Estados Unidos impuso sanciones a una red internacional que contrabandeaba gas licuado de petróleo (GLP) de origen iraní disfrazado como GLP omaní hacia mercados del sur y el este de Asia, según informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el viernes. Las medidas alcanzan a individuos, empresas y buques cisterna implicados en la operación ilegal, en el contexto de la política de presión de la administración de Donald Trump sobre las arcas del régimen iraní, en medio de las truncas negociaciones bilaterales.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción afecta a doce entidades, entre las que figuran cinco compañías con sede en las Islas Marshall, cuatro en los Emiratos Árabes Unidos y una en China. Además, fueron sancionados seis buques cisterna de GLP, incluidos cuatro con bandera panameña.

El organismo estadounidense detalló que la red utilizó empresas fachada en los Emiratos Árabes Unidos y China, junto con cuentas bancarias extranjeras, para mover millones de barriles de GLP iraní, ocultando su origen con el propósito de eludir las sanciones estadounidenses.

“El Tesoro continuará desmantelando la flota clandestina de Irán, sus redes bancarias en la sombra y su acceso al comercio mundial”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado oficial. En la misma línea, el departamento señaló que la operación descubierta constituye un intento sistemático de sortear el régimen de sanciones vigente.

“Estas sanciones forman parte de la campaña ‘Furia Económica’ de la Administración, que mantiene la máxima presión sobre el régimen iraní y perturba su capacidad para generar ingresos para el desarrollo de armas, el apoyo a grupos terroristas afines y la agresión regional”, dijo el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Tommy Pigott.

Las sanciones también alcanzan a la casa de cambio iraní Mehrdad Geramian Nik and Partners Co y a sus directivos. Según la información publicada por el Departamento del Tesoro, la entidad facilitó el movimiento de cientos de millones de dólares en divisas extranjeras para bancos iraníes previamente sancionados.

Con esta medida, Estados Unidos refuerza la estrategia de presión económica contra la república islámica y busca obstaculizar los mecanismos financieros y logísticos empleados para evadir las restricciones impuestas.

El pasado martes, la misma cartera estadounidense designó a Nobitex, la mayor plataforma de activos digitales de Irán, junto a otras tres bolsas de criptomonedas —Bitpin, Ramzinex y Wallex— como entidades sancionadas en la que constituye la acción más directa hasta ahora contra la infraestructura financiera digital del régimen de Teherán. La medida incluye a cuatro ciudadanos iraníes, entre ellos los dos cofundadores de Nobitex y su director ejecutivo.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Nobitex procesó más del 50% de todas las entradas de activos digitales en Irán durante 2025. La plataforma, que cuenta con más de 11 millones de usuarios registrados, gestionó transacciones relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), operadores de ransomware vinculados a esa organización y maniobras del Banco Central de Irán para acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins con el objetivo de sostener el rial. De acuerdo con la firma de análisis blockchain TRM Labs, Nobitex procesó cerca de 5.000 millones de dólares entre 2025 y marzo de 2026. Por su parte, Bloomberg estimó el mercado cripto total iraní en unos 7.800 millones de dólares en marzo.

Bessent fundamentó la decisión: “El régimen iraní se apropió de las tecnologías de activos digitales para sus propios fines corruptos, incluida la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza al extranjero, mientras su economía colapsa”. Estas declaraciones se inscriben en la campaña de presión máxima de la administración del presidente Donald Trump, que desde febrero de 2025 sancionó a cerca de 1.000 personas, buques y aeronaves relacionados con Irán, según datos del propio OFAC.

Las sanciones llegan tras una investigación publicada por Reuters en la que se identificó a los fundadores de Nobitex como Ali y Mohammad Kharrazi, miembros de una de las familias más influyentes de la República Islámica. Ambos inscribieron la empresa bajo el apellido alternativo Aghamir, utilizado en documentación corporativa, ámbito universitario y materiales de marketing, mientras que otros familiares empleaban públicamente el apellido Kharrazi.

Su abuelo integró la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de designar al líder supremo, y fue tutor de Mojtaba Khamenei, actual líder supremo. El padre de los hermanos, el ayatolá Bagher Kharrazi, fundó la organización política iraní Hezbollah y participó en la formación del CGRI tras la revolución de 1979. El tercer sancionado es Amir Hossein Rad, director ejecutivo de Nobitex.

(Con información de Reuters)

En México, tener una factura electrónica ya no es suficiente para acreditar una deducción o un crédito fiscal. Desde el 1 de enero de 2026, una reforma al Código Fiscal de la Federación obliga a cualquier contribuyente a demostrar que cada Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) ampara una operación que realmente ocurrió.

Quien no pueda probarlo enfrenta desde la suspensión inmediata de su capacidad de facturar hasta cargos penales con penas de hasta nueve años de prisión. El cambio proviene de la fracción IX incorporada al artículo 29-A del CFF, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025.

La norma establece que los comprobantes deben amparar “operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales”. Si no cumplen ese requisito, se consideran falsos —incluso si fueron timbrados válidamente por el propio SAT o por un proveedor autorizado de certificación.

La materialidad: de criterio de auditoría a obligación legal

Hasta 2025, la “materialidad de operaciones” era un concepto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicaba de forma interpretativa durante sus revisiones. Los tribunales lo habían avalado, pero no existía un texto legal expreso que lo exigiera al momento de emitir o recibir una factura.

Con la reforma 2026, ese concepto —junto con los de sustancia económica, razón de negocios y fecha cierta— quedó incorporado directamente al CFF. La consecuencia es que la validez de un CFDI ya no se evalúa únicamente por su estructura técnica o su correcto timbrado, sino por la realidad de la transacción que lo origina.

Un comprobante puede estar perfectamente formateado en XML, contar con todos los campos requeridos y haber pasado las validaciones del SAT, y aun así ser declarado falso si la operación que ampara no puede demostrarse.

El artículo 49 Bis: visita exprés y facturación bloqueada desde el primer día

Para hacer cumplir la nueva obligación, la reforma creó el artículo 49 Bis del CFF, un procedimiento de verificación que opera de forma radicalmente distinta a una auditoría tradicional.

El mecanismo arranca con una presunción en contra del contribuyente: la orden de visita señala expresamente por qué el SAT sospecha que los CFDI emitidos son falsos. Desde el momento en que se notifica esa orden, el Certificado de Sello Digital (CSD) queda suspendido de forma inmediata, lo que impide emitir cualquier nueva factura hasta que se resuelva el procedimiento.

La visita puede realizarse en el domicilio fiscal, en bodegas, oficinas, puntos de venta fijos o semifijos, o en cualquier lugar vinculado a las operaciones facturadas. Durante la inspección, los visitadores del SAT están facultados para documentar sus hallazgos con fotografías, grabaciones de audio y video.

Cinco días para probar, 24 para resolver

Una vez iniciada la visita, el contribuyente cuenta con 5 días hábiles para presentar las pruebas que desvirtúen la presunción de falsedad. La autoridad tiene 15 días hábiles adicionales para emitir su resolución. El proceso completo puede concluir en menos de un mes.

Desde el 1 de enero de 2026, el SAT puede verificar si las transacciones registradas en un CFDI son reales, solicitar evidencia al contribuyente y, si determina que el comprobante es falso, publicar el nombre y el RFC del emisor en su portal y en el Diario Oficial de la Federación. El procedimiento completo puede resolverse en 24 días hábiles, un plazo que los especialistas consideran extraordinariamente breve para reunir la documentación exigida.

Si el contribuyente no logra desvirtuar la presunción, los CFDI se declaran falsos con efectos generales y el CSD se cancela de forma definitiva.

Qué documentos exige ahora el SAT

Contratos, estados de cuenta y facturas son apenas el punto de partida. Según los criterios del SAT y la regla 2.9.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, el expediente de materialidad debe demostrar cuatro elementos:

Sustancia económica: la operación debe tener un propósito de negocio real, no solo un beneficio fiscal.

Capacidad operativa del proveedor: personal inscrito en el IMSS suficiente para ejecutar el servicio, infraestructura verificable, domicilio fiscal localizable y actividad económica registrada congruente con lo facturado.

Evidencia de prestación: entregables, reportes, fotografías del trabajo realizado, bitácoras, correos electrónicos con metadatos, órdenes de compra y minutas.

Trazabilidad financiera: pagos mediante transferencia electrónica (SPEI) o cheque nominativo. Los pagos en efectivo superiores a $2,000 MXN no acreditan materialidad. Además, los contratos deben estar protocolizados ante fedatario público para garantizar la fecha cierta.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) emitió el 16 de enero de 2026 un comunicado en el que instó a los contribuyentes a conservar y organizar toda esa documentación —tanto física como digital— antes de que llegue una notificación del SAT, no después.

El efecto dominó sobre quienes recibieron las facturas

Las consecuencias no se limitan al emisor del comprobante declarado falso. Los contribuyentes que recibieron esos CFDI —y los utilizaron para deducir gastos o acreditar IVA— pierden la posibilidad de demostrar por su cuenta la materialidad de las operaciones.

Su única salida es presentar una declaración complementaria dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación en el Diario Oficial, revirtiendo todos los efectos fiscales aplicados. Si no lo hacen en ese plazo, el SAT restringe también su propio Certificado de Sello Digital, dejándolos sin capacidad de facturar.

La reforma tipifica como delito —con penas de 2 a 9 años de prisión— la expedición, adquisición, compra o uso de comprobantes fiscales falsos, tanto para quienes los emiten como para quienes les dan efectos fiscales a sabiendas. Las multas pueden alcanzar el 55% del monto total facturado.

Algoritmos e inteligencia artificial: el SAT ya sabe a quién visitar

La selección de contribuyentes sujetos al artículo 49 Bis no es aleatoria. El SAT opera modelos algorítmicos que cruzan en tiempo real los CFDI emitidos y recibidos, las declaraciones de impuestos, los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la información bancaria y los datos de comercio exterior.

Cuando ese cruce detecta inconsistencias —por ejemplo, un proveedor que factura servicios de ingeniería sin trabajadores registrados ante el IMSS, o una empresa con deducciones que superan cuatro veces el monto de sus créditos fiscales pendientes— el sistema genera una alerta que puede derivar en la activación automática del procedimiento expedito.

El punto más relevante para el contribuyente es la inversión de la carga probatoria: no es el SAT quien debe demostrar que la operación fue falsa, sino el contribuyente quien debe probar que fue real. Para 2026, la autoridad tiene programadas más de 16,200 auditorías, con criterios uniformes aplicados en las 32 entidades federativas.

La presión de Washington está acelerando la retirada de empresas extranjeras de Cuba: tras una compañía minera y grupos hoteleros, ahora es un banco el que suspendió sus transacciones con la isla, lo que conlleva el cese de los pagos con tarjetas Visa y Mastercard.

El Banco Central de Cuba informó este miércoles que las operaciones de pago con las tarjetas Visa y Mastercard quedarán suspendidas en el país a partir del sábado, después de que un banco extranjero cesara, bajo presión de Washington, su relación con Fincimex, brazo financiero del conglomerado económico-militar Gaesa, sancionado por EEUU.

“Con fecha 2 de junio se ha recibido comunicación del banco extranjero, procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas Visa y Mastercard, de interrumpir su relación con Fincimex S.A.”, señaló el Banco Central de Cuba en un comunicado.

“Dicha interrupción se relaciona directamente con la orden ejecutiva (...) emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia”, añadió el banco.

Trump, que impone desde enero un bloqueo petrolero a Cuba, firmó el 1 de mayo un decreto presidencial que refuerza las sanciones contra La Habana, reiterando que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de la costa de Florida, representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Como parte de su política de “máxima presión”, Washington ha puesto su mira en el Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa), un conglomerado vinculado a las fuerzas armadas cubanas que controla importantes sectores de la economía de ese país.

El gobierno de Trump acusa a las autoridades del régimen de Cuba de tratar de sortear el bloqueo comercial que rige desde 1962 y de conseguir divisas extranjeras a través del grupo, así como de usarlo como herramienta para la corrupción.

En correspondencia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) estableció el viernes como fecha límite para que las empresas extranjeras que tienen negocios con Gaesa reajusten sus operaciones o enfrenten las sanciones de Washington.

Las medidas pueden implicar dificultades para acceder al sistema financiero internacional o realizar transacciones, la prohibición de que los bancos trabajen con estas empresas o la congelación de activos.

El impacto de la medida

La cadena española de hoteles Meliá anunció este miércoles que cesará sus operaciones en 15 hoteles que gestiona en Cuba junto con Gaesa.

“Ante los acontecimientos y circunstancias que van sucediendo en el contexto geopolítico social, legal y económico de la República de Cuba”, Meliá informó en un comunicado que “ha adoptado la decisión de concluir de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización” de estos hoteles en la isla.

Meliá se unió así a la cadena hotelera española Iberostar y a la canadiense Blue Diamond, que anunciaron en días pasados que cesaban parcial o totalmente sus operaciones turísticas en Cuba.

En el caso de Iberostar, dejó de administrar 12 hoteles, aunque, al igual que Meliá, continuará operando otros hoteles en la isla en asociación con el Ministerio del Turismo.

Iberostar y Meliá fueron las primeras cadenas hoteleras españolas en llegar a Cuba, después que la isla se abriera al turismo internacional para salir de la crisis provocada por la caída del bloque soviético en 1991. El grupo canadiense Blue Diamond también anunció esta semana que cesaba sus operaciones en Cuba.

A mediados de mayo, la naviera francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd suspendieron “temporalmente” sus reservas de carga a Cuba debido a la orden ejecutiva estadounidense.

Un portavoz de Hapag-Lloyd declaró a la agencia de noticias AFP el miércoles que la compañía seguía analizando las consecuencias de las sanciones estadounidenses anunciadas recientemente.

Dentro del sector de la minería, también en el radar de Washington, la canadiense Sherritt se convirtió el pasado 7 de mayo en la primera compañía extranjera en anunciar que abandonaba Cuba, donde extraía níquel y cobalto desde la década de 1990 a través de una empresa mixta.

“El impacto para la economía cubana de la salida de todas estas compañías internacionales en el corto plazo es devastador”, declaró a la AFP el economista y consultor cubano Daniel Torralbas. “Esto ubica al 2026 como el peor año en la historia económica de Cuba en los últimos 70”, apuntó.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, firme opositor del régimen de La Habana, acusó hace dos semanas a los líderes cubanos de robo y corrupción a través de Gaesa, una empresa que, según el Departamento de Estado, posee activos por valor de 18.000 millones de dólares y controla hasta el 70% de la economía de la isla.

La hotelera indonesia Archipielago International aplazó la decisión de un regreso a Cuba

Por su parte, la cadena indonesia Archipelago International, reconocida como el grupo hotelero más grande del Sudeste Asiático, ya figura entre las empresas del sector que han abandonado total o parcialmente Cuba en la última semana.

Según declaraciones a la agencia EFE, la compañía esperará “a ver qué sucede” antes de considerar un posible regreso a la isla.

El director de comunicaciones del grupo, Sari Purbaningrum, afirmó que la “situación global es incierta por ahora”, por lo que la empresa mantendrá la espera antes de tomar una decisión sobre su retorno.

Archipelago International, responsable de proyectos como el Grand Aston en el Malecón habanero, cesó la gestión de los seis hoteles que operaba en Cuba el miércoles. Así, se sumó a la salida de las mencionadas cadenas españolas Meliá e Iberostar y de la canadiense Blue Diamond, que fue la primera en tomar esa medida.

Estas decisiones se relacionan de forma directa con la Orden Ejecutiva estadounidense del 1 de mayo, que establece sanciones para personas y empresas con negocios en La Habana.

Este jueves, las principales plataformas de viajes no permitían reservar habitaciones en ninguno de los seis hoteles que la compañía gestionaba en la isla hasta el día anterior. Varias páginas web también presentaban errores al intentar acceder a ellas.

Archipelago International ingresó al mercado cubano en 2017, tras consolidar su negocio durante dos décadas, principalmente en el mercado local. Su primer proyecto fue el Grand Aston Varadero Resort, en el centro de la ciudad turística de Varadero.

La cadena fue fundada en Indonesia en 1997, con dos hoteles iniciales: uno en Yakarta y otro en Bali, ambos bajo la marca Aston. En 2013, la empresa matriz adoptó el nombre actual de Archipelago International.

El grupo, según su página web, es de propiedad privada y cuenta con más de 45.000 habitaciones y residencias en más de 200 ubicaciones en el Sudeste Asiático, el Caribe, Oriente Medio y Oceanía.

Antes de su salida de Cuba, Archipelago International gestionaba seis hoteles en la isla, entre ellos Grand Aston Cayo Las Brujas, Aston Panorama Hotel y Aston Costa Verde Beach Resort.

Entre enero y abril, Cuba recibió solo 328.608 turistas internacionales, lo que representa una caída del 55,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En abril, la cifra apenas alcanzó los 30.551 visitantes, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El Gobierno de Estados Unidos anunció el martes nuevas sanciones contra miembros de la cúpula de los grupos armados Movimiento 23 de Marzo (M23) y Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), con el objetivo de abordar las amenazas a la estabilidad y la violencia étnica en el este de la República Democrática del Congo (RDC), país sumido recientemente en una crisis humanitaria por una cepa específica de ébola que ya causó más de 40 muertes.

En un comunicado firmado por el portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, se detalló la designación de altos mandos de ambas organizaciones, previamente incluidas en la lista de grupos sancionados por Washington.

El Departamento de Estado identificó a Gustave Kubwayo como “comandante de una unidad de inteligencia y operaciones especiales de las FDLR”, grupo formado en el año 2000 por refugiados hutu y milicias ruandesas tras el genocidio de 1994.

La cartera estadounidense sostuvo que las FDLR “han perpetrado violencia étnica contra civiles, utilizado niños soldados, cometido violencia sexual y lanzado ataques transfronterizos que siguen amenazando la seguridad de Ruanda”.

Por otra parte, Washington sancionó a John Imani Nzenze, descrito como “jefe de inteligencia del M23”, grupo armado respaldado por Ruanda y señalado por asesinatos, graves violaciones de derechos humanos y ataques contra civiles en el este de la RDC, donde mantiene el control de la ciudad de Goma y zonas de la provincia de Kivu Sur.

Según el comunicado, la administración del presidente Donald Trump está “firmemente comprometida a garantizar que todas las partes cumplan sus compromisos en virtud de los históricos Acuerdos de Washington para la Paz y la Prosperidad y el Marco de Doha”, y afirmó que continuará “utilizando todos los instrumentos disponibles para promover una estabilidad duradera en la región”.

El Departamento del Tesoro también se pronunció sobre las sanciones. Su titular, Scott Bessent, afirmó: “La violencia persistente de los grupos armados está exacerbando una crisis humanitaria ya de por sí grave y representa una amenaza para los intereses de Estados Unidos en la región. Las sanciones impuestas hoy respaldan una resolución pacífica y el fin del derramamiento de sangre”.

La nota, difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), subraya que “Estados Unidos espera que RDC neutralice a las FDLR y a los grupos afiliados” y que “Ruanda retire sus tropas y equipo militar de RDC y cese todo apoyo al M23, de conformidad con los compromisos establecidos” en los acuerdos alcanzados en Estados Unidos y Qatar.

Un episodio de violencia extrema impactó el este de la República Democrática del Congo (RDC) durante julio de 2025, cuando el grupo armado M23, respaldado por el gobierno de Ruanda, ejecutó a civiles en al menos 14 aldeas y zonas agrícolas ubicadas principalmente en el territorio de Rutshuru, en la provincia de Kivu del Norte.

Un informe de Human Rights Watch (HRW) denunció el asesinato de más de 140 personas, en su mayoría pertenecientes a la etnia hutu, durante una ola de ataques perpetrados por el M23. Estimaciones de la ONU advierten que el número real de víctimas podría superar las 300, en uno de los episodios más graves atribuidos al grupo desde 2021.

El este de RDC permanece como uno de los escenarios más complejos de África. Según Naciones Unidas, la región alberga valiosos recursos minerales y es disputada por más de cien grupos armados, entre ellos el M23, compuesto principalmente por tutsis congoleños y directamente vinculado a Kigali. Desde el resurgimiento del M23 en 2021, la zona registra desplazamientos masivos y abusos recurrentes a los derechos humanos.

(Con información de Europa Press)

El domingo 21 de junio de 2026, más de 41 millones de colombianos están convocados para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un proceso clave para definir el futuro liderazgo del país.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha dispuesto nuevamente mecanismos digitales como el chatbot institucional, la aplicación ‘aVotar’ y el portal web oficial para que los ciudadanos consulten anticipadamente su lugar de votación, una herramienta vital tanto para quienes han cambiado de residencia como para quienes votan por primera vez.

Para la segunda vuelta, 40.007.312 ciudadanos están habilitados para votar en Colombia, distribuidos en 118.346 mesas en 13.489 puestos de votación (6.010 urbanos y 7.479 rurales). En el exterior, 1.414.661 personas podrán sufragar en 253 puestos habilitados en 67 países.

La pregunta recurrente entre quienes participaron como jurados de votación el 31 de mayo es si deben repetir su función en la segunda vuelta del 21 de junio. La respuesta de la Registraduría Nacional es clara: sí, los jurados designados para la primera vuelta deben presentarse nuevamente en la segunda vuelta presidencial, salvo que la entidad realice algún cambio específico en las designaciones.

Cabe señalar que no se realiza un nuevo sorteo para la ronda definitiva; el sorteo de jurados es único para ambas jornadas electorales y sus designaciones permanecen vigentes para la segunda vuelta.

Esta continuidad en la designación obedece a la necesidad de garantizar la transparencia y la eficiencia del proceso, evitando confusiones logísticas y asegurando la presencia de jurados ya capacitados. Solo si la Registraduría realiza alguna modificación o sustitución específica, los ciudadanos serán notificados oportunamente.

Obligaciones y sanciones para los jurados

El servicio de jurado de votación es obligatorio. Quienes no asistan sin justa causa, o abandonen la mesa, pueden enfrentar sanciones serias: los servidores públicos pueden ser destituidos, mientras que los particulares pueden recibir una multa de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, que para 2026 equivale a $17.509.000.

Derechos y beneficios

Ser jurado de votación implica tanto deberes como derechos. El más importante es el día de descanso compensatorio remunerado, derecho consagrado en el artículo 105 del Código Electoral. Este día libre puede hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles posteriores a la jornada electoral, previa coordinación con el empleador, tanto en el sector público como privado.

El procedimiento para reclamarlo requiere presentar el certificado original expedido por la Registraduría ante el área de Recursos Humanos o el jefe inmediato. El empleador no puede negar el día de descanso ni descontar salario; el trabajador puede acudir al Ministerio de Trabajo si esto ocurre.

Adicionalmente, todos los ciudadanos que votan —incluidos los jurados— tienen derecho a media jornada de descanso remunerado, a disfrutar dentro del mes siguiente a la elección y presentando el certificado electoral. Si una persona fue jurado y también votó, puede acumular ambos permisos: un día y medio de descanso.

Funciones y jornada del jurado de votación

Los jurados tienen asignados cargos de presidente, vicepresidente y vocal, mientras que otros tres actúan como suplentes. Entre sus responsabilidades están el control de la mesa, registro de votantes, entrega de tarjetas electorales, autorización del voto y vigilancia de la urna. Tras el cierre de la jornada, deben permanecer para el escrutinio de mesa, conteo de votos y entrega de formularios.

El horario para jurados inicia a las 7:30 a. m., con atención al público desde 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. y labores de escrutinio hasta concluir el proceso. Es obligatorio mantener la neutralidad política y la presentación adecuada; los jurados no pueden portar prendas ni distintivos de campaña ni ejercer como testigos electorales.

El universo de jurados incluye empleados de empresas privadas (40%), estudiantes (26%), docentes (15%), funcionarios públicos (15%) y simpatizantes de organizaciones políticas (4%). La diversidad busca garantizar imparcialidad y representatividad en cada mesa de votación.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, quien no ha sido visto públicamente desde que asumió el cargo tras resultar herido en ataques estadounidenses e israelíes, se encuentra vivo y cada vez más activo en las negociaciones con Washington. Rubio realizó estas declaraciones ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en un contexto donde las conversaciones para poner fin a la guerra que desde hace tres meses sacude Oriente Medio y ha provocado una crisis energética global permanecen estancadas.

Rubio detalló que “hay indicios de que está participando cada vez más, en algún nivel”, aunque aclaró que “todas sus comunicaciones han sido por escrito y a través de intermediarios”. Mojtaba Khamenei, de 56 años, sucedió a su padre Ali Khamenei, quien murió durante la primera oleada de ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, hecho que desencadenó el conflicto actual.

Condiciones para una posible negociación con Irán

Durante su intervención, Rubio expresó esperanza de alcanzar un acuerdo con Irán, pero condicionó cualquier levantamiento de sanciones a que Teherán acepte limitar severamente su programa nuclear. “Existe la posibilidad ante nosotros, que podría concretarse hoy, podría concretarse mañana, podría concretarse la próxima semana”, afirmó.

El funcionario estadounidense subrayó que entre las condiciones fundamentales para avanzar en la negociación, Irán debe anunciar de forma clara la reapertura del estrecho de Ormuz, principal vía marítima para el petróleo y el gas del Golfo, y garantizar la seguridad de la navegación.

“Deben anunciar ‘El estrecho está ahora abierto, no estamos cobrando ningún peaje’. Ayudaremos a retirar las minas que ellos colocaron allí y no dispararán contra los barcos”, señaló Rubio ante la comisión. Además, insistió en que Irán debe aceptar negociar “severas y prolongadas limitaciones y/o la cancelación de la actividad de enriquecimiento” de uranio.

Exigencias sobre el programa nuclear y el alivio de sanciones

Rubio enfatizó que Irán enfrenta sanciones por haber enriquecido uranio a niveles muy altos y por sus actividades nucleares. Recalcó que solo un compromiso firme de renunciar a estas prácticas podría llevar a un alivio de las sanciones internacionales. El senador demócrata Chris Murphy preguntó durante la sesión si Washington estaba dispuesto a ofrecer incentivos adicionales a Teherán, particularmente en relación con la reapertura del estrecho de Ormuz. Rubio respondió que “no, eso no se ha discutido. No se ha ofrecido”.

En las audiencias, Rubio también abordó las divisiones dentro de la cúpula iraní y explicó que la ausencia pública de Mojtaba Khamenei responde a razones de seguridad interna tras los recientes ataques. “Teniendo en cuenta lo que les ha sucedido a varios líderes de ese sistema, probablemente no se les recomiende internamente ser muy públicos”, argumentó.

Contexto político en Estados Unidos

Rubio compareció en el Capitolio en medio de crecientes interrogantes sobre la capacidad de la administración para avanzar en esfuerzos diplomáticos tras el estallido del conflicto. Paralelamente, los senadores republicanos se reunirán para discutir los próximos pasos después de que el Departamento de Justicia anunciara que acatará una orden judicial que suspende la implementación de un fondo de compensación de 1.776 millones de dólares destinado a aliados políticos del presidente Donald Trump.

Desde septiembre, Francia ha abordado otros tres buques que se cree que pertenecen a la flota fantasma, utilizada por Rusia para eludir las sanciones occidentales sobre sus exportaciones de combustibles fósiles impuestas tras la invasión de Ucrania por parte del Kremlin en 2022.

El Tagor fue detenido el domingo por la mañana en aguas internacionales con la ayuda de Gran Bretaña y otros socios, después de que su capitán ruso se negara repetidamente a cumplir las órdenes, según informaron los fiscales.

“Consideramos que estos actos son ilegales. Rayan en la piratería internacional“, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. “Rusia está tomando medidas para garantizar la seguridad de su carga”.

Sospechoso de transportar petróleo ruso o iraní a pesar de las sanciones internacionales, el Tagor está vinculado al magnate del transporte petrolero Mohammad Hossein Shamkhani, según la base de datos de fuentes abiertas Opensanctions.org.

Según las autoridades francesas, el Tagor se dirigía desde Murmansk, en el noroeste de Rusia, cuando fue abordado.

El barco enarbolaba falsamente pabellón camerunés y se dirigía hacia Limbe, una ciudad costera al oeste del país africano, dijo un portavoz de la prefectura marítima del Atlántico de Francia.

“Es inaceptable que los buques eludan las sanciones internacionales, violen el derecho del mar y financien la guerra que Rusia lleva librando contra Ucrania desde hace más de cuatro años", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron.

Macron publicó un video que, según las autoridades, mostraba la incautación, en el que se veía a comandos descendiendo en rappel desde un helicóptero hasta el buque.

La Prefectura Marítima del Atlántico indicó que la interceptación tuvo lugar a más de 400 millas náuticas (740 kilómetros) al oeste de Bretaña.

“El examen de los documentos confirmó las sospechas sobre la irregularidad del pabellón que enarbolaba", señaló la prefectura.

El buque, que contaba con 23 tripulantes, estaba “siendo escoltado por la Armada francesa hacia un punto de fondeo para realizar comprobaciones adicionales", informó la prefectura.

Cuando se les preguntó sobre los vínculos del petrolero con Shamkhani, los funcionarios se negaron a hacer comentarios.

Shamkhani es hijo del funcionario de seguridad Ali Shamkhani, quien fue asesor del ex líder supremo iraní Ali Khamenei; ambos murieron el 28 de febrero, el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes que dieron inicio a la guerra en Oriente Medio.

El abordaje “resultó necesario”

La embajada rusa en Francia dijo que había solicitado información a las autoridades francesas sobre la composición de la tripulación.

“La parte francesa no ha proporcionado ninguna notificación sobre las medidas tomadas contra este buque”, dijo la embajada en su canal de Telegram.

El petrolero ha enarbolado las banderas de Madagascar, las Islas Marshall y Panamá.

Los fiscales dijeron que “resultó necesario tomar el control del buque”.

La fiscalía de la ciudad noroccidental de Brest informó que se había abierto una investigación penal por no poder demostrar la nacionalidad del buque, la ausencia de pabellón y la negativa a cumplir con las órdenes.

“Se trata de un buque que era conocido y al que se le había dado seguimiento”, declaró a la AFP Guillaume Le Rasle, portavoz de la prefectura marítima del Atlántico, y agregó que el buque estaba sujeto a sanciones de la UE y de EEUU.

“La decisión de desviarlo se tomó el domingo por la noche”, añadió. “El objetivo del desvío es verificar la validez de su bandera”.

Los buques de la flota fantasma cambian con frecuencia las banderas que enarbolan, una práctica conocida como “cambio de bandera”, o utilizan registros inválidos en un intento de escapar del seguimiento.

A los otros tres buques que Francia ha detenido desde septiembre bajo sospecha de pertenecer a la flota fantasma se les permitió zarpar después de que sus propietarios pagarán multas.

En abril, Francia anunció un plan para duplicar las sanciones a los buques que no enarbolen pabellón o se nieguen a cumplir las normas.

Varios países occidentales han impuesto sanciones a cientos de buques de la flota fantasma de Rusia por su invasión de Ucrania en 2022.

Casi 600 buques sospechosos de pertenecer a la flota están sujetos a sanciones de la Unión Europea.

(Información de AFP - Con Jeremy Marot en París)

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky advirtió este viernes que Rusia prepara un nuevo ataque a gran escala contra su país, citando datos de los servicios de inteligencia, e instó a sus aliados a reforzar de forma urgente los sistemas de defensa aérea.

En una publicación en Telegram, el mandatario señaló que la alerta demuestra que Moscú sigue apostando por “misiles y una mayor guerra” en lugar de la diplomacia. “Es importante que todos nuestros socios sepan lo que está sucediendo”, declaró.

Horas después, en su discurso nocturno en video, amplió la advertencia: “Nuestros servicios están respondiendo con rapidez y están preparados. La Fuerza Aérea y otros defensores del cielo trabajarán las 24 horas del día, los siete días de la semana, como siempre lo hacen".

Los residentes de Kiev llevan días preparándose para una nueva ofensiva. El presidente envió además una carta al presidente estadounidense Donald Trump alertando sobre la creciente escasez de sistemas de defensa aérea, con especial énfasis en la falta de capacidad antimisiles balísticos.

El 24 de mayo, Rusia lanzó 90 misiles y 600 drones contra Kiev y sus alrededores, con daños generalizados en la capital. El día siguiente, los bombardeos dejaron 2 muertos y decenas de heridos en todo el país.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comunicó al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio que Rusia planeaba atacar “centros de toma de decisiones” ucranianos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso instó además a los ciudadanos extranjeros, incluidos los diplomáticos, a abandonar Kiev. Ninguna embajada evacuó a su personal.

Moscú justificó esas amenazas como respuesta a un ataque con drones contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, controlada por Rusia, en el que murieron 21 personas. Ucrania negó haber ejecutado ese ataque.

Zelensky indicó que había conversado con el canciller ucraniano, Andrii Sybiha, sobre las medidas que los aliados podrían adoptar en las próximas semanas para reforzar las defensas del país. En esa misma publicación de Telegram, pidió nuevas sanciones contra Rusia y subrayó que la defensa antibalística es una tarea fundamental.

(Con información de Reuters y The Kyiv Independent)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 25 personas, entidades y buques vinculados al comercio de petróleo de Irán, en una jornada en la que la Casa Blanca comunicó haber alcanzado un marco de acuerdo con Teherán para el cese de hostilidades en Medio Oriente.

Según detalló la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las medidas afectan a una persona de nacionalidad india, a ocho buques que operan bajo banderas de San Marino, Panamá y Camerún, y a 16 empresas relacionadas con los sectores petrolero y energético iraní.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: “Desde la Administración Trump no permitiremos que el Gobierno iraní aumente sus ingresos petroleros con el fin de reconstituir sus fuerzas armadas y capacidades militares”.

Las recientes sanciones se enmarcan en los esfuerzos de Estados Unidos por limitar los ingresos de Irán derivados de las exportaciones de petróleo con un bloqueo a los puertos controlados por el régimen persa, mientras continúan las negociaciones diplomáticas para reducir las tensiones bilaterales y regionales.

Washington también advirtió que impondrá sanciones a cualquier país, empresa o individuo que colabore con Irán en la creación de peajes para buques que transiten el estrecho de Ormuz, en alusión a los vínculos al régimen y el gobierno omaní. El anuncio fue realizado Bessent tras la confirmación de que funcionarios iraníes mantienen negociaciones con Omán destinadas a establecer un nuevo sistema de control y cobro en esa zona marítima.

“El Gobierno de Estados Unidos no tolerará ningún esfuerzo por imponer un sistema de peajes en el estrecho de Ormuz”, afirmó Bessent en un mensaje publicado en la red social X.

El funcionario sostuvo que Omán “debería saber” que Washington aplicará “medidas agresivas” frente a cualquier actor que facilite esos cobros, ya sea “directa o indirectamente”. “Cualquier socio dispuesto a ello será sancionado”, reiteró el jefe del Tesoro norteamericano.

Luego, Bessent reveló que mantuvo una conversación telefónica con el embajador omaní, quien le aseguró que “no hay planes para imponer un peaje en el estrecho”. Según el responsable del Tesoro, ambos funcionarios coincidieron en la importancia de preservar las “buenas relaciones” bilaterales que Estados Unidos y Omán mantienen desde hace dos siglos.

“Quiere que estas relaciones duren otros 200 más y, como saben, le dije que (el peaje) era impensable y que no quería arriesgarse a que ni los ciudadanos omaníes ni las instituciones financieras omaníes fueran sancionados”, explicó el titular de la cartera.

Las advertencias de Bessent, se produjeron poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump endureciera su discurso respecto de Omán durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Consultado sobre la posibilidad de un acuerdo temporal que habilite a Irán y Omán a gestionar juntos el tránsito en Ormuz, Trump respondió: “No, el estrecho va a estar abierto para todo el mundo”.

El mandatario estadounidense añadió: “Son aguas internacionales y Omán se comportará como todos los demás o tendremos que hacerlos volar por los aires”. Estas declaraciones se suman a la presión ejercida por Estados Unidos para disuadir cualquier intento de imponer restricciones en una de las rutas marítimas más relevantes para el comercio global de petróleo.

El jueves también estuvo marcado también por la confirmación de la Casa Blanca sobre un principio de acuerdo para extender la actual tregua e iniciar la reapertura de Ormuz, vía marítima estratégica para el flujo de hidrocarburos a nivel mundial. Además, las partes asumieron el compromiso de iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque este aspecto no fue confirmado ni por el presidente estadounidense ni por las autoridades de Teherán.

(Con información de Europa Press)

Cinco narcotraficantes mexicanos que ya se encuentran muertos fueron eliminados de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El retiro de los narcos se llevó a cabo este jueves como parte de una lista de 76 entidades, entre los que se encuentran otros sujetos relacionados con redes ilícitas ya inexistentes.

Las autoridades estadounidenses detallaron que la decisión forma parte de la estrategia de modernización de sanciones impulsada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la que se identificaron entradas obsoletas en la lista.

El proceso incluyó a personas designadas hace más de una década que carecen de identificadores suficientes para su verificación continua, y que no representan una amenaza actual.

Los cinco mexicanos retirados de la lista de sancionados por EEUU

• Ignacio “Nacho” Coronel Villareal

Era considerado uno de los máximos jefes del Cártel de Sinaloa, solo por detrás de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Llegó a ser considerado como “El rey del cristal” debido a que las autoridades le atribuían la producción de grandes cantidades de metanfetamina en laboratorios clandestinos, así como la compra de toneladas de cocaína a cárteles colombianos que después traficaba a Estados Unidos.

Sus actividades delictivas se centraban en Jalisco, Colina, Nayarit y parte de Michoacán, donde controlaba el tráfico de cocaína a través de la denominada Ruta del Pacífico.

El 29 de julio de 2010 fue abatido en un operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, luego de que agredió a balazos a los militares.

• Heriberto Lazcano Lazcano

Heriberto Lazcano, alias “El Lazca” o “El Z-3″, era líder de Los Zetas que emprendió una violenta confrontación contra el Cártel de Sinaloa en la que intentó impedir que “El Chapo” se estableciera en el estado de Tamaulipas.

El exmilitar era considerado uno de los miembros más violentos del que era el brazo armado del Cártel del Golfo, ya que se encargaba de supervisar la gestión y el despliegue de los operativos.

El 7 de octubre de 2012 fue abatido tras un enfrentamiento con elementos de la Armada de México en el municipio de Progreso, en el estado de Coahuila.

• Sigifredo Nájera Talamantes

Conocido como “El Canicón”, fue uno de los principales operadores de Los Zetas. Era señalado por las autoridades federales como el responsable de las actividades de narcotráfico, tráfico de personas, robo de combustible a los ductos de PEMEX, piratería, homicidio, secuestro y extorsión en el estado de Nuevo León para la organización criminal.

Entre los hechos delictivos que se le atribuían estaba el asesinato del atentado con granadas de mano al Consulado de Estados Unidos en Monterrey del 12 de octubre de 2008; la autoría intelectual de la tortura y ejecución de nueve militares en la misma ciudad y año, entre otros.

Fue detenido el 20 de marzo de 2009 en Saltillo, Coahuila, y luego de seis años, falleció en prisión. Las autoridades informaron que fue a consecuencia de un paro cardíaco cuando estaba en El Altiplano.

• Gonzalo Inzunza Inzunza

Conocido como Bernabé León Andrade o Gonzalo Araujo Inzunza, alias “El Machoprieto”, fue un operador del Cártel de Sinaloa que logró extender sus operaciones de Culiacán, Sinaloa, hasta los estados de Sonora y Baja California.

Operó para el cártel durante más de cinco lustros, donde también controló el trasiego de drogas. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía 3 millones de pesos para quien proporcionara información que permitiera su captura.

En diciembre de 2014 fue abatido en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la zona hotelera de Puerto Peñasco, Sonora.

• Eliseo Imperial Castro

Conocido como “El Cheyo Ántrax”, fue uno de los cofundadores del brazo armado de Los Ántrax de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Dentro de la organización criminal se desempeñaba como jefe de sicarios y posteriormente se colocó como el cabecilla.

En mayo de 2024 fue asesinado con al menos 40 balazos cuando circulaba a bordo de una camioneta en Culiacán, Sinaloa. El fiscal estadounidense Breon Peace reveló días después que “El Mayo”, habría ordenado el asesinato del hombre (que era su sobrino) luego de enterarse de que estaba cobrando deudas a su nombre para beneficio propio y sin su permiso.

Retiro de sanciones busca concentrar los recursos en amenazas de alto riesgo

Según Bessent, el objetivo de la modernización de sanciones es mantenerlas selectivas, eficaces y alineadas con las prioridades económicas y de seguridad nacional. El funcionario subrayó que el éxito de estas medidas se mide por su impacto, no por la cantidad de nombres incluidos en las listas.

Esta actualización busca concentrar los recursos en amenazas complejas y de alto riesgo, dejando atrás designaciones que han perdido relevancia. El Tesoro reiteró que la filosofía de las sanciones es lograr cambios de comportamiento, no el castigo indefinido.

Las sanciones estadounidenses contra Irán no han cortado el flujo de su principal recurso exportable. Una sofisticada red de contrabando marítimo mantiene el crudo iraní llegando a refinerías chinas, generando al régimen de Teherán decenas de miles de millones de dólares al año pese a las restricciones impuestas por Washington, según documentó el Wall Street Journal.

El esquema opera en una zona marítima de ambigua jurisdicción frente a las costas de Malasia, donde centenares de buques cisternas realizan lo que la industria naviera llama transferencias de barco a barco: uno carga el petróleo en puertos iraníes, navega hacia esa zona intermedia y traspasa el crudo a otro buque que continúa hacia China, diluyendo así el rastro del origen de la carga. Según la firma de análisis TankerTrackers.com, citada por el WSJ, este circuito mueve unos 1,4 millones de barriles diarios de petróleo iraní con destino a refinerías privadas chinas.

Un negocio de miles de millones

Las cifras que maneja el Congreso estadounidense ilustran la magnitud del problema. La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China estima que Irán recaudó unos 31.000 millones de dólares en ingresos petroleros provenientes de China el año pasado. Esa cifra equivale a aproximadamente el 90% de sus exportaciones totales de crudo y al 45% del presupuesto del gobierno iraní, lo que convierte a este comercio en el principal sostén financiero del régimen.

La arquitectura del sistema está diseñada para frustrar cualquier intento de fiscalización. Los buques involucrados, que los expertos agrupan bajo el nombre de “flota fantasma”, ocultan sus nombres con pintura o lonas, desactivan los sistemas de rastreo satelital y se registran bajo banderas de países con escasa capacidad de control, que cobran tarifas por la inscripción sin exigir cumplimiento de estándares. Cuando son sancionados, cambian de nombre, de bandera y de empresa titular y regresan a operar. Se calcula que la flota suma unos 1.500 buques, incluyendo los que transportan petróleo ruso.

La propiedad de los barcos se oculta bajo capas de sociedades pantalla radicadas en ciudades chinas o en plazas como Dubái, de acuerdo a la investigación del diario estadounidense. Las tripulaciones son en gran medida chinas, y el petróleo llega a refinerías que operan en circuitos financieros domésticos, fuera del alcance del sistema bancario estadounidense.

El rol de China

Beijing es el sostén estructural de todo el esquema. Este mes, el gobierno chino dio un paso sin precedentes al ordenar explícitamente a sus empresas que ignoraran las sanciones de Washington contra cinco refinerías nacionales, invocando una normativa de 2021 destinada a neutralizar leyes extranjeras que considera violatorias de las normas del comercio internacional.

Oficialmente, China no registra importaciones de petróleo iraní desde 2022, una omisión que los analistas interpretan como un intento de Beijing de limitar represalias financieras. Pero los datos aduaneros revisados por el Journal cuentan otra historia: en los primeros cuatro meses del año, China declaró importaciones de crudo desde Malasia e Indonesia que superaron ampliamente la capacidad productiva histórica de ambos países, lo que los expertos consideran un indicador indirecto del volumen real de petróleo iraní que ingresa al país.

Presión militar con resultados limitados

Washington ha escalado su respuesta en los últimos meses. Además del bloqueo naval de puertos iraníos, impuso nuevas sanciones contra buques y contra infraestructura petrolera china, y desplegó fuerzas especiales que abordaron dos buques de la flota fantasma en el océano Índico desde helicópteros. La semana pasada capturó un tercer barco vinculado a Irán en esa misma zona.

Pero los expertos son escépticos sobre la sostenibilidad de esa estrategia. Frenar definitivamente la flota exigiría mantener una presión militar e institucional indefinida, coordinada con una ofensiva sostenida contra China. Cualquier pausa permitiría que el sistema se restablezca casi de inmediato.

“Se suponía que la furia económica iba a doblarlos”, dijo al WSJ Iman Nasseri, director de investigación para Oriente Medio de la consultora FGE NexantECA, en referencia a la campaña de presión estadounidense. Comparado con otros exportadores regionales, Irán es hoy “el que menos está sufriendo”, añadió.

El costo humano del negocio también es real. En 2023, un buque de la flota explotó frente a Malasia y mató a tres tripulantes. Ningún propietario reclamó el barco.

Las autoridades de Taiwán sospechan que tres individuos lograron contrabandear al menos un cargamento de chips de inteligencia artificial de Nvidia hacia China, utilizando Japón como punto de tránsito, según informó Bloomberg citando fuentes familiarizadas con el caso.

El trío fue detenido la semana pasada por la Fiscalía del Distrito de Keelung, acusado de falsificar documentos relacionados con la exportación de servidores de Super Micro Computer que contienen chips avanzados de Nvidia, cuya venta a China está prohibida sin una licencia expresa del gobierno de Estados Unidos.

La operación, ejecutada el 21 de mayo con allanamientos en 12 locaciones en toda la isla, representa la primera acción penal formal de Taiwán contra el contrabando de hardware de inteligencia artificial. Hasta ahora, la isla había mantenido un perfil bajo en materia de controles de exportación, ya que, a diferencia de Estados Unidos, no cuenta con una regulación propia sobre semiconductores y debe recurrir a leyes locales para abordar el problema.

Al momento de la detención, las autoridades taiwanesas incautaron alrededor de 50 servidores vinculados a documentación presuntamente fraudulenta. Sin embargo, al menos un cargamento ya había pasado por la aduana taiwanesa antes de la intervención.

El rol de Super Micro y el antecedente de marzo

El caso se suma a una causa mayor que sacude a Super Micro desde marzo. El 19 de marzo de 2026, la justicia federal estadounidense acusó al cofundador de la compañía, Yih-Shyan “Wally” Liaw, junto a otros dos imputados, de conspirar para desviar servidores de Nvidia valuados en aproximadamente 2.500 millones de dólares hacia China, en violación de los controles de exportación. La red operó entre 2024 y 2025 mediante empresas fantasma en el sudeste asiático, y los servidores fueron ensamblados en Estados Unidos, enviados a Taiwán y reempaquetados antes de llegar a compradores en China continental.

Ante la nueva revelación en Taipéi, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien se encontraba en la capital taiwanesa, señaló que la compañía es “rigurosa” en explicar las regulaciones a todos sus socios. “En definitiva, Super Micro tiene que gestionar su propia empresa”, dijo Huang a periodistas. Días antes, el ejecutivo ya había llamado públicamente a Super Micro a mejorar sus procesos de cumplimiento normativo.

Las autoridades taiwanesas no han formulado cargos contra Nvidia ni contra Super Micro como empresas.

Singapur, Japón y la geografía del desvío

El caso taiwanés no es un hecho aislado. Analistas de Bloomberg Intelligence señalaron esta semana que Singapur también está bajo escrutinio como posible plataforma de filtración de tecnología de Nvidia hacia el mercado chino. Según el analista Matt Bloxham, es “inevitable” que empresas chinas busquen acceder a estos chips para desarrollar sus propios modelos de lenguaje y cerrar la brecha tecnológica con Estados Unidos, lo que alimenta redes de contrabando cada vez más sofisticadas.

Washington restringe la venta de aceleradores de IA avanzados de Nvidia a China desde octubre de 2022, invocando preocupaciones de seguridad nacional sobre su posible uso en programas militares y de vigilancia chinos. Nvidia diseñó versiones modificadas y de menor rendimiento de sus chips de primera línea para cumplir con esas reglas, pero la aplicación de las normas ha quedado sistemáticamente rezagada respecto de la demanda.

Este incidente representa la primera acción contundente de Taiwán contra el desvío de chips de IA, en respuesta a la presión sostenida de Estados Unidos para que la isla adopte un rol más activo en la limitación del acceso chino a tecnología avanzada. La fiscalía estadounidense tiene abiertas al menos cinco causas penales vinculadas al desvío de semiconductores, además de los casos en Taiwán y Singapur.

Los propietarios de vehículos con engomado azul y placas terminadas en 9 y 0 en la Ciudad de México deben presentar sus autos a la verificación vehicular antes de que finalice junio de 2026.

El trámite es obligatorio y quienes no lo realicen dentro del periodo asignado enfrentarán una multa de 2,346 pesos, calculada en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para 2026.

Este monto está establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Durante mayo y junio de 2026, corresponde exclusivamente a los autos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 acudir a los verificentros autorizados. El calendario semestral oficial determina que estos vehículos cierran el ciclo del primer semestre, por lo que deberán cumplir con la revisión antes del 30 de junio.

