Marco Rubio advirtió que Cuba no tendrá “válvula de escape” a la presión de Washington y que el régimen de Miguel Díaz-Canel no podrá ganar tiempo esperando el fin de la administración Trump, pues ya no cuenta con patrocinadores externos ni con la indiferencia histórica de Estados Unidos. El secretario de Estado realizó estas declaraciones a Axios en el marco de un análisis publicado este viernes.

“Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape. Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos”, afirmó Rubio al medio especializado. Sus palabras apuntan directamente a las 176 reformas económicas que el régimen cubano aprobó en junio para descentralizar su economía, entre ellas medidas orientadas a incentivar el sector privado.

Rubio subrayó que Cuba atraviesa una situación sin precedentes: “Por primera vez en su historia, Cuba carece de dos elementos en los que siempre se había apoyado: un patrocinador externo y la falta de atención de Estados Unidos”. El quiebre se precipitó en enero pasado, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, estrecho aliado de La Habana.

Tras esa detención, la administración Trump impuso un bloqueo de crudo a la isla. Esta semana, Cuba sufrió dos apagones masivos en menos de 24 horas, que se suman a la escasez de agua, el alza de precios en productos básicos y la falta de servicios vitales, agudizando el descontento popular hacia Díaz-Canel.

“Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, precisó Rubio, descartando que un eventual cambio de ciclo político en Washington pueda aliviar la presión sobre La Habana. El secretario de Estado, de ascendencia cubana, anticipó que al término de la administración en 2029, Cuba estará “como mínimo, en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente”.

La víspera de estas declaraciones, Rubio anunció nuevas sanciones contra entidades y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas cubanas. Medidas anteriores ya habían alcanzado al propio Díaz-Canel, al conglomerado empresarial militar Gaesa y a inversores extranjeros en sectores como la minería y el turismo.

En paralelo, la administración Trump mantiene un canal de diálogo con representantes de La Habana, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exdictador Raúl Castro. Rubio calificó la paciencia y la perseverancia como conceptos “perdidos” en la política exterior y la geopolítica estadounidenses, que su gestión busca recuperar.

El colapso del sector turístico ilustra con cifras el alcance de la crisis. Cuba recibió 387.591 turistas internacionales en la primera mitad de 2026, un 60,7 % menos que en el mismo período del año anterior, según datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Solo en junio llegaron 28.100 visitantes.

Canadá fue el principal mercado emisor con 126.937 visitantes entre enero y junio, seguido por Estados Unidos con 31.001 y Rusia con 21.235, con descensos interanuales del 70,3 %, el 53,8 % y el 66,8 %, respectivamente. México, Argentina y China también registraron caídas superiores al 30 %. Las visitas de la comunidad cubana en el exterior cayeron un 38,2 % hasta las 74.068 personas en el primer semestre del año.

El país había cerrado 2025 con poco más de 1,8 millones de visitantes extranjeros, frente a un objetivo gubernamental de 2,6 millones, y las cifras actuales contrastan con los registros del período de deshielo diplomático: en 2018 llegaron 4,6 millones de turistas y en 2019, 4,2 millones, impulsados por la eliminación de restricciones de viaje impuestas por Washington.

El régimen cubano reconoció en julio que las presiones de Washington provocaron la salida de siete hoteleras internacionales que gestionaban el 46 % de las habitaciones del país, más de 80.000 según datos oficiales. Entre las cadenas que abandonaron la isla figuran las españolas Meliá, Iberostar y Barceló, la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipiélago International y la turca ATG.

Como respuesta, el Ejecutivo de La Habana incluyó en su paquete de reformas de junio varias medidas para reactivar el turismo: nuevas modalidades de negocio para el sector privado que abarcan la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles y el transporte de viajeros. También habilitó al sector privado para operar como agentes turísticos y guías, y prevé aplicar una tasa del 1 % a estos negocios para financiar la promoción del sector.

El turismo cubano registró en el primer semestre de 2026 su peor desempeño en décadas: apenas 387.591 visitantes internacionales, un descenso del 60,7% frente al mismo período del año anterior, según datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). El mes de junio cerró con solo 28.100 llegadas, una cifra que refleja el colapso casi total de un sector que alguna vez fue pilar de la economía de la isla.

Cuba recibió en la primera mitad de 2026 menos de 388.000 turistas internacionales, un 60,7% menos que en igual período de 2025. La caída combina el efecto acumulado de la pandemia de covid-19, el bloqueo de crudo impuesto por Washington tras la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro en enero, y la paralización de vuelos por falta de combustible, que juntos demolieron la infraestructura de recepción turística de la isla.

El mercado canadiense, históricamente el más importante para Cuba, aportó entre enero y junio 126.937 visitantes, lo que supone un descenso interanual del 70,3%. Le siguió Estados Unidos, con 31.001 turistas —una reducción del 53,8%—, y Rusia, con apenas 21.235, un 66,8% menos que en el mismo lapso de 2025. México, Argentina y China también registraron contracciones superiores al 30%.

Las visitas de la comunidad cubana en el exterior, uno de los segmentos de mayor peso en el sector, cayeron un 38,2% hasta las 74.068 personas en los primeros seis meses del año, según la ONEI. La caída acumulada sitúa a Cuba muy por debajo de los registros de años recientes: el país recibió en 2025 poco más de 1,8 millones de visitantes, frente al objetivo gubernamental de 2,6 millones, mientras que en 2024 la cifra alcanzó los 2,2 millones y en 2023, los 2,4 millones.

El contraste con los años del “deshielo” diplomático resulta marcado: en 2018 llegaron 4,6 millones de turistas y en 2019, 4,2 millones, impulsados por la eliminación de restricciones de viaje desde Washington. El régimen cubano reconoció en julio que siete cadenas hoteleras internacionales abandonaron el país como consecuencia de las sanciones secundarias aplicadas por Washington, y que esas empresas gestionaban el 46% del total de habitaciones del país —más de 80.000, según datos oficiales—, entre ellas las españolas Meliá, Iberostar y Barceló, la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipiélago International y la turca ATG.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que Cuba pueda encontrar una salida a la presión de Washington y advirtió que el cerco no cederá durante el tiempo que resta del segundo mandato de Donald Trump. “Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape. Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos”, afirmó Rubio a Axios en referencia a las reformas económicas anunciadas por La Habana.

El funcionario señaló que Cuba enfrenta por primera vez en su historia una doble ausencia: la de un patrocinador externo y la de la indiferencia estadounidense. “Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, afirmó, en alusión al tiempo que resta a la Administración Trump. La captura de Maduro en enero privó a la isla de su principal aliado y fuente de petróleo subsidiado, vacío que Trump aprovechó para imponer un bloqueo de crudo que esta semana derivó en dos apagones masivos en menos de 24 oras.

Esos cortes se suman a la escasez de agua, el encarecimiento de productos básicos y el deterioro de servicios vitales que alimentan el descontento hacia el régimen de Miguel Díaz-Canel. Rubio vaticinó que, al término del mandato de Trump en 2029, Cuba estará “como mínimo, en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente”.

La víspera de esas declaraciones, Rubio anunció nuevas sanciones contra entidades y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas cubanas, medida que se suma a acciones previas contra Díaz-Canel, el conglomerado empresarial militar Gaesa y los inversores extranjeros en sectores como la minería y el turismo. Al mismo tiempo, la Administración Trump mantiene un canal de diálogo con representantes de La Habana, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exdictador Raúl Castro.

Ante el colapso del sector turístico, el régimen cubano aprobó en junio —dentro de un paquete de 176 reformas económicas orientadas a descentralizar y liberalizar la economía— medidas para dinamizar el turismo: habilitación de nuevas modalidades de negocio privado, incluida la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles y el transporte de viajeros. El Ejecutivo también autorizará al sector privado a operar como agentes turísticos, guías y representantes comerciales, y prevé aplicar una tasa del 1% a estas actividades para financiar la promoción y sostenibilidad del sector.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves la designación de cinco entidades y ocho funcionarios cubanos vinculados a la importación de armamento y a la cooperación militar del régimen de La Habana con Rusia y China, en una nueva ronda de sanciones bajo el Decreto Ejecutivo (E.O.) 14404 firmado por el presidente Donald Trump el 1 de mayo pasado.

Las medidas apuntan a empresas estatales, conglomerados militares y altos mandos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba, con el objetivo de cortar los canales de abastecimiento de equipamiento bélico proveniente de Moscú y Pekín. Desde la firma del decreto, Washington ha designado a más de 55 entidades e individuos bajo esa autoridad.

Entre las entidades sancionadas figura la Empresa Cubana Importadora y Exportadora de Productos Técnicos (TECNOIMPORT), subsidiaria del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) —el conglomerado militar que controla la mayor parte de la economía cubana, sancionado en mayo—, que opera en la importación de equipamiento técnico, incluido material militar de origen chino y ruso.

También fue designada la Unión de Industria Militar (UIM), holding castrense responsable de la producción y reparación de armamento para las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y que mantiene vínculos activos con empresas de defensa rusas para la modernización de sistemas de armas.

La lista de entidades incluye además a la Sociedad Mercantil DUNA S.A., involucrada en la importación de equipamiento militar desde China y Rusia; la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin (EMI YURI GAGARIN), dedicada al mantenimiento de aeronaves militares de origen ruso; y la Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados S.A. (TECNOTEX), otra subsidiaria de GAESA que, según el comunicado del Departamento de Estado, “ha estado involucrada en esfuerzos para renovar la flota de helicópteros de origen ruso de Cuba y ha tenido cooperación previa con la República Popular Democrática de Corea”.

Entre los ocho individuos designados se encuentran el ministro del MINFAR, Álvaro Victoriano López Miera, y el jefe del Estado Mayor de las FAR, Roberto Legra Sotolongo, ambos previamente sancionados por el Departamento del Tesoro en 2021 bajo la Ley de Responsabilidad de Derechos Humanos Global Magnitsky.

También fueron incluidos José Antonio Remón Rodríguez, jefe de la Dirección de Relaciones Exteriores del MINFAR y responsable de la cooperación militar foránea; Óscar Enrique Biosca Gallego, jefe de la Dirección Económica del MINFAR; Mónica Milián Gómez, agregada militar cubana en Rusia; y Waldo Pérez Cortés, agregado militar cubano en China, señalado por su participación en la adquisición de equipamiento bélico chino para La Habana.

Las designaciones se producen dos semanas después de la publicación, el 20 de julio, del informe “Cuba: la Capital del Comunismo del Siglo XXI”, elaborado por el propio Departamento de Estado. El documento describe las alianzas del régimen cubano con Rusia y China, que han provisto a la isla de hardware militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades de seguridad, y señala que Cuba se ha convertido en una plataforma de operaciones para adversarios de Estados Unidos en el hemisferio.

Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses de propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos norteamericanos quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Las transacciones de personas o entidades estadounidenses con los designados están prohibidas salvo autorización expresa de OFAC.

El Departamento de Estado advirtió que las personas o entidades extranjeras que realicen transacciones con los sancionados, o que operen en los sectores de energía, defensa, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, quedan expuestas a ser ellas mismas objeto de nuevas sanciones.

Las instituciones financieras no estadounidenses también fueron alertadas sobre los riesgos de operar con cualquier parte bloqueada bajo esta autoridad.

En Ciudad Sandino, las autoridades municipales dieron a conocer la imposición de multas de hasta 1,500 córdobas a los propietarios de animales que dejen excrementos en la vía pública sin recogerlos, una medida que busca frenar una práctica común en este municipio de Nicaragua. Según reportó Despacho 505, la Alcaldía de Ciudad Sandino notificó a los dueños de carretas tiradas por caballos sobre la obligatoriedad de portar una pañalera o recolector de desechos, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal 046/06.

La disposición, difundida por las redes sociales de la municipalidad, advierte que quienes no cumplan con la norma enfrentarán una multa inicial de 500 córdobas (USD 13.61). Si reinciden, la sanción se elevará al triple, alcanzando los 1,500 córdobas (USD 40.82), según lo estipulado en la ordenanza. Según Despacho 505, este anuncio convierte a Ciudad Sandino en la segunda localidad del país que adopta sanciones explícitas contra los dueños de animales que ensucien el espacio público con excrementos.

La Alcaldía justificó la medida como parte de una política dirigida a mejorar la limpieza urbana y reducir la contaminación ambiental. El uso obligatorio de la llamada “pañalera ecológica” pretende no solo minimizar los malos olores en las calles, sino también proteger la salud de los habitantes y promover un entorno más ordenado y sostenible. De acuerdo con lo comunicado por la administración local y recogido por el mismo medio, los desechos recolectados deberán ser entregados en el Vivero Municipal Kamilo Lara, donde se utilizarán para la elaboración de abono orgánico.

Las carretas de tracción animal siguen siendo habituales en Ciudad Sandino, utilizadas para transportar materiales de construcción, leña, chatarra y otros bienes. Por esto, la acumulación de excrementos equinos en calles y carreteras ha generado constantes quejas entre los habitantes. Despacho 505 destaca que, pese a la existencia de normas previas sobre salubridad y espacio público, hasta ahora no se había implementado un régimen de sanciones efectivo para quienes incumplen estas disposiciones.

En el aviso oficial, la municipalidad remarcó la obligación de los propietarios de carretas de instalar sistemas recolectores de desechos en los caballos que circulen por la vía pública. La alcaldía no precisó la fecha exacta en que comenzarán los operativos de control, aunque advirtió que las multas serán aplicadas tan pronto se detecten infracciones. Quienes incumplan esta disposición serán sancionados con una multa de 500 córdobas. En caso de reincidencia, la sanción ascenderá al triple del monto inicial.

Esta acción en Ciudad Sandino ocurre pocos días después de que la Alcaldía de El Castillo, en el departamento de Río San Juan, anunciara una normativa similar. En esa localidad la ordenanza municipal extiende la obligación de recoger los desechos a los dueños de perros y otras mascotas, bajo el argumento de reforzar las normas de convivencia ciudadana y preservar la limpieza de calles, aceras y áreas verdes. El régimen de sanciones en El Castillo contempla multas escalonadas: 500 córdobas por la primera infracción, 1,000 córdobas (USD 27.22) por la segunda y 1,500 córdobas en caso de reincidencia.

La nueva normativa, firmada por el alcalde Iván José Duarte Miranda, exige a los dueños de mascotas evitar que sus animales causen molestias a terceros, daños a bienes públicos o privados, o generen riesgos para la salud pública. Ambas reglamentaciones municipales reflejan una tendencia emergente en Nicaragua hacia una mayor regulación del uso del espacio público y el fortalecimiento de las políticas ambientales urbanas.

El programa en Ciudad Sandino incorpora el aprovechamiento de los excrementos recolectados, que serán procesados en el vivero municipal para la producción de sustratos orgánicos. De esta manera, la gestión de los residuos animales se integra a los esfuerzos de sostenibilidad y reutilización en la ciudad.

La puesta en marcha de estas sanciones responde al aumento de denuncias ciudadanas sobre la falta de limpieza y el impacto de los desechos animales en la vida diaria. Con la entrada en vigor de la ordenanza y la aplicación de multas, la administración local espera modificar los hábitos de los propietarios y mejorar la convivencia en los espacios urbanos.

Estados Unidos comenzó una ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la emisión de sanciones financieras y el reciente aumento de las recompensas que ofrece por ocho de sus líderes criminales. Esta acción comenzó luego de que mantuvo en el foco al Cártel de Sinaloa, y en especifico, de la facción de Los Chapitos.

Ante las acciones encabezadas por el gobierno de Donald Trump y de las declaraciones de funcionarios federales como Terry Cole, director de la DEA, de que la ofensiva no se detendrá y también contempla a políticos ligados al cártel, Mike Vigil, exagente de la DEA, aseguró en entrevista con Infobae México que estas medidas no serán suficientes.

De acuerdo con Vigil, el aumento de 102 millones de dólares en recompensas y sanciones del Departamento del Tesoro contra más de 50 de sus miembros son “puro teatro político” sin ningún impacto real sobre el cártel.

Además, apuntó que esta ofensiva podría deberse a la presión que provocó el anuncio del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) al atribuirse el operativo donde fue detenido Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

¿Por qué las recompensas “no sirven”?

Para el exagente, el mecanismo tiene dos fallas estructurales que lo condenan al fracaso, como lo es que ninguna persona se atrevería a entregar a los líderes criminales.

“Individuos, hablo de ciudadanos o de miembros del cártel, no van a denunciar a estos líderes aunque sea por millones de dólares, porque ellos saben que los van a matar o que van a matar a sus familias”, explicó.

La segunda razón es que las organizaciones criminales mantienen un bajo perfil respecto a la información que comparten dentro de la estructura, lo que imposibilita que todos conozcan sus ubicaciones.

“Estos líderes no le dicen a todo el cártel en dónde andan. Son muy poquitas personas que saben que están en cierto lugar, se van moviendo con un escolta que es escogido por ellos mismos, una escolta que nunca los va a traicionar”, señaló Vigil.

Este miércoles, el Departamento de Estado de EEUU anunció recompensas por ocho integrantes del CJNG para quien brinde información que permita su captura, entre los que se encuentran:

• Juan Carlos Valencia Gonzáles, alias “El 03″ o “El Pelón”, líder del cártel: 25 mdd
• Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, actualmente detenido en México y gestionando amparos para evitar su extradición a EEUU: 15 mdd
• Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes: 15 mdd
• Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”: 15 mdd
• Ricardo Ruiz Velasco, “La Tripa”: 10 mdd
• Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”: 10 mdd
• Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”: 10 mdd
• Griselda Margarita Arredondo Pinzón, hermanastra de “El Tarjetas”: 2 mdd

La captura de “El Mayo” que habría detonado la ofensiva contra el CJNG

Para Vigil, el cambio de objetivo de la administración Trump —antes concentrada en el Cártel de Sinaloa, ahora en el CJNG— responde directamente al escándalo generado por el operativo que llevó a Mayo Zambada ante la justicia estadounidense, ya que el líder criminal denunció que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y trasladado a EEUU.

“Yo creo que el FBI y Seguridad Nacional estuvieron al tanto del secuestro, y ese avión que se usó le pertenecía al FBI —sostuvo—. Pusieron el avión en un museo ahí en Santa Teresa, en el aeropuerto, y así se enteró todo el mundo que era el avión de ellos. Eso era una violación de la Constitución, de la soberanía, de la Seguridad Nacional de México”, afirmó.

Ante ese antecedente, el exfuncionario interpretó el giro estratégico de Washington como un intento de desviar la atención. “Eso ahora yo creo que lo quieren tapar un poco, y ahora se quieren enfocar en Jalisco, porque ahora tienen un líder que no solo es mexicano, sino que también es ciudadano americano”.

Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “El 03″, fue identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG, además de anunciar que contaba con ciudadanía americana.

“Es una vergüenza que ahora un americano está encargado de uno de los más poderosos cárteles del mundo”, dijo. Y añadió que el CJNG estaría aprovechando la guerra interna del Cártel de Sinaloa para incrementar sus envíos de droga a territorio estadounidense.

El exjefe de la DEA señaló además que en el propio anuncio de sanciones de la OFAC, el nombre del nuevo líder apareció mal escrito. “Lo ponen con Juan Carlos González. Es Juan Carlos Valencia González. Ni sabían cuál era el nombre correcto. Eso te dice mucho”.

Por qué el OFAC tampoco funciona

Semanas antes, el secretario del Tesoro, Scott Bessentm anunció sanciones contra más de 50 miembros del CJNG, las cuales Vigil descartó como efectivas.

“El OFAC no es eficaz, porque el OFAC pone sanciones, pero una cosa es poner una sanción y otra cosa es identificar las cuentas bancarias o el dinero de los cárteles —explicó—. El OFAC nada más puede congelar, no puede incautar”.

La razón de fondo, detalló, es que los cárteles operan fuera del sistema bancario. “Los cárteles, incluyendo Jalisco Nueva Generación, sobreviven gracias al efectivo en grandes cantidades y la logística clandestina. Ellos manejan el efectivo. Se trata de toneladas y así evitan los sistemas bancarios”.

Vigil ilustró el mecanismo con una operación que dirigió como encargado de la división de la DEA en San Diego. “Conseguimos información de un informante de que venía un vehículo que cargaba como diez autos al mismo tiempo, y lo paramos. Eran vehículos viejos, usados, que no servían para nada, pero tenían compartimentos falsos cerca de la cajuela. Los que tenían dinero les pusieron una X en la ventana. Los interceptamos antes de que cruzara a Tijuana y decomisamos más de 4 millones de dólares”.

El lavado comercial y las casas de cambio

Además del transporte de efectivo en bulto, Vigil describió el mecanismo de blanqueo mediante el comercio de mercancías. “Lo que hacen con el dinero de las ventas de drogas aquí, en vez de cruzarlo muchas veces, van y compran electrónicos, textiles, ropa, por ejemplo en Los Ángeles, y transportan esa mercancía a México, donde la venden y hasta ganan más dinero. Y entonces la blanquean”.

Mencionó también el uso de casas de cambio en la frontera y las redes de origen chino en Estados Unidos que el Cártel de Sinaloa ha utilizado para lavar capitales. Cuando se sanciona una empresa del cártel, apuntó, la respuesta es inmediata: “Exactamente la reemplazan por otras. Y nunca les van a poner en sus nombres. Ellos van a utilizar testaferros, y eso va a ser muy difícil de comprobar”.

Ante ese panorama, calificó el conjunto de medidas como ineficientes y señaló que no detendrán las actividades delictivas del CJNG si no contemplan la magnitud del entramado criminal.

Las autoridades de Ucrania sancionaron a más de 40 entidades y personas por su participación en la fabricación y suministro de equipo militar y tecnológico para la industria de defensa rusa, en el contexto de la invasión iniciada por Moscú febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, firmó un decreto para aplicar la medida recomendada por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, que afecta a 23 empresas y 20 personas acusadas de “fabricar y suministrar equipos y componentes para la industria de defensa y los organismos de seguridad rusos”.

Según comunicó la Presidencia, entre las sancionadas figuran la armamentística Kidma Tech —dedicada a la fabricación y reparación de misiles— y la planta Morozoc, que produce explosivos y combustible para proyectiles, incluidas cargas para motores de misiles balísticos Iskander-M. También fueron incluidas las empresas Spetselektronkomplekt, especializada en producción de misiles; Aurum, que suministra sistemas de guerra electrónica y drones a las fuerzas de ocupación rusas; así como otras tecnológicas rusas.

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos incorporó a varias personas y entidades militares rusas a su régimen de sanciones por violar la ley destinada a evitar la proliferación de armas de destrucción en Irán, Siria y Corea del Norte, conocida como INKSNA. En la denominada “lista negra” de Washington figuran cinco ciudadanos rusos y entidades de las Fuerzas Terrestres de Rusia, así como agencias dependientes del Ministerio de Defensa, entre ellas la Dirección Principal de Misiles y Artillería.

También fueron sancionadas las empresas rusas Gedion Alpha Company e International Invest Company, acusadas de facilitar la transferencia de equipos, tecnología, suministros y componentes de armamento sensible a los países señalados por la ley.

Estas sanciones, alcanzan además a entidades y personas de China, Irán, Malasia, Siria, Corea del Norte y Taiwán. La ley INKSNA no solo contempla a los países señalados, sino también a terceros que transfieran o comercien con ellos bienes, servicios o tecnología sujetos a acuerdos multilaterales sobre no proliferación de armas.

Por su parte, Putin introdujo modificaciones en el acuerdo de cooperación técnico-militar con Bielorrusia firmado en 2009, con el objetivo de adaptarlo a la alianza estratégica consolidada entre ambos países desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. El documento, publicado por el portal de información legal ruso, busca simplificar el procedimiento conjunto para el suministro de armamento.

El Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar informó recientemente a la Duma que la cooperación se ha acelerado tanto en contenido como en volumen, lo que motivó la actualización del acuerdo. Las enmiendas aprobadas por Putin reducirán los plazos de entrega de componentes, piezas de repuesto y armamento de nueva generación.

En mayo pasado, Rusia y Bielorrusia realizaron sus primeras maniobras nucleares conjuntas con armamento táctico-estratégico en territorio bielorruso, que limita con miembros de la OTAN como Polonia, Letonia y Lituania. El jefe de Estado ruso autorizó el despliegue en el país vecino de armamento nuclear táctico y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik como medida de disuasión ante la amenaza que representa la Alianza Atlántica.

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, a quien el mandatario ucraniano Zelensky acusa de complicidad en la operación militar rusa, negó que Minsk tenga intención de entrar en guerra con Ucrania.

En el plano de las conversaciones para un acuerdo que ponga fin a la invasión, el Ministerio de Exteriores de Rusia instó a los socios de Ucrania a adoptar una postura “madura” para facilitar negociaciones que permitan detener la guerra que ya lleva más de cuatro años. Según la Cancillería rusa, la campaña militar “continuará” si Moscú no percibe voluntad para garantizar que Kiev cumpla los compromisos acordados con sus aliados occidentales, en referencia a propuestas de Estados Unidos durante la cumbre de agosto de 2025 en Alaska.

“Siempre estamos dispuestos a negociar, estamos abiertos a una solución negociada, y lo hemos demostrado en más de una ocasión: la otra parte, la ucraniana, se ha retirado de las negociaciones; se ha retirado de ellas y luego se ha autoexcluido, comportándose, por decirlo suavemente, de forma incoherente”, declaró el viceministro de Exteriores, Mijail Galuzin, a la agencia rusa TASS.

(Con información de Europa Press y EFE)

A partir de 2027, la Unión Europea prohibirá por completo la importación de gas natural licuado (GNL) ruso, un mercado del que hoy depende en gran medida: los países del bloque compraron casi toda la producción de la planta siberiana de Yamal durante el primer semestre de este año. Ante esa fecha límite, Rusia viene ampliando de forma discreta su flota de buques gaseros para sostener sus exportaciones pese a las restricciones, según reveló el diario Financial Times.

Una flota que ya suma 25 buques

Según la firma de datos marítimos Windward, citada por el diario británico, al menos ocho tanqueros de GNL usados fueron vendidos y utilizados en los últimos seis meses para transportar cargamentos rusos, lo que eleva a 25 buques el tamaño de esta flota. Incluye dos naves nuevas construidas en el astillero ruso de Zvezdá: el Alekséi Kosygin, que transporta cargamentos del sancionado proyecto Ártico LNG 2 desde diciembre, y el Konstantín Posiet, bautizado este mes.

Cuatro de los buques recientemente adquiridos por Rusia transportaron volúmenes desde terminales que manejan GNL sujeto a sanciones occidentales, de acuerdo con datos de Kpler analizados por el Financial Times. Todos navegan hoy bajo bandera rusa, rebautizados con nombres como Kosmos, Orión, Merkuri y Luch.

El mismo manual que la flota petrolera

El esquema replica el que Rusia ya utiliza con su “flota oscura” de petroleros —que supera los 1.000 barcos— para eludir las sanciones occidentales sobre el crudo.

“La flota petrolera en la sombra tuvo precedentes en Irán y Venezuela. Pero ningún otro país había alcanzado ese nivel de avance tecnológico en producción de gas para el momento en que fue sancionado”, dijo al Financial Times Irina Mirónova, investigadora sénior del New Energy Advancement Hub, quien calificó el fenómeno de “único”.

Los tanqueros de esta flota gasera pertenecen mayormente a empresas fantasma radicadas en Dubái, Hong Kong y Singapur, y navegan bajo banderas de conveniencia, recurriendo a interferencia de señales y transferencias buque a buque para disimular el origen de la carga.

Por qué construir un buque gasero es más difícil

Sin embargo, replicar el modelo petrolero con gas es considerablemente más complejo, advirtió Septimus Knox, director de la firma de inteligencia S-RM, en declaraciones al Financial Times. “La ejecución es mucho más difícil por la naturaleza del transporte de GNL. Hay menos buques y se requiere infraestructura más específica y escasa”, explicó.

Los buques gaseros cuestan unos 300 millones de dólares y necesitan sistemas de contención complejos para mantener el gas líquido a -162°C. Como las principales plantas rusas están en el Ártico, además se requieren buques de clase hielo durante gran parte del año.

China es hoy el único comprador de la producción sancionada de Ártico LNG 2: once buques, con diez años de antigüedad promedio, transportan esos volúmenes hacia terminales flotantes desde donde se transfieren a tanqueros convencionales. Todos están bajo sanciones de Estados Unidos, y la empresa privada Novatek se convirtió en propietaria o fletadora de casi todos en los últimos dos años.

Novatek domina el sector: su planta de Yamal, junto con la sancionada Ártico LNG 2, produce más del 65% del total nacional, según el organismo estadístico ruso, mientras que el proyecto Sajalín-2, de la estatal Gazprom, aporta otro 30%. Buena parte de los volúmenes no sancionados todavía viaja en buques fletados a navieras internacionales, como la griega Dynagas o la japonesa Mitsui OSK, pero la ola de restricciones obligó a Moscú a diversificar.

Un cuello de botella tecnológico

El ritmo de expansión podría chocar pronto con una barrera técnica. Navin Kumar, de la consultora Drewry, dijo al Financial Times que Rusia podría tener dificultades para seguir construyendo sus propios buques, ya que la empresa francesa GTT mantiene un cuasi monopolio sobre los sistemas de contención especializados y suspendió sus contratos con Rusia en 2023 por las sanciones europeas. Aun si Moscú desarrollara tecnología propia, necesitaría aprobaciones de organismos internacionales, en un proceso que Kumar calificó de “largo y complejo”. Otros cuatro buques se construyen actualmente en Zvezdá, mientras seis embarcaciones de clase hielo permanecen bloqueadas para su entrega en el astillero surcoreano Hanwha.

Esa limitación empuja a Rusia hacia el mercado de segunda mano, donde ya compite con otros actores. “Hay muchos buques antiguos saliendo al mercado, y sí creo que una parte de ellos terminará en la flota rusa”, dijo al Financial Times Carl-Antoine Saverys, director ejecutivo de la naviera gasera Exmar, que reconvierte tanqueros usados en unidades de almacenamiento flotante.

La semana pasada, la Unión Europea dispuso que la venta de tanqueros de GNL a ciudadanos rusos deberá notificarse a Bruselas, aunque —tras presión de Grecia— evitó prohibir el transporte de gas ruso en buques comunitarios hacia terceros países.

Las recientes inspecciones de la Acodeco sobre los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras han suscitado inquietud entre pequeños comercios, pero la entidad aclaró que estos operativos no buscan sancionar a los minoristas cuando se detecta un faltante en el contenido.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia detalló que, al detectar un cilindro con menos gas del estipulado, el procedimiento consiste en retirar el tanque del punto de venta y abrir una investigación técnica.

Posteriormente, se notifica al distribuidor para que presente sus descargos y, si se comprueba una infracción, se aplican las sanciones previstas por la ley.

En Panamá propietarios de comercios dedicados a la venta al por menor evaluaban suspender la venta de los cilindros de gas licuado de 25 libras

El llamado “tanquecito de gas” es utilizado en más de 734 mil hogares y tiene un precio unitario de $4.37, gracias a un subsidio estatal que data de 1993, que anualmente representa una erogación estatal de al menos $90 millones.

La posibilidad de que comerciantes dedicados al comercio al por menor suspendieran la venta de cilindros de gas de 25 libras generó inquietud entre los consumidores.

Diversos propietarios de minisúper y abarroterías, especialmente dentro de la comunidad china, han manifestado en redes sociales que la falta de tiempo para revisar el contenido de los cilindros y el temor a conflictos por el peso declarado los ha llevado a considerar la suspensión temporal de este servicio.

Los comerciantes alegan que la tarea de verificar cada cilindro y enfrentar sanciones representa una carga adicional difícil de asumir.

El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, subrayó que el enfoque está en proteger a los consumidores y asegurar que cada familia reciba la cantidad de gas por la que paga.

“Es importante que los propietarios de minisúper, abarroterías y la ciudadanía tengan la tranquilidad de que la Acodeco no sanciona al comercio minorista cuando detecta un cilindro de 25 libras con menos contenido del debido”, afirmó, reforzando que solo se sanciona a quienes incumplen dentro de la cadena de suministro.

En la práctica, los funcionarios verifican el peso de los cilindros con equipos calibrados y, si encuentran un faltante, retiran el producto sin imponer multas al comercio donde se realizó la detección.

El objetivo central de estas inspecciones es garantizar la protección del consumidor y la transparencia en la distribución del GLP.

Las verificaciones del contenido neto de los cilindros continuarán en todo el país, como parte de las acciones permanentes de vigilancia del mercado que realiza la entidad.

Estas medidas buscan fortalecer la transparencia a lo largo de la cadena de distribución y proteger los recursos públicos destinados al subsidio del gas.

Las inspecciones sobre los cilindros de gas GLP de 25 libras no tienen como propósito sancionar a los comercios minoristas, sino identificar irregularidades en el contenido neto y garantizar que los consumidores reciban lo que realmente pagan.

Cuando se detecta un faltante, el cilindro es retirado para investigación y, en caso de comprobarse responsabilidad del distribuidor, se imponen las sanciones correspondientes.

El administrador general enfatizó que la entidad mantendrá estos operativos y llegará “hasta el fondo de cada investigación” para determinar en qué etapa de la cadena se produce cualquier pérdida de contenido. “Ese compromiso lo vamos a hacer cumplir”, aseguró.

También hizo un llamado a no dejarse llevar por informaciones incorrectas sobre estos operativos.

Insistió en que los comercios donde se hallan cilindros con faltante no son objeto de sanción automática, sino parte de un proceso de control que finaliza solo si se demuestra un incumplimiento normativo por parte de los responsables en la cadena de suministro.

Se reiteró que la vigilancia seguirá extendiéndose por todo el país para asegurar la transparencia en el mercado y salvaguardar los derechos económicos de los consumidores panameños.

Una de las mayores redes de apuestas ilegales del mundo envía millones de dólares en criptomonedas a través de una oficina en Dubái, como parte de una operación iraní de evasión de sanciones por valor de 4.000 millones de dólares.

La oficina, situada encima de un hotel económico en un barrio poco glamuroso, es la dirección registrada de Shelbit, una plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia dirigida por un iraní expatriado, según datos compartidos por dos empresas de investigación de criptomonedas y un analista independiente, y revisados ​​por Reuters.

Entre los principales clientes de Shelbit se encuentra una red de apuestas en persa con más de 2.000 sitios web, liderada por dos ostentosos influencers iraníes con conexiones gubernamentales de alto nivel: uno opera desde una lujosa villa en Madrid y el otro, hasta hace poco, desde un hotel de lujo en Hong Kong.

Los dos hombres y el iraní que dirige Shelbit fueron condenados como cómplices en un caso de apuestas ilegales en Irán en 2023.

El juego está prohibido en la República Islámica y se castiga con latigazos y prisión. Sin embargo, la red de apuestas identificada por Reuters tiene acceso al sistema de pagos en línea de Irán, que está bajo la estricta supervisión del banco central del país.

Shelbit es el centro de la operación iraní de transferencia de dinero, a través de la cual la red de apuestas, el banco central y otras entidades iraníes sancionadas tienen acceso a los mercados globales de criptomonedas.

Esta es, con diferencia, la mayor red de apuestas ilegales iraní jamás descubierta y una de las más grandes del mundo.

Los datos sobre los flujos de dinero de Shelbit, incluyendo un total de al menos 4.000 millones de dólares que la plataforma ha procesado desde mayo de 2024, fueron analizados por dos empresas de investigación de criptomonedas y por Rich Sanders, investigador independiente de blockchain especializado en Irán. Ambas empresas solicitaron el anonimato para hablar sobre los datos confidenciales, que fueron revisados ​​por Reuters. Decenas de millones de dólares en criptomonedas de la red de apuestas pueden rastrearse a través de los registros de blockchain hasta Shelbit.

Shelbit ha transferido cientos de millones de dólares a algunos de los actores más importantes del mundo de las criptomonedas, incluyendo Binance, la mayor plataforma de intercambio del mundo.

Shelbit también interactúa directamente con el banco central de Irán; con billeteras que el gobierno israelí ha vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica; y con Nobitex, una plataforma de intercambio iraní que el gobierno estadounidense sancionó a principios de este año tras una investigación de Reuters que reveló sus vínculos con el gobierno. Parte de las criptomonedas que han llegado a Shelbit provienen de lo que dos empresas de investigación de criptomonedas identifican como una operación iraní de minería de bitcoin, dedicada a la creación de nuevas monedas digitales.

“Es una operación de la Guardia Revolucionaria Islámica, y eso es más que evidente”, dijo Sanders sobre Shelbit.

El flujo de dinero hacia Shelbit continuó durante el período previo a la guerra con Estados Unidos e Israel en febrero. Las criptomonedas siguieron llegando incluso después de que la República Islámica bombardeara repetidamente los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo un ataque con dron que impactó a menos de un kilómetro de las oficinas de la plataforma de intercambio.

La revelación de la red de transferencia de dinero demuestra el ingenio que permite a Irán resistir años de severas sanciones comerciales y bancarias. La Guardia Revolucionaria ha desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento de la economía a flote durante su guerra intermitente con Estados Unidos e Israel, emergiendo más poderosa que nunca.

La investigación de Reuters también descubrió que, hace años, la Guardia Revolucionaria tomó el control de los sitios web de apuestas más grandes accesibles dentro de Irán y desde entonces los ha utilizado para transferir dinero al extranjero.

En lo que respecta a las apuestas, la Guardia Revolucionaria aprendió pronto la lección más lucrativa de la República Islámica: declarar algo ilegal y luego controlar tanto la prohibición como el mercado negro.

Miad Maleki, ex director adjunto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros

Reuters entrevistó a más de 30 personas para desmantelar la red de evasión de sanciones, entre ellas dos ex miembros de la Guardia Revolucionaria, un exfuncionario del gobierno, dos altos cargos iraníes con conocimiento del plan y personas con información directa sobre las investigaciones en curso del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre la operación. Se identificaron los sitios web de apuestas y se analizaron sus relaciones en colaboración con la empresa de ciberseguridad Infoblox.

“Esta es, con diferencia, la mayor red de juego ilegal iraní jamás descubierta y una de las más grandes del mundo”, afirmó John Wojcik, antiguo investigador de Infoblox que dedicó siete años a investigar el juego ilegal para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Actualmente, Wojcik es analista sénior en TRM Labs.

También es una de las mayores redes iraníes de evasión de sanciones descubiertas desde 2016, cuando Estados Unidos desmanteló una operación de intercambio de oro por petróleo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), valorada en unos 20.000 millones de dólares y con base en Turquía.

Reuters no pudo determinar si la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) tenía control directo sobre la red de apuestas y Shelbit, ni quién específicamente dentro del Estado iraní controlaba la operación de evasión de sanciones. Reuters tampoco pudo determinar el destino final de gran parte de las criptomonedas.

La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) está investigando el presunto papel de Shelbit en el blanqueo de dinero y la evasión de sanciones por parte de Irán, según una persona con conocimiento directo del caso. El fundador de la plataforma, Siavash Kayvanpour, y la red más amplia de iraníes involucrados en apuestas ilegales con criptomonedas también están siendo investigados por la agencia, añadió la misma fuente.

VARA confirmó que tanto ella como el Departamento de Economía y Turismo de Dubái habían tomado medidas coercitivas en 2025 contra Shelbit por operar sin licencia. El 24 de julio, poco después de que Reuters solicitara comentarios a la autoridad, VARA emitió un aviso indicando que Shelbit estaba infringiendo las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y le ordenó que cesara de inmediato todas las actividades de activos virtuales sin licencia.

“La exposición identificada por VARA va más allá de la protección del consumidor e incluye transacciones transfronterizas más graves con potencial para afectar la integridad del sistema financiero de los EAU”, según el aviso publicado en el sitio web de VARA.

Uno de los hombres que dirigía la operación de apuestas, Sasha Sobhani, es hijo de un exdiplomático y ministro iraní de alto rango, cuyo padre lo ha repudiado públicamente por lo que describió como un comportamiento contrario al islam.

Otro, Pooyan Mokhtari, es un influencer y cantante que se movía entre hoteles de lujo en Hong Kong tras ser expulsado a finales de abril de Dubái, donde fue arrestado y acusado por las autoridades de financiar organizaciones terroristas iraníes.

Ambos hacen alarde de su ostentoso estilo de vida en las redes sociales, publicando vídeos de coches deportivos de lujo, fiestas en yates y aviones privados.

Mokhtari negó las acusaciones en su contra en Dubái y afirmó no pertenecer a la Guardia Revolucionaria Islámica ni a ningún grupo militar iraní. No especificó si había hecho negocios con ellos.

«No formo parte de ellos, pero ojalá algún día pueda ser como ellos: no para atacar a nadie, sino para defender a la gente», declaró en una entrevista en Hong Kong. «Nunca he usado mi poder, mi dinero ni mi influencia en las redes sociales para molestar a nadie ni para perjudicar a la humanidad».

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos no respondió a las preguntas sobre el arresto, la liberación o el estatus migratorio de Mokhtari.

“Los Emiratos Árabes Unidos se adhieren a los más altos estándares internacionales, mantienen una estricta supervisión en todos los sectores y trabajan en estrecha colaboración con socios internacionales para interrumpir y disuadir todo tipo de flujos financieros ilícitos”, declaró el ministerio en un comunicado a Reuters.

A finales de junio, Mokhtari comunicó a sus seguidores en redes sociales que planeaba asistir al funeral del líder supremo asesinado en Irán a principios de julio. Durante varios días previos, Mokhtari publicó imágenes suyas con el pelo recién teñido de rubio, en el gimnasio, haciendo la maleta y comprando regalos.

“Es una sensación extraña. Voy a mi patria”, escribió el 4 de julio, junto a un emoji con los ojos llorosos.

Tanto él como Sobhani negaron que los sitios de apuestas que promocionan estuvieran conectados entre sí. Sin embargo, aunque muchos de los dominios “se registraron en momentos diferentes, con nombres distintos y marcas diferentes”, comparten software y otras características técnicas que los vinculan, según Infoblox.

Los dos hombres afirmaron desconocer cualquier implicación del Estado iraní en sus actividades, no conocer a Kayvanpour y no estar familiarizados con Shelbit.

«Niego categóricamente cualquier implicación en blanqueo de dinero, evasión de sanciones, financiación del terrorismo o transferencia de fondos en nombre del gobierno iraní, el Banco Central de Irán, la Guardia Revolucionaria Islámica ni ninguna otra institución estatal iraní», declaró Sobhani en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters.

Ni Kayvanpour ni el gobierno iraní respondieron a las solicitudes de comentarios. La policía de Dubái y la fiscalía general tampoco respondieron. El comunicado de VARA no mencionaba a Sobhani ni a Mokhtari.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos «está al tanto de estas acusaciones y las toma muy en serio», declaró un portavoz del Departamento del Tesoro. «Desde que el presidente Trump asumió el cargo, el Tesoro ha intensificado su vigilancia sobre los activos digitales vinculados al régimen iraní».

Los datos revisados ​​por Reuters mostraron que Shelbit ha procesado al menos 130 millones de dólares para solo uno de los sitios de apuestas vinculados a la red más amplia desde mayo de 2024, fecha en la que la plataforma de intercambio parece haber comenzado a operar.

“La ideología es la marca del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), mientras que el lucro es su modelo de negocio”, afirmó Miad Maleki, quien ayudó a diseñar la política del Departamento del Tesoro de EE. UU. para evadir las sanciones contra Irán cuando era director asociado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, cargo que ocupó hasta el año pasado. “En lo que respecta a las apuestas, el CGRI aprendió pronto la lección más lucrativa de la República Islámica: declarar algo ilegal y luego controlar tanto la prohibición como el mercado negro”.

El CGRI es la rama del Estado iraní que salvaguarda la Revolución Islámica y supervisa empresas comerciales multimillonarias.

A pesar de los miles de millones que han pasado por Shelbit, actualmente no existe una forma identificable para que el público en general utilice la plataforma de intercambio. Tres personas que residían en la dirección registrada como oficina de Shelbit en el barrio de Deira, en Dubái, declararon a un reportero de Reuters que nunca habían oído hablar de la empresa y que no tenían ninguna relación con las criptomonedas. Las transacciones en línea también son imposibles, ya que Shelbit ya no tiene sitio web.

Al ser consultada sobre sus interacciones con Shelbit, Binance afirmó que Shelbit nunca tuvo una cuenta en Binance ni fue sancionada. Binance no negó haber procesado cientos de millones de dólares para Shelbit, argumentando que dichas transacciones no se consideraban de alto riesgo.

«Cuando los usuarios asociados con Shelbit interactuaron con nuestra plataforma, nuestro programa de cumplimiento funcionó correctamente: investigó, congeló las cuentas correspondientes y las denunció a las autoridades», declaró Binance en un comunicado. La empresa no proporcionó más detalles.

La toma del control

La adopción del juego en línea por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) es una extensión del control que ejerce cada vez más sobre la economía del país, tanto legal como ilegal. Si bien las sospechas de la participación estatal en el juego surgieron en un informe del Instituto Washington de 2021, entre otros, Reuters es el primer medio de comunicación en detallar la toma del control de este lucrativo sector por parte de la IRGC.

Cuando el juego en línea despegó en Irán hace aproximadamente una década, la IRGC vio una oportunidad y tomó el control, afirmó Reza Gheibi, exfuncionario del gobierno iraní que abandonó Irán en 2022 y ahora reside en Gran Bretaña.

El juego en línea también requirió la colaboración del banco central de Irán, que controla la infraestructura nacional de pagos electrónicos, incluidas las tarjetas bancarias y las transferencias de dinero, añadió Gheibi.

La toma de control del sector del juego en Irán por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) fue confirmada por Hamid Nikou, quien fuera asesor de la Guardia como estratega político; Mohammad Hossein Torkaman, exmiembro de una unidad de la IRGC que brindaba protección personal al líder supremo y su familia; y otros dos iraníes con conocimiento directo del asunto.

«Cuando las empresas financieras crecen y operan independientemente del gobierno y las instituciones de seguridad, la IRGC interviene para supervisarlas», declaró Nikou. «Utilizaban los sitios web de apuestas como medio para conectar los sistemas financieros dentro y fuera del país».

Según Gheibi, Nikou y Torkaman, la IRGC cooptó a artistas iraníes famosos e influencers de redes sociales para promocionar los sitios web entre sus millones de seguidores. Afirmaron que su ostentación de riqueza y excesos atraía a los iraníes que sufrían una crisis económica.

Nikou abandonó Irán en 2015, dejando su puesto como estratega sénior en el Instituto de Estudios Estratégicos Andishesh Sazan Noor, que asesora a la IRGC en materia de política. Torkaman se marchó en 2010. Gheibi, Nikou y Torkaman afirmaron mantener contactos con el Estado iraní y hablar con ellos con frecuencia.

Torkaman fue arrestado en Irán por considerarse una amenaza para la seguridad nacional y declaró haber huido poco después de su liberación. Nikou afirmó haber salido de Irán para obtener un doctorado, pero abandonó el programa. Gheibi, quien trabajó durante años como periodista económico además de su cargo gubernamental, se marchó tras repetidos interrogatorios a raíz de entrevistas concedidas a medios de comunicación extranjeros.

Reuters ha identificado a más de 60 influencers iraníes que promocionan sitios web de apuestas, de los cuales aproximadamente la mitad cuenta con más de un millón de seguidores. Tres de ellos superan los 10 millones de seguidores.

«Haz click y diviértete»

Con sus numerosos tatuajes y su gusto por las marcas de diseño, Sasha Sobhani, cuyo nombre real es Mohammad Javad, es una de las figuras más reconocibles del mundo de las apuestas online en Irán.

Hijo de un exembajador, cuenta con 3,7 millones de seguidores en Instagram, donde promociona su música junto con sitios de apuestas. Según declaró a Reuters, ya no tiene contacto con su padre.

En una publicación de TikTok de 2025 de su novia española, se le ve regalándole un Rolls-Royce rosa brillante por su 18 cumpleaños. En la parte superior de su perfil de Instagram aparece un enlace a una página web de apuestas. Entre emojis de fajos de billetes alados, se lee una sencilla instrucción: «Haz clic y diviértete».

Sobhani publica fotos de su villa multimillonaria en Madrid, que perteneció a un jugador del Real Madrid. En un vídeo de Instagram que se compartió decenas de veces, Sobhani despega billetes de lo que parece ser un fajo para que revoloteen por su suite de hotel.

Pooyan Mokhtari consiguió un número aún mayor de seguidores en Instagram antes de que su cuenta fuera eliminada a principios de este año. Ahora está en Vatan, una red social de apuestas mayoritariamente en persa que, según él, creó, y tiene muchos menos seguidores. Reuters no pudo determinar el motivo de la desactivación de su cuenta de Instagram. Meta, propietaria de Instagram, no ofreció ninguna explicación al ser contactada para obtener comentarios.

Las publicaciones de Mokhtari mezclaban frecuentemente ostentaciones de riqueza —incluida una colección de superdeportivos y relojes caros— con vídeos musicales y contenido de apoyo a la República Islámica.

