La Cámara Federal de San Martín revocó los procesamientos de la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, y sus presuntos cómplices en el ataque con materia fecal a la casa del entonces diputado José Luis Espert, los militantes Alesia Abaigar e Iván Nicolás Díaz Bianchi.

La Sala II, integrada por los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, determinó la falta de mérito para procesar o sobreseer a los acusados, lo que implica que la investigación continuará en el Juzgado de Sandra Arroyo Salgado.

Al momento de los hechos, Mieri era concejal de Quilmes y mano derecha de la intendenta Mayra Mendoza, quien le cedió el cargo al tomarse licencia para asumir como diputada provincial. Abaigar, por su parte, era directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de la Mujer bonaerense. Díaz Bianchi es militante y empleado público.

El escrache al exlegislador libertario ocurrió el pasado 17 de junio, cuando un grupo de personas arrojaron excremento animal a la fachada de su casa y colgaron un pasacalles que decía: “Acá vive la mierda de Espert”.

Alesia Abaigar había sido procesada como coautora del delito de atentado contra el orden público, amenazas agravadas, incitación a la persecución u odio por ideas políticas, y autora de falsificación o supresión de la numeración de un bien registrado, ya que la patente de la camioneta en la que llegaron a la casa de Espert en la localidad de Beccar estaba alterada.

La intendenta Eva Mieri enfrenta los mismos cargos, además del delito de malversación de caudales públicos, precisamente por el uso de esa camioneta Chevrolet S10 que pertenece al Municipio.

Como dato de color en el fallo, al que accedió Infobae, la Cámara de San Martín le recriminó a la jueza Arroyo Salgado no haber investigado a la jefa comunal interina por la marihuana que encontraron en su casa cuando la allanaron.

La policía encontró 11 frascos de vidrio, una bolsa ziploc, dos envoltorios y restos sueltos de “una sustancia vegetal de color verde amarronado, con olor y textura similar a la marihuana”, pero la magistrada ordenó que “no se tome temperamento alguno” respecto a los estupefacientes.

Mieri y Abaigar pasaron poco más de dos semanas detenidas tras el ataque a Espert.

El escrache, una “forma de protesta”

La defensa de Alesia Abaigar argumentó que los hechos imputados fueron “una forma de protesta”. Sus abogados cuestionaron la afirmación de que el suceso constituyó un “ataque” a Espert y su familia, señalando que la protesta es una manifestación pública.

Los defensores también criticaron la vinculación de los hechos con un “clima de sedición” generado por la sentencia del caso “Vialidad”, según expuso la jueza Arroyo Salgado en el procesamiento.

La defensa, además, sostuvo que no se probó que Mieri y Abaigar fueran organizadoras de una asociación para condicionar a quienes no compartieran sus ideas políticas, y que convocar a “compañeros” a un acto de protesta no era reclutar personas para un ataque coordinado. También le reclamaron al diputado una falta de tolerancia a la crítica popular.

En la misma línea, Eva Mieri -a través de sus abogados- sostuvo que el Poder Judicial no debe proteger el contrato social ni actuar como garante del equilibrio político, sino controlar la legalidad.

Negó que haya existido una agrupación “cuasisediciosa” y sostuvo que la figura del artículo 213 bis del Código Penal -organizaciones que busquen imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor- fue pensada para combatir grupos armados o terroristas, “no para criminalizar a militantes barriales”.

El fallo de la Cámara

La Cámara Federal, antes de resolver sobre el fondo de la cuestión, realizó señalamientos a la jueza de San Isidro.

Los jueces ordenaron que la investigación debe ceñirse estrictamente a los hechos delictivos y que no se pueden ponderar circunstancias que no forman parte del mismo, especialmente cuando no hay una vinculación concreta y procesalmente verificable entre los acusados y los episodios invocados como parte de un “clima generalizado de hostilidad”.

En cuanto a los delitos imputados, la Sala II consideró que los eventos no podían computarse, por el momento y con el caudal probatorio actual, como típicos de las figuras de atentado contra el orden público, amenazas agravadas, incitación a la persecución u odio por ideas políticas, falsificación de patentes y malversación de caudales públicos.

Para la Cámara de San Martín, el Código Penal sanciona conductas que traducen graves formas de intolerancia ideológica que afectan la tranquilidad y seguridad, y que el caso “no puede quedar reducido a meros insultos o conductas intrascendentes”.

La Sala concluyó que el escrache a Espert no resultó suficiente para poner en peligro la estabilidad constitucional ni afectar la tranquilidad social. Además, no se logró determinar la existencia de una agrupación transitoria o permanente con fines ilícitos, ni se estableció cuáles serían las ideas que pretendieron imponer, dijeron los camaristas Lugones y Barral.

En relación con la incitación a la persecución u odio, el fallo de Cámara consideró que las expresiones en el pasacalle y los panfletos que arrojaron los militantes kirchneristas no implicaban una conducta alentadora e incitativa a la persecución con base en ideas políticas, y que no revistieron la aptitud exigida para configurar el tipo penal.

También les dieron la razón a las defensas sobre la necesidad de revertir los procesamientos por amenazas coactivas agravadas y alteración de las chapas patentes.

Finalmente, respecto al delito de malversación de caudales públicos atribuido a la intendenta Mieri, la Sala concluyó que los elementos de prueba no eran suficientes para procesarla. A criterio del tribunal de apelaciones, Mieri no tenía bajo su administración el vehículo y, al momento del evento, ya no ocupaba el cargo municipal desde el cual se le atribuía el poder de disposición sobre la camioneta. Además, no se acreditó que fuera ella quien retiró el rodado de la municipalidad.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, envió a juicio a los presuntos miembros de una asociación ilícita encabezada por el exsenador Edgardo Kueider, quien por ahora quedó excluido del proceso, porque permanece bajo prisión domiciliaria en Paraguay. Allí, el ex senador está a la espera del inicio de otro juicio oral por tentativa de contrabando de divisas.

El pedido de extradición que planteó en su momento la justicia argentina fracasó porque los tribunales paraguayos resolvieron que Kueider primero debe completar el proceso en ese país.

En la causa radicada en San Isidro, Kueider está imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos.

De acuerdo a la investigación, el ex senador utilizó estructuras societarias para adquirir bienes de lujo que no coincidirían con sus ingresos declarados: “Podría encontrarse inmerso en una trama de corrupción que le permitió aumentar considerablemente su patrimonio y ocultarlo de manera ilegal”.

En tanto no regrese al país, Kueider no tendrá la oportunidad legal de defenderse en la indagatoria. Ante esta dificultad, la magistrada optó por extraer testimonio y darle una definición a la situación del resto de los procesados.

Fueron enviados a juicio oral José Carlos Nogueras, Ernesto Javier Rubel, Rodolfo Daniel Gonzalez, Adriana Cecilia Crucitta, Gabriela Patricia Saint Pierre y Débora María Ferreyra. Además las personas jurídicas Lectus S.A., Felsir Biotecnología, Vijusa Industrial Argentina, Nopor Service S.A. y Vía Snp Logística.

Por sorteo el expediente recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín, integrado por María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Antonio Venditti.

Edgardo Darío Kueider fue senador nacional por la provincia de Entre Ríos hasta que en diciembre del 2024 quedó expulsado de la Cámara Alta como consecuencia de su detención en un control fronterizo en Ciudad del Este, tras ocultar en una mochila 211.102 dólares estadounidenses, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes no habían sido declarados.

Viajaba con su secretaria Iara Guinsel Costa, quien declaró que el dinero le pertenecía y que provenía de la empresa Golden Sur , a la que representaba para realizar compras de tecnología y perfumes en Paraguay.

En ese momento, Arroyo Salgado solicitó la extradición a la Argentina de Kueider luego de obtener la autorización de su desafuero por parte de la Cámara de Senadores de la Nación. Días después, el mismo cuerpo legislativo votó la expulsión de Kueider, con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

La causa en Argentina

El caso por presunto lavado de dinero contra Edgardo Kueider puso bajo la lupa una trama de maniobras para dar apariencia legal a sus ingresos de dinero de origen supuestamente ilícito mediante la compra de inmuebles, vehículos y el uso de sociedades comerciales

Para lograrlo el ex senador habría utilizado como pantalla a la firma BETAIL S.A., que figura como propietaria de tres departamentos de lujo y dos cocheras en el exclusivo edificio “LIVE” de la ciudad de Paraná, unidades que salieron a la venta con un valor base de USD 320.000.

Las expensas de estos inmuebles, que originalmente aparecían a nombre de la empresa, fueron transferidas a la asistente personal de Kueider, detenida con él en Paraguay, Iara Guinsel Costa.

Hasta que Kueider y Costa no comparezcan en los tribunales locales, quienes deberán enfrentar el proceso oral serán los colaboradores de esta presunta asociación ilícita.

Se trata del contador José Carlos Nogueras y Gabriela Saint Pierre, vinculados a una red de sociedades que servían como vehículo financiero (Lectus S.A., Felsir Biotecnología, Vijusa Industrial).

También están señalados Ernesto Rubel, familiar del exsenador; un empleado de la Biblioteca del Congreso, Rodolfo González; la abogada Adriana Crucitta, y Débora Ferreyra, ligada a las empresas Nopor Service S.A. y Vía SNP Logística.

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza Oscar Liberman presentó un proyecto de ley para prohibir los teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue elaborada con la colaboración de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul, Carlos Pagliere (hijo).

La propuesta fue denominada “Ley Rodrigo”, en referencia al soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó en la Quinta de Olivos luego de una extorsión que, según la investigación judicial, se organizó desde la cárcel bonaerense de Magdalena.

El proyecto modifica la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense y plantea que las personas privadas de la libertad no puedan tener celulares ni dispositivos electrónicos capaces de conectarse a redes de telefonía móvil o transmisión de datos.

El texto establece que la comunicación telefónica de los internos deberá realizarse únicamente a través de equipos provistos y supervisados por el Servicio Penitenciario. Además, fija un límite diario para esos contactos.

“La comunicación telefónica se realizará exclusivamente a través de los medios fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario. El tiempo de comunicación por interno quedará limitado a un máximo de dos horas diarias, y en ningún caso los dispositivos móviles podrán estar a su libre disposición”, indica el proyecto.

También dispone que cada detenido podrá comunicarse únicamente con un listado de hasta cinco personas previamente registradas. Según la iniciativa, el Servicio Penitenciario deberá supervisar esos contactos “para garantizar la seguridad del establecimiento y la protección del orden público y de las víctimas”.

Entre los cambios previstos, el proyecto declara la caducidad del “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” aprobado durante la pandemia mediante la Resolución N° 47688/20, que había flexibilizado el uso de dispositivos personales dentro de las unidades penitenciarias.

En los fundamentos, Liberman sostuvo que la regulación vigente debe adecuarse a las exigencias actuales de seguridad pública.

“El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles serán sanas y limpias ‘para seguridad y no para castigo de los reos’. Este mandato implica no sólo la prohibición de tratos crueles, sino también la obligación estatal de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo”, expresó.

El legislador afirmó además que el proyecto apunta a restablecer condiciones de control sobre las comunicaciones dentro de los establecimientos penitenciarios. En ese sentido, sostuvo que la normativa “tiene por finalidad adecuar el régimen de comunicaciones de las personas privadas de libertad a las exigencias actuales de seguridad pública, protección de las víctimas y adecuado funcionamiento del sistema penitenciario”.

La iniciativa también establece la instalación obligatoria de sistemas de inhibición o bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores de alojamiento de los internos. Según el texto, esos mecanismos deberán implementarse de forma progresiva y sin interferir con comunicaciones institucionales o de emergencia.

El proyecto dispone además que el uso de inhibidores deberá complementarse con medidas de control permanentes. Entre ellas menciona requisas periódicas en celdas y pabellones, controles tecnológicos para detectar dispositivos electrónicos y acciones preventivas destinadas a evitar el ingreso de elementos prohibidos.

En las disposiciones transitorias, la iniciativa fija un procedimiento para retirar los teléfonos que actualmente poseen los internos. Dentro de los diez días hábiles de promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense deberá notificar a los detenidos para que entreguen voluntariamente los dispositivos en un plazo de 24 horas.

La norma establece que los teléfonos registrados podrán ser retirados por familiares o allegados del interno luego de seis meses. En cambio, aquellos equipos que no estén declarados deberán ser destruidos en un acto público ante escribano.

Si los dispositivos no son entregados voluntariamente, el proyecto ordena realizar requisas en celdas y espacios comunes para secuestrar los teléfonos y aplicar sanciones a los responsables.

Arroyo Salgado dictó recientemente la prisión preventiva para siete personas acusadas de integrar una organización criminal que operaba desde cárceles bonaerenses y que, según la investigación, habría participado en la extorsión al soldado Rodrigo Gómez. La causa sostiene que las maniobras se realizaban mediante comunicaciones telefónicas desde el interior de las unidades penitenciarias.

El apoyo del intendente de San Isidro

En paralelo, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, presentó un pedido formal y urgente ante la Justicia Provincial para que deje sin efecto la autorización que permite, desde el Gobierno de Alberto Fernandez, el uso de teléfonos celulares en las unidades penitenciarias bonaerenses.

En una carta dirigida al Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Lanús argumenta que esta medida fue una disposición excepcional y temporal, adoptada durante la pandemia por el DNU 297/20 y sus prórrogas, cuya vigencia ya finalizó hace tiempo.

“No podemos permitir que personas condenadas por delitos sigan operando y comandando nuevos desde la cárcel”, enfatizó el intendente.

El escrito detalla que, a pesar del cese de la emergencia sanitaria, los detenidos continúan utilizando dispositivos de telefonía celular de manera indiscriminada y sin control efectivo. Esto facilita la planificación y ejecución de delitos desde el interior de los penales, agravando los niveles de inseguridad en el conurbano bonaerense, incluido el distrito de San Isidro.

La jueza federal Sandra Arroyo salgado dictó la prisión preventiva para siete personas acusadas de formar una organización criminal, que operaba desde cárceles bonaerenses, dedicada a extorsionar a través de aplicaciones de citas y mensajes intimidatorios, en un caso que tiene como eje el suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez en la Quinta Presidencial de Olivos.

Tomás Matías Francavilla y Mauricio José Duarte Areco fueron señalados como jefes y operaban desde la Unidad Carcelaria N°36 de Magdalena; Kevin Manuel Sandoval, Iara Ayelén Cosentino, Camila Alejandra Moscato, Karen Yael Cufré y Erica Yamila Torres cumplían funciones de logística, facilitando cuentas, chips y gestionando las transferencias, según señala en fallo al que tuvo acceso Infobae.

El tribunal concluyó: “La banda coordinaba roles, entregaban datos bancarios, les acercaban chips y teléfonos y redistribuían el dinero obtenido de las víctimas”.

Francavilla y Duarte Areco enfrentarán cargos por asociación ilícita agravada, extorsión reiterada y coautoría de instigación al suicidio, en tanto que el resto fue procesado por asociación ilícita agravada y extorsión reiterada.

Además, la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro dispuso embargos de hasta $500.000.000 para cada jefe y $400.000.000 para cada miembro, cifras que buscan asegurar la reparación de daños y eventuales reclamos civiles.

Uno de los elementos probatorios más fuertes surgió del análisis de los teléfonos incautados en las cárceles. Allí se hallaron instrucciones para cobrar el dinero, distribuir tareas y estrategias para borrar rastros. Un dato del expediente indica que el mismo día de la extorsión a Gómez, en el celular de Duarte Areco apareció una operación matemática equivalente al monto transferido por la víctima, lo que refuerza la hipótesis del reparto de ganancias.

Según la resolución, la banda operaba tanto desde el exterior como desde el interior del Servicio Penitenciario Bonaerense, y coordinaba extorsiones aprovechando los vacíos de control de dispositivos móviles en las cárceles provinciales.

La investigación reconstruyó cómo la banda captaba víctimas a través de la app Evermatch y otras plataformas similares. El método consistía en crear un perfil falso de una supuesta usuaria joven que luego continuaba el contacto por WhatsApp.

El engaño no terminaba en el engaño amoroso. Poco después, la víctima recibía un audio de la supuesta madre, en tono alterado, acusando al interlocutor de hablar con una menor de edad y avisando que iba a denunciarlo.

Seguidamente, intervenía un falso policía utilizando la identidad de un verdadero efectivo —Matías Nahuel Contti, quien también resultó víctima de suplantación de identidad—, para reforzar la amenaza y exigir, bajo intimidación, transferencias de dinero a cambio de frenar la supuesta causa judicial.

Los acusados alternaban frases como “tu libertad está en juego”, “en 24 horas quedás detenido”, y hasta simulaban enviar imágenes de empleados policiales frente a computadoras para sumar credibilidad. Los pagos se canalizaban a cuentas de billeteras virtuales pertenecientes a ellos, sus familiares o terceros interpuestos.

La modalidad no era aislada: los investigadores identificaron al menos tres hechos similares, con montos y destinatarios claros, y la confesión de los líderes en mensajes internos apuntaba a la existencia de “una estructura con roles y reparto de ganancias”.

El fallo judicial advirtió que la organización funcionaba como una “pyme del delito” desde la cárcel, beneficiándose de la falta de controles sobre celulares y chips en el sistema penitenciario bonaerense.

En los audios, los líderes describían: “En todos los pabellones trabajan así, todos los días, ya vengo así hace dos años”.

“La prisión que no interrumpe la capacidad delictiva desde entornos virtuales se transforma en una restricción meramente declarativa, sin impacto en la seguridad pública”, sostuvo Arroyo Salgado en el fallo.

La extorsión y suicidio del soldado Gómez

La madrugada del 16 de diciembre de 2025, el cuerpo de Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, fue hallado en el Puesto de Control N°09 de la Quinta de Olivos. La autopsia, los informes balísticos y el análisis de la escena confirmaron la hipótesis de suicidio, compatible con un disparo a corta distancia con su arma reglamentaria.

Ese desenlace fatal, sin embargo, no fue el cierre de la causa. La jueza ordenó profundizar la investigación para determinar si existían otros delitos previos o conexos. En el teléfono de Gómez, los peritos hallaron la secuencia completa de extorsión a la que había sido sometido en las horas anteriores.

El joven había solicitado préstamos a través de aplicaciones, contactado a compañeros pidiendo ayuda económica y realizado seis transferencias que sumaron un total de $1.413.000 —más de un millón de pesos— a distintas cuentas de billeteras virtuales asociadas a los integrantes de la banda. En las conversaciones, la presión era constante: “El tiempo apremia”, “ya te estoy escrachando en redes sociales”, “estás pagando tu libertad”.

Las búsquedas en su celular, detectadas por los forenses, mostraban consultas sobre cómo impedir que otros vieran conversaciones de WhatsApp, cómo pedir préstamos y cómo consultar antecedentes penales. Todo el cuadro exhibía un estado de desesperación y temor, reforzado por los testimonios de sus compañeros en el Ejército, quienes relataron que esa noche no durmió ni comió y que pidió dinero, algo inusual en él.

En la carta hallada junto al cuerpo, el propio Gómez escribió: “Por estos policías tengo problemas legales y muchas deudas, y ni siquiera pagando dejan de pedir más y más plata”. La misiva se consideró clave para unir todos los indicios y dar respaldo objetivo a la hipótesis de la fiscalía.

Uno de los datos exclusivos del expediente señala que el 15 de diciembre de 2025 —el mismo día de la extorsión a Gómez— en el celular de Duarte Areco se registró una operación matemática “1.400.000 ÷ 4”, coincidencia que los peritos ligaron al reparto de lo transferido por la víctima.

Además, se estableció que varios de los acusados mantenían vínculos afectivos o de parentesco, reforzando la hipótesis de una organización con lazos sólidos fuera y dentro de la cárcel.

La titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó los pedidos de excarcelación presentados por las defensas de tres mujeres acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la extorsión. La banda, que operaba desde penales bonaerenses con apoyo externo, es la principal investigada por el suicidio del soldado voluntario Rodrigo Gómez, el joven de 21 años que se quitó la vida en diciembre pasado mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos, agobiado por las amenazas.

La decisión de la magistrada se alineó con el dictamen del fiscal federal Federico Iuspa, quien se había opuesto a que las imputadas recuperaran la libertad al considerar la gravedad de los hechos, la existencia de riesgos procesales y la posibilidad de que la organización continúe operando o entorpeciendo la investigación si sus miembros regresan a la calle.

El caso que conmocionó a Olivos

La investigación se inició el 16 de diciembre de 2025, tras el hallazgo del cuerpo de Gómez en el interior de una de las garitas de seguridad de la residencia presidencial. El joven, perteneciente al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, utilizó su arma reglamentaria para terminar con su vida.

Junto al cuerpo, los investigadores encontraron una carta. En ella, la víctima explicaba que había tomado la drástica decisión tras ser víctima de una extorsión sistemática que lo había dejado sin salida económica y emocional. Ese manuscrito fue la llave que permitió a la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) y a la fiscalía de San Isidro desentrañar el funcionamiento de una red delictiva que operaba con impunidad desde el encierro.

La mecánica del engaño

Según reconstruyó la pesquisa, la banda criminal tenía una estructura mixta. Era liderada por dos internos alojados en la Unidad N° 36 de Magdalena y contaba con la participación de otro preso en la Unidad N° 26 de Lisandro Olmos. Las mujeres detenidas cumplían un rol logístico clave en el exterior: facilitaban sus cuentas de billeteras virtuales para recibir el dinero de las víctimas y proveían chips telefónicos para que los reclusos pudieran operar desde las celdas.

El modus operandi era despiadado y repetitivo. Los delincuentes creaban perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, específicamente en “Evermatch”, para captar hombres y derivar la conversación a WhatsApp. Una vez establecido el vínculo, comenzaba la pesadilla.

La víctima recibía un audio de una mujer que decía ser la madre de la joven contactada, advirtiendo con tono desesperado que su hija era menor de edad y que estaban en la comisaría para radicar una denuncia. Acto seguido, entraba en escena un falso policía -cuya identidad era usurpada-, quien presionaba al hombre para que transfiriera dinero de inmediato bajo el pretexto de “arreglar la situación” y evitar una causa penal.

En el caso del soldado Gómez, la presión fue insoportable: el 15 de diciembre, un día antes de su muerte, lo obligaron a transferir $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago controladas por la banda.

Riesgos procesales y “gran capacidad organizativa”

Al fundamentar su rechazo a las excarcelaciones, la jueza Arroyo Salgado destacó la “gran capacidad organizativa” del grupo criminal, lo que demuestra una posibilidad concreta de que intenten eludir el accionar de la justicia o volver a cometer delitos.

El fiscal Iuspa había advertido en su dictamen que la libertad de las imputadas podría poner en riesgo la recolección de pruebas pendientes. Específicamente, los investigadores aguardan los resultados de los peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados en los allanamientos del pasado 9 de febrero. De esos dispositivos podrían surgir vínculos con terceras personas aún no identificadas o nuevas víctimas que, por vergüenza o miedo, no han denunciado.

Además, el fiscal subrayó el peligro de que las acusadas intimiden a testigos, recordando que la metodología de la banda se basaba precisamente en la amenaza de difundir aspectos íntimos -aunque falsos- de las víctimas en sus entornos digitales y laborales.

Múltiples víctimas y cargos graves

Hasta el momento, a la organización se le atribuyen al menos tres hechos comprobados entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, aunque se sospecha que el número real de damnificados es mucho mayor.

Además del caso de Gómez, se comprobó que el 26 de diciembre otro hombre fue forzado a transferir $15.000, y que a fines de ese mes una tercera víctima depositó $116.000 en las cuentas de las mujeres investigadas.

Todos los detenidos están imputados por integrar una asociación ilícita dedicada a la extorsión mediante intimidación y simulación de autoridad pública. Sin embargo, la imputación más grave recae sobre los cabecillas de la banda que operaban desde la cárcel: a ellos se les imputó formalmente la instigación al suicidio del soldado Gómez, un delito que podría elevar significativamente la pena en un eventual juicio oral.

Según la investigación encabezada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, el caso comenzó con un contacto aparentemente casual a través de una aplicación de citas. Un perfil femenino, con imágenes atractivas y tono cordial, inició una conversación con Gómez. La joven se identificó como “Julieta”, de 19 años, y durante varios días intercambiaron mensajes, audios y fotos. Para el soldado, se trataba de un vínculo virtual más, en un contexto marcado por la soledad y la distancia familiar; no surgió ninguna señal de alerta durante ese primer intercambio.

Detrás de ese perfil no existía ninguna joven real: era el primer eslabón de una organización dedicada a la extorsión digital, operativa desde la cárcel de Magdalena y el penal de Olmos. El esquema incluía apoyo externo, cuentas bancarias a nombre de terceros y una estructura aceitada que replicaba el mecanismo con distintas víctimas.

La alarma llegó de forma abrupta. Una mañana, Gómez recibió en su celular un mensaje de voz femenino, exaltado y amenazante. “¡Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? ¡Ya me estoy yendo a hacer la denuncia! Diecisiete años tiene mi hija. ¡Ya, me voy a hacer la denuncia!” Los investigadores identificaron este mensaje como el “audio del terror”, diseñado para generar pánico inmediato y bloquear cualquier reacción racional. En segundos, la víctima pasaba de una conversación privada a la convicción de estar involucrada en un delito gravísimo.

No había madre, hija, ni denuncia alguna: era una escena montada desde una celda. Minutos después, llegó el segundo golpe. Otro audio, esta vez de un hombre que se presentó como funcionario policial. “Me presento, acá habla Matías Nicolás Conti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Tengo a la madre de una menor radicándome una denuncia en tu contra.” La voz transmitía seguridad, utilizaba terminología técnica y afirmaba disponer de pruebas, conversaciones almacenadas y archivos recuperados. Advertía que, si no había contacto inmediato, el caso sería remitido a la fiscalía.

Nada de esto era real. Ni el nombre, ni el cargo, ni el área existían: todo formaba parte de la maniobra de engaño.

A partir de ese momento, Gómez fue sometido a un hostigamiento constante. Recibía mensajes, llamadas y audios cada vez más intimidantes: le advertían que estaba al borde de la detención, que su nombre sería expuesto en redes sociales y medios, y que su carrera militar había terminado.

El análisis de otra grabación, correspondiente a una víctima diferente pero con idéntica modalidad, permitió reconstruir el mecanismo completo. Allí, el falso policía enumeraba delitos como pedofilia, trata de personas y delitos informáticos, mencionaba prisión efectiva y repetía que tenía “todas las pruebas” frente a sí. Luego instalaba la urgencia: “Tengo a la madre en la otra oficina haciendo un quilombo bárbaro. En 24 horas vas a quedar retenido.” Si la víctima intentaba defenderse, la interrumpía: “No me tomés el pelo. Tengo el dispositivo en la mano.” Finalmente, ofrecía una supuesta salida: “Yo te puedo sacar limpio de esta, pero va a tener un costo económico.” Y lanzaba la frase central: “¿Para vos cuánto vale tu libertad?”

La exigencia inicial era de 500 mil pesos, luego negociaban, reducían el monto y aceptaban pagos en cuotas, con la condición de transferir el dinero de inmediato a través de billeteras virtuales o cuentas bancarias. “Entrá a tu cuenta y decime con cuánto contás.” Si la cifra era considerada insuficiente, incrementaban la presión: “¿Para vos eso vale tu libertad? Me estás tomando el pelo.”

Simultáneamente, la banda imponía el aislamiento: “Esto queda entre vos y yo. Ningún familiar, ninguna autoridad.” Impedían hablar con terceros, consultar abogados o pedir ayuda. Si alguien preguntaba, la víctima debía mentir: “Decí que necesitás plata para las fiestas.” También surgían amenazas directas: “Si me tomás el pelo, voy a tu casa y te meto en un calabozo.” Todo respondía a un libreto preestablecido.

En el caso de Gómez, la investigación determinó que soportó durante semanas este circuito de hostigamiento: solicitudes de dinero, advertencias, amenazas de exposición pública y cárcel. Vivía pendiente del teléfono, temía perder su trabajo, su reputación y el vínculo con su familia. En su celular quedaron registros de transferencias y mensajes desesperados. En la carta que dejó antes de morir, mencionó el contacto por la aplicación y la presión recibida. Ese documento resultó clave para que la jueza Arroyo Salgado comprendiera que no se trataba de un hecho aislado, sino del desenlace de una extorsión sostenida.

La magistrada dispuso peritajes digitales, análisis de cuentas bancarias, rastreo de líneas telefónicas e intervenciones simultáneas en cárceles y domicilios de la provincia de Buenos Aires. Así se estableció que el núcleo de la organización funcionaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, donde internos utilizaban celulares ingresados ilegalmente para coordinar perfiles falsos, grabar audios, realizar llamadas y administrar el dinero.

El esquema incluía colaboradoras externas, principalmente mujeres, que prestaban sus cuentas bancarias para recibir las transferencias y redistribuir los fondos ilícitos. En total, fueron detenidas siete personas, entre ellas varios internos y al menos dos mujeres con roles logísticos dentro de la organización. Entre los arrestados estaban quienes gestionaban los perfiles, quienes simulaban ser policías y quienes administraban el dinero.

Durante los allanamientos se incautaron teléfonos, chips, computadoras, documentación financiera y anotaciones que detallaban montos, víctimas y turnos de contacto. La causa permitió identificar decenas de casos similares. Gómez no fue el único: hubo otras personas que lograron denunciar o cortar el vínculo. él no pudo romper el cerco psicológico que le impusieron.

En la conferencia de prensa posterior a los operativos, la jueza Arroyo Salgado expuso los detalles de la investigación, destacó el trabajo técnico del equipo y advirtió sobre la gravedad de las estructuras criminales que operan desde el encierro. Junto a ella estuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló directamente el problema del uso de celulares en prisión. “Todos sabemos lo que pasa en las cárceles, pero que en este caso llevaron a la muerte de un chico joven con toda la vida por delante. Y no nos tenemos que olvidar de esto. Un celular en la mano de un delincuente que está preso es permitirles tener un arma en una celda”, afirmó. Y agregó: “No se puede permitir en el Servicio Penitenciario Bonaerense ni en ninguna otra cárcel del país. No podemos permitir que quienes han delinquido sigan delinquiendo. Como dijo la doctora Arroyo Salgado, no se les puede permitir tener una pyme del delito adentro de la cárcel.”

Para los investigadores, los audios representan una prueba fundamental: no solo documentan la extorsión, sino que revelan cómo el miedo se utiliza como principal herramienta de control. Gritos, credenciales falsas, amenazas judiciales, urgencias inventadas y promesas de salvación a cambio de dinero; cada elemento estaba calculado. Desde una celda en Magdalena o Olmos, con un celular clandestino, un grupo de delincuentes logró instalar en la mente de un soldado de 21 años la idea de que su vida estaba destruida.

Los actos centrales en memoria de Alberto Nisman, al cumplirse once años de su asesinato —calificado como tal por la Justicia argentina tras una prolongada investigación—, se realizaron en la sede de la AMIA, en la calle Pasteur al 600, barrio de Once. El edificio es el mismo que sufrió el atentado terrorista del 18 de julio de 1994, donde murieron 85 personas, y desde entonces representa un espacio central de la memoria colectiva sobre el terrorismo y las deudas pendientes del Estado argentino en materia de justicia.

La jornada se organizó en dos instancias diferenciadas. El acto central en la plaza seca de la AMIA, con la presencia de autoridades comunitarias, representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, del Estado de Israel y familiares del fiscal. Y un encuentro organizado por la DAIA en el séptimo piso del edificio, con formato de panel, dedicado al contexto del asesinato, las irregularidades de la investigación y la situación actual de las causas judiciales.

Esta vez, no hubo presencia de funcionarios del gobierno de Javier Milei.

“Hoy más que nunca, la voz y el trabajo de Alberto Nisman, que se quiso enterrar con su asesinato, no logró ese cometido”, afirmó la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ex esposa y madre de sus dos hijas, Kala y Iara.

El homenaje en la AMIA

El acto principal se desarrolló en la plaza seca de la AMIA y estuvo encabezado por el presidente de la institución, Osvaldo Armoza. Entre los presentes en primera fila estuvieron la madre de Alberto Nisman, Sandra Garfunkel; su ex esposa Sandra Arroyo Salgado; el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein; el embajador del Estado de Israel en la Argentina, Eyal Sela; el presidente de la Asociación de Fiscales de la Argentina, el fiscal Carlos Rívolo; además de dirigentes comunitarios, invitados especiales y representantes del ámbito judicial y diplomático.

El acto contó con dos oradores: la propia Arroyo Salgado y Osvaldo Armoza. Ambos discursos se desarrollaron en un clima de solemnidad y se centraron en el legado institucional de Nisman, en los avances judiciales de los últimos años y en las tareas pendientes para el esclarecimiento del caso.

El discurso de Sandra Arroyo Salgado

La jueza federal de San Isidro habló como ex esposa de Alberto Nisman y como magistrada. Su exposición abordó el contexto internacional y la situación política y judicial de la Argentina respecto a las causas vinculadas al terrorismo y al asesinato del fiscal.

Arroyo Salgado mencionó que la “realidad mundial actual”, especialmente el accionar de regímenes como el chavismo y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, junto al régimen teocrático de los ayatolás en Irán, confirmaron el trabajo realizado por Alberto Nisman. Según afirmó, estos procesos internacionales reubicaron su legado y ratificaron que la sociedad argentina supo expresarse frente a los intentos de silenciamiento.

La jueza sostuvo que el asesinato del fiscal buscó infundir temor y callar una investigación molesta, pero ese objetivo no se concretó. “Ese temor que, con el asesinato de Nisman, quisieron infundirnos, ese silenciamiento, no prosperó”, afirmó Arroyo Salgado. Destacó que la respuesta social se manifestó en forma democrática, a través de las urnas, apoyando proyectos de gobierno que, según indicó, reflejan la posición elegida por los argentinos frente al terrorismo.

Arroyo Salgado subrayó que la Argentina optó por alinearse con los países que luchan contra el terrorismo y defienden los valores de la vida, la libertad y la democracia, en contraposición a quienes buscan imponer regímenes totalitarios y discursos de odio. Relacionó esa definición con el legado de Nisman, a quien describió como un funcionario que arriesgó su vida por su trabajo.

Uno de los mensajes centrales de Nisman, resaltó la jueza, es la necesidad de mantener la voz activa: “La verdad y la justicia siempre llegan. Aunque tarde, llegan”, expresó Arroyo Salgado. Aseguró que el intento de acallar la voz y el trabajo de Nisman no logró su cometido; por el contrario, su tarea sigue vigente y obtiene nuevos reconocimientos.

En otro tramo de su discurso, Arroyo Salgado se refirió a una “trilogía” de hechos vinculados al terrorismo en la Argentina: el atentado contra la AMIA en 1994, la denuncia por encubrimiento y traición a la patria presentada por Nisman por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, y el asesinato del propio fiscal. Según afirmó, los tres episodios registraron avances en los últimos años.

La jueza destacó que la lucha contra el terrorismo se transformó en una política de Estado. Sobre el atentado a la AMIA, explicó que el proceso judicial cuenta actualmente con una herramienta legal que permitirá someter a juicio oral y público, al menos de manera testimonial, a los ciudadanos iraníes acusados por Nisman desde el año 2006.

Respecto de la denuncia por encubrimiento vinculada al Memorándum con Irán, recordó que se espera la fijación de la fecha de juicio oral, decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el cinco de diciembre de 2024. En cuanto al asesinato de Nisman, sostuvo que la Justicia se pronunció en base a las pruebas y concluyó que la muerte fue un asesinato íntimamente vinculado con su labor, especialmente por la postura que adoptó respecto a ese pacto de impunidad.

Arroyo Salgado remarcó que aún falta avanzar en la identificación de los responsables materiales e intelectuales del asesinato, y subrayó que, tras más de una década, el trabajo del fiscal continúa generando efectos concretos en el ámbito judicial e institucional.

El mensaje del presidente de la AMIA

Luego de la intervención de Arroyo Salgado, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, tomó la palabra. Su discurso, de tono institucional, se centró en el significado del homenaje y en las obligaciones del Estado frente a los crímenes que marcaron la historia reciente del país.

Armoza señaló que el acto representaba el compromiso de conmemorar el legado de Alberto Nisman y de recordar los valores con los que llevó adelante la investigación del atentado contra la AMIA. Destacó que Nisman desarrolló su labor con dedicación y valentía, cualidades que definieron su vida profesional y lo llevaron a sostener una lucha firme contra el terrorismo fundamentalista y la impunidad.

El presidente de la AMIA subrayó que, para la Justicia argentina, la muerte de Nisman constituyó un homicidio vinculado directamente a la tarea que desempeñó desde la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA, tal como lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Este dato no es menor: habla de la gravedad institucional de este crimen y de la deuda que el Estado aún mantiene con la verdad y con la justicia”, afirmó Armoza.

A once años de la muerte del fiscal, Armoza afirmó que no hay paz posible sin justicia ni democracia sólida sin verdad, y que no existe futuro sostenible si el Estado no responde ante los hechos más graves que marcaron la historia reciente. Sostuvo que no se puede naturalizar el paso del tiempo sin obtener respuestas.

Esa premisa, explicó, es válida tanto para la causa que investiga el crimen de Nisman como para el atentado contra la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, y el ataque a la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992. Aceptar la impunidad, agregó, agrava el daño y condena a las familias de las víctimas a convivir con un dolor multiplicado por la ausencia de justicia.

Armoza sostuvo que el reclamo de justicia trasciende a las instituciones comunitarias y representa una exigencia de toda la sociedad argentina. “Reclamar justicia es un ejercicio de ciudadanía y de compromiso democrático”, afirmó. Agregó que implica exigir que el Estado cumpla su obligación indelegable de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves. En la Argentina, concluyó, el terrorismo, la violencia y el asesinato no pueden quedar impunes.

El acto organizado por la DAIA

Antes del acto central, la DAIA realizó su propio homenaje a Alberto Nisman en el séptimo piso del edificio de la AMIA. El encuentro, en formato de panel, reunió a dirigentes comunitarios, invitados especiales y referentes del ámbito judicial.

El panel estuvo encabezado por el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y tuvo como oradora principal a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Participaron también el fiscal Hernán Kleiman, secretario letrado de la Procuración General de la Nación y auxiliar fiscal en lo Criminal y Correccional Federal; el secretario ejecutivo de la DAIA, Víctor Garelik; y la moderación estuvo a cargo de Leandro Emsani, de la Secretaría Jurídica de la DAIA.

Durante su exposición, Arroyo Salgado se refirió al contexto en que ocurrió el asesinato de Nisman y a las irregularidades que, según señaló, afectaron los comienzos de la investigación. Señaló además el clima político del momento en que el fiscal acusó a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

La jueza reiteró que el asesinato resultó una consecuencia directa de la labor de Nisman y lo calificó como un magnicidio. Destacó que los cambios políticos en la Argentina, tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia, permitieron avanzar en el juicio a los ciudadanos iraníes acusados del atentado a la AMIA, en el proceso por encubrimiento que involucra a Cristina Kirchner y ex funcionarios y dirigentes del kirchnerismo, y en la causa sobre la muerte violenta del fiscal.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina decidió convertir la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo en una verdadera política de Estado. “Está cerca de que se pueda decir, respecto del trabajo del fiscal Nisman: Tarea cumplida”, afirmó Arroyo Salgado.

Durante el encuentro, tanto Mauro Berenstein como el fiscal Hernán Kleiman rindieron homenaje a Nisman, repasaron el avance de las causas judiciales en los últimos dos años y remarcaron la importancia de sostener el reclamo de justicia. Entre los asistentes se destacaron el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, el fiscal general Ricardo Sáenz y Guillermo Yanco, vicepresidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires.

La jornada concluyó sin consignas ni movilizaciones, pero con un eje común en ambos actos: a once años del asesinato de Alberto Nisman, el estado de las causas judiciales, la memoria institucional y el reclamo de justicia continúan ocupando un lugar central en la agenda pública sobre el terrorismo y la vigencia del Estado de Derecho en la Argentina.

Fotos: Adrián Escandar

A 11 años del de la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman, la jueza federal y ex esposa Sandra Arroyo Salgado habló con Infobae en una extensa entrevista telefónica este viernes, de tono personal, en la que se refirió a su vida hoy y la de sus dos hijas, el avance de la investigación judicial en el fuero federal, y al posicionamiento de Javier Milei respecto al caso.

A lo largo de una hora, la magistrada contó cómo viven hoy Iara (26) y Kala (19) este nuevo aniversario, cómo atravesaron ellas emocionalmente esta década, y su situación actual.

La magistrada también dijo estar “conforme” con la investigación que actualmente llevan adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. Hace un año, la Fiscalía reconfirmó que fue un asesinato y que el crimen se cometió para silenciar al fiscal y obstruir la investigación sobre el Pacto con Irán, que comprometía a altos funcionarios del gobierno de ese momento, a cargo de Cristina Kirchner. La conclusión se basó en pericias forenses, análisis de comunicaciones y testimonios, entre otras pruebas. También se denunció irregularidades en el resguardo de la escena, donde circularon más de 80 personas.

Enfática, Arroyo Salgado aseguró que “nunca tuvo dudas de que su muerte había sido un homicidio”. También sostuvo que “el asesinato de Nisman fue obra de servicios de inteligencia locales, sin los cuales no hubiera sido posible”.

La investigación federal no logró aún identificar a los autores materiales e intelectuales, sin embargo la Fiscalía menciona la existencia de medidas en curso para esclarecer responsabilidades y solicitó la desclasificación de documentos de inteligencia que podrían contener información relevante sobre la planificación y ejecución del homicidio.

También se refirió al encuentro con Cristina Kirchner que la ex mandataria habría buscado pero que nunca sucedió, y cómo recibió el comunicado oficial de la Presidencia, ya con Milei en la Casa Rosada, cuando se cumplieron 10 años de la muerte de Nisman.

A continuación la entrevista completa:

- ¿Cómo viven usted y sus hijas este nuevo aniversario de la muerte de Nisman?

-Arroyo Salgado: Voy a hablar por mí, no por mis hijas, porque ambas ya son mayores de edad. Iara tiene 26 años y Kala, 19. Además, se trata de una vivencia personal, muy privada y única que no sé si ellas tienen la voluntad de compartir públicamente en este momento y, en caso de así quererlo, pueden hablar por sí mismas.

- ¿Y usted cómo se siente en esta fecha, al cumplirse 11 años?

-Lo vivo en paz este año, tranquila por haber hecho todo lo que en su momento estaba a mi alcance para colaborar con el esclarecimiento de la muerte de Alberto. También, para que mis hijas crecieran con la mayor contención, amor y cuidados, de manera tal que esa pérdida trágica que sufrieron de su papá, y todo lo que con ella posteriormente vino, no las destruyera.

Yo sentía que mi principal misión desde ese 18 de enero del 2015 era darles a ellas el mayor apoyo y amor para fortalecerlas, y para que crecieran y se convirtieran en adultas sanas, íntegras, con valores y que sean personas de bien. En ese momento, Iara tenía 15 y Kala, 8 años recién cumplidos el 8 de enero. Si bien, en ese momento, yo estaba separada de Alberto, es distinto a cuando la otra persona ya no está. Porque uno siente que el otro suma a la crianza y a la formación de los hijos. En nuestro caso, de repente esto ya no pudo ser un proyecto de dos, sino que pasó a ser mi exclusiva responsabilidad. Entonces, lo que siempre intenté es poner todo de mí para que sean buenas personas, positivas, que sean felices y alegres, pese a todo lo que les pasó. Que sean seres de luz, que no cayeran en ninguna oscuridad, y que aprendieran también a rodearse de gente de luz.

-¿Cómo fueron estos años hasta llegar a hoy?

-No fue fácil, por eso también vivo este momento agradecida por el gran apoyo que recibí de mi familia, de los docentes de las escuelas a las que fueron mis hijas, de los entrenadores de su club. Ambas practicaron hockey y, ahí, recibieron una gran contención. Yo sola no hubiera podido. Mucha gratitud a mi equipo de trabajo, sin el cual no pudiera haber continuado en paralelo con los dos juzgados federales de San Isidro que llevaba en ese momento. Y hacia varios de mis colegas, jueces y fiscales, que nos apoyaron y, fundamentalmente, a la gente. Para mí, es inolvidable ese masivo apoyo en las calles, no solo apenas ocurrió, sino también en aquella marcha de los paraguas.

Y estoy agradecida, también, al periodismo que le dio visibilidad al tema y que me ayudó a proteger a mis hijas y a no tener tanto miedo.

-¿Pudo superar la angustia, el dolor o el enojo por lo que atravesó?

-Hoy lo vivo con aceptación. Pero sí, en otros momentos, tuve bronca, enojo, angustia. Me pregunté por qué me tocó esto a mí, por qué yo. Pero fui consciente de que todos, en distinta medida y de distinto modo, tenemos cruces que cargar. También tuve una gran crisis de confianza en quién es quién alrededor nuestro. Pero llegué a un momento en que acepté lo que nos pasó.

No sé cómo hice para llegar hasta acá con mis hijas, cómo llegaron a ser hoy ya adultas, realizadas cada una en lo suyo. Y que podamos las tres estar en paz y tranquilas. Pero sí, tengo momentos de dolor. Ayer (NdR: por el jueves), por ejemplo, fue un día difícil para mí.

-¿Por qué?

-Porque buscando en una biblioteca en la que guardamos recuerdos, fotos, cartas, cuadernos, , a raíz de esta fecha que se aproximaba, encontré las anotaciones de aquel momento cuando nos dan la noticia, estando nosotras en París. En ese momento Kalita dormía y con Iara estábamos jugando a las cartas, y encontré el pasaje donde -del otro lado- tenía las anotaciones de cómo venía el puntaje de cada una. Y de repente, vi que ahí también estaban las anotaciones que había hecho ese día del juzgado que intervenía, del nombre del juez, de la fiscal, que como no la conocía y entendí mal, lo anoté mal.

Y ayer cuando vi eso, me emocionó mucho, fue revivir ese momento, y me puso mal. Me di cuenta que estaba dentro de un cuaderno en el que Iara venía anotando el día a día del viaje que había empezado con su papá, con todo lo que iba viviendo, iba pegando los pasajes, las entradas de los museos a los que había ido, dibujos... Ese cuaderno yo nunca lo había visto y me di cuenta que, como terminó de golpe el viaje, ahí obviamente se terminó todo, no había más nada en esas hojas. Uno vive momentos de dolor, pero gracias a Dios pudimos llegar a la aceptación de decir: esta es nuestra realidad, esto es lo que nos tocó y buscamos verle el lado positivo a esto.

-¿Y cuál es ese otro lado positivo?

-Todo esto por lo que pasé me dio mejores y mayores herramientas para enfrentar mi trabajo y poder tener una empatía y otra mirada desde la Justicia. Voy a cumplir el 30 de junio, 20 años de jueza, y estoy parada en otro lugar.

-¿En qué sentido?

-Me cambió un montón poner la mirada más en la víctima, porque en las carreras de grado, los abogados solemos estar más formados a poner la mirada en el imputado, en el sospechado, en el delito. Pero la víctima es el actor que, en un proceso judicial, no hizo nada para estar ahí, pero vivió una tragedia por la cual termina en ese lugar, y no puede ser que las víctimas terminen siendo, además, víctimas del sistema judicial que no las escucha, no las atiende, no las defiende, no les da respuesta y no les da, en definitiva, Justicia.

-¿A qué se dedican Iara y Kala actualmente?

-Iara ya se recibió en la UBA, en diciembre de 2024, de arquitecta. En el aniversario de los 10 años estábamos muy movilizadas porque las dos habían cerrado un ciclo. Iara se recibió y Kala terminó el secundario. Y en diciembre pasado, Iara recibió el título en la FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo), en el Pabellón 3 en Ciudad Universitaria, y me eligió a mí para que se lo dé. Y Kala terminó el CBC en el mismo Pabellón de Ciudad Universitaria, donde también va a estudiar Diseño de Indumentaria.

-¿Y cómo están ellas a 11 años de la muerte de su padre?

-Están muy bien. Hemos logrado reconstruirnos emocionalmente. Iara y yo hicimos mucho psicoanálisis con profesionales que nos ayudaron un montón y que siguen haciéndolo. También el deporte nos ayudó. Ambas viven con mucho orgullo de ser Nisman, pese a que han transitado momentos en el que llevar ese apellido, las perjudicó. Hay gente que interactúa con ellas y que no se da la posibilidad de verlas realmente, más allá del peso que puede tener su apellido.

-¿Vivieron alguna situación incómoda por ser las hijas de Nisman?

-Sí, por ejemplo, en una materia en la carrera, Iara tenía una docente que la persiguió y la mandó a recursar, siendo que con los mismos trabajos, al año siguiente, sacó 9. Y ella siempre fue muy buena alumna. También le pasó en otra que tuvo 10 en los dos parciales, y el titular de cátedra le dijo “pese a que debo estar en las antípodas ideológicas de su familia, la felicito”. No sé por qué esos prejuicios. Porque yo soy egresada de la UBA, el padre era egresado de la UBA, somos defensores de la educación pública y ojalá la UBA siga teniendo el nivel de docentes que siempre tuvo. Kala también tuvo otro episodio con un docente, que también había tenido Iara, al cursar Sociedad y Estado.

-¿Hoy que ya son más grandes, cómo se paran hoy ante la sociedad?

-Más allá del padre y de mí, cada una tiene su propia mirada de las cosas y su postura ideológica. Los valores sí son los que traté de inculcarles, pero tienen posiciones ideológicas y políticas diversas en algunos temas, y no todo es blanco y negro. Este es el país del River- Boca. Y hay un montón de argentinos que estamos en la línea del medio, no estamos radicalizados.

-Probablemente, al inicio, tuvieron miedo por lo que le pasó a su padre. ¿Lo siguen teniendo o ya no?

-Iara no. Kala, si alguna vez me expresa algo, es más por mi trabajo que por lo que nos pasó. Viven orgullosas de ser Nisman, con admiración por la valentía del padre y por el ejemplo que les dio, de su compromiso con el cumplimiento de su deber, aún a riesgo de perder su vida. Pero no tienen miedo hoy. Sí son prudentes en cuanto al entorno, a quién es quién alrededor nuestro, a tomarse su tiempo para conocer a las personas y ver si son personas de bien.

Pero a veces, cuando trasciende algo de lo que estoy investigando, o Kala me ve que estoy con un tema delicado como puede ser el narcotráfico o algún ámbito del poder, me dice “tené cuidado, no quiero que nos maten”. Me lo dice consciente porque tiene 19 años, y a su papá lo amenazaron, así como a todo el entorno familiar, y después lo mataron. Sin duda, lo que pasó las marcó y las hizo ser muy prudentes y mucho más cuidadosas de lo que tal vez fuimos su papá y yo, que nunca pensamos que era posible que esas amenazas se concretaran.

De hecho, a Kala le interesaba el tema de investigación y criminalística, pero también le gusta lo creativo, y eligió la posibilidad de expresarse a través del diseño.

-¿Y usted tiene miedo hoy?

-No, sí lo tuve en su momento. Tuvimos amenazas graves antes de que sucediera lo que pasó con Nisman, y uno entiende que es parte de su función. Pero después de que esas amenazas se consumaron, obviamente, sí tuvimos mucho temor.