Multa oficial y condiciones para evitarla

La sanción económica por no verificar en el periodo asignado asciende a 20 veces la UMA, equivalente a 2,346 pesos. Si el propietario no obtiene una constancia aprobatoria dentro del plazo, debe cubrir la multa y, a partir del pago, recibe un nuevo periodo de 30 días naturales para completar la verificación.

Si en ese tiempo no aprueba la inspección, la multa se duplica, llegando a 4,692 pesos (40 UMA), y el plazo se renueva. El proceso puede repetirse en caso de reincidencia, con la multa incrementándose a 80 UMA (9,384 pesos).

El pago de la multa se realiza a través de la línea de captura obtenida en el portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX o vía Locatel. Presentar este comprobante es requisito indispensable al acudir al verificentro para regularizar el trámite.

Costos y procedimiento de verificación

El costo oficial de la verificación vehicular es de 765 pesos en 2026. Esta tarifa aplica para cualquier holograma asignado (“0”, “1”, “2” o “00”). El pago debe realizarse previo a la cita, la cual se agenda en el portal de verificentros autorizado por la Sedema.

Para realizar el trámite, se solicita la siguiente documentación en original:

1. identificación oficial vigente
2. tarjeta de circulación actualizada
3. comprobante de la última verificación
4. constancia de no tener adeudos de tenencia o infracciones.

Si el vehículo no aprueba en la primera revisión por fallas menores, el propietario dispone de un plazo de 30 días naturales para repetir la verificación sin costo adicional.

Contexto y objetivos del programa

El programa de verificación vehicular de la Ciudad de México es de carácter semestral y obligatorio para todos los vehículos de combustión interna con placas capitalinas. Su objetivo es controlar las emisiones contaminantes y contribuir a la mejora de la calidad del aire. Además, el cumplimiento del trámite es necesario para evitar restricciones adicionales como el programa Hoy No Circula o la imposibilidad de circular en días específicos.

El calendario de verificación distribuye la carga entre los distintos grupos de autos a lo largo del semestre, asignando periodos por color de engomado y terminación de placa. En el caso de autos con engomado azul y terminaciones 9 y 0, el periodo asignado corresponde a mayo y junio.

Consecuencias adicionales por incumplimiento

Además de la multa económica, los vehículos que no hayan sido verificados en el periodo correspondiente quedan sujetos a restricciones de circulación. Esto incluye la imposición del programa Hoy No Circula de manera más estricta, así como la necesidad de regularizar el trámite antes de poder circular libremente por la ciudad.

Pagar la multa no sustituye la verificación. Es obligatorio cubrir ambos conceptos para recuperar la regularidad del vehículo. La reincidencia en el incumplimiento genera sanciones acumulativas. Todo el proceso se rige por los lineamientos establecidos en la legislación ambiental y de tránsito de la Ciudad de México.

Fuentes oficiales: Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, Reglamento de Tránsito de la CDMX, Unidad de Medida y Actualización 2026 y portales institucionales consultados entre abril y mayo de 2026.

El líder de una de las redes de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, vinculado con la facción de Los Chapitos, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos este miércoles.

Las operaciones del mexicano se centran en el estado de Sinaloa, pero los tentáculos de su red criminal llegan hasta Estados Unidos a través de la transferencia de criptomonedas para blanquear las ganancias del narcotráfico.

Este método lo adquirió de su antecesor, Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastro”, quien fue asesinado a balazos en febrero de 2025 en el Estado de México.

Armando de Jesús Ojeda: la mente detrás de las criptomonedas

Las autoridades estadounidenses identificaron a Armando de Jesús Ojeda como el responsable de liderar una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la venta ilícita de fentanilo a nombre del Cártel de Sinaloa.

Sus operaciones se basan en coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas, para luego facilitar su conversión en criptomonedas antes de transferir los fondos al cártel en México.

Tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro —sancionado previamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 26 de septiembre de 2023 por emplear criptomonedas y transferencias bancarias para transferir ganancias del fentanilo— Ojeda Avilés asumió el rol de principal lavador de dinero para Los Chapitos.

Además de las operaciones financieras, Ojeda Avilés es señalado por supervisar directamente los envíos de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Su red está integrada tanto por proveedores de drogas con base en México como por mensajeros establecidos en territorio estadounidense para la recolección del dinero.

La red que opera también implica a un empresario

La red criminal liderada por el mexicano está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros en Estados Unidos que realizan la recolección del dinero.

Cinco personas más, entre los que se encuentra un empresario, también fueron sancionados al ser identificados como parte de la estructura de lavado de dinero para el cártel.

Se trata de Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como estrecho colaborador de Armando de Jesús y principal intermediario financiero de la red de narcotráfico y lavado de dinero. Sus operaciones se basan en gestionar las transferencias masivas de ganancias a través de direcciones de criptomonedas.

Rodrigo Alarcón Palomares también fue identificado como socio de Armando de Jesús Ojeda luego de haber facilitado retiros de dinero en Estados Unidos en nombre de la red.

Este hombre fue acusado en abril de 2024 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado por tres cargos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante criptomonedas. Asimismo, se le involucra con la venta de drogas en ese país.

Alarcón fue detenido en octubre de 2023 en México, cuando las autoridades lo hallaron con armas y municiones.

Alfredo Orozco Romero, identificado como empresario y asesor de seguridad de Ojeda, fue señalado por ser el responsable de cobrar deudas por envíos de cocaína. En México controla una empresa de seguridad denominada Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV y un restaurante en Chihuahua a través de tres de sus familiares que actúan como sus testaferros de confianza.

Ante sus operaciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó a los tres familiares del empresario: Alfredo Orozco Romero, Liliana Orozco Romero y Amalia Margarita Romero Moreno.

Estas sanciones también identificaron una segunda red dedicada al tráfico de drogas desde Sinaloa a los Estados Unidos, la cual es encabezada por Jesús González Peñuelas, por quien la DEA ofrece 5 millones de dólares.

A partir de la reforma publicada el 1 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, México ha iniciado la transición para reducir la jornada laboral máxima a 40 horas semanales para el año 2030.

Esta transformación legal implica un nuevo marco de obligaciones y sanciones para los empleadores que no respeten la normativa, abarcando tanto el tiempo de trabajo como la protección de los derechos de los trabajadores.

Multas por incumplimiento de la jornada laboral de 40 horas

La Ley Federal del Trabajo (LFT), reformada en 2026, establece sanciones económicas para los patrones que no adopten la jornada de 40 horas o vulneren sus reglas.

El artículo 994, fracción IV Bis, fija multas de 250 a 5.000 UMA por cada trabajador afectado. Para 2026, el valor de la UMA es de 117,31 pesos, lo que representa multas desde $29.327,50 hasta $586.550.

El incumplimiento incluye no ajustar la jornada conforme al nuevo límite semanal, exigir horas extra fuera de los topes legales, no respetar los descansos obligatorios, reducir salarios o prestaciones como consecuencia de la reforma, o cualquier otra violación a la nueva jornada. En caso de reincidencia, la sanción se duplica, según el artículo 992 de la LFT.

El texto legal señala: “De 250 a 5.000 Unidades de Medida y Actualización, a la persona empleadora obligada que incumpla con lo dispuesto por la fracción XXXIV del artículo 132 de esta Ley”.

Sanciones por falta de registro electrónico

La reforma también exige la implementación de un registro electrónico confiable para documentar las entradas y salidas diarias de los trabajadores. No contar con este sistema, o no proporcionar la información cuando la autoridad lo requiera, constituye una infracción sancionable con las mismas multas de 250 a 5.000 UMA por trabajador.

El registro electrónico será obligatorio a partir del 1 de enero de 2027. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá imponer sanciones de inmediato cuando detecte la omisión. El objetivo es asegurar la transparencia y el control efectivo del tiempo laborado.

Pago de horas extraordinarias y límites legales

La LFT establece que la prolongación del tiempo extraordinario debe ser excepcional y limitada. El artículo 66 indica que el tiempo extra no podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces por semana. Si se rebasa este tope, el patrón debe pagar el tiempo excedente al triple del salario ordinario.

El artículo 68 prohíbe que la suma de jornada ordinaria y extraordinaria supere 12 horas diarias. Cualquier exceso constituye infracción grave. El pago de horas extra, dentro de los límites, es del 100% adicional al salario ordinario; fuera de los límites, el pago es del 200% adicional.

Trabajadores menores de 18 años no pueden laborar tiempo extraordinario bajo ninguna circunstancia.

Sanciones penales y agravantes

La legislación también contempla consecuencias penales para conductas de explotación laboral. Si un empleador obliga a trabajar más de 40 horas semanales, o excede los límites de horas extra sin el pago correspondiente, incurre en explotación laboral conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Las penas van de tres a diez años de prisión y multas de 5.000 a 50.000 UMA ($586.550 a $5.865.500).

Si la víctima pertenece a comunidades indígenas o afromexicanas, la sanción puede aumentar a cuatro a doce años de prisión y multas de 7.000 a 70.000 UMA ($820.170 a $8.211.700).

Otras obligaciones patronales y sanciones relacionadas

Reducir salarios, eliminar prestaciones o modificar condiciones laborales en perjuicio del trabajador como resultado de la reducción de la jornada está prohibido. Cualquier disminución injustificada puede ser sancionada con las mismas multas generales de 250 a 5.000 UMA por persona afectada.

El descanso semanal y la prima dominical deben respetarse obligatoriamente. La ley considera la falta de otorgamiento de estos derechos como infracción sancionable.

Tabla de sanciones y multas (convertidas a pesos 2026)

Contexto de la legislación

El decreto fue publicado el 1 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación y modifica los artículos 59, 61, 66, 68, 69, 71, 132 y 994 de la LFT. El periodo de transición permite que las empresas ajusten sus procesos internos antes de la vigilancia estricta que comenzará el 1 de enero de 2027.

La reforma busca garantizar el derecho de los trabajadores a un descanso adecuado y a la desconexión digital, reforzando la protección frente a prácticas de explotación.

La naviera francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd suspendieron las entregas y los nuevos envíos de contenedores de mercancías a Cuba tras el decreto estadounidense del 1 de mayo que endurece las sanciones contra la isla.

“Al igual que otras compañías, a raíz del decreto presidencial estadounidense publicado el 1 de mayo, CMA CGM ha decidido suspender hasta nuevo aviso sus reservas con destino a Cuba y procedentes de la isla”, indica la naviera francesa en un breve comunicado difundido el domingo por la noche en la prensa marítima especializada.

“Hapag-Lloyd ha suspendido temporalmente toda aceptación de nuevos pedidos con destino a Cuba o con salida de la isla”, anuncia por su parte la naviera alemana en su página web, que también se refiere al decreto de Estados Unidos.

El 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó un decreto que endurece las sanciones contra Cuba, afirmando que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, sigue representando “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El texto prevé sanciones o congelaciones de activos contra toda persona declarada culpable de “violaciones graves de los derechos humanos” y amplía estas sanciones a los bancos y empresas extranjeras presentes en sectores clave de la economía cubana como la energía, la defensa, la minería o los servicios financieros.

El sector del transporte marítimo no se menciona explícitamente.

Pero, al utilizar instalaciones portuarias públicas gestionadas por el Ministerio de Defensa cubano para descargar sus barcos, las navieras alegan la necesidad de “adaptarse a la normativa” para “respetar las regulaciones estadounidenses que se aplican actualmente” y así evitar cualquier riesgo de sanciones indirectas.

Además del embargo estadounidense en vigor desde 1962, Washington, que ha expresado su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana, le impuso a Cuba desde enero un bloqueo petrolero.

Ya sacudida por una profunda crisis económica, la actividad de la isla de 9,6 millones de habitantes está prácticamente paralizada desde finales de enero.

(Con información de AFP)

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impulsa una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos ambientales en el país, especialmente aquellos relacionados con la contaminación de suelos, el daño a cuerpos de agua y la destrucción de ecosistemas. La propuesta busca reformar el Código Penal Federal para que estas conductas sean consideradas graves y enfrenten castigos más severos.

De acuerdo con la iniciativa presentada por legisladores del PVEM, actualmente muchos actos que generan afectaciones ambientales terminan siendo castigados como faltas menores, lo que limita la capacidad de las autoridades para combatir prácticas que deterioran los recursos naturales de México.

La propuesta cobra relevancia en medio de los crecientes problemas de contaminación del agua, degradación de tierras y afectaciones a ecosistemas provocadas por actividades industriales, tala ilegal y manejo inadecuado de residuos.

¿Qué propone el Partido Verde para castigar los delitos ambientales?

La iniciativa del Partido Verde contempla modificar la legislación para aumentar las penas contra personas o empresas responsables de daños ambientales graves. Entre las conductas que se busca sancionar con mayor rigor destacan:

• Contaminación de suelos
• Daño a cuerpos de agua
• Destrucción de áreas forestales
• Afectaciones a ecosistemas estratégicos
• Tráfico ilegal de especies

Según lo expuesto por legisladores del partido, la intención es que estos delitos dejen de recibir sanciones administrativas o penas reducidas y puedan ser perseguidos como delitos graves.

Además, la propuesta pretende fortalecer las herramientas legales para combatir la impunidad en casos de contaminación ambiental, particularmente en regiones donde la degradación de ríos, lagos y mantos acuíferos ha generado afectaciones sociales y de salud pública.

La contaminación del agua y suelo, entre las principales preocupaciones

Uno de los ejes principales de la iniciativa es atender el problema de la contaminación del agua y los suelos, fenómenos que en diversas regiones del país han provocado daños a cultivos, pérdida de biodiversidad y riesgos sanitarios para la población.

El PVEM sostiene que las sanciones actuales no son suficientes para inhibir prácticas contaminantes, por lo que consideran necesario aumentar las penas y reforzar la vigilancia ambiental.

La propuesta también busca enviar un mensaje sobre la importancia de proteger los recursos naturales ante el incremento de problemas como:

• Descargas ilegales de residuos
• Contaminación industrial
• Deforestación
• Sobreexplotación de recursos naturales
• Pérdida de biodiversidad

¿En qué etapa va la iniciativa?

La reforma impulsada por el Partido Verde ya avanzó en el proceso legislativo. La propuesta fue aprobada previamente en la Cámara de Diputados y posteriormente analizada y modificada en el Senado de la República. Actualmente, el proyecto se encuentra nuevamente en la Cámara de Diputados para su discusión final.

En caso de aprobarse, México contaría con un marco legal más estricto para sancionar delitos relacionados con el deterioro ambiental y la contaminación de suelos y agua.

Especialistas y organizaciones ambientales han advertido en los últimos años sobre la necesidad de fortalecer las leyes ambientales en el país, debido al aumento de conflictos relacionados con contaminación, deforestación y afectaciones a comunidades cercanas a zonas industriales.

Conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las infracciones más graves y peligrosas en Colombia, razón por la cual las autoridades mantienen fuertes sanciones económicas y administrativas contra quienes incumplan la norma. En 2026, las multas por manejar en estado de embriaguez pueden superar los 42 millones de pesos y, en algunos casos, implicar la pérdida de la licencia de conducción.

Según información publicada por Revista Semana, las sanciones están contempladas en el Código Nacional de Tránsito y en la Ley 1696 de 2013, normas que endurecieron las penas para los conductores que superen los niveles permitidos de alcohol en la sangre.

Además de las multas económicas, las personas sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez también pueden enfrentar inmovilización del vehículo, suspensión de la licencia y trabajos comunitarios obligatorios.

La legislación colombiana establece cuatro niveles de alcoholemia que determinan la gravedad de las sanciones aplicadas a cada conductor. Las autoridades utilizan estas categorías para definir el tipo de comparendo y las medidas administrativas correspondientes.

El grado cero corresponde a quienes presentan entre 20 y 39 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre.

El primer grado aplica cuando el nivel de alcohol está entre 40 y 99 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre.

En el segundo grado se ubican los conductores que registran entre 100 y 149 miligramos de etanol, mientras que el tercer grado corresponde a quienes superan los 150 miligramos. Entre más alto sea el nivel de alcohol detectado, más severa será la sanción impuesta por las autoridades de tránsito.

Las multas económicas establecidas para este año oscilan entre 90 y 720 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), dependiendo del grado de embriaguez y de si el conductor es reincidente.

Esto significa que las sanciones económicas pueden ir aproximadamente desde los 5,2 millones hasta los 42 millones de pesos en 2026.

La suspensión de la licencia de conducción también hace parte de las consecuencias para quienes sean sorprendidos manejando bajo efectos del alcohol. Según la gravedad de la infracción, esta medida puede extenderse desde uno hasta diez años.

A esto se suma la inmovilización del vehículo, procedimiento que puede mantenerse entre uno y diez días hábiles, dependiendo de la decisión de las autoridades competentes.

Las normas colombianas también contemplan la obligación de realizar acciones comunitarias o actividades pedagógicas relacionadas con seguridad vial para las personas sancionadas.

Uno de los puntos más estrictos de la legislación tiene que ver con la negativa a realizar la prueba de alcoholemia. En Colombia, rechazar este procedimiento es considerado una infracción grave y puede generar sanciones incluso más altas que algunas aplicadas por conducir en estado de embriaguez.

De acuerdo con la Ley 1696 de 2013 y el Código Nacional de Tránsito, los conductores no pueden negarse a practicar la prueba solicitada por las autoridades.

En caso de hacerlo, los agentes de tránsito podrán imponer una multa equivalente a 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Para 2026, esta sanción puede acercarse a los 84 millones de pesos, convirtiéndose en una de las multas más altas contempladas en la normativa de tránsito colombiana.

Las autoridades han insistido en que este tipo de controles busca reducir los accidentes asociados al consumo de alcohol y prevenir tragedias en las vías del país.

La conducción bajo efectos del alcohol continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales en Colombia, especialmente durante fines de semana, festividades y temporadas de alta movilidad.

Expertos en seguridad vial recuerdan que incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden alterar la capacidad de reacción, afectar la concentración y aumentar el riesgo de accidentes.

Por esa razón, las autoridades recomiendan evitar completamente el consumo de bebidas alcohólicas antes de conducir y utilizar alternativas como transporte público, taxis o plataformas digitales en caso de haber ingerido licor.

Mientras tanto, los operativos de control y las pruebas de alcoholemia continúan realizándose en distintas ciudades y carreteras del país como parte de las estrategias para reducir la accidentalidad.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra diez personas y empresas, incluidas varias con sede en China e Irán, acusadas de colaborar con el régimen persa en la obtención de armamento y materias primas para la fabricación de drones Shahed y misiles balísticos. La nueva medida surgió en medio de la incertidumbre

La medida ocurre en la antesala de un viaje del presidente estadounidense Donald Trump a China para reunirse con Xi Jinping y en un contexto de estancamiento en los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán, mientras el inquilino de la Casa Blanca aguarda la respuesta del régimen a su propuesta para la paz.

En un comunicado, el Tesoro aseguró que continuará adoptando acciones económicas dirigidas a la base industrial militar iraní para impedir que Teherán recupere su capacidad productiva.

La cartera advirtió que también está dispuesta a actuar contra cualquier empresa extranjera que respalde el comercio ilícito de Irán, incluidas aerolíneas, y que podría imponer sanciones secundarias a instituciones financieras que colaboren con los esfuerzos iraníes, entre ellas aquellas vinculadas a las refinerías de petróleo chinas independientes conocidas como “refinerías de té”.

Entre las empresas que se enfrentarán a las sanciones emitidas por la administración de Trump se encuentran la empresa china Yushita Shanghai International Trade Co. Ltd, la cual facilitó los esfuerzos de adquisición de armas para que Irán las comprara a China, y Elite Energy FZCO, con sede en Dubái, fue sancionada por transferir millones de dólares a una empresa de Hong Kong para facilitar el proceso de adquisición.

A su vez, HK Hesin Industry Co. Ltd, con sede en Hong Kong, y a Armory Alliance LLC, con sede en Bielorrusia, fueron las compañías que trabajaron como intermediarios en las adquisiciones y recibieron el revés económico de EEUU.

La empresa Mustad Ltd, con su central en Hong Kong, según la información del gobierno estadounidense, fue contratada para facilitar la adquisición de arsenal por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y también resultó sancionada.

En los detalles del informe, también se conoció que Pishgam Electronic Safeh Co., con sede en Irán, se encargó del suministro de motores utilizados en drones, mientras que Hitex Insulation Ningbo Co. Ltd, con sede en China, suministró materiales utilizados en misiles balísticos.

Irán, uno de los principales fabricantes de drones, cuenta con capacidad industrial para producir cerca de 10.000 unidades mensuales, según el Centro para la Resiliencia de la Información, financiado por el gobierno británico.

Brett Erickson, director gerente de Obsidian Risk Advisors, explicó que las sanciones buscan frenar la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y a sus aliados regionales. El régimen persa cerró esta vía estratégica, por la que circula una quinta parte del petróleo crudo y gas natural licuado mundial, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a objetivos iraníes el 28 de febrero. El transporte marítimo en la zona se paralizó desde el inicio de la guerra, lo que provocó un fuerte aumento en los precios de la energía a nivel internacional.

Erickson señaló que las sanciones estadounidenses siguen centradas en objetivos específicos, lo que permite a Irán adaptarse y buscar nuevos proveedores, y remarcó que el Tesoro aún no ha actuado contra los bancos chinos que sostienen la economía iraní.

Por otra parte, las autoridades estadounidenses informaron en el documento del Tesoro que ampliaron las medidas contra Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd., empresa china previamente señalada por riesgos asociados a sanciones vinculadas a Rusia y que ahora también figura bajo restricciones relacionadas con el programa armamentístico iraní.

La cartera a cargo del secretario Scott Bessent revisó la información sobre el llamado Centro de Exportación del Ministerio de Defensa iraní, conocido como “MINDEX” o “MODLEX”, entidad acusada por Washington de participar en actividades de exportación vinculadas al sector de defensa de Irán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) advirtió que varias de las personas y empresas incluidas en esta nueva ronda de sanciones quedan expuestas a sanciones secundarias, una medida que puede afectar también a terceros que mantengan relaciones comerciales con ellas.

(Con información de Reuters)

A partir del 1 de julio, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México (CDMX) hará obligatorio el emplacamiento y la obtención de licencia para quienes circulen en scooters, bicicletas eléctricas y otras variantes de micromovilidad eléctrica que superen los 250 watts de potencia o alcancen más de 25 km/h.

La medida responde a reformas aprobadas por el Congreso local y busca reforzar la seguridad vial y la certeza jurídica para este tipo de transporte.

Las multas comenzarán a aplicarse desde el 1 de septiembre de 2026.

• Circular sin placas o sin la licencia adecuada implicará una sanción de 10 UMAs aproximadamente $1,130 según el valor vigente de la UMA.
• En casos de reincidencia o si las faltas se cometen en zonas restringidas, las multas podrán elevarse hasta 30 UMAs ($3,394).
• También habrá multas de 10 a 20 UMAs por no cumplir con el uso de casco, luces o elementos reflectantes.

La fecha límite para regularizar vehículos existentes es el 20 de noviembre de 2026.

Todos los vehículos nuevos deben salir emplacados desde las tiendas, siendo responsabilidad de las empresas comercializadoras procesar el registro previo a la entrega.

Requisitos y proceso de emplacamiento

La reforma establece la categoría de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), que agrupa a scooters y bicicletas eléctricas de alta potencia.

Para obtener las placas y la tarjeta de circulación, los usuarios deberán presentar ante la SEMOVI:

• Identificación oficial vigente
• Factura original o documento de propiedad
• Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses
• Línea de captura pagada (el costo estimado de placas ronda los $709)
• Licencia de conducir tipo A1 o A2 (las mismas exigidas para motocicletas)

Costos de licencias para VEMEPE

Las licencias tendrán un precio de $572 para la tipo A1 y $1,142 para la tipo A2.

La SEMOVI ha evaluado más de 120 modelos distintos para definir los criterios técnicos y mantiene mesas de trabajo con empresas comercializadoras para establecer las condiciones finales de registro y venta.

Restricciones y obligaciones para usuarios

Los VEMEPE tendrán prohibido circular por banquetas, ciclovías, carriles de bus y vías rápidas donde la velocidad máxima sea superior a 50 km/h.

Además, el uso de casco tipo motociclista, luces encendidas y elementos reflectantes será obligatorio.

Los conductores deberán portar siempre la licencia y evitar manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas. Cualquier incumplimiento puede derivar en la inmovilización del vehículo.

El registro es obligatorio incluso si el scooter o bicicleta eléctrica cuenta con placas de otra entidad federativa, con el fin de integrar un padrón confiable en la capital.

La SEMOVI anunció que publicará lineamientos complementarios y habilitará una plataforma digital para facilitar los trámites, en coordinación con campañas informativas.

Lineamientos institucionales y fuentes oficiales

Las modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México fueron publicadas en la Gaceta Oficial y pueden ser consultadas a través de los canales oficiales de SEMOVI y el Congreso de la Ciudad de México.

El proceso de registro y los requisitos detallados estarán disponibles en el portal institucional y en oficinas de atención ciudadana.

Los lineamientos aplican únicamente a vehículos eléctricos personales que cumplan con los criterios de potencia y velocidad.

Las bicicletas de pedaleo asistido con motor menor a 250 watts y velocidad máxima de 25 km/h quedan exentas del emplacamiento y la licencia.

Principales reglas para la circulación de scooters y bicicletas eléctricas en CDMX

Las nuevas disposiciones establecen las siguientes reglas obligatorias para usuarios de scooters y bicicletas eléctricas de alta potencia en la Ciudad de México:

• Solo mayores de edad pueden conducir estos vehículos.Es obligatorio portar placa y licencia de conducir tipo A1 o A2.
• El uso de casco tipo motociclista es indispensable en todo momento.
• Se prohíbe circular por banquetas, carriles de bus y vías rápidas con límite mayor a 50 km/h.
• Los vehículos deben contar con luces delanteras, traseras y elementos reflectantes.
• Se sanciona conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas.
• Para vehículos exentos de emplacamiento, es obligatorio portar un holograma de identificación.
• Reincidir en infracciones eleva el monto de las multas y puede derivar en la inmovilización del vehículo.
• Estas reglas buscan reforzar la seguridad y el orden en la movilidad eléctrica personal en la capital.

Exención de holograma para VEP

Los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) incluyen bicicletas eléctricas y vehículos con motor asistido que no superan los 25 km/h ni los 35 kg de peso.

Estas unidades estarán exentas de emplacamiento y licencia, pero deberán portar un holograma oficial expedido por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para poder circular y compartir ciclovías.

Estados Unidos sancionó este jueves al conglomerado militar cubano GAESA, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa mixta con participación canadiense, en el marco de una ofensiva económica destinada a cortar los ingresos del régimen que gobierna la isla. El anuncio, realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, coincidió con la retirada de la canadiense Sherritt International de sus operaciones conjuntas en Cuba, un movimiento que los analistas interpretan como una señal de que las presiones de Washington sobre los socios extranjeros de La Habana empiezan a surtir efecto.

En un mensaje en sus redes sociales, Rubio aseguró: “Las sanciones impuestas hoy demuestran que la administración Trump no permanecerá impasible mientras el régimen comunista cubano amenaza nuestra seguridad nacional en nuestro hemisferio. Continuaremos tomando medidas hasta que el régimen implemente todas las reformas políticas y económicas necesarias”.

Las nuevas medidas se aplican bajo la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que extendió el alcance de las sanciones estadounidenses hasta abarcar a casi cualquier entidad extranjera que mantenga vínculos comerciales con sectores estratégicos de la isla: energía, defensa, seguridad y finanzas. Rubio acompañó el anuncio con un comunicado en el que señaló que el objetivo era “privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos”. Advirtió que caben esperar “designaciones adicionales en los próximos días y semanas”.

El blanco principal de las nuevas designaciones es el Grupo de Administración Empresarial S.A., conocido por sus siglas GAESA. Se trata del conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias que, según estimaciones reiteradas por el propio Departamento de Estado, controla en torno al 40% de la economía cubana. Sus ingresos superarían en más de tres veces el presupuesto estatal, y una investigación del diario Miami Herald basada en documentos financieros filtrados calculó sus activos en cerca de 18.000 millones de dólares. El holding abarca sectores tan dispares como el turismo de alto nivel —a través de Gaviota S.A.—, el comercio minorista en divisas, las remesas, la logística portuaria y los servicios financieros.

GAESA fue creado en 1995, durante el llamado Período Especial que siguió al colapso soviético, por iniciativa del entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro. Lo que nació como un mecanismo para dotar de recursos propios al estamento militar se convirtió con el tiempo en una estructura paralela al Estado, opaca e inmune a cualquier auditoría. La entidad opera como sociedad anónima, no publica balances, no rinde cuentas al Parlamento y, según admitió en 2024 la propia contralora general antes de ser cesada, ni siquiera el órgano de fiscalización del Estado tiene jurisdicción para revisar sus cuentas. El economista Pavel Vidal, especialista en finanzas cubanas, lo describió con precisión: es una economía dentro de otra.

Las sanciones también alcanzan a Ania Guillermina Lastres Morera, designada al frente de GAESA en 2022 tras la repentina muerte de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, que dirigió el conglomerado durante décadas y era yerno de Raúl Castro. Lastres Morera ostenta el rango de general de brigada de las Fuerzas Armadas, lo que ilustra la naturaleza castrense de un organismo formalmente registrado como empresa mercantil. La tercera entidad sancionada es Moa Nickel S.A., empresa mixta creada en 1994 entre Sherritt y la estatal cubana Compañía General de Níquel para explotar yacimientos de níquel y cobalto en la provincia de Holguín. Washington acusa a esta sociedad de beneficiarse de activos que, según su comunicado, fueron expropiados por el régimen a personas y corporaciones estadounidenses.

El impacto inmediato más visible fue la retirada de Sherritt International, que anunció la suspensión de su participación directa en empresas conjuntas en Cuba horas antes de que Rubio hiciera pública su lista de designaciones, según reportó Bloomberg. La compañía comenzó a repatriar a sus empleados expatriados y solicitó a sus socios cubanos que retiraran de Canadá al personal enviado a ese país. Sus acciones cayeron cerca de un 26% en la bolsa de Toronto. La salida de Sherritt no es un episodio aislado: en febrero pasado, la empresa ya había reducido operaciones por el bloqueo de combustible que Washington impuso a Cuba en enero. La empresa, que llegó a tener una valoración bursátil de 4.800 millones de dólares en 2008, cotiza actualmente en apenas unos 186 millones, reflejo de años de deterioro por la crisis estructural cubana y las restricciones del embargo.

La ofensiva de Trump contra Cuba se inscribe en un contexto de presión sostenida. Desde enero, Washington bloqueó el suministro de petróleo a la isla, medida que agravó los ya crónicos apagones que en numerosas provincias superaban las quince y veinte horas diarias. El presidente ha llegado a afirmar que tomará el control de Cuba “casi de inmediato” y ha mencionado la posibilidad de desplazar el portaviones USS Abraham Lincoln a aguas del Caribe.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por un año a HIMA Promotions, S.A. de C.V. y le impuso una multa de 643 mil 188 pesos tras detectar que presentó documentación falsa en un procedimiento de contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El comunicado número 044, emitido este 6 de mayo, detalla que la sanción se derivó de la participación de HIMA Promotions en la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR012-T-202-2023, para la adquisición de medicamentos, donde entregó una carta de respaldo supuestamente emitida por la titular del registro sanitario, que resultó falsa.

La notificación se realizó el 13 de abril y la publicación apareció este 6 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

Datos consultados por Infobae México en sanciones previas revelaron que la compañía es originaria de Veracruz.

HIMA Promotions pierde acceso a contratos públicos

La persona moral quedó inscrita en el registro de proveedores y contratistas sancionados, lo que le impide participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con el Gobierno de México durante un año.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que la sanción se impuso conforme a la ley y tomando en cuenta la gravedad de la falta.

Sin embargo, confirmaron que HIMA Promotions mantiene el derecho de impugnar la resolución, pero la autoridad advirtió que defenderá la sanción por haber sido emitida en apego a derecho y en protección del interés público.

Circular en el Diario Oficial prohíbe nuevos contratos

La circular publicada en el Diario Oficial de la Federación instruyó a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas públicas del Estado, la Fiscalía General de la República, gobiernos estatales, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México a abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con HIMA Promotions, S.A. de C.V., ya sea de manera directa o a través de terceros, durante el plazo de la inhabilitación.

La restricción abarcó adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados.

Además, el documento oficial señaló que si al concluir el año de inhabilitación la empresa no ha pagado la multa, la prohibición continuará vigente hasta que se acredite el pago ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y se elimine el registro en Compras MX.

Los contratos ya adjudicados o formalizados antes de la publicación de la circular no se ven afectados por esta medida. según los datos oficiales de la

Cofepris señaló a la empresa como distribuidora irregular

En abril de 2024, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) incluyó a HIMA Promotions, S.A. de C.V. en su lista de distribuidores irregulares de medicamentos.

La autoridad sanitaria detectó que la empresa, ubicada en Veracruz, incumplía la regulación vigente, lo que comprometía la seguridad y calidad de los insumos médicos bajo su posesión.

Asimismo, en el 2025 la empresa apareció en la lista de Relación de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria, confirmando que cuenta con un historial de irregularidades. La irregularidad identificada en esa ocasión la falta de aviso de funcionamiento.

HIMA Promotions recibió contrato por más de 80 mil pesos del IMSS Hidalgo en 2024

En 2024, HIMA Promotions, S.A. de C.V. fue asignada para suministrar medicamentos al IMSS en Hidalgo mediante el procedimiento de adjudicación directa electrónica internacional AA-50-GYR-050GYR017-T-89-2024.

La reunión para formalizar la asignación se realizó el 3 de mayo de 2024 en la Sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Pachuca de Soto, Hidalgo.

El contrato adjudicado corresponde a la entrega de meropenem solución inyectable en frasco ámpula, con un pedido de mil veintitrés piezas a un precio unitario de 78.88 pesos, lo que suma un importe total de 80 mil 694 pesos con 24 centavos (sin IVA). El medicamento debía ser fabricado por Laboratorio Servet, S.A. de C.V., bajo la marca Vetimont y con origen en México.

Estados Unidos anunció el martes la concesión de una licencia que autoriza a distintas entidades legales a asesorar a las autoridades encargadas de Venezuela, a la petrolera estatal PDVSA y a sus subsidiarias en procesos de reestructuración de deuda.

La licencia general 58, emitida por el Departamento del Tesoro estadounidense, exime temporalmente de sanciones a bufetes de abogados, consultorías y asesorías financieras para que puedan dialogar con las autoridades del país caribeño y preparar el terreno para una futura reestructuración de pasivos.

Los servicios autorizados incluyen la “evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados”.

No obstante, el documento oficial aclara que, por el momento, continúan sancionadas las operaciones de reestructuración, renegociación, transferencia o quita de deuda con Caracas y PDVSA.

La medida se produce 20 días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara el restablecimiento de relaciones con las autoridades venezolanas. Tanto el FMI como acreedores soberanos y bancos comerciales aún no tienen autorización de Washington para ejecutar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda pública venezolana sin riesgo de sanciones.

El lunes pasado, Washington extendió la protección sobre la refinería Citgo, filial de PDVSA en territorio estadounidense, frente a las reclamaciones de sus acreedores. El Departamento del Tesoro, a cargo del secretario Scott Bessent, emitió una nueva licencia general, que sustituye a la anterior de marzo, y autoriza desde el 19 de junio ciertas transacciones relacionadas con un bono de deuda de PDVSA, aunque mantiene restricciones que impiden a los tenedores ejecutar garantías sobre Citgo.

El bono, emitido en 2016 por hasta USD 7.100 millones, tiene como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo, cuya sede se encuentra en Houston, Texas. Venezuela dejó de pagar esa deuda en 2019 y, desde entonces, los acreedores intentaron tomar el control de la refinería para recuperar su inversión.

En 2025, un juez de Nueva York confirmó la validez de los bonos y ordenó a PDVSA el pago de USD 2.860 millones. No obstante, el Gobierno estadounidense bloqueó en reiteradas ocasiones la ejecución de la garantía, con el objetivo de proteger este activo estratégico mientras continúan las disputas legales.

Por otra parte, en otra gran noticia para el sector venezolano, la petrolera francesa TotalEnergies confirmó la semana pasada que está próxima a firmar un acuerdo con PDVSA, para comercializar crudo y exportarlo a una de sus refinerías en Texas.

“Hemos avanzado en las negociaciones y estamos a punto de firmar algunos contratos comerciales con Venezuela”, afirmó Jean Pierre Sbraire, director financiero de TotalEnergies. Sbraire explicó que la empresa desarrolla un esquema de comercialización enfocado en los flujos desde Venezuela hacia la costa del golfo de México, en el sur de Estados Unidos.

Parte del crudo pesado adquirido a PDVSA se destinará a la refinería de Port Arthur, ubicada a las afueras de Houston, que posee una capacidad de procesamiento de unos 238.000 barriles diarios.

El anuncio del acuerdo entre TotalEnergies y PDVSA se produce semanas después de que la estadounidense Chevron firmara un convenio con la petrolera venezolana para ampliar la producción en el país sudamericano.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada con el respaldo de Washington. Desde entonces, la administración de Donald Trump levantó de forma gradual las sanciones económicas impuestas a Venezuela, mientras Caracas aprobó medidas de apertura al sector privado, especialmente en la industria petrolera.

En ese sentido, el vicepresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CVP), Álvaro Pérez Díaz, afirmó que actualmente existen “pocas restricciones para trabajar” en el mercado petrolero venezolano, tras las licencias concedidas por Estados Unidos.

“Las licencias han ido dando permisos, han ido variando y toda la industria que está alrededor del petróleo pues se va moviendo en condición a cómo estas han ido cambiando, pero estamos trabajando y en este momento hay pocas restricciones para trabajar”, señaló Pérez Díaz.

(Con información de EFE)

La declaración patrimonial 2026 en México es obligatoria para todas las personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno, incluidos quienes trabajan en poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, órganos autónomos y empresas productivas del Estado.

Esta exigencia está fundamentada en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El trámite debe realizarse durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2026 a través de la plataforma Declaranet.

La omisión en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses constituye una falta administrativa. Las sanciones previstas van desde la suspensión, destitución hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Además, pueden imponerse multas económicas que, según el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, oscilan entre 2,050 y 50,710 pesos por obligación no cumplida, y entre 19,460 y 38,890 pesos si la omisión es por no declarar por medios electrónicos o por información incompleta.

Quiénes deben presentar la declaración patrimonial y de intereses en México

La obligación recae sobre las y los servidores públicos de todos los niveles, incluyendo personal de nuevo ingreso, quienes permanecen en funciones y quienes concluyen su encargo.

El objetivo es que el órgano Interno de Control pueda verificar la congruencia entre ingresos, egresos y bienes reportados para prevenir delitos como el enriquecimiento ilícito.

No solo los altos funcionarios están obligados: toda persona que perciba un salario del Estado debe cumplir con este requisito, sin importar su jerarquía.

La declaración debe contener información sobre bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, ingresos de la pareja y dependientes económicos, así como la relación con empresas o fideicomisos.

Fechas, procedimientos y sanciones por no cumplir

La presentación se realiza en línea mediante Declaranet, del 1 al 31 de mayo. La autoridad advierte que hacerlo en una plataforma equivocada puede ser considerado omisión.

Si un servidor público no presenta su declaración patrimonial, el procedimiento inicia con un requerimiento formal; si persiste la falta, se aplica la sanción correspondiente.

Multas y sanciones por no presentar la declaración patrimonial 2026 en México

Las consecuencias por incumplir con la declaración patrimonial y de intereses incluyen medidas administrativas y económicas. Según la ley y disposiciones fiscales vigentes, las sanciones son las siguientes:

• Suspensión temporal del cargo público.
• Destitución definitiva del puesto.
• Inhabilitación para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
• Multas económicas:

- Por no presentar la declaración: entre 2,050 y 50,710 pesos .

- Por omitir la declaración a través de medios electrónicos o por información incompleta: entre 19,460 y 38,890 pesos .

• Prohibición para participar en nuevos procesos de selección para cargos públicos, hasta que se regularice la situación.
• Pago de impuestos omitidos, actualizaciones y recargos, en caso de que la falta se relacione con ingresos no declarados.

Estas medidas buscan asegurar la transparencia y el control sobre la función pública.

controversia sobre la obligación de declaración patrimonial para agentes aduanales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza si los agentes aduanales deben cumplir con la declaración patrimonial ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La reforma a la Ley Aduanera, aprobada en noviembre pasado, impuso a estos auxiliares del gobierno controles de rendición de cuentas similares a los de los servidores públicos.

La nueva obligación ha generado una ola de amparos en todo el país. Solo en la Ciudad de México se tramitan al menos cuarenta recursos promovidos por agentes aduanales o empresas que los emplean, mientras que otros casos se encuentran en diferentes estados.

La discusión jurídica se centra en que los agentes aduanales no son servidores públicos, sino personas físicas con patente para desahogar trámites de importación y exportación.

Sin embargo, la reforma los obliga a declarar su evolución patrimonial cada marzo. Algunos tribunales han sostenido que esta exigencia carece de base constitucional, mientras que otros consideran que su función estratégica justifica la medida.

El SAT ya presentó el caso ante la SCJN, que inició el trámite para emitir jurisprudencia definitiva el 20 de abril de 2026.

Además de la declaración patrimonial, la reforma exige a los agentes integrar expedientes detallados sobre sus clientes y asumir responsabilidades adicionales, como la responsabilidad solidaria por impuestos omitidos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró su petición para que cesen las 1.081 sanciones extranjeras que, según afirmó, afectan al país y han generado una “asfixia financiera”.

“Un bloqueo como nunca antes vio nuestra república, más de 1.081 sanciones pesan sobre nuestra economía, asfixia financiera”, expresó Rodríguez desde el Teatro de la Ópera en el estado Aragua, durante una peregrinación nacional contra las sanciones, iniciada el 19 de abril y que finalizará esta semana.

Rodríguez también se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los Gobiernos de Europa para solicitar el “cese completo del bloqueo contra Venezuela” y que “no quede vigente ni una sola sanción”.

“Que Venezuela vuele y respire libre. Eso es lo que queremos”, concluyó Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de Estados Unidos en una operación militar efectuada en Caracas el 3 de enero.

Luego de la destitución de Maduro, Washington flexibilizó, mediante la emisión de licencias, las sanciones sobre el sector de los hidrocarburos, la minería y el sistema financiero público.

Este alivio permitió la firma de acuerdos con transnacionales energéticas y la reanudación de relaciones con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras un periodo de aislamiento.

A pesar de estas medidas, Rodríguez insiste en que una licencia “no brinda seguridad jurídica” porque está “sujeta a temporalidad”. Por ello, reclama el cese total de sanciones contra Venezuela.

EEUU enviará una delegación con funcionarios a Venezuela

En otro orden, el director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, viajará este jueves a Venezuela junto a una comitiva para mantener reuniones con ejecutivos de los sectores energético y minero, así como con funcionarios de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En el marco de la reanudación de relaciones bilaterales tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca señaló que “Estados Unidos y Venezuela están restaurando su asociación, reconstruyendo los lazos económicos y facilitando inversiones sin precedentes que beneficiarán tanto al pueblo estadounidense como al venezolano".

Los acuerdos contemplados del viaje incluirán memorandos de entendimiento sobre proyectos en petróleo, oro, aluminio y posiblemente carbón, aunque no se prevé un aumento inmediato de la producción. El objetivo es abrir nuevas vías de inversión y comercio a mediano y largo plazo.

Este acercamiento ocurre luego de las visitas de alto nivel realizadas en febrero y marzo, cuando el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, mantuvieron reuniones en Caracas para discutir posibles acuerdos en petróleo y minería.

Este miercoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la apertura de una acusación fortmal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros funcionarios de alto rango de ese estado, por diversos delitos, que, de acuerdo con lo dado a conocer por autoridades estadounidenses, ameritan penas mínimas de 40 años de prisión y máximas de cadena perpetua.

La información dada a conocer por EEUU, señala que los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Delitos por los que se acusa a Rocha Moya y a otros altos funcionarios de Sinaloa

El Departamento de Justicia dio a conocer los delitos por los que se acusa al gobernador de Sinaloa y a otros funcionarios, que serían los siguientes:

Rubén Rocha Moya: al gobernador se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los líderes de Los Chapitos ordenaron a miembros de su organización criminal robar papeletas con votos de los oponentes de Rocha Moya en las elecciones de 2021 para resultar ganador de la gubernatura, así como secuestrar y e intimidar a candidatos de la oposición. Se acusa al gobernador de asistir a reuniones con los líderes de Los Chapitos y otros líderes del cártel, en las que Rocha Moya prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cártel.

Las reuniones estaban custodiadas por sicarios del cártel, armados con ametralladoras y otras armas. Según la información de EEUU, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de Los Chapitos en su elección, Rocha Moya permitió que Los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa.

También se acusa al gobernador, de permitir a los líderes de esa facción del Cártel de Sinaloa, de colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. Los funcionarios alineados con Los Chapitos en la administración de Rocha Moya, han protegido a los miembros de ese grupo delictivo y sus operaciones de tráfico de drogas, asegura EEUU.

Enrique Inzunza Cazárez: es senador mexicano y ex secretario general de Sinaloa. Estados Unidos lo acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Enrique Díaz Vega: es exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. EEUU lo acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Damaso Castro Zaavedra: es Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y EEUU lo acusa de posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Marco Antonio Almanza Aviles: es exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y EEUU lo acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias El Cholo: es exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Gerardo Mérida Sánchez: es exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Juan de Dios Gámez Mendivil: es alcalde de Culiacán, y se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

La sanción mínima por estos delitos sería de 40 años de prisión, y la máxima sería cadena perpetua.

Juan Valenzuela Milán, alias Juanito: es ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán y se le acusa de Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos; secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.

Este último sería el único que obtendría una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

Las nuevas reglas que regirán el fútbol internacional a partir del Mundial 2026 apuntan directamente a conductas dentro del campo que podrían derivar en sanciones nunca vistas.

La FIFA confirmó que taparse la boca durante intercambios verbales entre rivales podría costar la expulsión inmediata, una decisión que busca erradicar comportamientos discriminatorios en la cancha y que varios jugadores colombianos suelen usar en medio de sus encuentros.

La federación anunció, a través de un comunicado oficial, que esta medida forma parte de dos modificaciones que se implementarán durante la cita mundialista en Norteamérica, que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026. Aun así, los organizadores de otras competiciones tendrán la potestad de adoptar estas normas antes de la fecha de entrada en vigor, que será el 1 de julio del mismo año, según detalló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mediante su cuenta de Instagram.

El contexto detrás de la nueva sanción

El cambio en el reglamento responde a episodios recientes que ponen en el centro de la discusión la cuestión del racismo en el fútbol. Un caso que generó gran repercusión ocurrió en febrero, cuando el futbolista argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, fue señalado por insultos hacia Vinícius Jr., del Real Madrid, en un partido de la Liga de Campeones de Europa.

Durante el encuentro, se acusó a Prestianni de llamar repetidamente “mono” al jugador brasileño mientras cubría su boca con la mano. Aunque el argentino negó los hechos, recibió una suspensión de seis partidos, de los cuales tres quedaron en suspenso, por lo que se calificó como un acto de racismo.

A raíz de estos incidentes, la FIFA decidió endurecer las sanciones para conductas que puedan considerarse ofensivas o discriminatorias, lo que estableció la presunción de culpabilidad en casos en los que los jugadores se tapen la boca al hablar con otros jugadores, en medio de confrontaciones o incluso cuando se dialoga con el árbitro.

Declaraciones del presidente de la FIFA

A partir del Mundial 2026, cualquier futbolista que cubra su boca durante una disputa verbal con un adversario podrá ser expulsado con tarjeta roja. La justificación, en palabras de Infantino, es contundente: “Si un jugador se tapa la boca y dice algo (…) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca”.

El dirigente reforzó su postura al afirmar: “Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo. Así de sencillo”. Estas declaraciones dejan claro el mensaje de tolerancia cero frente a actitudes que puedan ocultar insultos racistas u ofensas graves.

La regla busca cerrar la puerta a la posibilidad de que las cámaras y los árbitros no puedan identificar comentarios discriminatorios por la costumbre de algunos jugadores de cubrirse la boca durante las discusiones. El objetivo es que la transparencia prime en las interacciones entre futbolistas, tanto en el calor del partido como en los momentos de mayor tensión.

Cambios adicionales en el arbitraje y protestas

El segundo cambio anunciado por la FIFA tiene que ver con las protestas hacia las decisiones arbitrales. Quienes abandonen el terreno de juego en señal de desacuerdo con el juez principal también podrán recibir la tarjeta roja. La medida se extiende al cuerpo técnico, ya que cualquier miembro que incite a los jugadores a salir del campo será sancionado de la misma manera.

La federación especificó que, si un equipo provoca la suspensión definitiva de un partido por esta conducta, perderá automáticamente el encuentro por incomparecencia. Es decir, el resultado no será reconocido y se dará por perdida la participación del equipo en cuestión.

