Tres hinchas de Juventud Antoniana murieron como consecuencia de un accidente vial en la Ruta Nacional 34, cerca de Antajé, Santiago del Estero, cuando regresaban a Salta luego del partido que el club disputó frente a Sarmiento de La Banda por la cuarta fecha del Torneo Federal A.

El hecho ocurrió la noche del domingo y tuvo como saldo la muerte de Darío Soto, Lucas López y, horas más tarde, de Mauricio Meres.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 735, en circunstancias que las autoridades buscan esclarecer. De acuerdo con un reporte de El Tribuno, el vehículo en el que viajaban los simpatizantes volcó luego de colisionar con un camión, lo que provocó que el automóvil diera varios tumbos sobre la ruta.

Peritos de la Policía y la Fiscalía de Santiago del Estero trabajan en la investigación para determinar las causas exactas del accidente. Las primeras versiones indican que el conductor habría perdido el control del rodado antes de impactar con el camión, aunque se analizan otros factores como el estado de la calzada y la dinámica previa al choque.

En el acto murieron Soto y López, mientras que otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia a centros de salud cercanos. Meres permanecía internado en grave estado en el Hospital Regional de la capital santiagueña hasta que se confirmó su fallecimiento el lunes por la tarde, después de las 18.

El fiscal interviniente, Hugo Herrera, ordenó la realización de la autopsia sobre el cuerpo de Meres para avanzar con la investigación del siniestro. De acuerdo con la información recogida por El Tribuno, los otros dos ocupantes, identificados como Quipildor y Robles, evolucionan favorablemente. Quipildor continúa internado con fracturas en al menos dos costillas, pero se encuentra fuera de peligro, mientras que Robles presenta lesiones y permanece estable.

La despedida del mundo del fútbol

La noticia causó un profundo impacto entre hinchas, directivos y allegados de Juventud Antoniana, quienes permanecen atentos al estado de los sobrevivientes y al avance de la investigación judicial.

A través de sus redes sociales, emitieron un comunicado de despedida y condolencias tras confirmarse la muerte de Meres. “El Centro Juventud Antoniana lamenta con profundo dolor el Fallecimiento de Mauricio Meres, quien se encontraba gravemente internado tras el accidente vial ocurrido cuando regresaba a nuestra provincia, luego de acompañar al equipo en Santiago del Estero”, escribieron en el mensaje.

“Su partida agrava aún más el dolor que atraviesa toda la familia antoniana en este momento tan difícil. Acompañamos con el corazón a su familia, seres queridos y allegados, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y poniéndonos a total disposición para lo que necesiten. Hoy despedimos a tres hinchas que dejaron todo por estos colores. Que su pasión y amor por Juventud permanezcan por siempre en nuestra memoria. Que en paz descansen Antonianos”, cerraron.

La tragedia generó una ola de pesar en el ambiente futbolero salteño y un clima de duelo en el club, que perdió a tres de sus simpatizantes en este trágico accidente.

En este contexto, desde Gimnasia y Tiro manifestaron su pesar y enviaron mensajes de solidaridad tras la trágica noticia, antes de confirmarse la última muerte. “El Club de Gimnasia y Tiro lamenta profundamente el fallecimiento de los dos seguidores del Centro Juventud Antoniana. Ante esta dolorosa noticia, nuestra institución desea expresar su más sincera solidaridad y acompañamiento a sus familiares, allegados y a toda la comunidad de Juventud Antoniana en este momento de duelo. Acompañamos en el sentimiento a quienes atraviesan esta difícil pérdida”, escribieron en sus redes sociales.

Por otra parte, Central Norte de Salta también emitió un breve comunicado a través de sus redes sociales, antes de confirmarse el tercer fallecido: “Club Atlético Central Norte expresa su profundo pesar por el fallecimiento de dos hinchas de Juventud Antoniana, ocurrido en un accidente en ruta. Acompañamos a sus familias, amigos y a toda la institución en este difícil momento. Q.E.P.D.”.

Detuvieron a una mujer por la validación irregular de 3.477 aptos médicos para licencias profesionales de conducir en Salta. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Clínica Cruz Azul, prestadora de servicios de estudios psicofísicos para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que detectó irregularidades en la emisión de certificados de aptitud médica.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, se realizaron allanamientos en tres domicilios de la ciudad de Salta y culminaron con la detención de una empleada administrativa y el secuestro de documentación relacionada con la causa.

La intervención judicial surgió luego de que el apoderado de la Clínica Cruz Azul SRL denunciara el 23 de diciembre pasado a una integrante del personal administrativo. De acuerdo con la información, la clínica, autorizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para emitir estudios psicofísicos requeridos en la obtención de licencias profesionales, detectó diferencias en los registros internos y oficiales de los aptos médicos emitidos.

La alerta se encendió cuando, durante las vacaciones de una trabajadora, la supervisora del área identificó recibos por prestaciones que no figuraban en la contabilidad y certificados de aptitud cargados en el sistema oficial (REPRE) a nombre de personas que nunca fueron atendidas por la institución.

A raíz de esto, la Clínica Cruz Azul solicitó a la ANSV un informe detallado de los certificados emitidos en 2025 y restringió el acceso al sistema, al modificar las claves de usuario.

El cruce de la base de datos interna (GoMedisys) con el registro oficial REPRE arrojó una diferencia significativa: se habrían validado 3.477 aptos médicos sin respaldo en atenciones reales. Esta anomalía motivó el inicio de una investigación interna mientras la empleada señalada presentó su renuncia el 12 de diciembre.

No obstante, el 22 de diciembre se registró la carga de seis nuevos certificados irregulares desde otro usuario, lo que llevó a la clínica a radicar la denuncia formal.

El Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) analizó los sistemas informáticos empleados en la clínica y cruzó los datos entre GoMedisys y REPRE para individualizar a los responsables.

La pesquisa permitió establecer que la empleada administrativa habría sido la encargada de ingresar los certificados de aptitud psicofísica sin respaldo documental y de generar recibos por servicios inexistentes. Además, se solicitó información a entidades bancarias y plataformas digitales con la finalidad de rastrear los movimientos financieros asociados a las maniobras investigadas.

El análisis contable permitió identificar una desproporción considerable entre los ingresos declarados por la empleada y los movimientos en sus cuentas bancarias, con transferencias reiteradas provenientes de personas incluidas en los listados de la clínica. El reporte del MPF señaló que “se identificó un patrón sistemático de operaciones que evidenciaría la percepción de sumas de dinero por fuera del circuito formal”.

La investigación, encabezada por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, también permitió identificar a otras dos personas presuntamente vinculadas a la maniobra. Con la información reunida, la fiscal solicitó al Juzgado de Garantías 8 los allanamientos de tres domicilios ubicados en el macrocentro de la ciudad y en el barrio Pereyra Rosas. Durante los operativos se procedió a la detención de la empleada administrativa y al secuestro de elementos de interés para la causa.

Un hombre de 29 años quedó bajo investigación judicial tras protagonizar una fuga con tobillera electrónica, saltar al río para intentar escapar y agredir a una agente policial en la ciudad de Salta. El episodio se desencadenó este ultimo domingo, cuando el sistema de monitoreo electrónico detectó la ausencia del sospechoso fuera del domicilio en el que debía cumplir arresto domiciliario, ubicado en calle Catamarca al 1300.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el fiscal penal 5 del Distrito Centro, Federico Jovanovics, imputó al acusado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas por tratarse de un funcionario policial, en concurso real, y solicitó su prisión preventiva. La causa que originó la medida de arresto domiciliario está vinculada a un hecho de robo, de acuerdo con el reporte oficial.

La alerta se activó cuando la tobillera electrónica marcó que el joven se había retirado sin autorización y fuera del horario permitido. Ante esta situación, la fuerza policial desplegó un operativo para dar con su paradero, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Salta. Horas después, el individuo fue localizado en las inmediaciones de Villa San Antonio. Al notar la presencia de los efectivos, emprendió la huida a pie, lo que derivó en una persecución por varias calles de la zona.

Durante el operativo, un grupo de personas intervino arrojando elementos contundentes hacia los uniformados, con la intención aparente de obstaculizar la detención y favorecer la evasión del hombre, según detalló el informe de la Fiscalía. La persecución terminó en cercanías de la avenida Costanera y calle 16 de Septiembre, donde el acusado se arrojó desde un paredón al interior del río, en un intento desesperado por evitar la captura.

Finalmente, los agentes lograron reducirlo y proceder a su demora. Al momento de ser interceptado, el hombre opuso resistencia y atacó con golpes de puño y patadas a los integrantes de la fuerza policial. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Salta, una agente resultó lesionada y debió recibir asistencia médica, con diagnóstico de traumatismos en el brazo y hombro izquierdo, además de lesiones en una de sus manos.

El imputado fue asistido por un defensor particular y optó por abstenerse de declarar ante la Fiscalía. El caso continúa bajo la órbita del fiscal Federico Jovanovics, quien formalizó la acusación y solicitó que el sospechoso permanezca bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Un árbitro dirigió con tobillera electrónica y protagonizó una pelea en el futbol amateur de Chubut

Un episodio inesperado alteró un campeonato de fútbol amateur en Trelew. Un árbitro identificado como Gustavo Monsalve, quien dirigía portando una tobillera electrónica, terminó involucrado en un incidente que incluyó a un policia en el complejo de canchas conocido como “Marquitos”. Pese a la pelea, el desarrollo de los partidos no se detuvo.

Según informó ADN Sur, Monsalve protagonizó un altercado físico con un miembro de la fuerza policial mientras dirigía uno de los encuentros del torneo barrial. Tras ese cruce, el árbitro se dirigió hacia un automóvil que, de acuerdo con testigos, no le pertenecía y permaneció varios minutos en el interior, generando incertidumbre entre quienes se encontraban en el predio. La situación se resolvió sin que se produjeran nuevos enfrentamientos.

Entre los presentes circuló la versión de que Monsalve se encuentra bajo una medida judicial que lo obliga a utilizar tobillera electrónica, presuntamente por una causa de violencia de género. La versión, no obstante, no fue corroborada por autoridades oficiales.

A pesar del incidente, los organizadores del torneo optaron por no suspender la programación y los partidos continuaron con normalidad. La decisión buscó evitar que el conflicto interfiriera en el desarrollo general de la jornada, aunque el ambiente en las canchas quedó alterado.

El hecho se produjo en un contexto de recientes operativos policiales en el mismo predio deportivo. Apenas un día antes, la policía había realizado un procedimiento en el lugar, que incluyó el secuestro de 13 vehículos, entre motocicletas y automóviles, y la detención de un hombre por presunta desobediencia.

La organización del torneo todavía no emitió un comunicado formal sobre lo sucedido ni acerca de la continuidad de Monsalve como árbitro en futuras fechas.

La Justicia de Salta condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a los padres de una beba de 8 meses por causar lesiones graves a su hija. La menor ingresó al hospital en un estado convulsivo a principios de marzo.

La sentencia se dictó después de que la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto acreditara en audiencia que ambos progenitores ejercieron maltrato infantil. El padre, además, fue responsabilizado por coacción contra un familiar directo de la menor. Como parte de la resolución, los padres perdieron la responsabilidad parental, quedando privados de la custodia y de los derechos sobre el cuidado y educación de la niña.

El caso se conoció a partir del ingreso de la menor al Hospital Materno Infantil el 5 de marzo pasado, en estado crítico, con un cuadro convulsivo y múltiples lesiones. El equipo médico reportó la situación a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, lo que dio inicio a la investigación penal y a la detención de ambos padres en Villa Lavalle.

El tribunal dispuso además medidas de protección para la menor, quien permanece internada bajo atención médica especializada.

Durante la investigación, un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal realizó visitas y entrevistas con el entorno familiar, recabando informes médicos y testimonios que evidenciaron un contexto de violencia. Las versiones contradictorias sobre las condiciones de vida de la niña reforzaron la decisión de mantener el seguimiento profesional y la protección integral de sus derechos.

Caso Ángel López

La condena de los padres de esta menor llega tan solo días después de que se conociera la noticia de la muerte de un niño de 4 años, que ingresó al Hospital de Regional de Comdoro Rivadavia en paro cardiorrespiratorio, con signos de traumatismo previo y un cuadro neurológico irreversible.

Por el caso, detuvieron a su madre biológica y a la pareja de ella. El informe preliminar de la autopsia, entrevistas, denuncias previas y testimonios fundamentaron el pedido de arresto que resolvió el juez Alejandro Soñis, tal como indicaron fuentes del caso a Infobae.

Ángel había sido trasladado el 5 de abril al hospital local en estado crítico, luego de descompensarse en la vivienda materna, donde se encontraba en el marco de un proceso de revinculación ordenado por la Justicia. Ingresó con un paro cardiorrespiratorio y falleció dos días después, pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico.

El parte médico oficial consignó que, presentaba signos de traumatismo previo y un cuadro neurológico irreversible. El informe médico, firmado por el pediatra Ariel Luizaga, detalló que el niño tenía lesiones compatibles con violencia física y niveles anormales de glucemia, elementos incorporados a la causa judicial.

“Me lo sacaron de mi casa, de nuestra familia, que vivía bien, feliz, contento. Se lo llevaron para matarlo. Porque no lo cuidaron, lo mataron, lo torturaron”, aseguró Luis, el padre de Ángel, al ser entrevistado en Radio Mitre.

El hombre contó que su hijo vivió con él desde su nacimiento y durante cuatro años en un entorno que describió como estable y afectuoso. “Fueron cuatro hermosos y felices años”, recordó, al tiempo que cuestionó la decisión judicial que otorgó la custodia a la madre en el marco de un proceso de revinculación.

Según su testimonio, la madre había abandonado previamente al niño y luego inició acciones para recuperarlo. “Lo dejó, se fue, como hizo con los otros hijo de Misiones. Y después lo quería tener”, afirmó. A partir de ese momento, según relató, comenzó una disputa legal que terminó con el traslado del menor a un entorno que calificó como “un horror”.

Uno de los puntos más duros de su declaración estuvo dirigido contra los organismos judiciales y profesionales que intervinieron en el caso. López acusó directamente a la psicóloga que participó del proceso de revinculación, a quien responsabilizó por haber elaborado informes que derivaron en la pérdida de la tenencia.

En el marco de los operativos para dar con el paradero de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, el peligroso preso que se fugó de una alcaidía de Salta hace unas semanas, la Policía detuvo a su novia y a un presunto encubridor.

Con la autorización del juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, el despliegue involucró a personal del Sector 1C de la Policía, junto a técnicos del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) e integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). El fiscal penal 1 del Distrito Centro, Pablo Paz, fue quien encabezó los operativos.

El dispositivo se concentró en viviendas de Villa Juanita, Atocha y barrio Los Paraísos, zonas señaladas como posibles refugios o puntos de contacto vinculados con la fuga.

La investigación, dirigida por la fiscalía, apunta a la existencia de una red de colaboración que habría facilitado tanto la salida del penal como la posterior protección del evadido. El caso ha generado inquietud en el entorno judicial, dado que las circunstancias de la fuga y los medios utilizados sugieren un grado de planificación inusual para este tipo de eventos.

De acuerdo con la página web de los fiscales de Salta, durante los procedimientos, se produjo la detención de Cristina Rocío Home, pareja de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”. Home es señalada como una de las principales sospechosas de haber colaborado activamente en la evasión. Según la investigación, la mujer habría ingresado de forma clandestina una sierra metálica en partes durante una visita al penal, herramienta que posteriormente fue utilizada para cortar uno de los barrotes de la celda. La hipótesis se sostiene en registros de visitas y en testimonios recabados en el marco de la causa.

En simultáneo, fue arrestado Rodrigo Matías Nahuel Barboza, actualmente bajo investigación por su presunta participación como encubridor. Consta en la causa que Barboza habría realizado una transferencia de dinero desde su teléfono celular el mismo día de la fuga, destinada al pago de un servicio de transporte que permitió el desplazamiento de Peloc hacia la zona de Atocha. Estos movimientos, detectados en análisis de datos bancarios y de telecomunicaciones, refuerzan la sospecha respecto a su rol en la logística del escape.

La fiscalía reconstruyó que la evasión tuvo lugar durante la madrugada del 4 de abril, cuando dos internos lograron vulnerar las rejas de la celda donde permanecían alojados. Tras acceder al sector intramuros, ambos escalaron estructuras internas y alcanzaron los techos del edificio, desde donde descendieron hacia el exterior.

Uno de los evadidos fue recapturado en las inmediaciones de la circunvalación oeste pocos minutos después, mientras que Peloc logró escapar cruzando la avenida Memoria, Verdad y Justicia, saltando el alambrado perimetral y perdiéndose entre los barrios cercanos al Parque Bicentenario.

Durante los allanamientos realizados el sábado pasado, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes. Estos elementos serán sometidos a pericias para determinar su relevancia en la causa y detectar posibles vínculos con otros delitos. En este contexto, se dio intervención a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), ampliándose el espectro de la investigación hacia posibles conexiones con redes delictivas más amplias.

El fiscal penal Leandro Flores solicitó formalmente la detención de Home, bajo sospecha de facilitar la evasión y de posibles vínculos con otras actividades ilícitas. Los detenidos serán imputados hoy, mientras continúan las tareas orientadas a la recaptura de Peloc y a la identificación de otras personas que puedan haber tenido participación en el hecho.

De hecho, para dar con el paradero del peligros criminal, el Gobierno provincial ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quien cuente con información respecto a su paradero.

La Universidad Nacional de Salta enfrenta una crisis institucional sin precedentes luego de que una auditoría interna detectara que al menos $634 millones de fondos públicos destinados a la institución fueron administrados fuera del circuito oficial a través de una fundación privada vinculada a la universidad.

Este peculiar hallazgo forma parte del Informe General Analítico de Gestión presentado por las actuales autoridades de la UNSa (encabezadas por el rector Miguel Martín Nina y la vicerrectora María Rita Martearena) ante el Consejo Superior (hoy a cargo de Angélica Elvira Astorga) que expone el estado institucional, financiero, académico y administrativo de la Universidad durante los primeros meses de la actual gestión.

Esta revelación abrió la puerta a posibles denuncias penales y sumarios administrativos contra integrantes de la anterior gestión, encabezada por el exrector Daniel Hoyos y su vice, Nicolás Innamorato.

El informe reveló que el monto en cuestión provino originalmente de un canon de $200 millones proveniente del Banco Patagonia, agente financiero de la universidad, transferido a la Fundación de Altos Estudios de la Universidad Nacional de Salta (Fundaltes) el 1 de agosto de 2023.

Según el informe, estos fondos se invirtieron en instrumentos financieros, generando intereses por $434.316.754, hasta conformar la cifra actualmente investigada. Además, la fundación -con personería jurídica independiente, pero vinculada estrechamente a la UNSa- está liderada en simultáneo por quienes ocupan la rectoría, la vicerrectoría y la secretaría administrativa de la universidad.

El informe coloca a Fundaltes bajo un “foco de prevención” y observa posibles desviaciones del circuito habitual y deseado de los fondos universitarios, señalando la urgencia de auditoría profunda, posible encuadre legal de su actividad y la necesidad de establecer controles más estrictos de las fundaciones vinculadas. La resolución de la situación será para la UNSa un caso testigo sobre transparencia, legalidad y administración financiera responsable.

Movimientos de fondos: ingresos y egresos

Según el reciente informe, Fundaltes recibió ingresos relevantes por un total de $634.316.754, discriminados en $200.000.000 provenientes del contrato con el Banco Patagonia para el pago de sueldos (a través de licitación pública) y $434.316.754 generados por renta financiera a partir de colocaciones en plazos fijos.

En materia de egresos, las salidas de fondos más significativas estuvieron asociadas a los casi 70 millones de pesos, en materia de contratación de pauta publicitaria, y 15 mil dólares (abonados íntegramente) por mejoras en la página web, sin que conste recepción final del trabajo efectuado, lo que implicó un alerta administrativo y de transparencia.

Ante esto, el informe menciona explícitamente que, por la naturaleza y origen de los fondos (derivados de mecanismos institucionales de la Universidad), los mismos debieron ingresar a las cuentas oficiales de la UNSa. Como resultado, señala una probable irregularidad en el manejo de los fondos universitarios por parte de Fundaltes y un posible apartamiento de la política institucional de uso de fondos públicos.

Actualmente (al momento de cierre del informe) se lleva adelante un análisis exhaustivo de los desembolsos realizados por la fundación con el objetivo de “brindar información completa sobre las operaciones que implicaron salida de fondos y deslindar responsabilidades”.

Alberto Mariscal, secretario general de la UNSa, expresó a El Tribuno que “la primera observación es por qué ingresó esta plata a Fundaltes y no a la universidad. Yo, a las luces, creo que sí hubo un desvío de fondos”, apuntó. Además, señaló la confusión que genera la coexistencia de dos personas jurídicas y la superposición de autoridades. Actualmente, las investigaciones buscan establecer la legalidad del trayecto de los fondos y la eventual responsabilidad de la gestión anterior.

La auditoría interna fue activada por la Universidad Nacional de Salta y se espera su resultado en un período de 30 a 45 días. El objetivo es esclarecer los hechos y determinar si existió o no un desvío de fondos.

Los movimientos observados violan principios fijados en la Ley de Educación Superior: “El inconveniente es que, en vez de buscar fondos externos, la fundación tomó -en este caso- fondos de la propia universidad para administrarlos por fuera”, señaló por su parte Daniel Mansilla Muñoz, titular de Asuntos Jurídicos de la casa de altos estudios al medio salteño.

Déficit millonario y frágil estructura financiera

La gravedad del caso se potenció cuando, al asumir el nuevo rector Miguel Martín Nina en mayo de 2025, la universidad reportó ante el Consejo Superior una situación financiera crítica. La disponibilidad en caja y bancos era de $370.721,35, lo que amenazaba la continuidad operativa de la UNSa.

El déficit estructural proyectado solo en gastos de personal era de $3.085 millones para 2025, con riesgo de superar los $4.000 millones en 2026, de acuerdo con el informe publicado en el sitio oficial de la universidad.

El déficit acumulado se vincula, entre otros motivos, a la continuidad de carreras como Medicina y diversas tecnicaturas utilizando fondos propios, ante la falta de financiación nacional específica.

Pese a la situación, el Consejo Superior logró aprobar los presupuestos correspondientes a 2025 y 2026 -los primeros después de dos años sin que existiera ese mecanismo fundamental-, e implementó medidas excepcionales para asegurar el pago de haberes, como transferencias internas y uso directo de instrumentos financieros.

La auditoría interna identificó, entre los gastos cuestionados, el pago de USD 15.000 a una empresa de Córdoba para el desarrollo de la página web institucional, un servicio que nunca fue entregado, pese a advertencias técnicas previas. Mariscal puntualizó a El Tribuno: “¿Cómo puedo pagar un servicio que no me ha sido prestado nunca?” y consideró que los hechos exceden el mal desempeño administrativo, aludiendo a la posible comisión de delitos.

Además, la investigación constató que tres vehículos fueron adquiridos sin licitación pública, en infracción a la ley de administración financiera, y registrados a nombre de la fundación a pesar de su uso universitario. Así, la responsabilidad civil recaía sobre la universidad en caso de accidentes o siniestros, pero los activos no figuraban en su patrimonio.

Otro caso es el de un parque solar de 60 kilowatts, cuya incorporación al sistema energético sigue paralizada y cuyo costo final muestra una diferencia cercana al 50% respecto del presupuesto original.

La investigación interna también detectó numerosas rendiciones pendientes, lo que llevó a fortalecer los mecanismos de control y a poner en marcha un Portal de Transparencia Institucional.

El interrogante sobre por qué los fondos terminaron en la fundación y no en la institución universitaria sigue sin aclararse. Para Mariscal, “esa es la gran pregunta”, y su resolución dependerá del avance de las auditorías internas y de un eventual accionar judicial.

Una nueva solicitud de ADN por parte de la Unidad Fiscal que investiga el doble crimen de las francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en julio de 2011 en Salta, volvió a fracasar.

A pesar de que el pedido a la esposa de Clemente Vera -uno de los condenados absueltos en 2021-, se presentara ante la Justicia, la medida quedó suspendida tras la intervención de un Juzgado de Garantías, en medio de cuestionamientos por parte de la defensa y la imposibilidad de contar con un perito propio.

El pedido anterior se había realizado a fines de marzo pero, en aquella ocasión, Beatriz Yapura no se presentó. La decisión de avanzar con la extracción de una muestra de ADN, se tomó tras varios intentos por parte del equipo especializado conformado para este caso, y luego de que se trasladaran a Salta muestras genéticas tomadas en las autopsias de las víctimas, que estaban resguardadas en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Fue tras ese procedimiento que la Fiscalía a cargo de la revisión de la causa había citado a la mujer, con la intención de que accediera voluntariamente. El abogado defensor de su esposo, José Vargas, subrayó en aquella ocasión que el pedido era “totalmente infundado”, algo similar a lo que manifestó recientemente. “La medida se realizó a espaldas o sin orden del juez de Garantías. Allí, se vulneraron derechos”, añadió.

El objetivo de estos procedimientos es realizar pericias genéticas en el marco de una nueva etapa de la investigación, con la intención de avanzar en el esclarecimiento del caso. Vargas calificó como infundado el pedido y denunció que se hizo sin la intervención judicial adecuada. A su vez, recordó que su defendido estuvo encarcelado durante diez años sin pruebas fehacientes en su contra.

Para darle un nuevo impulso a la investigación, en febrero de 2025, el Procurador General Pedro García Castiella conformó una Unidad Especial integrada por los fiscales María Luján Sodero, Pablo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín. Uno de los principales objetivos es el cotejo de ADN con perfiles genéticos almacenados en la UBA. Peritos forenses franceses lograron recuperar de los hisopados de las autopsias tres perfiles genéticos desconocidos, correspondientes a dos personas masculinas y una femenina, que no fueron individualizados ni incluidos en la primera etapa de la investigación.

Clemente Vera, jardinero de San Lorenzo, fue inicialmente colaborador de la policía en la quebrada donde ocurrieron los hechos. Durante la instrucción bajo el juez Martín Pérez, Vera pasó de ser guía a imputado y finalmente a condenado. En 2014 fue absuelto en el juicio oral, pero dos años después, la Sala III del Tribunal de Impugnación revocó esa decisión, lo condenó a prisión perpetua y dispuso su retorno a la cárcel. El 11 de diciembre de 2023, la Corte Suprema dejó sin efecto esa sentencia, cuestionó duramente a la Justicia salteña y ordenó la liberación inmediata de Vera.

Durante los 10 años que estuvo preso, recordó en una entrevista con Infobae: “La cárcel es peor que el infierno, pero por suerte yo siempre tuve el apoyo de mi esposa”. “Hace casi 15 años, Santos Clemente Vera colaboró como guía con los policías que buscaban a las mujeres francesas por toda la quebrada de San Lorenzo. De guía pasó a imputado y luego a condenado”, apuntó el abogado.

Aunque deslizó la posibilidad de que su muestra hubiera sido plantada en la escena, no pudo confirmar la hipótesis al indicar que no pudieron designar a un perito de parte para que evaluara la situación.

Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, prestó nuevamente declaración en la causa tras regresar al país con el propósito de entregar documentación y supuestas pruebas que permanecieron bajo resguardo en Francia. Entre ese material, se incluirían muestras genéticas que no habrían sido incorporadas previamente a la investigación.

En el marco de importantes investigaciones contra el delito organizado en Tartagal, provincia de Salta, la División Brigada de Investigaciones del Distrito de Prevención 4 (SDGI) logró esclarecer cinco causas penales vinculadas a robos en banda perpetrados entre febrero y marzo de 2026.

Las acciones, dirigidas por la Fiscalía Penal 1 de Pablo Cabot y la Fiscalía Penal 2 de Rafael Medina, permitieron desarticular dos organizaciones criminales con roles definidos.

Desde la madrugada, 26 allanamientos simultáneos se realizaron en las localidades de Tartagal y Salvador Mazza, con el objetivo de detener a los presuntos responsables y recolectar pruebas materiales.

El operativo reunió a 180 efectivos de distintas unidades policiales, incluyendo Infantería, Motorizada, Rural, Científica y personal del DDP 4, bajo la coordinación de Juan Contrera. La magnitud del despliegue y la coordinación entre las fuerzas fueron presentadas previamente al ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y a los fiscales a cargo de las investigaciones.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, el desarrollo de estas acciones permitió identificar a los integrantes de dos bandas que, según los investigadores, actuaban de forma organizada con tareas y funciones específicas.

Una de las agrupaciones delictivas fue señalada como responsable del robo en un local comercial céntrico, de donde sustrajeron 20 teléfonos celulares y participaron en el robo y posterior venta de vehículos en Bolivia. La otra banda irrumpía en viviendas con moradores presentes, apropiándose de objetos de valor y una suma superior a 15 millones de pesos.

Durante los procedimientos, se incautaron celulares, motocicletas, un automóvil, armas de fuego y municiones de distintos calibres, una réplica de pistola, marihuana, herramientas como cortafierros y ganzúas, además de más de 4 millones de pesos en efectivo.

Los allanamientos ejecutados fueron el resultado de semanas de seguimiento, análisis de información y tareas de inteligencia criminal. Según el informe de la policía, la primera organización criminal tenía como principal objetivo locales comerciales y vehículos, mientras que la segunda se especializaba en robos domiciliarios violentos.

La investigación determinó que los integrantes de las bandas contaban con roles diferenciados: algunos se encargaban de la vigilancia, otros de la irrupción y algunos más del traslado y venta de los bienes sustraídos. En particular, la conexión con Bolivia para la venta de vehículos robados representa un eje de interés para las autoridades, dado el impacto transfronterizo de estos delitos.

Los imputados permanecerán detenidos mientras se profundizan las diligencias y análisis de los elementos secuestrados. Las autoridades reiteraron su compromiso con la investigación y prevención del delito en el área, en el marco de una política de seguridad orientada a la desarticulación de bandas estructuradas.

Desarticularon una banda que robaba casas lujosas en Entre Ríos

Días atrás, agentes de la División de Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desmantelaron a la banda de liderada por los hermanos Chiesa, una organización dedicada a robar casas de alto poder adquisitivo de la ciudad entrerriana de Concordia mediante la modalidad “escruche” y cuyos integrantes se ocultaban en distintas localidades del conurbano bonaerense.

Según indicaron fuentes policiales, seis personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos simultáneos en el Gran Buenos Aires, por orden de la Unidad Fiscal de Concordia y el Juzgado de Garantías N° 1 de Entre Ríos. Fueron en el marco de una investigación por el robo agravado a la casa de una mujer de 55 años, ocurrido el 17 de febrero pasado.

De acuerdo con la denuncia, la víctima sufrió el robo tras regresar de viaje y hallar violentada una puerta lateral. Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, joyas, relojes, prendas de vestir y elementos de perfumería.

La detención de la banda se dio a raíz del análisis de material fílmico, seguimiento de vehículos, entrecruzamiento de llamadas y geolocalización, lo permitió identificar a la banda organizada presuntamente por los hermanos Chiesa y dedicada a robos en propiedades lujosas de la zona.

A partir de los elementos recabados en la investigación, se libraron seis órdenes de allanamiento vía exhorto en territorio bonaerense. Los lugares señalados por los investigadores fueron los partidos de Moreno, Merlo, San Miguel y Malvinas Argentinas. En la investigación se estableció que la organización aprovechaba la ausencia de los dueños de las casas para lograr su objetivo.

Allí, durante los procedimientos -que se realizaron el martes- se secuestraron dos inhibidores de señal, un revólver calibre 32 Doberman con dos municiones, un revólver calibre 22 Pasper sin numeración, 55 municiones calibre 9 mm, relojes de distintas marcas, joyas, perfumes, una bicicleta Alpina, una estufa, aires acondicionados, un horno eléctrico, televisores, afeitadoras, cajas de herramientas, una PlayStation 5, grifería y equipos de telefonía celular.

Y entre los detenidos se encuentran Norberto Ángel Chiesa (43), Luciana Cisterna (45), Geremías Horacio Pacheco (40), Macarena Melina Alcaraz (34), Blanca González Velázquez (34) y David de Sena Arias (43). Los últimos dos, de acuerdo con las fuentes, tienen DNI extranjero.

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en un barrio privado de Salta sumó este jueves nuevas voces clave en la sala de audiencias. Un testigo del círculo íntimo de la víctima relató ante el tribunal los episodios de violencia psicológica y la situación de temor que vivía la mujer en los meses previos a su muerte, ocurrida el 4 de agosto de 2023.

El proceso oral y público, que se desarrolla en la capital provincial, tiene como único acusado a José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima, imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al organismo en el debate. La jornada de este jueves dio paso a la declaración de cinco testigos, entre ellos un amigo de Figueroa, una amiga y una tía de la víctima, un amigo de la pareja y un hombre que había iniciado una relación sentimental con Kvedaras poco antes de su muerte. La reconstrucción de los hechos y la exposición de testimonios buscan arrojar luz sobre el contexto de violencia en el que se desenvolvió la vida de la mujer durante el último año.

Durante la audiencia, la amiga de la víctima ofreció referencias sobre la personalidad de Mercedes Kvedaras y compartió confidencias que la mujer le había transmitido. La testigo contó que la víctima le había revelado su deseo de separarse de su esposo y sus proyectos personales, especialmente aquellos vinculados a su desarrollo laboral. Según la declaración recogida por el Ministerio Público Fiscal, la víctima buscaba independizarse y construir un futuro distinto para ella y sus hijos.

La tía de la víctima también prestó testimonio, enfocándose en la relación cercana que mantenía con su sobrina. Detalló que, poco antes de la muerte de Kvedaras, escuchó de su propia voz la decisión de separarse y la preocupación por el bienestar de sus hijos. Consultada sobre la actitud de Figueroa, la pariente afirmó: “Sabía que el acusado no tenía un trato apropiado con mi sobrina”, y relató situaciones concretas que le hicieron comprender la angustia que vivía la víctima al no poder concretar la separación por la negativa de su esposo.

Uno de los testimonios más significativos fue el de un hombre que había mantenido una relación sentimental con Mercedes Kvedaras durante los meses previos al crimen. Este testigo explicó que, desde junio de 2023, la víctima había expresado ante el acusado su voluntad de separarse, pero Figueroa se opuso y manifestó su desacuerdo. El testigo relató que, a partir de julio, comenzó a notar a Kvedaras nerviosa y asustada por las actitudes de su esposo, quien incluso la seguía.

En palabras del testigo, “en el último tiempo la noté desbordada, sentía ‘pánico’ y sufría violencia psicológica por parte de su esposo, quien se mostraba renuente a la separación”. El hombre aseguró que le preocupaba el estado de la víctima, ya que incluso había perdido la voz casi por completo, y le recomendó buscar apoyo familiar y profesional. El testigo, visiblemente afectado durante su declaración, rememoró el último encuentro con Kvedaras el día previo a su muerte. La víctima manifestó sentirse atemorizada y le pidió permanecer en su domicilio, aunque finalmente decidió regresar a su casa para verificar el estado de sus hijos tras los insistentes llamados y mensajes de Figueroa.

El último contacto entre ambos se produjo la mañana del 4 de agosto de 2023, cuando la víctima le solicitó, con angustia, que acudiera a su domicilio. La comunicación se interrumpió de forma abrupta, según describió el testigo ante los jueces.

En el cierre de la audiencia, la fiscal Sodero Calvet solicitó al tribunal que dos hijos menores de la pareja fueran escuchados como víctimas directas. La petición, respaldada por la querella y la Asesora de Incapaces, se fundamentó en el derecho de los niños a ser oídos y en el principio del interés superior del niño, conforme a tratados internacionales.

La defensa se opuso a la medida. Tras deliberar, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans resolvieron no admitir el pedido, ordenando en cambio la reproducción de las declaraciones de los menores realizadas durante la investigación en cámara Gesell.

El proceso contra José Eduardo Figueroa se desarrolla en el contexto de una causa por homicidio doblemente calificado, con acusaciones centradas en la violencia de género ejercida sobre Mercedes Kvedaras en el entorno familiar. El tribunal, compuesto por Flores Toranzos, Sángari y Feans, continúa recibiendo testimonios y pruebas para determinar la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal de Salta, la reconstrucción de los hechos y las declaraciones de testigos del entorno más cercano de la víctima constituyen piezas fundamentales para comprender la dinámica de violencia previa al crimen. Las diligencias judiciales continuarán con la incorporación de nuevos testimonios y la evaluación de pruebas científicas y procesales, en un proceso que busca esclarecer las circunstancias del femicidio de Mercedes Kvedaras en el barrio privado El Tipal de Salta.

La Justicia Federal de Jujuy anuló la intervención dispuesta por Cristina Kirchner en el Partido Justicialista local y dejó sin efecto las últimas resoluciones dictadas por sus interventores, Aníbal Fernández y Gustavo Menendez, y designó en el cargo Ricardo Guillermo Villada, un funcionario del peronismo de Salta que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Villada tendrá la misión de normalizar el partido y reportarse cada 15 días ante la Justicia Federal.

La presentación judicial que cuestionaba las decisiones de Cristina Kirchner, presidenta del PJ nacional, fue impulsada por la senadora Carolina Moisés, entre otros dirigente de distintas líneas del peronismo en Jujuy.

La decisión judicial le da lugar a un planteo político que venían realizando dirigentes del peronismo en Jujuy y Salta, con Sáenz a la cabeza, en contra de la conducción nacional a cargo de la ex presidenta, con incidencia de La Cámpora.

El fallo destaca que desde mediados de 2023, el Partido Justicialista Distrito Jujuy se encontraba bajo intervención del órgano nacional, que conduce Cristina Kirchner, pero la promesa de elecciones para renovar autoridades se dilató en una sucesión de postergaciones, suspensiones y sanciones disciplinarias que, lejos de ordenar la vida partidaria, profundizaron el conflicto interno.

A su vez detalla cómo, a lo largo de casi tres años, la dirigencia justicialista jujeña alternó entre amnistías generales —como la dictada para permitir el regreso de afiliados sancionados— y procesos disciplinarios que derivaron en la suspensión preventiva de más de 300 afiliados, muchos de ellos precandidatos en el proceso electoral interno. El juez Esteban Eduardo Hansen remarcó que tales sanciones carecieron de toda garantía procedimental y fueron implementadas “al margen de toda garantía mínima”, dejando a los afectados sin posibilidad de defensa y sin que existieran descargos ni pruebas a favor.

La decisión de los interventores de “dar de baja inmediata y total el proceso electoral en curso” y de convocar a nuevos comicios sin asegurar la restitución de los derechos de los militantes suspendidos evidenció, para el tribunal, la intención de excluir a sectores internos bajo pretexto disciplinario. Esa maniobra, en palabras del fallo, constituyó “una restricción directa y sustancial al ejercicio de los derechos políticos intrapartidarios, alterando las condiciones de competencia y afectando la integridad del proceso democrático interno”.

El proceso estuvo atravesado por múltiples recursos, impugnaciones y presentaciones judiciales de distintas líneas internas, patrocinadas por reconocidos dirigentes, entre los que sobresalen Carolina Moisés, Rubén Armando Rivarola y Guillermo Raúl Jenefes.

La resolución describe las múltiples fechas frustradas para elecciones internas, pospuestas desde el 17 de noviembre de 2024 hasta el 15 de febrero de 2026, e incluso una convocatoria fijada para el 24 de abril de 2026 que, según comprobó el juzgado, resultó inviable por ausencia de cualquier organización material. “No se acompañó documentación alguna tendiente a la ejecución del acto eleccionario”, advierte la sentencia, que diagnostica una “ausencia absoluta de voluntad real de restablecer la normalidad institucional”.

El texto del Juzgado Federal de Jujuy es categórico al describir la dimensión de la interna partidaria: “La suspensión masiva de afiliados —carente de sustento procedimental— y la persistente dilación en la organización del proceso electoral no constituyen hechos aislados, sino manifestaciones concurrentes de un mismo cuadro de anormalidad institucional, caracterizado por la restricción indebida de la participación política interna y la postergación indefinida de los mecanismos democráticos de renovación de autoridades.”

El juez Hansen ordenó además un riguroso mecanismo de control sobre la nueva gestión: el interventor Ricardo Guillermo Villada deberá presentar informes quincenales al juzgado, detallando el avance concreto de la normalización y el cronograma electoral que debe derivar en la renovación legítima de autoridades.

Entre los fundamentos, la sentencia advirtió: “La intervención judicial es el único desenlace justo para situaciones en las que los partidos atraviesan una profunda crisis institucional” y puntualizó que el objetivo debe ser la realización de elecciones limpias, transparentes y con pleno respeto a la legalidad y al derecho de los afiliados a participar.

La decisión fue comunicada a la Cámara Nacional Electoral y al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Capital, y se notificó a los impulsores de la medida, cerrando con la disposición de archivar una vez cumplidas las notificaciones.

Tras el brote del chikungunya que preocupó a la provincia de Salta con un total de 572 casos positivos, este miércoles el Ministerio de Salud confirmó la primera muerte por la enfermedad. El paciente era de la ciudad de Embarcación y había comenzado con fiebre hace unas semanas y con el pasar de los días, se agravó con una neumopatía, terminando en consecuencias fatales.

Según el reporte oficial, el hombre había iniciado con síntomas el 27 de marzo, presentando: fiebre, dolor de cabeza, náuseas y fuertes dolores articulares. Su cuadro se agaravó por una complicación respiratoria y fue transladado al Hospital de San Ramón de la Nueva Óran el 3 de abril. Al día siguiente, el paciente falleció.

El deceso fue confirmado por Francisco García Campos, director de Epidemiología de la provincia, quien explicó a Informate Salta que se evaluaba la causa final: “Estamos analizando el caso, es el primero que se está presentando y hay que saber si está asociado a la fiebre chikungunya o si fue casual; cursó la fiebre chikungunya y por otros motivos fue la causa del deceso. Podemos hablar con una PCR positiva de chikungunya, eso hay que diferenciar bien: la causa por chikungunya. Una vez que tengamos todos los estudios y la evaluación de esta mortalidad ya podremos definir bien las causas”.