Hoy tenemos la paz interior y fortaleza por haber enfrentado distinto tipo de batallas, como por ejemplo la de esa campaña de desprestigio público mediático de la persona de Alberto. Pero hoy nos movemos por la vida confiadas de que tenemos las herramientas y la fuerza por haber salido íntegras.

Yo tengo la tranquilidad de actuar impartiendo justicia, siempre de acuerdo a lo que me manda la Constitución, las leyes, las pruebas. Y que si hay amenazas con motivo de mi trabajo, hacer las denuncias, como en su momento lo hice en 2018. Afortunadamente, el fiscal federal Fernando Domínguez las investigó a fondo y se llegó a quién fue el responsable. Hoy en día, está detenido cumpliendo una condena.

La investigación judicial

-¿Está conforme con el avance actual de la investigación que está llevando adelante el juez Ercolini y el fiscal Taiano?

-Sí, estoy conforme porque, no solo ellos, los jueces y fiscales que intervinieron en todas las instancias confirmaron que fue un asesinato, y que su asesinato estaba íntimamente vinculado a su trabajo. Estoy conforme porque se valoró la prueba integralmente, que era lo que nosotros en su momento reclamábamos, y de acuerdo a como lo manda el código, las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común. Por eso, a fines del año 2018, decidí dejar sin efecto la querella.

-¿Por qué tomó esa decisión en ese momento?

-Consideré que era necesario reconstruir nuestra vida personal, familiar y profesional, que había sido resquebrajada. Necesitaba primero adoptar todas las medidas para salvaguardar a nuestra familia de muchos embates que seguíamos teniendo, no solo como familia, sino también en mi actuación en algunos expedientes. Hubo partes que pretendían mezclar mi situación familiar con mi actuación como juez. He sido recusada, por ejemplo, en causas y apartada porque el abogado del imputado dijo que él tenía una enemistad manifiesta conmigo, al haber estado en un entorno de Nisman.

Entonces, cuando la Justicia ya pudo determinar que se trató de un homicidio, dejé sin efecto la querella al tener la tranquilidad de saber de qué se trató. En caso de que hubiera habido otra hipótesis, un suicidio, hubiera tomado otras medidas para el fortalecimiento emocional de mis hijas.

-¿Alguna vez tuvo dudas de que podría haber sido un suicidio? ¿O siempre estuvo convencida de que había sido un asesinato?

-Nunca tuve dudas desde el momento en que me dijeron que había un arma. Primero, pensé que se había muerto de un infarto, que se había pasado de revoluciones, o había tomado algún calmante para bajar la ansiedad del trabajo. Porque era muy obsesivo, perfeccionista y autoexigente.

Pero cuando me dijeron “acá hay un arma”, supe que había pasado otra cosa. Ese día hubo una infinidad de llamadas, idas y venidas con los custodios, a los que les decía que tiren la puerta abajo. Y me respondían “no, pero el doctor se va a enojar”. Y yo les decía “háganlo bajo mi responsabilidad. Si se enoja, se enoja conmigo. A este hombre le pasó algo”. Era impensado que pasaran tantas horas sin que él respondiera mensajes y llamados. Todos los que lo conocían, sabían que de inmediato contestaba. Pero, además, habían pasado un montón de horas hasta que me llamaron a mí. Y seguían dando vueltas sin entrar. Fueron y vinieron a la casa de la madre dos veces, porque ella pensó que se había equivocado la clave del ascensor.

-¿La madre de Nisman no sabía cuál era la clave del ascensor?

-La madre ponía la que ella tenía y no funcionaba. Eran esos ascensores que para ir al piso y entrar por la puerta principal, tenías que poner la clave. Pero alguien la modificó. Porque si Nisman hubiera cambiado la clave, con lo prolijo y ordenado que era, y la prevención que tenía por si pasaba algo, lo primero que hubiera hecho era avisarle a la madre cuál era la nueva.

-¿Cuál es su hipótesis de quiénes pudieron haberlo matado?

-Por el acceso que tuve, en su momento, a las pruebas del expediente, siempre tuve probado, y desde que la Justicia se pronunció también, que era un asesinato, y que fue obra de los servicios de inteligencia locales, que sin su intervención esto no hubiera ocurrido. No sé si hubo intervención de otros actores, no sé de qué facción de los servicios de inteligencia, pero hubo un tránsito de llamadas telefónicas entre agentes de inteligencia inexplicable. Los lugares donde los celulares activaron sus celdas, las maniobras de borrado de información del teléfono de Nisman, de su computadora y la alteración de los registros informáticos habla de que esto fue obra de gente entrenada y especializada, y que tenía acceso y conocimiento para actuar de ese modo.

-El escenario nacional e internacional cambió desde ese momento, 2015, a ahora. ¿Cree que con el paso del tiempo la investigación de Nisman, la que iba a presentar en el Congreso, fue revalorizada?

-Sí, totalmente. La realidad mundial actual le da la razón al trabajo de Alberto. Lo que sabemos que siguió ocurriendo en Venezuela con el régimen de Maduro. Lo que está pasando ahora en Irán, con un régimen teocrático de los ayatolás que fue, justamente, todo lo que puso en tela de juicio Alberto con su trabajo. Sin duda, le dio la razón a Nisman. Y además, recordemos el alineamiento geopolítico de nuestro país en ese momento con estos regímenes.

El encuentro con CFK que no fue

-Entiendo que después del asesinato de Nisman no habló nunca con Cristina Kirchner. ¿Le hubiera gustado hacerlo?

-Si hubiera querido, lo hubiera hecho, porque en su momento a mí me contactó un abogado planteándome la intención o el interés de la entonces presidenta de recibirnos a mis hijas y a mí. Pero, coincidentemente, quería recibirnos el día en que se encontraba convocada la marcha de los paraguas (NdR: al mes del asesinato de Nisman, el 18 de febrero de 2015).

-¿Y usted accedió?

-No, por dos razones. Por un lado, por la calidad profesional de ese abogado, dudé que él fuera un interlocutor válido que hablara por la presidenta, porque él había sido defensor de uno de los imputados en el fallido juicio por el atentado a la AMIA. No me pareció que fuera confiable. En ese momento, le dije que, en todo caso, me llamara el secretario o secretaria privada de la Presidencia, formalmente, como corresponde.

-¿Y la otra razón?

-Porque quería hablar justo el día de la marcha que luego se llamó del silencio, el 18 de febrero de 2015, y no era el momento para juntarse. Él me dijo que “era pura coincidencia, porque ella tiene otras actividades”, un viaje, no me acuerdo bien qué me dijo. Y le respondí “no ofendas mi inteligencia, no soy la más viva, pero tampoco soy tan tonta”. Sentí que, en caso de ser todo esto cierto, querían la foto para perjudicar o abortar la masividad del reclamo de esa marcha que no buscaba acusar a nadie, sino reclamar una investigación seria e independiente.

-¿Pensó en hablar o verla en otro momento?

-Ya no, porque hubo declaraciones que fueron muy dolorosas para mí, que hizo la entonces presidenta en esos días. Habló en el Patio de las Palmeras y dijo: “Nosotros nos quedamos con el canto, con la alegría y con el grito de Viva la Patria. A ellos les dejamos al silencio, porque siempre les gustó el silencio. Y es porque no tienen nada que decir o no pueden decir lo que piensan”. Eso a mí me re dolió, porque la verdad es que mis hijas y yo, nuestra familia, nunca buscamos el silencio, al contrario. A Nisman trataron de silenciarlo de todos los modos posibles y no pudieron. Por eso llegaron a matarlo.

-¿A qué se refiere con “de todos los modos posibles”?

-Cuando empieza a gestarse lo del Memorándum de Entendimiento con Irán, Nisman fue invitado al Congreso de Estados Unidos para una sesión del martes 9 de julio del 2013 para exponer sobre su investigación, por la amenaza de la creciente influencia de Irán en el hemisferio occidental. Y cuando Nisman le pide autorización a la entonces procuradora (Alejandra) Gils Carbó -que me acuerdo perfectamente que fue el 1 de julio de 2013 porque es el día de mi cumpleaños-, se lo rechazó. Le negó la posibilidad de que él, como fiscal argentino investigando el atentado de AMIA que había presentado un dictamen donde declara la responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno de Irán vigente en ese momento, fuera a hablar sobre su trabajo. Y no había riesgo procesal porque él ya había presentado su dictamen.

-¿Hubo algún reclamo en ese momento?

- Sí, eso provocó que el 3 de julio de ese mismo año, los miembros de esa subcomisión le manden un oficio a la entonces presidenta expresándole su preocupación por esta negativa a autorizar a Nisman a declarar ante el Congreso de Estados Unidos. Y, según entiendo, no tuvo respuesta. A partir de agosto de 2013, empiezan esas amenazas gravísimas a toda nuestra familia, pero particularmente a Alberto, donde le recriminan su postura con respecto al Memorándum de Entendimiento con Irán.

-¿Había recibido amenazas antes?

-Sí, a finales de 2012, donde le decían que habían logrado que lo apartaran de la negociación de la causa AMIA, que también estaban logrando que Argentina arregle con Irán sin su participación. Y estas amenazas se robustecen después en el 2013. En febrero recibe un mail que dice: “Escuchanos bien, rusito descerebrado, parece que no entendiste cómo cambió la mano. Vas a quedar colgado de un hilo fino que se corta en cualquier momento. Tu gobierno ya negoció y al final del negocio, el signo pesos, dejar de lado la acusación a la gloriosa República Islámica y a la Hezbollah. Se terminó el apoyo a vos, tenés que irte, renuncia ya mismo y no tendrás consecuencias. Inventá cualquier cosa, que tus amigos, los gringos, te ofrecieron un trabajo y andate. Si no, va a ser peor. Vos vas a aparecer en una zanja reventado a balazos y tus hijitas ni te contamos. Sabemos todo de ellas, sus movimientos al colegio, al club donde viven, todo. Hasta dónde se van a mudar ahora”. Y efectivamente, yo me iba a mudar y, de hecho, me mudé en febrero de 2013. Y ese mail decía: “Y también decile a tu ex que vamos a ir por ella, no sea cosa que alguna de las chiquitas quede con vida y encima tenga a su madre. Van a morir todos. Ya hicieron mucho mal. Ahora que les desapareció el apoyo, andá a pedirle a alguien que se juegue por vos, Por más custodio que tengas, prepárate. Si no renuncias, mirá bien por dónde vas, porque no te queda mucho, judío hijo de mil putas. Viva Irán, viva Hezbollah, viva el islam. Muerte al sionismo usurpador”.

-Cuando se cumplió el décimo aniversario de la muerte de Nisman, el año pasado, la Oficina del Presidente sacó un comunicado diciendo que fue “un asesinato en manos de lo más oscuro del poder”. ¿Habló con Javier Milei, antes o después de eso?

-No, no hablé ni tuve ningún tipo de participación en ese comunicado. Nadie habló previamente conmigo. A mí me sorprendió satisfactoriamente, como lo dije cuando en el homenaje que se hizo en la AMIA. Destaqué que, por primera vez, un presidente en ejercicio tuvo el valor de recordar y homenajear a Nisman, hablando de asesinato. Ningún otro lo había hecho antes. Lo destaqué porque habla de un funcionario que se expresó sin especulaciones de ninguna naturaleza, basándose en lo que dijo la Justicia. Y además, en ese mismo comunicado, reafirmó su compromiso de procurar que haya justicia para las víctimas del atentado a la AMIA, para lo cual se comprometió a enviar al Congreso de la Nación el proyecto de juicio en ausencia, que hoy ya es ley. Y más aún, dijo que desde el Poder Ejecutivo se mantenía la confianza de que el Poder Judicial continuara todas las investigaciones que correspondían para que el asesinato de Nisman no quedara impune, y para que continuaran las líneas de investigación de la denuncia que él había realizado para que los culpables terminen tras las rejas.

-¿Nunca tuvo una reunión con Milei entonces?

-Nunca. Solo me lo crucé antes de que fuera presidente en un canal de televisión, que yo me retiraba de una entrevista y él llegaba. Pero no intercambié ni siquiera unas palabras ahí.

-¿Cree que se va a identificar a los responsables del asesinato de Nisman?

-Siento que la investigación está bien orientada y que se está tratando de profundizar respecto de los servicios de inteligencia que estuvieron operativos ese fin de semana. Pero soy realista. Con todo lo que pasó en el comienzo de la investigación, difícilmente se llegue a todos los responsables. El fiscal Taiano pidió la indagatoria de la fiscal Viviana Fein. Nosotras, en su momento, pedimos su apartamiento por falta de imparcialidad y objetividad en la conducción de la investigación que ella tenía delegada. Y lamentablemente ninguno de los jueces que pudieron haber atendido nuestro pedido, lo hizo. No era tan grave como acusarla de un delito. Porque para pedir que se la cite a indagatoria, debe haber un estado de sospecha suficiente de que haya cometido un delito. Tal vez, si en ese momento se la hubiera apartado, otra hubiera sido la historia.

-¿Cuál cree que es el legado de Nisman?

- Cuando se cumplieron 10 años de su asesinato, las chicas hablaron del legado que él les dejó a ellas, que era el de luchar por lo que uno quiere, por lo que uno desea y por lo que considera que es su deber. Ellas dijeron que él les enseñó a vivir sin miedo, que el miedo no las condicione. Que pese a esa campaña horrible de desprestigio y de intentos por ensuciar su imagen, ellas lo consideraban un héroe por su valentía.

Por mi parte, creo que su legado es que todos somos iguales ante la ley, y debemos someternos ante los tribunales en igualdad de condiciones, aun los máximos estamentos del gobierno de turno. Él se animó a hacer una acusación, una denuncia contra la cabeza del Poder Ejecutivo vigente en ese momento.

Y para todos los que elegimos esta profesión, también, el de trabajar cumpliendo con la Constitución, con las leyes, con las pruebas del expediente, sin miedo. Porque en definitiva, lo que él hizo en su momento, al oponerse a ese Memorándum de Entendimiento con Irán y, después, a denunciar por encubrimiento a quienes habían sido los artífices de ello, es cumplir con la Constitución Nacional. En su artículo 109, claramente establece que en ningún caso el Presidente de la Nación, puede ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de las causas pendientes. Y la causa AMIA era una causa pendiente ante la Justicia. El Memorándum no era una cuestión de política exterior. Y además, sin darles intervención a los familiares de las víctimas en esa Comisión de la Verdad que buscaban crear.

Creo que gran parte de los argentinos supieron interpretar el legado que nos dejó Nisman, al elegir a través del voto un proyecto político que entienda de qué lado del mundo queremos estar: el que defiende los valores de la vida, la familia, la libertad y la democracia, diciéndole no a los gobiernos que negocian con el terrorismo. Y hoy, en este nuevo escenario mundial, Argentina se encuentra geopolíticamente alineada con los países que defienden esos valores.

La Cámara Federal de Casación rechazó los recursos de queja presentados en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal imputado al exsenador peronista Edgardo Kueider, y dejó firmes los procesamientos, embargos y la intervención de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que conduce la investigación en los tribunales de San Isidro.

La decisión fue adoptada por la Sala I del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, quienes desestimaron los planteos presentados por distintas defensas contra resoluciones dictadas previamente por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

El expediente, caratulado “Kueider, Edgardo y otros s/ enriquecimiento ilícito”, tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro y analiza una supuesta maniobra de lavado de dinero y otros delitos, en un entramado que involucra a exfuncionarios, particulares y sociedades comerciales.

Entre los recursos rechazados se encuentran los promovidos por la defensa de Rodolfo Daniel González, procesado como presunto coautor del delito de lavado de activos, doblemente agravado por la habitualidad y por haber sido cometido como integrante de una asociación organizada para la comisión continuada de ese tipo de hechos, con intervención de funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones. González también está imputado, en concurso real, por el uso de instrumento privado falso en carácter de partícipe necesario. Casación dejó firmes el procesamiento, los embargos sobre sus bienes y el monto de la caución real impuesta.

La Sala I también desestimó los planteos de la defensa de Adriana Cecilia Crucitta, procesada como presunta coautora de lavado de activos agravado, tanto por la habitualidad como por su actuación en el marco de una asociación organizada y en ejercicio de una profesión u oficio que requiere habilitación especial. En su caso, el tribunal rechazó los recursos dirigidos contra el procesamiento, los embargos, la inhibición general de bienes, la negativa a restituir un vehículo secuestrado y la caución fijada para acceder a la libertad.

Asimismo, fueron rechazadas las quejas presentadas por los abogados de José Carlos Nogueras, Gabriela Saint Pierre y de las sociedades Lectus S.A., Vijusa Argentina S.A., Nopor Service S.A., Felsir Biotecnología SRL y Vía SNP S.A., que cuestionaban la competencia territorial del juzgado federal de San Isidro, en manos de Arroyo Salgado. Con esta decisión, el máximo tribunal penal confirmó la intervención de la jueza y despejó las impugnaciones que buscaban apartarla de la causa.

Si bien la resolución no se pronunció de manera directa sobre la situación procesal de Kueider, el rechazo de las quejas consolidó las decisiones adoptadas en instancias inferiores y permitió que la investigación se asiente definitivamente en los tribunales de San Isidro.

La causa contra el exsenador se desarrolla en paralelo a otros procesos judiciales que lo tienen como protagonista. En diciembre del año pasado, Kueider fue detenido en Paraguay junto con su secretaria, Iara Guinsel Costa, cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este desde Brasil con dinero en efectivo sin declarar. En ese procedimiento, las autoridades secuestraron más de 200.000 dólares, 600.000 pesos argentinos y cerca de 3,9 millones de guaraníes.

Por esos hechos, tanto Kueider como Guinsel fueron enviados a juicio oral en Paraguay en una causa por tentativa de contrabando de divisas. El ex dirigente de la provincia de Entre Ríos se encuentra actualmente detenido en Asunción y rechazó el pedido de extradición formulado por la justicia argentina, por lo que cumple arresto domiciliario mientras se sustancia el proceso en ese país.

El pedido de extradición fue cursado por la Argentina en enero de este año. En una primera etapa, el Ministerio Público paraguayo solicitó información complementaria para cumplir con los requisitos formales previstos en los tratados internacionales y evitar eventuales nulidades. Tras la remisión de esa documentación adicional, la Fiscalía General del Estado paraguayo promovió formalmente el inicio del proceso de extradición y la orden de detención preventiva, aunque Kueider se opuso a ser trasladado a la Argentina.

En el ámbito local, la investigación por enriquecimiento ilícito se vincula con otras causas de alto impacto. Arroyo Salgado también tiene a su cargo la denominada "causa Securitas“, en la que se investigan presuntos sobornos pagados por una empresa de seguridad privada para facilitar contrataciones públicas. Kueider no figuraba inicialmente entre los imputados de ese expediente, pero fue incorporado posteriormente ante la sospecha de que parte de los fondos provenientes de esos supuestos cohechos podrían haber sido el origen de algunas de sus inversiones inmobiliarias.

Con el rechazo de las quejas por parte de la Cámara Federal de Casación, quedaron firmes los procesamientos y las medidas patrimoniales dispuestas en la pesquisa, que continuará su curso en la etapa de instrucción.

El ex senador Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, están detenidos en Paraguay por haber intentado ingresar con 200 mil dólares sin declarar. Por este hecho, serán juzgados en abril. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa y ahora aguardan una resolución de la Corte Suprema del país vecino que definirá si son extraditados.

El pedido de extradición fue formulado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada investiga a Kueider por enriquecimiento ilícito y otros delitos conexos. Uno de ellos, el lavado de dinero.

La Fiscalía de Paraguay se expresó en forma favorable a que sea remitido a la Argentina. Puso como condición que antes se lo enjuicie por contrabando. Kueider no aceptó el trámite simplificado. Por eso se abrió un juicio. En este proceso, sus abogados defensores fueron planteando una serie de incidentes formales. La intención no era voltear la extradición, sino demorar el trámite.

En este sentido, el juez de Garantías en lo Penal N° 9, Rolando Duarte, rechazó el planteo en primera instancia. Luego, el Tribunal de Apelaciones, compuesto por Jesús Riera Manzoni, Paulino Escobar Garay y Mario Torres Leguizamón, confirmó la decisión.

¿Cómo sigue el trámite ante la Justicia paraguaya?

Ahora, los planteos llegaron a la Corte Suprema. El máximo tribunal del vecino país está compuesto por nueve miembros y se divide en salas para atender distintas temáticas.

Al respecto, fuentes con acceso directo al expediente explicaron a Infobae que en Paraguay la Corte entiende en instancia única, en varias vertientes. En el caso del expediente de Kueider, tomarán intervención la Sala Constitucional y la Penal.

En esa línea, la primera se avoca a acciones o excepciones de inconstitucionalidad. Aquí se abre una instancia de admisibilidad previa. La segunda, tiene el rol de evaluar las apelaciones de resoluciones originarias, como por ejemplo recursos extraordinarios de casación.

La Corte Suprema tiene la posibilidad de avalar lo actuado en los tribunales inferiores o de establecer rectificaciones. Solo en este último caso el proceso de extradición encontraría una traba. De lo contrario, el trámite quedaría abierto una vez que finalice el juicio por contrabando, cuyas audiencias están previstas para abril del 2026.

¿Cuáles fueron los planteos de la defensa de Kueider?

Marcelo Bogado y Carlos Arévalo son los representantes del ex senador y su pareja. El esquema defensivo que plantearon ante el pedido de extradición que hizo Arroyo Salgado se basa en formalidades. El planteo estribaba en dos cuestiones.

La primera, que el trámite se estaba desarrollando por una vía que no era la que correspondía.

La extradición de una persona entre Argentina y Paraguay puede realizarse bajo el paraguas de dos artículos del acuerdo: el 10° y el 19°. Una vía o la otra depende del grado de formalización del planteo por parte del país requirente, en este caso Argentina. El juez Duarte canalizó el pedido de Arroyo Salgado por el primero. Bogado y Arévalo entendían que tenía que ser por el segundo..

Por otro lado, sostuvieron que faltaban elementos para contestar el dictamen fiscal que avalaba que Kueider y Guinsel sean extraditados luego de que rindan cuentas ante la justicia paraguaya.

Por eso, Bogado y Arévalo cuestionaron que el pedido de opinión sobre la posición de la Fiscalía fue impreciso y no contenía toda la información necesaria. “No se observa perjuicio o menoscabo a los intereses o derechos de los recurrentes”, les respondió el juez Riera Manzoni en segunda instancia.

En el mismo sentido, ”no se advierte un agravio que justifique alguna modificación del auto recurrido”, agregó. Escobar Garay y Torres Leguizamón compartieron su criterio.

El reclamo se hizo cuando los defensores debían responder el dictamen fiscal que avaló la extradición de los dos acusados a nuestro país. El Tribunal de Apelaciones entendió que no era la circunstancia adecuada. Ni tampoco el momento. Por eso lo consideraron “improcedente”.

La Corte Suprema envió el conflicto de competencia sobre qué juzgado investigará al ex senador Edgardo Kueider a la Procuración General. Ahora, el organismo que dirige Eduardo Casal deberá emitir opinión acerca de si el caso tiene que quedar en el Juzgado Federal de San Isidro o en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos.

En ambos juzgados hay causas abiertas por enriquecimiento ilícito y otros delitos que involucran de forma directa al ex legislador nacional. En San Isidro, Sandra Arroyo Salgado lo tiene en la mira por un período que abarca desde 2015 hasta 2019. En los tribunales entrerrianos, la lupa está puesta en un lapso más extenso que comienza en 1999, año en el que Kueider asumió como concejal de Concordia.

La cuestión de competencia quedó abierta cuando Arroyo Salgado pidió el expediente al juez Ives Bastián de Concordia y recibió una negativa. Luego de varias idas y vueltas, la magistrada llevó el conflicto de competencia positiva (porque los dos estrados quieren el caso) ante la Corte, el único superior común de ambos Juzgados.

El expediente ingresó al máximo tribunal el 4 de noviembre. Al día siguiente, el escrito fue derivado a la Procuración a fin de que se emita dictamen. Casal no tiene plazos perentorios para hacer conocer su opinión no vinculante. Sin embargo, en la Justicia evalúan que existe tiempo suficiente para que dé a conocer su posición antes de que a fin de diciembre comience la feria judicial de verano.

Cuestión de peso

Saber qué resolverá el Procurador es imposible. Sin embargo, hay indicios que marcan que podría volcar su preferencia por San Isidro.

Su evaluación será formal y además material. Considerará no solo los argumentos del esquema legal sobre el tipo de delito bajo análisis, dónde se inició primero y qué dice la jurisprudencia anterior. También pondrá en la balanza el estado de avance de ambas investigaciones. Y allí es donde el fiel se corre para el lado de Arroyo Salgado.

La causa en la Justicia Federal, en la que actúa el fiscal Fernando Domínguez, acumula 14 mil fojas de investigación. Aquí se tienen en cuenta tanto los alcances del caso contra Kueider como los de la causa madre, Securitas, donde se investiga el pago de sobornos a empresas y organismos del Estado.

La jueza de San Isidro jugó la carta de Securitas en el planteo ante la Corte. “No puedo dejar de señalar que los hechos investigados se inscriben en un panorama más amplio y trascendente como lo es el de examen, que involucra -como se dijo- la vinculación de la presente a un expediente (Securitas) en que se dilucidan matrices de corrupción estructural, afincadas en diversos organismos del estado Federal y/o provinciales”, alegó.

“El monto involucrado en los casos de posibles pagos indebidos -correspondientes a los años 2013 a 2018- ascendería cuanto menos a USD 7.600.000 (siete millones seiscientos mil dólares), mientras que la utilización de más de 300 proveedores presuntamente fraudulentos habría ocasionado una posible evasión fiscal que oscila entre ARS 2.195.662.400 (equivalente a USD 36.796.755,49) a ARS 730.173.550 (equivalente a USD 12.236.861,90)”, subrayó.

En esos expedientes se han producido unos 200 incidentes, 80 de los cuales son exclusivos de la investigación contra el exsenador entrerriano. Además, hay 75 imputados, 15 de ellos relacionados en forma directa con Kueider, y muchos tienen procesamientos firmes confirmados por la Cámara.

Asimismo, Arroyo Salgado es la responsable de haber solicitado la extradición a Paraguay del ex legislador. El planteo fue aceptado por la Justicia del vecino país. Ese expediente está corriendo y se mantiene a la espera de que concluya el juicio por tentativa de contrabando contra Kueider. Se trata del proceso por haber intentado ingresar al Paraguay con USD 200 mil sin declarar.

El desarrollo de las investigaciones en Concordia, que corren por cuenta del fiscal José Arias, es mucho menor. Si bien la posición oficial de la defensa del ex senador es que no importa en qué juzgado quede el caso, las preferencias están en la Justicia Federal. Consideran que Arias tiene un encono marcado contra el peronismo. El fiscal ya fue corrido de tres causas en las que se investigaba al ex intendente justicialista Enrique Cresto por pérdida de objetividad.

El paso próximo

Una vez que el procurador general emita su opinión, antes o después de la feria,  deberá ser remitido a los ministros de la Corte. Estos podrán acordar o no con el criterio que esgrima Casal. Por los tiempos, la circulación del expediente entre las vocalías del Tribunal Supremo pasará al año próximo.

De este modo, el 2026 será un año bisagra para el futuro inmediato de Kueider. En primer lugar, quedará definido dónde se lo investigará en la Argentina. En segundo término, se establecerá en Paraguay si el paso del dinero fue o no contrabando y, llegado el caso, cuál sería la pena. Por último, deberá resolverse si es o no extraditado.

Las declaraciones de Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y exesposa del fiscal asesinado Alberto Nisman, fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y Camila Valero . En este contexto, Arroyo Salgado profundizó sobre la debilidad institucional en Argentina, el impacto del crimen organizado y la encrucijada en la que se encuentra la justicia nacional.

“La justicia está en un estado de agonía silenciosa. Somos muy pocos los que estamos alzando la voz para reclamar al poder político que resuelva esta situación crítica”, afirmó Arroyo Salgado tras relatar los detalles de una reciente investigación de su juzgado sobre el lavado de activos vinculado al Comando Vermelho, la poderosa organización criminal brasileña. En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, la magistrada alertó sobre la situación límite en la que se encuentra el Poder Judicial argentino: “Estamos en un momento bisagra. Solo tenemos dos caminos: o reconstruimos una justicia independiente, o vamos hacia el deterioro final, lo que no le conviene a nadie”.

Narcotráfico regional y el caso Comando Vermelho: una Argentina permeable

La entrevista inició con el abordaje de una compleja causa de lavado de dinero de más de 500 millones de dólares, articulada desde el partido de Tigre y con ramificaciones internacionales. Arroyo Salgado contó que la investigación se originó a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó operaciones sospechosas vinculadas al Comando Vermelho de Brasil. La justicia federal de San Isidro tomó el caso porque los principales sospechosos residían en Nordelta, dentro de su competencia territorial.

“Tuvimos que recurrir a técnicas sofisticadas de investigación, como el uso de drones, por la dificultad de penetrar los controles de seguridad de barrios cerrados como Nordelta”, relató la jueza. Según precisó, las sociedades investigadas aparentaban importar y exportar equipos electrónicos, pero sus movimientos financieros no cuadraban con la actividad declarada. “Había depósitos de personas de diversas nacionalidades: brasileños, paraguayos y chinos. Detectamos también una sociedad pantalla que financiaba la llegada de estudiantes universitarios brasileños, mientras en Brasil ya se los investigaba por delitos similares”.

“Comprobamos el lavado de al menos 520 millones de dólares provenientes del narcotráfico”, detalló. El empleo de criptomonedas, en especial a través de billeteras frías, agregó una capa de opacidad y dificultad a las pesquisas: “Lavaban activos utilizando criptoactivos, lo que dificulta trazar y vincular las operaciones a personas físicas concretas”.

La magistrada denunció que las organizaciones delictivas encuentran en la Argentina un terreno fértil para el lavado de activos regionales, y que la debilidad institucional y la corrupción facilitan su radicación: “La debilidad y la opacidad institucional son enormes. Hay corrupción estructural atravesando los tres poderes del Estado, y los funcionarios con el conocimiento para perpetuar estos mecanismos trascienden gobiernos y colores políticos”.

La crisis del sistema judicial: corrupción, vacantes y parálisis

Al describir el estado general del sistema, Arroyo Salgado fue categórica: “Hace dos años no se nombra ningún juez. Actualmente faltan 609 magistrados. La justicia está agonizando, casi en terapia intensiva”. Mencionó que la falta de designación de magistrados paraliza causas de impacto nacional, y que durante ese periodo, ochenta y tres jueces renunciaron.

La jueza aportó una mirada auto-crítica: “En la Argentina tenemos instituciones que no están funcionando para la selección y remoción de jueces. No se están realizando auditorías ni procesos de remoción adecuados. Así, la justicia es ineficaz, tardía, corrupta y, en muchos casos, no es independiente”. Explicó que la degradación de la Justicia no es nueva, sino que se viene profundizando desde los 90: “La decadencia comenzó en la década del 90, cuando surgió la llamada ‘justicia adicta’ al poder político de turno”.

Apuntó especialmente a los acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en el nombramiento de magistrados, y alertó sobre la manipulación política en la integración del sistema judicial. “Ya no se trata solo de las cabezas; todo el cuerpo de la justicia está debilitado por la cantidad de vacantes”, sostuvo.

La debilidad es especialmente grave en la Corte Suprema, que integra solo tres miembros, todos de la región Centro. “La Corte no representa el federalismo. Sería muy importante ampliar y diversificar su integración, tanto por zonas geográficas como por género”, reclamó. También señaló el caso del Ministerio Público Fiscal, que permanece en manos de un procurador interino desde hace diez años. “Alguien sin estabilidad no puede ejercer eficazmente una tarea tan crítica como representar los intereses generales de la sociedad ante el delito”.

Falta de recursos e impacto del crimen organizado

Para describir las dificultades cotidianas, Arroyo Salgado explicó: “Mi juzgado abarca los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Tenemos treinta empleados y los recursos tecnológicos son vetustos, muy por detrás de las tecnologías con las que cuenta el narcotráfico. Muchas veces recurrimos a recursos propios e informales porque el equipamiento oficial es completamente insuficiente”.

Relató que, para investigar organizaciones criminales, deben estar atentos a no filtrar información debido a la corrupción dentro de las propias fuerzas de seguridad: “Tenemos que ser muy prudentes con el manejo de la información. A veces, un secretario o una secretaria tiene una computadora mejor que la del juzgado”.

La jueza subrayó la gravedad de los delitos que emergen de estas falencias: “Estamos viendo cómo los detenidos en el Servicio Penitenciario Bonaerense siguen organizando desde adentro las maniobras criminales —incluso homicidios y robos armados—, amparados por la posibilidad de usar teléfonos celulares concedida durante la pandemia por un hábeas corpus colectivo. Esto debía ser algo excepcional, pero la normativa sigue vigente aunque el aislamiento terminó hace mucho”.

Lanzó una crítica directa al funcionamiento del sistema penitenciario y la subsistencia de medidas excepcionales que terminan beneficiando a los criminales: “Si el propio Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sostiene que hay menos violencia interna porque los presos tienen celulares, también debemos advertir que fuera de las cárceles las mafias se fortalecieron. Hemos allanado centros de detención y secuestrado teléfonos usados para liderar bandas desde la celda”.

El “momento bisagra” y el llamado a la participación ciudadana

Arroyo Salgado instó a la sociedad a involucrarse activamente: “La justicia es la garantía de todos los derechos. Es el ámbito donde el ciudadano deja de estar solo frente al poder”. Para ella, solo mediante la presión ciudadana podrá revertirse el deterioro institucional: “Las víctimas, los usuarios de la justicia, deben hacer oír su reclamo y no ser cómplices de un sistema corrupto. A veces, en lo cotidiano, las malas prácticas se mantienen porque la sociedad las tolera”.

Demandó reformas profundas, como la implementación real del juicio por jurados, la participación de las víctimas en condiciones de paridad con los acusados y un rol protagónico de las organizaciones civiles: “Casos como los de María Soledad Morales, Axel Blumberg o el de Alberto Nisman —mi exesposo— demostraron que cuando la sociedad sale a la calle y exige justicia, los operadores judiciales actúan. Son necesarios cambios de raíz para recuperar la transparencia y el propósito fundamental del sistema”.

Remarcó la urgencia de reconstruir una justicia independiente para garantizar la seguridad jurídica: “Si tenemos una justicia independiente, ganamos todos. Habrá reglas claras. Pero si avanzamos hacia el deterioro final, nadie va a tener protección ni certeza para ejercer sus derechos”.

Sobre el futuro inmediato, fue cauta pero firme: “No veo en el gobierno actual la voluntad política de avanzar hacia una justicia independiente. Las prioridades han sido otras y la degradación lleva décadas. Sin embargo, el momento es urgente: en cualquier instante puede ocurrir una nueva tragedia. Las cabezas del sistema están desintegradas y el cuerpo judicial paralizado”.

Impacto del caso Comando Vermelho y la frustración por un sistema ineficiente

Para reflejar el grado de distorsión institucional, Arroyo Salgado reveló el desenlace de la causa del Comando Vermelho: “Terminó con un juicio abreviado de tres años de prisión en suspenso, pese a la gravedad del delito. La calificación se redujo de lavado agravado por habitualidad y pertenencia a una organización criminal, a lavado simple. Era un proceso que merecía un debate oral y público, pero la sobrecarga y la concentración en causas de alto perfil permitieron acuerdos a puertas cerradas”.

La jueza, que llevó originalmente la investigación, sostuvo que esta distorsión es otro síntoma del agotamiento de la justicia. “Para que el crimen organizado no avance, la justicia necesita recursos, capacitación, dotación de personal y voluntad institucional. Nada de esto es posible sin una política al servicio del interés general”.

La educación y los valores como llave para la reconstrucción institucional

Finalmente, Arroyo Salgado recordó el papel crucial de la educación en la formación de una ciudadanía comprometida: “La educación en valores es la llave de todos los derechos y la justicia es la garantía de esos derechos. Una sociedad degradada produce instituciones degradadas. Para que haya funcionarios corruptos, también es necesario que la cultura social habilite esas prácticas”.

Llamó a que la sociedad no naturalice el retroceso democrático ni la mediocridad institucional: “No quiero ser pesimista, pero sí realista: hoy debe plantearse una alerta a la sociedad y un llamado al compromiso. Si reconstruimos una justicia independiente, aseguramos el libre y pleno goce de los derechos constitucionales. Si se consuma el deterioro, se perderá la protección jurídica para todos”.

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La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura se reunió este miércoles para avanzar con varios expedientes disciplinarios en los que investigan a jueces federales. El cuerpo aprobó varias citaciones y la desestimación de una denuncia.

En esta comisión se tratan los casos más graves contra los magistrados, con consecuencias que pueden ir desde sanciones hasta la remoción del cargo vía juicio político. En tanto, en la Comisión de Disciplina se revisan las faltas de menor tenor.

En primer lugar, la Comisión de Acusación citó a declarar al titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, Alfredo López, quien recibió varias denuncias por antisemitismo. Deberá comparecer ante el organismo el próximo 17 de diciembre.

El juez realizó polémicos posteos en redes sociales, donde tiene mucha actividad y cuestiona periódicamente al Estado de Israel y, en ocasiones, al pueblo judío.

El Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) son las entidades que pidieron sancionar al magistrado por “mal desempeño en el ejercicio de funciones judiciales”, al entender que difunde de manera sistemática expresiones antisemitas y discursos de odio.

Durante las últimas semanas la Comisión de Acusación escuchó a varios testigos y ahora el juez López tendrá la oportunidad de defenderse, explicar su conducta y poner en conocimiento de los acusadores si existen hechos que no están teniendo en cuenta.

El próximo paso luego de la declaración del magistrado es que el consejero a cargo de su expediente elabore un dictamen en el que proponga, en base a las pruebas recolectadas, si corresponde desestimar la denuncia, imponer una sanción o directamente llevarlo a juicio político.

Por otro lado, la Comisión de Acusación aprobó tratar otra denuncia contra el juez Patricio Maraniello, titular del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N° 5. Desde hoy tiene un plazo de 20 días para presentar algún descargo por escrito, designar defensor u ofrecer pruebas.

Maraniello es el juez que dictó un fallo calificado como censura previa -y luego desistido- en el que prohibió a los medios de comunicación revelar una serie de audios que fueron atribuidos a la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei.

Además, este magistrado llegó a acumular una decena de denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de las cuales son por acoso sexual.

Desestimaciones

Para la audiencia de hoy, la consejera y diputada nacional (UCR) Roxana Reyes había propuesto la desestimación de una denuncia contra la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, de quien se cuestionó su conducta en la causa donde se investigó el ataque con materia fecal a la casa de José Luis Espert.

Antes de cerrar el caso, el cuerpo mandó a certificar las publicaciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la red social X que decía “una militante kirchnerista presa, ahora vamos por el segundo”, tema que generó debate entre los funcionarios del Consejo.

También se aprobó citar a declaración testimonial a las denunciantes Alexia Abaigar y Eva Mieri, las militantes y funcionarias que estuvieron presas por el escrache a Espert.

Entre las conductas que le reprochan a la jueza Arroyo Salgado está la exigencia que les puso para liberarlas, ya que les impuso una caución real de 30 millones de pesos.

La Cámara Federal de San Martín tuvo que intervenir, calificó el monto de “desproporcionado” y ordenó reducir la suma a dos millones de pesos.

Por último, la Comisión de Acusación desestimó la denuncia contra el juez de la Cámara de Casación Penal Federal Gustavo Hornos, con los votos a favor de Reyes, Luis Juez, Alberto Maques y Álvaro González. En contra se pronunciaron Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

Edgardo Kueider cosechó una nueva derrota en la estrategia judicial que planteó para evitar su comparecencia ante la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada pidió al Paraguay que extradite al ex legislador entrerriano y a su pareja y ex secretaria. Los acusa, en principio, de lavado de activos, aunque este sería el corolario de otros delitos anteriores.

El Tribunal, integrado por Jesús Riera Manzoni; Paulino Escobar Garay y Mario Torres Leguizamón, ratificó lo dispuesto en primera instancia por el juez Rolando Duarte a principios de septiembre. El titular del Juzgado Penal N° 9 echó por tierra los dos planteos formales hechos por los abogados defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalo.

El primero fue que el trámite se estaba desarrollando por una vía que no era la que correspondía. El segundo, que faltaban elementos para contestar el dictamen fiscal que avalaba que Kueider y Guinsel sean extraditados luego de que rindan cuentas ante la Justicia paraguaya. El reclamo se hizo cuando debían responder el dictamen fiscal que avaló la extradición de los dos acusados a nuestro país.

Estas acciones defensivas no buscan impedir el traslado a San Isidro, tan solo pretenden demorarlo.

Razones y argumentos

La extradición de una persona entre Argentina y Paraguay puede realizarse bajo el paraguas de dos artículos del acuerdo: el 10° y el 19°. Una vía o la otra depende del grado de formalización del planteo por parte del país requirente, en este caso Argentina. Duarte canalizó el pedido de Arroyo Salgado por el primero. Bogado y Arévalo entienden que tiene que ser por el segundo.

El problema es que el argumento de la defensa se hizo cuando debían opinar sobre el dictamen fiscal que avaló la extradición de los acusados. El Tribunal entendió que no era la circunstancia adecuada. Ni tampoco el momento. Por eso lo consideraron “improcedente”.

Bogado y Arévalo también cuestionaron que el pedido de opinión sobre la posición de la Fiscalía fue impreciso y no contenía toda la información necesaria. “No se observa perjuicio o menoscabo a los intereses o derechos de los recurrentes”, razonó el juez Riera Manzoni. En el mismo sentido ”no se advierte un agravio que justifique alguna modificación del auto recurrido”, agregó. Escobar Garay y Torres Leguizamón compartieron su criterio. La sentencia tiene fecha para el 1° de octubre.

El caso

Kueider y Guinsel están detenidos con prisión domiciliaria en Paraguay desde fines del año pasado. Ambos fueron apresados en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 cuando intentaron ingresar desde Brasil con USD 200 mil sin declarar.

Por el delito de contrabando en grado de tentativa, ambos serán juzgado en el vecino país. La pena máxima en expectativa es de dos años y medio. En Paraguay, toda condena mayor a 24 meses es de cumplimiento efectivo.

En paralelo, el exsenador y su pareja están procesados en la Argentina en dos instancias. Por un lado, hay un legajo abierto en Entre Ríos, donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito. Se encuentra bajo análisis todo su desempeño como funcionario público, desde 1999 en adelante. Por otro, está el expediente en el despacho de Arroyo Salgado. La jueza federal también investiga su crecimiento patrimonial, pero en un rango de fechas más acotado: comienza en 2017, cuando era Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos.

La magistrada y el Juzgado de Ives Bastián en Concordia tienen un conflicto de competencia abierto que tendrá que ser resuelto, en última instancia, por la Corte Suprema. La defensa de Kueider, pese a los cuestionamientos que hizo sobre la actuación de Arroyo Salgado, prefiere ser juzgado en San Isidro. El exsenador, además, ha mencionado en varias entrevistas que si es trasladado a la Argentina, terminará en la cárcel de Ezeiza.

El exsenador entrerriano Edgardo Kueider volvió a manifestar su inocencia en relación a la causa que lo tiene detenido en Paraguay desde diciembre del año pasado, cuando fue descubierto mientras ingresaba al país con 200 mil dólares sin declarar junto a su pareja. Además, apuntó contra la jueza que lo investiga en Argentina, Sandra Arroyo Salgado, quien pidió su extradición, y comparó su caso con el del exfuncionario kirchnerista José López.

“Si le hubiera sucedido a otro político y yo veo esas imágenes mías en Ciudad del Este ese 4 de diciembre, yo también ya de arranque ya tomo postura y te condeno como me pasó a mí”, comentó Kueider en una entrevista concedida a Radio con Vos y amplió: “Después no te pregunto si son tuyos, si eran legales, ya de arranque: político, plata, listo. El impacto es mortal y genuino, causa un rechazo automático en la sociedad”.

El exsenador aliado a La Libertad Avanza reiteró que los 200 mil dólares que fueron hallados en su mochila mientras pasaba desde Foz de Iguazú a Ciudad del Este no son suyos. "Ni siquiera son de mi acompañante", remarcó y explicó que su pareja, Iara Guinsel Costa, los tenía en su poder para hacer un trámite: “Son de operaciones que estaba haciendo ella acá en Paraguay, de intermediación”.

Kueider explicó que esa noche “entramos y salimos de Paraguay” y que en la aduana de Ciudad del Este “no hay controles”, por lo que él y Guinsel Costa entraron y salieron para cenar del lado de Brasil porque era tarde después de haber retirado el dinero en Paraguay. Es decir, el exsenador negó que el dinero lo hayan llevado desde Buenos Aires.

Además, relató que el control en Ciudad del Este fue exhaustivo porque él tuvo un entredicho con un agente de Migraciones. “En un viaje anterior no había hecho la salida y el agente de la Aduana me lo plantea en una mezcla guaraní y español, yo no le entiendo, como que no me quiere dejar entrar. Yo vi que se molestó por eso y agarra el celular y manda un mensaje. Yo no sé a quién mandó el mensaje. Luego la prensa paraguaya, como que ilustra la otra parte de ese mensaje y le estaban mandando un mensaje al que estaba afuera y decirle: ‘Andá a revisarlo a este acá, que me está haciendo perder tiempo’“.

El político entrerriano detalló su versión, centrada en que el dinero no era dinero sucio y que era para una intermediación de su pareja para negocios inmobiliarios. “No son negocios míos. Son operaciones de intermediación donde hay mucha gente que hace inversiones y hay mucha gente que hace intermediación y con la intermediación obtiene una comisión. Operaciones financieras o inversiones de todo tipo, inmobiliarias fundamentalmente. Son montos que suenan grandilocuentes, pero para inversiones inmobiliarias no lo son tanto”.

En ese sentido, remarcó que “ese dinero no viene de Argentina” y también descargó que Guinsel Costa fuera su testaferro: “Lo han dicho porque vivió en esos departamentos famosos de Paraná por otra cuestión, porque el verdadero dueño de ese departamento se lo daba en el marco de un acuerdo laboral que tenía. Entonces pagaba las expensas”. Entonces preguntó: “¿Si sos testaferro vas a sacar la plata de Argentina? Si estaba habilitado el blanqueo".

Kueider, que llegó al Senado con la boleta del peronismo, tiene pedido de extradición a Argentina hecho por la jueza Arroyo Salgado, que lo investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En 2019, la empresa Securitas, de origen sueco, hizo una autodenuncia al cambiar de gestión ejecutiva en la Argentina después de descubrir que había millones de dólares salientes de forma irregular. Desde 2020 la causa tramita en el juzgado de Arroyo Salgado, que investiga si esos pagos se habrían realizado como coimas a funcionarios nacionales y provinciales para asegurar que la empresa se beneficiara con contratos de seguridad privada en edificios públicos.

La empresa admitió ante la Justicia que pagó sobornos millonarios a representantes de organismos públicos como AYSA, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y Energía de Entre Ríos SA (ENERSA) para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. 

Kueider era funcionario de ENERSA al momento de esos pagos. La Justicia le detectó departamentos en la ciudad de Paraná, en un edificio que habría construido un grupo desarrollador que integraban dos de los principales acusados en el caso Securitas, Claudio y Marcelo Tortul.

Este domingo, Kueider aseguró que la jueza lo vincula “tomando como base que yo, era vecino de uno de los que está acusado”. El exsenador apuntó contra Arroyo Salgado y dijo que le resulta “muy sospechosa toda la investigación” y que la denuncia por los departamentos de Paraná “fue política”: “Era para sacarme de la cancha en año electoral, claramente”.

“A Cristina (Fernández de Kirchner) la condenaron a seis años y para mí Arroyo Salgado está pidiendo 14 años, que es la pena máxima. Hay una diferencia enorme. No corresponde eso”, apuntó contra la jueza y dijo que ella “no corrobora” lo que el fiscal le manda. “Si querés llegar a la verdad lo podés hacer pero si llegás a la verdad perdés la competencia”, explicó, dado que la jueza tiene jurisdicción en San Isidro y no en Entre Ríos. “Estamos tratando de tomar una causa que tiene impacto mediático”, insistió.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado criminal de San Isidro, se refirió esta mañana al procesamiento de Alesia Abaigar y Eva Mieri por el ataque a la casa del diputado nacional José Luis Espert y defendió las medidas que dispuso, por las cuáles las dirigentes kirchneristas estuvieron privadas de su libertad y continúan procesadas. “Yo a las amenazas no las relativizo, las investigo”, afirmó.

En comunicación con Urbana Play, Arroyo Salgado enumeró los delitos en los cuales incurrieron las procesadas al vandalizar la residencia del dirigente libertario y argumentó: “Nos encontramos frente a una organización transitoria que si llegara a ser una asociación ilícita, actuó de un modo que demuestra que tiene por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.

En el marco de la investigación brindó precisiones sobre el avance de la causa y la metodología con la que aborda los hechos de amenazas e intimidación. Según Arroyo Salgado, el episodio constituye un acto que excede el mero daño a la propiedad privada y se enmarca en una modalidad que incita al hostigamiento por razones políticas.

La magistrada subrayó que la colocación de un pasacalle con la inscripción “Acá vive la mierda de Espert” en la residencia particular del diputado nacional configura “un modo de alentar o incitar a la persecución o al odio de esta persona a causa de sus ideas políticas”.

La magistrada remarcó que ante hechos de estas características no corresponde subestimar las amenazas, sino investigarlas de manera exhaustiva, tal como lo ha sostenido a lo largo de su carrera judicial. “En nuestra legislación, las amenazas son un delito y no hay que esperar a que se concreten para avanzar en la investigación”, explicó.

Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal de San Isidro, con jurisdicción en los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, enfatizó que su intervención en este y otros casos no obedece a valoraciones políticas, sino al cumplimiento del deber judicial y remarcó el territorio sobre el que tiene facultades para intervenir.

Lo hizo al ser consultada sobre otros episodios en los que se manifestaron actitudes amenazantes pero que involucraron a dirigentes cercanos al gobierno nacional.

“Soy juez federal con competencia territorial en Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, cuando estoy de turno y me toca intervenir, aplico la ley. Resuelvo los hechos que a mí me tocan investigar con la ley, las constancias y pruebas del expediente”, argumentó. Luego añadió: “He tenido investigaciones de amenazas contra Estaban Bullrich, Eugenio Burzacco y su familia, y actué del mismo modo”.

También criticó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich haya celebrado las detenciones desde su cuenta de X. “Ese tuit perjudicó el avance de la investigación porque al dar publicidad nos impidió avanzar sobre todos los responsables que ya estaban alertados de que había una persona detenida”, comentó, en este caso, durante una entrevista en Radio Con Vos.

En relación con el hecho que involucra a las dirigentes kirchneristas, Arroyo Salgado dispuso detenciones y allanamientos en el marco de la pesquisa, señalando que la gravedad de los hechos, la modalidad utilizada —“encapuchados, por la noche, con guantes y patentes tapadas”— indicaba una intención deliberada de eludir a la justicia.

“Acceder a la vivienda en la tranquilidad de un barrio, encapuchados y alterando las patentes de los autos, primero demuestra la conciencia de que se está cometiendo un delito. Si no, no hace falta ir encapuchado, procurando guantes para no dejar huellas, ni tapar los dominios para evitar la identificación”, indicó la jueza. A su vez, remarcó la importancia de la acción judicial para garantizar el sometimiento de los imputados al proceso y minimizar los riesgos de fuga o entorpecimiento.