Esta disposición surge tras el episodio vivido en la final de la Copa Africana de Naciones. En ese partido, los futbolistas de Senegal, junto a su entrenador Pape Thiaw y su cuerpo técnico, abandonaron el campo en Rabat tras la sanción de un penalti a favor de Marruecos en el tiempo añadido. Aunque el penal fue fallado y Senegal ganó el partido en la prórroga, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) despojó al equipo del título semanas después, en el que alegó conducta antideportiva.

La reunión de delegados de la FIFA en Vancouver, previa al Congreso del organismo, fue el escenario donde se oficializaron estas medidas. Este encuentro representa la última instancia de debate reglamentario antes del inicio del Mundial, que tendrá lugar en Canadá, México y Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, amplió este lunes la guerra de sanciones contra Irán al ámbito de la aviación comercial, con una advertencia directa a gobiernos y empresas de todo el mundo: operar con aerolíneas iraníes expone a represalias económicas de Washington. La declaración se produjo mientras el conflicto militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado en febrero de 2026, sigue activo y las negociaciones de paz permanecen estancadas.

“Hacer negocios con aerolíneas iraníes sancionadas conlleva el riesgo de sufrir sanciones estadounidenses”, afirmó Bessent, y advirtió que el Tesoro “no dudará en actuar contra cualquier tercero que facilite o realice negocios con entidades iraníes”. La advertencia cubrió los servicios más básicos de la operación aeroportuaria: suministro de combustible, catering, tasas de aterrizaje y mantenimiento.

La aerolínea Mahan Air encarna el núcleo del problema descrito por Bessent. Designada por el Tesoro en 2011 como proveedora de apoyo logístico a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la compañía acumula sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. La UE la incluyó en sus listas negras en octubre de 2024 por transportar drones y misiles a Rusia. Según la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro), Mahan Air también cooperó con la aerolínea estatal venezolana Conviasa para establecer un puente aéreo entre Teherán y Caracas destinado al traslado de personal y tecnología sensible, lo que generó fricciones diplomáticas en Argentina y Chile.

Las advertencias de Bessent forman parte de la denominada Operación Furia Económica, un programa concebido para privar a Irán de acceso a bancos, seguros y sistemas de pago internacionales. La iniciativa corre en paralelo a la ofensiva militar bautizada Operación Furia Épica, que dio inicio el 28 de febrero de 2026. El objetivo declarado es “mermar sistemáticamente la capacidad de Teherán para generar, mover y repatriar fondos”.

La presión aumentó los días previos. El viernes 24 de abril, la OFAC impuso sanciones contra unas 40 entidades navieras y buques vinculados al comercio petrolero iraní, entre ellas la refinería china Hengli Petrochemical Refinery Co, identificada como uno de los principales compradores de crudo de Teherán. Según el Tesoro, la empresa recibió desde al menos 2023 cargamentos de la “flota fantasma” iraní, una red de buques que opera bajo banderas de conveniencia para eludir controles internacionales. China importaba antes del conflicto entre el 80% y el 90% del petróleo iraní. Pekín rechazó las medidas y denunció que socavan “el orden y las reglas del comercio internacional”.

El bloqueo aéreo se suma al naval. Washington mantiene un bloqueo de los puertos iraníes y ha restringido el tránsito por el estrecho de Ormuz. Bessent anticipó que las instalaciones de almacenamiento de la isla de Jark, principal terminal de exportación petrolera de Irán, estarán pronto saturadas, lo que forzaría el cierre de pozos. Los precios del crudo subieron cerca de un 3% este lunes, impulsados por el estancamiento de las negociaciones y las restricciones en el estrecho.

La Casa Blanca confirmó que Trump analizó una propuesta iraní de cese del fuego con su equipo de seguridad nacional. Teherán condiciona cualquier acuerdo al levantamiento de las sanciones; Washington exige el abandono del programa nuclear. Mientras la diplomacia pakistaní intenta revitalizar las conversaciones, la ofensiva económica no da señales de pausa.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con la facultad legal para reportar a personas físicas y morales con adeudos fiscales firmes ante las sociedades de información crediticia, como el Buró de Crédito.

Esta medida afecta directamente el historial crediticio del contribuyente, limitando su acceso a préstamos, tarjetas y otros financiamientos, según el procedimiento y las advertencias documentadas por el propio SAT y fuentes oficiales actualizadas a 2026.

Facultades del SAT para reportar al Buró de Crédito

El SAT puede reportar deudas fiscales firmes que no hayan sido pagadas o garantizadas en los plazos legales. Esto ocurre cuando:

• El adeudo es definitivo y no admite recursos legales adicionales.
• El contribuyente no responde a los avisos enviados mediante Buzón Tributario, correos electrónicos, cartas oficiales o líneas de captura.
• Se han agotado oportunidades para pagar, negociar o aclarar el adeudo.

Una vez agotado el proceso administrativo, el SAT transfiere la información a las sociedades de información crediticia. El reporte negativo puede incluir el monto total del adeudo, incluso si el contribuyente dejó de pagar solo una parte de un plan acordado. El SAT aclara que los pagos parciales suelen aplicarse primero a multas e intereses, por lo que el saldo principal puede permanecer sin cambios hasta la liquidación total de la deuda.

Consecuencias del reporte en el historial crediticio

Un adeudo fiscal reportado aparece en el historial crediticio igual que un impago bancario y puede durar hasta seis años. La presencia de este reporte puede impedir la aprobación de créditos hipotecarios, automotrices y personales, o incrementar tasas de interés y exigir garantías adicionales.

Los bancos y financieras consultan el historial antes de otorgar nuevos créditos, y la existencia de una deuda fiscal registrada eleva el riesgo crediticio del solicitante.

El SAT advierte que, aunque el adeudo se liquide, el registro puede continuar visible por el plazo mencionado, aunque marcado como “pagado”. Si el contribuyente negocia un plan de pagos y lo cumple, normalmente no se reporta la deuda como firme. Solo se reportan los créditos fiscales exigibles, no los que están en proceso de impugnación o sujetos a facilidades de pago.

Procedimiento oficial para aclarar o corregir información

Quienes consideren que su reporte es incorrecto pueden presentar una aclaración ante el SAT mediante varias vías:

• A través de la sección “Mi Portal” en la página oficial del SAT, ingresando con RFC y contraseña, y seleccionando la opción de aclaraciones sobre Buró de Crédito.
• Enviando un escrito o correo a cobranza@sat.gob.mx con la documentación que respalde la aclaración.
• Acudiendo personalmente a una Administración Local de Servicios al Contribuyente, con cita previa.
• Utilizando los portales del Buró de Crédito o de Círculo de Crédito para iniciar el trámite de reclamación.

El contribuyente debe proporcionar los datos identificadores del crédito reportado, el motivo de la aclaración y documentos probatorios. El SAT emite un acuse de recibo y la respuesta puede consultarse en línea con el folio generado.

Advertencias sobre fraudes y recomendaciones de autoridades

El SAT y las sociedades de información crediticia advierten que no existen mecanismos legales para eliminar registros negativos mediante pagos a intermediarios o sitios ajenos. La única forma de modificar el historial es mediante aclaración formal y pago comprobado de la deuda. Se recomienda no proporcionar datos personales a terceros no autorizados y verificar siempre la autenticidad de los portales utilizados para gestionar trámites relacionados con el Buró de Crédito.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió sanciones contra 23 personas y entidades relacionadas con la adquisición y venta de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa.

En la lista se incluyen a proveedores y distribuidores de químicos que son implementados para la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina, los cuales están involucrados en todas las etapas del suministro.

La red contempla a intermediarios que van desde la India que facilitan la logística y el envío de los productos químicos a México o Guatemala por vía aérea o marítima, los cuales son etiquetados como “productos químicos seguros” para pasar desapercibidos.

Una vez que arriban, los intermediarios se encargan de transferir los productos químicos a personas identificadas como “cocineros”, quienes controlan los laboratorios clandestinos de drogas.

El Cártel de Sinaloa ha sido señalado como uno de los más poderosos al operar redes transnacionales que le facilitan la adquisición de precursores químicos en Asia y para producir drogas en México a través de laboratorios improvisados.

Desde India hasta Guatemala: los sancionados por EEUU

• India

El Departamento del Tesoro sancionó a Satishkumar Hareshbhai Sutaria, un proveedor de productos químicos farmacéuticos con sede en India que comerciaba precursores de fentanilo hacia México y Guatemala que los etiquetaba como “productos seguros”.

Yuktakumari Ashishkumar Modi también fue sancionado al ser identificado como un vendedor de químicos. Ambos son acusados de utilizar las empresas SR Chemicals and Pharmaceuticals (SR Chemicals) y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals (Agrat Chemicals) para realizar el envío de precursores.

Tanto Hareshbhai como Ashishkumar fueron detenidos en marzo de 2025 por las autoridades indias por estos hechos.

• De Guatemala a México

Jaime Augusto Barrientos Camaz también fue sancionado al ser señalado como un intermediario guatemalteco de precursores de fentanilo que obtiene su suministro de varias empresas en la India, incluyendo las antes mencionadas.

Además, el sujeto utilizó la empresa J and C Import, ubicada en la Ciudad de Guatemala, donde era el receptor final de N-Boc-4-Piperidona. Las autoridades estadounidenses lo señalan por haber recibido 116 kilogramos de este químico en solo dos meses.

Otra empresa sancionada fue Central Logística de Servicios dedicada a la importación y exportación de precursores de fentanilo, así como de la droga terminada desde Guatemala.

Tanto el hombre como las dos empresas fueron sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido en la proliferación internacional de drogas.

Dos presuntos integrantes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa que fueron detenidos en marzo, también fueron sancionados por EEUU.

Karina Guadalupe Carrillo Torres es identificada como intermediaria de precursores químicos de fentanilo con base en Sinaloa, a quien se le ha vinculado a múltiples incautaciones de 1-Boc-4-hidroxipiperidina (usado en la fabricación de fentanilo) por más de 50 kilogramos.

Informes refieren que la mujer tendría vínculos familiares con la facción de Los Chapitos, además de ser la esposa de Regulo Acosta Hernández, señalado como miembro del Cártel de Sinaloa que también fue sancionado.

El Departamento del Tesoro identifica al sujeto como proveedor de fentanilo y cocaína que ha utilizado a lavadores de dinero en los Estados Unidos para recibir pagos por la venta de drogas.

Tanto Carrillo como Acosta serían dueños de las empresas Desarrollos Cartok S.A. de C.V. y la Comercializadora Grupo Carhen SA de CV. Ambos fueron detenidos en marzo de este año en Sinaloa.

María Viridiana Rugerio Arriaga, fue sancionada por presuntamente actuar como intermediaria en la adquisición de precursores químicos procedentes de la India, así como de venderlos de manera posterior para la síntesis de fentanilo y metanfetamina.

Rugerio también es identificada como propietaria de Química Soluciones y Logística Interna Bajío, S.A. de CV, con sede en León, Guanajuato, y ha sido vinculada a la venta de productos esenciales para la síntesis de fentanilo y metanfetamina, como la N-Boc-4-piperidona.

Otras empresas y redes señaladas por importación de precursores

En la lista de sancionados también figura José de Jesús Ramírez Torres, quien opera desde Jalisco y utiliza diversas empresas, como Corporativo y Enlace Ram SA de CV y Cargo Global 3PS, para importar precursores químicos a México. La red empresarial de Ramírez abarca entidades en México y Estados Unidos, como E-Ram Group LLC en Florida, que han sido identificadas como propiedad bloqueada debido al interés directo de Ramírez Torres.

La OFAC sostiene que Ramírez Torres y sus empresas han participado en transacciones que contribuyen materialmente a la proliferación de drogas ilícitas, aplicando la misma orden ejecutiva que en los otros casos.

Otras compañías mexicanas, como Reyma Global Trading SA de CV y Aduaeasy S. de RL de CV, fueron designadas por la OFAC al haber importado grandes volúmenes de productos químicos empleados en la fabricación de metanfetamina y mantener relaciones con organizaciones como el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información difundida, Reyma y Aduaeasy recibieron envíos desde Asia, consolidando su papel en la importación de insumos para laboratorios clandestinos.

La OFAC sancionó a Ramiro Baltazar Félix Heras, miembro de alto rango de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa que estaría involucrado en el contrabando de fentanilo y metanfetamina a EEUU.

Alejandro Reynoso Jiménez, un químico que dirigía laboratorios clandestinos en Guadalajara, Jalisco, donde obtenía y utilizaba precursores químicos para la producción de fentanilo para el cártel, específicamente para la facción de Los Chapitos, también fue sancionado.

Además, el sujeto utilizaba su farmacia Botanica 2000 en Guadalajara, donde fabricaba pastillas adulteradas con fentanilo para su envío a Estados Unidos. Reynoso fue detenido en Madrid, España, en noviembre de 2025.

La sanción impuesta por la OFAC implica la inclusión de estas empresas y personas en la lista de bienes bloqueados, lo que limita sus operaciones financieras y comerciales en jurisdicciones sujetas a la regulación estadounidense. La medida busca obstaculizar las cadenas logísticas que abastecen de insumos a los productores de fentanilo y metanfetamina.

Las multas a motociclistas en Bogotá han aumentado de forma significativa durante 2026 debido al uso indebido del espacio público. Más de 6.700 conductores han sido sancionados por circular en andenes, ciclorrutas y zonas peatonales, según cifras reveladas por la Secretaría Distrital de Movilidad, citadas por Revista Semana.

El incremento en los comparendos evidencia una problemática creciente en la ciudad, donde motociclistas continúan invadiendo espacios destinados exclusivamente a peatones y ciclistas. De acuerdo con los datos oficiales, en los dos primeros meses del año se registró un aumento del 84 % en este tipo de sanciones frente al mismo periodo de 2025.

Las autoridades han intensificado los operativos en Bogotá para frenar estas conductas, que representan un riesgo para la seguridad vial. Hasta el 10 de abril de 2026 se habían realizado 1.409 controles en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir la circulación indebida en zonas restringidas.

Además de las sanciones, las autoridades han aplicado medidas adicionales contra los infractores. En lo corrido del año, se han inmovilizado 2.416 motocicletas durante operativos realizados en distintos sectores de la capital. Estas acciones buscan reforzar el cumplimiento de la normativa y evitar que se repitan las infracciones.

La normativa vigente establece que las motocicletas no pueden circular por andenes, ciclorrutas ni otros espacios destinados a peatones. Sin embargo, estas prácticas continúan siendo frecuentes en varias localidades, lo que ha llevado a reforzar las estrategias de control por parte de las autoridades de tránsito.

El valor de la multa para quienes incurran en esta infracción es uno de los aspectos que más preocupa a los conductores. La sanción equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, aproximadamente 875.445 pesos colombianos. Este monto convierte la infracción en una de las más costosas dentro del sistema de tránsito.

El aumento en los comparendos también ha sido evidenciado por autoridades locales. La concejal Cristina Calderón Restrepo alertó sobre el uso indebido de los andenes en sectores como La Floresta, donde se han identificado múltiples casos de invasión del espacio público. “Lo que vimos es inaceptable: vehículos invadiendo el andén de forma permanente, como si fuera un parqueadero”, afirmó, citada por Revista Semana.

Según la cabildante, esta situación no solo afecta la movilidad, sino que pone en riesgo la seguridad de los peatones. Los andenes están diseñados para el tránsito seguro de las personas, por lo que su ocupación por vehículos representa un peligro constante, especialmente en zonas de alta circulación.

Las cifras de años anteriores muestran que el problema no es nuevo, pero sí ha tenido un crecimiento sostenido. En 2025 se realizaron cerca de 15.000 operativos, que derivaron en 60.000 sanciones y 16.000 inmovilizaciones por invasión del espacio público. De esas infracciones, aproximadamente el 60 % correspondieron a motocicletas.

El comportamiento de los motociclistas ha sido identificado como uno de los principales retos en materia de movilidad urbana. Las autoridades señalan que muchos conductores optan por utilizar rutas prohibidas para evitar congestiones, lo que termina generando nuevos riesgos en la vía pública.

Además de los andenes y ciclorrutas, otros espacios afectados incluyen puentes peatonales, zonas verdes y separadores viales. Estas áreas, diseñadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, se han convertido en puntos críticos debido a la circulación irregular de motocicletas.

El Distrito ha insistido en la importancia de respetar las normas de tránsito y utilizar las vías habilitadas. La Secretaría de Movilidad ha reiterado que el incumplimiento de estas reglas no solo genera sanciones económicas, sino que también puede derivar en accidentes que afectan tanto a conductores como a peatones.

La problemática también ha sido abordada desde un enfoque de cultura ciudadana. Las autoridades consideran que, además de los controles, es necesario promover cambios en el comportamiento de los conductores para reducir las infracciones y mejorar la convivencia en el espacio público.

El aumento en las multas a motociclistas en Bogotá refleja la necesidad de fortalecer las estrategias de control y prevención. Mientras las autoridades continúan realizando operativos, el cumplimiento de las normas sigue siendo un factor clave para garantizar la seguridad en la ciudad.

En medio de este panorama, la combinación de sanciones económicas, inmovilizaciones y campañas pedagógicas se presenta como la principal herramienta para enfrentar una problemática que continúa afectando la movilidad y la seguridad de los ciudadanos en Bogotá.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, criticó este domingo la flexibilización de las sanciones al petróleo ruso tras la prórroga de una exención por parte de la administración de Estados Unidos, medida que fue orientada a contener el alza de los precios energéticos en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

“Cada dólar que se paga por el petróleo ruso es dinero para la guerra” y se utiliza para lanzar ataques devastadores contra Ucrania, afirmó el mandatario.

Aunque no mencionó directamente al país norteamericano, la administración de Donald Trump extendió el viernes una exención de sanciones por un mes, permitiendo la venta de petróleo y productos derivados rusos almacenados en el mar.

“Seguir relajando las sanciones contra Rusia no se corresponde con la situación real en la guerra y la diplomacia y alimenta la ilusión de la dirección rusa de que la guerra puede continuar”, remarcó el jefe de Estado ucraniano.

Zelensky advirtió que actualmente más de 110 buques cisterna transportan crudo ruso en alta mar, lo que representa más de 12 millones de toneladas que, gracias a la flexibilización de las sanciones, pueden comercializarse sin consecuencias. “Eso supone 10.000 millones de dólares, un recurso que se convierte directamente en nuevos ataques contra Ucrania”, alertó el mandatario.

El presidente ucraniano detalló que en la última semana, Rusia lanzó más de 2.360 drones de ataque, 1.320 bombas aéreas guiadas y cerca de 60 misiles de diferentes tipos contra ciudades y comunidades ucranianas. “Por eso es importante parar a los petroleros rusos y que no lleven petróleo a los puertos. Es necesario reducir las exportaciones de petróleo del agresor”, subrayó Zelenski.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió el viernes la Licencia General 134B, que permitió la entrega y comercialización de petróleo crudo y productos refinados provenientes de Rusia, siempre que hayan sido cargados en buques a partir del 17 de abril de 2026.

Esta nueva licencia introduce excepciones al régimen de sanciones vigente sobre el Kremlin al autorizar determinadas operaciones relacionadas con petróleo y derivados rusos. El documento precisa que se habilitan “todas las transacciones prohibidas (...) que sean normalmente incidentales y necesarias para la venta, entrega o descarga de petróleo crudo o productos derivados del petróleo de origen de la Federación Rusa cargados en cualquier buque (...) en o antes de las 00.01 horas del este, del 17 de abril de 2026”, siempre que se realicen antes de las 00.01 horas del 16 de mayo de 2026.

Zelensky urge a sus aliados a apoyar el paquete de ayuda europeo a Ucrania

El miércoles pasado, el presidente ucraniano solicitó en Roma, durante una reunión con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el aumento de la producción de sistemas de defensa antiaérea y el desbloqueo de un paquete de ayuda europea por 90.000 millones de euros.

“Ahora mismo en los cielos de Ucrania hay nuevos ‘Shahed’, sufrimos ataques masivos y necesitamos absolutamente nuevos sistemas de defensa antiaérea. Para nosotros son vitales”, declaró.

Durante el encuentro en el Palacio Chigi, sede del Gobierno italiano, el mandatario informó a Meloni sobre la situación militar y remarcó que los ataques rusos no han cesado ni siquiera durante la Pascua, lo que refuerza la necesidad de “trabajar juntos en la producción” de defensas antiaéreas.

Zelensky también señaló que discutieron la importancia de destrabar el crédito de la Unión Europea de apoyo a Kiev por 90.000 millones de euros, una ayuda bloqueada hasta ahora por el Gobierno húngaro. “Hemos hablado también de la necesidad de desbloquear el paquete europeo de apoyo a Ucrania por 90.000 millones de euros. Es una decisión necesaria. Gracias a Italia por el respaldo”, expresó el presidente ucraniano.

(Con información de AFP y EFE)

El incumplimiento de medidas básicas de seguridad vial continúa siendo una de las principales preocupaciones en las carreteras de Costa Rica. Durante el primer trimestre del año, miles de conductores y acompañantes fueron sancionados por no utilizar correctamente el casco o el cinturón de seguridad, dos elementos que, según las autoridades, siguen siendo determinantes para reducir la mortalidad en accidentes de tránsito.

Datos oficiales de la Policía de Tránsito revelan que, en promedio, 1,016 motociclistas fueron multados por no portar casco o utilizarlo de manera incorrecta. A esta cifra se suman otros 542 casos en los que la sanción recayó sobre el acompañante por la misma falta.

Las autoridades advierten que estas cifras reflejan una conducta reiterada que pone en riesgo no solo a los conductores, sino también a quienes viajan con ellos. En el caso de las motocicletas, el casco es considerado el principal elemento de protección ante un accidente, ya que reduce significativamente el riesgo de lesiones graves o fatales en la cabeza.

La situación no es distinta en los vehículos particulares. Durante el mismo periodo, se registraron 801 sanciones a conductores por no utilizar el cinturón de seguridad, mientras que 414 acompañantes también fueron multados por esta infracción.

Para la Policía de Tránsito, estos números evidencian que aún existe una falta de conciencia sobre la importancia de los dispositivos de seguridad, pese a las constantes campañas de prevención.

“El uso del casco y del cinturón no es opcional, es una medida que salva vidas”, han reiterado las autoridades, quienes insisten en que la mayoría de estas sanciones podrían evitarse con hábitos básicos de responsabilidad al conducir.

Más allá de la multa económica, que asciende a 123,000 colones (USD 250) en ambos casos, el principal llamado de las autoridades es a la prevención. Según explican, en muchos accidentes de tránsito las consecuencias más graves están directamente relacionadas con la ausencia de estos dispositivos.

En el caso de los motociclistas, no usar casco o llevarlo mal ajustado puede significar la diferencia entre sufrir una lesión leve o un trauma severo. Por su parte, el cinturón de seguridad en vehículos reduce considerablemente el riesgo de salir expulsado en caso de colisión, así como el impacto contra el volante, el tablero o el parabrisas.

Las autoridades también señalan que estas conductas no solo afectan a quienes incumplen la norma, sino que tienen un impacto en el sistema de salud y en la seguridad vial en general, al aumentar la gravedad de los accidentes.

A pesar de los operativos y controles en carretera, la reincidencia en este tipo de infracciones sigue siendo un desafío. Por ello, la Policía de Tránsito mantiene su llamado a la ciudadanía a adoptar una cultura de prevención y respeto por las normas.

“Pórtese bien, es por su bien, nada cuesta”, es el mensaje con el que las autoridades buscan generar conciencia entre los conductores, recordando que pequeños hábitos pueden tener un impacto significativo en la seguridad personal y colectiva.

El uso correcto del casco y del cinturón de seguridad continúa siendo una de las formas más efectivas y sencillas de reducir riesgos en carretera, en un contexto donde las cifras siguen reflejando la necesidad de reforzar la educación vial en el país.

Desde enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció medidas estrictas para prevenir que empresas, comercios o prestadores de servicios condicionen la emisión de facturas electrónicas a la presentación de la Constancia de Situación Fiscal (CSF).

Esta decisión responde a la necesidad de proteger los derechos de los contribuyentes y evitar prácticas indebidas en el proceso de facturación electrónica.

La prohibición de solicitar la CSF como requisito para expedir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) está fundamentada en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación (CFF).

La norma señala expresamente que es una infracción condicionar la expedición de facturas a la entrega de la CSF o de la Cédula de Identificación Fiscal, independientemente del tipo o giro del establecimiento.

La autoridad fiscal aclara que el contribuyente no está obligado a presentar ningún documento adicional a los datos estrictamente requeridos por la ley para que le entreguen su factura.

Las consecuencias para quienes incurran en esta infracción son significativas.

El SAT puede imponer una multa económica que va desde 21 mil 420 hasta 122 mil 440 pesos por cada ocasión en que se detecte la práctica ilegal.

En caso de que el establecimiento reincida y continúe solicitando la CSF para emitir facturas, la autoridad fiscal está facultada para determinar la clausura preventiva del local, con una duración que puede oscilar entre tres y quince días, según la gravedad de la reincidencia y el historial del contribuyente o empresa involucrada.

Esta medida busca asegurar el cumplimiento de la normativa y proteger a los usuarios frente a exigencias injustificadas.

Requisitos legales para la emisión de facturas electrónicas

De acuerdo con la normatividad vigente, el SAT señala que los únicos datos obligatorios para la emisión de un CFDI son:

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del solicitante
• Nombre o razón social
• Código postal del domicilio fiscal
• Régimen fiscal correspondiente

En ningún caso es necesario que el contribuyente presente su CSF para recibir una factura, ni tampoco para el timbrado de nómina.

El SAT precisa que la CSF es un documento que contiene información personal y fiscal relevante únicamente para el titular del RFC, como el domicilio fiscal y el régimen bajo el cual tributa. Sin embargo, toda esta información puede y debe ser proporcionada de manera directa y voluntaria por el solicitante, sin que se le exija exhibir ningún documento oficial adicional.

El correo electrónico es un dato opcional y su solicitud no puede considerarse obligatoria para la emisión de facturas.

En situaciones donde exista alguna actualización o modificación en el RFC o en los datos fiscales del contribuyente, la responsabilidad de reportar y tramitar dichos cambios corresponde únicamente al titular, quien debe gestionar la actualización directamente ante el SAT por los canales oficiales, ya sea en línea, por teléfono o de manera presencial en las oficinas de la autoridad tributaria.

Procedimiento para denunciar prácticas indebidas

El SAT puso a disposición de los contribuyentes diversas vías para denunciar la exigencia ilegal de la CSF u otras prácticas indebidas en el proceso de facturación. El procedimiento puede seguirse por los siguientes medios:

• Enviar un correo electrónico a la dirección oficial de denuncias del SAT
• Comunicar la irregularidad a través de la línea telefónica de atención nacional
• Realizar la denuncia en el portal de conciliación de facturas del sitio web oficial del SAT
• Acudir personalmente a cualquiera de las oficinas del SAT para presentar la queja y recibir orientación
• Proporcionar datos específicos de la situación: nombre del establecimiento, fecha, descripción de la práctica indebida y cualquier documento de prueba disponible
• Dar seguimiento al caso a través de los mismos canales, donde el SAT asegura la confidencialidad de la información proporcionada y se compromete a investigar cada reporte

El SAT procede a imponer las sanciones correspondientes si se acredita la irregularidad y, en su caso, adopta medidas preventivas para evitar la repetición de la conducta.

La autoridad fiscal también ha difundido campañas informativas y materiales de consulta para orientar a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones en materia de facturación. Estas acciones buscan fortalecer la cultura fiscal y reducir la incidencia de prácticas indebidas en el sector privado.

Advertencias para contribuyentes y empresas

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, ha reiterado públicamente que “no se tiene que pedir constancia para facturar”. Esta declaración subraya la postura institucional de garantizar que los trámites ante la autoridad fiscal sean accesibles, ágiles y libres de requisitos innecesarios.

El SAT busca evitar cargas administrativas adicionales para los contribuyentes y fomentar un ambiente de cumplimiento voluntario y respeto a la normatividad.

En 2026, la autoridad fiscal reforzó su advertencia a todas las personas físicas y morales: condicionar la emisión de facturas a la presentación de la CSF constituye una falta administrativa grave. Las sanciones económicas y la clausura de establecimientos serán aplicadas de manera estricta a quienes incumplan la disposición, sin excepción ni consideración por el tamaño o tipo de negocio.

El SAT invita a los contribuyentes a mantenerse informados a través de los canales oficiales, consultar la normativa vigente y reportar cualquier irregularidad que detecten durante la solicitud de facturas o comprobantes fiscales.

El objetivo es asegurar que la emisión de facturas electrónicas se realice únicamente con los datos obligatorios establecidos por la ley y que los contribuyentes no sean objeto de exigencias injustificadas por parte de empresas, comercios o empleadores.

La autoridad fiscal reitera que la presentación de la CSF no es, bajo ningún supuesto, requisito legal para facturación ni para el timbrado de nómina, y que cualquier práctica contraria puede ser sancionada conforme a la legislación vigente.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia encendió las alarmas sobre la publicación de encuestas electorales que no cumplen con los requisitos legales y metodológicos establecidos para el actual proceso presidencial.

En un comunicado, el órgano electoral resaltó que varios estudios de opinión divulgados recientemente estarían infringiendo lo estipulado en la Ley 2494 de 2025 (Ley de Encuestas) y la Resolución Sala Plena 1197 de 2026 del CNE.

En su análisis, la entidad recalcó que algunos de los sondeos presentan deficiencias metodológicas que, para ellos, ponen en riesgo la transparencia del proceso democrático y pueden distorsionar la información disponible para la ciudadanía.

“Las deficiencias identificadas por el CNE se concentran en aspectos esenciales como el diseño muestral, la cobertura del universo electoral, la validez de las inferencias estadísticas y el uso inadecuado de técnicas de ajuste. Estas falencias comprometen la representatividad y la capacidad de generalización de los resultados, elementos indispensables para que un estudio pueda ser considerado una encuesta electoral válida”, explicó el CNE en el comunicado.

Irregularidades detectadas

Así mismo, señalaron que prácticas como encuestas en redes sociales, formularios abiertos, votaciones digitales voluntarias, paneles en línea no probabilísticos o mecanismos de reclutamiento digital sin control metodológico, equivalen a sondeos, cuya difusión está prohibida en Colombia.

“Presentarlos como encuestas no solo induce a error, sino que vulnera la normativa vigente”, añadió.

En cuanto a la metodología telefónica, el Consejo aclaró que su validez depende de que el marco muestral represente efectivamente a toda la población habilitada para votar.

Sin embargo, insistió en que estas encuestas están sujetas a limitaciones de cobertura y tasas de respuesta, por lo que deben demostrar de manera rigurosa su representatividad.

Sanciones y advertencias

Dentro de las sanciones establecidas para quienes infrinjan las normativas, el CNE destacó que, de persistir el incumplimiento en la materia, se pueden imponer multas, suspensión temporal del registro e incluso la cancelación de la habilitación para operar, conforme a la normativa mencionada.

“La Corporación no busca sancionar por sancionar, sino proteger la integridad de la información electoral. No obstante, frente a incumplimientos verificados, actuará con la firmeza que exige la Ley”, mencionaron.

En su advertencia, el CNE hizo un llamado directo a los medios de comunicación, recordando su obligación de abstenerse de difundir “estudios sin sustento metodológico verificable o que no provengan de firmas debidamente registradas, así como de publicar sondeos de intención de voto”.

El órgano subrayó que la divulgación de información sin respaldo científico puede desinformar al electorado, causar un impacto negativo sobre la equidad del proceso democrático y conllevar sanciones específicas.

La autoridad electoral solicitó también a las empresas encuestadoras que observen estrictamente las obligaciones técnicas, de transparencia y auditoría. De acuerdo con el CNE, “el cumplimiento de estas obligaciones es una condición esencial para garantizar la confianza pública en sus resultados”.

Por último, el Consejo Nacional Electoral aclaró que su propósito no es sancionar de manera arbitraria, sino proteger la calidad y confiabilidad de la información electoral disponible para la ciudadanía.

“Es una obligación legal y una condición indispensable para garantizar la transparencia electoral, la equidad en la competencia política, y la confianza en las instituciones democráticas”, puntualizaron.

La alerta del Consejo Nacional Electoral se produce cuando faltan poco más de 40 días para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. En la contienda participan 13 candidatos, entre quienes se destacan Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (Salvación Nacional y Firmes por la Patria) y Paloma Valencia (Centro Democrático), quienes han encabezado los recientes estudios de intención de voto.

El último sondeo revelado en Colombia fue el presentado por la firma Atlas Intel para Semana, conocido el 9 de abril de 2026, en la que el aspirante del Pacto Histórico lidera la intención de voto con casi el 37,8% de apoyos en primera vuelta, aunque quedaría rezagado en una definición frente a Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, que le sacarían ventajas de nueve y siete puntos porcentuales, respectivamente.

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) afirmó que el levantamiento de sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV) representa un puente hacia la modernización financiera y de las industrias en el país.

“Pasamos de una economía de ahorros en efectivo paralizados a una donde el capital es transferible y fluye como inversión útil para el aparato productivo del país”, expresó el presidente de Conindustria, Tito López, en una nota de prensa.

López subrayó que esta flexibilización marca un punto de inflexión para el sector productivo, al establecer bases para la confianza financiera, el retorno del crédito y la modernización tecnológica.

El dirigente señaló que el impulso en las operaciones del BCV y la banca pública se percibe como clave para la estabilidad de precios. “Uno de los mayores problemas para la competitividad industrial ha sido la brecha cambiaria. Con el retorno del BCV y la banca pública a la dinámica financiera regular, aspiramos a ver un aumento significativo en la oferta formal de dólares”, indicó.

El martes, el Gobierno de Estados Unidos eliminó las sanciones al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela. La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, abarca también al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y a cualquier entidad donde estas instituciones tengan una participación directa o indirecta de al menos 50%.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió una licencia que permite “transacciones comerciales” con el Gobierno de Venezuela, previa autorización de Washington.

Estas directrices se publicaron menos de dos semanas después de que Estados Unidos retirara a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su lista de sancionados, lo que supone otro paso en el acercamiento entre Washington y Caracas.

Sin estas restricciones, los principales bancos venezolanos podrán reincorporarse al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar.

Después de la captura en Caracas de Nicolás Maduro durante una intervención militar estadounidense a principios de año, el Gobierno del presidente Donald Trump ha normalizado progresivamente las relaciones diplomáticas con Venezuela, interrumpidas en 2019.

En paralelo, Washington ha levantado gradualmente las sanciones económicas impuestas a Caracas bajo la administración anterior de Trump (2017-2021), que buscaban presionar la salida de Maduro.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras ha adoptado recientemente medidas para sancionar a funcionarios judiciales, en el marco de un proceso interno orientado a reforzar la transparencia y la integridad del sistema judicial.

Estas resoluciones buscan no solo corregir conductas indebidas, sino también responder a un contexto institucional en el que se han anulado cerca de 180 nombramientos realizados durante la administración previa, según declaraciones del portavoz Melvin Duarte y el magistrado Walter Miranda.

Durante la última sesión del pleno, el máximo órgano judicial analizó 12 expedientes disciplinarios que involucraban a 14 funcionarios, de los cuales nueve recibieron sanciones directas.

Entre las medidas aplicadas sobresalen la suspensión de un juez durante cinco días y la imposición de una multa equivalente a 15 días de salario a otro juez, detalló Duarte en la comunicación pública.

La gravedad de las conductas sancionadas permitió la reincorporación de ambos jueces tras el cumplimiento del castigo, lo que indica que no se trató de las faltas más graves, aunque sí relevantes en el proceso de depuración institucional.

El conjunto de medidas incluyó la cancelación de tres empleados del personal auxiliar, concretamente dos receptores y una secretaria. Estos despidos se sustentaron en pruebas de gestión irregular de expedientes judiciales.

Duarte resaltó que estas acciones afectan la fiabilidad del proceso legal y debilitan la confianza ciudadana en la justicia. En uno de estos casos, el expediente de un receptor fue remitido al Ministerio Público para dar inicio a una investigación formal, lo que abre la posibilidad de responsabilidad penal fuera del ámbito administrativo.

Las sanciones aplicadas y las auditorías internas se inscriben en un proceso más amplio de control interno. Miranda explicó que la revisión actual responde a una resolución del pleno que dejó sin efecto los nombramientos —cerca de 180— efectuados en la fase final del liderazgo de Ráquel Obando al frente del Poder Judicial.

Estos nombramientos fueron denunciados por gremios, que alegaron designaciones discrecionales y falta de concursos públicos, en contravención a las normas de la carrera judicial.

Al respecto, Miranda resumió: “La propuesta de dejar sin valor y efectos estos nombramientos por la expresidenta fue la que ganó”, en alusión al cumplimiento del decreto 10-2026 del Congreso Nacional.

En la actualidad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, tiene facultad para contratar interinamente parte del personal cuyas designaciones fueron anuladas, con el propósito de evitar vacíos operativos en áreas clave del sistema judicial.

Según Miranda, estas contrataciones provisionales permitirán asegurar la continuidad funcional en los tribunales hasta que se realicen concursos públicos formales para los cargos vacantes.

Los empleados cuyos nombramientos han sido anulados serán sujetos a auditorías internas para evaluar la legalidad de sus designaciones y su desempeño. Los resultados de estas revisiones pueden derivar en sanciones adicionales o, en su defecto, confirmar la permanencia en el servicio público.

Miranda mencionó que corresponde a la Supervisión General del Poder Judicial garantizar que los empleados afectados puedan ejercer su derecho a presentar descargos ante recursos humanos.

Dependiendo del resultado, los casos pueden avanzar a la comisión de disciplina para nuevas resoluciones. Además, los trabajadores tienen la posibilidad de presentar recursos ante el Consejo de la Carrera Judicial o interponer un recurso de amparo si consideran vulnerados sus derechos fundamentales.

Diversos sectores de la sociedad civil insisten en que estas acciones no deben circunscribirse a casos puntuales, sino abrir la senda para una reforma estructural en la justicia hondureña.

La administración de la Corte Suprema enfrenta ahora el reto de depurar el sistema sin vulnerar el derecho de defensa de los funcionarios involucrados.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes el levantamiento de las sanciones contra el Banco Central de Venezuela y otras tres instituciones bancarias públicas, en una medida que busca reactivar las relaciones financieras y comerciales entre ambos países tras varios años de restricciones.

La nueva disposición, formalizada bajo la Licencia General 57 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), autoriza todas las operaciones bancarias y servicios financieros con el Banco Central, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

La autorización se extiende también a cualquier entidad en la que los bancos mencionados tengan una participación igual o superior al 50%, así como a empleados actuales del régimen de Venezuela que no estén incluidos en la lista de personas sancionadas por la OFAC.

El documento firmado por el director de la OFAC, Bradley T. Smith, establece que las operaciones ahora permitidas abarcan tanto transacciones bancarias tradicionales como pagos electrónicos, transferencias móviles, servicios de nómina y pagos de salarios, pensiones o beneficios laborales.

Además, se autoriza el uso de plataformas digitales, billeteras electrónicas y la contratación de seguros, inversiones o instrumentos financieros vinculados a estas entidades. La medida también contempla servicios de prevención de fraude, autenticación y ciberseguridad, entre otros.

Esta flexibilización llega en el marco de un proceso de distensión iniciado tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro en enero. Desde entonces, la Casa Blanca ha acelerado la revisión de sanciones, especialmente en sectores estratégicos como energía y finanzas, como parte de una agenda que busca incentivar reformas estructurales y la apertura a la inversión extranjera en Venezuela.

El Tesoro estadounidense aclaró que la licencia no implica el desbloqueo de bienes previamente congelados bajo otros apartados de la normativa de sanciones, ni exime a las personas o entidades beneficiarias del cumplimiento de otras leyes estadounidenses, como la Ley de Secreto Bancario o las regulaciones del FinCEN sobre delitos financieros.

Paralelamente, la OFAC anunció la eliminación de sanciones sobre el procurador venezolano Reinaldo Muñoz, quien había sido sancionado desde septiembre de 2020.

En los últimos tres meses, la mayoría de las licencias generales emitidas por la OFAC han estado directamente vinculadas a la reactivación de la industria petrolera venezolana, permitiendo la entrada de multinacionales extranjeras tras la reforma de la ley de hidrocarburos.

El régimen de Delcy Rodríguez ha defendido que el alivio de sanciones es necesario para impulsar la recuperación económica y garantizar el acceso de la juventud y los sectores productivos a servicios financieros globales.

La orden del Tesoro también permite a instituciones financieras estadounidenses confiar en la información proporcionada por el remitente o beneficiario de una transferencia, siempre que no haya razones para sospechar incumplimientos.

Sin embargo, Washington recordó que el levantamiento de sanciones no exime a las entidades de cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El restablecimiento de operaciones financieras internacionales con bancos venezolanos abre la puerta a una mayor integración de la economía del país caribeño en el sistema global, facilita la repatriación de remesas y habilita el acceso a instrumentos modernos de pago y financiamiento.

La medida podría tener un impacto directo en la vida cotidiana de millones de venezolanos, permitiendo el uso de tarjetas internacionales y transferencias en moneda extranjera, al mismo tiempo que genera expectativas sobre un mayor flujo de inversiones y la normalización de las relaciones económicas entre Caracas y Washington.

(Con información de EFE y AFP)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a tres personas por presuntamente brindar apoyo al Cártel del Noreste (CDN) para favorecer su dominio en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Dos de los hombres sancionados fueron el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez y el defensor de Derechos Humanos, Jesús Raymundo Ramos Vázquez. Ambos fueron señalados por presuntamente utilizar su trabajo en favor de miembros del cártel.

Además de los dos hombres fue sancionado Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, quien sería responsable de las operaciones de tráfico de personas del Cártel del Noreste al desempeñarse como colaborador cercano de Abdon Federico Rodríguez García, segundo al mando de la organización criminal.

¿Quiénes son Juan Pablo Penilla y Raymundo Ramos?

Juan Pablo Penilla fue sancionado por la autoridades estadounidenses luego de representar a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40″, uno de los exlíderes de Los Zetas, organización que dio origen al Cártel del Noreste.

El abogado no solo le habría dado representación legal al líder criminal cuando se encontraba recluido en una prisión mexicana, sino que también fungió como intermediario con el actual mando de la organización criminal y otros asociados, con lo que le permitió al “Z-40″ mantener su liderazgo a pesar de su encarcelamiento.

Penilla Rodríguez es señalado por haber sido el responsable de las operaciones criminales de Miguel Ángel Treviño, quien actualmente se encuentra en una prisión en Estados Unidos al igual que su hermano Omar Treviño, alias “Z-42″, otro de los líderes de Los Zetas.

Asesor de “El Mayo” Zambada que también fue vinculado con Morena

El abogado fue mencionado en febrero de 2025 en una carta que habría sido enviada por Ismael “El Mayo” Zambada al Cónsul General de México en Nueva York para solicitar asistencia consular y su repatriación al país.

En la solicitud, el exlíder del Cártel de Sinaloa mencionó a Juan Pablo Penilla Rodríguez como uno de sus asesores jurídicos en México. Aunque también se le señaló por haber estado involucrado en la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su búsqueda por la presidencia, el Consejo Nacional de Morena (CEN) se deslindó del hombre y detalló que no existía ningún registro de que haya formado parte de la asesoría legal de dicha campaña.

El abogado ha sido reconocido en varias ocasiones tanto por el Congreso de la Ciudad de México, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, entre los que destacan el Premio Nacional del Benemérito de las Américas y su nombramiento como Embajador de la Paz Internacional (en julio de 2023).

En noviembre de 2024, el Senado de la República le otorgó el Premio Patria por la Justicia y la Equidad Social.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Raymundo Ramos Vázquez, fue sancionado por los Estados Unidos al ser señalado por presuntamente utilizar su activismo para favorecer a miembros del Cártel del Noreste.

De acuerdo con la sanción, su defensoría sería exclusiva para miembros del cártel al presentar denuncias falsas contra el Ejército Mexicano. Para cumplir con el cometido, le pagaría a personas para que asistan a protestas y se proteja la reputación de los criminales.

Además, el defensor es acusado por favorecer la imagen pública del Cártel del Noreste y desacreditar las iniciativas policiales de las autoridades mexicanas en su contra, lo que haría desde hace más de una década.

Ramos Vázquez se ha desempeñado en la defensoría desde hace más de 20 años en el estado de Tamaulipas. Un análisis del Citizen Lab de la Universidad de Toronto identificó que sus dispositivos fueron comprometidos con el malware Pegasus en al menos tres ocasiones para ser espiado en sus labores.

El defensor ha sido acusado en varias ocasiones por presuntamente defender a miembros del Cártel del Noreste, e incluso a afirmado que miembros de las Fuerzas Armadas lo han calificado como su “enemigo”.

Un informe elaborado por el Centro Militar de Inteligencia en agosto de 2020, y obtenido por Animal Político, reveló que las autoridades informaron actividades llevadas a cabo por Raymundo Ramos como parte de su defensoría, en el que ya se señalaba que intentaba “desprestigiar a las Fuerzas Armadas con fines de lucro y en beneficio del Cártel del Noreste”; sin embargo, fue identificado como un intento de criminalización contra el defensor, ya que también reveló el espionaje a sus dispositivos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó las sanciones emitidas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de seis entidades por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.

Luego de que las autoridades estadounidenses sancionaron a tres personas físicas, así como dos casinos y una empresa ligada a ambos, la UIF informó que sí identificó irregularidades en los establecimientos, ubicados en el estado de Tamaulipas.

Durante el análisis financiero, fiscal y corporativo de los señalados, se identificaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo, así como inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados.

Además, la UIF detalló que se ubicaron movimientos significativos de recursos de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

Establecimientos serán suspendidos tras la identificación de posibles esquemas de evasión fiscal

Las autoridades informaron que, entre las irregularidades en los casinos, también se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no son proporcionales a los ingresos declarados.

Los establecimientos también contaban con patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, los cuales podrían ser utilizados para el lavado de activos.

Ante las inconsistencias, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

Como medida complementaria, las autoridades compartieron información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los dos casinos identificados.

Los casinos sancionados por EEUU

Uno de los establecimientos sancionados fue el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este sitio es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de CV (CAMSA), y fue señalado por ser presuntamente ser utilizado para blanquear las ganancias de la venta de fentanilo y cocaína del Cártel del Noreste para luego integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.

El Departamento del Tesoro de EEUU afirmó que los miembros del cártel utilizan cuartos localizados en la parte trasera de este casino para torturar e intimidar a sus enemigos.

Tanto el casino como la empresa CAMSA fueron sancionados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel del Noreste.

El segundo casino sancionado fue Diamante Casino, con sede en Tampico, Tamaulipas, el cual fue designado por ser operado o controlado por CAMSA.

Además de los casinos fueron sancionados el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, exdefensor de Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40″, exlíder de Los Zetas; así como el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, por presuntamente favorecer al cártel mediante sus actividades.

La última persona sancionada fue Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, por dirigir las operaciones del tráfico de personas para el cártel, esto al desempeñarse como colaborador de Abdon Federico Rodríguez García, segundo al mando de la organización criminal.

El Kremlin confirmó este jueves que un navío de guerra ruso escoltó a varios petroleros de su denominada “flota fantasma” a través del estrecho de la Mancha, en aguas cercanas al territorio del Reino Unido, tras informes publicados por medios occidentales sobre el episodio.

“Rusia se considera en derecho de defender sus intereses y sin falta tomará medidas para defender sus intereses”, afirmó el portavoz presidencial Dmitri Peskov durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov justificó la acción señalando que “en los últimos meses fuimos testigos de reiterados actos de piratería en aguas internacionales”, los cuales, según dijo, “afectaron, entre otras cosas, a los intereses económicos de la Federación Rusa”.

Según informó el diario The Telegraph, la fragata Admiral Grigorovich, perteneciente a la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa, escoltó a través del estrecho de la Mancha a dos petroleros identificados como "Universal" y "Enigma".

De acuerdo con el mismo medio, la fragata rusa fue a su vez seguida por el buque Tideforce de la Flota Real Británica durante el trayecto.

La operación se produjo apenas dos semanas después de que Londres anunciara oficialmente su intención de interceptar todos los buques sancionados que transiten por aguas territoriales británicas.

El incidente se enmarca en una escalada de tensiones en torno a la red de petroleros con los que Moscú elude las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022. El pasado 26 de marzo, el gobierno del primer ministro Keir Starmer autorizó a las fuerzas armadas y de seguridad del Reino Unido a abordar e interceptar buques sancionados que penetren en aguas británicas, describiendo la medida como un golpe a “una vía clave de financiación” del esfuerzo bélico ruso.

“El Reino Unido estrechará el cerco en torno a esta flota, cerrando sus aguas, incluido el canal de la Mancha, a los navíos sancionados”, señaló Downing Street en su comunicado.

Según Londres, alrededor del 75% del crudo ruso es transportado por esta deteriorada flota, sobre la que el gobierno británico ha impuesto sanciones a 544 embarcaciones. La medida habría obligado a los buques de la flota fantasma a evitar el estrecho de la Mancha durante varias semanas, según medios occidentales.