Una publicación de Instagram lo mostraba reuniéndose con el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani. En una conversación conjunta en directo a través de Instagram, en la que participaron Mokhtari y otro iraní, Ahmad Khomeini, nieto del fundador de la República Islámica, Ruhollah Khomeini, se unió brevemente a la charla.

Mokhtari mostró fotos de su automóvil Koenigsegg Jesko Attack, valorado en 3,5 millones de dólares, mostrando su transformación de un brillante color dorado a un rosa intenso.

Mokhtari y Sobhani han estado trabajando juntos desde al menos 2020, cuando fueron procesados ​​por crear una red de sitios de apuestas ilegales, incluyendo abt90 y Hazarat, según documentos legales iraníes revisados ​​por Reuters. En ese momento residían en el extranjero y fueron condenados en rebeldía por Irán tres años después a dos años de prisión. Siavash Kayvanpour, fundador de Shelbit, recibió una condena de tres meses por ayudarlos.

Irán emitió notificaciones rojas de Interpol contra Mokhtari y Sobhani, según un documento judicial iraní y una persona familiarizada con el caso. Ambos fueron detenidos en España, donde residían entonces. Mokhtari afirmó haber estado detenido durante más de un mes. Posteriormente, Interpol canceló las notificaciones tras una solicitud de los individuos, según la misma fuente. Interpol puede retirar las notificaciones rojas si los gobiernos no proporcionan información adicional cuando se impugnan. Mokhtari declaró a Reuters que no había hecho nada malo y que el juego no era ilegal en Irán.

“En Irán no existen normas escritas sobre este tema, que es el mercado de predicciones en línea, el juego o como se le llame”, afirmó. “Básicamente, no era ilegal”.

El artículo 705 del Código Penal iraní establece que el juego es punible con hasta seis meses de prisión y 74 latigazos. En 2023, la ley se modificó para incluir las apuestas en línea.

Pero cuando la República Islámica reprime una red de juego, lo hace para eliminar a la competencia, no para proteger al público, declaró Gheibi, exfuncionario del gobierno iraní.

“No es porque se preocupen por el bienestar de la gente ni porque el juego esté prohibido”, dijo. “Se trata de eliminar a los rivales”.

En marzo de 2024, el Ministerio de Inteligencia de Irán anunció que había desmantelado una enorme “red mafiosa con sede en Londres” que operaba 54 sitios web de juego ilegales. En su momento, el ministerio describió la red “Nitro Bet” como la más grande de Irán.

La operación de apuestas con 2000 sitios, promovida por Mokhtari y Sobhani, que ofrece juegos de azar como tragamonedas, blackjack y ruleta, es considerablemente mayor que Nitro Bet y parece estar prosperando, según los investigadores de criptoseguridad e informática que dedicaron meses a analizar sus operaciones.

Ninguno de los funcionarios iraníes, actuales o antiguos, que hablaron con Reuters sabía específicamente por qué se permitió operar la red promovida por Mokhtari y Sobhani. El sitio web de Nitro Bet ya no está disponible.

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) “creó redes y organizaciones cuyos integrantes cambiaban con el tiempo”, explicó Gheibi, el exfuncionario del gobierno. “Quienquiera que alcanzara prominencia, la inteligencia de la IRGC se posicionaba a su alrededor y lo utilizaba para impulsar la operación”.

Una publicación de Instagram de octubre de 2022 muestra a Sobhani y Mokhtari sentados uno al lado del otro en un jet privado comiendo una comida de McDonald’s. Mokhtari publicó el comentario: “Mi hermano”.

Los dos hombres siguen promocionando los sitios web que figuraban en su procesamiento en Irán.

En su declaración, Sobhani señaló que la notificación roja en su contra fue cancelada y el caso en España archivado.

«Cualquier insinuación de que colaboro con las mismas autoridades (iraníes) que me persiguieron es completamente falsa», escribió.

Afirmó que su participación en abt90 se limitaba a publicidad pagada en redes sociales.

«Nunca fui propietario, accionista, director, gerente, empleado, operador ni responsable de la toma de decisiones de ABT90 ni de ninguna plataforma relacionada», declaró Sobhani. «Desconozco cómo dichos sitios web accedieron a los sistemas de pago iraníes».

Relojes y criptomonedas

Ubicada entre casas de cambio y edificios de oficinas en Dubái, se puede acceder a la oficina de Shelbit a través del vestíbulo de un hotel económico. Desde allí, un ascensor abarrotado lleva a los visitantes al cuarto piso, donde se encuentra una pesada puerta cerrada con llave, equipada con timbre y cámara de seguridad. El letrero junto a la puerta dice «Velorix Watches Trading LLC». Velorix es otra empresa registrada a nombre de Kayvanpour, el fundador de Shelbit, según consta en los registros mercantiles de Dubái.

Durante una visita a principios de julio a la oficina de tres habitaciones, un reportero de Reuters vio 13 relojes deteriorados en exhibición, una máquina contadora de billetes y un escritorio. Uno de los tres empleados, que vestía una camiseta y sandalias, dijo no haber oído hablar nunca de Kayvanpour.

«¿Quién los envió?», preguntó otro.

Respondieron que los relojes no estaban a la venta.

Sanders y las dos firmas de investigación de criptomonedas afirmaron estar convencidos de que los 4 mil millones de dólares que circulaban a través de Shelbit estaban controlados por el Estado iraní debido a las interacciones directas de Shelbit con el banco central y otras entidades sancionadas, su falta de presencia en línea y sus vínculos con las operaciones de minería de criptomonedas.

Shelbit procesó al menos 125 millones de dólares del banco central de Irán, gran parte de ellos directamente, según los analistas de criptomonedas. Shelbit también recibió al menos 20 millones de dólares de la presunta operación iraní de minería de criptomonedas a través de monederos intermediarios, que ocultan el origen de la moneda, según datos de blockchain revisados ​​por Reuters.

La minería consiste en utilizar ordenadores para resolver complejos problemas matemáticos y crear nuevas monedas digitales, acuñando esencialmente moneda nueva. En 2019, Irán legalizó el proceso, exigiendo a los mineros la obtención de licencias gubernamentales.

Desde entonces, la minería se ha convertido en un pilar fundamental de la estrategia iraní para evadir las sanciones occidentales que aíslan al país del acceso a divisas fuertes y al sistema bancario global. El banco central vende Bitcoin y otros tokens producidos en Irán en los mercados internacionales de criptomonedas, según una carta de 2024 de los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Angus King a altos funcionarios de la administración Biden.

Según datos de empresas de investigación y blockchain revisados ​​por Reuters, desde mayo de 2024 se han transferido al menos 676 millones de dólares en criptomonedas desde direcciones de Shelbit a Binance. Aproximadamente 540 millones de dólares de esa cantidad se movieron después de que VARA, el regulador de Dubái, multara a Shelbit el año pasado por ofrecer servicios de intercambio sin licencia y publicitarlos. Sanders, el investigador independiente, afirmó haber informado a Binance sobre los vínculos de Shelbit con Irán en octubre de 2025. Los datos muestran que los fondos continuaron fluyendo de Shelbit a Binance tras la advertencia de Sanders.

Binance no respondió a las preguntas sobre las medidas que tomó, si es que tomó alguna.

En su comunicado, Binance declaró que «los flujos asociados con Shelbit a Binance no fueron considerados de alto riesgo por una empresa independiente de análisis de blockchain». No identificó a dicha empresa. Binance también afirmó no poder justificar el monto movido tras la multa impuesta por la VARA.

En 2023, Estados Unidos multó a Binance con 4300 millones de dólares por infringir las normas contra el blanqueo de capitales, incluido el procesamiento de transacciones con criptomonedas iraníes.

En diciembre, Binance obtuvo licencias regulatorias clave en los Emiratos Árabes Unidos para su plataforma principal de negociación.

A finales de marzo, la policía de Dubái arrestó a Mokhtari por presuntamente financiar a grupos terroristas iraníes que llevaban a cabo actos hostiles contra los Emiratos Árabes Unidos, según dos personas con conocimiento de su detención. Según informaron, estuvo detenido durante 35 días y luego fue expulsado del país, viéndose obligado a entregar sus bienes, incluyendo el contenido de sus cuentas bancarias en los Emiratos Árabes Unidos y su casa valorada en 5 millones de dólares. En una entrevista a principios de mayo con un podcaster iraní, Mokhtari habló sobre su arresto y afirmó haber sido acusado falsamente de financiar ataques contra los Emiratos Árabes Unidos.

Tras la expulsión de Mokhtari de Dubái, Reuters lo localizó, a través de sus publicaciones en redes sociales, en una suite de 2000 dólares la noche en un hotel con vistas al puerto Victoria de Hong Kong. Se lamentó del trato recibido por las autoridades de Dubái, quienes, según él, lo habían despojado de todo. En una publicación en redes sociales, afirmó haber sido arrestado tras enviar 150 000 dólares a amigos en Irán.

Mokhtari también reveló que había estado viviendo con una identidad falsa en los Emiratos Árabes Unidos. Compartió una foto de su visa dorada de 10 años a nombre de Patrick Philippe, ciudadano de Vanuatu, en el Pacífico Sur.

Tras dos meses en Hong Kong, Mokhtari parecía estar preparándose para su rehabilitación en su país. Antes de su partida, fue entrevistado por medios iraníes afines que lo describieron como un hombre reformado y temeroso de Dios que lee el Corán y reza a diario.

El 8 de julio, desde Bangkok, publicó una selfie al pie de las escaleras que conducían a su avión con destino a Irán.

«Si Dios quiere, estaré en Teherán en menos de 24 horas. Por favor, recen para que pueda ser útil y sentirme orgulloso ante Dios Todopoderoso y la gente buena de este mundo», escribió. Para entonces, el cortejo fúnebre del líder supremo en Irán ya había terminado.

Desde entonces, Mokhtari no ha vuelto a publicar nada.

(Con información de Reuters)

El 29 de julio, María Carolina Restrepo fue designada como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Restrepo, abogada bogotana con experiencia en derecho empresarial, fiscal y tributario, formó parte del equipo de empalme del nuevo gobierno y fue jefa de debate en la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo. Aunque su nombre sonó para el Ministerio de Hacienda, De la Espriella indicó que tendrá que asumir el reto de transformar el Icbf.

Entre los objetivos de su gestión están garantizar una contratación transparente, establecer controles rigurosos, fortalecer el trabajo de las madres comunitarias, agilizar los procesos de adopción y asegurar la protección integral de la infancia.

Tras el anuncio, Restrepo expresó su compromiso de trabajar sin descanso por la niñez de Colombia y señaló que asume la misión con el corazón, convencida de que en cada niño reside la esperanza del país.

Recuerdan cuando Restrepo indicó que los menores que delinquen deben ser tratados como adultos

Debido a que en su nuevo cargo la abogada deberá trabajar por la recuperación de menores que han sido entregados al Icbf para que se les restablezcan sus derechos, incluyendo aquellos que han cometido delitos, en redes sociales recordaron una publicación que realizó la jurista en X en la que afirmó que este tipo de población debe ser castigada como si se tratara de adultos.

Para entender el contexto, cabe mencionar que la publicación fue hecha el 27 de agosto de 2025, después de que se confirmó la sanción que recibió el menor que asesinó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Sé que me van a caer rayos y centellas, pero lo digo y me reafirmo: esto tiene que cambiar. Yo no estoy aquí para agradar. Estoy para decir lo que es. Los adolescentes de hoy no son los de hace 30 años. Con 14 o 15 años, muchos ya han probado drogas, armas, violencia. Algunos incluso ya se sienten hastiados de la vida porque lo han probado todo. No son niños. No son preadolescentes. Son jóvenes con plena conciencia de sus actos“, es parte de la publicación.

En esa ocasión, Restrepo indicó que los jóvenes que reclaman ser tratados como adultos también deben ser castigados como mayores de edad cuando cometan delitos.

“Hoy los grupos criminales saben que el sistema los protege y por eso usan menores como carne de cañón. El mensaje es devastador: matar a un senador y precandidato presidencial cuesta apenas 84 meses. Ni la vida de Miguel Uribe Turbay ni el dolor de su familia se equiparan con semejante sanción simbólica“.

Por último, la directora del Icbf designada indicó que un cambio drástico debería incluir condenas severas para jóvenes después de los 14 años.

“El mundo cambió, la sociedad cambió. Nuestra ley de menores se quedó en el siglo pasado. Entre los 14 y los 18 años no estamos hablando de niños: estamos hablando de jóvenes que deben responder como adultos porque lo son. Es más: ellos quieren serlo y quieren ser tratados como tales. Entonces, que asuman las consecuencias”.

Esta publicación ha cobrado relevancia en la actualidad debido a que podría marcar el camino de cómo será la administración de Restrepo en el Icfb, aunque no podrá concretar lo afirmado en agosto de 2025.

Cabe recordar que en Colombia los menores de 18 años no son condenados penalmente porque la ley los considera sujetos en desarrollo y prioriza su protección y reintegración social. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes establece sanciones socioeducativas, no penas de prisión como en los adultos.

Estas medidas buscan responsabilizar al adolescente por sus actos, pero con un enfoque restaurativo, educativo y de prevención, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución. La finalidad es promover la rehabilitación y evitar la estigmatización o reincidencia, facilitando su reintegración a la sociedad y garantizando sus derechos fundamentales.

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) informó que durante el primer semestre de 2026recibió 1,948 denuncias contra miembros de la carrera policial y ejecutó 2,061 investigaciones disciplinarias, como parte de las acciones de control orientadas a supervisar la conducta de los funcionarios policiales y garantizar el cumplimiento de la normativa institucional.

De acuerdo con el informe oficial, las investigaciones fueron desarrolladas entre enero y junio en distintos puntos del territorio nacional, con el objetivo de verificar posibles faltas disciplinarias cometidas por agentes de la Policía Nacional de Honduras.

La institución explicó que las denuncias fueron recibidas a través de diversos mecanismos habilitados para la ciudadanía y mediante reportes remitidos por otras entidades del Estado.

Del total de denuncias registradas, 603 fueron presentadas directamente por ciudadanos a través de oficinas de atención, líneas telefónicas y el portal web institucional. Además, 67 investigaciones fueron iniciadas de oficio por la propia DIDADPOL tras detectar posibles irregularidades, mientras que 1,278 denuncias fueron remitidas por la Policía Nacional y otras instituciones públicas.

Según el organismo disciplinario, este sistema permite ampliar la capacidad de supervisión y dar seguimiento a los casos en los que existan indicios de incumplimiento de los deberes policiales.

Como parte de los procedimientos administrativos, la DIDADPOL realizó 910 audiencias de descargo, espacio en el que los funcionarios policiales investigados tuvieron la oportunidad de presentar su versión de los hechos y ejercer su derecho a la defensa antes de la emisión de una recomendación.

Tras el análisis de los expedientes, la institución emitió 345 recomendaciones de despido, al considerar que existían elementos suficientes para establecer la comisión de faltas disciplinarias que ameritan la separación definitiva del cargo.

Asimismo, 343 expedientes concluyeron con la recomendación de aplicar suspensiones del permiso de salida de hasta 15 días o deducciones salariales, dependiendo de la gravedad de las conductas investigadas y de lo establecido en la normativa disciplinaria.

Por otra parte, 137 casos relacionados con faltas leves fueron remitidos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, instancia responsable de continuar con el trámite administrativo correspondiente.

La DIDADPOL aclaró que las recomendaciones emitidas forman parte del procedimiento disciplinario y que corresponde a las autoridades competentes adoptar la decisión final conforme a la legislación vigente.

El informe identifica las actuaciones arbitrarias o discriminatorias como una de las faltas muy graves con mayor incidencia durante el período analizado.

Estas conductas incluyen acciones que afectan las libertades ciudadanas, la dignidad de las personas y el respeto a los derechos humanos, aspectos considerados prioritarios dentro del régimen disciplinario policial.

También figuran entre las infracciones más recurrentes el incumplimiento de los reglamentos que regulan las operaciones policiales y la negligencia en el ejercicio de las funciones, situaciones que, según la institución, pueden comprometer el desempeño operativo y la confianza de la ciudadanía.

En cuanto a las faltas graves, la DIDADPOL señaló que las más frecuentes corresponden al incumplimiento de órdenes superiores, el descuido del equipo asignado y el maltrato verbal o psicológico hacia superiores, subalternos o compañeros durante el servicio.

Fortalecer la transparencia policial

La DIDADPOL reiteró que mantiene una vigilancia permanente sobre la conducta de los miembros de la carrera policial como parte de su misión de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al marco legal que regula la función policial en Honduras.

La institución destacó que las investigaciones disciplinarias buscan garantizar que los funcionarios actúen conforme a los principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos de la población.

Asimismo, recordó que la ciudadanía dispone de distintos canales para presentar denuncias cuando considere que un miembro de la Policía Nacional ha incurrido en una conducta irregular, permitiendo que cada caso sea analizado mediante el procedimiento correspondiente.

Con las cifras presentadas para el primer semestre de 2026, la DIDADPOL reafirmó su compromiso de continuar supervisando el desempeño disciplinario de los agentes policiales y de fortalecer los mecanismos de control interno para contribuir a una institución más transparente y responsable ante la sociedad.

La intención de la bancada del partido Pacto Histórico de ausentarse para la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia sigue generando reacciones en la clase política colombiana.

El turno fue para Cecilia López Montaño, exministra de Agricultura en el gobierno de Gustavo Petro, que, en su cuenta de X, sostuvo que las razones expuestas por esa bancada no encajan en las causales que permite la normatividad vigente para ausentarse de una plenaria del legislativo.

Así mismo, la exsenadora del Partido Liberal recordó las causales expuestas en el Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992) para que los miembros del Senado y la Cámara de Representantes desistan de participar en las sesiones.

“Los Congresistas del PH siguen diciendo que no van a la posesión del presidente electo… ¿será que no saben que solo pueden ausentarse de una plenaria con excusa médica, por Comisión Especial, por permiso de la mesa o por caso fortuito? (...) ninguna de las razones que les oigo cumplen con una de esas cuatro”, escribió López en la red social.

El artículo al que hace referencia la exministra de Agricultura es el artículo 90 de la normatividad mencionada, y enfatizó en que los legisladores no tienen cómo corroborar su ausencia de la sesión formal del 7 de agosto de 2026. “Yo me refiero a la Ley 5 del Congreso y me pregunto qué excusa van a usar porque las que les he oído no son ninguna de las cuatro permitidas para faltar a una plenaria”, manifestó.

Incluso, varios usuarios le recordaron que no es la primera vez que una colectividad no asiste a la posesión presidencial. En 2014, la bancada del Centro Democrático no asistió a la posesión presidencial de Juan Manuel Santos. Sin embargo, López Montaño reiteró que la consigna del Pacto Histórico es no revalidar las maniobras adelantadas en el pasado.

“No estamos en 2014 sino en 2026. ¿Por qué tienen que devolverse siempre al “como otros lo hicieron, nosotros también podemos”? ¿No que el PH es distinto? El reglamento del Congreso es claro y yo quiero saber qué excusa van a usar porque desobediencia civil no es una de las permitidas”, mencionó.

Respuesta del Pacto Histórico

La respuesta llegó desde el propio Pacto Histórico. El representante a la Cámara Gabriel Becerra dijo que López “mete miedo” con ese planteamiento y rechazó que exista fundamento para hablar de pérdida de investidura, prevaricato por omisión o responsabilidad disciplinaria.

Becerra explicó que la bancada ejercerá “su derecho político y constitucional de no asistir al acto de posesión presidencial” y sostuvo que no existe pérdida de investidura porque el artículo 183 de la Constitución solo la prevé por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis plenarias en las que se voten proyectos de ley, actos legislativos o mociones de censura. A su juicio, una sesión solemne de posesión presidencial no encaja en ese supuesto.

El congresista también descartó la figura de prevaricato por omisión. Según su argumento, ese delito exige que un servidor público omita un acto propio de sus funciones y la posesión presidencial corresponde al Congreso como órgano colegiado, no a una obligación funcional individual cuyo incumplimiento configure ese delito.

Sobre el frente disciplinario, Becerra añadió que el régimen especial de la Constitución y la Ley Quinta regula expresamente las consecuencias del ausentismo parlamentario y no contempla una sanción disciplinaria por faltar a esa sesión. Esa interpretación choca de frente con la advertencia de López sobre las causales válidas para no asistir.

En la misma línea, el congresista Heráclito Landinez sostuvo en sus redes sociales que su bancada “ha decidido no asistir a la posesión del presidente electo. Somos una fuerza política democrática que reconoce la legalidad del proceso, aunque no comparte las condiciones que, a nuestro juicio, le otorgan legitimidad política”.

Landinez agregó que, en lugar de asistir al acto protocolario, estarán “en los territorios, dialogando con las comunidades y fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía”. También señaló que desde allí ejercerán su compromiso con el país como la principal fuerza política de oposición en Colombia.

La intervención de Cecilia López reavivó la discusión sobre si la ausencia a la sesión solemne puede acarrear consecuencias legales o disciplinarias.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra los mecanismos implementados por el régimen iraní para recaudar fondos a través del Estrecho de Ormuz. Las medidas incluyen la designación de dos empresas identificadas como piezas clave en un esquema de extorsión respaldado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que obliga a buques comerciales a contratar un seguro marítimo obligatorio para transitar por la zona. Estas pólizas, gestionadas por Persian Gulf Marine Insurance Company y HormuzSafe Marine Services Authority, buscan generar ingresos bajo el pretexto de servicios marítimos, incluyendo la aceptación de pagos en activos digitales para evadir sanciones.

La práctica consiste en la imposición de seguros aprobados por el CGRI, cuya cobertura pretende proteger a los buques de riesgos como incautaciones, aunque estos peligros son, en su mayoría, provocados por el propio Irán. De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, “Estados Unidos no permitirá que Irán mantenga como rehén el comercio mundial ni que utilice el transporte marítimo internacional para financiar el terrorismo, la agresión y la represión de la Guardia Revolucionaria Islámica”.

Las acciones de la OFAC refuerzan la política de presión máxima sobre la economía iraní, en línea con la Orden Ejecutiva 13902 y el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2. Además de castigar a las empresas vinculadas al esquema de seguros, la OFAC sancionó a varios buques utilizados para transportar petróleo crudo y productos petroquímicos iraníes, parte de una red logística secreta conocida como la “flota clandestina”. Desde principios de año, más de 100 embarcaciones relacionadas con esta red han sido sancionadas con el objetivo de limitar el flujo de ingresos petroleros del régimen iraní.

La medida responde a los esfuerzos de Irán por apuntalar su economía tras el impacto de la Operación Furia Épica. El régimen, según el comunicado oficial, enfrenta una economía “en caída libre” y una inflación de tres dígitos, lo que lo ha llevado a buscar fuentes alternativas de financiamiento mediante la utilización de entidades aseguradoras y la aceptación de activos digitales.

Cómo funciona el esquema

El régimen iraní, a través de la Compañía de Seguros Marítimos del Golfo Pérsico (PGMIC) y la Autoridad de Servicios Marítimos HormuzSafe, exige a los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz la contratación de seguros marítimos, cuyas pólizas son intermediadas y emitidas por entidades designadas por Estados Unidos y respaldadas por la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta cobertura incluye riesgos de incautación de buques, un peligro creado principalmente por las propias autoridades iraníes.

La empresa Hormuz Safe, desarrollada por el Ministerio de Economía de Irán, se presenta como proveedora de servicios marítimos digitales y acepta pagos en Bitcoin y otros activos digitales para eludir las sanciones occidentales. Esta aseguradora ha sido promocionada por el sancionado financiero iraní Babak Morteza Zanjani y opera en beneficio de la Guardia Revolucionaria Islámica, reforzando el control del régimen sobre la actividad marítima en la región.

Entre los buques sancionados por la OFAC se encuentran el WELL SAIL, con bandera de las Islas Marshall y operado por Qi Hang Ship Management Limited; el LILY, con bandera de Mozambique y propiedad de Confident Apex Limited; el AL SALMI, de bandera desconocida y propiedad de Billion Nexus Int’l Co., Limited; el BREEZE V, con bandera de Barbados y operado por Nevada Spirit Company Limited; el NATSUMI, con bandera de Barbados, propiedad de Marinova Freight Limited; el CRYSTAL, con bandera de Vanuatu y propiedad de Vast Mighty Limited; el NIRETA, con bandera de Vanuatu y propiedad de Ocean Tranquility Limited; y el YEHOPE, con bandera de Barbados y propiedad de Branch Saying International Trading Co Ltd. Estas compañías y sus embarcaciones han sido designadas por su participación en el sector petrolero iraní y en el transporte de millones de barriles de petróleo a destinos como China y Emiratos Árabes Unidos durante 2025 y 2026.

La designación implica el bloqueo de todos los bienes e intereses patrimoniales de estas personas y empresas en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, así como la notificación obligatoria a la OFAC. Cualquier entidad cuyo 50 % o más de propiedad pertenezca a personas bloqueadas también quedará automáticamente bloqueada.

Implicaciones legales de las sanciones y alcance global

Las regulaciones de la OFAC prohíben a personas estadounidenses realizar transacciones o actividades comerciales con las entidades y personas sancionadas, salvo autorización expresa. Las violaciones pueden resultar en sanciones civiles o penales tanto para ciudadanos estadounidenses como extranjeros, bajo el principio de responsabilidad objetiva.

Las instituciones financieras y otras personas que participen en transacciones con personas designadas pueden estar expuestas a sanciones. También se prohíbe realizar o recibir contribuciones, fondos, bienes o servicios de personas bloqueadas, así como conspirar para evadir las sanciones. El programa de incentivos para denunciantes de FinCEN permite recompensar a quienes aporten información que conduzca a acciones coercitivas exitosas por montos superiores a 1.000.000 de dólares.

El proceso de exclusión de la lista de sanciones está disponible para las personas o entidades que puedan cumplir los requisitos legales, según la guía de la OFAC sobre solicitudes de eliminación de listas.

El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, designó este lunes a su hijo Maurice Facundo Ortega Murillo como representante y delegado de la Presidencia para la promoción y desarrollo del deporte en el país. La decisión, oficializada por medio de un acuerdo presidencial, tuvo lugar pocos meses después de que Estados Unidos sancionó a Maurice Facundo y a su hermano Daniel Edmundo Ortega Murillo, señalados por el Departamento del Tesoro por su vinculación con actividades mineras y la comercialización de oro en la nación centroamericana. La información fue difundida por la agencia de noticias EFE.

Según el acuerdo presidencial divulgado en Managua, el cargo no prevé remuneración salarial para Maurice Facundo Ortega Murillo, quien hasta ahora había mantenido un perfil público discreto. De acuerdo con EFE, la designación extiende el control de la familia presidencial sobre áreas del Estado y ocurre tras la intensificación de las sanciones internacionales contra integrantes del círculo más cercano a Ortega y Murillo.

La sanción impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril abarcó a siete empresas mineras, cinco funcionarios y a los dos hijos menores del matrimonio presidencial. Según la OFAC, todos los sancionados participaron en actividades relacionadas con la producción y exportación de oro, considerado un rubro de exportación de Nicaragua.

Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40 años, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46, figuran entre los últimos miembros de la familia presidencial señalados por el gobierno de Estados Unidos. EFE reportó que las medidas incluyen restricciones financieras y comerciales, además del congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense. En el comunicado oficial, la administración estadounidense argumentó que el régimen nicaragüense utiliza los beneficios de la industria minera para consolidar su poder político.

El perfil del nuevo delegado deportivo

Antes de su designación como delegado deportivo, Maurice Facundo Ortega Murillo se desempeñaba principalmente en el ámbito de los medios de comunicación y la gestión cultural. Dirige Canal 13, un canal de televisión nacional, en conjunto con su hermana Camila Ortega Murillo. Su formación académica incluye estudios en Comunicación Social en la Universidad Centroamericana (UCA), institución jesuita que fue clausurada y expropiada por el Estado, y estudios en Cine y Televisión en la Universidad Veritas de Costa Rica.

A pesar de su bajo perfil mediático, el nuevo delegado presidencial ha sido el encargado de recibir a figuras internacionales en eventos deportivos recientes. En enero de este año, encabezó el recibimiento al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una visita a Managua.

En agosto de 2025, hizo lo mismo con el entrenador de béisbol Dusty Baker, quien dirigió a la selección nacional de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, realizado entre el 5 y el 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Estados Unidos.

El nombramiento de Maurice Facundo Ortega Murillo se suma a la tendencia de concentración de poder en el seno de la familia presidencial. Según EFE, el presidente Ortega explicó en varias ocasiones que el nombre de su hijo honra la memoria de Maurice Bishop, ex primer ministro de Granada asesinado en 1983.

Los congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar instaron este 27 de julio a la comunidad internacional a rechazar las reformas electorales impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Ambos legisladores sostuvieron que las medidas buscan legitimar una dictadura y advirtieron sobre su impacto en la libertad y la seguridad regional.

Díaz-Balart dijo que las recientes acciones del régimen Ortega-Murillo son “una farsa” orientada a perpetuar su permanencia en el poder.

En un mensaje en la red social X, afirmó: “Por demasiado tiempo, esta dictadura ha sido una malignidad que se alinea con adversarios peligrosos y antiamericanos, amenazando nuestra seguridad nacional y aplastando la libertad religiosa. Estados Unidos está observando de cerca quién se pone de lado de estos tiranos desvergonzados, y quién se pone de lado del pueblo de Nicaragua en sus demandas de libertad”.

María Elvira Salazar instó a los gobiernos democráticos a rechazar la convocatoria del régimen y no prestarse al “macabro espectáculo” de Ortega y Murillo. “Ortega pretende reunir al cuerpo diplomático en Managua para obligarlo a escuchar otra farsa del régimen. No legitimen una dictadura”, escribió la congresista en sus redes sociales.

El anuncio de Ortega y la reacción oficialista

Las declaraciones de ambos legisladores surgieron después del anuncio de Ortega del 19 de julio sobre la eliminación de las elecciones en Nicaragua, una decisión que la Asamblea Nacional bajo su control acató de inmediato.

El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, defendió la postura oficialista y reiteró que “aquí no volverán a haber elecciones”, con lo que descartó cualquier posibilidad de alternancia democrática.

Rechazos desde distintos sectores

Diversos sectores políticos y gobiernos condenaron las decisiones del régimen nicaragüense. Desde Washington, además, se reiteró el respaldo a los ciudadanos nicaragüenses que demandan libertad.

Díaz-Balart también ha respaldado sanciones y promovido iniciativas para aumentar la presión internacional sobre el régimen.

Por su parte, la Unión Europea (UE) instó este sábado al régimen de Nicaragua a convocar elecciones “según lo previsto” y a que se celebren “de manera transparente, inclusiva y creíble”, después de las declaraciones de Daniel Ortega, quien afirmó que en el país “no volverá” a haber comicios.

“La Unión Europea sigue observando de cerca la evolución de la situación política y el grave deterioro de los derechos fundamentales en Nicaragua”, señaló un comunicado europeo por parte de la alta representante de Exteriores, Kaja Kallas.

En su mensaje, instó además a las autoridades nicaragüenses “a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales”.

Algunos gobiernos de la región han tomado alertas ante la decisión de la dictadura, como pedirle a sus embajadores informes sobre la situación actual del país, como los de Costa Rica y República Dominicana. México en cambio no condenó la medida, en cambio, la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a manifestar en conferencia de prensa: “Lo que decida el pueblo de Nicaragua. Lo que decida el pueblo de Nicaragua”.

Estados Unidos sancionó a cuatro personas y nueve entidades vinculadas a la red del financiero iraní Babak Zanjani, acusado de ayudar al régimen de Teherán a evadir restricciones económicas y financiar actividades desestabilizadoras en la región. El Departamento del Tesoro anunció las medidas este viernes como parte de una campaña de presión militar y económica que el gobierno de Donald Trump mantiene sobre Irán.

Zanjani, multimillonario condenado por fraude, fue sentenciado a muerte en Irán en 2016 por malversación de fondos. Su pena fue conmutada en 2024, y desde entonces reapareció como promotor de proyectos económicos ligados al régimen, según el Tesoro. Tras su liberación, respaldó una serie de emprendimientos de infraestructura y transporte, y construyó una red de empresas de activos digitales.

Entre ellas figuran Zedcex Exchange Limited (Zedcex) y Zedxion Exchange Limited (Zedxion), que según el Tesoro fueron utilizadas en parte para lavar dinero destinado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) había designado por primera vez a Zanjani, Zedcex y Zedxion en enero de este año; las nuevas medidas amplían ese paquete inicial.

Las sanciones apuntan ahora a las operaciones iraníes del financiero bajo su conglomerado “Dot One”, así como a varias firmas con sede en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Entre las entidades designadas se encuentran Dot One Value Creation Group —la sociedad holding principal—, Dot One Gold Company, Dot One Rail Co, Dot One Barter Co, Dot One Airlines Co y Dot One Trip. El Tesoro señaló que Zanjani actuó como director ejecutivo y respaldo financiero de estos proyectos, incluido un contrato ferroviario de USD 800 millones adjudicado en abril de 2025.

En Turquía, fue sancionada Zedpay Finansal Sistem Ve Hizmetleri Anonim Sirketi (Zedpay), con sede en Estambul, por proveer capacidades de pago transfronterizo a la entidad ya restringida Zedxion. Su presidente, Mehdi Rezazadeh, quedó incluido en la lista de designados. En Dubái, la medida alcanzó a Zedx DMCC, vinculada a Zedcex, y a su administrador, Sukhrob Oimakhmadov.

También fue designada BZ Diamond FZCO, distribuidora de diamantes naturales y de laboratorio gestionada por la hermana de Zanjani, Bahareh Morteza Zanjani, quien igualmente quedó sancionada. La lista se completa con Solmaz Bani, socia del financiero que registró sitios web para sus empresas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Irán ya paga un “alto precio económico por su comportamiento temerario”, con el rial en mínimos históricos e inflación superior al 60%, y que el Tesoro continuará cortando el acceso económico a los miembros del régimen y sus financistas. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, instó a los gobiernos del mundo a no relacionarse con Zanjani ni con quienes respalden al gobierno iraní, y vinculó las medidas con los ataques iraníes a embarcaciones comerciales en el Estrecho de Ormuz.

Las nuevas designaciones se suman a una ofensiva más amplia. El jueves, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta USD 15 millones por información sobre las actividades de Beh Joule Pars, empresa iraní vinculada a la producción de misiles, y dos de sus directivos. A principios de mes, Washington había anunciado sanciones adicionales tras el colapso del acuerdo de cese al fuego entre ambos países, con medidas dirigidas también a billeteras digitales y buques de la llamada flota fantasma.

(Con información de Bloomberg y Reuters)

La red que encabezaba Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúa operando pese a la detención del líder criminal, advirtió Estados Unidos.

Como parte de las sanciones en contra de 50 miembros y socios del grupo criminal emitidas este jueves por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las autoridades de ese país señalaron que “El Jardinero” conformó una vasta red de subordinados y cómplices, entre los que se encuentra familiares, que aún mantendrían su poder pese al arresto del jefe de plaza, realizada el 27 de abril.

Y es que Audias Flores era líder del CJNG en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, en los que contaba con una amplia red de socios financieros y logísticos, también tomó las armas para controlar la organización criminal tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina- Armada de México (Semar), detalló en una conferencia de prensa que “El Jardinero” inició una movilización de personal, armamento y recursos para obtener el liderazgo del CJNG, pero en su lugar lo asumió Juan Carlos Valencia González, alias “El 03″ o “El Pelón”, hijastro de “El Mencho”.

La red sancionada por EEUU: de un piloto de su confianza a sus jefes de plaza

Las sanciones financieras fueron emitidas en contra de César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, identificado por las autoridades mexicanas como operador financiero del CJNG y hombre de confianza de “El Jardinero”, detenido el mismo día.

Estados Unidos señaló a “El Güero Conta” como responsable de supervisar la red de “El Jardinero”, compuesta por empresas fachada, familiares y socios, que está encargada de ocultar sus ganancias.

De acuerdo con las autoridades de ese país, Audias Flores mantiene el control de una empresa de gasolineras denominada Petrocoda S.A. dic. V., a través de su prima Areli Isis Medina Flores y su socio, Gabriel Serrano Magaña, quienes también fueron sancionados.

Además, señaló a Karely Lizbeth Ramírez Banales como la esposa de “El Jardinero” y dueña de una tienda de bebidas alcohólicas denominada El Almacén Licorería; ambos también controlarían la empresa mayorista de ropa Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. dic. V.

En la red también fue sancionado José Guadalupe Bañuelos, alias “Venado”, identificado como piloto de confianza de Audias Flores que ha utilizado pistas clandestinas en todo el estado de Nayarit.

Otros de los jefes de plaza pertenecientes a su red que fueron sancionados son José Octaviano García Martínez, con operaciones en Florencia, Zacatecas; Cuauhtémoc Rivera Zepeda y Uriel Hernández Morales; todos identificados como productores de grandes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina en laboratorios clandestinos ubicados en esa entidad y Jalisco que posteriormente son enviadas a Estados Unidos.

Además, las autoridades emitieron sanciones contra:

• Joana Domínguez Aguilera, miembro del CJNG
• Roberto Jiménez Arias, miembro del CJNG
• Martha Alicia Alvarado Rodríguez, miembro del CJNG y esposa de Jiménez
• Efraín Corona Pimentel, integrante del CJNG
• Ángel Gabriel López Larios, integrante del CJNG
• José Jesús Gutiérrez Valdez, identificado por supervisar varios laboratorios de metanfetamina en Zacatecas
• Fidel Damián Moreno López, miembro del CJNG

Estados Unidos identificó que Roberto Jiménez opera una empresa de producción de cultivos para bebidas denominada Casa Tequilera El Origen del tequila S.A. de C.V., y una empresa constructora, Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V; mientras que con Martha Alicia Alvarado controla una empresa de producción agrícola denominada Agropecuaria Amateq Del Valle S.A. de C.V.

Por su parte, José Jesús Gutiérrez controla una empresa de muebles denominada Productores Vagu S.A. de C.V.; sin embargo, las sanciones se extendieron a otros líderes del CJNG y empresas que suman un total de 50.

En tanto, Audias Flores Silva se encuentra recluido en el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México. Enfrenta una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, proceso que ha intentado evitar a través de amparos.

La organización Cáritas Cuba inició la distribución de centenares de cajas con productos de ayuda humanitaria enviadas desde Estados Unidos, en dos municipios cercanos a La Habana, según informó la entidad que forma parte de la Iglesia Católica el jueves. El reparto comenzó en parroquias y casas religiosas de Bejucal y Alquízar y está destinado a las familias cubanas en mayor situación de vulnerabilidad.

El envío forma parte de un programa del Departamento de Estado estadounidense valorado en USD 60 millones, de un total de USD 100 millones previstos para los próximos meses. Un avión con 700 paquetes partió de Miami el martes, según confirmó esa dependencia federal.

Cada módulo cubre las necesidades básicas de una familia durante 10 días, de acuerdo con Cáritas. Los paquetes incluyen arroz, frijoles, espaguetis, sal, azúcar morena, latas de sardinas y atún, y aceite; además de una lámpara solar, tabletas para purificación de agua, un cubo de plástico, jabón, detergente, cepillo de dientes y toallas sanitarias.

Imágenes difundidas por la organización mostraron personas descargando cajas de cartón etiquetadas con la bandera de Estados Unidos. Voluntarios con indumentaria de Cáritas las entregaban a residentes tras revisar listados y verificar documentos de identidad. No se precisó qué parroquias participarán en las etapas siguientes.

Jeremy Lewin, funcionario del Departamento de Estado para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, señaló que la alianza con la Iglesia Católica se apoya en un programa previo que, tras el huracán Melissa, canalizó USD 9 millones en apoyo directo a la isla el año pasado. Lewin sostuvo que la distribución a cargo de sacerdotes locales y grupos católicos elimina cualquier posibilidad de injerencia del gobierno cubano.

Washington ha reiterado en distintas ocasiones su desconfianza en los mecanismos de donación, a los que acusa de ser manipulados por las autoridades de La Habana. Un comunicado del Ministerio de Comercio Exterior cubano confirmó la presencia de funcionarios durante la recepción de la aeronave, aunque no precisó sus rangos. Intentos de The Associated Press por contactar a Cáritas no tuvieron respuesta.

Cuba autorizó el ingreso de la ayuda, pero cuestionó que Estados Unidos ofrezca cooperación humanitaria siendo, a su juicio, responsable del deterioro económico a través de sanciones y un cerco petrolero. Ese bloqueo energético, impuesto en enero por el presidente Donald Trump, profundizó una crisis que ya acumulaba cinco años y provocó apagones de más de 20 horas, desabastecimiento de medicamentos y alimentos, restricciones al transporte y suspensión de vuelos.

En ese marco, la cadena hotelera española Meliá —socia internacional de Cuba en el sector turístico— anunció esta semana su retirada del país tras recibir presiones de Estados Unidos. Las operaciones de Visa y Mastercard, varias aerolíneas y compañías con actividad industrial atraviesaron un proceso similar.

(Con información de AP)

Los Estados miembro de la Unión Europea alcanzaron este jueves un acuerdo para la adopción del 21º paquete de sanciones contra Rusia, con el objetivo de reforzar la presión económica sobre Moscú por la invasión de Ucrania y limitar su capacidad de sostener el conflicto. La Presidencia irlandesa del Consejo de la UE confirmó el entendimiento, destacando que esta nueva ronda de medidas “ataca aún más las fuentes de ingresos” de Rusia, complica la actividad de la llamada “flota fantasma” y altera las cadenas de suministro rusas. “Europa está con Ucrania frente a la brutal guerra de agresión de Rusia”, afirmó la ministra de Exteriores de Irlanda, Helen McEntee.

El acuerdo político fue alcanzado por los embajadores de los Veintisiete, tras meses de negociaciones que incluyeron la prórroga, por otros doce meses, del mecanismo de limitación del precio del petróleo ruso. Además, se amplían las restricciones al sector financiero y a las criptomonedas, se introducen nuevas designaciones de buques y facilitadores empleados para eludir sanciones, y se endurecen las medidas dirigidas a la industria militar rusa.

Este vigésimo primer paquete de sanciones de la Unión Europea incluye disposiciones que buscan restringir aún más los ingresos de Moscú, limitar el uso de embarcaciones y alterar los canales logísticos utilizados por Rusia para sostener su economía y su esfuerzo bélico, según se informó desde la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE.

Durante los últimos días, el consenso entre los países miembros estuvo bloqueado por las reservas expresadas por Grecia, relacionadas con las medidas sobre el transporte de gas natural licuado (GNL) ruso hacia terceros países. Grecia argumentó que las restricciones tendrían un efecto limitado sobre las exportaciones rusas, afectando principalmente a la industria naviera europea.

Finalmente, el acuerdo incluyó un “compromiso” que contempla una exención limitada para transferencias de GNL a terceros países y compras asociadas a contratos suscritos antes del 24 de febrero de 2022. Además, se restringe cualquier ampliación de estas operaciones por parte de operadores europeos y se establece una revisión anual por parte del Consejo de la UE, según fuentes europeas.

El 21º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia fue aprobado tras desbloquearse el principal punto de desacuerdo con Grecia respecto al GNL. El texto final mantiene restricciones sobre nuevas operaciones y prevé una evaluación anual de su impacto.

Sanciones en el ámbito deportivo

El comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, advirtió que el nuevo paquete de sanciones incluye medidas contra el presidente del Comité Olímpico Ruso y restricciones de visado para antiguos combatientes rusos, incluidos aquellos que participan en competiciones deportivas.

Micallef manifestó que “las medidas adoptadas hoy envían una señal clara” y que la UE mantendrá la posibilidad de adoptar nuevas restricciones, incluida la retirada de financiación si las circunstancias lo justifican. Añadió que los comités olímpicos nacionales y las federaciones deportivas europeas deben garantizar que el deporte no se utilice como instrumento de propaganda estatal ni para normalizar la agresión rusa, especialmente tras la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de levantar la suspensión del Comité Olímpico Ruso.

Corresponde ahora a las entidades deportivas nacionales y continentales asegurar que el deporte no sirva para legitimar la agresión de Rusia, según instó el comisario maltés.

Durante una hora y 48 minutos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, intervino por última vez en el Congreso de la República como mandatario, en medio de la instalación de sesiones para el periodo 2026-2030.

No obstante, una vez culminó su pronunciamiento ante los senadores y representantes a la Cámara, decidió retirarse del Salón Elíptico, lugar en el que se realizó la sesión del Congreso en pleno, con el fin de evitar las declaraciones de los sectores políticos declarados en oposición.

El espacio fue utilizado por los congresistas Julio Cesar Triana, de Cambio Radical, y de Andrés Forero, del Centro Democrático.

El gesto fue altamente cuestionado por los dirigentes políticos, a tal punto de que lo consideraran como un incumplimiento a su fuero presidencial.

Con este episodio ya son tres las veces en que el mandatario abandona el recinto sin escuchar la respuesta de los sectores opositores. Petro solo permaneció para oírlos en 2023, mientras que en 2024, 2025 y ahora en 2026 salió del Capitolio al terminar su discurso.

Ante esta situación, se ha indagado sobre la posibilidad de que el mandatario saliente pueda tener sanciones o medidas disciplinarias sobre su comportamiento ante los parlamentarios.

Esto dice la ley

Según lo estipulado en la Constitución Política colombiana y en el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), el presidente no puede ser sancionado ni destituido por retirarse del Congreso, ya que no está estipulado en las normativas mencionadas.

En el artículo 24 del Estatuto de la Oposición, se reconoce a los partidos contradictores el derecho a responder las declaraciones del mandatario colombiano en las mismas condiciones de tiempo y difusión.

Sin embargo, el texto no incluye una cláusula de consecuencias para el presidente si abandona el debate parlamentario.

La diferencia entre “garantía del espacio” y “presencia obligatoria” explica buena parte del limbo. Desde el punto de vista institucional, el derecho de réplica se considera cumplido cuando la mesa directiva del Congreso concede el uso de la palabra a los voceros de la oposición y la señal pública transmite sus discursos en vivo, aunque el presidente ya no esté allí.

En esa interpretación, la asistencia física del jefe de Estado no es un requisito legal autónomo. El estatuto no ordena que permanezca en su silla del Salón Elíptico, de modo que retirarse no encaja, por sí mismo, en una prohibición escrita.

Para que sea aplicable una medida disciplinaria contra el presidente de la república, se debe presentar un proyecto de ley estatutaria que debe superar con éxito cuatro debates parlamentarios, y luego será estudiada por la Corte Constitucional para un control previo y automático de constitucionalidad.

En la actualidad, la única entidad que puede emitir sanciones contra el fuero presidencial es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, aunque ese filtro está concebido para tramitar denuncias por delitos penales graves o casos de indignidad política extrema.

Intervención de la oposición

Inicialmente, Julio Cesar Triana reprochó la salida del jefe de Estado y consideró que está vulnerando una de sus consignas con las que había iniciado su periodo presidencial.

“Es una lástima y un maltrato contra la oposición que no nos escuche 20 minutos que lo manda la ley (...) Cuatro años después del día en que usted juró defender la Constitución y la ley, puedo afirmar que su verdadera impronta fue la retórica vacía, el populismo y su permanente deseo de dejar a Colombia profundamente polarizada”, dijo el representante de Cambio Radical.

A su vez, el parlamentario huilense lanzó críticas por algunas de sus políticas hechas en su mandato, como por ejemplo la “Paz Total”, asegurando que garantizó libertades a los grupos armados y no promovió la seguridad de los colombianos. “Pasamos de combatir a los grupos criminales a jugar a los congelados con ellos”, agregó.

Por su parte, Andrés Forero, senador del Centro Democrático, también cuestionó que Petro dejara el Capitolio sin escuchar la réplica a un discurso que, según la oposición, describió un país distinto al que se vive en las ciudades y en los territorios.

“Tenemos la convicción de que más temprano que tarde, la impunidad termina siendo partera de nuevas violencias. Lamentablemente, el tiempo ha terminado dándonos la razón y hoy el terror ha vuelto por sus fueros”, comentó el congresista, en el que también rindió homenaje al fallecido exsenador Miguel Uribe Turbay.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este domingo a la bancada del Partido Republicano en el Congreso que incorporen a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia. La iniciativa, impulsada por el senador Lindsey Graham hasta su fallecimiento el pasado fin de semana, busca ampliar las restricciones a Rusia y sus aliados, extendiendo las sanciones a quienes compren energía de origen ruso.

En su publicación en la plataforma Truth Social, Trump afirmó: “Los republicanos deberían incluir a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia. Eso era lo que Lindsey quería hacer, y se iba a lograr. Es importante”. La Casa Blanca había debatido en semanas recientes la posibilidad de sumar también al grupo terrorista Hezbollah, aliado de Teherán en Líbano, a las entidades sancionadas.