La jueza relató que, en línea con su habitual criterio de actuación, las personas detenidas en la causa recuperaron la libertad en los lapsos legales y tras la verificación de su implicancia.

“Detrás de arrojar materia fecal o dejar mensajes intimidatorios, el objetivo de este tipo de acciones es silenciar. La historia de la humanidad muestra que no es nada novedoso”, concluyó.

En el marco de la causa del ataque a la casa del diputado nacional José Luis Espert, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado dispuso el procesamiento de la funcionaria del Ministerio de las Mujeres y Diversidades de la Provincia de Buenos Aires Alesia Abaigar, de la concejal camporista de Quilmes Eva Mieri, y de Iván Díaz Bianchi, empleado administrativo del Hospital provincial Cetrángolo, de Vicente López, de 22 años.

A los tres los acusó, en calidad de coautores, de atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación a la persecución u odio por motivos políticos.

Para Arroyo Salgado, Abaigar y Mieri “formaron parte, en carácter de organizadoras, de una agrupación -cuánto menos transitoria- que tenía por finalidad condicionar la actuación presente y/o futura del diputado nacional Espert en primer término, y del resto de la sociedad que no comparta los ideales políticos de esa organización (por La Cámpora y el kirchnerismo), mediante actos violentos e intimidantes, como el aquí investigado. Ello, con el agravante de que, a tal fin, se utilizaron bienes del estado, sacando provecho de la posibilidad de disposición de los mismos derivada del carácter de funcionaria pública revestido por Mieri”

El ataque contra el diputado libertario incluyó haber tirado excremento frente a su domicilio en la localidad de Beccar, San Isidro, el 17 de junio pasado, y la colocación de un pasacalle en el frente de la casa con la leyenda: “Acá vive la mierda de Espert. Con Cristina No se jode”.

Para la jueza, Abaigar y Mieri - ambas militantes kirchneristas - fueron “quienes organizaron y planificaron las acciones, cobrando especial relevancia que estamos hablando de dos funcionarias que obraron contrariamente a lo que demandan sus investiduras".

“De las conversaciones obtenidas del teléfono de Abaigar puede observarse con claridad que la nombrada (por Abaigar) resultó ser quien, junto con Eva Mieri se encargaba de organizar el acontecimiento delictivo, como así también de reclutar a personas para que participen, brindando las correspondientes indicaciones de vestimenta, horario y lugar, logística e, incluso refiriendo que “prefieren que sean compañeras mujeres" (...) Incluso (Abaigar) ofrece a Iván Díaz Bianchi, pagarle los gastos de traslado a fin de que participe", detalló Arroyo Salgado en su resolución.

Los participantes del hecho - entre seis y siete - descendieron de dos vehículos —uno oficial del Municipio de Quilmes y otro particular de Abiagar—, cuyas patentes alteraron para no ser identificados, y actuaron con rostros cubiertos y guantes.

Por eso, en el caso de Abaigar y Mieri, la acusación incluyó también la autoría de falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrado.

La magistrada le dictó a cada una un embargo de bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de $5.000.000. A Mieri, le sumó la acusación de malversación de caudales públicos, por el uso de una camioneta Chevrolet S10 blanca en el ataque que estaba afectada al Municipio de Quilmes. Si bien la patente había sido adulterada, fue identificada por imágenes aportadas por la Policióa Federal de diferentes cámaras públicas y privadas que permitieron trazar -parcialmente- el recorrido realizado por los vehículos sindicados.

En cuanto a Díaz Bianchi, también le dictó el embargo de sus bienes y/o dinero hasta alcanzar los $5.000.000.

Por otro lado, la resolución decretó el sobreseimiento de Eva Pietravallo, madre de Abaigar, y de Alberto Protti, la ex pareja de la funcionaria bonaerense, y la falta de mérito para Aldana Muzzio, y Candelaria Montes Cato.

Arroyo Salgado dispuso, asimismo, el levantamiento del secreto del sumario que regía desde el inicio de la investigación.

Mieri había sido excarcelada el martes pasado por un fallo de la Cámara Federal de San Martín, tras haber pasado 13 días presa. La jueza federal había dispuesto su prisión preventiva el 2 de julio después de detectar el vaciado de su teléfono previo a su detención, y en función de su cargo de funcionaria pública.

“Es como si el celular hubiera nacido ese día” fue la descripción que hizo la Justicia del teléfono de la concejal de Quilmes, en referencia al estado de su teléfono el día en que fue detenida. El aparato secuestrado el día del allanamiento a su casa no tenía contactos, ni fotos, ni videos, ni mensajes, ni historial. Solo 12 comunicaciones efectuadas a través de Whatsapp iniciadas el día anterior, 1 de julio.

En su auto de procesamiento, Arroyo Salgado destacó justamente este hecho. Luego de participar del escrache contra Espert, Mieri “sugestivamente, cambió de dispositivo móvil, lo que explica la carencia de registros”, y “su abonado telefónico activó antenas dentro del partido de San Isidro, en el día y la franja horaria del acontecimiento”.

Tal como reveló Infobae, con relación a las cámaras de seguridad del Municipio de Quilmes, cuando los efectivos de la Policía Federal se hicieron presentes en el Centro de Monitoreo del Municipio para llevarse las grabaciones de seguridad en el edificio y las calles del distrito del mes de junio, se sorprendieron al encontrar que no había registros de esas imágenes. La explicación brindada por los empleados es que hubo un cambio de empresa que presta el servicio de cámaras municipales, y que la nueva firma no tenía respaldo de las grabaciones anteriores.

En cuanto a Abaigar, la magistrada le dicto prisión domiciliaria por razones de salud y le fijó una caución real de $30 millones que fue apelada por su defensa, por lo excesivo del monto. La Cámara Federal de San Martín se la redujo a $2 millones esta semana que pasó.

En su resolución de 85 páginas, Arroyo Salgado detalló el contexto de sus decisiones judiciales. “Estamos ante una escalada de violencia que comenzó con consignas verbales, continuó con hostigamientos y escraches, y desembocó en hechos concretos de distinto grado de violencia”, que incluyeron “actos concretos de intimidación” a jueces, fiscales, legisladores, periodistas, medios de comunicación y representantes de grupos políticos.

“Se busca instalar el miedo como método de presión sobre los actores clave del sistema democrático, con el fin de alterar sus decisiones, acallar sus voces o inhibir su accionar”, advirtió la jueza, “Se trata de acciones organizadas y dirigidas específicamente contra la residencia privada de un diputado nacional, [...] para imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza y el temor.”

Arroyo Salgado consideró un agravante que Abaigar y Mieri sean funcionarias públicas. “Cuando los que incurren en este tipo de conductas ostentan la calidad de funcionarios públicos, esa transgresión adquiere un matiz aún más agudo.”

Para la magistrada. “no actuar con claridad, firmeza y legalidad frente a estas conductas es legitimar su reproducción”.

Sandra Arroyo Salgado, jueza federal y ex esposa de Alberto Nisman, valoró este jueves como “muy valiente” y “muy importante” la decisión judicial de citar a más de un centenar de militares en la causa en la que se investiga la muerte del fiscal. “Como familia del fiscal agradecemos, sin dudas va a contribuir y echa luz a lo que fue su asesinato”, afirmó Arroyo Salgado, subrayando la necesidad de que el caso avance tras casi una década de incertidumbre.

El fiscal federal Eduardo Taiano avanzó en las últimas horas con la citación de miembros de inteligencia militar que se desempeñaron durante el período kirchnerista. La decisión, según fuentes judiciales, se tomó a partir de información remitida por el Ministerio de Defensa y abarca soldados y oficiales —tanto militares como personal civil de inteligencia— que actuaron bajo las órdenes del entonces jefe del Ejército, César Milani. También serán convocados ex agentes de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de otros organismos de seguridad nacional.

La Justicia intenta dimensionar el rol de los servicios de inteligencia y su conexión con la muerte de Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015, horas antes de que el fiscal formalizara ante el Congreso una denuncia por encubrimiento contra la entonces presidenta Cristina Kirchner. Según expedientes judiciales, la causa examina presuntas maniobras encubridoras y un intercambio inusual de llamadas entre agentes estatales, que para los investigadores adquiere relevancia para reconstruir los hechos de las últimas horas de vida de Nisman.

La jueza Arroyo Salgado recordó la reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino “por la falta de esclarecimiento del atentado a la AMIA, que él (Nisman) se encontraba investigando, y por la cantidad de encubrimiento, irregularidades que rodearon lo concerniente a su investigación”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Según la ex esposa del fiscal, la decisión de la Justicia argentina va en línea con las exigencias internacionales de transparencia: “Se ordenó la desclasificación de todos los archivos de la SIDE y destacó la importancia de que las víctimas del atentado puedan acceder a esa información”, agregó.

Las sospechas se centran en dos grandes grupos de inteligencia paradigmáticos para la política de ese período: los sectores alineados con Antonio “Jaime” Stiuso y aquellos encabezados por Fernando Pocino. De acuerdo con la Fiscalía, hubo numerosos cruces de llamadas la mañana del domingo 18 de enero de 2015, mientras el entorno del fiscal aún no confirmaba su muerte. El análisis de 45.000 comunicaciones y 500 abonados telefónicos —según la División Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA)— exhibe el complejo entramado de interacciones entre agentes que habrían actuado en paralelo y en ocasiones en competencia.

De forma complementaria, la Justicia reactiva sumarios sobre la posible alteración de la escena del crimen en el departamento de Nisman, donde, según registros, ingresaron al menos medio centenar de personas de distintas áreas del gobierno nacional y judicial. Entre los imputados figuran el exsecretario de Seguridad Sergio Berni, el exjefe de la Policía Federal Román Di Santo, el extitular de la Prefectura Naval Luis Heiler y Darío Ruiz, entonces colaborador de Berni. A todos ellos se los investiga por supuesto incumplimiento de deberes y por no haber propuesto la debida conservación de pruebas.

El dictamen de la Gendarmería Nacional, que fue incorporado a la causa, sostiene que Nisman fue asesinado por al menos dos personas: “Lo redujeron mediante el uso de ketamina, una lo sostenía mientras la otra le disparaba en la cabeza”, señalan los peritajes sobre la posición del cuerpo, el patrón de las gotas de sangre y los rastros de droga detectados en dos análisis forenses. Según esa hipótesis, la escena fue preparada para simular un suicidio, descartando la presencia de un atacante externo, pero indicando la utilización de un “arma amiga” dentro del departamento.

En cuanto a la línea de investigación sobre la trama estatal, el expediente sigue bajo la dirección de Taiano, designado por el magistrado Julián Ercolini. El técnico informático Diego Lagomarsino se mantiene hasta hoy procesado como presunto partícipe del homicidio, tras haber declarado que Nisman le pidió un arma unos días antes de su muerte. Además, cuatro policías federales que ejercían funciones como custodios del fiscal están bajo pesquisa por su conducta en las horas previas y posteriores al hallazgo del cuerpo.

Eva Mieri y Alesia Abaigar, las funcionarias kirchneristas detenidas por el ataque a la casa del diputado nacional José Luis Espert, recuperarán la libertad en las próximas horas. Así lo resolvió este martes la Cámara Federal de San Martín.

La Sala II de ese tribunal, que ejerce como superior del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, moderó las condiciones de excarcelación impuestas a Abaigar -directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de la Mujer bonaerense- y accedió al pedido de libertad de Mieri -concejal de Quilmes y mano derecha de la intendenta Mayra Mendoza-.

La defensa de Alesia Abaigar había apelado una decisión de la jueza Arroyo Salgado, que para levantarle la prisión domiciliaria y sacarle la tobillera electrónica le impuso una caución real de 30 millones de pesos y una serie de reglas de conducta. Entre ellas está la prohibición de acercamiento a un radio de 500 metros y todo tipo de contacto con las víctimas José Luis Espert, María Mercedes González y sus hijos, así como al domicilio en el cual residen en la localidad de Beccar.

A la funcionaria bonaerense también se le impuso la obligación de comparecer todos los martes ante el Juzgado y la prohibición de ausentarse de su domicilio o lugar de trabajo por un lapso mayor a 48 horas sin la debida autorización del tribunal.

Según establece el Código Penal, la caución tiene como fin asegurar que el imputado siga sujeto al proceso y cumpla las órdenes del tribunal, pero está prohibido fijar una suma de imposible cumplimiento, teniendo en cuenta la situación personal del encausado y las características del hecho atribuido.

La Cámara entendió que Abaigar no iba a poder pagar los 30 millones: su salario asciende a los $1.900.000 mensuales y entre sus posesiones tiene solo un Renault Clio 2011, uno de los vehículos con los que se habría perpetrado el escrache al diputado.

En este escenario, los jueces de alzada determinaron que el monto fijado por Arroyo Salgado fue desproporcionado, por lo que lo redujeron a la suma de dos millones de pesos.

En cuanto a las restricciones, la funcionaria del Ministerio de la Mujer tendrá prohibido de ahora en más salir del país y acercarse a Espert o su domicilio, sin otras obligaciones de conducta a cumplir.

Seguirá imputada por atentado contra el orden público en concurso ideal con amenazas agravadas, y también por incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas.

Excarcelación para Eva Mieri

Por otro lado, la Cámara Federal de San Martín también se expidió sobre la excarcelación de Eva Mieri, pedido que había rechazado previamente la jueza de San Isidro. La concejal está presa en la cárcel de mujeres de Ezeiza, dentro de la Unidad VII.

Al analizar los riesgos procesales, la Sala II valoró que Mieri haya aportado a la Justicia su celular sin clave y concluyó que no hay sospechas de que pudiera entorpecer la investigación.

El fallo, firmado por los jueces Alberto Lugones y Alberto Barral, también cuestionó uno de los puntos centrales por los que Arroyo Salgado mantenía detenida a la funcionaria y militante kirchnerista: “Las afirmaciones efectuadas por el juzgado de primera instancia a la hora de evaluar la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación -en relación a que el celular de Mieri había sido objeto de una “constatada maniobra de vaciado completo”- carecen -en la actualidad y frente a la ausencia de un peritaje de la especialidad- de respaldo probatorio técnico suficiente”, determinaron.

Al rechazar la excarcelación, la jueza había sostenido que el teléfono se secuestró el 2 de julio y solo tenía movimientos desde el día anterior, indicio de que la imputada habría borrado pruebas. Sin embargo, la Cámara pudo confirmar que cuando se abrió el dispositivo había llamadas al menos desde el 9 de junio.

El riesgo procesal de fuga tampoco está verificado, según los jueces de Cámara. Sobre esta cuestión, se ponderó el comportamiento asumido por Mieri al allanarse su domicilio. Esto, sumado a la falta de antecedentes penales, terminó por convencer a los magistrados de conceder la excarcelación.

Con el precedente de Abaigar, los jueces de Cámara resaltaron en su fallo que la liberación de Mieri ocurrirá “bajo la caución que ‘razonablemente’ la señora jueza de grado estime corresponder”. Una vez que se definan esas condiciones saldrá del penal.

Mieri seguirá sometida a proceso, aunque en libertad. Está imputada por atentado contra el orden público, en concurso real con amenazas coactivas agravadas e incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas, estas últimas en concurso ideal con los delitos de malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley.

Los efectivos de la Policía Federal que se hicieron presentes hoy en el Centro de Monitoreo del Municipio de Quilmes para llevarse las grabaciones de seguridad en el edificio y las calles del distrito del mes de junio, se sorprendieron al encontrar que no hay registros de esas imágenes. La explicación brindada por los empleados es que hubo un cambio de empresa que presta el servicio de cámaras municipales, y que la nueva firma no tenía respaldo de las grabaciones anteriores.

Lo cierto es que los efectivos revisaron las computadoras y se fueron con las manos vacías, según pudo reconstruir Infobae de fuentes que estuvieron en el operativo. La orden de llevarse las imágenes provino de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que investiga el ataque a la casa del diputado José Luis Espert, en Beccar, San Isidro, ocurrido el 17 de junio pasado.

La Policia busca llevarse las imágenes que permitieran reconstruir los movimientos de la camioneta Chevrolet S10 blanca que estuvo en el escrache a su domicilio, y del que participó un grupo de militantes de La Cámpora y simpatizantes de Cristina Kirchner, en rechazo a su prisión domiciliaria.

La camioneta es de una empresa contratista de obra pública de Quilmes, y está asignada para uso del Municipio. De hecho, pese a que los participantes del ataque habían adulterado la patente, fue identificada y secuestrada por la Justicia en el playón de la intendencia, que conduce la camporista Mayra Mendoza.

Con ese objetivo, Arroyo Salgado dispuso una orden de presentación con allanamiento en subsidio - en caso de que los funcionarios o empleados que estuvieran presentes no entregaran el material o información requeridos- en el Centro de Monitoreo del Municipio, que se concretó esta tarde.

La magistrada buscaba las imágenes del playón de estacionamiento del Municipio, de los ingresos y egresos, así como de las calles de las inmediaciones para reconstruir los recorridos de la camioneta. Intenta saber si el vehículo fue usado en otros hechos de naturaleza delictiva en protesta a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, como el ataque al canal TN, o vinculados a las personas involucradas directamente en el ataque o en su organización.

Sin embargo, los efectivos policiales que cumplían la orden judicial fueron informados que estaban en pleno cambio del servicio, que pasó a ser prestado por una nueva empresa a partir de julio, y que no había respaldo de ninguna de las imágenes de las cámaras de seguridad del Municipio anteriores al 2 de este mes. Esto implica que no hay registros de back up que pudieran servir para esclarecer cualquier otro delito en el distrito, no solo el ataque a Espert.

La participación de la camioneta en la vandalización llevada a cabo en el domicilio de Espert, la Justicia ya la tiene probada por las imágenes de las grabaciones en el exterior del domicilio del diputado libertario.

También considera probada la presencia en su interior de la concejal de Quilmes, Eva Mieri, presidente del bloque de Unión por la Patria, por los mensajes que intercambió con Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres y Diversidades de la Provincia de Buenos Aires, pese a que Mieri borró todo el contenido de su celular, previo a su detención el 2 de julio. La Justicia pudo reconstruirlos al analizar el teléfono de Abaigar, quien había sido detenida una semana antes y se le secuestró su celular.

Mieri es la única detenida actualmente en esta causa, en la que hay cinco imputados. Mano derecha de Mendoza en Quilmes está con prisión preventiva en la Unidad VII de mujeres de Ezeiza, luego de que la jueza detectara el vaciado de su teléfono previo a su detención, y en función de su cargo de funcionaria pública, bajo el argumento de que hay medidas de prueba y podría entorpecer la investigación. Esa decisión fue apelada por su defensa, y debe resolver ahora la Cámara Federal de San Martín. El plazo se cumple el lunes.

Esta Cámara ya dispuso la excarcelación de Abaigar el martes último, quien cumplía prisión preventiva domiciliaria por sus condiciones de salud. El Tribunal de alzada consideró que ya no podía interferir con la investigación. La jueza le fijó una caución real efectiva de $30 millones, que fue apelada por su defensa, a cardo de Daniel Llermanos, por el monto y por las restricciones impuestas por Arroyo Salgado. Tanto Abaigar como dirigentes políticos opositores denunciaron que su detención y el operativo fue desmedido, y tuvo intencionalidad política.

Mientras tanto, el expediente que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro sigue bajo secreto de sumario. La investigación se maneja con hermetismo por las medidas de prueba en curso y la información solicitada que aún no llegó al Juzgado.

El Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, fijó una fianza de $30 millones para liberar a la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar, quien aún permanece en prisión domiciliaria por el ataque a la casa del diputado nacional José Luis Espert. La defensa ya presentó un escrito para no pagar el monto establecido por la justicia.

El lunes, la Cámara Federal de San Martín había dictado la excarcelación de la directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de la Mujer. En ese mismo fallo le delegaron a la jueza de grado definir un monto de caución real, “de modo que garantice su sujeción al proceso; sin perjuicio de otras eventuales reglas de conducta que pudiere fijar”.

En efecto, Arroyo Salgado decidió que Abaigar entregue los 30 millones para liberarla y sacarle la tobillera electrónica, y que se presente todos los martes en su juzgado para confirmar que sigue a disposición de la Justicia.

Los abogados de la militante kirchnerista, Daniel Llermanos y Adrián Albor, apelaron la decisión de la jueza con un escrito de seis páginas, en el que se pronunciaron en duros términos.

Para los defensores “no se encuentra ni mínimamente fundado” el monto que decidió Arroyo Salgado, y denunciaron que “la jueza se ha alzado contra la decisión de la Cámara de Apelaciones” al poner una cantidad que es “de imposible cumplimiento” para la detenida.

“El monto supera el equivalente a 94 salarios mínimos vitales y móviles al día de la fecha, lo que lo hace de muy dificultoso cumplimiento. Pero aún, de llegarse a conseguir el dinero, lo cierto es que lo sería con mucha ayuda de familiares, amigos y compañeros de militancia, que verían esa suma inmovilizada probablemente por mucho tiempo”, siguieron los letrados en su apelación.

Además, insistieron con que la Cámara de San Martín ya determinó que no hay riesgos procesales como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, por lo que calificaron la fianza como “una burla a la decisión” del tribunal superior.

“Una caución real razonable debería rondar el valor de medio salario de Alesia, denunciado en su indagatoria... el que podría abonar sacrificando su medio aguinaldo, conquista social que siempre se encuentra en crisis en gobiernos como el actual”, se quejaron los defensores.

Por otra parte, también pidieron revisar la asistencia semanal al Juzgado Federal -pretenden que vaya una vez por mes-, ya que “además de obstaculizar las tareas laborales, desconoce la jueza cuánto cuesta el transporte desde la casa de nuestra Defendida hasta la sede del tribunal”.

En cambio, no reprocharon el impedimento para salir del país y la orden de alejamiento de la casa del diputado Espert.

Eva Mieri, presa y complicada por los chats

Según reveló Infobae este lunes, la presidenta del peronismo en el Concejo Deliberante de Quilmes y mano derecha de la intendenta Mayra Mendoza, Eva Mieri, borró prácticamente todo el contenido de su celular justo antes del ataque a Espert.

Su celular no tenía contactos, fotos, videos, mensajes o historial; tan solo una docena de comunicaciones por WhatsApp del día previo al escrache.

Mieri está presa en la cárcel de mujeres de Ezeiza, en la Unidad VII, luego de que la jueza Arroyo Salgado y el fiscal federal Federico Iuspa rechazaran su pedido de excarcelación.

A la concejala le atribuyen la responsabilidad de haber sustraído la camioneta Chevrolet S10 del Municipio de Quilmes para perpetrar el ataque, acción que encuadró en el delito de malversación de caudales públicos. Y le sumó la “alteración de la numeración de un objeto registrado” porque el vehículo tenía la patente parcialmente cubierta.

También está imputada por atentado contra el orden público, en concurso ideal con amenazas agravadas e incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas, los delitos que se desprenden el ataque con materia fecal.

La Cámara Federal de San Martín revocó este lunes la detención de Alesia Abaigar, una de las funcionarias kirchneristas detenidas por el ataque a la casa del diputado José Luis Espert. El tribunal superior le ordenó a la jueza Sandra Arroyo Salgado que dé marcha atrás con la medida coercitiva por la que la militante estuvo presa en la cárcel de Ezeiza, y luego recluida con prisión domiciliaria.

La resolución judicial, firmada por los jueces de la Sala II Néstor Barral y Alberto Lugones, destacó que no se evidencian riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Abaigar y otros funcionarios y militantes de La Cámpora, vinculados todos a la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, están imputados por los delitos de atentado contra el orden público, en concurso ideal con amenazas agravadas e incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas.

La defensa de Alesia Abaigar, quien desde 2024 se desempeñaba como directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de la Mujer bonaerense, había apelado el rechazo de la excarcelación que hizo previamente Sandra Arroyo Salgado.

Un punto central del planteo ante la Cámara de San Martín fue que el carácter de militante y funcionaria estaba perjudicando su derecho a la excarcelación. Para la defensa, la titular del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro no explicó cómo su cargo público podría obstaculizar la acción judicial o la producción de pruebas.

Asimismo, el defensor Adrián Albor cuestionó la calificación de las conductas que la jueza le atribuye a Abaigar, que el 26 de junio se convirtió en la primera detenida por el escrache fecal a la casa del diputado Espert.

El abogado sostuvo que, a su entender, los hechos no constituyeron un delito de naturaleza penal. Señaló que el contenido insultante del pasacalles, en todo caso, solo podría enmarcarse en delitos contra el honor, pero de ninguna manera puede ser categorizado como una falta grave.

La defensa también trajo a colación manifestaciones y comportamientos de José Luis Espert, que días atrás había insultado a Florencia Kirchner, hija de la ex presidenta. Finalmente, la apelación calificó a Abaigar de “presa política”.

La Cámara Federal de San Martín, al analizar los planteos, encontró una actitud de “cooperación” de la funcionaria, que aportó las claves de su celular y computadora personal para que sean analizados por la Justicia.

Además, el tribunal superior coincidió con la defensa en que no se explicó cuáles serían las pruebas que podrían frustrarse o entorpecerse en caso de que Abaigar recuperara su libertad.

Respecto al riesgo de fuga, los jueces de Cámara tampoco lo encontraron suficientemente verificado. Valoraron el comportamiento que Abaigar asumió durante el allanamiento de su domicilio, cuando se identificó correctamente y no mostró intenciones evasivas.

Su falta de antecedentes y la escala penal prevista para los delitos que le imputan a la funcionaria camporista, donde el máximo de pena no supera los ocho años y el mínimo permitiría una condena de ejecución condicional, también fueron factores que se consideraron para ordenar su libertad.

La Cámara estableció que la liberación debía otorgarse bajo una caución, cuyo monto y tipo definirá la jueza Arroyo Salgado, quien además podrá exigirle reglas de conducta adicionales a Abaigar.

Los jueces de alzada dejaron fuera de su resolución todas las cuestiones planteadas por fuera de la excarcelación, al entender que excedían el marco de la presente discusión.

Sigue presa la concejala de Quilmes, Eva Mieri

Tras rechazar su pedido de excarcelación, el sábado trasladaron a Eva Carina Alejandra Mieri, otra de las acusadas, a la cárcel de mujeres en Ezeiza.

Arroyo Salgado le atribuye a esta funcionaria la responsabilidad de haber sustraído la camioneta Chevrolet S10 del Municipio de Quilmes para perpetrar el ataque, acción que encuadró en el delito de malversación de caudales públicos. Y le sumó la “alteración de la numeración de un objeto registrado” porque el vehículo tenía la patente parcialmente cubierta.

En el caso de Mieri, la jueza de San Isidro esgrimió los mismos riesgos procesales que con Abaigar: peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Según pudo reconstruir la Justicia, Eva Mieri mantuvo conversaciones con Alesia Abaigar antes de llevar a cabo el escrache en el frente de la casa de Espert, mensajes que para los investigadores denotan una organización coordinada.

La concejala quilmeña y mano derecha de Mayra Mendoza, por circunstancias que aún restan esclarecer, había eliminado toda la información de su celular horas antes del ataque. Ese fue un factor determinante para mantenerla tras las rejas.

El 17 de junio pasado llegaron al domicilio del diputado, ubicado en Beccar, alrededor de las 19. Además de la S10 usaron un Renault Clio en el que viajaría el resto de los involucrados: Candelaria Montes Caté, Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi.

La materia fecal fue trasladada en bolsas en la caja de la camioneta. También llevaron un pasacalles que decía: “Acá vive la mierda de Espert”. El escrache quedó registrado por múltiples cámaras de seguridad.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó el pedido de excarcelación de la concejala de Quilmes Eva Mieri, acusada de integrar el grupo que tiró estiércol en la puerta de la casa del diputado libertario José Luis Espert, y en las próximas horas será trasladada a una unidad penal que, probablemente, sea la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza.

Tal como pasó días atrás con la funcionaria bonaerense, Alesia Abaigar, que pasó casi una semana en esa prisión y recientemente fue “beneficiada” con la prisión domiciliaria, ahora la magistrada confirmó que Mieri seguirá detenida para evitar “riesgo procesal” durante la investigación de los hechos presuntamente ocurridos el 17 de junio pasado en la localidad de Beccar.

Además, tal como ocurrió ayer con Candelaria Montes Caté, la jueza ordenó la liberación bajo caución de Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi, también detenidos días atrás por el escrache. Los últimos dos debiero pagar una fianza de 5 millones y 15 millones de pesos respectivamente.

Arroyo Salgado acusó a la concejala quilmeña de los delitos de atentado contra el orden público en concurso real con amenazas coactivas agravadas e incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas, estas últimas en concurso ideal con los delitos de malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley.

La magistrada responsabiliza de malversación a Mieri por la sospecha de haber ido hasta Beccar con una camioneta Chevrolet S10 del Municipio (propiedad de una empresa constructora, que la cedió en 2022 para el uso comunal en una obra vial) que conduce la camporista Mayra Mendoza. Y de “alteración” por haber tapado parte de la chapa patente para que no sea identificada.

Según Arroyo Salgado, para la comisión del hecho, Eva Mieri “habría tomado parte cuanto menos en forma transitoria de una agrupación de personas” que tendría como objetivo “alarmar y/o amedrentar” a Espert, con el fin de “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza y el temor, a la par de condicionar la actuación funcional y actividad política del mentado Diputado Nacional, alentando o incitando con ello a su persecución u odio a causa de sus ideas políticas”.

La jueza rechazó el pedido de Bienvenido Rodríguez Basalo, uno de los abogados que defiende a Mieri, quien había reclamado su excarcelación por poseer inmunidad de arresto dada su condición de concejala y por no tener procesos penales ni haber sido condenada jamás por la comisión de un delito. Además, remarcó que su libertad no implicaba ningún riesgo para la investigación del caso; ni fuga ni entorpecimiento.

“Ni la pena en expectativa (que aún se desconoce) ni la solidez de la imputación constituyen argumentos suficientes para fundar la existencia de riesgos procesales”, planteó el abogado.

Pero Arroyo Salgado aclaró que los concejales pueden ser detenidos si existe una orden de un magistrado, como es el caso. Y justificó que siga en prisión porque la pena en expectativa para el delito que se le imputa a Mieri “oscila entre un mínimo de 3 años a un máximo de 14 años de prisión” y, si bien por el mínimo correspondería una pena de ejecución condicional, para la jueza la calidad de funcionaria pública de Eva Mieri, la “convencen” de que ante una hipotética condena la pena sería de cumplimiento efectivo.

“En caso de recuperar la libertad, la imputada podría eludir la acción de la justicia y entorpecer la investigación”, consideró la magistrada federal de San Isidro e incluso ponderó la chance de que pueda fugarse e incluso colaborar con las otras personas buscada y aún no identificadas que, de acuerdo a la hipótesis de la Justicia, participaron del hecho.

Arroyo Salgado además llamó la atención de que el celular que portaba Mieri el día de los hechos no registraba actividad anterior. “Es como si el celular hubiera nacido ese día”, escribió en su fallo.

Los investigadores revisaron el teléfono y encontraron conversaciones con Alesia Abaigar en las que Mieri le pide que le compre algo para comer antes del escrache a la casa de Espert.

“Existen sobrados elementos objetivos a partir de los que es dable presumir la concurrencia de riesgos procesales de elusión y entorpecimiento de la investigación, los que -de momento- no podrían ser eficazmente neutralizados por una medida coercitiva de menor intensidad que la detención”, concluyó Arroyo Salgado al rechazar el pedido de excarcelación.

Fuentes cercanas a la defensa de Mieri consultadas por Infobae consideraron que la decisión es “insólita” e “injusta”, remarcaron que no existe ningún riesgo procesal y especulaban con que la concelaja podría ser trasladada al penal de máxima seguridad de Ezeiza, donde hasta el viernes estuvo alojada -en soledad- Abaigar, finalmente beneficiada por razones de salud con la prisión domiciliaria. Antes, Eva Mieri, hasta hoy detenida en San Isidro, pasará seguramente esta noche en la Unidad Penal 28 de la calle Talcahuano.

Cristina Kirchner pidió la liberación

“Liberen al pibe y a las pibas, cachivaches!”. Con esa frase, Cristina Kirchner cerró su mensaje en la red social X, donde exigió la liberación de los militantes peronistas detenidos tras el ataque a la vivienda del diputado libertario José Luis Espert. En efecto, minutos más tarde fueron liberados Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi.

En su publicación, la ex presidenta dirigió sus críticas a Javier Milei, a quien calificó como “Libertario de los ricos” y le recordó un episodio previo en el que el actual mandatario celebró protestas violentas en Francia, en los que los “chalecos amarillos” también arrojaron estiércol en una oficina gubernamental.

La expresidenta evocó un posteo de hace algunos años de Javier Milei, donde el presidente compartió la imagen de los manifestantes franceses con la leyenda “HERMOSA INICIATIVA”.

Cristina Kirchner le sugirió al presidente que eliminara ese mensaje, al advertir: “Fijate hermano y borrá el posteo… porque con los manuales de procedimiento de Bullrich y Arroyo Salgado, te van a meter en cana por apología del delito”, recogió el medio.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado resolvió este viernes concederle el beneficio de prisión domiciliaria a Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, e imputada por su presunta participación en el ataque con excremento al domicilio del diputado nacional José Luis Espert.

La medida fue adoptada bajo el régimen de vigilancia electrónica y quedó sujeta a la presentación de información por parte de la defensa sobre el lugar donde se cumplirá la detención.

En la resolución, la jueza dispuso conceder “la solicitud de prisión domiciliaria -bajo vigilancia electrónica- promovida en favor de Alesia Abaigar, de conformidad con lo previsto por el art. 10 inc. a) CP, 210 inciso ‘j’ del CPPF”, e intimó a su defensa a que, “en el término de una hora de notificada la presente, aporte el domicilio en el cual Abaigar cumplirá el arresto domiciliario aquí dispuesto, como así también los datos de la persona que designará como referente a tal fin”.

Además, la magistrada ordenó “al Complejo Penitenciario Federal N° VII de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal que, recibida que sea la información respecto del domicilio conforme el punto dispositivo que antecede, se sirva disponer el inmediato traslado de la imputada hacia dicho inmueble, a efectos de que sea allí donde se materialice el arresto domiciliario concedido, debiendo labrar las actuaciones de rigor que den cuenta de ello”.

El hecho que originó la causa penal ocurrió el lunes 16 de junio por la tarde, cerca de las 19, en la localidad bonaerense de San Isidro. Un grupo de personas arrojó bolsas con excremento animal frente al domicilio particular del diputado Espert -quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados- y dejó un cartel con una leyenda dirigida directamente hacia él. La secuencia quedó registrada en videos de cámaras municipales a los que accedió Infobae: en ellos se observa cómo al menos seis personas descienden de una camioneta blanca y descargan los bultos, que luego fueron desparramados sobre la vereda y el ingreso a la vivienda.

El mensaje, escrito en un cartel casero, decía: “Acá vive la m***** de Espert”, y fue colocado a la vista junto a las bolsas abiertas.

Anunciada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la detención de Abaigar se produjo el miércoles 25 de junio, en la zona norte del conurbano bonaerense, tras una serie de allanamientos ordenados por el juzgado interviniente. En la causa, se le imputa haber intervenido en la organización, logística y ejecución del acto junto a otras personas.

Las tareas investigativas incluyeron el análisis de los registros fílmicos, que permitieron identificar dos vehículos -con patentes presuntamente adulteradas- utilizados durante el episodio, así como peritajes sobre comunicaciones digitales atribuidas a la imputada.

Tras ser arrestada, Abaigar fue trasladada a la Unidad Nº 31 del Servicio Penitenciario Federal e imputada por el delito de daño agravado. En su indagatoria ante el fiscal, se negó a declarar. La jueza rechazó, en principio, su excarcelación tras considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación y señaló la “gravedad institucional del hecho”, dado que la víctima es un legislador nacional en funciones.

Alexia Abaigar ocupa actualmente el cargo de directora de Sensibilización y Promoción de Derechos en el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense. Su carrera en el sector público se inició en la ex AFSCA y continuó en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), donde intervino en la gestión de fondos concursables para medios comunitarios. En el gobierno de la provincia de Buenos Aires se desempeñó en distintas áreas desde la creación del Ministerio de Mujeres, en funciones de articulación institucional, asesoría de gabinete y dirección de programas vinculados con políticas de género.

Su formación académica incluye una licenciatura en Comunicación, una maestría en Políticas Sociales y una especialización en Comunicación, Géneros y Sexualidades, todas cursadas en la Universidad de Buenos Aires. También ejerce como profesora de yoga y ha mostrado en redes sociales afinidad con expresiones militantes del peronismo.

La investigación penal continúa y se prevén nuevas medidas para individualizar al resto de los involucrados. En paralelo, se dispuso la continuidad de la custodia preventiva en el domicilio del legislador.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ordenó el traslado al penal federal de Ezeiza de la funcionaria kirchnerista Alesia Abaigar, tras rechazar el pedido de excarcelación presentado por su defensa. Se encuentra detenida desde el miércoles pasado, al ser identificada como una de las presuntas partícipes de un acto de vandalismo frente a la casa del diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert.

Abaigar es directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense. Inicialmente, fue detenida y alojada en la División Unidad Operativa Federal San Isidro, ubicado en la calle Moreno 348 de ese partido.

Este sábado, según las actuaciones judiciales a las que tuvo acceso Infobae, el tribunal dispuso que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) arbitre, “con carácter de muy urgente”, los medios necesarios para su ingreso a una unidad donde pueda recibir atención médica adecuada a su condición de salud, y acceso a un “hospital intramuros apto” para tratarla. O bien, disponer del traslado a centros de salud externos para “atender cualquier afección que así lo requiera”.

Con esa medida, la militante pasó a estar detenida este fin de semana en una cárcel común.

En su declaración indagatoria por el incidente en el domicilio de Espert, Abaigar declaró que padece una enfermedad rara, de carácter autoinmune, que le exige “cuidar los pulmones”. “No puedo estar cerca de humo ni en lugares húmedos y todos los años me tengo que dar las vacunas contra el COVID y gripales”, señaló sobre la patología.

Daniel Llermanos, abogado de Abaigar, rechazó la resolución del juzgado de San Isidro y adelantó que presentará la apelación de la medida, y su absolución. Dijo que la mujer “está presa ilegalmente, y si participó del hecho, no pasa de una contravención municipal”. “Es un disparate el fallo, está manijeado por Patricia Bullrich. Jamás cometió un delito, y no existe una detención para delitos leves y menores, si lo fueran”, fustigó el letrado, en diálogo con Infobae.

El martes pasado, Espert denunció que su domicilio había sido blanco de amenazas y ataques vandálicos, tras el lanzamiento de estiércol sobre la vereda de su vivienda. El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 19. Los videos de seguridad registraron al menos a seis personas descendiendo de una camioneta blanca y descargando bolsas con excremento, que luego arrojaron en el acceso a la residencia.

Junto a los restos orgánicos, los participantes del acto dejaron un cartel con el mensaje: “Acá vive la m* de Espert”, dirigido específicamente contra el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El escrache se produjo poco después del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, y posteriormente a las declaraciones del legislador libertario en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se expresó con descalificaciones sobre la hija de la expresidenta, lo que generó el repudio de la casa de estudios y del peronismo.

Tras la acción vandálica, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció públicamente la detención de Abaigar como presunta autora del episodio y repudió lo ocurrido, en un operativo con varios allanamientos simultáneos. La investigación preliminar arrojó como prueba que el auto de la militante estaba en el lugar de los hechos. Por el incidente, también fue aprehendida la madre de Abaigar y el ex mecánico de su vehículo -ambos fueron vinculados por tener la autorización para manejar el coche-. Luego, fueron liberados.

Al conocerse los pedidos de excarcelación de parte de la defensa, Espert y su esposa, María Mercedes González, presentaron un escrito para oponerse a la petición, y señaló en sus fundamentos que su liberación “puede constituir un riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación”. “El hecho habría sido realizado de modo organizado, premeditado y coordinado por múltiples personas, lo cual indica un riesgo procesal que debe tenerse en consideración”, señala el texto presentado por el legislador.

Este sábado, luego de que el juzgado de Arroyo Salgado ratificó la detención, el kirchnerismo denunció una persecución judicial a través de las redes sociales, y solicitó la liberación de la funcionaria, a la que consideran una “rehén de Patricia Bullrich, Milei, Arroyo Salgado y José Luis Espert”. “Presa por mujer y peronista”, dice el mensaje y la convocatoria unificada, que fue compartido por la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, la diputada Lorena Pokoik, legisladora porteña Lucía Cámpora, entre otros militantes del peronismo y organizaciones afines.

Abaigar ocupa su cargo en el MMyD bonaerense desde enero de 2024, a partir de la segunda gestión del gobernador Axel Kicillof. Cuenta con una trayectoria de más de diez años en la administración pública en diferentes áreas. Según consta en la resolución judicial, la carátula de la causa contra la acusada es por “averiguación de delito”. Este lunes 30, a las 8 de la mañana, la defensa de la funcionaria dará una conferencia de prensa en Talcahuano 550, frente al Palacio de Tribunales.

La pesquisa penal por enriquecimiento ilícito contra Edgardo Kueider sigue corriendo por carriles paralelos. Por un lado, está el legajo que lleva adelante el fiscal de Concordia, José Arias, junto con el juez de Garantías, Edwin Ives Bastián. Por el otro, el expediente a cargo de la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

Bastián rechazó el planteo inhibitorio que le había hecho la magistrada. Y declaró que la Justicia provincial era la competente para hacer la pesquisa sobre el patrimonio del ex senador nacional, que permanece con arresto domiciliario en Paraguay desde el 4 de diciembre. Ese día lo detuvieron a la madrugada queriendo cruzar de Brasil con más de USD 200 mil sin declarar. Lo acusan de contrabando.

La defensa del ex legislador apeló la medida del juez de Garantías. El caso llegó entonces a manos del vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Maximiliano Larocca. Tras considerar los argumentos de Carlos Conti, abogado de Kueider en Entre Ríos, el magistrado ratificó lo decidido por Bastián. La sentencia se conoció este jueves por la mañana.

Los argumentos que utilizó Larocca para sostener la competencia de la Justicia entrerriana en la investigación están armados en función de una comparación con el expediente que Arroyo Salgado tiene abierto en su juzgado.

En primer lugar, señaló que no existe coincidencia temporal entre una investigación y la otra. La de San Isidro, estimó, comienza a partir del 29 de abril de 2019. La de Concordia, en tanto, abarca toda la vida política del acusado: desde que fue electo concejal en 1999 hasta que dejó la Secretaría General de la Gobernación en 2019.

La razón de considerar el 29 de abril como hito para la investigación federal es que ese día se realizó la asamblea de la empresa provincial de energía Enersa. El ex senador nacional actuó allí como representante de las acciones del Poder Ejecutivo que encabezaba Gustavo Bordet. Enersa es una de las firmas investigadas en la causa “Securitas” por el supuesto pago de sobornos por parte de directivos de la empresa de seguridad para quedarse con las licitaciones.

Kueider aparece mencionado en unos chats encontrados en los teléfonos de los empresarios paranaenses Claudio y Marcelo Tortul, directivos de Securitas imputados en el caso. Decían que era la persona relacionada con la elaboración de los pliegos de seguridad privada de la empresa.

Arroyo Salgado tiene como hipótesis de trabajo que el dinero que manipulaba en su oficina en Casa de Gobierno provincial podría venir de esta operación con los Tortul y Enersa. Ese manejo de dinero en efectivo se realizó en Casa de Gobierno, a metros de la oficina de Bordet, y quedó registrado en videos de cámaras de seguridad. Los registros se encontraron durante un allanamiento. Estaban en un saco que el ex legislador olvidó en un departamento de Buenos Aires.

Otro de los fundamentos de Larocca para negar el pase del legajo a San Isidro fue que, en esta etapa investigativa, no se puede coartar la tarea de la Fiscalía de Concordia. Además, la Justicia Federal aún no precisó la acusación contra Kueider.

“La falta de claridad imputativa señalada implicaría cerrar indebidamente las puertas a una investigación desarrollada por la Fiscalía de Concordia”, estimó. Esto afectaría las “facultades constitucionales autónomas de persecución penal pública en la provincia”. Este rango de acción abarca “todos los ilícitos que se cometan y sean de su competencia”, argumentó el magistrado.

El juez del Tribunal de Apelaciones de Concordia también rechazó que la existencia de dos pesquisas paralelas vulnere el derecho a la defensa del acusado. Tras la ratificación de que la investigación queda en Entre Ríos, se renueva la posibilidad de que sea la Corte Suprema de Justicia la que defina en qué juzgado debe seguir con la causa.

El planteo de la defensa de Kueider no solo fue rechazado por la Fiscalía. El abogado Enrique Bacigaluppe, defensor del socio y supuesto testaferro del ex senador Daniel González (alias “Gonzalito” o “Pajarito”), arguyó que en el caso federal no hay pruebas contra Kueider.

González está atravesando un momento complejo. Tiene diabetes avanzada que le provoca problemas graves en los ojos. Hace poco fue intervenido quirúrgicamente para evitar perder la visión. Es la sexta operación que le han practicado. Está cursando el postoperatorio en la cárcel de Ezeiza. Hay pedidos para que le otorguen la prisión domiciliaria que, hasta ahora, no han sido contestados.

El empresario y jefe narco Gustavo Sancho empezó a despedirse de su celda y sus compañeros de pabellón en la cárcel de Marcos Paz. Este miércoles recibió dos buenas noticias del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín: le sacaron cinco meses y quince días de pena y aprobaron que inicie el proceso de excarcelación, bajo los términos de la libertad condicional.

En mayo de 2023, Sancho fue condenado -por primera vez en su vida- a 11 años y seis meses de prisión, como líder de una organización dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes, en concurso real con el delito de lavado de activos. Hacía entrar al país avionetas clandestinas con cargamentos de entre 300 y 400 kilogramos de cocaína.

De todas formas, su nombre cobró relevancia mucho antes. En 2011 el papá de Candela Rodríguez lo había señalado como uno de los posibles narcos detrás del secuestro y asesinato de su hija. Desde entonces se lo empezó a vincular con los movimientos gruesos del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y a investigar sus maniobras de lavado de dinero, en las que también estaba involucrada toda su familia.

Otro episodio que lo tuvo como protagonista fue la amenaza de muerte a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. “Es un mensaje de la familia y de Gustavo Sancho. Esto no da para más. O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas como a Candela”, decía uno de los ocho mensajes intimidatorios que hicieron por teléfono al Juzgado Federal N° 1 de San Isidro en 2018.

Acorralado por varias investigaciones en distintos tribunales, Sancho finalmente fue detenido en noviembre de 2017, en el marco de la causa por la que lo condenó el TOF N° 2 de San Martín. Está preso desde entonces, hace 7 años y medio. Es decir, que ya purgó dos tercios de la pena que le impusieron. Además, no tiene sentencia firme: el expediente está en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, a la espera de la revisión en segunda instancia.

En este contexto es que, a pedido de la defensa, el tribunal integrado por los jueces Walter Venditti, María Claudia Morgese Martín y José Antonio Michilini le pidió al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz que envíe una serie de documentos para avanzar con la solicitud de excarcelación “en los términos de la libertad condicional”.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) tiene cinco días para elevar un diagnóstico sobre su conducta, su desempeño en áreas trabajo y educación, su evolución dentro del Régimen de Ejecución Anticipada Voluntaria de la Pena, el cumplimiento de los reglamentos carcelarios, el domicilio en el que residiría, un dictamen psicológico sobre el impacto del eventual regreso a la calle y, por último, un pronóstico de reinserción social.

En el fallo al que accedió Infobae, el TOF N° 2 de San Martín ya valoró positivamente los logros educativos de Sancho, que le valieron la reducción de su condena. En 2023 cursó y aprobó el segundo año de secundaria y en 2024 también completó el tercero. Con ese grado recibió el título de “Bachiller con orientación en gestión y administración de microempresas”.

Además, los jueces ponderaron que hizo un curso de formación profesional para capacitarse como “Operador de Herramientas de Marketing y Ventas Digitales”.

En su pedido para iniciar los trámites de la excarcelación, la defensa del narco empresario hizo una salvedad relevante: le requirió a los jueces que no tengan en cuenta la ley 27.375 para analizar el caso, sino la versión anterior de la Ley de Ejecución Penal.

Es que con la normativa modificatoria que impugnaron los abogados -conocida como Ley Petri- se estableció una prohibición absoluta de que los condenados por narcotráfico -entre otros delitos graves- accedan a la libertad condicional y otros beneficios penitenciarios.

Es una legislación que no está exenta de polémica, ya que se discutió en varias causas si esto no atenta contra el principio de reinserción social. En definitiva, el último abril la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la constitucionalidad de la ley 27.375, con un fallo plenario de 186 páginas en el que emitieron su veredicto los jueces de todas las salas.

La titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó a seis integrantes de la Armada Argentina por el ataque a Brisa Páez, la Marinera Segundo de Tropa Voluntaria que sufrió graves lesiones por parte de sus superiores durante un adiestramiento desarrollado el pasado 4 de abril en la Jefatura Militar de Vicente López. Como consecuencia del ataque, la denunciante, de 21 años, debió permanecer dos semanas internada en terapia intensiva, y en coma inducido.

En la resolución, la jueza Arroyo Salgado fue en línea con lo planteado por los fiscales federales Federico Iuspa y Mariela Labozzetta, -titulares de la Fiscalía Federal N.º 1 de San Isidro y de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), respectivamente- quienes habían presentado un dictamen en el que requerían que se incorporaran elementos de violencia de género presentes en el caso.

Asimismo, la magistrada resolvió que existen pruebas en el expediente que dan cuenta de que la joven, efectivamente, fue víctima de un ataque físico por parte de sus superiores.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, los seis imputados “ejercieron un nivel de agresividad superior al previsto en el Reglamento de Seguridad de la Armada, así como al nivel de conocimiento que el cargo de la víctima exigía (nivel mínimo), generando una situación de violencia excesiva”.

Según fuentes oficiales,esa situación derivó en que uno de los acusados, ex pareja de la víctima, fuera procesado con prisión preventiva por los delitos de lesiones graves triplemente agravadas por haber sido cometidas contra quien mantuvo un vínculo sentimental, mediando alevosía y violencia de género en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario.

En este caso particular, la magistrada verificó que el imputado había sido el responsable de los golpes más fuertes hacia la marinera –entre ellos, una patada voladora hacia el cuerpo de la víctima–, con el componente adicional de la relación previa que había mantenido con ella.

Por su parte, los otros cinco miembros de la Armada implicados por participar del operativo fueron procesados -sin prisión preventiva- por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y en uno de los casos, se sumó la calificación por el delito de lesiones culposas respecto de quien ejercía la supervisión directa.

Entre las medidas dispuestas para los procesados, la doctora Arroyo Salgado ordenó la prohibición de contacto con la víctima por sí ni por terceros y por cualquier medio físico, telefónico y/o virtual.

