Cerca de las 5 de la mañana de este domingo, una motocicleta embistió a un grupo de cinco mujeres que caminaban por la ruta a la altura de Termo Andes, en jurisdicción de General Güemes, Salta. El conductor circulaba alcoholizado. Las peregrinas iban de camino hacia la Catedral Basílica de Salta y ninguna de ellas figuraba en el registro oficial de la Policía provincial.

El hecho ocurrió cuando las mujeres transitaban a pie desde Apolinario Saravia con destino a la ciudad de Salta, en el marco de la peregrinación hacia la Catedral Basílica. Tras el impacto, los equipos de emergencia asistieron a las cinco víctimas en el lugar.

Dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres fueron derivadas al Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta. La Policía informó que, pese a la violencia del choque, ninguna presentó lesiones de gravedad y todas se encuentran fuera de peligro.

El conductor de la motocicleta fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras ese resultado positivo, quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

Desde la fuerza provincial aclararon que las mujeres formaban parte de un grupo reducido que había decidido iniciar el camino por su cuenta, sin incorporarse al registro oficial de peregrinos ni contar con la aplicación “Soy Peregrino”, la herramienta que la Policía utiliza para dar seguimiento y brindar contención a quienes transitan las rutas hacia la Catedral.

“Hay gente que decide venir a caminar sola hacia la Catedral, lo cual claramente no tiene nada de malo, pero al no contar con la aplicación ‘Soy Peregrino’ nunca estuvieron en los registros de la Policía como para, de esta manera, brindarles contención cuando transitan por la ruta”, señalaron desde la institución, según el medio regional El Tribuno. Al no figurar en ese esquema de acompañamiento preventivo, su tránsito por la ruta no contaba con asistencia policial activa al momento del accidente.

Un motociclista murió al chocar con un auto conducido por un custodio de la vicegobernadora de Mendoza

Un motociclista de 24 años murió este domingo tras chocar de frente contra un auto en la Ruta Nacional 40, en el departamento mendocino de Lavalle. El vehículo era conducido por un agente policial que presta servicios de custodia en la Vicegobernación de Mendoza.

El siniestro ocurrió a las 6.40, cuando un Suzuki Fun circulaba de sur a norte y colisionó con la moto, que avanzaba en dirección contraria. Las causas de la maniobra son materia de investigación, según informó MDZ.

El motociclista, identificado como D.M.D., fue trasladado al Hospital Central junto al conductor del automóvil, pero murió en el centro de salud como consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto. La Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle interviene en la causa y dispuso las medidas de rigor para determinar la mecánica del hecho.

El auto era manejado por el efectivo policial identificado por sus iniciales J.S.A., de 39 años. El agente presta servicios en el área de custodia de la Vicegobernación de Mendoza.

Así lo dijo la propia vicegobernadora Hebe Casado, quien confirmó en sus redes sociales que el policía involucrado forma parte de su sector. La funcionaria expresó sus condolencias por la muerte del joven.

“Lamento profundamente el fallecimiento de un joven de 24 años como consecuencia del incidente”, afirmó Casado en su comunicado, en el que señaló que el hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 40, en dirección a Lavalle.

La vicegobernadora indicó que desde el inicio se puso a disposición de la Justicia “todas las herramientas, información y mecanismos necesarios” para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

También remarcó la necesidad de “determinar con precisión la mecánica del hecho y permitir que la investigación avance con absoluta transparencia”.

Por último, Casado afirmó que confía en la actuación judicial y advirtió que, “si se determinan responsabilidades, se actuará con todo el peso de la ley, sin privilegios ni excepciones de ningún tipo”.

La muerte de Thiago Altamirano, el niño de dos años que llegó sin signos vitales al Hospital Materno Infantil de Salta el 22 de junio, derivó en una investigación por homicidio que tiene como imputados a su madre, de 19 años y a la pareja, de 32 años. En ese marco, la Justicia de Salta rechazó este viernes el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de la joven.

La decisión fue tomada por el juez Ignacio Colombo durante una audiencia en la que se analizaron los argumentos de la defensa y la oposición planteada por el Ministerio Público Fiscal. El planteo de sobreseimiento, una resolución que habría implicado apartarla definitivamente de la causa penal, fue rechazado ya que no existe la certeza requerida para desvincularla.

El expediente también tiene como imputado a un hombre de 32 años que era pareja de la joven al momento del hecho. Sobre él pesa una acusación como presunto autor de homicidio agravado por alevosía. Según la hipótesis fiscal, habría provocado la muerte de Thiago mediante maniobras de asfixia y sofocación.

La acusación, en representación del Ministerio Público Fiscal ejercida por el fiscal penal Daniel Espilocín, afirmó que existen pruebas suficientes recolectadas durante la investigación para que la imputación continúe en pie. La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas argumentó que todavía resta profundizar el análisis de las evidencias y determinar las responsabilidades de cada una de las personas acusadas.

La decisión no define la responsabilidad penal de la joven: la investigación continuará con el análisis de las pruebas reunidas y las medidas que aún puedan ordenarse.

La hipótesis fiscal

La investigación comenzó el lunes 22 de junio, cuando Thiago fue trasladado por su madre al Hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de su estado, los profesionales dispusieron su derivación en código rojo al Hospital Materno Infantil, donde el niño llegó sin signos vitales.

En un primer momento, los imputados habrían sostenido que el niño sufrió una caída de la cama. Esa explicación fue incorporada a la pesquisa como una de las primeras versiones sobre lo ocurrido en la vivienda del barrio Convivencia.

A partir de la intervención médica y de los estudios ordenados posteriormente, se inició la investigación judicial. La autopsia concluyó que la muerte se produjo por asfixia mecánica provocada, un resultado que contradijo la versión inicial atribuida a los imputados. Los médicos que lo asistieron también indicaron que el cuadro clínico no era compatible con un accidente doméstico.

Con esos elementos, la causa avanzó con la imputación de la madre y de su pareja. Al hombre de 32 años se le atribuye haber provocado la muerte de Thiago mediante maniobras de asfixia y sofocación. En tanto, la madre fue imputada como presunta coautora a partir de una posible conducta omisiva: la Fiscalía busca determinar si conocía la situación de riesgo a la que estaban expuestos sus hijos y si no adoptó medidas para evitar el desenlace.

Vecinos y la propietaria del inquilinato donde vivía la familia aportaron testimonios sobre la presencia frecuente del hombre en el domicilio. También señalaron que los niños le tenían temor y que la madre se ausentaba, dejando a los menores bajo su cuidado. Esos elementos forman parte de la pesquisa que conduce la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

El caso también puso bajo revisión las medidas de protección que habían sido dispuestas con anterioridad para Thiago y su hermano menor. Según los antecedentes conocidos, existía una denuncia realizada por el abuelo paterno y un acompañamiento de organismos de niñez debido a la situación de vulnerabilidad familiar.

Luego de la muerte de Thiago, su hermano quedó bajo una medida de resguardo. Tras casi dos meses, el niño fue restituido a la familia paterna, mientras los organismos de protección continúan con el seguimiento de su situación.

La recuperación de De Stefano es lenta, pero va en la dirección correcta

En la entrevista, Calabró fue cauta pero directa al hablar del estado de salud del empresario. “No está bien todavía. Le falta porque estuvo mucho tiempo internado, entonces ahora necesita una rehabilitación”, señaló. Y agregó: “Está mucho mejor de como empezamos esto ya hace casi dos meses, pero cuando está mucho tiempo internado, después necesita rehabilitarse para volver a recuperar su vida normal”.

De Stefano, empresario del rubro de la marmolería con local en el barrio porteño de Chacarita, padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) desde hace años. En agosto, una neumonía complicó su cuadro de base y derivó en su ingreso a terapia intensiva en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo, donde permaneció intubado y con ventilación mecánica mientras el equipo médico trabajaba para estabilizarlo.

Calabró agradeció en la catedral de Salta y pidió salud

La actriz estuvo en la ciudad junto al elenco de la obra y aprovechó su visita para ir a la catedral durante la novena de la Virgen del Milagro. Consultada por el programa si había pedido algo en especial, respondió con firmeza: “No, yo agradezco. Siempre pedí salud, porque el resto va y viene. La salud es lo único que hay que atesorar y cuidar en todas las familias”.

Al hablar de De Stefano, Calabró no ocultó la gravedad que tuvo el cuadro en su momento más crítico: “Estuvo a un paso de pasar al otro lado, así que todo es bendecido, todo el proceso bendecido”. También contó que le lleva estampitas religiosas durante las visitas al sanatorio.

La gira de teatro continuó a pesar del difícil momento personal

A pesar de la situación personal, Calabró continuó con la gira de Viuda e hijas, que protagoniza junto a Nora Cárpena, María Valenzuela, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea, bajo la dirección de Héctor Díaz, y se mostró agradecida con el público salteño. “La gente disfrutó, no se perdían una gracia. Nos celebró y eso se vive con mucha alegría. Es una vitamina a tanto esfuerzo y sacrificio”, expresó ante Desenchufadas.

Además de la obra, la actriz participa en Iluminadas, el programa que emite la TV Pública. “La idea es iluminar a la gente, que se le prenda una lamparita, que trabaje para la buena salud y la armonía”, describió.

Una pareja que nació en 2023

Calabró y De Stefano se conocieron en 2023 gracias a una coincidencia: tanto el joyero de ambos como la abogada Ana Rosenfeld los pusieron en contacto por separado. La conexión fue tan rápida que a los dos meses de conocerse decidieron convivir en el departamento de la actriz en el barrio de Palermo.

En declaraciones previas, Calabró había sintetizado el vínculo con una frase: “Él es muy fuerte, ya ha salido de varias, así que esta no va a ser la excepción”. El empresario había tenido otro episodio de alto impacto en enero de 2025, cuando una ambulancia lo embistió en el barrio de Caballito, aunque en esa ocasión no sufrió lesiones de gravedad.

Por el momento, el estado de De Stefano se mantiene en proceso de rehabilitación. La pareja no brindó precisiones sobre los plazos de recuperación ni emitió un parte médico oficial, aunque desde el entorno de Calabró señalaron que la evolución es favorable y que el empresario avanza de manera progresiva.

A casi dos años de haber concretado un robo millonario, un hombre fue condenado en San José de Metán, provincia de Salta, a tres años de prisión condicional por su participación en el asalto a la vivienda de un comerciante, donde una banda sustrajo dinero en pesos y moneda extranjera.

La sentencia recayó sobre Horacio Santiago Orellana, quien admitió haber intervenido como coautor de un hecho ocurrido el 29 de octubre de 2024. Así, en el marco de un juicio abreviado, el fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, solicitó la pena.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, el juez Mario Dilascio homologó el acuerdo luego de que el acusado confesara su participación y le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Además, deberá cumplir con varias reglas de conducta.

Según reconstruyó la acusación, Orellana, oriundo de Tucumán, actuó junto a otros dos hombres que ya habían sido condenados en julio de 2025. Tras haber ingresado a la casa de un comerciante de Metán, se llevaron una suma de dinero tanto en pesos argentinos como en moneda extranjera.

Por este motivo, la causa encuadró el hecho como robo agravado en poblado y en banda, previsto en el artículo 167, inciso 2, del Código Penal. Asimismo, el fiscal Gómez Amado destacó las tareas de la Brigada de Investigaciones N.º 3 de Metán, que permitieron identificar a los participantes y avanzar en el esclarecimiento del robo.

Durante la investigación, el personal policial analizó registros de cámaras de seguridad y tomó declaraciones a testigos. Esas medidas permitieron establecer la identidad de los presuntos responsables. Así, se descubrió que uno de los involucrados mantenía un vínculo de parentesco político con el damnificado.

A mediados de julio del año pasado, otros dos hombres fueron condenados por el robo a la vivienda de un comerciante de Metán. En esa oportunidad, las partes también alcanzaron un acuerdo particular para reparar el daño ocasionado.

De este modo, el juez Mario Dilascio impuso a Juan Pablo Lambertucci una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta. En tanto, Adrián Gustavo Albornoz recibió un año y seis meses de prisión condicional, con las mismas obligaciones.

En este sentido, Lambertucci fue condenado como autor de robo doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda, en concurso real con el delito de desobediencia judicial. Albornoz, por su parte, recibió una condena como partícipe secundario del mismo robo. Ambos acuerdos fueron alcanzados, debido a que el comerciante afectado aceptó la propuesta y fue representado por el fiscal Gómez Amado en el proceso.

Durante la audiencia, ambos acusados confesaron su intervención. En línea con esto, además de las penas y las reglas de conducta, las partes dejaron constancia de un acuerdo privado relacionado con la reparación del perjuicio sufrido por la víctima.

Una mujer quedó detenida por el robo millonario a un comerciante en Orán

Una mujer de 31 años fue imputada como coautora de un robo a mano armada en Orán, en el que una banda se llevó 15 millones de pesos, teléfonos celulares y otros objetos de valor de la vivienda de un comerciante.

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, le atribuyó el delito de robo doblemente agravado y solicitó su prisión preventiva. La acusada fue asistida por la defensa oficial y optó por no declarar durante la audiencia de imputación.

El hecho investigado ocurrió el 18 de julio en un domicilio particular de la ciudad. Según la información reunida en la causa, varios integrantes del grupo ingresaron al inmueble, redujeron a la víctima mediante amenazas y violencia física, y se apoderaron del dinero y de otros bienes.

La investigación se inició con la revisión de registros de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la casa afectada. Las imágenes, junto con los testimonios de personas que presenciaron parte de la secuencia, permitieron reconstruir los movimientos.

Incluso, se logró identificar el dominio del vehículo que habría sido utilizado para la fuga. El cruce de esa información con registros vehiculares y los aportes de vecinos y comerciantes de la zona permitió avanzar en la localización de la sospechosa.

Con los elementos reunidos, la fiscal Murúa pidió la orden de allanamiento y detención para el domicilio de la acusada. Durante el procedimiento, la Policía detuvo a la mujer y secuestró el rodado que estaría relacionado con el hecho, además de otros objetos de interés para la investigación.

La hipótesis de la Fiscalía apuntaría a que el robo fue cometido por una organización con planificación previa y tareas distribuidas entre sus integrantes. No obstante, la causa continuará con declaraciones testimoniales, peritajes sobre los elementos secuestrados y el análisis de comunicaciones que podrían establecer vínculos entre la detenida y otros posibles participantes. No se descartan nuevos allanamientos, detenciones ni imputaciones.

Un hombre y una agente de la Policía de Salta fueron imputados por estafa y extorsión vinculadas con la promesa de gestionar un traslado dentro de la fuerza. La denuncia fue presentada por una integrante de la institución que aseguró haber entregado dinero por un cambio de destino que nunca se concretó.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, les atribuyó a ambos la presunta coautoría de los delitos de estafa y extorsión. En el caso de la agente, la acusación incorpora además el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa se originó tras la denuncia de una mujer que presta servicios en la Subcomisaría San Jorge y buscaba ser trasladada al Departamento Bicipolicías. De acuerdo con su relato, una compañera le facilitó el número de una persona a la que identificó como “Sonia”, presentada como alguien con vínculos en la Dirección General de Recursos Humanos y capacidad para intervenir en el cambio de destino.

El contacto le habría pedido $700.000 para poner en marcha el supuesto trámite. La mujer transfirió $200.000 y luego $500.000 a una cuenta bancaria a nombre de uno de los imputados. Sin embargo, el cambio de destino nunca se produjo.

Ante la falta de resultados, la denunciante habría decidido desistir de la gestión. Según su relato, entonces le exigieron $250.000 para cancelarla. Como parte de ese nuevo reclamo, realizó dos transferencias de $100.000 cada una, por lo que abonó $200.000.

De acuerdo con la denuncia, las exigencias continuaron después de esos pagos. Le habrían advertido que la supuesta deuda aumentaría si no completaba el monto reclamado y, entre otros pedidos, le exigieron el equivalente al 35% de su sueldo, unos $350.000.

Para la Fiscalía, el dinero entregado por la promesa de un traslado sustenta la imputación por estafa. Los reclamos posteriores y las advertencias sobre el aumento de la supuesta deuda fundamentan la acusación por extorsión.

Al no concretarse el trámite, la denunciante hizo averiguaciones sobre el número desde el que se realizaban las gestiones. Esa información habría permitido relacionar la línea con la agente que le había facilitado el contacto. A partir de allí, la investigación avanzó sobre los intercambios de mensajes, los registros digitales, la documentación bancaria y los movimientos de las cuentas involucradas.

Para el Ministerio Público Fiscal, la agente habría empleado un número alternativo y una identidad ficticia para aparentar que poseía contactos en áreas administrativas de la institución capaces de conseguir traslados a cambio de dinero. Esa es una hipótesis de investigación que deberá ser contrastada durante el proceso judicial.

De acuerdo con los informes incorporados, la cuenta que recibió las transferencias de la denunciante pertenecía al otro acusado. Luego, esos fondos habrían sido derivados a una cuenta de la agente policial. Ese circuito financiero es uno de los elementos que, según la Fiscalía, conecta a los dos imputados con la maniobra denunciada.

En el marco de las medidas ordenadas por la Fiscalía de Rosario de Lerma, el 4 de septiembre se realizaron allanamientos en domicilios vinculados con ambos imputados. Los procedimientos fueron autorizados por el juez Antonio Germán Pastrana.

La información oficial indicó que las diligencias arrojaron resultados positivos para la pesquisa, aunque no detalló qué elementos fueron secuestrados ni si a partir de esos operativos surgieron nuevas medidas. La investigación continúa con el análisis de las comunicaciones, los dispositivos y los movimientos bancarios incorporados al expediente.

En una causa que ya acumulaba cinco denuncias por inversiones fallidas y vehículos comprometidos, la Justicia de Salta amplió la acusación contra el principal investigado por presuntas maniobras vinculadas a la compra y alquiler de autos. Con esta nueva atribución, el hombre quedó imputado por otro nuevo caso de fraude en concurso real y continuará detenido con prisión preventiva.

La audiencia en la que se formalizó la ampliación de la imputación contó con la intervención del auxiliar fiscal Pablo Nieva, en representación del Ministerio Público Fiscal. En esa instancia, además, el juez Antonio Pastrana rechazó el planteo de los denunciantes que buscaban recuperar vehículos vinculados con las operaciones investigadas, un punto que mantiene abierto el conflicto patrimonial en torno a los bienes bajo análisis.

El hombre ya estaba acusado por cinco maniobras, y con la ampliación, la situación procesal del sospechoso se agravó. El expediente se centra en operaciones presentadas como inversiones para adquirir vehículos que luego serían destinados al alquiler o a otras explotaciones comerciales. De acuerdo con la hipótesis fiscal, a los aportantes se les prometía una renta mensual en dólares y, más adelante, la devolución del capital invertido.

Permanece con prisión preventiva desde agosto, después de haber sido detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y trasladado posteriormente a la capital salteña. La pesquisa intenta determinar si detrás de ese esquema existió una estructura organizada para captar fondos y sostener pagos iniciales hasta que comenzaron los incumplimientos.

En la misma causa, otras dos personas fueron imputadas como partícipes necesarios de cinco hechos de estafa, mientras que cinco personas más quedaron acusadas de encubrimiento agravado por la presunta adquisición de 11 vehículos relacionados con las maniobras investigadas.

El inicio de la causa

La investigación comenzó tras la presentación de las primeras denuncias y desde ese momento quedó planteada la hipótesis de una posible estafa piramidal. Según los investigadores, los aportes de nuevos inversores habrían sido utilizados para sostener pagos iniciales a otros participantes.

En ese marco, la UDEC realizó seis allanamientos en la ciudad de Salta y secuestró 12 vehículos, documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés, mientras avanzaba también sobre el análisis de movimientos de los sospechosos entre Buenos Aires, Brasil, Chile y Portugal.

El esquema ofrecía, según los testimonios, pagos mensuales en moneda estadounidense y la posibilidad de recuperar el capital al final del acuerdo. Con el correr de los meses, sin embargo, varios inversores denunciaron que esos compromisos dejaron de cumplirse. Fue entonces cuando intentaron recuperar los vehículos o resguardar los activos asociados a las operaciones.

En ese momento, advirtieron que algunas unidades estaban prendadas o alcanzadas por contratos de leasing, lo que complicaba cualquier restitución y revelaba una situación patrimonial distinta a la que se les había presentado al momento de invertir.

Según la hipótesis del Ministerio Público, las operaciones investigadas se habrían canalizado a través de dos sociedades que actuaban bajo un mismo nombre comercial. La investigación intenta establecer qué rol cumplió cada firma, cómo se instrumentaban los contratos y de qué manera ingresaban los aportes de quienes aceptaban invertir en el negocio.

Durante la audiencia más reciente, uno de los puntos discutidos fue el destino de los vehículos vinculados con las operaciones bajo investigación. Los denunciantes solicitaron que esas unidades fueran restituidas, pero el juez Pastrana desestimó el planteo.

Por ahora, los vehículos seguirán alcanzados por las medidas dispuestas en la causa, mientras se define su situación jurídica y se profundiza el análisis sobre la titularidad, las garantías que pudieran pesar sobre ellos y su eventual vinculación con los hechos denunciados.

A siete meses de haberse notificado que Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, se había fugado de la Alcaidía General de la ciudad de Salta, el peligroso delincuente fue recapturado este martes por la tarde en las inmediaciones del dique Campo Alegre, en La Caldera.

Según informó el fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, Peloc estaba prófugo desde el 4 de abril. Además, se trata de uno de los presos de alto perfil, ya que había sido imputado como autor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por una tentativa de homicidio.

Desde abril, se había puesto en marcha una investigación minuciosa que incluyó análisis de las cámaras de seguridad, comunicaciones y otras medidas. Fue así que ese trabajo permitió identificar a personas del entorno del prófugo que habrían colaborado tanto en su fuga como en su permanencia en la clandestinidad.

De hecho, el fiscal Paz confirmó que, al momento de la detención, el acusado se encontraba junto a uno de sus hermanos. Luego de que se ordenara la detención e imputación de estas personas, indicaron que la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se realizará en los próximos días.

Por último, el investigador destacó la tarea de un equipo de investigadores encabezado por el comisario Mario Cortez y por personal del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI), dependiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, por hacer posible la detención.

Los detalles de la fuga y los delitos que le imputaron a Peloc

La fuga se produjo durante la madrugada del sábado 4 de abril, cuando Jonatan Jordan Peloc y Jorge Miguel Ángel Fernández, de 31 años, escaparon del pabellón A1 de la Alcaidía. Mientras que Fernández fue recapturado pocas horas después, Peloc continuó prófugo.

A raíz de esto, y ante el perfil de riesgo del evadido, las autoridades también dispusieron reforzar las medidas de protección para el fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, y para las víctimas vinculadas a la causa.

Según publicó El Tribuno, Peloc se encontraba detenido con prisión preventiva en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El expediente está vinculado a un violento hecho ocurrido en noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión, en la ciudad de Salta. El acusado ya había permanecido prófugo durante más de un año antes de ser capturado, circunstancia que profundizó la preocupación tras su nueva evasión.

En ese contexto, el operativo para localizarlo continuó con controles en puntos estratégicos, patrullajes, análisis de cámaras de seguridad y rastrillajes en distintas zonas. En paralelo, se abrió una investigación interna para determinar cómo fue posible la fuga desde un lugar de detención bajo custodia estatal.

Además, el fiscal Paz ordenó la intervención del área de Criminalística para recolectar pruebas y reconstruir la mecánica del escape. El Ministerio Público Fiscal reiteró, a su vez, el pedido de colaboración a la comunidad para aportar datos sobre el paradero del prófugo a través del 911 o en la dependencia policial más cercana.

La causa por la que Peloc estaba detenido se remonta al 15 de noviembre de 2024. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el episodio comenzó por la tarde durante una reunión familiar en la que había niños y un pelotero instalado en la vereda. En ese contexto, uno de los imputados arrojó piedras contra una mujer, lo que originó el reclamo de los familiares que participaban del encuentro.

Según la investigación, Peloc intervino entonces armado y lanzó amenazas antes de retirarse del lugar junto a otras personas. Más tarde, ya por la noche, regresó acompañado por los demás implicados, esta vez con armas de fuego y objetos contundentes.

De acuerdo con la pesquisa, el grupo efectuó disparos primero al aire y luego contra viviendas, personas presentes y transeúntes. El recorrido se inició en el domicilio de Peloc, alias “Camboya”, y se extendió hasta el pasaje Boedo, generando una grave situación de riesgo para vecinos, familias y menores de edad que se encontraban en la zona.

Como consecuencia del ataque, un joven de 24 años recibió un disparo en el tórax con compromiso de órganos vitales. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde murió pese a la atención médica.

Además, un hombre de 32 años sufrió una herida de arma de fuego en una pierna, con lesiones óseas y de partes blandas, mientras que otra víctima presentó un traumatismo encéfalo craneano, una herida cortante y pérdida de conocimiento. Durante el mismo hecho, también fue asesinado de un disparo un perro.

En la escena se secuestraron 18 vainas servidas, incorporadas luego a la causa como prueba. La investigación también incluyó declaraciones testimoniales, análisis de cámaras públicas y privadas, pericias balísticas, químicas, médicas y forenses, informes de criminalística, estudios de biología molecular e informática forense, además del análisis de registros del sistema 911.

Según los investigadores, esas tareas permitieron reconstruir la dinámica del ataque, determinar el grado de participación de cada imputado, identificar las armas utilizadas y localizar a Peloc, quien había permanecido prófugo hasta su detención del 3 de febrero.

Finalmente, el 6 de febrero, el fiscal penal 2 Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), logró imputar a Peloc por amenaza con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y actos de crueldad animal agravados, todo en concurso real.

Por la misma causa, también quedaron detenidos con prisión preventiva e imputados otros tres hombres, de 22, 19 y 25 años, acusados por los mismos delitos. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, Peloc era el único imputado de este expediente que permanecía evadido.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tomó la palabra este martes en el ciclo Democracia y Desarrollo —organizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)— para formular uno de los planteos que viene sosteniendo desde hace tiempo: que Argentina necesita reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica para generar la confianza que los inversores exigen. Lo dijo ante un auditorio de gobernadores, empresarios y funcionarios nacionales, en una jornada que reunió a referentes del ámbito político, institucional y del sector privado bajo la consigna “Infraestructura para el Desarrollo”.

El mandatario salteño lleva tiempo insistiendo con que uno de los principales obstáculos para atraer inversiones al país radica en la inestabilidad de las reglas de juego entre un gobierno y otro. En esa línea, su participación en el ciclo funcionó como una reafirmación pública de ese diagnóstico, con nombres y ejemplos concretos sobre la mesa.

“Argentina no genera confianza si cada gobierno que llega cambia las reglas de juego”, afirmó Sáenz durante su disertación, según recogió el mandatario en su cuenta de la red social X. Para el gobernador, esta dinámica tiene consecuencias directas sobre el flujo de capitales: las inversiones “llegan de a poco” precisamente porque la falta de seguridad jurídica opera como un freno sostenido en el tiempo.

Desde el MALBA, Sáenz fue más lejos y señaló con nombre propio uno de los factores que, según su visión, deteriora la imagen institucional del país frente al mundo. “No somos un país serio cuando tenemos dirigentes nacionales que dicen que si llegan al gobierno voltean el RIGI”, cuestionó, en alusión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

La afirmación fue acompañada de una pregunta retórica: “¿Cómo va a generar confianza si nosotros los gobernadores vemos que viene un gobierno, licita una obra y llega otro y dice que está mal y no se va a hacer?”.

Frente a ese cuadro, el gobernador salteño propuso una salida concreta: definir tres o cuatro políticas que queden “blindadas” para quienes quieran invertir, producir y generar trabajo en el país, y que ningún gobierno futuro pueda modificar. Los ejes que identificó fueron institucionalidad, confianza y seriedad. “En el ciclo Democracia y Desarrollo reafirmé algo que vengo sosteniendo hace tiempo, necesitamos políticas de Estado que trasciendan los gobiernos y den certezas a quienes quieren invertir, producir y generar trabajo en nuestro país”, escribió en X.

Más allá del diagnóstico sobre la institucionalidad, Sáenz articuló su postura con una lectura sobre el momento que atraviesa la Argentina en términos productivos y geopolíticos. Para el mandatario, la transformación de la matriz económica del país está poniendo en valor a las provincias de una manera que antes no ocurría. “La Nación se está dando cuenta que la salida es por el Norte”, sostuvo ante el auditorio del MALBA.

En ese marco, consideró que las provincias cuentan hoy con los recursos que el país necesita mostrar al mundo y que eso le da una nueva dimensión al debate sobre el federalismo.

“La relación de Nación y provincias es distinta ahora. El diálogo ahora es más justo, porque las provincias tienen más fuerza, tienen lo que Nación necesita mostrar al mundo”, planteó Sáenz. Al mismo tiempo, reclamó por el estado de las rutas y por la ley de Coparticipación, que —señaló— “no se cumple desde 1994”.

El caso de Salta, en particular, ocupó parte central de su intervención. “Salta tiene una ubicación privilegiada. Nosotros dejamos de ser una provincia con minerales críticos para convertirnos en una provincia minera”, precisó el gobernador, al tiempo que subrayó que esa posición estratégica —limítrofe con tres países y seis provincias, en el corazón del denominado Triángulo del Litio— le da a la jurisdicción un rol diferencial en la captación de inversiones externas. Desde esa perspectiva, el mandatario vinculó la discusión sobre federalismo real con la necesidad concreta de infraestructura, rutas y condiciones que permitan a las provincias ser competitivas.

“Hoy las provincias tenemos un rol protagónico. Contamos con los recursos que el mundo demanda, pero necesitamos un federalismo real, con infraestructura, rutas y condiciones que nos permitan ser competitivos. El futuro de la Argentina también se construye desde el Norte”, subrayó en su cuenta de X.

La jornada en el MALBA fue la tercera y última del ciclo organizado bajo el título general “Ampliando fronteras competitivas”. Sáenz disertó en el panel “Desafíos y oportunidades de las provincias” junto a los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Neuquén, Rolando Figueroa; y Mendoza, Alfredo Cornejo. El encuentro contó además con la apertura del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y con la participación de representantes del sector privado y organismos de financiamiento internacional.

El pasado 21 de junio, tres perros de caza acorralaron a un oso hormiguero gigante dentro de la Reserva Nacional Pizarro, en el departamento de Anta, Salta. Los animales pertenecían a un padre y su hijo que habían ingresado ilegalmente al área protegida. Lo que siguió fue un proceso penal que terminó en un acuerdo inédito: los imputados deberán costear la reposición de un tramo del alambrado de la reserva.

Fue durante un patrullaje de rutina cuando los guardaparques Abraham Rojas, Jairo Palma y Soledad Rojas escucharon ladridos provenientes del monte. Siguieron los rastros hasta advertir que los animales entraban y salían de la vegetación. Al acercarse, encontraron a tres perros de caza que habían acorralado a un ejemplar de la especie myrmecophaga tridactyla —conocida popularmente como oso hormiguero gigante o yurumí—, que presentaba heridas provocadas por mordeduras. Los agentes lograron poner a los canes a distancia y poner al animal protegido a resguardo. Poco después, localizaron a los propietarios de los perros en las inmediaciones. Una vez controlada la situación, el ejemplar se recuperó y se internó nuevamente en el monte.

A partir del hecho, la Unidad Fiscal Salta inició actuaciones por infracción a la Ley N°22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. La imputación se sustentó en el artículo 25 de esa norma, que establece una pena de dos meses a dos años de prisión e inhabilitación especial de hasta cinco años para quien “cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación”.

La auxiliar fiscal Carolina Jorge, del Área de Casos Sencillos de la mencionada unidad, explicó durante la audiencia que los implicados —padre e hijo— habían ingresado ilegalmente a la reserva con fines de caza, motivo por el cual se formalizó la imputación penal en su contra.

Sin embargo, las partes llegaron a una solución antes de que el caso avanzara hacia un juicio. El acuerdo de reparación, presentado por el fiscal general Carlos Martín Amad y por Jorge, fue homologado por el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, el viernes pasado. En el marco de ese convenio, los imputados se comprometieron a solventar la compra de los materiales necesarios para reponer un tramo del alambrado de la Reserva Nacional Pizarro, una necesidad que había sido informada por el intendente de la reserva, Néstor Walter Sucunza.

La fiscalía solicitó además que, al momento de homologar el acuerdo, el magistrado dejara constancia de que los fondos aportados serían destinados exclusivamente a la Reserva Nacional Pizarro. Anzorreguy consultó a los imputados sobre los términos del convenio; ambos manifestaron su conformidad, al igual que su defensa. En consecuencia, el magistrado homologó la reparación acordada y les advirtió sobre las consecuencias de reincidir en una conducta ilícita.

La Reserva Nacional Pizarro está ubicada en el departamento de Anta, en la provincia de Salta, y constituye un área protegida en la que se encuentra vedada la caza y la depredación de fauna.

El yurumí —el ejemplar afectado en este caso— es una especie de especial importancia para la conservación de la biodiversidad. El hecho ocurrió entre los lotes 3 y 7 de la reserva, zona en la que los guardaparques desarrollaban su recorrida habitual cuando detectaron la situación.

La Justicia de Salta declaró culpable a un ex concejal por el robo de un vehículo y la falsificación de documentos públicos. Además, también encontraron resposanbles de delitos similares a sus dos cómplices.

La resolución fue dictada en un debate en el que la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal.

La decisión del magistrado Guillermo Pereyra abarcó hechos vinculados con la salida irregular de una camioneta retenida, la presentación de documentación falsa, un episodio de resistencia a la autoridad, daños en una dependencia y, además, una causa separada por incumplimiento de asistencia familiar y desobediencia judicial.

El caso avanzará ahora hacia una nueva instancia procesal. La audiencia de cesura fue fijada para hoy martes 8 a las 10:15, momento en el que se definirán las penas para los imputados que resultaron condenados. Hasta esa etapa, lo resuelto por el juez delimita qué conductas consideró acreditadas y cuáles no alcanzaron el grado de prueba necesario para una condena.

En su decisión y según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, el juez declaró a Julio Conte penalmente responsable como autor del delito de peculado. También consideró a César Eduardo Acosta coautor del delito de resistencia a la autoridad. En el caso del ex concejal Martín Miguel Poma Ovejero, el pronunciamiento fue más extenso: quedó señalado como partícipe necesario del delito de peculado, autor de dos hechos de falsificación de instrumento público, autor de daño doblemente agravado, coautor de resistencia a la autoridad, autor de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y de un hecho de desobediencia judicial, todo ello en concurso real.

La misma sentencia incluyó absoluciones parciales. Poma Ovejero fue absuelto por un hecho de desobediencia judicial y también por los delitos de estafa y falsificación de documento privado en concurso ideal. A su vez, Ramiro Mauricio Maldonado Blanque fue absuelto de todos los cargos por los que había sido llevado a juicio.

Todas las causas

El origen de la primera causa se remonta al 5 de enero de 2024, cuando Maldonado Blanque conducía una Volkswagen Amarok que, según la acusación ventilada en el juicio, había sido dejada por su propietario en un taller mecánico para reparaciones y luego prestada por el dueño del establecimiento. Acosta viajaba en ese vehículo al momento cuando chocó.

Después del siniestro vial, personal de Tránsito dispuso la retención de la camioneta por falta de documentación. Fue en ese procedimiento donde intervino Poma Ovejero y se produjo un altercado con los inspectores. De acuerdo con la reconstrucción incorporada al debate, Acosta agredió a uno de los agentes y, en ese contexto, Poma Ovejero se retiró con la camioneta.

Más tarde, el rodado fue trasladado primero a una dependencia policial y luego al Canchón Municipal, donde quedó bajo custodia. Ese movimiento del vehículo resultó central en la causa, porque el expediente posterior analizó no solo la situación administrativa de la camioneta sino también las maniobras que se realizaron para intentar recuperarla.

Al día siguiente del ingreso del vehículo, Poma Ovejero se presentó en la dependencia policial para entregar la llave de la Amarok. Durante esa intervención, según la resolución judicial, dañó el Libro de Guardia, una conducta por la que luego fue declarado responsable como autor de daño doblemente agravado.

La pesquisa también sumó un segundo tramo. Días después, Poma Ovejero remitió documentación al Tribunal de Faltas con el objetivo de obtener la restitución del vehículo. Entre esos papeles, el organismo detectó un poder general para juicios adulterado y documentación identificatoria falsa de la camioneta, por lo que no autorizó la entrega.

Ese episodio derivó en la atribución de dos hechos de falsificación de instrumento público, uno de los núcleos penales que el juez tuvo por acreditados. La maniobra no prosperó administrativamente, pero quedó incorporada a la acusación como parte de una secuencia orientada a recuperar el rodado por vías no autorizadas.

0tro de los puntos centrales del debate fue lo ocurrido el 18 de enero, cuando Poma Ovejero obtuvo permiso para ingresar al Canchón Municipal con el único fin de observar la camioneta. En ese momento, Conte cumplía funciones de retén y tenía a su cargo la custodia de los vehículos retenidos en el predio.

Según dio por probado el juez, el ex concejal obtuvo la llave y retiró la Amarok sin autorización, pese a que el acceso concedido no habilitaba esa acción. A partir de ese hecho, Conte fue declarado responsable como autor de peculado, mientras que Poma Ovejero fue considerado partícipe necesario de ese mismo delito.

Además de los hechos vinculados con la camioneta, la sentencia abordó una segunda causa seguida únicamente contra quien se desempeñó como funcionario legislativo. Ese expediente estaba relacionado con incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y con dos hechos de desobediencia judicial.

La tercera causa se originó en una operación de compraventa de un terreno en General Güemes. Según se expuso durante el proceso, el comprador entregó $170.000 por el lote y una suma adicional por gastos, en una gestión en la que intervino Poma Ovejero.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle Juan Carlos Dávalos, en el barrio El Portal, durante el horario de salida escolar. La denuncia fue presentada por las familias de los jóvenes, quienes indicaron que también se habrían producido insultos y expresiones intimidatorias en contra de los estudiantes.

Mientras que la identidad y la edad del adolescente acusado permanecen bajo resguardo judicial, en redes sociales se difundieron varios videos captados por las cámaras de seguridad de la zona. En ellos, se observa cómo un adolescente, con un objeto similar a un arma de fuego, se acercaba al grupo de alumnos.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia del barrio fueron requeridas por la Policía e incorporadas a las actuaciones abiertas a partir de la denuncia formal. Aparentemente, el elemento que aparece en el registro habría sido una réplica de arma de fuego.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre eventuales medidas a adoptar, mientras la investigación sigue en curso para determinar cómo ocurrió el episodio y qué responsabilidades podrían surgir del caso.

La causa quedó encuadrada de manera preliminar como “amenazas”, una calificación provisoria que deberá ajustarse a medida que avance la recolección de pruebas y se establezcan las circunstancias del hecho.

Cabe destacar que el caso sumó atención pública además por el contexto normativo, debido a que este 5 de septiembre comenzó a regir la Ley Nacional 27.801, que fija un nuevo marco para el proceso penal juvenil y regula la intervención estatal ante hechos cometidos por adolescentes.

De esta manera, la normativa establece que las personas menores de 18 años pueden quedar alcanzadas por sanciones penales a partir de los 14 años, aunque también prevé medidas socioeducativas y mecanismos orientados a la reinserción.

Entre los cambios principales, la ley prohíbe imponer penas de prisión perpetua o reclusión perpetua. Además, establece que las condenas privativas de la libertad no podrán superar los 15 años y habilita la posibilidad de acceder a la libertad condicional, siempre que se cumplan dos tercios de la pena y el resto de los requisitos previstos para ese beneficio.

La entrada en vigencia del nuevo régimen no implica que todo delito cometido por una persona menor de 18 años derive de manera automática en una medida de encierro. En este sentido, se incorporan alternativas para determinados casos, en especial cuando la escala penal prevista supera los tres años y no excede los diez.

Además, entre las herramientas previstas aparecen las restricciones de acercamiento, la reparación del daño a la víctima, reglas de conducta y la obligación de participar en actividades educativas o comunitarias.

También se suma la amonestación, concebida como un llamado de atención formal que puede aplicarse junto con otras medidas previstas en la ley. Otra novedad es el monitoreo electrónico para adolescentes, destinado a controlar el cumplimiento de ciertas sanciones o a funcionar como medida dentro del régimen penal juvenil.

En materia de alojamiento, los menores privados de libertad deberán permanecer en establecimientos acondicionados para ese fin y atendidos por personal especializado. A la vez, mantiene la prohibición de que compartan encierro con personas mayores de edad.

El régimen prevé que el alojamiento pueda cumplirse en institutos abiertos, institutos especializados de detención o, en algunos supuestos, bajo arresto domiciliario. También conserva la prohibición de difundir nombres, apodos, datos filiatorios, parentesco, domicilio o imágenes que permitan identificar al adolescente imputado.

Así, la nueva normativa también amplía la intervención de las víctimas dentro del proceso, ya que podrán participar del trámite judicial y recibir información sobre el avance del expediente. Y, por último, establece la responsabilidad civil de los padres de los menores sometidos a proceso penal por los daños derivados de los hechos ilícitos que se atribuyan a sus hijos.

No obstante, su aplicación dependerá de cada expediente y de las decisiones de los organismos judiciales competentes, con evaluación de la edad del adolescente involucrado, la gravedad del hecho investigado y las condiciones particulares del caso.

Un temblor se sintió este sábado por la mañana en el noroeste argentino, donde un sismo de magnitud 4,7 tuvo epicentro en la provincia de Salta y alcanzó distintos niveles de percepción en localidades de esa provincia, además de la capital tucumana y la ciudad de San Salvador de Jujuy, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo oficial, el movimiento ocurrió a las 08:37:13 hora local de este 5 de septiembre de 2026. El registro también consignó la hora GMT, fijada en 11:37:13, y ubicó el foco en las coordenadas -25.974 y -66.703, con una profundidad de 6 kilómetros.

La referencia geográfica publicada por el INPRES señaló que el epicentro se localizó a 71 kilómetros al este de Antofagasta, a 71 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra y a 74 kilómetros al oeste de Cafayate. En el informe difundido por el instituto, el área marcada se situó dentro del territorio salteño, en una zona próxima al límite con Catamarca y relativamente cerca del sector de los Valles Calchaquíes.

La cifra principal del informe fue la magnitud 4,7, mientras que el apartado sobre profundidad indicó 6 km. En la misma ficha, el instituto presentó además una tabla de intensidad Mercalli modificada, con el detalle de los lugares donde el fenómeno se percibió y los efectos asociados a cada nivel.

En esa tabla, Molinos, en la provincia de Salta, apareció con intensidad IV. El organismo describió ese nivel con la frase “Objetos colgantes oscilan”, una de las referencias incluidas para clasificar cómo se percibió el movimiento en superficie.

Para Cafayate, también en Salta, el parte asignó una intensidad de III a IV. En ese tramo de la escala, el cuadro oficial indicó: “Entre lo perciben algunas personas en reposo, y objetos colgantes oscilan”. La mención ubicó a esa ciudad entre los puntos donde el sismo tuvo una percepción intermedia dentro del listado difundido.

La tabla publicada por el instituto sumó otros centros urbanos. La ciudad de Salta y la ciudad de San Miguel de Tucumán quedaron encuadradas en intensidad III. Para ese nivel, el detalle del organismo señaló: “Lo perciben algunas personas en reposo”.

El parte oficial agregó a la ciudad de San Salvador de Jujuy dentro del rango II a III. En esa categoría, el texto del cuadro indicó que el fenómeno fue “sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios”.

La distribución de intensidades mostró que la percepción del movimiento alcanzó al menos cuatro áreas urbanas o localidades mencionadas expresamente por el organismo nacional. El listado abarcó puntos de Salta, Tucumán y Jujuy, con diferentes efectos reportados según la escala Mercalli modificada.

Un empresario gastronómico de Salta fue imputado formalmente por trata de personas con fines de explotación laboral luego de que una inspección en su finca revelara que siete trabajadores vivían con piso de tierra, camas hechas con palets y baños de letrinas.

La Unidad Fiscal Salta, representada por el fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal subrogante Paula Gallo, formalizó la investigación penal ante el juez federal de Garantías N°2 de la provincia, Diego Anzorreguy, quien aceptó este miércoles la imputación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada. La agravante responde al número de afectados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la consumación del hecho. Junto a Villalba y Gallo, el equipo del Ministerio Público Fiscal (MPF) incluyó a la auxiliar fiscal Vanina Pedrano y al abogado José Manuel Lavilla.

El caso tiene su punto de partida en una denuncia anónima recibida a través del servicio telefónico gratuito 145, la línea habilitada por el Ministerio Nacional de Seguridad para alertar sobre situaciones de trata de personas. La llamada apuntó a una posible situación de precariedad laboral en una finca ubicada en Cerrillos, dedicada a la producción porcina y también al cultivo y cosecha de tabaco y aceitunas.

Con la intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX), personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concretó una inspección al establecimiento, donde se detectaron condiciones insalubres e irregularidades graves en la percepción de ingresos por parte de los empleados. A partir de esos hallazgos, la Unidad Fiscal Salta avanzó con las actuaciones preliminares que había iniciado en marzo de este año, lo que permitió acumular mayores pruebas de la presunta actividad ilegal. En paralelo, se notificó al imputado sobre las tareas que llevaba adelante el MPF.

Durante la audiencia de formalización, los fiscales exhibieron fotografías de la finca y detallaron la situación de los 20 trabajadores que se encontraban en el lugar, aunque la imputación recae específicamente sobre siete de ellos. Las imágenes mostraron habitaciones con piso de tierra, camas armadas con palets y baños de letrinas. Para asearse, los trabajadores debían calentar agua en tachos.

En materia salarial, Pedrano señaló que las remuneraciones no superaban, en general, los 500.000 pesos, con una carga horaria que calificó como excesiva y sin que se abonaran horas extras, feriados ni domingos. Tampoco se cubría a los empleados cuando se enfermaban o sufrían un accidente. Uno de los trabajadores padeció una lesión en una pierna durante su jornada, no fue asistido por el empresario y tuvo que ser trasladado por un familiar. No recibió compensación alguna ni se le pagaron los días que no pudo trabajar.

La fiscalía también describió otra maniobra habitual e ilegal: el empresario registraba a sus empleados como personal para la cosecha de tabaco —lo que implica una carga salarial menor— para luego derivarlos a otras actividades, en particular a la cría de cerdos negros, especialidad de un local gastronómico de su propiedad, y a la cosecha de aceitunas. Según explicaron los representantes del MPF, esta práctica permite a los empleadores reducir el costo laboral de manera fraudulenta.

Entre los afectados había adultos mayores a quienes se les asignaban tareas excesivas con pagos exiguos. Uno de ellos debía concurrir al comedor de Cáritas porque sus ingresos no le alcanzaban para alimentarse. Como contrapunto, los fiscales pusieron sobre la mesa la situación financiera del imputado: según los datos aportados por ARCA, el empresario registró ingresos que superaron los 600 millones de pesos en 2025 y una cifra similar en lo que va de 2026. Con esos números, el MPF argumentó que el acusado contaba con la solvencia para garantizar condiciones de vivienda dignas y para cumplir con el pago salarial previsto por la ley.

Tras la exposición de la fiscalía, el defensor público de víctimas, Nicolás Escandar, quien representa a tres de los afectados, adhirió a la posición del MPF y solicitó la formalización de la imputación. El juez Anzorreguy fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación e impuso al empresario medidas coercitivas que incluyen la prohibición de salida del país y el impedimento de tomar contacto con determinados empleados.

Al prestar declaración, el imputado rechazó los cargos. “Creo que no he cometido ningún delito, esto me pasa por ayudar a la gente”, sostuvo. Sobre las condiciones en que vivían sus trabajadores, argumentó que los baños con letrina no estaban habilitados pero que los empleados los utilizaban de todas formas. Respecto de las habitaciones de adobe, admitió que su error fue “no haber derribado esas piezas” e indicó que dispone de viviendas con aire acondicionado y televisión satelital, aunque sostuvo que durante la inspección no se tomaron fotografías de esos espacios.

La minería argentina atraviesa una etapa de crecimiento que plantea nuevos desafíos para las empresas vinculadas con la actividad. La expansión de proyectos en zonas de alta montaña exige soluciones capaces de garantizar eficiencia, disponibilidad energética y continuidad operativa.

Las operaciones ubicadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar requieren una planificación específica. Las bajas temperaturas, las grandes distancias y las condiciones permanentes de trabajo convierten al abastecimiento energético en un factor clave para la productividad.

En ese escenario, contar con combustibles formulados para ambientes extremos adquiere un papel central. Durante Argentina Mining Salta 2026, YPF presentó su propuesta para la industria y destacó Diesel 10 Minero, un producto que ya está disponible en el mercado nacional.

El nuevo combustible fue desarrollado especialmente para las necesidades de las operaciones mineras. Cuenta con ultra bajo contenido de azufre y no posee biocomponentes, características pensadas para ofrecer desempeño y confiabilidad en territorios de alta montaña y con temperaturas reducidas.

Una solución para la alta montaña

Diesel 10 Minero responde a una demanda concreta del sector: disponer de productos formulados para escenarios donde una interrupción puede afectar el ritmo de producción. Su desarrollo contempla las nuevas exigencias tecnológicas y ambientales de una industria con proyectos de mayor escala.

Por otra parte, el producto forma parte de una estrategia más amplia de YPF para el segmento minero. La compañía posee una participación superior al 90% en el mercado de abastecimiento de combustibles para minería, junto con una oferta que suma logística especializada, soluciones energéticas y asistencia técnica.

La infraestructura representa otro de los pilares de esta propuesta. En San Antonio de los Cobres, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, funciona una nueva base logística integral destinada a fortalecer el abastecimiento de los proyectos ubicados en la Puna salteña.

Infraestructura para una industria en expansión

El complejo cuenta con una estación de servicio modular, una planta de suministro de combustible orientada a las operaciones mineras y un patio logístico para la carga, descarga y movimiento de equipos e insumos. Su ubicación permite sumar cercanía y capacidad operativa en una zona estratégica para la actividad.

A su vez, YPF Luz aporta alternativas para las distintas etapas de los proyectos mediante contratos de abastecimiento eléctrico, energía renovable, generación on-site y desarrollo de líneas de alta tensión. La compañía posee una capacidad instalada de 3,8 GW y presencia en ocho provincias.

En paralelo, YPF Gas ofrece soluciones para operaciones ubicadas en zonas remotas mediante suministro de GLP, infraestructura, logística, telemedición y soporte técnico especializado. Su presencia en General Güemes permite atender requerimientos asociados a proyectos de gran escala y escenarios logísticos complejos.

La propuesta también incluye el trabajo de Servicio Técnico YPF, con una oferta que contempla lubricantes, refrigerantes, urea automotriz y herramientas de mantenimiento predictivo. A través de servicios como AUCTOR, la compañía busca anticipar fallas, optimizar intervalos de mantenimiento y extender la vida útil de activos críticos.

Una propuesta integral para la minería

De esta manera, la estrategia apunta a cubrir distintas necesidades de los emprendimientos mineros. Combustibles, electricidad, gas, infraestructura y asistencia técnica quedan articulados dentro de una misma propuesta destinada a mejorar la eficiencia y la confiabilidad.

Asimismo, Diesel 10 Minero representa una respuesta específica ante las condiciones de la minería de alta montaña. Su formulación busca aportar una alternativa confiable para equipos que deben funcionar en territorios exigentes, con bajas temperaturas y grandes desafíos logísticos.

De esta forma, YPF plantea una mirada integral sobre el crecimiento de la minería argentina. Esta propuesta se suma a un conjunto de soluciones que buscan acompañar las demandas energéticas de una industria estratégica para el desarrollo y las exportaciones del país.

El nuevo combustible permite ampliar la oferta de la compañía para un sector que requiere productos especializados, abastecimiento seguro y respaldo técnico. La apuesta combina una formulación adaptada a condiciones extremas con infraestructura y servicios destinados a sostener la continuidad de las operaciones mineras.

Una mujer fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la ciudad de Salta, después de que un acuerdo entre las partes fuera homologado en una audiencia de revisión de prisión preventiva. La acusada, Daniela Alejandra Aguilera, admitió su responsabilidad penal en una causa impulsada por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR).