“Chikungunya es muy nuevo en toda esta situación y muchas veces se presentan cuadros atípicos. No es como dengue, que nosotros tenemos bien definidos los signos de alarma, las causas de muerte; hemos tenido muchos años con situaciones de dengue. Aquí es todo lo contrario, esto es nuevo y es la primera situación que se nos presenta lamentablemente”, expresó Francisco García Campos.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua en los domicilios, utilizar repelente, colocar mosquiteros y vestir ropa clara que cubra brazos y piernas para prevenir nuevas infecciones. Además, recomendaron acudir de inmediato al centro de salud más cercano ante la aparición de síntomas y evitar la automedicación.

Por otro lado, el director de Edipemiología de Salta comunicó: “Sabíamos que chikungunya nos iba a preocupar y que la población iba a tener algo de susto. Seguimos teniendo casos; habrán visto el parte de ayer, más de 500 casos en distintos departamentos de la provincia, por lo tanto seguimos en pleno ascenso con aparición de números de casos. Lo primero es la prevención”.

Anticipó que el brote podría extenderse durante los próximos años: “No terminó ahora, va a haber una nueva temporada que se va a iniciar cuando vengan los próximos calores, luego de este invierno, y puede que chikungunya siga en el 2027”.

Refuerzo sanitario por los casos de chinkunguya

El Ministerio de Salud de la Nación detalló que intensificó las acciones de bloqueo, vigilancia epidemiológica y manejo clínico en Salta, además de enviar test rápidos para fortalecer la respuesta local. Las estrategias se centran en la eliminación de criaderos, fumigación y búsqueda activa de personas con síntomas compatibles, así como capacitaciones para equipos de salud en el manejo de la enfermedad.

La fiebre chikungunya es transmitida por el mosquito Aedes aegypti y suele presentarse con fiebre alta repentina, dolores articulares intensos, mialgias y erupciones en la piel. La cartera sanitaria provincial advirtió que la patología atraviesa tres fases clínicas: aguda, post-aguda y crónica. Más del 50% de los pacientes puede evolucionar hacia cuadros persistentes, con dolor e inflamación articular que dificultan la movilidad.

En el reporte de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, se localizó los lugares más afectados de la provincia por el virus: San Martín, que suma 425 casos, seguido por Orán con 102 y Anta con 30. El resto de los casos se distribuyen en Salta Capital (11), Cerrillos (2), Rosario de la Frontera (1) y Rosario de Lerma (1).

Según el Ministerio de Salud de la Nación, la vigilancia intensificada continuará en todo el norte argentino, con especial atención en zonas fronterizas de alta movilidad poblacional y en coordinación con las provincias de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

Un operativo de la Dirección General de Aduanas (DGA), dependiente de ARCA, permitió incautar más de 3 kilogramos de pasta base de cocaína en Salta y secuestrar droga en tres micros de larga distancia que transportaban hinchas del club Olimpia de Paraguay en su paso por Formosa. Las acciones se desarrollaron durante controles de rutina y arrojaron resultados relevantes tanto por la cantidad de estupefacientes detectados como por los métodos empleados para el ocultamiento.

En la provincia de Salta, agentes especializados de Aduana interceptaron un furgón sobre la Ruta Nacional N° 9, vía que conecta la frontera con Bolivia y la ciudad de Buenos Aires. Durante la inspección, el escáner móvil reveló imágenes sospechosas en una hidrolavadora que formaba parte de la carga. La máquina, que carecía de motor, ocultaba en su interior bultos rectangulares de material orgánico.

Tras la intervención de la Fiscalía Federal de Distrito de Salta, a cargo del doctor Eduardo José Villalba, y la autorización del Juzgado Federal de Garantías, se procedió a abrir la encomienda. La verificación física permitió hallar cinco paquetes con una sustancia amarillenta, que arrojó resultado positivo para pasta base de cocaína.

El pesaje totalizó 3.164 gramos, con un valor estimado de $68,1 millones. De acuerdo con fuentes consultadas, la droga fue secuestrada y la posterior entrega vigilada no produjo más detenciones, aunque el remitente fue arrestado en Salvador Mazza, una ciudad cercana a la frontera con Bolivia.

Según la normativa vigente, la multa mínima por este delito podría llegar a $272.420.400, y la pena máxima, de acuerdo al artículo 866 del Código Aduanero, contempla hasta 12 años de prisión en caso de condena por contrabando de estupefacientes.

En otro punto del país, el paso fronterizo internacional Clorinda–Puerto José Falcón, en Formosa, fue escenario de un procedimiento que involucró a tres ómnibus de larga distancia, todos con simpatizantes del club Olimpia de Paraguay en tránsito hacia Chile.

El operativo de Aduana se planificó a partir de un análisis de riesgo que calificó el movimiento como sensible, ya que los micros transportaban hinchas rumbo al partido entre Olimpia y Audax Italiano por la Copa Sudamericana que se disputará esta noche a las 21.

El despliegue incluyó el uso de escáneres para vehículos y equipaje, además de canes entrenados para la detección de estupefacientes. Según lo informado por fuentes vinculadas al caso, se incautaron 253 gramos de cocaína, 190 gramos de marihuana y 13 unidades del psicotrópico Disomnilan, todos acondicionados en dosis de un gramo y ocultos en diferentes compartimentos de los micros, como parlantes, asientos, equipos de aire acondicionado y baños. El valor de la mercadería secuestrada asciende a $5,9 millones.

La intervención contó con la participación de la Unidad Fiscal Formosa y el Juzgado Criminal y Correccional de Clorinda, que ya iniciaron investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes. Los simpatizantes quedaron supeditados a la causa, mientras se avanza en la identificación de posibles responsables del intento de ingreso de drogas al país.

Fuentes del caso remarcaron que “la droga había sido acondicionada en pequeñas dosis y distribuida en distintos puntos de los vehículos”. El despliegue de controles reforzados respondió a la magnitud del evento deportivo y a informes previos que señalaban la posibilidad de intentos de contrabando durante el traslado de simpatizantes extranjeros a través del territorio argentino.

La acción coordinada de Aduana en Salta y Formosa forma parte de una estrategia de control en rutas y pasos fronterizos para combatir el tráfico de estupefacientes, utilizando tecnología de escaneo y equipos especializados en la detección de sustancias ilícitas.

La reconstrucción de los hechos en torno al femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrido en un barrio privado de Salta, en 2023, se desarrolló este miércoles bajo una fuerte presencia mediática, tras la decisión del tribunal de trasladarse a la vivienda donde se produjo el crimen. La diligencia tuvo lugar en el barrio El Tipal, en la zona oeste de la ciudad, y estuvo centrada en la exposición del acusado José Eduardo Figueroa, imputado por el delito de homicidio doblemente calificado.

La medida, dispuesta a solicitud de la defensa técnica del acusado, convocó a los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, así como a los representantes de las partes, quienes acudieron al lugar para observar la reconstrucción procesal.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, encabeza la representación fiscal en el proceso contra Figueroa, acusado por la muerte de su esposa el 4 de agosto de 2023.

La reconstrucción, según la defensa, tenía el objetivo de verificar si los hechos pudieron ocurrir según la versión del imputado. “Esto es una puesta en escena para ver si el hecho ocurrió o pudo ocurrir de la manera. Eso está absolutamente verificado el día de hoy”, declaró Casabella, defensor del imputado.

Añadió que “todo, absolutamente todo se fue confirmando con las pruebas científicas”. No obstante, aclaró que no se trató de una reconstrucción científica, sino procesal: “Es una representación de lo que cuenta el imputado, nada más”.

Desde la querella, el abogado Jorge Ovejero expresó cuestionamientos sobre la validez de la medida y sus resultados. En declaraciones recogidas por El Tribuno, afirmó: “Lo que se intentó plasmar no coincide con el resto de las pruebas”. Hizo hincapié en que la causa de muerte establecida en la autopsia fue asfixia mecánica mixta, por obstrucción de las vías aéreas, nariz y boca, y del cuello, y destacó que “eso no es compatible con esta mecánica que se está proponiendo”.

Ovejero también señaló discrepancias en las características físicas de los participantes en la reconstrucción. “No coinciden las medidas, las alturas de las personas con las medidas y las mecánicas que se proponen en el informe de reconstrucción virtual”, afirmó. Subrayó además que “la teoría o la declaración del imputado tiene muchas inconsistencias con el resto del material probatorio, principalmente con la autopsia, con el informe anatomopatológico y con otros informes de criminalística”.

Toda la secuencia fue registrada para su posterior incorporación al debate oral. Según el Ministerio Público Fiscal de Salta, la audiencia de debate se reanudará el jueves 9 con la declaración de cinco testigos del entorno más cercano a la pareja. Los especialistas deberán determinar si la mecánica recreada por el imputado resulta compatible con la evidencia reunida en la causa.

Cómo fue el femicidio

La autopsia que se practicó a Mercedes Kvedaras tras su hallazgo sin vida en 2023 reveló que su muerte fue precedida por un fuerte golpe en la cabeza y que la causa final fue ahorcamiento. El informe preliminar, detallado por el Ministerio Público Fiscal provincial, confirmó la hipótesis de “muerte violenta” y descarta versiones iniciales sobre una herida mortal con arma blanca. El esposo de la víctima, José Figueroa, quien ocupaba el automóvil junto al cuerpo cuando fue encontrado, quedó detenido en el momento.

La autopsia describe que Kvedaras presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda, producto de un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas. Estos hallazgos, junto al golpe brutal en el rostro y cabeza, configuran el cuadro lesivo que culminó con el ahorcamiento de la víctima.

El hallazgo del automóvil y ambos ocupantes se produjo tras la desaparición y la alerta del entorno. La reconstrucción de los hechos, basada en las fuentes judiciales, señala que un amigo del propietario acudió al barrio privado luego de recibir un mensaje de WhatsApp enviado por Figueroa, en el que el agresor confesaba: “No podía con esto”.

La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes una reforma que introduce sanciones para los padres de alumnos que incurran en acoso escolar y bullying. Los adultos responsables podrían recibir multas económicas o hasta 30 días de arresto si no prestan colaboración con solucionar la problemática.

La medida, que modifica el Código Contravencional provincial, representa un giro en la manera en que las instituciones educativas y las autoridades buscan frenar el avance del bullying en las escuelas salteñas.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, en el recinto, la diputada Socorro Villamayor subrayó que la reforma no implica una aplicación automática de prisión para los tutores. De hecho, el principal objetivo es que los adultos a cargo tengan un compromiso efectivo con esta problemática.

El impacto de la violencia escolar en Salta y el resto del país ha sido materia de preocupación reciente. Según se debatió en la legislatura, el endurecimiento de las sanciones responde a casos graves ocurridos en otras provincias, como el asesinato de un adolescente en Santa Fe en manos de un compañero armado. Estas situaciones intensificaron el debate sobre los mecanismos de protección y la responsabilidad de los adultos ante el acoso escolar.

La iniciativa busca reforzar la cooperación entre las familias y las instituciones educativas, de modo que los conflictos escolares no queden sin respuesta. El proyecto, presentado originalmente por la senadora Bettina Navarro, fue debatido en el recinto y recibió modificaciones de otras bancas. Tras la aprobación del texto, fue remitido al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación.

La legisladora Villamayor manifestó que la medida procura evitar que, ante una notificación formal de la escuela, los padres ignoren su deber de intervenir y prevenir la repetición de episodios de acoso.

Durante la discusión parlamentaria, varios diputados hicieron hincapié en el agravamiento de la violencia en los entornos escolares y la necesidad de actualizar los instrumentos legales para proteger a los menores.

La modificación del Código Contravencional establece que, frente a una denuncia o notificación de acoso escolar, los tutores deberán comparecer ante el juez y cumplir con las medidas que se les ordenen. Estas podrán incluir el pago de multas, el cumplimiento de tareas comunitarias o la asistencia a tratamientos psicológicos. El arresto quedará como última instancia y puede ser reemplazado si el responsable demuestra voluntad de colaborar.

El caso de Santa Fe

Con respecto a la violencia en entornos escolares, Villamayor tomó el tiroteo en San Cristóbal, Santa Fe, como ejemplo de esta problemática. Todo sucedió hace dos semanas, cuando un adolescente de 15 años llevó un arma al colegio, salió del baño y abrió fuego contra sus compañeros. Uno de esos tiros mató a Ian Cabrera, un niño de 13. Hasta el momento, no pudieron confirmar que ambos se conocieran; en principio, se sabe que no tenían relación y que Cabrera no estuvo relacionado con las agresiones que el atacante habría sufrido.

Frente a esto, las autoridades santafesinas comenzaron a investigar cómo era su ambiente familiar y el vínculo con sus compañeros. Hay testimonios que indican que el sospechoso, hijo de un camionero y una docente de nivel inicial y el segundo de dos hermanos, era una víctima de bullying sistemático.

Un video, posteado en X y donde se ve al tirador, muestra su rostro mientras otro compañero le pateaba la silla.

El tirador no tuvo episodios de violencia previos, aseguran fuentes oficiales a Infobae. Pero algo se rompió en la vida del chico antes del tiroteo, sin dudas. Los primeros indicios de la investigación apuntan a su casa.

Su padre, camionero, dejó la casa familiar dos años atrás para radicarse en la provincia de Entre Ríos, con un domicilio registrado en la zona de la ciudad de Federación. Los mismos investigadores hablan de un supuesto “consumo problemático” por parte del adulto.

La madre del tirador, que fue empleada del Ministerio de Educación santafesino, se encuentra bajo licencia psiquiátrica. Su hermana mayor, de 18 años, cursa el primer año de la facultad. El informe en manos de las autoridades habla de un grado de conflictividad familiar. La ausencia del padre, precisamente, sería el problema.

Vecinos y allegados describieron al tirador como “tranquilo”, “sin problemas”. Sin embargo, un padre de una alumna de 5° año de la Escuela N°40 aseguró que, una semana antes, el chico había anunciado que los iba a “matar a todos”.

La minera surcoreana Posco concretó la compra del proyecto Hombre Muerto Norte (HMN) en Salta por 65 millones de dólares. La operación, celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se inscribe en la estrategia de la compañía para asegurarse litio en la carrera global por las baterías eléctricas.

“Reunión con Posco, una de las principales compañías globales en acero y Litio. RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) próximo a aprobarse. Más inversiones para el norte de nuestro país”, expresó Caputo a través de su cuenta oficial de X.

El nuevo activo, ubicado en el Salar del Hombre Muerto entre las provincias de Salta y Catamarca a más de 4.000 metros de altitud, es una de las zonas globalmente reconocidas por la alta concentración del mineral.

Hoy, la Argentina se ubica entre los cinco mayores productores de litio del mundo, por detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue. Por su participación en el reconocido ‘Triángulo del litio’, el país también se distingue por ocupar el tercer lugar en reservas y su liderazgo compartido con Bolivia en recursos de este mineral, clave para la descarbonización del transporte y la transición energética.

La operación supone la compra del 100% de las acciones de NRG Metals Argentina S.A., subsidiaria de la canadiense Lithium South, titular del paquete HMN Li, anterior propietaria de Hombre Muerto.

Reunión con Posco, una de las principales compañías globales en acero y Litio. RIGI próximo a aprobarse. Más inversiones para el norte de nuestro país. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/wZsv5VxGnY

— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 7, 2026

La compra del paquete accionario otorga así a Posco Argentina el 99% de participación y a Posco Holdings el restante 1 por ciento. El activo se encuentra en fase de exploración avanzada, con potencial de producir hasta 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE).

En ese mismo reservorio también operan proyectos que quedaron bajo el control de Rio Tinto tras la adquisición de Arcadium Lithium —como Fénix, en fase de expansión— y la australiana Galan Lithium con Hombre Muerto Oeste. Si bien Posco ya había adquirido derechos mineros clave en el salar en 2018, ahora profundiza su presencia con nuevos recursos y mayores terrenos.

La compañía surcoreana es uno de los mayores productores de acero del mundo. En los últimos años, sin embargo, aceleró su reconversión estratégica: “El Grupo Posco considera el negocio de materiales energéticos como un motor de crecimiento fundamental junto con nuestras operaciones siderúrgicas, y estamos comprometidos a asegurar un suministro estable y competitivo de materias primas para mejorar nuestra competitividad a largo plazo”, explicó Chang In-hwa, presidente de Posco Holdings, en declaraciones a BNamericas.

En la Argentina, la minera es responsable del proyecto Sal de Oro, también en el Salar del Hombre Muerto, que aspira a ingresar al RIGI con una inversión proyectada de 633 millones de dólares. Sal de Oro integra una planta de hidróxido de litio con capacidad de 25.000 toneladas anuales, y está en marcha una segunda fase que prevé una planta de carbonato de litio de 23.000 toneladas anuales de LCE. Según proyecciones de la compañía, a partir de 2026, se espera alcanzar un volumen combinado de 50.000 toneladas anuales.

El mercado argentino de litio

En noviembre, la compañía había anunciado su compromiso de destinar 1,2 billones de wones (equivalentes a USD 817 millones) para asegurar el suministro de litio desde proyectos mineros en Argentina y Australia, así como la adquisición de una participación del 30% en una sociedad establecida por Mineral Resources Ltd. (MinRes) por USD 765 millones.

En este escenario, la Argentina se distingue como uno de los mercados más dinámicos para la minería de litio a nivel global. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el país cuenta con 66 proyectos en diferentes etapas de avance, de los cuales solo siete están actualmente en producción.

En 2025 las exportaciones mineras totalizaron unos USD 6.037 millones, el registro anual más alto desde que existen datos consolidados del sector. Según datos de la Secretaría de Minería, el monto exportado durante 2025 implicó un crecimiento del 29,2% en comparación con 2024, cuando las ventas externas del sector habían marcado USD 4.674 millones. El salto interanual permitió que las exportaciones mineras superaran por primera vez la barrera de los USD 6.000 millones en un solo año.

Sin embargo, las proyecciones para el país son más que optimistas. Un cálculo de BBVA Research estimó que las exportaciones mineras argentinas podrían elevarse hasta USD 25.000 millones para 2033 si el país logra concretar la mayor parte de los proyectos en carpeta y sostiene un entorno macroeconómico y regulatorio estable. Actualmente, la minería representa menos del 1% del PBI argentino y aporta menos del 6% de las exportaciones nacionales, pero las expectativas para la próxima década abren la posibilidad de una transformación estructural en el sector.

La localidad salteña de La Merced enfrenta una situación de conmoción tras conocerse la muerte de un niño de 5 años que fue atropellado por Miguel Plaza, el chofer del intendente de la ciudad, Javier Wayar.

El menor perdió la vida tras ser embestido por una camioneta Ford Ranger en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle General Güemes. El hecho ocurrió el domingo pasado por la noche, a las 20:42, y generó una serie de protestas y movilizaciones en la comunidad, que exigieron respuestas a las autoridades municipales.

De acuerdo con los reportes del Ministerio Público Fiscal de Salta, el menor circulaba en bicicleta junto a su madre cuando intentó cruzar la calzada y fue impactado por la camioneta.

Tras el incidente, el niño fue trasladado en estado crítico al hospital local y, posteriormente, derivado al Hospital Público Materno Infantil, donde falleció a las 22:50 debido a un shock hipovolémico por politraumatismo grave.

De acuerdo con la información de la agencia de noticias NA, los testigos presentes en el lugar señalaron que el conductor se desplazaba a alta velocidad, lo cual habría impedido frenar a tiempo para evitar la colisión.

La reacción social no se hizo esperar. El lunes siguiente al incidente, vecinos de La Merced se congregaron en distintos puntos de la localidad, incluyendo la ruta principal y la sede de la Municipalidad, para exigir justicia y explicaciones sobre lo sucedido. Durante las protestas se observaron quema de cubiertas y enfrentamientos con las fuerzas de Infantería, que debieron intervenir.

En cuanto a la investigación del caso, el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, imputó provisoriamente al hombre acusado por el delito de homicidio culposo, bajo la figura de conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria, prevista en el artículo 84 bis del Código Penal.

Durante la audiencia de imputación, Plaza, asistido por la defensa oficial, declaró que trabajaba como chofer para el intendente de la localidad, aunque decidió no prestar declaración sobre los hechos, de acuerdo con la información de Qué Pasa Salta.

El fiscal solicitó al Juzgado de Garantías que el acusado permanezca detenido mientras se desarrollan las pericias y se recaban elementos para el esclarecimiento del caso. El Ministerio Público Fiscal precisó que “el imputado deberá continuar privado de su libertad hasta tanto se cumplan las diligencias dispuestas”.

En respuesta a la gravedad del hecho, la Municipalidad de La Merced difundió un comunicado oficial firmado por el propio Wayar. En el documento, el intendente expresó sus condolencias y se puso a disposición de la familia de la víctima, además de informar que realizó la denuncia correspondiente por la sustracción de la camioneta oficial sin su conocimiento.

Según pudo saber Infobae, el MPF salteño se encuentra investigando sobre esta supuesta denuncia por sustracción del vehículo, para corroborar que sea cierto.

El jefe comunal explicó: “La persona involucrada en este hecho es alguien a quien conozco desde hace muchos años. No es un familiar, pero sí alguien a quien he acompañado a lo largo de su vida, brindándole oportunidades y apoyo. Sin embargo, esto no modifica en absoluto mi responsabilidad institucional”.

El comunicado también contiene un pedido explícito a la justicia: “Quiero ser claro y firme: le pido a la Justicia que actúe con el mayor rigor de la ley. Confío plenamente en su accionar. Nadie está por encima de la ley”.

Además, Wayar solicitó a la comunidad y a los actores políticos evitar la utilización del dolor con fines partidarios, subrayando: “Este es un momento que nos exige humanidad, respeto y responsabilidad. Hoy más que nunca debemos acompañar, respetar el dolor de la familia y confiar en que la verdad saldrá a la luz”.

El caso sumó un ingrediente institucional tras conocerse que la Cámara de Diputados de Salta recibió un pedido formal para intervenir el municipio de La Merced a raíz de los hechos.

“Cafayate, Salta, Argentina de mi corazón”, escribió la actriz al abrir su álbum digital, dejando en claro el profundo amor que siente por la tierra que la cobija. Las primeras imágenes mostraban jardines y caminos bordeados de flores silvestres en tonos rosas y violetas, con el cielo diáfano y las montañas de fondo. Julia, la menor de la familia, de rulos inconfundibles y mirada curiosa, apareció tocando con delicadeza los pétalos de las flores, dejando ver su espíritu inquieto y su conexión con la naturaleza. Belita, la mayor de las hermanas, también se sumó a la aventura, posando sonriente entre margaritas y cosmos, y dibujando corazones con sus manos en gestos espontáneos de alegría.

El recorrido de la familia incluyó caminatas por viñedos y paisajes únicos, donde los verdes intensos de las plantas se mezclan con los colores tierra característicos de la región. En este entorno, las fotos muestran también la experiencia gastronómica. Una de las postales revela una mesa servida con platos coloridos y copas de vino blanco, en el clásico maridaje que define a Cafayate. La comida, decorada con granada y reducciones, refleja la fusión entre la cocina tradicional y la sofisticación del norte argentino. Las empanadas, infaltables en toda visita a Salta, tuvieron su protagonismo: Belita apareció en una foto divertida, sosteniendo una empanada como si fuera una sonrisa gigante, mostrando el costado más lúdico de la experiencia culinaria.

No faltó la oportunidad para descubrir sabores típicos. Julia, siempre atenta, disfrutó del pan casero recién horneado, mientras la familia se tomaba un descanso después de recorrer los viñedos y admirar el paisaje. Las imágenes de panes regionales en distintas formas y texturas dan cuenta de la riqueza culinaria y las tradiciones que se mantienen vivas en cada rincón de Cafayate. Otra foto muestra un clásico picadillo de tomate, cebolla y ají servido en plato de barro, sumando un guiño a los sabores auténticos del norte.

El entorno natural fue otro de los grandes protagonistas. Los paisajes de Cafayate, con montañas rojizas y formaciones rocosas, regalaban a cada paso un telón de fondo perfecto para las aventuras familiares. El contraste entre los viñedos, la vegetación silvestre y las montañas invita a recorrer el lugar a paso lento, disfrutando del aire puro y el silencio solo interrumpido por las risas de las niñas. En una de las postales más impactantes, Belita posa de pie frente a la inmensidad de los Valles Calchaquíes, en una imagen que parece sacada de una postal.

La familia aprovechó cada rincón de Cafayate para compartir tiempo de calidad. Las caminatas entre flores, los juegos en el jardín y los almuerzos al aire libre se sucedieron en una atmósfera de calma y conexión. Las niñas, protagonistas de la escapada, exploraron el entorno, recogieron flores, jugaron entre caminos de piedra y disfrutaron de la libertad que solo ofrece la vida en contacto con la naturaleza.

El paseo se completó con una recorrida por el pueblo y las ferias artesanales. En una de las imágenes, Isabel, Belita y Julia aparecen sentadas en una plaza bajo la sombra de un árbol, con puestos de feria y toldos azules de fondo, tomándose un respiro tras una mañana de exploración. Julia, con su vincha de orejas y vestido azul, aparece concentrada, mientras Belita y su mamá observan el entorno y disfrutan del ritmo tranquilo del lugar. Otra foto muestra a toda la familia reunida en una mesa al aire libre, con un cactus de fondo y una carta sobre la mesa, listos para almorzar juntos y compartir el menú regional.

La escapada a Cafayate fue una oportunidad para Macedo y su familia de desconectarse de la rutina, reconectarse con la naturaleza y celebrar la vida en familia. Las fotos reflejan no solo la belleza del paisaje salteño, sino también la alegría de los momentos simples: una caminata, una flor, una empanada, el pan recién horneado y una risa compartida. Para la actriz, estos días en Salta quedarán guardados entre los mejores recuerdos, en un álbum familiar lleno de color, naturaleza y abrazos.

El incidente motivó una reacción inmediata de la comunidad de La Merced ante el silencio del jefe comunal: decenas de vecinos organizaron manifestaciones públicas, cortaron la ruta 38 y provocaron un incendio frente a la Municipalidad.

El lamentable hecho ocurrió a las 20:42 en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle General Güemes. El menor, alumno de primer grado de la Escuela N° 4742 María Dolores Laurentina Aranda, falleció dos horas después en el Hospital Público Materno Infantil, a donde lo trasladaron en código rojo tras resultar gravemente herido por el impacto.

Según el parte policial e información del Ministerio Público Fiscal de Salta, el niño circulaba en bicicleta junto a su madre cuando una camioneta Ford Ranger, conducida por Miguel Plaza, circulaba a alta velocidad por la zona urbana, lo embistió mientras cruzaba por la senda peatonal.

El conductor fue demorado en el lugar y permanece detenido por disposición de la Fiscalía. El caso podría derivar en una condena superior a cinco años de prisión.

La jornada posterior al accidente estuvo marcada por manifestaciones vecinales que derivaron en incidentes: quema de cubiertas, corte de ruta y enfrentamientos con fuerzas de Infantería. Estos episodios dejaron como saldo una mujer policía herida y un manifestante detenido. Además, fuentes policiales informaron sobre la posible presencia de infiltrados que habrían alimentado los disturbios, mientras el Gobierno provincial investiga la motivación y el origen político de los hechos.

En paralelo, grupos de vecinos exigieron la renuncia del intendente Wayar, intensificando el clima de conflictividad social en el municipio. Por otro lado, los restos del niño fueron inhumados ayer en el cementerio local luego de una dolorosa peregrinación y cortejo fúnebre.

El comunicado del intendente

Javier Wayar mostró su pesar a través de la cuenta de Facebook de la Municipalidad de La Merced. “Pudo haber sido mi hijo. No existen palabras que alcancen para describir una pérdida de esta magnitud“.

Y agregó: “Como padre y como intendente, este hecho me atraviesa profundamente. A su familia les expreso mis más sinceras condolencias y todo mi acompañamiento. Me pongo a total disposición para estar cerca, asistirlos y acompañarlos en lo que necesiten en este momento tan desgarrador".

Con respecto a la investigación de la causa, el jefe comunal sostuvo: “He realizado la denuncia correspondiente por la sustracción de la camioneta sin mi conocimiento. La persona involucrada en este hecho es alguien a quien conozco desde hace muchos años. No es un familiar, pero sí alguien a quien he acompañado a lo largo de su vida, brindándole oportunidades y apoyo. Sin embargo, esto no modifica en absoluto mi responsabilidad institucional", indicó.

“Quiero ser claro y firme: le pido a la Justicia que actúe con el mayor rigor de la ley”, aseveró. Y agregó: “Quiero solicitar, con el mayor respeto, que frente a una tragedia de esta magnitud no se utilice el dolor con fines políticos. Este es un momento que nos exige humanidad, respeto y responsabilidad. Hoy más que nunca debemos acompañar, respetar el dolor de la familia y confiar en que la verdad saldrá a la luz“, cerró su mensaje.

El acusado y la investigación

El acusado, un empleado municipal, fue imputado provisionalmente por homicidio culposo en el marco del artículo 84 bis del Código Penal.

Durante la audiencia de imputación manifestó ser trabajador del intendente Wayar, pero optó por no declarar, asistido por la defensa oficial. El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, solicitó la detención preventiva mientras se desarrolla la investigación.

La investigación determinó. según El Tribuno, que el conductor no tenía licencia de conducir y poseía certificado de discapacidad; lo que agravó el panorama judicial del imputado.

Testimonios recabados por El Tribuno afirmaron que Plaza no descendió del rodado ni socorrió a la víctima de inmediato, lo que abre la hipótesis de una posible omisión de auxilio o abandono de persona, delitos contemplados por la legislación penal.

De acuerdo con los testimonios, el llamado al servicio de emergencias (911) no fue realizado de inmediato por el imputado, lo que refuerza la hipótesis de una actuación indiferente ante la gravedad de lo sucedido.

Inicialmente, el intendente Wayar no se presentó en la escena de la tragedia ni tomó contacto con la familia, decisión que agudizó las críticas sobre su rol institucional y sobre el vínculo con el acusado.

El Ministerio Público Fiscal de Salta y el Gobierno provincial dispusieron una recompensa de $10 millones para quien aporte información precisa que facilite la detención de Jonatan Jordan Peloc, conocido como “Camboya”, prófugo desde el sábado tras fugarse de la Alcaidía General de la ciudad de Salta. El dato, confirmado por el fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, sitúa la recompensa entre las cifras más altas ofrecidas en causas provinciales recientes y obedece al impacto institucional y social de la fuga.

El Decreto N° 178 del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, consignado en la notificación, establece que el pago de $10.000.000 se otorgará solo a quienes no hayan intervenido en la evasión y entreguen información veraz y comprobable, requisito señalado como excluyente para la habilitación del beneficio. Funcionarios públicos, integrantes de fuerzas de seguridad o personal de inteligencia quedan expresamente fuera de la posibilidad de percibir el monto.

El acusado, cuyo paradero permanece desconocido desde el sábado 4 de abril, estaba detenido bajo prisión preventiva en el marco de una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, relacionado con un hecho ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta, según confirmaron fuentes judiciales en la instrucción de la investigación.

La resolución autoriza a los informantes a entregar datos “en forma personal o a través de terceros”, bajo la condición de confidencialidad y asegurando canales de comunicación fuera de la órbita policial habitual. El mecanismo de pago se vincula expresamente a información no solo aportada, sino “determinante para la localización” del buscado.

El Gobierno de Salta instruyó la instrumentación inmediata del plan de recompensa, solicitando amplia difusión en medios y la reasignación de partidas presupuestarias específicas para garantizar la disponibilidad de los fondos, según consta en la documentación oficial. El esquema busca atraer colaboración de particulares tras la repercusión de la fuga y la inquietud generada en la comunidad.

En términos operativos, las fuerzas intervinientes intensificaron las tareas de rastreo en el área metropolitana de San Salvador de Salta, priorizando la recepción de información proveniente del entorno social y barrial del prófugo.

El caso

Todo ocurrió el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta. Según reconstruyeron los investigadores, el hecho se desarrolló en dos momentos. Durante la tarde, en una reunión familiar con niños y un pelotero instalado en la vereda, uno de los imputados arrojó piedras contra una mujer. A raíz de esto, los familiares que participaban de la fiesta infantil reclamaron por el ataque.

En ese contexto, Peloc intervino portando un arma de fuego y profiriendo amenazas; posteriormente, el grupo se retiró de la zona. Ya durante la noche, regresó acompañado de los otros implicados, esta vez con armas de fuego y objetos contundentes.

La banda realizó disparos, primero al aire y luego contra viviendas, personas presentes y transeúntes. El recorrido comenzó en el domicilio de “Camboya” hacia el pasaje Boedo, lo que generó una situación de peligro para vecinos, familias y menores presentes.

El ataque dejó como saldo un joven de 24 años herido por un disparo de arma de fuego en el tórax, con compromiso de órganos vitales. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde murió pese a la atención médica recibida.

Un hombre de 32 años sufrió una herida de arma de fuego en una pierna, con lesiones óseas y de partes blandas. Otra víctima presentó traumatismo encéfalo craneano, con herida cortante y pérdida de conciencia, debiendo ser asistida en un centro sanitario. Durante el mismo episodio, también asesinaron a un perro de un disparo.

En la escena se incautaron 18 vainas servidas, incorporadas al expediente como elementos probatorios. El trabajo investigativo incluyó toma de declaraciones testimoniales, análisis de registros de cámaras públicas y privadas, pericias balísticas, químicas, médicas y forenses, informes de criminalística, biología molecular e informática forense, así como el análisis de registros de 911.

Según los investigadores, estas tareas permitieron reconstruir la dinámica de los hechos, establecer el grado de participación de cada imputado, identificar las armas utilizadas y ubicar a Peloc, quien permanecía prófugo hasta su detención el 3 de febrero.

El 6 de febrero, el fiscal penal 2 Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), imputó a “Camboya” por los delitos de amenaza con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y actos de crueldad animal agravados, todos en concurso real.

Por los mismos hechos, se encuentran detenidos con prisión preventiva e imputados tres hombres de 22, 19 y 25 años, bajo los mismos cargos.

En la segunda jornada del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, el testimonio de María Mercedes Ibarra aportó detalles clave sobre el hallazgo del cuerpo y la secuencia de hechos ocurridos el 4 de agosto de 2023 en el barrio El Tipal, provincia de Salta.

La mujer fue la primera en declarar durante la audiencia realizada este lunes. De esta manera, describió también las circunstancias en las que encontró al acusado del crimen, José Eduardo “Jota” Figueroa.

De acuerdo con el testimonio relevado por el medio local El Tribuno, al llegar a El Tipal, Ibarra relató que descendió del vehículo y se acercó al auto estacionado dentro del terreno de “Lalo” Figueroa, padre del implicado. Observó que los vidrios estaban empañados y, al mirar por la ventana, vio a Figueroa sentado al volante, inclinado hacia el asiento del acompañante.

La mujer pensó que estaba muerto, por lo que gritó a Agustina Rodríguez Ibarra —su hija— que se aproximara, temiendo que “Jota” hubiese matado a Mercedes. Mientras intentaba contener a María Jiménez, madre de la víctima, para evitar que se acercara al vehículo, Agustina advirtió que el acusado aún tenía signos vitales y “parpadeaba”.

Ibarra pudo ver el cuerpo de Kvedaras estaba parcialmente cubierto, con una pierna descubierta y el resto envuelto en una toalla y un buzo, “como si alguien la hubiera cargado y puesto ahí”. Fue su hija quien llamó a la Policía para dar aviso de la situación. La búsqueda se había iniciado esa misma mañana, ante la falta de contacto con la joven y con Figueroa; el hallazgo confirmó la muerte de Kvedaras y desencadenó la intervención policial y judicial, con la investigación centrada en un contexto de violencia de género.

En su declaración, Ibarra explicó que su padre había sido socio de “Lalo” Figueroa y que el propio acusado era acreedor de su empresa. Detalló que en ocasiones trabajaban juntos y que Figueroa era cliente suyo, además de mantener una deuda económica con él. Con respecto al acusado aseguró que “era muy solidario, siempre fue amable” y que días antes del crimen se habían reunido para hablar sobre la situación crítica de su empresa.

Sobre la víctima, la describió como “muy alegre” y recordó la cercanía entre ambas familias. Durante su exposición, la testigo se mostró visiblemente afectada y lloró en reiteradas oportunidades.

En la misma jornada declaró Manuel Kvedaras, hermano de la víctima, quien relató el impacto al ver el cuerpo de Mercedes durante el sepelio. “Me di cuenta de lo violento de su muerte”, afirmó, y señaló que la magnitud de las lesiones lo llevó a decidir que el velorio fuera a cajón cerrado tras advertir un moretón en la frente de su hermana.

Manuel aportó un dato clave a la investigación: durante la búsqueda, logró localizar el teléfono celular de Mercedes porque tenía la contraseña del dispositivo desde 2019, cuando ella le había pedido ayuda con un equipo perdido. Mientras trabajaba en Buenos Aires, utilizó esa información y avisó a su madre que el teléfono estaba en la zona de la casa de “Lalo” Figueroa, padre del acusado.

El hermano reconstruyó los días previos al crimen, describiendo un vínculo deteriorado entre Mercedes y Figueroa. En ese sentido, detalló que el 29 de julio la víctima le pidió apoyo para separarse y le comentó que Figueroa “estaba muy enojado”. Ese día, Mercedes le envió mensajes en los que relataba discusiones y humillaciones sufridas, y le pidió que la acompañara para no enfrentarlo sola. Manuel reconoció que no accedió a ese pedido.

Aclaró que durante años mantuvo una relación cercana con el imputado, a quien consideraba amigo y confidente, aunque observó malos tratos en la pareja, sin registrar agresiones físicas directas. Recordó que desde fines de 2022 Mercedes había comenzado a plantear la separación y había convocado a sus hermanos a conversar sobre el tema.

El debate se desarrolla ante un tribunal compuesto por María Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. La acusación está a cargo de la fiscal Luján Sodero Calvet, la querella es representada por el abogado Jorge Ovejero y la defensa del imputado por Juan Casabella Dávalos. El juicio, que tiene como único acusado a José Eduardo “Jota” Figueroa por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, continuará con nuevas declaraciones en los próximos días.

Este lunes se reanuda el jucio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido en agosto de 2023, luego de haber tenido su primera audiencia el jueves pasado. El tribunal se prepara para la incorporación de nuevos testimonios después de haber escuchado a la madre de la víctima, María del Valle Jiménez de los Ríos, quien pidió para el único acusado la pena máxima.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal de Salta (MPF) anticipó que el miércoles se llevará a cabo la reconstrucción de los hechos en la vivienda del barrio privado El Tipal, con la presencia de José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima, sobre quien pesa una imputación por homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género. También estarán los peritos y las partes involucradas en el proceso.

El debate judicial, que investiga el crimen ocurrido el 4 de agosto de 2023, está encabezado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, mientras que la acusación está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien representa al MPF en un proceso que se prevé se extienda hasta el 4 de mayo y en el que se escucharán alrededor de 80 testigos.

En el inicio de la ronda de testimoniales, Jiménez de los Ríos declaró durante más de dos horas refiriéndose a su conocimiento sobre la relación que mantenía su hija con el acusado. Relató que no aprobaba el trato que Figueroa ejercía sobre ella y habló del día del hecho. Indicó que recibió un mensaje de audio de WhatsApp del acusado a las 08:52, mientras estaba trabajando. El mensaje, que duró 48 segundos, decía: “María, perdón, no aguantaba más. Ella hace mucho que elige a otros hombres”.

Fue en aquel momento en que la familia inició la búsqueda de Mercedes. La mujer habló con un hermano de la víctima quien le sugirió buscar ayuda médica. Ambos acudieron a la vivienda de la pareja, donde la empleada doméstica les informó que la casa estaba vacía. Al llegar, notaron que las llaves estaban puestas y que tanto la camioneta como la moto de Figueroa seguían en el lugar. En el interior, la computadora permanecía encendida y figuraba un turno de tenis programado para las 11:00 horas en el barrio.

Ante la ausencia de la pareja, los familiares consideraron que Mercedes podía encontrarse en el gimnasio o realizando actividad física en las inmediaciones. Mientras la madre de Mercedes intentaba contactarla sin éxito, otro hijo, desde Buenos Aires, rastreó el celular de Mercedes y detectó que la señal del dispositivo se encontraba en las cercanías de la casa del padre del acusado.

Durante la audiencia, el hombre decidió no declarar aunque sí se llevo a cabo la reproducción de un video tomado el 11 de agosto de 2023, con una declaración hecha por él. En el mismo decía: “no fue mi intención matarla” y reconstruyó su versión de la relación de pareja. De acuerdo con la acusación, Mercedes Kvedaras habría sido atacada físicamente y luego asfixiada dentro del baño de la casa. La hipótesis sostiene que, tras la agresión, el cuerpo fue trasladado fuera del domicilio.

Por otro lado, el imputado sostiene que hubo una discusión que derivó en un forcejeo, seguido de una caída en el baño y un desenlace que, según su versión, no fue intencional.

La autopsia determinó que Mercedes murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento y sofocación, y presentaba múltiples lesiones. La habían encontrado sin vida dentro del auto familiar, junto a Figueroa, quien presentaba lesiones de arma blanca en el cuello y en las muñecas. El acusado permaneció hospitalizado hasta que pudo recuperarse del estado crítico en el que se encontraba.

La Justicia de Salta activó medidas de seguridad excepcionales para proteger a un fiscal y a las víctimas de Jonathan Jordan Peloc, alias “Camboya”, un peligroso preso de 41 años que se encuentra prófugo desde que logró huir de la Alcaidía General N.º 1. Junto a él también se encontraba un cómplice, que fue recapturado horas más tarde de que comenzara la búsqueda.

Todo ocurrió durante la madrugada del sábado cuando Peloc y Jorge Miguel Ángel Fernández, de 31 años, escaparon del pabellón A1 del establecimiento policial. Horas después, Fernández fue recapturado por las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, Peloc continúa prófugo, lo que mantiene vigente la alerta en la región y obligó a las autoridades a mantener el operativo de búsqueda activo. Asimismo, el perfil riesgoso del evadido motivó una solicitud para reforzar las medidas preventivas para resguardar la integridad del fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, y las víctimas.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, Peloc estaba detenido bajo prisión preventiva por una causa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Se trató de una causa relacionada con un crimen en el barrio Alta Tensión ocurrido en noviembre de 2024. El mismo individuo había permanecido prófugo durante más de un año antes de ser capturado, un panorama que agravó la preocupación por su reciente evasión.

