El exhibicionismo con propósito lascivo o el ánimo de satisfacer deseos sexuales propios o ajenos será sancionado en Panamá con penas de prisión de 2 a 4 años, si este es cometido cerca de escuelas, hospitales, iglesias o medios de transporte público.

Si el hecho se realiza en presencia de menores de edad la pena será de 3 a 6 años, de acuerdo con la Ley 521 de 27 de abril de 2026, que adiciona sanciones al Código Penal, tendiente a tipificar el delito de exhibicionismo.

La norma aclara que no habrá sanciones cuando la exhibición ocurra en establecimientos de servicios sexuales debidamente autorizados y en centros de diversión para adultos o lugares accesibles al público.

Estos lugares deben cumplir con que la actividad que realicen debe darse en espacios específicamente designados para ello y cuente con los permisos correspondientes emitidos por la autoridad competente.

De igual manera, que la actividad se realice con el consentimiento informado de los presentes y fuera de la vista de las personas que no han prestado su consentimiento.

Se especifica que estos actos no se realicen en presencia de menores de edad.

El caso más reciente de exhibicionismo en Panamá se dio en enero pasado cuando un hombre de 28 años de edad fue denunciado por vecinos de la barriada Altos de las Pradera, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, por estar masturbándose en el patio trasero de su casa.

El acto fue a la vista de todos, principalmente de menores de edad, por lo que enfrentó cargos por corrupción de menores.

La ley, que fue sancionada por el presidente José Raúl Mulino, establece que el Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social desarrollará campañas de prevención, sensibilización y denuncia sobre conductas de exhibicionismo, orientadas especialmente a la protección de la niñez y la adolescencia.

Ya en 2025 se había presentado en la Asamblea Nacional una propuesta que buscaba penalizar el exhibicionismo en espacios públicos, estableciendo penas de hasta 7 años de prisión para quienes incurrieran en este tipo de actos.

Establecía que la simple exhibición de genitales o actos de carácter sexual con propósito lascivo en espacios públicos podría acarrear penas de prisión de uno a 2 años.

Su proponente, el diputado Manuel Cheng señaló en su oportunidad que no se trataba de un proyecto moralista, sino de una herramienta legal necesaria para sancionar esta conducta.

Para sus propósitos, la ahora legislación oficial define los actos de naturaleza sexual como el comportamiento o conducta objetivamente sexual realizada con la finalidad de excitación o satisfacción sexual que implique la exhibición de genitales, que puede consistir en masturbación, contacto sexual de una persona con un objeto o animal, o contacto sexual entre personas sin importar si implica o no penetración, tocamiento u otra acción análoga.

Los lugares de acceso público son definidos como aquellos espacios o establecimientos que, por su naturaleza, actividad o afinidad están abiertos para el ingreso, uso o disfrute de cualquier persona, ya sea de forma gratuita o mediante pago, sin más limitaciones que las propias del derecho de admisión conforme a la legislación vigente.

Lugares públicos son definidos como aquellos espacios que pertenecen al Estado, como municipios u otras entidades públicas o que, por su naturaleza están destinadas al uso colectivo de la ciudadanía, incluye, pero no se limita, vías públicas, parques, oficinas y dependencias estatales, ríos y playas.

Una pasajera inusual fue descubierta por unos policías que cerca de la medianoche mantenían un retén a la altura de la vía Jaguito, en Aguadulce, provincia de Coclé, y que al detener un automóvil se encontraron con que en el asiento trasero iba una ternera.

En posición decúbito, con sus patas atadas, de un tímido color ocre, se dijera más tranquila que curiosa, la res solo atinaba a mirar con sus grandes ojos la luz que salía de las linternas de los policías que la alumbraban. El viaje había terminado.

Además del cuadrúpedo, en el sedán viajaban dos personas que no supieron dar generales de la pasajera. Uno de ellos ya había sido reseñado por hurto pecuario y mantenía un permiso de trabajo comunitario, informaron las autoridades.

Este no es el primer caso de abigeato bajo esta modalidad. En abril de 2025 los uniformados observaron en Miraflores, Penonomé, provincia de Coclé, un taxi que transitaba de manera extraña y cuyo conductor aceleró la marcha al notar la presencia policial.

Detenido el vehículo, la revisión dio como resultado de que esta vez en el maletero se mantenían dos terneros, debidamente atados.

El cuatrerismo en Panamá está cambiando. Atrás parece haber quedado la vieja práctica de ir al campo, ponerle cartón a las patas, para no dejar huellas, y enfilar hacia lugares con rumbo desconocido.

Hasta el momento en el país se registran 248 eventos de cuatrerismo, cifra que es más o menos la misma cantidad del año pasado al primer trimestre, según el Centro de Estadística del Ministerio Público.

“Esto sigue, solo se muda de provincia a provincia, ahora la más importantes es Chiriquí, con 54 hurtos pecuarios, seguido de Los Santos con 37”, dijo el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Euclides Díaz.

Ambas provincias, agregó, tienen muchas vías de comunicación. Chiriquí tiene más, pues cuenta con una frontera más permeable y los precios de la carne en Costa Rica están mucho más altos que en Panamá.

En la provincia de Coclé, donde han aparecido las reses siendo transportadas en autos, se hurtan dos, tres, cuatro animales, mientras que Panamá Oeste la cifra es de 20 a 30.

Respecto a las normas que protejan a los ganaderos al ser afectados por este delito, Díaz manifestó que la Ley 476 de 2025 eliminó el desistimiento y anuló el trabajo comunitario para los casos de hurto pecuario, lo que representa un paliativo para disminuir este delito, pero el Órgano Judicial no le ha dado la divulgación necesaria.

“Debería haber una estadística que nosotros pudiéramos destacar en ese sentido”, indicó Díaz, puntualizando que los jueces continúan con su práctica de no querer condenar a los cuatreros, buscando cualquier subterfugio para inmediatamente archivar los casos.

Ovidio Saavedra, expresidente de la Anagan, aportó que el hurto pecuario ha ido variando. Antes hurtaban animales grandes y ahora persiguen terneros que no tengan ferretes para llevarlos de una finca a otra y después ponerles un ferrete.

Ahora, aseguró que hurtan por encargo y esto ha ido aumentando de forma dramática, ya son bandas organizadas que llevan incluso los animales a las subastas.

Villareal coincide con Díaz al indicar que aunque las condenas ahora son más rigurosas el problema se da luego de que los delincuentes son capturados por la Policía, pues los jueces de garantía siempre encuentran que no hay pruebas suficientes, que no es vinculante, dando pie a que los infractores continúen hurtando.

En estos momentos en que la carne ha subido de precio las reincidencias de estos individuos también ha aumentado, pero el sector productivo continúa trabajando para minimizar este flagelo, afirmó el ganadero.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió este 16 de abril de 2026, pero publicada el 22 de abril, rechazar la demanda de Rappi S.A.S., que buscaba anular la multa de $1.755′606.000 impuesta en 2020 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por violaciones a las normas de protección al consumidor en Colombia.

El alto tribunal judicial determinó que la multinacional colombiana de tecnología fundada en 2015 no es solo un portal de contacto, sino que opera como una plataforma de comercio electrónico que debe cumplir las obligaciones de un proveedor.

El centro de la controversia: ¿portal de contacto o comercio electrónico?

La principal discusión fue si Rappi S.A.S. debía ser tratada como un mero intermediario entre comercios y consumidores —un “portal de contacto”— o como un verdadero proveedor digital bajo la figura de comercio electrónico.

El fallo estableció que, según las pruebas incorporadas y los contratos analizados, Rappi interviene directamente en todas las etapas de la venta y entrega de bienes y servicios, determina condiciones comerciales clave y recibe ingresos variables en función del volumen de ventas operadas en la plataforma. Este funcionamiento, afirmó el tribunal, la aleja del concepto de simple intermediario.

“La remuneración de Rappi se basa en comisiones sobre las ventas y no en un canon fijo por el uso de la plataforma, lo cual muestra su participación directa en los resultados económicos, propia de un esquema de comercio electrónico”, resaltó el tribunal.

Los argumentos de Rappi: defensa sobre su modelo de negocio

Rappi S.A.S. defendió su modelo comercial bajo la tesis de que la plataforma solo actúa como medio de contacto y cobra a los comercios un valor fijo de alquiler tecnológico. La empresa argumentó que no participa en la fijación de precios, en la relación de consumo entre comercios y clientes, ni en la entrega de productos, y que todos estos aspectos son responsabilidad de los comercios aliados y los repartidores independientes, denominados rappitenderos.

“Los ingresos de la demandante provienen exclusivamente del uso y alquiler de la plataforma tecnológica a los aliados comerciales, no de la venta de productos”, sostuvo Rappi. Además, advirtió que la sanción de la SIC distorsiona el principio de libre empresa y la obliga a cumplir obligaciones ajenas a su modelo.

La posición de la Superintendencia: precedentes y control efectivo

La Superintendencia de Industria y Comercio defendió la sanción con un enfoque enfático en el control real que ejerce la plataforma. Sostuvo que diversos elementos prueban que Rappi S.A.S. no se limita al contacto entre partes, sino que dirige y condiciona la relación comercial.

Entre los elementos, el tribunal destacó que Rappi S.A.S. exige a los comercios compartir utilidades en base a un porcentaje variable del volumen de ventas, que ronda entre el 15% y el 27% en acuerdos de cooperación. Además, tiene potestad para modificar los precios al consumidor hasta un 10% extra sobre el precio real de los productos. Estas maniobras, según la sentencia, “no son propias de un simple portal de contacto, sino de un proveedor de bienes y servicios”.

La entidad técnica, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también subrayó la gestión directa de medios de pago por parte de Rappi, incluyendo la creación de mecanismos propios como RappiPay y RappiCréditos, así como el control sobre la información comercial y la resolución unilateral de reclamos de usuarios.

Está documentado que, en los acuerdos analizados por el tribunal, la compañía exige estar presente en todas las transacciones y obtiene compensaciones directas cuando gestiona servicios como RappiPrime o RappiAntojo, profundizando su rol activo en la relación de consumo.

Rappi S.A.S. alegó que los actos administrativos de la Superintendencia sumaron fundamentos nuevos durante la segunda instancia, privándola de oportunidades de defensa. Señaló que se introdujeron argumentos (como la pluralidad de intervinientes o la incidencia en la fijación de precios) que no habían figurado en la primera resolución ni en el pliego original de cargos.

El tribunal respondió que “la profundización de argumentos en los recursos no altera la base de la acusación”. En su análisis, los criterios añadidos durante la segunda instancia administrativa surgieron, según el fallo, como consecuencia directa del debate y no introdujeron hechos completamente nuevos, sino que expandieron lo ya discutido.

Resolución final y consecuencias para el ecosistema digital

De acuerdo a la decisión, el fallo sienta un precedente respecto al alcance y las obligaciones de las plataformas tecnológicas que, como Rappi S.A.S., integran distintos servicios en un modelo de superapp, actuando no solo como un canal, sino como un actor principal del ecosistema de consumo digital.

El tribunal, en su sentencia, rechazó de manera definitiva la demanda de Rappi S.A.S. y confirmó la validez de la multa de $1.755 ́606.000, manteniendo firme la exigencia de cumplimiento pleno de la regulación colombiana para las plataformas de entrega a domicilio y servicios digitales.

El retraso de la ONPE y la empresa Servicios Generales Galaga en la entrega del material electoral que afectó la instalación de mesas de votación no es solo un problema logístico, sino que puede constituir un delito. Así lo explicó el abogado penalista Luis Gutiérrez Oliva, quien detalló que la Ley Orgánica de Elecciones contempla sanciones para quienes demoran o detienen la distribución del material.

Según indicó, este tipo de hechos debe ser investigado para determinar por qué ocurrió la demora. La clave está en establecer si se trató de una mala gestión de la empresa encargada o si hubo una conducta con implicancias penales.

“Se sanciona administrativamente, pero también penalmente, a quien demora o a quien detiene la entrega del material electoral”, explicó el especialista en entrevista con Exitosa.

Ahora, hay que esperar los resultados de la investigación, que podría alcanzar tanto a la empresa como a algunos altos funcionarios del órgano electoral.

Penas bajas frente a un problema grave

A pesar de la gravedad del impacto, pues recién a las 9:00 am del lunes 13 de abril algunas mesas de votación recién se estaban instalando, las sanciones previstas en la ley son limitadas.

“Sí, desde seis meses hasta tres años en, lo que es la demora o la detención del reparto de material electoral”, indicó. Esto significa que, incluso si se comprueba responsabilidad penal, las consecuencias podrían ser relativamente leves.

El mismo criterio se aplica a los funcionarios públicos que puedan ser investigados por omisión de funciones. En estos casos, las penas también se mantienen dentro de un rango bajo.

El especialista recordó que esto responde al principio de legalidad, que obliga a aplicar únicamente las sanciones previstas en la ley. En otras palabras, aunque el hecho haya afectado a miles de votantes, las penas no pueden ir más allá de lo establecido.

Qué puede pasar con la empresa

En el caso de la empresa encargada del traslado, el escenario dependerá de lo que determine la investigación. El abogado explicó que lo primero será analizar por qué se produjo la demora.

“Lo primero que van a hacer es investigar a esta empresa Gálaga y decir: bueno, la empresa, ¿por qué se ha demorado?”, señaló.

A partir de ahí, se evaluará si se trató de una mala organización o si existen elementos que apunten a algo más grave. Este punto es clave porque define si el caso queda en una falta administrativa o escala a una investigación penal.

También se revisará si la empresa cumplió con los requisitos del contrato, como la presentación de vehículos y documentación necesaria para el traslado. Estos aspectos serán determinantes para establecer responsabilidades.

Funcionarios también podrían ser investigados

El abogado también advirtió que la responsabilidad no recaería únicamente en Galaga. Los funcionarios públicos que tenían a su cargo la supervisión del proceso podrían ser investigados si no cumplieron con sus funciones.

“Lo que sería en la omisión de funciones solamente abarcaría a los que son funcionarios públicos de la ONPE”, explicó.

Esto implica que, si se demuestra que hubo falta de control o que no se actuó ante advertencias previas, también podrían enfrentar consecuencias legales.

Sin embargo, al igual que en el caso de la empresa, las penas previstas son bajas. El especialista fue claro en señalar que “no pasamos de ese nivel de pena”, lo que refuerza la idea de que las sanciones podrían no ser proporcionales al impacto del problema.

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol sancionó al club Atlético Nacional con una multa de USD 100.000 por infringir el artículo 15.2 del Código Disciplinario durante competiciones organizadas por la entidad, como ocurrió en el juego ante Millonarios en la fase 1 de la Copa Sudamericana, según resolución publicada en el sitio oficial de la confederación.

El monto será descontado de los fondos que el club reciba por conceptos de derechos de televisión o patrocinio.

Como parte de la sanción, la Conmebol ordenó al conjunto Verdolaga implementar, en su próximo partido como local, una serie de activaciones orientadas a promover el mensaje “El respeto es titular”.

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Esto incluye exhibir un cartel con dicha frase durante el protocolo inicial del encuentro, mostrar el mensaje en la pantalla gigante del estadio desde KO -2h hasta el final del partido, y difundir una campaña en las redes sociales oficiales del club durante los tres días previos al evento, todo bajo la supervisión y aprobación del área de marketing de la confederación.

Adicionalmente, el club recibió una multa de USD 10.000 por violaciones a los literales b) y d) del artículo 12.2 del Código Disciplinario, suma que también será debitada automáticamente. La comisión advirtió que la reincidencia en este tipo de infracciones comportaría la aplicación del artículo 27, lo que podría derivar en consecuencias disciplinarias más severas.

Atlético Nacional fue notificado formalmente de la decisión y mantiene la posibilidad de presentar un recurso ante la Comisión de Apelaciones de la Conmebol. Según el artículo 64.1, el plazo es de 7 días corridos desde la notificación. La cuota de apelación se estableció en USD 3.000, a abonar mediante transferencia bancaria, conforme a los requisitos de procedimiento establecidos por el reglamento disciplinario del organismo.

Fuerte cruce de Dairon Asprilla con un aficionado

La goleada por 3-0 sufrida por Atlético Nacional ante Cruz Azul en el PayPal Park de San José, California, profundizó el malestar que atraviesa el equipo colombiano tras su reciente eliminación en la Copa Sudamericana. El revés en suelo estadounidense no solo dejó secuelas deportivas, sino que también desató una ola de tensión entre jugadores y aficionados verdolagas.

La escena que más llamó la atención se produjo en los minutos finales del partido amistoso. Un hincha, identificado por su gorra blanca y camiseta negra, recorrió el borde del segundo piso de la gradería principal hasta llegar cerca del banco de suplentes, donde lanzó duras críticas a los futbolistas.

La reacción de Dairon Asprilla fue inmediata: el delantero, visiblemente molesto, le pidió al aficionado que bajara para encararlo directamente. La intervención de un colaborador del cuerpo técnico evitó que el incidente escalara, mientras otros presentes optaron por apartarse de la zona.

En ese contexto, el club de Antioquia solo tiene un objetivo inmediato: disputar la Liga BetPlay con la mira puesta en el campeonato del primer semestre. Tras quedar fuera de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios, la dirigencia y el cuerpo técnico liderado por Diego Arias ven en el torneo local la única vía para calmar las críticas y asegurar la continuidad del entrenador.

La derrota frente a Cruz Azul, que se produjo pese a la presencia de las principales figuras del plantel, dejó al descubierto el momento delicado que vive la institución. Los seguidores de Nacional, que viajaron hasta Estados Unidos para presenciar el encuentro, manifestaron su descontento tras el tercer gol, anotado por Mateo Levy, exigiendo mayor compromiso y resultados a los jugadores.

La actuación de Dairon Asprilla, titular durante 54 minutos antes de ser sustituido por Alfredo Morelos, también fue blanco de cuestionamientos. Los aficionados, especialmente en redes sociales, le recordaron que no ha logrado recuperar la influencia que tuvo en temporadas pasadas y le exigieron nuevas demostraciones de liderazgo en el campo.

La situación interna de Atlético Nacional, marcada por la presión de los hinchas y el reto de revertir la imagen en la Liga BetPlay, se refleja en episodios como el cruce entre Asprilla y el aficionado. El club deberá gestionar con inteligencia la tensión generada tras la derrota internacional para evitar que el clima adverso afecte el rendimiento en el torneo local.

Una de las infracciones destacadas por las autoridades futbolísticas europeas estuvo relacionada con la utilización de un puntero láser desde la grada, lo que representó uno de los motivos específicos del expediente sancionador. La noticia central, según informó la UEFA mediante un comunicado, se refiere a la imposición de una suma de 30.500 euros en multas al Real Club Celta de Vigo, resultado de varios incidentes vinculados tanto a la actuación de sus aficionados como a la conducta de los propios jugadores durante el encuentro de Europa League celebrado en Lyon, Francia.

El medio oficial de la UEFA detalló que la sanción económica se distribuye en cuatro apartados: el club debe abonar 15.000 euros por el lanzamiento de objetos desde las gradas, 1.500 euros por el uso de fuegos artificiales y bengalas, 8.000 euros específicamente por el empleo de un puntero láser y 6.000 euros por lo que el Comité de Control, Ética y Disciplina calificó como comportamiento inadecuado de los jugadores del equipo gallego. La resolución tuvo lugar después de una reunión del referido Comité el pasado miércoles, donde se evaluaron los hechos ocurridos en el duelo internacional.

El partido sujeto a análisis se disputó el 19 de marzo en el Groupama Stadium de Lyon. Correspondía a la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Ese enfrentamiento terminó en victoria para el Celta, con un marcador de 2-0 sobre el Olympique Lyonnais. Con este resultado, el conjunto de Vigo aseguró su pase a los cuartos de final, luego de haber empatado 1-1 en la ida.

Según publicó la UEFA, los hechos que motivaron la investigación se produjeron durante distintos momentos del partido. Reportó el organismo que varios aficionados del Celta fueron detectados lanzando objetos al terreno de juego y encendiendo bengalas en el área local, acciones contrarias tanto a las medidas de seguridad de la competición como a la normativa general que regula la conducta en torneos de la UEFA. Estos hechos se consideraron suficientemente graves para derivar en la aplicación de sanciones económicas.

Por otra parte, la UEFA subrayó en su comunicado la implicación directa de los jugadores del Celta en hechos catalogados como comportamiento inapropiado, lo que incluye faltas reiteradas al reglamento durante el transcurso del partido. El Comité de Control, Ética y Disciplina valoró que esta conducta violó los estándares establecidos para el fútbol europeo en competiciones oficiales.

De acuerdo con los datos consignados por la UEFA, las decisiones del Comité buscan enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero ante episodios que puedan poner en riesgo la seguridad y el buen desarrollo de los partidos. La entidad recordó que tanto los clubes como sus aficionados y jugadores son responsables de mantener un ambiente que respete las normas establecidas.

En las sanciones económicas impuestas al Celta, el desglose específico permite conocer el enfoque detallado de la investigación: 15.000 euros por el lanzamiento de objetos responde a uno de los apartados más penalizados en la normativa; el encendido de bengalas, con 1.500 euros de multa, se consideró una infracción frente a la seguridad del recinto y de los asistentes. Los 8.000 euros impuestos por la utilización de puntero láser reflejan un criterio de castigo ante intentos de interferir en el desarrollo del juego y afectar la concentración de los jugadores rivales. Finalmente, el monto de 6.000 euros vinculado a la conducta inapropiada de los futbolistas detalla la responsabilidad directa del plantel en el episodio.

El medio UEFA especificó que el anuncio de la sanción se realizó a través de una nota de prensa posterior a la reunión del Comité, lo que confirma el procedimiento estándar realizado por los órganos de gobierno del fútbol europeo tras la revisión de incidentes en torneos internacionales. El partido entre Celta y Olympique Lyonnais se mantiene como uno de los encuentros de mayor repercusión para la entidad gallega por el avance a una nueva fase en Europa, aunque el resultado positivo en lo deportivo ha quedado acompañado ahora por las repercusiones disciplinarias reseñadas en el expediente oficial.

El reporte publicado por la UEFA cierra el actual episodio sancionador, aunque advierte que cualquier reincidencia en futuras competiciones podría derivar en multas de mayor gravedad o en sanciones adicionales, según lo permitido por la normativa interna del organismo rector del fútbol europeo.

El futbolista de Puebla, Edgar Guerra, fue expulsado durante la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX tras empujar al cuarto árbitro Fernando Alexander Cruz en el partido frente a Santos Laguna.

El incidente, que ocurrió justo cuando Guerra abandonaba el terreno de juego tras ser sustituido, podría derivar en una sanción considerable para el jugador, según reportes.

El hecho se produjo al minuto 60 del encuentro disputado en el estadio de Santos Laguna. Guerra se dirigió hacia el cuarto árbitro y le propinó dos empujones, acto que tomó por sorpresa tanto a Cruz como al abanderado.

El árbitro central, Yonatan Peinado Aguirre, consultó a sus asistentes y posteriormente mostró la tarjeta roja a Edgar Guerra, quien ya se encontraba fuera del campo.

La acción fue observada y comunicada por las autoridades del encuentro antes de que el silbante principal confirmara la expulsión.

¿Cuál sería la sanción para Edgar Guerra tras la agresión?

El Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) establece distintos rangos para las agresiones a oficiales de partido.

La sanción dependería de cómo se redacte el informe arbitral y el análisis de la Comisión Disciplinaria; Si el acto se considera como un simple empujón por falta de respeto al cuarto árbitro, podría aplicarse el Artículo 17, apartado C, que contempla una suspensión de uno a tres partidos.

Sin embargo, el antecedente de otras agresiones a árbitros en la Liga MX sugiere que el castigo podría ser más severo.

Recordando los casos de Pablo Aguilar y Enrique Triverio, quienes en 2017 recibieron sanciones de hasta un año de suspensión por agresiones físicas a árbitros, aunque sus castigos se redujeron posteriormente tras apelaciones ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La situación de Edgar Guerra difiere de esos precedentes por la naturaleza y el contexto de la acción, aunque advirtió que el reglamento es inflexible cuando el contacto es contra un oficial y no contra un jugador rival.

La sanción podría alcanzar hasta 15 partidos de suspensión si la Comisión Disciplinaria de la FMF determina que se trata de una agresión directa y grave.

Todo depende de la forma en la que el árbitro central reporte el incidente en la cédula arbitral y del criterio de la Comisión, que emitirá su resolución en los próximos días.

Primeros reportes indicarían que existe la posibilidad de que la pena quede limitada a uno o tres partidos si la redacción del informe arbitral no califica el hecho como agresión grave.

Especialistas habrían advertido que la FMF suele aplicar sanciones ejemplares cuando la autoridad se ve comprometida en el terreno de juego.

El incidente no tuvo consecuencias en el desarrollo del partido, ya que el cambio de Edgar Guerra se había concretado antes de la expulsión.

El resultado final dejó a Puebla con una derrota y a Santos Laguna sumando su segunda victoria en el torneo.

La decisión del Comité de Competición de aceptar la solicitud del Sevilla para que la sanción aplicada a su entrenador, Matías Almeyda, se ajustara a la nueva normativa, ha permitido que el técnico argentino vuelva al banquillo antes de lo previsto. Según informó el club hispalense, Almeyda cumplirá el próximo sábado su partido final de suspensión coincidiendo con la jornada 29 de LaLiga EA Sports, lo que habilita su regreso inmediato para las siguientes convocatorias.

Tal como publicó el Sevilla en un comunicado recogido por medios nacionales, la reducción de la sanción se fundamenta en los cambios introducidos recientemente en el artículo 127 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Este artículo establece las penalizaciones por protestas a los árbitros, y su última modificación rebajó la sanción mínima de dos partidos a uno. Los Servicios Jurídicos del club aprovecharon este cambio para solicitar al Comité de Competición la aplicación retroactiva de la nueva normativa en el caso de Almeyda.

El medio oficial del Sevilla detalló que el partido que el equipo jugará este sábado contra el Valencia será el último que el entrenador argentino deberá ver desde la grada. Este encuentro pone fin a la sanción iniciada el 14 de febrero, cuando Almeyda fue expulsado por protestar de forma enérgica durante el partido contra el Deportivo Alavés. El club andaluz remarcó en su comunicado que la sanción inicial impuesta era de siete partidos.

Según consignó el Sevilla, este cálculo incluye ya la reducción impuesta anteriormente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), que rebajó en un partido la sanción tras valorar las muestras de arrepentimiento expresadas por Almeyda tras su expulsión. De esta forma, a la reducción previa se añadió la actual, fruto de la reforma en la normativa disciplinaria.

El club explicó que la solicitud de adecuación de la sanción ante el Comité de Competición se basó en la aplicación retroactiva de la modificación normativa, derecho reconocido por el propio ente disciplinario. Tras ser aceptada la petición, el técnico argentino podrá reincorporarse a dirigir al equipo desde la zona técnica ya en la próxima jornada, en caso de que no existan nuevas incidencias.

El comunicado del Sevilla recalca que la sanción de Almeyda queda finalmente en cinco partidos. Desde su expulsión, el técnico no ha podido dirigir al equipo en los partidos oficiales, limitándose a seguir la actividad desde fuera. El club valoró de forma positiva la recepción y tramitación de su petición por parte de las autoridades deportivas, según declaró a medios nacionales.

La expulsión de Matías Almeyda ante el Deportivo Alavés se produjo durante una situación de gran tensión en el terreno de juego. Desde ese momento, el cuerpo técnico sevillista ha tenido que ordenar la dirección del equipo de manera alternativa hasta el cumplimiento de la sanción. De acuerdo con las informaciones publicadas por el Sevilla, la entidad ha seguido todos los conductos reglamentarios para intentar rebajar la penalización impuesta a su entrenador principal.

A partir de la próxima jornada, con la reincorporación de Almeyda, el Sevilla recupera a su máxima referencia en el banquillo en la fase decisiva de la temporada, tras haber gestionado esta situación en función de los marcos legales actualizados y las resoluciones de los órganos disciplinarios competentes.

La compañía de productos lácteos Gloria Foods anunció la suspensión indefinida de la operación en Colombia, lo que ha supuesto el cierre de su planta en el municipio de Cogua (Cundinamarca) y el despido de unos 150 empleados.

A consecuencia del cierre, desaparece del mercado la marca Algarra, fundada en 1952 y adquirida por el Grupo Gloria en 2004, así como Lechesan, que producía lácteos desde 1971 en el departamento de Santander.

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El portafolio de productos afectados abarca leche en bolsa, yogur con fruta, bebidas lácteas, leche achocolatada, avena, kumis y crema de leche, que dejarán de encontrarse en los anaqueles de supermercados.

“El holding ha determinado concentrar sus esfuerzos en el negocio donde reconoce mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento sostenible. Como parte de este proceso de enfoque estratégico, Gloria Foods ha decidido suspender su operación en la categoría láctea en Colombia”, indicó la compañía en un comunicado.

Esa revisión estratégica responde también a la intención del holding de fortalecer su protagonismo internacional, sobre todo tras la reciente adquisición del 80% de la empresa argentina Molfino Hermanos —operadora de Saputo Argentina— por un valor estimado de 500 millones de dólares, una operación todavía sujeta a cierre.

“Esta decisión contempla el cierre parcial de la planta de Cogua, así como la suspensión de otras actividades vinculadas a esta línea de negocio en el país. Gloria Foods reafirma su compromiso con la generación de valor y el desarrollo de los mercados donde tiene presencia”, señaló la compañía en la misiva.

No obstante, el Grupo Gloria notificó que se mantiene la producción de jugos en su planta de Simijaca (Boyacá), y concentrará su actividad local en bebidas como los jugos California y los refrescos Fresky.

“Como parte de su proceso regular de revisión estratégica del portafolio en la región, ha decidido enfocar su operación en Colombia en la categoría de bebidas, donde identifica oportunidades para optimizar su presencia en el mercado y consolidar su plataforma de alimentos en los países en los que opera”, comunicó la compañía.

Situación crítica para los trabajadores

El impacto inmediato de la decisión se traduce en el despido de 150 trabajadores distribuidos entre las sedes de Cogua, Bucaramanga, Valledupar y Barranquilla, quienes fueron notificados del fin de sus contratos durante una convocatoria inesperada.

Muchos empleados expresaron sorpresa e indignación al hallar sus accesos restringidos cuando intentaron ingresar a la planta principal de Cogua el sábado 14 de marzo de 2026.

Freddy Ricardo García Galeno, presidente del sindicato Sinaltrainbec subdirectiva Cogua, señaló que los empleados fueron citados bajo la premisa de una capacitación en seguridad industrial, pero allí les fueron notificados del término de sus contratos.

El vocero del sindicato, en diálogo con Blu Radio, señaló que algunos aceptaron indemnizaciones y otros optaron por no firmar acuerdos.

“El día viernes (13 de marzo) pararon todo: máquinas, todo. Y lo que quedó en tanques, lo que quedó en máquinas, quedó eso todo parado. El día sábado (14 de marzo) se reanudó servicios, que nosotros ya nos citaron para turno y el día de ayer (15 de marzo) se terminó de evacuar lo que quedaba de leche. Como tal, se evacuó, se terminó de empacar”, expresó García Galeano al citado medio de comunicación.

El sindicato también refirió que la empresa justificó el recorte bajo el argumento de una reestructuración, siguiendo una tendencia iniciada hace año y medio con una reducción similar de personal. Sin embargo, señaló que la decisión no cuenta con el conocimiento de las autoridades colombianas, es decir, el Ministerio del Trabajo.

“El presidente nacional, al que pertenece la subdirectiva de Cogua, de Sinaltrainbec, pues nos comunicó que él había hablado con la viceministra del Trabajo para intervenir. Precisamente ahorita me estaban llamando para coordinar eso porque ellos no tenían permiso para ese despido masivo”, comunicó.

Además, la drástica medida se conoce luego de una sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) en febrero de 2025, por un valor de 2,2 millones de dólares (más de 8.000 millones de pesos colombianos), debido a la venta de un producto etiquetado como leche entera pero que contenía lactosuero, lo que marca el retiro de Gloria del segmento lácteo en el país y el cese de su maquila para cadenas de supermercados como D1 y Ara.

La salida de Gloria del mercado lácteo colombiano representa la culminación de un ciclo de 14 años e implica la desaparición de dos marcas que, mediante adquisiciones anteriores, habían logrado un importante arraigo en el país.

El Sevilla FC tiene previsto recuperar a su entrenador Matías Almeyda en el banquillo para el partido contra el Atlético de Madrid, programado para el fin de semana del 11 y 12 de abril en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) de reducir en un partido la sanción que pesaba sobre el técnico argentino. Según detalló el propio club andaluz, el organismo ha aceptado parcialmente el recurso presentado por la entidad y ha rebajado la suspensión de siete a seis encuentros. Esta medida permitirá a Almeyda reincorporarse de forma anticipada respecto al castigo inicial.

De acuerdo con la información publicada por el Sevilla FC y recogida por diversos medios, el TAD valoró el arrepentimiento expresado por el entrenador después de su expulsión en el duelo ante el Deportivo Alavés el pasado 14 de febrero, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26. No obstante, el club manifestó que considera “desmedida” la sanción impuesta por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y confirmó que mantendrá abiertos todos los caminos legales para tratar de rebajar aún más el castigo.

La sanción original se dictó el 18 de febrero, cuando Almeyda recibió siete partidos de suspensión tras haber sido expulsado en el partido disputado ante el Deportivo Alavés. Según consignó el club, la sanción fue desglosada por el Comité de Disciplina de la RFEF en cuatro categorías diferentes: dos partidos correspondieron a protestas reiteradas dirigidas al cuerpo arbitral del encuentro; uno más por no haber ido directamente al vestuario tras ser expulsado; otros tres encuentros por actitudes calificadas por el comité como de “menosprecio o desconsideración reiteradas” hacia los árbitros; y un último partido por conducta que el órgano disciplinario calificó como contraria al buen orden.

A raíz de esta suspensión, el entrenador argentino ya se ha perdido las jornadas de LaLiga EA Sports 2025-26 que enfrentaron al Sevilla FC con el Getafe CF, el Real Betis y el Rayo Vallecano. Además, según informó el club andaluz, Almeyda tampoco podrá estar presente en el banquillo durante los compromisos contra el FC Barcelona, el Valencia CF ni frente al Real Oviedo. La reducción a seis partidos implica que el técnico contará con la opción de volver a dirigir al equipo desde el área técnica en el enfrentamiento contra el Atlético de Madrid.

La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo se conoció tras el recurso presentado por el Sevilla FC, que solicitó la revisión de la sanción argumentando la colaboración y el arrepentimiento manifestado por el entrenador. Según publicó el club, la entidad sigue considerando que la penalización resulta excesiva a pesar de la rebaja aceptada, por lo que planea mantener su estrategia de defensa dentro de las vías jurídicas disponibles.

El episodio que originó la sanción tuvo lugar el 14 de febrero, cuando Matías Almeyda fue expulsado durante un enfrentamiento ante el Deportivo Alavés. Según el desglose de la RFEF recogido por el club, las infracciones engloban conductas relacionadas tanto con la actitud del entrenador hacia el cuerpo arbitral como por incumplir procedimientos tras la expulsión. Tras este suceso, el comité disciplinario optó por una sanción amplia, que fue recurrida por la dirigencia sevillista en las instancias correspondientes.

El Sevilla FC anticipó que persistirá en los procesos de reclamación hasta agotar todas las etapas jurídicas que la normativa permite, buscando una posible nueva reducción a la sanción del técnico argentino. Por el momento, la intervención del Tribunal de Arbitraje Deportivo ha permitido al club mitigar parcialmente el impacto de la suspensión sobre el equipo, recuperando a su entrenador principal para un partido señalado en el calendario.

El órgano disciplinario concluyó que las pruebas visuales no permiten establecer con certeza la inexistencia de la conducta imputada. De acuerdo con la resolución a la que accedió EFE, se reconoció además que hubo contacto entre los involucrados, y bajo ese contexto, el comité manifestó que no resulta procedente modificar la valoración arbitral sobre si los hechos constituyen o no una infracción merecedora de sanción o en qué medida implicaron un uso indebido de la fuerza. El Mallorca sostenía en sus alegaciones que la infracción señalada hacia Jan Virgili durante el partido contra Osasuna carecía de base y que la narración arbitral no reflejaba la realidad de lo sucedido.

En el mismo expediente disciplinario, la Federación Española de Fútbol impuso un partido de suspensión a Jon Ander Olasagasti, jugador del Levante, y al futbolista del Osasuna, Raúl García. La causa de la sanción en ambos casos obedeció a actitudes violentas ocurridas dentro del marco del juego, según detalló EFE.

De acuerdo con el reporte difundido por EFE, el Comité de Disciplina ratificó el criterio contenido en los informes arbitrales como central para la valoración de los actos sancionables, subrayando la imposibilidad de reemplazar esa valoración con otras interpretaciones en ausencia de elementos concluyentes que desvirtúen la versión oficial registrada en el acta.