A su vez, la jueza libró oficio al Ministerio de Defensa y al presidente de la Comisión Unicameral de Defensa Nacional del Honorable Senado de la Nación Argentina, con el fin de informar los graves hechos investigados en los que se encontraban comprometidos derechos fundamentales en el contexto de “evidente ejercicio de violencia institucional y violencia de género”, por parte de superiores jerárquicos; que “reflejan, una preocupante distancia entre las prácticas institucionales observadas y las exigencias legales, convencionales y constitucionales vigentes en materia de derechos humanos”, según resolvió la magistrada.

El caso

A principios de abril, una joven militar de la Armada Argentina fue internada de gravedad en el Hospital Militar Central del barrio porteño de Belgrano, luego de haber sufrido un golpe en la cabeza durante un entrenamiento. En consecuencia, se abrió una investigación por lesiones para esclarecer lo ocurrido y en las últimas horas, se confirmó la detención de ocho superiores.

Todo ocurrió el pasado 4 de abril, cuando la marinera Páez resultó gravemente herida tras haber participado de un ejercicio de instrucción antidisturbios brindado en la jurisdicción naval de Vicente López. Según confirmaron las fuentes del caso a Infobae, uno de los instructores habría golpeado el escudo que utilizaba la víctima y habría provocado que se cayera de espaldas.

A pesar de que confirmaron que la uniformada tenía un casco de protección, esto no habría evitado que se golpeara la cabeza contra el suelo. Asimismo, los testigos del hecho aseguraron que la joven no habría recibido ningún tipo de asistencia, pese a que demoró varios minutos en reincorporarse.

De hecho, señalaron que el entrenamiento habría seguido su curso, mientras la militar habría continuado desplomada. Luego de que pudiera levantarse, Páez aseguró se sentía mal, debido a un fuerte dolor en la cabeza. Sin embargo, siempre en siguiendo el relato de los testigos, no habría sido asistida hasta que la derivaron hacia la enfermería de la base, ya que los síntomas persistían.

Después de haber recibido atención primaria, los médicos le recetaron un calmante y le colocaron un cuello inmovilizante. Además, se ordenó que fuera derivada hacia el hospital de Campo de Mayo, en donde el cuadro se agravó, debido a que la joven alertó que tenía la parte izquierda del cuerpo paralizada.

La situación empeoró aún más, cuando la uniformada sufrió una convulsión que derivó en que le realizaran estudios de imágenes de urgencia y la trasladaran definitivamente a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Militar Central. Frente a la gravedad de su cuadro, Páez fue inducida a un coma farmacológico para evitar la prolongación de las convulsiones.

Las lesiones sufridas por la militar motivaron a que la Justicia abriera una causa judicial, que quedó a cargo de la jueza federal Arroyo Salgado. La magistrada dispuso la detención de ocho personas que se encontraban involucrados en la práctica: desde el instructor acusado de presuntamente haber empujado a la marinera hasta el suboficial que había quedado a cargo del ejercicio.

En paralelo, la Armada inició una investigación interna, que se lleva a cabo en cumplimiento del reglamento de procedimientos navales establecido desde 1997 en el marco de las disposiciones del artículo 28 de la Ley de Seguridad Interior, que otorga a las fuerzas armadas el poder de policía en sus instalaciones.

En el sumario, las autoridades determinarán las sanciones que corresponderían a cada uno de los suboficiales detenidos por el caso. Se prevé que las penas sean severas, con sanciones que podrían ir desde graves hasta muy graves según el código de disciplina militar.

Incluso, fuentes oficiales anticiparon que los miembros directamente involucrados en el incidente serían dados de baja, mientras que se exigiría el retiro obligatorio al personal de mayor antigüedad que también desempeñó roles dentro del ejercicio.

Kueider sabe que si regresa al país, irá detenido a la cárcel de Ezeiza ya que la jueza Sandra Arroyo Salgado pidió en diciembre su extradición con fines de detención, aunque el trámite aún no avanzó en Paraguay por cuestiones formales. Las autoridades guaraníes objetaron la forma en que fue presentada la solicitud.

“Yo me podía haber ido a la Argentina esa misma noche, me podía haber vuelto, yo no estuve detenido. Nunca estuve detenido. La declaración se produjo después que voluntariamente fui a declarar a la Fiscalía en Ciudad del Este. Pero, antes de eso podía haberme retirado. De hecho, uno de los argumentos que expusimos con los abogados al juez para decirle que no había peligro de riesgo de fuga en la domiciliaria era que podíamos habernos ido mucho antes y no lo hicimos. Yo respeto a rajatabla las leyes. Lo que sí me parece injusto es que, si tenga que volver a la Argentina, tenga que ir al penal Ezeiza porque a la señora jueza quiera mostrar qué cuestión”, agregó.

En Paraguay enfrenta un proceso penal por contrabando y otro por presunto lavado de dinero. El ex legislador entrerriano dijo querer regresar a Argentina para estar con sus hijos y familiares, y admitió que su futuro político depende de cómo termine la causa judicial, aunque no descartó poder volver, si concluye favorablemente para él.

Se defendió de las acusaciones por las que está siendo investigado en la Justicia Federal y aseguró ser víctima de una persecución política y mediática. Vía Zoom, en un extenso reportaje en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), cuestionó el accionar de esa magistrada, y aseguró ser inocente. “Hoy estoy sufriendo una causa en la cual no tengo nada que ver, que se inicia por una falsa denuncia de un periodista, por una falsa denuncia de una publicación periodística y por digamos un interés raro de parte de la Justicia de vincularme a alguna cosa que nada que ver”, declaró.

Entrevistado por el periodista Daniel Enz, dijo que se arrepiente de haber cruzado la frontera desde Brasil hacia Ciudad del Este, la madrugada del 4 de diciembre con más de USD 200.000 sin declarar a principios de diciembre último, lo que derivó en su arresto domiciliario en Paraguay. Sin embargo, sostuvo que ese dinero incautado procedía de Paraguay, de “otras operaciones” que “no eran suyas”, y destacó que nunca quiso fugarse de ese país, y que se presentó a declarar, y no estuvo detenido inicialmente.

Casi sin ningún contacto con dirigentes de la política argentina, afirmó que nadie del gobierno de Javier Milei se comunicó con él; tampoco el ex gobernador Gustavo Bordet, que “jamás” lo llamó. Solo recibió muy pocas visitas de su familia o de algún amigo, aunque aseguró que algunos los llaman para ver cómo está.

A lo largo de casi una hora, insistió en que “todo lo que se dijo es falso” y que ya fue condenado socialmente. “Entonces uno habla y puede venir a una indagatoria periodística, pero ya fue juzgado. Yo sé que no voy a cambiar nada con esta indagatoria”, se lamentó al comienzo de la entrevista..

Muy crítico del accionar en la investigación de Arroyo Salgado y del fiscal federal Fernando Domínguez, afirmó no tener vínculos con empresarios investigados en la causa Securitas y negó que hubiera tenido poder de decisión respecto de ENERSA, cuando fue secretario de Gobierno y mano derecha de Bordet. Aseguró que “nunca fue empleado, funcionario, director, ni síndico” de la empresa de energía provincial. Su único rol documentado fue haber firmado las actas de asambleas anuales.

Opinó que la acusación de asociación ilícita que enfrenta en la Justicia Federal argentina está “agarrada totalmente de los pelos” y que el supuesto lavado de activos se basa en datos “irrisorios” e “incomprensibles”. Se quejó de sufrir un “daño irreparable” por el accionar de la Justicia de San Isidro por hechos con los que -según él- no tiene “absolutamente nada que ver”, y lamentó que ex colaboradores suyos estén actualmente detenidos.

La jueza y el fiscal Domínguez lo investigan en la causa Securitas y en la de presunto enriquecimiento ilícito, en la que se produjeron las detenciones de su primo Javier Rubel, de su amigo y socio Rodolfo Daniel González, de su ex secretaria, y de contadores vinculados a Kueider. En su mirada, existe un “abuso total de autoridad” por parte de la magistrada federal y el fiscal, y se considera un “chivo expiatorio”.

A su vez, la Justicia de Concordia lo investiga también por su patrimonio, en un expediente que impulsa el fiscal José Arias. Kueider calificó la existencia de dos investigaciones por el mismo hecho, en dos jurisdicciones distintas, como “inconstitucional” y una “doble persecución política”. La competencia entre las dos jurisdicciones aún no fue resuelta.

Kueider justificó la compra de los tres departamentos en un lujoso edificio en la Ciudad de Paraná como una “inversión” por parte de su firma Betail SA para “mantener el valor del dinero” luego del fracaso de un negocio de pollos, que habría quedado trunco por la pandemia.

Buenos Aires, 20 ene (EFE).- La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) recordó este lunes al fiscal federal Alberto Nisman durante un acto en homenaje donde señaló que estos 10 años de su fallecimiento, son parte de la "misma impunidad" que se ha vivido tras el atentado a su sede en 1994, causa llevada adelante por el fiscal al momento de su muerte.

El homenaje fue encabezado por el titular de la AMIA, Amos Linetzky, junto a la exesposa del fiscal y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado; también participó el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y el periodista y amigo de Nisman Joaquín Morales Solá.

“El asesinato del fiscal es la impunidad, la misma que vivimos hace más de 30 años con la Embajada de Israel y nuestra institución. La Justicia ha determinado que fue un asesinato. Sabía que su vida estaba en juego. Hay evidencias de las amenazas que recibió, por eso es importante homenajearlo”, destacó Linetzky.

El atentado contra la mutual israelita fue el segundo ataque terrorista contra instituciones judías en Argentina, después de que 29 personas muriesen en 1992 debido a la explosión de una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires. La comunidad judía atribuye a Irán y a la organización terrorista chií libanesa Hizbulá la planificación y ejecución de ambos atentados.

“Su asesinato y posterior campaña de desprestigio fue de una bajeza inconmensurable, pero no lograron enterrar su trabajo ni sus proyectos personales. Porque sus hijas, Iara y Kala, crecieron y se convirtieron en dos mujeres de bien, estudiosas, trabajadoras, amables y educadas. Crecieron sin odios, sin resentimientos, sin ánimos de venganza y sin miedos”, expresó Arroyo Salgado.

Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza durante la noche del 18 de enero de 2015, horas previas de presentar una denuncia, en el Congreso, contra la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015), por un supuesto encubrimiento a iraníes acusados de terrorismo.

“La Justicia ha determinado que fue un homicidio. Un fiscal federal investigando uno de los peores atentados terroristas sufridos en nuestro país. Un fiscal federal que, en consecuencia a su investigación, aparece sin vida”, recalcó Linetzky en rueda de prensa previo al homenaje.

El fiscal investigaba el ataque a la AMIA en Buenos Aires, que en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos; había denunciado a la exmandataria, a su canciller Héctor Timerman -actualmente fallecido- y otros dirigentes kirchneristas por presuntamente encubrir a iraníes acusados del ataque.

Al principio, la muerte de Nisman se investigó como suicidio, pero fue caratulada como homicidio por la Cámara Federal de Casación Penal en junio del 2018 y el proceso es llevado adelante por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, aunque todavía no han dado con los responsables.

Un informe publicado la semana pasada por la Fiscalía concluyó que Nisman “fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI- AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán”.

El documento indicó que parte de las dificultades para esclarecer el deceso del fiscal fue la contaminación de la escena en la que estuvieron unas 80 personas, tampoco se tomó la temperatura del departamento del complejo Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero, dónde fue hallado el cuerpo del fiscal.

“El Estado ha fallado en su investigación, la cantidad de irregularidades ha sido espantosa, desde el mismo momento del crimen”, agregó Linetzky.

Cuatro días antes de su muerte, Nisman había acusado a la exmandataria Fernández de firmar un acuerdo con Irán para acercar relaciones comerciales a cambio, supuestamente, de disminuir la carga judicial contra los principales sospechosos (del ataque), que ocupaban altos cargos en el país persa e Hizbulá.

Ese “pacto” con Irán nunca entró en vigencia y el Tribunal Oral Federal Nº 8 sobreseyó a la expresidenta por unanimidad el 7 de octubre de 2021, al considerar que el acuerdo "no constituyó un delito".

En 2023, Casación anuló el sobreseimiento y la Corte Suprema de Justicia confirmó a principios de diciembre pasado que Fernández debía ir a juicio oral y público por ese momerando, acusada de encubrimiento y abuso de autoridad. EFE

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Brisa Páez, la joven de 21 años que ingresó como marinera segunda de tropa voluntaria en la Armada Argentina hace cuatro meses, se encuentra en un lento proceso de recuperación tras un entrenamiento antidisturbios que la dejó al borde de la muerte. Según informó ayer Infobae, el incidente ocurrió el pasado 4 de abril en un simulacro realizado en la jurisdicción naval de Vicente López. Durante el ejercicio, Páez sufrió golpes violentos y caídas que derivaron en lesiones graves, que pusieron en riesgo su vida. Actualmente, permanece internada en el Hospital Militar Central, donde su evolución ha sido lenta pero favorable.

El caso ha generado una investigación judicial a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien ya ordenó la detención de ocho personas, entre ellas los instructores y superiores responsables del entrenamiento. Según trascendió, los testimonios recopilados han señalado posibles abusos, negligencias y fallas estructurales en los protocolos de instrucción de la Armada, lo que ha puesto en el centro del debate las condiciones de los entrenamientos militares en el país.

Un diagnóstico que marcó la diferencia

Según se reconstruyó en la investigación, tras el entrenamiento la joven manifestó un fuerte dolor de cabeza, por lo que fue atendida por un médico de la dependencia quien le colocó un cuello inmovilizante y ordenó su traslado al hospital de Campo de Mayo. Luego Báez aseguró tener la parte izquierda de su cuerpo paralizada y le realizaron estudios de imágenes. Pero ante el agravamiento del cuadro, fue derivada al Hospital Militar Central donde permaneció en estado de coma inducido toda una semana para evitar convulsiones.

La semana pasada, la Justicia ordenó la constitución de una suerte de junta médica externa integrada por el prestigioso neurólogo Ignacio Previgliano y por el titular del Hospital de Campo de Mayo, Alejandro Felice. El viernes, ambos especialistas y la jueza Arroyo Salgado se reunieron para determinar los pasos a seguir. Los expertos descubrieron en las imágenes de la resonancia “pequeñas lesiones” en el cerebro y recomendaron cambiar el tratamiento a la paciente.

En este diagnóstico fue clave la interpretación del cuadro médico que realizó el doctor Previgliano. “Le salvaron la vida a mi hija”, declararon los padres posteriormente. La joven, aunque continúa en terapia intensiva, evoluciona favorablemente y en las últimas horas pudo liberarse del respirador artificial.

La causa judicial

El miércoles por la tarde, Arroyo Salgado ordenó una serie de allanamientos -en los que se secuestraron celulares y otros bienes- y ocho militares resultaron detenidos.

Previamente se tomaron declaraciones testimoniales y ahora la magistrada tendrá 10 días para determinar la situación procesal de los acusados. La Justicia investiga, además, si hubo algún tipo de encubrimiento sobre lo sucedido, dado el tiempo que transcurrió hasta que Páez pudo recibir el tratamiento adecuado, y sobre las contradicciones sobre la causa de la lesión que sufrió la joven.

Testimonios clave

De acuerdo con las declaraciones tomadas recopiladas por la justicia, el entrenamiento antidisturbios en el que participó Brisa Páez estuvo marcado por irregularidades y por un uso excesivo de la fuerza. Según fuentes de allegados a la joven y judiciales, varios compañeros de Brisa Páez declararon que la preparación teórica y práctica previa al simulacro fue insuficiente. Algunos afirmaron haber recibido solo una o dos sesiones de instrucción, mientras que otros señalaron que no tuvieron ninguna preparación teórica antes de ser sometidos a ejercicios físicos de alta intensidad.

Durante el simulacro, los superiores actuaron como “manifestantes” y comenzaron a lanzar objetos, empujar y golpear a los participantes. Según los relatos, los instructores tomaban distancia para luego correr y golpear los escudos con fuerza, llegando incluso a derribar a algunos marineros. Uno de ellos describió el ejercicio como “más fuerte de lo que debería haber sido”, especialmente considerando la falta de experiencia de los participantes.

El momento más crítico del simulacro habría ocurrido cuando uno de los cabos propinó una patada en el escudo que sostenía Brisa Páez, lo que la hizo caer de espaldas. Pero aparentemente éste no fue un hecho aislado, ya que la joven habría sido golpeada en repetidas ocasiones durante el ejercicio. Un testimonio clave señaló que uno de los cabos tomó distancia antes de ejecutar una “patada voladora” que impactó directamente en el escudo de Páez, provocando su caída. Tras el golpe, la joven manifestó dolores en la cabeza y la espalda, además de presentar un hematoma visible en la frente.

Posibles motivaciones personales

Algunos testimonios sugieren que Brisa Páez pudo haber sido tratada de manera más agresiva que el resto de sus compañeros debido a una posible motivación personal. Ocurre que la joven habría tenido una relación amorosa previa con uno de los cabos de la instrucción, la cual terminó en malos términos.

Una compañera de Páez declaró que este cabo mostró un cambio de actitud hacia la joven tras la ruptura, lo que podría haber influido en su comportamiento durante el simulacro. Además, se mencionó que habría hecho comentarios despectivos hacia Páez y que, durante el entrenamiento, habría instado a otro superior a “darle con todo” a la joven.

Tras el simulacro, Brisa Páez fue llevada a sanidad debido a sus dolencias, pero no recibió atención inmediata porque no había un médico disponible en ese momento. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Militar Campo de Mayo, donde los médicos expresaron dudas sobre la versión inicial de los hechos proporcionada por los superiores. Sobre este punto, un compañero de Páez decidió informar al médico sobre la caída de la joven durante el simulacro, lo que permitió avanzar con la atención médica.

En paralelo a la causa judicial, la Armada Argentina inició un sumario interno para evaluar las sanciones correspondientes. Fuentes oficiales anticiparon que los responsables directos del incidente podrían ser dados de baja, mientras que el personal de mayor antigüedad involucrado en el ejercicio enfrentaría el retiro obligatorio.

El caso de Brisa Páez no solo ha puesto en evidencia las condiciones de los entrenamientos antidisturbios en la Armada Argentina, sino que también ha generado un debate sobre la conducta de los superiores a cargo y las posibles fallas en los protocolos de instrucción. La investigación en curso será clave para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras la joven continúa su lucha por recuperarse.

La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso el procesamiento con prisión preventiva de siete personas del entorno del ex senador Edgardo Kueider, cuya detención había ordenado hace 20 días, por lavado de dinero y asociación ilícita. Es en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en los Tribunales de San Isidro y en la que interviene el fiscal federal Fernando Domínguez, y que es conexa a otro expediente conocido como el “caso Securitas”.El ex senador continúa con prisión domiciliaria en Paraguay desde principios de diciembre, por intento de contrabando de divisas a ese país, donde además está siendo investigado por lavado de dinero. Quedó detenido luego de haber sido interceptado al intentar ingresar a Asunción USD 211.000 en una mochila sin declarar.

Entre los procesados figura el socio y amigo de Kueider, Rodolfo Daniel González, dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer que usaban el ex legislador y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, cuando cruzaban la frontera con Paraguay, y fueron detenidos en un control de rutina en la madrugada. Dueño de ese vehículo, al menos en los papeles, “Pajarito” - como lo conocen en Concordia de donde es oriundo también Kueider - es empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004, asignado “en comisión” cuando el ahora ex legislador llegó al Senado nacional en diciembre de 2019 en la boleta del Frente de Todos. Se hizo conocido por su actividad como puntero político en el peronismo de Entre Ríos tras haber sido secretario 8 años del ex gobernador Jorge Busti.

En una extensa resolución, Arroyo Salgado también procesó a Javier Rubel, primo de Kueider. De oficio restaurador de muebles y “changarín”, según consta en el expediente judicial, Rubel figuró como socio del ex legislador en la empresa Betail SA, a través de la cual Kueider compró, al menos, tres departamentos en un edificio de lujo en la ciudad entrerriana de Paraná y realizó movimientos de dinero que están siendo investigados por la Justicia.

González y Rubel fueron procesados por ser co-autores del delito de “lavado de activos, doblemente agravado por haber sido cometido con habitualidad, como miembro de una asociación-banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y por las intervenciones de funcionarios públicos que habrían cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, en concurso real con el ilícito de uso de instrumento privado falso, en carácter de partícipe necesario”. Al primo de Kueider le adjudicó, además, el ilícito de haber presentado un balance falso de Betail. A su vez, les dictó - a cada uno - un embargo por $7.800 millones.

Como reveló Infobae, la jueza había ordenado su detención para indagarlos, el 20 de marzo pasado, por la compra de departamentos con una empresa fachada, préstamos simulados para eludir a la AFIP, deudas ficticias, adquisición de vehículos a nombre de un tercero, balances adulterados y la utilización de estructuras societarias.

Respecto de Kueider, la jueza federal había solicitado su extradición a Paraguay a los fines de detenerlo e indagarlo en Argentina, junto con Guinsel Costa - su ex secretaria en el Senado y actual compañera afectiva - , pero hasta ahora el país vecino denegó el pedido. Al ex senador se lo acusa de haber incrementado su patrimonio de forma ilegal, utilizando empresas como Betail S.A. para adquirir inmuebles de lujo en Paraná, ocultando la titularidad mediante terceros.

A pedido del fiscal, asimismo, Arroyo Salgado declaró “en rebeldía” a la firma Betail SA, luego de la notificación cursada al domicilio de la sociedad - como reveló Infobae, allí hay una casa de familia en venta deshabitada-, y haber puesto en conocimiento a las defensas técnicas de Kueider, Rubel y González del requerimiento judicial. Esta situación iba a ser comunicada a la Inspección General de Justicia, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y al Registro de Antecedentes Penales del Registro Nacional de Reincidencia. Según corroboraron los investigadores, la firma nunca tuvo actividad comercial, y fue usada como “pantalla” para movimiento de dinero y compra de inmuebles.

Arroyo Salgado dispuso, además, el procesamiento con prisión preventiva del contador José Carlos Nogueras, involucrado en distintas operaciones de Kueider destinadas a ocultar el presunto origen delictivo del dinero usado en la compra de inmuebles y vehículos, como la camioneta Chevrolet - con un valor de USD 31.000 - en la que fue interceptado en la frontera paraguaya.

Al resto de los detenidos, les dictó el procesamiento con arresto domiciliario y tobillera electrónica. Esta medida alcanzó a Adriana Cecilia Crucitta, abogada, socia y pareja de González en dos firmas y, a su vez, empleada de la Biblioteca del Congreso; al contador Ezequiel Gustavo Bovetti; a Gabriela Patricia Saint Pierre, esposa de Nogueras, que aparecía en los libros de Betail SA; y a la ex secretaria de Kueider cuando era funcionario de Entre Ríos, Rita Soledad Machuca. En cuanto a la empleada del estudio contable de Nogueras Débora Ferreyra, la magistrada la procesó, pero sin prisión preventiva.

A todos los acusó de la figura de “lavado doblemente agravado por haber sido cometido con habitualidad, como miembro de una asociación-banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y por las intervenciones de funcionarios públicos”. Le fijó un embargo de $1.000 millones a Ferreyra, y de entre $3.000 y $5.000 millones a Crucitta, Bovetti, Saint Pierre y Machuca.

Arroyo Salgado consideró que formaron parte de una “banda” entre cuyos miembros figuran Kueider y Guinsel Costa, quienes “poseen, según los hechos que trascendieron desde su detención en diciembre pasado, grandes capitales que estarían en la República del Paraguay y podrían ser utilizados para planes evasivos o de obstrucción. Aunado a ello, los nombrados (ex legislador nacional y secretaria de este último) como miembros de la presunta organización trazada por la acusación, cuentan con el conocimiento, soporte de terceras personas, abundantes medios disponibles y recursos financieros que les podrían permitir, a todos ellos, organizar una posible fuga del proceso y entorpecer la investigación”.

A todos los acusó de perpetrar una maniobra “destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras, a través de la colocación y puesta en circulación en el sistema financiero, así como también en la conversión mediante la adquisición de bienes inmuebles (y su posterior transferencia) y muebles -durante el período comprendido, en principio, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el presente- con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público)”.

Para concretarla - según la jueza - algunos de los miembros de la “asociación o banda” se valieron “de su especial condición de funcionarios públicos en el ejercicio y/o en ocasión de sus funciones”, en referencia Kueider como senador y Guinsel Costa, González y Crucitta como empleados del Congreso de la Nación, y “personas que actuaron en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial”, por los contadores Nogueras y Bovetti. Para disponer las prisiones preventivas, la jueza evaluó que hubo “actitudes evasivas ante este proceso”, destrucción de pruebas y riesgo de fuga de los ahora procesados.

Entre las pruebas recolectadas por la Justicia federal, figuran transferencias de dinero de origen dudoso y documentos financieros falsificados. También se hallaron videos en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, cuando Kueider era funcionario del ex gobernador peronista Gustavo Bordet, que lo muestran recibiendo y contando fajos de dólares en efectivo, junto a funcionarios a su cargo, en el período en que la firma de vigilancia Securitas pagó coimas a directivos de ENERSA para mantener o conseguir los contratos de seguridad privada de esa empresa de energía provincial.

Todos los detenidos el 20 de marzo, en su indagatoria, hicieron uso del derecho a negarse a declarar y contestar preguntas, con la salvedad de que Bovetti aclaró que “no tuvo intervención alguna en lo que es gestión contable ni fiscal de la empresa Betail” , y que eso debía preguntársele a Nogueras. También sostuvo que, en diciembre de 2024, este último le pidió que r”ecolectara documentación existente referida a esta empresa para elaborar su defensa”.

Por su parte, Nogueras solo aclaró que su esposa - por Gabriela Saint Pierre- no tenía “absolutamente nada que ver con los hechos investigados, y que su vinculación ha sido un error de tipeo en el estudio contable” ya que tenían “modelos de actas y se tomó un modelo de acta de una empresa donde ella figuraba, y se trasladó ese error a los Libros de Betail”. A su vez, sostuvo que Bovetti “es un contador asociado que jamás tuvo a cargo” a esa empresa como cliente, y que “su dedicación estaba enfocada a otros clientes más importantes y solo colaboró en los últimos meses, para reunir la información” de Betail y “defender su posición, como auditor externo de esa sociedad”.

Los procesamientos y embargos se extendieron también a las empresas NOPOR SERVICE SA, LECTUS SA, VIA SNP LOGISTICA SA, FELSIR BIOTECNOLOGIA SRL y a VIJUSA INDUSTRIAL ARGENTINA SA, vinculadas a Nogueras y su esposa Saint Pierre, que habrían sido “utilizadas para canalizar dinero de origen ilícito gestionado por la organización”.

Este expediente en la Justicia Federal corre en paralelo al que lleva la Justicia de Concordia, de donde es oriundo Kueider, en el que en marzo el juez Edwin Bastian rechazó pasar su causa a Arroyo Salgado. Lo hizo a pedido del fiscal José Arias que viene impulsando la investigación desde mediados del año pasado. Tal como adelantó Infobae, la disputa se dirimirá en la Corte Suprema.

La Cámara Federal de San Martín declaró incompetente a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para que intervenga en la investigación contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por la criptomoneda $Libra y remitió su expediente a la magistrada federal de Comodoro Py María Servini.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el presidente de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas, aceptó un planteo de la Fiscalía para que el expediente a cargo de Arroyo Salgado pase a su par Servini.

Por el hecho se habían iniciado dos causas. Una en Comodoro Py con una docena de denuncias y la segunda en los tribunales federales de San Isidro. Los expedientes tramitaban en paralelo cuando no pueden haber dos investigaciones por un mismo hecho.

Arroyo Salgado investigaba el caso desde el mensaje que posteó en febrero pasado Milei para promocionar la criptomoneda. La jueza sostenía que ese mensaje pudo salir de la quinta de Olivos, donde ella tiene jurisdicción. Así se inició un conflicto de competencia que fue resuelto por la Cámara Federal de San Martín.

En su resolución, Salas sostuvo que la jueza limitó su investigación al posteo de Milei “excluyó otros hechos que la fiscalía los integró al expediente, simplificando un escenario que aparenta ser complejo, que podría estar abarcado por diversos sucesos e intervenciones ejecutados en distintos lugares y tiempos, que podrían ser conexos entre sí y de interés para el objeto procesal, que no correspondían ser desatendidos“.

También señaló que la causa que tiene Servini fue delegada al fiscal federal Eduardo Taiano que le dio impulso, a diferencia de la Fiscalía de San Martín que dictaminó por su incompetencia. El presidente de la Cámara agregó que la primera denuncia se presentó en Comodoro Py y que esa causa está más avanzada.

“Ello es suficiente para concluir que la justicia federal de CABA es la que se encuentra actualmente en mejor posición para investigar de manera integral el objeto procesal de los expedientes, constituidos por diversas y presuntas conductas delictivas que habrían sido cometidas en varias jurisdicciones y que tendrían conexión entre sí”, concluyó Salas para remitir la causa de Arroyo Salgado a la jueza Servini.

El caso comenzó cuando Milei publicó un mensaje en su cuenta de la red social X -y que lo fijó- en el que difundió el lanzamiento de $Libra. Pero horas después lo borró y publicó otro en el que dijo que no estaba interiorizado en la criptomoneda. Luego se supo que por su primer tuit el precio de la cripto pasó de un valor de 0,01, dólares a 5 en pocas horas y que unos pocos lograron retirar 100 millones de dólares mientras que otros perdieron miles. Todo eso porque contaron con información privilegiada de la que Milei formaría parte.

Junto con Milei están siendo investigados Julian Peh y Hayden Mark Davis, quienes intervinieron en la creación y lanzamiento de $LIBRA. Los dos tienen fotos con Milei y visitas a la Casa Rosada. También Novelli y Terrones Godoy, organizadores de Tech Forum, donde Milei conoció en octubre del año pasado a Peh y Davis. Por su parte, Morales era asesor de la CNV y renunció semanas después de que se conozca el caso.

“Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados, los cuales podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho”, planteó Taiano entre las personas a investigar cuando impulsó la investigación y ordenó las primeras medidas de prueba.

La Justicia de Paraguay volvió a rechazar por “defectos” formales la solicitud de extradición del ex senador Edgardo Kueider, quien cumple prisión domiciliaria en ese país, realizada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en diciembre pasado, para traerlo detenido al país e indagarlo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El pedido de la magistrada alcanza, también, a la pareja y ex secretaria del ex legislador Iara Guinsel Costa, con quien fue interceptado el 4 de diciembre último cuando intentaba ingresar a Ciudad del Este desde Brasil, con USD 211.000 sin declarar en su camioneta. Por ese episodio, el juez paraguayo Humberto Otazú los imputó al día siguiente por tentativa de contrabando y dispuso la prisión preventiva domiciliaria de la pareja en Asunción, mientras avanza la investigación a cargo de los fiscales.

En enero, el juez paraguayo Rolando Duarte le había solicitado a la Justicia argentina que “amplíe” y “clarifique” la información y argumentos que sustentan la solicitud de extradición de Kueider y Guinsel Costa. Lo hizo a partir del dictamen de la fiscal adjunta Matilde Moreno, que consideraba que “no contaba con la información necesaria para un pronunciamiento adecuado y ajustado a derecho en este momento, por defectos de forma y fondo atribuibles al Estado requirente”, por lo que no podía expedirse en esta instancia sobre el pedido de extradición. Esa respuesta fue calificada en los Tribunales de San Isidro como “un exceso” y “una intromisión” en el proceso que lleva adelante la Justicia de nuestro país. “Un magistrado de Paraguay no puede decirle a un juez argentino qué puede o no puede hacer. El pedido tomaba como base los requisitos del Tratado Bilateral de Extradición entre ambos países”, señalaron fuentes judiciales en ese momento a Infobae.

En respuesta a la solicitud de Duarte, Arroyo Salgado le envió un escrito ampliatorio de 12 páginas el 21 de febrero pasado. Recogió los argumentos del fiscal interviniente en la causa que transita en los Tribunales de San Isidro, Fernando Domínguez. “Facilitar la persecución penal en materia de delitos especialmente graves es, naturalmente, un objetivo buscado por la legislación supranacional. Los tratados oportunamente citados para requerir la extradición y las medidas de cooperación coexisten (todos tienen validez y efectos entre las partes). Mal podrían entenderse contradictorios en sus términos ni contradictoria puede ser su aplicación, sobre todo porque -en el caso- todos ellos tratan, en sus partes pertinentes, sobre el aseguramiento de la cooperación internacional en materia penal”, advirtió la magistrada argentina a su par paraguayo.

También argumentó en ese escrito que “se solicitó la extradición de Kueider y Guinsel Costa para efectivamente someterlos a proceso penal, dentro del cual la declaración indagatoria es un acto central” en el procedimiento argentino. “Los organismos del Estado requerido no pueden, válidamente, inmiscuirse en la jurisdicción de las autoridades judiciales requirentes, acerca de las medidas de injerencia que en este foro se han adoptado como adecuadas, a fin de garantizar y asegurar la comparecencia de los imputados a este territorio y mitigar los peligros procesales de riesgo de fuga y entorpecimiento de la pesquisa, oportunamente valorados al rechazar las eximiciones de prisión intentadas por los requeridos ante este Tribunal, de conformidad con las normas materiales y procesales que integran el derecho interno”.

A finales de enero, Kueider y Guinsel Costa dejaron el complejo residencial “Tierra Alta” de Villa Morra, en Asunción, donde estaban alojados por el reclamo de los vecinos ante la guardia periodística y la presencia de la custodia y se mudaron a una casa ubicada en la calle José Félix Bogado al 2600, en el Barrio San Vicente, también ubicado en la capital paraguaya.

La nueva respuesta de Paraguay

El miércoles 19 de marzo, un día antes de que venza el plazo para resolver, Manuel Doldán, titular de la Fiscalía de Asuntos Internacionales de Paraguay, emitió un dictamen en el que señaló que la magistrada argentina debía “corregir la superposición de rogatorias a fin de que se cumplan los lineamientos del Tratado de Extradición entre ambos países”, en referencia al pedido de medidas en el marco de la cooperación internacional y la solicitud de extradición.

Doldán cuestionó que, el 30 de diciembre del año pasado, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores “remitió una solicitud de asistencia jurídica internacional, separada de la solicitud de extradición, encausada en una rogatoria independiente, transmitida por la vía prevista e invocando la norma internacional aplicable”. Ante una consulta de Infobae, fuentes del Ministerio Público Fiscal de Paraguay sostuvieron que “por un lado, envían una solicitud formal de Asistencia Jurídica y piden determinadas medidas, y por otro lado, en vía paralela, envían una solicitud formal de extradición en donde solicitan medidas invocando Tratados que exigen trámites de legalidad distintos, y eso alteró el curso natural de todos los pedidos”.

El juez Duarte le dio curso al dictamen del fiscal paraguayo y envió esa respuesta a la Cancillería argentina el jueves 21 de marzo. “Se verifica que las autoridades argentinas remitieron rogatorias superpuestas y por diferentes vías, por lo que nuevamente la Fiscalía General del Estado solicita la corrección de este defecto salvable, a fin de evitar la coexistencia de eventuales resoluciones judiciales contradictorias y de dilaciones innecesarias, con el escándalo jurídico que traería aparejada tal situación”, señaló el magistrado en su escrito.

“Por tanto hágase saber que el pedido de extradición no ha sido iniciado ni requerido conforme a lo previsto en el Artículo 19 del Tratado de Extradición, por lo que esta Magistratura, aun no considera procedente el análisis de la detención preventiva con fines de extradición en las actuales condiciones procesales, conforme al dictamen emitido por la Fiscalía General del Estado”, concluyó el juez Duarte.

Al cierre de esta nota, en la Cancillería argentina aún “no habían recibido nada formalmente”, según pudo saber este medio.

Lectura política

Si bien se trata de un “defecto formal salvable”, la lectura que hacen las autoridades argentinas es que “hay un tema político de retrasar o evitar la extradición”. En Cancillería deslizaron que “no recuerdan” otro caso en el que, a un oficio de la Justicia argentina para solicitar la extradición, la respuesta de la Justicia de otro país haya sido esa.

A su vez, en los Tribunales de San Isidro sostiene que para otorgar la extradición, no es necesario incluir las pruebas que constan en las causas en las que se lo investiga a Kueider en el país por enriquecimiento y lavado de dinero, en un expediente conexo al “caso Securitas”. “El pedido tomaba como base los requisitos del Tratado Bilateral de Extradición entre ambos países. Basta con que el delito imputado sea también delito en Paraguay y que se asegure que se lo someterá al debido proceso en el país, con todas las garantías”, se quejaron en los Tribunales Federales de San Isidro.

Estando detenido en Paraguay, Kueider sumó una nueva causa penal en ese país por presunto lavado de dinero, a partir del intento de comprar seis departamentos entre abril y julio de 2024, que luego se frustró por no haber presentado la documentación respaldatoria solicitada. Las operaciones activaron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en la Unidad Antilavado de Paraguay, que a su vez, alertó a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina. La filtración de esos informes secretos - publicados por la revista entrerriana Análisis - derivaron en una denuncia de la UIF paraguaya contra su par en nuestro país.

Compra de departamentos con una empresa fachada, préstamos simulados para eludir a la AFIP, deudas ficticias, adquisición de vehículos a nombre de un tercero, balances adulterados y la utilización de estructuras societarias. Estas fueron las maniobras perpetradas por el ex senador Edgardo Kueider y su entorno para - según la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez, aumentar su patrimonio fuera de los radares de la Justicia y el fisco. Formaron parte de un entramado de acciones que tenían como fin dar apariencia lícita a un gran volumen de dinero de origen ilegal, según una extensa resolución de la magistrada federal de San Isidro.

Constan en la causa donde se investiga al ex legislador por Entre Ríos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, conexa a otro expediente conocido como el “caso Securitas”. La reconstrucción de esta operatoria fue lo que disparó, el jueves pasado, la detención de siete personas vinculadas a Kueider, entre los que estaban socios de Kueider, prestanombres, una abogada y contadores que participaron de las maniobras. La participación de todos ellos es lo que amplió la acusación a la conformación de una presunta “asociación ilícita”.

Kueider se encuentra con prisión preventiva domiciliaria en Asunción desde que fue interceptado en diciembre pasado, tratando de ingresar a Paraguay más de USD 200.000 sin declarar, junto a Iara Guinsel Costa. La joven, que sería su actual pareja, había sido designada por Kueider en su despacho en el Senado como asesora, con la categoría más alta, pese a que no solía vérsela por el Congreso. Arroyo Salgado pidió, a finales de 2024, la extradición de Kueider y de Guinsel Costa para que sean enviados detenidos al país e indagarlos. Pero Paraguay no accedió, hasta ahora, a la solicitud de la magistrada argentina. En ese país enfrenta un proceso por contrabando.

Uno de los detenidos el jueves fue el primo de Kueider, Javier Rubel, quien figuró como socio del ex legislador en Betail SA, una empresa fachada a través de la cual Kueider compró tres departamentos en la ciudad de Paraná y realizó movimientos de dinero que están siendo investigados por la Justicia. La vivienda en Concordia de Rubel, un maestro mayor de obras, fue allanada por Arroyo Salgado junto a otros seis operativos simultáneos en la Ciudad de Buenos y el Conurbano bonaerense.

Según la documentación oficial, Betail fue creada el 16 de diciembre de 2019, apenas 6 días después que Kueider asumiera como senador nacional. Su amigo Rodolfo Daniel González -empleado de la Biblioteca del Congreso - ingresó originalmente como presidente de la firma. Conocido como “Pajarito”, González fue otro de los detenidos el jueves, ya que la juez le revocó la exención de prisión que le había otorgado anteriormente.

Para la Justicia, “ante su mayor exposición pública, (Kueider) requería de un instrumento societario para solapar la gestión de sus activos de origen ilícito obtenidos durante su función pública anterior. En efecto, el día 13 de diciembre Kueider recibe en su despacho a González y 3 días después éste comienza a presidir Betail”.

González fue asignado en comisión al despacho de Kueider, y días después, renunció como presidente de Betail. En la asamblea extraordinaria del 20 de enero de 2020, fue reemplazado en ese rol por Rubel, sin actividad comercial o empresarial conocida. Como director suplente, quedó el propio Kueider. “De sus balances y estados contables obtenidos en esta investigación, surge que (la empresa) nunca desarrolló actividad” y “no tuvo nunca estructura operativa” para desarrollar la actividad declarada: la venta al por mayor ganado bovino, se advierte en la resolución judicial.

Tal como reveló Infobae, como sede social de Betail figura el domicilio una casa familiar en venta, en la calle Ercilla 6288, en Liniers, deshabitada y en refacción.

Los otros apresados a los que la Justicia federal identificó como integrantes de la “banda” de Kueider - por los que le cabría la figura de asociación ilícita - fueron la abogada Adriana Crucitta, socia de González en otra empresa y también empleada de la Biblioteca del Congreso, asignada al despacho de Kueider para cumplir funciones de “asesora”; los contadores José Carlos Nogueras y Ezequiel Bovetti; la empleada de ese estudio contable, Débora Ferreyra; y Gabriela Patricia Saint Pierre, quienes habrían participado de las maniobras de simulación de titularidad y falseamiento de datos societarios y financieros. También quedó detenida la ex secretaria de Kueider cuando era funcionario en Entre Ríos, Rita Machuca. Todos fueron llevados el viernes al Juzgado de Arroyo Salgado para prestar declaración indagatoria.

Para el fiscal federal Domínguez, Kueider y los demás detenidos conformaron “una asociación ilícita para, mediante distintas maniobras, adquirir bienes inmuebles y vehículos, y colocar activos de origen ilícito en el sistema financiero local, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el presente, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal”. Hasta ahora, los delitos precedentes que se le imputan a Kueider son el cohecho , negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público.

Según la acusación, estas operaciones “configurarían el delito de lavado de activos doblemente agravado previsto y reprimido en el art. 303 inciso 2 a y b del Código Penal”. Este inciso prevé una pena aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, cuando el delito se cometiera “con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”, y/o “cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones”. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres a diez años.

Las maniobras de presunto lavado

La Justicia corroboró que, para adquirir tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live, sobre la calle Santiago del Estero 511 en la ciudad de Paraná, Kueider usó a Betail SA para no figurar directamente como titular. Para ello, contó “con el activo asesoramiento y respaldo del contador Nogueras, su socio Bovetti y la colaboración de Ferreyra”, para “simular actividades agropecuarias que (la firma) jamás desarrolló, ya que su real propósito era la conversión, aplicación y disimulación de activos de origen ilícito”.

Kuider en persona visitó las unidades antes de comprarlas, incluso cuando estaban en construcción, según los testimonios de empleados de la administradora del fideicomiso Tejeiro-Santiago del Estero que construyó el edificio. Adquirió dos unidades de dos y tres ambientes en el 6to piso, y un semipiso en el 13, en el que vivió unos meses con Guinsel Costa.

La operaciones inmobiliarias se realizaron entre marzo de 2021 y agosto de 2023, por la suma de, al menos, $41.149.659 (USD 152.106 a la época de la cancelación de los pagos). Los boletos de compra-venta fueron firmados por Rubel como presidente de Betail y los pagos fueron en efectivo. Para el fiscal Domínguez, Kueider “habría gestado esa estrategia” de la compra a través de Betail porque “nunca registró ingresos legales suficientes como para solventar dicha operación inmobiliaria en la modalidad expuesta”. De hecho, en el período investigado, solo tenía su sueldo de funcionario y, luego, de senador.

Para los investigadores, Kueider “fue la persona que adquirió los departamentos y cocheras del edificio Live con fondos presumiblemente originados en hechos de corrupción funcional, contando con la estrecha colaboración de Rubel, González y Saint Pierre, en la configuración de la sociedad fantasma (Betail) que se instrumentó como pantalla, y de Nogueras, Ferreyra y Bovetti en el entramado de acciones para aparentar de que se trataba de una empresa real”.

Ante un requerimiento de la ex AFIP por inconsistencias de Betail SA en diciembre de 2022, Rubel y Ferreyra, como representantes de la empresa, alegaron la existencia de dos supuestos préstamos de dinero “con la intención de justificar parte del dinero ingresado en las cuentas bancarias” de la firma, lo que quedó reflejado en los balances que incluyeron datos falsos. Argumentaron que dichos préstamos habían sido gestionados para un proyecto destinado a la elaboración de fertilizantes que, al no concretarse, finalmente se aplicó para la adquisición de las propiedades. Así, “documentaron, falsamente, ante el organismo recaudador un préstamo de $3 millones concedido en noviembre de 2019 por Estructuras Financieras Regionales SA a González, entonces presidente de Betail”. Asimismo, también aportaron documentación para simular otro préstamo de $3.780.000 otorgado por esa misma firma a Rubel, un año después, en abril de 2020. falsearon datos de Betail SA.

Pero cuando la jueza convocó a declaración testimonial al presidente de esa empresa - un agente de liquidación y compensación registrado ante la CNV que se dedica a la intermediación de productos financieros -, Estructuras Financieras negó haber intervenido en el otorgamiento de un crédito a Betail. “El logo es nuestro, pero ese estilo de documento no nos pertenece. No hacíamos este tipo de operaciones”, sostuvo el titular de la firma ante la Justicia.

Sobre el rol de otra de las detenidas, Machuca, la Justicia consideró que “cumplió la tarea de figurar como usufructuaria” de uno de los departamentos adquiridos por Kueider a través de un contrato de comodato de octubre de 2023, en donde Betail SA le cedía el semipiso del Piso 13 del edificio Live. La tarea de la ex secretaria de Kueider era gestionar la habilitación de los servicios básicos, de electricidad, gas y agua. Sin embargo, de acuerdo a la declaración del encargado, Machuca nunca vivió allí. “Ese documento se elaboró al solo efecto de otorgarle a este miembro de la organización un instrumento para gestionar los servicios de los departamentos y así evitar exponer a su verdadero titular”, consideró Arroyo Salgado.

Al menos a partir de junio de 2024, Guinsel Costa se presentó como titular de los inmuebles ante la administración del edificio. Era quien abonaba las expensas a través de transferencias bancarias desde una cuenta a su nombre, que era fondeada por Kueider, González y la firma Peninsular Sudamericana SAS, de González y su socia, Crucitta. A través de esta firma, también se pagaron - según detectó la Justicia federal del análisis de los celulares secuestrados - estadías en el Hotel Mayorazgo, un establecimiento cinco estrellas, de Paraná.

La compra de departamentos en esa ciudad entrerriana no fue la única operación bajo sospecha. El 17 de agosto de 2021, Kueider adquirió una camioneta Chevrolet Trailblazer por USD 31.180. Pero no lo hizo a su nombre sino en el de González quien figuró como el titular de la operación, con la colaboración del contador Nogueras. Ese vehículo contaba con cédulas que autorizaban a manejarlo al propio Kueider, a su entonces esposa Liliana Di Lello y a Guinsel Costa. En julio de 2024, Kueider compró otro vehículo, un Peugeot 208, por USD 19.700.

Entre las maniobras, también se detalla la introducción en el sistema bancario de $8.586.827 y USD 26.011 en cuentas abiertas por Betail, a través de sociedades comerciales ligadas a la organización como Nopor Servie SA, Lectus SA , Vía SNP Logística SA , Felsir Biotecnología SRL, y Vijusa Industrial Argentina, para “ocultar su procedencia ilícita”.

Otro de los ardides que identificó la Justicia fue la cesión de un boleto de compraventa y rescisión de un contrato de mutuo celebrado en diciembre de 2020 por $30.000.000 y USD 200.000 de González a Betail, que resultó ser falso. A la fecha de celebración de la supuesta cesión, la deuda ascendía a USD 430.325 y, a los efectos de cancelar el mutuo, hicieron la cesión de boletos de compraventa de las unidades del edificio Live en Paraná, que “en rigor corresponden al patrimonio personal de Kueider”.

El origen de dinero

La investigación por enriquecimiento y lavado de dinero que lleva la jueza Arroyo Salgado contra Kueider es conexa con otra causa anterior que tramita en el mismo Juzgado de San Isidro, en la que también está siendo investigado el ex senador, conocida como “Securitas”, por el nombre de la empresa de seguridad privada. En este expediente, la propia empresa se autodenunció y contó que ex directivos - hoy todos procesados por Arroyo Salgado, con confirmación de la Cámara Federal de San Martín, - hicieron pagos ilegales entre principios de 2017 a abril de 2019 a funcionarios de la empresa de energía entrerriana ENERSA, para mantener u obtener los contratos de seguridad y vigilancia privada en organismos oficiales.

Para la jueza y el fiscal Domínguez, “hay fundadas sospechas de que los fondos convertidos y colocados por la asociación investigada (en referencia a Kueider y su entorno) son de procedencia espuria”, y que “en virtud de la tipología de maniobras realizadas y sus fechas de concreción”, habría “una directa vinculación con los pagos indebidos” realizados los ex directivos de Securitas.

En ese sentido, advirtieron que, al menos entre el 28 de abril de 2017 y el 29 de abril de 2019, en su carácter de secretario general de la gobernación de la Provincia de Entre Ríos, Kueider “era, por mandato del gobernador Bordet, el representante de las acciones pertenecientes a dicha en ENERSA, y habría mantenido contactos con los imputados Marcelo Javier Tortul y Claudio Raúl Tortul”. Estos son empresarios entrerrianos que construyeron el edificio Live, en el cual poseen varias de sus unidades y son vecinos de Kueider, en el Piso 13.

Arroyo Salgado y Domínguez consideraron una prueba clave los videos que muestran cómo Kueider, siendo un funcionario con un alto cargo durante el mandato del peronista Gustavo Bordet, cuenta gran cantidad de fajos de billetes en efectivo en su oficina en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, tal como reveló Infobae el viernes.

Las imágenes registran “la recepción y entrega de importantes sumas de dinero por Kueider y funcionarios a su cargo, en Paraná, en el período en que se cometieron los hechos de corrupción del caso Securitas-ENERSA”; lo que podría considerarse “otro importante indicio” del delito precedente al enriquecimiento y lavado de dinero por parte de Kueider y su entorno. Fueron filmados entre el 31 de octubre de 2018 y el 29 de enero de 2019.

Los cinco videos estaban en un disco rígido secuestrado en el vestidor de un dormitorio, durante uno de los allanamientos realizado por la jueza federal Arroyo Salgado en un departamento del ex senador en Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires. Según le dijo el propio Kueider al periodista entrerriano Daniel Enz, director de la revista Análisis, los billetes eran fondos reservados que manejaba diariamente como funcionario de la Gobernación. Estas partidas discrecionales estaban fuera del control de los organismos provinciales.

Consultado en su momento por Infobae, Bordet negó enfáticamente haber recibido coimas de Securitas. Si bien Kueider fue su hombre de confianza en la gobernación, luego - cuando este último llegó a Congreso nacional- se distanciaron políticamente ya que Kueider no votó con el bloque peronista al que pertenecía, y terminó apoyando la Ley Bases en el Senado, en sintonía con los deseos del gobierno de Javier Milei.

Se trata de cinco videos con imágenes del interior del despacho que ocupaban Kueider y sus colaboradores en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, en la sala de espera, el pasillo, y la oficina del secretario. Fueron grabados si que Kueider supiera. Ese expediente es conexo con otra causa anterior en la que también está siendo investigado el ahora ex legislador, conocida como “caso Securitas”, en la que se corroboraron pagos ilegales de directivos de esa empresa de seguridad privada a funcionarios públicos de distintas provincias, entre ellos, de la empresa de energía entreriana ENERSA.

