Rusia y Estados Unidos preparan reuniones en las próximas semanas para tratar sus diferencias, mientras Moscú cuestiona el nuevo paquete de sanciones aprobado desde Washington por el presidente estadounidense, Donald Trump, que amplía las medidas y habilita aranceles contra países compradores de energía rusa.

El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, afirmó este domingo RIA Nóvosti que los contactos con Washington se han vuelto habituales, aunque admitió que los avances sustanciales son más lentos de lo previsto.

Riabkov respondió que los encuentros se celebrarán “en las próximas semanas” y sostuvo que ambos países mantendrán el esfuerzo diplomático pese a las discrepancias. “Creemos que son útiles. Sin embargo, el ritmo de progreso en términos de avances sustanciales es menor de lo deseado y de lo esperado”, declaró el viceministro.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el sábado que la nueva legislación estadounidense sobre sanciones “definitivamente no puede tener un impacto positivo” sobre las negociaciones entre las partes ni sobre el conflicto en Ucrania.

Sanciones estadounidenses y advertencia de Moscú

La Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026 contempla medidas contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa. También apunta contra la denominada “flota en la sombra” de petroleros que Moscú emplearía para sortear las restricciones occidentales.

La norma no impone de forma automática los aranceles de hasta 100%, pero autoriza al Ejecutivo estadounidense a aplicarlos contra países que compren petróleo o gas ruso. La medida podría afectar especialmente a China e India, según el texto suministrado.

El ex presidente ruso Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, sostuvo el sábado que Moscú debería responder con “disuasión militar” a las sanciones aprobadas en Estados Unidos. No detalló qué medidas incluiría esa respuesta.

Medvedev escribió en Telegram: “Incluso al otro lado del océano, solo escuchan el lenguaje de la disuasión militar directa, y ese es el lenguaje con el que debemos responder a las atrocidades rusófobas, como la ley del terrorista fallecido Graham”.

Ataques rusos y elecciones en territorios ocupados

Una serie de ataques rusos contra las regiones ucranianas de Kherson y Kharkov dejó al menos cuatro muertos, según informaron autoridades militares de las zonas afectadas. Los hechos ocurrieron mientras se celebraban elecciones parlamentarias en Rusia entre el 18 y el 20 de septiembre.

El jefe de la administración militar regional de Kherson, Oleksandr Prokudin, informó en Telegram que hubo dos fallecidos y cinco heridos. “Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales de asentamientos en la región”, señaló.

En Balakliia, en la región de Kharkov, otras dos personas murieron durante la noche del 18 de septiembre, según el jefe de la administración militar local, Vitali Karabanov. “Se produjo un ataque enemigo contra uno de los barrios de nuestra ciudad”, declaró.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron, según la agencia Ukrinform, que neutralizaron tres misiles Banderol y 138 drones lanzados por Rusia desde la noche del 18 de septiembre.

La respuesta de Rusia a las nuevas sanciones estadounidenses debería incluir “disuasión militar”, estimó este sábado el ex presidente ruso Dmitri Medvedev.

Medvedev, aliado del presidente ruso Vladimir Putin y halcón antioccidental, no especificó a qué se refería.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el viernes un proyecto de ley que introduce nuevas sanciones para presionar a Rusia por la guerra en Ucrania, después de que el Congreso diera su aprobación tras meses de retraso.

El texto, que lleva el nombre del senador estadounidense fallecido Lindsey Graham, apunta a los sectores energético y de defensa, a Putin y a otros altos funcionarios.

“Incluso al otro lado del océano, solo escuchan el lenguaje de la disuasión militar directa, y ese es el lenguaje con el que debemos responder a las atrocidades rusófobas, como la ley del terrorista fallecido Graham”, dijo Medvedev, que actualmente ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, en Telegram.

Desde que Moscú lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, funcionarios rusos, incluido Putin, han descrito a Ucrania y a sus partidarios como “terroristas”. Kiev lo considera propaganda de guerra.

Medvedev fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012 en un acuerdo que permitió al entonces primer ministro Putin eludir los límites de mandato.

El hombre de 61 años suele atacar a Ucrania y Occidente en las redes sociales.

El año pasado, Trump ordenó desplazar dos submarinos nucleares después de que Medvedev aludiera al mecanismo de control de armas nucleares “Dead Hand” de Moscú, en un mensaje de Telegram.

En plenas elecciones legislativas, Rusia continúa sus bombardeos contra Ucrania

En otro orden, una serie de ataques rusos contra las regiones ucranianas de Kherson y Kharkov dejó como saldo al menos cuatro personas muertas, informaron las autoridades militares en las zonas afectadas.

En Kherson, además, según dijo en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Prokudin, además de dos muertos hubo cinco heridos.

“Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales de asentamientos en la región, causando daños en cinco edificios de apartamentos y siete casas particulares”, agrega el mensaje de Prokudin.

Otras nueve personas, según Prokudin, fueron trasladadas a localidades liberadas en la región.

En Balakliia, en la región de Kharkov, la noche del 18 de septiembre murieron dos personas a consecuencia de un ataque enemigo.

“Se produjo un ataque enemigo contra uno de los barrios de nuestra ciudad”, dijo el jefe de la administración militar, Vitali Karabanov, en Telegram.

Por otra parte, las fuerzas de defensa aérea de Ucrania neutralizaron tres misiles Banderol y 138 drones con los que las fuerzas rusas atacaron Ucrania desde la noche del 18 de septiembre, según un comunicado de las Fuerzas Armadas citado por la agencia Ukrinform.

Ucrania condenó las elecciones rusas en los territorios ocupados

Ucrania instó a la comunidad internacional a no reconocer los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas por las autoridades rusas en los territorios ucranianos ocupados por las tropas de Moscú, pues Kiev denuncia políticas de rusificación forzosa y el intento de legitimar la conquista de estas zonas.

Las elecciones, celebradas en Rusia entre el 18 y el 20 de septiembre, son “una farsa de la potencia ocupante, que no tiene nada que ver con unas elecciones democráticas”, denunció en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania.

Ucrania no reconoce ni las “elecciones” ilegales ni sus “resultados sin sentido”, abundó el ministerio al aludir a la votación celebrada en la península de Crimea y en las regiones parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson, que representan alrededor del 20% del territorio ucraniano y que Moscú considera oficialmente territorio ruso.

Pese a que el juez guatemalteco Fredy Orellana aseguró a través de un comunicado que ya no está sancionado en Europa, la Unión Europea afirmó que continúa incluido en el régimen de medidas restrictivas que fue prorrogado hasta 2027.

Según Orellana, juez del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, las sanciones le fueron levantadas desde el 13 de enero pasado, por medio de la Decisión (PESC) 2026/88 del Consejo de la Unión Europea, decisión que fue publicada el 12 de enero y entró en vigencia un día después.

“Por lo que, desde el 13 de enero de 2026 no existe ningún tipo de sanción, limitación de derechos o medida restrictiva en mi contra en el territorio de la Unión Europea”, se lee en el comunicado publicado este jueves 17 de septiembre en sus redes sociales.

Desmentido de manera oficial

Horas después, la Delegación Unión Europea en Guatemala publicó también un comunicado en el que confirmó que las sanciones continúan vigentes para ocho personas guatemaltecas.

“La Delegación de la Unión Europea en Guatemala informa que continúan vigentes las sanciones impuestas a ocho personas y una entidad guatemaltecas”, indicó en un pronunciamiento que remitió al texto consolidado de la Decisión PESC 2024/254.

Aunque no lo dice expresamente, en el documento oficial al que dirige el comunicado, se lee claramente el nombre de Fredy Raúl Orellana Letona, ubicado en la casilla cinco, de los ocho guatemaltecos sancionados, incluida la exfiscal General, Consuelo Porras y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.

La prórroga europea hasta enero de 2027

La Decisión PESC 2026/88, aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 9 de enero de 2026, extendió por un año el régimen de sanciones relacionado con Guatemala. El artículo 1 sustituyó el vencimiento previsto para el 13 de enero de 2026 por una nueva fecha: el 13 de enero de 2027.

Esa resolución revisó y actualizó las entradas de cinco personas y Orellana no está en esa lista, lo que fue interpretado por el juez como un retiro de las sanciones en su contra.

No obstante, tras una consulta realizada por el Diario La Hora, la Unión Europea confirmó que, aunque Orellana no aparezca entre las entradas modificadas en el documento de enero, continúa sancionado y sujeto a restricciones en territorio europeo.

¿Por qué está sancionado?

La Unión Europea incorporó a Orellana a su lista de sancionados en febrero de 2024 por actuaciones que, según el bloque, socavaban la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala.

La medida se vinculó con decisiones adoptadas mientras ejercía como juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.

El bloque europeo señaló que Orellana había autorizado diligencias de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) relacionadas con la investigación por la creación del partido Movimiento Semilla. Entre ellas figuraron allanamientos en la sede de la agrupación y en el Tribunal Supremo Electoral donde secuestraron hasta las boletas de votación ciudadana.

El partido Movimiento Semilla llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia de Guatemala. En varios intentos por evitarlo, el Ministerio Público, acuerpado por Orellana, establecieron la cancelación, pese a que el único autorizado en la ley para hacerlo era el Tribunal Supremo Electoral, situación que se convirtió en un conflicto jurídico.

Esto fue considerado por la Unión Europea como “esfuerzos por invalidar los resultados de las elecciones de 2023 en Guatemala. Por lo tanto, es responsable de socavar la democracia, el Estado de Derecho y el traspaso pacífico de poderes en Guatemala”.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, aseguró que los funcionarios cubanos enfrentan las mismas carencias que la población y negó que la familia Castro disponga de bienes o condiciones excepcionales. Sus declaraciones ocurren en medio de una crisis de abastecimiento, electricidad y combustibles que ha profundizado las dificultades cotidianas en la isla.

Fernández de Cossío afirmó que en su casa tiene electricidad apenas entre dos y tres horas al día. Según relató, esa situación le impide conservar alimentos y, en algunos momentos, también afecta el acceso al agua potable. Con esas afirmaciones, buscó responder a las críticas sobre una presunta separación entre la dirigencia cubana y las condiciones que enfrenta la mayoría de los ciudadanos.

La información fue publicada por el medio cubano CiberCuba, que recogió una entrevista concedida por el funcionario durante una visita a Washington vinculada a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Allí, el viceministro fue consultado por denuncias de Estados Unidos sobre presuntos privilegios de la familia Castro y de otros dirigentes de la isla.

Niegan las acusaciones sobre propiedades y lujos

El funcionario negó de forma tajante que la familia Castro tenga un avión privado y 17 viviendas, como señaló Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU. “Totalmente” falsas, respondió al ser preguntado por esas acusaciones. También rechazó que exista un sector del régimen cubano protegido de los apagones, la escasez de alimentos o las fallas en el suministro de agua.

Las declaraciones incluyeron una referencia a otras acusaciones dirigidas contra el dictador Miguel Díaz-Canel, a quien autoridades estadounidenses atribuyen el uso de artículos de lujo, como una corbata Hermès, un reloj Rolex y un bolígrafo Montblanc. El funcionario no respondió de manera puntual sobre esos objetos, pero insistió en que los servidores públicos viven las mismas dificultades que el resto de la población.

No es la primera vez que el vicecanciller expone esa postura. En octubre de 2025, cuando habló sobre los apagones, dijo que en su vivienda los cortes de energía ocurrían “cada cuatro horas” y que él y su familia sentían “ganas de protestar”. La nueva declaración retoma ese argumento en un momento de mayor presión sobre el sistema eléctrico cubano.

Los apagones agravan las dificultades diarias en la isla

Cuba atraviesa una situación compleja por la escasez de combustible, las fallas de generación eléctrica y los problemas para asegurar productos básicos. El problema de los apagones es que afectan directamente la conservación de alimentos, el transporte, el bombeo de agua, el funcionamiento de comercios, hospitales y otros servicios públicos.

Fernández de Cossío atribuyó el deterioro de la situación a las sanciones de Estados Unidos. “La política de Estados Unidos busca producir un castigo colectivo para inducir una crisis humanitaria en Cuba”, afirmó. Añadió que el sufrimiento de la población “no es un daño colateral, es el objetivo de la política”.

El viceministro describió los efectos de los cortes eléctricos en la atención médica. Mencionó casos de familias que no pueden trasladar a enfermos a un hospital, cirugías que deben aplazarse por falta de energía y recién nacidos que dependen de equipos médicos. Según los datos citados en la nota, este 17 de septiembre el déficit eléctrico rondaba los 2,120 megavatios, frente a una demanda prevista de 3,200 megavatios.

En cuanto a la relación con Washington, Fernández de Cossío señaló que persisten canales de comunicación, aunque sin avances visibles. Cuestionó la aplicación de nuevas sanciones y rechazó cualquier amenaza contra la soberanía cubana. “Los funcionarios estadounidenses son preguntados constantemente si eso está sobre la mesa, y responden que nada está descartado”, sostuvo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra BitBank, un exchange de criptomonedas iraní controlado por el financista Babak Zanjani, al que acusa de procesar los pagos que reciben los buques a cambio de garantías de paso seguro por el estrecho de Ormuz. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sostiene que la plataforma canalizó cientos de millones de dólares (USD) en bitcoins hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el brazo militar del régimen iraní.

Según el comunicado del Tesoro, BitBank operó entre junio y julio como el mecanismo de cobro de la Autoridad de Servicios Marítimos Hormuz Safe, la entidad que Irán presenta como un seguro marítimo para barcos que transitan el estrecho, pero que Washington describe como un esquema de extorsión disfrazado. El organismo calificó al exchange como “una pieza central en la infraestructura de evasión de sanciones basada en activos digitales” del régimen.

La medida se inscribe en la “Operación Proscrito Económico” (Operation Economic Outcast), la estrategia con la que el Tesoro busca aislar financieramente a Irán y desarticular sus redes comerciales, logísticas y de transporte. Desde su lanzamiento, el programa ha apuntado contra el comercio ilícito de petróleo iraní, casas de cambio, compañías navieras y empresas fachada repartidas por varios países.

Junto a BitBank, Washington sancionó también a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la empresa que desarrolló el software del exchange, y a tres colaboradores cercanos de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en el comunicado que las nuevas sanciones dejan en claro que “los intentos de financiar al régimen iraní mediante criptomonedas no están fuera del alcance” de la OFAC.

Zanjani, de 50 años, es una de las figuras más señaladas de las redes de evasión de sanciones iraníes. Fue condenado a muerte en 2016 por un tribunal revolucionario, acusado de apropiarse de unos USD 2.800 millones que debía repatriar al Estado por la venta de petróleo durante el Gobierno de Mahmud Ahmadineyad. La Justicia iraní conmutó la pena en abril de 2024 por 20 años de prisión, después de que Zanjani devolviera cerca de USD 2.100 millones en activos. Poco después recuperó la libertad condicional y, en 2025, reapareció como respaldo de proyectos económicos vinculados al Gobierno, a través de un nuevo holding llamado Avan.

El caso de BitBank se suma a una escalada de sanciones previas contra el entramado financiero de Zanjani. En enero, el Tesoro ya había señalado a sus dos mayores proyectos de activos digitales, Zedcex Exchange Limited y Zedxion Exchange Limited, por lavar dinero para el CGRI. En julio, la lista se amplió a otras nueve firmas vinculadas al financista, entre ellas el conglomerado iraní Dot One y sociedades registradas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, además de varios de sus directivos.

Para entender el trasfondo de la sanción es necesario remontarse a la crisis del estrecho de Ormuz, que se desató el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra instalaciones iraníes. Irán respondió minando la vía marítima y atacando embarcaciones, lo que redujo en más de un 90% el tránsito diario de buques por un corredor que hasta entonces canalizaba una cuarta parte del comercio mundial de petróleo. En marzo, el régimen declaró el estrecho bajo su control y exigió el pago de “seguros” para autorizar el paso, una exigencia que la OFAC advirtió en mayo que exponía a sanciones a cualquier persona o empresa que la cumpliera, sin importar el método de pago utilizado.

De ese esquema surgió Hormuz Safe, promovido en redes sociales por el propio Zanjani, según indicó el Tesoro en un comunicado de julio. La entidad, desarrollada por el Ministerio de Economía iraní, ofrece servicios de seguro, control de tráfico y respuesta de emergencia a los buques, y acepta pagos en bitcoins y otros activos digitales como vía para sortear el sistema financiero occidental. Washington sostiene que ese circuito de criptomonedas permitió al régimen mantener el control sobre el tráfico marítimo del Golfo Pérsico mientras generaba ingresos adicionales para el CGRI, organización designada como terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos.

El uso de exchanges locales para eludir sanciones no es un fenómeno aislado en Irán. Una investigación de Reuters publicada en mayo reveló que Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas del país, con unos 11 millones de usuarios y hasta USD 11.000 millones en transacciones procesadas, canalizó fondos que firmas de análisis de blockchain vincularon con entidades sancionadas, incluidos el CGRI y el banco central iraní.

La nueva ronda de sanciones no incluye, hasta ahora, medidas contra los operadores de blockchain que procesaron las transacciones de BitBank ni contra las billeteras digitales identificadas en la investigación, un vacío que analistas señalan como el próximo frente previsible de la ofensiva del Tesoro contra las finanzas digitales del régimen.

Estados Unidos endureció este jueves la presión sobre la dictadura de Cuba con nuevas sanciones contra 11 entidades y funcionarios vinculados al sector del níquel y al aparato militar de la isla. La medida, adoptada bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, alcanza a ocho empresas y organismos estatales y a tres oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cuyos activos sujetos a jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y cuyas operaciones con personas y entidades estadounidenses quedan restringidas.

El Departamento de Estado dividió las nuevas designaciones en dos grupos. El primero está compuesto por cuatro empresas que participan en actividades de ingeniería, investigación, servicios técnicos y explotación minera relacionadas con el níquel. El segundo incluye cuatro organismos militares dedicados a investigación, producción tecnológica, sistemas de entrenamiento y capacidades navales.

La administración estadounidense señaló que el níquel constituye una fuente de ingresos para el Estado cubano y acusó al régimen de utilizar los recursos obtenidos mediante la minería para sostener estructuras militares y de seguridad. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las nuevas medidas apuntan a un sistema que, según Washington, concentra los beneficios económicos en la cúpula militar.

“El régimen cubano ha canalizado durante décadas todos los recursos de la isla hacia una élite militar estrecha y corrupta”, sostuvo Rubio en el comunicado oficial. Agregó que esa estructura deja a la población sin “energía confiable, alimentos o dignidad”.

Entre las empresas alcanzadas aparecen SERCONI, dedicada a servicios técnicos, computación, comunicaciones y electrónica para la industria del níquel; CEPRONIQUEL, que participa en proyectos de ingeniería y coordina operaciones vinculadas a la extracción; CEDINIQ, centro estatal de investigación relacionado con el sector; y PINARES S.A., dedicada a estudios geológicos y a la identificación de depósitos minerales.

Las sanciones también afectan a SIMPRO, especializado en simuladores y entrenamiento para las FAR; CIDNAV, vinculado a programas de investigación de la Marina de Guerra Revolucionaria; CIDAI, enfocado en armamento de infantería; y GELCOM, relacionado con la fabricación de equipos electrónicos y de comunicaciones.

Washington incluyó además a tres responsables de esas estructuras militares: el coronel superior Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director general de SIMPRO; el capitán Dioglis Pedreira Argüello, al frente de CIDNAV; y el coronel superior Julio Hurtado Betancourt, director general de CIDAI.

La medida se suma a una serie de acciones adoptadas por Estados Unidos durante 2026 contra organismos estatales, empresas y funcionarios cubanos. En agosto, por ejemplo, fueron sancionadas entidades relacionadas con la importación de equipamiento militar y la cooperación de defensa, mientras que en junio las designaciones incluyeron al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El marco jurídico utilizado en esta nueva ronda es la Orden Ejecutiva 14404, que permite imponer restricciones contra personas y organizaciones vinculadas, entre otros criterios, con la represión en Cuba y con actividades consideradas amenazas para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Los bienes y participaciones de los sancionados que estén en territorio estadounidense, o bajo control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). También quedan alcanzadas las compañías que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de personas bloqueadas.

Además, las personas sujetas a jurisdicción estadounidense tienen prohibido realizar operaciones con los activos de los sancionados, salvo que exista una autorización específica o general de OFAC. El riesgo también puede extenderse a entidades extranjeras que mantengan determinadas relaciones comerciales con los sectores cubanos incluidos en la orden.

El Departamento de Estado advirtió que “las personas extranjeras que participen en transacciones” con individuos designados o que operen en sectores cubanos alcanzados por la normativa pueden quedar expuestas a nuevas sanciones.

La ofensiva se produce después de varias rondas de designaciones durante 2026. El 3 de septiembre, OFAC incorporó al listado de sancionados a nuevas empresas cubanas, entre ellas entidades financieras y compañías vinculadas al combustible y al níquel.

Rubio afirmó que el objetivo de la política estadounidense es modificar el comportamiento de las estructuras alcanzadas por las sanciones y sostuvo que la Casa Blanca continuará utilizando estas herramientas contra quienes, según Washington, sostienen el aparato represivo y militar cubano.

El régimen cubano en su práctica totalidad está sancionado, así como todos los sectores oficiales o empresariales clave, desde los servicios de inteligencia hasta el turismo.

El dictador Raúl Castro está inculpado formalmente ante la justicia de Estados Unidos por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996.

El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas luego de que repudiaran el inicio del proyecto Sea Lion, impulsado por dos petroleras extranjeras en territorio argentino. Asimismo, propusieron crear un sistema de seguridad nacional bajo conducción presidencial.

De acuerdo con la iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), propone derogar la Ley N° 26.659, vigente desde 2011 para penalizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en el área en disputa.

No obstante, las autoridades remarcaron que “la medida no se limita, como el régimen vigente, a las actividades hidrocarburíferas, sino que resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.

En este sentido, ese esquema plantea que toda explotación de recursos naturales renovables y no renovables realizada en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de una autoridad nacional.

A raíz de esto, las autoridades propusieron que las personas o empresas que desarrollen actividades prohibidas podrían recibir multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y una inhabilitación de entre cinco y 20 años.

La escala penal se endurecerá para los casos vinculados con hidrocarburos. La exploración o explotación de recursos no renovables sin habilitación tendría penas de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos, la condena prevista ascenderá a entre 15 y 20 años, con multas de hasta 3 millones de barriles de petróleo.

También quedarían alcanzados los proveedores que entreguen bienes o servicios considerados esenciales para esas actividades, siempre que conozcan su destino. Así, el proyecto contempla penas de cinco a siete años para esas conductas.

De la misma forma, las sanciones se extenderían a las sociedades que participen en los hechos. Entre otras medidas, podrían sufrir la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la imposibilidad de contratar con el Estado y, en casos determinados, su disolución o liquidación.

La inhabilitación alcanzaría contratos, beneficios fiscales y operaciones en Argentina

El régimen propone que una empresa inhabilitada no pueda desarrollar actividades económicas en el país durante el plazo de la sanción. Además, se revocarían sus permisos, cesarían beneficios impositivos o previsionales otorgados por actos particulares y se rescindirían contratos con ejecución total o parcial en territorio argentino o sobre bienes situados en el país.

Para ordenar el retiro de las compañías afectadas, la autoridad de aplicación fijaría un período de cese de entre 30 y 180 días, prorrogable en función de la continuidad de servicios, la situación de trabajadores, acreedores o terceros de buena fe.

El proyecto crea, a la vez, un Régimen de Desistimiento y Regularización. Los infractores que abandonen las prácticas cuestionadas podrán pedir su ingreso, pagar multas o comprometer inversiones en actividades legales dentro de Argentina. Si cumplen las condiciones, se archivarán las actuaciones administrativas y se extinguirá la acción penal, salvo que exista una sentencia firme o reincidencia.

Un Consejo de Seguridad Nacional coordinaría defensa, economía, diplomacia e inteligencia

El segundo eje de la iniciativa es la creación del Sistema de Seguridad Nacional, que reuniría las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas.

Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

El Consejo tendría a su cargo la elaboración de una Política de Seguridad Nacional, que luego debería ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, podría requerir información y asistencia obligatoria a organismos del sector público nacional y solicitar cooperación a provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios.

En línea con esto, la norma define como infraestructuras críticas a las redes, instalaciones y sistemas públicos o privados indispensables para los servicios esenciales, la salud, la defensa, la economía y el funcionamiento estatal. Las jurisdicciones locales deberían identificarlas y elaborar planes de protección; el Consejo definiría cuáles tienen interés nacional.

La propuesta regula la respuesta ante aeronaves y buques considerados hostiles

El proyecto también establece una secuencia para identificar, interceptar y eventualmente emplear fuerza contra aeronaves que vulneren reglas de vuelo, no se identifiquen o desobedezcan órdenes de autoridades competentes.

La utilización de medidas coercitivas para impedir la continuidad de un vuelo requeriría una orden expresa del Presidente, quien podría delegarla en el ministro de Defensa. El articulado aclara que las decisiones deberán ajustarse al derecho internacional y evitar poner en riesgo a los ocupantes de aeronaves civiles.

En el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, la iniciativa habilita advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización de buques después de agotar medidas menos lesivas. El hundimiento solo podría ordenarse como una medida militar excepcional contra un buque hostil, con autorización previa del Presidente.

Sin embargo, las autoridades ratificaron que estará prohibido hundir un buque civil como sanción, herramienta policial o forma de impedir una fuga.

Las sanciones por amenazas a la seguridad nacional incluirían bloqueos de activos

Por otro lado, el Consejo de Seguridad Nacional podría abrir procedimientos administrativos contra personas o entidades vinculadas a Estados u organizaciones extranjeras que busquen afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones estatales, atacar infraestructuras críticas o financiar esas acciones.

Las penas incluirían multas de entre 30.000 y 180.000 Unidades de Valor Adquisitivo, revocación de permisos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para actuar en sectores considerados estratégicos.

Ante un riesgo grave e inminente, el Consejo podría ordenar restricciones temporales a operaciones cambiarias, transferencias, importaciones y exportaciones; bloquear fondos; suspender permisos; o elevar derechos de importación y exportación hasta un máximo del 75% para el Estado extranjero involucrado.

También se modificarán normas de defensa, financiamiento político e inteligencia

La propuesta también reforma la Ley de Defensa Nacional para incorporar riesgos y amenazas externas estatales y no estatales, tanto “cinéticos” como “no cinéticos”, y prevé el empleo de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructuras críticas de interés nacional cuando corresponda.

En materia electoral, prohíbe que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña y propaganda. Además, incorpora figuras penales vinculadas con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera, filtración de secretos y campañas masivas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.

Por último, eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera. El mecanismo permitiría inmovilizar bienes y restringir operaciones de personas o entidades registradas, con posterior intervención judicial.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este jueves la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la llamada “ley Graham”, un paquete de sanciones dirigido contra Rusia e Irán, y sostuvo que la iniciativa envía “un mensaje claro” sobre la presión contra Moscú.

La medida busca ampliar las sanciones contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos rusos, además de actuar contra los petroleros de la “flota en la sombra”. También autoriza al presidente estadounidense, Donald Trump, a aplicar aranceles de hasta 100% a los principales compradores de petróleo y gas rusos.

La presión sobre la maquinaria bélica rusa

Von der Leyen afirmó en redes sociales que la Unión Europea debe mantener las medidas para limitar los recursos de Rusia durante la guerra. “En el discurso del Estado de la Unión de ayer, dejé claro que la UE debe seguir ejerciendo presión sobre Rusia, tomando todas las medidas posibles para debilitar su maquinaria bélica”, manifestó.

La mandataria europea vinculó esa posición con la iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes. Según escribió, “la aprobación del proyecto de ley Graham (...) envía un mensaje claro” sobre la necesidad de coordinar acciones frente a Rusia.

La legislación lleva el nombre del senador republicano Lindsey Graham, fallecido en julio. El proyecto contempla sanciones contra funcionarios, bancos y áreas estratégicas de la economía rusa, además de disposiciones dirigidas a la denominada “flota en la sombra”, utilizada para sortear las restricciones occidentales sobre el petróleo.

Von der Leyen también recordó a Graham como su “amigo” y señaló que el senador creía “firmemente que una acción específica y coordinada a ambos lados del Atlántico podría marcar la diferencia a la hora de poner fin a la guerra”. La presidenta de la Comisión Europea añadió: “Espero que se aproveche esta importante oportunidad, en aras de la paz”.

El proyecto queda pendiente de la firma de Trump para convertirse en ley.

Ataque ruso contra Ucrania

Rusia afirmó haber lanzado ataques contra instalaciones de la industria militar y el sistema energético de Ucrania en Kiev y las regiones de Zaporizhzhia y Odesa, mientras las autoridades ucranianas informaron de al menos 25 heridos en zonas residenciales de Kiev y Odesa este jueves.

El ataque ruso tuvo como objetivos declarados talleres de drones, una empresa de componentes para naves no tripuladas, centros de datos, una instalación energética, una siderúrgica, una planta electrónica, puertos y puentes. Ucrania denunció que también se registraron daños en infraestructura y edificios de viviendas, con 18 lesionados en la capital y siete en Odesa.

Los objetivos declarados por el Ministerio de Defensa ruso

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó en Telegram que empleó armas de alta precisión terrestres, marítimas y aéreas, además de drones. El mando afirmó: “las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo” contra instalaciones vinculadas a la producción militar y a la infraestructura energética ucraniana.

Según el Ministerio, en Kiev y su región fueron atacados dos talleres destinados a producir y almacenar distintos tipos de drones. También señaló como blanco a una empresa que fabrica componentes para naves no tripuladas aéreas y repara sistemas robóticos terrestres.

El comunicado ruso sostuvo que fue alcanzado el centro de datos De Novo, al que describió como el mayor de su tipo y como una instalación que respalda redes de servidores usadas con fines militares por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Moscú afirmó que esos sistemas intervienen en el procesamiento, la transmisión y el almacenamiento de datos, incluida inteligencia.

Las fuerzas rusas también atacaron, según el parte, una instalación energética en Brovari que garantiza el funcionamiento de instalaciones militares en la región de Kiev.

La inflación interanual en el mercado formal repuntó en agosto en Cuba y se situó en el 25,19%, mientras que la mensual saltó un 4,92%, según informó este martes la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

De esta forma, se consolida el alza registrada durante varios meses este año y que muestra el shock económico que ha supuesto el cerco petrolero de Estados Unidos a la isla, que disparó los precios de manera generalizada, pero especialmente en la alimentación, el transporte e incluso en la educación.

Las cifras oficiales, que según el consenso de los economistas independientes no recogen de forma adecuada el mercado informal y los incrementos del sector privado, contrastan con la percepción general de claras subidas ligadas al bloqueo petrolero y a las sanciones secundarias impuestas por Washington en mayo que ahuyentan a los inversionistas extranjeros.

Por categorías, resalta el aumento interanual en Bebidas Alcohólicas y Tabaco (37,18%), seguido de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (36,01%), Restaurantes y Hoteles (35,74%) y el Transporte (25,03%).

El sector de los Muebles y Artículos para el hogar también mostró un incremento de al menos tres puntos porcentuales respecto a julio y se situó en el 20,03%. Además, otras categorías evidenciaron aumentos como la de Servicios de la Vivienda (20,99%), Bienes y Servicios Diversos (19,12%), la Educación (19,57%), así como Prendas de Vestir y Calzado (12,27%).

El sector de la Salud (0,44%) se mantiene como la categoría menos inflacionaria y también reportó un repunte bajo las Comunicaciones (0,70%).

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años, marcada tanto por razones internas como externas. La combinación de la pandemia del COVID-19, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales agravó los problemas estructurales de la economía cubana.

La situación se ha deteriorado notablemente desde enero por la decisión de Washington de bloquear cualquier envío de combustible a la isla, a lo que se sumó desde mayo una nueva oleada de sanciones secundarias a sectores claves de la economía, que ha agravado la precariedad en el país caribeño. El país solo produce crudo para cubrir un tercio de sus necesidades energéticas.

Los cubanos sufren, además de los apagones, la paralización casi total del transporte público, los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y una profunda dolarización de la economía.

En este contexto, las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) apuntan a que Cuba afrontará este año la contracción económica más profunda de la región, con un decrecimiento del 10,3% de su Producto Interno Bruto (PIB), a lo que habría que sumar la caída acumulada de más de un 15% entre 2020 y 2025, según cifras oficiales.

La crisis energética de Cuba pone en riesgo la vida de decenas de miles de niños: la Organización de Naciones Unidas advirtió que los apagones prolongados amenazan directamente los programas de vacunación sistemática de cerca de 70,000 menores y el funcionamiento de equipos hospitalarios como incubadoras y respiradores.

Un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) describió la situación como una emergencia que desborda la capacidad de respuesta disponible.

La generación eléctrica en agosto cubrió menos de un tercio de la demanda nacional, una caída pronunciada frente al 45% registrado en enero. En algunas provincias, los cortes superaron las 30 horas consecutivas; en Matanzas, los residentes soportaron hasta 87 horas sin electricidad en lo que va de 2026.

Los apagones colapsan el sistema de salud y el acceso al agua

La interrupción de la cadena de frío es una de las consecuencias más graves para el sistema sanitario. Sin refrigeración garantizada, las vacunas se deterioran y los calendarios de inmunización infantil quedan suspendidos.

La ONU subrayó que incubadoras y respiradores —equipos que dependen de un suministro eléctrico estable— funcionan de forma intermitente en hospitales de toda la isla.

El impacto se extiende al acceso al agua potable. OCHA precisó que la crisis eléctrica agrava el desabastecimiento hídrico tras un verano seco y afecta a unas 3.5 millones de personas, aproximadamente la mitad de ellas en La Habana. Las estaciones de bombeo de la capital dejaron de operar en repetidas ocasiones durante los colapsos del sistema eléctrico nacional.

La Organización Mundial de la Salud y la propia OCHA informaron en mayo que más de 100,000 pacientes —entre ellos 11,000 niños— aguardaban cirugías postergadas por los cortes de luz. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente esa cifra ante la prensa internacional.

El bloqueo petrolero de Washington y el fin del crudo venezolano

La crisis tiene dos detonantes recientes que se sumaron a décadas de deterioro de infraestructura. En enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba, lo que interrumpió casi por completo las importaciones de crudo.

Días después, la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses puso fin al esquema por el que Venezuela enviaba petróleo a la isla sin costo, un mecanismo que cubría parte sustancial de las necesidades energéticas cubanas.

En septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió las sanciones y designó a ABAPET —la empresa estatal encargada de importar equipos y repuestos para la red eléctrica— junto a otras cuatro entidades del sector petrolero y minero.

El secretario de Estado Marco Rubio sostuvo en Barranquilla, Colombia, que la crisis es estructural: “El principal motivo por el que Cuba sufre una crisis energética es que Venezuela ya no regala su petróleo”, y atribuyó el deterioro a años de falta de inversión en la red eléctrica por parte del Gobierno de La Habana.

La Unión Eléctrica cubana reconoció en septiembre que más de 1,200 megavatios de capacidad instalada permanecen paralizados por falta de combustible importado.

La disponibilidad estimada ronda los 1,300 megavatios frente a una demanda de entre 2,850 y 3,300 megavatios. Desde enero, el sistema sufrió al menos seis colapsos totales; el más extenso ocurrió el 16 de marzo, con casi 30 horas de apagón en todo el territorio nacional.

El plan humanitario de la ONU llega a menos de la mitad de su meta de financiación

La ONU presentó en marzo un Plan de Acción para asistir a unos dos millones de cubanos, con un presupuesto de USD 94 millones. Al cierre de junio, el plan estaba financiado apenas al 40%, con USD 42 millones recibidos. La organización advirtió que “las necesidades siguen superando los recursos disponibles” y que la mayoría de los socios humanitarios carece de fondos suficientes en los sectores de seguridad alimentaria, salud y agua.

Hasta esa fecha, el sistema de Naciones Unidas y sus socios habían entregado agua potable a cerca de 500.000 personas y asistencia alimentaria a más de 900,000.

La Unión Europea anunció en julio un desembolso adicional de 10 millones de euros para atención sanitaria, alimentos de emergencia y rehabilitación de sistemas de agua, con foco en adultos mayores, niños y mujeres embarazadas.

Cuba acumula seis años de crisis económica sostenida, con escasez de alimentos, combustible y medicamentos, inflación persistente y dolarización parcial.

La ONU calificó el bloqueo petrolero como contrario al derecho internacional, mientras Washington sostiene que la responsabilidad recae en el modelo económico del Gobierno cubano y ofreció USD 100 millones en ayuda humanitaria —60 millones canalizados a través de la Iglesia Católica y 40 millones a través de organizaciones no gubernamentales independientes— para evitar que el régimen controle su distribución.

La Unión Europea (UE) aplazó siete días la renovación de sus sanciones contra Rusia después de que Francia respaldara un pedido de Eslovaquia para retirar al multimillonario ruso-uzbeko Alisher Usmanov de la lista negra del bloque. Los embajadores de los 27 Estados miembros acordaron extender el régimen sancionatorio hasta la medianoche del martes 22 de septiembre, en lugar de aprobar la prórroga de seis meses que debía entrar en vigor esta semana.

Las sanciones, que afectan a cerca de 3.000 personas, empresas y entidades con congelamiento de activos y prohibición de viajar, debían vencer el 15 de septiembre. Un portavoz de la Presidencia irlandesa de la UE explicó que el Comité de Representantes Permanentes (Coreper), el órgano de embajadores que prepara las decisiones de los jefes de Estado del bloque, decidió dar “más tiempo a los Estados miembros para examinar exhaustivamente las propuestas de renovación”.

Diplomáticos de la UE señalaron que Francia tomó por sorpresa a sus contrapartes al sumarse a un pedido previo de Eslovaquia para excluir a Usmanov de la lista de sancionados. Francia no ofreció una razón detallada más allá de invocar motivos de “seguridad nacional”. Una fuente diplomática francesa citada por la agencia AFP defendió la posición de París: “Francia es uno de los países más comprometidos con aumentar la presión, por todos los medios, sobre la maquinaria bélica rusa, así como con apoyar a Ucrania”. La misma fuente agregó: “Nos enfrentamos a un problema concreto de seguridad nacional y deseamos responder positivamente a los socios internacionales que se han dirigido a nosotros en relación con el señor Usmanov”.

El canciller francés, Jean-Noel Barrot, se limitó a declarar ante AFP que había “discusiones actualmente en curso a nivel técnico en Bruselas” y que esperaba que concluyeran pronto. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia se negó a hacer comentarios adicionales. Según informó el medio Financial Times, la gestión parisina formaría parte de un acuerdo de liberación de prisioneros que involucra a varios ciudadanos franceses retenidos en Azerbaiyán.

Según información obtenida por la agencia dpa, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, había reenviado una carta del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, en la que este abogaba por Usmanov citando sus aportes a la apertura de los estados túrquicos hacia Occidente. Diplomáticos indicaron que Eslovaquia amenaza con bloquear la extensión de todas las medidas punitivas si Usmanov no es retirado de la lista.

Diplomáticos de varios países de la UE manifestaron una reticencia generalizada a que el bloque sea percibido como debilitando sus sanciones contra Moscú. Otros Estados miembros se negaron a apoyar el pedido eslovaco por temor a que levantar las sanciones a Usmanov abra la puerta a demandas judiciales de otros ciudadanos rusos sancionados. El portavoz de la Presidencia irlandesa remarcó que “la renovación de los listados es esencial para seguir socavando la máquina de guerra de Rusia, y para mantener la presión sobre quienes la apoyan, la habilitan y se benefician de ella”. Los países de la UE habían buscado, en cambio, extender la duración de las sanciones de seis meses a un año para sostener la presión sobre Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se pronunció sobre la disputa en su discurso diario: “No es definitivamente el momento de levantar sanciones”. El mandatario agregó: “No es definitivamente el momento de rescatar a oligarcas rusos de las sanciones. Y no es definitivamente el momento de que Europa le haga regalos a Rusia”.

Ante la consulta de si la UE podría estar cediendo terreno frente a Moscú, la respuesta surge del propio comunicado del bloque: los embajadores de los 27 países decidieron postergar por una semana la renovación de las sanciones tras el pedido de Francia y Eslovaquia de excluir a Usmanov de la lista negra, sin resolver aún si el magnate seguirá sancionado.

El listado de sanciones vigente hasta ahora describe a Usmanov como un oligarca pro kremlin que mantiene vínculos particularmente estrechos con el presidente ruso, Vladímir Putin. El magnate de 73 años, de origen ruso-uzbeko, fue incluido en la lista negra de la UE en 2022 por lo que Bruselas calificó como sus lazos cercanos con el Kremlin. Fue accionista mayoritario del club de fútbol Arsenal.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Usmanov tenía un patrimonio neto de 18.800 millones de dólares a principios de 2026 y está sujeto a sanciones tanto de la UE como de Estados Unidos, además de una prohibición de viajar. El empresario de la metalurgia y la minería también posee activos en telecomunicaciones, empresas de internet y medios de comunicación, entre ellos el diario económico ruso Kommersant.

Usmanov ha interpuesto múltiples demandas en Europa con el objetivo de que se levanten las sanciones en su contra; en algunas de ellas, sus abogados impugnaron declaraciones publicadas en medios de comunicación utilizadas como fundamento para sancionarlo. Fiscales alemanes lo investigaron por sospechas de violaciones a la Ley de Comercio Exterior y Pagos y posibles infracciones a las sanciones; el proceso se cerró tras el pago de una multa de 10 millones de euros (11,6 millones de dólares).

Las sanciones de la UE requieren la aprobación unánime de los 27 Estados miembros y deben renovarse cada seis meses, un mecanismo que en el pasado generó negociaciones hasta último momento debido, en gran medida, a las exigencias del expresidente húngaro Viktor Orbán y de Eslovaquia, país que mantiene mejores relaciones con Moscú que la mayoría de los demás socios del bloque.

El cambio de gobierno en Hungría había generado expectativas de que extender las sanciones vigentes se volvería más sencillo. En junio, los países de la UE acordaron por primera vez prorrogar durante un año las sanciones sectoriales del bloque, como las relativas al sector energético, con el objetivo de reducir la posibilidad de que se repitieran este tipo de debates. La lista de sanciones incluye a figuras clave como el propio Putin y el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump condicionó un diálogo con Irán a la decisión de su oficina y sostuvo que Teherán busca un acuerdo “rápidamente y desesperadamente”, según escribió el presidente estadounidense en Truth Social.

“La nación fracasada de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápidamente y desesperadamente”, afirmó Trump. “Determinaré si Estados Unidos elige involucrarse. Es un concepto al que estamos abiertos”, añadió en su publicación.

El mensaje representa una apertura pública del mandatario a retomar contactos con Irán, después de semanas en las que había descartado una negociación inmediata para poner fin a la guerra. Trump no precisó bajo qué condiciones Estados Unidos aceptaría reanudar el diálogo ni informó si existen canales diplomáticos activos con Teherán.

La publicación mantiene la presión de la Casa Blanca sobre el régimen iraní, al presentar una eventual negociación como una decisión exclusiva de Estados Unidos. Trump atribuyó a Teherán una urgencia por alcanzar un pacto, aunque las autoridades iraníes ya habían rechazado afirmaciones similares durante intentos anteriores de abrir conversaciones.

Trump, afirmó el sábado que la guerra con Irán “terminará justo después de las elecciones de medio término, tal vez antes”, en momentos en que Teherán busca reactivar el diálogo con países del Golfo y intenta reconstruir sus vínculos con Emiratos Árabes Unidos.

“El país está en auge, el país está en auge. Irán va a terminar justo después de las elecciones de medio término, tal vez antes, pero terminará justo después”, dijo Trump. “El precio de la nafta va a caer en picada, tal como pasó justo antes de que yo llegara. Yo sabía lo que estaba haciendo, tenía que hacerlo. Irán no puede tener un arma nuclear, y no la va a tener”, agregó.

“Quieren hacer un acuerdo desesperadamente”

Consultado por un periodista sobre si el conflicto se extendería hasta después de los comicios de medio término, Trump matizó su primera afirmación: “Podría terminar antes de las elecciones de medio término, pero terminará después de las elecciones de medio término”. Y agregó: “Les voy a decir algo: Irán quiere hacer un acuerdo desesperadamente. Llaman todo el tiempo, quieren un acuerdo. No voy a hacer un acuerdo que no sea bueno”.

Las declaraciones de Trump llegan mientras Teherán enfrenta un bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz y sufre el impacto de las sanciones internacionales sobre su economía. El domingo, un buque de carga iraní fue atacado cerca de la isla de Qeshm, en el estrecho, con un saldo de un muerto y cuatro heridos, según medios estatales iraníes.

El elevado número de accidentes de tránsito registrados en Honduras mantiene en alerta a las autoridades del transporte, ante una cifra que ronda las 1,400 personas fallecidas en lo que va del año.

La comisionada del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Ana Valenzuela, reconoció la gravedad de la situación y señaló que es necesario adoptar medidas más estrictas para prevenir los siniestros viales y establecer responsabilidades más claras entre quienes participan en la prestación del servicio de transporte.

Según explicó la funcionaria, se trabaja en una serie de iniciativas de ley que serán presentadas ante la Comisión de Transporte del Congreso Nacional, con las que se busca reformar la legislación vigente y corregir vacíos que, a criterio de la institución, dificultan una actuación más efectiva frente a las irregularidades.

Uno de los principales cambios que se busca impulsar está relacionado con la responsabilidad de los propietarios de las unidades. Valenzuela consideró que no debe recaer únicamente en los conductores la responsabilidad cuando ocurre un accidente, particularmente cuando existen fallas relacionadas con las condiciones mecánicas o la situación legal de los vehículos.

La propuesta apunta a establecer una corresponsabilidad entre conductores y propietarios, de manera que los concesionarios tengan la obligación de garantizar que las unidades destinadas al transporte público cumplan con las condiciones necesarias para circular.

Acciones y responsabilidades

La comisionada explicó que durante las investigaciones y verificaciones relacionadas con accidentes recientes se identificaron casos en los que las unidades involucradas no cuentan con la documentación o legalización correspondiente.

También se encontraron situaciones en las que los conductores no poseen la licencia requerida para operar determinados vehículos, lo que representa un riesgo adicional para los usuarios y para el resto de las personas que circulan por las vías del país.

Para las autoridades, estos casos evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión antes de que las unidades sean autorizadas para prestar el servicio y de garantizar que quienes las conducen cumplan con los requisitos establecidos en la legislación.

Otro de los puntos que el IHTT busca fortalecer es la capacitación y certificación de los conductores, especialmente de quienes manejan unidades destinadas al transporte público y vehículos de mayor tamaño.

Valenzuela recordó que el artículo 48 de la Ley de Transporte establece una serie de requisitos para los conductores de transporte público, vehículos de carga articulados y no articulados, taxis, mototaxis y transporte urbano e interurbano.

Dentro del proceso de certificación se contempla la revisión de antecedentes penales y la aplicación de pruebas toxicológicas, con el propósito de identificar el consumo de sustancias que pueda representar un riesgo durante la conducción.

Operativos y educación vial

Mientras avanzan las propuestas de reforma legal, el IHTT ya desarrolla operativos conjuntos con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para verificar las condiciones en las que operan las unidades y el cumplimiento de los requisitos por parte de los conductores.

Las acciones de supervisión buscan detectar vehículos que no cumplen con las condiciones establecidas, así como conductores que presentan irregularidades en su documentación o que no están facultados legalmente para operar determinadas unidades.

Valenzuela indicó que las reformas también pretenden fortalecer las sanciones en materia penal y establecer mayores obligaciones para los concesionarios, de modo que asuman una responsabilidad directa en el mantenimiento y las condiciones de seguridad de los vehículos.

A su criterio, la prevención de los accidentes no depende únicamente de aumentar las sanciones o realizar operativos, sino también de promover una mayor responsabilidad entre todos los actores que participan en el sistema de transporte.

Un grupo de diputados de distintas fracciones presentó un proyecto de ley que busca prohibir en Costa Rica las denominadas “terapias de conversión”, conocidas técnicamente como ECOSIG, siglas utilizadas para referirse a los esfuerzos dirigidos a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona.

La propuesta, impulsada por el Frente Amplio junto con legisladores de otras bancadas, plantea una reforma a la Ley General de Salud con el objetivo de establecer una prohibición expresa sobre la realización, imposición, financiamiento, promoción u ofrecimiento de este tipo de prácticas.

El texto también pretende impedir que profesionales del área de la salud las recomienden o remitan pacientes a personas, centros u organizaciones que las ejecuten.

El diputado Antonio Trejos Mazariegos aseguró que estas prácticas no deben ser consideradas terapias debido a que no buscan tratar ninguna enfermedad y, según afirmó, carecen de respaldo científico.

“No son terapias porque no curan ninguna enfermedad. Son prácticas sin respaldo científico que pueden provocar depresión, ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio”, manifestó el legislador.

Trejos añadió que el respaldo de diferentes bancadas legislativas refleja, a su criterio, un consenso sobre la necesidad de proteger la salud y la dignidad de las personas por encima de las diferencias políticas.

La propuesta establece que el Ministerio de Salud tendría facultades para ordenar el cese de estas prácticas cuando tenga conocimiento de su realización y podría imponer sanciones económicas de entre uno y cinco salarios base.

Además, la autoridad sanitaria estaría facultada para suspender o cancelar permisos sanitarios, siempre dentro de un procedimiento que respete las garantías del debido proceso.

En aquellos casos en los que se determine la participación de profesionales colegiados, el expediente deberá ser remitido al respectivo colegio profesional para que se valoren eventuales responsabilidades disciplinarias.

Durante la presentación de la iniciativa, Trejos calificó estas prácticas como mecanismos destinados a generar en las personas la percepción de que su orientación sexual o identidad debe ser corregida o reprimida.

“Estas son formas de tortura, mal llamadas terapias, que lo que buscan es engañar a la persona para creer que su sexualidad está mal y que tiene que ser reprimida y sancionada”, afirmó.

Uno de los puntos que busca delimitar expresamente el proyecto es su alcance frente a la libertad religiosa y de expresión.

De acuerdo con la propuesta, no serán sancionadas las opiniones, sermones, enseñanzas religiosas ni el acompañamiento espiritual que una persona solicite de manera libre.