En el contexto de las sanciones impuestas tras la fecha 27 de LaLiga EA Sports, la agencia EFE informó que varios futbolistas causarán baja en la próxima jornada por acumulación de amonestaciones y, en otros casos, por expulsiones tras recibir doble tarjeta amarilla. Entre ellos se encuentran Jon Pacheco y Ander Guevara, ambos del Deportivo Alavés, quienes no podrán disputar la siguiente fecha debido a dobles amonestaciones en sus respectivos partidos, que derivaron en la correspondiente expulsión.

Asimismo, el Comité comunicó, según consignó EFE, que la acumulación de tarjetas impedirá la participación de Alejandro Rego (Athletic Club), Adrián De La Fuente (Levante), Vitor Reis (Girona) y Rubén García (Osasuna) en la siguiente jornada del torneo. La normativa de competición establece la suspensión automática por acumulación de cartulinas, con el objetivo de mantener el control disciplinario sobre el desarrollo del campeonato.

El órgano disciplinario mantiene como prioridad la aplicación estricta del reglamento, subrayando el peso de la evidencia recogida por los árbitros durante los encuentros. Las resoluciones recientes marcan la continuidad de las medidas adoptadas en la campaña para gestionar conductas antideportivas y violentas, considerando tanto incidentes graves fuera del juego como aquellos integrados en la propia acción competitiva.

El Comité de Disciplina transmite periódicamente sus fallos tras valorar las pruebas obrantes en cada expediente, ajustándose a los procedimientos previstos y sin alterar el contenido de los informes arbitrales a menos que existan evidencias irrefutables que así lo justifiquen, según reiteró en este caso la Agencia EFE.

La sanción económica impuesta a Luis 'Alvise' Pérez equivale a la retirada de diez días de dietas diarias de 359 euros cada una, así como a la suspensión temporal de su participación en actividades e intervenciones en el Parlamento Europeo durante un lapso de cuatro días, aunque conservará su derecho a emitir voto durante ese periodo. Según informó el medio El País, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, explicó este martes que dicha penalización responde a la grabación y posterior difusión en redes sociales de imágenes obtenidas sin permiso, en las que Pérez mostró al eurodiputado y exministro Juan Fernando López Aguilar acompañado de comentarios ofensivos.

El caso se remonta a una sesión plenaria en la que Luis Pérez registró en vídeo a López Aguilar, infringiendo el reglamento interno del Parlamento Europeo. Tal como consignó El País, la normativa parlamentaria prohíbe expresamente a los diputados el uso de dispositivos electrónicos durante los plenos para tomar imágenes o grabar a otros miembros con la intención de dañar su reputación o la de la institución. De acuerdo con lo anunciado por Roberta Metsola, la Mesa de la Eurocámara validó el lunes la decisión adoptada originalmente tras revisar un recurso presentado por el propio Pérez en el que solicitó una reconsideración de la medida.

El medio El País detalló que la penalización asciende a casi 3.600 euros y que la suspensión de las actividades incluye no solo su participación dentro del hemiciclo, sino la imposibilidad de intervenir en sesiones plenarias por el periodo establecido de cuatro días. Sin embargo, el castigo no le quita el derecho a votar en esas sesiones. Fuentes parlamentarias consultadas por El País confirmaron que la decisión se aplicó después de analizar tanto la conducta del eurodiputado como las normas de convivencia y protección de la imagen de los parlamentarios vigentes en la institución europea.

Roberta Metsola describió que el acto sancionado consistió en "grabar durante un pleno a otro diputado del Parlamento Europeo sin su consentimiento y difundir posteriormente el vídeo en redes sociales con comentarios despectivos." Esta práctica se considera contraria al reglamento, el cual busca preservar el funcionamiento institucional y la protección de la vida parlamentaria frente a actos que puedan menoscabar la imagen pública de sus miembros o del propio órgano.

La Mesa del Parlamento Europeo se encargó de evaluar el recurso presentado por Pérez tras su notificación inicial de la sanción. De acuerdo con El País, la decisión definitiva se adoptó tras valorar los argumentos presentados en su defensa y constatar que la conducta infringía las reglas establecidas para la protección de la privacidad y el buen nombre de los diputados durante el ejercicio de sus funciones.

Este incidente reabre el debate sobre el uso de los dispositivos tecnológicos por parte de los eurodiputados durante los plenos y la necesidad de mantener estándares estrictos en la difusión de información y contenidos relativos a la actividad parlamentaria. Según el análisis publicado en El País, la decisión de la presidenta Metsola refuerza la importancia de las directrices internas sobre la protección de la reputación individual y colectiva dentro de la Eurocámara, y ratifica la obligación de todos los miembros de respetar la regulación sobre imágenes y grabaciones en el recinto.

En síntesis, el Parlamento Europeo actuó en respuesta a una infracción vinculada a la obtención y publicación no autorizada de imágenes acompañadas de comentarios ofensivos, y estableció una sanción tanto económica como funcional, en conformidad con las normas que rigen el comportamiento de los eurodiputados durante el desempeño de sus responsabilidades.

El presidente Gustavo Petro respondió a la confirmación de la sanción dictada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su campaña presidencial de 2022, luego de varios meses de acusaciones, pesquisas y hallazgos de irregularidades a lo largo de ese proceso electoral.

A través de un mensaje en su cuenta en la red social X, el jefe de Estado aseguró que su campaña no violó los topes de gasto permitidos, al rechazar las acusaciones que lo vinculan con el incumplimiento de las normativas electorales.

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“Mi campaña no violó topes electorales. No es la oposición, mayoría en el CNE quien puede juzgarnos”, afirmó el mandatario, en respuesta a la divulgación de la noticia por parte del periodista Jorge Espinosa.

Y es que la controversia gira en torno a una sanción administrativa de más de $5.000 millones, que recae sobre los directivos de su campaña, entre ellos Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña en su momento, así como Lucy Aydeé Mogollón, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, que actuaron como tesorera y auditores, respectivamente.

Aunque se presentaron recursos judiciales para revocar la medida, la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada desestimó los argumentos de la defensa, lo que dejó la resolución en firme.

El expediente del CNE señala que la campaña habría superado el límite de gastos permitidos por la ley en más de 4.400 millones de pesos, además de haber presuntamente alterado documentos contables para justificar ingresos y egresos.

El fallo del CNE: la sanción que persiste y es la piedra en el zapato de Petro

El 27 de noviembre de 2025, el CNE tomó una decisión histórica al sancionar a los responsables de la campaña de Petro por superar los límites establecidos de financiación. Con una votación de seis votos a favor y tres en contra, el organismo ratificó la existencia de irregularidades durante la promoción electoral; a pesar de los intentos de los abogados de la defensa, encabezados por Roa, de anular la sanción, la entidad ratificó la multa impuesta.

En términos económicos, la sanción afecta a figuras clave de la campaña, con montos que superan los $5.000 millones. La multa incluye $2.252 millones por irregularidades detectadas en la primera vuelta electoral, además de una sanción adicional de $2.447 millones por otros incumplimientos.

Para la segunda vuelta presidencial, la sanción se incrementó con multas de $627 millones por financiación ilegal y $596 millones por sobrepasar los topes de gasto. A pesar de los esfuerzos por corregir las supuestas irregularidades, el CNE rechazó las peticiones de nulidad y no aceptó las solicitudes de la defensa, confirmando así la validez de la sanción.

Las consecuencias para los responsables

Los tres principales responsables de la campaña presidencial de Petro, Ricardo Roa, Lucy Aydeé Mogollón y María Lucy Soto Caro, enfrentan consecuencias directas por las sanciones impuestas.

El presidente de Ecopetrol, además de ser sancionado por los topes electorales, se encuentra en una situación judicial compleja; la Fiscalía General de la Nación lo llamó a imputación de cargos en dos casos: uno relacionado con el manejo financiero de la campaña y otro por presunto tráfico de influencias en la compra de un lujoso apartamento en Bogotá.

La defensa de los directivos de la campaña insistió en que no hubo violación de los topes electorales, pero el CNE desestimó sus argumentos. Las sanciones no solo afectan a los responsables directos, sino que ponen en evidencia la importancia de un manejo transparente de los recursos en las campañas electorales.

Cabe destacar que, en medio de este escenario, el movimiento político Colombia Humana, fundado por Gustavo Petro, adoptó una postura diferente. La representante legal del movimiento, Andrea Camila Vargas de la Hoz, comunicó al CNE la decisión de desistir de los recursos de reposición, aceptando la sanción administrativa.

De esta forma, Colombia Humana facilitó el camino para cumplir con la multa impuesta y evitó continuar con el proceso judicial.

Cuatro nuevos radares controlan desde este viernes la velocidad en carreteras de la Comunidad de Madrid. La medida, activada por la Dirección General de Tráfico (DGT), se inscribe en el plan estatal que prevé desplegar 122 nuevos puntos de vigilancia hasta 2027. El organismo refuerza así su red de control en enclaves que combinan tráfico cotidiano y desplazamientos de ocio, con dispositivos ya operativos aunque, durante el primer mes, en fase exclusivamente informativa.

La ampliación afecta tanto a accesos habituales en el norte de la región como a uno de los corredores más transitados cuando suben las temperaturas. Dos de los equipos son radares fijos y los otros dos corresponden a un sistema de control de tramo que medirá la velocidad media en varios kilómetros de la M-501.

Refuerzo en la sierra y el corredor norte

Uno de los nuevos dispositivos se ha instalado en la M-601, en el kilómetro 0,930 en sentido creciente, dentro del término municipal de Collado Villalba. Se trata de una vía de entrada y salida hacia la sierra madrileña, con un tránsito constante de vehículos que se intensifica los fines de semana. El radar supervisará un punto cercano al entorno urbano, donde confluyen desplazamientos locales y trayectos de mayor recorrido.

El segundo radar fijo se ubica en la M-100, a la altura del kilómetro 22,940 en sentido decreciente, muy próximo a San Sebastián de los Reyes. Esta carretera articula varios municipios del norte metropolitano y soporta una circulación sostenida, especialmente en horas punta. Con su incorporación, la DGT consolida la vigilancia en un eje con alta movilidad interurbana.

Ambos puntos están señalizados conforme a la normativa y sus ubicaciones han sido difundidas en los canales oficiales del organismo, además de comunicadas a los operadores de navegación para su integración en los sistemas de guiado al conductor.

Velocidad media bajo supervisión en la M-501

La principal novedad se concentra, sin embargo, en la M-501. Entre los kilómetros 46,422 y 42,375, en ambos sentidos, entran en funcionamiento dos radares de tramo que controlarán la velocidad media de los vehículos. La carretera conecta Pelayos de la Presa con el entorno del Pantano de San Juan y Navas del Rey, un área que concentra numerosos desplazamientos recreativos, especialmente cuando el buen tiempo invita a acercarse al embalse.

A diferencia de los radares convencionales, que captan la velocidad en un punto concreto, el sistema de tramo registra la hora de paso al inicio y al final del recorrido controlado. El cálculo del tiempo empleado permite determinar si el conductor ha superado el límite permitido en el conjunto del trayecto. El objetivo es evitar aceleraciones puntuales y fomentar una conducción sostenida dentro de los márgenes legales.

La elección de este enclave responde al volumen de tráfico que absorbe la M-501 durante fines de semana y periodos estivales. Es una vía asociada a desplazamientos de ocio y, por tanto, a cambios significativos en la intensidad circulatoria según la época del año.

Un mes de carácter informativo

Aunque los dispositivos ya registran la velocidad de los vehículos, la DGT ha establecido un periodo de 30 días en el que no se impondrán sanciones económicas. Los conductores que superen los límites recibirán una carta informativa en su domicilio, a modo de advertencia. Superado ese plazo, las infracciones detectadas darán lugar a la correspondiente multa y, en su caso, a la pérdida de puntos del permiso de conducir.

Las sanciones por exceso de velocidad oscilan entre 100 y 600 euros, dependiendo de la gravedad, y pueden implicar la detracción de hasta seis puntos. En los supuestos más extremos, cuando se rebasan ampliamente los límites en vías interurbanas, la conducta puede constituir un delito contra la seguridad vial.

La ampliación de la red de radares suele ir acompañada de críticas que apuntan a un posible afán recaudatorio. La DGT sostiene, por su parte, que la velocidad es un factor determinante tanto en la probabilidad de sufrir un siniestro como en la severidad de sus consecuencias. A mayor velocidad, menor margen de reacción ante un imprevisto y mayor gravedad de las lesiones derivadas de un accidente.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) precisó que el club defendió la actitud de Matías Almeyda durante el partido, señalando que las acciones que precedieron a la tarjeta roja no iban dirigidas al árbitro ni a los asistentes, sino que reflejaban una reacción de frustración tras una oportunidad clara de gol desperdiciada. Pese al intento del Sevilla de que se retirara la sanción alegando "error material", la entidad desestimó los argumentos y mantuvo la expulsión del técnico argentino.

Según informó el medio, el entrenador de Sevilla FC, Matías Almeyda, recibió una suspensión de siete fechas, que lo alejará del banquillo en partidos cruciales de LaLiga EA Sports 2025-26. El castigo fue impuesto tras la expulsión que sufrió durante el encuentro frente a Deportivo Alavés, una situación que se produjo en la jornada 24 del torneo, tal como reportó la fuente.

De acuerdo con la resolución del Comité de Disciplina de la RFEF, la sanción se dividió en cuatro apartados. Almeyda deberá cumplir dos partidos de suspensión por protestas reiteradas dirigidas al cuerpo arbitral, una fecha adicional por no abandonar el campo y dirigir sus pasos hacia el vestuario tras observar la tarjeta roja, además de tres encuentros por reiterar conductas de desconsideración o menosprecio hacia los colegiados. La última parte de la sanción contempla un partido más por conducta opuesta al reglamento interno del organismo.

Tal como publicó la fuente, la decisión implica que Almeyda se ausentará en siete compromisos importantes: contra Rayo Vallecano, Valencia CF y Atlético de Madrid en el estadio del Sevilla, y fuera de casa ante Getafe CF, el clásico ante el Real Betis, así como frente al FC Barcelona y al Real Oviedo.

El comité también hizo público el contenido de las alegaciones del Sevilla, club que insistió en que las gesticulaciones de Almeyda respondieron exclusivamente a un momento de desaprovechamiento ofensivo de su equipo, sin la intención de menospreciar a la terna arbitral. Pese a los argumentos y a la petición de anular la tarjeta y la sanción asociada, la resolución del órgano disciplinario consideró válidos los motivos de expulsión y rechazó cualquier modificación sobre la decisión arbitral tomada en el partido contra el conjunto vasco.

De acuerdo con el documento oficial citado por los medios, esta suspensión deja a Sevilla FC con la necesidad de afrontar una parte decisiva del calendario sin la presencia de su entrenador principal, lo que representa un desafío de gestión en las próximas jornadas del campeonato nacional de liga.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través del Órgano Interno de Control en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), sancionó a la empresa Lax Constructora, S.A. de C.V., por proporcionar información falsa durante dos procesos de licitación.

La dependencia acusó que la empresa presentó un certificado falso con el que intentó acreditar el cumplimiento de la norma NMX-R-025-SCFI-2025, en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Esto último, al participar en las Licitaciones Públicas Nacionales Electrónicas números LA-07-HZI-007HZI999-N-64-2025 y en la convocatoria LA-07-HZI-007HZI999-N-79-2025, ambas para la contratación del “Servicio de Mantenimiento a Instalaciones Arquitectónicas”.

Por ello, la Secretaría sancionó a Lax Constructora con una multa de 189 mil 170 pesos y una inhabilitación por cuatro meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

En un comunicado, precisó que la notificación de la sanción se realizó el 27 de enero de 2026 y su publicación se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La dependencia agregó que Lax Constructora ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el gobierno de México.

Resaltó que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta; sin embargo, mencionó que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá “con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público”.

“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, concluyó.

La Unión Europea sancionó el jueves a 15 funcionarios iraníes por la sangrienta represión de las protestas en todo el país, incluidos altos comandantes de su Guardia Revolucionaria, antes de una esperada decisión de nombrar a toda la organización paramilitar como grupo terrorista.

Las sanciones intensifican la presión internacional sobre la República Islámica, que enfrenta la amenaza de acción militar del presidente estadounidense Donald Trump en respuesta a la matanza de manifestantes pacíficos y a posibles ejecuciones masivas. El ejército estadounidense ha desplegado el USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados en Oriente Medio. Aún no está claro si Trump decidirá usar la fuerza, ya que al menos 6.373 personas han muerto en la represión, según activistas.

Por su parte, Irán ha declarado que podría lanzar un ataque preventivo o atacar ampliamente Oriente Medio, incluyendo bases militares estadounidenses en la región e Israel. El jueves, Irán emitió una advertencia a los buques en el mar sobre sus planes de realizar un simulacro la próxima semana que incluiría fuego real en el estrecho de Ormuz, lo que podría interrumpir el tráfico en una vía fluvial por la que pasa el 20% del petróleo mundial.

La principal diplomática de la UE, Kaja Kallas, dijo el jueves temprano que la Guardia Revolucionaria, que ha jugado un papel clave en la represión de las manifestaciones, probablemente también sería agregada a la lista de organizaciones terroristas de la UE.

“Esto los pondrá en igualdad de condiciones con Al Qaeda, Hamas y Daesh”, dijo Kallas, usando el acrónimo árabe del Estado Islámico. “Si actúas como terrorista, también deberías ser tratado como terrorista”.

Irán no hizo comentarios de inmediato, pero ha criticado a Europa en los últimos días mientras consideraba la medida. Otros países, como Estados Unidos y Canadá, han designado a la Guardia como organización terrorista.

Grupo terrorista califica de “acto simbólico”

Francia se había opuesto a incluir a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por temor a que pusiera en peligro a los ciudadanos franceses detenidos en Irán, así como a las misiones diplomáticas. Sin embargo, posteriormente manifestó su apoyo a la medida.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, dijo el jueves ante el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas que Francia apoya más sanciones contra Irán y la inclusión en la lista “porque no puede haber impunidad para los crímenes cometidos”.

“En Irán, la insoportable represión que ha envuelto la revuelta pacífica del pueblo iraní no puede quedar sin respuesta”, afirmó.

Kristina Kausch, subdirectora del German Marshall Fund, dijo que la inclusión en la lista sería “un acto simbólico” que muestra que para la UE “el camino del diálogo no ha llevado a ninguna parte y ahora se trata del aislamiento y la contención como prioridad”.

“La designación de un brazo militar estatal, de un pilar oficial del Estado iraní, como organización terrorista está a un paso de cortar las relaciones diplomáticas”, dijo. “Pero no han cortado las relaciones diplomáticas y no lo harán”.

La UE también sancionó el jueves a seis organizaciones en Irán, incluidas aquellas involucradas en el monitoreo de contenido en línea, mientras el país permanece afectado por un apagón de Internet de tres semanas por parte de las autoridades.

Las sanciones significan que los activos de los funcionarios y organizaciones afectados serán congelados y se les prohibirá viajar a Europa, dijo el jueves temprano el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot.

La Guardia Revolucionaria tiene vastos intereses comerciales en todo Irán, y las sanciones podrían provocar la confiscación de cualquiera de sus activos en Europa.

Irán ya lucha bajo el peso de múltiples sanciones internacionales de países como Estados Unidos y Gran Bretaña.

El rial iraní cayó a un mínimo histórico de 1,6 millones por dólar el jueves. Los problemas económicos desencadenaron las protestas, que se extendieron hasta desafiar la teocracia antes de la represión.

La guardia es clave para la represión

La Guardia Civil surgió tras la Revolución Islámica de Irán de 1979 como una fuerza destinada a proteger a su gobierno, supervisado por clérigos chiítas, y posteriormente fue consagrada en su constitución. Operaba en paralelo a las fuerzas armadas regulares del país, creciendo en prominencia y poder durante una larga y devastadora guerra con Irak en la década de 1980. Aunque se enfrentó a una posible disolución tras la guerra, el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, le otorgó poderes para expandirse a la empresa privada, lo que le permitió prosperar.

La fuerza Basij de la Guardia probablemente fue clave para sofocar las manifestaciones, que comenzaron con fuerza el 8 de enero, cuando las autoridades cortaron el internet y las llamadas telefónicas internacionales a esta nación de 85 millones de habitantes. Vídeos procedentes de Irán, a través de antenas parabólicas Starlink y otros medios, muestran a hombres, probablemente pertenecientes a sus fuerzas, disparando y golpeando a los manifestantes.

Sin embargo, sancionar a la Guardia sería complicado. Los hombres iraníes, al cumplir los 18 años, deben realizar hasta dos años de servicio militar, y muchos son reclutados en la Guardia a pesar de sus propias ideas políticas.

Planean realizar un simulacro de perforación en el Estrecho de Ormuz

Un aviso a los navegantes enviado por radio VHF el jueves advertía que Irán planeaba realizar un “tiroteo naval” en el estrecho de Ormuz el domingo y el lunes. Dos funcionarios de seguridad pakistaníes, que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa, también confirmaron el envío de la advertencia.

Irán no reconoció de inmediato el ejercicio. El periódico Keyhan, de línea dura, planteó el jueves la posibilidad de que Teherán intente cerrar el estrecho por la fuerza.

“Hoy, Irán y sus aliados tienen el dedo en el gatillo que, al primer error del enemigo, cortará la arteria energética del mundo en el estrecho de Ormuz y enterrará el prestigio hueco de los buques de guerra yanquis de miles de millones de dólares en las profundidades del Golfo Pérsico”, afirmó el periódico.

Una medida de ese tipo probablemente provocaría una intervención militar estadounidense. Los funcionarios militares estadounidenses no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la advertencia.

El alcalde de Teherán también anunció el jueves planes para construir refugios antiaéreos e instalar sirenas antiaéreas en la capital, pero, según informes, lo describió como un proyecto de varios años. Mientras tanto, el líder de la oposición iraní, Mir Hossein Mousavi, cuyo Movimiento Verde se alzó para impugnar las controvertidas elecciones presidenciales iraníes de 2009, volvió a pedir un referéndum constitucional para cambiar el gobierno del país. Una petición anterior no prosperó.

El número de muertos asciende a más de 6.300

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informó que la violencia en Irán ha causado la muerte de al menos 6.373 personas en las últimas semanas, y se teme que haya muchas más. Su recuento incluyó al menos 5.993 manifestantes, 214 fuerzas afiliadas al gobierno, 113 niños y 53 civiles que no se manifestaban. Más de 42.450 personas han sido arrestadas, añadió.

El grupo verifica cada muerte y arresto con una red de activistas sobre el terreno y ha sido preciso en múltiples rondas de disturbios anteriores en Irán. El corte de comunicaciones impuesto por las autoridades iraníes ha retrasado la divulgación de la magnitud de la represión, y The Associated Press no ha podido evaluar de forma independiente el número de muertos.

El gobierno iraní, al 21 de enero, estimó la cifra de muertos en 3.117, una cifra mucho menor, afirmando que 2.427 eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y calificó al resto de “terroristas”. En el pasado, la teocracia iraní ha subestimado o no ha informado sobre las muertes causadas por disturbios.

Esa cifra de muertos supera la de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, y recuerda el caos que rodeó a la Revolución Islámica de 1979.

(con información de AP)

En la previa del inicio de la tercera fecha de la Liga BetPlay, se ha generado un nuevo debate en el fútbol colombiano luego de que se confirmó que la sanción que tenía Radamel Falcao García no tendrá que ser cumplida en su totalidad.

Cabe recordar que, en la última fecha de los cuadrangulares del primer semestre de 2025, luego de la derrota de Millonarios ante Santa Fe, el delantero samario protagonizó una rueda de prensa en la que afirmó que el arbitraje había perjudicado al equipo azul, motivo por el que la Dimayor lo sancionó con cuatro partidos sin poder competir en el torneo local.

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Debido a que Falcao no fue contratado por ningún equipo en el segundo semestre de 2025, la sanción no ha sido cumplida y, por ende, no ha podido debutar en 2026 con Millonarios.

Gracias al artículo 42 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, se suspendió la sanción contra Falcao tras cumplir la mitad del castigo y el delantero podrá ser parte del compromiso entre Deportivo Pasto y Millonarios del miércoles 28 de enero del 2026.

Falcao volverá a Pasto más de un año después del fracaso en el estadio Libertad

Debido a que el regreso de Falcao será en Nariño, en redes sociales han recordado que el primer fracaso del atacante con la camiseta del Embajador fue precisamente enfrentando a Deportivo Pasto.

En esa ocasión, el Embajador viajó al sur del país para afrontar la sexta fecha de los cuadrangulares. Millonarios necesitaba ganar y de esa forma clasificaría a la final del fútbol colombiano, mientras que Atlético Nacional tendría que derrotar a Santa Fe y esperar el final del partido en el estadio Libertad.

En el duelo entre Santa Fe y Atlético Nacional, el Verdolaga se impuso a su rival y se posicionó como líder del grupo, mientras que en Nariño, Millonarios tuvo varias opciones de gol, pero no pudo vencer el arco del equipo volcánico.

Con Leonardo Castro y Radamel Falcao García como titulares, el equipo dirigido en ese momento por Alberto Gamero igualó sin goles ante Deportivo Pasto, dejando sin oportunidad de ser finalista al Embajador.

Lo que fue señalado como un fracaso para los hinchas de Millonarios fue lo que marcó la salida de Gamero de la dirección técnica del club, lugar que fue ocupado por David González.

Esa ha sido la ocasión en la que Falcao estuvo más cerca de llegar a una final del fútbol colombiano y, por ende, de cumplir su sueño, puesto que el atacante ha afirmado que el último reto u objetivo que desea cumplir antes de retirarse es ser campeón con Millonarios.

Además del regreso de Falcao, el partido que se disputará en el estadio Libertad también será clave para el futuro del entrenador Hernán Torres, que ha sido criticado por un sector de la hinchada por los últimos resultados.

Cabe recordar que Millonarios no ha logrado sumar triunfos en 2026, puesto que en los dos amistosos que jugó en Argentina perdió ante River Plate e igualó sin goles ante Boca Junior.

En el rentado nacional, en lo que va de la Liga BetPlay, perdió en el debut ante Atlético Bucaramanga en la capital de Santander, y en la segunda fecha cayó 1-2 contra Junior de Barranquilla en El Campín.

A pesar de que la dirigencia de Millonarios ha respaldado públicamente a Hernán Torres, se han generado rumores sobre acercamientos con algunos entrenadores en caso de que el equipo bogotano no gane en Nariño.

En las horas de la mañana del jueves 22 de enero de 2025 se conoció que la Corporación Autónoma Regional (CAR) notificó al Gimnasio Campestre Los Laureles sobre una medida provisional que restringe el uso de una franja específica de su predio, ubicada cerca de la ronda del río Frío, cuerpo h{idrico en el que fue hallado inerte el cuerpo de la pequeña Valeria Afanador, en agosto del 2025.

La medida sería la primera que recibió la institución académica en el contexto de las investigaciones que se desplegaron para esclarecer el caso de la muerte de la pequeña de 10 años, que conmovió al país.

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La institución emitió declaraciones oficiales a través de un comunicado dirigido a la opinión pública.

En el documento la dirección del Gimnasio Campestre Los Laureles precisó que la medida no implica sanción ni afecta el funcionamiento académico, administrativo ni comunitario del colegio.

En ese orden de ideas, explicó que la CAR no tiene competencia para ordenar la suspensión de actividades educativas.

Indicaron que esta facultad corresponde exclusivamente a las autoridades de las autoridades de la Educación, por lo que “no existe decisión alguna que implique el cierre o la suspensión del servicio educativo del Gimnasio Campestre Los Laureles”.

Así las cosas, según el comunicado, el colegio opera con normalidad y mantiene su calendario habitual.

La institución detalló que las acciones técnicas solicitadas por la autoridad ambiental ya habían sido implementadas de manera anticipada. Por este motivo, el área objeto de la medida no se encuentra en uso ni alberga actividades escolares o recreativas.

El Gimnasio Campestre Los Laureles reiteró su compromiso con la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento normativo, y manifestó disposición permanente para aportar la información técnica requerida y acompañar el proceso hasta su culminación.

El colegio informó que cualquier avance relevante será comunicado oportunamente a través de sus canales oficiales.

Qué fue lo que notificó la CAR

Por medio de un comunicado conocido por Infobae Colombia, la autoridad regional detalló que sí se pidió la “suspensión inmediata” de las actividades, al menos, en la zona de protección del Río Frío.

De hecho, se informó que se adoptó esta medida tras identificar intervenciones que, según su reporte, habrían afectado el recurso suelo en un área cercana a 650 metros cuadrados.

El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó que la decisión se fundamentó en la restricción vigente desde 2014, establecida en la Resolución CAR No. 2358, que prohíbe actividades distintas a la restauración y conservación ambiental en los 50 metros adyacentes al cauce del Río Frío.

Durante una inspección técnica y jurídica, la CAR identificó dentro de la ronda de protección varias estructuras y actividades, como una granja, una huerta, una cancha de minigolf, una cubierta metálica, una cancha de voleibol en arena y un parqueadero de bicicletas y motocicletas.

Aunque el colegio cuenta con licencia urbanística para parcelación, obra nueva y cerramiento, la CAR señaló que no se halló evidencia del permiso específico para cerramiento en la zona de protección.

Ballesteros reiteró la competencia de la autoridad ambiental en este tipo de casos: “Cuando se trata de zonas de conservación ambiental, la CAR sí es la autoridad competente para definir la suspensión de actividades, así como el inicio de trámites administrativos ambientales sancionatorios, que luego de agotar el debido proceso podrán culminar con multas de hasta 100 mil salarios mínimos mensuales vigentes”.

La medida preventiva impuesta por la CAR buscaría impedir la continuidad de actividades que puedan afectar el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.

El organismo aclaró que el levantamiento de la suspensión solo será posible una vez se verifique que han desaparecido las causas que originaron la afectación.

La sanción dispuesta por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se impuso tras confirmarse los incidentes ocurridos la noche del viernes en las instalaciones del RCDE Stadium, durante el encuentro en que el Girona FC visitó al RCD Espanyol de Barcelona. De acuerdo con la información publicada por la RFEF, el hecho determinante se produjo cuando Paulo Gazzaniga, portero argentino del equipo visitante, recibió el impacto de una botella arrojada desde las gradas mientras se disputaba el derbi catalán, partido que terminó con un marcador de 0-2 a favor del conjunto gerundense.

Según consignó el medio, el órgano disciplinario consideró acreditada la alteración grave del orden público dentro del estadio, en cumplimiento del artículo 107 del Código Disciplinario de la RFEF, en el nivel denominado como grado medio. Este artículo regula las infracciones relacionadas con la seguridad y el correcto desenvolvimiento de los partidos. El comité determinó que se trata de la primera ocasión en la presente temporada en que se registra un incidente de este tipo en el RCDE Stadium con el club blanquiazul como local.

El medio detalló que la resolución contempla dos medidas principales: la imposición de una multa económica que puede alcanzar los 6.000 euros y una advertencia formal de cierre total del estadio en caso de que se repita un episodio semejante. La sanción busca prevenir que los asistentes al campo reincidan en comportamientos que representen riesgos para los participantes y el desarrollo de los partidos. El RCDE Stadium, que habitualmente acoge a miles de aficionados en los partidos del Espanyol, queda así bajo observación, con la amenaza de clausura aplicable ante nuevos incidentes de gravedad.

El medio especificó que este nuevo castigo se suma a una sanción de menor cuantía impuesta previamente al Espanyol tras el derbi catalán del 3 de enero frente al FC Barcelona. En esa ocasión, se aplicó una multa leve, estimada en alrededor de 300 euros, ya que aunque hubo incidentes, ningún objeto impactó efectivamente a los jugadores visitantes. El Comité diferenciaba así las consecuencias en función del riesgo materializado y la reiteración de este tipo de conductas.

Los hechos que motivaron la sanción fueron observados con preocupación por las autoridades del fútbol español, que interpretan el lanzamiento de objetos al campo de juego como una amenaza concreta tanto para la integridad de los futbolistas como para la imagen del deporte. El caso del botellazo contra Paulo Gazzaniga constituye la base para la severidad del apercibimiento actual, puesto que el impacto afectó directamente al portero durante el desarrollo del encuentro, lo cual agravó la circunstancia en comparación con incidentes anteriores.

El artículo 107 del Código Disciplinario de la RFEF establece que los clubes pueden ser multados económicamente y enfrentarse a otras medidas, incluyendo el cierre total de sus estadios, si se comprueba la existencia de conductas peligrosas. Tal como detalló la RFEF, el Grado Medio se aplica cuando los hechos no suponen reincidencia y el riesgo ha sido material pero no se han producido daños físicos graves. La advertencia de clausura persigue evitar que la reiteración de estos actos desemboque en consecuencias más severas tanto para la institución como para su afición.

Según publicó la RFEF, el partido entre el Espanyol de Barcelona y el Girona FC fue escenario de un clima de alta tensión, de modo que el objetivo del dictamen disciplinario no solo apunta a castigar la alteración del orden, sino también a advertir sobre la responsabilidad del club en la prevención y control de la conducta de los espectadores en próximos encuentros. La federación enfatizó la obligación de los clubes de colaborar activamente con las fuerzas de seguridad y de implementar medidas adicionales de vigilancia para reducir el riesgo de hechos ilícitos dentro del recinto deportivo.

El incidente entre Espanyol y Girona incrementó la atención sobre los mecanismos de control empleados en los estadios españoles. Durante jornadas recientes, la RFEF ha insistido en la importancia del cumplimiento de las normativas, subrayando los peligros asociados al arrojamiento de objetos al terreno de juego y recordando las posibles consecuencias administrativas que acarrea para las entidades involucradas, incluido el cierre temporal o definitivo de las instalaciones deportivas.

El club barcelonés dispone de la posibilidad de recurrir la sanción ante los órganos correspondientes, aunque de momento la advertencia de cierre delimita un escenario de tolerancia cero frente a futuras conductas similares. El medio recordó que tanto la cuantía de la multa como el posible cierre del estadio constituyen herramientas disciplinarias incluidas en la reglamentación de la RFEF para promover la convivencia y salvaguardar tanto a los jugadores como al público en general.

Estos antecedentes adquieren relevancia en el contexto de las rivalidades deportivas en el fútbol español, donde los organismos reguladores buscan reforzar la seguridad y evitar la repetición de incidentes que puedan empañar el correcto desarrollo de los encuentros. El informe de la RFEF subrayó la gravedad de los hechos ocurridos en el derbi catalán y la necesidad de que tanto el club sancionado como el resto de entidades asuman su responsabilidad en la erradicación de prácticas que vulneren las normas establecidas.

La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional confirmó la devolución de más de 7.300 millones de pesos al Tesoro Nacional por parte de la empresa Geci Española, como sanción y recuperación de un pago anticipado relacionado con la adquisición de una aeronave no tripulada.

El reembolso se realizó el viernes 9 de enero de 2026 tras la declaratoria de incumplimiento en la entrega del dron, según detalló la institución militar.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, la suma corresponde al contrato 258 - 2023 Cenac Aviación - EJC, y fue solicitada por la Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional.

La entidad explicó que esta medida se adoptó conforme al recurso de reposición que confirmó la declaratoria de incumplimiento, respaldada en la resolución N.° 2025180040554623 del 29 de diciembre de 2025.

La Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional, junto al gerente encargado del contrato, gestionó el proceso bajo los procedimientos legales y administrativos vigentes.

En el comunicado, la división señaló: “Este pago corresponde a la gestión articulada de la Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional, así como a la gestión adelantada por el gerente de dicho contrato”.

La institución militar enfatizó su postura frente al manejo de los recursos públicos. “El Ejército Nacional ratifica su compromiso de velar por la adecuada administración de los recursos del Estado y su destinación transparente, en estricto cumplimiento de la normatividad vigente y en beneficio del fortalecimiento de sus capacidades y de la seguridad de los colombianos”, expresó el comunicado.

La sanción a Geci Española se ejecutó como respuesta al incumplimiento en la entrega del dron, cuyo valor había sido cubierto de manera anticipada por la fuerza militar.

El procedimiento legal incluyó la confirmación administrativa de la falta y la restitución de los fondos al Estado colombiano.

El Ministerio de Defensa lanza plan nacional antidrones para proteger a la población y la Fuerza Pública

El Ministerio de Defensa de Colombia puso en marcha el Escudo Nacional Antidrones, un ambicioso plan para proteger a la población civil y a la Fuerza Pública frente al uso delictivo de sistemas aéreos no tripulados, un fenómeno que se ha intensificado en los recientes ataques contra instalaciones militares y policiales.

Con un presupuesto asignado cercano a 6,2 billones de pesos, la iniciativa busca blindar al país mediante la incorporación de tecnologías de vanguardia, acompañada de estrictas condiciones de contratación y evaluación para quienes suministren estas soluciones, según informó el ministro Pedro Sánchez.

Uno de los criterios técnicos centrales exige que los equipos seleccionados superen pruebas de funcionamiento bajo condiciones reales en territorio colombiano.

Solo así se validará su adaptabilidad a los escenarios locales antes de autorizar cualquier adquisición, un aspecto que —de acuerdo con el Ministerio de Defensa— intenta elevar la idoneidad tecnológica y minimizar los riesgos de compra inadecuada.

La convocatoria excluye a empresas integradoras o comercializadoras y se limita a fabricantes con capacidad comprobada, respaldados de manera directa por su país de origen.