La resolución fue dictada por el juez José Luis Riera, mientras que la representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo del fiscal penal Gustavo Torres Rubelt. El caso tuvo origen en una denuncia anónima presentada a través del sitio web, a partir de la cual se inició una investigación sobre presuntas maniobras de venta de droga en una vivienda de barrio Solidaridad, en la capital salteña.

El expediente avanzó con tareas de vigilancia y recolección de pruebas que, según la información proporcionada, permitieron documentar una modalidad de comercialización directa desde el inmueble. La pesquisa concluyó con un allanamiento realizado el 17 de julio, el secuestro de droga fraccionada y otros elementos vinculados al narcomenudeo, y una condena que dejó firme la responsabilidad de la imputada.

De acuerdo con los datos del caso, se realizaron entrevistas, vigilancia y registros fotográficos y fílmicos. Ese conjunto de medidas permitió reconstruir movimientos reiterados en torno a la vivienda y aportar pruebas sobre intercambios compatibles con operaciones de venta al menudeo.

La secuencia observada por los investigadores mostraba a personas que se acercaban hasta una ventana de la casa. Allí, siempre según la acusación sostenida en el expediente, se concretaban intercambios de dinero por envoltorios con droga, una modalidad que luego fue incorporada como uno de los ejes probatorios de la causa.

Uno de los elementos que fortaleció la investigación fue la intervención sobre algunos compradores después de que se retiraran del inmueble. En esos procedimientos, se constató que varias de esas personas llevaban consigo pasta base de cocaína, un dato que reforzó la hipótesis de comercialización sostenida por la fiscalía.

La información reunida en esa etapa sirvió para que la UFINAR solicitara una orden judicial de allanamiento sobre la vivienda investigada. El pedido se apoyó en el seguimiento previo, en los registros obtenidos por los agentes y en la identificación de maniobras repetidas en el domicilio señalado en la denuncia.

Durante el procedimiento en la vivienda, los agentes encontraron envoltorios con cocaína, algunos de ellos escondidos dentro de un mate. También se halló cocaína granulada sobre dos platos, además de otros indicios asociados a una actividad de preparación y venta de droga.

Entre los objetos secuestrados figuraban cuchillos y un colador con restos de sustancia, una balanza, una tijera, bolsas y recortes de plástico. De acuerdo con la información judicial difundida, esos elementos eran compatibles con tareas de fraccionamiento para la distribución de dosis.

El operativo también derivó en el secuestro de marihuana, dinero en efectivo y ocho teléfonos celulares, todos incorporados a la causa como parte del material recogido en el inmueble. La diversidad de elementos encontrados fue valorada dentro del expediente como sustento adicional de la acusación por tenencia con fines de comercialización. Según el resultado informado en la causa, el total equivalía a más de 400 dosis de cocaína y marihuana, una cantidad incorporada como dato central en la acusación.

La acusada permanecía detenida en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta mientras avanzaba el proceso. En ese contexto se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva, una instancia en la que las partes alcanzaron un acuerdo en torno al delito atribuido.

En la audiencia, el fiscal penal Gustavo Torres Rubelt representó al Ministerio Público Fiscal en el marco de la actuación de la UFINAR. Allí, las partes arribaron a un acuerdo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, figura por la que finalmente recayó la condena.

El juez José Luis Riera homologó ese acuerdo y condenó a Daniela Alejandra Aguilera a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. La decisión cerró el proceso judicial sobre la base de la admisión de responsabilidad realizada por la acusada.

Rafael Resnick Brenner, exdirector de la Regional Salta de la AFIP y señalado como mano derecha de Ricardo Echegaray durante su gestión al frente del organismo recaudador, se entregó ante la Justicia en Campana y quedó detenido luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme una condena a cuatro años de prisión por delitos de corrupción.

La presentación se concretó ante el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Luego, la Justicia dispuso su alojamiento en la División Unidad Operativa Federal de Campana, donde quedó a disposición del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, que había ordenado su detención.

La situación procesal de Resnick Brenner quedó definida la semana pasada, cuando el Máximo Tribunal rechazó los recursos de queja presentados por su defensa y por la de Nicolás Antonio Fili, quien se desempeñaba como jefe del Área Jurídica de la delegación salteña de la AFIP -actual ARCA-. Con esa decisión quedaron firmes las condenas dictadas contra ambos por el delito de concusión.

La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los jueces declararon inadmisibles los planteos contra las respectivas condenas mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Resnick Brenner recibió una pena de cuatro años de prisión como autor de concusión, mientras que Fili fue condenado a tres años como partícipe necesario. La figura penal sanciona al funcionario público que, aprovechándose de su cargo, exige o percibe indebidamente dinero o contribuciones.

La causa se originó en una investigación sobre pedidos de dinero a contribuyentes a cambio de beneficios frente a controles tributarios. Durante el juicio oral declaró el empresario salteño Freddy Rosario Tejerina, quien reconoció haber entregado en agosto de 2015 dos pagos de $500.000 a Resnick Brenner y Fili para que dejaran de realizar controles sobre una de sus empresas.

Según se reconstruyó durante el proceso, Resnick Brenner le había pedido al empresario que cubriera determinados “honorarios” para resolver los problemas tributarios de la firma Wicap S.A., que tenía bloqueado su CUIT. El acuerdo contemplaba tres cuotas de $500.000, aunque una de ellas no llegó a abonarse. Fili fue presentado ante el empresario como una persona de confianza de Resnick Brenner y recibió uno de los pagos.

También declaró Guillermo Oro, quien sucedió a Resnick Brenner al frente de la Regional Salta de la AFIP. Durante el debate ratificó el relato de Tejerina y explicó cómo detectó el pago efectuado a los exfuncionarios. Su testimonio también hizo referencia a otras denuncias por presuntas maniobras irregulares atribuidas al entonces responsable regional.

Resnick Brenner ya contaba con una condena previa de tres años de prisión en suspenso por el caso Ciccone. Durante aquel proceso había declarado contra Echegaray, pese a haber sido uno de sus funcionarios de mayor confianza dentro de la AFIP.

El expediente de Salta todavía mantiene otro capítulo pendiente. En el mismo juicio, el tribunal absolvió a Resnick Brenner, Fili y a los empresarios Pablo Daniel Haddad y Federico Guijarro Jiménez, vinculados a la minera Santa Rita, de una acusación por coimas.

La fiscalía apeló esas absoluciones y la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal las anuló, con lo cual quedó habilitada la posibilidad de un nuevo juicio por esos hechos. La Corte rechazó los planteos contra esa decisión al considerar que no estaban dirigidos contra una sentencia definitiva.

Con su presentación en Campana, Resnick Brenner quedó a disposición del tribunal salteño para avanzar con la ejecución de la pena que quedó firme.

La fiebre chikungunya concentró el principal brote de arbovirosis de la temporada 2025-2026 en Argentina, en un escenario sanitario que mostró al mismo tiempo una circulación de dengue muy por debajo de los años previos, vigilancia sostenida sobre otros cuadros febriles y una temporada respiratoria con predominio de virus sincicial respiratorio (VSR) entre los pacientes internados. El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), correspondiente a la semana epidemiológica 33, ubicó al brote con eje en el noroeste del país y lo distinguió como el evento más relevante entre las enfermedades transmitidas por mosquitos durante el último ciclo.

Según el cierre de temporada incluido en el BEN, se notificaron 3.730 casos confirmados o probables de chikungunya sobre un total de 13.308 sospechosos. La curva alcanzó su máximo en la semana epidemiológica 16 de 2026, con 614 casos notificados, y luego mostró una caída progresiva hasta el final del período analizado.

La concentración territorial fue marcada. El 97% de los casos se localizó en la región NOA, sobre todo en Salta, Tucumán y Jujuy. El informe indicó además que el 83% de los afectados no tenía antecedente de viaje, un dato que apuntó a un predominio de la transmisión local. También se registraron brotes o casos en Catamarca, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

El evento tuvo su origen en la detección de casos importados desde Bolivia, con posterior expansión local. La vigilancia genómica identificó en las muestras estudiadas el genotipo ECSA, vinculado con virus circulantes en Brasil y Bolivia. El BEN precisó, además, que no se detectó la mutación E1-A226V, asociada con una mayor adaptación del virus al mosquito Aedes albopictus.

La caracterización clínica del brote agregó una dimensión de gravedad. La mediana de edad de los casos fue de 31 años y el mayor número se concentró en el grupo de 10 a 19 años. Del total, 239 pacientes requirieron hospitalización, se notificaron 9 casos graves y se confirmaron 2 fallecimientos, ambos en la provincia de Salta. Entre los cuadros graves se incluyeron neonatos en cuidados intensivos, una mujer de 33 años con encefalitis, una lactante de cuatro meses con asistencia respiratoria mecánica y un hombre de 81 años con compromiso sistémico, según el BEN.

El dengue cerró una temporada de circulación baja, sin casos graves y con 71 confirmados

En contraste con la magnitud del brote de chikungunya, la temporada de dengue 2025-2026 mostró una circulación baja y sin transmisión sostenida. El informe oficial consignó 71 casos confirmados de un total de 28.028 sospechosos y 189 probables. Entre los confirmados, 39 fueron autóctonos y 32 importados, con antecedentes de viaje a países de América Latina y el Caribe, África y Asia.

El BEN remarcó que no se registraron casos graves y que la mayor parte de los confirmados se concentró en la primera parte del año. El 79% de los casos confirmados se notificó entre las semanas 1 y 22 de 2026, mientras que el mayor número semanal fue de 8 casos en la semana 10.

La región Centro concentró el 83% de los casos, en especial en CABA y la provincia de Buenos Aires, un dato que consolidó el desplazamiento del principal escenario de circulación hacia esa zona del país. Entre las semanas 9 y 17 se detectó un pequeño conglomerado en Villa Real, en la ciudad de Buenos Aires, que luego fue controlado. En las regiones Sur y Cuyo no se registraron casos autóctonos, mientras que en Jujuy se detectó el primer y único caso de DENV-3 sin antecedente de viaje de toda la temporada.

La aparición de DENV-3 quedó bajo seguimiento en un contexto de positividad de 0,25%

Entre las 34 muestras en las que fue posible identificar el serotipo, predominó DENV-2, con 61,8%, seguido por DENV-3, con 26,5%, y DENV-1, con 11,8%. En las muestras de DENV-3, la vigilancia genómica detectó el genotipo III, linaje B3, relacionado con virus circulantes en Brasil y el Caribe.

Ese hallazgo quedó bajo seguimiento por la expansión regional de ese serotipo. Durante la temporada, además, 29 casos presentaron antecedente de vacunación contra el dengue dentro de los 30 días previos al inicio de síntomas, un dato incorporado en el análisis epidemiológico de la vigilancia.

La magnitud de la circulación viral fue baja en términos nacionales. La positividad se ubicó en 0,25% y la incidencia acumulada en 0,15 casos cada 100.000 habitantes, muy por debajo de los 1.239 casos cada 100.000 registrados durante la epidemia de 2023-2024.

En paralelo, el informe incorporó el balance de la vacunación contra el dengue. Entre la semana 31 de 2025 y la semana 30 de 2026 se aplicaron 428.607 dosis en todo el país, de las cuales 274.092 correspondieron a primeras dosis y 154.515 a segundas. La mayor cantidad de aplicaciones se concentró en la región Centro, en especial en la provincia de Buenos Aires, seguida por Córdoba y CABA, mientras que fuera de esa región se destacó Tucumán.

El sistema de vigilancia sostuvo la notificación y permitió confirmar otros diagnósticos

El BEN vinculó ese cuadro con la escasa circulación del virus, aunque también destacó la capacidad del sistema de salud para mantener la sospecha clínica, la notificación y el estudio de personas con síndrome febril. El 91% de los casos notificados tuvo estudios de laboratorio y el 70% fue analizado mediante métodos directos. La mediana entre la consulta y la notificación fue de dos días, mientras que el tiempo promedio entre el inicio de síntomas y la consulta fue de un día.

Esa vigilancia permitió identificar diagnósticos alternativos entre personas inicialmente estudiadas por dengue. En 940 pacientes con dengue descartado se confirmaron otros eventos de notificación obligatoria. Los más frecuentes fueron fiebre chikungunya, con 327 casos, e infecciones respiratorias, con 259.

En ese mismo grupo también se confirmaron leptospirosis, fiebre hemorrágica argentina, hantavirosis, rickettsiosis, psitacosis, meningoencefalitis, paludismo e infecciones bacterianas invasivas, entre otras enfermedades sometidas a vigilancia nacional.

Para la temporada 2026-2027, el BEN informó que se mantienen 2 casos confirmados de dengue detectados en la semana 32, ambos con antecedente de viaje a Brasil. Los casos correspondieron a la provincia de Buenos Aires y presentaron serotipo DENV-3.

El boletín detalló que en la semana 33 se habían notificado 243 casos sospechosos de dengue, con 134 descartados, 102 en estudio y 5 probables. En el caso de chikungunya, todavía no se confirmaron casos en la nueva temporada, pero sí se notificaron 55 sospechosos y 5 probables en Salta, localizados en los departamentos de Orán, General José de San Martín y Anta.

Frente a ese cuadro, el Ministerio de Salud mantuvo la recomendación de sostener una vigilancia intensificada por la posibilidad de circulación en áreas con condiciones ambientales, sociales y epidemiológicas favorables para la transmisión, además del ingreso de serotipos a través de casos importados. En el caso de chikungunya, el seguimiento continúa orientado a la búsqueda activa entre los cuadros de síndrome febril agudo inespecífico.

Otras alertas sanitarias

El peso que tuvo la chikungunya en la temporada 2025-2026 no fue la única señal que dejó el Boletín Epidemiológico Nacional. Junto con el brote concentrado en el NOA y el retroceso del dengue, el informe mostró que la vigilancia epidemiológica sigue captando otros eventos con comportamiento por encima de los valores históricos. En esa lista aparecen la coqueluche, que acumuló 362 casos frente a una mediana histórica de 176 y quedó en aumento en las últimas cuatro semanas; la triquinosis, con 460 casos contra una mediana de 274; la hantavirosis, con 56 frente a 39; la leptospirosis, con 190 contra 106; y la hepatitis A, con 62 frente a 39.

Ese mapa también incluyó eventos de transmisión sexual y salud mental. La sífilis en población general llegó a 2.377 casos acumulados, por encima de la mediana histórica de 1.810, mientras que la sífilis en embarazadas sumó 2.296 casos frente a 1.779, con una clasificación de aumento en el acumulado anual. En paralelo, el BEN ubicó por encima de lo esperado los intentos de suicidio, con 8.096 episodios sin resultado mortal y 362 con resultado mortal, este último además con un comportamiento por encima de lo esperado en las últimas cuatro semanas. Así, el cierre de la temporada no solo dejó a la chikungunya como principal brote de arbovirosis, sino también un conjunto más amplio de alertas sanitarias que van desde zoonosis e infecciones inmunoprevenibles hasta eventos ligados a la salud mental.

En paralelo, el boletín actualizó la situación de los virus respiratorios y señaló que el escenario se mantuvo sin cambios significativos y dentro de lo esperado para esta época del año, aunque con un volumen elevado de cuadros gripales y una circulación sostenida de influenza y VSR. En consultas ambulatorias se notificaron 14 casos de influenza en la última semana analizada y la positividad se ubicó en 26,4%.

La vigilancia nacional mostró que en 2026 las detecciones de influenza aumentaron desde la semana 10, con predominio de influenza A(H3N2) y un máximo entre las semanas 21 y 22, tras lo cual comenzó un descenso. Entre las semanas 31 y 32 se notificaron 416 casos de influenza, mientras que entre personas hospitalizadas se registraron 8.247 casos en lo que va del año, con predominio de influenza A y 149 fallecimientos con diagnóstico de influenza.

En cuanto al VSR, el ascenso se observa desde la semana 13. En las últimas cuatro semanas analizadas se detectaron 31 casos positivos entre 338 muestras ambulatorias estudiadas. Entre pacientes internados, durante las primeras 33 semanas de 2026 se registraron 5.222 internaciones por infección respiratoria aguda grave, y en las últimas cuatro semanas predominaron las detecciones de VSR, con 302 positivos entre 819 casos estudiados, por encima de influenza (34 casos). Además, en lo que va del año se notificaron 4.338 casos hospitalizados con detección de VSR, con 652 detecciones en las semanas 32 y 33.

El informe recordó que los mayores porcentajes de positividad de VSR se observan en menores de 2 años y destacó la estrategia de prevención incorporada al Calendario Nacional de Vacunación para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento. En paralelo, SARS-CoV-2 se mantuvo en niveles bajos durante 2026, con 710 casos en personas internadas y sin fallecimientos notificados en la semana 33.

El año acumula 853.798 cuadros gripales y una tendencia descendente desde la semana 22

En lo que va de 2026, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) recibió 853.798 notificaciones de enfermedad tipo influenza (ETI). Aunque los registros hasta la semana 32 superaron los de años previos, el BEN indicó que se mantuvieron en niveles de seguridad y alerta y que desde la semana 22 se observa una tendencia descendente.

En el caso de la neumonía, las tasas de incidencia de este año fueron similares a las de los años anteriores, con valores levemente inferiores. El máximo se registró en las semanas 21 y 22, seguido por una baja en las semanas posteriores. Para la bronquiolitis, el comportamiento de 2026 también mostró un descenso respecto de los valores históricos, mientras que para ambas enfermedades el pico de la serie sigue ubicado en 2016.

María Angélica Romero fue vista por última vez en la localidad salteña de La Silleta el 12 de marzo del año pasado. Desde su entorno denunciaron la desaparición tras varios días sin tener noticias de ella. Este lunes, trascendió que los restos óseos hallados en una finca de El Encón Grande pertenecen a la docente.

Con este resultado, las autoridades pusieron fin a la búsqueda que comenzó hace 17 meses, cuando la mujer de 64 años desapareció. Los resultados de los estudios genéticos fueron comunicados por la División Búsqueda de Personas de la Policía de Salta al Ministerio Público Fiscal y a los familiares, indicaron desde el portal Agenda Salta.

El caso se remonta a marzo de 2025. Los allegados de Romero contaron que no era habitual que se alejara sola de su entorno. La mañana de su desaparición había salido de su domicilio vistiendo una campera cuadrillé roja y negra, sin documentos, dinero ni pertenencias, según detalló Informatesalta. En aquel entonces, tres vecinos dijeron que la vieron pasar a las 7:30 en la bajada de La Silleta, en inmediaciones del río Arenales, lo que orientó a las autoridades en las primeras tareas de rastrillaje.

El operativo de búsqueda se inició esa misma tarde y se extendió durante horas, aunque debió interrumpirse de madrugada por la dificultad del terreno y la escasa visibilidad. Al día siguiente se retomaron las tareas con refuerzos: se incorporaron efectivos del Cuerpo de Bomberos Martín Albarracín de San Luis, el equipo de combate de La Silleta y la División Canes, que amplió el radio de exploración hacia El Encón. En los días y meses posteriores, los rastrillajes se extendieron también hacia zonas rurales y áreas cercanas al río.

Durante los primeros días aparecieron algunas pertenencias que fueron vinculadas con la mujer aunque no obtuvieron datos concluyentes. Se analizaron distintas hipótesis y se recabaron testimonios de vecinos y posibles testigos, pero ninguno condujo a un resultado definitivo. Con el paso de los meses, el caso quedó sin resolución.

El aviso de un trabajador

El panorama cambió con el descubrimiento en febrero de restos óseos en una finca de El Encón Grande —ubicado al noroeste cerca de La Silleta y Potrero de Linares— justo en la zona hacia donde se había dirigido la mujer, de acuerdo con lo que habían podido reconstruir de testimonios.

El propietario de una finca ubicada en los márgenes del río Arenales halló un cráneo con características compatibles con restos humanos cuando estaba trabajando en el arreglo de un alambrado. De inmediato, dio aviso a las autoridades y los efectivos del destacamento policial de la zona se hicieron presentes para preservar la escena a la espera del arribo de personal especializado.

La investigación quedó a cargo de los fiscales penales Luján Sodero y Daniel Escalante, quienes intervinieron de manera conjunta. Por disposición de la Unidad Fiscal, se dio participación a la División de Género del Departamento de Investigaciones Criminalísticas (DIC) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Luego, los restos óseos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense, donde se realizaron los estudios correspondientes que finalmente arrojaron datos esclarecedores.

Durante ese período, la familia de Romero atravesó una nueva etapa de espera dado que existía la posibilidad de que los restos fueran de la docente desaparecida, pero era necesario aguardar la confirmación oficial antes de cerrar la búsqueda.

Los resultados del análisis genético determinaron finalmente que correspondían a la mujer. La confirmación oficial llegó casi un año y medio después de la última vez que fue vista con vida. Al momento se desconocen los detalles de la investigación.

Leandro Petersen y Mario Pergolini fueron protagonistas de Cumbre NOA 2026 en Salta, una jornada organizada e impulsada por Daniela Yapura que reunió a unas 1.500 personas en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. Con la moderación de Milagros Hadad, directora de Infobae Studio, Petersen repasó el proceso de expansión global de la Selección Argentina y presentó TAI, su nueva etapa profesional vinculada al desarrollo y proyección de marcas.

La primera edición del encuentro convocó a referentes de diferentes industrias para conversar sobre innovación, tecnología, inteligencia artificial, comunicación, marketing y las transformaciones que están modificando la manera de pensar y desarrollar proyectos.

Entre los protagonistas estuvieron Leandro Petersen y Mario Pergolini, quienes, desde trayectorias muy diferentes, compartieron una mirada sobre un desafío común: la necesidad de anticiparse a los cambios, cuestionar los modelos establecidos y detectar oportunidades antes de que resulten evidentes. Ese fue uno de los ejes que atravesó la jornada: la importancia de anticiparse al futuro para construir proyectos con capacidad de crecer en escenarios cada vez más dinámicos.

Petersen, ex director Comercial y de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue uno de los responsables de la estrategia que acompañó la expansión comercial e internacional de la Selección Argentina. Pergolini, por su parte, desarrolló una carrera atravesada por la transformación de los medios, la tecnología, la comunicación y la búsqueda permanente de nuevos formatos.

El encuentro entre ambos permitió cruzar esas dos experiencias para pensar qué significa innovar en un escenario en el que las industrias cambian a una velocidad cada vez mayor. La conversación mostró, además, cómo dos recorridos profesionales muy distintos pueden encontrar puntos de contacto alrededor de una misma idea: para construir algo relevante en el largo plazo hace falta animarse a mirar más allá de lo evidente.

“Con Mario venimos de mundos y recorridos diferentes, pero encontré un punto en común que me quedó dando vueltas: para construir algo grande, primero hay que animarse a verlo cuando todavía no es evidente para los demás. Hay que pensar distinto, incomodarse con lo establecido, anticipar cambios y entender que reinventarse no significa dejar atrás lo que uno es, sino animarse a imaginar lo que puede venir”, señaló Petersen.

De tres sponsors a una marca de alcance global

La experiencia de Petersen durante sus nueve años al frente del área Comercial y de Marketing de AFA fue uno de los casos que atravesaron su participación en Cumbre NOA.

Cuando comenzó ese proceso, la institución contaba con tres sponsors. A lo largo de esos años llegó a superar los 120 acuerdos comerciales, mientras la marca Selección Argentina extendió su presencia hacia mercados como China, India, Medio Oriente y Estados Unidos.

La transformación permitió analizar durante el encuentro cómo una marca argentina puede proyectarse internacionalmente y competir en algunos de los principales mercados del mundo. Para Petersen, el crecimiento no fue solamente consecuencia de los resultados deportivos. Detrás de la expansión hubo una estrategia comercial de largo plazo, la búsqueda de nuevos mercados y una visión sobre el potencial internacional que podía alcanzar la Selección Argentina.

“Los grandes resultados muchas veces empiezan a construirse mucho antes de que los demás puedan verlos. Una marca global no se construye solamente a partir del éxito: necesita una visión, una estrategia y la capacidad de sostenerlas incluso cuando todavía no existen resultados que las validen”, afirmó.

TAI, la nueva etapa de Leandro Petersen

Esa experiencia acumulada durante casi una década en AFA es también el punto de partida de la nueva etapa profesional de Petersen con TAI, su proyecto enfocado en la construcción y expansión de marcas y en la generación de oportunidades vinculadas con el deporte, el entretenimiento y la cultura.

El proyecto representa para Petersen la posibilidad de trasladar parte de los aprendizajes obtenidos durante la internacionalización de la marca Selección Argentina hacia nuevos desafíos y otras industrias.

La apuesta vuelve sobre una de las ideas que atravesó su participación en Salta: pensar las marcas desde su origen con una perspectiva global, en lugar de esperar a alcanzar determinada escala para comenzar a mirar hacia otros mercados.

En ese sentido, la experiencia de AFA funciona como antecedente de una estrategia que Petersen busca proyectar ahora desde TAI: desarrollar marcas capaces de crecer internacionalmente, generar alianzas y encontrar oportunidades en la intersección entre diferentes industrias.

El cruce con Mario Pergolini

El intercambio con Mario Pergolini sumó otra perspectiva a esa discusión.

Desde el mundo de los medios, Pergolini atravesó diferentes etapas de transformación tecnológica y cambios profundos en los hábitos de las audiencias. Su trayectoria estuvo marcada por la búsqueda de formatos y plataformas en momentos en los que los modelos tradicionales de comunicación comenzaban a ser cuestionados.

Petersen llegó a esa conversación desde otro recorrido, pero con una experiencia atravesada también por la necesidad de imaginar escenarios futuros: proyectar internacionalmente una marca argentina y desarrollar mercados que todavía tenían un enorme potencial de crecimiento.

El punto de encuentro estuvo en la capacidad de anticiparse. Más que intentar predecir exactamente qué ocurrirá, el intercambio puso el foco en la importancia de estar dispuesto a cuestionar aquello que funciona en el presente para construir lo que puede resultar relevante en el futuro.

Milagros Hadad, moderadora del encuentro

La jornada contó además con Milagros Hadad, directora de Infobae Studio, como moderadora del encuentro.

La conversación permitió profundizar sobre las tendencias que están transformando los negocios, el impacto de la innovación y el desafío de desarrollar desde la Argentina marcas con capacidad de competir internacionalmente.

En el caso de Petersen, uno de los ejes fue precisamente la experiencia de la Selección Argentina y los aprendizajes obtenidos durante su proceso de internacionalización, además de los nuevos desafíos que enfrenta a partir del lanzamiento de TAI.

Así, la conversación fue desde el caso concreto de AFA hacia una discusión más amplia: qué necesitan hoy las empresas y los emprendedores argentinos para pensar sus proyectos más allá del mercado local.

Daniela Yapura y una Cumbre NOA con 1.500 personas

La primera edición de Cumbre NOA 2026 fue organizada e impulsada por Daniela Yapura, quien llevó adelante una convocatoria pensada para acercar al norte argentino conversaciones, experiencias y herramientas vinculadas con los cambios que están atravesando a las empresas y los negocios.

La respuesta del público marcó la dimensión del encuentro: unas 1.500 personas participaron de la jornada y colmaron el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, en la ciudad de Salta.

La propuesta reunió a empresarios, emprendedores, profesionales y referentes de distintas actividades alrededor de temas como innovación, tecnología, inteligencia artificial, comunicación, marketing y nuevos modelos de negocios.

Uno de los rasgos de la Cumbre fue justamente el cruce entre protagonistas provenientes de universos diferentes. La conversación entre Petersen y Pergolini reflejó esa búsqueda: encontrar puntos en común entre la transformación de los medios y la construcción internacional de una marca deportiva.

Pensar desde Argentina hacia el mundo

El caso de la Selección Argentina sirvió además para plantear una discusión que excede al fútbol: la posibilidad de crear desde el país proyectos y marcas capaces de competir globalmente.

Para Petersen, pensar de esa manera supone asumir desde el comienzo que el mercado potencial puede ir mucho más allá de las fronteras argentinas. Es una visión que ahora busca trasladar a TAI y que conectó con el concepto que atravesó su intercambio con Pergolini: muchas de las grandes transformaciones comienzan antes de que sus resultados sean visibles.

“Desde Argentina podemos construir proyectos que jueguen en las grandes ligas. Para hacerlo, primero tenemos que animarnos a pensarnos así”, concluyó Petersen.

Una charla que continuó fuera del escenario

La conversación entre Mario Pergolini y Leandro Petersen no terminó con la disertación.

Una vez finalizada su participación en Cumbre NOA, ambos continuaron conversando de manera distendida en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, después de una jornada que había convocado a unas 1.500 personas.

Ya fuera de la dinámica formal del escenario, Pergolini y Petersen retomaron algunos de los temas que habían atravesado el encuentro y compartieron un momento junto a sus familias.

Los dos referentes se sacaron una foto acompañados por sus familiares, una imagen que terminó por cerrar una jornada marcada por el intercambio de experiencias y por una misma idea que recorrió buena parte de Cumbre NOA: para construir el futuro, muchas veces primero hay que ser capaz de imaginarlo.

Una mujer de 43 años fue imputada en la localidad salteña de San José de Metán por presuntas amenazas y desobediencia judicial, luego de que se presentara en la casa de su madre pese a tener vigente una orden de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento. Allí, empuñó un cuchillo con la intención de que la víctima le diera dinero.

La acusación quedó a cargo del fiscal penal 3 de Violencia Familiar y de Género de Metán subrogante, Oscar López Ibarra, quien además solicitó que la imputada continúe detenida tras concluir la audiencia.

Según argumentó el fiscal, la imputación tomó como base la denuncia de la víctima, el informe policial y las actuaciones previas vinculadas con las medidas de protección que ya se encontraban vigentes desde enero.

De acuerdo con la denuncia, el episodio ocurrió cuando la mujer llegó al domicilio de su madre para pedirle dinero con el objetivo de comprar sustancias estupefacientes. Ante la negativa, habría comenzado a insultarla y amenazarla de muerte, al igual que a otros integrantes de la familia que se encontraban presentes.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público de Salta, la acusada portaba un cuchillo y habría golpeado una mesa con el arma durante el hecho. Este nivel de agresividad habría agravado la situación dentro de la vivienda.

La intervención policial se produjo luego de que una nieta de la víctima escuchara los gritos y avisara a otro familiar, quien se comunicó con las autoridades. Fue así que los efectivos acudieron al lugar y demoraron a la sospechosa.

Le robó a su tía de 86 años, la llevó a hacer la denuncia y fue detenido

A mediados de abril, una mujer de 86 años denunció haber sido asaltada en su casa de Carapachay, en el partido de Vicente López. Sin embargo, el caso dio un giro en la investigación cuando los detectives identificaron como principal sospechoso a su propio sobrino político, el mismo que la había acompañado a realizar la denuncia.

La víctima dormía cerca de las 4 de la madrugada del 23 de abril cuando un hombre la despertó y, bajo amenazas con un arma blanca, la redujo, la ató y le exigió dinero a golpes. De acuerdo con el expediente, el asaltante se llevó 2.000 dólares, que constituían sus ahorros.

Después de que radicara la denuncia, la causa quedó en manos de la Sub DDI de Vicente López, con intervención de la UFI Vicente López Oeste, a cargo del fiscal Gastón Larramendi. En las primeras medidas, los investigadores detectaron que la puerta de acceso a la vivienda no había sido forzada.

Esa línea cobró fuerza a partir del análisis de cámaras de seguridad de la cuadra. De hecho, en una de las grabaciones, el ladrón aparece con el rostro cubierto, pero ingresa a la propiedad tras abrir la puerta con llave.

A partir de ese registro, los investigadores siguieron el vehículo utilizado en la maniobra, un Peugeot 208. La sorpresa llegó cuando determinaron que se trataba del mismo auto en el que la víctima había llegado a la comisaría para radicar la denuncia.

Con ese dato, la pesquisa avanzó sobre Carlos Adolfo Guevara, de 48 años, quien finalmente fue detenido en un almacén familiar de la zona de Del Viso. Durante el procedimiento, la Policía Bonaerense secuestró un arma blanca, una navaja que iba a ser peritada para determinar si fue utilizada en el robo.

En paralelo, también fue allanado y detenido su hijo, de 25 años, acusado de encubrimiento. En ese operativo, los efectivos encontraron un millón de pesos, suma que los investigadores analizan para establecer si guarda relación con el dinero robado.

Fuentes del caso indicaron que Guevara fue indagado, pero optó por no declarar. Los investigadores también señalaron que existía una relación estrecha entre la víctima y el principal acusado: la mujer incluso lo había ayudado tiempo atrás a comprar su casa.

De acuerdo con los registros incorporados a la causa, el imputado figura como remisero en ARCA, percibe un plan social, tiene empleo formal y antecedentes laborales en las municipalidades de Vicente López y Pilar. A la vez, su perfil financiero exhibe deudas por préstamos y créditos recientes con entidades financieras y cuatro bancos por más de 12 millones de pesos.

La minera surcoreana Posco consiguió USD 700 millones para extraer litio en el Salar del Hombre Muerto, en Salta y Catamarca, a través de un financiamiento del BID Invest —el brazo de inversión privada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— que respaldará la expansión de su proyecto Sal de Oro, uno de los más grandes del país.

La estructura del préstamo combina un tramo de hasta USD 250 millones aportados directamente por BID Invest con la posible movilización de hasta USD 450 millones adicionales de instituciones financieras internacionales privadas. Los fondos financiarán la puesta en marcha y el aumento gradual de producción en dos plantas: una de hidróxido de litio, con capacidad para 25.000 toneladas anuales, y otra de carbonato de litio, con capacidad de 23.000 toneladas anuales.

Según BID Invest, una vez que ambas plantas alcancen plena operación, el proyecto producirá y exportará cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio y generará alrededor de 620 empleos permanentes formales. “Esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región”, afirmó James Scriven, gerente general de BID Invest.

La operación se enmarca en IDB LAC Minerals, la iniciativa del Grupo BID orientada a desarrollar cadenas de suministro de minerales críticos con mayor valor agregado en América Latina y el Caribe. La segunda etapa de Sal de Oro —que supone una inversión adicional de USD 208 millones— había recibido el visto bueno del gobierno de Javier Milei para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en junio pasado, lo que le otorga a Posco exenciones impositivas, estabilidad regulatoria por 30 años y acceso al arbitraje internacional.

El financiamiento llega en un momento en que el proyecto Sal de Oro acaba de registrar su primer trimestre con ganancia operativa: en el segundo trimestre de 2026, Posco Argentina obtuvo un beneficio operativo de 11.000 millones de wones (unos USD 8 millones), ocho años después de la llegada de la compañía al país y casi dos años después del inicio de su operación comercial, en octubre de 2024. Hasta ese resultado, la unidad argentina había acumulado pérdidas operativas cercanas a los 300.000 millones de wones.

La apuesta de Posco en Argentina comenzó en 2018, cuando adquirió los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto por USD 280 millones. Desde entonces, la compañía perforó decenas de pozos, construyó piletas de evaporación que superan el tamaño combinado de 1.000 canchas de fútbol y avanzó durante años sin ver retornos. La inversión total en derechos mineros y en la construcción de las dos primeras plantas de litio supera los USD 2.700 millones.

Este año, la compañía profundizó aún más su posición en el país: en abril, adquirió el proyecto Hombre Muerto Norte (HMN) —también en el Salar del Hombre Muerto— por USD 65 millones, a través de la compra del 100% de las acciones de NRG Metals Argentina S.A., subsidiaria de la canadiense Lithium South. El activo, en fase de exploración avanzada, tiene potencial de producir hasta 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.

La expansión empresaria de Posco se dio en paralelo a un acercamiento político entre Argentina y Corea del Sur. El 31 de julio, el presidente Lee Jae Myung visitó Buenos Aires —la primera visita de un mandatario surcoreano al país en 22 años— y se reunió con Milei en la Casa Rosada. Ese mismo día, el canciller argentino Pablo Quirno y el ministro de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur, Kim Jeong-kwan, firmaron un memorando de cooperación en minerales críticos, con foco en el litio, para promover inversiones conjuntas en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento, y fortalecer cadenas de suministro para las industrias de baterías y tecnología avanzada.

Lee había definido el acceso al litio como una “consideración estratégica” para Corea del Sur. Frente a las disrupciones en las cadenas globales de suministro y al avance de la inteligencia artificial, el presidente surcoreano sostuvo que los países necesitan “socios fiables y un comercio basado en reglas claras y confianza mutua”. La visita también incluyó conversaciones sobre un posible acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y el Mercosur.

Con el financiamiento del BID Invest asegurado, Posco planea adelantar la construcción de su tercera y cuarta planta de litio en brine para 2027 y 2030, respectivamente. El objetivo de largo plazo del grupo es alcanzar una producción combinada de 173.000 toneladas anuales de litio para 2033 —incluyendo producción en roca desde Australia—, lo que le permitiría posicionarse entre las cinco mayores compañías productoras de litio del mundo.

Argentina ocupa el quinto lugar entre los mayores productores mundiales de litio, detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue, y el tercero en reservas. Según la Secretaría de Minería, el país cuenta con 69 proyectos de litio en diversas etapas de avance, de los cuales solo siete están en producción. En 2025, las exportaciones mineras totalizaron USD 6.037 millones, el registro más alto desde que existen datos consolidados del sector, con un crecimiento del 29,2% respecto del año anterior.

Según informaron desde la Municipalidad de esta localidad, todo ocurrió al norte de la provincia, sobre el Paso Camba, uno de los sectores utilizados para cruces informales sobre el río Bermejo. En medio de un operativo de control, un grupo de bagayeros comenzó a lanzarle piedras a los miembros de la fuerza nacional y hubo tensión durante varias horas en el lugar.

El comisionado interventor, Adrián Zigaran, emitió un comunicado institucional en el que formalizó el pedido ante las autoridades nacionales para disponer el cierre temporario del Paso Camba. En el texto, la gestión municipal repudió “categóricamente cualquier acto de violencia hacia las fuerzas de seguridad nacionales, cuya integridad y labor deben ser garantizadas y respetadas en todo momento”. Como consecuencia directa de la medida solicitada, toda la circulación operativa y los trámites de cruce fronterizo en esa zona deberán realizarse de forma exclusiva por las instalaciones de la Aduana.

Zigaran describió la decisión como “firme e indeclinable” frente a lo que calificó como “graves e inadmisibles hechos de violencia”. La medida busca que el Gobierno nacional intervenga sobre el funcionamiento del paso y disponga acciones concretas para evitar nuevos ataques contra el personal en funciones.

El Paso Camba se ubica en el departamento Orán, en el extremo norte de Salta, sobre la ribera del río Bermejo, en el área limítrofe con Bolivia. No forma parte de los pasos internacionales habilitados oficialmente: ese rol lo cumple el corredor Aguas Blancas–Bermejo, que conecta la localidad salteña con la ciudad boliviana del mismo nombre a través de los controles fronterizos formales. El Paso Camba, en cambio, funciona como un sector alternativo e informal de cruce en la zona ribereña, frecuentado por quienes trasladan mercadería al margen de los registros aduaneros.

La situación de la frontera es compleja, ya que los controles de las fuerzas de seguridad conviven con la actividad de los bagayeros, que utilizan pasos alternativos para mover mercadería entre la Argentina y Bolivia. La dinámica es de larga data en la región y genera tensiones recurrentes con las autoridades.

En ese escenario, una imagen que comenzó a circular en portales y medios de la zona fronteriza sumó un dato más: debido al bajo nivel del agua, varias personas comenzaron a cruzar el río Bermejo directamente a pie, con el caudal apenas por encima de las rodillas en algunos sectores. La escena se registró en el área que conecta Aguas Blancas con Bermejo, uno de los puntos de mayor movimiento fronterizo de la región.

Las chalanas —las embarcaciones utilizadas para trasladar personas y mercadería de una orilla a otra— forman parte del paisaje cotidiano del Bermejo desde hace años, pero la bajante del río modificó ese escenario de forma considerable: en determinados tramos, el nivel resultó tan reducido que algunos cruces se realizaron directamente caminando, según informaron medios locales. La situación también dejó al descubierto extensas áreas del lecho y sectores de piedras que normalmente permanecen bajo el agua.

El antecedente reciente

En julio pasado, el Paso Internacional Puerto Chalanas fue el escenario de un enfrentamiento entre pasadores de mercadería con la policía, luego de negarse a la realización de un operativo.

Fuentes policiales le confirmaron a Infobae que el hecho ocurrió en el lado de Bolivia, donde los comerciantes –también conocidos como bagayeros- iban a transportar ilegalmente su mercadería hacia la localidad salteña de Aguas Blancas.

Sin embargo, según informó el canal TN, la policía local iba a llevar a cabo un operativo para decomisar ropa usada y mercadería, que culminó en la resistencia de los pasadores y el posterior enfrentamiento con los efectivos, que incluyó piedrazos. Como resultado, varios efectivos resultaron heridos y un vehículo militar terminó dañado.

Adrián Zigarán se refirió al hecho: “Esto es un desastre, pero este descontrol está hace años. Y ahora, que estamos llevando orden y control, no están contentos. Es una frontera argentina y se tiene que comportar como el resto de las fronteras argentinas”.

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán a Marta Noemí Mitrovich, una líder de la comunidad gitana que permanecía prófuga y sobre quien pesaba un pedido de captura por los delitos de estafa e instigación al suicidio.

La causa se inició en enero de este año, cuando Merlín Díaz Silva, una peluquera de Lomas de Zamora, fue abordada por tres mujeres de la comunidad gitana que le ofrecieron realizar una supuesta “limpieza espiritual” para eliminar un presunto “maleficio económico”.

Según la investigación, para llevar adelante el ritual las sospechosas le pidieron que entregara la totalidad de sus ahorros, una suma millonaria que le prometieron devolver una vez finalizado el supuesto trabajo. En total fueron 14 millones de pesos y joyas.

Sin embargo, el dinero nunca fue restituido. Con el paso de las semanas, la mujer comenzó a sospechar que había sido víctima de una estafa e intentó comunicarse con las acusadas.

“Mari, ¿ya vienen? Por favor, no me hagas sufrir. Te di mi confianza, te di todo de mí. ¿Me mintieron?”, fue uno de los mensajes que la víctima les escribió por WhatsApp. Ante la falta de respuestas, advirtió: “Si no vienen, van a cargar con mi vida”.

Frente a esto, una de ellas respondió: “Me extraña que por tan poca cosa querés hacer eso. Es tu problema”. Y continuó: “No te pongas así, porque lo que está sabiendo Dios, te va a castigar si no sacás esas palabras de la boca. Yo te voy a llevar la plata, no seas pelotuda”.

En ese contexto, Silva dejó una carta en la que aportó datos y pidió que se investigara a las responsables del engaño. Finalmente, tomó la decisión de quitarse la vida.

Por el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Ignacio Gabriel Torrigino, quien delegó en la División Búsqueda de Prófugos de la PFA las tareas destinadas a localizar y detener a Mitrovich, que ya había sido identificada como una de las sospechosas.

La investigación expuso la modalidad utilizada por las acusadas: convencían a sus víctimas de que estaban bajo un maleficio y les pedían importantes sumas de dinero para realizar supuestos “trabajos espirituales”. El avance de las averiguaciones permitió, además, detectar la existencia de otras presuntas damnificadas.

En mayo, la búsqueda de Mitrovich sumó un episodio insólito. Pese a que tenía un pedido de captura vigente, se presentó en una oficina del RENAPER para tramitar un nuevo DNI y no fue detenida porque el sistema no arrojó una alerta en tiempo real. El organismo explicó posteriormente que la notificación judicial ingresó después de que la mujer se había retirado del lugar.

En julio, a partir de tareas de campo y del análisis de la información reunida durante la pesquisa, la Policía Federal detuvo en Temperley a dos hombres familiares de la prófuga, quienes habrían actuado como encubridores al facilitar tanto su desplazamiento como su posterior ocultamiento de las autoridades judiciales.

Luego de esas detenciones, los investigadores continuaron con el procesamiento de la información vinculada a un teléfono celular que presuntamente utilizaba Mitrovich. El análisis de distintas redes sociales y de los impactos de antena permitió establecer que la mujer se encontraría en San Ramón de la Nueva Orán, en Salta.

Según informó la PFA, allí continuaba realizando sus “trabajos espirituales” para quitar supuestos maleficios.

Con esa información, la División Búsqueda de Prófugos solicitó la colaboración de la División Antidrogas San Ramón de la Nueva Orán para localizarla. Los investigadores lograron identificar un domicilio en el que sospechaban que se encontraba la mujer.

Con la autorización del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Orán, a cargo del juez Gustavo Ramiro Morizzio, los efectivos irrumpieron en la finca y detuvieron a Mitrovich.

La acusada quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Laura Verónica Ninni.

Dos ex empleados de la sucursal del Banco Nación en la localidad de Orán, en la provincia de Salta, comenzaron a ser juzgados bajo acusaciones de presuntamente haber sustraído dinero de los clientes durante operaciones de depósito en caja. La maniobra, conocida como “pellizco”, consistía en extraer billetes durante el conteo y ocultarlos para retirarlos posteriormente de la entidad.

Los imputados, identificados como Silvia Verónica Castro y Fernando Horacio Arias Knudsen, se desempeñaban como cajeros y ya declararon su inocencia en el proceso. No obstante, ambos enfrentan cargos por estafa y violación de los deberes de funcionario público.

El juicio se desarrolla desde el 7 de agosto ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, bajo la conducción unipersonal del juez Domingo Batule. Según trascendió, la causa se inició tras una denuncia presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), formalizada el 12 de noviembre de 2024.

De acuerdo con el sitio Fiscales, las maniobras ilícitas se detectaron el 17 de noviembre de 2023, cuando un empleado del área operativa notó un comportamiento inusual de la empleada en la caja número 5. El trabajador advirtió que, durante el conteo de un depósito importante, Castro extraía billetes y los ocultaba en un folleto del banco.

En ese momento, el cliente no podía observar el procedimiento porque la máquina contadora estaba ubicada fuera de su vista. Tras una revisión inmediata del folleto, se halló el dinero sustraído, y el cliente atribuyó la diferencia a un posible error propio.

Sin embargo, la posterior revisión de las cámaras de seguridad permitió corroborar que Castro ocultaba billetes y luego los guardaba en su cartera. A raíz del hallazgo, la entidad bancaria dio intervención a la PIA, que revisó las grabaciones entre el 19 de julio y el 17 de noviembre de 2023, lapso temporal en el que se detectaron 20 hechos atribuidos a Castro y dos a Arias Knudsen —pareja de la cajera— por sumas de entre 10 mil y 30 mil pesos en cada operación.

Frente a esto, el fiscal federal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, explicó que las sumas no resultaban llamativas en comparación con el volumen de dinero depositado, pero que la confianza de los clientes en Castro, con más de 30 años de antigüedad, facilitaba el esquema. Además, destacó la existencia de registros fílmicos, informes y peritajes como sustento de la acusación.

En este sentido, la abogada querellante del Banco Nación, Ángela Mizzau, respaldó la acusación tras señalar que los imputados no eran empleados inexpertos. Mientras que Castro ingresó en 1993, Arias Knudsen lo hizo en 2002.

“Ocuparon cargos de absoluta responsabilidad y el banco confió en ellos”, afirmó Mizzau. Por esto, sostuvo que la prueba permitirá demostrar que la confianza fue utilizada de modo fraudulento, causando un perjuicio económico a los clientes, quienes solían atribuir los faltantes a errores propios y, en ocasiones, cubrían la diferencia de su bolsillo.

En palabras de Mizzau: “Los videos no mienten. No se trataba de errores, sino de una modalidad deliberada y coordinada para obtener un beneficio económico indebido”. No obstante, los defensores Pedro Arancibia y Susana Aramayo negaron la comisión de delitos y cualquier irregularidad, alegando que no hubo afectación a clientes ni a la institución bancaria.

Durante el juicio, la Fiscalía convocó a clientes de la sucursal para observar los videos de sus operaciones. Varios manifestaron sorpresa al descubrir que les faltaba dinero, asegurando que en ese momento pensaron que se trataba de un error de conteo. También destacaron la confianza que tenían en Castro y expresaron que nunca sospecharon de una maniobra fraudulenta.

Por otro lado, los participantes de la investigación interna del banco explicaron que la ubicación de la máquina contadora fue clave para que las maniobras pasaran inadvertidas. Además, informaron que las pruebas reunidas motivaron la desvinculación de ambos empleados, medida supeditada al levantamiento de la tutela sindical, ya que tienen funciones como delegados gremiales.

A pesar de esto, en audiencia reciente, Arias Knudsen defendió su trayectoria y cargos de responsabilidad, pero evitó referirse en detalle a las imágenes y centró su defensa en supuestos conflictos internos con el tesorero de la sucursal. Mientras que Castro negó haber sustraído dinero, aludió a situaciones de persecución laboral y a deficiencias en la provisión de insumos.

“No estafé a mis clientes, no tengo reclamos de mis clientes. He devuelto dinero muchas veces y, si traía cambio, billetes en mal estado y los cambiaba, es plata mía. Yo le separaba dinero para mis compañeros, eso era habitual, transparente, lo hacíamos todos”, declaró la ex empleada, a modo de explicar las maniobras que quedaron registradas en los videos.

Desde Salta- Luego de una inversión inicial de USD 70 millones, Aeropuertos Argentina inauguró este miércoles la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Salta, que entrará en actividad el 27 de agosto y se convertirá en una de las más modernas del país. Las obras permitirán incrementar la capacidad operativa en un 65%, en línea con el fuerte crecimiento del turismo en la provincia.

El proyecto prevé un desembolso total de USD 110 millones, que se ejecutará en distintas etapas. En esta primera fase, se habilitaron un nuevo hall principal y 32 puestos de check-in, además de una ampliación de 650 m² en el sector de embarque doméstico.

Del acto de apertura participaron el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y la presidenta del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Noelia Ruiz. Se hicieron presentes también los 280 trabajadores que se desempeñan en el lugar, ejecutivos y referentes del turismo.

Ketchibachian manifestó: “Es un orgullo para nosotros presentar hoy una obra tan importante, porque sabemos que una terminal de este nivel no solo permitirá a los salteños viajar mejor, con mayor confort y servicios, sino que también posibilita un crecimiento de operaciones que contribuirá a dinamizar el turismo, la economía de la provincia y la región. Nuestro compromiso es que la conectividad aérea sea un factor de desarrollo del país”.

Sáenz, por su parte, expresó: “Esta obra es muy importante porque necesitamos infraestructura que acompañe el desarrollo que estamos construyendo y nos permita aprovechar plenamente el potencial de nuestra querida provincia. Un aeropuerto no es solamente una puerta de entrada y salida: es una herramienta de desarrollo económico, una plataforma para el turismo y un motor para atraer inversiones, impulsar la producción y acompañar el enorme crecimiento minero e industrial que Salta tiene por delante”.

“Contamos con recursos naturales, talento, una ubicación estratégica y sectores productivos en expansión, que generarán cada vez más actividad y empleo para los salteños. Para aprovechar todo ese potencial, necesitamos estar conectados”, señaló y remarcó la importancia del diálogo con los privados para seguir impulsando proyectos de esta magnitud.

En otro orden, y mencionando el “difícil contexto económico”, adelantó que se lanzarán acciones para promover el turismo, incluyendo devolución de impuestos en ciertos servicios vinculados.

La reforma en el aeropuerto salteño amplió su oferta comercial con la apertura de un nuevo drugstore de la cadena Open25, la llegada de la cafetería Tostado y un servicio de embalaje de maletas a cargo de Tripstore. A su vez, se añadieron cajeros automáticos del Banco Nación y Banco Macro. Asimismo, en el preembarque doméstico se instalaron ShopGallery y Charter Coffee.

En materia de infraestructura, se construyeron edificios técnicos destinados al soporte de las operaciones, entre ellos una oficina de correos y una subestación eléctrica, junto con otras reformas, como la refuncionalización de las vialidades y un nuevo portal de acceso vehicular.

La siguiente etapa de la remodelación comenzará la próxima semana. Una vez finalizada, la terminal alcanzará una superficie total de 16.160 m², lo que representa un incremento de 6.960 m². De este modo, el aeropuerto se consolidará como uno de los más importantes del norte.

Durante la segunda fase las tareas se concentrarán en la extensión del sector de embarque internacional, el área de migraciones en arribos y una sala VIP para vuelos de cabotaje.