Tampoco se pretende impedir la atención psicológica legítima ni los procesos en los que una persona explore aspectos relacionados con su identidad u orientación sexual, siempre que no exista un resultado predeterminado que busque modificarla, reprimirla o eliminarla.

Trejos insistió en que el proyecto fue diseñado de manera que no interfiera con las creencias religiosas, las conversaciones familiares o la búsqueda personal de fe.

El legislador explicó que la iniciativa pretende establecer sanciones específicamente contra profesionales y centros de salud que participen en estas prácticas.

“Lo que propone es un debido proceso contra los profesionales de salud y los centros de salud que se presten para estos engaños y prácticas de tortura”, manifestó.

La propuesta presentada esta semana retoma y actualiza el expediente legislativo N.° 20.970, que había sido presentado originalmente en 2018 por el entonces diputado José María Villalta.

Según Trejos, aquella iniciativa terminó archivada tras vencer el plazo constitucional para su trámite y no como consecuencia de un rechazo de fondo.

El nuevo proyecto, explicó, busca incorporar evidencia científica más reciente y aprovechar los informes técnicos elaborados durante la discusión de la propuesta anterior.

“La experiencia con una ley anterior que fue archivada simplemente por el vencimiento del plazo cuatrenal, pero cuyos informes técnicos y científicos demostraron que era justa y necesaria, permite crear un marco jurídico nuevo desde un enfoque científico de salud”, sostuvo.

Con la nueva iniciativa, sus promoventes buscan establecer por primera vez una prohibición específica en la legislación sanitaria costarricense contra los ECOSIG o llamadas “terapias de conversión”, junto con mecanismos administrativos para detener su realización y sancionar a quienes participen profesionalmente en ellas.

“Costa Rica debe establecer un límite claro: ninguna persona reprimida por su propia identidad”, concluyó Trejos.

Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra aerolíneas iraníes adicionales amenazan con causar daños permanentes a un sector ya muy maltrecho, prácticamente cortando las limitadas conexiones aéreas del país con el resto del mundo.

El martes, la administración Trump añadió varias aerolíneas iraníes y empresas extranjeras a su lista de entidades sancionadas y advirtió a las instituciones financieras sobre los riesgos de operar con este sector, al que acusó de ayudar a Teherán a adquirir componentes para armas.

El impacto económico es difícil de cuantificar; el año pasado, el director ejecutivo de Iran Air afirmó que el sector contribuía con un 9 % al PIB del país —valorado en unos 300.000 millones de dólares—, y no existen datos oficiales sobre cómo ha variado esta cifra desde que Israel y EEUU lanzaron ataques el 28 de febrero. No obstante, las sanciones aislarán aún más a un país al que ya resulta difícil acceder para muchas aerolíneas y empresas de transporte de carga.

Estas últimas sanciones “podrían prácticamente paralizar la conectividad aérea de Irán con el exterior”, señaló Farhad Alavi, socio del bufete Akrivis Law Group en Washington D. C.

Estas acciones se suman a las medidas adoptadas el mes pasado contra dos bancos extranjeros: las sucursales en los Emiratos Árabes Unidos del banco egipcio Banque Misr y el turco Golden Global Investment Bank.

En un comunicado, el Tesoro estadounidense informó que había sancionado a 36 entidades “por apoyar al sector de la aviación de Irán, utilizado por el régimen para transportar armas, personal y carga ilícita”.

La industria aeronáutica iraní ha estado sujeta a sanciones desde finales de la década de 1970. La antigüedad media de las aeronaves en servicio en el país es de unos 42,2 años —según datos de la consultora aeronáutica Cirium—, más del doble del estándar del sector para retirar aviones “viejos” de la flota. Las aerolíneas suelen desmantelar aviones estacionados para obtener repuestos, dado que Boeing y Airbus SE no pueden vender fácilmente sus productos en el país.

Las aerolíneas iraníes encargaron aviones por valor de unos 40.000 millones de dólares a empresas occidentales durante el breve periodo de alivio de sanciones que siguió al acuerdo nuclear (JCPOA) de 2016: 100 a Airbus, 120 a Boeing y 20 a ATR. Las entregas se interrumpieron después de que el presidente Donald Trump se retirara del pacto nuclear, habiéndose entregado únicamente 16 aeronaves. “Su sector prácticamente carecía de vida. No contaban con la infraestructura ni con las capacidades básicas. No queda nada de este sector”, afirmó Richard Aboulafia, director gerente de AeroDynamic Advisory.

La conectividad aérea con el extranjero se limitaba a unas pocas aerolíneas antes de la guerra y ahora es inexistente, ya que todas las compañías aéreas internacionales y regionales han suspendido sus operaciones con Irán tras el 28 de febrero.

El mayor aeropuerto de Irán y su principal centro de conexión internacional, el Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de Teherán, todavía registra algunas llegadas y salidas de vuelos extranjeros operados por aerolíneas locales. Estambul destaca como el destino más frecuente, junto con Bagdad, Shanghái, Mascate, Dubái, Tiflis y otros.

Sin embargo, vigilar el cumplimiento de las sanciones podría resultar difícil de por sí, dado que los países con vínculos con Teherán han restado importancia, hasta ahora, a las recientes amenazas.

“Gran parte de la industria aeronáutica iraní ya está fuertemente sancionada, por lo que el impacto será limitado. No obstante, esto disuadirá a las pocas aerolíneas que aún vuelan a Irán de seguir haciéndolo o provocará un aumento de los precios si deciden continuar. El resultado, una vez más, es que los ciudadanos iraníes de a pie siguen siendo los más perjudicados”, señaló Dina Esfandiary, analista de geoeconomía de Bloomberg para Oriente Medio.

(c) 2026 , Bloomberg

A casi dos meses de que España venciera a Argentina por 1-0 en la final del Mundial 2026, Fabián Ruiz cuestionó la pelea que estalló tras el alargue en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y reclamó una conducta acorde con la exposición del fútbol ante las nuevas generaciones.

El mediocampista de París Saint-Germain sostuvo que el enfrentamiento entre integrantes de ambos planteles no debe convertirse en una referencia para los aficionados más jóvenes. “Es un momento que todo el mundo vio, y que nadie quiere ver. Hay jóvenes que miran el fútbol y a quienes no deberíamos mostrar esto como ejemplo. Hay que saber ganar y hay que saber perder”, afirmó en una entrevista junto a Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia para The Athletic.

Ruiz también pidió que el episodio no eclipse la conquista española. “Siempre intentamos dar un buen ejemplo a todos, porque todo el mundo ve fútbol, ​​desde los más pequeños hasta los mayores. Fue un momento lamentable en una final de Copa del Mundo. Espero que se olvide y que la gente recuerde en cambio nuestras celebraciones que fueron inolvidables”. La situación a la que se refirió el mediocampista tuvo consecuencias disciplinarias para varios integrantes de Argentina y también para la Asociación del Fútbol Argentino.

La sanción más extensa recayó sobre Leandro Paredes, quien fue suspendido por 10 partidos y multado con USD 90.000 después de tomar del cuello al defensor Eric García y empujar al suelo al mediocampista Gavi durante los festejos españoles. La Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió el castigo tras los incidentes posteriores al partido decisivo.

La pena para Paredes puede tener un alcance deportivo cercano a un año. El calendario internacional solo contempla 10 encuentros de selecciones nacionales hasta junio de 2027, por lo que el mediocampista argentino podría cumplir la totalidad de la suspensión en ese período. Reuters señaló que la medida iguala, en gravedad, la sanción que recibió el delantero uruguayo Luis Suárez durante el Mundial de 2014.

El defensor Nahuel Molina recibió siete partidos de suspensión y una multa de USD 90.000 por golpear a Rodri mientras el mediocampista español celebraba el título. La FIFA también castigó a Thiago Almada con un encuentro de suspensión y una multa de USD 30.000 por conducta antideportiva. Las decisiones alcanzaron a los futbolistas argentinos involucrados en los hechos ocurridos después de la definición mundialista.

La resolución disciplinaria también incluyó a Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni. El integrante del cuerpo técnico deberá cumplir tres partidos de suspensión y pagar USD 30.000 por agredir a Dani Olmo al término del encuentro. Del lado español, Gavi fue el único sancionado: recibió un partido de suspensión y una multa de USD 30.000 por conducta antideportiva.

La sanción de Gavi corresponde al partido de la Liga de Naciones frente a Inglaterra, previsto para el 26 de septiembre en Wembley. La FIFA incorporó además entre las infracciones institucionales de Argentina la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” después de la victoria ante Inglaterra en semifinales, al considerar que se trató de una manifestación de carácter no deportivo.

En tanto, la Asociación del Fútbol Argentino recibió una multa total de USD 321.000 por las infracciones cometidas durante el torneo. La entidad también deberá disputar su próximo encuentro como local con el estadio habilitado al 50% de su capacidad. De ese monto, USD 100.000 se destinarán a un plan contra la discriminación por los cánticos de los hinchas argentinos durante el campeonato, según informó Reuters.

El 25 de agosto, el entrenador español Luis de la Fuente sostuvo que los futbolistas de España fueron quienes padecieron las consecuencias del altercado posterior a la final. En una entrevista con el programa 25 horas de Radio Nacional de España, el técnico descartó que sus dirigidos hubieran intervenido en la escalada de agresiones y cuestionó la imagen que dejó el cierre del encuentro: “Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas, de un final tan feo. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas. Nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos: fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”.

El técnico español evitó pronunciarse sobre la dimensión de las sanciones que se resolvieron a raíz de los incidentes. De la Fuente no evaluó si las penas fueron adecuadas ni abordó de manera individual los castigos aplicados, aunque remarcó que las decisiones corresponden a las entidades responsables de analizar cada caso. “Hay organismos y cada uno toma la decisión que cree que tiene que tomar”, expresó en Radio Nacional de España, al fijar su posición sobre la intervención de las autoridades disciplinarias.

De la Fuente también reveló que recibió disculpas de Lionel Scaloni, a quien tuvo como alumno en la escuela de entrenadores, además de mensajes de algunos miembros del plantel argentino. El español distinguió aquellos hechos de la relación personal que conserva con el técnico campeón del mundo en 2022 y consideró que el argentino no compartió lo ocurrido. Sobre ese vínculo, afirmó: “Tengo una grandísima relación y es amigo, es una persona con valores y principios, sé que no le gustó ese comportamiento”.

Cuba abre las puertas a las farmacias privadas por primera vez en décadas, pero fija una condición que define los límites reales de esa apertura: ningún establecimiento no estatal podrá importar medicamentos por su cuenta.

Toda compra en el exterior deberá canalizarse obligatoriamente a través de Medicuba o Farmacuba, las dos importadoras controladas por el Estado.

La disposición fue confirmada este miércoles por Cristina Lara, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública (Minsap), según informó la agencia EFE.

La funcionaria precisó que las farmacias privadas también podrán acceder a la comercializadora Emcomed, de la industria farmacéutica, que pone a disposición su licencia sanitaria, almacenes, transporte y personal.

La medida responde a una crisis de abastecimiento sin precedentes. El viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, reconoció ante EFE en mayo pasado que el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde ese mismo mes redujo drásticamente la entrada de vuelos y embarcaciones, lo que impidió importar los medicamentos e insumos necesarios para cubrir la demanda nacional.

El 69% del cuadro básico de medicamentos está bloqueado

El sistema farmacéutico cubano opera con un cuadro básico de 651 renglones: 250 importados y 401 de producción nacional.

Pero las sanciones estadounidenses han impedido al Gobierno adquirir el 69% de esos productos. La situación es aún más grave en la producción local: de los 395 fármacos que Cuba fabrica dentro de ese cuadro, 300 están en falta por la imposibilidad de acceder a materias primas e insumos farmacéuticos, según datos del informe cubano sobre el bloqueo presentado esta semana.

El propio presidente Miguel Díaz-Canel admitió en agosto que solo alrededor del 30% de los medicamentos esenciales estaba disponible en el país, según consignó el portal CiberCuba.

Ante ese cuadro, el Gobierno optó en julio por formalizar la gestión privada de farmacias comunitarias, una actividad que el Estado había controlado de forma centralizada durante décadas.

La habilitación se instrumentó mediante el Decreto 160/2026, publicado el 28 de julio y en vigor desde el 4 de agosto, que clasifica los servicios farmacéuticos, ópticos y de rehabilitación como actividades autorizadas o condicionadas, sujetas a permisos y regulaciones estatales.

La medida integra un paquete de 176 reformas económicas que el Gobierno impulsa para liberalizar una economía golpeada por lo que las autoridades cubanas definen como una policrisis de seis años.

Ninguna farmacia privada opera todavía de manera oficial

Lara informó a EFE que se evalúan 36 proyectos: tres están en proceso de constitución y 14 cuentan con el aval para avanzar en los trámites correspondientes. La funcionaria no precisó fechas de inicio de actividades.

Los establecimientos que obtengan autorización deberán cumplir requisitos de almacenamiento, contar con personal profesional responsable de la actividad técnica y garantizar que cada producto comercializado esté registrado ante la autoridad reguladora cubana. Para facilitar el ingreso de nuevos productos al mercado, se prevé un registro sanitario temporal de dos años, período durante el cual se evaluará el comportamiento del medicamento antes de decidir si se solicita su registro definitivo.

Las farmacias privadas tendrán prohibido vender medicamentos de uso hospitalario, productos clasificados como drogas y cualquier otro incluido en listados nacionales sujetos a restricciones. Los locales donde funcionan actualmente las farmacias estatales tampoco serán transferidos al sector privado: el Minsap aclaró que esas instalaciones continuarán bajo gestión del Estado.

El bloqueo energético agrava el colapso sanitario

El contexto en el que se produce esta apertura es el de un sistema de salud bajo presión extrema. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla presentó el 7 de septiembre el informe anual sobre el bloqueo, que cifró los daños entre marzo de 2025 y febrero de 2026 en USD 8.083,3 millones, un 7% más que el récord registrado el año anterior, según informó el sitio Cubainformación.

La Orden Ejecutiva 14380, firmada por el presidente Donald Trump el 29 de enero de 2026, formalizó un cerco petrolero que prácticamente aisló a Cuba del suministro de combustibles.

Al cierre de mayo, el déficit acumulado llegó a 2.67 millones de toneladas respecto de lo planificado. La escasez de combustible afecta el transporte refrigerado de vacunas: más de 30.000 niños no recibieron inmunización a tiempo, aunque las dosis estaban físicamente en los almacenes, y obliga a los hospitales a postergar cirugías no urgentes.

A esa presión se sumó la Orden Ejecutiva 14404, del 1 de mayo, que amplió las sanciones secundarias a empresas extranjeras que operen en sectores estratégicos de la economía cubana.

Según el informe presentado por Rodríguez, entre marzo de 2025 y febrero de 2026, 34 entidades bancarias internacionales suspendieron o rechazaron operaciones con Cuba por temor a esas sanciones, lo que cortó transferencias destinadas a la compra de alimentos, medicamentos y combustibles.

En ese escenario, la apertura de farmacias privadas aparece como una respuesta parcial a un problema estructural. La escasez generó en los últimos meses un mercado informal activo, con grupos de WhatsApp donde los cubanos intercambian fármacos que no encuentran en las farmacias estatales.

En agosto, un local en el barrio habanero de Regla ya exhibía medicamentos, vitaminas y productos naturales con precios en miles de pesos, en lo que se presentaba como una farmacia privada, aunque sin habilitación oficial, según consignó CiberCuba.

El Gobierno argentino anunció este martes que ampliará las denuncias y los procedimientos sancionatorios por la exploración y explotación de petróleo en las Islas Malvinas y sumó nuevos nombres a la lista de personas y compañías a las que acusa de participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización nacional. La ofensiva alcanzó a petroleras, accionistas, inversores, proveedores estratégicos y, esta vez, también puso nombre y apellido a varios de los ejecutivos que están detrás de esos negocios.

La decisión se produjo en medio del avance de distintos proyectos petroleros alrededor del archipiélago. Entre las compañías involucradas aparecen Navitas, Rockhopper, Borders & Southern, Eco (Atlantic) Oil & Gas y JHI, junto con empresas que brindan servicios o participan financieramente de las operaciones. El Gobierno también anticipó que avanzará con una denuncia penal y sostuvo que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Malvinas requieren autorización argentina. “Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, afirmó la administración nacional.

Entre los nuevos alcanzados también figuran empresas que cumplen funciones muy diferentes dentro de ese entramado. La lista incorporó a Shlomo Eliahu Holdings, como accionista de Navitas; Aberdeen Group, HBOS Investment Fund Managers, SMR Advisors y Mizrahi Tefahot Bank, como accionistas de Rockhopper; y a Bluewater y Noble, por su papel como proveedores estratégicos. Bluewater tiene, además, un vínculo particular con la Argentina: la empresa neerlandesa relacionada con el FPSO Aoka Mizu para el proyecto Sea Lion fabricó las dos monoboyas destinadas al Vaca Muerta Oleoducto Sur.

Pero detrás de las sociedades, fondos de inversión y estructuras financieras aparecen también los nombres propios. Entre los empresarios y ejecutivos que quedaron en la mira del Gobierno están David Harry Williamson Dobson, ligado a Borders & Southern Petroleum, y seis figuras de Eco Atlantic: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Gadi Levin y Alice Carroll. Sus perfiles permiten reconstruir quiénes están detrás de algunas de las compañías involucradas: hay empresarios mineros, especialistas en mercados de capitales, un ex Goldman Sachs, ejecutivos con pasado en Shell y Occidental Petroleum y profesionales que acumulan décadas en la búsqueda y financiamiento de yacimientos alrededor del mundo.

David Harry Williamson Dobson, el hombre de Borders & Southern

David Harry Williamson Dobson, conocido también como Harry Dobson, es un empresario y financista británico con una extensa trayectoria en minería, petróleo y recursos naturales. Fue banquero de inversión y socio senior de Yorkton Securities y fundó Kirkland Lake Gold, compañía minera canadiense que se convirtió en un actor relevante de la industria aurífera. También fundó Western Gold Exploration y actualmente figura como presidente ejecutivo de North Peak Resources.

Su vínculo con Malvinas aparece a través de Borders & Southern Petroleum, petrolera británica dedicada a la exploración de hidrocarburos en las islas. Dobson ingresó como director en 2004 y actualmente ocupa el cargo de presidente no ejecutivo. Los registros societarios británicos indican que tiene nacionalidad británica y residencia en Mónaco.

Gil Holzman, el CEO y cofundador de Eco Atlantic

Gil Holzman es cofundador, presidente y CEO de Eco (Atlantic) Oil & Gas, compañía independiente de exploración de petróleo y gas que cotiza en los mercados AIM de Londres y TSX Venture de Canadá. Cuenta con más de 25 años de experiencia en energía, minería y recursos naturales, principalmente en África y América del Sur.

Antes de crear Eco Atlantic, cofundó GP Minerals y entre 2003 y 2006 se desempeñó como director gerente para Medio Oriente de Bombardier. Al frente de la petrolera impulsó proyectos de exploración offshore en Namibia, Guyana y Sudáfrica.

Keith Hill, cuatro décadas en el negocio petrolero

Keith Hill cuenta con más de 40 años de experiencia en exploración, desarrollo y gestión de proyectos de hidrocarburos. Desde marzo de 2026 se desempeña como presidente no ejecutivo de Eco Atlantic, después de integrar durante años el directorio como director no ejecutivo.

Desarrolló más de dos décadas de su carrera dentro del Lundin Group y ocupó posiciones vinculadas con exploración y nuevos negocios en Occidental Petroleum y Shell Oil Company. También fue presidente y CEO de Africa Oil Corp. y encabezó otras compañías petroleras.

Peter Nicol, de Goldman Sachs al directorio petrolero

Peter William Nicol es un especialista financiero con más de 40 años de experiencia en petróleo y gas. Actualmente es director no ejecutivo de Eco Atlantic y preside su Comité de Auditoría. Hasta marzo de 2026 fue presidente no ejecutivo de la compañía, puesto en el que lo reemplazó Keith Hill.

Su trayectoria combinó energía y finanzas: fue responsable de Oil & Gas en GMP Securities, directivo de Tristone Capital, Global Sector Director of Oil Research de ABN AMRO y responsable del análisis del sector petrolero y gasífero europeo en Goldman Sachs. También trabajó en British National Oil Corporation.

Alan Friedman, mercados de capitales y adquisiciones

Alan Friedman es un abogado y empresario sudafricano radicado en Canadá, con más de 25 años de experiencia en mercados de capitales. Es cofundador y director no ejecutivo de Eco Atlantic, compañía que creó en 2011 junto con Holzman y Colin Kinley, y participó en operaciones de financiamiento, adquisiciones y desarrollo corporativo.

También es cofundador y managing partner de Bayline Capital Partners y fue cofundador de Auryx Gold Corp., minera con activos en Namibia que posteriormente adquirió B2Gold. Su carrera se concentró especialmente en fusiones y adquisiciones, levantamiento de capital y estructuración financiera de compañías vinculadas con recursos naturales.

Gadi Levin, el responsable de las finanzas

Gadi Levin es un ejecutivo financiero y contador que actualmente se desempeña como vicepresidente de Finanzas y director financiero de Eco Atlantic. Ingresó a la compañía como financial controller en 2014 y en noviembre de 2016 fue designado director de Finanzas.

Antes y durante su trayectoria en la petrolera ocupó cargos financieros en distintas compañías que cotizan en Canadá. Comenzó su carrera en las firmas de auditoría Arthur Andersen y Ernst & Young y obtuvo la certificación de Chartered Accountant en Sudáfrica.

Alice Carroll, desarrollo de negocios y asuntos corporativos

Alice Carroll es una ejecutiva británica con cerca de 15 años de experiencia en petróleo y gas. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de Desarrollo de Negocios y Asuntos Corporativos y directora ejecutiva de Eco Atlantic. En enero de 2026 fue promovida a su actual posición ejecutiva.

Antes trabajó en Azinor Catalyst y fue Global Marketing and Investor Relations Manager de Seacrest Azimuth Group, donde gestionó relaciones externas en proyectos de distintos países. En Eco Atlantic lidera áreas de desarrollo de negocios, asuntos corporativos y comunicaciones y participa en iniciativas de crecimiento estratégico y adquisiciones.

Eco Atlantic, JHI y el desembarco en Malvinas

La presencia de seis integrantes de Eco Atlantic en la nómina se relaciona con el avance de la compañía sobre activos vinculados con las islas. Eco Atlantic busca obtener exposición a la licencia PL001 offshore Malvinas a través de la adquisición de JHI Associates. La licencia se encuentra en la cuenca norte del archipiélago y es lindera al proyecto Sea Lion.

La operación sumó así otro actor al entramado empresario que rodea la explotación petrolera en la zona. Eco Atlantic tiene experiencia en exploración offshore y proyectos en Namibia, Guyana y Sudáfrica, mientras que la adquisición de JHI le abre la puerta a una licencia ubicada en aguas alrededor de las Malvinas.

Borders & Southern, en tanto, mantiene desde hace años actividades de exploración de hidrocarburos en las islas. Allí aparece Dobson como presidente no ejecutivo de la compañía y como uno de los empresarios alcanzados por las actuaciones argentinas.

Sea Lion y la red de compañías alcanzadas

Otro de los focos está puesto sobre Sea Lion, el proyecto petrolero ubicado al norte de las Islas Malvinas y relacionado directamente con Navitas y Rockhopper. A su alrededor se conformó una red de accionistas, inversores, prestadores de servicios y proveedores que también quedó alcanzada por las actuaciones del Gobierno.

La nueva lista incorporó a Shlomo Eliahu Holdings como accionista de Navitas y a Aberdeen Group, HBOS Investment Fund Managers, SMR Advisors y Mizrahi Tefahot Bank como accionistas de Rockhopper. También incluyó a Bluewater y Noble por su papel como proveedores estratégicos.

Entre esos casos sobresale Bluewater, empresa neerlandesa vinculada con el FPSO Aoka Mizu, la unidad flotante prevista para Sea Lion. La compañía tiene además una conexión con la Argentina continental: fabricó las dos monoboyas destinadas al Vaca Muerta Oleoducto Sur, infraestructura vinculada con la evacuación y exportación del crudo producido en la formación neuquina.

El Gobierno avanzará con procedimientos sancionatorios y una denuncia penal contra personas y compañías relacionadas con estas actividades. La posición oficial se apoyó en que la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Islas Malvinas requiere autorización argentina.

Las autoridades de tránsito en Colombia imponen sanciones económicas a conductores, peatones y ciclistas por infracciones que pueden afectar la seguridad vial o el orden en la movilidad.

Estas sanciones, conocidas como multas, tienen un proceso legal que incluye plazos para su cobro y condiciones para su eventual prescripción.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, “una multa de tránsito es un documento que emite un policía de tránsito donde indica que un conductor, un peatón o un ciclista han violado las leyes de tránsito que se rigen en el municipio o ciudad”.

En este sentido, es importante conocer los conceptos asociados a estos procesos y cómo se puede gestionar la prescripción de una multa que no ha sido cobrada en el tiempo previsto por la ley.

El procedimiento inicia con la detección de una infracción, que puede deberse a diversas causas: exceso de velocidad, no portar los documentos obligatorios como la licencia de conducción, el SOAT o el certificado de revisión técnico-mecánica, así como conducir bajo los efectos del alcohol. Estos comportamientos son clasificados como infracciones por las autoridades.

Luego, se emite un comparendo, que es la notificación oficial al infractor para que comparezca ante la autoridad competente.

Si se confirma la infracción, se genera la multa correspondiente, cuyo valor dependerá de la gravedad del hecho. Algunos conductores pueden acceder a descuentos si pagan la sanción dentro de ciertos plazos establecidos.

Cuando no se realiza el pago voluntario de la multa, la autoridad puede iniciar un proceso de cobro coactivo. Este procedimiento tiene un marco legal claro:

“Las multas de tránsito que los infractores no paguen voluntariamente pueden ser cobradas mediante el procedimiento de cobro coactivo, el cual debe realizarse dentro del término previsto en el Inc. 2 del Art. 159 de la Ley 769 de 2002, es decir, dentro de los tres años siguientes a la ocurrencia de los hechos; dentro de este término, se debe también notificar el mandamiento de pago, así lo dispone el Art. 826 del ETN”, señala la Resolución 172831 del 22 de diciembre de 2021 contenida en el Manual de Cobro Administrativo Coactivo de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Una vez se ha notificado al infractor mediante un mandamiento de pago, se interrumpe el plazo de prescripción inicial. A partir de ese momento, la entidad encargada del cobro cuenta con un nuevo periodo de tres años para hacer efectiva la recuperación de la deuda.

En este lapso, pueden emplearse medidas como el embargo de cuentas bancarias, vehículos o bienes inmuebles del deudor.

El mismo documento oficial explica: “Esta actuación administrativa, interrumpe el término de que trata el Art. 159 de la Ley 769 de 2002, por lo cual, a partir de la notificación del mandamiento de pago y atendiendo lo dispuesto en el Art 818 del ETN, la Dirección de Gestión de Cobro dispondrá de otros 3 años para hacer efectivo el cobro, o procederá la prescripción en forma definitiva”.

Cuando ambos plazos han transcurrido sin que se haya logrado el pago ni la ejecución del cobro por parte de la entidad competente, el ciudadano puede solicitar formalmente la prescripción de la multa.

Esta gestión debe realizarse ante la autoridad de tránsito correspondiente, y será evaluada para verificar el cumplimiento de los tiempos legales.

La normativa también establece un límite de tiempo para que la autoridad responda a la petición del ciudadano:

“El término para resolver una solicitud de prescripción por parte del ciudadano, es de 15 días hábiles dando cumplimiento con lo previsto en el Art. 14 de la Ley 1755 de 2015, sin perjuicio de la emisión y notificación del mandamiento de pago y para cualquier etapa procesal”, precisa el marco legal vigente.

Aunque la posibilidad de que una multa prescriba existe en el ordenamiento jurídico, la recomendación general es mantener una conducta responsable en las vías para evitar sanciones que, además de costosas, pueden generar procesos judiciales que afectan el historial del infractor y comprometen su patrimonio.

Conocer los procedimientos legales disponibles puede ser útil, pero cumplir las normas de tránsito sigue siendo el camino más seguro.

La actividad comercial de Bandar Abbas, ciudad portuaria iraní ubicada en el estrecho de Ormuz, cayó de forma pronunciada bajo el bloqueo a los puertos de la república islámica impuesto por Estados Unidos, que busca limitar las exportaciones de petróleo de Irán tras seis meses de guerra.

Bandar Abbas tiene más de 700.000 habitantes y está situada junto a una de las rutas marítimas más transitadas para el transporte global de petróleo, gas natural y derivados. Sus residentes sostienen que la ubicación de la ciudad la expuso a riesgos y dificultades durante el conflicto.

En el muelle, que antes recibía barcos, camiones y trabajadores, la actividad se redujo de forma marcada. Mohammad Torabian, empleado del sector que atiende a pasajeros, indicó que antes de la guerra llegaban cada día hasta 50 camiones con alimentos y carne. Ahora, gran parte de esa zona permanece vacía. “El negocio ahora mismo está fatal”, afirmó Torabian, quien calculó que unas 500 personas obtenían sus ingresos en torno al muelle. “Aquí no hay trabajo”, agregó.

La economía local depende del mar y del puerto de Shahid Rajaee, una de las principales terminales comerciales de Irán. El recinto cuenta con capacidad para procesar 100 millones de toneladas métricas de carga anuales, según datos divulgados en julio por la agencia estatal IRNA.

Washington impuso el bloqueo en abril y lo restableció después del fracaso de las negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra. Funcionarios iraníes criticaron la medida, mientras Estados Unidos anunció más presión económica sobre el estrecho de Ormuz.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien encabezó las conversaciones fallidas con la Administración Trump, advirtió a comienzos de mes que una ampliación del bloqueo provocaría una respuesta militar.

Los efectos también alcanzaron a empresas de despacho aduanero. Mahsa Shojaei, contadora de una firma del sector, explicó que antes del conflicto buena parte de la actividad consistía en gestionar importaciones de arroz, té y café desde India y Pakistán.

Shojaei estimó que entre el 80% y el 90% de la carga de trabajo de su empresa desapareció. La compañía, que antes tramitaba alrededor de 100 expedientes aduaneros, ahora procesa cerca de 10, mientras aumentaron los costos de esos procedimientos.

La caída de la moneda iraní y el deterioro del poder adquisitivo redujeron las ventas en comercios de Bandar Abbas, donde los efectos económicos de la guerra y del bloqueo estadounidense ya alcanzan a negocios alejados de la zona portuaria.

Mehrdad Jahangiri, dueño de una tienda de ropa infantil que sostiene a su familia y a la de su padre, estimó que sus ventas cayeron cerca de la mitad frente al mismo período del año pasado. “Sencillamente no hay clientes”, afirmó Jahangiri. “El mercado se ha quedado muy tranquilo”.

El inicio de la guerra coincidió con la cercanía de Nowruz, el Año Nuevo iraní, una de las temporadas de mayores ventas para los comerciantes. Las familias suelen incrementar sus compras en esas fechas, pero el conflicto redujo buena parte de la demanda prevista.

Los negocios afrontan ahora otro período relevante para el consumo, antes de la reapertura de las escuelas a finales de septiembre. Jahangiri señaló que las multitudes habituales para comprar ropa nueva para los niños no aparecieron este año.

La reducción de ingresos llevó a la tienda a retrasarse en algunos pagos de alquiler y a acumular deudas con otros comerciantes, una situación que, según explicó, no había atravesado antes. “La gente tiene los bolsillos vacíos y los ingresos han disminuido”, afirmó. Consultado sobre si su familia debió reducir gastos diarios, respondió en diálogo con Associated Press: “Por supuesto. Ha cambiado mucho”.

Algunos comerciantes intentan sostener las ventas con descuentos o planes de pago para clientes habituales. Para quienes trabajan en el mar, la reducción de la actividad se combina con restricciones para navegar por motivos de seguridad. Abbas Golzanaei, conductor de una lancha que transporta pasajeros hacia barcos y puertos cercanos, contó que antes de la guerra se desplazaba hasta 48 kilómetros para trabajar. “Antes de la guerra, el negocio iba bien”, dijo.

“Ahora no puedo ir más allá de siete u ocho millas. El mar no es seguro”, agregó. La reducción de trayectos le dejó menos pasajeros e ingresos, mientras también enfrenta dificultades para conseguir gasolina. Frente a la costa de Bandar Abbas, los cargueros permanecen detenidos a la espera de que las condiciones permitan retomar sus desplazamientos.

(Con información de Associated Press)

Los hijos de Ortega y Murillo controlan sectores enteros de la economía nicaragüense —combustibles, aduanas y minería de oro— mientras el régimen que los sostiene acaba de cancelar las elecciones presidenciales de noviembre de 2026 y extendió su mandato hasta 2028 mediante una reforma constitucional aprobada el 1 de septiembre por la Asamblea Nacional sandinista.

La misma reforma prohíbe a la oposición participar en comicios y eleva a rango constitucional la exclusión de quienes el gobierno catalogue como “traidores a la patria”.

Al día siguiente de su aprobación, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, convocó a la comunidad internacional a cesar el comercio normal con Managua y anunció acciones en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La reforma constitucional cierra la última vía electoral real

No es la primera vez que el régimen ajusta las reglas a su medida. En febrero de 2025, una primera reescritura creó la figura de copresidenta para Rosario Murillo —quien hasta entonces era vicepresidenta— y extendió el mandato de cinco a seis años. La de septiembre amplió ese plazo un año más.

Daniel Ortega, cuya participación pública se redujo por su deterioro físico, mantiene un rol predominantemente simbólico. El poder efectivo está en manos de Murillo y de un círculo de no más de 200 personas —altos funcionarios, militares y burócratas leales— que coordinan el control social, según el análisis del investigador Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano.

Orozco describe la arquitectura del poder a través de cuatro pilares: aislamiento internacional con alianzas con Estados no democráticos, criminalización de los derechos civiles, captura del Estado por parte del círculo familiar y censura sistemática. El régimen subordinó la Constitución a la Ley de Autodeterminación y autorizó a la Policía a detener ciudadanos con base en denuncias no verificadas.

El negocio familiar: combustibles, aduanas y oro

La captura del Estado opera de forma silenciosa y tiene nombres propios. Rafael Ortega, hijo del mandatario, controló durante al menos 10 años más del 30% del mercado de distribución de combustibles —un negocio de unos USD 500 millones anuales— a través de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), hasta que las sanciones lo desplazaron.

Laureano Ortega, otro hijo de la pareja presidencial, aprovechó el modelo de diálogo con el sector privado para apropiarse del sistema aduanero y autorizar la liberación de mercancías sin aranceles para sus negocios y asociados. Bajo ese esquema, las importaciones desde China saltaron de USD 600 millones en 2019 a USD 2.000 millones en 2025.

En abril de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos hijos más de la pareja presidencial, Maurice Facundo y Daniel Edmundo Ortega Murillo, junto a siete empresas del sector aurífero vinculadas a capitales chinos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que ese entramado permite al régimen “generar fondos y mantener el control político” y participar en la “incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses” ligadas a la minería de oro.

China controla el 10% del territorio nacional en concesiones mineras

Las sanciones no frenaron la expansión. Según registros de la Fundación del Río, entre 2021 y septiembre de 2026 el régimen otorgó concesiones en 85 lotes a 22 empresas chinas, que suman 1.277.389 hectáreas —alrededor del 10% del territorio nacional—, con superposiciones sobre áreas protegidas y territorios indígenas.

El 8 de septiembre, el gobierno adjudicó una nueva concesión a cielo abierto de 26.205 hectáreas a la firma china Linze Excelente Minería S.A. en el municipio de Bonanza, pese a las sanciones vigentes.

Orozco describe a China como el nuevo “banquero de los dictadores”, en referencia a la expresión que el exembajador estadounidense John Feeley usó para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Managua espera incrementar sus exportaciones de oro de 600.000 a 800.000 onzas en 2026, al capitalizar precios internacionales elevados mediante concesiones ilegales, confiscaciones y extorsión tributaria.

Washington suma más de 85 sanciones y calibra su próximo paso

Estados Unidos acumula más de 85 sanciones contra instituciones y personas vinculadas al régimen, más restricciones de visa a más de 2.350 funcionarios y familiares. La Unión Europea, Canadá, el Reino Unido y Suiza mantienen listas propias.

Tras la muerte en custodia del líder indígena Brooklyn Rivera en junio de 2026, Rubio amplió las restricciones de visa a más de 100 funcionarios adicionales. La respuesta de septiembre escala esa presión hacia el terreno multilateral.

Orozco advierte que Washington no busca un colapso abrupto del régimen. La estrategia apunta a evitar una nueva ola migratoria, el avance del crimen organizado y un mayor acercamiento a potencias hostiles, mientras aguarda que el deterioro físico de Ortega, los conflictos dentro del círculo familiar o el malestar social acumulado generen condiciones para una transición gradual.

Israel prohibió el ingreso a 12 ciudadanos británicos, en su mayoría legisladores, en represalia por el paquete de sanciones que el Reino Unido lideró contra los asentamientos israelíes en Cisjordania.

La cancillería israelí publicó una lista de 11 parlamentarios y un abogado a los que impedirá la entrada al país, en respuesta a la decisión londinense de restringir el comercio con esas comunidades por la violencia de colonos contra los palestinos.

Corbyn, Abbott y otros diez legisladores, en la lista de vetados

Entre los prohibidos figuran Jeremy Corbyn y Zarah Sultana, cofundadores del partido de izquierda Your Party tras romper con los laboristas; Naz Shah, Diane Abbott, John McDonnell y Richard Burgon, del Partido Laborista; y Hannah Spencer, Carla Denyer, Sian Berry, Ellie Chowns y Adrian Ramsay, del Partido Verde.

También integra la lista Fahad Ansari, un abogado que representó en tribunales británicos al brazo político de Hamas en su intento por salir del listado de organizaciones terroristas proscriptas. Tras el anuncio, Ansari escribió en X que no es “ni británico ni parlamentario”, pero que igualmente lo toma “como una medalla de honor”.

La cancillería israelí no detalló los motivos específicos de cada veto individual, y se limitó a señalar que negará el ingreso a quienes estén “involucrados en actividad antisemita y antiisraelí, así como a quienes nieguen la existencia misma del Estado de Israel”.

El cierre del consulado en Jerusalén este y la respuesta de Saar

La medida se enmarca en una represalia más amplia: Israel había ordenado este martes el cierre del consulado británico en Jerusalén, ubicado en el sector este de la ciudad, capturado por Israel en la guerra de 1967 y luego anexionado, aunque la mayoría de los países —incluido el Reino Unido— no reconoce esa soberanía.

“Jerusalén unida es la capital de Israel y está bajo su plena soberanía”, afirmó el canciller israelí, Gideon Saar. “Cualquier actividad extranjera en la zona debe realizarse a través de canales aceptados y acordados, y sin violar la soberanía de Israel”, agregó.

Israel también anunció que expulsará a los representantes británicos del centro que supervisa el alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos, y que prohibirá el entrenamiento británico a las fuerzas de la Autoridad Palestina.

Saar había calificado de “mentiras escandalosas” las acusaciones formuladas ese mismo día por su par británico, Ed Miliband, quien había denunciado que los colonos israelíes llevan adelante una “limpieza étnica” en Cisjordania.

“La medida británica está moralmente distorsionada y constituye una interferencia flagrante en los asuntos de un Estado soberano y en su proceso electoral”, sostuvo el canciller israelí, en referencia a las reñidas elecciones del 27 de octubre, en las que el primer ministro Benjamín Netanyahu defiende la expansión de los asentamientos.

Doce países restringen el comercio con los asentamientos

La represalia israelí llegó horas después de que 12 países —Reino Unido, Canadá, Francia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia— anunciaran restricciones comerciales contra los asentamientos israelíes en Cisjordania, tras semanas de crecientes ataques de colonos contra aldeas palestinas en el territorio ocupado. Los cancilleres de esos países sostuvieron en un comunicado conjunto que las acciones del gobierno israelí en Cisjordania “socavan la posibilidad de una solución de dos Estados”.

Miliband había anunciado ante el Parlamento británico una “prohibición de importación de bienes” provenientes de los asentamientos: “No creo que el pueblo británico quiera que apoyemos la ocupación aceptando productos de asentamientos en nuestras tiendas y supermercados”, dijo. El comercio entre el Reino Unido y los Territorios Palestinos Ocupados había alcanzado unos 38 millones de libras esterlinas (51 millones de dólares) en 2025, lo que sugiere un impacto económico limitado de la medida. Francia, por su parte, anunció que “pondrá fin al comercio” con los asentamientos, según declaró el canciller Jean-Noël Barrot.

Estados Unidos se desmarca de las sanciones

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aclaró este martes que Washington no se sumará a las sanciones lideradas por Londres. “Obviamente, no vamos a hacer lo que hizo el Reino Unido”, dijo Rubio a periodistas antes de partir hacia un viaje a América Latina, y agregó: “No queremos ver nada desestabilizador ocurriendo ahora mismo en Cisjordania, con tanto sucediendo en la región”.

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, había cuestionado antes la decisión británica en declaraciones a la BBC: “Siento que es discriminación contra el gobierno israelí. Es discriminación contra el pueblo judío”, sostuvo.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, líder de un partido de extrema derecha que impulsa la anexión total de Cisjordania, había pedido la expulsión del embajador británico en Israel.

Estados Unidos impuso este martes sanciones a “todas las aerolíneas iraníes restantes” que hasta ahora no habían sido penalizadas, en el marco de la ofensiva de Washington para intensificar la presión económica en su guerra con Teherán.

El Departamento del Tesoro estadounidense informó que su última acción apunta a “36 objetivos por brindar apoyo al sector de aviación de Irán, que el régimen utiliza para trasladar armas, personal y carga ilícita”.

Entre los sancionados figuran 27 aerolíneas iraníes, además de empresas con sede en países como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Kazajistán.

“Básicamente, estamos sacando del mercado a todo el sector de aviación de la economía iraní”, dijo a periodistas, bajo condición de anonimato, un funcionario del Tesoro.

La operación “Marginado Económico” y la advertencia de Bessent

Irán está en guerra con Estados Unidos desde fines de febrero, cuando ataques estadounidenses e israelíes mataron al líder supremo de la República Islámica y a altos mandos militares, en el inicio de una vasta ofensiva. Esos ataques desataron la represalia de Teherán, que bloqueó el estrecho de Ormuz —lo que disparó los precios globales del petróleo— y expandió el conflicto por Medio Oriente.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió que Estados Unidos declara un “Día D económico” contra Irán, con el compromiso de asfixiar financieramente a Teherán.

“Bajo la Operación Económico Outcast (Marginado Económico), prometimos consecuencias severas para quienes brinden salvavidas financieros al régimen iraní”, dijo Bessent este martes en un comunicado. “Hoy cumplimos esa promesa con sanciones a empresas que continúan apoyando a Mahan Air. Que esto sirva de advertencia para cualquiera que haga negocios con las aerolíneas iraníes restantes, todas las cuales sancionamos hoy: corren el riesgo de quedar excluidos del sistema financiero global”, agregó.

Empresas de terceros países, también en la mira

Además de las aerolíneas iraníes, el Departamento del Tesoro precisó que sus últimas acciones apuntan a empresas de terceros países que “facilitan las actividades de proliferación de Mahan Air, sancionada por Estados Unidos, sus operaciones de vuelo vinculadas al terrorismo y la adquisición ilícita de aeronaves de origen estadounidense”, así como a proveedores de servicios de carga y agentes de ventas que trabajaron con esa aerolínea, acusada de facilitar actividades de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

El funcionario del Tesoro no precisó si empresas de países como China podrían enfrentar sanciones secundarias, aunque señaló que Washington cuenta con diversas herramientas para actuar contra proveedores de servicios.

El Departamento del Tesoro ya había sancionado en julio a individuos y compañías acusados de asistir a Mahan Air.

El sector aéreo de Irán viene atravesando serias dificultades bajo el peso de las sanciones, que restringieron severamente su capacidad de adquirir aeronaves, repuestos y servicios de mantenimiento.

El petróleo se acerca a los 100 dólares y golpea a los mercados

El anuncio se dio en una jornada en la que los precios mundiales del petróleo volvieron a acercarse a los 100 dólares por barril, y la mayoría de los mercados bursátiles retrocedió por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente. El Brent, la referencia internacional, subió hasta 99,46 dólares antes de retroceder.

La suba del crudo se suma a la presión sobre la Reserva Federal, luego de que el precio promedio del diésel en Estados Unidos alcanzara el lunes un récord histórico, según la asociación de automovilistas AAA. Nuevos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, contra Arabia Saudita obligaron a suspender operaciones en varias instalaciones energéticas del reino, lo que opacó las declaraciones de Teherán sobre estar cerca de un acuerdo con Omán para regular el tránsito por el estrecho de Ormuz.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó este lunes una concesión minera a cielo abierto a la empresa china Linze Excelente Minería S.A., en el lote denominado Jade, una superficie de 26.205 hectáreas en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La cesión, publicada en el Diario Oficial La Gaceta y certificada por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de la República, eleva a 22 empresas chinas el número de empresas de capital chino con concesiones activas en territorio nicaragüense.

Linze Excelente Minería está representada en Managua por el ciudadano chino Shiliang Yang, quien cuenta con residencia nicaragüense y figura también como apoderado legal de otra firma del mismo grupo empresarial, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group. Antes de esta última adjudicación, Linze Excelente ya controlaba 10.592 hectáreas en los departamentos de Chontales y Nueva Segovia, transferidas en julio pasado por su empresa hermana. Con el nuevo lote, su superficie total en el país supera las 36.000 hectáreas.

El otorgamiento se produce cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara, el 16 de abril, a Daniel Edmundo y Maurice Facundo Ortega Murillo, dos hijos de la pareja presidencial con cargos gubernamentales, junto a otras cinco personas y siete empresas vinculadas a la extracción y comercialización de oro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sostuvo entonces que ese entramado permite al régimen “generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y participar en la “incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses” ligadas a la industria aurífera.

Las sanciones no han frenado la expansión del capital chino en el sector. Según el registro de la Fundación del Río, organización ambientalista que monitorea las publicaciones de La Gaceta, el régimen sandinista ha otorgado entre 2021 y septiembre de 2026 concesiones en 85 lotes a 22 empresas chinas, que suman en conjunto 1.277.389 hectáreas: alrededor de 10% del territorio nacional, con superposiciones sobre áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. La organización ha documentado que el Ejecutivo modificó el marco jurídico minero para facilitar esas inversiones y reducir el impacto de las sanciones estadounidenses sobre el sector.

Entre las compañías con mayor extensión concesionada destacan Thomas Metal S.A., con más de 228.000 hectáreas, y Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, con cerca de 184.000 hectáreas antes de sumar el lote Rama de 38.621 hectáreas adjudicado en mayo. Cinco de las firmas del listado operan bajo sanciones directas de Washington, lo que no les ha impedido seguir recibiendo nuevos títulos o transfiriendo derechos entre sociedades vinculadas, como ocurrió entre Xinxin Linze y Linze Excelente.

El auge minero se refleja también en las cuentas externas del país. Las exportaciones del sector ascendieron a USD 2.009 millones en 2025, un 44,4% más que el año anterior, según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua. El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación, con USD 1.971 millones y un volumen de 19,9 toneladas métricas, el registro más alto desde que existen datos comparables, según el Banco Central de Nicaragua.

La expansión de las concesiones chinas en momentos de creciente presión estadounidense anticipa un pulso que difícilmente se resolverá en el corto plazo. Washington ha advertido que las instituciones financieras que faciliten transacciones significativas con los sancionados podrían enfrentar restricciones para operar en el sistema bancario estadounidense, una amenaza que, de aplicarse contra los socios chinos de Managua, tensionaría aún más el frágil circuito por el que el oro nicaragüense llega a los mercados internacionales.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart afirmó que el régimen cubano acumula entre USD 18,000 millones y USD 20,000 millones en efectivo a través del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), pero no destina ese dinero a la población.

La declaración, formulada en una entrevista con el canal de noticias NTN24 y difundida por Radio Martí, llegó cuatro días después de que Washington anunciara su más reciente paquete de sanciones contra La Habana.

“Ese régimen ya está destruido. No tiene apoyo popular. Obviamente no le pueden proveer nada al pueblo. Pero al mismo tiempo, el régimen, a través de GAESA, tiene entre 18 a 20 mil millones de dólares en efectivo. Sí, el dinero lo tienen, lo que no lo utilizan para el pueblo cubano”, dijo el legislador cubanoamericano por el sur de la Florida a NTN24.

Washington golpea al círculo de los Castro

El 3 de septiembre, el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incorporaron a la Lista de Nacionales Especialmente Designados a Fidel Ernesto Castro Calis, de 31 años, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín, quien ya había sido sancionado en junio junto a su esposa y otro hijo.

La misma ronda de sanciones alcanzó al Banco Exterior de Cuba y a cuatro entidades estatales de los sectores energético y minero: Comercial Cupet S.A., Abapet, Nicarotec y Cexni.

Las medidas se ejecutan bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que autoriza sanciones contra personas y entidades vinculadas al aparato represivo del régimen o que operen en sectores estratégicos.

Según datos recogidos por CiberCuba, la campaña de presión de la administración Trump acumula más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026.

Las rondas anteriores golpearon al presidente Miguel Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta, al conglomerado GAESA, al Ministerio del Interior (MININT) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre otros objetivos.

El secretario de Estado Marco Rubio justificó la última tanda con una declaración citada tanto por Reuters como por Al Jazeera: “Los elites del régimen comunista cubano presiden un estado fallido donde los cubanos comunes pasan hambre mientras la familia Castro y otros allegados se enriquecen”.

Díaz-Balart: el régimen “ya está muerto”

Fue en ese contexto que Díaz-Balart formuló su diagnóstico más tajante. El legislador sostuvo ante NTN24, según informó Radio Martí, que la llamada “revolución” cubana dejó de existir como fenómeno político con respaldo social.