Durante 2025, el Ejército Nacional logró frustrar 8.872 intentos de ataques con drones en distintas regiones de Colombia, un indicador de la magnitud del desafío actual. En este contexto, destacó la neutralización de 982 incidentes mediante sistemas de interceptación de señales, que permitieron bloquear los dispositivos y obligarlos a regresar a su punto de partida.

Las autoridades atribuyen esta ofensiva a organizaciones armadas, entre las que sobresale el frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN), liderado por José Sánchez Navarro (alias Wilser) y Alonso Contreras Ramírez (alias Fercho), ambos con órdenes de captura vinculadas a delitos graves y señalados por su capacidad de innovación tecnológica en acciones hostiles, según la Fiscalía General de la Nación.

Las zonas más afectadas incluyen los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, donde la Tercera División reportó la neutralización de 2.500 ataques. La Segunda División, con presencia en Santander, Norte de Santander y Bolívar, frustró 2.000 incidentes de este tipo.

En Antioquia, bajo la dirección de la Séptima División, el número de bloqueos alcanzó 1.400 casos, mientras que la Cuarta División, que cubre los Llanos Orientales y Meta, detuvo 1.200 ataques. El resto del país reportó cifras inferiores a 400 episodios.

El plan nacional articula tres líneas estratégicas: legislación y doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología, según detalló el ministro.

Un equipo multidisciplinario conformado por integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional validará las especificaciones técnicas, exigirá capacitación continua para el personal e incentivará la formación de instructores para el manejo y mantenimiento de las plataformas antidrones.

La Dirección General de Tráfico ha empezado a introducir en España dispositivos automáticos de control que rompen con la idea tradicional de radar. No están pensados para medir la velocidad del vehículo ni registrar excesos sobre el límite permitido. Su función es distinta y muy específica: vigilar y sancionar conductas concretas que se repiten a diario y que forman parte del Reglamento General de Circulación, pero que en muchas ocasiones pasan desapercibidas para el conductor y, hasta ahora, resultaban difíciles de controlar de manera sistemática.

Estos sistemas ya están en funcionamiento en puntos determinados, con un despliegue inicial limitado pero significativo. Actualmente se habla de cuatro cámaras destinadas a controlar la invasión de líneas continuas y otras dos centradas en vigilar el cumplimiento real de las señales de stop. La implantación se concentra, de momento, sobre todo en la Comunidad de Madrid, con la idea de ampliar progresivamente la red si el resultado es el esperado.

Radares para vigilar la línea continua

Uno de los comportamientos sobre los que más se ha puesto el foco es la invasión de la línea continua, una infracción que, pese a estar claramente prohibida, continúa siendo habitual. Se produce especialmente en zonas de incorporación a autovías y carreteras principales, donde muchos conductores deciden adelantarse a la señalización horizontal e introducirse en el carril principal antes de que finalice el tramo marcado con línea continua.

Los nuevos sistemas automatizados están diseñados precisamente para detectar esa maniobra. El funcionamiento es sencillo desde el punto de vista del usuario: si el vehículo se incorpora antes de tiempo y entra en el carril principal sin respetar la línea continua, la cámara registra la infracción y activa el proceso sancionador. No se necesita que el conductor circule rápido ni que supere ningún límite de velocidad; basta con que cruce donde no debe.

La sanción económica en estos casos asciende a 200 euros. No se trata de una actuación puntual de un agente, sino de un mecanismo automatizado que capta la infracción mediante imagen y la tramita posteriormente, siguiendo los cauces habituales de la DGT. El objetivo declarado es reforzar el respeto a la señalización horizontal en puntos especialmente conflictivos, donde estas maniobras indebidas pueden derivar en colisiones laterales o situaciones de riesgo.

Cámaras para controlar el stop

El otro gran frente de estos nuevos dispositivos es el cumplimiento efectivo de la señal de stop. La normativa es clara: el vehículo debe detenerse por completo antes de continuar la marcha. Sin embargo, en la práctica, lo habitual en muchos cruces es reducir la velocidad, hacer una breve pausa “a medias” y seguir adelante sin llegar a una detención completa.

Las nuevas cámaras están precisamente orientadas a detectar esa conducta. Controlan los vehículos que se aproximan al cruce y verifican si realmente realizan la parada obligatoria o si solo aminoran para continuar. En caso de no realizar la detención total, la infracción queda registrada. Más allá de la multa económica, este tipo de incumplimiento puede conllevar también la pérdida de puntos del carné de conducir, dado que se considera especialmente relevante para la seguridad en intersecciones. En escenarios acumulados o reiterados, la sanción puede implicar pérdida de hasta cuatro puntos.

Por ahora, el despliegue de cámaras de stop es todavía reducido, pero su incorporación entra dentro de una estrategia más amplia de la DGT para reforzar el control automático de comportamientos que, aunque no están relacionados con la velocidad, sí tienen un impacto directo en la seguridad vial.

Una nueva forma de entender los radares

La introducción de estos dispositivos supone un cambio de enfoque en la vigilancia del tráfico. Hasta ahora, para muchos conductores, “radar” era sinónimo de control de velocidad. A partir de la introducción de estas nuevas cámaras, ese concepto se amplía para incluir sistemas que vigilan cómo se respetan las normas que ordenan la circulación: desde una línea continua hasta una señal de stop.

Aunque el número de dispositivos todavía es limitado, su mera existencia ya marca el camino hacia un modelo de control más amplio y más pegado al detalle del comportamiento cotidiano al volante. La tecnología permite registrar de forma automática maniobras que tradicionalmente dependían de la presencia de una patrulla o de controles puntuales y abre la puerta a que, en los próximos meses, la vigilancia de este tipo de infracciones gane terreno en más puntos de la red viaria española.

En el torneo finalización de 2025, Junior de Barranquilla se quedó con el título en el partido que marcó el final de la competencia oficial en Colombia durante ese año, mientras que la Liga BetPlay volverá el tercer fin de semana de enero de 2026.

En la previa del inicio del torneo apertura, la mayoría de equipos están reforzando sus plantillas para disputar la estrella de mitad de año, además, clubes como Junior, Santa Fe, Tolima y Medellín afrontarán la Copa Libertadores, que es la competencia más importante a nivel de Conmebol.

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Por otra parte, los directores deportivos deben analisar el número de jugadores con los que podrán contar para la fecha uno de la liga, puesto que, a pesar de que se trata de un torneo diferente, hay deportistas que deben cumplir con sanciones recibidas en 2025.

Las figuras que se pierden el inicio de la liga

Entre los clubes más importantes del país, el que se verá más perjudicado es Millonarios, que para el debut ante Atlético Bucaramanga no podrá contar con el zaguero central Jorge Arias y el delantero Leonardo Castro, que deben cumplir con uno y dos partidos sin jugar, respectivamente.

El campeón de Colombia, Junior de Barranquilla, no podrá contar con el paraguayo Guillermo Paiva, que fue expulsado en la final ante Deportes Tolima y pagará dos fechas de sanción.

Otra baja sensible será la de Mateus Uribe, mediocampista de Atlético Nacional que no podrá estar en el debut del Verdolaga ante Boyacá Chico por la pelea que protagonizó con el guardameta Washington Aguerre.

Precisamente, el arquero uruguayo Washington Aguerre no podrá cumplir con las dos fechas de sanción, puesto que tras terminar el torneo fue transferido a Peñarol, en su país.

Un caso similar es protagonizado por el también arquero Jordan García, que fue vendido desde Fortaleza a Club León de México, y por ende no podrá cumplir con las sanciones que tiene en Colombia.

Cabe recordar que la Dimayor tiene un registro con las sanciones y multas, que deben ser cumplidas por los profesionales en caso de que vuelvan a ser vinculados con un club del rentado local.

Estos son los jugadores que tiene sanciones vigentes en Colombia:

• Luis Miranda (Llaneros F.C.): 1 fecha
• Edwin Torres (Alianza Valledupar): 3 fechas
• Kevin Londoño (Boyacá Chico): 3 fechas
• Jhair Castillo (Alianza Valledupar): 1 fecha
• Joaquín Varela (Cali): 1 fecha
• Marlon Sierra (Llaneros F.C.): 1 fecha
• Royscer Colpa (Unión Magdalena): 1 fecha
• Jordán García (Fortaleza F.C.): 2 fechas
• Harlen Castillo (Nacional): 1 fecha
• Brayan León (Medellín): 1 fecha
• Jan Lucumi (América de Cali): 1 fecha
• Sebastián Guzmán (Tolima): 1 fecha
• Adrián Parra (Tolima): 1 fecha

Así arrancará la Liga BetPlay 2026-I

Con un formato de 19 fechas en la fase uno, y play-offs entre los ocho clasificados, el primer semestre del fútbol colombiano comenzará el 17 de enero y la final del campeonato se jugará antes de que comience la Copa del Mundo.

Así se jugará la fecha uno:

• Atlético Junior vs. Deportes Tolima.
• Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas.
• Fortaleza vs. Alianza FC.
• Atlético Nacional vs. Boyacá Chico.
• Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas.
• América de Cali vs. Internacional de Bogotá.
• Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín.
• Atlético Bucaramanga vs. Millonarios.
• Deportivo Pereira vs. Llaneros.
• Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Cali.

Los horarios de los compromisos mencionados serán notificados por la Dimayor una semana antes de que comience la competencia oficial en el rentado nacional, que iniciará con la disputa de la Superliga entre Junior y Santa Fe en una serie de ida y vuelta.

El incidente que protagonizó el defensa brasileño del Sevilla FC, Marcao, en el reciente duelo frente al Real Madrid ha derivado en una sanción de seis partidos, dictada por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La medida apartará al habitual titular sevillista de la competición liguera hasta mediados de febrero, según consignó la RFEF este viernes, afectando al esquema defensivo del club andaluz.

Según detalló el informe disciplinario consultado por la RFEF, la sanción para Marcos do Nascimento Teixeira 'Marcao' se desglosa en varias infracciones cometidas durante y después del partido por la fecha 17 de LaLiga EA Sports 2025-26. De acuerdo con la información publicada, la suspensión incluye un partido por la doble cartulina amarilla que derivó en su expulsión inicial ante el conjunto madrileño. Además, el Comité añadió cuatro jornadas adicionales debido a insultos, ofensas verbales y comportamientos considerados injuriosos hacia el árbitro principal, Muñiz Ruiz. Un sexto partido se suma al castigo por conducta que la RFEF clasificó como "contraria al buen orden deportivo".

El acta arbitral de Muñiz Ruiz, recogida por la RFEF, especifica que Marcao “se encaró” al árbitro principal a escasa distancia de su rostro, con una actitud descrita como intimidante por el colegiado, quien detalló que tuvo que ser apartado por sus propios compañeros de equipo. Posteriormente, cuando ya se dirigía hacia el túnel de vestuarios, el jugador brasileño lanzó una expresión insultante y, una vez separado, propinó una patada a un balón cerca del área destinada al cuarto árbitro. Las palabras textuales atribuidas a Marcao por el colegiado, recogidas en el documento oficial, fueron: “Fillo da puta madre”.

Como consecuencia de esta resolución, el Sevilla FC pierde a uno de sus centrales de referencia durante seis fechas. Según informó el medio, Marcao no podrá disputar los partidos que su equipo afrontará contra el Levante UD, RC Celta, Elche CF, Athletic Club, RCD Mallorca y Girona FC, lo que priva al entrenador Matías Almeyda de un elemento importante en la defensa durante un periodo clave de la temporada.

En cuanto a la dirección técnica, la RFEF también confirmó una sanción que afecta al entrenador sevillista. Matías Almeyda recibió una suspensión de un partido debido a una doble amonestación en el mismo encuentro ante el Real Madrid, señalando que el técnico argentino no podrá acompañar a su equipo en el choque de la siguiente jornada contra Levante UD, previsto para el 4 de enero.

Según lo consignado por la RFEF, el episodio que originó la sanción se produjo en un contexto de alta tensión tras la doble amonestación de Marcao. El forcejeo verbal y posterior reacción del jugador llevó al colegiado a dejar constancia del incidente en el acta, lo que sirvió de base para la decisión del Comité de Disciplina. Los órganos competentes consideraron especialmente grave no solo la actitud hacia el árbitro principal, sino también el gesto adicional de golpear el balón estando ya fuera del terreno de juego.

El Comité de Disciplina de la RFEF fundamentó su resolución en la necesidad de preservar el respeto hacia el estamento arbitral y el correcto desarrollo del fútbol profesional. La sanción acumulada para Marcao se suma a otras medidas disciplinarias habituales en el campeonato cuando se presentan actos de desacato o violencia verbal en el entorno de los partidos oficiales de LaLiga.

La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte anunció la suspensión provisional de Precoltur, la empresa encargada del bus que se vio involucrado en un accidente que cobró la vida de 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y el conductor del vehículo.

La decisión, según las entidades nacionales, se produjo luego de que se conocieran pruebas en las que se habrían cometido irregularidades en la contratación y la revisión técnico-mecánica del automotor.

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Tras el pronunciamiento oficial, la compañía, responsable del vehículo accidentado, emitió un pronunciamiento al respecto, manifestando que no ha sido notificada de la medida, pero que continuará colaborando con las autoridades mientras avanza la investigación sobre las posibles fallas en la revisión del bus utilizado para el transporte de los estudiantes antioqueños.

“Precoltur informa a sus clientes, afiliados y a la comunidad en general que, hasta el momento, no ha sido notificada oficialmente de esta decisión; sin embargo, desde el 15 de diciembre hemos recibido en nuestras instalaciones a las autoridades competentes y hemos hecho entrega de toda la información solicitada”, señaló Precoltur en un comunicado.

En paralelo a la sanción, la compañía ha informado que se están realizando los trámites pertinentes para la reclamación de la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), con el objetivo de facilitar el acceso a la compensación a las familias de las víctimas.

“Reiteramos nuestro compromiso de colaboración con las autoridades correspondientes. Asimismo, informamos que nuestro equipo jurídico se encuentra trabajando con el fin de que no se vean afectados nuestros afiliados (...) permanecemos atentos a los requerimientos y al desarrollo adecuado de la comunicación institucional”, indicaron.

El accidente, que se produjo en la madrugada del 14 de diciembre, generó diversas hipótesis sobre sus causas, entre ellas, posibles fallas técnicas en el bus, aunque aún no se han establecido conclusiones definitivas. Las investigaciones oficiales persisten y abarcan la revisión de los procesos técnicos y operativos relacionados con la empresa.

Motivos de la suspensión a Precoltur

En una rueda de prensa, el superintendente Alfredo Enrique Piñeres, junto con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, expresó que la decisión se produjo tras la recolección de pruebas en las que, según él, habrían detectado irregularidades en el automotor.

“La Superintendencia, inmediatamente por instrucción de la ministra y del presidente, empezó a recoger todas las pruebas de lo ocurrido con el bus y nos encontramos con cosas de verdad bastante terroríficas”, indicó el funcionario en declaraciones a los medios de comunicación.

En los hallazgos que motivaron la sanción, destaca la revisión técnico-mecánica incompleta e irregular realizada por el CDA Comercializadora Servisuper Ltda., entidad a la que se acusa de omitir gran parte del chequeo obligatorio al vehículo, además de reportar presuntas alteraciones en la información consignada en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

“La inspección que hizo el CDA de ese bus no cumplió ni siquiera con el 20% de las cosas del chequeo, del listado de cosas que hay que hacerle a una revisión (...) hemos podido evidenciar presuntas alteraciones en la información reportada al Runt por parte del Centro de Diagnóstico Automotor, lo que conlleva a poner en riesgo a los usuarios”, manifestó.

La empresa también enfrenta cuestionamientos respecto a la contratación irregular de sus servicios para el transporte de estudiantes. Según el superintendente, la contratación incumplió múltiples disposiciones de la normativa nacional, por lo cual se ordenó su suspensión mientras avanza la investigación.

Como resultado inmediato, la Superintendencia de Transporte ordenó la suspensión preventiva tanto de la habilitación de Precoltur como del CDA.

“La Superintendencia ha abierto investigación para próxima sanción, tanto al CDA como a la empresa, pero de manera preventiva. Se acaban de suspender la habilitación del CDA y la habilitación de la empresa Precoltur por un término de seis meses mientras salen las sanciones”, comunicó.

La ministra María Fernanda Rojas reiteró el respaldo del Gobierno a las medidas, reafirmando la determinación estatal de combatir la negligencia en el sector transporte y endurecer la supervisión sobre los servicios de revisión técnica y las condiciones de contratación de rutas escolares, ante la magnitud de la tragedia que enluta al país.

Airbnb alega que la exoneración de responsabilidad sobre los datos de registro de los alojamientos turísticos ya fue ratificada por sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que delimitaron la función de la plataforma como prestadora de servicios digitales y no como agente inmobiliario. A la luz de este precedente, la empresa rechaza la sanción de 64.055.311 euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, calificándola como incompatible con el marco jurídico tanto nacional como europeo y subrayando su decisión de recurrir la multa ante la justicia, según informó Europa Press.

En un comunicado público citado por Europa Press, la compañía señala que la obligación de exigir y mostrar el número de registro en los anuncios de alquiler se incorporó tras la reciente entrada en vigor de la normativa sobre alquileres de corta duración el 1 de julio, mucho después de que se iniciase el proceso sancionador en 2024. Airbnb recalca que “no era aplicable cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas”, limitando así la base de la sanción administrativa.

El importe de la sanción se encuentra entre las más elevadas impuestas por organismos de defensa del consumidor en España, superada únicamente por la multa de 108 millones de euros que recibió Ryanair, según detalló el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, en declaraciones recogidas por Europa Press. Bustinduy recordó que la resolución administrativa es definitiva, por lo que, aunque Airbnb recurra, la empresa se verá obligada a pagar mientras el procedimiento judicial sigue su curso.

La resolución surge tras una investigación sobre 65.122 anuncios en la plataforma, de los cuales el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 detectó prácticas comerciales consideradas desleales hacia consumidores y usuarios. Entre las infracciones identificadas y reportadas por Europa Press, figuran la publicación de viviendas turísticas carentes de licencia, el uso de registros falsos o incorrectos, y la omisión de información clara respecto a la naturaleza jurídica de los anfitriones, hechos interpretados como publicidad engañosa.

La sanción de más de 64 millones de euros responde, según Consumo, a seis veces el beneficio ilícito calculado como resultado directo de estas prácticas, las cuales se sostuvieron incluso después de que la compañía recibiese el apercibimiento oficial del Ministerio. En ese intervalo, Consumo había exigido la retirada de los anuncios irregulares, resolución que fue posteriormente avalada por autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según consignó Europa Press.

Además, Airbnb sostiene que la normativa europea exime a las plataformas digitales de la obligación de supervisión activa sobre los contenidos que publican sus usuarios. Cita la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, emitida en diciembre de 2019, que especificó que las funciones de la empresa encajan dentro de los “servicios de la sociedad de la información” y no como intermediaria inmobiliaria obligada a verificar los datos de los anuncios.

La plataforma también referencia la decisión del Tribunal Supremo español de enero de 2022, que consolidó este criterio y estableció que la veracidad y completitud de los datos, incluidos los números de registro turístico, recae exclusivamente sobre los proveedores de servicios turísticos finales, no sobre la plataforma donde se publicitan. Airbnb afirma que estos fallos judiciales determinan su actuación y limitan el alcance de las exigencias normativas en España para el sector de los alquileres de corta duración.

Desde la entrada en vigor de la mencionada normativa, la plataforma afirma que ha colaborado con el Ministerio de Vivienda para asegurar el cumplimiento de los nuevos requisitos. Más de 70.000 anuncios se han adaptado incorporando su número de registro, manteniéndose disponibles para los usuarios. De acuerdo con el comunicado de la empresa, este proceso de actualización representa una voluntad de alineamiento con las autoridades y un esfuerzo para adaptarse a las regulaciones adoptadas por las comunidades autónomas.

El conflicto entre Airbnb y las autoridades de consumo está inscrito en el contexto de la regulación creciente de los alquileres turísticos en España, impulsada por la demanda de mayor transparencia y control para combatir la oferta ilegal y proteger los derechos de los consumidores. Las comunidades autónomas han venido exigiendo que los anuncios especifiquen de manera clara el número de registro, como mecanismo para supervisar la actividad económica y asegurar el cumplimiento de las normas tributarias y urbanísticas.

Con su recurso judicial, la compañía busca revertir la resolución administrativa y sostiene que aplica únicamente la condición de intermediario tecnológico, según el marco normativo europeo. La batalla legal abierta marcará el desarrollo futuro de la regulación sobre plataformas digitales en el ámbito turístico español, sector en el que confluyen intereses empresariales, competencias territoriales y la protección de los derechos de los consumidores, según los datos publicados por Europa Press.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó la sanción impuesta a las empresas lácteas Gloria, Lactalis, Hacienda San Mateo y Sabanalac por comercializar productos etiquetados como leche entera que, en realidad, contenían lactosuero, una sustancia no permitida en este tipo de alimentos.

Esta decisión, que ya estuvo en proceso de notificación y no admitió recurso de reposición, implicó que las empresas incurrieron en prácticas que engañaron a los consumidores sobre la verdadera naturaleza y calidad de la leche, además de alterar la transparencia del mercado.

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La determinación fue dada a conocer a través de la Resolución 102925 del 2025 de la Superintendencia de Industria y Comercio, documento que fue publicado por Caracol Radio.

Allí se lee: “Que mediante la Resolución No. 4168 del 11 de febrero de 20251 (en adelante “Resolución No. 4168 de 2025” o “Resolución Sancionatoria”), la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que GLORIA COLOMBIA S.A.S. (en adelante “GLORIA”), LACTALIS COLOMBIA S.A.S. (en adelante “LACTALIS”), COMPAÑÍA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LÁCTEOS LTDA. (en adelante “HACIENDA SAN MАTЕО”) у SABANALAC S.A.S. (en adelante “SABANALAC”), violaron lo previsto en el artículo 11 de la Ley 256 de 1996, al incurrir en la conducta desleal de engaño. Asimismo, se estableció que GLORIA, LACTALIS y HACIENDA SAN MATEO, violaron previsto en el artículo 18 de la Ley 256 de 1996, al incurrir en la conducta desleal de violación de normas. Por lo anterior, se impusieron las respectivas sanciones pecuniarias a las personas jurídicas mencionadas"

En el análisis final del expediente, la SIC determinó que Gloria, Lactalis y Hacienda San Mateo obtuvieron una ventaja competitiva indebida al reducir costos mediante la adulteración, compitieron de manera desleal frente a compañías que sí cumplieron con la normativa.

En el caso de Sabanalac, aunque se comprobó la adulteración, no se evidenció que la empresa hubiera obtenido un beneficio competitivo.

La investigación incluyó muestras de marcas como Medalla de Oro, Máxima, Algarra, De la Cuesta, Alkosto Hiperahorro, Parmalat, Latti y Pomar, todas comercializadas por las empresas sancionadas.

“Descendiendo al caso concreto, se evidenció que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 14 del Decreto 616 de 2006 y el artículo 8 de la Resolución No. 2997 de 2007 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL está prohibido añadir lactosuero a la leche”, se lee en la resolución.

La resolución de la SIC se fundamentó en pruebas aportadas por el Invima, que detectó concentraciones elevadas de CMP (lactosuero) en diversas marcas.

Así identificaron que sí había lactosuero

Entre las páginas diez y diecisiete del expediente, se documentaron análisis que descartaron que estos niveles pudieran atribuirse a factores biológicos, ambientales o de manipulación.

"GLORIA, LACTALIS, HACIENDA SAN MATEO y SABANALAC señalaron que la presencia de CMP en la leche no prueba la adición de lactosueros. Precisaron que esta Superintendencia valoró erradamente los resultados de las pruebas realizadas por el INVIMA“, consta en el documento.

Allí se agrega que: “Expuestos los argumentos presentados por las sancionadas, este Despacho considera que no están llamados a prosperar con fundamento en las razones que se presentan a continuación. En primer lugar, debe señalarse que la presencia de CMP sí permite determinar la adición de lactosueros en la leche”.

Además, se identificaron inventarios de lactosuero sin justificar y costos de insumos anormalmente bajos, lo que reforzó la conclusión de que existió adulteración deliberada.

La primera sanción se emitió el doce de febrero de este año, y tras revisar los recursos de reposición presentados por las empresas, la SIC concluyó que no lograron desvirtuar los hallazgos que evidenciaban la presencia de CMP incompatible con la composición natural de la leche.

La entidad sostuvo que estas prácticas vulneraron los derechos de los consumidores y afectaron la transparencia del mercado, mantuvo en firme todas las sanciones impuestas en febrero.

Por su parte, Lactalis rechazó la sanción de la SIC y afirmó que no adulteró su leche.

La Superintendencia de Transporte ordenó a la aerolínea Wingo modificar de forma inmediata la información disponible en su página web sobre la compra de tiquetes para pasajeros con discapacidad, según informó la misma entidad a través de un comunicado.

La medida administrativa responde a la verificación de que la aerolínea no suministra información clara, suficiente, oportuna, comprensible, precisa ni idónea sobre las características y condiciones de las opciones de asistencia disponibles para personas con necesidades especiales durante el proceso de compra en línea.

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De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, la decisión se originó tras un hecho ocurrido el 1 de octubre de 2025 en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde se reportó la presunta negación de abordaje a tres mujeres con discapacidad, de talla baja y usuarias de silla de ruedas, que viajaban en la ruta Bogotá–Medellín en el vuelo número 7274 de Wingo.

La entidad realizó una inspección a la página web de la aerolínea y un análisis del flujo de compra, y concluyó que la información sobre las alternativas de asistencia no permite a los usuarios tomar decisiones informadas sobre el tipo de apoyo que requieren.

El comunicado señaló que el sistema de compra de Wingo presenta diferentes alternativas de asistencia, como “Necesito silla de ruedas, puedo caminar”, “Necesito silla de ruedas, no puedo subir escaleras”, “Soy completamente inmóvil” y “Tengo otra discapacidad”, pero no ofrece descripciones detalladas, visibles y fácilmente entendibles sobre el alcance operativo, las implicaciones logísticas o los niveles de apoyo de cada opción.

Además, los términos y condiciones publicados para el servicio de silla de ruedas no contienen información complementaria que oriente al usuario sobre la selección adecuada durante el proceso de compra.

Qué ordenó la Superintendencia

La Superintendencia de Transporte dispuso que Wingo debe modificar la información en su página web, específicamente sobre las características y condiciones de las opciones de asistencia disponibles, como “Necesito silla de ruedas, puedo caminar”, “Necesito silla de ruedas, no puedo subir escaleras”, “Soy completamente inmóvil” y “Tengo otra discapacidad”.

La información deberá ser coherente con la política de pasajeros con necesidades especiales, en lo referente a las categorías de “silla de ruedas de rampa”, “silla de ruedas de escaleras” y “silla de ruedas de cabina”.

Además, durante el proceso de compra, se deberá incluir una indicación expresa de que el enlace titulado “Política de Pasajeros con Necesidades Especiales” contiene información sobre requisitos de viaje para otros tipos de discapacidades y sobre la necesidad de un acompañante en determinados casos.

La aerolínea cuenta con un plazo de cinco días hábiles a partir de la comunicación del acto administrativo para realizar los cambios requeridos.

El incumplimiento de esta medida podrá dar lugar a la imposición de multas sucesivas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme al artículo 9012 de la Ley 1437 de 2011.

Contra la medida administrativa no procede recurso alguno, según lo establecido en la misma ley.

La Superintendencia de Transporte recordó que todas las aerolíneas están obligadas a asegurar el acceso, la atención digna y la no discriminación de las personas con discapacidad, lo que incluye, en palabras textuales de la Superintendencia:

• No limitar ni condicionar la venta de tiquetes ni el embarque de personas con discapacidad.
• Brindar un trato digno y respetuoso, promoviendo la sensibilización y capacitación del personal en temas de inclusión y atención diferencial.
• Disponer de medios, herramientas y protocolos adecuados que faciliten la comunicación, el traslado y la atención preferencial de quienes lo requieran.
• Ofrecer asistencia durante todas las etapas del viaje, incluyendo el registro, embarque, desplazamiento dentro del aeropuerto, abordaje y desembarque.
• Permitir el acceso de perros guía o de asistencia debidamente acreditados, sin costo adicional.
• Informar a los usuarios sobre sus deberes y responsabilidades al momento de viajar, incluyendo la necesidad de comunicar oportunamente si requieren asistencia especial durante el trayecto

Una sanción económica superior a $5.300 millones fue impuesta a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) y a ocho de sus directivos, tras una investigación que determinó prácticas abusivas en la gestión de derechos de autor.

La decisión, comunicada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), responde a la obstaculización de la gestión individual de los derechos patrimoniales de autor y al abuso de posición dominante en la administración de los derechos de comunicación pública.

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Esta medida afecta directamente a miles de autores y compositores afiliados, quienes hasta ahora enfrentaban dificultades para gestionar de manera autónoma sus obras.

La sanción, que supera los $5.300 millones, se impuso luego de que la SIC concluyera que Sayco, como única sociedad autorizada en Colombia para la gestión colectiva de derechos de comunicación pública, impidió a los titulares ejercer la gestión individual de sus derechos patrimoniales.

La investigación administrativa evidenció que la entidad y sus directivos implementaron mecanismos que limitaban la libertad de los autores y compositores para decidir cómo administrar sus creaciones, afectando su acceso a una remuneración justa.

Entre los motivos que fundamentaron la sanción, la SIC identificó un abuso de posición dominante por parte de Sayco. La entidad condicionó la prestación del servicio de gestión colectiva de una modalidad de comunicación pública —como los derechos derivados de establecimientos de comercio— a la obligación de encargarle también la gestión de todas las demás formas de comunicación pública, incluyendo televisión, radio y conciertos. Esta práctica restringió la posibilidad de que los afiliados optaran por gestionar individualmente alguna de las modalidades de explotación de sus obras.

El análisis de la SIC detalló varias prácticas específicas consideradas restrictivas. Sayco impuso limitaciones a los afiliados que deseaban reservarse la gestión individual de alguna modalidad de comunicación pública, clasificándolos como “titulares administrados” y que el ente regulador consideró injustificadas.

A estos titulares se les negó la condición de socios, lo que les impidió participar en los órganos directivos de la entidad y acceder a los beneficios sociales y económicos que sí recibían los socios. Además, debían pagar un 10% adicional sobre la tarifa que se cobraba a los socios por la gestión de sus derechos, sin que pudieran disfrutar de los programas financiados con esos recursos. Estas condiciones generaron desincentivos claros para quienes buscaban ejercer la gestión individual.

La SIC también señaló que Sayco diseñó contratos de mandato que impedían a los autores y compositores reservarse ciertas formas de comunicación pública para la gestión individual, a lo que se sumó el hallazgo de maniobras orientadas a obstaculizar la modificación de los contratos existentes con autores y compositores, lo que dificultó que los afiliados recuperaran la gestión individual de algunas modalidades.

La SIC concluyó que a pesar de contar con la capacidad técnica para facilitar la gestión individual de los derechos por parte de sus afiliados, Sayco no implementó las adecuaciones que la SIC le exigió en noviembre de 2016, producto de una inspección realizada entonces.

Como consecuencia de la sanción y de las medidas ordenadas, la SIC determinó que los autores y compositores podrán gestionar directamente sus derechos de comunicación pública. Esto abre la puerta a una remuneración más justa y real para los titulares, al eliminar las barreras que hasta ahora limitaban su autonomía y participación en la gestión de sus obras.

No es la primera vez que Sayco se ve involucrada en esta clase de polémicas. A las quejas de artistas como Jean Carlos Centeno o Juan Galeano de Diamante Eléctrico denunciando impagos de la entidad, se sumó la caida del proyecto impulsado en 2024 por los representantes a la Cámara Daniel Carvalho y Juan Carlos Losada, denominado como la “Ley de la música”, debido a que no se discutió en la Plenaria del Senado por falta de tiempo.

Según denunció Losada en su día, el motivo de que se hundiera el proyecto de ley fue un lobby organizado por el presidente de Sayco, Rafael Manjarrez.

Un hombre de 37 años y su acompañante han sido detenidos en por las autoridades de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, tras haber protagonizado un incidente en la autopista A1, en dirección a Dortmun. Al parecer, según ha informado el medio alemán Bird, el arresto tuvo lugar después de que un testigo alertara sobre un Ford que circulaba de forma errática, a aproximadamente 140 km/h, y en eses, poniendo en riesgo la seguridad vial.

El informante declaró ante la policía que el vehículo “amenazaba repetidamente con salirse de la carretera”. Una situación que puso en alerta a los cuerpos de seguridad. Aunque en Alemania no hay un límite de velocidad claro, las autoridades se preocuparon por este caso al saber que “el vehículo se desviaba tanto hacia la derecha que un camión tuvo que estacionarse en el carril de emergencia”. Además, al pasar por su lado, el testigo pudo ver perfectamente cómo “el conductor y la pasajera aparentemente estaban manteniendo relaciones sexuales”.

Qué consecuencias penales tendrá el detenido

Una vez lanzada la patrulla de detención, se consiguió concluir la persecución en una gasolinera ubicada en Steinfurter Straße, en las cercanías de Münster. En ese instante, los agentes efectuaron el arresto de ambos ocupantes. Ahora, “debido a su conducción peligrosa en el tráfico, el conductor de 37 años, de nacionalidad alemana, se enfrenta ahora a un proceso penal por interferencia peligrosa con el tráfico vial”, confirmaron los agentes, según las declaraciones recogidas por Midi Libre.

De acuerdo con la legislación vigente, el caso se tramitará bajo la Sección 315b del Código Penal alemán, que contempla penas de hasta cinco años de prisión para actos de interferencia peligrosa en el tráfico vial.

Qué dice la ley en España

En España, no existe una legislación que prohíba explícitamente tener sexo en el coche. Sin embargo, esto no implica ausencia de consecuencias legales, ya que la normativa contempla distintas situaciones dependiendo del lugar y la exposición pública de la conducta, según explican desde Chalaris Abogados, un bufete especialista en derecho penal. Y es que, pese a que el automóvil es un espacio privado, a efectos legales cualquier actividad que se realice en su interior se considera de lugar público, en el caso de que está estacionado en la vía pública.

De este modo, la policía puede intervenir si estas acciones se exteriorizan, afecta a terceros, o atentan contra la decadencia pública. El Código Penal es claro en lo relativo a los casos graves. El artículo 185 tipifica el delito de exhibicionismo y provocación sexual, castigando con penas de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses “a quien ejecute actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección”, exponen. Así, aunque en la mayoría de situaciones los propios adultos pueden sentirse incómodos, no habría delito penal si no hay menores como espectadores.

Sin embargo, es sancionable por vía administrativa. La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana tipifica como infracción leve “ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal”, lo que puede traducirse en multas de 100 a 600 euros. Esto abarca actos sexuales o de desnudez en vehículos estacionados en la vía pública si se consideran ofensivos para la decencia. Por lo que, si una pareja es descubierta en su coche durante la noche en una zona transitada, puede recibir una sanción leve por acto obsceno en lugar público.

Mientras, realizar actividades sexuales con el vehículo en circulación constituye una infracción grave por seguridad vial. La DGT considera dichas conductas equivalentes a las más peligrosas: pueden acarrear multas de 500 euros y la retirada de seis puntos por conducción temeraria. Por su parte, la masturbación al volante se equipara a utilizar el teléfono móvil, con sanciones de 200 euros y seis puntos. Si la conducta resulta en un peligro concreto, puede tratarse de un delito contra la seguridad vial penalizado con cárcel, como es el caso del alemán de 37 años.

Oier Lazkano, vigente campeón de España y una figura emergente dentro del pelotón internacional, se ha convertido en protagonista de un nuevo episodio relacionado con el control antidopaje en el ciclismo. La Unión Ciclista Internacional (UCI) dispuso su suspensión provisional tras detectar “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico, herramienta concebida para velar por la limpieza del deporte. La reacción de su equipo, Red Bull-BORA, fue inmediata: el corredor quedó apartado de la formación mientras se esclarece su situación. Ahora, el ciclista español busca demostrar su inocencia y lo cierto es que existen precedentes que podrían exculparle.

El pasaporte biológico, instaurado en 2008, revolucionó los métodos de detección de dopaje. Más allá de rastrear sustancias individuales, este sistema recopila y analiza de forma continuada los valores hematológicos y fisiológicos de cada atleta, con el fin de evidenciar alteraciones sospechosas. Así, el objetivo pasa por identificar posibles manipulaciones en el rendimiento a través de patrones que escapan al rango considerado saludable o natural para cada deportista. Sin embargo, lo que se pensó como una barrera eficaz contra el fraude, se transformó también en un elemento polémico. No son pocos los casos en los que las cifras incomprensibles han dejado en una situación comprometedora a ciclistas que nunca arrojaron resultados positivos directos, pero cuya carrera quedó detenida ante la sospecha.