Por este motivo, el operativo para localizar a Peloc sigue en marcha con controles en puntos estratégicos, patrullajes y análisis de cámaras de seguridad. Además, se realizan rastrillajes en varias zonas y se dispuso una investigación interna para determinar las circunstancias que permitieron la fuga desde un espacio bajo custodia estatal.

Además de haberse engrosado las medidas de seguridad, el fiscal Paz dispuso la intervención del área de Criminalística para recolectar pruebas y reconstruir la mecánica del escape. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal reiteró el pedido de colaboración a la comunidad: cualquier información relevante sobre el paradero del prófugo puede comunicarse al 911 o en la dependencia policial más cercana.

Los detalles del crimen por el que se acusa a “Camboya” Peloc

Todo ocurrió el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta. Según reconstruyeron los investigadores, el hecho se desarrolló en dos momentos diferenciados. En la tarde, durante una reunión familiar con niños y un pelotero instalado en la vereda, uno de los imputados arrojó piedras contra una mujer. A raíz de esto, los familiares que participaban de la fiesta infantil reclamaron por el ataque.

En ese contexto, Peloc intervino portando un arma de fuego y profiriendo amenazas; posteriormente, el grupo se retiró de la zona. Ya entrada la noche, regresó acompañado de los otros implicados, esta vez con armas de fuego y objetos contundentes.

Así, la banda realizó disparos, primero al aire y luego contra viviendas, personas presentes y transeúntes en la zona. El recorrido que realizaron comenzó en el domicilio de “Camboya” hacia el pasaje Boedo, lo que generó una situación de peligro para vecinos, familias y menores presentes.

El ataque dejó como saldo un joven de 24 años herido por un disparo de arma de fuego en el tórax, con compromiso de órganos vitales. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde murió pese a la atención médica recibida.

De igual forma, un hombre de 32 años sufrió una herida de arma de fuego en una pierna, con lesiones óseas y de partes blandas. Otra víctima presentó traumatismo encéfalo craneano, con herida cortante y pérdida de conciencia, debiendo ser asistida en un centro sanitario. Durante el mismo episodio, también asesinaron a un perro de un disparo.

En la escena se incautaron 18 vainas servidas, incorporadas al expediente como elementos probatorios. Asimismo, indicaron que el trabajo investigativo incluyó toma de declaraciones testimoniales, análisis de registros de cámaras públicas y privadas, pericias balísticas, químicas, médicas y forenses, informes de criminalística, biología molecular e informática forense, así como el análisis de registros de 911.

Según los investigadores, las tareas realizadas permitieron reconstruir la dinámica de los hechos, establecer el grado de participación de cada imputado, identificar las armas utilizadas y ubicar a Peloc, quien permanecía prófugo hasta su detención el 3 de febrero.

Fue así que el pasado 6 de febrero, el fiscal penal 2 Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), imputó a “Camboya” por los delitos de amenaza con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y actos de crueldad animal agravados, todos en concurso real, tras ser detenido el martes 3.

Por los mismos hechos, se encuentran detenidos con prisión preventiva e imputados tres hombres de veintidós, diecinueve y veinticinco años, bajo los mismos cargos. Según el Ministerio Público Fiscal, Peloc era el único acusado que permanecía evadido de la Justicia en esta causa.

La Justicia de la provincia de Salta investiga el violento crimen de un hombre de 35 años, asesinado de al menos un balazo en medio de un supuesta batalla campal entre vecinos en un barrio del sudeste de la capital. Por el hecho, 14 personas fueron detenidas, de las cuales dos son menores de edad.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal salteño, el hecho se registró en las primeras horas del viernes detrás de la fábrica La Cerámica, en el barrio La Fama, por motivos que todavía no están del todo claros. La investigación está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios en turno, María Luján Sodero Calvet, quien dispuso que personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP realicen peritajes en el lugar.

El cadáver fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia para determinar la causa del fallecimiento. Las 14 personas sospechadas serán imputadas el próximo lunes.

De acuerdo con el diario El Tribuno de Salta, el crimen del hombre de 60 años se habría producido a partir de una discusión por la demora en un pedido de bebidas a un delivery ubicado sobre calle Samuel Quevedo.

De acuerdo con los primeros datos que trascendieron en base a fuentes judiciales citadas por el medio, un hombre que había realizado el pedido comenzó a reclamar por la tardanza. Ante la situación, se sumaron otras personas y se generó una discusión que rápidamente escaló en violencia.

Al parecer, en la vivienda donde funciona el delivery estaban reunidas varias personas, mientras ingerían bebidas alcohólicas y escuchaban música. A partir de allí, salieron varias de esas personas y el conflicto se agravó.

Según trascendió, la víctima es un hombre de tendría 35 años conocido como “El Tuerto”, quien luego de recibir al menos un balazos, falleció cuando llegó al hospital San Bernardo.

Las detenciones no fueron sencillas. Tras el llamado al 911, tanto los móviles de la Policía como la ambulancia que concurrieron al lugar, fueron atacadas con piedras por parte de los vecinos. En medio del operativo, varios de los involucrados escaparon por los techos, lo que complicó el procedimiento y motivó un despliegue mayor de efectivos.

Los efectivos encontraron dos armas de fuego, que deberán ser sometidas a peritajes. “En el avance investigativo, adelantó que se produjo la demora de 14 personas, entre ellas 2 menores de edad, como sospechosas de haber tenido participación en el hecho y que serán imputadas el próximo lunes en sede fiscal”. comunicó el MPF de Salta.

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en el barrio privado El Tipal, ubicado en Salta, ocurrido en agosto de 2023, tuvo en su primera audiencia a María del Valle Jiménez de los Ríos, madre de la víctima, como única testigo. “Yo no imaginé la magnitud del miedo que ella le tenía”, expresó, para luego pedir que se le aplique al acusado la pena máxima: prisión perpetua.

En el banquillo de los acusados se ubicó José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima que llegó a esta instancia imputado por homicidio doblemente calificado, en contexto de violencia de género. El caso fue encuadrado como un femicidio desde el inicio de la investigación por la fiscal de la Unidad Fiscal de Femicidios, Luján Sodero Calvet.

La audiencia de apertura comenzó a las 08:30 horas con las formalidades y se extendió durante la mañana por cuestiones técnicas respecto a la organización del debate, la modalidad y fecha de la reconstrucción en el lugar del crimen y el orden de los testigos. Recién cerca de las 14:00 horas, la mamá de Mercedes ingresó a la sala tras una prolongada espera.

Frente al tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, la mujer relató el miedo que su hija sentía hacia su esposo, José Eduardo Figueroa, único imputado. Aunque dejó en claro que no siente odio, reclamó que se conozca la verdad y que el responsable reciba la condena que corresponda.

Durante las tres horas que se extendió su declaración, Jiménez de los Ríos reconstruyó el vínculo entre su hija y Figueroa, en donde indicó que estuvo marcado por insultos y un clima de miedo que se intensificó en los días previos al crimen.

“Yo no imaginé la magnitud del miedo que tenía”, reiteró en un tramo central, según las declaraciones recopiladas por El Tribuno. No obstante, la madre planteó que Mercedes había naturalizado los insultos y, tras los hechos, reconoció que pudo identificar otras formas de violencia que sufrió su hija, como, por ejemplo, la económica.

Uno de los momentos más reveladores del testimonio fue la reconstrucción del sábado previo al crimen. Ese día, Mercedes la visitó y se negó a bajar del auto. “Estoy muy mal, no me hagas bajar”, le dijo. Asimismo, la mujer reconoció que hasta entonces había intentado persuadirla de enfrentar la situación matrimonial, también por sus hijos.

Sin embargo, para Jiménez de los Ríos, ese episodio marcó un punto de inflexión, ya que la víctima llegó a manifestar con claridad el miedo que sentía y señaló que Figueroa estaba en un estado alterado. “Me decía que él estaba endiablado”, recordó ante los magistrados.

Ese temor no era un hecho aislado. Mercedes lo había compartido también con su hermana Rosario, residente en España, a quien le confesó que atravesaba una situación de miedo y que había sufrido agresiones físicas.

De la misma manera, la madre de la víctima relató que su hija intentó alejarse en distintas ocasiones, incluso una noche en la que salió de la casa junto a dos de sus hijos. Mercedes también había manifestado su intención de separarse, pero indicó que se sentía hostigada.

La mamá de Mercedes reconstruyó cómo fue el día del femicidio

El 4 de agosto de 2023, Jiménez de los Ríos indicó que recibió un mensaje de audio de WhatsApp del esposo de su hija a las 08:52, mientras trabajaba. El mensaje, que duró 48 segundos, decía: “María, perdón, no aguantaba más. Ella hace mucho que elige a otros hombres”, y pedía que cuidaran a los hijos de la pareja.

Al recordar el tono de voz del principal acusado, la mujer planteó que había interpretado que Figueroa podía atentar contra su propia vida, ya que su voz sonaba angustiada. Por este motivo, le respondió pidiéndole que se tranquilizara y pensara en los hijos.

A raíz de ese audio se activó la búsqueda de Mercedes. En paralelo, la mujer contactó a su hijo Francisco Kvedaras, quien la orientó para buscar ayuda médica. Fueron a la vivienda de la pareja, donde la empleada informó que no estaban.

En ese momento, se percataron de que las llaves estaban puestas y que la camioneta y la moto de Figueroa permanecían allí. Dentro de la casa, la computadora estaba encendida y figuraba un turno de tenis para las 11:00 horas en el barrio.

El grupo, al no hallar a la pareja, pensó que Mercedes podría estar en el gimnasio o realizando alguna actividad cerca, incluso subiendo el cerro Elefante. Luego se sumaron Mercedes Ibarra, madre de la novia de Francisco, y revisaron las cámaras de seguridad del barrio privado.

La madre de Mercedes intentó contactarla sin éxito, mientras la desesperación crecía. Otro hijo, desde Buenos Aires, logró rastrear el celular de Mercedes. Así descubrió que este trazaba un camino hasta las inmediaciones de la casa del padre de Figueroa.

Poco después, la madre presenció el traslado del cuerpo de su hija. “Vi que se llevaron a mi hijita en una camioneta blanca, estaba muerta”, rememoró Jiménez de los Ríos. Según la investigación, el crimen se produjo entre las 8 y las 9 de la mañana, coincidiendo con el envío del audio.

La autopsia determinó que Mercedes murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento y sofocación, y presentaba múltiples lesiones. La habían encontrado sin vida dentro del auto familiar, junto a Figueroa, quien presentaba lesiones de arma blanca en el cuello y en las muñecas. El acusado permaneció hospitalizado hasta que pudo recuperarse del estado crítico en el que se encontraba.

Una serie de cinco procedimientos realizados por la Dirección General de Aduanas en distintos puntos del país permitió secuestrar mercadería valuada en más de 500 mil dólares, según información oficial obtenida. Los operativos, ejecutados en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mercedes y el aeropuerto internacional de Ezeiza, involucraron desde ropa falsificada y encomiendas con artículos no declarados hasta precursores químicos y exportaciones irregulares de miel. De acuerdo con lo reportado por Infobae, las acciones apuntaron a evitar delitos de contrabando, fraude marcario y tráfico de sustancias sensibles.

En el barrio de Balvanera, en la Ciudad de Buenos Aires, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas (DGA) inspeccionaron tres locales comerciales donde detectaron productos de origen extranjero sin documentación respaldatoria. La mercadería incluía juguetes, artículos de bijouterie, electrónicos, cosmética, calzado y productos de librería. El valor de lo incautado ronda los 110 mil dólares. Muchos de estos productos presentaban indicios de fraude marcario. Según el artículo 987 del Código Aduanero, las multas podrían superar los 500 mil dólares.

Infobae precisó que los responsables no lograron acreditar el ingreso legal de los bienes, lo cual derivó en el secuestro inmediato.

El operativo en la provincia de Córdoba tuvo lugar en depósitos de encomiendas donde la Aduana utilizó la tecnología Scan Van para revisar bultos provenientes de la frontera. Durante estos controles, se incautaron 21.460 pares de medias, 4.500 prendas de ropa interior, 4.990 unidades de indumentaria, 4.370 artículos de blanquería y 300 mochilas, con un valor estimado de 85 millones de pesos.

La cantidad y variedad de los productos, todos sin respaldo documental, llevó a la presunción de que su destino era la comercialización irregular. De acuerdo con fuentes de Infobae, la mercadería fue secuestrada bajo la normativa vigente.

En la frontera de Aguas Blancas–Bermejo, en la provincia de Salta, la Aduana intervino dos camiones con matrícula boliviana que transportaban 35.144 kilogramos de acetato de etilo, un precursor químico clave en la fabricación de cocaína. El tránsito se realizaba desde Uruguay hacia Bolivia sin la habilitación correspondiente del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE).

El valor de la carga incautada asciende a 370 mil dólares y también fueron retenidos los vehículos y los teléfonos celulares de los choferes, ambos ciudadanos bolivianos, quienes quedaron detenidos. Según Infobae, la sustancia decomisada es considerada sensible y está sujeta a estrictos controles.

Otro de los procedimientos tuvo lugar en un depósito fiscal de Mercedes, bajo la jurisdicción de la Aduana de Campana, donde se revisaron 69 tambores de miel con un peso total de 21.090 kilogramos que iban a ser exportados a España. Durante la inspección se detectaron defectos de rotulado en 19 tambores, que no coincidían con la autorización de exportación emitida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Como medida preventiva, la Aduana bloqueó el permiso de embarque hasta que la empresa regularice la situación. Además, el organismo reportó deficiencias edilicias y de seguridad en el depósito, aspectos que deberán ser corregidos antes de autorizar futuras operaciones.

En el aeropuerto internacional de Ezeiza, la Aduana interceptó el ingreso de más de 100 unidades de mercadería falsificada durante controles realizados a dos pasajeros provenientes de Perú y España. Durante la inspección de equipajes, se hallaron 86 camisetas de la NBA, **25 camisetas de fútbol, 6 camperas rompevientos y 6 conjuntos deportivos, todos con inscripciones apócrifas de marcas como Adidas, Nike, Mitchell & Ness, Marathon y Hello Kitty. El valor estimado de la mercadería asciende a 15.860 dólares. Según la Ley 26.458, estos productos califican como de importación prohibida y serán destruidos, confirmó Infobae.

Los operativos desarrollados por la Dirección General de Aduanas se enmarcan en una serie de acciones para combatir el contrabando y proteger el mercado interno de prácticas comerciales ilegales. Las autoridades recordaron que los procedimientos se rigen por el artículo 987 del Código Aduanero, que prevé severas sanciones económicas y penas accesorias. El conjunto de mercadería secuestrada será objeto de procesos legales y, en los casos de sustancias químicas o productos falsificados, se ordenará su destrucción conforme a la normativa vigente.

Una mujer dio a luz, brindando una identidad falsa, escapó del hospital y abandonó al bebé recién nacido. El hecho sucedió en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta y actualmente, el bebé fue acogido en Casa Cuna, quedando bajo su cuidado, mientras que la Policía despliega un operativo de búsqueda para localizar a la madre.

El episodio, que generó repercusión inmediata en el norte provincial, llevó a la activación de un protocolo judicial y sanitario excepcional, según informó el Ministerio de Salud Pública de Salta. La situación tomó especial gravedad luego de que las autoridades confirmaran que la paciente proporcionó datos filiatorios falsos y no es residente en Salta, sino que proviene de la provincia de Formosa.

La mujer solo tuvo contacto con el sistema sanitario durante el parto que sucedió el jueves pasado, de acuerdo al comunicado oficial. Tras ser requerida para presentar su documentación de identidad, la madre se retiró del centro de salud sin autorización y dejó al recién nacido bajo resguardo institucional. La causa quedó formalmente en manos del Poder Judicial, que ahora deberá llevar adelante las actuaciones correspondientes tras la fuga y abandono por parte de la madre.

La investigación del caso avanzó rápidamente gracias al análisis de cámaras de seguridad disponibles en el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal y sus inmediaciones. Las imágenes obtenidas permitieron a los agentes obtener un registro visual de la mujer y, mediante procedimientos de reconocimiento facial, determinar su identidad. La Policía provincial cuenta ahora con información precisa sobre la madre, intensificando la búsqueda para dar con su paradero, según El Tribuno.

Por otro lado, el estado de salud del recién nacido es estable. El menor se encuentra alojado en la Casa Cuna de Tartagal, bajo protección y cuidados integrales brindados por profesionales especializados en niñez. El Ministerio de Salud detalló a El Tribuno que la intervención directa del sistema sanitario finalizó tras la asistencia al parto y la estabilización del bebé. La responsabilidad del caso pasó luego a la órbita de los organismos de seguridad y de la Justicia.

Los delitos de la madre que abandonó a su bebé

El abandono de persona constituye un delito previsto en el Código Penal argentino, que sanciona con penas de prisión a quien ponga en peligro la vida o la salud de una persona incapaz de valerse por sí misma, como ocurre en el caso de un recién nacido. La conducta de la madre al retirarse del hospital y dejar al bebé configura una violación a los deberes de asistencia y protección que exige la ley. En situaciones de este tipo, la Justicia puede iniciar una investigación penal y determinar la responsabilidad individual, lo que puede derivar en una condena efectiva en caso de comprobarse el abandono.

Por otra parte, la responsabilidad parental implica el conjunto de deberes y derechos que los padres tienen respecto a sus hijos menores de edad, entre ellos la obligación de garantizar su desarrollo, salud y bienestar. Ante el abandono, la Justicia interviene para resguardar los derechos del niño, pudiendo disponer la suspensión o pérdida de la responsabilidad parental por parte de la madre. Mientras se resuelve su situación legal, el bebé queda bajo tutela estatal y sujeto a medidas de protección integral, priorizando su interés superior conforme a la legislación vigente.

A la par, haber brindado una identidad falsa podría ser un agravante para la causa ya que la conducta puede ser calificada como falsedad ideológica de documento público, un delito penado con prisión de uno a seis años. El hecho de haber proporcionado información apócrifa no solo dificulta la labor de las autoridades, sino que empeora el cuadro acusatorio y podría dar lugar a una causa penal adicional.

Después de que se tomara la decisión de reabrir la investigación por el doble femicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumi, las turistas francesas que fueron asesinadas en Salta en 2011, los investigadores encontraron un nuevo obstáculo. Esta semana, Beatriz Yapura, la esposa del ex condenado por el caso Santos Clemente Vera, se negó a brindar una muestra de su ADN.

Luego de que se repatriaran las muestras genéticas que habían sido tomadas del cuerpo de las víctimas y resguardadas en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Fiscalía a cargo de la revisión de la causa había citado a la mujer, con la intención de que accediera voluntariamente a entregar una muestra para las pericias que se realizarán en esta nueva etapa.

Pese al llamado, la mujer no se presentó a la audiencia ni accedió al hisopado. De acuerdo con el abogado defensor de su esposo, José Vargas, el procedimiento habría tenido tintes irregulares, ya que habría carecido de la aprobación de un juez de Garantías. Y subrayó que el pedido era “totalmente infundado”.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, Vargas denunció que “la medida se realizó a espaldas o sin orden del juez de Garantías. Allí se vulneraron derechos”. Asimismo, recordó el recorrido procesal que tuvo que afrontar Vargas, quien pasó diez años preso por un crimen que no había cometido.

A lo largo de estos años, el caso de Vera atravesó un complejo recorrido judicial. Tras haber estado detenido, fue absuelto en el juicio oral bajo el beneficio de la duda. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación revirtió ese fallo y ordenó su condena y regreso a prisión.

Finalmente, el 11 de diciembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la condena y dispuso su liberación. Para ese entonces, el hombre ya había pasado diez años detenido. “La cárcel es peor que el infierno, pero por suerte yo siempre tuve el apoyo de mi esposa”, aseguró Clemente durante una entrevista brindada a Infobae a finales del año pasado.

“Hace casi 15 años, Santos Clemente Vera colaboró como guía con los policías que buscaban a las mujeres francesas por toda la quebrada de San Lorenzo. De guía pasó a imputado y luego a condenado”, apuntó el abogado al acusar que la Policía habría buscado culpar “afanosamente” a alguno de los lugareños por lo ocurrido.

Por este motivo, Vargas planteó su desconfianza respecto a la citación que recibió Yapura para colaborar con la investigación. Sobre todo, porque rememoró que su cliente también había accedido a una medida similar, para luego terminar siendo culpado y juzgado.

Aunque deslizó la posibilidad de que su muestra hubiera sido plantada en la escena, no pudo confirmar la hipótesis al indicar que no pudieron designar a un perito de parte para que evaluara la situación. Asimismo, apuntó que, meses atrás, “sin orden de un Juzgado de Garantías, se citó a dos sanlorenceños a declarar en la causa: Daniel Tolaba y María Graña”.

De la misma manera, explicó que ambos tampoco prestaron declaración porque la defensa se opuso a la medida, tras argumentarse que el llamado también se habría realizado de forma extraoficial y por fuera de lo que indica el Código Procesal Penal de la Provincia.

Pese a que los motivos detrás de la citación de Yapura no trascendieron, anteriormente se había dado a conocer que el objetivo de la Fiscalía sería comparar las muestras genéticas recuperadas con otros perfiles de origen masculino y femenino.

Por otro lado, el padre de una de las víctimas, Jean-Michel Bouvier, volvió a declarar en la causa, luego de que regresara al país con la intención de aportar documentación y presuntas pruebas que se habrían mantenido resguardadas en Francia. Entre ellas, habría otras pruebas genéticas que nunca habrían sido incorporadas a la investigación.

Actualmente, la causa quedó en manos de los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín, quienes fueron autorizados a tomar declaraciones a los fiscales y peritos franceses, con la intención de conocer cómo fueron realizados los exámenes originales y la revisión de las técnicas empleadas sobre las nuevas pruebas genéticas aportadas por la querella.

Dos viudas negras fueron detenidas en el barrio de San Jorge de Rosario de Lerma, provincia de Salta. Las mujeres de 28 y 34 años, sustrajeron aproximadamente 300.000 pesos de la vivienda de un jubilado de 78 años. Esta situación motivó la intervención de la fiscalía, el pedido de detención y la investigación de la causa que pone el foco en la reincidencia delictiva y la vulnerabilidad de las víctimas mayores.

La decisión de imputar a las sospechosas por hurto simple surge ante la imposibilidad de recuperar la totalidad del dinero sustraído. Por otro lado, una de ellas cuenta con antecedentes penales, circunstancia que aumenta la preocupación de la Justicia por la reiteración de este tipo de delitos.

Según la información proporcionada por El Tribuno, las sospechosas ingresaron el jueves 26 de marzo a una casa ubicada en el barrio San Jorge. Argumentaron estar allí para vender un cuchillo al dueño de casa, un hombre de 78 años. Aprovecharon un descuido del jubilado y tras ingresar a la vivienda, hurtaron el dinero que correspondía a haberes jubilatorios y ahorros personales, de un cajón de la vivienda.

La presencia inesperada de las mujeres fue advertida por la hija del damnificado, quien llegó al domicilio y las encontró en el interior. Al ser consultadas por la procedencia del dinero, ambas alegaron que lo habían recibido a cambio de la supuesta venta del cuchillo y se retiraron poco después. Luego de su partida, la hija del adulto mayor advirtió la falta de los 300.000 pesos y se dispuso a localizarlas en la zona.

Luego de un breve recorrido, la denunciante halló a las viudas negras en las inmediaciones. Ante esta situación, una de las acusadas devolvió 20.000 pesos y responsabilizó a su acompañante por la posesión del monto restante. La policía fue alertada y ambas mujeres fueron demoradas, trasladadas a la comisaría y puestas a disposición del Ministerio Público Fiscal. Para llevar a cabo las investigaciones, la Justicia secuestró el dinero incautado y el cuchillo vinculado al episodio.

Las investigaciones de las viudas negras

El fiscal Escalante solicitó el mantenimiento de la detención de las acusadas, argumentando que no se pudo recuperar la suma total sustraída, que una de las mujeres registra antecedentes judiciales y que ninguna pudo acreditar un domicilio fijo. Estas circunstancias, a juicio del fiscal, podrían obstaculizar las pesquisas en curso.

El hecho de Rosario de Lerma resalta la modalidad delictiva de las “viudas negras”, caracterizada por la utilización de engaños para ingresar a la vivienda de personas mayores y apoderarse de sus bienes. Frente a este tipo de hurtos, las autoridades remarcan la importancia de la colaboración comunitaria y el seguimiento judicial estricto para evitar la reincidencia y proteger a las potenciales víctimas.

En cuanto al proceso judicial, la imputación por hurto simple establece una pena que puede ir de 1 mes a 2 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal argentino. La existencia de antecedentes penales en una de las acusadas y la falta de domicilio fijo constituyen agravantes que complican su situación. Fuentes judiciales indicaron que el seguimiento de este tipo de causas resulta clave para desalentar la reincidencia y proteger a un sector de la población especialmente expuesto a este tipo de delitos.

Si bien en los últimos meses se registró un incremento de estafas electrónicas a jubilados, en las que los delincuentes operan a distancia mediante llamados o mensajes, el caso ocurrido en Rosario de Lerma demuestra que las maniobras presenciales continúan representando un riesgo considerable. Tanto en los fraudes digitales como en los delitos cometidos cara a cara, los adultos mayores suelen ser un blanco recurrente por su mayor vulnerabilidad.

Más de 25 kilos de cocaína fueron incautados por la Policía de Tucumán en las inmediaciones del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, en el límite entre las provincias de Tucumán y Salta, durante un operativo que formó parte del denominado Operativo Lapacho.

Personal de la Dirección General de Unidades Especiales localizó la droga en una zona de monte, hacia el este de la base operativa, después de que dos personas abandonaran una mochila y un bolso en medio de la vegetación y emprendieran la huida.

De acuerdo con datos suministrados por la propia Policía de Tucumán, al revisar el contenido de los equipajes los agentes hallaron 25 paquetes de cocaína, con un peso que superó los 25 kilos.

La intervención fue liderada por el comisario general Fabio Ferreyra, quien señaló: “Le dimos un gran golpe al narcotráfico en el Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, donde realizamos un procedimiento en una zona de monte, hacia el este de la base operativa. Allí, dos personas que circulaban por la vegetación arrojaron una mochila y un bolso antes de darse a la fuga”.

El procedimiento continuó con la intervención del Juzgado Federal, que dispuso la toma de muestras fotográficas del material incautado y el posterior traslado de los estupefacientes al destacamento policial. Desde allí, la Dirección General de Drogas Peligrosas quedó a cargo de la realización de las pruebas de campo para determinar la pureza y otras características de la sustancia hallada.

El despliegue de recursos de la Policía de Tucumán y la coordinación con la justicia federal forman parte de una estrategia de control fronterizo que busca evitar el ingreso de estupefacientes al territorio provincial.

Antecedentes de secuestros de cocaína

Efectivos de Gendarmería detuvieron un ómnibus de larga distancia en Huacra, sobre la Ruta Nacional 38, y encontraron más de 10 kilos de cocaína distribuidos en cápsulas ingeridas y paquetes ocultos en el cuerpo y pertenencias de diferentes pasajeros. El operativo se llevó a cabo en el límite entre Tucumán y Catamarca, en el departamento La Cocha.

Durante la intervención, integrantes de la Sección Núcleo del Escuadrón 71 “Aguilares” frenaron un colectivo que recorría la ruta entre Aguas Blancas (Salta) y la Ciudad de Mendoza. Según detallaron fuentes del caso a Infobae, una pasajera mostró nerviosismo durante el control, lo que motivó una inspección a cargo del personal femenino.

Las agentes comprobaron que la mujer transportaba paquetes adheridos a su cuerpo, que contenían una sustancia blanca, y también hallaron otros envoltorios escondidos en su asiento y en distintos puntos del vehículo.

Este primer hallazgo generó sospechas acerca de la posible utilización del método de los “cápsuleros” o “mulas”, consistente en la ingestión de cápsulas con droga por parte de algunos pasajeros. El Juzgado Federal de Tucumán N° 2 intervino y ordenó que los 53 pasajeros fueran trasladados al asiento del Escuadrón 71 para una revisión exhaustiva.

Durante la inspección física y documental, los agentes descubrieron 249 envoltorios que sumaban más de 3 kilos de cocaína, transportados en pertenencias y prendas de tres mujeres.

Al día siguiente, la hipótesis sobre la modalidad de “mulas” llevó a que todos los pasajeros se sometieran a placas radiográficas. Las imágenes mostraron la presencia de cuerpos extraños en el abdomen de cuatro mujeres y dos hombres, ilustrando la peligrosidad de este método para la salud.

Los seis pasajeros identificados fueron internados bajo custodia en los hospitales de Santa Ana y Los Sarmientos, donde expulsaron en total 503 cápsulas que superaron los 6 kilos de cocaína. El área de Criminalística y Estudios Forenses contabilizó 752 cápsulas con un peso total de 10 kilos 316 gramos.

El juez a cargo dispuso la detención de nueve personas de nacionalidad boliviana y ordenó el secuestro de la droga, teléfonos, chips, tarjetas de memoria, pendrives, dinero en efectivo, boletos y otros elementos de interés para la investigación.

La Justicia imputó a un hombre de 22 años por chocar a un niño de 5 años y darse a la fuga en la provincia de Salta. El siniestro vial que ocurrió el domingo al mediodía, generó conmoción dentro de la comunidad y la familia del menor reclaman justicia.

El fiscal penal Pablo Paz imputó de forma provisional al joven de 22 años como presunto autor de lesiones culposas graves por la conducción imprudente de una motocicleta que resultó en la colisión contra el menor de edad en el barrio Juan Manuel de Rosas. El fiscal solicitó al Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro la inhabilitación provisoria para conducir del acusado y la entrega de su carnet, según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

La medida responde a que, de acuerdo a la fiscalía, el acusado manejaba de manera a alta velocidad y evadió el deber de cuidado, lo que habría provocado una situación de peligro con resultado de lesiones graves en el menor. Desde el domingo, la victima tuvo que ser trasladado de urgencias al Hospital Público Materno Infantil donde se encuentra en un estado crítico de salud.

La audiencia judicial prevista tuvo que ser postergada ya que la madre del niño no pudo presentarse al lugar y se tendrá que fijar una nueva fecha para que realice su testimonio. Sin embargo, durante la mañana del jueves se presentó la hermana mayor del damnificado a la sede fiscal.

Las investigaciones del caso siguen en las primeras etapas y la justicia continúa recolectando pruebas, testimonios y pericias accidentológicas y registros de cámaras de seguridad para reconstruir lo sucedido. La solicitud de la fiscalía incluye la prohibición de conducir vehículos automotores mientras se desarrolla el proceso judicial.

Los delitos por los que el joven podría ser imputado es por lesiones culposas graves que podría tener consecuencias de prisión, multas e inhabilitación para conducir. Esta pena también podría ser agravada por la fuga del lugar del hecho ya que las autoridad destacan la obligación legal de permanecer en el sitio del siniestro y brindar la ayuda necesaria.

La conmoción de los familiares del niño

El niño estaba entrando a su hogar en su bicicleta cuando fue embestido por la motocicleta que circulaba a alta velocidad. En este marco, los familiares y vecinos de la zona se movilizaron el jueves 26 de marzo para reclamar justicia. Además, piden la detención inmediata del conductor que fue imputado por el grave hecho.

La tía del nene, Alicia, declaró en diálogo con Somos Salta: “Nosotros estamos pidiendo que cambien la carátula por abandono de persona, no aceptamos la respuesta de que se sintió abrumado porque en la vereda no había un tumulto de gente”. Además, expresó que “era un niño ágil y divertido, pero ayer vio una pelota con la intención de querer patear y nosotros no podemos dejarlo”.

Por otro lado, el papá de la víctima habló sobre el estado de salud del niño, quien se encuentra con una fractura de cráneo, fractura de clavícula y hematomas entre el cráneo y el cerebro: “Él está con miedo, llora, no puede dormir de noche; su cabecita ahora es una cabecita de cristal”. En el momento del choque, el menor perdió el conocimiento y luego fue abandonado por el motociclista quien se dio a la fuga.

La familia denunció que la mamá del conductor se presentó en la viviendo de los familiares y aseguró que su hijo protagonizó el choque. Finalmente, el joven se presentó cinco horas después del siniestro vial en la comisario y previamente, intentó ocultar su responsabilidad alterando el vehículo que se encontraba dañada tras embestir al menor de edad.

Un hombre de 32 años, imputado por violar a su prima menor de edad en la provincia de Salta y con pedido de captura nacional e internacional desde 2020, fue detenido en la ciudad de Lovran, Croacia.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal salteño, el fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Esteban Martearena, requirió la extradición del imputado, quien será trasladado en los próximos días primero a la Ciudad de Buenos Aires y luego a esa provincia, donde enfrenta una investigación penal por delitos graves.

De acuerdo con la acusación, el hombre está imputado por facilitación de material pornográfico agravado por haberse cometido en perjuicio de una menor de 13 años, abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, abuso sexual simple agravado por la guarda y exhibiciones obscenas agravadas por haberse cometido en perjuicio de una menor de 18 años, todo en concurso real.

La intervención de la UDIS comenzó en noviembre de 2020, a partir de la denuncia de una joven de 18 años, quien manifestó que su primo había vulnerado su integridad sexual desde que tenía nueve años, hasta los 13. El primer hecho habría ocurrido en la casa de su abuela, donde el acusado exhibió una película de contenido sexual y posteriormente abusó sexualmente de la menor.

Según la denuncia, cuando la víctima tenía 16 años ocurrieron otros dos hechos. La denuncia motivó la investigación penal y la solicitud de detención.

Las tareas investigativas de la fiscalía permitieron reunir pruebas y solicitar la captura del imputado. Al no lograrse su localización en el país, se dispuso su búsqueda internacional.

Lo ubicaron, de acuerdo a la fuentes, en Croacia donde fue apresado por agentes de Interpol. Ahora, esperan su extradición para poder continuar con el proceso penal en su contra.

Una alerta sanitaria fue emitida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires tras la confirmación de un caso autóctono de fiebre chikungunya en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

En tanto, en la zona norte del país, la provincia de Salta enfrenta hace unas semanas un crecimiento acelerado de contagios locales.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, la notificación de casos sospechosos y confirmados de esta infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti puso en guardia a autoridades sanitarias y equipos de salud en varias jurisdicciones del país ante la posibilidad de un brote sostenido.

El primer caso autóctono recientemente confirmado en Lomas de Zamora corresponde a una mujer que presentó síntomas el 5 de marzo. El diagnóstico positivo fue obtenido mediante pruebas moleculares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que motivó la adopción inmediata de medidas de bloqueo de foco en el área de residencia.

Según información oficial bonaerense, “se identificó un brote de fiebre chikungunya en el municipio de Lomas de Zamora, el caso índice corresponde a un caso confirmado autóctono notificado el 12 de marzo (Semana Epidemiológica 10 o SE 10)”.

La paciente no declaró antecedentes de viaje, y en el relevamiento epidemiológico se detectaron otras diez personas con síntomas compatibles, de las cuales siete resultaron positivas para el virus.

De acuerdo con el BEN, durante la temporada actual y hasta el 14 de marzo, se habían notificado 3202 casos sospechosos de Fiebre Chikungunya en todo el país, de los cuales 199 corresponden a casos confirmados y probables.

Pero las cifras actuales pueden ser mayores, dada por ejemplo la última actualización del Ministerio de Salud de Salta, que enumera los casos positivos en la provincia en 225, hasta el 18 de marzo.

La mayoría de los casos importados presentaron antecedentes de viaje reciente a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba, y se notificaron principalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba y San Luis.

Sin embargo, la detección de brotes autóctonos en Salta, Santiago del Estero y Tucumán señala un cambio en el patrón de transmisión y refuerza la preocupación por la circulación local del virus en varias provincias.

El BEN añade que durante la SE8/2026 se notificaron 2 casos confirmados sin antecedente de viaje en el departamento Yerba Buena, provincia de Tucumán, detectados en el marco de la estrategia de vigilancia laboratorial. Además, durante las últimas dos semanas se registraron casos sin antecedente de viaje en las jurisdicciones Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Buenos Aires.

Lomas de Zamora y el nuevo escenario epidemiológico

La situación en Lomas de Zamora marcó un punto de inflexión para la vigilancia sanitaria en el conurbano bonaerense. El municipio activó acciones intensivas de bloqueo de foco en la manzana donde reside el caso índice y zonas periféricas, en coordinación con autoridades provinciales.

En ese operativo se identificaron 10 personas febriles con síntomas compatibles, quienes aseguraron no haber realizado viajes recientes ni tener contacto con viajeros. De ellas, siete recibieron diagnóstico positivo por laboratorio.

El brote motivó la emisión de una alerta epidemiológica para la fiebre chikungunya, con el objetivo de intensificar la vigilancia, optimizar el diagnóstico diferencial con otras arbovirosis y verificar la preparación de los servicios de salud.

La alerta sanitaria bonaerense subrayó que “el virus lo contagia el mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue. El primer caso del actual brote comenzó con una mujer que presentó síntomas el 5 de marzo y ‘configura un escenario compatible con brote, dado que en el área ya se habían identificado casos importados que explican la introducción’”.

Brote en Salta y expansión de los contagios

La provincia de Salta atraviesa un escenario de brote activo con transmisión local confirmada. Según los datos difundidos por el Boletín Epidemiológico de Salta, hasta la fecha se confirmaron 225 casos de fiebre chikungunya, con 10 casos probables, distribuidos en diferentes departamentos.

El departamento de General San Martín concentra la mayor carga epidemiológica, seguido por el departamento Orán.

La mediana de edad de los afectados es de 33 años, con mayor proporción de casos en el grupo de 45 a 65 años, seguido por los de 10 a 14 años y de 35 a 44 años. El 53% corresponde a personas de sexo legal femenino. Hasta el momento no se informaron casos graves ni muertes. Once pacientes requirieron internación breve, con evolución clínica favorable y alta sin complicaciones.

La transmisión local de fiebre chikungunya en Salta se produce en un contexto de circulación viral importada desde Bolivia, lo que evidenció la capacidad del virus para instalarse y expandirse en áreas donde el vector está presente.

En paralelo, se notificaron casos autóctonos en otras provincias del norte argentino, como Tucumán y Santiago del Estero, donde la vigilancia laboratorial permitió detectar infecciones sin antecedentes de viaje en personas con síntomas compatibles, principalmente fiebre, mialgias, cefalea, poliartralgias y vómitos.

¿Qué es la fiebre chikungunya?

La fiebre chikungunya es una enfermedad viral que comparte vector con el dengue, el mosquito Aedes aegypti. Los síntomas incluyen fiebre mayor a 38,5 ℃ (101,3 ℉), artralgias incapacitantes, artritis con dolor intenso y, en algunos casos, dolor muscular, cefalea y vómitos.

El Ministerio de Salud bonaerense explicó que “la principal diferencia de estos síntomas con el dengue es que el virus chikungunya provoca más dolores en las articulaciones, mientras que el padecimiento del otro virus se concentra más en músculos y huesos, además de tener posibles derivaciones más severas”.

¿Cómo se transmite el chikungunya?

Según precisa la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el chikungunya se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados, principalmente de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus. El ciclo de transmisión comienza cuando una hembra de estos mosquitos pica a una persona que ya porta el virus y, después, pica a una persona sana, posibilitando así la expansión de la enfermedad en la comunidad.

Estas especies encuentran condiciones ideales para reproducirse en recipientes con agua estancada ubicados tanto dentro como en los alrededores de viviendas, escuelas y lugares de trabajo. El ciclo de vida del mosquito, desde huevo hasta adulto, puede completarse en un lapso de siete a diez días, mientras que el mosquito adulto suele vivir entre cuatro y seis semanas.

La actividad de picadura del mosquito suele ser más intensa durante las primeras horas de la mañana y al anochecer, aunque la hembra puede buscar sangre durante toda la jornada si no logra alimentarse adecuadamente.

¿Cuáles son los síntomas del chikungunya?

El signo más característico del chikungunya es el dolor articular severo, que puede afectar la movilidad de la persona y, en algunos casos, prolongarse durante meses. A este síntoma distintivo se suman fiebre alta, dolor muscular, cefalea, náuseas, fatiga y en ocasiones erupciones cutáneas. Según Mayo Clinic, “al menos el 40% de las personas infectadas pueden presentar dolor articular prolongado”. Los síntomas suelen manifestarse entre dos y doce días después de la picadura del mosquito, aunque lo más habitual es que el paciente experimente una mejoría significativa en una o dos semanas.

Si bien las complicaciones graves son poco frecuentes, pueden presentarse en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, niños pequeños y mujeres embarazadas. El chikungunya es una infección viral transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, según la OPS. La presencia de estos síntomas, junto con el antecedente de exposición en zonas con circulación del virus, constituye un indicio importante para la sospecha clínica de la enfermedad.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico de chikungunya se apoya en la valoración de los síntomas clínicos y en el antecedente de exposición a zonas donde circula el virus. Ante la sospecha, el médico puede solicitar pruebas de laboratorio específicas, como la RT-PCR y estudios serológicos, que permiten confirmar la infección. Estas pruebas resultan especialmente útiles durante la primera semana de la enfermedad, cuando la carga viral en sangre es más elevada y se facilita la detección.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que “el virus chikungunya se puede detectar directamente en muestras de sangre extraídas durante la primera semana de enfermedad”. Frente a síntomas compatibles con el virus, las autoridades sanitarias recomiendan consultar rápidamente a un profesional de la salud y evitar la automedicación, con el objetivo de descartar otras infecciones como el dengue y asegurar el tratamiento adecuado.

¿Cuál es el tratamiento para el chikungunya?

En la actualidad, no existe un tratamiento antiviral específico ni una vacuna de uso generalizado contra el chikungunya. El manejo de la enfermedad se basa principalmente en el alivio de los síntomas, recurriendo a antipiréticos, analgésicos, hidratación y reposo. El objetivo es reducir la fiebre y el dolor articular, mejorando la calidad de vida del paciente durante el período agudo de la infección.