A comienzos de julio, senadores estadounidenses comunicaron que habían recibido el visto bueno del Ejecutivo para avanzar en el Congreso con nuevas sanciones sobre los hidrocarburos producidos por Rusia, que hasta entonces estaban bloqueadas por el propio Trump. “Nos enorgullece anunciar que hemos logrado un acuerdo con el gobierno de Trump para hacer avanzar nuestra legislación actualizada sobre sanciones contra Rusia”, señalaron en un comunicado conjunto los senadores Lindsey Graham y Roger Wicker, republicanos, junto a los demócratas Richard Blumenthal y Jeanne Shaheen.

En el comunicado, los legisladores aseguraron: “En el momento en que Rusia intensifica su masacre de civiles, es imperativo que los poderes legislativo y ejecutivo trabajen juntos para crear herramientas que hagan pagar un alto precio a quienes compran petróleo y gas rusos y alimentan la máquina de guerra de Putin”. Los congresistas calificaron de “muy satisfactorios” los avances logrados en las negociaciones.

El acuerdo con la Casa Blanca allana el camino para que las nuevas sanciones sean aprobadas en las próximas semanas por una mayoría amplia de congresistas de ambos partidos. El detalle de las nuevas medidas no se ha hecho público hasta el momento.

Durante la cumbre del G7 celebrada en Francia a mediados de junio, Trump se mostró dispuesto a restablecer sanciones dirigidas a las exportaciones de petróleo ruso. En los meses recientes, Estados Unidos había suspendido parcialmente algunas de las sanciones sobre el petróleo ruso, tras la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022.

La suspensión temporal de sanciones tenía como objetivo contrarrestar el aumento en los precios del crudo, motivado por la escalada del conflicto con Irán. En mayo de 2025, más de ochenta senadores estadounidenses respaldaron una propuesta legislativa para imponer nuevas sanciones a Moscú, argumentando la falta de voluntad del gobierno ruso para finalizar la guerra en Ucrania.

La propuesta de ampliar el alcance de las sanciones estadounidenses contra Rusia, e incluir a Irán y a los terroristas de Hezbollah, responde a la preocupación del Congreso por frenar el financiamiento de la maquinaria militar rusa y limitar la influencia de sus aliados en Medio Oriente. Se informó que tanto republicanos como demócratas son optimistas respecto a que el proyecto de ley se convierta en ley durante el verano.

La disposición comprende el jirón Puno, la avenida Abancay y la av. Nicolás de Piérola, donde estos vehículos suelen concentrarse para el traslado y la venta de diversos productos.

El gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, Alberto Peralta, informó a las cámaras de 24 horas de Panamericana TV que los operativos estarán a cargo del equipo de fiscalización en coordinación con la Gerencia Metropolitana. Según explicó, las intervenciones alcanzarán a las unidades que realizan comercio ambulatorio en espacios donde esta actividad no está permitida.

“El equipo de fiscalización de Lima, conjuntamente con la Gerencia Metropolitana, va a hacer la intervención de estas unidades que no tienen permitido hacer el comercio ambulatorio y que ya han puesto en riesgo la transitabilidad. Tenemos mucho tráfico producto de estos vehículos que no tienen permiso comercial para hacer ventas en la avenida”, señaló el funcionario.

Asimismo, indicó que, además de la multa, las autoridades procederán con el internamiento del vehículo en el depósito municipal. Explicó que la unidad será devuelta únicamente después de que el propietario cumpla con el pago correspondiente de la infracción impuesta.

La decisión municipal ha generado preocupación entre los comerciantes que dependen de estos triciclos para trasladar y ofrecer sus productos en distintos puntos de la ciudad. Varios de ellos manifestaron que esta labor constituye su principal fuente de ingresos y que la aplicación de sanciones afectará directamente el sustento de sus familias.

“Lo que nosotros queremos solo es trabajar. No hacemos daño a nadie”, expresó uno de los vendedores consultados por el medio. Al ser preguntado sobre el impacto de la multa, respondió que los perjudica, aunque aseguró que necesitan continuar con su actividad porque de ella dependen para vivir.

Otra comerciante sostuvo que dejar de trabajar representa un problema para su alimentación diaria. “Si no trabajamos, ¿qué comemos?”, manifestó. También comentó que los operativos no son nuevos para quienes desarrollan esta actividad, ya que, según afirmó, con frecuencia son retirados de los lugares donde ofrecen sus productos.

Frente a la nueva disposición, algunos vendedores plantearon la posibilidad de una reubicación como alternativa para continuar desarrollando sus actividades sin afectar el tránsito. “Desde que nos coloquen un sitio para poder trabajar tranquilo, sin bulla, nosotros ya le agradecemos bastante si nos apoyan en algo”, señaló uno de los comerciantes.

La Municipalidad de Lima sostiene que la medida busca recuperar el orden en el Centro Histórico, facilitar el desplazamiento de vehículos y peatones, así como disminuir los riesgos derivados de la presencia de triciclos destinados al comercio ambulatorio en las principales arterias de la capital.

En Colombia, las normas sobre la gestión de residuos sólidos son claras, y su incumplimiento puede generar consecuencias tanto para ciudadanos individuales como para conjuntos residenciales.

Una de las preguntas más frecuentes en estos espacios compartidos es si pueden ser multados por sacar la basura fuera del horario definido. La respuesta es afirmativa: existen sanciones cuando no se respeta el calendario oficial de recolección establecido por la autoridad competente.

Este tipo de infracción está contemplado en la Ley 1259 de 2008, que creó el Comparendo Ambiental como herramienta legal para promover el cumplimiento de las normas de limpieza y manejo adecuado de residuos. Según esta ley, la disposición de basura en momentos no autorizados constituye una violación sancionable.

Cada municipio debe adoptar su propio Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en el cual se fijan los días y horarios en que los desechos pueden ser sacados a las zonas de recolección. Estos planes también definen las responsabilidades de quienes generan residuos, tanto en viviendas individuales como en propiedad horizontal.

En el caso de apartamentos o casas dentro de conjuntos, donde los desechos se agrupan en un punto común, la responsabilidad puede recaer sobre los administradores. Si no se garantiza que la disposición de la basura se realice dentro del horario permitido, o si la administración no comunica de manera oportuna los lineamientos, es posible que se impongan sanciones a la copropiedad.

Las consecuencias de este tipo de faltas pueden ir desde llamados de atención verbales hasta multas económicas. Las cifras varían según el municipio, pero usualmente las multas oscilan entre uno y veinte salarios mínimos diarios legales vigentes. Algunas alcaldías también incluyen dentro de las medidas correctivas la asistencia obligatoria a actividades pedagógicas relacionadas con el adecuado manejo de los residuos sólidos.

Las infracciones pueden ser cometidas por personas naturales o jurídicas. Cuando se trata de viviendas particulares, el propietario o arrendatario es quien asume la sanción. En conjuntos residenciales, es la administración o el consejo de administración el que puede responder si se demuestra negligencia o incumplimiento en la gestión de la recolección.

Para prevenir estas situaciones, las copropiedades deben tomar una serie de medidas preventivas. Se recomienda informar a todos los residentes sobre los días y horas establecidos para sacar la basura, coordinar directamente con la empresa prestadora del servicio de aseo y vigilar que los desechos no se dispongan antes o después del horario estipulado. Además, es importante fomentar prácticas de reciclaje y separación en la fuente para reducir el volumen de residuos enviados a disposición final.

La gestión de los residuos no es solo un asunto operativo, sino una responsabilidad colectiva. El cumplimiento de las normas ambientales no solo evita sanciones, sino que también contribuye a mantener entornos más limpios, saludables y sostenibles.

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, anunció que se está llevando a cabo una investigación sobre los vínculos de su exministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, con Rusia.

Szijjarto, quien renunció esta semana a su escaño parlamentario para asumir el cargo de director global de Asuntos Exteriores del gigante chino de vehículos eléctricos BYD Co., está bajo escrutinio desde que, a principios de este año, se filtraron grabaciones en las que se le escucha informando a su homólogo ruso sobre reuniones de la Unión Europea y ofreciendo su ayuda para suavizar las sanciones de la UE contra Moscú.

Magyar obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de abril contra el ex primer ministro prorruso Viktor Orbán. Ha prometido reintegrar a Hungría a la corriente principal europea y ser un miembro constructivo de la UE y de la OTAN.

Preguntado el jueves en una rueda de prensa gubernamental habitual sobre si se estaba llevando a cabo la investigación prometida sobre los supuestos vínculos de Szijjarto con Moscú, Magyar respondió: “Según tengo entendido, sí”. Se negó a dar más detalles sobre la investigación.

En la grabación filtrada de la conversación telefónica entre Szijjarto y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se oye al ministro húngaro pedirle a su homólogo ruso que le proporcione argumentos para la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE.

Magyar declaró entonces que las grabaciones parecían mostrar a Szijjarto cometiendo traición y que el asunto debía investigarse a fondo. Szijjarto afirmó que la conversación era una comunicación diplomática rutinaria.

Bloomberg

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones contra una red internacional de nacionales iraníes y rusos, así como entidades con sede en Irán, Rusia y Nigeria, acusados de facilitar la adquisición de armamento por parte de Teherán. La medida se suma a una escalada sostenida de presión económica y militar que Washington ha intensificado en las últimas semanas tras el colapso de las negociaciones con Irán.

Según el Tesoro, los objetivos de este miércoles “ejemplifican el uso que hace Irán de empresas extranjeras de aviación y transporte, conductos financieros y coordinadores de viajes para ocultar el papel del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en la adquisición ilícita de material y en el movimiento de personal a escala global”.

Las acciones del miércoles se enmarcan en una serie de golpes económicos encadenados. El martes, el Tesoro anunció penalizaciones contra la red naviera de Hossein Shamkhani, descrito como el líder iraní de un entramado empresarial que, según Washington, gestiona operaciones estratégicas de petróleo y armas para Teherán y Moscú. En esa misma jornada se sancionaron más de 50 entidades, entre ellas navieras, buques, billeteras digitales e individuos vinculados a Shamkhani.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó además del bloqueo de más de USD 130 millones en carteras de activos digitales presuntamente ligadas al Banco Central de Irán. “El Tesoro está desmantelando la infraestructura financiera que permite al régimen continuar con sus amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y a la navegación global”, declaró.

En paralelo a las sanciones del martes, el presidente Donald Trump reactivó el bloqueo naval de buques que transiten hacia o desde puertos o zonas costeras iraníes. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que la medida entró en vigor a las 16:00 hora de Nueva York de ese día.

La reanudación del bloqueo se produce tras el fracaso de las negociaciones iniciadas bajo un acuerdo de paz provisional firmado el 17 de junio por Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Las tensiones por el control del estrecho de Ormuz, vía de tránsito vital para los flujos energéticos mundiales, derivaron en ataques renovados y en la suspensión de los diálogos.

Las sanciones de esta semana representan un giro abrupto respecto al plan inicial de reintegrar a Irán en la economía global mediante licencias condicionadas a su cumplimiento en diversas materias. Bessent había señalado, tras la firma del memorando de entendimiento, que Irán comenzaría a facturar sus ventas de petróleo en dólares estadounidenses.

El 8 de julio, Washington revocó la dispensa que permitía nuevas ventas de crudo iraní, tras una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz atribuidos a Teherán. Dos días después, el 10 de julio, impuso sanciones adicionales contra la red de financiación del líder supremo Mojtaba Jamenei.

Las medidas del miércoles se suman a acciones previas de mayo contra personas y empresas en China y Hong Kong acusadas de apoyar el sector armamentístico iraní, y a las de junio contra 11 personas y entidades por colaborar con el IRGC y las fuerzas militares iraníes en la obtención de armamento.

(Con información de Reuters y Bloomberg)

La nueva legislación de sanciones contra Rusia, impulsada por el fallecido senador Lindsey Graham y respaldada por el presidente Donald Trump, apuntaría a los cinco principales compradores de petróleo crudo y gas natural rusos, incluyendo a China e India.

La medida, negociada por un grupo bipartidista de senadores, otorgaría a Trump la autoridad para imponer aranceles de hasta el 100% a estos países.

Esto aumentaría la presión económica sobre Moscú para que ponga fin a su invasión de Ucrania, que ya dura cuatro años y ha causado la muerte de aproximadamente dos millones de soldados y daños devastadores en Kiev por casi 200 mil millones de dólares.

Si Trump impusiera estos aranceles, también amenazaría con desestabilizar las ya volátiles relaciones comerciales de Estados Unidos con China e India.

Estados Unidos y China alcanzaron una tregua comercial que expira en noviembre. Se espera que Trump y el presidente chino Xi Jinping se reúnan en Washington en septiembre, y el acceso de Estados Unidos a minerales críticos procedentes de China figurará entre los principales temas de la agenda. China ha utilizado repetidamente estos minerales como moneda de cambio en disputas comerciales con Trump.

Los promotores del proyecto de ley confían en que cuenta con el apoyo suficiente para su aprobación en el Senado tras obtener el respaldo del presidente, según informó un asesor del Senado. Sin embargo, aún no está claro el calendario para su votación en el pleno.

Los partidarios de una política exterior más intransigente, liderados por Graham, han impulsado diversas versiones de la legislación de sanciones durante el último año en un intento por bloquear la principal fuente de ingresos de Rusia, aunque tuvieron dificultades para obtener el respaldo de la Casa Blanca.

Graham y los demás promotores del proyecto de ley llegaron a un acuerdo con la Casa Blanca la semana pasada. El proyecto de ley se negoció mediante conversaciones de alto nivel entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, Graham y la senadora demócrata Jeanne Shaheen, según un asesor del Senado.

“Esto es en honor a Lindsey. Era su prioridad. Lo deseaba más que nada”, declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval el martes.

Trump añadió que el proyecto de ley podría incluir a Irán. “Van a incluir a Irán, lo cual es muy importante”. “Si hicieran eso, podrían incluir también a Hezbollah”, dijo Trump.

El proyecto de ley incluye una excepción para los países que importan menos del 15% del gas natural ruso. Esto permite que aliados que se encuentran entre los principales importadores de petróleo ruso, como Francia y Japón, queden exentos, según un asesor del Senado.

También añade una nueva facultad para imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales países que facilitan la evasión de las sanciones petroleras rusas. Otras disposiciones de la legislación apuntan a la llamada flota en la sombra de Rusia y al apoyo chino a la base industrial de defensa del Kremlin.

El senador John Kennedy, republicano de Luisiana, declaró a los periodistas en el Capitolio el martes que acababa de hablar por teléfono con Trump, con quien conversó sobre un “esfuerzo serio” entre los legisladores para impulsar el proyecto de ley.

“No hablo en su nombre, pero creo que está de acuerdo con el acuerdo”, dijo Kennedy.

Bloomberg

Diez petroleros rusos de la denominada ‘flota fantasma’ fueron alcanzados durante la pasada noche en el mar de Azov por las Fuerzas de Defensa ucranianas, junto a cuatro transbordadores empleados en la logística militar rusa, informó este domingo el Estado Mayor ucraniano. El comunicado señaló que Rusia utiliza estos buques para transportar petróleo y productos petrolíferos eludiendo las sanciones internacionales.

Según el texto,, los ataques recientes forman parte de una serie de operaciones que buscan dificultar tanto el comercio energético ruso como el abastecimiento logístico de sus fuerzas. El Estado Mayor sostuvo que los transbordadores impactados estaban destinados a garantizar la movilidad de recursos militares a través de rutas marítimas clave.

El jefe de las Fuerzas de Sistemas no Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, conocido como ‘Magiar’, precisó que la cifra de barcos rusos dañados en el mar de Azov desde el lunes y hasta el domingo asciende a 90 unidades. Este total incluye petroleros, remolcadores, transbordadores y buques de carga seca.

En respuesta a la ofensiva ucraniana, medios reportaron el sábado que Rusia ha decidido suspender temporalmente la navegación por el canal Don-Azov, que conecta el río Don con el mar de Azov. Brovdi señaló al respecto: “Parece que se ha interrumpido el tráfico por el estrecho de Kerch”, en referencia a la presunta suspensión de tránsito por el canal marítimo que separa Crimea de Rusia y constituye la principal vía de entrada al mar de Azov.

Las operaciones ucranianas contra la ‘flota fantasma’ rusa en el mar de Azov han provocado la suspensión temporal de la navegación por el canal Don-Azov, que conecta el río Don con el mar y es clave para el suministro energético y militar de Rusia, según informaron el Estado Mayor ucraniano y fuentes militares.

El pasado jueves, drones ucranianos atacaron una docena más de petroleros rusos en el mar de Azov, informó el ejército ucraniano, como parte de la campaña para interrumpir el suministro de combustible a las fuerzas rusas y aislar Crimea, territorio ocupado por Moscú.

El comandante de las fuerzas de drones, Robert Brovdi, difundió en Telegram un vídeo que supuestamente muestra los ataques a buques cisterna en el mar de Azov. No fue posible verificar de manera independiente la ubicación ni la fecha de la grabación, aunque no existían versiones previas a la fecha del 9 de julio.

Según el Estado Mayor del ejército ucraniano en Telegram, los buques cisterna dañados eran utilizados para abastecer de combustible al ejército ruso y para transportar petróleo y derivados, eludiendo sanciones internacionales. También se informó de daños a un remolcador y a un buque de carga seca.

El gobernador de la región rusa de Rostov informó este jueves que dos buques cisterna fueron atacados por drones ucranianos en el mar de Azov, aunque Moscú no realizó comentarios adicionales sobre el incidente. Según las autoridades locales, ambos buques sufrieron daños mecánicos y se desataron incendios, uno de los cuales fue sofocado posteriormente.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves el derribo de 73 drones ucranianos de ala fija sobre once regiones rusas, la península de Crimea y el mar de Azov.

Estados Unidos sancionó al financiero iraní Ali Ansari y a otras 13 personas y entidades por gestionar una red internacional de activos en beneficio del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en lo que constituye la primera medida de este tipo desde la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán el pasado 17 de junio.

El Departamento del Tesoro justificó las sanciones como respuesta a la reanudación de los ataques iraníes contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. Tanto Estados Unidos como Irán se han acusado mutuamente de violar los términos del acuerdo de cese al fuego.

Ansari, empresario iraní radicado en Dubái, fue propietario y director de Ayandeh Bank, entidad que, según el Tesoro, desvió miles de millones de dólares mediante préstamos concedidos a empresas vinculadas al propio financiero, hasta que las autoridades iraníes ordenaron su disolución en octubre de 2025. Gran Bretaña ya lo había sancionado previamente por financiar actividades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

El Tesoro afirmó que Ansari “ha institucionalizado de facto la malversación de fondos a gran escala dentro del régimen iraní, desviando recursos públicos hacia una extensa cartera de bienes inmuebles y participaciones comerciales en el extranjero” para enriquecerse a sí mismo, a las élites del régimen y al CGRI. Para canalizar esos fondos, utilizó numerosas sociedades pantalla y cuentas bancarias en múltiples jurisdicciones, acumulando activos bajo Smart Global Limited, una sociedad holding constituida en 2011 en Saint Kitts y Nevis que invirtió en propiedades en Alemania, Luxemburgo, España, Reino Unido, Chipre y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros países.

“Aunque figuran a nombre de Ansari, muchos de estos intereses financieros se mantienen en beneficio de Mojtaba Khamenei, su familia y otras élites iraníes del régimen y el CGRI, quienes han protegido a Ansari de ser sancionado pese a su notoria corrupción y el grave daño que ha causado a la economía iraní y a su pueblo”, precisó el Tesoro. Las sanciones derivaron en parte de una investigación de un año de Bloomberg News, publicada en enero, que documentó el papel del financiero en la gestión de ese portafolio internacional para Khamenei.

El paquete también apuntó a tres casas de cambio iraníes y sus directivos, acusados de facilitar transacciones por miles de millones de dólares anuales en nombre de bancos iraníes ya sancionados, valiéndose de capas de sociedades pantalla para ocultar la actividad ilícita. Asimismo, fueron designadas CDM Trading Limited, con sede en Hong Kong, y Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, establecida en los Emiratos Árabes Unidos, bajo la misma acusación.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el departamento seguirá “usando cada herramienta a su disposición” para aislar a Khamenei y a otros altos funcionarios del sistema financiero mundial, y agregó: “Preservaremos estos activos para el pueblo iraní”. Bessent también señaló que “el llamado líder supremo permanece oculto y aislado mientras su régimen se desmorona”.

El presidente Donald Trump declaró ese viernes que el cese al fuego acordado el mes pasado había concluido, aunque precisó que las negociaciones continuarán a petición de Teherán. A comienzos de esa semana, Washington había reimplantado sanciones sobre las ventas de petróleo iraní.

Irán respondió que está lista para una “defensa total” si Estados Unidos viola el memorando, y su principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, publicó en Telegram que la guerra nunca terminaría con la rendición de Teherán. Teherán sostiene que las acciones estadounidenses “han dejado sin efecto partes claves y fundamentales” del acuerdo firmado.

El analista Brett Erickson, director general de Obsidian Risk Advisors, interpretó las nuevas medidas como una señal inequívoca: “Washington ya no intenta salvar el marco existente, se prepara para reemplazarlo por completo”, afirmó. Las negociaciones entre ambas potencias no han logrado avances en los asuntos pendientes: los peajes para los buques en el estrecho, el desbloqueo de activos iraníes congelados y las ambiciones nucleares de Teherán.

El acuerdo provisional también preveía la reapertura total del estrecho —vía crítica para el suministro mundial de petróleo y gas que había permanecido en gran medida cerrada durante el conflicto—, pero el tráfico aún no ha recuperado los niveles previos a la guerra. Los últimos días de hostilidades dejaron al menos 14 muertos en suelo iraní, luego de que tres buques cisterna de Qatar y Arabia Saudita fueran atacados por fuerzas iraníes, lo que desencadenó represalias estadounidenses sobre posiciones iraníes y, en respuesta, ataques de Irán contra instalaciones militares de Estados Unidos en estados del Golfo.

(Con información de AFP, EFE, Reuters y Bloomberg)

Estados Unidos retirará a Siria de la lista de patrocinadores del terrorismo, en una decisión anunciada este miércoles por Donald Trump durante la cumbre de la OTAN en Ankara, donde se reunió con el presidente de transición sirio, Ahmed al-Sharaa.

La designación que el país árabe carga desde diciembre de 1979, cuando fue el primer Estado en integrarla, fue notificada formalmente por Marco Rubio al Congreso. El retiro entrará en vigor en 45 días, a menos que los legisladores lo bloqueen, algo que se considera poco probable.

El anuncio se produjo durante el encuentro entre ambos mandatarios ante los medios. “Creo que lo haré. ¿Por qué no iba a hacerlo? Ha hecho un gran trabajo”, dijo Trump, quien se dirigió a Rubio para consultarle si habría algún inconveniente. “Sí, lo haré”, confirmó.

Durante décadas, esa etiqueta bloqueó la inversión extranjera y generó riesgos legales para las empresas que operan en Siria, en especial para las estadounidenses o aquellas con transacciones vinculadas a la economía norteamericana.

“El levantamiento de las sanciones impulsará el comercio y la inversión internacionales, le dará a Siria la oportunidad de reconstruirse y abrirá un nuevo capítulo para el pueblo sirio”, señaló Rubio en un comunicado. Trump, por su parte, indicó que la retirada de sanciones decretada en mayo del año pasado ya supuso “un gran impulso” para la recuperación del país.

En esa línea, elogió al líder sirio y destacó que “ha unificado el país en un período de tiempo muy corto”, a pesar de que “desde el principio fue un verdadero desastre.” Lo describió como “un gran líder, respetado por todos” y calificó la estabilización del país de “asombrosa.”

Al-Sharaa es un ex yihadista que llegó a la presidencia de transición tras el derrocamiento de la familia Assad en 2024, que gobernó con mano de hierro durante medio siglo. Desde entonces ha buscado proyectarse como figura unificadora.

El acercamiento entre Washington y Damasco se concretó pese a las objeciones de Israel, que ha lanzado repetidos ataques aéreos en territorio sirio. Trump había presionado al gobierno de Al-Sharaa para que hiciera las paces con el Estado hebreo, pero avanzó con la decisión sin progresos concretos en ese frente.

Turquía y Arabia Saudita alentaron a Estados Unidos a aproximarse al país hace aproximadamente un año, cuando comenzó el proceso de levantamiento de sanciones. Rubio concluyó que “una Siria estable y unificada, en paz consigo misma y con sus vecinos, beneficia no solo a la región, sino al mundo entero”.

(Con información de AFP, Europa Press y Reuters)

A partir del 15 de agosto de 2026 empezarán a ejecutarse las primeras sanciones propias contra 19 comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Las decisiones cobijan a los siete exjefes de las antiguas Farc, responsabilizados por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio de sus víctimas, y a 12 exmilitares del Batallón La Popa del Ejército Nacional, condenados por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en el Caribe colombiano, también conocidos como falsos positivos.

Esta etapa, según la JEP, pone en marcha sentencias ya firmes con restricciones efectivas de derechos y obligaciones de reparación para víctimas, comunidades y territorios afectados por el conflicto armado.

El cronograma de cumplimiento se extenderá hasta 2034 y estará organizado en siete fases regionales, entre los que se incluye monitoreo electrónico, residencia fija, horarios de trabajo definidos y autorización judicial para salir del departamento o del país.

Las sentencias fijaron tanto las limitaciones de derechos y libertades como las acciones restaurativas que deberán ejecutar los 19 sancionados. Entre esas tareas figuran obras de infraestructura, proyectos productivos, desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas y actividades de fortalecimiento comunitario.

La verificación del cumplimiento quedará a cargo de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, con apoyo de la Secretaría Ejecutiva y acompañamiento del Ministerio Público.

El mecanismo también tendrá un componente internacional encabezado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.

Para esta fase, según la JEP, el Gobierno Nacional destinó una asignación inicial de 50.000 millones de pesos para arrancar los proyectos restaurativos. La jurisdicción advirtió que la ejecución integral de las sanciones dependerá de que en las próximas vigencias fiscales se aseguren recursos adicionales para sostenerlas en el mediano y largo plazo.

Vale mencionar que el 1 de julio, la jurisdicción confirmó las sentencias contra el antiguo secretariado de las Farc y contra los exmilitares del batallón. El fallo resolvió 31 apelaciones presentadas por víctimas, organizaciones que las representan, entidades estatales, la Procuraduría y los propios comparecientes.

Caso Secretariado de las Farc

La Sección de Apelación de la JEP ratificó la condena contra siete exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de lesa humanidad y de guerra relacionados con el secuestro en el Macrocaso 01.

Entre los condenados figuran Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

El tribunal mantuvo sanciones de ocho años para los cuatro primeros mencionados, las redujo a siete años para Alape Lascarro, a seis para Gallo Cubillos y a cinco para Granda Escobar, respectivamente.

Ese expediente corresponde a responsables de más de 21.000 secuestros durante el conflicto armado en Colombia.

La segunda instancia también revisó reconocimientos de trabajos restaurativos hechos antes del fallo y revocó varios de los otorgados a Londoño, Catatumbo, Gallo y Granda al concluir que no todos tenían relación directa con el daño causado por los secuestros.

Caso Batallón La Popa

En el caso de los 12 exmilitares adscritos al Batallón de La Popa en Valledupar (norte de Colombia), la JEP introdujo menos cambios. Revocó parcialmente la inclusión de los delitos de tortura y persecución al considerar que fueron incorporados de forma irregular en una etapa avanzada del proceso.

No obstante, la decisión reconoció que esos crímenes sí ocurrieron contra comunidades indígenas, campesinas y otros grupos vulnerables. Con ese ajuste, las condenas individuales quedaron entre cinco y ocho años de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador, según el nivel de participación de cada compareciente.

Entre los oficiales condenados están Heber Hernán Gómez Naranjo, teniente coronel retirado y exjefe de Estado Mayor y de la Sección de Operaciones; Guillermo Gutiérrez Riveros, mayor retirado y excomandante de batería; Carlos Andrés Lora Cabrales, teniente retirado; Eduart Gustavo Álvarez Mejía, subteniente retirado y excomandante de pelotones como el grupo especial Zarpazo; y Elkin Leonardo Burgos Suárez, subteniente retirado.

En el grupo de suboficiales aparecen Efraín Andrade Perea y Manuel Valentín Padilla Espitia, ambos sargentos primeros retirados; José de Jesús Rueda Quintero, sargento viceprimero retirado; y Elkin Rojas, cabo tercero retirado. Los soldados profesionales retirados condenados son Yeris Andrés Gómez Coronel, Juan Carlos Soto Sepúlveda y Alex José Mercado Sierra.

La decisión definitiva no cobija a Publio Hernán Mejía, excomandante del batallón. Su situación judicial sigue en un juicio adversarial porque rechazó los cargos. Ese proceso lo expone a una pena ordinaria de hasta 20 años de prisión.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, expresó su confianza en que las sanciones impuestas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) al sector aéreo mexicano puedan levantarse antes del invierno, luego de que el gobierno de México aseguró haber cumplido con las medidas solicitadas por las autoridades estadounidenses.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el funcionario explicó que la administración federal ya respondió a los requerimientos planteados por el DOT y actualmente se encuentra a la espera de una resolución oficial por parte del gobierno estadounidense.

“Espero que sea antes. El acuerdo con ellos era responder y dar un término; se firmó un memorándum de acuerdos, que es el documento que se nos pidió, ambos lo hicimos público y estamos a la espera”, declaró Esteva Medina.

El secretario detalló que recientemente la subsecretaria de Transporte, Tania Carro, sostuvo comunicación con el subsecretario del DOT, Dan Edwards, como parte del seguimiento al proceso bilateral.

“En realidad, lo que nos correspondía prácticamente se atendió en cuanto a las solicitudes que nos hicieron”, afirmó.

México asegura que cumplió con los cambios regulatorios

Jesús Esteva explicó que buena parte de las observaciones realizadas por el Departamento de Transporte estaban relacionadas con adecuaciones al marco normativo que regula la aviación civil en México.

De acuerdo con el funcionario, ya fueron publicados los reglamentos y decretos necesarios para atender dichas observaciones, con el objetivo de fortalecer la certeza jurídica del sector y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales.

“Muchas de ellas tenían que ver con los ajustes regulatorios normativos que se hicieron, tanto de la publicación del reglamento como de algunos decretos, pero ha avanzado y estamos en espera de respuesta”, puntualizó.

Las declaraciones del titular de la SICT reflejan el optimismo del Gobierno mexicano respecto a que el diálogo con Estados Unidos concluya favorablemente en los próximos meses.

El acuerdo entre México y Estados Unidos

El pasado 5 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la SICT informaron que, como resultado de las mesas de diálogo sostenidas con el Departamento de Transporte estadounidense, ambas partes acordaron una serie de acciones para implementar correctamente el acuerdo bilateral de transporte aéreo.

En ese momento, el Gobierno de México reiteró su compromiso de mantener un mercado aéreo competitivo entre ambos países, bajo condiciones que favorezcan tanto el transporte de pasajeros como el movimiento de mercancías.

Asimismo, las autoridades mexicanas señalaron que el marco regulatorio deberá mantenerse claro, consistente y alineado con las mejores prácticas internacionales para garantizar la confianza de las aerolíneas y los usuarios.

AIFA, pieza clave en la estrategia aérea

Como parte del memorándum firmado entre ambos gobiernos, también quedó reconocido el papel del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como un componente integral de la infraestructura aeroportuaria que da servicio a la Zona Metropolitana del Valle de México.

La SICT destacó que este reconocimiento fortalece la estrategia del Gobierno federal para consolidar al AIFA como un aeropuerto complementario dentro del sistema aeroportuario nacional y como una alternativa para incrementar la capacidad operativa de la región.

El levantamiento de las sanciones del Departamento de Transporte de Estados Unidos representaría un paso importante para normalizar la relación aérea bilateral, brindar mayor certidumbre a las aerolíneas de ambos países y fortalecer la conectividad entre México y Estados Unidos, uno de los mercados de aviación más importantes del mundo.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas aseguran que ya cumplieron con los compromisos asumidos y confían en recibir una respuesta favorable antes de que concluya el año.

El gobierno estadounidense anunció sanciones contra dos brasileños y varias empresas presuntamente ligadas a la banda criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), recientemente designada como organización terrorista.

Victor de Oliveira Shimada, radicado en San Pablo, y su secretaria, Stella Nunes Henrique de Oliveira, enfrentan acusaciones de lavar decenas de millones de dólares que el PCC obtuvo en distintas ciudades de Estados Unidos.

De acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), estos fondos regresaron a Brasil a través de redes de criptomonedas.

El comunicado señala: “Shimada, radicado en San Pablo, ha sido un vínculo clave entre los operativos del PCC con base en Florida y los traficantes de drogas extranjeros”.

El Departamento del Tesoro informó que Shimada estuvo en arresto domiciliario a principios de año, después de que su empresa, Victory Trading, fuera acusada de lavado de dinero procedente de un club de fútbol.

Por su parte, Stella Nunes Henrique de Oliveira “actuó como intermediaria para la recogida de grandes cantidades de efectivo, proporcionando servicios logísticos esenciales” para la presunta red delictiva.

La OFAC designó a las empresas Victory Trading, Pixwave y Wave, con sede en San Pablo, como parte de la red, junto a la firma portuguesa Avenidas Flutuantes, que pertenecería a Shimada.

Según el comunicado, “como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes y los intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos, o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC”.

Los sancionados tampoco pueden acceder a servicios vinculados con el sistema financiero estadounidense.

Washington designó el pasado 28 de mayo al PCC y a la banda Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, pese a la oposición del gobierno brasileño.

Las autoridades de Bahréin, Kuwait, Omán, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se sumaron a Estados Unidos al imponer nuevas sanciones contra el grupo terrorista Hezbollah. Las medidas afectan a cinco empresas y 16 personas relacionadas con la estructura financiera del grupo.

La decisión fue adoptada en el marco del Centro para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (TFTC), del que también forma parte Washington, con el objetivo de “desarticular la capacidad de Hezbollah de explotar el sistema financiero internacional”, según informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Entre las entidades sancionadas figura Al Qard al Hasán (AQAH), señalada por el Tesoro como una organización que “se disfraza de ONG” pero que en realidad mueve fondos ilícitos a través de cuentas fantasma para Hezbollah, así como la entidad Al Jubara, encargada de la contabilidad de la milicia chií.

El listado incluye también a Beit al Mal, definida como “la tesorería no oficial” de Hezbollah e “intermediario” entre la organización y los bancos, además de las firmas Tashilat Sarl y Auditors for Accounting and Auditing, que proveen servicios financieros al grupo chií.

Los seis países sancionaron, además, a 16 personas, en su mayoría altos cargos de AQAH, incluyendo al jefe de la unidad de finanzas de Hezbollah, Ibrahim Alí Daher.

Por su parte, la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció días atrás una nueva ronda de sanciones contra funcionarios libaneses, compañías y empresarios acusados de colaborar con el grupo terrorista, facilitar su financiamiento y obstaculizar los esfuerzos para estabilizar el Líbano tras meses de conflicto en la región.

La medida fue comunicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, que incluyó en la lista a dirigentes políticos cercanos a la organización chií, así como a integrantes de una red empresarial señalada por aportar recursos a la estructura financiera del grupo.

Según Washington, los funcionarios sancionados utilizaron su influencia para retrasar el proceso de desarme de Hezbollah y bloquear iniciativas destinadas a consolidar la paz en el país mediterráneo. “Hezbollah debe desarmarse para que el Líbano pueda alcanzar un futuro seguro y próspero”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que la cartera continuará actuando contra “las redes financieras” del grupo y contra quienes ayuden a debilitar las instituciones estatales libanesas.

Entre los sancionados figura Sleiman Frangieh, histórico dirigente del Movimiento Marada y aliado político de Hezbollah. El Tesoro sostiene que Frangieh recibió apoyo financiero de los terroristas a cambio de respaldar estrategias para perjudicar electoralmente a candidatos independientes y reformistas durante las elecciones parlamentarias.

También fue sancionado Mahmoud Qamati, identificado como referente político del grupo y acusado de participar en operaciones de traslado de dinero desde Irán hacia Hezbollah y de defender los intereses de la organización en la política libanesa.

El Departamento del Tesoro amplió además medidas adoptadas en marzo contra el empresario Alaa Hassan Hamieh y su red comercial, que operaba en varios países de Medio Oriente mediante compañías utilizadas para recaudar fondos, ejecutar contratos y transferir recursos hacia Hezbollah. Entre las entidades sancionadas se incluyen firmas comerciales, empresas tecnológicas, sociedades de servicios administrativos y compañías vinculadas a proyectos desarrollados durante el régimen de Bashar al Assad en Siria.

La investigación estadounidense sostiene que parte de estos negocios generó millones de dólares destinados a la estructura financiera de Hezbollah, a través de contratos de infraestructura, empresas pantalla y movimientos bancarios realizados mediante sociedades registradas fuera del Líbano.

(Con información de Europa Press)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes a cinco personas y tres entidades por abastecer de explosivos al Ejército sudanés y reclutar combatientes para el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), en una guerra civil que desde abril de 2023 generó una de las peores crisis humanitarias del mundo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actuó al amparo de la Orden Ejecutiva 14098, el instrumento jurídico que habilita a Washington a sancionar a quienes obstaculizan la transición democrática en Sudán. La investigación se realizó en coordinación con el Centro Nacional de Selección de Objetivos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza.

En el centro del esquema figura el Sistema de Industrias de Defensa (DIS), la mayor empresa de defensa del país, designado organización terrorista por la OFAC en junio de 2023 junto a su filial Giad Industrial Group. A través de estructuras complejas que le han generado miles de millones de dólares, adquiere armas, municiones y vehículos frecuentemente de Irán u otros patrocinadores externos.

Bajo ese entramado opera Target Multiactivities Company Ltd. (TMAC), empresa sudanesa cuyo director gerente, Tariq Hussain Muhammad Madani, ejerce además como alto funcionario del DIS. TMAC importó explosivos desde proveedores egipcios e indios que las Fuerzas Armadas Sudanesas emplearon en bombas contra las RSF.

El principal de esos proveedores es SBL Energy Limited, fabricante indio que desde 2024 acumuló más de 200 envíos de explosivos a Sudán. Washington sancionó a la compañía y a su director ejecutivo, Alok Choudhari, a título personal.

La lista de entidades designadas incluye a Ports Engineering Company LTD, empresa pública sudanesa de construcción con participación de Giad en su capital. Desde el inicio del conflicto importó uniformes y calzado para personal de inteligencia desde un proveedor emiratí, y cinturones de munición y cajas de armas desde una empresa turca.

En el frente del reclutamiento, la OFAC designó a Talent Bridge SA, sociedad que operaba como pantalla para alistar mercenarios colombianos destinados a las RSF. Los tres ejecutivos sancionados por su participación en la estructura son los panameños Enrique Palacios y Jack Derman, y el colombiano Fredy López.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que “las redes que se benefician del conflicto en Sudán ponen en peligro las perspectivas de la tregua humanitaria que el pueblo sudanés necesita con urgencia”. Washington instó a ambas partes a acordar un cese de hostilidades inmediato e incondicional de tres meses que permita el ingreso de asistencia y abra camino a negociaciones de paz.

La guerra estalló por las tensiones en torno a la integración de las RSF en las Fuerzas Armadas regulares, un proceso que nunca llegó a concretarse. El enfrentamiento descarriló la transición política iniciada tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir en 2019, ya debilitada por la destitución del entonces primer ministro Abdalá Hamdok.

(Con información de EP y comunicado oficial del Tesoro de EE.UU.)

Varios sectores en Bolivia exigen sanciones contra quienes promovieron los bloqueos de caminos que paralizaron el país durante casi 50 días y generaron pérdidas millonarias, el desabastecimiento de productos básicos, destrozos en la infraestructura pública e impidieron el auxilio médico oportuno a más de diez personas que perdieron la vida durante las protestas, según informes oficiales.

Entidades relacionadas con la agroindustria, el transporte y el comercio, además del Comité Cívico y algunos actores políticos, exigieron que los líderes de la movilización social no queden impunes. “Esto no puede quedar sin responsables”, afirmó Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una entidad que aglutina varias instituciones y que en los últimos años tuvo un rol protagónico de oposición a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra el que también impulsó paros con bloqueos.

El líder cívico informó que “ante la inacción del Gobierno” decidieron iniciar procesos penales contra los dirigentes sociales de las tres organizaciones que encabezaron los bloqueos: el secretario de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; el representante de la Federación de Campesinos de La Paz, Vicente Salazar; y el expresidente Evo Morales (2006-2019), líder de los cocaleros que hicieron piquetes en su bastión al centro del país.

Aunque no hay una cifra consolidada por las pérdidas, instituciones de comercio exterior e industria estiman un daño económico de hasta 3.000 millones de dólares, lo que equivale al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). En cuanto a los destrozos en carreteras, la Administradora Boliviana de Carreteras informó que se destinarán cerca de 9 millones de dólares (90 millones de bolivianos) para los trabajos de reparación.

La medida de presión, que inició el 6 de mayo y concluyó el 22 de junio, fue impulsada por varios sectores sociales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de inconsistencias en su gestión y de traicionar a quienes le dieron el voto en octubre del año pasado cuando ganó la elección presidencial con el 55% de la votación frente al candidato conservador Jorge Quiroga. En los momentos más álgidos de la protesta se llegaron a registrar hasta 90 piquetes simultáneos en siete de los nueve departamentos del país.

Tras haber logrado un acuerdo con el mayor sindicato obrero el pasado sábado, el gabinete de ministros aprobó un decreto de estado de excepción que le permite establecer algunas restricciones e involucrar a las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden. La medida motivó el repliegue progresivo de los demás actores en medio de acusaciones contra el dirigente sindical que pactó con el Gobierno.

Ante los crecientes pedidos para sancionar a los responsables, el presidente Paz ha mostrado una posición contradictoria. Si bien ayer pidió “cárcel por el daño que hicieron a la sociedad” contra los bloqueadores, en el acuerdo que firmó con la COB se comprometió a “no impulsar normas que criminalicen la protesta”, a no realizar “persecución política ni judicial” y conformó una comisión “con el objeto de gestionar la liberación de los detenidos y revisión de los procesos en los conflictos”.

La discusión sobre el costo de la protesta y las sanciones contra los responsables ha vuelto a poner en la mesa de debate los proyectos de ley “antibloqueos” que se han presentado en la Asamblea Legislativa el año pasado. Los proyectos permanecen trabados en comisiones legislativas mientras dividen a la opinión pública: mientras algunos defienden los piquetes como la única medida de protesta que logra la atención de los gobernantes, otros los ven como un delito que vulnera libertades y derechos fundamentales.

El SAT puede embargar tu cuenta bancaria sin avisarte antes: el Código Fiscal de la Federación lo permite expresamente, siempre que exista una deuda fiscal firme o impugnada sin garantía suficiente. El bloqueo se ejecuta directamente con el banco, y la notificación al titular llega hasta después.

El artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ordenar la inmovilización de depósitos bancarios en cualquier tipo de cuenta —en moneda nacional o extranjera— sin notificar primero al contribuyente.

El oficio de inmovilización se dirige directamente a la institución financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El banco tiene hasta tres días hábiles para ejecutar el bloqueo. Solo entonces, en un plazo máximo de otros tres días, el SAT notifica al titular vía buzón tributario, estrados o edictos.

Cuándo puede aplicarse el embargo

La ley contempla dos supuestos. El primero ocurre cuando el crédito fiscal ya es firme: una deuda determinada, notificada y no impugnada en tiempo, o que agotó todos los medios de defensa disponibles.

El segundo aplica cuando el crédito está impugnado pero no garantizado, y se cumple al menos una de estas condiciones adicionales:

El contribuyente no es localizable en su domicilio fiscal registrado ante el SAT

La garantía ofrecida es insuficiente para cubrir el adeudo y sus accesorios

El contribuyente no amplió la garantía cuando la autoridad lo requirió

Los bienes embargados previamente no alcanzan a cubrir el interés fiscal

En ninguno de los dos supuestos el SAT está obligado a avisar al contribuyente antes de ordenar el bloqueo a la institución financiera.

Las causas que pueden derivar en un embargo de cuenta

El SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) cuando detecta incumplimientos fiscales. Entre los más frecuentes que la autoridad vincula con esta medida:

Omisión en la presentación de declaraciones fiscales mensuales o anuales

Falta de pago de impuestos dentro del plazo legal

No interponer medios de defensa ni ofrecer garantías ante un crédito firme

Ingresos declarados que no coinciden con los movimientos bancarios registrados

Uso de facturas falsas, simulación de operaciones o actividades inexistentes

El monto bloqueado corresponde al adeudo fiscal actualizado, más recargos, multas y gastos de ejecución. La ley prohíbe que el embargo exceda ese importe, ya sea que recaiga sobre una sola cuenta o sobre varias.

Cómo se ejecuta el procedimiento, paso a paso

Antes de llegar al embargo de cuentas, el SAT sigue una cadena de pasos establecida en el artículo 145 y siguientes del CFF. Primero emite un mandamiento de ejecución; luego un ejecutor designado acude al domicilio fiscal del contribuyente para requerir el pago.

Si el contribuyente no acredita en ese acto haber pagado, el ejecutor levanta un acta de embargo de inmediato. En el caso de cuentas bancarias, no es necesaria la presencia física: el SAT gira el oficio directamente al banco o a la CNBV.

Según el documento oficial del SAT sobre el PAE, si el contribuyente no es encontrado en su domicilio, el ejecutor deja citatorio para el día hábil siguiente. Si tampoco se le localiza entonces, la diligencia se entiende con quien se encuentre en el lugar.

Qué cuentas pueden ser bloqueadas y cuáles no

Son susceptibles de embargo las cuentas de cheques, ahorro, nómina, inversiones y cualquier depósito en moneda nacional o extranjera registrado a nombre del contribuyente en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

La ley excluye expresamente las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias, hasta por el monto de las aportaciones realizadas conforme a la ley de la materia.

Qué derechos tiene el contribuyente ante un embargo

El CFF reconoce al contribuyente el derecho de designar los bienes a embargar, siempre que siga el orden legal: primero dinero y depósitos bancarios, luego acciones y valores, después bienes muebles y, al final, bienes inmuebles.

Si ya se ejecutó el bloqueo de una cuenta, el titular puede ofrecer una garantía sustituta para liberar los fondos. El artículo 141 del CFF acepta como garantías: depósito en dinero o carta de crédito bancaria, prenda o hipoteca, fianza de institución autorizada, obligación solidaria de tercero solvente, embargo en vía administrativa, y títulos valor o cartera de créditos propios.

La autoridad tiene un plazo máximo de cinco días para resolver y notificar si acepta o rechaza la garantía ofrecida. Si no lo hace en ese término, la entidad financiera debe levantar la inmovilización.

Las vías legales para impugnar el embargo

Ante un embargo que el contribuyente considere indebido, el CFF y la legislación procesal fiscal prevén tres vías. La primera es el recurso de revocación ante el propio SAT. La segunda es el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La tercera es el juicio de amparo, cuando se alegan violaciones a derechos constitucionales.

El artículo 151 del CFF establece además que no procede el embargo respecto de créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede administrativa o jurisdiccional y se encuentren debidamente garantizados conforme a las disposiciones legales aplicables.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció este martes sanciones contra cinco entidades cubanas que generan ingresos para el régimen, incluidas tres asociadas con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), previamente sancionado, y un miembro de la familia Castro, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump, del pasado 1 de mayo, que impone sanciones a los responsables de la represión en la isla y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

A través de un comunicado del Departamento de Estado, Rubio indicó que “GAESA continúa operando como el brazo financiero del aparato de seguridad represivo del régimen cubano”; al tiempo que detalló: “Dos de las entidades designadas son instituciones financieras vinculadas a GAESA, asociadas con el movimiento de dinero en nombre del régimen, y una es una empresa de logística vinculada a GAESA que ejecuta las órdenes del régimen en toda la isla".

“También estoy designando a otras dos entidades que generan ingresos para Cuba mediante la explotación de las reservas minerales y metálicas de la isla, incluida la empresa estatal cubana GeoMinera”, agregó.

Por último, indicó: “Estoy designando a la esposa de Alejandro Castro Espín, quien ya había sido designado previamente en virtud de la Orden Ejecutiva 14404. Estas entidades y actores financian, facilitan o se benefician de las actividades perniciosas del régimen, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”, completó.

En diálogo con Infobae, Emilio Morales, consultor de empresas y experto en la economía cubana, destacó que las nuevas sanciones aplicadas a empresas de GAESA o relacionadas con ella “van dirigidas a anular el motor financiero y logístico de la joya de la corona de la familia Castro”.

Y explicó: “El golpe dirigido a RAFIN S.A. y el banco BFI S.A., dos de las principales entidades financieras de GAESA, tiene como objetivo asfixiar financieramente al holding de la familia Castro. A partir de ahora, las entidades extranjeras que canalizan transacciones comerciales con estas dos entidades de GAESA estarán expuestas a millonarias multas. Esto puede significar una nueva oleada de rupturas de contratos que tienen estas entidades con empresas de terceros países. Este golpe afecta a todos los suministradores internacionales que proveen mercancías a las entidades de GAESA por medio de cartas de créditos emitidas por el BFI. Por otra parte, las transacciones financieras entre el BFI y entidades bancarias de terceros países también quedan afectadas bajo estas sanciones, por lo que el BFI verá afectada su actividad financiera considerablemente".