Esa es la realidad que atraviesa actualmente Lazkano. Quedarse sin equipo y bajo sanción provisional equivale, en la práctica, a un aislamiento profesional y a una exposición mediática difícil de revertir, incluso si logra probar su inocencia. El joven ciclista afronta ahora el reto de defender su reputación en un contexto donde el sistema muchas veces plantea complejidades en la diferenciación entre una simple señal estadística y una prueba fehaciente de conducta irregular.

En los últimos años, diversos factores han demostrado que hay variables ajenas al dopaje que pueden alterar los resultados registrados por el pasaporte biológico: las estancias prolongadas a gran altitud para mejorar la adaptación, enfermedades recientes, tratamientos médicos autorizados o anomalías individuales pueden influir en los parámetros que las autoridades evalúan. Sobre estos elementos inciden quienes asesoran a Lazkano. Su defensa está en manos de Fabio Pavone, un abogado familiarizado con las dinámicas del ciclismo y los procedimientos científicos que rodean este tipo de investigaciones.

Casos similares al de Oier Lazkano

Precedentes no faltan. En 2015, el checo Roman Kreuziger consiguió desarmar las acusaciones después de someterse durante meses a análisis y revisiones. Su caso resultó esclarecedor: pudo demostrar que sus valores extraños tenían como raíz un problema de tiroides y no se vincularon a ninguna mala praxis deportiva. Otro ejemplo relevante fue el del vizcaíno Ibai Salas, quien terminó absuelto en los tribunales españoles, donde los jueces argumentaron que el pasaporte biológico, por sí solo, “no goza de presunción de veracidad” y tampoco puede “determinar la comisión de una infracción”. Estos desenlaces, aunque no han cambiado la normativa, sí amplían las vías legales para quienes se ven envueltos en este tipo de procedimientos.

El proceso hacia la absolución, cuando ocurre, suele extenderse durante mucho tiempo. Los ciclistas afectados suelen vivir meses de incertidumbre mientras reúnen informes médicos, peritajes personalizados y testimonios de expertos. Jaime Rosón, otro deportista bajo sospecha en el pasado, quedó marcado por el estigma mucho antes de que los organismos responsables llegaran a una conclusión.

El comunicado de Oier Lazkano

Lazkano, lejos de adoptar una postura de confrontación, decidió declarar de forma pública su posición. “Nunca he utilizado sustancias dopantes ni métodos prohibidos. Defenderé mi nombre y mi dignidad profesional”, sostuvo a través de un comunicado difundido poco después de conocerse la decisión de la UCI. El caso está ahora en manos de sus abogados, que tratarán de fundamentar con criterios científicos y argumentos médicos que las variaciones detectadas no derivan de un comportamiento ilícito. Las resoluciones de la UCI y, de ser necesario, del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) determinarán el futuro inmediato del ciclista.

Hace tan solo unos días, el mundo del deporte se levantó con la noticia de que el ciclista Oier Lazkano había sido suspendido de forma provisional, tras una notificación oficial enviada por la Unión Ciclista Internacional (UCI). La decisión se basa en presuntas irregularidades detectadas en el pasaporte biológico del deportista vasco, un sistema de monitoreo que compara durante meses distintos parámetros fisiológicos del ciclista con el fin de identificar posibles anomalías compatibles con prácticas de dopaje. Ahora, el ciclista español ha roto su silencio y ha hablado sobre la sanción.

Ante el impacto de la noticia y la consiguiente inquietud en el entorno del ciclismo, Oier Lazkano optó por pronunciarse a través de un comunicado oficial. En ese mensaje, el corredor decidió explicar su versión y reafirmar el compromiso personal con la ética deportiva, rechazando con rotundidad cualquier acusación vinculada al uso de sustancias prohibidas. En su declaración, Lazkano reiteró: “Nunca he utilizado sustancias dopantes ni métodos prohibidos”, un mensaje claro dirigido tanto a las autoridades como a los aficionados y a la comunidad deportiva.

Para el ciclista vasco, la defensa de su inocencia es inseparable de los valores que llevan años guiando su carrera. “Mi carrera se ha construido sobre el esfuerzo, la dedicación, la honestidad y el trabajo diario”, puntualizó al referirse al modo en que ha conducido su vida como profesional dentro y fuera de la carretera. Según remarcó en el escrito, nunca se apartó de las normas que rigen el ciclismo internacional ni buscó atajos a través de artificios contrarios a la reglamentación.

El procedimiento de la UCI ante casos sospechosos es claro y empieza con esta suspensión provisional mientras se reúnen todos los elementos necesarios para un fallo definitivo. Durante este periodo, los ciclistas afectados no pueden competir ni representar a sus equipos, lo que supone no solo una dificultad deportiva, sino también un golpe a su imagen y a la confianza construida a lo largo de los años. A pesar de esta situación adversa, Lazkano insiste en transmitir una postura de tranquilidad, transparencia y colaboración institucional.

En su comunicado, además de reivindicar una trayectoria basada en el tesón y el juego limpio, el corredor aprovechó la oportunidad para agradecer el respaldo brindado por compañeros, familiares y seguidoras y seguidores que lo acompañan. Para Lazkano, estas muestras de apoyo resultan esenciales en momentos difíciles. Frente a la adversidad, subraya el compromiso con la claridad de sus actos y la voluntad de demostrar que ninguna acusación tiene fundamento real.

La investigación de la UCI y el pasaporte biológico de Oier Lazkano

La investigación abierta por la UCI genera, como es habitual en este tipo de situaciones, un amplio debate en el ámbito deportivo. El pasaporte biológico es un mecanismo eficaz, aunque no exento de polémica, ya que algunos deportistas han manifestado en otras ocasiones que ciertas variables fisiológicas pueden variar por motivos ajenos al uso de sustancias prohibidas, como enfermedades o situaciones médicas particulares. Pese a esta controversia generalizada sobre los alcances y las limitaciones del sistema, Lazkano ha elegido centrar su defensa en el respeto a los principios biológicos y legales que gobiernan la competencia.

La conclusión de su comunicado, que el ciclista destinó especialmente a quienes depositan su confianza en él y conocen su modo de vivir la disciplina, apuntó a su futuro inmediato, a la espera de la resolución que se adopte en los tribunales deportivos. “Continuaré, con determinación y transparencia, defendiendo mi nombre y mi dignidad profesional”, sentenció con firmeza Lazkano, quien ostenta en su palmarés el título de campeón de España y una reputación que ahora quiere reafirmar desde la transparencia y la cooperación con las autoridades.

Mientras avanza el proceso y la UCI analiza los resultados de sus informes médicos y descargos, Oier Lazkano mantiene el foco en limpiar su nombre y volver a la competición con la conciencia tranquila, convencido de que la verdad y los valores del ciclismo terminarán prevaleciendo.

El ciclista español Oier Lazkano, de 25 años, ha sido suspendido provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras detectarse “anomalías inexplicables” en su Pasaporte Biológico del Atleta correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, periodos en los que el corredor militó en el Movistar Team.

La decisión, anunciada por la UCI, ha sido seguida de la rescisión inmediata de su contrato por parte del Red Bull-BORA-hansgrohe, equipo con el que había firmado recientemente.

La UCI comunicó la suspensión provisional de Lazkano en aplicación de sus normas antidopaje, basándose en anomalías registradas en su pasaporte biológico, un sistema que monitoriza variables hematológicas a lo largo del tiempo para detectar manipulaciones fisiológicas compatibles con dopaje, durante las temporadas señaladas.

La investigación está siendo gestionada en colaboración con la Agencia internacional de Controles (ITA) y la Unidad de Gestión del Pasaporte del Atleta (APMU) en Lausana. Por el momento no hay una sanción definitiva, el procedimiento sigue su curso y el corredor tiene derecho a presentar alegaciones y solicitar la revisión de los datos.

Reacción de los equipos

Movistar Team, donde Lazkano despuntó y consolidó su trayectoria entre 2022 y 2024, se ha mostrado sorprendida por la noticia y ha explicado que durante su estancia en la escuadra el corredor no arrojó ningún control positivo ni constaron incidencias en los controles internos. En palabras recogidas por varios medios, Movistar afirmó que “era imposible conocer alguna anomalía”, antes del comunicado de la UCI, y se remitió al procedimiento en curso.

Por su parte, Red Bull-BORA-hansgrohe anunció la rescisión del contrato con Lazkano de forma inmediata tras el anuncio de la UCI. El equipo alemán justificó la medida indicando que la suspensión provisional impedía la continuidad contractual y subrayó su compromiso con la integridad del deporte. Hay que tener en cuenta que el despido se produjo pese a que las irregularidades detectadas corresponden a periodos anteriores a la llegada del ciclista al nuevo equipo.

El impacto deportivo es inmediato, ya que Lazkano queda fuera de competición y su caso suma tensión a un calendario que todavía arrastra la sombra de otros episodios relacionados con el dopaje. En el entorno del ciclismo español la noticia ha generado también sorpresa y debate. Algunos analistas destacan que el pasaporte biológico detecta irregularidades en muchas ocasiones sin necesidad de un “positivo” tradicional, pero que los procesos requieren rigor y garantías para proteger tanto a la posible víctima de un error como al interés general del deporte.

Trayectoria y futuro

Lazkano, natural de Vitoria-Gasteiz, se había hecho un hueco rápido en el pelotón profesional. Tras sus años en Caja Rural, su paso por Movistar (2022-2024) le permitió ganar el Campeonato de España en ruta (2023), la general de Boucles de la Mayenne y etapas en carreras como la Vuelta a Burgos o el Tour de Valonia; además, firmó notables actuaciones en clásicas del norte como Flandes.

Su proyección llevó a que Red Bull-BORA apostara por él como pieza para reforzar su bloque de clásicas. Ese recorrido deportivo explica la sorpresa y la repercusión mediática del caso, ya que se trata de un corredor joven, con resultados relevantes y contrato reciente con un equipo de primer nivel.

El caso seguirá el proceso estándar, la UCI analizará los datos y Lazkano podrá presentar alegaciones o peritajes. Si se confirma dopaje, podría afrontar varios años de sanción y pérdida de resultados. Mientras tanto, su suspensión provisional le impide competir y deja en el aire su futuro profesional.

El dictamen más reciente del Juzgado de Primera Instancia número 104 de Madrid representa la tercera sentencia consecutiva que respalda la legalidad de los servicios prestados por Alquiler Seguro, según comunicó la compañía. Este fallo se refiere específicamente a la contratación voluntaria del servicio de atención al inquilino y rechaza la existencia de prácticas abusivas o imposiciones por parte de la empresa, señalando que el servicio incluye prestaciones de utilidad para los arrendatarios durante la vigencia del contrato de alquiler. Alquiler Seguro remarcó que esta resolución se suma a otras dos sentencias previas favorables y forma parte de su defensa pública ante la propuesta de sanción recibida por parte del Ministerio de Consumo, tema central de la noticia.

El medio Europa Press detalló que el Ministerio de Consumo ha trasladado a Alquiler Seguro una propuesta de sanción por un importe de 3,6 millones de euros, en la que se alegan supuestas irregularidades derivadas de prácticas en la gestión del alquiler. Entre estas supuestas irregularidades, Consumo destaca el cobro de servicios al inquilino que, según el Ministerio, deberían ser cubiertos por el propietario, la imposición de contratar seguros y estudios de solvencia económica, la limitación del derecho de desistimiento contractual y la transferencia a los inquilinos de todos los gastos legales vinculados a reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

La empresa, de acuerdo con Europa Press, ha expresado su total desacuerdo con el importe propuesto por Consumo, que califica como "abusivo y desproporcionado". Alquiler Seguro anticipó que presentará alegaciones ante la autoridad competente dentro del plazo establecido, con el propósito de argumentar y respaldar la legalidad de sus servicios y prácticas. El proceso administrativo-gubernamental seguirá en análisis en los próximos meses, según indicó el citado medio, bajo la supervisión del secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, hasta que se revisen todas las alegaciones presentadas por las partes implicadas.

Según Alquiler Seguro, todos los servicios que presta tanto a propietarios como a inquilinos se amparan en la transparencia y en la voluntariedad. Entre los detalles aportados a Europa Press, la empresa subrayó que la gestión y formalización del contrato genera gastos que recaen exclusivamente en el arrendador, tal como especifica el contrato de prestación de servicios utilizado. La compañía rechaza categóricamente la imputación de que existan prácticas abusivas, argumentando que cada servicio ofertado queda claramente recogido y explicado a sus clientes.

El comunicado difundido por Alquiler Seguro, recogido por Europa Press, defiende la legalidad de las acciones de la empresa y afirma que su actividad cuenta con aval judicial. Respecto al análisis por parte del Ministerio de Consumo, la compañía declaró que agotará todas las opciones legales para defender su posición y su modelo de negocio dentro del procedimiento administrativo vigente.

En referencia a las sentencias judiciales, Europa Press explicó que la más reciente resolución del Juzgado de Madrid desestimó una demanda de un inquilino que reclamaba la devolución del importe pagado por el servicio de atención, basándose en que el contrato fue aceptado voluntariamente. El texto de la sentencia indica que "la empresa ofreció un contrato de servicio de atención al inquilino sin ningún tipo de imposición, pudiendo optar la parte actora por arrendar directamente la vivienda sin intermediación de la demandada". El fallo resalta, además, que el demandante disfrutó de los servicios ofertados en diversas ocasiones durante toda la duración del contrato.

El juzgado también observó que las incidencias comunicadas por este inquilino superaron la media de otros contratos gestionados por Alquiler Seguro y que en ningún caso el demandante solicitó la cancelación del contrato vigente. El análisis judicial concluye que la relación contractual se mantuvo activa conforme a lo pactado por las partes, y considera infundada la reclamación de devolución del precio abonado, en términos literales: "la pretensión de devolución del precio abonado por la misma carece de fundamento objetivo alguno".

La posición de Alquiler Seguro, tal como reportó Europa Press, se fundamenta en la transparencia de sus contratos y en la voluntariedad de las condiciones aceptadas tanto por arrendadores como por arrendatarios. La compañía sostiene que ha cumplido en todo momento con el marco legal que regula la gestión y el alquiler de inmuebles y que dispone de resoluciones judiciales que refuerzan su interpretación.

Por su parte, la propuesta de sanción del Ministerio de Consumo deberá aguardar una revisión minuciosa de las alegaciones presentadas por Alquiler Seguro antes de que se dicte una decisión definitiva. Europa Press anticipó que el proceso podría alargarse, ya que la resolución está en manos de la Secretaría General de Consumo y Juego, con la obligación de evaluar los argumentos esgrimidos por la empresa y las consideraciones del órgano sancionador.

Alquiler Seguro reiteró públicamente, a través del comunicado obtenido por Europa Press, su rechazo a cualquier tipo de sanción y reafirmó su voluntad de defender la legalidad y la transparencia de sus operaciones ante las instancias administrativas y, si fuera necesario, en sede judicial.

La empresa Alquiler Seguro presentará alegaciones frente a la propuesta de sanción de 3,6 millones de euros del Ministerio de Consumo, insistiendo en que todos sus servicios “son transparentes, públicos y voluntarios”. Según ha informado la compañía en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, “la compañía rechaza la imposición de cualquier tipo de sanción y defenderá la legalidad de sus acciones en la fase de alegaciones”.

La compañía sostiene que cumple la normativa vigente y niega haber incurrido en prácticas abusivas dentro de la gestión del alquiler. En su defensa, subraya que todos los gastos de gestión y formalización del contrato recaen “exclusivamente en el arrendador, tal y como viene recogido en el contrato de prestación de servicios”.

Por su parte, la propuesta del Ministerio de Consumo señala diversas irregularidades en los servicios ofertados por Alquiler Seguro. Entre las más destacadas, figuran la imposición de un supuesto “servicio de atención al inquilino” empleado para encubrir el cobro de gastos que, según el Ministerio, deberían asumir directamente los propietarios; la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica; así como la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los costes asociados a demandas judiciales o procedimientos extrajudiciales.

Proceso administrativo abierto

La sanción, cuya cuantía ha sido calificada por Alquiler Seguro como “abusiva” y “desproporcionada”, se encuentra en fase de análisis y deberá ser valorada por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán. Según indica Europa Press, se prevé que la decisión definitiva se adopte tras la revisión y el estudio de las alegaciones que presenten las partes en los próximos meses.

Tres sentencias judiciales podrían demostrar la “legalidad” de los servicios de Alquiler Seguro

Alquiler Seguro destaca que hay respaldo judicial a la legalidad de sus servicios. Tal y como ha informado Europa Press, la compañía suma tres sentencias judiciales ganadas, la más reciente conocida el día anterior a la publicación del comunicado.

En la resolución aportada por la empresa, el Juzgado de Primera Instancia nº 104 de Madrid desestimó la demanda de un inquilino que reclamaba la devolución de los importes abonados por el servicio de atención al inquilino. La sentencia precisó que la empresa ofreció un contrato de servicio de atención al inquilino "sin ningún tipo de imposición, pudiendo optar la parte actora por arrendar directamente la vivienda sin intermediación de la demandada”.

Esta decisión judicial constata, además, que “las incidencias comunicadas por los arrendatarios fueron superiores a la media del resto de contratos de arrendamiento gestionados por la demanda, sin que pidieran la cancelación del contrato”. En este sentido, el juzgado estableció que “la pretensión de devolución del precio abonado por la misma carece de fundamento objetivo alguno”, según ha recogido la agencia de noticias.

La empresa valora estos fallos judiciales como un aval para sus prácticas, mientras que el expediente administrativo por la propuesta de sanción de Consumo sigue abierto a la espera de la decisión de la administración, tras la presentación de alegaciones.

Durante la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia en Mandalika, Marco Bezzecchi (Aprilia) protagonizó un incidente con Marc Márquez (Ducati) que desencadenó uno de los momentos más polémicos del fin de semana. Saliendo mal desde la pole, Bezzecchi cayó varias posiciones, y en su intento de recuperarlas realizó una arriesgada maniobra en la curva 8.

Según el acta de los comisarios, Bezzecchi tocó la parte trasera de la Ducati de Márquez, provocando que ambos salieran despedidos hacia la zona de la grava. En el caso del español, además del impacto inicial, el salto sobre un escalón en la grava fue lo que agravó su lesión. El italiano quedó en estado de shock tras el impacto, llegando a declarar que le costó respirar por momentos tras la caída.

Márquez fue trasladado a Madrid para una evaluación médica más profunda, donde se le diagnosticó una fractura de la clavícula derecha con afectación de ligamentos. El piloto español se perderá al menos los dos siguientes Grandes Premios de Australia y Malasia de forma segura y tendrá complicado volver esta temporada, aunque por el momento no se descarta su presencia en la cita final de Valencia. De igual forma, es necesario que respete los plazos de recuperación, ya que si no lo hace podría tener secuelas.

Por su parte, Bezzecchi fue sometido a exámenes en un hospital local tras el incidente, aunque no se detectaron lesiones graves. En sus declaraciones posteriores, admitió su error al medir mal la distancia e ir demasiado rápido en la frenada.

La sanción y las disculpas

Tras revisar las imágenes y escuchar a ambas partes, los comisarios de la FIM MotoGP determinaron que la maniobra de Bezzecchi constituyó una conducción “irresponsable” con generación de peligro para otro piloto, en contravención del artículo 1.21.2 del reglamento. Dado que esta ya es la segunda infracción de este tipo en la temporada del piloto italiano, se le impuso una ‘doble long lap’ que deberá cumplir durante el Gran Premio de Australia en Phillip Island. Se calcula que esta sanción le costará entre 6 y 8 segundos y varias posiciones en la pista.

Bezzecchi aceptó públicamente la sanción sin apelar: “Al final, es una decisión de Dirección de Carrera. La respeto y la acepto. Al final, fue así”, comentó. Además, declaró que esta penalización no cambiará su concepción en la carrera: “Mi mentalidad no cambia. Intentaré darlo todo, aprovechar al máximo el fin de semana y hacer un buen papel durante los tres días.”

Respecto a las disculpas, Bezzecchi ha afirmado haber conversado con Márquez en dos ocasiones tras el accidente para expresarle su pesar: “Lamentablemente, el error ya estaba cometido”. También apuntó que las consecuencias se agravaron por el diseño del circuito y el escalón en la grava.

Repercusiones para Márquez

Como consecuencia del accidente, Márquez quedó incapacitado para competir en al menos dos Grandes Premios, lo que interrumpe su progresión competitiva en esta fase de la temporada. La cirugía en Madrid busca estabilizar la zona afectada y asegurar una recuperación adecuada. En cuanto al español, ha mostrado un gesto de deportividad al pedir que no se cargue mucho contra Bezzecchi, afirmando que “nadie lo hace a propósito”.

Este episodio también reabre el debate entre pilotos y aficionados sobre los límites del riesgo, la agresividad permitida y la responsabilidad en maniobras de adelantamiento en MotoGP. Bezzecchi deberá ahora responder con creces sobre la pista para recuperar confianza y credibilidad, mientras que el campeón del mundo, Marc Márquez, luchará por volver en plena forma a los circuitos lo antes posible.

Para las personas físicas en México, la supervisión de los depósitos y movimientos bancarios por parte del SAT es cada vez más meticulosa, específicamente cuando se trata de sumas elevadas ingresadas bajo conceptos como préstamos, donativos o regalos.

Según indica la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), cualquier ingreso percibido sin importar si proviene de familiares, amigos o instituciones, debe ser declarado si supera ciertos límites, con el objetivo de evitar que se considere ingreso gravado y prevenir discrepancias fiscales.

Uno de los puntos centrales que destaca la autoridad es que quienes reciban 600 mil pesos o más en un año fiscal están obligados a informar estos fondos en la declaración anual.

Este monto puede agruparse entre préstamos, donativos o regalos y, en caso de omisión, el SAT podrá interpretarlo como ingreso no reportado, aplicando ajustes e incluso sanciones.

Si el depósito proviene de una empresa bajo modalidad de préstamo, es indispensable dar aviso utilizando el formato 86-A en un plazo máximo de 15 días naturales después de recibir el dinero. La omisión de este trámite puede conllevar multas significativas y refleja para el SAT una posible evasión fiscal.

La importancia de contar con documentación adecuada es fundamental, aunque los montos recibidos sean menores al umbral establecido. El SAT recomienda que quienes perciban préstamos, donativos o regalos conserven contratos, recibos y comprobantes de transferencia que acrediten el origen y la legalidad de los fondos. 

No disponer de estos documentos puede resultar en penalizaciones si posteriormente la suma anualizada supera los 600 mil pesos y no se declara oportunamente.

El mecanismo de control del SAT se basa en la comparación de los datos reportados por los contribuyentes y la información proporcionada por terceros, como bancos y empleadores, sumando el registro de facturación electrónica (CFDI), declaraciones informativas y auditorías.

Dentro de los conceptos sujetos a revisión se encuentran la adquisición de bienes de alto valor, movimientos en cuentas bancarias, pagos con tarjetas, inversiones y gastos en viajes o entretenimiento.

Cuando el patrón detectado no corresponde con lo declarado, el SAT inicia procesos de verificación que pueden generar multas por hasta 35.000 pesos o importes equivalentes al monto omitido.

Este enfoque busca no solo asegurar el cumplimiento fiscal, sino también fortalecer la transparencia de las operaciones financieras personales, promoviendo la confianza en el sistema tributario mexicano. El propio SAT ha reiterado que la transparencia y la documentación completa de los movimientos bancarios constituyen la mejor protección ante posibles discrepancias y sanciones.

La sanción establecida por un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa) contra el menor de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025 en Bogotá representa la primera decisión en materia de justicia tomada en el caso.

El adolescente de 15 años deberá afrontar la privación de su libertad durante siete años en un centro de atención especializada. Esto, si la sanción no es revocada en posteriores instancias, teniendo en cuenta que proceden los recursos de ley contra la decisión.

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El abogado Víctor Mosquera, que representa los intereses del fallecido aspirante a la Presidencia y de su familia, se refirió a la sanción establecida por el juez, indicando que la sanción es una de las más altas que se hayan proferido en contra de un menor de edad en Colombia. Sin embargo, aseguró que su tiempo de privación de la libertad no se compara con el sufrimiento de los allegados del senador.

Asimismo, hizo una crítica al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia, que hace una diferenciación en la manera como los menores son sometidos a la justicia por sus crímenes. Pues, las sanciones establecidas nunca serán las mismas que las penas que pueden imponerse a los adultos.

“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses. Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, precisó el abogado en su cuenta de X.

El adolescente deberá responder por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Durante la audiencia realizada el 4 de agosto de 2025, el implicado aceptó su responsabilidad en la comisión de estos delitos. Siete días después de la diligencia, el precandidato falleció en la Función Santa Fe de Bogotá, donde estuvo hospitalizado durante un poco más de dos meses, luchando por su vida.

Luego de que se confirmara su muerte, la Fiscalía imputó cargos por el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los presuntos implicados en el magnicidio. Se trata de Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi; Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez y William Fernando González Cruz, alias El Hermano.

No obstante, se excluyó de esta nueva imputación al menor de edad porque, según fuentes de la Fiscalía consultadas por El Tiempo, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no contempla la variación de cargos luego de que ya se hizo una acusación formal.

Reconstrucción de los hechos: el atentado contra Miguel Uribe

El atentado perpetrado contra el senador y precandidato se registró en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Allí, el aspirante estaba llevando a cabo un evento con miras a las elecciones presidenciales de 2026 en las que esperaba participar.

El adolescente se movilizó hasta el lugar citado a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González. En su interior, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. Con esta, cometió el delito.

Entonces, el menor descendió del vehículo y, tras caminar hasta el parque El Golfito y adentrarse entre la aglomeración de gente que estaba escuchando al precandidato, abrió fuego. La Fiscalía detalló que, luego del ataque, “el adolescente fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad del precandidato en su huida y puesto a disposición de las autoridades”.

El avance en la vigilancia de la carretera ha sumado un aliado tecnológico: cámaras equipadas con visión artificial para controlar el respeto a las señales de ‘stop’. Este sistema automático, desplegado por la Dirección General de Tráfico (DGT), busca reducir las infracciones y accidentes causados por el incumplimiento de la normativa en cruces especialmente conflictivos. Las estadísticas muestran el desafío. En 2021, 1.093 conductores implicados en accidentes con víctimas no respetaron una señal de ‘stop’, de acuerdo con el último balance con datos completos de la DGT.

A la vez, el número de sanciones por no obedecer una señal de ‘stop’ o un ceda el paso siguió en aumento: 29.560 conductores fueron multados en 2023, lo que representa un incremento del 7,15 % respecto al año anterior, según ha informado Coches.net. Para abordar este problema, la DGT implementó dos cámaras de video, los popularmente conocidos como ‘radares stop’ o ‘radares Ninja’, en dos puntos kilométricos concretos: uno se encuentra en la carretera CM-220, kilómetro 68,7, en la provincia de Cuenca, y el otro en la M-222, kilómetro 13,95, en la Comunidad de Madrid. Pese a su incorporación a la carretera a mediados de 2023, aún existen numerosas dudas sobre su uso.

¿A cuánto asciende la multa?

Tal como detalla El Motor, estos equipos constituyen una de las últimas apuestas tecnológicas del organismo para reforzar la vigilancia vial en puntos donde se ha detectado una alta incidencia de siniestros. Aunque se conoce comúnmente como radar, el sistema no mide la velocidad. El aparato se compone de cámaras de vídeo configuradas para captar el momento exacto en el que un vehículo se aproxima y detiene —o no— ante una señal de ‘stop’, según se establece en el artículo 151 del Reglamento General de Circulación (RGC).

El procedimiento es muy concreto: la cámara graba de forma continua el tráfico en el cruce, detecta si los coches cumplen la parada total obligatoria, y en caso contrario, envía la grabación al Centro de Tratamiento de Denuncias Automáticas. Una vez allí, el personal especializado revisa el material y verifica si efectivamente hubo una infracción. Solo tras esta revisión se inicia el procedimiento sancionador.

El incumplimiento de la señal R-2 está claramente tipificado y acarrea consecuencias: la multa asciende a 200 euros y supone la retirada de cuatro puntos en el permiso de conducir. La sanción se aplica también si el conductor convierte el ‘stop’ en un gesto de ceder el paso sin efectuar la parada total, tal como subraya la normativa.

La puesta en marcha de este sistema se inscribe en una estrategia más amplia de la DGT, que explora diversas tecnologías para controlar infracciones frecuentes con gran repercusión en la siniestralidad. De hecho, desde 2023 también están en fase de pruebas las cámaras para vigilar el respeto a la línea continua, que ya se han instalado en varios puntos de la Comunidad de Madrid. Sin duda, este tipo de control refuerza la vigilancia en cruces y tramos conflictivos. Gracias a su éxito, todo indica que la DGT ampliará la red de cámaras en los próximos años.

La reincidencia en conductas antirreglamentarias ha llevado al Club Unión Magdalena S.A. a recibir una de las sanciones más severas de la reciente jornada disciplinaria del fútbol colombiano.

El Comité Disciplinario del Fútbol Profesional Colombiano impuso una multa de $9.252.750 al club, tras constatar un nuevo retraso en el inicio del segundo tiempo durante el partido frente a Independiente Santa Fe S.A., correspondiente a la undécima fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2025.

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El informe arbitral y el del comisario detallaron que el equipo visitante demoró tres minutos en regresar al campo, lo que motivó la aplicación de la sanción conforme al literal d) del artículo 78 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). La reincidencia, ya sancionada en la Resolución No. 097 de 2025, justificó un incremento del 30 % sobre la multa mínima prevista.

La Resolución No. 098 de 2025, emitida por el Comité Disciplinario, también incluyó medidas económicas y disciplinarias para otros clubes y jugadores tras la revisión de los partidos de la tercera y undécima fecha de la Liga BetPlay Dimayor ll 2025 y el Torneo BetPlay Dimayor ll 2025.

En la tercera fecha, el Deportivo Pasto fue multado con $1.423.500 por acumular cuatro amonestaciones en un solo encuentro, en cumplimiento del artículo 77-A del CDU de la FCF. Además, los futbolistas Santiago Jiménez, Nicolás Gil, Johan Caicedo y Willian Ordóñez, del Deportivo Pasto, junto a Luis Ramos, del América de Cali, recibieron sanciones individuales de $284.700 cada uno.

Las sanciones económicas impuestas deberán ser abonadas a la División Mayor del Fútbol Colombiano en un plazo de veinte días a partir de la notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del CDU de la FCF. El incumplimiento en el pago puede derivar en la inhabilitación para actuar en fechas posteriores y la deducción de puntos en el campeonato vigente o en el siguiente.

En el documento también se confirmaron otras sanciones.

En el ámbito del Torneo BetPlay Dimayor ll 2025, el Club Patriotas Boyacá S.A. fue objeto de una multa de $4.626.375 por una infracción similar a la de Unión Magdalena, relacionada con un retraso de tres minutos en el inicio del segundo tiempo durante el partido contra Leones Fútbol Club S.A.

El Comité consideró la reincidencia y aplicó el aumento correspondiente, además de un descuento contemplado en el literal f) del artículo 19 del CDU de la FCF. El club argumentó que la demora se debió a la movilidad reducida de su director técnico, pero el Comité concluyó que esta circunstancia no eximía de responsabilidad disciplinaria.

En cuanto a sanciones individuales, el jugador Didier Steven Palacios Algumedo del Envigado Fútbol Club S.A. fue suspendido por tres fechas y multado con $4.270.500 por incurrir en la infracción descrita en el literal b) del artículo 64 del CDU de la FCF, durante el partido ante Águilas Doradas S.A. por la décima fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2025.

El club presentó un recurso de reposición solicitando que la conducta fuera calificada como protesta y no como irrespeto, pero el Comité confirmó la sanción al considerar que los hechos reportados por el árbitro correspondían a gestos y actitudes de irrespeto hacia el oficial del partido.

Tabla de posiciones fecha 13 Liga BetPlay 2025 ll

• 1. Bucaramanga | +12 | 24 pts
• 2. Fortaleza | +6 | 24 pts
• 3. Junior | +8 | 22 pts
• 4. Medellín | +6 | 21 pts
• 5. Nacional | +5 | 20 pts
• 6. Tolima | +5 | 20 pts
• 7. Llaneros | +5 | 18 pts
• 8. Deportivo Cali | +1 | 17 pts
• 9. Santa Fe | +1 | 17 pts
• 10. Once Caldas | 0 | 16 pts
• 11. Alianza | -2 | 16 pts
• 12. Pereira | -1 | 14 pts
• 13. Millonarios | -3 | 14 pts
• 14. América | -1 | 13 pts
• 15. Envigado | -2 | 12 pts
• 16. Águilas Doradas | -4 | 1 pts
• 17. Unión Magdalena | -8 | 11 pts
• 18. La Equidad | -8 | 11 pts
• 19. Boyacá Chicó | -11 | 11 pts
• 20. Deportivo Pasto | -4 | 10 pts

En Lima Norte, la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi impuso una sanción coercitiva al centro comercial Plaza Norte S.A.C. La decisión se tomó después de constatar que el establecimiento incumplió con una medida cautelar emitida a raíz de los desprendimientos ocurridos en el techo del patio de comidas en tres ocasiones distintas este año.

La resolución ordenaba el cierre temporal del área afectada hasta que la empresa presentara un informe técnico suscrito por un profesional habilitado, el cual debía garantizar la finalización de las reparaciones y descartar la existencia de riesgos para los usuarios. Pese a la instrucción, el centro comercial permitió el funcionamiento del espacio durante al menos diez días sin haber entregado el documento exigido.

Este incumplimiento significó una multa coercitiva de 9 UIT, equivalente a S/ 48 mil 150. El Indecopi señaló que la desobediencia expuso a los consumidores a una situación de peligro. El proceso sancionador, no obstante, continúa en curso y podría derivar en sanciones más severas.

La investigación abierta contra Plaza Norte apunta a la presunta vulneración de los derechos de los consumidores relacionados con la seguridad y la idoneidad de los servicios. De confirmarse, las multas podrían ascender hasta 450 UIT, es decir, S/ 2 407 500, además de medidas correctivas en beneficio de los afectados.

Un antecedente que generó alarma

El 23 de junio, en el distrito de Independencia, los visitantes del centro comercial Plaza Norte presenciaron el desprendimiento de un sector del techo del patio de comidas. Las imágenes registradas por los clientes mostraron cómo los paneles de drywall cedieron y quedaron suspendidos en cables eléctricos, muy cerca de las mesas donde varias personas almorzaban.

“Aquí se acaba de caer el techo”, relató un ciudadano que grabó el momento con su teléfono móvil. A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron heridos. El establecimiento evacuó el área como medida inmediata y retiró parte del mobiliario para permitir las labores de limpieza.

El colapso del 23 de junio no fue un hecho aislado. De acuerdo con la información recopilada, el primer desprendimiento se reportó el 4 de junio y, once días después, otro incidente ocurrió durante un movimiento sísmico registrado en Lima. Con el último episodio, sumaron tres los problemas en la misma zona del centro comercial en menos de un mes.

La reiteración de estos hechos aumentó la preocupación de los usuarios y de las autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad. La administración del centro comercial dispuso cercar la zona afectada y, paralelamente, mantener la atención en el resto del complejo, lo que generó cuestionamientos por la falta de garantías para los consumidores.

Observaciones en el lugar

Tras el desplome del techo, un reportero de VIATV PERÚ se trasladó hasta el establecimiento y constató la magnitud de los daños. “Sí hay un forado en estos momentos en el techo del patio de comidas”, señaló durante su transmisión, precisando además que “había personal del centro comercial trabajando en la remoción de las estructuras caídas”.

En las imágenes difundidas se apreció que las piezas desprendidas no formaban parte de la cubierta exterior del edificio, sino de un cielo raso colocado en la zona de comensales. Aunque personal técnico inició inspecciones preliminares, no se ofrecieron explicaciones oficiales sobre la causa exacta de los colapsos.

Mientras tanto, el Indecopi mantiene en marcha el procedimiento administrativo que busca determinar si Plaza Norte vulneró los derechos de los consumidores en materia de seguridad y servicios idóneos. La institución precisó que las multas pueden llegar a montos significativos y que, además, se podrían imponer medidas de reparación dirigidas a garantizar la protección de los visitantes.

El caso permanece bajo evaluación y forma parte de las acciones de fiscalización que el organismo desarrolla en defensa de los usuarios. En este contexto, la multa coercitiva de 9 UIT representa solo un paso dentro de un proceso más amplio que podría derivar en sanciones de mayor alcance.

Durante una entrevista en Panamericana, el abogado penalista Julio Rodríguez sostuvo que este tipo de conductas no deben considerarse simples ofensas, sino que están previstas como delitos en el ordenamiento jurídico peruano. Según explicó, la discriminación es una figura reconocida en el Código Penal y puede implicar penas de cárcel o la aplicación de trabajos en beneficio de la comunidad.

La discriminación como delito en el Código Penal

Rodríguez indicó que los calificativos lanzados contra pasajeros en un transporte público configuran el delito de discriminación. Precisó que el artículo 323 del Código Penal establece que cualquier acto que denigre a una persona por razones raciales, económicas o de otra índole constituye una infracción penal.

El especialista remarcó que estos actos no se limitan a insultos verbales, sino que también abarcan conductas que buscan menoscabar la dignidad de las personas en espacios públicos o privados. Añadió que en un país caracterizado por la diversidad cultural y étnica, resulta inadmisible que se repitan expresiones de esta naturaleza, más aún cuando pueden derivar en la vulneración de derechos fundamentales.

