Toda la tabla de recargos se actualizó para 2026:

Prórroga (plazo autorizado para pagar después del vencimiento): de 0.98% a 1.38% mensual

Parcialidades hasta 12 meses: de 1.26% a 1.42% mensual

Parcialidades de 13 a 24 meses: de 1.53% a 1.63% mensual

Parcialidades de más de 24 meses o pago diferido: de 1.82% a 1.97% mensual

Los recargos se calculan de forma automática desde el primer día de atraso sobre el saldo insoluto actualizado, sin necesidad de que el SAT emita un aviso previo.

El perfil del contribuyente más expuesto

Las personas físicas con declaración anual son el grupo de mayor riesgo inmediato: el plazo para presentarla venció el 30 de abril de 2026, y cualquier saldo pendiente desde esa fecha ya acumula recargos a la tasa del 2.07% mensual.

También quedan expuestos quienes tienen convenios de pago en parcialidades firmados antes de 2026, ya que las nuevas tasas aplican sobre los saldos vigentes del ejercicio en curso. Las empresas con adeudos en ISR, IVA o IEPS enfrentan el mismo esquema.

El marco de la estrategia fiscal más ambiciosa del SAT

El endurecimiento de los recargos forma parte del Plan Maestro 2026 del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que fijó una meta de recaudación de 6.448 billones de pesos para este año, la cifra más elevada de la que se tenga registro.

El titular del organismo, Antonio Martínez Dagnino, presentó la estrategia en enero de 2026 bajo la premisa de no crear nuevos impuestos, sino aumentar el costo del incumplimiento y ampliar la base de contribuyentes activos.

La RMF 2026 estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, según lo establece su primer artículo transitorio.

Cómo pagar un adeudo fiscal ante el SAT

El trámite es gratuito en todos los casos. Su fundamento legal está en los artículos 2, 4, 6, 17-A, 20, 21 y 65 del Código Fiscal de la Federación (CFF). El portal oficial es sat.gob.mx.

Opción 1: Pago total en una sola exhibición

Ingresa a Mi Portal con RFC y contraseña

Selecciona Créditos Fiscales / Servicios / Formato para pago (total)

Genera la línea de captura

Paga en ventanilla bancaria o desde tu portal de banca en línea

Nota: si la línea de captura vence antes de concretar el pago, presenta una declaración complementaria para obtener una nueva. El sistema recalcula automáticamente los recargos y la actualización acumulados.

Opción 2: Pago en parcialidades o diferido (artículos 66 y 66-A del CFF)

Plazo máximo en parcialidades: 36 meses

Plazo máximo en pago diferido: 12 meses

Por internet:

Ingresa a Mi Portal con RFC y contraseña

Selecciona Servicios por internet / Servicios o solicitudes / Solicitud

Elige la opción “Pago a plazos 66 y 66-A CFF”

Especifica el monto del adeudo, número de parcialidades o fecha del pago diferido

Adjunta el comprobante del pago inicial de al menos el 20% del total adeudado

Envía la solicitud y conserva el número de folio

El SAT tiene 15 días hábiles para responder. Si requiere información adicional, el contribuyente cuenta con cinco días hábiles para entregarla; de lo contrario, la solicitud queda cancelada.

Presencial:

Acude a la Administración Desconcentrada de Recaudación (ADR) más cercana a tu domicilio fiscal

Presenta los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Escrito libre con RFC, domicilio fiscal, número de resolución del adeudo y correo electrónico

Comprobante del pago inicial del 20%

Recibe tu acuse de recibo

Espera la respuesta por buzón tributario o correo electrónico registrado

Opción 3: Programa de Regularización Fiscal 2026

Permite condonar hasta el 100% de recargos, multas y gastos de ejecución sobre adeudos del ejercicio 2024 o anteriores.

Requisitos para acceder:

Ingresos totales en 2024 no superiores a 300 millones de pesos

No figurar en los listados de los artículos 69-B o 69-B Bis del CFF

No contar con sentencia firme por delitos fiscales

No haber recibido condonaciones en programas generalizados previos

Fechas clave

Solicitud: hasta el 31 de octubre de 2026

Pago una vez autorizado: máximo 15 días naturales

Última parcialidad (créditos firmes): antes del 30 de noviembre de 2026

El trámite se presenta en sat.gob.mx o de forma presencial en la ADR correspondiente. El incumplimiento de cualquier línea de captura implica la pérdida automática del beneficio.

El SAT desplegó oficinas móviles en 18 estados de México durante la primera semana de junio para acercar trámites fiscales a comunidades rurales y zonas con acceso limitado a sus sedes permanentes.

El operativo, impulsado por el titular del organismo, Antonio Martínez Dagnino, proyectó atender a unas 4,500 personas mediante 11,600 tramites entre el 1 y el 5 de junio, sin necesidad de cita previa.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó el despliegue en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. La iniciativa buscó reducir las barreras de acceso para contribuyentes que viven lejos de las administraciones desconcentradas del organismo, en particular en municipios rurales y localidades apartadas.

Trámites disponibles en los módulos itinerantes

Los módulos ofrecieron los servicios fiscales de mayor demanda entre personas físicas, trabajadores y estudiantes. Entre ellos: inscripción y actualización en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), generación y renovación de la firma electrónica (e.firma), emisión de la Constancia de Situación Fiscal (CSF), generación de contraseña SAT, cambio de domicilio fiscal y orientación tributaria presencial.

La atención sin cita previa fue uno de los aspectos más relevantes del operativo, dado que la agenda en oficinas permanentes del SAT suele representar una de las principales quejas entre los contribuyentes.

Cobertura: de Baja California a Quintana Roo

Los módulos itinerantes operaron en Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Baja California Sur, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, Quintana Roo, Hidalgo, Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa, Coahuila, Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Morelos.

Entre las sedes específicas figuraron Tlatlauquitepec en Puebla, el municipio de Isla en Veracruz, Loreto en Baja California Sur, Dzidzantún en Yucatán, General Francisco R. Murguía en Zacatecas y Benito Juárez en Quintana Roo.

En Ciudad de México, el SAT instaló un módulo especial en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con atención dirigida a la comunidad estudiantil. En Torreón, Coahuila, el módulo operó en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canacoservytur), donde se requirió prerregistro previo.

Articulación con programas sociales

Varios módulos se integraron a iniciativas locales ya en marcha. En Hidalgo, la atención se vinculó a las Rutas de la Transformación; en Oaxaca, a Campañas de Formalización; en Michoacán, a Ferias de Bienestar, y en Nuevo León, a las Ferias de Paz.

El horario general fue de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas. En Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Morelos, algunas sedes operaron con horarios diferenciados según las actividades comunitarias locales.

Un operativo que se repite y crece

El despliegue de junio no fue un evento aislado. En mayo, el SAT ya había llevado módulos itinerantes a 15 estados del país con un catálogo de servicios similar.

La expansión a 18 entidades en junio forma parte de una estrategia sostenida de descentralización del servicio fiscal, orientada a poblaciones que no cuentan con oficinas permanentes del organismo en su área de residencia.

Por qué estos trámites son cada vez más urgentes

La Constancia de Situación Fiscal, el RFC y la e.firma dejaron de ser documentos exclusivos del ámbito tributario. Hoy son requisitos habituales en procesos de contratación laboral, inscripción a plataformas digitales, apertura de actividades económicas y validación de datos ante instituciones financieras.

Esa expansión en el uso cotidiano de los documentos fiscales explica la alta demanda que enfrentan las oficinas permanentes del SAT y, con ella, la necesidad de llevar los servicios directamente a las comunidades.

Qué llevar al módulo del SAT

Para aprovechar la atención en los módulos itinerantes, el SAT requiere una identificación oficial vigente —INE o pasaporte—, la Clave Única de Registro de Población (CURP), un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y un correo electrónico activo.

Quienes acudan a tramitar o renovar la e.firma deben sumar a esos documentos un número de teléfono celular y una memoria USB vacía, ya que los archivos de la firma electrónica se entregan en ese dispositivo. Sin la USB, el trámite no puede completarse en el módulo.

En el caso de personas morales o representantes legales, se requiere además el acta constitutiva o el poder notarial correspondiente. La atención es gratuita en todos los casos.

Este semana se difundió información sobre un supuesto nuevo pago de impuestos que deberán realizar este año los adultos mayores, por el pago que de la Pensión del Bienestar, la cual actualmente es de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró los rumores y explicó qué pensiones están excentas del pago de impuestos.

En un comunicado, el SAT dijo que “es totalmente falso” que las personas adultas mayores deberán realizar el pago del impuesto sobre la renta (ISR) y en este sentido, también rechazó haber confirmado el cobro, como se especuló.

En el mismo documento, explicó que la Ley del ISR “establece claramente” cuáles son las pensiones que están exentas y cuáles deben presentar declaración anual y pagar dicho gravamen.

“Cabe mencionar que la gran mayoría de los pensionados en nuestro pais están libres del pago de ese impuesto por los ingresos que reciban por concepto de pensión”, agregó.

Precisó que en el artículo 93 de la Ley del ISR se señala que las pensiones estan exentas de pagar ISR cuando no superan el equivalente a 15 UMAs diarias; es decir, un monto de 53 mil 493 pesos al mes.

En este sentido, el SAT indicó que “también es falso que quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deberán pagar este impuesto”.

“En el artículo 90 de la Ley del ISR se establece que no se consideran ingresos por los que se esté obligado al pago de dicho impuesto, los apoyos economicos o monetarios que reciban los contribuyentes, a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a la población en general de mantenerse informados a través de los canales oficiales de disfusión, como sus cuentas de redes sociales y números de atención.

“Este órgano tributario rechaza cualquier intención de generar confusión entre la ciudadania, mediante información falsa. Por ello, invita a la población a mantenerse informada a través de sus medios oficiales: Portal del SAT: sat.gob.mx, Facebook: SAT México, X: @SATMX, Instagram: satmx, YouTube y TikTok: @satmx

“Para cualquier duda o aclaracion las personas pueden comunicarse a MarcaSAT al numero 55 627 22 728, o bien, al Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx para recibir asesoria”, concluyó.

¿Qué pensionados pagan el ISR?

Si tu pensión es superior a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA), debes pagar el ISR sobre el excedente. Actualmente, esto equivale a 52 mil 789.5 pesos al mes.

Es importante que sepas que las primeras 15 UMAs de tu pensión están exentas de impuestos; solo pagarás ISR sobre el monto que exceda este límite.

¿Cuánto gana un adulto mayor al año con la Pensión del Bienestar?

Actualmente, las pensiones del Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga 38 mil 400 pesos mexicanos al año a cada beneficiario.

Este apoyo está dirigido a personas mayores de 65 años con nacionalidad mexicana y residencia permanente en el país.

El monto no depende de años cotizados ni de historial laboral formal y se deposita de manera bimestral, con entregas de 6 mil 400 pesos cada dos meses directamente a una tarjeta bancaria.

El programa está diseñado especialmente para quienes no cuentan con una pensión contributiva ni con otros mecanismos de protección social.

Para acceder, se requiere identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y el Formato Único de Bienestar.

No obstante, la inscripción al padrón no garantiza la permanencia indefinida, ya que existen diversas causas de baja establecidas por la Secretaría de Bienestar, como el fallecimiento del titular, entrega de documentos falsos, duplicidad de registros, ausencia durante visitas domiciliarias, incumplimiento de reglas o solicitud voluntaria de baja.

En México, tener una factura electrónica ya no es suficiente para acreditar una deducción o un crédito fiscal. Desde el 1 de enero de 2026, una reforma al Código Fiscal de la Federación obliga a cualquier contribuyente a demostrar que cada Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) ampara una operación que realmente ocurrió.

Quien no pueda probarlo enfrenta desde la suspensión inmediata de su capacidad de facturar hasta cargos penales con penas de hasta nueve años de prisión. El cambio proviene de la fracción IX incorporada al artículo 29-A del CFF, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025.

La norma establece que los comprobantes deben amparar “operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales”. Si no cumplen ese requisito, se consideran falsos —incluso si fueron timbrados válidamente por el propio SAT o por un proveedor autorizado de certificación.

La materialidad: de criterio de auditoría a obligación legal

Hasta 2025, la “materialidad de operaciones” era un concepto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicaba de forma interpretativa durante sus revisiones. Los tribunales lo habían avalado, pero no existía un texto legal expreso que lo exigiera al momento de emitir o recibir una factura.

Con la reforma 2026, ese concepto —junto con los de sustancia económica, razón de negocios y fecha cierta— quedó incorporado directamente al CFF. La consecuencia es que la validez de un CFDI ya no se evalúa únicamente por su estructura técnica o su correcto timbrado, sino por la realidad de la transacción que lo origina.

Un comprobante puede estar perfectamente formateado en XML, contar con todos los campos requeridos y haber pasado las validaciones del SAT, y aun así ser declarado falso si la operación que ampara no puede demostrarse.

El artículo 49 Bis: visita exprés y facturación bloqueada desde el primer día

Para hacer cumplir la nueva obligación, la reforma creó el artículo 49 Bis del CFF, un procedimiento de verificación que opera de forma radicalmente distinta a una auditoría tradicional.

El mecanismo arranca con una presunción en contra del contribuyente: la orden de visita señala expresamente por qué el SAT sospecha que los CFDI emitidos son falsos. Desde el momento en que se notifica esa orden, el Certificado de Sello Digital (CSD) queda suspendido de forma inmediata, lo que impide emitir cualquier nueva factura hasta que se resuelva el procedimiento.

La visita puede realizarse en el domicilio fiscal, en bodegas, oficinas, puntos de venta fijos o semifijos, o en cualquier lugar vinculado a las operaciones facturadas. Durante la inspección, los visitadores del SAT están facultados para documentar sus hallazgos con fotografías, grabaciones de audio y video.

Cinco días para probar, 24 para resolver

Una vez iniciada la visita, el contribuyente cuenta con 5 días hábiles para presentar las pruebas que desvirtúen la presunción de falsedad. La autoridad tiene 15 días hábiles adicionales para emitir su resolución. El proceso completo puede concluir en menos de un mes.

Desde el 1 de enero de 2026, el SAT puede verificar si las transacciones registradas en un CFDI son reales, solicitar evidencia al contribuyente y, si determina que el comprobante es falso, publicar el nombre y el RFC del emisor en su portal y en el Diario Oficial de la Federación. El procedimiento completo puede resolverse en 24 días hábiles, un plazo que los especialistas consideran extraordinariamente breve para reunir la documentación exigida.

Si el contribuyente no logra desvirtuar la presunción, los CFDI se declaran falsos con efectos generales y el CSD se cancela de forma definitiva.

Qué documentos exige ahora el SAT

Contratos, estados de cuenta y facturas son apenas el punto de partida. Según los criterios del SAT y la regla 2.9.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, el expediente de materialidad debe demostrar cuatro elementos:

Sustancia económica: la operación debe tener un propósito de negocio real, no solo un beneficio fiscal.

Capacidad operativa del proveedor: personal inscrito en el IMSS suficiente para ejecutar el servicio, infraestructura verificable, domicilio fiscal localizable y actividad económica registrada congruente con lo facturado.

Evidencia de prestación: entregables, reportes, fotografías del trabajo realizado, bitácoras, correos electrónicos con metadatos, órdenes de compra y minutas.

Trazabilidad financiera: pagos mediante transferencia electrónica (SPEI) o cheque nominativo. Los pagos en efectivo superiores a $2,000 MXN no acreditan materialidad. Además, los contratos deben estar protocolizados ante fedatario público para garantizar la fecha cierta.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) emitió el 16 de enero de 2026 un comunicado en el que instó a los contribuyentes a conservar y organizar toda esa documentación —tanto física como digital— antes de que llegue una notificación del SAT, no después.

El efecto dominó sobre quienes recibieron las facturas

Las consecuencias no se limitan al emisor del comprobante declarado falso. Los contribuyentes que recibieron esos CFDI —y los utilizaron para deducir gastos o acreditar IVA— pierden la posibilidad de demostrar por su cuenta la materialidad de las operaciones.

Su única salida es presentar una declaración complementaria dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación en el Diario Oficial, revirtiendo todos los efectos fiscales aplicados. Si no lo hacen en ese plazo, el SAT restringe también su propio Certificado de Sello Digital, dejándolos sin capacidad de facturar.

La reforma tipifica como delito —con penas de 2 a 9 años de prisión— la expedición, adquisición, compra o uso de comprobantes fiscales falsos, tanto para quienes los emiten como para quienes les dan efectos fiscales a sabiendas. Las multas pueden alcanzar el 55% del monto total facturado.

Algoritmos e inteligencia artificial: el SAT ya sabe a quién visitar

La selección de contribuyentes sujetos al artículo 49 Bis no es aleatoria. El SAT opera modelos algorítmicos que cruzan en tiempo real los CFDI emitidos y recibidos, las declaraciones de impuestos, los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la información bancaria y los datos de comercio exterior.

Cuando ese cruce detecta inconsistencias —por ejemplo, un proveedor que factura servicios de ingeniería sin trabajadores registrados ante el IMSS, o una empresa con deducciones que superan cuatro veces el monto de sus créditos fiscales pendientes— el sistema genera una alerta que puede derivar en la activación automática del procedimiento expedito.

El punto más relevante para el contribuyente es la inversión de la carga probatoria: no es el SAT quien debe demostrar que la operación fue falsa, sino el contribuyente quien debe probar que fue real. Para 2026, la autoridad tiene programadas más de 16,200 auditorías, con criterios uniformes aplicados en las 32 entidades federativas.

Un juez de control vinculó a proceso a ocho presuntos integrantes de la red delictiva “Del Caballito” por su participación en la expedición de comprobantes fiscales falsos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos que habrían generado facturas por más de 12 mil millones de pesos en al menos tres años de operación en cinco estados del país.

La autoridad judicial también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra y estableció dos meses como plazo para la investigación complementaria.

La vinculación a proceso de los ocho integrantes fue confirmada este 4 de junio por la Fiscalía General de la República (FGR), quien no reveló el sitio donde se encuentran recluidos. Sin embargo, medios nacionales han indicado que sería el Penal Federal de Michoacán.

La FGR presentó los datos de prueba

Según información oficial, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional, lo que obligó a la Fiscalía General de la República a exponer datos de prueba adicionales ante el juez.

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero sostuvo la acusación con el respaldo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.

Tras exponer las pruebas suficientes, el juez dictó la vinculación a proceso de las siguientes ocho personas:

• Maikol “N”
• Salvador “N”
• Laura “N”
• Luis “N”
• Manuel “N”
• Elda “N”
• Montserrat “N”
• Lilia “N”

Las investigaciones de la FGR señalaron a Maikol “N” y a Salvador “N” como los presuntos líderes de la organización.

Las ocho órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas en cateos ejecutados en Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.

Así operaba la banda Del Caballito

El vocero de la FGR, Ulises Lara López, explicó el 1 de junio que la red se acercaba a empresas reales para ofrecerles mecanismos de evasión fiscal.

“Estas personas se acercaban a las empresas, les presentaban esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal y hacían las operaciones falsas para justificar la emisión de facturas falsas”, declaró.

La organización constituía empresas fachada, realizaba deducciones legítimas por clientes reales y distribuía los beneficios.

Para darle apariencia de legalidad, también operaba una asociación civil que ofrecía asesoramiento en materia de planeación laboral.

El esquema permitía a las empresas beneficiadas evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y ocultar el origen de los recursos.

Las 15 empresas y asociaciones civiles identificadas tenían domicilios fiscales en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.

Uno de los inmuebles asegurados contaba con una placa en la fachada que simulaba un caballito de ajedrez en dorado, símbolo que presuntamente da el nombre a la red.

El operativo desplegó 440 elementos en nueve estados

La desarticulación de la red fue revelada el 29 de mayo tras un operativo en el que participaron 440 elementos distribuidos en nueve estados.

Las autoridades ejecutaron cateos simultáneos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

El operativo permitió asegurar 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas, además de divisas en siete monedas:

• 1 millón 90 mil 550 pesos
• 106 mil yenes
• Mil 700 libras esterlinas
• 370 soles
• Mil 570 euros
• Mil 50 coronas danesas

Entre los efectivos participantes hubo peritos especializados en criminología, informática forense, fotografía, video y contabilidad forense.

Lara López advirtió que las investigaciones continúan y que podrían hallarse más elementos vinculados a delincuencia organizada, lo que derivaría en un cambio en la pena.

El técnico uruguayo Guillermo Almada es la primera opción del América para suplir a André Jardine tras la inesperada salida del brasileño de la institución. El 3 de junio, a través de sus cuentas oficiales, el club anunció la desvinculación laboral de común acuerdo. El sudamericano deja al equipo tras 6 torneos cortos en los que consiguió el tricampeonato de la Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y un Campeones Cup.

SAT, un obstáculo entre Almada y el América

De acuerdo con reportes de ESPN, Récord y AS México, Guillermo Almada es la primera opción de la directiva. Sin embargo, dos temas podrían impedir la llegada del uruguayo al banquillo de Las Águilas.

El periodista Carlos Ponce de León informó que los representantes de Almada buscan que América eleve la oferta salarial de 2.5 a 3 millones de dólares anuales. Por su parte, Fox Sports reportó que fuentes cercanas al club confirmaron que el técnico sudamericano pretende incluir una cláusula de liberación que le permita dirigir a la selección de Uruguay si la federación de su país lo solicita.

Ignacio “El Fantasma” Suárez, periodista de investigación, añadió otro factor que ha trabado las negociaciones: el litigio que Guillermo Almada mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presunta evasión fiscal, factor que influyó para que el uruguayo no firmara contrato con Club Cruz Azul en 2025.

El conflicto de Almada surgió porque la directiva de Santos se comprometió a gestionar y pagar los impuestos de los jugadores y el técnico, pero no cumplió, dejando una deuda con el SAT de aproximadamente 12 millones de pesos.

“Almada tiene un requerimiento de Hacienda y está litigando porque lo requirieron por un pago mayor de 12 millones de pesos. Cuando dirigió al Club Santos, tenía dos contratos; él tenía el contrato que era libre de impuestos, pues alguien no pagó y fue requerido fiscalmente. Ahora dice: “Bueno, yo regreso, pero ayúdenme también a destrabar, a destrabar eso que tiene pendiente”.

En ese mismo espacio, el comunicador Luis Castillo indicó que el directivo Bernardo Gómez, en representación de Grupo Ollamani y General Atlantic, establecería un puente entre la organización deportiva y el gobierno federal.

“El señor Gómez es el que hablará directo. Al estilo del PRI, O sea, ‘hablo directamente con la presidenta y la presidenta arregla ese asunto y Guillermo Almada puede regresar al futbol mexicano’”, indicó.

Se espera que las negociaciones finalicen este jueves para que el Club América haga el anuncio oficial el viernes 5 de junio, una semana antes del inicio del Mundial 2026.

¿Por qué se fue André Jardine?

Guillermo Almada llegaría con la misión de emular el éxito de André Jardine, el técnico con más títulos en la historia del América. León Lecanda, reportero de ESPN, informó en el programa Enfocados que el estratega brasileño tenía la intención de cumplir el año de contrato que mantenía con la institución.

No obstante, su proyecto no convenció al nuevo director general del club, Ferran Reverter, quien habría tomado la decisión de no darle continuidad al brasileño y rescindir su contrato tras no obtener ningún título en los últimos 18 meses.

Hay una nueva regla que cambia la forma en que el gobierno mexicano interactúa con las plataformas digitales que operan en el país.

No es un rumor ni una propuesta: ya está en vigor.

Desde el 1 de abril de 2026, las plataformas de streaming de entretenimiento, así como las aplicaciones de movilidad y hospedaje temporal deben abrir sus bases de datos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de forma permanente y en tiempo real.

La pregunta que muchos se hacen es si eso significa que alguien en Hacienda puede ver qué series consumes o con quién compartes tu cuenta.

La norma que lo hace posible

La respuesta corta es no, el SAT no puede ver con quién compartes tu cuenta o las series que consumes, pero lo que sí cambia es relevante, y conviene entenderlo bien.

El fundamento está en el artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), adicionado el 7 de noviembre de 2025 y vigente desde el primer día de abril de este año.

El texto es directo: los contribuyentes que presten servicios digitales en México deben permitir a las autoridades fiscales “en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

La norma aplica a cualquier plataforma que opere bajo los artículos 1o.-A BIS y 18-B de la Ley del IVA: streaming, transporte, hospedaje, comercio electrónico, educación en línea y cualquier servicio digital con usuarios en México.

No importa si la empresa tiene oficinas en el país o si opera desde el extranjero. Si sus usuarios están en México, la obligación aplica.

Lo que el SAT puede y no puede ver

El SAT aclaró en su Tarjeta Informativa 13 que la medida no constituye espionaje digital: “En ningún momento se establece que el SAT podrá acceder a la información de los usuarios o a la actividad que tengan en las plataformas, ni mucho menos se incluyen fines de vigilancia a las personas”.

Lo que sí puede consultar la autoridad es información fiscal de las plataformas como entidades comerciales: montos de operaciones, IVA trasladado, ISR retenido y métodos de pago.

En el caso de plataformas de intermediación (puentes para compras entre terceros) el acceso incluye datos del vendedor, anfitrión o prestador de servicio: nombre, RFC, CURP, CLABE bancaria y el desglose de cada transacción.

El acceso a esos datos no es mediante reportes periódicos. La plataforma debe habilitar una interfaz técnica propia y entregar al SAT un usuario y contraseña para consultarla.

La información debe estar disponible a más tardar al día siguiente de cada operación.

Qué sectores están en la mira

La obligación abarca a todos los prestadores de servicios digitales, pero los sectores con mayor exposición son cuatro:

1. Entretenimiento y streaming .
2. Comercio electrónico.
3. Transporte y entregas.
4. Hospedaje.

Las consecuencias de no cumplir

El artículo 30-B del CFF no deja margen de maniobra para las plataformas que se nieguen.

El incumplimiento activa los artículos de la Ley del IVA: bloqueo temporal del servicio digital en todo el territorio nacional, ejecutado a través de los concesionarios de la red pública de telecomunicaciones.

El SAT publicará en el Diario Oficial de la Federación y en su sitio web el nombre de la plataforma bloqueada y la fecha de inicio de la medida.

El desbloqueo solo ocurre una vez que la plataforma regularice su situación, y esa resolución también se hará pública.

Qué cambia para el usuario común

Si alguien consume estas plataformas sin vender ni prestar servicios a través de ellas, esta norma no afecta de forma directa.

El foco está en quienes generan ingresos: conductores, anfitriones, vendedores o cualquier persona física que cobre a través de estas plataformas.

Para ellos, el cambio es sustancial. Con el artículo 30-B del CFF, el SAT ya no espera la declaración anual para detectar ingresos no reportados: los tiene en tiempo real.

Recibir una herencia en México no implica, en automático, el pago de impuestos federales. Sin embargo, el proceso sí conlleva ciertas obligaciones fiscales que deben cumplirse ante el Servicio de Administración Tributaria para evitar inconsistencias o sanciones, especialmente cuando se trata de bienes de alto valor o de futuras operaciones como la venta de propiedades.

De acuerdo con la legislación vigente, los ingresos por herencias o legados están exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), aunque esto no exime a los beneficiarios de reportar la información correspondiente en determinados casos.

La regla del SAT sobre el ISR en herencias

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece, en su artículo 93, fracción XXII, que las personas físicas no deben pagar ISR por los ingresos obtenidos a través de herencias o legados.

Esto significa que recibir dinero, una casa u otros bienes no genera un impuesto directo por ese concepto. No obstante, la autoridad fiscal puede solicitar información para verificar el origen y legalidad de estos recursos.

Cuándo debes reportar una herencia

Aunque no se pague ISR, sí existe la obligación de reportar la herencia en la declaración anual cuando el valor individual de los bienes supera los 500 mil pesos, especialmente en el caso de inmuebles.

Si el monto es menor, no es obligatorio incluirlo, pero se recomienda conservar la documentación que respalde la operación. No reportarlo cuando corresponde puede generar discrepancias fiscales ante el SAT.

Otros impuestos y trámites a considerar

Además del ISR, existen impuestos locales que pueden aplicarse según el tipo de bien heredado. Entre ellos destaca el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), que puede ir del 2% al 4.5% del valor de la propiedad, dependiendo de la entidad.

En algunos estados también se contempla un impuesto sobre sucesiones. Si el heredero decide vender un inmueble, deberá pagar ISR por la ganancia obtenida en la operación.

Asimismo, cualquier ingreso adicional generado por los bienes heredados, como intereses o rendimientos, sí está sujeto a impuestos y debe reportarse.

Para formalizar el proceso, el heredero o albacea debe presentar documentos como el acta de defunción, identificación oficial, poder notarial, el formato correspondiente del RFC y el documento que acredite la aceptación del cargo. Tras completar el trámite, el SAT emite un acuse oficial como constancia.

Durante 2025, más de 10.8 millones de personas físicas en México presentaron su declaración anual con la expectativa de recibir un reembolso de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para una parte considerable de estos contribuyentes, el proceso resulta más largo de lo previsto, con demoras que pueden extenderse durante semanas e incluso meses. Otros, en cambio, reciben la notificación de que su saldo a favor ha sido rechazado o sometido a revisión.

Las causas detrás de estas postergaciones suelen generar incertidumbre entre los solicitantes. La Dra. Guadalupe Santos Moreno, académica de la Universidad Iberoamericana, señaló que rara vez existe una única razón para que una devolución se detenga. El organismo emplea mecanismos de control que cruzan la información declarada con la que se encuentra en sus bases de datos, en busca de discrepancias que puedan explicar la negativa.

El objetivo de estos filtros es claro: proteger las finanzas públicas e impedir devoluciones indebidas. No obstante, la especialista advirtió que la autoridad debe comunicar con precisión las razones de cualquier rechazo, fundamentando y motivando la decisión más allá de señalar simples inconsistencias.

¿Por qué el SAT no me ha devuelto mis impuestos?

La devolución de saldos a favor puede verse obstaculizada por diversas situaciones, algunas de las cuales están directamente relacionadas con la información presentada por el propio contribuyente. Entre los problemas detectados con mayor frecuencia se encuentran:

• Diferencias en los ingresos declarados frente a los datos registrados por el SAT.
• Errores en las retenciones reportadas por empleadores o instituciones financieras.
• Deducciones personales que no cumplen los requisitos legales establecidos.
• Inconsistencias en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
• Datos incorrectos en la cuenta bancaria proporcionada para el depósito.

Estos controles están diseñados para evitar pagos improcedentes, pero deben ir acompañados de explicaciones claras y detalladas. La autoridad fiscal no puede limitarse a señalar que existe una “inconsistencia”, debe fundamentar el motivo de la negativa o retraso.

¿Cuáles son las razones por las que el SAT niega o demora una devolución de impuestos?

La mayoría de los rechazos, según la académica, se origina en equivocaciones por las personas que realizaron su declaración anual. Los motivos más habituales incluyen:

• Deducciones mal documentadas o sin los soportes necesarios.
• CFDI’s con información incorrecta.
• Omisión de ingresos relevantes en la declaración.
• Diferencias entre lo declarado y lo reportado por terceros.

En ocasiones, los sistemas automatizados del SAT identifican diferencias que pueden aclararse o corregirse. En esos casos, se suspende la devolución automática y se solicita al contribuyente presentar documentación adicional o realizar el trámite de forma manual.

Para evitar esta situación que puede terminar en una auditoría o en requerimientos fiscales futuros, es necesario prestar atención a ciertas señales de alerta:

• Declarar ingresos diferentes a los registrados por la autoridad fiscal.
• Solicitar devoluciones que no corresponden al nivel de ingresos.
• Omitir ingresos por plataformas digitales, inversiones, arrendamientos o préstamos.
• Realizar depósitos bancarios cuya procedencia no pueda demostrarse.

Una devolución rechazada no implica necesariamente una falta grave, pero si existen inconsistencias importantes, el SAT puede iniciar procedimientos de comprobación y revisar la situación fiscal del contribuyente.

El Servicio de Administración Tributaria aplica en junio como todos los meses de 2026 inmovilizaciones de cuentas bancarias a personas físicas y morales con adeudos fiscales pendientes, en un procedimiento mensual que no requiere orden judicial ni sentencia previa.

La medida alcanza a cualquier institución financiera que opere en México, sin importar su origen.

El SAT puede congelar depósitos bancarios, inversiones y seguros con base en el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa han confirmado la legalidad de esta facultad. Solo se bloquea el monto equivalente al crédito fiscal más recargos y multas: la cuenta completa no puede quedar inmovilizada.

Causas que activan el bloqueo

La primera causal es la falta de pago de impuestos —ISR, IVA u otras contribuciones— dentro de los plazos oficiales. Cuando un adeudo se convierte en crédito fiscal firme, es decir, cuando el contribuyente agotó los plazos para impugnarlo o simplemente no lo hizo, el SAT queda habilitado para ordenar la retención de fondos de forma directa.

La omisión de declaraciones fiscales, tanto mensuales como anuales, es otra causa frecuente. El organismo cruza la información de bancos, emisores de facturas y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para detectar a quienes reciben ingresos sin reportarlos. Si el sistema detecta esa discrepancia, puede iniciar un cobro coactivo que incluye el congelamiento de cuentas.

Ignorar los requerimientos formales del Buzón Tributario —solicitudes de documentación, comparecencias o auditorías— también puede escalar hasta el bloqueo. Lo que comienza como un requerimiento administrativo puede derivar en una inmovilización si el contribuyente no responde.

Dos causales adicionales son las discrepancias entre ingresos declarados y movimientos bancarios, y el uso de facturas falsas o simulación de operaciones. Esta última es la más grave y puede activar sanciones penales además del bloqueo.

Nuevo requisito de garantía en 2026

Hasta 2025, interponer un recurso de revocación ante el SAT eximía al contribuyente de garantizar el crédito fiscal durante la tramitación. Esa facilidad desapareció con la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

El artículo vigésimo noveno transitorio de esa ley establece que quien presente un recurso de revocación debe constituir una garantía del interés fiscal.

El plazo para hacerlo es de seis meses a partir de la presentación del recurso, o de 10 días hábiles si la resolución llega antes de ese plazo. Las formas de garantía aceptadas, en orden de prelación, son: billete de depósito, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza y obligación solidaria de tercero. Los títulos valor y la cartera de créditos ya no son válidos.

Qué cuentas no pueden ser bloqueadas

El artículo 157 del CFF protege ciertos fondos de forma expresa. Las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias, están fuera del alcance de la inmovilización.

También quedan protegidas las cuentas de nómina donde se depositan sueldos, salarios y pensiones, así como los recursos vinculados a programas sociales del gobierno federal. En ningún caso el SAT puede inmovilizar un monto mayor al del crédito fiscal actualizado más sus accesorios legales.

Cómo opera el procedimiento

Una vez que el SAT emite la orden, la entidad financiera tiene tres días hábiles para ejecutar la inmovilización y notificarlo al organismo. El SAT, a su vez, debe informar al contribuyente en los tres días siguientes, a través del Buzón Tributario, por estrados o por edictos.

Si el monto bloqueado supera el crédito fiscal, el SAT debe ordenar la liberación del excedente dentro de los tres días posteriores a que tenga conocimiento del error. No existe un plazo máximo legal para mantener la inmovilización: los fondos permanecen retenidos hasta que el contribuyente pague, ofrezca garantía suficiente o un tribunal ordene el levantamiento.

El rumor viral que el SAT desmintió

Un video publicado en TikTok en abril de 2026 acumuló más de 529 mil reproducciones al afirmar que la llamada “Ley de Moneda Digital Obligatoria 2026” permitiría al SAT congelar automáticamente las cuentas de quienes tuvieran más de $50,000 pesos en efectivo o en aplicaciones financieras.

La plataforma de verificación Verificado.com.mx y el propio SAT desmintieron la afirmación. El Diario Oficial de la Federación, la Cámara de Diputados, el Senado y el Sistema de Información Legislativa no registran ninguna norma con ese nombre ni ninguna iniciativa relacionada. En enero de 2026, el organismo tributario aclaró que “es totalmente falso” que cuente con atribuciones para ejecutar bloqueos masivos de cuentas por supuestos incumplimientos o por el monto de los depósitos.

Cómo recuperar el acceso a una cuenta bloqueada

El primer paso es acudir a la sucursal bancaria para obtener el número de oficio que ordenó la inmovilización y el monto exacto reclamado. Con esos datos, el contribuyente debe agendar una cita en el portal oficial del SAT bajo el concepto de “Adeudos Fiscales” o “Aclaraciones”.

Para desbloquear la cuenta, el contribuyente puede liquidar el adeudo en una sola exhibición, solicitar un convenio de pago en parcialidades —si el SAT lo autoriza— o presentar una garantía válida. El proceso de liberación tarda entre tres y 10 días hábiles una vez regularizada la situación.

Existen tres vías de defensa legal: el recurso de revocación ante el propio SAT, con un plazo de 30 días hábiles; el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con un plazo de 30 a 45 días hábiles; y la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que puede actuar como intermediaria cuando detecta irregularidades en el procedimiento.

Más de 1.100 profesores del sistema universitario californiano pidieron restablecer la Prueba de Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en inglés) como requisito de ingreso. Los docentes aseguran que la ausencia de exámenes estandarizados derivó en un descenso del nivel académico.

La medida de eliminar el SAT buscaba beneficiar a grupos históricamente desfavorecidos. Los docentes advierten que la ausencia de esa prueba ha generado problemas, especialmente en carreras científicas, y señalan que los efectos negativos se extienden a toda la comunidad universitaria, según informó el diario estadounidense, The Wall Street Journal.

El reclamo de los docentes de la Universidad de California

En una carta entregada la semana pasada, profesores de matemáticas y ciencias de la UC advirtieron sobre "graves deficiencias en la preparación" de los nuevos ingresantes. Según el texto, casi un tercio de los estudiantes que ingresaron a cálculo en UC Berkeley mostraron carencias educativas que obligaron a los docentes a repasar contenidos de secundaria en vez de avanzar en los programas universitarios.

“La UC cuenta con recursos limitados y solo puede ayudar a un número reducido de estudiantes”, señalan los firmantes.

El reclamo central apunta a que, si no se corrige el rumbo, la economía tecnológica de California podría verse dañada por la falta de graduados suficientemente preparados en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). Los profesores plantean que la sobrecarga de trabajo y el uso intensivo de recursos afectan a toda la comunidad académica.

¿Por qué se eliminó el SAT y cómo impacta a los estudiantes vulnerables?

La Universidad de California eliminó en 2020 el requisito del SAT o ACT para el ingreso, siguiendo una tendencia nacional que se aceleró durante la pandemia. Críticos como Harry Feder, director ejecutivo de FairTest, argumentan que las pruebas estandarizadas “limitan las oportunidades de los estudiantes negros, hispanos y de bajos recursos” porque muchas veces no reflejan el potencial de quienes provienen de contextos desfavorecidos.

Actualmente, más del 90% de las universidades de Estados Unidos no solicita pruebas estandarizadas, según datos citados por Feder a The Wall Street Journal. Sin embargo, algunos profesores advirtieron que eliminar el SAT dificulta comparar objetivamente a los postulantes, sobre todo ante la inflación de calificaciones en la secundaria.

Consecuencias en la preparación académica

Desde que la UC eliminó los exámenes, creció la proporción de estudiantes que deben cursar clases de refuerzo en matemáticas antes de avanzar a niveles superiores. Un informe de la Universidad de California en San Diego reveló que entre 2020 y 2025 el porcentaje de alumnos inscritos en cursos remediales subió de 0,5% a 8,5%.

Esto implica que cada vez más estudiantes ingresan sin los conocimientos necesarios para afrontar la carga académica de carreras científicas y técnicas. La carta de los profesores expone que, para avanzar en materias como cálculo, los docentes deben repasar conceptos de secundaria, lo que retrasa el avance académico.

El debate sobre equidad y acceso

La intención de eliminar el SAT fue ampliar el acceso universitario y reducir las barreras para los grupos tradicionalmente excluidos.