Morales, quien es presidente y CEO de Havana Consulting Group, también detalló que las sanciones dirigidas a ALMACENES UNIVERSALES S.A. (AUSA) tienen el objetivo de “cortar los servicios de logística y almacenamiento que esta entidad provee a diversas empresas de GAESA y de entidades extranjeras asentadas en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM) que tienen relaciones con ella, así como otras que comercializan bienes con entidades de GAESA. De esta manera, todo el manejo del tráfico de contenedores en la ZEDM y los servicios que esta entidad ofrece con el depósito, almacenamiento y transporte de mercancías, incluidas las actividades portuarias de la ZEDM".

Por último, el experto subrayó que estas nuevas sanciones son la “respuesta de Estados Unidos a las 176 medidas anunciadas por el gobierno cubano, que dejó intacta a GAESA y todas sus afiliadas”.

Por su parte, el líder opositor y ex preso político José Daniel Ferrer, también en diálogo con Infobae, destacó que las nuevas medidas “deben ser entendidas por lo que realmente son: reforzamiento de la política de máxima presión contra una dictadura criminal que lleva más de seis décadas en el poder, persiguiendo a quienes disienten, encarcelando, negando libertades básicas y condenando al pueblo a la miseria más extrema”.

Ferrer subrayó que, durante este año, “Washington ha incrementado de manera significativa la presión sobre la dictadura. El 29 de enero, la Casa Blanca declaró una emergencia nacional relacionada con las amenazas atribuidas al régimen castrocomunista. Luego, el 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amplió las posibilidades de sancionar a personas, entidades y familiares vinculados con la represión, la corrupción, el aparato militar, el sector energético, la seguridad y el financiamiento del régimen. En junio, Estados Unidos aplicó nuevas sanciones contra actores del aparato represivo y contra estructuras vinculadas con actividades antiamericanas. También sancionó a CUPET, la empresa estatal cubana de petróleo y gas. Estas medidas golpean directamente una fuente esencial de recursos para la maquinaria de control, vigilancia y represión de la dictadura“, remarcó el disidente.

Luego recordó que, antes de este año, “la política estadounidense ya había dado pasos relevantes”. Y mencionó: “La Administración Trump reactivó en 2019 el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo demandas contra quienes trafican con propiedades confiscadas por el régimen. En 2025, Washington endureció nuevamente su política hacia Cuba, mantuvo a la isla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, reforzó restricciones a transacciones con GAESA y sus empresas afiliadas, y reafirmó las limitaciones al turismo estadounidense que alimenta al aparato militar cubano”.

Y siguió: “Quienes critican estas medidas suelen repetir que las sanciones perjudican al pueblo, y es cierto. Afectan como afecta un medicamento fuerte e indispensable para poner fin a una grave enfermedad. La quimioterapia produce fuertes reacciones adversas, pero aplicada a tiempo puede curar el cáncer. No hacer nada contra la grave enfermedad o sólo realizar su diagnóstico o aplicar remedio insuficiente, alarga el sufrimiento del paciente y lleva irremediablemente a la muerte. Los responsables de la tragedia cubana son los dirigentes que monopolizan el poder, controlan las empresas estatales, administran el turismo, acaparan las divisas y utilizan los recursos del país para sostener un sistema de dominación”.

El ex preso político luego destacó que “la verdadera solidaridad con los cubanos” no consiste en financiar al régimen ni en facilitarle recursos para prolongar su existencia. “Consiste en privarlo de los medios con los que reprime, corrompe y compra lealtades. La presión máxima no es un castigo contra Cuba: es una herramienta para abrir caminos hacia la libertad, la liberación de todos los presos políticos, el respeto de los derechos humanos y la transición democrática“, completó.

Por último, indicó que Estados Unidos, en la medida en que “castiga al régimen opresor, envía ayuda directa al pueblo cubano y ofrece aumentar la asistencia por vías directas que no pasen por las manos de la dictadura corrupta. Sancionar a la dictadura y apoyar directamente al pueblo, hasta alcanzar la democratización de la Mayor de las Antillas, es lo que debieran hacer también la Unión Europea y la mayoría de los países del continente americano”.

“Cada sanción bien dirigida, cada demanda por propiedades robadas y cada restricción contra las empresas de la dictadura acerca el día en que Cuba deje de ser rehén de una élite comunista y vuelva a pertenecer a todos los cubanos”, concluyó.

El SAT puede embargar tu casa si no atiendes a tiempo una notificación de crédito fiscal: el organismo tributario está facultado para iniciar un cobro forzoso, retener bienes —incluidos inmuebles— y rematarlos en subasta pública hasta cubrir el total del adeudo. El proceso, regulado por el Código Fiscal de la Federación (CFF), opera sin orden judicial y con plazos que corren desde el día siguiente a la notificación.

Recibir una notificación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) activa de inmediato un proceso legal con consecuencias patrimoniales. No se trata de una carta informativa: es el reconocimiento formal de una deuda que obliga al contribuyente a actuar dentro de plazos estrictos.

Los 30 días hábiles que definen todo

Desde que surte efectos la notificación del crédito fiscal, el contribuyente cuenta con 30 días hábiles para pagar el adeudo o garantizarlo ante la autoridad.

Si ese plazo vence sin ninguna acción, el SAT queda facultado para iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), el mecanismo legal que abre la puerta al cobro forzoso sobre el patrimonio del deudor.

El primer instrumento que emite la autoridad es el mandamiento de ejecución. Con ese documento, funcionarios fiscales pueden presentarse en el domicilio del contribuyente —o donde se encuentren sus bienes— y requerir comprobante de pago en ese momento. Si no se acredita el pago, el embargo se ejecuta de forma inmediata.

Qué puede embargar el SAT y en qué orden

El SAT no toma cualquier bien de forma arbitraria. El CFF establece un orden de prelación para el embargo:

Dinero en efectivo, metales preciosos y depósitos bancarios

Acciones, bonos y créditos de fácil cobro

Bienes muebles: vehículos y maquinaria

Bienes inmuebles, incluida la vivienda

La casa, entonces, no es el primer objetivo del fisco, pero sí puede serlo si los bienes anteriores no alcanzan para cubrir el monto total del crédito fiscal actualizado con recargos y multas.

Una vez embargado un inmueble, peritos determinan su valor comercial mediante avalúo. Luego, el SAT publica una convocatoria de remate al menos 10 días antes de la subasta, con un precio mínimo equivalente a dos terceras partes del valor del avalúo.

Qué pasa si el remate no alcanza para pagar la deuda

Si el monto obtenido en la subasta cubre la totalidad del adeudo, el procedimiento se cierra y la deuda queda liquidada.

Cuando el valor de los bienes rematados resulta insuficiente, el SAT no da por terminado el caso. Emite un nuevo requerimiento, amplía el embargo y puede retener más bienes del contribuyente hasta cubrir el crédito fiscal por completo.

El embargo precautorio: una amenaza que llega antes

Existe una modalidad aún más temprana: el embargo precautorio. A diferencia del PAE, esta medida puede aplicarse incluso antes de que el crédito fiscal quede totalmente firme.

El SAT puede recurrir a ella cuando detecta riesgo de insolvencia, presume que el contribuyente podría ocultar bienes o estima que existe riesgo de evasión de pago. Su alcance incluye cuentas bancarias, vehículos, maquinaria, inventario comercial y bienes inmuebles.

La medida es temporal y debe ser proporcional al monto estimado del adeudo. Puede levantarse si el contribuyente presenta pruebas, aporta documentación o garantiza el interés fiscal.

Qué hacer antes de que llegue el embargo

El contribuyente dispone de varias herramientas para frenar el proceso antes de que avance al embargo formal. La más directa es pagar el adeudo dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.

Una opción menos conocida, pero igual de efectiva para detener el cobro, es garantizar el adeudo. Las formas aceptadas por el SAT, según el artículo 141 del CFF, son: billete de depósito, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza y obligación solidaria de tercero. Garantizar suspende el PAE mientras el contribuyente negocia, aclara o impugna el crédito.

Quienes consideren que la determinación del SAT es incorrecta pueden interponer un recurso de revocación ante la propia autoridad, con un plazo de 30 días hábiles desde que surte efectos la notificación. También está disponible el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con un plazo de 30 a 45 días hábiles.

Un cambio relevante en 2026 afecta directamente esta estrategia de defensa: hasta 2025, interponer un recurso de revocación eximía al contribuyente de garantizar el crédito durante la tramitación. Esa facilidad desapareció con la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Ahora, quien presente el recurso debe constituir una garantía del interés fiscal en un plazo de seis meses, o en 10 días hábiles si la resolución llega antes.

Una tercera vía es acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que puede actuar como intermediaria cuando detecta irregularidades en el procedimiento fiscal.

Bienes que el SAT no puede tocar

El artículo 157 del CFF establece un listado de bienes inembargables. Entre ellos figuran:

Las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias

Sueldos, salarios y pensiones de cualquier tipo

Recursos vinculados a programas sociales del gobierno federal

El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y su familia

Los muebles de uso indispensable del hogar que no sean de lujo

Los libros, instrumentos y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión u oficio del deudor

En ningún caso el SAT puede inmovilizar un monto mayor al del crédito fiscal actualizado más sus accesorios legales.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció este martes sanciones contra cinco entidades cubanas que generan ingresos para el régimen, incluidas tres asociadas con el Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), previamente sancionado, y un miembro de la familia Castro, de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14404 del presidente Trump, del 1 de mayo de 2026, que impone sanciones a los responsables de la represión en la isla y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de EEUU.

A través de un comunicado del Departamento de Estado, Rubio indicó que “GAESA continúa operando como el brazo financiero del aparato de seguridad represivo del régimen cubano”; al tiempo que detalló: “Dos de las entidades designadas hoy son instituciones financieras vinculadas a GAESA, asociadas con el movimiento de dinero en nombre del régimen, y una es una empresa de logística vinculada a GAESA que ejecuta las órdenes del régimen en toda la isla".

Luego explicó: “También estoy designando a otras dos entidades que generan ingresos para Cuba mediante la explotación de las reservas minerales y metálicas de la isla, incluida la empresa estatal cubana GeoMinera”.

Por último, subrayó: “Estoy designando a la esposa de Alejandro Castro Espín, quien ya había sido designado previamente en virtud de la Orden Ejecutiva 14404. Estas entidades y actores financian, facilitan o se benefician de las actividades perniciosas del régimen, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”, concluyó.

El mes pasado, Estados Unidos sancionó al conglomerado militar cubano GAESA, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa mixta con participación canadiense, en el marco de una ofensiva económica destinada a cortar los ingresos del régimen que gobierna la isla. Ese anuncio coincidió con la retirada de la canadiense Sherritt International de sus operaciones conjuntas en Cuba, un movimiento que los analistas interpretaron como una señal de que las presiones de Washington sobre los socios extranjeros de La Habana empiezan a surtir efecto.

Las nuevas medidas se aplican bajo la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que extendió el alcance de las sanciones estadounidenses hasta abarcar a casi cualquier entidad extranjera que mantenga vínculos comerciales con sectores estratégicos de la isla: energía, defensa, seguridad y finanzas.

Rubio acompañó el anuncio del mes pasado con un comunicado en el que señaló que el objetivo era “privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos”. También había advertido que cabían esperar “designaciones adicionales en los próximos días y semanas”.

El blanco principal de las designaciones es el Grupo de Administración Empresarial S.A., conocido por sus siglas GAESA. Se trata del conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias que, según estimaciones reiteradas por el propio Departamento de Estado, controla en torno al 40% de la economía cubana.

Sus ingresos superarían en más de tres veces el presupuesto estatal, y una investigación del diario Miami Herald basada en documentos financieros filtrados calculó sus activos en cerca de 18.000 millones de dólares. El holding abarca sectores tan dispares como el turismo de alto nivel —a través de Gaviota S.A.—, el comercio minorista en divisas, las remesas, la logística portuaria y los servicios financieros.

GAESA fue creado en 1995, durante el llamado “Período Especial” que siguió al colapso soviético, por iniciativa del entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro. Lo que nació como un mecanismo para dotar de recursos propios al estamento militar se convirtió con el tiempo en una estructura paralela al Estado, opaca e inmune a cualquier auditoría.

La entidad opera como sociedad anónima, no publica balances, no rinde cuentas al Parlamento y, según admitió en 2024 la propia contralora general antes de ser cesada, ni siquiera el órgano de fiscalización del Estado tiene jurisdicción para revisar sus cuentas. El economista Pavel Vidal, especialista en finanzas cubanas, lo describió con precisión: es una economía dentro de otra.

Qué podrían significar las nuevas sanciones de EEUU contra el régimen cubano

En diálogo con Infobae, el líder opositor y ex preso político José Daniel Ferrer, destacó que las nuevas medidas “deben ser entendidas por lo que realmente son: reforzamiento de la política de máxima presión contra una dictadura criminal que lleva más de seis décadas en el poder, persiguiendo a quienes disienten, encarcelando, negando libertades básicas y condenando al pueblo a la miseria más extrema".

Ferrer recordó que, durante este año, "Washington ha incrementado de manera significativa la presión sobre la dictadura. El 29 de enero, la Casa Blanca declaró una emergencia nacional relacionada con las amenazas atribuidas al régimen castrocomunista. Luego, el 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amplió las posibilidades de sancionar a personas, entidades y familiares vinculados con la represión, la corrupción, el aparato militar, el sector energético, la seguridad y el financiamiento del régimen. En junio, Estados Unidos aplicó nuevas sanciones contra actores del aparato represivo y contra estructuras vinculadas con actividades antiamericanas. También sancionó a CUPET, la empresa estatal cubana de petróleo y gas. Estas medidas golpean directamente una fuente esencial de recursos para la maquinaria de control, vigilancia y represión de la dictadura“, remarcó el disidente.

Ferrer recordó que, antes de este año, “la política estadounidense ya había dado pasos relevantes”. Y mencionó: “La Administración Trump reactivó en 2019 el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo demandas contra quienes trafican con propiedades confiscadas por el régimen. En 2025, Washington endureció nuevamente su política hacia Cuba, mantuvo a la isla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, reforzó restricciones a transacciones con GAESA y sus empresas afiliadas, y reafirmó las limitaciones al turismo estadounidense que alimenta al aparato militar cubano”.

Y siguió: “Quienes critican estas medidas suelen repetir que las sanciones perjudican al pueblo, y es cierto. Afectan como afecta un medicamento fuerte e indispensable para poner fin a una grave enfermedad. La quimioterapia produce fuertes reacciones adversas, pero aplicada a tiempo puede curar el cáncer. No hacer nada contra la grave enfermedad o sólo realizar su diagnóstico o aplicar remedio insuficiente, alarga el sufrimiento del paciente y lleva irremediablemente a la muerte. Los responsables de la tragedia cubana son los dirigentes que monopolizan el poder, controlan las empresas estatales, administran el turismo, acaparan las divisas y utilizan los recursos del país para sostener un sistema de dominación”.

El ex preso político luego destacó que “la verdadera solidaridad con los cubanos” no consiste en financiar al régimen ni en facilitarle recursos para prolongar su existencia. “Consiste en privarlo de los medios con los que reprime, corrompe y compra lealtades. La presión máxima no es un castigo contra Cuba: es una herramienta para abrir caminos hacia la libertad, la liberación de todos los presos políticos, el respeto de los derechos humanos y la transición democrática“, completó.

Por último, indicó que Estados Unidos, en la medida en que “castiga al régimen opresor, envía ayuda directa al pueblo cubano y ofrece aumentar la asistencia por vías directas que no pasen por las manos de la dictadura corrupta. Sancionar a la dictadura y apoyar directamente al pueblo, hasta alcanzar la democratización de la Mayor de las Antillas, es lo que debieran hacer también la Unión Europea y la mayoría de los países del continente americano”.

“Cada sanción bien dirigida, cada demanda por propiedades robadas y cada restricción contra las empresas de la dictadura acerca el día en que Cuba deje de ser rehén de una élite comunista y vuelva a pertenecer a todos los cubanos”, concluyó.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció este domingo 21 de junio dos bloques de sanciones contra 27 personas servidoras públicas federales por faltas cometidas entre 2019 y 2025.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso las sanciones por faltas graves, que incluyen multas por más de 777 millones de pesos e inhabilitaciones de hasta 10 años. La propia Secretaría, en cambio, impuso las sanciones por faltas no graves.

Las faltas no graves correspondieron a servidores de las siguientes instituciones:

• Petróleos Mexicanos (Pemex)
• Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
• Guardia Nacional (GN)
• Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)
• Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)
• Comisión Federal de Electricidad (CFE)
• Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot)
• Secretaría de Economía (SE)
• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF)

Las sanciones en ese bloque incluyeron suspensiones de tres días hasta cuatro meses, destituciones e inhabilitaciones menores.

El TFJA sancionó faltas graves en AliBien, CFE, Segob e IMSS

Las investigaciones de los casos graves fueron conducidas por la Unidad de Responsabilidad en CFE y los Órganos Internos de Control en AliBien, Segob e IMSS.

Las pruebas recabadas permitieron al TFJA dictar las resoluciones conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El caso de mayor peso económico involucró a cuatro funcionarios de Alimentación para el Bienestar (AliBien). Se trata de María “G”, René “G”, Miguel “C” y Juan “R”, quienes recibieron una sanción económica solidaria de 777.8 millones de pesos e inhabilitación por 10 años por desviar recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos hacia gastos de operación y al Programa de Fertilizantes en 2019.

En la CFE, Ramiro “R”, de la División de Distribución Zona Torreón, recibió inhabilitación por un año y multa de 9 mil pesos por recibir dinero a cambio de cancelar adeudos de energía eléctrica en 2023.

En Segob, Shiddarta “V”, del Instituto Nacional de Migración, fue inhabilitado por un año y multado con mil 380 pesos por sustraer bienes del Instituto en 2021.

En el IMSS, Carlos “M”, de la Unidad Médica Familiar 178 en Jalisco, fue inhabilitado por un año por tomar rayos X de pelvis a una paciente sin su autorización en 2022.

La Secretaría Anticorrupción sancionó faltas no graves en 10 dependencias federales

En Pemex, Luis “J”, del Departamento de Tripulación de Operación y Mantenimiento Eléctrico en Chiapas, fue destituido e inhabilitado por tres meses por dirigirse de forma irrespetuosa a compañeros e introducir bebidas alcohólicas al centro de trabajo en 2025. Margarita “S” y Graciela “P”, de la Dirección Jurídica en Veracruz, recibieron suspensión de 30 días cada una por presentar de forma incorrecta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en 2024.

En la Guardia Nacional, cinco elementos de la Jefatura General de Coordinación Policial —Gerardo “A”, Michel “L”, Jorge “C”, Brenda “H” y Pedro “P”— fueron suspendidos 30 días por presentar constancias de estudios sin validez en evaluaciones para portación de armas de fuego en 2024.

En la SSPC, Manuel “S”, del Centro Federal de Readaptación Social No. 15 CPS-Chiapas, fue inhabilitado cuatro meses por introducir estupefacientes en 2023 al penal.

En la SICT, María “G” y Mitzy “F”, de la Dirección de Recursos Humanos de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, recibieron suspensión de 30 días por consentir comisiones inexistentes para evitar descuentos de nómina en 2023.

En el IMSS, Marco “C”, de la Coordinación de Operación y Evaluación Estratégica de la Ciudad de México, fue inhabilitado tres meses por falsificar la firma de su superior jerárquico para justificar un día no laborado en 2024. Yazmín “V”, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte en la Ciudad de México, recibió suspensión de 15 días por faltas de respeto a otra servidora pública en 2023.

En la ATDT, Claudio “M”, de la Dirección Adjunta de Administración del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, fue suspendido 30 días por enviar mensajes de carácter sexual a una subordinada en 2024.

En la CFE, Beatriz “G”, de la Zona de Distribución Orizaba, y Verónica “R”, de la Zona Comercial Tula, recibieron suspensión de 10 días cada una: la primera por generar un contrato de energía eléctrica sin documentación y omitir adeudos existentes; la segunda por tramitar 36 solicitudes de suministro sin tener atribuciones para ello, ambas en 2024.

En Infonacot, León “G”, de la Dirección Estatal en La Paz, Baja California Sur, fue suspendido siete días por tramitar un crédito de 29 mil pesos sin verificar que el documento estuviera a nombre del solicitante en 2025.

En la Secretaría de Economía, Ignacio “R”, de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, recibió suspensión de tres días por faltas de respeto a una compañera de trabajo en 2024.

En el SNDIF, Teresa “E” y Ricardo “C”, de la Unidad de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México, recibieron amonestación pública por malos tratos a subordinados y por omitir atender las denuncias generadas al respecto en 2024.

Las personas sancionadas pueden impugnar las resoluciones

Las sanciones se determinaron con base en criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. La Secretaría advirtió que, en caso de impugnación, defenderá las resoluciones “apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”.

La dependencia invitó a la ciudadanía a reportar conductas contrarias a la legalidad, el respeto y la integridad a través del portal denuncias.gob.mx, en el marco de su compromiso con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no reveló los nombres completos de las personas sancionadas: al tratarse de procedimientos administrativos y no de sentencias judiciales, la dependencia los identificó únicamente con su nombre de pila y la inicial del apellido paterno.

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó este viernes las reformas económicas aprobadas en Cuba como “señales de humo superficiales”, descartando que el paquete de 176 medidas anunciado por La Habana represente un cambio real en el modelo político de la isla.

“Estas ‘reformas económicas’ graduales son modestas, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano”, declaró un portavoz del Departamento de Estado a la agencia AFP. Washington calificó la maniobra como una “estrategia típica” para “crear la ilusión de un compromiso con el cambio, para luego revertirlas rápidamente en cuanto se ve amenazado el control total del régimen”.

El gobierno de Donald Trump exige “reformas económicas y políticas mucho más sustanciales” que hagan a Cuba atractiva para los inversores y ofrezcan al pueblo cubano “la libertad, la dignidad y las oportunidades que merece”, agregó el funcionario.

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el jueves un programa que sus impulsores presentan como la transformación más profunda del modelo económico cubano desde la adopción del comunismo hace casi 70 años. Las medidas limitan el papel central del Estado y abren espacio a la iniciativa privada: incluyen mayor margen para las empresas privadas, la posibilidad de importar y exportar sin intermediación estatal y permisos para que cadenas de comida rápida operen en la isla.

“Elementos que durante décadas fueron enumerados como pilares de la economía revolucionaria, como el monopolio estatal del comercio exterior y la centralización de las fuerzas productivas, han sido desmantelados”, afirmó a The Associated Press el politólogo y abogado cubanoamericano Luis Carlos Battista. No obstante, Battista advirtió que existen “numerosas dificultades” para su aplicación, entre ellas una burocracia “lenta e ineficiente” y la desconfianza de potenciales empresarios e inversores.

El investigador asociado del Instituto Quincy en Washington, Lee Schlenker, señaló que “habrá que ver cómo se desarrollan realmente, cómo se implementan y aplican; si se politizarán, si se aplicarán de forma selectiva o si, verdaderamente, todos los actores económicos serán tratados bajo las mismas condiciones”.

Tanto Battista como Schlenker coincidieron en que las reformas tendrán un alcance limitado mientras persistan las sanciones estadounidenses. Entre las más restrictivas figuran las que penalizan financieramente a los socios del conglomerado estatal GAESA. “Solo tendrán un efecto real si se complementan con el levantamiento gradual de las prohibiciones y sanciones estadounidenses”, precisó Schlenker.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y Trump han reconocido abiertamente que su política de máxima presión apunta a un cambio de sistema político y económico en Cuba. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel respondió que la isla puede encarar aperturas económicas, pero no abandonará su modelo socialista.

Paolo Spadoni, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de Augusta University, en Georgia, advirtió que el éxito dependerá de la velocidad de ejecución. “Si los líderes cubanos tienen esperanza de sobrevivir a esta crisis sin precedentes y a la presión estadounidense tienen que moverse rápido con la implementación de la reforma y el logro de resultados tangibles”, declaró a AP.

Los cubanos recibieron el anuncio con sensaciones encontradas. Adolfo Sánchez, empleado de un negocio privado de 63 años, expresó cierto optimismo: “creo que con esas medidas va a haber una mejoría... en este momento tan difícil que estamos viviendo”. El pescador Pacheco Lisea, de 65 años, advirtió que un rol menor del Estado podría dejar sin cobertura a los más vulnerables: “Ahora estamos sueltos, el gobierno no nos protege”.

La crisis que atraviesa Cuba se prolonga desde hace cinco años y se ha agravado por el cerco energético y financiero impuesto por Estados Unidos. Los apagones alcanzan hasta 20 horas diarias, con repercusiones en la salud, el transporte, la industria y la educación. “Si tengo 30 horas sin corriente, ¿cómo voy a ver los anuncios en la televisión?”, se quejó Juana Pérez, vendedora de artículos para el hogar de 54 años: “Me voy para el trabajo a oscuras y regreso a la casa a oscuras”.

(Con información de AFP y AP)

La intensificación de las sanciones contra comerciantes en los municipios de Tipitapa y Somoto marca un cambio en la administración de los espacios públicos en Nicaragua. Las autoridades municipales han endurecido las medidas para quienes ocupen aceras, calles o depositen desechos en la vía pública, con consecuencias que van desde sanciones económicas hasta el cierre temporal de establecimientos en un plazo de 24 horas.

Uno de los casos recientes en Tipitapa involucra a la comerciante María Cristina Martínez, quien fue sancionada por la Alcaldía Municipal. La Unidad de Gestión Ambiental le aplicó una multa de 1,000 córdobas (aprox. USD 27) por dejar residuos sólidos —un fragmento de lavandero— frente a su local de frutas y verduras. La normativa ambiental municipal establece sanciones para actos que contribuyan a la contaminación por residuos sólidos, según el artículo 8 inciso a.1.2. Este caso fue reportado por 100% Noticias.

La notificación entregada a la comerciante le otorga un plazo de 24 horas para retirar los desechos y cancelar la multa. Las autoridades advirtieron que, si no cumple con la disposición, pueden suspender la actividad económica del negocio e incluso ordenar su cierre por desacato a la autoridad municipal. El plazo breve busca garantizar un cumplimiento inmediato y evitar reincidencias.

En el municipio de Somoto, la estrategia se centra en la organización del tránsito y la recuperación del espacio para peatones. Personal de servicios municipales, junto con la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, desplegó un operativo dirigido a comerciantes y vendedores ambulantes que utilizan aceras y calles para desarrollar sus actividades. El objetivo principal es despejar áreas públicas, facilitar la circulación peatonal y reducir riesgos de accidentes en diferentes sectores del municipio.

Como parte de este operativo, funcionarios municipales han entregado notificaciones a comerciantes y vendedores ambulantes, otorgando un plazo de 24 horas para retirar cualquier mercadería, estructura u objeto que obstruya el paso en calles y aceras. La advertencia específica que quienes no cumplan enfrentarán sanciones administrativas contempladas en las ordenanzas municipales.

La reacción de las alcaldías frente a la ocupación de espacios públicos y el manejo inadecuado de desechos sólidos refleja una aplicación más rigurosa de la normativa municipal. En el caso de Tipitapa, la medida se apoya en el artículo 8 inciso a.1.2, que sanciona las acciones relacionadas con la contaminación de los espacios urbanos.

En ambos municipios, las decisiones buscan mantener el orden y la seguridad en zonas urbanas, así como asegurar la limpieza y el uso adecuado de los espacios comunes. Las autoridades sostienen que la ocupación irregular y la acumulación de residuos pueden ocasionar inconvenientes y riesgos tanto para peatones como para conductores, lo que justifica la intervención municipal en estos casos, según información de 100% Noticias.

Las alcaldías de Tipitapa y Somoto han reiterado que los comerciantes y propietarios de negocios que no se ajusten a las disposiciones estarán sujetos a sanciones que van desde multas económicas hasta cierres temporales, en función de la gravedad y recurrencia de la falta. La vigilancia se ha reforzado y los plazos para corregir las infracciones son cortos, en una política orientada a mejorar la gestión de los espacios públicos y promover el cumplimiento de las normas locales.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegará un operativo especial de verificación del 19 al 21 de junio en todo el país con motivo del Día del Padre, fecha en que México registra un repunte en la actividad comercial de docenas de giros. El objetivo es prevenir abusos de precios, incumplimiento de promociones y prácticas irregulares contra los consumidores.

Al igual que años anteriores, el personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, junto con los departamentos especializados de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), atenderá denuncias, realizará vigilancias focalizadas y orientará a los consumidores en puntos estratégicos del país.

Estos son los establecimientos que Profeco vigilará

La selección de giros no es aleatoria: la dependencia priorizará los tipos de negocio con mayor actividad comercial en ediciones anteriores de la fecha.

Entre los establecimientos bajo lupa figuran vinaterías, ultramarinos, bares, dulcerías, relojerías, tiendas departamentales, de conveniencia y de ropa para caballero, zapaterías, tiendas de artículos deportivos, pastelerías, negocios de aparatos electrónicos y eléctricos, estacionamientos y restaurantes.

Qué sanciones pueden aplicarse

Si los verificadores detectan incumplimientos que afecten o puedan afectar la vida, salud, seguridad o economía de una colectividad de consumidores, la Profeco aplicará medidas precautorias conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Las acciones pueden incluir la suspensión parcial de la comercialización de bienes o servicios, prevista en el artículo 25 BIS, fracción III de la LFPC, o la inmovilización de envases, bienes, productos y transportes, establecida en el artículo 25 BIS, fracción I del mismo ordenamiento.

Un operativo que llega en medio del Mundial 2026

El Programa de Verificación Día del Padre se enmarca en un calendario de acciones que la Profeco mantiene activo desde el inicio del año. Desde febrero de 2026, la dependencia opera el operativo FIFA, con módulos permanentes en aeropuertos internacionales de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como brigadas itinerantes en más de 140 puntos turísticos durante los 39 días del torneo.

El contexto no ha estado exento de tensiones. En Acapulco, más de 320 restaurantes y bares cerraron durante los primeros días del Mundial ante rumores de que la Profeco sancionaría a negocios por transmitir partidos sin licencia.

La dependencia desmintió esa versión el 13 de junio y aclaró que carece de atribuciones para supervisar o sancionar los derechos de transmisión, competencia exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

El director general de la Profeco, Vidal Llerenas Morales, fue explícito: “El restaurante que se dedica a ser restaurante y que va a tener la televisión no va a ser supervisado”, declaró en W Radio.

Recomendaciones para el Día del Padre

La Profeco emitió una serie de consejos para quienes planeen celebrar la fecha. Antes de comprar un regalo, sugiere comparar precio y calidad y conservar el comprobante de pago para respaldarse ante cualquier queja posterior.

Para compras en línea, recomienda verificar que el sitio cuente con certificado SSL —identificable por el candado en la barra del navegador—, revisar las políticas de envío, devolución y cambio, y guardar el número de identificación de la compra y los correos electrónicos del vendedor.

Quienes lleven a papá a un restaurante deben saber que la propina es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta. Los establecimientos están obligados a exhibir precios de forma visible, con porciones especificadas en el menú, y no pueden negar o condicionar el servicio por razones de género, nacionalidad, etnia, preferencia sexual o religiosa.

Para compras de despensa o insumos para una celebración en casa, la dependencia recomienda consultar la herramienta “Quién es Quién en los Precios”, disponible en el sitio institucional de la Procuraduría, para comparar costos antes de acudir al establecimiento.

Cómo presentar una queja o denuncia

Ante cualquier irregularidad, los consumidores pueden acudir a cualquiera de las 38 Odeco en el país o utilizar los siguientes canales:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

Correos electrónicos: asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Plataformas digitales: Concilianet y Conciliaexprés

Redes sociales: @AtencionProfeco y @Profeco en X, y ProfecoOficial en Facebook

Una fragata rusa disparó tiros de advertencia contra un yate de bandera británica en el Canal de la Mancha el martes por la mañana. El incidente, que no dejó heridos ni daños materiales, ocurrió a unos 32 kilómetros al sur de la Isla de Wight, fuera de las aguas territoriales del Reino Unido.

La Admiral Grigorovich —de casi 125 metros de eslora y tripulación de hasta 220 personas— abrió fuego a menos de 500 metros del yate, que continuó su viaje sin interrupciones. La fragata llevaba semanas desplegada en la zona escoltando buques rusos sancionados bajo vigilancia de la Marina Real.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido se limitó a declarar que investiga “los informes de un incidente en el Canal de la Mancha” y subrayó que los disparos no apuntaron a la embarcación. El HMS Tyne, patrullero de la Marina Real, se acercó al yate para recabar información y verificar el estado de su tripulación. La nave sin motor se había aproximado al buque de guerra en medio de la niebla tras zarpar del Reino Unido.

Horas después, el Ministerio de Defensa ruso confirmó los disparos e indicó que el yate no respondió a las advertencias previas. “Para llamar la atención de la tripulación del yate, se lanzaron bengalas y se emitieron señales acústicas. A pesar de estas medidas, la embarcación continuó su peligrosa aproximación”, señaló el gobierno en un comunicado.

“El comandante de la fragata decidió disparar tiros de advertencia en dirección a la embarcación utilizando la artillería ligera del buque”, añadió.

El episodio se produjo dos días después de que comandos británicos interceptaran el petrolero Smyrtos, vinculado a Rusia y sospechoso de transportar petróleo en violación de las sanciones internacionales, en la primera operación de este tipo liderada por fuerzas del Reino Unido desde el inicio de la guerra en Ucrania. Su capitán, un ciudadano indio, compareció el martes ante un tribunal, que ordenó su prisión preventiva. Las autoridades descartaron cualquier vinculación entre ambos hechos.

La tensión en aguas británicas no es nueva. En noviembre, Londres advirtió a Moscú tras detectar el buque espía Yantar al norte de Escocia. En abril, una fragata, aeronaves y cientos de efectivos siguieron durante semanas un submarino de ataque y dos submarinos espía rusos en la misma zona.

El precedente más directo se remonta a hace cinco años, cuando el destructor HMS Defender protagonizó un episodio similar en el mar Negro, cerca de Crimea. Rusia afirmó haber disparado tiros de advertencia para obligarlo a retirarse, versión que Londres negó. Fue el primer reconocimiento ruso del uso de munición real para disuadir a un buque de la OTAN desde la Guerra Fría.

El portavoz laborista de Defensa, James Cartlidge, afirmó que el Reino Unido “no debería tener ninguna duda de que Rusia representa una amenaza directa“. El liberal demócrata James MacClearly fue más categórico: “Rusia está literalmente a nuestras puertas. La agresión y la intimidación en nuestras aguas no deben tolerarse”.

(Con información de AP, BCC y The Guardian)

La sanción al público por expresiones discriminatorias volvió a ser noticia, pero ahora en el Estadio Monterrey durante el debut de la Fase de Grupos del Mundial 2026 en el encuentro entre Suecia y Túnez. El partido quedó marcado por la irrupción del grito homofóbico, una conducta que las autoridades del fútbol buscaron erradicar sin lograrlo por completo.

Durante la segunda mitad del partido, varios sectores del público mexicano emitieron la expresión “Eeeh... Pu...”, pese a las campañas reiteradas impulsadas por la FIFA y los dispositivos de vigilancia que se implementaron en los estadios mexicanos para evitar episodios de discriminación.

Cabe recordar que la organización internacional había advertido que este tipo de conductas podrían derivar en sanciones inmediatas. Sin embargo, en este nuevo ciclo mundialista, el fenómeno persiste y desafía los esfuerzos regulatorios.

¿Qué pasa si sigue el grito homofóbico en los partidos de México durante el Mundial?

De acuerdo con lo establecido por la FIFA, cuando se detecta el grito homofóbico en los estadios, se activa un protocolo compuesto por tres etapas: primero, el árbitro interrumpe el partido como advertencia inicial. Si el comportamiento se repite, el siguiente paso consiste en la suspensión temporal del encuentro y el retiro de los jugadores al vestidor. En situaciones extremas, las autoridades pueden ordenar el desalojo de la tribuna involucrada o la suspensión definitiva del partido.

1. Detención del partido: El árbitro central detiene el juego y se emite un anuncio por el sonido local para pedir que cese el comportamiento discriminatorio.
2. Suspensión temporal: Si el grito continúa, el árbitro manda a los jugadores a los vestidores de forma temporal y se hace un segundo aviso, más severo, por el sistema de altavoces.
3. Suspensión definitiva: Si la conducta persiste, el partido se suspende de manera definitiva, lo que puede implicar la pérdida de puntos o la descalificación del torneo.

A pesar de esto, cabe mencionar que, en el encuentro disputado en Monterrey, el árbitro no aplicó ninguna de las medidas contempladas en el protocolo definido por la entidad rectora del futbol.

Historia del grito homofóbico

La práctica surgió en los estadios deGuadalajara, donde los aficionados comenzaron a utilizar una palabra ofensiva cada vez que el portero Oswaldo Sánchez ejecutaba un saque de meta, primero cuando jugaba en el Atlas y luego en el Guadalajara. El objetivo de quienes participaban era distraerlo y ejercer presión psicológica en momentos clave del partido.

Con el paso del tiempo, la costumbre abandonó su carácter local y llegó a escenarios de mayor visibilidad. Entre 2004 y 2014, el cántico se incorporó de forma masiva a los partidos de la Selección Mexicana, tanto en México como en Estados Unidos. La acción colectiva de miles de aficionados transformó el grito en una de las expresiones más repetidas en los despejes del arquero rival, consolidándose como una rutina en las tribunas, sin distinción de sedes.

El escenario cambió de manera drástica en 2015, cuando la FIFA decidió intervenir ante la persistencia del grito durante las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Tras analizar distintas denuncias, la organización determinó que el cántico infringía su reglamento contra la discriminación y la intolerancia, lo que motivó las primeras multas económicas a la Federación Mexicana de Fútbol.

La decisión de la FIFA marcó un punto de inflexión y obligó a la federación y a los clubes a tomar medidas para erradicar la práctica, dado que su continuidad podía derivar en sanciones más severas, incluyendo la suspensión de partidos o la exclusión de competencias internacionales.

El Reino Unido interceptó el domingo un petrolero sancionado que presuntamente forma parte de la denominada “flota fantasma” rusa en el Canal de la Mancha, según informó el Ministerio de Defensa británico. Se trata de la primera operación de este tipo dirigida por el país, en la que el buque SMYRTOS fue abordado por comandos de los Royal Marines y agentes especializados de la Agencia Nacional contra el Crimen, pese a los intentos de Rusia por eludir las sanciones internacionales impuestas tras la invasión a Ucrania en 2022.

El Ministerio detalló que el barco será trasladado frente a la costa sur de Inglaterra y permanecerá bajo vigilancia. El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la operación como “exitosa” y afirmó que constituye “un nuevo golpe a Rusia”, recordando a quienes colaboran con la guerra impulsada por Vladimir Putin en Ucrania que “no tienen sitio donde esconderse”. Starmer agradeció públicamente la labor de los participantes y difundió un vídeo de la incursión, acompañado de un mensaje dirigido al presidente ruso: “A pesar de sus esfuerzos para evadir las sanciones, no dejaremos que se salga con la suya”.

Aunque la captura de este tipo de embarcaciones es frecuente, sobre todo en el mar Báltico, esta es la primera vez que Reino Unido lidera una operación semejante en el Canal de la Mancha. Según el Ministerio de Defensa, la llamada “flota fantasma” rusa está compuesta principalmente por viejos petroleros utilizados por Moscú para evadir sanciones occidentales. Londres ha sancionado a centenares de embarcaciones sospechosas de integrar esta flota.

Otros países europeos como Francia, Bélgica y Finlandia también han detenido recientemente navíos sospechosos de pertenecer a la misma red y de violar las restricciones impuestas a los combustibles fósiles rusos.

Esta semana, el Reino Unido abordó por primera vez un petrolero relacionado con la “flota fantasma” rusa en el Canal de la Mancha. El barco SMYRTOS fue interceptado por comandos británicos y agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen, según el Ministerio de Defensa local. El Gobierno ruso no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

Reacciones de Ucrania y contexto de las sanciones

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiga, valoró la operación como un golpe directo a la “máquina de guerra” del Kremlin. Sybiga afirmó que “la flota fantasma de Rusia es una herramienta de guerra” y que la detención de estos barcos implica “menos dinero para la maquinaria bélica de Rusia”. Además, destacó que cortar estos ingresos limita la capacidad de Rusia para financiar ataques con misiles y drones contra ciudades ucranianas.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, manifestó su agradecimiento al Reino Unido por “este importante paso contra la flota petrolera de Rusia”. Zelensky señaló: “Fue la soberbia de Rusia, alimentada por altos ingresos del petróleo y el gas, la que allanó el camino para esta guerra, y cada decisión de los socios que priva a Rusia de dinero también limita la guerra misma”. El mandatario ucraniano solicitó a Europa que adopte medidas legislativas para permitir no solo la detención de petroleros y la restricción de envíos, sino también la confiscación del crudo transportado.

La intercepción de este petrolero sancionado en el Canal de la Mancha representa un fortalecimiento de las acciones europeas para obstaculizar la financiación de la guerra en Ucrania a través del comercio ilegal de combustibles fósiles por parte de Rusia.

La Procuraduría Federal del Consumidor desmiente que sus operativos en Guerrero hayan buscado sancionar negocios por transmitir partidos del Mundial 2026, en respuesta a publicaciones que circularon en medios del estado y provocaron el cierre de más de 320 restaurantes y bares en Acapulco durante los primeros días del torneo.

La dependencia publicó una nota aclaratoria el 13 de junio en la que precisa que carece de atribuciones para supervisar, verificar o sancionar lo relacionado con los derechos de transmisión de partidos en establecimientos mercantiles. Ese ámbito corresponde exclusivamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Qué ocurrió el 10 de junio en Acapulco

Según el comunicado, la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Acapulco-Lázaro Cárdenas realizó el miércoles 10 de junio visitas de vigilancia a dos establecimientos: “Texas Ribs” (Costillas Julieta, S.A. de C.V.) y “La Casa de los Abuelos Puente” (S.A. de C.V.).

El objetivo fue supervisar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC): que los comercios exhiban precios de forma visible, respeten ofertas y promociones, no exijan propina obligatoria y entreguen comprobante de compra. Nada relacionado con derechos de transmisión.

Lo que Profeco sí hace y lo que no puede hacer

El documento es explícito: “Las facultades de la Profeco se limitan estrictamente a proteger los derechos de los consumidores en la adquisición de bienes, productos y servicios”, precisa la nota aclaratoria.

La Procuraduría advirtió además que si se detectan acciones de servidores públicos adscritos a la dependencia fuera de sus atribuciones, “se tomarán las medidas pertinentes”.

El impacto de la información errónea en Acapulco

La confusión generó un efecto directo en la economía local. Más de 320 establecimientos en Acapulco bajaron la cortina ante el temor a sanciones que la Profeco nunca tuvo contempladas en el alcance de sus operativos.

De más de 115 negocios afiliados a la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la ciudad, solo 40 habían adquirido licencia comercial con cableras para la transmisión de los partidos al momento de los cierres.

Los operativos vigentes de Profeco en Guerrero

La ODECO Acapulco-Lázaro Cárdenas detalló en el comunicado las actividades que sí tiene en marcha. Entre las permanentes figuran la vigilancia del acuerdo Masa-Tortilla, el programa de estacionamientos públicos 2026 y el operativo FIFA —activo desde febrero de 2026 con enfoque en precios y servicios al consumidor.

Entre las próximas acciones se encuentran el operativo Regreso a Clases, el Programa de Verificación Día del Padre del 19 al 21 de junio, y el programa vacacional y turístico de verano del 15 de julio al 28 de agosto de 2026.

Quién sí puede sancionar y bajo qué condiciones

El IMPI es la autoridad competente en materia de derechos de autor. Su director general, Vidal Llerenas Morales, aclaró que no habrá clausuras ni inspecciones aleatorias: “El restaurante que se dedica a ser restaurante y que va a tener la televisión no va a ser supervisado”, afirmó en W Radio.

Las verificaciones del IMPI solo proceden a petición formal de los titulares de los derechos —en este caso la FIFA— y se enfocan en negocios de mayor tamaño cuyo giro habitual incluye la transmisión de eventos deportivos.

Licencias, multas y riesgo de falsos inspectores

Para transmitir partidos de forma legal, los establecimientos deben contratar un paquete comercial —no residencial— a través de Izzi Negocios o Sky Business, las dos empresas autorizadas para emitir licencias de exhibición pública. Una suscripción doméstica o de plataforma de streaming personal no es suficiente.

Las sanciones por incumplimiento van de 117,310 pesos a 586,550 pesos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, y pueden alcanzar los 29.3 millones de pesos en los casos de mayor gravedad.

Ante la confusión generada, cámaras de comercio en varios estados alertaron sobre posibles falsos inspectores que podrían aprovechar el clima de incertidumbre para extorsionar a comerciantes. El IMPI recordó que todos sus verificadores portan gafete oficial con fotografía, camisa y chaleco institucional, y que ningún servidor público está facultado para exigir pagos en sitio.

El SAT puede no cobrarte multa si corriges un error fiscal antes de que la autoridad lo detecte, pero la ventana para hacerlo se cierra en cuestión de horas o días.

La figura se llama cumplimiento espontáneo y está prevista en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación (CFF), aunque la mayoría de los contribuyentes desconoce su existencia.

La regla es simple: quien presenta una declaración omitida, corrige un dato incorrecto o paga una contribución fuera de plazo —sin que el SAT lo haya detectado ni notificado— solo cubre el monto original más actualización y recargos. La multa es cero.

Cuándo se pierde el beneficio

El CFF establece tres situaciones en las que la corrección deja de considerarse espontánea y, por tanto, la multa sí procede.

• La primera: cuando la omisión ya fue descubierta por las autoridades fiscales.
• La segunda: cuando el SAT notificó una orden de visita domiciliaria, un requerimiento o cualquier otra gestión de comprobación antes de que el contribuyente actuara.
• La tercera: cuando la corrección se presenta más de diez días después de que un contador público registrado entregó el dictamen de estados financieros ante el SAT y la omisión quedó asentada en ese documento.

En la práctica, el umbral más frecuente es el segundo. Si ya hay un aviso en el Buzón Tributario, la espontaneidad se extingue de inmediato.

Cuánto cuesta no actuar a tiempo

La diferencia entre corregir antes o después de una notificación es significativa. Según la tabla de penalizaciones del CFF vigente en 2026, quien declara de forma voluntaria paga $0.00 en multas.

Quien espera a que el SAT lo requiera enfrenta sanciones de entre $1,810 y $44,790 pesos por obligación incumplida, dependiendo del tipo de infracción.

Si el contribuyente corrige durante el ejercicio de facultades de comprobación —es decir, ya iniciada una auditoría—, puede acceder a una multa reducida equivalente al 20% de las contribuciones omitidas, conforme al artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

No es lo mismo que espontaneidad, pero representa un ahorro frente a la sanción plena.

Qué obligaciones cubre y cómo actuar

El cumplimiento espontáneo aplica a prácticamente cualquier obligación fiscal: declaraciones anuales o provisionales no presentadas, pagos omitidos, avisos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) entregados fuera de plazo y correcciones a datos ya declarados.

El proceso no requiere cita ni trámite especial. Todo se tramita en línea desde sat.gob.mx, en la sección “Declaraciones”. Si la obligación nunca fue presentada, el contribuyente selecciona la opción “Normal”; si ya existía una declaración pero con datos incorrectos, elige “Complementaria”. El portal calcula automáticamente los recargos y la actualización, y genera una línea de captura con el total a pagar.

La línea de captura tiene vigencia limitada, generalmente unas horas. Si no se liquida el mismo día, los recargos se recalculan y es necesario generarla de nuevo.

Cuando el monto total no puede cubrirse de inmediato, los especialistas recomiendan presentar la declaración de todas formas antes de pagar: una declaración entregada sin pago genera recargos sobre el impuesto, pero evita la multa por omisión. El contribuyente puede solicitar después un convenio de pago en parcialidades al amparo del artículo 66 del CFF, con un plazo máximo de 36 meses.

Un punto que pocos consideran: las notificaciones enviadas al Buzón Tributario se tienen por legalmente realizadas una vez que transcurren cinco días hábiles desde el envío del aviso, independientemente de si el contribuyente las consultó. Por eso, revisar el buzón antes de iniciar cualquier corrección es el primer paso que los asesores fiscales consideran indispensable.

Las omisiones que el SAT detecta primero

La autoridad fiscal no revisa de forma aleatoria. En 2026, el SAT opera con sistemas de inteligencia de datos que cruzan automáticamente la información de facturas electrónicas, depósitos bancarios, retenciones y declaraciones para identificar inconsistencias antes de emitir cualquier notificación.