El plan, liderado por Aeropuertos Argentina y coordinado con el ORSNA, busca dar respuesta tanto al aumento de pasajeros como a la incorporación de nuevas aerolíneas y frecuencias.

Según datos de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), en 2025 Salta encabezó la actividad aeroportuaria del NOA con el 49,86% de los movimientos aéreos, ubicándose por encima de Tucumán (20,83%) y Jujuy (9,79%).

En tanto, durante las vacaciones de invierno, la provincia registró un flujo de 267.628 turistas, de los cuales 118.193 pasaron por el aeropuerto. Así, ocupó el octavo lugar en el ranking nacional por volumen de visitantes totales.

En los primeros 7 meses del año, acumuló 830.859 pasajeros, lo que supone un alza del 1% frente al mismo período de 2025.

El desempeño se debe en gran medida a su conectividad directa con los principales destinos nacionales, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Iguazú y Neuquén.

En el plano internacional, GOL sumará un vuelo a Río de Janeiro en diciembre y COPA Airlines elevará a cuatro sus frecuencias con Panamá en febrero. De esta forma, junto a las rutas de Lima y Asunción, Salta alcanzará cuatro conexiones con el exterior, posicionándose como una de las terminales con mayor tráfico del país.

Inversiones de Aeropuertos Argentina

Cabe destacar que, en los últimos cinco años, la inversión de Aeropuertos Argentina totalizó USD 1.000 millones. Entre los proyectos más recientes se encuentran el desarrollo de la Plataforma Norte de Aeroparque, el Plan Estratégico de Obras de Ezeiza, la nueva terminal de San Juan, la puesta en valor de las pistas de Río Cuarto y Río Gallegos, y las mejoras en las terminales de Río Grande y Formosa.

Las próximas inauguraciones son:

Ezeiza — USD 118 millones

Finalización prevista: noviembre de 2026

• Rehabilitación de la pista secundaria.
• Nueva sala de calma en el sector doméstico.
• Nueva Sala VIP Club.
• Nueva planta de tratamiento de agua.
• Renovación de los periféricos utilizados por todas las aerolíneas, con 1.700 nuevos dispositivos.

Aeropuertos Argentina Cargas

Finalización prevista: noviembre de 2026

• Nueva Terminal Única de Courier (TUC), con una superficie de 12.000 m².
• Ampliación de las áreas de temperatura controlada en 4.500 m², que elevará la superficie total a 7.000 m².

Aeroparque — USD 85 millones

Finalización prevista: agosto de 2026

• Ampliación del PIR doméstico.
• Ampliación del hall de check-in.
• Incorporación de tecnología para agilizar el proceso de check-in.
• Nueva Sala VIP.
• Nuevas propuestas gastronómicas.
• Nueva sala “Amo Viajar”, con servicios adaptados para personas con CEA (Condición del Espectro Autista), personas con diabetes, personas ostomizadas y adultos mayores.

Aeropuerto de San Rafael — USD 20 millones

Finalización prevista: agosto de 2026

• Nueva terminal de 3.300 m².
• Incorporación de seis puestos de check-in, cuatro de ellos habilitados en la primera etapa.
• Implementación de un nuevo sistema BHS para la gestión de equipajes.
• Nuevos núcleos sanitarios y espacios gastronómicos y comerciales.
• Rediseño del flujo de pasajeros para optimizar la circulación.
• Construcción de nuevos edificios técnicos.

Una mujer fue condenada a tres años de prisión condicional y al pago de $35 millones como compensación económica en Salta luego de que admitiera haber cometido 48 hechos de estafa vinculados a la captación ilegal de fondos por medio de una financiera, bajo la promesa de otorgar elevados rendimientos semanales a las víctimas.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representada por Walter Inda, secretario letrado, alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con Patricia Jimena Vidaurre, quien reconoció su responsabilidad penal como autora de estafas reiteradas en concurso real. La homologación del acuerdo fue dispuesta por el juez Nicolás Rodríguez Pipino durante una audiencia de revisión de prisión preventiva.

Según se expuso, la investigación de la UDEC comenzó en agosto de 2025 tras denuncias de personas que habían entregado dinero a una financiera ilegal conocida como “Inversiones Alyson”. Allí, los inversores recibían la promesa de obtener rendimientos semanales del 40% al 60%, que eran calculados con base en el monto que destinaran a las supuestas inversiones realizadas.

Las operaciones se gestionaban principalmente por grupos de WhatsApp y el dinero era entregado en forma presencial o mediante transferencias, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta.

En un primer momento, los pagos acordados se efectuaron puntualmente, lo que generó confianza y motivó a los participantes a incrementar sus inversiones y recomendar la operatoria a otras personas. Pero, poco después, los pagos comenzaron a demorarse y finalmente se interrumpieron, junto con la comunicación con quienes reclamaban la devolución de los fondos.

La investigación permitió incorporar nuevas denuncias, comprobantes de transferencias, capturas de conversaciones y documentación de “Préstamos e Inversiones Alyson”. También se solicitaron informes a entidades bancarias y financieras sobre las cuentas empleadas para recibir los fondos y se tomaron declaraciones testimoniales a los damnificados.

Tras haberse recibido múltiples denuncias al respecto, en agosto de 2025, la UDEC dispuso una serie de medidas para determinar el alcance de la maniobra. Fue así que Vidaurre fue detenida el 28 de agosto de 2025 junto a su pareja y al hijo de éste, aunque respecto de ellos el proceso continúa.

Como parte de los operativos, se realizaron allanamientos en Salta Capital y Rosario de Lerma, donde se secuestró documentación relevante. Además, a pedido de la Fiscalía, se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales asociadas a la acusada.

El cúmulo de pruebas permitió ampliar la imputación de 32 a 48 hechos de estafa, sobre los que Vidaurre admitió su responsabilidad penal. Según el acuerdo judicial, deberá abonar la suma acordada en nueve cuotas, permaneciendo embargado uno de sus inmuebles hasta completar el pago.

En línea con esto, se le impusieron reglas de conducta por tres años. Entre ellas, indicaron que deberá fijar domicilio y mantenerlo actualizado, abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar del alcohol, no cometer nuevos delitos y realizar tareas de limpieza semanales en la dependencia policial más cercana a su domicilio. Finalmente, el juez ordenó su inmediata libertad bajo las condiciones pactadas.

Desarticularon presunta red de estafas procesales

Un abogado del fuero local de Salta, identificado como Lucas Ignacio M. G., enfrenta ahora más de 130 cargos penales en una investigación que apunta a una presunta red de fraudes operada durante años en el sistema judicial provincial. Recientemente, la UDEC actualizó la acusación durante una audiencia ante el juez de Garantías, llevando el total de imputaciones en su contra a 138 hechos de estafas procesales reiteradas, falsificación de instrumento privado y abuso de firma en blanco.

El caso involucra también a otras tres personas, dos de ellas incorporadas recientemente a la causa, acusadas de integrar una maniobra sistemática que utilizaba pagarés firmados en blanco para iniciar juicios ejecutivos contra personas que desconocían la existencia de esas deudas. Como resultado, varias víctimas sufrieron embargos sobre sus sueldos y bienes sin haber sido notificadas previamente.

La fiscal auxiliar Ahanduni presentó la acusación actualizada contra los investigados desde mayo y sumó a los dos nuevos imputados. Según el Ministerio Público Fiscal, el acusado pasó a enfrentar 64 hechos de estafas procesales, 24 de falsificación de instrumento privado y 50 de abuso de firma en blanco.

Previo a esto, a Lucas Ignacio M. G. se le habían imputado 77 cargos, distribuidos de forma variable entre las mismas figuras delictivas. Una mujer coimputada acumula 118 hechos bajo los mismos delitos, mientras que los otros dos hombres incorporados responden por 14 y 6 hechos respectivamente de estafas procesales.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, las víctimas eran captadas en situación de vulnerabilidad económica. Se les ofrecían préstamos informales bajo condiciones abusivas y, a cambio, debían firmar documentos en blanco. Posteriormente, estos eran completados con montos desproporcionados o datos falsos para iniciar las demandas. Además, se utilizaron domicilios inventados, lo que impedía a las víctimas recibir notificaciones judiciales y defenderse, lo que derivó en el embargo de sus sueldos y bienes.

La causa se originó cuando los titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos de Salta detectaron patrones repetidos de irregularidades en expedientes representados por el mismo abogado. Informaron a la UDEC sobre la existencia de domicilios duplicados o compartidos entre demandados y actores, lo que motivó la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Tras analizar más de 70 expedientes judiciales, se identificaron múltiples conductas repetidas que sustentaron la acusación.

Fue así que la Fiscalía incorporó nuevos testimonios y denuncias penales de personas que figuraban como demandadas. Algunas aseguraron haber firmado pagarés en blanco que luego fueron completados con datos que desconocían, mientras que otras negaron haber suscrito los documentos utilizados para iniciar los juicios.

A partir de esto, la UDEC solicitó el levantamiento del secreto bancario de los principales imputados, la prohibición de salida del país, la retención de documentos de viaje y la prohibición de contacto con denunciantes y damnificados.

El 29 de abril, con autorización judicial, se realizaron allanamientos en 19 domicilios, incluyendo el estudio jurídico del abogado, viviendas particulares y varios inmuebles señalados en los expedientes. En el estudio se secuestró dinero en pesos y moneda extranjera, documentación, expedientes y pagarés vinculados a la causa. Además, en la vivienda de la mujer coimputada, se incautaron dinero, cuadernos, carpetas, títulos de crédito en dólares y comprobantes bancarios.

Durante los operativos, se constató la existencia de domicilios ficticios en los expedientes, evidenciada por el hallazgo de propiedades desocupadas o ajenas a los acusados, lo que refuerza la hipótesis de fraude sistemático dentro del sistema judicial de Salta.

Un joven de 26 años, que había sido denunciado por su ex pareja por ejercer sobre ella distintos tipos de violencia durante la relación, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión en Salta. La Justicia lo halló culpable de abuso sexual, amenazas agravadas por el uso de arma y desobediencia de una orden judicial.

La decisión la tomó este martes el juez Martín Pérez durante una audiencia en el Distrito Centro de Salta. El magistrado declaró al acusado penalmente responsable de los delitos mencionados e indicó que la pena impuesta es de cumplimiento efectivo.

El caso llegó a juicio a partir de la denuncia de la víctima, una mujer con quien el acusado mantuvo una relación de pareja y tiene una hija en común. Ella describió una convivencia marcada por reiterados episodios de violencia física, verbal y sexual. Según su relato, el hombre llegó a amenazarla con armas, además de humillarla y someterla constantemente, de acuerdo con su relato.

Según informó el Ministerio Público Fiscal la provincia, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke llevó adelante la acusación durante el juicio oral. En la primera etapa del proceso celebrada el lunes con el objetivo de definir la pena, la fiscal argumentó en base a las pruebas producidas durante el debate y solicitó que el condenado recibiera 11 años de prisión. En dicha instancia Pérez emitió el veredicto de culpabilidad y fijó para el día siguiente la audiencia de cesura.

De esta manera, el martes se llevó a cabo la segunda etapa y, tras un cuarto intermedio, el juez fijó la condena en ocho años y seis meses, una pena menor a la requerida por la fiscalía pero que el tribunal consideró proporcional a los hechos probados. Además de la sentencia, el magistrado ordenó la inscripción del sujeto en el Banco de Datos Genéticos donde se almacenan la información biológica de personas condenadas por determinados delitos, entre ellos los delitos sexuales.

Por otro lado, el magistrado revocó el arresto domiciliario que le había sido concedido al acusado durante el proceso. En su reemplazo, dispuso su traslado inmediato a la Alcaidía General, desde donde será derivado a la Unidad Carcelaria 1 de la provincia para cumplir la condena.

Encontraron muerto a un hombre que había sido condenado por el crimen de su esposa

La autopsia practicada este martes sobre el cuerpo de José Eduardo “Jota” Figueroa determinó que murió por asfixia por ahorcamiento, lo que refuerza la hipótesis de suicidio. Lo hallaron el lunes por la tarde en un patio interno del pabellón “F” de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, en Salta, donde cumplía prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido el 4 de agosto de 2023 en la vivienda que compartía con el condenado en el barrio privado El Tipal. Kvedaras tenía 37 años cuando fue asesinada.

Figueroa fue trasladado al hospital San Bernardo, donde los médicos confirmaron su muerte, alrededor de las 19 horas del lunes. Los peritos establecieron que los surcos en el cuello del interno fueron producidos por una soga fabricada con vendas.

A pesar del resultado forense, el Ministerio Público Fiscal (MPF) mantiene abierta la investigación. El protocolo impuesto por el procurador Pedro García Castiella al inicio de su gestión establece que todo aparente suicidio dentro de una cárcel debe investigarse bajo los mismos estándares que un posible homicidio.

El fiscal Daniel Espilocín, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N°2, coordinó las primeras diligencias desde el penal y convocó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Según informó El Tribuno, se solicitó el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento y la toma de testimonios. Con el asesinato descartado por los forenses, la pesquisa apunta ahora a determinar si existió algún tipo de negligencia en la custodia del recluso.

Figueroa había sido condenado el 30 de agosto de 2025 por un tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. La sentencia, dictada por unanimidad, aún no estaba firme dado que la defensa había presentado un recurso ante el Tribunal de Impugnación para cuestionar tanto la calificación del crimen como el agravante de violencia de género.

Se lanza Argentina Federal, el nuevo bloque de diputados que responden a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y Misiones, Hugo Passalacqua. Son gobernadores que tienen una relación de tensión con el oficialismo y que lo anunciaron con el viejo adagio que busca mostrar independencia: el apoyo o no al oficialismo “será ley por ley”.

La presentación oficial será mañana 30 minutos antes de que comience la sesión en la que La Libertad Avanza busca darle media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y a la ley de inocencia fiscal en su segunda versión.

El nuevo bloque prometió dar quórum, por lo que mañana se sentarán en sus bancas cuatro diputados de Misiones -Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik-, tres de Salta -Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega-, el formoseño Gerardo Gustavo González y el puntano Claudio Álvares. Y la presentación en sociedad será con Sáenz y Passalacqua en el Salón de los Pasos Perdidos.

Sin embargo, en las últimas 24 horas el escenario se fue modificando. La visita de la ministra Sandra Pettovello a Salta y el rol de los legisladores libertarios generó malestar en la administración salteña. “Lo que pasó empioja la relación. Y lo de Orosco lo empeora”, explicó una fuente libertaria que busca mantener el apoyo de Argentina Federal.

En la visita de la ministra los legisladores salteños libertarios intentaron ningunear al gobernador buscando concentrar la atención de Pettovello. Luego el legislador provincial libertario Roque Cornejo, le negó el saludo a Sáenz, quien lo calificó de “guarango”. La ministra salió en defensa de un Sáenz visiblemente molesto y desató un nuevo capítulo de la interna libertaria.

“Creemos que no vamos a ir a un acuerdo con LLA, que no hace falta para la reelección”, explicó una fuente salteña que tiene diálogo con el gobernador. Del otro lado, el mundo libertario “amenaza” con impulsar una candidata propia: la senadora nacional libertaria por la provincia Emilia Orozco.

Orozco publicó un video en redes sociales luego de ese tenso momento en donde acusa a Sáenz de querer silenciarla y remata con un “necesitamos de sus votos para seguir sacando este país adelante, por eso no le digo un montón de verdades”.

Esto también tensa las relaciones dentro del oficialismo entre los sectores que buscan acordar en las provincias y los que tienen como estrategia electoral “poner candidatos propios en todas las provincias”.

En este escenario es donde empiezan a aparecer los riesgos: entre algunos observadores de la Cámara empieza a correr la teoría respecto a que, por más que ya garantizaron el quórum, existe el riesgo que en algunas de todas las votaciones de mañana el oficialismo pierda algunos de estos votos en el camino.

Entre los proyectos a tratar está el de reducir el IVA del 21% al 10,5% a la mandioca. “Es algo que casi no tiene impacto fiscal, le sirve a la economía regional y es un gesto con los aliados”, habían explicado los libertarios cuando apoyaron el dictamen.

En ese paquete de leyes aparece también declarar a la provincia de Salta como Capital Nacional del Ecoturismo.

El temario incluye una buena cantidad de proyectos de declaración de “la capital de” y esto genera que el oficialismo se asegure el quórum. Sin embargo, para la oposición son una muestra de debilidad. “Estos son proyectos de las últimas sesiones del año, los meten ahora para poder alcanzar el número porque entre los que se están subiendo el precio y los que empiezan a despegarse, parecería que al oficialismo le cuesta un poco más juntar socios”, dijo un legislador peronista que tiene más de una batalla dentro del recinto.

José “Jota” Eduardo Figueroa fue hallado muerto este lunes en un patio interno del pabellón “F” de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, en Salta, donde cumplía prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras, ocurrido en agosto de 2023.

Figueroa permanecía detenido desde 2024 y fue condenado el 30 de agosto pasado, es decir, cuatro meses atrás. El cuerpo fue hallado por un internó que dio aviso a los guardias de la prisión. Fue trasladado al hospital San Bernardo, donde los médicos constataron la muerte, cerca de las 19.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el resultado preliminar de autopsia, realizada este martes por la mañana, estableció que la muerte ocurrió por asfixia por ahorcamiento. Coincide con la hipótesis principal: el suicidio.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por el procurador Pedro García Castiella, continuará la investigación para determinar si hubo alguna negligencia o responsabilidad en el hecho.

El protocolo dispuesto por Castiella al inicio de su gestión, obliga a investigar todo aparente suicidio bajo presupuestos de homicidio, un protocolo similar al que recomienda la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en el caso de femicidios.

Por ese motivo, desde el inicio, el fiscal Daniel Espilocín, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N°2, coordinó las primeras medidas desde la carcél y dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), tal como informó El Tribuno.

De esta manera, ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia médico-legal con el fin de establecer la causa, la mecánica, la data de muerte y si el cuerpo presentaba lesiones.

Al mismo tiempo, solicitó el análisis de cámaras de seguridad de penitenciaria y la toma de testimonio. Descartado el asesinato por el resultado forense, este aspecto de la investigación está ligado al cuidado del recluso, detallaron las fuentes.

Este medio pudo saber que los peritos confirmaron que los surcos que presentaba Figueroa en el cuello fue realizado por una soga elaborada con vendas. La semana anterior había sido trasladado a clínica privada y se presume que allí se hizo del material médico.

Las últimas palabras del femicida

Antes de que el Tribunal, integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, diera a conocer el veredicto en su contra, Figueroa tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras en la sala.

Entre lágrimas, aseguró sentirse “avergonzado” y admitió: “Hice mucho daño. Vivo el dolor todos los días en carne propia”, recordó El Tribuno.

En su exposición expresó que rezaba “mucho por la familia Kvedaras” y por la suya. Se refirió especialmente a sus hijos: “Rezo por esas tres personitas”. “Me quedé con lo lindo. De aquí en más todo es pérdida”, cerró.

Mercedes Kvedaras tenía 37 años cuando fue asesinada el 4 de agosto de 2023 en la casa que compartía con Figueroa en el barrio privado El Tipal. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento y sofocación manual.

Los jueces descartaron el accidente, tomaron en cuenta la violencia ejercida durante el ataque y el femicida fue condenado -por unanimidad- como coautor del homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La sentencia todavía no estaba firme. Su abogado, Juan Casabella Dávalos, había presentado un recurso ante el Tribunal de Impugnación para que el crimen fuera recalificado por emoción violenta u homicidio preterintencional, sin intención de causar la muerte. El defensor también cuestionaba la aplicación del agravante de violencia de género.

El femicidio de una mujer en la ciudad de Metán, en la provincia de Salta, conmocionó a la provincia durante el fin de semana. El único sospechoso es su novio, de 26 años, quien se negó a declarar .

La Fiscalía Penal 1, a cargo de Nicolás Rodríguez López, encabeza la investigación por el crimen.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el Ministerio Público Fiscal de Salta, la Fiscalía llevó adelante la imputación formal y adelantó que en los próximos días solicitará la prisión preventiva para evitar cualquier riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

El acusado, asistido por la defensa oficial, optó por abstenerse de declarar durante la audiencia. Su silencio se suma a las incógnitas que rodean el caso, mientras avanzan las diligencias dispuestas por el Juzgado de Garantías interviniente.

De esta manera, Rodríguez López imputó de manera provisional al sospechoso por el delito de homicidio cuádruplemente calificado. La acusación se fundamenta en cuatro agravantes: la relación de pareja con la víctima, la existencia de violencia de género, la alevosía y el ensañamiento.

Durante la audiencia, la Fiscalía fue enfática en la necesidad de mantener la detención del imputado. Se argumentó que las circunstancias del caso y la naturaleza del delito ameritan una respuesta judicial inmediata y contundente. El juez de Garantías deberá resolver sobre la solicitud de ratificación mientras se cumplen las diligencias investigativas en curso.

Además, el fiscal Rodríguez López informó que durante la semana se tomarán testimonios clave en sede fiscal. Estas declaraciones serán fundamentales para establecer una secuencia clara de los acontecimientos y determinar posibles responsabilidades o complicidades.

Paralelamente, se encuentran en proceso de análisis las imágenes secuestradas de una cámara de seguridad particular, ubicada en la zona donde habría ocurrido la agresión. Este material audiovisual podría aportar elementos determinantes sobre los últimos movimientos de la víctima y el sospechoso, así como sobre el contexto inmediato del ataque.

El femicidio

El caso ocurrió durante la noche del viernes, cuando Díaz Orellana y Ramírez habían concurrido a un local bailable. Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Salta, luego de una discusión, el hombre la habría atacado con golpes de puño y con un elemento contundente en la zona de la cabeza. Luego, se habría retirado y la habría dejado tendida en la vía pública.

Horas más tarde, alrededor de las 4 de la madrugada del sábado, el sospechoso se presentó en una dependencia policial e informó lo sucedido. Tras su relato, quedó demorado y los efectivos se dirigieron hasta el lugar que había señalado, donde encontraron a la joven gravemente herida y solicitaron asistencia sanitaria.

Díaz Orellana fue trasladada inicialmente al hospital Del Carmen de Metán. De acuerdo con El Tribuno, presentaba hundimiento de cráneo, fracturas en la nariz y la mandíbula, heridas en el rostro, lesiones dentales y otros traumatismos de gravedad.

Debido a la gravedad de su cuadro, los médicos gestionaron su derivación a la ciudad de Salta. En un primer momento, se evaluó realizar el traslado mediante un helicóptero sanitario, pero las condiciones climáticas impidieron que la aeronave pudiera aterrizar, por lo que finalmente fue trasladada por vía terrestre una vez que lograron estabilizarla.

La joven quedó internada en el hospital San Bernardo, donde recibió atención especializada. Sin embargo, este domingo a las 9.15 los médicos confirmaron su fallecimiento como consecuencia de las graves lesiones que había sufrido.

La Justicia federal de Salta imputó a 15 personas, entre ellas diez funcionarios o exfuncionarios públicos, por integrar una presunta organización dedicada a falsificar certificados médicos y documentación para obtener pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento de Anta.

La acusación fue formalizada por el fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, ante el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, quien otorgó un plazo de un año para profundizar la investigación y dispuso, por el mismo período, la anotación de litis sobre bienes de los imputados.

La pesquisa se concentra principalmente en El Quebrachal y Joaquín V. González, donde la fiscalía detectó un circuito que, según su hipótesis, comenzaba con la captación de personas interesadas en acceder al beneficio y seguía con la confección de certificados médicos falsos, adulteración de estudios y diagnósticos de enfermedades inexistentes.

Entre los acusados figuran los médicos José B., Humberto B., Julio O., Luis V., César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana, además de Oscar Luna, exgerente del hospital de El Quebrachal. Orellana es actualmente diputado provincial por Anta.

También quedaron imputados el exjefe de la sucursal de ANSES de El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar; el bioquímico Luciano Benjamín Esteban; los empleados municipales Manuel Rolando Córdoba, Estela Mary Romano y Luis Casares; y un kiosquero identificado como Hugo M.

La fiscalía les atribuyó, con diferencias según la función de cada uno, los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación comenzó en julio de 2024 y avanzó a partir de 26 allanamientos realizados en domicilios, consultorios, hospitales, clínicas privadas y dependencias municipales.

Según informó el Ministerio Público Fiscal en su portal institucional, en esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, documentación y listados de personas que presuntamente habían pagado para tramitar pensiones, pese a que la gestión es gratuita. Parte de los dispositivos ya fue peritada y, de acuerdo con la acusación, los mensajes permitieron reconstruir vínculos entre los investigados e identificar nóminas de personas que habían abonado o todavía adeudaban dinero.

La hipótesis fiscal sostiene que algunos aspirantes eran derivados hacia consultorios o clínicas privadas vinculadas con los propios imputados. Allí se extendían diagnósticos por patologías como Chagas, diabetes o problemas de columna, con porcentajes de incapacidad suficientes para satisfacer los requisitos del beneficio.

El bioquímico Esteban habría aportado estudios correspondientes a pacientes que efectivamente padecían determinadas enfermedades para que luego fueran utilizados en trámites de otras personas.

Uno de los roles más particulares atribuidos en la causa es el de Hugo M., propietario de un kiosco ubicado cerca del hospital de El Quebrachal. Los investigadores afirman que desde allí captaba potenciales beneficiarios, modificaba documentación y cargaba trámites por Internet.

La imputación también ubica a Salazar como una pieza relevante del esquema, ya que habría facilitado mecanismos para que personas ajenas a ANSES pudieran acceder al sistema y subir documentación.

Otro tramo del caso apunta al supuesto cobro de dinero a personas en condiciones económicas vulnerables. Los montos podían superar los $300.000 y, en determinadas gestiones o renovaciones, alcanzar $1 millón. Según la fiscalía, algunos interesados tomaron préstamos o vendieron animales y otros bienes para afrontar esos pagos.

Respecto de Orellana, Amad señaló que durante su gestión como intendente de Joaquín V. González, entre 2007 y 2011, avaló trámites de personas que no cumplían con los requisitos. También sostuvo que, en períodos electorales, habría ofrecido pensiones a cambio de votos.

Aunque la audiencia estuvo centrada en Anta, la investigación podría extender su alcance. Por pedido de la fiscalía, la Gendarmería Nacional elaboró un informe según el cual unas 9.000 de las 39.715 pensiones no contributivas por discapacidad vigentes en la ciudad de Salta presentarían documentación apócrifa, incompleta o incumplimientos de requisitos.

A partir de esa estimación, el fiscal calculó un impacto económico de $3.240 millones mensuales y casi $40.000 millones anuales.

La causa tramita bajo el sistema acusatorio federal, vigente en Salta desde junio de 2019. En ese esquema, la investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, mientras que el juez de garantías interviene en las medidas y planteos que requieren control jurisdiccional. Fue en ese marco que Amad formalizó las imputaciones y Anzorreguy fijó el plazo para continuar reuniendo evidencia.

Gendarmería Nacional incautó este fin de semana más de 700 kilos de hojas de coca y 24 mil atados de cigarrillos que eran transportados de contrabando en Orán, provincia de Salta.

El procedimiento se inició cuando dos camionetas intentaron eludir el control dispuesto por la fuerza sobre la traza provincial. Según la información oficial, ambos rodados aceleraron para evadir la presencia de los uniformados, lo que motivó la inmediata reacción de los efectivos desplegados en el lugar. La situación activó protocolos de seguimiento, permitiendo en primera instancia localizar una de las camionetas, una Toyota Hilux, en el interior de una finca cercana.

De acuerdo con lo informado por el portal de La Gaceta, en el interior de la camioneta Toyota se encontraba un ocupante y una carga compuesta por 17.300 atados de cigarrillos de origen extranjero. El hallazgo resultó relevante para los investigadores, ya que la mercadería no contaba con la documentación aduanera correspondiente y se presume que su ingreso al país se realizó en infracción a la Ley 22.415, conocida como “Código Aduanero”.

A unos tres kilómetros del primer hallazgo, los gendarmes localizaron la segunda camioneta involucrada, una Chevrolet S10. El vehículo, que presentaba signos de colisión, había sido abandonado por sus ocupantes. Al inspeccionar su interior, los agentes encontraron 430 kilos de hojas de coca en estado natural.

El operativo fue supervisado por la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, que dispuso el secuestro de ambos vehículos y de la totalidad de la mercadería incautada. Además, según se informó, la persona detenida en la Toyota Hilux quedó “supeditada a la causa” por la presunta infracción a la ley aduanera.

La intervención judicial se orientó a la profundización de las investigaciones para determinar la posible existencia de una organización dedicada al tráfico de cigarrillos y hojas de coca, productos cuyo ingreso y circulación están regulados de manera estricta por la normativa vigente.

En un procedimiento independiente, realizado por efectivos de la Patrulla Fija “El Naranjo”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, se registró un nuevo intento de ocultar mercadería ilegal bajo materiales de descarte. El operativo tuvo lugar sobre la intersección de las Rutas Nacionales N° 9 y N° 34 y se centró en una camioneta Chevrolet D-20 ocupada por dos ciudadanos mayores de edad.

Al inspeccionar la carga, los uniformados detectaron que debajo de la chatarra se ocultaban 350 kilos de hojas de coca en estado natural y 6.750 paquetes de cigarrillos. La maniobra, según lo informado por la fuerza, habría sido diseñada para evitar la detección de la mercadería en los controles habituales.

La Fiscalía Federal de Salta dispuso el secuestro tanto de los rodados como de la mercadería, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 22.415. Los involucrados quedaron sujetos a proceso judicial.

Durante todo el fin de semana, la incautación de más de 780 kilos de hojas de coca y 24.050 atados de cigarrillos de contrabando, además del secuestro de tres vehículos. Las autoridades judiciales y de la fuerza federal indicaron que las investigaciones continúan a fin de identificar a los responsables y determinar la extensión de las redes de contrabando en la región.

La investigación por el crimen de las turistas francesas suma un nuevo capítulo luego de que la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal de Salta (MPF) pida que se declare la nulidad del sobreseimiento de Walter Lasi. Se trata del padre del único acusado y detenido por el homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, a partir de los análisis que se realizan desde hace tiempo en Francia.

De esta manera, más de 15 años después del crimen, se pone en revisión una de las decisiones más discutidas del proceso judicial. Según el parte oficial difundido por el organismo, el planteo alcanza las resoluciones dictadas entre julio de 2012 y mayo de 2013, que dispusieron y luego confirmaron el cierre de la investigación para Gustavo Lasi. Según la Fiscalía, esas resoluciones usaron criterios diferentes para analizar pruebas similares en el caso del padre del principal imputado y en el de otros imputados.

La Fiscalía cuestionó de manera puntual la forma en que se evaluaron la evidencia genética, la cercanía de los imputados con la escena del hecho, las armas incorporadas al expediente y las contradicciones detectadas en distintas declaraciones.

Para la acusación, hubo pruebas e indicios similares que fueron usados para comprometer a Santos Clemente Vera y Daniel Vilte Laxi, pero no tuvieron el mismo peso cuando la Justicia analizó la situación de Walter Lasi. Mientras que esas pruebas sirvieron para incriminar a los dos primeros, el mismo tipo de evidencia recibió una lectura desincriminante respecto del último, sin que las resoluciones cuestionadas ofrecieran una justificación para ese trato diferenciado. Esa decisión afectó el debido proceso y evitó que una posible responsabilidad penal fuera analizada en un juicio, sostuvieron.

La Fiscalía anticipó que la defensa podría argumentar que el sobreseimiento de Walter Lasi ya es definitivo e inapelable. Para contrarrestar ese argumento, las autoridades fiscales a la doctrina de la cosa juzgada írrita o aparente, que permite reabrir decisiones judiciales cuando estas fueron dictadas con graves irregularidades que pusieron en duda la imparcialidad o la solidez del proceso.

El reclamo también incorpora objeciones sobre parte del material usado durante la instrucción.

El caso de las turistas francesas asesinadas en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, en la provincia de Salta, aun continúa generando cambios. En 2014, Gustavo Lasi fue condenado por unanimidad a 30 años de prisión como autor de robo, abuso sexual con acceso carnal y doble homicidio agravado en perjuicio de Bouvier y Moumni.

En tanto, Santos Clemente Vera fue absuelto en el juicio de 2014 y luego condenado a prisión perpetua en una instancia posterior. Esa sentencia fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó un nuevo pronunciamiento y quedó libre.

En ese contexto, Walter Lasi había quedado al margen del expediente por las resoluciones que ahora la Unidad Fiscal busca revisar. No es la primera vez que su situación procesal queda bajo análisis. En noviembre de 2012, la Sala II del Tribunal de Impugnación de Salta había revocado un sobreseimiento dictado en primera instancia y ordenado profundizar medidas de prueba, entre ellas nuevas pericias y estudios genéticos incorporados al expediente.

La cooperación judicial entre Argentina y Francia se reactivó a partir de la denuncia de Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandra que en septiembre de 2025, pidió que se investiguen posibles irregulariodades y la justicia francesa abrió una nueva causa.

Esto permitió concretar medidas en territorio francés, entre ellas una nueva pericia genética en el Laboratorio de la Gendarmería Nacional de París. El resultado, según el Ministerio Público Fiscal y de acuerdo con lo publicado por Gente de Salta, volvió a detectar rastros genéticos de Gustavo Lasi en el cuerpo de las víctimas y no descartó una posible participación de su padre.

El organismo agregó que, bajo ciertos parámetros, el Código Penal francés y principios del derecho internacional permiten a las autoridades judiciales francesas avanzar en investigaciones sobre delitos cometidos contra ciudadanos de esa nacionalidad.

La Fiscalía aclaró que el planteo no implica una condena ni una definición anticipada sobre la responsabilidad penal de Walter Lasi. El objetivo inmediato consiste en remover los efectos de las decisiones que lo desvincularon, para que su situación pueda volver a examinarse dentro de una investigación ajustada a las garantías del debido proceso.

Una joven de 20 años, identificada como Cintia Díaz Orellana, murió este domingo luego de permanecer internada en grave estado por las lesiones que sufrió durante un ataque ocurrido en la ciudad salteña de Metán. Por el hecho se encuentra detenido su pareja Gastón Ramírez, de 26 años, quien será imputado este lunes como presunto autor del femicidio.

El caso ocurrió durante la noche del viernes, cuando Díaz Orellana y Ramírez habían concurrido a un local bailable. Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Salta, luego de una discusión, el hombre la habría atacado con golpes de puño y con un elemento contundente en la zona de la cabeza. Luego, se habría retirado y la habría dejado tendida en la vía pública.

Horas más tarde, alrededor de las 4 de la madrugada del sábado, el sospechoso se presentó en una dependencia policial e informó lo sucedido. Tras su relato, quedó demorado y los efectivos se dirigieron hasta el lugar que había señalado, donde encontraron a la joven gravemente herida y solicitaron asistencia sanitaria.

Díaz Orellana fue trasladada inicialmente al hospital Del Carmen de Metán. De acuerdo con El Tribuno, presentaba hundimiento de cráneo, fracturas en la nariz y la mandíbula, heridas en el rostro, lesiones dentales y otros traumatismos de gravedad.

Debido a la gravedad de su cuadro, los médicos gestionaron su derivación a la ciudad de Salta. En un primer momento se evaluó realizar el traslado mediante un helicóptero sanitario, pero las condiciones climáticas impidieron que la aeronave pudiera aterrizar, por lo que finalmente fue trasladada por vía terrestre una vez que lograron estabilizarla.

La joven quedó internada en el hospital San Bernardo, donde recibió atención especializada. Sin embargo, este domingo a las 9.15 los médicos confirmaron su fallecimiento como consecuencia de las graves lesiones que había sufrido.

La investigación está a cargo del fiscal penal Nicolás Rodríguez López, interino en la Fiscalía Penal N°1 de Metán, quien dispuso una serie de medidas para reconstruir las circunstancias del ataque.

Entre ellas, se ordenó la intervención de personal de Criminalística, el secuestro de las prendas de vestir de ambos involucrados, el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones testimoniales.

Tras conocerse la muerte de Díaz Orellana, el fiscal ordenó además que el cuerpo sea sometido a una autopsia en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, con el objetivo de determinar de manera precisa la causa del fallecimiento. También dispuso que se brinde asistencia y contención a los familiares de la víctima.

Ramírez permanece detenido y este lunes será sometido a la audiencia de imputación luego de realizarse el correspondiente control de legalidad. Hasta el momento, la Fiscalía no comunicó cuál será la calificación legal que le atribuirá.

En las últimas horas, familiares, allegados y vecinos comenzaron a despedir a Cintia a través de las redes sociales y reclamaron justicia por su muerte.

“Que tu nombre no sea uno más, Cintia”, publicó la cuenta “Siete Arcángeles” en Facebook. “Cintia no murió porque sí. A Cintia le arrebataron la vida. Que mañana su nombre no desaparezca detrás de otra noticia. Que el tiempo no apague la indignación. Que su hijo, algún día, pueda saber que muchas personas levantaron la voz por su mamá”, continúa el mensaje.

“Por ella. Por su pequeño. Por su familia. Y por todas las que todavía pueden ser salvadas. Que haya justicia. Que no haya impunidad. Descansá en paz, Cintia”, concluye la publicación.

Siempre fue de aquellos que defendían proyectos adelantados para su época o protagonista de empresas imposibles. A sus 41 años, Manuel Belgrano debía reorganizar el ejército, levantarle la moral y prepararlo para hacer frente a un ejército enemigo de unos tres mil hombres que ya se habían adueñado de Potosí y Chuquisaca, y que amenazaba con sobrepasar la frontera norte. El 20 de junio de 1811 la estrepitosa derrota de Huaqui había provocado la pérdida del Alto Perú. El panorama no era para nada halagüeño.

Para levantar el ánimo de los hombres, el 25 de mayo de ese año hizo bendecir por el cura Juan Ignacio Gorriti, capellán del ejército, la bandera que había creado en las barrancas del río Paraná a comienzos de ese año.

Con conocimientos militares adquiridos a los golpes en los campos de batalla, el ejército que encontró luego de que Juan Martín de Pueyrredón le pasase el mando en la Posta de Yatasto era un conglomerado de casi un millar de hombres, de los cuales una tercera parte estaba herida, mal vestida y peor armada. Solo contaban con 580 fusiles, 215 bayonetas, 21 carabinas y 34 pistolas.

Debía además lidiar con sus problemas de salud: sufría de reuma, tenía una fístula en un ojo y padecía problemas digestivos, se indigestaba con facilidad y en el norte tuvo la mala suerte de contraer paludismo.

En noviembre del año anterior ofreció desprenderse de la mitad de su sueldo, “siéndome sensible no poder hacer demostración mayor, pues mis facultades son ningunas y mi subsistencia pende de aquél, pero en todo evento sabré también reducirme a la ración del soldado, si es necesario, para salvar la justa causa que con tanto honor sostiene Vuestra Excelencia”.

Organizó la infantería en dos batallones, el 6°, el Cazadores del Perú y el cuerpo de Pardos y Morenos; unió a los Dragones y a los Húsares de la Patria y armó la Caballería Provisional del Río de la Plata. Además, al mando de Eustoquio Díaz Vélez, su segundo comandante de 29 años, formó el Escuadrón de caballería Patriotas Decididos compuesto por unos 200 voluntarios jujeños, en edades que iban de los 16 a los 35 años. Completaban ese ejército unos 60 jinetes de la Partida de Observación a cargo de Martín Miguel de Güemes. Creó una compañía de Guías, un hospital y un tribunal militar. La artillería era muy limitada y suplió la falta de bayonetas con lanzas.

Sus pedidos de armas y equipamiento que insistentemente hacía a la lejana Buenos Aires caían, uno a uno, en saco roto. “¿Se puede hacer la guerra sin gente, sin armas, sin municiones, sin pólvora siquiera?”, se preguntó en una de las cartas a Bernardino Rivadavia, secretario del Primer Triunvirato.

Como respuesta, obtuvo la orden de replegarse hacia el sur y que se hiciese fuerte en Córdoba.

Era difícil seguirle el paso en la calle y menos hablarle porque casi corría. Era de las personas que poco o nunca descansaba. Ese abogado devenido en general, de estatura regular, pelo rubio, de tez blanca y sin barba, en junio había separado a Güemes del ejército. Aparentemente, convivía con una mujer casada y compartían techo con el esposo de la mujer, que estaba amenazado por el salteño. A pesar de que se arrepentiría de su decisión, lo mandó a Buenos Aires. Con los años terminarían siendo amigos.

A él también lo seguía una mujer. Desde marzo, María Josefa Ezcurra, con quien mantenía un romance que había comenzado en Buenos Aires, decidió acompañarlo y se alojó en Salta. Cuando se embarazó, viajó a una estancia en Santa Fe, donde dio a luz a un niño al que llamó Pedro Pablo y que fue criado por Juan Manuel de Rosas.

Los realistas, al mando de José Manuel Goyeneche, habían tomado Cochabamba y desplegaron sus fuerzas hacia La Quiaca. Según le ordenó el virrey Abascal, debía avanzar hacia Salta con 2.000 hombres, dejar 1.000 en Suipacha y con destacamentos de 500 soldados realizar incursiones en Tucumán.

Ante esta amenaza del ejército español, y su inminente incursión sobre la quebrada de Humahuaca, Belgrano dispuso adoptar una decisión dramática e inédita: evacuar las poblaciones de Salta y Jujuy, llevándolas hacia el sur, junto con el ganado, alimentos, cosechas y todo lo que pudiera ser de utilidad al enemigo. Ya lo había padecido en carne propia cuando hizo la campaña al Paraguay, cuando en su marcha solía hallar solo tierra arrasada.

El jefe realista era el peruano Pío Tristán, con el que había sido compañero de estudios en Salamanca. Delgado, de baja estatura, trato cordial, ingenioso y famoso por su avaricia, siempre mantuvieron una relación respetuosa, aunque no de amistad.

Cuando se hizo cargo del Ejército del Norte, Belgrano le escribió: “Fui el pacificador de la gran provincia del Paraguay. ¿No me será posible lograr otra gran dulce satisfacción en estas provincias? Una esperanza muy lisonjera me asiste de conseguir un fin tan justo, cuando veo a tu primo y a ti, de principales jefes”. El primo al que aludía era Goyeneche.

Pero no pudo convencerlo. Belgrano puso en marcha su plan que todo el mundo conoció el 29 de julio de 1812 con un bando que habrá hecho estremecer a más de uno. “Desde que puse un pie en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, en que se halla interesado el Excelentísimo Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, os he hablado con verdad. Siguiendo con ella os manifiesto que las armas de Abascal, al mando de Goyeneche, se acercan a Suipacha. Y lo peor es que son llamados por los desnaturalizados que viven entre nosotros y que no pierden arbitrios para que nuestros sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y volváis a la esclavitud. Llegó, pues, la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reuniros al ejército de mi mando, si como aseguráis queréis ser libres, trayéndonos las armas de chispa, blanca y municiones que tengáis o podáis adquirir, y dando parte a la justicia de los que las tuvieron y permanecieren indiferentes a vista del riesgo que os amenaza de perder no sólo vuestros derechos, sino las propiedades que tenéis”.

A los hacendados los conminó a trasladarse junto con su ganado, caballos, ovejas y mulas; a los labradores a llevarse el producto de sus cosechas y a los comerciantes a embalar todos sus bienes. A todo quien desobedeciera esa orden sería considerado traidor a la patria y fusilado. También sería pasado por las armas si encontrase a alguien que no se hubiese plegado a esa retirada y serían pasibles de la misma pena el que se manifestara contrario a las ideas patriotas o que intentase sembrar el desaliento y el desánimo. Nadie podía quedar detrás. “Sabed que se acabaron las consideraciones de cualquier especie que sean, y que nada será bastante para que deje de cumplir cuanto dejo dispuesto”, termina el bando.

Y se puso en marcha el éxodo, un término acuñado décadas más tarde, que le brindaba reminiscencias bíblicas. Belgrano se refería a esta operación como “retirada” o “marcha retrógrada”.

Lo que no pudo ser llevado se lo destruyó o fue pasto de las llamas, especialmente las cosechas de papa, maíz, trigo, cebada y alfalfa que no pudieron transportarse. Belgrano se ocupó de que se destruyese el establecimiento donde se fundían los cañones.

La mayoría lo siguió; hubo quienes lograron esconderse o que huyeron. Esos fueron los que, seguros que la empresa de Belgrano fracasaría, recibieron con vivas al rey la llegada de las tropas españolas.

Desde los primeros días de agosto, los pobladores comenzaron la marcha hacia el sur, tomando varias rutas. A las cinco de la tarde del domingo 23 de agosto de 1812 se retiró el ejército. Belgrano fue el último en abandonar la ciudad, al filo de la medianoche, y alcanzaría al grueso de su fuerza a las tres de la mañana. Volvería como triunfador en marzo del año siguiente.

A unas leguas de Jujuy, cerca de Cobos, hubo varias explosiones, y temieron que fueran cañones españoles. Pero lo que había ocurrido había sido el estallido de una carreta de municiones.

Durante la marcha, Belgrano alentaba al que se retrasaba y reprendía al que infundía desánimo. Nunca se lo vio descansar. Temía que los españoles se adelantasen por la Quebrada del Toro y le cortasen el paso. Siempre decía que el enemigo sabía tanto o más que él de su propio ejército y no terminaba de confiar en sus espías.

Fueron cinco extenuantes días de marcha, por un camino cercano a la actual traza de la ruta nacional 34. Cubrieron unos 300 kilómetros hasta llegar a Tucumán.

Cuando Goyeneche llegó a Jujuy, acusó el golpe: “Me llena de la más dulce complacencia el voto unánime y general que U.S. me indica de los pocos vecinos que han quedado en esa ciudad de mantenerse decididos y adictos a la causa del Rey sin que los retraiga la devastación que el furor y la venganza del Caudillo Revolucionario Belgrano ha causado en su población, según lo tuvo anunciado en su impío bando del 29 de julio”.

El 24 de agosto las tropas de Pío Tristán ocuparon Jujuy, y designó al general Juan Ramírez como su gobernador, quien abandonaría el lugar luego de la victoria patriota en Salta.

Si bien la orden de Buenos Aires era continuar hasta Córdoba para salvar al ejército, fueron los propios tucumanos y salteños los que le suplicaron permanecer para defenderlos de la invasión española. Le prometieron colaborar con hombres y caballos.

Belgrano le había escrito al gobierno que era peligroso continuar la retirada sin evitar una dispersión de fuerzas y la inexorable pérdida de material. Aún así, el Triunvirato se mantuvo firme: “…emprenda V.S. su retirada, dejando inútil enteramente cuando lleva y pueda aprovechar el enemigo o quemándolo todo en el último caso. Así, lo manda y ordena este gobierno por última vez…” Cuando esta comunicación llegó, Belgrano ya había triunfado en Tucumán.

El creador de la bandera había visto una luz de esperanza cuando la retaguardia de su ejército, al mando de Díaz Vélez, derrotó a una avanzada enemiga en las orillas del río Las Piedras el 3 de septiembre, tomó prisionero a uno de sus jefes, Agustín Huici, y eso ayudó a levantar la moral de las tropas. El 14 de septiembre le hizo saber a Rivadavia que esperaría al enemigo allí. Luego de felicitarlo por haber sido padre recientemente, agregó que “sé que el enemigo se acerca, pero me da tiempo de reponerme y, mediante Dios, lograr alguna ventaja sobre ellos. Retirarme más y perecer son lo mismo, además de poner a la Patria en mayor apuro”.

No estaba errado. Las victorias de Tucumán el 25 de septiembre de 1812 y de Salta el 20 de febrero de 1813 fueron de importancia para mantener el control del norte. Luego vendrían dos graves derrotas. Pero el camino de la revolución ya estaba trazado.

El reclamo de las provincias del norte para obtener una compensación por las altas temperaturas avanzó esta semana con un acuerdo entre cinco gobernadores y funcionarios del gobierno nacional. La negociación apunta a crear un esquema de subsidios para las zonas cálidas y muy cálidas, en un sistema energético que durante años contempló beneficios para las regiones de bajas temperaturas pero no para los hogares que enfrentan veranos extremos.

El acuerdo se alcanzó el martes en el Ministerio de Economía, durante una reunión de la que participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria de Energía, María Tettamanti; y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González. Por las provincias estuvieron los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; Catamarca, Chaco, Corrientes y Jujuy. La Rioja participó mediante sus equipos técnicos.

La propuesta establece que el consumo eléctrico subsidiado en las zonas consideradas muy cálidas pase de 300 a 550 kWh, mientras que en las zonas cálidas aumente de 150 a 300 kWh. La aplicación está prevista para los meses de noviembre a abril, cuando el uso de electricidad aumenta por las altas temperaturas y el funcionamiento de equipos de refrigeración.

Según explicó Sáenz, el descuento podría cubrir entre el 50% y el 80% del costo de la electricidad, dependiendo de la categoría climática.

“El beneficio es subsidiar parte de la electricidad. Estamos hablando de entre un 50 y un 80%, dependiendo de si son zonas cálidas o muy cálidas”, explicó el gobernador salteño en diálogo con Infobae.

La discusión tiene como antecedente el régimen de zonas frías, que establece descuentos sobre el consumo de gas para usuarios de distintas provincias del centro y sur del país. Ese sistema se financia mediante un cargo que pagan los usuarios del servicio eléctrico de todo el país, incluidos los habitantes del norte.

El planteo de los gobernadores es incorporar al esquema energético una compensación para quienes viven en regiones donde el principal impacto climático no está relacionado con las bajas temperaturas sino con el calor.

Salta ya aplica un beneficio similar

Salta utiliza desde 2023 un régimen provincial de Bonificación de Tarifa para Zonas Cálidas. El programa alcanza a unas 106.000 familias y se financia con recursos del Tesoro provincial.

Durante el último verano, el costo fue de aproximadamente $1.800 millones mensuales, según los datos aportados por la administración salteña. El desembolso anual ronda los $9.000 millones.

El planteo de Sáenz en la negociación nacional busca ampliar la cobertura a unas 140.000 familias de los departamentos de Rivadavia, Orán, San Martín, Anta, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria.

El gobernador vinculó el reclamo con una discusión que, según señaló, lleva varios años y que involucró a distintas administraciones provinciales y legisladores del norte.

“Lo venimos peleando hace muchísimo tiempo: gobernadores anteriores, diputados y senadores anteriores. Esto es como la coparticipación, que no se resuelve desde el 94. Y me parece que esto puede poner un poquito de justicia”, afirmó.

Sáenz también cuestionó el esquema actual de distribución de los beneficios energéticos.

“El país está dividido en tres partes: el norte, el centro y el sur. Y realmente es un país injusto, porque el Norte viene subsidiando desde hace muchos años a las zonas frías. No digo que esté mal ni que esté bien: digo que es un análisis que tenemos que hacer.”

Una resolución primero y una ley después

Uno de los puntos que todavía debe definirse es el mecanismo jurídico que permitirá aplicar el nuevo esquema. La intención expresada durante la negociación es que una resolución de la Secretaría de Energía permita ponerlo en marcha y que posteriormente una ley establezca un marco de mayor permanencia.

La cuestión es relevante para las provincias porque, según Sáenz, los antecedentes de medidas similares muestran que algunos beneficios tuvieron una duración limitada.

“Lo que logramos es ponernos de acuerdo en que esto hay que resolverlo: a través de una resolución, de una ley o de un decreto, pero con algo que le dé continuidad en el tiempo. No sirve de nada sacar una resolución por un tiempo y que después volvamos a estar igual”, sostuvo.

En principio, la resolución permitiría aplicar el beneficio durante el próximo período de altas temperaturas. Después, el Gobierno y las provincias deberían avanzar en el Congreso con una norma que establezca el régimen.

El reclamo norteño quedó además vinculado con el debate legislativo sobre el régimen de zonas frías. El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 20 de mayo y llegó al Senado dos días después, donde quedó sin tratamiento durante casi tres meses.

Para Sáenz, el eventual subsidio no debería quedar asociado a los gobiernos provinciales sino a los usuarios que recibirían el descuento.

