El Centro Democrático está pidiendo respuestas concretas al senador Iván Cepeda sobre tres asuntos que considera pendientes: su presunta mención en los computadores de Raúl Reyes, los correos atribuidos a Tirofijo en los que se nombra a su padre, Manuel Cepeda, como enlace con las Farc, y su supuesta relación con alias Santrich e Iván Márquez en torno a su fuga hacia Venezuela.

Las acusaciones abren un nuevo frente en la confrontación política en Colombia y se suman a una serie de cruces de señalamientos que han marcado la relación entre Cepeda y sectores del uribismo.

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El señalamiento sobre los computadores de Raúl Reyes

El Centro Democrático sostiene que en los computadores incautados al abatido jefe guerrillero Raúl Reyes se encontraron correos en los que Iván Cepeda aparece coordinando marchas internacionales con las Farc.

“¿Cuándo le va a explicar al país la mención a usted en el computador de Raúl Reyes, en los que aparece coordinando con las Farc marchas en varios países?“, cuestionó el partido en su cuenta de X. Este tipo de mensajes han sido utilizados por líderes uribistas para sostener que Cepeda habría tenido un papel activo en lo que llaman “Farc-política”, es decir, la presunta articulación de sectores políticos y civiles con la agenda de la antigua guerrilla.

El propio Cepeda ha rechazado públicamente estos señalamientos, afirmando que “no es cierto que existan correos electrónicos de esta naturaleza” y que los documentos divulgados en medios y redes podrían haber sido manipulados. También ha insistido en que la Corte Suprema de Justicia nunca ha abierto un proceso formal en su contra por este tema, y que su trabajo político siempre ha estado enmarcado dentro de la legalidad.

La mención de Manuel Cepeda en los correos de Tirofijo

El segundo señalamiento que el Centro Democrático reclama que Cepeda responda proviene de una publicación de 2020, en la que se informó que un politólogo analizó correos atribuidos a Tirofijo, fundador de las Farc, en los que se mencionaba a Manuel Cepeda, padre del actual senador, como “la persona del Partido Comunista con el que las Farc mantenían comunicación” y que habría estado “comprometido con su candidatura” al Congreso.

Iván Cepeda, en su momento, expresó que desconocía por completo esos mensajes y que era necesario que las autoridades competentes o las entidades que manejan esos archivos los verificaran y aclararan públicamente. Ha insistido en que la memoria de su padre, asesinado en 1994 en un crimen de Estado, no debe ser utilizada para alimentar campañas de desprestigio.

Este punto es especialmente sensible en el plano político y emocional, ya que el caso de Manuel Cepeda está ligado a una condena internacional contra el Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos. Para los opositores de Cepeda, sin embargo, los archivos guerrilleros generan dudas legítimas sobre la relación histórica entre algunos sectores políticos y las Farc.

La relación con alias Santrich e Iván Márquez

El tercer tema planteado por el Centro Democrático apunta a la supuesta relación de Cepeda con exjefes de las Farc como alias Jesús Santrich e Iván Márquez, particularmente en torno a su fuga hacia Venezuela tras abandonar el proceso de paz.

En distintos espacios, se ha recordado que Cepeda tuvo acercamientos con Santrich en el marco de la implementación del acuerdo firmado en 2016, defendiendo inicialmente su permanencia en el proceso y el respeto a su presunción de inocencia mientras no existiera condena judicial.

No obstante, después de su fuga y de que se sumara a las disidencias, Cepeda criticó duramente a Santrich por incumplir sus compromisos con las víctimas y con el país. A pesar de estas diferencias posteriores, los detractores del senador sostienen que sus gestiones y contactos previos con figuras de la antigua guerrilla alimentan sospechas sobre un posible papel en su salida de Colombia, acusación que él ha calificado como infundada y carente de pruebas judiciales.

El Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia presentada por magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra dos exfuncionarios de la Fiscalía General de la Nación. La denuncia alegaba ocultamiento de pruebas en el caso de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich.

En marzo de 2023, la JEP acusó a Ana Fabiola Castro Rivera, exdirectora de Asuntos Internacionales, y a Javier Eduardo Cárdenas, un policía judicial, de posibles irregularidades relacionadas con fraude a resolución judicial y ocultamiento de pruebas, según lo informó Caracol Radio.

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Los magistrados del tribunal, bajo la dirección de Roberto Vidal, afirmaron que los funcionarios no entregaron evidencia clave en 2018 que era esencial para decidir sobre la extradición de Santrich, investigado por narcotráfico.

Tras el análisis, el fiscal determinó que no había indicios de ilegalidad en las acciones de los exfuncionarios. Argumentó que Castro Rivera actuó dentro de sus competencias legales al no entregar las pruebas, pues estas estaban bajo una investigación activa por parte de autoridades estadounidenses.

En el caso de Javier Eduardo Cárdenas, el fiscal señaló que solo proporcionó las pruebas que tenía disponibles y que le fueron requeridas, sin incurrir en ninguna irregularidad.

Finalmente, se concluyó que tanto Castro Rivera como Cárdenas cumplieron con los requerimientos del tribunal de paz, y por ello se archivó el caso. Las acusaciones de ocultamiento de pruebas en el caso de Jesús Santrich fueron desestimadas.

Esto dice el documento de la Fiscalía

Fabio Simón Younes Arboleda y Armando Gómez España fueron condenados por la Corte de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York, utilizando elementos probatorios obtenidos en asistencias judiciales requeridas por ese país.

Estos hechos están relacionados con la acusación del 4 de abril de 2018 contra Younes Arboleda y Gómez España, así como contra Hernández Solarte, ante el Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

En una reciente resolución, Ana Fabiola Castro Rivera y Javier Eduardo Cárdenas Parra fueron exonerados de responsabilidades penales. Según la investigación, Castro Rivera, quien fue Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, actuó conforme a los requerimientos tanto de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP como de la Corte Constitucional, basándose en normas nacionales e internacionales.

Por su parte, Cárdenas Parra, Profesional Investigador II del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, también cumplió procesos adecuados en respuesta a los requerimientos legales.

La resolución subraya que Castro Rivera no contaba con la facultad legal para entregar los elementos probatorios solicitados por el agregado de la embajada estadounidense en Colombia, ya que estos se encontraban bajo la disposición del país requirente.

Además, se aclaró que dicha funcionaria no tenía la capacidad legal para iniciar el proceso de asistencia judicial con Estados Unidos para el envío de dichos elementos, una función reservada para el Ministerio de Justicia y del Derecho.

El órgano judicial determinó que los funcionarios no podían ocultar evidencias, dado que estas estaban bajo custodia de autoridades norteamericanas. Tras una minuciosa revisión, se ordenó el archivo de las diligencias por atipicidad objetiva de las conductas endilgadas, no encontrando pruebas suficientes para acusar a Castro Rivera y Cárdenas Parra de fraude a resolución judicial o administrativa de policía, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos probatorios, ni de ningún otro delito contemplado en el Código Penal Colombiano.

Cabe resaltar que, según el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, el caso podría reabrirse si surgen nuevos elementos probatorios que permitan una revaluación de los hechos investigados.