“Ese es un régimen que está muerto. No hay la tal llamada revolución. No hay apoyo popular. No hay imagen de Robin Hood. Todo el mundo ve que ese es un régimen corrupto, asesino. Que tiene dinero, pero no lo utiliza para ayudar a su propio pueblo. Que se llaman comunistas, pero tienen yates y bien superbién. Así que ese régimen ya está muerto. Hay que enterrarlo”, declaró el congresista a NTN24, en palabras recogidas por el medio.

El régimen cubano enfrenta el colapso simultáneo de su sistema eléctrico, su sector de salud y su economía, agravado por el bloqueo de facto al suministro de combustible que Washington impuso desde comienzos de 2026.

Brett Erickson, experto en sanciones y director de Obsidian Risk Advisors, advirtió al diario The Hindu que la estrategia apunta a empujar a las empresas estatales cubanas “hacia una espiral de muerte”, con medidas cada vez más precisas.

Las sanciones como herramienta

Díaz-Balart reconoció ante NTN24 que no puede garantizar que las sanciones sean suficientes para derribar al gobierno de La Habana, pero las defendió como el instrumento más directo disponible para debilitar su capacidad represiva.

“Estas sanciones, este incremento de presiones, es para hacer todo lo posible para que el régimen no tenga los medios para seguir reprimiendo y haciendo daño. ¿Va a ser suficiente para eliminar al régimen? No sé. Pero es positivo. Es un paso esencial”, afirmó el legislador, en declaraciones recogidas por Radio Martí.

El congresista fue más allá al fijar un horizonte temporal: “Estoy convencido de que ese régimen no va a sobrevivir los dos años y pico que le quedan al presidente Trump en la Casa Blanca”, dijo, con la advertencia de que hará “lo que tenga que hacer” para que eso ocurra.

La Orden Ejecutiva 14404 también habilita sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que operen con las entidades designadas, lo que amplía el alcance de la presión más allá de las fronteras estadounidenses.

La OFAC emitió en paralelo la Licencia General 4A, que exceptúa de las restricciones a las operaciones de embajadas y consulados de terceros países en Cuba.

La principal bolsa comercial de Cuba cambiará este año su formato habitual. La 42ª edición de la Feria Internacional de La Habana (Fihav) se realizará de forma virtual del 24 al 26 de noviembre, en medio de la crisis energética, la escasez y las sanciones de Estados Unidos. El único acto presencial será el Foro de Inversiones del 26 de noviembre.

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, explicó que la decisión respondió al “complejo contexto” que atraviesa el país. Según informó la agencia EFE, el funcionario invitó a las compañías extranjeras con presencia en la isla a participar en la feria y sostuvo que aspiran a conservar una convocatoria internacional.

En las ediciones anteriores, Fihav reunió en promedio a representantes de unos 60 países. En 2025, participaron expositores de 52 naciones, de acuerdo con los organizadores. Pérez-Oliva admitió que algunas empresas podrían desistir de asistir, aunque afirmó que otras podrían sumarse para conocer los cambios regulatorios anunciados por el régimen cubano.

El foro de noviembre será una vitrina para las 176 reformas económicas

La feria será utilizada por el régimen para divulgar las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio, un paquete que busca ampliar ciertas actividades privadas, descentralizar decisiones y modificar las normas que rigen el comercio exterior y la inversión.

Entre las medidas ya publicadas figura el Decreto-Ley 133, que permite la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores. Hasta ahora, el sector no estatal estaba integrado sobre todo por micro, pequeñas y medianas empresas, autorizadas desde 2021.

La norma habilita dos figuras jurídicas: las sociedades de responsabilidad limitada, para emprendimientos con más de un propietario, y las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada, cuando existe un único dueño. También permite abrir sucursales fuera de la provincia de constitución, importar y exportar de forma directa con autorización oficial y asociarse con capital extranjero.

Las compañías podrán establecer los precios de sus bienes y servicios dentro de los límites fijados por el Estado, además de determinar los salarios de sus trabajadores. Las operaciones financieras deberán pasar por cuentas bancarias y, como regla general, las ventas deberán concretarse en pesos cubanos.

El nuevo marco autoriza a ciudadanos cubanos residentes en la isla o en el exterior, además de extranjeros con residencia en el país, a ser propietarios de estas sociedades. Quedarán excluidas las personas con cargos de dirección estatal o gubernamental, deudas pendientes o condenas incompatibles con la actividad empresarial.

La crisis energética y las presiones sobre empresas extranjeras condicionan el encuentro

La convocatoria virtual ocurre tras una nueva escalada de presión de Estados Unidos sobre la economía cubana. Desde enero 2026, la administración del presidente Donald Trump impuso restricciones al abastecimiento de petróleo y amplió las sanciones contra entidades de la isla, medidas que han afectado la disponibilidad de combustible y el funcionamiento de la red eléctrica.

El país, con 9.4 millones de habitantes, enfrenta una crisis económica que combina inflación, apagones prolongados y dificultades para acceder a alimentos y medicamentos. La situación también llevó a las autoridades a cancelar en febrero el Festival del Habano, una cita que atrae a compradores, coleccionistas, representantes comerciales y periodistas especializados.

El régimen de Irán anunció este domigno que establecerá en los próximos días una zona restringida para la navegación en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, una medida que ampliaría las restricciones militares sobre uno de los principales corredores marítimos para el comercio energético mundial. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, el general Mohsen Rezaei, advirtió que cualquier embarcación que ingrese en el área con intención de atravesar el estrecho será identificada y añadida a una lista de sanciones de Teherán.

La declaración fue realizada durante una entrevista televisiva, en la que el funcionario describió los límites previstos para el nuevo espacio de exclusión. Según explicó, la zona comenzará en el punto donde la Armada estadounidense mantiene su línea de bloqueo y se prolongará hacia sectores del golfo Pérsico, incluyendo áreas próximas al estrecho.

“En los próximos días y semanas anunciaremos una zona restringida fuera del estrecho de Ormuz”, afirmó Rezaei. Añadió que “todo buque que entre en ella con el propósito de atravesar el estrecho de Ormuz y sea identificado será incluido en nuestra lista de sanciones”.

La advertencia introduce un mecanismo adicional de presión sobre los barcos comerciales que intenten utilizar la vía marítima en medio de las restricciones militares que afectan la navegación en la región. El estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una ruta esencial para el transporte internacional de petróleo.

Rezaei sostuvo además que el paso marítimo se encuentra bajo control de las fuerzas armadas iraníes y rechazó las afirmaciones de Estados Unidos según las cuales el tránsito continúa abierto. “Está completamente cerrado y bajo el control de las fuerzas armadas”, declaró, calificando de “gran mentira” la versión estadounidense sobre la situación de la ruta.

El funcionario también ofreció cifras para describir el cambio en el tráfico marítimo. Según su versión, antes del cierre más de 100 embarcaciones transportaban diariamente más de 100 millones de toneladas de carga a través del estrecho. Actualmente, dijo, solo entre siete y ocho barcos cruzan la zona, principalmente para transportar productos considerados esenciales para Irán.

Rezaei acusó a Estados Unidos de intentar hacer pasar embarcaciones por la zona restringida. Afirmó que Washington estaría tratando de introducir entre cinco y seis barcos mediante operaciones costosas y aseguró que algunas de esas embarcaciones han sido atacadas. No identificó a los responsables de esos incidentes ni proporcionó detalles sobre los barcos involucrados.

El dirigente iraní dijo, sin embargo, que Teherán no ha optado por hundir esas embarcaciones debido a la naturaleza de sus cargamentos. “No hemos decidido hundirlos”, señaló al explicar que los buques transportan petróleo y que una acción de ese tipo podría provocar daños ambientales en el área.

La advertencia sobre la nueva zona marítima se produjo además junto con la revelación de una prueba armamentística. Rezaei aseguró que Irán ensayó recientemente un nuevo misil antibuque sobre un buque de la Armada estadounidense.

“Por primera vez, probamos nuestro misil antibuque sobre un buque de guerra estadounidense”, afirmó. Según su relato, el proyectil provocó una reacción de las fuerzas estadounidenses y obligó al barco a retirarse.

El anuncio se produce en un contexto de enfrentamientos recurrentes entre fuerzas iraníes y estadounidenses alrededor del estrecho. En las últimas semanas también se han registrado ataques contra embarcaciones comerciales y operaciones militares destinadas a impedir que Irán reconstruya capacidades de vigilancia, lanzamiento de misiles y colocación de minas en la zona.

Teherán también trabaja con Omán en la definición de rutas específicas para el tránsito marítimo. Según Rezaei, los mapas correspondientes a esos corredores serán formalizados próximamente. La existencia de esas rutas no modifica, por ahora, la amenaza iraní de sancionar a los buques que ingresen en el nuevo perímetro declarado como restringido.

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei cuestionó el avance de Sea Lion, el proyecto petrolero que prevé extraer crudo en aguas cercanas a las Islas Malvinas y, en tal sentido, anunció un paquete de medidas destinadas a impedir que empresas extranjeras exploten recursos argentinos en territorios nacionales ocupados por el gobierno británico.

En concreto, Sea Lion es una iniciativa petrolera mar adentro situado en el Atlántico sur. Si cumple el cronograma anunciado, se convertirá en el primer desarrollo de crudo en aguas próximas a las islas argentinas. Las empresas responsables aprobaron la decisión final de inversión a fines de 2025, después de concluir las evaluaciones técnicas, económicas y financieras necesarias para avanzar con la explotación.

La resolución activó el calendario de obras, perforaciones y desembolsos que definirán el desarrollo del yacimiento durante los próximos años. También volvió a colocar en el centro el reclamo argentino sobre la explotación de recursos naturales en el área bajo disputa de soberanía.

El emprendimiento pertenece a Navitas Petroleum, de Israel, y a la británica Rockhopper Exploration. Navitas ingresó en 2020 con la compra del 30% de participación y luego incrementó su presencia hasta asumir la operación del proyecto y controlar el 65%. Rockhopper conserva el 35% restante.

Rockhopper comunicó el descubrimiento de petróleo en mayo de 2010. El anuncio despertó entonces expectativas sobre la eventual generación de ingresos petroleros para los habitantes de las islas. El yacimiento pasó después por una sucesión de estudios y revisiones hasta que las dos firmas aprobaron la inversión definitiva en diciembre de 2025.

Sea Lion está ubicado a aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una zona donde el fondo marino alcanza los 450 metros de profundidad. El desarrollo abarca las licencias de producción PL032 y PL004b, dentro de la cuenca Malvinas norte.

Según información de Navitas, al 31 de julio el campo registraba reservas probadas y probables de 314 millones de barriles. La primera etapa prevé una capacidad de producción de 50.000 barriles por día y fija marzo de 2028 como fecha estimada para la extracción inicial.

El presupuesto hasta el comienzo de la producción asciende a 1.800 millones de dólares. El plan contempla además otros USD 2.100 millones para las etapas posteriores de explotación, previstas durante unos 30 años. En total, son USD 3.900 millones estimados para todo el proceso.

La ejecución se dividirá entre dos sectores y cuatro fases. El primer tramo se desarrollará en el Área de Desarrollo Norte, identificada como NDA. Allí se perforarán 11 pozos submarinos, vinculados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO por sus siglas en inglés.

La segunda fase de esa área comenzaría tres años después del inicio productivo e incorporaría 12 pozos adicionales. El programa también incluye el Área de Desarrollo Central, o CDA. Su primera fase contempla 20 perforaciones y proyecta el inicio de la extracción hacia fines de 2030. Luego se sumarían otros 18 pozos dentro de una segunda etapa.

El diseño integral prevé así dos zonas de desarrollo, cuatro etapas de perforación y más de 60 pozos submarinos a lo largo de varios años.

Los anuncios del Gobierno

Milei anunció un paquete de medidas para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y elevar las sanciones contra las empresas que exploten petróleo u otros recursos naturales nacionales sin autorización de la Argentina.

En primer lugar, el jefe de Estado adelantó la firma de un decreto para agilizar la aplicación de las penalidades previstas en la Ley 26.659. La norma apunta a las compañías que participen en proyectos de extracción de hidrocarburos en territorio argentino bajo ocupación británica. El Ejecutivo también buscará mejorar los mecanismos de detección e intercambio de información para identificar a las firmas involucradas y a sus accionistas, directores y proveedores.

La medida prevé inhabilitar para operar en la Argentina a las empresas que intervengan, de forma directa o indirecta, en desarrollos petroleros en las islas sin autorización nacional. La intención oficial es que las compañías deban optar entre continuar en esos proyectos o mantener actividades comerciales en el país.

Además, el jefe de Estado anunció un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa. Los fondos tendrán como destino prioritario la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y el fortalecimiento de las telecomunicaciones. Según el Gobierno, esa infraestructura buscará consolidar la capacidad logística argentina en el Atlántico sur.

El Ejecutivo enviará también al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. La iniciativa propone endurecer las sanciones de la Ley 26.659, extenderlas a los proveedores de las empresas involucradas y prohibir que los infractores contraten tanto con el Estado como con el sector privado argentino. El texto contempla, a la vez, la aplicación del juicio en ausencia en los casos en que corresponda y la ampliación del régimen a otras actividades que afecten recursos naturales en las islas.

La iniciativa incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá la tarea de fijar una política obligatoria para las distintas áreas del Estado. Ese organismo articularía acciones entre Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y establecería criterios para proteger infraestructura crítica y los espacios aéreo, marítimo y espacial del país. El Gobierno pedirá, a su vez, facultades para responder con medidas económicas y diplomáticas ante actores estatales o privados que considere una amenaza para la seguridad nacional.

Las 176 reformas económicas y sociales de Cuba comienzan a plasmarse oficialmente en nuevas normativas que permiten empresas privadas de más de 100 trabajadores, la contratación directa, la inversión de cubanos en el exterior, el usufructo de tierras por tiempo indeterminado y una mayor apertura del comercio y el turismo.

El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, aseguró que las nuevas normas “podrían tener un impacto en la economía a corto plazo”, aunque consideró que no es posible calcular su alcance real debido al “componente de presión externa que no podemos desconocer”.

Por su parte, el viceministro Carlos Luis Jorge Méndez afirmó el martes, en una entrevista replicada por la cuenta en X del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, que las reformas responden a un proceso que “va en serio” y que “este es un proceso real”.

Coincide con ambos el economista Omar Everleny, quien afirma, en entrevista con EFE, que “todo este andamiaje legal me parece excelente” por ser la confirmación de que “Cuba va hacia el mercado”. Sin embargo, advierte de que “si no se eliminan o disminuyen las sanciones costará trabajo implementarlas”.

A continuación las cinco claves sobre las reformas que ya están en el papel:

1. Empresa privada

En Cuba ya puede haber empresas privadas de más de 100 trabajadores, que se añaden a las figuras existentes desde 2021: micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Además, las compañías pueden crear cadenas comerciales con presencia en todo el país y asociarse con capital extranjero, alianzas que Everleny recalca que no ha sido mal llevado por Estados Unidos.

2. Empresa extranjera y cubanos en el exterior

Las compañías internacionales ya pueden contratar de forma directa a sus trabajadores sin tener que pasar por agencias de contratación estatales. Podrán bonificarles por su actividad con pagos en divisas.

También se dispone que los cubanos en el exterior —además de residentes permanentes extranjeros— pueden participar como socios de empresas privadas en Cuba, con el objetivo de atraer inversiones de la diáspora.

Everleny reconoce que en un viaje reciente a Miami constató “el interés de muchos capitales por entrar de nuevo en el mercado cubano”.

3. Tierras en usufructo

Los bienes podrán ser otorgados en usufructo durante 99 años, con posibilidad de renovarlo por el mismo periodo de tiempo.

De manera concreta, el Estado podrá entregar tierras en usufructo a personas jurídicas por tiempo indeterminado.

Aunque la norma queda establecida de forma muy amplia, se aclara que las condiciones finales se determinarán en el acuerdo con el Estado.

Everleny considera que las duraciones establecidas “son bastante tiempo”, porque quien lo firma ya “no va a ver” lo que pase al final del tiempo del usufructo.

4. Modelo chino y vietnamita

Aunque Everleny considera que hay una mezcla de distintos modelos económicos, hay aspectos de los de Vietnam y China que “coinciden con las propuestas”.

Especialmente en el intento de atraer capital de la diáspora. “Inversionistas de China y Vietnam fueron los que se marcharon y luego jugaron un papel importante”, dice.

El economista cubano asegura que, como ventaja para Cuba, los avances en materia social y de salud les ponen por delante de los retos que tenían China y Vietnam con la entrada del mercado.

5. Retos y pendientes

Everleny considera que todas estas normas tienen “un problemita”: “Las empresas o los bancos no van a dar un paso al frente si van a ser sancionados”.

Actualmente hay muchas dificultades para importar, ya que, precisa, los barcos tratan de evitar ser sancionados. “Si Estados Unidos tiene sanciones a Cuba por ser un país que respalda el terrorismo, nadie se va a jugar su fortuna”, afirma.

Paralelamente están por resolver las nacionalizaciones de los años 60, después del triunfo de la Revolución. “Muchas empresas que tienen interés en volver tienen sobre la mesa reclamaciones que hay que resolver”, explica.

Pero lo que todavía echa en falta Everleny por ver aprobado en la Gaceta es “el tema bancario y las casas de cambio”. Los próximos meses serán definitivos.

El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que la Cancillería iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La administración nacional investigará y, en caso de corroborarse, sancionará la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, al entender que se estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago argentino.

“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”, indicaron desde la Oficina de Prensa.

Y agregaron: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”.

Las empresas que podrían ser sancionadas

El Gobierno ordenó las siguientes empresas bajo el marco de “licenciatarias ilegítimas”:

• Navitas Petroleum Development and Production Limited (Reino Unido)
• Navitas Petroleum Atlantic Limited (Reino Unido)
• Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited (Reino Unido)
• Rockhopper Exploration (Oil) Limited (Reino Unido)
• JHI Associates Inc. (Canadá)
• JHI Falklands Inc. (Canadá)
• Borders & Southern Falkland Islands Limited (Reino Unido).

Por otra parte, también incluyó a los accionistas de Navitas:

• Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd (Israel)
• Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd (Israel)
• The Phoenix Holdings Ltd (Israel)
• Phoenix Financial Ltd (Israel)
• The Phoenix Investments House Ltd (Israel)
• Meitav Investment House Ltd (Israel)

Lo mismo hizo con quienes tienen acciones de Rockhopper:

• Noked Capital Ltd (Israel)
• Aedos Advisers (London) LLP (Reino Unido)
• Exodus Management Israel Ltd (Israel)
• Ion Fund Management Ltd (Israel)

Las investigaciones también comprenderán a los accionistas de Borders & Southern:

• Zila Corporation (Islas Vírgenes Británicas)
• Interactive Investor Limited (Reino Unido)
• Hargreaves Lansdown Asset Management Limited (Reino Unido)
• Halifax Share Dealing Clients (Reino Unido)

Lo propio ocurrirá con Eco (Atlantic) Oil & Gas y sus accionistas:

• Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd (Canadá)
• CIBC Asset Management (Canadá)
• Canaccord Genuity Limited (Reino Unido)
• Avanza Bank Holding AB (Suecia)
• Coronation Fund (Sudáfrica)
• Westmount Energy Limited (Jersey, islas del Canal)

Por último, la investigación y posible sanción incorporará a proveedores, asesores y compañías vinculadas a infraestructura:

• Noble Corporation (Reino Unido), que figura como proveedor estratégico de infraestructura.
• AP Moller Holding A/S (Dinamarca). Accionista de Noble Corporation y Seatrium
• First Eagle Investment Management LLC (Estados Unidos) Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited
• Vanguard Portfolio Management LLC (Estados Unidos). Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited
• Dimensional Fund Advisors LP (Estados Unidos). Accionista de Noble Corporation, Seatrium Limited y Bristow Group Inc
• Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) (Estados Unidos). Constata como analista y asesora corporativa.
• Fugro NV (Países Bajos). Figura como proveedora de servicios.

El proyecto que reavivó el reclamo

El anuncio se conoció horas después de que el presidente Milei diera un mensaje por cadena nacional en el que ratificó el reclamo de soberanía argentino y cuestionó de manera directa el avance del proyecto Sea Lion, un yacimiento offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte que, de completarse según lo previsto, sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago. La iniciativa es conducida en forma conjunta por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del negocio, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

El campo, descubierto en 2010, se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas y a 450 metros de profundidad en el lecho marino. A fines de 2025, ambas compañías tomaron la decisión final de inversión para su primera etapa, un paso que en la industria petrolera implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya se completaron y que el proyecto se considera viable. Según datos de Navitas, al 31 de julio pasado el yacimiento contaba con reservas probadas y probables por 314 millones de barriles, con una producción proyectada de 50.000 barriles diarios y el primer petróleo previsto para marzo de 2028. El plan completo contempla más de 60 pozos submarinos distribuidos en dos áreas de desarrollo.

La Cancillería argentina había rechazado en diciembre de 2025 la decisión de inversión de ambas empresas, a las que calificó de licenciatarias ilegítimas por operar sin los permisos de la autoridad competente nacional. El organismo sostuvo entonces que toda exploración o explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa de soberanía resulta contraria a las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y extendió ese rechazo a las concesiones, la contratación de proveedores y todo acto conexo al avance del proyecto hacia su etapa productiva. El antecedente sancionatorio ya existía: Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía, mientras que Navitas Petroleum recibió una sanción equivalente a través de la Resolución 240/2022.

El marco legal y un proyecto de ley

Milei explicó que la Cancillería había enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados a distintos proyectos en las islas, y anticipó la firma de un decreto reglamentario para dar mayor celeridad a los procedimientos que impone la Ley 26.659. La norma instruye a los organismos del Estado que tomen conocimiento de incumplimientos legales a remitir esa información a la Cancillería para que pueda impulsar las sanciones, ordena un procedimiento con mayor coordinación entre reparticiones y suma declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, con el objetivo de evitar autorizaciones a quienes exploten recursos en la plataforma continental argentina sin reconocer la soberanía del país.

El Presidente adelantó además el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que modificará la Ley 26.659 para endurecer sus sanciones y ampliar su alcance a las empresas que presten servicios a quienes realicen explotaciones hidrocarburíferas en el área. La iniciativa prevé también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional destinado a coordinar de forma transversal la política de seguridad del país, un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.

Una base naval en Tierra del Fuego

Entre las medidas anunciadas, Milei incluyó la ampliación de los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, que según el mandatario permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico del Atlántico Sur y fortalecer sus capacidades en telecomunicaciones. El anuncio se dio en un discurso en el que el Presidente insistió en que la cuestión Malvinas trasciende las diferencias partidarias y remarcó la necesidad de una acción coordinada entre las carteras de Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía.

El tema había vuelto a instalarse en la agenda pública el 31 de agosto, cuando el presidente estadounidense Donald Trump fue consultado sobre una eventual revisión de la postura de neutralidad de su país en la disputa entre la Argentina y el Reino Unido, y respondió que evaluaba todas las posiciones.

La reacción del Reino Unido

El Gobierno británico respondió horas más tarde al mensaje presidencial. Un portavoz de Downing Street señaló que las fuerzas armadas del Reino Unido “permanecen en alerta permanente para proteger sus intereses”, y remarcó que las islas seguirán siendo británicas mientras esa sea la voluntad de sus habitantes. El primero en pronunciarse había sido el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, quien sostuvo en la red social X que las declaraciones de Milei reflejaban más una cuestión de política interna argentina que un cambio en la situación de las islas. El canciller británico, Ed Miliband, coincidió en que el archipiélago seguirá bajo administración británica por la voluntad de sus habitantes.

Desde Londres se remarcó, además, que la autodeterminación de los isleños incluye el derecho a explotar sus recursos naturales, en una referencia directa al proyecto que impulsan Navitas y Rockhopper. La disputa de soberanía sobre las islas está reconocida desde 1965 por una resolución de las Naciones Unidas que insta a ambos países a resolverla por la vía diplomática y a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación del territorio mientras continúe el proceso de negociación.

Washington completó el cerco familiar al sancionar a Fidel Ernesto Castro Calis, el último de los hijos conocidos de Alejandro Castro Espín que permanecía fuera de las listas negras del Departamento del Tesoro, según informó Periódico Cubano.

La designación, anunciada el 3 de septiembre, convirtió a este joven de 31 años en el tercer miembro directo de esa rama de la familia Castro en quedar bloqueado bajo la Orden Ejecutiva 14404.

El dato más revelador de la medida no fue quién fue incluido, sino quién continuó excluido: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado El Cangrejo y también nieto del general Raúl Castro Ruz, siguió sin aparecer en ninguna lista de sanciones estadounidenses.

Analistas citados por CiberCuba interpretaron esa omisión como una señal deliberada de Washington, que lo mantendría disponible como canal de comunicación informal con La Habana.

Fidel Ernesto Castro Calis, sancionado como familiar adulto de un funcionario ya designado

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo incorporó a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) bajo la cláusula que permite sancionar a familiares adultos de personas ya designadas por la misma orden ejecutiva.

Su padre, el general de brigada Alejandro Castro Espín, conocido por su rol en los servicios de inteligencia y contrainteligencia del régimen, había sido incluido en junio de 2026 junto con su otro hijo, Raúl Alejandro Castro Calis.

Fidel Ernesto nació el 16 de mayo de 1995 y es hijo de Alejandro Castro Espín y Marietta Calis Lauzurica.

Hasta antes de esta designación, era el descendiente de la familia gobernante con menor exposición pública.

Según documentó Periódico Cubano, estudió Sociología y se graduó junto con su hermano Raúl Alejandro.

En 2021, imágenes publicadas en redes sociales mostraron a ambos en vacaciones en Varadero y en encuentros en restaurantes, lo que generó críticas por el contraste con las carencias de la mayoría de los cubanos.

Una prima suya, Beatriz Dorta Calis, ha desarrollado negocios de turismo, tabaco e inversiones de lujo en la isla, según una investigación del mismo medio publicada el mes anterior a las sanciones.

El secretario de Estado Marco Rubio firmó el comunicado de designación

Marco Rubio suscribió el anuncio oficial, en el que se justificó la acción por el hecho de que los designados “explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen”, según declaró el funcionario. La medida fue coordinada entre el Departamento de Estado y la OFAC.

La ronda del 3 de septiembre no se limitó a Fidel Ernesto. También fueron incorporadas al SDN cinco entidades estatales cubanas. El Banco Exterior de Cuba, fundado el 29 de febrero de 2000 y con sede en la Plaza de la Revolución, en La Habana, quedó designado por su rol en las finanzas internacionales del régimen.

En el sector energético fueron incluidas Comercial CUPET S.A., brazo mayorista de la Unión Cuba-Petróleo desde 1991, y la Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petróleo (ABAPET), establecida en La Habana en 2000 y también vinculada a CUPET.

Un experto en sanciones citado por Bloomberg Línea señaló que la inclusión de ABAPET reviste especial importancia, dado que esa empresa participa en la adquisición de suministros para el mantenimiento de las centrales eléctricas cubanas.

Del sector minero fueron añadidas la Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour, conocida como NICAROTEC, con sede en Mayarí, Holguín, activa desde 1977, y la Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel (CEXNI), radicada en Moa, Holguín.

Desde mayo de 2026, al menos 86 personas y entidades cubanas han sido sancionadas

La Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, autoriza sanciones amplias contra personas e instituciones vinculadas al aparato represivo del régimen o que operen en sectores estratégicos como energía, minería, defensa y servicios financieros. Desde entonces, según Bloomberg Línea, al menos 86 personas y entidades han quedado alcanzadas por las medidas punitivas.

Las primeras rondas apuntaron al conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (GAESA) y a sus redes financieras. Las siguientes incorporaron al propio presidente Miguel Díaz-Canel, a su esposa, Lis Cuesta Peraza, y a figuras del aparato militar, incluido el ministro de las Fuerzas Armadas. La ronda del 3 de septiembre marcó la primera vez que el Tesoro aplicó la cláusula de familiar adulto para extender las designaciones hacia la siguiente generación de la familia Castro.

Las consecuencias prácticas de las sanciones van más allá del bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y de la prohibición de transacciones para ciudadanos y empresas de ese país.

Según Periódico Cubano, las medidas pueden dificultar los vínculos de las entidades designadas con bancos internacionales, aseguradoras, proveedores tecnológicos y compañías extranjeras que mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos, lo que amplía el alcance real del aislamiento financiero más allá del mercado norteamericano.

Junto con las designaciones, la OFAC emitió la Licencia General Cuba 4A, que autoriza transacciones para misiones diplomáticas y consulares de terceros países en la isla, un mecanismo que apunta a preservar la presencia diplomática internacional en Cuba mientras se profundiza la presión sobre el régimen.

La ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, dijo este jueves que “no es suficiente” la flexibilización de sanciones que ha habido este año, como resultado del estrecho acercamiento con Estados Unidos, y pidió el cese total de estas medidas, casi una semana después de que Caracas y Washington anunciaran un histórico acuerdo petrolero.

“Hemos estado en una etapa de apertura de la inversión, se flexibilizan algunas medidas pero no es suficiente”, dijo la alta funcionaria en una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de este año, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

Washington ha flexibilizado su esquema de sanciones a los sectores de petróleo y minería y al sistema financiero público.

Henao aseguró que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, seguirá “pidiendo el cese completo de las sanciones” con el fin de garantizar que el país sea una “potencia energética”.

A su juicio, el país suramericano “juega un papel fundamental” en el equilibrio energético mundial, por lo que considera “imposible sacar a Venezuela de esa ecuación”.

“Nosotros somos justamente garantía de ese equilibrio energético y un suplidor que está allí, a la mano, es un suplidor confiable y que, definitivamente, pone esos recursos a disposición del mundo para poder (...) atender toda la demanda”, dijo.

La ministra calificó de “hito histórico” la firma el miércoles de acuerdos con empresas como la estadounidense Chevron que permitirán la adhesión de los bloques Carabobo 1 y Carabobo 2 a Petroindependencia, constituida entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la compañía norteamericana, para la expansión de sus operaciones.

“Ya empezamos a ver la movilización de los primeros equipos de taladros hacia esas zonas para ese desarrollo”, anunció Henao, quien señaló que se proyecta que la producción de las empresas con participación de Chevron pase de unos 270.000 barriles por día (bpd) en los que está actualmente a más de 300.000 este mismo año.

Además, estima que posteriormente esté “sobre los 700.000 barriles” diarios.

Estos acuerdos fueron firmados en Caracas junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, que visitó la capital venezolana menos de una semana después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, y Rodríguez anunciaran el gran acuerdo bilateral.

Este convenio permitirá el desarrollo de 17 campos con un total de 65.000 millones de barriles, una quinta parte de los más de 303.000 millones de barriles que tiene Venezuela en reserva, la mayor del mundo.

(Con información de EFE)

El presidente Javier Milei ratificó este jueves la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante una cadena nacional. Tras anticipar un fortalecimiento de las políticas de defensa y protección de recursos estratégicos, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial dos decretos claves, que formalizan las medidas anunciadas.

Por un lado, el Ejecutivo aumentó el presupuesto de defensa nacional, mientras que ordenó a la Cancillería argentina reportar posibles incumplimientos para avanzar con sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos estratégicos en las islas.

Las decisiones quedaron formalizadas a través del DNU 867/2026 y del Decreto 868/2026, como parte de las políticas adoptadas por la gestión, tras colocar el reclamo de soberanía en el centro de su agenda. Aunque el Presidente afirmó que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, reconoció que la simple frase no era suficiente para defender los intereses nacionales.

Aumento presupuestario para defensa

El DNU 867/2026 dispuso un refuerzo de partidas por $521.558 millones para lo que resta de 2026, en el marco de la estrategia oficial para fortalecer capacidades estatales vinculadas con la defensa de los recursos en el área de las Islas Malvinas. El impacto neto sobre el gasto total será de $234.122 millones.

Ese monto representa menos de 0,16% del Presupuesto ampliado para este año y el 5,1% del aumento del superávit fiscal acumulado durante los primeros ocho meses de 2026. Según la información oficial, la medida no modificará el resultado fiscal previsto porque se compensará con reasignaciones dentro de la Administración Central por $288.475 millones y con recursos acumulados del Tesoro Nacional provenientes de las últimas privatizaciones por $234.122 millones.

La mayor ampliación corresponde al Ministerio del Interior, que recibirá $120.081,4 millones para identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional. Le siguen la Jefatura de Gabinete de Ministros, con $119.964,5 millones para el diseño, fabricación, integración y ensayo de cuatro satélites SARE II A y para políticas de ciberseguridad; y el Poder Judicial, con $111.210,3 millones para interceptación y captación de comunicaciones.

El Poder Legislativo Nacional contará con $66.164,9 millones para la defensa de los derechos de los ciudadanos y el control externo del sector público nacional. La Cancillería recibirá $54.593,6 millones para acciones diplomáticas sobre la cuestión Malvinas, la Antártida, la política oceánica y el Atlántico Sur.

Presidencia tendrá $33.357,8 millones para asistencia legal, información e inteligencia. El Ministerio de Defensa recibirá $11.061,4 millones para el alistamiento operacional de la Armada y la Fuerza Aérea, además del planeamiento militar conjunto. La ampliación también incluye $3.119,5 millones para el Ministerio de Justicia, destinados a la prevención del lavado de activos, y $2.524,2 millones para el Ministerio de Economía, en áreas de control de la oferta pública y de seguridad de presas.

Cancillería tendrá la facultad para sancionar actividades sobre recursos de Malvinas

Mediante el Decreto 868/2026, el Gobierno designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que prevé sanciones para quienes desarrollen o faciliten actividades vinculadas con la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país.

De esta manera, se instruyó a todos los organismos y entidades de la administración pública nacional a informar a Cancillería, dentro de un plazo de cinco días hábiles administrativos, los hechos de los que tomen conocimiento y que puedan encuadrar en las conductas alcanzadas por esa ley. A partir de allí, la cartera podrá iniciar de oficio o por comunicación de otro organismo el procedimiento administrativo correspondiente.

Además, la reglamentación fijó los pasos del sumario: si hay indicios suficientes, la autoridad de aplicación deberá notificar al presunto infractor, que tendrá diez días hábiles administrativos para presentar descargo y ofrecer prueba.

Después de haberse informado a la empresa o entidad sospechada, Cancillería contará con otros diez días hábiles administrativos para resolver si archiva las actuaciones o aplica la sanción prevista por la norma.

Esto se encuadra con la dirección que anticipó el presidente que tomaría la gestión sobre la cuestión Malvinas, al plantear la necesidad de “leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.

Por otro lado, la reglamentación también introdujo cambios sobre trámites vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al sector hidrocarburífero. En ambos casos, incorporó la exigencia de presentar declaraciones juradas en las que se consigne que ni las empresas ni sus participantes directos o indirectos incurren ni incurrirán en las conductas prohibidas por la Ley 26.659.

Además, se habilitó a la Cancillería a intervenir en todos los casos para pronunciarse sobre la eventual existencia de conductas incompatibles. La misma lógica se extenderá a los permisos, concesiones, autorizaciones y habilitaciones previstos en la Ley 17.319 de Hidrocarburos.

Milei cuestionó el avance de proyectos petroleros en la zona de las Islas Malvinas

El refuerzo en materia de defensa surgió como consecuencia del desarrollo de proyectos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvina Norte, perteneciente al perímetro de las Islas Malvinas. Por esto, el presidente cuestionó el avance del proyecto Sea Lion y afirmó que se trata de un escenario “especialmente grave” porque implicaría “la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”.

“Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió. En esa línea, hizo referencia a la disputa diplomática con el Reino Unido por la soberanía del archipiélago al considerar que “el avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las islas y continúe explotando nuestros recursos”.

Durante la cadena nacional, Milei no limitó sus anuncios a estos dos decretos. También comunicó que enviará al Congreso un paquete de proyectos para reforzar la política de seguridad nacional, entre ellos la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.

A eso sumó el anuncio de la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia que buscará fortalecer la proyección argentina en el Atlántico Sur. “La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio. También significa proteger nuestros recursos estratégicos, nuestra economía, nuestra infraestructura crítica y nuestra capacidad de decidir nuestro propio futuro”, aseveró.

Al mismo tiempo que indicó que “defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección”, el jefe de Estado invitó a los sectores opositores a sumarse al proyecto al subrayar que se trata de una causa nacional.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, celebró el jueves por la noche el respaldo de la Unión Europea (UE) a la presión financiera impulsada por la Administración de Donald Trump contra Irán y destacó la coordinación del bloque europeo con Washington y otros socios internacionales.

“La Unión Europea se ha unido oficialmente a la Operación Paria Económica y agradecemos su firme y temprana postura”, declaró Bessent en una publicación en redes sociales, en referencia a la ofensiva financiera de Estados Unidos contra Teherán.

El secretario del Tesoro estadounidense sostuvo que Estados Unidos y sus aliados buscan impedir que Irán utilice el sistema financiero internacional para financiar sus programas nucleares y de armamento, así como a grupos terroristas afines.

“Estados Unidos se mantiene firme junto a sus aliados para garantizar que el régimen asesino iraní no pueda aprovechar el sistema financiero mundial para financiar sus ambiciones nucleares, sus programas de armamento y sus grupos terroristas afines”, afirmó.

Bessent agregó que la presión internacional continuará hasta eliminar las fuentes de financiación de Teherán. “El mundo está enviando un mensaje claro al régimen iraní: no nos detendremos hasta que se haya cortado toda fuente de financiación que le quede”, remarcó.

El funcionario estadounidense acompañó su mensaje con un enlace a una declaración de la Comisión Europea emitida el lunes, en el marco de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20.

En ese documento, la UE señaló que continuará trabajando “estrechamente” con Estados Unidos, otros países del G7 y socios internacionales para “mantener la presión sobre” Irán, con el objetivo de favorecer una desescalada.

La postura europea recibió críticas del portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, quien cuestionó durante esta semana el respaldo del bloque a la presión sobre Teherán. El funcionario afirmó que la UE “se desvía de todos los valores que dice defender” con ese pronunciamiento y sostuvo que está “cediendo a la coerción estadounidense”.

Horas antes del anuncio del Secretario del Tesoro, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el jueves que el tránsito de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz se recuperó hasta acercarse a los niveles registrados antes del inicio de la guerra con Irán, pese a los ataques contra embarcaciones comerciales.

Según Vance, las operaciones estadounidenses permitieron restablecer el flujo energético por una de las principales rutas marítimas del mundo y redujeron de forma significativa la capacidad del régimen iraní para impedir el paso de los petroleros.

“Si miran atrás tres meses, ¿cuánto petróleo y gas salía del estrecho bajo las amenazas iraníes? Prácticamente nada. Ahora está casi de vuelta al nivel en que estaba antes de que empezara el conflicto”, declaró el funcionario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El vicepresidente vinculó la recuperación del tráfico energético con las operaciones estadounidenses destinadas a proteger la navegación. Según explicó, Washington actuó para impedir ataques de las fuerzas iraníes contra buques comerciales y garantizar el traslado de petróleo hacia los mercados internacionales.

“Lo que hicimos hace apenas un par de días es que hicimos más difícil para los iraníes disparar contra el transporte marítimo comercial, nuevamente, para garantizar el flujo de petróleo y gas hacia los mercados energéticos mundiales”, señaló Vance.

El vicepresidente sostuvo que el objetivo de Estados Unidos es impedir que Teherán utilice el estrecho como mecanismo de presión sobre la economía mundial. “Los iraníes querrían que salieran cero millones de barriles del estrecho de Ormuz. Anoche salieron 15 millones de barriles”, afirmó.

Vance también descartó conversaciones con Irán mientras continúen los ataques contra embarcaciones comerciales. “Nuestro mensaje a los iraníes es simple. Ha sido el mismo desde el principio: tienen que dejar de disparar contra el transporte marítimo comercial”, dijo.

Y agregó: “No estamos hablando con ellos, y no vamos a hablar con ellos a menos que dejen de disparar contra el transporte marítimo comercial”.

La magnitud del tráfico recuperado también fue destacada el miércoles por el secretario de Energía, Chris Wright, quien afirmó que más de 17 millones de barriles de petróleo atravesaron Ormuz el lunes, el mayor volumen registrado desde el inicio de la guerra a finales de febrero.

Antes del conflicto, por el estrecho circulaban aproximadamente 20 millones de barriles diarios de crudo y productos petrolíferos. Ese volumen representa una parte sustancial del suministro energético mundial y convierte a Ormuz en un punto estratégico para los mercados internacionales.

(Con información de Europa Press)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió este lunes que la economía iraní podría entrar en una situación de colapso “en cuestión de semanas o meses” si Washington mantiene su campaña de sanciones para obligar a Teherán a regresar a la mesa de negociaciones.

Bessent formuló la advertencia durante la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en Asheville, Carolina del Norte. Allí sostuvo que el régimen iraní está tomando en serio las nuevas medidas estadounidenses y que el deterioro económico ya estaría influyendo en la respuesta de Teherán al conflicto.

“Yo diría que están atacando militarmente porque están perdiendo económicamente”, afirmó Bessent al explicar la estrategia estadounidense.

El funcionario dejó claro, sin embargo, que Washington no presenta el derrumbe de la economía iraní como un objetivo inevitable. Según explicó, la intención es aumentar el costo financiero de las políticas del régimen hasta generar condiciones para una negociación.

“Solo tenemos que lograr que el régimen recupere el sentido común”, dijo.

El Departamento del Tesoro puso en marcha el pasado 24 de agosto la denominada “Operation Economic Outcast”, una campaña destinada a dificultar el acceso de Irán a ingresos, bancos y mecanismos internacionales utilizados para mover dinero.

Las primeras medidas ampliaron el riesgo de sanciones secundarias sobre cinco sectores: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Además, Estados Unidos sancionó a casi 60 personas, empresas y embarcaciones vinculadas con redes financieras, petroleras, militares y de evasión de sanciones.

La estrategia apunta también a las entidades extranjeras que continúan facilitando operaciones iraníes. El Tesoro advirtió que las instituciones involucradas en lavado de dinero o evasión de sanciones pueden perder su acceso al sistema financiero estadounidense.

“Cualquier entidad que facilite el lavado de dinero en nombre de Irán será expulsada del sistema del dólar estadounidense”, había advertido Bessent al presentar la campaña.

Días después, Washington avanzó contra la filial en Emiratos Árabes Unidos de Banque Misr, al proponer restricciones que afectarían su acceso a bancos estadounidenses. La medida fue presentada como un primer paso para responsabilizar a instituciones que procesen fondos vinculados al régimen iraní.

Washington quiere mantener la presión

Bessent señaló que las sanciones no serán una acción aislada. Estados Unidos prepara nuevas medidas contra intermediarios financieros y otros actores que permitan a Teherán mantener sus circuitos de ingresos.

El objetivo declarado es modificar el comportamiento del régimen sin depender exclusivamente de nuevas operaciones militares. Para Washington, el aislamiento financiero puede reducir la capacidad iraní para obtener divisas, sostener sus estructuras estatales y financiar actividades regionales.

La campaña también busca coordinación internacional. Bessent agradeció el respaldo expresado por la Unión Europea y el Banco Central Europeo a las medidas estadounidenses, mientras Washington intenta convencer a otros gobiernos de endurecer los controles sobre las operaciones vinculadas con Irán.

El contexto económico se superpone con una nueva escalada militar. Después de varias semanas sin enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Irán, Washington atacó este domingo posiciones iraníes en la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz. Teherán respondió con ataques contra objetivos estadounidenses en la región.

La zona es especialmente sensible para los mercados energéticos porque por el estrecho de Ormuz circula una parte sustancial del petróleo transportado por vía marítima a nivel mundial. La reanudación de las hostilidades incrementó así la presión sobre los precios de la energía y añadió un riesgo adicional para la economía internacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este lunes en Washington al jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer, en una reunión destinada a revisar la evolución de la crisis en la isla y las acciones de Washington para hacer llegar asistencia humanitaria a los cubanos. El encuentro se produjo mientras la Casa Blanca mantiene una estrategia de fuerte presión sobre la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

La representación diplomática estadounidense en La Habana informó que Hammer presentó a Rubio una actualización sobre las condiciones actuales de Cuba. También analizaron el programa de asistencia de 100 millones de dólares comprometido por Washington, cuyo reparto se realiza fuera de las estructuras estatales cubanas.

El objetivo de la administración de Donald Trump es que los recursos lleguen directamente a sectores de la población afectados por la escasez. Para ello, Estados Unidos contempla trabajar con Cáritas y otras organizaciones que considera confiables, evitando que el dinero o los suministros queden bajo control del régimen cubano o de GAESA, el conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas.

La delegación estadounidense también destacó el respaldo de Washington a las aspiraciones de los cubanos de vivir “en libertad y con dignidad”.

La ayuda comenzó a materializarse durante el segundo semestre del año con envíos destinados a familias en situación de vulnerabilidad. Los paquetes incluyen alimentos básicos y artículos de higiene, además de elementos para facilitar el acceso al agua potable y cubrir necesidades domésticas esenciales.

El esquema de distribución busca mantener la asistencia al margen de las instituciones oficiales cubanas. Una parte de los fondos será gestionada mediante estructuras vinculadas a la Iglesia Católica, mientras que el resto será canalizado a través de organizaciones no gubernamentales seleccionadas por Washington.

La reunión entre Rubio y Hammer también se enmarca en una política estadounidense más amplia destinada a incrementar la presión sobre La Habana. El secretario de Estado ha sostenido que las medidas de Washington continuarán mientras la dictadura cubana no emprenda transformaciones económicas y políticas.

Rubio había advertido previamente que La Habana no podrá recurrir a mecanismos destinados a sortear las sanciones estadounidenses.

“Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape”, afirmó, al explicar que Washington responderá a cualquier estrategia que considere orientada a eludir su presión.

El funcionario también sostuvo que Cuba no puede apostar a que la situación cambie simplemente con el paso del tiempo.

“Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, afirmó al referirse al período restante de la actual administración estadounidense.

La política de Washington se intensificó después de la pérdida del respaldo energético y financiero que Cuba recibía de Venezuela. Rubio describió ese cambio como una ruptura con una dinámica que, durante años, permitió a La Habana contar con apoyo externo mientras Estados Unidos mantenía una atención limitada sobre la isla.

En paralelo, la administración Trump ha impuesto nuevas sanciones contra funcionarios y entidades cubanas vinculadas al aparato militar y económico. Washington sostiene que esas medidas buscan limitar los recursos disponibles para las estructuras estatales y aumentar los incentivos para que La Habana adopte reformas.

La reunión de este lunes permitió a Rubio recibir directamente de Hammer información sobre la situación en terreno y sobre la ejecución del programa de ayuda, dos elementos centrales de la actual política estadounidense hacia Cuba.

El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, asistió en persona a la reunión de líderes financieros del Grupo de los 20 (G20) en Asheville, Carolina del Norte, marcando su primera presencia física en el foro desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania en 2022. La visita generó un choque abierto con los socios europeos y confirmó un acercamiento de alto nivel entre Moscú y Washington.

El martes por la mañana, Siluanov se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un encuentro bilateral que el propio Departamento del Tesoro confirmó. Según un comunicado del gobierno ruso, los dos funcionarios abordaron la cooperación financiera bilateral y la coordinación dentro del G20. Bessent, que tiene a su cargo la política de sanciones de Washington contra Moscú, expuso durante el encuentro el plan de paz del presidente Donald Trump para Ucrania, según informó NBC News citando al Departamento del Tesoro.

La presencia de Siluanov irritó a varios líderes europeos. El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, fue el más explícito: afirmó que habría preferido “que hubiera claridad desde el lado americano de que no se le recibe aquí como un invitado normal”. Klingbeil añadió que él y sus pares europeos se negaron a posar junto al ministro ruso en la fotografía grupal tradicional del encuentro.

“El hecho de que el ministro de Finanzas ruso participe de nuevo tras cuatro reuniones del G20 sin Rusia demuestra que hay un intento de normalización, y precisamente por eso debemos resistirlo: no hay una situación normal con Rusia en este momento”, declaró Klingbeil en un comunicado. Durante la sesión plenaria, el ministro alemán le dijo directamente a Siluanov que Rusia debe poner fin a la guerra y que Europa respalda a Ucrania.

El antecedente inmediato data de abril de 2022, cuando Siluanov participó por videoconferencia en una reunión de ministros de Finanzas del G20. En esa ocasión, Estados Unidos —bajo la administración del entonces presidente Joe Biden— encabezó una salida colectiva de la sala en señal de protesta mientras el funcionario ruso tomaba la palabra. El plan de 28 puntos que la administración Trump ha promovido para detener el conflicto fue rechazado por Kiev y cuestionado por Europa, al considerarse que se alineaba en gran medida con las exigencias de Moscú.

Siluanov ha dirigido las finanzas rusas durante toda la guerra, supervisando un marcado incremento del gasto en defensa y las medidas adoptadas para amortiguar el impacto de las sanciones occidentales. Cualquier mejora en los vínculos económicos entre Moscú y Washington implicaría abordar cuestiones como las restricciones financieras y el acceso a los activos rusos congelados.

A diferencia de Siluanov, el canciller ruso Serguéi Lavrov ha asistido con regularidad a las reuniones ministeriales del G20, la más reciente en Sudáfrica en febrero de 2025. Putin, en cambio, no participa en una cumbre del grupo desde 2019. Esa dinámica podría alterarse en diciembre, cuando Miami acoja la cumbre de líderes del G20: Trump se expresó en términos positivos sobre una eventual asistencia del presidente ruso. “Probablemente sería muy útil”, dijo. Estados Unidos ejerce actualmente la presidencia rotatoria del foro.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump planea imponer esta semana sanciones contra otro banco como parte de su estrategia para intensificar el aislamiento económico de Irán, según afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista con The Associated Press.

“Esto será violencia financiera si tenemos que hacerlo”, expresó Bessent el domingo por la noche. “Les estamos demostrando a esas personas que sabemos quiénes son, que ellos saben quiénes son, y que esto tiene que parar”.

El secretario del Tesoro formuló esas declaraciones antes de los encuentros del Grupo de los 20 (G20) en Asheville, Carolina del Norte, donde mantendrá reuniones por separado con funcionarios de algunas de las principales economías del mundo y de países en vías de desarrollo para buscar respaldo a la estrategia estadounidense contra Irán.