“No es un subsidio al gobernador de Salta, ni al de La Rioja, ni al de Chaco. Es un subsidio para la gente que lo vive, independientemente de que el usuario sea libertario, peronista o radical. Es un reclamo de toda la vida, porque los calores en el Norte son muy fuertes”, agregó.

Un grupo de científicos encabezado por la bióloga María Cecilia Martínez identificó en Argentina un nuevo grupo de chinches llamado Rotundedessa y sumó dos especies nuevas para la ciencia. El descubrimiento se realizó en las provincias de Salta y Jujuy, y fue publicado en la revista Neotropical Entomology.

Este avance ayuda a organizar mejor uno de los conjuntos más variados y complejos de clasificar dentro de la subfamilia denominada Edessinae.

El estudio surgió porque Edessinae reúne cerca de 500 especies en 20 grupos distintos, y uno de esos grupos, llamado Edessa, incluye alrededor de 350 especies ya conocidas y otras 300 que aún no han sido descritas.

Para abordar este desafío, los investigadores se enfocaron en analizar pequeños grupos de especies similares. Esto les permitió identificar características únicas y proponer la creación de un nuevo género para las especies que compartían esos rasgos.

“El estudio de pequeños grupos de especies morfológicamente similares constituye un método eficaz para abordar la diversidad taxonómica de Edessa y ha permitido la descripción de varios géneros nuevos”, escribieron los autores.

Las características de los hallazgos en el norte argentino

El nombre Rotundedessa deriva del latín rotundus, “redondo”, en alusión a la forma ovalada, redondeada y aplanada del cuerpo de estos insectos.

De acuerdo con el estudio, las especies de este género son pequeñas, con longitudes de 10,4 a 13,7 mm, cuerpo oval y deprimido, superficie dorsal marcadamente plana y coloración verde clara uniforme, salvo un área ventral abdominal amarilla en la línea media. También presentan ángulos humerales redondeados, patas marrón claro y una serie de rasgos particulares en la estructura genital y en áreas laterales del cuerpo.

Una es Rotundedessa luteola, encontrada en Jujuy. El holotipo, un macho, fue recolectado en Puesto Viejo, a 600 metros sobre el nivel del mar, el 18 de marzo de 2025 por Freddy Burgos Gallardo; el paratipo, una hembra, procede del mismo sitio.

Según la publicación, esta especie mide entre 7,4 y 9,8 mm de largo total, tiene el cuerpo verde claro con bordes amarillos y presenta un callo amarillento en el ápice del escutelo, la placa triangular del dorso. Entre sus rasgos diagnósticos figuran un rostro que no alcanza el proceso metasternal, brazos anteriores de ese proceso cortos y poco desarrollados, espiráculos amarillentos y antenas, rostro y patas de color marrón rojizo sin manchas.

La segunda especie nueva es Rotundedessa olivacea, registrada en Salta y también en Jujuy. El holotipo, un macho, fue recolectado en Finca San Luis, en General Güemes, Salta, a 1.807 m, el 10 de enero de 2024 por Martínez; el paratipo, también macho, fue hallado en Estancia Las Lauras, Jujuy, a 974 metros sobre el nivel del mar, el 27 de noviembre de 2024.

El estudio la describe con un cuerpo verde oliva, márgenes anterolaterales del pronoto y placas mandibulares bordeados en verde, y una superficie del pronoto y escutelo apenas rugosa, casi lisa. A diferencia de R. luteola, su rostro alcanza el proceso metasternal, y los brazos de la bifurcación anterior casi llegan a la mitad de las porciones ensanchadas del mesosterno.

Citado por Neotropical Entomology, el trabajo compara esta especie con R. eucnema, ya que ambas comparten un parámero más ancho en el extremo distal que en la base. La nueva especie se distingue por ángulos posterolaterales del pigóforo más desarrollados, parámeros plegados y un lóbulo ventral externo menos desarrollado.

Los ejemplares tipo quedaron depositados en el Museo de La Plata y en el Instituto de Biología de la Altura de Argentina. El artículo, firmado por Martínez, Freddy Burgos Gallardo, José Antonio Marin Fernandes y Luiz Alexandre Campos, incluyó además una clave de identificación actualizada para las especies de Rotundedessa.

El enfrentamiento político entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y su antiguo jefe político Carlos Rovira (histórico referente del Frente Renovador de la Concordia) tendrá efectos muy concretos en el Congreso y podría afectar el delicado esquema de alianzas del gobierno de Milei. El miércoles de la semana que viene, en la previa de la sesión donde se debatirán la reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal II, el bloque de diputados Innovación Federal dejará de existir para dar lugar a un nuevo espacio que responderá directamente a los mandatarios de Misiones y Salta.

La nueva bancada continuará casi con los mismos integrantes, cuatro diputados de Misiones -Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik- y tres de Salta -Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega-, pero ya no será presidida por Arrúa sino que quedará bajo la conducción de Herrera Ahuad (también ex gobernador). Si bien aclararon que las negociaciones no están cerradas, serán excluidos el puntano Claudio Álvarez y el formoseño Gerardo González, ex libertarios y con buena sintonía con el gobierno nacional. “No nos sirve que vengan a defender cosas de la General Paz para adentro, tienen que defender la agenda federal y regional”, explicaron ante la consulta de Infobae.

A pesar de que los integrantes del bloque seguirán siendo virtualmente los mismos, el principal cambio político radica en su alineamiento total con Passalacqua y Gustavo Saénz, en detrimento de la influencia que supo tener Carlos Rovira, ex gobernador y hombre fuerte de la política misionera. En particular de los diputados Alberto Arrúa y Daniel Vancsik, que eran los más cercanos al fundador del Frente Renovador de la Concordia.

En lo que va del gobierno de Milei, Rovira aportó en más de una oportunidad votos clave para la aprobación de las leyes impulsadas por el oficialismo. En cambio, el nuevo espacio buscará “negociar ley por ley” sin encerrarse en un alineamiento automático con la Casa Rosada. “Ya no vamos a negociar por un ATN, ahora se va a negociar por políticas públicas”, sintetizaron a Infobae desde el nuevo espacio. En esa línea, aclararon que las conversaciones en torno a una eventual eliminación de las PASO “están totalmente abiertas a negociación”, aunque también señalaron que probablemente no será una decisión individual de ningún gobernador, sino un posicionamiento colectivo.

Una primera muestra del impacto que podría tener un reposicionamiento de misioneros y salteños se vio hace dos semanas, cuando su rechazo a votar la Ley de Tierras fue el puntapié inicial del duro revés que sufrieron los libertarios en el Senado. En esa sesión tuvieron que retirar dos capítulos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Según pudo saber Infobae, la nota formal para conformar el nuevo bloque será enviada a las autoridades de la Cámara de Diputados el próximo miércoles antes del inicio de la sesión convocada por los libertarios y los gobernadores Passalacqua y Sáenz viajarían para participar de la presentación en sociedad. El nuevo espacio aún no tiene nombre definido pero una de las opciones tentativas es Movimiento Por Lo Que Viene, el mismo nombre del flamante espacio de Passalacqua a nivel provincial.

Por otro lado, los misioneros adelantaron que el bloque funcionará de una forma más coordinada con los senadores de su provincia, que ahora también responden al gobernador.

En la Cámara alta el reordenamiento fue un poco más desprolijo ya que tras la ruptura oficial la senadora Sonia Rojas Decut armó el monobloque Movimiento por Misiones, alineado a Passalacqua, mientras que Carlos Arce continuó con el sello Encuentro Misionero, bajo la órbita de Rovira. Sin embargo, a los pocos días Arce fue seducido por el gobernador y anunció que se sumará al bloque de Rojas Decut.

La primera prueba de la nueva lógica de negociación que buscan imponer los misioneros será justamente el próximo miércoles, con la incorporación al temario de la sesión del proyecto para reducir el IVA del 21% al 10,5% a la mandioca. “Es algo que casi no tiene impacto fiscal, le sirve a la economía regional y es un gesto con los aliados”, habían explicado los libertarios cuando apoyaron el dictamen.

En diálogo con Infobae, el fiscal Jorge Armando Cazón confirmó que se trata de Jesús Peralta Taceo, un ciudadano boliviano de 48 años que cuenta con antecedentes por robo, violencia y tenencia de armas, y que es conocido en el ambiente delictivo de Bolivia.

El video que encabeza la nota fue clave para identificar a Taceo. Alrededor de las 15.45, una de las cámaras de seguridad de la zona captó a tres sospechosos caminando a pocas cuadras del lavadero donde ocurrió el hecho.

Tras analizar el material audiovisual, los investigadores determinaron que uno de los sujetos era Taceo. Con esta información, el fiscal solicitó la captura y detención nacional e internacional del ciudadano boliviano de 48 años por el delito de robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda.

El caso comenzó el 14 de agosto, cuando, alrededor de las 16, un grupo de ladrones robó la camioneta Toyota Hilux modelo 2024 que el hijo de Gustavo Subelza había dejado en un lavadero ubicado sobre la avenida 9 de Julio, en barrio Luján.

El fiscal detalló que tres hombres armados irrumpieron en el local, maniataron al empleado, lo golpearon, lo dejaron encerrado bajo llave y luego huyeron con el vehículo. Gracias al relato del encargado, lograron elaborar un identikit. A partir de ese retrato y el análisis de cámaras de seguridad identificaron a Samuel Limón Álvarez, un delincuente argentino con antecedentes, como uno de los responsables.

Según pudo saber este medio, la camioneta descendió por la quebrada del Sauzal y, tras atravesar la frontera por un paso ilegal, entre las 17 y las 18 de ese mismo 14 de agosto, ingresó directamente a Yacuiba, Bolivia. Testigos observaron además la presencia de dos motos en la ruta, que habrían servido como apoyo logístico y “campana” para monitorear la reacción policial.

En este contexto, el fiscal le solicitó al Juzgado de Garantías Nº 2 la captura y detención nacional e internacional de Álvarez por el delito de robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda. Además, requirió que la orden se incorpore al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para su vigencia en todo el país y que INTERPOL emita una Notificación Roja para procurar su localización a nivel internacional.

El medio local El Tribuno detalló que las autoridades investigan si Álvarez estuvo involucrado en algún momento con la banda liderada por Miguel Ángel Condorí Ortíz, alias “El Botudo”, dedicada al robo de vehículos en la zona fronteriza de Salvador Mazza. “La Banda del Botudo” se consolidó en el año 2020 tras protagonizar asaltos armados en el norte de Salta.

Condorí Ortíz fue condenado en junio de 2020 por ser coautor de robo calificado en poblado y en banda. Tras recuperar la libertad, volvió a ser arrestado en octubre de 2024 tras facilitar su vivienda en construcción para perpetrar un robo en un domicilio lindante.

En estos momentos, Gendarmería Nacional Argentina y la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) de Bolivia trabajan para identificar al restante sospechoso y localizar a los miembros de la banda. El fiscal adelantó que la causa será remitida a la Justicia Federal de Tartagal, que continuará la investigación.

Durante una entrevista con Infobae en Vivo, Sáenz explicó que los mandatarios del norte acompañaron la baja del subsidio para zonas frías con la condición de que se incluya un beneficio semejante para quienes viven en zonas cálidas. “Así como en los lugares donde hace frío la gente gasta más en calefacción, en el norte, donde hace mucho calor, la gente gasta más en aire acondicionado y en electricidad”, remarcó el gobernador.

En este sentido subrayó el desfasaje entre las prioridades del Gobierno nacional y las necesidades de la sociedad. “Los tiempos de Milei no son los tiempos de la gente”, advirtió al analizar la demora en las respuestas oficiales y la falta de soluciones inmediatas para la población.

Reclamo por subsidios en zonas cálidas

El gobernador relató que la última reunión con funcionarios nacionales giró en torno a una posible resolución de la Secretaría de Energía, previa a la sanción de una ley, que permitiría subsidiar entre un 50 y un 80% del costo de la electricidad para usuarios en zonas cálidas o muy cálidas. “El beneficio es subsidiar parte de la electricidad, depende de la zona, sobre todo en los usuarios”, afirmó Sáenz.

El mandatario insistió en que el reclamo trasciende cualquier color político y forma parte de una necesidad de larga data. “No se trata de un subsidio para un gobernador, sino para los usuarios del norte argentino; es un pedido de toda la vida”, sostuvo. Sáenz pidió criterios objetivos y soluciones que permanezcan en el tiempo, ya que “no sirve de nada sacar una resolución por un tiempo y que después volvamos a tener el mismo problema”.

Impacto de la crisis económica y social

Sáenz describió el deterioro del empleo y la caída del consumo en Salta y la región. Relató que la gente enfrenta un escenario de desesperanza. “Llega un momento que deja de pagar la obra social, los chicos del colegio privado los mandan al colegio público, y los gobiernos provinciales tienen que hacerse cargo de la salud y la educación pública”, explicó.

El gobernador alertó sobre el aumento del endeudamiento y la morosidad. “Hay una alta tasa de morosidad importante”, indicó. Frente a esta situación, la provincia implementa planes de asistencia para ayudar a las familias a regularizar deudas y evitar un agravamiento de los problemas financieros.

Sáenz cuestionó la idea de que la sociedad demanda menos Estado. “El Estado presente tiene que estar presente. No hay forma que no esté, sobre todo en provincias que no han tenido posibilidad de crecimiento porque hubo una visión muy centralista”, afirmó.

Relación con el Gobierno nacional y gestión de recursos

El gobernador criticó la demora en la distribución de recursos y el traslado de responsabilidades desde la Nación hacia las provincias. Señaló que muchos gobiernos provinciales debieron asumir tareas como el mantenimiento de rutas, incentivos docentes y provisión de medicamentos, a pesar de los recursos limitados. “Ya no nos podemos seguir haciendo cargo de todo y mirando hacia otro lado”, afirmó.

Sáenz responsabilizó a la Nación por el estado de las rutas y la falta de obras. “Todos pagamos un impuesto que es para el mantenimiento y conservación de esa ruta. Hace dos años y medio que no se conservan ni se mantienen las rutas y así están”, puntualizó. Señaló que la población reclama soluciones a los funcionarios provinciales, aunque muchos problemas dependen de la administración nacional.

Perspectiva política y rol del peronismo

Consultado por su vínculo con el Gobierno nacional, Sáenz reiteró que mantiene diálogo con el presidente y con funcionarios, pero advirtió sobre la distancia que existe respecto de las prioridades sociales. “El presidente está convencido de que esto se va a resolver y se va a solucionar. El problema es que los tiempos de Milei no son los tiempos de la gente”, remarcó.

En cuanto al futuro político, Sáenz se distanció del kirchnerismo y sostuvo que el peronismo tradicional quedó absorbido por ese sector. “El kirchnerismo se apropió del peronismo. El peronismo nunca fue de izquierda ni mucho menos comunista”, declaró. No descartó la posibilidad de una alianza política amplia, pero advirtió que la sociedad no busca un retorno al pasado, sino respuestas en el presente.

Situación productiva y desafíos en Salta

Sobre el desarrollo productivo, Sáenz explicó que los proyectos de minería, turismo y vitivinicultura en Salta avanzan a largo plazo y aún no logran generar el impacto esperado en el empleo regional. “El problema es el mientras tanto. Cómo equilibramos el mientras tanto, ese es el problema”, reconoció.

Las soluciones para la región dependen de decisiones políticas sostenidas y de una mayor equidad en la distribución de recursos y beneficios para todas las zonas del país.

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Gendarmería ejecutó un operativo que permitió desarticular una estructura dedicada a la venta al menudeo de dogras provincia de Salta y en Santiago del Estero. El procedimiento, dirigido por el Fiscal Federal Eduardo Villalba, culminó con la captura del principal sospechoso después de un extenso trabajo de inteligencia que incluyó análisis de cámaras de seguridad, escuchas telefónicas y cruces de datos.

Según indicaron fuentes del caso a Infobae, la investigación se extendió durante cuatro meses e incorporó diversas técnicas de seguimiento y vigilancia.

El objetivo principal era ubicar al cabecilla de la organización, señalado como uno de los mayores proveedores de cocaína en la región. Se trata de A.N., quien mantenía un perfil bajo y cambiaba de domicilio con frecuencia para evadir a las autoridades.

Durante el periodo investigado, realizó cinco mudanzas, la última de ellas hacia una vivienda rural en San José de Metán, a 130 kilómetros de la capital de Salta.

La organización obtenía la cocaína de un ciudadano peruano apodado el “Chino”, radicado en San Ramón de la Nueva Orán, desde donde la droga se trasladaba primero a la capital salteña y luego a Santiago del Estero.

Este flujo quedó documentado en el expediente judicial y formó parte de los elementos probatorios recabados por la fuerza federal, según las fuentes.

El error que cometió

Un hecho inesperado precipitó la caída del líder. El propio A.N., en su intento por consolidar su ocultamiento, adquirió una propiedad en la zona rural de San José de Metán y contrató a dos hombres para limpiar el terreno y abrir un acceso.

Los contratados resultaron ser efectivos de Gendarmería que seguían sus movimientos en el marco de la investigación. Al obtener la ubicación exacta del fugitivo, Villalba emitió las órdenes de allanamiento. El operativo se desplegó en cuatro domicilios y culminó con la detención del sospechoso mientras se disponía a dar instrucciones sobre el desmalezamiento del camino de ingreso a su refugio.

Las fuentes oficiales confirmaron que la organización había sido objeto de un procedimiento previo, en febrero, cuando se incautaron cinco kilogramos de cocaína.

De acuerdo conlas fuentes, la investigación articuló el seguimiento del principal implicado con el análisis de su entorno.

La colaboración entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la Fiscalía Federal resultó determinante para ubicar y capturar al sospechoso, quien había logrado mantenerse prófugo gracias a constantes mudanzas y al uso de viviendas alejadas de la ciudad.

El destino judicial del detenido y el avance de las actuaciones forman parte del expediente bajo secreto de sumario, mientras la fuerza federal continúa con las tareas de investigación en torno a los vínculos y rutas identificadas durante el operativo.

A fines de julio, una organización que traficaba cocaína desde Salta hacia centros urbanos, cayó tras el aporte de un malabarista, quien, mientras demostraba sus habiladades en una esquina, vigilaba los movimientos de los miembros de la organización, a quines le secuestraron un cargamento 58 paquetes de cocaína, en Jujuy.

El envío estaba acompañado por una ofrenda: la foto de un difunto, una pata de gallina,una piedra envuelta en un trapo rojoy sangre de un animal, un método que utiliza el narcotráfico para proteger las cargas.

Una banda de delincuentes robó la camioneta del hijo del intendente de la ciudad salteña de Salvador Mazza. Tras el asalto, se dieron a la fuga y escaparon a Bolivia. En las últimas horas, solicitaron la captura nacional e internacional de uno de los delincuentes, identificado como Samuel Limón Álvarez, quien cuenta con antecedentes y es conocido en el ambiente delictivo de la zona fronteriza entre Argentina y el país limítrofe.

La investigación comenzó el viernes 14 de agosto, cuando, alrededor de las 16, un grupo de delincuentes robó la camioneta Toyota Hilux modelo 2024 que el hijo de Gustavo Subelza había dejado en un lavadero ubicado sobre la avenida 9 de Julio, en barrio Luján.

En diálogo con Infobae, el fiscal Jorge Armando Cazón detalló que tres hombres armados irrumpieron en el local, maniataron al empleado, lo golpearon, lo dejaron encerrado bajo llave y luego huyeron con el vehículo.

El encargado, quien resultó ileso, brindó detalles claves sobre el asalto y permitió la elaboración de un identikit. A partir de ese retrato y el análisis de cámaras de seguridad, identificaron a Álvarez como uno de los responsables.

El fiscal Cazón remarcó la rapidez y organización del golpe, típico de las bandas que operan en la frontera, y señaló que los delincuentes manejan los tiempos y los pasos clandestinos con precisión. “En cuestión de minutos cruzan de un país a otro y se pierden en la vegetación”, explicó. El seguimiento reconstruyó que la camioneta descendió por la quebrada del Sauzal y, tras atravesar la frontera por un paso ilegal, ingresó directamente a Yacuiba, Bolivia. Testigos observaron además la presencia de dos motos en la ruta, que habrían servido como apoyo logístico y “campana” para monitorear la reacción policial.

En este contexto, le solicitó al Juzgado de Garantías N.º 2 la captura y detención nacional e internacional de Álvarez por el delito de robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda. Además, requirió que la orden se incorpore al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para su vigencia en todo el país y que INTERPOL emita una Notificación Roja para procurar su localización a nivel internacional.

El fiscal también subrayó que la problemática de robo de vehículos en la frontera es de larga data y requiere una respuesta integral y tecnológica. “Estos hechos demuestran la importancia de contar con sistemas de vigilancia inteligente y un 911 con monitoreo en tiempo real, que en Salvador Mazza ya está funcionando y ha sido clave para la investigación”, señaló. Además, remarcó que “la coordinación entre fuerzas y el uso de cámaras de seguridad en puntos estratégicos son herramientas fundamentales para prevenir y esclarecer delitos en una zona tan permeable como la frontera”.

La investigación, que contó con la colaboración del Grupo de Investigaciones Sector 43 y fuerzas federales, continúa para identificar al resto de los miembros de la banda, que, según el fiscal, actúan con base en ambos lados de la frontera. “No son improvisados. Se mueven entre Argentina y Bolivia y están preparados para evadir controles”, sostuvo Cazón.

En estos momentos, la Gendarmería Nacional Argentina y la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) de Bolivia trabajan en conjunto para intentar recuperar la camioneta y detener al principal sospechoso. Por último, el fiscal anticipó que la causa será remitida a la Justicia Federal de Tartagal, que continuará la investigación en coordinación con autoridades de ambos países.

A pocas horas de que el intendente de la localidad salteña de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, denunciara que a su hijo le habían robado la camioneta en un lavadero, las fuerzas de seguridad informaron que el vehículo ya habría cruzado la frontera con Bolivia.

Desde que se radicó la denuncia durante la tarde, se desplegó un operativo que involucró a distintas fuerzas de seguridad desplegadas en el norte de Salta, entre ellas la Gendarmería Nacional y la Policía de Bolivia. Sin embargo, el dato del posible cruce internacional modificó el rumbo de la investigación.

Por este motivo, los investigadores buscarán determinar con precisión el recorrido que habría realizado la camioneta después del robo, que ocurrió en un lavadero sobre la avenida 9 de Julio de Salvador Mazza. Asimismo, explicaron que la rapidez con la que se produjo la fuga y la cercanía con el límite internacional dificultaron la posibilidad de interceptar el vehículo antes de que atravesara la frontera.

Hasta el momento, la hipótesis que suena con más fuerza indicaría que el vehículo habría atravesado la zona de la quebrada antes de ingresar a territorio boliviano. No obstante, las fuerzas de seguridad mantienen el operativo en la zona fronteriza y trabajan para reconstruir el trayecto mediante el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos de investigación.

La principal preocupación de los investigadores radicaría en identificar a los autores y determinar cómo lograron atravesar el paso fronterizo con la camioneta. Por esto, las tareas de seguimiento se centran en obtener registros visuales y testimonios que permitan esclarecer el recorrido y la mecánica del hecho.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, el ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, se comunicó con el intendente de Salvador Mazza y dispuso que un grupo de la División de Investigaciones se pusiera al frente del caso.

Por otro lado, anticiparon que, si se confirma el ingreso del vehículo a Bolivia, la causa podría pasar al ámbito de la Justicia Federal, ya que el hecho involucraría un posible delito con alcance internacional. En ese caso, la investigación avanzaría en coordinación con organismos de seguridad y autoridades judiciales nacionales y bolivianas.

El robo ocurrió este viernes en Salvador Mazza, cuando cuatro personas armadas ingresaron al lavadero ubicado en avenida 9 de Julio, barrio Luján. Tras amenazar y maniatar al encargado, se llevaron una camioneta Toyota. Posteriormente, abandonaron al empleado en el camino al Sauzal, donde logró ser auxiliado por vecinos de la zona.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, tomó intervención tras la denuncia presentada por la pareja del intendente durante la tarde del viernes. De acuerdo con el expediente, el hijo del jefe comunal había dejado la camioneta en el lavadero alrededor de las 13.30, y pasadas las 15, el encargado fue sorprendido por los asaltantes, quienes se llevaron el vehículo tras intimidarlo con armas de fuego.

A raíz de esto, Cazón dispuso la intervención del Destacamento Alto Verde, personal de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y efectivos de la jurisdicción para ubicar la camioneta e identificar a los autores. Subelza, por su parte, difundió el hecho a través de sus redes sociales, solicitando colaboración para recuperar la camioneta Hilux.

“Se acaban de robar esta Hilux de Salvador Mazza. Cualquier información al privado, se lo agradecería mucho”, rezaba la publicación con la imagen del vehículo. Asimismo, el jefe comunal manifestó su descontento con el accionar de las fuerzas federales. “No voy a permitir que mi pueblo sea tierra de nadie”, afirmó.

Asimismo, el intendente destacó que este episodio se suma a otros delitos recientes, como el robo de motocicletas y hurtos en la localidad, y reclamó mayor presencia policial. “No puede ser que estas cosas pasen a una cuadra de la comisaría”, había expresado durante un reclamo que realizó la semana pasada.

Una mujer de la ciudad de Orán, provincia de Salta, fue imputada este miércoles como coautora de un robo millonario: la suma total sustraída asciende a 15 millones de pesos.

El hecho que se le imputa tuvo lugar el pasado 18 de julio en un domilicio particular de la ciudad, donde la ahora acusada, de 31 años, participó de un robo a mano armada.

En este contexto, de acuerdo con la información del Ministerio Público de Salta, un grupo de personas irrumpió en el inmueble, redujo a un hombre mediante amenazas y violencia física, y le sustrajo 15 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos de valor.

La audiencia de imputación se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva conforme a los protocolos judiciales, fue asistida por defensa oficial y decidió abstenerse de declarar ante la Fiscalía. En este contexto, la fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, a cargo del caso la imputó por robo doblemente agravado y fundamentó la solicitud de prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías interviniente en la gravedad de los hechos y el riesgo procesal que implica la libertad de la imputada.

El inicio de la investigación estuvo marcado por el análisis minucioso de cámaras de seguridad privadas en las inmediaciones del domicilio afectado. Estas imágenes permitieron reconstruir parte de la secuencia delictiva y fueron complementadas con el testimonio de testigos presenciales. A través de estas tareas, los investigadores lograron identificar la presencia de una mujer que, junto a otros sujetos, participó activamente en el robo.

El dominio del vehículo utilizado para huir fue otro elemento clave en la pesquisa. Mediante el cruce de datos vehiculares y la revisión de registros, se avanzó en la localización de la sospechosa. Según el expediente, la identificación fue posible gracias a la colaboración de vecinos y comerciantes de la zona, quienes aportaron información relevante sobre los movimientos previos y posteriores al asalto.

Los elementos reunidos llevaron a la fiscal Murúa a solicitar una orden de allanamiento y detención para el domicilio de la mujer implicada. Durante el procedimiento, ejecutado bajo supervisión judicial, se produjo la detención de la sospechosa y el secuestro del vehículo presuntamente utilizado en el hecho, además de otros objetos que podrían ser de interés para la causa.

La hipótesis de los investigadores apunta a la existencia de una organización delictiva con capacidad de planificación y ejecución coordinada.

La Fiscalía informó que continuará con la toma de declaraciones testimoniales, el peritaje de los objetos secuestrados y el análisis de comunicaciones que puedan vincular a la detenida con otros integrantes de la banda. No se descartan nuevas medidas judiciales, incluyendo posibles allanamientos y detenciones adicionales si surgen nuevos elementos probatorios.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de los restantes implicados, pero la causa seguirá avanzando en busca de determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Un robo millonario tuvo lugar hace unos días en un barrio cerrado de la provincia de Santiago del Estero, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en una de las casas del country Aryres del Sur cuando se encontraba vacía.

La propietaria del inmueble, una mujer de 33 años, había salido de su casa para dirigirse a su lugar de trabajo. Al regresar, se encontró con un panorama desolador: su casa estaba completamente revuelta.

Al recorrer las distintas estancias, la propietaria advirtió que en uno de los dormitorios los ladrones habían forzado una caja fuerte. De su interior sustrajeron una suma cercana a 8 millones de pesos en efectivo, además de una pistola Bersa, un revólver Rossi, una PlayStation 4 y varios relojes.

Tres hombres fueron imputados como presuntos coautores del delito de homicidio simple tras la muerte de un joven de 25 años en la localidad de Salvador Mazza, provincia de Salta.

El hecho tuvo lugar el pasado domingo en el barrio La Pista, durante una reunión social en la que se consumían bebidas alcohólicas.

De acuerdo con lo señalado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, el caso es investigado por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, a cargo del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega.

Según informó la Fiscalía, la víctima se encontraba reunida con un grupo de personas cuando se desató una discusión que derivó en una pelea. En ese contexto, el joven recibió una herida punzocortante en el tórax, lo que motivó su traslado inmediato al hospital local. Ante el agravamiento de su estado de salud, fue derivado al hospital de Tartagal, donde finalmente falleció.

El fiscal Vega dispuso la intervención del personal de Criminalística para realizar las tareas de rigor en el lugar del hecho. Además, se solicitó la participación de la Unidad UGAP Tartagal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, con el objetivo de reunir pruebas y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Durante la audiencia de imputación, tres hombres de 19, 21 y 26 años fueron señalados como coautores del hecho. Todos estuvieron asistidos por la defensa oficial y dos de ellos prestaron declaración ante la autoridad judicial. El fiscal solicitó la detención preventiva de los tres imputados mientras se desarrollan diversas medidas orientadas a esclarecer lo sucedido, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal.

A partir del relevamiento de testigos y el análisis del material fílmico recolectado en la zona, los investigadores lograron identificar a los tres sospechosos de haber participado en el incidente. El trabajo conjunto entre las áreas de Criminalística y el Departamento de Investigaciones permitió reconstruir la secuencia de los hechos y avanzar en la individualización de los involucrados.

La intervención de las fuerzas de seguridad y del equipo forense fue inmediata tras reportarse el incidente en el barrio La Pista. El área de Criminalística realizó tareas de levantamiento de indicios en el lugar y se avanzó con la toma de declaraciones a testigos presenciales. El fiscal Vega dispuso la continuidad de la investigación bajo la hipótesis de homicidio simple, en tanto no se descartan nuevas imputaciones o modificaciones en la calificación legal si surgen elementos que lo justifiquen.

Una semana antes, un hecho similar ocurrió en el barrio Norte Grande. de la ciuadd de Salta. La víctima fue un hombre de 30 años. El ataque se habría producido por un enfrentamiento con otra persona en el que la víctima recibió una puñalada con un arma blanca. Según informó El Tribuno, la alerta llegó al Sistema de Emergencias 911 cerca de las 23.30 del martes. Inmediatamente, los efectivos policiales se trasladaron al lugar y encontraron a la víctima con vida.

Personal del Samec llegó al sitio minutos después y trasladó de urgencia al herido a la guardia del hospital San Bernardo. Aproximadamente una hora más tarde, el centro asistencial confirmó el fallecimiento del hombre a causa de las lesiones sufridas.

De acuerdo con el mencionado medio local, hay una persona detenida en relación con el hecho, a quien las autoridades policiales identificaron como el presunto agresor. Tras el crimen, la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) tomó a su cargo las tareas investigativas para reconstruir las circunstancias del enfrentamiento y establecer las responsabilidades en el homicidio.

Un abogado del fuero local de Salta sumó en las últimas horas más de 130 cargos penales por diferentes delitos a los 77 que ya se le habían adjudicado meses atrás cuando comenzó una investigación por una presunta red de fraudes que habría operado durante años dentro del propio sistema judicial, y que tiene más de un involucrado.

Junto al letrado, identificado como Lucas Ignacio M.G., hay otras tres personas imputadas -dos de ellas incorporadas recientemente a la causa-, por una maniobra sistemática que incluyó pagarés firmados en blanco usados para iniciar juicios ejecutivos contra personas que nunca supieron que existían y que sufrieron embargos sobre sus sueldos y bienes.

La última novedad ocurrió cuando la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal de Salta durante una audiencia en la que se leyeron los cargos atribuídos ante el juez de Garantías. La fiscal auxiliar Ahanduni presentó la acusación actualizada contra las dos personas investigadas desde mayo e incorporó a otros dos imputados.

En esta última actuación, M.G. pasó a enfrentar 138 hechos distribuidos entre estafas procesales reiteradas (64), falsificación de instrumento privado (24) y abuso de firma en blanco (50 hechos). Anteriormente, pesaban sobre él 28, 18 y 31 hechos, que variaban conforme la calificación. Mientras que la mujer acumuló 118 bajo los mismos delitos. Los otros dos hombres recién incorporados responden por 14 y 6 hechos del primero de los delitos mencionados.

Los nuevos testimonios de personas que figuraban como demandadas y nuevas denuncias penales, sustentaron la ampliación llevada a cabo este lunes por el Ministerio Público Fiscal que dio a conocer los avances. Algunos de los denunciantes aseguraron haber firmado pagarés en blanco que luego fueron completados con montos y datos que desconocían. Otros directamente negaron haber suscripto los documentos utilizados para promover las demandas en su contra.

La causa comenzó meses antes, cuando los titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos de Salta enviaron informes a la UDEC, señalando que existían patrones repetidos de irregularidades en casos bajo la representación de un mismo abogado.

Dentro de las irregularidades observadas, los magistrados advirtieron que ciertos demandados figuraban con domicilios duplicados o, de manera inusual, con las mismas direcciones que los actores implicados en esas causas. Desde ese momento, se inició una investigación por parte del personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que analizaron más de 70 expedientes judiciales e identificaron varias conductas repetidas.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que pudo hacer la Fiscalía, captaban personas en situación de vulnerabilidad económica a las que les ofrecían préstamos informales bajo condiciones abusivas. A cambio, les exigían la firma de los doumentos en blanco que luego eran completados con montos desproporcionados o datos falsos para dar inicio a juicios ejecutivos. No solo eso, utilizaban domicilios inventados por lo que las víctimas nunca recibían las notificaciones judiciales y quedaban sin posibilidad de defenderse. Esto derivó en sueldos y bienes embargados.

La UDEC solicitó el levantamiento del secreto bancario de ambos, además de la prohibición de salida del país, la retención de documentos de viaje y la prohibición de contacto con denunciantes y damnificados.

El 29 de abril, con autorización del Juzgado de Garantías, se realizaron allanamientos en 19 domicilios, entre ellos el estudio jurídico del abogado, viviendas particulares y varios inmuebles que figuraban en expedientes judiciales. En el estudio se secuestraron dinero en pesos y en moneda extranjera, documentación, expedientes y pagarés vinculados a la causa. En el domicilio de la femenina incautaron dinero, cuadernos, carpetas con documentación, un talonario de títulos de crédito en dólares y comprobantes bancarios.

Se constató la existencia de domicilios ficticios en los expedientes, lo que quedó probado mediante el descubrimiento de propiedades que estaban desocupadas o eran propiedad de personas ajenas a los acusados.

Un ex intendente de la localidad de San Carlos, provincia de Salta, fue imputado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público. Se trata de Héctor Raúl Vargas, el dirigente que estuvo al frente de la gestión entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

Como resultado de una audiencia de formalización de la investigación penal, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) le atribuyó cargos como supuesto autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público, en relación con la compra y venta de terrenos para un loteo social, manejo de fondos nacionales y retiros de una cuenta municipal por más de $64 millones.

En la causa que se encuentra bajo investigación se abarcaron hechos presuntamente cometidos durante la gestión de Vargas en la Municipalidad de San Carlos. Durante la audiencia, el ex jefe comunal fue asistido por un abogado particular y optó por no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, la primera denuncia fue presentada por un concejal en mayo de 2023, en donde señaló que en julio de 2021 el acusado habría adquirido a nombre de la municipalidad un inmueble de tres hectáreas y 1.500 metros cuadrados por $15 millones sin contar con autorización del Concejo Deliberante.

Desde entonces, los concejales habían solicitado que remita la documentación correspondiente a la transacción. Sin embargo, esta no fue presentada hasta abril de 2023, luego de que las autoridades locales realizaran reiterados pedidos sobre la cuestión.

A partir de esta denuncia, el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) detalló que por la venta de los lotes, el municipio recibió $16.883.100, de los cuales se utilizaron $15 millones para la compra del inmueble. No obstante, no se encontraron registros sobre el destino de los $1.883.100 restantes. El análisis pericial también estableció que la compra se habría realizado sin cumplir el régimen de contrataciones ni registrar todas las etapas presupuestarias.

En relación con la venta posterior de los lotes, se determinó que no se contó con la autorización del Concejo Deliberante y que la Municipalidad no aportó los legajos de los adquirentes ni un acto administrativo que estableciera los requisitos para la selección, evaluación y adjudicación de los lotes.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Vargas por dos hechos de falsedad ideológica de documento público, al consignarse en resoluciones municipales datos sobre el loteo —como matrículas individuales, aprobación ambiental y servicios— que no pudieron ser corroborados. Posteriormente, una inspección ocular reveló que el terreno se encontraba vacío, con lotes apenas marcados y sin servicios básicos de agua, luz ni cloacas.

Otra denuncia, ingresada el 5 de diciembre de 2023, cuestionó el destino de $9.482.369,75 recibidos por la municipalidad como aportes no reintegrables del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL), destinados a 20 familias del paraje San Rafael. El análisis pericial indicó que no fue posible reconstruir el destino de ese dinero, ya que no se encontraron órdenes de pago ni comprobantes y el organismo nacional informó que no había registros de rendición de cuentas.

Finalmente, el 25 de marzo de 2024, la entonces intendenta María del Carmen Vargas denunció que al asumir en diciembre de 2023 no halló en las cuentas bancarias ni en Tesorería el dinero correspondiente al loteo y que el terreno carecía de servicios e infraestructura básica. También aportó documentación sobre el cuestionado proyecto productivo.

Por otro lado, producto del análisis de la documentación bancaria, el Gabinete de Delitos Económicos del CIF detectó que, en 18 ocasiones, el ex intendente emitió cheques de pago diferido y retiró fondos de una cuenta corriente municipal en distintas sucursales del Banco Macro, por un total de $64.449.000. En todos los casos, la beneficiaria era la propia Municipalidad de San Carlos, pero desde la comuna se informó que no existe documentación respaldatoria que permita determinar el destino de esos retiros.

Royón señaló que uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la falta de una instancia de discusión suficientemente amplia antes de que las iniciativas llegaran al recinto. “La manera de trabajar los proyectos es en comisión, con un debate abierto tanto a todos los senadores como también hacia la sociedad. Y claramente no hubo una instancia informativa o de debate como debería haber sido”, sostuvo. Según explicó, esa falta de intercambio fue determinante para que algunos de los capítulos más controvertidos del proyecto perdieran respaldo entre los legisladores y los gobernadores.

Barrios populares y tierras: el reclamo de un debate más amplio

Uno de ellos fue el referido a los barrios populares. La senadora explicó que el proyecto estaba compuesto originalmente por seis capítulos y que el primero que se retiró fue precisamente el vinculado con esos barrios, debido a la resistencia que generaba entre distintos sectores. “Era muy difícil acompañar el capítulo de barrios populares, así que la posición fue: retírenlo. No es momento para discutir esto”, afirmó. Para Royón, la modificación planteada podía dejar expuestas a miles de familias que todavía no tienen regularizada la propiedad de las viviendas que ocupan.

La senadora estimó que en Argentina hay alrededor de 1,2 millones de familias que viven en barrios populares y precisó que unas 41.000 se encuentran en Salta. En ese contexto, advirtió que eliminar las herramientas de protección sin avanzar previamente con la regularización dominial podía generar una situación de extrema vulnerabilidad. “Dejar caer barrios populares y la protección que tenían colocaba a tiro de desalojo a los barrios populares de la Argentina”, sostuvo, y planteó que la discusión debería comenzar por garantizar la titularidad de los terrenos y avanzar con los procesos de regularización.

El tratamiento parlamentario terminó por profundizar las diferencias. Royón explicó que había acompañado la posibilidad de devolver el proyecto a comisión porque consideraba necesario revisar su contenido, pero que esa alternativa no prosperó en el recinto. “Yo había pedido volver a comisión y acompañé ese voto. Perdimos en la votación y después yo había sido clara en que no iba a acompañar la ley”, explicó.

La misma preocupación trasladó al capítulo referido a las tierras rurales. Royón cuestionó la propuesta de eliminar las restricciones que establece el régimen vigente y sostuvo que cualquier modificación debería contemplar la participación de los gobiernos provinciales. “Hoy Argentina tiene una ley de tierras que te fija un tope a nivel nacional, un tope a nivel provincial y un tope a nivel de departamento, todos del 15 %, más un límite de mil hectáreas en zona núcleo y un 30 % por nacionalidad. El proyecto planteaba retirar todos los límites”, explicó.

La senadora no planteó una oposición a la llegada de capitales extranjeros, sino una discusión sobre las condiciones y el destino de esas inversiones. Puso como ejemplo la situación de Salta, donde existen actividades productivas que, según señaló, podrían beneficiarse de nuevas inversiones, entre ellas el sector vitivinícola, el turismo, la producción de caña de azúcar, el bioetanol y las bioenergías. “No es lo mismo que venga un inversor a tener un fin especulativo a que tenga un proyecto realmente de desarrollo y de producción, porque lo que buscamos también es inversión extranjera para el desarrollo”, afirmó.

Desde esa perspectiva, Royón defendió que las provincias tengan capacidad de intervención en el proceso. “La provincia también tiene que tener una opinión porque es la que está más cerca del territorio y del inversor”, sostuvo. Su planteo apunta a diferenciar la inversión productiva de las operaciones con fines exclusivamente especulativos y a que el Estado provincial pueda evaluar el impacto que una adquisición de tierras tendrá sobre las economías regionales. Al mismo tiempo, cuestionó que el oficialismo no hubiera explicado con suficiente claridad los objetivos de la reforma: “Nadie del oficialismo salió en su momento a aclarar y a entender qué es lo que se buscaba”.

La tensión entre Nación y provincias y el rol del Senado

Las diferencias por estos proyectos también alimentaron las especulaciones sobre un posible quiebre entre el Gobierno nacional y los gobernadores, algo que Royón buscó relativizar. “Tanto el gobernador como yo, esto no es una ruptura política. Este proyecto en particular tenía vicios y errores desde el principio”, afirmó. La senadora sostuvo que la relación entre Nación y provincias no debería quedar condicionada por el resultado de una iniciativa puntual y planteó que es posible acompañar determinadas medidas del Gobierno y rechazar otras según su contenido.

Esa lógica, según Royón, debería trasladarse al funcionamiento del Congreso. La senadora cuestionó que parte de la oposición adopte una postura de rechazo automático frente a las iniciativas oficiales y pidió discutir cada propuesta según sus características. “En el Senado y en el Congreso, el peronismo y kirchnerismo es todo no porque lo manda Milei. Todo votan en contra. Y para mí hay que ir tema por tema, porque si no, no salimos nunca”, sostuvo.

En ese escenario, consideró que la actual composición del Senado puede favorecer la negociación porque ningún sector concentra por sí solo la capacidad de imponer todos sus proyectos. Royón describió la Cámara alta como un espacio dividido en tercios entre La Libertad Avanza, el peronismo y los bloques que integran el espacio de los llamados aliados, entre ellos el PRO, sectores radicales y representantes provinciales. Para la senadora, esa configuración obliga a buscar acuerdos y abre la posibilidad de modificar las iniciativas durante su tratamiento parlamentario.

La discusión sobre el papel del Estado también apareció cuando fue consultada por la decisión de Salta de cobrar la atención médica a extranjeros no residentes. Royón respaldó la medida y argumentó que el sistema sanitario provincial soportaba una demanda significativa de personas provenientes de otros países. “El hospital recibe más extranjeros que nacionales. El consumo de medicamentos se iba más en extranjeros que en nacionales. A mí me parece una medida acertada”, afirmó.

Subsidios al gas: “No concibo que una persona humilde subsidie el gas de una pileta climatizada”

Con su experiencia al frente de la Secretaría de Energía, Royón también planteó reparos al esquema de subsidios al gas y reclamó una mayor focalización de los recursos. Al referirse al régimen de Zonas Frías, explicó que existe un fondo que se financia mediante un componente de la factura que pagan los usuarios y que permite sostener tarifas diferenciadas para determinados hogares y regiones. El problema, según su planteo, no es la existencia de la asistencia estatal, sino que el beneficio alcance a personas que no necesariamente necesitan ese respaldo.

“El subsidio tiene que ir a aquel que realmente lo necesita. Yo no concibo que tengamos una persona humilde en Buenos Aires, en Córdoba, subsidiando el gas a la pileta climatizada de la costa argentina. Eso hay que corregirlo”, afirmó. Royón consideró que el esquema debería concentrarse en los hogares de menores ingresos y cuestionó que recursos aportados por todos los usuarios terminen financiando consumos que, a su criterio, no requieren asistencia estatal.

La ex secretaria de Energía también puso el foco en el diseño de la reforma que se analiza sobre el fondo de Zonas Frías. Según explicó, la propuesta contempla reducir la cantidad de beneficiarios y modificar la estructura de aportes, por lo que reclamó mayor claridad sobre cómo quedaría conformado el sistema. “Si bajo los beneficiarios debería bajar lo que pagamos todos a ese fondo”, señaló.

A la vez, pidió incorporar a la discusión a los hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural y dependen de garrafas, un sector que, según advirtió, quedó particularmente expuesto después de la desregulación. “La gente humilde no está conectada a la red de gas, sino a las garrafas. Las garrafas, después de la desregulación, subieron de precio y el subsidio sigue cubriendo un valor ínfimo”, sostuvo.

El planteo de Royón atraviesa los distintos temas que abordó durante la entrevista: discutir cada reforma por su contenido, incorporar la mirada de las provincias y evitar que las decisiones queden atrapadas en una lógica de alineamientos políticos. En un Congreso donde el oficialismo necesita negociar para avanzar con sus proyectos, la senadora salteña considera que esa dinámica puede convertirse en una instancia para revisar las iniciativas y alcanzar acuerdos antes de convertirlas en ley.

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La reducción de la demanda sanitaria de no residentes en Salta supera el 99% en los últimos dos años y constituye uno de los cambios más pronunciados registrados en el sistema de salud de cualquier jurisdicción del país. De los 31.561 pacientes extranjeros atendidos en los hospitales públicos de la provincia del norte durante 2023, se pasó a apenas 10 en lo que va de 2026. El dinero que antes se destinaba a cubrir esas prestaciones permitió, entre otras adquisiciones, la compra de 34 ambulancias nuevas.

La medida que produjo ese vuelco tuvo origen en febrero de 2024, cuando el gobernador Gustavo Sáenz firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 129/2024, que estableció el cobro por la atención en hospitales públicos a extranjeros no residentes, con excepción de los casos de urgencia o emergencia. La norma fue posteriormente ratificada por la Ley Provincial N° 8.421, publicada en el Boletín Oficial el 15 de abril de ese año. El texto fijó una distinción entre categorías migratorias: quienes poseen residencia permanente o temporaria acceden a los servicios en las mismas condiciones que los ciudadanos salteños, mientras que aquellos con residencia transitoria o precaria deben afrontar el costo de las prestaciones mediante un seguro médico o con recursos propios.

Detrás de la decisión había un diagnóstico concreto: antes de la reglamentación, personas provenientes de países vecinos —principalmente Bolivia, Chile y Paraguay— viajaban a la provincia con el propósito exclusivo de recibir atención médica de forma gratuita. Ese fenómeno, conocido popularmente como “tours sanitarios”, derivó en una presión sostenida sobre los hospitales del norte provincial, donde la disponibilidad de camas e insumos se veía afectada. “Venían a Salta, tenían cirugía programada, tenían cama y los salteños no la tenían”, señaló Sáenz el mes pasado en declaraciones al canal A24, al defender la política implementada por su administración.

Los primeros datos oficiales del Ministerio de Salud de Salta mostraron el impacto inmediato de la medida en los establecimientos más expuestos. En la comparación entre marzo de 2023 y marzo de 2024 —apenas un mes después de la entrada en vigencia del DNU—, el Hospital Materno Infantil pasó de 54 a 27 atenciones a extranjeros; el de Tartagal, de 29 a 11; el de Orán, de 18 a 2; y el Hospital Profesor Salvador Mazza, de 117 a 40. En ese último nosocomio, ubicado en la frontera con Bolivia, la reducción alcanzó el 95,45% en los meses siguientes. Los datos fueron publicados por el Ministerio de Salud provincial.

La tendencia se profundizó con el paso de los meses. De las 31.561 atenciones a extranjeros registradas en 2023, la cifra cayó a 77 en 2024, y a apenas 10 en los primeros siete meses de 2026. Esa caída en la demanda de pacientes no residentes incidió de forma directa en la disponibilidad de camas e insumos para la población local, uno de los objetivos declarados al momento de lanzar la política. El ministro de Salud salteño, Federico Mangione, lo resumió con una frase que el gobierno provincial difundió ampliamente: “Ahora tenemos camas para nuestros pacientes”.

Los recursos que dejaron de destinarse a la atención de no residentes se redirigieron al fortalecimiento del propio sistema sanitario. El resultado más visible de ese proceso fue la adquisición de 34 nuevas ambulancias, que fueron distribuidas en distintos puntos del territorio provincial. El gobierno de Salta también informó que el ahorro obtenido se volcó a la compra de insumos para los hospitales. Sáenz vinculó directamente esa disponibilidad de fondos con los resultados del arancelamiento.

Lo logrado en Salta cobró nueva relevancia este martes, cuando el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 1066/2026. La norma reglamenta el DNU 366/2025 —que introdujo cambios en la Ley de Migraciones— y establece un procedimiento operativo para la atención de personas extranjeras en los cinco hospitales administrados por el Estado nacional.

Al igual que el sistema implementado en Salta, la resolución fija dos circuitos de cobro: uno para quienes cuenten con seguro de salud, mediante facturación directa a la aseguradora, y otro para quienes no tengan cobertura, con pago previo a la prestación.

La normativa nacional mantiene, en todos los casos, la obligación de atender las emergencias sin demora ni condicionamientos administrativos. Se consideran emergencias aquellas situaciones que impliquen un riesgo cierto e inminente para la vida o las funciones vitales, entre ellas paros cardiorrespiratorios, infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias masivas y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales. Una vez superada esa instancia, los gastos generados por la atención posterior podrán ser facturados al paciente o a su aseguradora.

En Salta, ese criterio ya estaba vigente desde el inicio: “A quienes estén en tránsito se los va a atender, se les solucionará el problema y luego se verá a quién se le factura por los honorarios y gastos que ocasione el servicio”, había señalado Mangione a Infobae en los primeros meses de aplicación de la ley provincial.

La Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, bajo la representación de la fiscal Sofía Cornejo, llevó adelante un caso que expuso la gravedad de la producción de material de abuso sexual infantil en la provincia de Salta.

El acusado, un hombre de 50 años, enfrentó cargos severos tras ser identificado como responsable de captar y difundir imágenes de contenido sexual de su hija menor de edad. La denuncia, que tuvo su origen en un reporte emitido por la red social Facebook, permitió a las autoridades iniciar una investigación que desembocó en el juicio oral.

Durante la audiencia de debate, celebrada en el distrito Centro, la fiscal Cornejo presentó pruebas contundentes que demostraron la autoría del acusado en los hechos investigados. El miércoles pasado, tras los alegatos de clausura, el juez Aldo Rubén Saravia resolvió declarar al hombre penalmente responsable del delito de producción de material de abuso sexual infantil, conforme a lo solicitado por la representante del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, el caso tuvo su punto de inflexión tras el reporte inicial de Facebook, que alertó a las autoridades sobre la existencia de material sensible vinculado a un usuario de la provincia. La información detallaba que el hombre había captado imágenes de su hija de cuatro años y las había puesto a disposición de terceros, lo que motivó la rápida intervención judicial. La Fiscalía Especializada articuló los procedimientos necesarios para asegurar las pruebas y resguardar a la víctima.

Y el miércoles pasado, las partes expusieron sus alegatos de clausura ante el tribunal. La fiscal Cornejo insistió en la gravedad del hecho y la necesidad de aplicar una sanción ejemplificadora. Tras escuchar los planteos de la acusación y la defensa, el juez Aldo Rubén Saravia resolvió hacer lugar a lo requerido por la fiscal y declaró al acusado responsable del delito de producción de material de abuso sexual infantil.