La discrepancia fiscal es el detonante más frecuente: ocurre cuando los gastos facturados, los depósitos en cuenta o los pagos con tarjeta no coinciden con los ingresos declarados. El sistema presume ingresos omitidos y abre una revisión sin que el contribuyente lo advierta de inmediato.

Otros patrones que concentran la atención del fisco son las pérdidas fiscales declaradas de forma recurrente sin sustento económico lógico, las retenciones de ISR o IVA no enteradas al SAT, y las tasas efectivas de impuesto significativamente por debajo del promedio del sector. Este último criterio se aplica tanto a personas físicas como a empresas.

En el plano operativo, los errores de facturación también activan revisiones. Datos incorrectos del receptor en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), cancelaciones de facturas fuera de plazo y declaraciones en cero cuando existen CFDI de ingresos vigentes son señales que los algoritmos del SAT procesan de forma automática.

Un punto que los especialistas consideran especialmente crítico es e Buzón Tributario inactivo o con datos de contacto desactualizados. Aunque la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2026 prorrogó la aplicación de multas económicas —que van de $3,850 a $11,540 pesos— hasta enero de 2027, la obligación de mantenerlo activo es vigente. Un buzón sin medios de contacto válidos habilita al SAT para notificar por estrados y puede derivar en la restricción del Certificado de Sello Digital, lo que impide emitir facturas de forma inmediata.

Seis países occidentales sancionaron este martes a colonos israelíes extremistas, organizaciones de asentamientos y al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, en una acción coordinada que escala la presión internacional sobre el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu por la violencia contra palestinos en Cisjordania.

Australia, el Reino Unido, Canadá, Francia, Noruega y Nueva Zelanda anunciaron las medidas en un comunicado conjunto. “Durante demasiado tiempo, los colonos violentos han podido actuar con una impunidad casi total, mientras que la expansión de los asentamientos y la creación de nuevos puestos avanzados continúan con el apoyo y la facilitación del Gobierno de Israel”, señala el texto firmado por los seis cancilleres.

La coalición advirtió que está “preparada para adoptar nuevas medidas” si el gobierno israelí no actúa con urgencia para frenar la violencia sobre el terreno.

El canciller francés Jean-Noël Barrot anunció la prohibición de ingreso al territorio francés de Smotrich, quien encabeza un partido religioso de extrema derecha y supervisa la política de asentamientos. Barrot indicó que el ministro “promueve activamente” la anexión de Cisjordania, la expansión de colonias israelíes, el restablecimiento de asentamientos en Gaza y políticas orientadas al colapso económico de la Autoridad Palestina.

Francia extendió las restricciones de ingreso a cuatro líderes de organizaciones de colonos y a 21 colonos acusados de actos de violencia. A finales de mayo, París ya había adoptado una medida similar contra el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, otra figura de la ultraderecha israelí.

La canciller británica Yvette Cooper anunció sanciones contra seis entidades y un individuo vinculados a la financiación, facilitación y comisión de actos de violencia de colonos en Cisjordania ocupada. “Hemos apuntado a algunos de los individuos más notorios, las entidades de colonos más importantes y las figuras extremistas del gabinete israelí que incitan estos actos”, declaró ante la Cámara de los Comunes.

Las sanciones de Canadá se dirigen contra dos personas y cinco entidades. Las medidas del conjunto de la coalición se coordinaron con las ya anunciadas la semana anterior por Australia y Nueva Zelanda, lo que subraya el malestar creciente de numerosos gobiernos occidentales con la administración Netanyahu.

La violencia en Cisjordania se ha agravado al margen de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, al menos 1.080 palestinos —entre ellos combatientes y civiles— han muerto en ese territorio a manos de soldados o colonos israelíes, según un recuento de la agencia AFP basado en datos de la Autoridad Palestina. En el mismo período, datos oficiales israelíes registran al menos 46 israelíes muertos —civiles y militares— en ataques palestinos o durante operaciones del ejército en Cisjordania.

Más de 700.000 israelíes residen actualmente en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este, capturados por Israel en la guerra de 1967 a Jordania. La comunidad internacional considera de forma mayoritaria que los asentamientos constituyen una violación del derecho internacional; Israel lo niega, alegando vínculos históricos y bíblicos con el territorio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel rechazó “rotundamente” las medidas y las calificó de “vergonzosas”. El portavoz Oren Marmorstein sostuvo que se trata de “un intento de imponer una postura política sobre el derecho de los judíos a vivir en la Tierra de Israel y sobre el conflicto israelí-palestino, camuflada como medidas contra la violencia”.

El gobierno israelí acusó además a los cinco países firmantes de no haber logrado combatir el antisemitismo en sus propios territorios y de alimentarlo con este tipo de sanciones. También criticó que ninguno haya tomado medidas contra lo que Israel denomina la política de la Autoridad Palestina de pagar salarios a presos en cárceles israelíes.

El embajador israelí en Francia, Joshua Zarka, había anticipado a The Associated Press —antes del anuncio— que las sanciones podrían resultar contraproducentes. “Sancionar entidades gubernamentales o entidades vinculadas al gobierno no ayuda en absoluto. Al contrario, en realidad está ayudando a esos extremistas”, declaró.

(Con información de AFP, EFE, Europa Press y AP)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este martes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye restricciones en los sectores de energía, criptomonedas, comercio y pesca. El objetivo es mantener la presión sobre la economía rusa como respuesta a la invasión de Ucrania. Von der Leyen también ha solicitado que la Unión Europea prohíba la entrada a su territorio de todas las personas que hayan servido en las fuerzas de seguridad rusas desde el inicio de la guerra.

Según Von der Leyen, los anteriores paquetes de sanciones han conseguido “aislar a Rusia de los mercados de capitales globales”, lo que ha provocado una “desaceleración drástica” de su economía y ha sometido su presupuesto a “una presión creciente”. La presidenta indicó que más de dos tercios de la liquidez de los activos del fondo soberano ruso han desaparecido.

Nuevas sanciones

La propuesta presentada en Bruselas prevé suspender durante seis meses la revisión del tope de 44,10 dólares por barril impuesto al crudo ruso, aplazando cualquier cambio hasta enero del próximo año. Esto busca evitar fluctuaciones de precios tras el cierre del estrecho de Ormuz y dar tiempo a los mercados para estabilizarse, mientras se mantiene la presión sobre los ingresos rusos.

En materia de transporte marítimo, se añade a la lista de embarcaciones prohibidas otros 30 buques utilizados por Rusia para sortear sanciones, elevando el total a 632 buques sancionados. Por primera vez, se incluyen también barcos que asisten a la flota fantasma, como los que suministran combustible o facilitan acceso a puertos y refinerías.

En el ámbito financiero, la Comisión propone ampliar la prohibición de transacciones a 31 bancos rusos adicionales y a una veintena de entidades y plataformas de criptomonedas, así como operadores de petróleo en terceros países que hayan asistido a empresas o personas sancionadas. Von der Leyen subrayó que, por primera vez, se contempla la prohibición total de servicios de criptoactivos en terceros países para dificultar la evasión de sanciones.

Restricciones tecnológicas y pesca

La Comisión plantea nuevas limitaciones a la exportación de artículos y tecnologías para la industria militar rusa, incluyendo metales y aleaciones utilizados en los sectores aeroespacial y de defensa, así como equipos vinculados a drones, como sistemas de interferencia y lanzamiento.

Por primera vez, el paquete incluye restricciones sustanciales a la importación de productos pesqueros rusos, sin detallar cuáles, junto con la prohibición total de otros, como el bacalao. Además, se adaptarán las restricciones comerciales para Bielorrusia a fin de evitar que sirva como canal alternativo para el comercio ruso.

Veto a excombatientes rusos y adhesión de Ucrania

Von der Leyen ha detallado que la propuesta contempla prohibir la entrada a la Unión Europea a cualquier persona que haya servido en las fuerzas armadas rusas desde que comenzó la guerra, una petición formulada por once países del espacio Schengen.

La presidenta aprovechó su comparecencia para reiterar el respaldo “inquebrantable” a Ucrania, confirmando el inminente primer pago del préstamo de 90.000 millones de euros acordado para cubrir necesidades financieras y militares de Kiev. Von der Leyen destacó que Ucrania ha realizado avances extraordinarios en reformas y anunció la próxima apertura del primer clúster de negociaciones de adhesión tanto para Ucrania como para Moldavia, tras el desbloqueo del proceso por el cambio de gobierno en Hungría.

Estados Unidos endureció sanciones migratorias contra funcionarios y allegados del gobierno de Nicaragua tras la muerte bajo custodia del líder indígena Brooklyn Rivera.

La medida, fue anunciada este lunes 8 de junio de 2026 por el secretario de Estado Marco Rubio, a través de un comunicado publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“La Administración Trump ha tomado medidas decisivas para imponer restricciones adicionales en materia de visados a más de 100 funcionarios de la dictadura y a sus familiares. Con este nuevo conjunto de restricciones, el Gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones en materia de visados a más de 2,350 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares por su papel cómplice en la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega. Estados Unidos permanece junto al pueblo nicaragüense que, al igual que Rivera, aspira a ver una Nicaragua libre”, detalla el comunicado.

El gobierno de Estados Unidos responsabilizó a autoridades nicaragüenses por la falta de atención médica a Rivera y por negar a su familia derechos funerarios. Washington identificó a Lumberto Campbell Hooker entre los implicados y lo señaló por su intervención en la denegación de asistencia y el impedimento al sepelio.

La respuesta de Estados Unidos

Las nuevas sanciones migratorias, anunciadas por Rubio, buscan castigar a quienes, según Washington, participan o se benefician de políticas antidemocráticas y de restricciones a libertades básicas.

Estados Unidos justificó el aumento de sanciones con la proclama presidencial 10309, que prohíbe la entrada al país a quienes colaboren con prácticas represivas.

La medida se suma a acciones previas, incluidos bloqueos a sectores como el oro y restricciones comerciales a empresas aliadas al régimen.

Rubio afirmó: “La dictadura Murillo-Ortega es enemiga de la humanidad. La Administración Trump no ignorará sus crímenes y brutalidad, incluido el papel singular de la dictadura en la muerte del líder de la oposición política Brooklyn Rivera”.

Contexto internacional y denuncias

Desde abril de 2018, Nicaragua enfrenta una escalada de represión documentada por organismos como la OEA y la ONU, que han señalado al régimen por crímenes de lesa humanidad.

El país registró el cierre de organizaciones civiles, el encarcelamiento de opositores y el destierro de cientos de ciudadanos, entre ellos periodistas y religiosos.

El politólogo Manuel Orozco realizó un extenso análisis del impacto del régimen en el país, y lo calificó como “una etapa de desgaste acelerado tras la radicalización y la concentración del poder desde 2018 hasta 2026″.

De acuerdo con Orozco, en ese período, crecieron la represión, el deterioro de la economía familiar y el aislamiento internacional, en un ciclo que Orozco ubica en 14 años.

Según Orozco, el 73% de los nicaragüenses no se percibe libre, el 45% considera que el país sigue un rumbo negativo y un 25% opta por el silencio por temor a represalias. El análisis advierte que la combinación de esos factores podría derivar en una nueva crisis política en los próximos meses.

Consolidación del poder y deterioro social

El estudio de Orozco señala que, tras la represión de las protestas de 2018, el régimen profundizó la persecución contra líderes civiles y religiosos, eliminó partidos políticos y reformó la Constitución para instaurar la copresidencia.

El saldo de esos años incluye más de 400 asesinatos impunes, 600 encarcelamientos de opositores bajo acusaciones falsas y la eliminación de más de 6.000 organizaciones de la sociedad civil.

Desde 2018, la migración masiva se aceleró: más de 750,000 nicaragüenses abandonaron el país, con un éxodo especialmente intenso entre 2018 y 2024.

Las condiciones en los centros de detención fueron calificadas de inhumanas y se informaron desapariciones de presos políticos. El caso Rivera intensificó la respuesta diplomática de Estados Unidos y reactivó la vigilancia internacional sobre Managua.

Presión diplomática

El endurecimiento de sanciones impuesto por Estados Unidos y anunciado este lunes busca reforzar la presión internacional para que el gobierno de Ortega y Murillo rinda cuentas por los delitos cometidos durante su gestión y detenga la represión contra la sociedad civil.

La política estadounidense se enmarca en un esfuerzo más amplio de la Administración Trump, que reiteró su apoyo al pueblo nicaragüense y a la promoción de la democracia en la región.

Las acciones adoptadas en junio de 2026 representan una de las respuestas de Estados Unidos frente al deterioro de la situación en Nicaragua. Washington dejó claro que “continuará empleando herramientas diplomáticas y sancionatorias para exigir justicia y transparencia”.

Estados Unidos impuso sanciones a una red internacional que contrabandeaba gas licuado de petróleo (GLP) de origen iraní disfrazado como GLP omaní hacia mercados del sur y el este de Asia, según informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el viernes. Las medidas alcanzan a individuos, empresas y buques cisterna implicados en la operación ilegal, en el contexto de la política de presión de la administración de Donald Trump sobre las arcas del régimen iraní, en medio de las truncas negociaciones bilaterales.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción afecta a doce entidades, entre las que figuran cinco compañías con sede en las Islas Marshall, cuatro en los Emiratos Árabes Unidos y una en China. Además, fueron sancionados seis buques cisterna de GLP, incluidos cuatro con bandera panameña.

El organismo estadounidense detalló que la red utilizó empresas fachada en los Emiratos Árabes Unidos y China, junto con cuentas bancarias extranjeras, para mover millones de barriles de GLP iraní, ocultando su origen con el propósito de eludir las sanciones estadounidenses.

“El Tesoro continuará desmantelando la flota clandestina de Irán, sus redes bancarias en la sombra y su acceso al comercio mundial”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado oficial. En la misma línea, el departamento señaló que la operación descubierta constituye un intento sistemático de sortear el régimen de sanciones vigente.

“Estas sanciones forman parte de la campaña ‘Furia Económica’ de la Administración, que mantiene la máxima presión sobre el régimen iraní y perturba su capacidad para generar ingresos para el desarrollo de armas, el apoyo a grupos terroristas afines y la agresión regional”, dijo el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Tommy Pigott.

Las sanciones también alcanzan a la casa de cambio iraní Mehrdad Geramian Nik and Partners Co y a sus directivos. Según la información publicada por el Departamento del Tesoro, la entidad facilitó el movimiento de cientos de millones de dólares en divisas extranjeras para bancos iraníes previamente sancionados.

Con esta medida, Estados Unidos refuerza la estrategia de presión económica contra la república islámica y busca obstaculizar los mecanismos financieros y logísticos empleados para evadir las restricciones impuestas.

El pasado martes, la misma cartera estadounidense designó a Nobitex, la mayor plataforma de activos digitales de Irán, junto a otras tres bolsas de criptomonedas —Bitpin, Ramzinex y Wallex— como entidades sancionadas en la que constituye la acción más directa hasta ahora contra la infraestructura financiera digital del régimen de Teherán. La medida incluye a cuatro ciudadanos iraníes, entre ellos los dos cofundadores de Nobitex y su director ejecutivo.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Nobitex procesó más del 50% de todas las entradas de activos digitales en Irán durante 2025. La plataforma, que cuenta con más de 11 millones de usuarios registrados, gestionó transacciones relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), operadores de ransomware vinculados a esa organización y maniobras del Banco Central de Irán para acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins con el objetivo de sostener el rial. De acuerdo con la firma de análisis blockchain TRM Labs, Nobitex procesó cerca de 5.000 millones de dólares entre 2025 y marzo de 2026. Por su parte, Bloomberg estimó el mercado cripto total iraní en unos 7.800 millones de dólares en marzo.

Bessent fundamentó la decisión: “El régimen iraní se apropió de las tecnologías de activos digitales para sus propios fines corruptos, incluida la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza al extranjero, mientras su economía colapsa”. Estas declaraciones se inscriben en la campaña de presión máxima de la administración del presidente Donald Trump, que desde febrero de 2025 sancionó a cerca de 1.000 personas, buques y aeronaves relacionados con Irán, según datos del propio OFAC.

Las sanciones llegan tras una investigación publicada por Reuters en la que se identificó a los fundadores de Nobitex como Ali y Mohammad Kharrazi, miembros de una de las familias más influyentes de la República Islámica. Ambos inscribieron la empresa bajo el apellido alternativo Aghamir, utilizado en documentación corporativa, ámbito universitario y materiales de marketing, mientras que otros familiares empleaban públicamente el apellido Kharrazi.

Su abuelo integró la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de designar al líder supremo, y fue tutor de Mojtaba Khamenei, actual líder supremo. El padre de los hermanos, el ayatolá Bagher Kharrazi, fundó la organización política iraní Hezbollah y participó en la formación del CGRI tras la revolución de 1979. El tercer sancionado es Amir Hossein Rad, director ejecutivo de Nobitex.

(Con información de Reuters)

En México, tener una factura electrónica ya no es suficiente para acreditar una deducción o un crédito fiscal. Desde el 1 de enero de 2026, una reforma al Código Fiscal de la Federación obliga a cualquier contribuyente a demostrar que cada Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) ampara una operación que realmente ocurrió.

Quien no pueda probarlo enfrenta desde la suspensión inmediata de su capacidad de facturar hasta cargos penales con penas de hasta nueve años de prisión. El cambio proviene de la fracción IX incorporada al artículo 29-A del CFF, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025.

La norma establece que los comprobantes deben amparar “operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales”. Si no cumplen ese requisito, se consideran falsos —incluso si fueron timbrados válidamente por el propio SAT o por un proveedor autorizado de certificación.

La materialidad: de criterio de auditoría a obligación legal

Hasta 2025, la “materialidad de operaciones” era un concepto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicaba de forma interpretativa durante sus revisiones. Los tribunales lo habían avalado, pero no existía un texto legal expreso que lo exigiera al momento de emitir o recibir una factura.

Con la reforma 2026, ese concepto —junto con los de sustancia económica, razón de negocios y fecha cierta— quedó incorporado directamente al CFF. La consecuencia es que la validez de un CFDI ya no se evalúa únicamente por su estructura técnica o su correcto timbrado, sino por la realidad de la transacción que lo origina.

Un comprobante puede estar perfectamente formateado en XML, contar con todos los campos requeridos y haber pasado las validaciones del SAT, y aun así ser declarado falso si la operación que ampara no puede demostrarse.

El artículo 49 Bis: visita exprés y facturación bloqueada desde el primer día

Para hacer cumplir la nueva obligación, la reforma creó el artículo 49 Bis del CFF, un procedimiento de verificación que opera de forma radicalmente distinta a una auditoría tradicional.

El mecanismo arranca con una presunción en contra del contribuyente: la orden de visita señala expresamente por qué el SAT sospecha que los CFDI emitidos son falsos. Desde el momento en que se notifica esa orden, el Certificado de Sello Digital (CSD) queda suspendido de forma inmediata, lo que impide emitir cualquier nueva factura hasta que se resuelva el procedimiento.

La visita puede realizarse en el domicilio fiscal, en bodegas, oficinas, puntos de venta fijos o semifijos, o en cualquier lugar vinculado a las operaciones facturadas. Durante la inspección, los visitadores del SAT están facultados para documentar sus hallazgos con fotografías, grabaciones de audio y video.

Cinco días para probar, 24 para resolver

Una vez iniciada la visita, el contribuyente cuenta con 5 días hábiles para presentar las pruebas que desvirtúen la presunción de falsedad. La autoridad tiene 15 días hábiles adicionales para emitir su resolución. El proceso completo puede concluir en menos de un mes.

Desde el 1 de enero de 2026, el SAT puede verificar si las transacciones registradas en un CFDI son reales, solicitar evidencia al contribuyente y, si determina que el comprobante es falso, publicar el nombre y el RFC del emisor en su portal y en el Diario Oficial de la Federación. El procedimiento completo puede resolverse en 24 días hábiles, un plazo que los especialistas consideran extraordinariamente breve para reunir la documentación exigida.

Si el contribuyente no logra desvirtuar la presunción, los CFDI se declaran falsos con efectos generales y el CSD se cancela de forma definitiva.

Qué documentos exige ahora el SAT

Contratos, estados de cuenta y facturas son apenas el punto de partida. Según los criterios del SAT y la regla 2.9.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, el expediente de materialidad debe demostrar cuatro elementos:

Sustancia económica: la operación debe tener un propósito de negocio real, no solo un beneficio fiscal.

Capacidad operativa del proveedor: personal inscrito en el IMSS suficiente para ejecutar el servicio, infraestructura verificable, domicilio fiscal localizable y actividad económica registrada congruente con lo facturado.

Evidencia de prestación: entregables, reportes, fotografías del trabajo realizado, bitácoras, correos electrónicos con metadatos, órdenes de compra y minutas.

Trazabilidad financiera: pagos mediante transferencia electrónica (SPEI) o cheque nominativo. Los pagos en efectivo superiores a $2,000 MXN no acreditan materialidad. Además, los contratos deben estar protocolizados ante fedatario público para garantizar la fecha cierta.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) emitió el 16 de enero de 2026 un comunicado en el que instó a los contribuyentes a conservar y organizar toda esa documentación —tanto física como digital— antes de que llegue una notificación del SAT, no después.

El efecto dominó sobre quienes recibieron las facturas

Las consecuencias no se limitan al emisor del comprobante declarado falso. Los contribuyentes que recibieron esos CFDI —y los utilizaron para deducir gastos o acreditar IVA— pierden la posibilidad de demostrar por su cuenta la materialidad de las operaciones.

Su única salida es presentar una declaración complementaria dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación en el Diario Oficial, revirtiendo todos los efectos fiscales aplicados. Si no lo hacen en ese plazo, el SAT restringe también su propio Certificado de Sello Digital, dejándolos sin capacidad de facturar.

La reforma tipifica como delito —con penas de 2 a 9 años de prisión— la expedición, adquisición, compra o uso de comprobantes fiscales falsos, tanto para quienes los emiten como para quienes les dan efectos fiscales a sabiendas. Las multas pueden alcanzar el 55% del monto total facturado.

Algoritmos e inteligencia artificial: el SAT ya sabe a quién visitar

La selección de contribuyentes sujetos al artículo 49 Bis no es aleatoria. El SAT opera modelos algorítmicos que cruzan en tiempo real los CFDI emitidos y recibidos, las declaraciones de impuestos, los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la información bancaria y los datos de comercio exterior.

Cuando ese cruce detecta inconsistencias —por ejemplo, un proveedor que factura servicios de ingeniería sin trabajadores registrados ante el IMSS, o una empresa con deducciones que superan cuatro veces el monto de sus créditos fiscales pendientes— el sistema genera una alerta que puede derivar en la activación automática del procedimiento expedito.

El punto más relevante para el contribuyente es la inversión de la carga probatoria: no es el SAT quien debe demostrar que la operación fue falsa, sino el contribuyente quien debe probar que fue real. Para 2026, la autoridad tiene programadas más de 16,200 auditorías, con criterios uniformes aplicados en las 32 entidades federativas.

La presión de Washington está acelerando la retirada de empresas extranjeras de Cuba: tras una compañía minera y grupos hoteleros, ahora es un banco el que suspendió sus transacciones con la isla, lo que conlleva el cese de los pagos con tarjetas Visa y Mastercard.

El Banco Central de Cuba informó este miércoles que las operaciones de pago con las tarjetas Visa y Mastercard quedarán suspendidas en el país a partir del sábado, después de que un banco extranjero cesara, bajo presión de Washington, su relación con Fincimex, brazo financiero del conglomerado económico-militar Gaesa, sancionado por EEUU.

“Con fecha 2 de junio se ha recibido comunicación del banco extranjero, procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas Visa y Mastercard, de interrumpir su relación con Fincimex S.A.”, señaló el Banco Central de Cuba en un comunicado.

“Dicha interrupción se relaciona directamente con la orden ejecutiva (...) emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia”, añadió el banco.

Trump, que impone desde enero un bloqueo petrolero a Cuba, firmó el 1 de mayo un decreto presidencial que refuerza las sanciones contra La Habana, reiterando que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de la costa de Florida, representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Como parte de su política de “máxima presión”, Washington ha puesto su mira en el Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa), un conglomerado vinculado a las fuerzas armadas cubanas que controla importantes sectores de la economía de ese país.

El gobierno de Trump acusa a las autoridades del régimen de Cuba de tratar de sortear el bloqueo comercial que rige desde 1962 y de conseguir divisas extranjeras a través del grupo, así como de usarlo como herramienta para la corrupción.

En correspondencia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) estableció el viernes como fecha límite para que las empresas extranjeras que tienen negocios con Gaesa reajusten sus operaciones o enfrenten las sanciones de Washington.

Las medidas pueden implicar dificultades para acceder al sistema financiero internacional o realizar transacciones, la prohibición de que los bancos trabajen con estas empresas o la congelación de activos.

El impacto de la medida

La cadena española de hoteles Meliá anunció este miércoles que cesará sus operaciones en 15 hoteles que gestiona en Cuba junto con Gaesa.

“Ante los acontecimientos y circunstancias que van sucediendo en el contexto geopolítico social, legal y económico de la República de Cuba”, Meliá informó en un comunicado que “ha adoptado la decisión de concluir de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización” de estos hoteles en la isla.

Meliá se unió así a la cadena hotelera española Iberostar y a la canadiense Blue Diamond, que anunciaron en días pasados que cesaban parcial o totalmente sus operaciones turísticas en Cuba.

En el caso de Iberostar, dejó de administrar 12 hoteles, aunque, al igual que Meliá, continuará operando otros hoteles en la isla en asociación con el Ministerio del Turismo.

Iberostar y Meliá fueron las primeras cadenas hoteleras españolas en llegar a Cuba, después que la isla se abriera al turismo internacional para salir de la crisis provocada por la caída del bloque soviético en 1991. El grupo canadiense Blue Diamond también anunció esta semana que cesaba sus operaciones en Cuba.

A mediados de mayo, la naviera francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd suspendieron “temporalmente” sus reservas de carga a Cuba debido a la orden ejecutiva estadounidense.

Un portavoz de Hapag-Lloyd declaró a la agencia de noticias AFP el miércoles que la compañía seguía analizando las consecuencias de las sanciones estadounidenses anunciadas recientemente.

Dentro del sector de la minería, también en el radar de Washington, la canadiense Sherritt se convirtió el pasado 7 de mayo en la primera compañía extranjera en anunciar que abandonaba Cuba, donde extraía níquel y cobalto desde la década de 1990 a través de una empresa mixta.

“El impacto para la economía cubana de la salida de todas estas compañías internacionales en el corto plazo es devastador”, declaró a la AFP el economista y consultor cubano Daniel Torralbas. “Esto ubica al 2026 como el peor año en la historia económica de Cuba en los últimos 70”, apuntó.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, firme opositor del régimen de La Habana, acusó hace dos semanas a los líderes cubanos de robo y corrupción a través de Gaesa, una empresa que, según el Departamento de Estado, posee activos por valor de 18.000 millones de dólares y controla hasta el 70% de la economía de la isla.

La hotelera indonesia Archipielago International aplazó la decisión de un regreso a Cuba

Por su parte, la cadena indonesia Archipelago International, reconocida como el grupo hotelero más grande del Sudeste Asiático, ya figura entre las empresas del sector que han abandonado total o parcialmente Cuba en la última semana.

Según declaraciones a la agencia EFE, la compañía esperará “a ver qué sucede” antes de considerar un posible regreso a la isla.

El director de comunicaciones del grupo, Sari Purbaningrum, afirmó que la “situación global es incierta por ahora”, por lo que la empresa mantendrá la espera antes de tomar una decisión sobre su retorno.

Archipelago International, responsable de proyectos como el Grand Aston en el Malecón habanero, cesó la gestión de los seis hoteles que operaba en Cuba el miércoles. Así, se sumó a la salida de las mencionadas cadenas españolas Meliá e Iberostar y de la canadiense Blue Diamond, que fue la primera en tomar esa medida.

Estas decisiones se relacionan de forma directa con la Orden Ejecutiva estadounidense del 1 de mayo, que establece sanciones para personas y empresas con negocios en La Habana.

Este jueves, las principales plataformas de viajes no permitían reservar habitaciones en ninguno de los seis hoteles que la compañía gestionaba en la isla hasta el día anterior. Varias páginas web también presentaban errores al intentar acceder a ellas.

Archipelago International ingresó al mercado cubano en 2017, tras consolidar su negocio durante dos décadas, principalmente en el mercado local. Su primer proyecto fue el Grand Aston Varadero Resort, en el centro de la ciudad turística de Varadero.

La cadena fue fundada en Indonesia en 1997, con dos hoteles iniciales: uno en Yakarta y otro en Bali, ambos bajo la marca Aston. En 2013, la empresa matriz adoptó el nombre actual de Archipelago International.

El grupo, según su página web, es de propiedad privada y cuenta con más de 45.000 habitaciones y residencias en más de 200 ubicaciones en el Sudeste Asiático, el Caribe, Oriente Medio y Oceanía.

Antes de su salida de Cuba, Archipelago International gestionaba seis hoteles en la isla, entre ellos Grand Aston Cayo Las Brujas, Aston Panorama Hotel y Aston Costa Verde Beach Resort.

Entre enero y abril, Cuba recibió solo 328.608 turistas internacionales, lo que representa una caída del 55,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En abril, la cifra apenas alcanzó los 30.551 visitantes, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El Gobierno de Estados Unidos anunció el martes nuevas sanciones contra miembros de la cúpula de los grupos armados Movimiento 23 de Marzo (M23) y Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), con el objetivo de abordar las amenazas a la estabilidad y la violencia étnica en el este de la República Democrática del Congo (RDC), país sumido recientemente en una crisis humanitaria por una cepa específica de ébola que ya causó más de 40 muertes.

En un comunicado firmado por el portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, se detalló la designación de altos mandos de ambas organizaciones, previamente incluidas en la lista de grupos sancionados por Washington.

El Departamento de Estado identificó a Gustave Kubwayo como “comandante de una unidad de inteligencia y operaciones especiales de las FDLR”, grupo formado en el año 2000 por refugiados hutu y milicias ruandesas tras el genocidio de 1994.

La cartera estadounidense sostuvo que las FDLR “han perpetrado violencia étnica contra civiles, utilizado niños soldados, cometido violencia sexual y lanzado ataques transfronterizos que siguen amenazando la seguridad de Ruanda”.

Por otra parte, Washington sancionó a John Imani Nzenze, descrito como “jefe de inteligencia del M23”, grupo armado respaldado por Ruanda y señalado por asesinatos, graves violaciones de derechos humanos y ataques contra civiles en el este de la RDC, donde mantiene el control de la ciudad de Goma y zonas de la provincia de Kivu Sur.

Según el comunicado, la administración del presidente Donald Trump está “firmemente comprometida a garantizar que todas las partes cumplan sus compromisos en virtud de los históricos Acuerdos de Washington para la Paz y la Prosperidad y el Marco de Doha”, y afirmó que continuará “utilizando todos los instrumentos disponibles para promover una estabilidad duradera en la región”.

El Departamento del Tesoro también se pronunció sobre las sanciones. Su titular, Scott Bessent, afirmó: “La violencia persistente de los grupos armados está exacerbando una crisis humanitaria ya de por sí grave y representa una amenaza para los intereses de Estados Unidos en la región. Las sanciones impuestas hoy respaldan una resolución pacífica y el fin del derramamiento de sangre”.

La nota, difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), subraya que “Estados Unidos espera que RDC neutralice a las FDLR y a los grupos afiliados” y que “Ruanda retire sus tropas y equipo militar de RDC y cese todo apoyo al M23, de conformidad con los compromisos establecidos” en los acuerdos alcanzados en Estados Unidos y Qatar.

Un episodio de violencia extrema impactó el este de la República Democrática del Congo (RDC) durante julio de 2025, cuando el grupo armado M23, respaldado por el gobierno de Ruanda, ejecutó a civiles en al menos 14 aldeas y zonas agrícolas ubicadas principalmente en el territorio de Rutshuru, en la provincia de Kivu del Norte.

Un informe de Human Rights Watch (HRW) denunció el asesinato de más de 140 personas, en su mayoría pertenecientes a la etnia hutu, durante una ola de ataques perpetrados por el M23. Estimaciones de la ONU advierten que el número real de víctimas podría superar las 300, en uno de los episodios más graves atribuidos al grupo desde 2021.

El este de RDC permanece como uno de los escenarios más complejos de África. Según Naciones Unidas, la región alberga valiosos recursos minerales y es disputada por más de cien grupos armados, entre ellos el M23, compuesto principalmente por tutsis congoleños y directamente vinculado a Kigali. Desde el resurgimiento del M23 en 2021, la zona registra desplazamientos masivos y abusos recurrentes a los derechos humanos.

(Con información de Europa Press)

El domingo 21 de junio de 2026, más de 41 millones de colombianos están convocados para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un proceso clave para definir el futuro liderazgo del país.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha dispuesto nuevamente mecanismos digitales como el chatbot institucional, la aplicación ‘aVotar’ y el portal web oficial para que los ciudadanos consulten anticipadamente su lugar de votación, una herramienta vital tanto para quienes han cambiado de residencia como para quienes votan por primera vez.

Para la segunda vuelta, 40.007.312 ciudadanos están habilitados para votar en Colombia, distribuidos en 118.346 mesas en 13.489 puestos de votación (6.010 urbanos y 7.479 rurales). En el exterior, 1.414.661 personas podrán sufragar en 253 puestos habilitados en 67 países.

La pregunta recurrente entre quienes participaron como jurados de votación el 31 de mayo es si deben repetir su función en la segunda vuelta del 21 de junio. La respuesta de la Registraduría Nacional es clara: sí, los jurados designados para la primera vuelta deben presentarse nuevamente en la segunda vuelta presidencial, salvo que la entidad realice algún cambio específico en las designaciones.

Cabe señalar que no se realiza un nuevo sorteo para la ronda definitiva; el sorteo de jurados es único para ambas jornadas electorales y sus designaciones permanecen vigentes para la segunda vuelta.

Esta continuidad en la designación obedece a la necesidad de garantizar la transparencia y la eficiencia del proceso, evitando confusiones logísticas y asegurando la presencia de jurados ya capacitados. Solo si la Registraduría realiza alguna modificación o sustitución específica, los ciudadanos serán notificados oportunamente.

Obligaciones y sanciones para los jurados

El servicio de jurado de votación es obligatorio. Quienes no asistan sin justa causa, o abandonen la mesa, pueden enfrentar sanciones serias: los servidores públicos pueden ser destituidos, mientras que los particulares pueden recibir una multa de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, que para 2026 equivale a $17.509.000.

Derechos y beneficios

Ser jurado de votación implica tanto deberes como derechos. El más importante es el día de descanso compensatorio remunerado, derecho consagrado en el artículo 105 del Código Electoral. Este día libre puede hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles posteriores a la jornada electoral, previa coordinación con el empleador, tanto en el sector público como privado.

El procedimiento para reclamarlo requiere presentar el certificado original expedido por la Registraduría ante el área de Recursos Humanos o el jefe inmediato. El empleador no puede negar el día de descanso ni descontar salario; el trabajador puede acudir al Ministerio de Trabajo si esto ocurre.

Adicionalmente, todos los ciudadanos que votan —incluidos los jurados— tienen derecho a media jornada de descanso remunerado, a disfrutar dentro del mes siguiente a la elección y presentando el certificado electoral. Si una persona fue jurado y también votó, puede acumular ambos permisos: un día y medio de descanso.

Funciones y jornada del jurado de votación

Los jurados tienen asignados cargos de presidente, vicepresidente y vocal, mientras que otros tres actúan como suplentes. Entre sus responsabilidades están el control de la mesa, registro de votantes, entrega de tarjetas electorales, autorización del voto y vigilancia de la urna. Tras el cierre de la jornada, deben permanecer para el escrutinio de mesa, conteo de votos y entrega de formularios.

El horario para jurados inicia a las 7:30 a. m., con atención al público desde 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. y labores de escrutinio hasta concluir el proceso. Es obligatorio mantener la neutralidad política y la presentación adecuada; los jurados no pueden portar prendas ni distintivos de campaña ni ejercer como testigos electorales.

El universo de jurados incluye empleados de empresas privadas (40%), estudiantes (26%), docentes (15%), funcionarios públicos (15%) y simpatizantes de organizaciones políticas (4%). La diversidad busca garantizar imparcialidad y representatividad en cada mesa de votación.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, quien no ha sido visto públicamente desde que asumió el cargo tras resultar herido en ataques estadounidenses e israelíes, se encuentra vivo y cada vez más activo en las negociaciones con Washington. Rubio realizó estas declaraciones ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en un contexto donde las conversaciones para poner fin a la guerra que desde hace tres meses sacude Oriente Medio y ha provocado una crisis energética global permanecen estancadas.

Rubio detalló que “hay indicios de que está participando cada vez más, en algún nivel”, aunque aclaró que “todas sus comunicaciones han sido por escrito y a través de intermediarios”. Mojtaba Khamenei, de 56 años, sucedió a su padre Ali Khamenei, quien murió durante la primera oleada de ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, hecho que desencadenó el conflicto actual.

Condiciones para una posible negociación con Irán

Durante su intervención, Rubio expresó esperanza de alcanzar un acuerdo con Irán, pero condicionó cualquier levantamiento de sanciones a que Teherán acepte limitar severamente su programa nuclear. “Existe la posibilidad ante nosotros, que podría concretarse hoy, podría concretarse mañana, podría concretarse la próxima semana”, afirmó.

El funcionario estadounidense subrayó que entre las condiciones fundamentales para avanzar en la negociación, Irán debe anunciar de forma clara la reapertura del estrecho de Ormuz, principal vía marítima para el petróleo y el gas del Golfo, y garantizar la seguridad de la navegación.

“Deben anunciar ‘El estrecho está ahora abierto, no estamos cobrando ningún peaje’. Ayudaremos a retirar las minas que ellos colocaron allí y no dispararán contra los barcos”, señaló Rubio ante la comisión. Además, insistió en que Irán debe aceptar negociar “severas y prolongadas limitaciones y/o la cancelación de la actividad de enriquecimiento” de uranio.

Exigencias sobre el programa nuclear y el alivio de sanciones

Rubio enfatizó que Irán enfrenta sanciones por haber enriquecido uranio a niveles muy altos y por sus actividades nucleares. Recalcó que solo un compromiso firme de renunciar a estas prácticas podría llevar a un alivio de las sanciones internacionales. El senador demócrata Chris Murphy preguntó durante la sesión si Washington estaba dispuesto a ofrecer incentivos adicionales a Teherán, particularmente en relación con la reapertura del estrecho de Ormuz. Rubio respondió que “no, eso no se ha discutido. No se ha ofrecido”.

En las audiencias, Rubio también abordó las divisiones dentro de la cúpula iraní y explicó que la ausencia pública de Mojtaba Khamenei responde a razones de seguridad interna tras los recientes ataques. “Teniendo en cuenta lo que les ha sucedido a varios líderes de ese sistema, probablemente no se les recomiende internamente ser muy públicos”, argumentó.

Contexto político en Estados Unidos

Rubio compareció en el Capitolio en medio de crecientes interrogantes sobre la capacidad de la administración para avanzar en esfuerzos diplomáticos tras el estallido del conflicto. Paralelamente, los senadores republicanos se reunirán para discutir los próximos pasos después de que el Departamento de Justicia anunciara que acatará una orden judicial que suspende la implementación de un fondo de compensación de 1.776 millones de dólares destinado a aliados políticos del presidente Donald Trump.

Desde septiembre, Francia ha abordado otros tres buques que se cree que pertenecen a la flota fantasma, utilizada por Rusia para eludir las sanciones occidentales sobre sus exportaciones de combustibles fósiles impuestas tras la invasión de Ucrania por parte del Kremlin en 2022.

El Tagor fue detenido el domingo por la mañana en aguas internacionales con la ayuda de Gran Bretaña y otros socios, después de que su capitán ruso se negara repetidamente a cumplir las órdenes, según informaron los fiscales.

“Consideramos que estos actos son ilegales. Rayan en la piratería internacional“, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. “Rusia está tomando medidas para garantizar la seguridad de su carga”.

Sospechoso de transportar petróleo ruso o iraní a pesar de las sanciones internacionales, el Tagor está vinculado al magnate del transporte petrolero Mohammad Hossein Shamkhani, según la base de datos de fuentes abiertas Opensanctions.org.

Según las autoridades francesas, el Tagor se dirigía desde Murmansk, en el noroeste de Rusia, cuando fue abordado.

El barco enarbolaba falsamente pabellón camerunés y se dirigía hacia Limbe, una ciudad costera al oeste del país africano, dijo un portavoz de la prefectura marítima del Atlántico de Francia.

“Es inaceptable que los buques eludan las sanciones internacionales, violen el derecho del mar y financien la guerra que Rusia lleva librando contra Ucrania desde hace más de cuatro años", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron.

Macron publicó un video que, según las autoridades, mostraba la incautación, en el que se veía a comandos descendiendo en rappel desde un helicóptero hasta el buque.

La Prefectura Marítima del Atlántico indicó que la interceptación tuvo lugar a más de 400 millas náuticas (740 kilómetros) al oeste de Bretaña.

“El examen de los documentos confirmó las sospechas sobre la irregularidad del pabellón que enarbolaba", señaló la prefectura.

El buque, que contaba con 23 tripulantes, estaba “siendo escoltado por la Armada francesa hacia un punto de fondeo para realizar comprobaciones adicionales", informó la prefectura.

Cuando se les preguntó sobre los vínculos del petrolero con Shamkhani, los funcionarios se negaron a hacer comentarios.

Shamkhani es hijo del funcionario de seguridad Ali Shamkhani, quien fue asesor del ex líder supremo iraní Ali Khamenei; ambos murieron el 28 de febrero, el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes que dieron inicio a la guerra en Oriente Medio.

El abordaje “resultó necesario”

La embajada rusa en Francia dijo que había solicitado información a las autoridades francesas sobre la composición de la tripulación.

“La parte francesa no ha proporcionado ninguna notificación sobre las medidas tomadas contra este buque”, dijo la embajada en su canal de Telegram.

El petrolero ha enarbolado las banderas de Madagascar, las Islas Marshall y Panamá.

Los fiscales dijeron que “resultó necesario tomar el control del buque”.

La fiscalía de la ciudad noroccidental de Brest informó que se había abierto una investigación penal por no poder demostrar la nacionalidad del buque, la ausencia de pabellón y la negativa a cumplir con las órdenes.

“Se trata de un buque que era conocido y al que se le había dado seguimiento”, declaró a la AFP Guillaume Le Rasle, portavoz de la prefectura marítima del Atlántico, y agregó que el buque estaba sujeto a sanciones de la UE y de EEUU.

“La decisión de desviarlo se tomó el domingo por la noche”, añadió. “El objetivo del desvío es verificar la validez de su bandera”.

Los buques de la flota fantasma cambian con frecuencia las banderas que enarbolan, una práctica conocida como “cambio de bandera”, o utilizan registros inválidos en un intento de escapar del seguimiento.

A los otros tres buques que Francia ha detenido desde septiembre bajo sospecha de pertenecer a la flota fantasma se les permitió zarpar después de que sus propietarios pagarán multas.

En abril, Francia anunció un plan para duplicar las sanciones a los buques que no enarbolen pabellón o se nieguen a cumplir las normas.

Varios países occidentales han impuesto sanciones a cientos de buques de la flota fantasma de Rusia por su invasión de Ucrania en 2022.

Casi 600 buques sospechosos de pertenecer a la flota están sujetos a sanciones de la Unión Europea.

(Información de AFP - Con Jeremy Marot en París)

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky advirtió este viernes que Rusia prepara un nuevo ataque a gran escala contra su país, citando datos de los servicios de inteligencia, e instó a sus aliados a reforzar de forma urgente los sistemas de defensa aérea.

En una publicación en Telegram, el mandatario señaló que la alerta demuestra que Moscú sigue apostando por “misiles y una mayor guerra” en lugar de la diplomacia. “Es importante que todos nuestros socios sepan lo que está sucediendo”, declaró.

Horas después, en su discurso nocturno en video, amplió la advertencia: “Nuestros servicios están respondiendo con rapidez y están preparados. La Fuerza Aérea y otros defensores del cielo trabajarán las 24 horas del día, los siete días de la semana, como siempre lo hacen".

Los residentes de Kiev llevan días preparándose para una nueva ofensiva. El presidente envió además una carta al presidente estadounidense Donald Trump alertando sobre la creciente escasez de sistemas de defensa aérea, con especial énfasis en la falta de capacidad antimisiles balísticos.

El 24 de mayo, Rusia lanzó 90 misiles y 600 drones contra Kiev y sus alrededores, con daños generalizados en la capital. El día siguiente, los bombardeos dejaron 2 muertos y decenas de heridos en todo el país.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comunicó al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio que Rusia planeaba atacar “centros de toma de decisiones” ucranianos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso instó además a los ciudadanos extranjeros, incluidos los diplomáticos, a abandonar Kiev. Ninguna embajada evacuó a su personal.

Moscú justificó esas amenazas como respuesta a un ataque con drones contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, controlada por Rusia, en el que murieron 21 personas. Ucrania negó haber ejecutado ese ataque.

Zelensky indicó que había conversado con el canciller ucraniano, Andrii Sybiha, sobre las medidas que los aliados podrían adoptar en las próximas semanas para reforzar las defensas del país. En esa misma publicación de Telegram, pidió nuevas sanciones contra Rusia y subrayó que la defensa antibalística es una tarea fundamental.

(Con información de Reuters y The Kyiv Independent)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 25 personas, entidades y buques vinculados al comercio de petróleo de Irán, en una jornada en la que la Casa Blanca comunicó haber alcanzado un marco de acuerdo con Teherán para el cese de hostilidades en Medio Oriente.

Según detalló la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las medidas afectan a una persona de nacionalidad india, a ocho buques que operan bajo banderas de San Marino, Panamá y Camerún, y a 16 empresas relacionadas con los sectores petrolero y energético iraní.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: “Desde la Administración Trump no permitiremos que el Gobierno iraní aumente sus ingresos petroleros con el fin de reconstituir sus fuerzas armadas y capacidades militares”.

Las recientes sanciones se enmarcan en los esfuerzos de Estados Unidos por limitar los ingresos de Irán derivados de las exportaciones de petróleo con un bloqueo a los puertos controlados por el régimen persa, mientras continúan las negociaciones diplomáticas para reducir las tensiones bilaterales y regionales.

Washington también advirtió que impondrá sanciones a cualquier país, empresa o individuo que colabore con Irán en la creación de peajes para buques que transiten el estrecho de Ormuz, en alusión a los vínculos al régimen y el gobierno omaní. El anuncio fue realizado Bessent tras la confirmación de que funcionarios iraníes mantienen negociaciones con Omán destinadas a establecer un nuevo sistema de control y cobro en esa zona marítima.

“El Gobierno de Estados Unidos no tolerará ningún esfuerzo por imponer un sistema de peajes en el estrecho de Ormuz”, afirmó Bessent en un mensaje publicado en la red social X.

El funcionario sostuvo que Omán “debería saber” que Washington aplicará “medidas agresivas” frente a cualquier actor que facilite esos cobros, ya sea “directa o indirectamente”. “Cualquier socio dispuesto a ello será sancionado”, reiteró el jefe del Tesoro norteamericano.

Luego, Bessent reveló que mantuvo una conversación telefónica con el embajador omaní, quien le aseguró que “no hay planes para imponer un peaje en el estrecho”. Según el responsable del Tesoro, ambos funcionarios coincidieron en la importancia de preservar las “buenas relaciones” bilaterales que Estados Unidos y Omán mantienen desde hace dos siglos.

“Quiere que estas relaciones duren otros 200 más y, como saben, le dije que (el peaje) era impensable y que no quería arriesgarse a que ni los ciudadanos omaníes ni las instituciones financieras omaníes fueran sancionados”, explicó el titular de la cartera.

Las advertencias de Bessent, se produjeron poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump endureciera su discurso respecto de Omán durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Consultado sobre la posibilidad de un acuerdo temporal que habilite a Irán y Omán a gestionar juntos el tránsito en Ormuz, Trump respondió: “No, el estrecho va a estar abierto para todo el mundo”.

El mandatario estadounidense añadió: “Son aguas internacionales y Omán se comportará como todos los demás o tendremos que hacerlos volar por los aires”. Estas declaraciones se suman a la presión ejercida por Estados Unidos para disuadir cualquier intento de imponer restricciones en una de las rutas marítimas más relevantes para el comercio global de petróleo.

El jueves también estuvo marcado también por la confirmación de la Casa Blanca sobre un principio de acuerdo para extender la actual tregua e iniciar la reapertura de Ormuz, vía marítima estratégica para el flujo de hidrocarburos a nivel mundial. Además, las partes asumieron el compromiso de iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque este aspecto no fue confirmado ni por el presidente estadounidense ni por las autoridades de Teherán.