Posibles sanciones por actos de racismo

El abogado explicó que la pena establecida para este tipo de delitos oscila entre dos y tres años de prisión. Sin embargo, puntualizó que la legislación contempla también la aplicación de sanciones alternativas como el trabajo en beneficio de la comunidad.

En ese sentido, subrayó que esta última medida podría tener mayor impacto porque confronta al agresor con la realidad de sus acciones. “Esas sanciones permiten que la persona asuma responsabilidad y entienda que en una sociedad plural y multirracial no pueden repetirse conductas de este tipo”, manifestó.

Trabajo comunitario como medida ejemplar

Rodríguez destacó que el trabajo comunitario es una herramienta útil para sensibilizar a quienes cometen actos de discriminación. Explicó que la persona puede ser destinada a labores en municipalidades, instituciones sociales o centros que apoyen a víctimas de violencia.

Según su opinión, esta sanción no solo tiene un carácter punitivo, sino que además busca generar conciencia sobre la convivencia en un país con múltiples identidades. De aplicarse de manera adecuada, dijo, podría convertirse en una medida más efectiva que una condena suspendida o el pago de una multa.

Dificultades en la persecución de estos casos

El especialista reconoció que, en la práctica, las investigaciones por actos de discriminación suelen enfrentar dificultades. Señaló que muchas veces las víctimas no formalizan denuncias, los plazos procesales se extienden y las penas cortas favorecen la prescripción de los casos.

Pese a ello, consideró que la actuación de las autoridades en episodios recientes busca dar un mensaje de firmeza frente a conductas racistas y clasistas. “Lo que se espera es que estos casos no queden impunes y que se demuestre que existen herramientas legales suficientes para sancionar”, puntualizó durante la entrevista para Panamericana.

El caso por el millonario desfalco al Fondo de Inversiones y Pensiones (Fiduprevisora) volvió a ser noticia, no por los implicados en la desviación de recursos, sino por los defensores que participaron en el juicio. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó con suspensión a tres abogados por incumplir reiteradamente sus deberes durante las audiencias.

La investigación penal giraba en torno a un fraude de unos 5.000 millones de pesos, ocurrido entre el 20 y el 21 de marzo de 2012. Según la Fiscalía, nueve personas habrían manipulado un software de pagos para desviar recursos destinados a pensionados. En apenas dos días, el dinero salió de las cuentas oficiales y terminó repartido en 80 cuentas bancarias de particulares, abiertas en distintas entidades, con el fin de diluir el rastro y dificultar su recuperación.

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Aunque los abogados podían apartarse de las diligencias en los momentos en que renunciaron a sus poderes o cuando estos les fueron revocados, la Comisión encontró que la realidad fue otra. En el fallo quedó consignado: “Trataron de justificarse en traumatismos por la cantidad de personas vinculadas y fallas del Centro de Servicios en la comunicación, se concluyó que los abogados incumplieron sus deberes profesionales forzando al juez a aplazar las audiencias programadas, dificultando la toma de decisiones frente a hechos de alto impacto social”.

El expediente reveló que las audiencias se citaron en múltiples ocasiones y terminaron frustradas por la inasistencia de los defensores. La lista es larga, “20 de noviembre de 2017, 7 de marzo de 2018, 16 de agosto de 2018, 10 de enero de 2019, 6 de junio de 2019, 28 de octubre de 2019, 13 de abril de 2020, 27 de agosto de 2020, 16 de diciembre de 2020, 19 de abril de 2021 y 3 de noviembre de 2021”. Todas tuvieron que reprogramarse.

El magistrado Alfonso Cajiao, ponente de la decisión, dedicó buena parte de su análisis a señalar que la responsabilidad disciplinaria de los abogados no puede diluirse con explicaciones poco sólidas. Recalcó que situaciones como la pérdida de contacto con los clientes o los imprevistos de última hora no son razones válidas para incumplir deberes esenciales frente a la administración de justicia. En su concepto, la seriedad del ejercicio profesional exige planificación y comunicación efectiva, sobre todo en escenarios donde la virtualidad se convirtió en una herramienta cotidiana para el desarrollo de los procesos judiciales.

Fue enfático al precisar que excusas como perder contacto con los clientes no eliminan la responsabilidad disciplinaria. También advirtió que, “solicitar enlaces de conexión para ingresar a las audiencias virtuales no exime a los abogados de su deber de asistir y de justificar oportunamente las ausencias ante el juzgado de conocimiento”, recordando que el compromiso de comparecer y explicar ausencias no se limita a presentarse físicamente, sino que también cobija la asistencia remota.

La Comisión complementó este argumento al indicar que los problemas de conectividad, cuando resultan previsibles o habituales, no pueden presentarse como un caso de fuerza mayor. El organismo insistió en que el abogado debe anticipar soluciones, como buscar un lugar con acceso estable a internet o avisar al despacho con antelación, si detecta riesgos que puedan impedir su participación. Además, precisó que la inexistencia de antecedentes disciplinarios solo puede ser considerada como atenuante cuando el profesional reconoce su falta antes de que la autoridad formule los cargos, lo que evidencia cooperación y sentido de responsabilidad frente al proceso.

Con esta sentencia, la entidad marcó un precedente frente al rol de los defensores en procesos de alto impacto, su deber de garantizar la continuidad de los juicios no se limita a la representación de sus clientes, sino también a la responsabilidad de no entorpecer el avance de la justicia.

Indecopi emitió una resolución en la que sanciona a la aerolínea Jet Smart Airlines Perú S.A.C. por incumplimiento en la atención a un pasajero con “movilidad reducida” durante un vuelo que ocurrió el 23 de diciembre de 2024 en Arequipa. De esta manera, se le multó con el pago de S/37 mil 450 y deberá asumir los gastos médicos.

¿Qué infringió la aerolínea?

Según consta en el expediente, un pasajero presentó una denuncia formal contra la aerolínea, alegando que la compañía no le proporcionó una silla de ruedas que había solicitado para su desembarque en la ciudad de Arequipa. La falta de este servicio, según el denunciante, provocó que sufriera una caída por las escaleras de desembarque, resultando en un accidente que lo llevó a un centro médico y generó gastos.

“Como consecuencia de no haber asistido al denunciante con una silla de ruedas, al ser adulto mayor se accidentó al bajar las escaleras del avión, siendo traslado por el personal de Jet Smart a la clínica San Pablo, donde el pasajero fue internado y diagnosticado con traumatismo intracraneal, herida en cuero cabelludo, traumatismos múltiples no especificados”, se lee en el documento.

La investigación de Indecopi confirmó que, efectivamente, solicitó asistencia especial durante su viaje, la cual le fue otorgada en la ciudad del Cusco al momento de abordar, pero no le fue proporcionada en Arequipa. La empresa argumentó que dispuso las medidas correspondientes para brindar la ayuda a los pasajeros que lo solicitaron, y que en el caso del denunciante, él mismo decidió desembarcar por sus propios medios.

Sin embargo, la autoridad concluyó que Jet Smart Airlines incurrió en una infracción al no garantizar la adecuada implementación de mecanismos de asistencia para pasajeros con movilidad reducida, en violación del artículo 25° de la Ley N° 29571, conocida como el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

El organismo fiscalizador determinó que, aunque la empresa dispuso de cuatro servicios de asistencia en silla de ruedas para todos los pasajeros en situación especial, el denunciante no recibió el servicio en el momento del desembarque, situación que desencadenó su caída y el posterior accidente. La resolución señala que la aerolínea tiene la obligación de garantizar la disponibilidad y prestación oportuna de estos servicios, acorde a las disposiciones que protegen los derechos de los consumidores, particularmente las personas con discapacidad.

Sanción y multa

Como parte de la sanción, Indecopi ordenó a Jet Smart Airlines pagar una multa de hasta 7 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale al pago de S/ 34 mil 450. También establece medidas correctivas para reparar el daño causado al pasajero.

La aerolínea está obligada a devolver los gastos médicos que pasajero haya gastado por el accidente, pero deberá presentar las boletas y documentos que acrediten los costos. Además, deberá efectuar dicho reembolso en un plazo de 15 días hábiles a partir de la presentación de los comprobantes.

Asimismo, se precisa que la aerolínea podría presentar un recurso de apelación en caso no se encuentre de acuerdo con la sanción, debido a que se encuentra en el plazo correspondiente. En caso sea así, pasará a segunda instancia por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.

Existen muchas dudas entre los españoles sobre lo que puede hacer un policía o cómo debe actuar en cada situación. Existen leyes que exigen a los ciudadanos acceder a solicitudes determinadas del agente, mientras que hay otras prácticas que están prohibidas para el cuerpo.

Un caso con el que muchas personas no suelen aclararse es si un policía puede hacer una fotografía a un DNI. La Agencia Española de Protección de Datos determina que la policía no puede hacerlo utilizando móviles personales, salvo circunstancias excepcionales.

Este hecho ha cobrado relevancia tras un caso reciente ocurrido en Torrox. El incidente involucró a un agente de la policía local, que decidió tomar una fotografía de un documento de identidad para agilizar la tramitación de una multa. La decisión del agente fue justificada como una medida para ahorrar tiempo, pero la autoridad de protección de datos consideró que esa práctica vulnera la normativa vigente.

Un agente no puede fotografiar un DNI

Según explica el abogado Franco (@f.francoabogado en TikTok), este tipo de actuación, lejos de estar amparada por la ley, contradice el principio de minimización, que obliga a tratar únicamente los datos necesarios para cumplir con la finalidad prevista, en este caso, la sanción correspondiente y el correcto procedimiento administrativo. Además, recalca que vulnerar este principio puede acarrear consecuencias legales.

El abogado matiza que la correcta recogida de datos durante una intervención policial debe realizarse anotando los datos del DNI en el acta correspondiente y nunca almacenando imágenes en dispositivos personales. Además, recuerda que los móviles privados de los agentes no pueden emplearse para este tipo de cometidos, ya que hacerlo implica una vulneración adicional de la protección de datos.

La ley regula las medidas de seguridad para el tratamiento de información personal, obligando a garantizar la confidencialidad y la custodia de los datos recogidos. Las fotografías almacenadas fuera de los canales oficiales quedan expuestas a riesgos adicionales, como pérdida, difusión no autorizada o acceso indebido, situaciones que la ley busca evitar.

Según dicta la legislación, solo en casos excepcionales, debidamente justificados, los agentes podrían tomar una imagen del documento, y siempre utilizando los sistemas adecuados proporcionados por las fuerzas de seguridad. “Solo se permiten las fotografías en casos excepcionales, no por ahorrar tiempo y desde luego no desde un teléfono personal de un agente”, insiste el abogado.

Consecuencias y recomendaciones

La interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos y de profesionales como Franco confirma que los ciudadanos tienen derecho a que su información personal sea debidamente protegida en cualquier intervención policial rutinaria. El caso de Torrox pone el foco en la necesidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad respeten los procedimientos establecidos para la recogida de datos.

Ante cualquier situación similar, los ciudadanos pueden solicitar que sus datos se recojan conforme a la normativa, y tienen derecho a presentar reclamaciones ante la Agencia si consideran vulnerada su privacidad. El uso indebido de los teléfonos personales para fotografiar documentos oficiales no solo son una irregularidad, sino que puede acarrear sanciones disciplinarias al agente implicado.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial informó que impuso una sanción ejemplar al secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de Jambaló (Cauca), Jairo Aguilar, al destituirlo e inhabilitarlo por 12 años para ejercer funciones públicas.

Las autoridades procedieron con la medida tras comprobarse que el acusado presentó una incapacidad médica falsa con el objetivo de ausentarse de sus labores, según informó Caracol Radio.

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Los hechos se originaron el 16 de septiembre de 2022, cuando Aguilar relató que fue víctima de un atraco —en el que le robaron su motocicleta, celular y documentos—, motivo que lo habría llevado a solicitar atención médica en la clínica La Estancia de Popayán.

El funcionario alegó, además, que padecía depresión, ansiedad y fobia a los hospitales, factores que atribuyó a su deseo de abandonar rápidamente el centro médico, aceptando sin detenimiento los documentos que le entregaron.

No obstante, al analizar detalladamente la incapacidad presentada, se identificaron múltiples inconsistencias: el uso del logo institucional, el formato del documento, los términos empleados por el supuesto profesional y la firma resultaron ser falsificados.

Los hechos se agravaron tras un dictamen médico fechado el 25 de junio de 2022, que concluyó que Aguilar “no presentaba alteraciones del juicio, que mantenía un pensamiento lógico y coherente sin evidencia de delirios, deterioro cognitivo o alteración significativa de la inteligencia”, conoció e informó el medio.

La determinación del tribunal, estructurada en ponencia del magistrado Alfonso Cajiao, no solo confirmó la actuación dolosa y premeditada de Aguilar sino que enfatizó su incursión en una conducta de tipo penal.

Este comportamiento se sanciona con prisión de entre 16 y 108 meses según la legislación vigente, además de la decisión administrativa que deja en firme la destitución y la inhabilidad de 12 años.

El fallo de la Comisión, a pesar de la gravedad documentada, no se produjo por unanimidad. Se registró salvamento de voto del magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo y un salvamento parcial del magistrado Juan Carlos Granados Becerra, que manifestaron reservas ante la sanción impuesta.

Estas son las consecuencias de presentar incapacidades falsas

La presentación de incapacidades médicas falsas en el entorno laboral puede acarrear graves consecuencias tanto legales como laborales para quienes incurren en este fraude.

De acuerdo con el medio especializado Asuntos Legales, los expertos indican que este proceder, además de implicar un incumplimiento contractual, puede convertirse en un delito penal y traer consigo la ruptura del contrato de trabajo e, incluso, una sanción de prisión.

Diego Acevedo, socio en la firma Holland & Knight, explicó al medio que la gravedad de las consecuencias depende del tipo de falsedad y de su impacto, pero lo primero es que pueden presentarse denuncias de carácter penal, las cuales puede instaurar tanto la institución médica implicada, el profesional de la salud que figura en la incapacidad, como la EPS.

Johanna Duque Mendieta, magíster en derecho laboral y de la seguridad social, precisó que la persona responsable estaría cometiendo el delito de falsificación de documento privado, castigado por el artículo 289 del Código Penal con penas de prisión entre 16 y 108 meses (1.4 a 9 años).

En el ámbito laboral, el experto Juan Antonio Padilla, señaló que engañar al empleador utilizando certificaciones falsas para justificar ausencias se configura como una de las justas causas de despido según el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Además, subrayó que esta conducta puede dar lugar a un procedimiento disciplinario individual dentro de la empresa, que, después de agotar el debido proceso, puede resultar en sanciones e incluso en la terminación unilateral del contrato de trabajo.

Saida Quintero, directora del área de derecho laboral de la Universidad del Rosario, aclaró en diálogo con el medio, que si el trabajador está protegido por fuero sindical, el empleador debe seguir un procedimiento especial, asegurando siempre el derecho a la defensa del empleado.

La jurisprudencia exige que durante este proceso, el trabajador sea notificado de las faltas imputadas, reciba traslado de las pruebas y tenga la posibilidad de controvertirlas y presentar su propia defensa, incluso con acompañamiento sindical si es el caso.

Desde el sistema de salud, si se comprueba que la incapacidad es fraudulenta, la EPS puede suspender el pago de la prestación económica, poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos y exigir el reembolso de los recursos públicos pagados.

El revés de Millonarios sufrido ante Unión Magdalena (1-2), en un partido válido por la primera fecha de la Liga Colombiana tuvo, además de consecuencias en el ámbito disciplinario, también en la dirección deportiva del club embajador: la derrota derivó en la salida del técnico David González, que fue posteriormente sustituido por Hernán Torres.

El entrenador antioqueño dejó al equipo en el último puesto de la tabla de la Liga 2025-II, con apenas un punto acumulado hasta ese momento. Tras la destitución de González, el conjunto azul experimentó una leve recuperación en su rendimiento deportivo.

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El cuadro Embajador sumó dos victorias consecutivas, tras la salida del entrenador: el primero, ante Junior, líder del certamen, con un marcador de 3-0, y luego frente a Águilas Doradas por 1-2, lo que le permitió abandonar la última posición y ubicarse en la casilla 16, con siete unidades.

A esos dos triunfos se sumó la clasificación a octavos de finales de la Copa Betplay ante Real Cartagena: pese a la derrota en el juego de vuelta disputado en ‘La Heroica’ (2-1), el cuadro Embajador se clasificó gracias a la victoria cosechada en el partido de ida en el estadio El Campín (2-0) cuyo marcador agregado final de 3-2 favoreció a los dirigidos por Hernán Torres.

La sanción de la Dimayor por la “lluvia de zapatos” de los hinchas de Millonarios

Durante el partido ante Unión Magdalena, que culminó con el despido de David González, llamó la atención una escena en la que un grupo masivo de hinchas situados en la tribuna norte arrojaron zapatos cerca al terreno de juego como un modo simbólico de protesta ante el crítico momento futbolístico del club: el episodio ocurrió tras el segundo gol del equipo Ciclón Bananero, con el que a la postre ganó el compromiso.

Por ese hecho, la Dimayor optó por imponerle sanción a Millonarios tras los incidentes ocurridos en el partido, que además marcó un nuevo capítulo en la temporada del club bogotano. El Comité Disciplinario determinó el cierre por una fecha de la tribuna norte de El Campín y aplicó una multa de $11.388.000, luego de que los aficionados identificados como seguidores del equipo lanzaran el calzado al campo tras el segundo gol del rival, lo que provocó la suspensión temporal del encuentro.

El boletín de sanciones de la Dimayor detalló que, según los informes oficiales del partido, se constató una presunta infracción al Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, al considerarse el lanzamiento de objetos al terreno de juego como una conducta impropia de espectadores.

“A través de los informes oficiales del partido, se observa que los mismos reportan la presunta infracción descrita por el CDU de la FCF, como conducta impropia de espectadores (lanzamiento de objetos al terreno de juego), por parte de personas identificadas como seguidores del Club Local, esto es el Club Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A, en el partido disputado por la 1ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el Club Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. y el Club Unión Magdalena S.A.”, se lee en el documento del ente rector del Fútbol Profesional Colombiano.

A pesar de los argumentos presentados por Millonarios en su defensa, en los que el club aseguró que la protesta no ocasionó daños en el estadio ni afectó a ninguna persona, el Comité Disciplinario mantuvo la sanción. La entidad consideró que la gravedad de los hechos ameritaba la aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes.

Si la sanción se aplica de inmediato, la tribuna norte de El Campín permanecerá vacía el sábado 6 de agosto de 2025, cuando Millonarios reciba a Santa Fe en una nueva edición del clásico bogotano.

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Lambayeque declaró fundada la denuncia presentada contra la tienda H&M Hennes & Mauritz S.A.C. por una consumidora que denunció haber sido intervenida de manera inadecuada en una de sus tiendas en Chiclayo. La entidad impuso una multa de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y ordenó una serie de medidas correctivas a la cadena de ropa internacional.

Según informó el portal LP Derecho, la Resolución Final 0426-2025/INDECOPI-LAM, el hecho ocurrió el 18 de diciembre de 2024, cuando la denunciante acudió a una tienda H&M para realizar compras navideñas. Al salir, se activó el sensor de seguridad y fue intervenida por personal femenino de la empresa.

Denuncia de la consumidora

La denunciante relató que, pese a mostrar voluntariamente el contenido de su bolso, una agente de seguridad insistió en revisarlo de manera exhaustiva e incluso intentó introducir sus manos en el interior, lo que consideró una vulneración de su privacidad. Todo ello ocurrió frente a otros clientes, lo que generó incomodidad y una situación de agravio.

La afectada pidió como medidas correctivas que la empresa la indemnice por el daño ocasionado y que capacite a su personal de seguridad en un trato adecuado hacia los clientes.

Descargos de la empresa

H&M, en su defensa, argumentó que la intervención se ajustó a sus protocolos internos, los cuales establecen que, tras la activación de la alarma, el cliente debe volver a pasar por el detector y, si el sistema vuelve a alertar, se debe realizar una verificación visual del bolso.

Según informó LP Derecho, la empresa negó que se hubiera vulnerado la dignidad de la consumidora, señalando que su personal solo hizo una revisión superficial que no tomó más de un minuto. Como prueba, presentó fotografías, una declaración jurada y el libro de ocurrencias, pero no entregó el video de seguridad solicitado por la autoridad.

Decisión del Indecopi

Tras la evaluación del caso, la Comisión concluyó que H&M no acreditó haber actuado de manera adecuada y que estaba en mejor posición para probar los hechos, lo cual no cumplió al omitir el video de seguridad.

Además, se determinó que la intervención fue injustificada y que la actuación del personal vulneró la dignidad de la consumidora. El colegiado también destacó que la propia empresa admitió que su personal de seguridad revisó las pertenencias de la denunciante, lo que confirmó su responsabilidad administrativa.

Sanciones y medidas correctivas

La resolución impuso a H&M una multa de 1 UIT, equivalente a S/5.150. Además, ordenó que en un plazo máximo de 15 días hábiles capacite a su personal de seguridad en buenas prácticas de atención al cliente, bajo apercibimiento de recibir una multa coercitiva de 3 UIT en caso de incumplimiento.

La resolución también dispuso que H&M pague S/ 36 por costas procesales y que su nombre sea inscrito en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, medida que se hará efectiva una vez que el fallo quede firme. Esta inscripción constituye un antecedente administrativo que refleja las infracciones cometidas por la empresa y que podrá ser considerado en futuras evaluaciones o sanciones.

El Indecopi aclaró que la resolución no agota la vía administrativa, por lo que tanto la empresa como la denunciante tienen un plazo de 15 días hábiles para presentar un recurso de apelación ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor. En caso de que no se interponga recurso alguno dentro de dicho plazo, la sanción quedará consentida y las medidas ordenadas pasarán a ejecutarse de manera definitiva.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche de mantener las restricciones impuestas al ejercicio periodístico del periódico Tribuna y periodista ha generado una nueva controversia en torno a la libertad de expresión en México.

En la audiencia celebrada el 29 de agosto de 2025, el tribunal ratificó que el periodista Jorge González Valdez deberá someter sus publicaciones a la revisión de un censor.

Mientras que el medio digital Tribuna tendrá la obligación de notificar al tribunal cada vez que publique información relacionada con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

Durante la revisión de la medida cautelar, que involucró tanto a la Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V. como a González Valdez, el tribunal determinó que la supervisión sobre el periodista será permanente y estará a cargo de la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

Supervisión es para evitar que expresiones ‘ofensivas’

El objetivo de esta vigilancia es asegurar que el comunicador no emita expresiones consideradas ofensivas hacia Layda Sansores. En la práctica, esta disposición equivale a una prohibición de referirse a la mandataria, bajo la amenaza de sanciones.

En cuanto a la Organización Editorial del Sureste, el tribunal resolvió que el nombre del responsable de redes sociales no será revelado. No obstante, la empresa editorial deberá remitir de manera simultánea a la publicación todas las notas que mencionen a Sansores San Román. Este material será evaluado por el área de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, que decidirá si corresponde aplicar alguna sanción, a pesar de que este órgano no cuenta con criterios periodísticos para dicha revisión.

El periódico Tribuna calificó la resolución como un acto de censura, argumentando que vulnera los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, los cuales garantizan la libertad de expresión y prohíben la censura previa.

Además, el medio señaló que la medida contraviene el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe las restricciones indirectas al ejercicio de la prensa. En su página digital, el medio advirtió que “con estas medidas, se fortalece el control sobre la información y se restringe el derecho de la sociedad a conocer críticas y opiniones sobre el actuar de la gobernadora de Campeche”.

La resolución del tribunal implica que cualquier contenido que haga referencia a la gobernadora será objeto de revisión previa por parte de una autoridad judicial, lo que, según Tribuna, representa una limitación directa al acceso de la sociedad a información crítica sobre la gestión pública.

Durante los primeros meses del año 2025, en redes sociales y noticieros se han reportado numerosos casos de abandono de niñas y niños, en ocasiones, recién nacidos. A pesar de ser una conducta evidenciada de manera recurrente, existen códigos y leyes que castigan el proceder de personas adultas que incurren en dicha conducta.

En México, el principio jurídico del interés superior de la niñez convierte a las personas integrantes de dicho grupo en el centro de las medidas y políticas implementadas por las instancias públicas y privadas. De esa forma, el Estado mexicano debe garantizar su protección, así como la preservación de sus derechos en todo momento.

Los derechos de las infancias están reconocidos en la Constitución y en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estos derechos incluyen el acceso a la educación, la salud, la identidad, la alimentación, la protección contra la violencia y la discriminación, así como el derecho a un entorno familiar y social seguro. También se garantiza su participación en asuntos que les afectan y el derecho al juego y esparcimiento. México ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, lo que refuerza estas garantías legales.

Así castiga la ley mexicana a quienes abandonan bebés: penas estrictas y repercusiones duraderas

Uno de los códigos que aborda el abandono de personas es el Código Penal Federal. En su capítulo VII, dentro del artículo 335, se establece que:

“Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido”.

De igual manera, si el abandono resulta en alguna lesión o la muerte, se considerarán conductas premeditadas y se aplicarán las sanciones correspondientes a dicho delito.

El abandono de infantes incapaces de cuidarse a sí mismos no es la única conducta contemplada en el código. Según el artículo 340, quien encuentre a un menor y no lo reporte ante la autoridad u omitiera presarle el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, se le impondrán de 10 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

Por otro lado, el artículo 342 sanciona con uno a cuatro meses de prisión a quien exponga en una casa de expósitos a un menor de siete años que se le hubiere confinado, o le entregue en otro establecimiento de beneficencia o a cualquiera otra persona.

En tanto, el artículo 343 dice que: “Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos un niño que esté bajo su potestad, perderán por ese sólo hecho los derechos que tengan sobre la persona y bienes del expósito”.

Circular por autopistas y autovías parece sencillo, pero la realidad es que muchos conductores lo hacen de manera incorrecta sin ser del todo conscientes. Así lo han recordado los Mossos d’Esquadra en un reciente mensaje de seguridad vial que han difundido a través de redes sociales, en el que advierten de que uno de los errores más habituales en carretera es ocupar de forma indebida los carriles de la izquierda.

Según explican, la normativa de tráfico en España es clara: por autopista o autovía se debe circular siempre por el carril derecho. Los carriles de la izquierda están reservados exclusivamente para adelantar o, en situaciones puntuales, cuando la densidad de vehículos sea muy alta y el derecho esté saturado. Sin embargo, en la práctica, es común observar coches que se mantienen en el carril central o en el izquierdo durante kilómetros, incluso cuando la vía está despejada.

Este mal hábito genera retenciones innecesarias, aumenta el riesgo de accidentes y provoca que otros conductores se vean obligados a adelantar por la derecha, una maniobra prohibida y peligrosa. Los Mossos subrayan que una conducción correcta y respetuosa con la norma no solo mejora la fluidez del tráfico, sino que también reduce la siniestralidad.

Reglas específicas para vehículos pesados

El recordatorio de la policía catalana también pone el foco en los vehículos de mayor tamaño. Cuando una autopista o autovía cuenta con más de dos carriles, los automóviles con un peso superior a 3.500 kilos (como camiones o autobuses) solo pueden circular por el carril derecho y, en caso de necesitar adelantar, utilizar el central. En ningún caso tienen permitido desplazarse al carril izquierdo. Esta limitación busca garantizar la seguridad de todos los usuarios, ya que los adelantamientos de vehículos pesados suelen requerir más tiempo y espacio.

De esta forma, los Mossos apelan a la responsabilidad tanto de conductores particulares como de profesionales del transporte para cumplir estrictamente estas normas, que son de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional.

Otros errores frecuentes en la conducción por autovía

La advertencia sobre el uso indebido de los carriles se suma a otros problemas comunes que detectan los agentes de tráfico. Uno de ellos es el exceso de velocidad, que sigue siendo una de las principales causas de accidentes en vías rápidas. Recordar los límites (120 km/h para turismos y motocicletas, 100 km/h para autobuses y furgonetas, y 90 km/h para camiones) es esencial para reducir riesgos.

Otro mal hábito extendido es no mantener la distancia de seguridad. Muchos conductores circulan demasiado pegados al vehículo que les precede, lo que reduce drásticamente el tiempo de reacción en caso de frenazo. La regla del “segundo y medio” (dejar un margen que permita contar al menos ese tiempo entre un coche y otro) es la referencia que recomiendan los expertos.

El uso del intermitente es otra asignatura pendiente en las autopistas. Aunque pueda parecer un detalle menor, señalizar correctamente las maniobras de adelantamiento o cambio de carril es fundamental para que el resto de conductores anticipe las acciones y se eviten situaciones de riesgo.

Finalmente, los Mossos también llaman la atención sobre el cansancio al volante, un factor que en vías rápidas puede tener consecuencias fatales. Parar cada dos horas, hidratarse adecuadamente y evitar conducir tras una jornada laboral extensa son medidas básicas para mantener la atención en todo momento.

El auge de estafas online mediante supuestas notificaciones de sanciones ha generado alertas entre usuarios y autoridades en España. Delincuentes aprovechan canales digitales para enviar correos electrónicos y mensajes que imitan la estética oficial, con el objetivo de robar datos y provocar pérdidas económicas, para el beneficio propio. La proliferación de estos fraudes desafía la seguridad digital y ha llevado a la Policía Nacional a explicar cómo identificar y evitar el último engaño que envuelve a los sancionados por la DGT.

El caso más reciente tuvo lugar en Málaga, donde el ayuntamiento fue el primero en alertar sobre una nueva modalidad de fraude con falsas multas en el parabrisas de los automóviles. Según se ha mostrado, estos documentos fraudulentos llevan logotipos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del Ministerio del Interior, junto a un código QR que solicita el pago inmediato mediante tarjeta de crédito. Al introducir los datos en la página fraudulenta, el usuario facilita el acceso de los estafadores a su cuenta bancaria. Ante este auge la gente se pregunta, ¿cómo puedo evitar la estafa?

Lo mejor es mantener la calma

Las organizaciones oficiales recalcan que mantener la calma ante estas situaciones es fundamental. Las autoridades detallan que existe siempre un período de pronto pago de 20 días naturales para sanciones legítimas, por lo que la urgencia para pagar nunca corresponde a los procedimientos habituales de la DGT. Según el comunicado del ayuntamiento, algunos de los errores que permiten descubrir el fraude son las faltas de ortografía evidentes en las notificaciones: palabras como ‘Jefajura’, ‘apartadp’ o ‘sendito’ aparecen impresas en las falsas multas, como se muestra en la imagen publicada por @malaga. Además, suelen faltar datos clave como el número de identificación del agente sancionador o los datos específicos del vehículo y del lugar de la supuesta infracción.

Un elemento decisivo para detectar la estafa es la dirección de internet a la que remite el código QR, pues la única página oficial para el pago de sanciones es https://sede.dgt.gob.es/es. De este modo, para hacerse con el dinero, los infractores redirigen al usuario a sitios con direcciones erróneas o sospechosas, lo que constituye una señal inequívoca de fraude. Por ello, autoridades y expertos en ciberseguridad recomiendan descartar de inmediato cualquier multa que redirija a una web distinta a la indicada por la DGT.

Otra característica de la estafa es el monto incorrecto de las reclamaciones económicas, muchas veces superiores o inferiores a las sanciones reales. Los delincuentes evitan personalizar las sanciones para agilizar la impresión masiva de las falsas multas, lo que facilita que datos del vehículo y detalles del agente carezcan de precisión. Ante cualquier duda, el Ayuntamiento de Málaga ha publicado cómo es una multa real de la DGT, como la que se muestra a continuación.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico reconoce la existencia de este tipo de fraudes y refuerza su labor informativa para prevenir nuevas víctimas. Sin embargo, la DGT no tiene competencias directas para perseguir a los ciberdelincuentes, ya que los delitos informáticos de este tipo corresponden a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. El organismo recalca, así según Auto10, que nunca utiliza mensajes SMS, correos electrónicos ni WhatsApp para reclamar el pago de sanciones: el contacto con el ciudadano se realiza únicamente por canales oficiales.

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo de primera instancia que negó el amparo constitucional solicitado por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

El alto tribunal argumentó que la acción de tutela fue presentada seis meses después del acto cuestionado, sin que existiera una justificación razonada para la demora, lo que incumple el requisito de inmediatez exigido por la ley. Además, destacó que la investigación administrativa aún se encuentra en curso y que Dimayor presentó una solicitud de nulidad ante la Delegatura, lo que demuestra que todavía dispone de mecanismos de defensa dentro del proceso.

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“En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas”, se lee en el documento.

En su análisis, el organismo también señaló que la Dimayor tuvo la oportunidad de insistir en la práctica del dictamen pericial desde abril de 2024, pero optó por no hacerlo, lo que evidencia una falta de diligencia procesal.

A su vez, descartó la existencia de un perjuicio irremediable, al no haberse impuesto una sanción definitiva ni existir una afectación inminente para la entidad. Además, recordó que la legislación vigente contempla medidas cautelares idóneas para prevenir eventuales daños durante el desarrollo de la investigación.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia representa un golpe para la estrategia jurídica de la Dimayor, que buscaba frenar el avance de la investigación administrativa mediante la vía constitucional. El proceso, impulsado por la denuncia de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), continúa su curso y mantiene en vilo a los principales actores del fútbol profesional colombiano, mientras la Delegatura de Protección de la Competencia avanza en la evaluación de las conductas investigadas y en la eventual imposición de sanciones.

“En la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Protección de la Competencia, se adelanta la investigación administrativa contra la División Mayor del Fútbol Colombiano DIMAYOR y otros, por la presunta infracción del artículo 1° de la Ley 155 de 1959, derivada de actuaciones calificadas como anticompetitivas”.

El origen del problema al que se enfrenta la Dimayor

La controversia judicial se originó en 2021, cuando Acolfutpro denunció ante la Superintendencia de Industria y Comercio la existencia de posibles acuerdos entre clubes y la Dimayor que, presuntamente, limitaban la movilidad y autonomía de los futbolistas profesionales. La denuncia alertó sobre prácticas que podrían vulnerar el derecho de los jugadores a negociar en condiciones justas y equitativas, afectando directamente el mercado laboral del fútbol colombiano.

A raíz de esta denuncia, la Superintendencia inició una investigación formal y, mediante la Resolución 76922 de 2021, formuló un pliego de cargos contra la Dimayor y varios clubes, señalando una posible infracción del artículo primero de la Ley 155 de 1959. El foco de la actuación administrativa se centró en determinar si existieron acuerdos que restringieran la competencia y perjudicaran los derechos de los futbolistas.

Durante el desarrollo del proceso, la Dimayor solicitó la ejecución de un dictamen pericial forense para verificar la autenticidad e integridad de la evidencia digital utilizada en el pliego de cargos. Esta petición buscaba cuestionar la validez de las pruebas presentadas por la autoridad investigadora. Sin embargo, la Delegatura de Protección de la Competencia cerró la etapa probatoria sin pronunciarse sobre la solicitud de la entidad, lo que llevó a la entidad deportiva a interponer una acción de tutela respaldada por clubes como Cúcuta Deportivo, Once Caldas y Real Santander.

El caso comenzó en septiembre de 2023, cuando siete empleados denunciaron insultos, amenazas y humillaciones en las oficinas de la empresa ubicada en el Centro Comercial Aqua. Las denuncias incluyeron pruebas audiovisuales que se viralizaron en redes sociales, convirtiéndose en evidencia clave para la investigación.

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Aunque inicialmente la pesquisa estuvo a punto de archivarse, Edwin Palma —en ese entonces viceministro de Relaciones Laborales y hoy ministro de Minas y Energía— determinó que el material probatorio era suficiente para reabrir el expediente y avanzar en la imposición de sanciones.

Detalles de las denuncias por hostigamiento y maltrato laboral

El expediente detalla cómo los trabajadores fueron sometidos a actos reiterados de intimidación y humillación. Según el abogado de las víctimas, “para el día 16 de septiembre de 2023 ocurrió el último de los acontecimientos de humillación, maltrato y acoso laboral en contra de sus representados, fecha en la cual sus poderdantes ingresaron sobre las 8:00-8:10 a. m., a desarrollar sus labores en las oficinas de Charry Trading S.A.S., ubicadas en el Centro Comercial Aqua, oficina 1103, cuando fueron sorprendidos por el señor Diego Fernando Charry Parra, socio y directivo de la empresa, que de manera agresiva, grosera, desafiante, intimidante y humillante les ordenó dejar sus actividades de trabajo para realizar una formación militar, insistiendo, de manera repetitiva, que era una orden, generando en ellos miedo, angustia, preocupación y zozobra. Además, impidiéndoles que pudieran retirarse de las oficinas para que pudieran resguardar su integridad física y moral”, se lee en el expediente conocido por El Tiempo.