La administración de Trump señaló recientemente que pretende trasladar el eje de su campaña desde las operaciones militares hacia la presión económica, en una guerra que acaba de cumplir seis meses. En ese marco, el Gobierno estadounidense prometió aplicar lo que denominó un “Día D económico” contra Irán, un país sometido durante décadas a duras sanciones.

Sin embargo, las hostilidades entre Washington y Teherán volvieron a recrudecerse en las últimas horas. Las fuerzas estadounidenses atacaron lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz, en la primera acción militar de Estados Unidos en esa zona en un mes, lo que interrumpió una pausa en los combates. Por su parte, Irán afirmó haber atacado instalaciones militares estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

La combinación de la presión económica con las operaciones militares plantea nuevos desafíos para la estrategia de Washington, en particular por los vínculos comerciales que mantienen otros países con Teherán.

Hasta ahora, el gobierno de Trump optó principalmente por advertencias en lugar de imponer nuevas sanciones a los socios comerciales de Irán. Entre las principales cuestiones pendientes se encuentra la postura que adoptará Washington frente a China, el mayor socio comercial de Irán y el principal comprador de su petróleo.

Bessent afirmó a la AP que mantendrá conversaciones con sus homólogos chinos durante la reunión del G20 y aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” en relación con la posibilidad de imponer sanciones a Beijing por continuar con sus adquisiciones a Irán.

El secretario del Tesoro rechazó, además, la idea de que la administración estadounidense sea renuente a confrontar a China por sus relaciones comerciales con Teherán. Según Bessent, esa interpretación constituye “una narrativa completamente falsa que los medios recogieron”.

El funcionario sostuvo que Washington y Beijing comparten algunos objetivos frente a la situación regional. En particular, afirmó que ambos gobiernos coinciden en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán desarrolle un arma nuclear.

La situación en el estrecho tiene especial importancia para la estrategia económica estadounidense debido al papel que desempeña esa vía marítima en el comercio internacional de petróleo. La posición de China, como principal comprador del crudo iraní, constituye uno de los principales puntos de tensión dentro de los esfuerzos de Washington para incrementar la presión económica sobre Teherán.

La primera medida oficial del Departamento del Tesoro dentro de esta nueva campaña de presión económica se produjo el viernes, cuando presentó una propuesta de reglamentación que, de haberse concretado, habría terminado con el acceso de las sucursales en Emiratos Árabes Unidos de Banque Misr, el segundo banco más grande de Egipto, al sistema financiero estadounidense.

No obstante, el Gobierno republicano finalmente se negó a imponer sanciones contra la entidad egipcia. De acuerdo con la información de la AP, esa decisión pareció reflejar la cautela de Washington frente a la posibilidad de penalizar a importantes socios comerciales que mantienen negocios con Irán.

Entre esos países se encuentran China e India, cuyas relaciones comerciales con Teherán representan uno de los principales obstáculos para una estrategia estadounidense destinada a profundizar el aislamiento económico iraní.

(Con información de Associated Press)

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reconoció que las sanciones estadounidenses contra su país están perjudicando la economía, pese a insistir hace unos días en que estas no lograrían nada.

“Algunos dicen que las sanciones no tienen efecto alguno; francamente no sé qué decirle a esa gente”, dijo Pezeshkian a la televisión estatal en una entrevista la noche del viernes.

“Estamos en situación de guerra, y debemos aceptar las condiciones propias de un tiempo de guerra”, agregó el mandatario, refiriéndose a la contienda abierta desde que Estados Unidos e Israel atacaron el 28 de febrero, y para la que no se ha encontrado aún una salida.

El lunes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó un plan para lograr la “asfixia económica” de Irán, y amenazó con duras consecuencias a los países terceros que comercien con Teherán y de esa forma traten de aliviar el cerco económico norteamericano.

Las nuevas medidas abundan en el régimen sancionador puesto en marcha desde que en 2018 el presidente Donald Trump, entonces en su primer mandato, retiró a Washington del acuerdo internacional de 2015 sobre el programa nuclear iraní.

Pezeshkian dijo el viernes que las exportaciones e importaciones de Irán han caído entre un 25 y un 35% en los meses recientes, coincidiendo con el bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes.

Igualmente abogó por aumentar el precio de la gasolina, que tradicionalmente ha estado fuertemente subvencionada en el país, un importante productor y exportador de crudo. Cualquier subida de precio en las gasolineras es por tanto políticamente sensible.

El vicepresidente Mohammad Jafar Ghaempanah había dicho el miércoles que el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes estaba impidiendo la importación de suficiente gasolina para cubrir el consumo doméstico.

El mismo día, Pezeshkian dijo que las últimas sanciones de Estados Unidos “no lograrían nada”.

Las primeras sanciones de EEUU

El Departamento del Tesoro impedirá el acceso al sistema financiero de Estados Unidos a la filial del banco estatal egipcio Misr en los Emiratos Árabes, entidad a la que acusa de mantener intercambios financieros con Irán.

Se trata de la primera medida concreta que toma el gobierno de Donald Trump después de que a principios de la semana el secretario del Tesoro, Scott Bessent, amenazó con aislar económicamente a Irán, seis meses después de iniciada la guerra.

“Hoy, en el marco de la ‘Operación Marginado Económico’, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una norma que revocaría el acceso de Banque Misr UAE como banco corresponsal a las instituciones financieras estadounidenses”, anunció el Tesoro en un comunicado.

“El Tesoro prometió cortar todas las vías de escape económicas que le quedan a Teherán y acabar definitivamente con la amenaza del régimen iraní”, declaró Bessent.

“También advertimos que quienes apoyan a Irán no pueden seguir teniendo acceso al dólar estadounidense ni al sistema financiero global. Banque Misr UAE decidió aprenderlo por las malas, y hoy damos el primer paso para exigirle responsabilidades por su continuo e imperdonable apoyo al régimen iraní”, completó.

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Reza Mohammad Taeedi, gerente de la sucursal de Bank Melli en Dubái. Y también impuso sanciones contra Kameng Trading Limited, una empresa fachada con sede en Hong Kong que ayudó a blanquear fondos para una casa de cambio iraní sancionada.

El conglomerado militar cubano GAESA acumula más de USD 18,000 millones en cuentas bancarias en el extranjero, mientras ocho de cada diez cubanos saltean al menos una comida al día por falta de dinero o alimentos.

Esa fue la acusación que el embajador estadounidense Jeffrey A. Bartos llevó esta semana al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en un debate sobre crisis alimentarias mundiales.

La denuncia de Washington ocurrió en medio de la peor crisis humanitaria que registra la isla en décadas, con el 94% de la población en situación de pobreza extrema, según el IX Estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), elaborado a partir de 1,318 entrevistas realizadas entre junio y julio de 2026 en las 15 provincias del país.

La acusación de Bartos en la ONU

Bartos tomó la palabra en respuesta al representante cubano Ernesto Soberón, quien volvió a atribuir a Washington la responsabilidad por el deterioro económico de la isla.

El diplomático estadounidense revirtió el argumento: “Mientras el pueblo cubano se muere de hambre, los líderes de Cuba continúan viviendo estilos de vida opulentos”, según recogió Periódico Cubano.

El embajador también apuntó a la inversión del gobierno en hoteles que, a su juicio, permanecen vacíos, como ejemplo del desvío de recursos en medio de la escasez generalizada.

La cifra de USD 18,000 millones atribuida a GAESA y sus filiales no es nueva. Documentos financieros internos filtrados y analizados por el Miami Herald, diario estadounidense, y la BBC, medio público británico, estimaron los activos del conglomerado en USD 17,894 millones en marzo de 2024, con USD 14,467 millones depositados en bancos. Washington la llevó ahora al principal foro multilateral del mundo.

Qué es GAESA y por qué está en el centro de las sanciones

El Grupo de Administración Empresarial S.A. es el brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Controla entre el 40% y el 70% de la economía formal de la isla, con presencia en hotelería, puertos, remesas, telecomunicaciones y comercio exterior.

El secretario de Estado Marco Rubio lo describió como “el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba” al anunciar sanciones directas contra el conglomerado el 7 de mayo, al amparo de la Orden Ejecutiva 14404 que el presidente Donald Trump firmó el 1 de mayo de 2026.

Las medidas incluyeron sanciones personales contra la presidenta ejecutiva del grupo, la general Ania Guillermina Lastres Morera.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) confirmó luego que las restricciones alcanzan a cualquier empresa en la que GAESA tenga una participación directa o indirecta de al menos el 50%. El Comando Sur de Estados Unidos identificó al conglomerado como una amenaza regional a mediados de agosto y legisladores del Congreso pidieron el congelamiento de sus activos.

Los lujos de la élite cubana bajo la lupa

Las declaraciones ante la ONU se producen en un año en que varias investigaciones documentaron el contraste entre las condiciones de vida de la población y las de miembros de la élite gobernante, según informó Periódico Cubano.

Uno de esos casos involucra a Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) e hija del exgobernante Raúl Castro. El investigador Luis Domínguez y el periodista Mario J. Pentón analizaron una propiedad que le atribuyen en el exclusivo reparto Atabey, en La Habana, cerca de El Laguito.

La vivienda, que habría unificado tres parcelas, contaría con seis dormitorios, tres baños y carpintería de maderas preciosas: cedro mara del Amazonas brasileño y caoba de Santiago de Cuba. Una piscina de 20 metros de largo, construida alrededor de 2014, completa el cuadro.

El otro caso señalado por Periódico Cubano involucra a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo”. Pentón difundió imágenes de una aeronave privada que atribuyó al joven, junto con un presunto registro de vuelos entre Playa Baracoa y Holguín.

Un análisis técnico de las imágenes indicó que el avión pertenecería a la familia Dassault Falcon, una línea francesa de jets ejecutivos de largo alcance.

Una crisis que los números confirman

El telón de fondo de estas denuncias es una emergencia social. El OCDH determinó que el 68% de los hogares cubanos percibe ingresos mensuales equivalentes a apenas USD 30.

La producción azucarera, históricamente central para la economía de la isla, cayó de ocho millones de toneladas en 1989 a menos de 150.000 en la zafra 2024-2025, el peor resultado en más de un siglo, según cálculos de la agencia EFE.

Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume y gasta unos USD 2,400 millones anuales en esas compras, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Entre 2018 y 2023, la producción nacional de carne de cerdo cayó un 95%, la de arroz un 87% y la de frijoles un 70%, según estadísticas oficiales recopiladas por ese organismo.

A ese colapso productivo se sumaron los apagones: el 14 de julio de 2026, Cuba sufrió su tercer colapso del Sistema Eléctrico Nacional en menos de dos semanas. El 70% de los cubanos señala los cortes de electricidad como su principal problema, seguido por la crisis alimentaria, que preocupa al 52% de la población.

El régimen iraní afirmó este viernes que los países “están obligados” a no aplicar ni reconocer las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra Irán, una campaña de presión económica que calificó de “continuación de la guerra”.

“Todos los países están obligados a abstenerse de aplicar tales sanciones”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní, en su primera respuesta oficial a la operación “Paria Económico” anunciada por EEUU el lunes.

La cartera de Exteriores sostuvo en un comunicado que las sanciones estadounidenses suponen “una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas”, “terrorismo de Estado”, una violación de la soberanía nacional y una extensión de la guerra que EEUU e Israel iniciaron el 28 de febrero.

“La declaración de guerra económica contra Irán constituye una continuación de la guerra agresiva que Estados Unidos y el régimen sionista han librado contra Irán durante el último año y medio bajo pretextos falsos e infundados, poniendo en peligro la paz y la seguridad regionales e internacionales”, indicó el Ministerio.

Las autoridades iraníes afirmaron que la operación económica tiene la intención de “infringir dolor y sufrimiento al pueblo iraní y privar a los ciudadanos iraníes de sus derechos humanos fundamentales, por lo que se considera un crimen internacional y un crimen de lesa humanidad”.

Por ello, llamaron a la comunidad internacional a tomar “las medidas necesarias para proteger el Estado de derecho”.

Estados Unidos anunció el lunes la operación “Paria Económico” para cortar “todas las opciones económicas” de Irán, con el objetivo de elevar la presión con sanciones contra la República Islámica.

Irán dijo antes del anuncio de las sanciones que considerará como un “enemigo” a cualquier país que colabore “en la guerra económica” de Estados Unidos.

La guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán cumple este viernes seis meses sin una solución en el horizonte, con el estrecho de Ormuz todavía bloqueado y con un continuo cruce de amenazas entre las partes.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, buscará reforzar la presión económica sobre Irán durante la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, que se celebrará la próxima semana en Asheville, Carolina del Norte, en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente y las tensiones comerciales.

Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de las principales economías del mundo se reunirán el lunes y martes en esa ciudad montañosa de Carolina del Norte. El encuentro será uno de los primeros de una serie de reuniones ministeriales del G20 previstas para este año y servirá como antesala de la cumbre de líderes que el presidente estadounidense, Donald Trump, prevé organizar en diciembre en Florida.

Un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el jueves que Washington utilizará las conversaciones de Asheville para insistir ante los integrantes del G20 sobre la necesidad de cumplir las sanciones estadounidenses contra Irán.

El objetivo de la administración Trump será aumentar la presión sobre Teherán y limitar sus ingresos y vínculos económicos internacionales, en medio de la guerra en Medio Oriente. Según el funcionario, Bessent realizará pedidos directos a sus pares durante reuniones bilaterales.

La fuente, citada por AFP, no precisó con qué ministros mantendrá esos encuentros ni aclaró si entre ellos estará su homólogo de China, país que representa un punto central para la estrategia estadounidense contra Irán debido a su papel como principal comprador del petróleo iraní.

Bessent expuso en los últimos meses planes para aislar económicamente a Irán, con una ampliación de las amenazas de sanciones secundarias contra empresas y países que mantengan determinadas relaciones comerciales con Teherán. El secretario del Tesoro también advirtió sobre consecuencias severas para los países que no se sumen a la campaña estadounidense.

La presión sobre China constituye uno de los principales desafíos para Washington, ya que el país asiático es el principal comprador del crudo iraní. La cuestión adquiere especial relevancia ante la prevista cumbre de septiembre entre Trump y el líder chino, Xi Jinping.

El G20 está integrado por 19 países, la Unión Europea y la Unión Africana. El grupo fue creado a raíz de la crisis financiera asiática de 1997-1998 con el objetivo de promover la estabilidad económica y financiera internacional.

La presidencia estadounidense del G20 durante este año también introdujo cambios en la composición de las reuniones. Sudáfrica quedó excluida bajo la presidencia de Estados Unidos, mientras que Washington invitó a Polonia a ocupar un lugar en la mesa.

Además de las sanciones contra Irán, los funcionarios estadounidenses buscarán abordar otros asuntos económicos durante la reunión de Asheville, entre ellos el exceso de capacidad industrial, el fortalecimiento del crecimiento económico y la creación de cadenas de suministro más confiables para recursos críticos, como la energía.

Las reuniones del G20 ampliaron con el paso de los años su agenda hacia cuestiones como el cambio climático y la salud global. Sin embargo, analistas anticipan que Estados Unidos impulsará este año un enfoque centrado en los asuntos económicos fundamentales.

El encuentro se desarrollará además en un momento de tensión sobre el papel de Estados Unidos en la economía mundial. Las preocupaciones sobre el nivel de deuda estadounidense aumentaron, mientras que los aranceles impulsados por Trump contra competidores comerciales y aliados tradicionales, entre ellos Canadá, deterioraron las relaciones económicas.

A ese escenario se suma el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre la economía internacional. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero provocaron un conflicto regional que afectó los mercados energéticos y elevó los costos de la energía.

La situación también genera dudas sobre la capacidad del G20 para mantener una posición común frente a las principales disputas económicas y geopolíticas.

La política de sanciones contra Irán, las amenazas dirigidas a países que mantienen vínculos comerciales con Teherán y las disputas comerciales de Estados Unidos con sus socios colocan al grupo ante posiciones divergentes.

(Con información de AFP)

Entre las quejas que el Partido Comunista ha alimentado durante mucho tiempo en su versión oficial de la historia de China, destacan especialmente los abusos extraterritoriales de potencias extranjeras. En el siglo XIX, se trataba de potencias coloniales que se negaban a someterse a las leyes chinas en los puertos que controlaban. En el siglo XXI, es Estados Unidos quien impone su voluntad más allá de sus fronteras, mediante sanciones y controles de exportación, contra países que le resultan desagradables. Resulta aún más llamativo, entonces, que China quiera ahora jugar al juego extraterritorial, librando una guerra jurídica con cada vez mayor ímpetu.

Un ejemplo notable se produjo en abril, cuando China ordenó a Meta, propietaria de Facebook, que deshiciera su acuerdo de 2.000 millones de dólares para adquirir Manus, una startup de IA registrada en Singapur. Meta acató la orden, al igual que los fundadores chinos de Manus, a quienes se les había prohibido salir de China. Si bien esta saga tuvo cierto aire de improvisación legal, el gobierno chino está trabajando ahora en leyes que le otorgan mayor control sobre el flujo de tecnología de IA. Además, en septiembre entrarán en vigor facultades reforzadas para imponer prohibiciones de entrada y salida a particulares.

Estas son solo las últimas de una serie de medidas legales destinadas a extender la influencia de China más allá de sus fronteras. Las medidas son muy diversas y abarcan desde sanciones extranjeras hasta política étnica. Marcan un giro radical para China, que desde hace tiempo siente resentimiento por el alcance legal de Estados Unidos. Los tribunales estadounidenses pueden perseguir a empresas (e individuos) por su conducta en el extranjero, en gran parte gracias a la influencia del país sobre el sistema financiero global. En la medida en que el propio brazo extendido de China es una represalia contra las sanciones de otros, su fuerza proviene del dominio del país sobre las cadenas de suministro globales. Pero China también está librando una guerra jurídica en el extranjero con el fin de fortalecer el control político en su propio territorio.

El giro radical proviene de la cúpula. En 2018, Xi Jinping, el líder chino, instó a los funcionarios del partido a “empuñar las armas legales” que corresponden a la condición de gran potencia del país. Más tarde ese mismo año, Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei e hija del fundador del gigante de las telecomunicaciones, fue arrestada en Canadá, a petición de Estados Unidos, por supuestamente ocultar vínculos con clientes iraníes sujetos a sanciones estadounidenses. Henry Gao, de la Universidad de Administración de Singapur, sostiene que el arresto de Meng demostró a los alarmados líderes chinos la vulnerabilidad de empresas clave y su personal ante las maquinaciones estadounidenses. (China respondió arrestando a dos canadienses con cargos falsos y manteniéndolos como rehenes durante casi tres años).

La primera ley china que disuade a las empresas de acatar las sanciones extranjeras, en particular las estadounidenses, se promulgó en 2021. Desde entonces, el partido ha incorporado cláusulas extraterritoriales en numerosas leyes nuevas. Por ejemplo, las regulaciones emitidas a finales de 2024 exigen que las empresas extranjeras que utilizan insumos chinos cumplan con las leyes de exportación del país; además, otorgan a los funcionarios de Beijing la autoridad para investigar a los clientes de las empresas extranjeras. Esto es similar a la “norma de producto directo extranjero” estadounidense, que la administración de Washington invocó para restringir el flujo de equipos de fabricación de chips de fabricación holandesa hacia China. Al igual que Estados Unidos, China ha comenzado a imponer sanciones a políticos extranjeros.

Las leyes chinas contra las sanciones extranjeras, actualizadas en abril, se basan en la propia “ley de bloqueo” de la Unión Europea. Dicha ley prohíbe a las empresas y personas de la UE acatar sanciones que la UE considere ilegítimas. De hecho, las leyes chinas van más allá: prohíben a cualquier empresa extranjera obedecer sanciones que discriminen a entidades chinas. En virtud de estas nuevas leyes, JPMorgan Chase y Citigroup, dos gigantes bancarios estadounidenses, están siendo demandados por un total de 44 millones de dólares en tribunales chinos por congelar los activos de un comerciante de petróleo chino sancionado, por orden del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En junio, el Tribunal Popular Supremo citó estas nuevas leyes en una sentencia contra una empresa singapurense por negarse a entregar cargamentos de productos electrónicos a una empresa sancionada en Hong Kong.

Las medidas de China representan un dilema para las empresas extranjeras, que se ven obligadas a elegir qué leyes acatar. En mayo, tribunales de Londres y Chongqing, en el suroeste de China, emitieron fallos radicalmente distintos en una disputa de licencias entre Samsung, un gigante conglomerado surcoreano, y ZTE, un fabricante chino de equipos de telecomunicaciones. Los jueces de Londres dictaminaron que Samsung debía a ZTE unos 392 millones de dólares, mientras que el tribunal chino determinó que la deuda con ZTE era casi el doble. Satisfacer a un tribunal puede implicar desobedecer al otro. Las consecuencias para Samsung de no reconocer la decisión del tribunal de Chongqing serían potencialmente más graves que si desobedeciera la del tribunal inglés. Grandes multinacionales como Samsung tienen una fuerte presencia en China, que es a la vez un mercado y un proveedor de bienes esenciales para ellas. El brazo largo de China se basa en la presión directa y contundente, afirma Mark Jia, del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

El brazo largo de China también se preocupa por controlar a individuos y organizaciones que considera una amenaza para la seguridad interna del país, definida en un sentido muy amplio. En julio entró en vigor una ley sobre la “promoción de la unidad étnica”, que penaliza cualquier acto en el extranjero que “socava la unidad nacional”. Un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia, actualmente en trámite en la Asamblea Popular Nacional, el parlamento chino que suele ser meramente formal, tipificará como delito alojar o transmitir información en el extranjero que perjudique los “intereses públicos” de China. Otra ley en consideración codifica las facultades para recopilar pruebas de corrupción en entidades chinas en el extranjero.

Muchas de las leyes y regulaciones recientes formalizan y refuerzan el alcance coercitivo del Estado en todo el mundo, que ha incluido el secuestro de críticos chinos del régimen y la gestión de comisarías clandestinas diseñadas, en parte, para vigilar y controlar el comportamiento de los chinos en el extranjero. Las extensas actividades de frente unido del partido en el extranjero también han buscado durante mucho tiempo reforzar su influencia, ejercer control sobre las comunidades de chinos en el extranjero y neutralizar las críticas a China.

El impulso legislativo refleja un deseo de centralizar el control, afirma Yalkun Uluyol, de Human Rights Watch, una organización de monitoreo; la codificación de normas contribuye a fortalecer los mecanismos burocráticos. Jia añade que, al arrogarse la facultad de tomar represalias contra las sanciones extranjeras, el Estado envía un mensaje de determinación a los demás.

Gran parte de la intensa actividad legislativa extraterritorial de China, incluidas las disposiciones sobre la unidad étnica, responde en realidad a la antigua obsesión del Partido Comunista por salvaguardar la estabilidad interna. Sin embargo, el creciente alcance de sus leyes revela mucho sobre las ambiciones de China bajo el mandato de Xi de moldear un entorno externo más acorde a sus intereses, uno en el que ya no sea víctima de la historia mundial, sino su artífice.

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El Gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones económicas contra el colectivo tecnológico italiano Autistici/Inventati, la organización británica Palestine Action y la red propalestina transnacional Masar Badil, a la que se suman dos de sus dirigentes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, incluyó a las tres entidades en su lista de sancionados por considerarlas parte de lo que la Administración de Donald Trump denomina “redes terroristas trasnacionales de extrema izquierda”.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó en un comunicado que estas organizaciones representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. El secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en la red social X que Autistici/Inventati es “un importante colectivo tecnológico de extrema izquierda” usado por células antifascistas activas dentro y fuera del país. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que Washington aplicará “todo el peso de sus herramientas económicas” contra estos grupos.

Según el Departamento de Estado, Autistici/Inventati —con sede en Italia y conocido como A/I Collective— provee infraestructura digital cifrada, incluidos correo electrónico, alojamiento web y herramientas de anonimato, a organizaciones de extrema izquierda en Estados Unidos, Europa y otras regiones. El colectivo administra alrededor de 16.000 buzones de correo y 1.500 sitios web, según cifras del propio Departamento de Estado. Washington sostiene que estos servicios han servido para difundir instrucciones sobre fabricación de explosivos y para encubrir actividades delictivas ante las fuerzas del orden, entre ellas las de la agrupación Rose City Antifa, con sede en Portland (Oregón).

Palestine Action, la segunda entidad sancionada, ya había sido proscrita como organización terrorista por el Gobierno del Reino Unido en julio de 2025. El Tesoro estadounidense sostiene que el grupo ha respaldado actos que causaron lesiones a agentes de policía británicos y acciones dirigidas a intimidar empresas y presionar al Ejecutivo de Londres. La designación estadounidense se suma así a una sanción previa dictada por las autoridades británicas.

Sobre Masar Badil, las versiones oficiales presentan matices distintos según la fuente. El Tesoro la describe como una fachada del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), organización terrorista extranjera designada desde hace años por Washington. La ficha del Departamento de Estado, en cambio, atribuye la sanción al control que ejercería sobre ella la Red de Solidaridad con los Prisioneros Palestinos Samidoun, sancionada por Estados Unidos y Canadá en 2024, entidad vinculada también al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Los dos dirigentes designados, Rawa Alsagheer, radicada en Brasil, y Zaid Abdulnasser, residente en Alemania, fueron sancionados por su papel directivo en la organización.

La medida se inscribe en una ofensiva más amplia de la Administración Trump que comenzó en noviembre de 2025, cuando el Departamento de Estado designó como terroristas a distintas células vinculadas al movimiento Antifa. La Estrategia de Contraterrorismo de Estados Unidos para 2026 identifica al terrorismo violento de extrema izquierda como una de las tres principales amenazas del país, junto al yihadismo y el crimen organizado transnacional.

Las sanciones se basan en la Orden Ejecutiva 13224, que permite congelar activos vinculados a actos terroristas y prohíbe transacciones de ciudadanos o empresas estadounidenses con las entidades designadas. La OFAC precisó que no sanciona a personas por ejercer actividades de expresión política protegidas por la Constitución.

La Liga Antidifamación (ADL) documentó además la participación de miembros de Masar Badil y Samidoun en seminarios virtuales junto a representantes de Hamas y de los hutíes yemeníes, ambos designados como terroristas por Washington. La ampliación del cerco sobre estructuras de financiamiento y apoyo logístico anticipa que el foco de la política de sanciones seguirá desplazándose hacia las redes digitales y organizativas que sostienen a estos movimientos, más allá de sus liderazgos visibles.

Las celebraciones dentro de propiedades residenciales suelen ser motivo de disputas entre vecinos, especialmente cuando el nivel de ruido interfiere con los horarios de descanso.

En Colombia, estas situaciones están contempladas dentro del marco legal del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que establece reglas específicas sobre la generación de sonidos que puedan perturbar la tranquilidad.

El artículo 33 de la Ley 1801 de 2016 dispone que es un comportamiento contrario a la convivencia “producir ruidos que afecten la tranquilidad de las personas, especialmente en horas de la noche. Esto incluye música a alto volumen, fiestas, actividades comerciales o domésticas que generen un nivel de ruido superior al permitido”.

Este tipo de disposiciones aplican tanto para viviendas ubicadas en propiedad horizontal —como conjuntos cerrados o edificios— como para otros entornos urbanos. En estos espacios, además del Código de Policía, también se deben respetar los reglamentos internos adoptados por cada copropiedad.

Dichos documentos suelen especificar los horarios permitidos para realizar mudanzas, trabajos de remodelación, eventos sociales o ensayos musicales.

De igual manera, las restricciones sobre el ruido también se encuentran reguladas por normas ambientales. La Resolución 0627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, establece los niveles máximos de emisión sonora que deben respetarse en diferentes zonas del país, dependiendo de si son residenciales, comerciales o industriales.

El incumplimiento de estas normas puede acarrear consecuencias tanto a nivel policial como dentro de la misma comunidad. Cuando un residente considera que el ruido sobrepasa los límites establecidos, tiene la posibilidad de presentar una queja ante la administración del conjunto o directamente a la Policía Nacional. Esta última está facultada para acudir al lugar y verificar si hay infracción.

En caso de constatarse una alteración de la tranquilidad, el artículo 33 permite imponer medidas correctivas que van desde una advertencia verbal hasta sanciones económicas. Una de las más comunes es la multa tipo 2, que para el año 2025 supera los $300.000 pesos colombianos.

Estas multas pueden aumentar si la conducta se repite en el tiempo. En ciertos casos, si no se toman medidas para disminuir el ruido, las autoridades pueden ordenar la suspensión temporal de la actividad que lo genera. Además, en propiedades horizontales, la administración puede aplicar sanciones internas según lo estipulado en el reglamento, que puede incluir llamados de atención formales, restricciones de uso de zonas comunes o cobros adicionales.

Las alcaldías locales y la Policía también realizan jornadas de medición de ruido en diferentes sectores, especialmente en aquellos donde se han recibido múltiples reportes. Estos operativos buscan verificar el cumplimiento de la normativa y prevenir alteraciones al orden público.

Cabe resaltar que el nivel de sanción no está determinado únicamente por la intensidad del ruido, sino también por el momento en que se produce. Por ejemplo, una reunión con música elevada durante la semana a las 11:00 p.m. suele tener más probabilidades de ser objeto de queja que un encuentro en horario diurno durante el fin de semana.

Los horarios que normalmente se consideran como franja de descanso nocturno van desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., aunque pueden variar según el reglamento de cada conjunto residencial. Por esta razón, los residentes deben consultar las normas internas de su copropiedad y también revisar la legislación vigente a nivel local para evitar sanciones.

El uso de equipos de sonido, instrumentos musicales, sistemas de karaoke o incluso electrodomésticos con altos niveles de emisión sonora debe ser regulado de acuerdo con los límites legales y comunitarios. Las actividades comerciales desarrolladas dentro de viviendas —como talleres o clases de música— también están sujetas a estas normas si generan incomodidad entre los vecinos.

Por lo tanto, antes de planear una fiesta o cualquier tipo de evento en una propiedad residencial, es importante tener en cuenta la normativa nacional y local, así como las reglas particulares de convivencia que rigen cada edificio o conjunto. Estas disposiciones buscan garantizar un equilibrio entre el derecho al esparcimiento y el respeto por el descanso de los demás habitantes.

Desde el 19 de agosto está vigente en El Salvador la Normativa para el Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador en el ámbito de la Ley para la Protección de Datos Personales. El reglamento detalla el proceso para investigar, sancionar y resolver infracciones bajo la competencia de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE).

La normativa desarrolla el procedimiento administrativo sancionador previsto en el artículo 53 de la Ley para la Protección de Datos Personales, en concordancia con la Ley de Procedimientos Administrativos. La autoridad encargada de aplicarlo es la ACE, a través del director de Protección de Datos Personales, que lleva adelante las investigaciones y la instrucción de los expedientes.

El procedimiento sancionador se tramitará de forma principal mediante el procedimiento simplificado contemplado en la Ley de Procedimientos Administrativos y de modo excepcional por la vía ordinaria. Durante el proceso se garantizan los derechos de audiencia, defensa y debido proceso, junto con los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad.

Diligencias preliminares de investigación

Antes de iniciar formalmente un procedimiento, la ACE puede realizar diligencias preliminares para verificar indicios de infracción e identificar a posibles responsables. Estas diligencias pueden iniciarse de oficio, por denuncia, por solicitud tras un incidente de seguridad o de forma preventiva.

La agencia tiene facultades para requerir informes, realizar inspecciones, entrevistas, análisis documentales o periciales, y registrar todas las actuaciones por escrito, audio o video. El plazo máximo para estas diligencias es de 90 días hábiles, prorrogables si existe justificación.

La denuncia debe contener identificación del denunciante, relación sucinta de hechos, identificación de presuntos responsables, petición precisa y firma, y puede presentarse presencialmente o por medios tecnológicos. Una vez admitida, la autoridad notifica al presunto infractor y le otorga cinco días hábiles para ejercer su derecho de defensa y presentar pruebas de descargo.

Alegatos finales, resolución y recursos

En la vía ordinaria, tras la etapa de alegatos finales, la resolución debe dictarse en un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del expediente instruido. La decisión resolverá todas las cuestiones planteadas y podrá imponer sanciones, corregir situaciones vulneradas y ordenar medidas correctivas.

Si la infracción involucra datos personales sensibles, se considerará una circunstancia de especial protección jurídica para graduar la sanción. Los recursos administrativos, reconsideración, apelación y revisión, solo proceden en la vía ordinaria. En el procedimiento simplificado, solo queda habilitada la vía contencioso-administrativa.

Si la conducta constituye delito, la ACE debe informar a la Fiscalía General de la República en un plazo de 72 horas.

Medidas provisionales

En escenarios de urgencia o riesgo, la agencia puede dictar medidas provisionales antes o durante el procedimiento, siempre sujetas a confirmación, modificación o revocación en etapas posteriores.

Infracciones, sanciones y prescripción

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves conforme a los artículos 56, 57 y 59 de la Ley para la Protección de Datos Personales. Las sanciones consisten principalmente en multas, cuya graduación considera la gravedad del daño, efecto disuasivo, duración, intencionalidad, naturaleza de los datos y capacidad económica del infractor.

El pago debe efectuarse en la Colecturía Central o en sedes regionales del Ministerio de Hacienda dentro de los 15 días hábiles desde la notificación. Si no se realiza el pago, la Fiscalía General iniciará el cobro por la vía ejecutiva.

Todas las resoluciones sancionatorias finales serán publicadas en el sitio web de la ACE en versión pública, con disociación o anonimización de los datos personales involucrados. Tanto las infracciones como las sanciones prescriben en un plazo de cinco años.

Largas filas se formaron este martes en las gasolineras de Teherán, horas después de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones contra Irán con el objetivo declarado de “asfixiar” su economía.

La medida llega casi seis meses después del inicio de la guerra desencadenada por Washington, con las negociaciones de paz estancadas y sin salida visible al conflicto. EEUU sostiene un bloqueo naval contra la república islámica, mientras Teherán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba un quinto de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Ese cierre disparó los precios del petróleo a nivel global y representa una presión creciente para Donald Trump con miras a las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó el lunes un plan de presión económica y advirtió sobre graves consecuencias para los países que se nieguen a sumarse a la campaña de Washington. Las medidas alcanzan no solo al Estado iraní sino también a cualquier país o entidad que comercie con él, y apuntan a sectores como los activos digitales, la tecnología, el oro, la aviación y el transporte marítimo.

China, el mayor comprador de crudo iraní, fue el primero en rechazar las medidas y anunció que defenderá sus intereses por todos los medios disponibles. Ante esa postura, Bessent advirtió que “cualquier entidad que facilite el lavado de dinero en nombre de Irán será excluida del sistema del dólar estadounidense” y no descartó que los bancos chinos quedaran dentro del alcance de las restricciones.

La semana pasada, Emiratos Árabes Unidos cortó todo comercio y transacciones financieras con Irán, una decisión que Bessent atribuyó a la presión ejercida por Washington. “Las acciones que tomaron no fueron una coincidencia, sino probablemente causales, y sospecho que más países tomarán acciones similares”, afirmó.

En ese marco, el canciller iraní Abás Araqchi y su par omaní, Badr al Busaidi, se reunieron este martes en Teherán. Según un comunicado difundido por Omán, las conversaciones giraron en torno al establecimiento de un corredor temporal de navegación y un acuerdo para iniciar un proceso de desminado en el estrecho.

Teherán apuesta, en paralelo, a que el cierre de Ormuz y su impacto en los mercados internacionales terminen por forzar a Trump a ceder antes de noviembre. “Ambos relojes están corriendo, y nadie sabe cuál reloj es el correcto”, resumió el analista Sascha Bruchmann, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Baréin.

Los funcionarios iraníes rechazaron cualquier lectura de vulnerabilidad. El ministro de Economía, Ali Madanizadeh, afirmó en la televisión estatal que el país estaba preparado desde hace tiempo y que EEUU “ha fracasado en todas las ocasiones”, para agregar que Washington parece encaminarse hacia “una nueva derrota”. Irán ha edificado durante décadas un entramado financiero paralelo para operar al margen de las restricciones externas.

Las filas en los surtidores habían comenzado a alargarse incluso antes del anuncio de Bessent. “Es lógico que las sanciones afecten a la vida de la gente. Hay personas que están sufriendo, tanto quienes tienen una buena situación económica como las personas con menos recursos”, afirmó Mehdi Yazdian, un agente inmobiliario de 55 años, quien instó a las autoridades a controlar los precios.

Taneen, una estudiante de arquitectura de 23 años, señaló que durante toda su vida su país ha estado bajo sanciones. “Esta presión recae en toda la familia”, afirmó, y relató que su padre les pidió salir a comprar comida de inmediato “porque se va a encarecer”.

El economista Saeed Laylaz, radicado en Teherán, sostuvo que las nuevas restricciones se inscriben en la estrategia de “máxima presión” que Trump impulsa desde su primer mandato. “Estados Unidos no tiene nada que pueda hacer que no haya hecho antes”, afirmó, y agregó que décadas de aislamiento llevaron a la economía iraní a operar de forma autónoma. Reconoció, no obstante, que persisten dudas sobre la capacidad del gobierno para resolver problemas internos como la corrupción y los desequilibrios del sistema bancario.

La inflación que ya golpeaba al país antes del conflicto fue uno de los factores que impulsaron una ola de manifestaciones cuyo punto álgido se registró en enero. El gobierno respondió con una represión que organizaciones de derechos humanos afirman dejó miles de muertos; las autoridades iraníes atribuyen esa violencia a “actos terroristas” instigados por Washington y Tel Aviv.

Trump expresó este martes su indignación ante las ejecuciones de personas procesadas por las manifestaciones y exigió poner fin de manera inmediata a lo que calificó como “una crisis humanitaria de proporciones épicas”.

(Con información de AFP y AP)

El Gobierno Nacional aplicó sanciones por un total de $5.381.374.680 en lo que va de 2026 contra buques vinculados a operaciones de pesca ilegal en aguas argentinas. La medida forma parte de la política de “tolerancia cero” impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, que busca fortalecer la fiscalización y proteger los recursos marítimos nacionales.

En este marco, las autoridades continúan intensificando los controles sobre las embarcaciones que operan de manera irregular dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). El objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y avanzar en un esquema de fiscalización permanente que permita detectar y sancionar infracciones.

La última sanción alcanzó al buque “Hai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, luego de comprobarse que se encontraba operando dentro de la ZEEA. La medida se adoptó en cumplimiento de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, que establece el marco para este tipo de actuaciones.

También fueron sancionados por operar de manera irregular en aguas argentinas los buques “Bao Feng” y “Bao Win”, ambos de bandera de Vanuatu, y el “Coimbra”, de bandera portuguesa. Las autoridades remarcaron que estos procedimientos forman parte de una estrategia destinada a reforzar la vigilancia sobre la actividad pesquera y desalentar el incumplimiento de las normas.

Desde el Gobierno señalaron que la política de control busca no solo defender la soberanía sobre los recursos marinos, sino también proteger a la actividad pesquera nacional frente a quienes operan al margen de la legislación argentina. En ese sentido, las sanciones constituyen una herramienta central para prevenir nuevas infracciones y garantizar un aprovechamiento responsable de los recursos.

El monto recuperado por el Estado, superior a $5.381 millones, refleja el impacto económico de las medidas adoptadas durante 2026.

Rusia amenazó con atacar fábricas británicas en una respuesta “semimilitar” por el respaldo del Reino Unido a Ucrania, después de que el primer ministro Andy Burnham llegó el lunes a Kiev y autorizó compartir información sobre componentes británicos del misil Scalp para que pudiera producirse localmente.

El detonante inmediato fue esa cesión de información técnica a la empresa europea de defensa MBDA, una decisión que permitiría fabricar en Ucrania ese misil de largo alcance construido con tecnología británica y francesa. En ese marco, Vladimir Putin advirtió que se había abierto una “caja de Pandora”, mientras Moscú pasó a considerar que Londres estaba “mucho más implicado” en la guerra.

Andrey Fedorov, ex viceministro de Exteriores de Rusia, dijo a la BBC que la reacción del Kremlin al anuncio de Burnham fue “muy negativa” y afirmó que existe una fuerte presión política y pública sobre Putin para adoptar medidas contra el Reino Unido. Según el ex funcionario, el presidente ruso considera que la ayuda británica constituye una participación directa en el conflicto.

Moscú habló de una reacción visible contra el Reino Unido

Fedorov sostuvo que la nueva fase de escalada podría incluir “no solo” una reacción verbal, sino también una respuesta visible. Describió esa posibilidad como una “reacción técnica”, con eventuales ciberataques de “fuentes desconocidas” y hasta acciones semimilitares.

En esa misma explicación, señaló que podrían ser blanco empresas británicas concretas vinculadas a la producción de drones para Ucrania o de componentes de los misiles Storm Shadow, la versión británica del Scalp. También dijo que esas acciones no procederían de un nivel oficial.

Rusia vinculó de forma directa la decisión de Burnham con un salto en la implicación británica. Fedorov afirmó que, al entregar planos para la fabricación de misiles en Ucrania, Londres pasó a ser visto por Moscú como un actor con participación militar directa.

El Kremlin dijo que Londres “participa en esta guerra”

Antes de esas declaraciones, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov afirmó el lunes que Gran Bretaña “participa en esta guerra” del lado ucraniano. También acusó al Reino Unido de echar “combustible al fuego” de manera metódica y de impedir avances en un proceso de paz.

Peskov añadió que las fuerzas armadas rusas buscaban identificar los sitios de producción de esos misiles y de otros equipos militares para destruirlos. Esa formulación conectó la advertencia política con una amenaza concreta sobre instalaciones vinculadas al suministro militar a Ucrania.

Burnham respondió que no habría ninguna reducción del apoyo británico frente a la agresión de Putin y calificó de “escandalosas” las amenazas rusas. “¿Quién inició el incendio? Esa es la pregunta”, dijo.

El primer ministro hizo esas declaraciones en Kyiv, frente a la catedral de Santa Sofía, durante un discurso por el 35º aniversario de la independencia de Ucrania. Allí comparó la resistencia ucraniana con la lucha contra la Alemania nazi y afirmó que su país mantendría el respaldo pese a las amenazas de Moscú.

En su primer gran discurso internacional, Burnham elogió la “enorme fortaleza” del pueblo ucraniano y sostuvo que era el momento de aumentar la presión sobre Rusia y recortar su capacidad de financiar la guerra. También afirmó que Ucrania había sido “la protectora de Europa” y la primera línea para mantener seguro al continente.

El jefe del gobierno británico presidió además su primera reunión de la llamada “coalición de los dispuestos”, el grupo de países que refuerza su apoyo a Ucrania. Allí reclamó más misiles interceptores Patriot de forma inmediata para proteger a la población ucraniana.

En un mensaje dirigido de forma implícita a Donald Trump, pidió al Congreso de Estados Unidos que intensificara la presión económica sobre Rusia. Afirmó que la economía rusa sufría un déficit presupuestario récord y una caída de los ingresos petroleros, al tiempo que respaldó un proyecto de sanciones impulsado por el fallecido senador republicano Lindsey Graham.

El deterioro bilateral también quedó reflejado en el plano diplomático. Durante el fin de semana trascendió que el embajador ruso había sido retirado de Londres, y Moscú confirmó que ordenó el regreso a la capital rusa de Andrey Kelin tras siete años en el cargo.

China advirtió este martes que tomará represalias contra Estados Unidos si el nuevo paquete de sanciones impuesto a Irán se amplía de forma significativa contra empresas chinas, en momentos en que Washington intenta asfixiar económicamente al régimen iraní y expone al mismo tiempo la red de comercio petrolero que Beijing sostiene con Teherán al margen de las restricciones internacionales.

En una conferencia de prensa en Beijing, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, afirmó este martes: “China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses”.

El funcionario advirtió que “la guerra económica y la máxima presión no ayudan a resolver los problemas” y que, por el contrario, “solo van a alimentar aún más los conflictos”.

“La tarea urgente es facilitar la desescalada de la situación y volver cuanto antes al camino del diálogo y la negociación”, sostuvo, y remarcó que “la cooperación entre China e Irán siempre se desarrolló en el marco del derecho internacional y no debería ser interferida ni interrumpida”.

Las medidas anunciadas el lunes por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, apuntaron contra empresas con sede en Hong Kong y en la China continental, aunque por el momento evitaron incluir a los grandes bancos chinos. Cualquier escalada seria de sanciones contra China —que compra el 90% del petróleo que exporta Irán—podría tensionar la relación bilateral apenas un mes antes de la cumbre prevista entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Washington, un encuentro considerado clave para prorrogar la tregua comercial de un año que ambos países acordaron en octubre.

La relación económica entre ambos países tiene, además, una capa de opacidad de larga data: en marzo de 2021, Irán y China firmaron en Teherán un “pacto de cooperación estratégica de 25 años” cuyos detalles nunca se hicieron públicos, según confirmó en su momento la televisión estatal iraní. El acuerdo, que según medios oficiales persas contempló inversiones chinas por unos 400.000 millones de dólares en los sectores energético y de infraestructura de Irán a cambio de un suministro estable de petróleo y gas a precios competitivos, generó polémica en su momento por su falta de transparencia: el entonces canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, fue increpado en el Parlamento cuando aseguró que el texto no tenía nada de secreto y prometió publicarlo por completo, algo que hasta hoy no ocurrió.

El esquema de las refinerías “teteras”

Aunque las grandes refinerías estatales chinas cumplen en general con las sanciones sobre el crudo iraní, Beijing permite que refinerías del sector privado, conocidas como “teteras” (teapots), importen y procesen petróleo proveniente de Irán. Estados Unidos ya había sancionado a varias de esas refinerías a comienzos de este año, pero el gobierno chino ordenó a las empresas locales no acatar esas medidas. China, además, construyó un régimen cada vez más firme de contramedidas que apuntan a individuos y organizaciones extranjeras que colaboren con restricciones sobre empresas chinas y sus cadenas de suministro, un esquema que ya demostró el año pasado su capacidad de paralizar la manufactura estadounidense a través del control chino sobre minerales críticos para la industria de alta tecnología.

Consultado el lunes sobre si los bancos chinos podrían ser blanco de las nuevas sanciones, Bessent respondió que “nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses”.

Wang Dong, académico sénior de la Universidad de Pekín, sostuvo al Financial Times que “hay que esperar para ver si esto es solo un farol o si [Estados Unidos] está pensando seriamente en imponer sanciones secundarias a China”.

“Si lo hacen, por supuesto que China va a defender sus intereses nacionales sin dudarlo... ya lo hicimos durante la primera ronda el año pasado”, agregó, y acusó a Washington de intentar “transferirle la responsabilidad a otros y culpar a China por su propio fracaso”.

El diario británico también aportó la mirada de Zhu Feng, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Nankín, quien sostuvo que, detrás de escena, China está profundamente interesada en alentar a las partes del conflicto entre Estados Unidos e Irán a encontrar una solución.

Zhu remarcó que las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz ya están tensionando a toda la economía global y advirtió: “Desde la perspectiva china, no queremos vernos involucrados en una pelea entre Estados Unidos e Irán. Por otro lado, también somos muy conscientes de que si el dilema del estrecho de Ormuz continúa, también será más peligroso para China. Las principales importaciones petroleras chinas no vienen de Irán, sino de Arabia Saudita e Irak”.

Movimientos diplomáticos de Xi

El Financial Times señaló además que, en los últimos días, Xi Jinping se reunió con el rey Abdalá II de Jordania, mientras el canciller Wang Yi mantuvo un encuentro con su par kuwaití, en ambos casos con Irán y la guerra en Gaza como temas de conversación. “El mensaje de China a Teherán es muy claro: esperamos que las conversaciones de paz continúen”, dijo Zhu al FT.

La disputa se da a casi seis meses del estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán, luego de que Washington ampliara sus amenazas de sanciones secundarias e instara a gobiernos de todo el mundo a sumarse a su campaña económica contra Teherán. Irán respondió con desdén a la amenaza y anticipó “otra derrota” para Washington. “Hemos estado esperando estos planes durante mucho tiempo, y el gobierno está y estaba preparado, y tiene un plan de dos años para gestionar estos eventos”, declaró el ministro de Economía iraní, Ali Madanizadeh.

Estados Unidos retiró este lunes a Siria de su lista de países patrocinadores del terrorismo, poniendo fin a una designación vigente desde 1979 que durante décadas limitó el acceso de Damasco a asistencia, operaciones financieras, tecnología y cooperación militar estadounidense. La decisión, impulsada por el presidente Donald Trump, entró en vigor después de concluir el período de revisión del Congreso.

Con esta medida, Siria deja de estar sometida a las prohibiciones establecidas específicamente para los gobiernos incluidos en ese registro. Según el Departamento del Tesoro, el levantamiento de esta clasificación elimina las restricciones previstas por las regulaciones vinculadas a la lista de patrocinadores del terrorismo y por la legislación estadounidense relacionada con esos países.

La designación había dificultado operaciones comerciales y financieras con empresas y entidades sirias, además de restringir determinadas formas de asistencia estadounidense y las exportaciones de defensa. Su eliminación reduce uno de los principales obstáculos legales para que compañías internacionales evalúen proyectos vinculados con la recuperación de la economía siria.

La decisión también coincide con un paquete más amplio de alivio de sanciones adoptado por Washington. El Tesoro señaló que la medida responde al compromiso anunciado por Trump de reducir las penalizaciones contra Siria. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la acción “ayudará a fomentar inversiones adicionales en Siria para promover la estabilidad política y económica”.

Washington, sin embargo, dejó claro que el levantamiento de estas restricciones no supone abandonar sus mecanismos contra el terrorismo. El Tesoro subrayó que mantiene su posición de combatir el terrorismo internacional y que continuará responsabilizando a actores considerados perjudiciales dentro de Siria.

En paralelo, el Departamento de Estado revocó la designación de Al Nusra, también conocida como Hayat Tahrir al Sham (HTS), como organización terrorista global especialmente designada. El Tesoro retiró además a HTS de su lista de personas y entidades bloqueadas. Como consecuencia, dejó de ser necesaria una licencia general que autorizaba determinadas operaciones que podían verse afectadas por la presencia de miembros de HTS en las estructuras del Gobierno sirio.

