El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigente la obligación de habilitar el Buzón Tributario y confirmó que, desde el 1 de enero de 2027, aplicará multas de hasta 11 mil 540 pesos a quienes no cumplan con este requisito digital.

La medida no es nueva, pero el organismo endureció sus avisos a través de su portal oficial a medida que se acerca el vencimiento del plazo de gracia otorgado a los contribuyentes.

Plazo y multas por no activar el buzón tributario

El SAT estableció una prórroga que aplazó la aplicación de sanciones económicas, pero esa tolerancia vence de forma improrrogable el 31 de diciembre de 2026.

¿Qué pasa si no se activa el Buzón Tributario? A partir del 1 de enero de 2027 el SAT podrá aplicar multas de entre 3 mil 850 y 11 mil 540 pesos a quienes no lo habiliten, no registren sus medios de contacto o mantengan datos desactualizados, conforme a los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación (CFF).

El monto exacto de la sanción depende del tipo de infracción detectada y de las condiciones particulares de cada contribuyente, según precisó el SAT en su minisitio oficial.

Quiénes deben habilitarlo y quiénes quedan exentos

No todos los inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) están obligados de la misma manera. El trámite es obligatorio para personas físicas con actividad empresarial, profesional o de arrendamiento, para quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), para quienes operan en plataformas digitales y para quienes emitieron comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) en los últimos doce meses.

El propio SAT detalla excepciones puntuales. Quedan relevados de la obligación:

Personas físicas sin obligaciones fiscales o sin actividad económica registrada.

Personas morales con estatus de suspensión de actividades ante el RFC.

Contribuyentes con RFC cancelado.

Personas físicas con ingresos por sueldos y salarios menores a 400 mil pesos anuales en el ejercicio inmediato anterior.

Esta última excepción solo aplica siempre que el contribuyente no esté comprendido en otro supuesto que le exija habilitar el buzón, como la emisión de facturas o la recepción de CFDI de nómina.

Cómo activar el buzón tributario paso a paso

El procedimiento se realiza en línea, es gratuito y no requiere cita previa. El contribuyente debe ingresar al portal oficial del SAT con su RFC y contraseña, o mediante su e.firma vigente.

Dentro del sistema debe localizar la sección del Buzón Tributario y registrar al menos un correo electrónico, aunque puede cargar hasta cinco, y un número de teléfono celular. Ambos medios deben confirmarse con los códigos de verificación que envía la autoridad.

La validación debe completarse dentro de las 72 horas posteriores al registro. Si el contribuyente deja pasar ese plazo, la solicitud se cancela y debe repetir el procedimiento desde el inicio.

Una vez confirmados los datos, el buzón queda habilitado de inmediato. El SAT recomienda conservar el acuse de registro como comprobante.

Consecuencias adicionales al incumplimiento

El impacto de no tener el buzón activo no se limita a la multa económica. Si el contribuyente no lo habilita o registra datos inexistentes, la autoridad puede considerar que se opone a recibir notificaciones por ese medio y recurrir a otras vías, como la notificación por estrados.

El SAT también puede aplicar la restricción temporal del Certificado de Sello Digital (CSD), documento indispensable para la expedición de CFDI. Su bloqueo impide emitir facturas y puede paralizar la actividad comercial o los cobros del contribuyente afectado.

Embargos y validación judicial del buzón

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que notificar embargos a través del Buzón Tributario es compatible con el derecho a la seguridad jurídica. El criterio quedó plasmado en la tesis aislada con registro digital 2032739, publicada el 9 de octubre de 2026 en el Semanario Judicial de la Federación.

Según la resolución, el artículo 151 Bis del CFF establece con claridad los supuestos en los que procede un embargo y qué bienes pueden afectarse, por lo que el contribuyente puede conocer las razones de la autoridad y los alcances de la medida.

Se trata, sin embargo, de una tesis aislada y no de una jurisprudencia obligatoria. Su publicación no implica que el SAT pueda bloquear automáticamente las cuentas de cualquier persona por una irregularidad administrativa.

El artículo 151 Bis contempla que la autoridad debe emitir previamente una declaratoria de embargo en la que detalle los bienes afectados, y notificarla por buzón tributario, estrados o edictos, según corresponda.

Alcance de los embargos y opciones de defensa

El CFF contempla dos procedimientos distintos que conviene diferenciar: el embargo de bienes mediante el buzón tributario, previsto en el artículo 151 Bis, y la inmovilización de depósitos bancarios, regulada por el artículo 156 Bis.

El primero permite a la autoridad afectar depósitos bancarios, inversiones, acciones, valores, bienes inmuebles y activos intangibles cuando existen créditos fiscales exigibles. El segundo puede aplicarse cuando hay adeudos fiscales no impugnados, cuando una resolución definitiva favoreció al fisco y el contribuyente no pagó, o cuando impugnó el adeudo pero tenía obligación de garantizarlo y no lo hizo.

De acuerdo con información oficial del SAT, el monto inmovilizado debe corresponder al adeudo fiscal actualizado y sus accesorios, como multas, recargos y gastos de ejecución, por lo que la autoridad no puede retirar de forma arbitraria todo el dinero de una cuenta.

El organismo señala alternativas para los contribuyentes con adeudos: pagar los créditos notificados, presentar medios de defensa dentro de los plazos legales, garantizar el interés fiscal cuando exista esa obligación, revisar con regularidad el buzón tributario y conservar comprobantes de declaraciones, facturas y pagos.

El SAT también indica que, para sustituir la inmovilización de depósitos, el contribuyente puede ofrecer garantías alternativas, como carta de crédito bancaria, prenda, hipoteca, fianza, obligación solidaria de un tercero solvente u otros títulos valor. Para orientación adicional, el organismo pone a disposición el teléfono de MarcaSAT, 55 627 22 728.

El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que impugnará la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado que contempla una multa de quince millones de pesos y una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos, derivadas de presuntas faltas administrativas graves cometidas durante su gestión municipal.

El exedil panista calificó la determinación como una resolución no definitiva y sostuvo que las acusaciones carecen de sustento. Además, consideró que la sanción tiene posibles motivaciones políticas, debido a que se da a conocer en el contexto del inicio del proceso electoral de 2027.

Hasta el momento, no existe información pública precisa sobre la conducta específica que motivó el procedimiento administrativo contra Rivera Pérez. Sin embargo, entre los antecedentes se encuentra la revisión de la cuenta pública de 2022, en la que la Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos y distintos procedimientos de contratación.

La ASE emitió nueve pliegos de observaciones que sumaron un monto por aclarar de 45 millones 609 mil 595 pesos.

Entre las anomalías señaladas figuran la venta de vehículos considerados chatarra, la adquisición de box lunch, la organización de una carrera y la contratación de servicios de sonido y baños portátiles.

Otra de las posibles líneas relacionadas con el procedimiento apunta a un presunto nombramiento irregular en la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado si este asunto constituye el motivo de la sanción impuesta al exalcalde.

Eduardo Rivera niega abuso de funciones y anuncia impugnación

A través de un comunicado, Eduardo Rivera informó que recibió una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, la cual calificó como no definitiva.

El exalcalde aseguró que durante su administración se condujo conforme a la legislación y rechazó haber incurrido en abuso de funciones, conducta que presuntamente se le atribuye dentro del procedimiento.

“Quiero ser muy puntual: la administración que encabecé siempre se condujo con estricto apego a la legalidad. En esta resolución, se me señala por un supuesto abuso de funciones que no fue acreditado y no hay ninguna acción que se le pueda atribuir a mi persona”, manifestó.

Rivera Pérez también sostuvo que no se le acusa de un manejo indebido de recursos públicos, aunque consideró que la intención de la resolución es perjudicarlo mediante una sanción económica y la restricción de sus derechos para desempeñar funciones públicas.

“Quieren multarme e inhabilitarme injustamente”, expresó.

Ante este escenario, adelantó que recurrirá a las instancias correspondientes para impugnar el fallo y presentar las pruebas que, aseguró, respaldan su postura.

Acusa persecución política rumbo a las elecciones de 2027

El exmunícipe también cuestionó el momento en que se dio a conocer la determinación del tribunal, al considerar que coincide con el arranque de los preparativos políticos para las elecciones de 2027.

A su juicio, esta coincidencia permite cuestionar si existe una intención política detrás de las acciones emprendidas en su contra.

Asimismo, relacionó la resolución con una actuación de la Contraloría Municipal registrada en mayo pasado, por lo que consideró que ambos episodios forman parte de un supuesto ataque sistemático.

“Esta acusación se suma a la actuación de la Contraloría Municipal del mes de mayo y constituye un ataque sistemático en mi contra. Atenderé estos señalamientos con pruebas y de frente; exigiendo un proceso justo, imparcial y apegado a derecho”, señaló.

Bernardo Arrubarrena también habría sido sancionado

El caso no involucraría únicamente al exalcalde de Puebla. De acuerdo con versiones que trascendieron, el Tribunal de Justicia Administrativa también habría impuesto sanciones a Bernardo Arrubarrena García, quien se desempeñó como secretario de Administración durante el trienio de Eduardo Rivera.

La presunta resolución contra el exfuncionario contemplaría una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos y una multa de 10 millones de pesos.

Cabe señalar que el Tribunal de Justicia Administrativa no difunde públicamente información detallada sobre sus resoluciones.

Mientras tanto, Eduardo Rivera sostiene que defenderá su inocencia y recurrirá a los mecanismos legales disponibles para revertir la determinación, cuyo alcance definitivo dependerá del resultado de las impugnaciones correspondientes.

A partir del 20 de noviembre de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México comenzará a aplicar multas económicas a los conductores de scooters, monopatines y bicicletas eléctricas que no hayan completado su registro y emplacamiento, según confirmó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

La medida alcanza a los llamados Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE): unidades con dos o más ruedas, acelerador independiente y capacidad para superar los 25 kilómetros por hora. Quienes incumplan podrán recibir sanciones de entre 10 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a montos de entre mil 173 y 2 mil 346 pesos aproximadamente.

Las disposiciones también alcanzan a las empresas dedicadas a la micromovilidad eléctrica, lo que extiende la regulación a las flotillas de renta que operan en la capital.

Antecedentes: cómo surgió la nueva normativa

Las disposiciones entraron en vigor desde mayo de 2026, cuando el Gobierno de la Ciudad de México las presentó en rueda de prensa con la participación de Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En esa presentación se adelantó que las multas por incumplir las reglas de circulación podrían aplicarse desde el 1 de septiembre, aunque en la práctica esa fecha marcó el inicio de un período de amonestaciones y no de sanciones económicas.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que la primera infracción por circular sin placas o sin licencia será de 10 UMA, equivalentes a alrededor de mil 130 pesos.

Calendario de la nueva regulación-

El esquema de aplicación se dividió en tres etapas. Desde el 1 de julio, los comercios quedaron obligados a vender ya emplacadas las unidades nuevas que entran en la clasificación VEMEPE.

El 1 de septiembre comenzó la fase de amonestaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dirigida a sensibilizar a los conductores sin sancionarlos económicamente todavía.

Las sanciones económicas arrancan el 20 de noviembre de 2026. Esa fecha marca el fin del plazo de gracia para quienes adquirieron su unidad antes del 1 de julio y aún no completaron el registro, el emplacamiento y la licencia correspondiente.

A partir de ese día, los agentes de tránsito podrán aplicar de lleno las sanciones previstas en el Reglamento de Tránsito de la capital a quienes circulen sin cumplir con la normativa.

Qué vehículos deben emplacarse: la clasificación VEMEPE

No todos los vehículos eléctricos personales quedan sujetos a la misma obligación. La Semovi clasifica como VEMEPE a las unidades con motor de potencia continua nominal de entre 250 watts y un kilowatt (hasta 1.34 caballos de fuerza) y capacidad para superar los 25 kilómetros por hora.

Dentro de esta categoría existen dos subtipos:

Tipo A: vehículos con un peso menor a 35 kilogramos.

Tipo B: unidades de entre 35 y 350 kilogramos.

Ambos subtipos deben contar con placas de circulación, tarjeta de verificación y Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME). Sus conductores necesitan además licencia tipo A1 o A2, según corresponda a la categoría del vehículo.

Vehículos exentos y hologramas

Quedan exentos de placas y licencia los Vehículos Eléctricos Personales (VEP): unidades con motor de menos de 250 watts y velocidad máxima inferior a 25 kilómetros por hora. Estos sí deben portar el holograma del Distintivo de Movilidad Eléctrica, aunque no requieren registro vehicular completo.

Las bicicletas de pedaleo asistido con motor menor a 250 watts y velocidad máxima de 25 kilómetros por hora también están exentas del registro formal.

Los patines y monopatines tradicionales tampoco deben emplacarse, pero igualmente tienen que portar el holograma oficial expedido por la Semovi.

Documentos, trámites y costos para regularizar el vehículo

Los propietarios de un VEMEPE deben reunir varios requisitos antes de circular:

Placas de circulación y tarjeta de verificación.

Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Licencia de conducir vigente tipo A1 o A2, según el peso y categoría de la unidad.

Casco de protección y luces encendidas.

Seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros.

En cuanto a los costos, las autoridades crearon dos tipos de matrícula, cada una con un valor de 709 pesos. A esto se suma el trámite de licencia: la tipo A1 tiene un costo de 572 pesos, mientras que la tipo A2 asciende a mil 142 pesos.

El trámite de emplacamiento contó además con un descuento temporal de 355 pesos sobre su costo original durante parte del período de regularización.

El trámite de registro y emplacamiento puede consultarse en la ventanilla digital de la Semovi, donde se detallan requisitos, documentos y puntos de atención disponibles. Las autoridades recomiendan revisar primero el peso y la velocidad máxima de la unidad, datos que definen si corresponde el registro completo o solo el holograma.

Cómo hacer el trámite paso a paso

La Semovi detalló en un boletín del 24 de julio de 2026 el procedimiento completo para registrar y emplacar un VEMEPE o un VEP. Los pasos son los siguientes:

1. Revisar la ficha técnica del vehículo para determinar si corresponde a la categoría VEMEPE tipo A, tipo B o VEP.
2. Ingresar a la ventanilla de trámites de la Semovi con una cuenta Llave CDMX. Quienes no cuenten con ella pueden crearla directamente en esa plataforma.
3. Elegir el trámite “Registro de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal de la Ciudad de México” y seleccionar el tipo de vehículo correspondiente.
4. Subir la documentación requerida en formato PDF.
5. Esperar a que la Semovi revise los documentos cargados. Una vez aprobados, el propietario debe pagar la línea de captura y agendar una cita en un Módulo de Control Vehicular.
6. Acudir a la cita con los documentos originales. En ese momento se entregan la placa, la tarjeta de circulación y el distintivo; en el caso de los VEP, solo se entrega el distintivo.
7. Colocar la placa en la parte trasera del vehículo, de forma visible y con una inclinación de entre 60 y 120 grados, además de pegar el distintivo en un lugar visible, conforme al artículo 45 del Reglamento de Tránsito.

La Semovi recomendó conservar a la mano el archivo XML de la factura electrónica del vehículo, documento que puede solicitarse durante el proceso de revisión.

Montos de las multas según la infracción

Las sanciones se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario en 2026 es de 117,31 pesos. Según la infracción, los montos equivalen a:

5 UMA: 586,55 pesos.

7 UMA: 821,17 pesos.

10 UMA: mil 173,10 pesos.

15 UMA: mil 759,65 pesos.

20 UMA: 2 mil 346,20 pesos.

Quienes acumulen entre tres y cinco infracciones recibirán una sanción de 15 UMA. Más de cinco reincidencias ameritarán 20 UMA. Además del monto económico, las infracciones generan puntos de penalización en la licencia de conducir.

Restricciones de circulación para los VEMEPE

Además del emplacamiento, la normativa fija límites sobre dónde pueden circular estas unidades. Los VEMEPE tienen prohibido transitar por banquetas, ciclovías, carriles exclusivos del transporte público y carriles centrales de vías de acceso controlado.

También existen topes según la categoría del vehículo: las unidades tipo A no pueden circular en vías donde el límite de velocidad supere los 40 kilómetros por hora, mientras que las de tipo B de dos ruedas tienen como límite las vías de hasta 50 kilómetros por hora.

Circular sin casco, sin luces encendidas o por los espacios prohibidos puede sancionarse con hasta 20 UMA, cerca de 2 mil 346 pesos. La reincidencia en estas faltas puede llevar el vehículo al corralón.

Los menores de edad tienen prohibido conducir este tipo de vehículos. Tampoco está permitido transportar pasajeros en unidades tipo A ni conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, conducta que puede derivar en la inmovilización inmediata de la unidad.

La noche del domingo en México se llevó lo que la tarde le había dado a Franco Colapinto. Los comisarios de la FIA determinaron, tras revisar telemetría y video a bordo, que el piloto argentino de Alpine no redujo suficientemente la velocidad al atravesar un sector con bandera amarilla simple, y le aplicaron una penalización de 10 segundos que lo borró de la zona de puntos. El bonaerense, que había cruzado la meta octavo y luego ascendido al séptimo por una sanción a Oscar Piastri, terminó finalmente decimoquinto en la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México.

La infracción corresponde al Artículo B1.8.4a del reglamento de la Fórmula 1, que obliga a los pilotos a reducir la marcha y estar preparados para cambiar de dirección en zonas bajo bandera amarilla. Colapinto y su equipo presentaron telemetría y material fotográfico para demostrar que había cumplido con la normativa, pero el argumento no convenció a los comisarios. “Un examen detallado de la telemetría y la cámara a bordo no logró satisfacer a los comisarios de que el piloto hubiera reducido suficientemente la velocidad a través de ese sector”, indicó el documento oficial de la FIA. Además de los 10 segundos, Colapinto recibió un punto en su superlicencia, que lo lleva a un total de 5 en el período de 12 meses.

La penalización golpea con especial dureza si se tiene en cuenta el contexto de su carrera. Hasta ese momento, Colapinto había protagonizado uno de sus mejores fines de semana del año. Largó undécimo y, en una arrancada que ya se convirtió en su sello personal, adelantó en los primeros metros a Pierre Gasly, a Lando Norris y a Nico Hülkenberg. También se benefició del trompo de Isack Hadjar, producto del toque de George Russell, y se instaló séptimo casi de inmediato. A partir de ahí, manejó con criterio una estrategia a una sola parada, sostuvo el ritmo con los neumáticos medios y supo capturar las oportunidades que le dejó la carrera, entre ellas el incidente entre Piastri y Jack Lindblad que derivó en el abandono del inglés. Fue, en definitiva, una actuación en la que Alpine encontró en él a su mejor carta del fin de semana.

El doble golpe que dejó al equipo sin puntos

La sanción a Colapinto no fue la única mala noticia para la escudería francesa. Pierre Gasly recibió un castigo todavía más severo: stop and go convertible a tiempo, equivalente a 20 segundos, más dos puntos en su superlicencia, que llegan a acumular 2 en el período vigente. La infracción del francés fue más grave aún, porque involucró una zona con doble bandera amarilla, regulada por el Artículo B1.8.4b, que exige una reducción de velocidad más pronunciada. Los comisarios compararon la telemetría de Gasly con la de otros autos que atravesaron el mismo sector y concluyeron que la desaceleración registrada “no fue suficiente para satisfacer los requisitos de los reglamentos”.

El resultado fue contundente: Alpine terminó el Gran Premio de México sin un solo punto en el marcador. Una carrera que había lucido como una tarde de rédito para el equipo, con Colapinto mostrando un rendimiento superior al de su compañero y sumando puntos que cortarían una sequía de cuatro fechas consecutivas sin poder marcar, se convirtió en un domingo en blanco por obra de las penalizaciones poscarrera. El golpe llega en un momento particularmente sensible para la escudería, que ya había anunciado que sus monoplazas A526 no recibirán más desarrollos de aquí a fin de temporada, mientras Audi y Haas continúan actualizando sus autos y Racing Bulls consolida su posición en la lucha por el quinto lugar en el Campeonato de Constructores.

“Estoy satisfecho con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero no tanto con el resultado final. Tras las penalizaciones aplicadas después de la carrera, nos marchamos de Ciudad de México sin puntos, lo cual es una lástima, dado que ambos coches habían terminado en zona de puntos. Franco completó una carrera muy buena y consistente; algo que necesitaba tras una racha de mala suerte en las últimas citas. Pierre también pilotó bien y, a pesar de haber tenido algunos problemas de potencia en la salida, hizo un gran trabajo para recuperar terreno. Por tanto, resulta frustrante no haber conseguido nada en esta carrera”, enfatizó Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería.

En cinco días, el calendario lleva a la Fórmula 1 al Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, donde miles de argentinos esperan a Colapinto para el Gran Premio de San Pablo.

Guatemala y Surinam recibieron sanciones de la Concacaf tras los incidentes ocurridos en su partido de la Liga de Naciones 2026/27, que incluyeron cánticos discriminatorios contra futbolistas surinameses, lanzamiento de objetos al campo y un altercado posterior al encuentro. La Asociación Guatemalteca de Fútbol deberá cerrar parcialmente el 25% de su estadio en su próximo partido como local del torneo, mientras varios integrantes de ambos equipos fueron suspendidos.

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (FFG) apelará las medidas, aunque mantendrá la venta de aproximadamente 5.800 entradas para el encuentro ante Canadá del 13 de noviembre, correspondiente a la ida de los cuartos de final. Para cumplir con la reducción de aforo, la entidad prevé utilizar cerca de 2.000 cortesías, sin disminuir la cantidad de boletos destinados al público, informó Prensa Libre.

El Comité Disciplinario de la Concacaf tomó la decisión después de revisar los reportes oficiales del partido y las pruebas disponibles, conforme a su Código Disciplinario y al reglamento de la competición. Las suspensiones deberán cumplirse en los próximos compromisos oficiales de la Concacaf o de la FIFA para los que los sancionados sean elegibles.

El cierre parcial de El Trébol y la apelación guatemalteca

La sanción contra Guatemala contempla varias multas económicas, el cierre parcial del estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, y la obligación de presentar un plan de prevención de la discriminación para futuros encuentros en condición de local.

El presidente de la FFG, Gerardo Paiz, confirmó que la federación recurrirá la resolución disciplinaria. El dirigente también indicó que la institución asumirá el pago de las multas, cuyo monto estimó en USD 40 mil, aunque Concacaf no confirmó oficialmente esa cifra.

La campaña de prevención incluirá mantas y mensajes emitidos por los autoparlantes de los estadios, según explicó Paiz. La medida responde a los cánticos discriminatorios dirigidos por aficionados guatemaltecos a los jugadores de Surinam durante el partido, además de los objetos arrojados al terreno de juego.

Jonathan Franco y Carlos Estrada, futbolistas de Guatemala, fueron suspendidos por tres partidos cada uno por su participación en el enfrentamiento posterior al encuentro y por conducta violenta relacionada con ese episodio.

La selección guatemalteca enfrentará a Canadá a las 20:00 del 13 de noviembre en El Trébol. La serie concluirá el 16 de noviembre en territorio canadiense.

Cuatro partidos para Etienne Vaessen

Surinam también recibió sanciones individuales por el altercado entre integrantes de las dos delegaciones. El arquero Etienne Vaessen fue suspendido por cuatro partidos: tres por su participación en la confrontación y uno adicional por conducta antideportiva hacia los espectadores.

Johnny Gambier, miembro del cuerpo técnico surinamés, deberá cumplir una suspensión de tres encuentros por conducta violenta durante el mismo incidente.

Guatemala había derrotado a Surinam por 1-0 en El Trébol, un resultado que le permitió avanzar por primera vez a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Gianni Infantino condenó el racismo denunciado por la selección de Surinam tras su derrota 1-0 ante Guatemala, el 5 de octubre, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf. El resultado dejó al equipo surinamés fuera de los cuartos de final.

El episodio más tenso ocurrió en el minuto 63, cuando el árbitro estadounidense Joseph Dickerson expulsó al delantero Richonell Margaret por mostrar el dedo medio hacia los aficionados. El partido se reanudó después de 12 minutos y los jugadores de Surinam amenazaron con abandonar el campo.

La Secretaría de Economía (SE) concluyó la investigación antidumping y determinó imponer una cuota compensatoria definitiva de 0.3918 dólares por kilogramo a las importaciones de PVC suspensión originarias de Estados Unidos. La medida aplica sin importar el país de procedencia y a las mercancías que ingresan por la fracción arancelaria 3904.10.03 de la TIGIE, o por cualquier otra.

La resolución final del expediente AD_36-24 da por concluido el procedimiento. La autoridad determinó que las importaciones se realizaron en condiciones de discriminación de precios y causaron daño material a la rama de producción nacional.

Una cuota menor al margen de dumping

La Secretaría calculó márgenes de discriminación de precios de entre 0.59 y 0.72 dólares por kilogramo:

• 0.72 dólares para las importaciones de Oxy Vinyls.
• 0.59 dólares para las de Westlake.
• 0.72 dólares para las demás exportadoras estadounidenses.

Sin embargo, aplicó la llamada regla del menor derecho. La cuota definitiva quedó por debajo del margen, pues la autoridad estimó que 0.3918 dólares por kilo basta para llevar los precios al nivel no lesivo y eliminar el daño. En la etapa preliminar, la cuota provisional había sido de 0.6315 dólares por kilo.

¿Qué es el PVC suspensión y quién lo pidió?

El producto investigado es el homopolímero de monómero de cloruro de vinilo obtenido por polimerización en suspensión. Se usa en tuberías, ventanas, mangueras, recubrimiento de cables, calzado y envases.

La investigación inició por solicitud de Mexichem Resinas Vinílicas, presentada el 10 de diciembre de 2024. La empresa es la única productora nacional y constituye la rama de producción nacional. El periodo investigado abarcó de octubre de 2023 a septiembre de 2024.

Los argumentos sobre el daño

La Secretaría concluyó que las importaciones estadounidenses representaron 98% de las importaciones totales y 58.5% del consumo nacional aparente en el periodo investigado. Entre los datos que sustentan su decisión:

• El precio de las importaciones investigadas cayó 49% en el periodo analizado.
• El precio de venta de la industria nacional descendió 50%.
• Los ingresos por ventas al mercado interno disminuyeron 45%.
• El margen operativo pasó de 16.3% a -28.1%.
• La producción nacional cayó 8% y la utilización de la capacidad instalada, 6 puntos porcentuales, en el periodo investigado.

La autoridad reconoció que el producto estadounidense no se vendió a precios menores que el nacional. Aun así, consideró que sus precios a la baja contuvieron el precio mexicano, que actuó como “tomador” de precios.

Lo que alegaron importadoras y exportadoras

Decenas de importadoras, exportadoras y la Embajada de Estados Unidos cuestionaron el procedimiento. Entre sus señalamientos estuvieron:

• Que Mexichem no debía ser solicitante por sus vínculos con Oxychem y por importar el producto.
• Que la caída de precios obedeció al ciclo internacional del PVC.
• Que la sequía en Tamaulipas y la caída de exportaciones explicaban el deterioro.
• Que se aplicó indebidamente la mejor información disponible.

La Secretaría desestimó estos argumentos. Sobre la sequía, indicó que afectó solo a la planta Altamira 1 en mayo de 2024 y que su efecto fue marginal frente al de las importaciones. Respecto de los vínculos de Mexichem, sostuvo que la legislación le permite conservar su calidad de productora representativa.

Información incompleta de exportadoras

Para calcular el margen, la autoridad recurrió a la mejor información disponible. Señaló que Shintech, Formosa y Westlake no aportaron soportes verificables o clasificaron como confidencial información que no cumplía los requisitos. En el caso de Oxy Vinyls, aceptó el precio de exportación, pero no pudo confirmar que sus costos reflejaran operaciones comerciales normales.

También rechazó el compromiso de precios que propuso Westlake.

Productos excluidos

La resolución excluyó dos productos de la cobertura:

• El plastisol líquido de PVC, importado por Corning Mexicana, obtenido por polimerización en emulsión.
• La resina de PVC fuera de especificaciones, importada por Footwear and Chemical Compounds.

Para acreditar esas exclusiones, los importadores deberán presentar estudios de laboratorio y certificados de análisis.

¿Qué sigue para los importadores’

La Secretaría de Hacienda aplicará la cuota en todo el país. Se cobrará en dólares por kilogramo y se liquidará en su equivalente en moneda nacional.

La resolución ordena cancelar las garantías por cuotas provisionales y devolver, con intereses, la diferencia pagada. Los importadores podrán evitar la cuota si comprueban que el origen de la mercancía no es estadounidense.

El proyecto fue opinado favorablemente, por mayoría, por la Comisión de Comercio Exterior el 3 de septiembre de 2026.

El ex presidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga pidió este jueves que el diputado Rafael López sea apartado de la Cámara de Diputados, luego de que Estados Unidos lo incluyera entre 40 ciudadanos de Bolivia alcanzados por restricciones de visado.

Quiroga, líder de la alianza opositora Libre, y el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, elevaron la solicitud en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro.

“Por la información que se ha conocido hoy del Gobierno norteamericano que confirma versiones y declaraciones que circulaban, escribimos para exigir que se separe de la Cámara de Diputados al diputado Rafael Darío López Mercado”, expresaron en la misiva.

Los dirigentes señalaron que no pueden garantizar que cada legislador de Libre evite incurrir en prácticas que consideraron repudiables, aunque rechazaron que esas conductas afecten a su proyecto político.

“El narcotráfico y la corrupción son cánceres que carcomen” a Bolivia y “socavan las instituciones”, sostuvieron Quiroga y Velasco, quienes reclamaron medidas “drásticas, terminantes” y acciones rápidas.

Por su parte, López, que mantiene diferencias con Quiroga, afirmó en sus redes sociales que evalúa “con responsabilidad” la decisión estadounidense y que está dispuesto a aclarar cualquier situación por las vías correspondientes. “Defenderé mi honor, mi trayectoria y mi presunción de inocencia, sin renunciar a mi compromiso con Santa Cruz y con Bolivia”, escribió el diputado. También indicó que no especulará sobre los fundamentos de la medida hasta contar con información oficial completa.

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció restricciones de visado para 40 ciudadanos bolivianos, entre ellos López, el ex fiscal general Juan Lanchipa, que ocupó el cargo entre 2018 y 2024, y Freddy Pereira, antiguo responsable de la lucha antidrogas en el país.

“La Administración Trump respalda al Gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluso dentro de sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo”, afirmó el Departamento de Estado.

La medida se sumó a las restricciones aplicadas el 28 de septiembre contra otros altos cargos y ex funcionarios, incluido el entonces fiscal general Roger Mariaca. Washington lo acusó de solicitar y recibir sobornos para facilitar el tráfico de estupefacientes. La Policía boliviana detuvo a Mariaca dos días después. Más tarde, el Gobierno de Rodrigo Paz lo destituyó y encarceló, bajo la acusación de liderar una organización criminal para proteger al “narcoterrorismo”.

Además, la cartera estadounidense impuso restricciones de visado a 21 ciudadanos colombianos a los que atribuyó actividades de corrupción o narcotráfico que, según indicó, socavan a gobiernos elegidos democráticamente en el hemisferio.

La medida alcanza al ex presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; y al senador Wadith Alberto Manzur. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebró los vetos en redes sociales.

También fueron incluidos la diputada Karen Manrique, detenida en Colombia por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); los ex senadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita; y el ex diputado José Ignacio Mesa Betancurt.

El Departamento de Estado sostuvo que las personas sancionadas, “mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política”.

(Con más información de EFE)

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, estudia una reforma a la legislación sobre armas de fuego para establecer penas de prisión más severas contra quienes porten ilegalmente armamento de guerra, una propuesta inspirada en medidas implementadas en El Salvador durante la administración de Nayib Bukele.

La mandataria reveló que sostuvo una conversación con su homólogo salvadoreño sobre las dificultades para mantener detenidas a personas sorprendidas con fusiles, armas largas y municiones de alto calibre.

Fernández explicó que uno de los principales problemas identificados por las autoridades costarricenses es que personas detenidas con armamento ilegal recuperan su libertad debido a las penas contempladas actualmente en la legislación.

“Los policías detienen a esta gente con armas largas, pistolas, fusiles de todo tipo y de toda peligrosidad, y salen en libertad”, manifestó.

La presidenta aseguró que esta situación guarda similitudes con las dificultades que, según le explicó Bukele, enfrentaba anteriormente El Salvador.

Costa Rica estudia replicar medidas aplicadas en El Salvador

Fernández relató que el mandatario salvadoreño le explicó cómo su país modificó las sanciones por la portación de armas de guerra, con el objetivo de castigar con mayor severidad a quienes representan una amenaza para la seguridad pública.

Según la versión expuesta por la presidenta, El Salvador endureció las condenas hasta establecer penas equivalentes a la mitad de las correspondientes a un homicidio simple, tomando en consideración la peligrosidad del armamento.

“Una persona que porta armas AK-47, un grupo de pistolas, municiones, es porque está dispuesta a usarlas”, expresó Fernández al reproducir uno de los argumentos que, según indicó, le compartió Bukele.

La mandataria aseguró que el equipo de Fuerza Élite ya analiza la posibilidad de impulsar una reforma semejante en Costa Rica, aunque aclaró que cualquier modificación deberá adaptarse a la realidad jurídica nacional.

“Estamos ya estudiando con el equipo de Fuerza Élite para ver si nuestro país puede seguir los pasos que siguió El Salvador”, afirmó.

Fernández insistió en que las sanciones deben guardar relación con el riesgo que representa la circulación de armas de alto calibre entre organizaciones criminales.

“Quien porte armas de guerra de grueso calibre tiene que ir a prisión preventiva y tiene que tener mano dura en la condena”, sostuvo.

Hallazgo de armas fabricadas en 3D preocupa a las autoridades

El anuncio se produjo después de que el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, expusiera detalles de una operación contra el narcotráfico realizada en Osa, Puntarenas, donde las autoridades localizaron armamento fabricado mediante tecnología de impresión 3D.

Según explicó el jerarca, el operativo permitió decomisar más de 500 kilogramos de droga y detener a dos costarricenses presuntamente vinculados con actividades del narcotráfico.

Durante la intervención, agentes policiales fueron atacados a disparos cuando perseguían uno de los vehículos sospechosos, por lo que respondieron al fuego.

“Nos sorprendió encontrar armas elaboradas en 3D. Son armas que no dejan rastro, no dejan huella y funcionan igual que un arma convencional”, señaló Campos.

El ministro advirtió que este tipo de armamento representa un nuevo desafío para los cuerpos policiales encargados de combatir las organizaciones criminales.

Además, aseguró que desde el 8 de mayo de 2026 las autoridades han retirado de circulación más de 870 armas de fuego, como parte de los operativos desarrollados en diferentes regiones.

Gobierno vincula armas ilegales con homicidios del crimen organizado

Laura Fernández afirmó que el 75% de los homicidios registrados en Costa Rica está relacionado con enfrentamientos entre organizaciones del crimen organizado que utilizan armas ilegales.

La mandataria considera que endurecer las sanciones por la portación de este tipo de armamento podría convertirse en una herramienta para prevenir delitos violentos.

También estableció una diferencia entre las personas que poseen un arma legalmente, pero mantienen vencido su permiso, y quienes transportan fusiles de guerra u otro armamento destinado a actividades criminales.

Para Fernández, ambas situaciones requieren tratamientos legales distintos debido a sus niveles de peligrosidad.

La presidenta insistió en que Costa Rica todavía tiene oportunidad de evitar un deterioro de la seguridad como el experimentado por El Salvador, aunque considera necesario actuar con rapidez.

La propuesta anunciada se encuentra en fase de estudio, por lo que todavía no existe un texto legislativo definitivo ni se han establecido las nuevas penas que el Poder Ejecutivo buscaría incorporar a la legislación nacional.

Irán descartó este martes cualquier acercamiento con Estados Unidos mientras continúen las amenazas y sanciones, y advirtió que no entregará su material nuclear enriquecido a ningún país. Las declaraciones se produjeron durante la visita a Teherán del jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, en el marco de una nueva mediación para destrabar el conflicto entre ambos países.

El mensaje más contundente llegó del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, quien recibió a Munir y fijó una posición inflexible sobre el programa atómico del país. “Ni una sola partícula enriquecida nuclear saldrá de Irán, es un activo nacional para uso interno”, afirmó Rezaei, según la televisión estatal iraní.

Irán mantiene desde hace meses que no entregará a terceros países el material enriquecido al 60%, un nivel cercano al umbral de la bomba atómica, fijado en 90%. Aunque Teherán había insinuado la posibilidad de diluir ese material dentro de sus propias fronteras, Rezaei reafirmó ante Munir que no habrá movimientos en ese sentido mientras no exista una base de confianza con Washington.

“No habrá negociaciones hasta que Estados Unidos tome medidas para generar confianza, un proceso que debe comenzar con el cumplimiento de las condiciones de Irán”, sostuvo el funcionario. Washington y sus aliados han impuesto sucesivas rondas de sanciones a Irán, acusándolo de buscar armas nucleares, una acusación que Teherán niega de forma sistemática.

En este contexto, Irán exige, entre otras cosas, un alto el fuego en todo Oriente Medio, el descongelamiento de sus activos en el extranjero y el levantamiento de las sanciones sobre su sector petrolero.

Rechazo del presidente Pezeshkian a negociar bajo amenazas

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, también se reunió con Munir y rechazó la posibilidad de sentarse a dialogar con Estados Unidos mientras persistan las presiones militares. “Los estadounidenses deben primero eliminar las amenazas y las sanciones; solo entonces podremos entablar un diálogo”, sostuvo el mandatario.

Pezeshkian fue más allá al describir el clima de desconfianza que atraviesa a la sociedad iraní tras los ataques de febrero. “Hoy, nuestra nación no confía en Estados Unidos. Cree que si entramos en las negociaciones, ellos (los estadounidenses) nos atacarán de nuevo”, afirmó.

Por su parte, el negociador jefe de Irán y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, coincidió con la línea de sus pares al recibir a Munir. “No tenemos nada nuevo que decir”, declaró Qalibaf, quien emplazó a Washington a cumplir con siete condiciones planteadas por Teherán como único camino hacia la paz y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Esas condiciones, presentadas por Irán durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York como parte de un “plan de siete días para detener las hostilidades”, incluyen el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, la liberación de fondos iraníes congelados en terceros países y el fin del bloqueo naval a los puertos y buques del país, además del control del estrecho de Ormuz. “Estados Unidos no podrá ganarse la confianza de Irán a menos que cumpla las siete condiciones de Irán”, aseguró Qalibaf, para quien las amenazas militares no afectarán las decisiones estratégicas de Teherán.

Washington rechazó esa propuesta y respondió con un plan propio, al que Irán todavía no ha dado respuesta formal. Las negociaciones indirectas mantenidas recientemente entre ambos países al margen de la Asamblea General de la ONU tampoco lograron destrabar el impasse.

El Gobierno de Donald Trump autorizó la venta de petroleros sancionados para que esas embarcaciones puedan transportar crudo de manera legal, según confirmó el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

La medida busca ampliar la flota disponible para el transporte de petróleo en momentos en que la guerra con Irán y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz redujeron la oferta de buques y dispararon los costos de flete a nivel global.

Wright explicó que la Administración estadounidense trabaja junto a inversores que compran petroleros sancionados inactivos, los reacondicionan y los utilizan luego para transportar crudo no sancionado. El funcionario detalló el mecanismo el lunes durante un evento de Citadel Securities en Nueva York.

“Vamos a mover algunos de los barcos de lo que yo llamo la ‘flota de los malos’ a la ‘flota de los buenos’”, afirmó Wright. “Ya no transportarán petróleo sancionado”, agregó.

Según el secretario de Energía, existe un proceso de aprobación formal para otorgar estatus legítimo a estas embarcaciones. El funcionario rechazó que se trate simplemente de levantar sanciones a buques que transportaban crudo de países como Rusia o Irán.

Según explicó el funcionario, el Gobierno estadounidense no elimina las sanciones existentes sobre los barcos, sino que habilita un proceso de conversión que les permite operar de forma legal una vez reacondicionados y destinados exclusivamente al transporte de petróleo no sancionado. “Estamos convirtiendo petroleros oscuros en petroleros legítimos”, sostuvo Wright. “No hay una eliminación de sanciones”, precisó.

Wright estimó que la “flota oscura” global de petroleros sancionados asciende a unos 1.600 buques. El esfuerzo de la Administración para convertir esas embarcaciones podría sumar “docenas” o incluso “cientos” de petroleros a la flota legítima, señaló.

La medida se produce en un contexto en el que los republicanos enfrentan el descontento de votantes preocupados por el aumento del costo de los combustibles, a pocas semanas de las elecciones de medio término. Los precios de la nafta y el diésel se dispararon tras el conflicto en Medio Oriente, lo que sumó un punto de tensión para electores ya preocupados por el costo de vida.

Los riesgos de transportar petróleo a través del estrecho de Ormuz elevaron de manera marcada las tarifas de flete. Trasladar petróleo desde el golfo Pérsico hasta Asia oriental cuesta actualmente más de seis veces lo que costaba antes del conflicto.

Más del 40% de la flota mundial de alrededor de 850 petroleros de gran tamaño se encuentra actualmente en el golfo Pérsico o a un par de días de navegación de esa zona, de acuerdo con datos de Signal Ocean, un proveedor de información sobre transporte marítimo.

El rol de Rusia y el diésel como incentivo para terminar la guerra en Ucrania

Durante la misma entrevista, Wright se refirió a la decisión de la Administración Trump de trabajar junto al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para liberar hacia los mercados globales las reservas de diésel del país, una medida que generó fuertes críticas. El funcionario explicó que una de las razones de ese acuerdo fue generar un incentivo para que el Kremlin ponga fin a la guerra con Ucrania.

“Si pueden producir más diésel del que consumen, pueden exportarlo al mundo. Bueno, ¿cuál es su camino para lograrlo? Pueden terminar el conflicto en Ucrania”, explicó Wright. “Eso sería un verdadero beneficio. Podrían lograr un cese el fuego energético con los ucranianos y arreglar sus refinerías, o podrían reducir su consumo de diésel para las actividades bélicas”, añadió.

El secretario de Energía agregó: “Entonces, si cambian su comportamiento, y todos estos son pasos hacia la paz en el conflicto, y tienen un excedente de diésel, pueden exportarlo al mundo”.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este lunes el retiro de las sanciones de Estados Unidos que limitaban la apertura de nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Afirmó que la decisión se consiguió después de varios meses de conversaciones con el Departamento de Transporte estadounidense.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las negociaciones se concentraron en dos asuntos: el traslado de las operaciones de carga al AIFA y la distribución de los slots, es decir, los horarios asignados a las aerolíneas para sus operaciones en el aeropuerto capitalino.

“Y de una manera justa lo resolvimos. Tardamos varios meses, pero ya se quitó esa sanción”, expresó.

De acuerdo con su explicación, el levantamiento de las restricciones permitirá retomar conexiones que estaban previstas entre el AIFA y distintas ciudades de Estados Unidos.

AIFA podrá recuperar alrededor de once vuelos previstos hacia Estados Unidos

Sheinbaum señaló que uno de los principales beneficios del acuerdo será recuperar los vuelos que las aerolíneas tenían programados desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero que no podían realizar debido a las restricciones estadounidenses.

“Por ejemplo, el AIFA ya tenía programados como once vuelos a Estados Unidos”, indicó la presidenta, quien añadió que esas conexiones estaban contempladas hacia diferentes ciudades del país vecino.

También sostuvo que la resolución beneficia a las empresas de ambos países, al permitir mayores posibilidades de conectividad entre México y Estados Unidos desde las dos terminales.

“Ya pueden tener más vuelos México-Estados Unidos desde el AICM y desde el AIFA”, afirmó al concluir su respuesta sobre el tema.

¿Por qué Estados Unidos había impuesto restricciones al AICM y al AIFA?

Según el relato de Claudia Sheinbaum, una de las diferencias con las autoridades estadounidenses surgió por la decisión de trasladar las operaciones de transporte de carga del aeropuerto capitalino al AIFA, medida impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta aseguró que la posición inicial estadounidense buscaba el regreso de esas operaciones al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Sin embargo, sostuvo que las propias compañías de carga manifestaron su interés en permanecer en el aeropuerto ubicado en el Estado de México.

De acuerdo con la mandataria, las empresas estadounidenses y de otros países consideraron que habían desarrollado una logística más eficiente en el Felipe Ángeles, por lo que no querían regresar al aeropuerto capitalino.

Sheinbaum agregó que se reunió con representantes de esas compañías para escuchar sus planteamientos y atender dificultades relacionadas con las aduanas del AIFA.

“Los escuché, resolvimos algunos temas de aduanas que tenían en el AIFA, pero no quisieron regresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, explicó.

México ajustó la distribución de slots para aerolíneas estadounidenses

El otro punto de la negociación fue la asignación de slots en el AICM. La presidenta señaló que Estados Unidos había expresado preocupaciones por un supuesto trato preferencial hacia las aerolíneas mexicanas frente a las estadounidenses.

Según explicó, las autoridades del país vecino consideraban que esa distribución no garantizaba condiciones de competencia acordes con los acuerdos bilaterales.

Para atender la inconformidad, el gobierno mexicano dialogó con las compañías y abrió algunos horarios que fueron reubicados para aerolíneas estadounidenses. Sheinbaum puntualizó que esos espacios todavía no han sido ocupados.

La presidenta presentó este proceso como un ejemplo de asuntos que pueden resolverse mediante conversaciones entre ambos gobiernos, aunque existan diferencias sobre las medidas adoptadas inicialmente.

“Este es un ejemplo de conversaciones que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, en particular en este caso con el Departamento de Transporte, que se resuelve”, sostuvo.

La revisión de seguridad aérea de la FAA es un proceso distinto

El anuncio sobre las restricciones a vuelos debe distinguirse de la evaluación de seguridad aérea que realiza la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La información publicada el 16 de octubre por Infobae México señala que la autoridad mexicana recibió 21 observaciones derivadas de una revisión técnico-operativa y administrativa. Entre los asuntos señalados se encuentran la actualización de normas y manuales, así como el fortalecimiento de inspecciones, capacitación y personal.

Ese procedimiento examina la capacidad de supervisión de la autoridad aeronáutica mexicana. Por ello, el retiro de las sanciones anunciado por Sheinbaum, relacionado con carga y distribución de horarios, no debe interpretarse como una resolución de las observaciones de la FAA, cuya atención corresponde a otro proceso.

El opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro solicitó a autoridades de la Unión Europea (UE) que refuercen las medidas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con una ampliación de las sanciones y de la presión financiera. El pedido ocurrió durante una serie de reuniones en Bruselas, donde planteó una agenda que incluye la liberación de los presos políticos, el rechazo a la represión fuera de las fronteras nicaragüenses y un plan para recuperar la democracia.

Chamorro informó sobre las gestiones a través de su cuenta en X. Según expuso, mantuvo encuentros con representantes del Parlamento Europeo y de la instancia ejecutiva comunitaria, de los que recibió una respuesta “muy positiva”. En la imagen difundida por el dirigente aparecen también otros integrantes de la oposición nicaragüense frente a la sede de la Eurocámara.

“Ante autoridades de la UE generando presión a la dictadura”, escribió Chamorro. En su mensaje enumeró sus propuestas: la liberación de los detenidos por razones políticas, la denuncia de la represión transnacional, la restitución de las libertades, elecciones libres y un esquema de transición democrática.

El ex precandidato presidencial sostuvo además que la Unión Europea debe extender las restricciones individuales y adoptar otras herramientas financieras contra los responsables de las violaciones de derechos humanos. Chamorro fue detenido en junio de 2021, antes de las elecciones de ese año, y permaneció encarcelado hasta febrero de 2023, cuando fue expulsado a Estados Unidos junto con otros 221 presos políticos.

El reclamo del opositor coincidió con la decisión del Consejo de la Unión Europea de prorrogar hasta el 15 de octubre de 2027 las sanciones contra Nicaragua. La medida, adoptada el 9 de octubre, alcanza a 21 personas y tres entidades vinculadas al aparato estatal nicaragüense.

El sistema vigente contempla la congelación de activos en territorio europeo, la prohibición de que ciudadanos y empresas de la UE pongan fondos o recursos económicos a disposición de los sancionados y restricciones de ingreso o tránsito para las personas incluidas en la lista.

Entre las entidades sancionadas figuran la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, conocido como Telcor. Las medidas también alcanzan a Rosario Murillo, designada copresidenta por el oficialismo, a altos funcionarios del Ejecutivo, mandos policiales y miembros del entorno familiar de la pareja gobernante.

El Consejo revisó la decisión aprobada en 2019 y actualizó los fundamentos de la sanción contra Néstor Moncada Lau, quien fue asesor presidencial en temas de seguridad nacional hasta 2025. El documento europeo lo vincula con la adopción de políticas represivas contra manifestantes, opositores y periodistas desde abril de 2018.

La UE sostiene que sus medidas son selectivas y que no buscan perjudicar a la población ni a la economía del país. El bloque ha fundamentado sus restricciones en el deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.

El Parlamento Europeo pidió ampliar las medidas contra el entorno de Ortega

La postura de Chamorro tiene antecedentes recientes en el Parlamento Europeo. El 18 de junio de 2026, los eurodiputados aprobaron una resolución que condenó las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la persecución contra organizaciones civiles, pueblos indígenas, iglesias y opositores.

La Eurocámara reclamó la excarcelación de todos los presos políticos, la anulación de las sentencias dictadas por motivos políticos y el respeto de la libertad religiosa. También pidió una investigación por la muerte bajo custodia del líder indígena Brooklyn Rivera y la devolución de sus restos a la familia.

En esa resolución, el Parlamento Europeo solicitó al Consejo y a la Comisión Europea que suspendan la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica respecto de Nicaragua mientras continúe la represión. Además, planteó que no haya recursos europeos o multilaterales que puedan respaldar a las estructuras del régimen.

Los legisladores también instaron a ampliar las sanciones dirigidas contra los responsables, incluido Ortega y su círculo cercano. La política europea hacia Nicaragua combina, por ahora, las medidas restrictivas individuales con la exigencia de restablecer garantías democráticas, liberar a los detenidos y permitir el trabajo de las organizaciones internacionales de derechos humanos.

Chamorro busca que esa posición se traduzca en nuevas decisiones antes de la próxima revisión anual del marco de sanciones, prevista para octubre de 2027.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el viernes para suspender un paquete de sanciones y aranceles contra la economía rusa y comunicó al Congreso que la decisión responde al “interés nacional”.