La investigación documentó, además, respuestas agresivas ante llamados a la calma, como lo consignó la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio de Trabajo: “Se pudo evidenciar que pese a los llamados respetuosos y en tono tranquilo del trabajador de apellidos Carrillo Uribe, invitando al socio y directivo de la empresa Charry Trading S.A.S., Diego Fernando Charry Parra, para que se calmara, este le respondió en tono amenazante y agresivo: ‘Tranquilo su p... madre, mal.... y respéteme, baje los brazos, triplehi..., respete, respete hiju..., se forma, fórmese, fórmese o se va (...) cálmese su pu... madre, fórmese, fórmese, fórmese hiju..., fórmese, fórmese es una orden’”.

El comportamiento reiterado generó estrés y ansiedad laboral en los trabajadores, como se evidencia en registros médicos y certificados de incapacidad adjuntos en el expediente.

Multas y marco legal de la sanción

El Ministerio de Trabajo aplicó la sanción en tres frentes distintos. Primero, 508.288 millones de pesos por violar derechos constitucionales y tratados internacionales, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador y la Convención de Belém do Pará.

A ello se suman dos multas de 254 millones de pesos cada una: una por incumplir la obligación de “guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos” y otra por permitir actos que “vulneren o restrinjan los derechos de los trabajadores o que ofendan su dignidad”. En total, la empresa deberá pagar 1.016 millones de pesos.

La decisión también derivó en la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar a uno de los directivos por presunto falso testimonio, consolidando la dimensión penal de la conducta laboral denunciada.

Este caso subraya la responsabilidad de las empresas en garantizar condiciones laborales dignas y respetuosas. Más allá de la cuantía de la multa, la resolución del Ministerio de Trabajo establece un precedente sobre cómo la violencia verbal y el acoso sistemático afectan no solo la salud mental de los trabajadores, sino la obligación legal de los empleadores de proteger la dignidad humana en el entorno laboral.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato y la aplicación de medidas correctivas urgentes en varios hoteles turísticos en Palomino, La Guajira, y en San Andrés y Providencia, tras detectar riesgos graves que comprometían la vida e integridad de viajeros, trabajadores y visitantes.

Las inspecciones se intensificaron especialmente luego de una tragedia ocurrida recientemente en San Andrés, según reportó la entidad el 15 de agosto de 2025, en un comunicado oficial.

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En Palomino, la SIC dispuso el cierre total de los hoteles Beach Life Party Hostel y Casa Ibiza by Beach Life Palomino, bajo la administración de la sociedad Villa Delia Palomino Beach S.A.S. Las inspecciones revelaron “presencia de conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución y ausencia de iluminación de seguridad en rutas de evacuación y salidas de emergencia, entre otras irregularidades graves, en contravención de lo dispuesto por los reglamentos técnicos Retie y Retilap”.

En el archipiélago de San Andrés y Providencia, se identificaron defectos críticos en las instalaciones internas de gas en los hoteles Hotel Decameron Los Delfines, Hotel Las Américas, Hotel Portobello Convention Cemter, así como un cierre parcial en el área de cocinas del Hotel Tone Blue.

El informe técnico advierte sobre la “ausencia de ventilación adecuada en ciertos espacios con presencia de monóxido de carbono, conexiones sin tapones metálicos de seguridad, uniones sin protección anticorrosiva, tanques de GLP sin anclaje y falta de avisos preventivos exigidos por la norma”, lo que aumenta considerablemente el riesgo de explosiones, fugas o intoxicaciones.

La responsabilidad de adelantar las acciones urgentes recae en las sociedades Servincluidos LTDA., Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S. BIC, Operadora Apartahotel Las Américas Limitada y Hoteles Portobelo SAI S.A., propietarias de los establecimientos, a las que la Superintendencia de Industeia y Comercio le exigió la pronta adecuación de sus instalaciones a la normativa vigente.

La entidad también recordó que “las instalaciones eléctricas, de iluminación y de gas combustible implican riesgos inherentes y que el cumplimiento estricto de los reglamentos técnicos es esencial para prevenir accidentes, proteger la vida, la salud y garantizar la seguridad de las personas y de los animales, especialmente en destinos turísticos estratégicos del país”.

Además, subrayó que el incumplimiento de estas órdenes puede acarrear multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.

En memoria de las vidas y experiencias afectadas por estos incidentes, la SIC aseguró que continuará realizando inspecciones y priorizando la vigilancia en zonas turísticas y establecimientos de alto riesgo, con el fin de evitar que se repitan situaciones similares.

Este tipo de procedimientos se llevaron a cabo, teniendo presente algunos casos en los que desafortunadamente turistas han perdido la vida por negligencia de las empresas en cuanto a la sostenibilidad de los espacios, así como el abandono de los mismos.

Como fue el caso de Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa Viviana Andrea Canro Zuluagay su hijo Kevin Matías Martínez Canro, de 4 años, quienes fueron hallados sin vida el viernes 11 de julio en el hotel Portobelo Convention, ubicado en la isla de San Andrés. Según la hija de la mujer, el día anterior le había contado que las condiciones de la habitación eran muy deficientes y que había un olor penetrante que no lograban distinguir que era.

Varias han sido las quejas que por medio de las redes sociales y en varios medios de comunicación se han expuesto, por lo que las entidades correspondientes se vieron en la obligación de tomar cartas en el asunto y comenzar con las investigaciones para poder esclarecer varios episodios.

En un pronunciamiento que marca un precedente en materia de derechos del consumidor, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi sancionó a Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. con una multa de 50 UIT, equivalente a S/ 267 500. La decisión responde a la aplicación de restricciones basadas exclusivamente en la edad de los contratantes para cinco de sus seguros de viaje, limitando el acceso a personas mayores de 85 años sin un sustento técnico que lo justifique.

El caso fue impulsado por la Coordinadora Peruana de Defensa de los Derechos del Consumidor, que denunció la exclusión generalizada como una práctica discriminatoria. Tras el análisis del procedimiento, el colegiado determinó que la aseguradora no presentó pruebas de que la exclusión estuviera respaldada por evaluaciones técnicas individualizadas, necesarias y proporcionales, tal como exige la normativa vigente.

La resolución, identificada con el número 2256-2025/SPC-Indecopi, dispone también una medida correctiva de impacto: la creación de un nuevo producto que contemple la inclusión de personas mayores de 85 años, respetando los lineamientos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Mapfre deberá iniciar el trámite ante esta entidad para su aprobación y presentar informes trimestrales a la Comisión de Protección del Consumidor N.° 1 de Indecopi, hasta que el seguro esté disponible en el mercado.

Este caso pone sobre la mesa el debate sobre las prácticas en la industria de seguros y la obligación de que las políticas de contratación se ajusten a criterios objetivos y verificables, evitando restricciones arbitrarias que afecten derechos fundamentales de los consumidores.

Resolución y medidas dispuestas por Indecopi

El fallo de la SPC señala que la aseguradora incurrió en una restricción basada únicamente en la edad, lo cual constituye una forma de discriminación prohibida por la Ley de Protección al Consumidor. La entidad precisó que la decisión de Mapfre carecía de un respaldo técnico objetivo, y que no se trató de una evaluación caso por caso, sino de una limitación generalizada.

Como parte de la sanción, se estableció que la empresa debe diseñar y comercializar un seguro de viaje que incluya a personas mayores de 85 años, presentando para ello la documentación correspondiente ante la SBS. Además, deberá reportar trimestralmente los avances de esta implementación, hasta su puesta en el mercado.

Cómo presentar un reclamo ante Indecopi

Los ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos pueden presentar un reclamo ante Indecopi de manera presencial o virtual. Para hacerlo en una de las sedes físicas, se debe acudir con el DNI, el RUC de la empresa y, de ser posible, pruebas de lo ocurrido, como imágenes, comprobantes de pago o comunicaciones previas con la compañía.

En la ventanilla de atención, un abogado explicará el procedimiento y entregará el formulario correspondiente, que debe completarse con los datos actualizados del reclamante. Luego, el caso se registra y se espera la respuesta de la empresa denunciada. Si esta respuesta no satisface al consumidor o no se recibe contestación, se puede convocar a una audiencia de conciliación, presencial o virtual, en la que Indecopi actúa como mediador.

Si en dicha audiencia no se alcanza un acuerdo, el proceso puede continuar hacia una denuncia administrativa o un arbitraje de consumo.

Indecopi atiende casos en los que se vulneran los derechos del consumidor en diversos sectores. Entre ellos se incluyen los servicios bancarios, financieros y de seguros; telecomunicaciones; transporte de pasajeros; electrodomésticos y servicios técnicos; educación privada y artículos escolares; turismo; entretenimiento; alimentos; hospedaje y restaurantes; así como venta y reparación de automóviles.

En todos estos casos, el objetivo es garantizar que las relaciones de consumo se desarrollen en condiciones de igualdad y transparencia, evitando que prácticas restrictivas o injustificadas limiten el acceso a bienes y servicios.

La Procuraduría General de la Nación dictó sanción disciplinaria contra la coronel (r) Sandra Yaneth Mora Morales, que se desempeñó como comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

El organismo la suspendió e inhabilitó del ejercicio de funciones públicas por un periodo de doce meses, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2196 de 2022.

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En la actualidad, Sandra Mora Morales ocupa el cargo de secretaria de gobierno en el municipio de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander.

La investigación estableció que la oficial, cuando ejerció como uniformada, utilizó expresiones ofensivas y maltrató de manera verbal y física a una patrullera subalterna, acto que vulneró la normativa disciplinaria interna de la Policía Nacional, específicamente lo señalado en el artículo 46-3 del Estatuto Disciplinario.

La conducta fue calificada como falta grave cometida con dolo, por lo que, según la Procuraduría, la coronel debe responder en el ámbito disciplinario.

Durante el proceso se aplicó el principio de proporcionalidad y se consideraron tanto un atenuante como dos agravantes para determinar la sanción.

a excomandante interpuso un recurso de apelación, el cual ahora será evaluado por la Sala Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación.

La denuncia lleva más de un año en investigación

Esta coronel retirada es famosa por ser lesbiana, y porque ha buscado dejar muy clara su orientación en las redes sociales. Ha sido entrevistada en plataformas informativas y de defensa de derechos de la población sexualmente diversa, abanderada de la inclusión en la fuerza pública.

No obstante, los detalles del comportamiento de la también funcionaria municipal han sido señalados por varios uniformados. El sargento retirado del Ejército Nacional de Colombia, Alexander Chala Saénz, en su perfil de X (anteriormente Twitter) conoció pormenores del caso.

“La señora Coronel Sandra Yaneth Mora Morales, viene siendo señalada por varios funcionarios de la Unidad, de ser una persona, grosera, maltratadora y poco humana. Además de estar inmersa en actividades de posibles delitos de administración pública, y en la mala utilización de dineros de contratación, vehículos oficiales e instalaciones policiales”.

Además publicó cómo habría sido el caso de violencia con la subalterna, a quien identificó como “patrullera Carolina”. Este es su relato:

“La noche del 06-02-2024, la señora Coronel atacó de manera física, violenta y verbal a la señora patrullera Carolina, quien cumplía la función de Coes (prensa) y quien la acompañaba en sus actividades diarias, hechos que abrían sido motivados por la filtración de una fotografía donde la oficial hace entrega de unas anchetas al empresario Arbey Duque, entre otros, compradas con dineros de la Metropolitana de Cúcuta. Este hecho se presentó en las instalaciones del Comando, en presencia de varios uniformados, entre los que se encuentra el señor Mayor secretario privado del General Región 5, quien debió intervenir en el mal trato que se estaba presentando”, escribió el sargento.

La uniformada agredida fue incapacitada

Agregó que: “La uniformada, fue trasladada a las instalaciones de Sanidad, en donde fue incapacitada ya que presentaba estado de crisis, ansiedad y parálisis facial de una parte de su rostro. Mediante radicado 467814-20240207, la señorita patrullera denunció y puso en conocimiento de la Dirección los hechos de los cuales fue víctima a través del portal Transaccional de la Policía Nacional Pqrs", narró.

Incluso, denunció que dos días después de la violenta escena, la patrullera recibió una llamada de la teniente Sandra Ardila Gómez, “quien cumple funciones como secretaria privada de la Coronel Sandra Mora, y quien intercede por la misma, argumentándole que fue un momento de rabia”.

La secretario intentó instarla a que retirara su denuncia, “y a cambio será puesta a trabajar donde se sienta cómoda y una vez finalice su ciclo de ascenso, será pedida para continuidad en la unidad;de lo contrario no será tenida en cuenta”.

Incluso contó que una semana después, la víctima, que había solicitado vacaciones, fue contactada por un capitán que ejercía en el momento como comandante jurídico, para citarla a un lugar público en el que llegó con la victimaria para solicitarle que “sea quitada la denuncia ejerciendo una presión psicológica y mental a la funcionaria”.

En México, la responsabilidad del pago de impuestos corresponde a todos los contribuyentes, según lo dispuesto por la legislación fiscal. Los impuestos constituyen el principal medio de financiamiento para los servicios públicos, abarcando sectores como la educación, la salud, la seguridad pública y la infraestructura.

El incumplimiento en esta obligación fiscal puede derivar en consecuencias significativas, entre las que se incluyen sanciones y multas aplicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tanto las personas físicas como las morales que perciban ingresos en México están sujetas a la obligación tributaria. Esta disposición involucra a trabajadores asalariados, empresarios, profesionales independientes e inversionistas.

El marco legal que regula esta obligación está sustentado en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que especifican los lineamientos y procedimientos para el cumplimiento de dichas disposiciones fiscales.

Existen diversas situaciones que pueden originar multas fiscales para los contribuyentes, una de las causas más frecuentes es la no presentación de declaraciones fiscales. Cuando un contribuyente no entrega sus declaraciones de impuestos dentro de los plazos establecidos, queda sujeto a multas por omisión conforme a la legislación tributaria.

La presencia de errores en las declaraciones fiscales constituye otro motivo de sanción. Incluir datos incorrectos o inexactos puede llevar a la imposición de multas, especialmente si las autoridades fiscales determinan que existe una intención deliberada de evasión de impuestos. El no pago oportuno de los impuestos representa un incumplimiento que también puede derivar en multas y en la generación de intereses moratorios, afectando así la situación financiera del contribuyente.

El incumplimiento en la entrega de información solicitada por el SAT u otras autoridades fiscales, dentro del plazo establecido, es otro escenario sancionable con multas. Además, la omisión en la expedición de comprobantes fiscales por las operaciones realizadas por el contribuyente es una falta que puede ser sancionada económicamente, conforme lo establecen las disposiciones fiscales vigentes.

SAT impune distintas medidas a quienes no pagan sus impuestos

La institución puede imponer multas económicas, esto puede variar por día de retraso, tipo de impuesto y de la cantidad que no se omitió pagar. Los contribuyentes también podrían enfrentarse al pago de recargos, intereses o, en casos más extremos, podría haber problemas legales, como el embargo de bienes e inclusión al Buró de Crédito.

Las disposiciones legales respecto al tema se pueden encontrar en el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 81, 82, 83 y 84.

Sin embargo, la situación se tornó incómoda cuando uno de los bailarines cruzó los límites del respeto, un hecho que fue grabado por los asistentes y rápidamente viralizado en redes sociales. El episodio generó gran indignación en el público, quienes cuestionaron la actitud del bailarín y la falta de protocolos del circo.

La Municipalidad de Santiago de Surco, a cargo de la regulación de eventos públicos en el distrito, no tardó en reaccionar y aplicar una multa a la producción del espectáculo. A través de un comunicado oficial, que lleva la frase “En Surco, la integridad de las personas se respeta”, la municipalidad explicó que el circo fue sancionado por una falta de respeto hacia una espectadora, en cumplimiento de la Ordenanza N° 602-MSS, la cual establece las normas de convivencia y seguridad en espectáculos públicos.

La narración de Korina Rivadeneira y su contundente comunicado

Korina Rivadeneira no tardó en compartir su versión de los hechos a través de sus redes sociales, detallando con claridad lo ocurrido durante su visita al Circo de los Dioses. Según relató la actriz, fue invitada varias veces por los integrantes del espectáculo a participar en una coreografía, a lo que inicialmente se negó en tres ocasiones. Sin embargo, accedió por cortesía.

“Nunca pensé que se vulnerarían mis límites”, expresó en su post, resaltando la incomodidad que sintió durante el incidente. La modelo se mostró visiblemente molesta en el escenario y optó por retirarse de inmediato, destacando que su seguridad y bienestar siempre serían lo primero.

En un contundente comunicado, Korina reafirmó su postura frente a lo ocurrido, haciendo un llamado a la sociedad sobre la importancia de respetar los límites en todo momento, sin justificar ninguna conducta inapropiada. La actriz también hizo énfasis en que el respeto hacia las mujeres no depende del contexto ni de su vestimenta, sino que es un derecho que debe ser siempre defendido.

“El respeto no depende del lugar, la ropa ni las decisiones de una mujer. El respeto es un derecho que jamás debería ser negociado”, escribió, cerrando su mensaje con la decisión de no continuar hablando del tema, buscando poner fin al incidente y resguardar su privacidad.

Excusas y medidas de la producción del Circo de los Dioses

Tras el escándalo, la producción del Circo de los Dioses emitió una serie de explicaciones que no fueron bien recibidas por el público ni por la víctima del incidente. En un intento por minimizar la gravedad del acto, un miembro del equipo declaró que los bailarines no sabían quiénes eran las personas invitadas al escenario, ya que el proceso de selección se realizaba al azar entre los asistentes.

Además, se justificó el tocamiento como producto de un “mal giro” durante la coreografía, sugiriendo que la interacción no fue intencional. “Puede ser cruce de un mal movimiento. Bailaste un momento, te quisiste ir a tu sitio y en ese ida y vuelta, acabó en ese momento incómodo”, explicó un integrante de la producción.

Sin embargo, este intento de justificación no fue suficiente para calmar la indignación del público ni de Korina Rivadeneira, quien a través de sus redes sociales rechazó categóricamente lo sucedido. La modelo expresó que su participación en el espectáculo fue aceptada por cortesía, pero nunca imaginó que los límites de respeto serían vulnerados. Ante la falta de una respuesta satisfactoria, decidió retirarse del escenario y abandonar el lugar junto a sus amigas. La actriz enfatizó en su mensaje que el respeto hacia las mujeres no depende del contexto ni de su vestimenta, y que situaciones como esta deben ser condenadas sin excepciones.

El circo, tras la presión mediática y pública, tomó medidas inmediatas y separó al bailarín involucrado en el incidente. En un comunicado posterior, la producción ofreció disculpas públicas a Rivadeneira y reiteró su compromiso con un ambiente de respeto y seguridad para todos los asistentes.

El partido Cambio Radical aplicó una sanción de un año sin voz ni voto a los senadores Temístocles Ortega y Ana María Castañeda por ausentarse en las sesiones donde se definía el voto contra dos consultas populares promovidas por el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con un comunicado oficial del cuerpo político, la medida implica la exclusión de la participación en la próxima votación por la presidencia del Senado.

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La respuesta de Castañeda ya está en las redes sociales y, a juzgar por lo que expresó, no está conforme con la medida del partido. Tanto, que citó en su publicación a la ONU.

“No es la primera vez que Cambio Radical intenta impedir que una mujer llegue a la Mesa Directiva del Senado. Hace dos años lo hicieron con artimañas. Hoy lo hacen amenazando con una sanción, sin agotar el debido proceso dentro del partido", escribió.

Agregó que “son actos sistemáticos que demuestran su intención de coartar el desarrollo pleno de las mujeres en la política. Rechazo estos actos de bajeza. Desde que llegué al Senado he trabajado incansablemente por abrir más espacios de participación política a las mujeres”.

Pero advirtió que “en este caso, lo seguiré haciendo, acogiéndome a mi legítimo derecho a la defensa al apelar esta misógina decisión. Gracias a todos los colegas y partidos que me han expresado su solidaridad. Sigue en firme mi aspiración a la segunda vicepresidencia de Senado. @ONUMujeres @ONUMujeresCol”.

La dura sanción del partido

El documento que emitió Consejo de Control Ético del partido señaló que ambos legisladores incurrieron en deslealtad partidaria y quebrantaron el régimen de bancada al negarse a votar según la línea establecida.

"Al analizar los hechos que motivaron esta queja, se evidencian anexos de diversas noticias publicadas por distintos medios de comunicación en las cuales se informan de manera pública de sus relaciones fraternales con Temístocles Ortega, líder político y que Ana María Castañeda se ausentara al momento de la votación normativa a los intereses adoptados por el Partido Cambio Radical y defendiendo los intereses de Gobierno Nacional; por tal razón, desde la Secretaría del Consejo de Control Ético se procedió a la apertura del expediente", se lee en el documento.

La sentencia se tomó luego del análisis de pruebas, publicaciones en medios y registros de las sesiones, donde se comprobó la ausencia de Ortega y Castañeda en la plenaria del 18 de junio de 2025.

El senador Ortega, a su vez, manifestó que su presencia en el recinto no supone desacato al régimen de bancada y defendió la interacción con otros congresistas como parte del debate parlamentario, informó Cambio Radical.

En los descargos de Ana María Castañeda, citados por el documento de la sanción, se lee:

“(...) En el momento en que el presidente de la corporación iba a votar, yo no me encontraba en el recinto, me encontraba en la oficina, porque me tocó salir por un tema familiar urgente. No me ausenté para sabotear la votación, como se está diciendo, ni estoy en contra de la línea del partido. Entiendo la importancia de votar conforme a los principios del partido, pero ese día fue una situación excepcional. No tengo ningún acuerdo con el Gobierno, ni tampoco he recibido presiones. Siempre he actuado con independencia y conforme a mi conciencia. Estoy dispuesta a acatar las decisiones del partido y continuar defendiendo nuestras ideas con total compromiso”.

Pese a ello, la instancia disciplinaria de Cambio Radical ratificó la sanción, subrayando que la postura del voto ‘no’ a la consulta popular se comunicó de manera concertada a toda la colectividad.

Lo que se viene para los congresistas

Las sanciones entran en vigencia al comenzar la última legislatura del periodo presidencial que culmina con el mandato de Gustavo Petro, e incluyen la exclusión de los sancionados de la elección de la mesa directiva en el Senado.

El partido indicó que los afectados pueden apelar ante el comité central durante los próximos cinco días hábiles para intentar recuperar sus derechos de participación parlamentaria en la próxima legislatura.

La voz de GH arrancó fuerte pidiéndoles orden a los participantes. “Silencio, por favor. Hace pocos días me dirigí a ustedes para explicarles el protocolo a seguir en caso de que escucharan gritos provenientes del exterior de la casa”, comenzó diciendo.

“Uno de los puntos esenciales de este protocolo, tal como les comenté en aquella oportunidad, tiene que ver con la prohibición de hablar o hacer cualquier referencia entre ustedes acerca del grito escuchado. No obstante este fin de semana comprobé en varias ocasiones que incumplieron esta orden. Por lo tanto, les notifico que habrá sanción”, expresó, mientras las caras de Keila, Andrea, Luca, Giuliano y el resto iban cambiando.

La comida, siempre centro de las discordias, fue tomada para castigar a los concursantes. “Primero, déjenme recordarles que mañana contarán con el 25% del presupuesto para la compra en el supermercado, debido al abandono grupal de la prueba del jueves pasado. Ahora, a raíz de esta nueva falta, quiero informarles que para la compra de la semana que viene contarán solo con el 50% del presupuesto en caso de que ganasen la prueba. Pero escuchen con mucha atención. Si llegaran a perderla, nuevamente contarán con un 25%. Esto, señores, no termina aquí. Les pido silencio y escuchen bien”, lanzó.

“A esta sanción que acabo de anunciarles, por desobedecer mi orden con respecto a los gritos, les voy a sumar otra. Durante toda una semana desde este mismo momento no podrán hacer uso del gimnasio. ¿Está claro? Y espero que de ahora en más no me hagan repetir disposiciones e indicaciones que habían sido formuladas con toda claridad anteriormente. Comprendan que hay un reglamento y protocolos que se deben respetar. Buenas noches”, concluyó, mientras las expresiones de preocupación y de molestia abundaban.

“Una cagada detrás de otra”, se quejó Brian, mientras que otra de sus compañeras aprovechó la oportunidad para ironizar con la clausura del gimnasio. “No vas a poder ir a entrenar”, le lanzó, mientras Sandra, una de las encargadas de cocinar, se mostraba pensativa con el reducido dinero con el que contarán los próximos días.

De vuelta al estudio, el conductor aclaró que el dejarlos sin poder entrenar, en una casa en donde son varios los que descargan tensiones y forjan sus músculos, era un tema serio. “Mañana el gimnasio se lo van a sacar. No van a estar las pesas, las máquinas y nada de eso”, pormenorizó.

El “protocolo antigritos” implementado por la producción de Gran Hermano establece reglas estrictas que los participantes deben seguir cuando escuchan gritos provenientes del exterior de la casa, generalmente de fanáticos que buscan influir en el juego o hacer comentarios sobre los concursantes.

El reglamento indica que los jugadores tienen prohibido interactuar con las personas que gritan desde afuera. Si escuchan algo mientras están en el jardín, deben regresar de inmediato al interior de la casa y cerrar la puerta. Además, está totalmente prohibido hablar sobre lo que hayan escuchado.

El incumplimiento de estas normas podría derivar en sanciones severas para los participantes, según lo estipulado por la producción del reality. Este protocolo busca preservar la dinámica interna del juego y evitar que información externa afecte el desarrollo del concurso.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un comunicado en que confirmó que se impuso una multa superior a los $3.000 millones a la empresa de telecomunicaciones, Movistar, por implementar una estrategia que limitó el derecho de sus usuarios que decidieron adquirir el plan prepago a cambiar de operador entre el 2021 y 2023.

La sanción fue anunciada este 2 de julio en Bogotá, tras una investigación que determinó que Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar) diseñó e implementó el programa denominado ‘Bono Fidelización Prepago Siempre Conectado’.

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Según la entidad, este mecanismo generaba una deuda ficticia de $1.500 a los usuarios de servicios prepago, lo que se utilizaba como causal de mora para rechazar solicitudes de portabilidad numérica.

El programa estuvo vigente desde el 4 de enero de 2021 hasta el 17 de febrero de 2023. Durante este periodo, la compañía ofreció a sus clientes prepago la posibilidad de acceder a un bono de 10 minutos de llamadas y 100 MB para WhatsApp, con un costo de $1.500, siempre que realizaran recargas mensuales iguales o superiores a $18.000 o $20.000 en paquetes o reactivaciones del servicio Todo En Uno.

El bono era presentado como un beneficio que sería liberado en su totalidad al final del mes si el usuario permanecía en el servicio prepago. Sin embargo, la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones concluyó que la verdadera finalidad del programa era retener a los usuarios.

Al intentar cambiar de operador, los clientes descubrían que su solicitud de portabilidad había sido rechazada por una supuesta deuda pendiente de $1.500 pesos, correspondiente al bono otorgado. En la mayoría de los casos, los usuarios no reconocían el origen de esta obligación.

La investigación determinó que la deuda solo se hacía exigible cuando el usuario solicitaba la portabilidad numérica, momento en el que Movistar alegaba la existencia de una mora para impedir el cambio de operador.

De acuerdo con la Superintendencia, esta práctica creó una barrera artificial e injustificada en el proceso de portabilidad, condicionando el derecho de los usuarios a cambiar de proveedor al pago de un valor que no correspondía a una contraprestación clara, informada ni aceptada previamente. La autoridad calificó la estrategia como una represalia comercial que distorsionó las reglas del mercado y afectó directamente el derecho de los usuarios a elegir y cambiar libremente de operador.

La Superintendencia reiteró su compromiso con la protección de los consumidores en el sector de las comunicaciones y anunció que continuará con la inspección, vigilancia y control para evitar prácticas similares.

Sobre la decisión de la Superintendencia, Movistar tiene la posibilidad de interponer recurso de reposición ante la directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, así como recurso de apelación ante la delegada para la Protección del Consumidor.

La SIC anunció millonaria sanción a Postobón por vender gaseosas con menos contenido

Con $134 millones a la empresa Postobón S.A. la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó la empresa Postobón S.A., al comprobar irregularidades en el suministro de las bebidas gaseosas con respecto a los mililitros que se registran en las botellas para satisfacción del consumidor.

La decisión se conoció por medio de un comunicado el viernes 20 de junio.

“Con el firme propósito de proteger a los consumidores colombianos y garantizar transparencia en los productos que llegan a sus manos, la Superintendencia de Industria y Comercio identificó irregularidades metrológicas en un producto de consumo masivo ampliamente distribuido en el país: la Gaseosa Colombiana, en presentación de botella por 350 ml, producida por la sociedad Postobón S.A.”, indicó el comunicado de la SIC.

La situación se conoció luego de que la planta de embotellamiento de la compañía en el municipio de Bello, Antioquia, recibiera una inspección técnica.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer la sanción al jugador Radamel Falcao García por sus declaraciones subidas de tono el 19 de junio luego de la pérdida ante Independiente Santa Fe en la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025.

De acuerdo con lo que establece el artículo 72 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), se informó por medio de la resolución 065 de 2025 que el samario deberá asumir la siguiente sanción.

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“El Comité decidió sancionar al señor Radamel Falcao García Zárate, jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A., con suspensión de cuatro (4) fechas y multa de quince (15) SMLMV, equivalentes a veintiún millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos pesos ($21.352.500), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 72 del CDU de la FCF, en la conferencia de prensa del partido disputado por la 6ª Fecha de Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025, entre el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. y el Club Independiente Santa Fe S.A.“.

La penalización causó reacciones, entre ellas, la del periodista Carlos Antonio Vélez, que fue uno de los primeros en reaccionar tras las declaraciones que hizo el hombre de Millonarios contra la terna arbitral del campeonato.

En la publicación realizada en su cuenta de X, el comunicador, a comparación de otras opiniones, aseguró que la decisión estuvo basada en el reconocimiento del implicado, y apeló a la imagen poco favorable, del máximo ente regulador del fútbol profesional colombiano.

“Con la sanción que le impusieron a @FALCAO parece quedar claro que los señores de la comisión de la @Dimayor interpretaron sus afirmaciones como un “elogio” al torneo y similares por la importancia del personaje… guante de seda y justicia con excepciones no es la vía.. ¡Por eso es que nadie los respeta!”.

Es importante recordar que Vélez fue uno de los que critico la forma de reaccionar del el Tigre luego de que tuevienran en sus manos el paso a la gran final. En otra de sus publicaciones señalo que ese tipo de presentaciones a nivel nacional inciden en los menores de edad que lo consideran un ídolo deportivo: “Qué cultura deportiva tan constructiva y edificante la de nuestros “ídolos” futboleros… cuando pierden es que “les robaron”… mal ejemplo para los niños que ya de hecho solo tienen ese espejo para mirarse afuera de la familia”.

Además de las palabras del goleador de la selección Colombia, uno de los actos que más causo malestar fue el plauso de los asistentes a la rueda de prensa, que al término de las declaraciones aplaudieron la intervención: “A un hombre como @FALCAO se le ven peor las disculpas que solo las aplauden los aduladores de turno”.

Rueda de prensa

El periodista Cristian Pinzón, de Caracol Radio, indagó a Falcao García por su análisis del encuentro. El delantero, visiblemente molesto, respondió sin reservas:

“Déjenme decir esto: así me den cincuenta mil fechas de sanción y no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era todo en nuestra contra y cuando había que revisar nunca revisaban, y que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno que le hicieron a Sergio Mosquera y el otro a Santiago Giordana, nos robaron todo el torneo. Y digo esto, así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, a la mierda. Todo el torneo fue en contra de Millonarios, y después dicen que le quieren regañar el torneo a Radamel. ¿Qué estupidez están diciendo? Pero ante la duda siempre fue en contra de Millonarios”, expresó el jugador.

Un nuevo capítulo judicial cierra de manera definitiva el proceso administrativo contra Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa Triple A de Barranquilla, tras decisión del Consejo de Estado. En una sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, el alto tribunal ratificó la sanción disciplinaria que lo inhabilita por 12 años para ejercer cargos públicos y confirmó la multa por más de $33.000 millones de pesos, impuesta por la Procuraduría General de la Nación.

La decisión se produjo luego de que Navarro interpusiera una demanda buscando la nulidad de las sanciones impuestas por el órgano de control en 2018. En su recurso, el exfuncionario también solicitó eliminar del registro la anotación disciplinaria, archivar el proceso de cobro coactivo y obtener una indemnización por perjuicios morales equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv).

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No obstante, el Consejo de Estado fue claro al desestimar todas sus pretensiones, respaldando la actuación del Ministerio Público y validando la competencia de esta entidad para sancionarlo disciplinariamente.

El fallo se apoya en los hechos investigados durante una extensa indagación que inició en agosto de 2017, cuando una denuncia anónima llegó a la Procuraduría alertando sobre presuntas irregularidades cometidas en la empresa prestadora de servicios públicos durante la administración de Navarro. La pesquisa se centró en el periodo comprendido entre febrero de 2008 y diciembre de 2016, específicamente en la ejecución del contrato de asistencia técnica suscrito entre Triple A e Inassa, filial latinoamericana de la española Canal de Isabel II.

Como parte de ese proceso, se creó una comisión disciplinaria especial para evaluar a fondo las decisiones administrativas adoptadas durante ese tiempo. A partir de los hallazgos, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Navarro, señalándolo de “apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”.

Uno de los elementos más contundentes en el caso fue la forma como, bajo su gerencia, Inassa recibía mensualmente el 4,5% del recaudo de los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado, a cambio de una supuesta asistencia técnica que, según la investigación, nunca se prestó. Ese mecanismo, documentado por los entes de control, habría facilitado la apropiación de dineros públicos por parte de la empresa extranjera, con afectaciones directas al patrimonio del Distrito de Barranquilla.

El Consejo de Estado consideró que no existieron irregularidades en el proceso disciplinario y que los derechos del investigado fueron respetados. Con base en los hallazgos, decidió mantener en firme tanto la multa por $33.332.000.000 como la inhabilidad de 12 años para ejercer funciones públicas, como ya se había mencionado, y también reconoció la legalidad del actuar de la Procuraduría.

Además de esta sanción, Navarro enfrenta otras consecuencias administrativas. En un proceso paralelo, también fue inhabilitado por 18 años, como resultado de otro expediente disciplinario en el que se le acusó de aprobar y certificar pagos correspondientes a servicios no ejecutados y de facilitar maniobras contractuales irregulares.

En ese procedimiento, ya se le había impuesto una segunda multa, esta vez por $722.430.308, debido a que, bajo su dirección, la empresa Larco Ltda recibió recursos por $361.215.154, que debían ingresar a las finanzas de la capital del Atlántico en calidad de utilidades y regalías durante 2015.

Junto a Navarro, el Ministerio Público sancionó a Julia Margarita Serrano, que se desempeñaba como gerente financiera de Triple A en el mismo periodo investigado. Su responsabilidad disciplinaria también fue determinada ante las decisiones administrativas que permitieron la pérdida de recursos públicos en favor de empresas privadas.

En el plano penal, la situación de Navarro también tiene importantes desarrollos, ya que el 13 de febrero, la Corte Suprema de Justicia decidió modificar la condena en su contra, reduciéndola de 190 a 127 meses y 9 días de prisión. A pesar de esa rebaja, el exgerente permanece privado de la libertad, cumpliendo su pena en su lugar de domicilio.

Según reportes judiciales, solo ha reintegrado $900 millones de los aproximadamente $27.000 millones que habrían sido desfalcados a la empresa durante su administración.

Fallo emitido por el Consejo de Estado en relación con el exgerente de la empresa Triple A

La Procuraduría General de la Nación suspendió por seis meses a Liliana Quiroz Aguas, exdirectora de la Corporación de Desarrollo Sostenible para el San Jorge y la Mojana (Corpomojana), por su responsabilidad en la suscripción y planeación irregular de dos contratos de alto valor durante su gestión.

En un fallo de primera instancia, el Ministerio Público demostró que Quiroz Aguas firmó el contrato 038 de 2020 por $3.475 millones para labores de mantenimiento en 2.226 hectáreas de plantaciones forestales, sin contar con estudios técnicos ni financieros que sustentaran adecuadamente la ejecución del proyecto.

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Además, en 2021, año en el que ya estaba siendo señalada por presunta corrupción en medios locales, suscribió un segundo contrato por $2.490 millones con el mismo objeto, esta vez para intervenir 1.434 hectáreas.

En este caso, la Procuraduría evidenció que “los estudios de mercado eran difusos y ajenos a la realidad”.

Según la Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, las faltas cometidas fueron calificadas como gravísimas, cometidas a título de culpa grave.

Aunque actualmente la sancionada no ocupa el cargo, la suspensión se traduce en la inhabilidad para ejercer funciones públicas y en la obligación de pagar el equivalente a seis meses de salario que percibía en el momento de los hechos.

“Los contratos fueron suscritos sin soportes serios ni responsables, lo cual compromete los principios de planeación y responsabilidad fiscal”, concluyó el fallo. La decisión puede ser apelada ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.

Procuraduría inhabilita por 10 años a interventor del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Vélez por incumplimientos graves

La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de inhabilidad por 10 años y multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a Pedro Mauricio Beltrán Dulcey, un ciudadano que fungió como interventor del contrato para la construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Vélez, Santander.