La trayectoria de HTS resulta central para entender el alcance político de la decisión. El grupo fue conocido anteriormente como Frente Al Nusra y estuvo vinculado a Al Qaeda en Siria. En 2016 anunció su ruptura con esa organización y posteriormente intentó modificar su imagen y presentarse como una fuerza política capaz de participar en la administración del país.

El nuevo escenario se consolidó después de la caída de Bashar al Assad en diciembre de 2024, cuando una ofensiva encabezada por grupos rebeldes y yihadistas puso fin a décadas de dominio de la familia Assad. Ahmed al Sharaa, antiguo dirigente de HTS, asumió posteriormente el liderazgo de las nuevas autoridades sirias y comenzó un proceso para obtener reconocimiento y respaldo internacional.

El Gobierno sirio recibió la decisión estadounidense como un cambio histórico. El canciller Hasán al Shaibani sostuvo que “hemos cerrado una oscura página de la historia de Siria” y vinculó el levantamiento de la designación con el fin de una clasificación que, según Damasco, había quedado asociada a las políticas del antiguo régimen.

Con Siria fuera del registro, la lista estadounidense queda reducida a tres países: Cuba, Irán y Corea del Norte. La salida de Damasco representa así un cambio sustancial en la política de Washington hacia las nuevas autoridades sirias y abre un margen mayor para la actividad económica y la reconstrucción, aunque el alivio no elimina todas las sanciones ni las restricciones estadounidenses que todavía pueden afectar al país. También quedarán otras restricciones estadounidenses todavía vigentes.

Con la moneda iraní en caída libre y la economía del país al borde de la contracción, el gobierno de Donald Trump apunta ahora contra los socios comerciales que sostienen el comercio exterior de Irán, en el marco de lo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, definió como un “Día D económico” contra Teherán.

En una columna publicada el domingo en el Financial Times, Bessent prometió lo que calificó como “la mayor ofensiva financiera jamás desplegada contra un adversario” y advirtió que el objetivo de Washington es “cortar cada salvavidas económico” que sostiene al régimen iraní “hasta que Teherán quede solo”. El funcionario tenía previsto detallar este lunes, en una conferencia de prensa, el nuevo paquete de sanciones contra el país persa.

China, el gran sostén comercial de Teherán

El principal blanco de esa presión es, con diferencia, China, el mayor socio comercial de Irán y comprador central de su petróleo. Según cifras del Banco Mundial correspondientes a 2022 citadas por CNN —las más recientes disponibles—, Irán exportó ese año bienes por 22.400 millones de dólares a China e importó desde ese país por 15.600 millones.

En total, Irán le vendió mercadería a 147 países ese año y compró a otros 114, un entramado comercial que Washington busca ahora desarmar país por país.

Detrás de China, otros mercados asiáticos, además de Irak y los Emiratos Árabes Unidos, concentran buena parte de las exportaciones iraníes, mientras que sus importaciones provienen sobre todo de Emiratos, China, Turquía, India y Alemania, según un informe del Banco Mundial de 2024 citado por la cadena estadounidense.

Alemania e India, con vínculos menores pero persistentes

El caso alemán resulta ilustrativo del efecto que ya tuvieron las sanciones previas de Washington: el año pasado, Alemania le vendió a Irán bienes por 962 millones de euros (unos 1.100 millones de dólares) y le compró por 235 millones de euros (275 millones de dólares), según la oficina de estadísticas de ese país. Aunque las importaciones alemanas crecieron levemente respecto del año anterior, tanto las compras como las ventas cayeron a menos de la mitad desde 2018, cuando Trump, en su primer mandato, restableció duras sanciones contra Teherán tras retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear.

India, por su parte, mantiene un vínculo comercial más acotado pero activo: el intercambio bilateral con Irán sumó 1.100 millones de dólares entre abril y diciembre de 2025, según el Ministerio de Comercio indio, con el arroz basmati, el té, el azúcar, la fruta fresca y los medicamentos entre los principales productos que Nueva Delhi le exporta a Teherán.

El rial, en su peor momento histórico

La amenaza de Bessent llega en medio de un fuerte deterioro de la economía iraní. La moneda del país, el rial, se derrumbó este lunes a un mínimo histórico de más de dos millones de unidades por dólar en el mercado paralelo, muy por debajo del tipo de cambio oficial, que cotiza la divisa un 29% más alta. Esa devaluación encarece las importaciones y abarata las exportaciones iraníes, en un momento en que el Fondo Monetario Internacional proyecta una contracción de más del 5% para la economía del país este año, con una inflación de alimentos que supera el 100% y un desempleo en alza.

El presidente Masoud Pezeshkian había reconocido el domingo que Irán atraviesa “numerosas dificultades” y pidió que “todas las autoridades” respalden el memorando de entendimiento que el país firmó con Washington en junio, mientras el máximo responsable de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, advirtió que, de continuar la ofensiva económica, Teherán respondería de manera “sísmica” y podría cortar por completo las exportaciones petroleras del Golfo Pérsico.

El gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, intentó este lunes contener la preocupación empresarial y aseguró ante la Asociación de Emprendedores que la entidad dispone de reservas suficientes para sostener el comercio exterior, con una promesa de 20.000 millones de dólares en divisas para el sector industrial antes de fin de año. “No tenemos problemas para proveer moneda extranjera”, sostuvo, según la agencia semioficial Fars, y garantizó que no faltarán divisas para la importación de bienes esenciales y medicamentos.

Una presión que se combina con el bloqueo de Ormuz y el “colapso” que anuncia Trump

La ofensiva económica se da en el marco de una escalada más amplia entre Washington y Teherán, a casi seis meses del inicio de la guerra entre ambos países, el 28 de febrero. El propio Trump había afirmado este lunes en su red Truth Social que Irán “está colapsando por completo”, mientras Bessent aseguró en la red X que Estados Unidos ya “desmanteló las capacidades militares de Irán, destruyó casi el 100% de sus fábricas militares y enterró su programa nuclear”.

La presión financiera se combina, además, con la disputa por el control del estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que antes de la guerra transitaba una quinta parte del petróleo y el gas mundial. Irán mantiene esa ruta bajo su control desde el inicio del conflicto y amenazó este lunes con multar y confiscar 46 buques por violar sus protocolos de tránsito, en una medida que se suma al bloqueo naval que Estados Unidos sostiene sobre los puertos iraníes y que ya redujo las exportaciones petroleras del país a una fracción de sus niveles previos a la guerra.

Irán amenazó este lunes con multar, detener o confiscar 46 buques que, según sus autoridades, transitaron el estrecho de Ormuz sin respetar los protocolos establecidos por la república islámica, en una escalada de su campaña para imponer un control efectivo sobre la vía marítima más estratégica del planeta. La medida llega horas después de que Washington anunciara un paquete de sanciones de enorme magnitud contra quienes sostengan vínculos económicos con el régimen iraní.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (AEGP), un organismo creado por Irán, difundió en la red social X la lista de embarcaciones infractoras e informó que enfrentarán “restricciones en futuros tránsitos, incluyendo multas, detención o confiscación”, según reportó el Financial Times. Entre los buques señalados figuran naves pertenecientes a la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) y a Sinokor, una naviera surcoreana que adquirió 5.900 millones de dólares en petroleros poco antes de que estallara el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán en febrero pasado.

La gran mayoría de los barcos en la lista son petroleros y buques gasíferos que operan en los denominados “viajes de enlace”: rutas cortas dentro del estrecho usadas por países del Golfo para transferir el crudo a embarcaciones de mayor porte que esperan en aguas más seguras. Varios de esos buques ya fueron alcanzados por misiles iraníes mientras intentaban la travesía. El Financial Times informó que la semana pasada murió el jefe de máquinas del carguero Minoan Dignity durante uno de esos ataques, con lo que el número de marineros fallecidos desde el inicio de la guerra asciende a 19, de acuerdo con la Organización Marítima Internacional (OMI).

En el día en que se esperan las medidas de Estados Unidos para ahogar la eocnomía del régimen de Teherán, denominado “Día D” para este tipo de estrategia de Washington, el presidente Donald Trump publicó un escueto pero contundente mensaje en su cuenta de la red Truth Social: “Irán está colapsando por completo”, escribió.

El tráfico comercial en Ormuz

El impacto sobre el tráfico marítimo es severo. La firma de análisis Windward registró apenas 16 tránsitos diarios en la última semana por el estrecho, frente a más de 130 que se contabilizaban antes del inicio del conflicto. Por ese paso, que separa las costas iraníes de las de Omán, fluía anteriormente alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado de todo el mundo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, publicó el lunes un artículo en el Financial Times en el que prometió un paquete de medidas que describió como un “Día D económico” contra Teherán. “Cualquier vínculo que quede con Teherán acelerará el ostracismo económico de países y entidades, ya sea ese vínculo construido deliberadamente o ignorado de manera voluntaria”, escribió Bessent. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, rechazó las declaraciones y acusó a Washington de practicar “terrorismo económico”, al tiempo que advirtió que Teherán tomará represalias.

El máximo responsable de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, fue más explícito en un mensaje publicado el domingo en X: “Si la guerra económica continúa, ni una sola gota de petróleo será exportada, ni por el estrecho de Ormuz ni desde ningún lugar del Golfo Pérsico”. Rezaei agregó que Teherán considerará la participación de cualquier país en la ofensiva económica de Estados Unidos como “un acto de guerra”.

Ejecutivos de la industria naviera consultados por el Financial Times señalaron que las amenazas del lunes disuadirán aún más a los operadores de intentar el paso, aunque reconocieron que muchos ya gestionaban un “riesgo elevado”. Martin Kelly, director de asesoría de la consultora EOS Risk, calificó la publicación de la lista de buques como la “primera implementación real de un perfil objetivo en el estrecho de Ormuz”. “Desde la perspectiva de Irán, Ormuz está cerrado a todos los barcos sin permiso iraní”, afirmó Kelly al Financial Times. “Pero ahora contamos con una lista de buques muy específica, algunos de los cuales ya fueron atacados.”

La tensión se extiende también al mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen intensificaron sus ataques contra petroleros saudíes, y el lunes un buque cisterna fue alcanzado cerca del puerto de Yanbu, el punto más al norte de esa ruta que sufre un ataque de este tipo en lo que va del año, según informó el organismo UK Maritime Trade Operations.

El conflicto diplomático no muestra señales de destrabar. Un alto cargo iraní señaló a Reuters que las negociaciones para un acuerdo permanente quedaron estancadas, y que Teherán adoptará una postura “plenamente ofensiva” si la vía diplomática fracasa. A pesar de ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán confirmó que una delegación de Omán visitará Teherán esta semana para dialogar sobre “la seguridad del estrecho de Ormuz y las rutas de tránsito marítimo”. Además, el jefe militar de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, viajó a la capital iraní el lunes con el objetivo de mediar en el conflicto, según reportó la agencia estatal iraní.

Pese al bloqueo naval impuesto por Washington sobre sus naves, Irán redujo su producción petrolera y suspendió los intentos de exportar crudo. El lunes, sin embargo, analistas de la consultora Energy Aspects detectaron un petrolero cargando en la terminal de exportación de la isla Kharg, el principal punto de embarque iraní, la primera operación de ese tipo en casi dos semanas.

La lista de barcos amenazados

N°.Nombre/Número IMO

1. Kiku/9329796
2. Mubaraz/9074626
3. Minoan Pioneer/9471630
4. Hafeet/9928009
5. Al Rekayyat/9397339
6. Wedyan/9524970
7. Cy prus Prosperity/9595216
8. Al Rawdah/9734513
9. Rasheeda/9443413
10. Lebrethah/9976927
11. Lila ​Vadinar/9324100
12. Maha Roos/9231004
13. Gfs Galaxy/9401271
14. Al Bahyah/9937799
15. Mombasa B/9739501
16. Stolt Magnesium/9739317
17. Al Watan/9615030
18. Navig8 Messi/9482859
19. Singapore Prosperity/9419967
20. Disha/9250713
21. Gaslog Shanghai/9600528
22. Lubna/9489065
23. Hazi 1/7802598
24. Ryujin/8206818
25. Anna Barbara/9407500
26. Sunbird Arrow/9323821
27. Minoan Dignity/9294484
28. Maria/9917828
29. Kavomaleas/1042823
30. Mardan/9360453
31. Sweden Prosperity/9588392
32. Jarnain/9823546
33. Kaifan/9656046
34. Nissos Kea/9920758
35. Rotterdam Energy/9508859
36. Al Hamra/9074640
37. Umm Al Ashtan/9074652
38. Marigold Lng/9230062
39. Banastar/9228045
40. Navara/9241798
41. Nissos Heraclea/9419618
42. Blue Star 1/9215115
43. Ashley/9258466
44. Mraweh/9074638
45. Al ​Lulu/9583627

El régimen de Irán rechazó este domingo la advertencia de nuevas sanciones económicas de Estados Unidos y aseguró que las medidas anunciadas por Washington no conseguirán doblegar a Teherán. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, sostuvo que la decisión estadounidense refleja sus dificultades para alcanzar sus objetivos mediante la presión ejercida hasta ahora y defendió una salida negociada al conflicto.

Araqchi cuestionó que Washington vuelva a recurrir a las sanciones después de meses de enfrentamiento militar. En un mensaje difundido por Telegram, describió la estrategia estadounidense como una repetición de mecanismos de presión utilizados anteriormente.

“El hecho de que hayan pasado de las operaciones militares a plantear los mismos viejos planes demuestra que están desesperados”, afirmó el canciller iraní.

La declaración se produjo después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anticipara nuevas medidas contra Irán que, según sus palabras, serán “las sanciones más duras de la historia”. Está previsto que Bessent detalle el alcance de la nueva ofensiva económica este lunes.

El Gobierno de Donald Trump busca ampliar el aislamiento financiero y comercial de Irán y ejercer presión también sobre los países que mantengan vínculos económicos con Teherán. El presidente estadounidense advirtió que habrá consecuencias para cualquier Estado que proporcione “cualquier tipo de salvavidas a Irán”.

Uno de los principales focos de Washington es China, que constituye el destino predominante del petróleo iraní exportado. La presión sobre compradores y empresas vinculadas con el comercio de crudo podría convertirse en uno de los elementos centrales de la nueva estrategia estadounidense.

Para Teherán, sin embargo, las sanciones forman parte de una política que no ha conseguido modificar la posición de sus autoridades. Araqchi afirmó que Irán ha enfrentado bloqueos y acciones militares anteriores sin abandonar sus objetivos.

“Nunca hemos tenido miedo. Todas sus acciones, ya sean bloqueos u otras maniobras militares, han fracasado, y esta nueva iniciativa suya también fracasará”, declaró el ministro.

El rechazo iraní se produce en un momento de fuerte deterioro económico. Las restricciones internacionales ya afectan sectores fundamentales de la economía iraní, mientras el conflicto iniciado a finales de febrero ha provocado nuevos daños sobre infraestructura y capacidades militares. La situación se agravó además por las restricciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una ruta fundamental para el transporte mundial de petróleo.

La interrupción del tráfico petrolero convirtió el estrecho en otro frente de presión económica. Las limitaciones impuestas por Teherán sobre determinados buques han reducido el movimiento de cargamentos y contribuido al incremento de los precios internacionales del crudo.

Pese a ese escenario, el régimen iraní intenta mostrar que las nuevas sanciones no modificarán su postura. El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que Teherán recibió mensajes de países vecinos interesados en establecer nuevos mecanismos de cooperación económica y seguridad regional.

Qalibaf no identificó públicamente a esos gobiernos, pero planteó una mayor integración económica entre países de la región como alternativa a la dependencia de estructuras internacionales dominadas por Washington.

La dimensión diplomática también continúa abierta. El jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, tiene previsto viajar a Teherán este lunes dentro de los esfuerzos de Islamabad para contribuir a reducir las tensiones regionales. Entre los asuntos que podrían ser abordados figura precisamente la amenaza de nuevas sanciones estadounidenses.

Al mismo tiempo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha defendido una solución diplomática. Aunque su régimen mantiene una posición de confrontación frente a Washington, el mandatario ha planteado que el conflicto debería terminar mediante un acuerdo que permita a Irán preservar su capacidad de negociación.

Araqchi reclamó que Estados Unidos trate a Teherán con respeto y busque “una solución basada en la justicia y el honor”.

La administración Trump, por su parte, prepara una nueva etapa de presión económica mientras el conflicto continúa sin una solución definitiva. Las próximas medidas deberán determinar hasta qué punto Washington puede ampliar el aislamiento de Irán y qué respuesta adoptará Teherán ante el nuevo paquete de sanciones.

Estados Unidos impuso nueve rondas de sanciones a Cuba desde mayo, con un total de 31 personas y 49 empresas incluidas en listas de restricciones, en aplicación de la Orden Ejecutiva 14404 que Donald Trump firmó el 1 de ese mes. El objetivo declarado de Washington es aislar al régimen cubano de los circuitos financieros y comerciales internacionales.

La orden ejecutiva impide que empresas extranjeras mantengan vínculos con entidades o personas ligadas a la dictadura en sectores como energía, defensa, finanzas, minería y seguridad.

Gaesa, el primer blanco

El conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, fue el primer objetivo en mayo, junto a su presidenta, Ania Guillermina Lastres. Según expertos, controla más del 40% del producto interno bruto (PIB) cubano a través de un portafolio que abarca hoteles, telecomunicaciones, distribución minorista en dólares, venta de combustible, aduanas, sector inmobiliario, logística y transporte de pasajeros. En esa misma ronda quedaron incluidas dos entidades financieras vinculadas al conglomerado: Rafin y el Banco Financiero Internacional (BFI).

Defensa e inteligencia

Las restricciones también alcanzaron al aparato militar y de inteligencia. Entre las entidades sancionadas figuran la Unión de Industria Militar (UIM), la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin y la importadora Tecnotex, todas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). La lista también incluye al Ministerio de las Fuerzas Armadas, las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) y las Brigadas de Respuesta Rápida, además de la Dirección General de Inteligencia (DGI), dependiente del Ministerio del Interior (Minint).

Energía: petróleo y refinación

La presión sobre el sector energético comenzó en enero, cuando Washington detuvo los envíos de crudo venezolano a Cuba tras el arresto del narcodictador Nicolás Maduro. Las rondas posteriores añadieron a la petrolera estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) y al Centro de Investigaciones del Petróleo; el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, fue sancionado a título personal.

Minería, metales y comercio exterior

Para cortar el flujo de divisas proveniente de recursos naturales, el listado incorporó a Moa Nickel S.A. y Geominera S.A., junto a la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero. Las últimas rondas ampliaron el alcance hacia el intercambio con terceros países: fueron agregados el Ministerio de la Construcción, la central de importación Tecnoimport, el Ministerio de Turismo, el Grupo Empresarial del Comercio Exterior y la Terminal de Contenedores de Mariel S.A.

La cúpula política y el entorno Castro

El Departamento del Tesoro sancionó al dictador Miguel Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta Peraza y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del líder cubano residente en Madrid, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las medidas también alcanzaron a Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, junto a su esposa y uno de sus hijos. Distintos ministros y altos dirigentes completaron la nómina de personas físicas sancionadas.

Proyección exterior

Washington apuntó además a los mecanismos de influencia internacional del régimen. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y varios de sus representantes quedaron comprendidos en las sanciones, entre ellos su director, Fernando González Llort, uno de los cinco integrantes de la Red Avispa que fue condenado en Estados Unidos y luego devuelto a Cuba. Las autoridades estadounidenses los acusan de encabezar redes de propaganda política y captación de recursos en beneficio del Gobierno.

Las rondas han llegado con una periodicidad de 15 días, siempre los jueves. El secretario de Estado Marco Rubio advirtió que continuarán y que la isla no tendrá “válvula de escape” a la presión de Washington mientras no se produzcan cambios.

(Con información de EFE)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Estado sancionaron este jueves a nueve entidades estatales cubanas y a tres altos cargos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en una nueva ronda de designaciones contra la isla. Entre las entidades incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados figura el Ministerio de la Construcción (MICONS), organismo de la Administración central del Estado creado el 23 de mayo de 1963.

Las designaciones se adoptaron al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026, que autoriza castigar a quienes Estados Unidos considera responsables de la represión en Cuba o de amenazas a su seguridad nacional. La medida bloquea todos los bienes de los designados que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de personas de ese país, y extiende el bloqueo a cualquier sociedad participada en un 50% o más por un sancionado.

Junto al MICONS, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incorporó a la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, situada en Moa (Holguín); la comercializadora de metales MetalCuba; Acinox Comercial; el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal); la agencia de contratación de mano de obra Acorec; Transimport, dedicada a equipos de transporte pesado; Consumimport y Coratur, las dos últimas vinculadas al Grupo Empresarial del Comercio Exterior.

Los tres sancionados a título individual son el presidente del ICAP, Fernando González Llort; la primera vicepresidenta del organismo, Noemí Ramona Rabaza Fernández, y la directora para América del Norte, Leima Martínez Freire. El ICAP, fundado el 30 de diciembre de 1960, ya había sido designado el 4 de junio. González Llort integró la Red Avispa, desmantelada por el FBI en Florida en 1998, y cumplió condena en Estados Unidos hasta 2014.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que el instituto patrocina, según su declaración escrita, “una vasta red subversiva en Estados Unidos dirigida a identificar, cultivar y radicalizar” a ciudadanos estadounidenses, y afirmó que La Habana aprovechó el centenario del nacimiento de Fidel Castro para trasladar a la capital cubana a una nueva brigada de simpatizantes extranjeros. El Gobierno cubano no había reaccionado al cierre de esta edición.

En una nota técnica difundida junto a las designaciones, el Tesoro precisó que no tiene intención de perseguir a personas extranjeras, incluidas entidades financieras, que realicen operaciones necesarias para liquidar sus negocios con el MICONS o con sociedades participadas por el ministerio en un 50% o más, siempre que ese proceso concluya antes del 19 de septiembre de 2026. Quienes no puedan cerrarlo en plazo deberán dirigirse a la línea de cumplimiento de la OFAC.

El organismo advirtió, no obstante, que devolver activos a un sancionado o trasladarlos a otra jurisdicción para su eventual uso expone a sanciones. Para quienes están sujetos a jurisdicción estadounidense, esa ventana no autoriza nada prohibido por el Reglamento de Control de Activos Cubanos, vigente desde 1963, salvo las excepciones humanitarias ya previstas.

La designación del MICONS y de las empresas del níquel y los metales alcanza a dos de las escasas fuentes de divisas que le quedan al país. La producción de la mina de Moa operada por Sherritt International, minera canadiense, en sociedad con el Estado cubano cayó a 25.240 toneladas de níquel en 2025, frente a 30.331 el año anterior, según datos de la propia compañía, que atribuyó el retroceso a los apagones y a la falta de insumos.

Las sanciones se suman a una secuencia iniciada el 7 de mayo con el conglomerado militar GAESA y continuada el 4 de junio, cuando fueron designados el dictador Miguel Díaz-Canel y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el 6 de agosto, con trece objetivos vinculados a compras de armamento. El bloqueo petrolero impuesto tras la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela agravó la crisis energética cubana.

El calendario fijado por el Tesoro convierte el 19 de septiembre en una fecha decisiva para los proveedores europeos, canadienses y asiáticos que aún mantienen contratos de obra pública en la isla. La eventual retirada de esos socios dejaría el sector constructivo cubano, ya paralizado por la escasez de cemento y combustible, más expuesto a la única alternativa que hoy sostiene la industria minera del país: el capital chino.

El nuevo régimen transitorio para infracciones ambientales en El Salvador entró en vigencia el 8 de agosto de 2026. Según lo publicado en la edición del 7 de agosto del Diario Oficial, la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) cuenta ahora con un marco normativo que regula el proceso sancionador, desde la denuncia hasta la ejecución de las sanciones.

El régimen transitorio aplica a personas naturales o jurídicas, tanto del sector público como privado, así como a instituciones de gobierno y generadores de residuos. Todos ellos están sujetos a investigación y sanción si infringen la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos u otra normativa relacionada.

El Diario Oficial informó que la regulación cubre infracciones leves, graves y muy graves, y otorga al Tribunal Sancionador de ANDRES facultades para actuar de oficio o ante denuncia.

Denuncias e inspecciones

El proceso sancionador puede iniciarse por denuncia escrita, verbal o digital, incluido el uso de correos electrónicos, mensajes, redes sociales y otros medios tecnológicos. La denuncia debe contener la identificación del denunciante y del presunto infractor, una descripción precisa de los hechos, la norma supuestamente infringida y la firma o huella digital del denunciante.

El Diario Oficial detalló que se admite la denuncia anónima si se exponen los hechos y la identificación del infractor.

Las inspecciones de oficio también forman parte del procedimiento. Cuando autoridades como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos detectan una posible infracción, están obligadas a informar de inmediato y remitir un acta al Tribunal Sancionador.

En casos de flagrancia, los agentes deben levantar el acta correspondiente y notificar a ANDRES, lo que constituye el inicio formal del proceso.

Derechos, medidas y pruebas

A lo largo del proceso, el presunto infractor tiene derecho a ser notificado, presentar pruebas y ejercer su defensa por escrito. El Tribunal Sancionador debe garantizar la oportunidad de aportar documentación, solicitar peritajes, pedir audiencias y realizar inspecciones en el lugar de los hechos.

El Diario Oficial subrayó que la autoridad podrá requerir y valorar cualquier medio probatorio, incluidas pruebas documentales, testimoniales y periciales.

El Tribunal puede dictar medidas preventivas o cautelares en cualquier momento para evitar daños ambientales o asegurar la eficacia de la resolución final. Estas medidas pueden incluir la suspensión de actividades, el retiro de productos o la imposición de obligaciones de hacer. Las medidas solo cesarán cuando se eliminen las causas del riesgo o daño ambiental.

Sanciones, multas y plazos

Una vez admitida la denuncia, si el infractor reconoce su responsabilidad, el Tribunal puede atenuar la sanción y establecer compromisos de reparación. La aceptación de los hechos puede dar por terminado el proceso si se cumplen los compromisos y se repara el daño causado.

Si eso no ocurre, el procedimiento seguirá su curso hasta la imposición de sanciones administrativas.

En el caso de infracciones leves, las sanciones pueden ser sustituidas por jornadas de sensibilización ambiental o trabajo comunitario, siempre que el infractor lo justifique médica o legalmente. El Tribunal evaluará la pertinencia y el cumplimiento de estos programas, con la posibilidad de exigir asistencia a programas de educación ambiental si el infractor no puede realizar trabajo comunitario.

Cuando la sanción implica una multa, el infractor está obligado a pagar en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la notificación del mandamiento de ingreso. El incumplimiento genera intereses moratorios del 4% anual sobre el monto adeudado.

La resolución de sanciones se considera firme si no se presenta recurso de reconsideración o si el Tribunal resuelve definitivamente.

Las disposiciones transitorias entraron en vigor el 8 de agosto de 2026 y regirán hasta que se apruebe el Reglamento General definitivo de la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos. Mientras tanto, ANDRES permanece facultada para regular, sancionar y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en todo el territorio nacional.

Las autoridades bancarias de Panamá han dado un paso clave para endurecer el control sobre las entidades financieras, tras la aprobación reciente de un acuerdo.

Esta nueva norma emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), introduce, según se informó, criterios claros para sancionar a los bancos que no cumplan con las reglas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El acuerdo establece directrices precisas que buscan garantizar transparencia y objetividad en la imposición de sanciones administrativas.

A partir de la publicación oficial, los bancos que incurran en faltas, ya sea por acción u omisión, serán evaluados bajo este marco.

Las infracciones se procesarán según el procedimiento que detalla el Acuerdo No. 9-2015.

Una de las novedades centrales es la adopción de un sistema de gradualidad para determinar las sanciones.

El monto de la penalización dependerá no solo de la gravedad de la infracción, sino también de factores atenuantes o agravantes presentes en cada caso.

El objetivo es que las medidas sean proporcionales a la conducta detectada.

La normativa incluye un periodo de transición de 5 años para la aplicación de los montos máximos de las multas.

Durante el primer año, solo se aplicará el 60% del máximo permitidos, aumentando 10% cada año, hasta alcanzar el 100% al término del quinto año.

En síntesis, se indica que la normativa recién aprobada por la SBP introduce criterios de sanción más detallados y progresivos para los bancos que incumplan los estándares contra delitos financieros. El proceso de penalización será más transparente y las multas, graduales.

El objetivo es fortalecer la integridad del sistema bancario y cumplir con estándares locales e internacionales.

La SBP también puso en marcha la Metodología de Evaluación Supervisora para Bancos Internacionales (MESBI). Esta nueva herramienta está diseñada para reforzar la supervisión de sucursales y subsidiarias de bancos extranjeros con licencia general o internacional que operan en Panamá.

MESBI se basa en la evaluación de riesgos y adapta sus criterios a las características de cada entidad.

Esta metodología permite una supervisión más consistente y alineada con las mejores prácticas internacionales, abarcando aspectos como la gobernanza, la gestión de riesgos, la situación financiera, el cumplimiento normativo y las medidas de prevención de delitos financieros.

La información manifiesta que por primera vez, la Superintendencia de Bancos de Panamá introduce una calificación supervisora específica para las sucursales y subsidiarias bajo supervisión de destino.

Este sistema complementa el esquema vigente, que hasta ahora aplicaba la metodología GRENP a las entidades en las que Panamá actúa como supervisor de origen.

La puesta en práctica de MESBI se dijo que será gradual, iniciando con una fase piloto que busca permitir que se ajuste la herramienta antes de su implementación definitiva.

Así, la SBP reafirma su compromiso con la adaptación constante a la evolución del sector financiero y la protección de la estabilidad bancaria nacional.

Ambas iniciativas delinean, de acuerdo a la entidad, el rumbo de la regulación bancaria panameña, enfocada en fortalecer los controles, asegurar la transparencia y mantener la confianza en el sistema financiero del país.

El sistema bancario panameño registró un crecimiento sostenido en sus principales indicadores financieros al cierre del primer semestre de 2026.

Un informe oficial destaca que los depósitos del Centro Bancario Internacional alcanzaron los $121,866 millones, con un crecimiento interanual de 7.69%, equivalente a más de $8,702 millones adicionales respecto al mismo período de 2025.

Se explica que el dinamismo fue impulsado tanto por el mercado local como por el internacional. Los depósitos internos totalizaron $70,969.5 millones, tras crecer $3,374.9 millones 4.99%, principalmente por el incremento de los depósitos de particulares, que aumentaron $4,017.5 millones 7.60%.

La Corte Penal Internacional (CPI) respondió este martes a las nuevas sanciones de Estados Unidos con una defensa de su independencia y de la función que desempeña bajo el Estatuto de Roma. El tribunal afirmó que las medidas contra dos de sus funcionarios no modificarán su actuación y advirtió que las presiones dirigidas contra jueces y fiscales pueden afectar el sistema internacional creado para perseguir los crímenes más graves.

La reacción se produjo después de que Washington incluyera en su régimen de sanciones a la presidenta de la CPI, la jueza japonesa Tomoko Akane, y al abogado senegalés Abdoulaye Seye, uno de los principales litigantes de la Fiscalía. Ambos quedaron sujetos a restricciones estadounidenses dentro de una política que la administración de Donald Trump mantiene contra integrantes del tribunal.

La CPI centró su respuesta en las consecuencias que, a su juicio, tiene este tipo de medidas para la justicia internacional. “Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional”, señaló la institución.

El tribunal también sostuvo que las sanciones contra personas encargadas de ejercer funciones judiciales “socavan el Estado de derecho”. La institución insistió en que sus magistrados, fiscales y trabajadores actúan en cumplimiento de un mandato otorgado por los Estados que forman parte del Estatuto de Roma.

Más allá de las consecuencias individuales para Akane y Seye, la preocupación expresada por la CPI está relacionada con su capacidad para trabajar sin interferencias externas. El tribunal aseguró que seguirá ejerciendo sus atribuciones “con independencia e imparcialidad” y conforme a las normas que regulan su funcionamiento.

La institución añadió que no abandonará a sus funcionarios frente a las presiones y reiteró su respaldo a las víctimas de los delitos que se encuentran dentro de su competencia. “La Corte no se dejará intimidar”, afirmó en su respuesta.

El origen de la disputa

La confrontación entre Washington y la CPI se concentra principalmente en investigaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses e israelíes. Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma y sostiene que el tribunal carece de autoridad para ejercer jurisdicción sobre sus nacionales. Israel tampoco pertenece al tratado y mantiene una posición similar.

La CPI, sin embargo, sostiene que su jurisdicción puede extenderse a determinados hechos cometidos en territorios bajo su competencia, incluso cuando los acusados sean ciudadanos de países que no integran el tribunal.

Uno de los principales puntos de conflicto fue la decisión de la CPI de emitir en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva en Gaza.

La institución también mantiene una investigación sobre posibles crímenes cometidos durante la intervención militar estadounidense en Afganistán. Washington considera que esas actuaciones exceden las atribuciones del tribunal.

Las nuevas sanciones se suman a otras medidas adoptadas previamente contra funcionarios de la CPI. La campaña estadounidense comenzó a intensificarse durante la presidencia de Trump y recibió un nuevo impulso con una orden ejecutiva firmada en febrero de 2025, que habilitó la imposición de restricciones contra personas vinculadas con determinadas actuaciones del tribunal.

El papel de la CPI

Creada en 2002 y con sede en La Haya, la CPI tiene como objetivo investigar y juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, bajo determinadas condiciones, el crimen de agresión.

Su funcionamiento se basa en el principio de complementariedad: interviene cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no están dispuestos a investigar y procesar de manera efectiva los delitos comprendidos dentro de su jurisdicción.

En medio de las nuevas sanciones, la Corte dejó claro que su respuesta institucional será mantener sus procedimientos y preservar la autonomía de sus funcionarios. Para el tribunal, la posibilidad de investigar y aplicar el derecho internacional sin recibir represalias constituye una condición esencial para que el sistema de justicia internacional pueda funcionar.

Doce organizaciones de la oposición nicaragüense confirmaron que en mayo consolidaron una hoja de ruta conjunta para una transición democrática en el país, detalla una nota publicada este lunes en el medio Artículo 66.

El documento, que circula entre gobiernos del hemisferio, permanece bajo análisis en el Departamento de Estado de Estados Unidos desde hace más de seis semanas, según el opositor Jaime Arellano.

De acuerdo a la nota, el plan se titula Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia y fue el resultado de dos meses y medio de negociaciones técnicas y políticas entre sectores que hasta entonces habían trabajado por separado.

Arellano reveló su existencia y detalló que el texto reunió entre seis y siete propuestas distintas en un único planteamiento.

Qué propone el documento y quiénes lo respaldan

La propuesta no se limita a definir quién gobernaría durante una transición. Su objetivo central es la reconstrucción institucional: establecer condiciones para garantizar el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades ciudadanas.

El comunicado - cita la publicación-firmado por las organizaciones lo describe como “la oportunidad de construir una institucionalidad democrática y republicana” y no como un simple relevo de poder.

El texto fue suscrito por Ciudadanos por la Libertad, Liberales Nicaragua, Ruta del Cambio, el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, Avanza, la Confederación de Nicaragüenses en el Exterior, la Iniciativa de Autonomía de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, el Movimiento Liberal, la Mesa de Concertación Democrática, el Movimiento Autónomo 18 de Abril, el Movimiento Patriótico Nacional y Nicaragüenses en el Exilio.

Una de las cláusulas más comentadas establece que quienes ocupen cargos durante el período de transición no podrían presentarse como candidatos en las primeras elecciones libres posteriores.

Según Arellano, funcionarios estadounidenses consultados sobre ese punto lo consideraron favorable para blindar la credibilidad de esos primeros comicios.

El contexto que le da urgencia a la propuesta

La iniciativa cobra mayor peso a la luz de lo ocurrido el 19 de julio, cuando Daniel Ortega declaró ante miles de seguidores, durante la conmemoración del 47.° aniversario de la Revolución Sandinista, que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.

La frase, recogida por múltiples medios internacionales, eliminó la última apariencia de normalidad electoral que conservaba el régimen.

La oposición dispersa en el exilio, con presencia en Costa Rica, Estados Unidos y España, interpreta esa declaración no como una novedad, sino como la confirmación de un proceso que lleva años en marcha.

La reforma constitucional de febrero de 2025 ya había ampliado el mandato presidencial, instaurado la figura de “copresidenta” para Rosario Murillo y subordinado los demás poderes del Estado al Ejecutivo.

Las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 habían sido desplazadas a 2027 por esa misma reforma. Con las palabras de Ortega del 19 de julio, esa postergación se convirtió, en la práctica, en supresión.

La presión desde Washington y el rol del apoyo internacional

La propuesta opositora llega en un momento en que el Congreso de Estados Unidos también mueve fichas. El siete de agosto de 2026, los senadores Ted Cruz y Tim Kaine presentaron el proyecto S. 5369, una iniciativa bipartidista que busca extender y ampliar las sanciones de la Nica Act de 2018 hasta 2035.

Por primera vez, ese texto ordena al secretario de Estado realizar una evaluación formal de las condiciones necesarias para una eventual transición democrática en Nicaragua, según informó 100 Noticias.

El proyecto apunta al sector del oro, una de las principales fuentes de divisas del régimen, y contempla sanciones contra funcionarios del Instituto de Previsión Social Militar. Actualmente se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

La propuesta opositora reconoce que sin respaldo externo la transición es inviable. “El apoyo de los países de las Américas es indispensable para bien lograr esa transición que el sufrido pueblo nicaragüense demanda diariamente, pero también, para desarticular la amenaza a la seguridad regional en que el sandinismo ha convertido a Nicaragua”, señala el comunicado firmado por las doce organizaciones.

Los firmantes no precisaron qué gobiernos del hemisferio recibieron el documento ni en qué fechas se realizaron esas entregas.

El Congreso de Estados Unidos impulsa una ofensiva legislativa contra el régimen de Nicaragua, orientando el foco hacia las finanzas. La reciente introducción en el Senado de la ley para la restauración de la justicia electoral y los derechos de la oposición a través de la rendición de cuentas de Nicaragua, conocida por sus siglas en inglés como REFORMAR, marca un endurecimiento de las sanciones económicas, extendiendo el alcance al sector del oro y al Instituto de Previsión Militar del Ejército (IPSM). Así lo explicó el economista Juan Sebastián Chamorro, quien destacó el carácter bipartidista y el alcance ampliado de la iniciativa.

La propuesta, presentada por los senadores Ted Cruz y Tim Kaine, busca reactivar y actualizar herramientas ya utilizadas en el pasado reciente. Según el análisis de Chamorro, la REFORMAR “reactiva la ley NICA Act del 2018, que expiró en 2023 y extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2035, sujeta a una terminación anticipada si el presidente de Estados Unidos certifica que se han cumplido determinadas condiciones democráticas, como la celebración de elecciones libres, transparentes y competitivas y observadas”.

La norma, según el economista, llena el vacío legal generado por la expiración de la NICA Act y refuerza la presión internacional sobre Managua.

Propuesta de EE. UU. fortalece sanciones y vigilancia sobre sectores económicos del régimen

En la exposición de motivos, la iniciativa del Congreso estadounidense documenta “las violaciones de derechos, como el encarcelamiento de opositores, la corrupción sistemática del régimen, el fin del Estado de Derecho, el arresto de los candidatos presidenciales en 2021, el cierre de ONG y la persecución religiosa, entre otros abusos”, detalló Chamorro.

El texto prevé que las sanciones puedan alcanzar a cualquier individuo o empresa que opere en el sector del oro, sin necesidad de demostrar previamente su vinculación con violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. “El proyecto de ley, y esto es lo más importante, permitirá extender esta facultad a cualquier otro sector de la economía”, enfatizó el economista exiliado.

La REFORMAR dota al Secretario de Estado y al Departamento del Tesoro de nuevas atribuciones. Ambos podrán identificar cualquier otro sector económico para la imposición de sanciones, lo que amplía el margen de maniobra del Ejecutivo. La lista de conductas sancionables también se amplía e incluye la “persecución por el ejercicio de la libertad religiosa, las condenas por motivos políticos contra actores democráticos, miembros de la sociedad civil o de organizaciones independientes y la provisión de apoyos significativos relacionados con Rusia e Irán”.

En palabras de Chamorro, “el Instituto de Previsión Militar, el sistema de seguridad social del ejército, se incorpora en esta nueva ley expresamente en la lista de objetivos prioritarios para la imposición de sanciones, lo que refleja la atención del Congreso sobre la infraestructura económica de las fuerzas armadas. Esto es claramente un mensaje al ejército”. Así, la estructura financiera de las Fuerzas Armadas nicaragüenses queda bajo la supervisión y potencial sanción directa de Estados Unidos.

La ley también prevé nuevos mecanismos de supervisión y exige informes periódicos del Ejecutivo sobre la implementación y eficacia de las sanciones. Este seguimiento incluye “una evaluación de las condiciones necesarias para una transición democrática en Nicaragua”, puntualizó Chamorro.

“La ley viene a fortalecer, desde el punto de vista del Congreso, con una iniciativa bipartidista, todas las acciones que el Ejecutivo decida tomar en un futuro cercano”, indicó Chamorro.

El Senado de Estados Unidos introdujo un proyecto que propone reactivar y ampliar las sanciones de la NICA Act contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una iniciativa impulsada por el senador republicano Ted Cruz.

La propuesta fue enviada al Comité de Relaciones Exteriores del Senado para su análisis y se encuentra en la primera fase del trámite legislativo, según datos de Nicaragua Investiga y registros oficiales del Congreso estadounidense.

El 7 de agosto de 2026, la cámara alta presentó formalmente el proyecto S.5369, que no solo busca prorrogar las sanciones ya vigentes, sino también expandir las facultades del Ejecutivo y añadir mecanismos de presión adicionales. El título del proyecto —cuyo texto completo aún no se ha publicado formalmente— anticipa una ampliación de las acciones estadounidenses sobre Managua.

El proyecto busca ampliar el alcance de las sanciones contra Managua

La NICA Act fue aprobada en diciembre de 2018 y, en 2021, complementada por la Ley RENACER. Según la información difundida, la nueva iniciativa responde a la necesidad de renovar las facultades extraordinarias del Ejecutivo estadounidense y actualizar los mecanismos de presión sobre el gobierno de Nicaragua.

Entre los posibles cambios que el Congreso estadounidense suele valorar en reformas de este tipo figuran restricciones a sectores económicos estratégicos, controles sobre inversiones y financiamiento multilateral, así como un seguimiento de las violaciones de derechos humanos y de la libertad religiosa en el país, de acuerdo con reportes de Nicaragua Investiga.

En caso de avanzar, el proyecto permitiría sostener y posiblemente endurecer el marco de sanciones que rige sobre las instituciones estatales nicaragüenses. El contexto señalado por la propuesta es el de un cierre de las vías democráticas por parte de Ortega y Murillo, con la ausencia de elecciones libres y competitivas.

Para quienes consultan sobre el estado actual de la propuesta, la iniciativa legislativa aún se encuentra en una etapa temprana. Tras su introducción, el proyecto S.5369 debe pasar por un proceso formal de revisión y debate que podría tomar semanas o incluso meses, dependiendo del ritmo del Congreso y la prioridad que otorguen los comités involucrados.

El opositor y exaspirante presidencial en el exilio, Juan Sebastián Chamorro, consideró que la presentación de este proyecto responde al cierre definitivo de las opciones democráticas. Chamorro vinculó el paso dado en el Senado con la negativa del gobierno de Nicaragua a permitir procesos electorales abiertos.

Según lo consignado por Nicaragua Investiga, la propuesta busca renovar y fortalecer el marco de herramientas disponibles para el Ejecutivo estadounidense, en un momento en que diversos sectores internacionales expresan preocupación por la situación política en Nicaragua.

El endurecimiento o ampliación de las sanciones podría afectar sectores económicos que financian las arcas estatales, así como limitar el acceso a inversiones y créditos de organismos multilaterales, y establecer un monitoreo más estricto sobre derechos humanos y libertades fundamentales.

El trámite legislativo y sus próximas etapas

El recorrido legislativo para la aprobación del proyecto S.5369 contempla varias etapas. Primero, requiere un dictamen favorable del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Luego, debe ser sometido a votación en el pleno de esa cámara.

Si obtiene el respaldo necesario, la propuesta pasará a la Cámara de Representantes para una nueva revisión. Finalmente, si supera esa instancia, será remitida al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación o veto, según consignó Nicaragua Investiga.

Por el momento, la iniciativa permanece en la fase inicial dentro del Congreso de Estados Unidos, a la espera de los debates y dictámenes de las próximas etapas del proceso. El futuro del proyecto dependerá de los consensos políticos y del curso que tome la discusión legislativa en las próximas semanas.

Marco Rubio advirtió que Cuba no tendrá “válvula de escape” a la presión de Washington y que el régimen de Miguel Díaz-Canel no podrá ganar tiempo esperando el fin de la administración Trump, pues ya no cuenta con patrocinadores externos ni con la indiferencia histórica de Estados Unidos. El secretario de Estado realizó estas declaraciones a Axios en el marco de un análisis publicado este viernes.

“Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape. Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos”, afirmó Rubio al medio especializado. Sus palabras apuntan directamente a las 176 reformas económicas que el régimen cubano aprobó en junio para descentralizar su economía, entre ellas medidas orientadas a incentivar el sector privado.

Rubio subrayó que Cuba atraviesa una situación sin precedentes: “Por primera vez en su historia, Cuba carece de dos elementos en los que siempre se había apoyado: un patrocinador externo y la falta de atención de Estados Unidos”. El quiebre se precipitó en enero pasado, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, estrecho aliado de La Habana.

Tras esa detención, la administración Trump impuso un bloqueo de crudo a la isla. Esta semana, Cuba sufrió dos apagones masivos en menos de 24 horas, que se suman a la escasez de agua, el alza de precios en productos básicos y la falta de servicios vitales, agudizando el descontento popular hacia Díaz-Canel.

“Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, precisó Rubio, descartando que un eventual cambio de ciclo político en Washington pueda aliviar la presión sobre La Habana. El secretario de Estado, de ascendencia cubana, anticipó que al término de la administración en 2029, Cuba estará “como mínimo, en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente”.

La víspera de estas declaraciones, Rubio anunció nuevas sanciones contra entidades y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas cubanas. Medidas anteriores ya habían alcanzado al propio Díaz-Canel, al conglomerado empresarial militar Gaesa y a inversores extranjeros en sectores como la minería y el turismo.

En paralelo, la administración Trump mantiene un canal de diálogo con representantes de La Habana, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exdictador Raúl Castro. Rubio calificó la paciencia y la perseverancia como conceptos “perdidos” en la política exterior y la geopolítica estadounidenses, que su gestión busca recuperar.

El colapso del sector turístico ilustra con cifras el alcance de la crisis. Cuba recibió 387.591 turistas internacionales en la primera mitad de 2026, un 60,7 % menos que en el mismo período del año anterior, según datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Solo en junio llegaron 28.100 visitantes.

Canadá fue el principal mercado emisor con 126.937 visitantes entre enero y junio, seguido por Estados Unidos con 31.001 y Rusia con 21.235, con descensos interanuales del 70,3 %, el 53,8 % y el 66,8 %, respectivamente. México, Argentina y China también registraron caídas superiores al 30 %. Las visitas de la comunidad cubana en el exterior cayeron un 38,2 % hasta las 74.068 personas en el primer semestre del año.

El país había cerrado 2025 con poco más de 1,8 millones de visitantes extranjeros, frente a un objetivo gubernamental de 2,6 millones, y las cifras actuales contrastan con los registros del período de deshielo diplomático: en 2018 llegaron 4,6 millones de turistas y en 2019, 4,2 millones, impulsados por la eliminación de restricciones de viaje impuestas por Washington.

El régimen cubano reconoció en julio que las presiones de Washington provocaron la salida de siete hoteleras internacionales que gestionaban el 46 % de las habitaciones del país, más de 80.000 según datos oficiales. Entre las cadenas que abandonaron la isla figuran las españolas Meliá, Iberostar y Barceló, la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipiélago International y la turca ATG.

Como respuesta, el Ejecutivo de La Habana incluyó en su paquete de reformas de junio varias medidas para reactivar el turismo: nuevas modalidades de negocio para el sector privado que abarcan la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles y el transporte de viajeros. También habilitó al sector privado para operar como agentes turísticos y guías, y prevé aplicar una tasa del 1 % a estos negocios para financiar la promoción del sector.

El turismo cubano registró en el primer semestre de 2026 su peor desempeño en décadas: apenas 387.591 visitantes internacionales, un descenso del 60,7% frente al mismo período del año anterior, según datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). El mes de junio cerró con solo 28.100 llegadas, una cifra que refleja el colapso casi total de un sector que alguna vez fue pilar de la economía de la isla.

Cuba recibió en la primera mitad de 2026 menos de 388.000 turistas internacionales, un 60,7% menos que en igual período de 2025. La caída combina el efecto acumulado de la pandemia de covid-19, el bloqueo de crudo impuesto por Washington tras la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro en enero, y la paralización de vuelos por falta de combustible, que juntos demolieron la infraestructura de recepción turística de la isla.

El mercado canadiense, históricamente el más importante para Cuba, aportó entre enero y junio 126.937 visitantes, lo que supone un descenso interanual del 70,3%. Le siguió Estados Unidos, con 31.001 turistas —una reducción del 53,8%—, y Rusia, con apenas 21.235, un 66,8% menos que en el mismo lapso de 2025. México, Argentina y China también registraron contracciones superiores al 30%.

Las visitas de la comunidad cubana en el exterior, uno de los segmentos de mayor peso en el sector, cayeron un 38,2% hasta las 74.068 personas en los primeros seis meses del año, según la ONEI. La caída acumulada sitúa a Cuba muy por debajo de los registros de años recientes: el país recibió en 2025 poco más de 1,8 millones de visitantes, frente al objetivo gubernamental de 2,6 millones, mientras que en 2024 la cifra alcanzó los 2,2 millones y en 2023, los 2,4 millones.