En la audiencia de cesura, realizada el lunes 10, la fiscal solicitó una condena de seis años de prisión efectiva para el imputado, fundando el pedido en la naturaleza del delito y la especial vulnerabilidad de la víctima. Tras deliberar, el juez Saravia impuso una pena de cinco años de prisión efectiva y dispuso que, una vez firme la sentencia, el condenado sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional y tecnológica para combatir la ciberdelincuencia. La alerta generada por Facebook permitió iniciar la investigación que culminó con la condena del autor. Las autoridades remarcaron que la producción y distribución de material de abuso sexual infantil constituye un delito grave y perseguible de oficio, reforzando el compromiso institucional con la protección de las infancias.

En Argentina, los delitos vinculados a la producción, posesión y distribución de material de abuso sexual infantil están tipificados en la legislación penal y son perseguidos con especial énfasis por las fiscalías especializadas. El acceso a reportes internacionales y la cooperación con plataformas digitales suelen ser los primeros eslabones en la activación de investigaciones de este tipo.

El procedimiento incluyó el análisis forense de dispositivos electrónicos, entrevistas a la víctima y su entorno, y la articulación con organismos de protección de menores. Las actuaciones permitieron constatar la existencia de imágenes captadas y compartidas por el acusado, lo que constituyó una prueba fundamental para la acusación.

La niña, de cuatro años, recibió acompañamiento psicológico y asistencia integral durante el proceso judicial. Las autoridades dispusieron medidas de protección y contención, en coordinación con organismos especializados en niñez y adolescencia.

La sentencia dictada contra el hombre de 50 años por el juez Aldo Rubén Saravia representa un precedente en materia de persecución penal de la ciberdelincuencia sexual en la provincia. Este fallo reafirma el compromiso de la justicia y el Ministerio Público Fiscal en el combate a los delitos que atentan contra la integridad de los menores, haciendo hincapié en la colaboración entre actores judiciales y tecnológicos para prevenir y sancionar estos hechos.

A más de dos años de la tragedia en avenida Paraguay, un siniestro vial que terminó con la vida de cinco personas, la causa volvió a quedar bajo la lupa. La defensa del conductor condenado a 17 años de prisión, solicitó que se revise la condena porque considera excesivo que se lo haya condenado por una figura más grave.

La discusión actual no gira sobre si Luciano Nahuel López condujo el vehículo que provocó la tragedia, sino sobre cómo debe ser juzgada esa conducta. La pretensión apunta a reemplazar el encuadre de homicidio simple con dolo eventual por el de homicidio culposo. Durante el juicio la defensa ya había insistido con esa interpretación, aunque el tribunal rechazó ese planteo al momento de dictar condena.

A partir de este planteo, la querella ya respondió con un escrito en el que pidió que se rechace la impugnación y se confirme la condena dictada contra López en abril de 2026. Las familias de las víctimas aguardan a la resolución del Tribunal de Impugnación.

Sira Tabarcache, tía de Ruth, una de las víctimas expresó que “17 años no son nada”. “Desde nuestra lógica sentimos que es nada, porque nada te devuelve a los familiares que perdimos y nadie les devuelve la vida que tenían las víctimas que quedaron vivas”, sostuvo en diálogo con El Tribuno.

El fallo que condenó a Luciano Nahuel López sostuvo que el acusado asumió un riesgo extremo y avanzó de todos modos con una conducta que podía terminar en una tragedia. La defensa, en cambio, procura que el hecho sea considerado como una muerte causada por imprudencia o negligencia, sin la aceptación del resultado fatal que contempla la figura de dolo eventual.

Por otra parte, la causa civil vinculada con el caso ingresó en la etapa de presentación de pruebas. Ese expediente busca una reparación económica por los daños derivados de la tragedia, entre ellos tratamientos psicológicos y otras secuelas sufridas por familiares y sobrevivientes.

La reconstrucción de la tragedia en avenida Paraguay

Hace falta volver a lo ocurrido durante la madrugada del 17 de marzo de 2024. Según la reconstrucción presentada en el juicio y difundida por Infobae, Luciano Nahuel López salió de un local bailable y avanzó por avenida Paraguay a una velocidad de 103,2 kilómetros por hora, en una zona donde la máxima permitida era de 60.

Las cámaras de seguridad y las pericias accidentológicas permitieron seguir parte del recorrido del vehículo antes del impacto. De acuerdo con la acusación, el conductor ingresó a la avenida de forma antirreglamentaria, cruzó semáforos en rojo y no redujo la velocidad pese a la presencia de peatones en un sector de intensa circulación a la salida de los boliches. La fiscalía sostuvo que, en los segundos previos al hecho, López no frenó y solo realizó un cambio de luces.

La reconstrucción del caso estableció además que las víctimas no estaban cruzando la calzada en ese momento, sino que caminaban por la banquina cuando fueron embestidas. Después de atropellar al grupo, el auto impactó contra una palmera. El episodio dejó cinco muertos y seis heridos, un saldo que convirtió el caso en una de las tragedias viales más graves de la historia reciente de Salta.

Las víctimas fatales fueron Ruth Tabarcache, Florencia Acosta, Sergio Veizaga, Karen Marín y Nahuel Brian Digan. Algunas murieron en el lugar y otras fallecieron horas más tarde en el hospital por la gravedad de las heridas. La acusación también incluyó lesiones graves y leves sufridas por otros sobrevivientes.

Sobre el estado del conductor, en el juicio se incorporaron pericias toxicológicas y controles posteriores al hecho. Infobae reportó que el expediente consignó un test de alcoholemia de 1,02 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que otras pericias mencionadas durante el debate ubicaron ese nivel en 1,62 g/l. Esos estudios fueron parte de los elementos valorados por el tribunal al momento de dictar la condena.

La resolución fue adoptada de manera unánime por las juezas Gabriela Romero Nayar y Victoria Montoya Quiroga, junto con el juez Pablo Farah, quienes además dispusieron el decomiso del vehículo utilizado en el hecho. La condena fijó 17 años de prisión y quedó entre las más severas para un caso de siniestro vial con dolo eventual en el país.

Un acusado por tentativa de femicidio violó el arresto domiciliario, destruyó la tobillera electrónica y huyó en la ciudad de Salta, en un caso que reabrió los cuestionamientos sobre la eficacia del monitoreo judicial. El sospechoso, de 25 años, fue recapturado horas después por personal policial en la zona este de la provincia.

Según informó El Tribuno, el hombre se encontraba bajo arresto domiciliario en el marco de una causa por tentativa de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género. De acuerdo con la investigación en curso, el acusado mantenía una relación con la víctima y ya existían antecedentes de otros hechos violentos en su contra. En ese contexto, la Justicia le había otorgado el beneficio de continuar bajo monitoreo electrónico.

La secuencia que derivó en su captura comenzó dentro del domicilio fijado para el cumplimiento de la medida. La madre del acusado, quien había asumido la caución personal ante la Justicia, se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 para advertir que su hijo se mostraba agresivo. La alerta activó la intervención policial y, tras un operativo de búsqueda, el sospechoso fue localizado y detenido.

Después de esa recaptura, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, intervino en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en representación del Ministerio Público Fiscal. El acusado fue imputado por evasión y amenazas en concurso real. La jueza Paola Marocco ordenó la prisión preventiva, una decisión sustentada en los antecedentes del imputado.

Otro caso en Salta

Esta semana, otro expediente similar salió a la luz en la capital de Salta cuando un hombre de 28 años fue condenado por el delito de hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa. Tras reconocer su responsabilidad en un juicio abreviado, recibió una pena de ocho meses de prisión efectiva.

Anteriormente, el acusado ya registraba una condena previa de tres años de prisión de ejecución condicional. De acuerdo con El Tribuno, el juez interviniente resolvió unificar ambas penas e imponer una condena única. Además, lo declaró reincidente por primera vez.

En la audiencia participó el fiscal penal 6 del Distrito Centro, Martín Ávila, mientras que el magistrado dispuso el traslado inmediato del condenado a la Unidad Carcelaria N.º 1. A esa resolución se sumó la orden de extraer una muestra de ADN para incorporarla al Banco de Datos Genéticos, un procedimiento previsto para este tipo de actuaciones.

A esos dos hechos se agregó un tercer episodio detectado en Metán, también vinculado al incumplimiento de medidas judiciales. En esa ciudad del sur provincial, personal de la División Seguridad Urbana realizaba tareas preventivas cuando un transeúnte alertó sobre la presencia de un hombre dentro de las oficinas de EDESA, pese a que debía permanecer bajo prisión domiciliaria. La situación derivó en una intervención inmediata de los efectivos.

Cuando la Policía llegó al lugar, el sospechoso advirtió la presencia de los uniformados e intentó retirarse en medio de la confusión. Aun así, fue demorado a pocos metros. Luego de verificar su situación procesal, los agentes confirmaron que el hombre se encontraba beneficiado con prisión domiciliaria y que, al momento del procedimiento, incumplía las condiciones fijadas por la Justicia. Tras esa constatación, fue trasladado nuevamente a la sede policial, mientras se comunicaba la novedad a las autoridades judiciales correspondientes.

Los tres episodios expusieron en pocos días distintos incumplimientos ligados a medidas judiciales alternativas al encierro carcelario. En los distintos casos conocidos esta semana, las intervenciones policiales y judiciales se activaron después de que los acusados o condenados quebraran las condiciones impuestas por la Justicia.

El abogado jujeño Diego Javier Chacón fue detenido en Salta cuando regresaba de Estados Unidos, luego de que la Justicia revocara su libertad y ordenara una captura internacional por haber salido del país sin autorización judicial. El procedimiento se concretó en el aeropuerto de Salta y quedó a cargo de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Diego Javier Chacón estaba en libertad desde enero de 2025, pero bajo medidas de coerción que le prohibían abandonar el país sin permiso del tribunal. Al constatarse que había viajado al exterior pese a esa restricción, el juez de Control Marco Espinassi dispuso revocar el beneficio, ordenar su detención inmediata y librar una Alerta Roja de Interpol.

Durante una audiencia realizada el 15 de julio, el propio Chacón informó que ya se encontraba en territorio estadounidense para asistir a partidos del Mundial de Fútbol 2026, pese a que la Justicia había rechazado previamente su pedido de viaje. “Pido perdón a la Justicia jujeña, a mis familiares, pero la Selección Argentina me necesitaba. Soy un apasionado del fútbol, no busco que me entiendan, les estoy contando lo que motivó a no acatar las medidas judiciales”, dijo el abogado según informó El Tribuno de Jujuy.

Fuentes judiciales indicaron que Chacón permanece alojado en el Servicio Penitenciario de Salta, mientras se define la audiencia de extradición para su traslado a Jujuy. En esa instancia se resolverá el procedimiento formal para su remisión a la provincia, donde deberá volver a presentarse ante las autoridades judiciales que intervienen en la causa. Tras ese paso, quedará nuevamente sometido a las decisiones del tribunal jujeño.

La detención hizo que el nombre de Chacón se instalara nuevamente en el centro de una causa judicial que tiene un alto impacto en la provincia. El abogado había estado arrestado previamente en Qatar en 2022, en una ocasión diferente que también estuvo vinculada a su salida del país en momentos en que seguía en curso la investigación judicial en su contra.

La imputación del abogado

Chacón está imputado en la investigación por el violento asalto cometido en noviembre de 2022 contra una distribuidora del barrio San Pedrito, en San Salvador de Jujuy, hecho en el que murió el empleado César Martínez tras recibir un disparo de arma de fuego y otro trabajador resultó gravemente herido.

Según la reconstrucción del Ministerio Público de la Acusación, al abogado se le atribuye haber aportado información sobre el funcionamiento logístico, comercial y operativo del establecimiento a quienes ejecutaron el ataque. La causa fue calificada provisoriamente como “robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio criminis causa y homicidio criminis causa en grado de tentativa”.

En esa hipótesis, su rol habría sido el de facilitador para la concreción del robo. El Tribuno de Jujuy agregó que por este hecho ya fueron condenados otros involucrados. Entre ellos figura Elsa López, una tarotista santiagueña que residía en Palpalá, y también hombres oriundos de Mendoza que, según la acusación fiscal citada por ese diario, integraban la banda que concretó el asalto.

La situación procesal de Chacón había quedado a la espera de un nuevo juicio, luego de que su defensa solicitara el cese de detención tras superar los tres años sin condena firme. A partir de esa resolución, recuperó la libertad bajo reglas de conducta y con prohibición de abandonar el país, condiciones que la fiscalía consideró incumplidas.

El juez Espinassi sostuvo que la salida del país configuró un incumplimiento grave de las medidas cautelares. La resolución remarcó además que Chacón, por su condición de abogado, conocía el alcance jurídico de las restricciones impuestas.

Un grupo de personas irrumpió en una vivienda donde comenzaron a disparar con armas de fuego, provocando lesiones a varios integrantes de una familia y lanzando amenazas antes de retirarse del lugar. El episodio sucedió en Colonia Santa Rosa, en la provincia de Salta y cuatro hombres de 19, 21, 29 y 30 años quedaron imputados como presuntos coautores.

El hecho ocurrió durante la mañana del 1 de agosto, cuando los agresores ingresaron a la casa y, según la denuncia, atacaron a quienes se encontraban en el interior. La causa quedó a cargo de la fiscal penal María Sofía Fuentes, de la delegación Colonia Santa Rosa, quien imputó de manera provisional a los sospechosos por lesiones leves agravadas por la intervención de más de tres personas, portación ilegítima de arma de fuego y amenazas con arma, en concurso real.

Asimismo, se les atribuye el uso de un arma blanca para herir a una de las víctimas durante el hecho a algunos de los imputados. Esa circunstancia forma parte de las medidas probatorias en curso, junto con peritajes y otras diligencias ordenadas por la fiscalía.

Como consecuencia del ataque, varios integrantes del grupo familiar que se encontraban en una vivienda del asentamiento Nueva Esperanza, en Colonia Santa Rosa, resultaron heridos. Además, los atacantes provocaron daños en la propiedad.

Cómo avanza la causa

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Salta, tras la audiencia de imputación la Fiscalía pidió que los acusados continúen detenidos mientras avanzan las medidas dispuestas para esclarecer el episodio. La investigación apunta a reconstruir la secuencia del ataque y determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos.

La imputación formalizó el avance de la causa abierta tras el ataque denunciado por la familia. En ese marco, la acusación no solo contempla las lesiones sufridas por integrantes del grupo familiar, sino también la presunta portación ilegítima de arma de fuego y las amenazas con arma atribuidas a los sospechosos.

El Tribuno informó que el avance de la causa incluyó distintos procedimientos policiales que terminaron con la detención de los cuatro sospechosos. En ese marco, también se produjo el secuestro de un arma de fuego y municiones, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

La causa permanece en etapa investigativa, con los acusados imputados y bajo pedido de continuidad de detención mientras la Fiscalía reúne más pruebas sobre lo ocurrido. En el procedimiento intervienen la Fiscalía Penal de Pichanal y el juzgado de Garantías de Orán y la investigación queda a la espera de que se determine con mayor precisión la responsabilidad individual de cada imputado.

Violencia en Salta

El ataque investigado en Colonia Santa Rosa volvió a poner el foco sobre la violencia que atraviesa distintos puntos de Salta, donde en los últimos días también se conocieron otros hechos graves bajo investigación judicial. Entre ellos aparece el crimen de un hombre ocurrido en plena vía pública.

El ataque se registró sobre calle Damián Torino, donde vecinos alertaron por una persona herida y tendida en la calle. Cuando llegaron los servicios de emergencia, constataron que la víctima presentaba una lesión compatible con un arma blanca. La causa quedó a cargo del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, quien ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para la autopsia.

De acuerdo con las primeras diligencias, los investigadores analizaban si el homicidio se produjo en el marco de una pelea previa. A partir de testimonios y registros de cámaras de seguridad, se identificó y detuvo a un sospechoso, mientras la fiscalía avanzaba con medidas para establecer el móvil del ataque y precisar si existió algún vínculo previo entre la víctima y el agresor.

Lejos quedaron los días de Edgar Nicolás Aquino al servicio de la Policía de la Provincia de Chaco. De 35 años y recibido como técnico superior en Seguridad Pública, fue echado de la fuerza tras ser condenado, en octubre de 2024, a cuatro años y cinco meses de prisión por homicidio culposo. La sentencia se dictó luego de que un hombre muriera mientras se encontraba detenido y era trasladado en la ciudad de Resistencia, un episodio ocurrido el 25 de diciembre de 2015.

Tras dejar el uniforme, Aquino se dedicó a la actividad comercial en los rubros de productos de peluquería, cosmética, perfumería y electrodomésticos. En ese ámbito conoció a Osmar Gabriel Rojas y Walter Ariel Caballero, quienes también trabajaban como comerciantes. La relación entre ellos derivó en la integración de una organización dedicada al transporte de cocaína, por la que Aquino recibió en los últimos días una nueva condena a siete años de prisión en Salta.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta lo encontró culpable del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes. El fallo fue dictado el miércoles pasado por los jueces Alejandra Cataldi, Gabriela Catalano y Diego Matteucci, con la intervención de la fiscal subrogante Paula Gallo y la auxiliar fiscal Vanina Pedrana de la Unidad Fiscal Salta.

La investigación determinó que, en marzo de 2025, la organización trasladó casi 20 kilos de cocaína desde Tartagal hacia la provincia de Chaco. Y una conversación extraída de uno de los teléfonos celulares secuestrados reveló el método elegido por los integrantes para definir quién asumiría el rol de transportista: “Mañana hacemos piedra, papel o tijera para ver quién va por la 81 con cosas”, escribió Aquino a uno de sus cómplices durante la planificación del viaje.

Todo comenzó el 14 de marzo de 2025, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un Toyota Corolla en la ruta provincial N°35, a la altura de Joaquín V. González, en el sur salteño. El vehículo era conducido por Rojas, con Caballero como acompañante. Un fuerte olor a combustible y tornillos removidos motivaron una requisa exhaustiva, que derivó en el hallazgo de 29 paquetes de cocaína ocultos dentro del tanque de combustible.

La sustancia pesaba 19 kilos con 998 gramos, tenía una pureza del 72 por ciento y una capacidad de producción de 145.319 dosis, según informó la fiscalía. Ambos sospechosos fueron detenidos y se les secuestraron cuatro celulares.

Aquino, por su parte, cayó siete meses después, a mediados de octubre, cuando se descubriera su participación en la maniobra. Durante el debate, la fiscalía presentó las pruebas en su contra, entre ellas comunicaciones extraídas de los teléfonos de Rojas y Caballero que mostraban una intensa actividad con Aquino.

Según el expediente, el ex policía proporcionó a Caballero el contacto de Rojas y coordinó detalles del itinerario, otros traslados previos, rutas de tráfico y controles policiales.

El 7 de marzo de 2025, le envió a Caballero el mensaje: “Preparate, mañana viajás”. Tres días después, transmitió una orden similar al otro cómplice.

“¿Cuál es tu idea, cuándo salimos, con quién voy a ir yo?”, le preguntó Caballero. La respuesta fue que viajaría con “Icardi”, apodo de Rojas. Fue en medio de ese intercambio que surgió la mención al “piedra, papel o tijera”.

El Ministerio Público Fiscal, a través de su sitio fiscales.gob.ar, explicó que los tres se alojaron en un hotel de Orán entre el 11 y el 14 de marzo, aunque en habitaciones separadas. Luego de obtener la droga y acondicionarla, planificaron el viaje de regreso.

Rojas y Caballero partieron juntos en el Toyota Corolla que transportaba la droga, mientras Aquino circuló en su propio vehículo, cumpliendo el rol de coche puntero. Los dos vehículos recorrieron el mismo itinerario, que incluyó las localidades de Pichanal, General Pizarro, Las Lajitas y Joaquín V. González, donde Rojas y Caballero fueron demorados en el control y posteriormente arrestados.

El ex policía continuó el recorrido y, al advertir las demoras, realizó diez llamadas sin obtener respuesta.

Quizás intentando aprovechar que su celular no pudo ser peritado, Aquino trató de despegarse del delito. Dijo que solo había solicitado a sus conocidos que le trajeran mercadería desde Bolivia.

Sin embargo, además de las comunicaciones que surgieron de los aparatos de Rojas y Caballero, el tribunal también consideró documentación sobre pagos realizados por Aquino a los coimputados, informes de geolocalización, registros de viajes previos y antecedentes de una infracción de tránsito en Talapampa.

Así, los jueces descartaron los planteos de la defensa y hallaron culpable al técnico en Seguridad.

La relación entre el ambiente y las comunidades indígenas es de profunda hermandad. Se redefinen y se intervienen. El monte es vida. ¿Qué ocurre cuando desaparece la materia prima de la que viven las mujeres? ¿Puede la conservación generar oportunidades económicas sostenibles? ¿Puede la restauración convertirse en una herramienta eficaz para enfrentar la crisis climática? ¿Cómo se adaptan estas comunidades indígenas cuando el agua se vuelve menos predecible?

Fotos y realización audiovisual en el territorio: Matías Arbotto

Director de formatos audiovisuales: Alejo García Sosa

*Este artículo fue producido gracias al apoyo de Pulitzer Center.

Las mujeres wichí de Tartagal dependen del chaguar para producir artesanías. Confeccionan tejidos y objetos de uso doméstico, que sostienen la economía familiar. La degradación del bosque chaqueño amenaza de manera directa la disponibilidad de esta fibra nativa y pone en riesgo no solo una fuente de ingresos, sino también conocimientos ancestrales y prácticas culturales transmitidas entre generaciones.

Una fibra que escasea: el chaguar —Bromelia hieronymi y especies relacionadas— funciona como indicador biológico de la salud del bosque del Gran Chaco Americano.

Para la comunidad, también representa una medida concreta de equilibrio y de futuro: si el chaguar desaparece, no se pierde únicamente una planta. Se compromete una economía, una cultura y un sistema de conocimiento ancestral que la comunidad wichí transmite entre generaciones, con el corazón y el profundo sentido de un legado.

Nativa del Gran Chaco Americano, la planta de chaguar fue utilizada históricamente por las mujeres wichí para producir fibras textiles. Con ellas elaboran yicas, bolsos, redes, tapices, animales, paneras y diversos objetos o utensilios, así como otras artesanías que representan una fuente importante de ingresos familiares.

Esta crónica, junto al contenido audiovisual, es la segunda entrega de una serie de cuatro episodios que narran cómo mujeres de comunidades indígenas diseñan su futuro con modelos de resiliencia productiva.

Infobae y la periodista Daniela Blanco recibieron una beca internacional del Pulitzer Center, organización de referencia en apoyo al periodismo de investigación.

Estas narrativas en el Gran Chaco Americano forman parte del proyecto presentado al Pulitzer Center junto a Gabriela Oliván, líder y fundadora de Women’s International News Network (WINN), la red global que impulsa el liderazgo de mujeres periodistas y promueve un periodismo libre, innovador y sin sesgos.

¿Qué ocurre cuando desaparece la materia prima de la que viven las mujeres wichí?

El chaguar crece asociado al bosque chaqueño y su disponibilidad está vinculada a la salud del ecosistema. En esa relación, el cambio climático aparece como parte del problema, no solo por la escasez de la fibra, sino también por el impacto sobre el hábitat.

Aunque el chaguar no suele cultivarse y depende de la conservación del monte, el desafío ante la escasez es producirlo cerca, fuera de su hábitat natural. En la comunidad de Tichat, un proyecto liderado por la ONG Pronorte impulsa el cultivo de chaguaderales en los fondos de las casas de las mujeres wichí. En Tartagal no crece el chaguar de manera directa; las mujeres lo buscan en el monte. Poder traerlo y cultivarlo en los fondos de las casas es una forma concreta de asegurar la sostenibilidad de las artesanías de la comunidad wichí.

Estas tejedoras del monte wichí emergen en Pichanal, una localidad seca y árida situada a poco más de 100 kilómetros de Tartagal. La economía de las artesanas depende del chaguar, hoy considerado un ícono como especie amenazada.

Cuando Infobae visitó la comunidad de la tierra wichí, la vulnerabilidad del entorno volvió todo más urgente: el impacto del cambio ambiental sobre los ingresos y la autonomía económica de las mujeres es directo cuando el monte se degrada y el chaguar deja de estar disponible.

La variabilidad del clima en el Gran Chaco Americano es otra manifestación del cambio climático, con efectos acumulativos sobre el monte y su biodiversidad.

El rol vital del chaguar para la comunidad wichí

Las fibras de la planta chaguar (Bromelia hieronymi) fueron utilizadas históricamente por las artesanas wichí para elaborar artículos de uso cotidiano y piezas para la venta.

Más allá de su importancia en la economía familiar, Sebastián Gómez, técnico del proyecto Tichat de Fundación Pronorte, explicó a Infobae que la artesanía es “ante todo un modo de expresión, de transmisión y reivindicación cultural”.

Además, advirtió sobre un problema ambiental actual: la escasez de plantas de chaguar de calidad en el bosque nativo.

En el proyecto Tichat, impulsado por la Fundación Pronorte, se combina el cultivo de chaguar a nivel familiar con la recolección tradicional en el monte. La experiencia comenzó en 2018 y se mantiene vigente, con la participación de artesanas, Fundación Niwok y el INTA.

Sobre el chaguar, hay cuatro puntos clave: no suele cultivarse, depende de la conservación del monte, crece asociado al bosque chaqueño y su disponibilidad está vinculada a la salud del ecosistema. En la intersección entre economía, cultura y ambiente, el cultivo a escala familiar surge como una respuesta posible frente a la escasez, como complemento y no reemplazo de la recolección en el monte.

Jorgelina y el arduo trabajo de tejer la fibra de chaguar

Infobae entrevistó a Jorgelina Jara, cacica de la comunidad wichí en Tartagal. Las mujeres guardan el saber ancestral y asumen la responsabilidad de transferirlo a la mayor cantidad posible de mujeres, especialmente de las mayores a las más jóvenes, para que tengan en sus manos la posibilidad de desarrollarse y sobrevivir.

“Nosotras somos wichí”, inició la cacica Jorgelina en diálogo con Infobae.

—Es un honor verlas tejer, en una fila intergeneracional. Están tejiendo juntas, cada una con su paño de fibra de chaguar, entramando las fibras; luego viene el teñido. ¿Cuánto tiempo les lleva hacer un paño de chaguar para, por ejemplo, fabricar una cartera?

—Jorgelina: Con este paño estoy desde hace un mes. Se empieza con las espinas, luego hay que machucar y teñir con algarroba y urundel. El proceso no suele reflejarse en el objeto terminado. Es muy laborioso. Parece que no cuesta, pero cuesta mucho. Nosotras somos trabajadoras. Ustedes nos ayudan a abrir la puerta. Ahora se conocerá en todos lados.

—¿De quién aprendiste este saber ancestral? ¿Veías a tu madre, a las mujeres de la familia?

—Vi a todas las mujeres de mi alrededor trabajar el chaguar. A mis nietas les digo: “Hay que aprender”. Yo no sé hasta cuándo voy a estar, esperaré a que Dios eleve mi alma al cielo. Y ellas van a quedar en mi lugar y van a trabajar como yo. Cuando venga gente de afuera, ella te va a conocer como yo. Toda la gente me conoce. Adonde voy, la gente me dice: “Ahí está la que sale en la tele, en celulares”. Me gusta eso, yo no tengo vergüenza.

—Es una manera de que la sociedad conozca lo que hay detrás de una cartera o un paño de chaguar. Cada pieza guarda la historia de vida de todas ustedes, que además enfrentan el desafío de la escasez del chaguar.

—Sí, el chaguar se está terminando. No crece en Tartagal, hay que ir a buscarlo al monte. Cuando viene gente de Chaco, nos trae. Cambiamos por colchas, cambiamos cuatro o cinco polleras nuevas por hojas de chaguar para poder trabajar. El chaguar me da la vida. Cuando usted o alguien compra y ya tengo para el pan, con eso mantengo a mis dos huérfanos. Mis nietos ahora ya son grandes, y tengo más tiempo para salir a buscar chaguar.

Infobae confirmó en el territorio la escasez del chaguar: cuando no existe intercambio para conseguirlo entre los lugareños de la comunidad y alrededores, queda por delante una larga caminata —de al menos cinco a seis horas, ida y vuelta— hasta el monte en busca de chaguaderales.

Luisa, artesana wichí, y la ardua tarea de buscar chaguar en el monte

—¿Cómo es ese proceso arduo de ir a buscar el chaguar al monte, de pincharse los dedos hasta convertirlo en fibra?

—Luisa: El chaguar es muy trabajoso, tiene muchos procesos. Para nosotros, buscarlo es un desafío muy grande porque en esta zona de Tartagal no hay, y tenemos que ir a buscarlo muy lejos. Son horas de caminata, a veces días.

—Una vez que tenés las hojas de la planta frente a vos, ¿qué procesos seguís antes de tener la fibra disponible?

—La fibra se saca de adentro de cada hoja. Luego se remoja. Una vez que la pelás, queda en remojo. Es muy importante y doloroso sacar las espinas para llegar mejor a la fibra. Y con eso se trabaja. Los colores naturales se venden más, y eso también lleva tiempo: buscar la corteza, buscar el árbol, esperar que se seque y molerlo para lograr el color deseado.

—La fibra del chaguar conoce los colores. Ahí comienza otra técnica ancestral para lograr el teñido y la tonalización de las fibras.

—No es de un día para el otro; a veces hay que esperar toda la noche y al día siguiente volver a lavar y esperar que se seque la fibra para teñirla. Detrás de cada producto, de cada artesanía, hay una historia. Y pensar que ese bolsito, esa carterita, cuando la vendamos, nos permitirá tener lo que nos hace falta.

En la explicación de Pérez, la artesanía no es solo el objeto terminado: es una suma de tiempos —de caminata, de remojo, de secado— y también una forma de sostenerse.

—El desafío de preservar la planta se impone más que nunca. ¿Qué le dirías a un ganadero que, tal vez por desconocimiento, deja un montón de chaguar al costado del camino?

—Cada uno protege lo suyo. Tener ganado también implica cuidarlo. Al mismo tiempo, hay que pensar que ese chaguar tiene valor para nuestra comunidad. Por ejemplo, en estas zonas de comunidades originarias como la wichí, toba y chorote, trabajamos con chaguar. Y ellos —ganaderos o cualquiera que trabaja sus tierras— lo saben.

Luisa insistió en la misma idea: el chaguar garantiza un sistema de trabajo. La escasez obliga a recalcular qué conviene producir con lo que se consigue y a buscar alternativas que no siempre funcionan. Empezó desde chica, a los 12 años, con telar de algodón, de chaguar, con el hilo que tenía a mano.

Hoy Luisa y Jorgelina hacen yicas, que sirven para guardar y transportar pescados y frutos. “Nuestros antepasados —recuerdan ambas— usaban las yicas hechas de chaguar para la tarea de recolección en el monte. También, inspiradas por nuestras hijas y nietas, hacemos paños, carteras y caminos de mesa”.

Cuando la conversación volvió a la escasez, Luisa describió intentos y redes: “Nosotros hemos empezado con nuestros propios medios, a ver cómo y de dónde vamos a sacarlo”. Contó que intentaron cultivar, pero no resulta tan fácil: “Intenté plantar chaguar, pero nunca creció”.

Plantar en el patio

La cacica Jorgelina Jara tuvo mejor suerte al buscar nuevas alternativas y soluciones para la preservación del chaguar: “Plantar en el patio de nuestras casas”, precisó a Infobae. Jorgelina relató que llevó “como cinco” plantas, las sembró y, con el tiempo, crecieron. “Para poder tener trabajo”.

Si el chaguar no alcanza, las mujeres buscan otros materiales para sostener la producción artesanal: “Si no tenemos chaguar, usamos lana para hacer yica. Y hacemos jomba, yica con tapa. Todo esto lo hacemos nosotras”.

Luisa es madre de siete hijos. El monte sigue siendo el lugar de crecimiento natural del chaguar. Y cuando falta el chaguar “natural”, la respuesta vuelve a ser la misma: adaptarse.

Luisa resume el legado ancestral del que forma parte: “Detrás de cada artesanía hay una historia, lo que vivimos día a día. Con ese bolsito, esa carterita que vendemos, vamos a tener lo que nos hace falta. Es un sacrificio seguir siendo artesana. Hay muchísimos artesanos que lo padecen, que lo siguen sufriendo. Algunos piensan que es solamente un bolsito, pero detrás de eso está la historia de nuestros ancestros”.

El chaguar del futuro

El Gran Chaco Americano (GCA) es un bioma que ocupa más de un millón de kilómetros cuadrados en el corazón de Sudamérica. Entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil se extiende este bosque —el segundo más grande de Sudamérica después de la Amazonía—, donde conviven 29 lenguas indígenas, miles de especies animales y vegetales, y cerca de nueve millones de personas.

El territorio del GCA es uno de los más afectados por la deforestación, la pobreza estructural y el avance de modelos extractivos que amenazan su equilibrio ambiental.

En ese contexto, la experiencia del proyecto Tichat busca crear una especie de “chaguar del futuro”, como lo llamó Infobae ante la propia comunidad wichí. A partir de las experiencias de las mujeres wichí, la idea es cultivar chaguaderales fuera del monte, cerca de las casas, como respuesta a la escasez de la fibra.

En diálogo con Infobae, Sebastián Gómez, técnico del proyecto Tichat de Fundación Pronorte, explicó el sentido de esa estrategia y su implementación en el territorio: “Frente a la escasez del chaguar que presenta el monte, las artesanas como Érica, con sus manos, plantaron este chaguar madre y creció, y vemos unos ‘hijitos’ a su alrededor. Por eso, sin duda, el camino es la preservación y la conservación, el mensaje que está dejando el monte frente a la escasez de un elemento fundamental para las artesanas, para que puedan continuar con el legado ancestral”.

Gómez destacó que la experiencia de plantaciones de chaguar se desarrolló “con varias mujeres” en la zona de Tartagal y que la idea es replicarla para que “tengan chaguaderales en su propio territorio”. “El chaguar ha prendido, está teniendo hijos y la idea es ir replicando esto”, describió, y lo definió como “un gran avance” ante la falta de materia prima.

En su análisis, el cultivo cerca de las casas no reemplaza el vínculo cultural con el monte, sino que busca sostenerlo: “La simbiosis que hay de las mujeres con el chaguar está en la esencia del pueblo wichí”. Por eso, el proyecto se apoya en una red: “Es una experiencia que se va replicando en una red de mujeres que están asociadas con ingenieros de recursos naturales”.

Sobre el final, Gómez lo planteó como un objetivo inmediato y concreto: “Ojalá en breve tengamos un chaguaderal en los fondos de la casa de Érica, porque es una manera de continuar con el legado, necesita la planta, y para ello hay que conservarla y multiplicarla. Es una planta sagrada para ellos y esta experiencia está siendo positiva y viable, está dando resultados y nos anima a seguir conservando estos saberes y estas prácticas”.

Chaguar y cambio climático: qué se altera en la fibra y en el monte

Consultada por Infobae, la experta del INTA María Inés Cavallero estudia la relación entre el chaguar y el cambio climático, y advierte que la vulnerabilidad de la especie aumenta ante la degradación del monte. “En la región chaqueña —explicó—, el chaguar crece ligado al bosque nativo y depende de sus condiciones microclimáticas, como la sombra, la humedad y la fertilidad. En ese contexto, cualquier retroceso de la cobertura arbórea expone a los chaguaderales a un ambiente más hostil y reduce su producción”.

Cavallero detalló cambios en la dinámica de lluvias: “No se trata tanto de la disminución de precipitaciones, sino del aumento de eventos más extremos como sequías prolongadas, lluvias muy concentradas y erráticas, y el corrimiento de las fechas habituales. Esto deriva en menos agua disponible para las plantas, más estrés y menor crecimiento”.

Sobre las temperaturas, Cavallero indicó que el chaguar tiene un metabolismo particular, el “CAM” (Metabolismo Ácido de las Crasuláceas), que le permite fotosintetizar con alta temperatura y bajas precipitaciones. Sin embargo, advirtió que cuando las temperaturas se elevan demasiado, su funcionamiento se ve afectado.

El impacto también llega a la calidad de la fibra. Cavallero señaló que el estrés térmico e hídrico afecta el desarrollo de las hojas y que las artesanas reportan que, con mayor radiación o sequía extrema, las plantas producen hojas más cortas, quebradizas y con fibras de menor calidad. Ese deterioro complica el proceso de desfibrado y el hilado, y se observa con mayor claridad en plantas que crecen fuera del monte, en ambientes más restrictivos.

Aun así, Cavallero planteó un matiz central: el cambio climático afecta al chaguar, pero “no es su principal enemigo”. En su diagnóstico, el factor más crítico hoy es el avance y desplazamiento de la frontera agropecuaria, que destruye el hábitat de forma directa.

El chaguar, un seguro contra la crisis del clima

La especialista del INTA sugirió que el chaguar podría considerarse un “seguro” ante el cambio climático: una planta resiliente, con menores requerimientos que otras especies, que podría seguir contribuyendo al ingreso de las mujeres artesanas si se logra sostener la producción de fibra y el entramado social y cultural que la rodea.

En diálogo con Infobae, Fernando Semenza, técnico ambiental de ACDI, indicó que el chaguar es una bromelia, una forma de vida vegetal nativa del Gran Chaco Americano. Las artesanas wichí de Tartagal, explicó, utilizan la especie Iern-iernoymi.

Su importancia en el territorio va más allá de lo botánico: “Para las mujeres wichí de Tartagal y de otras zonas del Chaco Seco y el norte de Salta, el chaguar no es solamente una fibra textil, sino que forma parte de una identidad cultural y de un conocimiento que atraviesa distintas generaciones”.

“Las mujeres van al monte y recolectan las hojas —hoy con machetes, antes con palos u horquetas—, extraen la fibra, la hilan con un procedimiento que Semenza definió como ‘bastante complejo’ y elaboran artesanías”.

En su diagnóstico, Semenza señaló que el principal problema actual es la pérdida del monte nativo, un conflicto que se manifiesta en el desmonte y en los incendios. Aunque el chaguar está adaptado a ambientes secos, depende del microclima que genera el bosque y de un sistema de interacciones —desde microorganismos del suelo hasta depredadores— que se altera cuando suben las temperaturas y se prolongan las sequías.

En ese escenario, afirmó que “se reduce el crecimiento de la planta y se vuelve más lenta su regeneración. Se reproduce principalmente por hijuelos y, con las alteraciones —la mayoría extremas— del clima, se generan menos hijuelos”.

Ese deterioro tiene una consecuencia directa para las mujeres: cada vez hay menos plantas disponibles y deben recorrer mayores distancias para encontrarlas. Semenza añadió que hoy el territorio indígena “está delimitado” y que, si el chaguar no aparece dentro de esos límites, la búsqueda empuja hacia otras fronteras “con dueños”, lo que genera un conflicto adicional: “Para la cosmovisión indígena, la tierra no tiene dueño”.

Una beca internacional que reconoce el periodismo de investigación

Cada uno de los cuatro reportajes —estrenados el 13 de julio y publicados durante cuatro lunes consecutivos— profundiza en historias de mujeres de comunidades indígenas y un clima que cambia, a partir de un trabajo en el territorio del Gran Chaco Americano, una región estratégica para la biodiversidad de Sudamérica y especialmente expuesta a los efectos del cambio climático.

Como se detalló en la primera nota de la serie, las siguientes organizaciones de la sociedad civil fueron determinantes para la investigación de Infobae en el territorio: Redes Chaco e Impacto Verde (que articula a seis organizaciones: Fundación Pronorte, Pata Pila, ACDI Argentina, Fundación Proyungas, Fundación Gran Chaco y Avina).

Sobre el Pulitzer Center

Fundado en 2006 en Washington D.C., el Pulitzer Center es una organización sin fines de lucro que apoya el periodismo de calidad sobre desafíos globales mediante becas, alianzas con medios y programas educativos. Su foco está en investigaciones y coberturas de profundidad sobre cambio climático, salud, derechos humanos, migraciones, democracia, economía y desarrollo sostenible. Cada año selecciona proyectos de distintos países a través de convocatorias competitivas. Sus becas han respaldado trabajos publicados en medios de referencia y visibilizado historias que suelen quedar fuera de la agenda informativa tradicional.

*Fotos y realización en el territorio: Matías Arbotto

*Director de los episodios audiovisuales: Alejo García Sosa y equipo Media Lab Infobae

*Este artículo fue producido gracias al apoyo de Pulitzer Center

Un joven de 23 años que había sido detenido el domingo pasado como sospechoso del crimen de un hombre de 27 años en Salta, quedó imputado por homicidio simple. La víctima fue hallada con una herida en el cuello que le provocó la muerte en el lugar.

La fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, determinó la acusación formal del principal sospecho que ejecutó el ataque en la esquina de Las Moras y José Ingenieros, en el barrio 9 de Julio. Así lo dio a conocer el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta.

Tras la audiencia de imputación, Filtrín Cuezzo solicitó que el acusado permanezca en prisión preventiva mientras se cumplen las medidas de investigación dispuestas. La funcionaria del MPF señaló que todas las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho se encuentran en curso. La Fiscalía no brindó detalles sobre si existía un vínculo entre la víctima y el imputado, en tanto la investigación avanza para esclarecer el móvil del ataque.

Según estableció la investigación, el imputado habría lesionado a la víctima con un arma blanca en la zona del cuello, lo que le provocó la sección completa de la laringe y la muerte por asfixia mecánica aguda. Una herida de esas características genera la desconexión total de las vías respiratorias altas, con obstrucción masiva por exposición directa de tejidos y sangrado, lo que elimina de forma inmediata la capacidad de ventilar de manera natural.

El MPF confirmó el mismo domingo del ataque que desplegó un operativo en el que el personal de Criminalística relevó la escena y recolectó indicios. Por su parte, los agentes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) tomaron testimonios de vecinos y analizaron imágenes de cámaras de seguridad. Esas tareas permitieron identificar y detener al sospechoso en las horas siguientes.

Mataron a un hombre de una puñalada durante una pelea

Un hombre de alrededor de 30 años murió apuñalado la noche del martes 28 de julio en el barrio Norte Grande, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, tras un enfrentamiento con otra persona. La alerta llegó al Sistema de Emergencias 911 cerca de las 23.30, según informó El Tribuno.

Los efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron a la víctima con vida, pero con una herida de arma blanca. Personal del SAMEC trasladó al herido de urgencia al hospital San Bernardo pero una hora después del ingreso, el centro asistencial confirmó su fallecimiento a causa de las lesiones sufridas.

De acuerdo con El Tribuno, una persona quedó detenida señalada como el presunto agresor. La Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) tomó a su cargo la investigación para reconstruir las circunstancias del enfrentamiento y determinar las responsabilidades en el homicidio. Los investigadores buscan establecer si existió un vínculo previo entre ambos y qué desencadenó la agresión.

El episodio se suma a un homicidio registrado a principios de julio en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, también en la provincia de Salta. En esa oportunidad, un joven de 26 años murió apuñalado en la intersección de las calles 17 de Octubre y Natalio Roldán durante una reunión en la vía pública que derivó en un enfrentamiento. La Policía detuvo en el lugar a un joven de 22 años que, según los primeros indicios, pertenecía al círculo de amigos de la víctima desde la infancia.

Según medios de la provincia, los presentes bebían en la calle cuando se desató la discusión. Uno de los participantes extrajo un cuchillo y atacó al joven. El informe preliminar de la autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico por una lesión en la arteria aorta.

La fiscal Filtrín Cuezzo quedó a cargo de esa investigación y ordenó la intervención de personal de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). El detenido afronta cargos por homicidio simple, aunque fuentes del Ministerio Público Fiscal advirtieron que la carátula podría modificarse a medida que avance la recolección de pruebas.

Los fiscales penales de Salta y una jueza de instrucción de París coordinaron nuevas medidas de investigación tras analizar los resultados de las pericias genéticas realizadas en Francia en el marco de la causa por el doble homicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, asesinadas en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo. Los datos arrojados confirmaron fechas sobre los decesos y descartaron perfiles.

La fiscal penal María Luján Sodero, junto a los fiscales Pablo Paz y Daniel Espilocín, integrantes de la Unidad Fiscal creada por resolución de la Procuración General para investigar el caso, mantuvieron una videoconferencia con la jueza de instrucción de París, Emmanuelle Robinson. El encuentro, enmarcado en la cooperación judicial internacional activa entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta y las autoridades judiciales francesas, tuvo como punto central el análisis de los estudios genéticos realizados en el laboratorio de la Gendarmería Nacional de Francia, según informó el MPF salteño.

Este procedimiento había tenido lugar los primeros días del mes de julio con el fin de profundizar el análisis de pruebas recolectadas en la causa original y avanzar con las pesquisas que siguen abiertas, como por ejemplo las dudas sobre la responsabilidad de algunos condenados e irregularidades. El mismo se ejecutó en el país europeo a partir de la denuncia presentada por Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, quien señaló ante los tribunales parisinos que habrían existido presiones políticas e institucionales durante la investigación original en Argentina, de acuerdo con lo indicado por El Tribuno.

El mismo portal añadió que durante la videoconferencia, los fiscales salteños también pusieron al tanto a Robinson sobre el avance de las causas conexas en las que se encuentra imputado personal policial por falsedad ideológica y apremios ilegales, expedientes que quedaron bajo la órbita de la misma Unidad Fiscal por disposición del Procurador General, Pedro García Castiella.

Este último precisó días atrás que el informe remitido desde Francia aportó dos conclusiones centrales. La primera es la confirmación de que ambas jóvenes murieron el mismo día en que ingresaron a la Quebrada de San Lorenzo, un dato que fortalece la reconstrucción de la secuencia del crimen.

La segunda es que los dos perfiles de ADN sobre los que durante años se sostuvo que no habían sido investigados no guardan relación con la escena del crimen. “Creo que esos son los dos aportes más importantes del informe. Y, además, este intercambio con los especialistas franceses nos confirma que estamos transitando un camino correcto para llegar a la verdad”, sostuvo García Castiella, de acuerdo con El Tribuno.

En paralelo, el fiscal Paz presentó la acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra Walter Omar Mamani, imputado por falsedad ideológica de instrumento público en concurso real por dos hechos, y contra Juan de Dios Solano, señalado como presunto coautor del mismo delito. La investigación busca determinar si durante un procedimiento policial realizado en agosto de 2011 se documentó falsamente el hallazgo de un arma que luego fue incorporada al expediente por el crimen de las turistas. Esa maniobra habría terminado vinculando y procesando al propietario de la vivienda allanada, Raúl Sarmiento, desviando el foco de la pesquisa.

La hipótesis de los investigadores apunta a establecer si esas acciones respondieron a una estrategia deliberada para obstaculizar el esclarecimiento de uno de los casos más resonantes de la historia judicial del norte argentino, y si se produjeron en un contexto de interferencia política e institucional, tal como denunció Jean-Michel Bouvier ante la justicia francesa.

La videoconferencia entre el equipo fiscal salteño y la magistrada Robinson permitió definir los próximos pasos de la cooperación en ambas jurisdicciones. La causa acumula quince años desde el crimen y tiene un único condenado, Gustavo Lasi, mientras las nuevas líneas de investigación permanecen abiertas tanto en Salta como en París.

El intendente de Salta, Emiliano Durand, presentó ante los diputados provinciales por Capital un proyecto de ley que propone modificar el Código de Contravenciones para establecer sanciones a quienes abandonen o maltraten animales. La iniciativa, presentada este lunes, contempla entre sus medidas más llamativas la imposibilidad de obtener por primera vez o renovar la licencia de conducir para quienes incurran en esas conductas.

El mismo día, la Municipalidad de Salta anunció que también presentará un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante en el mismo sentido, lo que configura una doble vía legislativa para atacar un problema que, según las cifras del propio municipio, afecta a ocho de cada diez animales que llegan al Centro de Adopciones municipal.

“El 80% de los animales que ingresan al Centro de Adopciones Municipal fueron maltratados o abandonados previamente”, precisó Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”.

Ese dato, que el funcionario describió como una realidad que se repite a diario, fue el telón de fondo que motivó la presentación de las dos iniciativas.

Además de la restricción para obtener o renovar el carnet de conducir, los proyectos prevén la obligación de llevar a cabo trabajos comunitarios en el propio Centro de Adopciones Municipal. La lógica detrás de esta medida apunta a que los infractores entren en contacto directo con las consecuencias de sus actos.

Desde el municipio subrayaron que el espíritu de las iniciativas va más allá de la sanción pura. “Las campañas de castración y educación son fundamentales, pero necesitan estar acompañadas por normas que desalienten estas conductas y refuercen el compromiso de todos”, señaló el secretario de Gobierno, Nicolás Martorell.

La frase resume la postura oficial: las herramientas de concientización y las normas punitivas como dos caras de una misma política pública.

La diputada provincial por Capital Marianela Ibarra respaldó la convocatoria del intendente y puso en perspectiva histórica el alcance del problema. “Los cambios consisten en sancionar y hacer más estrictos los controles a las personas que abandonen o maltraten a sus animales. Sabemos que es un problema de muchos años, así que celebro la convocatoria del intendente”, afirmó la legisladora.

El esquema de aplicación previsto en el proyecto contempla un trabajo articulado entre la Municipalidad, la Policía de Salta y la Justicia, con el objetivo de identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. La coordinación entre los tres organismos apunta a cerrar los vacíos que históricamente han dificultado la persecución de estos casos en toda la provincia.

Las iniciativas se enmarcan en una política más amplia que la Municipalidad de Salta lleva adelante en materia de bienestar animal, que incluye castraciones gratuitas, campañas de concientización y la promoción de la tenencia responsable de mascotas.

Un remisero atropelló a un perro en La Plata y escapó

El remisero que atropelló a un perro en la calle 53 entre 195 y 196 de Lisandro Olmos, localidad de La Plata, se retiró del lugar sin prestarle asistencia al animal. El hecho sucedió pasadas las 9 de la mañana del 13 de julio y quedó grabado por una cámara de seguridad domiciliaria, lo que generó una fuerte reacción de los vecinos del barrio.

Las imágenes muestran el preciso instante en que el vehículo golpea al perro. El animal estaba echado en el medio de la calzada, aunque el conductor disponía de margen suficiente para esquivarlo con una maniobra. En el audio de la grabación se percibe el quejido del can al momento del golpe.

Después del impacto, el perro logró levantarse con gran esfuerzo a causa de las lesiones. El conductor no frenó: primero retrocedió y luego aceleró para continuar su camino.

Una vecina que circulaba por el sector presenció la escena y, al ver que el chofer se marchaba sin más, le reclamó a los gritos: “¿Qué te pasa, estás loco? ¿No lo viste enfrente tuyo? ¿Tenías que atropellarlo?”.

El video se propagó con rapidez a través de los grupos de WhatsApp del barrio. A partir de esa difusión, los vecinos pusieron en marcha una búsqueda para dar con la identidad del remisero y el vehículo, con el objetivo de presentar una denuncia penal.

El rechazo se extendió más allá de los residentes de la zona: organizaciones proteccionistas de animales se sumaron al reclamo y exigen que el responsable dé explicaciones ante la Justicia.

En las primeras horas del domingo, la Policía de la ciudad de Orán, Salta, acudió a una vivienda del barrio 9 de Julio tras la denuncia de un crimen. La víctima, un hombre de 27 años, tenía una herida en el cuello aparentemente provocada con un arma blanca.

La muerte fue reportada a las autoridades, que rápidamente desplegaron un operativo, que terminó con la detención de un joven de 23 años como principal sospechoso.

Por el momento, las circunstancias del ataque son materia de investigación, aunque no descartan que el ataque haya sido perpetrado con un elemento cortopunzante. El caso lo investiga la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, al frente de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de la ciudad salteña.

Desde el momento en que trascendió el hecho, la fiscalía movilizó a distintos equipos para trabajar en paralelo. Mientras personal de Criminalística relevaba la escena y recolectaba indicios, agentes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajaban en la obtención de datos de vecinos que pudieron haber visto algo. Las tareas rápidamente permitieron llegar al único sospechoso por el momento.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal de Salta, el sospechoso detenido será imputado formalmente en las próximas horas. La fiscalía no brindó detalles sobre el vínculo entre los protagonistas ni sobre el posible móvil del crimen.