(Con información de Europa Press)

Cinco narcotraficantes mexicanos que ya se encuentran muertos fueron eliminados de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El retiro de los narcos se llevó a cabo este jueves como parte de una lista de 76 entidades, entre los que se encuentran otros sujetos relacionados con redes ilícitas ya inexistentes.

Las autoridades estadounidenses detallaron que la decisión forma parte de la estrategia de modernización de sanciones impulsada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la que se identificaron entradas obsoletas en la lista.

El proceso incluyó a personas designadas hace más de una década que carecen de identificadores suficientes para su verificación continua, y que no representan una amenaza actual.

Los cinco mexicanos retirados de la lista de sancionados por EEUU

• Ignacio “Nacho” Coronel Villareal

Era considerado uno de los máximos jefes del Cártel de Sinaloa, solo por detrás de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Llegó a ser considerado como “El rey del cristal” debido a que las autoridades le atribuían la producción de grandes cantidades de metanfetamina en laboratorios clandestinos, así como la compra de toneladas de cocaína a cárteles colombianos que después traficaba a Estados Unidos.

Sus actividades delictivas se centraban en Jalisco, Colina, Nayarit y parte de Michoacán, donde controlaba el tráfico de cocaína a través de la denominada Ruta del Pacífico.

El 29 de julio de 2010 fue abatido en un operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, luego de que agredió a balazos a los militares.

• Heriberto Lazcano Lazcano

Heriberto Lazcano, alias “El Lazca” o “El Z-3″, era líder de Los Zetas que emprendió una violenta confrontación contra el Cártel de Sinaloa en la que intentó impedir que “El Chapo” se estableciera en el estado de Tamaulipas.

El exmilitar era considerado uno de los miembros más violentos del que era el brazo armado del Cártel del Golfo, ya que se encargaba de supervisar la gestión y el despliegue de los operativos.

El 7 de octubre de 2012 fue abatido tras un enfrentamiento con elementos de la Armada de México en el municipio de Progreso, en el estado de Coahuila.

• Sigifredo Nájera Talamantes

Conocido como “El Canicón”, fue uno de los principales operadores de Los Zetas. Era señalado por las autoridades federales como el responsable de las actividades de narcotráfico, tráfico de personas, robo de combustible a los ductos de PEMEX, piratería, homicidio, secuestro y extorsión en el estado de Nuevo León para la organización criminal.

Entre los hechos delictivos que se le atribuían estaba el asesinato del atentado con granadas de mano al Consulado de Estados Unidos en Monterrey del 12 de octubre de 2008; la autoría intelectual de la tortura y ejecución de nueve militares en la misma ciudad y año, entre otros.

Fue detenido el 20 de marzo de 2009 en Saltillo, Coahuila, y luego de seis años, falleció en prisión. Las autoridades informaron que fue a consecuencia de un paro cardíaco cuando estaba en El Altiplano.

• Gonzalo Inzunza Inzunza

Conocido como Bernabé León Andrade o Gonzalo Araujo Inzunza, alias “El Machoprieto”, fue un operador del Cártel de Sinaloa que logró extender sus operaciones de Culiacán, Sinaloa, hasta los estados de Sonora y Baja California.

Operó para el cártel durante más de cinco lustros, donde también controló el trasiego de drogas. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía 3 millones de pesos para quien proporcionara información que permitiera su captura.

En diciembre de 2014 fue abatido en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la zona hotelera de Puerto Peñasco, Sonora.

• Eliseo Imperial Castro

Conocido como “El Cheyo Ántrax”, fue uno de los cofundadores del brazo armado de Los Ántrax de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Dentro de la organización criminal se desempeñaba como jefe de sicarios y posteriormente se colocó como el cabecilla.

En mayo de 2024 fue asesinado con al menos 40 balazos cuando circulaba a bordo de una camioneta en Culiacán, Sinaloa. El fiscal estadounidense Breon Peace reveló días después que “El Mayo”, habría ordenado el asesinato del hombre (que era su sobrino) luego de enterarse de que estaba cobrando deudas a su nombre para beneficio propio y sin su permiso.

Retiro de sanciones busca concentrar los recursos en amenazas de alto riesgo

Según Bessent, el objetivo de la modernización de sanciones es mantenerlas selectivas, eficaces y alineadas con las prioridades económicas y de seguridad nacional. El funcionario subrayó que el éxito de estas medidas se mide por su impacto, no por la cantidad de nombres incluidos en las listas.

Esta actualización busca concentrar los recursos en amenazas complejas y de alto riesgo, dejando atrás designaciones que han perdido relevancia. El Tesoro reiteró que la filosofía de las sanciones es lograr cambios de comportamiento, no el castigo indefinido.

Las sanciones estadounidenses contra Irán no han cortado el flujo de su principal recurso exportable. Una sofisticada red de contrabando marítimo mantiene el crudo iraní llegando a refinerías chinas, generando al régimen de Teherán decenas de miles de millones de dólares al año pese a las restricciones impuestas por Washington, según documentó el Wall Street Journal.

El esquema opera en una zona marítima de ambigua jurisdicción frente a las costas de Malasia, donde centenares de buques cisternas realizan lo que la industria naviera llama transferencias de barco a barco: uno carga el petróleo en puertos iraníes, navega hacia esa zona intermedia y traspasa el crudo a otro buque que continúa hacia China, diluyendo así el rastro del origen de la carga. Según la firma de análisis TankerTrackers.com, citada por el WSJ, este circuito mueve unos 1,4 millones de barriles diarios de petróleo iraní con destino a refinerías privadas chinas.

Un negocio de miles de millones

Las cifras que maneja el Congreso estadounidense ilustran la magnitud del problema. La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China estima que Irán recaudó unos 31.000 millones de dólares en ingresos petroleros provenientes de China el año pasado. Esa cifra equivale a aproximadamente el 90% de sus exportaciones totales de crudo y al 45% del presupuesto del gobierno iraní, lo que convierte a este comercio en el principal sostén financiero del régimen.

La arquitectura del sistema está diseñada para frustrar cualquier intento de fiscalización. Los buques involucrados, que los expertos agrupan bajo el nombre de “flota fantasma”, ocultan sus nombres con pintura o lonas, desactivan los sistemas de rastreo satelital y se registran bajo banderas de países con escasa capacidad de control, que cobran tarifas por la inscripción sin exigir cumplimiento de estándares. Cuando son sancionados, cambian de nombre, de bandera y de empresa titular y regresan a operar. Se calcula que la flota suma unos 1.500 buques, incluyendo los que transportan petróleo ruso.

La propiedad de los barcos se oculta bajo capas de sociedades pantalla radicadas en ciudades chinas o en plazas como Dubái, de acuerdo a la investigación del diario estadounidense. Las tripulaciones son en gran medida chinas, y el petróleo llega a refinerías que operan en circuitos financieros domésticos, fuera del alcance del sistema bancario estadounidense.

El rol de China

Beijing es el sostén estructural de todo el esquema. Este mes, el gobierno chino dio un paso sin precedentes al ordenar explícitamente a sus empresas que ignoraran las sanciones de Washington contra cinco refinerías nacionales, invocando una normativa de 2021 destinada a neutralizar leyes extranjeras que considera violatorias de las normas del comercio internacional.

Oficialmente, China no registra importaciones de petróleo iraní desde 2022, una omisión que los analistas interpretan como un intento de Beijing de limitar represalias financieras. Pero los datos aduaneros revisados por el Journal cuentan otra historia: en los primeros cuatro meses del año, China declaró importaciones de crudo desde Malasia e Indonesia que superaron ampliamente la capacidad productiva histórica de ambos países, lo que los expertos consideran un indicador indirecto del volumen real de petróleo iraní que ingresa al país.

Presión militar con resultados limitados

Washington ha escalado su respuesta en los últimos meses. Además del bloqueo naval de puertos iraníos, impuso nuevas sanciones contra buques y contra infraestructura petrolera china, y desplegó fuerzas especiales que abordaron dos buques de la flota fantasma en el océano Índico desde helicópteros. La semana pasada capturó un tercer barco vinculado a Irán en esa misma zona.

Pero los expertos son escépticos sobre la sostenibilidad de esa estrategia. Frenar definitivamente la flota exigiría mantener una presión militar e institucional indefinida, coordinada con una ofensiva sostenida contra China. Cualquier pausa permitiría que el sistema se restablezca casi de inmediato.

“Se suponía que la furia económica iba a doblarlos”, dijo al WSJ Iman Nasseri, director de investigación para Oriente Medio de la consultora FGE NexantECA, en referencia a la campaña de presión estadounidense. Comparado con otros exportadores regionales, Irán es hoy “el que menos está sufriendo”, añadió.

El costo humano del negocio también es real. En 2023, un buque de la flota explotó frente a Malasia y mató a tres tripulantes. Ningún propietario reclamó el barco.

Las autoridades de Taiwán sospechan que tres individuos lograron contrabandear al menos un cargamento de chips de inteligencia artificial de Nvidia hacia China, utilizando Japón como punto de tránsito, según informó Bloomberg citando fuentes familiarizadas con el caso.

El trío fue detenido la semana pasada por la Fiscalía del Distrito de Keelung, acusado de falsificar documentos relacionados con la exportación de servidores de Super Micro Computer que contienen chips avanzados de Nvidia, cuya venta a China está prohibida sin una licencia expresa del gobierno de Estados Unidos.

La operación, ejecutada el 21 de mayo con allanamientos en 12 locaciones en toda la isla, representa la primera acción penal formal de Taiwán contra el contrabando de hardware de inteligencia artificial. Hasta ahora, la isla había mantenido un perfil bajo en materia de controles de exportación, ya que, a diferencia de Estados Unidos, no cuenta con una regulación propia sobre semiconductores y debe recurrir a leyes locales para abordar el problema.

Al momento de la detención, las autoridades taiwanesas incautaron alrededor de 50 servidores vinculados a documentación presuntamente fraudulenta. Sin embargo, al menos un cargamento ya había pasado por la aduana taiwanesa antes de la intervención.

El rol de Super Micro y el antecedente de marzo

El caso se suma a una causa mayor que sacude a Super Micro desde marzo. El 19 de marzo de 2026, la justicia federal estadounidense acusó al cofundador de la compañía, Yih-Shyan “Wally” Liaw, junto a otros dos imputados, de conspirar para desviar servidores de Nvidia valuados en aproximadamente 2.500 millones de dólares hacia China, en violación de los controles de exportación. La red operó entre 2024 y 2025 mediante empresas fantasma en el sudeste asiático, y los servidores fueron ensamblados en Estados Unidos, enviados a Taiwán y reempaquetados antes de llegar a compradores en China continental.

Ante la nueva revelación en Taipéi, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien se encontraba en la capital taiwanesa, señaló que la compañía es “rigurosa” en explicar las regulaciones a todos sus socios. “En definitiva, Super Micro tiene que gestionar su propia empresa”, dijo Huang a periodistas. Días antes, el ejecutivo ya había llamado públicamente a Super Micro a mejorar sus procesos de cumplimiento normativo.

Las autoridades taiwanesas no han formulado cargos contra Nvidia ni contra Super Micro como empresas.

Singapur, Japón y la geografía del desvío

El caso taiwanés no es un hecho aislado. Analistas de Bloomberg Intelligence señalaron esta semana que Singapur también está bajo escrutinio como posible plataforma de filtración de tecnología de Nvidia hacia el mercado chino. Según el analista Matt Bloxham, es “inevitable” que empresas chinas busquen acceder a estos chips para desarrollar sus propios modelos de lenguaje y cerrar la brecha tecnológica con Estados Unidos, lo que alimenta redes de contrabando cada vez más sofisticadas.

Washington restringe la venta de aceleradores de IA avanzados de Nvidia a China desde octubre de 2022, invocando preocupaciones de seguridad nacional sobre su posible uso en programas militares y de vigilancia chinos. Nvidia diseñó versiones modificadas y de menor rendimiento de sus chips de primera línea para cumplir con esas reglas, pero la aplicación de las normas ha quedado sistemáticamente rezagada respecto de la demanda.

Este incidente representa la primera acción contundente de Taiwán contra el desvío de chips de IA, en respuesta a la presión sostenida de Estados Unidos para que la isla adopte un rol más activo en la limitación del acceso chino a tecnología avanzada. La fiscalía estadounidense tiene abiertas al menos cinco causas penales vinculadas al desvío de semiconductores, además de los casos en Taiwán y Singapur.

Los propietarios de vehículos con engomado azul y placas terminadas en 9 y 0 en la Ciudad de México deben presentar sus autos a la verificación vehicular antes de que finalice junio de 2026.

El trámite es obligatorio y quienes no lo realicen dentro del periodo asignado enfrentarán una multa de 2,346 pesos, calculada en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para 2026.

Este monto está establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Durante mayo y junio de 2026, corresponde exclusivamente a los autos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 acudir a los verificentros autorizados. El calendario semestral oficial determina que estos vehículos cierran el ciclo del primer semestre, por lo que deberán cumplir con la revisión antes del 30 de junio.

Multa oficial y condiciones para evitarla

La sanción económica por no verificar en el periodo asignado asciende a 20 veces la UMA, equivalente a 2,346 pesos. Si el propietario no obtiene una constancia aprobatoria dentro del plazo, debe cubrir la multa y, a partir del pago, recibe un nuevo periodo de 30 días naturales para completar la verificación.

Si en ese tiempo no aprueba la inspección, la multa se duplica, llegando a 4,692 pesos (40 UMA), y el plazo se renueva. El proceso puede repetirse en caso de reincidencia, con la multa incrementándose a 80 UMA (9,384 pesos).

El pago de la multa se realiza a través de la línea de captura obtenida en el portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX o vía Locatel. Presentar este comprobante es requisito indispensable al acudir al verificentro para regularizar el trámite.

Costos y procedimiento de verificación

El costo oficial de la verificación vehicular es de 765 pesos en 2026. Esta tarifa aplica para cualquier holograma asignado (“0”, “1”, “2” o “00”). El pago debe realizarse previo a la cita, la cual se agenda en el portal de verificentros autorizado por la Sedema.

Para realizar el trámite, se solicita la siguiente documentación en original:

1. identificación oficial vigente
2. tarjeta de circulación actualizada
3. comprobante de la última verificación
4. constancia de no tener adeudos de tenencia o infracciones.

Si el vehículo no aprueba en la primera revisión por fallas menores, el propietario dispone de un plazo de 30 días naturales para repetir la verificación sin costo adicional.

Contexto y objetivos del programa

El programa de verificación vehicular de la Ciudad de México es de carácter semestral y obligatorio para todos los vehículos de combustión interna con placas capitalinas. Su objetivo es controlar las emisiones contaminantes y contribuir a la mejora de la calidad del aire. Además, el cumplimiento del trámite es necesario para evitar restricciones adicionales como el programa Hoy No Circula o la imposibilidad de circular en días específicos.

El calendario de verificación distribuye la carga entre los distintos grupos de autos a lo largo del semestre, asignando periodos por color de engomado y terminación de placa. En el caso de autos con engomado azul y terminaciones 9 y 0, el periodo asignado corresponde a mayo y junio.

Consecuencias adicionales por incumplimiento

Además de la multa económica, los vehículos que no hayan sido verificados en el periodo correspondiente quedan sujetos a restricciones de circulación. Esto incluye la imposición del programa Hoy No Circula de manera más estricta, así como la necesidad de regularizar el trámite antes de poder circular libremente por la ciudad.

Pagar la multa no sustituye la verificación. Es obligatorio cubrir ambos conceptos para recuperar la regularidad del vehículo. La reincidencia en el incumplimiento genera sanciones acumulativas. Todo el proceso se rige por los lineamientos establecidos en la legislación ambiental y de tránsito de la Ciudad de México.

Fuentes oficiales: Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, Reglamento de Tránsito de la CDMX, Unidad de Medida y Actualización 2026 y portales institucionales consultados entre abril y mayo de 2026.

El líder de una de las redes de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, vinculado con la facción de Los Chapitos, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos este miércoles.

Las operaciones del mexicano se centran en el estado de Sinaloa, pero los tentáculos de su red criminal llegan hasta Estados Unidos a través de la transferencia de criptomonedas para blanquear las ganancias del narcotráfico.

Este método lo adquirió de su antecesor, Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastro”, quien fue asesinado a balazos en febrero de 2025 en el Estado de México.

Armando de Jesús Ojeda: la mente detrás de las criptomonedas

Las autoridades estadounidenses identificaron a Armando de Jesús Ojeda como el responsable de liderar una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la venta ilícita de fentanilo a nombre del Cártel de Sinaloa.

Sus operaciones se basan en coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas, para luego facilitar su conversión en criptomonedas antes de transferir los fondos al cártel en México.

Tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro —sancionado previamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 26 de septiembre de 2023 por emplear criptomonedas y transferencias bancarias para transferir ganancias del fentanilo— Ojeda Avilés asumió el rol de principal lavador de dinero para Los Chapitos.

Además de las operaciones financieras, Ojeda Avilés es señalado por supervisar directamente los envíos de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Su red está integrada tanto por proveedores de drogas con base en México como por mensajeros establecidos en territorio estadounidense para la recolección del dinero.

La red que opera también implica a un empresario

La red criminal liderada por el mexicano está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros en Estados Unidos que realizan la recolección del dinero.

Cinco personas más, entre los que se encuentra un empresario, también fueron sancionados al ser identificados como parte de la estructura de lavado de dinero para el cártel.

Se trata de Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como estrecho colaborador de Armando de Jesús y principal intermediario financiero de la red de narcotráfico y lavado de dinero. Sus operaciones se basan en gestionar las transferencias masivas de ganancias a través de direcciones de criptomonedas.

Rodrigo Alarcón Palomares también fue identificado como socio de Armando de Jesús Ojeda luego de haber facilitado retiros de dinero en Estados Unidos en nombre de la red.

Este hombre fue acusado en abril de 2024 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado por tres cargos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante criptomonedas. Asimismo, se le involucra con la venta de drogas en ese país.

Alarcón fue detenido en octubre de 2023 en México, cuando las autoridades lo hallaron con armas y municiones.

Alfredo Orozco Romero, identificado como empresario y asesor de seguridad de Ojeda, fue señalado por ser el responsable de cobrar deudas por envíos de cocaína. En México controla una empresa de seguridad denominada Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV y un restaurante en Chihuahua a través de tres de sus familiares que actúan como sus testaferros de confianza.

Ante sus operaciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó a los tres familiares del empresario: Alfredo Orozco Romero, Liliana Orozco Romero y Amalia Margarita Romero Moreno.

Estas sanciones también identificaron una segunda red dedicada al tráfico de drogas desde Sinaloa a los Estados Unidos, la cual es encabezada por Jesús González Peñuelas, por quien la DEA ofrece 5 millones de dólares.

A partir de la reforma publicada el 1 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, México ha iniciado la transición para reducir la jornada laboral máxima a 40 horas semanales para el año 2030.

Esta transformación legal implica un nuevo marco de obligaciones y sanciones para los empleadores que no respeten la normativa, abarcando tanto el tiempo de trabajo como la protección de los derechos de los trabajadores.

Multas por incumplimiento de la jornada laboral de 40 horas

La Ley Federal del Trabajo (LFT), reformada en 2026, establece sanciones económicas para los patrones que no adopten la jornada de 40 horas o vulneren sus reglas.

El artículo 994, fracción IV Bis, fija multas de 250 a 5.000 UMA por cada trabajador afectado. Para 2026, el valor de la UMA es de 117,31 pesos, lo que representa multas desde $29.327,50 hasta $586.550.

El incumplimiento incluye no ajustar la jornada conforme al nuevo límite semanal, exigir horas extra fuera de los topes legales, no respetar los descansos obligatorios, reducir salarios o prestaciones como consecuencia de la reforma, o cualquier otra violación a la nueva jornada. En caso de reincidencia, la sanción se duplica, según el artículo 992 de la LFT.

El texto legal señala: “De 250 a 5.000 Unidades de Medida y Actualización, a la persona empleadora obligada que incumpla con lo dispuesto por la fracción XXXIV del artículo 132 de esta Ley”.

Sanciones por falta de registro electrónico

La reforma también exige la implementación de un registro electrónico confiable para documentar las entradas y salidas diarias de los trabajadores. No contar con este sistema, o no proporcionar la información cuando la autoridad lo requiera, constituye una infracción sancionable con las mismas multas de 250 a 5.000 UMA por trabajador.

El registro electrónico será obligatorio a partir del 1 de enero de 2027. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá imponer sanciones de inmediato cuando detecte la omisión. El objetivo es asegurar la transparencia y el control efectivo del tiempo laborado.

Pago de horas extraordinarias y límites legales

La LFT establece que la prolongación del tiempo extraordinario debe ser excepcional y limitada. El artículo 66 indica que el tiempo extra no podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces por semana. Si se rebasa este tope, el patrón debe pagar el tiempo excedente al triple del salario ordinario.

El artículo 68 prohíbe que la suma de jornada ordinaria y extraordinaria supere 12 horas diarias. Cualquier exceso constituye infracción grave. El pago de horas extra, dentro de los límites, es del 100% adicional al salario ordinario; fuera de los límites, el pago es del 200% adicional.

Trabajadores menores de 18 años no pueden laborar tiempo extraordinario bajo ninguna circunstancia.

Sanciones penales y agravantes

La legislación también contempla consecuencias penales para conductas de explotación laboral. Si un empleador obliga a trabajar más de 40 horas semanales, o excede los límites de horas extra sin el pago correspondiente, incurre en explotación laboral conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Las penas van de tres a diez años de prisión y multas de 5.000 a 50.000 UMA ($586.550 a $5.865.500).

Si la víctima pertenece a comunidades indígenas o afromexicanas, la sanción puede aumentar a cuatro a doce años de prisión y multas de 7.000 a 70.000 UMA ($820.170 a $8.211.700).

Otras obligaciones patronales y sanciones relacionadas

Reducir salarios, eliminar prestaciones o modificar condiciones laborales en perjuicio del trabajador como resultado de la reducción de la jornada está prohibido. Cualquier disminución injustificada puede ser sancionada con las mismas multas generales de 250 a 5.000 UMA por persona afectada.

El descanso semanal y la prima dominical deben respetarse obligatoriamente. La ley considera la falta de otorgamiento de estos derechos como infracción sancionable.

Tabla de sanciones y multas (convertidas a pesos 2026)

Contexto de la legislación

El decreto fue publicado el 1 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación y modifica los artículos 59, 61, 66, 68, 69, 71, 132 y 994 de la LFT. El periodo de transición permite que las empresas ajusten sus procesos internos antes de la vigilancia estricta que comenzará el 1 de enero de 2027.

La reforma busca garantizar el derecho de los trabajadores a un descanso adecuado y a la desconexión digital, reforzando la protección frente a prácticas de explotación.

La naviera francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd suspendieron las entregas y los nuevos envíos de contenedores de mercancías a Cuba tras el decreto estadounidense del 1 de mayo que endurece las sanciones contra la isla.

“Al igual que otras compañías, a raíz del decreto presidencial estadounidense publicado el 1 de mayo, CMA CGM ha decidido suspender hasta nuevo aviso sus reservas con destino a Cuba y procedentes de la isla”, indica la naviera francesa en un breve comunicado difundido el domingo por la noche en la prensa marítima especializada.

“Hapag-Lloyd ha suspendido temporalmente toda aceptación de nuevos pedidos con destino a Cuba o con salida de la isla”, anuncia por su parte la naviera alemana en su página web, que también se refiere al decreto de Estados Unidos.

El 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó un decreto que endurece las sanciones contra Cuba, afirmando que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, sigue representando “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El texto prevé sanciones o congelaciones de activos contra toda persona declarada culpable de “violaciones graves de los derechos humanos” y amplía estas sanciones a los bancos y empresas extranjeras presentes en sectores clave de la economía cubana como la energía, la defensa, la minería o los servicios financieros.

El sector del transporte marítimo no se menciona explícitamente.

Pero, al utilizar instalaciones portuarias públicas gestionadas por el Ministerio de Defensa cubano para descargar sus barcos, las navieras alegan la necesidad de “adaptarse a la normativa” para “respetar las regulaciones estadounidenses que se aplican actualmente” y así evitar cualquier riesgo de sanciones indirectas.

Además del embargo estadounidense en vigor desde 1962, Washington, que ha expresado su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana, le impuso a Cuba desde enero un bloqueo petrolero.

Ya sacudida por una profunda crisis económica, la actividad de la isla de 9,6 millones de habitantes está prácticamente paralizada desde finales de enero.

(Con información de AFP)

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impulsa una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos ambientales en el país, especialmente aquellos relacionados con la contaminación de suelos, el daño a cuerpos de agua y la destrucción de ecosistemas. La propuesta busca reformar el Código Penal Federal para que estas conductas sean consideradas graves y enfrenten castigos más severos.

De acuerdo con la iniciativa presentada por legisladores del PVEM, actualmente muchos actos que generan afectaciones ambientales terminan siendo castigados como faltas menores, lo que limita la capacidad de las autoridades para combatir prácticas que deterioran los recursos naturales de México.

La propuesta cobra relevancia en medio de los crecientes problemas de contaminación del agua, degradación de tierras y afectaciones a ecosistemas provocadas por actividades industriales, tala ilegal y manejo inadecuado de residuos.

¿Qué propone el Partido Verde para castigar los delitos ambientales?

La iniciativa del Partido Verde contempla modificar la legislación para aumentar las penas contra personas o empresas responsables de daños ambientales graves. Entre las conductas que se busca sancionar con mayor rigor destacan:

• Contaminación de suelos
• Daño a cuerpos de agua
• Destrucción de áreas forestales
• Afectaciones a ecosistemas estratégicos
• Tráfico ilegal de especies

Según lo expuesto por legisladores del partido, la intención es que estos delitos dejen de recibir sanciones administrativas o penas reducidas y puedan ser perseguidos como delitos graves.

Además, la propuesta pretende fortalecer las herramientas legales para combatir la impunidad en casos de contaminación ambiental, particularmente en regiones donde la degradación de ríos, lagos y mantos acuíferos ha generado afectaciones sociales y de salud pública.

La contaminación del agua y suelo, entre las principales preocupaciones

Uno de los ejes principales de la iniciativa es atender el problema de la contaminación del agua y los suelos, fenómenos que en diversas regiones del país han provocado daños a cultivos, pérdida de biodiversidad y riesgos sanitarios para la población.

El PVEM sostiene que las sanciones actuales no son suficientes para inhibir prácticas contaminantes, por lo que consideran necesario aumentar las penas y reforzar la vigilancia ambiental.

La propuesta también busca enviar un mensaje sobre la importancia de proteger los recursos naturales ante el incremento de problemas como:

• Descargas ilegales de residuos
• Contaminación industrial
• Deforestación
• Sobreexplotación de recursos naturales
• Pérdida de biodiversidad

¿En qué etapa va la iniciativa?

La reforma impulsada por el Partido Verde ya avanzó en el proceso legislativo. La propuesta fue aprobada previamente en la Cámara de Diputados y posteriormente analizada y modificada en el Senado de la República. Actualmente, el proyecto se encuentra nuevamente en la Cámara de Diputados para su discusión final.

En caso de aprobarse, México contaría con un marco legal más estricto para sancionar delitos relacionados con el deterioro ambiental y la contaminación de suelos y agua.

Especialistas y organizaciones ambientales han advertido en los últimos años sobre la necesidad de fortalecer las leyes ambientales en el país, debido al aumento de conflictos relacionados con contaminación, deforestación y afectaciones a comunidades cercanas a zonas industriales.

Conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las infracciones más graves y peligrosas en Colombia, razón por la cual las autoridades mantienen fuertes sanciones económicas y administrativas contra quienes incumplan la norma. En 2026, las multas por manejar en estado de embriaguez pueden superar los 42 millones de pesos y, en algunos casos, implicar la pérdida de la licencia de conducción.

Según información publicada por Revista Semana, las sanciones están contempladas en el Código Nacional de Tránsito y en la Ley 1696 de 2013, normas que endurecieron las penas para los conductores que superen los niveles permitidos de alcohol en la sangre.

Además de las multas económicas, las personas sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez también pueden enfrentar inmovilización del vehículo, suspensión de la licencia y trabajos comunitarios obligatorios.

La legislación colombiana establece cuatro niveles de alcoholemia que determinan la gravedad de las sanciones aplicadas a cada conductor. Las autoridades utilizan estas categorías para definir el tipo de comparendo y las medidas administrativas correspondientes.

El grado cero corresponde a quienes presentan entre 20 y 39 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre.

El primer grado aplica cuando el nivel de alcohol está entre 40 y 99 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre.

En el segundo grado se ubican los conductores que registran entre 100 y 149 miligramos de etanol, mientras que el tercer grado corresponde a quienes superan los 150 miligramos. Entre más alto sea el nivel de alcohol detectado, más severa será la sanción impuesta por las autoridades de tránsito.

Las multas económicas establecidas para este año oscilan entre 90 y 720 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), dependiendo del grado de embriaguez y de si el conductor es reincidente.

Esto significa que las sanciones económicas pueden ir aproximadamente desde los 5,2 millones hasta los 42 millones de pesos en 2026.

La suspensión de la licencia de conducción también hace parte de las consecuencias para quienes sean sorprendidos manejando bajo efectos del alcohol. Según la gravedad de la infracción, esta medida puede extenderse desde uno hasta diez años.

A esto se suma la inmovilización del vehículo, procedimiento que puede mantenerse entre uno y diez días hábiles, dependiendo de la decisión de las autoridades competentes.

Las normas colombianas también contemplan la obligación de realizar acciones comunitarias o actividades pedagógicas relacionadas con seguridad vial para las personas sancionadas.

Uno de los puntos más estrictos de la legislación tiene que ver con la negativa a realizar la prueba de alcoholemia. En Colombia, rechazar este procedimiento es considerado una infracción grave y puede generar sanciones incluso más altas que algunas aplicadas por conducir en estado de embriaguez.

De acuerdo con la Ley 1696 de 2013 y el Código Nacional de Tránsito, los conductores no pueden negarse a practicar la prueba solicitada por las autoridades.

En caso de hacerlo, los agentes de tránsito podrán imponer una multa equivalente a 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Para 2026, esta sanción puede acercarse a los 84 millones de pesos, convirtiéndose en una de las multas más altas contempladas en la normativa de tránsito colombiana.

Las autoridades han insistido en que este tipo de controles busca reducir los accidentes asociados al consumo de alcohol y prevenir tragedias en las vías del país.

La conducción bajo efectos del alcohol continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales en Colombia, especialmente durante fines de semana, festividades y temporadas de alta movilidad.

Expertos en seguridad vial recuerdan que incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden alterar la capacidad de reacción, afectar la concentración y aumentar el riesgo de accidentes.

Por esa razón, las autoridades recomiendan evitar completamente el consumo de bebidas alcohólicas antes de conducir y utilizar alternativas como transporte público, taxis o plataformas digitales en caso de haber ingerido licor.

Mientras tanto, los operativos de control y las pruebas de alcoholemia continúan realizándose en distintas ciudades y carreteras del país como parte de las estrategias para reducir la accidentalidad.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra diez personas y empresas, incluidas varias con sede en China e Irán, acusadas de colaborar con el régimen persa en la obtención de armamento y materias primas para la fabricación de drones Shahed y misiles balísticos. La nueva medida surgió en medio de la incertidumbre

La medida ocurre en la antesala de un viaje del presidente estadounidense Donald Trump a China para reunirse con Xi Jinping y en un contexto de estancamiento en los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán, mientras el inquilino de la Casa Blanca aguarda la respuesta del régimen a su propuesta para la paz.

En un comunicado, el Tesoro aseguró que continuará adoptando acciones económicas dirigidas a la base industrial militar iraní para impedir que Teherán recupere su capacidad productiva.

La cartera advirtió que también está dispuesta a actuar contra cualquier empresa extranjera que respalde el comercio ilícito de Irán, incluidas aerolíneas, y que podría imponer sanciones secundarias a instituciones financieras que colaboren con los esfuerzos iraníes, entre ellas aquellas vinculadas a las refinerías de petróleo chinas independientes conocidas como “refinerías de té”.

Entre las empresas que se enfrentarán a las sanciones emitidas por la administración de Trump se encuentran la empresa china Yushita Shanghai International Trade Co. Ltd, la cual facilitó los esfuerzos de adquisición de armas para que Irán las comprara a China, y Elite Energy FZCO, con sede en Dubái, fue sancionada por transferir millones de dólares a una empresa de Hong Kong para facilitar el proceso de adquisición.

A su vez, HK Hesin Industry Co. Ltd, con sede en Hong Kong, y a Armory Alliance LLC, con sede en Bielorrusia, fueron las compañías que trabajaron como intermediarios en las adquisiciones y recibieron el revés económico de EEUU.

La empresa Mustad Ltd, con su central en Hong Kong, según la información del gobierno estadounidense, fue contratada para facilitar la adquisición de arsenal por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y también resultó sancionada.

En los detalles del informe, también se conoció que Pishgam Electronic Safeh Co., con sede en Irán, se encargó del suministro de motores utilizados en drones, mientras que Hitex Insulation Ningbo Co. Ltd, con sede en China, suministró materiales utilizados en misiles balísticos.

Irán, uno de los principales fabricantes de drones, cuenta con capacidad industrial para producir cerca de 10.000 unidades mensuales, según el Centro para la Resiliencia de la Información, financiado por el gobierno británico.

Brett Erickson, director gerente de Obsidian Risk Advisors, explicó que las sanciones buscan frenar la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y a sus aliados regionales. El régimen persa cerró esta vía estratégica, por la que circula una quinta parte del petróleo crudo y gas natural licuado mundial, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a objetivos iraníes el 28 de febrero. El transporte marítimo en la zona se paralizó desde el inicio de la guerra, lo que provocó un fuerte aumento en los precios de la energía a nivel internacional.

Erickson señaló que las sanciones estadounidenses siguen centradas en objetivos específicos, lo que permite a Irán adaptarse y buscar nuevos proveedores, y remarcó que el Tesoro aún no ha actuado contra los bancos chinos que sostienen la economía iraní.

Por otra parte, las autoridades estadounidenses informaron en el documento del Tesoro que ampliaron las medidas contra Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd., empresa china previamente señalada por riesgos asociados a sanciones vinculadas a Rusia y que ahora también figura bajo restricciones relacionadas con el programa armamentístico iraní.

La cartera a cargo del secretario Scott Bessent revisó la información sobre el llamado Centro de Exportación del Ministerio de Defensa iraní, conocido como “MINDEX” o “MODLEX”, entidad acusada por Washington de participar en actividades de exportación vinculadas al sector de defensa de Irán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) advirtió que varias de las personas y empresas incluidas en esta nueva ronda de sanciones quedan expuestas a sanciones secundarias, una medida que puede afectar también a terceros que mantengan relaciones comerciales con ellas.

(Con información de Reuters)

A partir del 1 de julio, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México (CDMX) hará obligatorio el emplacamiento y la obtención de licencia para quienes circulen en scooters, bicicletas eléctricas y otras variantes de micromovilidad eléctrica que superen los 250 watts de potencia o alcancen más de 25 km/h.

La medida responde a reformas aprobadas por el Congreso local y busca reforzar la seguridad vial y la certeza jurídica para este tipo de transporte.

Las multas comenzarán a aplicarse desde el 1 de septiembre de 2026.

• Circular sin placas o sin la licencia adecuada implicará una sanción de 10 UMAs aproximadamente $1,130 según el valor vigente de la UMA.
• En casos de reincidencia o si las faltas se cometen en zonas restringidas, las multas podrán elevarse hasta 30 UMAs ($3,394).
• También habrá multas de 10 a 20 UMAs por no cumplir con el uso de casco, luces o elementos reflectantes.

La fecha límite para regularizar vehículos existentes es el 20 de noviembre de 2026.

Todos los vehículos nuevos deben salir emplacados desde las tiendas, siendo responsabilidad de las empresas comercializadoras procesar el registro previo a la entrega.

Requisitos y proceso de emplacamiento

La reforma establece la categoría de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), que agrupa a scooters y bicicletas eléctricas de alta potencia.

Para obtener las placas y la tarjeta de circulación, los usuarios deberán presentar ante la SEMOVI:

• Identificación oficial vigente
• Factura original o documento de propiedad
• Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses
• Línea de captura pagada (el costo estimado de placas ronda los $709)
• Licencia de conducir tipo A1 o A2 (las mismas exigidas para motocicletas)

Costos de licencias para VEMEPE

Las licencias tendrán un precio de $572 para la tipo A1 y $1,142 para la tipo A2.

La SEMOVI ha evaluado más de 120 modelos distintos para definir los criterios técnicos y mantiene mesas de trabajo con empresas comercializadoras para establecer las condiciones finales de registro y venta.

Restricciones y obligaciones para usuarios

Los VEMEPE tendrán prohibido circular por banquetas, ciclovías, carriles de bus y vías rápidas donde la velocidad máxima sea superior a 50 km/h.

Además, el uso de casco tipo motociclista, luces encendidas y elementos reflectantes será obligatorio.

Los conductores deberán portar siempre la licencia y evitar manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas. Cualquier incumplimiento puede derivar en la inmovilización del vehículo.

El registro es obligatorio incluso si el scooter o bicicleta eléctrica cuenta con placas de otra entidad federativa, con el fin de integrar un padrón confiable en la capital.

La SEMOVI anunció que publicará lineamientos complementarios y habilitará una plataforma digital para facilitar los trámites, en coordinación con campañas informativas.

Lineamientos institucionales y fuentes oficiales

Las modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México fueron publicadas en la Gaceta Oficial y pueden ser consultadas a través de los canales oficiales de SEMOVI y el Congreso de la Ciudad de México.

El proceso de registro y los requisitos detallados estarán disponibles en el portal institucional y en oficinas de atención ciudadana.

Los lineamientos aplican únicamente a vehículos eléctricos personales que cumplan con los criterios de potencia y velocidad.

Las bicicletas de pedaleo asistido con motor menor a 250 watts y velocidad máxima de 25 km/h quedan exentas del emplacamiento y la licencia.

Principales reglas para la circulación de scooters y bicicletas eléctricas en CDMX

Las nuevas disposiciones establecen las siguientes reglas obligatorias para usuarios de scooters y bicicletas eléctricas de alta potencia en la Ciudad de México:

• Solo mayores de edad pueden conducir estos vehículos.Es obligatorio portar placa y licencia de conducir tipo A1 o A2.
• El uso de casco tipo motociclista es indispensable en todo momento.
• Se prohíbe circular por banquetas, carriles de bus y vías rápidas con límite mayor a 50 km/h.
• Los vehículos deben contar con luces delanteras, traseras y elementos reflectantes.
• Se sanciona conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas.
• Para vehículos exentos de emplacamiento, es obligatorio portar un holograma de identificación.
• Reincidir en infracciones eleva el monto de las multas y puede derivar en la inmovilización del vehículo.
• Estas reglas buscan reforzar la seguridad y el orden en la movilidad eléctrica personal en la capital.

Exención de holograma para VEP

Los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) incluyen bicicletas eléctricas y vehículos con motor asistido que no superan los 25 km/h ni los 35 kg de peso.

Estas unidades estarán exentas de emplacamiento y licencia, pero deberán portar un holograma oficial expedido por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para poder circular y compartir ciclovías.

Estados Unidos sancionó este jueves al conglomerado militar cubano GAESA, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa mixta con participación canadiense, en el marco de una ofensiva económica destinada a cortar los ingresos del régimen que gobierna la isla. El anuncio, realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, coincidió con la retirada de la canadiense Sherritt International de sus operaciones conjuntas en Cuba, un movimiento que los analistas interpretan como una señal de que las presiones de Washington sobre los socios extranjeros de La Habana empiezan a surtir efecto.

En un mensaje en sus redes sociales, Rubio aseguró: “Las sanciones impuestas hoy demuestran que la administración Trump no permanecerá impasible mientras el régimen comunista cubano amenaza nuestra seguridad nacional en nuestro hemisferio. Continuaremos tomando medidas hasta que el régimen implemente todas las reformas políticas y económicas necesarias”.

Las nuevas medidas se aplican bajo la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que extendió el alcance de las sanciones estadounidenses hasta abarcar a casi cualquier entidad extranjera que mantenga vínculos comerciales con sectores estratégicos de la isla: energía, defensa, seguridad y finanzas. Rubio acompañó el anuncio con un comunicado en el que señaló que el objetivo era “privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos”. Advirtió que caben esperar “designaciones adicionales en los próximos días y semanas”.

El blanco principal de las nuevas designaciones es el Grupo de Administración Empresarial S.A., conocido por sus siglas GAESA. Se trata del conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias que, según estimaciones reiteradas por el propio Departamento de Estado, controla en torno al 40% de la economía cubana. Sus ingresos superarían en más de tres veces el presupuesto estatal, y una investigación del diario Miami Herald basada en documentos financieros filtrados calculó sus activos en cerca de 18.000 millones de dólares. El holding abarca sectores tan dispares como el turismo de alto nivel —a través de Gaviota S.A.—, el comercio minorista en divisas, las remesas, la logística portuaria y los servicios financieros.

GAESA fue creado en 1995, durante el llamado Período Especial que siguió al colapso soviético, por iniciativa del entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro. Lo que nació como un mecanismo para dotar de recursos propios al estamento militar se convirtió con el tiempo en una estructura paralela al Estado, opaca e inmune a cualquier auditoría. La entidad opera como sociedad anónima, no publica balances, no rinde cuentas al Parlamento y, según admitió en 2024 la propia contralora general antes de ser cesada, ni siquiera el órgano de fiscalización del Estado tiene jurisdicción para revisar sus cuentas. El economista Pavel Vidal, especialista en finanzas cubanas, lo describió con precisión: es una economía dentro de otra.

Las sanciones también alcanzan a Ania Guillermina Lastres Morera, designada al frente de GAESA en 2022 tras la repentina muerte de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, que dirigió el conglomerado durante décadas y era yerno de Raúl Castro. Lastres Morera ostenta el rango de general de brigada de las Fuerzas Armadas, lo que ilustra la naturaleza castrense de un organismo formalmente registrado como empresa mercantil. La tercera entidad sancionada es Moa Nickel S.A., empresa mixta creada en 1994 entre Sherritt y la estatal cubana Compañía General de Níquel para explotar yacimientos de níquel y cobalto en la provincia de Holguín. Washington acusa a esta sociedad de beneficiarse de activos que, según su comunicado, fueron expropiados por el régimen a personas y corporaciones estadounidenses.

El impacto inmediato más visible fue la retirada de Sherritt International, que anunció la suspensión de su participación directa en empresas conjuntas en Cuba horas antes de que Rubio hiciera pública su lista de designaciones, según reportó Bloomberg. La compañía comenzó a repatriar a sus empleados expatriados y solicitó a sus socios cubanos que retiraran de Canadá al personal enviado a ese país. Sus acciones cayeron cerca de un 26% en la bolsa de Toronto. La salida de Sherritt no es un episodio aislado: en febrero pasado, la empresa ya había reducido operaciones por el bloqueo de combustible que Washington impuso a Cuba en enero. La empresa, que llegó a tener una valoración bursátil de 4.800 millones de dólares en 2008, cotiza actualmente en apenas unos 186 millones, reflejo de años de deterioro por la crisis estructural cubana y las restricciones del embargo.

La ofensiva de Trump contra Cuba se inscribe en un contexto de presión sostenida. Desde enero, Washington bloqueó el suministro de petróleo a la isla, medida que agravó los ya crónicos apagones que en numerosas provincias superaban las quince y veinte horas diarias. El presidente ha llegado a afirmar que tomará el control de Cuba “casi de inmediato” y ha mencionado la posibilidad de desplazar el portaviones USS Abraham Lincoln a aguas del Caribe.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por un año a HIMA Promotions, S.A. de C.V. y le impuso una multa de 643 mil 188 pesos tras detectar que presentó documentación falsa en un procedimiento de contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El comunicado número 044, emitido este 6 de mayo, detalla que la sanción se derivó de la participación de HIMA Promotions en la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR012-T-202-2023, para la adquisición de medicamentos, donde entregó una carta de respaldo supuestamente emitida por la titular del registro sanitario, que resultó falsa.

La notificación se realizó el 13 de abril y la publicación apareció este 6 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

Datos consultados por Infobae México en sanciones previas revelaron que la compañía es originaria de Veracruz.

HIMA Promotions pierde acceso a contratos públicos

La persona moral quedó inscrita en el registro de proveedores y contratistas sancionados, lo que le impide participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con el Gobierno de México durante un año.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que la sanción se impuso conforme a la ley y tomando en cuenta la gravedad de la falta.

Sin embargo, confirmaron que HIMA Promotions mantiene el derecho de impugnar la resolución, pero la autoridad advirtió que defenderá la sanción por haber sido emitida en apego a derecho y en protección del interés público.

Circular en el Diario Oficial prohíbe nuevos contratos

La circular publicada en el Diario Oficial de la Federación instruyó a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas públicas del Estado, la Fiscalía General de la República, gobiernos estatales, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México a abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con HIMA Promotions, S.A. de C.V., ya sea de manera directa o a través de terceros, durante el plazo de la inhabilitación.

La restricción abarcó adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados.

Además, el documento oficial señaló que si al concluir el año de inhabilitación la empresa no ha pagado la multa, la prohibición continuará vigente hasta que se acredite el pago ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y se elimine el registro en Compras MX.

Los contratos ya adjudicados o formalizados antes de la publicación de la circular no se ven afectados por esta medida. según los datos oficiales de la

Cofepris señaló a la empresa como distribuidora irregular

En abril de 2024, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) incluyó a HIMA Promotions, S.A. de C.V. en su lista de distribuidores irregulares de medicamentos.

La autoridad sanitaria detectó que la empresa, ubicada en Veracruz, incumplía la regulación vigente, lo que comprometía la seguridad y calidad de los insumos médicos bajo su posesión.

Asimismo, en el 2025 la empresa apareció en la lista de Relación de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria, confirmando que cuenta con un historial de irregularidades. La irregularidad identificada en esa ocasión la falta de aviso de funcionamiento.

HIMA Promotions recibió contrato por más de 80 mil pesos del IMSS Hidalgo en 2024

En 2024, HIMA Promotions, S.A. de C.V. fue asignada para suministrar medicamentos al IMSS en Hidalgo mediante el procedimiento de adjudicación directa electrónica internacional AA-50-GYR-050GYR017-T-89-2024.

La reunión para formalizar la asignación se realizó el 3 de mayo de 2024 en la Sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Pachuca de Soto, Hidalgo.

El contrato adjudicado corresponde a la entrega de meropenem solución inyectable en frasco ámpula, con un pedido de mil veintitrés piezas a un precio unitario de 78.88 pesos, lo que suma un importe total de 80 mil 694 pesos con 24 centavos (sin IVA). El medicamento debía ser fabricado por Laboratorio Servet, S.A. de C.V., bajo la marca Vetimont y con origen en México.

Estados Unidos anunció el martes la concesión de una licencia que autoriza a distintas entidades legales a asesorar a las autoridades encargadas de Venezuela, a la petrolera estatal PDVSA y a sus subsidiarias en procesos de reestructuración de deuda.

La licencia general 58, emitida por el Departamento del Tesoro estadounidense, exime temporalmente de sanciones a bufetes de abogados, consultorías y asesorías financieras para que puedan dialogar con las autoridades del país caribeño y preparar el terreno para una futura reestructuración de pasivos.

Los servicios autorizados incluyen la “evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados”.

No obstante, el documento oficial aclara que, por el momento, continúan sancionadas las operaciones de reestructuración, renegociación, transferencia o quita de deuda con Caracas y PDVSA.

La medida se produce 20 días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara el restablecimiento de relaciones con las autoridades venezolanas. Tanto el FMI como acreedores soberanos y bancos comerciales aún no tienen autorización de Washington para ejecutar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda pública venezolana sin riesgo de sanciones.

El lunes pasado, Washington extendió la protección sobre la refinería Citgo, filial de PDVSA en territorio estadounidense, frente a las reclamaciones de sus acreedores. El Departamento del Tesoro, a cargo del secretario Scott Bessent, emitió una nueva licencia general, que sustituye a la anterior de marzo, y autoriza desde el 19 de junio ciertas transacciones relacionadas con un bono de deuda de PDVSA, aunque mantiene restricciones que impiden a los tenedores ejecutar garantías sobre Citgo.

El bono, emitido en 2016 por hasta USD 7.100 millones, tiene como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo, cuya sede se encuentra en Houston, Texas. Venezuela dejó de pagar esa deuda en 2019 y, desde entonces, los acreedores intentaron tomar el control de la refinería para recuperar su inversión.

En 2025, un juez de Nueva York confirmó la validez de los bonos y ordenó a PDVSA el pago de USD 2.860 millones. No obstante, el Gobierno estadounidense bloqueó en reiteradas ocasiones la ejecución de la garantía, con el objetivo de proteger este activo estratégico mientras continúan las disputas legales.

Por otra parte, en otra gran noticia para el sector venezolano, la petrolera francesa TotalEnergies confirmó la semana pasada que está próxima a firmar un acuerdo con PDVSA, para comercializar crudo y exportarlo a una de sus refinerías en Texas.