La medida paraliza la aplicación de una ley que Trump promulgó el mes pasado y que buscaba limitar con mayor rapidez los recursos financieros destinados a la invasión de Rusia sobre Ucrania. La norma lleva el nombre del fallecido senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, quien defendió sanciones más estrictas contra Moscú hasta su muerte, en julio.

La Casa Blanca publicó la decisión a última hora del viernes. La notificación precisó que el informe con los fundamentos de la suspensión fue remitido al Congreso, aunque el Gobierno no explicó de inmediato cómo la pausa en las penalidades se ajusta al interés nacional.

El giro se produjo una semana después de que Trump afirmara que Estados Unidos acordó comprar diésel ruso con el objetivo de reducir los precios internacionales de la energía. Esa iniciativa podría afectar a Ucrania en el contexto de la guerra con Rusia mientras Washington busca alcanzar su meta en medio de la guerra con Irán.

La legislación obtuvo mayorías amplias en la Cámara de Representantes y el Senado después de la muerte de Graham. Los legisladores recibieron el impulso del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para avanzar con la norma. Trump firmó aquella ley, pero luego decidió frenar su aplicación. La administración mantuvo un perfil bajo desde que el Congreso aprobó el proyecto.

La suspensión llega luego de que el mandatario estadounidense incrementara sus críticas contra Zelensky y lo responsabilizara por no alcanzar un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, que permita detener los combates.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo la semana pasada con su par ruso, Vladimir Putin, para la entrega de más de 4,8 millones de toneladas de diésel, una decisión que recibió cuestionamientos de legisladores republicanos y demócratas.

Trump indicó que Rusia enviaría de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible. El cronograma contempla otras 500.000 toneladas en noviembre, un millón de toneladas “inmediatamente después” y tres millones adicionales “en un breve plazo”.

Republicanos y demócratas criticaron el acuerdo por considerar que facilitará recursos a Rusia para sostener la guerra. También cuestionaron que la operación tenga un efecto sobre los precios internacionales de los combustibles, que permanecen elevados en un contexto marcado por el conflicto de Estados Unidos con Irán.

Desde Kiev, Zelensky dio luz verde el jueves a la reanudación de los ataques ucranianos contra refinerías rusas luego de tres días de tregua entre Rusia y Ucrania. El mandatario consideró que las diferencias actuales entre Europa y Estados Unidos sobre la guerra favorecen al presidente ruso. Según sostuvo, esa división ayuda a Putin “para unir a la nación (rusa) y hacerle sentir poderoso”.

La suspensión de las sanciones tomó relevancia en la campaña de la senadora Darline Graham, hermana del fallecido senador Lindsey Graham. La dirigente fue designada para completar los meses restantes del mandato de su hermano y aspira a conservar el escaño de forma permanente.

Graham cuenta con el respaldo de Trump, que prevé participar en actos de campaña con la senadora en Carolina del Sur la próxima semana. Durante un debate celebrado a comienzos de esta semana en Columbia con la candidata demócrata Annie Andrews, la republicana defendió la ley que el presidente dejó en pausa.

“Le brinda al presidente herramientas que puede usar, si así lo desea, para poner fin a la guerra mediante sanciones económicas”, dijo Graham el domingo. “Depende de él si quiere usarlas o si prefiere usar otra cosa, pero creo que el propósito es reducir los precios de la gasolina y, en última instancia, terminar con la guerra. Y cuando la guerra termine, los precios de la gasolina bajarán”.

(Con información de Associated Press)

El vínculo entre Ucrania y Estados Unidos se deterioró en los últimos días, después de que Trump flexibilizara las sanciones contra Rusia a cambio de que el Kremlin inyecte grandes volúmenes de diésel en los mercados internacionales y en el propio mercado norteamericano.

Zelensky tildó el acuerdo de “indigno” y advirtió que solo servirá para alentar a Rusia a continuar su guerra contra Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Varios aliados europeos de Kiev también cuestionaron el pacto, diseñado para contener los precios de los combustibles en Estados Unidos de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

La crisis se profundizó cuando Zelensky ordenó reanudar los ataques ucranianos contra refinerías rusas, ignorando las exigencias de Washington. A eso se sumaron las interrupciones de un sistema satelital proporcionado por Estados Unidos, que limitaron la capacidad de las fuerzas armadas ucranianas para responder a los intensos bombardeos rusos.

“No es momento de retirar nuestro apoyo a Ucrania. No es momento de aliviar las sanciones contra Rusia”, declaró el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, al recibir a Zelensky en Bruselas con motivo de una cumbre de la Unión Europea.

El mandatario ucraniano agradeció el respaldo de quienes calificó como “verdaderos líderes” europeos y aseguró que no existen señales de que Moscú esté dispuesto “a poner fin a esta guerra”.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, alertó de que “la situación en Ucrania es actualmente muy grave”, tanto por la intensidad de los ataques rusos como por el deterioro de la relación con Estados Unidos. “Es fundamental que hoy, como Europa, demostremos nuestro apoyo incondicional a Ucrania y examinemos qué medidas adicionales podemos adoptar”, afirmó.

Un sistema satelital indispensable

Zelensky ha tenido que gestionar una relación turbulenta con Trump desde que el mandatario estadounidense regresó al poder el año pasado con la promesa de recortar el apoyo de Washington a Kiev.

El jueves, Trump calificó de “una vergüenza” la reanudación de los ataques ucranianos contra refinerías rusas y acusó a Kiev de contribuir al encarecimiento global de la energía. “Creo que encuentro más difícil tratar con Zelensky que con Putin”, declaró en una entrevista con Newsmax.

El Kremlin, por su parte, acusó a Ucrania de obstaculizar los “intensos esfuerzos” de paz de Estados Unidos al retomar los ataques contra refinerías.

Gran parte de la indignación en Ucrania esta semana se concentró en las restricciones al sistema de comunicaciones satelitales Starshield, del que dependen las fuerzas armadas para detectar ataques rusos y coordinar su respuesta en el frente. Este sistema de SpaceX es diferente de Starlink, la red satelital civil que Ucrania también utiliza, aunque no para operaciones ofensivas.

El magnate tecnológico Elon Musk aseguró que su empresa no estaba detrás de ninguna interrupción del sistema Starshield. “Los sistemas Starshield son propiedad del Gobierno estadounidense y están bajo su control. Cualquier limitación de ancho de banda o de uso la decide el ejército estadounidense y, en última instancia, el presidente de Estados Unidos”, dijo.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, consideró que “Starlink es realmente necesario para Ucrania” y reconoció que “Europa no puede reemplazar ese sistema a corto plazo”.

¿Nuevas ayudas?

Aunque la prioridad de los líderes europeos pasa por superar la crisis con Washington, la agenda también incluye cómo reforzar las defensas aéreas de Ucrania y atender su delicada situación presupuestaria.

“Tenemos que prepararnos para el invierno. No se trata solo de energía, también de defensa antiaérea y financiación”, declaró Zelensky.

Los dirigentes de la UE debatirán cómo mantener a flote a Ucrania durante el próximo año. El bloque cuenta actualmente con un programa de préstamos de 90.000 millones de euros (unos 101.000 millones de dólares) destinado a Kiev, concebido para cubrir sus necesidades financieras hasta finales de 2027. Sin embargo, las autoridades ucranianas advirtieron que necesitarán decenas de miles de millones de euros adicionales, ya que los ataques rusos han golpeado duramente la economía del país.

El debate sobre nuevas ayudas reavivó las peticiones para que la UE utilice cerca de 200.000 millones de euros en activos del banco central ruso congelados y los destine a financiar a Ucrania. Por ahora, sin embargo, el impulso político es escaso, debido a la oposición de Bélgica, donde se encuentra depositada la mayor parte de esos fondos.

Emilio T. González, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, pidió elevar la presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras el rechazo de Managua al embajador designado por Washington.

En una publicación difundida el 14 de octubre, González calificó a la administración nicaragüense como “un cáncer para el pueblo nicaragüense y una vergüenza para las Américas”.

A partir de esa definición, propuso cuatro medidas: expulsar o suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), imponer impuestos a las remesas, aislar al país en el plano internacional y aplicar sanciones.

El rechazo al embajador estadounidense abrió un nuevo choque diplomático

Las declaraciones del exfuncionario ocurrieron después de que el régimen nicaragüense rechazara conceder el beneplácito a Natasha Franceschi, diplomática propuesta por Estados Unidos como embajadora en Managua.

El Departamento de Estado informó el 13 de octubre que, por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, el encargado de Negocios estadounidense, Elías Baumann, regresaría a Washington para realizar consultas. La medida respondió a la negativa de Ortega y Murillo a aceptar a Franceschi como representante diplomática.

En el comunicado, la administración estadounidense sostuvo que esa decisión reflejaba la falta de disposición del régimen para sostener un diálogo diplomático. También cuestionó que Managua rechazara a una diplomática de carrera mientras mantiene demandas de respeto mutuo y contacto político con Washington.

El rechazo de Managua “demuestra la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su deseo de montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense”, sostuvo el Departamento de Estado en una nota de prensa. “Por instrucciones del secretario de Estado Marco Rubio, el encargado de negocios Elias Baumann regresa a Washington para realizar consultas cruciales”, agregó el comunicado.

Franceschi fue nominada el 7 de agosto. Según los usos diplomáticos, el gobierno receptor debe otorgar su plácet o agrément antes de que el diplomático asuma el cargo.

González propuso revisar el vínculo comercial y financiero con Nicaragua

González planteó que la respuesta no debería limitarse al terreno diplomático. Entre sus propuestas incluyó una eventual suspensión o expulsión de Nicaragua del CAFTA-DR, acuerdo comercial que vincula a Estados Unidos con países de Centroamérica y República Dominicana.

También mencionó la aplicación de impuestos a las remesas, una medida que afectaría los envíos de dinero de los nicaragüenses residentes en el exterior hacia sus familiares en el país. El exfuncionario añadió el aislamiento internacional y las sanciones como parte de la estrategia que, a su juicio, debería adoptar Washington junto con sus aliados.

El mensaje de González fue bien visto por el director de Instituto para la Paz y el Desarrollo, Alex Aguirre, nicaragüense que respondió: “Llamemos al mal por su nombre: la dictadura sandinista. Ortega y Murillo son meramente las figuras detrás de una organización criminal que ha existido desde 1979. Dios le bendiga a usted y a América”.

Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa, la codictadora, Rosario Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La decisión de los copresidentes de rechazar a Franceschi, “una diplomática de carrera” según el Departamento de Estado, “demuestra su absoluta falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”.

Estados Unidos retiró este miércoles a Jorge Jesús Rodríguez Gómez de su lista de personas sancionadas, según una actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.

La medida figura en el aviso oficial publicado este 14 de octubre bajo el título “Venezuela-related Designation Removal”. El documento identifica al funcionario venezolano, presidente de la Asamblea Nacional, por su nombre completo, fecha de nacimiento y número de cédula, además de enumerar las variantes de su nombre que estaban incluidas en el registro.

La notificación alcanza las inscripciones de Jorge Rodríguez como “Rodríguez Gómez, Jorge Jesús”, “Rodríguez, Jorge”, “Rodríguez Gómez, Jorge J.” y otras formas de identificación que aparecían bajo el programa de sanciones de Venezuela.

El Tesoro estadounidense no detalló las razones de la decisión ni comunicó si la medida forma parte de una revisión más amplia de la política de sanciones hacia Caracas.

La decisión tiene un antecedente reciente. El pasado 1 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros retiró de su lista de sancionados a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hermana de Jorge Rodríguez, mediante un aviso de características similares. El organismo tampoco difundió entonces los motivos de la medida ni informó condiciones adicionales.

El registro oficial se limita a informar la eliminación de Rodríguez de las designaciones relacionadas con Venezuela. No contiene anuncios sobre otros funcionarios, licencias, plazos o condiciones vinculadas con la decisión.

La publicación también confirma que el beneficiado es ciudadano venezolano, nacido el 9 de noviembre de 1965, y lo vincula con El Valle, en el municipio Libertador del Distrito Capital.

La exclusión de Jorge Rodríguez de las sanciones estadounidenses ocurre mientras delegaciones de la oposición y del chavismo se preparan para un tercer ciclo de conversaciones, impulsado por Estados Unidos dentro del proceso de transición en Venezuela. Rodríguez es representante del gobierno en los diálogos.

La nueva reunión está prevista para este miércoles y tendrá como eje las garantías políticas y civiles que podrían sentar las bases de un futuro proceso electoral. La delegación opositora, encabezada por Dinorah Figuera, mantuvo este martes un encuentro preparatorio. Las conversaciones no incluyen a María Corina Machado ni a Edmundo González Urrutia.

En las dos rondas anteriores, celebradas en agosto y septiembre, las partes abordaron reformas al sistema de justicia, el desbloqueo de oro retenido en Reino Unido y restricciones sobre portales de noticias y otros asuntos de libertad de expresión.

El Departamento de Estado informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió avanzar en libertades políticas y reforma electoral antes de la nueva ronda. La cartera estadounidense destacó progresos hacia la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, la liberación de más de 1.200 presos políticos, el levantamiento de bloqueos a varios sitios web y la reforma de la llamada Ley de Odio.

Más de 500 organizaciones y activistas cubanos, encabezados por la Asamblea de la Resistencia (ARC) y la Unión Patriótica (UNPACU), lanzaron desde Miami un llamado urgente a los gobiernos democráticos del mundo para que voten en contra —o al menos se abstengan— en la próxima sesión de la ONU que abordará las sanciones de Estados Unidos contra la dictadura de La Habana.

El documento, remitido a Infobae por el líder opositor y ex preso político José Daniel Ferrer, fue firmado desde La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Guantánamo y otras provincias de la isla, así como desde el exilio en Estados Unidos, España, Uruguay, México, Argentina, Suecia, Noruega, Brasil y Alemania, entre otros países.

El llamado sostiene que el régimen de Miguel Díaz-Canel, junto a la cúpula del Partido Comunista de Cuba y la jerarquía militar, presenta cada año esta resolución para proyectarse como “víctima de una agresión extranjera”, mientras oculta lo que los signatarios describen como las causas reales del colapso cubano: la supresión de libertades políticas y económicas, la persecución de la empresa privada, el monopolio económico de las fuerzas armadas y la corrupción de la élite gobernante.

“Cada voto favorable que recibe la dictadura es presentado por sus líderes como una victoria política propia”, advierte el texto; al tiempo que agrega: “Mientras los jerarcas celebran, los presos políticos y sus familias ven con dolor cómo gobiernos democráticos parecen avalar el relato de sus opresores”.

Los activistas rechazaron que las sanciones sean la causa del sufrimiento cubano

Uno de los argumentos centrales del comunicado es la distinción entre las causas estructurales de la crisis cubana y las consecuencias de las sanciones. “El sufrimiento del pueblo cubano no es fundamentalmente resultado de las sanciones de Estados Unidos”, sostiene el documento. “Es la consecuencia de un sistema político criminal, totalitario y destructivo”, argumentan.

Para ilustrar este punto, el llamado recurre a una analogía médica: las sanciones, explican los firmantes, se asemejan a la quimioterapia aplicada contra un cáncer peligroso. Señalan que sería un error profundo culpar al tratamiento por la enfermedad que intenta combatir.

El comunicado también apunta a datos concretos para reforzar su posición. Entre enero y julio de 2026, Estados Unidos exportó aproximadamente USD 674 millones en bienes a Cuba, un incremento de alrededor del 61,8% respecto al mismo período de 2025, lo que —según los firmantes— demuestra que existen canales significativos de comercio y suministro humanitario pese a las sanciones vigentes.

Junto al rechazo al voto en la ONU, el llamado contiene una propuesta de política concreta. Los firmantes instan a los gobiernos democráticos a adoptar un enfoque de doble vía: por un lado, sanciones políticas y económicas dirigidas específicamente a los responsables de la represión y la corrupción; y por otro, asistencia humanitaria directa a la población cubana.

Esta ayuda, precisa el documento, debería canalizarse a través de Cáritas de la Iglesia Católica, iglesias independientes y organizaciones de la sociedad civil verificables, y no a través de instituciones oficiales controladas por el Partido Comunista o conglomerados empresariales militares, ya que una parte podría terminar beneficiando a la élite que, según los signatarios, oprime al pueblo cubano.

Entre los firmantes hay presos políticos

La lista de signatarios incluye figuras de distintos perfiles y ubicaciones geográficas. Varios de ellos se encuentran encarcelados en prisiones cubanas. Alexander Verdecia Rodríguez firma desde la Prisión Kilo 8, en Camagüey. Yosvany García Rusindo lo hace desde la Prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba. Yoandri Gutiérrez Vargas y Julio César Vega Santiesteban, detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021, rubrican el documento desde la Prisión Boniato, también en Santiago de Cuba.

Entre los signatarios figuran también ex presos políticos del llamado Grupo de los 75 —los 75 disidentes encarcelados en la denominada Primavera Negra de 2003—, periodistas independientes, pastores evangélicos, madres y esposas de presos políticos, cantantes, cineastas, académicos y activistas de la diáspora cubana en más de una decena de países.

El documento dirigió su apelación de forma explícita a la Unión Europea (UE) y sus estados miembros, al Reino Unido, Noruega, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y las democracias latinoamericanas. Les pidió que no prolonguen —en palabras del comunicado— el sufrimiento del pueblo cubano al votar junto a sus opresores.

El llamado fue impulsado como parte del denominado “Acuerdo de Liberación”, una plataforma que agrupa a organizaciones como la ARC y la UNPACU, y lleva las firmas de al menos 554 personas y entidades de la sociedad civil cubana dentro y fuera de la isla.

Entre los firmantes con cargos institucionales se encuentran Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la ARC; Javier de Céspedes, presidente del Directorio Democrático Cubano; y Cristina Canales, directora de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA).

“La solidaridad verdadera debe dirigirse al pueblo cubano, no a la dictadura. Ayuden a los cubanos a recuperar su libertad y a construir una Cuba ‘con todos y para el bien de todos’”, concluyó el texto.

29 países, entre ellos Estados Unidos, España, Francia y Alemania, respaldaron este lunes la atribución del Reino Unido a Irán de un complot contra la base aérea de Fairford, en el suroeste de Inglaterra. En un comunicado conjunto condenaron los ataques violentos, incendios provocados, sabotajes y ciberataques que atribuyen al régimen iraní en sus territorios.

El comunicado, difundido por el Gobierno británico y firmado por los ministros de Exteriores, no formula una acusación propia. Reconoce las conclusiones de Londres sobre el incidente del 27 de septiembre, que según el Reino Unido demuestra la disposición del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) a actuar fuera de sus fronteras mediante redes clandestinas e intermediarios.

El primer ministro británico, Andy Burnham, fue más lejos ante la Cámara de los Comunes. Afirmó que es altamente probable que el plan se coordinara desde Irán y casi seguro que lo dirigió la Guardia Revolucionaria. El 30 de septiembre solo había hablado de indicios sólidos de una participación iraní.

El ministro de Exteriores, Ed Miliband, convocó al embajador iraní. El Ministerio de Exteriores británico aplicó congelación de activos y prohibición de viaje a Ruhollah Bazghandi, jefe de contraespionaje de la Guardia Revolucionaria, y a Shahram Ali Reza Tamarzadeh Jakki, facilitador de la red criminal Zindashti, vinculada a varios complots contra disidentes iraníes. Burnham prometió más sanciones.

Bazghandi no es un desconocido para Occidente. Estados Unidos lo sancionó en 2023 por su papel en planes de asesinato contra periodistas y otros adversarios de Teherán, y en 2024 la justicia estadounidense lo acusó de participar en el complot para matar a la activista Masih Alinejad.

Los hechos se remontan a la madrugada del domingo 27 de septiembre, cuando la policía antiterrorista detuvo a cinco británicos de una veintena de años en la aldea de Whelford, junto a la base, tras localizar tres furgonetas en la zona. Se declaró un incidente grave y se evacuó a vecinos. Los arrestados quedaron bajo sospecha de preparar un acto terrorista y de delitos relacionados con explosivos.

La policía no detectó explosivos en los vehículos. Después, otros dos hombres fueron arrestados, uno de ellos de unos 25 años y con doble nacionalidad, británica e iraní. Los siete están en libertad bajo fianza y los detalles de la trama siguen siendo escasos.

Irán lo niega. Su embajada en Londres calificó de infundadas y malintencionadas las sospechas y, según la agencia estatal IRNA, Teherán se declaró este lunes dispuesto a cooperar con la investigación británica.

La base ocupa un lugar central en la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán este año. En marzo, el Gobierno británico autorizó el uso de Fairford, donde operan bombarderos estadounidenses B-1, para atacar emplazamientos de misiles iraníes que disparaban contra buques en el estrecho de Ormuz. En julio, la Guardia Revolucionaria declaró la instalación objetivo legítimo.

El comunicado añade que el caso llega poco después de la campaña de atentados en Europa contra comunidades judías, periodistas iraníes e intereses estadounidenses reivindicada por Harakat Ashab al Yamin al Islamiya (HAYI), cuyo nombre se traduce como Movimiento Islámico de la Gente de la Derecha.

El grupo surgió en marzo y reivindicó el incendio del 15 de abril contra una sinagoga del norte de Londres y contra la sede del canal opositor Iran International, así como el apuñalamiento de dos hombres judíos en Golders Green el 29 de abril. Analistas de seguridad lo consideran una fachada vinculada a la Guardia Revolucionaria, aunque no se ha explicado públicamente cómo se organiza.

El respaldo actual supera con holgura al de julio de 2025, cuando 14 gobiernos, España entre ellos, condenaron las amenazas de los servicios de inteligencia iraníes. La lista de ahora suma 25 países europeos, además de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Italia y Polonia no figuran entre los firmantes.

Con Burnham comprometido a ampliar las sanciones, la investigación judicial marcará el alcance real del caso. Mientras los siete detenidos sigan en libertad bajo fianza y la trama carezca de detalles públicos, la atribución a la Guardia Revolucionaria descansará sobre una evaluación política que los 29 gobiernos han decidido hacer suya antes de que un tribunal se pronuncie.

El Reino Unido atribuyó a Irán el presunto plan fallido contra la base aérea de RAF Fairford, en el suroeste de Inglaterra, y sostuvo que la operación fue “casi con toda seguridad dirigida” por la Guardia Revolucionaria de la República Islámica (IRGC).

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó este lunes ante la Cámara de los Comunes que la evaluación de Londres concluyó que el incidente del 27 de septiembre fue “altamente probable” que se coordinara desde territorio iraní. “Puedo confirmar nuestra evaluación de que es muy probable que haya sido coordinado en Irán, casi con toda seguridad dirigido por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, declaró.

Sanciones y rechazo internacional a las actividades iraníes

El Gobierno británico anunció nuevas sanciones contra Teherán y la IRGC tras atribuirles la coordinación del supuesto ataque contra Fairford. Londres también convocó al embajador iraní para comunicarle que el país “no tolerará amenazas” dentro de su territorio, mientras Irán reiteró que no tuvo participación y pidió pruebas que respalden la acusación.

El Ministerio de Exteriores británico sancionó a dos ciudadanos iraníes: Ruhollah Bazghandi, jefe de operaciones de contraespionaje de la IRGC, y Shahram Ali Reza Tamarzadeh Jakki, señalado como facilitador de la red criminal Zindashti. Las autoridades los vincularon con actividades realizadas en nombre del régimen iraní y con una “clara intención” de planificar ataques en el extranjero.

Bazghandi quedó sujeto a una congelación inmediata de activos, una prohibición de viajar y una inhabilitación para ejercer como director de empresas, según informó la cancillería británica.

Los ministros de Exteriores de 29 países, entre ellos España, Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia y Alemania, suscribieron una declaración conjunta contra las acciones atribuidas a Irán. El texto condenó “en los términos más enérgicos” el uso de ataques violentos, incendios provocados, sabotajes, ciberataques y otras actividades híbridas contra el Reino Unido y sus socios.

“Es inaceptable cualquier intento de Irán de amenazar, silenciar, intimidar, acosar, dañar o coaccionar a la población de nuestro territorio mediante intermediarios o cualquier otro medio”, señalaron los firmantes. También advirtieron: “Quienes realicen actividades hostiles en nombre de Irán o de cualquier otro Estado deben saber que actuaremos para identificar, investigar, desarticular y enjuiciar estos actos”.

La investigación por el incidente en Fairford

El operativo en RAF Fairford comenzó el 27 de septiembre, después de que un agricultor de la zona alertara sobre varios hombres y furgonetas blancas en actitud sospechosa cerca de la instalación. Las autoridades declararon el hecho como un incidente “mayor” y evacuaron una aldea próxima mientras agentes armados y especialistas militares en desactivación de explosivos revisaban el área.

La investigación antiterrorista derivó en la detención de siete sospechosos, entre ellos un ciudadano con doble nacionalidad británica e iraní. Todos tienen alrededor de 20 años, seis son británicos y uno posee ambas nacionalidades, pero fueron liberados bajo fianza y ninguno ha sido acusado hasta ahora.

Los investigadores encontraron gasolina, descrita como una sustancia acelerante, en tres furgonetas vinculadas con cinco de los detenidos iniciales. No hallaron explosivos en los vehículos, según se informó.

Estados Unidos retiró la semana pasada sus bombarderos B-1 de Fairford y los redistribuyó a sus bases de origen, informó el Pentágono. La base, situada a unos 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Londres, había sido utilizada por aeronaves estadounidenses en operaciones contra Irán, después de que Londres autorizara su empleo para acciones que calificó de defensivas contra misiles iraníes y sus puntos de lanzamiento.

La Unión Europea prorrogó hasta el 15 de octubre de 2027 las sanciones contra 21 personas y tres entidades vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó Despacho 505. Las medidas incluyen a la propia Murillo, a sus hijos Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo, y a instituciones estatales señaladas por su participación en la represión de la oposición.

Según Despacho 505, la decisión fue adoptada el viernes 9 de octubre por el Consejo de la Unión Europea y mantiene la presión sobre el círculo político y familiar de Ortega y Murillo, así como sobre funcionarios e instituciones acusados de responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos, el desmantelamiento de las instituciones democráticas y la persecución de opositores.

Entre las personas sancionadas también figuran el exasesor económico del régimen Bayardo Arce Castaño, actualmente preso político, y Alba Luz Ramos Vanegas, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. La lista incluye, además, a altos mandos policiales y a funcionarios vinculados con el aparato represivo del Gobierno nicaragüense, de acuerdo con la información publicada por Despacho 505.

Las sanciones contemplan la congelación de bienes y recursos económicos bajo jurisdicción europea. Las personas incluidas en la lista tampoco pueden ingresar ni transitar por los países de la Unión Europea. Ciudadanos y empresas del bloque tienen prohibido entregarles fondos o poner recursos económicos a su disposición.

El medio nicaragüense explicó que las medidas son selectivas y están dirigidas contra personas y entidades específicas, por lo que no constituyen un embargo económico general contra la población de Nicaragua. La Unión Europea sostiene que las restricciones buscan responder a la represión política, las violaciones de derechos humanos y el deterioro del Estado de derecho.

Bruselas reiteró su exigencia de liberar a los presos políticos, restablecer las libertades fundamentales y permitir el regreso de los mecanismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua. También pidió un diálogo entre el Gobierno y la oposición para acordar reformas electorales que permitan una salida democrática, pacífica y negociada a la crisis.

La renovación de las sanciones ocurre después de que Ortega y Murillo impulsaran nuevas reformas constitucionales. Despacho 505 reportó que esos cambios ampliaron los mandatos de las autoridades y eliminaron las elecciones previstas para 2027, lo que profundizó la concentración del poder en manos de la pareja gobernante.

La decisión europea coincide con una nueva presión diplomática de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El 2 de octubre, una reunión extraordinaria de cancilleres aprobó una resolución que exige a Nicaragua celebrar elecciones libres, justas e inclusivas, liberar sin condiciones a los presos políticos, restablecer la separación de poderes y divulgar el paradero de las personas desaparecidas.

La resolución también reclama la devolución de la nacionalidad a los nicaragüenses despojados de ella y establece un grupo ministerial de seguimiento para promover contactos con el Gobierno y la oposición. El mecanismo deberá presentar recomendaciones dentro de un plazo de 90 días.

Nicaragua no participó en la reunión de la OEA porque abandonó formalmente el organismo en noviembre de 2023. La presión internacional se mantiene mientras el régimen restringe la participación opositora, controla las instituciones estatales y enfrenta cuestionamientos por la situación de los presos políticos, los exiliados y las personas privadas de su nacionalidad.

La Unión Europea estableció su régimen de sanciones en octubre de 2019, después de la represión contra las protestas iniciadas en abril de 2018. Desde entonces, los Estados miembros revisan las medidas cada año. Con la nueva prórroga, las restricciones permanecerán vigentes hasta octubre de 2027.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) prevén aprobar el lunes en Luxemburgo un nuevo paquete de sanciones contra cerca de 1.600 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial de Rusia, en medio de la preocupación por el aumento de las operaciones híbridas atribuidas a Moscú en territorio europeo.

Las medidas se debatirán en el Consejo de Asuntos Exteriores y buscan elevar la presión sobre la economía de guerra de Rusia, así como limitar la capacidad operativa de su industria militar. El paquete se sumará a las sanciones ya vigentes contra unas 3.000 personas y entidades relacionadas con el Kremlin y la invasión de Ucrania. Los Veintisiete también prevén aprobar otras 77 designaciones vinculadas a las elecciones de septiembre para la Duma Estatal rusa en territorios ucranianos ocupados.

Fuentes diplomáticas europeas subrayaron la magnitud de la iniciativa y la definieron como un “gran y hermoso paquete”, en alusión a la expresión inglesa “big beautiful package”, popularizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en referencia a su ley presupuestaria y fiscal.

La reunión estará marcada por los incidentes de seguridad registrados en varios países europeos, en particular en el flanco oriental de la UE, y por el reciente episodio en el aeropuerto alemán de Leipzig. Los ministros también revisarán posibles respuestas ante actos de sabotaje, campañas de desinformación y otras actividades desestabilizadoras que atribuyen al Kremlin.

En ese contexto, los países miembros discutirán un posible endurecimiento de las restricciones de entrada y circulación para ciudadanos rusos dentro del espacio Schengen. La propuesta podría alcanzar a turistas, diplomáticos y ex combatientes rusos que participaron en la invasión de Ucrania.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, intervendrá ante sus pares europeos para informar sobre la situación de la guerra. El debate incluirá el refuerzo de la defensa aérea de Ucrania, la movilización de 6.600 millones de euros (USD 7.393 millones) del Mecanismo Europeo de Apoyo a la Paz y la continuidad de la misión de entrenamiento militar de la Unión Europea para fuerzas ucranianas.

Los funcionarios también examinarán las necesidades de financiación de Kiev para 2027, incluida la opción de utilizar activos rusos inmovilizados. La cuestión mantiene diferencias entre los Veintisiete, especialmente en Bélgica, donde Euroclear conserva la mayor parte de esos fondos.

Los estrechos de Medio Oriente en la mira de la UE

Entre las cuestiones a abordar, la situación en la región cercana a la guerra de Medio Oriente tendrá lugar con foco en el deterioro de la seguridad marítima en el mar Rojo y las amenazas a la libertad de navegación en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb.

El debate tendrá lugar en un contexto de aumento de los ataques de los hutíes contra infraestructuras civiles y rutas comerciales. La UE evaluará cómo reforzar la operación naval europea ASPIDES, desplegada para proteger el tránsito mercante en la región. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, solicitó a los Estados miembros una mayor aportación de recursos militares para ampliar la capacidad de respuesta de la misión ante ataques con misiles y drones.

Fuentes europeas señalaron a la agencia Europa Press que ASPIDES necesita en particular fragatas con sistemas de defensa aérea capaces de interceptar amenazas procedentes del aire. Varios países comenzaron a responder al pedido, aunque todavía no existe una cifra definitiva sobre los medios que se sumarán al operativo.

La UE prevé anunciar el lunes un compromiso internacional en defensa de la libertad de navegación, bajo el principio de que el tránsito marítimo “no debe estar sujeto a tasas ni peajes”. Según fuentes europeas, la iniciativa contará con el apoyo de países de distintas regiones, además de los Estados miembros del bloque.

Una ampliación de los integrantes

Los ministros de Exteriores dedicarán otra sesión a evaluar las implicancias para la seguridad y la defensa del bloque ante una futura ampliación, antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno prevista para los días 15 y 16 de octubre.

El debate estratégico abordará el ingreso de nuevos Estados miembros y el papel que pueden asumir los países candidatos, en particular Ucrania, Moldavia y los socios de los Balcanes Occidentales, en el refuerzo de la seguridad europea. Los Veintisiete analizarán mecanismos para ampliar la cooperación militar, industrial y diplomática con esos países, así como su alineación gradual con la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea.

La situación de Georgia también estará en la agenda, ante el deterioro de los estándares democráticos que atribuyen a medidas del Gobierno georgiano contra organizaciones de la sociedad civil y a su alejamiento de los compromisos asumidos con el bloque.

(Con información de Europa Press)

Los billetes que se desgastan con el uso, se rompen o se manchan plantean una pregunta concreta para quienes los tienen en su poder: si las entidades financieras están obligadas a canjearlos o si pueden negarse a hacerlo. Una consulta realizada en redes sociales por un usuario al que no le cambiaron billetes en mal estado derivó en una respuesta del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que detalló qué establece la reglamentación vigente y qué consecuencias prevé para los bancos que no la cumplan.

El episodio fue contado en la red social X. Según el relato del internauta, se presentó en una sucursal bancaria con billetes deteriorados y no se los cambiaron. Allí le habrían explicado que el estado de los billetes era muy malo y que, para poder canjearlos, debía ser cliente de la entidad. El usuario aseguró que los billetes conservaban más del 60% de su superficie y publicó el mensaje etiquetando a la cuenta de atención al usuario del organismo.

El BCRA respondió en la misma red social. Indicó que, “de acuerdo con lo establecido en el punto 3.2.1. de la Sección 3 de la normativa sobre Circulación Monetaria”, las entidades financieras “deben realizar, sin excepción, el canje de billetes deteriorados o fragmentados al público en general, siempre que cumplan con las condiciones previstas en dicha normativa”.

Además, el Banco Central señaló que, si la entidad no realiza el canje, la persona puede ingresar un reclamo ante el organismo a través de los formularios web que tiene disponibles.

Qué dice la reglamentación

La normativa a la que remitió el BCRA, incluida en la Sección 3.2., dedicada al “Canje de billetes deteriorados”, define quiénes deben prestar el servicio, qué se entiende por billete deteriorado, cómo proceder cuando hay dudas sobre el estado de los billetes y qué sanciones se aplican ante incumplimientos.

De acuerdo con la normativa, el servicio de canje “será prestado por los bancos minoristas con carácter irrenunciable, en el horario habitual de atención al público y sin discriminar si el presentante es o no su cliente”. La reglamentación contempla de manera explícita, entonces, la situación de quien no tiene cuenta en la entidad, uno de los puntos que figuraban en el planteo del usuario.

El texto agrega: “Se recuerda que todas las entidades financieras deben atender sin excepción, el canje al público en general de billetes deteriorados por su uso”. Los billetes recibidos, según se establece, “a posteriori y debidamente acondicionados, deberán ser depositados en el BCRA”.

Ahora bien, ¿a qué se considera un billete deteriorado? La reglamentación define como “billete deteriorado” a “aquel que, habiendo sufrido un desgaste por su uso, se encuentre roto, perforado, manchado, descolorido, sucio, quemado o cercenado por un hecho involuntario y que presente una superficie que alcance, por lo menos, el sesenta por ciento (60 %) del billete completo”.

En caso de estar dividido o fragmentado, las partes deberían ser con total evidencia pertenecientes a un mismo ejemplar.

Qué pasa cuando hay dudas

La normativa prevé un procedimiento para las situaciones en las que el estado del billete genera dudas. Por un lado, establece que los bancos minoristas y las transportadoras de valores podrán derivar los billetes al BCRA, previa consulta a una casilla de correo del organismo, “únicamente, en aquellos casos específicos en los que, debido al estado de estos, no puedan determinar en forma fehaciente el valor y/o cantidad de estos”. Esos billetes, según el texto, “deberán ser analizados técnicamente” en el Banco Central.

Por otro lado, la sección sobre presentación de billetes indica que las entidades que tengan dudas sobre billetes con “alto grado de deterioro” deberán remitirlos al BCRA “mediante nota con membrete y por duplicado”. En ese documento tienen que consignar la fecha de presentación y, “de ser posible”, la numeración y denominación de cada billete, así como la suma estimada, para que el organismo emita el correspondiente dictamen.

Las sanciones previstas

Por otro lado, la normativa establece que los bancos minoristas que no cumplan con la prestación del canje “serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en el art. 41 de la Ley de Entidades Financieras, previo sumario que se instruirá con sujeción a las normas de procedimiento que establezca el BCRA”.

El artículo 41 de esa ley contempla seis tipos de sanciones. La primera es el llamado de atención y la segunda, el apercibimiento. La tercera son las multas “de hasta $ 200.000.000, importe que podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo Nacional”, que “podrán aplicarse solidariamente a las personas o entidades responsables de las infracciones”.

La cuarta sanción es la inhabilitación temporaria o permanente para el uso de la cuenta corriente bancaria. La quinta sanción prevista es la inhabilitación, también temporaria o permanente, para desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas en la ley. La última sanción es la revocación de la autorización para funcionar.

De este modo, la respuesta del BCRA y la normativa que citó establecen que el canje de billetes deteriorados es un servicio que los bancos minoristas deben prestar al público en general, sin exigir que quien lo solicita sea cliente, siempre que se cumplan las condiciones previstas, y que su incumplimiento puede derivar en sanciones previo sumario.

Liam Gallagher llevó la defensa del Manchester City fuera del expediente disciplinario y apuntó contra sus principales rivales. El cantante de Oasis, reconocido hincha del club, acusó al Arsenal, Manchester United y Liverpool en X (ex-Twitter), mientras la institución apeló el fallo de una comisión independiente de la Premier League.

Las publicaciones del músico aparecieron luego de la decisión sobre el cumplimiento de las normas financieras de la competencia. Gallagher vinculó las críticas al City con la rivalidad que mantiene con esos equipos en el fútbol inglés, aunque el proceso todavía sigue abierto y las posibles sanciones dependen de la revisión del recurso presentado por el club.

“Todo el odio dirigido al Manchester City por los otros clubes debería ir hacia el Arsenal, el Manchester United y el Liverpool”, escribió Gallagher en redes sociales. En otra publicación, que se volvió viral, trató de corruptas a las tres instituciones y sostuvo que “buscan impedir que otros equipos ganen títulos”. El cantante no presentó pruebas para respaldar esas acusaciones.

Gallagher apuntó a los rivales en su defensa del City

La intervención del vocalista trasladó al terreno de las hinchadas una causa que sigue su curso dentro del fútbol inglés. Gallagher no se limitó a cuestionar la resolución contra el City: sus mensajes pusieron a los adversarios deportivos del club como responsables de la presión alrededor del caso.

El artista usó incluso una comparación religiosa para describir el lugar que, según él, ocupa su equipo dentro de la competencia. “Tratamos de ayudarlos a todos; somos como Jesús, preparados para morir en la cruz”, publicó. La frase formó parte de una seguidilla de mensajes que generó respuestas de hinchas de los equipos aludidos.

El 28 de septiembre, Gallagher ya había agrupado a Arsenal, Manchester United y Liverpool bajo el rótulo de “cártel rojo”. En ese momento afirmó que la única falta del City era hacer que sus competidores quedaran mal parados. El 2 de octubre retomó esa línea y volvió a dirigir sus críticas contra las tres instituciones.

La discusión también salpicó a Oasis. Ante la consulta de un usuario sobre la posible asistencia de hinchas rivales a los shows de la banda, Gallagher aseguró que “Blue Moon”, uno de los himnos no oficiales de la hinchada celeste, pasaría a integrar el repertorio.

El fallo abarcó nueve temporadas de la gestión financiera

El cruce en redes se produjo después de que una comisión independiente considerara probadas infracciones a las normas financieras de la Premier League durante nueve temporadas, entre 2009/10 y 2017/18. La resolución incluyó además tres de los cuatro cargos relacionados con una falta de colaboración del club durante la investigación.

El expediente analiza la información contable presentada por la entidad, las remuneraciones de jugadores y entrenadores, los requisitos de licencias de la UEFA y las reglas de rentabilidad y sostenibilidad. Según datos difundidos por Reuters, los acuerdos comerciales cuestionados superan los USD 1.190 millones a lo largo de casi una década.

La comisión concluyó que el City utilizó acuerdos comerciales simulados para aumentar sus ingresos y reducir sus costos de manera artificial. El club rechaza esa interpretación, niega haber cometido irregularidades y sostiene que dispone de pruebas para defender su postura en la apelación.

El Manchester City confirmó que presentó un recurso integral el 1 de octubre, antes del vencimiento del plazo. En un comunicado, afirmó que la decisión contiene “errores materiales claros de derecho, principio y hecho” y, por ese motivo, carece de fundamento. La apelación dejó en suspenso la definición sobre una posible sanción.

Un panel de tres miembros revisará la apelación del club

La Premier League informó que el recurso fue elevado al presidente de su Panel Judicial. Un panel de apelación independiente, integrado por tres miembros y presidido por una persona con experiencia judicial, revisará la decisión de la comisión. La audiencia será privada y su contenido se mantendrá bajo reserva hasta que se autorice la publicación de la resolución.

La instancia no implica volver a tratar todo el caso. El panel puede rechazar la apelación, aceptarla, devolver el expediente a la comisión para que lo revise o modificar una eventual orden sobre sanciones o compensaciones. El reglamento contempla multas, quitas de puntos y otras medidas deportivas, aunque el alcance de un castigo quedará atado a la resolución final.

Las reglas de la competencia establecen que la audiencia debe concluir dentro de las 12 semanas posteriores a la presentación del recurso. Una vez cerrada esa etapa, el panel tendrá hasta 30 días para dar a conocer su decisión. Con ese calendario, el desenlace podría conocerse a comienzos de 2027.

El expediente que involucra al Manchester City volvió a poner bajo la lupa la quita de puntos en la Premier League, una sanción poco frecuente, aunque capaz de alterar por completo una temporada. Una comisión independiente consideró responsable al club de 114 de los 115 cargos por presuntas infracciones financieras que presentó la liga inglesa. Sin embargo, de acuerdo con Reuters, la pena todavía no fue definida: se resolverá en una audiencia aparte y la institución ya anticipó que apelará la decisión.

El dictamen comprende hechos ocurridos entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. Según la máxima categoría del fútbol inglés, la comisión concluyó que el City utilizó contratos simulados con socios comerciales, presentó información contable inexacta y superó los límites de gasto. También determinó que el elenco de Mánchester incumplió su obligación de colaborar con la investigación. El reglamento contempla desde multas hasta descuentos de unidades y otras sanciones deportivas, aunque por ahora no existe una pena concreta.

La falta de una resolución sobre una eventual quita de puntos mantiene abierto el principal interrogante del caso. Si el conjunto dirigido por Pep Guardiola recibiera esa sanción, pasaría a integrar un grupo reducido: desde la creación de la competencia, en 1992, solo cuatro equipos sufrieron este tipo de sanción.

Los antecedentes de equipos que sufrieron quita de puntos

Los casos abarcan situaciones muy distintas, desde la suspensión de un partido hasta la administración concursal y el incumplimiento de las reglas de rentabilidad y sostenibilidad. La propia Premier League confirmó que el proceso disciplinario continúa en marcha y que una posible sanción contra los Citizens se resolverá en otra audiencia privada.

Middlesbrough (1997): 3 puntos

El primer antecedente ocurrió en enero de 1997. Middlesbrough recibió una penalización de tres puntos después de no disputar un encuentro de diciembre de 1996 ante Blackburn Rovers, un rival directo en la lucha por evitar el descenso. El equipo era dirigido por Bryan Robson, quien sostuvo que tenía 23 futbolistas afectados por lesiones o enfermedades y que no podía completar la convocatoria.

El club afirmó que había recibido garantías de que el partido sería reprogramado, aunque no presentó la documentación exigida para respaldar esa versión. La sanción incluyó una multa de USD 65.000 y se mantuvo tras la apelación judicial. Su impacto fue directo: Middlesbrough terminó 19º y descendió.

Portsmouth (2010): 9 puntos

La siguiente quita llegó 13 años después y estuvo ligada a una crisis financiera. En marzo de 2010, Portsmouth entró en administración concursal, una situación que activó una deducción automática de nueve puntos. El club ya arrastraba dificultades tras años de altos gastos en transferencias, falta de inversión y problemas para cumplir con sus obligaciones económicas.

Entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, Portsmouth dejó de pagar salarios. También recibió una orden de liquidación por impuestos impagos. La llegada del propietario Ali Al-Faraj no revirtió el deterioro de las cuentas y la sanción dejó al equipo último en la tabla. El club no logró cambiar el rumbo y terminó descendiendo al final de la temporada.

Everton (2023): 6 puntos

La regulación financiera pasó a ocupar el centro de la escena en 2023, cuando Everton recibió inicialmente la mayor deducción aplicada hasta entonces en la Premier League: diez puntos. Burnley y Leeds United habían pedido una investigación por las pérdidas de su rival en mayo de 2022. La liga abrió el procedimiento en marzo de 2023 y anunció la sanción en noviembre de ese año.

La comisión determinó que Everton había incumplido las normas financieras de la competición. De acuerdo con reportes de la BBC, el club apeló la decisión y logró que el descuento se redujera a seis puntos. El episodio se dio en una temporada marcada por la lucha por la permanencia y confirmó que las infracciones contables pueden afectar la disputa deportiva mucho tiempo después de que se registren los gastos cuestionados.

Nottingham Forest (2024): 4 puntos

Durante la misma campaña 2023/24, Nottingham Forest se convirtió en el segundo club sancionado por el régimen de rentabilidad y sostenibilidad. La institución superó en USD 45.500 millones el límite de USD 80 millones permitido durante su período de evaluación, de acuerdo con el recuento de Sports Illustrated. La consecuencia fue una deducción de cuatro puntos.

La sanción volvió a poner el foco sobre las reglas de control económico en Inglaterra. A diferencia de Middlesbrough y Portsmouth, cuyos casos derivaron de un partido sin disputar y de la administración concursal, los expedientes de Everton y Forest se resolvieron a partir de balances, límites de pérdidas y procedimientos regulatorios de la liga.

Cada vez hay más provincias que prohíben a los “trapitos”. El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó ayer la Ley 14.486, que aplica sanciones de hasta 80 días de arresto al ofrecimiento de estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de dinero u otro beneficio, incluso cuando es voluntario.

El decreto 2121, firmado también por el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, puso en vigencia la iniciativa impulsada por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas. En esa ciudad, hay 1.218 de los 1.395 cuidacoches identificados.

La promulgación llega después de años de discusión e incluso persecución policial a la actividad. Solo en 2025, según reportes de Rosario, hubo 200 detenciones vinculadas con esa actividad.

La ley incorpora al Código de Convivencia de Santa Fe como contravención la tarea de los trapitos. El régimen solo podrá aplicarse en los municipios que adhieran mediante una ordenanza propia.

La Legislatura había aprobado la norma dos semanas antes, cuando el Senado insistió con su versión original y rechazó los cambios incorporados por la Cámara de Diputados. Hubo resistencias, por ejemplo, del Arzobispado de Rosario, que a través de su obispo Eduardo Martín ya venía cuestionando la prohibición y había propuesto “regulación y ordenamiento de la actividad”.

La contravención alcanza a quienes actúen sin autorización en lugares donde una disposición municipal prohíba la actividad. La prohibición rige incluso cuando el pago sea presentado como una colaboración voluntaria.

La pena inicial será de dos a diez días de trabajo comunitario y la imposibilidad de volver al lugar donde se cometió la infracción. En caso de reincidencia, la sanción pasará a ser de 10 a 20 días de arresto.

Las penas y sus agravantes

Los mínimos y máximos se duplicarán si hubo violencia o amenazas, si la actividad se desarrolló en áreas de estacionamiento tarifado o si se aprovechó una situación de vulnerabilidad de la víctima. La misma escala se aplicará a los hechos cometidos entre las 18 y las 6, en zonas escolares, bancarias, comerciales o cercanas a edificios públicos.

La sanción agravada también abarcará las inmediaciones de espectáculos y eventos públicos masivos, dentro de un radio de hasta 20 cuadras. Ese alcance se extenderá desde dos horas antes del inicio de la actividad hasta una hora después de su finalización.

Cuando dos o más personas acuerden previamente realizar estas tareas, recibirán entre 10 y 20 días de arresto. Si se comprueba la existencia de organizadores, coordinadores o responsables, el máximo de la pena podrá multiplicarse por cuatro, es decir, puede alcanzar hasta 80 días de arresto.

El gobierno de Santa Fe deberá desarrollar políticas de prevención e inclusión junto con los gobiernos locales. Esas medidas contemplarán capacitación en oficios, intermediación laboral y acciones sobre salud mental y consumos problemáticos.

Los municipios serán responsables de aplicar las contravenciones y podrán solicitar intervención policial para apartar del espacio público a los presuntos infractores. Cada administración local deberá aprobar su adhesión para que el esquema entre en funcionamiento.

Rosario prepara su adhesión

El Concejo Municipal de Rosario realizó su cuarta mesa de trabajo sobre la situación de los cuidacoches el mismo viernes de la promulgación. En ese marco, Seisas participó del encuentro para exponer los alcances de la ley y las dificultades de su implementación en la ciudad.

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, sostuvo que la legislación provincial establece un marco al que cada municipio debe adherir y se planteó avanzar con la ordenanza que habilite su aplicación local. En el ámbito legislativo, se debatió la necesidad de distinguir los casos de extorsión de aquellos en los que existe un pedido de colaboración voluntaria.

Otros distritos y provincias ya avanzaron en medidas similares, luego de una primera etapa de regulación y registro, que no logró la simpatía de la población. Este año, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sancionó una normativa semejante, donde incorporó multas que superan los 6 millones de pesos y penas de hasta dos meses de cárcel.

A mediados de abril, el Gobierno de Córdoba promulgó también una prohibición de cuidacoches (conocidos localmente como “naranjitas”), limpiavidrios no autorizados y las carreras de picadas. La normativa establece penas de arresto de hasta seis días y nuevas figuras contravencionales para quienes ejerzan estas actividades sin permiso municipal.