Las recomendaciones de Mayo Clinic incluyen evitar el uso de antiinflamatorios no esteroides hasta que se descarte dengue, debido al riesgo de hemorragia asociado a esta infección. En la mayoría de los casos, los pacientes se recuperan por completo, aunque en algunas personas el dolor articular puede persistir durante un tiempo prolongado, limitando la movilidad y afectando las actividades diarias.

¿Cómo prevenir? Eliminación de criaderos y protección personal

La prevención del chikungunya se centra en la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, para cortar el ciclo de transmisión del virus. La OPS Salud recomienda evitar la acumulación de agua en recipientes al aire libre, cubrir tanques y depósitos, y descartar objetos que puedan retener líquidos. Además, el uso de repelentes, la utilización de ropa que cubra la piel y la colocación de mosquiteros en puertas y ventanas constituyen medidas eficaces para reducir el riesgo de picadura.

Durante los brotes, las autoridades de salud pueden recurrir a la fumigación con insecticidas y al control de larvas en cuerpos de agua cercanos a los domicilios.

La colaboración entre vecinos, instituciones y autoridades resulta indispensable para frenar la proliferación del mosquito y evitar el avance de la enfermedad.

La causa, identificada como “Libros Blancos”, se inició en 2022, cuando las autoridades detectaron una maniobra de envío de encomiendas al exterior con ejemplares de “El Libro de la Selva” que contenían doble fondo.

De acuerdo a las fuentes, en el interior de estos libros se hallaron cerca de tres kilos de clorhidrato de cocaína listos para su exportación. Según la investigación, la mujer participaba activamente en la maniobra delictiva y escapó tras el hallazgo del cargamento.

Durante el 2025 se otorgó tareas de investigación a la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad, cuyos efectivos exploraron redes sociales abiertas, identificación de perfiles vinculados a la imputada y solicitaron información técnica sobre abonados telefónicos asociados, así como el estudio de registros de comunicaciones y de múltiples impactos de antenas, con la finalidad de encontrar a la imputada.

De esta manera, se logró reconstruir su entorno cercano, individualizando familiares, allegados y domicilios vinculados, lo que permitió establecer patrones de comportamiento y zonas de permanencia en la localidad de Joaquín V. González, en el norte argentino.

Con una dirección más precisa, se montó un operativo de vigilancia encubierta hasta que pudieran visualizar a la prófuga.

Finalmente, el 17 de marzo pasado, efectivos policiales lograron identificar Daiana S., la mujer buscada, y procedieron a su detención en la intersección de las calles Paraguay y Jacarandá.

Tras su captura, fue alojada en una dependencia policial de la provincia y posteriormente fue trasladada en avión a la Ciudad.

Las fuentes precisaron que el traslado se realizó por vía aérea desde el Aeropuerto Internacional “Martín Miguel de Güemes”, de Salta, al Aeroparque “Jorge Newbery”, en Buenos Aires.

En la causa intervino la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°4, a cargo de Claudio Navas Rial, y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, cuyo titular es el juez Patricio Pinto.

Al menos cuatro personas fueron estafadas en Salta bajo supuestas promesas de trabajo en un reconocido restaurante ubicado en el Paseo Güemes. Las víctimas denunciaron haber tenido entrevistas laborales que simulaban ser auténticas hasta que les pedían dinero para realizar un certificado para poder manipular alimentos. Por el momento, no hay detenidos.

La utilización fraudulenta de la imagen del local de comidas fue denunciada por el empresario gastronómico Guillermo Márquez Zavalía, quien aseguró que los responsables captaban a personas en busca de empleo y les pedían transferir sumas de hasta 60 mil pesos para completar la presunta contratación. Actualmente, interviene en el caso la Fiscalía de Ciberdelitos.

La operación comenzó con la publicación de una foto del exterior del local y un aviso en Facebook que ofrecía puestos para cocinero, parrillero, mozo y bachero. A partir de ahí, los interesados eran dirigidos a un número de WhatsApp donde un supuesto reclutador iniciaba una conversación extensa y cercana, simulando una entrevista laboral.

Según el empresario, los estafadores lograron sofisticar su operación hasta el punto de utilizar el logo real del frente del restaurante en la imagen de perfil de WhatsApp. Por este motivo, consideró que este detalle le agregaba un aire de legitimidad a la oferta laboral.

“Cuando nosotros tocamos la publicidad, nos mandaba a un WhatsApp. Un señor respondía, decía ‘ya te llamo’, y empezaba a charlar, preguntando capacidades, generando confianza”, describió Márquez Zavalía durante un diálogo con Radio Salta. Asimismo, indicó que la interacción, que podía durar varios minutos, persuadía al postulante de la veracidad del proceso.

El punto central del engaño era la exigencia del certificado de manipulación de alimentos, un requisito habitual en el ámbito gastronómico. Si el postulante contestaba que no poseía un permiso, el estafador aseguraba que el empleo estaba asegurado, pero que era indispensable contar con la habilitación.

En ese punto de la conversación, el supuesto reclutador ofrecía resolver el trámite de modo exprés mediante un contacto, supuestamente perteneciente a la municipalidad. Esa gestión tenía un costo de 50 mil a 60 mil pesos, que debía abonarse para recibir el documento en formato PDF.

Esta modalidad de estafa representó un salto cualitativo frente a engaños previos, por lo que el empresario sostuvo que “antes se recomendaba no dar códigos o verificar por teléfono. Ahora te llaman, hablan con vos, te generan confianza y te pasan con otra persona. Ya la precaución de la gente quedó desprotegida”.

“La gente pobre, sobre que está buscando trabajo con las necesidades que hay, encima le sacaban 50 mil pesos y venía al restaurante entusiasmada”, enfatizó sobre la gravedad de la maniobra. Y agregó: “Un bachero capaz no tiene para pagar y le pide a un familiar pensando que al otro día empieza a trabajar… y se encuentra con que lo estafaron. Es bastante ruin esta manipulación”. Finalmente, Márquez Zavalía señaló que las víctimas descubrían el fraude al presentarse en el local.

El procedimiento de denuncia formal ya está en marcha. El empresario confirmó que “está hecha con capturas de pantalla, números de teléfono y cuentas”. No obstante, enfatizó la necesidad de extremar las precauciones: “Lo recomendable hoy no es solo hablar, sino acercarse y verificar que la propuesta es real, y no transferir nunca dinero a alguien que no conocen por teléfono”.

La denuncia puso en evidencia una modalidad delictiva cada vez más elaborada, en la que el engaño ya no se apoya únicamente en mensajes automatizados, sino en la interacción humana y personalizada. Además, Márquez Zavalía precisó que la maniobra ya permitió identificar al menos tres o cuatro casos concretos de víctimas. A pesar de esto, consideró probable que la cantidad sea mayor debido a que “seguramente hay más gente que por ahí que no dice nada o le da vergüenza reconocer que fue estafada”.

La Justicia anunció que, tras 2 años de espera, comenzará el juicio por la tragedia en avenida Paraguay donde murieron 5 personas y otros 6 resultaron heridos. Entre el 13 y el 30 de abril se desarrollará la etapa oral donde las familias de las víctimas reclaman una condena ejemplar para el imputado.

El hecho sucedió en avenida Paraguay, ciudad de Salta el 17 de marzo de 2024. El conductor, Luciano López, era un joven de 21 años que manejaba con 1,02 gramos de alcohol en sangre. López perdió el control del vehículo y embistió a 11 personas.

Algunas de las víctimas perdieron la vida de manera instantánea mientras que otras fueron trasladadas al hospital donde los médicos intentaron salvarlos pero no pudieron. Por otro lado, 6 personas resultaron gravemente heridas.

El imputado enfrenta cargos por cinco homicidios simples, dos lesiones graves y cuatro lesiones leves tras el incidente que resultó en cinco víctimas fatales y seis heridos al embestir a un grupo de peatones que salían de locales bailables. El delito prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión y el juicio estará en manos de la jueza Gabriela Romero Nayar.

La causa detalla que López manejaba a 103 km/h, una velocidad considerablemente superior al límite permitido, y presentaba un valor retrospectivo de alcohol en sangre de 1,62 g/l de acuerdo al informe realizado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Además, el análisis toxicológico detectó presencia de marihuana en orina al momento del hecho, según la acusación presentada por el fiscal Gabriel González.

Por su parte, el abogado querellante, Leonardo López, confirmó con InformateSalta que se realizó una audiencia clave por parte de la defensa del imputado. En esta, se solicitó a la jueza Nayar que el debate se realice con un tribunal de tres jueces.

Luego de este pedido, Leonardo López aseguró: “Entendemos que no corresponde, porque esto ya está planificado desde hace meses. Solo generaría una dilatación del juicio”. Además apuntó: “Los familiares quieren justicia. Vienen esperando esto hace dos años”.

La Justicia sostiene que el acusado por la tragedia en avenida Paraguay, encuadra en el concepto de “dolo eventual” previsto en los artículos 79, 90 y 89 del Código Penal. Esto significa que Luciano López sabía de antemano que su conducta podía causar un daño delictivo y aunque no desee directamente ese resultado, continúa con su acción.

El juicio oral que se extenderá hasta el 30 de abril, contará con 107 testigos, pruebas técnicas, pericias accidentológicas y estudios sobre la velocidad en la que conducía el joven de 21 años que provocó la muerte de 5 personas. Además, se confirmó que el acompañante del vehículo (en un principio también imputado) también será citado para testificar.

Las familias reclaman Justicia

Durante los últimos dos años, los familiares de las víctimas, muchos provenientes de otras provincias, tuvieron que sacrificarse para costear su estadía y asistir a las audiencias del caso. En medio del dolor, lograron organizar actividades solidarias para recaudar dinero.

Las personas que fallecieron en el siniestro vial de avenida Paraguay fueron identificado como: Ruth Tabarcache, Sergio Veizaga, Florencia Acosta, Karen Marín y Nahuel Brian Digan. En el episodio, otros cinco sobrevivientes sufrieron heridas graves, algunas de ellas con secuelas permanentes.

El padre de Ruth, trata de describir su dolor: “Desde ese día tengo un vacío tremendo en mi vida. Todas las familias estamos atravesadas por esta pérdida, por el daño moral que es inmenso”. Sobre el avance del caso explicó según El Tribuno: “Esperamos una condena ejemplar. Que esto sea un punto de inflexión en Salta, que siente jurisprudencia, que marque un antes y un después”.

Dos personas fueron detenidas en la provincia de Santiago del Estero, luego de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran que transportaban más de 60 kilos de cocaína ocultos en los huecos de ventilación de un auto.

El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Cáceres, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

En ese contexto, efectivos del Escuadrón 59 realizaban controles de prevención cuando detuvieron la marcha de un vehículo Chevrolet Spin. En el interior viajaban dos personas que se dirigían desde la ciudad de Orán, Salta, hacia La Matanza, en el conurbano bonaerense.

Durante la inspección, los gendarmes detectaron una anomalía en el aire acondicionado: al observar a través de la rejilla de ventilación, advirtieron la presencia de paquetes rectangulares. A partir de ese indicio, profundizaron la requisa y hallaron más paquetes ocultos en los zócalos y en el piso del vehículo.

Tras el hallazgo, la sustancia fue sometida a pruebas de Narcotest, que arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 63 kilos y 155 gramos.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, que dispuso el secuestro de la droga, el labrado de actuaciones y la detención de los sospechosos.

En las últimas horas se conoció un caso de características similares en el límite entre Tucumán y Catamarca, en el departamento La Cocha. Efectivos de Gendarmería interceptaron un ómnibus de larga distancia en Huacra, sobre la Ruta Nacional 38, y hallaron más de 10 kilos de cocaína, distribuidos tanto en cápsulas ingeridas como en envoltorios ocultos en el cuerpo y entre las pertenencias de los pasajeros.

Durante el operativo, los funcionarios de la Sección Núcleo del Escuadrón 71 “Aguilares” detuvieron la marcha de un colectivo que cubría el trayecto Aguas Blancas (Salta) – Ciudad de Mendoza. En el control de rutina, según consignaron fuentes del caso a Infobae, una pasajera evidenció signos de nerviosismo, lo que motivó una requisa por parte del personal femenino.

Los agentes detectaron que la mujer llevaba envoltorios adheridos a su cuerpo con una sustancia blanca en su interior. Además, hallaron otros paquetes ocultos en la butaca y dispersos en distintos sectores del vehículo.

El hallazgo inicial derivó en la sospecha de que algunos pasajeros podrían estar utilizando el método de los “cápsuleros” o “mulas”, que consiste en ingerir cápsulas con droga. El Juzgado Federal de Tucumán N° 2 intervino y ordenó el traslado de los 53 pasajeros hacia el asiento del Escuadrón 71 para realizar una revisión exhaustiva.

En la inspección física y documental, los agentes constataron el hallazgo de 249 envoltorios con más de 3 kilos de cocaína que eran trasladados entre las pertenencias y prendas de tres ciudadanas.

A la mañana siguiente, las sospechas sobre el uso de la modalidad de “mulas” llevaron a que se practicaran placas radiográficas a todos los pasajeros. Las imágenes revelaron cuerpos extraños en el abdomen de cuatro mujeres y dos hombres, una de las placas ilustra este artículo. La modalidad es altamente peligrosa para la salud.

Los seis pasajeros identificados fueron internados bajo custodia en los hospitales de Santa Ana y Los Sarmientos, donde expulsaron un total de 503 cápsulas con un peso superior a los 6 kilos de cocaína. El área de Criminalística y Estudios Forenses contabilizó un total de 752 cápsulas con 10 kilos 316 gramos de la droga.

El magistrado a cargo del caso dispuso la detención de nueve personas de nacionalidad boliviana en carácter de comunicadas y ordenó el secuestro de la droga, celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria, pendrives, dinero en efectivo, tickets y otros elementos de interés para la causa.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta presentó los argumentos por los que condenó a Gustavo Joaquín Tolaba y a su pareja, la modelo Martina Oliva como coautores de tráfico de estupefacientes agravado, por actuar junto a una organización y oficiar como punteros en la logística del traslado de 15 kilos de marihuana, con la mira puesta en el mercado narcomenudeo de la capital salteña.

Las juezas María Alejandra Cataldi (Presidenta), Marta Liliana Snopek y Gabriela Elisa Catalán impusieron a Tolaba 10 años de prisión efectiva (por reincidencia) y a Oliva siete años en modalidad domiciliaria, en un fallo que desarma las defensas basadas en la supuesta ingenuidad, el “rol secundario” y la alegada motivación sentimental de la imputada, tal como se adelantó el 12 de marzo pasado durante la lectura de la sentencia.

El caso se centró en un operativo realizado el 5 de febrero de 2025 en el ex peaje Aunor de la Ruta Nacional N° 9, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo una Toyota Hilux conducida por Tolaba, en la que viajaban Oliva y una cómplice ya condenada. En el caso intervenieron el fiscal Eduardo Villalba; la fiscal general adjunta, Mariana Gamba Cremaschi y la auxiliar fiscal, Florencia Altamirano.

Inmediatamente, un Citroën C3 que venía detrás giró en “U”, comenzó una fuga a toda velocidad y arrojó bultos por la ruta: esa secuencia desencadenó una persecución que culminó en el límite con Jujuy y terminó con el secuestro de 14,5 kg netos de marihuana con un notable nivel de pureza, capaz de provocar 471.156 dosis.

En el proceso, la defensa de Oliva construyó su estrategia en torno a la supuesta ajenidad de la modelo respecto al delito. Según el planteo, Oliva sería culpable, en todo caso, solo de amar y confiar ciegamente en su novio, sin saber realmente en qué negocios se encontraba él inmerso. Según esta lectura, era víctima de su afecto.

El argumento defensivo no escatimó en emotividad: “Una mujer enamorada que acompañó a su pareja sin saber a qué viajaba ni qué llevaba”, “todo fue producto de la confianza en su pareja”, “no sabía a qué se sometía”.

Frente a esa narrativa, el Tribunal fue categórico: “Reducir el comportamiento delictual de una mujer a que fue realizado por amor, sería propio de una sociedad patriarcal, machista y estereotipada, modelo de comunidad o sociedad que esperamos esté siendo superada, donde a la mujer se le asignan conductas, roles, siempre sometidas a la voluntad del varó. “Un argumento para una novela que desconoce el empoderamiento de la mujer, arraigado y aumentado en estos años”, agregó.

“Las convenciones existentes nos obligan como poder judicial a juzgar con perspectiva de género, lo cual, no significa fallar a favor de las mujeres, tal como lo decía la Dra. Carmen Argibay, sino a tutelar que, en el proceso penal, los derechos de las mujeres fueran respetados”, agregaron.

La sentencia dedica amplio espacio a reconstruir, a partir de prueba objetiva, el verdadero rol de Oliva. Transfiere dinero, recibe pagos millonarios, participa activamente en la logística y administración de fondos ilícitos, viaja repetidas veces con el grupo, toma decisiones, sugiere estrategias. Incluso, de acuerdo a la investigación, colaboró a la organización con el ingreso del dinero al circuito licito.

La defensa alegó que no sabía “en concepto de qué” recibía sumas millonarias o que sus transferencias eran casuales; la realidad financiera y operativa desmiente esa ceguera.

Es ahí donde el tribunal, alineado con un análisis contemporáneo del crimen organizado y el rol de las mujeres en él, se apoya en doctrina especializada y fallos recientes: las mujeres en estas organizaciones adquieren progresivamente roles protagónicos, liderazgos ocultos o explícitos, y si bien a veces ingresan al delito a través de vínculos sentimentales, ello no les quita su autonomía ni su capacidad de agencia.

En ese sentido, el fallo cita a Sabrina Namer, jueza federal: “ Los expertos advierten que la relativa invisibilidad de las mujeres en los debates acerca del crimen organizado también es producto de la percepción generalizada de estas como apéndices de sus compañeros varones, y ponen de relieve que los estereotipos de las mujeres como dependientes y débiles, refuerzan a su vez la noción de que son débiles e incapaces de tomar sus propias decisiones independientes en relación con los negocios ilegales”.

José Luis Bruno, ex fiscal de Orán, pactó tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación luego de admitir que benefició a narcos. Aunque la confesión le evitará ir a la cárcel, barrió con su carrera: luego de firmar el acuerdo, renunció a su cargo en la Justicia federal de Salta.

La decisión tomó por sorpresa a varios. En noviembre pasado, la Cámara Federal de Salta había confirmado la ampliación del procesamiento por prevaricato contra el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, y Bruno, en el marco de la investigación bajo la órbita del juez federal Julio Leonardo Bavio. La figura prevé una pena de entre 3 y 15 años de prisión.

Es curioso que, hace más de una década, en 2015, Bruno había sugerido la construcción de una muralla en la frontera para frenar el avance del narcotráfico, en una entrevista con el diario El País de España.

“No sería un muro como el de EEUU con México, pero a Bolivia no le interesan soluciones porque Bermejo creció y ahora es más grande que Orán. Por algo los narcos eligen esta frontera, porque está desprotegida”, habría dicho Bruno en esa nota que, poco después, desmintió en un comunicado publicado en Fiscales.gob.ar.

En esa aclaración, el ahora ex fiscal compartió tres propuestas para enfrentar a la criminalidad organizada: la creación del Escuadrón Aguas Blancas de Gendarmería Nacional con 400 efectivos; la eliminación del control aduanero-migratorio Puerto Chalana, en Aguas Blancas, y una obra hídrica para encauzar el río Bermejo.

“Choco” y Barakat

En ese momento, el destino de Bruno ya había sido sellado por “Choco”, como le dicen a René Antonio Arancibia, que no era un gran jefe, pero sí tenía un rol clave en la aceitada maquinaria del narcotráfico: organizaba el transporte de cocaína desde la frontera a centros urbanos.

“Movía millones en droga. Fraccionaba 400 kilos para mover y la sacaba en seis viajes. Si perdía dos (en operativos), ganaba en cuatro. Así, siempre ganaba. En un mes podía recaudar 200 mil dólares”, reveló una fuente a Infobae.

El narco tuvo una época de esplendor. De acuerdo a las fuentes, movió cargas de Delfín Castedo, del clan Ferreyra y de René “Manudo” Guzmán.

“Él se encargaba de buscar el chofer, de escoger y revisar los vehículos y diagramaba la entrega: cómo, cuándo y dónde. Tenía los contactos de quienes recibían la droga, pero no de los que compraban. Actuaba como enlace”, resumieron para encuadrar su papel.

Pero un día, Arancibia -que tenía la costumbre de acompañar los cargamentos- perdió cuando 93,10 kilos de polvo blanco, que viajaban rumbo a Brasil, fueron interceptados por Gendarmería en 2011. Y había pruebas de que “Choco” estaba detrás de la organización y el financiamiento de ese envío. La Justicia pidió su captura.

Sin embargo, según el expediente, tras el presunto pago de 150 mil dólares al ex juez federal Raúl Reynoso y a Bruno, esa captura se levantó. Así lo confirmó al declarar como arrepentido, en 2024, Barakat Barakat, un sirio que había sido condenado por el tráfico de 152 kilos de marihuana y la compra de grandes cantidades de precursores químicos.

Barakat aseguró que actuó como intermediario para entregar el dinero, junto al abogado Arsenio Eladio Gaona. En cuestión de un mes, “Choco” pasó de ser organizador de la banda a un actor secundario por decisión de Reynoso. Bruno no discutió esa resolución.

Según la investigación de los fiscales Diego Iglesias, Eduardo Villalba y Carlos Amad, el dinero impulsó el cambio de calificación y la pasividad del fiscal: 130 mil habrían ido a parar al bolsillo del juez y el resto, al de Bruno.

Luego de que admitiera su responsabilidad en los delitos de prevaricato fiscal e incumplimiento de deberes de funcionario público, Bruno espera que el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta homologue el acuerdo. La audiencia será el jueves 26 de marzo, a las 9 de la mañana.

Mientras tanto, Reynoso -que ya tiene dos condenas por casos similares- sigue firme en su postura, dice ser inocente y niega las acusaciones en su contra.

En el marco de la investigación por el femicidio de Natalia Cruz, en Salta, ordenaron que se que se imponga una prisión preventiva sobre Daniel Orlando Serapio, señalado como autor de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género.

La jueza de Garantías 8 del distrito Centro, Claudia Puertas, resolvió conceder la prisión preventiva para Serapio al hacer lugar al pedido del fiscal. Lo mismo recaerá sobre otros dos imputados.

Según informó el diario El Tribuno, la decisión se basó en la gravedad de los hechos imputados y en los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación. Además, la magistrada ordenó al Servicio Penitenciario adoptar medidas para resguardar la integridad psicofísica del acusado principal y garantizar que reciba los tratamientos médicos y psiquiátricos necesarios.

El hecho que originó el proceso ocurrió el 17 de febrero pasado en una vivienda de Campo Quijano, donde Natalia Cruz sufrió lesiones graves que provocaron su fallecimiento en el hospital local. Según lo informado por la Unidad de Femicidios, Serapio, ex pareja de la víctima, fue identificado como el principal sospechoso y se dio a la fuga inmediatamente después del suceso.

Durante once días, el hombre permaneció prófugo en la zona precordillerana, lo que motivó un exhaustivo operativo de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad. Finalmente, el 27 de febrero, fue localizado y detenido en una cueva cercana al Estación Diego de Almagro. Este procedimiento puso fin a una etapa de intensa búsqueda que había generado preocupación en la comunidad y en los allegados de la víctima.

La fiscal penal expuso en la audiencia que la gravedad de los cargos, junto con la situación procesal del imputado, hacen imprescindible su detención preventiva para asegurar el normal desarrollo de la causa y la protección de los derechos de las partes involucradas.

Además de Serapio, dos hombres mayores de edad —familiares del principal acusado— se encuentran imputados como coautores de encubrimiento agravado. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, ambos habrían colaborado activamente en las acciones destinadas a ocultar al sospechoso y dificultar su ubicación por parte de las autoridades.

En la audiencia, la representante de la Unidad de Femicidios solicitó que la medida de prisión preventiva se extendiera también a estos dos coimputados, en virtud de la gravedad del hecho y la presunta participación en el encubrimiento de un delito particularmente grave. La jueza Claudia Puertas hizo lugar al pedido, fundamentando su decisión en la existencia de riesgos procesales similares a los atribuidos a Serapio.

La investigación continúa bajo la dirección de la fiscalía especializada, que mantiene la hipótesis de que los familiares de Serapio desempeñaron un rol directo en su ocultamiento durante los días en que permaneció prófugo.

Ahora, el proceso judicial avanzará con la recolección de pruebas y testimonios, mientras se espera la definición de la fecha para la próxima audiencia. La causa se encuentra bajo seguimiento de la Unidad de Femicidios, que mantiene el enfoque en garantizar la protección de los derechos de las víctimas y la transparencia de la investigación.

A partir de la labor pionera de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y el sostenido trabajo del Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), se ha consolidado un polo de investigación interdisciplinario y de referencia internacional, tanto por sus contribuciones al estudio de las antiguas civilizaciones como por las rigurosas estrategias de preservación implementadas.

El proceso que siguió al descubrimiento no solo permitió revelar aspectos inéditos de la cultura inca, sino que sentó las bases para nuevas formas de colaboración científica y diálogo con las comunidades originarias, según datos de UCASAL.

Las tres momias incas, identificadas como “La Doncella”, “El Niño” y “La Niña del Rayo”, fueron encontradas en marzo de 1999 por el equipo liderado por la arqueóloga argentina Constanza Ceruti y el antropólogo estadounidense Johan Reinhard en la cumbre del volcán Llullaillaco, a más de 6.700 metros de altura, precisó UCASAL.

Estos restos, sometidos a criopreservación a -20 °C y humedad controlada al 20 %, mantienen hasta hoy un estado de conservación excepcional, producto tanto de las condiciones climáticas extremas del sitio como del tratamiento científico posterior. Este método ha permitido preservar no solo los cuerpos, sino el contexto material de los rituales religiosos incas en los que los jóvenes fueron sacrificados hace más de 500 años.

Desde su traslado a la institución universitaria y posterior exhibición en el MAAM, los cuerpos fueron sometidos a análisis avanzados en paleopatología, radiología y odontología, cuyo resultado ha sido fundamental para conocer detalles sobre la alimentación, la salud y las prácticas sociales del imperio inca, señaló UCASAL. La relevancia internacional del hallazgo radica en que las momias mantienen íntegros tejidos blandos, cabellos y vestimenta, lo que permitió reconstruir hábitos y tecnologías de la época con una precisión inédita hasta la fecha. Este tipo de información ha sido central para comprender la estructura y el simbolismo de los sacrificios religiosos entre los pueblos andinos.

El descubrimiento de las momias del Llullaillaco, encabezado por Ceruti y Reinhard en marzo de 1999 en la cima del volcán homónimo en Salta, reveló tres cuerpos infantiles excepcionalmente conservados. El hallazgo permitió investigar, mediante técnicas interdisciplinarias implementadas por la Universidad Católica de Salta, facetas centrales de la vida, la salud y los rituales del imperio inca. A lo largo de más de 25 años, constituyó un avance único en la comprensión del patrimonio arqueológico y un modelo internacional de conservación y estudio, según especificó UCASAL.

Uno de los aspectos subrayados por la universidad ha sido la colaboración con científicos de diversas ramas, quienes a lo largo de estas décadas integraron estudios que abarcaron genética, patología y tecnología de materiales, entre otros, apuntó UCASAL. Esta amplitud de especializaciones fue destacada por investigadores de la institución, quienes afirmaron: “El trabajo en equipo ha sido esencial para descifrar detalles de la vida incaica. Cada disciplina aporta una pieza clave al rompecabezas”.

El desafío de conservar estos cuerpos y su ajuar funerario ha sido abordado mediante innovadoras técnicas de preservación, que incluyeron cooperación internacional y la aplicación de controles estrictos de temperatura y humedad. Así, el MAAM se transformó en destino recurrente de especialistas y público, gracias a la preservación y exhibición –por medio de cápsulas de vidrio y criopreservación– de piezas como La Doncella, que desde hace años puede observarse en condiciones científicas óptimas.

El impacto social y educativo del hallazgo resulta igualmente significativo. La Universidad Católica de Salta impulsó exposiciones itinerantes, ciclos de conferencias y programas escolares para difundir los resultados de la investigación sobre las momias del Llullaillaco. El propio MAAM es mencionado por UCASAL como un eje de divulgación y educación patrimonial, alineado con talleres, charlas y visitas guiadas para la formación de las nuevas generaciones sobre la preservación arqueológica y cultural.

Según afirmó UCASAL, la relación con las comunidades indígenas se fortaleció a partir de un enfoque de respeto hacia sus tradiciones y creencias, lo que otorgó al hallazgo una dimensión identitaria para los pueblos originarios de la región. A través de la incorporación de sus perspectivas en la gestión y interpretación del patrimonio, el caso de los Niños del Llullaillaco se constituye tanto en ejemplo de avance científico como en símbolo cultural, resalta la información difundida por la universidad salteña.

La convergencia entre ciencia, educación y diálogo intercultural marcó el cuarto de siglo transcurrido desde el descubrimiento, situando al legado arqueológico del Llullaillaco como referente internacional en el estudio, la preservación y la gestión del patrimonio precolombino en América Latina.

Luego de que transcurriera una década y media desde el doble femicidio de las turistas francesas, Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, la Unidad Fiscal Especial de Salta confirmó la localización de hisopados originales que le habían practicado a los cuerpos de las víctimas y fueron preservados en el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La existencia de estas pruebas se confirmó el 11 de marzo de este año, luego de que iniciaran un proceso integral de trazabilidad liderado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Tras este hallazgo, las autoridades evaluarían realizar nuevos estudios genéticos por medio del uso de tecnología actual.

Según explicaron fuentes oficiales del caso, el objetivo sería cotejar los resultados con los perfiles genéticos masculinos y femeninos, detectados anteriormente en laboratorios franceses, para avanzar en el esclarecimiento del doble femicidio.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el procedimiento de localización implicó el análisis de actas, constancias de remisión e inventarios de elementos recolectados en la causa. A partir de esto, un integrante de la Unidad Fiscal y otro del Servicio de Biología Molecular del CIF se trasladarán a Buenos Aires para transportar las muestras que aún se conservan en la universidad.

Recientemente, la Justicia argentina reactivó la investigación con nuevos procedimientos que buscan esclarecer el crimen ocurrido en Salta en 2011. Por esto, el padre de una de las víctimas, Jean-Michel Bouvier, fue citado a declarar este lunes, tras haber viajado especialmente desde Francia para aportar documentación y argumentos que permitan identificar a otros presuntos responsables.

Según la familia, existirían pruebas genéticas obtenidas en Francia que nunca fueron incorporadas formalmente a la causa judicial argentina, lo que podría volver a modificar el escenario procesal y abrir nuevas líneas de investigación en el emblemático doble femicidio.

El caso cobró notoriedad por las fallas detectadas en la instrucción original y por disputas sobre la cadena de custodia y el alcance de las pruebas biológicas. Uno de los puntos que actualmente impulsan la reapertura es la existencia de tres perfiles de ADN recuperados por forenses franceses, que hasta el momento no han sido identificados y cuya información no fue considerada por la justicia provincial.

Por este motivo, el padre de Cassandre reclamó de forma persistente que se integren estos perfiles a la causa y que se contraste la metodología empleada con la utilizada por los laboratorios argentinos. Actualmente, el expediente se encuentra en manos de los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín, quienes desde febrero de 2025 coordinan la indagación sobre la hipótesis de participación de estos terceros que no habrían sido investigados.

En la misma línea, el Ministerio Público Fiscal gestionó un exhorto internacional que, avalado el 9 de febrero de 2026 por la jueza Ada Zunino del Juzgado de Garantías 1 de Salta y remitido a través de la Cancillería, solicitó el envío de fiscales y expertos argentinos a Francia para examinar peritajes, tomar declaración a especialistas galos y asegurar la entrega completa del expediente instruido en ese país.

A la espera de respuesta formal de las autoridades francesas, la iniciativa apunta a comparar los análisis genéticos y la determinación de la data de muerte realizada en ambos países. Los investigadores argentinos buscan además inspeccionar el laboratorio donde se efectuaron los estudios originales en Francia, conocer las técnicas utilizadas y, de ser viable, realizar nuevas pruebas genéticas si subsisten muestras biológicas.

En respuesta a una demanda directa de las familias, la Unidad Fiscal también solicitó la declaración de los peritos franceses y de allegados de las víctimas, así como la remisión del legajo judicial abierto en Francia para cotejar si allí constan pruebas o testimonios no valorados por la justicia argentina.

En la primera etapa de la investigación, la justicia de Salta condenó a prisión perpetua al baqueano Clemente Vera, quien permaneció detenido durante una década hasta la anulación de su condena. El escenario cambió cuando la revisión de la causa, bajo presión internacional y por iniciativa de las familias, reveló inconsistencias en la imputación y motivó su liberación diez años después de la condena.

Al momento del crimen, las víctimas eran estudiantes de la Universidad de La Sorbona y habían viajado a la Argentina en 2011 para recorrer el norte del país. El 29 de julio de ese año, sus cuerpos fueron hallados en la Quebrada de San Lorenzo, próxima a la ciudad de Salta.

Más tarde, las autopsias determinaron que las dos jóvenes fueron golpeadas, violadas y asesinadas mediante disparos de arma de fuego, una violencia que generó conmoción tanto en Argentina como en Francia y llevó a un extenso proceso de investigación judicial.

El traslado de Jorge Javier Grasso a la provincia de Córdoba marcó un nuevo capítulo en la investigación por el presunto femicidio de Milagros Micaela Basto.

El operativo, realizado siete días después de su captura en Salta, fue ejecutado por la Unidad de Homicidios y el Equipo Táctico Eter de la Policía de Córdoba, quienes viajaron especialmente hasta la Jefatura de Región X de la provincia para concretar el procedimiento. Grasso quedó alojado en la Unidad Carcelaria N°1 de Bouwer, bajo disposición del Poder Judicial.

La detención de Grasso se produjo en la ciudad de Tartagal, Salta, donde permaneció prófugo durante ocho meses. Su captura responde a una orden judicial vinculada a la causa que investiga la muerte de Milagros Basto, cuyo cuerpo fue hallado en un departamento de la capital cordobesa, en la calle Buenos Aires al 300. El hallazgo ocurrió en el inmueble donde cumplía prisión domiciliaria Horacio Antonio Grasso, ex policía y hermano del sospechoso.

La investigación sostiene que la joven fue víctima de femicidio, y que Jorge Javier Grasso habría estado vinculado directamente con el crimen. El cuerpo de la joven fue encontrado dentro de un ropero, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad locales.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Voz, durante el operativo de captura en Salta, Grasso intentó evitar su identificación presentando un pasaporte con género femenino, una práctica que, según los investigadores, ya había utilizado en situaciones anteriores. Las autoridades confirmaron que esta maniobra buscaba confundir a la Policía y aplazar su detención. La documentación fue analizada por los agentes de la Unidad de Homicidios, quienes finalmente confirmaron la identidad del detenido.

Una vez en Córdoba, el sospechoso fue remitido directamente a la Unidad Carcelaria N°1 de Bouwer, en las afueras de la ciudad. El Poder Judicial dispuso su detención inmediata mientras avanza la investigación.

En el expediente judicial constan antecedentes penales y denuncias previas contra Grasso, tanto por episodios de acoso como por otros delitos. En 2024, fue detenido en Ciudad del Este, Paraguay, tras ser acusado del robo de un bolso con 12 mil dólares en un centro comercial. En esa oportunidad, Grasso también presentó documentación que lo identificaba como mujer y solicitó ser trasladado bajo esa condición, en línea con la estrategia utilizada durante su reciente captura en Salta.

El caso sigue bajo investigación del Poder Judicial de Córdoba y la Fiscalía de Homicidios, que ahora centra sus esfuerzos en reunir pruebas y testimonios para determinar el grado de responsabilidad penal del acusado.

El hallazgo del cuerpo y una investigación abierta

La aparición del cuerpo de Milagros se produjo cerca del mediodía del 7 de julio, cuando dos albañiles sintieron un olor persistente mientras limpiaban el departamento alquilado por Horacio, quien cumplía de forma domiciliaria una condena por el crimen del niño Facundo Novillo Cancinos.

Al ingresar, descubrieron un ropero casero sellado con madera y cemento. Dentro, un cuerpo envuelto en frazadas y atado con cables, en avanzado estado de descomposición. El grado de deterioro no permitía identificar ni el género de la víctima, por lo que el proceso de confirmación definitiva se extendió hasta el 14 de agosto, cuando los resultados genéticos permitieron identificar a Milagros Micaela Basto.

Durante el tiempo de la desaparición, Grasso había sido beneficiado con prisión domiciliaria, pero esa condición cambió al violar la medida y ser trasladado al penal de Bouwer.

La investigación, bajo la dirección de la Fiscalía de Distrito I Turno VI, apunta a esclarecer el contexto del crimen y la posible relación entre la joven, Grasso y su hermano Javier, propietario del departamento y contratante de los albañiles.

Ambos fueron detenidos como principales sospechosos de femicidio, mientras la causa avanza en busca de pruebas y respuestas a un posible femicidio.

Un hecho conmocionó a la ciudad de Joaquín V. González, en la provincia de Salta, durante la noche del martes. Un niño de 2 años falleció tras caer a un pozo en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Francisco Arias. La tragedia, que generó profundo impacto entre vecinos y allegados, es objeto de investigación por parte de la Justicia, que busca determinar las circunstancias exactas del episodio.

De acuerdo a la información oficial, la alerta se activó cuando se notificó la caída del menor en un pozo. Ante la situación, se pusieron en marcha los protocolos de emergencia. El niño fue rescatado y trasladado de urgencia al hospital Oscar H. Costas de la localidad.

A pesar de los intentos de reanimación realizados por los profesionales médicos, el niño ingresó al centro de salud sin signos vitales. “Llegó sin signos vitales, una pena realmente”, manifestaron fuentes sanitarias tras el hecho, según el medio local El Tribuno.

La investigación quedó a cargo de la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, quien actúa a través de la delegación local. Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta confirmaron que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para esclarecer lo ocurrido. Entre las diligencias ordenadas, se dispuso el traslado del cuerpo del menor a la localidad de El Quebrachal, donde se realizará la autopsia para establecer con precisión la causa de muerte.

Según El Tribuno, la desaparición del niño fue advertida por sus familiares, quienes iniciaron una búsqueda tras percatarse de que el menor no se encontraba en la vivienda. La búsqueda culminó con el hallazgo del niño en el interior del pozo, lo que derivó en la intervención de los equipos de emergencia.

De acuerdo a lo que informó la fiscalía, aseguraron que se impartieron todas las directivas necesarias para avanzar con la investigación y reconstruir los hechos. La causa permanece abierta, con varios aspectos aún pendientes de determinar.

Un auto perdió el control, volcó y una bebé de un año murió

El tránsito habitual en la Ruta Nacional 14 se detuvo tras un accidente que terminó con el fallecimiento de una beba de un año y medio. El hecho ocurrió el domingo pasado, a la altura del kilómetro 167,5, y dio inicio a una investigación para determinar las causas que llevaron al vuelco del vehículo donde viajaba una familia de Gualeguaychú, Entre Ríos.

El siniestro se produjo en cercanías de la ciudad de Colón. Un Peugeot 207 avanzaba desde Concordia con destino a Gualeguaychú cuando, por causas aún bajo análisis, el conductor, un joven de 22 años, perdió el control y el auto terminó volcado en la banquina. Dentro del coche se encontraban la madre, de 21 años, y la niña, ambas atrapadas entre los restos del automóvil.

La intervención de los bomberos voluntarios de San José fue clave para socorrer a los ocupantes en los primeros momentos. El cuerpo especializado de rescate llegó al lugar con rapidez, realizando maniobras de estabilización y brindando asistencia primaria hasta la llegada de la ambulancia.

“Hay salidas que quedan marcadas en la piel mucho después de habernos sacado el equipo. Sin dudas, esta emergencia fue una de ellas”, expresaron desde la organización a través de un comunicado emitido tras el accidente. El ambiente era de tensión, con los equipos enfocados en salvar vidas y garantizar el traslado de los heridos.

Las víctimas adultas fueron trasladadas por personal médico. Según indicó el medio regional El Once, el conductor presentó lesiones leves y la joven de 21 años resultó con heridas de mayor gravedad, por lo que fue llevada de urgencia a un centro asistencial.

Debido a la magnitud del accidente, la menor no resistió las lesiones sufridas en el vuelco y perdió la vida.

Desde el Puesto de Control Vial Mabragaña confirmaron que en el incidente solo estuvo involucrado el Peugeot 207 y que no se registró la participación de terceros vehículos. Los peritos accidentológicos permanecieron en la zona, revisando tanto el estado de la ruta como el del auto involucrado, además de recolectar información sobre eventuales factores externos que pudieran haber provocado la pérdida de control. La causa sigue bajo investigación.

El trabajo conjunto de los bomberos voluntarios de San José, la policía y los equipos de salud fue destacado por los propios rescatistas. “La prioridad es siempre la vida, la esperanza de que el próximo segundo sea el que marque la diferencia”, aseguraron desde la organización.

El avance del agua en el departamento Rivadavia en la provincia de Salta, derivó en el aislamiento de varias comunidades y dejó a una escuela bajo el agua, lo que forzó la suspensión total de actividades escolares. Esta situación, causada por la crecida del río Bermejo, marca un punto crítico en la temporada de precipitaciones y compromete tanto la movilidad como la salud pública.

El ingreso por tierra a El Chañaral es imposible, actualmente, el único modo de ingresar a la localidad es a través de piraguas. Los caminos quedaron completamente cubiertos por el agua que llega desde los bañados del Bermejo y no existe actualmente otra alternativa de transporte terrestre para salir o llegar a la zona, según El Tribuno. La emergencia sanitaria se agrava por las condiciones y la población enfrenta dificultades para abastecerse.

“Para buscar víveres hay que rodear la zona, está toda inundada”, describió Eusebio Argañaraz, uno de los vecinos afectados por la crecida, al medio salteño. El desplazamiento de las familias depende de las pequeñas embarcaciones en kayak, pero no todos poseen una propia. En muchos casos recurren a servicios pagos, lo que impone un gasto extra a quienes necesitan comprar alimentos u otros insumos en esta situación crítica.