El contraste con los años del “deshielo” diplomático resulta marcado: en 2018 llegaron 4,6 millones de turistas y en 2019, 4,2 millones, impulsados por la eliminación de restricciones de viaje desde Washington. El régimen cubano reconoció en julio que siete cadenas hoteleras internacionales abandonaron el país como consecuencia de las sanciones secundarias aplicadas por Washington, y que esas empresas gestionaban el 46% del total de habitaciones del país —más de 80.000, según datos oficiales—, entre ellas las españolas Meliá, Iberostar y Barceló, la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipiélago International y la turca ATG.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que Cuba pueda encontrar una salida a la presión de Washington y advirtió que el cerco no cederá durante el tiempo que resta del segundo mandato de Donald Trump. “Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape. Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos”, afirmó Rubio a Axios en referencia a las reformas económicas anunciadas por La Habana.

El funcionario señaló que Cuba enfrenta por primera vez en su historia una doble ausencia: la de un patrocinador externo y la de la indiferencia estadounidense. “Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, afirmó, en alusión al tiempo que resta a la Administración Trump. La captura de Maduro en enero privó a la isla de su principal aliado y fuente de petróleo subsidiado, vacío que Trump aprovechó para imponer un bloqueo de crudo que esta semana derivó en dos apagones masivos en menos de 24 oras.

Esos cortes se suman a la escasez de agua, el encarecimiento de productos básicos y el deterioro de servicios vitales que alimentan el descontento hacia el régimen de Miguel Díaz-Canel. Rubio vaticinó que, al término del mandato de Trump en 2029, Cuba estará “como mínimo, en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente”.

La víspera de esas declaraciones, Rubio anunció nuevas sanciones contra entidades y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas cubanas, medida que se suma a acciones previas contra Díaz-Canel, el conglomerado empresarial militar Gaesa y los inversores extranjeros en sectores como la minería y el turismo. Al mismo tiempo, la Administración Trump mantiene un canal de diálogo con representantes de La Habana, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exdictador Raúl Castro.

Ante el colapso del sector turístico, el régimen cubano aprobó en junio —dentro de un paquete de 176 reformas económicas orientadas a descentralizar y liberalizar la economía— medidas para dinamizar el turismo: habilitación de nuevas modalidades de negocio privado, incluida la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles y el transporte de viajeros. El Ejecutivo también autorizará al sector privado a operar como agentes turísticos, guías y representantes comerciales, y prevé aplicar una tasa del 1% a estas actividades para financiar la promoción y sostenibilidad del sector.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves la designación de cinco entidades y ocho funcionarios cubanos vinculados a la importación de armamento y a la cooperación militar del régimen de La Habana con Rusia y China, en una nueva ronda de sanciones bajo el Decreto Ejecutivo (E.O.) 14404 firmado por el presidente Donald Trump el 1 de mayo pasado.

Las medidas apuntan a empresas estatales, conglomerados militares y altos mandos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba, con el objetivo de cortar los canales de abastecimiento de equipamiento bélico proveniente de Moscú y Pekín. Desde la firma del decreto, Washington ha designado a más de 55 entidades e individuos bajo esa autoridad.

Entre las entidades sancionadas figura la Empresa Cubana Importadora y Exportadora de Productos Técnicos (TECNOIMPORT), subsidiaria del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) —el conglomerado militar que controla la mayor parte de la economía cubana, sancionado en mayo—, que opera en la importación de equipamiento técnico, incluido material militar de origen chino y ruso.

También fue designada la Unión de Industria Militar (UIM), holding castrense responsable de la producción y reparación de armamento para las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y que mantiene vínculos activos con empresas de defensa rusas para la modernización de sistemas de armas.

La lista de entidades incluye además a la Sociedad Mercantil DUNA S.A., involucrada en la importación de equipamiento militar desde China y Rusia; la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin (EMI YURI GAGARIN), dedicada al mantenimiento de aeronaves militares de origen ruso; y la Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados S.A. (TECNOTEX), otra subsidiaria de GAESA que, según el comunicado del Departamento de Estado, “ha estado involucrada en esfuerzos para renovar la flota de helicópteros de origen ruso de Cuba y ha tenido cooperación previa con la República Popular Democrática de Corea”.

Entre los ocho individuos designados se encuentran el ministro del MINFAR, Álvaro Victoriano López Miera, y el jefe del Estado Mayor de las FAR, Roberto Legra Sotolongo, ambos previamente sancionados por el Departamento del Tesoro en 2021 bajo la Ley de Responsabilidad de Derechos Humanos Global Magnitsky.

También fueron incluidos José Antonio Remón Rodríguez, jefe de la Dirección de Relaciones Exteriores del MINFAR y responsable de la cooperación militar foránea; Óscar Enrique Biosca Gallego, jefe de la Dirección Económica del MINFAR; Mónica Milián Gómez, agregada militar cubana en Rusia; y Waldo Pérez Cortés, agregado militar cubano en China, señalado por su participación en la adquisición de equipamiento bélico chino para La Habana.

Las designaciones se producen dos semanas después de la publicación, el 20 de julio, del informe “Cuba: la Capital del Comunismo del Siglo XXI”, elaborado por el propio Departamento de Estado. El documento describe las alianzas del régimen cubano con Rusia y China, que han provisto a la isla de hardware militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades de seguridad, y señala que Cuba se ha convertido en una plataforma de operaciones para adversarios de Estados Unidos en el hemisferio.

Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses de propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos norteamericanos quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Las transacciones de personas o entidades estadounidenses con los designados están prohibidas salvo autorización expresa de OFAC.

El Departamento de Estado advirtió que las personas o entidades extranjeras que realicen transacciones con los sancionados, o que operen en los sectores de energía, defensa, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, quedan expuestas a ser ellas mismas objeto de nuevas sanciones.

Las instituciones financieras no estadounidenses también fueron alertadas sobre los riesgos de operar con cualquier parte bloqueada bajo esta autoridad.

En Ciudad Sandino, las autoridades municipales dieron a conocer la imposición de multas de hasta 1,500 córdobas a los propietarios de animales que dejen excrementos en la vía pública sin recogerlos, una medida que busca frenar una práctica común en este municipio de Nicaragua. Según reportó Despacho 505, la Alcaldía de Ciudad Sandino notificó a los dueños de carretas tiradas por caballos sobre la obligatoriedad de portar una pañalera o recolector de desechos, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal 046/06.

La disposición, difundida por las redes sociales de la municipalidad, advierte que quienes no cumplan con la norma enfrentarán una multa inicial de 500 córdobas (USD 13.61). Si reinciden, la sanción se elevará al triple, alcanzando los 1,500 córdobas (USD 40.82), según lo estipulado en la ordenanza. Según Despacho 505, este anuncio convierte a Ciudad Sandino en la segunda localidad del país que adopta sanciones explícitas contra los dueños de animales que ensucien el espacio público con excrementos.

La Alcaldía justificó la medida como parte de una política dirigida a mejorar la limpieza urbana y reducir la contaminación ambiental. El uso obligatorio de la llamada “pañalera ecológica” pretende no solo minimizar los malos olores en las calles, sino también proteger la salud de los habitantes y promover un entorno más ordenado y sostenible. De acuerdo con lo comunicado por la administración local y recogido por el mismo medio, los desechos recolectados deberán ser entregados en el Vivero Municipal Kamilo Lara, donde se utilizarán para la elaboración de abono orgánico.

Las carretas de tracción animal siguen siendo habituales en Ciudad Sandino, utilizadas para transportar materiales de construcción, leña, chatarra y otros bienes. Por esto, la acumulación de excrementos equinos en calles y carreteras ha generado constantes quejas entre los habitantes. Despacho 505 destaca que, pese a la existencia de normas previas sobre salubridad y espacio público, hasta ahora no se había implementado un régimen de sanciones efectivo para quienes incumplen estas disposiciones.

En el aviso oficial, la municipalidad remarcó la obligación de los propietarios de carretas de instalar sistemas recolectores de desechos en los caballos que circulen por la vía pública. La alcaldía no precisó la fecha exacta en que comenzarán los operativos de control, aunque advirtió que las multas serán aplicadas tan pronto se detecten infracciones. Quienes incumplan esta disposición serán sancionados con una multa de 500 córdobas. En caso de reincidencia, la sanción ascenderá al triple del monto inicial.

Esta acción en Ciudad Sandino ocurre pocos días después de que la Alcaldía de El Castillo, en el departamento de Río San Juan, anunciara una normativa similar. En esa localidad la ordenanza municipal extiende la obligación de recoger los desechos a los dueños de perros y otras mascotas, bajo el argumento de reforzar las normas de convivencia ciudadana y preservar la limpieza de calles, aceras y áreas verdes. El régimen de sanciones en El Castillo contempla multas escalonadas: 500 córdobas por la primera infracción, 1,000 córdobas (USD 27.22) por la segunda y 1,500 córdobas en caso de reincidencia.

La nueva normativa, firmada por el alcalde Iván José Duarte Miranda, exige a los dueños de mascotas evitar que sus animales causen molestias a terceros, daños a bienes públicos o privados, o generen riesgos para la salud pública. Ambas reglamentaciones municipales reflejan una tendencia emergente en Nicaragua hacia una mayor regulación del uso del espacio público y el fortalecimiento de las políticas ambientales urbanas.

El programa en Ciudad Sandino incorpora el aprovechamiento de los excrementos recolectados, que serán procesados en el vivero municipal para la producción de sustratos orgánicos. De esta manera, la gestión de los residuos animales se integra a los esfuerzos de sostenibilidad y reutilización en la ciudad.

La puesta en marcha de estas sanciones responde al aumento de denuncias ciudadanas sobre la falta de limpieza y el impacto de los desechos animales en la vida diaria. Con la entrada en vigor de la ordenanza y la aplicación de multas, la administración local espera modificar los hábitos de los propietarios y mejorar la convivencia en los espacios urbanos.

Estados Unidos comenzó una ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la emisión de sanciones financieras y el reciente aumento de las recompensas que ofrece por ocho de sus líderes criminales. Esta acción comenzó luego de que mantuvo en el foco al Cártel de Sinaloa, y en especifico, de la facción de Los Chapitos.

Ante las acciones encabezadas por el gobierno de Donald Trump y de las declaraciones de funcionarios federales como Terry Cole, director de la DEA, de que la ofensiva no se detendrá y también contempla a políticos ligados al cártel, Mike Vigil, exagente de la DEA, aseguró en entrevista con Infobae México que estas medidas no serán suficientes.

De acuerdo con Vigil, el aumento de 102 millones de dólares en recompensas y sanciones del Departamento del Tesoro contra más de 50 de sus miembros son “puro teatro político” sin ningún impacto real sobre el cártel.

Además, apuntó que esta ofensiva podría deberse a la presión que provocó el anuncio del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) al atribuirse el operativo donde fue detenido Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

¿Por qué las recompensas “no sirven”?

Para el exagente, el mecanismo tiene dos fallas estructurales que lo condenan al fracaso, como lo es que ninguna persona se atrevería a entregar a los líderes criminales.

“Individuos, hablo de ciudadanos o de miembros del cártel, no van a denunciar a estos líderes aunque sea por millones de dólares, porque ellos saben que los van a matar o que van a matar a sus familias”, explicó.

La segunda razón es que las organizaciones criminales mantienen un bajo perfil respecto a la información que comparten dentro de la estructura, lo que imposibilita que todos conozcan sus ubicaciones.

“Estos líderes no le dicen a todo el cártel en dónde andan. Son muy poquitas personas que saben que están en cierto lugar, se van moviendo con un escolta que es escogido por ellos mismos, una escolta que nunca los va a traicionar”, señaló Vigil.

Este miércoles, el Departamento de Estado de EEUU anunció recompensas por ocho integrantes del CJNG para quien brinde información que permita su captura, entre los que se encuentran:

• Juan Carlos Valencia Gonzáles, alias “El 03″ o “El Pelón”, líder del cártel: 25 mdd
• Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, actualmente detenido en México y gestionando amparos para evitar su extradición a EEUU: 15 mdd
• Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes: 15 mdd
• Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”: 15 mdd
• Ricardo Ruiz Velasco, “La Tripa”: 10 mdd
• Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”: 10 mdd
• Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”: 10 mdd
• Griselda Margarita Arredondo Pinzón, hermanastra de “El Tarjetas”: 2 mdd

La captura de “El Mayo” que habría detonado la ofensiva contra el CJNG

Para Vigil, el cambio de objetivo de la administración Trump —antes concentrada en el Cártel de Sinaloa, ahora en el CJNG— responde directamente al escándalo generado por el operativo que llevó a Mayo Zambada ante la justicia estadounidense, ya que el líder criminal denunció que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y trasladado a EEUU.

“Yo creo que el FBI y Seguridad Nacional estuvieron al tanto del secuestro, y ese avión que se usó le pertenecía al FBI —sostuvo—. Pusieron el avión en un museo ahí en Santa Teresa, en el aeropuerto, y así se enteró todo el mundo que era el avión de ellos. Eso era una violación de la Constitución, de la soberanía, de la Seguridad Nacional de México”, afirmó.

Ante ese antecedente, el exfuncionario interpretó el giro estratégico de Washington como un intento de desviar la atención. “Eso ahora yo creo que lo quieren tapar un poco, y ahora se quieren enfocar en Jalisco, porque ahora tienen un líder que no solo es mexicano, sino que también es ciudadano americano”.

Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “El 03″, fue identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG, además de anunciar que contaba con ciudadanía americana.

“Es una vergüenza que ahora un americano está encargado de uno de los más poderosos cárteles del mundo”, dijo. Y añadió que el CJNG estaría aprovechando la guerra interna del Cártel de Sinaloa para incrementar sus envíos de droga a territorio estadounidense.

El exjefe de la DEA señaló además que en el propio anuncio de sanciones de la OFAC, el nombre del nuevo líder apareció mal escrito. “Lo ponen con Juan Carlos González. Es Juan Carlos Valencia González. Ni sabían cuál era el nombre correcto. Eso te dice mucho”.

Por qué el OFAC tampoco funciona

Semanas antes, el secretario del Tesoro, Scott Bessentm anunció sanciones contra más de 50 miembros del CJNG, las cuales Vigil descartó como efectivas.

“El OFAC no es eficaz, porque el OFAC pone sanciones, pero una cosa es poner una sanción y otra cosa es identificar las cuentas bancarias o el dinero de los cárteles —explicó—. El OFAC nada más puede congelar, no puede incautar”.

La razón de fondo, detalló, es que los cárteles operan fuera del sistema bancario. “Los cárteles, incluyendo Jalisco Nueva Generación, sobreviven gracias al efectivo en grandes cantidades y la logística clandestina. Ellos manejan el efectivo. Se trata de toneladas y así evitan los sistemas bancarios”.

Vigil ilustró el mecanismo con una operación que dirigió como encargado de la división de la DEA en San Diego. “Conseguimos información de un informante de que venía un vehículo que cargaba como diez autos al mismo tiempo, y lo paramos. Eran vehículos viejos, usados, que no servían para nada, pero tenían compartimentos falsos cerca de la cajuela. Los que tenían dinero les pusieron una X en la ventana. Los interceptamos antes de que cruzara a Tijuana y decomisamos más de 4 millones de dólares”.

El lavado comercial y las casas de cambio

Además del transporte de efectivo en bulto, Vigil describió el mecanismo de blanqueo mediante el comercio de mercancías. “Lo que hacen con el dinero de las ventas de drogas aquí, en vez de cruzarlo muchas veces, van y compran electrónicos, textiles, ropa, por ejemplo en Los Ángeles, y transportan esa mercancía a México, donde la venden y hasta ganan más dinero. Y entonces la blanquean”.

Mencionó también el uso de casas de cambio en la frontera y las redes de origen chino en Estados Unidos que el Cártel de Sinaloa ha utilizado para lavar capitales. Cuando se sanciona una empresa del cártel, apuntó, la respuesta es inmediata: “Exactamente la reemplazan por otras. Y nunca les van a poner en sus nombres. Ellos van a utilizar testaferros, y eso va a ser muy difícil de comprobar”.

Ante ese panorama, calificó el conjunto de medidas como ineficientes y señaló que no detendrán las actividades delictivas del CJNG si no contemplan la magnitud del entramado criminal.

Las autoridades de Ucrania sancionaron a más de 40 entidades y personas por su participación en la fabricación y suministro de equipo militar y tecnológico para la industria de defensa rusa, en el contexto de la invasión iniciada por Moscú febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, firmó un decreto para aplicar la medida recomendada por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, que afecta a 23 empresas y 20 personas acusadas de “fabricar y suministrar equipos y componentes para la industria de defensa y los organismos de seguridad rusos”.

Según comunicó la Presidencia, entre las sancionadas figuran la armamentística Kidma Tech —dedicada a la fabricación y reparación de misiles— y la planta Morozoc, que produce explosivos y combustible para proyectiles, incluidas cargas para motores de misiles balísticos Iskander-M. También fueron incluidas las empresas Spetselektronkomplekt, especializada en producción de misiles; Aurum, que suministra sistemas de guerra electrónica y drones a las fuerzas de ocupación rusas; así como otras tecnológicas rusas.

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos incorporó a varias personas y entidades militares rusas a su régimen de sanciones por violar la ley destinada a evitar la proliferación de armas de destrucción en Irán, Siria y Corea del Norte, conocida como INKSNA. En la denominada “lista negra” de Washington figuran cinco ciudadanos rusos y entidades de las Fuerzas Terrestres de Rusia, así como agencias dependientes del Ministerio de Defensa, entre ellas la Dirección Principal de Misiles y Artillería.

También fueron sancionadas las empresas rusas Gedion Alpha Company e International Invest Company, acusadas de facilitar la transferencia de equipos, tecnología, suministros y componentes de armamento sensible a los países señalados por la ley.

Estas sanciones, alcanzan además a entidades y personas de China, Irán, Malasia, Siria, Corea del Norte y Taiwán. La ley INKSNA no solo contempla a los países señalados, sino también a terceros que transfieran o comercien con ellos bienes, servicios o tecnología sujetos a acuerdos multilaterales sobre no proliferación de armas.

Por su parte, Putin introdujo modificaciones en el acuerdo de cooperación técnico-militar con Bielorrusia firmado en 2009, con el objetivo de adaptarlo a la alianza estratégica consolidada entre ambos países desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. El documento, publicado por el portal de información legal ruso, busca simplificar el procedimiento conjunto para el suministro de armamento.

El Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar informó recientemente a la Duma que la cooperación se ha acelerado tanto en contenido como en volumen, lo que motivó la actualización del acuerdo. Las enmiendas aprobadas por Putin reducirán los plazos de entrega de componentes, piezas de repuesto y armamento de nueva generación.

En mayo pasado, Rusia y Bielorrusia realizaron sus primeras maniobras nucleares conjuntas con armamento táctico-estratégico en territorio bielorruso, que limita con miembros de la OTAN como Polonia, Letonia y Lituania. El jefe de Estado ruso autorizó el despliegue en el país vecino de armamento nuclear táctico y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik como medida de disuasión ante la amenaza que representa la Alianza Atlántica.

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, a quien el mandatario ucraniano Zelensky acusa de complicidad en la operación militar rusa, negó que Minsk tenga intención de entrar en guerra con Ucrania.

En el plano de las conversaciones para un acuerdo que ponga fin a la invasión, el Ministerio de Exteriores de Rusia instó a los socios de Ucrania a adoptar una postura “madura” para facilitar negociaciones que permitan detener la guerra que ya lleva más de cuatro años. Según la Cancillería rusa, la campaña militar “continuará” si Moscú no percibe voluntad para garantizar que Kiev cumpla los compromisos acordados con sus aliados occidentales, en referencia a propuestas de Estados Unidos durante la cumbre de agosto de 2025 en Alaska.

“Siempre estamos dispuestos a negociar, estamos abiertos a una solución negociada, y lo hemos demostrado en más de una ocasión: la otra parte, la ucraniana, se ha retirado de las negociaciones; se ha retirado de ellas y luego se ha autoexcluido, comportándose, por decirlo suavemente, de forma incoherente”, declaró el viceministro de Exteriores, Mijail Galuzin, a la agencia rusa TASS.

(Con información de Europa Press y EFE)

A partir de 2027, la Unión Europea prohibirá por completo la importación de gas natural licuado (GNL) ruso, un mercado del que hoy depende en gran medida: los países del bloque compraron casi toda la producción de la planta siberiana de Yamal durante el primer semestre de este año. Ante esa fecha límite, Rusia viene ampliando de forma discreta su flota de buques gaseros para sostener sus exportaciones pese a las restricciones, según reveló el diario Financial Times.

Una flota que ya suma 25 buques

Según la firma de datos marítimos Windward, citada por el diario británico, al menos ocho tanqueros de GNL usados fueron vendidos y utilizados en los últimos seis meses para transportar cargamentos rusos, lo que eleva a 25 buques el tamaño de esta flota. Incluye dos naves nuevas construidas en el astillero ruso de Zvezdá: el Alekséi Kosygin, que transporta cargamentos del sancionado proyecto Ártico LNG 2 desde diciembre, y el Konstantín Posiet, bautizado este mes.

Cuatro de los buques recientemente adquiridos por Rusia transportaron volúmenes desde terminales que manejan GNL sujeto a sanciones occidentales, de acuerdo con datos de Kpler analizados por el Financial Times. Todos navegan hoy bajo bandera rusa, rebautizados con nombres como Kosmos, Orión, Merkuri y Luch.

El mismo manual que la flota petrolera

El esquema replica el que Rusia ya utiliza con su “flota oscura” de petroleros —que supera los 1.000 barcos— para eludir las sanciones occidentales sobre el crudo.

“La flota petrolera en la sombra tuvo precedentes en Irán y Venezuela. Pero ningún otro país había alcanzado ese nivel de avance tecnológico en producción de gas para el momento en que fue sancionado”, dijo al Financial Times Irina Mirónova, investigadora sénior del New Energy Advancement Hub, quien calificó el fenómeno de “único”.

Los tanqueros de esta flota gasera pertenecen mayormente a empresas fantasma radicadas en Dubái, Hong Kong y Singapur, y navegan bajo banderas de conveniencia, recurriendo a interferencia de señales y transferencias buque a buque para disimular el origen de la carga.

Por qué construir un buque gasero es más difícil

Sin embargo, replicar el modelo petrolero con gas es considerablemente más complejo, advirtió Septimus Knox, director de la firma de inteligencia S-RM, en declaraciones al Financial Times. “La ejecución es mucho más difícil por la naturaleza del transporte de GNL. Hay menos buques y se requiere infraestructura más específica y escasa”, explicó.

Los buques gaseros cuestan unos 300 millones de dólares y necesitan sistemas de contención complejos para mantener el gas líquido a -162°C. Como las principales plantas rusas están en el Ártico, además se requieren buques de clase hielo durante gran parte del año.

China es hoy el único comprador de la producción sancionada de Ártico LNG 2: once buques, con diez años de antigüedad promedio, transportan esos volúmenes hacia terminales flotantes desde donde se transfieren a tanqueros convencionales. Todos están bajo sanciones de Estados Unidos, y la empresa privada Novatek se convirtió en propietaria o fletadora de casi todos en los últimos dos años.

Novatek domina el sector: su planta de Yamal, junto con la sancionada Ártico LNG 2, produce más del 65% del total nacional, según el organismo estadístico ruso, mientras que el proyecto Sajalín-2, de la estatal Gazprom, aporta otro 30%. Buena parte de los volúmenes no sancionados todavía viaja en buques fletados a navieras internacionales, como la griega Dynagas o la japonesa Mitsui OSK, pero la ola de restricciones obligó a Moscú a diversificar.

Un cuello de botella tecnológico

El ritmo de expansión podría chocar pronto con una barrera técnica. Navin Kumar, de la consultora Drewry, dijo al Financial Times que Rusia podría tener dificultades para seguir construyendo sus propios buques, ya que la empresa francesa GTT mantiene un cuasi monopolio sobre los sistemas de contención especializados y suspendió sus contratos con Rusia en 2023 por las sanciones europeas. Aun si Moscú desarrollara tecnología propia, necesitaría aprobaciones de organismos internacionales, en un proceso que Kumar calificó de “largo y complejo”. Otros cuatro buques se construyen actualmente en Zvezdá, mientras seis embarcaciones de clase hielo permanecen bloqueadas para su entrega en el astillero surcoreano Hanwha.

Esa limitación empuja a Rusia hacia el mercado de segunda mano, donde ya compite con otros actores. “Hay muchos buques antiguos saliendo al mercado, y sí creo que una parte de ellos terminará en la flota rusa”, dijo al Financial Times Carl-Antoine Saverys, director ejecutivo de la naviera gasera Exmar, que reconvierte tanqueros usados en unidades de almacenamiento flotante.

La semana pasada, la Unión Europea dispuso que la venta de tanqueros de GNL a ciudadanos rusos deberá notificarse a Bruselas, aunque —tras presión de Grecia— evitó prohibir el transporte de gas ruso en buques comunitarios hacia terceros países.

Las recientes inspecciones de la Acodeco sobre los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras han suscitado inquietud entre pequeños comercios, pero la entidad aclaró que estos operativos no buscan sancionar a los minoristas cuando se detecta un faltante en el contenido.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia detalló que, al detectar un cilindro con menos gas del estipulado, el procedimiento consiste en retirar el tanque del punto de venta y abrir una investigación técnica.

Posteriormente, se notifica al distribuidor para que presente sus descargos y, si se comprueba una infracción, se aplican las sanciones previstas por la ley.

En Panamá propietarios de comercios dedicados a la venta al por menor evaluaban suspender la venta de los cilindros de gas licuado de 25 libras

El llamado “tanquecito de gas” es utilizado en más de 734 mil hogares y tiene un precio unitario de $4.37, gracias a un subsidio estatal que data de 1993, que anualmente representa una erogación estatal de al menos $90 millones.

La posibilidad de que comerciantes dedicados al comercio al por menor suspendieran la venta de cilindros de gas de 25 libras generó inquietud entre los consumidores.

Diversos propietarios de minisúper y abarroterías, especialmente dentro de la comunidad china, han manifestado en redes sociales que la falta de tiempo para revisar el contenido de los cilindros y el temor a conflictos por el peso declarado los ha llevado a considerar la suspensión temporal de este servicio.

Los comerciantes alegan que la tarea de verificar cada cilindro y enfrentar sanciones representa una carga adicional difícil de asumir.

El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, subrayó que el enfoque está en proteger a los consumidores y asegurar que cada familia reciba la cantidad de gas por la que paga.

“Es importante que los propietarios de minisúper, abarroterías y la ciudadanía tengan la tranquilidad de que la Acodeco no sanciona al comercio minorista cuando detecta un cilindro de 25 libras con menos contenido del debido”, afirmó, reforzando que solo se sanciona a quienes incumplen dentro de la cadena de suministro.

En la práctica, los funcionarios verifican el peso de los cilindros con equipos calibrados y, si encuentran un faltante, retiran el producto sin imponer multas al comercio donde se realizó la detección.

El objetivo central de estas inspecciones es garantizar la protección del consumidor y la transparencia en la distribución del GLP.

Las verificaciones del contenido neto de los cilindros continuarán en todo el país, como parte de las acciones permanentes de vigilancia del mercado que realiza la entidad.

Estas medidas buscan fortalecer la transparencia a lo largo de la cadena de distribución y proteger los recursos públicos destinados al subsidio del gas.

Las inspecciones sobre los cilindros de gas GLP de 25 libras no tienen como propósito sancionar a los comercios minoristas, sino identificar irregularidades en el contenido neto y garantizar que los consumidores reciban lo que realmente pagan.

Cuando se detecta un faltante, el cilindro es retirado para investigación y, en caso de comprobarse responsabilidad del distribuidor, se imponen las sanciones correspondientes.

El administrador general enfatizó que la entidad mantendrá estos operativos y llegará “hasta el fondo de cada investigación” para determinar en qué etapa de la cadena se produce cualquier pérdida de contenido. “Ese compromiso lo vamos a hacer cumplir”, aseguró.

También hizo un llamado a no dejarse llevar por informaciones incorrectas sobre estos operativos.

Insistió en que los comercios donde se hallan cilindros con faltante no son objeto de sanción automática, sino parte de un proceso de control que finaliza solo si se demuestra un incumplimiento normativo por parte de los responsables en la cadena de suministro.

Se reiteró que la vigilancia seguirá extendiéndose por todo el país para asegurar la transparencia en el mercado y salvaguardar los derechos económicos de los consumidores panameños.

Una de las mayores redes de apuestas ilegales del mundo envía millones de dólares en criptomonedas a través de una oficina en Dubái, como parte de una operación iraní de evasión de sanciones por valor de 4.000 millones de dólares.

La oficina, situada encima de un hotel económico en un barrio poco glamuroso, es la dirección registrada de Shelbit, una plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia dirigida por un iraní expatriado, según datos compartidos por dos empresas de investigación de criptomonedas y un analista independiente, y revisados ​​por Reuters.

Entre los principales clientes de Shelbit se encuentra una red de apuestas en persa con más de 2.000 sitios web, liderada por dos ostentosos influencers iraníes con conexiones gubernamentales de alto nivel: uno opera desde una lujosa villa en Madrid y el otro, hasta hace poco, desde un hotel de lujo en Hong Kong.

Los dos hombres y el iraní que dirige Shelbit fueron condenados como cómplices en un caso de apuestas ilegales en Irán en 2023.

El juego está prohibido en la República Islámica y se castiga con latigazos y prisión. Sin embargo, la red de apuestas identificada por Reuters tiene acceso al sistema de pagos en línea de Irán, que está bajo la estricta supervisión del banco central del país.

Shelbit es el centro de la operación iraní de transferencia de dinero, a través de la cual la red de apuestas, el banco central y otras entidades iraníes sancionadas tienen acceso a los mercados globales de criptomonedas.

Esta es, con diferencia, la mayor red de apuestas ilegales iraní jamás descubierta y una de las más grandes del mundo.

Los datos sobre los flujos de dinero de Shelbit, incluyendo un total de al menos 4.000 millones de dólares que la plataforma ha procesado desde mayo de 2024, fueron analizados por dos empresas de investigación de criptomonedas y por Rich Sanders, investigador independiente de blockchain especializado en Irán. Ambas empresas solicitaron el anonimato para hablar sobre los datos confidenciales, que fueron revisados ​​por Reuters. Decenas de millones de dólares en criptomonedas de la red de apuestas pueden rastrearse a través de los registros de blockchain hasta Shelbit.

Shelbit ha transferido cientos de millones de dólares a algunos de los actores más importantes del mundo de las criptomonedas, incluyendo Binance, la mayor plataforma de intercambio del mundo.

Shelbit también interactúa directamente con el banco central de Irán; con billeteras que el gobierno israelí ha vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica; y con Nobitex, una plataforma de intercambio iraní que el gobierno estadounidense sancionó a principios de este año tras una investigación de Reuters que reveló sus vínculos con el gobierno. Parte de las criptomonedas que han llegado a Shelbit provienen de lo que dos empresas de investigación de criptomonedas identifican como una operación iraní de minería de bitcoin, dedicada a la creación de nuevas monedas digitales.

“Es una operación de la Guardia Revolucionaria Islámica, y eso es más que evidente”, dijo Sanders sobre Shelbit.

El flujo de dinero hacia Shelbit continuó durante el período previo a la guerra con Estados Unidos e Israel en febrero. Las criptomonedas siguieron llegando incluso después de que la República Islámica bombardeara repetidamente los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo un ataque con dron que impactó a menos de un kilómetro de las oficinas de la plataforma de intercambio.

La revelación de la red de transferencia de dinero demuestra el ingenio que permite a Irán resistir años de severas sanciones comerciales y bancarias. La Guardia Revolucionaria ha desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento de la economía a flote durante su guerra intermitente con Estados Unidos e Israel, emergiendo más poderosa que nunca.

La investigación de Reuters también descubrió que, hace años, la Guardia Revolucionaria tomó el control de los sitios web de apuestas más grandes accesibles dentro de Irán y desde entonces los ha utilizado para transferir dinero al extranjero.

En lo que respecta a las apuestas, la Guardia Revolucionaria aprendió pronto la lección más lucrativa de la República Islámica: declarar algo ilegal y luego controlar tanto la prohibición como el mercado negro.

Miad Maleki, ex director adjunto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros

Reuters entrevistó a más de 30 personas para desmantelar la red de evasión de sanciones, entre ellas dos ex miembros de la Guardia Revolucionaria, un exfuncionario del gobierno, dos altos cargos iraníes con conocimiento del plan y personas con información directa sobre las investigaciones en curso del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre la operación. Se identificaron los sitios web de apuestas y se analizaron sus relaciones en colaboración con la empresa de ciberseguridad Infoblox.

“Esta es, con diferencia, la mayor red de juego ilegal iraní jamás descubierta y una de las más grandes del mundo”, afirmó John Wojcik, antiguo investigador de Infoblox que dedicó siete años a investigar el juego ilegal para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Actualmente, Wojcik es analista sénior en TRM Labs.

También es una de las mayores redes iraníes de evasión de sanciones descubiertas desde 2016, cuando Estados Unidos desmanteló una operación de intercambio de oro por petróleo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), valorada en unos 20.000 millones de dólares y con base en Turquía.

Reuters no pudo determinar si la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) tenía control directo sobre la red de apuestas y Shelbit, ni quién específicamente dentro del Estado iraní controlaba la operación de evasión de sanciones. Reuters tampoco pudo determinar el destino final de gran parte de las criptomonedas.

La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) está investigando el presunto papel de Shelbit en el blanqueo de dinero y la evasión de sanciones por parte de Irán, según una persona con conocimiento directo del caso. El fundador de la plataforma, Siavash Kayvanpour, y la red más amplia de iraníes involucrados en apuestas ilegales con criptomonedas también están siendo investigados por la agencia, añadió la misma fuente.

VARA confirmó que tanto ella como el Departamento de Economía y Turismo de Dubái habían tomado medidas coercitivas en 2025 contra Shelbit por operar sin licencia. El 24 de julio, poco después de que Reuters solicitara comentarios a la autoridad, VARA emitió un aviso indicando que Shelbit estaba infringiendo las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y le ordenó que cesara de inmediato todas las actividades de activos virtuales sin licencia.

“La exposición identificada por VARA va más allá de la protección del consumidor e incluye transacciones transfronterizas más graves con potencial para afectar la integridad del sistema financiero de los EAU”, según el aviso publicado en el sitio web de VARA.

Uno de los hombres que dirigía la operación de apuestas, Sasha Sobhani, es hijo de un exdiplomático y ministro iraní de alto rango, cuyo padre lo ha repudiado públicamente por lo que describió como un comportamiento contrario al islam.

Otro, Pooyan Mokhtari, es un influencer y cantante que se movía entre hoteles de lujo en Hong Kong tras ser expulsado a finales de abril de Dubái, donde fue arrestado y acusado por las autoridades de financiar organizaciones terroristas iraníes.

Ambos hacen alarde de su ostentoso estilo de vida en las redes sociales, publicando vídeos de coches deportivos de lujo, fiestas en yates y aviones privados.

Mokhtari negó las acusaciones en su contra en Dubái y afirmó no pertenecer a la Guardia Revolucionaria Islámica ni a ningún grupo militar iraní. No especificó si había hecho negocios con ellos.

«No formo parte de ellos, pero ojalá algún día pueda ser como ellos: no para atacar a nadie, sino para defender a la gente», declaró en una entrevista en Hong Kong. «Nunca he usado mi poder, mi dinero ni mi influencia en las redes sociales para molestar a nadie ni para perjudicar a la humanidad».

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos no respondió a las preguntas sobre el arresto, la liberación o el estatus migratorio de Mokhtari.

“Los Emiratos Árabes Unidos se adhieren a los más altos estándares internacionales, mantienen una estricta supervisión en todos los sectores y trabajan en estrecha colaboración con socios internacionales para interrumpir y disuadir todo tipo de flujos financieros ilícitos”, declaró el ministerio en un comunicado a Reuters.

A finales de junio, Mokhtari comunicó a sus seguidores en redes sociales que planeaba asistir al funeral del líder supremo asesinado en Irán a principios de julio. Durante varios días previos, Mokhtari publicó imágenes suyas con el pelo recién teñido de rubio, en el gimnasio, haciendo la maleta y comprando regalos.

“Es una sensación extraña. Voy a mi patria”, escribió el 4 de julio, junto a un emoji con los ojos llorosos.

Tanto él como Sobhani negaron que los sitios de apuestas que promocionan estuvieran conectados entre sí. Sin embargo, aunque muchos de los dominios “se registraron en momentos diferentes, con nombres distintos y marcas diferentes”, comparten software y otras características técnicas que los vinculan, según Infoblox.

Los dos hombres afirmaron desconocer cualquier implicación del Estado iraní en sus actividades, no conocer a Kayvanpour y no estar familiarizados con Shelbit.

«Niego categóricamente cualquier implicación en blanqueo de dinero, evasión de sanciones, financiación del terrorismo o transferencia de fondos en nombre del gobierno iraní, el Banco Central de Irán, la Guardia Revolucionaria Islámica ni ninguna otra institución estatal iraní», declaró Sobhani en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters.

Ni Kayvanpour ni el gobierno iraní respondieron a las solicitudes de comentarios. La policía de Dubái y la fiscalía general tampoco respondieron. El comunicado de VARA no mencionaba a Sobhani ni a Mokhtari.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos «está al tanto de estas acusaciones y las toma muy en serio», declaró un portavoz del Departamento del Tesoro. «Desde que el presidente Trump asumió el cargo, el Tesoro ha intensificado su vigilancia sobre los activos digitales vinculados al régimen iraní».

Los datos revisados ​​por Reuters mostraron que Shelbit ha procesado al menos 130 millones de dólares para solo uno de los sitios de apuestas vinculados a la red más amplia desde mayo de 2024, fecha en la que la plataforma de intercambio parece haber comenzado a operar.

“La ideología es la marca del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), mientras que el lucro es su modelo de negocio”, afirmó Miad Maleki, quien ayudó a diseñar la política del Departamento del Tesoro de EE. UU. para evadir las sanciones contra Irán cuando era director asociado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, cargo que ocupó hasta el año pasado. “En lo que respecta a las apuestas, el CGRI aprendió pronto la lección más lucrativa de la República Islámica: declarar algo ilegal y luego controlar tanto la prohibición como el mercado negro”.

El CGRI es la rama del Estado iraní que salvaguarda la Revolución Islámica y supervisa empresas comerciales multimillonarias.

A pesar de los miles de millones que han pasado por Shelbit, actualmente no existe una forma identificable para que el público en general utilice la plataforma de intercambio. Tres personas que residían en la dirección registrada como oficina de Shelbit en el barrio de Deira, en Dubái, declararon a un reportero de Reuters que nunca habían oído hablar de la empresa y que no tenían ninguna relación con las criptomonedas. Las transacciones en línea también son imposibles, ya que Shelbit ya no tiene sitio web.

Al ser consultada sobre sus interacciones con Shelbit, Binance afirmó que Shelbit nunca tuvo una cuenta en Binance ni fue sancionada. Binance no negó haber procesado cientos de millones de dólares para Shelbit, argumentando que dichas transacciones no se consideraban de alto riesgo.

«Cuando los usuarios asociados con Shelbit interactuaron con nuestra plataforma, nuestro programa de cumplimiento funcionó correctamente: investigó, congeló las cuentas correspondientes y las denunció a las autoridades», declaró Binance en un comunicado. La empresa no proporcionó más detalles.

La toma del control

La adopción del juego en línea por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) es una extensión del control que ejerce cada vez más sobre la economía del país, tanto legal como ilegal. Si bien las sospechas de la participación estatal en el juego surgieron en un informe del Instituto Washington de 2021, entre otros, Reuters es el primer medio de comunicación en detallar la toma del control de este lucrativo sector por parte de la IRGC.

Cuando el juego en línea despegó en Irán hace aproximadamente una década, la IRGC vio una oportunidad y tomó el control, afirmó Reza Gheibi, exfuncionario del gobierno iraní que abandonó Irán en 2022 y ahora reside en Gran Bretaña.

El juego en línea también requirió la colaboración del banco central de Irán, que controla la infraestructura nacional de pagos electrónicos, incluidas las tarjetas bancarias y las transferencias de dinero, añadió Gheibi.

La toma de control del sector del juego en Irán por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) fue confirmada por Hamid Nikou, quien fuera asesor de la Guardia como estratega político; Mohammad Hossein Torkaman, exmiembro de una unidad de la IRGC que brindaba protección personal al líder supremo y su familia; y otros dos iraníes con conocimiento directo del asunto.

«Cuando las empresas financieras crecen y operan independientemente del gobierno y las instituciones de seguridad, la IRGC interviene para supervisarlas», declaró Nikou. «Utilizaban los sitios web de apuestas como medio para conectar los sistemas financieros dentro y fuera del país».

Según Gheibi, Nikou y Torkaman, la IRGC cooptó a artistas iraníes famosos e influencers de redes sociales para promocionar los sitios web entre sus millones de seguidores. Afirmaron que su ostentación de riqueza y excesos atraía a los iraníes que sufrían una crisis económica.

Nikou abandonó Irán en 2015, dejando su puesto como estratega sénior en el Instituto de Estudios Estratégicos Andishesh Sazan Noor, que asesora a la IRGC en materia de política. Torkaman se marchó en 2010. Gheibi, Nikou y Torkaman afirmaron mantener contactos con el Estado iraní y hablar con ellos con frecuencia.

Torkaman fue arrestado en Irán por considerarse una amenaza para la seguridad nacional y declaró haber huido poco después de su liberación. Nikou afirmó haber salido de Irán para obtener un doctorado, pero abandonó el programa. Gheibi, quien trabajó durante años como periodista económico además de su cargo gubernamental, se marchó tras repetidos interrogatorios a raíz de entrevistas concedidas a medios de comunicación extranjeros.

Reuters ha identificado a más de 60 influencers iraníes que promocionan sitios web de apuestas, de los cuales aproximadamente la mitad cuenta con más de un millón de seguidores. Tres de ellos superan los 10 millones de seguidores.

«Haz click y diviértete»

Con sus numerosos tatuajes y su gusto por las marcas de diseño, Sasha Sobhani, cuyo nombre real es Mohammad Javad, es una de las figuras más reconocibles del mundo de las apuestas online en Irán.

Hijo de un exembajador, cuenta con 3,7 millones de seguidores en Instagram, donde promociona su música junto con sitios de apuestas. Según declaró a Reuters, ya no tiene contacto con su padre.

En una publicación de TikTok de 2025 de su novia española, se le ve regalándole un Rolls-Royce rosa brillante por su 18 cumpleaños. En la parte superior de su perfil de Instagram aparece un enlace a una página web de apuestas. Entre emojis de fajos de billetes alados, se lee una sencilla instrucción: «Haz clic y diviértete».

Sobhani publica fotos de su villa multimillonaria en Madrid, que perteneció a un jugador del Real Madrid. En un vídeo de Instagram que se compartió decenas de veces, Sobhani despega billetes de lo que parece ser un fajo para que revoloteen por su suite de hotel.

Pooyan Mokhtari consiguió un número aún mayor de seguidores en Instagram antes de que su cuenta fuera eliminada a principios de este año. Ahora está en Vatan, una red social de apuestas mayoritariamente en persa que, según él, creó, y tiene muchos menos seguidores. Reuters no pudo determinar el motivo de la desactivación de su cuenta de Instagram. Meta, propietaria de Instagram, no ofreció ninguna explicación al ser contactada para obtener comentarios.

Las publicaciones de Mokhtari mezclaban frecuentemente ostentaciones de riqueza —incluida una colección de superdeportivos y relojes caros— con vídeos musicales y contenido de apoyo a la República Islámica.

Una publicación de Instagram lo mostraba reuniéndose con el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani. En una conversación conjunta en directo a través de Instagram, en la que participaron Mokhtari y otro iraní, Ahmad Khomeini, nieto del fundador de la República Islámica, Ruhollah Khomeini, se unió brevemente a la charla.

Mokhtari mostró fotos de su automóvil Koenigsegg Jesko Attack, valorado en 3,5 millones de dólares, mostrando su transformación de un brillante color dorado a un rosa intenso.

Mokhtari y Sobhani han estado trabajando juntos desde al menos 2020, cuando fueron procesados ​​por crear una red de sitios de apuestas ilegales, incluyendo abt90 y Hazarat, según documentos legales iraníes revisados ​​por Reuters. En ese momento residían en el extranjero y fueron condenados en rebeldía por Irán tres años después a dos años de prisión. Siavash Kayvanpour, fundador de Shelbit, recibió una condena de tres meses por ayudarlos.

Irán emitió notificaciones rojas de Interpol contra Mokhtari y Sobhani, según un documento judicial iraní y una persona familiarizada con el caso. Ambos fueron detenidos en España, donde residían entonces. Mokhtari afirmó haber estado detenido durante más de un mes. Posteriormente, Interpol canceló las notificaciones tras una solicitud de los individuos, según la misma fuente. Interpol puede retirar las notificaciones rojas si los gobiernos no proporcionan información adicional cuando se impugnan. Mokhtari declaró a Reuters que no había hecho nada malo y que el juego no era ilegal en Irán.

“En Irán no existen normas escritas sobre este tema, que es el mercado de predicciones en línea, el juego o como se le llame”, afirmó. “Básicamente, no era ilegal”.

El artículo 705 del Código Penal iraní establece que el juego es punible con hasta seis meses de prisión y 74 latigazos. En 2023, la ley se modificó para incluir las apuestas en línea.

Pero cuando la República Islámica reprime una red de juego, lo hace para eliminar a la competencia, no para proteger al público, declaró Gheibi, exfuncionario del gobierno iraní.

“No es porque se preocupen por el bienestar de la gente ni porque el juego esté prohibido”, dijo. “Se trata de eliminar a los rivales”.

En marzo de 2024, el Ministerio de Inteligencia de Irán anunció que había desmantelado una enorme “red mafiosa con sede en Londres” que operaba 54 sitios web de juego ilegales. En su momento, el ministerio describió la red “Nitro Bet” como la más grande de Irán.

La operación de apuestas con 2000 sitios, promovida por Mokhtari y Sobhani, que ofrece juegos de azar como tragamonedas, blackjack y ruleta, es considerablemente mayor que Nitro Bet y parece estar prosperando, según los investigadores de criptoseguridad e informática que dedicaron meses a analizar sus operaciones.

Ninguno de los funcionarios iraníes, actuales o antiguos, que hablaron con Reuters sabía específicamente por qué se permitió operar la red promovida por Mokhtari y Sobhani. El sitio web de Nitro Bet ya no está disponible.

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) “creó redes y organizaciones cuyos integrantes cambiaban con el tiempo”, explicó Gheibi, el exfuncionario del gobierno. “Quienquiera que alcanzara prominencia, la inteligencia de la IRGC se posicionaba a su alrededor y lo utilizaba para impulsar la operación”.

Una publicación de Instagram de octubre de 2022 muestra a Sobhani y Mokhtari sentados uno al lado del otro en un jet privado comiendo una comida de McDonald’s. Mokhtari publicó el comentario: “Mi hermano”.

Los dos hombres siguen promocionando los sitios web que figuraban en su procesamiento en Irán.

En su declaración, Sobhani señaló que la notificación roja en su contra fue cancelada y el caso en España archivado.

«Cualquier insinuación de que colaboro con las mismas autoridades (iraníes) que me persiguieron es completamente falsa», escribió.

Afirmó que su participación en abt90 se limitaba a publicidad pagada en redes sociales.

«Nunca fui propietario, accionista, director, gerente, empleado, operador ni responsable de la toma de decisiones de ABT90 ni de ninguna plataforma relacionada», declaró Sobhani. «Desconozco cómo dichos sitios web accedieron a los sistemas de pago iraníes».

Relojes y criptomonedas

Ubicada entre casas de cambio y edificios de oficinas en Dubái, se puede acceder a la oficina de Shelbit a través del vestíbulo de un hotel económico. Desde allí, un ascensor abarrotado lleva a los visitantes al cuarto piso, donde se encuentra una pesada puerta cerrada con llave, equipada con timbre y cámara de seguridad. El letrero junto a la puerta dice «Velorix Watches Trading LLC». Velorix es otra empresa registrada a nombre de Kayvanpour, el fundador de Shelbit, según consta en los registros mercantiles de Dubái.

Durante una visita a principios de julio a la oficina de tres habitaciones, un reportero de Reuters vio 13 relojes deteriorados en exhibición, una máquina contadora de billetes y un escritorio. Uno de los tres empleados, que vestía una camiseta y sandalias, dijo no haber oído hablar nunca de Kayvanpour.

«¿Quién los envió?», preguntó otro.

Respondieron que los relojes no estaban a la venta.

Sanders y las dos firmas de investigación de criptomonedas afirmaron estar convencidos de que los 4 mil millones de dólares que circulaban a través de Shelbit estaban controlados por el Estado iraní debido a las interacciones directas de Shelbit con el banco central y otras entidades sancionadas, su falta de presencia en línea y sus vínculos con las operaciones de minería de criptomonedas.

Shelbit procesó al menos 125 millones de dólares del banco central de Irán, gran parte de ellos directamente, según los analistas de criptomonedas. Shelbit también recibió al menos 20 millones de dólares de la presunta operación iraní de minería de criptomonedas a través de monederos intermediarios, que ocultan el origen de la moneda, según datos de blockchain revisados ​​por Reuters.

La minería consiste en utilizar ordenadores para resolver complejos problemas matemáticos y crear nuevas monedas digitales, acuñando esencialmente moneda nueva. En 2019, Irán legalizó el proceso, exigiendo a los mineros la obtención de licencias gubernamentales.

Desde entonces, la minería se ha convertido en un pilar fundamental de la estrategia iraní para evadir las sanciones occidentales que aíslan al país del acceso a divisas fuertes y al sistema bancario global. El banco central vende Bitcoin y otros tokens producidos en Irán en los mercados internacionales de criptomonedas, según una carta de 2024 de los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Angus King a altos funcionarios de la administración Biden.

Según datos de empresas de investigación y blockchain revisados ​​por Reuters, desde mayo de 2024 se han transferido al menos 676 millones de dólares en criptomonedas desde direcciones de Shelbit a Binance. Aproximadamente 540 millones de dólares de esa cantidad se movieron después de que VARA, el regulador de Dubái, multara a Shelbit el año pasado por ofrecer servicios de intercambio sin licencia y publicitarlos. Sanders, el investigador independiente, afirmó haber informado a Binance sobre los vínculos de Shelbit con Irán en octubre de 2025. Los datos muestran que los fondos continuaron fluyendo de Shelbit a Binance tras la advertencia de Sanders.