Sin embargo, el debate persiste: aunque la medida buscó beneficiar a estudiantes negros, hispanos y de bajos recursos, algunos expertos y docentes plantean que la ausencia de pruebas objetivas puede dificultar la identificación de talento en esos mismos grupos, especialmente cuando las calificaciones de las escuelas secundarias no son comparables entre sí.

Mientras la Universidad de California mantiene un sistema de admisión “sin exámenes”, otras instituciones han comenzado a revertir la tendencia. El MIT restableció el SAT en 2022 para medir mejor la preparación de los postulantes y detectar talento en entornos desfavorecidos.

Dartmouth College también volvió a exigirlo en 2024. Yale, que había eliminado los exámenes en 2020, decidió en 2024 volver a requerir una puntuación del SAT o ACT, formalizando el requisito para las próximas generaciones.

Por el contrario, las instituciones del sistema de la Universidad de California no consideran las calificaciones de exámenes estandarizados ni recopilan esos datos durante el proceso de admisión.

El argumento de los docentes y el futuro del SAT en California

“Ya estamos viendo las señales de alerta: trayectorias más largas para completar los cursos prerrequisito, menor preparación para los cursos avanzados y una creciente presión para diluir el rigor cuantitativo”, advierten los docentes.

Los profesores insisten en que, si la tendencia no se revierte, habrá una disminución en las tasas de graduación, un mayor tiempo para obtener el título universitario y menos egresados en carreras CTIM, lo que impactaría directamente en la fuerza laboral calificada del estado.

El presidente del Senado Académico de la UC, Ahmet Palazoglu, informó que el organismo está revisando las políticas y requisitos de admisión.

Mientras tanto, la universidad aconseja a los aspirantes dedicar el tiempo que antes invertían en la preparación para exámenes estandarizados a fortalecer su desempeño en las clases, participar en actividades extracurriculares y elaborar ensayos de calidad, según el portal oficial de UCLA.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima informó que este viernes 29 de mayo vence el plazo para pagar la segunda cuota del impuesto al patrimonio vehicular. En ese marco, la entidad difundió el ranking de distritos con más vehículos afectos al tributo, un indicador que refleja qué jurisdicciones concentraron más vehículos nuevos en los últimos tres años.

De acuerdo con el SAT de Lima, en Lima Metropolitana hay 189 993 vehículos registrados cuyos propietarios deben cancelar este impuesto, que grava la propiedad de automóviles, camionetas, station wagons, camiones, remolcadores o tracto camiones, buses y ómnibuses.

Top 5 de distritos con más vehículos nuevos: Surco, SJL y SMP a la cabeza

Según el reporte difundido por el SAT de Lima, el liderazgo lo mantiene Santiago de Surco y, detrás, aparecen distritos de Lima Este y Lima Norte. Este es el top 5:

1. Santiago de Surco: 19 164 unidades.
2. San Juan de Lurigancho (SJL): 11 604 unidades.
3. San Martín de Porres (SMP): 11 596 unidades.
4. Ate: 10 054 unidades.
5. La Molina: 8607 unidades.

En el siguiente bloque del ranking se ubicaron Miraflores (8577), Comas (7256), Cercado de Lima (7174) y Los Olivos (6923). Con esos datos, el registro muestra que SJL, SMP y Ate figuran entre los distritos que concentraron más unidades nuevas afectas al impuesto, por encima de Miraflores y también por encima de La Molina, aunque este último distrito sí aparece dentro del top 5.

Vence el 29 de mayo: qué se paga y quién está obligado

El impuesto al patrimonio vehicular es de periodicidad anual y se paga durante tres años, contados a partir del año siguiente al que se realizó la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular, según la información institucional del SAT.

La obligación recae en el propietario del vehículo al 1 de enero de cada año en que corresponda tributar. La tasa del impuesto es 1% de la base imponible. El SAT precisó que el monto a pagar no puede ser inferior al 1.5% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponde el impuesto.

La base imponible, además, se construye a partir del valor original de adquisición, importación o ingreso al patrimonio, y no puede ser menor a la tabla referencial que aprueba cada año el Ministerio de Economía y Finanzas, con un ajuste por antigüedad del vehículo.

Cómo consultar y pagar desde casa: web del SAT, bancos y Yape

Para facilitar el trámite y evitar colas, el SAT de Lima recordó que la consulta del monto y el pago pueden hacerse de forma 100 % digital.

El contribuyente puede ingresar a www.sat.gob.pe y elegir la opción “Paga tus tributos y papeletas” para realizar la consulta rápida. El pago, según la entidad, puede completarse desde la web del SAT, mediante plataformas de bancos afiliados o con la billetera digital Yape.

El SAT también indicó que los ciudadanos pueden usar la Agencia Virtual SAT las 24 horas para realizar operaciones de manera rápida y segura.

Sorteo por pagar a tiempo: gift cards, vales y un Smart TV

Como incentivo para el cumplimiento, el SAT de Lima, con el auspicio de Yape, anunció un sorteo virtual entre los contribuyentes que paguen dentro del plazo. Los premios incluyen gift cards de S/1000 y S/500, vales de combustible por S/100 y un Smart TV de 75”.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra Aquivaldo Mosquera, exjugador de futbol y excapitán del América, por el presunto delito de defraudación fiscal.

En los próximos días, las autoridades definirán qué juzgado llevará el proceso, luego de que el caso fuera turnado de un tribunal administrativo a uno penal en la Ciudad de México.

Según reportes judiciales, Mosquera promovió un amparo ante la indagatoria que realiza el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero. El expediente corresponde al número FED/FECOC/UEIDFF/CDMX/0000305/2022 y se relaciona con presuntas irregularidades fiscales en los ejercicios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. La carpeta de investigación fue abierta en 2022.

¿Por qué lo acusan?

La acusación principal apunta a una posible irregularidad en el domicilio fiscal reportado por Mosquera durante su etapa en el futbol mexicano. Versiones cercanas al caso señalan que el problema estaría relacionado con un aspecto administrativo en la gestión de su dirección fiscal, y no con una conducta dolosa.

Mosquera ha declarado que nunca tuvo problemas con el SAT y que cualquier requerimiento previo se resolvió a través de su contador: “Llegó un requerimiento una vez, se aclaró el tema de que habían puesto algo mal y ya, fue todo, desde que llegué acá a México, estuve al día con todos esos temas con el contador, quién sabe qué puede ser, pero para eso estamos aquí”, dijo en mayo de 2021.

En marzo pasado, los abogados que representan al exdefensor confiaban en que el caso pudiera solucionarse mediante justicia alternativa, ya que este tipo de delitos admite acuerdos con el SAT para regularizar la situación fiscal.

Mosquera promovió un amparo para protegerse de la investigación. El trámite llegó primero al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pero ese tribunal rechazó el caso: consideró que el asunto no es de naturaleza administrativa sino penal, por lo que no le correspondía resolverlo.

El expediente fue entonces enviado al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. Sin embargo, ese juzgado tampoco aceptó la conclusión de su contraparte.

En acuerdo del 20 de mayo de 2026, el tribunal penal devolvió el expediente al juzgado administrativo y le pidió que reconsiderara su postura: “Este órgano jurisdiccional no comparte la conclusión a la que arribó el juzgado declinante. Remítase el expediente original al órgano jurisdiccional declinante, previa copia certificada que se obtenga de él”.

En términos simples: ninguno de los dos juzgados quiere asumir el caso. Esa disputa de competencia es lo que mantiene en pausa la resolución del amparo de Mosquera y lo que se deberá definir en los próximos días.

¿Quién es Aquivaldo Mosquera y cómo le afectó el caso?

Aquivaldo Mosquera tiene 44 años, nació el 22 de junio de 1981. En México jugó para Pachuca y América, donde fue campeón y referente en la defensa. Es recordado por su liderazgo y por su participación en la final del Clausura 2013, cuando marcó un gol decisivo para el título de las Águilas.

El proceso judicial ha tenido consecuencias concretas en su vida profesional. Mosquera tenía prevista una actividad como embajador del América en Estados Unidos, pero la investigación le impidió concretarla:

“A mí me llevaban con América a ser embajador en Estados Unidos, y ahora ya no podré ir y se pierde la oportunidad de seguir vigente, y obviamente afectan muchas cosas”, dijo en su momento.

El futuro legal del exjugador colombiano depende de la resolución sobre la competencia judicial y de la posible solución administrativa del tema fiscal. Mientras tanto, sigue pendiente la determinación de la autoridad responsable y la definición final del proceso.

Durante 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementa procedimientos de fiscalización que incluyen la figura de la visita domiciliaria exprés, de acuerdo con la reforma al Código Fiscal de la Federación y lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta modalidad, establecida en el Artículo 49 Bis, permite al SAT acudir a los domicilios fiscales de contribuyentes para verificar la autenticidad de operaciones y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, especialmente en materia de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

El SAT señala que estas visitas no forman parte de operativos masivos ni inspecciones indiscriminadas. La autoridad realiza la selección de los sujetos a través de análisis de riesgo fiscal y criterios objetivos, relacionados con discrepancias entre lo declarado y lo facturado o con inconsistencias detectadas por los sistemas internos del SAT. Pueden ser objeto tanto personas físicas como morales, en sus domicilios fiscales, sucursales, oficinas, bodegas o cualquier lugar registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

En qué consisten las visitas exprés

Las visitas domiciliarias exprés permiten al SAT recabar evidencia física y documental para comprobar la existencia real del contribuyente y la materialidad de las operaciones facturadas. La autoridad puede solicitar acceso a contabilidad, documentos, bienes, mercancía y cualquier elemento vinculado a la actividad económica.

El procedimiento incluye la posibilidad de utilizar medios tecnológicos: los visitadores pueden tomar fotografías, videos y grabar audio para documentar la infraestructura, activos, personal, inventarios y cualquier elemento que respalde las actividades declaradas. Toda la evidencia digital se anexa al acta de visita para sustentar la revisión.

La reforma establece que, si durante la visita se identifican irregularidades graves, el SAT puede restringir temporalmente el uso del Certificado de Sello Digital (CSD), lo que impide al contribuyente emitir facturas electrónicas. El proceso exprés permite que la autoridad agilice la detección de operaciones simuladas y combate el uso de comprobantes fiscales apócrifos.

Procedimiento y formalidades

El personal del SAT debe cumplir con requisitos legales precisos para realizar una visita domiciliaria. La autoridad entrega una orden de visita debidamente fundada y motivada, que especifica el alcance y objeto de la diligencia.

Los visitadores deben identificarse oficialmente, exhibir la orden y entregar la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado al inicio de la visita.

El contribuyente tiene derecho a solicitar la verificación de identidad de los funcionarios, nombrar testigos, recibir copias de las actas y aportar pruebas o documentación que respalden la existencia y veracidad de sus operaciones. La autoridad está obligada a respetar las formalidades establecidas en la ley y la inviolabilidad del domicilio, excepto cuando se cumplan todos los requisitos legales.

Durante la visita, el SAT puede solicitar acceso a documentos y evidencias que permitan corroborar la existencia de bienes, servicios, servicios prestados, contratos, bitácoras, fotografías, registros de personal y cualquier elemento que respalde la operación económica.

Plazos y efectos de la visita exprés

Una vez levantada el acta de la visita exprés, el contribuyente dispone de cinco días hábiles para presentar pruebas que desvirtúen las sospechas u observaciones formuladas por la autoridad. El SAT debe emitir una resolución en un plazo máximo de 15 a 24 días hábiles.

Si la autoridad determina que existen operaciones simuladas, facturación sin sustento real o uso de comprobantes fiscales apócrifos, puede desconocer los efectos fiscales de los CFDI, determinar créditos fiscales, suspender o cancelar los sellos digitales e integrar expedientes para posibles delitos fiscales.

Las grabaciones, fotografías y demás evidencia digital recabada durante la visita pueden ser utilizadas como prueba dentro del procedimiento, pero no constituyen sanción automática.

Derechos y recomendaciones para contribuyentes

El SAT y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) destacan que los derechos constitucionales y las garantías legales del contribuyente permanecen vigentes durante todo el procedimiento.

El contribuyente debe recibir la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado y puede solicitar asesoría de la Prodecon en caso de diferencias de criterio con la autoridad.

Entre las recomendaciones oficiales para enfrentar una visita domiciliaria exprés destacan:

• Mantener actualizado el domicilio fiscal
• conservar organizada la documentación de materialidad (contratos, bitácoras, registros, fotografías, evidencia de servicios)
• Verificar que la operación real coincida con lo facturado y capacitar al personal sobre el protocolo ante la llegada de funcionarios del SAT.
• El contribuyente puede consultar la autenticidad de los visitadores mediante el escaneo del código QR de sus credenciales en la aplicación oficial del SAT.
• Toda evidencia multimedia recabada por la autoridad debe manejarse bajo protocolos de confidencialidad y exclusivamente para fines fiscales.

Las visitas domiciliarias exprés no sustituyen los procedimientos tradicionales de fiscalización, pero permiten a la autoridad actuar de manera más ágil ante indicios de irregularidades, siempre bajo el marco legal y el respeto a los derechos del contribuyente.

Solicitar una aclaración de adeudo reportado en el Buró de Crédito por información del SAT es un trámite que puede realizarse en línea a través de la plataforma oficial. Para iniciar el proceso, los usuarios deben cumplir ciertos requisitos y seguir pasos específicos establecidos en un documento oficial sobre el tema.

Entre los requisitos principales se encuentra la necesidad de tener a la mano el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la Contraseña asociada. Además, es obligatorio contar con los archivos electrónicos que respalden la aclaración, lo cual puede incluir documentos fiscales, comprobantes de pago o cualquier otro soporte relacionado con el adeudo. Un elemento adicional indispensable es un reporte de crédito donde aparezca el adeudo atribuido al SAT, siempre que este documento no supere el mes de antigüedad.

Para quienes han sido reportados en el Buró de Crédito por datos que provienen del SAT, el procedimiento para solicitar una aclaración en línea consta de cinco pasos.

El proceso inicia con el ingreso a la plataforma denominada Mi portal del SAT. El usuario debe acceder utilizando su RFC y la contraseña correspondiente, lo que garantiza que solo el titular de la información pueda avanzar en la solicitud.

Requisitos para solicitar aclaración ante el Buró de Crédito

El documento oficial detalla que los interesados deben reunir ciertos elementos antes de comenzar el trámite. Es obligatorio tener el RFC y la Contraseña activa para acceder a los servicios en línea.

También se requiere preparar los archivos electrónicos que sustenten la aclaración, como documentos que demuestren el pago del adeudo o alguna resolución emitida por el propio SAT.

Otro requisito fundamental es el reporte de crédito. Este debe mostrar específicamente el adeudo reportado por el SAT y no debe tener una antigüedad mayor a treinta días.

Si el reporte de crédito tiene más de un mes, será necesario solicitar uno nuevo antes de poder iniciar la aclaración. La documentación que respalde la solicitud debe estar digitalizada y lista para ser adjuntada durante el proceso.

Pasos para realizar la solicitud en línea

El procedimiento para aclarar un adeudo reportado por el SAT en el Buró de Crédito está detallado en cinco pasos principales. A continuación, los pasos que indica el documento:

Ingresar a Mi portal con el RFC y la contraseña correspondientes.

Localizar la opción Servicios por Internet en el menú principal.

Acceder al apartado Aclaraciones y seleccionar la opción Solicitud.

Elegir el trámite BURÓ DE CRÉDITO en la lista de trámites disponibles.

Capturar el motivo de la aclaración en el campo Asunto y detallar los números de adeudos en Descripción.

Adjuntar el reporte de crédito con antigüedad máxima de un mes y los archivos electrónicos que respalden la aclaración.

Hacer clic en el botón Enviar para formalizar la solicitud.

Cada paso busca facilitar la identificación y resolución de adeudos que el SAT haya reportado al Buró de Crédito.

Documentos y recomendaciones para el trámite

El documento subraya la importancia de que toda la información proporcionada sea clara y verificable. Si la documentación no coincide con los registros del SAT o si el reporte de crédito está desactualizado, la solicitud podría no proceder.

La plataforma Mi portal permite al usuario dar seguimiento a la solicitud. El proceso de revisión puede requerir tiempo, por lo que se recomienda conservar los acuses y comprobantes generados durante el trámite. El seguimiento se realiza también de forma digital a través del mismo portal.

Alcance del trámite

La aclaración del adeudo aplica exclusivamente para casos en los que la información reportada al Buró de Crédito proviene del SAT. Usuarios que detecten algún adeudo en su historial crediticio con origen en otros entes deberán dirigirse a la institución correspondiente.

El procedimiento descrito tiene como objetivo ofrecer una ruta directa y verificable para corregir reportes erróneos en el Buró de Crédito cuando estos estén vinculados con datos fiscales.

Para más detalles o aclaraciones adicionales, el documento sugiere consultar directamente las plataformas oficiales del SAT y el Buró de Crédito, donde se mantienen actualizados los requisitos y pasos a seguir.

La devolución de impuestos solicitada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede no llegar por un error en la cuenta bancaria registrada. Esta situación ocurre cuando el sistema detecta inconsistencias en los datos proporcionados, lo que impide completar el reembolso.

El SAT recomienda verificar si el motivo del rechazo corresponde a un dato erróneo en la cuenta y realizar la corrección directamente desde el portal, sin necesidad de acudir a una oficina.

Los motivos más comunes de rechazo relacionados con la cuenta bancaria incluyen datos incorrectos en los dieciocho dígitos requeridos, cuentas canceladas, bloqueadas o que no están a nombre del solicitante. Si el sistema marca este error, el usuario debe ingresar a la sección “Devoluciones y compensaciones” en la página oficial del SAT.

Al seleccionar la opción para corregir la cuenta bancaria, el contribuyente introduce los nuevos datos y adjunta un estado de cuenta actualizado, donde se refleje el nombre completo, el RFC y el número de cuenta.

Pasos para corregir la cuenta bancaria en el portal del SAT

Para modificar la cuenta registrada, la persona debe acceder al portal oficial y ubicar el trámite denominado “Presenta la corrección de cuenta para devoluciones no pagadas”. El procedimiento requiere:

• Ingresar con la e.firma o la contraseña del RFC
• Capturar los datos bancarios correctos y subir el estado de cuenta digitalizado con una antigüedad no mayor a tres meses.
• Una vez enviada la solicitud, el portal entrega un acuse de recibo y el trámite sigue su curso sin intervención presencial.
• El SAT precisa que la corrección del dato puede hacerse siempre que el estatus de la devolución indique inconsistencia por cuenta bancaria.

Este servicio está disponible para personas físicas y morales. El periodo estimado para procesar la devolución, una vez rectificados los datos, va de diez a cuarenta días hábiles, según la revisión de la documentación y la validación de la nueva información.

Durante ese lapso, el portal permite consultar el avance del trámite en el apartado “Seguimiento de Devoluciones” y recibir notificaciones a través del Buzón Tributario.

Documentación y requisitos para la corrección

El solicitante debe contar con e.firma vigente, RFC, contraseña de acceso y un estado de cuenta bancario donde se visualicen el RFC, el nombre completo del titular y el número de cuenta.

La documentación debe presentarse en formato digital, y el sistema solo admite archivos con una antigüedad máxima de tres meses. El trámite permite utilizar cualquier cuenta bancaria activa, siempre que el titular coincida exactamente con el RFC registrado ante el SAT.

Si el trámite se rechaza nuevamente, el usuario puede comunicarse con el SAT mediante el chat en línea o a través de MarcaSAT para recibir orientación sobre los motivos del rechazo y los pasos a seguir.

Consulta y seguimiento del estatus de la devolución

El portal del SAT ofrece seguimiento en línea sobre el estado de la devolución. Si la solicitud se rechaza otra vez, el sistema indica si persisten inconsistencias o si se requiere realizar una declaración complementaria para subsanar otros datos erróneos, como ingresos omitidos o deducciones no autorizadas.

El SAT señala la importancia de revisar a detalle los datos bancarios antes de enviar cualquier trámite para evitar demoras o rechazos adicionales.

Requisitos previos y puntos a considerar antes de corregir la cuenta

Antes de iniciar cualquier trámite de corrección, el SAT recomienda revisar que la cuenta bancaria esté activa, no tenga restricciones para recibir depósitos y se encuentre a nombre del solicitante.

El banco puede rechazar el pago si la cuenta está inactiva, cancelada o el nombre del titular no coincide con el RFC del solicitante. En estos casos, el sistema muestra el estatus “abono no efectuado” o “rechazada por el banco”.

La persona debe asegurarse de contar con la e.firma vigente, el RFC y la contraseña de acceso al portal. Para montos superiores a $15.000, el uso de la e.firma resulta obligatorio. Además, el estado de cuenta bancario debe estar en formato PDF, legible y sin alteraciones. La plataforma rechaza imágenes o capturas de pantalla.

Procedimiento para corregir la cuenta paso a paso

El usuario debe ingresar al Buzón Tributario del SAT con su RFC y contraseña. Elige el trámite “Modificar la cuenta asociada al trámite”, introduce la nueva cuenta bancaria y adjunta el estado de cuenta. El sistema solicita confirmación de los datos y genera un acuse de recibo electrónico, que respalda la actualización realizada. El trámite puede repetirse en caso de nuevos rechazos, siempre que la devolución no haya sido depositada.

El SAT también permite corregir la cuenta mediante el trámite de devolución manual si la transferencia electrónica falla por razones ajenas al contribuyente. En cada caso, el sistema especifica el motivo del rechazo y habilita la opción para ingresar la nueva información bancaria.

Declaración complementaria en caso de rechazo persistente

Si después de corregir la cuenta el rechazo persiste, el SAT sugiere presentar una declaración complementaria. Para ello, el contribuyente ingresa al portal y selecciona la opción de declaración complementaria, elige el motivo del cambio y actualiza los datos requeridos.

El sistema solicita adjuntar la documentación necesaria. El proceso de revisión puede tomar entre diez y cuarenta días hábiles.

El SAT recuerda que los rechazos pueden deberse no solo a errores bancarios, sino también a omisión de ingresos, deducciones improcedentes o inconsistencias fiscales. El contribuyente debe analizar cuidadosamente el motivo comunicado por la autoridad y subsanar en su caso la información.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está obligado, según el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (CFF), a devolver los saldos a favor solicitados por los contribuyentes en un plazo máximo de 40 días hábiles a partir de la presentación de la declaración o solicitud correspondiente.

Si el SAT no cumple con este plazo y la solicitud fue presentada completa y en forma, el contribuyente tiene derecho a reclamar intereses moratorios conforme a la tasa oficial publicada en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026.

El porcentaje de intereses moratorios se aplica únicamente cuando la devolución no se realiza en el plazo legal y el contribuyente no incurre en omisiones o errores en la documentación entregada.

El cálculo de intereses inicia automáticamente a partir del día 41 hábil y continúa hasta el pago efectivo de la devolución.sales de intereses moratorios

El artículo 22 del CFF establece que el SAT tiene hasta 40 días hábiles para efectuar la devolución a partir de la presentación de la solicitud. Si la autoridad solicita información adicional, el plazo se suspende y se reanuda después de que el contribuyente atienda el requerimiento.

Porcentaje oficial de intereses moratorios que paga el SAT en 2026

El SAT paga 2.07% mensual de intereses moratorios sobre el monto no devuelto en tiempo a partir del día 41 hábil.

Este porcentaje está documentado en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 y en el artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación.

Para 2026, la tasa aumentó respecto al año anterior, cuando era de 1.47% mensual. El cálculo es automático y se aplica desde el día siguiente al vencimiento del plazo legal hasta la fecha de pago efectivo.

Paso a paso para reclamar intereses moratorios al SAT

1. Verifica la fecha de presentación de tu solicitud de devolución. El plazo de 40 días hábiles inicia al día siguiente de la presentación.

2. Revisa si el SAT emitió requerimiento de información. Si lo hizo, el plazo se suspende hasta que atiendas el requerimiento.

3. Calcula el vencimiento del plazo. Si han pasado 40 días hábiles sin resolución ni depósito, tienes derecho a intereses moratorios.

4. Prepara tu documentación: acuse de recibo de la solicitud de devolución, constancias de retención, comprobantes fiscales, estados de cuenta y cualquier comunicación del SAT.

5. Presenta un escrito libre dirigido al SAT por medio del Buzón Tributario, solicitando el pago de intereses moratorios. Adjunta pruebas de la fecha de la solicitud y del incumplimiento del plazo.

6. Da seguimiento a tu trámite en el portal del SAT o mediante el Buzón Tributario. Guarda toda la correspondencia recibida y enviada.

7. Si el SAT niega la solicitud o no responde, puedes interponer un recurso de revocación ante el propio SAT o un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un plazo de 30 días hábiles. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente puede asesorarte sin costo.

8. Conserva toda la documentación por al menos cinco años para futuras revisiones o procedimientos.

Fundamento normativo y derechos del contribuyente

Los derechos del contribuyente están protegidos por la normatividad fiscal. Si el SAT no cumple con la devolución en tiempo, el contribuyente puede exigir el pago de intereses. El cálculo se realiza desde el día siguiente al vencimiento del plazo hasta la fecha de pago efectivo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2026 que, en devoluciones por anulación de créditos fiscales, solo se pagan intereses si el tribunal lo ordena expresamente.

Esta resolución de la SCJN sobre créditos fiscales anulados y sus intereses sí forma parte del marco general de intereses moratorios del SAT, pero no aplica a cualquier devolución, sino únicamente a aquellas donde hubo un litigio y una sentencia de nulidad.

Para devoluciones ordinarias de saldo a favor, el interés moratorio es automático si el SAT no cumple el plazo legal.

Ambos temas tratan sobre intereses moratorios, pero su aplicación, origen y requisitos son diferentes.

Estas normativas y organismos respaldan los derechos y pasos para reclamar intereses moratorios ante retrasos en devoluciones fiscales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México puso a disposición el simulador para la declaración anual, una herramienta digital que permite a los contribuyentes verificar y corregir su información fiscal antes de presentar la declaración oficial.

El simulador está disponible en el portal institucional y busca mejorar la precisión de los datos reportados, reducir errores y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias.

El acceso al simulador se realiza desde el sitio oficial del SAT. Los contribuyentes deben ingresar con RFC y contraseña o mediante la e.firma. Una vez dentro, es posible revisar la información precargada sobre ingresos, deducciones, retenciones y pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Esta opción no sustituye la declaración definitiva; su objetivo es ofrecer una vista previa y permitir que los usuarios identifiquen posibles inconsistencias o faltantes.

Paso a paso para utilizar el simulador del SAT

• Ingresa al portal oficial del SAT desde tu navegador.
• Haz clic en la sección “Declaración Anual” y selecciona la opción “Simulador”.
• Accede con tu RFC y contraseña, o utiliza la e.firma si lo prefieres.
• Verifica que tu buzón tributario esté activo y actualizado para poder avanzar.
• Una vez dentro, revisa la información precargada de ingresos, deducciones, retenciones y pagos provisionales que muestra el sistema.
• Si detectas errores, inconsistencias o información faltante, realiza las correcciones necesarias o prepara la documentación para aclaraciones.
• Consulta el cálculo preliminar que el simulador arroja sobre impuesto a pagar o saldo a favor.
• Si es necesario, elabora declaraciones complementarias desde el mismo portal para corregir datos previos.
• Guarda los cambios y utiliza las opciones de descarga para conservar tu simulación.
• Finaliza el proceso y repite la revisión si realizas modificaciones en tus datos antes de la fecha de presentación de la declaración formal.

Funcionamiento y acceso al simulador

El simulador está dirigido a personas físicas, incluidos quienes tributan bajo el régimen de sueldos y salarios, actividad empresarial, servicios profesionales, arrendamiento y plataformas digitales.

También pueden utilizarlo sociedades civiles, RESICO, asociaciones sin fines de lucro y contribuyentes en proceso de liquidación.

Para ingresar, es necesario contar con un buzón tributario activo y actualizado. El sistema valida la identidad del usuario y muestra la información fiscal precargada, recolectada por el SAT a partir de los comprobantes fiscales digitales (CFDI) y declaraciones previas.

Los contribuyentes pueden añadir deducciones personales o corregir datos antes de enviar la declaración definitiva cuando inicie el periodo oficial.

El simulador de declaración anual 2026 permite a los usuarios visualizar el resumen de ingresos, deducciones autorizadas y pagos efectuados durante el año fiscal.

El sistema alerta sobre inconsistencias, omisiones o datos que requieran aclaración, facilitando la corrección anticipada para evitar multas o requerimientos futuros.

Ventajas y novedades del simulador 2026

Entre las ventajas principales del simulador para 2026 se encuentra la precarga automatizada de información y la posibilidad de revisar el cálculo preliminar del impuesto a pagar o a favor. El sistema incorpora nuevas funciones para identificar errores frecuentes, como deducciones duplicadas, ingresos omitidos y diferencias en las retenciones reportadas por terceros.

El SAT indicó que el simulador contribuye a la transparencia y la cultura fiscal, permitiendo a los contribuyentes anticipar el resultado de su declaración y preparar la documentación necesaria.

Además, reduce el riesgo de auditorías al detectar y solucionar inconsistencias antes de la presentación oficial.

El uso del simulador es voluntario, pero se recomienda su empleo para todos los contribuyentes obligados a declarar, ya que ayuda a prevenir sanciones y promueve el cumplimiento adecuado de las obligaciones fiscales.

Utilidad fiscal y prevención de errores

El simulador ofrece la opción de presentar declaraciones complementarias si el usuario detecta errores en los datos precargados.

Esta función es escencial para quienes identifican diferencias entre los ingresos reportados por el SAT y los efectivamente percibidos, o para corregir deducciones no reconocidas.

El SAT destaca que el uso del simulador permite a los contribuyentes evitar multas, recargos y procedimientos de fiscalización, ya que los errores pueden corregirse antes de la declaración formal.

Además, proporciona una guía paso a paso para quienes realizan la declaración anual por primera vez, con tutoriales y asistencia en línea desde el portal institucional.

La herramienta representa un avance para la administración tributaria digital en México, facilitando el cumplimiento fiscal y fortaleciendo la relación entre contribuyentes y la autoridad.

El reparto de utilidades es un derecho constitucional que obliga a los empleadores en México a entregar a sus trabajadores una parte de las ganancias obtenidas por la empresa cada año.

Este mecanismo está previsto en el artículo 123 de la Constitución y el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo.

Por medio del reparto de utilidades, se reconoce la aportación de cada trabajador al crecimiento de la empresa, además de ser una obligación legal para los empleadores.

¿Cómo se calcula el monto que corresponde a cada empleado?

El monto que recibirás se determina a partir del 10% de las utilidades netas que reportó la empresa en el año fiscal anterior.

Esta cantidad se reparte en dos partes iguales: la primera se distribuye según los días trabajados en 2025; la segunda, de forma proporcional al salario cobrado durante el año.

Solo se consideran los salarios base, es decir, lo que se recibe por cuota diaria, sin contar horas extras, primas ni gratificaciones. Si el salario es variable, se utiliza el promedio anual.

Para trabajadores de confianza, existe un tope: su participación no puede superar el salario base anual más alto de los empleados sindicalizados o de base, más un 20%.

Además, el SAT establece que la cantidad máxima que se puede recibir por utilidades es de tres meses de salario o el promedio de las utilidades recibidas en los últimos tres años, el que resulte más favorable.

La institución indica que el empleador debe entregar a los representantes de los trabajadores una copia de la declaración fiscal anual, donde se señala el monto que corresponde a la participación de utilidades.

Esta información debe estar disponible para consulta dentro de los diez días siguientes a la presentación de la declaración.

¿Cuándo y cómo se pagan las utilidades?

De acuerdo con el SAT, el pago de utilidades debe realizarse en tiempo y forma, dentro de los 60 días naturales posteriores a la fecha de pago del impuesto anual: entre el 1 de abril y el 30 de mayo de 2026 en el caso de empresas, y del 1 de mayo al 29 de junio si se labora para una persona física.

Las empresas tienen hasta el 30 de mayo de 2026 para realizar el pago. Si trabajas para una persona física, el límite es el 29 de junio.

El pago debe realizarse en moneda nacional, directamente al trabajador. No es válido compensar este monto contra otras deudas ni cederlo al patrón o terceros.

Qué hacer si no se reciben utilidades o no se está de acuerdo con el pago

Si no se recibe el pago o la cantidad es menor a la que corresponde o tienes dudas sobre el cálculo, puedes presentar una objeción ante el SAT.

El procedimiento inicia con la entrega de la declaración fiscal anual por parte del patrón al sindicato o mayoría de trabajadores, junto con los anexos necesarios.

Se tienen 30 días hábiles para presentar el escrito de objeciones, contados a partir del fin del periodo para revisar las declaraciones fiscales entregadas por el patrón que debe contener las razones, los rubros objetados, domicilio para notificaciones y documentos que respalden la petición.

El SAT dispone de 30 días hábiles para admitir o descartar el escrito y puede requerir información adicional. Si la objeción determina un pago adicional, el patrón debe cubrirlo.

Para el caso individual, se cuenta con un plazo de un año para la reclamación, este proceso no lo lleva a cabo el SAT, se hace a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

Obligaciones del empleador y protección de tu derecho

El empleador debe realizar el pago de utilidades, presentar la declaración anual y entregar copia a los representantes de los trabajadores.

También debe poner a disposición de la Comisión Mixta de utilidades la lista de asistencia y otros elementos para elaborar el proyecto de reparto, fijándolo en un lugar visible del centro de trabajo.

La PROFEDET y el SAT son las instancias pertinentes para vigilar el cumplimiento, dependiendo del caso particular.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció como jurisprudencia que las notificaciones electrónicas personales en juicios de amparo, cuando se generan durante un día inhábil —incluidos fines de semana o días festivos—, tendrán efectos legales a partir del primer minuto del día hábil siguiente.

Este criterio aplica si la constancia se emite porque la persona consulta el portal en una fecha inhábil o si el sistema la genera automáticamente por falta de consulta dentro del plazo, de acuerdo con el comunicado de la SCJN del pasado 12 de mayo.

La resolución respondió a la Contradicción de Criterios 15/2026, discutida en sesión del Pleno, en la que dos tribunales colegiados sostenían posturas opuestas: mientras uno consideraba que los efectos de la notificación comenzaban al generarse la constancia, otro estimaba que debían arrancar hasta el día hábil posterior.

SCJN fundamentó su decisión en una interpretación sistemática de las reglas sobre notificaciones electrónicas y el régimen general de días hábiles de la Ley de Amparo. El Pleno concluyó que, aunque la normativa prevé que la notificación surte efecto con la generación de la constancia, ese principio debe armonizarse con la exigencia de certeza procesal para las partes y la prohibición de computar plazos en días inhábiles.

A partir de este fallo, la Suprema Corte unificó el criterio aplicable a tribunales federales y garantiza seguridad jurídica: los plazos procesales derivados de notificaciones electrónicas iniciarán exclusivamente en días hábiles.

La Suprema Corte declara inconstitucional el plazo para cancelar facturas electrónicas

El Pleno de la SCJN resolvió el pasado 30 de abril que las limitaciones temporales para la cancelación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) establecidas por la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 son inconstitucionales, pues restringen de forma irrazonable el derecho de los contribuyentes a autocorregir su situación fiscal, lo que afecta la seguridad jurídica durante procesos tributarios, de acuerdo con el fallo.

La decisión eliminó el plazo que obligaba a las personas morales a cancelar sus CFDI a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, y a las personas físicas hasta el 30 de abril, ampliando la posibilidad de modificar facturas sin límite temporal. Esta sentencia protege el derecho de autocorrección fiscal, al reconocer que la complejidad de las operaciones comerciales en México exige mayor flexibilidad.

El amparo en revisión 397/2025 surgió después de que el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México negara la protección constitucional en mayo de 2025 a una tercera persona moral y a varias sociedades anónimas de capital variable. La quejosa impugnó la constitucionalidad del artículo 22, fracción VI, que exigía plazos estrictos para la cancelación de comprobantes fiscales digitales por Internet.

En su resolución, la SCJN dictaminó que “resulta incompatible con la dinámica y complejidad de las operaciones comerciales” imponer esta restricción. El Pleno señaló que la norma reclamada sustituía al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, que solo permitía cancelar facturas en el mismo ejercicio en que se emitieron, mientras que la Ley de Ingresos 2025 autorizaba la cancelación solo hasta el último día del mes de la declaración anual.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa inhabilitó hasta por 10 años a cuatro ex servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar (Banbien) por faltas administrativas graves que incluyeron el robo de recursos de cuentahabientes y el uso indebido de datos personales de contribuyentes.

Las investigaciones contra los funcionarios fueron realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC) de ambas instituciones y derivaron también en sanciones económicas de hasta 250 mil pesos.

Los casos en el Banbien involucraron el retiro de recursos de cuentas bancarias sin consentimiento de los titulares por un monto superior a 275 mil pesos, además de la elaboración de conciliaciones con información falsa. En el SAT, la irregularidad consistió en asignar citas para trámites fiscales con datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución, lo que implicó el manejo no autorizado de información privada.

El caso fue revelado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez.

Tres ex funcionarios del BANBIEN recibieron la sanción máxima de 10 años

El exsubjefe de área Juan “D” y el exauxiliar de sucursal Orlando “P” fueron inhabilitados por 10 años y recibieron sanción económica tras acreditarse su participación en el retiro no autorizado de fondos de cuentas bancarias.

Las autoridades no revelaron la sucursal en la que laboraban los sancionados.

En el mismo banco, el exasistente administrativo Marco “M” también fue inhabilitado por una década y multado, en su caso por haber realizado conciliaciones con datos que no correspondían a la realidad.

Las sanciones económicas para los tres ex funcionarios del Banbien se encuentran dentro del rango establecido por el Tribunal, que fijó multas de entre 25 mil y 250 mil pesos.

La SABG precisó que las personas señaladas tienen derecho a impugnar las resoluciones, y que en ese caso la dependencia las defenderá con el respaldo de las evidencias recabadas durante las investigaciones.

En el SAT, la inhabilitación fue de un año por uso irregular de datos de contribuyentes

Un exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT, identificado como Víctor “R”, recibió una inhabilitación de un año para ejercer cargos en el servicio público.

El OIC del SAT documentó que utilizó datos personales de contribuyentes que no figuraban en el portal oficial de la institución para asignar citas de manera irregular, lo que constituyó una falta administrativa grave.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió el comunicado este 13 de mayo de 2026 e invitó a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción en el sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, disponible en su sitio web.

En otros hechos, fue inhabilitada distribuidora por falsificar documentos al IMSS

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por un año a HIMA Promotions, S.A. de C.V. y le impuso una multa de 643 mil 188 pesos tras detectar que presentó documentación falsa en un procedimiento de contratación con el IMSS. La sanción se derivó de la participación de la empresa en la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR012-T-202-2023, para la adquisición de medicamentos, donde entregó una carta de respaldo supuestamente emitida por la titular del registro sanitario, que resultó falsa.

La notificación se realizó hace un mes, el 13 de abril, y la publicación apareció el pasado 6 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

La empresa, originaria de Veracruz, quedó inscrita en el registro de proveedores y contratistas sancionados, lo que le impide participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con el Gobierno de México durante un año. Si al concluir ese plazo no ha pagado la multa, la prohibición se mantiene vigente hasta que acredite el pago ante la Secretaría y se elimine el registro en Compras MX.

La circular publicada en el Diario Oficial instruyó a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas públicas del Estado, la FGR, gobiernos estatales, municipios y alcaldías de la Ciudad de México a abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con HIMA Promotions durante el plazo de la inhabilitación. Los contratos ya adjudicados o formalizados antes de la publicación no se vieron afectados.