La confirmación del Kremlin llega en un momento en que las potencias occidentales intensifican sus acciones contra esta red de transporte. Un alto oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos estimó recientemente ante el Congreso que entre 600 y 800 barcos de flota fantasma operan actualmente alrededor del mundo, vinculados a Rusia, Irán, Venezuela y China. “Es un porcentaje muy pequeño” de naves el que ha sido incautado hasta la fecha, reconoció el contralmirante David Barata.

Francia, Bélgica y Finlandia también han interceptado recientemente embarcaciones vinculadas a Moscú. La marina francesa escoltó un tanquero relacionado con Rusia en el Mediterráneo el mes pasado, luego de haber detenido otra nave similar en septiembre. Por su parte, Estados Unidos tomó el control en semanas recientes de al menos una embarcación vinculada a Rusia, capturada en el Atlántico norte tras una persecución desde las costas de Venezuela.

Según Downing Street, cada operación de intercepción en aguas británicas requiere aprobación previa del gobierno, y podrán abrirse procedimientos penales contra propietarios, operadores y tripulación por violación de la legislación británica sobre sanciones.

El episodio del estrecho de la Mancha no fue el único foco de tensión entre Londres y Moscú en los últimos días. El Ministerio de Defensa británico informó que sus fuerzas armadas, en coordinación con Noruega, rastrearon durante semanas un submarino ruso detectado en aguas del norte, en lo que las autoridades describieron como parte de una estrategia más amplia destinada a distraer la atención mientras otras unidades rusas operaban sobre infraestructuras submarinas de alto valor estratégico, como cables de fibra óptica y sistemas energéticos.

“A Putin le digo: te vemos, vemos tu actividad sobre nuestra infraestructura submarina. Debes saber que cualquier intento de dañarla no será tolerado y tendría graves consecuencias”, advirtió el secretario de Defensa, John Healey. El gobierno británico anunció además una inversión de 100 millones de libras para reforzar su flota de aviones de patrulla submarina y el lanzamiento del programa Atlantic Bastion, enfocado en sistemas autónomos y sensores de última generación.

La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes una reforma que introduce sanciones para los padres de alumnos que incurran en acoso escolar y bullying. Los adultos responsables podrían recibir multas económicas o hasta 30 días de arresto si no prestan colaboración con solucionar la problemática.

La medida, que modifica el Código Contravencional provincial, representa un giro en la manera en que las instituciones educativas y las autoridades buscan frenar el avance del bullying en las escuelas salteñas.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, en el recinto, la diputada Socorro Villamayor subrayó que la reforma no implica una aplicación automática de prisión para los tutores. De hecho, el principal objetivo es que los adultos a cargo tengan un compromiso efectivo con esta problemática.

El impacto de la violencia escolar en Salta y el resto del país ha sido materia de preocupación reciente. Según se debatió en la legislatura, el endurecimiento de las sanciones responde a casos graves ocurridos en otras provincias, como el asesinato de un adolescente en Santa Fe en manos de un compañero armado. Estas situaciones intensificaron el debate sobre los mecanismos de protección y la responsabilidad de los adultos ante el acoso escolar.

La iniciativa busca reforzar la cooperación entre las familias y las instituciones educativas, de modo que los conflictos escolares no queden sin respuesta. El proyecto, presentado originalmente por la senadora Bettina Navarro, fue debatido en el recinto y recibió modificaciones de otras bancas. Tras la aprobación del texto, fue remitido al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación.

La legisladora Villamayor manifestó que la medida procura evitar que, ante una notificación formal de la escuela, los padres ignoren su deber de intervenir y prevenir la repetición de episodios de acoso.

Durante la discusión parlamentaria, varios diputados hicieron hincapié en el agravamiento de la violencia en los entornos escolares y la necesidad de actualizar los instrumentos legales para proteger a los menores.

La modificación del Código Contravencional establece que, frente a una denuncia o notificación de acoso escolar, los tutores deberán comparecer ante el juez y cumplir con las medidas que se les ordenen. Estas podrán incluir el pago de multas, el cumplimiento de tareas comunitarias o la asistencia a tratamientos psicológicos. El arresto quedará como última instancia y puede ser reemplazado si el responsable demuestra voluntad de colaborar.

El caso de Santa Fe

Con respecto a la violencia en entornos escolares, Villamayor tomó el tiroteo en San Cristóbal, Santa Fe, como ejemplo de esta problemática. Todo sucedió hace dos semanas, cuando un adolescente de 15 años llevó un arma al colegio, salió del baño y abrió fuego contra sus compañeros. Uno de esos tiros mató a Ian Cabrera, un niño de 13. Hasta el momento, no pudieron confirmar que ambos se conocieran; en principio, se sabe que no tenían relación y que Cabrera no estuvo relacionado con las agresiones que el atacante habría sufrido.

Frente a esto, las autoridades santafesinas comenzaron a investigar cómo era su ambiente familiar y el vínculo con sus compañeros. Hay testimonios que indican que el sospechoso, hijo de un camionero y una docente de nivel inicial y el segundo de dos hermanos, era una víctima de bullying sistemático.

Un video, posteado en X y donde se ve al tirador, muestra su rostro mientras otro compañero le pateaba la silla.

El tirador no tuvo episodios de violencia previos, aseguran fuentes oficiales a Infobae. Pero algo se rompió en la vida del chico antes del tiroteo, sin dudas. Los primeros indicios de la investigación apuntan a su casa.

Su padre, camionero, dejó la casa familiar dos años atrás para radicarse en la provincia de Entre Ríos, con un domicilio registrado en la zona de la ciudad de Federación. Los mismos investigadores hablan de un supuesto “consumo problemático” por parte del adulto.

La madre del tirador, que fue empleada del Ministerio de Educación santafesino, se encuentra bajo licencia psiquiátrica. Su hermana mayor, de 18 años, cursa el primer año de la facultad. El informe en manos de las autoridades habla de un grado de conflictividad familiar. La ausencia del padre, precisamente, sería el problema.

Vecinos y allegados describieron al tirador como “tranquilo”, “sin problemas”. Sin embargo, un padre de una alumna de 5° año de la Escuela N°40 aseguró que, una semana antes, el chico había anunciado que los iba a “matar a todos”.

Al menos ocho países —Estados Unidos, Israel, Ucrania, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú— han expresado su respaldo a Panamá ante las recientes inspecciones y retenciones de buques con bandera panameña en puertos de la República Popular China, en un contexto que ha elevado la preocupación sobre la estabilidad del comercio marítimo internacional y el respeto a la libertad de navegación.

Los pronunciamientos coinciden en señalar que estas acciones generan riesgos para las cadenas de suministro globales, afectan la confianza en el sistema comercial internacional y pueden traducirse en mayores costos logísticos para empresas y consumidores.

Además, subrayan la importancia de respetar la soberanía de Panamá como Estado de abanderamiento y su papel dentro del comercio marítimo mundial.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha advirtido que las medidas aplicadas contra buques panameños generan preocupación por el uso de instrumentos económicos que podrían afectar el Estado de Derecho y la estabilidad del comercio.

Según indicó, las detenciones, retrasos y obstáculos operativos tienen impacto directo en la eficiencia de las rutas comerciales y en la confianza global en el sistema logístico.

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, sostuvo que la aplicación de normas marítimas debe mantenerse en un plano técnico, objetivo y libre de presiones políticas, mientras que Ucrania reiteró su respaldo a Panamá en la defensa de su soberanía y su capacidad de tomar decisiones dentro del marco del derecho internacional.

Los gobiernos de Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú también manifestaron su apoyo, destacando la necesidad de preservar un sistema de transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas internacionales.

En particular, se hizo referencia a la importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y a los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI) como pilares del orden marítimo global.

Las inspecciones y retenciones de embarcaciones panameñas se registran semanas después de la toma de control de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, anteriormente operadas por Panama Ports Company, filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison.

Estas terminales pasaron a ser operadas por APM Terminals, del grupo Maersk, en el Pacífico, y por TiL de Mediterranean Shipping Company (MSC) en el Atlántico, en un movimiento que reconfiguró el mapa portuario del país.

En ese contexto, autoridades chinas habían advertido previamente sobre posibles consecuencias económicas si Panamá avanzaba con el proceso de transición en los puertos. Aunque no existe un pronunciamiento oficial que vincule directamente las inspecciones actuales con esa decisión, la coincidencia temporal ha sido observada por distintos actores del sector marítimo y diplomático.

Desde Pekín, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, rechazó las acusaciones formuladas por Estados Unidos, calificándolas de infundadas y señalando que distorsionan la realidad.

La vocera sostuvo que los comentarios estadounidenses reflejan intereses propios y afirmó que China defenderá sus derechos e intereses legítimos, al tiempo que reiteró su posición sobre los asuntos relacionados con Panamá.

El registro marítimo panameño, considerado el más grande del mundo, cerró 2025 con más de 8.000 buques inscritos, lo que representa una parte significativa de la flota mercante global.

Este posicionamiento convierte a Panamá en un actor clave dentro del sistema logístico internacional, donde cualquier alteración en el tránsito de sus embarcaciones puede tener efectos amplificados.

En los últimos meses, operadores del sector han reportado casos de demoras prolongadas en puertos chinos para buques con bandera panameña, incluyendo inspecciones adicionales y tiempos de espera superiores a los habituales.

Estas situaciones, aunque no generalizadas, han generado preocupación en la industria por su posible impacto en la eficiencia operativa y en la planificación de rutas comerciales.

El Gobierno panameño ha sostenido que el respeto a su registro de naves y a su condición de Estado de abanderamiento es un elemento esencial para el funcionamiento del comercio internacional. En ese sentido, los respaldos internacionales han reforzado su posición en medio de un escenario donde confluyen factores logísticos, comerciales y geopolíticos.

La evolución de esta situación se mantiene bajo seguimiento por parte de autoridades, navieras y organismos internacionales, en un momento en que la estabilidad de las cadenas de suministro continúa siendo un factor crítico para la economía global.

Mientras tanto, el tránsito de buques panameños en puertos internacionales sigue siendo observado como un indicador clave del comportamiento del comercio marítimo en un entorno cada vez más tensionado.

Viajar por las rutas argentinas durante el fin de semana extra largo de Semana Santa requiere que los conductores cumplan una serie de requisitos formales para poder circular sin inconvenientes. La normativa vigente, establecida en la Ley Nacional de Tránsito, determina qué documentación es indispensable exhibir ante cualquier control vehicular, especialmente en épocas de mayor tránsito. Si bien en los últimos años se implementaron alternativas digitales para facilitar el acceso y la presentación de los papeles, las obligaciones básicas no han cambiado y siguen plenamente vigentes.

No portar la documentación obligatoria puede generar sanciones económicas, la retención de documentos y, en situaciones más graves, la interrupción del viaje hasta que la situación se regularice. Por ese motivo, antes de salir, conviene revisar que todos los papeles estén en regla y disponibles para ser mostrados ante una inspección.

La documentación obligatoria

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el primer requisito, y debe estar actualizado y en formato físico, ya que en la mayor parte de los controles no se acepta únicamente la versión digital. El DNI acredita tanto la identidad como el domicilio del conductor. Su ausencia puede derivar en una multa o incluso en la retención del vehículo o de la licencia de conducir, según la falta.

Junto al DNI, es obligatorio portar la Licencia Nacional de Conducir habilitante. En este caso, la versión digital disponible en la aplicación oficial del Gobierno tiene la misma validez que la física, siempre que esté vigente y visible correctamente. Es importante que la licencia haya sido emitida en la misma jurisdicción en la que figura el domicilio del conductor; de lo contrario, las autoridades pueden considerar la habilitación inválida y sancionar la infracción.

En cuanto a la documentación del vehículo, la cédula verde es el documento principal y debe estar al día. Aunque en algunas provincias se admite la versión digital, muchas aún exigen el formato impreso, por lo que es recomendable viajar con ambas opciones. Si quien conduce no es el titular, y este no está presente, es imprescindible contar con una autorización de manejo, que puede tramitarse digitalmente. El titular puede habilitar o revocar esta autorización cuando lo considere necesario.

El seguro automotor vigente es otro requisito esencial. La póliza debe demostrar cobertura ante siniestros o daños a terceros y su vigencia debe poder comprobarse en cualquier control. Si bien en la mayoría de los casos se acepta la versión digital, llevar impresa la constancia de pago puede evitar complicaciones en lugares con baja conectividad o en provincias donde los controles son más estrictos.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es el certificado que acredita que el auto cumple con las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias para circular. Este documento debe estar en el vehículo y la correspondiente oblea debe estar adherida al parabrisas. Circular con la verificación vencida puede dar lugar a multas o incluso impedir que el auto continúe su trayecto, dependiendo de la jurisdicción.

Aunque el comprobante de pago de la patente automotor no es obligatorio a nivel nacional, en varias provincias se solicita en los controles, por lo que llevarlo puede evitar demoras y complicaciones innecesarias. Además, es fundamental que las chapas patente estén bien colocadas, legibles y en su lugar original. Circular con placas provisorias vencidas o deterioradas también constituye una infracción.

Elementos y documentación

Más allá de lo mecánico, se debe verificar que en el auto esté el kit completo de emergencia obligatorio:

• matafuegos de 1 kg con su carga vigente
• dos balizas triangulares
• un chaleco reflectivo
• elementos para cambiar un neumático: un gato hidráulico y una llave para retirar los bulones.

En caso de tener tuercas de seguridad, también el adaptador que permite extraer el neumático en esa condición.

La documentación exigible que puede solicitar cualquier control de las autoridades en la ruta y que no solo implica multas en caso de no tenerlos sino incluso impedir que se continúe el viaje.

• licencia de conducir al día
• cédula de identidad del vehículo
• autorización de manejo para casos de conductores que no son los titulares del auto (en MiArgentina se gestiona en pocos minutos)
• seguro automotor vigente
• VTV o RTO vigente
• último recibo de patente también al día

Consideraciones a tener en cuenta

Cada provincia puede sumar requisitos propios o pedir documentación adicional, por lo que siempre es útil consultar la normativa local antes de emprender un viaje. En los períodos de mayor circulación, como las vacaciones de verano o fines de semana largos, los controles se intensifican, verificando no solo la documentación sino también el estado general del vehículo.

Las consecuencias por no cumplir con estos requisitos pueden ser diversas: desde multas económicas hasta la retención de documentos o la imposibilidad de seguir viaje hasta resolver la falta. Por eso, revisar toda la documentación y llevar tanto versiones digitales como físicas, cuando sea posible, es la mejor forma de evitar contratiempos y asegurar un viaje tranquilo por las rutas argentinas.

El suministro continuo de armamento de largo alcance a Ucrania y la adopción inmediata del vigésimo paquete de sanciones en Europa figuran entre las principales exigencias del gobierno ucraniano para contrarrestar el impacto de la reciente decisión estadounidense sobre las sanciones a Rusia. Estos planteos surgen en un contexto donde Ucrania observa un aumento de la actividad de la denominada flota fantasma rusa y la utilización de infraestructura portuaria rusa tanto para exportar grano confiscado a Ucrania como para sortear restricciones internacionales. Según consignó Ukrinform, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha manifestado su rechazo a cualquier reducción o flexibilización de las sanciones impuestas a Moscú, al considerar que esto debilita la estrategia internacional orientada a presionar al Kremlin y afecta la seguridad en Europa.

De acuerdo con el medio Ukrinform, Sibiga cuestionó la retirada parcial de sanciones decidida recientemente por Estados Unidos, cuya aplicación implicó el levantamiento de restricciones al menos a varios buques rusos. El titular de exteriores ucraniano subrayó que, incluso cuando las medidas de alivio sean limitadas, se percibe una disminución de la presión sobre Moscú. En sus declaraciones, hizo énfasis en que, ante la escalada de tensiones y retos globales —incluida la crisis energética que acompaña a la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos sobre Irán—, toda relajación de medidas contra el gobierno ruso envía una señal de “debilidad” a la comunidad internacional y perjudica los esfuerzos encaminados a alcanzar la paz en la región.

El medio Ukrinform recogió que Sibiga remarcó la necesidad de mantener e intensificar las sanciones, no solo para aislar diplomáticamente al régimen ruso, sino también para incidir sobre sus capacidades económicas y militares. “La posición ucraniana no ha cambiado: para conseguir un progreso real con la vista puesta en la paz, la presión debe continuar e intensificarse. Por lo tanto, cualquier retirada es una manifestación de debilidad”, afirmó Sibiga, señalando que, desde la perspectiva del gobierno de Kiev, la única vía efectiva para contener a Moscú reside en el endurecimiento de las medidas restrictivas, no en su disminución.

Respecto a los riesgos vinculados a posibles negociaciones, Sibiga advirtió —según publicó Ukrinform— sobre la intención del Kremlin de valerse de diálogos y encuentros diplomáticos “para jugar con todas esas negociaciones y reuniones”, lo que, a juicio del ministro, evidencia que Moscú no actúa bajo una lógica de compromiso realista sino de manipulación del escenario internacional. Por tal motivo, abogó por desterrar cualquier percepción en las capitales europeas y occidentales de que Rusia muestra una disposición genuina para resolver el conflicto, y exhortó a aplicar nuevas rondas de restricciones económicas ante eventuales conductas “poco constructivas” del ejecutivo ruso.

Ukrinform detalló que Sibiga también advirtió sobre las tácticas desplegadas por Rusia para evadir los controles internacionales, utilizando para ello una extensa red de barcos con identidad oculta o vinculados de forma indirecta al Estado ruso, conocida como la flota fantasma. A su vez, indicó que esta infraestructura marítima no solo facilita el comercio de bienes estratégicos, sino que contribuye a la exportación de grano sustraído en territorio ucraniano. Por tal motivo, el canciller pidió no solo la retención de estos barcos en puertos europeos, sino también la aplicación de sanciones directas a los puertos rusos utilizados en estas actividades ilícitas.

El medio Ukrinform informó que para Ucrania resulta prioritario el establecimiento de una prohibición efectiva de la prestación de servicios marítimos a la flota fantasma rusa. La administración ucraniana sostiene que solo mediante el bloqueo coordinado de estos servicios y el refuerzo de los controles portuarios resultará posible cortar las principales rutas de financiación e intercambio comercial que sostienen la capacidad militar y operativa rusa en el marco de la guerra.

En torno al impacto de la crisis energética internacional provocada por la escalada en Oriente Próximo, Sibiga manifestó que Rusia busca sacar provecho de la coyuntura, utilizando el incremento de los precios de la energía y el desvío de la atención global para impulsar una relajación de las sanciones. Según declaró a Ukrinform, el dirigente ucraniano consideró imprescindible que la Unión Europea y Estados Unidos no sucumban a esta presión ni permitan que el contexto internacional afecte la cohesión y el rigor de las políticas restrictivas hacia Rusia.

A lo largo de su intervención, Sibiga insistió —según consignó Ukrinform— en la necesidad de fortalecer el apoyo militar a Ucrania, especialmente en la provisión de armamento con capacidad de alcanzar objetivos a mayor distancia, como parte de una estrategia integral que combine la presión militar y económica sobre Moscú. Desde la perspectiva del gobierno ucraniano, la adopción simultánea de sanciones más severas y el refuerzo de la ayuda militar representan vías clave para disuadir nuevas acciones hostiles por parte del Kremlin y avanzar hacia una resolución del conflicto basada en el respeto a la legalidad internacional.

El mismo medio recogió que el jefe de la diplomacia ucraniana exigió la pronta aprobación del vigésimo paquete de sanciones europeas, sin recortes ni excepciones, recalcan que cualquier señal de relajación podría ser interpretada por Moscú como una oportunidad para prolongar el conflicto y consolidar los logros obtenidos hasta ahora mediante la fuerza. Según sus declaraciones, el mensaje a transmitir desde Occidente debe ser inequívoco en torno a la inadmisibilidad de las acciones y el rechazo de opciones diferentes a la vía pacífica propuestas hasta ahora por Rusia.

En este marco, Ukrinform reportó que el gobierno de Kiev mantiene su enfoque en promover el aislamiento diplomático del Kremlin, intensificar la cooperación internacional para cerrar los mercados a las exportaciones rusas y ampliar el rango de personas, empresas y entidades que puedan ser afectadas por nuevas rondas de medidas restrictivas.

Las recientes decisiones de Washington y las dinámicas en la política internacional generan preocupación en Kiev sobre el futuro de los controles económicos, el tráfico marítimo y la cooperación en materia de defensa. Ucrania sostiene, según la cobertura de Ukrinform, que el éxito en la defensa europea y la protección de la paz regional dependen en gran medida de la firmeza y coordinación de las acciones internacionales orientadas a presionar a Rusia en todos los frentes.

La polémica por el comportamiento del influencer colombiano Yeferson Cossio durante un vuelo realizado el domingo 29 de marzo de 2026 en la aerolínea Avianca, que cubría la ruta Bogotá-Madrid, sigue generando diferentes reacciones en el país.

El turno fue para la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, en la que cuestionó la postura del creador de contenido, luego de que presuntamente haya activado un artefacto con olor químico dentro de la cabina de la aeronave.

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La funcionaria, en diálogo con Caracol Radio, expresó su rechazo ante esta situación y exigió sanciones drásticas contra la figura pública, asegurando que prima el derecho primordial de los viajeros.

“Es que lástima que a veces no se puede castigar la mala educación. Además porque hay un riesgo obvio en un avión, las condiciones en una cabina de avión, las condiciones son distintas. Además, la convivencia es un tema vulnerable”, dijo la titular de la cartera al citado medio de comunicación.

Del mismo modo, Rojas enfatizó en que la activación de la sustancia en la aeronave no solo afectó la salud de la tripulación sino de los demás viajeros.

“A veces la gente viaja por razones de salud. Hay niños, niñas, hay mujeres embarazadas. Y eso era un líquido, un químico que podría haber sido con otro componente o al mezclarse en tales condiciones podría tener un efecto. O sea, con eso no se juega (...) yo sí creo que las sanciones deben ser fuertes”, declaró.

También, criticó la posición de Cossio ante el incidente registrado en el vuelo de Avianca. “Entiendo que, por lo que ha publicado luego en las redes sociales, que dice que no se arrepiente y demás, entonces la gente a veces por llamar la atención, en lugar de hacer tantas cosas constructivas y ser buen ejemplo para tantos jóvenes que los ven, pues hacen unas bromas que ni risa dan”, concluyó.

Detalles de lo sucedido

El episodio fue confirmado en un comunicado oficial que Avianca emitió el 29 de marzo de 2026, donde se precisa que las medidas se adoptaron tras los hechos ocurridos en el vuelo AV46 que cubría la ruta Bogotá–Madrid la madrugada del 11 de marzo.

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, durante el trayecto sobre el océano Atlántico y en un momento en el que no era posible aterrizar de emergencia, Cossio activó un artefacto con olor químico dentro de la cabina, acción que generó preocupación inmediata entre los pasajeros y requirió la intervención del personal de vuelo.

El sustento de la aerolínea para la expulsión se encuentra en las letras a), d) y h) del numeral 8.6 del contrato de transporte de Avianca, que habilitan sanciones ante conductas que comprometan la seguridad, comodidad o disciplina a bordo.

Según el comunicado difundido por la empresa, el riesgo se vio agravado por la naturaleza cerrada de la cabina, dotada de sistemas de presurización y recirculación de aire, lo que aumentó el potencial de impacto negativo para la salud y tranquilidad de los ocupantes.

La tripulación reaccionó en el acto para asistir a los pasajeros y restaurar el orden. “Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio”, recalcó la compañía aérea en un comunicado.

Avianca indicó que el hecho no solo llevó a la cancelación del regreso de Cossio a Colombia en la misma aerolínea, sino que activó la preparación de acciones legales. Incluso, la aerolínea instó al Congreso para que se avance con el Proyecto de Ley 153 de 2025, que propone un marco más estricto para los pasajeros calificados como disruptivos.

Entre las medidas planteadas, figuran el aumento de multas, la creación de listas negras de pasajeros sancionados y la posibilidad de imponerles el pago de los costos asociados a desvíos o aterrizajes forzados ocasionados por su conducta.

Respuesta de Yeferson Cossio

Ante las acusaciones en su contra, el influencer Yeferson Cossio negó toda intencionalidad en el incidente con una bomba de olor, advirtiendo un daño a su reputación y exige una revisión de los procedimientos internos de la aerolínea.

En un documento formal dirigido a la compañía, el creador de contenido reclamó el acceso inmediato a “todos los soportes, reportes e informes” vinculados con la decisión de la compañía y la preservación íntegra de la información relacionada.

También pidió que el personal implicado sea identificado, y que, si la cancelación del trayecto se mantiene, se le reembolse la parte no utilizada del tiquete.

Además, afirmó que lo sucedido “no fue una broma ni parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido” y aclaró que el producto utilizado durante el vuelo internacional “no representa un riesgo real para la aeronave ni para la continuidad del vuelo, tiene un alcance limitado y un efecto transitorio”.

Entre los agravios presentados por Cossio, figura el relato de un episodio que califica de trato degradante por parte del personal de vuelo. En sus declaraciones, Cossio advirtió que la funcionaria lo insultó públicamente con la expresión “gamín youtuber” y cuestionamientos respecto a su presencia en la clase ejecutiva.

Considera que esta situación es “clasista, irrespetuosa y absolutamente incompatible con el nivel mínimo de profesionalismo que se espera de una aerolínea como Avianca”.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) del Estado de Baja California confirmó una sanción formal por violencia política en razón de género en contra del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, derivada de diversas expresiones emitidas en contra de la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La resolución del órgano jurisdiccional también incluye a Alejandro Moreno Berry y al Partido del Trabajo (PT), quienes participaron en las denominadas “Jornadas por la Paz”, donde realizaron declaraciones que, según el tribunal, vulneraron la investidura de la gobernadora.

De acuerdo con el fallo, las manifestaciones realizadas por los implicados generaron confusión respecto a la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, lo cual fue considerado una forma de violencia política basada en género. El tribunal concluyó que dichas expresiones no solo desacreditaron a la gobernadora, sino que también reforzaron narrativas que históricamente han limitado la participación de las mujeres en espacios de poder.

Sanciones del Tribunal Electoral

Como parte de las sanciones impuestas, el Tribunal de Justicia Electoral determinó aplicar una amonestación pública tanto a Jaime Bonilla como a Alejandro Moreno.

Además, ordenó su inscripción en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, una medida que busca visibilizar y prevenir este tipo de conductas.

Asimismo, se establecieron medidas de reparación que incluyen la obligación de los sancionados de recibir capacitación en materia de perspectiva de género, con el objetivo de evitar la reincidencia y fomentar una cultura política más incluyente y respetuosa.

Este fallo adquiere relevancia no solo por el perfil político de los involucrados, sino también por el contexto en el que se emite. La resolución se suma a la reciente vinculación a proceso dictada por un juez en contra de Jaime Bonilla por el caso Next Energy, en el cual enfrenta acusaciones por peculado, uso ilícito de atribuciones y abuso de autoridad.

En los últimos años, las autoridades electorales han reforzado los marcos legales y sancionatorios para garantizar que las mujeres puedan ejercer cargos públicos sin ser objeto de ataques basados en su condición de género.

El Tribunal Electoral subrayó que cualquier manifestación que limite, anule o menoscabe el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres debe ser sancionada conforme a la ley.

Finalmente, la determinación quedó firme, sentando un precedente importante en Baja California y a nivel nacional, al enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la violencia política de género.

Autoridades y organizaciones civiles han coincidido en que este tipo de resoluciones contribuyen a fortalecer la democracia y a garantizar condiciones más justas para la participación política de las mujeres en México.

La posibilidad de imponer sanciones por parte de la Unión Europea a individuos o entidades relacionadas con amenazas a la seguridad en Bosnia y Herzegovina estaría sujeta a la evolución de la situación en el país, según lo ha señalado el Consejo de la UE en un comunicado oficial. En dicho documento, la institución ha reiterado su respaldo a la integridad territorial y la soberanía de Bosnia y Herzegovina, así como su voluntad de utilizar todos los instrumentos disponibles si observa un deterioro en el contexto interno. De acuerdo con el medio de comunicación, los gobiernos del bloque han tomado la decisión de prorrogar un año más, hasta el 31 de marzo de 2027, el marco legal que habilita la imposición de medidas restrictivas selectivas a personas o entidades vinculadas con riesgos para la estabilidad y el orden constitucional en este país balcánico.

Tal como informó el medio, la disposición renovada por el Consejo prevé una serie de sanciones que incluyen la congelación de activos financieros, la prohibición de disponer de fondos y la restricción de viajes al territorio comunitario contra personas físicas que sean consideradas responsables de poner en peligro la integridad y la soberanía de Bosnia y Herzegovina. Esta base jurídica permanece vigente, aunque en el presente no se encuentra aplicada a ningún individuo ni grupo en concreto.

Entre los posibles supuestos contemplados en la normativa extendida por los Veintisiete figuran actos que puedan poner en entredicho el orden constitucional, la personalidad internacional o la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina. Asimismo, la legislación europea habilita sanciones hacia quienes socaven de modo significativo la seguridad del país o se opongan a la aplicación de los Acuerdos de Dayton, los cuales pusieron fin, hace 31 años, al conflicto armado en la región.

Según consignó la fuente, el Consejo de la UE ha seguido de cerca los acontecimientos recientes en Bosnia y Herzegovina, sin descartar la utilización de sanciones diplomáticas o económicas en caso de que la situación lo exija. El comunicado reitera el “compromiso inequívoco” de la Unión Europea con la perspectiva de Bosnia y Herzegovina como Estado “único, unido y soberano” en el camino hacia un eventual proceso de integración al bloque comunitario.

En el conjunto de medidas restrictivas consideradas bajo este marco se encuentran, según detalló el medio, no solo la prohibición de que personas físicas accedan o dispongan de fondos dentro del territorio de la Unión, sino también la restricción de acceso a los países miembros, impidiendo la entrada o el tránsito por suelo comunitario. La decisión actual mantiene esta base legal disponible ante posibles amenazas que comprometan la estabilidad o la seguridad institucional dentro de Bosnia y Herzegovina.

El instrumento jurídico surge originalmente de la preocupación internacional por la consolidación de la paz en los Balcanes occidentales tras los conflictos de la década de 1990. Su existencia busca prevenir acciones que pudieran dificultar el desarrollo de instituciones legítimas o la reconciliación social en Bosnia y Herzegovina. Según publicó el medio, la Unión Europea se reserva así la capacidad de adoptar medidas rápidas y selectivas para contribuir a la preservación de la paz y el cumplimiento de los acuerdos suscritos hace más de tres décadas.

La prórroga del marco regulatorio refleja la persistente vigilancia del Consejo sobre posibles factores internos o externos que lleguen a incidir en la estabilidad de Bosnia y Herzegovina. Los instrumentos activados incluyen tanto dimensiones financieras como restricciones a la movilidad de personas identificadas como responsables de intentos de desestabilización, según recordó la fuente.

El comunicado enfatiza también el objetivo estratégico de la Unión Europea de acompañar a Bosnia y Herzegovina en su ambición de integrarse a las estructuras europeas, remarcando la importancia de garantizar un desarrollo institucional en línea con los valores y principios del bloque.

Las restricciones impuestas por la Unión Europea afectan actualmente a 262 funcionarios y 53 entidades asociadas a la represión en Irán, quienes enfrentan la imposibilidad de viajar a países de la UE y tienen sus activos congelados en suelo comunitario. Según reportó la agencia Europa Press, los Veintisiete países miembros acordaron este lunes mantener estas medidas hasta el 13 de abril de 2027, extendiendo así por un año adicional un marco sancionador que opera desde hace quince años por motivos de violaciones de derechos humanos en la República Islámica.

La UE introdujo este régimen de sanciones en 2011, motivada por denuncias sobre abusos y violaciones graves de los derechos fundamentales en Irán, y le ha renovado la vigencia de forma anual desde entonces. Europa Press detalló que esta decisión incluye, además de la prohibición de entrada y la congelación de haberes, una serie de restricciones sobre la exportación a Irán de equipos susceptibles de ser empleados para la vigilancia interna y la represión. Asimismo, ciudadanos y empresas europeas tienen prohibido ofrecer fondos a las personas y entidades afectadas por las medidas.

De acuerdo con lo comunicado por el Consejo de la Unión Europea al anunciar la prórroga, el enfoque del bloque comunitario hacia Irán se endureció notablemente a partir de 2022. En ese año, la muerte de la joven Masha Amini mientras se hallaba bajo custodia de la policía iraní desencadenó una oleada de protestas internas que recibieron respuesta del régimen mediante un incremento en la represión. En respuesta a estos acontecimientos, la UE intensificó sus medidas restrictivas, desarrollando múltiples paquetes de sanciones durante los meses posteriores a los hechos, según consignó Europa Press.

La política restrictiva de la Unión no solo se limita a personas y entidades concretas. Entre las medidas adoptadas está la prohibición de exportar materiales y tecnologías que puedan facilitar la represión o el control de las comunicaciones dentro de Irán. Esta restricción tecnológica alcanza a dispositivos y sistemas que podrían permitir a las autoridades iraníes ejercer mayor control sobre la población o suprimir la protesta social, reportó Europa Press.

El marco sancionador de la UE busca, según las autoridades comunitarias, presionar al gobierno iraní para que respete las normas internacionales relativas a los derechos humanos. Aunque el régimen de sanciones se origina en las denuncias previas a 2011, su vigencia ha cobrado renovada relevancia ante los recientes acontecimientos internos del país asiático. La respuesta del bloque a la represión observada durante los últimos años ha consistido, según el relato del Consejo de la UE difundido por Europa Press, en reforzar tanto el alcance de los listados como los sectores y áreas tecnológicas vetadas para el régimen iraní.

En cada renovación anual, los Estados miembros evalúan la situación sobre el terreno y la evolución de los derechos humanos en Irán, determinando si es necesario modificar, extender o eventualmente incrementar las sanciones existentes. Europa Press enumeró entre las consecuencias directas de estas medidas tanto la limitación de los vínculos económicos entre ciudadanos europeos e individuos o entidades sancionadas, como el aislamiento internacional de los responsables señalados por la represión.

Las restricciones emprendidas desde Bruselas forman parte de una estrategia más amplia orientada a contener los abusos y desalentar futuras transgresiones mediante la presión diplomática y económica. El Consejo de la Unión Europea, citado por Europa Press, defendió la necesidad de mantener la presión sobre los responsables con la finalidad de que rindan cuentas por los abusos cometidos y se impulse una mejora en la protección de los derechos fundamentales dentro del país.

Las sanciones incluyen herramientas legales que dificultan la financiación o el traslado de fondos y recursos a individuos y organismos sancionados, aspecto que, señaló Europa Press, busca cortar las vías de apoyo financiero potencialmente utilizadas para sostener la represión interna. Esto afecta tanto a operaciones bancarias, transferencias de recursos y otras formas de asistencia financiera, como a colaboraciones que puedan existir entre el sector privado europeo y actores económicos de Irán relacionados con el aparato de seguridad.

La duración y el alcance de estas medidas han sido objeto de seguimiento y revisión constante por parte de los órganos responsables en el seno de la Unión Europea. Europa Press recogió que, según el Consejo de la UE, la ampliación del periodo de sanciones responde a la persistencia de condiciones que justifican su mantenimiento, especialmente tras los hechos que desencadenaron un incremento de la represión en los últimos años.

El campo de aplicación abarca también la colaboración tecnológica para la vigilancia de telecomunicaciones, cuyo objetivo es impedir que desarrollos europeos sean empleados para restringir la libertad de información y movimiento dentro de Irán. Esta área constituye una de las más sensibles, dada la dependencia de equipos y software de origen europeo en sectores clave de la infraestructura estatal iraní, consignó Europa Press.

La política comunitaria hacia Irán, en lo relativo a los derechos humanos, seguirá evaluándose de manera periódica. El compromiso de los Estados miembros está orientado a ajustar la intensidad y el tipo de sanciones en función de la evolución de la situación interna. En declaraciones divulgadas por Europa Press, el Consejo de la UE subrayó la importancia de mantener la atención sobre los desarrollos en Irán y actuar con rapidez ante eventuales agravios adicionales a los derechos fundamentales.

Las restricciones financieras que afectan al equipo legal de Nicolás Maduro han generado preocupación acerca de la continuidad de su defensa en el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro primero otorgó, y luego revocó, una licencia que habilitaba el pago de honorarios legales por parte del Gobierno venezolano, lo que deja a los abogados de Maduro en una situación incierta respecto a la posibilidad de recibir fondos sin infringir las sanciones impuestas. Este escenario pone en cuestión el derecho de defensa del mandatario, según argumentó Barry Pollack, su representante legal, quien remarcó que la falta de acceso legítimo a recursos viola las garantías constitucionales de su defendido.

Según publicó Europa Press, el presidente venezolano transmitió un mensaje desde las redes sociales, donde afirmó encontrarse en buen estado junto a su esposa, Cilia Flores, tras su última comparecencia ante el tribunal federal de Nueva York. Maduro expresó agradecimiento por el respaldo recibido de diferentes sectores de la sociedad, mencionando comunicaciones, mensajes, correos, cartas y oraciones que habrían llegado hasta él y su familia. El mandatario destacó que cada muestra de apoyo y solidaridad los ha fortalecido espiritualmente y describió su situación como “bien, firmes y en oración permanente”.

En dicho comunicado, Maduro hizo un llamamiento a los ciudadanos para reforzar la cohesión interna y mantener abiertos los canales de diálogo político. Subrayó la importancia de avanzar en la consolidación de la paz, la unión nacional y la reconciliación. Instó a no abandonar la vía del diálogo, la convivencia y el respeto, los cuales, afirmó, son elementos esenciales para el bienestar de la nación venezolana.

El mensaje del presidente venezolano fue difundido tras su comparecencia ante el tribunal federal en Nueva York, en el contexto del proceso judicial que se sigue en su contra. El juez Alvin Hellerstein, quien está a cargo del caso, decidió rechazar la solicitud de desestimar la causa. El magistrado también evaluó cuestiones relativas a las sanciones de Estados Unidos, especialmente en lo relativo al acceso a fondos necesarios para sufragar la defensa, aunque dictaminó que el juicio debía continuar.

De acuerdo con Europa Press, las restricciones se deben a que tanto Maduro como Cilia Flores permanecen incluidos en la lista de personas sancionadas por el gobierno estadounidense. Por esta razón, cualquier desembolso destinado a la cobertura de gastos legales requiere de permisos especiales otorgados por las autoridades, para evitar la violación de las sanciones vigentes. Barry Pollack, abogado principal del presidente, advirtió en febrero que si no se resolvía este obstáculo podría verse obligado a cesar su representación, puesto que no sería posible percibir honorarios sin autorización legal.

El contexto de este proceso se remonta al 3 de enero, cuando, según detalló Europa Press, Maduro y Cilia Flores fueron capturados en una operación militar de fuerzas estadounidenses. En el operativo se registraron más de cien fallecidos. Posteriormente, ambos fueron trasladados y encarcelados en Nueva York, donde comparecieron ante el tribunal. Durante el proceso, el presidente y la primera dama se declararon no culpables de los cargos que les imputa la justicia estadounidense, los cuales están relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para ingresar cocaína en territorio estadounidense.

A lo largo de las audiencias judiciales, la defensa de Maduro ha argumentado que la imposibilidad de pagar a sus abogados como consecuencia de las sanciones afecta gravemente su capacidad para responder a las acusaciones de manera adecuada. Europa Press destacó que el juez evaluó estos planteos, aunque por el momento determinó que el proceso debe proseguir según lo establecido.

Maduro, por su parte, reiteró en cada mensaje público la importancia de que los venezolanos mantengan la estabilidad interna, aboguen por el reencuentro y el perdón, y resistan ante las divisiones políticas. Según Europa Press, el mandatario instó expresamente a no apartarse del camino del entendimiento político, en un contexto marcado tanto por su situación personal como por el panorama de crisis institucional que atraviesa Venezuela.

El desarrollo del caso seguirá condicionado por las decisiones del tribunal federal de Nueva York, así como por las políticas de sanciones aplicadas por el gobierno estadounidense. Europa Press subrayó que la situación legal de Maduro, junto con la respuesta institucional y ciudadana en su país, continúa en el centro del debate tanto en la esfera política internacional como en el ámbito interno venezolano.

El anuncio de la exclusión de Vladimir Alexsandrovich del listado de restricciones financieras por parte de Estados Unidos se produce apenas días después de un cambio en la política de sanciones respecto al crudo de origen ruso. Este ajuste responde al incremento de los precios internacionales del barril Brent y coincide con un período de tensión creciente en Oriente Próximo, en el marco de las acciones militares desarrolladas desde el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán. La decisión sobre Alexsandrovich, quien presidió el banco ruso Vnesheconombank, refleja una modificación significativa en la postura adoptada previamente por Washington frente a ciudadanos rusos señalados por lazos con el Kremlin. Según lo comunicó el Departamento del Tesoro estadounidense este viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) formalizó el retiro de las medidas restrictivas que pesaban sobre el exfuncionario bancario.

De acuerdo con la información divulgada por el Departamento del Tesoro, Alexsandrovich, originario de Moscú y director del banco estatal entre 2004 y 2016, fue sancionado inicialmente por su asociación directa con el Kremlin y su participación durante la anexión de Crimea en 2014. Estados Unidos justificó las restricciones sobre su persona en el contexto de la respuesta internacional al conflicto territorial de ese año, adoptando medidas dirigidas a líderes y entidades consideradas influyentes en las operaciones rusas en Ucrania. Como reportó el medio, la sanción consistía en la inclusión de Alexsandrovich en una lista de personas con restricciones para sus actividades financieras y comerciales internacionales, especialmente dentro del sistema bancario occidental.

El levantamiento de las sanciones a Alexsandrovich se dio a conocer a través de un comunicado oficial de la OFAC, que gestiona y supervisa la implementación de las políticas de sanciones estadounidenses en relación con gobiernos, corporaciones y personas extranjeras. La entidad explicó que el exbanquero deja así de estar sujeto a las restricciones de acceso a activos y recursos bajo jurisdicción de Estados Unidos, restaurando su capacidad limitada para interactuar con el sistema financiero occidental, como informó el Departamento del Tesoro.

Esta modificación en la lista de sancionados por parte de las autoridades estadounidenses sucede tras la decisión de atenuar algunas restricciones sobre el petróleo ruso, lo que fue anunciado en respuesta al ascenso de los precios del Brent y a la dinámica cambiante en los mercados energéticos internacionales. Según señaló el Departamento del Tesoro, este cambio alinea parte de su política con el objetivo de evitar disrupciones excesivas en el suministro global de energéticos en un periodo donde el conflicto en Oriente Próximo ha generado incertidumbre y volatilidad en los mercados.

El contexto en Oriente Próximo, especialmente tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra instalaciones vinculadas a Irán el 28 de febrero, influyó sobre las consideraciones estratégicas de Washington en torno a las sanciones. De acuerdo con el comunicado oficial, la escalada de tensiones militares en la región incrementó los riesgos de inestabilidad en los mercados internacionales de energía. Las autoridades estadounidenses parecen haber tomado en cuenta este escenario al flexibilizar algunas de las restricciones económicas previas, tanto en el sector energético como en el financiero.

Vladimir Alexsandrovich, cuya gestión al frente del Vnesheconombank se mantuvo durante un período de profundas transformaciones en la economía rusa, se había convertido en una figura identificada con las políticas de expansión e inversión estatal que caracterizaron la década posterior a su nombramiento. Según detallaron los organismos estadounidenses, las sanciones lo señalaban originalmente por su cercanía con círculos de decisión en el Kremlin y por la influencia que se le atribuía en la reorientación del sistema bancario ruso durante la crisis de Ucrania.

La salida de Alexsandrovich de la lista restringida representa uno de los casos recientes en los que Washington selecciona individuos específicos para modificar o eliminar sanciones, una tendencia que, según diferentes medios internacionales, se ha observado en contextos donde la administración estadounidense evalúa impactos colaterales de sus medidas sobre el comercio internacional y la estabilidad de los sistemas financieros.

El Departamento del Tesoro enfatizó que estas decisiones forman parte de una revisión periódica de las sanciones según las circunstancias políticas, económicas y de seguridad internacional vigentes. Aunque esta revisión beneficia a Alexsandrovich, las restricciones sobre diversas entidades rusas y otros funcionarios mantienen su vigencia, en particular sobre aquellas estructuras estatales implicadas en conflictos internacionales o bajo investigación por presunta participación en actividades restringidas.

La política de sanciones adoptada por Estados Unidos desde 2014 buscó afectar sectores estratégicos de la economía rusa tras la anexión de Crimea, incluyendo el sistema financiero, energético y comercial. Las listas de individuos y empresas sujetas a sanciones se actualizan conforme se consideran cambios en el entorno internacional, una labor coordinada entre la OFAC y otras agencias del gobierno estadounidense.

La medida tomada esta semana se agrega así a una serie de acciones recientes que marcan un replanteamiento táctico en la aplicación de restricciones, vinculadas tanto a la situación en Europa oriental como al contexto de inestabilidad en Oriente Próximo. Según el Departamento del Tesoro, estos ajustes pretenden equilibrar la presión política y diplomática sobre actores internacionales específicos con la necesidad de estabilidad en los mercados globales y el mantenimiento del suministro energético.

A partir del retiro de las sanciones a Alexsandrovich, fuentes oficiales señalaron que permanecerán atentos a las evoluciones geopolíticas que pudieran requerir futuras revisiones en la política de sanciones estadounidense. La coordinación entre agencias estadounidenses continuará evaluando tanto el desarrollo de los conflictos regionales en Europa y Oriente Próximo como sus consecuencias sobre la economía internacional, según puntualizó el Departamento del Tesoro en su más reciente comunicado.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, se dirigió directamente a la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, a través de un mensaje en redes sociales. Citando palabras recientes de la funcionaria canadiense, el portavoz acusó a Canadá de aplicar sanciones adicionales que, en su opinión, buscan apaciguar presiones extranjeras. Baqaei advirtió que “apaciguar a acosadores y fascistas no los detiene, solo aumenta su apetito”, dando a entender que el gobierno canadiense estaría respondiendo a influencias de Estados Unidos en el contexto de creciente tensión internacional. Según informó Europa Press, el gobierno de Teherán denunció estas nuevas restricciones, alegando que decisiones de este tipo solo refuerzan conductas agresivas de quienes consideran adversarios.

La controversia surge después de que Canadá implementara sanciones adicionales contra cinco individuos y cuatro empresas iraníes, señaladas de suministrar tecnología asociada a la fabricación de armas. Europa Press detalló que Ottawa vincula directamente a estas personas y entidades con la producción y la transferencia de tecnología militar sofisticada destinada a la Guardia Revolucionaria iraní. De acuerdo con lo expuesto por la ministra Anita Anand, estas acciones representan una respuesta a la “implicación directa” de empresarios y firmas iraníes en redes de adquisición tecnológica que, según Canadá, facilitan la producción y envío de armas. Añadió que tales transferencias impulsan el conflicto militar, ponen en riesgo la soberanía de estados vecinos y vulneran normas internacionales, describiendo la medida canadiense como un “mensaje claro e inequívoco” destinado a quienes colaboren con actividades que Ottawa considera desestabilizadoras.

El medio Europa Press reportó que el Ministerio de Exteriores de Irán reaccionó de manera crítica, presentando la posición oficial a través del portavoz Baqaei. El funcionario expresó: “Intentar apaciguar a los acosadores y agresores presionando a la víctima difícilmente te librará de las consecuencias de su ilegalidad y acoso”. Tales declaraciones demostraron la postura de Teherán ante lo que interpreta como un trato injusto y una alineación política del gobierno canadiense con Washington. Irán sostiene que las recientes sanciones buscan presionar a su país en medio de una coyuntura de alta tensión internacional.

La imposición de nuevas restricciones por parte de Canadá coincide con la ofensiva que comenzó el 28 de febrero, encabezada por Estados Unidos e Israel contra intereses iraníes. Europa Press explicó que esta escalada se produce en el contexto de negociaciones en curso entre las autoridades estadounidenses y Teherán, cuyo objetivo es alcanzar un nuevo pacto nuclear. Dicha situación elevó los enfrentamientos en la región, pues Irán respondió con ataques contra territorio israelí y objetivos estadounidenses en Oriente Próximo, incluyendo instalaciones militares. Ottawa enmarcó la iniciativa de sanciones en ese contexto regional, apuntando a contener lo que describe como la expansión de redes militares y la transferencia de tecnología sofisticada, que podría agravar la inestabilidad.

Según publicó Europa Press, Anita Anand subrayó que Canadá busca enviar una advertencia contundente frente a cualquier contribución a las estrategias consideradas disruptivas de Irán en la región. Por su parte, el gobierno iraní remarcó que responderá ante presiones que considera injustificadas y percibidas como parte de una campaña más amplia de acoso internacional. Las posturas contrastantes entre ambos países forman parte de una dinámica diplomática marcada por sanciones, acusaciones mutuas y acciones unilaterales enmarcadas en el actual escenario de relaciones internacionales en Oriente Próximo.