La conexión con la causa Securitas obedece a la fecha en que fueron filmados los videos: entre el 31 de octubre de 2018 y el 29 de enero de 2019, cuando Kueider era secretario de Gobierno de Entre Ríos, y antes de que fuera electo senador en diciembre de ese año en la boleta del Frente de Todos. Consultado en su momento por Infobae, Bordet negó enfáticamente haber recibido coimas. Si bien Kueider fue su hombre de confianza en la gobernación, luego - cuando este último llegó a Congreso nacional- se distanciaron políticamente ya que Kueider no votó con el bloque peronista al que pertenecía, y terminó apoyando la Ley Bases en el Senado, en sintonía con los deseos del gobierno de Javier Milei.

“Las filmaciones que Edgardo Kueider conservó, por razones desconocidas, aunque presumiblemente para deshacerse de imágenes comprometedoras poco antes de dejar su cargo provincial, ilustran cómo aquel funcionario y su entorno disponían de importantes sumas de dinero en efectivo en el interior de oficinas gubernamentales. De esta manera, lo que también deja en absoluta evidencia es que parecía tratarse de una práctica habitual ejercida con naturalidad, en el interior de las oficinas de Kueider y sus colaboradores. Por otra parte, las entregas de importantes montos de efectivo impresionan como conductas subrepticias, por fuera del normal mecanismo de una burocracia estatal. Exceden, por lejos, lo que podría interpretarse como operaciones de caja chica o viáticos; los desembolsos, como lucen con claridad en las filmaciones, no se respaldan con documentos específicos (facturas, recibos, remitos), propios de operaciones legales, rubricados por los participantes en que consten la entrega y su finalidad; y el ámbito de estas operaciones no resulta en absoluto habitual, como lo sería, por ejemplo, en el ambiente de una tesorería”, advirtió el fiscal Domínguez.

En uno de los videos incorporados por la jueza Arroyo Salgado a la causa por enriquecimiento ilícito y lavado dinero contra Kueider, se lo observa a Kueider junto a una mujer, maniobrando fajos de dinero en efectivo para luego ser introducidos en una bolsa color crema a la que Kueider cierra con una abrochadora. Luego, la mujer se retira y Kueider realiza un llamado telefónico. En la secuencia se ve, entonces, que otra mujer abre la puerta de su despacho y hace pasar a un hombre a quien el entonces secretario general de la Gobernación le entrega la bolsa que contiene el dinero.

La mujer que se observa en dos de los videos sería Mariela Teruel, subsecretaria de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos de la Provincia de Entre Ríos. Teruel es la cónyuge de Néstor Balcar, gerente de suministro de ENERSA. Directivos de esa empresa de energía entrerriana fueron procesados por la jueza Arroyo Salgado por el cobro de sobornos pagados por directivo de la empresa de seguridad privada Securitas. En esos años, ENERSA estaba bajo la órbita de Kueider, entonces secretario de Gobierno de la provincia.

En otro de los video, Kuedier dialoga con dos mujeres. Una de ellas se retira de la oficina. La otra saca un sobre marrón y se lo entrega al entonces funcionario. De su interior Kueider extrae dinero en efectivo y lo cuenta, para luego ponerlo en el interior del sobre marrón. Toma otro y coloca ambos en otro de color marrón y mayor tamaño. Lo cierra con una abrochadora. Posteriormente, del despacho se retira con el sobre y una bolsa de blanca.

En otra imagen se lo ve Kueider transitando el pasillo mientras observa su dispositivo celular. Vuelve a aparecer en escena llevando consigo fajos con billetes de dinero. El entonces secretario general de la Gobernación entrerriana ingresa a su despacho, en donde lo espera un hombre sentado, a quien le entrega entrega los fajos de dinero.

Finalmente, en otro video se ve la imagen de un hombre de contextura grande y una mujer, alrededor de la mesa de reuniones de la oficina del secretario. Del interior de una caja blanca extraen bolsas negras que contienen fajos de dinero. Los ponen sobre la mesa y empiezan a contarlo. La mujer toma varios fajos de dinero y los lleva consigo. Desaparece de escena con posible destino a una oficina contigua.

Para el fiscal Domínguez y la jueza Arroyo Salgado, el material se suma a las pruebas existentes que “demuestran la entrega de importantes sumas de dinero, por parte de la asociación ilícita investigada en la causa FSM 3084 (causa Securitas), a funcionarios de la Provincia de Entre Ríos”. En ese sentido, advierten que las imágenes encontradas en el allanamiento a la vivienda de Kueider “podrían haber sido alguna de aquellas operaciones espurias”.

Fondos reservados

Kueider tuvo el manejo de fondos reservados de la Provincia a partir de 2017, cuando por una ley sancionada en la Legislatura entrerriana recayeron en sus manos. Las partidas de gastos reservados están identificadas con el número 3.9.2 en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias de Entre Ríos. No requieren rendición ni existe auditoría ni control de los organismos públicos como la Contaduría General o el Tribunal de Cuentas.

Según pudo determinar Infobae, el funcionario de confianza de Bordet ejecutó un presupuesto de gastos reservados de $8.351.651 millones en 2018 y de $10.062.000 en 2019. En dólares, a la cotización promedio del año respectivo en el Banco Nación, equivalieron a USD 291.913 en 2018 y de USD 202.373 en 2019. La cifra global sumó USD 494.286.

El Semanario Análisis publicó en su última edición de 2024 una historia que fue confirmada a Infobae por dos fuentes sin contacto entre sí. El episodio transcurre en enero de 2019, un mes caliente en lo político porque se venía la campaña de reelección de Bordet. Kueider recibió un correo de una dirección desconocida. Traía un video adjunto. Al abrirlo, el secretario general descubrió filmaciones de la cámara de seguridad que había instalado en su despacho en Casa de Gobierno. El dispositivo transmitía vía wi fi directamente a su celular como una medida de seguridad cuando no estaba, ya que allí estaba la caja de seguridad donde guardaba los fondos reservados de la Gobernación. Pero había sido hackeado y las imágenes fueron tomadas sin que él l supiera. Su afición a la tecnología le jugó una mala pasada.

Las grabaciones correspondían a octubre, noviembre y diciembre de 2018 y a ese enero aún en curso. Mostraban a Kueider en dos tipos de situaciones comprometedoras.

La más grave era distribuyendo plata de lo que serían fondos reservados que tenía en efectivo en la caja de seguridad de su oficina. Ese dinero no debía rendirse a los organismos de contralor, por lo que podría ser una de las posibles fuentes de recursos “en negro” utilizables para la política, o para fines personales, como la compra de los departamentos a nombre de la firma Betail SA, sospechada de haber actuado como empresa fachada para ocultar los movimiento de dinero del ahora ex senador.

En las filmaciones también se veía a Kueider en situaciones de intimidad con una empleada jerarquizada del área de Comunicación. Esta relación fue la comidilla diaria de toda la Casa de Gobierno durante años.

Cuando el secretario General se mudó a Paraná, se instaló en una finca ubicada en Avenida Alameda de la Federación a pocas cuadras de las oficinas gubernamentales y a un paso del Parque Urquiza de la capital entrerriana, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Aún mantenía su relación con Liliana Di Lello, su segunda esposa, quien se quedó en Concordia donde tenía su trabajo (es una kinesióloga de renombre allí) y su vida con sus hijos menores.

La empleada con la que se vinculó también estaba casada, aunque con una relación oscilante en ese momento. Además de en la oficina, coincidieron en el mismo barrio: ella vivía enfrente de donde Kueider asentó su residencia. Así creció la relación.

¿Qué hacer con el video? era la pregunta a responder. El secretario General puso al corriente al gobernador Bordet y ambos decidieron consultar qué pasos dar con el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Los tres vieron el video completo.

— No hay nada raro. Edgardo está distribuyendo dinero de gastos reservados. No hay delito - razonó Bordet en voz alta, palabras más o menos.

Rodríguez Signes, un funcionario de Estado con pasado radical, que ocupó el cargo con Urribarri, siguió con Bordet y continúa con Frigerio, respiró hondo. Apoyó los codos sobre el vidrio que cubría la mesa del despacho de la gobernación, juntó las puntas de los dedos y mirándose las manos dijo con voz grave:

— Gobernador, e.l secretario General está repartiendo plata en efectivo en su oficina en Casa de Gobierno, donde además intima con su secretaria. Será un escándalo público. Piense en las elecciones - resaltó. En la retina, las imágenes de Kueider se le mezclaron con los bolsos con dólares en La Rosadita y que involucraron a personajes ligados al kirchnerismo.

— ¿Hacemos la denuncia? - terció el secretario General.

Rodríguez Signes hizo un gesto de desaprobación y, tras cruzar algunas otras opiniones, Bordet dio por terminada la reunión. Finalmente se hizo una presentación judicial en la Fiscalía. El escrito fue acompañado por un video editado sin las situaciones íntimas comprometedoras para Kueider.

Ante la consulta sobre aquel incidente, fuentes del Ministerio Público Fiscal señalaron que el legajo con la demanda pasó de la mesa de entradas al escritorio del Procurador General de la Provincia, Jorge García. El jefe de los fiscales dejó de lado a toda la estructura del organismo y tomó el caso en sus manos. Esto abría la posibilidad de que el manejo de la investigación sea más política que técnica. García tenía un perfil alto en esos días. Lo había construido a raíz de los procesos por corrupción contra Urribarri.

La respuesta del Procurador llegó a los pocos días. Quería ver el video original, no el editado. Esa grabación nunca se incorporó, la causa no avanzó y finalmente quedó en la nada.

La historia de los fondos reservados

Que los gastos reservados terminaran en manos de Kueider fue producto de una carambola interesante, porque la iniciativa para regular el uso de este dinero sin rendición fue de la oposición. El proyecto fue presentado por el diputado Esteban Vitor, presidente del bloque de Cambiemos, acompañado por un grupo de legisladores de la alianza. Pero el articulado sufrió variaciones significativas durante el tratamiento parlamentario que lo desvirtuaron.

El original indicaba en su artículo 1°: “Los créditos presupuestarios destinados a “gastos reservados” tienen como fin atender la actividad que debe desarrollar el Estado para prevenir y combatir el delito. Queda prohibida su utilización con propósitos ajenos a esa finalidad”.

El texto que salió de la Legislatura fue diametralmente distinto: “Los créditos presupuestarios destinados a gastos reservados tienen como fin atender la actividad que debe desarrollar el Estado en situaciones de urgencia fundada en la gestión. Deberán ser autorizadas por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría General de la Gobernación u organismo que el primero determine. Queda prohibida su utilización con propósitos ajenos a esa finalidad”.

Para que esto fuera posible, Cambiemos jugó su parte. El artículo salió así de la comisión. Vitor recibió una llamada horas antes de la sesión en la que debía aprobarse. Del otro lado del teléfono estaba una importante figura del peronismo. “No aprueben esto. Es una barbaridad”, escuchó el legislador opositor. Sopesó eso con lo que había en el otro platillo de la balanza: seguir con la anomia en el manejo de estos fondos o dejarle al oficialismo, que tenía mayoría en la Cámara, el rédito político de aprobar una iniciativa que él había promovido. Por eso la bancada opositora completa levantó la mano.

La redacción de la norma era tan difusa que cualquier objetivo era pasible de ser considerado “fundado en la gestión”, convirtiendo en fútil la prohibición que cerraba el párrafo. Además el manejo quedaba concentrado en la Secretaría General a cargo de Kueider. Podría haberse puesto en manos del Ministerio de Gobierno, que tenía en su órbita la Policía y la relación con la Justicia. Pero la decisión fue darte un control y uso político. Esto traería consecuencias.

La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso siete detenciones en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en los Tribunales de San Isidro contra el ex senador Edgardo Kueider, quien continúa con prisión domiciliaria en Paraguay por intento de contrabando de divisas a ese país. Entre ellas figura la del primo, Javier Rubel, un maestro mayor de obras que figuró como socio del ex legislador en la empresa Betail SA, a través de la cual Kueider compró departamentos en la ciudad de Paraná y realizó movimientos de dinero que están siendo investigados por la Justicia.

Kueider está siendo investigado en la Justicia Federal, además por el presunto crecimiento irregular de su patrimonio, por lavado de activos mediante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos, y la “colocación y puesta en circulación de activos de origen ilícito en el sistema financiero local”, según la imputación del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, citada por la jueza. El representante del Ministerio Público también advirtió que Betail SA presentó un balance “falso”.

La magistrada también dispuso la detención del socio de Kueider, Rodolfo Daniel González, dueño de la camioneta que usaban el ex legislador y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, cuando cruzaban la frontera con Paraguay, y fueron detenidos en un control de rutina a principios de diciembre. Dueño de ese vehículo, al menos en los papeles, González es amigo de Kueider y empleado de la Biblioteca del Congreso, asignado “en comisión” al despacho del ex senador. En su resolcuión, Arroyo Salgado le revocó la exención de prisión que tenía.

Arroyo Salgado dispuso, además, allanamientos de otros siete de domicilios en Concordia, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, vinculados a los detenidos. Entre ellos, figura Adriana Cecilia Crucitta, socia de González en dos firmas y, a su vez, empleada de la Biblioteca del Congreso. Como reveló Infobae, Crucitta declaró como domicilio una humilde casa ubicada en Fructuoso Rivera al 3300, en Villa Soldati. También tenía una eximición de prisión que fue revocada por la jueza.

La magistrada solicitó, también, la detención de los contadores José Carlos Nogueras y Ezequiel Gustavo Bovetti, Gabriela Patricia Saint Pierre, y Rita Soledad Machuca. Los siete, en carácter de incomunicados, para ser traslados, primero, a la sede del Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional, y luego a su Juzgado, a los fines de tomarles indagatoria.

A todos los acusó de perpetrar una maniobra “destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras, a través de la colocación y puesta en circulación en el sistema financiero, así como también en la conversión mediante la adquisición de bienes inmuebles (y su posterior transferencia) y muebles -durante el período comprendido, en principio, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el presente- con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público)”. Para concretarla - según la jueza - algunos de los miembros de la “asociación o banda” se valieron “de su especial condición de funcionarios públicos en el ejercicio y/o en ocasión de sus funciones”, en referencia Kueider como senador y Guinsel Costa, Gonzalez y Crucitta como empleados del Congreso de la Nación, y “personas que actuaron en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial”, por los contadores Nogueras y Bovetti.

Esas conductas, según el fiscal Domínguez, “configurarían el delito de lavado de activos doblemente agravado previsto y reprimido en el art. 303 inc. 2.a. y b. del Código Penal”. Este inciso prevé una pena aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, cuando el delito se cometiera “con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”, y/o “cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones”. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres a diez años.

Arroyo Salgado, además, dispuso el secuestro de “todos los elementos vinculados a los hechos materia de investigación, como así también cualquier otro elemento que pudiere facilitar la comisión de los delitos investigados y/o conducir a identificar a demás responsables; incluyéndose (pero no limitándose) a los dispositivos de telefonía celular y automóviles” de las detenidos.

Los operativos comenzaron, en simultáneo, esta mañana y estuvieron a cargo de Gendarmería. Una de las viviendas allanadas fue la de Rubel, en la calle Ituzaingó en la ciudad de Concordia, donde secuestraron un vehículo Volkswagen Polo. En la provincia de Buenos Aires, los efectivos llegaron a una casa sin número sobre la calle Pintos en el Barrio Gral Paz de la localidad de Villa Celina, en La Matanza, vinculada a González y Crucitta. Otro domicilio relacionado con ambos imputados, allanado esta mañana, fue el de Combate de los Pozos al 100, en el barrio porteño de Balvanera.

Este expediente corre en paralelo al que lleva la Justicia de Concordia, de donde es oriundo Kueider, en el que la semana pasada el juez Edwin Bastian rechazó pasar su causa a Arroyo Salgado. Lo hizo a pedido del fiscal José Arias que viene impulsando la investigación desde mediados del año pasado. Tal como adelantó Infobae, la disputa se dirimirá en la Corte Suprema.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado tomó las primeras medidas en la causa sobre el escándalo $LIBRA que tramita en su Juzgado en San Isidro, y aceptó como querellante a Martín Romeo, un joven especialista en criptomonedas que fue víctima de la maniobra de presunta estafa con la compra de la criptomoneda promocionada por Javier Milei en su cuenta en X el viernes 14 de febrero. Esto implica que, como damnificado, podrá participar del proceso, proponer pruebas y testigos, y ejercer el control de la prueba que se produzca. Lo resolvió en la causa que tramita en el Juzgado de San Isidro, en paralelo al expediente que lleva su colega María Servini en la Justicia Federal de la Capital, quien le delegó la investigación al fiscal Eduardo Taiano.

Si bien el expediente en Comodoro Py está más avanzado, Arroyo Salgado se declaró el viernes competente para avanzar con la investigación del caso, por considerar que el hecho que disparó la maniobra fue el posteo de recomendación de la criptomoneda hecho por el Presidente tuvo lugar en la Quinta de Olivos, que está bajo su jurisdicción. La jueza recibió una denuncia del dirigente de origen peronista Juan Ricardo Mussa que fue sorteada en su Juzgado el 17 de febrero. Tras pedir informes a la Casa Militar, corroboró que Milei estaba en la Residencia presidencial el viernes 14 y sábado 15.

Por este motivo, como publicó Infobae, le pidió a Servini que se inhiba de seguir interviniendo en su expediente, y le mande las actuaciones realizadas. La disputa por la competencia aún no está resuelta. Si el fiscal federal de San Isidro, Federico Iuspa, recurre la decisión de declararse competente de Arroyo Salgado, deberá resolver la Cámara Federal de San Martín, el Tribunal de alzada en su jurisdicción. Si el fiscal no apela, intervendrá la Cámara Federal de Casación, el tribunal superior de la Cámara de San Martín y de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py.

Romeo - de 27 años - se presentó este lunes en su Juzgado de San Isidro y pidió ser tenido como querellante “por resultar directamente ofendido de la maniobra investigada” con el patrocinio del abogado Nicolás Oszut. En su escrito, dijo ser “una persona reconocida dentro del ecosistema cripto” y desempeñarse “como consultor en el área”. Señaló que “numerosas personas lo contactaron, solicitando información sobre el contenido del posteo efectuado en X por el Presidente el 14/02/25 a las 19.01 hs”, que fomentaba “un supuesto proyecto para incentivar el crecimiento de la economía argentina” y adjuntaba un link de un contrato y la página de internet de Viva la Libertad Project.

“En un primer momento, recomendé actuar con cautela, ya que existía la posibilidad de que se tratara de un hackeo o de un error. Sin embargo, alrededor de las 19:40, el propio Presidente Javier Milei confirmó a Bloomberg—una de las agencias de noticias más prestigiosas del mundo—a través de WhatsApp que no se trataba de un hackeo y que el proyecto era genuino (...) Posteriormente, un allegado dentro de Bloomberg me ratificó a través de Telegram que la publicación había sido efectuada por el Presidente. A raíz de esta confirmación oficial, comuniqué a mis allegados que, si lo deseaban, podían invertir en $LIBRA, ya que contaba con el aval del Presidente. No obstante, lo que ocurrió posteriormente derivó en un grave daño moral y profesional para mí, ya que se trataba de un fraude. Como consecuencia, mi imagen se vio severamente perjudicada en mi ámbito laboral, perdiendo clientes y oportunidades de negocio. Además del perjuicio moral, confiando en las declaraciones del Presidente de la Nación y en la promesa de que se trataba de un mecanismo de financiamiento para startups argentinas, decidí invertir en $LIBRA aplicando la estrategia de inversión DCA (Dollar-Cost Averaging). A las 19:56 , 15 minutos después de la confirmación oficial enviada desde el WhatsApp personal del Presidente a Bloomberg, realicé la compra del token. Sin embargo, para la 1:00 AM, $LIBRA había perdido más de 20 veces su valor, no como resultado de una fluctuación natural o especulación de mercado, sino debido a una extracción masiva de fondos de los pools de liquidez por parte del equipo de desarrollo. Cuando logré cerrar mi operación, mis pérdidas ascendían a más del 75% del capital invertido, y mi reputación profesional había sido gravemente afectada, generando la pérdida de futuros proyectos y clientes”, relató en su presentación.

Para Arroyo Salgado, “del relato de los hechos efectuados por Martín Romeo, se posiciona -al menos en este estado incipiente del sumario, cuyo objeto procesal resultaría aún más amplio- como una de las víctimas que habrían sido damnificadas con relación a la posible manipulación del token $LIBRA”. En ese sentido, resolvió aceptarlo como querellante en base a lo dispuesto por la ley de Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delitos (Ley nro. 27.372) y lo citó a prestar declaración testimonial. Si bien en la resolución no fijó aún la fecha, fuentes de su Juzgado dijeron que sería “a la brevedad”.

La causa en Comodoro Py

Romeo ya se había presentado como damnificado en la causa que lleva Servini el 26 de febrero y solicitado que se lo acepte como querellante, algo que la titular del Juzgado Federal Nro 1 con sede en Comodoro Py le denegó. La magistrada federal fundamentó el rechazo bajo el argumento de que aún no está definido el delito cometido que involucra al Presidente, a su hermana Karina y a dos consultores cercanos a Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, co-fundadores de Tech Forum de octubre pasado, quienes le acercaron a los empresarios del mundo cripto Hayden Davis, promotor de $Libra, y a Julian Peh, CEO de Kip Protocol.

“Si la lógica reina la interpretación, es necesario preguntarse si el desplome en el valor del cripto activo Libra es un daño como tal, o forma parte de la probabilidad que el inversor tiene, desfavorable y claramente no querida; ya que de estar en su mente como probabilidad de resultado -la baja de su valor-, no sería un daño sino una consecuencia del riesgo de la actividad”, sostuvo la magistrada. “Hasta tanto el desplome del valor del cripto activo Libra se corresponda a una actividad ilegal, y ya no más a una consecuencia desfavorable de inversión (lo que se está investigando, entre otras cosas), es que corresponde rechazar la solicitud de ser tenido por querellante”, concluyó Servini. La jueza también rechazó como querellantes a otros cuatro damnificados que se presentaron en la causa.

Romeo presentó un pedido de revocatoria de esa decisión, al que accedió Infobae, que debe resolver ahora la sala II de la Cámara Federal porteña. En su escrito menciona, además de al Presidente de la Nación y a la secretaria general de la Presidencia, al vocero presidencial, Manuel Adorni, y al ex asesor de la CNV Sergio Daniel Morales. Pide que se investigue si “cometieron los injustos previstos en los arts. 172, 256, 256 bis, 258, 265, 300 inc. 1 y 309 inc. 1 del Código Penal de la Nación”.

Según advirtió, del detalle de la trazabilidad de la compra-venta de Libra incluida en su presentación inicial, “queda comprobado” que, “a raíz del delito denunciado tuvo un perjuicio real, especial, singular y directo” que lo habilita a “pretender detentar la calidad de parte querellante, tal como toda la jurisprudencia lo entiende”. Y recordó que en otras presentaciones que hizo el dirigente radical Agustín Rombolá, con el mismo letrado patrocinante (Nicolás Oszust), “se denunció la misma exacta maniobra”, y esos hechos “ya son parte de la presente investigación”. Rombolá, quien asesoró a Romeo, se sumará en los próximos días al patrocinio del especialista en criptomonedas.

“No existen razones materiales ni jurídicas que fundamenten la competencia del fuero Federal”, afirmó el juez Edwin Ives Bastián. De esta manera, descartó el pedido de la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Entonces, sólo la Corte Suprema tendrá la autoridad para decidir quién investiga a Edgado Kueider.

El escrito de Bastián tiene 8 fojas. Pero siete son un copy paste del dictamen del fiscal José Arias, quien le recomendó que no se inhiba y mantenga la competencia provincial en el caso.

Además, el titular del Juzgado de Garantías 2 de Concordia invitó a Arroyo Salgado a “tener por planteada una cuestión de competencia de no compartir los criterios expuestos en los considerandos de la presente”, De ser así, debería enviarla ”al superior común para dirimir un eventual conflicto positivo de competencia”.

Esto es: que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación, único superior común de ambos Tribunales, la que resuelva si la investigación por enriquecimiento ilícito contra Kueider se tramitará en Concordia o en San Isidro.

El exsenador fue detenido en Paraguay con más de USD 200 mil sin declarar. Y se le abrió un caso por intento de contrabando. En Argentina hay dos causas por enriquecimiento ilícito que corren en paralelo.

En Concordia se inició el 16 de junio por la denuncia de un vecino, Eliseo Blanco. Allí se expuso que el exsenador tenía tres departamentos y dos cocheras en un lujoso hotel de la capital entrerriana. Figuraban a nombre de la sociedad anónima Betail. Los datos estaban en la declaración jurada que Kueider presentó en 2021.

El 2 de julio, en San Isidro, el periodista Christian Sanz denunció los mismos hechos y con la misma base ante el juzgado de Arroyo Salgado. La jueza vinculó en octubre este expediente con uno anterior. Se trata de la causa Securitas. La propia empresa, que tiene sede en Munro, denunció que directivos de la firma habían pagado coimas para quedarse con contratos en empresas estatales.

Una de ellas es Enersa, la distribuidora eléctrica de Entre Ríos. Las operaciones habrían sido entre 2017 y 2019, cuando Kueider ocupaba la secretaría general de la Gobernación, aunque no tenía participación ni incidencia directa en las actividades de la firma.

El 17 de diciembre, Arroyo Salgado pidió a Bastián que se inhiba y le remita las actuaciones. El magistrado entrerriano corrió vista a Arias. El fiscal respondió el lunes 24. Pero su dictamen fue llevado al despacho de Bastián recién el jueves de la semana pasada. Este lunes 10 a media mañana, el juez comunicó a las partes su decisión.

Los fundamentos

Dentro de los argumentos usados por Arias para negar la remisión del legado de investigación a San Isidro entendió que Arroyo Salgado pretendió “extender la competencia federal a hechos que no tienen una vinculación necesaria” con los investigados como derivación de la causa Securitas.

Incluso fue más allá y señaló: “De la lectura del auto de procesamiento y de la resolución de la Cámara Federal en la causa Securitas no se describe ninguna participación de Kueider en el entramado Enersa - Securitas, a punto que las resoluciones no mencionan su nombre”. En concreto, apuntó al párrafo que indica que los miembros de la asociación ilícita que habría operado en la firma de seguridad privada “corrompieron a distintos funcionarios públicos” de Entre Ríos, sin dar el nombre del legislador expulsado del Senado.

La conexión del exsenador con la causa madre que investiga Arroyo Salgado se habría producido -subrayó Arias- a través de mensajes de texto, y por la firma de un acta en la que Kueider participa como representante del Poder Ejecutivo en una asamblea de accionistas de Enersa. La empresa distribuidora de electricidad de Entre Ríos es una SA donde el Gobierno tiene el control del capital accionario.

“Estos elementos podrían justificar la atribución de responsabilidad penal a Kueider por los concretos hechos de corrupción funcional que allí se investigan, pero de ningún modo pueden ser un justificativo para que esa jurisdicción (la Federal) absorba la investigación que aquí se lleva adelante por el delito de enriquecimiento ilícito”, consignó.

Por otro lado, estimó que no conmueve su razonamiento el detalle de que los departamentos y cocheras de lujo de la empresa Betail SA. Kueider es el titular de la firma . Los inmuebles están en el mismo edificio donde los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul tienen propiedades. Ambos fueron sindicados como piezas clave en la estructura de corrupción montada en la causa Securitas.

“Aun cuando se defendiera la competencia federal para la investigación de los hechos de lavado (de dinero), ninguna circunstancia (los) vincula con la radicación territorial del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro”, replicó Arias. Estos activos blanqueados serían, razonó, consecuencia del enriquecimiento ilícito como funcionario público municipal y provincial. De este modo, el delito de lavado de dinero tendría vinculación material y normativa con la pesquisa que encabeza.

Además, contrastó que la instrucción de Arroyo Salgado está centrada en el período 2015 - 2019. En ese interín, Kueider fue secretario General de la Gobernación. La que Arias lleva adelante se retrotrae a 1999. En ese año logró su primer cargo público como edil de Concordia.

El Fiscal puso un límite temporal para la investigación que encabeza: el 2021. Lo que exceda esos años “no será competencia provincial”, dictaminó. Así se abrirían las puertas a que la causa se divida por fecha: de 1999 a 2021 en Entre Ríos y, a partir de allí, en San Isidro. Esto es algo que los operadores judiciales de los Tribunales locales entienden que resultaría ilógico.

En el marco de la causa por la investigación de la criptomoneda $Libra que lleva adelante el fiscal Eduardo Taiano, allanaron en las últimas horas domicilios y oficinas de tres de los investigados en los Tribunales de Comodoro Py: los consultores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del evento Tech Forum de octubre pasado en el que participaron los empresarios involucrados en el lanzamiento del token promocionado por Javier Milei, y de Sergio Morales, asesor de la Comision Nacional de Valores, quien renunció ayer a su cargo.

Los allanamientos tuvieron lugar bajo extrema reserva el jueves por la tarde en la Capital Federal y en la localidad bonaerense de San Isidro. Fueron dispuestos por la jueza federal María Servini, a pedido de Taiano, quien tiene delegada la investigación. Según pudo saber Infobae, los efectivos de la Policía Federal secuestraron celulares y computadoras de los tres investigados por la Justicia Federal. En el realizado en la casa de Novelli, estuvo presente este consultor que tiene un instituto e capacitación en inversiones llamado N&W Professional Traders, para el cual Milei dio clases entre 2020 y 2021. Otro de los domicilios fue el de Tech Forum SRL, la consultora que Novelli y Terrones Godoy crearon en agosto pasado para “proveer desarrollos conceptuales, asesoramiento comercial y técnico al mundo tecnológico y del ecosistema cripto”.

Tras los operativos, Morales -quien se desempeñaba como asesor contratado en la CNV- , presentó ayer su renuncia de forma indeclinable por “motivos de público conocimiento”. Morales había quedado bajo la lupa judicial por sus vínculos con los empresarios involucrados en la maniobra, entre ellos, Terrones Godoy, con quien era socio en City Entertainment SRL, creada en noviembre de 2022, dedicada a la producción audiovisual, el software, la comunicación y el marketing digital.

Morales trabajaba para la CNV desde octubre pasado, tras un breve paso como empleado de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Fue uno de los oradores del Tech Forum, y anteriormente, en un evento realizado el 31 de julio de 2024, había participado como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia”.

En este expediente, el fiscal Taiano investiga al Presidente Milei y a un grupo de empresarios por el escándalo de $LIBRA, entre los que también figuran el norteamericano Hayden Davis y Julian Peh, oriundo de Singapur y CEO de Kip Protocol. La criptomoneda $libra subió abruptamente su cotización luego de que el jefe de Estado la difundiera por redes sociales, aunque luego se derrumbó a la hora y media, por el retiro de gran parte del dinero invertido por un grupo reducido de inversores - que se sospecha habrían tenido información privilegiada -, lo que habría generado una presunta estafa que dejó unos 40.000 damnificados.

Taiano busca “establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA” y qué participación tuvieron los denunciados. Las figuras penales que se investigan son abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. El fiscal ya había pedido dos tandas de medidas previamente. La primera incluyó pedidos de informes al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y a la Inspección General de Justicia (IGJ), así como a empresas como Google.

Además, Taiano dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que colaborara en la preservación y recuperación de evidencia digital. Esto incluye buscar el registro de las transacciones en línea y cualquier rastro en la plataforma utilizada en el lanzamiento de Libra para determinar cómo fueron las operaciones del criptoactivo. El objetivo es identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas. También ordenó la recuperación de publicaciones eliminadas en redes sociales, incluyendo el posteo del Presidente que promovió la criptomoneda el pasado 14 de febrero a las 19:01. La causa se inició el 17 de febrero, por una denuncia formulada por Claudio Lozano, a la que se acumularon otra decena de denuncias presentadas con posterioridad.

En paralelo, el fiscal trabaja en la redacción de exhortos internacionales para acceder a información sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero. En ese sentido, inició gestiones con organismos internacionales y entidades reguladoras para obtener registros de los movimientos financieros y determinar si hubo intentos de lavado de activos. Taiano también pidió informes sobre las comunicaciones telefónicas y los registros de visitas a la Casa Rosada y la quinta de Olivos, con el fin de establecer posibles vínculos entre los involucrados.

Además, se está elaborando una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA y el papel de los principales acusados. Entre ellos se encuentran expertos en blockchain y criptomonedas, así como personas cercanas al entorno presidencial que podrían haber tenido conocimiento previo sobre la maniobra.

El fiscal también ha puesto el foco en el análisis patrimonial de los sospechosos, con el objetivo de detectar posibles incrementos injustificados en sus bienes o movimientos financieros sospechosos. Se están revisando cuentas bancarias, inversiones y otros activos que pudieran estar vinculados a los fondos obtenidos mediante la comercialización de $LIBRA. Para evitar la dispersión del dinero vinculado al token $Libra, Taiano solicitó el “congelamiento de direcciones digitales identificadas” en la investigación. Se busca impedir que los activos obtenidos mediante la operatoria fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo que dificultaría su rastreo.

Disputa por la competencia

En paralelo a la causa que tramita en la Justicia de Comodoro Py, hay otro expediente abierto en los Tribunales Federales de San Isidro, a partir de una denuncia presentada por el dirigente de origen peronista Juan Ricardo Mussa, también contra Milei, por la promoción que hizo de la criptomoneda $Libra. Esa presentación, basada en publicaciones periodísticas, incluyó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al diputado José Luis Espert; además de los consultores Novelli y Terrones Godoy; a Morales; y a los empresarios Davis y Peh.

Ayer por la tarde, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado resolvió que es competente para avanzar con la investigación, por considerar que el “hecho a investigar” que desencadenó la maniobra de la presunta estafa - el posteo de Milei - tuvo lugar en la Quinta de Olivos. Así lo confirmó después de pedir informes de los ingresos y egresos del primer mandatario, el 14 y 15 de febrero, a la Residencia Presidencial. Por la repuesta recibida a un oficio enviado al Director de Seguridad de la Residencia Presidencial - dependiente de la Casa Militar -, y a la División Protección Residencia Presidencial de Olivos de la Policía Federal Argentina, la jueza pudo confirmar que Milei estuvo desde el viernes 14 hasta el lunes en Olivos.

Arroyo Salgado firmó esta resolución pese al dictamen del fiscal Federico Iuspa, quien consideró que se debía enviar el expediente a los Tribunales de Comodoro Py. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró en su dictamen que “la maniobra es más amplia y compleja que el mero mensaje presidencial en sí mismo”, y que “el propio denunciante Mussa ha señalado que el mensaje fue uno de los factores, es decir, no habría sido el único”. Finalmente, Iuspa advirtió que “tratándose de denuncias con igual objeto, identidad de personas y diversos tramos llevados a cabo en distintos lugares”, la situación “debe resolverse entonces acorde a los principios del tribunal que previno, de la economía procesal y de una mejor y más pronta administración de justicia”.

Para Arroyo Salgado, debe primar, en cambio, el principio de territorialidad, por lo que la competencia corresponde “al tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito”, en este caso, el posteo del Presidente que dio origen a la maniobra de la presunta estafa con Libra. La jueza agregó, además, que se debe evitar la práctica conocida como “Forum Shopping”, por la cual denunciantes y/o partes, “mediante artilugios procesales, eligen -especulación mediante- el juez que intervendrá en el proceso penal, en donde se decidirá la suerte de los intereses en juego”.

Para la magistrada, “es indiscutible que la conducta humana a investigar, es la publicación del tweet (...) En definitiva, dicha conducta es la que dio apoyo, publicidad y visos de credibilidad al activo virtual; y en atención a la consecuencia y/o efectos generados por esa conducta desplegada, es que se radicaron las múltiples denuncias en trato, por lo que es ese hecho -y no otro- el que constituye el núcleo central y determinante del objeto procesal que se investiga en este expediente judicial, como así también en el radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En la resolución de 22 páginas, Arroyo Salgado también mencionó, en relación al momento en que fueron iniciadas, que ambas denuncias que dieron origen a los expedientes en Comodoro Py y San isidro fueron presentadas el mismo día, el siguiente hábil del posteo de Milei, o sea, el lunes 17 de febrero. Por eso, resolvió “declarar la conexidad” de ambos expediente y le pidió a Servini que se inhiba de seguir actuando en el suyo, una vez que quede firme su decisión.

Ahora se abre una disputa judicial de competencia. Si el fiscal recurre la decisión de la magistrada de San Isidro, deberá resolver la Cámara Federal de San Martín, el Tribunal de alzada en su jurisdicción. Si el fiscal no apela, intervendrá la Cámara Federal de Casación, el tribunal superior de la Cámara de San Martín y de la Cámara Federal de Comodoro Py.

El comunicado de Tech Forum

En un comunicado publicado el 18 de febrero en su cuenta, Tech Forum había negado haber sido parte del armado del token digital que difundió el presidente Milei en sus redes sociales. “Nuestra participación en el manejo de los tokens y el dinero fue nula”, afirmaron.

“Kelsier Ventures y Kip Protocol, de quienes somos asesores, lanzaron el viernes pasado la criptomoneda $Libra. La intención de sus creadores (conforme consta en su prospecto) consistía en generar una masa de dinero con las ganancias del proyecto para donarle a emprendedores locales que se encuentran obstaculizados de acceder a créditos. Mas allá de que consideramos que se trata de una iniciativa muy interesante para el desarrollo económico del país, nuestra participación en el manejo de los tokens y el dinero fue nula”, afirmaron.

“No tenemos nada que ver con los fondos conseguidos por el lanzamiento de Libra, ni tenemos ningún tipo de acceso a los mismos, nada sabemos del dinero generado por el token más allá de la información de público conocimiento que brinda la empresa. Entendemos que se trata de un proyecto muy interesante para la finalidad de financiar a personas y empresas que se encuentran obstaculizadas de obtener crédito, y necesitan acceder a fondos para crecer ellos mismos y hacer crecer al país”, agregaron.

La jueza Sandra Arroyo Salgado le había pedido a su par de Concordia, Edwin Ives Bastián, que se inhiba en la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex senador Edgardo Kueider y le remita las actuaciones. El magistrado aún no respondió pero ya tiene el dictamen del fiscal José Arias sobre el pedido de la magistrada de San Isidro. El magistrado entrerriano había corrido vista a Fiscalía tras recibir en diciembre el pedido de Arroyo Salgado. La opinión, no vinculante, de Arias fue que no debía apartarse de la investigación y continuar las actuaciones en Concordia. “No existen razones materiales ni jurídicas que justifiquen la competencia federal en la materia”, fue el corolario con el que cerró el fiscal su escrito de cinco fojas, entregado el lunes a las 7 de la mañana en el despacho del magistrado concordiense.

Antes, había señalado que en el planteo de Arroyo Salgado “se advierte una interpretación que pretende extender la competencia federal a hechos que no tienen una vinculación necesaria con los otros hechos investigados por el fuero de excepción (el Federal) y que justifique esa conexidad”.

Según confiaron fuentes judiciales a Infobae, ahora el planteo “se encuentra para proveer y oportunamente se pondrá a despacho del juez Edwin Ives Bastián para resolver la inhibitoria interesada”. Esto significa que el magistrado aún debe evaluar el resultado del dictamen de Arias y sus argumentos para decidir si actúa, o no, en la misma línea.

El 18 de diciembre del año pasado, 14 días después de que Kueider quedara detenido en Paraguay por intentar ingresar con más de $ 200 mil dólares sin declarar, Arroyo Salgado le envió un oficio a Bastián. Allí le requería que el Juzgado de Garantías 2 de Concordia se inhibiera de seguir investigando al ex senador. Y también que le remita las actuaciones que se habían hecho en la ciudad entrerriana hasta el momento. Como fundamento, la magistrada planteó que los delitos por los que se investiga a Kueider son de competencia federal.

Arias no coincidió con el planteo. Y le sugirió a Bastián que retenga el expediente y continúe con la investigación. Ahora se abren varios interrogantes. Si Bastián no atiende los fundamentos fiscales, los cuerpos del legajo viajarán a San Isidro. Pero si el juez entrerriano resuelve en sintonía con Fiscalía, Arroyo Salgado podrá aceptar o no esta decisión. En caso de que la salida sea esta última, la cuestión de competencia deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto se debe a que el máximo tribunal es el único órgano jurisdiccional superior que tienen en común ambos juzgados.

Antecedentes

Las dos investigaciones comenzaron y fueron en paralelo. En Concordia, la causa se inició el 16 de junio por la denuncia de un vecino, Eliseo Blanco, quien llevó a la Justicia una publicación del sitio El Disenso. Allí se revelaba que el ex senador tenía tres departamentos y dos cocheras en un lujoso hotel de la capital entrerriana. Figuraban a nombre de la sociedad anónima Betail. Los datos estaban en la última declaración jurada que había hecho Kueider.

El 2 de julio, en San Isidro, el periodista Christian Sanz denunció los mismos hechos y con la misma base ante el Juzgado de Arroyo Salgado. La jueza vinculó en octubre este expediente con uno anterior. Se trata de la causa Securitas, donde la propia empresa denunció que directivos de la firma habían pagado coimas para quedarse con contratos en empresas estatales. Una de ellas es Enersa, la distribuidora eléctrica de Entre Ríos. Las operaciones habrían sido entre 2017 y 2019, cuando Kueider ocupaba la secretaría general de la Gobernación, aunque no tenía participación ni incidencia directa en las actividades de la firma.

Estos son los “otros hechos” que no tienen conexidad con los que se investigan en Concordia a los que se refirió Arias en su dictamen. En la causa Securitas “no se describe ninguna participación de Kueider en el entramado”, subrayó el fiscal entrerriano.

La Cámara Federal de San Martín, sin embargo, confirmó en su momento la decisión de Arroyo Salgado.

La búsqueda de la Justicia entrerriana abarca un período que se extiende desde que el ex legislador tuvo su primer cargo público como concejal en 1999. La Federal está más acotada en el tiempo.

Por eso Arias razonó: “Entiendo que V.S. (le dice a Bastián) debe rechazar el planteo de inhibitoria de competencia y, en consecuencia, confirmar la competencia local en relación al delito de enriquecimiento ilícito que habría conllevado el desempeño de cargos públicos municipales y provinciales de parte de Edgardo Kueider” durante 1999 y 2019 más dos años, es decir hasta el 2021.

La información periodística y las posteriores medidas de prueba echaron luz sobre un entramado complejo de prestanombres y sociedades fantasmas que involucraban a Kueider y salpicaban a sus colaboradores y a sus hijos.

Si las causas siguen avanzando a pesar de un eventual conflicto de competencia, en las próximas semanas podrían producirse nuevas imputaciones y medidas de prueba.

En tanto, la Justicia paraguaya debe definir si extradita o no a Kueider, quien está con arresto domiciliario en Asunción desde hace casi tres meses. Este es otro requerimiento de Arroyo Salgado.

En el marco de la causa abierta en la Justicia Federal de San Isidro por el escándalo de la criptomoneda $Libra, la jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso ayer una orden de presentación en la Quinta Presidencial de Olivos para determinar si el presidente Javier Milei estaba en la residencia oficial el 14 y el 15 de febrero. El viernes 14 fue el día en que el mandatario realizó un posteo en X a las 7:01 pm, en el que promocionaba esa moneda virtual a través de la plataforma “Viva la Libertad Carajo Project”, apenas un minuto después que estuviera disponible en internet.

La magistrada ordenó la medida a partir de la denuncia presentada por Juan Ricardo Mussa en la Cámara Federal de San Martín, que tiene jurisdicción sobre la Quinta Presidencial de Olivos. Mussa es un dirigente de origen peronista que apoyó a Milei en las presidenciales pero luego pasó a criticarlo en X, y es un habitual denunciante en los Tribunales en casos de presunta corrupción.

En ese posteo del 14 de febrero el mandatario había incluido un enlace del contrato por medio del cual se podía invertir en $LIBRA para financiar proyectos de emprendedores argentinos. Su cotización experimentó una suba exponencial luego de la publicación de Milei, pero a las pocas horas, se desplomó porque un grupo reducido de tenedores de los token vendieron sus activos rápidamente, dejando más de 40.000 damnificados. La Justicia deberá determinar si contaron con información privilegiada respecto del lanzamiento.

El Presidente borró cuatro horas más tarde esa publicación y subió otro posteo diciendo que “no estaba interiorizado” de la iniciativa, y que era un proyecto privado.

Como en los Tribunales de Comodoro Py ya tramita otro expediente a partir de la unificación de otra decena de causas que recayeron en el Juzgado de María Servini, hay una disputa de competencia pendiente sobre qué Juzgado va a concentrar las actuaciones. Por eso, Arroyo Salgado busca precisar si el hecho - el posteo de Milei que desencadenó la maniobra - ocurrió en la Quinta de Olivos. De ser así, podría caberle el principio del lugar donde se cometió. Tras esa confirmación, le correrá vista al fiscal José Iuspa para que resuelva, ya sea la incompetencia o elabore requerimiento de instrucción para abrir una investigación en la Justicia de San Isidro.

En la Justicia Federal de la Capital, Servini delegó la investigación - iniciada a partir de una denuncia del ex diputado nacional Claudio Lozano y otros - en el fiscal Eduardo Taiano. El representante del Ministerio Público Fiscal impulsó el viernes la investigación, que alcanza al propio Presidente y a otros involucrados en el caso.

La causa en San Isidro está en un estado más incipiente ya que recién ayer Mussa ratificó su denuncia y presentó una ampliación a partir de nuevas notas periodísticas. El fiscal Iuspa aún no hizo un requerimiento de instrucción y pidió, primero, precisar el hecho. Arroyo Salgado dispuso, entonces, dos diligencias de carácter informativo en la Quinta de Olivos para evaluar si es de su competencia, o si le remite su causa a Servini. Por un lado, le pidió a la custodia de la Policía Federal - vía la Delegación de San Isidro - que le remitiera todos los ingresos y egresos del Presidente, y los registros que sirvieran para dar cuenta de su permanencia en la residencia oficial. La misma solicitud se la mandó a la Casa Militar.

Pero llamativamente, ante la orden de presentación, la custodia de la Policía Federal informó que “no anotaban” los ingresos y egresos del Presidente. Más allá de esa respuesta - que llamó la atención en el Juzgado de San Isidro -, informalmente señalaron que “no hubo movimientos” del Presidente el 14 y el 15 de febrero ya que habría ingresado el 13 y permanecido en Olivos hasta el lunes 17. Hoy le llegaría a la jueza la respuesta formal desde la Secretaría General de la Presidencia. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Juan Manuel Galli - subsecretario Legal del área a cargo de Karina Milei - se habría comprometido a hacerlo.

Arroyo Salgado también le envió un oficio a Taiano para que certifique la causa que tiene en su Fiscalía, a los fines de determinar la competencia. En el escrito, le pidió que, en el plazo de 24 horas, le mande una copia digitalizada de su expediente.

En Comodoro Py, en tanto, el fiscal Taiano imputó al norteamericano Hayden Mark Davis, de Kelsier Ventures, y al empresario oriundo de Singapur Julian Peh, de Kip Protocol, ambos impulsores de $Libra; a Mauricio Gaspar Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, organizadores del Tech Forum y quienes funcionaron como nexo entre Milei y los empresarios del mundo cripto; y a Sergio Daniel Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en temas de criptomonedas. Según Taiano, los hechos investigados podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

Para establecer las circunstancias que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvo cada uno, Taiano ordenó las primeras medidas de prueba en la causa. Entre ellas, pedir informes a distintos organismos públicos, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la CNV y la Inspección General de Justicia (IGJ) y a empresas tecnológicas, como Google, para buscar información sobre los hechos que se denunciaron.

También le dio intervención en el caso a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para rastrear los sitios de internet desde los cuáles se crearon y operaron los sitios webs vinculados a la criptomoneda.

La denuncia de Mussa incluye, además de al Presidente, a otros funcionarios: su hermana Karina Milei; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al diputado José Luis Espert, y a los distintos empresarios consultores involucrados en la maniobra. Ayer, Mussa ratificó su denuncia en su Juzgado y presentó una ampliación. Fundamentó su presentación en que este Gobierno y el posteo de Milei “promueven” este tipo de inversiones en cripto activos, “una modalidad que es funcional al lavado de activos provenientes de delitos como el narcotráfico”, por la falta de controles y la exigencia de identificar el origen del dinero.

Tras declarar inadmisible el planteo del imputado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este lunes la sentencia de José Sofía, condenado a 5 años de cárcel por el delito de coacción doblemente agravada contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a quien amenazó con que le pasaría lo mismo que a su exesposo, el fiscal Alberto Nisman, hallado muerto en 2015, si no liberaba a distintos detenidos entonces bajo su cargo.

La resolución que ahora, por el voto unipersonal del camarista Javier Carbajo, quedó confirmada, había sido dictada el 17 de septiembre del año pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N° 1 de San Martín tras un acuerdo de juicio abreviado donde el encausado admitió el hecho.

En esa instancia, se le endilgó a Sofía “la amenaza de muerte dirigida contra la Dra. Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Criminal y Correcional Federal n°1 de San Isidro, perpetrada por vía telefónica y de forma anónima, con el propósito de coaccionarla y así obtener de parte de esta una medida o concesión relativa a las funciones de la magistrada".

“Es un mensaje de la familia y de Gustavo Sancho. Esto no da para más. O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas como a Candela”, decía uno de los ocho mensajes que llegaron a teléfonos fijos del Juzgado a cargo de Arroyo Salgado, madre de las dos hijas del fiscal fallecido.

Nisman encabezaba la investigación por el atentado a la AMIA hasta que el 18 de enero de 2015 fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento del barrio porteño de Puerto Madero. Su muerte se produjo pocos días después de que denunciara a la entonces presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados del ataque a la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994 y en el que murieron 85 personas.

La amenaza también hacía mención de Gustavo Sancho, un hombre investigado por la jueza federal en virtud de su vinculación con el narcotráfico y con la causa referida al asesinato de Candela Rodríguez, una menor secuestrada y asesinada en agosto de 2011 en un hecho que conmocionó a la sociedad y tuvo repercusiones políticas en la provincia de Buenos Aires.

El cadáver de la niña de 11 años había sido hallado en Villa Tesei. Su papá, al enterarse del hecho, apuntó contra Sancho, ligado a organizaciones narco a través de operaciones de contrabando de armas en el partido bonaerense de San Martín.

Los llamados recibidos por Arroyo, en tanto, fueron denunciados penalmente y el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y el juez federal Lino Mirabelli se encargaron de identificar al ahora condenado: José Damián Sofía, un hombre de la zona oeste implicado en el brutal crimen de Christian “Gordo Tita” Quinteros, a quien torturaron ferozmente.

Según la hipótesis acusatoria, “el Tano” Sofía no solo profirió amenazas de muerte contra la magistrada para que liberara a Sancho, sino que también intentó complicar la situación procesal de viejos enemigos.

Así las cosas, tras la condena dictada por el TOCF de San Martín, la defensa del imputado presentó un recurso para analizar el expediente en el máximo tribunal penal del país, a pesar del acuerdo de juicio abreviado al que habían llegado con el representante del Ministerio Público Fiscal el 30 de agosto de 2024.