El historial de irregularidades de la empresa no era nuevo. En abril de 2024, la Cofepris la incluyó en su lista de distribuidores irregulares de medicamentos por incumplir la regulación vigente. En 2025 volvió a aparecer en esa lista, esta vez por falta de aviso de funcionamiento. Ese mismo año, HIMA Promotions había recibido un contrato del IMSS Hidalgo por 80 mil 694 pesos para suministrar meropenem solución inyectable.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el límite temporal que imponía el SAT para cancelar facturas electrónicas.

La resolución, emitida el 30 de abril de 2026 en el amparo en revisión 397/2025, elimina la restricción que obligaba a los contribuyentes a cancelar los CFDI sólo hasta marzo o abril del año siguiente, según su régimen.

El fallo protege el derecho de autocorrección fiscal y marca un precedente para otros límites similares que el SAT podría imponer en el futuro.

La decisión del Pleno de la SCJN se fundamentó en la incompatibilidad del artículo 22, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 con el principio de seguridad jurídica.

Establecer un plazo fijo, sostuvo la Corte, afecta el derecho de los contribuyentes a corregir su situación fiscal y no refleja la complejidad de las operaciones comerciales que realizan las empresas y personas físicas en México.

Posibles efectos futuros y extensión a otros límites fiscales

La resolución de la SCJN podría tener efectos más allá de la cancelación de facturas. Al declarar inconstitucional el límite temporal, abre la puerta a impugnaciones de otras restricciones administrativas impuestas por el SAT que afecten derechos fundamentales como la autocorrección y la seguridad jurídica.

La sentencia de la SCJN, por tanto, no sólo impacta la cancelación de CFDI vencidos, sino que marca una tendencia hacia la protección de derechos fundamentales frente a restricciones administrativas en materia fiscal en el país.

Fundamentos de la resolución de la SCJN

El recurso fue promovido por una persona moral y varias sociedades anónimas de capital variable, luego de que el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México negara el amparo el 13 de mayo de 2025.

El argumento central aceptado por la Corte fue que la norma imponía una regla invariable: los contribuyentes obligados a expedir CFDI debían cancelarlos a más tardar el último día de marzo del año siguiente para personas morales, y hasta el 30 de abril para personas físicas.

La SCJN determinó que dicha temporalidad era irrazonable y contraria al derecho de autocorrección fiscal. El Pleno sostuvo que limitar la cancelación de CFDI a ese periodo resulta incompatible con la dinámica y complejidad de las operaciones comerciales. Esta sentencia sienta un precedente que podría impactar otros límites administrativos fijados por el SAT.

La disposición impugnada modificaba el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, el cual en 2025 establecía que las facturas sólo podían cancelarse en el ejercicio en el que se emitían.

En contraste, la Ley de Ingresos de 2025 autorizaba la cancelación hasta el último día del mes de la declaración anual, lo que la SCJN consideró insuficiente desde la perspectiva de la seguridad jurídica.

Alcances de la sentencia y efectos para los contribuyentes

El fallo de la SCJN elimina cualquier límite temporal para cancelar los CFDI, abriendo la posibilidad de que los contribuyentes puedan corregir su situación fiscal en cualquier momento.

Esta decisión protege el derecho fundamental de los obligados fiscales a la autocorrección, un principio reconocido por la legislación mexicana.

Con la nueva interpretación, los contribuyentes ya no están obligados a cancelar sus facturas electrónicas antes de marzo o abril del año siguiente, dependiendo de si son personas morales o físicas.

La medida representa un cambio significativo en la administración tributaria y puede influir en la manera en que el SAT regula otros procedimientos.

La sentencia advierte que cualquier restricción debe ser razonable y congruente con la naturaleza de las actividades económicas. El Pleno de la SCJN subrayó que fijar un plazo invariable para la cancelación de CFDI no es compatible con la dinámica comercial vigente en México.

Algunos ejemplos de resoluciones de la SCJN que protegen al contribuyente

Protección contra fiscalización arbitraria (derecho a la privacidad): La SCJN estableció que las autoridades fiscales solo pueden acceder a datos y movimientos bancarios de los contribuyentes bajo condiciones legales estrictas.

Cada requerimiento debe estar debidamente fundado y motivado, informando de manera clara los motivos y el alcance de la revisión. El acceso discrecional a información fiscal por gobiernos u otras autoridades quedó restringido, exigiendo convenios de colaboración y justificación legal.

Acceso a la justicia y debido proceso: La SCJN validó y fortaleció el uso de herramientas digitales para el litigio fiscal. Los contribuyentes pueden presentar recursos y pruebas electrónicas sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México, lo que garantiza el acceso a la justicia y el debido proceso en procedimientos administrativos y fiscales.

Los tribunales deben aceptar promociones digitales y asegurar igualdad procesal.

Derecho a la dignidad humana y patrimonio moral: La SCJN priorizó la protección del patrimonio moral y la dignidad humana por encima del secreto fiscal en casos de daño moral. El tribunal estableció reparaciones integrales cuando se acredita la divulgación indebida de información personal, distinguiendo entre información de interés público y datos personales cuya difusión afecta la reputación y la moral de los afectados.

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) constituye un derecho constitucional en México, que permite a las personas trabajadoras recibir una parte de las ganancias anuales obtenidas por la empresa en la que laboran.

Este pago debe reclamarse dentro del año posterior al plazo marcado por la Ley Federal del Trabajo.

Para empresas constituidas como persona moral, el pago debe realizarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo de 2026. Para personas físicas empleadoras, el periodo va del 1 de mayo al 29 de junio del año en curso.

El beneficio aplica a empleados activos y a quienes hayan terminado la relación laboral, siempre que hayan laborado al menos 60 días, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

Estas personas no tienen derecho a cobrar utilidades en 2026

La Ley Federal del Trabajo ampara el derecho al reclamo en caso de incumplimiento, pero establece límites claros para quienes quedan fuera de la lista de beneficiarios.

No tienen derecho a cobrar utilidades estos trabajadores:

1. Trabajadores domésticos
2. Trabajadores eventuales que hayan trabajado menos de sesenta días en el ejercicio
3. Directores, Administradores y Gerentes Generales, así como socios o accionistas de la empresa, aunque hayan laborado todo el año.
4. Profesionistas técnicos y otros que, mediante el pago de honorarios presten sus servicios, sin existir una relación de trabajo subordinado
5. Quienes hayan trabajado bajo régimen de subcontratación sin cumplir los requisitos legales.

Ni las personas que laboran en empresas exentas por ley: aquellas en su primer año de operaciones, el IMSS, instituciones públicas dedicadas a actividades culturales, asistenciales o de beneficencia, así como empresas cuyo capital sea inferior al mínimo fijado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Cómo se calculan y pagan las utilidades en 2026

El monto destinado al reparto de utilidades se notifica a los empleados dentro de los diez días posteriores a la presentación de la declaración anual de impuestos del patrón.

El reparto se realiza en dos partes iguales: la primera se distribuye de manera equitativa entre todo el personal y la segunda en proporción al salario percibido durante el año.

Para empresas constituidas como persona moral, el pago debe realizarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo. Para personas físicas empleadoras, el periodo va del 1 de mayo al 29 de junio.

El cálculo las utilidades toma únicamente el salario diario ordinario, excluyendo horas extras y bonificaciones.

Para salarios variables, la ley obliga a usar el promedio anual. Si se trata de personal de confianza, se toma el salario más alto de un trabajador sindicalizado o de base más un 20% adicional.

Se consideran como días laborados los periodos en que el trabajador recibió sueldo sin prestar servicio, como incapacidades temporales por accidente, descansos semanales, vacaciones, días festivos y permisos con goce de sueldo.

Qué hacer si no recibes el pago de utilidades correspondiente

Toda persona trabajadora dispone de un año para reclamar el pago de utilidades faltante o incompleto.

El plazo inicia el día siguiente a la fecha límite de entrega establecida por la ley. Si la empresa cambia de razón social, el patrón sustituto debe responder por las obligaciones laborales durante los siguientes seis meses.

En caso de renuncia o despido, si la persona laboró más de 60 días, mantiene el derecho a recibir utilidades y puede solicitar el pago en la última dirección laboral antes del 31 de mayo de cada año.

Si el trabajador considera que el monto recibido no corresponde al que marca la ley, puede presentar una objeción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El incumplimiento en el pago puntual de utilidades puede derivar en multas para la empresa o el empleador.

La sanción mínima es de aproximadamente 29 mil 327 pesos mexicanos y la máxima de más de 500 mil pesos mexicanos, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En 2026, la devolución del saldo a favor del SAT se ha realizado en tiempo récord para miles de contribuyentes, pero existen casos en los que el depósito no llega en el plazo prometido.

Frente a esta situación, es fundamental conocer los pasos oficiales para resolver el atraso y las vías que ofrece el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para acelerar el proceso.

El SAT tiene la obligación legal de devolver los saldos a favor dentro de un plazo de 40 días hábiles. Sin embargo, este año, la autoridad informó que muchas devoluciones automáticas se han procesado en un promedio de tres a cinco días hábiles, especialmente para quienes presentaron su declaración anual sin inconsistencias y con datos correctos.

A pesar de este avance, el hecho de no recibir el depósito rápido no implica el rechazo inmediato del saldo a favor, ya que cada trámite puede enfrentar revisiones específicas o requerimientos adicionales.

Plazos y causas de retraso en la devolución del saldo a favor del SAT

El tiempo máximo legal para que el SAT resuelva una solicitud de devolución es de 40 días hábiles, según el Código Fiscal de la Federación (artículo 22). En 2026, la autoridad mantiene el compromiso de procesar devoluciones automáticas a personas físicas en un promedio de tres a cinco días hábiles, aunque el plazo puede extenderse si se detectan inconsistencias o se requiere información adicional.

El SAT depositó más de 2 mil 179 millones de pesos de ISR en solo tres días a contribuyentes que cumplieron con la declaración anual, pero advierte que cada caso pasa por filtros de validación, revisión de deducciones, verificación de CLABE interbancaria y cruce de datos fiscales. Por ello, aunque el promedio es bajo, algunos contribuyentes pueden recibir el pago semanas después o enfrentar revisiones puntuales.

Si no has recibido la devolución en el tiempo esperado, es posible que el trámite esté en revisión manual debido a errores en la CLABE bancaria, deducciones no reconocidas, e.firma vencida o diferencias entre lo declarado y lo registrado ante el SAT. La autoridad también puede emitir requerimientos de información, suspendiendo el conteo de días hasta que el contribuyente responda.

Cómo consultar el estatus y detectar inconsistencias

El primer paso ante un retraso es ingresar al portal oficial del SAT (sat.gob.mx), acceder a la sección de declaraciones y consultar el estatus de la devolución en el apartado “Devoluciones y compensaciones”.

Es imporntante revisar el buzón tributario, ya que el SAT comunica ahí cualquier requerimiento, rechazo o autorización.

Si el sistema indica que el saldo a favor no está registrado o la solicitud fue rechazada, puede deberse a errores en la declaración, CLABE interbancaria incorrecta, o deducciones sin comprobante fiscal digital (CFDI).

En ese caso, se recomienda presentar una declaración complementaria para corregir la información y volver a solicitar la devolución.

El SAT puede requerir documentación adicional —como estados de cuenta bancarios, constancias de retención o comprobantes de deducciones— a través del buzón tributario. Es fundamental responder en un plazo de 20 días hábiles para evitar la cancelación de la solicitud.

Motivos frecuentes de rechazo o revisión manual

Entre los errores más comunes que generan retrasos o rechazos en la devolución destacan:

• CLABE interbancaria incorrecta o cuenta bancaria no registrada a nombre del RFC del contribuyente.
• Deducciones personales sin comprobante fiscal válido.
• Declaración sin saldo a favor declarado en el sistema.
• E.firma vencida o contraseña incorrecta para devoluciones mayores a $10,000.
• Omisión de responder requerimientos del SAT.
• Diferencias entre datos precargados y lo declarado.

Cuando la devolución automática no procede, el contribuyente debe presentar una solicitud manual mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED), anexando la documentación que respalda el saldo a favor.

Opciones oficiales para acelerar el trámite

Si el SAT no ha realizado el depósito después de los 40 días hábiles, el contribuyente puede exigir el pago de intereses moratorios sobre el monto adeudado, conforme al artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación. El cálculo de intereses inicia desde el día 41 hábil tras la presentación de la solicitud.

Para acelerar el proceso, verifica que la e.firma esté vigente, que la CLABE interbancaria sea correcta y que todos los CFDI de deducciones estén en orden.

Si la devolución fue rechazada o no avanza, presenta una solicitud manual adjuntando los documentos requeridos. El seguimiento debe hacerse siempre por el buzón tributario; responder con prontitud a cualquier requerimiento es clave para evitar la cancelación.

Recomendaciones y canales oficiales del SAT

El SAT recomienda monitorear de forma regular el buzón tributario y el portal oficial para verificar el avance del trámite. Si se detecta algún requerimiento, atiéndelo en tiempo y forma. Para dudas o aclaraciones adicionales, el contribuyente puede acudir a las oficinas del SAT o consultar los canales digitales disponibles en sat.gob.mx.

Este año, el SAT ha destacado la rapidez en la devolución automática para la mayoría de los solicitantes. No obstante, en caso de no recibir el saldo a favor en el tiempo prometido, el organismo fiscal ofrece mecanismos claros y oficiales para reclamar, corregir inconsistencias y asegurar el depósito correspondiente.

La Policía de Investigación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lanzó una alerta nacional ante el aumento de fraudes cibernéticos que suplantan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el actual periodo de cierre fiscal.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes aprovechan el contexto tributario para atacar a los contribuyentes con mayor eficacia. El esquema combina correos electrónicos, mensajes de texto y sitios web apócrifos diseñados para imitar la apariencia oficial del SAT.

Para evitar este tipo de prácticas, aquí te decimos cómo evitarlas.

¿Cómo opera el engaño?

Los sitios y mensajes fraudulentos replican con detalle el aspecto visual del SAT: logotipos, lenguaje institucional e imágenes oficiales. Ante esa apariencia de legitimidad, muchos contribuyentes entregan sus datos sin cuestionar la procedencia de la comunicación.

Una vez que el usuario accede al enlace, se solicita la actualización de datos fiscales o el pago de adeudos que no existen. También promete devoluciones de impuestos que nunca se materializan, con el único fin de obtener información confidencial.

Los datos que los estafadores buscan son el RFC, la CURP, contraseñas de acceso y datos financieros. Con esa combinación, los criminales pueden suplantar la identidad del contribuyente o vaciar cuentas bancarias.

El mensaje falso que circula

Las autoridades difundieron un ejemplo concreto del tipo de señuelo que utilizan los estafadores. El texto del mensaje dice: “NO PRESENTASTE LA DECLARACION DE ABRIL. ISR, IVA REVISA: www.sat.gob.mx// consultas/44083/consulta-tu=ormacion-fiscal”.

La dirección web incluida en ese mensaje no corresponde al portal oficial del SAT. La URL legítima del organismo es únicamente www.sat.gob.mx, sin extensiones adicionales ni caracteres inusuales.

Los delincuentes también recurren a frases como “último aviso” o “acción inmediata requerida” para generar presión psicológica. Esa urgencia artificial busca que la persona actúe sin detenerse a verificar el origen del mensaje.

¿Qué hacer ante un mensaje sospechoso?

La Policía de Investigación precisó que el SAT nunca solicita contraseñas, datos bancarios ni información personal a través de correos electrónicos o mensajes de texto. Ante cualquier comunicación de ese tipo, la recomendación es acceder directamente al portal oficial desde el navegador, sin pulsar ningún enlace externo.

Las autoridades también instaron a no compartir datos personales ni financieros en sitios web que no hayan sido verificados de forma independiente. La activación de la verificación en dos pasos en los servicios fiscales y bancarios es otra medida que reduce el riesgo.

¿Cómo reportar un fraude?

Quienes reciban mensajes sospechosos o detecten sitios apócrifos pueden comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086. También está disponible el correo electrónico cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx para reportes y orientación.

Las autoridades mantienen activas sus cuentas en redes sociales bajo los nombres @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX para dar seguimiento a los casos reportados. La ciudadanía puede acudir a esos canales ante cualquier duda sobre la autenticidad de una comunicación que supuestamente provenga del SAT.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el pasado 30 de abril el amparo en revisión 397/2025, que impugnó la constitucionalidad del artículo 22, fracción VI de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025.

Ante este recurso, el principal argumento de la Corte fue que dicha disposición resulta incompatible con el principio de seguridad jurídica porque establece una restricción temporal para la cancelación de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), lo que afecta el derecho de los contribuyentes a la autocorrección y no se ajusta a la complejidad de las operaciones comerciales.

La Corte concluye que el plazo para cancelar CFDI lesiona seguridad jurídica de contribuyentes

La SCJN analizó el asunto tras recibir el recurso de revisión promovido por una quejosa en representación de una tercera persona moral y varias sociedades anónimas de capital variable. El recurso se presentó luego de que el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México negara el amparo el 13 de mayo de 2025.

En su resolución, el Pleno concluyó que se encuentra sustancialmente fundado el argumento de la parte quejosa de que el artículo 22, fracción VI, es contrario al principio de seguridad jurídica en materia tributaria.

El razonamiento central es que la norma impone como regla que los contribuyentes obligados a expedir CFDI deban cancelarlos a más tardar el último día de marzo siguiente al año fiscal en cuestión, en el caso de personas morales, y hasta el 30 de abril para personas físicas. Esta temporalidad puede resultar irrazonable, según la Corte, porque no es congruente con el derecho a la autocorrección previsto en la legislación fiscal.

La disposición reclamada sustituye el contenido del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, que en 2025 establece: “sólo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan”. La Ley de Ingresos para 2025, en contraste, permite la cancelación del CFDI hasta el último día del mes de la declaración anual: el 31 de marzo para personas morales o el 30 de abril para personas físicas.

El Pleno de la SCJN falló en contra del artículo 22, fracción VI de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025. Por lo tanto, no hay límite para cancelar las CFDI.

Los CFDI y su función en las obligaciones fiscales

El CFDI, según los criterios reiterados por la SCJN, es una factura electrónica que acredita las operaciones comerciales realizadas por los contribuyentes inscritos en el RFC. La normatividad obliga a expedir estos comprobantes por actos o actividades que generen ingresos o retenciones, mediante documentos digitales validados por el SAT.

Este proceso implica que el CFDI debe remitirse al SAT para que valide el cumplimiento de los requisitos legales, asigne el folio correspondiente e incorpore el sello digital. Este documento electrónico debe estar disponible en formato digital para los clientes y, cuando se solicite, también en representación impresa.

De acuerdo con la SCJN, el CFDI cumple una función dual: permite a la autoridad fiscal tener conocimiento de las operaciones realizadas y a los contribuyentes acreditar sus actividades y operaciones para darles efectos fiscales dentro de los plazos legales.

La determinación de la SCJN estableció que cualquier restricción que limite el derecho de los contribuyentes a corregir su situación fiscal debe ser razonable y compatible con la naturaleza de las actividades económicas. El Pleno sostuvo: “resulta incompatible con la dinámica y complejidad de las operaciones comerciales” fijar un plazo invariable para la cancelación de CFDI.

El pago de utilidades representa un derecho garantizado para los trabajadores en México, quienes deben recibir una porción de las ganancias generadas por la empresa o persona física que los emplea, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) informa que el 30 de mayo es la fecha límite para que las personas trabajadoras reciban el pago de utilidades correspondiente a las ganancias de las empresas durante 2025.

El reparto de utilidades es obligatorio para empresas y personas físicas

El reparto de utilidades está regulado por el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.

Para este 2026, quienes laboran en una empresa tienen derecho a recibir el pago de utilidades desde el 1 de abril y hasta el 30 de mayo, según la PROFEDET.

En el caso de quienes prestan servicios a una persona física, el periodo para el pago se extiende del 1 de mayo al 29 de junio.

Esta prestación aplica tanto para personal de base como eventual, siempre que hayan trabajado al menos 60 días en 2025.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la omisión en el pago de utilidades puede derivar en sanciones económicas de 250 a 5 mil UMAs (Unidad de Medida y Actualización).

El monto a pagar se determina considerando dos factores: los días laborados durante el año anterior y los salarios recibidos por cada trabajador.

Si la empresa incumple, las y los empleados pueden reclamar la falta de pago o pagos incompletos hasta un año después de la fecha límite, sin perder el derecho.

El cálculo y las reglas del reparto de utilidades en 2026

La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas establece que el porcentaje obligatorio de participación es de 10% de las utilidades netas.

Este monto se divide en dos partes. La primera se reparte por igual entre todas las personas empleadas, tomando en cuenta los días laborados en 2025.

La segunda parte se distribuye de forma proporcional al salario percibido durante el mismo periodo.

Para el cálculo, solo se consideran los salarios percibidos por cuota diaria; se excluyen ingresos como horas extras, gratificaciones, primas u otros conceptos adicionales.

Cuando el salario es variable, se utiliza el promedio anual. En el caso del personal de confianza, el tope salarial equivale al salario base anual más alto de los trabajadores sindicalizados o de base, más un 20%.

El reparto de utilidades debe realizarse en el lugar donde los trabajadores prestan sus servicios.

¿Quiénes tienen derecho y quiénes quedan excluidos del pago de utilidades?

Tienen derecho al reparto quienes actualmente laboran para una empresa y quienes hayan trabajado mínimo 60 días en 2025 en empresas con utilidades netas iguales o superiores a 300 mil pesos mexicanos, según la declaración fiscal, y siempre que la empresa tenga más de un año en operación.

El beneficio también abarca a personas con incapacidad temporal, madres con licencia de maternidad y padres con permiso de paternidad.

El reparto no aplica para empleados domésticos, directores, administradores y gerentes generales, ni para profesionistas y técnicos contratados por honorarios sin relación subordinada.

Tampoco corresponde a entidades de reciente creación durante su primer año, al IMSS, organismos públicos descentralizados con funciones culturales, asistenciales o de beneficencia, empresas cuyo capital esté por debajo del umbral fijado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ni instituciones de asistencia privada orientadas a la beneficencia.

Protección del derecho y reglas para el cobro

La Ley Federal del Trabajo indica que, además de los días laborados, se consideran para el reparto los periodos en los que la persona recibe salario por disposición legal o contractual, incluyendo incapacidades temporales, descansos semanales, vacaciones, días festivos y permisos con goce de sueldo.

El salario por reparto es irrenunciable y debe entregarse directamente a la persona trabajadora en pesos mexicanos; solo puede cobrarlo un apoderado con carta poder cuando así lo designe el titular.

Las autoridades prohíben la cesión de utilidades al patrón o terceros, así como la compensación por otras obligaciones.

Cuando una persona fallece en México, las deudas no desaparecen automáticamente. Según la legislación vigente y organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las obligaciones pendientes se integran a la masa hereditaria.

Eso significa que, antes de repartir los bienes, el patrimonio del fallecido debe usarse para saldar esas deudas.

Los herederos no están obligados a cubrir los adeudos con su propio dinero, salvo que hayan firmado como avales o coacreditados en algún contrato específico.

Heredar también significa heredar las deudas: lo que nadie te dice antes de aceptar

El Código Civil Federal señala que la herencia incluye tanto bienes como derechos y obligaciones que no se extingan con la muerte.

El artículo 1284 limita la responsabilidad de los herederos hasta donde alcance el patrimonio heredado.

Los acreedores tienen prioridad para ser pagados con los bienes de la sucesión, y solo el remanente, si lo hay, se entrega a los beneficiarios.

Si los bienes no alcanzan todas las deudas, los acreedores solo pueden cobrar hasta el monto disponible.

Nadie está obligado a pagar con recursos propios, a menos que exista responsabilidad solidaria o se trate de un cónyuge con créditos mancomunados.

Deudas bancarias y productos financieros

Las tarjetas de crédito y muchos créditos bancarios suelen estar protegidos por un seguro de vida o de saldo deudor. Si el seguro está vigente y los pagos al corriente, la aseguradora liquida el saldo pendiente tras el fallecimiento.

En caso de no existir seguro, el banco puede reclamar el pago a la sucesión, es decir, al patrimonio heredado. Es fundamental que los familiares notifiquen de inmediato a la institución financiera y presenten el acta de defunción para activar la cobertura.

En los créditos hipotecarios, la ley también requiere la existencia de un seguro de vida que, al activarse, libera el inmueble del gravamen.

Si el fallecido estaba atrasado en pagos, la aseguradora puede negar la cobertura dependiendo de las condiciones pactadas.

En créditos compartidos, como los hipotecarios conyugales, el seguro solo cubre la parte correspondiente al titular fallecido; el sobreviviente debe seguir pagando su proporción.

Créditos personales, automotrices y departamentales

Para los préstamos personales y automotrices, la existencia de un seguro depende de cada contrato. Cuando el seguro está incluido y vigente, la aseguradora paga el saldo pendiente.

Si no hay seguro, la deuda pasa a la masa hereditaria y puede pagarse con la venta de bienes, incluido el automóvil financiado. En créditos departamentales, el contrato mercantil y el Código de Comercio regulan la obligación.

Deudas fiscales y obligaciones con el SAT

Las deudas fiscales tampoco se extinguen con la muerte. El Código Fiscal de la Federación obliga a que el albacea o representante de la sucesión cubra los adeudos tributarios con los bienes del fallecido.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ejercer embargo o remate de bienes heredados para recuperar créditos fiscales pendientes.

Si los bienes no son suficientes, la autoridad solo puede cobrar hasta donde alcance el patrimonio.

Procedimiento sucesorio y pago de deudas

El proceso de sucesión obliga al albacea a inventariar los bienes, identificar las deudas y pagar las obligaciones antes de repartir la herencia.

La documentación clave, como el acta de defunción, debe presentarse a las instituciones correspondientes.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomiendan buscar asesoría legal si existen dudas sobre la validez de los seguros o la distribución de responsabilidades.

Excepciones y casos particulares

Si alguien firmó como aval, deudor solidario o coacreditado, puede ser requerido para cubrir la deuda en su totalidad. En créditos mancomunados, el cónyuge sobreviviente debe asumir su parte proporcional.

Los contratos y pólizas de seguro deben revisarse cuidadosamente para identificar exclusiones o límites de cobertura.

En conclusión, en México, los herederos solo responden por las deudas del fallecido hasta el valor de los bienes heredados; nunca con su propio patrimonio personal, excepto en casos de garantía solidaria o coacreditación.

La clave es notificar a las instituciones, revisar la existencia de seguros y cumplir con el proceso sucesorio legal antes de adjudicar bienes.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó en 2026 su estrategia de fiscalización con revisiones más focalizadas y basadas en riesgo.

Tras el cierre de la declaración anual, la autoridad concentra en mayo la detección de inconsistencias mediante cruces de información bancaria, de plataformas digitales y de comercio exterior, lo que puede derivar en auditorías electrónicas y revisiones más precisas.

Conductas que activan alertas del SAT

De acuerdo con la autoridad fiscal, existen prácticas que elevan el perfil de riesgo tanto de personas físicas como morales:

• Operar con factureras o realizar operaciones simuladas sin materialidad.
• Reportar pérdidas fiscales recurrentes sin sustento económico.
• Aplicar deducciones improcedentes o exceder los límites legales.
• Omitir o subdeclarar ingresos frente a información bancaria o de plataformas.
• Utilizar estímulos fiscales fuera de criterio o de forma indebida.
• Presentar inconsistencias entre compras, importaciones y ventas.
• Incurrir en irregularidades en comercio exterior, como subvaluación.
• No enterar retenciones de empleados (ISR, IMSS o Infonavit).
• Realizar operaciones con jurisdicciones de baja tributación.
• Solicitar devoluciones improcedentes.
• Reportar una tasa efectiva muy por debajo del promedio del sector.

Fiscalización focalizada y recomendaciones

Bajo el Plan Maestro 2026, el SAT prevé auditorías más específicas: una revisión integral por contribuyente cuando aplique, solicitudes de información puntuales y enfoque en hechos detectados mediante análisis de datos.

Para reducir riesgos, la autoridad recomienda revisar los CFDI de ingresos, egresos y nómina; realizar conciliación bancaria; verificar topes de deducciones y soporte documental; enterar retenciones en tiempo y forma; y mantener activo el buzón tributario para atender requerimientos.

La declaración patrimonial 2026 en México es obligatoria para todas las personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno, incluidos quienes trabajan en poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, órganos autónomos y empresas productivas del Estado.

Esta exigencia está fundamentada en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El trámite debe realizarse durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2026 a través de la plataforma Declaranet.

La omisión en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses constituye una falta administrativa. Las sanciones previstas van desde la suspensión, destitución hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Además, pueden imponerse multas económicas que, según el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, oscilan entre 2,050 y 50,710 pesos por obligación no cumplida, y entre 19,460 y 38,890 pesos si la omisión es por no declarar por medios electrónicos o por información incompleta.

Quiénes deben presentar la declaración patrimonial y de intereses en México

La obligación recae sobre las y los servidores públicos de todos los niveles, incluyendo personal de nuevo ingreso, quienes permanecen en funciones y quienes concluyen su encargo.

El objetivo es que el órgano Interno de Control pueda verificar la congruencia entre ingresos, egresos y bienes reportados para prevenir delitos como el enriquecimiento ilícito.

No solo los altos funcionarios están obligados: toda persona que perciba un salario del Estado debe cumplir con este requisito, sin importar su jerarquía.

La declaración debe contener información sobre bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, ingresos de la pareja y dependientes económicos, así como la relación con empresas o fideicomisos.

Fechas, procedimientos y sanciones por no cumplir

La presentación se realiza en línea mediante Declaranet, del 1 al 31 de mayo. La autoridad advierte que hacerlo en una plataforma equivocada puede ser considerado omisión.

Si un servidor público no presenta su declaración patrimonial, el procedimiento inicia con un requerimiento formal; si persiste la falta, se aplica la sanción correspondiente.

Multas y sanciones por no presentar la declaración patrimonial 2026 en México

Las consecuencias por incumplir con la declaración patrimonial y de intereses incluyen medidas administrativas y económicas. Según la ley y disposiciones fiscales vigentes, las sanciones son las siguientes:

• Suspensión temporal del cargo público.
• Destitución definitiva del puesto.
• Inhabilitación para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
• Multas económicas:

- Por no presentar la declaración: entre 2,050 y 50,710 pesos .

- Por omitir la declaración a través de medios electrónicos o por información incompleta: entre 19,460 y 38,890 pesos .

• Prohibición para participar en nuevos procesos de selección para cargos públicos, hasta que se regularice la situación.
• Pago de impuestos omitidos, actualizaciones y recargos, en caso de que la falta se relacione con ingresos no declarados.

Estas medidas buscan asegurar la transparencia y el control sobre la función pública.

controversia sobre la obligación de declaración patrimonial para agentes aduanales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza si los agentes aduanales deben cumplir con la declaración patrimonial ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La reforma a la Ley Aduanera, aprobada en noviembre pasado, impuso a estos auxiliares del gobierno controles de rendición de cuentas similares a los de los servidores públicos.

La nueva obligación ha generado una ola de amparos en todo el país. Solo en la Ciudad de México se tramitan al menos cuarenta recursos promovidos por agentes aduanales o empresas que los emplean, mientras que otros casos se encuentran en diferentes estados.

La discusión jurídica se centra en que los agentes aduanales no son servidores públicos, sino personas físicas con patente para desahogar trámites de importación y exportación.

Sin embargo, la reforma los obliga a declarar su evolución patrimonial cada marzo. Algunos tribunales han sostenido que esta exigencia carece de base constitucional, mientras que otros consideran que su función estratégica justifica la medida.

El SAT ya presentó el caso ante la SCJN, que inició el trámite para emitir jurisprudencia definitiva el 20 de abril de 2026.

Además de la declaración patrimonial, la reforma exige a los agentes integrar expedientes detallados sobre sus clientes y asumir responsabilidades adicionales, como la responsabilidad solidaria por impuestos omitidos.

El pago de utilidades en México para 2026 tiene fechas límite claras según la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El periodo de entrega depende de si el empleador es una empresa o un patrón individual: las personas morales (empresas) deben depositar este ingreso entre el 1 de abril y el 30 de mayo, mientras que las personas físicas (patrones con actividad empresarial) tienen del 1 de mayo hasta el 29 de junio para cumplir con la ley.

Esta prestación corresponde a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), un derecho constitucional que obliga a la mayoría de los empleadores a entregar el 10% de su utilidad fiscal neta declarada ante el SAT a quienes colaboran con ellos.

¿Cómo se calcula el monto?

De acuerdo con la normativa vigente, el dinero se divide en dos partes iguales:

1. Por días laborados: El 50% se reparte en función de los días trabajados por cada empleado en el año, sin importar el sueldo.
2. Por nivel de ingresos: El otro 50% se distribuye de acuerdo con el salario percibido durante el año fiscal.

Es importante recordar que existe un tope máximo para el pago: el monto no puede exceder los tres meses del salario del trabajador o el promedio de las utilidades recibidas en los últimos tres años, aplicándose lo que más beneficie al empleado.

Multas por incumplimiento en 2026El patrón que no cumpla con esta obligación se expone a sanciones severas. Las multas se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y pueden ir desde los 29 mil 328 hasta los 586 mil 550 pesos por cada trabajador afectado.

Empresas exentas del pago de utilidadesNo todas las organizaciones están obligadas a entregar PTU. Según la LFT, están exentas:

• Empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento (o dos años si fabrican un producto calificado como nuevo).
• Empresas de la industria extractiva en periodo de exploración.
• Instituciones de asistencia privada sin fines de lucro.
• Organismos públicos descentralizados con fines culturales o de beneficencia (como el IMSS).
• Empresas cuyo ingreso anual declarado al ISR sea menor a 300 mil pesos.

¿Quiénes no tienen derecho al cobro?

No participan en el reparto los directores, administradores y gerentes generales; socios o accionistas; trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días en el año; prestadores de servicios por honorarios y trabajadores domésticos.

¿Qué hacer si no recibes tu pago?

Si el depósito no llega en las fechas establecidas, los trabajadores tienen un año —a partir de la fecha límite de pago— para reclamar su derecho.

La recomendación de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) es acudir a sus oficinas para recibir asesoría legal gratuita y exigir el cumplimiento de esta prestación irrenunciable.

Un grupo de hackers identificado como Izanagi, GordonFreeman y cantpwn ofreció a la venta la base de datos robada al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala (Mintrab), mientras persisten las investigaciones oficiales y se implementan ajustes técnicos en los sistemas del gobierno.

De forma paralela, se han registrado ataques contra otras entidades estatales, lo que ha establecido un inédito estado de emergencia digital en el país, según reportó el sitio especializado Vecert Analyzer y replicado por el Diario LaHora.

La magnitud del incidente se refleja en el pedido explícito del grupo atacante, que solicitó el pago de dos Bitcoin (equivalentes a aproximadamente Q1 millón 163 mil) para detener las intrusiones cibernéticas dirigidas al Estado, según información de Vecert Analyzer y publicado por el Diario LaHora.

Además, se han identificado demandas semejantes en foros restringidos donde circulan datos extraídos ilícitamente, como registros personales y laborales de usuarios de la plataforma Tu Empleo del Mintrab.

Según el presidente Bernardo Arévalo, en declaraciones recientes el acceso no autorizado se produjo a través de una API desactualizada, que ya fue removida. Arévalo manifestó que, aunque los esfuerzos de respuesta han comenzado por el Mintranb, la amenaza obliga a extender medidas reforzadas en toda la infraestructura digital estatal, tal como declaró el mandatario en los comunicados oficiales.

El volumen de datos afectados: números sin precedentes en Guatemala

La exposición de los datos superó en las primeras horas los 2 mil registros individuales en el caso del Ministerio de Trabajo, según confirmó la institución la noche del 26 de abril. En ese lote se encontraban informes confidenciales como números de DPI, direcciones, teléfonos y hojas de vida de los usuarios inscritos en la plataforma. La preocupación pública incrementó tras conocerse el método empleado: un segmento de código vulnerable que hizo posible la descarga masiva sin restricciones.

El episodio del Mintrab forma parte de un ciclo de ofensivas más amplio observado en 2026. Según Vecert Threat Intelligence, el país vive el año con más incidentes de ciberseguridad registrados en su historia reciente, superando cualquier previsión previa del sector.

En solo una semana de abril se documentaron cuatro incidentes críticos que comprometieron la integridad de nueve dominios estatales y educativos. El volumen de información exfiltrada supera las 172 mil líneas de datos, incluyendo archivos financieros, información personal identificable y registros asociados a la seguridad nacional, según reportó la unidad de alerta de Vecert.

El ataque al Mintrab ocurrió días después de la Feria Nacional del Empleo 2026, contexto en el cual crecieron las inscripciones ciudadanas en la plataforma ahora filtrada. El incidente agrava la preocupación por la potencial reutilización de los datos y el riesgo de extorsiones u otros delitos informáticos.

El contexto de las amenazas: más allá del Mintrab, una ofensiva coordinada

La alerta se ha extendido a entidades como el Registro Nacional de Personas (RENAP) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), donde actores como GordonFreeman y el grupo Team L4TAMFUCKERS aseguraron en foros especializados haber comprometido el acceso a la totalidad de la base de datos de identidad civil y a 5,6 millones de registros de vehículos, aunque tanto RENAP como SAT han rechazado oficialmente haber sufrido robos de información.

Vecert Analyzer aporta que los atacantes reclaman haber exfiltrado los registros civiles de más de 18 millones de personas, incluidos certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, así como datos biométricos. En el caso de los vehículos, los datos comprendían nombres, NIT, direcciones tributarias, números de chasis y de motor, matrículas y certificados electrónicos de propiedad.

La diversidad de los sectores atacados se refleja en el registro de filtraciones en al menos dos universidades: USAC y Rafael Landívar, donde quedaron expuestos datos personales y académicos de miles de estudiantes y cuerpos docentes. El ataque al sistema de DIGECAM derivó en la publicación de 62 mil números de series de armas de fuego, según los informes recopilados por Vecert Threat Intelligence.

La Hora resalta que hasta la publicación de su artículo, la presidencia de Guatemala no ha emitido comunicado oficial respecto a la exigencia del pago de los Bitcoin solicitados por los grupos atacantes para cesar los incidentes cibernéticos.

La declaración de situación patrimonial y de intereses será obligatoria para todas las personas servidoras públicas durante el periodo del 1 al 31 de mayo.

Este ejercicio, de acuerdo con los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, tiene el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público.

Presentar la declaración corresponde a una obligación legal cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones graves. Los servidores públicos deberán capturar sus ingresos, egresos y bienes correspondientes al ejercicio anterior (en este caso, el 2025), utilizando el portal Declaranet con un formato prellenado.

La autoridad advierte que declarar en una plataforma equivocada —como la de la Secretaría de la Función Pública federal— puede ser considerado como omisión y equivaler a no cumplir con la obligación, lo que genera las mismas consecuencias jurídicas que no declarar.

¿Qué es la declaración de situación patrimonial y cuál es la importancia?

El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas establecen que todas las personas servidoras públicas están obligadas a presentar su declaración.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México precisó que esta obligación tiene el fin de que el Órgano Interno de Control verifique la congruencia entre los ingresos y egresos declarados para prevenir y detectar posibles delitos como el enriquecimiento inexplicable o injustificado.

Además de la normativa nacional, algunos reglamentos locales como la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, regulan la presentación y revisión de las declaraciones.

Sanciones y riesgos por omitir la declaración de situación patrimonial

La omisión de la declaración patrimonial y de intereses se considera una falta administrativa. Según los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, acciones como la suspensión, destitución o inhabilitación para ocupar cargos públicos están previstas como sanciones ante la falta de cumplimiento.

En sus redes sociales, la autoridad señaló: “El no presentar tu declaración patrimonial y de intereses en tiempo y forma sí tiene consecuencias. La Ley General de Responsabilidades Administrativas lo considera una falta administrativa. Si no cumples, puedes ser requerido y de continuar con la omisión, puedes enfrentar sanciones como suspensión, destitución, hasta la inhabilitación”.