Por lo pronto, se esperan los resultados de la autopsia del cuerpo del joven para determinar con precisión la causa y las condiciones de la muerte.

Mataron a otro hombre 48 horas antes

El crimen de Orán no fue el único que sacudió a Salta durante el fin de semana. En la capital provincial, otro hombre murió apuñalado en la vía pública apenas dos días antes, en un episodio que también derivó en una detención y que la Justicia investiga como homicidio.

La víctima sufrió un puntazo en plena calle en la ciudad de Salta el viernes por la noche y un sospechoso quedó detenido pocas horas después. El hecho ocurrió sobre la calle Damián Torino, en el barrio Villa San Antonio, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia al encontrar a una persona herida y tendida en la calzada. Al llegar al lugar, el personal sanitario constató que el hombre presentaba una herida compatible con un objeto cortante. Murió en el acto.

El personal de Criminalística y Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) preservó la escena, recolectó pruebas y tomó testimonios de quienes estaban en la zona. El caso quedó a cargo del fiscal penal Daniel Espilocín, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la realización de la autopsia. Ese informe buscará precisar la causa de la muerte y orientar el rumbo de la investigación.

Las primeras diligencias apuntaron a que el ataque se produjo en el marco de una pelea. A partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona y de los testimonios recabados, los investigadores lograron identificar y detener a un sospechoso. Se espera que hoy declare el detenido, una vez que haya sido notificado formalmente.

La investigación continúa abierta. El equipo del Ministerio Público Fiscal de Salta trabaja para establecer si existió algún vínculo previo entre la víctima y el agresor, cuál fue el móvil del ataque y si hubo otras personas involucradas. El fiscal Espilocín coordinó las acciones con las fuerzas de seguridad y el organismo recordó que la identidad de quienes aporten información al caso está protegida por la normativa vigente.

El viernes por la noche, un hombre murió tras sufrir una herida provocada con un arma blanca en la vía pública. La Justicia investiga el hechos que sucedió en Villa San Antonio, en la ciudad de Salta, como un homicidio. Mientras la investigación se encuentra en curso y las primeras diligencias permitieron detener a un sospechoso que será imputado en las próximas horas.

El crimen tuvo lugar sobre calle Damián Torino, donde vecinos alertaron acerca de una persona herida y tendida en la calzada. Al arribar los servicios de emergencia, constataron que el hombre presentaba una lesión compatible con un arma blanca. Personal de Criminalística y Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) intervino inmediatamente para preservar la escena, recoger pruebas y relevar testimonios.

De acuerdo con la información oficial brindada por el Ministerio Público Fiscal de Salta, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, quedó a cargo del caso. Espilocín dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia para determinar la causa puntual del fallecimiento y así orientar la investigación.

Las primeras tareas investigativas apuntan a que el ataque que terminó con la muerte de un hombre, ocurrió en el marco de una presunta pelea. Como parte de la investigación, el equipo del Ministerio Público Fiscal recabó pruebas, tomó testimonios y analizó registros de cámaras de seguridad de la zona. A partir de este trabajo, se logró identificar y detener a un hombre, quien permanece como principal sospechoso.

La audiencia de imputación se realizará el lunes, momento en el que el detenido será notificado formalmente sobre la acusación y sus derechos. Esta podría portar nuevos detalles sobre la mecánica del hecho y la presunta responsabilidad del detenido. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la reconstrucción de la secuencia de los hechos.

Las autoridades mantienen activas todas las líneas de investigación y que el trabajo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Buscan establecer si existió algún vínculo previo entre la víctima y el agresor, el móvil del episodio y la posible participación de otras personas. En línea con los procedimientos habituales, el avance de la causa dependerá de los resultados de la autopsia, así como del análisis de las pruebas materiales.

El fiscal Espilocín coordina las acciones del equipo de investigación y mantiene contacto permanente con las fuerzas de seguridad, a fin de garantizar el desarrollo transparente y riguroso del proceso judicial. El Ministerio Público Fiscal de Salta recordó a la comunidad la importancia de brindar información que pueda resultar útil para el esclarecimiento del caso, y aseguró que el resguardo de la identidad de los testigos está garantizado por la normativa vigente.

El caso generó preocupación entre los habitantes de Villa San Antonio y zonas aledañas, quienes manifestaron inquietud por el nivel de violencia evidenciado en el episodio. En el contexto de violencia reciente en Salta, medios locales reportaron una secuencia de homicidios durante los últimos meses. La recurrencia de episodios de este tipo ha llevado a la comunidad a exigir respuestas.

En el transcurso de una sola semana, Salta registró tres homicidios, lo que intensificó la preocupación social y puso en evidencia el aumento de la violencia letal en la provincia. Según medios locales, estos crímenes se produjeron en distintos barrios de la capital y en localidades cercanas, con víctimas que perdieron la vida tras enfrentamientos en la vía pública o ataques con armas blancas.

Uno de los casos recientes se registró en el barrio Norte Grande de la ciudad de Salta, donde un hombre de aproximadamente 30 años falleció tras recibir una puñalada durante una pelea en la vía pública. Las autoridades detuvieron al presunto agresor y la autopsia confirmó que la causa de muerte fue una herida en la arteria aorta.

Un operativo coordinado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Gendarmería Nacional permitió el secuestro de 446 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna que partió desde la ciudad de Salta, con dos personas detenidas y un tercer sospechoso prófugo. La investigación, que se extendió durante varios meses, logró reconstruir el recorrido del cargamento y desmantelar parte de una organización dedicada al tráfico de grandes volúmenes de drogas.

El procedimiento se inició a partir de tareas de inteligencia y vigilancia sobre un galpón ubicado en el oeste de Salta, en las inmediaciones de la Circunvalación Oeste, punto que se identificó como centro de operaciones de la banda. El 27 de julio, los investigadores observaron la llegada de una Toyota Hilux conducida por el presunto jefe del grupo, quien permanece prófugo. Media hora después, el camión cisterna abandonó el depósito y tomó la ruta provincial 58, pasando por el peaje y continuando hacia Las Lajitas, Pichanal y luego Santiago del Estero.

Según la reconstrucción, los agentes de Gendarmería Nacional mantuvieron una distancia prudente para no alertar a los sospechosos. Por momentos perdieron de vista el vehículo, que fue localizado nuevamente antes de llegar a Monte Quemado. En este punto, el camión fue sometido a una inspección física por orden judicial, aunque no se hallaron pruebas del cargamento debido a la sofisticación del compartimiento oculto. El conductor mostró señales de nerviosismo y no pudo explicar con claridad el motivo del viaje, lo que despertó sospechas.

La información fue confirmada en una segunda inspección en Tintina, donde se empleó un escáner móvil y perros detectores de narcóticos. Las imágenes obtenidas y la marcación realizada por uno de los canes llevaron a enfocar la atención en la parte trasera del camión. El vehículo fue trasladado al puesto de la Dirección General de Aduanas en La Banda, donde personal especializado utilizó herramientas para abrir un doble fondo con cierre hidráulico. En el interior se hallaron once bolsas con 420 paquetes de cocaína.

Detuvieron a dos conductores

Tras el hallazgo, el conductor del camión, identificado como R.J.G., quedó detenido y se incautó su teléfono móvil. En paralelo, los investigadores localizaron al presunto líder de la banda en una vivienda de Salvador Mazza. Al irrumpir en el domicilio, la pareja del sospechoso arrojó un paquete de 65 mil dólares hacia la propiedad de un vecino y varios teléfonos celulares, elementos que fueron decomisados y serán peritados. El prófugo logró escapar antes de ser capturado y actualmente pesa sobre él un pedido de captura nacional e internacional.

La investigación penal fue formalizada ante el juez federal de garantías N° 1, Julio Bavio, quien hizo lugar al pedido de la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi y del auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier. Ambos solicitaron la prisión preventiva de los dos detenidos por un plazo de seis meses, argumentando gravedad del hecho, la cantidad de droga secuestrada y el riesgo de fuga. El magistrado declaró la legalidad de las detenciones y autorizó el análisis de más de veinte teléfonos celulares incautados durante los procedimientos.

Según la hipótesis de la PROCUNAR, la organización criminal tiene antecedentes en el tráfico de grandes volúmenes de cocaína, con operaciones anteriores detectadas en julio de 2023, cuando se incautaron 400 kilos en un procedimiento similar. Las tareas de inteligencia incluyeron vigilancia, seguimiento y la intervención de comunicaciones telefónicas, lo que permitió identificar la estructura y los puntos logísticos del grupo.

La droga secuestrada tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y existen elementos que indican que la banda ya había efectuado otros traslados importantes, uno de ellos registrado en febrero de este año. La sofisticación del sistema de ocultamiento del camión cisterna dificultó la detección inicial y permitió burlar controles de rutina.

El operativo representa uno de los mayores golpes al narcotráfico en la región en los últimos años. Los organismos continúan con la investigación y la búsqueda del tercer sospechoso, mientras avanzan los peritajes sobre la evidencia secuestrada y el análisis de los dispositivos electrónicos. Las autoridades resaltaron la complejidad de la organización y la necesidad de profundizar en la identificación de otros posibles integrantes.

Un abogado y un hombre que ejercía ilegalmente la profesión fueron condenados por su participación en un complejo entramado delictivo que involucró la venta fraudulenta de terrenos en zonas inundables e inhabitables en Salta.

Se trata de Santiago Pedroza y Roberto Fernando López. La sentencia, resultado de un juicio abreviado, expuso cómo ambos imputados organizaron y ejecutaron maniobras ilícitas que perjudicaron a numerosos ciudadanos, provocando un daño económico superior a los 21 millones de pesos.

La investigación, llevada a cabo por los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, permitió reconstruir los detalles de la operación. Pedroza ocupaba una posición central en la asociación ilícita, mientras que López, haciéndose pasar por abogado y utilizando una identidad falsa, contactaba a las víctimas y facilitaba las estafas inmobiliarias. Las acciones de ambos derivaron en la entrega y comercialización de terrenos que, por sus condiciones, no eran aptos para ningún tipo de asentamiento.

El proceso judicial, de acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, culminó tras la confesión de los acusados y la aceptación de los hechos atribuidos, momento en el que el juez Diego Rodríguez Pipino homologó el acuerdo y dictó la condena correspondiente.

De acuerdo con la resolución, Pedroza deberá cumplir tres años de prisión de ejecución condicional, además de someterse a reglas de conducta y enfrentar una inhabilitación de cinco años para ejercer como abogado. El tribunal ordenó, además, que repare el daño ocasionado, estimado en más de 21 millones de pesos.

Por su parte, López recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, asociada al cumplimiento de reglas de conducta y la obligación de resarcir con el pago de tres millones de pesos.

La investigación reveló que los lotes ofrecidos se encontraban en áreas no aptas para la urbanización, lo que imposibilitaba cualquier tipo de asentamiento legal. Las víctimas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, fueron convencidas de adquirir los terrenos bajo promesas falsas y documentación apócrifa.

Condenaron a una abogada de Corrientes por estafar a sus clientes con resoluciones judiciales falsas

A principios del mes pasado, la Justicia de Corrientes condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo a Marina Soledad Arce, abogada penalista de la localidad de Esquina, tras determinar su responsabilidad penal en una serie de maniobras fraudulentas cometidas contra sus propios clientes. El fallo, firmado por el juez unipersonal Julio Ángel Duarte, incluyó además la inhabilitación absoluta para ejercer la profesión por el mismo período.

La sentencia avaló de forma íntegra la acusación del Ministerio Público Fiscal y las presentaciones de las querellas particulares que representaron a los damnificados. El tribunal encuadró los hechos en un concurso real de delitos por hechos independientes cometidos durante el ejercicio de la matrícula, con figuras que abarcan estafas, uso y falsificación de documentación pública y retención indebida.

La investigación, que demandó casi un año de instrucción a cargo de la Fiscalía local, logró reconstruir el esquema delictivo a través de pericias informáticas forenses, estudios documentológicos sobre firmas y sellos, y testimonios de las víctimas.

El mecanismo era preciso: Arce entregaba a sus representados copias de actas y resoluciones judiciales falsificadas, sin validez legal alguna, para sostener el engaño en el tiempo y aparentar que sus gestiones avanzaban.

Al momento de dictar la condena, el juez Duarte resolvió mantener la prisión domiciliaria que la profesional ya cumplía, modalidad que se extenderá hasta que el fallo adquiera autoridad de cosa juzgada. Una vez agotadas las instancias ordinarias y extraordinarias de apelación, la condenada deberá ser trasladada al Servicio Penitenciario de Corrientes para cumplir el resto de la pena.

Fuentes vinculadas a los tribunales del sur correntino indicaron que el equipo de la defensa técnica de la condenada ya trabaja en la interposición de un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), lo que abre una nueva etapa procesal en la causa.

La sorpresa no fueron los ladrillos de cocaína —debido a que los agentes esperaban dar con el cargamento—, sino el sofisticado método de ocultamiento utilizado por la organización y denominado “sistema colombiano”. Se trata de un sistema hidráulico para la apertura de un doble fondo.

“Un gendarme encontró la apertura debajo del guardabarros trasero derecho y los cables que indicaban el modo de abrir”, detalló una fuente. “El chofer, de apellido González, se mantuvo en silencio en todo momento”, reveló una fuente. Fue detenido.

De forma simultánea y durante todo el día, se realizaron allanamientos que terminaron con la detención del presunto líder de la organización identificado como Paulo Santos Santo Ruiz, apodado “El Tío” y oriundo de Salvador Mazza.

De acuerdo a las fuentes, el supuesto jefe narco fue arrestado en su casa de la calle Yrigoyen, en Salta, cuando intentaba fugarse hacia Bolivia y mientras su esposa “tiraba billetes de la divisa norteamericana y celulares por una tapia”.

Pese al intento de la mujer por deshacerse de las pruebas, los gendarmes encontraron el dinero y los dispositivos, que fueron secuestrados. Se trata de una veintena de aparatos y 65 mil dólares. Por último, incautaron una camioneta.

En el caso, hay un prófugo de apellido Martínez, con pedido de captura internacional por orden del juez federal de Salta Julio Bavio.

La investigación, a cargo de los fiscales de la PROCUNAR, Mariana Gamba y Jorge Viltes Monier, y el fiscal federal Eduardo Villalba, comenzó tres años atrás y es un desprendimiento de “Ave Rapáz”, el histórico operativo en el que desarticuló al poderoso clan Loza y en el que se incautó más de una tonelada de cocaína.

Un misterio sin resolver

El procedimiento fue el resultado de una investigación que comenzó hace tres años, a partir de una intervención telefónica a Gabriel Ignacio Abdala, condenado a 8 años de cárcel en diciembre 2019 como coautor del delito de transporte de estupefaciente.

Abdala era uno de los integrantes de la organización liderada por Valdemar Loza, sentenciado en ese mismo juicio a 15 años de prisión por el tráfico de 1.200 kilos de droga a España.

De esta manera, los investigadores lograron obtener escuchas acerca de la actividad de la banda de “El Tío”, dedicada al bombardeo de cocaína, en la zona del norte argentino, hasta que lograron establecer la fecha en la que se llevaría a cabo el traslado de un cargamento.

Es así que comenzaron a seguir un camión que partió desde un galpón en Salta y se dirigió hacia Tartagal hasta una zona rural, donde lo perdieron de vista por dos horas.

Los detectives sospechan que, en ese lapso de tiempo, se realizó la carga de la cocaína, pero no lograron determinar en qué sitio exactamente se ejecutó esa operatoria.

Luego, volvieron a visualizarlo con dirección al sur. Un control de la fuerza de seguridad lo demoró en un control en Monte Quemado, ya en Santiago del Estero. El escáner no detectó la droga, algo que sí ocurrió en La Banda, donde, según las fuentes, el dispositivo de Aduana es más efectivo.

Se abrió un espacio de negociación entre el dueño del Hotel Provincial de Salta, Carlos Issa, que podría cerrar el establecimiento que fundó su familia en 1971 si tiene que pagar 100 millones de pesos en indemnizaciones, y los empleados despedidos por haber bloqueado su empresa y que la Justicia imputó penalmente por considerar que la protesta excedió el marco protegido por el derecho de huelga.

La instancia se abrió este jueves durante una audiencia entre ambas partes, presidida por la jueza Paola Marocco y el fiscal Rodrigo Guerra, en donde, tras escuchar las posiciones de Issa y de los ex empleados, la magistrada propuso un cuarto intermedio hasta dentro de 10 días para que se explore una solución al conflicto.

Pablo Abdón Torres Barthe, abogado del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que estuvo en la audiencia en Salta para asesorar a Issa, dijo a Infobae que la fórmula propuesta por la jueza consiste en que el dueño del hotel desista de la denuncia penal a cambio de que la otra parte renuncie a los juicios laborales.

Se trata de un mecanismo de resolución alternativa del conflicto llamado conciliación penal, que rige en algunas provincias y mediante el cual la víctima y el imputado, con intervención del fiscal y control judicial, pueden llegar a un acuerdo que pone fin al proceso penal o evita que continúe. Su finalidad principal es reparar el daño causado a la víctima y resolver determinados conflictos penales sin necesidad de llegar a un juicio.

Según Torres Barth, la jueza dejó la causa “lista para ir a juicio” si no hay un entendimiento entre las partes.

El abogado señaló que hay que revisar la situación de quienes ya cobraron resarcimientos por los despidos dispuestos tras el bloqueo del hotel. Hasta ahora, precisó, a valores actualizados por inflación, Issa ya pagó 68 millones de pesos en indemnizaciones y todavía quedan 7 juicios laborales más contra Issa que podrían elevar el monto por abonar a unos 100 millones de pesos.

Torres Barth afirmó que la defensa de los despedidos pidió la inconstitucionalidad del delito de turbación de la posesión, como está caratulada la acusación penal contra los 17 empleados que bloquearon el hotel, junto con 2 dirigentes que pertenecen a la Seccional Salta de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

El argumento en contra de la imputación penal es que afectaba el derecho a huelga, pero la jueza, según Torres Barthe, “rechazó ese planteo de inmediato”.

De todas formas, el abogado insistió en que desde el MEAB buscarán una reunión con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a quien le pidieron una audiencia que aún no fue concedida, para explicarle en detalle los problemas que atraviesa el empresario: “Le está pagando indemnizaciones a los que están imputados por la Justicia y que probablemente -estimó- salgan condenados en el juicio penal, algo que es una locura”.

Además, advirtió que Issa “no tiene margen para pagar” 100 millones de pesos a los imputados penalmente por los bloqueos, por lo que, en ese caso, debería cerrar el hotel, uno de los más tradicionales de la capital salteña.

El abogado Nicolás Corregidor, que representa a 15 de los 17 empleados despedidos, había anticipado que en la audiencia iba a plantear el sobreseimiento de sus defendidos ya que la investigación fue mal conducida, parte de los acusados no estuvo en el lugar de los hechos y el conflicto tuvo origen salarial y laboral.

Corregidor aseguró que hubo un exceso en las imputaciones formuladas por la fiscalía y cuestionó un requerimiento previo de elevación a juicio porque, según dijo, no se ajustó a lo ordenado por el juez y aun así derivó en nuevas imputaciones contra trabajadores.

Uno de los ejes de la defensa es que las filmaciones del hotel ubican a los imputados en la vereda y en la calle, no en la puerta del establecimiento. Para el abogado, esa ubicación descarta la hipótesis de bloqueo contra el hotel respecto de las personas que representa y debe diferenciarse de la eventual actuación del Sindicato de Gastronómicos de Salta durante la protesta.

En noviembre pasado, el juez Diego Nicolás Rodríguez Pipino, a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 de Salta, dio por probado que entre el 10 y el 27 de abril de 2021 el hotel sufrió “el bloqueo de las puertas principales, la imposibilidad de ingreso y egreso de empleados, huéspedes y alumnos de la escuela hotelera, así como daños con pintadas en puertas y muros”.

Ese fallo se basó en declaraciones testimoniales, informes policiales, inspecciones oculares, fotos y filmaciones. El juez advirtió, además, que el derecho constitucional de huelga no ampara “actos como daños materiales ni turbación de la posesión” y que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por ese derecho que consagra la Constitución Nacional.

Según Issa, los 18 días que duró el bloqueo contra su hotel le causó pérdidas por 600 millones de pesos ya que tuvo que derivar huéspedes y cancelar reservas.

En plena temporada seca, las autoridades de Salta intensificaron las advertencias por el creciente riesgo de incendios forestales y urbanos. El municipio informó que quienes inicien focos ígneos podrán recibir multas de hasta 2 millones de pesos, además de enfrentar eventuales causas penales si el fuego pone en peligro personas o bienes.

José Napoleón Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana, explicó durante una entrevista en Radio Salta que encender fuego en áreas públicas o privadas de la ciudad constituye una infracción al Código Ambiental municipal. En estos casos, los inspectores labran un acta, solicitan la extinción inmediata de las llamas y, cuando la situación lo requiere, dan intervención al sistema de emergencias y a la Policía.

“El detonante siempre es una persona. El 95% de los incendios forestales tienen origen antrópico, es decir, los provoca directa o indirectamente la actividad humana”, sostuvo el funcionario. El municipio de Salta refuerza los controles en puntos críticos tras detectar que la quema de restos de poda, basura o neumáticos genera focos de gran magnitud.

La sanción económica actual alcanza los 2 millones de pesos, aunque el monto puede variar según la gravedad y las circunstancias del hecho. Además de la infracción administrativa, la acción puede derivar en una investigación penal si el fuego amenaza viviendas, bienes o la integridad de las personas. “Tomamos competencia municipal labrando un acta por falta al Código Ambiental, pero también damos aviso al 911 para que la Policía inicie la investigación y la Fiscalía determine si existe un delito”, explicó Gambetta.

El Código Penal prevé penas para quienes inicien incendios de manera intencional o negligente, sobre todo si de ese accionar resultan daños a terceros. Las leyes nacionales y provinciales, como la Ley 26.815 y las Leyes 7070 y 7543 de la provincia, también establecen prohibiciones y medidas de prevención orientadas a evitar la expansión del fuego.

La Municipalidad lanzó campañas de prevención y pidió a los vecinos abandonar prácticas como la quema de ramas, hojas o residuos vegetales. “La forma correcta es embolsar los restos de poda para que los retire el servicio municipal de recolección, nunca prender fuego”, insistió Gambetta. El municipio también solicita evitar fogatas y toda actividad que genere chispas, especialmente cerca de zonas con vegetación seca o en condiciones de viento.

Uno de los factores que agrava la situación es la proliferación del pasto cubano, una especie vegetal que, según las autoridades, representa el principal combustible para la propagación de incendios en la región. Este pasto crece rápidamente, alcanza alturas de hasta seis metros y, durante la temporada seca, se vuelve altamente inflamable. Además, al arder, genera fragmentos encendidos que el viento puede transportar a gran distancia, multiplicando el riesgo de nuevos focos de fuego.

Para reducir el riesgo, la Municipalidad realizó tareas de desmalezado preventivo en unas 70 hectáreas, priorizando sectores cercanos a viviendas y zonas identificadas como de alto riesgo mediante vuelos con drones. En terrenos privados abiertos, el municipio ejecutó los trabajos y trasladó el costo a los propietarios, mientras que en predios cerrados primero intimó a los responsables para que cumplieran con el mantenimiento.

Un vecino multado tras encender una fogata en Salta

A menos de 48 horas después de una serie de incendios que dejaron cientos de hectáreas calcinadas y viviendas dañadas en el noroeste argentino, la Municipalidad de Salta multó a un vecino que encendió una fogata para quemar basura en inmediaciones del Parque Industrial. El operativo, realizado por la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Patrulla Ambiental, se desarrolló mientras regía una alerta amarilla por vientos intensos y zonda, con ráfagas que alcanzaron los 100 kilómetros por hora en la región.

Este episodio no fue aislado: se produjo en pleno despliegue de recorridos preventivos por posibles focos ígneos, en un contexto en el que las autoridades advertían sobre el peligro extremo de cualquier quema debido a la combinación de vegetación seca y bajas condiciones de humedad. Entre el 17 y el 20 de julio, el viento zonda provocó 47 incendios simultáneos en Salta Capital y alrededores, afectando unas 830 hectáreas, mientras que en el norte provincial, en la zona de Nazareno, se estimó un área afectada de 5.700 hectáreas.

La Municipalidad reiteró la prohibición absoluta de realizar quemas en estas condiciones y recordó que los recorridos de prevención seguirán activos. Además, instó a los ciudadanos a denunciar cualquier foco ígneo a través de las líneas 105 y 911. Este caso ejemplifica la aplicación de las sanciones previstas y el rol central de la vigilancia municipal ante la persistencia de prácticas de riesgo en plena temporada de incendios.

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado la noche del martes en el barrio Norte Grande, ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta.

El ataque se habría producido por un enfrentamiento con otra persona en el que la víctima recibió una puñalada con un arma blanca. Según informó El Tribuno, la alerta llegó al Sistema de Emergencias 911 cerca de las 23.30 del martes. Inmediatamente, los efectivos policiales se trasladaron al lugar y encontraron a la víctima con vida.

Personal del Samec llegó al sitio minutos después y trasladó de urgencia al herido a la guardia del hospital San Bernardo. Aproximadamente una hora más tarde, el centro asistencial confirmó el fallecimiento del hombre a causa de las lesiones sufridas.

De acuerdo con el mencionado medio local, hay una persona detenida en relación con el hecho, a quien las autoridades policiales identificaron como el presunto agresor. Tras el crimen, la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) tomó a su cargo las tareas investigativas para reconstruir las circunstancias del enfrentamiento y establecer las responsabilidades en el homicidio.

El Tribuno precisó que el arma utilizada fue de tipo blanco, aunque no se brindaron detalles adicionales sobre el instrumento ni sobre la identidad de la víctima ni del detenido.

Por estas horas, las autoridades trabajan en esclarecer las causas que derivaron en el enfrentamiento y la posterior muerte del hombre. Buscan determinar si existió un vínculo previo entre la víctima y el detenido, qué motivó la pelea y desató la agresión. Por el momento, las fuentes policiales no precisaron detalles sobre la identidad de ninguna de las dos personas involucradas.

En tanto, aguardan los resultados de la autopsia los cuales serán determinantes para confirmar la causa oficial de la muerte y aportar elementos técnicos a la investigación que lleva adelante la UGAP.

Este episodio se suma al homicidio registrado a principios de julio donde otro joven, de 26 años, murió apuñalado tras un enfrentamiento similar en el barrio Caballito de San Ramón de la Nueva Orán.

El ataque ocurrió en la intersección de las calles 17 de Octubre y Natalio Roldán, cuando una reunión en la vía pública derivó en un enfrentamiento con un arma blanca. La policía detuvo en el lugar al presunto agresor, un joven de 22 años que, según los primeros indicios, formaba parte del círculo de amigos de la víctima desde la infancia.

De acuerdo con medios de la provincia, los presentes bebían en la calle cuando se desató la discusión. Uno de los participantes extrajo un cuchillo y atacó al joven, cuya identidad no fue difundida de manera oficial. Los vecinos intentaron auxiliarlo, pero las heridas resultaron fatales. El informe preliminar de la autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico, producido por una lesión en la arteria aorta.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quedó a cargo de la investigación y ordenó la intervención de personal de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Los especialistas realizaron pericias en el lugar del ataque. En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán.

El detenido afronta cargos por homicidio simple, aunque fuentes del Ministerio Público Fiscal advirtieron que la carátula podría modificarse a medida que avance la recolección de pruebas. Los testigos, vecinos del barrio donde ocurrió el episodio, colaboración con el relato de los hechos ante la Fiscalía.

Seis hombres fueron condenados por maniobras defraudatorias mediante el uso de cheques electrónicos tras una investigación encabezada por la Fiscalía Penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de Salta.

La audiencia se realizó bajo la modalidad de juicio abreviado pleno y tuvo como eje la sofisticación de los mecanismos empleados para engañar a comercios de distintos rubros.

El juez Leonardo Feans homologó el acuerdo entre las partes y dictó sentencia contra los involucrados, quienes participaron en una estructura organizada para cometer estafas en perjuicio de tres empresas. Los representantes legales de las firmas damnificadas —dedicadas a la venta de elementos de seguridad industrial, lubricantes y artículos para el hogar— manifestaron su conformidad con la resolución judicial.

Durante el proceso, quedó expuesto el modo en que el grupo, liderado por Héctor Rubén Jiménez y Juan Carlos Sacarías, actuaba con una distribución de tareas bien definida. Ambos fueron condenados a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo como coautores de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefes u organizadores, y estafas. Esta decisión se fundamentó en las pruebas recabadas que mostraron una planificación sistemática de los hechos.

Además de las condenas para los organizadores y de acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, el juez impuso tres años de prisión de ejecución condicional a Cristian Ignacio Illescas, Fabricio Isaías Sacarías Galindo y Marcos Damián Ruiz, señalados como coautores de asociación ilícita en calidad de miembros y estafas.

Por su parte, Emanuel Nolberto Álvarez recibió una condena de un año de prisión condicional por el delito de estafa. En cambio, el Ministerio Público Fiscal solicitó y obtuvo el sobreseimiento de Leandro Nicolás Lozano, según se informó durante la audiencia.

La Fiscalía también demandó el decomiso de los bienes secuestrados en el marco de la investigación, iniciativa que fue aceptada por el tribunal. Tanto la Fiscalía como las defensas renunciaron a los plazos legales para recurrir la sentencia, lo que otorga firmeza inmediata a la resolución.

Según al investigación, entre septiembre de 2022 y abril de 2023, la organización se dedicó a visitar comercios simulando solvencia económica para adquirir productos por montos millonarios. Como medio de pago, los miembros utilizaban cheques electrónicos emitidos desde cuentas sin fondos, plenamente conscientes de que no serían acreditados. Esta modalidad permitió a los condenados acceder a mercadería sin respaldo financiero genuino, generando daños económicos significativos a las empresas afectadas.

La investigación de la UDEC se inició a partir de denuncias de las empresas damnificadas. Los investigadores detallaron que los líderes de la banda captaban personas jóvenes sin antecedentes financieros negativos, a quienes ofrecían una compensación a cambio de abrir cuentas bancarias y gestionar chequeras electrónicas. Posteriormente, estos individuos acudían a los comercios para realizar compras de alto valor utilizando los cheques emitidos en las cuentas abiertas a su nombre.

Las sumas obtenidas mediante estas maniobras eran transferidas a cuentas pertenecientes a los organizadores o a personas vinculadas a ellos. El entrecruzamiento de la información permitió a la Fiscalía establecer que todos los hechos respondían a una única modalidad delictiva y eran perpetrados por los mismos involucrados.

Entre las pruebas reunidas se destacan registros de movimientos bancarios, comunicaciones entre los miembros y documentación vinculada a la apertura de cuentas y emisión de cheques. El análisis detallado de estos elementos fue clave para demostrar la existencia de una asociación ilícita con roles claramente diferenciados entre organizadores y ejecutores.

La sentencia dictada por el juez Leonardo Feans representa una respuesta judicial ante el uso de herramientas digitales para la comisión de delitos económicos complejos.

Carlos Issa, el dueño del hotel, siente que está viviendo una pesadilla. Su empresa, que fundaron su padre y sus tíos en 1971, está al borde del cierre por un insólito motivo: ya pagó 68 millones de pesos, cifra que podría subir hasta 100 millones de pesos, para pagar las indemnizaciones a empleados que bloquearon su establecimiento en 2021 pese a que la Justicia los imputó al considerar que la protesta realizada excedió el marco protegido por el derecho de huelga.

El caso pone en evidencia una “falta de coordinación” entre la justicia penal y laboral de Salta, según afirmó a Infobae el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), quien está en la capital provincial para asistir a Issa porque este miércoles se realizará una audiencia judicial entre las dos partes en conflicto para “analizar qué pruebas llegarán al juicio oral y conocer si la contraparte propone alguna vía alternativa de resolución”.

Al mismo tiempo, el abogado pidió una audiencia con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, con la idea de plantear la delicada situación que atraviesa el dueño del hotel que, detalló, “le está pagando indemnizaciones a los que están imputados por la Justicia y que probablemente salgan condenados en el juicio penal”, algo que consideró “una locura”.

También advirtió la demora del fuero penal en juzgar a los responsables del bloqueo ya que obligó al pago de 68 millones de pesos en indemnizaciones laborales a personas imputadas en la causa y podría empujar al cierre del hotel, ya que que todavía quedan 7 juicios laborales más que podrían elevar el monto por abonar a 100 millones de pesos que, si se resuelven antes de la sentencia penal, derivará en una solución drástica porque el empresario "no tiene margen para pagarlo”.

Por eso Torres Barth reclamó que se fije cuanto antes la fecha de juicio oral para “dar por terminado esto” y poder contar con una sentencia que, enfatizó, defina que el bloqueo “no es un derecho a huelga sino un delito”.

El abogado sostuvo que, a valores actualizados por inflación, ya se pagaron 68 millones de pesos en indemnizaciones, monto que corresponde a acuerdos o resoluciones de juicios laborales promovidos por personas que, al mismo tiempo, están imputadas en el proceso penal por el conflicto en el hotel.

Resaltó que el problema de fondo es la distinta velocidad y el distinto criterio con que actúan ambos fueros. “La justicia laboral va a una velocidad y la justicia penal va a otra velocidad”, dijo, antes de señalar una “descoordinación” entre ambos tribunales.

Su argumento es que el fuero laboral viene ordenando indemnizaciones bajo una lógica incompatible con la acusación penal. “El fuero laboral dice una cosa, dice: ‘No, están mal hechas, hay que indemnizar’, y el fuero penal dice: ‘Acá cometieron un delito’”, sostuvo.

En ese punto, recordó una definición previa del juez Diego Nicolás Rodríguez Pipino, según la cual el derecho constitucional de huelga no ampara “actos como daños materiales ni turbación de la posesión” y que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por ese derecho. Sin embargo, el abogado puntualizó: “La justicia laboral está diciendo lo contrario”.

Torres Barth también explicó que la defensa del empresario intentó frenar el avance de las causas laborales hasta que se resolviera la causa penal, pero ese pedido fue rechazado. “Issa pidió que se suspendan los juicios laborales hasta tanto falle la justicia penal, pero no le hicieron lugar. Entonces, los juicios laborales siguen cayendo y lo siguen perjudicando”, señaló.

Según su interpretación, la definición penal debería ordenar el resto del expediente judicial. “La prejudicialidad indica que lo que decide la justicia penal es obligatoria para todos los demás fueros”, dijo. Y lo sintetizó así: “Si la justicia penal dice: ‘Acá hay un delito’, el juez laboral no puede decir: ‘Acá no hay delito’”.

Añadió que el caso puede derivar en una situación que consideró contradictoria: una condena penal y, al mismo tiempo, una carga económica todavía mayor para el dueño del hotel. “Puede ser que se dicte una sentencia a tres años de prisión en suspenso a los que bloquearon, pero así y todo haya que pagar 100 millones de pesos a esas mismas personas que fueron condenadas”, afirmó.

El representante legal del MEAB destacó que la entidad sigue “de cerca” este caso porque lo considera “un precedente importante en el norte del país”.

Por su parte, el abogado Nicolás Corregidor, que representa a 15 de los 17 empleados del hotel que fueron despedidos, sostuvo a Infobae que en la audiencia judicial de este miércoles buscará el sobreseimiento de esos imputados en la causa: sostuvo que la investigación fue mal conducida, que parte de los acusados no estuvo en el lugar de los hechos y que el caso se inscribe en un conflicto salarial y laboral que ya tuvo resoluciones favorables para los empleados.

El abogado dijo que existe un exceso en las imputaciones formuladas por la fiscalía. Aseguró, además, que hubo un requerimiento previo de elevación a juicio que no se ajustó a lo ordenado por el juez y que, aun así, se avanzó con nuevas imputaciones contra trabajadores.

Uno de los ejes de la defensa es que sus representados no participaron de los hechos en los términos señalados por la acusación. Según su versión, las filmaciones del hotel muestran que estaban en la vereda y en la calle, no en la puerta del establecimiento.

Para Corregidor, esa ubicación descarta la hipótesis de un bloqueo por parte de los trabajadores a los que representa. Distinguió esa situación de la conducta que eventualmente haya podido tener durante la protesta el Sindicato de Gastronómicos de Salta, asunto que consideró ajeno a su estrategia defensiva.

En la sentencia del Juzgado de Garantías N° 4 de Salta, a cargo de Rodríguez Pipino, dictada en noviembre pasado, se da por probado a partir de declaraciones testimoniales, informes policiales, inspecciones oculares, fotos y filmaciones que entre el 10 y el 27 de abril de 2021 el Hotel Provincial sufrió “el bloqueo de las puertas principales, la imposibilidad de ingreso y egreso de empleados, huéspedes y alumnos de la escuela hotelera, así como daños con pintadas en puertas y muros”.

Además, el juez Rodríguez Pipino sostuvo que el derecho constitucional de huelga no permite actos como daños materiales ni turbación de la posesión, que son perseguidos penalmente en forma independiente del contexto laboral. Y reconoce la protesta gremial, pero delimita que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por el derecho de huelga.

Según Issa, todo comenzó en plena pandemia con una marcha por reclamos salariales de empleados y de dirigentes del sindicato UTHGRA ante el hotel, que incluso intentaron entrar a las instalaciones, pero no pudieron gracias a que lo impidió el personal de guardia.

“Regía la conciliación obligatoria dictada por Trabajo por las supuestas diferencias salariales -resaltó Issa-, lo que implicaba que las partes no podían tomar medidas de acción directa, pero el gremio violó la conciliación obligatoria, intentó tomar al hotel y, como no pudieron, bloquearon los accesos, dañaron la propiedad, pintaron todos los mármoles, todos los vidrios y vinieron con la hinchada de un club de fútbol de Salta a tirar bombas de estruendo. De hecho, tenemos una filmación en donde les están pagando a los que venían con los bombos y tambores”.

“Desde ese momento, y durante unos 18 días, todas las mañanas bloqueaban el hotel -recordó-. Llegaba una camioneta de la UTHGRA, bajaban sillas, mesas, sandwiches de milanesa, bebidas y muñecos disfrazados y se instalaban frente a la puerta del hotel, sin dejar entrar ni salir a nadie del lugar”.

“¿Cuándo se desarmó el bloqueo? -siguió Issa- Cuando todos los trabajadores recibieron la carta documento de despido con causa. Simultáneamente, hicimos las denuncias penales correspondientes".

Cuatro años después de producidos los hechos, el juez Rodríguez Pipino elevó a juicio la causa en la que quedaron imputados 19 trabajadores y sindicalistas por el bloqueo contra el Hotel Provincial Plaza de Salta, acusados del delito de turbación de la posesión. Pero avanzaron los juicios laborales por montos multimillonarios como si no existiera la acusación penal contra quienes bloquearon y ahora Issa no descarta cerrar la empresa que fundó su familia en 1971.

El Juzgado de Garantías de Cafayate dispuso este martes la prohibición de innovar en un predio de la localidad salteña donde se registraron dos incendios que arrasaron más de 200 hectáreas de bosque nativo y pastizales. La medida impide realizar loteos, subdivisiones, fraccionamientos, cambios de uso del suelo o urbanizaciones sobre el terreno identificado con la Matrícula Catastral N.° 6524, perteneciente a Finca Monte S.A., ubicado en las inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque.

La resolución judicial llegó dos meses después de que se produjeran los primeros focos, el 13 de mayo y el 7 de junio de 2026, y se suma a una serie de restricciones que distintos poderes del Estado fueron adoptando ante la sospecha de que las quemas respondieron a un interés de desarrollo inmobiliario en la zona. En ese contexto, un hombre de 32 años permanece imputado por el delito de incendio doloso en concurso real y cumple arresto domiciliario por un plazo de 30 días.

La investigación tiene su origen en una denuncia presentada por la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, a principios de junio, cuando la simultaneidad de los focos y las características del terreno afectado generaron sospechas sobre la intencionalidad de las quemas. Cafayate es una localidad enclavada en los Valles Calchaquíes con un perfil turístico consolidado y una producción vitivinícola de referencia provincial, lo que convierte a sus suelos en objeto de presión inmobiliaria.

El pedido de prohibición de innovar fue presentado por la fiscal penal Sandra Rojas con el objetivo de preservar el predio y asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental durante el transcurso de la investigación, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta. El juzgado aceptó la solicitud y extendió la restricción a cualquier acto que pudiera alterar el estado actual del inmueble.

La medida judicial complementa una resolución municipal anterior. A principios de julio, Guevara había firmado la resolución 179/26, que prohíbe nuevos emprendimientos sobre los terrenos quemados e impide aprobar subdivisiones o urbanizaciones en las zonas afectadas. Esa norma también ordenó la creación de un Registro Municipal de Áreas Afectadas por Incendios Forestales, con el propósito de identificar, georreferenciar y resguardar las superficies dañadas, y solicitó la colaboración de organismos provinciales y nacionales para delimitar con exactitud los sectores comprometidos.

La fiscalía construyó su hipótesis sobre la base de un conjunto de pruebas que incluye declaraciones testimoniales, informes de la División Brigada de Investigaciones N.° 6, registros audiovisuales, análisis de telefonía celular, georreferenciación de dispositivos móviles, impactos de antenas e individualización del vehículo que el acusado utilizaba habitualmente. Según la versión fiscal, el imputado frecuentaba el sector para extraer leña, conocía los caminos internos del predio y mantenía conflictos vinculados con el uso de esos terrenos.

Distintos testimonios incorporados al expediente señalan, además, que el acusado habría reconocido su participación en el siniestro de mayo y manifestado su intención de provocar otro foco en el mismo lugar. Durante la audiencia de imputación, la fiscalía solicitó la prisión preventiva al señalar que el hombre registra una condena de ejecución condicional dictada en octubre de 2025 y que aún restan producir diversas medidas probatorias. La defensa negó la participación del acusado y rechazó la hipótesis presentada por el MPF.

El Concejo Deliberante de Cafayate declaró el Estado de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en todo el departamento por un plazo de 18 meses. El operativo de extinción involucró a la Brigada Nacional Centro, los Bomberos Voluntarios de Cafayate, los Bomberos de la Policía de Salta y personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), con recursos terrestres y aéreos que incluyeron aviones hidrantes turbohélice de más de 3.000 litros de capacidad y más de 23 vuelos de combate.

El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, describió las consecuencias sobre el entorno: “El daño ambiental es cuantioso y sumamente importante porque estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura y lluvia; es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”.

En las últimas horas, las autoridades que investigan el femicidio de Natalia Cruz imputaron a diez efectivos policiales de distintos rangos por presuntos incumplimientos de una orden judicial que ordenaba la custodia permanente del domicilio de la mujer, en donde fue asesinada por su ex pareja.

Los agentes de la Comisaría N° 7 de Campo Quijano habrían incluso elaborado un informe policial con datos falsos para encubrir ese incumplimiento, de acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) de Salta quien los citó a audiencia este lunes.

La mujer de 37 años fue asesinada por su ex pareja el 17 de febrero en su vivienda del barrio Luz y Fuerza, de la mencionada localidad salteña. Su agresor, Daniel Orlando Serapio, le confesó el crimen a la madre de la víctima y escapó. Fue capturado luego de dos semanas de intensa búsqueda, escondido en una cueva de la precordillera.

Al poco tiempo, la madre de Cruz reveló que su hija había viajado a Salta capital horas antes del ataque para radicar otra denuncia por violencia de género y solicitar una nueva orden de restricción, pero le dijeron que no había personal disponible para atenderla. La víctima ya contaba con una consigna policial fija, dispuesta por un juzgado como medida de protección ante los reiterados episodios de violencia de género que sufría, pero esa custodia nunca fue implementada, pese a que el personal de la Comisaría N°7 tenía conocimiento de la orden judicial. Esto llevó a que se tomara la reciente decisión.

De acuerdo con la información indicada por el Ministerio Público Fiscal de Salta, tras el femicidio, los agentes habrían procedido a formular un informe policial con datos falsos en el que se dejó constancia de un supuesto intento de implantar esa consigna en el domicilio de la víctima.

La fiscal María Luján Sodero Calvet, titular de la UFEM, encabeza la investigación junto a la fiscal Claudia Geria, de la Fiscalía de Derechos Humanos. La Procuración General de Salta resolvió conformar una unidad conjunta entre ambas dependencias para profundizar la pesquisa sobre la actuación policial. Los fiscales sostuvieron que la investigación permitió reunir evidencias sobre presuntas irregularidades sistemáticas en el tratamiento de casos de violencia de género, con incumplimientos de protocolos, deficiencias en los controles internos y fallas en la ejecución de medidas de protección durante enero y febrero de 2026 en esa dependencia.

La responsabilidad que pesa sobre cada uno de los policías

Los diez imputados tienen distintos grados de responsabilidad según la acusación. El jefe de la dependencia y el efectivo que se desempeñaba como jefe de guardia enfrentan cargos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Al primero se le atribuye haber promovido la confección del informe falso y haber omitido garantizar el cumplimiento de la custodia. Al segundo, haber ordenado la redacción de ese documento y no haber supervisado la ejecución de la medida judicial.

Otros dos efectivos —un suboficial y un oficial— fueron imputados por el primero de los delitos. Al suboficial se le atribuye haber redactado y firmado materialmente el informe apócrifo; al segundo, haber transmitido la orden de confeccionarlo. Los cinco restantes —cuatro mujeres y un hombre— fueron imputados como coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber adoptado medidas para efectivizar la consigna policial ni haber informado a la autoridad judicial sobre la imposibilidad de cumplirla.

La reconstrucción de los hechos se realizó a partir del análisis de documentación y de testimonios recabados por la Unidad Fiscal, con intervención del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 2° Nominación del distrito Centro. Serapio permanece bajo prisión preventiva desde marzo, al igual que otros dos imputados por encubrimiento agravado durante su fuga.

Una mujer en Salta fue víctima de una bala perdida cuando salía de su casa para ir a trabajar durante la madrugada del domingo. Su papá escuchó los gritos de auxilio y cuando salió la vio tendida en el asfalto.

El episodio ocurrió en el exterior de una vivienda de Tartagal, cerca de una sala de primeros auxilios del barrio. La bala atravesó la espalda de la mujer de 32 años y quedó alojada debajo de uno de sus senos.

La víctima, empleada de una panadería del centro de la ciudad, había salido de su vivienda en el complejo habitacional conocido como 101 departamentos, en el barrio Villa Saavedra, junto a su padre. Apenas el hombre cerró el portón, escuchó los gritos de su hija.

La hermana de la víctima contó a El Tribuno cómo fue la secuencia. “Mi hermana sale todos los días a trabajar a las 6 de la mañana, pero como toda esa zona está muy oscura, mi papá siempre la acompaña hasta la vereda”, dijo sobre los minutos previos. “Ella arrancó y casi inmediatamente mi padre la escuchó que gritaba pidiendo auxilio”, añadió.

El hombre inmediatamente se acercó a su hija, quien alcanzó a decirle que algo le había golpeado la espalda y que sentía ardor intenso. Minutos después, se descompensó. En ese momento apareció un policía que se encontraba en la zona. Se acercó con el arma encima porque escuchó las detonaciones en las inmediaciones. Entre los dos la sostuvieron en la calle mientras el uniformado pedía refuerzos y una ambulancia, pero la asistencia no llegó.

Ante la gravedad de la situación, decidieron trasladarla por sus medios. “El policía le dijo que no podían esperar más porque tenía una herida de bala”, relató la familiar. En el centro de salud le realizaron una tomografía que permitió ver el trayecto del proyectil. Según explicó, el médico evaluó que la bala impactó contra una costilla al ingresar, lo que la desvió y evitó que perforara un órgano vital. “La estabilizaron, está recuperándose, pero nos dijeron que no la pueden operar, por ahora”, dijo la hermana.

Sobre el origen del disparo, la familia admite que no tiene certezas. “Suponemos que es algún loco que andaba haciendo tiros o que se ocultó en la oscuridad que es mucha porque otra cosa no podemos imaginar”, manifestaron. Además, destacaron el rol del agente que se acercó de inmediato. “El policía fue casi un ángel que llegó para auxiliarla a mi hermana”, afirmó.

Algunos vecinos que se acercaron al lugar dijeron haber visto a dos jóvenes a bordo de una motocicleta pasar lentamente por el sector momentos antes del ataque, pero por el momento esa información está siendo investigada.

Disparó tres veces a una empleada y escapó

Un hombre armado entró a un local de artículos varios en Santa Fe, disparó varias veces contra una cajera de 16 años y escapó sin llevarse dinero ni mercadería. El ataque ocurrió el viernes 10 de julio, minutos antes de las 20, en el comercio ubicado en San Jerónimo 2194.

Las cámaras de seguridad del local registraron la secuencia completa. En las imágenes se ve a la empleada junto a la caja mientras clientes hacen fila. El agresor entró, le apuntó con una pistola y gatilló varias veces. El arma se trabó. La manipuló y volvió a disparar. La adolescente quedó inmóvil, en estado de shock, y alcanzó a llevarse la mano al hombro, donde recibió el impacto. Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga.

La víctima fue trasladada al Hospital Cullen. Fuentes del caso indicaron que fue dada de alta, ya que la herida no revestía gravedad. Por disposición del fiscal Andrés Marchi, de la Unidad Especial de Homicidios, se ordenaron dermotests a todos los involucrados y el relevamiento fotográfico y planimétrico de la escena. La búsqueda de huellas en el local dio resultado negativo, aunque el perito balístico secuestró material de interés.

La investigación tomó otro rumbo cuando el Comando Radioeléctrico halló en Pasaje Cervantes al 3000 una motocicleta Gilera negra sin dominio, junto a dos cascos y una llave. En el baúl encontraron un buzo negro con capucha, también secuestrado. Los rastros papiloscópicos obtenidos en el lugar serán cotejados en el sistema AFIS. El agresor permanece prófugo.

Un hombre de 55 años fue imputado y quedó bajo prisión preventiva tras ser acusado de matar a su ex pareja, Viviana “Quica” Vilte, de 55 años. El hecho ocurrió este viernes en La Silleta, la provincia de Salta, y fue denunciado por el hijo de la víctima, quien llamó al 911 para alertar sobre un episodio de violencia en el interior del hogar familiar. Cuando los efectivos policiales y el personal de salud arribaron al lugar constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

La autopsia arrojó datos estremecedores: determinó que la mujer sufrió más de 40 heridas realizadas con un cuchillo de grandes dimensiones que terminaron con su vida “en un contexto de absoluta violencia e indefensión”.

Por el hecho fue detenido su ex, quien quedó imputado por homicidio triplemente calificado por la relación de pareja, violencia de género y ensañamiento. La medida fue dictada por el juez del distrito Centro, Antonio Pastrana, luego de la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en la que la fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM) en feria, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal.

Durante la jornada, el imputado fue asistido por defensa oficial y optó por abstenerse de declarar. La fiscal Sodero Calvet explicó ante el tribunal que la calificación legal responde al carácter “brutal” del hecho, ya que, según el informe preliminar de autopsia, la víctima recibió más de 40 puñaladas.

En la vivienda donde ocurrió el homicidio residía la mujer junto a su hijo, según El Tribuno. El hombre detenido, mayor de 50 años, frecuentaba la casa desde hacía un tiempo y los vecinos lo identificaron como la ex pareja de la víctima. La comunidad señaló al medio local que en ese domicilio solían organizar reuniones durante los fines de semana, donde consumían bebidas alcohólicas.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el contexto en el que se produjo el ataque. Vecinos del barrio relataron que la noche del homicidio escucharon “música muy alta” proveniente de la vivienda, lo que impidió que se percibieran posibles gritos o pedidos de auxilio. “No se escuchó nada por el volumen”, expresó una de las personas consultadas por El Tribuno.

En lo que va del año se han registrado cinco femicidios en la provincia de Salta. En dos de esos casos, la acción penal se extinguió debido al suicidio de los autores. La provincia se encuentra en emergencia por violencia de género desde hace más de una década, aunque los episodios no han disminuido y los organismos de protección continúan en alerta ante la reiteración de hechos similares.