El juez Carbajo, integrante de la Sala 4, se abocó a analizar los distintos agravios esgrimidos por la defensa de Sofía y, en ese marco, consideró que su planteo carecía “del grado mínimo de fundamentación” para habilitar su tratamiento. “Es que el decisorio atacado contiene los argumentos suficientes para ser considerado un pronunciamiento jurisdiccional fundado y válido, y los agravios solo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”, expresó.

Luego precisó: “En ese sentido, analizados los antecedentes del caso y de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General ante esta Cámara, doctor Mario Villar, en la oportunidad prevista por los artículos 465 y 466 del código de rito, advierto que la defensa no alega la existencia de vicios que hubieran afectado la comprensión y alcance del acto celebrado con el representante del Ministerio Público Fiscal”.

Y señaló: “Tampoco al momento de la audiencia de conocimiento efectuada ante el juez de grado se verifica elemento alguno que ponga en duda el conocimiento del imputado sobre el instituto ni sus expresiones de voluntad”.

Luego de que el fiscal Eduardo Taiano a cargo de la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman concluyera que el caso se habría tratado de un homicidio motivado por haber estado a cargo de la causa AMIA, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado planteó que “difícilmente se llegue a los autores materiales”, tras haberse cumplido el décimo aniversario del día que fue encontrado sin vida. “No pierdo las esperanzas”, afirmó.

“Esto fue un asesinato”, sostuvo la magistrada a modo de socavar el relato que aseguraba que el ex titular de la UFI AMIA se había suicidado. Asimismo, la ex esposa y madre de las hijas del ex funcionario remarcó que no se trataba de una opinión personal, sino que las pruebas científicas volcadas en el expediente permitieron dilucidar que había sido asesinado y que los motivos estaban íntimamente ligados con la función que cumplió durante los últimos años de su vida.

Incluso, la jueza invitó a las personas que descreían que se hubiera tratado de un homicidio a volver a escuchar la última entrevista que Nisman brindó días antes de ser hallado muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero. “Van a entender, hoy a diez años, mucho de lo que pasó. No solo con su asesinato, sino con la terrible campaña de desprestigio posterior motorizada desde los estamentos más altos del gobierno de turno”, aseguró, tras apuntar contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el resto de sus funcionarios.

“Me da pena que permitió que gran parte de su gobierno ataque a nuestra familia, porque toda esa campaña de desprestigio mediático, todo lo que se dijo, todo eso ella lo permitió y había dos menores de edad”, recriminó, para luego señalar que le dolió el discurso que dio en el Patio de las Palmeras, en donde la ex mandataria apuntó contra la Marcha del Silencio: “Nosotros somos el canto, la alegría, a ellos les dejamos el silencio”.

De hecho, Arroyo Salgado relacionó los acontecimientos con las amenazas previas al crimen que habían recibido vía mail, debido a que apuntó que en esos documentos les habrían anticipado todo lo que iba a ocurrir. Desde la salida del ex espía de la SIDE y colaborador del fiscal, Jaime Stiusso, su desplazamiento de la UFI AMIA y, finalmente, su muerte. “Jamás se hubiera animado a poner fin a su vida”, manifestó.

“Las denuncias eran muy graves, tomábamos nuestros recaudos, pero jamás nos representamos que esto pudiera concretarse”, admitió la magistrada durante una entrevista para A dos voces, en TN, para después señalar: “Este fue, en mi opinión, el hecho de mayor gravedad institucional desde el advenimiento de la democracia”. De igual forma, apuntó que el Memorándum de Entendimiento con Irán también se constituyó como el “acto más grave de injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial”.

Respecto a la investigación inicial encabezada por la fiscal Viviana Fein y cómo se realizó el procedimiento de recolección de pruebas, en donde se estipula que más de 80 personas que circularon en la escena del crimen, Arroyo Salgado manifestó haber sentido mucho enojo. “No lo podía creer y me desesperaba poder, desde mi lugar como madre de Iara y Kala, poner todo mi conocimiento y experiencia que podía aportar a la fiscal y a los jueces”, recriminó al revelar que no tuvieron receptividad de su parte.

De la misma manera, denunció haber pedido que no realizaran la autopsia antes de que pudieran designar peritos de parte. “No es un favor que estaba pidiendo, sino que es un deber que tenemos todos los fiscales y jueces de notificar a la familia de la víctima”, explicó al indicar que era un imposible analizar ciertas partes del cuerpo en una segunda necropsia.

“Cuando desde un primer momento se hicieron las cosas tan mal, difícilmente se llegue a los autores materiales, no pierdo las esperanzas”, sentenció la jueza federal al recordar la serie de irregularidades que recubrieron a la investigación por la muerte de Nisman.

Asimismo, argumentó que había renunciado a la querella en 2018, debido a que la única motivación que tenían tanto ella, como sus hijas, en qué circunstancias habían sucedido los acontecimientos. Un homicidio que se determinó ese mismo año, por lo que apuntó que “hoy es función de la Justicia” continuar con el proceso correspondiente.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó el pedido de recusación de la jueza Sandra Arroyo Salgado hecho por el ex senador Edgardo Kueider y su acompañante Iara Guinsel Costa en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita. La decisión - que no puede ser apelada - fue firmada por el juez Juan Pablo Salas de la Sala I de ese Tribunal, quien rechazó que la titular de Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 1 de San Isidro haya actuado en la causa con “la falta de imparcialidad que se invoca”. Lo hizo a partir de la solicitud presentada por el abogado de ambos en el país, Juan Martín Cerolini.

Kueider y Guinsel Costa cumplen prisión preventiva domiciliaria en un departamento de lujo en Asunción, mientras enfrentan una investigación de la Justicia paraguaya por intento de contrabando de divisas. La pareja había sido interceptada a principios de diciembre cuando intentaba ingresar a Ciudad del Este, proveniente de Brasil, en una camioneta de alta gama, con USD 211.000 en una mochila sin declarar.

Cerolini había calificado al pedido de desafuero de Kueider hecho por Arroyo Salgado la mañana del día que el Senado iba a tratar su expulsión como un “operativo destitución”, al argumentar que hubo “una perfecta coordinación entre las diligencias ordenadas y su inmediata acogida favorable en ese cuerpo”. En esa lógica, el abogado consideró la existencia de un “plan sistemático orquestado desde la política, con un rol protagónico por parte de la magistrada interviniente”, que evidenciaría una “inquina personal” de la jueza contra su defendido. Sostuvo que ese supuesto plan habría quedado en evidencia por el “trámite frenético” que se le dio a las actuaciones en su Juzgado “cuando dicha investigación se encuentra en curso desde hace años en otra jurisdicción”. El abogado pareció aludir a otra causa anterior que tramita en el mismo Juzgado, acumulada a la que se la causa abierta por enriquecimiento ilícito a mediados de 2024, conocida como “causa Securitas”. A su vez, en la Justicia de Entre Ríos, se abrió otro expediente también por enriquecimiento, casi en forma simultánea, en la ciudad de Concordia, de donde es oriundo Kueider. Esa investigación la lleva adelante el fiscal José Arias.

El abogado del ex senador había cuestionado también, al pedir la recusación de Arroyo Salgado, declaraciones de ellas sobre la investigación en el programa de Luis Majul en el canal La Nación +, que “ponían en riesgo su imparcialidad”.

Pero en un fallo de 7 páginas al que accedió Infobae, el camarista Salas advirtió que “el instituto de la recusación tiene por objeto asegurar la garantía de la imparcialidad, inherente al ejercicio de la función jurisdiccional, por lo que está dirigida a proteger el derecho de defensa del particular, pero con un alcance tal que no perturbe el funcionamiento de la jurisdicción” y, por eso, tienen un “carácter excepcional y restrictivo”. En ese sentido, agregó que “los supuestos de recusación no deben constituir para las partes un instrumento para separar al juez interviniente del conocimiento de la causa”, y que es “necesario demostrar que existen elementos objetivos que permitan tener fundadamente acreditada la duda acerca de la imparcialidad del juzgador”.

En la causa contra Kueider que lleva Arroyo Salgado, argumentó que “no se desprenden pautas objetivas que evidencien la existencia del estado de ánimo alegado por dicha parte (en referencia a la supuesta “parcialidad”), que justifiquen el apartamiento propiciado”. Para el camarista, el pedido de desafuero obedeció al “desacuerdo ante las consecuencias de un trámite realizado por otro órgano independiente del poder judicial, siendo que la labor de la Sra. Juez se ciñó, dentro del ejercicio propio de sus facultades, a la requisitoria de una de las medidas jurisdiccionales contempladas en el Art. 1° de la ley 25.320″, en referencia a la Ley de Fueros de los que gozan los legisladores nacionales.

En cuanto a la entrevista dada por la jueza a un canal de televisión, Salas sostuvo que Arroyo Salgado “no ha exteriorizado manifestaciones que conlleven a suponer algún grado de enemistad o parcialidad contra el imputado, limitándose a informar el curso de la investigación vigente sin comprometer o adelantar opinión de modo que implique la pérdida de su objetividad funcional o imparcialidad, de acuerdo a la exigencia de su investidura”.

No obstante, el camarista federal le hizo un señalamiento a la jueza de “prudencia” respecto de sus declaraciones públicas. “La exposición de la magistrada en la entrevista apuntada, aún cuando no exteriorizó manifestación que implique un prejuzgamiento o pérdida de su imparcialidad ante los hechos materia de investigación, no parece exhibir la cautela que el caso requiere, ni que su investidura aconseja, máxime cuando existen canales disponibles dentro de la estructura institucional del Poder Judicial de la Nación para satisfacer el derecho a la información y su difusión como modo de garantizar la publicidad de los actos de gobierno que provenga de la actividad jurisdiccional en justo equilibrio con otros derechos y garantías constitucionales”. En este párrafo pareció aludir al Centro de Información Judicial (CIJ) que solía publicar la mayoría de las resoluciones de los jueces federales y nacionales, pero dejó de hacerlo hace ya tiempo, para limitarse a publicar acordadas de la Corte Suprema, noticias referidas al Máximo Tribunal, y fallos de cámaras o tribunales orales del país.

Infobae consultó a Cerolini por si quería decir algo en nombre de su defendido, pero respondió que no “aún no pudo ver la causa” ya que “sigue bajo secreto de sumario”.

Aclaraciones sobre el pedido de extradición

Arroyo Salgado había pedido la extradición de Kueider y Guinsel Costa el 16 de diciembre pasado, con fines de detenerlos en Argentina y tomarles declaración indagatoria. Sin embargo, la Justicia de Paraguay consideró que el exhorto internacional enviado por la magistrada tenía “defectos de forma y de fondos”, y pidió ampliar y precisar los argumentos que sustentaban el pedido. Ese oficio pidiendo aclaraciones del juez paraguayo Rolando Duarte llegó ayer a su Juzgado, tramitado por vía diplomática.

La magistrada le correrá vista en los próximos días al fiscal federal Fernando Domínguez, quien tiene delegada la investigación contra el ex senador y es quien le había solicitado que tramite la extradición. Esa medida fue pedida ante la posibilidad de que en Paraguay le otroguen la excarcelación ya que el intento de contrabando tiene una pena que no supera los dos años y medio.

Domínguez deberá evaluar si considera necesario o relevante complementar la información del pedido de extradición, en lo referido a los hechos imputados y a la calificación provisoria del delito, en base a lo establecido por el Tratado Bilateral firmado por ambos países. Por la feria judicial de verano, es probable que no haya una respuesta de la Justicia argentina antes de que finalice el 31 de enero. Según fuentes de la Fiscalía, “la validez de la prueba no es motivo de discusión en un proceso de extradición. Eso corresponde a la Justicia en Argentina”. Explicaron que “lo que hay que fijarse es si hay un hecho descripto como un delito en el Código Penal de ambos países, si ese delito tiene pena de encarcelamiento y si el país que lo requiere, le asegura al imputado el derecho de defensa”.

Según fuentes judiciales, el pedido del juez paraguayo Duarte - basado en el dictamen de la fiscal adjunta Matilde Moreno - fue calificado como “un exceso” y “una intromisión” en el proceso que lleva adelante la Justicia de nuestro país. “Un magistrado de Paraguay no puede decirle a un juez argentino qué puede o no puede hacer. El pedido tomaba como base los requisitos del Tratado Bilateral de Extradición entre ambos países”, señalaron.

En el oficio enviado por el juez Duarte, se criticaba que el pedido de extradición citaba diferentes tratados y convenciones internacionales que podrían “contraponerse entre sí”. También que no se adjuntó copia de la resolución por la cual Arroyo Salgado dispuso la acumulación de los de las dos causas en las que se investiga a Kueider y que, de los hechos citados en el exhorto internacional, no se entendería por qué hecho en concreto se los quiere indagar. Una de esas causas es la de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, abierta a mediados del 2024. La otra es conocida como el “caso Securitas” y fue iniciada en 2020. En este expediente, se determinó la existencia del pago de coimas por parte de directivos de esa empresa de vigilancia privada a funcionarios de la firma Energía de Entre Ríos SA (ENERSA) a fin de obtener y mantener las concesiones de contratos de prestación de servicios de seguridad. Ya hay casi una veintena de procesados, acusados de los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

A su vez, la Justicia paraguaya sostuvo que si el fin de la extradición de Kueider y Guinsel Costa es indagarlos, como argumentó Arroyo Salgado en su exhorto, se podría “librar una rogatoria” para hacerlo en forma virtual, ya que ambos están sometidos a proceso en Paraguay y cumplen prisión preventiva domiciliaria en la capital de ese país por la causa por contrabando.

Desde el día que Alberto Nisman fue encontrado muerto en su departamento ubicado en la torre Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero, su exesposa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, denunció que el fiscal había sido asesinado. Una década después del magnicidio, la magistrada tildó de cobardes a los responsables y lamentó que ninguno de ellos “tuvo la valentía de pedirle perdón a mis hijas”.

Luego de que la causa diera un giro a principios de este año, a raíz de que el fiscal Eduardo Taiano dictaminara que el ex titular de la Fiscalía AMIA había sido asesinado por investigar el encubrimiento del gobierno kirchnerista, respecto al atentado ocurrido en la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, Arroyo Salgado destacó: “La verdad ya se sabe. Alberto Nisman fue víctima de un homicidio”, dijo en una entrevista a LN+

Además, en diálogo con Verano 630 (Radio Rivadavia), sostuvo: “No quiero ser pesimista, pero la verdad es que trabajo en la Justicia desde los 19 años. Tengo que ser realista y lo que no se hace en un principio, es muy difícil que se llegue al verdadero autor material. Hasta ahora lo que la justicia pudo demostrar es que esto fue un asesinato. Esto está científicamente y probatoriamente demostrado en el expediente”.

Y agregó: “Que el Poder Judicial, realmente, sea el último garante de los derechos y garantías individuales de todos los ciudadanos, sin hacer diferencias. Somos iguales ante la ley”.

A diez años de que el caso fuera arrojado al escrutinio público y abriera un debate sobre si habría sido un crimen o un supuesto suicidio, la jueza federal denunció que hubo una campaña para desprestigiar la imagen pública del padre de sus hijas, Iara y Kala, que tenían 15 y 8 años al momento de los hechos. “Lo trataron de atacar, con una falta de valentía, porque él no podía defenderse”, subrayó ella, quien participará este lunes a las 18 horas del homenaje que se le hará a Nisman, en la sede de la AMIA, ubicada en Pasteur 633.

“A mí me dolió, muchos mensajes y campañas de desprestigio que hubo, porque lo que trataron de hacer con Alberto Nisman no fue más que silenciarlo y sabían que para silenciarlo tenían que matarlo“, apuntó Arroyo Salgado durante la entrevista televisiva. Incluso, remarcó que el trabajo que había realizado el fiscal dejó un gran legado en la historia argentina, después de haber explorado el entramado detrás del Memorándum de entendimiento con Irán que había impulsado la expresidente (durante dos mandatos) Cristina Fernández de Kirchner.

Y acerca de la también exvicepresidenta, Arroyo Salgado admitió en radio que ella “fue una gran política y que tuvo muchas políticas de Estado que incluso sigo compartiendo y me parecieron muy destacables“. Y agregó: ”Pero siento que en esto, particularmente, se equivocó. Le decimos que no al terrorismo, a la corrupción, al narcotráfico, a los discursos del odio, no a la violencia”.

“Gracias al trabajo de Alberto Nisman, nuestro país no terminó alineado con quienes defienden el terrorismo. Su gran legado es ese", resaltó la magistrada en LN+, para luego recordar que el fiscal estaba citado al día siguiente de su muerte en el Congreso de la Nación para ratificar una denuncia contra la entonces jefa de Estado. Asimismo, recriminó que la política impartida por parte de la administración en turno apuntaban a “transformarse en gobiernos absolutistas, en silenciar al que piensa distinto, el disenso”.

Además, en diálogo con Radio Rivadavia, Arroyo Salgado recordó que Nisman “logró esclarecer la responsabilidad de varios y altos funcionarios del entonces gobierno de la República Islámica de Irán. Él así lo dictaminó en el expediente. En función de ello, pidió se dictarán las circulares rojas respecto de uno de estos funcionarios y otros partícipes y autores de este atentado“, agregó.

Incluso, la jueza federal rememoró una de las cadenas presidenciales que CFK realizó en los días previos al 18 de febrero de 2015, día en el que los fiscales convocaron a una Marcha del Silencio por la muerte de Nisman. “Fue muy doloroso, cuando la entonces presidenta en una cadena dice: ‘Nosotros somos el canto, somos la alegría, somos el grito de ’¡Viva la patria!‘, a ellos les dejamos el silencio, siempre les gustó el silencio. ¿Será por qué no tienen lo que decir o no pueden decir lo que piensan?“, repasó. Y respondió: ”El padre de mis hijas, mis hijas y yo siempre dijimos lo que pensamos y nadie nos va a silenciar".

En retrospectiva, Arroyo Salgado definió al año 2015 como “un año de mucha maldad y mucho miedo”, después de denunciar que “el mensaje que subyace al asesinato de Nisman es: ‘Miren lo que le puede pasar al que se anime a enfrentarse al poder vigente’“. Por este motivo, agradeció a la ciudadanía y a los medios de comunicación que apoyaron a la familia a lo largo de los años, tras resaltar que hubo “mucho interés en tratar de silenciar, de imponer cómo teníamos que pensar, cómo teníamos que hacer”.

“El asesinato de Nisman fue una crónica de una muerte anunciada”, resaltó la magistrada al plantear que las amenazas que había recibido “eran muy específicas y detallaban una cantidad de sucesos que se fueron dando y concretando”. Y enumeró que los correos electrónicos “hablaban del desprestigio público y mediático, que su sostén Jaime Stiusso iba a ser removido de la SIDE y que cuando esto ocurriese, él y su familia estaban muertos”.

De la misma manera, apuntó que uno de los datos que la impactaron fue que en una de las intimidaciones que hicieron en febrero de 2013, los autores del escrito habían dado información personal sobre sus hijas y la dirección del domicilio a la que tenían pensado mudarse en los meses siguientes. “Después de este hecho, mis hijas y yo no somos las mismas”, aseguró al concluir que la muerte de Nisman “fue el hecho de mayor gravedad institucional desde el advenimiento de la democracia”.

Era una marcha de silencio porque el problema era el silencio. Un mes después de la muerte de Alberto Nisman, un grupo de fiscales encabezó una masiva movilización bajo una lluvia torrencial, acompañados de miles de personas para manifestar su preocupación porque el hombre que tenía en sus manos la investigación por el atentado más grave ocurrido en la Argentina había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y su cadáver había aparecido, cuatro días después, con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento. Aquella marcha dividió las aguas en Comodoro Py y en el mundo judicial. Selló, en los palacios de tribunales, la grieta pública que se respiraba en la sociedad.

Habían pasado unos días de la muerte de Nisman, con las dudas públicas sobre si había sido un asesinato o un suicidio, y las interpretaciones políticas de lo que implicaba su deceso inundaban los diarios. Cristina Kirchner, que había motorizado dos años antes una fallida democratización de la Justicia, ya había intentado desguazar la central de inteligencia y había logrado el desplazamiento de Horacio “Jaime” Stiuso, que días después tuvo que salir del país. Los ojos del mundo se posaban sobre Argentina con las extrañas circunstancias que rodaban la muerte del fiscal de la causa AMIA.

El fiscal se preparaba para ir al Congreso Nacional a ventilar las pruebas que lo habían llevado a acusar a la entonces presidenta de encubrir a los ideólogos iraníes de aquel atentado. Era el fiscal más custodiado del país y, sin embargo, por esas horas, estaba solo.

La muerte de Nisman impactó de lleno en Comodoro Py. Fue Guillermo Marijuan el que hizo el primer movimiento. Llamó a un grupo de sus compañeros del quinto piso del edificio. Estaban Carlos Rívolo, Eduardo Taiano y Carlos Stornelli. “Hay gente autoconvocándose a una marcha en memoria de Nisman. ¿Tenemos que ir o no?”, disparó.

Hubo una discusión entre todos. “No podemos salir a la calle a pedir justicia cuando nosotros somos los encargados de proveer el sistema de justicia. No podemos señalar una situación de inseguridad. Pero sí teníamos muy claro que la muerte de Nisman, en esas condiciones, no había sido algo menor. Las autoridades del Ministerio Público estuvieron ausentes en todo momento. Ni siquiera tuvieron un pronunciamiento firme. Ni una bandera a media asta. Distintas autoridades del Gobierno de entonces, además, salian a atacar al fiscal cuando todavía ni siquiera estaba claro cómo había muerto... Hubo una sensación de soledad institucional y por eso decidimos marchar”, recuerda hoy ante Infobae el fiscal Rívolo. “No lo convocábamos nosotros. Nosotros nos sumábamos a la marcha de la gente. Teníamos muy claro que a lo que íbamos era a honrar la imagen de Nisman”.

A partir del momento que trascendió el apoyo de representantes del Ministerio Público a la convocatoria de los ciudadanos, ya se empezó a hablar de la marcha de los fiscales. Lo sintieron como un “deber” ante la sociedad y ante su colega fallecido. La decisión de marchar generó un antes y un después en el mundo judicial.

Contra el grupo que organizaba la marcha, salieron públicamente otros a rechazar la convocatoria. A esos se los identificó con Justicia Legítima y con la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. “Frente a la sociedad, nuestro compromiso como miembros del Ministerio Público debe ser el de acompañar desde el lugar que nos corresponde por mandato constitucional: el tratamiento de los casos que nos tocan”, advirtieron en un comunicado Cristina Caamaño, Javier De Luca, Juan Azzolin, Sandro Abraldes, Stella Scandura y Julio Castro (más tarde condenado), entre otros. Quedó un pequeño grupo con una tercera posición: los que aclaraban que no se involucraban.

“Los fiscales, si tenemos miedo, tenemos que guardárnoslo o irnos”, dijo entonces el ya fallecido fiscal Jorge Di Lello a Radio Nacional Rock. “Si tengo miedo y no puedo cumplir con mi función, es mejor que me vaya y me haga cajero de un supermercado”, agregó. Y aclaró que no fue al homenaje a Nisman para “evitar ser recusado”.

Algunos de sus colegas justificaron la ausencia en la marcha de Gerardo Pollicita. Una semana antes de la marcha, él había dictaminado para que se investigara la denuncia que firmó Nisman contra Cristina Kirchner por el encubrimiento a los iraníes.

“Los que no querían concurrir hablaban de una especie de posicionamiento político, pero los que estábamos de este lado lo dijimos claro: ‘no importa si es Nisman u otro apellido. Lo que teníamos que decir es que no puede pasar como si nada la muerte de un fiscal en este contexto. Y así lo demostramos después, cuando hubo algún apriete contra algún miembro del Ministerio Público”, recordó Rívolo, entonces presidente de la Asociación de Fiscales.

“Es verdad que Marijuan fue el que dijo algo que hay que hacer. Y fue Germán (Moldes) el que lo organizó. Muchos se borraron. Los pusimos la cara somos los que estamos ahí en la foto. Y fuimos también los que sufrimos la consecuencia”, afirmó ante Infobae el fiscal Carlos Stornelli.

Los fiscales que decidieron la convocatoria redoblaron su decisión. Sería la “marcha del silencio”. Lo único que tenían claro es que no querían ninguna bandera política en la movilización. Pero... eran fiscales. Nunca habían organizado una marcha. ¿Cómo se hacía?

Hubo una nueva reunión, esta vez, en el despacho de Germán Moldes, el histórico fiscal ante la Cámara Federal, jefe de las doce fiscalías de Comodoro Py y recientemente fallecido. Ahí estaban el fiscal ante Casación Raúl Plee, y los de instrucción Marijuan, Rívolo y Stornelli. También se convocó al jefe de la Policía Federal y el responsable de la Policía Metropolitana con el entonces ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro, que había sido uno de ellos (fiscal federal) hasta antes de saltar a la política.

Y a último momento apareció Julio Piumato, el jefe de la Unión, el gremio de los empleados judiciales. Hubo un minuto de silencio. El ambiente cambió.

Moldes y Piumato habían militando en el peronismo en los oscuros años de la dictadura. Pero hacía mucho estaban distanciados. Por aquellos años, muchos empleados del Poder Judicial fueron perseguidos y desaparecidos. “Germán había sido detenido y torturado. No le gustaba hablar de eso, pero la pasó mal. Y por eso siempre se excusó de intervenir en las causas que se abrieron después”, confió a Infobae su gran amigo Pleé.

La tensión flotaba en el aire en el despacho de Moldes con la llegada de Piumato. Todos se quedaron callados. El silencio se quebró cuando el fiscal se paró y se levantó para saludarlo. Se fundieron en un abrazo que duró más de lo normal. Se miraron a la cara. “Nos mataron un compañero”, le dijo Piumato. “Esto no puede volver a suceder”, respondió. Hubo un segundo abrazo. “Tantos años de desencuentro”, acotó. Cuando se separaron, Moldes tenía una lágrima en la mejilla. Volvió en sí. Miró a su alrededor. “Hijos de puta, me vieron llorar”, les espetó. Volvió a su silla. Y comenzó a organizarse el operativo.

18F

Al mes de la muerte de Nisman ya eran muchos los que estaban convencidos que al fiscal de la UFI AMIA lo habían matado. Y que, además, se estaba investigando mal. “Yo creo que hay muchas cosas que están en la nebulosa -decía Piumato, horas antes de la marcha-. No hay que estudiar criminología para saber que no se puede esperar 30 días para investigar (la escena de un hecho) con luminol. Lo que está clarito es que la escena del crimen fue violentada antes de que llegue la fiscal”.

El 12 de febrero, Cristina Kirchner, en uno de los actos que organizaba en el interior de la Casa Rosada, luego de una cadena nacional, aludió sin nombrarla a la marcha que preparaban los fiscales. “Nos quedamos con el canto, con la alegría, a ellos, a ellos les dejamos el silencio. Siempre les gustó el silencio; ¿saben por qué?”, expresó. “Digo que nos quedamos con la alegría, porque no tienen nada que decir o porque no pueden decir lo que piensan”.

Llegó el 18F. Había una sensación generalizada de una gran convocatoria. “Hacemos saber que participaremos de la misma respetando el original propósito con el que fue concebida, esto es: rendir silenciosamente un homenaje en su memoria”, hizo saber la jueza Sandra Arroyo Salgado, viuda de Nisman, que acudió con sus hijas. También estuvo Sara Garfunkel, la madre del fiscal.

“En la Argentina hay plena libertad de expresión y reunión”, se limitó a decir el entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aquella mañana. El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, afirmó que “iría a la marcha” si no fuera tan conocido políticamente. Distintas agrupaciones políticas, gremiales y de derechos humanos salían a marcar públicamente su rechazo a la movilización y a la figura de Nisman.

Los que sí estuvieron fueron Mauricio Macri (PRO), Sergio Massa (Frente Renovador) y Ernesto Sanz (UCR). También estaba Alberto Fernández, que en aquellos años estaba convencido de que a Nisman lo mataron (“Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. La primera que cree que no se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner”) y ya siendo presidente aseguró que el fiscal se suicidó.

“Hay que ponerle el cuerpo a la marcha del silencio, yo voy a estar ahí. Hay que ponerle el cuerpo a la República y a la Constitución y salir a la libertad, de la dictadura K”, decía Elisa Carrió.

Los judiciales habían armado una gigantesca bandera negra, que decía: “Homenaje al fiscal Nisman. Marcha de silencio”. José María Campagnoli, Carlos Rívolo Carlos Stornelli, Julio Piumato, Guillermo Marijuan, Ricardo Saenz, Germán Moldes y Raul Pleé estaban en los lugares centrales, cargando esa bandera, junto a Carlos Donoso Castex y Luis Cevasco. Apenas pasadas las 18, comenzaron a caminar. La consigna era el silencio. Aunque en el trayecto hubiera gritos de “Nisman presente” o “Fuerza”.

La marcha empezó casi en punto. Aunque el pronóstico lo avisaba, nadie imaginó que la lluvia que se largó aquella tarde se convirtiera en un diluvio. “En minutos los vomita Dios” y “Néstor hace pis”, llegó a escribir el entonces presidente del Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual, el kirchnerista Alex Freyre, que más tarde borró los tuits y pidió disculpas.

Aún con lluvia, la gente siguió marchando. Por eso muchos la llamaron después la “marcha de los paraguas”. Algunos llevaban carteles: “Yo soy Nisman”, “Justicia”, “Llora por mí, Argentina”. Fueron dos horas para caminar las menos de 20 cuadras que separaban el lugar de partida y el destino. Solo un minuto se detuvieron, casi espontáneamente, ante el edificio de la Procuración de Avenida de Mayo, en clara señal hacia Gils Carbó, la entonces jefa de los fiscales.

Aunque la Policía Federal hablaba de cinco mil personas, la Metropolitana daba cuenta de 400 mil. Pero los fiscales, en ese momento, no tenían dimensión de cuánta gente había. Cuando estaban llegando a Plaza de Mayo y los organizadores le avisaron que iba a haber que armar una cápsula para llegar al escenario, que no iban a poder llegar solos porque era “imposible”, Piumato, con años de marchas encima, miró a los fiscales y les dijo: “Ustedes no tienen idea de lo que acaban de hacer”.

Ya eran pasadas las 8 de la noche. Absolutamente empapados, como el resto de los que estaban ahí, Piumato tomó el micrófono del escenario: “Por el dolor que nos causó la muerte del fiscal Alberto Nisman, acompañando el sentimiento de la familia y en respeto a su memoria, les pedimos a los cientos de miles que están presentes en este homenaje, un minuto de silencio”. Luego la desconcentración.

Tres días después, la entonces presidente Cristina Kirchner difundió una carta pública en la que dijo que la marcha del 18F había sido “el bautismo de fuego del Partido Judicial”, al que calificó de “opositor y destituyente”. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional le respondió con un comunicado. “El judicial no es un partido, sino un Poder del Estado -se sostuvo-. Los miles de magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y los Ministerios Públicos participan de las más diversas ideologías, y se encuentran separados por las más variadas diferencias. Mal material para constituir un ‘Partido’. No son destituyentes ni golpistas los que opinan distinto o señalan errores. Los funcionarios judiciales no gobernamos ni deliberamos; nuestra misión, asignada en la oportunidad fundacional, es asegurar la vigencia de la Constitución y las instituciones que ella ha erigido”.

Para esa altura, la sociedad se había dividido políticamente en un año electoral. Pasaron diez años. La muerte de Nisman aún exige respuestas, pero la foto del 18F está colgada en varios de los despachos de fiscales que aún hoy la recuerdan aquel día como un antes y un después.

Manuel Romero Victorica fue abogado querellante en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, en representación de sus dos hijas, Iara y Kala.

Conoce como pocos los detalles de lo que se investigó hasta diciembre de 2018, cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal, abandonó la querella. Aunque no accede al expediente desde entonces, el letrado recuerda con envidiable precisión su contenido, al punto de citar de memoria pruebas con la foja exacta en la que se encuentran.

En el décimo aniversario de la tragedia en las torres Le Parc de Puerto Madero, Romero Victorica dialogó con Infobae y ratificó que la orden de matar a Nisman salió del entorno de la ex presidenta Cristina Kirchner.

También repasó las irregularidades de la investigación, el rol de los agentes de inteligencia y de Diego Lagomarsino, el presente de la causa y su hipótesis de por qué los autores materiales del asesinato “ya no están en este mundo”.

- La semana pasada el fiscal Eduardo Taiano ratificó en un informe que a Alberto Nisman lo mataron, y dio a conocer datos nuevos sobre la investigación. ¿Qué evaluación hace sobre ese documento?

- La verdad es excelente, me parece serio, fidedigno, objetivo. El fiscal Taiano lo que hace es un racconto de todo lo que fue sucediendo. No tiene miedo de hablar de los servicios de inteligencia y el papel que cumplieron. Ante las irregularidades iniciales que hizo la fiscal Viviana Fein, decidió que había que hacer una Junta Interdisciplinaria, no solamente médica, sino criminalística y que abarcó muchos otros aspectos.

Y después hay hechos muy graves que él relaciona y que tienen una connotación importante, que son otras causas conexas a la del homicidio del fiscal Nisman: el incendio en la Casa Rosada, las cámaras que no funcionaban, la presencia de personas de los servicios de inteligencia, no solamente de la SIDE sino también del Ejército, y fundamentalmente la vinculación de personas ligadas a quienes fueron denunciados por Nisman, las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de ese momento. La Cámara Federal, cuando en una segunda instancia estudia el tema, dice que no solamente fue víctima de un homicidio, sino que lo fue como consecuencia de la investigación del atentado a la AMIA y la denuncia que hace contra el Gobierno nacional por el Memorándum con Irán. Entiende que es todo parte de un mismo proceso.

- En cuanto a la primera etapa de la investigación, ¿cuáles cree que fueron las irregularidades que obstaculizaron su avance?

- El fiscal Taiano habla de 80 personas dentro del departamento. Tenemos como escena del crimen principal el baño, obviamente. Pero después existen otras escenas secundarias del crimen, como el cuarto, el living, el ascensor, la entrada, el palier y una salida donde estaban los aires acondicionados y que de casualidad coincidía con el departamento de al lado. Ahí había huellas y eso no se investigó.

Después, hay un video de la Policía Federal Argentina donde el secretario de Seguridad, el señor Sergio Berni, le dice a la fiscal Fein: “Hace como 40 minutos que estamos acá, ¿por qué no vamos a mirar si el fiscal Nisman está con vida?”. Estamos hablando de Berni, que aparte de abogado es médico. En ese departamento entró gente que no tenía que entrar, pisotearon toda la escena del crimen, estaban sin guantes, sin elementos para resguardar la prueba, toquetearon el arma, y no encontraron ni siquiera huellas de Lagomarsino, que es el que se la llevó. El departamento fue limpiado, no había huellas de las hijas. ¿Qué hacía Nisman? ¿Le ponía guantes a las hijas?

Y durante un tiempo muy largo estuvo la irregularidad de que se le haya dado intervención a la Justicia ordinaria, cuando se investigaba la muerte de un fiscal federal que había denunciado a la presidenta. Se caía de maduro que era un caso para la Justicia federal. De Fein hay fotos donde la fiscal está haciendo la V con los dedos. Guardá compostura, al menos disimulá un poquito. Es un papelón.

- Volviendo a Lagomarsino, ¿qué rol sostiene que tuvo en la muerte de Nisman? ¿Lo ve como alguien de su confianza que lo traicionó para colaborar con la simulación de un suicidio?

- Nosotros lo dijimos hasta el cansancio en su momento y siempre estuvo muy enojado conmigo por decir eso. Hay que empezar por las mentiras que dijo. Dice que le llevó un arma porque él se la pidió. No está probado que él se la pidiera. Tampoco la necesitaba, ya tenía una igual. Dice que le enseñó a usar el arma. Qué raro que teniendo una igual no la sepa usar. Había dicho que Nisman lo llamó. Está probado que no es cierto, que el primero que llamó fue él. Acá lo que se intentó hacer fue vendernos a los argentinos la foto de un suicidio. Para vender esa historia se necesita un arma amiga. Y de última, si Nisman se hubiese querido suicidar, ¿por qué se la habría pedido a él? No va a ponerlo en semejante compromiso si era alguien de su confianza.

- Todavía se sigue ampliando el entrecruzamiento de llamadas y nombres de posibles involucrados. La investigación parece expandirse y a la vez alejarse de una respuesta sobre qué pasó exactamente en ese baño. ¿Se agotaron las posibilidades de esclarecer al 100% lo que ocurrió?

- Lo que pasó en esa casa ya se sabe, quedó confirmado con la Junta Interdisciplinaria y con todo un plexo probatorio que, aparte de las pruebas directas, tiene indicios serios que te llevan a inferir que el fiscal Nisman fue asesinado. Y no lo digo yo, que integré la querella, lo dijeron un juez y una Cámara. Casación Penal, cuando intervino en el expediente conexo sobre la investigación del encubrimiento dijo que la denuncia de Nisman era coherente, verosímil y plausible. El fiscal Taiano en su informe explica que a la fecha se encuentran en curso de producción medidas dirigidas a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho. Yo creo que, lamentablemente, esas personas ya no están en este mundo. Pero sí quienes lo ordenaron.

- ¿A qué se refiere con que ya no están en este mundo?

- No deben haber dejado cabos sueltos. No deben estar vivos, porque con que haya un arrepentido se cae todo.

- Volviendo a la cuestión de los agentes de inteligencia, ¿por qué cuesta tanto explicar la cantidad de llamadas que hubo ese fin de semana? ¿A qué conclusiones llegó respecto del rol que tuvieron los espías?

- Hay pruebas y fundadas sospechas del accionar de personal de inteligencia del Ejército, en aquel momento a cargo del general César Milani, que respondía directamente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal Taiano fue buscando las antenas que estaban cerca de Le Parc y encontró casi 500 abonados telefónicos en el entrecruzamiento efectuado. ¿Te das cuenta el despliegue que se hizo por parte de personajes vinculados a las altas autoridades del gobierno nacional para concluir con el asesinato del fiscal Nisman? Esto con tal de que no fuera el día martes a prestar declaración en Diputados. Qué casualidad, a partir de que el fiscal Nisman apareció sin vida, todos los entrecruzamientos de los servicios de inteligencia de la SIDE y de los servicios de inteligencia del Ejército, según señala el fiscal Taiano, cesaron. Ya está, murió, no hace falta seguir hablando.

- Si alguien ordenó matar a Nisman, ¿esa persona está mencionada en el informe de Taiano y es del entorno de Cristina Kirchner?

- Yo creo que sí. El cuadro probatorio te lleva a eso. Todavía Taiano no tiene la prueba directa, pero tiene todo un conjunto de pruebas, de presunciones y de indicios serios, precisos y concordantes, que te llevan a determinar que fue alguien muy estrechamente vinculado a las máximas autoridades del gobierno nacional de ese momento. El fiscal Alberto Nisman dijo: “Todo pasa por Cristina Fernández de Kirchner”. No lo digo yo, lo decía él. No digo que haya prueba en el expediente de que ella dio la orden. Lo que digo es que se montó todo un operativo para tratar de mostrar que esto era un suicidio.

- Usted dejó la causa cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado tomó la decisión de retirarse de la querella. ¿Por qué lo hizo?

- Ella estaba muy cargada con todo este tema. Llevábamos cuatro años de intensísima actividad. Se sentía perseguida y sus hijas igual, custodia para todos lados. Y sale el fallo de Cámara y queda claro que el fiscal Nisman fue asesinado. Por supuesto que no hay sentencia definitiva, pero la Justicia se ha expedido en varios aspectos, hasta la Corte misma. En un momento dijo “ya está, ya tengo claro que a Alberto lo mataron”. Me acuerdo en una reunión que hubo en el estudio, estábamos todos. Dijo algo así como “pueden pasar diez años y que nunca sepamos quiénes son los que lo mataron o los que dieron la orden”. Ya sabemos el qué; el dónde, el cuándo, a qué hora, son cosas accesorias de lo principal, que es si lo mataron o no.

- ¿Cómo cree que la Historia le va a contar a las generaciones futuras la muerte de Nisman? ¿Mantiene la esperanza de que se conozca la verdad completa?

- La historia no es única, es según quién la cuenta. No se sabe qué va a pasar en este país políticamente, y la causa Nisman es, por sobre todas las cosas, una causa política. Si vos hablás de peronismo con un peronista, el general Perón es lo más grande que hay. Y si vos hablás con un anti peronista, es el principio de los males de la Argentina. Para ver una sentencia definitiva yo no sé si estaré, o ya seré viejo. Hoy lo dice el fiscal Taiano: está siendo muy difícil avanzar. Pero estamos avanzando, y se va a seguir avanzando en tratar de descubrir quiénes son. Yo creo en él, como fiscal. No creo que se dé por vencido. Y si por algún motivo él deja de estar y viene otro fiscal, el caso tiene tanta trascendencia que el que lo logre será una persona muy recordada en la Historia argentina.

El juez de garantías de Paraguay, Rolando Duarte, envió un oficio a través de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de ese país para que amplíe y complemente la solicitud de extradición del ex senador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, realizada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El documento le hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía y se tramitará vía la embajada argentina en Asunción para que llegue a la Cancillería, según confirmó Infobae de fuentes judiciales paraguayas. El trámite demorará la posibilidad de que el legislador sea enviado detenido a nuestro país junto a su acompañante.

El dictamen de la fiscal adjunta Matilde Moreno, fechado el 7 de enero, requería aclaraciones, información complementaria y documentación de las causas en las que la jueza argentina investiga al ex legislador por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Fue adjuntado por Duarte en su oficio “para facilitar una mayor comprensión de lo requerido y permitir la emisión de un pronunciamiento adecuado sobre la solicitud de extradición” de Kueider y Guinsel Costa.

Según la fiscal Moreno, especializada en Crimen Organizado, el pedido de Arroyo Salgado para que ambos sean enviados detenidos a Argentina “contiene errores que son destacables en materia de exhortos”, y “genera una confusión que el Estado requirente se encuentra legalmente obligado a aclarar”. La fiscal había considerado que “no contaba con la información necesaria para un pronunciamiento adecuado y ajustado a derecho en este momento, por defectos de forma y fondo atribuibles al Estado requirente”, por lo que no podía expedirse en esta instancia sobre el pedido de extradición.

Sostuvo que la jueza argentina mencionaba en forma “genérica” convenciones internacionales que “persiguen propósitos y objetivos distintos, que podrían generar inconvenientes de encuadre y hasta exclusiones de una respecto de la otra, por sus diferentes ámbitos de aplicación”. En diálogo con PDS Radio y TV digital de Paraguay, el juez Duarte señaló que “el Estado requirente invoca a varios tratados firmados por la República del Paraguay, entre ellos el Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República del Paraguay. Pero no obstante ello, también, pide una cooperación internacional basado en otras convenciones dentro del mismo pedido de Tratado de Extradición como, por ejemplo, la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en materia Penal, el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del Mercosur, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y estas convenciones tienen otros canales o vías a los efectos de solicitar, no solamente al Poder Judicial, y por ello la fiscal solicita que aclare cuál de ellos va a, finalmente, persistir”. Por eso, explicó, está “pidiendo una aclaración y complemento de lo solicitado”.

En ese sentido, aclaró que todavía no se inició el procedimiento de extradición de Kueider y Guinsel Costa, ya que aún no tuvo lugar “una audiencia de identificación” debido, también, a que el exhorto “invoca hechos punibles, pero no le atribuye una conducta específica”. Y recordó que “se debe dar una doble incriminación, o sea, tanto en el Estado requirente como en el Estado requerido, debe ser punible el hecho. Entonces, también se le está pidiendo una conducta punible atribuida a estas personas”.

Kueider y su acompañantes están acusados en Paraguay de tentativa de contrabando, al ingresar a Paraguay con USD 211.000 en efectivo sin declarar desde la frontera con Brasil. Cumplen prisión preventiva domiciliaria en un departamento de lujo en Asunción. Los fiscales de Ciudad de Este que lo investigan tienen plazo hasta principios de abril, para concluir su investigación.

La fiscal paraguaya recordó que el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú - que es el magistrado que interviene en la causa de contrabando - “entendió pertinente y legalmente viable que litiguen con medidas alternativas a la prisión preventiva”. Por este motivo, Moreno recomendó que “la República Argentina corrija los defectos advertidos” antes de poder pronunciarse sobre la posibilidad de someterlos al proceso de extradición. “No contamos con la información necesaria para un pronunciamiento adecuado y ajustado a derecho en este momento, por defectos de forma y fondo atribuibles al Estado requirente”, escribió en su dictamen.

Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, investiga a Kueider en dos causas conexas: la de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, abierta a mediados del 2024, y la conocida como el “Caso Securitas”. En esta última se determinó la existencia del pago de coimas por parte de directivos de esa empresa de vigilancia privada a funcionarios de la firma Energía de Entre Ríos SA (ENERSA) a fin de obtener y mantener las concesiones de contratos de prestación de servicios de seguridad. Abierta en 2020, en ese expediente hay casi una veintena de procesados, acusados de los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

El exhorto con la solicitud de extradición incluyó el pedido de secuestro de los celulares de Kueider y Guinsel Costa, y el allanamiento del departamento donde cumplen prisión domiciliaria en Asunción. La magistrada dictó, además, el pedido de captura internacional de ambos por si fueran liberados por la Justicia paraguaya.

La fiscal señaló en su dictamen sobre el exhorto internacional que “no obra en el cúmulo de documentos recibidos por el estado requirente”, la resolución judicial que resolvió la acumulación de las dos causas, “a fin de conocer los motivos de hecho y de derecho que llevaron a tal decisión judicial”. Por eso considera que “la Justicia argentina no indica con precisión cuáles son los hechos punibles (delitos/crímenes) atribuidos a los requeridos, requisito indispensable para el estudio -en el momento procesal oportuno- de la Doble Incriminación y garantizar el Principio de Especialidad”.

Y en ese sentido, agregó que “teniendo en cuenta que ambos requeridos se encuentran sujetos a un proceso en el territorio paraguayo, el Ministerio Público estima que tal petición podría salvarse con una carta rogatoria específica para lograr la oportunidad procesal y derecho de ser oídos en un proceso penal, lo que deviene un contradictorio en la pretensión del trámite”. O sea, opinó que si la extradición pedida por Arroyo Salgado es a fines de indagarlos, ese trámite podría ser tramitado en Paraguay mientras avanza el proceso contra ellos por presunto contrabando.

La fiscal adjunta de Paraguay Matilde Moreno emitió un dictamen en el que solicita requerir a la Justicia Argentina información adicional y aclaraciones respecto de la solicitud de extradición del ex senador Edgardo Kueider y su acompañante, Iara Guinsel Costa, formulado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en la causa en la que lo investiga en nuestro país por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La solicitud, según la fiscal adjunta paraguaya, “contiene errores que son destacables en materia de exhortos”, por lo que requiere que se pidan aclaraciones y precisiones a la Justicia argentina, y que complemente la información que fundamenta el pedido de extradición emitido por la jueza argentina el 16 de diciembre pasado, con fines de detenerlos en Argentina y tomarles declaración indagatoria. Moreno consideró que “no contaba con la información necesaria para un pronunciamiento adecuado y ajustado a derecho en este momento, por defectos de forma y fondo atribuibles al Estado requirente”, por lo que no podía expedirse en esta instancia sobre el pedido de extradición.

El dictamen concluye que se debe “solicitar al Estado requirente ─por la vía diplomática pertinente─ informe, aclare y complemente la presente solicitud de extradición formulada”. Esta solicitud demoraría la resolución del pedido para que Kueider y Guinsel Costa sean enviados de regreso detenidos a Argentina, a fines de ser indagados por la Justicia argentina, como pretende Arroyo Salgado y el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez.

Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de esa localidad de la Provincia de Buenos Aires, investiga a Kueider en dos causas conexas: la de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero abierta a mediados del 2024 y la conocida como el “Caso Securitas”, en la que se determinó la existencia del pago de coimas por parte de directivos de esa empresa de vigilancia privada a funcionarios de la firma Energía de Entre Ríos SA, (ENERSA) a fin de obtener y mantener las concesiones de contratos de prestación de servicios de seguridad. Abierta en 2020, en ese expediente hay casi una veintena de procesados, acusados de los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

El exhorto con la solicitud de extradición incluyó el pedido de secuestro de sus celulares y el allanamiento del departamento donde cumplen prisión domiciliaria en Asunción. La magistrada dictó, además, el pedido de captura internacional de ambos por si fueran liberados por la Justicia paraguaya.

El escrito de la fiscal Moreno fue enviado al Juzgado de Paraguay que debe decidir si otorga o no la extradición. Se trata de un magistrado diferente al que interviene en la causa por presunto contrabando de divisas. Kueider y Guinsel Costa cumplen prisión preventiva domiciliaria en un departamento de lujo en Asunción desde que fueron interceptados con más de USD 200.000 en efectivo, sin declarar, al cruzar la frontera desde Brasil, hacia Ciudad del Este, en Paraguay.

La fiscal señaló en su contestación que “no obra en el cúmulo de documentos recibidos por el estado requirente”, la resolución judicial que resolvió la acumulación de las dos causas, “a fin de conocer los motivos de hecho y de derecho que llevaron a tal decisión judicial”. Por eso considera que “la Justicia argentina no indica con precisión cuáles son los hechos punibles (delitos/crímenes) atribuidos a los requeridos, requisito indispensable para el estudio -en el momento procesal oportuno- de la Doble Incriminación y garantizar el Principio de Especialidad”.

En el dictamen, Moreño advirtió que “a través de la Nota MRP/AJURI N.º 436/2024, la Embajada de Argentina refiere que la solicitud de extradición se remite a fin de que ambos requeridos sean sometidos a proceso. Por lo que, lo expresado por la Embajada Argentina no se relaciona con lo que la única autoridad competente -Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º I de San Isidro de Buenos Aires- requiere, que es la declaración indagatoria de ambos”.

Y en ese sentido, agregó que “teniendo en cuenta que ambos requeridos se encuentran sujetos a un proceso en el territorio paraguayo, el Ministerio Público estima que tal petición podría salvarse con una carta rogatoria específica para lograr la oportunidad procesal y derecho de ser oídos en un proceso penal, lo que deviene un contradictorio en la pretensión del trámite”.

Indicó además que “ambos se encuentran sometidos a proceso en Paraguay”, y, recordó que “el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la capital, a cargo del juez Humberto Otazú, entendió pertinente y legalmente viable que litiguen con medidas alternativas a la prisión preventiva”.

En el proceso de extradición en Paraguay, interviene el Juzgado que debe resolver el pedido de la jueza Arroyo Salgado y el Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales de Paraguay, a cargo de Manuel Doldán. Este último se encarga de revisar si el pedido cumple con los requisitos formales. Doldán está de licencia por vacaciones y es subrogado por Moreno, fiscal adjunta en Crimen Organizado.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado rechazó hoy el pedido de eximición de prisión solicitado por la defensa del ex senador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa para que el proceso en su contra se lleve adelante estando en libertad. La decisión, en el mismo sentido que había dictaminado el fiscal federal Fernando Domínguez, se basó en “la sospecha razonable de que el imputado podrá obstaculizar la investigación en caso de recuperar su libertad”. También señaló que el objetivo del pedido de extradición desde Paraguay - que sigue vigente - es su detención a fines de indagarlo en el país y que se someta a derecho, ante el riesgo de una posible fuga en caso de que quede en libre en ese país.