Las autoridades estatales sugieren a las personas servidoras públicas preparar la documentación con anticipación y evitar dejar el trámite para los últimos días. El llamado es: “Declarar es rendir cuentas, es construir confianza. Declara a tiempo y con responsabilidad, cumplir es obligación”.

SAT amplía su horario de atención presencial por la declaración anual

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) extiende el horario de atención presencial en 169 oficinas de todo el país desde el 22 hasta el 30 de abril para facilitar la Declaración Anual 2025 de personas físicas. La fecha límite para realizar el trámite es el 30 de abril. Omitir esta obligación puede derivar en multas acumulativas y restricciones administrativas, informó el organismo en un comunicado oficial.

Desde el 22 de abril, las oficinas del SAT operarán de lunes a viernes en un horario extendido de 9:00 a 18:00 horas. Esta medida busca cubrir la demanda de contribuyentes que requieren presentar su declaración anual de manera presencial.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ampliará el horario de atención presencial en sus 169 oficinas del país a partir del 22 y hasta el 30 de abril para facilitar la presentación de la Declaración Anual 2025 de personas.

Según el comunicado oficial del SAT compartido el pasado 22 de abril, el horario extendido será de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

La autoridad fiscal, sin embargo, recuerda que el 30 de abril es la fecha límite para cumplir con dicha obligación, cuya omisión puede derivar en multas o sanciones.

El trámite puede realizarse a cualquier hora a través del Portal del SAT, disponible en línea durante todo abril. Las personas interesadas pueden agendar una cita presencial en la página del organismo.

¿Quiénes deben de hacer declaración anual?

De acuerdo con el SAT, están obligadas a presentar la Declaración Anual quienes hayan obtenido ingresos anuales por sueldos y salarios superiores a 400 mil pesos, trabajadores que dejaron su empleo antes del 31 de diciembre de 2025, personas con varios empleadores, quienes perciban salarios del extranjero, reciban indemnizaciones (también jubilaciones o pensiones superiores al monto previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta), prestadores de servicios profesionales, quienes realicen actividades empresariales, arrendadores de bienes inmuebles, y quienes hayan recibido intereses o dividendos.

Las personas físicas adheridas al RESICO pueden quedar exentas de presentar la declaración anual, salvo que opten por hacerlo conforme a las reglas fiscales 3.13.20 y 3.13.21, según explica el comunicado del SAT.

El plazo máximo para recibir el saldo a favor es de 40 días, aunque puede llegar antes

Una cifra superior a dos mil millones de pesos ya comenzó a ser devuelta por el SAT a contribuyentes que presentaron su declaración anual 2025. De acuerdo con el comunicado oficial difundido el pasado 7 de abril, el organismo tiene previsto realizar los depósitos en un plazo promedio de tres días, un periodo mucho menor al máximo de 40 días establecido en la ley, lo que amplía la liquidez de quienes cumplen a tiempo con sus obligaciones fiscales.

El SAT detalló que son 608 mil 119 personas físicas quienes ya obtuvieron el depósito del saldo a favor correspondiente al impuesto sobre la renta (ISR) en la declaración anual 2025. El monto total autorizado asciende a 2 mil 179 millones de pesos. También se precisa que, hasta las 8:00h del mismo día, se habían presentado 2 millones 628 mil 571 declaraciones de personas físicas.

Las omisiones en la presentación de declaraciones anuales acarrean una multa de hasta 41 mil 590 pesos por cada declaración pendiente. Esta penalización es acumulativa, es decir, cada declaración omitida implica una sanción independiente, lo cual puede significar cargos múltiples para personas con varios adeudos y acumular una deuda fiscal considerable.

El SAT La institución agregó que la sanción no se limita sólo a la multa: también pueden sumarse recargos, intereses y hasta restricciones administrativas. La institución permite, sin embargo, a quienes buscan regularizarse antes de ser notificados formalmente acceder a reducciones significativas en la multa, o incluso evitarla, siempre que la declaración se presente antes de cualquier requerimiento emitido por la autoridad.

En la Declaración Anual 2026, los contribuyentes pueden solicitar la devolución del saldo a favor ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este trámite permite recuperar las cantidades pagadas en exceso por conceptos como Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), entre otros gravámenes federales.

El saldo a favor se genera cuando, al calcular los impuestos anuales, el contribuyente ha pagado más de lo que debía según la ley.

El SAT señala que esto suele ocurrir por pagos provisionales superiores al impuesto anual causado, aplicación de deducciones personales o retenciones mayores a las correspondientes. Tanto personas físicas como morales pueden solicitar la devolución de forma gratuita.

Plazos y condiciones para solicitar la devolución

La devolución puede solicitarse dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se determinó el saldo a favor, se haya realizado el pago indebido o se cumpla el supuesto correspondiente.

Para el caso de IEPS, crédito diésel o biodiésel y sus mezclas, la devolución se puede pedir de manera trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente.

En el IVA en periodo preoperativo, la solicitud se realiza en el mes siguiente a los gastos o inversiones efectuados.

Pasos para solicitar la devolución del saldo a favor

Para hacer el trámite ante el SAT, se deben seguir estos pasos:

1. Prepara la documentación:

• Digitaliza todos los documentos requeridos en formato .zip.
• Cada archivo debe pesar menos de 4 MB.

2. Reúne los requisitos:

• Contraseña o e.firma vigente.
• Estado de cuenta bancario expedido por la institución financiera, con máximo dos meses de antigüedad, incluyendo tu RFC y la CLABE activa.
• Identificación oficial vigente.
• Anexos y documentación específica según el tipo de impuesto o sector, de acuerdo con las fichas de trámite oficiales.

3. Genera el archivo electrónico:

• Usa el programa electrónico F3241 disponible en el portal del SAT.
• Llena los anexos correspondientes al impuesto de tu solicitud, si eres parte de la Administración General de Grandes Contribuyentes, de Hidrocarburos o dictaminas tus estados financieros.

4. Presenta tu solicitud:

• En línea, cargando el archivo .zip y documentación en el portal del SAT.
• Presencialmente, agenda cita y acude a la oficina del SAT con tu documentación.

5. Entrega y seguimiento:

• Entrega la documentación a la autoridad fiscal.
• Recibe y conserva la forma oficial sellada como acuse de recibo.

Modalidades especiales de devolución

Existen esquemas diferenciados según el tipo de contribuyente y el saldo a favor:

• Devolución de IVA sector agropecuario.
• Proyectos de inversión en activo fijo.
• Productos destinados a la alimentación.
• Medicinas de patente.
• IVA en periodo preoperativo.
• IEPS crédito diésel o biodiésel y sus mezclas (empresas).
• Pagos indebidos de ISR o IVA en plataformas tecnológicas (personas).
• Reintegro de IVA a turistas extranjeros.

Cada modalidad tiene reglas y fichas de trámite específicas que se deben consultar según el caso.

¿Qué es el saldo a favor? (fuente oficial)

Según el SAT, el saldo a favor es el monto que el contribuyente puede recuperar cuando sus pagos, retenciones o acreditamientos superan el impuesto real a cargo. La devolución es un derecho previsto en la legislación fiscal mexicana y debe solicitarse cumpliendo los requisitos establecidos (SAT, “Devoluciones y compensaciones”).

Fundamento legal y normatividad aplicable

El procedimiento se fundamenta en el Código Fiscal de la Federación (artículos 17-D, 22, 22-D, 37, 134, fracción I), la Ley del Impuesto sobre la Renta (artículos 97 y 113-E), la Ley del IVA (artículo 5, fracción VI y 6), así como en la Ley de Ingresos de la Federación vigente y la Resolución Miscelánea Fiscal. Cada normativa define los supuestos y requisitos para proceder conforme a derecho.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con la facultad legal para reportar a personas físicas y morales con adeudos fiscales firmes ante las sociedades de información crediticia, como el Buró de Crédito.

Esta medida afecta directamente el historial crediticio del contribuyente, limitando su acceso a préstamos, tarjetas y otros financiamientos, según el procedimiento y las advertencias documentadas por el propio SAT y fuentes oficiales actualizadas a 2026.

Facultades del SAT para reportar al Buró de Crédito

El SAT puede reportar deudas fiscales firmes que no hayan sido pagadas o garantizadas en los plazos legales. Esto ocurre cuando:

• El adeudo es definitivo y no admite recursos legales adicionales.
• El contribuyente no responde a los avisos enviados mediante Buzón Tributario, correos electrónicos, cartas oficiales o líneas de captura.
• Se han agotado oportunidades para pagar, negociar o aclarar el adeudo.

Una vez agotado el proceso administrativo, el SAT transfiere la información a las sociedades de información crediticia. El reporte negativo puede incluir el monto total del adeudo, incluso si el contribuyente dejó de pagar solo una parte de un plan acordado. El SAT aclara que los pagos parciales suelen aplicarse primero a multas e intereses, por lo que el saldo principal puede permanecer sin cambios hasta la liquidación total de la deuda.

Consecuencias del reporte en el historial crediticio

Un adeudo fiscal reportado aparece en el historial crediticio igual que un impago bancario y puede durar hasta seis años. La presencia de este reporte puede impedir la aprobación de créditos hipotecarios, automotrices y personales, o incrementar tasas de interés y exigir garantías adicionales.

Los bancos y financieras consultan el historial antes de otorgar nuevos créditos, y la existencia de una deuda fiscal registrada eleva el riesgo crediticio del solicitante.

El SAT advierte que, aunque el adeudo se liquide, el registro puede continuar visible por el plazo mencionado, aunque marcado como “pagado”. Si el contribuyente negocia un plan de pagos y lo cumple, normalmente no se reporta la deuda como firme. Solo se reportan los créditos fiscales exigibles, no los que están en proceso de impugnación o sujetos a facilidades de pago.

Procedimiento oficial para aclarar o corregir información

Quienes consideren que su reporte es incorrecto pueden presentar una aclaración ante el SAT mediante varias vías:

• A través de la sección “Mi Portal” en la página oficial del SAT, ingresando con RFC y contraseña, y seleccionando la opción de aclaraciones sobre Buró de Crédito.
• Enviando un escrito o correo a cobranza@sat.gob.mx con la documentación que respalde la aclaración.
• Acudiendo personalmente a una Administración Local de Servicios al Contribuyente, con cita previa.
• Utilizando los portales del Buró de Crédito o de Círculo de Crédito para iniciar el trámite de reclamación.

El contribuyente debe proporcionar los datos identificadores del crédito reportado, el motivo de la aclaración y documentos probatorios. El SAT emite un acuse de recibo y la respuesta puede consultarse en línea con el folio generado.

Advertencias sobre fraudes y recomendaciones de autoridades

El SAT y las sociedades de información crediticia advierten que no existen mecanismos legales para eliminar registros negativos mediante pagos a intermediarios o sitios ajenos. La única forma de modificar el historial es mediante aclaración formal y pago comprobado de la deuda. Se recomienda no proporcionar datos personales a terceros no autorizados y verificar siempre la autenticidad de los portales utilizados para gestionar trámites relacionados con el Buró de Crédito.

En la Declaración Anual 2026, los contribuyentes que tengan un saldo a favor pueden solicitar su devolución ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Es importante considerar que la Declaración Anual 2025 vence el 30 de abril de este año, por lo que quienes busquen devolución deben apresurarse para cumplir con el trámite en tiempo y forma.

Calendario y límites para la presentación de solicitudes

El plazo general para pedir la devolución del saldo a favor es de cinco años a partir de la fecha en que se determina el saldo, se realiza un pago indebido o se actualiza el supuesto que da origen a la devolución.

Este periodo aplica para la mayoría de los impuestos federales, incluyendo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para casos particulares, se establecen fechas clave:

• IEPS, crédito diésel o biodiésel y sus mezclas:

La devolución puede solicitarse de forma trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente.

• IVA en periodo preoperativo:

La solicitud debe realizarse en el mes siguiente a la realización de los gastos o inversiones.

La cercanía del 30 de abril, fecha límite de la Declaración Anual 2025, exige que los contribuyentes agilicen la recopilación de documentos y la presentación de su solicitud para no perder la oportunidad de recuperar su saldo a favor.

Procedimiento paso a paso y requisitos formales para la devolución

Para solicitar la devolución del saldo a favor, los pasos a seguir son:

1. Preparar la documentación:

• Digitalizar todos los documentos en formato .zip, cada archivo con un máximo de 4 MB.
• Reunir los requisitos específicos según el tipo de devolución.

2. Requisitos generales:

• Contar con Contraseña o e.firma vigente.
• Estado de cuenta bancario con antigüedad menor a dos meses, que incluya el RFC y la CLABE activa.
• Identificación oficial vigente.
• Anexos y documentación adicional conforme a las fichas de trámite del SAT.

3. Presentación de la solicitud:

• En línea: mediante el programa electrónico F3241 en el portal del SAT.
• Presencial: agendar una cita y acudir a la oficina del SAT con la documentación.

4. Entrega y seguimiento:

• Entregar la documentación a la autoridad fiscal.
• Conservar la forma oficial sellada como acuse de recibo.

Esquemas y periodos especiales aplicables

El SAT contempla modalidades diferenciadas con fechas y reglas particulares:

• Sector agropecuario:

Devolución de IVA bajo trámites y periodos propios del sector.

• Proyectos de inversión en activo fijo y productos alimenticios:

Fechas y requisitos específicos para cada caso, según la ficha de trámite correspondiente.

• Medicinas de patente, plataformas tecnológicas y turistas extranjeros:

Modalidades especiales de devolución y plazos ajustados a la naturaleza del contribuyente y el tipo de operación.

Cada modalidad debe consultarse en la documentación oficial del SAT para conocer las fechas y requisitos exactos.

¿Cuánto tiempo tarda el SAT en devolver el saldo a favor?

Cuando el saldo a favor califica para devolución automática, el SAT realiza el depósito de forma regular en un plazo de hasta cinco días hábiles después de la presentación de la declaración anual.

Definición oficial de saldo a favor y fundamentación legal

El saldo a favor es el monto que el contribuyente puede recuperar cuando sus pagos, retenciones o acreditamientos superan el impuesto real a cargo. Según el SAT, la devolución es un derecho previsto en la legislación fiscal y se tramita cumpliendo los requisitos y fechas establecidas (SAT, “Devoluciones y compensaciones”).

El proceso se respalda en el Código Fiscal de la Federación (artículos 17-D, 22, 22-D, 37, 134, fracción I), la Ley del Impuesto sobre la Renta (97 y 113-E), la Ley del IVA (artículo 5, fracción VI y 6) y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta una decisión que podría redefinir la lucha contra el contrabando en México: determinar si el SAT conserva atribuciones para denunciar estos delitos, tras el nacimiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México, un punto que afectará la validez de investigaciones fiscales aún en proceso y delimitará el papel del fisco federal frente al crimen aduanero. El recurso fue atraído el 15 de abril de 2026, en el contexto de una disputa jurídica desatada luego de que un tribunal resolviera que la representación ante delitos de contrabando quedó exclusivamente en manos de la autoridad aduanera a partir de 2022, año en que entró en vigor el nuevo reglamento institucional.

El origen de la controversia radica en una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República desde junio de 2020, cuando el SAT denunció un presunto contrabando de diésel valuado en $170 millones por el puerto de Tuxpan, Veracruz. La intervención del SAT incluyó la presentación de una declaratoria de perjuicio fiscal y señalamientos contra Édgar Marín Meza Moreno, presidente de Impulsora de Productos Sustentables, por supuestamente utilizar documentación falsa para importar combustible. Dos años después, el SAT solicitó también procesar a Mario Alberto Guijardo Tamayo, representante de Comercializadora de Combustibles Gutasa.

Un tribunal federal resolvió que, desde 2022, la facultad de denunciar delitos aduaneros corresponde exclusivamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México y no al SAT. Esta interpretación jurídica podría invalidar procesos penales iniciados por el fisco federal en materia de contrabando, según resoluciones judiciales y fuentes consultadas por La Jornada y El Imparcial.

Tribunal federal anula proceso contra empresario y limita funciones del SAT

El proceso judicial avanzó con criterios diferenciados. En mayo de 2025, un juez federal negó la vinculación a proceso de Meza Moreno por falta de pruebas de la FGR, mientras que Guijardo Tamayo sí fue vinculado y sujeto a restricciones, como la presentación periódica, entrega de garantía económica por 300 mil pesos y la prohibición de salir del país. Pero en noviembre de 2025, un tribunal anuló la medida sobre Guijardo Tamayo tras determinar que, para 2024, el SAT ya carecía de facultades legales para denunciar el contrabando, función transferida a la Agencia Nacional de Aduanas de México después de la reforma de 2022, según explicó El Imparcial.

Al verse desplazado con esta interpretación jurídica, el SAT promovió un juicio de amparo con el propósito de revertir tanto la negativa de vinculación a Meza Moreno como la revocación del proceso contra Guijardo Tamayo. El asunto llegó a la Suprema Corte, que debe resolver ahora si el SAT puede seguir representando los intereses del fisco federal en materia penal frente al contrabando, o si la legitimidad para denunciar yace solo en la nueva autoridad aduanera, según informó La Jornada.

La SCJN busca sentar precedente sobre representación fiscal en delitos aduaneros

El expediente judicial que analiza la SCJN corresponde al recurso de queja 52/2026 y emana del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. La intervención directa de la Corte responde a la petición de los ministros Hugo Aguilar Ortiz e Irving Espinosa Betanzo para sentar un precedente que clarifique la representación fiscal en procesos relacionados con delitos aduaneros.

En paralelo, la SCJN atiende al menos otro caso similar en torno al mismo empresario, evidenciando que la disputa de competencias podría dejar en el limbo decenas de procesos judiciales por delitos como el huachicol fiscal. En marzo de 2026, la Corte también decidió atraer el análisis de otro caso donde figuran 21.5 millones de litros de diésel, en el que deberá definir la legitimidad del SAT para defender el interés de la Federación contra el contrabando, de acuerdo con información de La Jornada.

La reforma de 2022 otorga exclusividad a la Agencia Nacional de Aduanas

La reforma legal que transfirió las atribuciones al nuevo órgano aduanero data de 2022. Desde entonces, la Agencia Nacional de Aduanas de México es reconocida como el único ente facultado para intervenir legalmente en delitos de contrabando y otros ilícitos aduaneros, desplazando al SAT del frente procesal.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resultará decisivo para orientar la actuación de jueces y autoridades hacendarias en la representación del Estado mexicano ante los tribunales. La resolución, que permanece pendiente, podría impactar la validez de múltiples investigaciones en curso y redefinir los mecanismos del combate oficial al contrabando y los delitos fiscales vinculados al comercio exterior en México.

De acuerdo con la legislación vigente, los bienes heredados —incluidas casas— están exentos de ISR al momento de la transmisión, sin embargo, existen otras obligaciones fiscales que es importante conocer.

Al adquirir una casa es necesario el pago del Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI) y reportar el bien heredado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Es decir: recibir la herencia de una casa en México no implica un pago inmediato de ISR, según el artículo 93, fracción XXII de la Ley del ISR, pero si cubrir otros impuestos y trámites considerables.

Exención de ISR y obligación de reporte ante el SAT

El ISR no se aplica directamente sobre el valor de la casa heredada. Esta exención es automática, siempre que el heredero cumpla con los requisitos de declaración establecidos por la ley.

Si el valor de la herencia, individualmente, supera los 500 mil pesos, es obligatorio reportarla en la declaración anual ante el SAT. En montos inferiores, la declaración no es obligatoria, pero se recomienda conservar la documentación que respalde el origen lícito del bien.

En caso de no declarar adecuadamente una herencia obligatoria, pueden generarse discrepancias fiscales y sanciones. El SAT puede requerir información adicional para verificar la legalidad y procedencia del patrimonio.

Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI) y gravámenes locales

Al heredar una casa, el beneficiario debe cubrir el ISAI. Este impuesto es local y su tasa varía dependiendo del estado, generalmente entre el 2% y 4.5% del valor del inmueble. Además, se suman los gastos notariales y derechos de registro, que pueden representar entre el 4% y 7% adicionales sobre el valor de la casa heredada.

Estos pagos son indispensables para formalizar la transmisión ante notario y registrar la propiedad a nombre del heredero en el Registro Público de la Propiedad. La omisión de estos trámites impide la inscripción legal del inmueble.

Documentación y trámites obligatorios

Para formalizar la herencia, se requiere presentar el acta de defunción del causante, identificación oficial del beneficiario, el testamento o la declaratoria de herederos y los documentos legales de la propiedad.

• Acta de defunción del causante
• Identificación oficial del beneficiario
• Testamento o declaratoria de herederos
• Documentos legales de la propiedad

El notario es el encargado de coordinar el proceso, calcular los impuestos aplicables y emitir los comprobantes oficiales de pago. Una vez concluidos los trámites, el SAT genera un acuse de recibo como constancia.

Estos son los trámites y costos para escriturar una casa en México después de heredar

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI):

• Representa entre el 65% y 77% del costo total.

- Se calcula entre el 2% y 5% del valor del inmueble (el mayor entre valor comercial y catastral).

Honorarios notariales:

• Entre 0.5% y 1.5% del valor del inmueble.

- Incluyen elaboración de la escritura, revisión jurídica y asesoría.

Derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad:

• Entre 0.2% y 0.5% del valor del inmueble.

- Permiten la inscripción legal de la propiedad.

Otros gastos administrativos:

• Avalúo del inmueble: entre $3,000 y $8,000.

- Certificados y constancias (libertad de gravamen, no adeudos): entre $2,000 y $5,000.Costo total estimado:

• Entre 4% y 8% del valor del inmueble.

- Ejemplo para una vivienda de $1.5 millones: entre $68,000 y $75,000.

Tiempo estimado del trámite:

• Entre 4 y 12 semanas.

Factores que influyen en los costos:

• Entidad federativa, tipo de operación (herencia, compraventa, donación), valor del inmueble, condiciones legales (adeudos, irregularidades).

Venta posterior del inmueble y pago de ISR

Si el heredero decide vender la casa en el futuro, debe calcular y pagar el ISR correspondiente sobre la ganancia obtenida.

La ganancia se determina restando el valor de adquisición del inmueble (generalmente, el valor declarado en la herencia) al precio de venta. Existen exenciones para la vivienda habitual, aplicables bajo ciertas condiciones, como haber habitado el inmueble al menos cinco años y no haber usado la exención en los últimos tres años.

Propuestas de reforma y panorama 2026

En el ejercicio fiscal 2026, la Ley de Ingresos de la Federación no contempla nuevos impuestos federales directos sobre herencias o legados, según el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Las iniciativas de reforma para gravar grandes herencias se encuentran en discusión legislativa, pero hasta el momento no han sido aprobadas para su entrada en vigor.

Para mayor información, la consulta debe realizarse directamente en los portales oficiales del SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 publicada en el sitio de la Cámara de Diputados.

Recibir una herencia o una donación suele ser motivo de tranquilidad financiera, ya que parece un trámite sencillo y libre de impuestos en México, pero también puede convertirse en un dolor de cabeza fiscal si se comete un error común ante el SAT.

La fiscalización bancaria y la obligación de informar determinados ingresos han aumentado en los últimos años, y en 2026 las revisiones y cruces de información del SAT serán aún más estrictos.

No tener claridad documental ni cumplir con la declaración adecuada puede convertir un beneficio familiar en una verdadera pesadilla fiscal.

El mito de que “la herencia y la donación siempre están exentas” es peligroso. Si no cumples con las reglas de reporte y documentación, el SAT puede considerar esos ingresos como gravables, aplicar ISR, recargos, multas o iniciar auditorías que consumen tiempo y recursos.

¿Por qué es un riesgo no documentar ni informar?

El SAT revisa transferencias electrónicas y cruza información bancaria con declaraciones fiscales. Si encuentra depósitos elevados, conceptos ambiguos (“préstamo”, “donativo”, “herencia”), o movimientos que no coinciden con tus ingresos, puede iniciar una auditoría.

Riesgos principales:

• Presunción de “discrepancia fiscal” si tus depósitos superan tus ingresos declarados.
• Pago de ISR, recargos y multas si no justificas el origen.
• Problemas para vender bienes heredados o donados si no tienes la documentación adecuada.
• Dificultad para comprobar la legalidad del dinero ante bancos o notarios.

Así, la documentación y la declaración anual son tu principal defensa ante una revisión fiscal.

¿Cuándo sí debes declarar una herencia o donación?

Aunque la ley exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a herencias y a ciertas donaciones, hay límites y condiciones específicas:

Herencias:

• Están exentas de ISR, pero debes declararlas en tu anual si el monto recibido supera 500 mil pesos en el año fiscal.
• Siempre respáldalas con documentos como testamento, acta de adjudicación, sentencia o escritura notarial.

Donaciones:

• Exentas sólo si son entre cónyuges o familiares directos (padres-hijos, abuelos-nietos).
• Si el total anual de donativos, préstamos o premios supera 600 mil pesos, debes informarlo en la declaración, incluso si son exentos.
• Donaciones de terceros, hermanos u otros familiares pueden estar sujetas a ISR y requieren contrato o escritura.

De esta manera, no declarar correctamente o carecer de documentos puede hacer que el SAT presuma que estos recursos son ingresos gravables.

¿Cómo evitar problemas fiscales?

La clave es cumplir con la ley y anticipar los posibles cruces de información del SAT. Para ello, guarda y presenta:

• Testamento, acta de adjudicación, resolución judicial para herencias.
• Contrato de donación, carta de donación, escritura pública para donativos, especialmente de bienes inmuebles.
• Recibos, comprobantes de transferencia y CFDI cuando aplique.

También es importante:

• Declarar en tu anual 2026 todos los ingresos exentos que superen los umbrales legales.
• Usar conceptos claros en transferencias y evitar palabras ambiguas o de riesgo.
• Consultar a un contador si tienes dudas sobre los montos, parentesco y documentos requeridos.

Con prevención y cumplimiento, puedes disfrutar tu herencia o donativo sin temor a sanciones ni revisiones del SAT en 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe justificación para que las gasolineras mantengan el precio del diésel por encima de los 28.50 pesos por litro, a pesar de los apoyos fiscales aplicados por el gobierno federal.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria informó que se realizarán revisiones junto con el SAT y otras instituciones para determinar las causas de los precios elevados y advirtió que se intensificará la supervisión en estaciones de servicio de todo el país.

Sheinbaum señaló que actualmente se está destinando un subsidio al diésel mediante la reducción del IEPS, lo cual debería reflejarse directamente en el precio final para consumidores y transportistas.

“No hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras”, comentó la presidenta. Añadió que el precio del petróleo mexicano se ha reducido de 100 a 88 dólares por barril, lo que permite la posibilidad de un nuevo ajuste a la baja.

El precio promedio nacional del diésel se ubica en 28.50 pesos, pero solo el 54.6% de las estaciones lo venden por debajo de 28.28 pesos. Cerca del 34.5% de las gasolineras mantienen precios superiores a 28.51 pesos.

“Se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel y, sin embargo, muchos gasolineros están poniendo el precio muy alto”, dijo Sheinbaum.

La presidenta anunció que este martes se reunirá con empresarios del sector y solicitó a los consumidores preferir las estaciones con precios dentro del margen oficial.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha instalado lonas de advertencia en estaciones que superan los precios de referencia. El mecanismo consiste en solicitar información a los establecimientos para justificar sus costos; si no corresponde al margen de ganancia permitido, se coloca la lona y se procede a la revisión.

Sheinbaum enfatizó que el encarecimiento injustificado del diésel impacta directamente al transporte de mercancías en todo el país y reiteró el compromiso del gobierno federal para garantizar precios accesibles.

“No pueden estarse pasando en este precio, que representa un impacto a todo el transporte de mercancías en el país”, subrayó.

Así están los precios promedio de los combustibles

De acuerdo con el reporte oficial para este lunes 20 de abril, el precio promedio nacional de la gasolina regular es de 23.686 pesos por litro, el de la gasolina premium es de 28.307 pesos y el del diésel de 28.457 pesos.

Los precios se actualizan diariamente por las autoridades regulatorias y dependen de factores como el costo internacional del petróleo, el tipo de cambio y los subsidios vigentes. La Comisión Nacional de Energía es la encargada de supervisar y regular el sector energético en el país desde marzo de 2025, tras la desaparición de la CRE.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), autoridad fiscal de México, actualizó los datos sobre la disponibilidad de citas para atención presencial en sus módulos y oficinas en las 32 entidades federativas, correspondiente a la semana del 20 al 24 de abril.

Se reporta que 87% de los módulos y oficinas del SAT ofrecen disponibilidad alta de citas para atención presencial entre el 20 y el 24 de abril de 2026, lo que representa un plazo de espera de uno a diez días hábiles en la mayoría de las entidades.

El organismo detalla que solo el uno porciento de las oficinas presenta disponibilidad baja, con tiempos mayores a veintiún días hábiles.

En el desglose oficial, 12% de los módulos, ubicados en entidades como Jalisco, Ciudad de México y Yucatán, muestran disponibilidad media, con espera de once a veinte días hábiles.

La información fue difundida por el SAT a través de sus canales oficiales, donde también se especifica que la disponibilidad considera el registro en el portal Citas SAT y en la Fila Virtual.

SAT identifica módulos con alta y baja disponibilidad en todo el país

El SAT señala que entidades como Aguascalientes, Baja California, Veracruz, Oaxaca y gran parte de los módulos de Nuevo León y Sonora operan con disponibilidad alta.

En contraste, algunas oficinas en Jalisco y Michoacán presentan disponibilidad baja. La lista completa incluye los nombres de los módulos y sus ubicaciones, donde destaca el predominio de puntos con espera reducida.

Es importante recordar que las personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y quienes acuden con menores lactantes no requieren cita para la atención presencial.

Todos los trámites son gratuitos y la autoridad fiscal recomienda denunciar la venta de citas o trámites mediante el correo denuncias@sat.gob.mx.

Trámites digitales y reglas para la atención presencial

La autoridad exhorta a los contribuyentes a realizar sus trámites mediante las herramientas digitales del SAT como:

• el portal sat.gob.mx
• SAT ID
• Oficina Virtual
• OrientaSAT
• Factura SAT Móvil

Es importante destacar que la declaración anual de personas comenzó el primero de abril y termina el 30 del mismo mes. Es decir, quedan prácticamente 10 días para cumplir con la declaración.

Por otro lado, si se te ha complicado realizar este trámite, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) brinda asesoría virtual y física a través de sus medios digitales oficiales y sus oficinas distribuidas al rededor de la república mexicana.

Al corte del 18 de abril el SAT ha informado que se han presentado 6 millones 530 mil 970 declaraciones. La autoridad fiscal recuerda que también puedes presentar tu declaración anual los sábados y domingos, a cualquier hora del día por sus canales virtuales.

La Declaración Anual 2026 ha generado dudas entre millones de jubilados en México, especialmente entre quienes reciben pensión del IMSS o del ISSSTE. Aunque existe la creencia de que este ingreso está totalmente libre de impuestos, la realidad es que depende del monto recibido y de otras condiciones fiscales establecidas por el SAT.

En términos generales, no todos los pensionados están obligados a presentar su declaración, pero sí hay casos específicos en los que deben hacerlo para evitar multas o recargos.

¿Qué pensionados NO están obligados a declarar ante el SAT?

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las pensiones están exentas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta cierto límite. Este tope equivale a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2026 representa aproximadamente más de 50 mil pesos mensuales.

Esto significa que:

• Si una persona recibe únicamente su pensión
• Y el monto no supera ese límite mensual

No tiene que pagar ISR ni presentar la Declaración Anual en la mayoría de los casos.

Incluso, este beneficio aplica tanto para jubilados del IMSS como del ISSSTE, siempre que no rebasen el umbral establecido por la ley.

¿Quiénes sí deben presentar la Declaración Anual 2026?

El SAT establece que hay situaciones en las que los pensionados sí están obligados a declarar, incluso si ya se les retuvo impuesto durante el año.

Estos son los principales casos:

1. Si la pensión supera el límite exento

Cuando los ingresos mensuales exceden el equivalente a 15 UMA (alrededor de 50 mil pesos), el excedente sí paga ISR y debe declararse.

2. Si los ingresos anuales superan los 400 mil pesos

Aunque provengan solo de pensión, rebasar este monto activa la obligación de presentar la declaración.

3. Si reciben dos o más pensiones

Por ejemplo, quienes cobran al mismo tiempo del IMSS y del ISSSTE deben declarar, ya que el límite exento no se duplica.

4. Si tienen ingresos adicionales

También deben declarar quienes, además de su pensión, obtienen dinero por:

• Rentas
• Negocios o actividad profesional
• Intereses bancarios o inversiones

En estos casos, todos los ingresos se suman para efectos fiscales.

¿Qué pasa si no presentan la declaración?

El incumplimiento puede derivar en multas o sanciones por parte del SAT, especialmente si el contribuyente estaba obligado a declarar.

Por ello, especialistas recomiendan revisar cada caso particular, ya que la obligación no depende solo de la pensión, sino del conjunto de ingresos y condiciones fiscales.

¿Conviene declarar aunque no sea obligatorio?

En algunos casos sí. Aunque un pensionado no esté obligado, presentar la declaración puede permitirle obtener un saldo a favor, sobre todo si tuvo deducciones personales o retenciones indebidas de ISR.

Claves para pensionados del IMSS e ISSSTE en 2026

• La pensión no siempre está totalmente libre de impuestos
• El factor clave es el monto mensual y anual
• Tener ingresos adicionales o más de una pensión cambia la obligación fiscal
• Declarar voluntariamente puede traer beneficios económicos

En resumen, el mensaje del SAT es claro: muchos pensionados están exentos, pero otros sí deben cumplir con la Declaración Anual 2026, por lo que revisar cada caso es fundamental para evitar problemas fiscales.

En el ámbito fiscal mexicano, el tratamiento de las deducciones constituye un pilar fundamental para quienes deben cumplir con el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Estas deducciones representan aquellos conceptos que los contribuyentes pueden restar de sus ingresos acumulables al calcular la base gravable sobre la cual se determina el monto del ISR a pagar. Por tanto, su aplicación tiene un impacto directo en la cantidad final que debe enterarse al fisco.

Requisitos formales y procedencia de las deducciones

La posibilidad de aplicar deducciones no es automática ni discrecional. Es, en realidad, una prerrogativa otorgada por autoridad federal en favor de los pagadores de impuestos.

Sin embargo, su procedencia depende estrictamente del cumplimiento de requisitos formales y específicos que se encuentran detallados en la Ley del ISR.

Así, la deducción solo será válida si el contribuyente observa y acredita cada una de estas condiciones ante la autoridad fiscal, lo que refuerza la importancia de la adecuada documentación y justificación de los gastos deducidos.

Clasificación de las deducciones según la Ley del ISR

Las deducciones para efectos del ISR son conceptos permitidos por ley que los contribuyentes pueden restar de sus ingresos acumulables, con el objetivo de disminuir la base sobre la que se calcula el impuesto.

Para que dicha deducción sea procedente, resulta indispensable que se cumpla con los requisitos formales y específicos establecidos en la legislación fiscal aplicable.

La Ley del ISR contempla dos grandes clasificaciones para las deducciones, atendiendo al destino de la erogación realizada por el contribuyente.

Deducciones estructurales o autorizadas

Por un lado, se encuentran las deducciones estructurales o autorizadas, que comprenden aquellos gastos que permiten a la persona contribuyente aminorar los ingresos brutos con los que se incurrió para generarlos.

Este tipo de deducciones tiene como característica principal que están vinculadas directamente con la renta de los causantes y constituyen la base del tributo. Su objeto es respetar el principio de proporcionalidad en materia tributaria, lo que significa que solo pueden deducirse los gastos necesarios para la generación de ingresos gravados.

Las deducciones estructurales permiten identificar la renta neta de los contribuyentes y únicamente se reconocen aquellas que guardan una relación directa con la obtención de ingresos.

Así, su finalidad es que el impuesto recaiga sobre la verdadera capacidad contributiva, restando los gastos imprescindibles para la actividad económica del contribuyente.

Deducciones no estructurales o personales

En contraste, existen las deducciones no estructurales o personales. Estas se refieren a gastos que no están directamente relacionados con la actividad generadora de ingresos, sino que responden a principios o políticas de índole personal o social.

Por lo tanto, no obedecen a la lógica de proporcionalidad tributaria que rige a las deducciones estructurales. En la legislación mexicana, este tipo de deducciones tienen un tratamiento distinto y limitado, pues no buscan aminorar la base gravable en función de la generación de ingresos, sino que responden a otras finalidades ajenas al objeto del impuesto sobre la renta.

Importancia de la distinción entre deducciones

En materia de ISR, la distinción entre deducciones estructurales y no estructurales resulta esencial para determinar cuáles gastos son deducibles y bajo qué condiciones pueden aplicarse.

Solo las deducciones estructurales, es decir, las necesarias para la obtención de ingresos, se consideran estrictamente indispensables y son reconocidas como tales en la Ley del ISR.

Uno de los conceptos clave en la deducibilidad de gastos para efectos del ISR es el de gastos estrictamente indispensables. La legislación mexicana exige que los gastos deducidos sean no solo reales y comprobables, sino también necesarios para la actividad que genera los ingresos gravables.

Esta exigencia busca garantizar que las deducciones respondan a la lógica del impuesto, permitiendo restar únicamente aquellos gastos que tengan una relación directa y esencial con la generación de ingresos.

Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La definición de “estrictamente indispensable” ha sido objeto de interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la tesis 1a. XXX/2007, la Corte estableció que un gasto debe considerarse estrictamente indispensable cuando resulta necesario para el cumplimiento cabal de las actividades del contribuyente y para la obtención de ingresos.

La Corte puntualizó que si el gasto no se realiza, podría incluso poner en riesgo la continuidad de la operación o provocar la disminución de la actividad económica, afectando así los ingresos y, en consecuencia, la base gravable del impuesto.

El criterio de la Corte implica que un gasto solo será estrictamente indispensable si su omisión afecta directamente las actividades de la empresa o persona contribuyente. Por ejemplo, si no se efectúa el gasto, podría suspenderse la operación o disminuirse su alcance, generando una merma en los ingresos y un posible perjuicio económico.

Esta postura refuerza la idea de que la autorización de deducciones constituye una salvaguarda para la capacidad contributiva, siempre que se identifique en la renta la conexión con el gasto realizado.

El requisito de estricta indispensabilidad demanda una justificación precisa de la relación entre el gasto y la generación de ingresos. Solo los gastos que cumplan con este vínculo podrán ser aceptados como deducibles, y su reconocimiento está condicionado por el principio de proporcionalidad en materia tributaria.

Para facilitar la interpretación y correcta aplicación de las reglas sobre deducciones estrictamente indispensables, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ha emitido criterios interpretativos de referencia.

Destaca la consulta sustantiva 2/2025/CTN/CS-SASEN, donde se establece que la deducción de gastos estrictamente indispensables, además de contar con la autorización legal, debe estar vinculada con la actividad económica del contribuyente y su capacidad para generar ingresos.

Este criterio señala que la procedencia de la deducción exige que el gasto se relacione de manera directa con la actividad que origina ingresos gravables.

Así, no basta con cumplir los requisitos formales o que el gasto esté previsto en la ley; es imprescindible demostrar el nexo entre el gasto, la persona contribuyente y la generación efectiva de ingresos.

Servicio gratuito de Consulta Especializada de PRODECON

La Prodecon pone a disposición de los contribuyentes el servicio gratuito de Consulta Especializada, cuyo propósito es resolver dudas sobre la interpretación y alcance de las disposiciones fiscales federales o aduaneras.

Puedes hacer uso de este servicio puede ser a través de un correo electrónico a la dirección analisis.sistemicos@prodecon.gob.mx, adjuntando Formato PRODECON-00-005 y/o escrito libre. O también de manera presencial en la oficina más cercana.

Este servicio permite emitir opiniones vinculantes para la autoridad fiscal, generando certeza jurídica respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Las consultas especializadas pueden ser fundamentales cuando existe incertidumbre sobre la deducibilidad de ciertos gastos, ya que su respuesta aporta seguridad jurídica y evita futuros conflictos con la autoridad.