La comunidad de La Silleta, en la provincia de Salta, permanece conmocionada tras confirmarse la muerte violenta de una mujer de 55 años, quien fue hallada sin vida con una herida de arma blanca dentro de su domicilio durante la madrugada del viernes. La víctima vivía en una vivienda ubicada a pocos metros del ingreso al pueblo y el hecho se produjo cerca de las 2.30. El caso es investigado como un presunto femicidio y ya hay un hombre detenido, quien habría mantenido una relación de pareja con la mujer.

De acuerdo con El Tribuno, la alerta surgió luego de que el hijo de la víctima se comunicara con el Sistema de Emergencias 911. El joven informó sobre un episodio de violencia en el interior del hogar familiar. Cuando los efectivos policiales y el personal de salud arribaron al lugar constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales y que presentaba al menos una lesión provocada por un arma blanca.

La investigación del caso quedó inicialmente bajo la órbita del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) en feria, Daniel Espilocín, quien ordenó la intervención de personal de Criminalística y Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El equipo realizó las primeras pericias y levantó muestras en la escena del crimen, resguardando el domicilio para avanzar con la recolección de pruebas. Posteriormente, la causa fue asignada a la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien se trasladó hasta La Silleta para coordinar las actuaciones judiciales.

En la vivienda donde ocurrió el homicidio residía la mujer junto a su hijo, según El Tribuno. El hombre detenido, mayor de 50 años, frecuentaba la casa desde hacía un tiempo y los vecinos lo identificaron como la pareja de la víctima. La comunidad señaló al medio local que en ese domicilio solían organizar reuniones durante los fines de semana, donde consumían bebidas alcohólicas.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el contexto en el que se produjo el ataque. Vecinos del barrio relataron que la noche del homicidio escucharon “música muy alta” proveniente de la vivienda, lo que impidió que se percibieran posibles gritos o pedidos de auxilio. “No se escuchó nada por el volumen”, expresó una de las personas consultadas por El Tribuno. Los testimonios recogidos indican que la víctima mantenía una rutina de trabajo regular y que su entorno familiar era conocido en la zona.

La labor de los peritos del CIF incluyó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense, donde se realizará la autopsia para determinar con precisión las causas y características de la muerte. Además, los investigadores analizan si existió una ingesta de alcohol previa al hecho, ya que algunos indicios sugieren que durante la noche se desarrollaba una reunión social en el domicilio.

La investigación sigue bajo la coordinación de la Unidad de Femicidios, que deberá determinar el grado de responsabilidad del hombre detenido y establecer las circunstancias que rodearon el hecho. Se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados preliminares de la autopsia y se avance con las declaraciones de testigos y familiares. Los peritos profundizarán en el análisis de los elementos secuestrados en la vivienda y en los testimonios vecinales para reconstruir la secuencia de los hechos.

En lo que va del año se han registrado cinco femicidios en la provincia de Salta. En dos de esos casos, la acción penal se extinguió debido al suicidio de los autores. La provincia se encuentra en emergencia por violencia de género desde hace más de una década, aunque los episodios no han disminuido y los organismos de protección continúan en alerta ante la reiteración de hechos similares.

Esta historia demuestra que el amor entre presos, a veces, puede ser complicado.

Se trata de dos detenidos, con casos más o menos idénticos, signados por el movimiento narco del noroeste argentino, la droga que va y viene en coches y micros. El primero es Roy Toro Pocco. Su nombre parece inventado, el pistolero de un spaghetti western, pero es real. Oriundo de Perú, fue condenado a ocho años de prisión en abril de 2025 por el Tribunal Oral Federal de Jujuy, acusado de transportar diez kilos de marihuana.

Ese mismo mes, Gendarmería Nacional le encontró dos valijas en la bodega del micro en el que viajaba junto a dos cómplices, uno argentino y otro boliviano. Un perro llamado Urco olfateó la carga del colectivo que había partido desde Orán, Salta, en un retén sobre la Ruta Nacional 34, kilómetro 1212, en el puesto fijo de Chalicán, provincia de Jujuy. Los cómplices argentinos de Roy Toro, detenidos y condenados también, no dudaron en delatarlo como el dueño de la droga.

La otra es Rocío Verónica Cruz Maigua, oriunda de Bermejo, Bolivia. Gendarmería la detuvo el 20 de noviembre de 2025 junto a su hermana Lizet sobre el kilómetro 46 de la Ruta Nacional N°50, mientras viajaban en un micro desde Aguas Blancas hacia Orán. La fuerza federal les encontró seis kilos de cocaína ocultos en mochilas, droga de baja pureza, ya cortada, 40 por ciento como mucho. Sin mucho margen, ambas aceptaron su culpa en un juicio abreviado. Fueron condenadas a cuatro años y dos meses de cárcel cada una.

Lizet logró ser echada de vuelta a Bolivia, según su acuerdo. La Justicia, en cambio, decidió “diferir” la expulsión de Rocío Verónica “hasta tanto se incorporen mayores elementos probatorios e informes amplios”, afirma la condena en su contra.

Así, Roy Toro y Rocío Verónica terminaron presos en la misma prisión, el Complejo Penitenciario Federal NOA III en la zona de Güemes, provincia de Salta, una prisión que aloja por separado a hombres y mujeres. Se conocieron, de alguna forma. Luego, se enamoraron. Ahora, reclaman verse. La Justicia no les deja. El Servicio Penitenciario Federal, tampoco. El rechazo no es caprichoso. Hay un por qué.

En menos de dos meses, entre el 2 de junio y el 22 de julio últimos, la Sala I de la Cámara Federal de Salta rechazó in limine tres veces una serie de habeas corpus presentados por el narco y la mula, con el objeto de un pedido de “visita intermodular” para el que no recibieron respuesta. “No se vislumbra un proceder de manifiesta arbitrariedad o ilegalidad de las condiciones”, razonaron los jueces Ernesto Solá Espeche, Santiago French y Luis Rabbi Baldi Cabanillas en uno de los fallos.

El término habeas corpus puede sonar excesivo. En rigor, es la forma que los detenidos y sus defensas tienen para reclamar por sus condiciones de detención, sea por torturas sufridas o la falta de un cepillo de dientes.

“Sin perjuicio de ello, se hizo saber que los internos mantienen comunicación mediante videollamadas desde el 10/4/26, las que se realizan cada quince días”, continuaron los magistrados en el fallo.

Las reglas para el amor en la cárcel

El amor entre presos, o entre un preso y su pareja en libertad, suele ser pasto para fantasías populares, con las visitas de prostitutas a penales, el fenómeno de las ranas -las mujeres que buscan tener sexo con presos, aumentado por los celulares permitidos o clandestinos en pabellones, con un negocio de remiseros dedicados a trasladarlas- o el histórico chat del penal de Ezeiza entre teléfonos públicos, que permitía que detenidos y detenidas se vinculen. La situación tiene ciertas reglas, que dicta el Servicio Penitenciario Federal.

Uno de los fallos rememora que, en la situación de Roy Toro y Verónica, “las visitas entre detenidos en calidad afectiva se autorizarán “siempre que se acredite una vinculación previa no inferior a seis meses”, destacándose que, en este caso, el plazo para iniciar el trámite administrativo se cumple el 7/7/26″. Es decir, poco menos de dos semanas atrás.

Esta norma, por ejemplo, está incluida en el “Reglamento de Comunicaciones para los Internos”, el viejo decreto número 1136/97.

El decreto no usa el término “visita íntima”, parte de la jerga cotidiana en los tribunales y en los despachos penitenciarios. Prefiere algo menos sugerente: “reunión conyugal”, en pos de afianzar los “lazos familiares”.

La norma determina que el detenido puede mantener un encuentro “resguardando la intimidad de ambos y la tranquilidad del establecimiento", tras un pedido formal por escrito.

“Asimismo, previo estudio e informe del Servicio Social, se podrá autorizar esta modalidad de visita en el caso de una relación afectiva iniciada con posterioridad a la detención, siempre que se acredite una vinculación previa no inferior a los SEIS (6) meses”, continúa el texto: “La frecuencia de esta visita será quincenal con una duración máxima de DOS (2) horas”.

El decreto, también, exige un “informe del Servicio Médico del establecimiento sobre el estado de salud psicofísica del interno y si padece o no alguna enfermedad infectocontagiosa” y un informe equivalente para el visitante, con análisis de sangre.

Roy Toro, precisamente, reclamó en su último habeas corpus a la Cámara Federal por la presunta demora del análisis de sangre, que se encontraba agendado para este último jueves. Según fuentes al tanto del caso, la extracción fue practicada.

Ahora, queda otra pregunta: ¿quién espera a Roy Toro en casa?

La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego G. Barroetaveña, Alejandro W. Slokar y Carlos A. Mahiques, trató el caso de Roy Toro en marzo del año pasado.

El fallo de la Cámara es bastante revelador. Mostró, por ejemplo, que Toro Pocco ya estuvo preso en Perú, detenido desde el 29 de abril de 2015 al 28 de enero de 2024, con una condena por narco, según certificó el Poder Judicial del Perú al Estado argentino. El Juzgado Penal Colegiado de Arequipa le había dado 8 años y 9 meses por tráfico ilícito de drogas, una pena idéntica a la que recibió en argentina.

El documento revela también que una defensora de menores e incapaces se había presentado en la Justicia jujeña con “un informe social elaborado en la República del Perú que detalla la situación sociofamiliar y económica familiar” del acusado.

Roy Toro no solo tiene dos hijos: también tiene una mujer de vuelta en casa. Preocupada, su esposa se comunicó por teléfono con la Justicia argentina.

Pocos nombres de la política argentina del siglo XX generan una reacción como el de Mario Eduardo Firmenich. Fundador y jefe de Montoneros, la organización guerrillera peronista que operó en los años setenta, fue condenado en 1986 a 30 años de prisión por homicidios y atentados, y luego indultado en 1990 por Carlos Menem. Tiene hoy 78 años y reparte su tiempo entre Vilanova i la Geltrú, la localidad catalana donde se radicó tras su exilio, y Managua, donde asesora al gobierno de Daniel Ortega. Durante décadas eligió el silencio público.

Ahora publica sus memorias. Orígenes. Las raíces de nuestra militancia llega a las librerías argentinas el 1° de agosto y propone un recorrido por lo que Firmenich llama las raíces de su generación política: no la lucha armada, sino los años previos, cuando un grupo de jóvenes católicos universitarios hacía misiones en el interior del país y descubría una pobreza que no aparecía en ningún manual.

El capítulo que reproducimos aquí transcurre en Tartagal, en 1966, y narra el encuentro con los hacheros tobas del monte santafesino: trabajadores atrapados en un sistema de deuda perpetua que Firmenich compara, sin rodeos, con la mecánica del FMI y la deuda externa argentina.

“Orígenes”, por Mario Firmenich (Fragmento)

Los obreros del monte chaqueño eran los “hacheros”. La mayoría de ellos eran de etnia toba. Pobres de toda pobreza. Inaceptablemente explotados de un modo inimaginable para un obrero industrial de los grandes centros urbanos de la segunda mitad del siglo XX.

Solían alojarse en campamentos dentro del campo del patrón. Para encontrar un quebracho útil debían caminar mucho entre la espesura del bosque. Tanto para cortar y “pelar” un quebracho como para talar cualquier árbol y reducirlo a trozos pequeños para el carbón, el esfuerzo físico del hachero era enorme. Les pagaban a destajo, o sea, por cantidad de madera cortada. La comida, la yerba y el tabaco se los tenían que pagar ellos. En medio del bosque chaqueño, el único lugar donde podían comprar estas provisiones era en “la provista”, un almacén de ramos generales del patrón dentro del mismo obraje.

El trabajo era pagado a mes vencido pero el hachero no tenía ahorros para financiarse todo el mes hasta cobrar. Entonces el obrajero “le fiaba”. Le iba “adelantando” parte de sus jornales con vales de papel donde se anotaba un valor monetario. Eran una especie de billetes subdesarrollados de un juego de mesa. Con eso se les pagaba un “adelanto del jornal” para que el hachero lo fuera gastando en la provista. No se les pagaba el trabajo con dinero de curso legal, sino con esos “vales”. No hace falta explicar que los precios de la provista eran los típicos de la explotación monopólica del consumidor.

Conclusión: cuando a fin de mes el patrón le liquidaba al hachero el valor de su trabajo, siempre resultaba que éste había gastado en la provista más de lo que había ganado trabajando. Esto lo obligaba a quedarse en ese trabajo. Debía pagar “la deuda”. Pero al término del mes siguiente la situación era la misma.

El hachero quedaba prisionero de una deuda eterna trabajando como bestia por una miseria. No es casualidad que el método sea básicamente igual a lo que ocurre con la deuda externa nacional y el FMI.

La solidaridad necesaria que debíamos tener con los trabajadores ex-plotados no era la cooperativa de trabajo inviable. Nuestra prioridad para la misión pasó a ser la organización de un sindicato de hacheros. Necesitábamos asistencia jurídica. Algunos de los compañeros santafesinos de la misión eran de la ciudad de Reconquista. Nos dijeron que conocían a un abogado joven que colaboraba con ellos. Nos comunicamos inmediatamente con él para solicitar su presencia en Tartagal. Así nos conocimos en febrero de 1966 con el joven abogado Roberto Cirilo Perdía.

También colaboraron inmediatamente con la idea de crear el sin-dicato de hacheros unos curas belgas y franceses que vivían y trabajaban como hacheros. Pertenecían a la comunidad de los Hermanos de Foucauld, cuya cabeza directriz era el padre italiano Arturo Paoli. Desarrollaban sus tareas pastorales en toda la cuña boscosa santafesina. Compartían la totalidad de su vida cotidiana con la sufrida realidad de nuestros compatriotas hacheros explotados.

Recuerdo vívidamente la imponente presencia moral del padre Esteban. Era un belga de pequeña estatura y aspecto frágil. Con una sonrisa eterna en su rostro caminaba leguas y más leguas, con su hacha al hombro, recorriendo la agreste geografía de sus feligreses hacheros. Él también se ganaba la vida con el hacha, volteando quebrachos, algarrobos o lo que encontrara.

Con la ayuda de los lugareños enviamos la convocatoria a diversos obrajes para reunir una asamblea de hacheros, que estaban muy dispersos entre sí. Logramos reunir una asamblea en la escuela de Tartagal. Concurrieron más de cien, provenientes de diversos lugares.

Uno de los hacheros denunció la situación de explotación que sufrían con una frase que nos impactó a todos y que Carlos Mugica haría famosa: “Nosotros aquí somos la alpargata de los patrones”.

A raíz de esta asamblea, los obrajeros nos denunciaron a la guardia rural. Era una gendarmería provincial santafesina especializada en la cuña boscosa. La guardia rural nos sitió en la escuela como a delincuentes acorralados. No nos acusaban de nada porque no violábamos ninguna ley. Éramos solamente un grupo de católicos en acción misionera encabezados por dos sacerdotes. La solidaridad social consistía en crear un sindicato conforme a la legislación vigente. Pero nos tenían confinados en la escuela sin dejarnos salir.

Nos convirtieron en subversivos sin violar ninguna ley.

En esa situación, un obrajero que vivía en Tartagal mandó a su hijo para informarnos que su padre quería negociar. El joven llegó hasta la escuela aparatosamente, montando un hermoso caballo brioso. Su padre exigía que fuéramos a su casa dos de nosotros. Los elegidos fuimos Marta, una compañera de Buenos Aires de origen árabe que tenía unos ojos hermosos, y yo. No sabíamos qué pretendía ni por qué nos elegía a Marta y a mí. Lo conversamos entre todos y se decidió que fuéramos a ver de qué se trataba.

El obrajero era un “turco”, como les decimos coloquialmente a los descendientes de árabes cuyos antepasados inmigraron con pasaportes del Imperio Otomano. El turco nos invitó a cenar. Fuimos. La mesa estaba preparada como para un evento importante. Nos sentamos, en una cena muy formal, junto al obrajero, su esposa, el joven que había ido a la escuela y una hija adolescente. Con palabras amables y en tono muy conciliador el patriarca nos dijo que este problema lo podíamos resolver rápidamente. ¡¡¡Nos propuso como solución que Marta se casara con su hijo y yo me casara con su hija!!!

Nos cruzamos con Marta en una mirada fugaz, como jugadores de truco que se entienden sin señas. Con una diplomacia telepática nunca ensayada, concluimos la cena conversando amablemente y nos fuimos, obviamente sin dar ninguna respuesta. Las carcajadas debieron esperar a que estuviéramos dentro de la escuela con todos los demás.

A pesar de que no hubo nupcias al estilo de una negociación medieval, alguien con sentido común (no sé quién) ordenó que la guardia rural se retirara y nos devolviera nuestra libertad de movimientos. ¡Vivíamos todavía en un supuesto estado de derecho con Arturo Illia de presidente!

Más allá de la jocosa anécdota insólita, aquella realidad socioeconómica era muchísimo más cruel que la pobreza de las villas de emergencia de Buenos Aires. Terminé de comprenderlo hablando con una vecina de Tartagal.

Visitábamos a las familias para ver si necesitaban algo en que nosotros pudiéramos ayudarlos. La señora me hizo pasar y me ofreció una silla. Conversamos un rato largo sentados en el patio de tierra.

Un chico de unos cinco o seis años, supongo que el hijo menor de la señora, descalzo, se sentó en la tierra frente a mí sin decir nada. Yo tenía puestos unos borceguíes. El chico se quedó todo el tiempo inmóvil en esa posición mirando mi calzado. Ellos nunca tuvieron ni tendrían borceguíes de cuero para caminar por la maleza de un bosque poblado de venenosas yararás. Él, de chiquito, estaba descalzo y de grande nunca tendría más que unas alpargatas.

La carita de aquel pequeño mirando mis pies bien calzados expresaba el sentimiento de humillación, mamado desde la cuna, de ser pisoteados como “la alpargata de los patrones”. Jamás hubiera imaginado que mis zapatos comunes pudieran ser un privilegio insultante. Nunca había sentido esa mezcla de tanto dolor y tanta vergüenza.

Mientras tanto, la señora me explicaba que su hijo mayor estaba en muy buena posición. Se había ido a trabajar a Buenos Aires. ¡Vivía en una villa de emergencia de Quilmes!

Toda esta realidad nos gritaba que nuestro compromiso cristiano con los más pobres estaba a años luz de lo necesario.

La provincia de Salta reportó más de 4.000 casos de bronquiolitis en lo que va de 2026, según el último informe de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica. El documento, con base en datos de la Salud Pública provincial, indica que solo en la semana del 5 al 11 de julio se notificaron 188 nuevos diagnósticos.

Esta cifra refleja el impacto sostenido de la enfermedad durante los meses más fríos, cuando las infecciones respiratorias agudas encuentran condiciones propicias para su propagación. La infección suele producirse por diversos virus, aunque el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es el agente más frecuentemente identificado.

La bronquiolitis afecta principalmente a recién nacidos y bebés menores de dos años, poblaciones particularmente vulnerables por la inmadurez de su sistema inmunológico. Desde el inicio de 2026 hasta la semana informada, 4.009 niños y niñas recibieron diagnóstico de bronquiolitis en los centros de salud de la provincia.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, confirmó que 27 pacientes pediátricos fueron hospitalizados por enfermedades respiratorias. De ellos, tres niños tuvieron que ser internados en cuidados intensivos debido a la gravedad de sus cuadros, aunque no se reportaron nuevos fallecimientos asociados en ese período.

Las autoridades sanitarias explicaron que esta afección compromete las vías aéreas pequeñas, generando distintos grados de dificultad respiratoria. Entre los síntomas más habituales figuran tos persistente, agitación, decaimiento y problemas para alimentarse o dormir. El cuadro clínico puede evolucionar con rapidez, requiriendo en algunos casos internación hospitalaria para su manejo.

La estrategia de prevención frente a la bronquiolitis incorporó una novedad en 2024, cuando el Calendario Nacional de Vacunación sumó la inmunización contra el VSR para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. La vacuna, de carácter gratuito y obligatorio, tiene como objetivo principal transmitir anticuerpos maternos al bebé, otorgando protección en los primeros seis meses de vida, etapa de mayor riesgo de complicaciones.

Informe epidemiológico en Salta

El último informe de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica reveló que la provincia de Salta atraviesa una de las mayores cifras de chikungunya registradas en los últimos años. Hasta la semana epidemiológica 27, se notificaron 2.234 casos positivos en distintas regiones del territorio.

Los departamentos de General San Martín, Orán y Anta concentran la mayor cantidad de diagnósticos confirmados de chikungunya, lo que evidencia una expansión geográfica del virus en áreas donde la presencia del mosquito vector, Aedes aegypti, resulta más habitual por las condiciones climáticas y ambientales.

En cuanto a enfermedades inmunoprevenibles, el reporte señaló cinco nuevos casos de varicela, acumulando 284 en el año, y un caso de parotiditis. No se confirmaron diagnósticos de coqueluche, sarampión, difteria ni poliomielitis durante el periodo analizado. La hepatitis viral también se mantuvo estable, con 11 casos confirmados por laboratorio, distribuidos principalmente en el departamento San Martín y la capital.

En el capítulo de enfermedades transmitidas por alimentos, se notificaron 521 casos de diarrea aguda solo en la última semana, lo que eleva el acumulado anual a 30.644 incidentes. Además, se registraron 27 casos de salmonelosis, tres de botulismo del lactante y un diagnóstico de síndrome urémico hemolítico.

Además, se contemplaron los incidentes catalogados como accidentes potencialmente rábicos. En lo que va de 2026, la provincia acumuló 501 mordeduras de perros, consideradas de riesgo para la transmisión de rabia. En la última semana se sumaron 15 nuevos episodios, la mayoría en la capital provincial.

También se sumaron otras patologías de interés sanitario, como la leishmaniasis cutánea humana, que sumó un nuevo caso, alcanzando seis en el acumulado anual. También se contabilizaron cuatro diagnósticos de leishmaniasis mucocutánea, tres de leishmaniasis visceral humana y 11 de lepra en el territorio salteño.

Un hombre que es investigado por presuntas estafas reiteradas vinculadas a inversiones y alquiler de vehículos en Salta quedó detenido este jueves, luego de que no cumpliera con la caución real fijada por el Juzgado de Garantías. Según confirmaron fuentes oficiales, se trataba de un sujeto que, antes de ser detenido, tenía un pedido de captura vigente.

La medida fue dispuesta en el marco de una causa que lleva adelante la Fiscalía Penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio, durante la feria judicial. El sospechoso se encontraba detenido desde el pasado 15 de julio, luego de que fuera arrestado durante una serie de allanamientos.

El ofrecimiento de que pagara una caución por su libertad se dio en respuesta a la solicitud del representante legal del acusado, quien había pedido medidas sustitutivas a permanecer detenido. A raíz de esto, el juez de Garantías Nicolás Rodríguez Pipino estableció un monto de 794 millones de pesos como condición para evitar la detención.

Según la información publicada por el Ministerio Público de Salta, el sospechoso se habría negado a cumplir con la medida, por lo que el auxiliar fiscal Pablo Nieva pidió que la medida de detención fuera ejecutada, lo que fue ordenado por el juez Antonio Pastrana.

Para este viernes 24 de julio se programó la audiencia de formalización de la investigación penal. De la misma manera, informaron que continúan vigentes las órdenes de detención respecto de otros dos investigados en la misma causa.

La causa se originó a partir de denuncias de varios damnificados, quienes informaron que entregaron sumas de dinero y bienes bajo la promesa de recibir una rentabilidad determinada. Los hechos investigados estarían relacionados con maniobras defraudatorias empleando esquemas de captación de fondos a través de la adquisición y alquiler de vehículos.

Hasta el momento, la UDEC le tomó testimonio a cinco personas que aseguraron haber confiado en el relato de los sospechosos. Según reconstruyeron, estos se presentaban como responsables de las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L., a través de las cuales prometían retribuir a los supuestos clientes con rendimientos mensuales en dólares.

De la misma manera, la fiscal Salinas Odorisio buscaría establecer si existió una organización destinada a captar fondos de terceros y determinar el destino de los aportes, así como las responsabilidades penales de los involucrados. En este sentido, las autoridades sospecharían que los involucrados habrían montado una supuesta estafa piramidal.

A raíz de esto, el pasado 15 de julio, la UDEC dispuso seis allanamientos en los que se secuestraron 12 vehículos, dispositivos electrónicos y documentación relevante para la investigación. El operativo tuvo como blanco las oficinas comerciales, viviendas particulares y un predio en la zona de Las Costitas, San Lorenzo, donde se resguardaría parte de la flota de vehículos.

Respecto al uso de los vehículos, las autoridades explicaron que algunos de ellos habrían sido utilizados para prestar servicios en plataformas de transporte. No obstante, plantearon como hipótesis que otra parte habría sido trasladada a otras provincias para dificultar su localización.

Por otro lado, los investigadores examinaron los desplazamientos reiterados de los investigados entre Salta, Buenos Aires y países como Brasil, Chile y Portugal. Estos traslados habían motivado a la fiscal Salinas Odorisio a requerir medidas ante el Juzgado de Garantías N° 2 del distrito Centro, a cargo de Ignacio Colombo, con el fin de evitar riesgos procesales.

En línea con esto, se solicitó la inmovilización de cuentas bancarias asociadas a los sospechosos y a sus sociedades, la detención de dos de los investigados y la prohibición de salida del país para los otros tres involucrados.

Por el momento, las actuaciones se mantienen bajo secreto de sumario, mientras se analiza la documentación incautada. Además, se espera profundizar la investigación sobre los movimientos financieros y se evalúa la posible existencia de otras personas afectadas por el presunto esquema.

Un asalto violento a una conductora de aplicación de viajes en la zona de San Luis, Rosario de Lerma, provincia de Salta, desencadenó una investigación que concluyó con la imputación de tres personas y el secuestro de bienes presuntamente robados y adulterados.

La víctima, una joven que se desempeñaba como conductora, acudió a un viaje solicitado mediante la aplicación. Al llegar al punto de encuentro, fue abordada por dos hombres armados con cuchillos que la obligaron a descender de su motocicleta. En la maniobra, sufrió lesiones al caer del rodado y al quedar atrapada una pierna con el escape caliente, mientras los agresores intentaban huir del lugar.

De acuerdo con lo informado por la página web de los fiscales de la provincia de Salta, la denuncia presentada por la víctima fue el punto de partida para una serie de tareas investigativas coordinadas por la fiscalía penal de Rosario de Lerma.

Según la información oficial, se realizaron análisis de cámaras de seguridad, reconocimientos y comparaciones faciales que permitieron identificar a los presuntos autores. El trabajo pericial fue clave para individualizar a dos jóvenes, uno de 20 años y un menor de 16, como coautores del robo calificado por el uso de armas.

En paralelo, se detectó la posible participación de un tercer individuo. Esta persona, también de 20 años, habría adquirido la motocicleta sustraída, la cual presentaba adulteración de los números identificatorios del motor y del cuadro. Las autoridades consideran que esta acción configura los delitos de receptación dolosa de elemento mal habido y adulteración de bien registrable.

El fiscal en feria Daniel Alejandro Escalante solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes. El 17 de julio, efectivos policiales concretaron los operativos en los domicilios de los investigados, logrando el secuestro de partes de motovehículos, motores y prendas de vestir que guardarían relación con el asalto.

Un fiscal de Rosario de Lerma imputó a dos jóvenes, uno de ellos menor, como coautores de un robo agravado por el uso de armas tras el asalto a una conductora de aplicación en San Luis. Un tercer hombre fue acusado de receptación dolosa y adulteración de moto, luego de que se hallaran piezas y motores vinculados al hecho, según informó la fiscalía.

El fiscal subrayó que las diligencias continúan, con el objetivo de reunir más pruebas que permitan robustecer la causa y establecer el grado de participación de cada uno. Se espera la pericia sobre los elementos secuestrados para determinar su vínculo directo con el hecho denunciado.

Le robaron la moto a punta de pistola y la Policía encontró a los delincuentes escondidos en una casa

Dos motochorros fueron detenidos este miércoles en la localidad platense de Melchor Romero, acusados de haber cometido un robo a mano armada de una motocicleta. La rápida resolución del caso fue posible gracias al sistema de rastreo satelital que tenía instalado el vehículo de la víctima.

Según pudo saber Infobae, el hecho ocurrió en la zona de avenida 32 y 166, donde un llamado al 911 alertó sobre el robo de una moto. Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con la víctima, un ciudadano colombiano de 38 años, quien relató que momentos antes había sido interceptado por dos delincuentes que circulaban en una Honda CG 150 de color rojo.

De acuerdo con la denuncia, los sospechosos lo amenazaron con un arma de fuego, lo obligaron a descender de su motocicleta Mondial Max 110 y escaparon con el vehículo.

Sin embargo, el damnificado informó a los efectivos que la moto robada contaba con un sistema de rastreo GPS que permanecía activo y marcaba una ubicación en una vivienda situada sobre la calle 60, entre 161 y 162.

Con esa información, los policías se dirigieron al lugar. Tras obtener la autorización de la propietaria del inmueble para ingresar, encontraron en el interior tanto la motocicleta sustraída como la Honda utilizada por los presuntos asaltantes para cometer el robo.

En una de las habitaciones de la casa fueron aprehendidos Aron David Planchon, de 27 años, y Jorge Ruiz, de 26, quienes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de La Plata.

Un violento enfrentamiento dentro de la Unidad Carcelaria N.º 2 de Metán terminó con tres internos heridos y un fuerte operativo de seguridad en un hospital de Salta. La agresión habría involucrado un elemento punzocortante y uno de los detenidos sufrió una lesión próxima al tórax mientras que los otros dos continuan internados y bajo observación en Metán.

Todos fueron llevados al hospital del Carmen. Allí, uno de ellos recibió atención de urgencia y, debido a la gravedad de la lesión fue posteriormente derivado a la ciudad de Salta bajo custodia penitenciaria. Esta situación, motivó un amplio operativo de seguridad por parte del personal policial con el objetivo de resguardar tanto la integridad de los pacientes como la de los propios internos y del personal sanitario.

De acuerdo con Spacio TV, el hospital reforzó la vigilancia en distintos sectores para garantizar la custodia de los detenidos durante su asistencia médica y evitar cualquier incidente adicional. El despliegue incluyó la presencia de agentes en accesos y pasillos, así como la restricción del movimiento en áreas específicas del centro de salud. El operativo desplegado en el hospital del Carmen se mantuvo durante toda la intervención médica y el traslado posterior, sin que se reportaran incidentes.

Por otro lado, los otros dos internos heridos por el enfrentamiento en la cárcel, recibieron atención en el hospital de Metán y permanecen bajo observación. Sin embargo, no se difundió información oficial sobre su evolución médica ni se comunicaron detalles acerca de su estado de salud, lo que incrementa la incertidumbre entre sus familiares y en la comunidad local.

Las primeras versiones apuntan a que el enfrentamiento se habría originado por diferencias previas entre los internos, aunque no se precisó el sector específico del penal donde ocurrió la pelea ni las circunstancias exactas que la desencadenaron. Hasta el momento, no se emitió ningún comuicado oficial.

Permanecen pendientes varias cuestiones: el origen del enfrentamiento, el sector donde se produjo, los elementos utilizados durante la pelea y la evolución médica de los tres internos heridos. También resta conocer si se realizaron requisas posteriores y si las autoridades penitenciarias secuestraron armas blancas u otros objetos.

La falta de información oficial también alimenta la preocupación de los familiares de los internos y de la comunidad de Metán. Ante la gravedad del episodio y el contexto de conflictividad carcelaria en la provincia de Salta, se espera que en las próximas horas las autoridades penitenciarias brinden detalles sobre la evolución de los heridos y las medidas adoptadas para evitar nuevos incidentes dentro del penal.

El episodio dejó en evidencia las dificultades persistentes para garantizar la seguridad interna en el sistema penitenciario, donde se registran situaciones similares de violencia. De acuerdo con datos recientes citados por Infobae, el hacinamiento se consolidó como uno de los problemas estructurales del sistema penitenciario argentino.

Más de 133.000 personas permanecen detenidas en cárceles y comisarías del país, lo que implica una sobreocupación del 130% respecto de la capacidad prevista. Este contexto de superpoblación dificulta la labor del personal penitenciario, deteriora las condiciones de detención y debilita el control estatal sobre los pabellones. En ese escenario, aparecen jerarquías internas, liderazgos informales y actividades ilegales, factores que incrementan el riesgo de enfrentamientos violentos entre internos y consolidan la inseguridad dentro de los penales.

La Unidad Carcelaria N.º 2 de Metán no escapa a esta problemática. Si bien la jurisdicción enfrenta sus propios desafíos, la sobrepoblación y la falta de recursos agravan las tensiones cotidianas y dificultan la prevención de episodios como el enfrentamiento que dejó tres heridos. Los hechos registrados en el penal de Metán se inscriben en un fenómeno más amplio.

Una investigación de cinco meses permitió desarticular una organización criminal dedicada al transporte de cocaína desde la provincia de Salta hacia Buenos Aires. El operativo, realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) junto con la Policía de Salta, terminó con siete personas detenidas y el secuestro de casi 200 kilos de cocaína, además de armas de fuego, dinero en efectivo y vehículos.

El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad de Control de Narcotráfico y Delito Complejo (UOCNyDC) Norte de la PSA, en el marco de una investigación que tramita ante la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba.

Según supo Infobae, la pesquiza comenzó en febrero pasado, a partir de un oficio judicial que ordenó profundizar la investigación sobre una organización narcocriminal que operaba en el norte del país. Durante cinco meses, los investigadores realizaron intervenciones telefónicas, análisis de teléfonos celulares y documentación, tareas de inteligencia, vigilancias y seguimientos que permitieron identificar a los integrantes de la banda, reconstruir sus vínculos y determinar el rol que cumplía cada uno dentro de la estructura.

Uno de los aspectos clave para dar con ellos fue el seguimiento de dos camionetas utilizadas por la organización para trasladar la droga. Según informó la PSA, los vehículos fueron monitoreados mediante cámaras de seguridad y dispositivos GPS colocados durante la pesquisa, lo que permitió reconstruir sus desplazamientos y detectar el momento en que se concretaría el envío del cargamento.

Con esa información, la PSA y efectivos de las Divisiones de Investigación Compleja contra la Narcocriminalidad (DICON) de la Policía de Salta desplegaron una serie de operativos simultáneos.

Una de las camionetas fue interceptada en el peaje Cabeza de Buey, en territorio salteño. En ese vehículo viajaban dos mujeres y un menor de edad. Durante la requisa, los efectivos encontraron varios paquetes de cocaína ocultos en el rodado.

En paralelo, la segunda camioneta, que cumplía funciones de apoyo y vigilancia —la modalidad conocida en el ambiente delictivo como “punta”—, fue detenida en la localidad de Metán. Allí fue arrestado quien, según la investigación, era el principal integrante de la organización.

Mientras se concretaban esos procedimientos, las fuerzas realizaron diez allanamientos simultáneos en distintos domicilios, donde detuvieron al resto de los sospechosos y secuestraron diversos elementos de interés para la causa.

Como resultado de los operativos fueron detenidas siete personas y se secuestraron 192 kilos de cocaína, siete armas de fuego —cuatro pistolas, dos rifles y una carabina—, 117 municiones y cartuchos de distintos calibres, 8.337.150 pesos, 6.257 dólares estadounidenses, cinco vehículos —tres camionetas, un automóvil y una motocicleta—, 26 teléfonos celulares, seis tarjetas SIM, dos notebooks, dispositivos de almacenamiento de datos, dos máquinas contadoras de billetes, rollos de papel film y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta, que continuará con la investigación para determinar si existen otros integrantes de la organización y reconstruir la totalidad de la ruta utilizada para el traslado de la droga desde el norte argentino hacia la provincia de Buenos Aires.

Tras el operativo, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Moteoliva, destacó el procedimiento a través de sus redes sociales.

“200 kilos de cocaína y siete narcos menos. Cinco meses de investigación de la PSA terminaron con una organización que trasladaba droga desde Salta hacia Buenos Aires. Siete detenidos, cocaína incautada y un arsenal fuera de circulación. Ley y orden”, escribió la funcionaria.

Una mujer de 35 años fue hallada muerta durante la madrugada del miércoles en una casilla del barrio Juan Pablo II, en la ciudad de Salta. La autopsia determinó que falleció por asfixia por ahorcamiento y la Justicia investiga si hubo delito.

El hallazgo ocurrió cerca de las 4:00, cuando vecinos llamaron al Sistema de Emergencias 911 por una persona que aparentemente no presentaba signos vitales en una casilla ubicada junto al santuario del Gauchito Gil, sobre la avenida Escuadrón Los Decididos y en la intersección con la avenida 17 de Junio.

La causa se tramita bajo la Resolución 1284/21 de la Procuración General de Salta, que ordenó abordar en forma inicial toda muerte de causa no esclarecida como un posible homicidio doloso, incluso cuando las primeras hipótesis apunten a un accidente o a un suicidio. Por eso intervienen de manera conjunta la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria y la Unidad de Femicidios.

Cómo fue el hallazgo

La mujer estaba en situación de calle y, de acuerdo con las primeras averiguaciones, usaba esa casilla como refugio nocturno junto con su pareja. Fue el hombre quien la encontró sin vida y aportó información a los investigadores.

“La hipótesis más fuerte que se maneja es la de un suicidio. La mujer era una persona con consumos problemáticos. La pareja era conocida por los vecinos de la zona”, indicaron a Infobae fuentes con acceso al expediente del caso.

Por disposición del fiscal penal Daniel Espilocín, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, el cuerpo había sido trasladado para la autopsia: el informe forense concluyó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento y descartó signos de violencia en el cuerpo.

Medidas tomadas por la fiscalía y reclamos de una organización feminista

Aunque la necropsia no detectó lesiones de agresión, el fiscal ordenó pericias en la escena del hallazgo. En el lugar trabajó personal de Criminalística y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, el CIF.

La fiscal de la Unidad de Femicidios María Luján Sodero Calvet interviene en la causa para esclarecer cómo ocurrió la muerte.

Tras conocerse el hecho, el Observatorio Popular Feminista Ñawi reclamó que la investigación se realice con perspectiva de género y que se agoten todas las líneas antes de descartar hipótesis, según publicó Informate Salta.

El colectivo sostuvo que el caso obliga a mirar no solo las circunstancias de la muerte, sino también las condiciones de vida de las personas en situación de calle. La organización afirmó que una mujer no puede quedar reducida a una estadística y planteó que detrás de cada caso hay una historia que debe ser escuchada y respetada. También reclamó que toda muerte violenta de una mujer contemple las violencias que pudo haber atravesado la víctima.

Una nena de 12 años sufrió quemaduras graves en aproximadamente el 70% de su cuerpo tras haberse registrado un incendio en el paraje Corrales, perteneciente a la comunidad indígena La Mesada, en el municipio de Iruya, provincia de Salta. A raíz de la gravedad de su estado, la menor tuvo que ser trasladada de urgencia hacia el Hospital Garrahan en Buenos Aires.

Según trascendió, la adolescente sufrió las consecuencias de que se produjera una demora en la evacuación inicial, motivada por la ubicación remota en la que se produjo el fuego. Una vez que los servicios de emergencia lograron ponerla a salvo, la derivaron al Hospital Materno Infantil de Jujuy.

Después de que evaluaran la condición en la que se encontraba, el personal médico ordenó que fuera trasladada hacia la capital nacional. Por este motivo, se solicitó un vuelo sanitario al Hospital Garrahan, para que pudiera recibir atención especializada de mayor complejidad.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, su hermana también resultó afectada por quemaduras, aunque de menor gravedad, por lo que permanece bajo cuidado médico en la localidad. Además, varios de los habitantes de la comunidad recibieron atención ambulatoria, sin que fuera necesaria su hospitalización.

El siniestro afectó una superficie estimada de 7.000 hectáreas, que impactó a unas 50 familias de pequeñas productoras que perdieron ganado, pasturas y estructuras de sus puestos transitorios. Se trata de una zona que es utilizada principalmente para el pastoreo de animales, por lo que el daño socioeconómico generó preocupación en los productores que quedaron en situación de vulnerabilidad.

En un hecho paralelo, un hombre de 38 años murió en el paraje Punta Laja, ubicado a unos 20 kilómetros de La Mesada, mientras intentaba controlar los focos ígneos que se expandían en la zona de alta montaña entre Nazareno e Iruya.

Según relató Irma Tolaba, cuñada de la víctima, a Radio Salta: “Él fue a ver su ganado; criaba vacas y cabras”. Asimismo, contó que “se desesperó de ver el fuego avanzar y acercándose a sus animalitos. Estaba acompañado por la policía, pero él se alejó para proteger a los animales”.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta indicó que el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Daniel Espilocín, está a cargo de la investigación. Luego de que lo encontraran sin vida, se determinó que había sufrido un shock hipovolémico producto de las quemaduras que sufrió.

Hasta el momento, la región permanece en alerta por los focos activos y la dificultad de acceso para los servicios de emergencia. Por este motivo, las autoridades continúan trabajando en la contención de los incendios y la asistencia a los afectados.

Recientemente, el subsecretario de Defensa Civil salteño, Gonzalo Rodríguez, afirmó que el interior de la provincia enfrenta una situación más compleja que la capital. “Se estima que, de mejorar el clima, se podría concretar un vuelo en las próximas horas”, indicó al confirmar que la zona de Nazareno se encuentra bajo monitoreo constante.

A raíz de esto, el Gobierno provincial anunció la implementación de un convenio de asistencia financiera no reintegrable dirigido a labores de apoyo para los vecinos afectados por los incendios. La medida buscará brindar ayuda a las familias que perdieron sus fuentes de subsistencia en la zona rural del norte.

Multaron a un hombre que intentaba quemar basura en pastizales de la ciudad de Salta

La Municipalidad de Salta inició una serie de acciones preventivas ante el comienzo de la temporada de incendios forestales, que incluyen recorridos por áreas identificadas como potenciales focos ígneos. En este contexto, el lunes por la tarde, agentes municipales detectaron y multaron a un hombre que intentaba quemar basura sobre pastizales en las inmediaciones del Parque Industrial.

El operativo fue realizado por personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana conjuntamente con la Patrulla Ambiental. Las autoridades actuaron tras identificar la acción prohibida, aplicando la sanción correspondiente para desalentar este tipo de conductas durante una época caracterizada por un elevado riesgo de incendios.

Desde el municipio se solicitó a la comunidad abstenerse de realizar quemas de cualquier tipo, recordando que la prevención y la responsabilidad son esenciales para evitar daños ambientales y proteger a la población. Además, apuntaron que, pese a que se prevé una semana con condiciones meteorológicas estables y temperaturas agradables, la amenaza de incendios se mantiene latente durante esta temporada.

Para reportar situaciones similares o emergencias vinculadas a incendios, las autoridades recomendaron comunicarse de inmediato con el 105 o el 911, canales habilitados para la atención de este tipo de incidentes en la región.

Un trabajador de la construcción de 40 años murió tras caer desde un andamio en la obra de la Ciudad Judicial de Orán, en la provincia de Salta. El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 y derivó en una investigación a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Ministerio Público Fiscal de Salta.

El operario cayó desde gran altura y las circunstancias en que ocurrió el hecho aún se tratan de establecer. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde falleció horas más tarde. El accidente ocurrió el lunes.

Ante el deceso, la Fiscalía Penal 2 de ese distrito, que tomó intervención de manera inicial, giró las actuaciones a la Unidad de Graves Atentados, donde quedaron bajo la órbita de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo.

El cuerpo del trabajador fue remitido al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para la realización de la autopsia. El informe determinó que el deceso se produjo por politraumatismo y traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave por caída de altura.

En forma paralela a las diligencias médico-legales, la fiscalía dispuso el despliegue de personal de Criminalística en el lugar del hecho para las tareas de rigor. Efectivos de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) también trabajaron en el relevamiento de testimonios, cámaras de seguridad y otras medidas de recolección de pruebas.

“Se encuentran en cumplimiento las diligencias pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido”, aseguró la fiscal Filtrín Cuezzo, según informó el MPF. La magistrada tiene a su cargo la conducción de la investigación en el marco de la feria judicial.

La causa busca determinar las condiciones en que se desarrollaba la obra y las circunstancias precisas que rodearon la caída del operario en la Ciudad Judicial de Orán.

Un hombre murió aplastado por la torre de un torno que le cayó encima

Un operario de edad avanzada perdió la vida en un taller de tornería y metalúrgica industrial del departamento de Guaymallén, Mendoza, tras el derrumbe de la torre de un torno vertical sobre su cuerpo mientras cumplía funciones en el lugar. El hombre, cuya identidad no fue establecida por las autoridades, llegó sin vida al Hospital Central, donde el médico de guardia certificó su deceso.

El siniestro ocurrió cerca de las 13 del martes en el local de la calle San Francisco del Monte 42, en la esquina con Primitivo de la Reta, en el corazón del departamento de Guaymallén. Fue la Comisaría 45° la que tomó intervención y dio cuenta del hecho a las autoridades correspondientes.

Según las primeras diligencias policiales, el trabajador y sus colegas desplazaban insumos dentro del establecimiento cuando, por razones que la investigación deberá precisar, la estructura del torno vertical cedió por completo y aplastó al hombre contra el suelo. Las circunstancias exactas del colapso de la maquinaria permanecen bajo análisis y no se descarta ninguna hipótesis.

Fueron los propios compañeros de la víctima quienes, tras presenciar el accidente, llamaron de inmediato al número de emergencias 911. El personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al taller en escasos minutos, prestó asistencia al trabajador en el lugar y ordenó su traslado de urgencia al Hospital Central. La celeridad del operativo, no obstante, no fue suficiente para preservar su vida: el operario llegó al centro médico sin signos vitales.

El profesional de guardia constató el fallecimiento y estableció como causa de muerte un aplastamiento torácico. La identidad de la víctima permaneció sin confirmar, en tanto las autoridades pusieron en marcha las actuaciones correspondientes para determinar con exactitud qué provocó la caída de la estructura sobre el trabajador.

En el noroeste argentino,fuertes ráfagas de viento Zonda provocaron incendios durante el pasado fin de semana. El fuego arrasó diferentes zonas y dejó como saldo cientos de hectáreas quemadas, cortes de energía y destrozos materiales en Salta. En las últimas horas también se abrió una investigación por la muerte de un hombre que se encontraba combatiendo las llamas.

El hombre, de 38 años, falleció el pasado sábado en el paraje Punta Laja, en la localidad de Nazareno, al norte salteño, mientras intentaba sofocar los focos ígneos que arrasaban la región de alta montaña ubicada entre Nazareno e Iruya.

El deceso, que se produjo por shock hipovolémico a causa de las quemaduras sufridas, desencadenó una investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal de Salta (MPF).

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Daniel Espilocín, tomó intervención tras el hallazgo del cuerpo en una zona de difícil acceso. El hombre había perdido contacto con sus familiares el mismo sábado, quienes lo reportaron como desaparecido. Horas después, fue encontrado sin vida en el lugar.

Personal de Criminalística y el médico legal de la Policía se trasladaron hasta el paraje para realizar las tareas correspondientes. Espilocín confirmó la causa del fallecimiento y, según el MPF, “se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido”.

Los incendios forestales que cobraron la vida del hombre forman parte de una emergencia que ya acumula consecuencias de gran magnitud en la región. En la zona de Nazareno, las llamas consumieron cerca de 7.000 hectáreas y afectaron a unas 50 familias, pequeñas productoras que perdieron ganado, pasturas e instalaciones de puestos transitorios ganaderos, de acuerdo con la información de la agencia de noticias NA.

Desde la Municipalidad de Nazareno informaron que el fuego, que se inició el jueves de la semana pasada, comenzó a ceder gracias al ingreso de un frente frío proveniente del este.

El panorama en el interior de la provincia, con todo, presenta mayor complejidad que en la capital. El subsecretario de Defensa Civil de Salta, Gonzalo Rodríguez, detalló que la superficie afectada en la zona de Nazareno está bajo monitoreo constante a través de seguimiento satelital.

El funcionario explicó que el avión vigía tenía como objetivo primario sobrevolar esa área, pero las condiciones meteorológicas lo impidieron: “Se estima que, de mejorar el clima, se podría concretar un vuelo en las próximas horas”, sostuvo Rodríguez.

Mientras tanto, el Gobierno provincial comunicó un convenio de asistencia financiera no reintegrable destinado a trabajos de asistencia a los vecinos afectados por los incendios, una medida que busca dar respuesta a las familias que perdieron sus medios de subsistencia en la zona rural del norte salteño.

El escenario en la capital provincial ofrece un contraste con la situación del interior. Este lunes, el Gobierno salteño realizó un sobrevuelo de monitoreo sobre Salta Capital y sus alrededores, con resultados favorables: sin focos activos en la ciudad ni en sus inmediaciones.

El jueves fue la jornada de mayor actividad, con 47 incendios de pastizales registrados de forma simultánea. La cifra fue disminuyendo de manera progresiva hasta los 11 focos contabilizados el domingo. El sobrevuelo abarcó sectores específicos, entre ellos la zona de Potrero Uriburu, para verificar el estado del terreno.

El ingreso de un frente fresco y la disminución del viento este lunes permitieron que no se registraran nuevos inconvenientes en la capital. Sin embargo, la situación meteorológica mantiene en alerta a los organismos de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente este martes una alerta amarilla por fuertes vientos que afecta al oeste de la provincia.

El origen del fenómeno remite a las ráfagas de viento Zonda que azotaron el noroeste argentino durante el fin de semana, dejando cientos de hectáreas quemadas, cortes de energía y destrozos materiales en Salta y Jujuy.

Rodríguez advirtió, además, que este año los vientos fuertes se anticiparon respecto al promedio histórico. “Normalmente, en la estadística de estos últimos años, siempre fueron los primeros días de agosto. El año pasado fue el 1 de agosto y después se repitió el 20. Este año se adelantó un poco”, señaló el funcionario.

El episodio ocurrió en un momento en que las autoridades provinciales y municipales habían desplegado recorridos preventivos por potenciales focos ígneos, precisamente en el marco del inicio de la temporada de incendios forestales. La combinación de vegetación seca, baja humedad y ráfagas persistentes convirtió cualquier llama en un riesgo de propagación inmediata, según advirtieron los organismos de emergencia en los días previos.

El episodio no fue un caso aislado ni menor: se produjo mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía activa una alerta amarilla por vientos intensos y zonda para distintas zonas de la provincia, con ráfagas que podían alcanzar los 100 kilómetros por hora en sectores de la Puna y los valles. Las autoridades habían instado expresamente a la población a no realizar quemas bajo esas condiciones.

El contexto inmediato era de máxima tensión. Entre el jueves 17 y el domingo 20 de julio, las ráfagas del zonda habían generado aproximadamente 830 hectáreas afectadas solo en Salta Capital y sus alrededores, según confirmó el subsecretario de Defensa Civil de la Provincia, Gonzalo Rodríguez. El jueves representó el pico más alto de actividad, con 47 incendios de pastizales registrados en simultáneo; la cifra fue descendiendo hasta los 11 focos contabilizados el domingo.

En zonas rurales como Finca La Pedrera, sobre la ruta 39, el fuego avanzó por tres frentes distintos, alcanzó al menos una vivienda y se extendió hacia el cerro, de acuerdo a los medios locales. Vecinos de las áreas afectadas debieron organizarse con baldes, mangueras y elementos domésticos para contener las llamas hasta la llegada de los equipos especializados. El panorama en el interior provincial resultó aún más grave: en la zona de Nazareno, en el norte salteño, se estimó una superficie afectada de alrededor de 5.700 hectáreas, monitoreada de forma constante mediante seguimiento satelital.

Rodríguez señaló que este año los vientos fuertes se anticiparon respecto al promedio histórico: “Normalmente, en la estadística de estos últimos años, siempre fueron los primeros días de agosto. El año pasado fue el 1 de agosto y después se repitió el 20. Este año se adelantó un poco”. El dato preocupa a los organismos de emergencia porque implica una ventana de riesgo más extensa que la habitual.