Binance no respondió a las preguntas sobre las medidas que tomó, si es que tomó alguna.

En su comunicado, Binance declaró que «los flujos asociados con Shelbit a Binance no fueron considerados de alto riesgo por una empresa independiente de análisis de blockchain». No identificó a dicha empresa. Binance también afirmó no poder justificar el monto movido tras la multa impuesta por la VARA.

En 2023, Estados Unidos multó a Binance con 4300 millones de dólares por infringir las normas contra el blanqueo de capitales, incluido el procesamiento de transacciones con criptomonedas iraníes.

En diciembre, Binance obtuvo licencias regulatorias clave en los Emiratos Árabes Unidos para su plataforma principal de negociación.

A finales de marzo, la policía de Dubái arrestó a Mokhtari por presuntamente financiar a grupos terroristas iraníes que llevaban a cabo actos hostiles contra los Emiratos Árabes Unidos, según dos personas con conocimiento de su detención. Según informaron, estuvo detenido durante 35 días y luego fue expulsado del país, viéndose obligado a entregar sus bienes, incluyendo el contenido de sus cuentas bancarias en los Emiratos Árabes Unidos y su casa valorada en 5 millones de dólares. En una entrevista a principios de mayo con un podcaster iraní, Mokhtari habló sobre su arresto y afirmó haber sido acusado falsamente de financiar ataques contra los Emiratos Árabes Unidos.

Tras la expulsión de Mokhtari de Dubái, Reuters lo localizó, a través de sus publicaciones en redes sociales, en una suite de 2000 dólares la noche en un hotel con vistas al puerto Victoria de Hong Kong. Se lamentó del trato recibido por las autoridades de Dubái, quienes, según él, lo habían despojado de todo. En una publicación en redes sociales, afirmó haber sido arrestado tras enviar 150 000 dólares a amigos en Irán.

Mokhtari también reveló que había estado viviendo con una identidad falsa en los Emiratos Árabes Unidos. Compartió una foto de su visa dorada de 10 años a nombre de Patrick Philippe, ciudadano de Vanuatu, en el Pacífico Sur.

Tras dos meses en Hong Kong, Mokhtari parecía estar preparándose para su rehabilitación en su país. Antes de su partida, fue entrevistado por medios iraníes afines que lo describieron como un hombre reformado y temeroso de Dios que lee el Corán y reza a diario.

El 8 de julio, desde Bangkok, publicó una selfie al pie de las escaleras que conducían a su avión con destino a Irán.

«Si Dios quiere, estaré en Teherán en menos de 24 horas. Por favor, recen para que pueda ser útil y sentirme orgulloso ante Dios Todopoderoso y la gente buena de este mundo», escribió. Para entonces, el cortejo fúnebre del líder supremo en Irán ya había terminado.

Desde entonces, Mokhtari no ha vuelto a publicar nada.

(Con información de Reuters)

El 29 de julio, María Carolina Restrepo fue designada como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Restrepo, abogada bogotana con experiencia en derecho empresarial, fiscal y tributario, formó parte del equipo de empalme del nuevo gobierno y fue jefa de debate en la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo. Aunque su nombre sonó para el Ministerio de Hacienda, De la Espriella indicó que tendrá que asumir el reto de transformar el Icbf.

Entre los objetivos de su gestión están garantizar una contratación transparente, establecer controles rigurosos, fortalecer el trabajo de las madres comunitarias, agilizar los procesos de adopción y asegurar la protección integral de la infancia.

Tras el anuncio, Restrepo expresó su compromiso de trabajar sin descanso por la niñez de Colombia y señaló que asume la misión con el corazón, convencida de que en cada niño reside la esperanza del país.

Recuerdan cuando Restrepo indicó que los menores que delinquen deben ser tratados como adultos

Debido a que en su nuevo cargo la abogada deberá trabajar por la recuperación de menores que han sido entregados al Icbf para que se les restablezcan sus derechos, incluyendo aquellos que han cometido delitos, en redes sociales recordaron una publicación que realizó la jurista en X en la que afirmó que este tipo de población debe ser castigada como si se tratara de adultos.

Para entender el contexto, cabe mencionar que la publicación fue hecha el 27 de agosto de 2025, después de que se confirmó la sanción que recibió el menor que asesinó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Sé que me van a caer rayos y centellas, pero lo digo y me reafirmo: esto tiene que cambiar. Yo no estoy aquí para agradar. Estoy para decir lo que es. Los adolescentes de hoy no son los de hace 30 años. Con 14 o 15 años, muchos ya han probado drogas, armas, violencia. Algunos incluso ya se sienten hastiados de la vida porque lo han probado todo. No son niños. No son preadolescentes. Son jóvenes con plena conciencia de sus actos“, es parte de la publicación.

En esa ocasión, Restrepo indicó que los jóvenes que reclaman ser tratados como adultos también deben ser castigados como mayores de edad cuando cometan delitos.

“Hoy los grupos criminales saben que el sistema los protege y por eso usan menores como carne de cañón. El mensaje es devastador: matar a un senador y precandidato presidencial cuesta apenas 84 meses. Ni la vida de Miguel Uribe Turbay ni el dolor de su familia se equiparan con semejante sanción simbólica“.

Por último, la directora del Icbf designada indicó que un cambio drástico debería incluir condenas severas para jóvenes después de los 14 años.

“El mundo cambió, la sociedad cambió. Nuestra ley de menores se quedó en el siglo pasado. Entre los 14 y los 18 años no estamos hablando de niños: estamos hablando de jóvenes que deben responder como adultos porque lo son. Es más: ellos quieren serlo y quieren ser tratados como tales. Entonces, que asuman las consecuencias”.

Esta publicación ha cobrado relevancia en la actualidad debido a que podría marcar el camino de cómo será la administración de Restrepo en el Icfb, aunque no podrá concretar lo afirmado en agosto de 2025.

Cabe recordar que en Colombia los menores de 18 años no son condenados penalmente porque la ley los considera sujetos en desarrollo y prioriza su protección y reintegración social. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes establece sanciones socioeducativas, no penas de prisión como en los adultos.

Estas medidas buscan responsabilizar al adolescente por sus actos, pero con un enfoque restaurativo, educativo y de prevención, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución. La finalidad es promover la rehabilitación y evitar la estigmatización o reincidencia, facilitando su reintegración a la sociedad y garantizando sus derechos fundamentales.

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) informó que durante el primer semestre de 2026recibió 1,948 denuncias contra miembros de la carrera policial y ejecutó 2,061 investigaciones disciplinarias, como parte de las acciones de control orientadas a supervisar la conducta de los funcionarios policiales y garantizar el cumplimiento de la normativa institucional.

De acuerdo con el informe oficial, las investigaciones fueron desarrolladas entre enero y junio en distintos puntos del territorio nacional, con el objetivo de verificar posibles faltas disciplinarias cometidas por agentes de la Policía Nacional de Honduras.

La institución explicó que las denuncias fueron recibidas a través de diversos mecanismos habilitados para la ciudadanía y mediante reportes remitidos por otras entidades del Estado.

Del total de denuncias registradas, 603 fueron presentadas directamente por ciudadanos a través de oficinas de atención, líneas telefónicas y el portal web institucional. Además, 67 investigaciones fueron iniciadas de oficio por la propia DIDADPOL tras detectar posibles irregularidades, mientras que 1,278 denuncias fueron remitidas por la Policía Nacional y otras instituciones públicas.

Según el organismo disciplinario, este sistema permite ampliar la capacidad de supervisión y dar seguimiento a los casos en los que existan indicios de incumplimiento de los deberes policiales.

Como parte de los procedimientos administrativos, la DIDADPOL realizó 910 audiencias de descargo, espacio en el que los funcionarios policiales investigados tuvieron la oportunidad de presentar su versión de los hechos y ejercer su derecho a la defensa antes de la emisión de una recomendación.

Tras el análisis de los expedientes, la institución emitió 345 recomendaciones de despido, al considerar que existían elementos suficientes para establecer la comisión de faltas disciplinarias que ameritan la separación definitiva del cargo.

Asimismo, 343 expedientes concluyeron con la recomendación de aplicar suspensiones del permiso de salida de hasta 15 días o deducciones salariales, dependiendo de la gravedad de las conductas investigadas y de lo establecido en la normativa disciplinaria.

Por otra parte, 137 casos relacionados con faltas leves fueron remitidos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, instancia responsable de continuar con el trámite administrativo correspondiente.

La DIDADPOL aclaró que las recomendaciones emitidas forman parte del procedimiento disciplinario y que corresponde a las autoridades competentes adoptar la decisión final conforme a la legislación vigente.

El informe identifica las actuaciones arbitrarias o discriminatorias como una de las faltas muy graves con mayor incidencia durante el período analizado.

Estas conductas incluyen acciones que afectan las libertades ciudadanas, la dignidad de las personas y el respeto a los derechos humanos, aspectos considerados prioritarios dentro del régimen disciplinario policial.

También figuran entre las infracciones más recurrentes el incumplimiento de los reglamentos que regulan las operaciones policiales y la negligencia en el ejercicio de las funciones, situaciones que, según la institución, pueden comprometer el desempeño operativo y la confianza de la ciudadanía.

En cuanto a las faltas graves, la DIDADPOL señaló que las más frecuentes corresponden al incumplimiento de órdenes superiores, el descuido del equipo asignado y el maltrato verbal o psicológico hacia superiores, subalternos o compañeros durante el servicio.

Fortalecer la transparencia policial

La DIDADPOL reiteró que mantiene una vigilancia permanente sobre la conducta de los miembros de la carrera policial como parte de su misión de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al marco legal que regula la función policial en Honduras.

La institución destacó que las investigaciones disciplinarias buscan garantizar que los funcionarios actúen conforme a los principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos de la población.

Asimismo, recordó que la ciudadanía dispone de distintos canales para presentar denuncias cuando considere que un miembro de la Policía Nacional ha incurrido en una conducta irregular, permitiendo que cada caso sea analizado mediante el procedimiento correspondiente.

Con las cifras presentadas para el primer semestre de 2026, la DIDADPOL reafirmó su compromiso de continuar supervisando el desempeño disciplinario de los agentes policiales y de fortalecer los mecanismos de control interno para contribuir a una institución más transparente y responsable ante la sociedad.

La intención de la bancada del partido Pacto Histórico de ausentarse para la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia sigue generando reacciones en la clase política colombiana.

El turno fue para Cecilia López Montaño, exministra de Agricultura en el gobierno de Gustavo Petro, que, en su cuenta de X, sostuvo que las razones expuestas por esa bancada no encajan en las causales que permite la normatividad vigente para ausentarse de una plenaria del legislativo.

Así mismo, la exsenadora del Partido Liberal recordó las causales expuestas en el Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992) para que los miembros del Senado y la Cámara de Representantes desistan de participar en las sesiones.

“Los Congresistas del PH siguen diciendo que no van a la posesión del presidente electo… ¿será que no saben que solo pueden ausentarse de una plenaria con excusa médica, por Comisión Especial, por permiso de la mesa o por caso fortuito? (...) ninguna de las razones que les oigo cumplen con una de esas cuatro”, escribió López en la red social.

El artículo al que hace referencia la exministra de Agricultura es el artículo 90 de la normatividad mencionada, y enfatizó en que los legisladores no tienen cómo corroborar su ausencia de la sesión formal del 7 de agosto de 2026. “Yo me refiero a la Ley 5 del Congreso y me pregunto qué excusa van a usar porque las que les he oído no son ninguna de las cuatro permitidas para faltar a una plenaria”, manifestó.

Incluso, varios usuarios le recordaron que no es la primera vez que una colectividad no asiste a la posesión presidencial. En 2014, la bancada del Centro Democrático no asistió a la posesión presidencial de Juan Manuel Santos. Sin embargo, López Montaño reiteró que la consigna del Pacto Histórico es no revalidar las maniobras adelantadas en el pasado.

“No estamos en 2014 sino en 2026. ¿Por qué tienen que devolverse siempre al “como otros lo hicieron, nosotros también podemos”? ¿No que el PH es distinto? El reglamento del Congreso es claro y yo quiero saber qué excusa van a usar porque desobediencia civil no es una de las permitidas”, mencionó.

Respuesta del Pacto Histórico

La respuesta llegó desde el propio Pacto Histórico. El representante a la Cámara Gabriel Becerra dijo que López “mete miedo” con ese planteamiento y rechazó que exista fundamento para hablar de pérdida de investidura, prevaricato por omisión o responsabilidad disciplinaria.

Becerra explicó que la bancada ejercerá “su derecho político y constitucional de no asistir al acto de posesión presidencial” y sostuvo que no existe pérdida de investidura porque el artículo 183 de la Constitución solo la prevé por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis plenarias en las que se voten proyectos de ley, actos legislativos o mociones de censura. A su juicio, una sesión solemne de posesión presidencial no encaja en ese supuesto.

El congresista también descartó la figura de prevaricato por omisión. Según su argumento, ese delito exige que un servidor público omita un acto propio de sus funciones y la posesión presidencial corresponde al Congreso como órgano colegiado, no a una obligación funcional individual cuyo incumplimiento configure ese delito.

Sobre el frente disciplinario, Becerra añadió que el régimen especial de la Constitución y la Ley Quinta regula expresamente las consecuencias del ausentismo parlamentario y no contempla una sanción disciplinaria por faltar a esa sesión. Esa interpretación choca de frente con la advertencia de López sobre las causales válidas para no asistir.

En la misma línea, el congresista Heráclito Landinez sostuvo en sus redes sociales que su bancada “ha decidido no asistir a la posesión del presidente electo. Somos una fuerza política democrática que reconoce la legalidad del proceso, aunque no comparte las condiciones que, a nuestro juicio, le otorgan legitimidad política”.

Landinez agregó que, en lugar de asistir al acto protocolario, estarán “en los territorios, dialogando con las comunidades y fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía”. También señaló que desde allí ejercerán su compromiso con el país como la principal fuerza política de oposición en Colombia.

La intervención de Cecilia López reavivó la discusión sobre si la ausencia a la sesión solemne puede acarrear consecuencias legales o disciplinarias.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra los mecanismos implementados por el régimen iraní para recaudar fondos a través del Estrecho de Ormuz. Las medidas incluyen la designación de dos empresas identificadas como piezas clave en un esquema de extorsión respaldado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que obliga a buques comerciales a contratar un seguro marítimo obligatorio para transitar por la zona. Estas pólizas, gestionadas por Persian Gulf Marine Insurance Company y HormuzSafe Marine Services Authority, buscan generar ingresos bajo el pretexto de servicios marítimos, incluyendo la aceptación de pagos en activos digitales para evadir sanciones.

La práctica consiste en la imposición de seguros aprobados por el CGRI, cuya cobertura pretende proteger a los buques de riesgos como incautaciones, aunque estos peligros son, en su mayoría, provocados por el propio Irán. De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, “Estados Unidos no permitirá que Irán mantenga como rehén el comercio mundial ni que utilice el transporte marítimo internacional para financiar el terrorismo, la agresión y la represión de la Guardia Revolucionaria Islámica”.

Las acciones de la OFAC refuerzan la política de presión máxima sobre la economía iraní, en línea con la Orden Ejecutiva 13902 y el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2. Además de castigar a las empresas vinculadas al esquema de seguros, la OFAC sancionó a varios buques utilizados para transportar petróleo crudo y productos petroquímicos iraníes, parte de una red logística secreta conocida como la “flota clandestina”. Desde principios de año, más de 100 embarcaciones relacionadas con esta red han sido sancionadas con el objetivo de limitar el flujo de ingresos petroleros del régimen iraní.

La medida responde a los esfuerzos de Irán por apuntalar su economía tras el impacto de la Operación Furia Épica. El régimen, según el comunicado oficial, enfrenta una economía “en caída libre” y una inflación de tres dígitos, lo que lo ha llevado a buscar fuentes alternativas de financiamiento mediante la utilización de entidades aseguradoras y la aceptación de activos digitales.

Cómo funciona el esquema

El régimen iraní, a través de la Compañía de Seguros Marítimos del Golfo Pérsico (PGMIC) y la Autoridad de Servicios Marítimos HormuzSafe, exige a los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz la contratación de seguros marítimos, cuyas pólizas son intermediadas y emitidas por entidades designadas por Estados Unidos y respaldadas por la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta cobertura incluye riesgos de incautación de buques, un peligro creado principalmente por las propias autoridades iraníes.

La empresa Hormuz Safe, desarrollada por el Ministerio de Economía de Irán, se presenta como proveedora de servicios marítimos digitales y acepta pagos en Bitcoin y otros activos digitales para eludir las sanciones occidentales. Esta aseguradora ha sido promocionada por el sancionado financiero iraní Babak Morteza Zanjani y opera en beneficio de la Guardia Revolucionaria Islámica, reforzando el control del régimen sobre la actividad marítima en la región.

Entre los buques sancionados por la OFAC se encuentran el WELL SAIL, con bandera de las Islas Marshall y operado por Qi Hang Ship Management Limited; el LILY, con bandera de Mozambique y propiedad de Confident Apex Limited; el AL SALMI, de bandera desconocida y propiedad de Billion Nexus Int’l Co., Limited; el BREEZE V, con bandera de Barbados y operado por Nevada Spirit Company Limited; el NATSUMI, con bandera de Barbados, propiedad de Marinova Freight Limited; el CRYSTAL, con bandera de Vanuatu y propiedad de Vast Mighty Limited; el NIRETA, con bandera de Vanuatu y propiedad de Ocean Tranquility Limited; y el YEHOPE, con bandera de Barbados y propiedad de Branch Saying International Trading Co Ltd. Estas compañías y sus embarcaciones han sido designadas por su participación en el sector petrolero iraní y en el transporte de millones de barriles de petróleo a destinos como China y Emiratos Árabes Unidos durante 2025 y 2026.

La designación implica el bloqueo de todos los bienes e intereses patrimoniales de estas personas y empresas en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, así como la notificación obligatoria a la OFAC. Cualquier entidad cuyo 50 % o más de propiedad pertenezca a personas bloqueadas también quedará automáticamente bloqueada.

Implicaciones legales de las sanciones y alcance global

Las regulaciones de la OFAC prohíben a personas estadounidenses realizar transacciones o actividades comerciales con las entidades y personas sancionadas, salvo autorización expresa. Las violaciones pueden resultar en sanciones civiles o penales tanto para ciudadanos estadounidenses como extranjeros, bajo el principio de responsabilidad objetiva.

Las instituciones financieras y otras personas que participen en transacciones con personas designadas pueden estar expuestas a sanciones. También se prohíbe realizar o recibir contribuciones, fondos, bienes o servicios de personas bloqueadas, así como conspirar para evadir las sanciones. El programa de incentivos para denunciantes de FinCEN permite recompensar a quienes aporten información que conduzca a acciones coercitivas exitosas por montos superiores a 1.000.000 de dólares.

El proceso de exclusión de la lista de sanciones está disponible para las personas o entidades que puedan cumplir los requisitos legales, según la guía de la OFAC sobre solicitudes de eliminación de listas.

El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, designó este lunes a su hijo Maurice Facundo Ortega Murillo como representante y delegado de la Presidencia para la promoción y desarrollo del deporte en el país. La decisión, oficializada por medio de un acuerdo presidencial, tuvo lugar pocos meses después de que Estados Unidos sancionó a Maurice Facundo y a su hermano Daniel Edmundo Ortega Murillo, señalados por el Departamento del Tesoro por su vinculación con actividades mineras y la comercialización de oro en la nación centroamericana. La información fue difundida por la agencia de noticias EFE.

Según el acuerdo presidencial divulgado en Managua, el cargo no prevé remuneración salarial para Maurice Facundo Ortega Murillo, quien hasta ahora había mantenido un perfil público discreto. De acuerdo con EFE, la designación extiende el control de la familia presidencial sobre áreas del Estado y ocurre tras la intensificación de las sanciones internacionales contra integrantes del círculo más cercano a Ortega y Murillo.

La sanción impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril abarcó a siete empresas mineras, cinco funcionarios y a los dos hijos menores del matrimonio presidencial. Según la OFAC, todos los sancionados participaron en actividades relacionadas con la producción y exportación de oro, considerado un rubro de exportación de Nicaragua.

Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40 años, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46, figuran entre los últimos miembros de la familia presidencial señalados por el gobierno de Estados Unidos. EFE reportó que las medidas incluyen restricciones financieras y comerciales, además del congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense. En el comunicado oficial, la administración estadounidense argumentó que el régimen nicaragüense utiliza los beneficios de la industria minera para consolidar su poder político.

El perfil del nuevo delegado deportivo

Antes de su designación como delegado deportivo, Maurice Facundo Ortega Murillo se desempeñaba principalmente en el ámbito de los medios de comunicación y la gestión cultural. Dirige Canal 13, un canal de televisión nacional, en conjunto con su hermana Camila Ortega Murillo. Su formación académica incluye estudios en Comunicación Social en la Universidad Centroamericana (UCA), institución jesuita que fue clausurada y expropiada por el Estado, y estudios en Cine y Televisión en la Universidad Veritas de Costa Rica.

A pesar de su bajo perfil mediático, el nuevo delegado presidencial ha sido el encargado de recibir a figuras internacionales en eventos deportivos recientes. En enero de este año, encabezó el recibimiento al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una visita a Managua.

En agosto de 2025, hizo lo mismo con el entrenador de béisbol Dusty Baker, quien dirigió a la selección nacional de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, realizado entre el 5 y el 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Estados Unidos.

El nombramiento de Maurice Facundo Ortega Murillo se suma a la tendencia de concentración de poder en el seno de la familia presidencial. Según EFE, el presidente Ortega explicó en varias ocasiones que el nombre de su hijo honra la memoria de Maurice Bishop, ex primer ministro de Granada asesinado en 1983.

Los congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar instaron este 27 de julio a la comunidad internacional a rechazar las reformas electorales impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Ambos legisladores sostuvieron que las medidas buscan legitimar una dictadura y advirtieron sobre su impacto en la libertad y la seguridad regional.

Díaz-Balart dijo que las recientes acciones del régimen Ortega-Murillo son “una farsa” orientada a perpetuar su permanencia en el poder.

En un mensaje en la red social X, afirmó: “Por demasiado tiempo, esta dictadura ha sido una malignidad que se alinea con adversarios peligrosos y antiamericanos, amenazando nuestra seguridad nacional y aplastando la libertad religiosa. Estados Unidos está observando de cerca quién se pone de lado de estos tiranos desvergonzados, y quién se pone de lado del pueblo de Nicaragua en sus demandas de libertad”.

María Elvira Salazar instó a los gobiernos democráticos a rechazar la convocatoria del régimen y no prestarse al “macabro espectáculo” de Ortega y Murillo. “Ortega pretende reunir al cuerpo diplomático en Managua para obligarlo a escuchar otra farsa del régimen. No legitimen una dictadura”, escribió la congresista en sus redes sociales.

El anuncio de Ortega y la reacción oficialista

Las declaraciones de ambos legisladores surgieron después del anuncio de Ortega del 19 de julio sobre la eliminación de las elecciones en Nicaragua, una decisión que la Asamblea Nacional bajo su control acató de inmediato.

El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, defendió la postura oficialista y reiteró que “aquí no volverán a haber elecciones”, con lo que descartó cualquier posibilidad de alternancia democrática.

Rechazos desde distintos sectores

Diversos sectores políticos y gobiernos condenaron las decisiones del régimen nicaragüense. Desde Washington, además, se reiteró el respaldo a los ciudadanos nicaragüenses que demandan libertad.

Díaz-Balart también ha respaldado sanciones y promovido iniciativas para aumentar la presión internacional sobre el régimen.

Por su parte, la Unión Europea (UE) instó este sábado al régimen de Nicaragua a convocar elecciones “según lo previsto” y a que se celebren “de manera transparente, inclusiva y creíble”, después de las declaraciones de Daniel Ortega, quien afirmó que en el país “no volverá” a haber comicios.

“La Unión Europea sigue observando de cerca la evolución de la situación política y el grave deterioro de los derechos fundamentales en Nicaragua”, señaló un comunicado europeo por parte de la alta representante de Exteriores, Kaja Kallas.

En su mensaje, instó además a las autoridades nicaragüenses “a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales”.

Algunos gobiernos de la región han tomado alertas ante la decisión de la dictadura, como pedirle a sus embajadores informes sobre la situación actual del país, como los de Costa Rica y República Dominicana. México en cambio no condenó la medida, en cambio, la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a manifestar en conferencia de prensa: “Lo que decida el pueblo de Nicaragua. Lo que decida el pueblo de Nicaragua”.

Estados Unidos sancionó a cuatro personas y nueve entidades vinculadas a la red del financiero iraní Babak Zanjani, acusado de ayudar al régimen de Teherán a evadir restricciones económicas y financiar actividades desestabilizadoras en la región. El Departamento del Tesoro anunció las medidas este viernes como parte de una campaña de presión militar y económica que el gobierno de Donald Trump mantiene sobre Irán.

Zanjani, multimillonario condenado por fraude, fue sentenciado a muerte en Irán en 2016 por malversación de fondos. Su pena fue conmutada en 2024, y desde entonces reapareció como promotor de proyectos económicos ligados al régimen, según el Tesoro. Tras su liberación, respaldó una serie de emprendimientos de infraestructura y transporte, y construyó una red de empresas de activos digitales.

Entre ellas figuran Zedcex Exchange Limited (Zedcex) y Zedxion Exchange Limited (Zedxion), que según el Tesoro fueron utilizadas en parte para lavar dinero destinado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) había designado por primera vez a Zanjani, Zedcex y Zedxion en enero de este año; las nuevas medidas amplían ese paquete inicial.

Las sanciones apuntan ahora a las operaciones iraníes del financiero bajo su conglomerado “Dot One”, así como a varias firmas con sede en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Entre las entidades designadas se encuentran Dot One Value Creation Group —la sociedad holding principal—, Dot One Gold Company, Dot One Rail Co, Dot One Barter Co, Dot One Airlines Co y Dot One Trip. El Tesoro señaló que Zanjani actuó como director ejecutivo y respaldo financiero de estos proyectos, incluido un contrato ferroviario de USD 800 millones adjudicado en abril de 2025.

En Turquía, fue sancionada Zedpay Finansal Sistem Ve Hizmetleri Anonim Sirketi (Zedpay), con sede en Estambul, por proveer capacidades de pago transfronterizo a la entidad ya restringida Zedxion. Su presidente, Mehdi Rezazadeh, quedó incluido en la lista de designados. En Dubái, la medida alcanzó a Zedx DMCC, vinculada a Zedcex, y a su administrador, Sukhrob Oimakhmadov.

También fue designada BZ Diamond FZCO, distribuidora de diamantes naturales y de laboratorio gestionada por la hermana de Zanjani, Bahareh Morteza Zanjani, quien igualmente quedó sancionada. La lista se completa con Solmaz Bani, socia del financiero que registró sitios web para sus empresas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Irán ya paga un “alto precio económico por su comportamiento temerario”, con el rial en mínimos históricos e inflación superior al 60%, y que el Tesoro continuará cortando el acceso económico a los miembros del régimen y sus financistas. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, instó a los gobiernos del mundo a no relacionarse con Zanjani ni con quienes respalden al gobierno iraní, y vinculó las medidas con los ataques iraníes a embarcaciones comerciales en el Estrecho de Ormuz.

Las nuevas designaciones se suman a una ofensiva más amplia. El jueves, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta USD 15 millones por información sobre las actividades de Beh Joule Pars, empresa iraní vinculada a la producción de misiles, y dos de sus directivos. A principios de mes, Washington había anunciado sanciones adicionales tras el colapso del acuerdo de cese al fuego entre ambos países, con medidas dirigidas también a billeteras digitales y buques de la llamada flota fantasma.

(Con información de Bloomberg y Reuters)

La red que encabezaba Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúa operando pese a la detención del líder criminal, advirtió Estados Unidos.

Como parte de las sanciones en contra de 50 miembros y socios del grupo criminal emitidas este jueves por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las autoridades de ese país señalaron que “El Jardinero” conformó una vasta red de subordinados y cómplices, entre los que se encuentra familiares, que aún mantendrían su poder pese al arresto del jefe de plaza, realizada el 27 de abril.

Y es que Audias Flores era líder del CJNG en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, en los que contaba con una amplia red de socios financieros y logísticos, también tomó las armas para controlar la organización criminal tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina- Armada de México (Semar), detalló en una conferencia de prensa que “El Jardinero” inició una movilización de personal, armamento y recursos para obtener el liderazgo del CJNG, pero en su lugar lo asumió Juan Carlos Valencia González, alias “El 03″ o “El Pelón”, hijastro de “El Mencho”.

La red sancionada por EEUU: de un piloto de su confianza a sus jefes de plaza

Las sanciones financieras fueron emitidas en contra de César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, identificado por las autoridades mexicanas como operador financiero del CJNG y hombre de confianza de “El Jardinero”, detenido el mismo día.

Estados Unidos señaló a “El Güero Conta” como responsable de supervisar la red de “El Jardinero”, compuesta por empresas fachada, familiares y socios, que está encargada de ocultar sus ganancias.

De acuerdo con las autoridades de ese país, Audias Flores mantiene el control de una empresa de gasolineras denominada Petrocoda S.A. dic. V., a través de su prima Areli Isis Medina Flores y su socio, Gabriel Serrano Magaña, quienes también fueron sancionados.

Además, señaló a Karely Lizbeth Ramírez Banales como la esposa de “El Jardinero” y dueña de una tienda de bebidas alcohólicas denominada El Almacén Licorería; ambos también controlarían la empresa mayorista de ropa Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. dic. V.

En la red también fue sancionado José Guadalupe Bañuelos, alias “Venado”, identificado como piloto de confianza de Audias Flores que ha utilizado pistas clandestinas en todo el estado de Nayarit.

Otros de los jefes de plaza pertenecientes a su red que fueron sancionados son José Octaviano García Martínez, con operaciones en Florencia, Zacatecas; Cuauhtémoc Rivera Zepeda y Uriel Hernández Morales; todos identificados como productores de grandes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina en laboratorios clandestinos ubicados en esa entidad y Jalisco que posteriormente son enviadas a Estados Unidos.

Además, las autoridades emitieron sanciones contra:

• Joana Domínguez Aguilera, miembro del CJNG
• Roberto Jiménez Arias, miembro del CJNG
• Martha Alicia Alvarado Rodríguez, miembro del CJNG y esposa de Jiménez
• Efraín Corona Pimentel, integrante del CJNG
• Ángel Gabriel López Larios, integrante del CJNG
• José Jesús Gutiérrez Valdez, identificado por supervisar varios laboratorios de metanfetamina en Zacatecas
• Fidel Damián Moreno López, miembro del CJNG

Estados Unidos identificó que Roberto Jiménez opera una empresa de producción de cultivos para bebidas denominada Casa Tequilera El Origen del tequila S.A. de C.V., y una empresa constructora, Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V; mientras que con Martha Alicia Alvarado controla una empresa de producción agrícola denominada Agropecuaria Amateq Del Valle S.A. de C.V.

Por su parte, José Jesús Gutiérrez controla una empresa de muebles denominada Productores Vagu S.A. de C.V.; sin embargo, las sanciones se extendieron a otros líderes del CJNG y empresas que suman un total de 50.

En tanto, Audias Flores Silva se encuentra recluido en el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México. Enfrenta una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, proceso que ha intentado evitar a través de amparos.

La organización Cáritas Cuba inició la distribución de centenares de cajas con productos de ayuda humanitaria enviadas desde Estados Unidos, en dos municipios cercanos a La Habana, según informó la entidad que forma parte de la Iglesia Católica el jueves. El reparto comenzó en parroquias y casas religiosas de Bejucal y Alquízar y está destinado a las familias cubanas en mayor situación de vulnerabilidad.

El envío forma parte de un programa del Departamento de Estado estadounidense valorado en USD 60 millones, de un total de USD 100 millones previstos para los próximos meses. Un avión con 700 paquetes partió de Miami el martes, según confirmó esa dependencia federal.

Cada módulo cubre las necesidades básicas de una familia durante 10 días, de acuerdo con Cáritas. Los paquetes incluyen arroz, frijoles, espaguetis, sal, azúcar morena, latas de sardinas y atún, y aceite; además de una lámpara solar, tabletas para purificación de agua, un cubo de plástico, jabón, detergente, cepillo de dientes y toallas sanitarias.

Imágenes difundidas por la organización mostraron personas descargando cajas de cartón etiquetadas con la bandera de Estados Unidos. Voluntarios con indumentaria de Cáritas las entregaban a residentes tras revisar listados y verificar documentos de identidad. No se precisó qué parroquias participarán en las etapas siguientes.

Jeremy Lewin, funcionario del Departamento de Estado para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, señaló que la alianza con la Iglesia Católica se apoya en un programa previo que, tras el huracán Melissa, canalizó USD 9 millones en apoyo directo a la isla el año pasado. Lewin sostuvo que la distribución a cargo de sacerdotes locales y grupos católicos elimina cualquier posibilidad de injerencia del gobierno cubano.

Washington ha reiterado en distintas ocasiones su desconfianza en los mecanismos de donación, a los que acusa de ser manipulados por las autoridades de La Habana. Un comunicado del Ministerio de Comercio Exterior cubano confirmó la presencia de funcionarios durante la recepción de la aeronave, aunque no precisó sus rangos. Intentos de The Associated Press por contactar a Cáritas no tuvieron respuesta.

Cuba autorizó el ingreso de la ayuda, pero cuestionó que Estados Unidos ofrezca cooperación humanitaria siendo, a su juicio, responsable del deterioro económico a través de sanciones y un cerco petrolero. Ese bloqueo energético, impuesto en enero por el presidente Donald Trump, profundizó una crisis que ya acumulaba cinco años y provocó apagones de más de 20 horas, desabastecimiento de medicamentos y alimentos, restricciones al transporte y suspensión de vuelos.

En ese marco, la cadena hotelera española Meliá —socia internacional de Cuba en el sector turístico— anunció esta semana su retirada del país tras recibir presiones de Estados Unidos. Las operaciones de Visa y Mastercard, varias aerolíneas y compañías con actividad industrial atraviesaron un proceso similar.

(Con información de AP)

Los Estados miembro de la Unión Europea alcanzaron este jueves un acuerdo para la adopción del 21º paquete de sanciones contra Rusia, con el objetivo de reforzar la presión económica sobre Moscú por la invasión de Ucrania y limitar su capacidad de sostener el conflicto. La Presidencia irlandesa del Consejo de la UE confirmó el entendimiento, destacando que esta nueva ronda de medidas “ataca aún más las fuentes de ingresos” de Rusia, complica la actividad de la llamada “flota fantasma” y altera las cadenas de suministro rusas. “Europa está con Ucrania frente a la brutal guerra de agresión de Rusia”, afirmó la ministra de Exteriores de Irlanda, Helen McEntee.

El acuerdo político fue alcanzado por los embajadores de los Veintisiete, tras meses de negociaciones que incluyeron la prórroga, por otros doce meses, del mecanismo de limitación del precio del petróleo ruso. Además, se amplían las restricciones al sector financiero y a las criptomonedas, se introducen nuevas designaciones de buques y facilitadores empleados para eludir sanciones, y se endurecen las medidas dirigidas a la industria militar rusa.

Este vigésimo primer paquete de sanciones de la Unión Europea incluye disposiciones que buscan restringir aún más los ingresos de Moscú, limitar el uso de embarcaciones y alterar los canales logísticos utilizados por Rusia para sostener su economía y su esfuerzo bélico, según se informó desde la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE.

Durante los últimos días, el consenso entre los países miembros estuvo bloqueado por las reservas expresadas por Grecia, relacionadas con las medidas sobre el transporte de gas natural licuado (GNL) ruso hacia terceros países. Grecia argumentó que las restricciones tendrían un efecto limitado sobre las exportaciones rusas, afectando principalmente a la industria naviera europea.

Finalmente, el acuerdo incluyó un “compromiso” que contempla una exención limitada para transferencias de GNL a terceros países y compras asociadas a contratos suscritos antes del 24 de febrero de 2022. Además, se restringe cualquier ampliación de estas operaciones por parte de operadores europeos y se establece una revisión anual por parte del Consejo de la UE, según fuentes europeas.

El 21º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia fue aprobado tras desbloquearse el principal punto de desacuerdo con Grecia respecto al GNL. El texto final mantiene restricciones sobre nuevas operaciones y prevé una evaluación anual de su impacto.

Sanciones en el ámbito deportivo

El comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, advirtió que el nuevo paquete de sanciones incluye medidas contra el presidente del Comité Olímpico Ruso y restricciones de visado para antiguos combatientes rusos, incluidos aquellos que participan en competiciones deportivas.

Micallef manifestó que “las medidas adoptadas hoy envían una señal clara” y que la UE mantendrá la posibilidad de adoptar nuevas restricciones, incluida la retirada de financiación si las circunstancias lo justifican. Añadió que los comités olímpicos nacionales y las federaciones deportivas europeas deben garantizar que el deporte no se utilice como instrumento de propaganda estatal ni para normalizar la agresión rusa, especialmente tras la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de levantar la suspensión del Comité Olímpico Ruso.

Corresponde ahora a las entidades deportivas nacionales y continentales asegurar que el deporte no sirva para legitimar la agresión de Rusia, según instó el comisario maltés.

Durante una hora y 48 minutos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, intervino por última vez en el Congreso de la República como mandatario, en medio de la instalación de sesiones para el periodo 2026-2030.

No obstante, una vez culminó su pronunciamiento ante los senadores y representantes a la Cámara, decidió retirarse del Salón Elíptico, lugar en el que se realizó la sesión del Congreso en pleno, con el fin de evitar las declaraciones de los sectores políticos declarados en oposición.

El espacio fue utilizado por los congresistas Julio Cesar Triana, de Cambio Radical, y de Andrés Forero, del Centro Democrático.

El gesto fue altamente cuestionado por los dirigentes políticos, a tal punto de que lo consideraran como un incumplimiento a su fuero presidencial.

Con este episodio ya son tres las veces en que el mandatario abandona el recinto sin escuchar la respuesta de los sectores opositores. Petro solo permaneció para oírlos en 2023, mientras que en 2024, 2025 y ahora en 2026 salió del Capitolio al terminar su discurso.

Ante esta situación, se ha indagado sobre la posibilidad de que el mandatario saliente pueda tener sanciones o medidas disciplinarias sobre su comportamiento ante los parlamentarios.

Esto dice la ley

Según lo estipulado en la Constitución Política colombiana y en el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), el presidente no puede ser sancionado ni destituido por retirarse del Congreso, ya que no está estipulado en las normativas mencionadas.

En el artículo 24 del Estatuto de la Oposición, se reconoce a los partidos contradictores el derecho a responder las declaraciones del mandatario colombiano en las mismas condiciones de tiempo y difusión.

Sin embargo, el texto no incluye una cláusula de consecuencias para el presidente si abandona el debate parlamentario.

La diferencia entre “garantía del espacio” y “presencia obligatoria” explica buena parte del limbo. Desde el punto de vista institucional, el derecho de réplica se considera cumplido cuando la mesa directiva del Congreso concede el uso de la palabra a los voceros de la oposición y la señal pública transmite sus discursos en vivo, aunque el presidente ya no esté allí.

En esa interpretación, la asistencia física del jefe de Estado no es un requisito legal autónomo. El estatuto no ordena que permanezca en su silla del Salón Elíptico, de modo que retirarse no encaja, por sí mismo, en una prohibición escrita.

Para que sea aplicable una medida disciplinaria contra el presidente de la república, se debe presentar un proyecto de ley estatutaria que debe superar con éxito cuatro debates parlamentarios, y luego será estudiada por la Corte Constitucional para un control previo y automático de constitucionalidad.

En la actualidad, la única entidad que puede emitir sanciones contra el fuero presidencial es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, aunque ese filtro está concebido para tramitar denuncias por delitos penales graves o casos de indignidad política extrema.

Intervención de la oposición

Inicialmente, Julio Cesar Triana reprochó la salida del jefe de Estado y consideró que está vulnerando una de sus consignas con las que había iniciado su periodo presidencial.

“Es una lástima y un maltrato contra la oposición que no nos escuche 20 minutos que lo manda la ley (...) Cuatro años después del día en que usted juró defender la Constitución y la ley, puedo afirmar que su verdadera impronta fue la retórica vacía, el populismo y su permanente deseo de dejar a Colombia profundamente polarizada”, dijo el representante de Cambio Radical.

A su vez, el parlamentario huilense lanzó críticas por algunas de sus políticas hechas en su mandato, como por ejemplo la “Paz Total”, asegurando que garantizó libertades a los grupos armados y no promovió la seguridad de los colombianos. “Pasamos de combatir a los grupos criminales a jugar a los congelados con ellos”, agregó.

Por su parte, Andrés Forero, senador del Centro Democrático, también cuestionó que Petro dejara el Capitolio sin escuchar la réplica a un discurso que, según la oposición, describió un país distinto al que se vive en las ciudades y en los territorios.

“Tenemos la convicción de que más temprano que tarde, la impunidad termina siendo partera de nuevas violencias. Lamentablemente, el tiempo ha terminado dándonos la razón y hoy el terror ha vuelto por sus fueros”, comentó el congresista, en el que también rindió homenaje al fallecido exsenador Miguel Uribe Turbay.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este domingo a la bancada del Partido Republicano en el Congreso que incorporen a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia. La iniciativa, impulsada por el senador Lindsey Graham hasta su fallecimiento el pasado fin de semana, busca ampliar las restricciones a Rusia y sus aliados, extendiendo las sanciones a quienes compren energía de origen ruso.

En su publicación en la plataforma Truth Social, Trump afirmó: “Los republicanos deberían incluir a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia. Eso era lo que Lindsey quería hacer, y se iba a lograr. Es importante”. La Casa Blanca había debatido en semanas recientes la posibilidad de sumar también al grupo terrorista Hezbollah, aliado de Teherán en Líbano, a las entidades sancionadas.

A comienzos de julio, senadores estadounidenses comunicaron que habían recibido el visto bueno del Ejecutivo para avanzar en el Congreso con nuevas sanciones sobre los hidrocarburos producidos por Rusia, que hasta entonces estaban bloqueadas por el propio Trump. “Nos enorgullece anunciar que hemos logrado un acuerdo con el gobierno de Trump para hacer avanzar nuestra legislación actualizada sobre sanciones contra Rusia”, señalaron en un comunicado conjunto los senadores Lindsey Graham y Roger Wicker, republicanos, junto a los demócratas Richard Blumenthal y Jeanne Shaheen.

En el comunicado, los legisladores aseguraron: “En el momento en que Rusia intensifica su masacre de civiles, es imperativo que los poderes legislativo y ejecutivo trabajen juntos para crear herramientas que hagan pagar un alto precio a quienes compran petróleo y gas rusos y alimentan la máquina de guerra de Putin”. Los congresistas calificaron de “muy satisfactorios” los avances logrados en las negociaciones.

El acuerdo con la Casa Blanca allana el camino para que las nuevas sanciones sean aprobadas en las próximas semanas por una mayoría amplia de congresistas de ambos partidos. El detalle de las nuevas medidas no se ha hecho público hasta el momento.

Durante la cumbre del G7 celebrada en Francia a mediados de junio, Trump se mostró dispuesto a restablecer sanciones dirigidas a las exportaciones de petróleo ruso. En los meses recientes, Estados Unidos había suspendido parcialmente algunas de las sanciones sobre el petróleo ruso, tras la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022.

La suspensión temporal de sanciones tenía como objetivo contrarrestar el aumento en los precios del crudo, motivado por la escalada del conflicto con Irán. En mayo de 2025, más de ochenta senadores estadounidenses respaldaron una propuesta legislativa para imponer nuevas sanciones a Moscú, argumentando la falta de voluntad del gobierno ruso para finalizar la guerra en Ucrania.

La propuesta de ampliar el alcance de las sanciones estadounidenses contra Rusia, e incluir a Irán y a los terroristas de Hezbollah, responde a la preocupación del Congreso por frenar el financiamiento de la maquinaria militar rusa y limitar la influencia de sus aliados en Medio Oriente. Se informó que tanto republicanos como demócratas son optimistas respecto a que el proyecto de ley se convierta en ley durante el verano.

La disposición comprende el jirón Puno, la avenida Abancay y la av. Nicolás de Piérola, donde estos vehículos suelen concentrarse para el traslado y la venta de diversos productos.

El gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, Alberto Peralta, informó a las cámaras de 24 horas de Panamericana TV que los operativos estarán a cargo del equipo de fiscalización en coordinación con la Gerencia Metropolitana. Según explicó, las intervenciones alcanzarán a las unidades que realizan comercio ambulatorio en espacios donde esta actividad no está permitida.

“El equipo de fiscalización de Lima, conjuntamente con la Gerencia Metropolitana, va a hacer la intervención de estas unidades que no tienen permitido hacer el comercio ambulatorio y que ya han puesto en riesgo la transitabilidad. Tenemos mucho tráfico producto de estos vehículos que no tienen permiso comercial para hacer ventas en la avenida”, señaló el funcionario.

Asimismo, indicó que, además de la multa, las autoridades procederán con el internamiento del vehículo en el depósito municipal. Explicó que la unidad será devuelta únicamente después de que el propietario cumpla con el pago correspondiente de la infracción impuesta.

La decisión municipal ha generado preocupación entre los comerciantes que dependen de estos triciclos para trasladar y ofrecer sus productos en distintos puntos de la ciudad. Varios de ellos manifestaron que esta labor constituye su principal fuente de ingresos y que la aplicación de sanciones afectará directamente el sustento de sus familias.

“Lo que nosotros queremos solo es trabajar. No hacemos daño a nadie”, expresó uno de los vendedores consultados por el medio. Al ser preguntado sobre el impacto de la multa, respondió que los perjudica, aunque aseguró que necesitan continuar con su actividad porque de ella dependen para vivir.

Otra comerciante sostuvo que dejar de trabajar representa un problema para su alimentación diaria. “Si no trabajamos, ¿qué comemos?”, manifestó. También comentó que los operativos no son nuevos para quienes desarrollan esta actividad, ya que, según afirmó, con frecuencia son retirados de los lugares donde ofrecen sus productos.

Frente a la nueva disposición, algunos vendedores plantearon la posibilidad de una reubicación como alternativa para continuar desarrollando sus actividades sin afectar el tránsito. “Desde que nos coloquen un sitio para poder trabajar tranquilo, sin bulla, nosotros ya le agradecemos bastante si nos apoyan en algo”, señaló uno de los comerciantes.

La Municipalidad de Lima sostiene que la medida busca recuperar el orden en el Centro Histórico, facilitar el desplazamiento de vehículos y peatones, así como disminuir los riesgos derivados de la presencia de triciclos destinados al comercio ambulatorio en las principales arterias de la capital.

En Colombia, las normas sobre la gestión de residuos sólidos son claras, y su incumplimiento puede generar consecuencias tanto para ciudadanos individuales como para conjuntos residenciales.

Una de las preguntas más frecuentes en estos espacios compartidos es si pueden ser multados por sacar la basura fuera del horario definido. La respuesta es afirmativa: existen sanciones cuando no se respeta el calendario oficial de recolección establecido por la autoridad competente.

Este tipo de infracción está contemplado en la Ley 1259 de 2008, que creó el Comparendo Ambiental como herramienta legal para promover el cumplimiento de las normas de limpieza y manejo adecuado de residuos. Según esta ley, la disposición de basura en momentos no autorizados constituye una violación sancionable.

Cada municipio debe adoptar su propio Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en el cual se fijan los días y horarios en que los desechos pueden ser sacados a las zonas de recolección. Estos planes también definen las responsabilidades de quienes generan residuos, tanto en viviendas individuales como en propiedad horizontal.

En el caso de apartamentos o casas dentro de conjuntos, donde los desechos se agrupan en un punto común, la responsabilidad puede recaer sobre los administradores. Si no se garantiza que la disposición de la basura se realice dentro del horario permitido, o si la administración no comunica de manera oportuna los lineamientos, es posible que se impongan sanciones a la copropiedad.

Las consecuencias de este tipo de faltas pueden ir desde llamados de atención verbales hasta multas económicas. Las cifras varían según el municipio, pero usualmente las multas oscilan entre uno y veinte salarios mínimos diarios legales vigentes. Algunas alcaldías también incluyen dentro de las medidas correctivas la asistencia obligatoria a actividades pedagógicas relacionadas con el adecuado manejo de los residuos sólidos.

Las infracciones pueden ser cometidas por personas naturales o jurídicas. Cuando se trata de viviendas particulares, el propietario o arrendatario es quien asume la sanción. En conjuntos residenciales, es la administración o el consejo de administración el que puede responder si se demuestra negligencia o incumplimiento en la gestión de la recolección.

Para prevenir estas situaciones, las copropiedades deben tomar una serie de medidas preventivas. Se recomienda informar a todos los residentes sobre los días y horas establecidos para sacar la basura, coordinar directamente con la empresa prestadora del servicio de aseo y vigilar que los desechos no se dispongan antes o después del horario estipulado. Además, es importante fomentar prácticas de reciclaje y separación en la fuente para reducir el volumen de residuos enviados a disposición final.

La gestión de los residuos no es solo un asunto operativo, sino una responsabilidad colectiva. El cumplimiento de las normas ambientales no solo evita sanciones, sino que también contribuye a mantener entornos más limpios, saludables y sostenibles.

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, anunció que se está llevando a cabo una investigación sobre los vínculos de su exministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, con Rusia.

Szijjarto, quien renunció esta semana a su escaño parlamentario para asumir el cargo de director global de Asuntos Exteriores del gigante chino de vehículos eléctricos BYD Co., está bajo escrutinio desde que, a principios de este año, se filtraron grabaciones en las que se le escucha informando a su homólogo ruso sobre reuniones de la Unión Europea y ofreciendo su ayuda para suavizar las sanciones de la UE contra Moscú.

Magyar obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de abril contra el ex primer ministro prorruso Viktor Orbán. Ha prometido reintegrar a Hungría a la corriente principal europea y ser un miembro constructivo de la UE y de la OTAN.