El objetivo de la Consulta Especializada es proporcionar a los contribuyentes una herramienta que les permita tomar decisiones informadas al momento de preparar su declaración anual, asegurando el cumplimiento fiel de los requisitos legales.

Durante el mes de abril de 2026, las personas físicas en México deben cumplir con la presentación de la Declaración Anual 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La declaración anual es obligatoria para quienes hayan obtenido ingresos por sueldos y salarios en distintas situaciones.

Entre los casos más relevantes, se encuentran las personas que trabajaron para más de un empleador en el mismo año, quienes concluyeron la relación laboral antes del 31 de diciembre, recibieron ingresos superiores a 400 mil pesos de un solo patrón, o percibieron sueldos de fuentes en el extranjero o de empleadores no obligados a retener el ISR.

Además, deben presentar declaración quienes hayan recibido ingresos por servicios profesionales (honorarios), ejercido actividades empresariales (incluyendo plataformas tecnológicas, negocios en la región fronteriza y quienes tributan bajo el Régimen de Incorporación Fiscal con coeficiente de utilidad).

Así como quienes obtuvieron rentas de bienes inmuebles (departamentos, casas o locales comerciales), intereses o dividendos, o hayan realizado la enajenación de bienes.

En el caso de quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), la regla general es que quedan exentos de esta obligación, conforme a la Regla 3.13.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

Sin embargo, algunas personas que se ubiquen en los supuestos especiales previstos en las reglas 3.13.20 y 3.13.21 pueden optar por presentarla de manera voluntaria.

¿Cuándo será el último día para presentar la Declaración Anual ante el SAT?

El plazo oficial inició el 1 de abril y concluye el 30 del mismo mes. Según datos del SAT, hasta las 8:00 horas del 17 de abril se habían presentado más de seis millones 246 mil declaraciones.

El trámite puede realizarse en línea durante las 24 horas, lo que permite cumplir con la obligación fiscal sin acudir a oficinas presenciales.

Herramientas de apoyo, requisitos y sanciones

El SAT recomienda a los contribuyentes revisar sus comprobantes fiscales y utilizar herramientas como el Visor de nómina y el simulador de declaración anual. Para presentar la declaración, es indispensable contar con RFC activo, contraseña o e.firma vigente y, en caso de saldo a favor, una CLABE interbancaria válida.

La plataforma digital del SAT ofrece, durante marzo y abril, acceso a simuladores y visores que permiten anticipar la información precargada y validar deducciones personales, como gastos médicos, colegiaturas y donativos.

El sistema valida automáticamente los datos y facilita la devolución de saldos a favor, que puede realizarse en un periodo de hasta 40 días hábiles tras la solicitud.

Si se omite la presentación de la declaración anual, el Código Fiscal de la Federación prevé multas que pueden ir de 2,050 a 25,360 pesos por cada obligación omitida. Si la corrección ocurre después de un requerimiento del SAT, la sanción puede aumentar, además de sumar recargos y actualización sobre los impuestos pendientes.

Recomendaciones para evitar contratiempos

La autoridad fiscal recomienda adelantar el trámite para evitar saturaciones en el portal durante los últimos días de abril.

Se aconseja reunir con anticipación la documentación necesaria:

• Constancias de percepciones,
• Comprobantes de intereses de créditos hipotecarios,
• Facturas de deducciones personales
• Estados de cuenta bancarios.

El trámite se realiza exclusivamente a través del portal oficial del SAT (https://www.sat.gob.mx/), en la sección de declaraciones para personas físicas.

Desde enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció medidas estrictas para prevenir que empresas, comercios o prestadores de servicios condicionen la emisión de facturas electrónicas a la presentación de la Constancia de Situación Fiscal (CSF).

Esta decisión responde a la necesidad de proteger los derechos de los contribuyentes y evitar prácticas indebidas en el proceso de facturación electrónica.

La prohibición de solicitar la CSF como requisito para expedir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) está fundamentada en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación (CFF).

La norma señala expresamente que es una infracción condicionar la expedición de facturas a la entrega de la CSF o de la Cédula de Identificación Fiscal, independientemente del tipo o giro del establecimiento.

La autoridad fiscal aclara que el contribuyente no está obligado a presentar ningún documento adicional a los datos estrictamente requeridos por la ley para que le entreguen su factura.

Las consecuencias para quienes incurran en esta infracción son significativas.

El SAT puede imponer una multa económica que va desde 21 mil 420 hasta 122 mil 440 pesos por cada ocasión en que se detecte la práctica ilegal.

En caso de que el establecimiento reincida y continúe solicitando la CSF para emitir facturas, la autoridad fiscal está facultada para determinar la clausura preventiva del local, con una duración que puede oscilar entre tres y quince días, según la gravedad de la reincidencia y el historial del contribuyente o empresa involucrada.

Esta medida busca asegurar el cumplimiento de la normativa y proteger a los usuarios frente a exigencias injustificadas.

Requisitos legales para la emisión de facturas electrónicas

De acuerdo con la normatividad vigente, el SAT señala que los únicos datos obligatorios para la emisión de un CFDI son:

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del solicitante
• Nombre o razón social
• Código postal del domicilio fiscal
• Régimen fiscal correspondiente

En ningún caso es necesario que el contribuyente presente su CSF para recibir una factura, ni tampoco para el timbrado de nómina.

El SAT precisa que la CSF es un documento que contiene información personal y fiscal relevante únicamente para el titular del RFC, como el domicilio fiscal y el régimen bajo el cual tributa. Sin embargo, toda esta información puede y debe ser proporcionada de manera directa y voluntaria por el solicitante, sin que se le exija exhibir ningún documento oficial adicional.

El correo electrónico es un dato opcional y su solicitud no puede considerarse obligatoria para la emisión de facturas.

En situaciones donde exista alguna actualización o modificación en el RFC o en los datos fiscales del contribuyente, la responsabilidad de reportar y tramitar dichos cambios corresponde únicamente al titular, quien debe gestionar la actualización directamente ante el SAT por los canales oficiales, ya sea en línea, por teléfono o de manera presencial en las oficinas de la autoridad tributaria.

Procedimiento para denunciar prácticas indebidas

El SAT puso a disposición de los contribuyentes diversas vías para denunciar la exigencia ilegal de la CSF u otras prácticas indebidas en el proceso de facturación. El procedimiento puede seguirse por los siguientes medios:

• Enviar un correo electrónico a la dirección oficial de denuncias del SAT
• Comunicar la irregularidad a través de la línea telefónica de atención nacional
• Realizar la denuncia en el portal de conciliación de facturas del sitio web oficial del SAT
• Acudir personalmente a cualquiera de las oficinas del SAT para presentar la queja y recibir orientación
• Proporcionar datos específicos de la situación: nombre del establecimiento, fecha, descripción de la práctica indebida y cualquier documento de prueba disponible
• Dar seguimiento al caso a través de los mismos canales, donde el SAT asegura la confidencialidad de la información proporcionada y se compromete a investigar cada reporte

El SAT procede a imponer las sanciones correspondientes si se acredita la irregularidad y, en su caso, adopta medidas preventivas para evitar la repetición de la conducta.

La autoridad fiscal también ha difundido campañas informativas y materiales de consulta para orientar a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones en materia de facturación. Estas acciones buscan fortalecer la cultura fiscal y reducir la incidencia de prácticas indebidas en el sector privado.

Advertencias para contribuyentes y empresas

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, ha reiterado públicamente que “no se tiene que pedir constancia para facturar”. Esta declaración subraya la postura institucional de garantizar que los trámites ante la autoridad fiscal sean accesibles, ágiles y libres de requisitos innecesarios.

El SAT busca evitar cargas administrativas adicionales para los contribuyentes y fomentar un ambiente de cumplimiento voluntario y respeto a la normatividad.

En 2026, la autoridad fiscal reforzó su advertencia a todas las personas físicas y morales: condicionar la emisión de facturas a la presentación de la CSF constituye una falta administrativa grave. Las sanciones económicas y la clausura de establecimientos serán aplicadas de manera estricta a quienes incumplan la disposición, sin excepción ni consideración por el tamaño o tipo de negocio.

El SAT invita a los contribuyentes a mantenerse informados a través de los canales oficiales, consultar la normativa vigente y reportar cualquier irregularidad que detecten durante la solicitud de facturas o comprobantes fiscales.

El objetivo es asegurar que la emisión de facturas electrónicas se realice únicamente con los datos obligatorios establecidos por la ley y que los contribuyentes no sean objeto de exigencias injustificadas por parte de empresas, comercios o empleadores.

La autoridad fiscal reitera que la presentación de la CSF no es, bajo ningún supuesto, requisito legal para facturación ni para el timbrado de nómina, y que cualquier práctica contraria puede ser sancionada conforme a la legislación vigente.

Abril es un mes decisivo para los contribuyentes en México. La presentación de la Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obliga a revisar con detalle cada ingreso recibido durante el año, incluyendo uno que genera dudas frecuentes: el reparto de utilidades o Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

Este ingreso adicional, que muchas personas reciben entre mayo y junio, puede influir directamente en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya sea incrementando el monto a pagar o, en algunos casos, favoreciendo la obtención de un saldo a favor.

¿Qué es la PTU y por qué se incluye en la Declaración Anual?

La PTU es un derecho constitucional que establece que las empresas deben repartir una parte de sus ganancias entre sus trabajadores. Este beneficio económico reconoce la contribución de los empleados a la generación de utilidades durante el ejercicio fiscal previo.

Desde el punto de vista fiscal, el SAT considera la PTU como un ingreso acumulable. Esto significa que se suma al salario y a cualquier otro ingreso percibido en el año, como honorarios, arrendamientos o intereses.

No obstante, existe un alivio fiscal: una parte de las utilidades está exenta de ISR, equivalente a 15 días de salario mínimo. El resto del monto sí debe pagar impuestos y es el que puede modificar el resultado final de la declaración.

¿Cuándo las utilidades aumentan el ISR a pagar?

El impacto de la PTU en la Declaración Anual depende de diversos factores. En algunos casos, este ingreso adicional puede incrementar la carga tributaria del contribuyente.

Entre los escenarios más comunes destacan:

• Utilidades elevadas: un monto considerable puede hacer que el contribuyente pase a un rango superior en la tarifa del ISR.
• Más de un patrón: tener múltiples empleadores puede provocar que las retenciones mensuales sean insuficientes.
• Ingresos adicionales: percibir dinero por honorarios, rentas o inversiones aumenta la base gravable total.
• Errores en retenciones: si el empleador no calculó correctamente el ISR, el contribuyente deberá pagar la diferencia.
• Ingresos superiores a 400 mil pesos anuales: en este caso, la presentación de la declaración es obligatoria.

Estos factores combinados pueden derivar en un impuesto mayor al esperado al momento de presentar la declaración.

¿Las utilidades pueden generar saldo a favor?

Aunque la percepción general es que recibir utilidades implica pagar más impuestos, no siempre es así. La PTU también puede jugar a favor del contribuyente si se cuenta con deducciones personales.

Gastos médicos, colegiaturas, intereses de créditos hipotecarios y aportaciones voluntarias al retiro son algunos ejemplos que pueden restarse de los ingresos acumulables.

Cuando estas deducciones son suficientes, es posible que el ISR retenido durante el año haya sido mayor al necesario. En ese caso, el SAT puede determinar un saldo a favor y proceder a la devolución de impuestos.

Fecha límite y recomendaciones para cumplir con el SAT

El plazo para presentar la Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025 concluye el 30 de abril de 2026. Cumplir en tiempo y forma evita sanciones, multas y recargos.

Especialistas recomiendan revisar cuidadosamente la información precargada en el portal del SAT, verificar los ingresos —incluidas las utilidades— y asegurarse de que todas las deducciones personales estén correctamente registradas.

La clave: entender el impacto de la PTU en tus finanzas

El reparto de utilidades puede ser un beneficio importante, pero también implica responsabilidades fiscales. Comprender cómo se integra este ingreso en la Declaración Anual permite tomar decisiones informadas y evitar desequilibrios financieros.

Una adecuada planeación fiscal, junto con el uso estratégico de deducciones, puede marcar la diferencia entre pagar más impuestos o recibir una devolución.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad de Contaduría y Administración, puso en marcha un programa de asesoría fiscal gratuita dirigido a personas físicas que necesiten apoyo para presentar su declaración anual del ejercicio fiscal 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este servicio busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar errores comunes durante el proceso, especialmente en un periodo donde miles de contribuyentes deben reportar ingresos, deducciones y posibles saldos a favor.

Asesoría especializada sin costo para contribuyentes

El programa está diseñado para brindar acompañamiento personalizado a quienes requieran apoyo técnico en la presentación de su declaración anual.

La asesoría es proporcionada por profesores especializados y alumnos capacitados de la Facultad de Contaduría y Administración, quienes revisan la información fiscal y orientan a los contribuyentes paso a paso.

De acuerdo con la convocatoria, el servicio se enfoca en personas físicas que necesiten presentar su declaración correspondiente al ejercicio 2025, incluyendo aquellos con ingresos por sueldos, honorarios, arrendamiento o actividades empresariales.

Además, el apoyo incluye revisión de datos precargados, validación de deducciones personales y orientación sobre devoluciones en caso de saldo a favor.

Fechas, horarios y sede del programa

La UNAM informó que la asesoría se brindará del 6 al 30 de abril, en el Laboratorio 4 A del CIFCA, ubicado dentro de la Facultad de Contaduría y Administración.

Los horarios serán escalonados para facilitar la atención:

• De 10:00 a 14:00 horas
• De 16:00 a 20:00 horas

Se recomienda acudir con anticipación y contar con toda la documentación necesaria para agilizar el proceso.

Para acceder al servicio gratuito, los interesados deben presentar información básica indispensable para completar su declaración anual ante el SAT:

1. Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
2. Contraseña o e.firma vigente
3. Constancias de retenciones en caso de ingresos por intereses, dividendos o venta de acciones
4. CLABE bancaria y nombre del banco en caso de saldo a favor

Contar con estos documentos permitirá a los asesores realizar el proceso de forma más rápida y precisa, evitando contratiempos.

Impulso a la cultura tributaria en México

Este programa forma parte de las acciones de la UNAM para fomentar la cultura tributaria y el cumplimiento fiscal entre la población. También representa una oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos en escenarios reales, bajo la supervisión de expertos.

En un contexto donde el cumplimiento de obligaciones fiscales es clave para el desarrollo económico del país, este tipo de iniciativas contribuyen a reducir la informalidad y mejorar la relación entre contribuyentes y autoridades fiscales.

Asimismo, el acompañamiento gratuito cobra relevancia ante los cambios constantes en la normatividad fiscal, que pueden generar dudas o confusión entre los ciudadanos.

Atención accesible para todos

La Facultad de Contaduría y Administración reiteró que el servicio está abierto al público en general y no tiene ningún costo, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes no cuentan con asesoría privada.

Para más información, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la UNAM o acudir directamente a la sede del programa.

El Servicio de Administración Tributaria de Lima abrió nuevas convocatorias laborales dirigidas a perfiles que van desde estudiantes técnicos y universitarios hasta profesionales titulados. Las oportunidades, publicadas el 15 de abril de 2026, contemplan puestos bajo el régimen CAS y ofrecen remuneraciones que oscilan entre S/ 1.500 y S/ 8.000.

Las vacantes están disponibles en Lima y abarcan distintas áreas como Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial y Computación e Informática. La entidad recalcó que los postulantes deben revisar detalladamente los requisitos y la documentación exigida antes de completar su inscripción.

Vacantes para estudiantes y titulados con sueldos de hasta S/ 8.000

La primera convocatoria del SAT incluye dos puestos dirigidos a distintos niveles de formación. Por un lado, se ofrece una plaza para Técnico Verificador Vehicular (CAS N° 013), orientada a estudiantes universitarios de carreras como Administración, Contabilidad, Economía, Computación e Informática o Ingeniería Industrial, así como a quienes cursen estudios técnicos desde el primer ciclo. Esta posición cuenta con una remuneración de S/ 1.500 y tiene como fecha límite de postulación el 27 de abril de 2026.

Por otro lado, se encuentra disponible el puesto de Especialista de Procesos Logísticos (CAS N° 014), dirigido a profesionales titulados en carreras afines como Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o Derecho. Para esta vacante se ofrece un salario de S/ 8.000, siendo también el 27 de abril de 2026 la fecha límite para postular. Ambas oportunidades se desarrollarán en Lima.

Especialista en contrataciones: perfil y requisitos clave

La segunda convocatoria está enfocada en la contratación de un Especialista en Contrataciones (CAS N° 015), con una remuneración de S/ 7.000. El puesto está dirigido a profesionales titulados en Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial o disciplinas relacionadas.

Entre los requisitos, se exige una experiencia general mínima de 5 años en el sector público o privado, así como al menos 3 años de experiencia específica en áreas vinculadas a logística, abastecimiento o contrataciones del Estado en el sector público. Además, se solicita contar con programas de especialización o diplomados en Sistema Nacional de Abastecimiento, Contrataciones del Estado y Gestión Logística Pública, junto con certificación OSCE en nivel avanzado.

Proceso de postulación y condiciones del servicio

El proceso de postulación para el puesto de especialista en contrataciones estará habilitado hasta el 29 de abril de 2026 a las 11:59 p.m. Los interesados deberán registrar su ficha de postulación mediante la bolsa virtual del SAT y remitir la documentación sustentatoria al correo electrónico institucional.

El lugar de prestación del servicio será en Jr. Camaná 370, en el Cercado de Lima, así como en agencias o depósitos de la entidad. El perfil también demanda habilidades como capacidad analítica, comunicación efectiva, trabajo en equipo, proactividad, integridad y enfoque en la mejora continua.

La autoridad fiscal mexicana advierte que el SAT no envía mensajes ni solicita datos bancarios a través de SMS para realizar devoluciones de saldo a favor.

En una imagen difundida en canales oficiales, la dependencia recomienda no hacer clic en ligas sospechosas y reportar cualquier intento de fraude a los canales establecidos.

El aviso se acompaña de un ejemplo donde un mensaje falso pide registrar una cuenta bancaria mediante un enlace. La dependencia reitera que la única vía para trámites de devolución es la plataforma oficial, y que los contribuyentes pueden comunicarse por correo denuncias@sat.gob.mx o al teléfono 55 8852 2222 para presentar quejas.

El SAT pide precaución ante intentos de fraude

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT insisten en que no envían este tipo de mensajes ni solicitan información confidencial por SMS.

El mensaje fraudulento suele contener frases como: “Aviso SAT: se confirmó saldo a favor de sus impuestos. Reciba su devolución registrando una cuenta bancaria a su nombre”, seguido de una liga sospechosa.

Los canales oficiales para reportar estos casos son el correo mencionado y el número telefónico provisto. Las autoridades exhortan a la población a no dejarse engañar y a evitar proporcionar datos personales o financieros por medios no oficiales.

Recomendaciones ante mensajes sospechosos

La recomendación principal ante mensajes de texto sospechosos sobre temas fiscales consiste en evitar cualquier interacción directa con enlaces incluidos y priorizar la consulta directa en plataformas oficiales.

Los mensajes auténticos enviados por SAT aparecen exclusivamente con el nombre “SAT” como remitente, sin mostrar números telefónicos, y su contenido suele limitarse a recordatorios generales acerca de obligaciones tributarias, sin solicitar datos personales ni información sensible.

La vía oficial para recibir notificaciones y comunicaciones específicas de SAT es el Buzón Tributario. Es fundamental mantener actualizados tanto el número de teléfono como los correos electrónicos asociados, lo que permite recibir notificaciones legítimas.

Si surge alguna duda sobre la autenticidad de un mensaje, la recomendación es ingresar directamente al sitio web oficial de SAT y consultar el Buzón Tributario para verificar la existencia de notificaciones pendientes.

Las llamadas telefónicas realizadas por SAT tienen como objetivo informar a los contribuyentes, pero nunca incluyen solicitudes de datos sensibles ni peticiones de pago.

Ante una llamada dudosa, la recomendación es finalizar la comunicación y recurrir directamente a los canales oficiales de SAT para cualquier aclaración.

En cuanto al acceso a portales electrónicos, solo los dominios que concluyen en sat.gob.mx corresponden a sitios auténticos de SAT. Esta entidad no solicita información personal ni efectúa operaciones financieras mediante páginas externas. La autenticidad de los sitios web puede comprobarse utilizando el buscador de sitios falsos disponible en el portal oficial de SAT.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), autoridad fiscal de México, actualizó los datos sobre la disponibilidad de citas para atención presencial en sus módulos y oficinas en las 32 entidades federativas, correspondiente a la semana del 13 al 17 de abril de 2026.

El reporte incluye porcentajes sobre la facilidad para agendar cita, cifra clave para contribuyentes y empresas que requieren trámites fiscales presenciales.

Para la semana del 13 al 17 de abril, el SAT informa que el 87% de los módulos y oficinas en México presentan alta disponibilidad de citas, permitiendo a los usuarios obtener atención en un plazo de uno a diez días hábiles.

El 11% de los centros informa disponibilidad media, con tiempos de espera de once a veinte días hábiles, y solo el 2% tiene baja disponibilidad, con plazos más de 21 días.

Estos datos, provenientes del informe oficial del SAT, muestran una mejora respecto a periodos anteriores, donde la saturación del sistema de citas era frecuente.

La clasificación de la disponibilidad se ajusta a los días hábiles de espera para obtener atención:

• disponibilidad alta corresponde a uno a diez días hábiles,
• disponibilidad media a once a veinte días y
• baja disponibilidad a más de 21 días.

Este sistema facilita que los usuarios conozcan los plazos antes de programar sus trámites presenciales dentro de su entidad o en estados cercanos.

El SAT informa que la mayoría de los estados tiene disponibilidad alta en citas presenciales

El SAT distribuye un mapa nacional ilustrando la disponibilidad de citas con tres colores:

• verde para alta
• amarillo para media
• rojo para baja

El predominio de puntos verdes muestra que la mayoría de las entidades, como Baja California, Sonora, Veracruz, Yucatán y Oaxaca, ofrecen atención presencial en menos de diez días hábiles.

Los puntos amarillos se ubican en zonas de alta demanda, por ejemplo, en algunas oficinas de Jalisco, Tabasco y Puebla. Solo un reducido grupo de oficinas, señaladas en rojo, presentan baja disponibilidad.

Un desglose por entidad muestra que Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Zacatecas mantienen todos sus módulos con alta disponibilidad, según el SAT. En Jalisco, oficinas como MST Tepatitlán y MST Puerto Vallarta tienen disponibilidad media o baja; en Tabasco, el módulo de Cárdenas está en media, mientras la oficina principal de Villahermosa mantiene alta disponibilidad.

En la Ciudad de México y Estado de México, entidades con alta densidad poblacional, la mayoría de los módulos informa disponibilidad alta, aunque se identifican casos puntuales de disponibilidad media o baja en otras regiones. El SAT recomienda a los contribuyentes consultar la situación específica de cada módulo antes de agendar una cita.

Usuarios reportan dificultades pese a mejora oficial en el sistema de citas

En la sección de comentarios de la publicación oficial del SAT, algunos usuarios expresan que continúan enfrentando problemas para conseguir citas.

Usuaria comenta: “Aún sin citas en cualquier oficina”. Estas opiniones contrastan con los datos publicados y muestran que, aunque la mayoría de los módulos reporta alta disponibilidad, existen casos de saturación puntual o alta demanda local no cubierta por el sistema de citas.

El SAT sostiene que la información se actualiza semanalmente y recomienda a los contribuyentes revisar el portal oficial para conocer la disponibilidad en tiempo real en cada oficina o módulo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, derivado del avance de la Declaración Anual 2025 de personas, se han autorizado 10 mil 103 millones de pesos en devoluciones de saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta (ISR). Por lo que en próximos días los contribuyentes podrán ser beneficiados por este avance

La tarde de este martes 14 de abril, el servicio tributario compartió esta información, la cual forma parte de las responsabilidades fiscales de personas físicas y morales.

De acuerdo con el SAT, las devoluciones corresponderán de acuerdo al tipo de persona que cumplió este proceso. Además, la declaración anual ante el SAT para personas físicas inició el 1 de abril y concluye el 30 de abril de 2026. El trámite se realiza en línea a través del portal del SAT, disponible las 24 horas durante todo el mes, posterior a ello se podrá acceder a la devolución.

¿Cuánto tiempo tarda una devolución del SAT?

El organismo detalló que el tiempo promedio en que se realizan las devoluciones es de tres días, plazo considerablemente menor al límite de 40 días estipulado en el Código Fiscal de la Federación.

El SAT reiteró su compromiso de cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en el marco legal en materia de devoluciones y reconoció tanto a las leyes como a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Luego de que las autoridades aprobaron la devolución de poco más de los 10 mil 103 millones de pesos se espera que 1 millón 591 mil 951 contribuyentes se vean beneficiados por esto.

Así se puede solicitar la devolución de saldo a favor en el SAT

Luego de realizar las declaraciones anuales correspondientes al tipo de persona física o moral, los contribuyentes tendrán que prestar atención a los siguientes pasos:

Verificar datos bancarios

Asegúrate de tener registrada una cuenta bancaria (CLABE) a tu nombre en el portal del SAT. La devolución solo se realiza a cuentas mexicanas y personales.

Solicitar la devolución automática

Al finalizar tu declaración anual, si tienes saldo a favor, selecciona la opción de devolución automática. El SAT suele procesar devoluciones automáticas en un plazo de hasta 40 días.

Si no obtienes devolución automática

Si el SAT rechaza la devolución automática, puedes ingresar una solicitud manual a través del portal del SAT:

• Ingresa a Mi Portal SAT.
• Selecciona “Servicios por internet” y luego “Solicitud de devolución”.
• Llena el formulario, adjunta la documentación que el sistema solicite (por ejemplo, estados de cuenta para comprobar tu CLABE).
• Envía tu solicitud y guarda el acuse.

Da seguimiento

Puedes consultar el estatus de tu devolución en el mismo portal, en la sección de “Seguimiento de trámites y requerimientos”.

Recomendaciones:

• Ten a la mano tu e.firma o contraseña del SAT.
• Verifica que tus datos fiscales estén actualizados.
• Revisa que no tengas inconsistencias o errores en tus deducciones.

Hacer la declaración anual ante el SAT genera dudas entre asalariados que encuentran que deben pagar un monto adicional a pesar de que su patrón retiene mes con mes el ISR de su sueldo.

Este resultado desconcierta porque muchos trabajadores asumen que el pago periódico cubre al cien por ciento su obligación fiscal de cada año.

El procedimiento parte de un cálculo anual del ISR: el patrón funge como intermediario: retiene el impuesto en la nómina y lo entera al SAT cada mes. Al final del año fiscal, todos los ingresos gravados acumulados por el trabajador incluyen:

• sueldo
• prima vacacional
• aguinaldo
• bonos
• Utilidades o PTU

Todo esto se suma y es a qui donde hay confusión sobre cuánto se debió haber pagado de ISR al final del año y hay tres escenarios posibles:

El primero y más favorable es el saldo a favor. Ocurre cuando el trabajador pagó más ISR del necesario; el SAT devuelve el excedente, situación común en personas que aprovechan deducciones personales y las presentan correctamente en su declaración. En este caso, el SAT realiza el reembolso por la diferencia positiva.

El segundo escenario explica por qué el asalariado puede tener saldo en contra y ver reflejado que debe pagar al SAT. Esta situación aparece principalmente cuando una persona acumula ingresos de dos patrones distintos o tiene dos trabajos simultáneos. Cada patrón retiene el ISR correspondiente a su propio pago, pero al sumar todos los ingresos en la declaración anual, es probable que el impuesto anual por pagar supere la suma de lo retenido durante el año.

El ajuste se da porque el cálculo anualiza los ingresos y el escalonamiento de las tarifas puede generar contribuciones adicionales. El documento señala que en estos casos conviene reunir el mayor número posible de deducciones personales para reducir el monto a pagar. Deducciones como gastos médicos, colegiaturas o seguros de vida pueden aplicarse si el trabajador cumple con los requisitos establecidos por el SAT.

Existe un tercer escenario: saldo cero. Aquí el ISR anual coincide exactamente con lo que el patrón retuvo durante el año, por lo que el trabajador ni paga ni recibe devoluciones. El reporte aclara que este resultado es perfectamente válido.

Para estar dentro del primer escenario hablando del pago de utilidades; hay ciertas acciones que se pueden tomar en cuenta para no pagar tanto de ISR.

Cómo reducir carga fiscal anual con la deducibilidad de la PTU

En términos del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), el pago de utilidades no es deducible para el ISR anual; sin embargo, la Reforma Fiscal de 2020 en materia de ISR, adicionó al artículo 14 que la PTU pagada en el ejercicio puede disminuirse de la utilidad fiscal para el pago provisional mensual.

Es decir, cuando una empresa o persona física con actividad empresarial reparte las utilidades, tiene permitido restar el monto de utilidades pagado para que los pagos provisionales mensuales de ISR sean menores durante los meses siguientes después de realizar su repartición de PTU:

Imagina que en mayo (mes en el que personas morales debe hacer su repartición de PTU) una persona moral pagó $80,000 de utilidades a sus trabajadores.

Esta cantidad se puede restar mes con mes de mayo a diciembre (8 meses). Dividiendo esos $80,000 entre los 8 meses, nos da un monto de $10,000 que puede disminuir de su utilidad fiscal para calcular un ISR menor a pagar mensualmente.

Este beneficio es aplicable tanto a personas morales como a personas físicas con actividad empresarial o profesional que cuenten con trabajadores.

Es importante tomar en cuenta que este beneficio de disminución del PTU pagado en el ejercicio no aplica a personas en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), ni a quienes no tengan colaboradores.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció su primer cambio de administración en el año y designó a Jennifer Krystel Castillo Madrid como la nueva titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC).

La nueva funcionaria asumirá su cargo a partir del 1 de mayo y sustituirá a Armando Ramírez Sánchez, quien, de acuerdo a lo informado por el SAT, continuará desempeñando otras funciones dentro del organismo.

La nueva responsable de la AGGC cuenta con una sólida formación académica y una trayectoria profesional en el sector público, con experiencia en áreas jurídicas, administrativas y de gestión financiera.

Sheinbaum se posiciona sobre este cambio administrativo

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó durante su conferencia de prensa matutina de este 14 de abril, que ha trabajado con Jennifer Krystel desde el gobierno de la Ciudad de México.

Resaltó que es una mujer muy honesta y celebró su nuevo nombramiento, el cual atribuyó a los cambios naturales que tienen las dependencias.

“Conoce los temas fiscales, y ahora se incorpora al equipo para poder hacer una renovación dentro del SAT”, comentó la mandataria.

Subrayó que no tiene ninguna queja del titular saliente, Armando Ramírez, a quien describió como un funcionario muy honesto.

Resaltó que “es bueno siempre que haya renovación en las áreas”.

¿Quién es Jennifer Krystel Castillo?

La nueva encargada de fiscalizar a las grandes empresas del país, es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde también obtuvo una maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación, títulos que alcanzó con mención honorífica. Actualmente, es candidata a doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte, en colaboración con la Universidad Sorbona de París.

Ha complementado su formación con diplomados en Contratos y Derecho Tributario, así como estudios en Finanzas y Auditoría Legal para la Prevención de Sanciones y Delitos Empresariales.

En 2022, cursó el programa de Alta Dirección Empresarial en el IPADE Business School, fortaleciendo su perfil en materia de liderazgo y gestión pública.

Castillo Madrid inició su carrera en la administración pública en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde fue directora ejecutiva jurídica y titular de la Oficina de Información Pública entre 2008 y 2010.

Posteriormente, de 2010 a 2012, ocupó la dirección general en la Oficialía Mayor de la misma entidad y nuevamente la titularidad de la Oficina de Información Pública.

Entre 2019 y 2024, se desempeñó como directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Antes de su actual nombramiento, fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía del Gobierno de México.

¿Qué es la Administración General de Grandes Contribuyentes?

La llegada de Jennifer Krystel Castillo Madrid a la Administración General de Grandes Contribuyentes representa un relevo en una de las áreas más relevantes para el SAT.

Esta dependencia gubernamental es la encargada de supervisar, fiscalizar y supervisar a los principales contribuyentes del país, actores clave en la recaudación de ingresos públicos.

La Administración General de Grandes Contribuyentes es el área encargada de supervisar a las corporaciones e instituciones financieras que perciben ingresos superiores o iguales a mil 250 millones de pesos anuales.

El objetivo principal de esta área del SAT es asegurar la recaudación de impuestos mediante auditorías especializadas, control de precios de transferencia y atención personalizada.

Para diversos trámites burocráticos en necesario presentar la Constancia de Situación Fiscal actualizada y siempre que se solicita pensamos en ir a las oficinas del SAT más cercanas o a un café internet para poder descargarla: sin embargo, la puedes tener a la mano en cualquier momento con esta aplicación del SAT.

La aplicación esta disponible sin costo en dispositivos Android e iOS y además de que permite consultar, descargar y guardar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y la Cédula de Identificación Fiscal (CIF), puedes realizar otras acciones que te evitaran acudir presencialmente a las oficinas.

Entre los trámites accesibles figura:

• la presentación de declaraciones provisionales, definitivas y anuales para personas físicas
• la consulta y descarga de acuses de declaraciones anuales ya presentadas
• la revisión de mensajes de interés del Buzón Tributario

Por lo tanto, se pueden habilitar notificaciones para recibir alertas sobre nuevos mensajes en dicho buzón.

Para comenzar a utilizar SAT Móvil, es necesario tener acceso a internet, descargar la aplicación desde la App Store para dispositivos iOS o desde Google Play Store para Android.

Primero tienes que aceptar los términos y condiciones que impone el uso de esta app, pero ¿qué más necesitas para poder acceder a todos su beneficios?:

• RFC (13 caracteres)
• Correo electrónico personal
• Número celular (10 dígitos)
• INE
• Confirmar identidad a través de un video
• Firmar solicitud

La app del SAT Móvil también te da la posibilidad de programar y gestionar citas, junto con la actualización de medios de contacto y la revisión de comunicados oficiales en el Buzón Tributario.

Los usuarios también pueden generar o modificar su contraseña, así como descargar tanto la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y la Cédula de Identificación Fiscal (CIF).

La aplicación facilita la consulta de datos personales, domicilio fiscal, régimen, actividades económicas y certificados digitales activos, como la e.firma.

Además de gestionar trámites, la aplicación SAT Móvil ofrece orientación fiscal mediante Chat uno a uno, MarcaSAT, OrientaSAT y tutoriales especializados.

Proporciona información sobre el certificado vigente o más reciente de la e.firma, el historial de certificados y los Certificados de Sello Digital activos.

También permite descargar aplicaciones complementarias del SAT, como Verificador SAT y Factura SAT Móvil para consultar, generar y compartir facturas de ingreso. De igual manera permite generar la clave dinámica de la e.firma portable, verificar códigos para validar la autenticidad de documentos emitidos por el SAT y recibir alertas sobre actualizaciones en la información personal.

En México la digitalización de trámites oficiales se ha hecho visible con la introducción de la captura de datos biométricos en documentos oficiales.

A partir del año 2026, la CURP biométrica se volverá indispensable para acceder a servicios públicos y privados; por ejemplo: la inscripción escolar, la apertura de cuentas bancarias y el registro de líneas telefónicas.

Quienes no cuenten con la CURP biométrica podrán enfrentar rechazos al realizar trámites públicos y financieros.

Progresivamente se implementará como requisito para inscripciones escolares, acceso a programas sociales, solicitud de pasaportes y apertura de cuentas bancarias, entre otros servicios.

La autenticación biométrica se utiliza como la referencia aceptada por las autoridades competentes para validar identidades.

La nueva CURP biométrica incorpora elementos como fotografía digital, huellas dactilares y firma electrónica al registro tradicional.

Su administración está a cargo de la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población, con el objetivo de fortalecer la identidad digital y evitar la suplantación de personas.

Los datos biométricos quedan resguardados en una base nacional bajo protocolos de seguridad y acceso restringido.

Para tramitar la CURP biométrica, la ciudadanía debe acudir de forma presencial a módulos autorizados.

El proceso incluye la toma de datos biométricos y la presentación de documentos como acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio.

El documento se entrega en formato físico y digital, ambos con código QR para validación.

Otros trámites que ya utilizan registros biométricos

La digitalización también alcanza al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que utiliza la captura de datos biométricos para la emisión de la e.firma, herramienta necesaria para trámites gubernamentales y tributarios. De esta manera, quienes contribuyen pueden certificar su identidad de modo digital y realizar procedimientos de manera más ágil.

A la par, se ha puesto en marcha la plataforma digital APP CDMX y la Llave MX que permite a la ciudadanía acceder a servicios y trámites en línea con una identidad digital única.

Documentos como la licencia de conducir y otras credenciales oficiales se han integrado de manera progresiva a este sistema, siendo administrados y validados mediante datos biométricos.

El registro de líneas telefónicas móviles requiere también la verificación con autenticación facial y huellas dactilares. Sólo las líneas que cumplan con este registro pueden mantenerse activas, como medida para combatir delitos asociados al anonimato en la telefonía.

Ley de seguridad digital en México: nueva regulación y protección de datos críticos

En 2026, la legislación avanzó con una iniciativa federal que reconoce a las bases de datos poblacionales estratégicas —como registros de identidad, salud y seguridad social— como componentes de seguridad nacional e infraestructura crítica.

Las reformas a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece medidas reforzadas de protección y protocolos específicos para el resguardo de información sensible.

La normativa contempla sanciones penales para quienes accedan, extraigan, alteren o difundan datos personales de bases consideradas críticas, así como la obligación de notificar de inmediato cualquier incidente de seguridad a las autoridades competentes.

Además, se exige la implementación de controles de acceso, cifrado criptográfico, monitoreo continuo y auditorías periódicas en los sistemas que gestionan dichos datos.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, órgano federal especializado, coordina la protección, estandarización e interoperabilidad de estas bases, emitiendo lineamientos técnicos y protocolos para garantizar un nivel homogéneo de seguridad informática en la administración pública federal.

El régimen de transparencia exige que la finalidad y el marco normativo de cada base de datos crítica sean públicos, sin comprometer la seguridad nacional ni la privacidad de las personas.

Estas reformas buscan atender los riesgos reales de ciberataques, filtraciones masivas y vulneración de derechos fundamentales, elevando la prioridad de la protección de datos en la estructura legal mexicana.

El objetivo central es fortalecer la confianza ciudadana, garantizar la continuidad de los servicios esenciales del Estado y adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales de ciberseguridad.

Protección de datos y retos de la identidad digital

La recolección y manejo de datos biométricos implica retos en cuanto a la protección de la privacidad. Todas las dependencias están obligadas a cumplir con la legislación vigente sobre datos personales, asegurando que la información solo se use para fines legítimos y bajo supervisión.

El proceso de digitalización y registro biométrico en México avanza por fases: piloto, ampliación y obligatoriedad.

Durante el periodo de transición, los documentos tradicionales siguen siendo válidos, pero se recomienda realizar la actualización para evitar contratiempos en el acceso a servicios.

La modernización de la identidad digital en México representa un avance hacia la eficiencia administrativa y la seguridad ciudadana.

La integración de datos biométricos en documentos oficiales y plataformas digitales establece la identidad única y verificable como el eje central de la relación entre las personas y el Estado.

Muchos trabajadores y profesionistas enfrentan cada abril dudas sobre la devolución, saldo a favor, y la forma correcta de corregir errores en la Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El propio SAT aclara: “Cuando exista inconsistencia en los datos presentados en la declaración, puedes modificarla y generar una declaración complementaria. Así corriges la información y puedes recuperar el saldo a favor”.

El organismo fiscal mexicano precisa en su portal oficial sat.gob.mx los pasos a seguir: “Debes ingresar a la sección ‘Presenta tu declaración anual’ en sat.gob.mx, seleccionar la opción de declaración complementaria y elegir el motivo del cambio”. El saldo a favor “puede reembolsarse si se validan los datos actualizados”, de acuerdo con información institucional.