El mismo fenómeno meteorológico golpeó con especial violencia la provincia de Jujuy el sábado 18 de julio, donde las ráfagas superaron los 130 kilómetros por hora. Las autoridades jujeñas calificaron el temporal como el más intenso en más de treinta años. El evento dejó más de 5.000 usuarios sin suministro eléctrico, voladuras de techos, caída de árboles y múltiples incendios en distintas localidades. El gobierno provincial conformó de urgencia un comité coordinador integrado por todos los ministerios, cuerpos de bomberos, la municipalidad capitalina y equipos de emergencia, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En ese escenario, el SMN emitió para este martes 21 de julio una nueva alerta amarilla que rige entre las 0 y las 12 horas para la Cordillera de los Andes y sectores de la Puna —Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos—, con vientos del sector oeste de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, según informó Todosalta con datos de la Secretaría de Prensa y Comunicación provincial. Para los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, la advertencia por zonda rige entre las 6 y las 12 horas, con vientos de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno puede provocar además una reducción brusca de la visibilidad por polvo en suspensión, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Ante ese cuadro, la Municipalidad de Salta solicitó a la comunidad abstenerse de realizar quemas y recordó que los recorridos preventivos continúan activos en la ciudad. Para reportar cualquier foco ígneo o inconveniente, las autoridades habilitaron las líneas 105 y 911.

Uno de los casos más extremos es el vivido en un campamento minero en Catamarca, a 4.500 metros de altura, en donde varios operarios permanecen varados por la tormenta. Es en Tres Quebradas, en la cordillera de Fiambalá, donde el termómetro marcó -27 °C, según informó En Boca de Todos HD.

Las imágenes enviadas desde el yacimiento muestran camionetas cubiertas por nieve y acumulaciones superiores a un metro. En varios tramos la visibilidad es prácticamente nula, lo que impide circular y obliga al personal a permanecer dentro del campamento hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

En esa zona de operaciones mineras, los trabajadores esperan poder retomar tareas y abandonar el lugar de manera segura. Por su parte, el Paso Internacional San Francisco permanece cerrado e intransitable por el mismo fenómeno, que se extendió sobre la alta cordillera catamarqueña.

El medio local El Ancasti informó que el grupo de mineros quedó atascado por la nieve en un sector de difícil tránsito durante más de 36 horas y que dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Santa María partieron para asistirlos y evaluar una evacuación.

La Asociación Obrera Minera Argentina de Catamarca presentó denuncias ante el Ministerio de Minería. El secretario general del gremio en la provincia, Gustavo Molina, advirtió: “De acuerdo con la información que pudimos recabar, se habría autorizado la circulación de vehículos en condiciones climáticas adversas, con presencia de nieve, desconociendo lo establecido por el Protocolo de Invierno. Si eso se confirma, estamos frente a una situación de extrema gravedad”.

El dirigente confirmó que el gremio pidió una investigación interna a la minera, la identificación de los responsables y el apartamiento preventivo de quienes estuvieron a cargo del Departamento de Seguridad Vial hasta que se esclarezcan los hechos. También reclamó que no se habiliten traslados de personal, contratistas, insumos o equipos mientras no estén garantizadas las condiciones de circulación y el cumplimiento estricto del Operativo de Invierno.

Alertas y acumulación de nieve en San Juan, Salta y Mendoza

La situación también afecta a San Juan, donde el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta naranja por nevadas intensas y persistentes para la cordillera de los departamentos Calingasta e Iglesia, de acuerdo con Diario de Cuyo. El organismo prevé acumulaciones de entre 50 y 150 cm durante todo el período de vigencia del aviso, con valores que podrían superarse en algunos sectores.

El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, una combinación que favorece el viento blanco y reduce de forma marcada la visibilidad en rutas de montaña. Para la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda sigue vigente un alerta amarilla.

En esas áreas se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulados de entre 20 y 50 centímetros en sectores de alta montaña. En las zonas más bajas de la precordillera se pronostican entre cinco y 20 centímetros, con precipitaciones que pueden presentarse como lluvia y nieve o lluvia, según la altura y la temperatura.

La recomendación oficial es evitar desplazamientos hacia la cordillera mientras persistan las nevadas, consultar el estado de las rutas antes de viajar y circular solo con vehículos equipados para nieve. Protección Civil de San Juan también informó alerta amarilla para la madrugada, la mañana y la tarde de este martes en la precordillera provincial.

En localidades como Barreal, perteneciente a Calingasta, varios vecinos informaron a Diario La Provincia SJ que nieva desde hace tres días consecutivos y que el peso acumulado provocó daños en viviendas, con techos que no resistieron y filtraciones en el interior de las casas.

El temporal también tiró ramas, árboles y postes de luz. El medio sanjuanino informó que las complicaciones alcanzan a los servicios y mantienen en alerta a los habitantes de la zona.

Por recomendación de la Dirección de Protección Civil y ante la alerta meteorológica vigente, el Ministerio de Educación suspendió las actividades escolares este 21 de julio en todo el departamento. La medida abarca todos los turnos, niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.

Según el SMN, podrían caer entre 30 y 50 centímetros por jornada en el nivel amarillo, mientras que el nivel naranja advierte acumulaciones superiores durante la vigencia del fenómeno.

En la Puna salteña, organismos que monitorean el estado de los caminos advirtieron este lunes que la nieve acumulada y las fuertes ráfagas con viento blanco reducen la visibilidad y generan complicaciones para transitar. La recomendación fue bajar la velocidad, mantener distancia entre vehículos y respetar las indicaciones del personal vial.

En Mendoza, durante el fin de semana se acumuló más de un metro y medio de nieve en sectores de la cordillera bajo alertas naranja y amarilla. Los avisos seguirán vigentes hasta hoy y los registros más altos se observaron en Las Leñas y Los Puquios, en la zona de Puente del Inca.

La Justicia de Salta investiga la muerte de un turista de nacionalidad paraguaya que fue encontrado muerto en plena calle.

El cuerpo fue hallado poco después de las 20 horas de ayer, en las inmediaciones de la Plaza 9 de Julio, en pleno centro de la ciudad.

Según indicaron fuentes policiales al portal del diario El Tribuno, el personal de la Policía de Salta y peritos forenses trabajaron intensamente durante la noche en el lugar para recabar indicios y definir las causas del deceso. El cuerpo permaneció por largas horas bajo custodia, mientras los investigadores realizaban las primeras actuaciones.

Al cierre de la jornada, los agentes buscaban determinar si se trató de una muerte natural, un episodio traumático o si existieron otras circunstancias que explicaran el desenlace. No se difundió aún la identidad del turista, ni se conocen datos sobre su estadía ni sobre posibles vínculos con residentes locales.

El avance de la investigación depende, en buena medida, de los estudios forenses que deben esclarecer si existieron signos de violencia, intoxicación o una causa natural detrás de la muerte. Hasta tanto no se conozcan los resultados de la autopsia y la identificación formal, las autoridades evitaron brindar detalles sobre el estado del cuerpo o la posible cronología de los hechos.

La Fiscalía interviniente solicitó la colaboración de testigos y de quienes hayan observado movimientos inusuales en las inmediaciones de la plaza durante la tarde y la noche de ayer lunes.

A mediados del mes de abril, un turista brasileño murió tras descompensarse mientras realizaba una caminata junto a su pareja en el Cerro Centinela, ubicado en el sector norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, en las inmediaciones de Villa La Angostura.

El episodio generó momentos de tensión e incertidumbre entre los presentes. El hombre, acompañado de su esposa y otros turistas, comenzó a sentir un dolor en el pecho durante el ascenso y quedó tendido en el suelo, lo que motivó el llamado de emergencia.

La alerta se registró a las 16.20, según detalló el grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA), a partir del aviso realizado por otra pareja de turistas que se encontraba en el lugar. En cuestión de minutos, distintos equipos de emergencia de la región se movilizaron hacia el cerro, coordinando acciones bajo los protocolos para intervenciones en zonas agrestes.

La víctima brasileña fue asistida por una paramédica y personal de salud, pero no lograron revertir el cuadro cardiaco

Alrededor de las 17, el personal de rescate llegó hasta el matrimonio, donde ya se le realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El equipo prosiguió con los primeros auxilios siguiendo los procedimientos establecidos, hasta la llegada del médico.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, el médico que arribó al sitio constató que el turista ya no presentaba signos vitales.

El operativo de evacuación requirió varias horas, dadas las características del terreno y la necesidad de atender también al resto de los visitantes, visiblemente afectados por la situación. Finalmente, cerca de las 21, se completó el traslado del cuerpo hacia la morgue del Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes.

En la operación participaron personal de la Comisaría 28, el hospital local, Parques Nacionales y el equipo de BRZA. Las autoridades informaron que no se detectaron indicios de criminalidad, aunque se dispuso la realización de una autopsia para determinar la causa precisa del deceso.

Las ráfagas de viento Zonda que azotaron el noroeste argentino durante el fin de semana dejaron un saldo de cientos de hectáreas quemadas, cortes de energía y destrozos materiales en Salta y Jujuy. El gobierno salteño realizó este lunes un sobrevuelo de monitoreo sobre la capital provincial y sus alrededores para verificar el estado de las zonas afectadas por los incendios registrados durante los últimos días. La supervisión arrojó resultados positivos: sin focos activos en la ciudad ni en sus inmediaciones.

El subsecretario de Defensa Civil de la Provincia, Gonzalo Rodríguez, confirmó que entre el jueves y el domingo se contabilizaron aproximadamente 830 hectáreas afectadas en Salta Capital y alrededores. El jueves fue la jornada de mayor actividad, con 47 incendios de pastizales registrados en simultáneo. La cifra fue disminuyendo progresivamente hasta los 11 focos contabilizados el domingo.

Este lunes, el ingreso de un frente fresco y la disminución del viento permitieron que no se registraran nuevos inconvenientes en la capital, según informó Rodríguez. El funcionario detalló que el sobrevuelo abarcó sectores específicos, entre ellos la zona de Potrero Uriburu, para verificar el estado del terreno tras días de intensa actividad ígnea.

El panorama en el interior de la provincia presenta mayor complejidad. En la zona de Nazareno, en el norte salteño, se estima una superficie afectada de alrededor de 5.700 hectáreas, monitoreada de forma constante mediante seguimiento satelital. Rodríguez indicó que el avión vigía tenía como objetivo primario sobrevolar esa área, pero las condiciones meteorológicas impidieron concretar el vuelo: “Se estima que, de mejorar el clima, se podría concretar un vuelo en las próximas horas”, expresó.

El subsecretario también advirtió que este año los vientos fuertes se anticiparon respecto al promedio histórico. “Normalmente, en la estadística de estos últimos años, siempre fueron los primeros días de agosto. El año pasado fue el 1 de agosto y después se repitió el 20. Este año se adelantó un poco”, sostuvo. El dato marca una tendencia que preocupa a los organismos de emergencia, dado que implica una ventana de riesgo más extensa.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente este lunes una alerta amarilla por fuertes vientos y viento Zonda que afecta distintos sectores de los Valles de la provincia. La advertencia rige hasta las 18 horas e incluye la posibilidad de ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Las zonas comprendidas son los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, con vientos sostenidos de entre 60 y 80 kilómetros por hora provenientes del sector oeste, según difundió el Ministerio de Seguridad de Salta.

La alerta cobra mayor peso en un contexto regional adverso. El sábado 18 de julio, el mismo fenómeno meteorológico impactó con especial violencia en la provincia de Jujuy, donde las ráfagas superaron los 130 kilómetros por hora. Las autoridades jujeñas calificaron el temporal como el más intenso en más de treinta años. El evento dejó más de 5.000 usuarios sin suministro eléctrico, voladuras de techos, caída de árboles y múltiples incendios forestales en distintas localidades.

Ante la gravedad del cuadro en Jujuy, el gobierno provincial conformó de urgencia un comité coordinador integrado por todos los ministerios, cuerpos de bomberos, la municipalidad capitalina y equipos de emergencia, de acuerdo con lo informado por la Agencia Noticias Argentinas. El ministro de Infraestructura jujeño, Carlos Stanic, precisó que la prioridad fue garantizar los servicios esenciales y la operatividad hospitalaria, comprometida por los cortes masivos de energía que también afectaron el abastecimiento de agua.

En Salta, la combinación de baja humedad, vegetación seca y ráfagas del Zonda permitió que el fuego se expandiera en minutos en distintos puntos. En la zona rural de Finca La Pedrera, sobre la ruta 39, el fuego avanzó por tres frentes distintos, alcanzó al menos una vivienda y se extendió hacia el cerro. Vecinos de las áreas afectadas se organizaron con baldes, mangueras y elementos domésticos para contener las llamas hasta la llegada de los equipos especializados.

Las acciones se desplegaron los días 18 y 19 de julio con la intervención de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta”, junto a efectivos de investigaciones de “Jujuy” y “La Quiaca”.

Durante la investigación, los agentes detectaron un vehículo con modificaciones destinadas al ocultamiento de estupefacientes. Ante esto, solicitaron apoyo al personal de la Sección Tres Cruces del Escuadrón 21 “La Quiaca”, cuya intervención resultó clave.

Durante un control en la Ruta Nacional N° 9, un perro detector marcó la presencia de drogas. La inspección permitió hallar 58 paquetes de cocaína escondidos en el torpedo y los zócalos del rodado, con un peso total de 61 kilos con 514 gramos.

A partir de este hallazgo, el Juzgado Federal de Jujuy ordenó doce allanamientos simultáneos en varias viviendas de San Salvador de Jujuy, La Quiaca, la localidad salteña de General Güemes y en una cárcel federal, donde uno de los miembros coordinaba las maniobras desde su celda.

Fuentes del caso detallaron que durante el operativo incautaron diez automóviles, dos camiones, una pistola, dos chalecos antibalas, 47 municiones calibre 9 mm, seis municiones 7,62 mm, tres cartuchos calibre 36, 40 teléfonos celulares, cuatro notebooks, nueve pendrives, 1.618.650 pesos y 26.000 dólares.

A su vez, detuvieron a siete personas que pertenecen al mismo grupo familiar. Según pudo saber Infobae, entre ellos figura un hombre que, a pesar de estar privado de la libertad, continuaba coordinando maniobras desde una cárcel federal a través de comunicaciones telefónicas.

El operativo fue supervisado por el fiscal federal de distrito de Salta, Eduardo Villalba, en coordinación con la fiscal de PROCUNAR, Mariana Gamba, y el secretario Viltes Monier. Las investigaciones continúan bajo la órbita del Juzgado Federal de Jujuy.

A principios de junio, efectivos de Gendarmería Nacional lograron desarticular una red narcocriminal que operaba entre Salta y Catamarca. El operativo, impulsado por el Juzgado Federal de Catamarca, incluyó un cerrojo para interceptar un vehículo en la capital catamarqueña, donde se detuvo a tres hombres y se incautaron más de tres kilos de cocaína con el sello del delfín, asociado a cárteles transnacionales.

La captura de estos sospechosos derivó en allanamientos simultáneos, donde se secuestraron marihuana, tusi, semillas de cannabis, balanzas, teléfonos y dinero.

El despliegue continuó con procedimientos en domicilios de Catamarca y Salta, donde se incautaron más drogas, vehículos y elementos vinculados al tráfico. Cinco personas, entre ellas dos mujeres y tres hombres, fueron arrestadas como responsables de la distribución y adulteración de las sustancias. La operación tenía como objetivo desmantelar tanto las redes de distribución como la estructura económica y logística del grupo.

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, fue hospitalizado este sábado luego de que sufriera un siniestro vial. Según trascendió, el funcionario circulaba en motocicleta por la ruta nacional 68, a la altura de la localidad de Coronel Moldes, cuando se produjo el accidente.

A pesar de que no trascendieron detalles sobre cómo fue la mecánica del incidente, desde el Ministerio de Salud Pública salteño informaron que Mangione fue trasladado de manera preventiva al Hospital San Bernardo, principal hospital de referencia de la provincia.

En el centro de salud, el titular de la cartera de Salud provincial fue sometido a diversos estudios y controles médicos, que determinaron que se encontraba en buen estado de salud y fuera de peligro. No obstante, como consecuencia de la caída, el ministro solo presentó raspones y golpes leves, sin registrarse lesiones de gravedad.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, al momento del accidente, Mangione circulaba con todo el equipamiento de seguridad reglamentario para conducir la motocicleta. Por este motivo, desde el ministerio destacaron que el uso de estos elementos permitió evitar consecuencias más graves.

El accidente se produjo en la ruta nacional 68, que históricamente es reconocida como uno de los circuitos paisajísticos más destacados del norte argentino. Según la Subsecretaría de Turismo de la Nación, es una carretera asfaltada de 183 kilómetros que conecta la ciudad de Salta con Cafayate. Además, uno de sus principales atractivos es el recorrido por la Quebrada de las Conchas, un sector donde se observan formaciones rocosas rojizas como la Garganta del Diablo y el Anfiteatro.

Federico Mangione es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y especialista en cirugía infantil. Completó un posgrado en gestión en salud pública y privada, y fue becario del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Ricardo Gutiérrez. Se encuentra a cargo del Ministerio de Salud Pública de Salta desde diciembre de 2022, luego de que fuera designado por el actual gobernador Gustavo Sáenz.

Se desempeñó como gerente general del Hospital Público Materno Infantil de Salta. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Sociedad Argentina de Cirugía Infantil, además de secretario del Comité de Cirugía Infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría filial Salta. También integra el Tribunal Evaluador de Especialidades del Colegio Médico de Salta.

Chocaron la camioneta que trasladaba al ministro de Seguridad de Santa Fe

Esta misma semana, la camioneta oficial del ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, fue embestida por otro vehículo sobre la avenida Circunvalación de Rosario. El incidente, ocurrido cerca de las 17:00 horas del jueves en la ruta nacional A008 a la altura de Uriburu, no dejó heridos ni entre el funcionario ni entre el personal que lo acompañaba.

Según confirmó el Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino, Cococcioni se trasladaba en una Toyota Hilux negra de uso oficial cuando el rodado fue impactado desde atrás en el carril norte. Tras el choque, el ministro permaneció en el lugar junto a efectivos de la Policía de Santa Fe, participando en las actuaciones correspondientes. Minutos después, se retiró sin inconvenientes, mientras se verificaba que tampoco hubiera lesionados entre los ocupantes del otro vehículo involucrado.

El accidente de la comitiva ministerial fue el primero de una serie de tres siniestros viales registrados en el mismo tramo de la Circunvalación durante la misma tarde. A unos 50 metros del primer impacto, tres vehículos también habían protagonizado una segunda colisión.

Más adelante, a la altura de Presidente Perón, otros dos automóviles chocaron entre sí. Aunque las autoridades descartaron que se tratara de un choque en cadena, las causas de los tres hechos se mantienen bajo investigación.

No obstante, la sucesión de los siniestros generó un operativo de envergadura sobre uno de los accesos más transitados de la ciudad. Según lo informado, se dispuso un corte preventivo en la intersección de Circunvalación y Avellaneda, en sentido norte, lo que provocó demoras para los conductores que se dirigían hacia el puente Rosario-Victoria.

Pablo Cococcioni es abogado penalista y docente en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Asumió como ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe en diciembre de 2023, coincidiendo con la llegada de Maximiliano Pullaro a la gobernación.

Previamente, ejerció como director del Instituto Correccional Modelo de Coronda, director general del Servicio Penitenciario y secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, lo que lo posiciona entre los funcionarios con mayor experiencia en el sistema de seguridad santafesino.

El temporal de viento Zonda que impactó el sábado 18 de julio en Jujuy y provocó graves daños materiales, cortes de energía y caída de árboles. Las ráfagas, consideradas las más intensas en más de treinta años por las autoridades jujeñas, exigieron la activación de un comité operativo de emergencia y la coordinación de todos los organismos provinciales, municipales y de servicios públicos.

El temporal también generó focos de incendios forestales en diferentes puntos de la provincia. Las autoridades advirtieron que la combinación de ráfagas intensas y vegetación seca incrementó de manera considerable el riesgo de propagación del fuego, por lo que solicitaron a la población no encender ningún tipo de quema y evitar salir de los domicilios durante la vigencia de la alerta naranja.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas por viento Zonda para áreas de alta cordillera y otras zonas críticas del país. Según el aviso publicado por el ente nacional: “El área de alta cordillera será afectada por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos. Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad”.

En este marco, el Gobierno de Jujuy conformó de urgencia un comité coordinador integrado por todos los ministerios, cuerpos de bomberos, la municipalidad capitalina y equipos de emergencia. El objetivo fue unificar recursos y acelerar la asistencia a las familias damnificadas. El ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, detalló que la prioridad fue blindar los servicios esenciales y coordinar directamente con intendentes para garantizar la operatividad hospitalaria y el abastecimiento de agua, cuya provisión resultó comprometida por cortes de luz masivos.

La Secretaría de Energía exigió formalmente a la empresa EJESA reforzar los operativos de calle debido a que más de 5.000 usuarios permanecieron sin suministro eléctrico en la provincia, según Somos Jujuy. Los barrios de San Salvador de Jujuy donde el personal sigue trabajando por las interrupciones parciales son: Alto Comedero, Coronel Arias, Bajo La Viña y Villa Jardín de Reyes, entre otros.

Por otro lado, el vocal primero de Agua Potable de Jujuy, Luis Jure, informó que se activaron grupos electrógenos para sostener el funcionamiento de las estaciones de bombeo clave y se desplegaron camiones cisterna en zonas críticas. La población recibió la recomendación de realizar un uso extremadamente racional del recurso hasta que se restableciera el servicio regular.

El SAME mantuvo la respuesta permanente en toda la provincia. El ministro de Salud, José Manzur, confirmó el funcionamiento pleno de todos los hospitales y la atención a pacientes electrodependientes. En el plano social, el secretario de Desarrollo Integral, Rodolfo Nieto, indicó que el Ministerio de Desarrollo Humano iniciaría un relevamiento casa por casa para identificar daños y necesidades de las familias afectadas.

Se desplegaron cuadrillas para despejar calles obstruidas por ramas y reiteró la advertencia a conductores y peatones por el apagado de semáforos y la presencia de obstáculos en la vía pública. Las autoridades insistieron en el pedido de restringir la circulación pública a casos indispensables y evitar cualquier actividad que pudiera generar nuevos focos de incendio.

El incendio en Salta propagados por el viento Zonda

Jujuy no fue la única provincia afectada por el fénomeno ya que Salta permece bajo alerta por la presencia de viento Zonda, lo que provocó más de 25 focos de incendio activos en simultáneo. Equipos de Defensa Civil y Bomberos trabajaron coordinados con recursos limitados para contener el avance de las llamas en la capital y localidades vecinas.

La propagación de los incendios se vio favorecida por la combinación de baja humedad, vegetación seca y ráfagas del Zonda, que permitieron que el fuego se expandiera en minutos. El SMN reforzó su advertencia resaltando que el fenómeno podía generar una reducción significativa de la visibilidad y condiciones extremadamente peligrosas para la población y los equipos de emergencia.

Áreas como el barrio 14 de Mayo de La Aldea, el Ecodistrito sobre Circunvalación Oeste y la zona del Hotel de La Liga sufrieron daños directos, con viviendas afectadas y al menos 20 hectáreas quemadas en el aeropuerto local. El avance del fuego en zonas rurales, como Iruya, obligó a evaluar el pedido de refuerzos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego para monitoreo aéreo.

En la zona rural de Finca La Pedrera, ubicada sobre la ruta 39 en Salta, el fuego se expandió a través de tres frentes diferentes, alcanzando al menos una vivienda y avanzando hacia el cerro. Las condiciones meteorológicas, marcadas por la intensidad del viento, dificultaron las tareas de contención y pusieron en riesgo a otras propiedades cercanas.

Los vecinos se organizaron y utilizaron baldes, mangueras y elementos domésticos para intentar frenar el avance de las llamas hasta la llegada de los equipos especializados. Según relataron residentes de las zonas afectadas, la propagación del fuego fue tan rápida que la intervención vecinal resultó crucial para proteger viviendas y evitar daños mayores.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que el consentimiento sexual debe ser actual, expreso y puede retirarse en cualquier momento, al confirmar la condena a un teniente del Ejército Argentino por abuso sexual simple cometido en un cuartel de Salta.

El hecho se produjo en la madrugada del 16 de septiembre de 2023, en las instalaciones de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 5 de Salta, que depende del Ejército Argentino.

Según lo que se tuvo por acreditado en el fallo, G.B. D., quien se desempeñaba como oficial de semana y tenía a su cargo la seguridad del establecimiento, ingresó sin autorización al dormitorio donde descansaba Z., una suboficial. Una vez en el lugar, se despojó parcialmente de su uniforme y se abalanzó sobre ella con indudable intención sexual.

“Se le tiró encima semidesnudo en la cama, al mismo tiempo que le decía la frase “esto muere acá”. Ante el abalanzamiento, la víctima logró reaccionar inmediatamente, lo empujó, lo repelió y le exigió que se fuera de la habitación“, reconstruye el fallo, que señala que el acusado luego “murmuró enojado, se volvió a vestir y se retiró del lugar”.

Existía un vínculo previo entre el oficial y la suboficial. Sin embargo, según argumentó la querella, la víctima fue clara y precisa en cinco declaraciones al relatar la “angustia genuina” acerca de las circunstancias. En su reconstrucción, dijo que antes del acto de abuso, cortó comunicación a la medianoche con su agresor y que previamente fue explícita al decir “acá no, afuera”, rechazando cualquier encuentro en el lugar de trabajo.

Por esta situación, el militar fue condenado a la pena de 9 meses de prisión en suspenso, como autor del delito de abuso sexual simple previsto en el art. 119, primer párrafo, del Código Penal. Ahora, la condena que fue confirmada en la instancia de Casación, al rechazar la impugnación interpuesta por la defensa.

En un fallo de especial relevancia para la jurisprudencia en materia de delitos contra la integridad sexual, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo aplicaron principios rectores para el juzgamiento de los delitos contra la integridad sexual, que vienen consolidándose en la jurisprudencia argentina e interamericana.

El juez Hornos, que lideró la decisión, desarrolló en su voto una extensa fundamentación y subrayó que “el consentimiento para un acto sexual debe ser actual, libre, expreso y mantenerse durante todo el desarrollo de la conducta". Es decir, no puede presumirse que conversaciones anteriores, vínculos previos o supuestas insinuaciones, tal como pretendió la defensa en el caso, “en modo alguno puede erigirse como una autorización” al consentimiento, según el magistrado.

La sentencia recordó que los delitos sexuales suelen cometerse en ámbitos de intimidad, lo que dificulta la existencia de pruebas directas o testigos presenciales. Por eso, indicó que la valoración probatoria debe seguir los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW.

El tribunal sostuvo que la ausencia de prueba directa no impide alcanzar certeza judicial cuando el relato de la víctima es consistente y se corrobora con otros elementos objetivos e indiciarios. Y agregó que juzgar con perspectiva de género implica eliminar estereotipos que históricamente han deslegitimado a las víctimas, como atribuir las denuncias a motivos sentimentales o intereses laborales.

Las pruebas de la acusación

El tribunal valoró la firmeza y coherencia del relato de la víctima, que se mantuvo consistente a lo largo de varias declaraciones -incluida la Cámara Gesell- y fue corroborado por pericias informáticas sobre los teléfonos celulares de ambas partes, registros de cámaras de seguridad, testimonios de personal militar y referentes institucionales de género, así como evaluaciones psicológicas.

Entre el conjunto de pruebas, el peritaje informático a los celulares permitió descartar la existencia de un “coqueteo previo”, ya que el análisis de los mensajes entre ambos durante año y medio mostró un trato “estrictamente formal, institucional y verticalista”. Asimismo, el corte abrupto de la comunicación de la víctima fue considerado un “acto inequívoco de rechazo”.

El conjunto de pruebas permitió corroborar la ausencia de consentimiento y descartar la hipótesis defensiva de un encuentro sexual consentido.

La sentencia también resolvió que los hechos constituyeron violencia institucional dentro del Ejército Argentino y enfatizó la obligación estatal de prevenir, investigar y sancionar hechos de violencia de género en sus propias estructuras.

Además de confirmar la condena penal, avaló la reparación económica, ante la necesidad de cubrir el costo terapéutico -128 sesiones a $23.000 cada una, totalizando $2.944.000 por daño psicológico- y sumando $1.177.600 por daño moral.

La ciudad de Salta y distintas localidades vecinas permanecen bajo alerta por la presencia del viento Zonda, que provocó más de 25 focos de incendio activos y complicó las tareas de los equipos de emergencia. Autoridades provinciales y municipales coordinan operativos para contener el avance de las llamas, mientras la población sigue atenta a la evolución de la situación.

La magnitud de los incendios quedó en evidencia mientras se disputaba el partido entre River Plate y Aldosivi en el Estadio Martearena de Salta, donde el fuego resultó visible desde el campo de juego. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron cómo las llamas avanzaban a pocos metros del estadio, generando una postal impactante para jugadores, público y televidentes.

Según informó El Tribuno, Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios coordinan acciones con recursos limitados para atender las múltiples emergencias. El subsecretario de Defensa Civil de la provincia, Gonzalo Rodríguez, explicó que cuentan con “dos cisternas, tres autobombas y tres camiones de reacción rápida” y que la colaboración entre todas las entidades es clave para intentar controlar una situación que se agrava por las condiciones meteorológicas.

Entre las áreas más afectadas, se encuentran: el barrio 14 de Mayo de La Aldea, el Ecodistrito sobre Circunvalación Oeste y la zona del Hotel de La Liga, donde el fuego llegó a consumir varias viviendas. El aeropuerto de Salta registró 20 hectáreas quemadas y requirió intervención urgente para evitar complicaciones mayores. En barrio San Carlos se reportaron otras 7 hectáreas afectadas.

Uno de los focos más alarmantes se produjo en el ingreso a Ampliación 14 de Mayo, donde el fuego avanzó sobre un terreno baldío rodeado de casas. Los vecinos relataron que el descampado suele estar cubierto de yuyos y vegetación seca, lo que facilitó la propagación de las llamas.

Un residente de la zona manifestó: “Estamos cansados”. Además, responsabilizó al estado de abandono del terreno por el “riesgo permanente durante la temporada de incendios”. Tras el incendio, los habitantes se organizaron rápidamente para contener el fuego antes de la llegada de los bomberos. Usaron baldes y mangueras domésticas en un intento desesperado por proteger sus viviendas.

Una vecina de barrio Los Eucaliptos también describió la situación: “Exactamente a las 15 fue esto, muy rápido todo. Estaba almorzando y comencé a sentir olor a humo. Desperté a mi papá y salimos a ver. Era todo viento y humo negro”. Sacó su vehículo y alertó al resto del barrio tocando bocina, lo que permitió que más vecinos salieran a colaborar. “Por suerte pudimos controlarlo y después llegaron los bomberos”, afirmó.

Rodríguez detalló que “anoche se reavivó el foco, pero fue sofocado”. Por otro lado, en zonas rurales y de difícil acceso, como Iruya, las autoridades evalúan solicitar refuerzos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para contar con monitoreo aéreo, ya que la intensidad del viento impide el desplazamiento seguro de brigadas terrestres.

El fenómeno del viento Zonda propició un escenario extremadamente peligroso: las ráfagas, la baja humedad y la acumulación de vegetación seca permitió que el fuego se propague en cuestión de minutos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó la alerta a naranja para la zona de Capital y el Valle de Lerma: “El área de alta cordillera será afectada por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100km/h”.

Además el SMN informó que hay “ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos. Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad”. La persistencia del viento Zonda y la aparición constante de nuevos focos mantienen la incertidumbre entre los habitantes de Salta. Rodríguez subrayó que la situación “se terminará cuando el viento cese”, lo que deja a la ciudad.

Las autoridades reiteran la importancia de extremar precauciones y seguir las recomendaciones oficiales. Se solicita evitar cualquier tipo de quema, no arrojar colillas de cigarrillo en terrenos secos y avisar de inmediato al Sistema de Emergencias 911 ante la presencia de humo o fuego. Los medios locales remarcan la importancia de la colaboración ciudadana y sugieren utilizar los canales oficiales para acceder a información actualizada sobre los incendios y las zonas comprometidas.

Tal como lo habían anticipado fuentes oficiales, el Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó que apelará la decisión del Tribunal de Impugnación que el miércoles por la noche dio a conocer un inesperado giro en la causa por el homicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en la localidad de Vaqueros.

Mediante una publicación, el organismo aseguró que recurrirá a todas las instancias que sean necesarias, empezando por la Corte de Justicia de Salta, luego de que revocaran la sentencia contra el declarado autor del crimen, el fallecido Javier Nicolás Saavedra, ocho meses después de dictarla. En paralelo, reafirmó la absolución del resto de los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra, tras rechazar el recurso de casación elevado por el MPF que buscaba revertir esta acción.

Los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano habían aplicado el principio jurídico “in dubio pro reo”, en donde los absolvieron por el beneficio de la duda.

La presentación ante la Corte de Justicia abarcará distintos aspectos de la resolución que, a criterio del MPF, merecen revisión constitucional. El organismo también se reservó la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si las instancias provinciales no prosperan.

Uno de los argumentos centrales del recurso radica en una distinción que el MPF considera que el Tribunal de Impugnación no supo separar: la imposibilidad jurídica de condenar a una persona fallecida y la obligación del Estado de dejar asentado, en la sentencia, cuáles fueron los hechos que el juicio oral acreditó. Para el organismo, reconstruir cómo ocurrió un delito a partir de las pruebas producidas en un debate público no equivale a atribuir responsabilidad penal a quien ya no está vivo.

El propio fallo del Tribunal reconoció que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que el principal acusado participó activamente en el crimen junto con, al menos, otra persona. “Prácticamente la totalidad de la prueba producida en el debate dio cuenta de una activa participación de Javier Saavedra en el accionar delictivo que terminara con la muerte de quien en vida se llamara Jimena Salas”, indicó el MPF. Aun así, los jueces anularon la condena porque Saavedra había muerto horas antes de que comenzara el juicio oral, lo que, según su criterio, impedía mantener cualquier pronunciamiento en su contra.

El organismo público calificó esa decisión como un recurso a “conceptos anacrónicos y desactualizados” al destacar que los jueces de Impugnación —quienes tenían “activa participación de Javier Saavedra en el hecho delictivo”— recurrieron a “un naif e innecesario tecnicismo anacrónico y desactualizado” para tomar la decisión y pretendieron justificarlo mediante el fallecimiento.

El MPF también cuestionó que los jueces hayan anulado un punto de la sentencia que ninguna de las partes había pedido revisar. Las defensas del resto de los Saavedra solo habían recurrido para cuestionar sus propias absoluciones, sin plantear ningún reparo sobre la condena al fallecido. “Lo más importante es que declararon la nulidad de la responsabilidad de Javier Nicolás Saavedra y no hicieron lugar a los pedidos de los fiscales y la querella”, sostuvo la defensa.

Entre los elementos de prueba que el MPF destacó para reforzar su postura, señaló que la propia perito de parte de la defensa confirmó que el ADN hallado en la escena del crimen pertenecía a Javier Nicolás Saavedra, en coincidencia con la perito genetista del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Dada la repercusión del caso, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, anunció que participará personalmente en el recurso junto al fiscal de la causa, Eduardo Sylvester.

La investigación para identificar al denominado “Hombre 2”, señalado como el segundo autor material del crimen, continúa en paralelo con distintas medidas probatorias orientadas a su eventual sometimiento a proceso, según aclaró el MPF. El organismo subrayó que esas tareas no son una consecuencia del fallo del Tribunal de Impugnación, sino que estaban en marcha con anterioridad a su dictado.

El femicidio de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros, Salta. La víctima, de 44 años, fue encontrada con decenas de puñaladas en su vivienda.

La causa atravesó distintas hipótesis y dos juicios hasta que el foco recayó sobre los hermanos Saavedra. Javier, cuyo ADN coincidió con una de las muestras genéticas halladas en la escena, fue señalado como autor material, pero apareció muerto en la alcaidía un día antes del segundo juicio, en lo que se determinó como suicidio.

“Piqueteros nos vinieron a extorsionar que si no les dábamos obras, cortaban la ruta y tomaban el municipio”, publicó el intendente en sus redes sociales, junto a dos videos de la reunión.

Junto al orgullo de haberse plantado firme ante ellos, agregó: “Se acabaron las viejas mañas y vivir del Estado”.

“No vamos a ceder ante presiones ni amenazas. Nadie puede condicionar mediante cortes de ruta, tomas de la municipalidad o cualquier medida que perjudique a los vecinos. Mi responsabilidad es defender el derecho de los tartagalenses a vivir, trabajar y circular en paz. No permitiré que la extorsión sea una práctica para intentar imponer intereses personales”, concluyó sus mensajes.

En los videos, se lo ve a Hernández Berni sentado a la cabecera de una mesa junto a cuatro representantes piqueteros y el comisario  Jorge  Ruiz, jefe de la Comisaría 3 de Tartagal.

“El municipio no les falló nunca. La ciudad tiene que aguantar que ustedes tomen el municipio”, manifiesta en las imágenes el intendente.

Y le recuerda a uno de ellos: “Vos terminaste la obra hace tres semanas. No está certificada la obra, porque cuando vinieron a verla no estaba terminada”.

Los encargados de los trabajos habían pedido un pago a cuenta, el cual solo podía realizarse tras una certificación por parte del gobierno provincial. Al no haber podido cumplirse ese requisito, el dinero no estuvo disponible.

Ante la insistencia, Hernández Berni le pregunta a uno de sus interlocutores: “Si no te doy una obra, ¿van a seguir haciendo acampes?”. Como la respuesta fue afirmativa, lanzó una contrapropuesta llena de ironía: “Hacé obras privadas, entonces”.

Los cooperativistas, la semana pasada, luego de haberse encadenado a la sede de Rentas de Tartagal, comenzaron el corte de la Ruta Nacional 34, a la altura del puente Cuña Muerta. Se trata de una arteria clave tanto para el transporte de pasajeros como para el de carga, por ser una vía de comunicación con Bolivia.

Todo el tránsito fue desviado hacia caminos alternativos. Muchos, incluso, denunciaron que se les cobró un peaje para seguir sus caminos.

“Les dimos una obra de 196 millones de pesos el año pasado, y otra obra de 121 millones de pesos, que es la actual, que la terminaron hace cuatro semanas. ¿Y me decís que no tienen trabajo?“, espetó en la reunión el intendente.

Hernández Berni resaltó que “los recursos de Nación se cortaron y el gobernador hace un esfuerzo enorme”.

Al no obtener la respuesta que fueron a buscar, los piqueteros se levantaron de la mesa con la promesa de continuar con las medidas de fuerza.

“A mí no me vengas a amenazar. Mandate a mudar”, los despidió el intendente de Tartagal.

Según expuso el propio jefe comunal, lo amenazaron con avanzar con la toma del edificio municipal, cortes de ruta y manifestaciones en la Casa de Gobierno de Salta como forma de presión para obtener beneficios.

“Se terminó el tiempo de los aprietes. En Tartagal se gobierna con firmeza y pensando en todos los vecinos”, afirmó Hernández Berni, quien además remarcó que la prioridad de su administración es preservar la paz social, garantizar el cumplimiento de las normas y administrar los recursos públicos con transparencia y equidad.

Por otro lado, reafirmó que las obras públicas y la asistencia municipal se asignan de acuerdo con criterios objetivos y procedimientos administrativos, y no como consecuencia de presiones o medidas de fuerza.

A nueve años del femicidio de Jimena Beatriz Salas, el Tribunal de Impugnación de Salta dio un nuevo giro judicial a la causa. Luego de que Javier Nicolás Saavedra, el principal sospechoso que fue encontrado muerto en su celda, fuera declarado autor del hecho post mortem, la sentencia fue revocada. Asimismo, ratificaron la absolución del resto de los acusados.

En un fallo de 54 páginas, los jueces Javier Francisco Araníbar y Ramón Esteban Medina dieron lugar al recurso de casación presentado por el abogado defensor Marcelo Arancibia contra la sentencia del 7 de noviembre de 2025, que declaró a Saavedra como el responsable de la muerte de la joven.

La declaración de nulidad también beneficiaría a la persona identificada como “Hombre 2”, cuya identidad no se dilucidó, pese a que en la escena del crimen se había encontrado su perfil genético. Como consecuencia, las actuaciones serán remitidas a los investigadores para que continúen la investigación en torno a los responsables del homicidio de Salas.

De igual modo, el tribunal rechazó el recurso de casación elevado por el Ministerio Público Fiscal que buscaba revertir la absolución de los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra. Esta había sido solicitada por Arancibia, tras argumentar que no había pruebas suficientes para demostrar que hubieran cometido y/o participado del delito.

Tras evaluarse la situación procesal de los Saavedra, los José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano aplicaron el principio jurídico “in dubio pro reo”, es decir, los absolvieron por el beneficio de la duda. Así, la decisión quedó firme al recibir la aprobación del Tribunal de Impugnación de Salta.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el fallo se dio a conocer el miércoles por la noche, pero las autoridades del Ministerio Público Fiscal aún no habrían sido notificadas formalmente. No obstante, fuentes oficiales anticiparon que recurrirán a instancias superiores, incluyendo una revisión por parte del máximo tribunal provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Poco después de que trascendiera la noticia, el abogado defensor de los hermanos Saavedra destacó que “lo más importante es que declararon la nulidad de la responsabilidad de Javier Nicolás Saavedra y no hicieron lugar a los pedidos de los fiscales y la querella”.

El femicidio de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017, entre las 12:30 y las 13:30 horas, en el barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros, provincia de Salta. La víctima, de 44 años, había sido encontrada con decenas de puñaladas en su vivienda, en una escena que los investigadores describieron como de extrema violencia.

En los nueve años transcurridos, la causa atravesó varias etapas de investigación. Inicialmente, los fiscales Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix sostuvieron la hipótesis de un crimen durante un robo, basado en que los autores habrían utilizado un Caniche Toy como señuelo para ingresar a la casa.

En la escena se recogieron dos muestras genéticas, identificadas como “Hombre 1” y “Hombre 2”, pero no se logró identificar a los responsables y la investigación quedó estancada. Posteriormente, con el cambio de fiscales, la pesquisa se orientó hacia la hipótesis de un crimen por encargo, donde el viudo, Nicolás Cajal, pasó a ser el principal sospechoso.

Fue así que el 14 de junio de 2019 fue detenido Sergio Vargas, un vendedor ambulante que había estado en el barrio de la víctima al momento del crimen. En principio, había sido acusado como autor material, pero luego se le atribuyó una participación menor. Asimismo, a Cajal se le imputó por presunto encubrimiento. Ambos terminaron absueltos en el primer juicio por falta de pruebas concluyentes.

Con el nuevo rumbo de la investigación, el foco se puso sobre los hermanos Javier, Carlos y Adrián Saavedra. En el caso de Javier, este fue señalado como el más comprometido por la coincidencia de su ADN con el perfil de “Hombre 1”. Sin embargo, fue hallado muerto en la alcaidía un día antes del segundo juicio, en lo que se determinó como suicidio.

A raíz de esto, el tribunal dictó su sobreseimiento por extinción de la acción penal, pero dejó asentada en la sentencia una certeza de responsabilidad como autor material. Es decir, la decisión que ahora fue anulada por el Tribunal de Impugnación salteño.

Tras la decisión judicial, la causa por el asesinato de Jimena Salas volvió a ser abierta, por lo que se deberá retomar la investigación para esclarecer la autoría material y la posible participación de otros involucrados. A casi una década del brutal crimen, el caso sigue sin responsables condenados.

Un operativo judicial realizado en la ciudad de Salta concluyó con el secuestro de 12 automóviles, dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos de interés en el marco de una investigación por presuntas estafas reiteradas y operaciones irregulares con vehículos. Una de las hipótesis indicaría que se habría tratado de una estafa piramidal.

La investigación fue llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que actuó tras recibir cinco denuncias de damnificados. Según los testimonios, los sospechosos se presentaban como responsables de las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L., a través de las cuales ofrecían esquemas de inversión vinculados a la compra y alquiler de vehículos o a la captación de capitales con promesas de rendimientos mensuales en dólares.

De acuerdo con las denuncias, tras recibir sumas de dinero o vehículos, los compromisos de pago dejaron de cumplirse y las garantías ofrecidas carecían de valor efectivo. En principio, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio sospecharía que los investigados habrían utilizado los aportes de nuevos inversores para cumplir pagos iniciales a otros participantes hasta que habrían dejado de percibir ingresos.

Esta forma de operar habría generado perjuicios patrimoniales millonarios, según la información dada a conocer por el Ministerio Público Fiscal de Salta. A raíz de esto, las autoridades ordenaron seis allanamientos en varios domicilios que estarían vinculados a las firmas investigadas.

El operativo tuvo como blanco oficinas comerciales, viviendas particulares y un predio en la zona de Las Costitas, San Lorenzo, donde se resguardaría parte de la flota de vehículos. Como resultado de los procedimientos, el personal de la Unidad UDEC del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF incautó automóviles, dispositivos informáticos, documentación y el pasaporte de una de las tres personas señaladas como parte de la maniobra.

Hasta el momento, las tareas de la UDEC permitieron identificar que algunos automóviles habrían sido utilizados para prestar servicios en plataformas de transporte y, en ciertos casos, habrían sido trasladados a otras provincias para dificultar su localización.

En línea con esto, las autoridades analizaron también los frecuentes desplazamientos de los investigados entre Salta, Buenos Aires y destinos internacionales como Brasil, Chile y Portugal. Este tipo de movimientos llevó a la fiscal a solicitar medidas para evitar riesgos procesales.

Por este motivo, Salinas Odorisio solicitó ante el Juzgado de Garantías N° 2 del distrito Centro, a cargo del juez Ignacio Colombo, la inmovilización de cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos y sus sociedades. Además, pidió la detención de dos de los investigados y la prohibición de salida del país para los tres involucrados.

Actualmente, las actuaciones continúan bajo secreto de sumario. No obstante, se analiza la documentación secuestrada, se amplía la pesquisa sobre los movimientos financieros y la posible existencia de otros damnificados por el presunto esquema investigado.

Ofrecía puestos en el Poder Judicial de Salta y cobraba $40.000

Un hombre fue imputado por estafas reiteradas en la provincia de Salta, acusado de engañar a más de cien personas con falsas promesas de empleo en el Poder Judicial. Según informó la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), el acusado ofrecía supuestos puestos de trabajo como secretarias en la Ciudad Judicial a cambio de dinero y documentación personal.

El imputado se presentaba como licenciado en Psicología y aseguraba trabajar en el área. Por medio de esa identidad ficticia, ofrecía gestionar el ingreso laboral de las postulantes y solicitaba el pago de 40.000 pesos para tramitar certificados de antecedentes.

Además, requería a los denunciantes su currículum vitae, fotografías tipo carnet, estudios médicos y otra documentación personal, bajo el pretexto de integrar un legajo de ingreso. La oferta se difundía principalmente a través de redes sociales y WhatsApp, alcanzando amplia circulación.

Tras entregar el dinero y la documentación, las víctimas recibían mensajes en los que se reprogramaban reiteradamente entrevistas, exámenes psicotécnicos y estudios pre-ocupacionales, incluso con turnos en hospitales. La postergación sistemática fue lo que encendió la alarma entre las afectadas.

Finalmente, todo se descubrió cuando acudieron al área de recursos humanos del Poder Judicial y otros organismos, en donde pudieron comprobar que no existía ninguna convocatoria abierta y que el supuesto empleado no pertenecía a la institución.

A raíz de esto, la UDEC, representada por el auxiliar fiscal Pablo Nieva, formalizó la imputación en audiencia. En esa instancia, el acusado fue asistido por un defensor oficial, se negó a declarar y tampoco respondió a las preguntas de la Fiscalía.

A través de su defensa, solicitó que la causa sea derivada a mediación penal. Sin embargo, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio encuadró provisionalmente los hechos como estafas reiteradas en cuatro hechos en concurso real, considerando que el imputado habría desplegado maniobras engañosas para inducir a error a las víctimas, obtener dinero y ocasionarles un perjuicio patrimonial. La investigación se inició a partir de las denuncias radicadas entre mayo y junio de este año.

Entre los elementos reunidos constan las denuncias de las damnificadas, la documentación aportada por ellas, conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, un informe del Banco Central de la República Argentina y publicaciones oficiales del Poder Judicial de Salta.

Luego de que se tomara conocimiento del caso, desde el Poder Judicial de Salta se advirtió a través de medios locales que los delincuentes empleaban correos electrónicos con asuntos como “notificación extrajudicial”, “intimación digital”, “aviso de despacho emitido, responda a la brevedad” o referencias a un supuesto “tribunal regional de trabajo”.

Debido a que los mensajes provenían de cuentas con dominios ajenos a cualquier dependencia oficial, como “@libero.it”, se permitió detectar el fraude. El estafador incluso ofrecía facilidades de pago para el desembolso inicial de los 40.000 pesos.

Por este motivo, las autoridades llamaron a la ciudadanía a no abrir correos provenientes de dominios no oficiales ni acceder a los enlaces incluidos, ya que estas prácticas podrían ser utilizadas para el robo de datos personales o la infección de dispositivos. Además, se instó a desconfiar de cualquier pedido de dinero como condición para iniciar trámites laborales y a verificar las búsquedas de empleo únicamente a través de los canales oficiales de cada organismo.

La Unidad de Investigaciones Antidrogas “Aguaray” de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) secuestró una avioneta en el aeródromo de la localidad salteña de General Mosconi, detuvo a sus dos ocupantes -ambos de nacionalidad boliviana- e investiga si son parte de una red de narcotráfico en la frontera norte del país.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el operativo se concretó el jueves 9 de julio pasado, alrededor de las 16.40, cuando las autoridades tomaron conocimiento de que una aeronave Cessna 210, matrícula LV-KDE, había aterrizado en el aeródromo.

Según pudieron establecer los investigadores, los ocupantes salieron de la terminal aérea en un remis hacia la localidad.

El plan de vuelo de la aeronave inicialmente no figuraba en los registros aeronáuticos, aunque posteriormente la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) confirmó que había sido presentado con origen en Santiago del Estero y destino en General Mosconi.

El personal antidrogas se presentó en el aeródromo y, con la autorización del responsable del predio, realizó las primeras diligencias para recabar información sobre el arribo y los movimientos de los ocupantes.

En coordinación con la Fiscalía Federal de Tartagal, los investigadores desplegaron tareas de análisis e inteligencia que permitieron localizar el hotel donde se alojaban los sospechosos. Con los indicios reunidos, la Fiscalía solicitó al Juzgado Federal de Orán, a cargo del juez Jorge Gustavo Montoya, las órdenes de allanamiento y detención, que fueron autorizadas de inmediato.

El operativo, realizado con apoyo de la fuerza especial ESTAGAL, incluyó el allanamiento del alojamiento, la extracción de información de los teléfonos celulares hallados y la inspección posterior de la aeronave, que fue secuestrada por orden judicial.

Entre los elementos incautados figuran un teléfono iPhone 13 Pro, un teléfono Samsung A04, tres bidones de combustible vacíos y documentación de interés para la causa. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Según informó la Unidad de Investigaciones Antidrogas, el avalúo de los bienes secuestrados asciende a más de $300 millones de pesos. Asimismo, las fuentes consultadas por este medio, indicaron que la investigación y procedimientos se encuadran en el marco de la Ley 23.737, que regula los delitos relacionados al tráfico de estupefacientes.

El operativo se desarrolló con comunicación fluida entre la fuerza y el Ministerio Público Fiscal, lo que permitió la obtención y el análisis de indicios, antecedentes y elementos para solicitar medidas judiciales con rapidez. La intervención incluyó tareas de campo, gabinete y análisis de información.

La investigación, bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Tartagal que encabeza la fiscal Lucía Romina Orsetti junto al secretario federal Rafael Lamas, continúa con el objetivo de determinar el rol de los detenidos y el destino que tendría la aeronave dentro de la maniobra que se investiga.

Según el diario El Tribuno de Salta, tras la audiencia de imputación realizada ayer, la Fiscalía les atribuyó los delitos de ejercicio ilegal de la actividad aeronáutica y tentativa de contrabando de exportación agravado, al considerar que pretendían sacar del país la aeronave. El juez Montoya hizo lugar al pedido de prisión preventiva por 80 días formulado por la Fiscalía, medida que cumplirán en el Complejo Penitenciario Federal NOA III.