Preguntado el jueves en una rueda de prensa gubernamental habitual sobre si se estaba llevando a cabo la investigación prometida sobre los supuestos vínculos de Szijjarto con Moscú, Magyar respondió: “Según tengo entendido, sí”. Se negó a dar más detalles sobre la investigación.

En la grabación filtrada de la conversación telefónica entre Szijjarto y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se oye al ministro húngaro pedirle a su homólogo ruso que le proporcione argumentos para la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE.

Magyar declaró entonces que las grabaciones parecían mostrar a Szijjarto cometiendo traición y que el asunto debía investigarse a fondo. Szijjarto afirmó que la conversación era una comunicación diplomática rutinaria.

Bloomberg

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones contra una red internacional de nacionales iraníes y rusos, así como entidades con sede en Irán, Rusia y Nigeria, acusados de facilitar la adquisición de armamento por parte de Teherán. La medida se suma a una escalada sostenida de presión económica y militar que Washington ha intensificado en las últimas semanas tras el colapso de las negociaciones con Irán.

Según el Tesoro, los objetivos de este miércoles “ejemplifican el uso que hace Irán de empresas extranjeras de aviación y transporte, conductos financieros y coordinadores de viajes para ocultar el papel del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en la adquisición ilícita de material y en el movimiento de personal a escala global”.

Las acciones del miércoles se enmarcan en una serie de golpes económicos encadenados. El martes, el Tesoro anunció penalizaciones contra la red naviera de Hossein Shamkhani, descrito como el líder iraní de un entramado empresarial que, según Washington, gestiona operaciones estratégicas de petróleo y armas para Teherán y Moscú. En esa misma jornada se sancionaron más de 50 entidades, entre ellas navieras, buques, billeteras digitales e individuos vinculados a Shamkhani.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó además del bloqueo de más de USD 130 millones en carteras de activos digitales presuntamente ligadas al Banco Central de Irán. “El Tesoro está desmantelando la infraestructura financiera que permite al régimen continuar con sus amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y a la navegación global”, declaró.

En paralelo a las sanciones del martes, el presidente Donald Trump reactivó el bloqueo naval de buques que transiten hacia o desde puertos o zonas costeras iraníes. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que la medida entró en vigor a las 16:00 hora de Nueva York de ese día.

La reanudación del bloqueo se produce tras el fracaso de las negociaciones iniciadas bajo un acuerdo de paz provisional firmado el 17 de junio por Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Las tensiones por el control del estrecho de Ormuz, vía de tránsito vital para los flujos energéticos mundiales, derivaron en ataques renovados y en la suspensión de los diálogos.

Las sanciones de esta semana representan un giro abrupto respecto al plan inicial de reintegrar a Irán en la economía global mediante licencias condicionadas a su cumplimiento en diversas materias. Bessent había señalado, tras la firma del memorando de entendimiento, que Irán comenzaría a facturar sus ventas de petróleo en dólares estadounidenses.

El 8 de julio, Washington revocó la dispensa que permitía nuevas ventas de crudo iraní, tras una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz atribuidos a Teherán. Dos días después, el 10 de julio, impuso sanciones adicionales contra la red de financiación del líder supremo Mojtaba Jamenei.

Las medidas del miércoles se suman a acciones previas de mayo contra personas y empresas en China y Hong Kong acusadas de apoyar el sector armamentístico iraní, y a las de junio contra 11 personas y entidades por colaborar con el IRGC y las fuerzas militares iraníes en la obtención de armamento.

(Con información de Reuters y Bloomberg)

La nueva legislación de sanciones contra Rusia, impulsada por el fallecido senador Lindsey Graham y respaldada por el presidente Donald Trump, apuntaría a los cinco principales compradores de petróleo crudo y gas natural rusos, incluyendo a China e India.

La medida, negociada por un grupo bipartidista de senadores, otorgaría a Trump la autoridad para imponer aranceles de hasta el 100% a estos países.

Esto aumentaría la presión económica sobre Moscú para que ponga fin a su invasión de Ucrania, que ya dura cuatro años y ha causado la muerte de aproximadamente dos millones de soldados y daños devastadores en Kiev por casi 200 mil millones de dólares.

Si Trump impusiera estos aranceles, también amenazaría con desestabilizar las ya volátiles relaciones comerciales de Estados Unidos con China e India.

Estados Unidos y China alcanzaron una tregua comercial que expira en noviembre. Se espera que Trump y el presidente chino Xi Jinping se reúnan en Washington en septiembre, y el acceso de Estados Unidos a minerales críticos procedentes de China figurará entre los principales temas de la agenda. China ha utilizado repetidamente estos minerales como moneda de cambio en disputas comerciales con Trump.

Los promotores del proyecto de ley confían en que cuenta con el apoyo suficiente para su aprobación en el Senado tras obtener el respaldo del presidente, según informó un asesor del Senado. Sin embargo, aún no está claro el calendario para su votación en el pleno.

Los partidarios de una política exterior más intransigente, liderados por Graham, han impulsado diversas versiones de la legislación de sanciones durante el último año en un intento por bloquear la principal fuente de ingresos de Rusia, aunque tuvieron dificultades para obtener el respaldo de la Casa Blanca.

Graham y los demás promotores del proyecto de ley llegaron a un acuerdo con la Casa Blanca la semana pasada. El proyecto de ley se negoció mediante conversaciones de alto nivel entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, Graham y la senadora demócrata Jeanne Shaheen, según un asesor del Senado.

“Esto es en honor a Lindsey. Era su prioridad. Lo deseaba más que nada”, declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval el martes.

Trump añadió que el proyecto de ley podría incluir a Irán. “Van a incluir a Irán, lo cual es muy importante”. “Si hicieran eso, podrían incluir también a Hezbollah”, dijo Trump.

El proyecto de ley incluye una excepción para los países que importan menos del 15% del gas natural ruso. Esto permite que aliados que se encuentran entre los principales importadores de petróleo ruso, como Francia y Japón, queden exentos, según un asesor del Senado.

También añade una nueva facultad para imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales países que facilitan la evasión de las sanciones petroleras rusas. Otras disposiciones de la legislación apuntan a la llamada flota en la sombra de Rusia y al apoyo chino a la base industrial de defensa del Kremlin.

El senador John Kennedy, republicano de Luisiana, declaró a los periodistas en el Capitolio el martes que acababa de hablar por teléfono con Trump, con quien conversó sobre un “esfuerzo serio” entre los legisladores para impulsar el proyecto de ley.

“No hablo en su nombre, pero creo que está de acuerdo con el acuerdo”, dijo Kennedy.

Bloomberg

Diez petroleros rusos de la denominada ‘flota fantasma’ fueron alcanzados durante la pasada noche en el mar de Azov por las Fuerzas de Defensa ucranianas, junto a cuatro transbordadores empleados en la logística militar rusa, informó este domingo el Estado Mayor ucraniano. El comunicado señaló que Rusia utiliza estos buques para transportar petróleo y productos petrolíferos eludiendo las sanciones internacionales.

Según el texto,, los ataques recientes forman parte de una serie de operaciones que buscan dificultar tanto el comercio energético ruso como el abastecimiento logístico de sus fuerzas. El Estado Mayor sostuvo que los transbordadores impactados estaban destinados a garantizar la movilidad de recursos militares a través de rutas marítimas clave.

El jefe de las Fuerzas de Sistemas no Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, conocido como ‘Magiar’, precisó que la cifra de barcos rusos dañados en el mar de Azov desde el lunes y hasta el domingo asciende a 90 unidades. Este total incluye petroleros, remolcadores, transbordadores y buques de carga seca.

En respuesta a la ofensiva ucraniana, medios reportaron el sábado que Rusia ha decidido suspender temporalmente la navegación por el canal Don-Azov, que conecta el río Don con el mar de Azov. Brovdi señaló al respecto: “Parece que se ha interrumpido el tráfico por el estrecho de Kerch”, en referencia a la presunta suspensión de tránsito por el canal marítimo que separa Crimea de Rusia y constituye la principal vía de entrada al mar de Azov.

Las operaciones ucranianas contra la ‘flota fantasma’ rusa en el mar de Azov han provocado la suspensión temporal de la navegación por el canal Don-Azov, que conecta el río Don con el mar y es clave para el suministro energético y militar de Rusia, según informaron el Estado Mayor ucraniano y fuentes militares.

El pasado jueves, drones ucranianos atacaron una docena más de petroleros rusos en el mar de Azov, informó el ejército ucraniano, como parte de la campaña para interrumpir el suministro de combustible a las fuerzas rusas y aislar Crimea, territorio ocupado por Moscú.

El comandante de las fuerzas de drones, Robert Brovdi, difundió en Telegram un vídeo que supuestamente muestra los ataques a buques cisterna en el mar de Azov. No fue posible verificar de manera independiente la ubicación ni la fecha de la grabación, aunque no existían versiones previas a la fecha del 9 de julio.

Según el Estado Mayor del ejército ucraniano en Telegram, los buques cisterna dañados eran utilizados para abastecer de combustible al ejército ruso y para transportar petróleo y derivados, eludiendo sanciones internacionales. También se informó de daños a un remolcador y a un buque de carga seca.

El gobernador de la región rusa de Rostov informó este jueves que dos buques cisterna fueron atacados por drones ucranianos en el mar de Azov, aunque Moscú no realizó comentarios adicionales sobre el incidente. Según las autoridades locales, ambos buques sufrieron daños mecánicos y se desataron incendios, uno de los cuales fue sofocado posteriormente.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves el derribo de 73 drones ucranianos de ala fija sobre once regiones rusas, la península de Crimea y el mar de Azov.

Estados Unidos sancionó al financiero iraní Ali Ansari y a otras 13 personas y entidades por gestionar una red internacional de activos en beneficio del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en lo que constituye la primera medida de este tipo desde la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán el pasado 17 de junio.

El Departamento del Tesoro justificó las sanciones como respuesta a la reanudación de los ataques iraníes contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. Tanto Estados Unidos como Irán se han acusado mutuamente de violar los términos del acuerdo de cese al fuego.

Ansari, empresario iraní radicado en Dubái, fue propietario y director de Ayandeh Bank, entidad que, según el Tesoro, desvió miles de millones de dólares mediante préstamos concedidos a empresas vinculadas al propio financiero, hasta que las autoridades iraníes ordenaron su disolución en octubre de 2025. Gran Bretaña ya lo había sancionado previamente por financiar actividades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

El Tesoro afirmó que Ansari “ha institucionalizado de facto la malversación de fondos a gran escala dentro del régimen iraní, desviando recursos públicos hacia una extensa cartera de bienes inmuebles y participaciones comerciales en el extranjero” para enriquecerse a sí mismo, a las élites del régimen y al CGRI. Para canalizar esos fondos, utilizó numerosas sociedades pantalla y cuentas bancarias en múltiples jurisdicciones, acumulando activos bajo Smart Global Limited, una sociedad holding constituida en 2011 en Saint Kitts y Nevis que invirtió en propiedades en Alemania, Luxemburgo, España, Reino Unido, Chipre y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros países.

“Aunque figuran a nombre de Ansari, muchos de estos intereses financieros se mantienen en beneficio de Mojtaba Khamenei, su familia y otras élites iraníes del régimen y el CGRI, quienes han protegido a Ansari de ser sancionado pese a su notoria corrupción y el grave daño que ha causado a la economía iraní y a su pueblo”, precisó el Tesoro. Las sanciones derivaron en parte de una investigación de un año de Bloomberg News, publicada en enero, que documentó el papel del financiero en la gestión de ese portafolio internacional para Khamenei.

El paquete también apuntó a tres casas de cambio iraníes y sus directivos, acusados de facilitar transacciones por miles de millones de dólares anuales en nombre de bancos iraníes ya sancionados, valiéndose de capas de sociedades pantalla para ocultar la actividad ilícita. Asimismo, fueron designadas CDM Trading Limited, con sede en Hong Kong, y Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, establecida en los Emiratos Árabes Unidos, bajo la misma acusación.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el departamento seguirá “usando cada herramienta a su disposición” para aislar a Khamenei y a otros altos funcionarios del sistema financiero mundial, y agregó: “Preservaremos estos activos para el pueblo iraní”. Bessent también señaló que “el llamado líder supremo permanece oculto y aislado mientras su régimen se desmorona”.

El presidente Donald Trump declaró ese viernes que el cese al fuego acordado el mes pasado había concluido, aunque precisó que las negociaciones continuarán a petición de Teherán. A comienzos de esa semana, Washington había reimplantado sanciones sobre las ventas de petróleo iraní.

Irán respondió que está lista para una “defensa total” si Estados Unidos viola el memorando, y su principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, publicó en Telegram que la guerra nunca terminaría con la rendición de Teherán. Teherán sostiene que las acciones estadounidenses “han dejado sin efecto partes claves y fundamentales” del acuerdo firmado.

El analista Brett Erickson, director general de Obsidian Risk Advisors, interpretó las nuevas medidas como una señal inequívoca: “Washington ya no intenta salvar el marco existente, se prepara para reemplazarlo por completo”, afirmó. Las negociaciones entre ambas potencias no han logrado avances en los asuntos pendientes: los peajes para los buques en el estrecho, el desbloqueo de activos iraníes congelados y las ambiciones nucleares de Teherán.

El acuerdo provisional también preveía la reapertura total del estrecho —vía crítica para el suministro mundial de petróleo y gas que había permanecido en gran medida cerrada durante el conflicto—, pero el tráfico aún no ha recuperado los niveles previos a la guerra. Los últimos días de hostilidades dejaron al menos 14 muertos en suelo iraní, luego de que tres buques cisterna de Qatar y Arabia Saudita fueran atacados por fuerzas iraníes, lo que desencadenó represalias estadounidenses sobre posiciones iraníes y, en respuesta, ataques de Irán contra instalaciones militares de Estados Unidos en estados del Golfo.

(Con información de AFP, EFE, Reuters y Bloomberg)

Estados Unidos retirará a Siria de la lista de patrocinadores del terrorismo, en una decisión anunciada este miércoles por Donald Trump durante la cumbre de la OTAN en Ankara, donde se reunió con el presidente de transición sirio, Ahmed al-Sharaa.

La designación que el país árabe carga desde diciembre de 1979, cuando fue el primer Estado en integrarla, fue notificada formalmente por Marco Rubio al Congreso. El retiro entrará en vigor en 45 días, a menos que los legisladores lo bloqueen, algo que se considera poco probable.

El anuncio se produjo durante el encuentro entre ambos mandatarios ante los medios. “Creo que lo haré. ¿Por qué no iba a hacerlo? Ha hecho un gran trabajo”, dijo Trump, quien se dirigió a Rubio para consultarle si habría algún inconveniente. “Sí, lo haré”, confirmó.

Durante décadas, esa etiqueta bloqueó la inversión extranjera y generó riesgos legales para las empresas que operan en Siria, en especial para las estadounidenses o aquellas con transacciones vinculadas a la economía norteamericana.

“El levantamiento de las sanciones impulsará el comercio y la inversión internacionales, le dará a Siria la oportunidad de reconstruirse y abrirá un nuevo capítulo para el pueblo sirio”, señaló Rubio en un comunicado. Trump, por su parte, indicó que la retirada de sanciones decretada en mayo del año pasado ya supuso “un gran impulso” para la recuperación del país.

En esa línea, elogió al líder sirio y destacó que “ha unificado el país en un período de tiempo muy corto”, a pesar de que “desde el principio fue un verdadero desastre.” Lo describió como “un gran líder, respetado por todos” y calificó la estabilización del país de “asombrosa.”

Al-Sharaa es un ex yihadista que llegó a la presidencia de transición tras el derrocamiento de la familia Assad en 2024, que gobernó con mano de hierro durante medio siglo. Desde entonces ha buscado proyectarse como figura unificadora.

El acercamiento entre Washington y Damasco se concretó pese a las objeciones de Israel, que ha lanzado repetidos ataques aéreos en territorio sirio. Trump había presionado al gobierno de Al-Sharaa para que hiciera las paces con el Estado hebreo, pero avanzó con la decisión sin progresos concretos en ese frente.

Turquía y Arabia Saudita alentaron a Estados Unidos a aproximarse al país hace aproximadamente un año, cuando comenzó el proceso de levantamiento de sanciones. Rubio concluyó que “una Siria estable y unificada, en paz consigo misma y con sus vecinos, beneficia no solo a la región, sino al mundo entero”.

(Con información de AFP, Europa Press y Reuters)

A partir del 15 de agosto de 2026 empezarán a ejecutarse las primeras sanciones propias contra 19 comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Las decisiones cobijan a los siete exjefes de las antiguas Farc, responsabilizados por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio de sus víctimas, y a 12 exmilitares del Batallón La Popa del Ejército Nacional, condenados por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en el Caribe colombiano, también conocidos como falsos positivos.

Esta etapa, según la JEP, pone en marcha sentencias ya firmes con restricciones efectivas de derechos y obligaciones de reparación para víctimas, comunidades y territorios afectados por el conflicto armado.

El cronograma de cumplimiento se extenderá hasta 2034 y estará organizado en siete fases regionales, entre los que se incluye monitoreo electrónico, residencia fija, horarios de trabajo definidos y autorización judicial para salir del departamento o del país.

Las sentencias fijaron tanto las limitaciones de derechos y libertades como las acciones restaurativas que deberán ejecutar los 19 sancionados. Entre esas tareas figuran obras de infraestructura, proyectos productivos, desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas y actividades de fortalecimiento comunitario.

La verificación del cumplimiento quedará a cargo de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, con apoyo de la Secretaría Ejecutiva y acompañamiento del Ministerio Público.

El mecanismo también tendrá un componente internacional encabezado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.

Para esta fase, según la JEP, el Gobierno Nacional destinó una asignación inicial de 50.000 millones de pesos para arrancar los proyectos restaurativos. La jurisdicción advirtió que la ejecución integral de las sanciones dependerá de que en las próximas vigencias fiscales se aseguren recursos adicionales para sostenerlas en el mediano y largo plazo.

Vale mencionar que el 1 de julio, la jurisdicción confirmó las sentencias contra el antiguo secretariado de las Farc y contra los exmilitares del batallón. El fallo resolvió 31 apelaciones presentadas por víctimas, organizaciones que las representan, entidades estatales, la Procuraduría y los propios comparecientes.

Caso Secretariado de las Farc

La Sección de Apelación de la JEP ratificó la condena contra siete exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de lesa humanidad y de guerra relacionados con el secuestro en el Macrocaso 01.

Entre los condenados figuran Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

El tribunal mantuvo sanciones de ocho años para los cuatro primeros mencionados, las redujo a siete años para Alape Lascarro, a seis para Gallo Cubillos y a cinco para Granda Escobar, respectivamente.

Ese expediente corresponde a responsables de más de 21.000 secuestros durante el conflicto armado en Colombia.

La segunda instancia también revisó reconocimientos de trabajos restaurativos hechos antes del fallo y revocó varios de los otorgados a Londoño, Catatumbo, Gallo y Granda al concluir que no todos tenían relación directa con el daño causado por los secuestros.

Caso Batallón La Popa

En el caso de los 12 exmilitares adscritos al Batallón de La Popa en Valledupar (norte de Colombia), la JEP introdujo menos cambios. Revocó parcialmente la inclusión de los delitos de tortura y persecución al considerar que fueron incorporados de forma irregular en una etapa avanzada del proceso.

No obstante, la decisión reconoció que esos crímenes sí ocurrieron contra comunidades indígenas, campesinas y otros grupos vulnerables. Con ese ajuste, las condenas individuales quedaron entre cinco y ocho años de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador, según el nivel de participación de cada compareciente.

Entre los oficiales condenados están Heber Hernán Gómez Naranjo, teniente coronel retirado y exjefe de Estado Mayor y de la Sección de Operaciones; Guillermo Gutiérrez Riveros, mayor retirado y excomandante de batería; Carlos Andrés Lora Cabrales, teniente retirado; Eduart Gustavo Álvarez Mejía, subteniente retirado y excomandante de pelotones como el grupo especial Zarpazo; y Elkin Leonardo Burgos Suárez, subteniente retirado.

En el grupo de suboficiales aparecen Efraín Andrade Perea y Manuel Valentín Padilla Espitia, ambos sargentos primeros retirados; José de Jesús Rueda Quintero, sargento viceprimero retirado; y Elkin Rojas, cabo tercero retirado. Los soldados profesionales retirados condenados son Yeris Andrés Gómez Coronel, Juan Carlos Soto Sepúlveda y Alex José Mercado Sierra.

La decisión definitiva no cobija a Publio Hernán Mejía, excomandante del batallón. Su situación judicial sigue en un juicio adversarial porque rechazó los cargos. Ese proceso lo expone a una pena ordinaria de hasta 20 años de prisión.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, expresó su confianza en que las sanciones impuestas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) al sector aéreo mexicano puedan levantarse antes del invierno, luego de que el gobierno de México aseguró haber cumplido con las medidas solicitadas por las autoridades estadounidenses.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el funcionario explicó que la administración federal ya respondió a los requerimientos planteados por el DOT y actualmente se encuentra a la espera de una resolución oficial por parte del gobierno estadounidense.

“Espero que sea antes. El acuerdo con ellos era responder y dar un término; se firmó un memorándum de acuerdos, que es el documento que se nos pidió, ambos lo hicimos público y estamos a la espera”, declaró Esteva Medina.

El secretario detalló que recientemente la subsecretaria de Transporte, Tania Carro, sostuvo comunicación con el subsecretario del DOT, Dan Edwards, como parte del seguimiento al proceso bilateral.

“En realidad, lo que nos correspondía prácticamente se atendió en cuanto a las solicitudes que nos hicieron”, afirmó.

México asegura que cumplió con los cambios regulatorios

Jesús Esteva explicó que buena parte de las observaciones realizadas por el Departamento de Transporte estaban relacionadas con adecuaciones al marco normativo que regula la aviación civil en México.

De acuerdo con el funcionario, ya fueron publicados los reglamentos y decretos necesarios para atender dichas observaciones, con el objetivo de fortalecer la certeza jurídica del sector y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales.

“Muchas de ellas tenían que ver con los ajustes regulatorios normativos que se hicieron, tanto de la publicación del reglamento como de algunos decretos, pero ha avanzado y estamos en espera de respuesta”, puntualizó.

Las declaraciones del titular de la SICT reflejan el optimismo del Gobierno mexicano respecto a que el diálogo con Estados Unidos concluya favorablemente en los próximos meses.

El acuerdo entre México y Estados Unidos

El pasado 5 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la SICT informaron que, como resultado de las mesas de diálogo sostenidas con el Departamento de Transporte estadounidense, ambas partes acordaron una serie de acciones para implementar correctamente el acuerdo bilateral de transporte aéreo.

En ese momento, el Gobierno de México reiteró su compromiso de mantener un mercado aéreo competitivo entre ambos países, bajo condiciones que favorezcan tanto el transporte de pasajeros como el movimiento de mercancías.

Asimismo, las autoridades mexicanas señalaron que el marco regulatorio deberá mantenerse claro, consistente y alineado con las mejores prácticas internacionales para garantizar la confianza de las aerolíneas y los usuarios.

AIFA, pieza clave en la estrategia aérea

Como parte del memorándum firmado entre ambos gobiernos, también quedó reconocido el papel del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como un componente integral de la infraestructura aeroportuaria que da servicio a la Zona Metropolitana del Valle de México.

La SICT destacó que este reconocimiento fortalece la estrategia del Gobierno federal para consolidar al AIFA como un aeropuerto complementario dentro del sistema aeroportuario nacional y como una alternativa para incrementar la capacidad operativa de la región.

El levantamiento de las sanciones del Departamento de Transporte de Estados Unidos representaría un paso importante para normalizar la relación aérea bilateral, brindar mayor certidumbre a las aerolíneas de ambos países y fortalecer la conectividad entre México y Estados Unidos, uno de los mercados de aviación más importantes del mundo.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas aseguran que ya cumplieron con los compromisos asumidos y confían en recibir una respuesta favorable antes de que concluya el año.

El gobierno estadounidense anunció sanciones contra dos brasileños y varias empresas presuntamente ligadas a la banda criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), recientemente designada como organización terrorista.

Victor de Oliveira Shimada, radicado en San Pablo, y su secretaria, Stella Nunes Henrique de Oliveira, enfrentan acusaciones de lavar decenas de millones de dólares que el PCC obtuvo en distintas ciudades de Estados Unidos.

De acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), estos fondos regresaron a Brasil a través de redes de criptomonedas.

El comunicado señala: “Shimada, radicado en San Pablo, ha sido un vínculo clave entre los operativos del PCC con base en Florida y los traficantes de drogas extranjeros”.

El Departamento del Tesoro informó que Shimada estuvo en arresto domiciliario a principios de año, después de que su empresa, Victory Trading, fuera acusada de lavado de dinero procedente de un club de fútbol.

Por su parte, Stella Nunes Henrique de Oliveira “actuó como intermediaria para la recogida de grandes cantidades de efectivo, proporcionando servicios logísticos esenciales” para la presunta red delictiva.

La OFAC designó a las empresas Victory Trading, Pixwave y Wave, con sede en San Pablo, como parte de la red, junto a la firma portuguesa Avenidas Flutuantes, que pertenecería a Shimada.

Según el comunicado, “como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes y los intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos, o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC”.

Los sancionados tampoco pueden acceder a servicios vinculados con el sistema financiero estadounidense.

Washington designó el pasado 28 de mayo al PCC y a la banda Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, pese a la oposición del gobierno brasileño.

Las autoridades de Bahréin, Kuwait, Omán, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se sumaron a Estados Unidos al imponer nuevas sanciones contra el grupo terrorista Hezbollah. Las medidas afectan a cinco empresas y 16 personas relacionadas con la estructura financiera del grupo.

La decisión fue adoptada en el marco del Centro para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (TFTC), del que también forma parte Washington, con el objetivo de “desarticular la capacidad de Hezbollah de explotar el sistema financiero internacional”, según informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Entre las entidades sancionadas figura Al Qard al Hasán (AQAH), señalada por el Tesoro como una organización que “se disfraza de ONG” pero que en realidad mueve fondos ilícitos a través de cuentas fantasma para Hezbollah, así como la entidad Al Jubara, encargada de la contabilidad de la milicia chií.

El listado incluye también a Beit al Mal, definida como “la tesorería no oficial” de Hezbollah e “intermediario” entre la organización y los bancos, además de las firmas Tashilat Sarl y Auditors for Accounting and Auditing, que proveen servicios financieros al grupo chií.

Los seis países sancionaron, además, a 16 personas, en su mayoría altos cargos de AQAH, incluyendo al jefe de la unidad de finanzas de Hezbollah, Ibrahim Alí Daher.

Por su parte, la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció días atrás una nueva ronda de sanciones contra funcionarios libaneses, compañías y empresarios acusados de colaborar con el grupo terrorista, facilitar su financiamiento y obstaculizar los esfuerzos para estabilizar el Líbano tras meses de conflicto en la región.

La medida fue comunicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, que incluyó en la lista a dirigentes políticos cercanos a la organización chií, así como a integrantes de una red empresarial señalada por aportar recursos a la estructura financiera del grupo.

Según Washington, los funcionarios sancionados utilizaron su influencia para retrasar el proceso de desarme de Hezbollah y bloquear iniciativas destinadas a consolidar la paz en el país mediterráneo. “Hezbollah debe desarmarse para que el Líbano pueda alcanzar un futuro seguro y próspero”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que la cartera continuará actuando contra “las redes financieras” del grupo y contra quienes ayuden a debilitar las instituciones estatales libanesas.

Entre los sancionados figura Sleiman Frangieh, histórico dirigente del Movimiento Marada y aliado político de Hezbollah. El Tesoro sostiene que Frangieh recibió apoyo financiero de los terroristas a cambio de respaldar estrategias para perjudicar electoralmente a candidatos independientes y reformistas durante las elecciones parlamentarias.

También fue sancionado Mahmoud Qamati, identificado como referente político del grupo y acusado de participar en operaciones de traslado de dinero desde Irán hacia Hezbollah y de defender los intereses de la organización en la política libanesa.

El Departamento del Tesoro amplió además medidas adoptadas en marzo contra el empresario Alaa Hassan Hamieh y su red comercial, que operaba en varios países de Medio Oriente mediante compañías utilizadas para recaudar fondos, ejecutar contratos y transferir recursos hacia Hezbollah. Entre las entidades sancionadas se incluyen firmas comerciales, empresas tecnológicas, sociedades de servicios administrativos y compañías vinculadas a proyectos desarrollados durante el régimen de Bashar al Assad en Siria.

La investigación estadounidense sostiene que parte de estos negocios generó millones de dólares destinados a la estructura financiera de Hezbollah, a través de contratos de infraestructura, empresas pantalla y movimientos bancarios realizados mediante sociedades registradas fuera del Líbano.

(Con información de Europa Press)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes a cinco personas y tres entidades por abastecer de explosivos al Ejército sudanés y reclutar combatientes para el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), en una guerra civil que desde abril de 2023 generó una de las peores crisis humanitarias del mundo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actuó al amparo de la Orden Ejecutiva 14098, el instrumento jurídico que habilita a Washington a sancionar a quienes obstaculizan la transición democrática en Sudán. La investigación se realizó en coordinación con el Centro Nacional de Selección de Objetivos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza.

En el centro del esquema figura el Sistema de Industrias de Defensa (DIS), la mayor empresa de defensa del país, designado organización terrorista por la OFAC en junio de 2023 junto a su filial Giad Industrial Group. A través de estructuras complejas que le han generado miles de millones de dólares, adquiere armas, municiones y vehículos frecuentemente de Irán u otros patrocinadores externos.

Bajo ese entramado opera Target Multiactivities Company Ltd. (TMAC), empresa sudanesa cuyo director gerente, Tariq Hussain Muhammad Madani, ejerce además como alto funcionario del DIS. TMAC importó explosivos desde proveedores egipcios e indios que las Fuerzas Armadas Sudanesas emplearon en bombas contra las RSF.

El principal de esos proveedores es SBL Energy Limited, fabricante indio que desde 2024 acumuló más de 200 envíos de explosivos a Sudán. Washington sancionó a la compañía y a su director ejecutivo, Alok Choudhari, a título personal.

La lista de entidades designadas incluye a Ports Engineering Company LTD, empresa pública sudanesa de construcción con participación de Giad en su capital. Desde el inicio del conflicto importó uniformes y calzado para personal de inteligencia desde un proveedor emiratí, y cinturones de munición y cajas de armas desde una empresa turca.

En el frente del reclutamiento, la OFAC designó a Talent Bridge SA, sociedad que operaba como pantalla para alistar mercenarios colombianos destinados a las RSF. Los tres ejecutivos sancionados por su participación en la estructura son los panameños Enrique Palacios y Jack Derman, y el colombiano Fredy López.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que “las redes que se benefician del conflicto en Sudán ponen en peligro las perspectivas de la tregua humanitaria que el pueblo sudanés necesita con urgencia”. Washington instó a ambas partes a acordar un cese de hostilidades inmediato e incondicional de tres meses que permita el ingreso de asistencia y abra camino a negociaciones de paz.

La guerra estalló por las tensiones en torno a la integración de las RSF en las Fuerzas Armadas regulares, un proceso que nunca llegó a concretarse. El enfrentamiento descarriló la transición política iniciada tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir en 2019, ya debilitada por la destitución del entonces primer ministro Abdalá Hamdok.

(Con información de EP y comunicado oficial del Tesoro de EE.UU.)

Varios sectores en Bolivia exigen sanciones contra quienes promovieron los bloqueos de caminos que paralizaron el país durante casi 50 días y generaron pérdidas millonarias, el desabastecimiento de productos básicos, destrozos en la infraestructura pública e impidieron el auxilio médico oportuno a más de diez personas que perdieron la vida durante las protestas, según informes oficiales.

Entidades relacionadas con la agroindustria, el transporte y el comercio, además del Comité Cívico y algunos actores políticos, exigieron que los líderes de la movilización social no queden impunes. “Esto no puede quedar sin responsables”, afirmó Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una entidad que aglutina varias instituciones y que en los últimos años tuvo un rol protagónico de oposición a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra el que también impulsó paros con bloqueos.

El líder cívico informó que “ante la inacción del Gobierno” decidieron iniciar procesos penales contra los dirigentes sociales de las tres organizaciones que encabezaron los bloqueos: el secretario de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; el representante de la Federación de Campesinos de La Paz, Vicente Salazar; y el expresidente Evo Morales (2006-2019), líder de los cocaleros que hicieron piquetes en su bastión al centro del país.

Aunque no hay una cifra consolidada por las pérdidas, instituciones de comercio exterior e industria estiman un daño económico de hasta 3.000 millones de dólares, lo que equivale al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). En cuanto a los destrozos en carreteras, la Administradora Boliviana de Carreteras informó que se destinarán cerca de 9 millones de dólares (90 millones de bolivianos) para los trabajos de reparación.

La medida de presión, que inició el 6 de mayo y concluyó el 22 de junio, fue impulsada por varios sectores sociales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de inconsistencias en su gestión y de traicionar a quienes le dieron el voto en octubre del año pasado cuando ganó la elección presidencial con el 55% de la votación frente al candidato conservador Jorge Quiroga. En los momentos más álgidos de la protesta se llegaron a registrar hasta 90 piquetes simultáneos en siete de los nueve departamentos del país.

Tras haber logrado un acuerdo con el mayor sindicato obrero el pasado sábado, el gabinete de ministros aprobó un decreto de estado de excepción que le permite establecer algunas restricciones e involucrar a las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden. La medida motivó el repliegue progresivo de los demás actores en medio de acusaciones contra el dirigente sindical que pactó con el Gobierno.

Ante los crecientes pedidos para sancionar a los responsables, el presidente Paz ha mostrado una posición contradictoria. Si bien ayer pidió “cárcel por el daño que hicieron a la sociedad” contra los bloqueadores, en el acuerdo que firmó con la COB se comprometió a “no impulsar normas que criminalicen la protesta”, a no realizar “persecución política ni judicial” y conformó una comisión “con el objeto de gestionar la liberación de los detenidos y revisión de los procesos en los conflictos”.

La discusión sobre el costo de la protesta y las sanciones contra los responsables ha vuelto a poner en la mesa de debate los proyectos de ley “antibloqueos” que se han presentado en la Asamblea Legislativa el año pasado. Los proyectos permanecen trabados en comisiones legislativas mientras dividen a la opinión pública: mientras algunos defienden los piquetes como la única medida de protesta que logra la atención de los gobernantes, otros los ven como un delito que vulnera libertades y derechos fundamentales.

El SAT puede embargar tu cuenta bancaria sin avisarte antes: el Código Fiscal de la Federación lo permite expresamente, siempre que exista una deuda fiscal firme o impugnada sin garantía suficiente. El bloqueo se ejecuta directamente con el banco, y la notificación al titular llega hasta después.

El artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ordenar la inmovilización de depósitos bancarios en cualquier tipo de cuenta —en moneda nacional o extranjera— sin notificar primero al contribuyente.

El oficio de inmovilización se dirige directamente a la institución financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El banco tiene hasta tres días hábiles para ejecutar el bloqueo. Solo entonces, en un plazo máximo de otros tres días, el SAT notifica al titular vía buzón tributario, estrados o edictos.

Cuándo puede aplicarse el embargo

La ley contempla dos supuestos. El primero ocurre cuando el crédito fiscal ya es firme: una deuda determinada, notificada y no impugnada en tiempo, o que agotó todos los medios de defensa disponibles.

El segundo aplica cuando el crédito está impugnado pero no garantizado, y se cumple al menos una de estas condiciones adicionales:

El contribuyente no es localizable en su domicilio fiscal registrado ante el SAT

La garantía ofrecida es insuficiente para cubrir el adeudo y sus accesorios

El contribuyente no amplió la garantía cuando la autoridad lo requirió

Los bienes embargados previamente no alcanzan a cubrir el interés fiscal

En ninguno de los dos supuestos el SAT está obligado a avisar al contribuyente antes de ordenar el bloqueo a la institución financiera.

Las causas que pueden derivar en un embargo de cuenta

El SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) cuando detecta incumplimientos fiscales. Entre los más frecuentes que la autoridad vincula con esta medida:

Omisión en la presentación de declaraciones fiscales mensuales o anuales

Falta de pago de impuestos dentro del plazo legal

No interponer medios de defensa ni ofrecer garantías ante un crédito firme

Ingresos declarados que no coinciden con los movimientos bancarios registrados

Uso de facturas falsas, simulación de operaciones o actividades inexistentes

El monto bloqueado corresponde al adeudo fiscal actualizado, más recargos, multas y gastos de ejecución. La ley prohíbe que el embargo exceda ese importe, ya sea que recaiga sobre una sola cuenta o sobre varias.

Cómo se ejecuta el procedimiento, paso a paso

Antes de llegar al embargo de cuentas, el SAT sigue una cadena de pasos establecida en el artículo 145 y siguientes del CFF. Primero emite un mandamiento de ejecución; luego un ejecutor designado acude al domicilio fiscal del contribuyente para requerir el pago.

Si el contribuyente no acredita en ese acto haber pagado, el ejecutor levanta un acta de embargo de inmediato. En el caso de cuentas bancarias, no es necesaria la presencia física: el SAT gira el oficio directamente al banco o a la CNBV.

Según el documento oficial del SAT sobre el PAE, si el contribuyente no es encontrado en su domicilio, el ejecutor deja citatorio para el día hábil siguiente. Si tampoco se le localiza entonces, la diligencia se entiende con quien se encuentre en el lugar.

Qué cuentas pueden ser bloqueadas y cuáles no

Son susceptibles de embargo las cuentas de cheques, ahorro, nómina, inversiones y cualquier depósito en moneda nacional o extranjera registrado a nombre del contribuyente en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

La ley excluye expresamente las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias, hasta por el monto de las aportaciones realizadas conforme a la ley de la materia.

Qué derechos tiene el contribuyente ante un embargo

El CFF reconoce al contribuyente el derecho de designar los bienes a embargar, siempre que siga el orden legal: primero dinero y depósitos bancarios, luego acciones y valores, después bienes muebles y, al final, bienes inmuebles.

Si ya se ejecutó el bloqueo de una cuenta, el titular puede ofrecer una garantía sustituta para liberar los fondos. El artículo 141 del CFF acepta como garantías: depósito en dinero o carta de crédito bancaria, prenda o hipoteca, fianza de institución autorizada, obligación solidaria de tercero solvente, embargo en vía administrativa, y títulos valor o cartera de créditos propios.

La autoridad tiene un plazo máximo de cinco días para resolver y notificar si acepta o rechaza la garantía ofrecida. Si no lo hace en ese término, la entidad financiera debe levantar la inmovilización.

Las vías legales para impugnar el embargo

Ante un embargo que el contribuyente considere indebido, el CFF y la legislación procesal fiscal prevén tres vías. La primera es el recurso de revocación ante el propio SAT. La segunda es el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La tercera es el juicio de amparo, cuando se alegan violaciones a derechos constitucionales.

El artículo 151 del CFF establece además que no procede el embargo respecto de créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede administrativa o jurisdiccional y se encuentren debidamente garantizados conforme a las disposiciones legales aplicables.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció este martes sanciones contra cinco entidades cubanas que generan ingresos para el régimen, incluidas tres asociadas con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), previamente sancionado, y un miembro de la familia Castro, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump, del pasado 1 de mayo, que impone sanciones a los responsables de la represión en la isla y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

A través de un comunicado del Departamento de Estado, Rubio indicó que “GAESA continúa operando como el brazo financiero del aparato de seguridad represivo del régimen cubano”; al tiempo que detalló: “Dos de las entidades designadas son instituciones financieras vinculadas a GAESA, asociadas con el movimiento de dinero en nombre del régimen, y una es una empresa de logística vinculada a GAESA que ejecuta las órdenes del régimen en toda la isla".

“También estoy designando a otras dos entidades que generan ingresos para Cuba mediante la explotación de las reservas minerales y metálicas de la isla, incluida la empresa estatal cubana GeoMinera”, agregó.

Por último, indicó: “Estoy designando a la esposa de Alejandro Castro Espín, quien ya había sido designado previamente en virtud de la Orden Ejecutiva 14404. Estas entidades y actores financian, facilitan o se benefician de las actividades perniciosas del régimen, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”, completó.

En diálogo con Infobae, Emilio Morales, consultor de empresas y experto en la economía cubana, destacó que las nuevas sanciones aplicadas a empresas de GAESA o relacionadas con ella “van dirigidas a anular el motor financiero y logístico de la joya de la corona de la familia Castro”.

Y explicó: “El golpe dirigido a RAFIN S.A. y el banco BFI S.A., dos de las principales entidades financieras de GAESA, tiene como objetivo asfixiar financieramente al holding de la familia Castro. A partir de ahora, las entidades extranjeras que canalizan transacciones comerciales con estas dos entidades de GAESA estarán expuestas a millonarias multas. Esto puede significar una nueva oleada de rupturas de contratos que tienen estas entidades con empresas de terceros países. Este golpe afecta a todos los suministradores internacionales que proveen mercancías a las entidades de GAESA por medio de cartas de créditos emitidas por el BFI. Por otra parte, las transacciones financieras entre el BFI y entidades bancarias de terceros países también quedan afectadas bajo estas sanciones, por lo que el BFI verá afectada su actividad financiera considerablemente".

Morales, quien es presidente y CEO de Havana Consulting Group, también detalló que las sanciones dirigidas a ALMACENES UNIVERSALES S.A. (AUSA) tienen el objetivo de “cortar los servicios de logística y almacenamiento que esta entidad provee a diversas empresas de GAESA y de entidades extranjeras asentadas en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM) que tienen relaciones con ella, así como otras que comercializan bienes con entidades de GAESA. De esta manera, todo el manejo del tráfico de contenedores en la ZEDM y los servicios que esta entidad ofrece con el depósito, almacenamiento y transporte de mercancías, incluidas las actividades portuarias de la ZEDM".

Por último, el experto subrayó que estas nuevas sanciones son la “respuesta de Estados Unidos a las 176 medidas anunciadas por el gobierno cubano, que dejó intacta a GAESA y todas sus afiliadas”.

Por su parte, el líder opositor y ex preso político José Daniel Ferrer, también en diálogo con Infobae, destacó que las nuevas medidas “deben ser entendidas por lo que realmente son: reforzamiento de la política de máxima presión contra una dictadura criminal que lleva más de seis décadas en el poder, persiguiendo a quienes disienten, encarcelando, negando libertades básicas y condenando al pueblo a la miseria más extrema”.

Ferrer subrayó que, durante este año, “Washington ha incrementado de manera significativa la presión sobre la dictadura. El 29 de enero, la Casa Blanca declaró una emergencia nacional relacionada con las amenazas atribuidas al régimen castrocomunista. Luego, el 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amplió las posibilidades de sancionar a personas, entidades y familiares vinculados con la represión, la corrupción, el aparato militar, el sector energético, la seguridad y el financiamiento del régimen. En junio, Estados Unidos aplicó nuevas sanciones contra actores del aparato represivo y contra estructuras vinculadas con actividades antiamericanas. También sancionó a CUPET, la empresa estatal cubana de petróleo y gas. Estas medidas golpean directamente una fuente esencial de recursos para la maquinaria de control, vigilancia y represión de la dictadura“, remarcó el disidente.

Luego recordó que, antes de este año, “la política estadounidense ya había dado pasos relevantes”. Y mencionó: “La Administración Trump reactivó en 2019 el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo demandas contra quienes trafican con propiedades confiscadas por el régimen. En 2025, Washington endureció nuevamente su política hacia Cuba, mantuvo a la isla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, reforzó restricciones a transacciones con GAESA y sus empresas afiliadas, y reafirmó las limitaciones al turismo estadounidense que alimenta al aparato militar cubano”.

Y siguió: “Quienes critican estas medidas suelen repetir que las sanciones perjudican al pueblo, y es cierto. Afectan como afecta un medicamento fuerte e indispensable para poner fin a una grave enfermedad. La quimioterapia produce fuertes reacciones adversas, pero aplicada a tiempo puede curar el cáncer. No hacer nada contra la grave enfermedad o sólo realizar su diagnóstico o aplicar remedio insuficiente, alarga el sufrimiento del paciente y lleva irremediablemente a la muerte. Los responsables de la tragedia cubana son los dirigentes que monopolizan el poder, controlan las empresas estatales, administran el turismo, acaparan las divisas y utilizan los recursos del país para sostener un sistema de dominación”.

El ex preso político luego destacó que “la verdadera solidaridad con los cubanos” no consiste en financiar al régimen ni en facilitarle recursos para prolongar su existencia. “Consiste en privarlo de los medios con los que reprime, corrompe y compra lealtades. La presión máxima no es un castigo contra Cuba: es una herramienta para abrir caminos hacia la libertad, la liberación de todos los presos políticos, el respeto de los derechos humanos y la transición democrática“, completó.

Por último, indicó que Estados Unidos, en la medida en que “castiga al régimen opresor, envía ayuda directa al pueblo cubano y ofrece aumentar la asistencia por vías directas que no pasen por las manos de la dictadura corrupta. Sancionar a la dictadura y apoyar directamente al pueblo, hasta alcanzar la democratización de la Mayor de las Antillas, es lo que debieran hacer también la Unión Europea y la mayoría de los países del continente americano”.

“Cada sanción bien dirigida, cada demanda por propiedades robadas y cada restricción contra las empresas de la dictadura acerca el día en que Cuba deje de ser rehén de una élite comunista y vuelva a pertenecer a todos los cubanos”, concluyó.

El SAT puede embargar tu casa si no atiendes a tiempo una notificación de crédito fiscal: el organismo tributario está facultado para iniciar un cobro forzoso, retener bienes —incluidos inmuebles— y rematarlos en subasta pública hasta cubrir el total del adeudo. El proceso, regulado por el Código Fiscal de la Federación (CFF), opera sin orden judicial y con plazos que corren desde el día siguiente a la notificación.

Recibir una notificación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) activa de inmediato un proceso legal con consecuencias patrimoniales. No se trata de una carta informativa: es el reconocimiento formal de una deuda que obliga al contribuyente a actuar dentro de plazos estrictos.

Los 30 días hábiles que definen todo

Desde que surte efectos la notificación del crédito fiscal, el contribuyente cuenta con 30 días hábiles para pagar el adeudo o garantizarlo ante la autoridad.

Si ese plazo vence sin ninguna acción, el SAT queda facultado para iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), el mecanismo legal que abre la puerta al cobro forzoso sobre el patrimonio del deudor.

El primer instrumento que emite la autoridad es el mandamiento de ejecución. Con ese documento, funcionarios fiscales pueden presentarse en el domicilio del contribuyente —o donde se encuentren sus bienes— y requerir comprobante de pago en ese momento. Si no se acredita el pago, el embargo se ejecuta de forma inmediata.

Qué puede embargar el SAT y en qué orden

El SAT no toma cualquier bien de forma arbitraria. El CFF establece un orden de prelación para el embargo:

Dinero en efectivo, metales preciosos y depósitos bancarios

Acciones, bonos y créditos de fácil cobro

Bienes muebles: vehículos y maquinaria

Bienes inmuebles, incluida la vivienda

La casa, entonces, no es el primer objetivo del fisco, pero sí puede serlo si los bienes anteriores no alcanzan para cubrir el monto total del crédito fiscal actualizado con recargos y multas.

Una vez embargado un inmueble, peritos determinan su valor comercial mediante avalúo. Luego, el SAT publica una convocatoria de remate al menos 10 días antes de la subasta, con un precio mínimo equivalente a dos terceras partes del valor del avalúo.

Qué pasa si el remate no alcanza para pagar la deuda

Si el monto obtenido en la subasta cubre la totalidad del adeudo, el procedimiento se cierra y la deuda queda liquidada.

Cuando el valor de los bienes rematados resulta insuficiente, el SAT no da por terminado el caso. Emite un nuevo requerimiento, amplía el embargo y puede retener más bienes del contribuyente hasta cubrir el crédito fiscal por completo.

El embargo precautorio: una amenaza que llega antes

Existe una modalidad aún más temprana: el embargo precautorio. A diferencia del PAE, esta medida puede aplicarse incluso antes de que el crédito fiscal quede totalmente firme.

El SAT puede recurrir a ella cuando detecta riesgo de insolvencia, presume que el contribuyente podría ocultar bienes o estima que existe riesgo de evasión de pago. Su alcance incluye cuentas bancarias, vehículos, maquinaria, inventario comercial y bienes inmuebles.

La medida es temporal y debe ser proporcional al monto estimado del adeudo. Puede levantarse si el contribuyente presenta pruebas, aporta documentación o garantiza el interés fiscal.

Qué hacer antes de que llegue el embargo

El contribuyente dispone de varias herramientas para frenar el proceso antes de que avance al embargo formal. La más directa es pagar el adeudo dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.

Una opción menos conocida, pero igual de efectiva para detener el cobro, es garantizar el adeudo. Las formas aceptadas por el SAT, según el artículo 141 del CFF, son: billete de depósito, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza y obligación solidaria de tercero. Garantizar suspende el PAE mientras el contribuyente negocia, aclara o impugna el crédito.

Quienes consideren que la determinación del SAT es incorrecta pueden interponer un recurso de revocación ante la propia autoridad, con un plazo de 30 días hábiles desde que surte efectos la notificación. También está disponible el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con un plazo de 30 a 45 días hábiles.

Un cambio relevante en 2026 afecta directamente esta estrategia de defensa: hasta 2025, interponer un recurso de revocación eximía al contribuyente de garantizar el crédito durante la tramitación. Esa facilidad desapareció con la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Ahora, quien presente el recurso debe constituir una garantía del interés fiscal en un plazo de seis meses, o en 10 días hábiles si la resolución llega antes.

Una tercera vía es acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que puede actuar como intermediaria cuando detecta irregularidades en el procedimiento fiscal.

Bienes que el SAT no puede tocar

El artículo 157 del CFF establece un listado de bienes inembargables. Entre ellos figuran:

Las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias

Sueldos, salarios y pensiones de cualquier tipo

Recursos vinculados a programas sociales del gobierno federal

El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y su familia

Los muebles de uso indispensable del hogar que no sean de lujo

Los libros, instrumentos y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión u oficio del deudor

En ningún caso el SAT puede inmovilizar un monto mayor al del crédito fiscal actualizado más sus accesorios legales.