Los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, impulsan una reforma constitucional que impedirá a los opositores participar en cargos electivos y extenderá a siete años el mandato presidencial, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) divulgado el miércoles en Costa Rica. El centro de pensamiento, integrado por investigadores de distintos países de Centroamérica, sostuvo que las modificaciones buscan consolidar una “sucesión dinástica” en favor de Murillo, esposa de Ortega.

“La dictadura avanza con prisas en la sucesión dinástica, específicamente trasladando el poder de Daniel Ortega a Rosario Murillo; pero, considerando que Murillo es una figura que goza de una muy baja o nula legitimidad entre sus propias filas e incluso su círculo más cercano de leales, se ha dado a la tarea de conseguirla a toda costa en el menor tiempo posible”, argumentó el Cetcam.

El análisis vinculó ese proceso con las reformas aprobadas a principios de septiembre, en primera legislatura, por la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control del régimen sandinista. La iniciativa requiere una segunda aprobación para entrar en vigor. Las enmiendas surgieron semanas después de que Ortega, de 80 años, afirmara durante un acto oficial que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. Esa declaración recibió críticas internacionales.

Para el Cetcam, las reformas representan “un intento más para cerrar cualquier resquicio legal que signifique una dificultad u obstáculo para el ascenso de Murillo y la toma total del poder”. “Los cambios iniciaron en 2025 con la imposición de, prácticamente, una nueva Constitución que modificó la naturaleza del régimen político, el Estado y el ejercicio de derechos ciudadanos fundamentales”, explicó el centro en su documento.

La nueva reforma, cuya ratificación está prevista para el 18 de enero de 2027, impedirá de forma expresa la participación electoral de toda persona que las autoridades califiquen como “traidor a la patria”. Ese término ya alcanzó a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

Según el Cetcam, la medida permitirá que las autoridades excluyan por tiempo indefinido a bloques opositores y voces críticas del régimen que aspiren a cargos de elección popular. La iniciativa también amplía de seis a siete años los períodos de las autoridades elegidas por voto popular. La misma duración regirá para quienes la Asamblea Nacional elija o ratifique, entre ellos el jefe del Ejército y el de la Policía.

Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Las reformas constitucionales de 2025 extendieron el período presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios quedaron previstos para 2027. Con la nueva modificación, la elección pasaría a noviembre de 2028.

Ortega mantiene el poder en Nicaragua desde 2007 y sumará 30 años en el poder. El ex guerrillero sandinista coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y ejerció la Presidencia por primera vez entre 1985 y 1990.

La represión del régimen de Ortega y Murillo

En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas provisionales para proteger a nueve personas privadas de libertad en Nicaragua, ante denuncias por el deterioro de su salud, aislamiento, agresiones y amenazas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.

El pedido comprende a Walter José Balmaceda Ruiz, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Zacarías Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta González, Leonel Antonio Poveda Palacios, José Olivar Meza Raudez, Wilfredo Balmaceda Castrillo y José Ricardo Cortez Dávila.

Los nueve permanecen detenidos en el centro penitenciario La Modelo, donde, según la CIDH, afrontan una situación de “extrema gravedad y urgencia”, con riesgo de daños irreparables a sus derechos.

La Comisión ya había otorgado medidas cautelares en favor de los detenidos el 12 de diciembre de 2025. Desde entonces, indicó el organismo, Nicaragua no remitió información que permita establecer la adopción de mecanismos efectivos de protección. Tampoco informó sobre acciones coordinadas con los beneficiarios o sus representantes para reducir los riesgos denunciados dentro del sistema penitenciario.

(Con información de EFE)

Este año se cumple el 35 aniversario de las elecciones presidenciales nicaragüenses que expulsaron a los sandinistas del poder. Yo desempeñé un pequeño papel en las primeras elecciones de la historia del mundo en las que un régimen comunista fue derrocado en las urnas.

Hoy en día, muchas cosas siguen igual en Nicaragua: el país sufre la misma pobreza extrema, la misma opresión y corrupción gubernamental, e incluso el mismo dictador sandinista, Daniel Ortega, que perdió aquellas históricas elecciones en febrero de 1990, pero que más tarde volvió al poder y nunca olvidó las “lecciones” de su derrota.

En aquel momento, la idea de que Ortega pudiera perder parecía inimaginable para la mayoría de la gente. Tras las guerras de poder de los años ochenta y con la cortina de hierro todavía muy presente, Centroamérica -especialmente Nicaragua- era un frente crucial en la batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin ser conscientes de que el mundo iba a cambiar repentinamente, los sandinistas confiaban plenamente en la victoria y trataron de legitimar su gobierno celebrando elecciones libres.

La coalición opositora de 14 partidos eligió como candidata a Violeta Chamorro, directora del influyente diario La Prensa. Su marido había sido asesinado por la dictadura Somoza en 1978, y era muy apreciada por los nicaragüenses de todas las tendencias. Pero los sandinistas, en el poder desde hacía 10 años, tenían todas las cartas para ganar las elecciones: recursos estatales ilimitados para financiar su campaña, el aparato de seguridad e inteligencia para acosar e intimidar a sus oponentes y -salvo La Prensa- todos los medios de comunicación de masas.

Sin recursos ni experiencia electoral, la oposición pidió ayuda a Estados Unidos.

Un grupo de congresistas simpatizantes reunió algunos fondos para que un pequeño equipo de tres consultores de campaña estadounidenses fuera a ayudar. Necesitaban a alguien joven, barato, con experiencia en campañas y que hablara español. Y así fue como, en otoño de 1989, tomé un vuelo a Managua.