Y en 2018, Mendoza aprobó tempranamente las restricciones y la ilegalidad de la actividad de “trapitos” y “limpiavidrios” en la vía pública.

Una diputada libertaria presentó un proyecto para incorporar sanciones a los diputados que insulten en el Congreso de la Nación. La iniciativa se propuso después del escándalo en el plenario de comisiones tras los cruces entre Juan Grabois y varios representantes de La Libertad Avanza.

Según remarcó la iniciativa que presentó la diputada Mercedes Llano, se busca incorporar un artículo al Reglamento de la Cámara de Diputados para aplicar una sanción concreta frente a insultos y agravios durante el ejercicio de la función parlamentaria.

El proyecto de resolución presentado por la integrante del Partido Demócrata propone suspender por un mes el goce de la dieta a los legisladores que profieran insultos, expresiones injuriosas, soeces o denigrantes dentro del ámbito de la Cámara. Si el legislador reincide, o si la conducta involucra amenazas, intimidación o agresión física, la suspensión se extiende a dos meses. La iniciativa también aclara con precisión qué conductas no están alcanzadas por la sanción: las opiniones, críticas y juicios de valor quedan protegidos por la libertad de expresión parlamentaria.

En los fundamentos del proyecto, Llano sostuvo que “la crítica política es parte esencial del debate democrático”, pero advirtió que el agravio personal no puede ser parte de la tarea parlamentaria. La legisladora señaló que la iniciativa apunta a cubrir un vacío en el régimen disciplinario vigente, que hasta ahora no contempla sanciones específicas frente a este tipo de comportamientos.

“La sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones. No hay posibilidad de revertir el descrédito en los poderes legislativos sin ejemplaridad, respeto y tolerancia”, concluyó la diputada en sus fundamentos.

El escándalo del plenario de comisiones que antecedió a la propuesta

El proyecto de Llano se presentó en un contexto de creciente tensión dentro de la Cámara baja. El pasado 30 de septiembre, durante un plenario de comisiones convocado para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, la sesión derivó en un cruce de insultos, forcejeos y empujones que se viralizó en redes sociales.

El detonante fue la exposición de la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, quien fue interrumpida desde su banca por el legislador santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza. Ante esa situación, Juan Grabois —diputado de Unión por la Patria y dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos— se levantó de su lugar, caminó por el pasillo y encaró a Guzmán, lo que derivó en un forcejeo con manotazos entre ambos. Luego, ya alejado del estrado, Grabois lanzó frases como “manga de chorros, sorete de mierda, vende patria” en dirección a la bancada oficialista.

El episodio escaló cuando el diputado tucumano Gerardo Huesen, también de La Libertad Avanza, le gritó “enano” a Grabois, quien lo desafió a repetirlo en persona. Huesen respondió con gritos de “cagón”. La diputada Cecilia Moreau intentó calmar los ánimos sin éxito inmediato, mientras que los legisladores Agustín Rossi, Eduardo Valdés y el libertario Álvaro Martínez también procuraron contener la situación antes de que ambos quedaran cara a cara.

Hacia el final del plenario, Grabois tuvo un nuevo altercado con la diputada libertaria Juliana Santillán, a quien llamó “tontita” cuando ella le recriminó que estaba leyendo su exposición. “No voy a pedir disculpas, es tonta, no la estoy insultando, la estoy describiendo”, respondió el legislador ante la intervención del presidente del plenario, Carlos Zapata. Cuando Zapata apagó su micrófono, Grabois continuó: “Dejá de apagarme el micrófono, facho de mierda”. La reunión terminó de forma abrupta.

Días después del escándalo, el bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto para excluir a Grabois de la Cámara de Diputados por “desorden de conducta” en el ejercicio de sus funciones. La propuesta fue firmada por la diputada Silvana Giudici y acompañada por el resto del bloque, y se apoya en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que faculta a cada Cámara a corregir, remover o excluir a sus miembros con dos tercios de los votos.

El cantante de Oasis, Liam Gallagher, publicó en X un mensaje en el que afirmó tener información de una fuente de alto nivel dentro del fútbol sobre el castigo que recibiría el Manchester City si pierde su apelación. El mensaje llegó tres días después de que un panel independiente declarara al club culpable de 114 de las 115 infracciones financieras que la Premier League le imputó.

El 25 de septiembre, The Athletic informó que la comisión independiente dictaminó la culpabilidad del Manchester City en prácticamente todos los cargos del caso más importante en la historia de la Premier League. Desde ese momento, la pregunta que dominó la agenda deportiva fue una sola: ¿qué sanción recibirá el club?

Gallagher dice tener información de una fuente de alto rango sobre la posible sanción

“Acabo de ser informado por alguien en una posición muy, muy alta de que, si perdemos nuestra apelación —lo cual no ocurrirá—, recibiremos una multa y una prohibición, y eso es todo”, escribió Gallagher en X. El cantante, conocido seguidor del City, quiso tranquilizar a los aficionados del club y, al mismo tiempo, desafiar a quienes esperaban consecuencias más graves.

El músico no se detuvo ahí. Con su habitual estilo directo, arremetió contra quienes aguardaban un castigo severo: “Así que todos vosotros, desesperados neuróticos... callaos”, cerró el mensaje, que avivó el debate en torno a un proceso que ya lleva años en los tribunales.

Gallagher también dejó clara su postura sobre el resultado de la apelación. El viernes, cuando se conocieron los primeros detalles del fallo, escribió: “Vamos a ganar esta apelación, limpiar nuestro nombre y demandar a todos esos que intentaron destruirnos”, según recogió el Manchester Evening News.

El fallo: 114 cargos probados en el caso financiero más grande de la historia de la Premier League

El veredicto del panel independiente, conocido el 25 de septiembre de 2026, cerró más de dos años de audiencias. La comisión, integrada por tres miembros designados por el presidente del panel judicial de la Premier League (PL), analizó 115 cargos que abarcaron las temporadas 2009-10 hasta la 2017-18 (además del incumplimiento de cooperación de 2018 a 2023) y concluyó que el club infringió las normas en 114 de ellos.

Los cargos se agruparon en cinco categorías: 54 por no presentar información financiera veraz —en especial sobre ingresos de patrocinios vinculados a empresas de Abu Dabi—, 14 por no declarar correctamente los pagos a jugadores y cuerpo técnico, 7 por superar los límites de gasto sostenible, 5 por incumplir las normas de juego limpio financiero de la UEFA y 35 por negarse a entregar documentación durante las investigaciones internas de la liga. El Manchester City negó todos los cargos a lo largo del proceso.

En un comunicado, el club señaló que “el proceso de la Premier League continúa en curso, con elementos significativos por completar, y está sujeto a estricta confidencialidad”. La apelación, que debe presentarse dentro de los 14 días posteriores a la notificación oficial del fallo, es considerada un paso prácticamente inevitable.

Las posibles sanciones van desde una multa hasta la expulsión de la competición

El reglamento de la PL habilita al panel a imponer un abanico amplio de castigos: multas económicas, deducciones de puntos, suspensión de la competición o, en el escenario más extremo, la expulsión del club. La anulación de títulos también figura entre las opciones disponibles, aunque su aplicación sería inédita en el fútbol inglés.

Si el City pierde la apelación, el proceso pasará a una fase de sanción en la que un nuevo panel determinará el castigo concreto. Bajo la regla W.86 y afines, una vez presentada una apelación, la audiencia del tribunal de apelación debe concluir dentro de un plazo de 12 semanas (84 días) desde la presentación del recurso, y su fallo con los fundamentos por escrito debe publicarse dentro de los 30 días posteriores al cierre de la audiencia.

Liam Gallagher no fue el único integrante de su familia en pronunciarse. Su hermano Noel Gallagher, también declarado seguidor del City, expresó en el pódcast del club Let Me Talk que se sentía “sorprendido y entristecido” por la noticia.

“El club nos aseguró en todo momento que negaba los cargos vehementemente, así que fue un golpe”, dijo. El proceso legal, con apelación pendiente y sanción aún por determinar, promete extenderse varios meses más.

Roberto Mancini rechazó vincularse con las acusaciones económicas contra Manchester City y cuestionó que exista una condena definitiva contra su exclub. Sus palabras llegaron después de que medios británicos informaran que una comisión independiente habría declarado al equipo responsable de 114 de las 115 infracciones imputadas por la Premier League, aunque el procedimiento todavía no concluyó y las sanciones no fueron definidas.

El actual entrenador de Italia fue consultado en una conferencia de prensa antes del partido de la Liga de Naciones ante Turquía. “No creo que hayan declarado culpable a Manchester City”, sostuvo, según recogió FourFourTwo.

La información sobre el fallo fue publicada el 25 de septiembre por medios británicos y posteriormente recogida por Reuters. La Premier League no confirmó ni desmintió el resultado, debido a la confidencialidad que rige el caso. El club, por su parte, afirmó que el proceso conserva “elementos significativos” pendientes.

Mancini niega responsabilidad por el supuesto doble contrato

La situación del técnico está ligada a una de las acusaciones examinadas durante la investigación. Mancini dirigió al City entre diciembre de 2009 y mayo de 2013, etapa en la que condujo al club a su primera Premier League, conquistada en la temporada 2011-12.

Una parte del expediente se refiere a la información entregada sobre pagos a jugadores y entrenadores. Según las versiones difundidas durante la pesquisa, el italiano figuraba con un salario anual de alrededor de USD 1,96 millones en Manchester City y, de manera paralela, habría suscrito un acuerdo de consultoría con Al Jazira, entidad de Abu Dabi vinculada al jeque Mansour, propietario del club inglés.

Ese convenio habría contemplado alrededor de USD 2,30 millones anuales por un mínimo de cuatro días de asesoramiento, además de su remuneración oficial. La acusación sostiene que el mecanismo podía ocultar el costo real de su contrato como entrenador y reducir el gasto declarado por la institución. El supuesto acuerdo fue difundido inicialmente por Der Spiegel y volvió a ser citado en las informaciones recientes sobre el caso.

Mancini evitó profundizar sobre ese punto. “Sobre el doble contrato, no es un problema que me concierna; en todo caso es problema suyo”, afirmó. Añadió que el asunto se discute desde hace “cuatro o cinco años” y reiteró que, a su entender, el club no fue declarado culpable de forma concluyente.

Las 115 acusaciones abarcan cuentas, pagos y cooperación con la liga

La Premier League derivó el caso a una comisión independiente en febrero de 2023, tras una investigación de varios años. Los cargos se concentraron principalmente en las temporadas 2009-10 a 2017-18, aunque las acusaciones de falta de cooperación con la investigación se extienden hasta 2023.

El desglose oficial incluye 54 acusaciones por no suministrar información financiera precisa, 14 relacionadas con datos sobre pagos a futbolistas y entrenadores, cinco por incumplimientos de normas de la UEFA, incluido el juego limpio financiero, y siete por las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League. A ellas se suman 35 cargos por no colaborar con la investigación de la liga.

En su anuncio de 2023, la organización señaló que sus reglamentos exigían a los clubes entregar información que ofreciera una imagen fiel de su situación financiera, incluidos los ingresos, las operaciones con partes vinculadas y los costos operativos.

Las investigaciones también mencionaron sospechas sobre la presentación de aportes de los propietarios como ingresos por patrocinio comercial. El City negó de forma sostenida todos los cargos y afirmó que cuenta con pruebas para respaldar su defensa.

El club prevé apelar mientras espera la definición de las sanciones

Tras conocerse los informes sobre la comisión, Manchester City afirmó que el expediente sigue en curso y que mantiene la postura expresada desde que se formularon los cargos. El presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, afirmó en una carta abierta a los aficionados que la confianza de la entidad en demostrar su inocencia no cambió.

“Algunas personas se apresuraron a llegar a sus propias conclusiones”, señaló Al Mubarak. También sostuvo que existen sectores que buscan perjudicar el progreso del club y aseguró que la institución no les dará esa oportunidad. La declaración se difundió después de las publicaciones sobre el supuesto veredicto.

Las posibles sanciones no fueron comunicadas. Entre los castigos que podría contemplar el marco disciplinario figuran multas, deducciones de puntos e incluso la expulsión de la máxima categoría, aunque ninguna medida fue anunciada. De acuerdo con lo informado por Reuters, la comisión habría resuelto los cargos, pero las sanciones todavía no se decidieron.

El club prevé recurrir el fallo si se confirma formalmente. La Premier League tampoco ofreció comentarios adicionales, mientras el procedimiento continúa bajo reserva. Para Mancini, las preguntas sobre el acuerdo que se le atribuye quedan fuera de su responsabilidad personal.

Los irlandeses saben mucho sobre cómo resistir a un vecino imperialista, así que no sorprende que apoyen los esfuerzos europeos para defender a Ucrania de Rusia. Sin unas fuerzas armadas ni una industria militar significativas, la ayuda del país a Ucrania consiste principalmente en una modesta ayuda financiera y apoyo a las sanciones de la Unión Europea. Sin embargo, en este último punto, hay una importante salvedad. Aughinish Alumina, una refinería en el oeste de Irlanda, suministra una parte significativa de la alúmina que utiliza la industria del aluminio rusa. Es posible que los proyectiles que impactaron a civiles en Kiev este otoño e invierno contengan componentes irlandeses.

El papel de Aughinish Alumina en la industria armamentística rusa fue detallado en marzo en una investigación realizada por OCCRP, una organización de investigación, y el diario Irish Times. La planta exporta alúmina (óxido de aluminio), el compuesto químico utilizado para producir aluminio, a fundiciones rusas. Pero, como la mayor refinería de alúmina de Europa, también suministra a fabricantes en Francia, los Países Bajos y Suecia. La empresa nunca ha sido objeto de las sanciones de la UE contra Rusia. Algunos Estados miembros quieren que se la incluya en una nueva ronda de sanciones que se negociará en octubre. Los defensores de Aughinish argumentan que hacerlo paralizaría el sector del aluminio europeo, pero se equivocan.

Aughinish pertenece a Rusal, un conglomerado ruso de metales. Sus ventas a Rusia se dispararon tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, pasando del 24% de sus exportaciones en 2021 al 68% en 2025. La alúmina se transporta a las fundiciones de Rusal en Siberia, que venden el aluminio acabado a clientes como ASK, una empresa comercializadora con sede en Moscú. ASK, a su vez, abastece a más de 100 empresas de defensa rusas, que lo utilizan para fabricar misiles, tanques, bombarderos y otras armas. El aluminio de ASK se ha destinado a fábricas que producen giroscopios para misiles de crucero Kh-101, motores para cazas Sukhoi y el misil balístico Iskander-M. Varias decenas de estas empresas están sujetas a sanciones de la UE.

Rusal fue fundada por Oleg Deripaska, un oligarca ruso y magnate del aluminio. Figura en la lista de sanciones de la UE desde 2022 debido a sus estrechos vínculos con el Kremlin. Sin embargo, desde 2018 solo posee una participación minoritaria en Rusal, lo que ha permitido que la refinería permanezca libre de sanciones. Aughinish niega haber cometido irregularidad alguna.

La Comisión Europea siempre ha afirmado que diseña sus sanciones para evitar perjudicar más a la economía europea que a la rusa. Aughinish sostiene que debería permanecer exenta por este motivo. En una carta dirigida al gobierno irlandés, a la que tuvo acceso The Economist, la dirección de la empresa argumenta que, sin sus ventas a Rusia, la planta tendría que cerrar, lo que perjudicaría a la industria del aluminio europea y a otros fabricantes. Sin embargo, en realidad, la UE importa la mayor parte de su aluminio y produce, como mucho, un pequeño porcentaje del suministro mundial. Su producción se ha reducido drásticamente en la última década debido a las importaciones chinas baratas, la tecnología obsoleta, los altos costes energéticos y el elevado coste de los permisos del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE. Las fundiciones de aluminio europeas operan a tan solo el 30% de su capacidad.

Las fundiciones europeas necesitan un par de megatoneladas de alúmina al año. En lo que va de año, Aughinish solo les ha suministrado unas 0,3 megatoneladas. Incluso si las sanciones obligan al cierre de la planta, las fundiciones europeas podrían encontrar alúmina en otros lugares; existen otras cuatro refinerías en Europa que exportan poca o ninguna alúmina a Rusia. Esto podría perjudicar aún más a Rusia. Irlanda fue el tercer mayor proveedor de alúmina a Rusia en 2024, después de China e Indonesia.

Las sanciones supondrían un quebradero de cabeza político para el gobierno irlandés. La planta emplea a unos 1.000 trabajadores. Vende el excedente de electricidad de su central eléctrica de gas a la red nacional, proporcionando energía suficiente para unos 200.000 hogares, según la empresa. Pero eximirla de las sanciones también supone un problema político. Irlanda ostenta actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, donde se sientan representantes de los gobiernos nacionales, y presionar a favor de una planta que suministra material a Rusia para su maquinaria bélica da una mala imagen.

Las negociaciones sobre el próximo paquete de sanciones de la UE comenzarán a principios de octubre, y varios Estados miembros quieren prohibir la exportación de alúmina a Rusia. «Es complicado y no es sencillo», afirma un funcionario de la UE que trabaja en las sanciones. Es posible que Aughinish acabe en la lista de sanciones. De ser así, no tendría un gran impacto en el resto del sector del aluminio europeo. Pero la reputación de Irlanda, empañada por la situación, se vería algo más realzada.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

El presidente VolodimirZelensky firmó este sábado sanciones contra 44 personas vinculadas con las elecciones consideradas ilegales en territorios ucranianos ocupados por Rusia, una medida con la que Kiev busca cuestionar cualquier intento de Moscú de consolidar su control sobre Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia, Crimea y Sebastopol.

El decreto señala específicamente a cuatro personas que, según la Presidencia ucraniana, actúan en interés de Rusia y facilitan la ocupación temporal de esas regiones.

Entre los sancionados figuran la propagandista Irina Kuksenkova y el exdiputado ucraniano Iuri Onishchuk, quien comenzó a colaborar con las autoridades rusas después de la ocupación de Melitópol. Algunas de las personas incluidas ya fueron elegidas como presuntos diputados de parlamentos locales establecidos en las zonas ocupadas.

La impugnación de las votaciones en las zonas ocupadas

Zelensky sostuvo que las votaciones y todos los documentos emitidos durante esos procesos carecen de fundamento jurídico. También afirmó que constituyen una violación grave del Derecho Internacional y de sus principios fundamentales.

El presidente ucraniano recordó que el Reglamento de La Haya y el Convenio de Ginebra obligan a una potencia ocupante a respetar las leyes vigentes en el territorio bajo su control. “La ocupación no confiere soberanía”, subrayó.

El mandatario denunció que esos comicios estuvieron marcados por fraude generalizado, votaciones forzosas y cifras de participación manipuladas. A su juicio, Rusia pretende utilizar la apariencia de un proceso electoral para legitimar crímenes de guerra y afianzar su dominio sobre las áreas ocupadas.

Kiev prevé compartir la información con sus socios internacionales para coordinar sanciones dentro de sus respectivas jurisdicciones. La medida se suma a los reclamos ucranianos para aumentar la presión económica y política sobre Moscú.

Por su parte, Zelensky volvió a pedir a Estados Unidos y a la Unión Europea que mantengan las restricciones comerciales contra Rusia y adopten nuevas sanciones hasta que el Kremlin termine la guerra. También solicitó que no se retire a oligarcas rusos de las listas ya vigentes.

El presidente ucraniano apeló directamente a Donald Trump para que aplique la llamada “ley de Lindsey Graham” contra Rusia y los países que financien la guerra mediante la compra de petróleo ruso. La iniciativa, recientemente aprobada, otorga a la Casa Blanca la capacidad de imponer aranceles de hasta 100 %.

También reclamó al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que promuevan sanciones adicionales. “Rusia está escalando día tras día”, advirtió Zelensky, quien pidió respuestas más firmes para impedir una ampliación del conflicto.

Los ataques rusos de la noche anterior dejaron dos muertos y 14 heridos en Zaporiyia. También se registraron ataques contra edificios residenciales en Kiev, Zaporiyia y las regiones de Odesa, Sumi y Járkov.

La ofensiva causó daños en una guardería de Kiev, un instituto de la región capitalina, una universidad de Kharkiv e infraestructuras energéticas en Poltava, Mikoláyiv y Vinitsia.

La nueva Duma rusa y las denuncias de fraude

Mientras Ucrania cuestiona las votaciones en los territorios ocupados, el presidente ruso Vladímir Putin presidirá el 30 de septiembre la primera sesión de la nueva Duma Estatal, elegida en los comicios parlamentarios celebrados entre el 18 y el 20 de septiembre.

Víctor Pinski, jefe del grupo de trabajo encargado de preparar la apertura de la novena legislatura, anunció que Rusia Unida conservará la mayoría constitucional en la cámara baja. El partido oficialista obtuvo 349 de 450 escaños.

Putin defendió ese resultado y sostuvo que los ciudadanos votaron mayoritariamente a favor de la victoria del Ejército ruso en Ucrania. “Quiero que sepan, camaradas, que esta votación va por vosotros. La gente cree en vosotros, en nuestra victoria, en vuestro heroísmo y vuestra lealtad a la patria”, declaró ante soldados y comandantes desplegados en el frente.

La apertura de la Duma coincidirá con protestas opositoras que denuncian una falsificación de los resultados tanto en las listas de partidos como en las circunscripciones. Rusia Unida ganó en todas las regiones del país.

El primer mitin fue organizado el viernes por el Partido Comunista de Rusia en Siktivkar, capital de la república de Komi. Cerca de 100 personas asistieron a la convocatoria, que el ayuntamiento no autorizó ni prohibió.

También se anunciaron movilizaciones en diez ciudades de la parte europea de Rusia y de Siberia, entre ellas Moscú, San Petersburgo, Kazán y Yekaterimburgo. En algunos casos, las autoridades locales rechazaron las solicitudes para realizar las protestas.

El partido pacifista Yábloko y los comunistas sostienen que los resultados no reflejan el estado de ánimo de la población, donde dos tercios de los rusos desean un cese rápido de los combates y el inicio de negociaciones de paz.

“Estas elecciones, a mi juicio, no reflejaron la voluntad de los ciudadanos ni responden a sus deseos”, afirmó el político comunista Nikolái Bondarenko. El dirigente no pudo presentar su candidatura a la Duma por una imagen del fallecido opositor Alexéi Navalni.

Los comunistas denunciaron que les fueron quitados casi medio millón de votos en la región sureña de Krasnodar. Cuando su líder, Guennadi Ziugánov, intentó denunciar por televisión pública la manipulación electoral en favor del oficialismo, la transmisión fue interrumpida durante la entrevista.

El politólogo Alexandr Kinev, declarado agente extranjero en febrero, fue enviado a prisión preventiva por cargos de narcotráfico, que podrían derivar en una condena de entre 10 y 20 años de cárcel.

Expertos citados por la prensa independiente estimaron que Rusia Unida recibió entre 18 y 20 millones de votos más de los que realmente habría obtenido. Consideran que pudo tratarse del mayor fraude electoral desde la llegada de Putin al Kremlin en 2000, incluso por encima del que desencadenó las protestas antigubernamentales de 2011.

El Ministerio Público (MP), con apoyo de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) y la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó 13 allanamientos en propiedades vinculadas a la familia de Miguel Martínez y giró órdenes de aprehensión contra su entorno cercano.

Las diligencias judiciales, que se desarrollaron este miércoles 23 de septiembre, incluyeron el registro de una residencia de los padres del exfuncionario en Jocotenango, departamento de Sacatepéquez.

Además de operativos en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, de donde es oriundo Martínez, más conocido como “Miguelito”, así como en la ciudad de Guatemala.

Fuentes allegadas al Ministerio Público y a la policía, confirmaron a Infobae que la intención es capturar a dos personas relacionadas con procesos penales contra el allegado al expresidente Alejandro Giammattei y exjefe del Centro de Gobierno.

Aunque, por el momento no se han dado declaraciones oficiales, se sabe que en las inspecciones a los inmuebles, se han incautado varios teléfonos celulares, dispositivos USB y documentación diversa, incluyendo archivos relacionados con la administración gubernamental.

Las diligencias están a cargo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, confirmó a Infobae el Ministerio Público. Pese a que no se han revelado los motivos de la investigación de manera oficial, se ha revelado que tienen relación con irregularidades financieras y contratos estatales.

Mientras que el Ministerio Público informó que al finalizar las diligencias se compartirá información relacionada con las acciones legales contra el círculo cercano a Martínez.

Un exfuncionario que concentró el poder político durante el gobierno de Alejandro Giammattei

Miguel Martínez ejerció como titular del extinto Centro de Gobierno, una estructura creada al inicio de la gestión del expresidente Alejandro Giammattei para coordinar los ministerios del Organismo Ejecutivo.

Esta dependencia fue cerrada en diciembre de 2020 bajo una fuerte tensión entre el expresidente Giammattei y el ex vicepresidente Guillermo Castillo, luego de serios cuestionamientos de diversos sectores sociales que consideraban a la institución que duplicaba las funciones de la Vicepresidencia de Guatemala.

Pese al cierre del Centro de Gobierno, Martínez mantuvo una influencia enorme en las decisiones de la administración pública y en la adjudicación de contratos estatales a través de empresas con vínculos a su círculo personal y social, según se denunció en numerables publicaciones de prensa y señalamientos ciudadanos.

Incontables investigaciones periodísticas expusieron la cercanía del exfuncionario con directivos y operadores de firmas beneficiadas con asignaciones presupuestarias, entre las que sobresalen constructoras y distribuidoras de insumos médicos.

El protagonismo de Martínez y la cercanía con Giammattei lo convirtió en una de las figuras de mayor poder político en Guatemala durante el periodo 2020-2024, en medio de señalamientos de opacidad, favorecimiento a allegados y presuntos cobros de comisiones ilícitas en las compras gubernamentales.

Pese a que los señalamientos se convirtieron en denuncias penales, durante la administración de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público ninguna prosperó. Incluso, se supo que varias habían sido desestimadas.

Las sanciones internacionales de Estados Unidos y la batalla legal para revertirlas

El 1 de diciembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Martínez bajo la Ley Global Magnitsky.

Las autoridades norteamericanas respaldaron la medida al señalar al exfuncionario por solicitar sobornos en la compra de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID y por influir en la adjudicación de contratos públicos en beneficio de sus intereses.

La sanción conllevó la congelación de sus activos y la prohibición para realizar transacciones en el sistema financiero bajo jurisdicción estadounidense.

Para revertir la sanción de la OFAC, el exdirector promovió una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia con la representación de su abogado Alexei Schacht.

Sin embargo, en julio de 2026, la jueza federal Beryl A. Howell denegó su petición y determinó que el Departamento del Tesoro contaba con evidencia sustancial para sostener las restricciones.

Ante dicho fallo, la defensa de Martínez presentó en agosto pasado un recurso ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia para intentar revertir el bloqueo de sus activos en el exterior.

Rusia y Estados Unidos preparan reuniones en las próximas semanas para tratar sus diferencias, mientras Moscú cuestiona el nuevo paquete de sanciones aprobado desde Washington por el presidente estadounidense, Donald Trump, que amplía las medidas y habilita aranceles contra países compradores de energía rusa.

El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, afirmó este domingo RIA Nóvosti que los contactos con Washington se han vuelto habituales, aunque admitió que los avances sustanciales son más lentos de lo previsto.

Riabkov respondió que los encuentros se celebrarán “en las próximas semanas” y sostuvo que ambos países mantendrán el esfuerzo diplomático pese a las discrepancias. “Creemos que son útiles. Sin embargo, el ritmo de progreso en términos de avances sustanciales es menor de lo deseado y de lo esperado”, declaró el viceministro.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el sábado que la nueva legislación estadounidense sobre sanciones “definitivamente no puede tener un impacto positivo” sobre las negociaciones entre las partes ni sobre el conflicto en Ucrania.

Sanciones estadounidenses y advertencia de Moscú

La Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026 contempla medidas contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa. También apunta contra la denominada “flota en la sombra” de petroleros que Moscú emplearía para sortear las restricciones occidentales.

La norma no impone de forma automática los aranceles de hasta 100%, pero autoriza al Ejecutivo estadounidense a aplicarlos contra países que compren petróleo o gas ruso. La medida podría afectar especialmente a China e India, según el texto suministrado.

El ex presidente ruso Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, sostuvo el sábado que Moscú debería responder con “disuasión militar” a las sanciones aprobadas en Estados Unidos. No detalló qué medidas incluiría esa respuesta.

Medvedev escribió en Telegram: “Incluso al otro lado del océano, solo escuchan el lenguaje de la disuasión militar directa, y ese es el lenguaje con el que debemos responder a las atrocidades rusófobas, como la ley del terrorista fallecido Graham”.

Ataques rusos y elecciones en territorios ocupados

Una serie de ataques rusos contra las regiones ucranianas de Kherson y Kharkov dejó al menos cuatro muertos, según informaron autoridades militares de las zonas afectadas. Los hechos ocurrieron mientras se celebraban elecciones parlamentarias en Rusia entre el 18 y el 20 de septiembre.

El jefe de la administración militar regional de Kherson, Oleksandr Prokudin, informó en Telegram que hubo dos fallecidos y cinco heridos. “Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales de asentamientos en la región”, señaló.

En Balakliia, en la región de Kharkov, otras dos personas murieron durante la noche del 18 de septiembre, según el jefe de la administración militar local, Vitali Karabanov. “Se produjo un ataque enemigo contra uno de los barrios de nuestra ciudad”, declaró.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron, según la agencia Ukrinform, que neutralizaron tres misiles Banderol y 138 drones lanzados por Rusia desde la noche del 18 de septiembre.

La respuesta de Rusia a las nuevas sanciones estadounidenses debería incluir “disuasión militar”, estimó este sábado el ex presidente ruso Dmitri Medvedev.

Medvedev, aliado del presidente ruso Vladimir Putin y halcón antioccidental, no especificó a qué se refería.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el viernes un proyecto de ley que introduce nuevas sanciones para presionar a Rusia por la guerra en Ucrania, después de que el Congreso diera su aprobación tras meses de retraso.

El texto, que lleva el nombre del senador estadounidense fallecido Lindsey Graham, apunta a los sectores energético y de defensa, a Putin y a otros altos funcionarios.

“Incluso al otro lado del océano, solo escuchan el lenguaje de la disuasión militar directa, y ese es el lenguaje con el que debemos responder a las atrocidades rusófobas, como la ley del terrorista fallecido Graham”, dijo Medvedev, que actualmente ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, en Telegram.

Desde que Moscú lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, funcionarios rusos, incluido Putin, han descrito a Ucrania y a sus partidarios como “terroristas”. Kiev lo considera propaganda de guerra.

Medvedev fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012 en un acuerdo que permitió al entonces primer ministro Putin eludir los límites de mandato.

El hombre de 61 años suele atacar a Ucrania y Occidente en las redes sociales.

El año pasado, Trump ordenó desplazar dos submarinos nucleares después de que Medvedev aludiera al mecanismo de control de armas nucleares “Dead Hand” de Moscú, en un mensaje de Telegram.

En plenas elecciones legislativas, Rusia continúa sus bombardeos contra Ucrania

En otro orden, una serie de ataques rusos contra las regiones ucranianas de Kherson y Kharkov dejó como saldo al menos cuatro personas muertas, informaron las autoridades militares en las zonas afectadas.

En Kherson, además, según dijo en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Prokudin, además de dos muertos hubo cinco heridos.

“Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales de asentamientos en la región, causando daños en cinco edificios de apartamentos y siete casas particulares”, agrega el mensaje de Prokudin.

Otras nueve personas, según Prokudin, fueron trasladadas a localidades liberadas en la región.

En Balakliia, en la región de Kharkov, la noche del 18 de septiembre murieron dos personas a consecuencia de un ataque enemigo.

“Se produjo un ataque enemigo contra uno de los barrios de nuestra ciudad”, dijo el jefe de la administración militar, Vitali Karabanov, en Telegram.

Por otra parte, las fuerzas de defensa aérea de Ucrania neutralizaron tres misiles Banderol y 138 drones con los que las fuerzas rusas atacaron Ucrania desde la noche del 18 de septiembre, según un comunicado de las Fuerzas Armadas citado por la agencia Ukrinform.

Ucrania condenó las elecciones rusas en los territorios ocupados

Ucrania instó a la comunidad internacional a no reconocer los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas por las autoridades rusas en los territorios ucranianos ocupados por las tropas de Moscú, pues Kiev denuncia políticas de rusificación forzosa y el intento de legitimar la conquista de estas zonas.

Las elecciones, celebradas en Rusia entre el 18 y el 20 de septiembre, son “una farsa de la potencia ocupante, que no tiene nada que ver con unas elecciones democráticas”, denunció en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania.

Ucrania no reconoce ni las “elecciones” ilegales ni sus “resultados sin sentido”, abundó el ministerio al aludir a la votación celebrada en la península de Crimea y en las regiones parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson, que representan alrededor del 20% del territorio ucraniano y que Moscú considera oficialmente territorio ruso.

Pese a que el juez guatemalteco Fredy Orellana aseguró a través de un comunicado que ya no está sancionado en Europa, la Unión Europea afirmó que continúa incluido en el régimen de medidas restrictivas que fue prorrogado hasta 2027.

Según Orellana, juez del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, las sanciones le fueron levantadas desde el 13 de enero pasado, por medio de la Decisión (PESC) 2026/88 del Consejo de la Unión Europea, decisión que fue publicada el 12 de enero y entró en vigencia un día después.

“Por lo que, desde el 13 de enero de 2026 no existe ningún tipo de sanción, limitación de derechos o medida restrictiva en mi contra en el territorio de la Unión Europea”, se lee en el comunicado publicado este jueves 17 de septiembre en sus redes sociales.

Desmentido de manera oficial

Horas después, la Delegación Unión Europea en Guatemala publicó también un comunicado en el que confirmó que las sanciones continúan vigentes para ocho personas guatemaltecas.

“La Delegación de la Unión Europea en Guatemala informa que continúan vigentes las sanciones impuestas a ocho personas y una entidad guatemaltecas”, indicó en un pronunciamiento que remitió al texto consolidado de la Decisión PESC 2024/254.

Aunque no lo dice expresamente, en el documento oficial al que dirige el comunicado, se lee claramente el nombre de Fredy Raúl Orellana Letona, ubicado en la casilla cinco, de los ocho guatemaltecos sancionados, incluida la exfiscal General, Consuelo Porras y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.

La prórroga europea hasta enero de 2027

La Decisión PESC 2026/88, aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 9 de enero de 2026, extendió por un año el régimen de sanciones relacionado con Guatemala. El artículo 1 sustituyó el vencimiento previsto para el 13 de enero de 2026 por una nueva fecha: el 13 de enero de 2027.

Esa resolución revisó y actualizó las entradas de cinco personas y Orellana no está en esa lista, lo que fue interpretado por el juez como un retiro de las sanciones en su contra.

No obstante, tras una consulta realizada por el Diario La Hora, la Unión Europea confirmó que, aunque Orellana no aparezca entre las entradas modificadas en el documento de enero, continúa sancionado y sujeto a restricciones en territorio europeo.

¿Por qué está sancionado?

La Unión Europea incorporó a Orellana a su lista de sancionados en febrero de 2024 por actuaciones que, según el bloque, socavaban la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala.

La medida se vinculó con decisiones adoptadas mientras ejercía como juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.

El bloque europeo señaló que Orellana había autorizado diligencias de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) relacionadas con la investigación por la creación del partido Movimiento Semilla. Entre ellas figuraron allanamientos en la sede de la agrupación y en el Tribunal Supremo Electoral donde secuestraron hasta las boletas de votación ciudadana.

El partido Movimiento Semilla llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia de Guatemala. En varios intentos por evitarlo, el Ministerio Público, acuerpado por Orellana, establecieron la cancelación, pese a que el único autorizado en la ley para hacerlo era el Tribunal Supremo Electoral, situación que se convirtió en un conflicto jurídico.

Esto fue considerado por la Unión Europea como “esfuerzos por invalidar los resultados de las elecciones de 2023 en Guatemala. Por lo tanto, es responsable de socavar la democracia, el Estado de Derecho y el traspaso pacífico de poderes en Guatemala”.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, aseguró que los funcionarios cubanos enfrentan las mismas carencias que la población y negó que la familia Castro disponga de bienes o condiciones excepcionales. Sus declaraciones ocurren en medio de una crisis de abastecimiento, electricidad y combustibles que ha profundizado las dificultades cotidianas en la isla.

Fernández de Cossío afirmó que en su casa tiene electricidad apenas entre dos y tres horas al día. Según relató, esa situación le impide conservar alimentos y, en algunos momentos, también afecta el acceso al agua potable. Con esas afirmaciones, buscó responder a las críticas sobre una presunta separación entre la dirigencia cubana y las condiciones que enfrenta la mayoría de los ciudadanos.

La información fue publicada por el medio cubano CiberCuba, que recogió una entrevista concedida por el funcionario durante una visita a Washington vinculada a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Allí, el viceministro fue consultado por denuncias de Estados Unidos sobre presuntos privilegios de la familia Castro y de otros dirigentes de la isla.

Niegan las acusaciones sobre propiedades y lujos

El funcionario negó de forma tajante que la familia Castro tenga un avión privado y 17 viviendas, como señaló Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU. “Totalmente” falsas, respondió al ser preguntado por esas acusaciones. También rechazó que exista un sector del régimen cubano protegido de los apagones, la escasez de alimentos o las fallas en el suministro de agua.

Las declaraciones incluyeron una referencia a otras acusaciones dirigidas contra el dictador Miguel Díaz-Canel, a quien autoridades estadounidenses atribuyen el uso de artículos de lujo, como una corbata Hermès, un reloj Rolex y un bolígrafo Montblanc. El funcionario no respondió de manera puntual sobre esos objetos, pero insistió en que los servidores públicos viven las mismas dificultades que el resto de la población.

No es la primera vez que el vicecanciller expone esa postura. En octubre de 2025, cuando habló sobre los apagones, dijo que en su vivienda los cortes de energía ocurrían “cada cuatro horas” y que él y su familia sentían “ganas de protestar”. La nueva declaración retoma ese argumento en un momento de mayor presión sobre el sistema eléctrico cubano.

Los apagones agravan las dificultades diarias en la isla

Cuba atraviesa una situación compleja por la escasez de combustible, las fallas de generación eléctrica y los problemas para asegurar productos básicos. El problema de los apagones es que afectan directamente la conservación de alimentos, el transporte, el bombeo de agua, el funcionamiento de comercios, hospitales y otros servicios públicos.

Fernández de Cossío atribuyó el deterioro de la situación a las sanciones de Estados Unidos. “La política de Estados Unidos busca producir un castigo colectivo para inducir una crisis humanitaria en Cuba”, afirmó. Añadió que el sufrimiento de la población “no es un daño colateral, es el objetivo de la política”.

El viceministro describió los efectos de los cortes eléctricos en la atención médica. Mencionó casos de familias que no pueden trasladar a enfermos a un hospital, cirugías que deben aplazarse por falta de energía y recién nacidos que dependen de equipos médicos. Según los datos citados en la nota, este 17 de septiembre el déficit eléctrico rondaba los 2,120 megavatios, frente a una demanda prevista de 3,200 megavatios.

En cuanto a la relación con Washington, Fernández de Cossío señaló que persisten canales de comunicación, aunque sin avances visibles. Cuestionó la aplicación de nuevas sanciones y rechazó cualquier amenaza contra la soberanía cubana. “Los funcionarios estadounidenses son preguntados constantemente si eso está sobre la mesa, y responden que nada está descartado”, sostuvo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra BitBank, un exchange de criptomonedas iraní controlado por el financista Babak Zanjani, al que acusa de procesar los pagos que reciben los buques a cambio de garantías de paso seguro por el estrecho de Ormuz. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sostiene que la plataforma canalizó cientos de millones de dólares (USD) en bitcoins hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el brazo militar del régimen iraní.

Según el comunicado del Tesoro, BitBank operó entre junio y julio como el mecanismo de cobro de la Autoridad de Servicios Marítimos Hormuz Safe, la entidad que Irán presenta como un seguro marítimo para barcos que transitan el estrecho, pero que Washington describe como un esquema de extorsión disfrazado. El organismo calificó al exchange como “una pieza central en la infraestructura de evasión de sanciones basada en activos digitales” del régimen.

La medida se inscribe en la “Operación Proscrito Económico” (Operation Economic Outcast), la estrategia con la que el Tesoro busca aislar financieramente a Irán y desarticular sus redes comerciales, logísticas y de transporte. Desde su lanzamiento, el programa ha apuntado contra el comercio ilícito de petróleo iraní, casas de cambio, compañías navieras y empresas fachada repartidas por varios países.

Junto a BitBank, Washington sancionó también a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la empresa que desarrolló el software del exchange, y a tres colaboradores cercanos de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en el comunicado que las nuevas sanciones dejan en claro que “los intentos de financiar al régimen iraní mediante criptomonedas no están fuera del alcance” de la OFAC.

Zanjani, de 50 años, es una de las figuras más señaladas de las redes de evasión de sanciones iraníes. Fue condenado a muerte en 2016 por un tribunal revolucionario, acusado de apropiarse de unos USD 2.800 millones que debía repatriar al Estado por la venta de petróleo durante el Gobierno de Mahmud Ahmadineyad. La Justicia iraní conmutó la pena en abril de 2024 por 20 años de prisión, después de que Zanjani devolviera cerca de USD 2.100 millones en activos. Poco después recuperó la libertad condicional y, en 2025, reapareció como respaldo de proyectos económicos vinculados al Gobierno, a través de un nuevo holding llamado Avan.

El caso de BitBank se suma a una escalada de sanciones previas contra el entramado financiero de Zanjani. En enero, el Tesoro ya había señalado a sus dos mayores proyectos de activos digitales, Zedcex Exchange Limited y Zedxion Exchange Limited, por lavar dinero para el CGRI. En julio, la lista se amplió a otras nueve firmas vinculadas al financista, entre ellas el conglomerado iraní Dot One y sociedades registradas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, además de varios de sus directivos.

Para entender el trasfondo de la sanción es necesario remontarse a la crisis del estrecho de Ormuz, que se desató el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra instalaciones iraníes. Irán respondió minando la vía marítima y atacando embarcaciones, lo que redujo en más de un 90% el tránsito diario de buques por un corredor que hasta entonces canalizaba una cuarta parte del comercio mundial de petróleo. En marzo, el régimen declaró el estrecho bajo su control y exigió el pago de “seguros” para autorizar el paso, una exigencia que la OFAC advirtió en mayo que exponía a sanciones a cualquier persona o empresa que la cumpliera, sin importar el método de pago utilizado.

De ese esquema surgió Hormuz Safe, promovido en redes sociales por el propio Zanjani, según indicó el Tesoro en un comunicado de julio. La entidad, desarrollada por el Ministerio de Economía iraní, ofrece servicios de seguro, control de tráfico y respuesta de emergencia a los buques, y acepta pagos en bitcoins y otros activos digitales como vía para sortear el sistema financiero occidental. Washington sostiene que ese circuito de criptomonedas permitió al régimen mantener el control sobre el tráfico marítimo del Golfo Pérsico mientras generaba ingresos adicionales para el CGRI, organización designada como terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos.

El uso de exchanges locales para eludir sanciones no es un fenómeno aislado en Irán. Una investigación de Reuters publicada en mayo reveló que Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas del país, con unos 11 millones de usuarios y hasta USD 11.000 millones en transacciones procesadas, canalizó fondos que firmas de análisis de blockchain vincularon con entidades sancionadas, incluidos el CGRI y el banco central iraní.

La nueva ronda de sanciones no incluye, hasta ahora, medidas contra los operadores de blockchain que procesaron las transacciones de BitBank ni contra las billeteras digitales identificadas en la investigación, un vacío que analistas señalan como el próximo frente previsible de la ofensiva del Tesoro contra las finanzas digitales del régimen.

Estados Unidos endureció este jueves la presión sobre la dictadura de Cuba con nuevas sanciones contra 11 entidades y funcionarios vinculados al sector del níquel y al aparato militar de la isla. La medida, adoptada bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, alcanza a ocho empresas y organismos estatales y a tres oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cuyos activos sujetos a jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y cuyas operaciones con personas y entidades estadounidenses quedan restringidas.

El Departamento de Estado dividió las nuevas designaciones en dos grupos. El primero está compuesto por cuatro empresas que participan en actividades de ingeniería, investigación, servicios técnicos y explotación minera relacionadas con el níquel. El segundo incluye cuatro organismos militares dedicados a investigación, producción tecnológica, sistemas de entrenamiento y capacidades navales.

La administración estadounidense señaló que el níquel constituye una fuente de ingresos para el Estado cubano y acusó al régimen de utilizar los recursos obtenidos mediante la minería para sostener estructuras militares y de seguridad. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las nuevas medidas apuntan a un sistema que, según Washington, concentra los beneficios económicos en la cúpula militar.

“El régimen cubano ha canalizado durante décadas todos los recursos de la isla hacia una élite militar estrecha y corrupta”, sostuvo Rubio en el comunicado oficial. Agregó que esa estructura deja a la población sin “energía confiable, alimentos o dignidad”.

Entre las empresas alcanzadas aparecen SERCONI, dedicada a servicios técnicos, computación, comunicaciones y electrónica para la industria del níquel; CEPRONIQUEL, que participa en proyectos de ingeniería y coordina operaciones vinculadas a la extracción; CEDINIQ, centro estatal de investigación relacionado con el sector; y PINARES S.A., dedicada a estudios geológicos y a la identificación de depósitos minerales.

Las sanciones también afectan a SIMPRO, especializado en simuladores y entrenamiento para las FAR; CIDNAV, vinculado a programas de investigación de la Marina de Guerra Revolucionaria; CIDAI, enfocado en armamento de infantería; y GELCOM, relacionado con la fabricación de equipos electrónicos y de comunicaciones.

Washington incluyó además a tres responsables de esas estructuras militares: el coronel superior Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director general de SIMPRO; el capitán Dioglis Pedreira Argüello, al frente de CIDNAV; y el coronel superior Julio Hurtado Betancourt, director general de CIDAI.

La medida se suma a una serie de acciones adoptadas por Estados Unidos durante 2026 contra organismos estatales, empresas y funcionarios cubanos. En agosto, por ejemplo, fueron sancionadas entidades relacionadas con la importación de equipamiento militar y la cooperación de defensa, mientras que en junio las designaciones incluyeron al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El marco jurídico utilizado en esta nueva ronda es la Orden Ejecutiva 14404, que permite imponer restricciones contra personas y organizaciones vinculadas, entre otros criterios, con la represión en Cuba y con actividades consideradas amenazas para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Los bienes y participaciones de los sancionados que estén en territorio estadounidense, o bajo control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). También quedan alcanzadas las compañías que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de personas bloqueadas.

Además, las personas sujetas a jurisdicción estadounidense tienen prohibido realizar operaciones con los activos de los sancionados, salvo que exista una autorización específica o general de OFAC. El riesgo también puede extenderse a entidades extranjeras que mantengan determinadas relaciones comerciales con los sectores cubanos incluidos en la orden.

El Departamento de Estado advirtió que “las personas extranjeras que participen en transacciones” con individuos designados o que operen en sectores cubanos alcanzados por la normativa pueden quedar expuestas a nuevas sanciones.

La ofensiva se produce después de varias rondas de designaciones durante 2026. El 3 de septiembre, OFAC incorporó al listado de sancionados a nuevas empresas cubanas, entre ellas entidades financieras y compañías vinculadas al combustible y al níquel.

Rubio afirmó que el objetivo de la política estadounidense es modificar el comportamiento de las estructuras alcanzadas por las sanciones y sostuvo que la Casa Blanca continuará utilizando estas herramientas contra quienes, según Washington, sostienen el aparato represivo y militar cubano.

El régimen cubano en su práctica totalidad está sancionado, así como todos los sectores oficiales o empresariales clave, desde los servicios de inteligencia hasta el turismo.

El dictador Raúl Castro está inculpado formalmente ante la justicia de Estados Unidos por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996.

El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas luego de que repudiaran el inicio del proyecto Sea Lion, impulsado por dos petroleras extranjeras en territorio argentino. Asimismo, propusieron crear un sistema de seguridad nacional bajo conducción presidencial.

De acuerdo con la iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), propone derogar la Ley N° 26.659, vigente desde 2011 para penalizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en el área en disputa.

No obstante, las autoridades remarcaron que “la medida no se limita, como el régimen vigente, a las actividades hidrocarburíferas, sino que resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.

En este sentido, ese esquema plantea que toda explotación de recursos naturales renovables y no renovables realizada en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de una autoridad nacional.

A raíz de esto, las autoridades propusieron que las personas o empresas que desarrollen actividades prohibidas podrían recibir multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y una inhabilitación de entre cinco y 20 años.

La escala penal se endurecerá para los casos vinculados con hidrocarburos. La exploración o explotación de recursos no renovables sin habilitación tendría penas de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos, la condena prevista ascenderá a entre 15 y 20 años, con multas de hasta 3 millones de barriles de petróleo.

También quedarían alcanzados los proveedores que entreguen bienes o servicios considerados esenciales para esas actividades, siempre que conozcan su destino. Así, el proyecto contempla penas de cinco a siete años para esas conductas.

De la misma forma, las sanciones se extenderían a las sociedades que participen en los hechos. Entre otras medidas, podrían sufrir la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la imposibilidad de contratar con el Estado y, en casos determinados, su disolución o liquidación.

La inhabilitación alcanzaría contratos, beneficios fiscales y operaciones en Argentina

El régimen propone que una empresa inhabilitada no pueda desarrollar actividades económicas en el país durante el plazo de la sanción. Además, se revocarían sus permisos, cesarían beneficios impositivos o previsionales otorgados por actos particulares y se rescindirían contratos con ejecución total o parcial en territorio argentino o sobre bienes situados en el país.

Para ordenar el retiro de las compañías afectadas, la autoridad de aplicación fijaría un período de cese de entre 30 y 180 días, prorrogable en función de la continuidad de servicios, la situación de trabajadores, acreedores o terceros de buena fe.

El proyecto crea, a la vez, un Régimen de Desistimiento y Regularización. Los infractores que abandonen las prácticas cuestionadas podrán pedir su ingreso, pagar multas o comprometer inversiones en actividades legales dentro de Argentina. Si cumplen las condiciones, se archivarán las actuaciones administrativas y se extinguirá la acción penal, salvo que exista una sentencia firme o reincidencia.