La decisión se tomó tras evidenciar “serias deficiencias” originadas por la falta de exigencia en la calidad de los bienes y materiales utilizados, así como en la correcta ejecución del proyecto.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Beltrán Dulcey, en su papel de interventor, no realizó un seguimiento adecuado ni demandó los estándares debidos durante el desarrollo de la obra, cuyo valor supera los 27 mil millones de pesos.

Como resultado de estas omisiones, varios tramos presentaron fallas “en 2021 y 2022 y, debido a las deficiencias en la calidad del pavimento, este debió ser levantado y renovado por presentar disgregación y desintegración, baches, fisuras longitudinales y hundimientos”.

La Procuraduría calificó la falta disciplinaria del interventor como “gravísima con culpa gravísima por desatención elemental”, y destacó la responsabilidad directa en el deterioro prematuro de la obra pública y el perjuicio para la comunidad de Vélez. Contra la decisión cabe recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.

Procuraduría investiga a funcionarios de la Gobernación del Cesar por manejo de vehículo de bomberos

La Procuraduría también inició indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Gobernación del Cesar, a raíz de posibles incumplimientos en sus deberes relacionados con la gestión del carro de bomberos escalera de Valledupar.

El proceso busca establecer las razones por las que este vehículo de rescate no prestó apoyo durante el grave incendio ocurrido en el conjunto residencial Villa Bolivariana días atrás, situación que, según denuncias, estaría relacionada con la falta de mantenimiento preventivo y correctivo del automotor.

El organismo señaló que se encuentra verificando la legalidad y el destino de los recursos invertidos por la gobernación para la compra del vehículo, así como para las pólizas Soat, y si existen operadores debidamente calificados para conducirlo.

“La entidad verifica los motivos por los cuales el carro escalera de bomberos de Valledupar no atendió un grave incendio en el conjunto residencial Villa Bolivariana en días pasados, presuntamente por falta de mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo de rescate”, indicó oficialmente la Procuraduría.

La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente al exalcalde de Yopal Luis Eduardo Castro, tras una polémica declaración en la que invitó a los hombres del municipio a “consumir producto colombiano”, en referencia a trabajadoras sexuales migrantes.

La sanción consiste en tres meses de suspensión e inhabilidad especial que, debido a que el exfuncionario ya no ocupa el cargo, se convierte en una multa equivalente al valor salarial que percibió en su puesto y una inhabilitación temporal.

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Es decir, la sanción dictada por el ente de control se traduce en una multa equivalente a tres meses del salario que devengaba el exalcalde para la época de los hechos.

El hecho ocurrió años atrás, durante una rueda de prensa el 6 de abril de 2021, cuando Castro utilizó dicha expresión al abordar temas relacionados con la prostitución en la ciudad.

Aun así, con la respectiva investigación, de acuerdo con el pronunciamiento del Ministerio Público, la frase aún “constituye un acto de violencia y discriminación contra la mujer por cuanto degrada su calidad o condición de ser humano a la de un producto o cosa objeto de consumo”.

La Procuraduría advirtió que la exhortación no solo degradó la dignidad de las mujeres, sino que también discriminó a las extranjeras que ejercían el trabajo sexual en Yopal.

El organismo indicó que esta conducta fue catalogada como grave y actuada con dolo, según lo establecido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3.

Contra esta decisión, procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

Procuraduría destituyó a patrullera de la Policía por agredir físicamente a ciudadano

La Procuraduría General de la Nación comunicó el 25 de junio que destituyó e inhabilitó por un periodo de diez años a la patrullera de la Policía Nacional, Érika Judith Pérez Romero, a raíz de una agresión física cometida contra un ciudadano durante un procedimiento de registro.

Según la decisión de primera instancia, la funcionaria utilizó “excesivamente la fuerza y su arma de dotación”.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos se presentaron mientras Pérez Romero practicaba un registro a Juan Sebastián Nova en las cercanías del humedal JuanAmarillo,o en Bogotá.

“Abusó de su posición de autoridad y lo golpeó en su rostro con el arma de dotación bastón tonfa”, determinó el Ministerio Público tras investigar la situación.

El fallo de la Procuraduría Distrital de Juzgamiento recalcó que la patrullera desconoció los límites legales y los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad que rigen el ejercicio de la función policial.

En consecuencia, la conducta de la servidora pública fue calificada como “gravísima, a título de dolo”.

Exdirectora de Corpomojana fue sancionada por irregularidades en contratos millonarios

La Procuraduría General suspendió por seis meses a Liliana Quiroz Aguas, exdirectora de la Corporación de Desarrollo Sostenible para el San Jorge y la Mojana (Corpomojana), al encontrarla responsable de suscribir dos contratos sin respaldo técnico ni financiero adecuado, cuyo valor conjunto supera los $5.900 millones.

Según el fallo de primera instancia, la exfuncionaria firmó en 2020 un contrato por $3.475 millones para labores de mantenimiento en más de 2.200 hectáreas de plantaciones forestales.

Al año siguiente, aprobó otro contrato con el mismo objetivo, esta vez por $2.490 millones y para intervenir 1.434 hectáreas.

En ambos casos, la Procuraduría evidenció la falta de estudios técnicos sólidos y de análisis de mercado confiables. “Los estudios de mercado eran difusos y ajenos a la realidad”, indicó el Ministerio Público.

La Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 consideró que las faltas fueron gravísimas y cometidas con culpa grave.

Aunque Quiroz ya no ocupaba el cargo al momento del fallo, la sanción implica su inhabilidad para ejercer funciones públicas durante seis meses y la obligación de devolver el equivalente a su salario en ese mismo periodo.

En ese tifo se veía a tres niños, uno por encima vestido de verde riéndose, representando al Racing, y otros dos, de rojo y azul, del Sporting y el Oviedo, que salían llorando.

Fuentes del club confirmaron este viernes a EFE esta propuesta de sanción en un partido que fue declarado de alto riesgo.

El pasado 15 de mayo, el CSD ya propuso una sanción de 20.000 euros al Racing "por permitir desplegar un tifo incitador al odio", ya que según resaltaba era "claramente incitador del odio o rivalidad entre aficionados".

En la resolución de esa comisión, se señaló que hubo deficiencias por parte del Racing en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores "al no impedir que se introdujesen y, posteriormente, se exhibiesen varias pancartas de grandes dimensiones sin la preceptiva comunicación previa". EFE

ksm/lcj/cmm

En el inicio del Mundial de Clubes, en el que se registró la polémica sanción contra Ander Herrera y Jorge Figal, futbolistas de Boca Juniors que no podrán jugar los próximos cuatro partidos de la competición, ha provocado que se recuerden las sanciones disciplinarias más fuertes de la historia.

Uno de los casos más recordados es el de Luis Suárez, que en el Mundial Brasil 2024 mordió a uno de sus rivales y como castigo no pudo competir durante nueve partidos con la selección de Uruguay.

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De la misma forma, se recordaron historias inéditas que se registraron en torneos mundiales, siendo la interrupción del jeque de Kuwait, durante el partido entre esta nación y Francia del mundial de 1982, una resaltada.

En esa ocasión, tras un gol de Francia, Fahid Al-Ahmad bajó del palco y pidió a sus compatriotas salir del terreno de juego; sin embargo, debido a que los futbolistas le indicaron al árbitro que antes del gol escucharon un silbato, el colegiado decidió anular la anotación y seguir el partido.

La peor sanción de la historia

Precisamente, otra nación de Medio Oriente fue protagonista de un hecho inédito en la historia de los mundiales, puesto que en la participación de Irak en México 1986, en el que enfrentó al equipo local, Bélgica y Paraguay, uno de sus jugadores escupió al árbitro colombiano Jesús Díaz.

El hecho se registró en el partido entre Irak y Bélgica, siendo el defensor Samir Shaker el que decidió escupir al cafetero, que tomó la decisión de limpiarse y no sancionar con ninguna tarjeta al infractor.

Sin embargo, para marcar un precedente, la FIFA decidió que el accionar de Shaker no podía quedar impune y decidió sancionarlo con un año sin poder disputar un partido oficial.

Hasta la fecha, sin contar sanciones por temas como apuestas o doping, el castigo contra Shaker sigue siendo el más largo en ser impuesto por la Federación Internacional.

No fue la única historia del colombiano en el mundial de 1986

Debido a su buena presentación en la fase de grupos, el árbitro colombiano fue premiado con la posibilidad de dirigir el encuentro entre México y Alemania de los cuartos de final.

Este compromiso se registró en el estadio Universitario de Monterrey, en donde el equipo local buscaba dar la sorpresa y eliminar a los teutones, que tenían a figuras como Harald Schumacher, Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Felix Magath y Karl-Heinz Rummenigge en su plantilla.

Jesús Díaz fue elogiado por la prensa mexicana por expulsar al minuto 65 a Thomas Berthold, pero cinco minutos después anuló un gol de Francisco Cruz por una presunta falta, que evitó que la Tri ganara el encuentro.

Tras el tiempo reglamentario, México y Alemania igualaron y el paso a la semifinal se disputó mediante una tanda de penales que fue ganada por los europeos, que llegaron hasta la final del mundial.

En México culparon al colombiano por la eliminación, en el aeropuerto de Monterrey lo llamaron ladrón, hasta el punto de que el cafetero decidió confrontar a un aficionado y tuvo que ser sujetado por sus compatriotas.

En el vuelo la presión contra Díaz continuo: “Pique, pique, pique, que el árbitro lo mastique”, cantaron los mexicanos durante el viaje, Pique era la mascota del Mundial, un chile con bigote y sombrero de mariachi.

El riesgo de que Díaz fuera agredido por algún pasajero provocó que se tomara la decisión de trasladarlo hasta la cabina de mando. En 2017, 31 años después, Díaz habló ante la prensa y culpó a los jugadores mexicanos por la eliminación.

“Yo me fui muy feliz de México. México hubiera ganado ese partido si los jugadores mexicanos hubieran aprovechado esa superioridad numérica, si no hubieran pateado tan mal la ejecución los tiros del punto penal, seguramente yo hubiera avanzado más como árbitro”.

Dias, que fue subcampeona del mundo en 2021 en K2 200 mixto y el año pasado ganó la plata mundial en K2 200 y el bronce en K4 500 mixto, dio positivo por DHCMT (Dehidroclormetiltestosterona), una droga sintética prohibida, que imita la actividad de la testosterona en el organismo y potencia el crecimiento muscular y la fuerza.

Desde la notificación del positivo, el 26 de septiembre de 2024, la atleta estaba suspendida de forma provisional y no presentó recurso.

La ITA explicó que la sanción de cuatro años está vigente desde el 30 de mayo de 2025 y se prolongará hasta el 29 de mayo de 2029 e incluye la descalificación de sus resultados a partir del 25 de agosto de 2024, incluidos los individuales de los últimos campeonatos del mundo de sprint. EFE

Con más de 11 millones de pernoctaciones en 2023 y una ocupación hotelera media del 83%, según datos de Hosbec, Benidorm continúa siendo uno de los destinos turísticos más visitados de Europa. En particular, atrae a un elevado número de turistas procedentes del Reino Unido, pues cada año, más de 800.000 británicos visitan la ciudad, sin contar a aquellos que residen allí de forma permanente.

Sin embargo, la nueva advertencia que acaba de lanzar el Ayuntamiento de Benidorm a los visitantes marcará un antes y un después en uno de los atractivos más icónicos de la ciudad: los scooters eléctricos de cuatro ruedas. Y es que, entre el turismo de jubilados europeos y los residentes mayores de 45, que suman el 60% de la población, han puesto en tendencia el vehículo que ya forma parte de la normalidad de sus calles.

Según ha detectado la institución, se ha observado un aumento en los alquileres sin necesidad de que sus conductores tengan alguna necesidad especial de movilidad, algo insólito, ya que los scooters se diseñaron específicamente para personas mayores o con problemas de movilidad. No obstante, muchos visitantes los alquilan como alternativa lúdica o para desplazarse por la ciudad sin caminar. Por este motivo, el ayuntamiento se ha puesto firme ante aquellas personas que hagan un uso indebido del vehículo y han actualizado la normativa con la que se podrá sancionar a los conductores.

“Si no tiene permiso para uno, es mejor no usarlo para evitar una multa”

En Benidorm existen más de una decena de negocios dedicados a alquilar scooters eléctricos de cuatro ruedas, pero la normativa municipal es clara: “para alquilar un patinete eléctrico es necesario ser mayor de 55 años o tener una discapacidad comprobada para caminar”, algo que no siempre se ha aplicado. Además, los contratos de alquiler establecen obligaciones precisas: portar siempre el contrato durante su uso, no circular por pendientes superiores al 5% y evitar llevar a más de un pasajero por vehículo. Desde las empresas de alquiler también se lanzan advertencias. Amigo24, una de las más conocidas, aconseja a sus clientes: “Nunca dejes la llave al bajar del patinete. Tu seguro no te cubrirá en caso de robo”.

Ahora, el Ayuntamiento ha tomado medidas tras recibir un número creciente de quejas sobre turistas que conducen estos scooters sin la documentación adecuada y a velocidades peligrosas. La respuesta institucional ha sido contundente: “el uso de scooters de movilidad está estrictamente limitado a quienes realmente lo necesitan”, recuerdan desde el consistorio, subrayando que infringir la normativa puede suponer multas de hasta 500 euros.

Lee Cartwright, especialista en movilidad de Mobility Solutions Direct, ha explicado ante Mirror el origen del conflicto: “Los scooters de movilidad están diseñados para personas con dificultades para caminar. Si puede caminar con seguridad sin uno y no tiene permiso para uno, es mejor no usarlo para evitar una multa”. El experto recuerda además que “es importante que quienes necesiten usar un scooter de movilidad respeten el límite de velocidad, que es de 6,5 km/h en la acera”. Mientras que los vehículos de clase 3, que están autorizados para circular por carretera, pueden alcanzar los 13 km/h.

Del mismo modo, Cartwright señala que esta práctica se ha vuelto habitual entre ciertos visitantes: “La mayoría de quienes usan una patineta sin permiso son jóvenes británicos que usan el vehículo para salir de fiesta en lugar de pagar un taxi”. No obstante, esta temporada, con la llegada de la temporada alta, el Ayuntamiento de Benidorm intensificará la vigilancia para frenar este uso indebido y garantizar la seguridad vial y peatonal en la ciudad.

Las mascotas son animales contingentes, es muy difícil prevenir sus movimientos. Se inquietan, se desplazan, quieren acercarse a ti con regularidad. Es complejo mantenerlos relajados durante los trayectos en coche, en especial si se trata de viajes largos.

Por ello es importante tomar medidas para no poner en riesgo la conducción como no llevar a tu perro en el asiento delantero, sobre todo si van sueltos.

Distracciones, falta de concentración, estar pendiente de tu mascota en vez de la carretera, que se asusten y hagan un movimiento brusco. Estos pueden ser algunos de los motivos que pongan en peligro la seguridad vial.

¿Cómo lo interpretan las autoridades?

Las autoridades establecen que puede ser causa de sanción cualquier actitud imprudente que por parte de los usuarios ponga en riesgo la seguridad. Lo pone en el Art. 18 del RGC:

“El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos”.

La norma explica como las mascotas no deben entorpecer la conducción del usuario. Es una apelación directa a tener en cuenta la forma en la que transportamos a nuestros animales. Si un agente de tráfico considera que estas descuidando este requisito podría interponer una multa.

Tipos de multas

Llevar suelto al animal en el vehículo podría resultar en una multa de unos 100 a 200 euros, sobre todo si tu mascota se encontraba en el asiento del copiloto. Sin embargo, si las autoridades lo consideran pertinente, la sanción podría ascender hasta 500 euros. Esta es una medida utilizada en casos de alto peligro e imprudencia. En los casos más drásticos podría suponer la pérdida de hasta 6 puntos en el permiso de conducción.

¿Cómo debes llevar a tu mascota entonces?

La Dirección General de Tráfico ofrece consejos sobre como llevar a tu perro en un vehículo. Entre los puntos más importantes podemos destacar:

En primer lugar, el animal siempre atado al asiento para impedir que se desplace de manera brusca. Esto significa que al igual las personas, los animales deberán usar cinturón de seguridad y deberán ser colocados en los asientos traseros.

En segundo lugar, el uso de arneses o trasportín, que aún permitiendo la movilidad del animal, lo sujete previniendo posibles riesgos.

El uso de rejas en la parte trasera solo es recomendable si se utiliza como un extra en la seguridad junto con el transportín. En el caso de que tu perro sea de un tamaño grande la mejor opción es utilizar el transportín anclado al asiento trasero, en sentido transversal a la marcha y con anclajes similares a los de las sillas infantiles que se pueden fijar en las ranuras.

Por otro lado, en el caso de necesitar más recomendaciones, la Fundación RACE y Babyauto han realizado un informe que busca concienciar a los dueños de mascotas sobre los posibles riesgos de sus perros en la carretera. De entre sus recomendaciones encontramos una llamada de atención a nunca dejar sueltos en el vehículo a los animales, así como encerrados.

Es importante, antes de viajar con animales hacer una previsión de todo lo que puedan necesitar: cartilla de vacunación, objetos habituales, trasportín, arnés. De esta manera se evitarán los posibles contratiempos, reduciendo el riesgo y propiciando una conducción colectiva más segura.

La Comisión Europea ha anunciado este lunes una multa de 329 millones de euros a Glovo y Delivery Hero por violar las reglas de competencia de la Unión Europea con prácticas abusivas como el intercambio de información sensible o pactos para no contratar empleados de la otra firma o repartirse los mercados dentro del espacio económico europeo.

Bruselas sitúa el inicio del cártel entre dos de las principales marcas del sector del reparto de comida a domicilio en julio de 2018, cuando Delivery Hero adquirió una parte minoritaria de Glovo, y establece que las prácticas dejaron de ser punibles en julio de 2022, cuando Delivery pasó a tener el control total de la compañía española.

La Comisión les acusa de haber retirado "progresivamente" durante ese periodo de cuatro años las "restricciones competitivas" que existían entre las dos empresas para reemplazarlas "por una coordinación anticompetitiva de múltiples capas".

Por ello, los servicios comunitarios imponen una multa de 223,2 millones de euros a Delivery Hero y otros 105,7 millones a Glovo; tras aplicarles un 10% de reducción en la sanción por reconocer su participación en el cartel y asumir la responsabilidad.

En concreto, la Comisión castiga tres infracciones, incluidas las cláusulas recíprocas para impedir que una compañía reclutara personal de la otra firma; un pacto que inicialmente abarcaba unas categorías concretas de empleados pero que después se fue ampliando también hasta tener un impacto generalizado sobre casi la totalidad de la plantilla.

El segundo campo de infracción tiene que ver con el intercambio de información sensible como políticas de precios, estrategias de venta, costes o capacidad de producción, con el objetivo de "alinear" sus dinámicas y poder así "influir" en los mercados europeos de la distribución de comida a domicilio.

Finalmente, la tercera práctica que Bruselas castiga por abusiva se refiere a los acuerdos para dividirse los mercados nacionales de la venta online de alimentos en el Espacio Económico Europeo (EEE), incluido evitando la entrada de la otra en sus respectivos mercados nacionales o coordinando la entrada en otros en los que hasta ese momento ninguna de las dos tenía presencia.

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En concreto, Bruselas impone una sanción de 105,7 millones de euros a Glovo y de 223,3 millones de euros a Delivery Hero, según ha informado la institución en un comunicado.

Ambas multas llevan incluida una reducción del 10 % porque las dos empresas implicadas reconocieron durante la investigación las prácticas ilegales.

El comportamiento contrario a las normas europeas comenzó en julio de 2018, cuando la firma alemana Delivery Hero adquirió una participación minoritaria de Glovo, y finalizó en julio de 2022, cuando la primera se hizo con el control total de la compañía de reparto con sede en Barcelona, precisa la CE. EFECOM

En concreto, Bruselas impone una sanción de 105,7 millones de euros a Glovo y de 223,3 millones de euros a Delivery Hero, según ha informado la institución en un comunicado en el que también detalla que ambas multas llevan incluida una reducción del 10 % porque las dos empresas implicadas reconocieron durante la investigación las prácticas ilegales.

El comportamiento contrario a las normas europeas comenzó en julio de 2018 cuando la firma alemana Delivery Hero, adquirió una participación minoritaria de Glovo, y finalizó en julio de 2022 cuando la primera se hizo con el control total de la compañía de reparto con sede en Barcelona, precisó la Comisión. EFE

El expiloto alemán de Fórmula 1 y campeón del mundo en 2016 Nico Rosberg ha asegurado que considera que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) debería haber sido descalificado del Gran Premio de España, disputado este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, después de embestir supuestamente de forma deliberada al Mercedes de George Russell, y además cree que sus "payasadas" son "extremadamente inaceptables" y que debería haber visto la bandera negra, poniendo fin a su carrera.

"Esperar al rival, ir a embestirle, igual que sentiste que el otro te embestía en la curva 1. Eso es algo que es extremadamente inaceptable y creo que las reglas serían una bandera negra, sí. Si esperas a tu oponente para embestirle, eso es una bandera negra", afirmó el expiloto germano en declaraciones a Sky Sports.

El cuatro veces campeón del mundo se mostró muy molesto por tener que dejar que el británico George Russell (Mercedes) le adelantara tras una casi colisión previa, que Rosberg reconoce que no fue culpa de Verstappen.

Pero su decisión de fingir que dejaba pasar a Russell antes de acelerar y golpear al Mercedes le causó una penalización de 10 segundos, haciéndole caer de la quinta a la décima posición. Rosberg cree que se libró de una sanción "muy indulgente" en Barcelona.

Verstappen evitó ser expulsado del Gran Premio de España, pero los jefes de la F1 están obligados a examinar de nuevo su conducta. También se arriesga a una posible sanción de una carrera en el futuro debido al número de puntos de penalización que ha recogido en un período de 12 meses. En estos momentos tiene 11 y llegar a 12 puede desencadenar en una suspensión.

La popular bebida de aloe del grupo AJE, ampliamente reconocida en el mercado peruano como Bio Aloe, ha sido recientemente sancionada por Indecopi, tras concluir que el uso del término “bio” en su empaque constituía un acto de publicidad engañosa. La trasnacional, conocida también por marcas como Big Cola, deberá retirar el término de sus envases y modificar su estrategia de presentación ante el público.

Según la Resolución N° 006-2025/CCD-Indecopi, la autoridad determinó que el uso destacado del término “bio”, en conjunto con colores verdes e imágenes naturales, inducía a error a los consumidores, haciéndoles creer que el producto era orgánico o ecológicamente certificado, cuando en realidad no cumplía con esos requisitos.

¿Por qué el término “bio” se convirtió en un problema?

La controversia se originó tras una fiscalización iniciada por Indecopi en base a información remitida por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), organismo nacional responsable de certificar productos orgánicos. Lo que parecía una etiqueta inocente terminó en un proceso sancionador al revelarse que “Aje Bio Bebida de Aloe Sabor Original” no contaba con ninguna certificación orgánica ni respaldo que justificara la asociación del producto con términos ecológicos.

En el diseño del envase se resalta la palabra “BIO”, acompañada de un fondo verde y gráficos alusivos a la naturaleza. De acuerdo con el informe técnico de Indecopi, este conjunto visual generaba una percepción engañosa, provocando que el consumidor asuma que estaba adquiriendo un producto con beneficios ambientales o de cultivo orgánico. Sin embargo, Ajeper S.A., la subsidiaria peruana del grupo AJE, reconoció que su bebida no era orgánica, lo que selló el destino de la resolución.

La autoridad reguladora sostuvo que el uso de esta terminología, especialmente en productos de consumo masivo, debe sustentarse con información verificable, evitando crear falsas expectativas en los compradores. La resolución también dejó claro que incluir el término “bio” dentro de una marca registrada no exime a las empresas de cumplir con la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

La defensa de AJE y la respuesta de Indecopi

Durante el proceso administrativo, Ajeper S.A. se defendió argumentando que el término “bio” era parte de una marca registrada desde 2014 y que su uso no pretendía sugerir que el producto era orgánico. Afirmaron que la palabra se usaba para evocar una imagen general de respeto ambiental, respaldada por registros sanitarios emitidos por Digesa.

Asimismo, alegaron que Indecopi no tenía competencia técnica para evaluar el uso del término “bio”, afirmando que dicha tarea recaía en Senasa, y que la norma sobre rotulado orgánico no debería aplicarse con carácter retroactivo, ya que su producto se comercializaba antes de la emisión de dicha normativa.

A pesar de estos argumentos, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi concluyó que la empresa incurrió en un acto de engaño, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto Legislativo 1044, ya que el mensaje transmitido por el envase no reflejaba la naturaleza real del producto.

En consecuencia, el organismo ordenó a AJE el retiro definitivo del término “bio” del envase de la bebida de aloe y su inscripción en el Registro de Infractores. Aunque no se impuso una multa económica, la sanción quedó firme en la forma de una amonestación oficial, al no encontrarse evidencia de un beneficio económico directo ni de un impacto masivo en el consumidor.

¿Cuáles son las funciones de Indecopi?

• Promover y defender la libre competencia: Indecopi supervisa que las empresas no incurran en prácticas anticompetitivas como monopolios, cárteles o abuso de posición de dominio, protegiendo así a los consumidores y al mercado.
• Proteger los derechos del consumidor: Se encarga de garantizar que los consumidores reciban productos y servicios de calidad, puedan reclamar en caso de incumplimientos y cuenten con información adecuada para sus decisiones de compra.
• Velar por la propiedad intelectual: Administra el registro de marcas, patentes, derechos de autor y otros activos intangibles, fomentando la innovación, la creatividad y la competitividad empresarial.
• Supervisar la calidad de los productos y servicios: Realiza inspecciones y fiscalizaciones para asegurar que los bienes y servicios ofrecidos en el mercado cumplan con las normas técnicas y de seguridad.
• Resolver conflictos: Funciona como instancia administrativa para resolver reclamos de consumidores, disputas de competencia desleal, conflictos de propiedad intelectual, entre otros, de manera rápida y efectiva.
• Fomentar la cultura de competencia y derechos: A través de campañas de educación y programas de difusión, Indecopi promueve la importancia de la libre competencia, el respeto a los derechos de los consumidores y la protección de la propiedad intelectual.
• Sancionar infracciones: Tiene facultad para investigar y sancionar a empresas o personas que incumplan las normativas de competencia, protección al consumidor o propiedad intelectual.

El colegiado del encuentro, Ricardo de Burgos Bengoetxea, reflejó en el acta de la final que Rüdiger "fue expulsado por lanzar un objeto desde el área técnica", un hielo, que no llegó a alcanzarlo. Y añadió que el jugador madridista tuvo "que ser sujetado por varios miembros del cuerpo técnico, mostrando una actitud agresiva".

El 29 de abril el juez disciplinario único de la RFEF impuso seis partidos al jugador alemán, en aplicación del artículo 101 del Código Disciplinario, por "producirse con violencia leve hacia los/as árbitros/as", que abarca un castigo de entre cuatro a doce partidos.

El juez desestimó entonces las alegaciones del Real Madrid en defensa de su jugador, por arrepentimiento espontáneo de éste, quien pidió perdón en redes sociales. EE

omb-omm/jpd

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) emitió la resolución 45 de 2025, en la que comunica a Eduardo Pimentel, directivo del equipo boyacense, la sanción que debe asumir por las declaraciones emitidas luego del partido entre su equipo y Alianza FC, disputado el 17 de mayo por la fecha 19 de la Liga Betplay 2025 I.

El incidente se presentó cuando se validó un gol al conjunto de Valledupar tras la intervención del VAR, proceso que demoró 17 minutos y provocó una interrupción que desató la furia de jugadores y directivos.

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Estos problemas durante el partido llevó a que en su cuenta de X, Pimentel expresara su descontento y criticó a la Dimayor, a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Comisión Arbitral.

“Esto ya es maldad Federación, ustedes son una vergüenza y se deben ir, ya está bien. Comisión Arbitral, renuncien, no sean zánganos, esto ya se salió de la madre. No le hagan más mal al fútbol, no sean descarados”, escribió Pimentel en X.

Por su desaforada reacción, la máxima autoridad del fútbol colombiano decidió castigar al directivo bogotano.

“Sancionar al señor Eduardo Pimentel Murcia, persona con influencia manifiesta del Club Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. (Boyacá Chicó), con cuatro meses para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol y multa de cuarenta y dos millones setecientos cinco mil pesos ($42.705.000) por incurrir en la infracción descrita en el numeral 4, artículo 72 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 18ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor I 2025”.

Tal como está estipulado en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, se establece que toda persona que atente contra la buena imagen de la misma o realice algún tipo de pronunciamiento en su contra y sus acciones debe ser sancionada.

Así reza el artículo 72, numeral 4 del documento:

“A toda persona que por cualquier medio de comunicación formule declaraciones que comprometan la buena imagen de la FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la Dimayor y Difútbol, o que afecte la honra de los miembros del órgano de administración o control de cualquiera de los organismos deportivos que componen la FCF, Dimayor o Difútbol, sus autoridades, funcionarios o representantes, del personal técnico o de jugadores y, en general, de cualquier oficial u oficial de partido, se impondrán las siguientes sanciones”.

Allí mismo se estipula cuál debe ser la multa y las fechas a considerar para la suspensión de funciones:

“En el caso de los directivos, miembros del órgano de administración de un club, liga o quien haya actuado o actúe como delegado o representante de club en una reunión de asamblea o reunión especial y, en general, al afiliado, accionista, socio o toda persona con influencia manifiesta en un organismo deportivo, por la primera vez, multa de veintidós (22) a cuarenta y cuatro (44) salarios mínimos mensuales legales vigentes y la prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol de tres (3) a seis (6) meses”.

Por el momento, Boyacá Chicó es decimoquinto en la tabla de posiciones con 20 puntos y una diferencia de -15 goles. Se espera que concluya su participación en este primer semestre de la liga con el enfrentamiento por la fecha 20 contra Millonarios, para luego comenzar a pensar en lo que será el segundo semestre de la temporada, seguramente con varias modificaciones y luchando para no ser uno de los equipos que descienda de división a final de año y así mantener su lugar en la categoría.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo, durante el debate de una moción de Vox sobre "el fraude de los empadronamientos masivos", cuando Garriga espetó: "Financiación ilegal es lo que ha hecho el bipartidismo durante años, y corrupción es gastarse el dinero en drogas y putas como han hecho los socialistas".

Tras las palabras de Garriga, el presidente del Parlament, Josep Rull, ya llamó la atención al diputado: "Esta no es la manera en la que un diputado del Parlament tiene que expresarse".

Ante estos hechos, el grupo del PSC-Units ha solicitado a la Mesa del Parlament que inicie un procedimiento de verificación sobre el posible incumplimiento del código de conducta de Garriga y, en caso afirmativo, que se le impongan las sanciones previstas en el reglamento, han informado fuentes parlamentarias.

El régimen sancionador del código de conducta de los miembros del Parlament contempla que la sanción pueda ser una amonestación pública o una multa de 600 a 12.000 euros.

Este proceso de verificación establece que la Mesa del Parlament debe pedir un informe a la Comisión del Estatuto del Diputado, a quien le corresponde valorar los hechos y, en caso de apreciar una infracción, y tras una audiencia con el diputado afectado, elevar una propuesta a la Mesa.

En su solicitud, el PSC considera que las palabras de Garriga "son extraordinariamente graves e injuriosas en tanto que lesionan la dignidad moral" de los diputados del grupo parlamentario socialista.

"Se trata de unas expresiones que no solo vulneran el debido respeto institucional y el decoro parlamentario, sino que desvirtúan el debate público, resultan totalmente incompatibles con la legítima crítica política y son susceptibles de vulnerar" artículos del código de conducta y del reglamento del Parlament, alega el texto del PSC. EFE

esr-mcp/rq/lml

El sábado 17 de mayo, Deportivo Cali recibió a Independiente Santa Fe por la fecha 19 de la Liga BetPlay, en uno de los partidos más llamativos de la jornada por los intereses de cada club.

En ese momento ninguno de los equipos estaba clasificado a la fase semifinal del torneo colombiano y el club local estaba obligado a ganar para seguir con aspiraciones de ganar el torneo apertura.

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En un compromiso parejo, Santa Fe se adelantó en el marcador con tanto de Iván Scarpeta, provocando que el Azucarero tuviera que desplegar su juego ofensivo al punto de dejar espacios en defensa.

En una de las últimas jugadas, Santa Fe anotó el 2-0, pero las cámaras enfocaron algo inusual, ya que Harold Santiago Mosquera y Yilmar Velásquez, ambos jugadores de Santa Fe, terminaron protagonizando una pelea en medio del terreno de juego.

Tras varios empujones e intentos de agredir a su compañero, el árbitro del partido terminó expulsando al delantero y al mediocampista, que fueron recriminados por sus demás compañeros por su comportamiento.

En rueda de prensa, Jorge Bava, entrenador de Santa Fe, indicó que desconocía cuál fue el motivo por el que comenzó la pelea y que lo más probable es que se registraría algún tipo de castigo interno.

“Para tener un juicio toca tener información y no la tengo. Me sorprendí cuando en el festejo me di cuenta de que nos habíamos quedado con dos jugadores menos. Cuando tenga la información hablaré, pero si hay que tomar decisiones toca con cabeza fría”.

Por su parte, Yilmar Velásquez y Harold Santiago Mosquera publicaron varias fotografías en redes sociales para demostrar que se trató de una acción del juego y que en realidad tienen una buena relación.

Este tipo de gestos no importaron para la Dimayor, que el 21 de mayo confirmó que Velásquez y Mosquera se perderán dos partidos con Santa Fe, el de la última fecha de la fase regular y la primera de los cuadrangulares semifinales.

Además, el comité disciplinario determinó que ambos jugadores deberán pagar una multa de $616.850 pesos por ser culpables de haber tenido una conducta violenta durante el compromiso contra el Deportivo Cali.

Cabe mencionar que este tipo de comportamientos están prohibidos en el fútbol colombiano en el artículo 63 del Código Disciplinario Único de la FCF.

Otra figura fue sancionada

En otro aspecto poco habitual, en la misma fecha se registró la expulsión de Edwin Cardona en el partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, lo peculiar es que el capitán de Atlético Nacional no estaba en el terreno de juego.

Buscando darle descanso al “10″, el entrenador de Nacional decidió que Cardona fuera suplente, pero en una acción polémica el ofensivo le cuestionó al árbitro Wilmar Roldán una decisión, provocando que el colegiado le mostrara tarjeta roja.

En el informe, Roldán especificó los presuntos insultos que recibió por parte de Cardona, que fue sancionado con dos fechas y se perderá el inicio de los cuadrangulares en Colombia.

Con Cardona, Velásquez y Mosquera, se confirma que Santa Fe y Nacional perderán a piezas claves para sus entrenadores en el inicio de la fase semifinal, en la que se buscará determinar a los dos finalistas del torneo apertura del FCF.

Además de los equipos mencionados, los otros clasificados hasta el momento son Junior de Barranquilla, América de Cali, Millonarios, Deportes Tolima e Independiente Medellín. El último cupo será definido entre Deportivo Pasto y Once Caldas en la última fecha, que se jugará en simultáneo el domingo 25 de mayo desde las 4:00 p. m.

Dos miembros de alto rango del Cartel del Noreste (CDN) fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (DOT) este miércoles 21 de mayo.

Miguel Ángel de Anda Ledezma fue identificado como un miembro de alto rango a cargo de supervisar la compra de armas y municiones para el cártel, asegurándose de los pagos a facilitadores y compras ficticias en EEUU, además de estar al frente de la organización de entrega de armas de fuego a Nuevo Laredo, México, según información proporcionada a Infobae por la OFAC.

Mientras que Ricardo González Sauceda, quien era el segundo al mando del CDN antes de ser arrestado en febrero de 2025 por autoridades mexicanas, se vio beneficiado por este tráfico de armas en múltiples actividades delictivas como tráfico de drogas y ataques a la policía y militares de México.

¿Cómo fueron sancionados los narcos mexicanos?

González, según la OFAC, lideró “un ala armada” del cártel y fue arrestado el 3 de febrero de 2025, en conexión con un ataque a militares mexicanos ocurrido en agosto de 2024 y que resultó en la muerte de dos soldados y cinco heridos.

Las compras ficticias que supervisa De Anda consisten en hacer representaciones falsas para asegurar armas de fuego de negocios estadounidenses, “quienes caen víctimas del cártel”. Autoridades de EEUU señalan que algunas de estas se han utilizado en actividades terroristas, como una que fue recuperada después de que el CDN atacara a la Armada de México durante una vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en marzo de 2024.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que el CDN y sus líderes llevaron a cabo una “violenta campaña” que incluye intimidación, secuestros y terrorismos, que amenaza a comunidades de ambos lados de la frontera sur.

“Dentro del trabajo hacia la eliminación total de los cárteles para hacer América (EEUU) segura otra vez, la administración de Donald Trump hará que estos terroristas rindan cuentas por sus actividades criminales y horrendos actos de violencia”, sentenció el secretario del Tesoro.