Durante la segunda sesión judicial en el caso de narcotráfico contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Manhattan, el debate principal giró en torno a la posibilidad de que el tribunal ordene flexibilizar las sanciones para permitir el acceso a fondos bloqueados. El juez federal Alvin Hellerstein solicitó al fiscal adjunto Kyle Wirshba que reporte si Maduro o su esposa, Cilia Flores, tendrían algún mecanismo alternativo para costear su defensa legal, considerando que las sanciones impiden tanto a ellos como al Gobierno de Venezuela utilizar sus recursos para financiar el litigio. Según informó la cadena CNN, la defensa de Maduro ha insistido en la imposibilidad de afrontar los honorarios legales debido al congelamiento de activos por parte de Estados Unidos, mientras el magistrado se preguntó si su tribunal posee competencias para instruir a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para levantar estas restricciones.

Según reportó CNN, el juez Hellerstein fue claro en que no accederá a desestimar el caso por la situación financiera de Maduro y reiteró: "No voy a desestimar el caso". Este señalamiento se produjo tras escuchar los argumentos de Barry Pollack, abogado del matrimonio Maduro, quien comunicó que sus defendidos no disponen de fondos propios, pero podría financiarse la defensa con recursos del Gobierno venezolano ahora congelados. Hellerstein reconoció que es probable que cualquier otro fondo a nombre de Maduro o Flores se encuentre igualmente sujeto a decomiso o sanción internacional, dificultando así cualquier maniobra económica para la defensa.

El fiscal adjunto Wirshba objetó la posibilidad de levantar las sanciones y argumentó que el mecanismo correcto para impugnarlas es a través de una demanda civil, no por la vía judicial penal. De acuerdo con CNN, Wirshba advirtió que la utilización de fondos estatales por parte de los acusados equivaldría a “saquear la riqueza de Venezuela” y socavaría el objetivo de las sanciones impuestas, que buscan influir en la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos. El fiscal también destacó que las medidas restrictivas aprobadas por Washington son competencia estricta del Ejecutivo estadounidense y no del Poder Judicial.

Durante la audiencia, el magistrado descartó considerar que el propio Maduro o Cilia Flores representen una amenaza inmediata para la seguridad nacional estadounidense: "El acusado está aquí. Flores está aquí. No representan ninguna amenaza para la seguridad nacional. No lo veo", expresó tras sopesar los argumentos oficiales y de la defensa, según publicó CNN.

El abogado Barry Pollack defendió que la Corte no tendría por qué asignar un defensor estatal a alguien que dispone de bienes patrimoniales, incluso si esos recursos requieren la autorización de autoridades federales para su uso. Pollack remarcó la imposibilidad real de acceso a dichos fondos bajo el actual esquema de sanciones y reiteró la urgencia de resolver el bloqueo económico que enfrenta la defensa.

Fuera de las instancias judiciales, el hijo de Nicolás Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra, instó a la ciudadanía venezolana a protestar por lo que calificó como una causa ilegítima. Durante un acto en Caracas, Maduro Guerra proclamó la intención de “elevar la voz” contra este proceso judicial en Estados Unidos. Afirmó: “En su origen es ilegítimo e ilegal” y exhortó a los venezolanos a “dar la batalla por la verdad, la justicia y la paz”. En el mismo evento, expresó que el país debe “construir su propio modelo en paz” y sostuvo que “nosotros no somos criminales”.

Antes de la segunda audiencia, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una ampliación del caso y anticipó la presentación de “otros cargos” contra Maduro, según detalló CNN. Mientras presidía una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump declaró que espera “otros juicios porque lo han demandado por una fracción de las cosas que ha hecho”. El mandatario estadounidense sostuvo que “se presentarán otros casos, como probablemente ya saben”. Trump reiteró además acusaciones previas, señalando que Maduro “mató a mucha gente” y ordenó “vaciar las cárceles venezolanas en Estados Unidos”.

CNN informó que este proceso judicial tiene como contexto el histórico arresto de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses a principios de enero de 2026. Desde entonces, la causa ha suscitado debate sobre la legalidad del operativo, la legitimidad del proceso penal y el alcance de las sanciones económicas internacionales, especialmente sobre la capacidad de los sancionados para acceder a defensa legal adecuada.

El caso mantiene en suspensión la posibilidad de que la Corte decida sobre una autorización a la OFAC para desbloquear parte de los fondos con el objeto de costear la defensa. Sin embargo, según detalló CNN, las autoridades estadounidenses insisten en que cualquier excepción a las sanciones debe tramitarse mediante las vías administrativas correspondientes, y no en el marco del proceso penal.

La declaración de Trump sobre posibles nuevos cargos eleva el tono de la presión política en los Estados Unidos sobre Venezuela y el futuro judicial de Maduro. CNN consignó que, mientras tanto, la defensa busca soluciones jurídicas para afrontar el proceso, en tanto que las autoridades federales mantienen férreamente la política de sanciones que impide el uso de activos públicos venezolanos. Esto plantea continuos desafíos sobre la equidad y viabilidad procesal para acusados bajo sanciones internacionales.

El juez federal Alvin Hellerstein planteó la posibilidad de que los fondos disponibles de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, pudieran estar sujetos a decomiso o sanciones, generando incertidumbre sobre si la corte puede solicitar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro que levante las restricciones impuestas. Según informó CNN, el tribunal continúa con el proceso, a pesar de que la defensa de Maduro argumentó que las sanciones de Estados Unidos le impiden cubrir los gastos legales.

Durante la sesión en la corte federal de Manhattan, que sigue el caso por supuestos delitos de narcotráfico tras el arresto de Nicolás Maduro en Caracas a principios de enero de 2026, el juez Hellerstein negó la petición de la defensa para desestimar los cargos. “No voy a desestimar el caso”, afirmó el magistrado, según consignó CNN. El tribunal también solicitó al fiscal adjunto Kyle Wirshba investigar si Maduro y Flores disponen de recursos alternativos para financiar la defensa, puesto que tampoco se permitió al Gobierno de Venezuela asumir esos costos.

El fiscal adjunto defendió que las sanciones, autorizadas por el Gobierno de Estados Unidos para influir en política exterior y seguridad nacional, justifican las restricciones sobre los fondos. Kyle Wirshba argumentó ante el tribunal que desbloquear recursos estatales para pagar la defensa socavaría la efectividad de las sanciones y sostuvo que los acusados “están saqueando la riqueza de Venezuela”. CNN relató que Wirshba explicó que si Maduro desea impugnar las restricciones, la vía adecuada sería a través de una demanda civil contra las sanciones, no mediante una orden del tribunal para la OFAC.

El magistrado Hellerstein tomó en cuenta las alegaciones de Barry Pollack, abogado de Maduro y Flores, quien insistió en que sus representados carecen de fondos propios para solventar los honorarios legales y propuso usar recursos del Gobierno venezolano. El juez, no obstante, indicó que no ve al acusado ni a Flores como una amenaza para la seguridad nacional mientras permanezcan bajo custodia. “El acusado está aquí. Flores está aquí. No representan ninguna amenaza para la seguridad nacional. No lo veo”, expresó el juez, según detalló CNN. Añadió que el tribunal no debería designar un abogado para quien posea bienes que puedan utilizarse para costear la defensa.

Frente a esta discusión, el tribunal evalúa alternativas de financiamiento, planteando la interrogante sobre los mecanismos legales posibles ante la falta de acceso a los recursos bloqueados. CNN reportó que la defensa de Maduro propone utilizar fondos oficiales, pero la Fiscalía y el tribunal sostienen la vigencia y la justificación de las sanciones.

Previo a la audiencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde la Casa Blanca la presentación de nuevos cargos contra Maduro. Durante una reunión de gabinete, Trump señaló que “se presentarán otros cargos” y anticipó que habrá “otros juicios porque lo han demandado por una fracción de las cosas que ha hecho”. El mandatario también acusó a Maduro de haber causado muertes y permitir la salida de presos venezolanos hacia Estados Unidos. Este posicionamiento del Ejecutivo estadounidense, consignó CNN, marcan el tono de las futuras acciones judiciales y políticas en torno al caso.

La situación financiera de la defensa y las restricciones para utilizar fondos tanto personales como estatales continúan como puntos clave del proceso. De acuerdo con CNN, el tribunal no ha determinado una solución definitiva sobre cómo proceder ante la negativa de liberar recursos y la imposibilidad alegada de la defensa para afrontar los gastos legales bajo las condiciones impuestas por las sanciones.

Mientras tanto, el proceso sigue adelante en la corte federal de Manhattan, en el contexto de uno de los arrestos y operativos más relevantes en torno a figuras políticas extranjeras en territorio estadounidense, reportó CNN. Las próximas sesiones buscarán clarificar si existen alternativas legales o patrimoniales que permitan a la defensa de Maduro enfrentar el juicio, en medio de un escenario de restricciones legales y de presión política internacional.

El juez Alvin Hellerstein solicitó al fiscal adjunto Kyle Wirshba investigar si Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, pueden recurrir a fondos alternativos para cubrir los gastos legales que enfrenta el mandatario venezolano en el proceso penal por narcotráfico. Esta solicitud surgió luego de que la Corte Federal de Manhattan evaluase la imposibilidad de Maduro para financiar su defensa debido al bloqueo de sus cuentas por parte del Gobierno de Estados Unidos. En ese contexto, el juez mencionó que, si existieran recursos, estos probablemente se encontrarían sujetos a decomiso o afectarían las sanciones vigentes. Sobre esta base, Hellerstein resolvió no retirar los cargos contra el presidente venezolano, manteniendo activo el proceso judicial abierto tras el arresto de Maduro en Caracas a principios de enero de 2026, según consignó CNN.

La segunda audiencia del juicio, realizada este jueves, estuvo marcada por el intento de la defensa de Maduro de desestimar los cargos alegando que las restricciones financieras, originadas por las sanciones estadounidenses, imposibilitan sufragar los costes del litigio. El magistrado fue tajante: "No voy a desestimar el caso", resolución que mantuvo el foco en las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre Maduro.

De acuerdo con lo publicado por CNN, durante la sesión judicial quedó claro que el Gobierno de Venezuela también tiene prohibido hacerse cargo de los gastos, lo que añade dificultad a la situación financiera de la defensa. Hellerstein abrió la posibilidad de que el tribunal consulte a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para examinar si es factible autorizar una exención de las sanciones que permita a Maduro acceder a fondos para costear su defensa, aunque reconoció que cualquier recurso identificado probablemente estaría bajo sospecha de ser objeto de incautación o seguiría sujeto a medidas restrictivas.

Por su parte, el fiscal Wirshba manifestó dudas sobre la capacidad del tribunal para ordenar a la OFAC levantar sanciones. En palabras transmitidas por CNN, el fiscal argumentó que la vía adecuada sería que Maduro presentara una acción civil para impugnar específicamente las sanciones, en lugar de buscar una solución desde el propio proceso penal. Este punto dejó en claro que existe un debate sobre las competencias del tribunal para intervenir ante el régimen de sanciones impuesto.

Las restricciones financieras derivadas de las sanciones estadounidenses han tenido un impacto directo en la estrategia de defensa de Maduro, quien se halla detenido en Estados Unidos desde la operación de captura en Caracas, calificada como histórica. El arresto activó de inmediato el proceso penal en Manhattan, que ahora avanza con el obstáculo de la financiación de la defensa legal.

La postura del juez Hellerstein y la petición de indagar sobre otras fuentes de financiamiento podrían tener repercusiones en futuros litigios en los que las sanciones internacionales impidan el pago de asesoría legal. CNN destacó que la respuesta del tribunal marca un precedente sobre la relación entre sanciones financieras en procesos de alta relevancia política y la administración de justicia en Estados Unidos.

La imposibilidad de cubrir los gastos legales influye tanto en la defensa de los acusados como en las garantías procesales dentro del sistema judicial estadounidense, cuestión sobre la cual la corte federal de Manhattan deberá seguir pronunciándose mientras el caso continúe su curso.

En Colombia no existe una multa específica por comer mientras se conduce un vehículo particular. Así lo establece el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) y su Manual de Infracciones, actualizado mediante la Resolución 3027 de 2010, que no contemplan de manera explícita sanciones por ingerir alimentos o bebidas no alcohólicas al volante.

El marco legal colombiano se rige por el principio de tipicidad en materia sancionatoria. Esto implica que una conducta solo puede ser sancionada si está descrita de forma expresa en la norma. En ese sentido, un comparendo impuesto exclusivamente por “ir comiendo mientras conduce” sería apelable, debido a que dicha infracción no figura en la lista oficial.

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Sin embargo, el hecho de que no exista una sanción directa no significa que la conducta esté exenta de consecuencias legales. El Código sí establece obligaciones claras sobre el comportamiento del conductor. El artículo 61 exige mantener el pleno dominio del vehículo en movimiento, lo que introduce un margen de interpretación frente a situaciones que comprometan la atención.

A diferencia de otras distracciones, como el uso del celular —prohibido expresamente en la infracción C.38 salvo con dispositivos manos libres—, la norma no menciona alimentos o bebidas. Este vacío ha generado confusión entre conductores, en especial por la circulación de contenidos internacionales en redes sociales donde sí se sanciona esta conducta.

En la práctica, las autoridades de tránsito no multan por el acto de comer, sino por las infracciones que puedan derivarse de esa distracción. Por ejemplo, si un conductor pierde el control del vehículo al manipular alimentos, puede ser sancionado por invadir carril, realizar maniobras peligrosas o no respetar la señalización.

Entre las conductas que sí generan comparendos está el incumplimiento de señales de tránsito. Pasarse un semáforo en rojo, tipificado como infracción D.04, puede implicar una multa cercana a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. Este tipo de situaciones puede originarse por distracciones visuales momentáneas, como mirar un alimento o buscar una servilleta.

En caso de accidentes, la situación puede escalar. Si un conductor choca por falta de atención mientras comía, el hecho se convierte en un siniestro de tránsito donde su conducta puede ser considerada un agravante. Además, las aseguradoras analizan las causas del accidente y podrían negar la cobertura si se determina que hubo distracción.

La diferencia con otros países radica en la interpretación normativa. En lugares como España, las autoridades cuentan con herramientas legales más amplias para sancionar conductas que afecten la “libertad de movimientos” o el “campo de visión”. En Colombia, esa flexibilidad no existe, lo que limita la imposición directa de multas por este comportamiento.

No obstante, la situación cambia en el transporte público. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), en su artículo 146, establece que consumir alimentos dentro de sistemas de transporte masivo es una conducta contraria a la convivencia. Esto aplica tanto para pasajeros como en entornos como estaciones y buses, donde se puede imponer una multa tipo 1 y exigir el retiro del usuario.

Más allá del aspecto legal, entidades como la Agencia Nacional de Seguridad Vial han advertido sobre los riesgos asociados a esta práctica. Comer mientras se conduce implica tres tipos de distracción simultánea visual, manual y cognitiva.

En términos visuales, apartar la mirada del camino por dos segundos a una velocidad de 60 kilómetros por hora equivale a recorrer más de 33 metros sin observar la vía. Desde el punto de vista manual, utilizar una mano para sostener alimentos reduce en un 50% la capacidad de reacción mecánica ante imprevistos. A nivel cognitivo, dividir la atención entre conducir y comer incrementa el tiempo de respuesta frente a situaciones de riesgo.

Aunque la ley no prohíbe de forma literal comer al volante, las autoridades insisten en que se trata de una conducta que puede derivar en sanciones indirectas y aumentar la probabilidad de accidentes. La recomendación general es evitar este hábito, planificar los tiempos de comida o detenerse en lugares autorizados antes de ingerir alimentos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó su respaldo a la iniciativa del gobierno británico para fortalecer la vigilancia contra las embarcaciones rusas sancionadas, solicitando que los países aliados detengan e incauten el petróleo transportado por estos buques. Según publicó la prensa internacional citando declaraciones en Kiev, Zelenski valoró que el Reino Unido autorice la detención e inspección de naves que esquivan sanciones, y consideró que cualquier acción que limite los ingresos del petróleo “acerca la paz a Ucrania y hace a Europa más segura”.

Según reportó la agencia de noticias Europa Press, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció en la cumbre de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas en inglés) en Helsinki que el Reino Unido permitirá a sus Fuerzas Armadas abordar barcos rusos severamente señalados por financiar la guerra en Ucrania. Starmer afirmó que el país se encuentra listo para realizar interceptaciones de manera unilateral en el momento y lugar que considere apropiado, como parte de una estrategia para limitar el impacto de la llamada “flota fantasma” de Moscú.

Starmer detalló ante los líderes de JEF que el Reino Unido actuará en coordinación con sus socios europeos frente a una red de más de 500 buques sancionados, los cuales se emplean para eludir las restricciones económicas dirigidas a Rusia tras la invasión en Ucrania. Entre los aliados que han adoptado prácticas similares, se encuentran Finlandia, Suecia y Estonia, quienes ya han detenido e impedido el paso de estas embarcaciones. Países Bajos también ha incrementado sus esfuerzos y la Marina Real británica ha cooperado en operaciones lideradas por Estados Unidos y Francia, según consignó Europa Press.

Estas medidas tienen como objetivo impedir que la flota sancionada continúe trasladando hidrocarburos que sostienen la financiación directa de las operaciones militares rusas en Ucrania. Starmer enfatizó que estos barcos antiguos y en mal estado actualmente movilizan el 75% del petróleo ruso, lo que calificó como un “riesgo inaceptable para la seguridad”. Además, advirtió sobre el impacto de la guerra en el Golfo sobre el incremento en los precios del crudo y destacó que el presidente Vladimir Putin obtiene beneficios de la volatilidad del mercado energético.

De acuerdo con Europa Press, Starmer subrayó la importancia de cambiar la percepción internacional sobre el conflicto, recordando que, después de cuatro años, Ucrania ha logrado resistir y recuperar parte de su territorio, imponiendo costos elevados a las fuerzas invasoras. Negó que Rusia esté obteniendo ganancias estratégicas, señalando que “la verdad es que Rusia no está ganando”.

El primer ministro británico también confirmó el compromiso de su gobierno para aumentar el gasto en defensa. Ante otros mandatarios del norte de Europa, insistió en que la amenaza de la Federación Rusa creció y mantiene un efecto directo en la seguridad, las economías y el poder adquisitivo de las familias en los países de la región. Remarcó que la seguridad euroatlántica y el apoyo a Ucrania persistirán como prioridades para el Reino Unido.

En ese contexto, la respuesta de Zelenski dejó en claro que Ucrania ve con buenos ojos la disposición británica de emplear fuerza legal y militar contra los buques que canalizan recursos hacia la maquinaria de guerra rusa. Zelenski denunció que Moscú utiliza el comercio del petróleo para obtener ingresos “ilegales” que sostienen la invasión, mientras que la presión internacional contra Rusia se ha relajado durante los meses recientes, según destacó el propio presidente ucraniano.

Por su parte, la apertura de la JEF a plantear acciones conjuntas para inspeccionar e interceptar buques sancionados fue valorada por Kiev. Además, Zelenski reclamó que se mantenga una presión máxima sobre estos petroleros y que el crudo transportado sea confiscado, reforzando la estrategia de sanciones energéticas que busca debilitar la economía rusa.

Con la adopción de estas medidas, el Reino Unido refuerza su posición en la vigilancia marítima de las rutas comerciales utilizadas por Moscú, a la vez que coordina con socios europeos y de la OTAN para intentar cerrar los canales que todavía permiten la financiación de la ofensiva rusa. Según informó Europa Press, este paso forma parte de una respuesta más amplia ante los desafíos de seguridad y geopolíticos que plantea la persistencia del conflicto tanto en Ucrania como en otras regiones clave, incluida la problemática con Irán, mencionada por Starmer en la cumbre.

El jefe del gobierno británico remarcó en su intervención las consecuencias de la amenaza rusa en la vida cotidiana de las poblaciones de Europa, e instó a mantener el enfoque en la seguridad común, destacando el papel central de la alianza euroatlántica. La evolución de las operaciones contra la flota fantasma y la cooperación entre aliados se perfila como uno de los puntos destacados de la próxima fase de medidas contra Moscú, en busca de contener la financiación y aumentar la presión diplomática y económica, según viene publicando Europa Press en el seguimiento de la situación.

Durante su intervención en un foro empresarial en Moscú, Vladimir Putin enfatizó que prever las repercusiones globales de una escalada bélica en Oriente Próximo representa un desafío incluso para los actores directamente involucrados en el conflicto, lo que complica aún más la evaluación para terceros países. Según publicó la agencia rusa recogida por distintos medios internacionales, el presidente ruso comparó el posible impacto de este conflicto con las graves perturbaciones causadas por la pandemia de covid-19. Putin advirtió que los efectos económicos y sociales derivados de una guerra en Irán podrían alcanzar proporciones similares a las experimentadas a raíz de la crisis sanitaria global, con consecuencias difíciles de cuantificar.

De acuerdo con la información divulgada por la prensa rusa y reportada por diferentes medios, Putin subrayó que la guerra en Oriente Próximo tiene potencial para infligir daños significativos en varias áreas clave de la economía internacional. El mandatario mencionó específicamente los posibles efectos sobre las cadenas de logística, producción y cooperación internacionales, elementos que en su opinión podrían volver a enfrentar las disrupciones extremas caracterizadas durante la pandemia. “Resulta difícil predecir con exactitud las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo”, declaró Putin, ilustrando la incertidumbre que rodea a la situación.

El presidente ruso también manifestó que ni siquiera las partes implicadas en el conflicto pueden anticipar los eventos futuros, lo cual, según él, aumenta la complejidad para países que no forman parte directa en la guerra. A pesar de esta incertidumbre, expuso que Rusia no puede adoptar una postura pasiva ante las dinámicas internacionales. Por este motivo, defendió la necesidad de fortalecer la posición del país frente a las presiones externas y subrayó el compromiso de reforzar la resiliencia de Rusia, especialmente en el contexto actual, caracterizado por sanciones internacionales.

Tal como publicó la prensa rusa, Putin insistió en calificar las sanciones impuestas a Rusia como “ilegales”, argumentando que nunca recibieron el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El mandatario reprochó tanto la imposición como la vigencia de estas medidas restrictivas en respuesta a la invasión rusa del este de Ucrania, que comenzó hace cuatro años. Putin volvió a justificar la incursión militar, afirmando que fue consecuencia de la necesidad de proteger a la población rusa, refiriéndose a situaciones de violencia en Crimea en 2014 y en la región de Donbás, que precedieron la operación militar en Ucrania.

Durante su discurso, dirigido a representantes del sector industrial y empresarial ruso, Putin agradeció la labor realizada por estas entidades en el desarrollo e integración de las regiones de Crimea y Donbás. Subrayó que este tipo de asociación resulta esencial para afrontar los retos que plantea el contexto internacional actual. Según consignó la prensa local, el jefe del Estado ruso puso el acento en la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica del país, que según él se ha preservado a pesar de las restricciones y dificultades impuestas desde el exterior.

Putin concluyó señalando que los desafíos extraordinarios derivados de los conflictos y las sanciones justifican la necesidad de una estrategia común entre el gobierno y el sector productivo para garantizar la fortaleza y autosuficiencia de Rusia, lo que a su juicio constituye la mejor respuesta posible frente a la volatilidad y riesgos globales mencionados en relación al conflicto en Oriente Próximo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea valoró la influencia que ejercen ciertos magnates rusos debido a su peso en sectores estratégicos, señalando que esta relevancia les permite contribuir indirectamente a la financiación estatal que sostiene la ofensiva contra Ucrania. Esta consideración respaldó la decisión de mantener las sanciones impuestas por la Unión Europea en 2022. Según informó el medio original, el máximo tribunal desestimó el recurso presentado por cinco empresarios rusos, quienes habían solicitado la anulación de las restricciones financieras luego de una primera resolución desfavorable del Tribunal General en 2023.

Las medidas restrictivas confirmadas afectan a Dimitri Pumpanski y Viktor Rashnikov, vinculados con la industria siderúrgica; Tigran Khudaverdian, exdirectivo del motor de búsqueda Yandex; Dimitri Mazepin, ligado al sector químico; y German Jan, ejecutivo de negocios. El Tribunal de Justicia de la UE destacó que estos oligarcas representan una parte clave en los ingresos del gobierno de Rusia y precisó que ejercen influencia en la toma de decisiones del Kremlin debido a su posición en la economía. Tal como detalló la instancia judicial europea, la razón principal para mantener sus activos congelados y aplicar otras restricciones reside en su papel dentro de sectores estratégicos cuya rentabilidad favorece indirectamente la capacidad financiera del Estado ruso.

El comunicado oficial del tribunal recogido por el medio señala de forma literal que “es precisamente debido a su importancia significativa para la economía rusa por lo que esas personas están en condiciones de favorecer indirectamente la financiación de las acciones de desestabilización llevadas a cabo contra Ucrania, al contribuir al mantenimiento de la rentabilidad, cuando no la prosperidad, de los sectores económicos en los que están implicadas”. Además, el Tribunal de Justicia estableció la existencia de un “vínculo objetivo” entre los empresarios relevantes en sectores lucrativos y “el objetivo de aumentar la presión ejercida sobre dicho país y el coste de sus acciones por desestabilizar Ucrania”.

De acuerdo con lo publicado por el medio original, el fallo rechaza el argumento de desproporcionalidad esgrimido por los sancionados y avala la legalidad de las medidas dictadas por los Veintisiete Estados miembro de la UE. El Tribunal consideró que estas restricciones no exceden lo necesario para lograr el propósito de presionar a Rusia en el contexto de la invasión a Ucrania. En opinión de la corte, basta con comprobar que las acciones no van “manifiestamente más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo”.

El proceso comenzó en 2022, cuando los Veintisiete decidieron inmovilizar los fondos y aplicar sanciones a destacados oligarcas relacionados con el gobierno ruso, fundamentando su decisión en la influencia de sus actividades empresariales dentro de sectores clave de la economía rusa. Tras una primera negativa dictada por el Tribunal General en 2023, los empresarios sancionados recurrieron la resolución, recurso que ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado definitivamente según reportó el medio.

Esta sentencia refuerza la estrategia europea de sancionar a individuos y entidades que considera relevantes en el sostenimiento de la economía rusa y en el apoyo indirecto a las operaciones militares en Ucrania. De acuerdo con el Tribunal de Justicia, la presión económica sobre figuras influyentes forma parte de los esfuerzos de la Unión Europea para dificultar el acceso a recursos y aumentar el coste de mantener la ofensiva.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró el estado de emergencia nacional ante el riesgo de interrupciones en el suministro de combustible, buscando así estabilizar el sector energético del país en un contexto marcado por la crisis en el estrecho de Ormuz. Según informó el medio que dio a conocer los hechos, la situación ha llevado a las autoridades filipinas a multiplicar las gestiones internacionales, incluyendo contactos con gobiernos de Rusia y China, para asegurar el acceso a petróleo y mitigar los efectos del aumento sostenido de los precios internacionales debido al conflicto en Oriente Próximo.

La ministra de Energía de Filipinas, Sharon Garin, confirmó este miércoles que el país explora “todas las opciones” disponibles para importar crudo y enfrentar la crisis energética. De acuerdo con lo publicado, la ministra puntualizó que las negociaciones incluyen alternativas que históricamente no habían sido consideradas por Filipinas, como la importación desde Rusia, con el objetivo de proteger a la economía local del impacto del encarecimiento del petróleo.

El planteamiento de buscar proveedores no habituales responde a un contexto internacional marcado por restricciones y sanciones. El medio detalló que Estados Unidos anunció una suspensión temporal, de un mes, en las sanciones aplicadas al petróleo ruso que se encuentra ya en tránsito, con fecha de expiración para el 11 de abril. Esto ha abierto un periodo específico para Filipinas y otros países interesados en acceder a ese recurso bajo condiciones excepcionales.

No sólo Rusia y China se encuentran entre los posibles proveedores de crudo para Filipinas. Según consignó el medio, el gobierno filipino mantiene también conversaciones con gobiernos de Tailandia, Japón y Singapur, dentro de una estrategia de diversificación para garantizar la seguridad energética del país. La ministra Garin indicó que la amplitud de estas gestiones es una respuesta a la volatilidad generada en los mercados petroleros a raíz de la situación en Oriente Próximo y los riesgos de interrupción que presenta el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa de las exportaciones globales de crudo.

El presidente Marcos Jr., en un comunicado de la oficina presidencial recogido por el medio, subrayó que “Rusia no es un proveedor tradicional de crudo para Filipinas, pero también estamos valorando esta posibilidad”. Esta afirmación refuerza el carácter excepcional de las gestiones y pone en evidencia el alcance de los esfuerzos para mitigar los efectos de un acceso restringido a las fuentes habituales de energía.

De acuerdo con la información, las autoridades filipinas también estarían en diálogo con la administración estadounidense, liderada por Donald Trump, para evaluar alternativas en la obtención de petróleo procedente de países bajo sanciones de Washington. Esta medida surge como respuesta al impacto que la guerra en Oriente Próximo ha tenido sobre los precios del crudo y la necesidad creciente de garantizar un abastecimiento seguro y continuo para el país asiático.

El incremento sostenido de los precios internacionales del petróleo, atribuido en gran parte al conflicto armado en Oriente Próximo y a las restricciones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, ha obligado al gobierno filipino a explorar acuerdos y mecanismos alternativos con varios socios globales. Según reportó el medio, estas gestiones buscan proteger el funcionamiento del sector energético nacional, un pilar esencial para la economía y el bienestar de la población filipina ante un panorama global incierto y con riesgos evidentes de escasez.

Una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Washington esta semana para iniciar el proceso de normalización de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, rotas desde 2019.

El grupo está integrado por funcionarios designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores que asumirán la restitución de servicios consulares, atención administrativa y coordinación de trámites con el Departamento de Estado.

La comitiva tiene como objetivo instalar la representación diplomática venezolana en la capital estadounidense, reactivar la expedición de pasaportes, documentos de viaje y legalizaciones, y restablecer la atención a la comunidad venezolana residente en Estados Unidos.

“Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos”, dijo la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez.

El viaje coincide con la entrada en vigor de la Licencia General 53, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

La licencia habilita a instituciones bancarias y proveedores estadounidenses a ofrecer servicios a las misiones diplomáticas venezolanas, permitiendo la apertura de cuentas corrientes, procesamiento de transferencias, pago de nóminas y adquisición de servicios básicos para la operatividad de la embajada y los consulados.

El documento establece que ciertas transacciones, anteriormente restringidas, quedan habilitadas siempre que estén vinculadas al desempeño de funciones oficiales o al uso personal de los funcionarios acreditados.

“Todas las transacciones […] relacionadas con la provisión de bienes o servicios en los Estados Unidos a las misiones […] están autorizadas”, señala la disposición, bajo condiciones específicas.

Entre los límites fijados, se excluyen operaciones vinculadas a bienes inmuebles y cualquier actividad que no cumpla con la legislación vigente. Asimismo, se autoriza a las instituciones financieras estadounidenses a gestionar cuentas, facilitar créditos y procesar transferencias para estas misiones, siempre dentro del marco permitido por la normativa.

Este esquema apunta a garantizar que las representaciones diplomáticas puedan cubrir necesidades operativas básicas, como servicios, suministros y gastos cotidianos, en un entorno aún condicionado por las sanciones. También contempla la posibilidad de que los funcionarios y sus familias accedan a bienes y servicios para uso personal, sin fines comerciales.

El inicio de esta nueva etapa coincide con gestiones de Caracas para solicitar el levantamiento de las medidas restrictivas. Durante el mismo anuncio, se reiteró el pedido a Washington para eliminar las sanciones económicas, con el argumento de que afectan el desarrollo de la economía venezolana y la llegada de inversiones.

“Le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía”, subrayó Delcy Rodríguez durante un encuentro con inversionistas transmitido por el canal de propaganda Venezolana de Televisión.

El proceso de acercamiento se desarrolla en un contexto complejo, atravesado por causas judiciales en Estados Unidos contra el narcodictador venezolano Nicolás Maduro, detenido en enero y a la espera de juicio en Nueva York.

Maduro enfrenta múltiples cargos, entre ellos conspiración para narcotráfico y posesión de armamento, mientras que su esposa, Cilia Flores también está imputada en causas vinculadas.

A pesar de este escenario, el restablecimiento de relaciones y el envío de una delegación diplomática marcan un giro en la dinámica bilateral. La presencia de representantes en Washington será clave para definir los próximos pasos del vínculo, en una fase inicial centrada en la reactivación del diálogo y la coordinación institucional entre ambos países.

(Con información de EFE)

La presencia de la bandera estadounidense en la Embajada de Caracas, luego de siete años de ausencia, antecede la visita de una delegación oficial de Venezuela a Washington para dar inicio a una etapa de diálogo y redefinir los términos de la relación bilateral. Según lo informado por el medio que publicó la noticia, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, comunicó la decisión del gobierno venezolano en un encuentro con inversores y empresarios nacionales.

De acuerdo con la información recogida por la fuente, Rodríguez anunció este martes el envío de altos funcionarios venezolanos a Estados Unidos dentro de la presente semana. El objetivo de la delegación consiste en formalizar una nueva fase de negociaciones diplomáticas, tras los recientes cambios en la relación entre Venezuela y Estados Unidos ocurridos después del arresto del mandatario Nicolás Maduro a comienzos de enero. Durante su intervención en Caracas, Rodríguez declaró que “quiero que de mi parte y en nombre del Gobierno de Venezuela ratifiquen y se lleven la idea cierta de que esta es nuestra disposición”, en referencia a la voluntad del ejecutivo para entablar el acercamiento.

A lo largo de su mensaje, Rodríguez hizo énfasis en la oportunidad que representa para el país esta reapertura de canales diplomáticos, mencionando específicamente el interés en atraer inversiones extranjeras y asociadas al sector petrolero. Según divulgó la fuente, la funcionaria subrayó que quienes consideran invertir en Venezuela contarán con garantías institucionales y con estabilidad: “Quienes piensen que es un buen momento y que Venezuela es un buen lugar para invertir, sepan que tienen garantías, que tienen seguridad jurídica, que tienen seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que sus inversiones puedan desarrollarse ampliamente”, aseguró Rodríguez.

El contexto de la visita incluye la vigencia de las sanciones de Estados Unidos sobre la economía venezolana, medida que el gobierno de Rodríguez insiste en que debe ser suprimida para facilitar la recuperación de los diferentes sectores productivos del país. Tal como especificó la fuente, la propia Rodríguez reiteró que resulta imprescindible que cesen las restricciones económicas y que sean revisadas de cara al relanzamiento de acuerdos energéticos esenciales. Entre esos acuerdos figura la reciente reactivación de los vínculos con la compañía petrolera estadounidense Chevron, que ya ha iniciado operaciones en territorio venezolano tras la flexibilización parcial de ciertas medidas.

La fuente detalló que la reciente presencia de la delegación diplomática venezolana en los Estados Unidos busca sentar las bases de una normalización progresiva de las relaciones bilaterales. El restablecimiento de la representación diplomática norteamericana en Venezuela y la apertura a la negociación constituyen señales del cambio de clima entre ambos países. No obstante, la resolución de temas fundamentales, incluyendo el levantamiento de sanciones y la cooperación energética, depende de la evolución de las conversaciones y de los términos a los que ambas partes puedan llegar.

Según publicó el medio de origen, Delcy Rodríguez puso de manifiesto que las decisiones en torno a la política venezolana hacia Estados Unidos mantienen un carácter estratégico, especialmente al considerar el actual contexto político en el país norteamericano. La funcionaria reconoció que una parte de la normalización de relaciones podría depender de las concesiones que Venezuela esté dispuesta a realizar frente al liderazgo de Donald Trump y su influencia en la política exterior estadounidense.

La apertura de estas negociaciones coincide con intentos del gobierno venezolano de mostrar confianza y estabilidad a potenciales inversionistas internacionales y nacionales. La fuente destacó que, pese a la continuidad de ciertas sanciones y a los condicionamientos vinculados al proceso político de Venezuela, existen entendimientos en sectores clave, como el petrolero, que podrían constituir la base para acuerdos a más largo plazo. El restablecimiento formal de comunicaciones diplomáticas se presenta como una herramienta para canalizar los intereses mutuos y reducir las tensiones previas.

La cobertura publicada por la fuente reflejó que la posibilidad de normalización y los acuerdos comerciales resultantes tienen implicaciones directas en la economía venezolana y en sectores estratégicos como el energético. Rodríguez, según consignó el medio, utilizó el encuentro con grupos empresariales para garantizar que el Estado venezolano ofrece marcos legales adecuados y condiciones políticas para la inversión, reforzando la narrativa de confianza que intenta posicionar ante actores internacionales y nacionales.

La delegación venezolana fue convocada según esta perspectiva para establecer contactos directos con autoridades en Washington en una coyuntura que el ejecutivo venezolano describe como favorable para la reapertura de relaciones. La agenda contempla la búsqueda de compromisos en torno a los flujos comerciales, la cooperación en materia energética y la superación de disputas derivadas de la política de sanciones de las últimas administraciones estadounidenses.

La visita a Washington representa, según el reporte difundido por la fuente, una instancia de diálogo y negociación que podría definir el futuro de las relaciones entre ambos gobiernos y abrir nuevas perspectivas para el desarrollo empresarial en Venezuela, siempre condicionado al curso de las tratativas y al contexto político y económico de ambos países.

Reforzar el respeto a la inmunidad de los líderes latinoamericanos y caribeños figura entre los temas subrayados en la reciente intervención del ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, quien instó a los gobiernos de la región a responder de forma colectiva a las últimas acciones ejecutadas por actores internacionales. Según informó el medio Europa Press, Gil resaltó la necesidad de una reacción regional firme ante episodios como la captura en Estados Unidos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, que tuvo lugar el 3 de enero de 2026.

De acuerdo con Europa Press, el ministro Gil se refirió a estos acontecimientos a través de un comunicado oficial tras participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Allí, el representante venezolano insistió en el “firme propósito de reafirmar nuestra histórica obligación de promover la unidad regional”. Gil remarcó la importancia de avanzar hacia una región donde no existan "medidas coercitivas unilaterales ni operaciones militares que amenacen nuestra soberanía y zona de paz", según palabras transmitidas a través del canal oficial de Telegram de la Cancillería venezolana.

En su declaración, el titular de exteriores exhortó a los países miembros de CELAC a reflexionar sobre el compromiso urgente de respetar la institucionalidad y la inmunidad de los jefes de Estado. Gil planteó la cuestión de qué tan posible resulta la unidad regional cuando no se logra condenar y enfrentar de manera efectiva sanciones colectivas como las que afectan tanto a Cuba como a Venezuela. “¿Cómo podemos hablar de unión si no somos capaces de hacer frente a las sanciones colectivas como las que sufren los pueblos de Cuba y Venezuela? Con bloqueos, con sanciones económicas, no hay unidad posible”, manifestó el ministro, según recogió Europa Press.

El gobierno venezolano articuló su llamado en torno a la defensa de los derechos considerados legítimos para Maduro y Flores, enfatizando la urgencia de que las naciones del sur actúen de manera coordinada ante lo que califican como actos de “secuestro” por parte de Estados Unidos. El medio Europa Press detalló que Gil pidió a los países de América del Sur y el Caribe dejar atrás intereses particulares y “cálculos pequeños” para poder actuar como una verdadera comunidad. Bajo esta perspectiva, sostuvo que la unidad va más allá de una simple consigna, ya que se trata, en sus palabras, de “una obligación histórica” que los gobiernos de la región están llamados a asumir en el presente contexto.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia venezolana vinculó este mensaje a la coyuntura de la reciente operación militar de Estados Unidos que llevó a la captura de Maduro y Flores, un hecho que Europa Press resaltó por su impacto en la política regional y en el debate sobre la preservación de la soberanía y la estabilidad de los países americanos. Gil concluyó su declaración remarcando la importancia de una respuesta colectiva, a la altura de los desafíos actuales, de cara a la protección de la autonomía de la región frente a bloqueos y sanciones externas.

El medio Europa Press informó que estos planteamientos se difundieron en un contexto de creciente presión internacional sobre Venezuela y otros países del área, y tras nuevos esfuerzos para fortalecer los mecanismos de integración y defensa conjunta mediante foros multilaterales como la CELAC, que buscan impedir que factores externos vulneren la soberanía y la inmunidad de los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Según detalló el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, más de 65.122 anuncios que aparecían en la plataforma Airbnb fueron retirados en julio de 2025 tras constatarse diversas irregularidades en la publicación de alojamientos turísticos. Esta cifra sitúa el volumen de anuncios afectados en uno de los casos de mayor alcance en cuanto a la persecución de prácticas irregulares vinculadas a la oferta online de viviendas. La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha desestimado la petición de medidas cautelares interpuesta por Airbnb, obliga ahora a la compañía a abonar la sanción de 63,98 millones de euros y eleva el perfil del caso, según consignó este lunes el propio Ministerio que dirige Pablo Bustinduy.

La noticia surge después de que la reconocida plataforma solicitara paralizar la multa mientras se resolvía el fondo del litigio, petición que ha sido rechazada por el TSJM, según informó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. De este modo, Airbnb deberá afrontar el pago inmediato de la sanción impuesta a finales de 2025, aunque todavía dispone de la opción de presentar un recurso de reposición ante el propio tribunal competente, tal como precisó el citado organismo a medios.

De acuerdo con el expediente sancionador, las infracciones principales atribuidas a Airbnb están relacionadas con la publicación de anuncios de pisos turísticos sin la debida licencia, una práctica contraria a la normativa vigente en numerosas comunidades autónomas, que exige la inclusión del número de registro oficial en todas las ofertas publicadas. Según publicó el Ministerio, también se hallaron anuncios en los que el número de licencia o registro no coincidía con los códigos utilizados oficialmente, lo que atentaba contra la veracidad exigida por ley al sector. Además, reportó Consumo que la plataforma difundía anuncios que no reflejaban información verídica sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo en publicidad que, al no ajustarse a los requisitos legales, se calificó como engañosa.

El Ministerio de Consumo cuantificó la sanción principal, de 63,98 millones de euros, en función de lo que denominó “beneficio ilícito” obtenido por la plataforma durante el periodo en el que persistieron los anuncios a partir del apercibimiento oficial y hasta su eliminación de Airbnb en julio de 2025. Esta multa se calculó multiplicando por seis la cifra del citado beneficio, conforme a la gravedad atribuida a los hechos según las normas regulatorias vigentes, de acuerdo con el informe hecho público por las autoridades.

El medio añadió que, junto a la infracción principal, el expediente incluyó otras tres sanciones específicas. Por una parte, se impuso una multa de 10.000 euros por incumplimiento de las obligaciones legales en la celebración de contratos a distancia, que regulan las transacciones digitales entre consumidores y plataformas. Se sumaron otros 10.000 euros por obstrucción y negativa a facilitar información y documentación relevantes durante la investigación, lo que dificultó las labores de control, inspección y vigilancia previstas en el marco legal. Además, según publicó Consumo, se sumó una tercera infracción sancionada con 55.000 euros, motivada por el incumplimiento de las medidas provisionales acordadas por la Administración instructora para evitar riesgos o perjuicios adicionales a usuarios y consumidores mientras se resolvía el expediente.

Estas prácticas, identificadas tras un proceso de supervisión iniciado por el Ministerio, llevaron a un procedimiento sancionador que generó una inmediata reacción por parte de Airbnb. Según informó el propio Ministerio y recogió la prensa especializada, la plataforma recurrió la cuantía total de la sanción ante la justicia, lo que en su momento detuvo temporalmente la obligación de abonar el importe hasta resolución judicial definitiva.

Tal como reportó el medio, el reciente auto del TSJM establece que no concurren los requisitos para acordar la medida cautelar de suspensión solicitada por Airbnb. De esta manera, la compañía debe proceder al pago de la multa impuesta sin que el litigio principal haya quedado zanjado, si bien mantiene la posibilidad de interponer un recurso de reposición ante el mismo tribunal, conforme a los procedimientos establecidos.

El órgano instructor del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el momento de hacer pública la sanción, puso énfasis en la protección de los consumidores y usuarios frente a “prácticas comerciales desleales” y “publicidad engañosa”, insistiendo en la importancia de cumplir la normativa de transparencia, legalidad e información veraz en la comercialización de alojamientos turísticos.

A raíz de este caso, subrayan desde el Ministerio que se evidencia la necesidad de verificar que todas las plataformas digitales que intermedian en el alquiler de viviendas turísticas adopten mecanismos eficaces para cotejar la información aportada por los anfitriones, especialmente en lo tocante a la licencia de actividad y datos legales de los inmuebles anunciados, conforme a la legislación autonómica vigente en España.

El procedimiento abierto por Consumo y la decisión del TSJM marcan un hito relevante en la regulación y control de los servicios digitales ligados al turismo, centrando la atención en la responsabilidad de los intermediarios de alojamiento frente a los usuarios y frente al cumplimiento de la legalidad sectorial. Integran esta respuesta administrativa y judicial las consecuencias económicas y operativas para plataformas digitales como Airbnb, que deberán implementar nuevos procesos de verificación y transparencia para evitar sanciones similares en el futuro, según señalaron responsables del Ministerio al dar a conocer el impacto de la resolución judicial.

No llevar un registro horario de la jornada laboral puede convertirse en uno de los problemas más costosos para una empresa cuando surge un conflicto por horas extraordinarias. Así lo advierte el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, conocido en redes sociales como @empleado_informado, en un vídeo publicado en TikTok en el que alerta a empresarios sobre una obligación legal vigente desde hace años.

“Este vídeo es para advertirte si eres empresario. Este es uno de los errores que más caro te van a salir si no haces las cosas bien”, explica al comienzo del vídeo, donde relata el caso reciente de una empresa que recurrió a él para gestionar varias reclamaciones por horas extra.

Según cuenta el abogado, varios trabajadores sostenían que estaban realizando jornadas de diez horas diarias, mientras que el empresario defendía que únicamente cumplían con las ocho horas pactadas. “El problema: algunos trabajadores aseguraban que estaban haciendo una jornada de diez horas diarias cuando el empresario me juraba, de verdad, que solo estaban haciendo las ocho horas que le tocaban”, señala.

La dificultad apareció cuando solicitó a la empresa la documentación necesaria para acreditar el horario real de trabajo. “Cuando le pido los registros horarios me dice que no tiene registros horarios, que en su empresa nunca lo han registrado, nunca lo han sancionado”, relata.

Ese punto, explica, deja a la empresa en una posición especialmente delicada en caso de reclamación judicial, porque la ausencia de control horario dificulta probar qué jornada se ha realizado realmente.

Una obligación legal desde 2019

El registro diario de jornada es obligatorio en España desde 2019, tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, que obliga a todas las empresas a anotar el inicio y final de la jornada de cada trabajador y conservar esos datos durante cuatro años. Su incumplimiento puede dar lugar a sanciones económicas y, además, complicar la defensa empresarial ante demandas laborales.

Barrionuevo subraya su sorpresa al encontrarse con empresas que todavía no cumplen esta exigencia: “Yo me quedé flipando, porque eso es una obligación desde 2019 y ya prácticamente no existen empresas que no registren el horario”.

El riesgo de no poder rebatir al trabajador

El abogado advierte de que, si no existe registro, cualquier indicio aportado por el trabajador puede tener un gran peso ante un tribunal. “A poco que un trabajador pueda aportar indicios de que está haciendo una jornada distinta, como puede ser (se ha aceptado por los tribunales) una libreta manuscrita, te vas a ver en un lío gordísimo”, explica.

Esto significa que anotaciones personales, mensajes o cualquier otro elemento que ayude a reconstruir la jornada pueden servir como apoyo en una reclamación de horas extra.

El falso registro también puede agravar el problema

Barrionuevo añade que algunas empresas intentan aparentar cumplimiento mediante controles horarios que no reflejan la realidad. “Lo normal cuando un empresario quiere saltarse la ley, que por supuesto no lo recomiendo porque puedes tener muchos más problemas, es que lleven un registro fraudulento en el que se firma unas horas, pero se trabaja otras”, afirma.

Por ello insiste en que la mejor protección para la empresa pasa por cumplir correctamente con la normativa: “Lleva un registro horario siempre en tu empresa. Cumple la ley no solo porque va a beneficiar a tu plantilla y se va a querer quedar contigo, sino porque no te vas a ver metido en estos líos tan gordos”, zanja el abogado.

Alrededor del 25 por ciento del comercio marítimo mundial de petróleo circula por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica que se ha visto gravemente afectada por los recientes enfrentamientos en Oriente Próximo. Según informó Europa Press, las autoridades estadounidenses anunciaron que han levantado las sanciones sobre el petróleo iraní que ya se encuentra cargado en buques, buscando aliviar la presión sobre los mercados energéticos globales tras los ataques en esta región clave. Esta decisión tiene lugar tras una marcada subida en los precios de los combustibles, atribuida al impacto directo del conflicto en la disponibilidad y el flujo del crudo a nivel internacional.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó este viernes una licencia especial que permite la compra y venta de productos derivados del petróleo iraní cargados en navíos desde el 20 de marzo, con vigencia hasta el domingo 19 de abril. Tal como detalló Europa Press, la medida se inscribe en el contexto de una escalada en el precio del crudo provocada por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada el 28 de febrero. Este hecho ha desencadenado una serie de respuestas por parte de la República Islámica de Irán, que incluyeron ataques contra barcos que transitan por el estrecho de Ormuz.