Un comunicado del organismo fiscal mexicano indica: “La devolución puede rechazarse cuando hay errores en los datos bancarios, omisión de ingresos o deducciones improcedentes”.

Ante este rechazo, la recomendación es “verificar errores y proporcionar la información correcta para volver a solicitar la devolución”, de acuerdo con la autoridad fiscal.

Cómo corregir errores en la Declaración Anual

Para quienes enfrentan errores, el SAT señala que la posibilidad de realizar una declaración complementaria es la vía oficial para corregir datos.

El contribuyente debe identificar si la inconsistencia corresponde, por ejemplo, a ingresos omitidos, deducciones indebidas o errores en los datos bancarios proporcionados.

De acuerdo con el organismo fiscal mexicano, una vez localizada la falla, se debe ingresar nuevamente a sat.gob.mx, elegir la sección de Declaración Anual y seguir el procedimiento para cargar la información rectificada. La plataforma solicita que se seleccione el motivo de la corrección y que se adjunte la documentación necesaria según sea el caso.

El SAT también sugiere leer cuidadosamente los requisitos y observaciones del sistema antes de enviar la declaración modificada. Así, el usuario puede evitar nuevos rechazos y agilizar el futuro proceso de devolución.

Proceso y tiempos de devolución

El SAT detalla que el proceso de revisión tras corregir la declaración “puede tardar entre diez y cuarenta días hábiles”. Durante ese periodo, el contribuyente tiene acceso al apartado “Seguimiento de Devoluciones” para rastrear y consultar el estatus de su trámite.

Si se recibe una negativa en la devolución, el organismo fiscal mexicano reitera los motivos frecuentes: errores en la CLABE interbancaria, omisión de ingresos o gastos no justificables. En estos casos, es crucial “proporcionar la información correcta para volver a solicitar la devolución”.

La comunicación con la autoridad también incluye el uso de servicios digitales que permiten aclarar dudas. El chat en línea y llamadas a MarcaSAT facilitan el acompañamiento personalizado y la resolución de problemas específicos relacionados tanto con la declaración complementaria como con la devolución.

En caso de requerir asistencia adicional, estos canales, disponibles directamente en sat.gob.mx, permiten al contribuyente agilizar el proceso y resolver cualquier tema relacionado con sus obligaciones fiscales.

Personas físicas en México pueden renovar, recuperar u obtener su e.firma y contraseña del SAT desde casa mediante la plataforma digital SAT ID, disponible en web y app móvil.

Esta herramienta, creada por el Servicio de Administración Tributaria, permite gestionar trámites de autenticación fiscal sin acudir a oficinas, siempre que el RFC esté activo y se cuente con identificación oficial y acceso a internet con cámara.

El SAT indica que SAT ID permite renovar la e.firma y recuperar la contraseña en línea, siempre que la firma digital esté vigente o haya vencido hace menos de 12 meses. Si la e.firma caducó hace más de un año, el trámite se realiza solo de forma presencial y con cita previa.

Desde marzo de 2022, la Constancia de Situación Fiscal ya no puede solicitarse por SAT ID; este trámite está disponible solo en el portal del SAT o en oficinas.

SAT ID facilita la recuperación de e.firma y contraseña sin cita presencial

El proceso para restablecer la contraseña inicia en satid.sat.gob.mx, donde el usuario selecciona el trámite e ingresa RFC, CURP y correo electrónico. Se solicita:

• subir una identificación vigente como INE o pasaporte
• grabar un video corto para validar la identidad
• firmar digitalmente la solicitud

Tras completar estos pasos, el sistema genera un folio de seguimiento y, en un plazo de de cinco a diez días hábiles, el SAT notifica la resolución por correo o SMS.

Para renovar la e.firma vencida por menos de un año, el procedimiento es idéntico:

• identificación
• vide
• validación

Una vez aprobado el trámite, el contribuyente debe ingresar a Certifica y CertiSAT Web para descargar los archivos .cer y .key. Si la firma electrónica venció hace más de 12 meses, es obligatorio acudir a una oficina del SAT.

Olvidar la contraseña no impide recuperar el acceso: es suficiente realizar el trámite en SAT ID y, tras validar la identidad, generar una nueva contraseña. El SAT no proporciona contraseñas anteriores por motivos de seguridad.

Coincidencia de datos y causas de rechazo en el uso de SAT ID

Los datos proporcionados deben coincidir exactamente con los registrados en el SAT. Cualquier discrepancia Como errores en RFC, CURP, correo electrónico, imágenes borrosas de credencial o videos de baja calidad genera rechazo o demora en el trámite.

Si el enlace de confirmación llega vencido o la solicitud permanece “en proceso”, se sugiere llamar al 55 627 22 728, opción “Servicio de contraseña”, para solicitar un nuevo enlace.

La plataforma está disponible solo para personas físicas y no gestiona trámites empresariales avanzados. Es útil para procesos de contratación, validación de documentos fiscales y alta de empleados.

Para trámites complejos, como la generación inicial de e.firma o la Constancia de Situación Fiscal, es necesario usar el portal oficial o acudir presencialmente.

Los trámites en SAT ID no tienen costo y el tiempo de respuesta depende de la validación biométrica y documental. Los documentos generados por esta vía tienen validez legal y permiten cumplir obligaciones como la presentación de declaraciones o solicitudes fiscales digitales.

SAT ID permite a freelancers y profesionistas independientes cumplir trámites fiscales en línea

Freelancers, profesionistas independientes y emprendedores requieren una e.firma y contraseña vigentes del SAT para facturar, emitir recibos, darse de alta ante el IMSS o demostrar su situación fiscal ante clientes y empresas.

SAT ID facilita mantener actualizados estos datos y cumplir obligaciones fiscales, siempre y cuando la documentación esté en regla.

La institución fiscal aconseja realizar estos trámites con anticipación y no esperar a requerirlos de emergencia, sobre todo en periodos de alta demanda como la declaración anual o cambios de régimen fiscal.

¿Tienes poco tiempo entre semana para cumplir con tus obligaciones fiscales? La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ofrece una alternativa para quienes necesitan presentar su Declaración Anual.

La institución pone a disposición de la ciudadanía asesoría gratuita y personalizada, orientada a facilitar que los contribuyentes cumplan correctamente con este trámite y eviten contratiempos.

Dicho esfuerzo busca apoyar tanto a quienes desconocen el proceso como a quienes requieren acompañamiento para garantizar la entrega adecuada de su declaración.

El servicio de la Prodecon incluye atención especializada para resolver dudas y guiar a los usuarios paso a paso en la presentación de la Declaración Anual 2025.

De este modo, cualquier persona interesada puede acceder a orientación fiscal sin costo y con la confianza de recibir información precisa para cumplir con sus responsabilidades ante la autoridad tributaria.

Fechas y horarios de atención presencial en abril

Durante el mes de abril, la Prodecon ha establecido jornadas de atención especial los sábados para quienes no pueden acudir entre semana a presentar su Declaración Anual 2025.

Las sesiones de asesoría se llevarán a cabo los días 11, 18 y 25 de abril, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Esta ampliación de horarios busca facilitar el cumplimiento fiscal a quienes disponen de tiempo únicamente los fines de semana.

Esta iniciativa permite que los contribuyentes aprovechen los sábados del mes para recibir orientación profesional sobre la elaboración y presentación de la Declaración Anual, sin necesidad de ausentarse de sus actividades laborales habituales.

Ubicación de oficinas centrales y disponibilidad de delegaciones en la República Mexicana

Para quienes buscan atención presencial, la institución dispone de su oficina central ubicada en Insurgentes Sur 954, alcaldía Benito Juárez, CDMX. Además, los contribuyentes pueden acudir a cualquiera de las 30 oficinas delegacionales distribuidas en el interior de la República Mexicana.

Esta red de oficinas permite que personas de distintos estados accedan a los servicios de asesoría para la Declaración Anual 2025 sin importar su ubicación geográfica.

La institución facilita la localización de la oficina más cercana a través de un enlace específico, lo que optimiza el tiempo de los usuarios y garantiza un acceso ágil a la atención que requieren.

Alternativa de atención remota para la Declaración Anual

Además de la atención presencial, se ofrece la posibilidad de recibir asesoría de manera remota para quienes así lo prefieran. Esta opción permite que los contribuyentes obtengan orientación personalizada sobre la Declaración Anual 2025 sin necesidad de desplazarse a una oficina física.

A través de la atención remota, las personas pueden resolver sus dudas y recibir acompañamiento en el proceso de declaración desde cualquier lugar, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de forma accesible y eficiente.

Obtener el RFC permite a cualquier persona participar legalmente en trámites financieros, laborales y comerciales en México.

Esta clave, otorgada por el SAT, es indispensable para abrir una cuenta bancaria empresarial, emitir facturas electrónicas, solicitar créditos, acceder a programas gubernamentales y formalizar un negocio, según el blog informativo de Compartamos Banco.

El Registro Federal de Contribuyentes (Registro Federal de Contribuyentes) identifica de forma individual a cada persona física o empresa ante la autoridad fiscal (SAT). Si una persona trabaja en una empresa, el empleador tramita el RFC y lo registra ante el SAT para documentar ingresos, aplicar retenciones y cumplir obligaciones laborales.

El RFC también permite que el empleador inscriba al trabajador ante el IMSS y gestione prestaciones vinculadas a la nómina.

Es un requisito para instituciones financieras. Abrir una cuenta empresarial, solicitar un crédito personal, hipotecario o para PyME exige contar con esta clave.

Algunos apoyos gubernamentales piden estar inscrito ante el SAT, aunque no exista obligación de declarar impuestos de inmediato.

Cualquier persona puede obtener un RFC personal aunque no tenga empleo formal ni actividad económica. Esta opción es común entre estudiantes, freelancers o amas de casa. No se generan obligaciones fiscales mientras no existan ingresos comprobables.

El RFC formaliza la situación fiscal y permite acreditar la actividad económica ante autoridades y terceros. Además, facilita la emisión de facturas electrónicas, la inscripción en programas oficiales y la contratación de servicios financieros o laborales.

Contar con RFC abre el acceso a créditos bancarios y préstamos hipotecarios y aumenta la confianza de clientes y proveedores, de acuerdo con el blog informativo de Compartamos Banco.

En el caso de personas empleadas formalmente, no existe obligación de declarar impuestos por cuenta propia, ya que el empleador es responsable de las retenciones y pagos ante el SAT.

Para quienes emprenden, el RFC empresarial es indispensable desde el inicio. Permite inscribir el negocio ante el gobierno, modificar datos, reportar inicio o suspensión de actividades y cancelar el registro si cesan operaciones.

El RFC personal habilita trámites sin generar impuestos

El RFC personal y no obliga a declarar impuestos mientras no existan ingresos, pero puede actualizarse ante el SAT si la persona inicia actividades formales.

Esta modalidad resulta práctica para quienes planean emprender, ofrecer servicios esporádicos o acceder a productos bancarios y educativos que lo solicitan.

Cualquier persona puede consultar si ya tiene RFC ingresando la CURP en el portal oficial del SAT. El trámite puede realizarse en línea o presencial, presentando los documentos requeridos por la autoridad fiscal. El servicio es gratuito y está disponible para mayores de edad.

El RFC empresarial garantiza protección al cliente en contratos bancarios

Cada empresa registrada recibe un RFC único que la identifica ante el SAT y otras autoridades en sus actividades comerciales y fiscales. Inscribir, modificar, suspender o cancelar el RFC empresarial forma parte de la operación cotidiana de los negocios formales en México.

Respecto a productos bancarios, Compartamos Banco advierte que, si la institución no verifica el RFC conforme a la normativa vigente, asume los riesgos y costos de operaciones no reconocidas por el cliente.

En estos casos, las reclamaciones se abonan al usuario y la investigación procede de inmediato conforme a los lineamientos legales.

El RFC es un requisito que facilita la vida financiera, laboral y fiscal de personas físicas y morales en México, al ofrecer seguridad jurídica, acceso a servicios y cumplimiento de obligaciones ante las autoridades.

Evitar multas, sanciones y bloqueos por parte del SAT es esencial para toda persona física o moral con obligaciones fiscales en México. La omisión en el uso correcto del Buzón Tributario puede derivar en cargos de hasta 10 mil pesos, conforme a la normativa vigente.

El SAT advierte que incumplir estos requisitos interrumpe operaciones, propicia auditorías y afecta la reputación del negocio.

Toda persona registrada ante el SAT, física o moral, debe habilitar y mantener actualizado el Buzón Tributario; no hacerlo implica una sanción de 3 mil 420 a 10 mil 260 pesos.

Este canal es la vía oficial para notificaciones y actos administrativos. Las comunicaciones enviadas por el SAT adquieren validez legal inmediata, incluso si el contribuyente no accede a revisarlas, lo que afecta plazos para responder requerimientos fiscales.

Para evitar multas, el contribuyente necesita ingresar al portal del SAT, registrar y confirmar al menos un correo electrónico y un número celular vigente en el Buzón Tributario. Es indispensable validar los datos mediante la autenticación que el sistema envía.

Al modificar correo o teléfono, la información debe actualizarse de inmediato, pues los datos desactualizados se consideran omisión y generan el mismo rango de sanción.

El trámite es gratuito y digital, pero el usuario debe ingresar periódicamente al Buzón Tributario para atender notificaciones y responder solicitudes en tiempo y forma.

El SAT indica que no presentar la declaración anual o hacerlo fuera de plazo genera sanciones de hasta 50 mil 710 pesos; en declaraciones omitidas, los cargos van de mil 810 a 22 mil 400 pesos según la obligación incumplida y el tiempo de retraso.

Las multas pueden superar los 100 mil pesos por distintas omisiones fiscales

El SAT impone sanciones desde 30 pesos hasta más de 100 mil pesos por incumplimientos como presentar declaraciones fuera de plazo, no emitir CFDI válidos, registrar información que no coincide con comprobantes fiscales o bancarios, o tener documentación incompleta.

Las multas por emitir CFDI incorrectos pueden ir de 17 mil 020 a 112 mil 650 pesos por comprobante. Si hay discrepancia entre ingresos reportados y datos oficiales, el monto inicia en 30 pesos y llega a 18 mil 360 pesos. Estas irregularidades pueden detonar auditorías profundas que afectan operaciones y liquidez.

Evitar sanciones requiere llevar una contabilidad alineada con la normatividad nacional e internacional, mantener registros organizados y automatizar la gestión fiscal. El SAT puede solicitar documentos de hasta 10 años atrás, por lo que conservar comprobantes fiscales y bancarios es fundamental.

El incumplimiento reiterado, como responder fuera de plazo a requerimientos, puede derivar en el cierre temporal del establecimiento además de la multa económica, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Organizar plazos y automatizar procesos fiscales reduce el riesgo de sanciones

El uso de un calendario tributario, físico o digital, con alarmas y responsables internos, ayuda a cumplir con las fechas de declaraciones y previene sanciones por extemporaneidad. Aplicaciones financieras, hojas de cálculo o sistemas de gestión automatizan la emisión de CFDI y el control contable, disminuyendo el margen de error.

No conservar los soportes fiscales puede implicar multas económicas incluso si la operación fue legal. Es necesario mantenerse informado mediante boletines oficiales y consultar a un contador o contadora para interpretar actualizaciones legales.

Asimismo, el SAT advierte que carecer de la e.firma vigente o del RFC activo puede bloquear la devolución de impuestos y depósitos automáticos a favor del contribuyente tras la declaración anual.

También las multas fiscales pueden acumularse y superar los 120 mil pesos. Es importante recalcar que en casos de reincidencia o faltas graves, el SAT puede ordenar el cierre temporal del negocio. Cumplir estos pasos protege la estabilidad y la credibilidad de la empresa frente a la autoridad fiscal.

Abril llegó con una buena noticia para millones de contribuyentes: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está devolviendo los saldos a favor de la declaración anual en tiempo récord. Si ya cumpliste con tu obligación fiscal y esperas ese reembolso para saldar deudas, completar el gasto o simplemente darte un respiro, aquí te contamos cuánto tiempo deberás esperar y qué puedes hacer para revisar el estatus de tu trámite.

¿Cuánto tarda el SAT en devolver tu dinero?

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que la autoridad tiene hasta 40 días naturales para realizar una devolución. Sin embargo, en la práctica, el fisco está siendo considerablemente más ágil este año.

Según cifras al 9 de abril, de los 3.7 millones de declaraciones presentadas hasta esa fecha, más de 600,000 contribuyentes ya recibieron su devolución, con un monto acumulado de 2,179 millones de pesos, equivalente a más de 90 premios mayores de la lotería nacional.

• Promedio general de devolución: 3 días
• Devoluciones automáticas: 4.5 días en promedio
• Plazo legal máximo: 40 días naturales

Gari Flores Hernández, administrador central de Recaudación del SAT, confirmó que los tiempos de respuesta son significativamente menores a los establecidos por ley.

¿Es difícil tener saldo a favor?

Uno de los mitos más extendidos entre los contribuyentes es que obtener un saldo a favor es algo excepcional o complicado. La realidad desmiente esa creencia: según Leonardo Castillo, consultor en estrategias de inversión de Fintual, más de 7 millones de mexicanos recibieron devoluciones en 2025, un incremento del 6% respecto al año anterior.

Entre los rubros que más frecuentemente generan saldo a favor destacan:

• Ahorro para el retiro: quienes cuentan con un Plan Personal de Retiro (PPR) pueden deducir hasta el 10% de sus ingresos anuales, adicional al 15% de deducciones personales, con un tope de 206,367 pesos para 2025.
• Gastos médicos y hospitalarios
• Intereses hipotecarios
• Colegiaturas (dentro de los límites permitidos)

¿Qué conviene más: pedir la devolución o dejar el saldo a favor?

No siempre la mejor decisión es solicitar de inmediato el reembolso. El especialista de Fintual recomienda evaluar cada caso:

“Para algunas personas hace sentido dejarlo y utilizarlo para pagos provisionales; para otros es mejor solicitar la devolución. En ambos casos existe un beneficio hacia el siguiente año fiscal.”

La clave está en analizar el flujo de pagos futuros y determinar qué opción genera mayor ventaja financiera personal.

¿Cómo consultar el estatus de tu devolución?

Si ya presentaste tu declaración y quieres saber en qué etapa se encuentra tu trámite, puedes hacerlo directamente en el portal del SAT con tu RFC y contraseña o e.firma. El sistema permite rastrear en tiempo real si tu solicitud está en proceso, autorizada o si requiere documentación adicional.

Con tiempos de respuesta tan ágiles este año, la temporada de declaración anual 2026 pinta como una de las más eficientes para los contribuyentes mexicanos.

Los arrendadores que rentan casas, departamentos, locales o terrenos en México pueden reducir el pago de impuestos al deducir gastos relacionados con el inmueble.

Estos beneficios solo aplican si la persona está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y cumple con las obligaciones fiscales, como expedir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por cada pago de renta.

Las deducciones, reguladas en el artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, buscan disminuir la carga fiscal y evitar problemas con el SAT.

Las personas físicas que arriendan inmuebles pueden deducir impuestos y gastos relacionados con la conservación o mejora del bien, siempre que estén debidamente comprobados y autorizados en la ley.

Para acceder a estos beneficios, es indispensable:

• emitir CFDI por cada ingreso,
• presentar declaración anual y
• llevar un control documentado de ingresos y egresos vinculados al arrendamiento

Solo los gastos autorizados en la Ley del ISR pueden deducirse

La legislación fiscal permite deducir únicamente los gastos expresamente autorizados. Entre los conceptos deducibles destacan:

• Impuesto predial y contribuciones locales
• Gastos de mantenimiento
• Intereses reales sobre préstamos
• Salarios, comisiones y honorarios
• Primas de seguros
• Inversiones en construcciones

También son deducibles pagos por sueldos a empleados y comisiones a inmobiliarias que administran la propiedad, siempre que el servicio esté vinculado de manera directa con el arrendamiento.

Para que un gasto sea deducible, debe estar respaldado por un CFDI. Si el inquilino paga directamente el mantenimiento, el arrendador no puede deducir ese gasto. Solo si el propietario liquida la factura de manera directa, podrá hacerlo deducible.

La deducción ciega permite reducir trámites

La deducción ciega es otra opción disponible para arrendadores que prefieren simplificar el proceso fiscal. Este esquema permite deducir el 35% de los ingresos obtenidos por arrendamiento sin necesidad de presentar comprobantes o justificar los gastos ante el SAT.

Además, en este régimen, el impuesto predial es deducible. La deducción ciega está diseñada para quienes desean evitar la acumulación y resguardo de facturas por cada gasto realizado.

No todos los contribuyentes pueden utilizar este beneficio: los ingresos deben ubicarse dentro de los límites establecidos por el régimen.

El monto deducible es fijo; si los gastos reales superan el 35% de los ingresos, resulta más conveniente optar por la deducción tradicional y justificar cada erogación. La comparación anual entre ambos esquemas es clave para elegir la opción más favorable.

Si se presentan deducciones que no están previstas en la ley, como gastos de papelería o servicios generales de la oficina de administración, el SAT puede rechazarlas.

Solo los conceptos enlistados en la legislación vigente son aceptados, sin importar la existencia de folletos informativos antiguos de la autoridad que mencionen otros gastos.

En México prevalece la percepción de que al jubilarse cesan las obligaciones fiscales, una idea incorrecta que puede derivar en sanciones si no se cumple la Declaración Anual antes del cierre de abril de 2026, especialmente cuando los ingresos superan los límites establecidos por la ley.

Las sanciones económicas por omitir la Declaración Anual pueden superar los $17,000 pesos, de acuerdo con la ley fiscal mexicana contemplada en el Código Fiscal de la Federación. Donde se suman recargos y actualizaciones sobre los impuestos no pagados, lo que incrementa el monto total a cubrir.

Para evitar estos problemas, los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deben analizar su situación fiscal antes de que concluya abril de 2026, verificar si sus ingresos mensuales superan el límite exento, consultar sus obligaciones en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, si es necesario, acudir a un contador o asesor fiscal.

El monto máximo exento de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por pensión en México es de 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diaria elevada al mes. Lo que equivale a 53 mil 493 pesos conforme al valor vigente de la UMA para 2026.

Si los ingresos totales de un pensionado, incluyendo pensión, rentas y otros ingresos, no superan ese monto, no existe obligación de presentar la Declaración Anual ni de pagar ISR, de acuerdo con la ley fiscal mexicana.

El SAT indica que este límite de exención se aplica al total de ingresos mensuales, sin distinción por edad o condición de jubilado. En el caso de personas que reciben más de una pensión —por ejemplo, combinando IMSS e ISSSTE—, los montos se suman y el beneficio de exención no se multiplica: el tope de 15 UMA es global, no individual por cada fuente.

Omitir información no exime de sanciones; por esto es necesario determinar con precisión la situación fiscal personal. El portal del SAT ofrece herramientas para consultar si existe alguna obligación pendiente.

En caso de exceder el monto establecido por la ley (53 mil 493 pesos), los jubilados tendrán que realizar su declaración anual.De esta manera es como pueden tener un saldo a favor y recuperar un porcentaje de los impuestos cobrados.

El tiempo promedio de respuesta para devoluciones automáticas se estimó en 4.5 días, siempre que el contribuyente no haya modificado la información precargada. La autoridad fiscal aclaró que el plazo legal para realizar devoluciones puede extenderse hasta 40 días hábiles después de la solicitud.

Durante abril, millones de contribuyentes en México deben cumplir con la Declaración Anual 2026, un trámite obligatorio ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que, aunque se realiza en línea, puede presentar fallas si no se elige el momento adecuado.

La autoridad fiscal ha identificado, con base en el comportamiento de años anteriores, que existen días y horarios con menor carga en su sistema, lo que permite completar la declaración sin interrupciones, errores o tiempos de espera prolongados.

Fines de semana y primera quincena: los mejores días para declarar

Uno de los factores más importantes para evitar la saturación del portal es elegir correctamente el día. De acuerdo con el SAT, los fines de semana (sábado y domingo) concentran menor tráfico en comparación con los días laborales, lo que los convierte en la mejor opción para realizar el trámite.

A esto se suma que la primera quincena de abril suele tener menor demanda, ya que muchos contribuyentes tienden a posponer la presentación de su declaración hasta los últimos días del mes.

En contraste, la última semana de abril, especialmente cerca del día 30 —fecha límite para personas físicas—, registra los niveles más altos de saturación, lo que incrementa el riesgo de fallas en el sistema.

Horarios recomendados para evitar fallas en el portal del SAT

Además del día, el horario en que se realiza la declaración también influye directamente en la disponibilidad del sistema.

Los momentos más recomendados son:

• Mañana temprano (7:00 a 9:00 horas): periodo con menor número de usuarios conectados
• Noche (21:00 a 23:00 horas): horario con baja saturación, ideal para quienes trabajan durante el día

Por el contrario, se recomienda evitar las horas pico entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando el tráfico en el portal alcanza su punto más alto, generando lentitud e incluso interrupciones en el proceso.

Semáforo de saturación del SAT: cómo funciona

El Servicio de Administración Tributaria ha clasificado la disponibilidad de su sistema mediante un esquema tipo semáforo:

• Verde: alta disponibilidad (fines de semana y horarios fuera de oficina)
• Amarillo: saturación media (días laborales con flujo moderado)
• Rojo: alta saturación (horarios laborales y últimos días de abril)

Este indicador permite a los contribuyentes planificar mejor el momento en que realizarán su declaración y reducir el riesgo de contratiempos.

Recomendaciones clave para cumplir sin contratiempos

Especialistas en materia fiscal coinciden en que la anticipación es fundamental para evitar errores. Algunas recomendaciones incluyen:

• No esperar al último día para presentar la declaración
• Tener listos documentos como RFC, contraseña y e.firma
• Revisar previamente la información precargada en el sistema
• Contar con una conexión a internet estable
• Aprovechar fines de semana o horarios nocturnos

Riesgos de declarar en horarios saturados

Realizar el trámite en momentos de alta demanda puede provocar diversos inconvenientes, como:

• Lentitud en la carga del portal
• Fallas al guardar o enviar la información
• Interrupciones en el sistema
• Pérdida de tiempo y frustración

En casos extremos, la saturación puede impedir completar el proceso antes de la fecha límite, lo que podría derivar en sanciones económicas.

Anticiparse, la mejor estrategia

Aunque el plazo para presentar la Declaración Anual 2026 concluye el 30 de abril, los datos muestran que elegir estratégicamente el día y la hora puede hacer una diferencia significativa.

Optar por fines de semana, mañanas tempranas o noches no solo reduce la posibilidad de fallas, sino que permite cumplir con esta obligación fiscal de forma más rápida y eficiente ante el Servicio de Administración Tributaria.

Además de permitir la identificación del usuario ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el acceso a trámites, servicios y emisión de facturas, la e.firma habilita la firma electrónica de documentos, como contratos en el sector privado, solicitudes bancarias y gestiones ante diversas dependencias gubernamentales.

Es necesario recordar que la e.firma esta compuesta de:

• clave privada
• certificado digital (.cer),
• llave privada (.key)

Archivos digitales que se almacenan en una memoria USB para que los contribuyentes la tengan disponible en cada momento que la requieran.

La Contraseña, en cambio, únicamente permite la autenticación en el portal del SAT y carece de validez para firmar documentos o realizar gestiones fuera de esa plataforma.

La e.firma reemplaza la firma autógrafa y se encuentra vinculada a los datos biométricos del titular, mientras que la Contraseña no tiene este vínculo.

Sin embargo, no es forzoso tener la e.firma para presentar la declaración anual de personas físicas, ya que puedes usar la contraseña (CIEC) en los sigioentes casos:

• para saldos a favor menores a 10 mil pesos o si no hay saldo a favor.
• si el saldo supera los 10,000 pesos, pero no rebasa los 150,000 pesos, y se utiliza la misma cuenta CLABE registrada en años anteriores.

Pero sí es obligatoria cuando:

• el saldo a favor supera los 10 mil pesos y modificas la CLABE interbancaria, o si es mayor a $50,000 MXN. 
• Para personas morales es indispensable para presentar la declaración. 

Diferencias clave entre e.firma y Contraseña

La e.firma tiene validez legal y puede utilizarse para firmar documentos digitales con la misma fuerza que una firma autógrafa, de acuerdo con la normatividad mexicana.

Además, su función se extiende a ámbitos privados y bancarios, lo que la convierte en una herramienta fundamental para operaciones electrónicas seguras.

Por su parte, la Contraseña está restringida al entorno del SAT y no sustituye la firma autógrafa ni establece un vínculo biométrico con el titular.

En su conferencia mañanera del martes 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió preguntas sobre la cancelación del registro como donatarias autorizadas a cientos de organizaciones de la sociedad civil. Sheinbaum aseguró que no tuvo conocimiento previo de la medida.

“Yo ni siquiera sabía, creo que son 300 o algo así”, declaró la mandataria. Según explicó, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) toma este tipo de decisiones con criterios propios, sin consultarla. “No es que el SAT me pregunte, oiga, Presidenta, ¿le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación? Son evaluaciones estrictamente técnicas.”

La comparación con el proceso judicial

Para ilustrar los límites de su intervención en decisiones del SAT, Sheinbaum utilizó una analogía: así como la Presidencia no puede ordenar la detención de una persona sin que medie un proceso judicial, tampoco puede determinar qué organizaciones conservan o pierden su registro como donatarias.

El criterio que señaló: financiamiento extranjero

La presidenta precisó cuál es la norma que, según ella, aplica el SAT: las organizaciones que reciben financiamiento del extranjero pierden su registro como donatarias autorizadas. Indicó que este criterio no es nuevo y que se ha aplicado en administraciones anteriores.

En ese contexto mencionó a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que, dijo, ya había sido señalada por recibir recursos del extranjero desde el sexenio previo. Sobre esa organización, lanzó una pregunta retórica: “¿Mexicanos contra la corrupción o mexicanos por la corrupción?”

“No es una decisión política, son criterios técnicos del SAT”

Ante la pregunta del periodista sobre si ella ordenó retirar el estatus de donataria a organizaciones que han sido críticas del gobierno —incluyendo desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador—, Sheinbaum respondió que no tenía conocimiento del listado completo. “Yo ni siquiera sabía, creo que son 300 o algo así”, dijo la presidenta, dejando claro que el SAT no le consulta cada decisión operativa.

“No es que el SAT me pregunte, oiga, Presidenta, ¿le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación? Son evaluaciones estrictamente técnicas.”

La polémica que rodea la medida

La cancelación de registros afectó a organizaciones que han sido críticas del gobierno, lo que generó cuestionamientos sobre si la medida responde a criterios técnicos o a motivaciones políticas. Sheinbaum rechazó esa lectura y reiteró que las decisiones del SAT son evaluaciones institucionales independientes de la Presidencia.

Recuperar la contraseña para ingresar al portal del SAT resulta viable desde casa para contribuyentes que olvidan su clave o la tienen vencida.

El tiempo de resolución varía según el caso, pues puede ir de uno a cinco días hábiles si se realiza a distancia, lo que permite continuar con trámites fiscales en línea sin visitar oficinas.

El SAT diferencia el trámite según e.firma y documentos oficiales

El SAT ofrece dos formas específicas para restablecer la contraseña. Si el contribuyente mantiene activa la e.firma y recuerda su clave privada, puede restablecer la contraseña directamente desde el portal institucional.

El contribuyente debe ingresar a la sección de

• “más trámites y servicios”,
• luego seleccionar herramientas de “cumplimiento”
• y acceder a la opción de “contraseña”

El sistema pide la clave privada de la e.firma y la carga de los dos archivos digitales requeridos:

• certificado digital (.cer),
• llave privada (.key)

Por seguridad, la clave privada únicamente se valida de manera interna; no aparece en pantalla. Para concluir, se completa el captcha, se envía la solicitud y se registra la nueva contraseña.

Todo este proceso permite recuperar el acceso el mismo día, pero sólo funciona para quienes cuentan con e.firma activa y clave privada.

Si el usuario no tiene e.firma activa, o no recuerda la clave privada, la vía es el sistema SAT ID en satid.sat.gob.mx. El requisito básico es contar con un aparato con cámara, ya sea celular o laptop.

Se accede a la sección generación de contraseña, se ingresa un correo electrónico, un número de celular y se selecciona uno de estos documentos oficiales: pasaporte, INE o cédula profesional con fotografía.

En el siguiente paso, debe subirse la fotografía de ambos lados del documento y grabar un video donde la persona lee una frase que el sistema dicta.

Una vez realizado este procedimiento, el contribuyente recibe respuesta por correo electrónico entre uno y cinco días hábiles, donde se informa si la contraseña fue autorizada e incluye el enlace para crearla. Además, en ese mismo mensaje se adjunta la constancia de situación fiscal, útil para otros trámites ante el SAT.

La clave privada de e.firma solo puede recuperarse en oficinas del SAT

El mecanismo explicado solo permite recuperar la contraseña de acceso al portal del SAT, no la clave privada de la e.firma. Si se pierde u olvida la clave privada, el contribuyente necesita presentarse personalmente con cita previa en oficinas del SAT para renovarla. El SAT no ofrece un método de recuperación remota para la clave privada de la e.firma.

Una devolución de 2 mil 179 millones de pesos comenzó a depositarse este martes 7 de abril a personas físicas que ya presentaron su declaración anual 2025, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un comunicado oficial.

El organismo federal detalló que el plazo promedio para recibir el saldo a favor es de tres días, mucho menor al máximo de 40 días que marca el Código Fiscal de la Federación, lo que agiliza el reintegro de recursos para los contribuyentes cumplidos.

Según el mismo reporte del SAT hasta las 8:00 horas de hoy se han presentado 2 millones 628 mil 571 declaraciones de personas físicas. De ese universo, 608 mil 119 contribuyentes ya obtuvieron la devolución de su saldo a favor por impuesto sobre la renta (ISR).

El SAT precisa que las devoluciones se realizan de forma automática para quienes cumplen oportunamente con su declaración y resultan con saldo positivo, sin necesidad de trámites adicionales.

La autoridad fiscal también informó que la devolución de saldo a favor es solo para quienes cuentan con información bancaria válida y que no presentan irregularidades en sus datos personales ante el SAT.

Cualquier error en la información puede demorar el desembolso, por lo cual muchos contribuyentes tienen dudas sobre la documentación requerida, especialmente en el caso de la CURP biométrica, ya que se trata de un documento reciente.

¿La CURP biométrica será requisito para declarar en 2026?

Es importante que los contribuyentes sepan que si planean presentar la Declaración Anual ante el SAT en 2026 no necesitan contar con la CURP Biométrica.

De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria, esta mantiene los mismos mecanismos de identificación fiscal que han operado en años anteriores.

El desarrollo de la CURP Biométrica, promovido por el Gobierno de México, busca incrementar la seguridad en la verificación de identidad para trámites oficiales.

Sin embargo, este documento no forma parte de los requisitos actuales para cumplir obligaciones fiscales ni para presentar la declaración de impuestos correspondiente a 2026.

La CURP tradicional sigue vinculada al RFC, permitiendo que el sistema del SAT identifique de manera automática a los contribuyentes dentro de su plataforma.

Según el propio SAT, solo deben declarar las personas físicas obligadas y quienes opten por hacerlo de forma voluntaria para solicitar saldo a favor o devolución de impuestos.

Actualmente, el trámite de Declaración Anual requiere los datos habituales del SAT y la CURP tradicional, sin que la nueva identificación biométrica incida en el proceso.

El 1 de abril pasado comenzó el periodo para que los contribuyentes inscritos como Personas Físicas presenten la declaración anual 2025, un trámite obligatorio para el pago de impuestos y que requiere de cumplir con diversos requisitos.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el presentar la declaración anual puede generar beneficios, entre ellos el pago de un saldo a favor e incluso apoyo para regularizar tu situación fiscal.

¿Cuáles son los requisitos?

El SAT indicó que para realizar la declaración anual, es necesario contar con cuatro requisitos:

• RFC actualizado y vigente. Puedes revisar su estatus en la página: https://login.siat.sat.gob.mx/
• Contraseña: genérala o actualízala a través de SAT ID: https://satid.sat.gob.mx/
• e.firma: si ya venció puedes renovarla en el portal. También debes verifica que esté vigente solo si tu saldo a favor es superior a 10,001 pesos.
• Datos bancarios: nombre del banco y CLABE vigente, solo si tienes saldo a favor.

¿Quienes deben presentar la declaración anual en abril de 2026?

Las personas físicas deben presentar la declaración anual si obtuvieron ingresos por:

• Sueldos y salarios

Si obtuvieron ingresos por sueldos y salarios en ciertos casos, como cuando dejan de percibirlos antes del 31 de diciembre, si además tienen otros ingresos distintos al salario o si laboran para dos o más empleadores de manera simultánea.

También si reciben sueldos provenientes del extranjero o de personas que no retienen impuestos, si obtienen ingresos por indemnización o jubilación, o si el total de sus ingresos por salarios en el año supera los 400 mil pesos.

• Servicios profesionales (honorarios).
• Actividades empresariales, incluyendo plataformas tecnológicas, región fronteriza, Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.
• Cobro de rentas por bienes inmuebles.
• Intereses o dividendos.
• Venta de bienes.

¿Quiénes no están obligados a presentar la declaración anual?

No están obligadas a presentar la declaración anual las personas físicas que reciben ingresos por salarios de un solo empleador y no exceden de 400 mil pesos en el año.

Tampoco quienes reciben ingresos totales por salarios de un solo empleador e intereses reales, siempre que juntos no superen los 400 mil pesos y los intereses reales no pasen de 100 mil pesos.

Asimismo, quienes sólo reciben salarios de un empleador, siempre que no tengan impuesto a cargo, su empleador les emita comprobante de nómina y, en su caso, los intereses nominales de instituciones financieras no superen los 20 mil pesos en el ejercicio.

Las personas físicas en el Régimen Simplificado de Confianza pueden quedar exentas de esta obligación según la regla 3.13.7. de la RMF 2026, aunque pueden optar por presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio 2025 en abril de 2026.

Obtener la e.firma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es obligatorio para personas físicas y morales que necesitan cumplir con trámites fiscales en México, incluida la declaración anual 2025, ya que el certificado digital valida la identidad del contribuyente y permite firmar documentos electrónicos con efectos jurídicos equivalentes a la firma autógrafa, de acuerdo con información de SAT.

El procedimiento exige que el usuario solicite una cita previa en alguno de los 67 módulos habilitados en la República Mexicana o en el Centro Nacional de Consulta, a través del portal web del SAT. La vigencia de la e.firma es de cuatro años; después del plazo, el trámite debe renovarse en línea vía SAT ID.

La e.firma garantiza identidad digital y simplifica trámites con el SAT

La e.firma, también llamada firma electrónica avanzada, es un conjunto de archivos digitales bajo el control exclusivo de la persona que la tramita y que utiliza tecnologías de cifrado para asegurar su integridad y autenticidad.

Vincula datos biométricos como foto, huellas dactilares, firma autógrafa y el escaneo del iris, elementos que la hacen única y evitan suplantaciones. Así, cualquier intento de modificación queda registrado.

Su uso es requerido para presentar declaraciones periódicas, expedir comprobantes fiscales y realizar transacciones electrónicas tanto en el SAT como en otras dependencias de gobierno, alcaldías, estados, municipios y entidades de la iniciativa privada.

Al firmar un documento digital, se arrastran el certificado y la llave privada, se captura la contraseña; una vez autorizado, el documento adquiere validez legal. “La e.firma produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa”, destaca la autoridad fiscal.

Paso a paso: trámite inicial y requisitos para obtener la e.firma

El trámite de la e.firma inicia en el portal del SAT y siempre requiere cita presencial para la toma de datos biométricos. La persona física debe presentar CURP, dispositivo USB y correo electrónico vigente, además de identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional). Para personas morales, las exigencias incluyen documentación que acredite representación legal y RFC.