En la comunidad de La Misión, la emergencia se agrava. Unos cinco kilómetros de terreno húmedo que separa a la comunidad con del resto de la región. En este marco, una escuela local fue invadida por el agua.

Las clases se interrumpieron completamente debido a que el edificio permanece inundado. “Hay zonas donde directamente no se puede pasar. La gente está aislada”, explicó Gerónimo, otro residente que intentó acceder al camino que vincula su localidad con El Chañaral.

El reporte pone en evidencia la compleja situación social generada por la crecida del Bermejo: los habitantes de Rivadavia enfrentan obstáculos graves para abastecerse, transportarse y desarrollar sus actividades diarias.

El fenómeno, que afecta históricamente al Chaco salteño durante los períodos de lluvia intensa, deja imágenes del monte bajo el agua y comunidades sometidas a repetidas crisis de movilidad y acceso a la educación y la alimentación.

Los operativos y evacuaciones

Frente a la persistente emergencia, las autoridades de Salta activaron un operativo sanitario que incluye equipos de médicos, asistentes sociales, bomberos y personal policial. Los profesionales trabajan para atender a los afectados en los puntos más aislados.

Agustina Esteban, responsable de Políticas Sociales, explicó que la intervención sanitaria busca asegurar la presencia de pediatras y profesionales de salud para brindar atención primaria, aplicar vacunas y proveer medicamentos en las zonas afectadas como El Chañaral y Colonia Santa Rosa.

“Hace dos meses que venimos trabajando con salud pública, seguridad y los municipios en esta situación difícil”, detalló la coordinadora. Además, aclaró que están trabajando en Rivadavia y en Colonia Santa.

La incertidumbre se extiende mientras la población espera la autorización de Aviación Civil para organizar vuelos de asistencia. “Estamos esperando que Aviación Civil nos dé el visto bueno para poder hacer los vuelos, los puentes aéreos, para poder llegar también con los elementos de primera necesidad”, declaró Esteban a El Tribuno.

En tanto, continúan las tareas de asistencia con entregas de plásticos para resguardo y provisión de insumos a los parajes de Morillo, Banda Norte y Colonia Santa Rosa, manteniéndose la alerta amarilla por riesgo hídrico.

Según explicó Milagro Briones, gerente del hospital Rivadavia Banda Sur, “era una preocupación enorme la de llegar a El Chañaral porque queríamos atender, es una comunidad grande, hay varias familias. Por ahora hay algunas enfermedades respiratorias pero esperamos que empiecen a aparecer porque los chicos juegan en el agua, incluso habrá infecciones de piel”.

Este 16 de marzo en la ciudad de San Calixto en Salta, Vanesa Guadalupe García fue hallada sin vida por sus hijos que volvían del colegio. Junto con ella, se encontraba muerto por suicidio su pareja, Aníbal Palacios, quien presumen fue el culpable del crimen.

La policía encontró que la mujer de 41 años tenía signos de violencia compatibles con asfixia. Los investigadores siguen intentando responder qué sucedió en el domicilio y cómo se desarrollaron los hechos.

En este marco, su hijo publicó en sus redes sociales un emocionante mensaje recordando a Vanesa y dedicándole unas palabras. “No sé cómo explicar lo que siento… no puedo asimilar que ya no voy a volver a verte”, expresó el joven. En la descripción también escribió: “Lo mejor que tengo en la vida”.

El joven se despidió de su mamá y dejó una frase que conmocionó a quienes leyeron la publicación: “Espero que mi madre no se acueste pensando que fracasó como madre, porque yo podría escribirle un libro entero contando lo bien que lo hizo”.

La reconstrucción inicial de los hecho, de acuerdo a El Tribuno, sugiere que la ex pareja de la mujer fallecida, habría perpetrado el femicidio dentro de la vivienda y luego se quitó la vida, presumiblemente por ahorcamiento. Aunque la secuencia aún debe ser formalmente confirmada por los peritos, las autoridades trabajan en el relevo de pruebas materiales y en la toma de testimonios para precisar el horario y las circunstancias.

El hecho sacudió al barrio

La fiscal penal de la Unidad Fiscal de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, recibió este martes a los familiares de Vanesa García, la mujer de 41 años. El encuentro que sucedió en la sede fiscal, tuvo como objetivo informar a los allegados sobre el avance de la investigación, brindarles acompañamiento institucional y detallar sus derechos como víctimas, en el marco de la Ley Brisa.

El impactante episodio movilizó a la familia de la victima quienes intentaron ingresar al domicilio tras el crimen. La situación se tensó generando un conflicto con la policía que custodiaba la escena.

Al lugar acudieron efectivos policiales, personal del SAMEC y equipos de investigación, que cercaron la propiedad y preservaron la escena. Especialistas de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad de Investigación UGAP realizaron inmediatamente las primeras pericias.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se practicarán las autopsias correspondientes que determinarán la causa exacta de muerte. La fiscal María Luján Sodero Calvet aseguró a la familia que la instrucción contempla “numerosas medidas investigativas” orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho.

Teniendo en cuenta que tan solo días atrás sucedió el femicidio de Natalia Cruz en Salta, las autoridades de la provincia intentan acelerar los análisis de datos. Estos casos, exponen la necesidad de intervención antes de que sea tarde en el ciclo de la violencia de género, y refuerzan la urgencia de una respuesta judicial ágil para evitar nuevas situaciones graves.

Cada evento ha movilizado la logística de investigación, verificación de pruebas y entrevistas a familiares para obtener una reconstrucción precisa. La labor del Cuerpo de Investigaciones Fiscales ha resultado central en ambos hechos, al encargarse de los peritajes iniciales y de la entrega de los primeros informes oficiales a la justicia.

El caso de Natalia Cruz su agresor permaneció oculto durante días luego de que Daniel Orlando Serapi perpetre el crimen. El episodio ocurrió el 17 de febrero en Campo Quijano. Según la causa judicial, la pareja inició una discusión y el intercambio verbal derivó rápidamente en violencia física.

Los familiares hallaron a Cruz con vida, pero las lesiones por golpes y signos de asfixia mecánica provocaron su fallecimiento poco después. La última acción comprobada del sospechoso fue una llamada a su madre, durante la que expresó: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”.

Las investigaciones permanecen abiertas, con la expectativa de que las pericias en curso y los análisis de testimonios permitan confirmar la mecánica de los crímenes y optimizar las políticas de prevención en la provincia.

Un joven gendarme murió mientras estaba en servicio en la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta y analizan si se trató de una caso de hantavirus. Otros dos efectivos que presentan los mismos síntomas.

El fallecido, identificado como Mauro Ponte (26 años), pertenencía al Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional.

Según informó el portal del diario El Tribuno, familiares y amigos denunciaron deficiencias en la atención médica recibida. Además, Ponte no sería el único que presentaba un cuadro grave, puesto que habría al menos dos gendarmes más internados en terapia intensiva.

Ahora, las autoridades esperan un diagnóstico para confirmar si la muerte del cabo fue a causa de una infección por hantavirus.

El fallecimiento ocurrió mientras el cabo se encontraba en servicio. En este contexto, uno de los principales reclamos de la familia apunta a la supuesta demora en el traslado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Salta.

Un caso fatal de hantavirus en Bariloche

A fines del mes pasado, un hombre de 39 años falleció por hantavirus en Bariloche tras realizar en enero una excursión a una zona selvática de la frontera con Chile, lo que llevó a la activación de protocolos epidemiológicos que incluyeron el aislamiento preventivo de siete contactos cercanos.

El paciente había ingresado al Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche con fiebre y dolores musculares luego de haber presentado síntomas similares a los de una gripe.

Aunque su estado parecía estable, se descompensó, requirió oxígeno y falleció pocas horas más tarde en la unidad de terapia intensiva.

Como sucede en cada caso en donde se detecta hantavirus, las autoridades sanitarias del lugar realizaron una investigación epidemiológica en la cual se estableció que el hombre residía en el centro de la ciudad, pero solía practicar trekking y actividades de montaña en sectores con vegetación selvática.

Tras la confirmación del diagnóstico, el hospital activó el protocolo de aislamiento preventivo para siete personas que mantuvieron contacto estrecho con la víctima: dos familiares y cinco compañeros de trabajo.

Los síntomas de hantavirus inician como un cuadro gripal (fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea) y pueden progresar a un síndrome cardiopulmonar grave con dificultad respiratoria aguda y shock.

La vía principal sigue siendo el contacto con secreciones de roedores, aunque estos casos abrieron nuevas preguntas sobre los mecanismos de contagio.

Por esto mismo, los especialistas advirtieron que acciones como caminar, pescar, nadar o acampar pueden implicar el riesgo de exposición, especialmente en áreas de vegetación densa o presencia de caña colihue.

De esta manera, recomendaron transitar solo por senderos habilitados y despejados, instalar carpas en espacios abiertos y desmalezados, evitar acumular restos de comida y no recolectar agua sin purificar.

Además, antes de ingresar a cabañas o galpones cerrados, aconsejan ventilar bien, no barrer en seco y usar barbijo N95. Si se recolectan frutos silvestres, hacerlo con protección y avisar al médico sobre la exposición a zonas de riesgo en los 45 días previos a síntomas.

El segmento etario de 50 a 59 años mostró la tasa de letalidad más alta, con un 75% de mortalidad, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

Como todos los días, dos adolescentes regresaban juntos a su casa de la escuela, sin pensar que se encontrarían con el peor de los escenarios: encontraron muertos a su madre y a su ex padrastro. Ahora, la Policía de Salta investiga un femicidio seguido de suicidio.

El hecho ocurrió en una vivienda de la zona sur de la capital provincial, en el barrio de San Calixto. Los menores que dieron a viso a las autoridades tienen tan solo 14 y 15 años.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, al llegar al lugar, la Policía de Salta y peritos forenses se abocaron a la tarea de reconstruir con exactitud cómo se produjo el hecho. Las primeras diligencias incluyeron el resguardo de la escena, el relevamiento de pruebas materiales y la toma de testimonios a vecinos, familiares y posibles testigos. Los investigadores buscan determinar con precisión el horario del ataque y el modo en que se desarrollaron los acontecimientos dentro del domicilio.

En este contexto, a los pocos minutos, se desencadenaron conflictos en las inmediaciones del lugar, puesto que testigos relataron que familiares y allegados del presunto agresor intentaron ingresar a la vivienda, lo que derivó en un enfrentamiento con los efectivos policiales que custodiaban el acceso.

De acuerdo con la reconstrucción que pudieron realizar las autoridades del hecho, el hombre, que sería ex padrastro de los menores, habría atacado y asesinado a la mujer dentro de la vivienda. Posteriormente, el mismo sujeto se habría quitado la vida, aparentemente mediante ahorcamiento. La secuencia, aunque aún pendiente de confirmación plena por parte de los peritos, es el eje central de la investigación en curso.

En el lugar trabajó el fiscal a cargo de la causa y de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Ambos organismos tienen a su cargo la realización de las pericias iniciales y la posterior entrega de los primeros informes oficiales.

Hace tan solo un mes, otro femicidio se registró en Salta. La víctima fue Natalia Cruz y su asesino permaneció oculto durante días en una cueva de la precordillera. Se trata de Daniel Orlando Serapi.

El hecho violento tuvo lugar la tarde del martes 17 de febrero en una casa de la Manzana 79, dentro del barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano, en la provincia de Salta. En ese domicilio, la pareja protagonizó una intensa discusión cuyo motivo las autoridades aún intentan esclarecer, y la confrontación verbal terminó escalando hasta la agresión física.

Todo ocurrió en una de las habitaciones, mientras los familiares de la víctima también estaban presentes en la vivienda. Tras el ataque, la madre de la joven enfrentó al agresor al verlo salir del cuarto y cerrar la puerta con llave. El hombre admitió lo sucedido y luego se dio a la fuga.

Aunque los familiares hallaron a la mujer con vida, las lesiones que presentaba resultaron de tal gravedad que falleció poco después. En su cuerpo se observaron huellas de golpes y signos de asfixia mecánica.

El último contacto claro del sospechoso fue una llamada telefónica a su madre en la noche del asesinato. Según consta en la investigación, el hombre le dijo: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que fue corroborada por personas allegadas a la familia.

La única pista física que dejó el sospechoso fue la camioneta, encontrada abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conduce a San Antonio de los Cobres.

Un adolescente de 14 años fue detenido dentro de un colegio ubicado en la calle Mitre al 400 tras descubrirse que llevaba un arma blanca escondida en su mochila. El incidente ocurrió durante la jornada escolar y movilizó a las autoridades educativas y policiales de Salta.

De acuerdo con la información de las fuentes policiales, la intervención policial se activó tras la confirmación del hallazgo. El procedimiento incluyó el secuestro del machete por orden de la Fiscalía de Menores 1, que lo consideró un elemento relevante para la causa, según detalló el medio El Tribuno.

El suceso ocurrió durante el transcurso de la clase cuando un profesor de Ética detectó movimientos sospechosos e irregulares. Al revisar la mochila del alumno, el docente halló el machete, el cual estaba oculto bajo una prenda.

Además, minutos antes del descubrimiento, el adolescente había tenido un enfrentamiento verbal y físico, consistente en empujones y discusiones, con otro estudiante. La situación generó alarma en la comunidad educativa.

Las autoridades escolares procedieron a contener al menor y labraron un acta disciplinaria, mientras notificaban de inmediato a los padres o tutores responsables.

Una nena de 14 años ingresó al colegio con un arma

El año pasado, una adolescente de 14 años ingresó a su colegió con un arma, disparó varias veces y amenazó a una profesora. El hecho ocurrió en la ciudad de La Paz, provincia de Mendoza donde después de investigaciones policiales, descubrieron que el celador del colegio abuso sexualmente de ella.

La detención del celador del colegio Marcelino Blanco fue ordenada a fines de febrero. Según informó Diario UNO, el hombre estaba bajo investigación desde el inicio de la causa porque la adolescente lo había mencionado en entrevistas con peritos psicológicos.

El hecho que derivó en la investigación tuvo lugar poco después de las 9:30 de la mañana, cuando la estudiante, salió al patio con una calibre 9 milímetros. La niña que cursaba segundo año buscó al celador quien ese día no asistió al trabajo.

Tras seis horas de atrincherarse, la alumna entregó el arma y fue trasladada al Hospital Santa Rosa, donde manifestó ante el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) haber sido víctima de abuso sexual.

Durante las pesquisas surgió también la hipótesis de un posible caso de grooming, producto del hallazgo de mensajes a un número telefónico extranjero. Entre las próximas medidas judiciales, los investigadores planean tomar una nueva declaración a la adolescente en cámara Gesell para recoger detalles adicionales del caso.

El episodio llevó a la evacuación total del colegio, con intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), mientras en videos tomados por testigos se registraron tanto detonaciones como gritos de quienes intentaban resguardarse.

Versiones iniciales del hecho señalaron que la joven habría increpado a una profesora y exigido la presencia de una docente llamada Raquel durante su encierro. Autoridades educativas, citadas por Diario UNO, negaron que existieran denuncias previas por bullying o conflictos documentados relacionados con docentes o compañeros.

Según el informe global de la UNESCO presentado en noviembre de 2024, uno de cada dos menores en el mundo sufre algún tipo de violencia escolar cada año. El acoso escolar afecta a uno de cada tres estudiantes mensualmente, y el ciberacoso, en rápido crecimiento, impacta a uno de cada diez.

La organización señala que la violencia no se limita al daño físico sino que también incluye agresiones psicológicas y emocionales. Estas tienen consecuencias negativas en el aprendizaje, la salud mental y el desarrollo social de los estudiantes.

la UNESCO impulsa estrategias integrales que incluyen: la incorporación de la educación socioemocional en los planes de estudio, la capacitación docente en prevención y abordaje de conflictos, la aplicación de políticas de tolerancia cero al acoso, la promoción de la participación comunitaria y el uso responsable de la tecnología.

En el transcurso de la semana, el norte argentino se vio gravemente afectado por fuertes tormentas e inundaciones. Decenas de familias fueron obligadas a abandonar sus hogares durante el intenso episodio climático, principalmente en las provincias de Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero.

La crecida del agua forzó a las autoridades a activar protocolos de emergencia para mantener la seguridad de las familias. Este fenómeno climático no fue solo un episodio sino que desencadenó varias tormentas en el noroeste argentino y puso en juego las herramientas y vulnerabilidad de las regiones afectadas.

Tucumán

Tucumán fue una de las zonas más afectadas por las inundaciones, específicamente la localidad de La Madrid donde llegó a caer 170 milímetros de agua. Más de 15 mil personas tuvieron que evacuar sus viviendas durante estos días de lluvias intensas. De esa manera, se vieron obligados a permanecer al costado de la ruta 157 donde el Gobierno provincial desplegó un operativo. Allí colocaron carpas, maquinaria para drenar el agua y atención sanitaria.

Más de 200 escuelas de la provincia no podrán retomar las clases el próximo lunes, según informó el Ministerio de Educación. Este relevamiento oficial señala que el número exacto de establecimientos afectados se mantiene tras las intensas lluvias, con varios colegios aún utilizados como centros de evacuados y otros inhabilitados por problemas de acceso, daños edilicios o falta de servicios esenciales.

Además, los derrumbes de caminos rurales obstaculiza la movilidad de estudiantes, docentes y personal educativo, especialmente en zonas rurales. En diversos establecimientos se reportan aulas inundadas, filtraciones en techos, deterioro estructural y fallas eléctricas, lo que requiere tareas de reparación antes del retorno a la actividad.

Santiago del Estero

Otra de las provincias afectadas fue Santiago del Estero tras la crecida del Río Dulce, que llevó a erogar 1.143 metros cúbicos por segundo. Tras la constante lluvia, la Municipalidad emitió una alerta roja, según informó la Dirección de Protección Civil Municipal a través de El Liberal.

Esta decisión se fundamentó en el plan de emergencia local, motivada por la tendencia creciente de ingresos hídricos desde los afluentes tucumanos, una situación que ya provocó un desborde primario en el puente de Las Termas.

La activación inmediata del Comité de Emergencia (COE) incluyó restricción total de acceso a zonas ribereñas, cortes preventivos de tránsito y la interrupción del suministro eléctrico en sectores con mayor riesgo, de acuerdo a la comuna. Se notificó a comerciantes y feriantes sobre la urgencia de evacuar la Feria del Río, con el fin de proteger los bienes materiales ante posibles inundaciones.

El último reporte oficial ubicó la cota del embalse en 273,22 metros sobre el nivel del mar, con ingresos que a las 15 alcanzaron los 2.030 metros cúbicos por segundo, según la misma fuente. Entre las áreas bajo alerta figuran el sector de la feria, la Costanera, espacios recreativos y camping que se encuentran próximos al dique y al cauce del río.

Las autoridades municipales reiteraron el pedido a la población de mantenerse alejada de las zonas señalizadas y respetar las indicaciones del personal de Protección Civil. El monitoreo hidrológico continuará activo y los canales oficiales del municipio brindarán nuevas actualizaciones, anunció la institución.

Salta

La crecida del rio Bermejo han dejado a decenas de familias de El Chañaral, en Rivadavia Banda Sur, provincia de Salta en una situación crítica. reclaman la asistencia urgente de alimentos, ya que los caminos inundados han cortado el acceso a la ayuda y mantienen aislados a los habitantes.

Un integrante de la comunidad wichí, Andres Puertas, habló con El Tribuno y contó: “Está complicadísimo, estamos llenos de agua, rodeados de agua. La mayor parte de la comunidad tuvo que dejar sus casas”. El nivel del agua sigue en aumento, poniendo en peligro alrededor de 76 familias. “Por lo que vemos no hay esperanza de que baje el agua. Sigue subiendo y la situación es triste y crítica”, dijo Puertas.

El acceso a la Escuela N° 4177, ubicada a tres kilómetros de El Chañaral, quedó interrumpido, lo que impide tanto las clases como la prestación del comedor escolar, un punto clave para la nutrición infantil. “Como la escuela no está funcionando, tampoco está el comedor. Eso también afecta mucho”, expresó el integrante de la comunidad wichí.

En los últimos días, comenzó a llegar asistencia aportada por la Municipalidad; sin embargo, los habitantes describen la ayuda como insuficiente. Se entregaron “dos bolsones de mercadería por familia”. Puertas remarcó las limitaciones de este operativo señalando: “Hoy al mediodía no pudieron llegar por el estado de los caminos”. Las condiciones meteorológicas y el avance del agua obstruyen el tránsito rural, lo que agrava la situación sanitaria y de abastecimiento.

Las principales necesidades declaradas por la comunidad, además de frazadas y ropa para los niños, siguen siendo los alimentos. “Lo más urgente es la comida. Siempre es lo fundamental en estos casos. Con lo que contienen los bolsones no se alimenta a la gente”, manifestó Puertas.

Catamarca

El temporal llegó a Catamarca a través de tormentas intensas que provocaron desbordes de agua en zonas urbanas en algunas localidades. La emergencia, originada por la crecida de ríos y lluvias intensas, obligó a recorrer municipios que reportaron graves problemas de transitabilidad y comunicación entre comunidades, según informó el medio La Unión de Catamarca.

Se inició el relevamiento en la jurisdicción de Los Altos para detectar áreas donde la infraestructura vial sufrió mayores deterioros. Durante la recorrida, las autoridades constataron casos de caminos rurales intransitables, deterioro en puentes y parajes completamente incomunicados a causa del avance del agua.

Este operativo permitió obtener información directa y actualizada sobre la realidad que enfrentan las localidades afectadas. La prioridad, de acuerdo con la revisión en terreno, radica en restablecer la conectividad y dar asistencia inmediata a las poblaciones más comprometidas por el fenómeno meteorológico.

La Cámara Federal de Casación Penal decidió rechazar el recurso de la defensa de Héctor Romero, el camionero investigado por la desaparición y presunto crimen de María Cash en Salta. De esta manera, la causa continuará activa y el acusado seguirá bajo sospecha en el expediente que se tramita desde 2011.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, no hizo lugar a la queja presentada por la defensa particular de Romero.

Los camaristas entendieron que la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que revocó el sobreseimiento de Romero no constituye una sentencia definitiva ni un auto que cierre el caso, por lo que el expediente debe seguir en curso.

El fallo de Casación, dictado este viernes, sostiene que la decisión apelada no cumple con los requisitos legales para ser revisada en esta instancia, ya que no pone fin a la acción penal ni impide el avance del proceso.

Los jueces también destacaron que la defensa no pudo demostrar un perjuicio actual que no pudiera repararse más adelante, descartando así el pedido de intervenir para frenar la investigación.

Por último, el Tribunal también resolvió imponer las costas a la defensa de Romero y dejó constancia de la reserva de caso federal, que habilita a la parte a recurrir eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia.

La desaparición de María Cash ocurrió el 8 de julio de 2011, cuando fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, en la localidad de General Güemes, al subir al camión conducido por Romero.

Desde ese momento, la joven diseñadora nunca volvió a ser vista y su paradero continúa sin resolverse. La causa, radicada en el Juzgado Federal N°2 de Salta, lleva más de 14 años sin una respuesta clara, con casi 20.000 fojas y decenas de cuerpos en el expediente.

En diciembre pasado, la Cámara Federal de Salta ya había revocado el sobreseimiento de Romero y ordenó que la investigación siga abierta. Los jueces Santiago French, Ernesto Sola Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas argumentaron que existen indicios suficientes que impiden desvincular al camionero del caso y que todavía quedan medidas de prueba pendientes.

El fallo sostuvo la teoría de la fiscalía, que advirtió sobre los falsos testimonios de personas que dijeron haber visto cuando Romero dejó a la mujer.

El expediente señala que Romero fue la última persona en estar con ella antes de su desaparición, que su relato tiene inconsistencias y que no existen testigos creíbles que confirmen la versión de que la joven bajó en la zona de la Difunta Correa.

La investigación transitó por tres jurisdicciones y acumuló cientos de denuncias y testimonios, estando marcada por pistas falsas, hipótesis de trata de personas y la intervención de testigos que luego fueron imputados por falso testimonio.

Entre las pruebas pendientes, el Ministerio Público Fiscal y la querella habían solicitado renovar los estudios de geolocalización y velocidad del camión, así como analizar el entorno laboral y familiar de Romero, donde se advirtieron conversaciones sospechosas y posibles maniobras para encubrir el hecho.

La Cámara de Salta también ordenó conformar una mesa técnica con peritos de Gendarmería y del Ministerio Público, y recomendó identificar a empleados del supermercado que participaron en la descarga del camión, verificar documentos del viaje y realizar nuevos rastrillajes en la zona de El Tunal, donde una denuncia anónima apuntó que podría haberse arrojado el cuerpo de la víctima.

El último intento de apartar a la jueza Mariela Giménez del caso, quien había alegado “violencia moral” tras la revocatoria de un sobreseimiento dictado por ella misma, también fue rechazado por la Cámara de Salta. El Tribunal consideró que la intervención previa de la magistrada no afecta su imparcialidad ni condiciona su función futura, y que apartarla solo sumaría más demoras.

Así las cosas, la causa María Cash sigue sin esclarecerse y la investigación continuará abierta con el camionero como principal sospechoso.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó este martes a Joaquín Tolaba a 10 años de prisión y a su pareja, la modelo Martina Oliva, a 7 años, tras hallarlos responsables de transportar 15 kilos de marihuana desde la frontera norte de Salta hasta la capital provincial en febrero de 2025.

El fallo se dictó en la ciudad de Salta, en un caso que tuvo gran repercusión por el perfil público de Oliva y la magnitud de las operaciones detectadas. Entre las medidas, el tribunal también ordenó el decomiso de una camioneta Toyota Hilux, utilizada en los traslados, por considerarla parte clave de la logística criminal.

La resolución de las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Elisa Catalano y Marta Liliana Snopek fue condenar a los dos acusados como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de personas involucradas.

Tolaba cumplirá con prisión efectiva. En el caso de Martina Oliva, en cambio, se mantendrá la modalidad de arresto domiciliario hasta que el fallo quede firme.

La fiscalía, representada por Eduardo Villalba y Florencia Altamirano, había solicitado penas similares: 10 años de prisión efectiva para Tolaba y 8 años para Oliva, además de pedir la revocación del arresto domiciliario.

La defensa de Oliva, no obstante, intentó argumentar que su clienta fue víctima del “amor” por Tolaba, sugiriendo que su participación fue secundaria o motivada por manipulación. Eduardo Villalba refutó esta posición: “Eran socios del negocio”.

Las juezas respaldaron ese criterio. En este sentido, la magistrada Cataldi remarcó: “El amor es un sentimiento y aquí no estamos juzgando eso, aquí se juzgan hechos”.

Luego agregó: “Reducir el comportamiento de la mujer a un acto realizado por amor es propio de una sociedad patriarcal, machista y despreocupada. Este argumento es propio de una novela, pero desconoce el empoderamiento de la mujer que ha venido sucediendo durante los últimos años”.

Las pruebas que complicaron a la pareja

Durante el proceso, la fiscalía exhibió pruebas que incluyeron audios, chats y registros bancarios vinculados no solo a Tolaba y Oliva, sino también a otros cinco implicados que ya recibieron condenas en acuerdos previos.

Villalba destacó que la investigación probó un patrón delictivo sostenido. Sostuvo que la pareja no solo trasladó en enero y febrero de 2025 los 15 kilos por los que se los detuvo, sino que “realizaron al menos 7 viajes juntos con la misma modalidad”.

Un análisis criminal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria identificó un total de 31 viajes realizados por Tolaba entre Orán y la capital salteña, especialmente hacia la vivienda del revendedor José Burgos, ubicada en el barrio 17 de Octubre.

Los pagos documentados respaldaron esa conclusión. Según la prueba central, Burgos llegó a transferirle a Oliva 6 millones de pesos como pago por la droga en una sola operación, realizada el 31 de enero de 2025, fecha que coincide con uno de los viajes monitoreados. El cruce de chats entre Tolaba y Burgos sumó más indicios: en esas conversaciones, el comprador preguntaba si estaban cerca de llegar para preparar el ingreso de la camioneta y descargar la carga.

La secuencia fue reconstruida en detalle por la fiscalía. Cuando llegaron al lugar, Tolaba indicó que abrieran el portón, la camioneta entró y a pocos minutos se confirmó la transferencia bancaria. Las cámaras de la policía registraron el arribo a pocas cuadras del domicilio de Burgos.

Cómo evitaban los controles

La investigación destacó que los acusados utilizaban la ruta provincial 1 para eludir los controles habituales. Según el fiscal, por esa vía se desviaban desde Orán, eligiendo un camino más largo, sin iluminación y en mal estado, pero que “no tenía controles y de noche menos. Ese era el atractivo”.

El operativo de desarticulación, realizado el 5 de febrero de 2025 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, permitió reconstruir cómo el grupo se trasladaba no solo en la Hilux, sino también en una Volkswagen Amarok y otros vehículos que oficiaban de “punteros”, es decir, autos que iban por delante para alertar sobre posibles controles.

Durante el procedimiento, uno de los autos utilizados para transportar los paquetes –un Citroën C3– realizó una maniobra evasiva, giró en “U” y se dio a la fuga a más de 180 kilómetros por hora, según el relato de los policías actuantes. En la huida, los ocupantes arrojaron los bultos de marihuana por la ventanilla. Los paquetes fueron encontrados luego a la vera de la ruta y en los árboles cercanos.

El fiscal explicó que la camioneta en la que viajaban Tolaba y Oliva cumplía la función de “barredora”: iba por delante y comunicaba a sus cómplices si el trayecto estaba despejado. Otros miembros de la organización, como Ángela Cuenca, Benjamín Delgado, Juan Romero, Roberto Leiton y el propio Burgos, ya recibieron pena por su rol, al admitir responsabilidad.

Lavado de dinero

Un aspecto que la fiscalía remarcó fueron las señales de lavado de dinero detectadas en el flujo bancario y las conversaciones entre los acusados. En particular, un chat entre Tolaba y su madre –identificada como Betty– fue citado por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano como evidencia del destino de las ganancias.

Según consta en el fallo, Tolaba planeaba abrir una carnicería como fachada para legalizar el dinero obtenido del negocio narco. La jueza Cataldi fue clara: “Quedó demostrado en el debate que efectivamente se habla de la apertura de una carnicería, aunque la finalidad era lavar plata; esto mismo le cuenta el propio Tolaba a su madre, en uno de los audios enviados desde su celular”.

El tribunal valoró también el volumen de la operación detectada: con los 15 kilos incautados se podían producir más de 471.000 dosis destinadas al mercado ilegal, una cifra que la fiscalía aportó para fundamentar la gravedad de la condena.

Una investigación dirigida por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, titular de forma interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos de la provincia de Salta, derivó este miércoles en la detención de una mujer -junto a su pareja-, acusada de estafar a trabajadores con falsas ofertas laborales en el sector minero, un esquema que afectó a decenas de postulantes y condujo a la inmovilización de ocho cuentas bancarias para preservar pruebas y fondos vinculados al delito.

Según precisaron desde el Ministerio de Seguridad salteño a Infobae, el operativo, encabezado por la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, incluyó el allanamiento de dos domicilios en el marco de una causa que surgió tras la denuncia presentada el pasado 27 de febrero. Desde entonces, otras 31 víctimas sumaron sus denuncias, todas ellas contactadas bajo la promesa de incorporarse a obras mineras a través de empresas que no contaban con registro formal ni publicaciones oficiales.

De acuerdo a la investigación, la principal sospechosa, que se presentaba como ingeniera aunque no pudo acreditar sus títulos, ofrecía empleos en compañías mineras a cambio de sumas de dinero justificadas como trámites administrativos o estudios preocupacionales. Para dar apariencia legítima a las contrataciones, promovía la creación de estructuras comerciales identificadas como Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin. Estas entidades sirvieron como fachada para convocar personal, emitir documentación falsa y sostener la simulación de proyectos mineros reales.

Según concluyó la fiscal Salinas Odorisio durante la investigación, el dinero recaudado de los postulantes era transferido a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo, dificultando así su seguimiento. Los investigadores señalaron que este mecanismo buscaba entorpecer la trazabilidad de los fondos e incrementar la complejidad de la maniobra delictiva.

La operatoria se basaba en el uso sistemático de redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web asociado a Rimay Group S.R.L. para captar a ingenieros, topógrafos y operarios de todo el país. Incluso, muchos de los denunciantes llegaron a renunciar a empleos previos ante la expectativa de una incorporación inmediata que nunca se concretó.

Varias de las firmas utilizadas no solo carecían de registración formal, sino que tampoco contaban con publicaciones en el Boletín Oficial que acreditaran su constitución definitiva, condición que refuerza la apariencia fraudulenta del entramado empresarial. Las evidencias indican que la misma modalidad habría sido replicada en otras jurisdicciones del país, ampliando el alcance del perjuicio económico.

Durante los allanamientos, las autoridades secuestraron documentación relevante y otros elementos de interés para el avance de la causa. Desde la Unidad de Investigación UDEC confirmaron, además, que la pesquisa continúa enfocada en determinar la extensión del daño financiero y la posible participación de más personas en el esquema de falsas contrataciones laborales relacionadas con proyectos mineros.

Una operativo de la Gendarmería Nacional derivó en la detención de una mujer que viajaba hacia la ciudad de Córdoba con más de 44 kilos de cocaína ocultos en los tubos de GNC de una camioneta.

El operativo ocurrió en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34, un cruce clave para el transporte entre el norte y el centro del país.

Personal de la Sección de Seguridad Vial “Cabeza de Buey”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta” de Gendarmería Nacional, realizaba controles vehiculares en ese sector cuando detuvieron la marcha de una Chevrolet Montana, conducida por una mujer. El vehículo procedía de Ledesma, en la provincia de Jujuy, y se dirigía hacia Córdoba.

Al realizar la inspección, según informó el portal El Doce.tv, los uniformados notaron ciertas irregularidades en los tanques de gas del rodado. Los recipientes presentaban un peso excesivo, lo que generó sospechas entre los gendarmes. Frente a esa anomalía, decidieron profundizar el control y examinaron minuciosamente la estructura del vehículo, extendiendo la revisión a los laterales de la camioneta.

Durante el control detallado, los efectivos de Gendarmería Nacional detectaron la presencia de paquetes rectangulares ocultos en el interior de los tubos de GNC y en compartimentos laterales. Para acceder a la carga, fue necesario utilizar herramientas de corte y remover los tanques, proceso que requirió cuidado y precisión debido a la peligrosidad de la manipulación de recipientes presurizados.

En total, se extrajeron 42 ladrillos envueltos en cinta amarilla. Tras realizarse las pruebas de campo narcotest, los resultados confirmaron que el contenido correspondía a cocaína, con un peso total de 44 kilos con 184 gramos.

El hallazgo activó el protocolo correspondiente a delitos federales vinculados al tráfico de estupefacientes. La Fiscalía Federal de Salta intervino de inmediato, ordenando la detención de la conductora y el secuestro tanto del estupefaciente como de la camioneta utilizada para el traslado.

La Fiscalía avanzará en las próximas horas con la toma de declaraciones y la recolección de pruebas, mientras que la conductora permanecerá alojada en una dependencia policial a disposición del juzgado competente.

No se informó, hasta el momento, la identidad de la detenida ni si existen otras personas bajo investigación. El caso continúa en etapa de instrucción, con la expectativa de que pueda derivar en nuevas actuaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes en la región.

Detuvieron a tres mujeres que viajaban con cocaína en el cuerpo

Diez días atrás, un operativo de Gendarmería Nacional, a la altura del kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N° 9, en el Peaje Molle Yaco en la provincia de Tucumán, permitió detectar que tres mujeres trasladaban un total de 2 kilos con 328 gramos de cocaína en sus estómagos. Las “capsuleras” viajaban en micro desde Jujuy y con destino final en Mendoza.

Las pasajeras de procedencia boliviana presentaban molestias abdominales durante la inspección de rutina y dispusieron su traslado primero al Hospital de Trancas para estudios radiográficos. La acción fue ordenada ante las sospechas de los efectivos de la Patrulla Eventual “Trancas”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán” por un posible delito vinculado al narcotráfico.

Por decisión del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se procedió al secuestro de la droga y a la detención de las involucradas. El caso resaltó la utilización de rutas del norte argentino hacia Cuyo para el tráfico de estupefacientes, ya que el colectivo debía recorrer San Juan antes de llegar a Mendoza.

Una vez que los envoltorios fueron despedidos, el análisis realizado por criminalística usando pruebas de campo Narcotest determinó que el contenido de los envoltorios era cocaína. Por instrucción del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se ordenó la detención de las tres mujeres y el secuestro de las 198 cápsulas de droga.

La modalidad utilizada por las detenidas, conocida como “capsuleras”, consiste en transportar sustancias ilegales en el interior del cuerpo con el fin de evadir controles durante traslados interprovinciales.

Las enfermedad viral conocida como chikungunya sigue creciendo y esta semana se confirmó el primer caso en Jujuy. Según las investigaciones epidemiológica, el virus fue diagnosticado a una persona de 80 años.

La Dirección Provincial de Epidemiología informó que los síntomas de la persona afectada comenzaron el 6 de marzo. Presentó dolor en las articulaciones, dolor muscular y dolor abdominal.

El Ministerio de Salud de la provincia detectó el virus en la localidad de Aguas Calientes. La persona de 80 años está clínicamente estable aunque sigue en vigilancia sanitaria y epidemiológica, bajo tratamiento ambulatorio.

En el marco de los resultados positivos de chikungunya, una persona de 73 años que reside en el mismo hogar tuvo que ser monitoreada en caso de presentar síntomas.

La transmisión comienza cuando una hembra de Aedes aegypti o Aedes albopictus pica a una persona infectada y luego a una persona sana. El contagio entre humanos no sucede por contacto directo sino a través de la picadura.

Tras los posibles contagios, los equipos sanitarios de Atención Primaria de Salud comenzaron un operativo en el área donde desde el paciente. De esta manera, hicieron un control de cuatro manzanas e inspeccionaron doce viviendas.

Algunas de las tareas para la detección temprana del mosquito fueron: fumigación intradomiciliaria, búsqueda activa de personas con síntomas, seguimiento clínico de contactos y refuerzo del control focal con eliminación de recipientes que acumulen agua.

“El mosquito puede completar su ciclo de vida, desde el huevo hasta el adulto, en 7 a 10 días; los mosquitos adultos generalmente viven de 4 a 6 semanas”, indicó la OPS.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó: “Los mosquitos pican principalmente de día y depositan huevos en los recipientes y cavidades donde hay agua estancada”.

Se registraron 150 casos de chikungunya en Salta

El norte de Salta encabeza la lista de regiones con más casos de chikungunya, según datos difundidos por el Ministerio de Salud de la provincia. Salvador Mazza aparece como el municipio más afectado

Federico Mangione, el ministro de Salud Pública de Salta confirmó el aumento de casos en la provincia. “Yo lo advertí hace varios días atrás. Dije que esperemos después del Carnaval qué íbamos a tener, y dicho y hecho: terminó el Carnaval y ya tenemos más de 150 personas”, explicó.

Además, señaló que el principal problema es la falta de prevención: “Conciencia social le estoy pidiendo a la gente. Está bien que nos divirtamos, pero nadie se está cuidando”.

El operativo binacional entre Salta y Tarija incluyó acciones como inspección en sectores críticos, mapeo de criaderos, aplicación de insecticidas y capacitaciones. La jefa de Epidemiología del SEDES Tarija, Claudia Montegro sostuvo: “La situación epidemiológica requiere una respuesta articulada, ya que se trata de una región con circulación constante de personas”.

Medidas de prevención contra el chikungunya

Algunas de las recomendaciones del Ministerio de Salud que se pueden realizar en los hogares para prevenir el mosquito es: eliminar cualquier objeto que contenga acumulación de agua, mantener patios y jardines limpios, usar repelente durante el día y colocar mosquiteros en las ventanas.

El sintoma más frecuente del virus es el dolor articular severo que podría durar durante meses. Además, informan que se puede sufrir de: fiebre alta, dolor muscular, nauseas, cefalea, fatiga y erupciones cutáneas.

Ante la presencia de alguno de los síntomas se recomienda no automedicarse y presentarse en el centro de salud más cercano. A pesar de que las complicaciones graves no son frecuentes, pueden afectar a grupos vulnerables como adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedad crónicas y embarazadas.

Por otro lado, la OMS habló de la importancia de la participación comunitaria: “La movilización de las comunidades es fundamental para reducir los criaderos, vaciando y limpiando una vez por semana los recipientes que contengan agua”.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, participó este martes junto a Luis Caputo y otros nueve mandatarios provinciales en la reunión del Council of the Americas en Nueva York durante Argentina Week, una cita clave para atraer inversiones a Argentina.

Sáenz enfatizó ante empresarios e inversionistas internacionales que la “gran oportunidad” para el país radica en “darle al mundo lo que el mundo demanda”. El encuentro superó las expectativas de los organizadores, mostrando el renovado interés global en las oportunidades macroeconómicas y sectoriales del país.

El evento, organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos, reunió a representantes de empresas multinacionales y líderes políticos de distintos signos. En este punto, Sáenz destacó que la presencia de gobernadores de diferentes partidos señala el consenso sobre el rumbo macroeconómico: “No importa de dónde venimos sino que tenemos en claro hacia dónde vamos”.

El mandatario planteó que la estabilidad y la previsibilidad argentina, claves para el desarrollo de nuevos proyectos, están respaldadas por la decisión política de sostener “políticas de Estado que no deben cambiar por más que los gobiernos cambien”. Y envió un mensaje directo a los empresarios al afirmar: “No tengan miedo, que cada uno de nosotros venimos a garantizar la seguridad jurídica y las reglas de juego claras”.

Consenso político y condiciones para la inversión extranjera

Durante su intervención, el gobernador de Salta recalcó la importancia de generar confianza institucional y transmitir seguridad a los potenciales inversores. Hizo hincapié en que el “rumbo de la macroeconomía está acompañado” y que la convergencia de dirigentes provinciales en este foro transmite una visión común sobre la urgencia de captar inversiones en el corto plazo.

El dirigente definió a este momento como “la gran oportunidad que tiene Argentina” para ofrecer al mundo recursos y sectores estratégicos en un contexto donde la demanda internacional supera la oferta disponible. “Hoy lo que el mundo demanda Argentina lo tiene”, puntualizó, aludiendo tanto a energía como a minerales críticos y agroindustria.