El levantamiento temporal de estas sanciones tiene entre sus objetivos facilitar el tránsito de hidrocarburos ya existentes en buques, en un escenario donde el incremento de la tensión militar ha derivado en bloqueos y amenazas a la libre circulación en esa zona. Europa Press consignó que el endurecimiento del bloqueo sobre Ormuz ha complicado las operaciones logísticas para las principales compañías navieras y actores del mercado energético, repercutiendo en el aumento de tarifas de transporte y en una mayor volatilidad de los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Desde que comenzaron los ataques recíprocos entre las fuerzas de Estados Unidos e Israel y los representantes iraníes, los riesgos asociados al tránsito por el estrecho han crecido, obligando a Estados Unidos a revisar las restricciones impuestas previamente sobre los hidrocarburos procedentes de Irán. El medio Europa Press publicó que esta licencia se limita a las cargas ya existentes en navíos y no permite nuevas operaciones de embarque durante el periodo autorizado, ajustando el alcance de la medida a la coyuntura específica del mercado y los eventos recientes que afectan el comercio internacional del petróleo.

En ese mismo contexto, la licencia emitida recoge que solo resultan válidas las transacciones de productos petroleros iraníes que ya se hallan a bordo de buques antes del inicio de esta autorización, y que toda compraventa fuera del periodo establecido seguirá estando sujeta a las sanciones vigentes. Según publicó Europa Press, esta disposición responde a la necesidad de no agravar la actual crisis energética y de evitar mayores alteraciones en las cadenas de suministro global, mientras persista la inestabilidad militar en Oriente Próximo.

El estrecho de Ormuz ha adquirido una importancia renovada en las últimas semanas, dado que representa una vía por la que aproximadamente una cuarta parte de los envíos globales de petróleo transitan diariamente. La decisión de Washington busca, según el Departamento del Tesoro citado por Europa Press, evitar que los bloqueos y ataques limiten todavía más el flujo de crudo, y prevenir alzas adicionales en los precios que puedan afectar a consumidores y economías dependientes del suministro energético internacional.

La escalada militar en la región, desencadenada por la ofensiva del 28 de febrero, elevó la preocupación de gobiernos y empresas a nivel mundial sobre la seguridad de una de las principales arterias del comercio de hidrocarburos. El medio Europa Press reportó que la respuesta iraní incluyó ataques directos a barcos comerciales, una acción que repercutió de manera inmediata en el mercado de futuros del petróleo, incrementando la volatilidad y obligando a las principales potencias a buscar medidas temporales para evitar el desabastecimiento y la subida abrupta de los precios.

La iniciativa del gobierno estadounidense de suspender ciertas sanciones se posiciona como una respuesta limitada y selectiva que procura equilibrar las necesidades inmediatas del mercado con la persistencia de su postura respecto a las exportaciones energéticas de Irán. Europa Press detalló que, hasta la fecha, Washington había sostenido una política restrictiva sobre la participación iraní en el comercio internacional de hidrocarburos, pero el contexto actual de presión sobre los precios y amenazas a la seguridad de las rutas estratégicas motivó la decisión de autorizar estas transacciones temporales.

El conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz constituyen los factores determinantes que llevaron a esta flexibilización puntual en las sanciones. Según Europa Press, la licencia permanecerá activa solamente hasta la fecha indicada, luego de la cual volverán a aplicarse las restricciones habituales a las operaciones con crudo iraní, salvo que la administración estadounidense implementase nuevas directrices en respuesta a la evolución del conflicto y sus efectos sobre la economía global.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha estipulado que la autorización para comprar y vender petróleo iraní y sus derivados aplica únicamente a los cargamentos embarcados a partir del 20 de marzo y estará vigente hasta el 19 de abril. Según informó la agencia Europa Press, esta decisión surge durante un periodo en que los mercados internacionales han registrado incrementos notables en los precios del combustible, como resultado de la situación bélica y las restricciones al tráfico marítimo en Oriente Próximo.

La medida dada a conocer este viernes por las autoridades estadounidenses representa un cambio temporal en la política de sanciones que ese país mantenía sobre el sector petrolero iraní. Este levantamiento selectivo de restricciones se centra en productos ya transportados por buques, a diferencia de sanciones previas que penalizaban toda transacción con crudo iraní, como detalló el medio Europa Press. El anuncio se produce tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre objetivos iraníes, hechos ocurridos el 28 de febrero, a los cuales la República Islámica respondió con agresiones dirigidas a embarcaciones que cruzan el estrecho de Ormuz.

La zona del estrecho de Ormuz constituye un paso imprescindible para el sector energético global, ya que aproximadamente una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo transita por este canal, consignó Europa Press. La ofensiva militar y las posteriores acciones de represalia de Irán han generado temores en los mercados respecto a un posible desabastecimiento y, en consecuencia, han incidido en la cotización internacional del crudo. El incremento de los costos del combustible desde el inicio de la escalada ha motivado a las autoridades estadounidenses a introducir licencias excepcionales que reduzcan tensiones inmediatas en la oferta energética.

El documento publicado por el Departamento del Tesoro autoriza explícitamente la compraventa y las operaciones relacionadas con petróleo y productos derivados extraídos y cargados en buques iraníes después del 20 de marzo. Esta disposición fue enmarcada temporalmente hasta el 19 de abril, limitando su alcance para mitigar efectos de escasez sin alterar los mecanismos tradicionales de sanción prolongada a Irán. Europa Press destacó que la decisión busca equilibrar la presión sobre Teherán con la urgencia de estabilizar los precios frente a la crisis regional agravada por alteraciones en rutas comerciales estratégicas.

La guerra en Oriente Próximo y las respuestas armadas en la región han impactado directamente sobre el tráfico marítimo internacional. El cierre temporal de rutas en el estrecho de Ormuz, reportado por Europa Press, dificultó la circulación regular de tanqueros y obligó a buscar rutas alternativas más largas o costosas, lo que ha repercutido en los mercados globales de energía. Los episodios de ataques y bloqueos afectaron a compañías de diferentes países cuyos buques dependen del paso seguro por estas aguas para abastecer de petróleo a múltiples regiones.

El contexto de tensión afecta especialmente a naciones importadoras que se ven forzadas a pagar sobrecostos en el transporte o enfrentar incertidumbre respecto al suministro energético. Europa Press explicó que la autorización estadounidense para permitir transacciones sobre petróleo iraní cargado previamente constituye un intento de aliviar el shock inmediato provocado por los recientes bloqueos. La guerra y las acciones militares asociadas han desencadenado fluctuaciones abruptas en los precios, afectando tanto a los consumidores como a las empresas a escala global.

La licencia especial emitida este viernes establece parámetros precisos sobre qué cargamentos pueden beneficiarse del levantamiento de sanciones. Europa Press enfatizó que solo se permiten operaciones sobre crudo o productos derivados que ya estaban a bordo de embarcaciones después de la fecha especificada, excluyendo nuevas extracciones o embarques posteriores al periodo autorizado. Esta distinción responde a la necesidad de identificar claramente los lotes permitidos y evitar posibles controversias jurídicas o evasiones de control durante la vigencia de la excepción.

La volatilidad en la región y el papel estratégico del estrecho de Ormuz han determinado una serie de respuestas diplomáticas, militares y económicas tanto de Estados Unidos como de sus aliados. Según publicó Europa Press, la suspensión parcial de sanciones se presenta como una medida de alivio inmediato, destinada a mantener un flujo parcial de petróleo mientras persista el peligro de nuevas interrupciones en los envíos regulares procedentes del Golfo Pérsico.

El trasfondo de esta decisión reside en la relación directa entre los conflictos en Oriente Próximo, especialmente los ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel, y la seguridad del tránsito marítimo internacional. Las confrontaciones identificadas desde el 28 de febrero provocaron que la República Islámica optara por acciones ofensivas específicas hacia buques comerciales, incrementando la preocupación sobre la viabilidad del comercio de crudo a través del estratégico corredor.

La coyuntura regional, junto con las medidas estadounidenses, configura un nuevo escenario para la comercialización de petróleo iraní hasta la fecha límite fijada. Durante el periodo cubierto por la licencia, las empresas del sector podrán establecer transacciones únicamente con lotes de crudo que cumplen las condiciones especificadas por el Departamento del Tesoro, tal cual reportó Europa Press. Estas disposiciones buscan mitigar temporalmente los riesgos de escasez y reducir la presión sobre los consumidores en los mercados globales de energía ante una crisis de alta complejidad política y estratégica.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha notificado la exclusión de Yuri Korzhavin y Lidia Korzhavina de la lista de ciudadanos especialmente designados, en medio de un contexto internacional marcado por el incremento de los precios del petróleo y el reciente conflicto militar en Oriente Próximo. Según informó Europa Press, esta decisión sigue la retirada parcial de sanciones que Washington había aplicado la semana anterior sobre el crudo ruso, medida anunciada tras la operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán a partir del 28 de febrero.

De acuerdo con Europa Press, el anuncio se concretó mediante un comunicado emitido este viernes, en el que el Departamento del Tesoro detalló que ambos ciudadanos rusos ya no figuran en la lista gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La dependencia oficializó: “Se han eliminado las siguientes personas de la lista de ciudadanos especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro: Yuri Korzhavin y Lidia Korzhavina”, puntualizando su nacionalidad rusa.

El medio Europa Press señaló que la exclusión de estos dos ciudadanos rusos ocurre tras el retiro, días antes, de las sanciones dirigidas a otras tres personas y tres entidades vinculadas a Rusia. Esta dinámica de flexibilización de restricciones surge mientras el precio internacional del barril de Brent experimenta subidas significativas, fenómeno atribuido en parte a la incertidumbre generada por la escalada bélica en Oriente Próximo.

Según consignó Europa Press, el ajuste en la política de sanciones se produce en paralelo al incremento de tensiones geopolíticas tras el ataque conjunto, liderado por Washington y Tel Aviv, dirigido a posiciones estratégicas en territorio iraní. La ofensiva, desplegada el 28 de febrero, elevó la incertidumbre en los mercados energéticos y generó preocupación por el posible impacto sobre los suministros globales de hidrocarburos.

Europa Press detalló que la OFAC, órgano encargado de administrar y aplicar sanciones financieras en nombre del Gobierno de Estados Unidos, opera bajo el Departamento del Tesoro y mantiene bajo constante revisión sus listas de ciudadanos y entidades sancionados en función de los acontecimientos internacionales y la evolución de los intereses estratégicos estadounidenses. Las exclusiones recientes son vistas como parte de las respuestas dinámicas ante los cambios del entorno global y la presión en los mercados de energía.

En la serie de modificaciones recientes, los medios vinculan la eliminación de sanciones tanto a ciudadanos como a entidades rusas con un intento por contener los efectos secundarios de las tensiones regionales, teniendo en cuenta el papel relevante que desempeña el petróleo ruso en el equilibrio del mercado internacional. El seguimiento continuo de estas medidas por parte de autoridades norteamericanas se percibe, según reportó Europa Press, como una forma de ajustar el impacto de las sanciones en función de los intereses económicos y políticos inmediatos.

Durante la jornada de este viernes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski enfatizó la urgencia de establecer una fecha para un próximo encuentro trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, buscando dejar atrás los constantes retrasos provocados por la intensificación del conflicto en Oriente Próximo. Según consignó Ukrinform, el propio mandatario señaló el interés particular de Ucrania en obtener un calendario definido o, al menos, aproximado para reanudar las negociaciones a tres bandas, tema que figura como central en la cita programada este fin de semana en Estados Unidos.

De acuerdo con la información recopilada por Ukrinform, la agenda propuesta por Zelenski para la reunión con representantes estadounidenses también incluye el debate sobre las sanciones aplicadas a Rusia, los acuerdos bilaterales en materia de seguridad y los planes para la reconstrucción ucraniana al finalizar las hostilidades. El presidente subrayó ante los medios que el levantamiento de las sanciones al sector energético ruso representa un desafío considerable para Ucrania, argumentando que “significa un aumento de los ingresos para Rusia y un incremento de sus capacidades en el frente”. A esta preocupación sumó la advertencia de que tal decisión incrementa el riesgo para la seguridad nacional de su país y puede afectar el curso de las operaciones militares.

Zelenski hizo hincapié en que, más allá de las negociaciones con Rusia, Ucrania trasladará a Washington la petición de reforzar los programas de asistencia económica y militar. La agenda contempla, entre otros temas, la continuidad de los programas de ayuda, el suministro de armamento e incentivos para la reconstrucción de infraestructuras dañadas. Ukrinform reportó que Ucrania busca garantías concretas por parte de Estados Unidos a largo plazo, con el objetivo de fortalecer la defensa y acelerar la recuperación posbélica.

Durante su comparecencia, Zelenski recordó que la última vez que Ucrania, Rusia y Estados Unidos coincidieron en una mesa de diálogo fue a mediados de febrero en Ginebra. El mandatario evitó precisar detalles, pero mencionó que durante ese encuentro se lograron acuerdos relacionados con el ámbito militar y cuestiones humanitarias, como el intercambio de prisioneros. No obstante, persistieron las discrepancias en asuntos trascendentales, entre ellos la autonomía de los territorios en el este bajo ocupación rusa y el manejo de la central nuclear de Zaporiyia, instalaciones cuya seguridad y control han sido eje de preocupación internacional.

Según publicó Ukrinform, Zelenski destacó la influencia permanente de la guerra en Oriente Próximo sobre la agenda internacional y explicó que los efectos de ese conflicto han generado la necesidad de postergar en reiteradas oportunidades la realización del encuentro trilateral. “Queremos fechas claras, al menos aproximadas. Todos entendemos que la situación en Oriente Próximo, la guerra, influye (...) No es la primera vez que se pospone una reunión trilateral. Me gustaría tener más detalles al respecto”, explicó el presidente ucraniano.

En la misma línea, el medio informó que Zelenski pretende que el encuentro de este fin de semana en Estados Unidos marque un punto de inflexión, no solo en la definición de un calendario para las próximas negociaciones con Rusia, sino también en la obtención de nuevas promesas de apoyo militar y financiero, así como en el diseño de estrategias detalladas para la recuperación nacional. La preocupación de Ucrania por la reciente suspensión de restricciones al sector energético ruso refuerza la petición de contar con compromisos claros por parte de sus aliados, ante la posibilidad de que Rusia intensifique su capacidad armamentística a raíz de mayores ingresos provenientes de sus exportaciones energéticas.

A lo largo de su intervención, Zelenski insistió, según publicó Ukrinform, en que cada uno de estos temas adquiere especial relevancia en el contexto actual del conflicto y se espera que las conversaciones permitan avanzar tanto en la coordinación a nivel internacional como en la consolidación de proyectos que garanticen la estabilidad de Ucrania. Si bien no se anunciaron detalles de las propuestas específicas que serán presentadas a Estados Unidos, el presidente reiteró su determinación de obtener resultados que permitan al país avanzar hacia la consolidación de la paz y la seguridad.

Kirill Dimitriev, jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa y asesor económico cercano al presidente Vladimir Putin, expresó recientemente que la estabilidad y la continuidad de Europa y el Reino Unido dependen de la remoción de los actuales responsables políticos en esas regiones. Dimitriev basó sus declaraciones en el impacto que la crisis energética y las sanciones al petróleo ruso han tenido sobre la economía de dichos bloques. Según reportó la agencia Europa Press, el asesor insistió en que las decisiones adoptadas por quienes lideran la política económica han perjudicado gravemente a la región, y urgió a una renovación de los funcionarios europeos y británicos para evitar consecuencias aún más severas.

En una publicación divulgada en redes sociales, Dimitriev sostuvo que es necesario exigir responsabilidades a los funcionarios de Reino Unido y la Unión Europea, a quienes calificó como “rusófobos”, según publicó Europa Press. Para el jefe del fondo soberano ruso, estos burócratas no reconocen los errores cometidos en la gestión de la crisis derivada de la guerra en Irán ni de las sanciones al petróleo ruso, y agregó que persisten en no rectificar su postura ni adaptarse a la situación actual. Dimitriev afirmó: “No escuchan, no analizan, no se adaptan. Cuanto antes se sustituyan, mayores serán las posibilidades de supervivencia de Reino Unido y de Europa”.

De acuerdo con Europa Press, la posición del asesor se suma a una serie de críticas que ha realizado de manera persistente contra los mandatarios de Europa, a quienes acusa de ignorar las consecuencias negativas de mantener las restricciones al crudo ruso. Dimitriev señaló que la negativa a revertir el levantamiento temporal de estas sanciones está agravando la crisis energética, contribuyendo a la inestabilidad en los mercados y conduciendo, en sus palabras, al “suicidio energético” de las economías europeas.

El medio informó que Dimitriev también ha vinculado la reciente volatilidad en los mercados energéticos a la guerra en Irán, y argumenta que la falta de respuesta y adaptación por parte de los gobiernos europeos y británicos no solo afecta sus propios intereses económicos, sino que compromete la seguridad del suministro energético a largo plazo. Según consignó Europa Press, Dimitriev advirtió que la inercia política podría dejar a la región europea en una situación de vulnerabilidad prolongada ante nuevos desafíos geopolíticos.

Europa Press detalló que Dimitriev forma parte de los funcionarios rusos responsables actualmente de negociar la posible reanudación de la cooperación económica y comercial entre Rusia y Estados Unidos, un objetivo declarado por ambas potencias. Hace meses, el asesor asumió un rol clave en los contactos orientados a encontrar puntos de consenso que permitan rebajar las tensiones y restablecer el flujo de inversiones y comercio bilateral, en un contexto donde persisten el endurecimiento de sanciones occidentales y las restricciones impuestas a productos energéticos rusos por la invasión a Ucrania.

Según destacó Europa Press, las posturas de Dimitriev cobran relevancia al estar directamente relacionadas con la política exterior rusa y con los esfuerzos de Moscú por modificar el marco de sanciones internacionales. El asesor promueve el levantamiento de restricciones argumentando que esto beneficiaría no solo a la economía rusa, sino también a los países europeos, que afrontan alzas en los precios de la energía y dificultades para satisfacer la demanda interna.

Tal como publicó Europa Press, las autoridades rusas, mediante portavoces como Dimitriev, han buscado reforzar el mensaje de que las políticas de aislamiento económico impulsadas desde Bruselas y Londres afectan gravemente a sus propias poblaciones y que reconsiderar las relaciones comerciales permitiría estabilizar los precios y el suministro energético. En opinión del asesor, la sustitución de los altos funcionarios responsables abriría la vía para corregir errores estratégicos y evitar un deterioro mayor de la situación económica tanto en Europa como en el Reino Unido.

De acuerdo con Europa Press, Dimitriev ha insistido en los últimos meses en que la supervivencia de las instituciones y economías europeas está en juego debido a lo que considera una falta de reacción efectiva ante los cambios del escenario internacional, agravados por los conflictos en Oriente Próximo y por la dependencia energética de Rusia.

Durante una reciente visita oficial a Minsk, John Coale, enviado especial de Estados Unidos para Bielorrusia, señaló que la retirada de sanciones a entidades financieras bielorrusas llevará a una implementación expedita, detallando que “esta vez se introducirá de forma más rápida” y que el proceso busca mayor eficiencia en comparación con rondas anteriores. Esta declaración surgió tras el encuentro de Coale con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en la capital del país, y forma parte del anuncio del levantamiento de restricciones impuestas anteriormente por Washington.

Según consignó la agencia BelTA y publicó la prensa internacional, las autoridades estadounidenses oficializaron el fin de sanciones para el Ministerio de Finanzas de Bielorrusia y para compañías líderes del sector de la potasa, mineral que representa una proporción significativa de los ingresos del país. Entre las instituciones beneficiadas por la decisión se encuentran el Belinvestbank y el Banco de Desarrollo de Bielorrusia, ambos relevantes para las operaciones locales e internacionales del sistema financiero bielorruso.

De acuerdo con la información difundida por BelTA, las conversaciones sostenidas en Minsk sirvieron para dar por cerrado el capítulo sancionatorio “en torno al mineral potasa”, que había impactado previamente las exportaciones bielorrusas. El anuncio más reciente complementa una acción previa de diciembre de 2025, cuando Washington retiró las restricciones sobre las ventas exteriores de potasa provenientes de Bielorrusia.

El medio detalló que la industria de potasa constituye una de las principales bases económicas del Estado bielorruso, y que las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense afectaban tanto la obtención de divisas como el desempeño industrial de empresas del sector. El levantamiento de estas medidas permitirá la reactivación de canales financieros y comerciales interrumpidos tras la imposición de las restricciones.

Medios internacionales reportaron que la confirmación pública vino acompañada de declaraciones sobre la dinámica del proceso, con el diplomático estadounidense indicando que “hemos aprendido cómo hacer esto de forma más eficiente, ya sea de forma inmediata o tras un período de tiempo”. Esta postura refleja un ajuste en los procedimientos con el objetivo de evitar retrasos en la implementación práctica del nuevo escenario sancionatorio.

El desarrollo de estos cambios regulatorios responde al contexto de acercamientos diplomáticos y económicos recientes entre Washington y Minsk, según la agencia de noticias que cubrió las reuniones. Las conversaciones incluyeron la implicancia de la potasa como mineral estratégico, los efectos de las sanciones en la población y las empresas bielorrusas, y la visión del gobierno estadounidense sobre la evolución de la situación bilateral.

Con la reducción o eliminación de los obstáculos a los bancos y a las principales firmas de potasa, se prevé un restablecimiento de las operaciones internacionales y de la liquidez del sector público bielorruso, conforme a lo que detalló la agencia BelTA. Además, esta medida podría influir en otros países relacionados comercialmente con Bielorrusia.

Los detalles del procedimiento para la retirada de sanciones, según explicó John Coale a la prensa bielorrusa y recogió BelTA, indican que la entrada en vigor podría producirse en un plazo breve, facilitando la normalización de operaciones bancarias e industriales antes del cierre del año.

Durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, Volodímir Zelenski remarcó que, pese a la adopción por parte del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE del préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, dicho respaldo permanece bloqueado por la decisión de Hungría. Según publicó Europa Press, solo 25 de los 27 mandatarios comunitarios apoyaron la medida, mientras que Hungría y Eslovaquia se expresaron en contra o se abstuvieron, por lo que el primer desembolso permanece a la espera de la aprobación definitiva de una modificación presupuestaria de la UE.

En su intervención por videoconferencia, Zelenski pidió a los líderes europeos que den luz verde de manera urgente al fondo de ayuda, advirtiendo del impacto que el retraso implica sobre la protección de la población ucraniana y la defensa frente a los bombardeos rusos. El medio Europa Press detalló que el presidente ucraniano describió el préstamo como "la garantía de seguridad financiera más importante para Ucrania", recordando que, durante los últimos tres meses, ese apoyo no ha estado operativo para su país. Según el contenido de su mensaje difundido en redes sociales, reiteró: "Esto es crítico para nosotros. Es un recurso para proteger vidas".

Zelenski puntualizó que la dilación europea tiene consecuencias directas en la disponibilidad de armamento esencial para la resistencia ucraniana, en especial los misiles Patriot, considerados fundamentales para la defensa antiaérea frente a ataques balísticos rusos continuos. Tal como consignó Europa Press, subrayó ante los asistentes de la cumbre europea —incluido el primer ministro húngaro, Viktor Orbán— que, aunque la compra de estos misiles con la ayuda financiera no agrade a todos, no existe una alternativa real: "Es necesario para defendernos contra los ataques balísticos rusos, se trata de salvar vidas".

El medio Europa Press indicó que, mientras los representantes escuchaban la intervención de Zelenski, Orbán decidió levantarse de su asiento pero permaneció en la sala, marcando así su desacuerdo respecto al desbloqueo del préstamo. El gobierno de Hungría condiciona su apoyo a la recepción de petróleo mediante el oleoducto Druzhba, y mantiene el veto hasta obtener garantías al respecto, según resaltó la agencia.

Zelenski también trasladó a los mandatarios europeos la importancia de que Moscú no perciba una ventaja estratégica en el contexto de unas posibles negociaciones de paz. El presidente ucraniano reveló que en días recientes recibió señales de Estados Unidos que sugieren la posibilidad de que pronto se retomen las conversaciones con Rusia. Advirtió que el levantamiento parcial de sanciones estadounidenses sobre Rusia incrementa el presupuesto de guerra del Kremlin, y mencionó que la aprobación del vigésimo paquete de sanciones de la UE sigue pendiente. "Lo que añade un dinero significativo en el presupuesto de guerra de Putin", puntualizó aludiendo a la relajación de sanciones, y alertó sobre los efectos del conflicto en Irán, que eleva los precios del crudo y dificulta el acceso de Ucrania al armamento necesario.

Además de la ayuda financiera y los misiles Patriot, Zelenski insistió en la relevancia de que Ucrania cuente con una perspectiva concreta en su proceso de adhesión a la Unión Europea. Declaró ante los asistentes: "Si hay una fecha clara significará que Rusia no será capaz de bloquear nuestra adhesión de ningún modo". Volvió así a destacar lo complicado que resulta, incluso en una Europa unida, la aplicación de decisiones ya tomadas, como la liberación del préstamo, fase que calificó de especialmente ardua.

Europa Press reportó que después de su intervención, la cumbre aprobó conclusiones apoyadas por la mayoría de los países, en las que se llamó nuevamente a la aprobación del paquete número veinte de sanciones económicas contra Rusia. Estos 25 líderes aplaudieron los avances en la adopción del préstamo a Ucrania, aunque siguen pendientes los procedimientos administrativos necesarios por el bloqueo húngaro. Se espera, según dichos textos, que el primer desembolso pueda producirse "al principio de abril" si se resuelve el obstáculo presupuestario.

Igualmente, las conclusiones del encuentro abogaron por mantener y aumentar la presión sobre Rusia para debilitar su economía de guerra y forzar la apertura de negociaciones de paz. También destacaron una amenaza potencial para la seguridad interna de la UE derivada de los excombatientes que han participado en la invasión a Ucrania, y pidieron a la Comisión Europea propuestas y análisis para tratar este desafío.

Europa Press relató que los líderes europeos reafirmaron su "incondicional apoyo" a Ucrania y respaldaron los esfuerzos diplomáticos dirigidos a lograr un alto al fuego y alcanzar una paz sostenible. Subrayaron además que la paz en Ucrania debe decidirse con el pleno consentimiento de las autoridades ucranianas y resaltaron la determinación y resiliencia de la población ante la invasión rusa.

En cuanto al proceso de integración europea de Ucrania, los 25 jefes de Estado y de Gobierno reconocieron el avance realizado por Kiev pese a las circunstancias adversas y solicitaron al Consejo acelerar la apertura de capítulos fundamentales de negociación. Reiteraron la necesidad de que los Estados miembro ofrezcan garantías de seguridad solidas a Ucrania, en el marco de la Coalición de Voluntarios y en coordinación con Estados Unidos.

La información provista por Europa Press incluyó que los países de la UE, con excepción de Hungría y Eslovaquia, declararon que la estabilidad, la defensa y la recuperación de Ucrania dependen en gran medida de la solidaridad europea y de la concreción del respaldo financiero, militar y político acordado desde el inicio del conflicto armado.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el jueves una nueva licencia temporal que autoriza la venta y entrega de petróleo crudo y productos petrolíferos de origen ruso cargados en buques antes del 12 de marzo de 2026. La medida, que vence el 11 de abril, sustituye una exención idéntica emitida hace una semana y añade una novedad clave: excluye expresamente las transacciones con Cuba, Corea del Norte y Crimea.

La autorización fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro y forma parte de la respuesta de la administración de Donald Trump al alza del precio del crudo provocada por las tensiones en Oriente Medio y el cierre parcial del estrecho de Ormuz. La licencia original, emitida el 12 de marzo, solo establecía una excepción: las operaciones con Irán. La versión del jueves amplía esa lista e incorpora a La Habana, Pyongyang y los territorios ucranianos ocupados por Rusia.

Desde el punto de vista técnico, abogados especializados en comercio internacional señalaron que los programas de sanciones a Cuba, Corea del Norte y Venezuela ya prohibían implícitamente esas transacciones, dado que la exención rusa solo levantaba las restricciones derivadas del régimen sancionador aplicado a Moscú. La nueva licencia elimina cualquier ambigüedad interpretativa que pudiera ser invocada por operadores del sector naviero o financiero, cerrando el paso a posibles vacíos legales.

La medida adquiere relevancia inmediata por la situación energética de Cuba. Según datos de seguimiento marítimo analizados por AFP, The Guardian y Financial Times, dos petroleros procedentes de Rusia navegan actualmente hacia la isla. Uno de ellos, el Anatoly Kolodkin —sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido—, partió del puerto de Primorsk a principios de marzo y transporta, según la firma Kpler, más de 725.000 barriles de crudo Urals con destino a la terminal de Matanzas. El otro, el Sea Horse, con bandera de Hong Kong, declaró distintos destinos en sucesivas ocasiones y desactivó en varios tramos su señal de identificación automática (AIS), maniobras que los analistas asocian con estrategias de evasión de sanciones.

Cuba arrastra una crisis energética sin precedentes en décadas. La isla produce internamente apenas el 40% del petróleo que consume, según datos de Financial Times, y dependía de Venezuela, México y Rusia para importar el resto. Tras la detención de Nicolás Maduro y la suspensión de los envíos desde Caracas, Washington intensificó la presión sobre terceros proveedores. México cortó sus despachos a principios de año. El impacto sobre la población ha sido severo: hospitales que cancelaron intervenciones, vuelos suspendidos y servicios básicos funcionando de forma intermitente.

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente la gravedad de la situación. Moscú reafirmó su respaldo a La Habana y calificó de inaceptable la presión estadounidense sobre el suministro energético de la isla.

La nueva exención no altera las sanciones estructurales contra el sector energético ruso ni modifica el marco legal a largo plazo. Su alcance se limita a los cargamentos ya en el agua al momento de su emisión, un mecanismo que Washington ha utilizado para estabilizar mercados sin desmantelar las restricciones impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022. Con la exclusión explícita de Cuba, la administración Trump envía una señal política clara: la apertura energética temporal no será una ventana para que el régimen de La Habana sorteé el cerco.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 306, una iniciativa que introduce por primera vez en Panamá reglas claras para las gestiones de cobro y fija límites concretos a las agencias que operan en este segmento.

La norma busca proteger la intimidad del consumidor, establecer controles sobre la frecuencia de contacto y frenar prácticas que han sido señaladas por años como abusivas, en un contexto marcado por denuncias reiteradas de hostigamiento telefónico y presión indebida para el pago de deudas.

El proyecto, impulsado por la diputada Yamireliz Chong, surge precisamente ante ese vacío normativo que permitía a empresas de cobranza operar sin parámetros definidos.

Según la exposición de motivos, en el país se habían vuelto frecuentes las llamadas constantes, mensajes insistentes e incluso comunicaciones con tono intimidatorio dirigidas a consumidores con obligaciones vencidas, lo que derivó en afectaciones a la salud mental y a la estabilidad personal de los deudores.

Uno de los ejes centrales de la nueva ley es la regulación de los horarios y la periodicidad de contacto. A partir de su entrada en vigencia, las agencias de cobro solo podrán comunicarse con los consumidores de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 6:00 p.m., y los sábados entre 8:00 a.m. y 3:00 p.m., quedando prohibido cualquier contacto los domingos o días festivos.

Además, se establece que no podrá realizarse más de un contacto directo por día, independientemente del canal utilizado.

La normativa también introduce límites específicos a las llamadas y visitas. Solo se permitirá una llamada telefónica diaria y una visita domiciliaria por semana, y en ningún caso ambas acciones podrán realizarse el mismo día.

Estas disposiciones buscan frenar prácticas de presión continua que, en la práctica, terminaban generando un entorno de acoso para el consumidor, afectando incluso su entorno familiar y laboral.

Otro punto clave es el control sobre los canales de comunicación. Las agencias únicamente podrán contactar al consumidor a través de los medios previamente autorizados por este, como teléfono, correo electrónico o mensajería.

Esto implica que el usuario tendrá la facultad de decidir cómo y por dónde quiere ser contactado, lo que introduce un elemento de consentimiento que antes no estaba claramente definido en la legislación panameña.

La ley también establece un conjunto amplio de prohibiciones que apuntan directamente a las prácticas más cuestionadas del sector. Entre ellas, se prohíbe contactar a familiares, amigos o referencias del deudor, realizar visitas al lugar de trabajo, divulgar información sobre la deuda a terceros o utilizar lenguaje amenazante o agresivo.

Tampoco se permitirá simular procesos judiciales inexistentes ni advertir sobre embargos o acciones legales que no hayan sido iniciadas formalmente.

En materia de derechos, el consumidor tendrá garantías específicas como el acceso a información clara y completa sobre su deuda, incluyendo montos, intereses y opciones de pago.

Además, se establece el derecho a la confidencialidad, lo que impide que su situación financiera sea expuesta públicamente o compartida sin autorización, reforzando la protección de la intimidad como eje central de la norma.

El proyecto también regula la actuación de las agencias en términos de trazabilidad. Las empresas deberán mantener un registro detallado de todas las gestiones de cobro, incluyendo fecha, hora, medio utilizado y resultado del contacto, información que deberá conservarse por un período de al menos dos años.

Este requisito introduce un mecanismo de control que permitirá fiscalizar el cumplimiento de la ley.

En cuanto a la supervisión, la norma asigna a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones.

La entidad podrá requerir información en cualquier momento y las agencias estarán obligadas a entregarla de forma oportuna y veraz, asumiendo incluso los costos asociados a ese proceso.

El componente sancionatorio también queda definido. Las infracciones a esta ley podrán ser castigadas con multas de hasta 25 mil dólares, especialmente en casos de violaciones a los derechos del consumidor o incumplimiento de las prohibiciones establecidas.

Este punto busca generar un efecto disuasivo frente a prácticas abusivas que, hasta ahora, no enfrentaban consecuencias claras en el país.

Durante el debate legislativo se dejó claro que la iniciativa no busca impedir la recuperación de deudas. Por el contrario, el objetivo es ordenar el proceso de cobranza bajo principios de respeto, proporcionalidad y legalidad, permitiendo que bancos, financieras y otros agentes continúen sus operaciones, pero sin recurrir a mecanismos que vulneren la dignidad del consumidor.

Con esta aprobación, Panamá incorpora un marco regulatorio que intenta equilibrar dos intereses: el derecho de las empresas a recuperar sus créditos y el derecho de los ciudadanos a no ser sometidos a prácticas invasivas.

La efectividad de la ley dependerá ahora de su aplicación y del nivel de supervisión que ejerzan las autoridades sobre un sector que, hasta ahora, operaba con amplios márgenes de discrecionalidad.

Ahora, todo dependerá de la decisión que tome el Presidente José Raúl Mulino que podrá sancionar la normativa o rechazarla en su totalidad o parcialmente para que se realicen nuevos ajustes.

De Wever aclaró que cualquier posible normalización de las relaciones entre Bélgica y Rusia se encuentra supeditada a la consecución de una paz estable para Ucrania, y que esta condición resultaría indispensable para cualquier avance diplomático. Esta postura, explicó el jefe de Gobierno belga, requeriría que el acuerdo de paz sea legítimo tanto para Ucrania como para la Unión Europea. Según informó Europa Press, De Wever planteó estas declaraciones al arribar a la cumbre de líderes celebrada en Bruselas, e hizo hincapié en que, aun considerando escenarios a largo plazo, los intereses de Kiev deben preservarse como parte fundamental para cualquier salida negociada al conflicto.

En declaraciones recogidas por Europa Press, De Wever especificó que la posibilidad de retomar relaciones normales con Rusia solo existiría en el contexto de una paz que resulte "aceptable y sostenible" para Ucrania. Remarcó que una eventual reanudación de vínculos diplomáticos pasaría por compromisos “válidos tanto para Ucrania como para la Unión Europea”, y definió este escenario como “una situación a largo plazo”. El medio Europa Press señaló que el primer ministro belga matizó así manifestaciones previas en las que había dejado entrever apertura hacia la normalización de relaciones en aras de garantizar acceso a energía a menor costo, una postura que contrasta con la directriz actual del bloque europeo de mantener la máxima presión sobre Moscú.

Al respecto, De Wever descartó que su planteamiento implique alguna modificación en el respaldo ofrecido hasta ahora a Ucrania. Aseguró que “la UE debe mantener tanto el apoyo financiero como la presión sobre el Kremlin”, y ratificó la adhesión de Bélgica al paquete número veinte de sanciones europeas dirigidas a Rusia. El jefe de Gobierno subrayó a Europa Press: “Tenemos que seguir apoyando financieramente a Ucrania, pero también aumentar la presión sobre Rusia”. Este enfoque, según reportó el medio, representa una voluntad de equilibrio entre el respaldo económico a Kiev y la continuidad de la política de sanciones contra Moscú.

Además, De Wever insistió en que no se prevén cambios en la política energética europea, ni siquiera en el contexto del impacto económico que representa la guerra en Oriente Próximo. Indicó a los medios, citados por Europa Press, que la adquisición de gas ruso no figura en la agenda actual del Ejecutivo belga ni en la hoja de ruta energética del bloque europeo: “No creo que debamos comprar gas ruso”, afirmó, añadiendo que “los precios de la energía son la principal prioridad” de la agenda comunitaria. Esta referencia pone de manifiesto la preocupación por la estabilidad económica de Europa, al tiempo que refuerza el rechazo a retomar importaciones energéticas desde Rusia, tal como expuso el medio citado.

Por otra parte, el dirigente belga recalcó la necesidad de que la Unión Europea desempeñe un papel activo y central en cualquier esfuerzo de negociación para poner fin al conflicto en Ucrania. Sostuvo que “resulta incoherente que la UE asuma el grueso del apoyo a Kiev sin participar directamente en las conversaciones”, según palabras recogidas por Europa Press. Esta perspectiva sugiere, según describió el medio, una demanda explícita para que los Estados miembros de la UE no solo acompañen a Ucrania en términos financieros y políticos, sino que se involucren directamente en los eventuales diálogos destinados a buscar una salida pacífica al conflicto.

De acuerdo con Europa Press, las declaraciones de De Wever buscan clarificar su postura respecto al futuro de las relaciones con Moscú tras la controversia generada por comentarios anteriores en los que había mencionado la perspectiva de normalizar la relación con Rusia en un horizonte temporal de largo plazo, especialmente en términos de asegurar energía más asequible. Su intervención más reciente reafirma el alineamiento de Bélgica con la posición oficial de la Unión Europea y subraya la importancia de condicionar cualquier acercamiento diplomático a garantías sólidas para la seguridad y la estabilidad de Ucrania.

En suma, las posiciones expresadas por el jefe del Gobierno belga ante la cumbre de líderes en Bruselas, reportadas a lo largo del día por Europa Press, resumen la postura de Bélgica frente a la crisis en Ucrania: apertura solo tras la obtención de una paz duradera para Kiev, el mantenimiento de sanciones y apoyo financiero, el rechazo a modificar la política energética europea respecto a Rusia, y la reivindicación de una presencia europea activa en todas las instancias de negociación para resolver el conflicto.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que la empresa emiratí Futuris FZE también quedó exenta de restricciones, junto con otras entidades de Rusia y Turquía, en una decisión que refleja cambios recientes en la política estadounidense respecto a sanciones. Según reportó el medio, entre las personas beneficiadas por la medida se encuentran Eugenia Tiurikova, Boris Voronstsov y Berk Turken. Además de Futuris FZE, la exclusión de la lista de sanciones incluye a las empresas Turken Dijital Matbaa y BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri, ambas con sede en Turquía, en un contexto marcado por tensiones en la región y variaciones en el mercado energético.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y citado por el medio, la autoridad estadounidense retiró estas sanciones a tan solo unos días de adoptar una flexibilización parcial sobre las restricciones al petróleo ruso. Tal como informó la fuente, este ajuste en la política ocurre mientras aumentan los precios del barril de Brent y crecen las tensiones en Oriente Próximo tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

El Departamento del Tesoro detalló que las sanciones retiradas afectaban tanto a personas físicas como jurídicas vinculadas a Rusia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Específicamente, dos ciudadanos rusos y uno turco fueron retirados de la lista de personas sancionadas, al igual que tres compañías procedentes de estos países. Según publicó la fuente, esta decisión representa un cambio respecto a la trayectoria general de las sanciones estadounidenses relacionadas con Rusia desde la escalada del conflicto en Ucrania y las repercusiones internacionales del comercio energético.

En días recientes, Estados Unidos había adoptado medidas para retirar parcialmente sanciones impuestas a la exportación de crudo ruso, lo que generó amplias repercusiones en los mercados globales del petróleo. De acuerdo con el medio, este contexto coincide con un incremento en la cotización internacional del barril de Brent, que responde tanto a presiones en los suministros como a una mayor tensión geopolítica en Oriente Próximo.

La lista de personas y empresas beneficiadas con la retirada de sanciones abarca a Eugenia Tiurikova y Boris Voronstsov, ambos ciudadanos rusos, así como a Berk Turken, de nacionalidad turca. En cuanto a las entidades, la oficina del Tesoro estadounidense identificó a Turken Dijital Matbaa, BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri —ambas radicadas en Turquía— y la firma emiratí Futuris FZE, según consignó la oficina oficial citada por el medio.

Tal como publicó la fuente, los cambios recientes en la política de sanciones estadounidenses han sido interpretados como una respuesta tanto a factores económicos como geopolíticos surgidos tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero. Esta ofensiva elevó la tensión en áreas clave de la región, con consecuencias notables para la estabilidad y los flujos energéticos internacionales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro actúa como organismo responsable de implementar y gestionar las sanciones financieras de Estados Unidos, entre ellas las dirigidas contra actores vinculados a actividades o gobiernos considerados contrarios a la política exterior estadounidense. Según informó el medio, la decisión de levantar sanciones a individuos y empresas específicas en este contexto puede constituir un elemento relevante dentro del enfoque estadounidense para equilibrar los objetivos diplomáticos y económicos ante la evolución de las crisis regionales y el comportamiento de los mercados.

La actualización sobre el levantamiento de sanciones refleja además el dinamismo de la política estadounidense frente a actores rusos, turcos y emiratíes. El medio detalló que la medida llegó en un momento en que el precio del petróleo muestra una tendencia al alza, y los movimientos en las sanciones impactan directamente en la dinámica de los mercados y la percepción mundial respecto a la disponibilidad de recursos energéticos.

Los anuncios del Departamento del Tesoro en este sentido se suman a las recientes disposiciones que modifican los términos bajo los cuales empresas y personas físicas pueden operar con activos y servicios financieros bajo jurisdicción estadounidense. Según resaltó la fuente, la eliminación de restricciones afecta la capacidad de estas entidades para participar en transacciones internacionales y acceder a bienes y servicios previamente vetados por las medidas punitivas. La situación sigue desarrollándose en paralelo con otros ajustes y debates sobre la dirección futura de las sanciones y la política exterior de Estados Unidos en torno a Rusia y sus aliados o asociados en la región euroasiática y Oriente Próximo.

La Procuraduría sancionó a varios funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio por extralimitarse en una visita a la Registraduría en marzo de 2024, según información publicada por Semana. La decisión disciplinaria revive una de las controversias institucionales más discutidas.

El ente de control concluyó que los funcionarios accedieron y extrajeron información de equipos institucionales y dispositivos personales sin relación con el objeto de la inspección, de acuerdo con ese medio de comunicación. Esto derivó en sanciones de distinta gravedad.

Entre las irregularidades señaladas está la obtención de copias forenses y respaldos de información de varios funcionarios de la Registraduría. La actuación fue calificada como una falta disciplinaria.

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Hallazgos de la Procuraduría

El Ministerio Público determinó que durante la visita realizada entre el 12 y 13 de marzo de 2024 se llevaron a cabo procedimientos que excedieron el alcance de la inspección.

Según lo indicado, los funcionarios de la SIC solicitaron, accedieron y extrajeron información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales de servidores públicos.

Esta información no tenía relación directa con el objeto de la diligencia, lo que motivó la apertura del proceso disciplinario.

Entre los procedimientos señalados se encuentra la extracción de “espejos forenses” y copias de seguridad de datos.

Estas acciones involucraron a funcionarios de la Registraduría en áreas administrativas y operativas.

Sanciones impuestas

La Procuraduría estableció responsabilidades disciplinarias para varios funcionarios involucrados en los hechos.

Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia, fue sancionado por una falta grave a título de dolo.

Como resultado, fue suspendido del cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas por 12 meses.

Asimismo, otros funcionarios recibieron sanciones similares.

Mario Alejandro Franco Vanegas fue suspendido del cargo e inhabilitado por nueve meses.

Igual sanción se impuso a Martha Liliana Fandiño Vergara y Yolanda Hernández Alonso.

Además, se determinó una inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años para varios funcionarios vinculados al proceso.

Alcance de las irregularidades

La decisión del Ministerio Público se basa en que las actuaciones realizadas durante la inspección no guardaban relación con el propósito de la visita.

El acceso a información personal y laboral de los funcionarios de la Registraduría fue considerado un exceso en el ejercicio de las funciones.

Este tipo de procedimientos, según el análisis disciplinario, vulnera los límites legales establecidos para las inspecciones administrativas.

La Procuraduría concluyó que los funcionarios actuaron sin la debida justificación en el manejo de la información.

Defensa de la Superintendencia

En su momento, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, defendió la actuación de la entidad.

“Ratificamos que el ejercicio de nuestras funciones siempre ha estado fundado en el marco legal y constitucional”, afirmó, citado por ese medio de comunicación.

También sostuvo que este tipo de diligencias hacen parte del cumplimiento de las funciones institucionales.

La funcionaria aseguró que las actuaciones buscan proteger el interés general de los ciudadanos.

Un caso que reabre el debate institucional

La decisión de la Procuraduría vuelve a poner en discusión los límites de las entidades en procesos de inspección.

El caso refleja tensiones entre organismos del Estado y el uso de facultades administrativas en escenarios sensibles.

Además, evidencia la importancia de garantizar que las actuaciones de control se ajusten estrictamente a la ley.

El episodio también plantea interrogantes sobre la protección de la información institucional y personal en entidades públicas.

Finalmente, la sanción marca un precedente sobre el alcance de las funciones de supervisión y control en Colombia, en medio de un contexto institucional que sigue siendo objeto de debate.

Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, subrayó que Rusia se ve beneficiada económicamente por la actual volatilidad en los mercados energéticos, ya que el alza de los precios de la energía vinculada a la guerra en Oriente Próximo le permite incrementar sus ingresos y sostener el conflicto en Ucrania durante un periodo más prolongado. Según detalló el medio Europa Press, Kallas expuso que el mantenimiento del bloqueo al estrecho de Ormuz por parte de Irán favorece los intereses rusos y refuerza la capacidad de Moscú para financiar su campaña militar, mientras persista la inestabilidad regional.

En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, la diplomática alertó acerca de los riesgos para la seguridad del continente derivados de la falta de consenso entre los 27 Estados miembros respecto a dos cuestiones: la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y la concesión de un préstamo por 90.000 millones de euros a Ucrania, destinados a cubrir necesidades urgentes de financiación. Según publicó Europa Press, Kallas manifestó que "nuestra incapacidad para alcanzar un acuerdo sobre el vigésimo paquete de sanciones o sobre el préstamo de apoyo a Ucrania está poniendo realmente en riesgo la seguridad de la Unión Europea". La funcionaria remarcó que ambos asuntos requieren una solución inminente en la cumbre del Consejo Europeo prevista para el jueves y viernes en Bruselas.

De acuerdo con la información de Europa Press, Kallas expresó su deseo de que los jefes de Estado y de gobierno de la UE logren superar el veto impuesto por Hungría, que impide la adopción tanto del nuevo paquete de sanciones como del apoyo financiero solicitado por Ucrania. Calificó como perjudicial la reciente relajación por parte de Estados Unidos de las sanciones al petróleo ruso, dado que esta medida coincide con un "momento crítico" para Ucrania, complicando aún más la situación financiera y estratégica del país este.

El medio Europa Press consignó que, según la posición de Kallas, la única vía para contrarrestar el aumento de ingresos energéticos rusos consiste en intensificar la presión mediante más sanciones y actuar contra la llamada 'flota fantasma' de barcos utilizados por Rusia para esquivar embargos internacionales. Subrayó la necesidad de concretar la ayuda financiera y la nueva ronda de restricciones en la misma semana, advirtiendo que la falta de acción equivaldría a "marcar un gol en propia puerta" para la Unión.

En otro bloque de su intervención, Kallas abordó el contexto de inestabilidad internacional, vinculando la escalada militar en Oriente Próximo con la importancia de reafirmar los principios del Derecho Internacional humanitario y la provisión de ayuda humanitaria. Europa Press reportó que la política estonia puso como ejemplo la respuesta de la UE frente a los ataques de Israel contra el Líbano, cuando los países miembros movilizaron ayuda de emergencia para más de 130.000 personas. Añadió que durante el presente año, la Unión intentará que la respuesta colectiva ante emergencias humanitarias sea "más rápida y eficaz".