Actualmente Kueider cumple prisión preventiva domiciliaria, junto a su secretaria, por el intento de contrabando de divisas cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este, desde Brasil, en la madrugada del 4 de diciembre. Sin embargo, como la expectativa de pena en Paraguay por ese delito es relativamente baja, al ser en grado de tentativa, y prever entre seis meses y dos años y medio de prisión, la Justicia argentina teme que puedan ser liberados en cualquier momento.

En el pedido de eximición de prisión, su nuevo abogado Juan Martín Cerolini - quien defiende también a Guinsel Costa - había argumentado que ambos “se encuentran a derecho en esta causa (por la de Securitas y la enriquecimiento ilícito que es conexa), pues han propuesto abogado defensor, se sabe fehacientemente donde se encuentran, y, siendo que la investigación comenzó antes de la detención en Paraguay sin media restrictiva alguna, jamás han eludido el accionar judicial ni lo han controvertido”.

La solicitud del letrado había tenido lugar el jueves pasado, luego de que la jueza presentara un exhorto internacional para la extradición con fines de tomar declaración indagatoria. Kueider había perdido sus fueros como senador el 12 de diciembre tras ser expulsado de la Cámara alta por una amplia mayoría de votos. Ese pedido de extradición con fines de detención sigue vigente, así como el pedido a Interpol de captura nacional e internacional de Kueider y Guinsel Costa.

Pero para la magistrada federal, “si bien se tiene en cuenta que poseería domicilio fijo en Argentina, se observa que la valoración objetiva y provisional de las características particulares del hecho en trato hacen presumir fundadamente que en caso de recuperar la libertad en la República del Paraguay, intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación”. Y agregó: “El encarcelamiento durante el proceso penal -como toda otra medida coercitiva de carácter procesal- sólo procede para asegurar sus propios fines, esto es, la averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal”.

Arroyo Salgado dictó la resolución en la causa en la que la Justicia Federal se investiga al ex legislador por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En el escrito, se señala que está imputado de “conformar una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras que configurarían el delito de lavado de activos doblemente agravado, a través de la colocación en el sistema financiero local e internacional y ecosistema de activos virtuales, así como también en la adquisición de bienes inmuebles y muebles, durante el período comprendido, en principio, desde inicios de 2017 y hasta el presente, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal”.

Y en ese sentido, puso énfasis su condición de ex funcionario público y mencionó como delito precedente del lavado el cohecho, las negociaciones incompatibles con los cargos públicos que ocupó y el tráfico de influencias, incluidos en el requerimiento de instrucción del fiscal.

“Debe ponderarse que la finalidad orquestada incluiría su enriquecimiento personal, por lo que se realza la necesidad de identificar e interrumpir los circuitos por los que transita o circuló el frondoso provecho ilícito, siendo que la detención cautelar constituye un medio idóneo para evitar dicho cometido. El marco penal de la calificación legal aplicable a las conductas atribuidas a Kueider y las penas en expectativa previstas en el art. 303 del Código Penal (lavado de dinero) , claramente no quedaría absorbida por el primer supuesto del artículo 316 del CPPN -parámetro utilizado también análogamente para analizar las excarcelaciones- al tiempo que el mínimo legal previsto no permite avizorar la posibilidad de aplicación de una condena de ejecución condicional”, advirtió la magistrada en su resolución, en referencia a la pena que tiene ese delito, de 3 a 10 años.

Arroyo Salgado también rechazó que Guinsel Costa, la acompañante de Kuieder cuando fue detenido al ingresar a Paraguay con USD 211.000 sin declarar, quede en libertad. Arroyo Salgado había incluido a Guinsel Costa en su pedido de extradición para poder indagarla en el país. La joven de 34 años - con la que el ex legislador tendría una relación afectiva y había designado este año en su despacho en el Senado con la categoría más alta - está acusada en la Justicia Federal de lavado y asociación ilícita. Los investigadores sospechan que podría haber actuado como testaferro de Kueider.

Documentación bancaria quemada

Sobre la posibilidad de que Kueider o su secretaria interfieran o busquen entorpecer la investigación en curso, la magistrada advirtió que existen medidas de prueba pendientes de producción, como ser el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos de sus domicilios, y que la obligaban a tomar “medidas necesarias para resguardar el desarrollo de la pesquisa”.

En este punto, Arroyo Salgado destacó que en los días previos al allanamiento del departamento en Recoleta donde vivía Guinsel Costa en la Ciudad de Buenos, y cuando ya se encontraba detenida en Paraguay, se habrían retirado elementos de ese domicilio. También mencionó que se encontró documentación bancaria incinerada en una maceta del inmueble y restos de velas quemadas. Según el testimonio del encargado del edificio, citado en el expediente, Kueider “asistía asiduamente” a ese departamento.

Para la magistrada, el ex senador “cuenta con el conocimiento, soporte de terceras personas, abundantes medios disponibles y recursos financieros que le podrían permitir organizar una posible fuga del proceso y así entorpecer la investigación”.

También resaltó los “numerosos viajes” que Kueider registraría recientemente a Paraguay y a Brasil que, “llamativamente, resultan posteriores a los procedimientos (registros domiciliarios y detenciones, entre otros) efectuados” en la causa “madre” de Securitas, acumulada jurídicamente a la de enriquecimiento ilícito.

En ese expediente, la jueza destacó que Kueider “se encuentra vinculado, mínimamente, a dos de los imputados en aquél expediente, quienes se encuentran procesados en orden a los delitos de asociación ilícita -en carácter de organizadores- en concurso real con cohecho activo -coautores y negociaciones incompatibles con la función pública -en carácter de partícipes necesarios-”, en referencia a los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tórtul. Ambos están acusado del pago de coimas por parte de la filial entrerian de la firma Securitas a la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA, para garantizarse contratos de seguridad privada.

Como reveló ayer Infobae, la Justicia Federal encontró mensajes entre los hermanos Tórtul que evidenciarían que Kueider habría estado al tanto y/o participado de la ampliación del contrato de seguridad entre esa empresa pública y la firma de seguridad privada. Esa prórroga por dos años fue firmada en marzo de 2019, y según una autodenuncia de la propia Securitas, se logró mediante pagos ilegales.

En octubre pasado, Arroyo Salgado había dispuesto la conexidad de la causa Securitas - en la que se investigan pagos de coimas millonarias por parte de esa firma de seguridad privadas a empresas públicas nacionales y provinciales, entre ellas la entrerriana ENERSA, para asegurarse contratos - con la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado contra Kueider, iniciada a mitad de este año.

Una serie de mensajes de Whatsapp entre los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tórtul, responsables de la filial local de Securitas y procesados en la Justicia Federal por el pago de coimas a funcionarios de la empresa de energía provincial ENERSA, revelan que el ex senador Edgardo Kueider habría estado al tanto y/o participado de la ampliación del contrato de seguridad entre esa empresa pública y la firma de seguridad privada. Esa prórroga por dos años fue firmada en marzo de 2019, y según una autodenuncia de la propia Securitas, se logró mediante pagos ilegales.

El intercambio fue descubierto del análisis de los celulares de los hermanos Tórtul secuestrados en una serie de allanamientos dispuestos por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en abril pasado, en sus domicilios en Paraná, Entre Ríos, en el marco de la causa Securitas. Este expediente se inició en 2020 tras una investigación interna de la filial argentina de la empresa de seguridad privada, en la cual se detectaron indicios de supuestos pagos de coimas a funcionarios entre fines de 2016 y principios de 2019, para lograr y mantener contratos con distintos organismos y empresas estatales, entre ellas ENERSA.

Por el volumen del material secuestrado, el resultado del peritaje de los dispositivos electrónicos fue incorporándose a la causa a lo largo de estos últimos meses y vino siendo analizado por la Fiscalía federal a cargo de Fernando Domínguez y el Juzgado de San Isidro. Los mensajes en los que se menciona a Kueider aparecieron con posterioridad al procesamiento dispuesto por la magistrada el 3 de mayo de este año que, si bien alcanzó a los Tórtul, no incluyó a Kueider en esa instancia.

A continuación, Infobae reproduce textual - con los errores de ortografía y tipeo originales - los mensajes que le envió Claudio Tortul el 7 de junio de 2017 a su hermano Marcelo:

“Q prepare pliego yo hablo cn el Turco Cuaider (no se como se escribe) va a estar a cargo de eso” (sic), escribió Claudio en referencia al pliego de la licitación por parte de ENERSA del contrato de seguridad. El apellido Kueider aparece mal escrito. En ese momento, el hoy ex senador era jefe de Gabinete del entonces gobernador peronista Gustavo Bordet. ”Sabe porque estaba en concordia”, continuó Claudio Tórtul, sobre la ciudad de la que son oriundos Kueider y Bordet.

”Pliego y que vaya por unidad”, puede leerse en otro mensaje a continuación. “Y alternativas de servicios”, señala en referencia a las que serían las características del pliego licitatorio. “Van a amoliar (sic) a ENERSA”, continuó Claudio Tórtul, en un texto en el que que habría querido poner “ampliar” la contratación a la empresa energética provincial. “En esto pingamosle (sic) celeridad”, continúa, y concluye: “Q lo sacamos”.

“Si bien sigue siendo materia de investigación la intervención que podría haber tenido el imputado Kueider en el denominado caso ENERSA, surgiría de aquel diálogo una posible relación con un pliego de dicha empresa estatal (”van a amoliar a enersa me dijo” SIC) en el que se encontraba interesado uno de los hermanos Tortul”, determinaron los investigadores. Así quedó plasmado en el exhorto internacional de extradición contra Kueider y su acompañante, Iara Guinsel Costa, dictado por Arroyo Salgado el martes pasado y enviado a la Cancillería argentina.

La magistrada federal busca que ambos sean enviados de regreso al país para indagarlos en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado, entre otros delitos, abierta en julio pasado, y cuya conexidad con la causa Securitas dispuso en octubre. Kueider y su acompañante cumplen prisión domiciliaria en Paraguay en un departamento de lujo, por el intento de contrabando de USD 211.000, que les fueron incautados sin haberlos declarado cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este, desde Brasil. En el Juzgado de Arroyo Sagado y la Fiscalía de Domínguez temen que puedan ser liberados en cualquier momento ya que se trata de un delito relativamente menor, que en el país vecino implica una pena de entre seis meses y dos años y medio de prisión, al ser en grado de tentativa. Por eso, la jueza le envió a Interpol un pedido de captura nacional o internacional contra ambos.

Infobae consultó al nuevo abogado defensor de Kueider y de Guinsel Costa en Argentina, Juan Martín Cerolini, pero declinó hacer comentarios sobre los mensajes porque no pudo acceder todavía al expediente que está bajo secreto de sumario.

Vecinos

Los teléfonos de los Tórtul fueron secuestrados en los allanamientos dispuestos por Arroyo Salgado a sus domicilios, junto a pendrives y discos externos que aún están bajo análisis. Los operativos incluyeron al edificio Live que construyó su desarrolladora en Paraná, en el que Claudio y Marcelo Tórtul poseen tres departamentos y tres cocheras, y son vecinos del propio Kueider.

El ex senador compró en ese coqueto edificio de Santiago del Estero 511, en 2021, tres departamentos con dos cocheras a través de la empresa Betail SA. Kueider y los Tórtul son los dueños de los semipisos del 13 A y 13 B, respectivamente, unidades de tres dormitorios con un valor de mercado que superan los USD 350.000 cada una.

La propiedad de los departamentos y las cocheras fue revelada por la revista Análisis el 6 de junio pasado, y unos días después por el sitio El Disenso. Como titular de las expensas, figuraba hasta mayo Betail SA, la empresa a la que Kueider había entrado como accionista y director en diciembre de 2019. Constituida como una agropecuaria, no registra ningún tipo de actividad comercial en sus balances presentados ante la IGJ, como reveló Infobae.

Llamativamente, en junio las unidades aparecieron a nombre de Guinsel Costa, con quien el ex legislador mantendría una relación afectiva. Kueider solía vivir en el departamento más grande del piso 13 cuando estaba en Paraná. Guinsel Costa estuvo nombrada este año en el despacho del entonces senador, con la categoría más alta y un sueldo de $1,9 millones, pese a que fuentes del Senado le dijeron a Infobae que no se la veía por la Cámara alta.

Ni Betail SA ni Guinsel Costa registran inmuebles a su nombre, según la respuesta del Registro de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos a un oficio enviado por el fiscal de Concordia, José Arias, que también investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito. Según fuentes judiciales, de debe a que aún no fueron escriturados por algún tipo de “faltante” en la documentación del Fideicomiso Santiago Tejeiro, a través del cual Betail SA compró los inmuebles. Sin embargo, el fiscal Arias corrobó que la firma era la dueña por los boletos de compra-venta que secuestró en un operativo en la sede de la constructora en la calle Córdoba al 500, en Paraná.

A su vez, a partir de un informe enviado el día 10 de diciembre último por el administrador del edificio, Alfonso Galiussi, a la jueza Arroyo Salgado, los investigadores dieron por acreditado que Kueider está vinculado a esos tres departamentos (el 6B, el 6D y el 13 A) y dos cocheras a través de Betail SA. El administrador del edificio también informó que los pagos de expensas de las unidades de Betail SA los realizaba Guinsel Costa, con quien mantuvo conversaciones por WhatsApp para enviarle la liquidación de expensas de las cinco unidades. En el requerimiento de Domínguez de octubre pasado, en la causa por enriquecimiento ilícito en la Justicia Federal, el fiscal evaluó que Kueider “posiblemente, eligió esconder la propiedad de esos departamentos utilizando a su secretaria como prestanombre”.

El otro socio de Betail SA es Rodolfo Daniel González, un amigo de Kueider y puntero político peronista de Concordia, empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004. González le transfirió luego sus acciones a Javier Rubel, primo de Kueider, de profesión albañil, sin mayores antecedentes comerciales. Rubel es el que firma los boletos de compra de los departamentos.

Para el fiscal Domínguez, es necesario “dilucidar cómo una empresa que tiene como propietario a un funcionario público y un monotributista puede gastar cientos de miles de dólares en propiedades”. La hipótesis es que Betail SA sería simplemente una pantalla para ocultar los bienes del ex senador y que Guinsel Costa sería testaferro de Kueider.

Otro hecho habría llamado la atención de los investigadores: cuando la Justicia Federal fue a allanar los departamento de los Tórtul en abril pasado (en ese momento Kueider tenía fueros y no ingresaron a sus departamentos), el ex legislador entrerriano se había hecho presente y, molesto, habría mostrado interés en el procedimiento.

Conexión con la causa Securitas

Ahora, los investigadores quieren desentrañar si el dinero para la compra de los departamentos en el edificio de los Tórtul podría estar vinculado al pago de coimas por parte de la Regional Litoral de Securitas, a cargo de esos dos hermanos, a la empresa provincial ENERSA. Este es el punto en el que se conectan la causa Securitas - iniciada en 2020 - y la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Kueider y presunto lavado de dinero, que comenzó en la Justicia federal a principios de julio, en paralelo a la causa abierta en Concordia por el mismo delito.

La lupa hoy está puesta sobre el crecimiento patrimonial de Kueider, quien entró a la política y la función pública en 1999, cuando ingresó como concejal de Concordia. Luego desarrolló su carrera en el gabinete de ese Municipio y saltó a la provincia, cuando asumió como secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, entre 2015 y 2019, durante el mandato de Bordet. Kueider fue su jefe de campaña y persona de su confianza, hasta el distanciamiento político por la ruptura del ex senador, en 2022, con el bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta.

De acuerdo a la propia investigación interna de Securitas y los mensajes analizados del material incautado en distintos allanamientos en la causa Securitas, los hermanos Tórtul habrían efectuado pagos en efectivo a funcionarios de ENERSA, para garantizarse la renovación del contrato con esa empresa estatal. El dinero para el pago de los sobornos habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, que era en realidad otra empresa de los Tórtul, que le facturaba a Securitas sin brindar ningún servicio.

En la causa madre de Securitas, los dos hermanos tienen un procesamiento confirmado por la Cámara Federal de San Martín el 4 de diciembre pasado. Están acusados de asociación ilícita -en carácter de organizadores- en concurso real con cohecho activo -coautores-, y negociaciones incompatibles con la función pública -en carácter de partícipes necesarios.

Para la Justicia Federal, “se encuentra acreditado que Edgardo Kuedier, a la época de los hechos investigados en el marco de la causa FSM 3084/2020 (causa Securitas), según acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de ENERSA de fecha 29/04/2019, remitida por el mentado organismo en el marco de la causa referida, era el representante de las acciones pertenecientes a la Provincia de Entre Ríos en ENERSA, encontrándose “debidamente legitimado para asistir y votar […] por mandato otorgado por el Excmo. Señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Don Gustavo Bordet”.

Ante la consulta de este medio, el ex gobernador entrerriano entre 2015 y 2019 negó que el Poder Ejecutivo provincial formara parte de la administración de la empresa, o que participara de sus decisiones de contratación, que recaían en su presidente y el directorio. Bordet aseguró que “Kueider no formaba parte del directorio ni era síndico de ENERSA”, y que su participación se limitó a “firmar las actas de la asamblea anual de la empresa, en representación del estado provincial”.

Como reveló Infobae hace una semana, en el expediente en la causa Securitas, hay un mensaje que intercambiaron Claudio Tortul, su hijo Ramiro y su hermano Marcelo el 28 de enero de 2019 en el que se habla de “pagar la parte de bordet” (sic), en una conversación en la que hablan de “ir a casa de gobierno para cerrar el negocio” con ENERSA. Identificados como “CT”, “RT” y “MT”, mencionaban el precio acordado por el servicio de seguridad entre noviembre de 2018 y marzo de 2019. Ese mes, el contrato de Securitas con ENERSA se renovó por dos años, con una actualización del monto.

También hacían referencia al “negro”, quien sería José Gervasio Laporte, secretario Legal de Técnico de la Provincia de Entre Ríos hasta su fallecimiento en julio de 2020, a quien le habrían “pagado” una parte con un vehículo Toyota Etios.

Bordet - actual diputado nacional por Unión por la Patria - desmintió ante Infobae haber cobrado dinero de los Tórtul o Securitas. Respecto de ese mensaje entre los hermanos, señaló: “Puede que se haya invocado mi nombre para obtener algún tipo de beneficio”. Y aseguró: “Solo me reuní con el presidente o algún director de ENERSA cuando fui gobernador para fijar cuestiones de política energéticas, de los valores de las tarifas, de obras de infraestructura, pero jamás tuve reuniones referidas a la seguridad. Las contrataciones en materia de seguridad son, si se quiere, un tema menor. Se realizaban dentro de la empresa, las decidía el directorio, integrado por cinco miembros y un presidente, y eran revisadas por los cinco síndicos. La empresa Securitas ya venía prestando el servicio cuando llegué a la gobernación. Nunca nadie me consultó sobre el contrato de seguridad, no tuve ninguna participación en esa decisión, ni en la renovación en 2019″.

También negó cualquier vinculación con los Tortul: “Nunca tuve trato, ni crucé mensajes de Whatsapp, ni email, ni me reuní con ellos. Y no quise tenerlo nunca. Era habitual que ellos buscarán tener acceso al círculo de poder. Siempre mantuve distancia. En una provincia todos nos conocemos. Solo pude haber coincidido en algún evento social”.

La Cámara Federal de San Martín - integrada por Marcos Morán, Juan Pablo Salas y Marcelo Fernández - confirmó a principios de este mes el procesamiento del ex gerente de ENERSA Alejandro Cis, pero le dictó la falta de mérito a Héctor Daniel Morales, ex gerente legal de la empresa de energía e hijo del ex procurador general de Entre Ríos Héctor Morales; y al ex gerente general Juan Carlos Pimentel, hermano de uno de los integrantes de la Cámara de Casación Penal de Paraná Gustavo Pimentel.

La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso allanar esta tarde el despacho del ex senador Edgardo Kueider, ubicado en el tercer piso del Palacio Legislativo y otras dos oficinas de asesores y personal administrativo en el Anexo del Senado, en Av. Hipólito Yrigoyen 1710. Lo ordenó en el marco de la causa en la que se investiga al ex legislador entrerriano por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero.

Kueider había perdido sus fueros el jueves de la semana pasada tras ser expulsado de la Cámara alta por una amplia mayoría de votos, lo que habilitó el ingreso y registros de sus despachos. Ese mismo 12 de diciembre, por la mañana, la magistrada había pedido el desafuero con fines de detención del ex senador y su secretaria, Iara Guinsel Costa, y le había solicitado a la presidencia de la Cámara Alta, a cargo de Victoria Villarruel, que “extremara las medidas” para garantizar la preservación de posibles pruebas para la investigación.

Ese día, la presidencia desalojó a los empleados que estaban en los despachos, y luego estos fueron cerrados y fajados hasta hoy. Desde entonces, permanecen con custodia de la Policía Federal las 24 horas, según le confirmaron fuentes parlamentarias a Infobae.

El operativo comenzó alrededor de las 18 hs bajo extremo hermetismo, ya que el expediente está bajo secreto de sumario. Al edificio del Senado llegaron efectivos de Gendarmería de civil en vehículos no identificados, con la presencia de personal del Juzgado Federal de San Isidro y de la Fiscalía a cargo de Fernando Domínguez.

El objetivo era evitar que trascendiera y hubiera un “show mediático”, según señalaron los investigadores. Fueron recibidos en la planta baja de la Cámara alta, y se hizo presente un asesor de Kueider para habilitar el ingreso al despacho con su huella dactilar al despacho del tercer piso.

En el allanamiento, los efectivos de Gendarmería comenzaron a revisar biblioratos, cajones del escritorio, y a desenchufar computadores para retirarlas. Pasadas las 20.40, el procedimiento continuaba. El objetivo del ingreso y registro de los despachos es llevarse información que pueda ser de interés para la causa, documentación, pendrives, posibles llaves de una caja fuerte o las que se usan en criptominería, como la que tenía en su poder cuando fue detenido al intentar ingresar a Paraguay con USD 211.000 sin declarar.

Las inversiones en criptomonedas son una de las modalidades, junto con los desarrollos inmobiliarios, usados por extranjeros que quieren lavar dinero en ese país. De hecho, en Ciudad del Este - a la que buscaban ingresar provenientes de Foz de Iguazú (Brasil) -, proliferan los minadores de monedas digitales por el bajo costo de la energía eléctrica.

El martes, Arroyo Salgado envió Cancillería el exhorto para pedir la extradición de Kueider y su acompañante, Guinsel Costa, con el objetivo de que sean enviados detenidos de regreso al país, y tomarles indagatoria.

La decisión de avanzar hoy con el allanamiento se desencadenó luego de que, esta mañana, el juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico rechazara in limine la acción de amparo presentada por el ex legislador entrerriano para pedir la nulidad de la sesión en que fue expulsado. Ratificó así la validez de esa decisión de la Cámara alta - aprobada por el voto de 60 senadores - al considerar que no puede ser revisada por la Justicia “porque su examen constituye una competencia exclusiva y excluyente atribuida al Senado de la Nación” por el artículo 66 de la Constitución nacional.

En su resolución, Lavié Pico avaló la participación de Villarruel como titular del Senado en la sesión de la semana pasada, objetada por Kueider porque, en ese momento, debía estar al frente del Poder Ejecutivo ya que Javier Milei estaba fuera del país. Sostuvo que su actuación “se limitó a lo expresamente previsto en el art. 57 de la Constitución Nacional”, que establece que “el Vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá voto”, y al artículo 33 del Reglamento del Senado que determina que “el presidente no discute ni opina sobre el asunto que se delibera. Sólo vota en caso de empate”. Para el juez, no quedan dudas que ”su participación no ha tenido injerencia alguna en el resultado de la votación al que finalmente arribaron los Senadores Nacionales en uso de sus atribuciones privativas, en tanto se ha limitado estrictamente en el orden parlamentario a presidir la sesión en cuestión”.

La defensa de Daniel “Gonzalito” González, socio de Edgardo Kueider, pretende que la causa quede en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado. La novedad se conoce a la par de la resolución de la Justicia, que rechazó el pedido que realizó el ex senador para ser reincorporado.

Hay dos investigaciones abiertas que van tras la ruta de los USD 200 mil que se le secuestraron a Edgardo Kueider en Paraguay: una está en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado; en tanto, la otra se tramita en Concordia, Entre Ríos, y la lleva adelante el fiscal José Arias con Edwin Bastián como juez de Garantías.

La jueza Arroyo Salgado envió un pedido para que Arias deje de investigar. De esta manera, se quedaría con toda la causa. El Juzgado de Concordia aún no se expidió, pero los abogados porteños de la defensa de Daniel “Gonzalito” González ven con buenos ojos que el caso se concentre en San Isidro. Así lo expresó en declaraciones a Infobae el defensor del socio de Kueider en la empresa Betail SA.

“La idea general de los letrados que están llevando adelante la causa en Buenos Aires, en la cual yo no intervengo, es que la investigación vaya a San Isidro”, adelantó Oscar Bacigaluppe. Pero este movimiento no está cerrado. El Juzgado de Concordia debe expedirse. Y el abogado entendió que hay razones por la cuales Arias y Bastián querrían quedarse con la causa.

“Arroyo Salgado está indagando a partir de que Kueider es senador. Y aquí (en Concordia) lo están haciendo desde que fue concejal, nos estamos remontando al año 1999. Acá es mucho más larga la etapa de investigación. En San Isidro se limita a lo que aparece a partir de la denuncia de Securitas”, resaltó.

“Creo que terminará en la Corte. (El Tribunal de) Concordia no admitirá desprenderse de la causa”, agregó Bacigaluppe.

Cómo se resuelva esta cuestión es fundamental para la estrategia de defensa. Y para la conformación del grupo de letrados que asesoran a “Gonzalito”.

“Pospusimos toda conversación y táctica procesal hasta el momento en que se decida quién seguirá investigando porque es inminente que el Juzgado de Concordia acepte o rechace el pedido de inhibitoria”, mencionó Bacigaluppe.

“En el caso de que quede radicado en Concordia, por lo que estuve hablando con él (por González) sería yo el que me encargue, más allá de que manejemos cosas en conjunto (con la otra parte de la defensa). Si se va a San Isidro, quedo desvinculado”, agregó.

González es empleado de la Biblioteca de la Legislatura. Y estaba adscripto en el despacho de Kueider. Ambos son de Concordia. Y socios al 50% en la firma Betail SA, propietaria de departamentos y cocheras en un edificio de lujo en Paraná. La Justicia buscó a “Gonzalito” en todos sus domicilios y no lo encontró. El jueves se presentó para “estar a derecho” en el expediente que sigue Arias.

Bacigaluppe destacó que su defendido está como “sospechado” en la causa de Entre Ríos, donde se investiga el enriquecimiento ilícito de Kueider. “No hay imputación concreta contra él – precisó - No se le ha recibido declaración indagatoria. Al que se está investigando es a Kueider. Y han surgido algunos elementos donde, como toda la prensa sabe, González aparecería de alguna manera vinculado (al ex senador) en algunas cosas que yo no sé si son reales o no. No he tenido todavía acceso completo a la investigación de Concordia. Pienso que lo haré el lunes”, indicó.

“Como está planteado en la prensa, (González) puede tener vinculación directa con Kueider pero no lo puedo afirmar. No he visto papeles, informes, nada. Sólo hablo por lo que salió en los medios. Si González hubiera colaborado, si de alguna manera hubiera sido testaferro o similar, lo que no me consta ni está reconocido, sería un partícipe necesario de la actividad de Kueider. Ahora, por lo que estoy viendo no tiene nada relacionado con el patrimonio del ex senador, así que hasta el momento no veo vinculación”, apuntó.

Bacigaluppe relató que el jueves, cuando González se presentó en los Tribunales de Concordia, el Fiscal le pidió que entregue el celular. “No lo tenía encima. Y le ordenaron una requisa en el auto que estaba en una cochera a unos 30 ó 40 metros. Ahí lo entregó voluntariamente. No hubo necesidad de revisar el vehículo ni nada. El oficial que intervino llamó por al número que buscaban y el aparato sonó”, consignó.

“Que toda la prensa estuviera presente en sus entradas y salidas (del Juzgado) lo ponía incómodo. Pero se puso realmente nervioso cuando lo interceptan en la cochera. Pensaba que lo iban a detener. Me llamó. Yo hablé con el Fiscal y Arias me dijo que no (sería aprehendido), que era solamente por el teléfono. Y ahí volvió a la normalidad”, precisó.

No ocurrió lo mismo con el teléfono de Crucitta. “Ya había sido secuestrado en Buenos Aires”, indicó Bacigaluppe. A la abogada, la jueza Arroyo Salgado le allanó su estudio, ubicado a unas cuadras del Congreso de la Nación, la semana pasada.

El abogado porteño Juan Grinberg es otro de los defensores de “Gonzalito”. Cuando su defendido se presentó ante el Fiscal entrerriano, quiso interponer un escrito. “No será tenido en cuenta (en la causa) porque el patrocinio de un profesional del derecho que no tiene matrícula en Entre Ríos no tiene valor”, evaluó Bacigaluppe.

El ex senador Edgardo Kueider solicitó su eximición de prisión en la causa por enriquecimiento ilícito que lleva adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en Argentina, para que la investigación en su contra se lleve adelante él estando en libertad. El pedido incluye a la secretaria de Kueider, Iara Guinsel Costa. Ambos cumplen prisión domiciliaria en Paraguay en un departamento de lujo, por el intento de contrabando de USD 211.000, que les fueron incautados sin haberlos declarado cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este, desde Brasil. Ese delito tiene en el país vecino una pena de entre seis meses y dos años y medio de prisión, al ser en grado de tentativa.

En un escrito presentado en el Juzgado Federal de San Isidro por sus defensores, el ex legislador entrerriano también solicitó recusar a la magistrada para apartarla de la causa por considerar que la decisión de la magistrada de pedir su desafuero y allanamiento de su despacho el mismo día de la sesión en que terminó expulsado tuvo una “intencionalidad política”. Para la defensa, Arroyo Salgado “quiso torcer la votación y marca una enemistad manifiesta contra el acusado”.

El pedido de los abogados tiene lugar luego de que la jueza presentara el martes un exhorto internacional para la extradición con fines de tomar declaración indagatoria a ambos. Kueider había perdido sus fueros el jueves de la semana pasada tras ser expulsado de la Cámara baja por una amplia mayoría de votos. La jueza tomó la decisión a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, en el marco de la causa en la que se investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero.

La eximición de prisión debe ser evaluada ahora por Domínguez. Su dictamen sería contrario a los deseos de Kueider, ya que -según fuentes de Tribunales - no han cambiado los argumentos por lo que el fiscal pidió su detención y Arroyo Salgado la dispuso a fines de la semana pasada. “Salió del país con una suma muy importante de dinero, mientras estaba siendo investigado por lavado y enriquecimiento ilícito. Si bien cumple prisión domiciliaria en Paraguay, puede ser liberado en cualquier momento, y hay que garantizar que se someta a proceso y asegurar la prueba”, analizó un investigador.

El expediente en la Justicia Federal por enriquecimiento ilícito - que corre en paralelo a otro iniciado en la Justicia de Concordia - se abrió a principios de julio pasado por una denuncia del periodista Christian Sanz, en base a publicaciones del sitio El Disenso y elentrerios.com que revelaron que el ex senador tenía, al menos, tres departamentos con cocheras en un edificio de lujo en la ciudad entrerriana de Paraná, a través de una sociedad sin actividad - Betail SA - que habría usado como pantalla.

La magistrada también había solicitado el traslado de ambos en condición de detenidos a su Juzgado Federal de San Isidro, el secuestro de sus celulares, equipos electrónicos, y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron interceptados por las autoridades paraguayas en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay, y el allanamiento del departamento de lujo donde cumplen prisión domiciliaria.

Además, la magistrada también le requirió a Interpol su captura nacional e internacional, en caso de que Kueider sea liberado en Paraguay. La misma solicitud hizo respecto de su acompañante, quien está siendo investigada por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

La investigación por enriquecimiento ilícito contra Kueider se abrió luego de que saliera a la luz - por una revelación periodística de la revista Análisis y el sitio El Disenso - que la empresa Betail SA figuraba como titular de la expensas de tres departamentos y dos cocheras en un lujoso edificio en la ciudad de Paraná. Se trata de la firma en la que que Kuieder entró como accionista, el 16 de diciembre de 2019, seis días después de asumir como senador nacional, junto con Rodolfo Daniel González, su amigo y socio, empleado de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Betail compró esas unidades en 2021, a través de un fideicomiso, lo que dificultaba saber quién era su verdadero dueño. En junio pasado, las expensas pasaron a estar a nombre de Guinsel Costa, quien en ese momento estaba designada en el despacho del entonces senador Kuieder en la Cámara alta, y era quien pagaba las expensas, según declaró el administrador del edificio ante la Justicia. La joven - con quien el ex legislador mantendría una relación afectiva - está sospechada de actuar como su testaferro.

Esta causa está vinculada a otra anterior que tramita en el mismo Juzgado Federal en el que se investiga el pago de coimas por parte de la firma Securitas Argentina a la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA, entre principios de 2017 y abril de 2019, para mantener los contratos de seguridad. Ese período coincide parcialmente con la época en que Kuieder fue secretario general de Gobierno de la gestión del peronista Gustavo Bordet, entre 2015 y 2019. El expediente de Securitas se abrió por una autodenuncia de la misma empresa y recayó en jurisdicción de San Isidro porque la casa central de la firma de vigilancia y seguridad privada está en la localidad bonaerense de Munro. La jueza dispuso la conexidad de ambas causas el 8 de octubre pasado.

Actualmente hay dos expedientes en los que se investiga al ex legislador por enriquecimiento ilícito. Una está a cargo de Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez, y la otra se sustancia en Concordia, la ciudad entrerriana de la que es oriundo Kueider, con el impulso del el fiscal provincial José Arias. Arroyo Salgado le pidió ayer la inhibitoria de la Justicia entrerriana en un oficio enviado al juez de garantías Edwin Ives Bastian.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto internacional para pedir la extradición del ex senador Eduardo Kuieder y su acompañante, Iara Guinsel Costa, quienes cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay por el intento de contrabando de divisas. La magistrada pidió la medida con fines de tomarles declaración indagatoria en nuestro país, luego de que fuera expulsado de la Cámara alta por amplia mayoría el jueves pasado, en una sesión que quedó envuelta en polémica al haber sido presidida por Victoria Villarruel cuando el primer mandatario, Javier Milei, ya había salido del país.

La magistrada también solicitó el traslado de ambos en condición de detenidos a su Juzgado Federal de San Isidro, el secuestro de sus celulares, equipos electrónicos, y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron interceptados por las autoridades paraguayas en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay, y el allanamiento del departamento de lujo donde cumplen prisión domiciliaria.

Arroyó Salgado tomó la decisión a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, en el marco de la causa en la que se investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero. El expediente se abrió a principios de julio pasado por una denuncia del periodista Christian Sanz, en base a publicaciones en la revista Análisis y el sitio El Disenso que revelaron que el ex senador tenía, al menos, tres departamentos con cocheras en un edificio de lujo en la ciudad entrerriana de Paraná, a través de una sociedad sin actividad - Betail SA - que habría usado como pantalla.

Esta empresa - de la que Kueider se convirtió en accionista y director en 2019-, también está siendo investigada por la justicia federal por lavado de activos y asociación ilícita, al igual que sus otros dos socios, Javier Rubel y Rodolfo Daniel González. La otra firma de Kueider, Edekom SA, creada en diciembre de 2022, en sociedad con su hijo Haidar Iván, también está bajo la lupa de la Justicia Federal. Ambas firmas declararon domicilios falsos en la Ciudad de Buenos Aires. Todos, incluida Guinsel Costa, están imputados de lavado de activos y asociación ilícita.

En paralelo a la investigación de la Justicia federal hay otra causa en la Justicia de Concordia, también por enriquecimiento ilícito, a cargo del fiscal José Arias.

La propiedad de las unidades salió a la luz porque Betail SA figuraba como titular de la expensas de las cinco unidades hasta mayo pasado. Al mes siguiente, aparecieron a nombre de Guinsel Costa, quien en ese momento estaba designada en el despacho del entonces senador Kuieder en la Cámara alta, y era quien pagaba las expensas, según declaró el administrador del edificio ante la Justicia. La joven - con quien el ex legislador mantendría una relación afectiva - está sospechada de actuar como su testaferro.

Esta causa está vinculada a otra anterior que tramita en el mismo Juzgado Federal en el que se investiga el pago de coimas por parte de la firma Securitas Argentina a la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA, entre principios de 2017 y abril de 2019, para mantener los contratos de seguridad. Ese período coincide parcialmente con la época en que Kuieder fue secretario general de Gobierno de la gestión del peronista Gustavo Bordet, entre 2015 y 2019. El expediente de Securitas se abrió por una autodenuncia de la misma empresa y recayó en jurisdicción de San Isidro porque la casa central de la firma de vigilancia y seguridad privada está en la localidad bonaerense de Munro. La jueza dispuso la conexidad de ambas causas el 8 de octubre pasado.

Cómo es el trámite de la extradición

La solicitud de extradición pudo formalizarse luego de que Kueider perdiera sus fueros el jueves tras ser expulsado del Senado por una amplia mayoría de votos. Arroyo Salgado ya había librado el viernes 13 a la mañana, bajo extremo hermetismo, el pedido de captura nacional e internacional de Kueider ante Interpol para el caso en que Paraguay le diera la libertad o lo expulsara. A Guinsel Costa, la jueza se lo había dictado el mismo día de la sesión. Con esa solicitud cursada al Jefe del Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina Interpol, buscó evitar que pudieran irse a ningún otro país si fueran liberados en Paraguay. El objetivo es que, en ese caso, queden automáticamente detenidos en el marco del proceso que sustancia la Justicia Federal argentina.

El exhorto internacional debe tramitarse vía la Cancillería argentina. Esta cartera debe enviarlo a la Embajada Argentina en Asunción para que lo presente vía diplomática a la Cancillería paraguaya. Ésta, a su vez, debe enviarlo luego al Ministerio Público (Fiscal) del país vecino, que es la autoridad central de asistencia jurídica y la que deberá darle curso al Interpol. Argentina tiene un tratado bilateral de extradición vigente con Paraguay desde 1996. En la fundamentación del pedido figura que los delitos de los que está acusado Kueider tienen una pena de prisión mayores a dos años y menores a prisión perpetua, que no están prescriptos, y que en caso de resultar extraditados, el ex senador y su secretaria “solo serán sometido a proceso en relación a los hechos que motivan la presente requisitoria”.

Si el pedido es aceptado por los fiscales paraguayos, se abre un nuevo expediente en el que interviene un juez de garantías de ese país. El proceso de extradición - ya judicializado - corre por separado de la causa por intento de contrabando que lleva adelante la Justicia guaraní. Este delito contempla una pena de entre seis meses y dos años y medio de prisión. Según los tiempos procesales ya fijados por el juez Humberto Otazú, los fiscales tienen cuatro meses para llevar adelante la investigación,

Si Kueider acepta someterse a la Justicia argentina, entonces se cerraría la causa en Paraguay, según precisó el fiscal de Ciudad del Este Alcides Giménez a Infobae. “Se tiene en cuenta si la expectativa punitiva es más alta en el país requiriente. Si el acusado se niega a ser extraditado, se judicializa”, explicó. Por lo que trascendió, Kueider preferiría permanecer en Paraguay, donde cumple una particular prisión domiciliaria en un departamento de lujo, y con una pena potencial menor a la de los delitos por los que está siendo investigado en Argentina: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. En ese caso, podría apelar y tendría distintas instancias para cuestionar el proceso, lo que demoraría el trámite.

La magistrada dispuso, además, que la Justicia paraguaya le envíe copia legalizada de la totalidad del proceso penal que tramita en ese país contra Kueider y Guinsel Costa.Puntualmente, incluidos el acta de procedimientos que dio cuenta del secuestro del dinero, elementos informáticos y documentación obrante en poder de la pareja , así como también declaraciones testimoniales, indagatorias, informes periciales, así como las imágenes, vídeos y evidencia digital obtenida.

La solicitud de Arroyo Salgado va por un canal paralelo al intercambio de información que vino teniendo lugar entre los Ministerios Públicos de Argentina y Paraguay, vía sus respectivas Oficinas de Cooperación Internacional, en el marco de los acuerdos de colaboración vigentes entre ambos países. Infobae pudo confirmar que los fiscales paraguayos, Giménez y Edgar Benítez, enviaron la semana pasada copia de las actuaciones realizadas en Ciudad del Este cuando Kueider y su acompañante fueron detenidos con USD 211.000 sin declarar, a la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Domínguez y a Diego Velazco, titular de la PROCELAC.

Ahora la jueza busca asegurarse que le envíen copia legalizada de la totalidad del proceso penal que tramita en ese país, incluido, por ejemplo, el poder presentado por la joven para actuar en nombre de la empresa paraguaya Golsur SA, que sería una firma de “maletín”, o sea sin actividad real, que fue comprada para hacer una inversión en Paraguay sin que se sepa quién está detrás del dinero.

Este envío recíproco de información entre los Ministerios Públicos sobre las causas abiertas en cada país contra Kueider podría habilitar que los fiscales paraguayos dispusieran que el ex senador sea deportado, en un tiempo mucho más corto que la extradición. Sin embargo, esa posibilidad - que recién se abrió luego de que perdiera sus fueros - va perdiendo chances, ya que el plazo para que eso ocurra, finaliza cuando ingrese formalmente el pedido de extradición al país.

Secuestro de celulares

Además, Arroyo Salgado le pidió a los fiscales paraguayos que le secuestren los celulares al ex senador y a Guinsel Costa, una medida que hasta ahora los representantes del Ministerio Público de Paraguay no había concretado. El objetivo es que, mediante un peritaje, se pueda determinar si han sido manipulados - vía presencial o remota - y, de haber sido así, tratar de recuperar el contenido. En el Juzgado saben que es factible que se pueda haber perdido prueba, debido a que la Justicia paraguaya no avanzó con el secuestros de los teléfonos en un primer momento.

La solicitud incluye a todos los objetos que se hubiesen encontrado en su poder, al momento de producirse su detención y los que sean incautados tras el allanamiento en el departamento donde están cumpliendo prisión domiciliaria, en el complejo Tierra Alta, en Asunción. El allanamiento, según el pedido de la jueza, debe incluir depósitos, bauleras, anexos, oficinas y garajes del inmueble, con el objetivo de secuestrar también equipos informáticos, como computadoras, pendrives, discos externos, que tengan en su poder Kueider y Guinsel Costa.

La jueza quiere que le envíen, además, la totalidad de las actuaciones realizadas por la Justicia paraguaya, incluido todo el material fílmico y de videos de cuando Kueider fue interceptado en el control y le incautaron los dólares, y le informen si hubo una certificación de la autenticidad de los dólares que llevaba.

El abogado de Kueider, Maximiliano Ruiz - quien estuvo este fin de semana con su defendido en Asunción, la capital paraguaya - presentó ayer a la mañana una ampliación de la demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional para pedir la invalidez de la sesión en el que Senado resolvió por una amplia mayoría de 60 votos expulsar a Kueider del cuerpo por inhabilidad moral. El letrado citó, incluso, las declaraciones de Milei sobre esa expulsión en una entrevista en radio El Observador. El viernes, había pedido que se declare la inconstitucionalidad de la sesión del Senado y que como medida previa se dicte una cautelar que lo reponga como senador nacional.

La causa por enriquecimiento está vinculada a otra anterior que tramita en su mismo juzgado en el que se investiga el pago de coimas por parte de la firma Securitas Argentina a la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA, entre 2016 y 2018, cuando Kuieder era secretario general de Gobierno de la gestión del peronista Gustavo Bordet. La jueza dispuso su conexidad el 8 de octubre pasado, decisión avalada por la Cámara Federal de San Martín a principios de diciembre.

En 2019, una auditoría interna en la empresa de seguridad y vigilancia privada Securitas Argentina detectó el pago de coimas a funcionarios públicos, al menos, desde 2013, para garantizarse contratos con empresas y organismos estatales en todo el país, o cobrar servicios adeudados en gestiones anteriores. La entonces filial argentina de Securitas AB, cuya casa matriz está en Suecia, se autodenunció en febrero de 2020 y ofreció colaborar con la investigación judicial, en el marco del Régimen de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.

Esa autodenuncia derivó en una megacausa que instruyó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, junto al fiscal Fernando Domínguez y Diego Velazco de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), por el pago de sobornos y favores para maximizar las ganancias de la empresa. “Con Securitas se repitió la misma matriz de corrupción en todas las provincias, tanto en el sector público como privado. Sobornos a funcionarios, tanto nacionales como provinciales, y pago de favores a responsables de compras en las empresas privadas para quedarse con los contratos”, advirtió un funcionario judicial que participó de la investigación de esta causa.

Entre las empresas y organismos públicos implicados aparecen AySA, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA), la Oficina General de Contaduría del Ejército Argentino, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de diversas provincias, el Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia, y el Registro Nacional de Armas (RENAR). Los delitos detectados por la Justicia Federal fueron cohecho, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos.

Para conseguir los contratos, la empresa y sus filiales en las distintas provincias recurrieron a la sobrefacturación o a la simulación de servicios nunca prestados. Según los investigadores, “se diseñó un sistema contable marginal (denominado “caja 2″) en el cual registraron a proveedores fraudulentos o que no prestaban servicio alguno y, a través de los pagos de las respectivas facturas, obtuvieron sendas sumas de dinero que, a su vez, eran utilizadas para, entre otras cosas, el pago a funcionarios de organismos públicos y de empresas públicas y privadas”.

En esta causa ya hay 11 acusados con procesamientos dictados por Arroyo Salgado, confirmados el 4 de diciembre último por la Cámara Federal de San Martín. Entre los procesados, figuran ex directivos de Securitas Argentina y un ex gerente de Logística de ENERSA, Alejandro Javier Cis.

Kueider no estaba en un principio implicado directamente en este expediente. Las alertas se encendieron tras la denuncia en su contra realizada el 2 de julio último por el periodista Christian Sanz por presunto enriquecimiento ilícito ante el mismo Juzgado de Arroyo Salgado, en base a notas en el sitio El Disenso y la revista Análisis sobre la compra de varios departamentos en Paraná.

Los investigadores comenzaron a conectar las coimas pagadas por Securitas a la empresa de energía provincial ENERSA con el crecimiento patrimonial de Kueider. El ahora ex legisldaor nacional ingresó a la política en 1999 como concejal de Concordia, y desarrolló su carrera en el gabinete de ese municipio y luego fue secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, entre 2015 y 2019, durante el mandato del peronista Gustavo Bordet. Kueider fue su jefe de campaña y persona de su confianza, hasta el distanciamiento político por la ruptura de ex senador, en 2022, con el bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta.

En parte de ese período, más precisamente entre 2016 y 2018, la Regional Litoral de esa empresa de seguridad privada estaba a cargo de los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tórtul, luego de que esta empresa adquiriera su firma El Guardián SA en 2008. De acuerdo a la propia investigación interna de Securitas y los mensajes analizados por la magistrada y los fiscales a partir del material incautado en distintos allanamientos, los hermanos habrían efectuado pagos en efectivo a funcionarios de ENERSA, para garantizarse la renovación del contrato con esa empresa estatal. El dinero para el pago de los sobornos habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, que era en realidad otra empresa de los Tórtul, que le facturaba a Securitas sin brindar ningún servicio concreto.

Es en esa operatoria de pagos y cobros ilegales entre Securitas y ENERSA donde los investigadores creen que habría tenido algún tipo de participación Kueider, por su rol de secretario general de la Gobernación de Entre Ríos.

Desde el entorno del ex senador refutaron esa sospecha y aseguraron a Infobae que Kueider “no tuvo nada que ver con la gestión de ENERSA y no intervenía en el directorio” de la empresa energética entrerriana. Su abogado, Maximiliano Ruiz, le dijo a este medio que el ex senador “no entiende por qué lo vinculan con esa causa (Securitas), que no tiene nada que ver” y que “no recuerda haber ejercido esas funciones que dicen que ejerció en ENERSA”. Y agregó: “Se están mezclando las cosas, y se está forzando la vinculación con la causa por los departamentos en Entre Ríos, para sumar impacto mediático”.

Esto fue ratificado por el ex gobernador Bordet en diálogo con este medio: “El Poder Ejecutivo provincial no forma parte de la administración de la empresa, ni participa de sus decisiones. Hay diferentes sociedades anónimas en la provincia, que tienen un presidente y un directorio”. Actual diputado nacional por Unión por la Patria y al frente de la gobernación entrerriana entre 2015 y 2023, aseguró que “Kueider no formaba parte del directorio ni era síndico de ENERSA”. Explicó que su participación se limitó a “firmar las actas de la asamblea anual de la empresa, en representación del estado provincial”.

En el expediente, hay un mensaje que intercambiaron Claudio Tortul, su hijo Ramiro y su hermano Marcelo el 28 de enero de 2019 en el que se habla de “pagar la parte de bordet” (sic), en una conversación en la que hablan de “ir a casa de gobierno para cerrar el negocio” con ENERSA. Identificados como “CT”, “RT” y “MT”, mencionaban el precio acordado a cobrar a ENERSA por el servicio de seguridad entre noviembre de 2018 y marzo de 2019. Ese mes, el contrato de Securitas con ENERSA se renovó por dos años, con una actualización del monto. También hacían referencia al “negro”, quien sería José Gervasio Laporte, secretario Legal de Técnico de la Provincia de Entre Ríos hasta su fallecimiento en julio de 2020, a quien le habrían “pagado” una parte con un vehículo Ethios.

Bordet desmintió ante Infobae haber cobrado dinero de los Tortul o Securitas, y respecto de ese mensaje entre los hermanos Tortul, señaló: “Puede que se haya invocado mi nombre para obtener algún tipo de beneficio”. Y aseguró: “Solo me reuní con el presidente o algún director de ENERSA cuando fui gobernador para fijar cuestiones de política energéticas, de los valores de las tarifas, de obras de infraestructura, pero jamás tuve reuniones referidas a la seguridad. Las contrataciones en materia de seguridad son, si se quiere, un tema menor. Se realizaban dentro de la empresa, las decidía el directorio, integrado por cinco miembros y un presidente, y eran revisadas por los cinco síndicos. La empresa Securitas ya venía prestando el servicio cuando llegué a la gobernación. Nunca nadie me consultó sobre el contrato de seguridad, no tuve ninguna participación en esa decisión, ni en la renovación en 2019″.

En ese sentido, también negó cualquier vinculación con los hermanos Tortul: “Nunca tuve trato, ni crucé mensajes de Whatsapp, ni email, ni me reuní con ellos. Y no quise tenerlo nunca. Era habitual que ellos buscarán tener acceso al círculo de poder. Siempre mantuve distancia. En una provincia todos nos conocemos. Solo pude haber coincidido en algún evento social”.

La vinculación entre Kueider y los Tórtul

Para los investigadores, la vinculación de la causa Securitas con Kueider surgió a partir del análisis del patrimonio de eso dos empresarios de la construcción, dueños de la desarrolladora inmobiliaria que construyó el edificio Live en la ciudad de Paraná, ubicado en Santiago del Estero 511 esquina Tejero Martínez, y donde Claudio Tortul tiene dos departamentos y tres cocheras. El inmueble fue allanado el jueves por la mañana la jueza Arroyo Salgado.