Un Consejo de Seguridad Nacional coordinaría defensa, economía, diplomacia e inteligencia

El segundo eje de la iniciativa es la creación del Sistema de Seguridad Nacional, que reuniría las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas.

Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

El Consejo tendría a su cargo la elaboración de una Política de Seguridad Nacional, que luego debería ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, podría requerir información y asistencia obligatoria a organismos del sector público nacional y solicitar cooperación a provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios.

En línea con esto, la norma define como infraestructuras críticas a las redes, instalaciones y sistemas públicos o privados indispensables para los servicios esenciales, la salud, la defensa, la economía y el funcionamiento estatal. Las jurisdicciones locales deberían identificarlas y elaborar planes de protección; el Consejo definiría cuáles tienen interés nacional.

La propuesta regula la respuesta ante aeronaves y buques considerados hostiles

El proyecto también establece una secuencia para identificar, interceptar y eventualmente emplear fuerza contra aeronaves que vulneren reglas de vuelo, no se identifiquen o desobedezcan órdenes de autoridades competentes.

La utilización de medidas coercitivas para impedir la continuidad de un vuelo requeriría una orden expresa del Presidente, quien podría delegarla en el ministro de Defensa. El articulado aclara que las decisiones deberán ajustarse al derecho internacional y evitar poner en riesgo a los ocupantes de aeronaves civiles.

En el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, la iniciativa habilita advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización de buques después de agotar medidas menos lesivas. El hundimiento solo podría ordenarse como una medida militar excepcional contra un buque hostil, con autorización previa del Presidente.

Sin embargo, las autoridades ratificaron que estará prohibido hundir un buque civil como sanción, herramienta policial o forma de impedir una fuga.

Las sanciones por amenazas a la seguridad nacional incluirían bloqueos de activos

Por otro lado, el Consejo de Seguridad Nacional podría abrir procedimientos administrativos contra personas o entidades vinculadas a Estados u organizaciones extranjeras que busquen afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones estatales, atacar infraestructuras críticas o financiar esas acciones.

Las penas incluirían multas de entre 30.000 y 180.000 Unidades de Valor Adquisitivo, revocación de permisos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para actuar en sectores considerados estratégicos.

Ante un riesgo grave e inminente, el Consejo podría ordenar restricciones temporales a operaciones cambiarias, transferencias, importaciones y exportaciones; bloquear fondos; suspender permisos; o elevar derechos de importación y exportación hasta un máximo del 75% para el Estado extranjero involucrado.

También se modificarán normas de defensa, financiamiento político e inteligencia

La propuesta también reforma la Ley de Defensa Nacional para incorporar riesgos y amenazas externas estatales y no estatales, tanto “cinéticos” como “no cinéticos”, y prevé el empleo de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructuras críticas de interés nacional cuando corresponda.

En materia electoral, prohíbe que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña y propaganda. Además, incorpora figuras penales vinculadas con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera, filtración de secretos y campañas masivas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.

Por último, eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera. El mecanismo permitiría inmovilizar bienes y restringir operaciones de personas o entidades registradas, con posterior intervención judicial.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este jueves la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la llamada “ley Graham”, un paquete de sanciones dirigido contra Rusia e Irán, y sostuvo que la iniciativa envía “un mensaje claro” sobre la presión contra Moscú.

La medida busca ampliar las sanciones contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos rusos, además de actuar contra los petroleros de la “flota en la sombra”. También autoriza al presidente estadounidense, Donald Trump, a aplicar aranceles de hasta 100% a los principales compradores de petróleo y gas rusos.

La presión sobre la maquinaria bélica rusa

Von der Leyen afirmó en redes sociales que la Unión Europea debe mantener las medidas para limitar los recursos de Rusia durante la guerra. “En el discurso del Estado de la Unión de ayer, dejé claro que la UE debe seguir ejerciendo presión sobre Rusia, tomando todas las medidas posibles para debilitar su maquinaria bélica”, manifestó.

La mandataria europea vinculó esa posición con la iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes. Según escribió, “la aprobación del proyecto de ley Graham (...) envía un mensaje claro” sobre la necesidad de coordinar acciones frente a Rusia.

La legislación lleva el nombre del senador republicano Lindsey Graham, fallecido en julio. El proyecto contempla sanciones contra funcionarios, bancos y áreas estratégicas de la economía rusa, además de disposiciones dirigidas a la denominada “flota en la sombra”, utilizada para sortear las restricciones occidentales sobre el petróleo.

Von der Leyen también recordó a Graham como su “amigo” y señaló que el senador creía “firmemente que una acción específica y coordinada a ambos lados del Atlántico podría marcar la diferencia a la hora de poner fin a la guerra”. La presidenta de la Comisión Europea añadió: “Espero que se aproveche esta importante oportunidad, en aras de la paz”.

El proyecto queda pendiente de la firma de Trump para convertirse en ley.

Ataque ruso contra Ucrania

Rusia afirmó haber lanzado ataques contra instalaciones de la industria militar y el sistema energético de Ucrania en Kiev y las regiones de Zaporizhzhia y Odesa, mientras las autoridades ucranianas informaron de al menos 25 heridos en zonas residenciales de Kiev y Odesa este jueves.

El ataque ruso tuvo como objetivos declarados talleres de drones, una empresa de componentes para naves no tripuladas, centros de datos, una instalación energética, una siderúrgica, una planta electrónica, puertos y puentes. Ucrania denunció que también se registraron daños en infraestructura y edificios de viviendas, con 18 lesionados en la capital y siete en Odesa.

Los objetivos declarados por el Ministerio de Defensa ruso

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó en Telegram que empleó armas de alta precisión terrestres, marítimas y aéreas, además de drones. El mando afirmó: “las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo” contra instalaciones vinculadas a la producción militar y a la infraestructura energética ucraniana.

Según el Ministerio, en Kiev y su región fueron atacados dos talleres destinados a producir y almacenar distintos tipos de drones. También señaló como blanco a una empresa que fabrica componentes para naves no tripuladas aéreas y repara sistemas robóticos terrestres.

El comunicado ruso sostuvo que fue alcanzado el centro de datos De Novo, al que describió como el mayor de su tipo y como una instalación que respalda redes de servidores usadas con fines militares por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Moscú afirmó que esos sistemas intervienen en el procesamiento, la transmisión y el almacenamiento de datos, incluida inteligencia.

Las fuerzas rusas también atacaron, según el parte, una instalación energética en Brovari que garantiza el funcionamiento de instalaciones militares en la región de Kiev.

La inflación interanual en el mercado formal repuntó en agosto en Cuba y se situó en el 25,19%, mientras que la mensual saltó un 4,92%, según informó este martes la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

De esta forma, se consolida el alza registrada durante varios meses este año y que muestra el shock económico que ha supuesto el cerco petrolero de Estados Unidos a la isla, que disparó los precios de manera generalizada, pero especialmente en la alimentación, el transporte e incluso en la educación.

Las cifras oficiales, que según el consenso de los economistas independientes no recogen de forma adecuada el mercado informal y los incrementos del sector privado, contrastan con la percepción general de claras subidas ligadas al bloqueo petrolero y a las sanciones secundarias impuestas por Washington en mayo que ahuyentan a los inversionistas extranjeros.

Por categorías, resalta el aumento interanual en Bebidas Alcohólicas y Tabaco (37,18%), seguido de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (36,01%), Restaurantes y Hoteles (35,74%) y el Transporte (25,03%).

El sector de los Muebles y Artículos para el hogar también mostró un incremento de al menos tres puntos porcentuales respecto a julio y se situó en el 20,03%. Además, otras categorías evidenciaron aumentos como la de Servicios de la Vivienda (20,99%), Bienes y Servicios Diversos (19,12%), la Educación (19,57%), así como Prendas de Vestir y Calzado (12,27%).

El sector de la Salud (0,44%) se mantiene como la categoría menos inflacionaria y también reportó un repunte bajo las Comunicaciones (0,70%).

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años, marcada tanto por razones internas como externas. La combinación de la pandemia del COVID-19, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales agravó los problemas estructurales de la economía cubana.

La situación se ha deteriorado notablemente desde enero por la decisión de Washington de bloquear cualquier envío de combustible a la isla, a lo que se sumó desde mayo una nueva oleada de sanciones secundarias a sectores claves de la economía, que ha agravado la precariedad en el país caribeño. El país solo produce crudo para cubrir un tercio de sus necesidades energéticas.

Los cubanos sufren, además de los apagones, la paralización casi total del transporte público, los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y una profunda dolarización de la economía.

En este contexto, las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) apuntan a que Cuba afrontará este año la contracción económica más profunda de la región, con un decrecimiento del 10,3% de su Producto Interno Bruto (PIB), a lo que habría que sumar la caída acumulada de más de un 15% entre 2020 y 2025, según cifras oficiales.

La crisis energética de Cuba pone en riesgo la vida de decenas de miles de niños: la Organización de Naciones Unidas advirtió que los apagones prolongados amenazan directamente los programas de vacunación sistemática de cerca de 70,000 menores y el funcionamiento de equipos hospitalarios como incubadoras y respiradores.

Un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) describió la situación como una emergencia que desborda la capacidad de respuesta disponible.

La generación eléctrica en agosto cubrió menos de un tercio de la demanda nacional, una caída pronunciada frente al 45% registrado en enero. En algunas provincias, los cortes superaron las 30 horas consecutivas; en Matanzas, los residentes soportaron hasta 87 horas sin electricidad en lo que va de 2026.

Los apagones colapsan el sistema de salud y el acceso al agua

La interrupción de la cadena de frío es una de las consecuencias más graves para el sistema sanitario. Sin refrigeración garantizada, las vacunas se deterioran y los calendarios de inmunización infantil quedan suspendidos.

La ONU subrayó que incubadoras y respiradores —equipos que dependen de un suministro eléctrico estable— funcionan de forma intermitente en hospitales de toda la isla.

El impacto se extiende al acceso al agua potable. OCHA precisó que la crisis eléctrica agrava el desabastecimiento hídrico tras un verano seco y afecta a unas 3.5 millones de personas, aproximadamente la mitad de ellas en La Habana. Las estaciones de bombeo de la capital dejaron de operar en repetidas ocasiones durante los colapsos del sistema eléctrico nacional.

La Organización Mundial de la Salud y la propia OCHA informaron en mayo que más de 100,000 pacientes —entre ellos 11,000 niños— aguardaban cirugías postergadas por los cortes de luz. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente esa cifra ante la prensa internacional.

El bloqueo petrolero de Washington y el fin del crudo venezolano

La crisis tiene dos detonantes recientes que se sumaron a décadas de deterioro de infraestructura. En enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba, lo que interrumpió casi por completo las importaciones de crudo.

Días después, la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses puso fin al esquema por el que Venezuela enviaba petróleo a la isla sin costo, un mecanismo que cubría parte sustancial de las necesidades energéticas cubanas.

En septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió las sanciones y designó a ABAPET —la empresa estatal encargada de importar equipos y repuestos para la red eléctrica— junto a otras cuatro entidades del sector petrolero y minero.

El secretario de Estado Marco Rubio sostuvo en Barranquilla, Colombia, que la crisis es estructural: “El principal motivo por el que Cuba sufre una crisis energética es que Venezuela ya no regala su petróleo”, y atribuyó el deterioro a años de falta de inversión en la red eléctrica por parte del Gobierno de La Habana.

La Unión Eléctrica cubana reconoció en septiembre que más de 1,200 megavatios de capacidad instalada permanecen paralizados por falta de combustible importado.

La disponibilidad estimada ronda los 1,300 megavatios frente a una demanda de entre 2,850 y 3,300 megavatios. Desde enero, el sistema sufrió al menos seis colapsos totales; el más extenso ocurrió el 16 de marzo, con casi 30 horas de apagón en todo el territorio nacional.

El plan humanitario de la ONU llega a menos de la mitad de su meta de financiación

La ONU presentó en marzo un Plan de Acción para asistir a unos dos millones de cubanos, con un presupuesto de USD 94 millones. Al cierre de junio, el plan estaba financiado apenas al 40%, con USD 42 millones recibidos. La organización advirtió que “las necesidades siguen superando los recursos disponibles” y que la mayoría de los socios humanitarios carece de fondos suficientes en los sectores de seguridad alimentaria, salud y agua.

Hasta esa fecha, el sistema de Naciones Unidas y sus socios habían entregado agua potable a cerca de 500.000 personas y asistencia alimentaria a más de 900,000.

La Unión Europea anunció en julio un desembolso adicional de 10 millones de euros para atención sanitaria, alimentos de emergencia y rehabilitación de sistemas de agua, con foco en adultos mayores, niños y mujeres embarazadas.

Cuba acumula seis años de crisis económica sostenida, con escasez de alimentos, combustible y medicamentos, inflación persistente y dolarización parcial.

La ONU calificó el bloqueo petrolero como contrario al derecho internacional, mientras Washington sostiene que la responsabilidad recae en el modelo económico del Gobierno cubano y ofreció USD 100 millones en ayuda humanitaria —60 millones canalizados a través de la Iglesia Católica y 40 millones a través de organizaciones no gubernamentales independientes— para evitar que el régimen controle su distribución.

La Unión Europea (UE) aplazó siete días la renovación de sus sanciones contra Rusia después de que Francia respaldara un pedido de Eslovaquia para retirar al multimillonario ruso-uzbeko Alisher Usmanov de la lista negra del bloque. Los embajadores de los 27 Estados miembros acordaron extender el régimen sancionatorio hasta la medianoche del martes 22 de septiembre, en lugar de aprobar la prórroga de seis meses que debía entrar en vigor esta semana.

Las sanciones, que afectan a cerca de 3.000 personas, empresas y entidades con congelamiento de activos y prohibición de viajar, debían vencer el 15 de septiembre. Un portavoz de la Presidencia irlandesa de la UE explicó que el Comité de Representantes Permanentes (Coreper), el órgano de embajadores que prepara las decisiones de los jefes de Estado del bloque, decidió dar “más tiempo a los Estados miembros para examinar exhaustivamente las propuestas de renovación”.

Diplomáticos de la UE señalaron que Francia tomó por sorpresa a sus contrapartes al sumarse a un pedido previo de Eslovaquia para excluir a Usmanov de la lista de sancionados. Francia no ofreció una razón detallada más allá de invocar motivos de “seguridad nacional”. Una fuente diplomática francesa citada por la agencia AFP defendió la posición de París: “Francia es uno de los países más comprometidos con aumentar la presión, por todos los medios, sobre la maquinaria bélica rusa, así como con apoyar a Ucrania”. La misma fuente agregó: “Nos enfrentamos a un problema concreto de seguridad nacional y deseamos responder positivamente a los socios internacionales que se han dirigido a nosotros en relación con el señor Usmanov”.

El canciller francés, Jean-Noel Barrot, se limitó a declarar ante AFP que había “discusiones actualmente en curso a nivel técnico en Bruselas” y que esperaba que concluyeran pronto. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia se negó a hacer comentarios adicionales. Según informó el medio Financial Times, la gestión parisina formaría parte de un acuerdo de liberación de prisioneros que involucra a varios ciudadanos franceses retenidos en Azerbaiyán.

Según información obtenida por la agencia dpa, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, había reenviado una carta del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, en la que este abogaba por Usmanov citando sus aportes a la apertura de los estados túrquicos hacia Occidente. Diplomáticos indicaron que Eslovaquia amenaza con bloquear la extensión de todas las medidas punitivas si Usmanov no es retirado de la lista.

Diplomáticos de varios países de la UE manifestaron una reticencia generalizada a que el bloque sea percibido como debilitando sus sanciones contra Moscú. Otros Estados miembros se negaron a apoyar el pedido eslovaco por temor a que levantar las sanciones a Usmanov abra la puerta a demandas judiciales de otros ciudadanos rusos sancionados. El portavoz de la Presidencia irlandesa remarcó que “la renovación de los listados es esencial para seguir socavando la máquina de guerra de Rusia, y para mantener la presión sobre quienes la apoyan, la habilitan y se benefician de ella”. Los países de la UE habían buscado, en cambio, extender la duración de las sanciones de seis meses a un año para sostener la presión sobre Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se pronunció sobre la disputa en su discurso diario: “No es definitivamente el momento de levantar sanciones”. El mandatario agregó: “No es definitivamente el momento de rescatar a oligarcas rusos de las sanciones. Y no es definitivamente el momento de que Europa le haga regalos a Rusia”.

Ante la consulta de si la UE podría estar cediendo terreno frente a Moscú, la respuesta surge del propio comunicado del bloque: los embajadores de los 27 países decidieron postergar por una semana la renovación de las sanciones tras el pedido de Francia y Eslovaquia de excluir a Usmanov de la lista negra, sin resolver aún si el magnate seguirá sancionado.

El listado de sanciones vigente hasta ahora describe a Usmanov como un oligarca pro kremlin que mantiene vínculos particularmente estrechos con el presidente ruso, Vladímir Putin. El magnate de 73 años, de origen ruso-uzbeko, fue incluido en la lista negra de la UE en 2022 por lo que Bruselas calificó como sus lazos cercanos con el Kremlin. Fue accionista mayoritario del club de fútbol Arsenal.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Usmanov tenía un patrimonio neto de 18.800 millones de dólares a principios de 2026 y está sujeto a sanciones tanto de la UE como de Estados Unidos, además de una prohibición de viajar. El empresario de la metalurgia y la minería también posee activos en telecomunicaciones, empresas de internet y medios de comunicación, entre ellos el diario económico ruso Kommersant.

Usmanov ha interpuesto múltiples demandas en Europa con el objetivo de que se levanten las sanciones en su contra; en algunas de ellas, sus abogados impugnaron declaraciones publicadas en medios de comunicación utilizadas como fundamento para sancionarlo. Fiscales alemanes lo investigaron por sospechas de violaciones a la Ley de Comercio Exterior y Pagos y posibles infracciones a las sanciones; el proceso se cerró tras el pago de una multa de 10 millones de euros (11,6 millones de dólares).

Las sanciones de la UE requieren la aprobación unánime de los 27 Estados miembros y deben renovarse cada seis meses, un mecanismo que en el pasado generó negociaciones hasta último momento debido, en gran medida, a las exigencias del expresidente húngaro Viktor Orbán y de Eslovaquia, país que mantiene mejores relaciones con Moscú que la mayoría de los demás socios del bloque.

El cambio de gobierno en Hungría había generado expectativas de que extender las sanciones vigentes se volvería más sencillo. En junio, los países de la UE acordaron por primera vez prorrogar durante un año las sanciones sectoriales del bloque, como las relativas al sector energético, con el objetivo de reducir la posibilidad de que se repitieran este tipo de debates. La lista de sanciones incluye a figuras clave como el propio Putin y el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump condicionó un diálogo con Irán a la decisión de su oficina y sostuvo que Teherán busca un acuerdo “rápidamente y desesperadamente”, según escribió el presidente estadounidense en Truth Social.

“La nación fracasada de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápidamente y desesperadamente”, afirmó Trump. “Determinaré si Estados Unidos elige involucrarse. Es un concepto al que estamos abiertos”, añadió en su publicación.

El mensaje representa una apertura pública del mandatario a retomar contactos con Irán, después de semanas en las que había descartado una negociación inmediata para poner fin a la guerra. Trump no precisó bajo qué condiciones Estados Unidos aceptaría reanudar el diálogo ni informó si existen canales diplomáticos activos con Teherán.

La publicación mantiene la presión de la Casa Blanca sobre el régimen iraní, al presentar una eventual negociación como una decisión exclusiva de Estados Unidos. Trump atribuyó a Teherán una urgencia por alcanzar un pacto, aunque las autoridades iraníes ya habían rechazado afirmaciones similares durante intentos anteriores de abrir conversaciones.

Trump, afirmó el sábado que la guerra con Irán “terminará justo después de las elecciones de medio término, tal vez antes”, en momentos en que Teherán busca reactivar el diálogo con países del Golfo y intenta reconstruir sus vínculos con Emiratos Árabes Unidos.

“El país está en auge, el país está en auge. Irán va a terminar justo después de las elecciones de medio término, tal vez antes, pero terminará justo después”, dijo Trump. “El precio de la nafta va a caer en picada, tal como pasó justo antes de que yo llegara. Yo sabía lo que estaba haciendo, tenía que hacerlo. Irán no puede tener un arma nuclear, y no la va a tener”, agregó.

“Quieren hacer un acuerdo desesperadamente”

Consultado por un periodista sobre si el conflicto se extendería hasta después de los comicios de medio término, Trump matizó su primera afirmación: “Podría terminar antes de las elecciones de medio término, pero terminará después de las elecciones de medio término”. Y agregó: “Les voy a decir algo: Irán quiere hacer un acuerdo desesperadamente. Llaman todo el tiempo, quieren un acuerdo. No voy a hacer un acuerdo que no sea bueno”.

Las declaraciones de Trump llegan mientras Teherán enfrenta un bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz y sufre el impacto de las sanciones internacionales sobre su economía. El domingo, un buque de carga iraní fue atacado cerca de la isla de Qeshm, en el estrecho, con un saldo de un muerto y cuatro heridos, según medios estatales iraníes.

El elevado número de accidentes de tránsito registrados en Honduras mantiene en alerta a las autoridades del transporte, ante una cifra que ronda las 1,400 personas fallecidas en lo que va del año.

La comisionada del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Ana Valenzuela, reconoció la gravedad de la situación y señaló que es necesario adoptar medidas más estrictas para prevenir los siniestros viales y establecer responsabilidades más claras entre quienes participan en la prestación del servicio de transporte.

Según explicó la funcionaria, se trabaja en una serie de iniciativas de ley que serán presentadas ante la Comisión de Transporte del Congreso Nacional, con las que se busca reformar la legislación vigente y corregir vacíos que, a criterio de la institución, dificultan una actuación más efectiva frente a las irregularidades.

Uno de los principales cambios que se busca impulsar está relacionado con la responsabilidad de los propietarios de las unidades. Valenzuela consideró que no debe recaer únicamente en los conductores la responsabilidad cuando ocurre un accidente, particularmente cuando existen fallas relacionadas con las condiciones mecánicas o la situación legal de los vehículos.

La propuesta apunta a establecer una corresponsabilidad entre conductores y propietarios, de manera que los concesionarios tengan la obligación de garantizar que las unidades destinadas al transporte público cumplan con las condiciones necesarias para circular.

Acciones y responsabilidades

La comisionada explicó que durante las investigaciones y verificaciones relacionadas con accidentes recientes se identificaron casos en los que las unidades involucradas no cuentan con la documentación o legalización correspondiente.

También se encontraron situaciones en las que los conductores no poseen la licencia requerida para operar determinados vehículos, lo que representa un riesgo adicional para los usuarios y para el resto de las personas que circulan por las vías del país.

Para las autoridades, estos casos evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión antes de que las unidades sean autorizadas para prestar el servicio y de garantizar que quienes las conducen cumplan con los requisitos establecidos en la legislación.

Otro de los puntos que el IHTT busca fortalecer es la capacitación y certificación de los conductores, especialmente de quienes manejan unidades destinadas al transporte público y vehículos de mayor tamaño.

Valenzuela recordó que el artículo 48 de la Ley de Transporte establece una serie de requisitos para los conductores de transporte público, vehículos de carga articulados y no articulados, taxis, mototaxis y transporte urbano e interurbano.

Dentro del proceso de certificación se contempla la revisión de antecedentes penales y la aplicación de pruebas toxicológicas, con el propósito de identificar el consumo de sustancias que pueda representar un riesgo durante la conducción.

Operativos y educación vial

Mientras avanzan las propuestas de reforma legal, el IHTT ya desarrolla operativos conjuntos con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para verificar las condiciones en las que operan las unidades y el cumplimiento de los requisitos por parte de los conductores.

Las acciones de supervisión buscan detectar vehículos que no cumplen con las condiciones establecidas, así como conductores que presentan irregularidades en su documentación o que no están facultados legalmente para operar determinadas unidades.

Valenzuela indicó que las reformas también pretenden fortalecer las sanciones en materia penal y establecer mayores obligaciones para los concesionarios, de modo que asuman una responsabilidad directa en el mantenimiento y las condiciones de seguridad de los vehículos.

A su criterio, la prevención de los accidentes no depende únicamente de aumentar las sanciones o realizar operativos, sino también de promover una mayor responsabilidad entre todos los actores que participan en el sistema de transporte.

Un grupo de diputados de distintas fracciones presentó un proyecto de ley que busca prohibir en Costa Rica las denominadas “terapias de conversión”, conocidas técnicamente como ECOSIG, siglas utilizadas para referirse a los esfuerzos dirigidos a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona.

La propuesta, impulsada por el Frente Amplio junto con legisladores de otras bancadas, plantea una reforma a la Ley General de Salud con el objetivo de establecer una prohibición expresa sobre la realización, imposición, financiamiento, promoción u ofrecimiento de este tipo de prácticas.

El texto también pretende impedir que profesionales del área de la salud las recomienden o remitan pacientes a personas, centros u organizaciones que las ejecuten.

El diputado Antonio Trejos Mazariegos aseguró que estas prácticas no deben ser consideradas terapias debido a que no buscan tratar ninguna enfermedad y, según afirmó, carecen de respaldo científico.

“No son terapias porque no curan ninguna enfermedad. Son prácticas sin respaldo científico que pueden provocar depresión, ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio”, manifestó el legislador.

Trejos añadió que el respaldo de diferentes bancadas legislativas refleja, a su criterio, un consenso sobre la necesidad de proteger la salud y la dignidad de las personas por encima de las diferencias políticas.

La propuesta establece que el Ministerio de Salud tendría facultades para ordenar el cese de estas prácticas cuando tenga conocimiento de su realización y podría imponer sanciones económicas de entre uno y cinco salarios base.

Además, la autoridad sanitaria estaría facultada para suspender o cancelar permisos sanitarios, siempre dentro de un procedimiento que respete las garantías del debido proceso.

En aquellos casos en los que se determine la participación de profesionales colegiados, el expediente deberá ser remitido al respectivo colegio profesional para que se valoren eventuales responsabilidades disciplinarias.

Durante la presentación de la iniciativa, Trejos calificó estas prácticas como mecanismos destinados a generar en las personas la percepción de que su orientación sexual o identidad debe ser corregida o reprimida.

“Estas son formas de tortura, mal llamadas terapias, que lo que buscan es engañar a la persona para creer que su sexualidad está mal y que tiene que ser reprimida y sancionada”, afirmó.

Uno de los puntos que busca delimitar expresamente el proyecto es su alcance frente a la libertad religiosa y de expresión.

De acuerdo con la propuesta, no serán sancionadas las opiniones, sermones, enseñanzas religiosas ni el acompañamiento espiritual que una persona solicite de manera libre.

Tampoco se pretende impedir la atención psicológica legítima ni los procesos en los que una persona explore aspectos relacionados con su identidad u orientación sexual, siempre que no exista un resultado predeterminado que busque modificarla, reprimirla o eliminarla.

Trejos insistió en que el proyecto fue diseñado de manera que no interfiera con las creencias religiosas, las conversaciones familiares o la búsqueda personal de fe.

El legislador explicó que la iniciativa pretende establecer sanciones específicamente contra profesionales y centros de salud que participen en estas prácticas.

“Lo que propone es un debido proceso contra los profesionales de salud y los centros de salud que se presten para estos engaños y prácticas de tortura”, manifestó.

La propuesta presentada esta semana retoma y actualiza el expediente legislativo N.° 20.970, que había sido presentado originalmente en 2018 por el entonces diputado José María Villalta.

Según Trejos, aquella iniciativa terminó archivada tras vencer el plazo constitucional para su trámite y no como consecuencia de un rechazo de fondo.

El nuevo proyecto, explicó, busca incorporar evidencia científica más reciente y aprovechar los informes técnicos elaborados durante la discusión de la propuesta anterior.

“La experiencia con una ley anterior que fue archivada simplemente por el vencimiento del plazo cuatrenal, pero cuyos informes técnicos y científicos demostraron que era justa y necesaria, permite crear un marco jurídico nuevo desde un enfoque científico de salud”, sostuvo.

Con la nueva iniciativa, sus promoventes buscan establecer por primera vez una prohibición específica en la legislación sanitaria costarricense contra los ECOSIG o llamadas “terapias de conversión”, junto con mecanismos administrativos para detener su realización y sancionar a quienes participen profesionalmente en ellas.

“Costa Rica debe establecer un límite claro: ninguna persona reprimida por su propia identidad”, concluyó Trejos.

Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra aerolíneas iraníes adicionales amenazan con causar daños permanentes a un sector ya muy maltrecho, prácticamente cortando las limitadas conexiones aéreas del país con el resto del mundo.

El martes, la administración Trump añadió varias aerolíneas iraníes y empresas extranjeras a su lista de entidades sancionadas y advirtió a las instituciones financieras sobre los riesgos de operar con este sector, al que acusó de ayudar a Teherán a adquirir componentes para armas.

El impacto económico es difícil de cuantificar; el año pasado, el director ejecutivo de Iran Air afirmó que el sector contribuía con un 9 % al PIB del país —valorado en unos 300.000 millones de dólares—, y no existen datos oficiales sobre cómo ha variado esta cifra desde que Israel y EEUU lanzaron ataques el 28 de febrero. No obstante, las sanciones aislarán aún más a un país al que ya resulta difícil acceder para muchas aerolíneas y empresas de transporte de carga.

Estas últimas sanciones “podrían prácticamente paralizar la conectividad aérea de Irán con el exterior”, señaló Farhad Alavi, socio del bufete Akrivis Law Group en Washington D. C.

Estas acciones se suman a las medidas adoptadas el mes pasado contra dos bancos extranjeros: las sucursales en los Emiratos Árabes Unidos del banco egipcio Banque Misr y el turco Golden Global Investment Bank.

En un comunicado, el Tesoro estadounidense informó que había sancionado a 36 entidades “por apoyar al sector de la aviación de Irán, utilizado por el régimen para transportar armas, personal y carga ilícita”.

La industria aeronáutica iraní ha estado sujeta a sanciones desde finales de la década de 1970. La antigüedad media de las aeronaves en servicio en el país es de unos 42,2 años —según datos de la consultora aeronáutica Cirium—, más del doble del estándar del sector para retirar aviones “viejos” de la flota. Las aerolíneas suelen desmantelar aviones estacionados para obtener repuestos, dado que Boeing y Airbus SE no pueden vender fácilmente sus productos en el país.

Las aerolíneas iraníes encargaron aviones por valor de unos 40.000 millones de dólares a empresas occidentales durante el breve periodo de alivio de sanciones que siguió al acuerdo nuclear (JCPOA) de 2016: 100 a Airbus, 120 a Boeing y 20 a ATR. Las entregas se interrumpieron después de que el presidente Donald Trump se retirara del pacto nuclear, habiéndose entregado únicamente 16 aeronaves. “Su sector prácticamente carecía de vida. No contaban con la infraestructura ni con las capacidades básicas. No queda nada de este sector”, afirmó Richard Aboulafia, director gerente de AeroDynamic Advisory.

La conectividad aérea con el extranjero se limitaba a unas pocas aerolíneas antes de la guerra y ahora es inexistente, ya que todas las compañías aéreas internacionales y regionales han suspendido sus operaciones con Irán tras el 28 de febrero.

El mayor aeropuerto de Irán y su principal centro de conexión internacional, el Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de Teherán, todavía registra algunas llegadas y salidas de vuelos extranjeros operados por aerolíneas locales. Estambul destaca como el destino más frecuente, junto con Bagdad, Shanghái, Mascate, Dubái, Tiflis y otros.

Sin embargo, vigilar el cumplimiento de las sanciones podría resultar difícil de por sí, dado que los países con vínculos con Teherán han restado importancia, hasta ahora, a las recientes amenazas.

“Gran parte de la industria aeronáutica iraní ya está fuertemente sancionada, por lo que el impacto será limitado. No obstante, esto disuadirá a las pocas aerolíneas que aún vuelan a Irán de seguir haciéndolo o provocará un aumento de los precios si deciden continuar. El resultado, una vez más, es que los ciudadanos iraníes de a pie siguen siendo los más perjudicados”, señaló Dina Esfandiary, analista de geoeconomía de Bloomberg para Oriente Medio.

(c) 2026 , Bloomberg

A casi dos meses de que España venciera a Argentina por 1-0 en la final del Mundial 2026, Fabián Ruiz cuestionó la pelea que estalló tras el alargue en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y reclamó una conducta acorde con la exposición del fútbol ante las nuevas generaciones.

El mediocampista de París Saint-Germain sostuvo que el enfrentamiento entre integrantes de ambos planteles no debe convertirse en una referencia para los aficionados más jóvenes. “Es un momento que todo el mundo vio, y que nadie quiere ver. Hay jóvenes que miran el fútbol y a quienes no deberíamos mostrar esto como ejemplo. Hay que saber ganar y hay que saber perder”, afirmó en una entrevista junto a Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia para The Athletic.

Ruiz también pidió que el episodio no eclipse la conquista española. “Siempre intentamos dar un buen ejemplo a todos, porque todo el mundo ve fútbol, ​​desde los más pequeños hasta los mayores. Fue un momento lamentable en una final de Copa del Mundo. Espero que se olvide y que la gente recuerde en cambio nuestras celebraciones que fueron inolvidables”. La situación a la que se refirió el mediocampista tuvo consecuencias disciplinarias para varios integrantes de Argentina y también para la Asociación del Fútbol Argentino.

La sanción más extensa recayó sobre Leandro Paredes, quien fue suspendido por 10 partidos y multado con USD 90.000 después de tomar del cuello al defensor Eric García y empujar al suelo al mediocampista Gavi durante los festejos españoles. La Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió el castigo tras los incidentes posteriores al partido decisivo.

La pena para Paredes puede tener un alcance deportivo cercano a un año. El calendario internacional solo contempla 10 encuentros de selecciones nacionales hasta junio de 2027, por lo que el mediocampista argentino podría cumplir la totalidad de la suspensión en ese período. Reuters señaló que la medida iguala, en gravedad, la sanción que recibió el delantero uruguayo Luis Suárez durante el Mundial de 2014.

El defensor Nahuel Molina recibió siete partidos de suspensión y una multa de USD 90.000 por golpear a Rodri mientras el mediocampista español celebraba el título. La FIFA también castigó a Thiago Almada con un encuentro de suspensión y una multa de USD 30.000 por conducta antideportiva. Las decisiones alcanzaron a los futbolistas argentinos involucrados en los hechos ocurridos después de la definición mundialista.

La resolución disciplinaria también incluyó a Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni. El integrante del cuerpo técnico deberá cumplir tres partidos de suspensión y pagar USD 30.000 por agredir a Dani Olmo al término del encuentro. Del lado español, Gavi fue el único sancionado: recibió un partido de suspensión y una multa de USD 30.000 por conducta antideportiva.

La sanción de Gavi corresponde al partido de la Liga de Naciones frente a Inglaterra, previsto para el 26 de septiembre en Wembley. La FIFA incorporó además entre las infracciones institucionales de Argentina la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” después de la victoria ante Inglaterra en semifinales, al considerar que se trató de una manifestación de carácter no deportivo.

En tanto, la Asociación del Fútbol Argentino recibió una multa total de USD 321.000 por las infracciones cometidas durante el torneo. La entidad también deberá disputar su próximo encuentro como local con el estadio habilitado al 50% de su capacidad. De ese monto, USD 100.000 se destinarán a un plan contra la discriminación por los cánticos de los hinchas argentinos durante el campeonato, según informó Reuters.

El 25 de agosto, el entrenador español Luis de la Fuente sostuvo que los futbolistas de España fueron quienes padecieron las consecuencias del altercado posterior a la final. En una entrevista con el programa 25 horas de Radio Nacional de España, el técnico descartó que sus dirigidos hubieran intervenido en la escalada de agresiones y cuestionó la imagen que dejó el cierre del encuentro: “Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas, de un final tan feo. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas. Nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos: fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”.

El técnico español evitó pronunciarse sobre la dimensión de las sanciones que se resolvieron a raíz de los incidentes. De la Fuente no evaluó si las penas fueron adecuadas ni abordó de manera individual los castigos aplicados, aunque remarcó que las decisiones corresponden a las entidades responsables de analizar cada caso. “Hay organismos y cada uno toma la decisión que cree que tiene que tomar”, expresó en Radio Nacional de España, al fijar su posición sobre la intervención de las autoridades disciplinarias.

De la Fuente también reveló que recibió disculpas de Lionel Scaloni, a quien tuvo como alumno en la escuela de entrenadores, además de mensajes de algunos miembros del plantel argentino. El español distinguió aquellos hechos de la relación personal que conserva con el técnico campeón del mundo en 2022 y consideró que el argentino no compartió lo ocurrido. Sobre ese vínculo, afirmó: “Tengo una grandísima relación y es amigo, es una persona con valores y principios, sé que no le gustó ese comportamiento”.

Cuba abre las puertas a las farmacias privadas por primera vez en décadas, pero fija una condición que define los límites reales de esa apertura: ningún establecimiento no estatal podrá importar medicamentos por su cuenta.

Toda compra en el exterior deberá canalizarse obligatoriamente a través de Medicuba o Farmacuba, las dos importadoras controladas por el Estado.

La disposición fue confirmada este miércoles por Cristina Lara, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública (Minsap), según informó la agencia EFE.

La funcionaria precisó que las farmacias privadas también podrán acceder a la comercializadora Emcomed, de la industria farmacéutica, que pone a disposición su licencia sanitaria, almacenes, transporte y personal.

La medida responde a una crisis de abastecimiento sin precedentes. El viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, reconoció ante EFE en mayo pasado que el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde ese mismo mes redujo drásticamente la entrada de vuelos y embarcaciones, lo que impidió importar los medicamentos e insumos necesarios para cubrir la demanda nacional.

El 69% del cuadro básico de medicamentos está bloqueado

El sistema farmacéutico cubano opera con un cuadro básico de 651 renglones: 250 importados y 401 de producción nacional.

Pero las sanciones estadounidenses han impedido al Gobierno adquirir el 69% de esos productos. La situación es aún más grave en la producción local: de los 395 fármacos que Cuba fabrica dentro de ese cuadro, 300 están en falta por la imposibilidad de acceder a materias primas e insumos farmacéuticos, según datos del informe cubano sobre el bloqueo presentado esta semana.

El propio presidente Miguel Díaz-Canel admitió en agosto que solo alrededor del 30% de los medicamentos esenciales estaba disponible en el país, según consignó el portal CiberCuba.

Ante ese cuadro, el Gobierno optó en julio por formalizar la gestión privada de farmacias comunitarias, una actividad que el Estado había controlado de forma centralizada durante décadas.

La habilitación se instrumentó mediante el Decreto 160/2026, publicado el 28 de julio y en vigor desde el 4 de agosto, que clasifica los servicios farmacéuticos, ópticos y de rehabilitación como actividades autorizadas o condicionadas, sujetas a permisos y regulaciones estatales.

La medida integra un paquete de 176 reformas económicas que el Gobierno impulsa para liberalizar una economía golpeada por lo que las autoridades cubanas definen como una policrisis de seis años.

Ninguna farmacia privada opera todavía de manera oficial

Lara informó a EFE que se evalúan 36 proyectos: tres están en proceso de constitución y 14 cuentan con el aval para avanzar en los trámites correspondientes. La funcionaria no precisó fechas de inicio de actividades.

Los establecimientos que obtengan autorización deberán cumplir requisitos de almacenamiento, contar con personal profesional responsable de la actividad técnica y garantizar que cada producto comercializado esté registrado ante la autoridad reguladora cubana. Para facilitar el ingreso de nuevos productos al mercado, se prevé un registro sanitario temporal de dos años, período durante el cual se evaluará el comportamiento del medicamento antes de decidir si se solicita su registro definitivo.

Las farmacias privadas tendrán prohibido vender medicamentos de uso hospitalario, productos clasificados como drogas y cualquier otro incluido en listados nacionales sujetos a restricciones. Los locales donde funcionan actualmente las farmacias estatales tampoco serán transferidos al sector privado: el Minsap aclaró que esas instalaciones continuarán bajo gestión del Estado.

El bloqueo energético agrava el colapso sanitario

El contexto en el que se produce esta apertura es el de un sistema de salud bajo presión extrema. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla presentó el 7 de septiembre el informe anual sobre el bloqueo, que cifró los daños entre marzo de 2025 y febrero de 2026 en USD 8.083,3 millones, un 7% más que el récord registrado el año anterior, según informó el sitio Cubainformación.

La Orden Ejecutiva 14380, firmada por el presidente Donald Trump el 29 de enero de 2026, formalizó un cerco petrolero que prácticamente aisló a Cuba del suministro de combustibles.

Al cierre de mayo, el déficit acumulado llegó a 2.67 millones de toneladas respecto de lo planificado. La escasez de combustible afecta el transporte refrigerado de vacunas: más de 30.000 niños no recibieron inmunización a tiempo, aunque las dosis estaban físicamente en los almacenes, y obliga a los hospitales a postergar cirugías no urgentes.

A esa presión se sumó la Orden Ejecutiva 14404, del 1 de mayo, que amplió las sanciones secundarias a empresas extranjeras que operen en sectores estratégicos de la economía cubana.

Según el informe presentado por Rodríguez, entre marzo de 2025 y febrero de 2026, 34 entidades bancarias internacionales suspendieron o rechazaron operaciones con Cuba por temor a esas sanciones, lo que cortó transferencias destinadas a la compra de alimentos, medicamentos y combustibles.

En ese escenario, la apertura de farmacias privadas aparece como una respuesta parcial a un problema estructural. La escasez generó en los últimos meses un mercado informal activo, con grupos de WhatsApp donde los cubanos intercambian fármacos que no encuentran en las farmacias estatales.

En agosto, un local en el barrio habanero de Regla ya exhibía medicamentos, vitaminas y productos naturales con precios en miles de pesos, en lo que se presentaba como una farmacia privada, aunque sin habilitación oficial, según consignó CiberCuba.

El Gobierno argentino anunció este martes que ampliará las denuncias y los procedimientos sancionatorios por la exploración y explotación de petróleo en las Islas Malvinas y sumó nuevos nombres a la lista de personas y compañías a las que acusa de participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización nacional. La ofensiva alcanzó a petroleras, accionistas, inversores, proveedores estratégicos y, esta vez, también puso nombre y apellido a varios de los ejecutivos que están detrás de esos negocios.

La decisión se produjo en medio del avance de distintos proyectos petroleros alrededor del archipiélago. Entre las compañías involucradas aparecen Navitas, Rockhopper, Borders & Southern, Eco (Atlantic) Oil & Gas y JHI, junto con empresas que brindan servicios o participan financieramente de las operaciones. El Gobierno también anticipó que avanzará con una denuncia penal y sostuvo que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Malvinas requieren autorización argentina. “Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, afirmó la administración nacional.

Entre los nuevos alcanzados también figuran empresas que cumplen funciones muy diferentes dentro de ese entramado. La lista incorporó a Shlomo Eliahu Holdings, como accionista de Navitas; Aberdeen Group, HBOS Investment Fund Managers, SMR Advisors y Mizrahi Tefahot Bank, como accionistas de Rockhopper; y a Bluewater y Noble, por su papel como proveedores estratégicos. Bluewater tiene, además, un vínculo particular con la Argentina: la empresa neerlandesa relacionada con el FPSO Aoka Mizu para el proyecto Sea Lion fabricó las dos monoboyas destinadas al Vaca Muerta Oleoducto Sur.

Pero detrás de las sociedades, fondos de inversión y estructuras financieras aparecen también los nombres propios. Entre los empresarios y ejecutivos que quedaron en la mira del Gobierno están David Harry Williamson Dobson, ligado a Borders & Southern Petroleum, y seis figuras de Eco Atlantic: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Gadi Levin y Alice Carroll. Sus perfiles permiten reconstruir quiénes están detrás de algunas de las compañías involucradas: hay empresarios mineros, especialistas en mercados de capitales, un ex Goldman Sachs, ejecutivos con pasado en Shell y Occidental Petroleum y profesionales que acumulan décadas en la búsqueda y financiamiento de yacimientos alrededor del mundo.

David Harry Williamson Dobson, el hombre de Borders & Southern

David Harry Williamson Dobson, conocido también como Harry Dobson, es un empresario y financista británico con una extensa trayectoria en minería, petróleo y recursos naturales. Fue banquero de inversión y socio senior de Yorkton Securities y fundó Kirkland Lake Gold, compañía minera canadiense que se convirtió en un actor relevante de la industria aurífera. También fundó Western Gold Exploration y actualmente figura como presidente ejecutivo de North Peak Resources.

Su vínculo con Malvinas aparece a través de Borders & Southern Petroleum, petrolera británica dedicada a la exploración de hidrocarburos en las islas. Dobson ingresó como director en 2004 y actualmente ocupa el cargo de presidente no ejecutivo. Los registros societarios británicos indican que tiene nacionalidad británica y residencia en Mónaco.

Gil Holzman, el CEO y cofundador de Eco Atlantic

Gil Holzman es cofundador, presidente y CEO de Eco (Atlantic) Oil & Gas, compañía independiente de exploración de petróleo y gas que cotiza en los mercados AIM de Londres y TSX Venture de Canadá. Cuenta con más de 25 años de experiencia en energía, minería y recursos naturales, principalmente en África y América del Sur.

Antes de crear Eco Atlantic, cofundó GP Minerals y entre 2003 y 2006 se desempeñó como director gerente para Medio Oriente de Bombardier. Al frente de la petrolera impulsó proyectos de exploración offshore en Namibia, Guyana y Sudáfrica.

Keith Hill, cuatro décadas en el negocio petrolero

Keith Hill cuenta con más de 40 años de experiencia en exploración, desarrollo y gestión de proyectos de hidrocarburos. Desde marzo de 2026 se desempeña como presidente no ejecutivo de Eco Atlantic, después de integrar durante años el directorio como director no ejecutivo.

Desarrolló más de dos décadas de su carrera dentro del Lundin Group y ocupó posiciones vinculadas con exploración y nuevos negocios en Occidental Petroleum y Shell Oil Company. También fue presidente y CEO de Africa Oil Corp. y encabezó otras compañías petroleras.

Peter Nicol, de Goldman Sachs al directorio petrolero

Peter William Nicol es un especialista financiero con más de 40 años de experiencia en petróleo y gas. Actualmente es director no ejecutivo de Eco Atlantic y preside su Comité de Auditoría. Hasta marzo de 2026 fue presidente no ejecutivo de la compañía, puesto en el que lo reemplazó Keith Hill.

Su trayectoria combinó energía y finanzas: fue responsable de Oil & Gas en GMP Securities, directivo de Tristone Capital, Global Sector Director of Oil Research de ABN AMRO y responsable del análisis del sector petrolero y gasífero europeo en Goldman Sachs. También trabajó en British National Oil Corporation.

Alan Friedman, mercados de capitales y adquisiciones

Alan Friedman es un abogado y empresario sudafricano radicado en Canadá, con más de 25 años de experiencia en mercados de capitales. Es cofundador y director no ejecutivo de Eco Atlantic, compañía que creó en 2011 junto con Holzman y Colin Kinley, y participó en operaciones de financiamiento, adquisiciones y desarrollo corporativo.

También es cofundador y managing partner de Bayline Capital Partners y fue cofundador de Auryx Gold Corp., minera con activos en Namibia que posteriormente adquirió B2Gold. Su carrera se concentró especialmente en fusiones y adquisiciones, levantamiento de capital y estructuración financiera de compañías vinculadas con recursos naturales.

Gadi Levin, el responsable de las finanzas

Gadi Levin es un ejecutivo financiero y contador que actualmente se desempeña como vicepresidente de Finanzas y director financiero de Eco Atlantic. Ingresó a la compañía como financial controller en 2014 y en noviembre de 2016 fue designado director de Finanzas.

Antes y durante su trayectoria en la petrolera ocupó cargos financieros en distintas compañías que cotizan en Canadá. Comenzó su carrera en las firmas de auditoría Arthur Andersen y Ernst & Young y obtuvo la certificación de Chartered Accountant en Sudáfrica.

Alice Carroll, desarrollo de negocios y asuntos corporativos

Alice Carroll es una ejecutiva británica con cerca de 15 años de experiencia en petróleo y gas. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de Desarrollo de Negocios y Asuntos Corporativos y directora ejecutiva de Eco Atlantic. En enero de 2026 fue promovida a su actual posición ejecutiva.

Antes trabajó en Azinor Catalyst y fue Global Marketing and Investor Relations Manager de Seacrest Azimuth Group, donde gestionó relaciones externas en proyectos de distintos países. En Eco Atlantic lidera áreas de desarrollo de negocios, asuntos corporativos y comunicaciones y participa en iniciativas de crecimiento estratégico y adquisiciones.

Eco Atlantic, JHI y el desembarco en Malvinas

La presencia de seis integrantes de Eco Atlantic en la nómina se relaciona con el avance de la compañía sobre activos vinculados con las islas. Eco Atlantic busca obtener exposición a la licencia PL001 offshore Malvinas a través de la adquisición de JHI Associates. La licencia se encuentra en la cuenca norte del archipiélago y es lindera al proyecto Sea Lion.

La operación sumó así otro actor al entramado empresario que rodea la explotación petrolera en la zona. Eco Atlantic tiene experiencia en exploración offshore y proyectos en Namibia, Guyana y Sudáfrica, mientras que la adquisición de JHI le abre la puerta a una licencia ubicada en aguas alrededor de las Malvinas.

Borders & Southern, en tanto, mantiene desde hace años actividades de exploración de hidrocarburos en las islas. Allí aparece Dobson como presidente no ejecutivo de la compañía y como uno de los empresarios alcanzados por las actuaciones argentinas.

Sea Lion y la red de compañías alcanzadas

Otro de los focos está puesto sobre Sea Lion, el proyecto petrolero ubicado al norte de las Islas Malvinas y relacionado directamente con Navitas y Rockhopper. A su alrededor se conformó una red de accionistas, inversores, prestadores de servicios y proveedores que también quedó alcanzada por las actuaciones del Gobierno.

La nueva lista incorporó a Shlomo Eliahu Holdings como accionista de Navitas y a Aberdeen Group, HBOS Investment Fund Managers, SMR Advisors y Mizrahi Tefahot Bank como accionistas de Rockhopper. También incluyó a Bluewater y Noble por su papel como proveedores estratégicos.