Esta decisión fue tomada en conjunto con la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Administración de Control de Drogas (DEA), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

“La designación de OFAC a DeAnda y González fue el resultado de la fuerte asociación y coordinación con la HSI de San Antonio, la ATF de San Antonio y la DEA”, según dijeron las autoridades.

Dicha sanción fue tomada de conformidad a las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224 y significa que todas las propiedades en EEUU y aquellas que están en posesión o control de personas estadounidenses, al igual que sus intereses en ellas, están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC.

¿Qué pasaría si no se acatan estas sanciones?

Incumplir estas sanciones recién impuestas puede llevar a la aplicación de castigos civiles o penales a ciudadanos de EEUU o el extranjero, según especificaron autoridades de la OFAC en el comunicado compartido con Infobae.

“Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades con personas designadas o bloqueadas”, explicó el organismo.

Pueden estar sujetas a restricciones adicionales administradas por el Departamento de Comercio (DOC) las exportaciones, reexportaciones o transferencias de artículos que se encuentren sujetos a controles de exportación de EEUU y que involucren a personas incluidas en la Lista SDN.

El Cártel del Noreste fue designado como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) en febrero de 2025 por el Departamento de Estado de EEUU (DOS).

Antes de esta designación, los entonces conocidos como Los Zetas, fueron identificados “como un importante traficante de narcóticos extranjero” según el “Kingpin Act”.

Según rige la normativa de la DGT, un conductor no puede hacer una parada de más de dos minutos, ni abandonar el coche. En caso de que traspase alguna de estas dos condiciones, se convertiría en un estacionamiento, en lugar de una parada. Algo que cambiaría la forma de ejecutar la maniobra, “lo que puede dar lugar a una multa”, se comunica desde la web de la ITV. Esta práctica, aunque no es idéntica en Inglaterra, comparte ciertas similitudes.

En dicho país, concretamente, existe una norma estricta que prohíbe estacionar durante más de dos minutos en ciertas zonas. Aunque pueda parecer una regla un poco simple y sin importancia, en Reino Unido se ha generado una gran controversia con un conductor al ser sancionado por superar por segundos ese límite de tiempo. La multa, que inicialmente era de 100 libras (118,65 euros), ha despertado críticas sobre la rigidez de las regulaciones y la gestión de las empresas encargadas del control del estacionamiento.

“Me parece profundamente injusto y contrario al sentido común”

El caso, ocurrido en Birmingham, salió a la luz gracias a una carta abierta publicada en el periódico The Guardian. El conductor explicó que en febrero aparcó brevemente frente a una tienda de ropa para visitar una tienda cercana, pero fue informado por el dueño del establecimiento que no estaba permitido estacionar en esa zona. Según el usuario, “En cuanto entré, el dueño me informó de que no se permitía aparcar en esa zona”. El automovilista regresó inmediatamente a su vehículo y se marchó. No obstante, la notificación de cobro de estacionamiento (PCN) emitida por Euro Parking Services (EPS) indicaba que la duración total de la parada fue de “tan solo dos minutos y 24 segundos”. Esa leve diferencia fue suficiente para que se le impusiera la sanción.

El conductor apeló la multa poco después, enviando un correo electrónico a la empresa. “Ese mismo día apelé la multa por correo electrónico y recibí una confirmación automática. Sin embargo, no recibí más noticias de la empresa”. Meses después, en abril, recibió un recordatorio con el importe incrementado a 100 libras. “La carta incluía un párrafo que indicaba que mi apelación había sido rechazada, aunque no me habían informado de la decisión”, denunció. Ante esta situación, el conductor expresó su indignación. “Creo que nadie debería ser multado por detenerse poco más de dos minutos. Me parece profundamente injusto y contrario al sentido común”. El malestar refleja una percepción común entre conductores que consideran desproporcionadas las sanciones en casos donde la infracción es mínima o involuntaria.

Tras la repercusión del caso en medios nacionales, Euro Parking Services ofreció al conductor una extensión de dos semanas para abonar una multa reducida de 60 libras, la mitad del importe original. Además, el Birmingham Mail ha informado que los usuarios afectados por multas similares pueden presentar apelaciones para intentar revocar o reducir las sanciones.

“Algunas empresas de estacionamiento exigen erróneamente multas”

Simon Williams, jefe de políticas del RAC, organización que representa a conductores en Reino Unido, criticó la gestión de algunas empresas de estacionamiento. “Algunas empresas de estacionamiento exigen erróneamente ‘multas’ a los conductores que han pagado legítimamente para estacionar”, afirmó. Williams explicó que “ya sea una máquina de pago defectuosa que registra una matrícula de vehículo incorrecta o un error inocente al introducir la matrícula, estas personas no deberían tener que pagar las notificaciones de tarifa de estacionamiento de £100 que les envían”.

El representante del RAC destacó que muchos de estos casos “parecen completamente injustificados y deberían desestimarse en apelación. Pero lamentablemente, con frecuencia no lo hacen”. Estas declaraciones ponen de manifiesto la necesidad de revisar la regulación y el control del estacionamiento para evitar sanciones excesivas y errores administrativos que afecten a los conductores.

La sentencia del juzgado vigués anuló la resolución del 11 de octubre de 2023 de la Subdelegación del Gobierno, que decretaba la expulsión de la mujer de España, con prohibición de entrada por un período de dos años.

La Subdelegación solicitaba la revocación de la sentencia y la sustitución de la expulsión por una multa, pero el TSXG lo ha rechazado y señala en su sentencia que "ya no es objeto de debate la improcedencia de la sanción de expulsión impuesta administrativamente a la demandante". Así, los magistrados indican que "se acepta sin ambages que no concurrían circunstancias agravantes a la mera estancia irregular que justificasen la señalada decisión".

De este modo, la Sala concluye que "no es factible sustituir a la Administración, aún estando acreditada la situación de irregularidad en España de la demandante, para reemplazar la sanción de expulsión por una sanción de multa; sanción que la jurisprudencia considera aplicable a aquellos casos en los que no concurran circunstancias negativas o de agravación".

El TSXG incide en que "es a la Administración a quien compete seleccionar y justificar los hechos merecedores de una u otra sanción, ponderando las circunstancias concurrentes en cada caso".

Según el tribunal ello "es la consecuencia lógica de la naturaleza del procedimiento contencioso-administrativo y la imposibilidad de imponer sanciones en el mismo, sino exclusivamente de revisar las mismas", porque, según ha determinado el Tribunal Constitucional "quien ejerce la potestad sancionadora es la Administración y no los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa".

Por lo tanto, el TSXG concluye que procede desestimar el recurso de apelación y confirmar los razonamientos expresados por el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Vigo. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años para ejercer funciones públicas a Juan Pablo Ramírez Álvarez, que se desempeñó como secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos durante la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle.

La medida se fundamenta en una presunta coacción ejercida sobre funcionarios de la Alcaldía de Medellín, a quienes, según el fallo, se les habría exigido aportar parte de su salario para financiar actividades políticas ligadas a la Corporación el futuro se parece a nosotros, asociada al movimiento político del exmandatario local.

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El documento disciplinario también contempla sanciones similares para otros dos exfuncionarios de esa misma administración: Juan Daniel Pulgarín Correa, exsubsecretario de Grupos Poblacionales, y Fredy Alfonso Agudelo Bolívar, exsubsecretario de la Secretaría de Suministros y Servicios; ambos fueron destituidos e inhabilitados por 12 años, tras determinarse que ejercieron sus funciones con una finalidad distinta a la prevista legalmente, en concordancia con lo establecido por el Código General Disciplinario.

Según los hallazgos del ente de control, las conductas sancionadas se catalogan como ‘faltas gravísimas’, cometidas a título de ‘dolo’, es decir, con conocimiento y voluntad de la irregularidad.

En el caso específico de Ramírez, se estableció que “usó su posición como jefe de cartera para presionar a subalternos a respaldar económicamente una causa política”, de acuerdo con el fallo. Dicha conducta fue interpretada por la Procuraduría como una transgresión directa a los principios de moralidad administrativa y a la prohibición de utilizar recursos humanos del Estado para promover proyectos de índole política o personal.

El fallo detalla que estas presuntas presiones no fueron aisladas, sino que habrían constituido parte de una práctica sistemática orientada a favorecer políticamente a la corporación antes mencionada. En ese sentido, se señala que los aportes requeridos a los funcionarios no estaban motivados por razones institucionales, sino que su objetivo era “contribuir financieramente al sostenimiento de una plataforma política afín a los intereses de un sector del gobierno local”.

Sobre Juan Daniel Pulgarín Correa y Fredy Alfonso Agudelo Bolívar, la Procuraduría explicó que, aunque no se les atribuyó la coacción directa, sí se determinó que “actuaron de manera funcional con el esquema de direccionamiento de recursos y acciones institucionales hacia fines ajenos a su competencia”, lo que también configura una falta gravísima.

Para estos dos exfuncionarios, la sanción contempla una inhabilidad de 12 años, como se menciona previamente, además de la destitución inmediata de cualquier cargo que llegaren a ocupar.

El fallo se apoya en diversas disposiciones legales contempladas tanto en el Código Disciplinario Único como en el nuevo Código General Disciplinario, en especial los artículos que establecen la prohibición de utilizar el cargo para obtener beneficios políticos o para presionar a otros servidores públicos en relación con causas o movimientos particulares.

La Procuraduría concluyó que las evidencias recolectadas durante el proceso son suficientes para afirmar que los tres sancionados infringieron esos principios, comprometiendo la legalidad y la transparencia de la función pública.

Este proceso disciplinario se suma a una serie de investigaciones y controversias que rodena la gestión del exalcalde Daniel Quintero desde su paso por la administración municipal entre 2020 y 2023. Aunque el fallo no lo vincula directamente como procesado, la mención de la corporación —identificada como parte del proyecto político del exmandatario— vuelve a situar en el debate público las actuaciones administrativas desarrolladas durante su periodo de gobierno.

Todo se originó a partir de un nuevo episodio de gritos provenientes del exterior, un fenómeno que se repite con frecuencia en esta edición. El reglamento del programa establece que ante cualquier exclamación de afuera los jugadores deben regresar de inmediato al interior de la casa, sin detenerse a escuchar ni comentar el contenido del mensaje.

No obstante, en esta oportunidad, tres concursantes hicieron caso omiso al protocolo. Santiago Tato Algorta, Luz Tito y Lucía Patrone —quienes conforman el grupo autodenominado “El Tridente”— se encontraban en el jardín observando las plantas cuando recibieron un mensaje desde la calle que, presuntamente, indicaba que la placa negativa de la semana 24 iba a ser definida en un versus entre Juan Pablo De Vigili y la propia Lucía Patrone.

En vez de regresar al interior, se quedaron en el lugar durante varios segundos para intentar escuchar el mensaje completo. Ese comportamiento fue considerado por la producción como una desobediencia grave y se convirtió en la gota que rebalsó el vaso. Minutos antes del anuncio oficial, Santiago del Moro anticipó en la pantalla de Telefe que Gran Hermano se dirigiría a los participantes con un mensaje “muy claro”, lo que ya hacía prever una sanción inminente.

Durante la transmisión en vivo, la voz del Big fue categórica: “Fueron muchas las transgresiones en este sentido, pero quiero detenerme en una situación, yo diría muy grosera, protagonizada por un grupo de personas que permaneció en el jardín durante varios segundos con el propósito de escuchar la totalidad del mensaje procedente desde afuera”, declaró.

La producción no nombró directamente a los infractores, lo que generó confusión y tensión interna. Jugadores como Sandra Priore comenzaron a buscar responsables, mientras Eugenia Ruíz pidió públicamente que los seguidores del programa dejen de gritar desde afuera. También se recordó que, en ocasiones, los gritos provienen de una cancha de fútbol cercana al set.

Ante la reiteración de estas conductas, el Big resolvió aplicar una sanción que afecta a todos los jugadores por igual. En sus palabras: “No acepto este tipo de picardías. Los protocolos están para ser respetados. Quien no lo entienda, se verá en problemas. Mi sanción abarcará a todos”.

La penalización fue inmediata: se descontó la mitad del presupuesto semanal para compras, lo que significa que, si los jugadores ganaban la prueba semanal, accederían solo al 50% del presupuesto habitual. Sin embargo, el grupo perdió la prueba, por lo que dispondrán únicamente del 25% de los recursos para alimentos y productos básicos.

Además del castigo económico, Gran Hermano dejó abierta la posibilidad de implementar nuevas medidas disciplinarias si continúan los incumplimientos. Entre ellas, se mencionó la nominación directa, la expulsión de la competencia, la prohibición de salir al jardín, incluso para los fumadores, y la reducción total del presupuesto.

El comunicado concluyó con un mensaje que refleja el nivel de exigencia de esta etapa del juego: “Entiendo que mi decisión consta de un amplio abanico. Sería una gran pena que me obligaran a tomar estas medidas cuando la meta final se encuentra cada vez más cerca”.

Ahora, los participantes deberán ajustar su comportamiento al reglamento para evitar nuevas sanciones que puedan alterar su permanencia en el juego. La casa más vista del país atraviesa así una fase decisiva, en la que cada decisión, cada omisión y cada gesto puede cambiar el rumbo del certamen.

Tras la bandera roja por un accidente del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), el piloto argentino ingresó al carril del 'pitlane', siguiendo las órdenes de su equipo, de forma prematura, antes de que se confirmara la hora de reinicio de la sesión.

“Posteriormente, los comisarios investigaron el incidente y, tras escuchar a Colapinto y a un representante del equipo Alpine, reconocieron que la infracción fue involuntaria, producto de un malentendido en la comunicación”, informó la Fórmula 1 en su página web.

“Sin embargo, también consideraron que se requería una sanción deportiva y optaron por imponer una penalización de una posición en la parrilla, similar a un incidente ocurrido con ambos autos de Mercedes durante la clasificación del Gran Premio de Baréin”, continuó.

“Colapinto finalizó la sesión en la 15ª posición, a pesar de sufrir un accidente hacia el final de la Q1 que lo dejó fuera, por lo que esta penalización lo bajará al 16º lugar”, señaló el comunicado. EFE

La Comisión de Protección al Consumidor N.º 1 del Indecopi impuso una multa de 46,83 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) —equivalente a S/250.540,50— a Western Union Perú S.A., tras constatarse que la empresa incurrió en diversas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La sanción se origina en una denuncia presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash, que identificó irregularidades en la información proporcionada por la empresa sobre sus servicios y condiciones generales, así como deficiencias en el acceso a mecanismos de reclamo.

Tres infracciones específicas

La primera falta identificada fue que el tarifario de Western Union del año 2019 no incluía los impuestos, lo cual viola la normativa vigente que exige informar de manera clara y completa el costo total del servicio. Por este motivo, la empresa fue sancionada con 18,23 UIT.

Una segunda infracción fue la existencia de una cláusula abusiva en los términos y condiciones del servicio, que eximía a la empresa de responsabilidad en caso de uso fraudulento del servicio por parte de terceros. Esta práctica, que afecta el derecho del consumidor a reclamar reembolsos o compensaciones, fue multada con 15,6 UIT.

La tercera sanción, de 13 UIT, corresponde a la falta de exhibición adecuada del aviso del Libro de Reclamaciones Virtual en el sitio web de la empresa, incumpliendo así las disposiciones que garantizan a los usuarios acceso a canales oficiales de queja.

• 18,23 UIT por no incluir impuestos en el tarifario de 2019
• 15,6 UIT por incluir cláusula abusiva que niega responsabilidad ante fraudes
• 13 UIT por no exhibir adecuadamente el aviso del Libro de Reclamaciones Virtual

Resolución y medidas correctivas

Las infracciones quedaron plasmadas en la Resolución 2745-2023/SPC-INDECOPI, la cual anuló una decisión inicial del mismo expediente y estableció nuevas sanciones. La comisión también dispuso que Western Union actualice su tarifario para reflejar de forma transparente todos los costos, incluidos impuestos y cargos adicionales.

Aunque la resolución puede ser apelada, su ejecución no se suspende automáticamente, a menos que una autoridad judicial competente lo disponga. En respuesta, Western Union ha presentado una demanda contencioso-administrativa ante el Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, con el objetivo de revertir parcialmente la decisión del Indecopi.

Como parte del procedimiento, el Indecopi reconoció el rol activo de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash, otorgándole el 20% del monto total de la multa impuesta a Western Union. Este reconocimiento económico, que inicialmente estaba fijado en 10%, se incrementó por la contribución efectiva de la asociación en la identificación y denuncia de las infracciones.

Esto significa que la asociación recibirá un monto aproximado de S/50.108,10, en línea con lo establecido por las normas sobre participación de organizaciones de consumidores en procedimientos administrativos.

¿Qué es Western Union y a qué se dedica?

Western Union Company es una corporación multinacional estadounidense de servicios financieros con sede en Denver, Colorado. Fundada originalmente en 1851 bajo el nombre New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company, cambió su denominación a Western Union Telegraph Company en 1856, tras fusionarse con otras compañías del sector. A lo largo de su historia, Western Union ha sido pionera en el desarrollo de tecnologías de comunicación como el télex y jugó un papel dominante en la industria telegráfica de Estados Unidos desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX.

Hoy en día, Western Union se dedica principalmente a ofrecer servicios de transferencia de dinero persona a persona, órdenes de dinero y servicios financieros para negocios. Con una red de más de 250.000 puntos de venta en cerca de 200 países, la empresa permite a millones de personas enviar y recibir dinero a nivel internacional, especialmente en zonas donde el acceso a servicios bancarios tradicionales es limitado. Además, sus ingresos anuales han superado los 3.000 millones de dólares, consolidando su posición como uno de los actores más importantes en el mercado global de remesas.

Un concesionario de automóviles de Vertu Honda Truro, ubicado en Reino Unido, ha sido multado tras confirmarse que dos de sus empleados contrajeron en 2022 una enfermedad permanente como consecuencia directa de trabajar en el taller de carrocería de la planta. El diagnóstico fue de síndrome de vibración mano-brazo (HAVS, por sus siglas en inglés), una condición incapacitante causada por la exposición prolongada a herramientas manuales potentes.

En ese momento, el concesionario operaba bajo la propiedad de Rowes Garage Ltd, antes de que Vertu adquiriera los cuatro concesionarios Honda del grupo en noviembre de 2023. La enfermedad ha afectado permanentemente a los empleados, causando trastornos “dolorosos e incapacitantes” en los nervios, el suministro sanguíneo, las articulaciones y los músculos de las manos y los brazos, debido a la exposición repetida a las vibraciones, tal y como recoge la revista Car Dealer.

“Con los años mis síntomas parecen haber empeorado”

Uno de los afectados, que ha preferido mantenerse en el anonimato, relató las consecuencias de la enfermedad: “Es difícil decir exactamente cuánto tiempo he tenido los síntomas, pero creo que quizás unos ocho años. Mis dedos se ponían blancos y perdía la sensibilidad. Esto era especialmente grave con la humedad o el frío. Puedo decir que con los años mis síntomas parecen haber empeorado. La palidez se ha extendido y me cuesta coger objetos pequeños”.

La Agencia Ejecutiva de Salud y Seguridad (HSE) del Reino Unido llevó a cabo una investigación y concluyó que el concesionario, cuando todavía funcionaba como Rowes Garage Ltd, no implementó “medidas de gestión adecuadas para evaluar y monitorear la exposición de sus empleados a las vibraciones”. Además, la investigación reveló que no existió una evaluación de riesgos suficiente, no se aplicaron medidas de control y los trabajadores no fueron informados de los riesgos mediante información, instrucciones o capacitación.

A pesar de que ambos empleados manifestaron síntomas durante varios años, la empresa no adoptó acciones efectivas para reducir su exposición a las vibraciones. Ante estas evidencias, el concesionario, ahora bajo la gestión de Vertu, se declaró culpable de infringir la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo y fue juzgado en el Tribunal de Magistrados de Plymouth el pasado jueves 8 de mayo.

En esta línea, la inspectora de HSE, Emma O’Hara, ha comentado que: “Rowes Garage Ltd había estado exponiendo a los empleados a los riesgos derivados del uso de herramientas vibratorias durante un período de tiempo significativo. No cumplieron con los estándares esperados, lo que se refleja en la multa impuesta. El síndrome de vibración mano-brazo (HAVS) es una enfermedad grave e incapacitante, permanente, y el HSE no dudará en tomar medidas contra los empleadores que no cumplan con los estándares esperados”.

Como resultado, la empresa ha recibido una multa de £204.000 (241.956,24 euros) y se le impuso el pago de costes adicionales por £8.099 (9.605,90 euros). No obstante, la actual propietaria del concesionario ha tratado de expresar su implicación en cambiar todo lo que la anterior empresa no cumplía. “Este caso se relaciona con eventos que ocurrieron antes de que adquiriéramos los negocios de Rowes. Seguimos tomándonos muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de todos nuestros colegas”, declaró un portavoz de Vertu a Car Dealer.

El Boletín Oficial de Estado indica que la sanción fue impuesta por no haber facilitado en el plazo fijado toda la información y documentación requerida por el Banco de España en el marco de una inspección.

Ello impidió al Banco de España comprobar si Depasify realiza actividades reservadas a las entidades de crédito, como la recepción de depósitos u otros fondos reembolsables del público, o a los proveedores de servicios de pago. EFECOM

"Yo le pongo una nota muy alta a mi partido. Me he sentido tranquilo en la pista, con emociones diferentes pero muy bonitas en un gran día. El objetivo era pasar el primer turno, veremos ahora cómo va", dijo en rueda de prensa.

Además, desveló que todavía tiene dudas sobre su juego pese al buen partido.

"Es normal tener dudas. Sería extraño no tener dudas. Sonaría muy arrogante, ¿no? Tengo dudas. Tenía dudas antes de salir a la pista. Y tengo dudas ahora de lo que va a pasar en el próximo partido", explicó.

"Pero tenemos que vivir con dudas porque significa que realmente te importa, que quieres mejorar, que quieres hacer algo especial. Creo que cada uno de nosotros tiene dudas diarias", sentenció. EFE

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció este miércoles que ha desestimado el recurso interpuesto por el ciclista colombiano Miguel Ángel López contra la Unión Ciclista Internacional (UCI), en relación con una suspensión de cuatro años por una infracción de las normas antidopaje.

'Superman' fue sancionado el pasado 29 de mayo de 2024 con cuatro años de suspensión por parte de la UCI por posesión y consumo de una sustancia prohibida, menotropina, un medicamento hormonal que mejora el rendimiento deportivo, durante el Giro de Italia de 2022.

El TAS indicó que durante una audiencia el pasado 21 de noviembre el Panel determinó que el colombiano estaba en posesión de esta sustancia, que la había recibido entre el 1 y 5 de mayo de 2022, que su médico había culpado a este consumo de la inflamación en la pierna que sufrió el ciclista justo antes del inicio del Giro. Por este motivo, el tribunal dio la razón a la UCI y procedió a desestimar el recurso y confirmar "íntegramente" la decisión de la Unión Ciclista Internacional. "El Sr. López permanece suspendido por un periodo de inelegibilidad de cuatro años, a partir del 25 de julio de 2023", concluyó.

Según ha informado la CNMC este miércoles, Mémora se comprometió entonces a mantener el tanatorio de Zarauz (Guipúzcoa) y gestionarlo de forma "diligente" hasta completar su venta a un nuevo propietario, y además debía remitir informes mensuales al organismo sobre este proceso de desinversión.

Pero la funeraria, que opera sobre todo en País Vasco y Navarra, incumplió ambos compromisos, con lo que incurrió en una infracción "muy grave" de la Ley de Defensa de la Competencia, a juicio de la CNMC, que le abrió expediente el pasado febrero.

Tras conocer la decisión de la CNMC, Mémora ha reconocido su responsabilidad y ha anticipado el pago de la multa, lo que, según la normativa, le permite reducir el importe de la misma hasta el 40 %, por lo que finalmente ha pagado los citados 108.000 euros. EFECOM

Vox ha recurrido formalmente al Tribunal Supremo la sanción de 862.496,72 euros impuesta por el Tribunal de Cuentas por infracción "muy grave" al recibir donaciones sin respetar los requisitos de legalidad en los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Así lo ha trasladado este lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en rueda de prensa, donde ha tildado de "histórica, ridícula y cacicada innoble" la multa impuesta por un tribunal "asaltado". El portavoz ha atribuido la multa a la "persecución" contra la formación debido a que el presidente, Pedro Sánchez, les tiene "miedo". "Pretenden acallar el sentido común y las ideas de millones de españoles", ha agregado.

En esta línea, ha reflexionado sobre el motivo de la sanción, "actividades promocionales" de las que el fiscalizador duda si realmente responden a la compra de productos de 'merchandaising' del partido o si suponen donaciones anónimas que están prohibidas por la ley.

"Es bananero y dictatorial perseguir que cientos de miles de españoles puedan contribuir al crecimiento de Vox a cambio de pulseras" y sancionan "los que se gastan el dinero en prostitutas y roban a manos llenas", ha lamentado Fúster. "Es ridículo y risible a la vez, forma parte de una campaña para acabar con Vox", ha zanjado el portavoz.

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha multado con 15.000 euros al Real Madrid por el "comportamiento racista" de sus aficionados durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Arsenal en el Emirates Stadium (3-0), ha confirmado el organismo rector del fútbol europeo.

Además, le ha impuesto también una sanción de prohibición de venta de entradas a sus aficionados en el próximo partido como visitante, aunque esta queda suspendida durante un periodo de prueba de un año y solo se cumplirá si reinciden en este comportamiento.

Actuar con buena fe, diligencia y lealtad son deberes del abogado hacia su cliente, en el camino a garantizar transparencia en la relación, una obligación de “trascendental importancia”. Lo remarcó la Cámara Contencioso Administrativo Federal al confirmar la sanción económica impuesta a una abogada que firmó una demanda contra una ART equivocada en el marco de un juicio por accidente.

Tendrá que pagar una multa equivalente al diez por ciento del sueldo mensual de un juez nacional de primera instancia en lo Civil de la ciudad de Buenos Aires. La Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada no era la contratada por los entonces empleadores de un trabajador en un juicio por accidente. Enterado el cliente tres años después, denunció lo ocurrido en el Colegio de la Abogacía de la ciudad de Buenos Aires. La demanda a una ART incorrecta derivó además en un dispendio judicial innecesario, advirtió también el Tribunal de Apelaciones.

“Conductas como la descripta comprometen el respeto y la dignidad profesional, afectando también la lealtad, probidad, diligencia y la buena fe que el abogado le debe a su cliente porque es obligación de trascendental importancia la transparencia en la relación profesional”, advirtió la Cámara. Entre el abogado y el cliente hay “un marco de confianza” y “cualquier elemento que afecte dicho entorno entorpece la labor encomendada y perjudica la defensa de los intereses y derechos en pugna”, sostiene la decisión judicial a la que tuvo acceso Infobae.

Para el tribunal, “la actitud contraria a la conducta descripta configura una violación al correcto desempeño profesional, en tanto, no atendieron los intereses confiados con celo, saber y dedicación” según prevé el Código de Ética de la profesión. A su criterio, hubo una actitud negligente a la hora de cumplir con obligaciones profesionales, ya que no se corroboró con certeza, antes de presentar la demanda, cuál era la ART contratada por la empleadora.

El abogado con quien se contactó de manera directa el trabajador dijo en su descargo haberse guiado por la información que le dio su cliente. La abogada, por su parte, firmó el escrito como letrada patrocinante de este colega. Resultó que la ART en cuestión “carecía de vinculación contractual con los empleadores del accionante” ni le había brindado ningún tipo de prestación. La multa por haber infringido deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía fue impuesta por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público y ahora quedó ratificada por la Cámara.

Según contó el damnificado, firmó un poder a su abogado y durante tres años no obtuvo respuesta sobre la marcha de su causa. Pasado ese tiempo, el letrado renunció. La sancionada “no formó parte de la relación jurídica que unía” al letrado apoderado del denunciante “por lo que no debería de formar parte del presente legajo en tanto sin denuncia no se puede dar inicio a una causa disciplinaria”, sostuvo su defensa y advirtió que se la incluyó “de manera irregular”.

Pero el Colegio de Abogados entendió que “como profesional del derecho, debió haber actuado con la debida diligencia y responsabilidad profesional”. Y afirmó que desde esta postura no puede ni es válido “escudarse en que su solo carácter de patrocinante y no de apoderada, la eximiría de verificar los extremos fácticos en que se sustenta la pretensión judicial”.

Para el tribunal, la multa no fue “ni arbitraria ni desproporcionada si se tiene en cuenta” que fue una falta grave; el tema -se añadió- no se limita a la relación cliente-profesional, sino que también afecta “la institución judicial” porque hubo un “dispendio jurisdiccional carente de sentido”. El abogado “es un servidor de la justicia y un colaborador de su administración” y tiene el deber legal de “comportarse con lealtad, probidad y buena fe”, remarcaron los jueces José Luis López Castineira, Luis María Márquez y la jueza María Claudia Caputi.

Quienes ejercen la abogacía tienen que evitar “frases violentas o agraviantes” cuando hacen uso de su derecho a criticar todos los actos del proceso que consideren contrarios a las normas vigentes; debe primar el “decoro, la dignidad y el respeto”, advirtió una sentencia que confirmó la sanción para un abogado por referirse a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como “el organismo de mierda este”.

Fue la forma en la que el abogado de un acusado por violencia de género eligió descalificar a la dependencia que recibe denuncias de maltrato físico, psicológico y económico las 24 horas del día y está a cargo del máximo tribunal del país. En la página 5 de un escrito donde cuestionaba una medida procesal para con su cliente, el abogado aludió a un informe de la Oficina de Violencia Doméstica tomado en consideración por la fiscalía del caso para pedir mantener la prisión preventiva por presuntas amenazas coactivas.

El escrito presentado en agosto de 2023 en un juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires dice textualmente: “nótese que al intentar fundamentar la privación de la libertad (…) toma en consideración el informe de la OVD, organismo que expresa que el imputado había apuntado con su arma reglamentaria, haciendo saber que el personal militar NO CUENTA CON ARMA REGLAMENTARIA, sino que es adquirida conforme los requisitos y parámetros establecidos por la ANMaC como cualquier otro ciudadano, y que su condición de integrante de FUERZA ARMADA no establece su uso obligatorio como sí corresponde para las FUERZAS DE SEGURIDAD siendo esta interpretación fundamental para desacreditar las consideraciones personales sobre el imputado que efectúa el organismo de mierda este, al confundir Fuerza Armada con Fuerza de Seguridad, con el único fin de agravar la situación procesal de mi defendido”.

Más allá de la suerte que tuvo el cliente, el tribunal ordenó investigar la conducta del letrado. En su defensa argumentó que la frase “estuvo dirigida a una oficina pública, no a una persona determinada, situación que no está comprendida en el artículo 22, inciso b), del Código de Ética”. El Colegio de Abogados le hizo un “llamado de atención” como sanción por infringir ese Código que rige la actividad de los profesionales matriculados en la ciudad de Buenos Aires. Pero el sancionado apeló y el tema llegó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

“La severidad que puede imponer la exigencia de la defensa no autoriza la utilización de frases impropias ni ofensivas, y cuando se dirige a un magistrado debe mantener el máximo respeto y abstenerse de emitir frases violentas y agraviantes”, sostuvieron la jueza Liliana Heiland y el juez Rodolfo Facio en un fallo al que accedió Infobae. El abogado o abogada tiene “derecho a criticar todos los actos del proceso que se considere que son contrarios a las normas vigentes, pero debe someterse su petición a aquellas que gobiernan la administración de la justicia y garantizan su funcionamiento, con la convicción de que se obtendrá un resultado favorable con las argumentaciones que convenzan de su razón”.

En el ejercicio de la abogacía debe procurarse “el decoro, la dignidad y el respeto aún cuando se cuenta con la libertad de desplegar los medios tendientes al cumplimiento estricto de los deberes en defensa de los intereses en pugna”. En este caso, dijo la Cámara, “está configurada la infracción por el incumplimiento de los deberes del abogado sancionado”, determinó la Cámara. También recordaron que el letrado fue informado del inicio de la causa disciplinaria por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 19, Secretaría nº 159 “con los hechos denunciados y las imputaciones efectuadas”

El abogado sancionado “no demostró” que el Tribunal de Disciplina del CPACF —órgano al que la ley 23.187 atribuyó el juzgamiento ético del comportamiento de los integrantes de la matrícula— “haya ejercido arbitrariamente su potestad al decidir del modo en que lo hizo”, concluyeron los jueces.

Estados Unidos sancionó a una milicia en Myanmar vinculada a la junta gobernante por apoyar y beneficiarse de estafas cibernéticas “a escala industrial” que han costado a los estadounidenses miles de millones de dólares.

El Departamento del Tesoro de EEUU dijo el lunes que sancionó al Ejército Nacional Karen, que opera en el estado de Kayin, en el sureste de Myanmar, fronterizo con Tailandia, así como a su líder, Saw Chit Thu, y a sus dos hijos.

Según el Tesoro, el grupo arrienda tierras a grupos del crimen organizado y brinda apoyo para operaciones a gran escala que incluyen seguridad y electricidad para “complejos fraudulentos”, así como para el tráfico de personas.

En los últimos años han surgido sindicatos de ciberdelincuentes (operaciones de estafa de criptomonedas multimillonarias que dependen de trabajadores víctimas de trata) en el sudeste asiático, en particular en Myanmar, Camboya y Laos.

El mes pasado, Naciones Unidas advirtió que los grupos siguen expandiéndose a pesar de las recientes medidas represivas, construyendo vínculos desde Irlanda hasta México y expandiéndose en otras partes del mundo, particularmente en la región del Pacífico, África, Sudamérica y el sur de Asia.

“Una parte importante de las operaciones de estafa cibernética dirigidas a estadounidenses y otras personas en todo el mundo provienen del sudeste asiático”, dijo el Tesoro en un comunicado el lunes, y agregó que los estadounidenses perdieron alrededor de 3.500 millones de dólares en 2023 debido a este tipo de estafas.

Por otra parte, el Departamento del Tesoro dijo el lunes que está buscando bloquear al Grupo Huione, con sede en Camboya, de la red financiera estadounidense debido a preocupaciones de lavado de dinero.

La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro acusó al grupo de lavar dinero para robos cibernéticos en Corea del Norte y “estafas de matanza de criptomonedas” por parte de organizaciones criminales transnacionales en el sudeste asiático.

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Majadahonda (Madrid), 31 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, mantiene la baja de Javi Galán por tercer encuentro consecutivo por lesión y añade la de Rodrigo de Paul por sanción para el partido del sábado con el Mallorca, para el que Nahuel Molina, César Azpilicueta y Rayane Belid figuran en la lista.

El lateral campeón del mundo con Argentina no se ejercitó en la mañana de este viernes por una indisposición y su evolución determinará su participación en el partido, aunque, por ahora, forma parte de la citación ofrecida por el entrenador del equipo rojiblanco.

También están César Azpilicueta, que se entrenó en el gimnasio en la sesión de este viernes, y Rayane Belid, del filial y llamado de nuevo por Simeone para completar la convocatoria.

Mientras tanto, Galán sigue de baja. Lesionado el martes de la semana pasada en el primer tiempo el encuentro de la Liga de Campeones ante el Bayer Leverkusen, el futbolista extremeño sigue su recuperación. Ya no jugó ante el Villarreal y el Salzburgo. En el primero fue sustituido en el once por Reinildo Mandava y en el segundo por Azpilicueta.

En el caso de De Paul, esencial en el esquema de Diego Simeone, vio el pasado sábado su quinta tarjeta amarilla de esta Liga, en el choque ante el Villarreal, por "derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón", según escribió en el acta José María Sánchez Martínez, árbitro de ese encuentro, por lo que está sancionado ante el Mallorca.

En cambio, Simeone recupera a Pablo Barrios, que cumplió un partido de suspensión el pasado miércoles en la Liga de Campeones frente al Salzburgo.

La convocatoria está compuesta por 23 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Antonio Gomis; los defensas Nahuel Molina, César Azpilicueta, Robin Le Normand, Axel Witsel, Clement Lenglet, José María Giménez y Reinildo Mandava; los medios Marcos Llorente, Pablo Barrios, Koke Resurrección, Thomas Lemar y Conor Gallagher; los extremos Giuliano Simeone, Samuel Lino, Rodrigo Riquelme y Rayane Belid; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Álvarez, Ángel Correa y Alexander Sorloth.

Madrid, 31 ene (EFE).- El delantero Julián Álvarez, el centrocampista Koke Resurrección y el defensa Robin Le Normand, futbolistas del Atlético de Madrid, afrontan el partido de este sábado contra el Mallorca apercibidos de sanción, con lo que una tarjeta amarilla en ese encuentro los impediría jugar el derbi de la siguiente jornada ante el Real Madrid.

El atacante argentino, el máximo goleador del Atlético en esta campaña, con 16 goles, vio su cuarta amonestación en el anterior duelo frente al Villarreal, con lo que jugará por primera vez al límite de la sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas, al igual que le ocurre al central Robin Le Normand.

Koke, por su parte, lleva apercibido desde hace cuatro jornadas. No vio tarjeta después ni contra el Barcelona ni contra el Leganés ni contra el Villarreal. Ante Osasuna, mientras, no dispuso de minutos. EFE