Según informó Europa Press, Kallas defendió que la UE debe invertir en asociaciones internacionales, argumentando que esa estrategia robustece la resiliencia europea y proyecta su capacidad de influencia como actor global. Destacó que una mayoría significativa de actores internacionales busca la estabilidad proporcionada por un orden basado en normas y reglas, motivo por el cual recurrió al concepto de "Bruselas" como referente para ese equilibrio.

En su análisis, Kallas sostuvo que Europa no requiere establecer distinciones entre intereses y valores, porque estos últimos están estrechamente vinculados y constituyen una base de legitimidad internacional. Hizo hincapié en que la UE no debe replantear su identidad, ni sus prioridades, ni su ambición de construir un entorno pacífico sustentado en instituciones internacionales robustas.

Como conclusión de su mensaje, la Alta Representante manifestó que es momento de permanecer firmes en los principios compartidos por la Unión Europea, defender la cohesión interna, contribuir a la estabilidad regional y fortalecer la red de colaboraciones con otros países. La funcionaria insistió en que la atención mundial se encuentra enfocada en las decisiones de la UE, de acuerdo con información publicada por Europa Press.

Colombia cuenta con una herramienta legal para presionar a quienes incumplen sus obligaciones alimentarias: el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conocido como Redam.

Creado por la Ley 2097 de 2021, es una base de datos de carácter público que activa sanciones civiles y administrativas sobre quienes acumulan deudas de alimentos. Si alguien debe tres o más cuotas —sin importar si son meses seguidos o intercalados—, puede ser reportado. Este es el proceso, explicado con detalle.

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El trámite solo procede si se cumplen dos condiciones simultáneas. La primera es que la cuota alimentaria debe existir formalmente, es decir, debe estar fijada en un documento con mérito ejecutivo. Eso incluye una sentencia judicial, un acta de conciliación emanada de un centro de conciliación, una Comisaría de Familia, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, o una escritura pública.

La segunda es que el deudor debe acumular al menos tres cuotas sin pagar. La ley aclara que no es necesario que esas cuotas sean consecutivas; pueden ser meses dispersos, siempre que sumen tres incumplimientos.

Paso a paso: cómo hacer el reporte

• Reunir los documentos. Se necesita copia del documento donde se fijó la cuota alimentaria, copia del registro civil de nacimiento del menor o del documento que acredite el derecho a recibir alimentos, y pruebas del incumplimiento. Estas últimas suelen ser extractos bancarios de la cuenta donde el deudor debía consignar, que evidencien la ausencia de los depósitos en las fechas acordadas.
• Identificar ante quién se presenta la solicitud. No existe un portal web para hacer este reporte directamente. La solicitud debe presentarse ante la misma autoridad que fijó la cuota en su momento. Si fue un juez de familia, ante ese despacho judicial. Si fue una Comisaría de Familia, una notaría, un centro de conciliación o un defensor de familia del ICBF, ante esa entidad.

• Redactar y radicar la solicitud. El documento —un derecho de petición o memorial, según la entidad— debe incluir los datos completos del deudor (nombre y cédula), la referencia al documento que originó la obligación, el detalle de los meses o quincenas sin pagar que demuestren la acumulación de al menos tres cuotas, y la petición expresa de inscripción en el Redam conforme a la Ley 2097 de 2021. Se adjuntan todos los documentos del primer paso.
• El deudor es notificado. La autoridad no inscribe de inmediato. Primero notifica al deudor, quien tiene cinco días hábiles para ejercer su defensa. Solo hay dos argumentos válidos para oponerse: demostrar que ya canceló la totalidad de la deuda con recibos válidos, o acreditar que la obligación alimentaria legalmente ya no existe. Argumentos como desempleo o dificultades económicas no detienen el proceso.
• La decisión y la inscripción. Si vencen los cinco días sin una defensa válida, la autoridad emite una decisión formal ordenando el registro. Esa misma entidad reporta la información directamente al sistema del Redam.

Qué consecuencias enfrenta quien queda en el registro

Las restricciones son amplias y permanecen activas hasta que se pague la totalidad de la deuda. El deudor inscrito no puede contratar con entidades del Estado, no puede posesionarse en cargos públicos ni de elección popular —y si ya es servidor público, queda suspendido—, no puede salir del país ni tramitar o renovar su pasaporte sin dejar una garantía real, y no puede comprar ni vender bienes sujetos a registro como inmuebles o vehículos en notarías o entidades de tránsito. Además, puede ser reportado en centrales de riesgo financiero como Datacrédito.

Para salir del Redam, el deudor debe pagar todo lo adeudado, incluyendo retroactivos si aplican, y solicitar a la autoridad que cancele su registro. Esa cancelación debe tramitarse en un plazo máximo de cinco días hábiles tras confirmar el pago.

El consorcio dirigido por Todd Boehly informó a la Premier League de posibles irregularidades cometidas en la gestión previa a su adquisición, aportando detalles relevantes que llevaron a la actual investigación en el club londinense. De acuerdo con lo publicado por la Premier League este lunes, el Chelsea ha recibido una multa de 10,75 millones de libras (12,4 millones de euros) tras la detección de infracciones financieras y de formación de jugadores efectuadas entre 2011 y 2018, además de permanecer bajo la amenaza de una prohibición de fichajes de un año.

Según detalló la liga inglesa en su sitio web, la decisión surgió luego de analizar dos expedientes disciplinarios en los que el club reconoció voluntariamente infracciones de carácter histórico en el marco de las regulaciones de la Premier. La sanción abarca temas vinculados a la información financiera, inversiones de terceros y el proceso de desarrollo juvenil. La Premier League puntualizó que el club aceptó íntegramente la suma especificada en concepto de multa por incumplimientos en estas materias, y añadió que el Chelsea afronta la suspensión de transferencias de cantera por nueve meses y una sanción mayor, que podría privarle de fichar jugadores para su primer equipo durante un año, aunque esta última ha quedado suspendida por dos temporadas.

Según el propio organismo, la autodenuncia de los actuales propietarios y la cooperación activa durante la investigación significaron elementos que atenuaron las consecuencias disciplinarias. "Al considerar la sanción apropiada, la Junta Directiva de la Premier League señaló que la autodenuncia proactiva del club, el reconocimiento de la infracción y la excepcional cooperación durante toda la investigación actuaron como factores atenuantes importantes", recoge el comunicado oficial citado en el reporte de la Premier.

Los incumplimientos detectados incluyeron pagos no reportados de terceros relacionados con jugadores, agentes no registrados y otros vínculos externos durante el periodo comprendido entre 2011 y 2018, cuando el club pertenecía a Roman Abramovich. Según concretó la liga, los montos implicados no habrían alterado los niveles de rentabilidad y sostenibilidad si se hubieran consignado debidamente en los balances históricos, aunque el ocultamiento quebrantó las reglas establecidas.

En paralelo, la investigación abarcó presuntas irregularidades en el Reglamento de Desarrollo Juvenil cometidas por un antiguo directivo del club y vinculadas a la inscripción de futbolistas de la cantera entre 2019 y 2022. Esta segunda vía disciplinaria también se desarrolló tras una autodenuncia efectuada por el Chelsea en 2025, en el marco del proceso de revisión y transparencia promovido por la actual administración.

El club enfrenta, además, una investigación de la Federación Inglesa (FA) por 74 supuestas violaciones de las normas de la entidad, principalmente relativas a la transparencia en la información remitada por los nuevos propietarios tras la compra de la institución. Según publicó la Premier League, los hechos advertidos corresponden a la época anterior a la adquisición por parte de Boehly y su grupo inversor, indicando consecuencias que podrían extenderse a otras disciplinas si prosperan las pesquisas de la FA.

De acuerdo con el reporte de la Premier, la sanción incluye, de forma inmediata, la imposibilidad de efectuar transferencias de jugadores juveniles por un periodo de nueve meses, un castigo que incide directamente en la formación y captación de nuevos talentos. La advertencia de una posible prohibición de inscripciones de futbolistas al primer equipo durante un año, que permanece en suspenso, puede reactivarse si hay futuros incumplimientos en los próximos dos años.

El organismo rector del fútbol inglés precisó que el proceso disciplinario quedó condicionado por la colaboración mostrada por la directiva actual, subrayando que la disposición del club a entregar voluntariamente documentos y pruebas incidió en la cuantía final de la multa y en la estructura de los castigos.

El incidente resalta la complejidad de la fiscalización en la gestión financiera y deportiva de clubes de élite, así como el impacto potencial de la transparencia proactiva a la hora de determinar la severidad de las sanciones. Según consignó la Premier League, el expediente refleja precedentes relevantes en el modo de abordar infracciones que surgen por la revisión de administraciones previas y los procedimientos de diligencia debida en cambios de propiedad.

Finalmente, el Chelsea enfrenta múltiples compromisos de cumplimiento y supervisión, mientras la FA mantiene abierta su propia investigación sobre la base de las infracciones detectadas y reportadas ante la liga inglesa. La institución londinense deberá adaptarse a las limitaciones operativas y financieras resultantes del proceso y mantenerse bajo observación por parte de las autoridades deportivas del país, aseguró la Premier.

Las nuevas restricciones afectan tanto a personas relacionadas con crímenes durante la ocupación de territorio ucraniano como a figuras que han impulsado la difusión de mensajes que justifican la invasión o manipulan la opinión pública en Europa. Entre los sancionados figuran altos mandos militares y conocidos presentadores y propagandistas, según publicó el medio fuente.

De acuerdo con la información difundida por la fuente, los ministros de Exteriores de los 27 países que integran la Unión Europea aprobaron este lunes una serie de sanciones contra trece individuos, señalados por su implicación en la matanza ocurrida en Bucha, así como en campañas de manipulación informativa y de injerencia extranjera dirigidas contra la UE y sus estados miembro. La decisión fue comunicada tras una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores celebrada este lunes en Bruselas, que coincidió con el cuarto aniversario de la masacre de Bucha, localidad ucraniana escenario de asesinatos masivos de civiles tras la entrada de tropas rusas.

Según consignó la fuente original, nueve de las personas sancionadas desempeñaron funciones de liderazgo en territorio ucraniano durante la invasión a gran escala. El Consejo de Asuntos Exteriores detalló que estos individuos son responsables de actuaciones que van en contra de la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Entre los nombres destacados en la lista se encuentra el coronel general Aleksandr Chayko, quien, como excomandante del Distrito Militar Oriental y oficial ruso de mayor rango sobre el terreno al inicio del conflicto, encabezó las operaciones al momento de la entrada de las fuerzas rusas en Bucha.

Las sanciones alcanzan además a otros altos mandos militares que dirigieron tropas rusas en el inicio de la agresión y que se encuentran acusados de perpetrar crímenes y atrocidades contra residentes de Bucha y localidades cercanas, entre ellas Gostomel, Irpin y Borodianka. Estos mandos se encuentran señalados por el asesinato de cientos de civiles, "en algunos casos, mediante brutales ejecuciones", reportó la fuente.

En el ámbito de la manipulación informativa, el Consejo impuso medidas restrictivas contra cuatro individuos a quienes responsabiliza de coordinar campañas de desinformación y de justificar la invasión rusa sobre Ucrania, según detalló el medio. Entre ellos se encuentran Serguéi Kliuchenkov, quien ocupó un rol activo en la propagación de mensajes alineados con la narrativa oficial rusa, y Ernest Mackevicius, presentador de noticieros ruso de origen lituano, identificado por difundir de manera habitual información falsa sobre el conflicto. A esta lista se suman el propagandista Graham Phillips y el presentador de medios Adrien Bocquet, de origen británico y francés, sancionados ambos por su labor en justificar las acciones de Rusia en Ucrania.

Las sanciones establecen la prohibición de entrada al territorio de la Unión Europea para las personas incluidos en la lista, indicó la fuente. Además, los activos financieros de los sancionados quedarán sujetos a embargo y se prohíbe la disponibilidad de fondos o recursos económicos tanto para ellos como, en algunos casos, para entidades vinculadas.

El medio fuente describió que esta decisión surge como parte de los esfuerzos de la Unión Europea por responder tanto a los crímenes cometidos contra la población civil en Ucrania como a las actividades que buscan interferir o socavar la estabilidad política y social en el espacio europeo mediante la manipulación de información. Las sanciones aprobadas abarcan diferentes esferas de acción, desde la responsabilidad en crímenes de guerra hasta el impulso y diseminación de campañas informativas con impacto internacional.

Las restricciones adoptadas por el Consejo de Asuntos Exteriores entran en vigor en el contexto de la conmemoración de los hechos ocurridos en Bucha, que continúan siendo objeto de investigaciones internacionales y de condena por parte de las instituciones europeas, según reiteró la fuente. La inclusión de figuras mediáticas y propagandistas en la lista de personas sancionadas refleja el interés comunitario por abordar no solo los acontecimientos en el terreno militar, sino también las repercusiones derivadas de la guerra informativa vinculada al conflicto entre Rusia y Ucrania.

De esta forma, la Unión Europea incorpora a su régimen de sanciones una lista que aborda tanto cuestiones relacionadas con la integridad territorial y la protección de la población civil ucraniana, como la respuesta a los intentos de manipulación informativa y de injerencia extranjera dirigida a los estados del bloque. Señaló la fuente que las medidas forman parte de un conjunto de herramientas adoptadas frente a la agresión militar y la guerra informativa promovida desde diversas plataformas y actores vinculados al conflicto.

El gobierno ucraniano dictó recientemente sanciones contra diez atletas paralímpicos de Rusia, una medida adoptada después de la destacada actuación de ese país en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Italia, donde, con un equipo conformado por solo seis deportistas, Rusia alcanzó el tercer lugar en el medallero general. Esta decisión de las autoridades de Kiev se enmarca dentro de un nuevo paquete de restricciones que incluye a un total de 130 personas físicas y 48 entidades jurídicas acusadas de contribuir a la invasión del territorio ucraniano, según resaltó la agencia TASS.

De acuerdo con la información publicada por dicha agencia y reportada por diversos medios internacionales, el propio gobierno ruso calificó la decisión de Ucrania como "absurda". El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, señaló que considera estas sanciones "otra decisión absurda" tomada por Kiev. Peskov recalcó que la actuación de los atletas rusos en Italia, donde consiguieron ocho medallas de oro, una de plata y tres de bronce entre el 6 y el 15 de marzo, es motivo de reconocimiento nacional.

Según divulgó la agencia TASS y retomaron otras publicaciones, Moscú celebró los logros alcanzados por la delegación rusa en los recientes Juegos Paralímpicos de Invierno, subrayando que pese a la composición reducida de su equipo, los resultados obtenidos superaron las expectativas iniciales. El Kremlin anunció que el presidente Vladimir Putin proyecta reunirse con estos deportistas, a quienes las autoridades del país denominan "héroes", en señal de aprecio por su rendimiento deportivo en el escenario internacional.

El paquete de restricciones ucranianas, decretado por el presidente Volodimir Zelenski, no solo incluyó a estos diez atletas paralímpicos. Según comunicó la agencia TASS, la lista ampliada de sancionados comprende también empresas rusas. Entre estas se encuentran compañías dedicadas al suministro de componentes empleados en la fabricación de equipos de navegación satelital de la serie Kometa, tecnología utilizada en la producción de drones, misiles y municiones guiadas.

El trasfondo de la aplicación de estas medidas restrictivas se remonta a febrero de 2022, cuando comenzó la ofensiva militar rusa en territorio ucraniano. Desde entonces, Ucrania ha intensificado el uso de sanciones contra ciudadanos, funcionarios e instituciones de Rusia como parte de su estrategia para contrarrestar la invasión. Las fuentes citadas, principalmente la agencia TASS, puntualizaron que esta política se ha traducido en la elaboración periódica de listas que incluyen a figuras del deporte, el ámbito empresarial y el sector tecnológico ruso.

Representantes oficiales en Moscú, citados por TASS, defendieron la participación y el desempeño de su delegación en los Juegos, insistiendo en que sus atletas se centran únicamente en la actividad deportiva y no desempeñan un papel directo en la política estatal ni en los acontecimientos militares. Las autoridades en Rusia ven la inclusión de personas con discapacidad en el listado de sanciones como un acto de represalia injustificado, en palabras del propio Dimitri Peskov.

Según especificaciones ofrecidas por la información del medio ruso, la delegación paralímpica de Rusia, integrada por seis personas, logró asegurar el tercer lugar en la competencia, lo que fue interpretado en Moscú como una muestra de determinación bajo circunstancias adversas, dada la magnitud de la guerra y las sanciones internacionales previas. Medios como TASS remarcaron la expectación generada en torno al próximo encuentro oficial entre Vladimir Putin y los deportistas, anticipando que recibirán un reconocimiento formal por parte del Estado.

La relación entre autoridades ucranianas y rusas en el terreno deportivo ha experimentado deterioro desde el inicio del conflicto. Estos episodios se suman a otras situaciones en las que atletas de ambos países se han visto involucrados en condiciones excepcionales, derivadas de sanciones y medidas restrictivas impuestas por razones políticas y de seguridad nacional, tal como reportó la agencia TASS.

El último paquete de sanciones, detallado en comunicados procedentes de Kiev, recoge una diversidad de perfiles afectados: desde figuras deportivas a empresarios y proveedores de componentes para la industria militar rusa. Según TASS, las sanciones buscan presionar al aparato estatal ruso mediante limitaciones económicas y restricciones internacionales, al tiempo que transmiten un mensaje dirigido a quienes contribuyen, directa o indirectamente, a la continuación del conflicto en Ucrania.

Los deportistas paralímpicos rusos ahora incluidos en la lista de sancionados por Ucrania se suman a una nómina creciente de ciudadanos rusos objeto de medidas restrictivas Occidente y del propio gobierno ucraniano refuerzan periódicamente. Según TASS y otros medios citados, representantes oficiales de Rusia expresaron su descontento argumentando que tales decisiones afectan injustamente a quienes, sostienen, solo representan a su país en eventos deportivos de carácter internacional.

Durante su intervención antes del inicio del Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, José Manuel Albares advirtió sobre el vínculo directo entre los conflictos actuales en distintas regiones y las repercusiones de las decisiones adoptadas por países occidentales. Según informó Europa Press, el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación señaló que la relajación temporal de las sanciones estadounidenses a los petroleros rusos, justificada por el alza mundial de los precios del petróleo tras la crisis en Irán, representa una equivocación estratégica y subrayó que estos contextos bélicos se encuentran interrelacionados.

El medio Europa Press detalló que Albares catalogó como un error la disminución de la presión internacional sobre Moscú en el contexto actual, tras la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, hecho que —en opinión del ministro— reconfigura la postura internacional sobre la guerra en Ucrania. Albares sostuvo que "no es el momento de relajar la presión sobre Rusia" y afirmó que la interconexión entre los conflictos mundiales implica que medidas de política exterior en una región generan repercusiones inmediatas en otras, afectando tanto a la seguridad europea como al orden internacional.

"Las guerras se conectan", puntualizó Albares, al tiempo que lamentó que la decisión estadounidense haya motivado un levantamiento parcial de sanciones que, a su juicio, facilita el reposicionamiento de Rusia en Ucrania. Destacó además que el fenómeno se agrava por el movimiento de armamento entre escenarios bélicos, afirmó Europa Press, refiriéndose, aunque sin mención directa, al uso de drones iraníes por parte del ejército ruso y, más recientemente, por Teherán en sus operaciones en Oriente Medio. El ministro expresó su preocupación por los desplazamientos de población y armamento entre distintas zonas de conflicto, reafirmando la trascendencia de una respuesta diplomática europea coordinada y enérgica.

De acuerdo con Europa Press, Albares hizo hincapié en la necesidad de que la “voz de la diplomacia europea” se torne más potente en el complejo escenario global. El jefe de la diplomacia española argumentó que Europa afronta amenazas múltiples que inciden sobre sus intereses, bienestar y valores, y reiteró que el continente necesita proyectar una “voz independiente, soberana, que introduzca razón, diplomacia, diálogo y negociación allí donde otros buscan guerra y confrontación”. Desde su perspectiva, la UE se encuentra en un momento crucial para redoblar su protagonismo exterior, velando por los principios democráticos y los derechos fundamentales.

Europa Press consignó que Albares explicitó su deseo de una Unión Europea “más clara y más fuerte”, aludiendo a la respuesta europea ante las crisis en Ucrania, Líbano y Gaza. El ministro recalcó que “defendemos con la misma fuerza a los civiles en Ucrania, a los civiles en Líbano, a los civiles en Gaza”, enfatizando la necesidad de negociación y diálogo en todos los escenarios de conflicto y la importancia de resguardar el derecho internacional y a los civiles afectados por la violencia.

En su comparecencia, Albares también lamentó que la UE no haya logrado emitir una posición exterior cohesiva y contundente, y reiteró que España se mantiene firme en la defensa tanto del derecho internacional como de la protección de las poblaciones civiles. El medio Europa Press remarcó que el jefe de la diplomacia española exhortó a que la Europa comunitaria actúe con mayor determinación y visibilidad en la escena internacional, abogando por la negociación como pilar en la resolución de conflictos globales y la protección del orden multilateral.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó su preocupación por la influencia que tiene el cruce de escenarios bélicos en la política de sanciones internacionales, haciendo referencia específica al impacto de los recientes acontecimientos en Oriente Medio sobre las medidas adoptadas contra Moscú. Según publicó el medio, Albares consideró que la relajación de restricciones europeas contra Rusia representa un error estratégico, especialmente en el contexto actual marcado por la escalada de los precios del petróleo y la reacción de Estados Unidos, que recientemente flexibilizó temporalmente las sanciones a los buques petroleros rusos. El ministro subrayó que, ante la coyuntura, Europa debe reforzar su posición común en defensa de sus intereses y valores, sin ceder autonomía ante factores externos.

De acuerdo con el mismo medio, Albares enfatizó durante su intervención en el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas que las implicaciones de los conflictos en regiones como Irán, Ucrania y Gaza son compartidas y se retroalimentan. El ministro subrayó que “las guerras se conectan”, señalando que la flexibilización de sanciones diseñadas originalmente para contener a Moscú termina generando consecuencias en otros escenarios, como resultado de la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán.

La declaración del ministro se produjo tras conocerse que Washington había decidido aliviar de forma puntual las sanciones impuestas sobre el transporte de crudo ruso. Esta medida se adoptó en respuesta a la subida global de los precios del petróleo, situación que, según detalló el medio, desencadenó alertas sobre la posibilidad de que la Unión Europea se viera presionada para suavizar su propia política restrictiva frente a Moscú, lo que podría afectar la cohesión de Occidente ante la crisis ucraniana.

En su intervención, el jefe de la diplomacia española recalcó: “No es el momento de relajar la presión sobre Rusia”, insistiendo en la necesidad de mantener una estrategia firme y coordinada. Albares también aludió al fenómeno de transferencia de armamentos entre teatros de operaciones, citando el uso de drones iraníes tanto por las fuerzas rusas en Ucrania como ahora por Teherán en su propio entorno regional. Además, alertó sobre el riesgo de desplazamientos de población derivados de la intensificación de los conflictos, con movimientos entre diferentes regiones y escenarios bélicos.

Tal como consignó el medio, Albares defendió el papel de la diplomacia europea, exigiendo que la voz del continente se proyecte “con fuerza” y autonomía. El ministro expresó que Europa debe “despertar” ante una etapa en la que, en distintos escenarios internacionales, están comprometidos no solo los intereses y el bienestar de los ciudadanos europeos, sino también los valores que sustentan la convivencia internacional y la defensa de los derechos humanos.

El ministro reclamó una postura europea “independiente, soberana”, capaz de ofrecer vías de solución que privilegien la diplomacia, el diálogo y la negociación, frente a indicadores de escalada de la confrontación. Según agregó el medio, Albares lamentó que la Unión Europea no haya logrado hasta el momento consolidar una política exterior con “una voz más clara y más fuerte”, equiparable a la posición de España, que defiende la protección de la población civil en escenarios tan dispares como Ucrania, Líbano o Gaza.

Albares reiteró que la diplomacia española insiste siempre en la negociación y el diálogo en todos los focos de conflicto global, y apostó porque Europa profundice en la defensa del derecho internacional humanitario. El ministro apuntó que los civiles requieren protección efectiva en cualquier contexto bélico y apoyó que la Unión Europea afiance su compromiso con el cumplimiento del derecho internacional en las crisis actuales. Según detalló el medio, el titular de Exteriores instó a sus homólogos europeos a articular respuestas más contundentes, orientadas a frenar el deterioro de la situación en el este de Europa y en Oriente Medio.

Las declaraciones de Albares reflejan un esfuerzo por incidir en los debates internos de la UE sobre la necesidad de mantener la cohesión y la coherencia de la política exterior ante la interconexión de los retos geopolíticos presentes. El ministro concluyó abogando por que la diplomacia europea logre una proyección más relevante, autónoma y orientada tanto a la defensa de los intereses comunitarios como de los principios que Europa ha defendido de forma histórica en el contexto internacional.

Durante una comparecencia celebrada en Kiev, donde medios nacionales e internacionales estuvieron presentes, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski manifestó que considera un acto de “chantaje” cualquier condicionamiento de la ayuda financiera europea a la reparación del oleoducto Druzhba. Según reportó Bloomberg, Zelenski enfatizó que imponer requisitos de este tipo sería interpretado por su gobierno como una forma de presión política en medio de la invasión rusa y cuestionó las intenciones detrás de algunas decisiones tomadas por potencias occidentales respecto al petróleo ruso y el abastecimiento energético continental.

El medio Bloomberg detalló que el paquete de ayuda europea en discusión asciende a 90.000 millones de euros. El presidente ucraniano advirtió que poner como requisito la restauración del gaseoducto para liberar estos fondos no resultaría aceptable para Kiev. De acuerdo con las declaraciones reproducidas por Bloomberg, Zelenski aclaró: “Lo que digo simplemente es que si alguien ha decidido restaurar los suministros de petróleo ruso, quiero que sepa que me declaro en contra de ello”, y añadió: “Yo no bloqueo nada, pero si empiezan a imponerme condiciones para que Ucrania no reciba armas, entonces, que me perdonen, yo no puedo hacer nada al respecto: les dije a nuestros amigos en Europa que esto se llama chantaje”.

Este contexto surge después de que el oleoducto Druzhba, una de las principales vías para el transporte de petróleo ruso hacia Europa Occidental, fuera atacado por drones rusos en la región de Leópolis a finales de enero. El medio Bloomberg informó que el daño causado obligó a las autoridades ucranianas a detener el flujo de crudo con destino a Eslovaquia y Hungría hasta poder verificar y rehabilitar la infraestructura afectada. El conducto atraviesa el oeste de Ucrania y suministra petróleo a estos dos países, ambos sin costa marítima y altamente dependientes del petróleo suministrado por esta red.

Según publicó Bloomberg, la situación se torna más compleja debido a los recientes anuncios del gobierno estadounidense respecto a una posible flexibilización de las sanciones al petróleo ruso. Esta noticia coincidió con la postura defendida por Ucrania, que sostiene la necesidad de cortar el suministro energético desde Rusia a Europa como medida para debilitar la capacidad financiera y militar de Moscú. No obstante, los países afectados, especialmente Hungría y Eslovaquia –principales receptores de los envíos a través del Druzhba–, expresaron que suspender los flujos podría comprometer seriamente su seguridad energética.

La Comisión Europea solicitó acceso a las instalaciones dañadas para enviar una misión de investigación, con el fin de evaluar el alcance del ataque y las necesidades técnicas para restaurar el servicio. De acuerdo con el medio Bloomberg, representantes de todos los estados miembros de la Unión Europea, incluyendo Hungría y Eslovaquia, participaron en reuniones con la empresa estatal energética ucraniana Naftogaz Group. Durante estos encuentros, el director ejecutivo de Naftogaz, Sergii Koretski, indicó que ya se compartió información técnica sobre los daños y se presentaron detalles sobre los desafíos de reparación en el terreno. “Durante esta reunión pudimos mostrar con más detalle los materiales del lugar y explicar los desafíos a los que se enfrentan nuestros especialistas”, precisó Koretski, de acuerdo con un comunicado citado por el medio.

El presidente Zelenski también hizo referencia a lo que describe como una falta de coherencia internacional frente a las sanciones a la energía rusa. Remarcó, según reitera Bloomberg, que resulta contradictorio oponerse al levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y, al mismo tiempo, requerir de Ucrania que reanude el tránsito mediante el Druzhba. Se preguntó: “¿Por qué podemos, por un lado, decirle a Estados Unidos que nos oponemos al levantamiento de las sanciones, mientras que, por otro, Ucrania se ve obligada a reanudar el tránsito de petróleo a través del oleoducto Druzhba, y a un precio político que, en la práctica, financia políticas antieuropeas?”

El avance de las reparaciones en el oleoducto busca una solución técnica, destacaron fuentes consultadas que hablaron con Bloomberg bajo condición de anonimato. Los trabajos en curso consisten en la instalación de un segmento nuevo que permitirá el restablecimiento parcial del servicio, ya que la infraestructura de almacenamiento sufrió daños severos y requerirá más tiempo para su recuperación. El restablecimiento total del flujo podría demorar aproximadamente un mes, según cálculos de los técnicos involucrados.

Mientras tanto, la discusión sobre la ayuda financiera europea continúa vinculada a las negociaciones para el destino del Druzhba, que sigue siendo un punto central en la confrontación energética y geopolítica entre Rusia, Ucrania y los países de la Unión Europea. Las posiciones divergentes de los estados miembros, la presión sobre Ucrania y las acciones del gobierno estadounidense influyen directamente en las decisiones que se tomen respecto al suministro energético y la estrategia para limitar los recursos que obtiene Moscú a través de la exportación de petróleo.

La normativa dispone que las leyes estadounidenses regirán cualquier contrato alcanzado con el sector petrolero venezolano y que las disputas deberán resolverse en tribunales de Estados Unidos, consolidando un marco legal bajo supervisión directa de Washington. Según detalló la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, esta disposición rige para toda transacción autorizada en el marco de las nuevas licencias, que flexibilizan de manera significativa las restricciones vigentes sobre el comercio, la inversión y el suministro de materiales para la industria de hidrocarburos en Venezuela.

De acuerdo con la información publicada por OFAC, el Gobierno de Estados Unidos levantó restricciones clave que afectan a las empresas estadounidenses interesadas en participar en actividades de explotación, comercialización e inversión ligadas al sector petrolero venezolano. El medio atribuyó esta decisión al giro en las relaciones diplomáticas producido tras la captura del presidente Nicolás Maduro a comienzos de año, lo cual generó un nuevo escenario en los vínculos bilaterales entre ambos países. Empresas del país norteamericano pueden desde ahora realizar negocios con el sector de hidrocarburos de Venezuela, en estrecha conexión con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), aunque bajo condiciones estrictamente reguladas.

Las licencias emitidas por la OFAC prohíben expresamente la participación de personas procedentes de países asociados como Irán, Corea del Norte, Rusia y Cuba en cualquier transacción que involucre a la industria energética venezolana. Según reportó OFAC, esta medida se implementa para evitar que miembros de países considerados aliados de Caracas por Washington puedan beneficiarse de las operaciones comerciales habilitadas por la flexibilización de las sanciones. Asimismo, la medida excluye de manera automática a individuos y entidades que figuran en listas de sanción del Gobierno estadounidense, garantizando que los acuerdos solo involucren a actores que cumplan con los requisitos legales y políticos fijados por Estados Unidos.

La OFAC difundió un mensaje en redes sociales en el que expresa que “la Administración Trump ha estado cumpliendo rápidamente promesa de ayudar a restaurar la economía venezolana para beneficio tanto del pueblo estadounidense como del venezolano”. Según consignó el medio, el objetivo declarado de las nuevas disposiciones incluye el estímulo a inversiones y actividades ampliadas en la industria de hidrocarburos venezolana, así como la posibilidad de exportar fertilizantes directamente hacia Estados Unidos, acción orientada a abastecer a los agricultores estadounidenses.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó nuevamente este viernes a que se retiren de manera completa todas las sanciones internacionales que pesan sobre el país sudamericano, sosteniendo que tal medida es necesaria para restablecer la normalidad en el intercambio de recursos energéticos. Según publicó la OFAC, estas licencias no solo permiten ampliar el alcance comercial entre empresas estadounidenses y el sector venezolano, sino que buscan también facilitar el flujo regular de productos como fertilizantes, con potencial impacto en la agricultura de Estados Unidos.

La flexibilización de sanciones por parte de la OFAC introduce cambios sustanciales en el panorama operativo para empresas norteamericanas interesadas en la economía venezolana. El medio explicó que, a pesar de la apertura, las limitaciones impuestas sobre nacionalidades específicas y sobre personas sancionadas mantienen el control sobre los actores participantes en las transacciones. Todas las operaciones deberán someterse no solo a la legislación estadounidense sino también a los mecanismos de resolución de conflictos definidos por Estados Unidos, asegurando una intervención y supervisión directa en caso de controversias contractuales o comerciales.

La política de Estados Unidos refleja una adaptación estratégica en su acercamiento a Venezuela, combinando incentivos económicos con medidas restrictivas orientadas al control de riesgos políticos y de seguridad. Las determinaciones recientes buscan ofrecer vías para la reactivación parcial del sector energético venezolano, al tiempo que excluyen a figuras y entidades cuya participación contradiga los lineamientos de la política exterior de Washington. Estas condiciones permiten canalizar inversiones dirigidas hacia la recuperación energética en Venezuela, según subrayó la OFAC, aunque mantienen barreras respecto a la integración con países y actores considerados adversarios por Estados Unidos.

El alcance de estas licencias genera un marco de oportunidades para compañías interesadas en acceder al flujo de recursos naturales venezolanos, en tanto se adapten a los límites impuestos por las sanciones residuales. Informó OFAC que el levantamiento de ciertas restricciones forma parte de una estrategia orientada tanto al fortalecimiento económico mutuo como a la reconstrucción del entramado comercial bilateral tras años de aislamiento. La administración estadounidense considera que estas iniciativas servirán para reactivar cadenas de suministro, aumentar la disponibilidad de combustibles y fertilizantes y beneficiar segmentos clave de la economía agrícola estadounidense, además de ampliar los horizontes para la inversión en Venezuela bajo parámetros de transparencia y supervisión legislativa.

Concluye la OFAC que estas disposiciones generan condiciones formales para la participación de actores estadounidenses y contribuyen a elevar el volumen y la diversidad de intercambios permisibles dentro del entorno normativo actual, aunque bajo criterios orientados a la seguridad y los intereses estratégicos de Estados Unidos. La reacción desde el Gobierno venezolano insiste en la necesidad de levantar en su totalidad las sanciones vigentes, apelando a la normalización plena de las relaciones y del comercio de recursos energéticos.

Las discusiones entre los ministros de Exteriores de la Unión Europea sobre la ayuda financiera a Ucrania y las restricciones establecidas por Hungría y Eslovaquia marcarán una de las prioridades del Consejo de Asuntos Exteriores programado en Bruselas. Según detalló el medio El País, uno de los puntos centrales de la reunión estará relacionado con el préstamo de 90.000 millones de euros destinado a Kiev, una asistencia económica que sigue detenida debido al veto conjunto de Budapest y Bratislava, quienes argumentan preocupaciones específicamente relacionadas con el abastecimiento de petróleo a través del oleoducto Druzhba y otros intereses nacionales. Los ministros buscarán resolver este bloqueo, dada la urgencia de liberar los primeros desembolsos a Ucrania en abril, ante un escenario bélico que ha incrementado la demanda de defensa y recursos militares.

De acuerdo con El País, la sesión abordará al mismo tiempo las consecuencias de la escalada bélica en Oriente Próximo, haciendo particular hincapié en la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo. El Consejo tiene previsto condenar formalmente los ataques de Irán y emitir un llamado colectivo a favor del cese de hostilidades en la región, además de aprobar sanciones dirigidas contra 19 personas y entidades iraníes, acusadas de graves violaciones de derechos humanos. Según fuentes diplomáticas citadas por El País, las sanciones forman parte de una estrategia de presión internacional que busca limitar la capacidad de acción de actores involucrados en los conflictos regionales.

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, alentará a los Estados miembro a aportar más recursos y capacidades a misiones en la zona, con el propósito de reforzar la operación Aspides, que tiene como objetivo defender el tráfico marítimo de los ataques perpetrados por grupos como los hutíes en el mar Rojo, según publicó El País. Además, Kallas espera sumar apoyo a la propuesta encabezada por Francia para expandir la protección naval en el estrecho de Ormuz y otros puntos críticos del comercio internacional, enfrentando la amenaza de incursiones iraníes sobre embarcaciones comerciales.

La situación humanitaria y de seguridad en Líbano también figura en la agenda. El País consigna que los ministros evaluarán alternativas para intensificar el respaldo político y operativo a las autoridades libanesas y a su ejército, en un contexto de desplazamientos internos y grave deterioro social ocasionado por la expansión del conflicto en la región. Estas iniciativas buscan contener posibles desestabilizaciones adicionales en torno a Oriente Próximo.

En el caso ucraniano, El País reportó que los jefes de la diplomacia europea recibirán una actualización de la situación militar mediante videoconferencia con el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha. El representante ucraniano presentará el aumento en la necesidad de interceptores antiaéreos y misiles, relacionada con la intensificación de la guerra en Oriente Próximo, aspecto que tiene repercusiones directas en la capacidad de respuesta de Kiev frente a la ofensiva rusa.

Sobre el fondo financiero, el citado medio expone que el préstamo de los 90.000 millones de euros y el vigésimo paquete de sanciones impuesto a Rusia se encuentran bloqueados por la posición de Hungría y Eslovaquia desde la anterior sesión del Consejo. Fuentes diplomáticas señalan que este acto constituye una “violación de la cooperación leal”, debido a que el préstamo ya había sido aprobado políticamente por los líderes de la UE en diciembre, restando solamente la unanimidad para su aplicabilidad legal. El País remarca que el bloqueo disminuye la capacidad de la UE para ejercer presión sobre las autoridades de Moscú.

Algunas fuentes citadas por El País manifiestan expectativas reducidas en torno a la posibilidad de que Hungría y Eslovaquia modifiquen su postura durante la jornada. De no alcanzarse un acuerdo, ambas cuestiones se derivarán a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en los próximos días en Bruselas, donde se prevé la participación de los primeros ministros Viktor Orbán y Robert Fico, junto con una intervención remota del presidente ucranio Volodimir Zelenski. Este formato busca incrementar la presión política al máximo nivel de decisión comunitaria e intentar destrabar los fondos y sanciones en el marco del Consejo Europeo.

El abordaje de la seguridad internacional se extiende más allá del conflicto en Ucrania y Oriente Próximo. Según reportó El País, los ministros dedicarán parte del encuentro a la actualización de la Estrategia de Seguridad Europea. Este trabajo, que elaboran el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión Europea, pretende adaptar la evaluación de amenazas a la coyuntura actual, introduciendo variables como la seguridad energética, la estabilidad económica y el impacto tecnológico en la ecuación de riesgos para la UE. La presentación del documento resultante podría ocurrir durante la temporada de verano.

Durante un desayuno de trabajo previo a la sesión formal, los responsables de Exteriores discutieron los trabajos en marcha para dicha actualización estratégica, en línea con la necesidad de responder a amenazas no convencionales y a riesgos que trascienden la dimensión militar. Además, En El País se informó que los ministros compartirán un almuerzo de trabajo con el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, con el objetivo de intercambiar puntos de vista sobre seguridad y cooperación internacional.

El medio español también reportó que en la reunión tendrá lugar un análisis urgente de la situación en Georgia, tras la aprobación de una ley controversial respecto al financiamiento proveniente del extranjero. Este asunto alimenta preocupaciones dentro de la UE acerca de la estabilidad democrática y el respeto a los valores europeos en la vecindad oriental.

Finalmente, según El País, los ministros prepararán la próxima cumbre informal de líderes en Chipre, donde los debates estarán dirigidos a proyectos relacionados con la inversión y la estabilidad en el Mediterráneo, así como la situación en la llamada Vecindad Sur europea. Estos encuentros buscan definir una respuesta integral ante los desafíos múltiples que enfrenta la UE en materia de seguridad, cooperación y proyección internacional.

Durante la comparecencia junto al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron puso énfasis en que la administración estadounidense deberá justificar la decisión de flexibilizar, por un periodo determinado y bajo ciertas condiciones, las sanciones aplicadas al petróleo ruso, subrayando que estas medidas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos solo tendrían efecto en un “marco muy limitado” y con un “impacto reducido”. El jefe de Estado francés reiteró que, para Europa y Francia, la suspensión de las restricciones energéticas contra Moscú no se considera apropiada. De acuerdo con Europa Press, Macron afirmó que la guerra en Ucrania “no justifica” levantar las sanciones impuestas a Rusia y sostiene que la postura general adoptada en la cumbre del G7 respalda la continuidad de dichas restricciones.

Según publicó Europa Press, durante su intervención, Macron acentuó que, en lo que respecta a los países europeos, la posición se mantiene firme: las sanciones a la energía rusa continúan vigentes. El líder francés precisó que la política aprobada en el seno del G7 se define de manera clara y conjunta en favor del mantenimiento de sanciones. Ante el gesto reciente de Washington, que resolvió ofrecer excepciones temporales para la adquisición de petróleo ruso ya cargado en buques, Macron subrayó que corresponde al gobierno estadounidense exponer públicamente las razones de esta decisión.

Macron explicó, según reportó Europa Press, que la modificación realizada por Estados Unidos no representa una alteración permanente o generalizada en las sanciones adoptadas previamente, ni implica una desviación duradera en la política de presión contra Moscú. La medida, destacó el mandatario, solo tendrá vigencia en el corto plazo y bajo circunstancias precisas. Además, Macron recordó que la posición de Donald Trump sobre las sanciones permanece sin alteraciones y no contradice el enfoque vigente de las potencias europeas.

El presidente de Francia también insistió en que el respaldo de la Unión Europea a Ucrania se mantiene sin cambios y que la determinación de Europa frente al conflicto no experimentará disminución alguna. Macron, según consignó Europa Press, expresó que las actuales tendencias muestran lo que calificó como “un triple fracaso para Moscú”, haciendo referencia a planos estratégicos, económicos y éticos. Añadió que el Kremlin no logrará beneficiarse de la escalada de los combates o de que la guerra en Irán desvíe la atención internacional, pues Francia y sus aliados consideran incorrecta esa percepción.

Al referirse a la disposición de Moscú para alcanzar un alto el fuego en Ucrania, Macron puso de relieve las incongruencias del gobierno ruso. Señaló que el país euroasiático aboga por cesar las hostilidades en Medio Oriente, mientras persiste en no aceptar propuestas para frenar el conflicto en Ucrania desde hace más de un año. Además, Macron criticó la reciente votación de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Moscú rechazó una resolución que buscaba apoyar una paz duradera y que exigía un cese inmediato del fuego en Ucrania. A este respecto, Europa Press recogió la declaración de Macron: “Esta resolución fue rechazada por Rusia, una vez más. No defiende la paz en ninguna parte”.

El presidente francés remarcó además, según Europa Press, las relaciones entre el Kremlin y Teherán. Destacó que Moscú es “aliado histórico y estratégico” de Irán y que ambos gobiernos suscribieron en 2025 un acuerdo de asociación estratégica global. Macron mencionó que los detalles de ese convenio nunca han sido divulgados, pero expresó que incluyen elementos relativos a la fabricación en territorio ruso de drones de origen iraní.

El intercambio de opiniones entre Macron y Zelenski sobre el estado de la guerra y el impacto de las decisiones internacionales subraya la importancia de coordinar la presión sobre Moscú a través de sanciones sostenidas. La postura expuesta por el presidente francés, reportó Europa Press, pone de relieve la determinación de Francia y los socios europeos por mantener la unidad en las restricciones al sector energético ruso, al tiempo que se exige a Washington mayor claridad respecto a cualquier excepción que pueda interpretarse como relajamiento de dicha presión.

Según Europa Press, este debate se produce en un contexto de crecientes tensiones internacionales y de acusaciones entre las potencias occidentales y Rusia sobre el rumbo del conflicto y las verdaderas intenciones de cada parte respecto a la paz. La mención al desarrollo y suministro de tecnología militar, como los drones de origen iraní, evidencia la preocupación de París sobre el fortalecimiento de relaciones entre Moscú y Teherán y su posible influencia en el teatro de operaciones ucraniano. Además, la referencia a los acuerdos estratégicos firmados en 2025 muestra el interés del gobierno francés por supervisar los impactos regionales de dichos pactos y sus implicancias para la seguridad europea.

El diálogo entre Macron y Zelenski también abordó el mensaje político y diplomático que desean transmitir a la comunidad internacional: sostener que cualquier movimiento para flexibilizar las sanciones a Rusia requiere justificación y transparencia, y que la guerra en Ucrania continúa estando en el centro de las prioridades de las potencias europeas. Según lo consignado por Europa Press, Francia mantiene firme el principio de restringir las exportaciones energéticas rusas hacia Occidente y se opone a cualquier medida unilateral que pueda alterar la unidad del bloque occidental en este tema.

Durante su intervención en París, Volodimir Zelenski destacó los riesgos que implica para la seguridad internacional el aumento de los ingresos rusos derivados del levantamiento parcial de sanciones al petróleo. El presidente ucraniano argumentó que la flexibilización de estas medidas permitirá a Moscú disponer de hasta 10.000 millones de dólares adicionales para financiar actividades militares, lo que podría intensificar la fabricación de drones y contribuir a la desestabilización de Oriente Próximo. La noticia principal se centra en la advertencia de Zelenski sobre las consecuencias financieras y geopolíticas tras la decisión tomada por Estados Unidos respecto al crudo ruso.

Según reportó Europa Press, Zelenski expresó que la medida estadounidense favorece una “lógica bélica” en favor de Rusia. Desde París, donde mantuvo un encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron, el mandatario ucraniano remarcó que esta decisión no propicia la paz, distanciándose así del argumento de Washington sobre la estabilización del mercado energético global. “La decisión de Estados Unidos de suavizar parcialmente las sanciones a Rusia (...) podría proporcionarles unos 10.000 millones de dólares para la guerra”, señaló el líder ucraniano en sus declaraciones publicadas por Europa Press.

En sus palabras, Zelenski alertó de que cuanto mayores sean los fondos disponibles para Rusia, mayor será la capacidad del país para desarrollar armamento, especialmente drones, que a su juicio, incrementarán los ataques y la inestabilidad en regiones como Oriente Próximo. “Cuanto más dinero tenga Rusia para financiar su maquinaria de guerra, más drones se fabricarán en territorio ruso para desestabilizar Oriente Próximo, por lo que levantar las sanciones para obtener más dineros, recibir más drones y lanzar más ataques no es muy lógico”, puntualizó el presidente ucraniano, según consignó Europa Press.

La preocupación de Zelenski también se vincula al actual contexto de tensión en Oriente Próximo, donde se registra un aumento de amenazas a la navegación en el estrecho de Ormuz. Según señaló Europa Press, la nueva oleada de conflicto en la región ha llevado a que Irán y sus aliados regionales anuncien su disposición a atacar buques cisterna que circulen por la zona, en respuesta a la reciente operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel, iniciada hace dos semanas. El estrecho de Ormuz es una vía marítima crítica que concentra cerca de una cuarta parte del comercio mundial de petróleo, además de transportar importantes volúmenes de gas natural licuado y fertilizantes.

Ante esta situación, la decisión tomada por Estados Unidos se presenta como un intento de “estabilizar el mercado energético”, buscando asegurar el flujo de petróleo y gas ante las amenazas crecientes en la zona del estrecho de Ormuz, destacó Europa Press. Sin embargo, desde la óptica ucraniana, este ajuste en las sanciones genera un refuerzo del poder financiero del Kremlin, lo que, de acuerdo con Zelenski, aumenta la capacidad de Moscú para sostener sus operaciones militares y afianzar su presencia en contextos de conflicto.

Europa Press informó que las declaraciones de Zelenski se produjeron tras la reunión mantenida en la capital francesa con Macron, donde reiteró el llamado a mantener la presión sobre Rusia mediante sanciones económicas estrictas. El presidente ucraniano ha destacado reiteradamente la importancia de un marco internacional cohesionado para contener el avance de Moscú tanto en la guerra en Ucrania como en otros escenarios de inestabilidad global.

El análisis de Zelenski, según detalló Europa Press, pone de relieve las consecuencias a mediano y largo plazo del debilitamiento de las sanciones, sosteniendo que el flujo de fondos al Kremlin afecta no solo a Ucrania, sino también a la seguridad energética y política en otras regiones estratégicas. La vinculación entre los ingresos petroleros rusos y el desarrollo de nuevas capacidades militares es, según el mandatario ucraniano, una de las claves para entender el incremento de amenazas en áreas como el estrecho de Ormuz.

En conclusión, Europa Press mostró cómo el gobierno de Ucrania sostiene que la reciente flexibilización de sanciones al crudo ruso por parte de Estados Unidos repercute directamente en la prolongación y la escalada de conflictos armados, además de aumentar los riesgos para la estabilidad del comercio marítimo internacional en zonas sensibles. Las declaraciones de Zelenski, pronunciadas en el contexto de la capital francesa, manifiestan la preocupación de Kiev ante las prioridades energéticas occidentales y sus posibles efectos en los equilibrios de poder globales.