“Hemos avanzado en las negociaciones y estamos a punto de firmar algunos contratos comerciales con Venezuela”, afirmó Jean Pierre Sbraire, director financiero de TotalEnergies. Sbraire explicó que la empresa desarrolla un esquema de comercialización enfocado en los flujos desde Venezuela hacia la costa del golfo de México, en el sur de Estados Unidos.

Parte del crudo pesado adquirido a PDVSA se destinará a la refinería de Port Arthur, ubicada a las afueras de Houston, que posee una capacidad de procesamiento de unos 238.000 barriles diarios.

El anuncio del acuerdo entre TotalEnergies y PDVSA se produce semanas después de que la estadounidense Chevron firmara un convenio con la petrolera venezolana para ampliar la producción en el país sudamericano.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada con el respaldo de Washington. Desde entonces, la administración de Donald Trump levantó de forma gradual las sanciones económicas impuestas a Venezuela, mientras Caracas aprobó medidas de apertura al sector privado, especialmente en la industria petrolera.

En ese sentido, el vicepresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CVP), Álvaro Pérez Díaz, afirmó que actualmente existen “pocas restricciones para trabajar” en el mercado petrolero venezolano, tras las licencias concedidas por Estados Unidos.

“Las licencias han ido dando permisos, han ido variando y toda la industria que está alrededor del petróleo pues se va moviendo en condición a cómo estas han ido cambiando, pero estamos trabajando y en este momento hay pocas restricciones para trabajar”, señaló Pérez Díaz.

(Con información de EFE)

La declaración patrimonial 2026 en México es obligatoria para todas las personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno, incluidos quienes trabajan en poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, órganos autónomos y empresas productivas del Estado.

Esta exigencia está fundamentada en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El trámite debe realizarse durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2026 a través de la plataforma Declaranet.

La omisión en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses constituye una falta administrativa. Las sanciones previstas van desde la suspensión, destitución hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Además, pueden imponerse multas económicas que, según el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, oscilan entre 2,050 y 50,710 pesos por obligación no cumplida, y entre 19,460 y 38,890 pesos si la omisión es por no declarar por medios electrónicos o por información incompleta.

Quiénes deben presentar la declaración patrimonial y de intereses en México

La obligación recae sobre las y los servidores públicos de todos los niveles, incluyendo personal de nuevo ingreso, quienes permanecen en funciones y quienes concluyen su encargo.

El objetivo es que el órgano Interno de Control pueda verificar la congruencia entre ingresos, egresos y bienes reportados para prevenir delitos como el enriquecimiento ilícito.

No solo los altos funcionarios están obligados: toda persona que perciba un salario del Estado debe cumplir con este requisito, sin importar su jerarquía.

La declaración debe contener información sobre bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, ingresos de la pareja y dependientes económicos, así como la relación con empresas o fideicomisos.

Fechas, procedimientos y sanciones por no cumplir

La presentación se realiza en línea mediante Declaranet, del 1 al 31 de mayo. La autoridad advierte que hacerlo en una plataforma equivocada puede ser considerado omisión.

Si un servidor público no presenta su declaración patrimonial, el procedimiento inicia con un requerimiento formal; si persiste la falta, se aplica la sanción correspondiente.

Multas y sanciones por no presentar la declaración patrimonial 2026 en México

Las consecuencias por incumplir con la declaración patrimonial y de intereses incluyen medidas administrativas y económicas. Según la ley y disposiciones fiscales vigentes, las sanciones son las siguientes:

• Suspensión temporal del cargo público.
• Destitución definitiva del puesto.
• Inhabilitación para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
• Multas económicas:

- Por no presentar la declaración: entre 2,050 y 50,710 pesos .

- Por omitir la declaración a través de medios electrónicos o por información incompleta: entre 19,460 y 38,890 pesos .

• Prohibición para participar en nuevos procesos de selección para cargos públicos, hasta que se regularice la situación.
• Pago de impuestos omitidos, actualizaciones y recargos, en caso de que la falta se relacione con ingresos no declarados.

Estas medidas buscan asegurar la transparencia y el control sobre la función pública.

controversia sobre la obligación de declaración patrimonial para agentes aduanales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza si los agentes aduanales deben cumplir con la declaración patrimonial ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La reforma a la Ley Aduanera, aprobada en noviembre pasado, impuso a estos auxiliares del gobierno controles de rendición de cuentas similares a los de los servidores públicos.

La nueva obligación ha generado una ola de amparos en todo el país. Solo en la Ciudad de México se tramitan al menos cuarenta recursos promovidos por agentes aduanales o empresas que los emplean, mientras que otros casos se encuentran en diferentes estados.

La discusión jurídica se centra en que los agentes aduanales no son servidores públicos, sino personas físicas con patente para desahogar trámites de importación y exportación.

Sin embargo, la reforma los obliga a declarar su evolución patrimonial cada marzo. Algunos tribunales han sostenido que esta exigencia carece de base constitucional, mientras que otros consideran que su función estratégica justifica la medida.

El SAT ya presentó el caso ante la SCJN, que inició el trámite para emitir jurisprudencia definitiva el 20 de abril de 2026.

Además de la declaración patrimonial, la reforma exige a los agentes integrar expedientes detallados sobre sus clientes y asumir responsabilidades adicionales, como la responsabilidad solidaria por impuestos omitidos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró su petición para que cesen las 1.081 sanciones extranjeras que, según afirmó, afectan al país y han generado una “asfixia financiera”.

“Un bloqueo como nunca antes vio nuestra república, más de 1.081 sanciones pesan sobre nuestra economía, asfixia financiera”, expresó Rodríguez desde el Teatro de la Ópera en el estado Aragua, durante una peregrinación nacional contra las sanciones, iniciada el 19 de abril y que finalizará esta semana.

Rodríguez también se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los Gobiernos de Europa para solicitar el “cese completo del bloqueo contra Venezuela” y que “no quede vigente ni una sola sanción”.

“Que Venezuela vuele y respire libre. Eso es lo que queremos”, concluyó Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de Estados Unidos en una operación militar efectuada en Caracas el 3 de enero.

Luego de la destitución de Maduro, Washington flexibilizó, mediante la emisión de licencias, las sanciones sobre el sector de los hidrocarburos, la minería y el sistema financiero público.

Este alivio permitió la firma de acuerdos con transnacionales energéticas y la reanudación de relaciones con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras un periodo de aislamiento.

A pesar de estas medidas, Rodríguez insiste en que una licencia “no brinda seguridad jurídica” porque está “sujeta a temporalidad”. Por ello, reclama el cese total de sanciones contra Venezuela.

EEUU enviará una delegación con funcionarios a Venezuela

En otro orden, el director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, viajará este jueves a Venezuela junto a una comitiva para mantener reuniones con ejecutivos de los sectores energético y minero, así como con funcionarios de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En el marco de la reanudación de relaciones bilaterales tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca señaló que “Estados Unidos y Venezuela están restaurando su asociación, reconstruyendo los lazos económicos y facilitando inversiones sin precedentes que beneficiarán tanto al pueblo estadounidense como al venezolano".

Los acuerdos contemplados del viaje incluirán memorandos de entendimiento sobre proyectos en petróleo, oro, aluminio y posiblemente carbón, aunque no se prevé un aumento inmediato de la producción. El objetivo es abrir nuevas vías de inversión y comercio a mediano y largo plazo.

Este acercamiento ocurre luego de las visitas de alto nivel realizadas en febrero y marzo, cuando el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, mantuvieron reuniones en Caracas para discutir posibles acuerdos en petróleo y minería.

Este miercoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la apertura de una acusación fortmal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros funcionarios de alto rango de ese estado, por diversos delitos, que, de acuerdo con lo dado a conocer por autoridades estadounidenses, ameritan penas mínimas de 40 años de prisión y máximas de cadena perpetua.

La información dada a conocer por EEUU, señala que los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Delitos por los que se acusa a Rocha Moya y a otros altos funcionarios de Sinaloa

El Departamento de Justicia dio a conocer los delitos por los que se acusa al gobernador de Sinaloa y a otros funcionarios, que serían los siguientes:

Rubén Rocha Moya: al gobernador se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los líderes de Los Chapitos ordenaron a miembros de su organización criminal robar papeletas con votos de los oponentes de Rocha Moya en las elecciones de 2021 para resultar ganador de la gubernatura, así como secuestrar y e intimidar a candidatos de la oposición. Se acusa al gobernador de asistir a reuniones con los líderes de Los Chapitos y otros líderes del cártel, en las que Rocha Moya prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cártel.

Las reuniones estaban custodiadas por sicarios del cártel, armados con ametralladoras y otras armas. Según la información de EEUU, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de Los Chapitos en su elección, Rocha Moya permitió que Los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa.

También se acusa al gobernador, de permitir a los líderes de esa facción del Cártel de Sinaloa, de colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. Los funcionarios alineados con Los Chapitos en la administración de Rocha Moya, han protegido a los miembros de ese grupo delictivo y sus operaciones de tráfico de drogas, asegura EEUU.

Enrique Inzunza Cazárez: es senador mexicano y ex secretario general de Sinaloa. Estados Unidos lo acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Enrique Díaz Vega: es exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. EEUU lo acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Damaso Castro Zaavedra: es Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y EEUU lo acusa de posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Marco Antonio Almanza Aviles: es exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y EEUU lo acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias El Cholo: es exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Gerardo Mérida Sánchez: es exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Juan de Dios Gámez Mendivil: es alcalde de Culiacán, y se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

La sanción mínima por estos delitos sería de 40 años de prisión, y la máxima sería cadena perpetua.

Juan Valenzuela Milán, alias Juanito: es ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán y se le acusa de Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos; secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.

Este último sería el único que obtendría una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

Las nuevas reglas que regirán el fútbol internacional a partir del Mundial 2026 apuntan directamente a conductas dentro del campo que podrían derivar en sanciones nunca vistas.

La FIFA confirmó que taparse la boca durante intercambios verbales entre rivales podría costar la expulsión inmediata, una decisión que busca erradicar comportamientos discriminatorios en la cancha y que varios jugadores colombianos suelen usar en medio de sus encuentros.

La federación anunció, a través de un comunicado oficial, que esta medida forma parte de dos modificaciones que se implementarán durante la cita mundialista en Norteamérica, que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026. Aun así, los organizadores de otras competiciones tendrán la potestad de adoptar estas normas antes de la fecha de entrada en vigor, que será el 1 de julio del mismo año, según detalló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mediante su cuenta de Instagram.

El contexto detrás de la nueva sanción

El cambio en el reglamento responde a episodios recientes que ponen en el centro de la discusión la cuestión del racismo en el fútbol. Un caso que generó gran repercusión ocurrió en febrero, cuando el futbolista argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, fue señalado por insultos hacia Vinícius Jr., del Real Madrid, en un partido de la Liga de Campeones de Europa.

Durante el encuentro, se acusó a Prestianni de llamar repetidamente “mono” al jugador brasileño mientras cubría su boca con la mano. Aunque el argentino negó los hechos, recibió una suspensión de seis partidos, de los cuales tres quedaron en suspenso, por lo que se calificó como un acto de racismo.

A raíz de estos incidentes, la FIFA decidió endurecer las sanciones para conductas que puedan considerarse ofensivas o discriminatorias, lo que estableció la presunción de culpabilidad en casos en los que los jugadores se tapen la boca al hablar con otros jugadores, en medio de confrontaciones o incluso cuando se dialoga con el árbitro.

Declaraciones del presidente de la FIFA

A partir del Mundial 2026, cualquier futbolista que cubra su boca durante una disputa verbal con un adversario podrá ser expulsado con tarjeta roja. La justificación, en palabras de Infantino, es contundente: “Si un jugador se tapa la boca y dice algo (…) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca”.

El dirigente reforzó su postura al afirmar: “Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo. Así de sencillo”. Estas declaraciones dejan claro el mensaje de tolerancia cero frente a actitudes que puedan ocultar insultos racistas u ofensas graves.

La regla busca cerrar la puerta a la posibilidad de que las cámaras y los árbitros no puedan identificar comentarios discriminatorios por la costumbre de algunos jugadores de cubrirse la boca durante las discusiones. El objetivo es que la transparencia prime en las interacciones entre futbolistas, tanto en el calor del partido como en los momentos de mayor tensión.

Cambios adicionales en el arbitraje y protestas

El segundo cambio anunciado por la FIFA tiene que ver con las protestas hacia las decisiones arbitrales. Quienes abandonen el terreno de juego en señal de desacuerdo con el juez principal también podrán recibir la tarjeta roja. La medida se extiende al cuerpo técnico, ya que cualquier miembro que incite a los jugadores a salir del campo será sancionado de la misma manera.

La federación especificó que, si un equipo provoca la suspensión definitiva de un partido por esta conducta, perderá automáticamente el encuentro por incomparecencia. Es decir, el resultado no será reconocido y se dará por perdida la participación del equipo en cuestión.

Esta disposición surge tras el episodio vivido en la final de la Copa Africana de Naciones. En ese partido, los futbolistas de Senegal, junto a su entrenador Pape Thiaw y su cuerpo técnico, abandonaron el campo en Rabat tras la sanción de un penalti a favor de Marruecos en el tiempo añadido. Aunque el penal fue fallado y Senegal ganó el partido en la prórroga, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) despojó al equipo del título semanas después, en el que alegó conducta antideportiva.

La reunión de delegados de la FIFA en Vancouver, previa al Congreso del organismo, fue el escenario donde se oficializaron estas medidas. Este encuentro representa la última instancia de debate reglamentario antes del inicio del Mundial, que tendrá lugar en Canadá, México y Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, amplió este lunes la guerra de sanciones contra Irán al ámbito de la aviación comercial, con una advertencia directa a gobiernos y empresas de todo el mundo: operar con aerolíneas iraníes expone a represalias económicas de Washington. La declaración se produjo mientras el conflicto militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado en febrero de 2026, sigue activo y las negociaciones de paz permanecen estancadas.

“Hacer negocios con aerolíneas iraníes sancionadas conlleva el riesgo de sufrir sanciones estadounidenses”, afirmó Bessent, y advirtió que el Tesoro “no dudará en actuar contra cualquier tercero que facilite o realice negocios con entidades iraníes”. La advertencia cubrió los servicios más básicos de la operación aeroportuaria: suministro de combustible, catering, tasas de aterrizaje y mantenimiento.

La aerolínea Mahan Air encarna el núcleo del problema descrito por Bessent. Designada por el Tesoro en 2011 como proveedora de apoyo logístico a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la compañía acumula sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. La UE la incluyó en sus listas negras en octubre de 2024 por transportar drones y misiles a Rusia. Según la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro), Mahan Air también cooperó con la aerolínea estatal venezolana Conviasa para establecer un puente aéreo entre Teherán y Caracas destinado al traslado de personal y tecnología sensible, lo que generó fricciones diplomáticas en Argentina y Chile.

Las advertencias de Bessent forman parte de la denominada Operación Furia Económica, un programa concebido para privar a Irán de acceso a bancos, seguros y sistemas de pago internacionales. La iniciativa corre en paralelo a la ofensiva militar bautizada Operación Furia Épica, que dio inicio el 28 de febrero de 2026. El objetivo declarado es “mermar sistemáticamente la capacidad de Teherán para generar, mover y repatriar fondos”.

La presión aumentó los días previos. El viernes 24 de abril, la OFAC impuso sanciones contra unas 40 entidades navieras y buques vinculados al comercio petrolero iraní, entre ellas la refinería china Hengli Petrochemical Refinery Co, identificada como uno de los principales compradores de crudo de Teherán. Según el Tesoro, la empresa recibió desde al menos 2023 cargamentos de la “flota fantasma” iraní, una red de buques que opera bajo banderas de conveniencia para eludir controles internacionales. China importaba antes del conflicto entre el 80% y el 90% del petróleo iraní. Pekín rechazó las medidas y denunció que socavan “el orden y las reglas del comercio internacional”.

El bloqueo aéreo se suma al naval. Washington mantiene un bloqueo de los puertos iraníes y ha restringido el tránsito por el estrecho de Ormuz. Bessent anticipó que las instalaciones de almacenamiento de la isla de Jark, principal terminal de exportación petrolera de Irán, estarán pronto saturadas, lo que forzaría el cierre de pozos. Los precios del crudo subieron cerca de un 3% este lunes, impulsados por el estancamiento de las negociaciones y las restricciones en el estrecho.

La Casa Blanca confirmó que Trump analizó una propuesta iraní de cese del fuego con su equipo de seguridad nacional. Teherán condiciona cualquier acuerdo al levantamiento de las sanciones; Washington exige el abandono del programa nuclear. Mientras la diplomacia pakistaní intenta revitalizar las conversaciones, la ofensiva económica no da señales de pausa.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con la facultad legal para reportar a personas físicas y morales con adeudos fiscales firmes ante las sociedades de información crediticia, como el Buró de Crédito.

Esta medida afecta directamente el historial crediticio del contribuyente, limitando su acceso a préstamos, tarjetas y otros financiamientos, según el procedimiento y las advertencias documentadas por el propio SAT y fuentes oficiales actualizadas a 2026.

Facultades del SAT para reportar al Buró de Crédito

El SAT puede reportar deudas fiscales firmes que no hayan sido pagadas o garantizadas en los plazos legales. Esto ocurre cuando:

• El adeudo es definitivo y no admite recursos legales adicionales.
• El contribuyente no responde a los avisos enviados mediante Buzón Tributario, correos electrónicos, cartas oficiales o líneas de captura.
• Se han agotado oportunidades para pagar, negociar o aclarar el adeudo.

Una vez agotado el proceso administrativo, el SAT transfiere la información a las sociedades de información crediticia. El reporte negativo puede incluir el monto total del adeudo, incluso si el contribuyente dejó de pagar solo una parte de un plan acordado. El SAT aclara que los pagos parciales suelen aplicarse primero a multas e intereses, por lo que el saldo principal puede permanecer sin cambios hasta la liquidación total de la deuda.

Consecuencias del reporte en el historial crediticio

Un adeudo fiscal reportado aparece en el historial crediticio igual que un impago bancario y puede durar hasta seis años. La presencia de este reporte puede impedir la aprobación de créditos hipotecarios, automotrices y personales, o incrementar tasas de interés y exigir garantías adicionales.

Los bancos y financieras consultan el historial antes de otorgar nuevos créditos, y la existencia de una deuda fiscal registrada eleva el riesgo crediticio del solicitante.

El SAT advierte que, aunque el adeudo se liquide, el registro puede continuar visible por el plazo mencionado, aunque marcado como “pagado”. Si el contribuyente negocia un plan de pagos y lo cumple, normalmente no se reporta la deuda como firme. Solo se reportan los créditos fiscales exigibles, no los que están en proceso de impugnación o sujetos a facilidades de pago.

Procedimiento oficial para aclarar o corregir información

Quienes consideren que su reporte es incorrecto pueden presentar una aclaración ante el SAT mediante varias vías:

• A través de la sección “Mi Portal” en la página oficial del SAT, ingresando con RFC y contraseña, y seleccionando la opción de aclaraciones sobre Buró de Crédito.
• Enviando un escrito o correo a cobranza@sat.gob.mx con la documentación que respalde la aclaración.
• Acudiendo personalmente a una Administración Local de Servicios al Contribuyente, con cita previa.
• Utilizando los portales del Buró de Crédito o de Círculo de Crédito para iniciar el trámite de reclamación.

El contribuyente debe proporcionar los datos identificadores del crédito reportado, el motivo de la aclaración y documentos probatorios. El SAT emite un acuse de recibo y la respuesta puede consultarse en línea con el folio generado.

Advertencias sobre fraudes y recomendaciones de autoridades

El SAT y las sociedades de información crediticia advierten que no existen mecanismos legales para eliminar registros negativos mediante pagos a intermediarios o sitios ajenos. La única forma de modificar el historial es mediante aclaración formal y pago comprobado de la deuda. Se recomienda no proporcionar datos personales a terceros no autorizados y verificar siempre la autenticidad de los portales utilizados para gestionar trámites relacionados con el Buró de Crédito.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió sanciones contra 23 personas y entidades relacionadas con la adquisición y venta de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa.

En la lista se incluyen a proveedores y distribuidores de químicos que son implementados para la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina, los cuales están involucrados en todas las etapas del suministro.

La red contempla a intermediarios que van desde la India que facilitan la logística y el envío de los productos químicos a México o Guatemala por vía aérea o marítima, los cuales son etiquetados como “productos químicos seguros” para pasar desapercibidos.

Una vez que arriban, los intermediarios se encargan de transferir los productos químicos a personas identificadas como “cocineros”, quienes controlan los laboratorios clandestinos de drogas.

El Cártel de Sinaloa ha sido señalado como uno de los más poderosos al operar redes transnacionales que le facilitan la adquisición de precursores químicos en Asia y para producir drogas en México a través de laboratorios improvisados.

Desde India hasta Guatemala: los sancionados por EEUU

• India

El Departamento del Tesoro sancionó a Satishkumar Hareshbhai Sutaria, un proveedor de productos químicos farmacéuticos con sede en India que comerciaba precursores de fentanilo hacia México y Guatemala que los etiquetaba como “productos seguros”.

Yuktakumari Ashishkumar Modi también fue sancionado al ser identificado como un vendedor de químicos. Ambos son acusados de utilizar las empresas SR Chemicals and Pharmaceuticals (SR Chemicals) y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals (Agrat Chemicals) para realizar el envío de precursores.

Tanto Hareshbhai como Ashishkumar fueron detenidos en marzo de 2025 por las autoridades indias por estos hechos.

• De Guatemala a México

Jaime Augusto Barrientos Camaz también fue sancionado al ser señalado como un intermediario guatemalteco de precursores de fentanilo que obtiene su suministro de varias empresas en la India, incluyendo las antes mencionadas.

Además, el sujeto utilizó la empresa J and C Import, ubicada en la Ciudad de Guatemala, donde era el receptor final de N-Boc-4-Piperidona. Las autoridades estadounidenses lo señalan por haber recibido 116 kilogramos de este químico en solo dos meses.

Otra empresa sancionada fue Central Logística de Servicios dedicada a la importación y exportación de precursores de fentanilo, así como de la droga terminada desde Guatemala.

Tanto el hombre como las dos empresas fueron sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido en la proliferación internacional de drogas.

Dos presuntos integrantes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa que fueron detenidos en marzo, también fueron sancionados por EEUU.

Karina Guadalupe Carrillo Torres es identificada como intermediaria de precursores químicos de fentanilo con base en Sinaloa, a quien se le ha vinculado a múltiples incautaciones de 1-Boc-4-hidroxipiperidina (usado en la fabricación de fentanilo) por más de 50 kilogramos.

Informes refieren que la mujer tendría vínculos familiares con la facción de Los Chapitos, además de ser la esposa de Regulo Acosta Hernández, señalado como miembro del Cártel de Sinaloa que también fue sancionado.

El Departamento del Tesoro identifica al sujeto como proveedor de fentanilo y cocaína que ha utilizado a lavadores de dinero en los Estados Unidos para recibir pagos por la venta de drogas.

Tanto Carrillo como Acosta serían dueños de las empresas Desarrollos Cartok S.A. de C.V. y la Comercializadora Grupo Carhen SA de CV. Ambos fueron detenidos en marzo de este año en Sinaloa.

María Viridiana Rugerio Arriaga, fue sancionada por presuntamente actuar como intermediaria en la adquisición de precursores químicos procedentes de la India, así como de venderlos de manera posterior para la síntesis de fentanilo y metanfetamina.

Rugerio también es identificada como propietaria de Química Soluciones y Logística Interna Bajío, S.A. de CV, con sede en León, Guanajuato, y ha sido vinculada a la venta de productos esenciales para la síntesis de fentanilo y metanfetamina, como la N-Boc-4-piperidona.

Otras empresas y redes señaladas por importación de precursores

En la lista de sancionados también figura José de Jesús Ramírez Torres, quien opera desde Jalisco y utiliza diversas empresas, como Corporativo y Enlace Ram SA de CV y Cargo Global 3PS, para importar precursores químicos a México. La red empresarial de Ramírez abarca entidades en México y Estados Unidos, como E-Ram Group LLC en Florida, que han sido identificadas como propiedad bloqueada debido al interés directo de Ramírez Torres.

La OFAC sostiene que Ramírez Torres y sus empresas han participado en transacciones que contribuyen materialmente a la proliferación de drogas ilícitas, aplicando la misma orden ejecutiva que en los otros casos.

Otras compañías mexicanas, como Reyma Global Trading SA de CV y Aduaeasy S. de RL de CV, fueron designadas por la OFAC al haber importado grandes volúmenes de productos químicos empleados en la fabricación de metanfetamina y mantener relaciones con organizaciones como el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información difundida, Reyma y Aduaeasy recibieron envíos desde Asia, consolidando su papel en la importación de insumos para laboratorios clandestinos.

La OFAC sancionó a Ramiro Baltazar Félix Heras, miembro de alto rango de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa que estaría involucrado en el contrabando de fentanilo y metanfetamina a EEUU.

Alejandro Reynoso Jiménez, un químico que dirigía laboratorios clandestinos en Guadalajara, Jalisco, donde obtenía y utilizaba precursores químicos para la producción de fentanilo para el cártel, específicamente para la facción de Los Chapitos, también fue sancionado.

Además, el sujeto utilizaba su farmacia Botanica 2000 en Guadalajara, donde fabricaba pastillas adulteradas con fentanilo para su envío a Estados Unidos. Reynoso fue detenido en Madrid, España, en noviembre de 2025.

La sanción impuesta por la OFAC implica la inclusión de estas empresas y personas en la lista de bienes bloqueados, lo que limita sus operaciones financieras y comerciales en jurisdicciones sujetas a la regulación estadounidense. La medida busca obstaculizar las cadenas logísticas que abastecen de insumos a los productores de fentanilo y metanfetamina.

Las multas a motociclistas en Bogotá han aumentado de forma significativa durante 2026 debido al uso indebido del espacio público. Más de 6.700 conductores han sido sancionados por circular en andenes, ciclorrutas y zonas peatonales, según cifras reveladas por la Secretaría Distrital de Movilidad, citadas por Revista Semana.

El incremento en los comparendos evidencia una problemática creciente en la ciudad, donde motociclistas continúan invadiendo espacios destinados exclusivamente a peatones y ciclistas. De acuerdo con los datos oficiales, en los dos primeros meses del año se registró un aumento del 84 % en este tipo de sanciones frente al mismo periodo de 2025.

Las autoridades han intensificado los operativos en Bogotá para frenar estas conductas, que representan un riesgo para la seguridad vial. Hasta el 10 de abril de 2026 se habían realizado 1.409 controles en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir la circulación indebida en zonas restringidas.

Además de las sanciones, las autoridades han aplicado medidas adicionales contra los infractores. En lo corrido del año, se han inmovilizado 2.416 motocicletas durante operativos realizados en distintos sectores de la capital. Estas acciones buscan reforzar el cumplimiento de la normativa y evitar que se repitan las infracciones.

La normativa vigente establece que las motocicletas no pueden circular por andenes, ciclorrutas ni otros espacios destinados a peatones. Sin embargo, estas prácticas continúan siendo frecuentes en varias localidades, lo que ha llevado a reforzar las estrategias de control por parte de las autoridades de tránsito.

El valor de la multa para quienes incurran en esta infracción es uno de los aspectos que más preocupa a los conductores. La sanción equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, aproximadamente 875.445 pesos colombianos. Este monto convierte la infracción en una de las más costosas dentro del sistema de tránsito.

El aumento en los comparendos también ha sido evidenciado por autoridades locales. La concejal Cristina Calderón Restrepo alertó sobre el uso indebido de los andenes en sectores como La Floresta, donde se han identificado múltiples casos de invasión del espacio público. “Lo que vimos es inaceptable: vehículos invadiendo el andén de forma permanente, como si fuera un parqueadero”, afirmó, citada por Revista Semana.

Según la cabildante, esta situación no solo afecta la movilidad, sino que pone en riesgo la seguridad de los peatones. Los andenes están diseñados para el tránsito seguro de las personas, por lo que su ocupación por vehículos representa un peligro constante, especialmente en zonas de alta circulación.

Las cifras de años anteriores muestran que el problema no es nuevo, pero sí ha tenido un crecimiento sostenido. En 2025 se realizaron cerca de 15.000 operativos, que derivaron en 60.000 sanciones y 16.000 inmovilizaciones por invasión del espacio público. De esas infracciones, aproximadamente el 60 % correspondieron a motocicletas.

El comportamiento de los motociclistas ha sido identificado como uno de los principales retos en materia de movilidad urbana. Las autoridades señalan que muchos conductores optan por utilizar rutas prohibidas para evitar congestiones, lo que termina generando nuevos riesgos en la vía pública.

Además de los andenes y ciclorrutas, otros espacios afectados incluyen puentes peatonales, zonas verdes y separadores viales. Estas áreas, diseñadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, se han convertido en puntos críticos debido a la circulación irregular de motocicletas.

El Distrito ha insistido en la importancia de respetar las normas de tránsito y utilizar las vías habilitadas. La Secretaría de Movilidad ha reiterado que el incumplimiento de estas reglas no solo genera sanciones económicas, sino que también puede derivar en accidentes que afectan tanto a conductores como a peatones.

La problemática también ha sido abordada desde un enfoque de cultura ciudadana. Las autoridades consideran que, además de los controles, es necesario promover cambios en el comportamiento de los conductores para reducir las infracciones y mejorar la convivencia en el espacio público.

El aumento en las multas a motociclistas en Bogotá refleja la necesidad de fortalecer las estrategias de control y prevención. Mientras las autoridades continúan realizando operativos, el cumplimiento de las normas sigue siendo un factor clave para garantizar la seguridad en la ciudad.

En medio de este panorama, la combinación de sanciones económicas, inmovilizaciones y campañas pedagógicas se presenta como la principal herramienta para enfrentar una problemática que continúa afectando la movilidad y la seguridad de los ciudadanos en Bogotá.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, criticó este domingo la flexibilización de las sanciones al petróleo ruso tras la prórroga de una exención por parte de la administración de Estados Unidos, medida que fue orientada a contener el alza de los precios energéticos en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

“Cada dólar que se paga por el petróleo ruso es dinero para la guerra” y se utiliza para lanzar ataques devastadores contra Ucrania, afirmó el mandatario.

Aunque no mencionó directamente al país norteamericano, la administración de Donald Trump extendió el viernes una exención de sanciones por un mes, permitiendo la venta de petróleo y productos derivados rusos almacenados en el mar.

“Seguir relajando las sanciones contra Rusia no se corresponde con la situación real en la guerra y la diplomacia y alimenta la ilusión de la dirección rusa de que la guerra puede continuar”, remarcó el jefe de Estado ucraniano.

Zelensky advirtió que actualmente más de 110 buques cisterna transportan crudo ruso en alta mar, lo que representa más de 12 millones de toneladas que, gracias a la flexibilización de las sanciones, pueden comercializarse sin consecuencias. “Eso supone 10.000 millones de dólares, un recurso que se convierte directamente en nuevos ataques contra Ucrania”, alertó el mandatario.

El presidente ucraniano detalló que en la última semana, Rusia lanzó más de 2.360 drones de ataque, 1.320 bombas aéreas guiadas y cerca de 60 misiles de diferentes tipos contra ciudades y comunidades ucranianas. “Por eso es importante parar a los petroleros rusos y que no lleven petróleo a los puertos. Es necesario reducir las exportaciones de petróleo del agresor”, subrayó Zelenski.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió el viernes la Licencia General 134B, que permitió la entrega y comercialización de petróleo crudo y productos refinados provenientes de Rusia, siempre que hayan sido cargados en buques a partir del 17 de abril de 2026.

Esta nueva licencia introduce excepciones al régimen de sanciones vigente sobre el Kremlin al autorizar determinadas operaciones relacionadas con petróleo y derivados rusos. El documento precisa que se habilitan “todas las transacciones prohibidas (...) que sean normalmente incidentales y necesarias para la venta, entrega o descarga de petróleo crudo o productos derivados del petróleo de origen de la Federación Rusa cargados en cualquier buque (...) en o antes de las 00.01 horas del este, del 17 de abril de 2026”, siempre que se realicen antes de las 00.01 horas del 16 de mayo de 2026.

Zelensky urge a sus aliados a apoyar el paquete de ayuda europeo a Ucrania

El miércoles pasado, el presidente ucraniano solicitó en Roma, durante una reunión con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el aumento de la producción de sistemas de defensa antiaérea y el desbloqueo de un paquete de ayuda europea por 90.000 millones de euros.

“Ahora mismo en los cielos de Ucrania hay nuevos ‘Shahed’, sufrimos ataques masivos y necesitamos absolutamente nuevos sistemas de defensa antiaérea. Para nosotros son vitales”, declaró.

Durante el encuentro en el Palacio Chigi, sede del Gobierno italiano, el mandatario informó a Meloni sobre la situación militar y remarcó que los ataques rusos no han cesado ni siquiera durante la Pascua, lo que refuerza la necesidad de “trabajar juntos en la producción” de defensas antiaéreas.

Zelensky también señaló que discutieron la importancia de destrabar el crédito de la Unión Europea de apoyo a Kiev por 90.000 millones de euros, una ayuda bloqueada hasta ahora por el Gobierno húngaro. “Hemos hablado también de la necesidad de desbloquear el paquete europeo de apoyo a Ucrania por 90.000 millones de euros. Es una decisión necesaria. Gracias a Italia por el respaldo”, expresó el presidente ucraniano.

(Con información de AFP y EFE)

El incumplimiento de medidas básicas de seguridad vial continúa siendo una de las principales preocupaciones en las carreteras de Costa Rica. Durante el primer trimestre del año, miles de conductores y acompañantes fueron sancionados por no utilizar correctamente el casco o el cinturón de seguridad, dos elementos que, según las autoridades, siguen siendo determinantes para reducir la mortalidad en accidentes de tránsito.

Datos oficiales de la Policía de Tránsito revelan que, en promedio, 1,016 motociclistas fueron multados por no portar casco o utilizarlo de manera incorrecta. A esta cifra se suman otros 542 casos en los que la sanción recayó sobre el acompañante por la misma falta.

Las autoridades advierten que estas cifras reflejan una conducta reiterada que pone en riesgo no solo a los conductores, sino también a quienes viajan con ellos. En el caso de las motocicletas, el casco es considerado el principal elemento de protección ante un accidente, ya que reduce significativamente el riesgo de lesiones graves o fatales en la cabeza.

La situación no es distinta en los vehículos particulares. Durante el mismo periodo, se registraron 801 sanciones a conductores por no utilizar el cinturón de seguridad, mientras que 414 acompañantes también fueron multados por esta infracción.

Para la Policía de Tránsito, estos números evidencian que aún existe una falta de conciencia sobre la importancia de los dispositivos de seguridad, pese a las constantes campañas de prevención.

“El uso del casco y del cinturón no es opcional, es una medida que salva vidas”, han reiterado las autoridades, quienes insisten en que la mayoría de estas sanciones podrían evitarse con hábitos básicos de responsabilidad al conducir.

Más allá de la multa económica, que asciende a 123,000 colones (USD 250) en ambos casos, el principal llamado de las autoridades es a la prevención. Según explican, en muchos accidentes de tránsito las consecuencias más graves están directamente relacionadas con la ausencia de estos dispositivos.

En el caso de los motociclistas, no usar casco o llevarlo mal ajustado puede significar la diferencia entre sufrir una lesión leve o un trauma severo. Por su parte, el cinturón de seguridad en vehículos reduce considerablemente el riesgo de salir expulsado en caso de colisión, así como el impacto contra el volante, el tablero o el parabrisas.

Las autoridades también señalan que estas conductas no solo afectan a quienes incumplen la norma, sino que tienen un impacto en el sistema de salud y en la seguridad vial en general, al aumentar la gravedad de los accidentes.

A pesar de los operativos y controles en carretera, la reincidencia en este tipo de infracciones sigue siendo un desafío. Por ello, la Policía de Tránsito mantiene su llamado a la ciudadanía a adoptar una cultura de prevención y respeto por las normas.

“Pórtese bien, es por su bien, nada cuesta”, es el mensaje con el que las autoridades buscan generar conciencia entre los conductores, recordando que pequeños hábitos pueden tener un impacto significativo en la seguridad personal y colectiva.

El uso correcto del casco y del cinturón de seguridad continúa siendo una de las formas más efectivas y sencillas de reducir riesgos en carretera, en un contexto donde las cifras siguen reflejando la necesidad de reforzar la educación vial en el país.

Desde enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció medidas estrictas para prevenir que empresas, comercios o prestadores de servicios condicionen la emisión de facturas electrónicas a la presentación de la Constancia de Situación Fiscal (CSF).

Esta decisión responde a la necesidad de proteger los derechos de los contribuyentes y evitar prácticas indebidas en el proceso de facturación electrónica.

La prohibición de solicitar la CSF como requisito para expedir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) está fundamentada en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación (CFF).

La norma señala expresamente que es una infracción condicionar la expedición de facturas a la entrega de la CSF o de la Cédula de Identificación Fiscal, independientemente del tipo o giro del establecimiento.

La autoridad fiscal aclara que el contribuyente no está obligado a presentar ningún documento adicional a los datos estrictamente requeridos por la ley para que le entreguen su factura.

Las consecuencias para quienes incurran en esta infracción son significativas.

El SAT puede imponer una multa económica que va desde 21 mil 420 hasta 122 mil 440 pesos por cada ocasión en que se detecte la práctica ilegal.

En caso de que el establecimiento reincida y continúe solicitando la CSF para emitir facturas, la autoridad fiscal está facultada para determinar la clausura preventiva del local, con una duración que puede oscilar entre tres y quince días, según la gravedad de la reincidencia y el historial del contribuyente o empresa involucrada.

Esta medida busca asegurar el cumplimiento de la normativa y proteger a los usuarios frente a exigencias injustificadas.

Requisitos legales para la emisión de facturas electrónicas

De acuerdo con la normatividad vigente, el SAT señala que los únicos datos obligatorios para la emisión de un CFDI son:

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del solicitante
• Nombre o razón social
• Código postal del domicilio fiscal
• Régimen fiscal correspondiente

En ningún caso es necesario que el contribuyente presente su CSF para recibir una factura, ni tampoco para el timbrado de nómina.

El SAT precisa que la CSF es un documento que contiene información personal y fiscal relevante únicamente para el titular del RFC, como el domicilio fiscal y el régimen bajo el cual tributa. Sin embargo, toda esta información puede y debe ser proporcionada de manera directa y voluntaria por el solicitante, sin que se le exija exhibir ningún documento oficial adicional.

El correo electrónico es un dato opcional y su solicitud no puede considerarse obligatoria para la emisión de facturas.

En situaciones donde exista alguna actualización o modificación en el RFC o en los datos fiscales del contribuyente, la responsabilidad de reportar y tramitar dichos cambios corresponde únicamente al titular, quien debe gestionar la actualización directamente ante el SAT por los canales oficiales, ya sea en línea, por teléfono o de manera presencial en las oficinas de la autoridad tributaria.

Procedimiento para denunciar prácticas indebidas

El SAT puso a disposición de los contribuyentes diversas vías para denunciar la exigencia ilegal de la CSF u otras prácticas indebidas en el proceso de facturación. El procedimiento puede seguirse por los siguientes medios:

• Enviar un correo electrónico a la dirección oficial de denuncias del SAT
• Comunicar la irregularidad a través de la línea telefónica de atención nacional
• Realizar la denuncia en el portal de conciliación de facturas del sitio web oficial del SAT
• Acudir personalmente a cualquiera de las oficinas del SAT para presentar la queja y recibir orientación
• Proporcionar datos específicos de la situación: nombre del establecimiento, fecha, descripción de la práctica indebida y cualquier documento de prueba disponible
• Dar seguimiento al caso a través de los mismos canales, donde el SAT asegura la confidencialidad de la información proporcionada y se compromete a investigar cada reporte

El SAT procede a imponer las sanciones correspondientes si se acredita la irregularidad y, en su caso, adopta medidas preventivas para evitar la repetición de la conducta.

La autoridad fiscal también ha difundido campañas informativas y materiales de consulta para orientar a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones en materia de facturación. Estas acciones buscan fortalecer la cultura fiscal y reducir la incidencia de prácticas indebidas en el sector privado.

Advertencias para contribuyentes y empresas

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, ha reiterado públicamente que “no se tiene que pedir constancia para facturar”. Esta declaración subraya la postura institucional de garantizar que los trámites ante la autoridad fiscal sean accesibles, ágiles y libres de requisitos innecesarios.

El SAT busca evitar cargas administrativas adicionales para los contribuyentes y fomentar un ambiente de cumplimiento voluntario y respeto a la normatividad.

En 2026, la autoridad fiscal reforzó su advertencia a todas las personas físicas y morales: condicionar la emisión de facturas a la presentación de la CSF constituye una falta administrativa grave. Las sanciones económicas y la clausura de establecimientos serán aplicadas de manera estricta a quienes incumplan la disposición, sin excepción ni consideración por el tamaño o tipo de negocio.

El SAT invita a los contribuyentes a mantenerse informados a través de los canales oficiales, consultar la normativa vigente y reportar cualquier irregularidad que detecten durante la solicitud de facturas o comprobantes fiscales.

El objetivo es asegurar que la emisión de facturas electrónicas se realice únicamente con los datos obligatorios establecidos por la ley y que los contribuyentes no sean objeto de exigencias injustificadas por parte de empresas, comercios o empleadores.

La autoridad fiscal reitera que la presentación de la CSF no es, bajo ningún supuesto, requisito legal para facturación ni para el timbrado de nómina, y que cualquier práctica contraria puede ser sancionada conforme a la legislación vigente.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia encendió las alarmas sobre la publicación de encuestas electorales que no cumplen con los requisitos legales y metodológicos establecidos para el actual proceso presidencial.

En un comunicado, el órgano electoral resaltó que varios estudios de opinión divulgados recientemente estarían infringiendo lo estipulado en la Ley 2494 de 2025 (Ley de Encuestas) y la Resolución Sala Plena 1197 de 2026 del CNE.

En su análisis, la entidad recalcó que algunos de los sondeos presentan deficiencias metodológicas que, para ellos, ponen en riesgo la transparencia del proceso democrático y pueden distorsionar la información disponible para la ciudadanía.

“Las deficiencias identificadas por el CNE se concentran en aspectos esenciales como el diseño muestral, la cobertura del universo electoral, la validez de las inferencias estadísticas y el uso inadecuado de técnicas de ajuste. Estas falencias comprometen la representatividad y la capacidad de generalización de los resultados, elementos indispensables para que un estudio pueda ser considerado una encuesta electoral válida”, explicó el CNE en el comunicado.

Irregularidades detectadas

Así mismo, señalaron que prácticas como encuestas en redes sociales, formularios abiertos, votaciones digitales voluntarias, paneles en línea no probabilísticos o mecanismos de reclutamiento digital sin control metodológico, equivalen a sondeos, cuya difusión está prohibida en Colombia.

“Presentarlos como encuestas no solo induce a error, sino que vulnera la normativa vigente”, añadió.

En cuanto a la metodología telefónica, el Consejo aclaró que su validez depende de que el marco muestral represente efectivamente a toda la población habilitada para votar.

Sin embargo, insistió en que estas encuestas están sujetas a limitaciones de cobertura y tasas de respuesta, por lo que deben demostrar de manera rigurosa su representatividad.

Sanciones y advertencias

Dentro de las sanciones establecidas para quienes infrinjan las normativas, el CNE destacó que, de persistir el incumplimiento en la materia, se pueden imponer multas, suspensión temporal del registro e incluso la cancelación de la habilitación para operar, conforme a la normativa mencionada.

“La Corporación no busca sancionar por sancionar, sino proteger la integridad de la información electoral. No obstante, frente a incumplimientos verificados, actuará con la firmeza que exige la Ley”, mencionaron.

En su advertencia, el CNE hizo un llamado directo a los medios de comunicación, recordando su obligación de abstenerse de difundir “estudios sin sustento metodológico verificable o que no provengan de firmas debidamente registradas, así como de publicar sondeos de intención de voto”.

El órgano subrayó que la divulgación de información sin respaldo científico puede desinformar al electorado, causar un impacto negativo sobre la equidad del proceso democrático y conllevar sanciones específicas.

La autoridad electoral solicitó también a las empresas encuestadoras que observen estrictamente las obligaciones técnicas, de transparencia y auditoría. De acuerdo con el CNE, “el cumplimiento de estas obligaciones es una condición esencial para garantizar la confianza pública en sus resultados”.

Por último, el Consejo Nacional Electoral aclaró que su propósito no es sancionar de manera arbitraria, sino proteger la calidad y confiabilidad de la información electoral disponible para la ciudadanía.

“Es una obligación legal y una condición indispensable para garantizar la transparencia electoral, la equidad en la competencia política, y la confianza en las instituciones democráticas”, puntualizaron.

La alerta del Consejo Nacional Electoral se produce cuando faltan poco más de 40 días para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. En la contienda participan 13 candidatos, entre quienes se destacan Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (Salvación Nacional y Firmes por la Patria) y Paloma Valencia (Centro Democrático), quienes han encabezado los recientes estudios de intención de voto.

El último sondeo revelado en Colombia fue el presentado por la firma Atlas Intel para Semana, conocido el 9 de abril de 2026, en la que el aspirante del Pacto Histórico lidera la intención de voto con casi el 37,8% de apoyos en primera vuelta, aunque quedaría rezagado en una definición frente a Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, que le sacarían ventajas de nueve y siete puntos porcentuales, respectivamente.

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) afirmó que el levantamiento de sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV) representa un puente hacia la modernización financiera y de las industrias en el país.

“Pasamos de una economía de ahorros en efectivo paralizados a una donde el capital es transferible y fluye como inversión útil para el aparato productivo del país”, expresó el presidente de Conindustria, Tito López, en una nota de prensa.

López subrayó que esta flexibilización marca un punto de inflexión para el sector productivo, al establecer bases para la confianza financiera, el retorno del crédito y la modernización tecnológica.

El dirigente señaló que el impulso en las operaciones del BCV y la banca pública se percibe como clave para la estabilidad de precios. “Uno de los mayores problemas para la competitividad industrial ha sido la brecha cambiaria. Con el retorno del BCV y la banca pública a la dinámica financiera regular, aspiramos a ver un aumento significativo en la oferta formal de dólares”, indicó.

El martes, el Gobierno de Estados Unidos eliminó las sanciones al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela. La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, abarca también al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y a cualquier entidad donde estas instituciones tengan una participación directa o indirecta de al menos 50%.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió una licencia que permite “transacciones comerciales” con el Gobierno de Venezuela, previa autorización de Washington.

Estas directrices se publicaron menos de dos semanas después de que Estados Unidos retirara a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su lista de sancionados, lo que supone otro paso en el acercamiento entre Washington y Caracas.

Sin estas restricciones, los principales bancos venezolanos podrán reincorporarse al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar.

Después de la captura en Caracas de Nicolás Maduro durante una intervención militar estadounidense a principios de año, el Gobierno del presidente Donald Trump ha normalizado progresivamente las relaciones diplomáticas con Venezuela, interrumpidas en 2019.

En paralelo, Washington ha levantado gradualmente las sanciones económicas impuestas a Caracas bajo la administración anterior de Trump (2017-2021), que buscaban presionar la salida de Maduro.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras ha adoptado recientemente medidas para sancionar a funcionarios judiciales, en el marco de un proceso interno orientado a reforzar la transparencia y la integridad del sistema judicial.

Estas resoluciones buscan no solo corregir conductas indebidas, sino también responder a un contexto institucional en el que se han anulado cerca de 180 nombramientos realizados durante la administración previa, según declaraciones del portavoz Melvin Duarte y el magistrado Walter Miranda.

Durante la última sesión del pleno, el máximo órgano judicial analizó 12 expedientes disciplinarios que involucraban a 14 funcionarios, de los cuales nueve recibieron sanciones directas.

Entre las medidas aplicadas sobresalen la suspensión de un juez durante cinco días y la imposición de una multa equivalente a 15 días de salario a otro juez, detalló Duarte en la comunicación pública.

La gravedad de las conductas sancionadas permitió la reincorporación de ambos jueces tras el cumplimiento del castigo, lo que indica que no se trató de las faltas más graves, aunque sí relevantes en el proceso de depuración institucional.

El conjunto de medidas incluyó la cancelación de tres empleados del personal auxiliar, concretamente dos receptores y una secretaria. Estos despidos se sustentaron en pruebas de gestión irregular de expedientes judiciales.

Duarte resaltó que estas acciones afectan la fiabilidad del proceso legal y debilitan la confianza ciudadana en la justicia. En uno de estos casos, el expediente de un receptor fue remitido al Ministerio Público para dar inicio a una investigación formal, lo que abre la posibilidad de responsabilidad penal fuera del ámbito administrativo.