La capital nicaragüense aún mostraba claras cicatrices de 1972, cuando un mortífero terremoto destruyó la ciudad y dejó a 300.000 personas sin hogar. El predecesor de Ortega, el vilipendiado régimen de Somoza, se embolsó toda la ayuda enviada desde el extranjero; en los años transcurridos desde el derrocamiento de Somoza en 1979, el comunismo y la guerra habían impedido cualquier reconstrucción significativa.

Recurrimos a la única táctica de campaña disponible en un lugar así: los mítines y el contacto cara a cara con los votantes.

Durante meses, recorrimos el país en caravanas de coches y camiones con Doña Violeta y su compañero de fórmula Virgilio Godoy, visitando cada aldea lejana y celebrando mítines en las plazas de los pueblos. Además de eludir el monopolio mediático del régimen y permitir que los votantes vieran y oyeran a nuestros candidatos, esta estrategia tenía otra ventaja: los nicaragüenses empezaron a perder el miedo a la represión sandinista y a creer que su voto podía cambiar las cosas.

No es que los sandinistas no intentaran infundir miedo. Los ciudadanos eran amenazados con represalias o violencia si acudían a las concentraciones. En todos los encuentros, grupos de forzudos progubernamentales -las llamadas turbas divinas- rondaban la periferia para lanzar piedras a la multitud o golpear a los rezagados.

Nuestras caravanas de campaña eran bloqueadas regularmente con árboles talados y pinchos en la carretera. Cambiábamos ruedas pinchadas por docenas. Nuestro pequeño equipo de campaña estaba bajo la vigilancia constante de la policía secreta: nuestros teléfonos estaban pinchados, hombres sospechosos nos seguían a todas partes y en mi habitación alquilada faltaban documentos y notas.

Una noche, en el bar del Hotel Intercontinental, donde se reunían todos los expatriados y periodistas extranjeros, el jefe de la seguridad del Estado y miembro fundador de los sandinistas, Tomás Borge, se sentó a mi lado y empezó a charlar mientras su guardaespaldas, fuertemente armado, permanecía amenazadoramente a escasos centímetros de mi espalda. Conociendo su reputación de despiadado y de hacer desaparecer a los disidentes, probablemente yo era un pésimo interlocutor.

Unas semanas antes de las elecciones, cayó el Muro de Berlín. Para aprovechar el momento, la Sra. Chamorro viajó a Europa para recabar apoyos. Volvió con un trozo del muro, que ocupó un lugar destacado en todas sus apariciones públicas durante el resto de la campaña, mientras aseguraba a las multitudes que los sandinistas serían el siguiente ladrillo en caer.

El día de nuestro mitin de clausura en Managua, los sandinistas encontraron formas creativas de obstaculizarnos.

Para impedir nuestros esfuerzos de movilización, convocaron reuniones obligatorias de todos los sindicatos de ferrocarrileros, autobuseros y camioneros del país. Para convencer a la gente de que se quedara en casa, emitieron Batman, la segunda película más taquillera de 1989, que todavía se proyectaba en los cines de América Latina, en una emisora de televisión por aire. En la otra única emisora del país, emitieron el ya legendario combate de boxeo entre Mike Tyson-Buster Douglas, en el que solo dos semanas antes Tyson había sufrido su primer knockout y había perdido la corona de campeón mundial indiscutible de los pesos pesados.

El día de las elecciones, la Sra. Chamorro obtuvo una aplastante victoria (55%-41%) que asombró al mundo, pero no a su equipo de campaña. Ortega aprendió demasiado tarde que, en las dictaduras, los votantes no comparten sus intenciones con los encuestadores.

Se denunciaron muchos incidentes de intimidación gubernamental y supresión de votantes en todo el país, pero aparentemente -debido al exceso de confianza sandinista- no hubo ningún esfuerzo sistemático para robar las elecciones.

Según nuestros contactos en el búnker sandinista, Fidel Castro llamó furioso a su protegido Ortega esa noche, reprochándole que se anduviera con “tonterías burguesas” como las elecciones.

La otra voz, menos feliz, en nuestro búnker era la de la diplomacia itinerante de Jimmy Carter, que buscaba conseguir que Ortega aceptara los resultados y abandonara el poder.

El ex presidente encabezaba su primera misión de alto nivel desde que el Centro Carter había empezado a observar las elecciones unos meses antes.

Lamentablemente, Carter persuadió a Chamorro -en contra de la oposición casi unánime de sus asesores- para que aceptara la continuidad del control sandinista del ejército y los servicios de inteligencia como precio por su cooperación. Como resultado, se vio minada desde dentro de su propio gobierno desde el primer día.

Daniel Ortega regresó al poder en 2007 y no volvió a repetir el “disparate burgués” de 1990.

Inmediatamente, se dedicó a consolidar su control sobre todas las instituciones del gobierno. Se hizo con el control del Poder Legislativo, nombró un Tribunal Supremo dócil para eliminar todos los impedimentos constitucionales a su continuidad en el poder, e instaló un Consejo Supremo Electoral igualmente maleable para refrendar sus varias reelecciones amañadas.

Cooptó, encarceló y prohibió cualquier figura de la oposición política que pudiera amenazar su control del poder, incluida la hija de doña Violeta, Cristiana, que ha permanecido bajo arresto domiciliario desde que intentó presentarse a las elecciones presidenciales de 2021.

Además, diseñó una brutal represión de la disidencia interna que ha enviado al exilio a aproximadamente el 10% de la población nicaragüense.

Su mentor Fidel Castro, que vivió lo suficiente para ver el regreso de Ortega al poder, se habría sentido orgulloso.

Publicada originalmente en Americas Quaterly.