En el módulo, personal del SAT recopila los datos biométricos: registro de la pupila, huellas dactilares, foto y firma autógrafa. Al finalizar, el contribuyente recibe en su USB el archivo del certificado digital (.cer), la llave privada (.key) y un comprobante en PDF.

Estos documentos permiten realizar firmas electrónicas y acceder a trámites como facturación electrónica, solicitudes de devoluciones y modificaciones fiscales.

El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Para quienes ya cuentan con una e.firma vencida, la renovación puede hacerse directamente desde SAT ID. El sistema valida la información y el usuario recibe respuesta por correo en un máximo de cinco días hábiles.

Renovación y consulta de vigencia: lo que debe saber el contribuyente

La vigencia de la e.firma es de cuatro años. El usuario puede revisarla en cualquier momento ingresando al portal oficial con su RFC y consultando la sección de recuperación de certificados, donde se muestra la fecha exacta de expiración. La renovación puede solicitarse antes o después del vencimiento; el sistema requiere identificación oficial y los archivos anteriores.

Recomendaciones de seguridad ante el uso de la e.firma

Las instituciones recomiendan almacenar la llave privada y el certificado en una USB segura, respaldar los archivos y nunca compartir la contraseña de acceso. El SAT recuerda que la confidencialidad de estos archivos es estricta, ya que pueden utilizarse para movimientos fiscales, bancarios y legales.

En la presentación de la declaración anual o cualquier otro trámite digital ante el SAT, el proceso se realiza capturando el RFC, adjuntando los archivos .cer y .key y registrando la contraseña. Solo el titular de la e.firma debe manipular estos datos, pues tienen validez legal plena y cualquier mal uso puede implicar consecuencias jurídicas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el 1 de abril inició el periodo para que personas físicas presentaran su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025. La autoridad fiscal indicó que, en los primeros días del proceso, se registró una participación significativa de contribuyentes y previó un incremento en el número total de trámites para el próximo año.

De acuerdo con datos del organismo, al 4 de abril se contabilizaron 1.93 millones de declaraciones presentadas. Asimismo, estimó que para 2026 se superarán los 11 millones 424 mil trámites, lo que representaría un aumento de 3% respecto al periodo anterior.

El SAT señaló que las personas que ya cumplieron con esta obligación y obtuvieron saldo a favor pueden consultar el estado de su devolución de impuestos a través de su portal en internet. Para ello, los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial, acceder al apartado de trámites y servicios, y dirigirse a la sección de devoluciones y compensaciones, donde es posible revisar el estatus de la devolución automática del Impuesto sobre la Renta (ISR).

El proceso de consulta requiere autenticación mediante firma electrónica o mediante RFC y contraseña. Una vez dentro del sistema, los usuarios pueden verificar si su solicitud se encuentra en validación, en revisión, rechazada o si ya fue pagada.

Instrucciones paso a paso

• Ingresar a sat.gob.mx.
• Seleccionar “Continuar en el sitio”.
• Acceder a “Más trámites y servicios”.
• Ir a “Constancias, devoluciones y notificaciones”.
• Seleccionar “Devoluciones y compensaciones”.
• Elegir “Estado de tu devolución”.
• Entrar con firma electrónica o con RFC y contraseña.
• En “Consulta de trámites”, dar clic en “Devolución automática de ISR” del ejercicio 2025.
• Seleccionar “Mostrar solicitudes” para consultar el estatus: en proceso de validación, revisión, rechazo o pago.

La autoridad fiscal indicó que el plazo legal para efectuar devoluciones es de hasta 40 días hábiles posteriores a la solicitud. Sin embargo, precisó que, en el caso de devoluciones automáticas, el tiempo promedio de respuesta se estimó en 4.5 días, siempre que la información precargada no haya sido modificada por el contribuyente.

El SAT también estableció que quienes tengan un saldo a favor igual o superior a 10 mil pesos deberán presentar su solicitud mediante firma electrónica. En los casos donde el monto sea menor, será suficiente utilizar la contraseña.

El organismo agregó que su portal permanecerá disponible las 24 horas durante todo abril, con el objetivo de facilitar la presentación de la declaración anual a quienes aún no han cumplido con esta obligación fiscal.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció este 7 de abril la autorización de 2 mil 179 millones en devoluciones de saldo a favor por impuesto sobre la renta (ISR) correspondientes a la Declaración Anual 2025 de personas físicas.

Según el SAT, en su comunicado oficial de este 7 de abril, la devolución de saldo a favor ya ha beneficiado a 608 mil 119 contribuyentes.

El organismo informó que el dinero se depositará con un plazo promedio de tres días, lo que representa un periodo sustancialmente inferior al máximo de 40 días previsto en el Código Fiscal de la Federación.

SAT señaló que hasta las 8:00 am de la misma fecha se habían presentado 2 millones 628 mil 571 declaraciones de personas físicas.

SAT establece multas de más de 40 mil pesos en fallas en la declaración anual

El SAT aplica multas de hasta 41 mil 590 pesos por cada omisión en la presentación de la declaración anual de impuestos, lo que puede derivar en consecuencias económicas de largo plazo e incluso la suspensión digital necesaria para emitir facturas.

Esta sanción no solo implica una penalización monetaria sino que también puede acarrear recargos y restricciones administrativas, afectando directamente el acceso a créditos y la operatividad financiera de los contribuyentes.

A diferencia de lo que muchos suponen, la multa se aplica por cada declaración omitida, por lo que una persona con diez omisiones podría enfrentar diez cargos económicos independientes. Además, el SAT contempla circunstancias agravantes; los atrasos reiterados o un historial de incumplimientos pueden incrementar el monto final del castigo económico.

Para quienes buscan regularizarse antes de que el SAT emita un requerimiento formal, existe la posibilidad de que la multa se reduzca significativamente o incluso no se aplique, siempre que la declaración llegue antes de una notificación oficial. Si el contribuyente presenta su declaración solo días después del plazo y aún no ha sido requerido, la sanción suele no implementarse de inmediato.

El SAT permite, en caso de que la persona ya haya sido requerida pero aún no exista una resolución formal, obtener descuentos en la multa que oscilan entre el 20% y el 60%.

Además, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ofrece asesoría para reducir aún más el impacto de la multa a través de recursos de revocación o acuerdos conclusivos.

Además de sanciones económicas, el SAT puede establecer otros castigos

Si transcurre un mes desde el vencimiento de la obligación sin que se presente la declaración, el SAT puede restringir o cancelar el certificado de sello digital, herramienta indispensable para la emisión de facturas electrónicas. Esta restricción puede durar hasta que la situación se regularice, afectando severamente el flujo de ingresos del contribuyente, quien quedaría incapacitado para facturar en tanto persista la sanción administrativa.

Esta interrupción en la posibilidad de facturar puede generar pérdidas económicas inmediatas y hacer que el contribuyente sea incorporado a la lista de personas con incumplimientos fiscales. Si la autoridad fiscal no recibe respuesta, la cancelación del certificado puede volverse definitiva y el usuario tendría que solicitar uno nuevo, atravesando otro proceso administrativo.

Realizar trámites fiscales en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ser complicado sobre todo para las personas que no tienen las facilidades de acudir presencialmente a las oficinas, sin embargo, existe una alternativa que permite a los usuarios hacerlo desde sus hogares.

La aplicación SAT ID es la plataforma oficial del organismo que permite hacer trámites a distancia y desde la comodidad del teléfono móvil o computadora.

A través de esta aplicación, pueden solicitarse los trámites más importantes que todo contribuyente necesita:

• Generar o renovar contraseña
• Renovar la e.firma, en caso de haber caducado en los últimos 12 meses
• Recuperar la e.firma en caso de haberla perdido
• Solicitud de Constancia de Situación Fiscal

¿Cómo realizar trámites desde SAT ID?

Gracias a esta plataforma, los contribuyentes ya no necesitan hacer largas filas o agendar citas para acudir a las oficinas del SAT a realizar sus trámites fiscales.

Navegar en esta aplicación resulta sencillo y accesible pues a diferencia de las oficinas, se encuentra disponible las 24 horas, por lo que en cualquier momento que se necesite puede accederse a ella.

Para acceder a esta aplicación se necesita:

• Tener RFC
• Identificación oficial vigente
• Correo electrónico
• Número de celular
• Completar un proceso de validación biométrica en línea (a través de un video que es necesario grabar)

Paso a paso para recuperar tu contraseña a través de SAT ID

Uno de los trámites más importantes para todo contribuyente es la declaración de impuestos, trámite para el cual se requiere tener vigente y actualizada la contraseña.

Del 1 al 30 de abril de 2026 los contribuyentes que hayan trabajado para dos o más patrones, que perciban ingresos por más de 400 mil pesos anuales, que sea por honorarios, arrendamiento o que tengan actividades empresariales, deberán hacer de manera obligatoria la declaración anual.

En caso de no contar con la contraseña, esta es la manera en la que puedes recuperarla a través de la aplicación SAT ID:

• Ingresa al sitio oficial de SAT ID desde tu dispositivo móvil o computadora
• Selecciona la opción “Recuperar contraseña”
• Captura tu RFC y tu correo electrónico vigente
• Adjunta una fotografía de tu identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).
• Graba un video corto de verificación facial siguiendo las instrucciones del sistema.
• Revisa tu correo electrónico, donde recibirás un folio de seguimiento del trámite.
• Espera la validación de tus datos por parte del SAT
• Una vez validada tu identidad, recibirás un enlace para establecer tu nueva contraseña

De esta manera, el SAT facilita a los trabajadores una opción para realizar los trámites de manera mucho más fácil, rápida y sobre todo cómoda para los contribuyentes que lo necesiten.

La confirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el efectivo dejará de aceptarse en gasolineras y casetas de cobro no cayó en terreno vacío: llegó justo cuando los pagos digitales ya muestran su mayor avance histórico en México. Hoy, 3 de cada 10 transacciones con tarjeta en comercios se realizan sin contacto, una cifra que apenas hace dos años rondaba el 20%, según declaraciones de Francisco Valdivia, director general de Visa México.

El “tap” —acercar la tarjeta o el celular a una terminal— dejó de ser una novedad para convertirse en rutina, especialmente entre quienes valoran la rapidez de pagar en segundos.

¿Qué hay detrás del salto digital?

El crecimiento no se explica por un solo factor. La combinación de más smartphones, más terminales y más aplicaciones financieras creó las condiciones para que los pagos sin efectivo escalaran con fuerza. Herramientas como CoDi, DiMo y las billeteras digitales se expandieron incluso hacia pequeños negocios que antes solo operaban con billetes.

Durante la 89 Convención Bancaria, autoridades y representantes del sector financiero coincidieron en que la digitalización ya no es opcional: es el camino que el sistema financiero mexicano tomó de forma definitiva.

El plan de Sheinbaum: gradual, pero sin marcha atrás

El 19 de marzo, durante la Convención Bancaria, Sheinbaum anunció que los pagos en gasolineras y casetas serán obligatoriamente digitales a lo largo de 2026. La medida forma parte de una estrategia más amplia que incluye la apertura de cuentas bancarias sin necesidad de RFC y mayor acceso al crédito para micro y pequeñas empresas.

El modelo de referencia es India, donde en menos de una década la economía pasó del efectivo dominante a miles de millones de transacciones digitales mensuales.

El dato que pone los pies en la tierra

A pesar del avance, el 80% de las transacciones en México todavía se hacen en efectivo. Eso significa que la transformación es real, pero también que millones de personas aún dependen del billete para su vida diaria. Sin acceso a smartphone, cuenta bancaria o conectividad, la obligatoriedad del pago digital puede convertirse en un muro, no en una puerta.

A eso se suma el riesgo de fraude: en los primeros nueve meses de 2025 se registraron más de 3.82 millones de reclamaciones por fraudes financieros, según la CONDUSEF.

El rumbo ya está marcado

México avanza hacia una economía con menos efectivo, empujado tanto por la política pública como por el propio comportamiento de los consumidores. El reto no es tecnológico: es garantizar que nadie quede fuera del cambio.

Omitir la presentación de la declaración anual de impuestos ante el SAT expone a miles de contribuyentes mexicanos a sanciones económicas que pueden complicar su situación financiera, con sanciones que alcanzan hasta $41,590 por cada omisión, además de recargos y restricciones administrativas que afectan su actividad económica.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) impone una sanción por cada declaración pendiente, por lo que diez omisiones pueden derivar en diez multas acumuladas. Las sumas pueden aumentar si existen agravantes como atrasos prolongados o incumplimientos reincidentes.

Si el contribuyente se regulariza por cuenta propia antes de recibir un requerimiento formal del SAT, la multa puede reducirse o no aplicarse. Si se presenta la declaración unos días después del plazo sin haber recibido un requerimiento, podría no aplicarse la sanción de inmediato.

Para quienes corrigen su situación tras recibir un requerimiento pero antes de la resolución formal, existen reducciones de entre 20% y 60% en el monto de las multas. Además, organismos como Prodecon pueden brindar asesoría para buscar reducciones adicionales mediante recursos de revocación o acuerdos conclusivos.

Recargos, restricciones fiscales y cancelación del certificado digital

El SAT puede restringir o cancelar temporalmente el certificado de sello digital, herramienta esencial para emitir facturas electrónicas. Si transcurre un mes desde el vencimiento de la obligación sin que se cumpla con la declaración, este certificado puede ser restringido y dificultar la operación habitual del contribuyente.

Si no se responde a tiempo a la autoridad fiscal, la cancelación se vuelve definitiva, obligando a solicitar un nuevo certificado y generando interrupciones en el flujo de ingresos.

La restricciones pueden representar pérdidas económicas considerables, tanto por la imposibilidad de facturar como por el riesgo de figurar entre los contribuyentes incumplidos.

Plazos y efectos a largo plazo en la situación fiscal

Las multas, recargos y actualizaciones pueden perseguir al contribuyente durante años. El plazo de prescripción general para deudas fiscales es de cinco años, y de hasta diez en casos de defraudación fiscal.

Se puede limitar el acceso a:

• financiamientos
• contratos
• beneficios fiscales por tiempo indefinido

Aumular varias omisiones eleva el riesgo crediticio y administrativo, ya que cada declaración pendiente representa una nueva multa y agrava la situación.

Dejar pasar el tiempo sin regularizar la situación ante la autoridad tributaria provoca que la deuda crezca, ya que recargos y multas se suman mes tras mes, aumentando el costo total para el contribuyente.

La Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) representa una oportunidad para quienes realizaron gastos médicos, como consultas con un dentista o psicólogo, de obtener una devolución de dinero.

El plazo límite para presentar la Declaración Anual en 2026 es el 30 de abril.

De acuerdo con información de la autoridad fiscal, el SAT permite deducir gastos médicos personales y de familiares directos si cumplen los requisitos establecidos por la autoridad fiscal.

¿Qué gastos médicos puedes deducir ante el SAT?

Los gastos médicos deducibles incluyen honorarios pagados a profesionales como dentistas, psicólogos y nutriólogos, así como servicios hospitalarios, análisis clínicos, y compra de aparatos para rehabilitación.

La deducción aplica para el contribuyente, su cónyuge o concubino, padres, abuelos, hijos y nietos, siempre que estos no hayan percibido un ingreso igual o superior al salario mínimo anual.

El SAT detalla que la deducción también cubre:

• Honorarios médicos, dentales y de psicología
• Gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales
• Honorarios a enfermeras
• Análisis y estudios clínicos
• Compra o alquiler de aparatos de rehabilitación
• Prótesis
• Compra de lentes ópticos graduados hasta 2,500 pesos por persona
• Primas por seguros de gastos médicos independientes o complementarios

Estos gastos solo serán deducibles si el profesional cuenta con título registrado ante las autoridades educativas y si el pago se realiza por medios electrónicos, cheque nominativo o tarjeta. Los pagos en efectivo quedan excluidos de la deducción.

¿Qué requisitos debe cumplir el ticket o factura?

Para que el SAT acepte la deducción y se puede realizar la Declaración Anual 2026, el comprobante fiscal debe cumplir varios requisitos:

• Contener el nombre completo del contribuyente y su RFC
• Describir el servicio recibido (ejemplo: consulta dental o psicológica)
• Incluir la clave correcta del producto o servicio conforme al catálogo del SAT
• Especificar el “Uso del CFDI” como “Gastos médicos”
• El profesional debe contar con título registrado y cédula profesional vigente
• El pago debió realizarse por transferencia bancaria, tarjeta o cheque nominativo

Consideraciones sobre los límites y montos deducibles

• El monto total de las deducciones personales no debe exceder cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales o el 15% del ingreso anual del contribuyente, aplicándose el menor de ambos límites.
• Los gastos por incapacidad o discapacidad pueden deducirse fuera de este tope si se cuenta con el certificado correspondiente.

Presentar correctamente estos comprobantes puede resultar en un saldo a favor para el contribuyente.

Como se mencionó anteriormente, el periodo para realizar la Declaración Anual este 2026 concluye el 30 de abril.

Para obtener la devolución, es fundamental reunir y subir al portal del SAT todos los tickets y facturas electrónicas que cumplan con los requisitos mencionados.

Es importante visitar la página oficial de la autoridad fiscal para saber más detalles de cómo presentar la Declaración Anual 2026.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede iniciar revisiones cuando detecta que la información de un contribuyente no coincide con lo que tiene registrado en sus sistemas. Esto no ocurre de forma automática ni sorpresiva, sino a partir de señales concretas como declaraciones no presentadas, datos incompletos o diferencias entre ingresos reportados y comprobantes fiscales.

Una de las primeras alertas es el llamado requerimiento de obligaciones omitidas. Esto sucede cuando el SAT identifica que no se presentó una declaración en el plazo correspondiente. En ese caso, envía un aviso (al buzón tributario) en el que señala qué falta y solicita que se regularice la situación.

El trámite de respuesta se hace en línea, a través de “Mi portal”, donde el contribuyente debe ingresar con su RFC y contraseña, explicar el motivo y adjuntar documentos que respalden su aclaración.

Otro escenario se presenta cuando la autoridad cruza información de distintas fuentes, como facturas electrónicas, declaraciones de terceros o reportes de pagos. Si encuentra diferencias, puede emitir un oficio para pedir explicaciones o incluso solicitar una entrevista de vigilancia profunda, que puede ser presencial o en línea.

En esas entrevistas, el SAT expone directamente las inconsistencias detectadas y da un plazo para corregir o justificar la información. También puede pedir aclaraciones por correo electrónico, dependiendo del tipo de caso.

En la práctica, este tipo de revisión se puede detectar porque el contribuyente empieza a recibir notificaciones formales o invitaciones a aclarar su situación. No es un proceso inmediato de sanción, pero sí un seguimiento más detallado de la información fiscal.

¿Cómo evitar la revisión profunda?

Para evitar entrar en este tipo de revisión, lo más importante es cumplir con las declaraciones en tiempo y forma y asegurarse de que los datos coincidan con los registros del propio sistema fiscal. Las diferencias entre lo declarado y lo facturado son el principal motivo que detona estos procesos.

También es posible corregir errores antes de que escalen, siempre que el contribuyente responda dentro de los plazos establecidos y entregue la documentación necesaria para justificar o ajustar su información.

En general, la llamada “revisión profunda” no es una sanción en sí misma, sino un mecanismo de verificación para confirmar que la información fiscal es consistente. Detectarla a tiempo depende, sobre todo, de estar atento a los avisos y responder dentro de los tiempos que marca la autoridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este lunes, durante la conferencia matutina, una agenda de trabajo conjunta con la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, el SAT y la banca comercial. El plan se estructura en tres ejes: digitalizar los pagos, incorporar al sistema financiero a quienes trabajan en la informalidad y ampliar el acceso al crédito para micro y pequeñas empresas.

La meta es clara: que cualquier persona pueda pagar con el celular en un puesto de tacos, abrir una cuenta bancaria sin necesitar RFC y, por primera vez, acceder a crédito formal. El gobierno toma como modelo la revolución de pagos digitales en India, una de las experiencias más exitosas a nivel mundial.

Menos billetes, más celular

El primer objetivo es reducir el uso del efectivo en la economía mexicana. Para lograrlo, el gobierno impulsará esquemas de pago electrónico que funcionen desde grandes empresas hasta el comercio más pequeño del barrio.

La apuesta no es menor: México sigue siendo una economía predominantemente en efectivo, lo que dificulta la fiscalización, favorece la informalidad y limita el acceso a servicios financieros para millones de personas.

Una cuenta bancaria sin necesidad de RFC

Uno de los anuncios más llamativos es la posibilidad de abrir una cuenta bancaria sin estar registrado ante el SAT. Estas cuentas, conocidas como cuentas nivel 2 y nivel 3, buscan incorporar al sistema financiero a quienes trabajan en la informalidad pero que hoy solo operan con efectivo.

La lógica es simple: primero bancarizar, después formalizar. Un esquema que ya funcionó en India, China y otros países donde la penetración del efectivo era tan alta como en México.

“Que la gente que no tiene su RFC pueda primero bancarizarse y después ya formalizarse”, explicó Sheinbaum.

El Banxico, más allá de la inflación

La estrategia también viene respaldada por una lectura distinta del mandato del Banco de México. El economista Jorge Flores, director del Observatorio Newsoring, argumentó en un artículo publicado en la revista Fortuna que el artículo 28 constitucional vincula la estabilidad del peso no solo con el control de la inflación, sino también con el fomento económico, la competitividad y el empleo.

Bajo esa interpretación, Banxico tiene margen —y obligación— de participar activamente en el impulso al crédito productivo, algo que la institución ya viene haciendo, según destacó la propia presidenta.

Más crédito para quien menos tiene

El tercer pilar de la estrategia es la ampliación del crédito para micro y pequeñas empresas, el segmento que más dificultades enfrenta para acceder al financiamiento formal. La banca comercial ya se comprometió a aumentar su cartera en este sector.

Con estas tres líneas de acción, el gobierno apuesta a que menos efectivo signifique más transparencia, menos evasión fiscal y más crecimiento para los sectores que históricamente han quedado fuera del sistema financiero.

El reto es mayúsculo, pero el ejemplo indio demuestra que es posible: en menos de una década, ese país pasó de una economía dominada por el cash a procesar miles de millones de transacciones digitales al mes.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este 5 de abril que 66 de cada 100 trámites de inscripción de empresas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y generación de e.firma concluyen el mismo día si se cumplen los requisitos, como parte de la estrategia de modernización y simplificación fiscal.

Durante un año, el SAT registró más de 76 mil empresas en el RFC, según un comunicado oficial este 5 de abril. Entre enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026 el organismo ofreció 225 mil espacios para agendar citas de e.firma empresarial, de los cuales fueron utilizados 191 mil 900, lo que representa 85% de ocupación, de acuerdo con el comunicado.

De estos trámites, el 71% fue atendido en menos de cinco días, es decir, 191 mil 100 empresas completaron el procedimiento en ese plazo.

La autoridad fiscal identificó que los motivos más frecuentes por los que un trámite no se concreta en la primera visita corresponden a inconsistencias en el acta constitutiva o la falta de comprobante de domicilio.

Para la inscripción, es indispensable contar con cita y presentar documento constitutivo protocolizado, comprobante de domicilio —a nombre de la persona moral o de un socio—, instrumento que avale la representación legal e identificación oficial vigente del representante legal, según el SAT.

Los requisitos para la generación de la e.firma empresarial incluyen presentar USB nueva y un poder general para actos de administración o dominio. El SAT reiteró la importancia de reunir la documentación de manera previa para completar estos trámites en una sola visita y agilizar la formalización.

SAT advierte de noticias falsas de procedimientos fiscales

El SAT advirtió sobre la circulación de noticias falsas relacionadas con procedimientos fiscales, enfatizando los riesgos de compartir mensajes en redes sociales y mensajería instantánea sin verificación oficial.

Esta alerta del principal órgano tributario de México surge en un contexto en el que el incremento de rumores ha generado confusión entre contribuyentes, lo que puede traducirse en decisiones precipitadas e incluso en fraudes, según indicó el propio SAT.

Dentro de los mensajes identificados recientemente, el SAT detectó rumores sobre la presunta realización de visitas sorpresa a domicilios, supuestos bloqueos masivos de cuentas bancarias, y la existencia de un “departamento de ventas” de automóviles perteneciente a la entidad.

La autoridad negó de manera categórica cada uno de estos puntos y reiteró que no existen visitas de inspección sin fundamento, bloqueos indiscriminados de cuentas ni dependencias adscritas a la venta de vehículos, de acuerdo con información oficial del organismo tributario.

Además, el SAT subrayó que el surgimiento de noticias falsas puede conducir a situaciones de pánico injustificado entre las personas físicas y morales, afectando sus decisiones económicas.

SAT precisó que la información oficial sobre cualquier modificación o medida fiscal solo se difunde a través de los canales institucionales reconocidos, tales como el Diario Oficial de la Federación y los portales digitales del propio organismo. Cualquier notificación relevante debe provenir de estos medios oficiales, y no de rumores difundidos en redes sociales o cadenas de mensajería instantánea, recalcó la autoridad fiscal en su comunicado.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un llamado a la ciudadanía para actuar con precaución ante la proliferación de información engañosa relacionada con temas fiscales, que se ha difundido en redes sociales.

Entre los rumores detectados recientemente, la autoridad identificó mensajes sobre supuestas visitas sorpresa, la existencia de un “departamento de ventas” de autos, cobros de impuestos a pensionados, cierres de cuentas bancarias y revisiones por concepto de transferencias, entre otros.

El SAT advirtió que estas noticias falsas, difundidas principalmente en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, generan confusión y alarma entre las personas contribuyentes.

Por ello, exhortó a la población a verificar la veracidad de la información antes de compartirla y a no difundir contenidos de carácter fiscal que carecen de respaldo oficial.

En particular, el SAT aclaró que es totalmente falso que realice visitas masivas a domicilio, que lleve a cabo bloqueos masivos de cuentas bancarias por presuntos adeudos o mal uso del concepto en transferencias, o que cuente con un área dedicada a la venta de automóviles.

La autoridad recalcó que la circulación de mensajes sobre operativos masivos de auditoría o cierres de cuentas bancarias carece de fundamento.

El organismo recordó que ninguna modificación fiscal entra en vigor sin antes ser publicada en medios oficiales, como el Diario Oficial de la Federación o los portales institucionales.

Alertó que la difusión de noticias falsas puede provocar decisiones apresuradas o incluso fraudes, afectando directamente a las y los contribuyentes.

El SAT recomendó consultar únicamente fuentes oficiales para obtener información fiscal confiable, como el portal institucional, comunicados de prensa y redes sociales oficiales en X, Instagram, Facebook y TikTok.

Finalmente, el SAT reiteró su compromiso con la reducción de la evasión y la elusión fiscal, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la cultura contributiva, siempre mediante una actuación responsable, legal y respetuosa de los derechos de las y los contribuyentes.

No olvides la Declaración Anual

El SAT recordó que el 1 de abril de 2026 inició el periodo para que personas físicas presenten su Declaración Anual 2025 ante el SAT, trámite que se realiza exclusivamente en línea hasta el 30 de abril.

Deben declarar quienes tuvieron más de un empleador, recibieron ingresos por honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, del extranjero, superiores a 400 mil pesos, o por intereses, dividendos y venta de bienes.

Quienes solo tuvieron un patrón y no superaron los 400 mil pesos anuales generalmente no están obligados, aunque pueden hacerlo si desean saldo a favor.

El SAT aclara que no es necesaria la CURP biométrica y que la e.firma vigente es indispensable para devoluciones mayores a 10,001 pesos.

Entre las novedades, destaca el simulador para revisar datos y corregir errores antes de enviar la declaración.

No cumplir puede implicar multas de 2,050 a 25,360 pesos. El SAT recomienda preparar información y usar herramientas oficiales para facilitar el proceso y evitar errores.

En México existen muchos mitos acerca de lo que sucede con la deuda de créditos bancarios y los trámites del SAT después de que una persona fallece. Una situación que le genera miedo a la mayoría de las familias mexicanas.

Cuando un ciudadano muere, sus adeudos no desaparecen automáticamente. De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), estas obligaciones pasan a formar parte de su herencia o sucesión. Esto significa que deben ser cubiertas con los recursos económicos o bienes que haya dejado el fallecido, integrándose como parte del pasivo sucesorio. En otras palabras, las deudas se pagan utilizando los activos que conforman el patrimonio.

En este sentido, la Secretaría de Gobernación de México señala que el total de los propiedades que integran el legado responderá por el pago de los compromisos financieros hasta donde alcance su valor.

Si el monto de las obligaciones supera el valor de los bienes, los herederos no tienen la responsabilidad de cubrir la diferencia con su propio patrimonio. Incluso, cuentan con la posibilidad de rechazar la herencia si consideran que las deudas son mayores a los beneficios que podrían obtener.

Además, cuando existe un seguro asociado algún cargo, este puede cubrir el saldo pendiente en caso de fallecimiento del titular. Estos seguros, comunes en créditos hipotecarios o tarjetas de crédito, están diseñados para liquidar el compromiso financiero en caso de que el titular ya no pueda hacerlo.

¿Qué pasa con el SAT?

En este caso, es necesario que un familiar, representante legal o albacea informe al SAT mediante el aviso de cancelación en el RFC por defunción, preferentemente dentro del mes siguiente al fallecimiento para evitar sanciones que van de 5,400 a 10,780 pesos.

Aunque la autoridad suspende las actividades del contribuyente, los adeudos continúan vigentes y deben pagarse con los bienes que integran la herencia.

¿En qué situaciones un familiar debe pagar la deuda del fallecido?

A pesar de lo explicado anteriormente, dentro del marco general existen situaciones específicas en las que una persona puede asumir directamente la responsabilidad de pagar una deuda. Entre los principales casos se encuentran:

• Haber firmado como corresponsable, como sucede en los préstamos conjuntos, donde se adquiere la misma obligación legal que el titular original.
• Ser cónyuge del fallecido bajo el régimen de sociedad conyugal.
• Haber garantizado la deuda del cónyuge como aval o fiador, lo que implica hacerse cargo del pago si el titular no puede cumplir, incluso después de su fallecimiento.

Fuera de estas circunstancias, los familiares no están obligados a utilizar su propio patrimonio para cubrir deudas ajenas, por lo que cualquier intento de cobro sobre bienes personales distintos a la herencia carece de fundamento.

El Buzón Tributario es una herramienta digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que funciona como un canal oficial de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. A través de este sistema, el SAT envía notificaciones, requerimientos, avisos importantes e incluso mensajes relacionados con devoluciones o auditorías.

Activarlo no es opcional: es un requisito fiscal vigente en México. De hecho, no habilitarlo o no mantener actualizados tus medios de contacto puede salir caro, con multas que superan los 10 mil pesos.

¿Por qué el Buzón Tributario es obligatorio?

El SAT establece la obligatoriedad del Buzón Tributario para garantizar que los contribuyentes estén enterados de cualquier acto administrativo o fiscal en tiempo real. Esto incluye desde simples recordatorios hasta notificaciones formales con efectos legales.

Si la autoridad intenta notificarte y no tienes el buzón activo o actualizado, puedes enfrentar consecuencias importantes:

• Multas económicas que pueden rebasar los 10 mil pesos
• Ser considerado como “no localizado” ante el SAT
• Cancelación de tus sellos digitales, lo que te impediría emitir facturas

Este último punto es especialmente grave para personas físicas con actividad empresarial o empresas, ya que prácticamente detiene su operación fiscal.

Beneficios de habilitar el Buzón Tributario

Activar el Buzón Tributario no solo evita sanciones, también ofrece ventajas prácticas para los contribuyentes:

• Recibes notificaciones oficiales de forma inmediata
• Puedes dar seguimiento a trámites fiscales sin acudir a oficinas
• Facilita la comunicación directa con el SAT
• Permite estar al tanto de devoluciones, avisos y obligaciones pendientes
• Reduce el riesgo de perder plazos importantes

En pocas palabras, es una herramienta que simplifica el cumplimiento fiscal y te mantiene informado.

¿Cómo evito la multa?

Para evitar sanciones, es fundamental habilitar y mantener actualizado tu Buzón Tributario. El proceso es sencillo y se realiza en línea:

1. Ingresa al portal del SAT con tu RFC y contraseña o e.firma
2. Accede a la sección de Buzón Tributario
3. Registra al menos un correo electrónico y un número de celular
4. Confirma los medios de contacto mediante los códigos que recibirás

El SAT recomienda verificar periódicamente que tus datos sigan vigentes, ya que cualquier cambio sin actualizar podría dejarte fuera de notificaciones importantes.

No ignores los correos o avisos relacionados con este tema. Mantener activo tu Buzón Tributario no solo es una obligación, sino una forma de evitar problemas fiscales que podrían afectar directamente tu bolsillo y tu actividad económica.

Durante el primer día habilitado para la presentación de la declaración anual de personas físicas, usuarios reportaron fallas en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En las redes sociales del SAT, contribuyentes que esperaban realizar la declaración anual este 1 de abril: “No carga correctamente los archivos de la efirma, pone una ruta fakepath y aunque los archivos esten en otra unidad”, “No deja entrar, aparece error la entrada no se ha completado. Inténtelo de nuevo. Y así desde media hora”, “No está dejando ingresar ala declaración ya puse contraseña rfc y capcha”.

Otros comentarios de contribuyentes al SAT fueron: “porque me aparece c:\fakepath cuando quiero carga la efirma y como puedo solucionarlo. Ya elimine cookies e historial y sigue sin aceptarlo, automáticamente me saca de la página”, “Fatal su plataforma, como siempre fallando”, “Ni sirve la página, y tremenda jalada de pedir e firma para devolución”, “´No tiene privilegios para acceder al aplicativo´ Me tengo que preocupar?"

Antes estas quejas, el SAT no ha dado una declaración oficial. Sin embargo, sí ha dado algunas respuestas a los contribuyentes: “agradecemos ingreses desde un navegador diferente, previa eliminación de cookies y archivos temporales, saludos”, “valida estar ingresando de manera correcta con los archivos y contraseña de clave privada de tu e.firma”, “si estas accediendo con la contraseña del RFC verifica estar capturando únicamente ocho caracteres, caso contrario, ingresa los primeros ocho”.

Inicia período para ingresar la declaración anual este 1 de abril

A partir del 1 de abril, millones de personas físicas en México deben presentar su Declaración Anual 2025 ante el SAT, en un trámite que se realiza de forma completamente digital y que, además de evitar sanciones, permite acceder a devoluciones en caso de saldo a favor. Este procedimiento fiscal se mantendrá abierto hasta el próximo 30 de abril y es una obligación clave en el calendario tributario del país.

Las multas por incumplir con la presentación puntual de la Declaración Anual van desde 2 mil 050 hasta 25 mil 360 pesos por cada obligación omitida, según el Código Fiscal de la Federación, y la autoridad puede requerir la regularización del contribuyente hasta en tres ocasiones, lo que podría derivar en la pérdida del estatus fiscal favorable.

Entre las novedades para el ejercicio fiscal 2025, el SAT ofrece un Simulador de la Declaración Anual disponible desde marzo en su portal web, diseñado para revisar información precargada, identificar errores y anticipar el resultado antes de hacer el envío definitivo.

Este simulador solicita ahora completar cada sección antes de avanzar, distingue ingresos exentos y permite verificar los datos de retenedores tanto para quienes tributan en actividades empresariales, arrendamiento, RESICO y plataformas digitales.

Otra mejora destacada es la integración de nuevas funcionalidades para la aplicación de estímulos fiscales del Plan México, requeridos para quienes tengan constancias de autorización válidas. El sistema también notifica sobre cambios en los datos precargados y permite reclasificar facturas de deducciones personales que no hayan sido reconocidas automáticamente.

Además, el SAT mantiene activos visores de nómina, de deducciones personales y de retenciones, útiles para trabajadores, empleadores y contribuyentes que requieran revisar facturas, pagos y operaciones anualizadas. Para quienes soliciten devolución y el saldo a favor sea igual o mayor a 10 mil 001 pesos, el envío del trámite debe realizarse con la e.firma vigente.

En plena temporada de Declaración Anual 2026, uno de los errores más frecuentes entre los contribuyentes en México es no aprovechar al máximo las deducciones personales autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que se traduce en dinero que simplemente no regresa a sus bolsillos.

Aunque el proceso se ha simplificado en los últimos años, la realidad es que muchas personas siguen dejando fuera gastos que son completamente deducibles.

Esto impacta directamente en el saldo a favor que podrían recibir tras presentar su declaración.

Las deducciones que más se olvidan

Entre los gastos que con mayor frecuencia quedan fuera de la Declaración Anual destacan los relacionados con salud, educación y vivienda, a pesar de que representan una oportunidad clara de recuperación de impuestos.

En el rubro de salud, los gastos médicos encabezan la lista. Consultas con especialistas, tratamientos psicológicos, estudios clínicos y hospitalización son deducibles, siempre que se cuente con la factura correspondiente.

A estos se suman los servicios dentales, desde limpiezas hasta procedimientos de ortodoncia, que muchas veces no se incluyen por desconocimiento o falta de comprobantes.

Otro gasto común que suele pasar desapercibido es la compra de lentes graduados. Este concepto también puede deducirse, aunque con un límite anual y bajo la condición de que forme parte de una factura médica.

En materia educativa, las colegiaturas desde nivel preescolar hasta bachillerato también son deducibles, con topes establecidos según el grado escolar. Sin embargo, muchos contribuyentes no las registran correctamente o desconocen que deben cumplir requisitos específicos como el pago electrónico.

El caso de Infonavit: dinero que se queda en el camino

Uno de los conceptos que más dinero puede representar para los contribuyentes es el pago de intereses reales por créditos hipotecarios, particularmente aquellos otorgados por el Infonavit.

Cada año, el instituto emite una constancia de intereses que puede utilizarse para deducir este gasto en la declaración. No obstante, una gran cantidad de personas no la descarga ni la incorpora, lo que implica perder una devolución significativa.

Especialistas fiscales señalan que el principal problema radica en la falta de cultura financiera y en errores básicos como no solicitar factura (CFDI) o realizar pagos en efectivo. Además, muchos contribuyentes confían plenamente en la información precargada por el SAT y no revisan si todos sus gastos están incluidos.

Otro factor es la falta de tiempo o asesoría, lo que provoca que la declaración se presente sin ajustes, dejando fuera conceptos que podrían aumentar el saldo a favor.

Claves para recuperar tu dinero

Para aprovechar al máximo las deducciones personales, es fundamental seguir algunas recomendaciones básicas:

• Solicitar factura con RFC en todos los gastos deducibles
• Realizar pagos mediante tarjeta, transferencia o cheque
• Verificar la información precargada en el sistema del SAT
• Agregar manualmente cualquier gasto faltante

Cumplir con estos pasos puede marcar la diferencia entre no recibir nada o obtener una devolución importante.

Un ingreso extra que no debes dejar pasar

En un contexto económico donde cada peso cuenta, la devolución de impuestos puede representar un alivio significativo para las finanzas personales. Dependiendo del nivel de ingresos y del uso de deducciones, el saldo a favor puede ir desde unos cuantos miles hasta más de 20 mil pesos.

La clave no está en trucos ni en vacíos legales, sino en conocer y utilizar correctamente las herramientas que la ley fiscal ya contempla. Ignorarlas, en cambio, significa dejar dinero sobre la mesa.

Con la fecha límite avanzando, revisar a detalle cada gasto deducible puede ser la diferencia entre cumplir con el trámite o realmente sacarle provecho.

El inicio del mes de abril marca el arranque del periodo para presentar la Declaración Anual 2025 de personas físicas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este trámite, esencial para millones de contribuyentes en México, se realiza completamente en línea y permite reportar los ingresos, deducciones y retenciones correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

El proceso estará disponible del 1 al 30 de abril de 2026 y su cumplimiento es fundamental para evitar sanciones y, en muchos casos, para obtener saldos a favor.