Entre esos casos sobresale Bluewater, empresa neerlandesa vinculada con el FPSO Aoka Mizu, la unidad flotante prevista para Sea Lion. La compañía tiene además una conexión con la Argentina continental: fabricó las dos monoboyas destinadas al Vaca Muerta Oleoducto Sur, infraestructura vinculada con la evacuación y exportación del crudo producido en la formación neuquina.

El Gobierno avanzará con procedimientos sancionatorios y una denuncia penal contra personas y compañías relacionadas con estas actividades. La posición oficial se apoyó en que la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Islas Malvinas requiere autorización argentina.

Las autoridades de tránsito en Colombia imponen sanciones económicas a conductores, peatones y ciclistas por infracciones que pueden afectar la seguridad vial o el orden en la movilidad.

Estas sanciones, conocidas como multas, tienen un proceso legal que incluye plazos para su cobro y condiciones para su eventual prescripción.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, “una multa de tránsito es un documento que emite un policía de tránsito donde indica que un conductor, un peatón o un ciclista han violado las leyes de tránsito que se rigen en el municipio o ciudad”.

En este sentido, es importante conocer los conceptos asociados a estos procesos y cómo se puede gestionar la prescripción de una multa que no ha sido cobrada en el tiempo previsto por la ley.

El procedimiento inicia con la detección de una infracción, que puede deberse a diversas causas: exceso de velocidad, no portar los documentos obligatorios como la licencia de conducción, el SOAT o el certificado de revisión técnico-mecánica, así como conducir bajo los efectos del alcohol. Estos comportamientos son clasificados como infracciones por las autoridades.

Luego, se emite un comparendo, que es la notificación oficial al infractor para que comparezca ante la autoridad competente.

Si se confirma la infracción, se genera la multa correspondiente, cuyo valor dependerá de la gravedad del hecho. Algunos conductores pueden acceder a descuentos si pagan la sanción dentro de ciertos plazos establecidos.

Cuando no se realiza el pago voluntario de la multa, la autoridad puede iniciar un proceso de cobro coactivo. Este procedimiento tiene un marco legal claro:

“Las multas de tránsito que los infractores no paguen voluntariamente pueden ser cobradas mediante el procedimiento de cobro coactivo, el cual debe realizarse dentro del término previsto en el Inc. 2 del Art. 159 de la Ley 769 de 2002, es decir, dentro de los tres años siguientes a la ocurrencia de los hechos; dentro de este término, se debe también notificar el mandamiento de pago, así lo dispone el Art. 826 del ETN”, señala la Resolución 172831 del 22 de diciembre de 2021 contenida en el Manual de Cobro Administrativo Coactivo de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Una vez se ha notificado al infractor mediante un mandamiento de pago, se interrumpe el plazo de prescripción inicial. A partir de ese momento, la entidad encargada del cobro cuenta con un nuevo periodo de tres años para hacer efectiva la recuperación de la deuda.

En este lapso, pueden emplearse medidas como el embargo de cuentas bancarias, vehículos o bienes inmuebles del deudor.

El mismo documento oficial explica: “Esta actuación administrativa, interrumpe el término de que trata el Art. 159 de la Ley 769 de 2002, por lo cual, a partir de la notificación del mandamiento de pago y atendiendo lo dispuesto en el Art 818 del ETN, la Dirección de Gestión de Cobro dispondrá de otros 3 años para hacer efectivo el cobro, o procederá la prescripción en forma definitiva”.

Cuando ambos plazos han transcurrido sin que se haya logrado el pago ni la ejecución del cobro por parte de la entidad competente, el ciudadano puede solicitar formalmente la prescripción de la multa.

Esta gestión debe realizarse ante la autoridad de tránsito correspondiente, y será evaluada para verificar el cumplimiento de los tiempos legales.

La normativa también establece un límite de tiempo para que la autoridad responda a la petición del ciudadano:

“El término para resolver una solicitud de prescripción por parte del ciudadano, es de 15 días hábiles dando cumplimiento con lo previsto en el Art. 14 de la Ley 1755 de 2015, sin perjuicio de la emisión y notificación del mandamiento de pago y para cualquier etapa procesal”, precisa el marco legal vigente.

Aunque la posibilidad de que una multa prescriba existe en el ordenamiento jurídico, la recomendación general es mantener una conducta responsable en las vías para evitar sanciones que, además de costosas, pueden generar procesos judiciales que afectan el historial del infractor y comprometen su patrimonio.

Conocer los procedimientos legales disponibles puede ser útil, pero cumplir las normas de tránsito sigue siendo el camino más seguro.

La actividad comercial de Bandar Abbas, ciudad portuaria iraní ubicada en el estrecho de Ormuz, cayó de forma pronunciada bajo el bloqueo a los puertos de la república islámica impuesto por Estados Unidos, que busca limitar las exportaciones de petróleo de Irán tras seis meses de guerra.

Bandar Abbas tiene más de 700.000 habitantes y está situada junto a una de las rutas marítimas más transitadas para el transporte global de petróleo, gas natural y derivados. Sus residentes sostienen que la ubicación de la ciudad la expuso a riesgos y dificultades durante el conflicto.

En el muelle, que antes recibía barcos, camiones y trabajadores, la actividad se redujo de forma marcada. Mohammad Torabian, empleado del sector que atiende a pasajeros, indicó que antes de la guerra llegaban cada día hasta 50 camiones con alimentos y carne. Ahora, gran parte de esa zona permanece vacía. “El negocio ahora mismo está fatal”, afirmó Torabian, quien calculó que unas 500 personas obtenían sus ingresos en torno al muelle. “Aquí no hay trabajo”, agregó.

La economía local depende del mar y del puerto de Shahid Rajaee, una de las principales terminales comerciales de Irán. El recinto cuenta con capacidad para procesar 100 millones de toneladas métricas de carga anuales, según datos divulgados en julio por la agencia estatal IRNA.

Washington impuso el bloqueo en abril y lo restableció después del fracaso de las negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra. Funcionarios iraníes criticaron la medida, mientras Estados Unidos anunció más presión económica sobre el estrecho de Ormuz.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien encabezó las conversaciones fallidas con la Administración Trump, advirtió a comienzos de mes que una ampliación del bloqueo provocaría una respuesta militar.

Los efectos también alcanzaron a empresas de despacho aduanero. Mahsa Shojaei, contadora de una firma del sector, explicó que antes del conflicto buena parte de la actividad consistía en gestionar importaciones de arroz, té y café desde India y Pakistán.

Shojaei estimó que entre el 80% y el 90% de la carga de trabajo de su empresa desapareció. La compañía, que antes tramitaba alrededor de 100 expedientes aduaneros, ahora procesa cerca de 10, mientras aumentaron los costos de esos procedimientos.

La caída de la moneda iraní y el deterioro del poder adquisitivo redujeron las ventas en comercios de Bandar Abbas, donde los efectos económicos de la guerra y del bloqueo estadounidense ya alcanzan a negocios alejados de la zona portuaria.

Mehrdad Jahangiri, dueño de una tienda de ropa infantil que sostiene a su familia y a la de su padre, estimó que sus ventas cayeron cerca de la mitad frente al mismo período del año pasado. “Sencillamente no hay clientes”, afirmó Jahangiri. “El mercado se ha quedado muy tranquilo”.

El inicio de la guerra coincidió con la cercanía de Nowruz, el Año Nuevo iraní, una de las temporadas de mayores ventas para los comerciantes. Las familias suelen incrementar sus compras en esas fechas, pero el conflicto redujo buena parte de la demanda prevista.

Los negocios afrontan ahora otro período relevante para el consumo, antes de la reapertura de las escuelas a finales de septiembre. Jahangiri señaló que las multitudes habituales para comprar ropa nueva para los niños no aparecieron este año.

La reducción de ingresos llevó a la tienda a retrasarse en algunos pagos de alquiler y a acumular deudas con otros comerciantes, una situación que, según explicó, no había atravesado antes. “La gente tiene los bolsillos vacíos y los ingresos han disminuido”, afirmó. Consultado sobre si su familia debió reducir gastos diarios, respondió en diálogo con Associated Press: “Por supuesto. Ha cambiado mucho”.

Algunos comerciantes intentan sostener las ventas con descuentos o planes de pago para clientes habituales. Para quienes trabajan en el mar, la reducción de la actividad se combina con restricciones para navegar por motivos de seguridad. Abbas Golzanaei, conductor de una lancha que transporta pasajeros hacia barcos y puertos cercanos, contó que antes de la guerra se desplazaba hasta 48 kilómetros para trabajar. “Antes de la guerra, el negocio iba bien”, dijo.

“Ahora no puedo ir más allá de siete u ocho millas. El mar no es seguro”, agregó. La reducción de trayectos le dejó menos pasajeros e ingresos, mientras también enfrenta dificultades para conseguir gasolina. Frente a la costa de Bandar Abbas, los cargueros permanecen detenidos a la espera de que las condiciones permitan retomar sus desplazamientos.

(Con información de Associated Press)

Los hijos de Ortega y Murillo controlan sectores enteros de la economía nicaragüense —combustibles, aduanas y minería de oro— mientras el régimen que los sostiene acaba de cancelar las elecciones presidenciales de noviembre de 2026 y extendió su mandato hasta 2028 mediante una reforma constitucional aprobada el 1 de septiembre por la Asamblea Nacional sandinista.

La misma reforma prohíbe a la oposición participar en comicios y eleva a rango constitucional la exclusión de quienes el gobierno catalogue como “traidores a la patria”.

Al día siguiente de su aprobación, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, convocó a la comunidad internacional a cesar el comercio normal con Managua y anunció acciones en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La reforma constitucional cierra la última vía electoral real

No es la primera vez que el régimen ajusta las reglas a su medida. En febrero de 2025, una primera reescritura creó la figura de copresidenta para Rosario Murillo —quien hasta entonces era vicepresidenta— y extendió el mandato de cinco a seis años. La de septiembre amplió ese plazo un año más.

Daniel Ortega, cuya participación pública se redujo por su deterioro físico, mantiene un rol predominantemente simbólico. El poder efectivo está en manos de Murillo y de un círculo de no más de 200 personas —altos funcionarios, militares y burócratas leales— que coordinan el control social, según el análisis del investigador Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano.

Orozco describe la arquitectura del poder a través de cuatro pilares: aislamiento internacional con alianzas con Estados no democráticos, criminalización de los derechos civiles, captura del Estado por parte del círculo familiar y censura sistemática. El régimen subordinó la Constitución a la Ley de Autodeterminación y autorizó a la Policía a detener ciudadanos con base en denuncias no verificadas.

El negocio familiar: combustibles, aduanas y oro

La captura del Estado opera de forma silenciosa y tiene nombres propios. Rafael Ortega, hijo del mandatario, controló durante al menos 10 años más del 30% del mercado de distribución de combustibles —un negocio de unos USD 500 millones anuales— a través de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), hasta que las sanciones lo desplazaron.

Laureano Ortega, otro hijo de la pareja presidencial, aprovechó el modelo de diálogo con el sector privado para apropiarse del sistema aduanero y autorizar la liberación de mercancías sin aranceles para sus negocios y asociados. Bajo ese esquema, las importaciones desde China saltaron de USD 600 millones en 2019 a USD 2.000 millones en 2025.

En abril de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos hijos más de la pareja presidencial, Maurice Facundo y Daniel Edmundo Ortega Murillo, junto a siete empresas del sector aurífero vinculadas a capitales chinos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que ese entramado permite al régimen “generar fondos y mantener el control político” y participar en la “incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses” ligadas a la minería de oro.

China controla el 10% del territorio nacional en concesiones mineras

Las sanciones no frenaron la expansión. Según registros de la Fundación del Río, entre 2021 y septiembre de 2026 el régimen otorgó concesiones en 85 lotes a 22 empresas chinas, que suman 1.277.389 hectáreas —alrededor del 10% del territorio nacional—, con superposiciones sobre áreas protegidas y territorios indígenas.

El 8 de septiembre, el gobierno adjudicó una nueva concesión a cielo abierto de 26.205 hectáreas a la firma china Linze Excelente Minería S.A. en el municipio de Bonanza, pese a las sanciones vigentes.

Orozco describe a China como el nuevo “banquero de los dictadores”, en referencia a la expresión que el exembajador estadounidense John Feeley usó para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Managua espera incrementar sus exportaciones de oro de 600.000 a 800.000 onzas en 2026, al capitalizar precios internacionales elevados mediante concesiones ilegales, confiscaciones y extorsión tributaria.

Washington suma más de 85 sanciones y calibra su próximo paso

Estados Unidos acumula más de 85 sanciones contra instituciones y personas vinculadas al régimen, más restricciones de visa a más de 2.350 funcionarios y familiares. La Unión Europea, Canadá, el Reino Unido y Suiza mantienen listas propias.

Tras la muerte en custodia del líder indígena Brooklyn Rivera en junio de 2026, Rubio amplió las restricciones de visa a más de 100 funcionarios adicionales. La respuesta de septiembre escala esa presión hacia el terreno multilateral.

Orozco advierte que Washington no busca un colapso abrupto del régimen. La estrategia apunta a evitar una nueva ola migratoria, el avance del crimen organizado y un mayor acercamiento a potencias hostiles, mientras aguarda que el deterioro físico de Ortega, los conflictos dentro del círculo familiar o el malestar social acumulado generen condiciones para una transición gradual.

Israel prohibió el ingreso a 12 ciudadanos británicos, en su mayoría legisladores, en represalia por el paquete de sanciones que el Reino Unido lideró contra los asentamientos israelíes en Cisjordania.

La cancillería israelí publicó una lista de 11 parlamentarios y un abogado a los que impedirá la entrada al país, en respuesta a la decisión londinense de restringir el comercio con esas comunidades por la violencia de colonos contra los palestinos.

Corbyn, Abbott y otros diez legisladores, en la lista de vetados

Entre los prohibidos figuran Jeremy Corbyn y Zarah Sultana, cofundadores del partido de izquierda Your Party tras romper con los laboristas; Naz Shah, Diane Abbott, John McDonnell y Richard Burgon, del Partido Laborista; y Hannah Spencer, Carla Denyer, Sian Berry, Ellie Chowns y Adrian Ramsay, del Partido Verde.

También integra la lista Fahad Ansari, un abogado que representó en tribunales británicos al brazo político de Hamas en su intento por salir del listado de organizaciones terroristas proscriptas. Tras el anuncio, Ansari escribió en X que no es “ni británico ni parlamentario”, pero que igualmente lo toma “como una medalla de honor”.

La cancillería israelí no detalló los motivos específicos de cada veto individual, y se limitó a señalar que negará el ingreso a quienes estén “involucrados en actividad antisemita y antiisraelí, así como a quienes nieguen la existencia misma del Estado de Israel”.

El cierre del consulado en Jerusalén este y la respuesta de Saar

La medida se enmarca en una represalia más amplia: Israel había ordenado este martes el cierre del consulado británico en Jerusalén, ubicado en el sector este de la ciudad, capturado por Israel en la guerra de 1967 y luego anexionado, aunque la mayoría de los países —incluido el Reino Unido— no reconoce esa soberanía.

“Jerusalén unida es la capital de Israel y está bajo su plena soberanía”, afirmó el canciller israelí, Gideon Saar. “Cualquier actividad extranjera en la zona debe realizarse a través de canales aceptados y acordados, y sin violar la soberanía de Israel”, agregó.

Israel también anunció que expulsará a los representantes británicos del centro que supervisa el alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos, y que prohibirá el entrenamiento británico a las fuerzas de la Autoridad Palestina.

Saar había calificado de “mentiras escandalosas” las acusaciones formuladas ese mismo día por su par británico, Ed Miliband, quien había denunciado que los colonos israelíes llevan adelante una “limpieza étnica” en Cisjordania.

“La medida británica está moralmente distorsionada y constituye una interferencia flagrante en los asuntos de un Estado soberano y en su proceso electoral”, sostuvo el canciller israelí, en referencia a las reñidas elecciones del 27 de octubre, en las que el primer ministro Benjamín Netanyahu defiende la expansión de los asentamientos.

Doce países restringen el comercio con los asentamientos

La represalia israelí llegó horas después de que 12 países —Reino Unido, Canadá, Francia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia— anunciaran restricciones comerciales contra los asentamientos israelíes en Cisjordania, tras semanas de crecientes ataques de colonos contra aldeas palestinas en el territorio ocupado. Los cancilleres de esos países sostuvieron en un comunicado conjunto que las acciones del gobierno israelí en Cisjordania “socavan la posibilidad de una solución de dos Estados”.

Miliband había anunciado ante el Parlamento británico una “prohibición de importación de bienes” provenientes de los asentamientos: “No creo que el pueblo británico quiera que apoyemos la ocupación aceptando productos de asentamientos en nuestras tiendas y supermercados”, dijo. El comercio entre el Reino Unido y los Territorios Palestinos Ocupados había alcanzado unos 38 millones de libras esterlinas (51 millones de dólares) en 2025, lo que sugiere un impacto económico limitado de la medida. Francia, por su parte, anunció que “pondrá fin al comercio” con los asentamientos, según declaró el canciller Jean-Noël Barrot.

Estados Unidos se desmarca de las sanciones

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aclaró este martes que Washington no se sumará a las sanciones lideradas por Londres. “Obviamente, no vamos a hacer lo que hizo el Reino Unido”, dijo Rubio a periodistas antes de partir hacia un viaje a América Latina, y agregó: “No queremos ver nada desestabilizador ocurriendo ahora mismo en Cisjordania, con tanto sucediendo en la región”.

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, había cuestionado antes la decisión británica en declaraciones a la BBC: “Siento que es discriminación contra el gobierno israelí. Es discriminación contra el pueblo judío”, sostuvo.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, líder de un partido de extrema derecha que impulsa la anexión total de Cisjordania, había pedido la expulsión del embajador británico en Israel.

Estados Unidos impuso este martes sanciones a “todas las aerolíneas iraníes restantes” que hasta ahora no habían sido penalizadas, en el marco de la ofensiva de Washington para intensificar la presión económica en su guerra con Teherán.

El Departamento del Tesoro estadounidense informó que su última acción apunta a “36 objetivos por brindar apoyo al sector de aviación de Irán, que el régimen utiliza para trasladar armas, personal y carga ilícita”.

Entre los sancionados figuran 27 aerolíneas iraníes, además de empresas con sede en países como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Kazajistán.

“Básicamente, estamos sacando del mercado a todo el sector de aviación de la economía iraní”, dijo a periodistas, bajo condición de anonimato, un funcionario del Tesoro.

La operación “Marginado Económico” y la advertencia de Bessent

Irán está en guerra con Estados Unidos desde fines de febrero, cuando ataques estadounidenses e israelíes mataron al líder supremo de la República Islámica y a altos mandos militares, en el inicio de una vasta ofensiva. Esos ataques desataron la represalia de Teherán, que bloqueó el estrecho de Ormuz —lo que disparó los precios globales del petróleo— y expandió el conflicto por Medio Oriente.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió que Estados Unidos declara un “Día D económico” contra Irán, con el compromiso de asfixiar financieramente a Teherán.

“Bajo la Operación Económico Outcast (Marginado Económico), prometimos consecuencias severas para quienes brinden salvavidas financieros al régimen iraní”, dijo Bessent este martes en un comunicado. “Hoy cumplimos esa promesa con sanciones a empresas que continúan apoyando a Mahan Air. Que esto sirva de advertencia para cualquiera que haga negocios con las aerolíneas iraníes restantes, todas las cuales sancionamos hoy: corren el riesgo de quedar excluidos del sistema financiero global”, agregó.

Empresas de terceros países, también en la mira

Además de las aerolíneas iraníes, el Departamento del Tesoro precisó que sus últimas acciones apuntan a empresas de terceros países que “facilitan las actividades de proliferación de Mahan Air, sancionada por Estados Unidos, sus operaciones de vuelo vinculadas al terrorismo y la adquisición ilícita de aeronaves de origen estadounidense”, así como a proveedores de servicios de carga y agentes de ventas que trabajaron con esa aerolínea, acusada de facilitar actividades de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

El funcionario del Tesoro no precisó si empresas de países como China podrían enfrentar sanciones secundarias, aunque señaló que Washington cuenta con diversas herramientas para actuar contra proveedores de servicios.

El Departamento del Tesoro ya había sancionado en julio a individuos y compañías acusados de asistir a Mahan Air.

El sector aéreo de Irán viene atravesando serias dificultades bajo el peso de las sanciones, que restringieron severamente su capacidad de adquirir aeronaves, repuestos y servicios de mantenimiento.

El petróleo se acerca a los 100 dólares y golpea a los mercados

El anuncio se dio en una jornada en la que los precios mundiales del petróleo volvieron a acercarse a los 100 dólares por barril, y la mayoría de los mercados bursátiles retrocedió por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente. El Brent, la referencia internacional, subió hasta 99,46 dólares antes de retroceder.

La suba del crudo se suma a la presión sobre la Reserva Federal, luego de que el precio promedio del diésel en Estados Unidos alcanzara el lunes un récord histórico, según la asociación de automovilistas AAA. Nuevos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, contra Arabia Saudita obligaron a suspender operaciones en varias instalaciones energéticas del reino, lo que opacó las declaraciones de Teherán sobre estar cerca de un acuerdo con Omán para regular el tránsito por el estrecho de Ormuz.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó este lunes una concesión minera a cielo abierto a la empresa china Linze Excelente Minería S.A., en el lote denominado Jade, una superficie de 26.205 hectáreas en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La cesión, publicada en el Diario Oficial La Gaceta y certificada por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de la República, eleva a 22 empresas chinas el número de empresas de capital chino con concesiones activas en territorio nicaragüense.

Linze Excelente Minería está representada en Managua por el ciudadano chino Shiliang Yang, quien cuenta con residencia nicaragüense y figura también como apoderado legal de otra firma del mismo grupo empresarial, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group. Antes de esta última adjudicación, Linze Excelente ya controlaba 10.592 hectáreas en los departamentos de Chontales y Nueva Segovia, transferidas en julio pasado por su empresa hermana. Con el nuevo lote, su superficie total en el país supera las 36.000 hectáreas.

El otorgamiento se produce cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara, el 16 de abril, a Daniel Edmundo y Maurice Facundo Ortega Murillo, dos hijos de la pareja presidencial con cargos gubernamentales, junto a otras cinco personas y siete empresas vinculadas a la extracción y comercialización de oro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sostuvo entonces que ese entramado permite al régimen “generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y participar en la “incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses” ligadas a la industria aurífera.

Las sanciones no han frenado la expansión del capital chino en el sector. Según el registro de la Fundación del Río, organización ambientalista que monitorea las publicaciones de La Gaceta, el régimen sandinista ha otorgado entre 2021 y septiembre de 2026 concesiones en 85 lotes a 22 empresas chinas, que suman en conjunto 1.277.389 hectáreas: alrededor de 10% del territorio nacional, con superposiciones sobre áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. La organización ha documentado que el Ejecutivo modificó el marco jurídico minero para facilitar esas inversiones y reducir el impacto de las sanciones estadounidenses sobre el sector.

Entre las compañías con mayor extensión concesionada destacan Thomas Metal S.A., con más de 228.000 hectáreas, y Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, con cerca de 184.000 hectáreas antes de sumar el lote Rama de 38.621 hectáreas adjudicado en mayo. Cinco de las firmas del listado operan bajo sanciones directas de Washington, lo que no les ha impedido seguir recibiendo nuevos títulos o transfiriendo derechos entre sociedades vinculadas, como ocurrió entre Xinxin Linze y Linze Excelente.

El auge minero se refleja también en las cuentas externas del país. Las exportaciones del sector ascendieron a USD 2.009 millones en 2025, un 44,4% más que el año anterior, según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua. El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación, con USD 1.971 millones y un volumen de 19,9 toneladas métricas, el registro más alto desde que existen datos comparables, según el Banco Central de Nicaragua.

La expansión de las concesiones chinas en momentos de creciente presión estadounidense anticipa un pulso que difícilmente se resolverá en el corto plazo. Washington ha advertido que las instituciones financieras que faciliten transacciones significativas con los sancionados podrían enfrentar restricciones para operar en el sistema bancario estadounidense, una amenaza que, de aplicarse contra los socios chinos de Managua, tensionaría aún más el frágil circuito por el que el oro nicaragüense llega a los mercados internacionales.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart afirmó que el régimen cubano acumula entre USD 18,000 millones y USD 20,000 millones en efectivo a través del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), pero no destina ese dinero a la población.

La declaración, formulada en una entrevista con el canal de noticias NTN24 y difundida por Radio Martí, llegó cuatro días después de que Washington anunciara su más reciente paquete de sanciones contra La Habana.

“Ese régimen ya está destruido. No tiene apoyo popular. Obviamente no le pueden proveer nada al pueblo. Pero al mismo tiempo, el régimen, a través de GAESA, tiene entre 18 a 20 mil millones de dólares en efectivo. Sí, el dinero lo tienen, lo que no lo utilizan para el pueblo cubano”, dijo el legislador cubanoamericano por el sur de la Florida a NTN24.

Washington golpea al círculo de los Castro

El 3 de septiembre, el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incorporaron a la Lista de Nacionales Especialmente Designados a Fidel Ernesto Castro Calis, de 31 años, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín, quien ya había sido sancionado en junio junto a su esposa y otro hijo.

La misma ronda de sanciones alcanzó al Banco Exterior de Cuba y a cuatro entidades estatales de los sectores energético y minero: Comercial Cupet S.A., Abapet, Nicarotec y Cexni.

Las medidas se ejecutan bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que autoriza sanciones contra personas y entidades vinculadas al aparato represivo del régimen o que operen en sectores estratégicos.

Según datos recogidos por CiberCuba, la campaña de presión de la administración Trump acumula más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026.

Las rondas anteriores golpearon al presidente Miguel Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta, al conglomerado GAESA, al Ministerio del Interior (MININT) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre otros objetivos.

El secretario de Estado Marco Rubio justificó la última tanda con una declaración citada tanto por Reuters como por Al Jazeera: “Los elites del régimen comunista cubano presiden un estado fallido donde los cubanos comunes pasan hambre mientras la familia Castro y otros allegados se enriquecen”.

Díaz-Balart: el régimen “ya está muerto”

Fue en ese contexto que Díaz-Balart formuló su diagnóstico más tajante. El legislador sostuvo ante NTN24, según informó Radio Martí, que la llamada “revolución” cubana dejó de existir como fenómeno político con respaldo social.

“Ese es un régimen que está muerto. No hay la tal llamada revolución. No hay apoyo popular. No hay imagen de Robin Hood. Todo el mundo ve que ese es un régimen corrupto, asesino. Que tiene dinero, pero no lo utiliza para ayudar a su propio pueblo. Que se llaman comunistas, pero tienen yates y bien superbién. Así que ese régimen ya está muerto. Hay que enterrarlo”, declaró el congresista a NTN24, en palabras recogidas por el medio.

El régimen cubano enfrenta el colapso simultáneo de su sistema eléctrico, su sector de salud y su economía, agravado por el bloqueo de facto al suministro de combustible que Washington impuso desde comienzos de 2026.

Brett Erickson, experto en sanciones y director de Obsidian Risk Advisors, advirtió al diario The Hindu que la estrategia apunta a empujar a las empresas estatales cubanas “hacia una espiral de muerte”, con medidas cada vez más precisas.

Las sanciones como herramienta

Díaz-Balart reconoció ante NTN24 que no puede garantizar que las sanciones sean suficientes para derribar al gobierno de La Habana, pero las defendió como el instrumento más directo disponible para debilitar su capacidad represiva.

“Estas sanciones, este incremento de presiones, es para hacer todo lo posible para que el régimen no tenga los medios para seguir reprimiendo y haciendo daño. ¿Va a ser suficiente para eliminar al régimen? No sé. Pero es positivo. Es un paso esencial”, afirmó el legislador, en declaraciones recogidas por Radio Martí.

El congresista fue más allá al fijar un horizonte temporal: “Estoy convencido de que ese régimen no va a sobrevivir los dos años y pico que le quedan al presidente Trump en la Casa Blanca”, dijo, con la advertencia de que hará “lo que tenga que hacer” para que eso ocurra.

La Orden Ejecutiva 14404 también habilita sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que operen con las entidades designadas, lo que amplía el alcance de la presión más allá de las fronteras estadounidenses.

La OFAC emitió en paralelo la Licencia General 4A, que exceptúa de las restricciones a las operaciones de embajadas y consulados de terceros países en Cuba.

La principal bolsa comercial de Cuba cambiará este año su formato habitual. La 42ª edición de la Feria Internacional de La Habana (Fihav) se realizará de forma virtual del 24 al 26 de noviembre, en medio de la crisis energética, la escasez y las sanciones de Estados Unidos. El único acto presencial será el Foro de Inversiones del 26 de noviembre.

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, explicó que la decisión respondió al “complejo contexto” que atraviesa el país. Según informó la agencia EFE, el funcionario invitó a las compañías extranjeras con presencia en la isla a participar en la feria y sostuvo que aspiran a conservar una convocatoria internacional.

En las ediciones anteriores, Fihav reunió en promedio a representantes de unos 60 países. En 2025, participaron expositores de 52 naciones, de acuerdo con los organizadores. Pérez-Oliva admitió que algunas empresas podrían desistir de asistir, aunque afirmó que otras podrían sumarse para conocer los cambios regulatorios anunciados por el régimen cubano.

El foro de noviembre será una vitrina para las 176 reformas económicas

La feria será utilizada por el régimen para divulgar las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio, un paquete que busca ampliar ciertas actividades privadas, descentralizar decisiones y modificar las normas que rigen el comercio exterior y la inversión.

Entre las medidas ya publicadas figura el Decreto-Ley 133, que permite la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores. Hasta ahora, el sector no estatal estaba integrado sobre todo por micro, pequeñas y medianas empresas, autorizadas desde 2021.

La norma habilita dos figuras jurídicas: las sociedades de responsabilidad limitada, para emprendimientos con más de un propietario, y las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada, cuando existe un único dueño. También permite abrir sucursales fuera de la provincia de constitución, importar y exportar de forma directa con autorización oficial y asociarse con capital extranjero.

Las compañías podrán establecer los precios de sus bienes y servicios dentro de los límites fijados por el Estado, además de determinar los salarios de sus trabajadores. Las operaciones financieras deberán pasar por cuentas bancarias y, como regla general, las ventas deberán concretarse en pesos cubanos.

El nuevo marco autoriza a ciudadanos cubanos residentes en la isla o en el exterior, además de extranjeros con residencia en el país, a ser propietarios de estas sociedades. Quedarán excluidas las personas con cargos de dirección estatal o gubernamental, deudas pendientes o condenas incompatibles con la actividad empresarial.

La crisis energética y las presiones sobre empresas extranjeras condicionan el encuentro

La convocatoria virtual ocurre tras una nueva escalada de presión de Estados Unidos sobre la economía cubana. Desde enero 2026, la administración del presidente Donald Trump impuso restricciones al abastecimiento de petróleo y amplió las sanciones contra entidades de la isla, medidas que han afectado la disponibilidad de combustible y el funcionamiento de la red eléctrica.

El país, con 9.4 millones de habitantes, enfrenta una crisis económica que combina inflación, apagones prolongados y dificultades para acceder a alimentos y medicamentos. La situación también llevó a las autoridades a cancelar en febrero el Festival del Habano, una cita que atrae a compradores, coleccionistas, representantes comerciales y periodistas especializados.

El régimen de Irán anunció este domigno que establecerá en los próximos días una zona restringida para la navegación en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, una medida que ampliaría las restricciones militares sobre uno de los principales corredores marítimos para el comercio energético mundial. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, el general Mohsen Rezaei, advirtió que cualquier embarcación que ingrese en el área con intención de atravesar el estrecho será identificada y añadida a una lista de sanciones de Teherán.

La declaración fue realizada durante una entrevista televisiva, en la que el funcionario describió los límites previstos para el nuevo espacio de exclusión. Según explicó, la zona comenzará en el punto donde la Armada estadounidense mantiene su línea de bloqueo y se prolongará hacia sectores del golfo Pérsico, incluyendo áreas próximas al estrecho.

“En los próximos días y semanas anunciaremos una zona restringida fuera del estrecho de Ormuz”, afirmó Rezaei. Añadió que “todo buque que entre en ella con el propósito de atravesar el estrecho de Ormuz y sea identificado será incluido en nuestra lista de sanciones”.

La advertencia introduce un mecanismo adicional de presión sobre los barcos comerciales que intenten utilizar la vía marítima en medio de las restricciones militares que afectan la navegación en la región. El estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una ruta esencial para el transporte internacional de petróleo.

Rezaei sostuvo además que el paso marítimo se encuentra bajo control de las fuerzas armadas iraníes y rechazó las afirmaciones de Estados Unidos según las cuales el tránsito continúa abierto. “Está completamente cerrado y bajo el control de las fuerzas armadas”, declaró, calificando de “gran mentira” la versión estadounidense sobre la situación de la ruta.

El funcionario también ofreció cifras para describir el cambio en el tráfico marítimo. Según su versión, antes del cierre más de 100 embarcaciones transportaban diariamente más de 100 millones de toneladas de carga a través del estrecho. Actualmente, dijo, solo entre siete y ocho barcos cruzan la zona, principalmente para transportar productos considerados esenciales para Irán.

Rezaei acusó a Estados Unidos de intentar hacer pasar embarcaciones por la zona restringida. Afirmó que Washington estaría tratando de introducir entre cinco y seis barcos mediante operaciones costosas y aseguró que algunas de esas embarcaciones han sido atacadas. No identificó a los responsables de esos incidentes ni proporcionó detalles sobre los barcos involucrados.

El dirigente iraní dijo, sin embargo, que Teherán no ha optado por hundir esas embarcaciones debido a la naturaleza de sus cargamentos. “No hemos decidido hundirlos”, señaló al explicar que los buques transportan petróleo y que una acción de ese tipo podría provocar daños ambientales en el área.

La advertencia sobre la nueva zona marítima se produjo además junto con la revelación de una prueba armamentística. Rezaei aseguró que Irán ensayó recientemente un nuevo misil antibuque sobre un buque de la Armada estadounidense.

“Por primera vez, probamos nuestro misil antibuque sobre un buque de guerra estadounidense”, afirmó. Según su relato, el proyectil provocó una reacción de las fuerzas estadounidenses y obligó al barco a retirarse.

El anuncio se produce en un contexto de enfrentamientos recurrentes entre fuerzas iraníes y estadounidenses alrededor del estrecho. En las últimas semanas también se han registrado ataques contra embarcaciones comerciales y operaciones militares destinadas a impedir que Irán reconstruya capacidades de vigilancia, lanzamiento de misiles y colocación de minas en la zona.

Teherán también trabaja con Omán en la definición de rutas específicas para el tránsito marítimo. Según Rezaei, los mapas correspondientes a esos corredores serán formalizados próximamente. La existencia de esas rutas no modifica, por ahora, la amenaza iraní de sancionar a los buques que ingresen en el nuevo perímetro declarado como restringido.

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei cuestionó el avance de Sea Lion, el proyecto petrolero que prevé extraer crudo en aguas cercanas a las Islas Malvinas y, en tal sentido, anunció un paquete de medidas destinadas a impedir que empresas extranjeras exploten recursos argentinos en territorios nacionales ocupados por el gobierno británico.

En concreto, Sea Lion es una iniciativa petrolera mar adentro situado en el Atlántico sur. Si cumple el cronograma anunciado, se convertirá en el primer desarrollo de crudo en aguas próximas a las islas argentinas. Las empresas responsables aprobaron la decisión final de inversión a fines de 2025, después de concluir las evaluaciones técnicas, económicas y financieras necesarias para avanzar con la explotación.

La resolución activó el calendario de obras, perforaciones y desembolsos que definirán el desarrollo del yacimiento durante los próximos años. También volvió a colocar en el centro el reclamo argentino sobre la explotación de recursos naturales en el área bajo disputa de soberanía.

El emprendimiento pertenece a Navitas Petroleum, de Israel, y a la británica Rockhopper Exploration. Navitas ingresó en 2020 con la compra del 30% de participación y luego incrementó su presencia hasta asumir la operación del proyecto y controlar el 65%. Rockhopper conserva el 35% restante.

Rockhopper comunicó el descubrimiento de petróleo en mayo de 2010. El anuncio despertó entonces expectativas sobre la eventual generación de ingresos petroleros para los habitantes de las islas. El yacimiento pasó después por una sucesión de estudios y revisiones hasta que las dos firmas aprobaron la inversión definitiva en diciembre de 2025.

Sea Lion está ubicado a aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una zona donde el fondo marino alcanza los 450 metros de profundidad. El desarrollo abarca las licencias de producción PL032 y PL004b, dentro de la cuenca Malvinas norte.

Según información de Navitas, al 31 de julio el campo registraba reservas probadas y probables de 314 millones de barriles. La primera etapa prevé una capacidad de producción de 50.000 barriles por día y fija marzo de 2028 como fecha estimada para la extracción inicial.

El presupuesto hasta el comienzo de la producción asciende a 1.800 millones de dólares. El plan contempla además otros USD 2.100 millones para las etapas posteriores de explotación, previstas durante unos 30 años. En total, son USD 3.900 millones estimados para todo el proceso.

La ejecución se dividirá entre dos sectores y cuatro fases. El primer tramo se desarrollará en el Área de Desarrollo Norte, identificada como NDA. Allí se perforarán 11 pozos submarinos, vinculados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO por sus siglas en inglés.

La segunda fase de esa área comenzaría tres años después del inicio productivo e incorporaría 12 pozos adicionales. El programa también incluye el Área de Desarrollo Central, o CDA. Su primera fase contempla 20 perforaciones y proyecta el inicio de la extracción hacia fines de 2030. Luego se sumarían otros 18 pozos dentro de una segunda etapa.

El diseño integral prevé así dos zonas de desarrollo, cuatro etapas de perforación y más de 60 pozos submarinos a lo largo de varios años.

Los anuncios del Gobierno

Milei anunció un paquete de medidas para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y elevar las sanciones contra las empresas que exploten petróleo u otros recursos naturales nacionales sin autorización de la Argentina.

En primer lugar, el jefe de Estado adelantó la firma de un decreto para agilizar la aplicación de las penalidades previstas en la Ley 26.659. La norma apunta a las compañías que participen en proyectos de extracción de hidrocarburos en territorio argentino bajo ocupación británica. El Ejecutivo también buscará mejorar los mecanismos de detección e intercambio de información para identificar a las firmas involucradas y a sus accionistas, directores y proveedores.

La medida prevé inhabilitar para operar en la Argentina a las empresas que intervengan, de forma directa o indirecta, en desarrollos petroleros en las islas sin autorización nacional. La intención oficial es que las compañías deban optar entre continuar en esos proyectos o mantener actividades comerciales en el país.

Además, el jefe de Estado anunció un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa. Los fondos tendrán como destino prioritario la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y el fortalecimiento de las telecomunicaciones. Según el Gobierno, esa infraestructura buscará consolidar la capacidad logística argentina en el Atlántico sur.

El Ejecutivo enviará también al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. La iniciativa propone endurecer las sanciones de la Ley 26.659, extenderlas a los proveedores de las empresas involucradas y prohibir que los infractores contraten tanto con el Estado como con el sector privado argentino. El texto contempla, a la vez, la aplicación del juicio en ausencia en los casos en que corresponda y la ampliación del régimen a otras actividades que afecten recursos naturales en las islas.

La iniciativa incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá la tarea de fijar una política obligatoria para las distintas áreas del Estado. Ese organismo articularía acciones entre Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y establecería criterios para proteger infraestructura crítica y los espacios aéreo, marítimo y espacial del país. El Gobierno pedirá, a su vez, facultades para responder con medidas económicas y diplomáticas ante actores estatales o privados que considere una amenaza para la seguridad nacional.

Las 176 reformas económicas y sociales de Cuba comienzan a plasmarse oficialmente en nuevas normativas que permiten empresas privadas de más de 100 trabajadores, la contratación directa, la inversión de cubanos en el exterior, el usufructo de tierras por tiempo indeterminado y una mayor apertura del comercio y el turismo.

El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, aseguró que las nuevas normas “podrían tener un impacto en la economía a corto plazo”, aunque consideró que no es posible calcular su alcance real debido al “componente de presión externa que no podemos desconocer”.

Por su parte, el viceministro Carlos Luis Jorge Méndez afirmó el martes, en una entrevista replicada por la cuenta en X del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, que las reformas responden a un proceso que “va en serio” y que “este es un proceso real”.

Coincide con ambos el economista Omar Everleny, quien afirma, en entrevista con EFE, que “todo este andamiaje legal me parece excelente” por ser la confirmación de que “Cuba va hacia el mercado”. Sin embargo, advierte de que “si no se eliminan o disminuyen las sanciones costará trabajo implementarlas”.

A continuación las cinco claves sobre las reformas que ya están en el papel:

1. Empresa privada

En Cuba ya puede haber empresas privadas de más de 100 trabajadores, que se añaden a las figuras existentes desde 2021: micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Además, las compañías pueden crear cadenas comerciales con presencia en todo el país y asociarse con capital extranjero, alianzas que Everleny recalca que no ha sido mal llevado por Estados Unidos.

2. Empresa extranjera y cubanos en el exterior

Las compañías internacionales ya pueden contratar de forma directa a sus trabajadores sin tener que pasar por agencias de contratación estatales. Podrán bonificarles por su actividad con pagos en divisas.

También se dispone que los cubanos en el exterior —además de residentes permanentes extranjeros— pueden participar como socios de empresas privadas en Cuba, con el objetivo de atraer inversiones de la diáspora.

Everleny reconoce que en un viaje reciente a Miami constató “el interés de muchos capitales por entrar de nuevo en el mercado cubano”.

3. Tierras en usufructo

Los bienes podrán ser otorgados en usufructo durante 99 años, con posibilidad de renovarlo por el mismo periodo de tiempo.

De manera concreta, el Estado podrá entregar tierras en usufructo a personas jurídicas por tiempo indeterminado.

Aunque la norma queda establecida de forma muy amplia, se aclara que las condiciones finales se determinarán en el acuerdo con el Estado.

Everleny considera que las duraciones establecidas “son bastante tiempo”, porque quien lo firma ya “no va a ver” lo que pase al final del tiempo del usufructo.

4. Modelo chino y vietnamita

Aunque Everleny considera que hay una mezcla de distintos modelos económicos, hay aspectos de los de Vietnam y China que “coinciden con las propuestas”.

Especialmente en el intento de atraer capital de la diáspora. “Inversionistas de China y Vietnam fueron los que se marcharon y luego jugaron un papel importante”, dice.

El economista cubano asegura que, como ventaja para Cuba, los avances en materia social y de salud les ponen por delante de los retos que tenían China y Vietnam con la entrada del mercado.

5. Retos y pendientes

Everleny considera que todas estas normas tienen “un problemita”: “Las empresas o los bancos no van a dar un paso al frente si van a ser sancionados”.

Actualmente hay muchas dificultades para importar, ya que, precisa, los barcos tratan de evitar ser sancionados. “Si Estados Unidos tiene sanciones a Cuba por ser un país que respalda el terrorismo, nadie se va a jugar su fortuna”, afirma.

Paralelamente están por resolver las nacionalizaciones de los años 60, después del triunfo de la Revolución. “Muchas empresas que tienen interés en volver tienen sobre la mesa reclamaciones que hay que resolver”, explica.

Pero lo que todavía echa en falta Everleny por ver aprobado en la Gaceta es “el tema bancario y las casas de cambio”. Los próximos meses serán definitivos.

El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que la Cancillería iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La administración nacional investigará y, en caso de corroborarse, sancionará la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, al entender que se estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago argentino.

“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”, indicaron desde la Oficina de Prensa.

Y agregaron: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”.

Las empresas que podrían ser sancionadas

El Gobierno ordenó las siguientes empresas bajo el marco de “licenciatarias ilegítimas”:

• Navitas Petroleum Development and Production Limited (Reino Unido)
• Navitas Petroleum Atlantic Limited (Reino Unido)
• Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited (Reino Unido)
• Rockhopper Exploration (Oil) Limited (Reino Unido)
• JHI Associates Inc. (Canadá)
• JHI Falklands Inc. (Canadá)
• Borders & Southern Falkland Islands Limited (Reino Unido).

Por otra parte, también incluyó a los accionistas de Navitas:

• Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd (Israel)
• Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd (Israel)
• The Phoenix Holdings Ltd (Israel)
• Phoenix Financial Ltd (Israel)
• The Phoenix Investments House Ltd (Israel)
• Meitav Investment House Ltd (Israel)

Lo mismo hizo con quienes tienen acciones de Rockhopper:

• Noked Capital Ltd (Israel)
• Aedos Advisers (London) LLP (Reino Unido)
• Exodus Management Israel Ltd (Israel)
• Ion Fund Management Ltd (Israel)

Las investigaciones también comprenderán a los accionistas de Borders & Southern:

• Zila Corporation (Islas Vírgenes Británicas)
• Interactive Investor Limited (Reino Unido)
• Hargreaves Lansdown Asset Management Limited (Reino Unido)
• Halifax Share Dealing Clients (Reino Unido)

Lo propio ocurrirá con Eco (Atlantic) Oil & Gas y sus accionistas:

• Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd (Canadá)
• CIBC Asset Management (Canadá)
• Canaccord Genuity Limited (Reino Unido)
• Avanza Bank Holding AB (Suecia)
• Coronation Fund (Sudáfrica)
• Westmount Energy Limited (Jersey, islas del Canal)

Por último, la investigación y posible sanción incorporará a proveedores, asesores y compañías vinculadas a infraestructura:

• Noble Corporation (Reino Unido), que figura como proveedor estratégico de infraestructura.
• AP Moller Holding A/S (Dinamarca). Accionista de Noble Corporation y Seatrium
• First Eagle Investment Management LLC (Estados Unidos) Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited
• Vanguard Portfolio Management LLC (Estados Unidos). Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited
• Dimensional Fund Advisors LP (Estados Unidos). Accionista de Noble Corporation, Seatrium Limited y Bristow Group Inc
• Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) (Estados Unidos). Constata como analista y asesora corporativa.
• Fugro NV (Países Bajos). Figura como proveedora de servicios.

El proyecto que reavivó el reclamo

El anuncio se conoció horas después de que el presidente Milei diera un mensaje por cadena nacional en el que ratificó el reclamo de soberanía argentino y cuestionó de manera directa el avance del proyecto Sea Lion, un yacimiento offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte que, de completarse según lo previsto, sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago. La iniciativa es conducida en forma conjunta por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del negocio, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

El campo, descubierto en 2010, se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas y a 450 metros de profundidad en el lecho marino. A fines de 2025, ambas compañías tomaron la decisión final de inversión para su primera etapa, un paso que en la industria petrolera implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya se completaron y que el proyecto se considera viable. Según datos de Navitas, al 31 de julio pasado el yacimiento contaba con reservas probadas y probables por 314 millones de barriles, con una producción proyectada de 50.000 barriles diarios y el primer petróleo previsto para marzo de 2028. El plan completo contempla más de 60 pozos submarinos distribuidos en dos áreas de desarrollo.

La Cancillería argentina había rechazado en diciembre de 2025 la decisión de inversión de ambas empresas, a las que calificó de licenciatarias ilegítimas por operar sin los permisos de la autoridad competente nacional. El organismo sostuvo entonces que toda exploración o explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa de soberanía resulta contraria a las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y extendió ese rechazo a las concesiones, la contratación de proveedores y todo acto conexo al avance del proyecto hacia su etapa productiva. El antecedente sancionatorio ya existía: Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía, mientras que Navitas Petroleum recibió una sanción equivalente a través de la Resolución 240/2022.

El marco legal y un proyecto de ley

Milei explicó que la Cancillería había enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados a distintos proyectos en las islas, y anticipó la firma de un decreto reglamentario para dar mayor celeridad a los procedimientos que impone la Ley 26.659. La norma instruye a los organismos del Estado que tomen conocimiento de incumplimientos legales a remitir esa información a la Cancillería para que pueda impulsar las sanciones, ordena un procedimiento con mayor coordinación entre reparticiones y suma declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, con el objetivo de evitar autorizaciones a quienes exploten recursos en la plataforma continental argentina sin reconocer la soberanía del país.

El Presidente adelantó además el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que modificará la Ley 26.659 para endurecer sus sanciones y ampliar su alcance a las empresas que presten servicios a quienes realicen explotaciones hidrocarburíferas en el área. La iniciativa prevé también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional destinado a coordinar de forma transversal la política de seguridad del país, un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.

Una base naval en Tierra del Fuego

Entre las medidas anunciadas, Milei incluyó la ampliación de los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, que según el mandatario permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico del Atlántico Sur y fortalecer sus capacidades en telecomunicaciones. El anuncio se dio en un discurso en el que el Presidente insistió en que la cuestión Malvinas trasciende las diferencias partidarias y remarcó la necesidad de una acción coordinada entre las carteras de Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía.

El tema había vuelto a instalarse en la agenda pública el 31 de agosto, cuando el presidente estadounidense Donald Trump fue consultado sobre una eventual revisión de la postura de neutralidad de su país en la disputa entre la Argentina y el Reino Unido, y respondió que evaluaba todas las posiciones.

La reacción del Reino Unido

El Gobierno británico respondió horas más tarde al mensaje presidencial. Un portavoz de Downing Street señaló que las fuerzas armadas del Reino Unido “permanecen en alerta permanente para proteger sus intereses”, y remarcó que las islas seguirán siendo británicas mientras esa sea la voluntad de sus habitantes. El primero en pronunciarse había sido el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, quien sostuvo en la red social X que las declaraciones de Milei reflejaban más una cuestión de política interna argentina que un cambio en la situación de las islas. El canciller británico, Ed Miliband, coincidió en que el archipiélago seguirá bajo administración británica por la voluntad de sus habitantes.

Desde Londres se remarcó, además, que la autodeterminación de los isleños incluye el derecho a explotar sus recursos naturales, en una referencia directa al proyecto que impulsan Navitas y Rockhopper. La disputa de soberanía sobre las islas está reconocida desde 1965 por una resolución de las Naciones Unidas que insta a ambos países a resolverla por la vía diplomática y a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación del territorio mientras continúe el proceso de negociación.

Washington completó el cerco familiar al sancionar a Fidel Ernesto Castro Calis, el último de los hijos conocidos de Alejandro Castro Espín que permanecía fuera de las listas negras del Departamento del Tesoro, según informó Periódico Cubano.