Las sanciones aplicadas y las auditorías internas se inscriben en un proceso más amplio de control interno. Miranda explicó que la revisión actual responde a una resolución del pleno que dejó sin efecto los nombramientos —cerca de 180— efectuados en la fase final del liderazgo de Ráquel Obando al frente del Poder Judicial.

Estos nombramientos fueron denunciados por gremios, que alegaron designaciones discrecionales y falta de concursos públicos, en contravención a las normas de la carrera judicial.

Al respecto, Miranda resumió: “La propuesta de dejar sin valor y efectos estos nombramientos por la expresidenta fue la que ganó”, en alusión al cumplimiento del decreto 10-2026 del Congreso Nacional.

En la actualidad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, tiene facultad para contratar interinamente parte del personal cuyas designaciones fueron anuladas, con el propósito de evitar vacíos operativos en áreas clave del sistema judicial.

Según Miranda, estas contrataciones provisionales permitirán asegurar la continuidad funcional en los tribunales hasta que se realicen concursos públicos formales para los cargos vacantes.

Los empleados cuyos nombramientos han sido anulados serán sujetos a auditorías internas para evaluar la legalidad de sus designaciones y su desempeño. Los resultados de estas revisiones pueden derivar en sanciones adicionales o, en su defecto, confirmar la permanencia en el servicio público.

Miranda mencionó que corresponde a la Supervisión General del Poder Judicial garantizar que los empleados afectados puedan ejercer su derecho a presentar descargos ante recursos humanos.

Dependiendo del resultado, los casos pueden avanzar a la comisión de disciplina para nuevas resoluciones. Además, los trabajadores tienen la posibilidad de presentar recursos ante el Consejo de la Carrera Judicial o interponer un recurso de amparo si consideran vulnerados sus derechos fundamentales.

Diversos sectores de la sociedad civil insisten en que estas acciones no deben circunscribirse a casos puntuales, sino abrir la senda para una reforma estructural en la justicia hondureña.

La administración de la Corte Suprema enfrenta ahora el reto de depurar el sistema sin vulnerar el derecho de defensa de los funcionarios involucrados.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes el levantamiento de las sanciones contra el Banco Central de Venezuela y otras tres instituciones bancarias públicas, en una medida que busca reactivar las relaciones financieras y comerciales entre ambos países tras varios años de restricciones.

La nueva disposición, formalizada bajo la Licencia General 57 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), autoriza todas las operaciones bancarias y servicios financieros con el Banco Central, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

La autorización se extiende también a cualquier entidad en la que los bancos mencionados tengan una participación igual o superior al 50%, así como a empleados actuales del régimen de Venezuela que no estén incluidos en la lista de personas sancionadas por la OFAC.

El documento firmado por el director de la OFAC, Bradley T. Smith, establece que las operaciones ahora permitidas abarcan tanto transacciones bancarias tradicionales como pagos electrónicos, transferencias móviles, servicios de nómina y pagos de salarios, pensiones o beneficios laborales.

Además, se autoriza el uso de plataformas digitales, billeteras electrónicas y la contratación de seguros, inversiones o instrumentos financieros vinculados a estas entidades. La medida también contempla servicios de prevención de fraude, autenticación y ciberseguridad, entre otros.

Esta flexibilización llega en el marco de un proceso de distensión iniciado tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro en enero. Desde entonces, la Casa Blanca ha acelerado la revisión de sanciones, especialmente en sectores estratégicos como energía y finanzas, como parte de una agenda que busca incentivar reformas estructurales y la apertura a la inversión extranjera en Venezuela.

El Tesoro estadounidense aclaró que la licencia no implica el desbloqueo de bienes previamente congelados bajo otros apartados de la normativa de sanciones, ni exime a las personas o entidades beneficiarias del cumplimiento de otras leyes estadounidenses, como la Ley de Secreto Bancario o las regulaciones del FinCEN sobre delitos financieros.

Paralelamente, la OFAC anunció la eliminación de sanciones sobre el procurador venezolano Reinaldo Muñoz, quien había sido sancionado desde septiembre de 2020.

En los últimos tres meses, la mayoría de las licencias generales emitidas por la OFAC han estado directamente vinculadas a la reactivación de la industria petrolera venezolana, permitiendo la entrada de multinacionales extranjeras tras la reforma de la ley de hidrocarburos.

El régimen de Delcy Rodríguez ha defendido que el alivio de sanciones es necesario para impulsar la recuperación económica y garantizar el acceso de la juventud y los sectores productivos a servicios financieros globales.

La orden del Tesoro también permite a instituciones financieras estadounidenses confiar en la información proporcionada por el remitente o beneficiario de una transferencia, siempre que no haya razones para sospechar incumplimientos.

Sin embargo, Washington recordó que el levantamiento de sanciones no exime a las entidades de cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El restablecimiento de operaciones financieras internacionales con bancos venezolanos abre la puerta a una mayor integración de la economía del país caribeño en el sistema global, facilita la repatriación de remesas y habilita el acceso a instrumentos modernos de pago y financiamiento.

La medida podría tener un impacto directo en la vida cotidiana de millones de venezolanos, permitiendo el uso de tarjetas internacionales y transferencias en moneda extranjera, al mismo tiempo que genera expectativas sobre un mayor flujo de inversiones y la normalización de las relaciones económicas entre Caracas y Washington.

(Con información de EFE y AFP)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a tres personas por presuntamente brindar apoyo al Cártel del Noreste (CDN) para favorecer su dominio en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Dos de los hombres sancionados fueron el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez y el defensor de Derechos Humanos, Jesús Raymundo Ramos Vázquez. Ambos fueron señalados por presuntamente utilizar su trabajo en favor de miembros del cártel.

Además de los dos hombres fue sancionado Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, quien sería responsable de las operaciones de tráfico de personas del Cártel del Noreste al desempeñarse como colaborador cercano de Abdon Federico Rodríguez García, segundo al mando de la organización criminal.

¿Quiénes son Juan Pablo Penilla y Raymundo Ramos?

Juan Pablo Penilla fue sancionado por la autoridades estadounidenses luego de representar a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40″, uno de los exlíderes de Los Zetas, organización que dio origen al Cártel del Noreste.

El abogado no solo le habría dado representación legal al líder criminal cuando se encontraba recluido en una prisión mexicana, sino que también fungió como intermediario con el actual mando de la organización criminal y otros asociados, con lo que le permitió al “Z-40″ mantener su liderazgo a pesar de su encarcelamiento.

Penilla Rodríguez es señalado por haber sido el responsable de las operaciones criminales de Miguel Ángel Treviño, quien actualmente se encuentra en una prisión en Estados Unidos al igual que su hermano Omar Treviño, alias “Z-42″, otro de los líderes de Los Zetas.

Asesor de “El Mayo” Zambada que también fue vinculado con Morena

El abogado fue mencionado en febrero de 2025 en una carta que habría sido enviada por Ismael “El Mayo” Zambada al Cónsul General de México en Nueva York para solicitar asistencia consular y su repatriación al país.

En la solicitud, el exlíder del Cártel de Sinaloa mencionó a Juan Pablo Penilla Rodríguez como uno de sus asesores jurídicos en México. Aunque también se le señaló por haber estado involucrado en la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su búsqueda por la presidencia, el Consejo Nacional de Morena (CEN) se deslindó del hombre y detalló que no existía ningún registro de que haya formado parte de la asesoría legal de dicha campaña.

El abogado ha sido reconocido en varias ocasiones tanto por el Congreso de la Ciudad de México, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, entre los que destacan el Premio Nacional del Benemérito de las Américas y su nombramiento como Embajador de la Paz Internacional (en julio de 2023).

En noviembre de 2024, el Senado de la República le otorgó el Premio Patria por la Justicia y la Equidad Social.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Raymundo Ramos Vázquez, fue sancionado por los Estados Unidos al ser señalado por presuntamente utilizar su activismo para favorecer a miembros del Cártel del Noreste.

De acuerdo con la sanción, su defensoría sería exclusiva para miembros del cártel al presentar denuncias falsas contra el Ejército Mexicano. Para cumplir con el cometido, le pagaría a personas para que asistan a protestas y se proteja la reputación de los criminales.

Además, el defensor es acusado por favorecer la imagen pública del Cártel del Noreste y desacreditar las iniciativas policiales de las autoridades mexicanas en su contra, lo que haría desde hace más de una década.

Ramos Vázquez se ha desempeñado en la defensoría desde hace más de 20 años en el estado de Tamaulipas. Un análisis del Citizen Lab de la Universidad de Toronto identificó que sus dispositivos fueron comprometidos con el malware Pegasus en al menos tres ocasiones para ser espiado en sus labores.

El defensor ha sido acusado en varias ocasiones por presuntamente defender a miembros del Cártel del Noreste, e incluso a afirmado que miembros de las Fuerzas Armadas lo han calificado como su “enemigo”.

Un informe elaborado por el Centro Militar de Inteligencia en agosto de 2020, y obtenido por Animal Político, reveló que las autoridades informaron actividades llevadas a cabo por Raymundo Ramos como parte de su defensoría, en el que ya se señalaba que intentaba “desprestigiar a las Fuerzas Armadas con fines de lucro y en beneficio del Cártel del Noreste”; sin embargo, fue identificado como un intento de criminalización contra el defensor, ya que también reveló el espionaje a sus dispositivos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó las sanciones emitidas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de seis entidades por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.

Luego de que las autoridades estadounidenses sancionaron a tres personas físicas, así como dos casinos y una empresa ligada a ambos, la UIF informó que sí identificó irregularidades en los establecimientos, ubicados en el estado de Tamaulipas.

Durante el análisis financiero, fiscal y corporativo de los señalados, se identificaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo, así como inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados.

Además, la UIF detalló que se ubicaron movimientos significativos de recursos de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

Establecimientos serán suspendidos tras la identificación de posibles esquemas de evasión fiscal

Las autoridades informaron que, entre las irregularidades en los casinos, también se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no son proporcionales a los ingresos declarados.

Los establecimientos también contaban con patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, los cuales podrían ser utilizados para el lavado de activos.

Ante las inconsistencias, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

Como medida complementaria, las autoridades compartieron información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los dos casinos identificados.

Los casinos sancionados por EEUU

Uno de los establecimientos sancionados fue el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este sitio es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de CV (CAMSA), y fue señalado por ser presuntamente ser utilizado para blanquear las ganancias de la venta de fentanilo y cocaína del Cártel del Noreste para luego integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.

El Departamento del Tesoro de EEUU afirmó que los miembros del cártel utilizan cuartos localizados en la parte trasera de este casino para torturar e intimidar a sus enemigos.

Tanto el casino como la empresa CAMSA fueron sancionados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel del Noreste.

El segundo casino sancionado fue Diamante Casino, con sede en Tampico, Tamaulipas, el cual fue designado por ser operado o controlado por CAMSA.

Además de los casinos fueron sancionados el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, exdefensor de Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40″, exlíder de Los Zetas; así como el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, por presuntamente favorecer al cártel mediante sus actividades.

La última persona sancionada fue Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, por dirigir las operaciones del tráfico de personas para el cártel, esto al desempeñarse como colaborador de Abdon Federico Rodríguez García, segundo al mando de la organización criminal.

El Kremlin confirmó este jueves que un navío de guerra ruso escoltó a varios petroleros de su denominada “flota fantasma” a través del estrecho de la Mancha, en aguas cercanas al territorio del Reino Unido, tras informes publicados por medios occidentales sobre el episodio.

“Rusia se considera en derecho de defender sus intereses y sin falta tomará medidas para defender sus intereses”, afirmó el portavoz presidencial Dmitri Peskov durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov justificó la acción señalando que “en los últimos meses fuimos testigos de reiterados actos de piratería en aguas internacionales”, los cuales, según dijo, “afectaron, entre otras cosas, a los intereses económicos de la Federación Rusa”.

Según informó el diario The Telegraph, la fragata Admiral Grigorovich, perteneciente a la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa, escoltó a través del estrecho de la Mancha a dos petroleros identificados como "Universal" y "Enigma".

De acuerdo con el mismo medio, la fragata rusa fue a su vez seguida por el buque Tideforce de la Flota Real Británica durante el trayecto.

La operación se produjo apenas dos semanas después de que Londres anunciara oficialmente su intención de interceptar todos los buques sancionados que transiten por aguas territoriales británicas.

El incidente se enmarca en una escalada de tensiones en torno a la red de petroleros con los que Moscú elude las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022. El pasado 26 de marzo, el gobierno del primer ministro Keir Starmer autorizó a las fuerzas armadas y de seguridad del Reino Unido a abordar e interceptar buques sancionados que penetren en aguas británicas, describiendo la medida como un golpe a “una vía clave de financiación” del esfuerzo bélico ruso.

“El Reino Unido estrechará el cerco en torno a esta flota, cerrando sus aguas, incluido el canal de la Mancha, a los navíos sancionados”, señaló Downing Street en su comunicado.

Según Londres, alrededor del 75% del crudo ruso es transportado por esta deteriorada flota, sobre la que el gobierno británico ha impuesto sanciones a 544 embarcaciones. La medida habría obligado a los buques de la flota fantasma a evitar el estrecho de la Mancha durante varias semanas, según medios occidentales.

La confirmación del Kremlin llega en un momento en que las potencias occidentales intensifican sus acciones contra esta red de transporte. Un alto oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos estimó recientemente ante el Congreso que entre 600 y 800 barcos de flota fantasma operan actualmente alrededor del mundo, vinculados a Rusia, Irán, Venezuela y China. “Es un porcentaje muy pequeño” de naves el que ha sido incautado hasta la fecha, reconoció el contralmirante David Barata.

Francia, Bélgica y Finlandia también han interceptado recientemente embarcaciones vinculadas a Moscú. La marina francesa escoltó un tanquero relacionado con Rusia en el Mediterráneo el mes pasado, luego de haber detenido otra nave similar en septiembre. Por su parte, Estados Unidos tomó el control en semanas recientes de al menos una embarcación vinculada a Rusia, capturada en el Atlántico norte tras una persecución desde las costas de Venezuela.

Según Downing Street, cada operación de intercepción en aguas británicas requiere aprobación previa del gobierno, y podrán abrirse procedimientos penales contra propietarios, operadores y tripulación por violación de la legislación británica sobre sanciones.

El episodio del estrecho de la Mancha no fue el único foco de tensión entre Londres y Moscú en los últimos días. El Ministerio de Defensa británico informó que sus fuerzas armadas, en coordinación con Noruega, rastrearon durante semanas un submarino ruso detectado en aguas del norte, en lo que las autoridades describieron como parte de una estrategia más amplia destinada a distraer la atención mientras otras unidades rusas operaban sobre infraestructuras submarinas de alto valor estratégico, como cables de fibra óptica y sistemas energéticos.

“A Putin le digo: te vemos, vemos tu actividad sobre nuestra infraestructura submarina. Debes saber que cualquier intento de dañarla no será tolerado y tendría graves consecuencias”, advirtió el secretario de Defensa, John Healey. El gobierno británico anunció además una inversión de 100 millones de libras para reforzar su flota de aviones de patrulla submarina y el lanzamiento del programa Atlantic Bastion, enfocado en sistemas autónomos y sensores de última generación.

La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes una reforma que introduce sanciones para los padres de alumnos que incurran en acoso escolar y bullying. Los adultos responsables podrían recibir multas económicas o hasta 30 días de arresto si no prestan colaboración con solucionar la problemática.

La medida, que modifica el Código Contravencional provincial, representa un giro en la manera en que las instituciones educativas y las autoridades buscan frenar el avance del bullying en las escuelas salteñas.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, en el recinto, la diputada Socorro Villamayor subrayó que la reforma no implica una aplicación automática de prisión para los tutores. De hecho, el principal objetivo es que los adultos a cargo tengan un compromiso efectivo con esta problemática.

El impacto de la violencia escolar en Salta y el resto del país ha sido materia de preocupación reciente. Según se debatió en la legislatura, el endurecimiento de las sanciones responde a casos graves ocurridos en otras provincias, como el asesinato de un adolescente en Santa Fe en manos de un compañero armado. Estas situaciones intensificaron el debate sobre los mecanismos de protección y la responsabilidad de los adultos ante el acoso escolar.

La iniciativa busca reforzar la cooperación entre las familias y las instituciones educativas, de modo que los conflictos escolares no queden sin respuesta. El proyecto, presentado originalmente por la senadora Bettina Navarro, fue debatido en el recinto y recibió modificaciones de otras bancas. Tras la aprobación del texto, fue remitido al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación.

La legisladora Villamayor manifestó que la medida procura evitar que, ante una notificación formal de la escuela, los padres ignoren su deber de intervenir y prevenir la repetición de episodios de acoso.

Durante la discusión parlamentaria, varios diputados hicieron hincapié en el agravamiento de la violencia en los entornos escolares y la necesidad de actualizar los instrumentos legales para proteger a los menores.

La modificación del Código Contravencional establece que, frente a una denuncia o notificación de acoso escolar, los tutores deberán comparecer ante el juez y cumplir con las medidas que se les ordenen. Estas podrán incluir el pago de multas, el cumplimiento de tareas comunitarias o la asistencia a tratamientos psicológicos. El arresto quedará como última instancia y puede ser reemplazado si el responsable demuestra voluntad de colaborar.

El caso de Santa Fe

Con respecto a la violencia en entornos escolares, Villamayor tomó el tiroteo en San Cristóbal, Santa Fe, como ejemplo de esta problemática. Todo sucedió hace dos semanas, cuando un adolescente de 15 años llevó un arma al colegio, salió del baño y abrió fuego contra sus compañeros. Uno de esos tiros mató a Ian Cabrera, un niño de 13. Hasta el momento, no pudieron confirmar que ambos se conocieran; en principio, se sabe que no tenían relación y que Cabrera no estuvo relacionado con las agresiones que el atacante habría sufrido.

Frente a esto, las autoridades santafesinas comenzaron a investigar cómo era su ambiente familiar y el vínculo con sus compañeros. Hay testimonios que indican que el sospechoso, hijo de un camionero y una docente de nivel inicial y el segundo de dos hermanos, era una víctima de bullying sistemático.

Un video, posteado en X y donde se ve al tirador, muestra su rostro mientras otro compañero le pateaba la silla.

El tirador no tuvo episodios de violencia previos, aseguran fuentes oficiales a Infobae. Pero algo se rompió en la vida del chico antes del tiroteo, sin dudas. Los primeros indicios de la investigación apuntan a su casa.

Su padre, camionero, dejó la casa familiar dos años atrás para radicarse en la provincia de Entre Ríos, con un domicilio registrado en la zona de la ciudad de Federación. Los mismos investigadores hablan de un supuesto “consumo problemático” por parte del adulto.

La madre del tirador, que fue empleada del Ministerio de Educación santafesino, se encuentra bajo licencia psiquiátrica. Su hermana mayor, de 18 años, cursa el primer año de la facultad. El informe en manos de las autoridades habla de un grado de conflictividad familiar. La ausencia del padre, precisamente, sería el problema.

Vecinos y allegados describieron al tirador como “tranquilo”, “sin problemas”. Sin embargo, un padre de una alumna de 5° año de la Escuela N°40 aseguró que, una semana antes, el chico había anunciado que los iba a “matar a todos”.

Al menos ocho países —Estados Unidos, Israel, Ucrania, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú— han expresado su respaldo a Panamá ante las recientes inspecciones y retenciones de buques con bandera panameña en puertos de la República Popular China, en un contexto que ha elevado la preocupación sobre la estabilidad del comercio marítimo internacional y el respeto a la libertad de navegación.

Los pronunciamientos coinciden en señalar que estas acciones generan riesgos para las cadenas de suministro globales, afectan la confianza en el sistema comercial internacional y pueden traducirse en mayores costos logísticos para empresas y consumidores.

Además, subrayan la importancia de respetar la soberanía de Panamá como Estado de abanderamiento y su papel dentro del comercio marítimo mundial.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha advirtido que las medidas aplicadas contra buques panameños generan preocupación por el uso de instrumentos económicos que podrían afectar el Estado de Derecho y la estabilidad del comercio.

Según indicó, las detenciones, retrasos y obstáculos operativos tienen impacto directo en la eficiencia de las rutas comerciales y en la confianza global en el sistema logístico.

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, sostuvo que la aplicación de normas marítimas debe mantenerse en un plano técnico, objetivo y libre de presiones políticas, mientras que Ucrania reiteró su respaldo a Panamá en la defensa de su soberanía y su capacidad de tomar decisiones dentro del marco del derecho internacional.

Los gobiernos de Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú también manifestaron su apoyo, destacando la necesidad de preservar un sistema de transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas internacionales.

En particular, se hizo referencia a la importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y a los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI) como pilares del orden marítimo global.

Las inspecciones y retenciones de embarcaciones panameñas se registran semanas después de la toma de control de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, anteriormente operadas por Panama Ports Company, filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison.

Estas terminales pasaron a ser operadas por APM Terminals, del grupo Maersk, en el Pacífico, y por TiL de Mediterranean Shipping Company (MSC) en el Atlántico, en un movimiento que reconfiguró el mapa portuario del país.

En ese contexto, autoridades chinas habían advertido previamente sobre posibles consecuencias económicas si Panamá avanzaba con el proceso de transición en los puertos. Aunque no existe un pronunciamiento oficial que vincule directamente las inspecciones actuales con esa decisión, la coincidencia temporal ha sido observada por distintos actores del sector marítimo y diplomático.

Desde Pekín, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, rechazó las acusaciones formuladas por Estados Unidos, calificándolas de infundadas y señalando que distorsionan la realidad.

La vocera sostuvo que los comentarios estadounidenses reflejan intereses propios y afirmó que China defenderá sus derechos e intereses legítimos, al tiempo que reiteró su posición sobre los asuntos relacionados con Panamá.

El registro marítimo panameño, considerado el más grande del mundo, cerró 2025 con más de 8.000 buques inscritos, lo que representa una parte significativa de la flota mercante global.

Este posicionamiento convierte a Panamá en un actor clave dentro del sistema logístico internacional, donde cualquier alteración en el tránsito de sus embarcaciones puede tener efectos amplificados.

En los últimos meses, operadores del sector han reportado casos de demoras prolongadas en puertos chinos para buques con bandera panameña, incluyendo inspecciones adicionales y tiempos de espera superiores a los habituales.

Estas situaciones, aunque no generalizadas, han generado preocupación en la industria por su posible impacto en la eficiencia operativa y en la planificación de rutas comerciales.

El Gobierno panameño ha sostenido que el respeto a su registro de naves y a su condición de Estado de abanderamiento es un elemento esencial para el funcionamiento del comercio internacional. En ese sentido, los respaldos internacionales han reforzado su posición en medio de un escenario donde confluyen factores logísticos, comerciales y geopolíticos.

La evolución de esta situación se mantiene bajo seguimiento por parte de autoridades, navieras y organismos internacionales, en un momento en que la estabilidad de las cadenas de suministro continúa siendo un factor crítico para la economía global.

Mientras tanto, el tránsito de buques panameños en puertos internacionales sigue siendo observado como un indicador clave del comportamiento del comercio marítimo en un entorno cada vez más tensionado.

Viajar por las rutas argentinas durante el fin de semana extra largo de Semana Santa requiere que los conductores cumplan una serie de requisitos formales para poder circular sin inconvenientes. La normativa vigente, establecida en la Ley Nacional de Tránsito, determina qué documentación es indispensable exhibir ante cualquier control vehicular, especialmente en épocas de mayor tránsito. Si bien en los últimos años se implementaron alternativas digitales para facilitar el acceso y la presentación de los papeles, las obligaciones básicas no han cambiado y siguen plenamente vigentes.

No portar la documentación obligatoria puede generar sanciones económicas, la retención de documentos y, en situaciones más graves, la interrupción del viaje hasta que la situación se regularice. Por ese motivo, antes de salir, conviene revisar que todos los papeles estén en regla y disponibles para ser mostrados ante una inspección.

La documentación obligatoria

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el primer requisito, y debe estar actualizado y en formato físico, ya que en la mayor parte de los controles no se acepta únicamente la versión digital. El DNI acredita tanto la identidad como el domicilio del conductor. Su ausencia puede derivar en una multa o incluso en la retención del vehículo o de la licencia de conducir, según la falta.

Junto al DNI, es obligatorio portar la Licencia Nacional de Conducir habilitante. En este caso, la versión digital disponible en la aplicación oficial del Gobierno tiene la misma validez que la física, siempre que esté vigente y visible correctamente. Es importante que la licencia haya sido emitida en la misma jurisdicción en la que figura el domicilio del conductor; de lo contrario, las autoridades pueden considerar la habilitación inválida y sancionar la infracción.

En cuanto a la documentación del vehículo, la cédula verde es el documento principal y debe estar al día. Aunque en algunas provincias se admite la versión digital, muchas aún exigen el formato impreso, por lo que es recomendable viajar con ambas opciones. Si quien conduce no es el titular, y este no está presente, es imprescindible contar con una autorización de manejo, que puede tramitarse digitalmente. El titular puede habilitar o revocar esta autorización cuando lo considere necesario.

El seguro automotor vigente es otro requisito esencial. La póliza debe demostrar cobertura ante siniestros o daños a terceros y su vigencia debe poder comprobarse en cualquier control. Si bien en la mayoría de los casos se acepta la versión digital, llevar impresa la constancia de pago puede evitar complicaciones en lugares con baja conectividad o en provincias donde los controles son más estrictos.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es el certificado que acredita que el auto cumple con las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias para circular. Este documento debe estar en el vehículo y la correspondiente oblea debe estar adherida al parabrisas. Circular con la verificación vencida puede dar lugar a multas o incluso impedir que el auto continúe su trayecto, dependiendo de la jurisdicción.

Aunque el comprobante de pago de la patente automotor no es obligatorio a nivel nacional, en varias provincias se solicita en los controles, por lo que llevarlo puede evitar demoras y complicaciones innecesarias. Además, es fundamental que las chapas patente estén bien colocadas, legibles y en su lugar original. Circular con placas provisorias vencidas o deterioradas también constituye una infracción.

Elementos y documentación

Más allá de lo mecánico, se debe verificar que en el auto esté el kit completo de emergencia obligatorio:

• matafuegos de 1 kg con su carga vigente
• dos balizas triangulares
• un chaleco reflectivo
• elementos para cambiar un neumático: un gato hidráulico y una llave para retirar los bulones.

En caso de tener tuercas de seguridad, también el adaptador que permite extraer el neumático en esa condición.

La documentación exigible que puede solicitar cualquier control de las autoridades en la ruta y que no solo implica multas en caso de no tenerlos sino incluso impedir que se continúe el viaje.

• licencia de conducir al día
• cédula de identidad del vehículo
• autorización de manejo para casos de conductores que no son los titulares del auto (en MiArgentina se gestiona en pocos minutos)
• seguro automotor vigente
• VTV o RTO vigente
• último recibo de patente también al día

Consideraciones a tener en cuenta

Cada provincia puede sumar requisitos propios o pedir documentación adicional, por lo que siempre es útil consultar la normativa local antes de emprender un viaje. En los períodos de mayor circulación, como las vacaciones de verano o fines de semana largos, los controles se intensifican, verificando no solo la documentación sino también el estado general del vehículo.

Las consecuencias por no cumplir con estos requisitos pueden ser diversas: desde multas económicas hasta la retención de documentos o la imposibilidad de seguir viaje hasta resolver la falta. Por eso, revisar toda la documentación y llevar tanto versiones digitales como físicas, cuando sea posible, es la mejor forma de evitar contratiempos y asegurar un viaje tranquilo por las rutas argentinas.

El suministro continuo de armamento de largo alcance a Ucrania y la adopción inmediata del vigésimo paquete de sanciones en Europa figuran entre las principales exigencias del gobierno ucraniano para contrarrestar el impacto de la reciente decisión estadounidense sobre las sanciones a Rusia. Estos planteos surgen en un contexto donde Ucrania observa un aumento de la actividad de la denominada flota fantasma rusa y la utilización de infraestructura portuaria rusa tanto para exportar grano confiscado a Ucrania como para sortear restricciones internacionales. Según consignó Ukrinform, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha manifestado su rechazo a cualquier reducción o flexibilización de las sanciones impuestas a Moscú, al considerar que esto debilita la estrategia internacional orientada a presionar al Kremlin y afecta la seguridad en Europa.

De acuerdo con el medio Ukrinform, Sibiga cuestionó la retirada parcial de sanciones decidida recientemente por Estados Unidos, cuya aplicación implicó el levantamiento de restricciones al menos a varios buques rusos. El titular de exteriores ucraniano subrayó que, incluso cuando las medidas de alivio sean limitadas, se percibe una disminución de la presión sobre Moscú. En sus declaraciones, hizo énfasis en que, ante la escalada de tensiones y retos globales —incluida la crisis energética que acompaña a la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos sobre Irán—, toda relajación de medidas contra el gobierno ruso envía una señal de “debilidad” a la comunidad internacional y perjudica los esfuerzos encaminados a alcanzar la paz en la región.

El medio Ukrinform recogió que Sibiga remarcó la necesidad de mantener e intensificar las sanciones, no solo para aislar diplomáticamente al régimen ruso, sino también para incidir sobre sus capacidades económicas y militares. “La posición ucraniana no ha cambiado: para conseguir un progreso real con la vista puesta en la paz, la presión debe continuar e intensificarse. Por lo tanto, cualquier retirada es una manifestación de debilidad”, afirmó Sibiga, señalando que, desde la perspectiva del gobierno de Kiev, la única vía efectiva para contener a Moscú reside en el endurecimiento de las medidas restrictivas, no en su disminución.

Respecto a los riesgos vinculados a posibles negociaciones, Sibiga advirtió —según publicó Ukrinform— sobre la intención del Kremlin de valerse de diálogos y encuentros diplomáticos “para jugar con todas esas negociaciones y reuniones”, lo que, a juicio del ministro, evidencia que Moscú no actúa bajo una lógica de compromiso realista sino de manipulación del escenario internacional. Por tal motivo, abogó por desterrar cualquier percepción en las capitales europeas y occidentales de que Rusia muestra una disposición genuina para resolver el conflicto, y exhortó a aplicar nuevas rondas de restricciones económicas ante eventuales conductas “poco constructivas” del ejecutivo ruso.

Ukrinform detalló que Sibiga también advirtió sobre las tácticas desplegadas por Rusia para evadir los controles internacionales, utilizando para ello una extensa red de barcos con identidad oculta o vinculados de forma indirecta al Estado ruso, conocida como la flota fantasma. A su vez, indicó que esta infraestructura marítima no solo facilita el comercio de bienes estratégicos, sino que contribuye a la exportación de grano sustraído en territorio ucraniano. Por tal motivo, el canciller pidió no solo la retención de estos barcos en puertos europeos, sino también la aplicación de sanciones directas a los puertos rusos utilizados en estas actividades ilícitas.

El medio Ukrinform informó que para Ucrania resulta prioritario el establecimiento de una prohibición efectiva de la prestación de servicios marítimos a la flota fantasma rusa. La administración ucraniana sostiene que solo mediante el bloqueo coordinado de estos servicios y el refuerzo de los controles portuarios resultará posible cortar las principales rutas de financiación e intercambio comercial que sostienen la capacidad militar y operativa rusa en el marco de la guerra.

En torno al impacto de la crisis energética internacional provocada por la escalada en Oriente Próximo, Sibiga manifestó que Rusia busca sacar provecho de la coyuntura, utilizando el incremento de los precios de la energía y el desvío de la atención global para impulsar una relajación de las sanciones. Según declaró a Ukrinform, el dirigente ucraniano consideró imprescindible que la Unión Europea y Estados Unidos no sucumban a esta presión ni permitan que el contexto internacional afecte la cohesión y el rigor de las políticas restrictivas hacia Rusia.

A lo largo de su intervención, Sibiga insistió —según consignó Ukrinform— en la necesidad de fortalecer el apoyo militar a Ucrania, especialmente en la provisión de armamento con capacidad de alcanzar objetivos a mayor distancia, como parte de una estrategia integral que combine la presión militar y económica sobre Moscú. Desde la perspectiva del gobierno ucraniano, la adopción simultánea de sanciones más severas y el refuerzo de la ayuda militar representan vías clave para disuadir nuevas acciones hostiles por parte del Kremlin y avanzar hacia una resolución del conflicto basada en el respeto a la legalidad internacional.

El mismo medio recogió que el jefe de la diplomacia ucraniana exigió la pronta aprobación del vigésimo paquete de sanciones europeas, sin recortes ni excepciones, recalcan que cualquier señal de relajación podría ser interpretada por Moscú como una oportunidad para prolongar el conflicto y consolidar los logros obtenidos hasta ahora mediante la fuerza. Según sus declaraciones, el mensaje a transmitir desde Occidente debe ser inequívoco en torno a la inadmisibilidad de las acciones y el rechazo de opciones diferentes a la vía pacífica propuestas hasta ahora por Rusia.

En este marco, Ukrinform reportó que el gobierno de Kiev mantiene su enfoque en promover el aislamiento diplomático del Kremlin, intensificar la cooperación internacional para cerrar los mercados a las exportaciones rusas y ampliar el rango de personas, empresas y entidades que puedan ser afectadas por nuevas rondas de medidas restrictivas.

Las recientes decisiones de Washington y las dinámicas en la política internacional generan preocupación en Kiev sobre el futuro de los controles económicos, el tráfico marítimo y la cooperación en materia de defensa. Ucrania sostiene, según la cobertura de Ukrinform, que el éxito en la defensa europea y la protección de la paz regional dependen en gran medida de la firmeza y coordinación de las acciones internacionales orientadas a presionar a Rusia en todos los frentes.

La polémica por el comportamiento del influencer colombiano Yeferson Cossio durante un vuelo realizado el domingo 29 de marzo de 2026 en la aerolínea Avianca, que cubría la ruta Bogotá-Madrid, sigue generando diferentes reacciones en el país.

El turno fue para la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, en la que cuestionó la postura del creador de contenido, luego de que presuntamente haya activado un artefacto con olor químico dentro de la cabina de la aeronave.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La funcionaria, en diálogo con Caracol Radio, expresó su rechazo ante esta situación y exigió sanciones drásticas contra la figura pública, asegurando que prima el derecho primordial de los viajeros.

“Es que lástima que a veces no se puede castigar la mala educación. Además porque hay un riesgo obvio en un avión, las condiciones en una cabina de avión, las condiciones son distintas. Además, la convivencia es un tema vulnerable”, dijo la titular de la cartera al citado medio de comunicación.

Del mismo modo, Rojas enfatizó en que la activación de la sustancia en la aeronave no solo afectó la salud de la tripulación sino de los demás viajeros.

“A veces la gente viaja por razones de salud. Hay niños, niñas, hay mujeres embarazadas. Y eso era un líquido, un químico que podría haber sido con otro componente o al mezclarse en tales condiciones podría tener un efecto. O sea, con eso no se juega (...) yo sí creo que las sanciones deben ser fuertes”, declaró.

También, criticó la posición de Cossio ante el incidente registrado en el vuelo de Avianca. “Entiendo que, por lo que ha publicado luego en las redes sociales, que dice que no se arrepiente y demás, entonces la gente a veces por llamar la atención, en lugar de hacer tantas cosas constructivas y ser buen ejemplo para tantos jóvenes que los ven, pues hacen unas bromas que ni risa dan”, concluyó.

Detalles de lo sucedido

El episodio fue confirmado en un comunicado oficial que Avianca emitió el 29 de marzo de 2026, donde se precisa que las medidas se adoptaron tras los hechos ocurridos en el vuelo AV46 que cubría la ruta Bogotá–Madrid la madrugada del 11 de marzo.

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, durante el trayecto sobre el océano Atlántico y en un momento en el que no era posible aterrizar de emergencia, Cossio activó un artefacto con olor químico dentro de la cabina, acción que generó preocupación inmediata entre los pasajeros y requirió la intervención del personal de vuelo.

El sustento de la aerolínea para la expulsión se encuentra en las letras a), d) y h) del numeral 8.6 del contrato de transporte de Avianca, que habilitan sanciones ante conductas que comprometan la seguridad, comodidad o disciplina a bordo.

Según el comunicado difundido por la empresa, el riesgo se vio agravado por la naturaleza cerrada de la cabina, dotada de sistemas de presurización y recirculación de aire, lo que aumentó el potencial de impacto negativo para la salud y tranquilidad de los ocupantes.

La tripulación reaccionó en el acto para asistir a los pasajeros y restaurar el orden. “Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio”, recalcó la compañía aérea en un comunicado.

Avianca indicó que el hecho no solo llevó a la cancelación del regreso de Cossio a Colombia en la misma aerolínea, sino que activó la preparación de acciones legales. Incluso, la aerolínea instó al Congreso para que se avance con el Proyecto de Ley 153 de 2025, que propone un marco más estricto para los pasajeros calificados como disruptivos.

Entre las medidas planteadas, figuran el aumento de multas, la creación de listas negras de pasajeros sancionados y la posibilidad de imponerles el pago de los costos asociados a desvíos o aterrizajes forzados ocasionados por su conducta.

Respuesta de Yeferson Cossio

Ante las acusaciones en su contra, el influencer Yeferson Cossio negó toda intencionalidad en el incidente con una bomba de olor, advirtiendo un daño a su reputación y exige una revisión de los procedimientos internos de la aerolínea.

En un documento formal dirigido a la compañía, el creador de contenido reclamó el acceso inmediato a “todos los soportes, reportes e informes” vinculados con la decisión de la compañía y la preservación íntegra de la información relacionada.

También pidió que el personal implicado sea identificado, y que, si la cancelación del trayecto se mantiene, se le reembolse la parte no utilizada del tiquete.

Además, afirmó que lo sucedido “no fue una broma ni parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido” y aclaró que el producto utilizado durante el vuelo internacional “no representa un riesgo real para la aeronave ni para la continuidad del vuelo, tiene un alcance limitado y un efecto transitorio”.

Entre los agravios presentados por Cossio, figura el relato de un episodio que califica de trato degradante por parte del personal de vuelo. En sus declaraciones, Cossio advirtió que la funcionaria lo insultó públicamente con la expresión “gamín youtuber” y cuestionamientos respecto a su presencia en la clase ejecutiva.

Considera que esta situación es “clasista, irrespetuosa y absolutamente incompatible con el nivel mínimo de profesionalismo que se espera de una aerolínea como Avianca”.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) del Estado de Baja California confirmó una sanción formal por violencia política en razón de género en contra del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, derivada de diversas expresiones emitidas en contra de la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La resolución del órgano jurisdiccional también incluye a Alejandro Moreno Berry y al Partido del Trabajo (PT), quienes participaron en las denominadas “Jornadas por la Paz”, donde realizaron declaraciones que, según el tribunal, vulneraron la investidura de la gobernadora.

De acuerdo con el fallo, las manifestaciones realizadas por los implicados generaron confusión respecto a la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, lo cual fue considerado una forma de violencia política basada en género. El tribunal concluyó que dichas expresiones no solo desacreditaron a la gobernadora, sino que también reforzaron narrativas que históricamente han limitado la participación de las mujeres en espacios de poder.

Sanciones del Tribunal Electoral

Como parte de las sanciones impuestas, el Tribunal de Justicia Electoral determinó aplicar una amonestación pública tanto a Jaime Bonilla como a Alejandro Moreno.

Además, ordenó su inscripción en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, una medida que busca visibilizar y prevenir este tipo de conductas.

Asimismo, se establecieron medidas de reparación que incluyen la obligación de los sancionados de recibir capacitación en materia de perspectiva de género, con el objetivo de evitar la reincidencia y fomentar una cultura política más incluyente y respetuosa.

Este fallo adquiere relevancia no solo por el perfil político de los involucrados, sino también por el contexto en el que se emite. La resolución se suma a la reciente vinculación a proceso dictada por un juez en contra de Jaime Bonilla por el caso Next Energy, en el cual enfrenta acusaciones por peculado, uso ilícito de atribuciones y abuso de autoridad.

En los últimos años, las autoridades electorales han reforzado los marcos legales y sancionatorios para garantizar que las mujeres puedan ejercer cargos públicos sin ser objeto de ataques basados en su condición de género.

El Tribunal Electoral subrayó que cualquier manifestación que limite, anule o menoscabe el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres debe ser sancionada conforme a la ley.

Finalmente, la determinación quedó firme, sentando un precedente importante en Baja California y a nivel nacional, al enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la violencia política de género.

Autoridades y organizaciones civiles han coincidido en que este tipo de resoluciones contribuyen a fortalecer la democracia y a garantizar condiciones más justas para la participación política de las mujeres en México.

La posibilidad de imponer sanciones por parte de la Unión Europea a individuos o entidades relacionadas con amenazas a la seguridad en Bosnia y Herzegovina estaría sujeta a la evolución de la situación en el país, según lo ha señalado el Consejo de la UE en un comunicado oficial. En dicho documento, la institución ha reiterado su respaldo a la integridad territorial y la soberanía de Bosnia y Herzegovina, así como su voluntad de utilizar todos los instrumentos disponibles si observa un deterioro en el contexto interno. De acuerdo con el medio de comunicación, los gobiernos del bloque han tomado la decisión de prorrogar un año más, hasta el 31 de marzo de 2027, el marco legal que habilita la imposición de medidas restrictivas selectivas a personas o entidades vinculadas con riesgos para la estabilidad y el orden constitucional en este país balcánico.

Tal como informó el medio, la disposición renovada por el Consejo prevé una serie de sanciones que incluyen la congelación de activos financieros, la prohibición de disponer de fondos y la restricción de viajes al territorio comunitario contra personas físicas que sean consideradas responsables de poner en peligro la integridad y la soberanía de Bosnia y Herzegovina. Esta base jurídica permanece vigente, aunque en el presente no se encuentra aplicada a ningún individuo ni grupo en concreto.

Entre los posibles supuestos contemplados en la normativa extendida por los Veintisiete figuran actos que puedan poner en entredicho el orden constitucional, la personalidad internacional o la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina. Asimismo, la legislación europea habilita sanciones hacia quienes socaven de modo significativo la seguridad del país o se opongan a la aplicación de los Acuerdos de Dayton, los cuales pusieron fin, hace 31 años, al conflicto armado en la región.

Según consignó la fuente, el Consejo de la UE ha seguido de cerca los acontecimientos recientes en Bosnia y Herzegovina, sin descartar la utilización de sanciones diplomáticas o económicas en caso de que la situación lo exija. El comunicado reitera el “compromiso inequívoco” de la Unión Europea con la perspectiva de Bosnia y Herzegovina como Estado “único, unido y soberano” en el camino hacia un eventual proceso de integración al bloque comunitario.

En el conjunto de medidas restrictivas consideradas bajo este marco se encuentran, según detalló el medio, no solo la prohibición de que personas físicas accedan o dispongan de fondos dentro del territorio de la Unión, sino también la restricción de acceso a los países miembros, impidiendo la entrada o el tránsito por suelo comunitario. La decisión actual mantiene esta base legal disponible ante posibles amenazas que comprometan la estabilidad o la seguridad institucional dentro de Bosnia y Herzegovina.

El instrumento jurídico surge originalmente de la preocupación internacional por la consolidación de la paz en los Balcanes occidentales tras los conflictos de la década de 1990. Su existencia busca prevenir acciones que pudieran dificultar el desarrollo de instituciones legítimas o la reconciliación social en Bosnia y Herzegovina. Según publicó el medio, la Unión Europea se reserva así la capacidad de adoptar medidas rápidas y selectivas para contribuir a la preservación de la paz y el cumplimiento de los acuerdos suscritos hace más de tres décadas.

La prórroga del marco regulatorio refleja la persistente vigilancia del Consejo sobre posibles factores internos o externos que lleguen a incidir en la estabilidad de Bosnia y Herzegovina. Los instrumentos activados incluyen tanto dimensiones financieras como restricciones a la movilidad de personas identificadas como responsables de intentos de desestabilización, según recordó la fuente.

El comunicado enfatiza también el objetivo estratégico de la Unión Europea de acompañar a Bosnia y Herzegovina en su ambición de integrarse a las estructuras europeas, remarcando la importancia de garantizar un desarrollo institucional en línea con los valores y principios del bloque.

Las restricciones impuestas por la Unión Europea afectan actualmente a 262 funcionarios y 53 entidades asociadas a la represión en Irán, quienes enfrentan la imposibilidad de viajar a países de la UE y tienen sus activos congelados en suelo comunitario. Según reportó la agencia Europa Press, los Veintisiete países miembros acordaron este lunes mantener estas medidas hasta el 13 de abril de 2027, extendiendo así por un año adicional un marco sancionador que opera desde hace quince años por motivos de violaciones de derechos humanos en la República Islámica.

La UE introdujo este régimen de sanciones en 2011, motivada por denuncias sobre abusos y violaciones graves de los derechos fundamentales en Irán, y le ha renovado la vigencia de forma anual desde entonces. Europa Press detalló que esta decisión incluye, además de la prohibición de entrada y la congelación de haberes, una serie de restricciones sobre la exportación a Irán de equipos susceptibles de ser empleados para la vigilancia interna y la represión. Asimismo, ciudadanos y empresas europeas tienen prohibido ofrecer fondos a las personas y entidades afectadas por las medidas.

De acuerdo con lo comunicado por el Consejo de la Unión Europea al anunciar la prórroga, el enfoque del bloque comunitario hacia Irán se endureció notablemente a partir de 2022. En ese año, la muerte de la joven Masha Amini mientras se hallaba bajo custodia de la policía iraní desencadenó una oleada de protestas internas que recibieron respuesta del régimen mediante un incremento en la represión. En respuesta a estos acontecimientos, la UE intensificó sus medidas restrictivas, desarrollando múltiples paquetes de sanciones durante los meses posteriores a los hechos, según consignó Europa Press.

La política restrictiva de la Unión no solo se limita a personas y entidades concretas. Entre las medidas adoptadas está la prohibición de exportar materiales y tecnologías que puedan facilitar la represión o el control de las comunicaciones dentro de Irán. Esta restricción tecnológica alcanza a dispositivos y sistemas que podrían permitir a las autoridades iraníes ejercer mayor control sobre la población o suprimir la protesta social, reportó Europa Press.

El marco sancionador de la UE busca, según las autoridades comunitarias, presionar al gobierno iraní para que respete las normas internacionales relativas a los derechos humanos. Aunque el régimen de sanciones se origina en las denuncias previas a 2011, su vigencia ha cobrado renovada relevancia ante los recientes acontecimientos internos del país asiático. La respuesta del bloque a la represión observada durante los últimos años ha consistido, según el relato del Consejo de la UE difundido por Europa Press, en reforzar tanto el alcance de los listados como los sectores y áreas tecnológicas vetadas para el régimen iraní.

En cada renovación anual, los Estados miembros evalúan la situación sobre el terreno y la evolución de los derechos humanos en Irán, determinando si es necesario modificar, extender o eventualmente incrementar las sanciones existentes. Europa Press enumeró entre las consecuencias directas de estas medidas tanto la limitación de los vínculos económicos entre ciudadanos europeos e individuos o entidades sancionadas, como el aislamiento internacional de los responsables señalados por la represión.

Las restricciones emprendidas desde Bruselas forman parte de una estrategia más amplia orientada a contener los abusos y desalentar futuras transgresiones mediante la presión diplomática y económica. El Consejo de la Unión Europea, citado por Europa Press, defendió la necesidad de mantener la presión sobre los responsables con la finalidad de que rindan cuentas por los abusos cometidos y se impulse una mejora en la protección de los derechos fundamentales dentro del país.

Las sanciones incluyen herramientas legales que dificultan la financiación o el traslado de fondos y recursos a individuos y organismos sancionados, aspecto que, señaló Europa Press, busca cortar las vías de apoyo financiero potencialmente utilizadas para sostener la represión interna. Esto afecta tanto a operaciones bancarias, transferencias de recursos y otras formas de asistencia financiera, como a colaboraciones que puedan existir entre el sector privado europeo y actores económicos de Irán relacionados con el aparato de seguridad.

La duración y el alcance de estas medidas han sido objeto de seguimiento y revisión constante por parte de los órganos responsables en el seno de la Unión Europea. Europa Press recogió que, según el Consejo de la UE, la ampliación del periodo de sanciones responde a la persistencia de condiciones que justifican su mantenimiento, especialmente tras los hechos que desencadenaron un incremento de la represión en los últimos años.

El campo de aplicación abarca también la colaboración tecnológica para la vigilancia de telecomunicaciones, cuyo objetivo es impedir que desarrollos europeos sean empleados para restringir la libertad de información y movimiento dentro de Irán. Esta área constituye una de las más sensibles, dada la dependencia de equipos y software de origen europeo en sectores clave de la infraestructura estatal iraní, consignó Europa Press.

La política comunitaria hacia Irán, en lo relativo a los derechos humanos, seguirá evaluándose de manera periódica. El compromiso de los Estados miembros está orientado a ajustar la intensidad y el tipo de sanciones en función de la evolución de la situación interna. En declaraciones divulgadas por Europa Press, el Consejo de la UE subrayó la importancia de mantener la atención sobre los desarrollos en Irán y actuar con rapidez ante eventuales agravios adicionales a los derechos fundamentales.