El funcionario afirmó que las posibles fluctuaciones políticas o discusiones internas no alterarán el marco jurídico y la voluntad de sostener una política de Estado orientada a facilitar proyectos a largo plazo. “Se pueden cambiar muchas cosas en el ámbito interno, pero tenemos en claro que esta es la gran oportunidad”, sostuvo.

El gobernador estableció un bloque de respuesta directa a empresarios: la seguridad jurídica, previsibilidad y reglas de juego claras en cada provincia serán los principales activos que Argentina ofrece hoy al capital internacional. El mensaje institucional giró en torno a la permanencia de ese entorno estable más allá de eventuales cambios de administración.

Potencial regional y ventajas competitivas de Salta

El gobernador caracterizó a Salta como un nodo estratégico argentino y sudamericano. “En Salta podemos decir que tenemos petróleo, cobre, plata, todos los minerales críticos, energía, agroindustria y vinos”, enumeró Sáenz. Resaltó la posición geográfica de la provincia, limítrofe con Chile, Bolivia, Paraguay y seis jurisdicciones nacionales, y la calificó como “lugar privilegiado”.

Sáenz defendió una Argentina “que crece de manera simétrica”, con la mira puesta en que el “gigante dormido que es el norte despierte con todo su potencial”. Y planteó que no busca priorizar una sola región, sino igualdad de oportunidades en todo el territorio.

El mandatario remarcó ante el foro internacional del Council of the Americas y en la Argentina Week de Nueva York: “Si a la Argentina le va bien y al gobierno le va bien, no le va bien a Milei, le va bien a los argentinos”.

En el piso 15 del edificio del JPMorgan, Javier Milei y su gabinete defendieron ayer el plan de ajuste económico que bajó la inflación, redujo el déficit fiscal y achicó a niveles históricos de emisión monetaria.

Tras la disertación del Presidente, el Canciller, Pablo Quirno, ocupó el centro del escenario para describir hacia adelante que están esperando en la Casa Rosada. Y estableció: “Tenemos muchas propuestas en los próximos 2 años. Todas van en la misma dirección: crear condiciones de inversión. Podemos crear las condiciones para cambiar a la Argentina por décadas al pasar estas leyes. Esa es la razón de por la que estamos acá. Decirles que estamos haciendo para que se sientan cómodos de invertir, contratar empleo y hacer con sus ganancias lo que deseen”.

A poco más de dos años de que la ex Miss Orán Martina Oliva y su ex pareja, Joaquín Tolaba, fueran detenidos por trasladar 15 kilos de marihuana hacia la capital provincial, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta los declaró culpables. No obstante, la pena se conocerá este jueves.

Durante la audiencia celebrada este martes, los imputados contaron con la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras. Tolaba rechazó hacer uso de la palabra, mientras que Oliva insistió con su inocencia al alegar que ese día viajaba para inaugurar un local de ropa y que las transferencias bancarias cuestionadas las había realizado por pedido de quien era su pareja en ese entonces.

Tras escuchar el alegato de la acusada y analizar las pruebas recabadas en la investigación, el tribunal, compuesto por la jueza María Alejandra Cataldi junto con las vocales Gabriela Catalano y Marta Liliana Snopek, resolvió declararlos culpables. A pesar de esto, indicaron que la pena que deberán cumplir se dará a conocer este jueves.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, por hechos vinculados a la misma organización delictiva dedicada al tráfico de drogas, otras cinco personas ya fueron previamente detenidas, imputadas y condenadas. Esto se debe a que los demás acusados decidieron admitir la responsabilidad de los cargos presentados en su cargo y, así, acceder a un juicio abreviado.

La detención de Oliva y Tolaba ocurrió el 5 de febrero de 2025, cuando circulaban en una camioneta Toyota utilizada como “coche puntero”. El vehículo logró ser interceptado en el peaje de Honor y permitió a la Policía seguir el rastro del un Citroën C3, el auto que originalmente transportaba la droga.

A pesar de que el vehículo principal había logrado escapar por la ruta nacional 34 y luego tomó la ruta provincial 112 hacia Jujuy, este terminó por chocar en un pastizal de la finca San Juan de Dios, cerca del límite provincial.

De esta manera, las autoridades detuvieron en el lugar a Juan Romero. No así con sus acompañantes, Carlos Leiton y Benjamín Delgado, quienes lograron fugarse y evitar ser atrapados en ese operativo. Finalmente, Leiton fue capturado el 20 de febrero de 2025 y Delgado el 29 de mayo de ese mismo año.

A partir de estos datos, la Fiscalía acreditó que los estupefacientes eran entregados sistemáticamente en una vivienda de la zona norte de la ciudad, residencia de José Burgos, quien fue identificado como principal comprador de la red criminal y abastecedor del narcomenudeo.

Según comprobaron los investigadores, por cada entrega recibida de Tolaba, Burgos abonaba 6 millones de pesos. De hecho, esa cantidad fue localizada en su domicilio durante el operativo de detención, junto con 250 gramos de marihuana.

Fue así que el 16 de diciembre de 2025, Benjamín Delgado, José Burgos y Carlos Leiton fueron condenados en un juicio abreviado por haber sido parte de la organización narcocriminal. Así, Delgado fue sentenciado a 7 años de prisión por el transporte de estupefacientes agravado y resistencia a la autoridad.

En el caso de Burgos, recibió una pena de 5 años prisión por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, fue declarado como reincidente, por lo que ordenaron un decomiso de 7 millones de pesos que iban a ser destinados a pagar el cargamento de droga incautada.

Por último, Leiton solo recibió una condena de 4 años de prisión, tras haber sido considerado culpable de transporte agravado y resistencia a la autoridad. Previo a esto, Romero y otra mujer llamada Ángela Cuenca (pareja de Delgado) también habían sido condenados.

Romero, por su parte, recibió una pena de 6 años por los delitos de transporte agravado y resistencia a la autoridad, mientras que Cuenca fue encontrada culpable de ser parte de la logística del transporte de la droga. No obstante, la beneficiaron con un arresto domiciliario, porque estaba a cargo de tres menores de edad, de los cuales uno de ellos presentaba una discapacidad.

En esta última, hay anegamientos y desbordes. Tanto en la ciudad capital como en localidades como Monte Quemado, el agua acumulada dificultó la circulación y generó preocupación entre los habitantes y autoridades, mientras los organismos provinciales despliegan operativos de asistencia.

En la zona sur de la capital, la acumulación de lluvias transformó un canal a cielo abierto —que normalmente funciona como vía de drenaje— en un foco de tensión. Ese cauce, que delimita los barrios Siglo XXI y 750 Viviendas, alcanzó niveles de agua que rozan los bordes de las calles colectoras, según advirtió El Liberal.

El taponamiento, agravado por la presencia de residuos y el caudal que ingresa desde otras áreas de la ciudad, ralentizó el escurrimiento e incrementó el temor de los vecinos. Ante ese panorama, las autoridades recomendaron circular con máxima precaución, ya que las previsiones meteorológicas anticipaban la persistencia de las lluvias.

En Monte Quemado, las lluvias recientes provocaron el ingreso de agua en numerosas viviendas y anegaron calles y avenidas principales. El medio santiagueño consignó que residentes de diversos barrios manifestaron preocupación, mientras el agua cubría calles enteras y dificultaba tanto la circulación peatonal como vehicular.

El colapso de los canales pluviales, incapaces de drenar el caudal generado por las precipitaciones, potenció el riesgo en las zonas más bajas y vulnerables.

La emergencia llevó a la Municipalidad de Monte Quemado a emitir un comunicado pidiendo a la población suspender todo tránsito vehicular que no sea de estricta emergencia. Circular por calles anegadas, advirtieron, complica la tarea de quienes buscan proteger sus viviendas. Paralelamente, se activó un operativo de asistencia con la participación de la Policía de la Provincia, Gendarmería, personal de APS y el área de Bosques. Además, el Centro Cultural local quedó habilitado como refugio para evacuados, y se difundieron líneas telefónicas para solicitar ayuda: 3841-416459 y 385-4787709.

Frente a la magnitud del evento, el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero activó un operativo preventivo y de asistencia en coordinación con municipios y entes provinciales.

El monitoreo constante y la articulación entre áreas operativas fue eje de una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, quien reunió a representantes de los ministerios de Desarrollo Social (incluyendo Defensa Civil y Desarrollo), Obras Públicas y Gobierno, junto a la Subsecretaría del Agua, el Consejo Provincial de Vialidad, Recursos Hídricos y la Policía de la Provincia.

En ese encuentro, autoridades como el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; de Gobierno, Bernardo Herrera; de Obras Públicas, Aldo Hid; el Secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; el Jefe de Policía, Laureano Silva; el Subsecretario del Agua, Sergio Saltz; de Desarrollo Social, Ramiro Banco; de Defensa Civil, Mario Guzmán; el presidente de Vialidad, José Alfano y el titular de Recursos Hídricos, Raúl Montero, evaluaron el estado de situación y coordinaron las acciones de acompañamiento para las familias afectadas.

El temporal también golpeó en Salta, a la ciudad de San José de Metán, donde dejó 145 milímetros de lluvia en apenas doce horas, según datos oficiales del SMN citados por El Tribuno. Entre la noche y la mañana, la ciudad del sur salteño vivió una de las lluvias más intensas de los últimos meses, lo que provocó la interrupción de la circulación y acumulaciones de sedimentos en diversos barrios.

Apenas se disiparon las precipitaciones, cuadrillas de la municipalidad desplegaron equipos en las calles con el objetivo de restablecer la normalidad y garantizar condiciones de seguridad para peatones y conductores.

Las tareas de limpieza se concentraron en los sectores más afectados, donde el agua arrastró una importante cantidad de barro, ramas y restos vegetales hacia las calzadas y accesos. El municipio movilizó maquinaria pesada y personal de distintas áreas para retirar los sedimentos y despejar los desagües, una labor que busca habilitar progresivamente la circulación y evitar nuevos desbordes.

En paralelo a la actividad oficial, los testimonios de los vecinos reflejaron el impacto del fenómeno en viviendas particulares. Feliz Vanucci, residente de la calle Islas Malvinas 421, en el barrio La Fraternidad, relató a El Tribuno: “Entró mucha agua y perdimos muchas cosas. Necesitamos una solución”.

Las lluvias intensas que afectaron a Tucumán generaron en las últimas horas una serie de inconvenientes en la red vial provincial. El fenómeno meteorológico provocó complicaciones en diversas rutas, entre ellas la ruta provincial 308 a la altura de Villa Batiruana, donde un árbol caído interrumpió el tránsito de manera temporal. De acuerdo con la información difundida por la Dirección Provincial de Vialidad, replicada por La Gaceta, la situación se tornó especialmente compleja en varios puntos del territorio tucumano.

En la ruta provincial 334, en el sector correspondiente a Los Pizarros, se reportó un episodio similar, ya que la caída de un árbol obligó a suspender la circulación de vehículos de forma momentánea. El organismo vial precisó que las cuadrillas trabajaron en la remoción de los obstáculos mientras se mantenía la recomendación de circular con extrema precaución.

Por otro lado, la ruta provincial 338, en el trayecto hacia Villa Nougués, permaneció habilitada, aunque una de las manos continuó cortada debido a la presencia de otro árbol caído, detalló la fuente. Las autoridades insistieron en la necesidad de evitar desplazamientos que no resulten imprescindibles y aconsejaron a los conductores mantenerse atentos a las señales viales y a las indicaciones oficiales.

Con el correr de las horas, la situación en territorio tucumano comenzó a empeorar. “La situación es complicada. En este momento lo principal es asistir a la gente, porque no se puede hacer mucho más que eso”, afirmó Miguel Abboud, secretario de Obras Públicas del municipio de Juan Bautista Alberdi, a La Gaceta.

Según detalló el funcionario, a pesar de que el sistema de drenaje opera casi al límite, la situación dentro de la ciudad continúa bajo control. Además, confirmó que solo diez personas fueron confirmadas, mientras que otras no quisieron salir de sus hogares y fueron atendidas en el lugar.

El Gobierno provincial decidió suspender las clases en toda la provincia desde este martes hasta el viernes, medida que abarca a todos los niveles educativos, tanto públicos como privados. Los edificios escolares podrán ser utilizados como lugares de evacuación.

El gobernador Osvaldo Jaldo resolvió esta tarde interrumpir la actividad escolar en todo el territorio provincial. La decisión se tomó en una reunión junto a la ministra de Educación Susana Montaldo, miembros del gabinete y el comité de emergencias, y se aplica a todas las instituciones educativas públicas y privadas.

La resolución 472/5 del Ministerio de Educación indica que el objetivo principal es proteger la seguridad de estudiantes, docentes y personal auxiliar, y establece que la suspensión se extiende hasta el viernes inclusive. Por ende, las clases se reanudarán el lunes 16.

Esta medida responde a la necesidad de verificar el estado de los edificios escolares y de las vías de acceso, tras las intensas precipitaciones que superaron los 160 milímetros en la provincia.

Además, los directores de los establecimientos deberán ponerse a disposición de las autoridades locales para permitir el uso de las escuelas como centros de evacuación en caso de que se requiera asistir a personas afectadas por las inundaciones en las zonas comprometidas.

De acuerdo con el SMN, la región durante lo que resta del martes permanecerá bajo alerta amarilla por tormentas. Mientras que para el miércoles se espera que la situación sea aún más riesgosa: en Tucumán, Salta y Jujuy, así como parte de Santiago del Estero, la advertencia es de color naranja.

Para el jueves, la situación comenzará a calmarse en la región, solamente Salta y Jujuy quedarán bajo alerta amarilla.

Según reportó LM Neuquén, el fenómeno se detectó mediante monitoreos satelitales que identificaron anomalías térmicas y motivaron la activación de un protocolo de evaluación por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería chileno (Sernageomin).

Durante el operativo, los especialistas realizaron un sobrevuelo sobre el cráter del Villarrica y constataron que el lago de lava volvió a ser visible, evidenciando niveles superiores a los registrados en meses anteriores. Este fenómeno caracteriza el comportamiento de los volcanes de “conducto abierto”, como el Villarrica, donde el magma suele encontrarse expuesto en determinados periodos del año.

El geofísico Cristian Farías explicó a La Tercera que el incremento térmico no implica necesariamente un escenario eruptivo inmediato.

El volcán Villarrica destaca como uno de los sistemas volcánicos más activos de Sudamérica y permanece bajo observación constante debido a su proximidad a centros urbanos y destinos turísticos del sur de Chile. Un dato relevante: el macizo se ubica cerca del Paso Mamuil Malal, en el límite cordillerano argentino, a unos 138 kilómetros de Villa La Angostura y al oeste de Junín de los Andes.

Así, cualquier fluctuación en su comportamiento suele despertar el interés y el seguimiento en la provincia de Neuquén, tal como ratificó el director de Defensa Civil de Neuquén, Carlos Cruz, en diálogo con LM Neuquén. Aunque el nivel de alerta no se ha modificado, las autoridades provinciales mantienen la vigilancia para adoptar medidas si la situación lo amerita.

En caso de que ocurriera una erupción, los principales riesgos asociados al Villarrica incluyen la posible caída de ceniza volcánica, el descenso de materiales por los cauces fluviales y la generación de lahares, flujos de barro volcánico que pueden producirse por el derretimiento de nieve o hielo en la cumbre. Sin embargo, remarcaron que, aunque el macizo se halla del lado chileno, una erupción significativa podría impactar indirectamente a localidades argentinas próximas a la frontera.

Otro volcán chileno que enciende las alarmas en Argentina

Mientras tanto, en el norte chileno, el volcán Lascar presenta señales de incremento en su dinámica interna. De acuerdo con un informe del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y del Ministerio de Economía, el Lascar se ubica en la región de Antofagasta, completamente en territorio chileno, y ocupa el puesto número 14 en el ranking de riesgo volcánico del país.

Este estratovolcán, considerado el más activo del norte de Chile, se encuentra a una distancia que varía entre 170 y 300 kilómetros de localidades argentinas del noroeste, como San Antonio de los Cobres y Susques (en Jujuy y Salta), así como de las capitales provinciales de Salta y San Salvador de Jujuy.

Desde febrero de 2026, el Lascar mostró variaciones en los parámetros de monitoreo. El reporte especial de actividad volcánica (REAV), emitido el 27 de febrero, notificó un enjambre sísmico que persistió hasta el 2 de marzo.

Los registros evidenciaron un aumento en la cantidad de sismos volcano-tectónicos, asociados a la fractura de roca, así como eventos de Largo Periodo y Tremor vinculados a la dinámica de fluidos en el interior del volcán.

Además, se documentó un evento sísmico híbrido, resultado tanto de fractura de roca como de movimientos de fluidos. El monitoreo superficial mediante cámaras detectó una columna de desgasificación que superó los 1.000 metros sobre el cráter el 9 de febrero.

El monitoreo satelital permitió identificar anomalías en la radiancia térmica y en la emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera, y las imágenes de alta resolución revelaron material inconsolidado en el cráter. Según el SEGEMAR, estos cambios representan un aumento en ciertos parámetros, pero no anticipan una erupción a corto plazo.

“Estos cambios no indican una erupción inminente, sino un aumento en ciertos parámetros de monitoreo, que indican que el volcán se encuentra por sobre su nivel de base”, detalló el organismo. Con el escenario actual, se descarta cualquier tipo de afectación sobre el territorio argentino.

El SEGEMAR informó que continúan las tareas de monitoreo y cooperación con el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Chile y las autoridades locales, en coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y dentro del marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR). El organismo recordó que las novedades se comunicarán a través del sitio web del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV).

A quince años del brutal asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en la provincia de Salta, la Justicia argentina volvió a poner el caso en movimiento. Este lunes, en el marco de la reapertura de la investigación impulsada por una Unidad Fiscal Especializada, volverá a declarar Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, quien viajó especialmente desde Francia con el objetivo de aportar nuevos elementos para esclarecer el crimen.

La declaración testimonial de Bouvier se realizará ante los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín, integrantes del equipo que desde febrero de 2025 trabaja en reimpulsar la investigación del doble femicidio ocurrido en julio de 2011, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Por el hecho, la Justicia salteña había condenado a prisión perpetua al baqueano Clemente Vera, quien fue liberado 10 años después, tras la anulación de su condena.

La audiencia podría extenderse durante dos jornadas debido a la cantidad de información y documentación que el padre de Cassandre pretende presentar.

El 1 de marzo de este año, el Ministerio Público Fiscal comunicó que gestiona el traslado a Francia de fiscales y especialistas en biología molecular por la investigación.

El exhorto internacional fue solicitado por la Unidad Fiscal el 5 de febrero de 2026 y autorizado y librado el 9 de febrero del mismo año por el Juzgado de Garantías 1 de la ciudad de Salta, a cargo de la jueza Ada Zunino. A través de la Cancillería de la Nación, fue remitido ese mismo mes a las autoridades judiciales de Francia, encontrándose a la espera de la correspondiente respuesta formal.

El objetivo del viaje será revisar las pericias realizadas en Francia y contrastarlas con los análisis efectuados en Argentina. Entre las diferencias detectadas figuran discrepancias en los estudios genéticos y en las estimaciones sobre la data de la muerte de las víctimas.

Los investigadores también buscan inspeccionar el laboratorio donde se realizaron los estudios originales y conocer en detalle las técnicas utilizadas en su momento. Además, no se descarta realizar nuevas pruebas genéticas si las muestras biológicas aún se conservan y los avances tecnológicos lo permiten.

Otra de las medidas solicitadas es la declaración de expertos que participaron en los análisis y de familiares de las víctimas. Asimismo, la Unidad Fiscal pidió la remisión de la copia completa del expediente judicial abierto en Francia, con el fin de verificar si contiene información que nunca fue considerada en la investigación argentina.

Uno de los puntos centrales que motivaron la reapertura del expediente tiene que ver con las pericias genéticas realizadas en Francia. De acuerdo con Bouvier, forenses franceses lograron recuperar tres perfiles de ADN que hasta ahora no fueron identificados y que, según denunció, nunca se incorporaron formalmente al expediente judicial tramitado en Salta.

La expectativa de la familia es que esos análisis puedan ayudar a identificar a otros posibles responsables del crimen. “Persigo con tenacidad y constancia el objetivo de ayudar a encontrar a los perpetradores y a quienes los ayudaron a evadir la justicia”, expresó el padre de Cassandre, quien también remarcó que continúa con esta lucha pese a su delicado estado de salud. “Voy a cumplir 78 años, tengo diversas afecciones, pero resisto”, sostuvo ante medios franceses.

El caso

Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ambas estudiantes de la Universidad de La Sorbona, habían llegado a Argentina en 2011 para realizar un viaje turístico por el norte del país. El 29 de julio de ese año sus cuerpos fueron hallados en la Quebrada de San Lorenzo, en las afueras de la ciudad de Salta.

Las autopsias revelaron que las jóvenes habían sido brutalmente golpeadas, violadas y finalmente asesinadas con disparos de arma de fuego. El caso generó una fuerte conmoción tanto en Argentina como en Francia y derivó en una extensa investigación judicial que, con el paso de los años, fue cuestionada por las familias de las víctimas.

Para Jean-Michel Bouvier, la causa estuvo marcada desde el inicio por graves irregularidades. En declaraciones al medio francés, el padre de Cassandre sostuvo que durante años se enfrentó a lo que calificó como “una farsa policial y judicial”.

“Reconocen que la investigación inicial fue, por decirlo con educación, deficiente”, afirmó. Según explicó, las familias impulsaron acciones judiciales tanto en Argentina como en Francia para que el caso volviera a investigarse en profundidad.

Homenaje y reclamos de justicia

La presencia de Jean-Michel Bouvier en Salta coincidió con diversas actividades de memoria y reclamo de justicia. En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó un acto conmemorativo en el mirador de San Lorenzo, donde se levanta un monumento dedicado a las jóvenes francesas, obra del escultor salteño Alfredo Garzón.

Debido a problemas de salud, Bouvier no pudo asistir personalmente al homenaje. En su lugar, tomó la palabra el cónsul general de Francia en Argentina, Jean-Christophe Fleury, quien transmitió un mensaje del padre de Cassandre y destacó la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas.

Del acto participaron autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Gobierno de Salta, Ignacio Jarsún; la subsecretaria de Justicia, Agustina Rízzoli; y la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Julieta Valencia, quienes reafirmaron el compromiso institucional con el esclarecimiento del caso.

Además, organizaciones feministas, sociales y sindicales convocaron para este lunes por la tarde a una movilización en la Plaza 9 de Julio de la capital salteña. La marcha busca visibilizar reclamos vinculados a la violencia de género y exigir justicia por crímenes que permanecen impunes. Según fuentes cercanas a la familia, Jean-Michel Bouvier tenía previsto sumarse a la convocatoria junto a otros familiares de víctimas.

Por tercer día consecutivo, el Paso de Chalanas, que une Aguas Blancas en Salta con Bermejo en el sur de Bolivia, permanece inhabilitado. La medida, adoptada por las cooperativas y operadores del servicio fluvial ante el aumento del caudal, afecta el tránsito habitual entre ambas localidades. El nivel del río Bermejo se encuentra fuera de control, lo que mantiene en vilo a las comunidades ribereñas que dependen de este cruce.

El cierre podría extenderse al menos dos o tres días más, debido a las condiciones meteorológicas adversas. Las lluvias intensas en la cuenca alta del río intensifican la corriente y la turbiedad del agua, factores que representan un peligro para la navegación de las embarcaciones.

Según informó el medio regional El Tribuno, el puente internacional que conecta ambos países se convirtió en la única vía habilitada para el tránsito, escenario que derivó en largas filas y demoras para quienes buscan atravesar la frontera. La situación no solo complica la circulación de personas, sino que también genera preocupación entre comerciantes y transportistas, acostumbrados a utilizar el cruce fluvial para sus actividades cotidianas.

Los registros hidrométricos dan cuenta de la magnitud del fenómeno. El Bermejo alcanzó los 4,50 metros a la altura de Embarcación a las 8 de la mañana. A través de una imagen tomada desde el puente Manuel Elordi, se puede observar el agua a punto de igualar la estructura del puente ferroviario.

Las autoridades advierten que, si bien en Rivadavia Sur el nivel del río aún no presenta un crecimiento importante, la crecida podría trasladarse aguas abajo en cuestión de horas.

El Comité de Emergencia Climática de Salta, presidido por Mario Mimessi, mantiene un monitoreo permanente de la evolución de los ríos y coordina la asistencia junto a organismos nacionales y provinciales. Según detalló el funcionario, “las asistencias destinadas a los municipios afectados se realizarán vía aérea”, aunque la ejecución de los operativos depende de la confirmación de vuelos por parte de Aviación Civil y de la mejora de las condiciones meteorológicas. Esta dinámica anticipa desafíos logísticos para llegar a comunidades aisladas.

Alerta por la crecida del Pilcomayo

Mientras las miradas se concentran en el Bermejo, el río Pilcomayo también mantiene en vilo a las autoridades y pobladores del norte de Salta. El Comité de Emergencia Climática vigila de cerca el comportamiento de este curso de agua, cuya evolución podría desencadenar complicaciones adicionales en las próximas horas. Según la Secretaría de Recursos Hídricos, el nivel del Pilcomayo en Villa Montes (Bolivia) llegó a 3,87 metros a las 17 horas del sábado, superando la marca previa del año hidrológico.

Las proyecciones oficiales estiman que, durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, el caudal en Misión La Paz podría alcanzar los 6,10 metros. Este umbral implica alerta naranja, con probabilidades altas de desbordes y desmoronamientos en las zonas ribereñas.

El Sistema de Alerta Pilcomayo emitió un comunicado dirigido a las comunidades ubicadas entre Villa Montes y Misión La Paz–Pozo Hondo, advirtiendo sobre el riesgo inminente de desbordes y derrumbes de barrancas, sobre todo en los sectores considerados críticos.

Vecinos de Misión La Paz comenzaron a reforzar defensas y a implementar medidas preventivas para proteger viviendas y caminos, según consignó El Tribuno. La inquietud se extiende a otros municipios salteños como Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, General Mosconi y Aguaray, donde el Ministerio de Desarrollo Social de Salta articula acciones de asistencia y monitoreo permanente.

Mientras tanto, los operativos de vigilancia y ayuda humanitaria permanecen activos a la espera de la evolución del caudal en las próximas horas.

La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la colaboración de los habitantes resultan claves en un escenario marcado por la incertidumbre y la necesidad de respuestas rápidas ante la amenaza de las crecientes.

El médico clínico Jorge Kilstein (matrícula 11.511) advierte que las palomas pueden ser portadoras de bacterias y hongos que representan riesgos para la salud, especialmente en adultos mayores.

La ausencia de políticas públicas eficaces de control en Argentina expone a las personas con defensas bajas a un riesgo sanitario.

La problemática cobra mayor importancia porque las campañas y legislaciones existentes son parciales. Según la Municipalidad de Salta, se implementan acciones informativas y recomendaciones para los vecinos, mientras que en Santa Fe se debate declarar plaga a la paloma torcaza. Pese a ello, el sector más vulnerable sigue siendo el de los adultos mayores ante las enfermedades transmitidas por aves en zonas urbanas.

“El peligro radica sobre todo en la vía respiratoria”, explica Kilstein. “Los hongos y bacterias presentes en los excrementos de palomas y otras aves pueden inhalarse, sobre todo cuando se limpian en seco, y eso representa un riesgo mayor para quienes tienen defensas bajas, pacientes trasplantados o que toman corticoides”.

El médico añade que los contaminantes de las aves afectan más que el sistema pulmonar. “Pueden dañar el sistema nervioso, causar problemas visuales, digestivos y hepáticos. A veces diagnosticar la infección es difícil: la psitacosis, por ejemplo, suele confundirse con neumonías o gripes prolongadas”. Destaca que la historia clínica y el relato del paciente son fundamentales, especialmente cuando mencionan contacto o alimentación de aves halladas.

Enfermedades y síntomas: cómo afectan a la generación silver

Kilstein detalla: “Cuando los excrementos se secan y quedan en el aire, los inmunodeprimidos—como ancianos, trasplantados o quienes reciben medicación para reducir defensas—tienen que extremar cuidados. Inhalar esos restos puede causar cuadros clínicos muy graves”.

La criptococosis y la histoplasmosis frecuentemente inician en los pulmones, pero pueden extenderse al cerebro u órganos vitales. “Los síntomas pueden pasar inadvertidos—fatiga, fiebre, tos sin expectoración—pero en mayores, a veces evolucionan en formas graves que requieren internación”, alerta el especialista.

“En la psitacosis, la fiebre y el dolor de cabeza son persistentes, y la neumonía no responde a antibióticos habituales. Si los síntomas no mejoran después de unos días, hay que consultar al médico”.

El Ministerio de Salud de la Nación advierte que la exposición crónica, el contacto con aves sin certificado sanitario y limpiar en ambientes poco ventilados son factores de riesgo principales para adultos mayores.

Cómo prevenir riesgos sanitarios en la limpieza de excrementos de palomas

“La forma de limpiar es fundamental. No hay que barrer en seco ni aspirar los excrementos”, recomienda el especialista. Sugiere siempre humedecer el área primero y emplear desinfectantes como el cloro. “La limpieza debe realizarse con guantes y mascarilla, especialmente en lugares con alta concentración de aves”.

Las autoridades sanitarias argentinas coinciden: “Quienes tengan inmunidad comprometida no deben encargarse de estas tareas por sí mismos”. Para limpiezas cotidianas, guantes desechables y ropa lavable suelen ser suficientes. Sin embargo, en situaciones complejas—como eliminar acumulaciones en canaletas o áreas cerradas—se aconseja ropa descartable y un respirador.

En viviendas, no debe permitirse el anidamiento de aves. Si se encuentra un ave enferma, “lo adecuado es no tocarla y comunicarlo al área de sanidad correspondiente”, agrega Kilstein.

Políticas públicas: vacíos y desafíos en el control de las palomas

En la Ley N° 451, que regula el Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, se establecen sanciones para distintas conductas que afectan a la fauna urbana. La normativa prohíbe la venta o tenencia irregular de animales, la caza de especies que no hayan sido declaradas plaga, la destrucción de nidos de aves sin autorización, el ahuyentamiento mediante métodos crueles y el envenenamiento de aves a través de cebos tóxicos u otros mecanismos.

La Municipalidad de Salta impulsa campañas para advertir sobre los peligros de alimentar palomas. Emilce Arias, subsecretaria de Gestión Ambiental, señaló: “Alimentarlas hace que la población crezca y aumenta los riesgos porque transmiten bacterias, hongos y virus”.

La Cámara de Senadores de Santa Fe otorgó media sanción para declarar plaga a la paloma torcaza. El senador por San Justo, Rodrigo Borla, reconoce que el problema lleva más de treinta años, abarcando tanto el área rural como la urbana: “El impacto ya no solo está en el campo, también afecta la salud en las ciudades y deteriora edificios”.

En Rosario, la normativa prohíbe la matanza de palomas y promueve el uso de métodos no letales como repelentes orgánicos, anticonceptivos mezclados en el alimento y barreras físicas. Esta estrategia busca reducir la natalidad de las aves y evitar daños en infraestructura, en cumplimiento de la Ley Sarmiento 14.346, que protege contra el maltrato animal.

En el plano internacional, en ciudades como Venecia, alimentar palomas está prohibido. Las sanciones superan los 500 euros, mostrando cómo la protección patrimonial y la salud colectiva se refuerzan con políticas de prevención efectivas.

Acciones clave para proteger a la población adulta mayor

“El consejo más importante es dejar de alimentar a las palomas”, enfatiza Kilstein. “El ciclo empieza al darles comida, y esto solo agrava la superpoblación y las malas condiciones sanitarias”.

El experto insiste en la responsabilidad individual: “Cada persona debe mantener su entorno limpio, no permitir nidos en balcones y evitar contacto con aves enfermas”. Los organismos de salud sugieren instalar barreras físicas—como redes o pinchos—en ventanas y cornisas, y mantener los ambientes bien ventilados.

Las personas mayores deben acudir al médico si presenta disnea, fiebre, tos o fatiga persistentes, ya que el diagnóstico temprano es crucial para recuperarse de infecciones asociadas a aves. “Prevenir empieza con la información y la actitud de cada vecino”, concluye el profesional.

Agentes de la Gendarmería Nacional detuvieron en la provincia de Salta a una mujer que transportaba, a bordo de un auto, más de un kilo de cocaína que ocultó en un peluche.

Según comunicó oficialmente la fuerza de seguridad, el arresto de la sospechosa se produjo durante un control sobre la Ruta Nacional N° 50, a la altura del kilómetro 46. Allí, los gendarmes, pertenecientes a la Sección “28 de Julio” del Escuadrón 20 “Orán”, detuvieron la marcha del auto.

En el vehículo viajaban tres mujeres que transportaban distintas mercaderías. Durante la inspección, los gendarmes utilizaron un escáner fijo y notaron algo extraño dentro del juguete. ”Detectaron la posible presencia de algún tipo de sustancia entre la carga", indicó Gendarmería.

Los efectivos observaron en ese momento que el peluche presentaba un peso excesivo. Al abrirlo, hallaron un paquete rectangular de color amarillo oculto en su interior. La prueba de campo narcotest determinó que el contenido era cocaína, con un peso total de 1 kilo con 45 gramos.

La Fiscalía Descentralizada de Orán dispuso que una de las sospechosas quedara detenida en carácter de incomunicada, mientras que las otras dos mujeres quedaron ligada a la causa.

Seis kilos de cocaína transportados en un micro

Un recluso de la localidad santafesina de Alcorta, que está alojado en el penal federal de Marcos Paz, fue acusado por estar detrás del transporte de cocaína de Bolivia a Rosario por el que fue detenida su pareja en un micro que había salido de la ciudad salteña de Orán y que derivó en allanamientos y el arresto de dos familiares del preso.

Ana, la novia de 26 años, fue detenida este miércoles en un operativo de Prefectura Naval de Zona Bajo Paraná en la terminal de ómnibus rosarina, donde se le incautó una mochila con seis kilos de cocaína de máxima pureza con el sello de un delfín.

La joven arribó en un micro de larga distancia proveniente de Salta y fue bajada del micro La Veloz del Norte por los prefectos.

El novio preso de la detenida, identificado comoJuan Carlos M.P.,está en la cárcel desde el año pasado en el marco de una causa por venta de drogas que se tramita en la Justicia federal de Venado Tuerto. Obviamente, tras la captura de Ana, fue objeto de una requisa este miércoles.

Según un nuevo legajo impulsado por la Procunar –a través de los fiscales Matías Scilabra,Luisina Muzzio y el auxiliar fiscal Rodrigo Romero– y el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos –por medio del fiscal Federico Reynares Solari–, el preso habría organizado el transporte de cocaína desde la cárcel apoyándose en personas de su entorno.

Por los datos recolectados por los investigadores, el recluso planificaba traslados de entre 6 y 15 kilos de cocaína de máxima pureza. Los hacía pasar desde Bolivia a Aguas Blancas, y de allí hasta Orán.

En esa ciudad salteña, una persona de confianza del preso metía los ladrillos en bolsos o mochilas y los movía a través de un colectivo de larga distancia hacia las ciudades de Rosario o de San Nicolás.

A veces, los encargados de mover la droga escondían los estupefacientes en el inodoro del baño del micro.

De acuerdo a los indicios trabajados por el Ministerio Público Fiscal, una vez que la persona que trabajaba para Juan Carlos M.P. pisaba Rosario o San Nicolás, se subía a un remis y se dirigía a distintas localidades de la región como Elortondo, Alcorta, Villa Constitución, Colón (Buenos Aires) o Máximo Paz. En esas localidades el estupefaciente era estirado y vendido al menudeo.

Se presume que la operatoria de buscar personalmente la droga tenía por objetivo el de abaratar costos. Esto es porque el kilo, según distintas fuentes de la causa, era adquirido por entre dos mil y tres mil dólares en Salta, cuando en Rosario el valor lo duplica.

En el avance de la causa se detectó también que algunas dosis de cocaína eran ingresadas al penal federal de Marcos Paz para que Juan Carlos M.P. pudiera consumir en su celda.

Ana, alias “Pachulita”, la novia del interno federal, cayó este miércoles en Rosario al bajar de un micro de la empresa La Veloz del Norte. En su mochila, los agentes hallaron cocaína por 6,241 kilos. No era la única encargada de ese tipo de tareas, ya que en otros viajes se estableció que el transporte lo hicieron otras personas.

La joven de 26 años tampoco fue la única detenida. Prefectura Zona Bajo Paraná realizó allanamientos en las localidades santafesinas de Alcorta y Máximo Paz, y en la ciudad bonaerense de Colón, donde fueron arrestados un hermano y el padre de Juan Carlos M.P.

Ana, la novia en cuestión y de 26 años, fue detenida este miércoles en un operativo de Prefectura Naval de Zona Bajo Paraná en la terminal de ómnibus rosarina, donde se le incautó una mochila con seis kilos de cocaína de máxima pureza con el sello de un delfín.

La joven arribó en un micro de larga distancia proveniente de Salta y fue bajada del micro La Veloz del Norte por los prefectos.

El novio preso de la detenida, identificado como Juan Carlos M.P., está en la cárcel desde el año pasado en el marco de una causa por venta de drogas que se tramita en la Justicia federal de Venado Tuerto. Obviamente, tras la captura de Ana, fue objeto de una requisa este miércoles.

Según un nuevo legajo impulsado por la Procunar –a través de los fiscales Matías Scilabra, Luisina Muzzio y el auxiliar fiscal Rodrigo Romero– y el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos –por medio del fiscal Federico Reynares Solari–, el preso habría organizado el transporte de cocaína desde la cárcel apoyándose en personas de su entorno.

Por los datos recolectados por los investigadores, el recluso planificaba traslados de entre 6 y 15 kilos de cocaína de máxima pureza. Los hacía pasar desde Bolivia a Aguas Blancas, y de allí hasta Orán.

En esa ciudad salteña, una persona de confianza del preso metía los ladrillos en bolsos o mochilas y los movía a través de un colectivo de larga distancia hacia las ciudades de Rosario o de San Nicolás.

A veces, los encargados de mover la droga escondían los estupefacientes en el inodoro del baño del micro.

De acuerdo a los indicios trabajados por el Ministerio Público Fiscal, una vez que la persona que trabajaba para Juan Carlos M.P. pisaba Rosario o San Nicolás, se subía a un remis y se dirigía a distintas localidades de la región como Elortondo, Alcorta, Villa Constitución, Colón (Buenos Aires) o Máximo Paz. En esas localidades el estupefaciente era estirado y vendido al menudeo.

Se presume que la operatoria de buscar personalmente la droga tenía por objetivo el de abaratar costos. Esto es porque el kilo, según distintas fuentes de la causa, era adquirido por entre dos mil y tres mil dólares en Salta, cuando en Rosario el valor lo duplica.

En el avance de la causa se detectó también que algunas dosis de cocaína eran ingresadas al penal federal de Marcos Paz para que Juan Carlos M.P. pudiera consumir en su celda.

Ana, alias “Pachulita”, la novia del interno federal, cayó este miércoles en Rosario al bajar de un micro de la empresa La Veloz del Norte. En su mochila, los agentes hallaron cocaína por 6,241 kilos. No era la única encargada de ese tipo de tareas, ya que en otros viajes se estableció que el transporte lo hicieron otras personas.

La joven de 26 años tampoco fue la única detenida. Prefectura Zona Bajo Paraná realizó allanamientos en las localidades santafesinas de Alcorta y Máximo Paz, y en la ciudad bonaerense de Colón, donde fueron arrestados un hermano y el padre de Juan Carlos M.P..

En los operativos, además, se secuestraron 2 mil dólares, más de seis millones de pesos, una carabina calibre .22, dos escopetas, una pistola calibre .22, un revólver, 10 gramos de marihuana, una camioneta Volkswagen Amarok, un VW Vento y celulares.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sáenz abordó desde el vínculo con el presidente Javier Milei hasta los desafíos concretos de su gestión, pasando por la situación económica, la reforma laboral y el rol de los gobernadores en la Argentina actual.

Gustavo Sáenz planteó desigualdad y reclamos al Gobierno nacional

“El que vive en lo más profundo del norte argentino tiene que tener el mismo derecho a la salud, a la justicia, a la educación y a la seguridad que el que vive en Capital Federal y en Buenos Aires”, expresó Gustavo Sáenz al ser consultado sobre sus diferencias de fondo con el presidente Javier Milei. El gobernador remarcó: “Yo sí creo en la justicia social de la movilidad ascendente, porque vengo de una provincia rica, pero lamentablemente pobre por falta de oportunidades y de inversiones”.

Durante el intercambio, Sáenz no eludió la pregunta sobre la caída de la recaudación nacional y su impacto en Salta: “9,5 creo que hemos perdido este mes en cuanto a coparticipación. La caída del consumo impacta fuertemente en el IVA”. Añadió que la provincia viene perdiendo “ocho mil millones por mes” y las consecuencias afectan tanto al sistema de salud como al transporte y las obras públicas.

El gobernador insistió en la necesidad de repensar el federalismo fiscal: “La Constitución estableció en el año 94 que había que rediscutir la coparticipación, porque evidentemente algunos legisladores más vivos lograron que provincias tengan más recursos. No todos los argentinos valemos lo mismo”. Y advirtió con crudeza: “Es muy difícil discutir esto en el Congreso, porque nadie quiere ceder nada”.

Reforma laboral, tributaria y la agenda provincial

Al analizar los proyectos de reforma impulsados por el Gobierno nacional, Sáenz defendió la postura de Salta en el Congreso: “Apoyamos darle gobernabilidad al Gobierno para que pueda llevar adelante su plan económico. Lo hicimos convencidos, pero las expectativas hasta el día de hoy no se cumplieron. Los motores de la economía están parados: el consumo, la inversión y las exportaciones”.

Sobre la reforma laboral, el gobernador admitió coincidencias con el oficialismo: “Tiene voluntad de reformar cosas que no funcionan. Hablábamos recién de la reforma laboral, y uno la analiza y dice: ‘¿Funcionó para el trabajador? Yo creo que no’”.