En ese mismo edificio, a través de la sociedad Betail SA que usó como pantalla, Kueider compró a su vez, en 2021, tres departamentos y dos cocheras. La adquisición se realizó a través del Fideicomiso Santiago Tejeiro (por el nombre de cruce de calles del edificio), según figura en el Balance de ese año de Betail SA, al que accedió Infobae. El valor de los tres inmuebles supera los USD 650.000, sin considerar el valor de las cocheras. En diciembre, las expensas totalizaron $255.000, como reveló Infobae esta semana.

Uno de los departamentos de Betail SA/Kueider es el semipiso del 13 “A”, cuyo vecino de enfrente es justamente Claudio Tortul, titular del 13 “A”. La propiedad de esos departamentos salió a la luz por la titularidad de las expensas del edificio a nombre de Betail SA, como reveló la revista Análisis el 6 de junio último.

El ahora ex senador no incluyó estos inmuebles en la última declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente al 2021. Adeuda las declaraciones juradas posteriores, cuya presentación exige la Ley de Ética Pública a los funcionarios nacionales.

Otro dato que alertó a los investigadores es que, a partir de junio, las expensas de los departamentos de Kueider/Betal SA en el edificio Live pasaron a estar a nombre de Iara Guinsel Costa, la secretaria que lo acompañaba cuando fue descubierto en Paraguay con USD 211.000 y sería su compañera afectiva. Ese cambio de titularidad se dio después de los allanamientos ordenados por Arroyo Salgado en el capítulo ENERSA de la causa Securitas, y fue uno de los motivos - según pudo saber Infobae - por el que la magistrada resolvió pedir el desafuero y detención el jueves pasado.

En el requerimiento fiscal de octubre pasado en la causa por enriquecimiento ilícito, Domínguez evaluó que Kueider “posiblemente, eligió esconder la propiedad de esos departamentos utilizando a su secretaria como prestanombre”.

El ex senador es el dueño del 50% de Betail SA, firma a la que ingresó en diciembre de 2019 a poco de asumir su banca en la Cámara alta. El otro 50% figura originalmente a nombre de su amigo Rodolfo Daniel González, un puntero político peronista de Concordia, empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004. Luego González le transfirió sus acciones a Javier Rubel, primo de Kueider, de profesión albañil, sin mayores antecedentes comerciales. La empresa, constituida como una agropecuaria, no registra ningún tipo de actividad comercial en sus balances presentados ante la IGJ.

Para Domínguez, es necesario “dilucidar cómo una empresa que tiene como propietario a un funcionario público y un monotributista puede gastar cientos de miles de dólares en propiedades”. La hipótesis es que Betail SA sería simplemente una pantalla para ocultar los bienes del ex senador.

Causas conexas

A principios de octubre, el fiscal Domínguez presentó un requerimiento de instrucción para que a Kueider se lo investigue por el posible delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo, cohecho activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos.

En la imputación, Domínguez consideró que el hoy ex senador “podría encontrarse inmerso en una trama de corrupción que le permitió aumentar considerablemente su patrimonio y ocultarlo de manera ilegal, haciendo uso para ello de su calidad de funcionario público”. Según el representante del Ministerio Público, se podría “estar frente a un escándalo perpetrado por un servidor público, de un lado, y de la asociación ilícita” investigada en el marco de la causa Securitas.

El fiscal pidió a la Inspección General de Justicia los estatutos y balances de la empresa Betail SA; a la Oficina Anticorrupción, las declaraciones juradas del senador; a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe sobre su actividad económica e ingresos, y un detalle de sus cuentas bancarias y bienes; y a los Registros, informes sobre sus inmuebles. Además, solicitó que se levante el secretario fiscal y bancario.

El 8 de octubre pasado, Arroyo Salgado resolvió la conexidad de la causa de Securitas y la nueva denuncia por enriquecimiento ilícito contra Kueider. Esto implicó que, si bien son dos expedientes diferentes, corren por “cuerdas paralelas” como suele decirse en el ámbito tribunalicio, por lo que la jueza puede usar pruebas de una y otra para avanzar con la investigación.

A la causa por enriquecimiento se sumó la investigación preliminar (IP) que abrió la PROCELAC de oficio, para saber de dónde venían los USD 211.000 que se le incautaron a Kueider y su secretaria en Paraguay. Ese informe ya fue entregado el viernes a Arroyo Salgado y a Domínguez, bajo extremo hermetismo, por el fiscal Velazco. La detención de Kueider hace 10 días en Paraguay con esa suma de dinero en efectivo sin declarar abrió, además, la hipótesis de maniobras de lavado de dinero con dinero proveniente de la corrupción.

Actualmente, hay una disputa de competencia que debe resolver la Cámara entre la causa que tramita en el Juzgado de Arroyo Salgado, y la investigación por enriquecimiento ilícito contra Kueider que se sustancia en Concordia, impulsada por el fiscal José Arias.

Kueider y Guinsel Costa cumplen prisión preventiva en Paraguay por intento de contrabando de divisas. Arroyo Salgado pidió su desafuero con fines de detención. El Senado lo expulsó el jueves por amplia mayoría en una sesión envuelta en polémica porque la presidió Victoria Villarruel, cuando ya estaba de viaje en el exterior el presidente Javier Milei. Su abogado presentó un amparo para impugnar la sesión y reclamar su invalidez. Ayer, Ruiz viajó a Paraguay para reunirse con su defendido.

Según pudo saber Infobae, la nueva estrategia de Kueider sería “redoblar el ataque” e iniciar una serie de denuncias. “Estamos evaluando recusar a Arroyo Salgado por haber cursado los oficios de desafuero y allanamientos en el momento en que se estaba haciendo la sesión. Quiso torcer la votación y marca una enemistad manifiesta contra el acusado”, sostuvo Ruiz en diálogo telefónico con Infobae desse Paraguay. “Y vamos a ir contra el Poder Ejecutivo porque, en ultima instancia fue el Ejecutivo encabezado por Villarruel el que interfirió con la sesión, por lo que correspondería demandarlo, porque es de donde provino el acto lesivo que generó toda la situación”.

Tras la expulsión del senador Edgardo Kueider votada ayer por la Cámara alta, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado evalúa - bajo un extremo hermetismo - cuál será la mejor vía para avanzar con el pedido de extradición del ahora ex legislador con el fin de detenerlo. Lo hizo en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal de San Isidro, conexa con una causa anterior referida al pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada Securitas a funcionarios públicos de distintos organismos, para garantizarse contratos y el cobro de montos adeudados. Ambos expedientes están vinculados e involucran a la empresa estatal de energía de Entre Ríos, ENERSA, de la que Kueider fue director por el estado provincial, entre 2016 y 2018.

Al cierre de esta nota, la magistrada esperaba recibir la notificación oficial de la expulsión del legislador desde la presidencia del Senado. La solicitud de extradición debe operativizarse a través de la Cancillería argentina, y ser tramitada por el Ministerio Público de Paraguay, que es la autoridad a cargo de este tipo de procesos. Arroyo Salgado no descarta un contacto previo entre los Ministerios Públicos de ambos países, a través de la Red de Fiscales.

El pedido de extradición correrá por separado de la causa abierta en Paraguay contra Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, por intento de contrabando de divisas, delito que tiene una pena de entre seis meses y dos años y medio. Pero por la posible resistencia del ex legislador a ser enviado de regreso al país, lo que demoraría el proceso formal de extradición ante un nuevo juez paraguayo unos dos años, en la Justicia Federal argentina analizan otras vías para lograr una deportación en tiempo mucho más rápidos.

Argentina tiene con Paraguay un tratado bilateral de extradición, aprobado por el Congreso en el año 2000, pero para que se efectivice el envío de la persona acusada, debe ser aprobado por la Justicia paraguaya. En ese caso, recién entonces, una comisión policial argentina procedería a su detención en el vecino país y su regreso para afrontar el proceso por el que es acusado en Argentina. El juez Humberto Otazú, a cargo del proceso de contrabando, le explicó a Infobae que “en materia de extradición el Ministerio Público (por la Fiscalía) es la autoridad central. Si llega una solicitud de extradición y el Ministerio Público lo solicita, se sortea para que un Juez de Garantías lleve adelante el procedimiento”.

Kueider y Guinsel Costa fueron detenidos en la madrugada del 4 de diciembre en un control de rutina, cuando las autoridades paraguayas descubrieron que trataban de ingresar con USD 211.000 y $600.000 en efectivo sin declarar desde Brasil, en una camioneta de alta gama. Ambos están con prisión domiciliaria, detenidos en un departamento de lujo en Asunción, en Villa Morra, un barrio donde proliferan los desarrollos inmobiliarios de argentinos que buscan llevar su dinero a Paraguay.

En el Juzgado de la jueza Arroyo Salgado sospechan que Kueider puede querer resistirse a una posible extradición, y temen que los fiscales quieran avanzar primero con el proceso por contrabando. La investigación tiene un plazo ya fijado de 4 meses por el juez Otazú, y debería estar finalizada para el 5 de abril. Hasta esa fecha, en principio, la pareja debería permanecer en Paraguay, pero ese plazo puede acortarse o extenderse, según disponga el magistrado paraguayo.

Según pudo saber Infobae, el pedido de detención fue dispuesto por la magistrada, luego de que tras los allanamientos dispuestos en abril en el marco de la causa de Securitas, el fiscal federal Fernando Domínguez que interviene en el expediente, detectó que el senador realizó varios viajes a Paraguay, y cambió la titularidad de las expensas del edificio donde tiene tres departamentos y dos cocheras en Paraná.

La causa por enriquecimiento ilícito contra Kueider - abierta por una denuncia del periodista Christian Sanz en base a notas periodísticas publicadas en la revista Análisis y el sitio El Disenso - tramita en forma conjunta a la del caso Securitas en la Justicia de San Isidro. Éste se inició en 2020 a partir de que la empresa de seguridad privada admitiera ante la Justicia que pagó coimas a representantes de organismos públicos para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Entre los ellos se encontraba la empresa estatal de energía de Entre Ríos ENERSA, cuando el senador Kueider la tenía bajo su órbita como Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, durante el mandato del peronista Gustavo Bordet.

El abogado de Kueider en Argentina, Maximiliano Ruiz, le dijo a este medio que el pedido de extradición “responde a cuestión política más que a algo legal”, y deslizó que se trataba de una “cuestión mediática”. Y agregó: “Acá hay un delito que tiene una pena que no es excesivamente alta. Para que la extradición se concrete, hay todo un procedimiento, tiene que haber el mismo delito en los dos países, un convenio de reciprocidad, y algunas cuestiones más que se tienen que tramitar. Y la justicia paraguaya entender que no tendría impedimento para que pueda volver, siendo que todavía les queda resolver la cuestión a ellos”. El letrado también alentó suspicacias sobre la oportunidad de los allanamientos y el pedido de desafuero ordenado por Arroyo Salgado “dos o tres horas antes de la votación”. En su opinión, “fue claramente para condicionar a los senadores”.

El oficio de Arroyo Salgado con el pedido de desafuero con fines de detención llegó ayer por mail a Victoria Villarruel cuando la sesión especial para tratar la expulsión o la suspensión de Kueider recién empezaba. La jueza también le solicitó a la Presidencia de la Cámara fajar el despacho del senador para preservar posible material de prueba para la causa, y desalojar al personal de la oficina en el palacio legislativo. A su vez, ayer, dictó el secreto del sumario en el expediente.

En la causa Securitas, la jueza investiga un presunto esquema de corrupción en el que los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, empresarios responsables de la filial entrerriana de esa empresa, que fueron procesados por el pago de sobornos a políticos y miembros de ENERSA. Claudio Tortul es vecino de Kueider en el lujoso edificio Live de la ciudad de Paraná. Allí, Kuieder compró tres departamentos y dos cocheras a través de un fideicomiso en el que invirtió con su sociedad Betail SA, como reveló Infobae esta semana. Dos de los departamentos rondaban los USD 150.000 y el semipiso del piso 13 “A”, frente al que tiene uno de los hermanos Tortul, USD 350.000. En diciembre, las expensas, totalizaron $255.000

Si bien hasta mayo las expensas de las 5 unidades estaban a nombre de Betail SA, a partir de junio apareció como titular Guinsel Costa, la secretaria de Kueider. En ese momento, la joven todavía estaba designada en el Senado, a pedido de Kueider, con la categoría más alta, y un sueldo en ese momento de $1,9 millones. Arroyo Salgado también pidió ayer la detención de la joven acompañante de Kuieder ya que los investigadores sospechan de que podría haber actuado como su testaferro, o como parte de un engranaje de lavado de dinero.

Ante los fiscales paraguayos, la joven dijo que el dinero se lo había dado una misteriosa empresa paraguaya - Golsur SA - en Ciudad del Este. la primera versión que trascendió fue que era para comprar productos “cosméticos”, “perfumes” y “electrónicos”, y luego para hacer “inversiones” en ese país, sin mayores especificaciones.

Allanamientos

Además del pedido de detención de Kueider y Guinsel Costa, la magistrada dispuso ayer una docena de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Morón en la Provincia de Buenos Aires, y en las ciudades entrerrianas de Paraná y en Concordia. Los operativos se concretaron en domicilios vinculados a Kueider; a su socio en la firma Betail SA, Rodolfo Daniel González, y a Guinsel Costa. Comenzaron a las 7 de la mañana a cargo de efectivos de Gendarmería y, en algunos casos, duraron hasta siete horas.

En Paraná, el operativo se llevó a cabo en el edificio Live donde Betail SA es dueña de los departamentos, y en un local del Grupo Dujovne, de bienes raíces. En Concordia, se allanó una escribanía y la casa de la madre de Guinsel Costa, Érica Celina Costa, nombrada en el despacho de Kuider en el Senado, tras la baja de su hija en agosto.

En la Ciudad de Buenos Aires, la jueza ordenó allanar el departamento en Recoleta que ocupaba la joven acompañante de Kueider, donde - según fuentes policiales - habrían encontrado indicios de destrucción previa de documentación.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó esta mañana el allanamiento del despacho de Edgardo Kueider en el Senado. Lo dispuso en un oficio enviado esta mañana al presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro. Abdala reemplaza a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Italia.

Para llevar a cabo el allanamiento y registro de los dos despachos que tenía el ex legislador - uno en el Palacio y otro en el Anexo del Senado -, necesita la autorización del presidente de la Cámara. En la nota, Arroyo Salgada fundamenta el pedido en que “dentro del mismo, podrían hallarse elementos de prueba que permitan corroborar las hipótesis delictivas bajo examen”. Ambos despachos fueron desalojados de sus empleados, y fajados ayer, luego de un oficio de la magistrada que pidió a la Presidencia de la Cámara “extremar las medidas para resguardar posible material de prueba”, y quedó una custodia de la Policía Federal 24 hs.

La jueza avanzó con el pedido luego de que Kueider fuera expulsado del Senado en una sesión especial ayer por la tarde, lo que implicó la pérdida de sus fueros como legisaldor nacional.

A su vez, como publicó hoy Infobae, tras la expulsión del senador Edgardo Kueider votada ayer por la Cámara alta, Arroyo Salgado evalúa - bajo un extremo hermetismo - cuál será la mejor vía para avanzar con el pedido de extradición del ahora ex legislador con el fin de detenerlo. Lo hizo en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal de San Isidro, conexa con una causa anterior referida al pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada Securitas a funcionarios públicos de distintos organismos, para garantizarse contratos y el cobro de montos adeudados. Ambos expedientes están vinculados e involucran a la empresa estatal de energía de Entre Ríos, ENERSA, de la que Kueider fue director por el estado provincial, entre 2016 y 2018.

Nuevos allanamientos

A su vez, la magistrada dispuso una nueva tanda de allanamiento a domicilios de Kueider en la ciudad de Concordia y en la Ciudad de Buenos Aires.

En la ciudad entrerriana, de donde es oriundo el ahora ex legislador y comenzó su carrera como concejal en 1999, Gendarmería Nacional está realizando un nuevo operativo dispuesto por la jueza en una casa en la que vive la segunda esposa de Kueider, Liliana Di Lello, con quien tiene dos hijos menores. Si bien es el domicilio en que vivía el matrimonio, pero ya no es más la vivienda del ex senador en Concordia. Según pudo saber Infobae, estarían separados de hecho hace tiempo.

El procedimiento comenzó a primera hora de la mañana en la residencia ubicada en calle Pedro Sauré 49. No obstante, sobre las 9 de la mañana ya con el procedimiento iniciado, se hizo presente el abogado particular del ex senador, Carlos Conti, en la causa por enriquecimiento ilícito que investiga en la Justicia de esa ciudad entrerriana el fiscal José Arias.

Di Lello es kinesióloga y trabaja en el Centro Regional de Referencia Hospital Materno Infantil “Doctor Ramón Carrillo” que depende del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Fue nombrada durante la gestión de Gustavo Bordet, de quien Kueider fue su secretario general de Gobierno.

El pedido de extradición

La solicitud de extradición de Kueider que hará Arroyo Salgado debe operativizarse a través de la Cancillería argentina, y ser tramitada por el Ministerio Público de Paraguay, que es la autoridad a cargo de este tipo de procesos. El pedido correrá por separado de la causa abierta en Paraguay contra Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, por intento de contrabando de divisas, delito que tiene una pena de entre seis meses y dos años y medio.

La magistrada también solicitó ayer la detención, previa extradición de la joven que acompañaba al senador cuando fueron interceptados en el cruce fronterizo entre Brasil y Paraguay con USD 211.000.

Argentina tiene con Paraguay un tratado bilateral de extradición, aprobado por el Congreso en el año 2000, pero para que se efectivice el envío de la persona acusada, debe ser aprobado por la Justicia paraguaya. En ese caso, recién entonces, una comisión policial argentina procedería a su detención en el vecino país y su regreso para afrontar el proceso por el que es acusado en Argentina. El juez Humberto Otazú, a cargo del proceso de contrabando, le explicó a Infobae que “en materia de extradición el Ministerio Público (por la Fiscalía) es la autoridad central. Si llega una solicitud de extradición y el Ministerio Público lo solicita, se sortea para que un Juez de Garantías lleve adelante el procedimiento”.

Ayer, la magistrada había ya ordenado una docena de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Morón en la Provincia de Buenos Aires, y en las ciudades entrerrianas de Paraná y en Concordia. Los operativos se concretaron en domicilios vinculados a Kueider; a su socio en la firma Betail SA, Rodolfo Daniel González, y a Guinsel Costa. Comenzaron a las 7 de la mañana a cargo de efectivos de Gendarmería y, en algunos casos, duraron hasta siete horas.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió esta mañana el desafuero del senador Edgardo Kueider en un oficio enviado por mail a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con el objeto de “proceder a su detención por los canales diplomáticos correspondientes”. Lo hizo en el marco de la causa contra el legislador por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal de San Isidro. Más temprano, le había adelantado la medida por celular a la vicepresidenta.

La magistrada no puede pedir su extradición directamente porque Kueider tiene fueros como senador nacional, por lo que la solicitud deberá ser tratada por el pleno del cuerpo y requiere los dos tercios de los votos para ponerlo a disposición del juez competente. El Senado tendrá hoy una sesión especial en la que la Cámara alta tiene que resolver si lo expulsa, como reclama el kirchnerismo, o si lo suspende en sus funciones como promueve el ofiailismo y aliados, hasta que haya una definición en la causa judicial que afronta en Paraguay por tratar de ingresar con USD 211.000 y $600.000 en efectivo sin declarar, desde Brasil ,en un camioneta la madrugada del 4 de diciembre.

Al pedido de desafuero debe asignársele un número de expediente para que tenga un trámite formal, lo que está a cargo de la Secretaría Parlamentaria. Infobae pudo saber que se estaba concretando en el transcurso de esta mañana. Luego debe ser girado inmediatamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales que tendrá 60 días para emitir dictamen. Pese a estar en período de sesiones extraordinarias, esa Comisión se puede reunir por tratarse de un tema disciplinario. Paradójicamente, el presidente de Asuntos Constitucionales es el propio Kueider. Para poder tratarlo directamente sobre tablas en el recinto, sin dictamen de Comisión, se necesitan dos tercios de los votos. El cuerpo tiene 180 días para tratarlo.

En el marco de esta misma causa por enriquecimiento contra Kueider, Arroyo Salgado pidió, además, la detención de Iara Guinsel Costa, la secretaria que lo acompañaba cuando fue detenido en Paraguay, para lo que pedirá su extradición por la vías diplomáticas correspondientes.

La joven - de 34 años y con quien Kuieder mantendría una relación afectiva - es oriunda de Concordia, al igual que el senador. Fue nombrada en su despacho en el Senado en febrero, y en junio, transferida al bloque de Unidad Federal que integra el legislador entrerriano. Fue dada de baja en agosto, luego de que empezaran a conocerse las investigaciones en contra de Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, y en la que ella está sospechada de actuar como una posible testaferro.

Ante los fiscales paraguayos, la joven dijo que el dinero se lo había dado una misteriosa empresa paraguaya - Golsur SA - en Ciudas del Este. Primero habría dicho que fue para comprar productos “cosméticos”, “perfumes” y “electrónicos”, y luego para hacer “inversiones” en ese país, sin mayores especificaciones.

Ambos están con prisión domiciliaria detenidos en un departamento de lujo en Asunción, mientras la Justicia paraguaya avanza en la investigación en la que están imputados por presunto contrabando, por el intento de ingresar una cantidad de divisas muy por encima de lo permitido por la ley sin declarar, monto fijado USD 10.000. Están alojados en el edificio Tierra Alta, en Villa Morra, un barrio donde proliferan los desarrollos inmobiliarios, en muchos casos de argentinos que buscan llevar su dinero a Paraguay. A pedido de los fiscales de Ciudad del Este, el juez Humberto Otazú determinó que deberán permanecer como mínimo hasta el 5 de abril, el plazo dado al Ministerio Público Fiscal paraguayo para concluir la investigación.

La Constitución Nacional le impide a la Justicia detener a los legisladores nacionales, allanar sus domicilios o lugares de trabajo, o interceptar sus comunicaciones. Esta inmunidad está garantizada por el artículo 68 que dice que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”; y el 69 que establece que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.

Para que Kueider pueda ser indagado y/o detenido, la Cámara respectiva deberá votar su desafuero previamente con dos tercios de los votos, para concretar la suspensión en sus funciones. No se trata de una expulsión, ya que si la Justicia no lo hallara culpable, podría hipotéticamente reintegrase al cuerpo. Hoy no está claro si el Senado reuniría los votos exigidos, ya que tanto el kirchnerismo - que tiene una mayoría de 33 - como el oficialismo y aliados están enfrentados respecto de qué hacer con el senador pescado in fraganti en Paraguay.

La detención fue dispuesta por la magistrada luego de que tras los allanamientos dispuestos en abril en el marco de la causa de Securitas que lleva adelante la magistrada, detectó que el senador realizó varios viajes a Paraguay, y cambió la titularidad de las expensas del edificio donde tiene tres departamentos y dos cocheras en Paraná. En ese expediente, Arroyo Salgado investiga el pago de coimas de esta empresa de seguridad privada a organismos públicos nacionales y provinciales, entre los cuales se encontraba la empresa estatal de energía de Entre Ríos ENERSA, cuando el senador Kueider la tenía bajo su órbita como Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, bajo el mandato del peronista Gustavo Bordet. Esas decisiones tomadas por Kueider a partir de mayo fueron interpretadas por la Justicia Federal como “evasivas” para ocultar pruebas y dieron pie al pedido de detención.

En ese edificio, según reveló la revista Análisis de Paraná el 6 de junio pasado, Betail SA figuraba hasta mayo de este año como titular de las expensas de cinco unidades, según reveló la revista Análisis el 6 de junio pasado. Se trata de dos departamentos - el 6 “D” y 6 “E” - con un valor de aproximadamente USD 150.000 cada uno; dos cocheras; y un semipiso en el 13 “A” de tres dormitorios, con un valor de mercado de USD 350.000. En total, en mayo, las expensas sumaban $118.000. En diciembre, ascendieron a $255.000.

En ese mismo inmueble de lujo también tiene departamentos los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, que estaban al frente de la filial de Paraná de Securitas y fueron procesados por Arroyo Salgado por el pago de sobornos a funcionarios de Entre Ríos para conseguir o mantener los contratos de seguridad privada de ENERSA. La magistrado dispuso su prisión preventiva, pero la Cámara Federal de San Martín revocó luego esa medida.

Arroyo Salgado ordenó hoy también una docena de allanamientos en las ciudades entrerrianas de Paraná y Concordia, que concretaron a partir de las 7 de la mañana efectivos de Gendarmeía. A su vez, hubo un operativo en el edificio Live donde la empresa de Kuider - BETAIL SA - es dueño de los departamentos.

Infobae reveló ayer que esa empresa de Kueider, constituida como agropecuaria y a la que ingresó como accionista en diciembre de 2019 cuando asumió como senador, no tuvo ninguna actividad comercial. Sin embargo, en el balance 2021, consigna haber recibido un “préstamo” de $10 millones de los propios socios y de otro acreedor no identificado para invertir en un fideicomiso. Esta figura es la que le permitió a Betail SA tercerizar la compra de una propiedad sin figurar directamente. Denominado Fideicomiso Santiago Tejeiro, se trata de la constructora del edificio Live, ubicado en Santiago del Estero 511, esquina Tejeiro Martínez, en esa ciudad entrerriana, uno de los objetivos de Gendarmería esta mañana en los operativos dispuestos por Arroyo Salgado.

Los operativos dispuestos por Arroyo Salgado fueron también a una escribanía y a la casa de la madre de Guinsel Costa en Concordia; y al local del Grupo Dujove, una firma de bienes raíces en Paraná. Hubo otros siete en la ciudad de Buenos Aires, uno en Morón y uno en Berazategui. La jueza dispuso, además, el secreto de sumario.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, ordenó hoy el cierre y la custodia de los despachos de Edgardo Kueider en el anexo de la Cámara Alta, ubicado en el ex edificio de La Caja, así como en el Palacio del Congreso. La medida se ordenó tras la solicitud de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para desaforar y detener al dirigente peronista, detenido en Paraguay e investigado por contrabando.

La disposición de clausura de las oficinas se tomó para preservar posibles pruebas en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito que enfrenta Kueider, que aún cuenta con fueros parlamentarios. Las oficinas del entrerriano se ubican al lado de las que ocupa el senador Oscar Parrilli, el legislador K que el oficialismo quiere suspender.

El cierre que mandó a realizar la presidencia de la Cámara fue diferente respecto del despacho en el Palacio Legislativo y el anexo. Mientras en el anexo pusieron fajas de seguridad que corresponden a la custodia de la Cámara de Senadores, no de la Policía Federal, en el despacho que tiene asignado el senador en el tercer piso del Palacio colocaron custodia de la Casa. La orden de la custodia es no dejar entrar a nadie, y eso incluye a los trabajadores del despacho del entrerriano que se encuentra con prisión domiciliaria en Paraguay.

En paralelo, la jueza Arroyo Salgado ordenó una serie de allanamientos relacionados con la causa. Según fuentes, uno de estos operativos, llevado a cabo por la Gendarmería, se realizó en el edificio Live de la ciudad de Paraná, donde la empresa Betail SA figuraba como titular de varias unidades hasta mayo de este año. Además, se han efectuado allanamientos en Concordia, ciudad donde Kueider desarrolló su carrera política.

La jueza tuvo en cuenta que el senador realizó varios viajes a Paraguay en 2024, y cambió la titularidad de las expensas del edificio, en Paraná, donde tiene tres departamentos y dos cocheras. A criterio de Arroyo Salgado, esos movimientos podrían haber sido para ocultar pruebas.

Otro de los allanamientos se realiza esta mañana en la sede de la empresa Dujovne, las calles Bavio y Pellegrini, también en Paraná. Esa firma, junto con Caballi y Szcech conforman el Grupo CDS, que desarrolló el edificio Live.

La jueza Arroyo Salgado también ordenó allanamientos en la ciudad de Concordia, donde Kueider construyó su carrera política. Uno de los procedimientos, también a cargo de la Gendarmería, se lleva a cabo en la casa de Javier Rubel.

Rubel compró el 50% de Betail que tenía Daniel “Gonzalito” González, un veterano militante del peronismo concordiense. Pero la situación de Rubel comenzó a complicarse a fin de 2022: en ese momento, su ex pareja M.E.L. lo denunció con el abuso de sus dos hijas menores.

En mayo de 2024, se retrotrajo la venta de acciones de Betail y “Gonzalito” volvió a quedarse con el 50% de la firma. El trámite se hizo ante la escribana Natalia Goñe, que tiene el Registro Notarial 20 de Concordia cuyo titular, hasta su muerte en 2023, fue Amado Ismael Kueider, tío de Edgardo y de Rubel. También está siendo allanado.

En total, son 12 allanamientos en simultáneo, según pudo saber este medio de fuentes judiciales. Entre los procedimientos se destaca uno en la casa de la familia de Iara Guinsel Costa, también oriunda de Concordia. La madre de esa joven, Celina Erica Costa, fue nombrada por el senador Kueider “para cumplir funciones en su despacho”. Lo hizo mediante la Resolución 910/2024 con fecha 20 de agosto. Una semana antes, la joven secretaria había sido dada de baja en el Senado por el escándalo con los departamentos.

Noticia en desarrollo

Cuando el senador nacional Edgardo Kueider fue detenido ayer a la madrugada en el cruce desde Brasil hacia Paraguay por el Puente Internacional de la Amistad, que une Foz de Iguazú con Ciudad del Este, iba conduciendo una camioneta 4 x 4 Chevrolet Trailblazer SUV negra, de alta gama, modelo 2021, cuyo valor ronda los USD 40.000. En su interior llevaba una mochila con USD 211.102 en efectivo, $646.000 y 3,9 millones de guaraníes (unos USD 500 aproximadamente), muy por encima de lo que se puede llevar por ley sin declarar. Al ser detenido en un control de rutina por efectivos de la Aduana paraguaya sobre la cabecera guaraní del Puente, no dio precisiones sobre el origen de los fajos de billetes que le incautaron. Ya sobre el final del día, mientras se dirigía a prestar declaración ante el fiscal paraguayo Edgar Benítez, afirmó: “El dinero no era mío”.

En el vehículo lo acompañaba Iara Guinsel Costa, una joven de 34 años y oriunda de Concordia, y a quien Kueider pidió nombrar a principios de este año en el Senado como su “secretaria”. La designación salió el 24 de febrero, con la categoría A1, la más alta, y un sueldo - en ese momento - de $1,6 millones. El único antecedente laboral en relación de dependencia, hasta ese momento, de Guinsel Costa había sido en la empresa de telefonía e internet de Concordia ISPCOM S.A. Madre de dos hijas menores de edad, en su perfil en la red Instagram - en una cuenta que es privada - se presenta como “estudiante de Derecho” e incluye la palabra “Resiliencia”.

Si bien su puesto, al menos en lo formal, era el de “secretaria” del senador, fuentes de la Cámara alta le dijeron a Infobae que Guinsel Costa “no trabaja en el despacho” y “hace meses que no pertenece al Senado”. En efecto, en la base de datos comerciales Nosis, figura inscripta ante la ex AFIP como monotributista desde agosto, con una categoría de las más altas, la H, con ingresos de hasta $44 millones anuales, y como autónoma, con categoría I.

La joven tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Rodríguez Peña al 1900, en el barrio de Recoleta, aunque no es el único: también registra otros dos en Concordia, donde vive su familia. En esa ciudad entrerriana, de donde es oriundo también Kueider, está Guinsel Motos, la sociedad familiar de su padre, Gustavo Javier Guinsel, dedicada a la venta y reparación de motos, y concesionaria oficial de la marca RVM, de la que ella es firmante de cheques.

Ante el fiscal en Paraguay, al ser indagada, habría dicho que que el dinero que llevaba Kueider era suyo y que se lo había entregado una empresa de Asunción llamada Golden Sur, para la que ella trabajaba y de la que es “apoderada” para comprar artículos electrónicos, perfumes y cosméticos. De acuerdo a lo relatado por el abogado César Nider Centurión, Kueider y Guinsel Costa estaban alojados en un hotel de Ciudad del Este, en Paraguay, y fueron a cenar el martes a la noche a Foz de Iguazú, cruzando la frontera, en Brasil. Para no dejar el dinero en la habitación, los llevaron con ellos en la camioneta. El fiscal Benítez los imputó por los delitos de lavado de dinero y contrabando de divisas.

No era la primera vez que Kueider y Guinsel Costa viajaban juntos a Paraguay. Según reveló ayer Infobae, ya lo habían hecho en otras cuatro oportunidades en lo que va del año. En total, Kueider registra seis viajes al país vecino en 2024, cinco de ellos con la joven concordiense que nombró en su despacho.

De 52 años, Kueider tiene una largo recorrido en la política entrerriana. Comenzó como concejal de Concordia entre 1999 y 2023, y luego integró el Gabinete Municipal de esa ciudad, donde se desempeñó entre 2008 y 2015. Con la llegada del peronista Gustavo Bordet como gobernador de Entre Ríos, entre ese año y 2019, fue secretario general de la Gobernación. A su vez, fue miembro del Directorio de la empresa de energía provincial ENERSA en representación del Estado entrerriano.

Ingresó a la Cámara de senadores en diciembre de 2019, por el Frente de Todos, pero rompió con el kirchnerismo en 2022. Integra el bloque Unidad Federal, con los senadores Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba), que a su vez, conforma el interbloque Las Provincias Unidas con otros tres senadores de fuerzas provinciales.

Ayer, pasadas las 22 horas, la oficina de prensa de Kueider anunció que tomará licencia en su cargo de senador “en función de los hechos de público conocimiento” para que “no haya ningún tipo de impedimento a la hora de que se lo investigue”. En el comunicado, sostuvo que “espera que se pongan en marcha todos los mecanismos institucionales correspondientes y que se aclaren los hechos”. El legislador tiene mandato hasta el 10 de diciembre de 2025. El intebloque que integra emitió otro comunicado ayer durante el día en el que manifiesta “la firme voluntad de que la Justicia investigue los hechos hasta su esclarecimiento”.

La camioneta incautada

La camioneta Chevrolet Trailblazer 4x4 SUV modelo 2021 en la que Kueider llevaba los USD 211.00 y los más de $600.000 en efectivo dentro de una mochila, no estaba a su nombre. Según pudo corroborar Infobae por la patente, pertenece a Rodolfo Daniel González, socio de Kueider en su empresa Betail SA, que está siendo investigada en la Justicia de Concordia y la Justicia Federal por la compra de tres departamentos con cocheras en la ciudad de Paraná. El vehículo tenía una cédula emitida en 2024 que autorizaba a conducirlo a Guinsel Costa.

González es planta permanente de la Biblioteca del Congreso de la Nación, con el Nro de Legajo 301514, categoría A6, con un sueldo básico bruto, sin antigüedad, que ronda $1,2 millones. Ingresó en agosto de 2004. Según informaron en ese organismo del Congreso, está “en comisión” en el despacho de Kueider desde que éste asumió su banca el 10 de diciembre de 2019. Esa situación se fue renovando cada seis meses y vence este 10 de diciembre. “Después, tiene que volver a la Biblioteca”, precisaron.

Desde el despacho de Kueider en la Cámara alta, ante la consulta de Infobae, señalaron que González es “amigo” del senador y que “no tiene funciones en el despacho”.

De 63 años y profesión comerciante, González tiene domicilio en el partido bonaerense de Morón, en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Entre Ríos, en las ciudades de Paraná y Concordia. Su actividad declarada ante la AFIP es “servicios de publicidad”. Más allá de ser empleado”de la Biblioteca del Congreso, está inscripto como Autónomo Categoría 1.

También presidente de la empresa Iceler SA, creada en junio del 2023, e inscripta en la Ciudad de Buenos Aires para la explotación de servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión, y de tecnologías de la información (TICs). Como socia minoritaria figura Adriana Cecilia Crucitta, de 59 años, con domicilio en la calle General Pintos sin número, en Villa Celina, La Matanza. El capital invertido fue de $1 millón. González aparece, también, en otras dos sociedades: NEOPOP SA, una agencia de promotoras publicitarias donde fue designado presidente en 2019, y en la Arrocera Los Colonos, que constituyó en 2010, también en sociedad con Crucitta.

Registrada en la Ciudad de Buenos Aires, la camioneta Chevrolet Trailblazer a nombre de González que manejaba Kueider y quedó incautada provisoriamente a disposición de la Justicia paraguaya, adeuda patentes por un total de $3.615.127 . Están impagas desde agosto de 2021, según pudo corroborar Infobae en la web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

Los departamentos en Paraná

Kueider se convirtió en accionista de la mitad de la empresa Betail SA en diciembre de 2019, a poco de asumir su banca como senador, en partes iguales con su primo Javier Rubel. Residente en España hasta poco tiempo antes, Rubel no tenía una actividad comercial conocida. La firma había sido creada un año antes, inscripta en la Capital Federal para el comercio de ganado bovino. Kueider asumió como director suplente en enero de 2020. La firma tiene un criadero de pollos en Concordia.

Cuando a Rubel se le abrió una causa por presunto abuso sexual en Concordia y Betail SA empezó a ser investigada por la compra de propiedades, le vendió su parte de la empresa a González, que así pasó a ser socio de Kueider.

Como publicó ayer Infobae, Betail SA es dueña de tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live en Santiago del Estero 511, en la ciudad de Paraná, según reveló en exclusiva la revista Análisis en marzo pasado. La firma es propietaria de las unidades del 6 “D”, el 6 “E”, y el 13 “A”. Betail SA figuraba en las expensas del edificio ese mes. Pero tras la aparición de la nota en esa publicación entrerriana, los inmuebles pasaron a figurar a nombre de Guinsel Costa, según consta en las expensas de junio último, a las que accedió Infobae.

El edificio en el que decidió invertir Kueider es propiedad de Claudio Tortul, un empresario que estuvo preso por una investigación sobre el presunto pago de sobornos a empresas y organismos públicos por parte de la firma de seguridad Securitas para obtener contratos de vigilancia privada. Tortul es vecino de Kueider, ya que es dueño de la Unidad del 13 ″B”, frente a uno de los departamentos propiedad de Betail SA, así como de otro en el 10 “B” de ese mismo edificio, y de otras dos cocheras.

Por estas propiedades, Betial SA y Kueider están siendo investigados por la Justicia de Concordia en un expediente que impulsa el fiscal José Arias, y por la Justicia Federal, en otras causa que tramita en el Juzgado de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Además de a Kueider y Betail SA, el fiscal Arias puso la lupa, desde junio de este año, en el patrimonio de Guinsel Costa, de todo el entorno familiar del senador entrerriano (incluída su primera y segunda esposa), y de Edekom SA. Esta última empresa fue constituida por el legislador como proveedora de software, junto con uno de sus cinco hijos, Haidar Iván Kueider, de 31 años. Arias también incorporó a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Kueider, a González, su socio y empleado de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

La causa en la Justicia de Concordia se inició a partir de una denuncia de un puntero político local, en base a la publicación de la revista Análisis, luego de que Kueider diera quórum en el Senado para habilitar el debate de la Ley Bases y votara a favor en general, como uno de los opositores aliados del Gobierno nacional.

Para desentrañar el origen de la fortuna de Kueider -que ocupa cargos públicos desde 1999,- Arias envió múltiples solicitudes de informes a los Registros de la Propiedad Inmueble y de Personas Jurídicas de todo el país, al Banco Central para que informe sobre sus cuentas bancarias, a Migraciones para identificar sus salidas del país, y a la AFIP. También requirió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los imputados. También le pidió al Senado los antecedentes laborales y el sueldo de Guinsel Costa.

En paralelo, la jueza Arroyo Salgado lleva adelante, desde fecha más reciente, otra causa también por enriquecimiento ilícito contra Kueider, a partir de la denuncia de un abogado, basada en la misma nota de la revista Análisis sobre los departamentos que habría comprado Kueider en Paraná.

En este otro expediente que tramita en la Justicia federal de San Isidro, la magistrada investiga el origen de su patrimonio, en el marco de una trama de pago de coimas por parte de Securitas a ENERSA, entre otras empresas, cuando Kueider integraba el directorio de esa compañía de electricidad del Estado provincial de Entre Ríos. La firma de seguridad admitió haber pagado millonarias coimas a representantes de distintos organismos públicos nacionales y provinciales para no perder los contratos de vigilancia privada y cobrar servicios adeudados. En la causa, hubo nueve detenidos en el caso, entre ellos ex directivos de la firma, así como los hermanos Claudio y Marcelo Tortul.

A inicios de octubre, como publica hoy Infobae, el fiscal Fernando Domínguez le pidió, a su vez, los contratos y estatutos de Betail SA, sus balances y estados contables a la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Capital Federal, y un informe sobre el senador con su actividad económica e ingresos, con un detalle de sus cuentas bancarias y bienes, propiedades muebles e inmuebles a la ex AFIP. Los oficios incluyeron otro al Banco Central para que remita toda la información sobre Kueider, y a la Caja de Valores SA para que indique si es tenedor de acciones o bonos. Asimismo, el fiscal también solicitó - al igual que la Justicia de Concordia-, que se levante el secretario fiscal y bancario. El período bajo la lupa va de 2017 a 2023.

Domínguez también le pidió a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas del senador. Infobae reveló ayer que la última presentada es la del 2021, y que no cumplió con la presentación de las correspondientes al 2022 y 2023, como exige la Ley de Ética Pública. El patrimonio informado al cierre de ese año fue de solo $5,4 millones. Dijo tener, $955.000 en efectivo y USD 8.500.

Actualmente, hay un planteo de competencia entre la Justicia de Concordia y la Federal que debe resolver el juez de Garantías de Concordia Edwin Bastián. “La pregunta a responder para definir la competencia es de dónde vienen los fondos de Kueider: ¿de su paso por los cargos de la provincia de Entre Ríos, o de su cargo como senador nacional?”, analizó una fuente judicial ante Infobae.

A las dos causas abiertas contra Kueider, se suma desde ayer una investigación preliminar de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) por presunto lavado de dinero que abrió de oficio esa Fiscalía especializada.

La Corte Suprema de Justicia desestimó un planteo del exfiscal de San Isidro Claudio Scapolan, quien, en el marco de una causa que investiga la presunta actuación de una banda integrada por policías, abogados y funcionados judiciales vinculada con el narcotráfico, había intentado intentó apartar a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo de ese expediente, por sospechas de parcialidad.

Tras una denuncia en 2016 de la exdiputada Elisa Carrió, Scapolán, otrora titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de San Isidro, quedó procesado por su presunta participación dentro de una asociación ilícita dedicada, entre otros delitos, a robar cocaína secuestrada a narcotraficantes para luego comercializarla. Ante esa imputación, el procurador bonaerense Julio Conte Grand resolvió pedir el jury. En esa instancia, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires su destitución por nueve votos contra uno en abril del año pasado.

Así las cosas, el exfiscal presentó una recusación contra la jueza Arroyo Salgado por considerar que no era imparcial para conocer en la investigación de los hechos. Sus sospechas, explicó, se fundaron en la falta de inhibición inmediata por parte de la magistrada tras recibir una denuncia como encubridora de las maniobras investigadas en el caso. Dicha denuncia había sido articulada por un testigo de identidad reservada, quien en su momento expresó: “Quiero dejar constancia que si me llega a pasar (...) algo se lo atribuyo a la jueza Salgado, quien encubrió todo esto desde el comienzo”.

Además, ese testigo también refirió que “Scapolán se encargaría de que cuando las causas -pasasen- a la jurisdicción federal de San Isidro ‘tuvieran problemas’. Con esto me refiero que podría ser -que- de alguna forma el fiscal Scapolán hablase con el Juzgado para que en esos hechos no se investigue a los funcionarios policiales ni al fiscal provincial; el policía no me dijo si eso se hacía con dinero o con contactos, supongo yo que podría ser de cualquiera de las dos formas. (...) Según dichos de Scapolán, la Fiscalía de Complejos de San Isidro tenía contactos con la jueza federal para que no se investigase a fondo”.

Si bien la jueza Arroyo Salgado no desconoció la denuncia efectuada por el testigo de identidad reservada, rechazó los términos de la recusación tras evaluar que los argumentos invocados por el ex representante del Ministerio Público eran una reedición de otros fundamentos evaluados en otras oportunidades. En ese sentido, hizo hincapié en dos precedentes vinculados a denuncias previas en su contra, que habían sido efectuadas por el mismo testigo y que habían tramitado por distintos carriles de la Justicia.

En rigor, uno de esos antecedentes quedó desestimado mediante el archivo dispuesto el 4 de julio de 2016 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero. El otro corrió la misma suerte en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que le dio cierre a ese expediente el 17 de marzo de 2017.

Luego de que la magistrada se negara a apartarse de la investigación penal en virtud del planteo de Scapolán, el fiscal destituido decidió recurrir por medio de un recurso de apelación hasta la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal de San Martín, que también denegó la recusación por considerar que el principal argumento que presentaba la defensa ya había sido tratado anteriormente.

El recusante impugnó esa resolución hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, donde, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se desestimó el recurso extraordinario porque “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.

Este sábado, en el marco del evento cultural “Oscuro total, encuentro con creadores”, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman, volvió a hablar públicamente sobre la muerte del fiscal. En una entrevista realizada por la periodista Claribel Terré Morel, en Daín Usina Cultural, Arroyo Salgado reiteró enfáticamente que Nisman fue asesinado y ofreció detalles inéditos sobre las circunstancias que rodearon sus últimos días.

“Que Nisman fue asesinado no es una creencia mía, sino que está probado en el expediente”, expresó la jueza en el inicio de la conversación, lo que resumió el eje central de su postura. “No bien yo tomo conocimiento de que al momento del hallazgo del cuerpo sin vida de Alberto Nisman había un arma y que había muerto por impacto de bala, no tenía dudas de que había sido asesinado. Y si bien esto en un principio sí era una creencia mía, luego se probó en el expediente”, sostuvo ante el auditorio.

Desde el comienzo del evento, Arroyo Salgado no esquivó ningún tema y respondió a cada pregunta con una claridad y firmeza que capturaron la atención del público. La jueza repasó con lujo de detalles las irregularidades que, según ella, marcaron la investigación desde sus inicios. “No fue tan fácil, no fue tan rápido, no fue tan lineal. En el interregno hubo muchísimas marchas y contramarchas. Muchas irregularidades, no solo en un primer momento, frente al desaguisado que todos hemos visto en los medios de comunicación, realizado por los propios investigadores que debían preservar la escena del crimen”, afirmó.

Una de las críticas más duras fue dirigida hacia el manejo de la escena del crimen en el departamento de Nisman. “La escena no era solamente el baño donde entró una tropilla de gente, sino que era todo el departamento y las torres Le Parc: los ingresos, egresos, todos los accesos. Preservar las filmaciones de las cámaras de seguridad. Nada de eso se hizo”, relató. Según Arroyo Salgado, no se tomaron medidas cruciales para preservar la evidencia, como asegurar la integridad de los dispositivos electrónicos o del teléfono celular del fiscal.

Además, la jueza recordó el contexto político en el que se produjo la muerte de Nisman. “Este asesinato ocurre a cuatro días de que Nisman radicara una denuncia penal contra la ex presidenta, nada más ni nada menos que por encubrimiento del atentado terrorista contra la AMIA”, destacó al mencionar la denuncia que el fiscal había presentado contra Cristina Kirchner. “Él se encontraba investigando esa tragedia y cuestionó el posicionamiento que tuvo nuestro país por decisión del gobierno de turno, en lo que él consideró que era una garantía de impunidad para los responsables detrás del atentado”, añadió.

Arroyo Salgado también subrayó que el asesinato ocurrió apenas un día antes de que Nisman fuera a presentar sus pruebas ante el Congreso, lo cual, en su opinión, agrava aún más la situación. “Recordarán ese contexto, la función que tenía Alberto Nisman, las circunstancias de su hallazgo y todas las dificultades que hubo”, expresó, apuntando a las trabas y obstáculos que, según ella, enfrentó la investigación desde el comienzo.

“Yo sabía íntimamente que él no había decidido poner fin a su vida, sino que había sido víctima de un asesinato. Pero había que probarlo”, dijo. Y agregó: “Finalmente, cuando nosotros decidimos dejar sin efecto la querella es porque en el expediente ya está científicamente demostrado con la prueba producida, con la evidencia científica y con todo el análisis que se hizo de los dispositivos, el contexto de amenazas vigente y las circunstancias de su muerte que esto fue un asesinato”, enfatizó.

La jueza, además, reveló un dato impactante relacionado con la publicación del diario Página 12 del 18 de enero de 2015, el mismo día en que se halló muerto a Nisman. En ese sentido, mostró una copia del periódico y destacó que el titular principal decía “Es por la puerta de servicio”, acompañando una foto del fiscal con los ojos cerrados. “Es la primera vez que yo veo una foto de Alberto Nisman con los ojos cerrados, con la misma inclinación en su cabeza a cómo resultó retratado el cuerpo al momento del hallazgo por la puerta de servicio”, señaló y sugirió que este tipo de imágenes y mensajes en los medios contenían señales mafiosas y amenazas encubiertas.

La familia y las amenazas

Arroyo Salgado también habló de las amenazas que recibió su familia antes y después de la muerte de Nisman. “Había un contexto de amenazas muy graves a toda nuestra familia y varios de los puntos de esas amenazas se fueron cumpliendo”, reveló, y mencionó los afiches que empapelaron la ciudad tras la muerte del fiscal, en los que se mezclaban insinuaciones sobre su vida privada.

Una de las revelaciones más importantes de la jueza tuvo que ver con detalles sobre cómo encontraron el cuerpo de Nisman. Arroyo Salgado explicó que, según la costumbre del fiscal, su cama siempre estaba perfectamente hecha, y que las imágenes tomadas por la Policía Federal muestran la cama abierta de una manera que no correspondía a sus hábitos. “No era la costumbre de Nisman. Yo conviví con él y era una persona sumamente prolija”, afirmó.

Al ser consultada por la periodista Claribel Terré Morel sobre si sentía miedo por su seguridad y la de sus hijas, Arroyo Salgado fue categórica: “No, no tengo miedo porque tenemos mucha gente que nos cuida. La sociedad en general nos ha ayudado, cuidado mucho”, afirmó al recordar una anécdota en un shopping donde una señora se preocupó por su bienestar al no verla salir del baño. Sin embargo, aclaró que toman medidas de seguridad estrictas, tanto con custodia de la Policía Federal como con seguridad privada.

Respecto a sus hijas, mencionó que ambas tratan de llevar una vida lo más normal posible. “Mis hijas son adolescentes. En enero se van a cumplir diez años de este hecho. Mi hija más grande estudió en la Universidad de Buenos Aires. Arquitectura. La más chica está terminando el colegio secundario, es muy deportista y tiene una vida lo más normal posible”, comentó, pero subrayó que siempre están en comunicación y mantienen prudencia a la hora de compartir información sobre sus movimientos.

El asesinato de Nisman, según la jueza, no solo fue un atentado contra la vida del fiscal, sino también contra su entorno más cercano. “Sin duda el asesinato de Nisman tuvo mucho que ver con gente que estaba íntimamente vinculada a él”, cerró su participación en el evento con una mirada que invita a la reflexión sobre las ramificaciones de la muerte del fiscal y la lucha por esclarecer la verdad.