La designación, anunciada el 3 de septiembre, convirtió a este joven de 31 años en el tercer miembro directo de esa rama de la familia Castro en quedar bloqueado bajo la Orden Ejecutiva 14404.

El dato más revelador de la medida no fue quién fue incluido, sino quién continuó excluido: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado El Cangrejo y también nieto del general Raúl Castro Ruz, siguió sin aparecer en ninguna lista de sanciones estadounidenses.

Analistas citados por CiberCuba interpretaron esa omisión como una señal deliberada de Washington, que lo mantendría disponible como canal de comunicación informal con La Habana.

Fidel Ernesto Castro Calis, sancionado como familiar adulto de un funcionario ya designado

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo incorporó a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) bajo la cláusula que permite sancionar a familiares adultos de personas ya designadas por la misma orden ejecutiva.

Su padre, el general de brigada Alejandro Castro Espín, conocido por su rol en los servicios de inteligencia y contrainteligencia del régimen, había sido incluido en junio de 2026 junto con su otro hijo, Raúl Alejandro Castro Calis.

Fidel Ernesto nació el 16 de mayo de 1995 y es hijo de Alejandro Castro Espín y Marietta Calis Lauzurica.

Hasta antes de esta designación, era el descendiente de la familia gobernante con menor exposición pública.

Según documentó Periódico Cubano, estudió Sociología y se graduó junto con su hermano Raúl Alejandro.

En 2021, imágenes publicadas en redes sociales mostraron a ambos en vacaciones en Varadero y en encuentros en restaurantes, lo que generó críticas por el contraste con las carencias de la mayoría de los cubanos.

Una prima suya, Beatriz Dorta Calis, ha desarrollado negocios de turismo, tabaco e inversiones de lujo en la isla, según una investigación del mismo medio publicada el mes anterior a las sanciones.

El secretario de Estado Marco Rubio firmó el comunicado de designación

Marco Rubio suscribió el anuncio oficial, en el que se justificó la acción por el hecho de que los designados “explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen”, según declaró el funcionario. La medida fue coordinada entre el Departamento de Estado y la OFAC.

La ronda del 3 de septiembre no se limitó a Fidel Ernesto. También fueron incorporadas al SDN cinco entidades estatales cubanas. El Banco Exterior de Cuba, fundado el 29 de febrero de 2000 y con sede en la Plaza de la Revolución, en La Habana, quedó designado por su rol en las finanzas internacionales del régimen.

En el sector energético fueron incluidas Comercial CUPET S.A., brazo mayorista de la Unión Cuba-Petróleo desde 1991, y la Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petróleo (ABAPET), establecida en La Habana en 2000 y también vinculada a CUPET.

Un experto en sanciones citado por Bloomberg Línea señaló que la inclusión de ABAPET reviste especial importancia, dado que esa empresa participa en la adquisición de suministros para el mantenimiento de las centrales eléctricas cubanas.

Del sector minero fueron añadidas la Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour, conocida como NICAROTEC, con sede en Mayarí, Holguín, activa desde 1977, y la Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel (CEXNI), radicada en Moa, Holguín.

Desde mayo de 2026, al menos 86 personas y entidades cubanas han sido sancionadas

La Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, autoriza sanciones amplias contra personas e instituciones vinculadas al aparato represivo del régimen o que operen en sectores estratégicos como energía, minería, defensa y servicios financieros. Desde entonces, según Bloomberg Línea, al menos 86 personas y entidades han quedado alcanzadas por las medidas punitivas.

Las primeras rondas apuntaron al conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (GAESA) y a sus redes financieras. Las siguientes incorporaron al propio presidente Miguel Díaz-Canel, a su esposa, Lis Cuesta Peraza, y a figuras del aparato militar, incluido el ministro de las Fuerzas Armadas. La ronda del 3 de septiembre marcó la primera vez que el Tesoro aplicó la cláusula de familiar adulto para extender las designaciones hacia la siguiente generación de la familia Castro.

Las consecuencias prácticas de las sanciones van más allá del bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y de la prohibición de transacciones para ciudadanos y empresas de ese país.

Según Periódico Cubano, las medidas pueden dificultar los vínculos de las entidades designadas con bancos internacionales, aseguradoras, proveedores tecnológicos y compañías extranjeras que mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos, lo que amplía el alcance real del aislamiento financiero más allá del mercado norteamericano.

Junto con las designaciones, la OFAC emitió la Licencia General Cuba 4A, que autoriza transacciones para misiones diplomáticas y consulares de terceros países en la isla, un mecanismo que apunta a preservar la presencia diplomática internacional en Cuba mientras se profundiza la presión sobre el régimen.

La ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, dijo este jueves que “no es suficiente” la flexibilización de sanciones que ha habido este año, como resultado del estrecho acercamiento con Estados Unidos, y pidió el cese total de estas medidas, casi una semana después de que Caracas y Washington anunciaran un histórico acuerdo petrolero.

“Hemos estado en una etapa de apertura de la inversión, se flexibilizan algunas medidas pero no es suficiente”, dijo la alta funcionaria en una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de este año, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

Washington ha flexibilizado su esquema de sanciones a los sectores de petróleo y minería y al sistema financiero público.

Henao aseguró que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, seguirá “pidiendo el cese completo de las sanciones” con el fin de garantizar que el país sea una “potencia energética”.

A su juicio, el país suramericano “juega un papel fundamental” en el equilibrio energético mundial, por lo que considera “imposible sacar a Venezuela de esa ecuación”.

“Nosotros somos justamente garantía de ese equilibrio energético y un suplidor que está allí, a la mano, es un suplidor confiable y que, definitivamente, pone esos recursos a disposición del mundo para poder (...) atender toda la demanda”, dijo.

La ministra calificó de “hito histórico” la firma el miércoles de acuerdos con empresas como la estadounidense Chevron que permitirán la adhesión de los bloques Carabobo 1 y Carabobo 2 a Petroindependencia, constituida entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la compañía norteamericana, para la expansión de sus operaciones.

“Ya empezamos a ver la movilización de los primeros equipos de taladros hacia esas zonas para ese desarrollo”, anunció Henao, quien señaló que se proyecta que la producción de las empresas con participación de Chevron pase de unos 270.000 barriles por día (bpd) en los que está actualmente a más de 300.000 este mismo año.

Además, estima que posteriormente esté “sobre los 700.000 barriles” diarios.

Estos acuerdos fueron firmados en Caracas junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, que visitó la capital venezolana menos de una semana después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, y Rodríguez anunciaran el gran acuerdo bilateral.

Este convenio permitirá el desarrollo de 17 campos con un total de 65.000 millones de barriles, una quinta parte de los más de 303.000 millones de barriles que tiene Venezuela en reserva, la mayor del mundo.

(Con información de EFE)

El presidente Javier Milei ratificó este jueves la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante una cadena nacional. Tras anticipar un fortalecimiento de las políticas de defensa y protección de recursos estratégicos, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial dos decretos claves, que formalizan las medidas anunciadas.

Por un lado, el Ejecutivo aumentó el presupuesto de defensa nacional, mientras que ordenó a la Cancillería argentina reportar posibles incumplimientos para avanzar con sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos estratégicos en las islas.

Las decisiones quedaron formalizadas a través del DNU 867/2026 y del Decreto 868/2026, como parte de las políticas adoptadas por la gestión, tras colocar el reclamo de soberanía en el centro de su agenda. Aunque el Presidente afirmó que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, reconoció que la simple frase no era suficiente para defender los intereses nacionales.

Aumento presupuestario para defensa

El DNU 867/2026 dispuso un refuerzo de partidas por $521.558 millones para lo que resta de 2026, en el marco de la estrategia oficial para fortalecer capacidades estatales vinculadas con la defensa de los recursos en el área de las Islas Malvinas. El impacto neto sobre el gasto total será de $234.122 millones.

Ese monto representa menos de 0,16% del Presupuesto ampliado para este año y el 5,1% del aumento del superávit fiscal acumulado durante los primeros ocho meses de 2026. Según la información oficial, la medida no modificará el resultado fiscal previsto porque se compensará con reasignaciones dentro de la Administración Central por $288.475 millones y con recursos acumulados del Tesoro Nacional provenientes de las últimas privatizaciones por $234.122 millones.

La mayor ampliación corresponde al Ministerio del Interior, que recibirá $120.081,4 millones para identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional. Le siguen la Jefatura de Gabinete de Ministros, con $119.964,5 millones para el diseño, fabricación, integración y ensayo de cuatro satélites SARE II A y para políticas de ciberseguridad; y el Poder Judicial, con $111.210,3 millones para interceptación y captación de comunicaciones.

El Poder Legislativo Nacional contará con $66.164,9 millones para la defensa de los derechos de los ciudadanos y el control externo del sector público nacional. La Cancillería recibirá $54.593,6 millones para acciones diplomáticas sobre la cuestión Malvinas, la Antártida, la política oceánica y el Atlántico Sur.

Presidencia tendrá $33.357,8 millones para asistencia legal, información e inteligencia. El Ministerio de Defensa recibirá $11.061,4 millones para el alistamiento operacional de la Armada y la Fuerza Aérea, además del planeamiento militar conjunto. La ampliación también incluye $3.119,5 millones para el Ministerio de Justicia, destinados a la prevención del lavado de activos, y $2.524,2 millones para el Ministerio de Economía, en áreas de control de la oferta pública y de seguridad de presas.

Cancillería tendrá la facultad para sancionar actividades sobre recursos de Malvinas

Mediante el Decreto 868/2026, el Gobierno designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que prevé sanciones para quienes desarrollen o faciliten actividades vinculadas con la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país.

De esta manera, se instruyó a todos los organismos y entidades de la administración pública nacional a informar a Cancillería, dentro de un plazo de cinco días hábiles administrativos, los hechos de los que tomen conocimiento y que puedan encuadrar en las conductas alcanzadas por esa ley. A partir de allí, la cartera podrá iniciar de oficio o por comunicación de otro organismo el procedimiento administrativo correspondiente.

Además, la reglamentación fijó los pasos del sumario: si hay indicios suficientes, la autoridad de aplicación deberá notificar al presunto infractor, que tendrá diez días hábiles administrativos para presentar descargo y ofrecer prueba.

Después de haberse informado a la empresa o entidad sospechada, Cancillería contará con otros diez días hábiles administrativos para resolver si archiva las actuaciones o aplica la sanción prevista por la norma.

Esto se encuadra con la dirección que anticipó el presidente que tomaría la gestión sobre la cuestión Malvinas, al plantear la necesidad de “leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.

Por otro lado, la reglamentación también introdujo cambios sobre trámites vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al sector hidrocarburífero. En ambos casos, incorporó la exigencia de presentar declaraciones juradas en las que se consigne que ni las empresas ni sus participantes directos o indirectos incurren ni incurrirán en las conductas prohibidas por la Ley 26.659.

Además, se habilitó a la Cancillería a intervenir en todos los casos para pronunciarse sobre la eventual existencia de conductas incompatibles. La misma lógica se extenderá a los permisos, concesiones, autorizaciones y habilitaciones previstos en la Ley 17.319 de Hidrocarburos.

Milei cuestionó el avance de proyectos petroleros en la zona de las Islas Malvinas

El refuerzo en materia de defensa surgió como consecuencia del desarrollo de proyectos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvina Norte, perteneciente al perímetro de las Islas Malvinas. Por esto, el presidente cuestionó el avance del proyecto Sea Lion y afirmó que se trata de un escenario “especialmente grave” porque implicaría “la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”.

“Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió. En esa línea, hizo referencia a la disputa diplomática con el Reino Unido por la soberanía del archipiélago al considerar que “el avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las islas y continúe explotando nuestros recursos”.

Durante la cadena nacional, Milei no limitó sus anuncios a estos dos decretos. También comunicó que enviará al Congreso un paquete de proyectos para reforzar la política de seguridad nacional, entre ellos la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.

A eso sumó el anuncio de la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia que buscará fortalecer la proyección argentina en el Atlántico Sur. “La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio. También significa proteger nuestros recursos estratégicos, nuestra economía, nuestra infraestructura crítica y nuestra capacidad de decidir nuestro propio futuro”, aseveró.

Al mismo tiempo que indicó que “defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección”, el jefe de Estado invitó a los sectores opositores a sumarse al proyecto al subrayar que se trata de una causa nacional.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, celebró el jueves por la noche el respaldo de la Unión Europea (UE) a la presión financiera impulsada por la Administración de Donald Trump contra Irán y destacó la coordinación del bloque europeo con Washington y otros socios internacionales.

“La Unión Europea se ha unido oficialmente a la Operación Paria Económica y agradecemos su firme y temprana postura”, declaró Bessent en una publicación en redes sociales, en referencia a la ofensiva financiera de Estados Unidos contra Teherán.

El secretario del Tesoro estadounidense sostuvo que Estados Unidos y sus aliados buscan impedir que Irán utilice el sistema financiero internacional para financiar sus programas nucleares y de armamento, así como a grupos terroristas afines.

“Estados Unidos se mantiene firme junto a sus aliados para garantizar que el régimen asesino iraní no pueda aprovechar el sistema financiero mundial para financiar sus ambiciones nucleares, sus programas de armamento y sus grupos terroristas afines”, afirmó.

Bessent agregó que la presión internacional continuará hasta eliminar las fuentes de financiación de Teherán. “El mundo está enviando un mensaje claro al régimen iraní: no nos detendremos hasta que se haya cortado toda fuente de financiación que le quede”, remarcó.

El funcionario estadounidense acompañó su mensaje con un enlace a una declaración de la Comisión Europea emitida el lunes, en el marco de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20.

En ese documento, la UE señaló que continuará trabajando “estrechamente” con Estados Unidos, otros países del G7 y socios internacionales para “mantener la presión sobre” Irán, con el objetivo de favorecer una desescalada.

La postura europea recibió críticas del portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, quien cuestionó durante esta semana el respaldo del bloque a la presión sobre Teherán. El funcionario afirmó que la UE “se desvía de todos los valores que dice defender” con ese pronunciamiento y sostuvo que está “cediendo a la coerción estadounidense”.

Horas antes del anuncio del Secretario del Tesoro, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el jueves que el tránsito de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz se recuperó hasta acercarse a los niveles registrados antes del inicio de la guerra con Irán, pese a los ataques contra embarcaciones comerciales.

Según Vance, las operaciones estadounidenses permitieron restablecer el flujo energético por una de las principales rutas marítimas del mundo y redujeron de forma significativa la capacidad del régimen iraní para impedir el paso de los petroleros.

“Si miran atrás tres meses, ¿cuánto petróleo y gas salía del estrecho bajo las amenazas iraníes? Prácticamente nada. Ahora está casi de vuelta al nivel en que estaba antes de que empezara el conflicto”, declaró el funcionario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El vicepresidente vinculó la recuperación del tráfico energético con las operaciones estadounidenses destinadas a proteger la navegación. Según explicó, Washington actuó para impedir ataques de las fuerzas iraníes contra buques comerciales y garantizar el traslado de petróleo hacia los mercados internacionales.

“Lo que hicimos hace apenas un par de días es que hicimos más difícil para los iraníes disparar contra el transporte marítimo comercial, nuevamente, para garantizar el flujo de petróleo y gas hacia los mercados energéticos mundiales”, señaló Vance.

El vicepresidente sostuvo que el objetivo de Estados Unidos es impedir que Teherán utilice el estrecho como mecanismo de presión sobre la economía mundial. “Los iraníes querrían que salieran cero millones de barriles del estrecho de Ormuz. Anoche salieron 15 millones de barriles”, afirmó.

Vance también descartó conversaciones con Irán mientras continúen los ataques contra embarcaciones comerciales. “Nuestro mensaje a los iraníes es simple. Ha sido el mismo desde el principio: tienen que dejar de disparar contra el transporte marítimo comercial”, dijo.

Y agregó: “No estamos hablando con ellos, y no vamos a hablar con ellos a menos que dejen de disparar contra el transporte marítimo comercial”.

La magnitud del tráfico recuperado también fue destacada el miércoles por el secretario de Energía, Chris Wright, quien afirmó que más de 17 millones de barriles de petróleo atravesaron Ormuz el lunes, el mayor volumen registrado desde el inicio de la guerra a finales de febrero.

Antes del conflicto, por el estrecho circulaban aproximadamente 20 millones de barriles diarios de crudo y productos petrolíferos. Ese volumen representa una parte sustancial del suministro energético mundial y convierte a Ormuz en un punto estratégico para los mercados internacionales.

(Con información de Europa Press)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió este lunes que la economía iraní podría entrar en una situación de colapso “en cuestión de semanas o meses” si Washington mantiene su campaña de sanciones para obligar a Teherán a regresar a la mesa de negociaciones.

Bessent formuló la advertencia durante la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en Asheville, Carolina del Norte. Allí sostuvo que el régimen iraní está tomando en serio las nuevas medidas estadounidenses y que el deterioro económico ya estaría influyendo en la respuesta de Teherán al conflicto.

“Yo diría que están atacando militarmente porque están perdiendo económicamente”, afirmó Bessent al explicar la estrategia estadounidense.

El funcionario dejó claro, sin embargo, que Washington no presenta el derrumbe de la economía iraní como un objetivo inevitable. Según explicó, la intención es aumentar el costo financiero de las políticas del régimen hasta generar condiciones para una negociación.

“Solo tenemos que lograr que el régimen recupere el sentido común”, dijo.

El Departamento del Tesoro puso en marcha el pasado 24 de agosto la denominada “Operation Economic Outcast”, una campaña destinada a dificultar el acceso de Irán a ingresos, bancos y mecanismos internacionales utilizados para mover dinero.

Las primeras medidas ampliaron el riesgo de sanciones secundarias sobre cinco sectores: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Además, Estados Unidos sancionó a casi 60 personas, empresas y embarcaciones vinculadas con redes financieras, petroleras, militares y de evasión de sanciones.

La estrategia apunta también a las entidades extranjeras que continúan facilitando operaciones iraníes. El Tesoro advirtió que las instituciones involucradas en lavado de dinero o evasión de sanciones pueden perder su acceso al sistema financiero estadounidense.

“Cualquier entidad que facilite el lavado de dinero en nombre de Irán será expulsada del sistema del dólar estadounidense”, había advertido Bessent al presentar la campaña.

Días después, Washington avanzó contra la filial en Emiratos Árabes Unidos de Banque Misr, al proponer restricciones que afectarían su acceso a bancos estadounidenses. La medida fue presentada como un primer paso para responsabilizar a instituciones que procesen fondos vinculados al régimen iraní.

Washington quiere mantener la presión

Bessent señaló que las sanciones no serán una acción aislada. Estados Unidos prepara nuevas medidas contra intermediarios financieros y otros actores que permitan a Teherán mantener sus circuitos de ingresos.

El objetivo declarado es modificar el comportamiento del régimen sin depender exclusivamente de nuevas operaciones militares. Para Washington, el aislamiento financiero puede reducir la capacidad iraní para obtener divisas, sostener sus estructuras estatales y financiar actividades regionales.

La campaña también busca coordinación internacional. Bessent agradeció el respaldo expresado por la Unión Europea y el Banco Central Europeo a las medidas estadounidenses, mientras Washington intenta convencer a otros gobiernos de endurecer los controles sobre las operaciones vinculadas con Irán.

El contexto económico se superpone con una nueva escalada militar. Después de varias semanas sin enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Irán, Washington atacó este domingo posiciones iraníes en la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz. Teherán respondió con ataques contra objetivos estadounidenses en la región.

La zona es especialmente sensible para los mercados energéticos porque por el estrecho de Ormuz circula una parte sustancial del petróleo transportado por vía marítima a nivel mundial. La reanudación de las hostilidades incrementó así la presión sobre los precios de la energía y añadió un riesgo adicional para la economía internacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este lunes en Washington al jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer, en una reunión destinada a revisar la evolución de la crisis en la isla y las acciones de Washington para hacer llegar asistencia humanitaria a los cubanos. El encuentro se produjo mientras la Casa Blanca mantiene una estrategia de fuerte presión sobre la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

La representación diplomática estadounidense en La Habana informó que Hammer presentó a Rubio una actualización sobre las condiciones actuales de Cuba. También analizaron el programa de asistencia de 100 millones de dólares comprometido por Washington, cuyo reparto se realiza fuera de las estructuras estatales cubanas.

El objetivo de la administración de Donald Trump es que los recursos lleguen directamente a sectores de la población afectados por la escasez. Para ello, Estados Unidos contempla trabajar con Cáritas y otras organizaciones que considera confiables, evitando que el dinero o los suministros queden bajo control del régimen cubano o de GAESA, el conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas.

La delegación estadounidense también destacó el respaldo de Washington a las aspiraciones de los cubanos de vivir “en libertad y con dignidad”.

La ayuda comenzó a materializarse durante el segundo semestre del año con envíos destinados a familias en situación de vulnerabilidad. Los paquetes incluyen alimentos básicos y artículos de higiene, además de elementos para facilitar el acceso al agua potable y cubrir necesidades domésticas esenciales.

El esquema de distribución busca mantener la asistencia al margen de las instituciones oficiales cubanas. Una parte de los fondos será gestionada mediante estructuras vinculadas a la Iglesia Católica, mientras que el resto será canalizado a través de organizaciones no gubernamentales seleccionadas por Washington.

La reunión entre Rubio y Hammer también se enmarca en una política estadounidense más amplia destinada a incrementar la presión sobre La Habana. El secretario de Estado ha sostenido que las medidas de Washington continuarán mientras la dictadura cubana no emprenda transformaciones económicas y políticas.

Rubio había advertido previamente que La Habana no podrá recurrir a mecanismos destinados a sortear las sanciones estadounidenses.

“Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape”, afirmó, al explicar que Washington responderá a cualquier estrategia que considere orientada a eludir su presión.

El funcionario también sostuvo que Cuba no puede apostar a que la situación cambie simplemente con el paso del tiempo.

“Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, afirmó al referirse al período restante de la actual administración estadounidense.

La política de Washington se intensificó después de la pérdida del respaldo energético y financiero que Cuba recibía de Venezuela. Rubio describió ese cambio como una ruptura con una dinámica que, durante años, permitió a La Habana contar con apoyo externo mientras Estados Unidos mantenía una atención limitada sobre la isla.

En paralelo, la administración Trump ha impuesto nuevas sanciones contra funcionarios y entidades cubanas vinculadas al aparato militar y económico. Washington sostiene que esas medidas buscan limitar los recursos disponibles para las estructuras estatales y aumentar los incentivos para que La Habana adopte reformas.

La reunión de este lunes permitió a Rubio recibir directamente de Hammer información sobre la situación en terreno y sobre la ejecución del programa de ayuda, dos elementos centrales de la actual política estadounidense hacia Cuba.

El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, asistió en persona a la reunión de líderes financieros del Grupo de los 20 (G20) en Asheville, Carolina del Norte, marcando su primera presencia física en el foro desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania en 2022. La visita generó un choque abierto con los socios europeos y confirmó un acercamiento de alto nivel entre Moscú y Washington.

El martes por la mañana, Siluanov se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un encuentro bilateral que el propio Departamento del Tesoro confirmó. Según un comunicado del gobierno ruso, los dos funcionarios abordaron la cooperación financiera bilateral y la coordinación dentro del G20. Bessent, que tiene a su cargo la política de sanciones de Washington contra Moscú, expuso durante el encuentro el plan de paz del presidente Donald Trump para Ucrania, según informó NBC News citando al Departamento del Tesoro.

La presencia de Siluanov irritó a varios líderes europeos. El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, fue el más explícito: afirmó que habría preferido “que hubiera claridad desde el lado americano de que no se le recibe aquí como un invitado normal”. Klingbeil añadió que él y sus pares europeos se negaron a posar junto al ministro ruso en la fotografía grupal tradicional del encuentro.

“El hecho de que el ministro de Finanzas ruso participe de nuevo tras cuatro reuniones del G20 sin Rusia demuestra que hay un intento de normalización, y precisamente por eso debemos resistirlo: no hay una situación normal con Rusia en este momento”, declaró Klingbeil en un comunicado. Durante la sesión plenaria, el ministro alemán le dijo directamente a Siluanov que Rusia debe poner fin a la guerra y que Europa respalda a Ucrania.

El antecedente inmediato data de abril de 2022, cuando Siluanov participó por videoconferencia en una reunión de ministros de Finanzas del G20. En esa ocasión, Estados Unidos —bajo la administración del entonces presidente Joe Biden— encabezó una salida colectiva de la sala en señal de protesta mientras el funcionario ruso tomaba la palabra. El plan de 28 puntos que la administración Trump ha promovido para detener el conflicto fue rechazado por Kiev y cuestionado por Europa, al considerarse que se alineaba en gran medida con las exigencias de Moscú.

Siluanov ha dirigido las finanzas rusas durante toda la guerra, supervisando un marcado incremento del gasto en defensa y las medidas adoptadas para amortiguar el impacto de las sanciones occidentales. Cualquier mejora en los vínculos económicos entre Moscú y Washington implicaría abordar cuestiones como las restricciones financieras y el acceso a los activos rusos congelados.

A diferencia de Siluanov, el canciller ruso Serguéi Lavrov ha asistido con regularidad a las reuniones ministeriales del G20, la más reciente en Sudáfrica en febrero de 2025. Putin, en cambio, no participa en una cumbre del grupo desde 2019. Esa dinámica podría alterarse en diciembre, cuando Miami acoja la cumbre de líderes del G20: Trump se expresó en términos positivos sobre una eventual asistencia del presidente ruso. “Probablemente sería muy útil”, dijo. Estados Unidos ejerce actualmente la presidencia rotatoria del foro.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump planea imponer esta semana sanciones contra otro banco como parte de su estrategia para intensificar el aislamiento económico de Irán, según afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista con The Associated Press.

“Esto será violencia financiera si tenemos que hacerlo”, expresó Bessent el domingo por la noche. “Les estamos demostrando a esas personas que sabemos quiénes son, que ellos saben quiénes son, y que esto tiene que parar”.

El secretario del Tesoro formuló esas declaraciones antes de los encuentros del Grupo de los 20 (G20) en Asheville, Carolina del Norte, donde mantendrá reuniones por separado con funcionarios de algunas de las principales economías del mundo y de países en vías de desarrollo para buscar respaldo a la estrategia estadounidense contra Irán.

La administración de Trump señaló recientemente que pretende trasladar el eje de su campaña desde las operaciones militares hacia la presión económica, en una guerra que acaba de cumplir seis meses. En ese marco, el Gobierno estadounidense prometió aplicar lo que denominó un “Día D económico” contra Irán, un país sometido durante décadas a duras sanciones.

Sin embargo, las hostilidades entre Washington y Teherán volvieron a recrudecerse en las últimas horas. Las fuerzas estadounidenses atacaron lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz, en la primera acción militar de Estados Unidos en esa zona en un mes, lo que interrumpió una pausa en los combates. Por su parte, Irán afirmó haber atacado instalaciones militares estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

La combinación de la presión económica con las operaciones militares plantea nuevos desafíos para la estrategia de Washington, en particular por los vínculos comerciales que mantienen otros países con Teherán.

Hasta ahora, el gobierno de Trump optó principalmente por advertencias en lugar de imponer nuevas sanciones a los socios comerciales de Irán. Entre las principales cuestiones pendientes se encuentra la postura que adoptará Washington frente a China, el mayor socio comercial de Irán y el principal comprador de su petróleo.

Bessent afirmó a la AP que mantendrá conversaciones con sus homólogos chinos durante la reunión del G20 y aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” en relación con la posibilidad de imponer sanciones a Beijing por continuar con sus adquisiciones a Irán.

El secretario del Tesoro rechazó, además, la idea de que la administración estadounidense sea renuente a confrontar a China por sus relaciones comerciales con Teherán. Según Bessent, esa interpretación constituye “una narrativa completamente falsa que los medios recogieron”.

El funcionario sostuvo que Washington y Beijing comparten algunos objetivos frente a la situación regional. En particular, afirmó que ambos gobiernos coinciden en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán desarrolle un arma nuclear.

La situación en el estrecho tiene especial importancia para la estrategia económica estadounidense debido al papel que desempeña esa vía marítima en el comercio internacional de petróleo. La posición de China, como principal comprador del crudo iraní, constituye uno de los principales puntos de tensión dentro de los esfuerzos de Washington para incrementar la presión económica sobre Teherán.

La primera medida oficial del Departamento del Tesoro dentro de esta nueva campaña de presión económica se produjo el viernes, cuando presentó una propuesta de reglamentación que, de haberse concretado, habría terminado con el acceso de las sucursales en Emiratos Árabes Unidos de Banque Misr, el segundo banco más grande de Egipto, al sistema financiero estadounidense.

No obstante, el Gobierno republicano finalmente se negó a imponer sanciones contra la entidad egipcia. De acuerdo con la información de la AP, esa decisión pareció reflejar la cautela de Washington frente a la posibilidad de penalizar a importantes socios comerciales que mantienen negocios con Irán.

Entre esos países se encuentran China e India, cuyas relaciones comerciales con Teherán representan uno de los principales obstáculos para una estrategia estadounidense destinada a profundizar el aislamiento económico iraní.

(Con información de Associated Press)

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reconoció que las sanciones estadounidenses contra su país están perjudicando la economía, pese a insistir hace unos días en que estas no lograrían nada.

“Algunos dicen que las sanciones no tienen efecto alguno; francamente no sé qué decirle a esa gente”, dijo Pezeshkian a la televisión estatal en una entrevista la noche del viernes.

“Estamos en situación de guerra, y debemos aceptar las condiciones propias de un tiempo de guerra”, agregó el mandatario, refiriéndose a la contienda abierta desde que Estados Unidos e Israel atacaron el 28 de febrero, y para la que no se ha encontrado aún una salida.

El lunes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó un plan para lograr la “asfixia económica” de Irán, y amenazó con duras consecuencias a los países terceros que comercien con Teherán y de esa forma traten de aliviar el cerco económico norteamericano.

Las nuevas medidas abundan en el régimen sancionador puesto en marcha desde que en 2018 el presidente Donald Trump, entonces en su primer mandato, retiró a Washington del acuerdo internacional de 2015 sobre el programa nuclear iraní.

Pezeshkian dijo el viernes que las exportaciones e importaciones de Irán han caído entre un 25 y un 35% en los meses recientes, coincidiendo con el bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes.

Igualmente abogó por aumentar el precio de la gasolina, que tradicionalmente ha estado fuertemente subvencionada en el país, un importante productor y exportador de crudo. Cualquier subida de precio en las gasolineras es por tanto políticamente sensible.

El vicepresidente Mohammad Jafar Ghaempanah había dicho el miércoles que el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes estaba impidiendo la importación de suficiente gasolina para cubrir el consumo doméstico.

El mismo día, Pezeshkian dijo que las últimas sanciones de Estados Unidos “no lograrían nada”.

Las primeras sanciones de EEUU

El Departamento del Tesoro impedirá el acceso al sistema financiero de Estados Unidos a la filial del banco estatal egipcio Misr en los Emiratos Árabes, entidad a la que acusa de mantener intercambios financieros con Irán.

Se trata de la primera medida concreta que toma el gobierno de Donald Trump después de que a principios de la semana el secretario del Tesoro, Scott Bessent, amenazó con aislar económicamente a Irán, seis meses después de iniciada la guerra.

“Hoy, en el marco de la ‘Operación Marginado Económico’, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una norma que revocaría el acceso de Banque Misr UAE como banco corresponsal a las instituciones financieras estadounidenses”, anunció el Tesoro en un comunicado.

“El Tesoro prometió cortar todas las vías de escape económicas que le quedan a Teherán y acabar definitivamente con la amenaza del régimen iraní”, declaró Bessent.

“También advertimos que quienes apoyan a Irán no pueden seguir teniendo acceso al dólar estadounidense ni al sistema financiero global. Banque Misr UAE decidió aprenderlo por las malas, y hoy damos el primer paso para exigirle responsabilidades por su continuo e imperdonable apoyo al régimen iraní”, completó.

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Reza Mohammad Taeedi, gerente de la sucursal de Bank Melli en Dubái. Y también impuso sanciones contra Kameng Trading Limited, una empresa fachada con sede en Hong Kong que ayudó a blanquear fondos para una casa de cambio iraní sancionada.

El conglomerado militar cubano GAESA acumula más de USD 18,000 millones en cuentas bancarias en el extranjero, mientras ocho de cada diez cubanos saltean al menos una comida al día por falta de dinero o alimentos.

Esa fue la acusación que el embajador estadounidense Jeffrey A. Bartos llevó esta semana al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en un debate sobre crisis alimentarias mundiales.

La denuncia de Washington ocurrió en medio de la peor crisis humanitaria que registra la isla en décadas, con el 94% de la población en situación de pobreza extrema, según el IX Estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), elaborado a partir de 1,318 entrevistas realizadas entre junio y julio de 2026 en las 15 provincias del país.

La acusación de Bartos en la ONU

Bartos tomó la palabra en respuesta al representante cubano Ernesto Soberón, quien volvió a atribuir a Washington la responsabilidad por el deterioro económico de la isla.

El diplomático estadounidense revirtió el argumento: “Mientras el pueblo cubano se muere de hambre, los líderes de Cuba continúan viviendo estilos de vida opulentos”, según recogió Periódico Cubano.

El embajador también apuntó a la inversión del gobierno en hoteles que, a su juicio, permanecen vacíos, como ejemplo del desvío de recursos en medio de la escasez generalizada.

La cifra de USD 18,000 millones atribuida a GAESA y sus filiales no es nueva. Documentos financieros internos filtrados y analizados por el Miami Herald, diario estadounidense, y la BBC, medio público británico, estimaron los activos del conglomerado en USD 17,894 millones en marzo de 2024, con USD 14,467 millones depositados en bancos. Washington la llevó ahora al principal foro multilateral del mundo.

Qué es GAESA y por qué está en el centro de las sanciones

El Grupo de Administración Empresarial S.A. es el brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Controla entre el 40% y el 70% de la economía formal de la isla, con presencia en hotelería, puertos, remesas, telecomunicaciones y comercio exterior.

El secretario de Estado Marco Rubio lo describió como “el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba” al anunciar sanciones directas contra el conglomerado el 7 de mayo, al amparo de la Orden Ejecutiva 14404 que el presidente Donald Trump firmó el 1 de mayo de 2026.

Las medidas incluyeron sanciones personales contra la presidenta ejecutiva del grupo, la general Ania Guillermina Lastres Morera.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) confirmó luego que las restricciones alcanzan a cualquier empresa en la que GAESA tenga una participación directa o indirecta de al menos el 50%. El Comando Sur de Estados Unidos identificó al conglomerado como una amenaza regional a mediados de agosto y legisladores del Congreso pidieron el congelamiento de sus activos.

Los lujos de la élite cubana bajo la lupa

Las declaraciones ante la ONU se producen en un año en que varias investigaciones documentaron el contraste entre las condiciones de vida de la población y las de miembros de la élite gobernante, según informó Periódico Cubano.

Uno de esos casos involucra a Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) e hija del exgobernante Raúl Castro. El investigador Luis Domínguez y el periodista Mario J. Pentón analizaron una propiedad que le atribuyen en el exclusivo reparto Atabey, en La Habana, cerca de El Laguito.

La vivienda, que habría unificado tres parcelas, contaría con seis dormitorios, tres baños y carpintería de maderas preciosas: cedro mara del Amazonas brasileño y caoba de Santiago de Cuba. Una piscina de 20 metros de largo, construida alrededor de 2014, completa el cuadro.

El otro caso señalado por Periódico Cubano involucra a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo”. Pentón difundió imágenes de una aeronave privada que atribuyó al joven, junto con un presunto registro de vuelos entre Playa Baracoa y Holguín.

Un análisis técnico de las imágenes indicó que el avión pertenecería a la familia Dassault Falcon, una línea francesa de jets ejecutivos de largo alcance.

Una crisis que los números confirman

El telón de fondo de estas denuncias es una emergencia social. El OCDH determinó que el 68% de los hogares cubanos percibe ingresos mensuales equivalentes a apenas USD 30.

La producción azucarera, históricamente central para la economía de la isla, cayó de ocho millones de toneladas en 1989 a menos de 150.000 en la zafra 2024-2025, el peor resultado en más de un siglo, según cálculos de la agencia EFE.

Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume y gasta unos USD 2,400 millones anuales en esas compras, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Entre 2018 y 2023, la producción nacional de carne de cerdo cayó un 95%, la de arroz un 87% y la de frijoles un 70%, según estadísticas oficiales recopiladas por ese organismo.

A ese colapso productivo se sumaron los apagones: el 14 de julio de 2026, Cuba sufrió su tercer colapso del Sistema Eléctrico Nacional en menos de dos semanas. El 70% de los cubanos señala los cortes de electricidad como su principal problema, seguido por la crisis alimentaria, que preocupa al 52% de la población.

El régimen iraní afirmó este viernes que los países “están obligados” a no aplicar ni reconocer las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra Irán, una campaña de presión económica que calificó de “continuación de la guerra”.

“Todos los países están obligados a abstenerse de aplicar tales sanciones”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní, en su primera respuesta oficial a la operación “Paria Económico” anunciada por EEUU el lunes.

La cartera de Exteriores sostuvo en un comunicado que las sanciones estadounidenses suponen “una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas”, “terrorismo de Estado”, una violación de la soberanía nacional y una extensión de la guerra que EEUU e Israel iniciaron el 28 de febrero.

“La declaración de guerra económica contra Irán constituye una continuación de la guerra agresiva que Estados Unidos y el régimen sionista han librado contra Irán durante el último año y medio bajo pretextos falsos e infundados, poniendo en peligro la paz y la seguridad regionales e internacionales”, indicó el Ministerio.

Las autoridades iraníes afirmaron que la operación económica tiene la intención de “infringir dolor y sufrimiento al pueblo iraní y privar a los ciudadanos iraníes de sus derechos humanos fundamentales, por lo que se considera un crimen internacional y un crimen de lesa humanidad”.

Por ello, llamaron a la comunidad internacional a tomar “las medidas necesarias para proteger el Estado de derecho”.

Estados Unidos anunció el lunes la operación “Paria Económico” para cortar “todas las opciones económicas” de Irán, con el objetivo de elevar la presión con sanciones contra la República Islámica.

Irán dijo antes del anuncio de las sanciones que considerará como un “enemigo” a cualquier país que colabore “en la guerra económica” de Estados Unidos.

La guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán cumple este viernes seis meses sin una solución en el horizonte, con el estrecho de Ormuz todavía bloqueado y con un continuo cruce de amenazas entre las partes.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, buscará reforzar la presión económica sobre Irán durante la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, que se celebrará la próxima semana en Asheville, Carolina del Norte, en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente y las tensiones comerciales.

Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de las principales economías del mundo se reunirán el lunes y martes en esa ciudad montañosa de Carolina del Norte. El encuentro será uno de los primeros de una serie de reuniones ministeriales del G20 previstas para este año y servirá como antesala de la cumbre de líderes que el presidente estadounidense, Donald Trump, prevé organizar en diciembre en Florida.

Un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el jueves que Washington utilizará las conversaciones de Asheville para insistir ante los integrantes del G20 sobre la necesidad de cumplir las sanciones estadounidenses contra Irán.

El objetivo de la administración Trump será aumentar la presión sobre Teherán y limitar sus ingresos y vínculos económicos internacionales, en medio de la guerra en Medio Oriente. Según el funcionario, Bessent realizará pedidos directos a sus pares durante reuniones bilaterales.

La fuente, citada por AFP, no precisó con qué ministros mantendrá esos encuentros ni aclaró si entre ellos estará su homólogo de China, país que representa un punto central para la estrategia estadounidense contra Irán debido a su papel como principal comprador del petróleo iraní.

Bessent expuso en los últimos meses planes para aislar económicamente a Irán, con una ampliación de las amenazas de sanciones secundarias contra empresas y países que mantengan determinadas relaciones comerciales con Teherán. El secretario del Tesoro también advirtió sobre consecuencias severas para los países que no se sumen a la campaña estadounidense.

La presión sobre China constituye uno de los principales desafíos para Washington, ya que el país asiático es el principal comprador del crudo iraní. La cuestión adquiere especial relevancia ante la prevista cumbre de septiembre entre Trump y el líder chino, Xi Jinping.

El G20 está integrado por 19 países, la Unión Europea y la Unión Africana. El grupo fue creado a raíz de la crisis financiera asiática de 1997-1998 con el objetivo de promover la estabilidad económica y financiera internacional.

La presidencia estadounidense del G20 durante este año también introdujo cambios en la composición de las reuniones. Sudáfrica quedó excluida bajo la presidencia de Estados Unidos, mientras que Washington invitó a Polonia a ocupar un lugar en la mesa.

Además de las sanciones contra Irán, los funcionarios estadounidenses buscarán abordar otros asuntos económicos durante la reunión de Asheville, entre ellos el exceso de capacidad industrial, el fortalecimiento del crecimiento económico y la creación de cadenas de suministro más confiables para recursos críticos, como la energía.

Las reuniones del G20 ampliaron con el paso de los años su agenda hacia cuestiones como el cambio climático y la salud global. Sin embargo, analistas anticipan que Estados Unidos impulsará este año un enfoque centrado en los asuntos económicos fundamentales.

El encuentro se desarrollará además en un momento de tensión sobre el papel de Estados Unidos en la economía mundial. Las preocupaciones sobre el nivel de deuda estadounidense aumentaron, mientras que los aranceles impulsados por Trump contra competidores comerciales y aliados tradicionales, entre ellos Canadá, deterioraron las relaciones económicas.

A ese escenario se suma el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre la economía internacional. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero provocaron un conflicto regional que afectó los mercados energéticos y elevó los costos de la energía.

La situación también genera dudas sobre la capacidad del G20 para mantener una posición común frente a las principales disputas económicas y geopolíticas.

La política de sanciones contra Irán, las amenazas dirigidas a países que mantienen vínculos comerciales con Teherán y las disputas comerciales de Estados Unidos con sus socios colocan al grupo ante posiciones divergentes.

(Con información de AFP)

Entre las quejas que el Partido Comunista ha alimentado durante mucho tiempo en su versión oficial de la historia de China, destacan especialmente los abusos extraterritoriales de potencias extranjeras. En el siglo XIX, se trataba de potencias coloniales que se negaban a someterse a las leyes chinas en los puertos que controlaban. En el siglo XXI, es Estados Unidos quien impone su voluntad más allá de sus fronteras, mediante sanciones y controles de exportación, contra países que le resultan desagradables. Resulta aún más llamativo, entonces, que China quiera ahora jugar al juego extraterritorial, librando una guerra jurídica con cada vez mayor ímpetu.

Un ejemplo notable se produjo en abril, cuando China ordenó a Meta, propietaria de Facebook, que deshiciera su acuerdo de 2.000 millones de dólares para adquirir Manus, una startup de IA registrada en Singapur. Meta acató la orden, al igual que los fundadores chinos de Manus, a quienes se les había prohibido salir de China. Si bien esta saga tuvo cierto aire de improvisación legal, el gobierno chino está trabajando ahora en leyes que le otorgan mayor control sobre el flujo de tecnología de IA. Además, en septiembre entrarán en vigor facultades reforzadas para imponer prohibiciones de entrada y salida a particulares.

Estas son solo las últimas de una serie de medidas legales destinadas a extender la influencia de China más allá de sus fronteras. Las medidas son muy diversas y abarcan desde sanciones extranjeras hasta política étnica. Marcan un giro radical para China, que desde hace tiempo siente resentimiento por el alcance legal de Estados Unidos. Los tribunales estadounidenses pueden perseguir a empresas (e individuos) por su conducta en el extranjero, en gran parte gracias a la influencia del país sobre el sistema financiero global. En la medida en que el propio brazo extendido de China es una represalia contra las sanciones de otros, su fuerza proviene del dominio del país sobre las cadenas de suministro globales. Pero China también está librando una guerra jurídica en el extranjero con el fin de fortalecer el control político en su propio territorio.

El giro radical proviene de la cúpula. En 2018, Xi Jinping, el líder chino, instó a los funcionarios del partido a “empuñar las armas legales” que corresponden a la condición de gran potencia del país. Más tarde ese mismo año, Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei e hija del fundador del gigante de las telecomunicaciones, fue arrestada en Canadá, a petición de Estados Unidos, por supuestamente ocultar vínculos con clientes iraníes sujetos a sanciones estadounidenses. Henry Gao, de la Universidad de Administración de Singapur, sostiene que el arresto de Meng demostró a los alarmados líderes chinos la vulnerabilidad de empresas clave y su personal ante las maquinaciones estadounidenses. (China respondió arrestando a dos canadienses con cargos falsos y manteniéndolos como rehenes durante casi tres años).

La primera ley china que disuade a las empresas de acatar las sanciones extranjeras, en particular las estadounidenses, se promulgó en 2021. Desde entonces, el partido ha incorporado cláusulas extraterritoriales en numerosas leyes nuevas. Por ejemplo, las regulaciones emitidas a finales de 2024 exigen que las empresas extranjeras que utilizan insumos chinos cumplan con las leyes de exportación del país; además, otorgan a los funcionarios de Beijing la autoridad para investigar a los clientes de las empresas extranjeras. Esto es similar a la “norma de producto directo extranjero” estadounidense, que la administración de Washington invocó para restringir el flujo de equipos de fabricación de chips de fabricación holandesa hacia China. Al igual que Estados Unidos, China ha comenzado a imponer sanciones a políticos extranjeros.

Las leyes chinas contra las sanciones extranjeras, actualizadas en abril, se basan en la propia “ley de bloqueo” de la Unión Europea. Dicha ley prohíbe a las empresas y personas de la UE acatar sanciones que la UE considere ilegítimas. De hecho, las leyes chinas van más allá: prohíben a cualquier empresa extranjera obedecer sanciones que discriminen a entidades chinas. En virtud de estas nuevas leyes, JPMorgan Chase y Citigroup, dos gigantes bancarios estadounidenses, están siendo demandados por un total de 44 millones de dólares en tribunales chinos por congelar los activos de un comerciante de petróleo chino sancionado, por orden del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En junio, el Tribunal Popular Supremo citó estas nuevas leyes en una sentencia contra una empresa singapurense por negarse a entregar cargamentos de productos electrónicos a una empresa sancionada en Hong Kong.

Las medidas de China representan un dilema para las empresas extranjeras, que se ven obligadas a elegir qué leyes acatar. En mayo, tribunales de Londres y Chongqing, en el suroeste de China, emitieron fallos radicalmente distintos en una disputa de licencias entre Samsung, un gigante conglomerado surcoreano, y ZTE, un fabricante chino de equipos de telecomunicaciones. Los jueces de Londres dictaminaron que Samsung debía a ZTE unos 392 millones de dólares, mientras que el tribunal chino determinó que la deuda con ZTE era casi el doble. Satisfacer a un tribunal puede implicar desobedecer al otro. Las consecuencias para Samsung de no reconocer la decisión del tribunal de Chongqing serían potencialmente más graves que si desobedeciera la del tribunal inglés. Grandes multinacionales como Samsung tienen una fuerte presencia en China, que es a la vez un mercado y un proveedor de bienes esenciales para ellas. El brazo largo de China se basa en la presión directa y contundente, afirma Mark Jia, del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

El brazo largo de China también se preocupa por controlar a individuos y organizaciones que considera una amenaza para la seguridad interna del país, definida en un sentido muy amplio. En julio entró en vigor una ley sobre la “promoción de la unidad étnica”, que penaliza cualquier acto en el extranjero que “socava la unidad nacional”. Un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia, actualmente en trámite en la Asamblea Popular Nacional, el parlamento chino que suele ser meramente formal, tipificará como delito alojar o transmitir información en el extranjero que perjudique los “intereses públicos” de China. Otra ley en consideración codifica las facultades para recopilar pruebas de corrupción en entidades chinas en el extranjero.

Muchas de las leyes y regulaciones recientes formalizan y refuerzan el alcance coercitivo del Estado en todo el mundo, que ha incluido el secuestro de críticos chinos del régimen y la gestión de comisarías clandestinas diseñadas, en parte, para vigilar y controlar el comportamiento de los chinos en el extranjero. Las extensas actividades de frente unido del partido en el extranjero también han buscado durante mucho tiempo reforzar su influencia, ejercer control sobre las comunidades de chinos en el extranjero y neutralizar las críticas a China.

El impulso legislativo refleja un deseo de centralizar el control, afirma Yalkun Uluyol, de Human Rights Watch, una organización de monitoreo; la codificación de normas contribuye a fortalecer los mecanismos burocráticos. Jia añade que, al arrogarse la facultad de tomar represalias contra las sanciones extranjeras, el Estado envía un mensaje de determinación a los demás.

Gran parte de la intensa actividad legislativa extraterritorial de China, incluidas las disposiciones sobre la unidad étnica, responde en realidad a la antigua obsesión del Partido Comunista por salvaguardar la estabilidad interna. Sin embargo, el creciente alcance de sus leyes revela mucho sobre las ambiciones de China bajo el mandato de Xi de moldear un entorno externo más acorde a sus intereses, uno en el que ya no sea víctima de la historia mundial, sino su artífice.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

El Gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones económicas contra el colectivo tecnológico italiano Autistici/Inventati, la organización británica Palestine Action y la red propalestina transnacional Masar Badil, a la que se suman dos de sus dirigentes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, incluyó a las tres entidades en su lista de sancionados por considerarlas parte de lo que la Administración de Donald Trump denomina “redes terroristas trasnacionales de extrema izquierda”.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó en un comunicado que estas organizaciones representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. El secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en la red social X que Autistici/Inventati es “un importante colectivo tecnológico de extrema izquierda” usado por células antifascistas activas dentro y fuera del país. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que Washington aplicará “todo el peso de sus herramientas económicas” contra estos grupos.

Según el Departamento de Estado, Autistici/Inventati —con sede en Italia y conocido como A/I Collective— provee infraestructura digital cifrada, incluidos correo electrónico, alojamiento web y herramientas de anonimato, a organizaciones de extrema izquierda en Estados Unidos, Europa y otras regiones. El colectivo administra alrededor de 16.000 buzones de correo y 1.500 sitios web, según cifras del propio Departamento de Estado. Washington sostiene que estos servicios han servido para difundir instrucciones sobre fabricación de explosivos y para encubrir actividades delictivas ante las fuerzas del orden, entre ellas las de la agrupación Rose City Antifa, con sede en Portland (Oregón).