También se refirió a la necesidad de una reforma tributaria: “El régimen tributario es fundamental. Hay impuestos que son totalmente distorsivos, pero si no los clarificamos, ¿qué más queremos nosotros?”. Sáenz detalló que Salta ya bajó el impuesto a los ingresos brutos y se adhirió al régimen de transparencia fiscal: “El ticket puede ver el consumidor cuánto cobra. Eso es lo lógico”.

El gobernador reclamó que los recortes de Nación complican la gestión provincial: “Es muy difícil llevar adelante una provincia que se tiene que hacer cargo de la seguridad, de la justicia, de la educación y de la salud pública, pero no te dan los recursos”.

El vínculo político con Milei y las diferencias en el modelo

Consultado sobre su relación con el presidente Milei, Sáenz aclaró: “Tengo una relación personal muy buena con el presidente. Hay cosas que no estoy de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo”. Explicó que lo separa del mandatario la visión sobre derechos sociales y el rol del Estado: “Yo sí creo en las universidades públicas, en el sistema público de educación y en la salud pública”.

Sáenz también marcó matices en la implementación de reformas: “Hace falta tener un mapa y gente que diga: acá hacer de golpe esto no sirve, lo vamos haciendo de esta manera. No son las mismas circunstancias en el norte que en el centro del país”.

Sobre la interna opositora y el futuro del peronismo, Sáenz fue tajante: “Tiene que haber una interna dentro del justicialismo. Tampoco creo que el justicialismo hoy esté en condiciones de solo. Acá tienen que trabajar mucho para buscar una alternativa real al Gobierno. Si no, la gente dice: yo no quiero volver a eso. Yo tampoco”.

El gobernador también relató las dificultades operativas que enfrenta la gestión provincial: “Las obras sociales nuestras tienen un déficit de seis mil, cinco mil, ocho mil dólares por mes, pero no podemos dejar de prestar asistencia. Tenemos déficit en el transporte público de pasajeros, porque desde el primer momento a todas las provincias le quitaron el subsidio menos a ambas”. Y sobre la paralización de la obra pública, graficó: “Se les debe desde el mes de octubre. Es muy difícil que las empresas confíen, que tengan la espalda para seguir aguantando”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

La caída de Ana se dio cuando la interceptó Prefectura Naval volviendo en micro de la ciudad de Orán, en la provincia de Salta. La bajaron y le encontraron en su mochila con seis kilos de cocaína con el sello del delfín.

Su arresto derivó en seis allanamientos, con dos hermanos detenidos y secuestros por 200 millones de pesos en una causa de la Procunar Nea.

La causa es llevada adelante por los fiscales de la PROCUNAR sede Rosario, Matías Scilabra, Rodrigo Romero y Luisina Muzzio, quienes coordinan las actuaciones judiciales en torno a la organización investigada.

La madrugada del jueves pasado, personal de la Prefectura detuvo a Ana cuando viajaba en un micro de la empresa La Veloz del Norte. En su mochila, los agentes hallaron cocaína por 6,241 kilos. La sospechosa quedó detenida e incomunicada.

La causa tramita con intervención del auxiliar fiscal Rodrigo Romero del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos, en colaboración con la Procuraduría de Narcocriminalidad del Noreste Argentino y la delegación regional de Rosario.

En cuanto se notificó a la fiscalía sobre el hallazgo en la mochila de Ana, el juzgado ordenó seis allanamientos simultáneos en distintas localidades cercanas a Rosario y Colón.

Los operativos se llevaron a cabo durante la noche y la madrugada. Fueron en tres objetivos de la ciudad de Alcorta, dos de Máximo Paz (ambos en la provincia de Santa Fe) y uno en Colón, Buenos Aires. El despliegue implicó coordinación de inteligencia previa y la irrupción de grupos especiales de distintas delegaciones, incluyendo la Sección Canes.

En el primero de los domicilios allanados, ubicado en RP 14 y calle Buenos Aires de la localidad de Alcorta, se detuvo incomunicado a P.C.P. de 66 años. Allí se incautó una camioneta Volkswagen Amarok, tasada en $30.000.000, USD2.000 en efectivo y una carabina calibre .22 con municiones.

En Máximo Paz, en el domicilio de Constitución al 200, arrojó un grupo importante de identificados y se confiscaron cuatro celulares (aforo de $850.000), 10 gramos de marihuana fraccionada y un Volkswagen Vento valuado en $25.000.000.

Armas, dinero y más detenciones

En Sargento Cabral al 1100 de Máximo Paz, los agentes incautaron un celular valuado en $200.000 y $245.970 en efectivo.

El cuarto allanamiento en Alcorta, en la esquina de Constitución y Pueyrredón, terminó con la detención incomunicada de J.L.P., de 62 años y hermano del otro detenido, por tenencia ilegal de armas. En el lugar, se hallaron tres celulares (aforo de $1.400.000), numerosas armas: dos escopetas, una pistola calibre .22, una mira telescópica y más de 150 cartuchos. Además de $6.271.150 en efectivo.

Por último, en Calle 62, entre 131 y 132, de Colón, se incautaron un revólver marca Trade Mark (valuado en $500.000) y dos celulares.

El aforo total (valor declarado) de lo incautado en los seis procedimientos asciende a $204.707.439,31 pesos argentinos, entre vehículos, dinero, estupefacientes, armas, municiones y equipos electrónicos.

La detenida principal, Ana, permanece alojada en dependencias de ASEC, mientras que los dos hermanos arrestados se encuentran aislados en la sede ROSA.

Las autoridades sanitarias de Salta y Tarija pusieron en marcha un operativo binacional para contener el brote de Chikungunya en la región fronteriza, tras un encuentro realizado en la ciudad de Bermejo. El avance del virus, que también impactó a las provincias de Córdoba y Tucumán, generó preocupación entre funcionarios argentinos y bolivianos, quienes acordaron unificar criterios de acción y reforzar la vigilancia epidemiológica, según informó el sitio oficial del Gobierno de Salta.

Este acuerdo, alcanzado el martes, incluye: la vigilancia epidemiológica conjunta, capacitaciones clínicas compartidas y el refuerzo de acciones destinadas a eliminar criaderos de mosquitos, especialmente en zonas comerciales cercanas al río Bermejo. De acuerdo con el reporte oficial de la provincia de Salta, la inspección inicial permitió detectar focos de proliferación de Aedes aegypti y Aedes albopictus, vectores del virus, asociados a la acumulación de neumáticos en desuso y residuos en áreas ribereñas.

La reunión, descrita por el Gobierno de Salta como un avance estratégico, reunió a referentes nacionales, provinciales y municipales, junto a gerentes hospitalarios y técnicos de salud de la región. Los participantes fueron: la Subsecretaría de Medicina Social, la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, el Programa de Inmunizaciones, el hospital San Vicente de Paul de Orán, el Municipio de Aguas Blancas y la Dirección de Atención Primaria de la Salud de Salta. Por parte de Bolivia, asistieron: el SEDES Tarija (Servicio Departamental de Salud), la Unidad de Epidemiología, el Programa de Control de Vectores y la Coordinación de la Red de Servicios de Salud de Bermejo.

Durante el encuentro se compartió la distribución georreferenciada de los casos confirmados y los protocolos vigentes en cada país. Los equipos analizaron los criterios diagnósticos, las características clínicas del Chikungunya y las estrategias para investigar los focos activos, con especial atención en la localidad fronteriza de Salvador Mazza. Según el parte oficial, la región afronta un escenario de circulación viral sostenida, agravada por el tránsito constante de personas entre ambos países.

El director general de Coordinación Epidemiológica de Salta, Francisco García Campos, dijo: “Debemos fortalecer el trabajo conjunto entre salud y municipios, con intercambio permanente de información y planificación coordinada”. Según la jefa de Epidemiología del SEDES Tarija, Claudia Montenegro, la circulación constante de personas en la zona requiere “una respuesta articulada”.

La jornada inició con una inspección en áreas comerciales próximas al río Bermejo, donde se detectaron criaderos potenciales de mosquitos. “Por la cercanía con la frontera y la circulación activa en localidades vecinas estamos ante un brote en la región fronteriza”, explicó Francisco García Campos. Posteriormente, en el hospital Virgen de Chaguaya, se intercambiaron datos y se discutieron las estrategias específicas para la aplicación de insecticidas según la normativa de cada jurisdicción.

Cuáles son los síntomas del virus Chikungunya y qué precauciones tomar

Ya suman 51 casos positivos de fiebre Chikungunya según el Ministerio de Salud Pública de Salta. Este virus es trasmitido por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Después de la picadura del insecto, los síntomas suelen aparecer entre cuatro a ocho días después. Algunos de ellos pueden ser:

• Fiebre alta
• Dolores intensos en las articulaciones (rodillas, hombros, codos y caderas)
• Dolor muscular general
• Erupciones cutáneas

Aunque algunos de estos síntomas son similares al dengue, el Chikungunya suele provocar dolores mucho más intensos en las articulaciones. Por otro lado, el dengue presenta mayor dolor muscular y detrás de los ojos.

Las autoridades recomiendan no automedicarse ante la aparición de alguno de estos síntomas y reforzaron las medidas preventivas para realizar en el hogar:

• Eliminar recipientes con agua estancada
• Usar repelente
• Colocar mosquiteros
• Utilizar ropa que cubra brazos y piernas

Durante la tarde del miércoles 4 de marzo, el jurado popular deliberó más de dos horas el caso de Dalma Salomé Bataches quien fue asesinada en la provincia de Salta. Este veredicto no solo resuelve un grave caso de violencia de género, sino que marca un precedente al tratarse del debut del juicio por jurados en el sistema penal local.

El jurado popular es un sistema de justicia penal donde ciudadanos comunes, no jueces, deciden si la persona es culpable o no. Durante las audiencias, declararon distintos testigos y especialistas que lograron reconstruir el hecho y el contexto en el que se dio. El debate fue presidido por el juez Guillermo Pereyra, mientras la acusación corrió por cuenta de los fiscales de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet y Daniel Espilocín. En tanto, la defensa oficial de Márquez estuvo dirigida por los abogados Nicolás Anuch y Karina Peralta.

El Juez Guillermo Pereyra dio a conocer el veredicto, dictando la pena de prisión perpetua a Víctor Manuel Márquez “por homicidio calificado por mediar violencia de género, ensañamiento y alevosía". La joven de 22 años fue asesinada el 15 de septiembre de 2024 bajo el puente viejo del barrio Santa Lucía y fue encontrada tres días después. La fiscal María Luján Sodero Calvet señaló que la víctima falleció de manera agónica, con golpes, asfixia y traumatismo craneal severo.

La fiscal Luján Sodero presentó a la joven como una persona con historias y vínculos, remarcando que no se juzga por formas de vida sino por los hechos contundentes. Toda la evidencia del juicio respaldó la suposición contra Víctor Márquez de la Fiscalía.

Sodero Calvet también habló sobre alevosía del homicidio: “El crimen se cometió en un lugar oscuro, aislado y sin posibilidad de auxilio, donde Dalma estaba completamente indefensa, debilitada y sin capacidad de defensa. La superioridad física del imputado fue utilizada para dominarla y someterla, y el cuerpo fue abandonado como un desecho en un sitio cubierto de basura, lo que reforzó el mensaje de desprecio y cosificación”.

El duro relato de la madre de Dalma tras su asesinato

Durante los debates del primer juicio por jurado popular en Salta, tanto su madre Andrea como su hermano Franco estuvieron esperando en la antesala con conmoción. “Estos últimos días fueron muy dolorosos para la familia, para mí sobre todo, volver a revivir sus últimos momentos", sostuvo Andrea en diálogo con diario El Tribuno.

“Lo más duro fue cuando habló el forense, cuando llegan al lugar, la foto del cuerpo, en el estado en la que la dejó este femicida, fue con mucha violencia, crueldad, ensañamiento”, expresó la mamá de la victima. Durante el debate se mostraron las pericias forenses y Andrea sostuvo: “Se mostraron las pruebas, la manera en que la mató. El femicida nunca declaró, su defensa lo quiere poner como que es una buena persona, que actuó bajo sustancia, pero nada justifica”.

“Dalma tenía expectativa de vida. Dalma atravesaba una situación de adicción. Golpeé muchas puertas”, contó. Su padre le había alquilado una habitación y, según sostuvo, la familia siempre estuvo presente para acompañarla. Ella era hermosa”, dijo Andrea.

Por otro lado, revivió el momento de reconocimiento del cuerpo de su hija: “Siento que no enterré a Dalma, cuando fui a reconocer el cuerpo dije que no era. Lo único que tenía sano era una parte del ojo”.

El hermano de la joven pidió justicia y afirmó: “En el último tiempo tuvimos muchas charlas, ella quería salir, esta persona no se lo permitió. Lo quieren pintar como buena persona pero no se lo merece”.

Luego de que los familiares de Natalia Cruz, la mujer asesinada por su ex pareja en Campo Quijano, denunciaran que la Policía de Salta se habría negado a tomar su denuncia por violencia de género horas antes del crimen, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, solicitó que se realizara un informe integral sobre cómo actuó el Estado respecto a su caso.

De esta manera, la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, tendrá la tarea de confeccionar el resumen de cada una de las acciones realizadas por el aparato estatal. Según explicó García Castiella, el objetivo será evaluar la actuación institucional en este caso y fortalecer la respuesta estatal ante hechos de violencia de género graves.

Previo a esto, la madre de Natalia denunció que su hija viajó a Salta capital con la intención de radicar una denuncia y pedir otra orden de restricción en contra de su pareja. Ahora, ese hombre es el principal acusado de su femicidio, Daniel Orlando Serapio.

Durante una entrevista para el streaming de Qué Pasa Salta, la mujer recriminó que nunca pudo solicitarla, ya que le habrían dicho que no había personal disponible para atenderla en ese momento. Así, regresó a su casa, en donde horas más tarde sería brutalmente atacada.

Sin embargo, esas no fueron las únicas denuncias por parte del entorno familiar de la víctima, debido a que también se cuestionó la presunta falta de medidas de protección en la escena del crimen. Sobre este punto, la madre de Cruz relató que los padres de Serapio habrían ingresado a la vivienda en el momento que la trasladaban hacia el hospital local.

En línea con esto, criticaron el breve allanamiento que realizaron en la casa de los padres del acusado. Además, apuntaron que no se secuestraron los teléfonos celulares y tampoco se intentó rastrear las comunicaciones, pese a que la madre del detenido admitió que había hablado con él antes de que se fugara. “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, le habría dicho antes de cortar.

A raíz de estos movimientos, la Fiscalía tendría como hipótesis que la fuga de Serapio no solo habría sido planificada, sino que habría recibido la ayuda de colaboradores. Sobre todo, porque se constató que el hombre se había escapado con su teléfono personal, ropa de abrigo y objetos personales.

A partir de esto, el 27 de febrero se concretó la detención de dos sospechosos, acusados de haber colaborado y asistido a Serapio durante su huida. Por este motivo, fueron imputados de modo provisional por el delito de encubrimiento agravado.

En este contexto, el procurador General de Salta intentaría establecer cómo fueron las intervenciones del Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad, los organismos de asistencia y los órganos judiciales. Así, se podría analizar el cumplimiento de los protocolos y marcos normativos vigentes, que deberían ser aplicados para asistir a las víctimas de violencia de género.

Uno de los ejes del informe solicitado será examinar si la respuesta institucional fue adecuada, oportuna y coordinada en el caso particular de Natalia Cruz, a la vez que se evalúan los mecanismos de actuación y la cooperación entre las distintas instancias estatales.

Según la información publicada por El Tribuno, la misión será señalar cuáles serían las áreas susceptibles de mejora y dejar asentados los estándares para investigaciones futuras de violencia de género de extrema gravedad. Asimismo, García Castiella afirmó que la revisión pretende consolidar procedimientos que aseguren una respuesta integral, eficaz y ajustada a derecho frente al femicidio y casos similares.

Actualmente, entre las herramientas que el Estado de Salta tiene disponibles para la prevención y el abordaje de la violencia de género, el procurador general mencionó el sistema único y centralizado de denuncias, que permite la intervención inmediata de la fiscalía y del juzgado especializado. También cuenta con la implementación de consigna policial y la incorporación de tecnologías de geolocalización para optimizar la actuación policial.

Una joven de 24 años con discapacidad fue rescatada de una presunta red de trata de personas en Chaco, luego de que el personal del Departamento Lucha contra la Trata de Personas evitara que fuera trasladada hacia el norte argentino. Las alarmas se activaron después de que contara que su novio le había propuesto viajar para que pudiera trabajar como modelo.

La investigación se inició el 27 de febrero, después de que el Centro de Abordaje en Salud Mental Comunitaria y Consumos Problemáticos del barrio Toba avisara a las autoridades sobre el potencial peligro en el que se encontraría una de las pacientes que acudían al establecimiento.

Según confirmaron las autoridades, la joven rescatada se encontraba bajo tratamiento, después de haber sido diagnosticada con psicosis y retraso madurativo. Por este motivo, las alarmas se activaron para los especialistas que la trataban, debido a que les había manifestado su plan de viajar a Salta y Jujuy para ejercer como modelo, acompañada por su pareja de nacionalidad extranjera.

De acuerdo con la información publicada por Diario Época, la declaración realizada desde la institución bastó para que sospecharan de la posibilidad de que la joven hubiera sido captada mediante engaños. Por este motivo, el expediente quedó bajo investigación de la fiscal de Género subrogante, María Noel Benítez, quien dispuso medidas urgentes.

Como resultado de las primeras averiguaciones, los agentes confirmaron que la pareja residía en la ciudad de Resistencia desde hace aproximadamente un año en un inmueble alquilado y que había adquirido pasajes de ómnibus para el 4 de marzo.

A pesar de que se verificó que el acompañante extranjero contaba con residencia legal y no presentaba impedimentos judiciales, se emitió una orden judicial para que la joven y su madre fueran trasladadas a sede judicial para garantizar su protección y evitar que concretaran el viaje.

La decisión se tomó poco después de que las autoridades entrevistaran a los familiares de la paciente, quienes expresaron su rotunda negativa a que viajara hacia el norte del país.

Rescataron a una adolescente que había sido drogada para trasladarla en micro hacia otro país

Una adolescente de 15 años fue rescatada la semana pasada durante un operativo en la Ruta Nacional 9, luego de que se detectara que intentaban trasladarla sin documentación y bajo los efectos de sustancias que la mantenían en estado de somnolencia.

La intervención se desencadenó tras el aviso de un pasajero, lo que llevó a la detención de J. J. M. E. y su madre, E. M. E. C., cuya situación fue corroborada y judicializada por la Cámara Federal porteña, que confirmó el procesamiento con prisión preventiva de ambos acusados por el delito de trata de personas.

El micro había partido desde Once, en la Ciudad de Buenos Aires, con rumbo al norte argentino. Durante el trayecto, un pasajero observó que una joven, aparentando ser menor de edad, viajaba acompañada por dos adultos cuyos comportamientos le resultaron alarmantes.

La actitud de uno de los acompañantes, un hombre que besaba y abrazaba a la adolescente —quien permanecía oculta bajo una gorra y una capucha— llamó la atención del testigo. Asimismo, este pasajero relató posteriormente que el adulto presionaba "para que esté callada” y que intentaba impedir que la joven hablara o mostrara el rostro. “No le dejaban que se le vea la cara”, indicó antes de alertar a la Gendarmería Nacional.

Cuando el micro fue interceptado en el kilómetro 152 de la ruta, las autoridades revisaron el listado de pasajeros y confirmaron que la adolescente no figuraba en los registros. Tampoco tenía pasaje, equipaje ni documentaciones que certificaran su identidad.

Durante la intervención, los gendarmes constataron que la joven presentaba un “cuadro de somnolencia aguda”, lo que dificultó sostener un diálogo coherente o mantenerla despierta para responder preguntas básicas. Inicialmente, la adolescente aseguró ser mayor de edad, luego afirmó tener 17 años y aportó un nombre falso, presentando incluso un certificado de discapacidad que pertenecía a otra persona.

Una de las agentes de Gendarmería detalló en su declaración judicial que la menor estaba tan dormida que fue complicado despertarla. A cada pregunta, el hombre que la acompañaba intervenía para responder por ella. La joven, en los pocos momentos en que pudo dirigirse directamente a los agentes, miraba de forma reiterada al imputado antes de contestar.

Finalmente, en una entrevista realizada en privado, la adolescente confesó que tenía 15 años y que estaba siendo llevada hacia Perú para transportar droga. Explicó que residía en situación de calle junto a su madre y que le ofrecieron dinero, una vivienda y un auto si accedía a ser parta de la maniobra. Más tarde, esas promesas se transformaron en amenazas cuando se negó.

El expediente judicial incluyó informes de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que identificaron movimientos migratorios irregulares de los acusados hacia y desde Perú, lo que reforzó la hipótesis de una red criminal transnacional.

Tras la detención, se comprobó que el hombre realizó amenazas hacia la adolescente a través de una videollamada por la aplicación WhatsApp, lo que fue incorporado como prueba al proceso penal.

Para los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, el contexto en que fue encontrada la menor, sumado a la intervención espontánea del pasajero denunciante y el relato individualizado de la víctima, se constituyó como “indicios suficientes de un intento de trata agravada”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta declaró extinguida la acción penal y dispuso el sobreseimiento total y definitivo de tres imputados en una causa iniciada en 1995 por presuntas afiliaciones irregulares de empleados del Correo Argentino al sistema privado de jubilaciones. La decisión se apoyó en la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable, luego de que transcurrieran casi tres décadas sin que se realizara el juicio oral.

La resolución benefició a Guillermo Flores, Argentina Elizabeth Argañaraz y Ramón Narciso Gómez, quienes habían sido procesados por los delitos de estafa en grado de tentativa, defraudación contra la administración pública, falsificación de instrumento privado y violación a la libertad de elección de administradora de fondos de jubilaciones y pensiones.

La causa, en rigor, se originó el 30 de enero de 1995 a partir de la denuncia de un empleado de la entonces Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA-Correo Argentino). Según consta en el expediente, el trabajador había optado por el régimen estatal de reparto, pero meses después recibió una notificación de la AFJP Previnter S.A. informándole su incorporación al sistema de capitalización individual.

Al consultar en la ANSeS, le confirmaron que figuraba afiliado al régimen privado desde el 1° de diciembre de 1994. El denunciante sostuvo que nunca había elegido esa administradora y que su afiliación habría sido fraguada. De acuerdo con la acusación, los imputados habrían adulterado fichas de afiliación u obligado a empleados a incorporarse a la AFJP sin respetar su verdadera voluntad.

Durante 1995 se tomaron declaraciones indagatorias y el 8 de agosto de ese año los acusados fueron procesados. El 5 de diciembre de 1996 se formuló el requerimiento de elevación a juicio y el 26 de diciembre de 1996 se dictó el decreto de citación a juicio, considerado el último acto procesal con capacidad para interrumpir la prescripción de la acción penal.

Sin embargo, el debate oral nunca se llevó a cabo.

El expediente registró movimientos hasta septiembre de 2006, pero luego permaneció sin impulso procesal durante casi dos décadas. Recién en octubre de 2025 la defensa solicitó la extinción de la acción penal por el tiempo transcurrido. El Ministerio Público Fiscal acompañó el planteo y consideró que el proceso había excedido ampliamente los plazos razonables.

A la hora de analizar las actuaciones, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta -integrado por las juezas Marta Liliana Snopek, María Alejandra Cataldi y Gabriela Elisa Catalano- encuadró la cuestión en la garantía constitucional de plazo razonable prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Las magistradas señalaron que “han transcurrido veintinueve años desde el último acto procesal con virtualidad para dar impulso a la acción penal (…) sin que se hubiese celebrado un juicio para definir la cuestión de fondo”. También remarcaron que la causa no presentaba una complejidad tal que justificara una demora de esa magnitud y que no se verificaron conductas dilatorias atribuibles a los tres imputados de la causa.

El tribunal sostuvo además que “la falta de impulso procesal hasta su culminación no puede redundar en un perjuicio hacia los encausados”, quienes durante casi treinta años no obtuvieron una definición judicial sobre su situación judicial. La resolución citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para recordar que el imputado “no es responsable de velar por la celeridad de la actuación de las autoridades en el desarrollo del proceso penal”.

Por unanimidad, las juezas dispusieron el “sobreseimiento total y definitivo” de los tres acusados, sin costas, al considerar vulnerada la garantía de ser juzgados en un plazo razonable. En consecuencia, quedó cerrada una causa iniciada en los primeros años del sistema de AFJP, durante la vigencia del régimen mixto de jubilaciones, que había sido elevada a juicio en 1996 pero nunca llegó a debate oral.

El Último Primer Día (UPD) se desplegó este lunes en escuelas de todo el país y dejó escenas que van mucho más allá de la postal habitual de alumnos celebrando el inicio de su último año. La llegada de controles de alcoholemia, protocolos preventivos y un notable despliegue de fuerzas de seguridad en varias provincias marcó un giro en la manera en que los establecimientos y las autoridades enfrentaron el ritual estudiantil que gana fuerza año tras año.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación optó por un endurecimiento de las normas. Desde el primer día del ciclo lectivo quedó establecido que aquellos estudiantes de último año que se presentaran en la escuela bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas no podrían ingresar y se les computaría una falta. También quedaron excluidos quienes mostraran comportamientos disruptivos o llegaran con objetos peligrosos.

Las autoridades educativas debían resguardar a los alumnos en un espacio controlado, contactar a las familias y dejar constancia formal de lo ocurrido. De detectarse riesgos para la salud, la intervención era derivada al SAME u otros servicios de emergencia. La cartera educativa porteña fundamentó la medida en la necesidad de garantizar la seguridad de los estudiantes y el desarrollo normal de la jornada escolar, en un contexto donde el UPD se consolidó como ritual de paso que, en muchos casos, incluye consumo de alcohol y reuniones nocturnas.

En Córdoba, la reacción fue preventiva y articulada entre distintos organismos. El Ente Municipal de Fiscalización y Control, junto a la Policía provincial y la Guardia Urbana, coordinó un operativo que incluyó monitoreo en tiempo real de las convocatorias juveniles, inspecciones en kioscos y desarticulación de fiestas sin habilitación.

Según reportó el Gobierno de Córdoba, el despliegue derivó en 57 eventos desarticulados, 11 fiestas clandestinas clausuradas y 15 comercios cerrados por venta irregular de alcohol. El operativo permitió contener a 1.850 menores y secuestrar más de 15 millones de pesos en bebidas y objetos asociados a la actividad ilegal.

Las acciones se apoyaron en controles en la vía pública, monitoreo de redes sociales y respuestas inmediatas ante denuncias al 911. Las autoridades subrayaron que la organización de fiestas clandestinas y la provisión de alcohol a menores constituyen infracciones graves derivadas a la Justicia de Faltas.

En Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) apostó a la prevención mediante el protocolo “UPD 360. Antes, durante y después”, que involucró tanto a escuelas estatales como privadas. El dispositivo se enfocó en guiar a las instituciones y a las familias para anticipar riesgos, promover el diálogo y firmar actas de compromiso parental.

Según consignó el diario Los Andes, el balance inicial del UPD resultó “tranquilo” y no fue necesario activar protocolos en los colegios por consumo de alcohol entre los estudiantes. La directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, explicó: “El acta compromiso era clara: la responsabilidad era de los padres, porque estaban en horario extraescolar”.

Además, muchas escuelas organizaron desayunos con la participación de familias y docentes, buscando sumar espacios alternativos de encuentro después de la noche de festejos. El Ministerio de Seguridad provincial interrumpió 18 fiestas, la mayoría por expendio de bebidas alcohólicas y presencia de menores. En domicilios particulares, solo se intervinieron encuentros cuando se detectó venta o suministro de alcohol a adolescentes.

El caso de Salta mostró otro matiz: varios colegios privados, tras manifestar su rechazo al UPD, decidieron implementar controles de alcoholemia antes del ingreso a la institución.

Según se detalló, la medida se comunicó previamente a las familias, en línea con el protocolo provincial, que deja a criterio de cada establecimiento el modo de prevención. Las escuelas públicas y privadas mantuvieron el foco en la vigilancia y la comunicación con los padres, mientras que la jornada inaugural transcurrió con normalidad en la mayoría de los casos.

Mientras tanto, el fenómeno del UPD fue objeto de análisis por parte de especialistas. La psicóloga Charo Maroño, entrevistada por Infobae en Vivo, caracterizó al evento como “un rito de finalización, también de iniciación a aquello que está por venir”. Maroño advirtió: “El aspecto negativo tiene que ver con el consumo de alcohol desenfrenado, sin la presencia de adultos responsables”.

Sobre el rol de las familias, enfatizó: “No sé si la palabra es prohibir, pero sí, tal vez dentro de los mejores escenarios, un diálogo conjunto entre padres, chicos y la escuela”. A su vez, la psicóloga subrayó el impacto físico y emocional de la falta de sueño y la necesidad de redes de cuidado para evitar riesgos. Desde la DGE mendocina, Páez remarcó la dimensión cultural del UPD y el desafío de modificar prácticas instaladas, al tiempo que valoró el acompañamiento adulto y la apertura de espacios de diálogo.

En el centro de la escena, el UPD evidenció la tensión entre la tradición festiva juvenil y la obligación institucional de garantizar la seguridad. El fenómeno, lejos de apagarse, impulsó la actualización de normativas, el despliegue de operativos de control y el diseño de estrategias de prevención en todo el país, en una jornada que puso a prueba los límites y las respuestas del sistema educativo, la familia y la comunidad.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, imputó de forma provisional a Daniel Orlando Serapio por el femicidio de Natalia Cruz, su pareja, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Serapio, que fue hallado en una cueva luego de permanecer 11 días prófugo, es considerado autor de los delitos de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género (femicidio) y de desobediencia judicial (tres hechos), en concurso real.

Durante la audiencia de imputación el acusado fue asistido por defensa particular y tras conocer los hechos endilgados, se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que permanezca detenido.

Serapio fue localizado en una cueva de la precordillera. El hombre era buscado desde el 17 de febrero, luego de que su ex pareja fuera encontrada muerta, con signos de violencia, en su casa de Campo Quijano.

Según relataron los familiares de la víctima, tuvieron que rescatarla de una habitación cerrada, luego de que fuera brutalmente agredida. Pese a que la trasladaron en un vehículo particular al hospital más cercano, su muerte se confirmó poco después de que fuera ingresada.

Respecto al tipo de lesiones que presentaba Natalia, el personal médico indicó que tenía signos compatibles con golpes y asfixia mecánica. Por este motivo, la Fiscalía solicitó que se realizara una autopsia, para determinar las causales concretas de su deceso.

El hallazgo del prófugo

Tras un exhaustivo operativo de búsqueda, Serapio fue localizado y detenido en inmediaciones de la Estación Diego de Almagro durante la noche del 27 de febrero.

Según indicaron fuentes del caso, dos investigadores de la Unidad de Investigación UGAP del CIF arribaron durante la tarde del viernes 27 a un puesto ubicado en la zona de interés. Ante la sospecha de que el acusado se encontraba en un sector elevado, iniciaron una caminata de aproximadamente dos horas hasta un segundo puesto, donde recabaron información antes de continuar el ascenso hacia una zona más alta.

Tras otras dos horas de recorrido, ya entrada la noche, llegaron a una vivienda precaria, donde hallaron indicios que los llevaron a proseguir la búsqueda hacia un sector aún más elevado y de muy difícil acceso.

Al llegar al lugar y percibir ruidos, los efectivos localizaron al acusado oculto en una de las cuevas. Tras un diálogo prolongado, lograron que desistiera de su intención de autolesionarse y se produjo su aprehensión.

Entre los elementos secuestrados en el lugar, se encontró una mochila con diversos objetos que serían de su uso personal.

Una vez aprehendido, los investigadores iniciaron una caminata nocturna de descenso junto a Serapio, hasta arribar durante la mañana del sábado 28 a la Estación Diego de Almagro, desde donde dieron aviso a las autoridades y solicitaron refuerzos.

En el operativo participaron más de sesenta efectivos de distintas áreas especiales, incluyendo el Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GORA), la División Canes, Caballería, motoristas y personal del Distrito de Prevención Nº 11.

Al procedimiento se sumaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca con binomios caninos y la Gendarmería Nacional Argentina, cuya participación se concretó tras gestiones del Ejecutivo provincial.

Poco después, el Procurador General salteño Pedro García Castiella, afirmó que el arresto era un requisito fundamental para avanzar con el proceso penal y con “el análisis en profundidad de todos los elementos recolectados, el relevamiento de la escena y las pruebas incorporadas desde el inicio de la causa”.

Por otro lado, el secretario de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda, indicó que “el hallazgo fue producto de un trabajo en conjunto con diferentes fuerzas. Colaboraron Policía Federal, Gendarmería, Defensa Civil, equipos de tecnología y la División Canes del Servicio Penitenciario de Catamarca”. Además, remarcó que el resultado responde a “un esfuerzo muy grande de muchos días”.

Respecto a la zona donde fue ubicado Serapio, señaló que implicó la demanda de un despliegue operativo singular dado que es “geográficamente inmensa y muy complicada de llegar”. Asimismo, agregó que la localización se dificultó aún más por sus “conocimientos sobre el lugar, de la zona y de los parajes”.

Luego de haber pasado más de diez días prófugo de la Justicia, Daniel Orlando Serapio, el principal sospechoso del femicidio de Natalia Cruz, se confirmó que será imputado formalmente este domingo. “Necesitábamos ya superar el tema de la profuguez del imputado y avanzar con la investigación lo más rápido posible”, afirmó el Procurador General de Salta, Pedro García Castiella.

La decisión fue informada por la fiscal de la Unidad de Femicidios, Luján Sodero Calvet, quien subrayó que la captura del acusado marcó el inicio de una nueva etapa crucial para el esclarecimiento del caso. “Está confirmado, el señor está vivo, está siendo trasladado a la Alcaldía, se lo va a imputar el día de mañana y luego de la imputación vamos a pasar las novedades”, indicó.

De esta manera, la audiencia de imputación se dará un día después de que se realizaran intensos operativos en el área de Diego de Almagro, donde Serapio fue localizado en una cueva de la precordillera. El hombre era buscado desde el 17 de febrero, luego de que su ex pareja fuera encontrada muerta, con signos de violencia, en su casa de Campo Quijano.

Según relataron los familiares de la víctima, tuvieron que rescatarla de una habitación cerrada, luego de que fuera brutalmente agredida. Pese a que la trasladaron en un vehículo particular al hospital más cercano, su muerte se confirmó poco después de que fuera ingresada.

Respecto al tipo de lesiones que presentaba Natalia, el personal médico indicó que tenía signos compatibles con golpes y asfixia mecánica. Por este motivo, la Fiscalía solicitó que se realizara una autopsia, para determinar las causales concretas de su deceso.

Tras corroborarse su identidad, la fiscal Sodero Calvet se trasladó al lugar para supervisar el procedimiento. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, en el operativo participaron más de sesenta efectivos de distintas áreas especiales, incluyendo el Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GORA), la División Canes, Caballería, motoristas y personal del Distrito de Prevención Nº 11.

Al procedimiento se sumaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca con binomios caninos y la Gendarmería Nacional Argentina, cuya participación se concretó tras gestiones del Ejecutivo provincial. Luego de la detención, la investigadora mantuvo una reunión con familiares de la víctima para brindar información precisa sobre el estado procesal de la causa.

Poco después, el Procurador General salteño Pedro García Castiella, afirmó que el arresto era un requisito fundamental para avanzar con el proceso penal y con “el análisis en profundidad de todos los elementos recolectados, el relevamiento de la escena y las pruebas incorporadas desde el inicio de la causa”.

Durante un diálogo con El Tribuno, el funcionario subrayó que “se está analizando exhaustivamente qué es lo que sucedió en este caso” y aseguró que se adoptarán “todas las medidas que sean necesarias para que el Estado esté presente en situaciones como estas y esto no vuelva a ocurrir”.

Ante las consultas sobre la recompensa ofrecida y el posible rol de la comunidad en la captura, García Castiella clarificó: “Cuando se tenga con precisión cómo fue el desencadenante de la captura, se va a analizar esa situación”. Hasta el momento, las autoridades no habían confirmado si algún aviso singular de la ciudadanía resultó determinante.

Por otro lado, el secretario de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda, indicó que “el hallazgo fue producto de un trabajo en conjunto con diferentes fuerzas. Colaboraron Policía Federal, Gendarmería, Defensa Civil, equipos de tecnología y la División Canes del Servicio Penitenciario de Catamarca”. Además, remarcó que el resultado responde a “un esfuerzo muy grande de muchos días”.

Respecto a la zona donde fue ubicado Serapio, señaló que implicó la demanda de un despliegue operativo singular dado que es “geográficamente inmensa y muy complicada de llegar”. Asimismo, agregó que la localización se dificultó aún más por sus “conocimientos sobre el lugar, de la zona y de los parajes”.

La detención de Daniel Orlando Serapio, señalado como presunto autor del femicidio de Natalia Cruz, marcó un giro en la investigación y puso punto final a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la provincia de Salta. El operativo que permitió localizar al hombre en una cueva cercana a la estación de tren Diego de Almagro, en la precordillera de la provincia, involucró una coordinación sin precedentes entre diferentes organismos de seguridad provinciales y nacionales. Permanecía prófugo desde que se descubrió el crimen.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, se trasladó personalmente al sitio donde fue hallado el imputado para supervisar el procedimiento. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, tras la detención, la fiscal mantuvo un encuentro con familiares de la víctima.

Durante esa reunión, se ofreció información precisa sobre el estado procesal de la causa y se respondieron inquietudes de los allegados.

El operativo que derivó en la detención de Serapio congregó a más de sesenta efectivos de áreas especiales, entre ellos el Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GORA), la División Canes, Caballería, equipos de motoristas y personal del Distrito de Prevención Nº 11.

La búsqueda contó, además, con la colaboración de la Unidad de Investigación UGAP del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y Defensa Civil, que desplegaron drones y un puesto móvil de monitoreo. A este despliegue se sumaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca con binomios caninos y la Gendarmería Nacional Argentina. Esta última participó a partir de gestiones directas del Ejecutivo provincial.

Durante la búsqueda, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dispuso una recompensa para motivar a quienes pudieran aportar información fehaciente sobre el paradero de Serapio: era de 10 millones de pesos.

Tanto Sáenz como el procurador general, Pedro García Castiella, estuvieron presentes en las bases del operativo. Sáenz afirmó: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, y consideró que la detención permitirá avanzar en la búsqueda de justicia.

Además, el mandatario anticipó que se evalúa si existieron fallas en la atención que debía recibir la víctima por parte del Estado, señalando que se llevan adelante acciones internas desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad. Sobre el caso en sí, la investigación continúa y se están profundizando todas las líneas de análisis.

García Castiella sostuvo que la superación del estado de prófugo permitirá profundizar el análisis de los elementos criminalísticos y el abordaje de la escena del crimen. En palabras del procurador, “toda la sociedad tiene que tener la tranquilidad y seguridad que se investiga punto por punto cada una de las alternativas del caso”.

En las últimas horas, producto de las mismas tareas investigativas, las autoridades habían logrado dar con dos personas que facilitaron la fuga de Orlando Serapio.

En lo inmediato, las personas que figuran imputadas por presunto encubrimiento seguirán sujetas al trámite de sus respectivos procesos, mientras que la investigación sobre el femicidio de Natalia Cruz seguirá su curso de manera autónoma y conforme a las etapas procesales establecidas.

Cómo fue el caso

El hecho violento tuvo lugar la tarde del martes 17 de febrero en una casa de la Manzana 79, dentro del barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano, en la provincia de Salta. En ese domicilio, la pareja protagonizó una intensa discusión cuyo motivo las autoridades aún intentan esclarecer, y la confrontación verbal terminó escalando hasta la agresión física.

Todo ocurrió en una de las habitaciones, mientras los familiares de la víctima también estaban presentes en la vivienda. Tras el ataque, la madre de la joven enfrentó al agresor al verlo salir del cuarto y cerrar la puerta con llave. El hombre admitió lo sucedido y luego se dio a la fuga.

Aunque los familiares hallaron a la mujer con vida, las lesiones que presentaba resultaron de tal gravedad que falleció poco después. En su cuerpo se observaron huellas de golpes y signos de asfixia mecánica.

El último contacto claro del sospechoso fue una llamada telefónica a su madre en la noche del asesinato. Según consta en la investigación, el hombre le dijo: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que fue corroborada por personas allegadas a la familia.

La única pista física que dejó el sospechoso fue la camioneta, encontrada abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conduce a San Antonio de los Cobres.

En el marco de la investigación por el femicidio de Natalia Cruz en Campo Quijano, provincia de Salta, las autoridades detuvieron a dos personas por facilitar la fuga de Orlando Serapio, el único sospechoso por el crimen.

Desde el inicio de la investigación, la causa quedó en manos de la Unidad de Femicidios, a cargo de la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, quien ordenó medidas inmediatas para esclarecer los hechos y dar con el hombre.

El operativo se intensificó tras la captura de dos personas adultas, quienes habrían brindado colaboración y asistencia al sospechoso durante su huida. Ambas fueron arrestadas este jueves y serán imputadas de modo provisional por el delito de encubrimiento agravado, según informó el portal del diario El Tribuno.

El pedido de detención estuvo en manos de la Fiscalía, quien elevó la solicitud al Juzgado de Garantías, señalando que los indicios recolectados vinculan a los sospechosos con maniobras para dificultar la localización de Serapio.

El brutal episodio ocurrió el martes 17 de febrero por la tarde, en una vivienda de la Manzana 79 ubicada en el barrio Luz y Fuerza de la localidad salteña de Campo Quijano. Allí, la pareja había mantenido una fuerte discusión, cuyo origen todavía sería desconocido para las autoridades. la discusión verbal escaló a una agresión física.

Todo sucedió en una de las habitaciones de la propiedad, mientras en la casa también se encontraban los familiares de la víctima. Tras el ataque, la madre de la joven lo increpó al verlo salir de la habitación y cerrarla con llave. El hombre confesó y huyó.

Pese a que la encontraron con vida, presentaba lesiones de consideración y murió al poco tiempo. Su cuerpó tenía indicios de haber sufrido golpes y asfixia mecánica.