Para quienes están obligados a declarar, como aquellos que trabajaron para dos o más patrones, tuvieron ingresos por honorarios, actividad empresarial, arrendamiento o superaron los 400 mil pesos anuales en sueldos, la declaración representa una oportunidad para regularizar su situación fiscal y acceder a devoluciones de impuestos.

Además, aunque no todos los contribuyentes están obligados a presentar la declaración, hacerlo de forma voluntaria puede ser conveniente para quienes desean solicitar un reembolso por pagos en exceso.

El trámite se realiza exclusivamente a través del portal oficial del SAT, lo que hace indispensable contar con las credenciales electrónicas adecuadas.

Uno de los requisitos más importantes es tener la contraseña del SAT vigente, ya que este dato permite ingresar al sistema y completar la declaración anual, así como otros trámites y consultas fiscales.

Olvidé contraseña del SAT, ¿qué hacer?

Si olvidaste tu contraseña o aún no la tienes, el SAT pone a disposición dos alternativas sencillas para obtenerla o recuperarla desde casa, sin necesidad de acudir a una oficina.

Ambas opciones están diseñadas para facilitar el acceso seguro a los servicios digitales del SAT y evitar contratiempos durante la temporada de declaraciones.

1. Portal SAT ID

• Ingresa a satid.sat.gob.mx.
• Elige la opción para generación o recuperación de contraseña.
• Ingresa tu RFC, correo electrónico y número celular.
• Sube una foto de tu INE.
• Graba un video siguiendo las indicaciones del sistema para confirmar tu identidad (se recomienda hacerlo con buena luz y sin ruido).
• Firma digitalmente en la pantalla.
• Acepta los términos y condiciones y sigue los pasos que indique la plataforma.
• En un máximo de cinco días recibirás un enlace por correo electrónico para concluir el proceso y establecer tu nueva contraseña, aunque por lo general se tiene respuesta dentro de las primeras 24 horas.

2. Aplicación SAT Móvil

• Descarga la app SAT Móvil desde la tienda de aplicaciones de tu celular.
• Abre la app y selecciona la opción “Genera o recupera tu contraseña”.
• Ingresa los mismos datos: RFC, correo, celular e INE.
• Graba el video y realiza la firma digital como lo solicita la app.
• Completa los pasos y espera el correo con el enlace para establecer la contraseña.

¿Por qué es importante la contraseña del SAT?

La contraseña electrónica es clave para acceder al portal del SAT, presentar la declaración anual, consultar facturas, solicitar devoluciones y realizar otros trámites fiscales.

Tener la contraseña vigente agiliza el cumplimiento de tus obligaciones y evita contratiempos durante la temporada de declaraciones. Recuerda que el enlace para crear o restablecer la contraseña puede llegar en un plazo de hasta cinco días. Si no lo recibes, revisa tu carpeta de spam o consulta los canales oficiales de atención del SAT.

Estas herramientas digitales permiten a cualquier persona realizar el trámite de manera segura, sencilla y rápida, sin salir de casa ni hacer filas en las oficinas.

A partir de este miércoles 1 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó el periodo oficial para que las personas físicas presenten la Declaración Anual 2025.

El trámite, que se realiza completamente en línea, debe efectuarse entre el 1 y el 30 de abril de 2026, y es obligatorio para millones de contribuyentes en México.

Este proceso es clave para regularizar la situación fiscal, evitar sanciones y, en muchos casos, acceder a devoluciones de impuestos.

¿Quiénes deben presentar la Declaración Anual?

El SAT establece que no todos los contribuyentes están obligados a presentar la Declaración Anual. Quienes sí deben hacerlo incluyen a las personas físicas que durante 2025:

• Trabajaron para dos o más empleadores.
• Percibieron ingresos por honorarios o por actividad empresarial.
• Recibieron recursos por arrendamiento de inmuebles.
• Obtuvieron ingresos del extranjero o adicionales a su salario.
• Superaron los 400 mil pesos anuales en sueldos.
• Recibieron ingresos por intereses, dividendos o por la venta de bienes.

¿Quiénes no están obligados a declarar al SAT?

Aquellos que solo tuvieron un patrón durante el año, cuyos ingresos no rebasaron los 400 mil pesos y no realizaron actividades empresariales, generalmente no están obligados a declarar, aunque pueden hacerlo de forma voluntaria si desean solicitar un saldo a favor.

¿Qué documentos se requieren?

El trámite requiere contar con:

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
• Contraseña del SAT
• e.firma vigente
• En caso de solicitar devolución, una cuenta CLABE bancaria a nombre del contribuyente.

El organismo recordó que la CURP Biométrica no es un requisito para la Declaración Anual 2025.

“Actualmente, no es necesario contar con la CURP Biométrica para presentar la Declaración Anual. El SAT continúa utilizando los mismos mecanismos de identificación fiscal que han estado vigentes en los últimos años”.

Novedades y herramientas para facilitar el trámite

Para el ejercicio fiscal 2025, el SAT puso a disposición de los contribuyentes el Simulador de la Declaración Anual, disponible en su portal web durante marzo.

Esta herramienta permite revisar la información precargada, identificar posibles errores y anticipar el resultado antes del envío definitivo. Entre las mejoras anunciadas, el simulador ahora solicita completar cada apartado antes de avanzar, detalla ingresos exentos y permite verificar datos de retenedores para actividades empresariales, arrendamiento, RESICO y plataformas digitales.

El SAT incluyó nuevas funcionalidades para aplicar estímulos fiscales del Plan México para quienes cuenten con la constancia de autorización correspondiente. También se integraron mensajes informativos para advertir sobre modificaciones en los datos precargados y la posibilidad de reclasificar facturas de deducciones personales que el sistema no haya reconocido automáticamente.

Entre las herramientas adicionales, destacan los visores de nómina para trabajadores y empleadores, el visor de deducciones personales y el visor de retenciones, útiles para revisar facturas, pagos y operaciones anualizadas. El trámite debe enviarse con e.firma cuando el saldo a favor sea igual o mayor a 10,001 pesos.

Consecuencias de no cumplir, sanciones y recomendaciones

No presentar la Declaración Anual en tiempo y forma puede derivar en multas que van de 2,050 hasta 25,360 pesos por cada obligación omitida, conforme al Código Fiscal de la Federación.

Además, el SAT puede requerir al contribuyente hasta tres veces y, de no recibir respuesta, este puede perder su buen estatus fiscal. El pago de multas no exime de presentar la declaración, por lo que la autoridad recomienda realizar el trámite lo antes posible.

Para quienes cumplen con la obligación, existe la posibilidad de recibir un saldo a favor si pagaron más impuestos de los debidos. La devolución puede efectuarse en menos de 15 días, aunque el plazo legal es de hasta 40 días hábiles, siempre que los datos bancarios y fiscales estén completos y correctos.

El SAT sugiere a los contribuyentes preparar la información de ingresos, deducciones y facturas antes de iniciar el trámite, revisar que la e.firma esté vigente y utilizar el simulador para evitar errores. Ante cualquier duda, el organismo dispone de canales como OrientaSAT, MarcaSAT y el chat en línea para atención personalizada.

La entrega del reconocimiento a Angélica Fuentes en la Fashion Forward 2026 Gala, celebrada en Nueva York, generó reacciones en diversos sectores, ya que mientras se le premiaba por su impulso al cambio económico, en México persiste un señalamiento de presunto adeudo fiscal con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Un reconocimiento internacional en medio de cuestionamientos

Durante la gala organizada por Mercado Global, Fuentes fue distinguida por su trayectoria empresarial. En su discurso, relató su historia de superación y el legado familiar que ha marcado su carrera. La ceremonia reunió a figuras del ámbito empresarial y social en Estados Unidos, y el evento fue difundido en las redes oficiales tanto de la empresaria como de la organización.

Pese al reconocimiento público y la narrativa centrada en el empoderamiento y el cambio económico, en México la situación fiscal de Fuentes sigue generando debate.

El adeudo con el SAT y el contexto judicial

El SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino, incluyó a Fuentes en la lista de responsables de grandes empresas con presuntos adeudos fiscales durante 2021 y 2022. Fuentes, ex accionista del Corporativo Grupo Imperial, acumuló una deuda superior a los mil millones de pesos según datos dados por la misma institución. La autoridad fiscal mexicana aplicó embargos sobre cerca de 50 marcas que habían sido declaradas en quiebra por la empresaria.

Sobre la situación judicial, la información disponible indica que existió un fallo que determinó una posible administración fraudulenta contra Grupo Omnilife Chivas. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si la deuda fue saldada ni el estado actual de los procesos legales relacionados.

Reacciones en redes sociales

La noticia del premio concedido a Fuentes generó múltiples comentarios en redes sociales. En los perfiles oficiales de Angélica Fuentes se observan mensajes de felicitación, aunque también se han compartido publicaciones que recuerdan el historial fiscal pendiente de la empresaria en México.

Parte de las críticas surgen porque la distinción internacional se otorga mientras persisten dudas sobre la situación fiscal y judicial de Fuentes en su país de origen. La empresaria no ha hecho declaraciones públicas recientes sobre el tema ni ha respondido a los señalamientos sobre el adeudo.

El entorno empresarial y legal

Fuentes fue accionista del Corporativo Grupo Imperial y figura relevante en el entorno empresarial mexicano. Su trayectoria ha estado marcada tanto por reconocimientos internacionales como por litigios y cuestionamientos legales. La reciente premiación en Nueva York reactivó el debate sobre el papel de empresarios con señalamientos fiscales en eventos de alto perfil.

La información sobre el estado actual de la deuda y los procesos judiciales continúa siendo objeto de interés público. Ni la empresaria ni las autoridades han confirmado nuevas actualizaciones en torno a estos temas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció como días inhábiles el 2 y el 3 de abril de 2026, de acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal.

Estas fechas coinciden con el Jueves Santo y el Viernes Santo de la Semana Santa de este año, por lo tanto, el SAT no brindará servicio esos días.

La Resolución Miscelánea Fiscal 2026 permite que autoridades estatales y municipales coordinadas en materia fiscal adopten estos días inhábiles, siempre que sean publicados como tales en sus canales oficiales, conforme a las disposiciones legales que les corresponden.

En los días señalados por el SAT, se mantendrán guardias con el personal necesario para asegurar la operación y continuidad de facultades conforme a lo dispuesto por los artículos 12 y 13 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el artículo 18 de la Ley de Amparo (LA), y los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

Sin embargo, la Resolución Miscelánea Fiscal establece claramente que en “los periodos y días señalados en esta regla no se computarán plazos y términos legales correspondientes en los actos, trámites y procedimientos que se sustanciarán ante las unidades administrativas del SAT”.

Días feriados a nivel nacional, no solo del SAT

Cabe aclarar que, aunque el SAT tiene esos días de descanso, ninguna fecha de la Semana Santa está dentro de los feriados oficiales contemplados por la Ley Federal del Trabajo.

El artículo 74 de la LFT establece los días de descanso obligatorio para los empleados en México. Las fechas destacadas figuran el 1 de enero, el 1 de mayo y el 16 de septiembre, así como el 25 de diciembre y el 1 de octubre cada seis años, este último únicamente cuando coincide con la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

Para conmemorar efemérides nacionales, el calendario incluye como días no laborables el primer lunes de febrero (en honor al Día de la Constitución), el tercer lunes de marzo (por el natalicio de Benito Juárez) y el tercer lunes de noviembre (en memoria del inicio de la Revolución Mexicana).

Además, en años con elecciones ordinarias, la jornada de votación también se incorpora a la lista de descansos, conforme a lo que dispongan las correspondientes leyes electorales.

SAT recuerda que la Declaración Anual debe de ser presentada en abril

La presentación de la Declaración Anual 2025 estará habilitada de manera continua desde el 1 hasta el 30 de abril de 2026 en el portal oficial del SAT, permitiendo a los contribuyentes cumplir este proceso en cualquier momento del mes, en cumplimiento con la normatividad fiscal vigente y evitando posibles sanciones, según informó el organismo mediante un comunicado fechado el 24 de marzo.

Entre las disposiciones detalladas destaca la obligatoriedad de utilizar la e.firma para validar la declaración exclusivamente en casos donde exista un saldo a favor igual o superior a 10 mil 001 pesos.

Además, el SAT autoriza el pago del impuesto resultante en hasta seis parcialidades, siempre que la primera cuota se liquide durante abril de 2026.

La responsabilidad de realizar la Declaración Anual 2025 corresponde, entre otros, a las personas físicas con ingresos anuales por sueldos y salarios superiores a 400 mil pesos, quienes hayan trabajado para un solo empleador y terminado la relación laboral antes del 31 de diciembre de 2025, y quienes perciban ingresos por otras actividades.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado a las personas físicas a cumplir con la declaración anual 2025 en tiempo y forma, recordando que este trámite es clave para regularizar la situación fiscal, evitar multas y, en muchos casos, obtener un saldo a favor.

Fechas clave para presentar la declaración anual 2026

De acuerdo con el calendario fiscal y el propio SAT:

• 1 de abril de 2026: se habilita la plataforma para personas físicas
• 30 de abril de 2026: fecha límite para presentar la declaración

Esto significa que los ingresos obtenidos durante todo 2025 deben reportarse en ese periodo.

El trámite se realiza en línea, a través del portal del SAT, utilizando RFC, contraseña o e.firma vigente.

¡Ten todo listo para presentar tu Declaración Anual 2025 de personas en abril!

💻 Para más información, consulta:https://t.co/F2liraDrdX pic.twitter.com/iUDopNevvn

— SATMX (@SATMX) March 25, 2026

#ComunicadoSAT

El SAT recuerda que el periodo para presentar la Declaración Anual 2025 de personas es del 1 al 30 de abril, disponible las 24 horas del día en el Portal del SAT: https://t.co/F2liraDZ3v

Su presentación es obligatoria para quienes obtuvieron ingresos por:
💼… pic.twitter.com/UWBIHyg8zw

— SATMX (@SATMX) March 24, 2026

¡Así se vivió la conferencia de prensa de la Declaración Anual 2025 de personas!

Se destacaron:
☑️ Las mejoras en el aplicativo
💻 El uso del Simulador
⚙️ Las herramientas que facilitan la presentación de la declaración

Para más información, visita el minisitio:… pic.twitter.com/FuFwK1nsmx

— SATMX (@SATMX) March 25, 2026

¿Quiénes deben presentar la declaración?

El SAT recordó que deben cumplir con esta obligación quienes:

• Tuvieron ingresos por sueldos y salarios (en ciertos casos)
• Percibieron ingresos por honorarios o actividad empresarial
• Obtuvieron recursos por arrendamiento, intereses o dividendos
• Ganaron más de 400 mil pesos anuales o tuvieron más de un patrón

Además, incluso si no es obligatoria, presentarla puede ser conveniente para solicitar devoluciones.

Saldo a favor: qué es y cuándo lo deposita el SAT

Uno de los mayores incentivos para presentar la declaración es el saldo a favor, que ocurre cuando el contribuyente pagó más impuestos de los que debía.

• El SAT tiene hasta 40 días hábiles para realizar la devolución
• Si no hay inconsistencias, el depósito puede llegar en menos de 15 días

Para recibirlo, es indispensable capturar correctamente la CLABE bancaria a nombre del contribuyente.

Tips clave del SAT para evitar errores

El organismo fiscal recomienda revisar cuidadosamente la información antes de enviar la declaración:

• Verificar que los datos personales y RFC sean correctos
• Revisar facturas (CFDI) de ingresos y deducciones
• Confirmar que la e.firma esté vigente
• Validar deducciones personales como gastos médicos o colegiaturas

También se sugiere utilizar el simulador del SAT para detectar errores antes de enviar la declaración final.

Consecuencias de no cumplir

No presentar la declaración anual en tiempo puede derivar en:

• Multas y recargos
• Actualizaciones en adeudos fiscales
• Problemas con el historial ante el SAT

Por ello, la autoridad insiste en cumplir dentro del plazo de abril.

Un trámite clave para tus finanzas

La declaración anual no solo es una obligación fiscal, también es una oportunidad para:

• Recuperar dinero mediante saldo a favor
• Mantener un buen historial fiscal
• Evitar sanciones

Cumplir a tiempo con el Servicio de Administración Tributaria puede marcar la diferencia entre pagar de más o incluso recibir un reembolso.

El Gobierno de México anunció la entrada en vigor del “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, una medida que busca combatir el ‘huachicol’.

Este nuevo mecanismo formará parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y comenzará a aplicarse a partir del 24 de abril de 2026. Se trata de un mecanismo que va contra el mercado ilícito de combustibles para fortalecer la comercialización de gasolina y diésel.

En un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), la CNE y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), subrayaron que las personas que ya cuenten con un permiso, como el caso de las gasolineras, deberán verificar su vigencia a través del portal de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Para hacer esta verificación, es importante ingresar a la liga https://www.cne.gob.mx/Permisos y realizar el trámite correspondiente.

Nueva estrategia para combatir corrupción y contrabando

Esta acción forma parte de una estrategia conjunta destinada a “combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles”.

Todos los establecimientos que vendan o comercialicen gasolina regular, gasolina premium o diésel deberán tener un permiso vigente ante la CNE para poder emitir CFDI con el nuevo complemento.

En caso de no incorporarlo a sus operaciones no podrán emitir CFDI por este concepto, de acuerdo a las instituciones.

Esta medida “reafirma el compromiso con la sociedad para fortalecer la recaudación proveniente de este comercio en beneficio de toda la población”.

El Gobierno enfatizó la importancia del cumplimiento de las nuevas disposiciones fiscales y administrativas. “Todas y todos contribuimos al bienestar de México”, se lee en el cierre del documento oficial.

Puntos clave de esta nueva medida

• El 24 de abril de 2026 comenzará a aplicarse el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” como parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
• Todos los establecimientos que vendan o comercialicen gasolina regular, gasolina premium o diésel deberán contar con este permiso vigente.
• Las personas permisionarias deben verificar la vigencia de sus permisos y, en su caso, regularizarlos ante la CNE para evitar contratiempos y cumplir con sus obligaciones fiscales y administrativas.
• El nuevo mecanismo busca combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles, así como promover el mercado lícito y fortalecer la recaudación fiscal derivada de la venta de hidrocarburos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la Declaración Anual 2025 para personas que obtuvieron ingresos durante el ejercicio anterior podrá ser presentada a partir del 1 de abril y hasta el 30 de abril de 2026, a través del Portal del organismo fiscal, disponible las 24 horas del día.

Dicha convocatoria, publicada este 24 de marzo mediante un comunicado del SAT, establece que el trámite es obligatorio para quienes hayan recibido ingresos por conceptos como sueldos, salarios, actividades empresariales, arrendamientos, enajenación o adquisición de bienes, intereses y dividendos. El ingreso oportuno de esta declaración permite al contribuyente cumplir con la normatividad fiscal vigente y evitar sanciones.

Entre las novedades anunciadas por el SAT, el comunicado destaca que quienes resulten con un saldo a favor igual o mayor a 10 mil 001 pesos deberán presentar su declaración usando la e.firma obligatoriamente para su validación. Además, la autoridad fiscal permite el pago en hasta seis parcialidades si hay impuesto a pagar, siempre que la primera cuota se cubra durante abril de 2026.

Mejoras implementadas por el SAT para la declaración de este año

El portal de declaración incorpora mejoras y actualizaciones relevantes para simplificar el proceso. Por ejemplo, cada apartado debe completarse íntegramente antes de avanzar al siguiente, lo que agiliza el llenado y previene omisiones.

Adicionalmente, el formulario muestra en detalle los ingresos exentos identificados en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina, así como información precargada de retenedores para quienes declaran por concepto de actividad empresarial, arrendamiento, régimen de incorporación fiscal (RIF), RESICO y plataformas tecnológicas.

El propósito de estas actualizaciones, de acuerdo con el SAT, es brindar claridad y apoyo durante la captura de información, además de permitir la consulta en el nuevo Visor de Retenciones.

Quiénes deben presentar la Declaración Anual este 2026

La obligación de presentar la Declaración Anual 2025 recae sobre personas físicas que hayan obtenido ingresos anuales por sueldos y salarios superiores a 400 mil pesos, quienes trabajaron para un solo empleador pero concluyeron su relación laboral antes del 31 de diciembre de 2025, así como quienes hayan percibido ingresos por conceptos distintos a salarios, trabajado simultáneamente para varios empleadores o recibido ingresos del extranjero o de personas no obligadas a retener el ISR.

También están obligados quienes obtuvieron indemnizaciones, ingresos por jubilación o pensiones que excedan los límites establecidos en el artículo 93, fracción IV y V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Deben declarar quienes hayan recibido ingresos por servicios profesionales, actividades empresariales incluidas las generadas en plataformas tecnológicas, región fronteriza o bajo el RIF con coeficiente de utilidad, arrendamientos de bienes inmuebles, enajenación o adquisición de bienes, e ingresos por intereses o dividendos.

Quienes tributan bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) pueden quedar exentos de presentar la declaración, aunque quienes se acojan a las reglas 3.13.20 y 3.13.21 pueden optar voluntariamente por hacerlo. El SAT precisó que las personas con ingresos por intereses pagados por SOFIPOS encontrarán dos campos diferenciados en el portal para capturar montos gravados y exentos.

Las consecuencias de la reciente depuración del padrón de donatarias en México ya se reflejan en la vida de decenas de organizaciones civiles. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización de 270 donatarias durante 2025, lo que afecta su posibilidad de recibir donativos que pueden ser deducidos de impuestos.

El SAT explicó que las organizaciones afectadas no cumplieron con los requisitos previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). Entre ellos, destaca la obligación de destinar los recursos a los fines autorizados y de presentar la documentación que respalde sus actividades. En el caso de las organizaciones dedicadas a la investigación científica, la autoridad precisó que varias fueron excluidas del padrón por no entregar el documento que acredita que sus investigaciones tienen ese carácter.

Para que una organización o fideicomiso sea considerada donataria autorizada, debe cumplir con diversos requisitos. Uno de los puntos centrales es que su objeto social esté alineado con lo que marca la Ley del ISR y que presente un aval oficial que certifique que desarrolla las actividades permitidas por la norma. Esta autorización permite que las donatarias tributen como personas morales sin fines de lucro y, en consecuencia, queden exentas del pago de ISR.

En 2025, el SAT notificó la revocación a las organizaciones afectadas y les otorgó el derecho de audiencia, conforme al procedimiento detallado en el artículo 82-Quater de la Ley del ISR. El procedimiento busca garantizar que las donatarias tengan la oportunidad de subsanar omisiones o errores antes de que la autoridad revoque definitivamente su autorización.

El SAT aclaró que la revocación de la autorización solo se aplica cuando la organización no cumple o no corrige las deficiencias detectadas en el plazo legal otorgado. Una vez revocada la autorización, las organizaciones pueden volver a solicitarla si reúnen los requisitos pendientes, especialmente aquellos relacionados con la nueva ley de Ciencia en el caso de las dedicadas a la investigación.

La lista de donatarias cuya autorización fue revocada se publica tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el portal del SAT, con el objetivo de brindar transparencia y certeza a los donantes sobre el destino de los recursos deducibles de impuestos.

Qué implica la revocación de la autorización de donatarias

Las organizaciones civiles y fideicomisos que pierden esta autorización ya no pueden recibir donativos deducibles del ISR, lo que limita el incentivo fiscal para quienes desean apoyar causas sociales, científicas o educativas a través de donaciones.

La revocación afecta solo a una pequeña porción del padrón nacional, que supera las 10 mil entidades. El SAT remarcó que el procedimiento es estricto y garantiza el derecho de defensa de cada organización.

Proceso y requisitos para obtener o recuperar la autorización

Para obtener la autorización como donataria, las organizaciones deben presentar su escritura constitutiva con un objeto social conforme a la Ley del ISR y un documento oficial que avale sus actividades.

El tipo de documento requerido varía según la actividad; por ejemplo, para quienes realizan investigaciones científicas, la nueva ley de Ciencia determina la naturaleza del documento probatorio. Si la organización subsana la falta, puede volver a solicitar la autorización ante el SAT.

Transparencia y compromiso institucional

El SAT reiteró que todas las decisiones de revocación siguen un proceso legal que busca la equidad entre los contribuyentes y la correcta aplicación de los beneficios fiscales. La publicación de las listas en medios oficiales y el portal institucional responde a la demanda de transparencia en el uso de recursos públicos y privados.

El organismo reafirmó su compromiso de fortalecer un sistema tributario transparente y de promover el cumplimiento voluntario entre todas las personas y entidades contribuyentes.

En resumen:

• Las donatarias autorizadas pueden recibir donativos deducibles del ISR y deben destinar los recursos a los fines establecidos por la Ley.
• La autorización permite tributar como persona moral sin fines de lucro, lo que exime del pago de ISR.
• En 2025, se revocaron 270 autorizaciones de un padrón de más de 10 mil, por incumplir requisitos legales.
• La revocación siguió un procedimiento legal, que incluyó derecho de audiencia para las organizaciones afectadas.
• Algunas organizaciones científicas perdieron la autorización por no acreditar la naturaleza de sus investigaciones con documentación válida según la nueva ley de Ciencia.
• Las listas de donatarias revocadas se publican en el Diario Oficial de la Federación y el Portal del SAT para asegurar transparencia y certeza a los donantes.
• Las organizaciones pueden solicitar nuevamente la autorización una vez que cumplan con los requisitos pendientes.
• El SAT asegura que el proceso promueve la equidad y la transparencia fiscal en beneficio de toda la sociedad.

La organización Amnistía Internacional condenó la reciente determinación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que prohíbe a más de 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) recibir donativos, denunció que se trata de “leyes anti-ONG”.

El fin de semana, el SAT anunció una nueva disposición dirigida a las organizaciones civiles y no gubernamentales del país. La autoridad fiscal eliminó de su padrón de donatarias autorizadas a 113 organizaciones, argumentando que no cumplían con los requisitos necesarios para recibir donativos deducibles de impuestos.

De acuerdo con Amnistía Internacional, esta decisión representa una reducción considerable en los recursos disponibles para las ONG, afectando principalmente cuatro áreas clave: la defensa de los derechos humanos, el apoyo legal a víctimas, la atención a casos de violencia de género y la protección de territorios indígenas.

La organización advirtió que, al limitar la capacidad de financiamiento de estos grupos, se obstaculiza su labor cotidiana, que en más de un caso consiste en acompañar a comunidades indígenas, documentar violaciones y exigir justicia ante actos de abuso.

Amnistía Internacional subrayó que las ONG cumplen funciones esenciales para la sociedad, ya que muchas de ellas ofrecen servicios y acompañamiento que el Estado no proporciona de manera suficiente.

Entre ellas, destacó, está documentar abusos, acompañar víctimas, vigilar elecciones, impulsar mejores leyes, entre muchas otras. La restricción a su financiamiento, según la organización, amenaza la continuidad de estos trabajos y aseveró que “limitar su trabajo es debilitar a toda la sociedad”.

El organismo destacó que en México, las organizaciones de por sí ya enfrentan cargas excesivas: informes duplicados, requisitos reiterativos y controles previos sobre el uso de fondos, lo que se traduce a “menos tiempo ayudando, más tiempo en burocracia”.

En su pronunciamiento, la organización sostuvo que estas medidas responden a gobiernos “que dicen promover transparencia, pero en realidad buscan controlar y debilitar a la sociedad civil”. Acusó que en el país, a las ONG se les exige más de lo que se debería, sin que las instituciones públicas y gubernamentales aporten al trabajo que realizan.

“Más control a quien vigila, menos a quien gasta”, determinó.

La postura de Amnistía Internacional, difundida en redes sociales, resalta que este tipo de medidas no solo impactan a las organizaciones directamente afectadas, sino que también envían un mensaje preocupante sobre el entorno para la defensa de derechos y el activismo en el país.

Hizo un llamado a revisar la medida y a garantizar condiciones adecuadas para que las organizaciones puedan operar de manera libre y segura, pues la labor de las ONG es indispensable para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia.

“Un México más seguro y democrático necesita más sociedad civil, no menos”, finalizó su posicionamiento el organismo internacional.

Después de meses en silencio, Andrés Manuel López Obrador regresó a las redes sociales el 15 de marzo con un mensaje cargado de urgencia: pidió a sus seguidores enviar donativos al pueblo cubano a través de una cuenta de Banorte a nombre de la asociación civil Humanidad con América Latina. Dijo que era una iniciativa de “ciudadanos, escritores y periodistas”. Lo que no dijo es que esa asociación tenía apenas 24 días de existencia y que el nombre ligado a su registro en el SAT pertenece a alguien muy cercano a su historia personal. Ese nombre es Carlos Pellicer López. Y su apellido lo explica todo.

Ilustrador, custodio de un legado y sobrino del poeta que hizo a AMLO

Carlos Pellicer López nació en la Ciudad de México en 1948. Es narrador, ilustrador y artista plástico egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Desde 1977 se ha encargado de custodiar el archivo y legado literario de su tío: el poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, considerado por muchos el más grande de México y fundador de los museos de Frida Kahlo y Diego Rivera.

Pero la relevancia de ese tío va mucho más allá de la literatura. Según un artículo de BBC, a principios de los años setenta, Pellicer Cámara tomó a un joven López Obrador bajo su tutela, lo encaminó hacia la política y se convirtió en la influencia más definitoria de su vida. El propio AMLO lo reconoció abiertamente en más de una ocasión, declarándose “pelliceriano” en su libro “La mafia nos robó la presidencia” y ha confesado que su relación con el poeta fue “muy estrecha y definitoria” en su etapa formativa.

El árbol que nadie debería ignorar

• Carlos Pellicer Cámara (1897–1977) — poeta, senador, activista. “Padre político” de AMLO.
• Carlos Pellicer López (1948) — sobrino. Ilustrador y custodio del archivo del poeta desde 1977.
• Humanidad con América Latina — asociación civil constituida en febrero de 2026, vinculada a Pellicer López según registros circulados en redes.
• Cuenta Banorte señalada por AMLO para recibir donativos para Cuba el 15 de marzo de 2026.

La pregunta que nadie ha respondido

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido claro en su compromiso con Cuba. En la reciente cumbre del CELAC, el canciller Juan Ramón de la Fuente reiteró la postura oficial: “Continuaremos prestando toda la ayuda humanitaria que nos sea posible al pueblo cubano”, con el respaldo expreso de la presidenta. Ese compromiso ya se tradujo en hechos: más de mil 190 toneladas de alimentos, medicinas e insumos básicos enviados desde Veracruz el 28 de febrero. Lo que genera controversia es la necesidad de crear una asociación con estatus fiscal exprés, presentada como iniciativa ciudadana e independiente, pero con el apellido del círculo más íntimo de AMLO en su registro.

La cuenta bancaria utilizada para recaudar donativos en apoyo a Cuba cumple con todos los controles regulatorios en México, aseguró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en medio de la polémica generada por esta iniciativa.

De acuerdo con el organismo regulador, encabezado por Ángel Cabrera Mendoza, la apertura de esta cuenta en Banorte se realizó conforme a las disposiciones vigentes del sistema financiero mexicano, informó el titular en una entrevista con La Jornada durante la 89 Convención Bancaria.

CNBV descarta irregularidades en cuenta para donativos a Cuba

En dicha entrevista, el presidente de la CNBV afirmó que la cuenta, abierta por la asociación civil Humanidad con América Latina, “cumplió con todos los controles que exige la regulación en México”.

Incluso, subrayó que abrir una cuenta bajo estas condiciones no representa ninguna irregularidad, siempre que se respeten las normas de identificación de usuarios, prevención de lavado de dinero y supervisión financiera.

La autoridad también dejó claro que, mientras se cumplan estas reglas, no existe motivo de observación por parte del regulador.

Banorte garantiza supervisión y monitoreo de operaciones

Por su parte, Banorte aseguró que la cuenta cumple con la regulación vigente y fue aperturada bajo sus políticas internas y controles establecidos.

El banco detalló que todas las cuentas abiertas:

• Se integran con un expediente completo
• Cumplen con la normatividad aplicable
• Son sujetas a monitoreo constante de operaciones

Además, reiteró que su prioridad es garantizar la confianza de los clientes y el correcto funcionamiento del sistema financiero.

Donativos se canalizan a través de una asociación civil autorizada

Los recursos recaudados son gestionados por la asociación civil Humanidad con América Latina, la cual cuenta con autorización para recibir aportaciones voluntarias en México.

Esta organización fue la encargada de abrir la cuenta bancaria para canalizar los apoyos destinados a la población cubana, en el contexto de una campaña impulsada por artistas, intelectuales y figuras públicas.

Cuenta para apoyo a Cuba no representa riesgo financiero

Tanto la CNBV como Banorte coincidieron en que la operación de esta cuenta no representa un riesgo para el sistema financiero mexicano.

Incluso, se informó que:

• No ha habido observaciones por parte de autoridades internacionales
• Las operaciones son monitoreadas constantemente
• Cualquier anomalía sería reportada a las autoridades

En ese sentido, las instituciones recalcaron que el cumplimiento de la normativa en materia financiera y de prevención de delitos es estricto y permanente.

Polémica por colecta para Cuba

La controversia se originó luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador difundiera públicamente el número de cuenta para recolectar donativos dirigidos a Cuba.

El llamado fue realizado a través de redes sociales, donde invitó a la ciudadanía a aportar recursos para adquirir alimentos, medicinas, combustible y otros insumos básicos destinados a la isla, en medio de la crisis económica que enfrenta.

Sin embargo, la iniciativa desató críticas debido a que la cuenta pertenece a una asociación civil de reciente creación, lo que generó cuestionamientos sobre su origen y operación.

A qué nombre quedó registrada la asociación ante el SAT

El nombre ligado al registro de la asociación en el SAT pertenece a alguien muy cercano a Andrés Manuel López Obrador: se trata de Carlos Pellicer López, sobrino de Carlos Pellicer Cámara, quien fue senador, activista y “padre político” de AMLO.

Según un artículo de la BBC, a principios de los años setenta, Pellicer Cámara tomó a un joven López Obrador bajo su tutela, lo encaminó hacia la política y se convirtió en una gran influencia. El propio AMLO lo reconoció abiertamente en más de una ocasión, declarándose “pelliceriano” en su libro La mafia nos robó la presidencia y ha confesado que su relación con el poeta fue “muy estrecha y definitoria” en su etapa formativa.

Por su parte, Carlos Pellicer López es narrador, ilustrador y artista plástico egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Desde 1977 se ha encargado de custodiar el archivo y legado literario de su tío.

• Carlos Pellicer Cámara (1897–1977)— poeta tabasqueño, senador y activista que guio a AMLO.
• Carlos Pellicer López (1948)— sobrino. Ilustrador y custodio del archivo del poeta desde 1977.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) retiró la autorización para recibir donativos deducibles a 336 organizaciones civiles y fundaciones en México para el ejercicio fiscal 2026.

Entre las entidades afectadas figura la Fundación Chespirito I.A.P., ligada al actos y comediante mexicano, Roberto Gómez Bolaños, quien falleció en 2014, así como asociaciones dedicadas a la asistencia social, la salud, la educación y la atención a grupos vulnerables.

De acuerdo con la información oficial, el SAT identificó varios tipos de incumplimientos entre las organizaciones sancionadas. Algunas de ellas no cumplieron el requisito previsto en la fracción I del Transitorio Vigésimo Quinto de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, que exige presentar la Declaración informativa correspondiente.

Entre las asociaciones que perdieron su autorización por esta causa se encuentran la Asociación de Ayuda Alimenticia para Personas de Escasos Recursos Económicos, la Asociación Andrés Guardado, Ayudar por Amor, Acciones Colectivas para la Autonomía, Armonía Contigo, Mi Alma Contigo y la Academia Fc México, entre otras.

Otras agrupaciones, como Aguas con el Alcohol, Amguitarra, Asociación Mexicana de Guitarra Clásica y Popular, y la Asociación para Gente con Baja Autoestima, perdieron su permiso debido a la falta de pago de multas impuestas, tal como lo establece la fracción II del mismo Transitorio.

La lista incluye organizaciones enfocadas en prevención de adicciones, promoción cultural y apoyo psicológico.

En la fracción III se agruparon las instituciones que interpusieron medios de defensa contra las sanciones y no cumplieron las obligaciones determinadas.

Entre ellas aparecen Bomberos Voluntarios de Manzanillo, Casa del Anciano A.B.P., el Colegio Montessori de Irapuato, Fundación Slgc y el Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo.

El SAT también canceló la autorización a organizaciones que no presentaron en tiempo y forma su Declaración anual de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024.

En este apartado se enlistan entidades como Apoyo Comunitario Shelove, la Asociación de Ex Alumnos de la Facultad de Economía de la UNAM, la Fundación Bernal Monterrey, Fundación Ciudadanos Contra la Pobreza, Fundación Karen Islas, La Llave Centro de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos y Me Gusta Ayudar a Tepic.

Además, se incluyó a las organizaciones con estatus cancelado ante el Registro Federal de Contribuyentes.

En este segmento sobresale la Fundación Chespirito I.A.P., junto con Aportando a Su Calidad de Vida, Corazón para la Educación, Cultura y Arte en los Parques, Grupo Renovable para Trabajadores Agrícolas y Medio Ambiente, Mano Amiga al Anciano, Patronato Pro-Cultura Pestalozzi y Teratoma.

La decisión del SAT implica que todas estas asociaciones pierden la posibilidad de otorgar recibos deducibles de impuestos por donativos recibidos, lo que representa una afectación directa a su operación y a las personas beneficiadas por sus programas.

La medida impacta a organizaciones en todo el país, con actividades en áreas como alimentación, salud, apoyo educativo, cultura, promoción de derechos humanos y atención a grupos en situación de riesgo.

La lista completa está disponible en el comunicado oficial del SAT, en el que también se detalla el fundamento legal de la cancelación de permisos.

Entre los nombres que figuran en el documento, destacan asociaciones con presencia nacional y regional, así como otras de reciente creación. El SAT reiteró que las agrupaciones podrán regularizar su situación fiscal de acuerdo con los procedimientos previstos en la normatividad vigente.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortalece la vigilancia sobre el uso de tarjetas departamentales en México, en el marco de una estrategia que busca reducir la evasión y reforzar la supervisión de operaciones tributarias mediante el cruce digital de información.

Quienes utilizan plásticos emitidos por tiendas comerciales como Coppel, Liverpool o Suburbia deben tomar en cuenta que: los movimientos realizados con estos instrumentos, aunque no estén asociados a bancos tradicionales, serán evaluados con el mismo rigor que las tarjetas bancarias.

El SAT precisó que las compras efectuadas mediante tarjetas departamentales representan registros financieros válidos que reflejan tanto la capacidad de consumo como el nivel de gasto del contribuyente.

¿Que podría vigilar el SAT?

Un diferencial relevante entre el monto de estos consumos y los ingresos declarados puede originar un proceso de verificación formal. En tal caso, el organismo está facultado para solicitar al usuario documentación que respalde el origen de los recursos y la congruencia entre los movimientos y su situación fiscal.

Uno de los focos de atención serán los patrones inusuales de gasto identificados en sus sistemas de fiscalización, especialmente aquellos que no guardan relación con los niveles de ingresos reportados.

Aunque no todas las operaciones son revisadas automáticamente, el SAT puede intervenir si detecta movimientos atípicos e iniciar un procedimiento de aclaración. En caso de que el contribuyente no acredite debidamente los recursos observados, se impondrán multas proporcionales al monto no justificado, además de actualizaciones y recargos.

La sanción puede escalar si se presume la existencia de ingresos ocultos. En escenarios más graves, la situación podría derivar en el inicio de un proceso por posible defraudación fiscal.

Del mismo modo, el SAT podría intervenir si el uso de la tarjeta es por parte de terceros.

La acción del SAT forma parte de un programa de mayor control y digitalización tributaria, cuyo objetivo es optimizar el cruce de información entre ingresos declarados y consumos efectivos, robusteciendo así los mecanismos para detectar evasión y reforzar la transparencia en las operaciones de los contribuyentes mexicanos.