Palestine Action, la segunda entidad sancionada, ya había sido proscrita como organización terrorista por el Gobierno del Reino Unido en julio de 2025. El Tesoro estadounidense sostiene que el grupo ha respaldado actos que causaron lesiones a agentes de policía británicos y acciones dirigidas a intimidar empresas y presionar al Ejecutivo de Londres. La designación estadounidense se suma así a una sanción previa dictada por las autoridades británicas.

Sobre Masar Badil, las versiones oficiales presentan matices distintos según la fuente. El Tesoro la describe como una fachada del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), organización terrorista extranjera designada desde hace años por Washington. La ficha del Departamento de Estado, en cambio, atribuye la sanción al control que ejercería sobre ella la Red de Solidaridad con los Prisioneros Palestinos Samidoun, sancionada por Estados Unidos y Canadá en 2024, entidad vinculada también al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Los dos dirigentes designados, Rawa Alsagheer, radicada en Brasil, y Zaid Abdulnasser, residente en Alemania, fueron sancionados por su papel directivo en la organización.

La medida se inscribe en una ofensiva más amplia de la Administración Trump que comenzó en noviembre de 2025, cuando el Departamento de Estado designó como terroristas a distintas células vinculadas al movimiento Antifa. La Estrategia de Contraterrorismo de Estados Unidos para 2026 identifica al terrorismo violento de extrema izquierda como una de las tres principales amenazas del país, junto al yihadismo y el crimen organizado transnacional.

Las sanciones se basan en la Orden Ejecutiva 13224, que permite congelar activos vinculados a actos terroristas y prohíbe transacciones de ciudadanos o empresas estadounidenses con las entidades designadas. La OFAC precisó que no sanciona a personas por ejercer actividades de expresión política protegidas por la Constitución.

La Liga Antidifamación (ADL) documentó además la participación de miembros de Masar Badil y Samidoun en seminarios virtuales junto a representantes de Hamas y de los hutíes yemeníes, ambos designados como terroristas por Washington. La ampliación del cerco sobre estructuras de financiamiento y apoyo logístico anticipa que el foco de la política de sanciones seguirá desplazándose hacia las redes digitales y organizativas que sostienen a estos movimientos, más allá de sus liderazgos visibles.

Las celebraciones dentro de propiedades residenciales suelen ser motivo de disputas entre vecinos, especialmente cuando el nivel de ruido interfiere con los horarios de descanso.

En Colombia, estas situaciones están contempladas dentro del marco legal del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que establece reglas específicas sobre la generación de sonidos que puedan perturbar la tranquilidad.

El artículo 33 de la Ley 1801 de 2016 dispone que es un comportamiento contrario a la convivencia “producir ruidos que afecten la tranquilidad de las personas, especialmente en horas de la noche. Esto incluye música a alto volumen, fiestas, actividades comerciales o domésticas que generen un nivel de ruido superior al permitido”.

Este tipo de disposiciones aplican tanto para viviendas ubicadas en propiedad horizontal —como conjuntos cerrados o edificios— como para otros entornos urbanos. En estos espacios, además del Código de Policía, también se deben respetar los reglamentos internos adoptados por cada copropiedad.

Dichos documentos suelen especificar los horarios permitidos para realizar mudanzas, trabajos de remodelación, eventos sociales o ensayos musicales.

De igual manera, las restricciones sobre el ruido también se encuentran reguladas por normas ambientales. La Resolución 0627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, establece los niveles máximos de emisión sonora que deben respetarse en diferentes zonas del país, dependiendo de si son residenciales, comerciales o industriales.

El incumplimiento de estas normas puede acarrear consecuencias tanto a nivel policial como dentro de la misma comunidad. Cuando un residente considera que el ruido sobrepasa los límites establecidos, tiene la posibilidad de presentar una queja ante la administración del conjunto o directamente a la Policía Nacional. Esta última está facultada para acudir al lugar y verificar si hay infracción.

En caso de constatarse una alteración de la tranquilidad, el artículo 33 permite imponer medidas correctivas que van desde una advertencia verbal hasta sanciones económicas. Una de las más comunes es la multa tipo 2, que para el año 2025 supera los $300.000 pesos colombianos.

Estas multas pueden aumentar si la conducta se repite en el tiempo. En ciertos casos, si no se toman medidas para disminuir el ruido, las autoridades pueden ordenar la suspensión temporal de la actividad que lo genera. Además, en propiedades horizontales, la administración puede aplicar sanciones internas según lo estipulado en el reglamento, que puede incluir llamados de atención formales, restricciones de uso de zonas comunes o cobros adicionales.

Las alcaldías locales y la Policía también realizan jornadas de medición de ruido en diferentes sectores, especialmente en aquellos donde se han recibido múltiples reportes. Estos operativos buscan verificar el cumplimiento de la normativa y prevenir alteraciones al orden público.

Cabe resaltar que el nivel de sanción no está determinado únicamente por la intensidad del ruido, sino también por el momento en que se produce. Por ejemplo, una reunión con música elevada durante la semana a las 11:00 p.m. suele tener más probabilidades de ser objeto de queja que un encuentro en horario diurno durante el fin de semana.

Los horarios que normalmente se consideran como franja de descanso nocturno van desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., aunque pueden variar según el reglamento de cada conjunto residencial. Por esta razón, los residentes deben consultar las normas internas de su copropiedad y también revisar la legislación vigente a nivel local para evitar sanciones.

El uso de equipos de sonido, instrumentos musicales, sistemas de karaoke o incluso electrodomésticos con altos niveles de emisión sonora debe ser regulado de acuerdo con los límites legales y comunitarios. Las actividades comerciales desarrolladas dentro de viviendas —como talleres o clases de música— también están sujetas a estas normas si generan incomodidad entre los vecinos.

Por lo tanto, antes de planear una fiesta o cualquier tipo de evento en una propiedad residencial, es importante tener en cuenta la normativa nacional y local, así como las reglas particulares de convivencia que rigen cada edificio o conjunto. Estas disposiciones buscan garantizar un equilibrio entre el derecho al esparcimiento y el respeto por el descanso de los demás habitantes.

Desde el 19 de agosto está vigente en El Salvador la Normativa para el Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador en el ámbito de la Ley para la Protección de Datos Personales. El reglamento detalla el proceso para investigar, sancionar y resolver infracciones bajo la competencia de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE).

La normativa desarrolla el procedimiento administrativo sancionador previsto en el artículo 53 de la Ley para la Protección de Datos Personales, en concordancia con la Ley de Procedimientos Administrativos. La autoridad encargada de aplicarlo es la ACE, a través del director de Protección de Datos Personales, que lleva adelante las investigaciones y la instrucción de los expedientes.

El procedimiento sancionador se tramitará de forma principal mediante el procedimiento simplificado contemplado en la Ley de Procedimientos Administrativos y de modo excepcional por la vía ordinaria. Durante el proceso se garantizan los derechos de audiencia, defensa y debido proceso, junto con los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad.

Diligencias preliminares de investigación

Antes de iniciar formalmente un procedimiento, la ACE puede realizar diligencias preliminares para verificar indicios de infracción e identificar a posibles responsables. Estas diligencias pueden iniciarse de oficio, por denuncia, por solicitud tras un incidente de seguridad o de forma preventiva.

La agencia tiene facultades para requerir informes, realizar inspecciones, entrevistas, análisis documentales o periciales, y registrar todas las actuaciones por escrito, audio o video. El plazo máximo para estas diligencias es de 90 días hábiles, prorrogables si existe justificación.

La denuncia debe contener identificación del denunciante, relación sucinta de hechos, identificación de presuntos responsables, petición precisa y firma, y puede presentarse presencialmente o por medios tecnológicos. Una vez admitida, la autoridad notifica al presunto infractor y le otorga cinco días hábiles para ejercer su derecho de defensa y presentar pruebas de descargo.

Alegatos finales, resolución y recursos

En la vía ordinaria, tras la etapa de alegatos finales, la resolución debe dictarse en un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del expediente instruido. La decisión resolverá todas las cuestiones planteadas y podrá imponer sanciones, corregir situaciones vulneradas y ordenar medidas correctivas.

Si la infracción involucra datos personales sensibles, se considerará una circunstancia de especial protección jurídica para graduar la sanción. Los recursos administrativos, reconsideración, apelación y revisión, solo proceden en la vía ordinaria. En el procedimiento simplificado, solo queda habilitada la vía contencioso-administrativa.

Si la conducta constituye delito, la ACE debe informar a la Fiscalía General de la República en un plazo de 72 horas.

Medidas provisionales

En escenarios de urgencia o riesgo, la agencia puede dictar medidas provisionales antes o durante el procedimiento, siempre sujetas a confirmación, modificación o revocación en etapas posteriores.

Infracciones, sanciones y prescripción

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves conforme a los artículos 56, 57 y 59 de la Ley para la Protección de Datos Personales. Las sanciones consisten principalmente en multas, cuya graduación considera la gravedad del daño, efecto disuasivo, duración, intencionalidad, naturaleza de los datos y capacidad económica del infractor.

El pago debe efectuarse en la Colecturía Central o en sedes regionales del Ministerio de Hacienda dentro de los 15 días hábiles desde la notificación. Si no se realiza el pago, la Fiscalía General iniciará el cobro por la vía ejecutiva.

Todas las resoluciones sancionatorias finales serán publicadas en el sitio web de la ACE en versión pública, con disociación o anonimización de los datos personales involucrados. Tanto las infracciones como las sanciones prescriben en un plazo de cinco años.

Largas filas se formaron este martes en las gasolineras de Teherán, horas después de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones contra Irán con el objetivo declarado de “asfixiar” su economía.

La medida llega casi seis meses después del inicio de la guerra desencadenada por Washington, con las negociaciones de paz estancadas y sin salida visible al conflicto. EEUU sostiene un bloqueo naval contra la república islámica, mientras Teherán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba un quinto de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Ese cierre disparó los precios del petróleo a nivel global y representa una presión creciente para Donald Trump con miras a las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó el lunes un plan de presión económica y advirtió sobre graves consecuencias para los países que se nieguen a sumarse a la campaña de Washington. Las medidas alcanzan no solo al Estado iraní sino también a cualquier país o entidad que comercie con él, y apuntan a sectores como los activos digitales, la tecnología, el oro, la aviación y el transporte marítimo.

China, el mayor comprador de crudo iraní, fue el primero en rechazar las medidas y anunció que defenderá sus intereses por todos los medios disponibles. Ante esa postura, Bessent advirtió que “cualquier entidad que facilite el lavado de dinero en nombre de Irán será excluida del sistema del dólar estadounidense” y no descartó que los bancos chinos quedaran dentro del alcance de las restricciones.

La semana pasada, Emiratos Árabes Unidos cortó todo comercio y transacciones financieras con Irán, una decisión que Bessent atribuyó a la presión ejercida por Washington. “Las acciones que tomaron no fueron una coincidencia, sino probablemente causales, y sospecho que más países tomarán acciones similares”, afirmó.

En ese marco, el canciller iraní Abás Araqchi y su par omaní, Badr al Busaidi, se reunieron este martes en Teherán. Según un comunicado difundido por Omán, las conversaciones giraron en torno al establecimiento de un corredor temporal de navegación y un acuerdo para iniciar un proceso de desminado en el estrecho.

Teherán apuesta, en paralelo, a que el cierre de Ormuz y su impacto en los mercados internacionales terminen por forzar a Trump a ceder antes de noviembre. “Ambos relojes están corriendo, y nadie sabe cuál reloj es el correcto”, resumió el analista Sascha Bruchmann, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Baréin.

Los funcionarios iraníes rechazaron cualquier lectura de vulnerabilidad. El ministro de Economía, Ali Madanizadeh, afirmó en la televisión estatal que el país estaba preparado desde hace tiempo y que EEUU “ha fracasado en todas las ocasiones”, para agregar que Washington parece encaminarse hacia “una nueva derrota”. Irán ha edificado durante décadas un entramado financiero paralelo para operar al margen de las restricciones externas.

Las filas en los surtidores habían comenzado a alargarse incluso antes del anuncio de Bessent. “Es lógico que las sanciones afecten a la vida de la gente. Hay personas que están sufriendo, tanto quienes tienen una buena situación económica como las personas con menos recursos”, afirmó Mehdi Yazdian, un agente inmobiliario de 55 años, quien instó a las autoridades a controlar los precios.

Taneen, una estudiante de arquitectura de 23 años, señaló que durante toda su vida su país ha estado bajo sanciones. “Esta presión recae en toda la familia”, afirmó, y relató que su padre les pidió salir a comprar comida de inmediato “porque se va a encarecer”.

El economista Saeed Laylaz, radicado en Teherán, sostuvo que las nuevas restricciones se inscriben en la estrategia de “máxima presión” que Trump impulsa desde su primer mandato. “Estados Unidos no tiene nada que pueda hacer que no haya hecho antes”, afirmó, y agregó que décadas de aislamiento llevaron a la economía iraní a operar de forma autónoma. Reconoció, no obstante, que persisten dudas sobre la capacidad del gobierno para resolver problemas internos como la corrupción y los desequilibrios del sistema bancario.

La inflación que ya golpeaba al país antes del conflicto fue uno de los factores que impulsaron una ola de manifestaciones cuyo punto álgido se registró en enero. El gobierno respondió con una represión que organizaciones de derechos humanos afirman dejó miles de muertos; las autoridades iraníes atribuyen esa violencia a “actos terroristas” instigados por Washington y Tel Aviv.

Trump expresó este martes su indignación ante las ejecuciones de personas procesadas por las manifestaciones y exigió poner fin de manera inmediata a lo que calificó como “una crisis humanitaria de proporciones épicas”.

(Con información de AFP y AP)

El Gobierno Nacional aplicó sanciones por un total de $5.381.374.680 en lo que va de 2026 contra buques vinculados a operaciones de pesca ilegal en aguas argentinas. La medida forma parte de la política de “tolerancia cero” impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, que busca fortalecer la fiscalización y proteger los recursos marítimos nacionales.

En este marco, las autoridades continúan intensificando los controles sobre las embarcaciones que operan de manera irregular dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). El objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y avanzar en un esquema de fiscalización permanente que permita detectar y sancionar infracciones.

La última sanción alcanzó al buque “Hai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, luego de comprobarse que se encontraba operando dentro de la ZEEA. La medida se adoptó en cumplimiento de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, que establece el marco para este tipo de actuaciones.

También fueron sancionados por operar de manera irregular en aguas argentinas los buques “Bao Feng” y “Bao Win”, ambos de bandera de Vanuatu, y el “Coimbra”, de bandera portuguesa. Las autoridades remarcaron que estos procedimientos forman parte de una estrategia destinada a reforzar la vigilancia sobre la actividad pesquera y desalentar el incumplimiento de las normas.

Desde el Gobierno señalaron que la política de control busca no solo defender la soberanía sobre los recursos marinos, sino también proteger a la actividad pesquera nacional frente a quienes operan al margen de la legislación argentina. En ese sentido, las sanciones constituyen una herramienta central para prevenir nuevas infracciones y garantizar un aprovechamiento responsable de los recursos.

El monto recuperado por el Estado, superior a $5.381 millones, refleja el impacto económico de las medidas adoptadas durante 2026.

Rusia amenazó con atacar fábricas británicas en una respuesta “semimilitar” por el respaldo del Reino Unido a Ucrania, después de que el primer ministro Andy Burnham llegó el lunes a Kiev y autorizó compartir información sobre componentes británicos del misil Scalp para que pudiera producirse localmente.

El detonante inmediato fue esa cesión de información técnica a la empresa europea de defensa MBDA, una decisión que permitiría fabricar en Ucrania ese misil de largo alcance construido con tecnología británica y francesa. En ese marco, Vladimir Putin advirtió que se había abierto una “caja de Pandora”, mientras Moscú pasó a considerar que Londres estaba “mucho más implicado” en la guerra.

Andrey Fedorov, ex viceministro de Exteriores de Rusia, dijo a la BBC que la reacción del Kremlin al anuncio de Burnham fue “muy negativa” y afirmó que existe una fuerte presión política y pública sobre Putin para adoptar medidas contra el Reino Unido. Según el ex funcionario, el presidente ruso considera que la ayuda británica constituye una participación directa en el conflicto.

Moscú habló de una reacción visible contra el Reino Unido

Fedorov sostuvo que la nueva fase de escalada podría incluir “no solo” una reacción verbal, sino también una respuesta visible. Describió esa posibilidad como una “reacción técnica”, con eventuales ciberataques de “fuentes desconocidas” y hasta acciones semimilitares.

En esa misma explicación, señaló que podrían ser blanco empresas británicas concretas vinculadas a la producción de drones para Ucrania o de componentes de los misiles Storm Shadow, la versión británica del Scalp. También dijo que esas acciones no procederían de un nivel oficial.

Rusia vinculó de forma directa la decisión de Burnham con un salto en la implicación británica. Fedorov afirmó que, al entregar planos para la fabricación de misiles en Ucrania, Londres pasó a ser visto por Moscú como un actor con participación militar directa.

El Kremlin dijo que Londres “participa en esta guerra”

Antes de esas declaraciones, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov afirmó el lunes que Gran Bretaña “participa en esta guerra” del lado ucraniano. También acusó al Reino Unido de echar “combustible al fuego” de manera metódica y de impedir avances en un proceso de paz.

Peskov añadió que las fuerzas armadas rusas buscaban identificar los sitios de producción de esos misiles y de otros equipos militares para destruirlos. Esa formulación conectó la advertencia política con una amenaza concreta sobre instalaciones vinculadas al suministro militar a Ucrania.

Burnham respondió que no habría ninguna reducción del apoyo británico frente a la agresión de Putin y calificó de “escandalosas” las amenazas rusas. “¿Quién inició el incendio? Esa es la pregunta”, dijo.

El primer ministro hizo esas declaraciones en Kyiv, frente a la catedral de Santa Sofía, durante un discurso por el 35º aniversario de la independencia de Ucrania. Allí comparó la resistencia ucraniana con la lucha contra la Alemania nazi y afirmó que su país mantendría el respaldo pese a las amenazas de Moscú.

En su primer gran discurso internacional, Burnham elogió la “enorme fortaleza” del pueblo ucraniano y sostuvo que era el momento de aumentar la presión sobre Rusia y recortar su capacidad de financiar la guerra. También afirmó que Ucrania había sido “la protectora de Europa” y la primera línea para mantener seguro al continente.

El jefe del gobierno británico presidió además su primera reunión de la llamada “coalición de los dispuestos”, el grupo de países que refuerza su apoyo a Ucrania. Allí reclamó más misiles interceptores Patriot de forma inmediata para proteger a la población ucraniana.

En un mensaje dirigido de forma implícita a Donald Trump, pidió al Congreso de Estados Unidos que intensificara la presión económica sobre Rusia. Afirmó que la economía rusa sufría un déficit presupuestario récord y una caída de los ingresos petroleros, al tiempo que respaldó un proyecto de sanciones impulsado por el fallecido senador republicano Lindsey Graham.

El deterioro bilateral también quedó reflejado en el plano diplomático. Durante el fin de semana trascendió que el embajador ruso había sido retirado de Londres, y Moscú confirmó que ordenó el regreso a la capital rusa de Andrey Kelin tras siete años en el cargo.

China advirtió este martes que tomará represalias contra Estados Unidos si el nuevo paquete de sanciones impuesto a Irán se amplía de forma significativa contra empresas chinas, en momentos en que Washington intenta asfixiar económicamente al régimen iraní y expone al mismo tiempo la red de comercio petrolero que Beijing sostiene con Teherán al margen de las restricciones internacionales.

En una conferencia de prensa en Beijing, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, afirmó este martes: “China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses”.

El funcionario advirtió que “la guerra económica y la máxima presión no ayudan a resolver los problemas” y que, por el contrario, “solo van a alimentar aún más los conflictos”.

“La tarea urgente es facilitar la desescalada de la situación y volver cuanto antes al camino del diálogo y la negociación”, sostuvo, y remarcó que “la cooperación entre China e Irán siempre se desarrolló en el marco del derecho internacional y no debería ser interferida ni interrumpida”.

Las medidas anunciadas el lunes por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, apuntaron contra empresas con sede en Hong Kong y en la China continental, aunque por el momento evitaron incluir a los grandes bancos chinos. Cualquier escalada seria de sanciones contra China —que compra el 90% del petróleo que exporta Irán—podría tensionar la relación bilateral apenas un mes antes de la cumbre prevista entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Washington, un encuentro considerado clave para prorrogar la tregua comercial de un año que ambos países acordaron en octubre.

La relación económica entre ambos países tiene, además, una capa de opacidad de larga data: en marzo de 2021, Irán y China firmaron en Teherán un “pacto de cooperación estratégica de 25 años” cuyos detalles nunca se hicieron públicos, según confirmó en su momento la televisión estatal iraní. El acuerdo, que según medios oficiales persas contempló inversiones chinas por unos 400.000 millones de dólares en los sectores energético y de infraestructura de Irán a cambio de un suministro estable de petróleo y gas a precios competitivos, generó polémica en su momento por su falta de transparencia: el entonces canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, fue increpado en el Parlamento cuando aseguró que el texto no tenía nada de secreto y prometió publicarlo por completo, algo que hasta hoy no ocurrió.

El esquema de las refinerías “teteras”

Aunque las grandes refinerías estatales chinas cumplen en general con las sanciones sobre el crudo iraní, Beijing permite que refinerías del sector privado, conocidas como “teteras” (teapots), importen y procesen petróleo proveniente de Irán. Estados Unidos ya había sancionado a varias de esas refinerías a comienzos de este año, pero el gobierno chino ordenó a las empresas locales no acatar esas medidas. China, además, construyó un régimen cada vez más firme de contramedidas que apuntan a individuos y organizaciones extranjeras que colaboren con restricciones sobre empresas chinas y sus cadenas de suministro, un esquema que ya demostró el año pasado su capacidad de paralizar la manufactura estadounidense a través del control chino sobre minerales críticos para la industria de alta tecnología.

Consultado el lunes sobre si los bancos chinos podrían ser blanco de las nuevas sanciones, Bessent respondió que “nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses”.

Wang Dong, académico sénior de la Universidad de Pekín, sostuvo al Financial Times que “hay que esperar para ver si esto es solo un farol o si [Estados Unidos] está pensando seriamente en imponer sanciones secundarias a China”.

“Si lo hacen, por supuesto que China va a defender sus intereses nacionales sin dudarlo... ya lo hicimos durante la primera ronda el año pasado”, agregó, y acusó a Washington de intentar “transferirle la responsabilidad a otros y culpar a China por su propio fracaso”.

El diario británico también aportó la mirada de Zhu Feng, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Nankín, quien sostuvo que, detrás de escena, China está profundamente interesada en alentar a las partes del conflicto entre Estados Unidos e Irán a encontrar una solución.

Zhu remarcó que las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz ya están tensionando a toda la economía global y advirtió: “Desde la perspectiva china, no queremos vernos involucrados en una pelea entre Estados Unidos e Irán. Por otro lado, también somos muy conscientes de que si el dilema del estrecho de Ormuz continúa, también será más peligroso para China. Las principales importaciones petroleras chinas no vienen de Irán, sino de Arabia Saudita e Irak”.

Movimientos diplomáticos de Xi

El Financial Times señaló además que, en los últimos días, Xi Jinping se reunió con el rey Abdalá II de Jordania, mientras el canciller Wang Yi mantuvo un encuentro con su par kuwaití, en ambos casos con Irán y la guerra en Gaza como temas de conversación. “El mensaje de China a Teherán es muy claro: esperamos que las conversaciones de paz continúen”, dijo Zhu al FT.

La disputa se da a casi seis meses del estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán, luego de que Washington ampliara sus amenazas de sanciones secundarias e instara a gobiernos de todo el mundo a sumarse a su campaña económica contra Teherán. Irán respondió con desdén a la amenaza y anticipó “otra derrota” para Washington. “Hemos estado esperando estos planes durante mucho tiempo, y el gobierno está y estaba preparado, y tiene un plan de dos años para gestionar estos eventos”, declaró el ministro de Economía iraní, Ali Madanizadeh.

Estados Unidos retiró este lunes a Siria de su lista de países patrocinadores del terrorismo, poniendo fin a una designación vigente desde 1979 que durante décadas limitó el acceso de Damasco a asistencia, operaciones financieras, tecnología y cooperación militar estadounidense. La decisión, impulsada por el presidente Donald Trump, entró en vigor después de concluir el período de revisión del Congreso.

Con esta medida, Siria deja de estar sometida a las prohibiciones establecidas específicamente para los gobiernos incluidos en ese registro. Según el Departamento del Tesoro, el levantamiento de esta clasificación elimina las restricciones previstas por las regulaciones vinculadas a la lista de patrocinadores del terrorismo y por la legislación estadounidense relacionada con esos países.

La designación había dificultado operaciones comerciales y financieras con empresas y entidades sirias, además de restringir determinadas formas de asistencia estadounidense y las exportaciones de defensa. Su eliminación reduce uno de los principales obstáculos legales para que compañías internacionales evalúen proyectos vinculados con la recuperación de la economía siria.

La decisión también coincide con un paquete más amplio de alivio de sanciones adoptado por Washington. El Tesoro señaló que la medida responde al compromiso anunciado por Trump de reducir las penalizaciones contra Siria. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la acción “ayudará a fomentar inversiones adicionales en Siria para promover la estabilidad política y económica”.

Washington, sin embargo, dejó claro que el levantamiento de estas restricciones no supone abandonar sus mecanismos contra el terrorismo. El Tesoro subrayó que mantiene su posición de combatir el terrorismo internacional y que continuará responsabilizando a actores considerados perjudiciales dentro de Siria.

En paralelo, el Departamento de Estado revocó la designación de Al Nusra, también conocida como Hayat Tahrir al Sham (HTS), como organización terrorista global especialmente designada. El Tesoro retiró además a HTS de su lista de personas y entidades bloqueadas. Como consecuencia, dejó de ser necesaria una licencia general que autorizaba determinadas operaciones que podían verse afectadas por la presencia de miembros de HTS en las estructuras del Gobierno sirio.

La trayectoria de HTS resulta central para entender el alcance político de la decisión. El grupo fue conocido anteriormente como Frente Al Nusra y estuvo vinculado a Al Qaeda en Siria. En 2016 anunció su ruptura con esa organización y posteriormente intentó modificar su imagen y presentarse como una fuerza política capaz de participar en la administración del país.

El nuevo escenario se consolidó después de la caída de Bashar al Assad en diciembre de 2024, cuando una ofensiva encabezada por grupos rebeldes y yihadistas puso fin a décadas de dominio de la familia Assad. Ahmed al Sharaa, antiguo dirigente de HTS, asumió posteriormente el liderazgo de las nuevas autoridades sirias y comenzó un proceso para obtener reconocimiento y respaldo internacional.

El Gobierno sirio recibió la decisión estadounidense como un cambio histórico. El canciller Hasán al Shaibani sostuvo que “hemos cerrado una oscura página de la historia de Siria” y vinculó el levantamiento de la designación con el fin de una clasificación que, según Damasco, había quedado asociada a las políticas del antiguo régimen.

Con Siria fuera del registro, la lista estadounidense queda reducida a tres países: Cuba, Irán y Corea del Norte. La salida de Damasco representa así un cambio sustancial en la política de Washington hacia las nuevas autoridades sirias y abre un margen mayor para la actividad económica y la reconstrucción, aunque el alivio no elimina todas las sanciones ni las restricciones estadounidenses que todavía pueden afectar al país. También quedarán otras restricciones estadounidenses todavía vigentes.

Con la moneda iraní en caída libre y la economía del país al borde de la contracción, el gobierno de Donald Trump apunta ahora contra los socios comerciales que sostienen el comercio exterior de Irán, en el marco de lo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, definió como un “Día D económico” contra Teherán.

En una columna publicada el domingo en el Financial Times, Bessent prometió lo que calificó como “la mayor ofensiva financiera jamás desplegada contra un adversario” y advirtió que el objetivo de Washington es “cortar cada salvavidas económico” que sostiene al régimen iraní “hasta que Teherán quede solo”. El funcionario tenía previsto detallar este lunes, en una conferencia de prensa, el nuevo paquete de sanciones contra el país persa.

China, el gran sostén comercial de Teherán

El principal blanco de esa presión es, con diferencia, China, el mayor socio comercial de Irán y comprador central de su petróleo. Según cifras del Banco Mundial correspondientes a 2022 citadas por CNN —las más recientes disponibles—, Irán exportó ese año bienes por 22.400 millones de dólares a China e importó desde ese país por 15.600 millones.

En total, Irán le vendió mercadería a 147 países ese año y compró a otros 114, un entramado comercial que Washington busca ahora desarmar país por país.

Detrás de China, otros mercados asiáticos, además de Irak y los Emiratos Árabes Unidos, concentran buena parte de las exportaciones iraníes, mientras que sus importaciones provienen sobre todo de Emiratos, China, Turquía, India y Alemania, según un informe del Banco Mundial de 2024 citado por la cadena estadounidense.

Alemania e India, con vínculos menores pero persistentes

El caso alemán resulta ilustrativo del efecto que ya tuvieron las sanciones previas de Washington: el año pasado, Alemania le vendió a Irán bienes por 962 millones de euros (unos 1.100 millones de dólares) y le compró por 235 millones de euros (275 millones de dólares), según la oficina de estadísticas de ese país. Aunque las importaciones alemanas crecieron levemente respecto del año anterior, tanto las compras como las ventas cayeron a menos de la mitad desde 2018, cuando Trump, en su primer mandato, restableció duras sanciones contra Teherán tras retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear.

India, por su parte, mantiene un vínculo comercial más acotado pero activo: el intercambio bilateral con Irán sumó 1.100 millones de dólares entre abril y diciembre de 2025, según el Ministerio de Comercio indio, con el arroz basmati, el té, el azúcar, la fruta fresca y los medicamentos entre los principales productos que Nueva Delhi le exporta a Teherán.

El rial, en su peor momento histórico

La amenaza de Bessent llega en medio de un fuerte deterioro de la economía iraní. La moneda del país, el rial, se derrumbó este lunes a un mínimo histórico de más de dos millones de unidades por dólar en el mercado paralelo, muy por debajo del tipo de cambio oficial, que cotiza la divisa un 29% más alta. Esa devaluación encarece las importaciones y abarata las exportaciones iraníes, en un momento en que el Fondo Monetario Internacional proyecta una contracción de más del 5% para la economía del país este año, con una inflación de alimentos que supera el 100% y un desempleo en alza.

El presidente Masoud Pezeshkian había reconocido el domingo que Irán atraviesa “numerosas dificultades” y pidió que “todas las autoridades” respalden el memorando de entendimiento que el país firmó con Washington en junio, mientras el máximo responsable de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, advirtió que, de continuar la ofensiva económica, Teherán respondería de manera “sísmica” y podría cortar por completo las exportaciones petroleras del Golfo Pérsico.

El gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, intentó este lunes contener la preocupación empresarial y aseguró ante la Asociación de Emprendedores que la entidad dispone de reservas suficientes para sostener el comercio exterior, con una promesa de 20.000 millones de dólares en divisas para el sector industrial antes de fin de año. “No tenemos problemas para proveer moneda extranjera”, sostuvo, según la agencia semioficial Fars, y garantizó que no faltarán divisas para la importación de bienes esenciales y medicamentos.

Una presión que se combina con el bloqueo de Ormuz y el “colapso” que anuncia Trump

La ofensiva económica se da en el marco de una escalada más amplia entre Washington y Teherán, a casi seis meses del inicio de la guerra entre ambos países, el 28 de febrero. El propio Trump había afirmado este lunes en su red Truth Social que Irán “está colapsando por completo”, mientras Bessent aseguró en la red X que Estados Unidos ya “desmanteló las capacidades militares de Irán, destruyó casi el 100% de sus fábricas militares y enterró su programa nuclear”.

La presión financiera se combina, además, con la disputa por el control del estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que antes de la guerra transitaba una quinta parte del petróleo y el gas mundial. Irán mantiene esa ruta bajo su control desde el inicio del conflicto y amenazó este lunes con multar y confiscar 46 buques por violar sus protocolos de tránsito, en una medida que se suma al bloqueo naval que Estados Unidos sostiene sobre los puertos iraníes y que ya redujo las exportaciones petroleras del país a una fracción de sus niveles previos a la guerra.

Irán amenazó este lunes con multar, detener o confiscar 46 buques que, según sus autoridades, transitaron el estrecho de Ormuz sin respetar los protocolos establecidos por la república islámica, en una escalada de su campaña para imponer un control efectivo sobre la vía marítima más estratégica del planeta. La medida llega horas después de que Washington anunciara un paquete de sanciones de enorme magnitud contra quienes sostengan vínculos económicos con el régimen iraní.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (AEGP), un organismo creado por Irán, difundió en la red social X la lista de embarcaciones infractoras e informó que enfrentarán “restricciones en futuros tránsitos, incluyendo multas, detención o confiscación”, según reportó el Financial Times. Entre los buques señalados figuran naves pertenecientes a la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) y a Sinokor, una naviera surcoreana que adquirió 5.900 millones de dólares en petroleros poco antes de que estallara el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán en febrero pasado.

La gran mayoría de los barcos en la lista son petroleros y buques gasíferos que operan en los denominados “viajes de enlace”: rutas cortas dentro del estrecho usadas por países del Golfo para transferir el crudo a embarcaciones de mayor porte que esperan en aguas más seguras. Varios de esos buques ya fueron alcanzados por misiles iraníes mientras intentaban la travesía. El Financial Times informó que la semana pasada murió el jefe de máquinas del carguero Minoan Dignity durante uno de esos ataques, con lo que el número de marineros fallecidos desde el inicio de la guerra asciende a 19, de acuerdo con la Organización Marítima Internacional (OMI).

En el día en que se esperan las medidas de Estados Unidos para ahogar la eocnomía del régimen de Teherán, denominado “Día D” para este tipo de estrategia de Washington, el presidente Donald Trump publicó un escueto pero contundente mensaje en su cuenta de la red Truth Social: “Irán está colapsando por completo”, escribió.

El tráfico comercial en Ormuz

El impacto sobre el tráfico marítimo es severo. La firma de análisis Windward registró apenas 16 tránsitos diarios en la última semana por el estrecho, frente a más de 130 que se contabilizaban antes del inicio del conflicto. Por ese paso, que separa las costas iraníes de las de Omán, fluía anteriormente alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado de todo el mundo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, publicó el lunes un artículo en el Financial Times en el que prometió un paquete de medidas que describió como un “Día D económico” contra Teherán. “Cualquier vínculo que quede con Teherán acelerará el ostracismo económico de países y entidades, ya sea ese vínculo construido deliberadamente o ignorado de manera voluntaria”, escribió Bessent. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, rechazó las declaraciones y acusó a Washington de practicar “terrorismo económico”, al tiempo que advirtió que Teherán tomará represalias.

El máximo responsable de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, fue más explícito en un mensaje publicado el domingo en X: “Si la guerra económica continúa, ni una sola gota de petróleo será exportada, ni por el estrecho de Ormuz ni desde ningún lugar del Golfo Pérsico”. Rezaei agregó que Teherán considerará la participación de cualquier país en la ofensiva económica de Estados Unidos como “un acto de guerra”.

Ejecutivos de la industria naviera consultados por el Financial Times señalaron que las amenazas del lunes disuadirán aún más a los operadores de intentar el paso, aunque reconocieron que muchos ya gestionaban un “riesgo elevado”. Martin Kelly, director de asesoría de la consultora EOS Risk, calificó la publicación de la lista de buques como la “primera implementación real de un perfil objetivo en el estrecho de Ormuz”. “Desde la perspectiva de Irán, Ormuz está cerrado a todos los barcos sin permiso iraní”, afirmó Kelly al Financial Times. “Pero ahora contamos con una lista de buques muy específica, algunos de los cuales ya fueron atacados.”

La tensión se extiende también al mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen intensificaron sus ataques contra petroleros saudíes, y el lunes un buque cisterna fue alcanzado cerca del puerto de Yanbu, el punto más al norte de esa ruta que sufre un ataque de este tipo en lo que va del año, según informó el organismo UK Maritime Trade Operations.

El conflicto diplomático no muestra señales de destrabar. Un alto cargo iraní señaló a Reuters que las negociaciones para un acuerdo permanente quedaron estancadas, y que Teherán adoptará una postura “plenamente ofensiva” si la vía diplomática fracasa. A pesar de ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán confirmó que una delegación de Omán visitará Teherán esta semana para dialogar sobre “la seguridad del estrecho de Ormuz y las rutas de tránsito marítimo”. Además, el jefe militar de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, viajó a la capital iraní el lunes con el objetivo de mediar en el conflicto, según reportó la agencia estatal iraní.

Pese al bloqueo naval impuesto por Washington sobre sus naves, Irán redujo su producción petrolera y suspendió los intentos de exportar crudo. El lunes, sin embargo, analistas de la consultora Energy Aspects detectaron un petrolero cargando en la terminal de exportación de la isla Kharg, el principal punto de embarque iraní, la primera operación de ese tipo en casi dos semanas.

La lista de barcos amenazados

N°.Nombre/Número IMO

1. Kiku/9329796
2. Mubaraz/9074626
3. Minoan Pioneer/9471630
4. Hafeet/9928009
5. Al Rekayyat/9397339
6. Wedyan/9524970
7. Cy prus Prosperity/9595216
8. Al Rawdah/9734513
9. Rasheeda/9443413
10. Lebrethah/9976927
11. Lila ​Vadinar/9324100
12. Maha Roos/9231004
13. Gfs Galaxy/9401271
14. Al Bahyah/9937799
15. Mombasa B/9739501
16. Stolt Magnesium/9739317
17. Al Watan/9615030
18. Navig8 Messi/9482859
19. Singapore Prosperity/9419967
20. Disha/9250713
21. Gaslog Shanghai/9600528
22. Lubna/9489065
23. Hazi 1/7802598
24. Ryujin/8206818
25. Anna Barbara/9407500
26. Sunbird Arrow/9323821
27. Minoan Dignity/9294484
28. Maria/9917828
29. Kavomaleas/1042823
30. Mardan/9360453
31. Sweden Prosperity/9588392
32. Jarnain/9823546
33. Kaifan/9656046
34. Nissos Kea/9920758
35. Rotterdam Energy/9508859
36. Al Hamra/9074640
37. Umm Al Ashtan/9074652
38. Marigold Lng/9230062
39. Banastar/9228045
40. Navara/9241798
41. Nissos Heraclea/9419618
42. Blue Star 1/9215115
43. Ashley/9258466
44. Mraweh/9074638
45. Al ​Lulu/9583627

El régimen de Irán rechazó este domingo la advertencia de nuevas sanciones económicas de Estados Unidos y aseguró que las medidas anunciadas por Washington no conseguirán doblegar a Teherán. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, sostuvo que la decisión estadounidense refleja sus dificultades para alcanzar sus objetivos mediante la presión ejercida hasta ahora y defendió una salida negociada al conflicto.

Araqchi cuestionó que Washington vuelva a recurrir a las sanciones después de meses de enfrentamiento militar. En un mensaje difundido por Telegram, describió la estrategia estadounidense como una repetición de mecanismos de presión utilizados anteriormente.

“El hecho de que hayan pasado de las operaciones militares a plantear los mismos viejos planes demuestra que están desesperados”, afirmó el canciller iraní.

La declaración se produjo después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anticipara nuevas medidas contra Irán que, según sus palabras, serán “las sanciones más duras de la historia”. Está previsto que Bessent detalle el alcance de la nueva ofensiva económica este lunes.

El Gobierno de Donald Trump busca ampliar el aislamiento financiero y comercial de Irán y ejercer presión también sobre los países que mantengan vínculos económicos con Teherán. El presidente estadounidense advirtió que habrá consecuencias para cualquier Estado que proporcione “cualquier tipo de salvavidas a Irán”.

Uno de los principales focos de Washington es China, que constituye el destino predominante del petróleo iraní exportado. La presión sobre compradores y empresas vinculadas con el comercio de crudo podría convertirse en uno de los elementos centrales de la nueva estrategia estadounidense.

Para Teherán, sin embargo, las sanciones forman parte de una política que no ha conseguido modificar la posición de sus autoridades. Araqchi afirmó que Irán ha enfrentado bloqueos y acciones militares anteriores sin abandonar sus objetivos.

“Nunca hemos tenido miedo. Todas sus acciones, ya sean bloqueos u otras maniobras militares, han fracasado, y esta nueva iniciativa suya también fracasará”, declaró el ministro.

El rechazo iraní se produce en un momento de fuerte deterioro económico. Las restricciones internacionales ya afectan sectores fundamentales de la economía iraní, mientras el conflicto iniciado a finales de febrero ha provocado nuevos daños sobre infraestructura y capacidades militares. La situación se agravó además por las restricciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una ruta fundamental para el transporte mundial de petróleo.

La interrupción del tráfico petrolero convirtió el estrecho en otro frente de presión económica. Las limitaciones impuestas por Teherán sobre determinados buques han reducido el movimiento de cargamentos y contribuido al incremento de los precios internacionales del crudo.

Pese a ese escenario, el régimen iraní intenta mostrar que las nuevas sanciones no modificarán su postura. El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que Teherán recibió mensajes de países vecinos interesados en establecer nuevos mecanismos de cooperación económica y seguridad regional.

Qalibaf no identificó públicamente a esos gobiernos, pero planteó una mayor integración económica entre países de la región como alternativa a la dependencia de estructuras internacionales dominadas por Washington.

La dimensión diplomática también continúa abierta. El jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, tiene previsto viajar a Teherán este lunes dentro de los esfuerzos de Islamabad para contribuir a reducir las tensiones regionales. Entre los asuntos que podrían ser abordados figura precisamente la amenaza de nuevas sanciones estadounidenses.

Al mismo tiempo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha defendido una solución diplomática. Aunque su régimen mantiene una posición de confrontación frente a Washington, el mandatario ha planteado que el conflicto debería terminar mediante un acuerdo que permita a Irán preservar su capacidad de negociación.

Araqchi reclamó que Estados Unidos trate a Teherán con respeto y busque “una solución basada en la justicia y el honor”.

La administración Trump, por su parte, prepara una nueva etapa de presión económica mientras el conflicto continúa sin una solución definitiva. Las próximas medidas deberán determinar hasta qué punto Washington puede ampliar el aislamiento de Irán y qué respuesta adoptará Teherán ante el nuevo paquete de sanciones.

Estados Unidos impuso nueve rondas de sanciones a Cuba desde mayo, con un total de 31 personas y 49 empresas incluidas en listas de restricciones, en aplicación de la Orden Ejecutiva 14404 que Donald Trump firmó el 1 de ese mes. El objetivo declarado de Washington es aislar al régimen cubano de los circuitos financieros y comerciales internacionales.

La orden ejecutiva impide que empresas extranjeras mantengan vínculos con entidades o personas ligadas a la dictadura en sectores como energía, defensa, finanzas, minería y seguridad.

Gaesa, el primer blanco

El conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, fue el primer objetivo en mayo, junto a su presidenta, Ania Guillermina Lastres. Según expertos, controla más del 40% del producto interno bruto (PIB) cubano a través de un portafolio que abarca hoteles, telecomunicaciones, distribución minorista en dólares, venta de combustible, aduanas, sector inmobiliario, logística y transporte de pasajeros. En esa misma ronda quedaron incluidas dos entidades financieras vinculadas al conglomerado: Rafin y el Banco Financiero Internacional (BFI).

Defensa e inteligencia

Las restricciones también alcanzaron al aparato militar y de inteligencia. Entre las entidades sancionadas figuran la Unión de Industria Militar (UIM), la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin y la importadora Tecnotex, todas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). La lista también incluye al Ministerio de las Fuerzas Armadas, las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) y las Brigadas de Respuesta Rápida, además de la Dirección General de Inteligencia (DGI), dependiente del Ministerio del Interior (Minint).

Energía: petróleo y refinación

La presión sobre el sector energético comenzó en enero, cuando Washington detuvo los envíos de crudo venezolano a Cuba tras el arresto del narcodictador Nicolás Maduro. Las rondas posteriores añadieron a la petrolera estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) y al Centro de Investigaciones del Petróleo; el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, fue sancionado a título personal.

Minería, metales y comercio exterior

Para cortar el flujo de divisas proveniente de recursos naturales, el listado incorporó a Moa Nickel S.A. y Geominera S.A., junto a la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero. Las últimas rondas ampliaron el alcance hacia el intercambio con terceros países: fueron agregados el Ministerio de la Construcción, la central de importación Tecnoimport, el Ministerio de Turismo, el Grupo Empresarial del Comercio Exterior y la Terminal de Contenedores de Mariel S.A.

La cúpula política y el entorno Castro

El Departamento del Tesoro sancionó al dictador Miguel Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta Peraza y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del líder cubano residente en Madrid, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las medidas también alcanzaron a Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, junto a su esposa y uno de sus hijos. Distintos ministros y altos dirigentes completaron la nómina de personas físicas sancionadas.

Proyección exterior

Washington apuntó además a los mecanismos de influencia internacional del régimen. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y varios de sus representantes quedaron comprendidos en las sanciones, entre ellos su director, Fernando González Llort, uno de los cinco integrantes de la Red Avispa que fue condenado en Estados Unidos y luego devuelto a Cuba. Las autoridades estadounidenses los acusan de encabezar redes de propaganda política y captación de recursos en beneficio del Gobierno.

Las rondas han llegado con una periodicidad de 15 días, siempre los jueves. El secretario de Estado Marco Rubio advirtió que continuarán y que la isla no tendrá “válvula de escape” a la presión de Washington mientras no se produzcan cambios.

(Con información de EFE)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Estado sancionaron este jueves a nueve entidades estatales cubanas y a tres altos cargos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en una nueva ronda de designaciones contra la isla. Entre las entidades incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados figura el Ministerio de la Construcción (MICONS), organismo de la Administración central del Estado creado el 23 de mayo de 1963.

Las designaciones se adoptaron al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026, que autoriza castigar a quienes Estados Unidos considera responsables de la represión en Cuba o de amenazas a su seguridad nacional. La medida bloquea todos los bienes de los designados que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de personas de ese país, y extiende el bloqueo a cualquier sociedad participada en un 50% o más por un sancionado.

Junto al MICONS, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incorporó a la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, situada en Moa (Holguín); la comercializadora de metales MetalCuba; Acinox Comercial; el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal); la agencia de contratación de mano de obra Acorec; Transimport, dedicada a equipos de transporte pesado; Consumimport y Coratur, las dos últimas vinculadas al Grupo Empresarial del Comercio Exterior.

Los tres sancionados a título individual son el presidente del ICAP, Fernando González Llort; la primera vicepresidenta del organismo, Noemí Ramona Rabaza Fernández, y la directora para América del Norte, Leima Martínez Freire. El ICAP, fundado el 30 de diciembre de 1960, ya había sido designado el 4 de junio. González Llort integró la Red Avispa, desmantelada por el FBI en Florida en 1998, y cumplió condena en Estados Unidos hasta 2014.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que el instituto patrocina, según su declaración escrita, “una vasta red subversiva en Estados Unidos dirigida a identificar, cultivar y radicalizar” a ciudadanos estadounidenses, y afirmó que La Habana aprovechó el centenario del nacimiento de Fidel Castro para trasladar a la capital cubana a una nueva brigada de simpatizantes extranjeros. El Gobierno cubano no había reaccionado al cierre de esta edición.

En una nota técnica difundida junto a las designaciones, el Tesoro precisó que no tiene intención de perseguir a personas extranjeras, incluidas entidades financieras, que realicen operaciones necesarias para liquidar sus negocios con el MICONS o con sociedades participadas por el ministerio en un 50% o más, siempre que ese proceso concluya antes del 19 de septiembre de 2026. Quienes no puedan cerrarlo en plazo deberán dirigirse a la línea de cumplimiento de la OFAC.

El organismo advirtió, no obstante, que devolver activos a un sancionado o trasladarlos a otra jurisdicción para su eventual uso expone a sanciones. Para quienes están sujetos a jurisdicción estadounidense, esa ventana no autoriza nada prohibido por el Reglamento de Control de Activos Cubanos, vigente desde 1963, salvo las excepciones humanitarias ya previstas.

La designación del MICONS y de las empresas del níquel y los metales alcanza a dos de las escasas fuentes de divisas que le quedan al país. La producción de la mina de Moa operada por Sherritt International, minera canadiense, en sociedad con el Estado cubano cayó a 25.240 toneladas de níquel en 2025, frente a 30.331 el año anterior, según datos de la propia compañía, que atribuyó el retroceso a los apagones y a la falta de insumos.

Las sanciones se suman a una secuencia iniciada el 7 de mayo con el conglomerado militar GAESA y continuada el 4 de junio, cuando fueron designados el dictador Miguel Díaz-Canel y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el 6 de agosto, con trece objetivos vinculados a compras de armamento. El bloqueo petrolero impuesto tras la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela agravó la crisis energética cubana.

El calendario fijado por el Tesoro convierte el 19 de septiembre en una fecha decisiva para los proveedores europeos, canadienses y asiáticos que aún mantienen contratos de obra pública en la isla. La eventual retirada de esos socios dejaría el sector constructivo cubano, ya paralizado por la escasez de cemento y combustible, más expuesto a la única alternativa que hoy sostiene la industria minera del país: el capital chino.

El nuevo régimen transitorio para infracciones ambientales en El Salvador entró en vigencia el 8 de agosto de 2026. Según lo publicado en la edición del 7 de agosto del Diario Oficial, la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) cuenta ahora con un marco normativo que regula el proceso sancionador, desde la denuncia hasta la ejecución de las sanciones.

El régimen transitorio aplica a personas naturales o jurídicas, tanto del sector público como privado, así como a instituciones de gobierno y generadores de residuos. Todos ellos están sujetos a investigación y sanción si infringen la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos u otra normativa relacionada.

El Diario Oficial informó que la regulación cubre infracciones leves, graves y muy graves, y otorga al Tribunal Sancionador de ANDRES facultades para actuar de oficio o ante denuncia.

Denuncias e inspecciones

El proceso sancionador puede iniciarse por denuncia escrita, verbal o digital, incluido el uso de correos electrónicos, mensajes, redes sociales y otros medios tecnológicos. La denuncia debe contener la identificación del denunciante y del presunto infractor, una descripción precisa de los hechos, la norma supuestamente infringida y la firma o huella digital del denunciante.