Durante una rueda de prensa en la isla de Andoya, en el norte de Noruega, el canciller alemán Friedrich Merz expuso que los líderes de seis miembros del G7 manifestaron su rechazo a una relajación de las sanciones energéticas que pesan sobre Rusia. Según informó Europa Press, Merz indicó que tal postura común reafirma la convicción de que cualquier paso hacia la flexibilización de restricciones internacionales enviaría un mensaje inadecuado a Moscú en medio del conflicto en Ucrania. El canciller manifestó su desacuerdo con la decisión reciente de Estados Unidos de modificar el régimen de sanciones al crudo ruso.

Tal como recogió Europa Press, Merz cuestionó la medida adoptada por el Departamento del Tesoro estadounidense, consistente en emitir una licencia que permite la compra de petróleo ruso ya cargado en buques. Esta medida reduce temporalmente las sanciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania. Washington argumentó que la resolución busca asegurar el acceso global al suministro petrolero existente, especialmente ante el reciente encarecimiento internacional del barril de Brent, quien ha alcanzado casi los 100 dólares como resultado de la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Esta situación ha sido provocada por la tensión derivada de la acción militar estadounidense e israelí y la respuesta de Irán, afectando directamente el flujo de hidrocarburos.

El líder alemán subrayó que relajar las sanciones es percibido como un error y recalcó la necesidad de seguir aumentando la presión internacional sobre Moscú, al considerar que el gobierno ruso no ha mostrado disposición a negociar el fin de la guerra. Merz señaló que, pese a las dificultades generadas por la crisis energética global, la intensidad de las restricciones constituye un elemento de presión para desalentar la continuación del conflicto. También enfatizó que cualquier suavización en este sentido resulta contraproducente y puede interpretarse como una señal de debilidad o falta de determinación de la comunidad internacional.

Junto a Merz, el primer ministro noruego Jonas Gahr Store coincidió en la importancia de mantener firmes las sanciones energéticas. Según consignó Europa Press, Store expresó que el mensaje central hacia Rusia debe ser el cese inmediato de la guerra en Ucrania. Añadió que los gobiernos occidentales tienen la responsabilidad de ejercer presión, particularmente a través de decisiones tomadas en el sector de la energía, para contribuir al fin de las hostilidades.

Europa Press detalló que la decisión estadounidense responde también a la escalada en los precios del petróleo, impulsada por factores geopolíticos y la vulnerabilidad del tráfico marítimo en rutas estratégicas. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Europa y aliados del G7 debaten de manera recurrente sobre el equilibrio entre la respuesta económica a Moscú y la estabilidad de los mercados energéticos globales. La medida de Washington plantea interrogantes dentro de la Unión Europea, donde algunos países defienden mayor contundencia frente a Rusia mientras otros buscan evitar mayores impactos en los precios y el suministro.

Fuentes gubernamentales alemanas citadas por Europa Press explicaron que el gobierno alemán considera fundamental coordinar las medidas internacionales para que estas mantengan su eficacia. Merz insistió en que la coordinación multilateral es clave y reiteró que lo decidido por el Ejecutivo estadounidense no refleja el consenso europeo previo. En este contexto, las autoridades alemanas evaluarán el impacto de la decisión estadounidense sobre el mercado y sobre la postura común europea hacia Rusia.

La licencia temporal emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos busca, según información recogida por Europa Press, mitigar las consecuencias negativas para los consumidores globales a raíz de las disrupciones en el suministro petrolero. El objetivo planteado desde Washington consiste en garantizar que el petróleo ruso, ya transportado fuera de los puertos, pueda llegar a los compradores sin estar sujeto a las restricciones impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania. No obstante, tal decisión ha abierto un debate sobre las posibles consecuencias en el frente diplomático y en la efectividad de las sanciones.

La crisis energética internacional, descrita por Europa Press a partir de reportes oficiales, ha exacerbado tensiones entre los principales aliados de occidente. Las diferencias en la gestión de las sanciones se traducen en posicionamientos distintos respecto a cómo afrontar simultáneamente la presión sobre Moscú y los desafíos de los mercados energéticos. Los funcionarios alemanes y noruegos, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, sostienen que la única vía para influir en la política rusa y buscar una conclusión del conflicto es a través del mantenimiento y potencial endurecimiento de restricciones económicas. La situación permanece sujeta a próximas decisiones dentro del G7 y la Unión Europea, conforme evolucione la situación en el terreno y el mercado energético internacional.

El Kremlin sumó ingresos cercanos a los 150 millones de dólares diarios por ventas de petróleo desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, una situación que, según la Comisión Europea, acentúa la urgencia de sostener la presión económica sobre Rusia. De acuerdo con la información difundida por el medio, el Ejecutivo comunitario argumenta que la coyuntura actual facilita la financiación de la ofensiva militar rusa en Ucrania y puede desestabilizar tanto al bloque europeo como a su entorno.

Tal como publicó el medio, António Costa, presidente del Consejo Europeo, manifestó preocupación tras la decisión unilateral de Estados Unidos de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso. Costa precisó que la medida “impacta en la seguridad europea”, ya que considera que suavizar las restricciones económicas contra Rusia podría reducir la presión internacional sobre el Kremlin. También remarcó la importancia de no debilitar las sanciones, afirmando que mantener —e incluso aumentar— esas restricciones económicas resulta “decisivo para que acepte una negociación seria hacia una paz justa y duradera”.

El medio consignó que Costa utilizó sus redes sociales para advertir que cualquier flexibilización en las medidas restrictivas permitiría a Rusia disponer de mayores recursos financieros e incrementar su capacidad para proseguir con la ofensiva militar en Ucrania. Además, el presidente del Consejo Europeo reiteró su postura de que las sanciones siguen constituyendo una de las principales herramientas de negociación internacional dirigidas a forzar al gobierno ruso a buscar una resolución al conflicto.

Por su parte, la Comisión Europea defendió la continuidad de la presión económica y subrayó la relevancia de las sanciones energéticas como mecanismo fundamental para limitar los ingresos que el gobierno de Moscú obtiene por la exportación de crudo. La portavoz comunitaria Siobhan McGarry, citada en la rueda de prensa diaria celebrada en Bruselas, señaló que tanto el tope al precio del petróleo como el conjunto de sanciones impuestas a Rusia conservan su efectividad y siguen vigentes, incluso ante el reciente contexto volátil en los mercados energéticos internacionales.

Según detalló el Ejecutivo comunitario al medio, el tope al precio del petróleo permitió disminuir los ingresos obtenidos por el Kremlin vía exportaciones, al tiempo que logró evitar que se desencadenaran distorsiones significativas en la estabilidad de los mercados energéticos globales. No obstante, puntualizó que los volúmenes de exportación rusos no se han reducido de manera sustancial pese a la merma en los beneficios económicos.

El medio recordó las declaraciones emitidas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien advirtió que “no es el momento de relajar las sanciones contra Rusia”, en clara referencia al papel crucial de estas medidas en el contexto de la guerra en Ucrania. La funcionaria comunitaria enfatizó la conveniencia de sostener las presiones económicas para impedir un fortalecimiento de la capacidad financiera del Kremlin.

El Ejecutivo europeo advirtió que las circunstancias actuales del mercado favorecen a Moscú, generando recursos adicionales mediante la venta de petróleo y, en consecuencia, aumentando la capacidad de financiar operaciones militares. Reportó el medio que, en opinión de las instituciones europeas, la integración de esta variable en el análisis de seguridad del continente resulta esencial ante el actual contexto geopolítico.

En ese sentido, diversas voces dentro de la Unión Europea consideran que relajar las sanciones en un momento en el que Rusia continúa su ofensiva en territorio ucraniano supondría disminuir la presión internacional y ofrecer margen de maniobra al Kremlin. El medio indicó que la UE prioriza mantener un enfoque coordinado en materia de sanciones, argumentando que cualquier decisión unilateral de terceros países puede afectar la seguridad, la estabilidad y la capacidad de defensa de Europa en su conjunto.

Diferentes líderes del bloque han defendido la prolongación de las restricciones sobre las exportaciones energéticas rusas, ya que estiman que atenuarlas podría debilitar el impacto de las medidas adoptadas hasta ahora, incrementar el flujo de ingresos hacia Rusia y dificultar los esfuerzos internacionales orientados a promover una resolución del conflicto. Según publicó el medio, las instituciones europeas continúan subrayando la relevancia de sostener la presión económica como elemento indispensable en la estrategia de contención de la crisis en Ucrania.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, enfatizó que aflojar las sanciones sobre los hidrocarburos rusos representa un aumento de los ingresos del Kremlin, lo que puede sostener y prolongar la operación militar en Ucrania. Según informó Europa Press, Costa insistió en que la medida anunciada por Estados Unidos de eliminar las restricciones a las exportaciones de crudo ruso tiene consecuencias directas en la seguridad y estabilidad del continente europeo.

El mandatario portugués, a través de redes sociales, consideró “muy preocupante” la decisión unilateral del Gobierno estadounidense, por sus posibles repercusiones para el equilibrio internacional. Costa detalló que las sanciones económicas sobre Moscú constituyen una de las principales herramientas que posee la comunidad internacional para forzar conversaciones que, eventualmente, permitan avanzar hacia una resolución negociada del conflicto en Ucrania, reportó Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Costa alertó que la relajación de estas medidas reduce la presión internacional sobre Rusia y puede permitir a Moscú fortalecer sus finanzas y capacidad operativa en el conflicto. El presidente del Consejo Europeo argumentó que debilitar las sanciones se traduce en más recursos para sostener la guerra de agresión, atrasando la posibilidad de un desenlace negociado.

Además, Costa remarcó que “mantener e incluso aumentar la presión económica sobre Rusia es decisivo para que acepte una negociación seria hacia una paz justa y duradera”. En este contexto, llamó a la unidad europea y a la coordinación con los aliados internacionales para evitar decisiones que puedan interpretarse como señales de distensión injustificada ante el Kremlin, según detalló Europa Press.

Las declaraciones del presidente del Consejo Europeo surgen tras el anuncio de la Administración estadounidense, liderada por Donald Trump, de retirar las sanciones impuestas sobre las exportaciones de hidrocarburos rusos, medida que, según señaló Costa en sus comunicados, no se consultó ni coordinó con sus socios europeos, reportó Europa Press. Ante esta situación, el mandatario portugués insistió que la cooperación transatlántica y la adopción de estrategias conjuntas resultan fundamentales para mantener la presión sobre Moscú y preservar la seguridad y estabilidad en Europa.

Desde la entrada en vigor de las primeras sanciones económicas, líderes europeos han sostenido que el endurecimiento de las restricciones buscaba limitar los ingresos energéticos del Gobierno ruso, obstaculizando su capacidad de financiar militarmente la invasión a Ucrania. Según remarcó Europa Press, Costa recordó que cualquier paso atrás en este tipo de medidas puede poner en riesgo los avances diplomáticos y facilitar el acceso de Rusia a recursos estratégicos.

Europa Press destacó que el mensaje de Costa refleja la preocupación general de las instituciones comunitarias ante movimientos que puedan interpretarse como una flexibilización de la presión económica sobre Rusia, en un momento en que persisten los combates y no se vislumbran acuerdos inmediatos. El presidente del Consejo Europeo cerró su mensaje reafirmando la prioridad de salvaguardar la seguridad del continente como parte de los esfuerzos diplomáticos y económicos encaminados a frenar los recursos que sostienen la ofensiva militar rusa.

Las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, apuntaron a que los intereses de Rusia y Estados Unidos en torno a la estabilidad del mercado energético coinciden actualmente. Según informó la agencia rusa TASS, Peskov abordó en una rueda de prensa la decisión sobre el levantamiento temporal de las sanciones impuestas al crudo ruso, y subrayó que ambas potencias persiguen el objetivo de estabilizar los precios y el flujo de hidrocarburos a nivel global. El vocero del Kremlin declaró que esta excepción a las sanciones, aunque limitada a algunos tipos de crudo, contribuye a la meta compartida de evitar mayores fluctuaciones en el mercado.

De acuerdo con los reportes recogidos por TASS, las autoridades rusas situaron esta medida en el contexto de la crisis que se desató tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta operación militar generó no solo un intercambio de ataques en Oriente Próximo, con respuestas tanto de Irán como de grupos armados vinculados a Teherán, sino también consecuencias inmediatas en el suministro global de energía. Tras el inicio de las hostilidades, el precio del barril de Brent registró un aumento considerable y la circulación marítima de energía experimentó una disminución significativa.

Tal como publicó la agencia rusa TASS, el portavoz Peskov explicó que, aunque representantes estadounidenses han aclarado que la excepción solo se aplicará de modo restringido a ciertos cargamentos de crudo, no existe por el momento una intención por parte de Washington de eliminar las sanciones en su totalidad. “Por supuesto, esto contribuirá a lograr el objetivo”, afirmó Peskov, refiriéndose a la estabilización del mercado.

Según consignó TASS, la dimensión geopolítica de esta crisis se refleja con particular intensidad en el estrecho de Ormuz. Esta vía marítima tiene un papel estratégico en el comercio internacional de energía, pues a través de ella suele desplazarse cerca del 25% del comercio global de petróleo transportado por mar, además de volúmenes substanciales de gas natural licuado y fertilizantes. Desde el inicio del conflicto entre Washington, Tel Aviv y Teherán, los incidentes dentro del estrecho se han multiplicado y el tráfico se ha visto interrumpido en forma notable. La agencia de noticias detalló que los ataques han llegado a alcanzar a buques que intentaron cruzar este corredor.

El medio TASS detalló que la reducción del tránsito incide directamente en la oferta disponible, lo que ha generado una presión adicional sobre los precios internacionales del petróleo, en especial del Brent. Esta situación impacta tanto en países exportadores como en naciones importadoras, que enfrentan el doble desafío de la volatilidad y la incertidumbre sobre el suministro.

Desde Moscú se considera que la flexibilización temporal de las restricciones a los hidrocarburos rusos ayuda a amortiguar el impacto de la crisis. El Kremlin sostiene que esta medida respaldaría el abastecimiento mundial, especialmente en un escenario donde la región del Golfo enfrenta inestabilidad y el transporte de energía se reduce por razones de seguridad. Según TASS, Rusia entiende que la coordinación entre productores y consumidores es esencial para facilitar el flujo de crudo y evitar alteraciones mayores en el mercado.

En los contactos recientes entre autoridades rusas y medios internacionales, se repitió que el levantamiento provisorio no implica un cambio general de la política de sanciones, sino que se presenta como una excepción impulsada por las necesidades del mercado. Los representantes de Moscú, según publicó la agencia rusa, enfatizaron que la excepción atiende al carácter extraordinario de la situación actual y no supone un acercamiento estructural entre Rusia y Occidente.

El contexto regional se mantiene tenso debido a la escalada militar, y la prioridad para los actores globales es restablecer condiciones que permitan una circulación segura y regular de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz. El medio TASS resaltó que la reducción del flujo marítimo no solo atañe al petróleo, sino que alcanza a otros productos estratégicos como el gas natural licuado, lo que amplía el espectro de desafíos energéticos para numerosos países.

El precio del barril de Brent continúa mostrando sensibilidad ante el menor tránsito y los episodios violentos en la zona, según detalló TASS. Los mercados evalúan el alcance de cada ataque y la posibilidad de agravamiento del conflicto, para anticipar posibles interrupciones o cambios en los patrones de suministro.

De esta manera, tanto las autoridades rusas como los operadores energéticos internacionales observan con atención la evolución de los acontecimientos en el Golfo Pérsico. Las excepciones en las sanciones al crudo ruso, adoptadas en el marco de la crisis y limitadas en su alcance, apuntan a reducir las tensiones en los mercados, de acuerdo con la información proporcionada por la agencia TASS.

Las autoridades de Moscú mantienen que la “estabilización del mercado energético” requiere medidas excepcionales, dadas las alteraciones provocadas por la ofensiva militar y la consiguiente interrupción en el tráfico energético mundial. Así, el levantamiento temporal de algunas restricciones al crudo se inscribe como un recurso ante la situación de emergencia, con énfasis en la necesidad de mantener el suministro y responder a la volatilidad de los precios, según reiteró la agencia rusa TASS.

Louis Celestino Herrera, nacido en la República Dominicana y con nacionalidad española, fue identificado como uno de los intermediarios clave en una trama acusada de desviar millones de dólares para financiar los programas armamentísticos de Corea del Norte. Herrera, según detalló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, habría desarrollado desde al menos 2024 contratos de servicios informáticos independientes para un ciudadano norcoreano sancionado, liderando operaciones vinculadas a la obtención y movimiento de fondos ilícitos. De acuerdo con la información publicada por el medio fuente, el Gobierno estadounidense ha impuesto sanciones contra dos entidades y seis individuos, entre ellos Herrera, señalando la existencia de una compleja red internacional involucrada en estafas tecnológicas y extorsión que beneficia directamente al régimen de Pyongyang.

Según publicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los sancionados habrían participado en esquemas diseñados por el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) para defraudar a empresas estadounidenses y generar ingresos dirigidos a la financiación del desarrollo de armas de destrucción masiva. Estos fraudes habrían aportado cerca de 800 millones de dólares (aproximadamente 695 millones de euros) solo en 2024 a las arcas norcoreanas.

El esquema, según reportó el mismo organismo, funciona recurriendo a documentación fraudulenta, apropiación de identidades y creación de perfiles falsos. Estos métodos permitieron a los implicados camuflar la verdadera identidad de trabajadores informáticos norcoreanos, quienes así lograron integrarse en empresas legítimas de Estados Unidos y países aliados. Los salarios obtenidos de estas actividades eran apropiados en gran parte por el régimen norcoreano, lo que representó una violación sistemática de las sanciones impuestas tanto por Estados Unidos como por Naciones Unidas.

La red desmantelada alcanzó una escala internacional, involucrando no solo a ciudadanos norcoreanos, sino también a individuos de distintas nacionalidades que, en calidad de facilitadores, colaboraron para introducir a los agentes informáticos en el mercado laboral tecnológico global bajo identidades falsas. Entre estos facilitadores aparece Nguyen Quang Viet, director de una compañía vietnamita que convirtió aproximadamente 2,5 millones de dólares (algo más de dos millones de euros) en criptomonedas para los intereses norcoreanos. Esta labor incluyó la transformación de las ganancias generadas por los informáticos relacionados con empresas controladas por Pyongyang y la posterior canalización de fondos hacia actividades ilícitas.

Las acusaciones de las autoridades estadounidenses también apuntan a dos entidades con sede en Vietnam y Corea del Norte, acusadas de operar como nexos en el espectro de estas operaciones. El modus operandi consistía en emplear estrategias para adquirir o vender tecnología militar y comercial a través de redes establecidas en el extranjero, facilitando así tanto la obtención de recursos económicos como la expansión de la infraestructura armamentística norcoreana.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que el gobierno de Corea del Norte orquesta ataques contra empresas estadounidenses mediante estrategias engañosas implementadas por sus agentes informáticos en el exterior, quienes utilizan información confidencial como herramienta de extorsión para obtener pagos elevados. Bessent resaltó en el comunicado, según consignó la fuente original, que la Administración Trump mantendrá sus esfuerzos por rastrear estos flujos financieros para proteger a las empresas estadounidenses y exigir responsabilidades a quienes participen en estas actividades.

El paquete de sanciones anunciado no solo representa una acción punitiva, sino que también busca cortar los canales de financiamiento de los programas de armamento y misiles balísticos que violan las resoluciones internacionales. El medio de comunicación detalla que los fondos ilícitos obtenidos mediante estos mecanismos apoyan directamente el desarrollo y mantenimiento de las capacidades de armas de destrucción masiva por parte de Corea del Norte, lo que refuerza la preocupación internacional sobre la evasión de controles y la expansión de redes criminales especializadas en delitos tecnológicos y financieros.

La operación también expuso la sofisticación de las estructuras utilizadas por Corea del Norte y sus colaboradores, que recurren a innovaciones como el uso de criptomonedas y la contratación en remoto para sortear las sanciones internacionales. Según informó la fuente, esto representa una escalada en la dinámica entre los esfuerzos estadounidenses y la respuesta norcoreana, que persiste en desarrollar capacidades militares a pesar de las presiones diplomáticas y económicas.

Con la inclusión de ciudadanos y empresas de varias nacionalidades en la lista de sancionados, el Departamento del Tesoro norteamericano subraya la dimensión transfronteriza de esta red y advierte sobre los riesgos de contratar personal remoto sin verificar adecuadamente la autenticidad de la documentación presentada. El gobierno estadounidense sostiene que continuará utilizando todos los mecanismos legales y financieros a su alcance para frenar el flujo de fondos que sostienen el programa armamentístico de Pyongyang, según expone la información divulgada por el medio original.

Documentos obtenidos a partir de procedimientos internos permitieron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos establecer que organizaciones filantrópicas en Turquía e Indonesia sirvieron para canalizar recursos hacia el ala militar de Hamás en Gaza, involucrando tanto a redes internacionales de recaudación como a estructuras de seguridad vinculadas a los Hermanos Musulmanes. Según reportó el Departamento del Tesoro, dichas organizaciones no gubernamentales, pese a su apariencia caritativa, transfirieron fondos directamente a las Brigadas Ezzedin al Qassam, la rama militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), con el fin de fortalecer operaciones militares de este grupo.

El medio Europa Press detalló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense incluyó en su lista de sanciones a cuatro organizaciones benéficas acusadas de brindar apoyo directo a Hamás. Se trata de Ghazi Destek Dernegi (GDD), Hayat Yolu y la Asociación Palestina de Asistencia y Solidaridad Manos Blancas, todas establecidas en Turquía, y de Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP), con sede en Indonesia. La decisión fue anunciada este jueves, luego de una investigación que evaluó el flujo de recursos recaudados en el extranjero y su destino final en organizaciones controladas localmente por Hamás en la Franja de Gaza.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó en un comunicado oficial que Hamás ha mantenido la captación de fondos mediante la explotación de entidades filantrópicas falsas, lo cual habría permitido sostener y ampliar sus actividades y operaciones calificadas como terrorismo. Bessent subrayó además que la administración estadounidense mantiene una política de “tolerancia cero” frente al uso de iniciativas caritativas como pantalla para fines violentos, reiterando que no se permitirán abusos del sector benéfico con estos objetivos.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, documentos internos de Hamás revelan que la organización Ghazi Destek Dernegi (GDD) trabajó en conjunto con otras entidades sancionadas, como Waed Society, para facilitar la provisión de ayuda material y logística tanto a miembros individuales de Hamás como a proyectos de infraestructura que redundaron en beneficios directos para el grupo armado palestino. El Tesoro identificó que esta ONG entregó recursos destinados a la construcción, sistemas de apoyo y asistencia logística fundamentales para el brazo militar, en correspondencia con estrategias preconcebidas por Hamás y documentadas en archivos incautados.

Respecto a la Asociación Palestina de Asistencia y Solidaridad Manos Blancas, el Tesoro estadounidense indicó que los registros revisados ubican a esta ONG dentro del entramado de seguridad de las Brigadas Ezzedin al Qassam. Según lo reportado por Europa Press, la integración de esta organización en la estructura de seguridad de Hamás sugiere la utilización de entidades supuestamente filantrópicas para fortalecer capacidades de defensa y protección internas del grupo en Gaza.

En el caso de Hayat Yolu, la investigación estableció un vínculo operativo y financiero con los Hermanos Musulmanes, movimiento islamista internacional con redes activas en la región. De acuerdo con el reporte del Tesoro, Hayat Yolu habría funcionado como un nodo bancario y financiero para la organización matriz, permitiendo transferencias y manejo de fondos que posteriormente se destinaron a actividades alineadas con los intereses del ala armada de Hamás.

Por su parte, la ONG indonesa Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) fue sancionada tras constatarse que dirigió fondos hacia proyectos caritativos en Gaza. Los documentos internos de las Brigadas Ezzedin al Qassam revelan que Hamás se benefició de manera directa de los programas impulsados por KNRP, lo que según el Departamento del Tesoro contribuyó a reforzar su capacidad operativa y garantizar la continuidad de actividades militares en la Franja.

El control de estas actividades de financiamiento irregular ya motivó acciones previas por parte de la Administración Trump. Según detalló Europa Press, en enero de este año se aprobó el bloqueo a seis organizaciones con domicilio en Gaza: Waed Society, Al Nur, Qawafil, Al Falá, Merciful Hands Gaza y Al Salamé. La justificación para su inclusión en la lista negra radicó en el uso sistemático de tácticas de engaño para captar fondos de donantes internacionales, además de su estrecha integración en la estructura de mando y soporte del brazo militar de Hamás.

EEUU fundamentó que la inclusión de estas ONG en el régimen de sanciones responde a la necesidad de impedir el uso sistemático de redes caritativas globales como mecanismo de financiación y soporte de organizaciones armadas en el conflicto israelí-palestino. La medida, según los funcionarios citados por Europa Press, busca limitar la capacidad de Hamás para sostenerse fuera del control formal de instituciones financieras y canalizar ayuda internacional hacia actividades consideradas terroristas.

Además, el rastreo de recursos puso en relieve la sofisticación de las redes establecidas entre las organizaciones sancionadas y proveedores de apoyo regional como los Hermanos Musulmanes. El esquema identificado por el Departamento del Tesoro señala que las ONG en cuestión desvían fondos captados bajo objetivos filantrópicos hacia la financiación de la infraestructura, la logística y los sistemas de respaldo del ala armada de Hamás.

La investigación, respaldada por una revisión exhaustiva de documentos internos e intercambios operativos entre Gaza, Turquía e Indonesia, permitió a las autoridades estadounidenses diseñar un mapa actualizado de las rutas financieras, el destino de los fondos y el papel central de las organizaciones sancionadas dentro de la estructura de apoyo a Hamás. Según Europa Press, la estrategia oficial contempla el monitoreo de las operaciones de captación benéfica en el extranjero, con énfasis en prevenir la canalización de activos hacia organizaciones presentes en zonas de conflicto, como la Franja de Gaza.

La decisión adoptada por Washington también contempla medidas adicionales respecto al monitoreo financiero y a la inclusión de nuevas entidades en potenciales sanciones, según avances en futuras investigaciones internacionales de colaboraciones irregulares entre organizaciones caritativas y grupos armados. El Departamento del Tesoro estadounidense subrayó la necesidad de cooperación con agencias e instituciones internacionales para frenar la instrumentalización del sector filantrópico como fuente indirecta de recursos para grupos sujetos a sanciones por terrorismo, informó Europa Press.

De acuerdo con la información consignada por la Eurocámara, decenas de mujeres extranjeras fueron engañadas y terminaron trabajando en fábricas de ensamblaje de drones supuestamente vinculadas al esfuerzo bélico ruso, mientras que ciudadanos como Francis Ndung'u Ndarua permanecen desaparecidos desde su traslado a regiones en conflicto bajo falsas promesas. En este contexto, el Parlamento Europeo aprobó una moción instando a la Comisión Europea y a los Estados miembro a imponer sanciones dirigidas a personas y entidades responsables de captar a ciudadanos de países extranjeros, principalmente africanos, para combatir en la guerra que Rusia mantiene en territorio ucraniano.

Tal como reportó el medio que cubre la actividad parlamentaria, la resolución se votó en una sesión plenaria celebrada en Estrasburgo, Francia, recibiendo el respaldo de 479 eurodiputados, con solo 17 votos en contra y 43 abstenciones. Según detalló la Eurocámara, los eurodiputados consideraron estas acciones como formas de "trata de personas", desarrolladas por el Kremlin en el marco de la invasión a Ucrania. El texto aprobado señala que quienes resultaron reclutados fueron captados mediante métodos fraudulentos, entre los cuales figuran publicaciones en redes sociales que ofrecían supuestos empleos o programas de educación en países de África, además de Cuba y diversas naciones del sur y centro de Asia.

La resolución señala que estas prácticas podrían constituir "crímenes de guerra" y "crímenes contra la humanidad", por lo cual el Parlamento pidió a las plataformas de redes sociales asumir responsabilidades, cooperando de forma efectiva con las autoridades para identificar y eliminar los contenidos utilizados por las redes de reclutamiento asociadas a actores rusos. Los eurodiputados reflejaron su preocupación por el destino de personas desaparecidas tras su traslado a zonas de conflicto y exigieron a Rusia que notifique a los familiares sobre la situación y el paradero de los afectados. Además, reclamaron la repatriación inmediata de estas víctimas, según reportó la fuente parlamentaria.

En su resolución, el Parlamento Europeo advirtió sobre la magnitud del fenómeno, señalando la implicación de múltiples países y regiones en los esquemas de reclutamiento. Integraron este análisis denuncias acerca de mujeres inducidas al engaño, que se encontraron realizando trabajos industriales relacionados con armamento, y citaron casos documentados de desaparecidos durante el tránsito a zonas en conflicto. El nombre de Francis Ndung'u Ndarua, uno de los casos más divulgados, fue particularmente destacado en la moción.

El medio que reportó la votación también consignó la inclusión de demandas a los Estados miembros de la Unión Europea y a la Comisión para que adopten sanciones contra redes de reclutamiento, intermediarios y entidades responsables. El Parlamento puso énfasis en la responsabilidad de las tecnológicas para frenar la difusión de estas ofertas y propagandas fraudulentas, facilitando la identificación de los responsables detrás de las campañas de captación.

Además de la cuestión del reclutamiento de extranjeros por parte de redes vinculadas a Rusia, la actividad parlamentaria incluyó otras dos resoluciones referentes a distintas crisis internacionales. Según detalló el medio, la Eurocámara condenó la detención del expresidente Mohamed Bazoum, encarcelado por la junta militar en Níger tras un golpe de Estado en 2023. Con 524 votos a favor, 2 en contra y 29 abstenciones, los eurodiputados denunciaron la represión deliberada contra políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil en ese país desde la toma del poder por la fuerza. Instaron a la liberación inmediata de Bazoum y de los detenidos en ese contexto.

El texto avalado por el Parlamento Europeo subrayó el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad en Níger, aludiendo a un incremento del tráfico de armas y personas, así como de los flujos migratorios irregulares por la región del Sahel. La moción del Parlamento hizo énfasis en la necesidad de que la ayuda humanitaria pueda continuar llegando a las zonas afectadas y comunicó la "profunda preocupación" de la Eurocámara por el anuncio de Níger de su intención de abandonar el Tribunal Penal Internacional. Al mismo tiempo, la cámara expresó inquietud por lo que calificó como un retroceso en materia de democracia y derechos humanos en el Sahel y solicitó la restitución del orden constitucional mediante la rehabilitación de los partidos políticos y la organización de procesos electorales libres.

En una tercera resolución analizada en Estrasburgo, la Eurocámara abordó la situación política en Georgia. Los legisladores europeos condenaron lo que denominaron “persecución sistemática” del gobierno liderado por el partido Sueño Georgiano contra opositores y periodistas. La moción, aprobada por 438 votos a favor, 37 en contra y 81 abstenciones, implicó una demanda para la liberación de la política Elene Khoshtaria, detenida desde septiembre anterior. El texto parlamentario denunció las "condiciones degradantes e inhumanas" a las que habría sido sometida y solicitó el inicio de investigaciones independientes para esclarecer otros abusos en el país.

Los eurodiputados centraron también su atención en el caso del expresidente Mijail Saakashvili, quien lleva más de cuatro años privado de libertad, con denuncias sobre el deterioro progresivo de su salud en prisión. Consideraron incompatible la existencia de presos políticos con los compromisos asumidos por Georgia en su Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y solicitaron la imposición de sanciones y prohibiciones de visado en todo el territorio comunitario contra funcionarios y colaboradores del régimen.

Según publicó el Parlamento Europeo, el conjunto de resoluciones refleja la preocupación del bloque europeo por las prácticas consideradas contrarias al derecho internacional y los principios democráticos, abarcando tanto el tráfico y abuso de personas extranjeras mediante engaños, como la situación política y de derechos humanos en territorios del África subsahariana y el Cáucaso. Los eurodiputados ratificaron su apoyo a los pueblos afectados y manifestaron la voluntad de mantener sus compromisos con los valores democráticos y la promoción de los derechos humanos en las relaciones internacionales.

La próxima reunión binacional entre Colombia y Venezuela, prevista para el 23 y 24 de abril de 2026 en Maracaibo, representa el relanzamiento formal de la cooperación en la conflictiva frontera tras la cancelación de la cumbre presidencial.

El anuncio llegó al cierre de una jornada diplomática de alto nivel entre ambos gobiernos, que priorizaron la seguridad y la integración económica de la región limítrofe al delegar su agenda bilateral en las respectivas cancillerías.

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En el transcurso de la sesión encabezada por Rosa Yolanda Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, junto a Yván Gil, canciller de Venezuela, las delegaciones oficiales certificaron el compromiso conjunto de mantener un despliegue permanente de fuerzas de seguridad en la frontera.

Este acuerdo persigue fortalecer la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas que operan en la zona, reto histórico que condiciona las relaciones bilaterales. Aunque originalmente se esperaba una declaración desde los jefes de Estado —el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez—, la cancelación de ese encuentro motivó que las directrices principales se concretaran a nivel de cancillerías.

Tras la reunión, el jefe de Estado señaló en sus redes sociales que la reunión había sido un éxito. A propósito, señaló que iba a abogar para que se levanten las sanciones contra el vecino país para que ingrese a Mercosur.

“Ha sido supremamente exitosa la reunión binacional Colombia/Venezuela. Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al mercosur (sic)”, expuso en su cuenta de X .

Petro mencionó que tiene como objetivo trabajar de forma conjunta con el objetivo de combatir el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana.

“Se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera. La integración energética avanza y esperamos levantamiento de sanciones Ofac para lograrlo. Se logra acuerdo para reunión específica de la zona binacional (sic)”, señaló el mandatario.

La polémica en torno a la articulación entre ejércitos de Colombia y Venezuela

El jefe de Estado pidió que se efectúe la articulación de las Fuerzas Armadas colombianas con las venezolanas. El 29 de septiembre de 2025, durante el Consejo de Ministros, el primer mandatario hizo la solicitud directa al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, de adelantar las acciones necesarias para llevar a cabo esa unión.

“Ministro de Defensa, sin miedo, hay que articular inteligencia y acción de las Fuerzas Militares de Venezuela y las nuestras. Complicado, pero es básico para que esto se vuelva todavía mucho mejor”, precisó Gustavo Petro.

La decisión ha generado controversia debido a que el dictador Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos, es señalado de tener nexos con el narcotráfico y de liderar el cartel de los Soles, una organización criminal de Venezuela. Incluso, el Departamento de Estado de Estados Unidos estableció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura y llevarlo ante la justicia por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

En reacción a la propuesta de Petro, la periodista y excandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos (Vicky Dávila) solicitó públicamente a las Fuerzas Militares de Colombia que desobedezcan órdenes del presidente Gustavo Petro relacionadas con la cooperación con fuerzas armadas de Venezuela. El pronunciamiento se realizó en una calle de Sabaneta (Valle de Aburrá, Antioquia), donde Dávila instó a los militares a guiarse exclusivamente por la Constitución, en respuesta a la decisión presidencial de coordinar acciones de seguridad con el gobierno de Nicolás Maduro.

Durante su intervención, la precandidata describió la medida de Petro como una instrucción para trabajar de forma conjunta con el cartel de los Soles y con lo que calificó como la “narcodictadura de Nicolás Maduro”, señalando también supuestos vínculos entre el mandatario venezolano, el narcotráfico y organizaciones armadas ilegales colombianas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Maduro es un narcodictador, es el jefe del ELN, es el dueño del negocio de la cocaína”, afirmó Dávila ante los presentes.

El asesor presidencial ruso Kirill Dimitriev dirigió la delegación de Moscú durante un encuentro en Florida, donde sostuvo conversaciones con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner. Según indicó Dimitriev, el principal foco de discusión consistió en identificar proyectos que puedan servir de base para reactivar la cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos. El medio TASS reportó que la visita y las negociaciones respondieron a una solicitud directa del presidente ruso, Vladimir Putin.

El medio TASS detalló que, en el contexto del encuentro, ambas partes exploraron fórmulas para retomar la relación económica, tras el enfriamiento de los vínculos bilaterales a raíz de sanciones y conflictos recientes. Tanto los temas energéticos como las sanciones aplicadas a la energía rusa figuraron entre los puntos abordados, con énfasis en el rol del petróleo y el gas rusos en la estabilidad de los mercados internacionales. Según la versión difundida por medios rusos, Dimitriev trasladó la posición de Moscú sobre la necesidad de levantar las restricciones que pesan sobre su sector energético para posibilitar un diálogo económico más amplio.

Steve Witkoff, enviado estadounidense, confirmó el desarrollo de la reunión mediante un mensaje en el que señaló: “Los equipos debatieron diversos temas y acordaron mantenerse en contacto”. La declaración de Witkoff, publicada por varios medios estadounidenses, evitó entregar mayores detalles sobre el contenido de las discusiones. Por su parte, Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump, participó como parte de la delegación estadounidense, según reportó TASS.

De acuerdo con la agencia TASS, la situación energética global, especialmente el impacto de la guerra en Irán sobre los precios y la oferta de energía, constituyó uno de los puntos centrales del diálogo. Las fuentes rusas afirmaron que Washington ha mostrado un creciente reconocimiento de la influencia que ejercen el petróleo y el gas rusos en la economía mundial. Por parte rusa, la presentación subrayó las repercusiones de las sanciones en la producción, la exportación y el mercado energético, reiterando la postura de Moscú acerca de la importancia de su levantamiento para la estabilidad y desarrollo de proyectos conjuntos.

El Fondo Ruso de Inversión Directa, dirigido por Dimitriev, ha sido el organismo encargado de conducir las negociaciones económicas y comerciales con Estados Unidos desde hace varios meses. Según consignó el medio TASS, el objetivo declarado de ambos gobiernos es reiniciar la cooperación en diferentes áreas, aunque Moscú insiste en que cualquier avance debe contemplar la protección de sus intereses nacionales, prestando especial atención al ámbito de la energía. Dimitriev remarcó que, para Rusia, el restablecimiento de la relación comercial implica necesariamente abordar la cuestión de las sanciones, aspecto señalado en anteriores declaraciones del diplomático.

Por su parte, los informes de medios rusos subrayan que la reactivación del diálogo económico responde a una estrategia impulsada al más alto nivel político en Moscú. La participación de Dimitriev en calidad de asesor presidencial sería parte de los equipos de trabajo creados para encontrar fórmulas que permitan renovar la colaboración entre ambos países, en un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y las tensiones geopolíticas.

El desarrollo de proyectos específicos para revitalizar las relaciones económicas bilaterales no ha sido detallado públicamente. El mutuo acuerdo de ambas delegaciones para mantener el contacto abre la puerta a futuras rondas de negociaciones, mientras que los informes de la agencia TASS y otras fuentes destacan tanto los desafíos existentes como la voluntad expresada por las partes para buscar entendimientos. Según lo publicado, el avance hacia un posible acuerdo dependerá de la evolución de las conversaciones y de la disposición a flexibilizar las posiciones sobre energía y sanciones.

El contexto de la guerra en Irán y sus repercusiones en el sector energético proporcionan un trasfondo clave para comprender la urgencia con la que Estados Unidos y Rusia retoman el diálogo, en opinión de los medios rusos citados por TASS. Las fluctuaciones en el precio del petróleo y la necesidad de asegurar una estabilidad en los flujos de energía a nivel global han creado condiciones para que ambos países pongan sobre la mesa sus respectivas preocupaciones y objetivos.

La presencia de Jared Kushner y Steve Witkoff en representación de Estados Unidos señala el interés de Washington en explorar posibilidades de entendimiento a pesar de las diferencias mantenidas en los últimos años. Conforme a los reportes de medios rusos y estadounidenses, el resultado inmediato de la reunión ha sido el establecimiento de un canal de comunicación regular, con compromisos de diálogo permanente para evaluar alternativas y propuestas que reimpulsen los lazos económicos.

El alcance exacto de los proyectos debatidos en Florida no ha trascendido en los comunicados oficiales ni en las filtraciones recogidas por la agencia TASS. Lo que sí ha quedado claro a través de las declaraciones de Dimitriev es que Moscú coloca el fin de las sanciones como condición prioritaria para que la cooperación avance, insistiendo en que el intercambio comercial no podrá desarrollarse en plenitud mientras persistan las actuales restricciones sobre su sector energético. De acuerdo con TASS, esta postura se ha repetido en anteriores encuentros y seguirá presente en las próximas etapas de la negociación.

Esmail Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, señaló que la Unión Europea, al aprobar sanciones contra funcionarios y entidades iraníes, está participando en lo que describió como una “complicidad activa” en violaciones al derecho internacional y crímenes graves. Según publicó Europa Press, Baqaei transmitió estos mensajes a través de sus redes sociales, subrayando la postura de Teherán ante las medidas adoptadas por el bloque europeo en respuesta a la situación interna y exterior de Irán. En ese contexto, la principal noticia es el rechazo explícito de Irán frente a las nuevas sanciones europeas, calificándolas de “ilegales” e “inmorales”, en medio de una creciente tensión diplomática con Bruselas, Washington y Tel Aviv.

De acuerdo con la información de Europa Press, las autoridades iraníes afirmaron que la decisión de los veintisiete miembros de la Unión Europea tiene como objetivo castigar la “defensa legítima” de Irán frente al ataque militar que, según su versión, lanzaron Estados Unidos e Israel contra el país. Baqaei argumentó que esta postura europea pretende sancionar a su país por ejercer el derecho inherente a la defensa propia, amparado por el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.

El portavoz iraní reiteró que Irán resiste ante lo que describió como “la agresión brutal e ilegal” de Estados Unidos y el “régimen israelí”, y criticó de forma directa a la Unión Europea acusándola de suministrar armas, apoyo y respaldo a las personas y gobiernos responsables de las acciones recientes contra su país. Según relató el medio Europa Press, Baqaei sostuvo que Bruselas habilita a quienes calificó como “agresores genocidas”.

En la jornada de este miércoles, representantes de los estados miembros de la Unión Europea se reunieron a nivel de embajadores y cerraron un acuerdo para aplicar nuevas sanciones dirigidas contra 19 personas y entidades vinculadas con el régimen iraní. Europa Press detalló que estas sanciones se fundamentan en la implicación de estos responsables en lo que la UE considera “graves violaciones” de Derechos Humanos en Irán. De este modo, el bloque europeo buscó enviar un mensaje claro a Teherán: el futuro de la nación, según el mensaje político de la UE, no puede erigirse sobre la base de la represión.

Fuentes diplomáticas citadas por Europa Press indicaron que la decisión de la UE se inscribe en la estrategia del bloque de presionar a Irán en temas relacionados tanto con la situación de los derechos humanos como con su comportamiento en el escenario internacional, especialmente tras los acontecimientos recientes que involucraron acciones militares y tensiones en la región.

El comunicado y las declaraciones de Baqaei llegan en un ambiente marcado por enfrentamientos dialécticos y medidas punitivas que involucran no solo a Irán, sino también a actores internacionales como Estados Unidos e Israel. Según publicó Europa Press, Teherán acusa a la Unión Europea de protagonizar una política de doble rasero, ya que a su juicio el bloque apoya a quienes considera responsables de agresiones y crímenes atroces, mientras sanciona a su país por responder militarmente.

El gobierno iraní sostiene que las acciones europeas se suman a una tendencia creciente de sanciones internacionales que, en su opinión, buscan debilitar la soberanía y la capacidad de defensa nacional de Irán. Como parte de su reacción, las autoridades persas afirman que continuarán defendiendo aquello que consideran su legítimo derecho, amparándose en sus obligaciones y prerrogativas dentro del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas.

Por su parte, la Unión Europea ha insistido en que las sanciones obedecen a la preocupación por las condiciones de los derechos humanos y responden a los informes reiterados de represión interna en Irán. Según consignó Europa Press, el bloque ha endurecido en los últimos años sus acciones frente a Teherán, dentro de una pauta diplomática de presión orientada tanto a cuestiones internas iraníes como al papel de la república islámica en la región.

Las decisiones tomadas este miércoles, que afectan a individuos y organizaciones asociadas al gobierno de Irán, amplían la lista de personas restringidas por la Unión Europea en virtud de su régimen de sanciones. Estas medidas incluyen la congelación de activos y prohibiciones de viaje dentro del territorio europeo, según especificó Europa Press.

El cruce de declaraciones y acciones ocurre tras una serie de recientes ataques regionales en los que Irán y sus adversarios han intercambiado acusaciones y denuncias sobre la autoría y las consecuencias de dichos acontecimientos. En ese contexto, la política de sanciones de la UE representa tanto un reproche contra el gobierno de Teherán como un intento de influir en las dinámicas políticas y de seguridad de Oriente Medio, tal como describió Europa Press en su cobertura.

A través de sus portavoces, la diplomacia iraní ha ratificado que responderá políticamente a las medidas de Bruselas, al tiempo que insiste en la ilegitimidad de las sanciones desde la perspectiva del derecho internacional. Para el gobierno de Teherán, el respaldo europeo a Estados Unidos e Israel constituye una afrenta directa a sus intereses nacionales y una amenaza a la estabilidad regional, postura reflejada en las declaraciones publicadas por Europa Press.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, afirmó que el bloque comunitario “seguirá protegiendo sus intereses” y mantendrá la exigencia de responsabilidades a quienes estén detrás de la represión en Irán, al tratarse de una cuestión que apunta al futuro del país. Según declaró Kallas, estas nuevas medidas buscan dejar claro al Gobierno iraní que la evolución del país no podrá basarse en “la represión”. Esta comunicación, difundida a través de sus redes sociales, introdujo el anuncio de la adopción de nuevas sanciones contra funcionarios y entidades asociadas al régimen iraní.

De acuerdo con la información publicada por medios europeos, los veintisiete Estados miembro de la Unión Europea validaron este miércoles una nueva tanda de sanciones destinada a diecinueve responsables y organizaciones vinculadas al gobierno iraní. Tal como reportó la UE y reiteró el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Anouar el Anouni, estas nuevas restricciones constituyen una respuesta directa a las “graves violaciones” de Derechos Humanos cometidas en territorio iraní. Las decisiones se tomaron durante una reunión a nivel de embajadores de los Estados miembro en Bruselas, y están dirigidas, de forma concreta, contra actores identificados como responsables de la represión interna en la República Islámica.

Estas nuevas sanciones forman parte del Régimen Global de Sanciones en materia de Derechos Humanos del bloque comunitario, lo que conlleva varias consecuencias para las personas y entidades incluidas en la lista. El medio consignó que las medidas aprobadas contemplan la prohibición de entrada a territorio comunitario para los sancionados, la congelación de activos y un embargo sobre los bienes tanto para individuos como para instituciones. Además, se prohíbe que ciudadanos o empresas comunitarias pongan fondos o recursos económicos a disposición de las personas o entidades sujetas a estas restricciones.

El portavoz de Exteriores del bloque, Anouar el Anouni, durante una rueda de prensa en Bruselas, evitó proporcionar detalles sobre la identidad concreta de los funcionarios o instituciones afectados por las nuevas sanciones. Respondió a las consultas periodísticas destacando la necesidad de tomar medidas que persigan a quienes desempeñan un rol en la represión estatal dentro del territorio iraní. Según explicó, “esto envía una señal a Teherán de que el futuro de Irán no puede construirse sobre la represión y sobre las acciones que hemos visto por parte del régimen”, en declaraciones recogidas por la UE.

Las restricciones no se aplicarán de forma inmediata, ya que el procedimiento aún debe completar varias fases. Según detalló el medio, la confirmación definitiva deberá producirse a nivel de ministros en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), programado para el 16 de marzo en Bruselas. Las sanciones entrarán en vigor una vez que sean formalmente aprobadas en esa instancia y publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), paso requerido para su aplicación efectiva en el territorio comunitario.

Fuentes europeas explicaron que la inclusión en el Régimen Global de Sanciones supone un mecanismo legal a través del cual el bloque presiona a gobiernos y actores señalados en relación con violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales. Según las declaraciones recogidas, la intención de estas medidas es ejercer un efecto disuasorio en las autoridades de Teherán y a la vez marcar el límite internacional ante comportamientos que vulneran los derechos de la población iraní.

Tal como subrayó la jefa de la diplomacia europea, la Unión Europea mantiene el compromiso de apoyar los derechos humanos y de exigir responsabilidades por los abusos ya documentados por organismos internacionales y por la propia comunidad europea. Estas iniciativas cuentan con el respaldo de la mayoría de los gobiernos nacionales de la UE, que han considerado insuficientes las explicaciones iraníes frente a las denuncias crecientes sobre represión y violaciones a los derechos de colectivos y ciudadanos.

La nueva serie de sanciones se suma a precedentes acciones restrictivas adoptadas por la UE contra responsables y organismos del gobierno iraní, en el marco de una política orientada a establecer líneas claras de actuación frente a situaciones de represión interna. De acuerdo con fuentes consultadas por el medio europeo, el proceso de revisión y actualización de la lista de sanciones seguirá considerándose en el desarrollo de los próximos meses, atendiendo a la evolución de los hechos en Irán y a la recepción de informes por parte de organismos de derechos humanos y del cuerpo diplomático comunitario.