El Diario Oficial detalló que se admite la denuncia anónima si se exponen los hechos y la identificación del infractor.

Las inspecciones de oficio también forman parte del procedimiento. Cuando autoridades como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos detectan una posible infracción, están obligadas a informar de inmediato y remitir un acta al Tribunal Sancionador.

En casos de flagrancia, los agentes deben levantar el acta correspondiente y notificar a ANDRES, lo que constituye el inicio formal del proceso.

Derechos, medidas y pruebas

A lo largo del proceso, el presunto infractor tiene derecho a ser notificado, presentar pruebas y ejercer su defensa por escrito. El Tribunal Sancionador debe garantizar la oportunidad de aportar documentación, solicitar peritajes, pedir audiencias y realizar inspecciones en el lugar de los hechos.

El Diario Oficial subrayó que la autoridad podrá requerir y valorar cualquier medio probatorio, incluidas pruebas documentales, testimoniales y periciales.

El Tribunal puede dictar medidas preventivas o cautelares en cualquier momento para evitar daños ambientales o asegurar la eficacia de la resolución final. Estas medidas pueden incluir la suspensión de actividades, el retiro de productos o la imposición de obligaciones de hacer. Las medidas solo cesarán cuando se eliminen las causas del riesgo o daño ambiental.

Sanciones, multas y plazos

Una vez admitida la denuncia, si el infractor reconoce su responsabilidad, el Tribunal puede atenuar la sanción y establecer compromisos de reparación. La aceptación de los hechos puede dar por terminado el proceso si se cumplen los compromisos y se repara el daño causado.

Si eso no ocurre, el procedimiento seguirá su curso hasta la imposición de sanciones administrativas.

En el caso de infracciones leves, las sanciones pueden ser sustituidas por jornadas de sensibilización ambiental o trabajo comunitario, siempre que el infractor lo justifique médica o legalmente. El Tribunal evaluará la pertinencia y el cumplimiento de estos programas, con la posibilidad de exigir asistencia a programas de educación ambiental si el infractor no puede realizar trabajo comunitario.

Cuando la sanción implica una multa, el infractor está obligado a pagar en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la notificación del mandamiento de ingreso. El incumplimiento genera intereses moratorios del 4% anual sobre el monto adeudado.

La resolución de sanciones se considera firme si no se presenta recurso de reconsideración o si el Tribunal resuelve definitivamente.

Las disposiciones transitorias entraron en vigor el 8 de agosto de 2026 y regirán hasta que se apruebe el Reglamento General definitivo de la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos. Mientras tanto, ANDRES permanece facultada para regular, sancionar y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en todo el territorio nacional.

Las autoridades bancarias de Panamá han dado un paso clave para endurecer el control sobre las entidades financieras, tras la aprobación reciente de un acuerdo.

Esta nueva norma emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), introduce, según se informó, criterios claros para sancionar a los bancos que no cumplan con las reglas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El acuerdo establece directrices precisas que buscan garantizar transparencia y objetividad en la imposición de sanciones administrativas.

A partir de la publicación oficial, los bancos que incurran en faltas, ya sea por acción u omisión, serán evaluados bajo este marco.

Las infracciones se procesarán según el procedimiento que detalla el Acuerdo No. 9-2015.

Una de las novedades centrales es la adopción de un sistema de gradualidad para determinar las sanciones.

El monto de la penalización dependerá no solo de la gravedad de la infracción, sino también de factores atenuantes o agravantes presentes en cada caso.

El objetivo es que las medidas sean proporcionales a la conducta detectada.

La normativa incluye un periodo de transición de 5 años para la aplicación de los montos máximos de las multas.

Durante el primer año, solo se aplicará el 60% del máximo permitidos, aumentando 10% cada año, hasta alcanzar el 100% al término del quinto año.

En síntesis, se indica que la normativa recién aprobada por la SBP introduce criterios de sanción más detallados y progresivos para los bancos que incumplan los estándares contra delitos financieros. El proceso de penalización será más transparente y las multas, graduales.

El objetivo es fortalecer la integridad del sistema bancario y cumplir con estándares locales e internacionales.

La SBP también puso en marcha la Metodología de Evaluación Supervisora para Bancos Internacionales (MESBI). Esta nueva herramienta está diseñada para reforzar la supervisión de sucursales y subsidiarias de bancos extranjeros con licencia general o internacional que operan en Panamá.

MESBI se basa en la evaluación de riesgos y adapta sus criterios a las características de cada entidad.

Esta metodología permite una supervisión más consistente y alineada con las mejores prácticas internacionales, abarcando aspectos como la gobernanza, la gestión de riesgos, la situación financiera, el cumplimiento normativo y las medidas de prevención de delitos financieros.

La información manifiesta que por primera vez, la Superintendencia de Bancos de Panamá introduce una calificación supervisora específica para las sucursales y subsidiarias bajo supervisión de destino.

Este sistema complementa el esquema vigente, que hasta ahora aplicaba la metodología GRENP a las entidades en las que Panamá actúa como supervisor de origen.

La puesta en práctica de MESBI se dijo que será gradual, iniciando con una fase piloto que busca permitir que se ajuste la herramienta antes de su implementación definitiva.

Así, la SBP reafirma su compromiso con la adaptación constante a la evolución del sector financiero y la protección de la estabilidad bancaria nacional.

Ambas iniciativas delinean, de acuerdo a la entidad, el rumbo de la regulación bancaria panameña, enfocada en fortalecer los controles, asegurar la transparencia y mantener la confianza en el sistema financiero del país.

El sistema bancario panameño registró un crecimiento sostenido en sus principales indicadores financieros al cierre del primer semestre de 2026.

Un informe oficial destaca que los depósitos del Centro Bancario Internacional alcanzaron los $121,866 millones, con un crecimiento interanual de 7.69%, equivalente a más de $8,702 millones adicionales respecto al mismo período de 2025.

Se explica que el dinamismo fue impulsado tanto por el mercado local como por el internacional. Los depósitos internos totalizaron $70,969.5 millones, tras crecer $3,374.9 millones 4.99%, principalmente por el incremento de los depósitos de particulares, que aumentaron $4,017.5 millones 7.60%.

La Corte Penal Internacional (CPI) respondió este martes a las nuevas sanciones de Estados Unidos con una defensa de su independencia y de la función que desempeña bajo el Estatuto de Roma. El tribunal afirmó que las medidas contra dos de sus funcionarios no modificarán su actuación y advirtió que las presiones dirigidas contra jueces y fiscales pueden afectar el sistema internacional creado para perseguir los crímenes más graves.

La reacción se produjo después de que Washington incluyera en su régimen de sanciones a la presidenta de la CPI, la jueza japonesa Tomoko Akane, y al abogado senegalés Abdoulaye Seye, uno de los principales litigantes de la Fiscalía. Ambos quedaron sujetos a restricciones estadounidenses dentro de una política que la administración de Donald Trump mantiene contra integrantes del tribunal.

La CPI centró su respuesta en las consecuencias que, a su juicio, tiene este tipo de medidas para la justicia internacional. “Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional”, señaló la institución.

El tribunal también sostuvo que las sanciones contra personas encargadas de ejercer funciones judiciales “socavan el Estado de derecho”. La institución insistió en que sus magistrados, fiscales y trabajadores actúan en cumplimiento de un mandato otorgado por los Estados que forman parte del Estatuto de Roma.

Más allá de las consecuencias individuales para Akane y Seye, la preocupación expresada por la CPI está relacionada con su capacidad para trabajar sin interferencias externas. El tribunal aseguró que seguirá ejerciendo sus atribuciones “con independencia e imparcialidad” y conforme a las normas que regulan su funcionamiento.

La institución añadió que no abandonará a sus funcionarios frente a las presiones y reiteró su respaldo a las víctimas de los delitos que se encuentran dentro de su competencia. “La Corte no se dejará intimidar”, afirmó en su respuesta.

El origen de la disputa

La confrontación entre Washington y la CPI se concentra principalmente en investigaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses e israelíes. Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma y sostiene que el tribunal carece de autoridad para ejercer jurisdicción sobre sus nacionales. Israel tampoco pertenece al tratado y mantiene una posición similar.

La CPI, sin embargo, sostiene que su jurisdicción puede extenderse a determinados hechos cometidos en territorios bajo su competencia, incluso cuando los acusados sean ciudadanos de países que no integran el tribunal.

Uno de los principales puntos de conflicto fue la decisión de la CPI de emitir en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva en Gaza.

La institución también mantiene una investigación sobre posibles crímenes cometidos durante la intervención militar estadounidense en Afganistán. Washington considera que esas actuaciones exceden las atribuciones del tribunal.

Las nuevas sanciones se suman a otras medidas adoptadas previamente contra funcionarios de la CPI. La campaña estadounidense comenzó a intensificarse durante la presidencia de Trump y recibió un nuevo impulso con una orden ejecutiva firmada en febrero de 2025, que habilitó la imposición de restricciones contra personas vinculadas con determinadas actuaciones del tribunal.

El papel de la CPI

Creada en 2002 y con sede en La Haya, la CPI tiene como objetivo investigar y juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, bajo determinadas condiciones, el crimen de agresión.

Su funcionamiento se basa en el principio de complementariedad: interviene cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no están dispuestos a investigar y procesar de manera efectiva los delitos comprendidos dentro de su jurisdicción.

En medio de las nuevas sanciones, la Corte dejó claro que su respuesta institucional será mantener sus procedimientos y preservar la autonomía de sus funcionarios. Para el tribunal, la posibilidad de investigar y aplicar el derecho internacional sin recibir represalias constituye una condición esencial para que el sistema de justicia internacional pueda funcionar.

Doce organizaciones de la oposición nicaragüense confirmaron que en mayo consolidaron una hoja de ruta conjunta para una transición democrática en el país, detalla una nota publicada este lunes en el medio Artículo 66.

El documento, que circula entre gobiernos del hemisferio, permanece bajo análisis en el Departamento de Estado de Estados Unidos desde hace más de seis semanas, según el opositor Jaime Arellano.

De acuerdo a la nota, el plan se titula Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia y fue el resultado de dos meses y medio de negociaciones técnicas y políticas entre sectores que hasta entonces habían trabajado por separado.

Arellano reveló su existencia y detalló que el texto reunió entre seis y siete propuestas distintas en un único planteamiento.

Qué propone el documento y quiénes lo respaldan

La propuesta no se limita a definir quién gobernaría durante una transición. Su objetivo central es la reconstrucción institucional: establecer condiciones para garantizar el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades ciudadanas.

El comunicado - cita la publicación-firmado por las organizaciones lo describe como “la oportunidad de construir una institucionalidad democrática y republicana” y no como un simple relevo de poder.

El texto fue suscrito por Ciudadanos por la Libertad, Liberales Nicaragua, Ruta del Cambio, el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, Avanza, la Confederación de Nicaragüenses en el Exterior, la Iniciativa de Autonomía de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, el Movimiento Liberal, la Mesa de Concertación Democrática, el Movimiento Autónomo 18 de Abril, el Movimiento Patriótico Nacional y Nicaragüenses en el Exilio.

Una de las cláusulas más comentadas establece que quienes ocupen cargos durante el período de transición no podrían presentarse como candidatos en las primeras elecciones libres posteriores.

Según Arellano, funcionarios estadounidenses consultados sobre ese punto lo consideraron favorable para blindar la credibilidad de esos primeros comicios.

El contexto que le da urgencia a la propuesta

La iniciativa cobra mayor peso a la luz de lo ocurrido el 19 de julio, cuando Daniel Ortega declaró ante miles de seguidores, durante la conmemoración del 47.° aniversario de la Revolución Sandinista, que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.

La frase, recogida por múltiples medios internacionales, eliminó la última apariencia de normalidad electoral que conservaba el régimen.

La oposición dispersa en el exilio, con presencia en Costa Rica, Estados Unidos y España, interpreta esa declaración no como una novedad, sino como la confirmación de un proceso que lleva años en marcha.

La reforma constitucional de febrero de 2025 ya había ampliado el mandato presidencial, instaurado la figura de “copresidenta” para Rosario Murillo y subordinado los demás poderes del Estado al Ejecutivo.

Las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 habían sido desplazadas a 2027 por esa misma reforma. Con las palabras de Ortega del 19 de julio, esa postergación se convirtió, en la práctica, en supresión.

La presión desde Washington y el rol del apoyo internacional

La propuesta opositora llega en un momento en que el Congreso de Estados Unidos también mueve fichas. El siete de agosto de 2026, los senadores Ted Cruz y Tim Kaine presentaron el proyecto S. 5369, una iniciativa bipartidista que busca extender y ampliar las sanciones de la Nica Act de 2018 hasta 2035.

Por primera vez, ese texto ordena al secretario de Estado realizar una evaluación formal de las condiciones necesarias para una eventual transición democrática en Nicaragua, según informó 100 Noticias.

El proyecto apunta al sector del oro, una de las principales fuentes de divisas del régimen, y contempla sanciones contra funcionarios del Instituto de Previsión Social Militar. Actualmente se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

La propuesta opositora reconoce que sin respaldo externo la transición es inviable. “El apoyo de los países de las Américas es indispensable para bien lograr esa transición que el sufrido pueblo nicaragüense demanda diariamente, pero también, para desarticular la amenaza a la seguridad regional en que el sandinismo ha convertido a Nicaragua”, señala el comunicado firmado por las doce organizaciones.

Los firmantes no precisaron qué gobiernos del hemisferio recibieron el documento ni en qué fechas se realizaron esas entregas.

El Congreso de Estados Unidos impulsa una ofensiva legislativa contra el régimen de Nicaragua, orientando el foco hacia las finanzas. La reciente introducción en el Senado de la ley para la restauración de la justicia electoral y los derechos de la oposición a través de la rendición de cuentas de Nicaragua, conocida por sus siglas en inglés como REFORMAR, marca un endurecimiento de las sanciones económicas, extendiendo el alcance al sector del oro y al Instituto de Previsión Militar del Ejército (IPSM). Así lo explicó el economista Juan Sebastián Chamorro, quien destacó el carácter bipartidista y el alcance ampliado de la iniciativa.

La propuesta, presentada por los senadores Ted Cruz y Tim Kaine, busca reactivar y actualizar herramientas ya utilizadas en el pasado reciente. Según el análisis de Chamorro, la REFORMAR “reactiva la ley NICA Act del 2018, que expiró en 2023 y extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2035, sujeta a una terminación anticipada si el presidente de Estados Unidos certifica que se han cumplido determinadas condiciones democráticas, como la celebración de elecciones libres, transparentes y competitivas y observadas”.

La norma, según el economista, llena el vacío legal generado por la expiración de la NICA Act y refuerza la presión internacional sobre Managua.

Propuesta de EE. UU. fortalece sanciones y vigilancia sobre sectores económicos del régimen

En la exposición de motivos, la iniciativa del Congreso estadounidense documenta “las violaciones de derechos, como el encarcelamiento de opositores, la corrupción sistemática del régimen, el fin del Estado de Derecho, el arresto de los candidatos presidenciales en 2021, el cierre de ONG y la persecución religiosa, entre otros abusos”, detalló Chamorro.

El texto prevé que las sanciones puedan alcanzar a cualquier individuo o empresa que opere en el sector del oro, sin necesidad de demostrar previamente su vinculación con violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. “El proyecto de ley, y esto es lo más importante, permitirá extender esta facultad a cualquier otro sector de la economía”, enfatizó el economista exiliado.

La REFORMAR dota al Secretario de Estado y al Departamento del Tesoro de nuevas atribuciones. Ambos podrán identificar cualquier otro sector económico para la imposición de sanciones, lo que amplía el margen de maniobra del Ejecutivo. La lista de conductas sancionables también se amplía e incluye la “persecución por el ejercicio de la libertad religiosa, las condenas por motivos políticos contra actores democráticos, miembros de la sociedad civil o de organizaciones independientes y la provisión de apoyos significativos relacionados con Rusia e Irán”.

En palabras de Chamorro, “el Instituto de Previsión Militar, el sistema de seguridad social del ejército, se incorpora en esta nueva ley expresamente en la lista de objetivos prioritarios para la imposición de sanciones, lo que refleja la atención del Congreso sobre la infraestructura económica de las fuerzas armadas. Esto es claramente un mensaje al ejército”. Así, la estructura financiera de las Fuerzas Armadas nicaragüenses queda bajo la supervisión y potencial sanción directa de Estados Unidos.

La ley también prevé nuevos mecanismos de supervisión y exige informes periódicos del Ejecutivo sobre la implementación y eficacia de las sanciones. Este seguimiento incluye “una evaluación de las condiciones necesarias para una transición democrática en Nicaragua”, puntualizó Chamorro.

“La ley viene a fortalecer, desde el punto de vista del Congreso, con una iniciativa bipartidista, todas las acciones que el Ejecutivo decida tomar en un futuro cercano”, indicó Chamorro.

El Senado de Estados Unidos introdujo un proyecto que propone reactivar y ampliar las sanciones de la NICA Act contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una iniciativa impulsada por el senador republicano Ted Cruz.

La propuesta fue enviada al Comité de Relaciones Exteriores del Senado para su análisis y se encuentra en la primera fase del trámite legislativo, según datos de Nicaragua Investiga y registros oficiales del Congreso estadounidense.

El 7 de agosto de 2026, la cámara alta presentó formalmente el proyecto S.5369, que no solo busca prorrogar las sanciones ya vigentes, sino también expandir las facultades del Ejecutivo y añadir mecanismos de presión adicionales. El título del proyecto —cuyo texto completo aún no se ha publicado formalmente— anticipa una ampliación de las acciones estadounidenses sobre Managua.

El proyecto busca ampliar el alcance de las sanciones contra Managua

La NICA Act fue aprobada en diciembre de 2018 y, en 2021, complementada por la Ley RENACER. Según la información difundida, la nueva iniciativa responde a la necesidad de renovar las facultades extraordinarias del Ejecutivo estadounidense y actualizar los mecanismos de presión sobre el gobierno de Nicaragua.

Entre los posibles cambios que el Congreso estadounidense suele valorar en reformas de este tipo figuran restricciones a sectores económicos estratégicos, controles sobre inversiones y financiamiento multilateral, así como un seguimiento de las violaciones de derechos humanos y de la libertad religiosa en el país, de acuerdo con reportes de Nicaragua Investiga.

En caso de avanzar, el proyecto permitiría sostener y posiblemente endurecer el marco de sanciones que rige sobre las instituciones estatales nicaragüenses. El contexto señalado por la propuesta es el de un cierre de las vías democráticas por parte de Ortega y Murillo, con la ausencia de elecciones libres y competitivas.

Para quienes consultan sobre el estado actual de la propuesta, la iniciativa legislativa aún se encuentra en una etapa temprana. Tras su introducción, el proyecto S.5369 debe pasar por un proceso formal de revisión y debate que podría tomar semanas o incluso meses, dependiendo del ritmo del Congreso y la prioridad que otorguen los comités involucrados.

El opositor y exaspirante presidencial en el exilio, Juan Sebastián Chamorro, consideró que la presentación de este proyecto responde al cierre definitivo de las opciones democráticas. Chamorro vinculó el paso dado en el Senado con la negativa del gobierno de Nicaragua a permitir procesos electorales abiertos.

Según lo consignado por Nicaragua Investiga, la propuesta busca renovar y fortalecer el marco de herramientas disponibles para el Ejecutivo estadounidense, en un momento en que diversos sectores internacionales expresan preocupación por la situación política en Nicaragua.

El endurecimiento o ampliación de las sanciones podría afectar sectores económicos que financian las arcas estatales, así como limitar el acceso a inversiones y créditos de organismos multilaterales, y establecer un monitoreo más estricto sobre derechos humanos y libertades fundamentales.

El trámite legislativo y sus próximas etapas

El recorrido legislativo para la aprobación del proyecto S.5369 contempla varias etapas. Primero, requiere un dictamen favorable del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Luego, debe ser sometido a votación en el pleno de esa cámara.

Si obtiene el respaldo necesario, la propuesta pasará a la Cámara de Representantes para una nueva revisión. Finalmente, si supera esa instancia, será remitida al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación o veto, según consignó Nicaragua Investiga.

Por el momento, la iniciativa permanece en la fase inicial dentro del Congreso de Estados Unidos, a la espera de los debates y dictámenes de las próximas etapas del proceso. El futuro del proyecto dependerá de los consensos políticos y del curso que tome la discusión legislativa en las próximas semanas.

Marco Rubio advirtió que Cuba no tendrá “válvula de escape” a la presión de Washington y que el régimen de Miguel Díaz-Canel no podrá ganar tiempo esperando el fin de la administración Trump, pues ya no cuenta con patrocinadores externos ni con la indiferencia histórica de Estados Unidos. El secretario de Estado realizó estas declaraciones a Axios en el marco de un análisis publicado este viernes.

“Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape. Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos”, afirmó Rubio al medio especializado. Sus palabras apuntan directamente a las 176 reformas económicas que el régimen cubano aprobó en junio para descentralizar su economía, entre ellas medidas orientadas a incentivar el sector privado.

Rubio subrayó que Cuba atraviesa una situación sin precedentes: “Por primera vez en su historia, Cuba carece de dos elementos en los que siempre se había apoyado: un patrocinador externo y la falta de atención de Estados Unidos”. El quiebre se precipitó en enero pasado, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, estrecho aliado de La Habana.

Tras esa detención, la administración Trump impuso un bloqueo de crudo a la isla. Esta semana, Cuba sufrió dos apagones masivos en menos de 24 horas, que se suman a la escasez de agua, el alza de precios en productos básicos y la falta de servicios vitales, agudizando el descontento popular hacia Díaz-Canel.

“Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, precisó Rubio, descartando que un eventual cambio de ciclo político en Washington pueda aliviar la presión sobre La Habana. El secretario de Estado, de ascendencia cubana, anticipó que al término de la administración en 2029, Cuba estará “como mínimo, en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente”.

La víspera de estas declaraciones, Rubio anunció nuevas sanciones contra entidades y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas cubanas. Medidas anteriores ya habían alcanzado al propio Díaz-Canel, al conglomerado empresarial militar Gaesa y a inversores extranjeros en sectores como la minería y el turismo.

En paralelo, la administración Trump mantiene un canal de diálogo con representantes de La Habana, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exdictador Raúl Castro. Rubio calificó la paciencia y la perseverancia como conceptos “perdidos” en la política exterior y la geopolítica estadounidenses, que su gestión busca recuperar.

El colapso del sector turístico ilustra con cifras el alcance de la crisis. Cuba recibió 387.591 turistas internacionales en la primera mitad de 2026, un 60,7 % menos que en el mismo período del año anterior, según datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Solo en junio llegaron 28.100 visitantes.

Canadá fue el principal mercado emisor con 126.937 visitantes entre enero y junio, seguido por Estados Unidos con 31.001 y Rusia con 21.235, con descensos interanuales del 70,3 %, el 53,8 % y el 66,8 %, respectivamente. México, Argentina y China también registraron caídas superiores al 30 %. Las visitas de la comunidad cubana en el exterior cayeron un 38,2 % hasta las 74.068 personas en el primer semestre del año.

El país había cerrado 2025 con poco más de 1,8 millones de visitantes extranjeros, frente a un objetivo gubernamental de 2,6 millones, y las cifras actuales contrastan con los registros del período de deshielo diplomático: en 2018 llegaron 4,6 millones de turistas y en 2019, 4,2 millones, impulsados por la eliminación de restricciones de viaje impuestas por Washington.

El régimen cubano reconoció en julio que las presiones de Washington provocaron la salida de siete hoteleras internacionales que gestionaban el 46 % de las habitaciones del país, más de 80.000 según datos oficiales. Entre las cadenas que abandonaron la isla figuran las españolas Meliá, Iberostar y Barceló, la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipiélago International y la turca ATG.

Como respuesta, el Ejecutivo de La Habana incluyó en su paquete de reformas de junio varias medidas para reactivar el turismo: nuevas modalidades de negocio para el sector privado que abarcan la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles y el transporte de viajeros. También habilitó al sector privado para operar como agentes turísticos y guías, y prevé aplicar una tasa del 1 % a estos negocios para financiar la promoción del sector.

El turismo cubano registró en el primer semestre de 2026 su peor desempeño en décadas: apenas 387.591 visitantes internacionales, un descenso del 60,7% frente al mismo período del año anterior, según datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). El mes de junio cerró con solo 28.100 llegadas, una cifra que refleja el colapso casi total de un sector que alguna vez fue pilar de la economía de la isla.

Cuba recibió en la primera mitad de 2026 menos de 388.000 turistas internacionales, un 60,7% menos que en igual período de 2025. La caída combina el efecto acumulado de la pandemia de covid-19, el bloqueo de crudo impuesto por Washington tras la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro en enero, y la paralización de vuelos por falta de combustible, que juntos demolieron la infraestructura de recepción turística de la isla.

El mercado canadiense, históricamente el más importante para Cuba, aportó entre enero y junio 126.937 visitantes, lo que supone un descenso interanual del 70,3%. Le siguió Estados Unidos, con 31.001 turistas —una reducción del 53,8%—, y Rusia, con apenas 21.235, un 66,8% menos que en el mismo lapso de 2025. México, Argentina y China también registraron contracciones superiores al 30%.

Las visitas de la comunidad cubana en el exterior, uno de los segmentos de mayor peso en el sector, cayeron un 38,2% hasta las 74.068 personas en los primeros seis meses del año, según la ONEI. La caída acumulada sitúa a Cuba muy por debajo de los registros de años recientes: el país recibió en 2025 poco más de 1,8 millones de visitantes, frente al objetivo gubernamental de 2,6 millones, mientras que en 2024 la cifra alcanzó los 2,2 millones y en 2023, los 2,4 millones.

El contraste con los años del “deshielo” diplomático resulta marcado: en 2018 llegaron 4,6 millones de turistas y en 2019, 4,2 millones, impulsados por la eliminación de restricciones de viaje desde Washington. El régimen cubano reconoció en julio que siete cadenas hoteleras internacionales abandonaron el país como consecuencia de las sanciones secundarias aplicadas por Washington, y que esas empresas gestionaban el 46% del total de habitaciones del país —más de 80.000, según datos oficiales—, entre ellas las españolas Meliá, Iberostar y Barceló, la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipiélago International y la turca ATG.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que Cuba pueda encontrar una salida a la presión de Washington y advirtió que el cerco no cederá durante el tiempo que resta del segundo mandato de Donald Trump. “Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape. Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos”, afirmó Rubio a Axios en referencia a las reformas económicas anunciadas por La Habana.

El funcionario señaló que Cuba enfrenta por primera vez en su historia una doble ausencia: la de un patrocinador externo y la de la indiferencia estadounidense. “Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, afirmó, en alusión al tiempo que resta a la Administración Trump. La captura de Maduro en enero privó a la isla de su principal aliado y fuente de petróleo subsidiado, vacío que Trump aprovechó para imponer un bloqueo de crudo que esta semana derivó en dos apagones masivos en menos de 24 oras.

Esos cortes se suman a la escasez de agua, el encarecimiento de productos básicos y el deterioro de servicios vitales que alimentan el descontento hacia el régimen de Miguel Díaz-Canel. Rubio vaticinó que, al término del mandato de Trump en 2029, Cuba estará “como mínimo, en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente”.

La víspera de esas declaraciones, Rubio anunció nuevas sanciones contra entidades y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas cubanas, medida que se suma a acciones previas contra Díaz-Canel, el conglomerado empresarial militar Gaesa y los inversores extranjeros en sectores como la minería y el turismo. Al mismo tiempo, la Administración Trump mantiene un canal de diálogo con representantes de La Habana, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exdictador Raúl Castro.

Ante el colapso del sector turístico, el régimen cubano aprobó en junio —dentro de un paquete de 176 reformas económicas orientadas a descentralizar y liberalizar la economía— medidas para dinamizar el turismo: habilitación de nuevas modalidades de negocio privado, incluida la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles y el transporte de viajeros. El Ejecutivo también autorizará al sector privado a operar como agentes turísticos, guías y representantes comerciales, y prevé aplicar una tasa del 1% a estas actividades para financiar la promoción y sostenibilidad del sector.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves la designación de cinco entidades y ocho funcionarios cubanos vinculados a la importación de armamento y a la cooperación militar del régimen de La Habana con Rusia y China, en una nueva ronda de sanciones bajo el Decreto Ejecutivo (E.O.) 14404 firmado por el presidente Donald Trump el 1 de mayo pasado.

Las medidas apuntan a empresas estatales, conglomerados militares y altos mandos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba, con el objetivo de cortar los canales de abastecimiento de equipamiento bélico proveniente de Moscú y Pekín. Desde la firma del decreto, Washington ha designado a más de 55 entidades e individuos bajo esa autoridad.

Entre las entidades sancionadas figura la Empresa Cubana Importadora y Exportadora de Productos Técnicos (TECNOIMPORT), subsidiaria del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) —el conglomerado militar que controla la mayor parte de la economía cubana, sancionado en mayo—, que opera en la importación de equipamiento técnico, incluido material militar de origen chino y ruso.

También fue designada la Unión de Industria Militar (UIM), holding castrense responsable de la producción y reparación de armamento para las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y que mantiene vínculos activos con empresas de defensa rusas para la modernización de sistemas de armas.

La lista de entidades incluye además a la Sociedad Mercantil DUNA S.A., involucrada en la importación de equipamiento militar desde China y Rusia; la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin (EMI YURI GAGARIN), dedicada al mantenimiento de aeronaves militares de origen ruso; y la Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados S.A. (TECNOTEX), otra subsidiaria de GAESA que, según el comunicado del Departamento de Estado, “ha estado involucrada en esfuerzos para renovar la flota de helicópteros de origen ruso de Cuba y ha tenido cooperación previa con la República Popular Democrática de Corea”.

Entre los ocho individuos designados se encuentran el ministro del MINFAR, Álvaro Victoriano López Miera, y el jefe del Estado Mayor de las FAR, Roberto Legra Sotolongo, ambos previamente sancionados por el Departamento del Tesoro en 2021 bajo la Ley de Responsabilidad de Derechos Humanos Global Magnitsky.

También fueron incluidos José Antonio Remón Rodríguez, jefe de la Dirección de Relaciones Exteriores del MINFAR y responsable de la cooperación militar foránea; Óscar Enrique Biosca Gallego, jefe de la Dirección Económica del MINFAR; Mónica Milián Gómez, agregada militar cubana en Rusia; y Waldo Pérez Cortés, agregado militar cubano en China, señalado por su participación en la adquisición de equipamiento bélico chino para La Habana.

Las designaciones se producen dos semanas después de la publicación, el 20 de julio, del informe “Cuba: la Capital del Comunismo del Siglo XXI”, elaborado por el propio Departamento de Estado. El documento describe las alianzas del régimen cubano con Rusia y China, que han provisto a la isla de hardware militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades de seguridad, y señala que Cuba se ha convertido en una plataforma de operaciones para adversarios de Estados Unidos en el hemisferio.

Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses de propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos norteamericanos quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Las transacciones de personas o entidades estadounidenses con los designados están prohibidas salvo autorización expresa de OFAC.

El Departamento de Estado advirtió que las personas o entidades extranjeras que realicen transacciones con los sancionados, o que operen en los sectores de energía, defensa, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, quedan expuestas a ser ellas mismas objeto de nuevas sanciones.

Las instituciones financieras no estadounidenses también fueron alertadas sobre los riesgos de operar con cualquier parte bloqueada bajo esta autoridad.

En Ciudad Sandino, las autoridades municipales dieron a conocer la imposición de multas de hasta 1,500 córdobas a los propietarios de animales que dejen excrementos en la vía pública sin recogerlos, una medida que busca frenar una práctica común en este municipio de Nicaragua. Según reportó Despacho 505, la Alcaldía de Ciudad Sandino notificó a los dueños de carretas tiradas por caballos sobre la obligatoriedad de portar una pañalera o recolector de desechos, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal 046/06.

La disposición, difundida por las redes sociales de la municipalidad, advierte que quienes no cumplan con la norma enfrentarán una multa inicial de 500 córdobas (USD 13.61). Si reinciden, la sanción se elevará al triple, alcanzando los 1,500 córdobas (USD 40.82), según lo estipulado en la ordenanza. Según Despacho 505, este anuncio convierte a Ciudad Sandino en la segunda localidad del país que adopta sanciones explícitas contra los dueños de animales que ensucien el espacio público con excrementos.

La Alcaldía justificó la medida como parte de una política dirigida a mejorar la limpieza urbana y reducir la contaminación ambiental. El uso obligatorio de la llamada “pañalera ecológica” pretende no solo minimizar los malos olores en las calles, sino también proteger la salud de los habitantes y promover un entorno más ordenado y sostenible. De acuerdo con lo comunicado por la administración local y recogido por el mismo medio, los desechos recolectados deberán ser entregados en el Vivero Municipal Kamilo Lara, donde se utilizarán para la elaboración de abono orgánico.

Las carretas de tracción animal siguen siendo habituales en Ciudad Sandino, utilizadas para transportar materiales de construcción, leña, chatarra y otros bienes. Por esto, la acumulación de excrementos equinos en calles y carreteras ha generado constantes quejas entre los habitantes. Despacho 505 destaca que, pese a la existencia de normas previas sobre salubridad y espacio público, hasta ahora no se había implementado un régimen de sanciones efectivo para quienes incumplen estas disposiciones.

En el aviso oficial, la municipalidad remarcó la obligación de los propietarios de carretas de instalar sistemas recolectores de desechos en los caballos que circulen por la vía pública. La alcaldía no precisó la fecha exacta en que comenzarán los operativos de control, aunque advirtió que las multas serán aplicadas tan pronto se detecten infracciones. Quienes incumplan esta disposición serán sancionados con una multa de 500 córdobas. En caso de reincidencia, la sanción ascenderá al triple del monto inicial.

Esta acción en Ciudad Sandino ocurre pocos días después de que la Alcaldía de El Castillo, en el departamento de Río San Juan, anunciara una normativa similar. En esa localidad la ordenanza municipal extiende la obligación de recoger los desechos a los dueños de perros y otras mascotas, bajo el argumento de reforzar las normas de convivencia ciudadana y preservar la limpieza de calles, aceras y áreas verdes. El régimen de sanciones en El Castillo contempla multas escalonadas: 500 córdobas por la primera infracción, 1,000 córdobas (USD 27.22) por la segunda y 1,500 córdobas en caso de reincidencia.

La nueva normativa, firmada por el alcalde Iván José Duarte Miranda, exige a los dueños de mascotas evitar que sus animales causen molestias a terceros, daños a bienes públicos o privados, o generen riesgos para la salud pública. Ambas reglamentaciones municipales reflejan una tendencia emergente en Nicaragua hacia una mayor regulación del uso del espacio público y el fortalecimiento de las políticas ambientales urbanas.

El programa en Ciudad Sandino incorpora el aprovechamiento de los excrementos recolectados, que serán procesados en el vivero municipal para la producción de sustratos orgánicos. De esta manera, la gestión de los residuos animales se integra a los esfuerzos de sostenibilidad y reutilización en la ciudad.

La puesta en marcha de estas sanciones responde al aumento de denuncias ciudadanas sobre la falta de limpieza y el impacto de los desechos animales en la vida diaria. Con la entrada en vigor de la ordenanza y la aplicación de multas, la administración local espera modificar los hábitos de los propietarios y mejorar la convivencia en los espacios urbanos.

Estados Unidos comenzó una ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la emisión de sanciones financieras y el reciente aumento de las recompensas que ofrece por ocho de sus líderes criminales. Esta acción comenzó luego de que mantuvo en el foco al Cártel de Sinaloa, y en especifico, de la facción de Los Chapitos.

Ante las acciones encabezadas por el gobierno de Donald Trump y de las declaraciones de funcionarios federales como Terry Cole, director de la DEA, de que la ofensiva no se detendrá y también contempla a políticos ligados al cártel, Mike Vigil, exagente de la DEA, aseguró en entrevista con Infobae México que estas medidas no serán suficientes.

De acuerdo con Vigil, el aumento de 102 millones de dólares en recompensas y sanciones del Departamento del Tesoro contra más de 50 de sus miembros son “puro teatro político” sin ningún impacto real sobre el cártel.

Además, apuntó que esta ofensiva podría deberse a la presión que provocó el anuncio del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) al atribuirse el operativo donde fue detenido Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

¿Por qué las recompensas “no sirven”?

Para el exagente, el mecanismo tiene dos fallas estructurales que lo condenan al fracaso, como lo es que ninguna persona se atrevería a entregar a los líderes criminales.

“Individuos, hablo de ciudadanos o de miembros del cártel, no van a denunciar a estos líderes aunque sea por millones de dólares, porque ellos saben que los van a matar o que van a matar a sus familias”, explicó.

La segunda razón es que las organizaciones criminales mantienen un bajo perfil respecto a la información que comparten dentro de la estructura, lo que imposibilita que todos conozcan sus ubicaciones.

“Estos líderes no le dicen a todo el cártel en dónde andan. Son muy poquitas personas que saben que están en cierto lugar, se van moviendo con un escolta que es escogido por ellos mismos, una escolta que nunca los va a traicionar”, señaló Vigil.

Este miércoles, el Departamento de Estado de EEUU anunció recompensas por ocho integrantes del CJNG para quien brinde información que permita su captura, entre los que se encuentran:

• Juan Carlos Valencia Gonzáles, alias “El 03″ o “El Pelón”, líder del cártel: 25 mdd
• Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, actualmente detenido en México y gestionando amparos para evitar su extradición a EEUU: 15 mdd
• Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes: 15 mdd
• Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”: 15 mdd
• Ricardo Ruiz Velasco, “La Tripa”: 10 mdd
• Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”: 10 mdd
• Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”: 10 mdd
• Griselda Margarita Arredondo Pinzón, hermanastra de “El Tarjetas”: 2 mdd

La captura de “El Mayo” que habría detonado la ofensiva contra el CJNG

Para Vigil, el cambio de objetivo de la administración Trump —antes concentrada en el Cártel de Sinaloa, ahora en el CJNG— responde directamente al escándalo generado por el operativo que llevó a Mayo Zambada ante la justicia estadounidense, ya que el líder criminal denunció que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y trasladado a EEUU.

“Yo creo que el FBI y Seguridad Nacional estuvieron al tanto del secuestro, y ese avión que se usó le pertenecía al FBI —sostuvo—. Pusieron el avión en un museo ahí en Santa Teresa, en el aeropuerto, y así se enteró todo el mundo que era el avión de ellos. Eso era una violación de la Constitución, de la soberanía, de la Seguridad Nacional de México”, afirmó.

Ante ese antecedente, el exfuncionario interpretó el giro estratégico de Washington como un intento de desviar la atención. “Eso ahora yo creo que lo quieren tapar un poco, y ahora se quieren enfocar en Jalisco, porque ahora tienen un líder que no solo es mexicano, sino que también es ciudadano americano”.

Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “El 03″, fue identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG, además de anunciar que contaba con ciudadanía americana.

“Es una vergüenza que ahora un americano está encargado de uno de los más poderosos cárteles del mundo”, dijo. Y añadió que el CJNG estaría aprovechando la guerra interna del Cártel de Sinaloa para incrementar sus envíos de droga a territorio estadounidense.

El exjefe de la DEA señaló además que en el propio anuncio de sanciones de la OFAC, el nombre del nuevo líder apareció mal escrito. “Lo ponen con Juan Carlos González. Es Juan Carlos Valencia González. Ni sabían cuál era el nombre correcto. Eso te dice mucho”.

Por qué el OFAC tampoco funciona

Semanas antes, el secretario del Tesoro, Scott Bessentm anunció sanciones contra más de 50 miembros del CJNG, las cuales Vigil descartó como efectivas.

“El OFAC no es eficaz, porque el OFAC pone sanciones, pero una cosa es poner una sanción y otra cosa es identificar las cuentas bancarias o el dinero de los cárteles —explicó—. El OFAC nada más puede congelar, no puede incautar”.

La razón de fondo, detalló, es que los cárteles operan fuera del sistema bancario. “Los cárteles, incluyendo Jalisco Nueva Generación, sobreviven gracias al efectivo en grandes cantidades y la logística clandestina. Ellos manejan el efectivo. Se trata de toneladas y así evitan los sistemas bancarios”.

Vigil ilustró el mecanismo con una operación que dirigió como encargado de la división de la DEA en San Diego. “Conseguimos información de un informante de que venía un vehículo que cargaba como diez autos al mismo tiempo, y lo paramos. Eran vehículos viejos, usados, que no servían para nada, pero tenían compartimentos falsos cerca de la cajuela. Los que tenían dinero les pusieron una X en la ventana. Los interceptamos antes de que cruzara a Tijuana y decomisamos más de 4 millones de dólares”.

El lavado comercial y las casas de cambio

Además del transporte de efectivo en bulto, Vigil describió el mecanismo de blanqueo mediante el comercio de mercancías. “Lo que hacen con el dinero de las ventas de drogas aquí, en vez de cruzarlo muchas veces, van y compran electrónicos, textiles, ropa, por ejemplo en Los Ángeles, y transportan esa mercancía a México, donde la venden y hasta ganan más dinero. Y entonces la blanquean”.

Mencionó también el uso de casas de cambio en la frontera y las redes de origen chino en Estados Unidos que el Cártel de Sinaloa ha utilizado para lavar capitales. Cuando se sanciona una empresa del cártel, apuntó, la respuesta es inmediata: “Exactamente la reemplazan por otras. Y nunca les van a poner en sus nombres. Ellos van a utilizar testaferros, y eso va a ser muy difícil de comprobar”.

Ante ese panorama, calificó el conjunto de medidas como ineficientes y señaló que no detendrán las actividades delictivas del CJNG si no contemplan la magnitud del entramado criminal.

Las autoridades de Ucrania sancionaron a más de 40 entidades y personas por su participación en la fabricación y suministro de equipo militar y tecnológico para la industria de defensa rusa, en el contexto de la invasión iniciada por Moscú febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, firmó un decreto para aplicar la medida recomendada por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, que afecta a 23 empresas y 20 personas acusadas de “fabricar y suministrar equipos y componentes para la industria de defensa y los organismos de seguridad rusos”.

Según comunicó la Presidencia, entre las sancionadas figuran la armamentística Kidma Tech —dedicada a la fabricación y reparación de misiles— y la planta Morozoc, que produce explosivos y combustible para proyectiles, incluidas cargas para motores de misiles balísticos Iskander-M. También fueron incluidas las empresas Spetselektronkomplekt, especializada en producción de misiles; Aurum, que suministra sistemas de guerra electrónica y drones a las fuerzas de ocupación rusas; así como otras tecnológicas rusas.

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos incorporó a varias personas y entidades militares rusas a su régimen de sanciones por violar la ley destinada a evitar la proliferación de armas de destrucción en Irán, Siria y Corea del Norte, conocida como INKSNA. En la denominada “lista negra” de Washington figuran cinco ciudadanos rusos y entidades de las Fuerzas Terrestres de Rusia, así como agencias dependientes del Ministerio de Defensa, entre ellas la Dirección Principal de Misiles y Artillería.

También fueron sancionadas las empresas rusas Gedion Alpha Company e International Invest Company, acusadas de facilitar la transferencia de equipos, tecnología, suministros y componentes de armamento sensible a los países señalados por la ley.

Estas sanciones, alcanzan además a entidades y personas de China, Irán, Malasia, Siria, Corea del Norte y Taiwán. La ley INKSNA no solo contempla a los países señalados, sino también a terceros que transfieran o comercien con ellos bienes, servicios o tecnología sujetos a acuerdos multilaterales sobre no proliferación de armas.

Por su parte, Putin introdujo modificaciones en el acuerdo de cooperación técnico-militar con Bielorrusia firmado en 2009, con el objetivo de adaptarlo a la alianza estratégica consolidada entre ambos países desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. El documento, publicado por el portal de información legal ruso, busca simplificar el procedimiento conjunto para el suministro de armamento.

El Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar informó recientemente a la Duma que la cooperación se ha acelerado tanto en contenido como en volumen, lo que motivó la actualización del acuerdo. Las enmiendas aprobadas por Putin reducirán los plazos de entrega de componentes, piezas de repuesto y armamento de nueva generación.

En mayo pasado, Rusia y Bielorrusia realizaron sus primeras maniobras nucleares conjuntas con armamento táctico-estratégico en territorio bielorruso, que limita con miembros de la OTAN como Polonia, Letonia y Lituania. El jefe de Estado ruso autorizó el despliegue en el país vecino de armamento nuclear táctico y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik como medida de disuasión ante la amenaza que representa la Alianza Atlántica.

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, a quien el mandatario ucraniano Zelensky acusa de complicidad en la operación militar rusa, negó que Minsk tenga intención de entrar en guerra con Ucrania.

En el plano de las conversaciones para un acuerdo que ponga fin a la invasión, el Ministerio de Exteriores de Rusia instó a los socios de Ucrania a adoptar una postura “madura” para facilitar negociaciones que permitan detener la guerra que ya lleva más de cuatro años. Según la Cancillería rusa, la campaña militar “continuará” si Moscú no percibe voluntad para garantizar que Kiev cumpla los compromisos acordados con sus aliados occidentales, en referencia a propuestas de Estados Unidos durante la cumbre de agosto de 2025 en Alaska.

“Siempre estamos dispuestos a negociar, estamos abiertos a una solución negociada, y lo hemos demostrado en más de una ocasión: la otra parte, la ucraniana, se ha retirado de las negociaciones; se ha retirado de ellas y luego se ha autoexcluido, comportándose, por decirlo suavemente, de forma incoherente”, declaró el viceministro de Exteriores, Mijail Galuzin, a la agencia rusa TASS.

(Con información de Europa Press y EFE)

A partir de 2027, la Unión Europea prohibirá por completo la importación de gas natural licuado (GNL) ruso, un mercado del que hoy depende en gran medida: los países del bloque compraron casi toda la producción de la planta siberiana de Yamal durante el primer semestre de este año. Ante esa fecha límite, Rusia viene ampliando de forma discreta su flota de buques gaseros para sostener sus exportaciones pese a las restricciones, según reveló el diario Financial Times.

Una flota que ya suma 25 buques

Según la firma de datos marítimos Windward, citada por el diario británico, al menos ocho tanqueros de GNL usados fueron vendidos y utilizados en los últimos seis meses para transportar cargamentos rusos, lo que eleva a 25 buques el tamaño de esta flota. Incluye dos naves nuevas construidas en el astillero ruso de Zvezdá: el Alekséi Kosygin, que transporta cargamentos del sancionado proyecto Ártico LNG 2 desde diciembre, y el Konstantín Posiet, bautizado este mes.

Cuatro de los buques recientemente adquiridos por Rusia transportaron volúmenes desde terminales que manejan GNL sujeto a sanciones occidentales, de acuerdo con datos de Kpler analizados por el Financial Times. Todos navegan hoy bajo bandera rusa, rebautizados con nombres como Kosmos, Orión, Merkuri y Luch.

El mismo manual que la flota petrolera

El esquema replica el que Rusia ya utiliza con su “flota oscura” de petroleros —que supera los 1.000 barcos— para eludir las sanciones occidentales sobre el crudo.

“La flota petrolera en la sombra tuvo precedentes en Irán y Venezuela. Pero ningún otro país había alcanzado ese nivel de avance tecnológico en producción de gas para el momento en que fue sancionado”, dijo al Financial Times Irina Mirónova, investigadora sénior del New Energy Advancement Hub, quien calificó el fenómeno de “único”.

Los tanqueros de esta flota gasera pertenecen mayormente a empresas fantasma radicadas en Dubái, Hong Kong y Singapur, y navegan bajo banderas de conveniencia, recurriendo a interferencia de señales y transferencias buque a buque para disimular el origen de la carga.

Por qué construir un buque gasero es más difícil

Sin embargo, replicar el modelo petrolero con gas es considerablemente más complejo, advirtió Septimus Knox, director de la firma de inteligencia S-RM, en declaraciones al Financial Times. “La ejecución es mucho más difícil por la naturaleza del transporte de GNL. Hay menos buques y se requiere infraestructura más específica y escasa”, explicó.

Los buques gaseros cuestan unos 300 millones de dólares y necesitan sistemas de contención complejos para mantener el gas líquido a -162°C. Como las principales plantas rusas están en el Ártico, además se requieren buques de clase hielo durante gran parte del año.

China es hoy el único comprador de la producción sancionada de Ártico LNG 2: once buques, con diez años de antigüedad promedio, transportan esos volúmenes hacia terminales flotantes desde donde se transfieren a tanqueros convencionales. Todos están bajo sanciones de Estados Unidos, y la empresa privada Novatek se convirtió en propietaria o fletadora de casi todos en los últimos dos años.

Novatek domina el sector: su planta de Yamal, junto con la sancionada Ártico LNG 2, produce más del 65% del total nacional, según el organismo estadístico ruso, mientras que el proyecto Sajalín-2, de la estatal Gazprom, aporta otro 30%. Buena parte de los volúmenes no sancionados todavía viaja en buques fletados a navieras internacionales, como la griega Dynagas o la japonesa Mitsui OSK, pero la ola de restricciones obligó a Moscú a diversificar.

Un cuello de botella tecnológico

El ritmo de expansión podría chocar pronto con una barrera técnica. Navin Kumar, de la consultora Drewry, dijo al Financial Times que Rusia podría tener dificultades para seguir construyendo sus propios buques, ya que la empresa francesa GTT mantiene un cuasi monopolio sobre los sistemas de contención especializados y suspendió sus contratos con Rusia en 2023 por las sanciones europeas. Aun si Moscú desarrollara tecnología propia, necesitaría aprobaciones de organismos internacionales, en un proceso que Kumar calificó de “largo y complejo”. Otros cuatro buques se construyen actualmente en Zvezdá, mientras seis embarcaciones de clase hielo permanecen bloqueadas para su entrega en el astillero surcoreano Hanwha.

Esa limitación empuja a Rusia hacia el mercado de segunda mano, donde ya compite con otros actores. “Hay muchos buques antiguos saliendo al mercado, y sí creo que una parte de ellos terminará en la flota rusa”, dijo al Financial Times Carl-Antoine Saverys, director ejecutivo de la naviera gasera Exmar, que reconvierte tanqueros usados en unidades de almacenamiento flotante.

La semana pasada, la Unión Europea dispuso que la venta de tanqueros de GNL a ciudadanos rusos deberá notificarse a Bruselas, aunque —tras presión de Grecia— evitó prohibir el transporte de gas ruso en buques comunitarios hacia terceros países.