La última señal concreta del hombre fue una llamada telefónica a su madre la noche del asesinato. Según la causa judicial, el prófugo habría reconocido: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que figura en el expediente y fue confirmada por allegados a la familia.

El único rastro físico corresponde a la camioneta abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conecta con San Antonio de los Cobres.

Este vehículo, hallado poco después de iniciada la huida, constituyó la principal pista para orientar el operativo policial, aunque hasta ahora no permitió arrojar resultados concluyentes.

La labor investigativa se desarrolla en condiciones complejas, en un entorno geográfico de Campo Quijano, caracterizado por terrenos de difícil acceso y variables climáticas adversas.

Equipos de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Salta —incluyendo grupos especiales y la División Canes—, participan en los rastrillajes. También se sumó personal de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca y agentes de Defensa Civil, conformando un despliegue coordinado a nivel interprovincial.

La fiscal Sodero Calvet informó que los operativos se planifican y ejecutan desde una base de operaciones instalada en la propia localidad, lo que permite ajustes tácticos en tiempo real y una comunicación directa con los familiares de la víctima.

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para aportar datos que contribuyan a su captura. Por este motivo, reiteraron el pedido a la comunidad para que cualquier persona que disponga de información sobre el paradero del prófugo se comunique de inmediato con el sistema de emergencias 911 o se acerque a la dependencia policial más próxima.

Al interior de la investigación, los trabajos de la Fiscalía se centraban en reconstruir los movimientos del acusado tras el hecho y determinar el grado de participación de los nuevos detenidos.

A esta altura, los investigadores consideran que Serapio se pudo haber quitado la vida en una zona inhóspita o sospechan que cuenta con ayuda externa. Esta última gana fuerza a medida que pasan los días; sobre todo, con estas nuevas detenciones. A su vez, tampoco se descarta que el hombre haya cruzado la frontera hacia Chile o Bolivia, mediante un paso clandestino.

Los procedimientos judiciales continúan bajo estricta reserva, mientras el equipo de la Unidad de Femicidios mantiene un contacto constante con los allegados de Natalia Cruz, quienes fueron informados de cada avance en la causa. Mientras tanto, la familia de la víctima exige Justicia.

Un empleado de la Municipalidad de Hurlingham y una mujer fueron imputados acusados de transporte de drogas luego de haber sido detenidos el sábado pasado en un control de Gendarmería Nacional en Rosario de la Frontera, Salta, con 34 kilos de cocaína ocultos en el auto en el que viajaban. Además, la jueza federal Mariela Giménez ordenó la prisión preventiva para ambos, fundamentado en la magnitud del cargamento y el riesgo de fuga.

El pedido de preventiva realizado por la Fiscalía de Distrito Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y con la intervención de la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, se apoyó en las pruebas ya recolectadas y en la existencia de riesgos de entorpecimiento de la investigación.

Según expuso la fiscalía, “no puede descartarse la posible vinculación de los imputados con una organización criminal de mayor envergadura”. También subrayó que restan analizar peritajes de los teléfonos celulares secuestrados y los informes de geolocalización, considerados clave para determinar si hubo más implicados.

Los imputados declararon antes de la decisión de la jueza. El hombre manifestó que había sido contratado para hacer el viaje y buscó desligar a su acompañante. Expresamente afirmó: “Fui contratado y ella no tiene nada que ver”, en alusión a la mujer, que también aseguró ser inocente y negó conocer la droga escondida en el auto.

La defensa pidió que, al menos en el caso de la mujer, se considere una medida menos dura como arresto domiciliario. Argumentó que la acusada “no tiene antecedentes penales” y que está “arraigada” en la provincia de Buenos Aires. Reclamó que debe presumirse inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Pese a estos planteos, la auxiliar fiscal Altamirano se opuso y confirmó la necesidad de mantener a ambos detenidos por el volumen de droga incautada y las medidas de prueba pendientes.

La jueza Mariela Giménez compartió el criterio del Ministerio Público Fiscal. Confirmó la prisión preventiva para los dos detenidos, rechazó el arresto domiciliario y dispuso que los peritajes de los teléfonos celulares sean prioritarios, ya que permitirán precisar la participación real de cada acusado.

La magistrada explicó que estos estudios resultarán claves para evaluar la existencia de vínculos con posibles organizaciones criminales más grandes y para entender si la pareja fue realmente contratada o si participaba activamente del tráfico de estupefacientes.

Además, Giménez habilitó otros peritajes sobre el automóvil y elementos secuestrados.

El hecho

El operativo que derivó en las detenciones ocurrió el 21 de febrero pasado, en el puesto de control de Gendarmería Nacional en El Naranjo, Rosario de la Frontera. La pareja, ambos habitantes de la provincia de Buenos Aires, circulaba en un Chevrolet Onix registrado a nombre de R.E.C.

La documentación, el relato poco claro sobre el viaje y la ausencia de equipaje acorde con un itinerario turístico encendieron las alarmas de los gendarmes. Durante la inspección, los efectivos advirtieron que el torpedo del auto había sido removido recientemente.

Frente a esas inconsistencias y ya con una orden judicial, revisaron a fondo el vehículo y hallaron 44 paquetes de cocaína, dispuestos en el compartimiento irregular. El peso total, según la pericia, llegó a 34,121 kilos, lo que representa una cifra poco habitual en operativos de ruta en la provincia.

Tras el hallazgo, se secuestró el automóvil y los teléfonos celulares de ambos ocupantes para su análisis posterior.

La causa sigue a cargo de la Fiscalía de Distrito Salta, que espera recibir los resultados de los peritajes tecnológicos solicitados. Estos informes servirán para reconstruir los contactos y movimientos de los dos detenidos y dar con eventuales responsables en la entrega o recepción de la carga.

La primera hipótesis de la fiscalía es que los implicados podrían formar parte de una red mayor de tráfico de drogas o, al menos, cumplir el papel de transportistas contratados por una estructura ajena.

Por el momento, ambos acusados seguirán bajo detención preventiva en Salta, mientras la investigación intenta dilucidar su verdadero nivel de responsabilidad.

Luego del retraso por el pedido de licencia médica de uno de los magistrados, comenzó este martes el juicio oral contra la ex Miss Orán Martina Oliva, conocida como la narcomodelo, y su pareja Joaquín Tolaba ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta.

Ambos están acusados de integrar una organización narcocriminal que se dedicaba al transporte de estupefacientes de Orán a Salta: en este caso, de 15 kilos de marihuana.

El proceso tiene en total siete imputados. De ellos, cinco acordaron penas mediante procedimientos abreviados y ya están condenados; sólo Oliva y Tolaba optaron por enfrentar la instancia de juicio oral.

La audiencia, presidida por la jueza María Alejandra Cataldi e integrada por las vocales Gabriela Catalano y Marta Liliana Snopek, tuvo como protagonistas al fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano —por la acusación—, mientras que la defensa recayó en los abogados Sebastián García y Romero por Tolaba, y Rambert Ríos en representación de Oliva.

Desde el comienzo, la fiscalía instruyó a dejar asentada la obligación de presencia física de los dos acusados en la sala de audiencia, ya que este martes no fueron. Hay que recordar que la postura del Ministerio Público fue siempre clara en insistir en rechazar la prisión domiciliaria de Oliva. Por eso, la jueza dispuso que los dos imputados deberán estar presentes en la próxima audiencia.

Luego de eso, el fiscal Villalba comenzó su alegato con una reconstrucción de la hipótesis, al decir que ambos imputados tuvieron una participación activa en el transporte de los 15 kilos de marihuana de Orán a Salta.

Luego, declaró un funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que encabezó una investigación que derivó en el arresto de los implicados en febrero del año pasado.

Por su trabajo de campo, el testigo logró detallar cómo se estructuraba la supuesta banda y cómo cada uno de los 31 viajes identificados tuvo componentes específicos como modelos de vehículos y números telefónicos, los cuales ayudaron a trazar un sistema de entregas y traslados periódicos.

La declaración incluyó la reproducción de audios y mensajes cifrados en los que se discutían pagos y rutas, ocupando más de dos horas de audiencia con el interrogatorio a cargo del fiscal y el contrainterrogatorio de la defensa.

El caso

El 5 de febrero de 2024 se dio la detención de Oliva y Tolaba mientras se trasladaban en una camioneta Toyota interceptada en el peaje de Honor y que funcionaba como “coche puntero” del Citroën C3 que trasladaba la droga.

El Citroën, al verse cercado, realizó un giro en U y siguió la ruta nacional 34 y después la ruta provincial 112 hacia Jujuy, hasta impactar en un pastizal de la finca San Juan de Dios, próxima al límite provincial.

Allí, la policía detuvo a Juan Romero en el vehículo, mientras que Carlos Leighton y Benjamín Delgado lograron escaparse momentáneamente; la detención de Leighton se produjo el 20 de febrero y la de Delgado el 29 de mayo.

La fiscalía había podido determinar que la droga siempre terminaba en una casa de la zona norte de la ciudad, en una vivienda que era habitada por Burgos: el principal comprador de los estupefacientes que transportaba la organización narcocriminal y que le permitía abastecer al narcomenudeo.

Por cada entrega que Tolaba le hacía, pagaba una suma de 6 millones de pesos. Esa suma fue hallada el día de su detención en su casa. En su poder, tenía 250 gramos de marihuana.

La jornada de juicio se cerró poco después de las 13:20, con la decisión de la jueza de pasar a un cuarto intermedio. El debate se reanudará el próximo martes, con los dos acusados obligatoriamente presentes.

Un movimiento sísmico de magnitud 3.9 sacudió la zona de los Valles de Jujuy este martes, despertando inquietud en algunos vecinos de las localidades como Palpalá, San Salvador de Jujuy y áreas cercanas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro del temblor se ubicó a 14 kilómetros al sur de la capital jujeña, con una profundidad de 20 kilómetros. El fenómeno se sintió poco después de las 13:30, según los registros oficiales y los reportes de medios locales.

Las primeras reacciones no tardaron en aparecer. Vecinos de distintos puntos de la provincia comenzaron a compartir sus experiencias en redes sociales, donde describieron la vibración como breve, aunque perceptible.

Muchos de estos testimonios coincidieron en señalar que el temblor se notó con mayor intensidad en Palpalá y sus alrededores. El portal Todo Jujuy informó que, pese a la preocupación inicial, no se registraron daños materiales ni personas afectadas.

El evento no pasó inadvertido en la provincia de Salta y en localidades próximas a la ciudad homónima, donde también se percibió el movimiento telúrico. Según un reporte de El Tribuno, los habitantes de Salta manifestaron su sorpresa a través de plataformas digitales, multiplicando preguntas como “¿Temblor en Salta?”.

Las descripciones más recurrentes apuntaron a un movimiento corto, pero lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar puertas, ventanas y objetos livianos.

La profundidad intermedia del evento habría facilitado que la sacudida se sintiera de forma nítida en la superficie, a pesar de que la magnitud no alcanzó niveles elevados. El INPRES detalló, además, que el epicentro se situó también a 55 kilómetros al sur de Tumbaya y a 56 kilómetros al norte de la ciudad de Salta.

De acuerdo con la escala Mercalli, que es utilizada por el organismo para medir la intensidad, en Palpalá y en la ciudad de Jujuy fue medio. En Ciudad de Salta, San Pedro de Jujuy y alrededores fue entre medio y débil, mientras que en Tilcara y localidades más cercanas a la Quebrada de Huamhuaca fue muy débil.

En la región del noroeste argentino (NOA), estos movimientos son frecuentes debido a la actividad tectónica asociada a la Cordillera de los Andes. Según El Tribuno, este tipo de fenómenos se consideran habituales, aunque cada episodio genera un revuelo inmediato en la población.

Según informó Todo Jujuy, expertos locales detallaron que las zonas clasificadas como “más peligrosas” por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) concentran el mayor riesgo sísmico en el sector oriental del territorio jujeño.

El análisis de los especialistas Javier Elortegui y Waldo Chaile permite entender cómo la provincia se estructura en tres unidades morfoestructurales, cada una con características geológicas propias. Chaile, exdocente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y exdirector del Instituto de Geología y Minería, indicó que la división responde a estudios geológicos que identifican áreas con formas rectangulares orientadas de norte a sur. Esta segmentación facilita la identificación de niveles de peligrosidad y la comprensión de la distribución de los sismos.

El sector occidental, conocido como Puna, limita con Chile y se caracteriza por la presencia de sismos profundos, resultado directo de la colisión entre la placa oceánica y la placa continental sudamericana. Elortegui, investigador del Instituto de Geología y Minería y profesor en la UNJu, explicó a Todo Jujuy que esta zona está influida por la geodinámica interna de la Tierra, responsable del movimiento de placas y la generación de terremotos.

En la parte central de la provincia se ubica la Cordillera Oriental, que incluye la reconocida Quebrada de Humahuaca. Esta franja funciona como una transición sísmica entre la Puna y las Sierras Subandinas, con límites bien definidos: al oeste la Puna y al este las Sierras Subandinas. Esta unidad también se ve afectada por la actividad tectónica, aunque presenta características intermedias.

El sector oriental agrupa las Sierras Subandinas, donde se localizan ciudades como San Salvador de Jujuy, Los Pericos, y abarcan regiones como el Ramal y Sierras de Santa Bárbara. En esta área, el INPRES la ubica en la zona 3 de su escala de peligrosidad, considerada de “alto riesgo sísmico”.

Entre los departamentos incluidos en esta clasificación figuran Tilcara, Tumbaya, Valle Grande, General Belgrano, Palpalá, San Antonio, El Carmen, Santa Bárbara, Ledesma y San Pedro. La densidad poblacional en estos puntos incrementa la atención sobre la necesidad de prevención y monitoreo constante.

A seis días del femicidio de Natalia Cruz en el barrio Luz y Fuerza, la investigación por la fuga de Orlando Serapio, principal sospechoso del femicidio, se convirtió en una carrera contra el tiempo y la incertidumbre. Una hipótesis sobre el paradero del asesino comienza a cobrar fuerza.

El caso, que sacudió a la localidad de Campo Quijano, expuso limitaciones en los operativos de búsqueda y generó fuertes cuestionamientos sobre el manejo judicial y policial.

La última señal concreta de Serapio fue una llamada telefónica a su madre la noche del asesinato. Según la causa judicial, el prófugo habría reconocido: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que figura en el expediente y fue confirmada por allegados a la familia. Desde ese momento, el hombre, acusado formalmente de homicidio doblemente agravado, permanece fuera del alcance de las autoridades.

El único rastro físico corresponde a la camioneta abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conecta con San Antonio de los Cobres.

Este vehículo, hallado poco después de iniciada la huida, constituyó la principal pista para orientar el operativo policial, aunque hasta ahora no permitió arrojar resultados concluyentes.

La búsqueda, según fuentes consultadas por El Tribuno, se centró en ese corredor vial y descartó la posibilidad de que el sospechoso hubiera optado por el camino a El Rosal, debido al mal estado del sendero.

Hasta el momento, los investigadores manejan dos hipótesis sobre su paradero. Por un lado, consideran que Serapio se haya quitado la vida en una zona inhóspita; por otro, sospechan que cuenta con ayuda externa. Esta última gana fuerza a medida que pasan los días y no se descarta un eventual cruce clandestino hacia Chile o Bolivia.

Tras el hallazgo del vehículo, el rastrillaje se intensfició, aunque su duración fue limitada por las condiciones climáticas y la falta de recursos policiales. El despliegue careció de tecnología avanzada y personal suficiente, factores que diluyeron el impulso inicial de la búsqueda.

Las críticas al accionar judicial no tardaron en aparecer. Familiares de la víctima y organizaciones sociales reclamaron la falta de medidas en la vivienda de los padres de Serapio: el allanamiento fue breve, no se confiscaron teléfonos celulares y no se activaron herramientas tecnológicas para rastrear comunicaciones. La propia madre admitió ante la Justicia haber hablado con su hijo tras el crimen, pero ese testimonio no derivó en acciones concretas para profundizar la investigación.

Un elemento que refuerza la hipótesis de una fuga planificada es el hecho de que Serapio huyó con su teléfono móvil, ropa de abrigo y objetos personales. Para los investigadores, no se trató de una reacción improvisada, sino de un escape ejecutado por alguien que conoce el terreno y que habría trazado una ruta de salida con anticipación.

El contexto de la huida plantea desafíos adicionales para las fuerzas de seguridad. El área de Campo Quijano y la región hacia la frontera presentan condiciones geográficas complejas, con zonas de difícil acceso y escasa conectividad, lo que complica el avance de las patrullas. Además, la proximidad a pasos fronterizos no habilitados refuerza las sospechas de una posible salida del país.

Mientras tanto, la comunidad de Campo Quijano se mantiene movilizada. Familiares de Natalia Cruz, acompañados por vecinos y organizaciones feministas, realizaron una nueva marcha silenciosa exigiendo justicia y rapidez en la captura del sospechoso. El reclamo se replicó en redes sociales y generó adhesiones en otras localidades de la provincia.

La causa judicial permanece bajo la órbita de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, que por estas horas evalúa nuevas medidas. Se analiza la incorporación de recursos tecnológicos y la ampliación del radio de búsqueda, aunque no se precisaron plazos para la ejecución de estos operativos.

Por el momento, no surgieron testigos que hayan visto a Serapio tras el abandono de la camioneta, y tampoco se detectaron movimientos bancarios ni registros migratorios a su nombre. Las autoridades insisten en que cualquier dato relevante puede resultar clave e instaron a la población a comunicarse de forma anónima ante cualquier información sobre el paradero.

Un feroz temporal azotó a la provincia de Salta en las últimas horas y afectó gravemente a barrios enteros, lo que obligó a decenas de familias a abandonar sus hogares. El fenómeno meteorológico igualó casi el promedio mensual en apenas tres semanas y activó la asistencia oficial en múltiples frentes.

Dado el panorama, desde el Gobierno de Salta se activó un operativo de emergencia en conjunto con la Policía, la Subsecretaría de Defensa Civil y bomberos voluntarios, desplegando equipos multidisciplinarios en coordinación con municipios de distintas localidades como Salta Capital, Rosario de la Frontera, Cerrillos, La Caldera y Tartagal. De acuerdo con información oficial, la asistencia se focalizó en los barrios más afectados, donde el ingreso de agua a las viviendas provocó evacuaciones y daños materiales.

En el barrio Norte Grande, la policía intervino para evacuar a una mujer y tres menores, entre ellos un bebé de seis meses, tras la inundación de su casa. También en el barrio Portezuelo se registraron domicilios anegados, mientras que en el barrio 13 de Abril fue necesario asistir a un conductor cuyo automóvil quedó atrapado en un canal. Las lluvias intensas generaron la crecida del río Arenales, impactando en zonas como Villa Costanera y los asentamientos Albergues I, II, III y IV, donde diez familias debieron dejar sus hogares y fueron trasladadas al centro vecinal local para recibir apoyo social, según detalló el Gobierno provincial.

Uno de los sectores más golpeados resultó ser San Francisco Solano, en el sudeste de la ciudad, donde más de 60 familias enfrentaron anegamientos, calles intransitables y múltiples pérdidas materiales. La situación obligó a evacuar a 90 adultos y 87 menores al Centro de Integración Comunitaria (CIC) del barrio Santa Cecilia. Varias familias improvisaron barreras de contención con bolsas de arena y recurrieron a comedores comunitarios, como “Juntos Podemos”, para recibir ayuda alimentaria durante la emergencia.

La problemática se repitió en Cerrillos, donde la crecida del río Ancho dificultó el tránsito y requirió la intervención de bomberos voluntarios y áreas municipales para asistir a los damnificados. En Rosario de la Frontera, las tareas de evacuación incluyeron el traslado de cuatro personas al Complejo Municipal, mientras que en El Galpón el Comité de Emergencia Climática del Gobierno Provincial brindó refugio a las personas afectadas en el Complejo Polideportivo Municipal, donde aún permanecían alojadas cuatro personas durante la mañana, de acuerdo con la información oficial.

Los efectos del temporal también se hicieron sentir sobre la red vial. Un desmoronamiento de cerro en La Caldera, sobre la Ruta Nacional 9 a la altura del kilómetro 1623, dejó sedimentos que obstruyeron el tránsito vehicular. En Tartagal, un hombre y un niño de 10 años fueron rescatados luego de que el vehículo en el que circulaban fuera arrastrado por la corriente sobre la Ruta Nacional 34, en el kilómetro 1434.

La situación se volvió aún más compleja en las rutas que conectan el interior provincial. El medio salteño El Tribuno reportó que un deslizamiento de barro y piedras en El Mollar, sobre la Ruta Nacional 51, bloqueó la calzada y dejó a varios vehículos varados durante la jornada del martes.

La combinación de lluvias sostenidas y suelos saturados derivó en un alud que cubrió la cinta asfáltica, interrumpiendo el tránsito en un corredor clave para la comunicación entre el Valle de Lerma y la Puna salteña. Tras la intervención de maquinaria vial, la circulación fue restablecida, aunque las autoridades recomendaron evitar la zona hasta completar los trabajos de limpieza.

En el Valle de Lerma, la Ruta Nacional 68 representó un desafío adicional para los automovilistas: tramos con baches profundos, ocultos por el agua, ocasionaron daños en numerosos vehículos, y algunos automóviles pequeños quedaron inutilizados. El tramo entre Cerrillos y La Falda se volvió especialmente riesgoso para la conducción, según el testimonio recogido por el medio local.

Las lluvias también provocaron el desborde de canales y ríos secundarios en distintos puntos de la ciudad y el área metropolitana. En barrio Belgrano, el desborde del canal de avenida Patrón Costas generó una fuerte correntada, mientras que la crecida del río Ancho afectó a sectores cercanos, incrementando la preocupación entre los vecinos y motivando nuevas tareas de prevención.

Las consecuencias del temporal no se limitaron a pérdidas materiales. Los residentes de las zonas más vulnerables expresaron inquietudes sobre el riesgo sanitario ante el estancamiento de agua, la proliferación de mosquitos y la posibilidad de enfermedades asociadas. La asistencia también incluyó el apoyo de trabajadores municipales de bienestar animal, que colaboraron con mascotas y animales de granja en las viviendas afectadas.

El pronóstico meteorológico no ofrece alivio inmediato. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan nuevas precipitaciones en los próximos días, lo que mantiene en alerta a las familias de San Francisco Solano y otras zonas afectadas.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a criticar este domingo a Cristina Kirchner por el control que ejerce en las provincias como presidenta del Partido Justicialista (PJ) nacional. El salteño le pidió a la ex jefa de Estado que vuelva a concentrarse en un armado propio y “no siga destruyendo” al peronismo.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario afirmó que la actual titular del espacio a nivel nacional y sus allegados deciden “a dedo” las autoridades partidarias en las jurisdicciones del norte del país.

En este sentido, el dirigente denunció que “el PJ nacional sigue manejándose como una pyme familiar” desde la capital argentina y apuntó tanto contra ella como contra Máximo Kirchner.

“Su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones”, escribió el salteño.

En su posteo, el gobernador preguntó “por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en Salta” y por qué son la ex presidenta y su entorno los que “deciden a dedo quién va a conducir el PJ en estas provincias y no sus afiliados”.

“Vuelvan al Partido de la Victoria, no sigan destruyendo al PJ. Cambiaron las cosas, ahora deciden por Zoom las intervenciones partidarias, las sanciones y expulsiones. Cambió todo, pero en el PJ nacional siguen los mismos de siempre. Le llaman renovación al reciclaje. La Patria somos todos, pero el PJ son ellos”, cerró Sáenz.

El conflicto por la conducción del espacio en Jujuy y Salta se intensificó luego de que la intervención nacional, avalada por CFK, suspendiera el proceso electoral y desplazara a la senadora jujeña Carolina Moisés de la afiliación partidaria.

De hecho, el mandatario salteño escribió este mensaje en las redes sociales citando un posteo de la legisladora, que también sostuvo que, como está ahora, “el peronismo nunca podrá ser gobierno” y “en los extremos también se diluyen como oposición”.

Recientemente, Moisés había considerado la decisión sobre el partido como “un acto de cobardía total” y solicitó la revisión de la medida. La suspensión de las internas mantiene paralizado el debate interno y dificulta la búsqueda de consensos.

En este contexto, Sáenz reiteró sus críticas a la conducción nacional del partido y acusó a Cristina Kirchner de ejercer “la dictadura del pensamiento del PJ”. El gobernador sostuvo que quienes disienten con la línea política dominante sufren sanciones y expulsiones, e insistió en la necesidad de renovar el justicialismo provincial a través de mecanismos democráticos.

El salteño ha mantenido esta postura crítica desde 2025 y busca robustecer su posición local frente a la posibilidad de articular un frente opositor en las próximas elecciones.

El respaldo a la senadora Moisés y la coordinación política con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) evidencian la consolidación de un bloque alternativo al kirchnerismo en el norte.

Los cuatro mandatarios provinciales impulsaron la creación del interbloque Convicción Federal en el Senado, desde donde intentan fortalecer la autonomía regional y construir una agenda propia.

La intervención del PJ salteño, bajo la gestión de María Luz Alonso y Sergio Berni —ambos cercanos a Cristina Kirchner—, sigue generando disputas sobre el padrón partidario y los aportes de funcionarios vinculados a la administración provincial. En este escenario, la falta de internas y el control centralizado de las decisiones partidarias profundizan la fractura dentro del peronismo regional.

El mensaje de Sáenz concluyó con una advertencia: “La Patria somos todos, pero el PJ son ellos”, en referencia a la dirigencia nacional. Las diferencias persistentes entre los sectores del peronismo del interior y la conducción kirchnerista configuran un escenario político incierto en el norte argentino.

A cuatro días del brutal femicidio de Natalia Cruz (35), la mujer que fue asesinada a golpes por su pareja O. S. en Salta, las autoridades del Valle de Lerma confirmaron el hallazgo de la camioneta vinculada a la fuga del principal acusado. Sin embargo, no se encontraron indicios de su paradero, por lo que continuará activo el operativo de captura.

El descubrimiento se dio el viernes, cuando la Ford EcoSport de color gris fue localizada entre los kilómetros 45 y 47 de la Ruta Nacional 51, en un tramo comprendido en la zona de Chorrillos. Según describieron los agentes policiales, el vehículo estaba oculto entre la vegetación y fue un baqueano quien advirtió su presencia e informó al puesto de Gendarmería de Ingeniero Maury.

Esta nueva evidencia permitió a los investigadores delimitar el área de rastrillaje, por lo que se intensificó el patrullaje en la zona. Mientras el operativo se profundiza, la familia de la víctima expuso públicamente las señales de alarma que precedieron el crimen.

Según relató la madre de Natalia durante una entrevista para el streaming de Qué Pasa Salta, durante años mantuvo una relación de cordialidad con el acusado, pero comenzó a notar cambios en la situación doméstica de su hija. “Se veía que últimamente mi hija sufría mucho”, recordó.

Pese a los intentos de diálogo y acompañamiento que intentaban brindarle desde el entorno familiar, indicó que su hija minimizaba los hechos y expresaba confianza en que podría controlar la situación. “Siempre tratamos de hablar con ella. Yo no sé si vivía amenazada o lo quería mucho. Queríamos hablarle de él y ella decía que lo podía manejar. Quizás tenía la certeza de que cambiaría”, evaluó.

De hecho, Natalia contaba con una medida de restricción contra el hombre, quien buscaba dar una imagen de persona enamorada ante la familia. Según la mujer, en más de una ocasión le había dicho: “Yo la amo a su hija”.

No obstante, confirmó que el día del crimen la mujer tenía la intención de viajar a Salta capital para fortalecer la perimetral y pedir protección, pero que no le permitieron solicitarlo porque presuntamente no había personal disponible en ese momento.

Cerca de las 15:30 horas, recordó que Natalia había llamado a una de sus hermanas para pedirle una pastilla, debido a que tenía dolor de cabeza. “Sale Orlando de la casa y le dice a mi hija: ‘La loca se fue por allá’. Mi hija dice que lo sintió medio raro, que se le veían los ojos rojos y que temblaba”, describió sobre el estado en el que se encontraba el sospechoso antes del ataque.

Después de este episodio, la joven avisó a otra de sus hermanas y se dirigieron juntas a la vivienda. Al llegar, vieron que el hombre se retiraba en su camioneta y encontraron dificultades para ingresar. Sin embargo, lograron acceder por una puerta trasera entreabierta.

Al entrar al dormitorio, descubrieron a Natalia tendida en el piso, cubierta con una sábana y con signos visibles de violencia en el cuello. “Empezaron a gritar: ‘Mamá, llamen a la Policía. Natalia se está muriendo. O. S. le hizo daño’”, reconstruyó la mujer.

La familia se movió rápidamente para trasladar a Natalia al hospital. Fue así que consiguieron la ayuda de un vecino y subieron a la víctima a una camioneta. En esos minutos críticos, la familia también detectó la presencia de vehículos de allegados al acusado, lo que les dificultó el acceso y los obligó a buscar alternativas para entrar y salir de la vivienda.

“Subimos el cuerpo a la camioneta, todavía respiraba”, indicó la mujer sobre los leves signos vitales que presentaba su hija. No obstante, la madre de la joven rememoró: “Avanzamos con mucho apuro. Llegamos al hospital, la bajamos, la pusieron en la camilla y se fueron para adentro. Después pasamos y nos dieron la noticia de que ya no vivía”.

De acuerdo con los signos detectados por el personal médico, la víctima presentaba señales de lesiones, golpes y asfixia mecánica. Mientras tanto, se aguardan los resultados de la autopsia que precisarán las causas y permitirán confirmar o descartar las primeras hipótesis.

Tras el suceso, las autoridades activaron el protocolo UFEM al constatarse la muerte de Natalia. Asimismo, la causa quedó a cargo del fiscal penal Gabriel González de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien dispuso que la Unidad de Investigación UGAP del DIC se ocupe de la recolección de pruebas.

La Policía Federl decomisó más de 25 kilos de cocaína en dos operativos llevados a cabo en las provincias de Santiago del Estero y Salta.

Según pudo saber Infobae, en una operación realizada en la provincia de Santiago del Estero, personal de las fuerzas de seguridad federales detuvo a un ómnibus de larga distancia que transitaba por la Ruta Nacional N° 34, a la altura de Pozo Hondo, a unos 60 kilómetros de la capital provincial.

La jornada comenzó con la implementación de un control vehicular, dispuesto por la Jefatura de la dependencia interviniente, tras recibir información que señalaba el movimiento sospechoso de un vehículo de pasajeros en la zona. El despliegue incluyó el uso de un can detector de narcóticos y la presencia de personal especializado, en el marco de un procedimiento preventivo orientado a interceptar posibles cargas ilegales.

Alrededor de las primeras horas del día, el control detuvo la marcha de un ómnibus Mercedes Benz, modelo O-500 RSD, identificado con la inscripción “OJEDA TOURS MIX” y dominio JRN916, en el que viajaban quince personas, incluidos dos choferes y una coordinadora. El conductor indicó que el recorrido había partido de la ciudad de Orán, Salta, con destino a la capital de la provincia de Córdoba.

Durante la inspección inicial, el binomio cinotécnico compuesto por el can “D123” Yana marcó la posible presencia de drogas en una de las bodegas, ubicada debajo de un escalón cubierto por una tapa metálica, en la zona donde se hallan las baterías del vehículo. Personal de las fuerzas, en presencia de testigos, procedió a la apertura del compartimiento y extrajo dos cajas de cartón selladas con cinta engomada.

En el interior de las cajas se hallaron doce “ladrillos” compactos. El procedimiento incluyó la realización de pruebas orientativas de campo, que dieron resultado positivo para cocaína. La droga fue inmediatamente incautada, conforme dispuso el magistrado de turno, quien también ordenó la detención del conductor, los choferes y la coordinadora, así como el secuestro preventivo del ómnibus completo y su traslado para una revisión exhaustiva en sede policial. Finalmente, el pesaje total arrojó que se trataba de una carga de 14 kilos.

De acuerdo con la información recabada, la inspección posterior del vehículo y de las pertenencias de los pasajeros no arrojó resultados positivos adicionales. El resto de los ocupantes del ómnibus no fue objeto de medidas restrictivas, por decisión del magistrado.

Operativo en la terminal de Orán por los Carnavales

La vigilancia sobre el transporte interprovincial se intensificó durante el feriado de Carnaval en San Ramón de la Nueva Orán, donde las fuerzas de seguridad reforzaron los controles en la terminal local.

El operativo obedeció a directivas emitidas por la Superioridad y contó con el apoyo del personal del Plan Güemes, con el objetivo de detectar movimientos irregulares en colectivos de larga distancia que circulaban en la región.

El ambiente de la terminal reflejaba el flujo constante de pasajeros propios de un fin de semana largo. Sin embargo, la atención de los agentes se centró en una unidad de la empresa “BALUT”, cuando uno de los pasajeros comenzó a mostrar señales de nerviosismo frente a las preguntas del personal. La actitud titubeante del individuo llevó a los agentes a solicitar autorización judicial, tras lo cual se convocó a dos testigos para proceder a la requisa de sus pertenencias.

Durante la inspección, en presencia de los testigos, se hallaron en el bolso de mano del pasajero varios paquetes con relieve de un delfín, un sello que, según fuentes de la investigación, podría vincularse al denominado “Clan del Delfín Castedo”, una organización señalada previamente en causas relacionadas con el tráfico de drogas en el norte argentino.

De acuerdo con información oficial a la que pud acceder Infobae, el itinerario declarado por el sospechoso incluía los tramos Aguas Blancas - Orán y Orán - Barrio de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), trayectos identificados como corredores habituales para el traslado de estupefacientes.

Consultada la Fiscalía actuante, se dispuso la detención del individuo y el secuestro de los elementos hallados en su poder.

Las autoridades no revelaron la identidad del pasajero, aunque confirmaron que se trata de un hombre mayor de edad, residente en el norte del país. La decisión judicial incluyó la apertura de una investigación para determinar el contenido exacto de los paquetes y su posible conexión con la organización criminal mencionada.

El contenido de los paquetes será sometido a peritajes para determinar la sustancia, pero se intuye que se trata de más de 10 kilos de cocaína.

La investigación permanece abierta y las autoridades trabajan en la reconstrucción del trayecto realizado por el acusado, así como en la identificación de posibles contactos en los destinos mencionados.

Y hasta el momento, el resto de los pasajeros del colectivo inspeccionado no fue objeto de medidas judiciales, según precisaron fuentes oficiales.

Manuel Belgrano había encarado la campaña con nuevos bríos luego del triunfo en Tucumán. Con la ayuda de Buenos Aires, inició lo que se llamó la segunda campaña al Alto Perú, en un momento impensable para el enemigo: las fuertes lluvias de verano que desbordaban los ríos, transformaban los caminos en intransitables. El avance de un ejército en esas condiciones era casi imposible.

Sin embargo, el abogado de 42 años devenido en general tenía otros planes. Marchó hacia Salta y en el trayecto el 13 de febrero a orillas del río Pasaje, sus soldados juraron fidelidad a la bandera que había creado en las barrancas del Paraná en Rosario. Desde entonces el curso de agua pasó a llamarse Juramento.

El general Pío Tristán se sorprendió al enterarse del avance de Belgrano. Ordenó concentrar sus fuerzas en el sudeste, el Portezuelo, la única entrada lógica a la ciudad.

Ambos jefes eran viejos conocidos. Con Tristán, un peruano de 39 años, habían sido compañeros de estudio en Salamanca. Los recuerdos recientes no eran de los mejores: en septiembre del año anterior había sido derrotado por Belgrano en la larga batalla en Tucumán.

Desde el mirador de la finca de Castañares es difícil imaginarse hoy cómo fue el combate. Por entonces, esa hacienda estaba a una legua al norte de la ciudad y ahora quedó encerrada en el barrio 20 de Febrero. A sus espaldas la Quebrada de Chachapoya y al frente, edificios, casas, autopista y árboles que colonizaron para siempre el escenario donde ambos ejércitos chocaron.

Cuando conoció la disposición del ejército enemigo, Belgrano supo que estaba en una encrucijada. Si forzaba su entrada por el Portezuelo iba a una derrota segura. Cuando aún no había definido una estrategia, la solución se la llevó Apolinario Chocolate Saravia, hijo del coronel Pedro Saravia, dueño de la hacienda de Castañares.

Apolinario, veterano de Suipacha, Huaqui y Tucumán, sabía de un paso conocido por pocos por la quebrada de Chachapoya por donde podría pasar el ejército y así cortar la retirada de las fuerzas enemigas e invertir el frente de batalla.

Le hizo caso y en medio de una fuerte lluvia, sus fuerzas pasaron por la quebrada, entre peligrosos barrancos y sendas mínimas, sorteando un escabroso laberinto de vegetación. Debieron rellenar parte del trayecto para poder mover las doce piezas de artillería y las cincuenta carretas.

Cuando el 19 de febrero por la mañana Belgrano llegó a la hacienda de Castañares, tenía fiebre y se quejaba de fuertes dolores estomacales. Habían preparado un carruaje por si el día de la batalla no pudiese montar.

En una de las habitaciones que le facilitaron, planeó cómo dar la pelea. Le sirvieron los datos brindados por peones que pasaron frente al enemigo simulando transportar leña, y que detallaron cómo lo esperaban.

Mientras tanto, Pío Tristán planificó la batalla en la ciudad de Salta, en la casa que actualmente es el Museo Casa de Hernández. Cuando se enteró de los movimientos de los patriotas, exclamó sorprendido “sólo que fueran pájaros”. Debió redistribuir sus fuerzas y colocarlas en el campo de La Tablada, al norte de la ciudad, con su derecha recostada sobre el Cerro San Bernardo.

Con un marco de una lluvia torrencial, Belgrano hizo la presentación de la bandera de su creación, que llevaba su ayudante Mariano Benítez. Por primera vez iba a flamear en un campo de batalla.

El sábado 20 amaneció con sol y al mediodía empezó el intercambio de fuego de artillería.

Al comienzo de las hostilidades Eustoquio Díaz Vélez, al mando del ala derecha, fue herido de bala en el muslo izquierdo y debió ser reemplazado por el teniente coronel Manuel Dorrego. Junto a Cornelio Zelaya se trenzaron en un violento combate con la caballería realista, que los obligó a retroceder.

Pero el avance de la caballería enemiga fue frenado por el fuego del cuerpo de Pardos y Morenos.

Belgrano le ordenó a Dorrego llevarse por delante al enemigo, pero sin cruzarse con el fuego de la artillería patriota, quien lo apoyó en un arrollador avance que hizo desbandar el ala izquierda española. Totalmente en caos, huyeron hacia la ciudad, perseguidos por los cuerpos de Dragones y Decididos de Salta.

En el mismo tiempo, fracasó un avance del regimiento 1 sobre tiradores españoles que estaban sobre la falda del cerro San Bernardo mientras Pío Tristán intentaba, sin suerte, ocupar el vacío que habían dejado sus soldados que habían huido.

El centro realista quedó rodeado y tenía poca capacidad de maniobra por un profundo zanjón. Recibieron violentas cargas de Dorrego, de Carlos Forest y de José Superí. También huyeron a la ciudad, abandonando la artillería.

El último foco enemigo resistía en la falda del San Bernardo. Si bien estaba en una fuerte posición, decidieron retirarse cuando comprobaron que el resto de las fuerzas ya lo habían hecho.

Los españoles irrumpieron en la ciudad, escondiéndose en casas particulares y en iglesias. Los soldados no hacían caso a las órdenes dadas por sus superiores. Era un sálvese quien pueda.

Los patriotas llegaron a una cuadra de la plaza principal, mientras que en el campo de batalla habían atado a un palo el poncho celeste y blanco de Superí y lo agitaban, en señal de victoria. El combate había durado cerca de tres horas.

Mientras las campanas de La Merced anunciaban la victoria, el coronel enemigo Felipe de La Hera fue el encargado de pactar las condiciones de rendición. Belgrano sorprendió con su decisión: decidió dejar en libertad a 2776 prisioneros, les ofreció pasarse de bando y a los que se negasen, deberían jurar no volver a tomar las armas contra la Revolución. Belgrano quiso diferenciarse de los realistas en el trato al enemigo, a fin de ser bien recibido en el Alto Perú.

Esta decisión fue muy cuestionada. “Siempre se divierten los que están lejos de las balas y no ven la sangre de sus hermanos, ni oyen los clamores de los infieles heridos; también son esos los más a propósito para criticar las determinaciones de los jefes”, escribió a Feliciano Chiclana por las críticas que recibió por semejante decisión.

Belgrano rechazó la espada que le entregó Tristán y lo abrazó. Ordenó abrir una fosa común en el campo de batalla, donde fueron enterrados los muertos de ambos bandos. El lugar quedó señalizado por una cruz de madera, que con los años se conservó como reliquia. Hizo colocar la leyenda “Vencedores y vencidos en Salta en 20 de febrero de 1813″.

Esa vieja cruz fue reemplazada varias veces hasta que se decidió construir un monumento, inaugurado en 1913.

El 21 los españoles, luego de entregar el armamento, los cañones y el parque, abandonaron la ciudad. Muchos de ellos volverían a tomar las armas, ya que un obispo español no tardó en liberarlos de ese juramento.

Por sus resonantes victorias, el gobierno premió a Belgrano con 40 mil pesos, algo así como ocho kilos de oro. Dividió esa fortuna en cuatro para la construcción de cuatro escuelas a construirse en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Tan entusiasmado estaba Belgrano que el 25 de mayo de 1813 elaboró un reglamento para dichas escuelas, en donde no dejó ningún detalle al azar. Equiparaba al docente al nivel de Padre de la Patria.

No llegaría a verlas. La de Tarija se construiría en 1974, la de Tucumán, en 1998 y la de Jujuy, en 2004, mientras que la de Santiago del Estero se habría levantado con fondos provinciales.

Ese mismo año Belgrano sufriría los reveses de Vilcapugio y Ayohuma, la frontera norte tambalearía, pero los hechos demostraron que no todo estaba perdido.

Un juicio por transporte de estupefacientes en Salta expuso la operatoria interna de una organización liderada en su mayoría por gendarmes, quienes habrían aprovechado la cobertura institucional y emplearon sofisticadas estrategias para trasladar 334 kilos de cocaína por rutas nacionales. La exhibición de mensajes de audio durante la audiencia del pasado 6 de febrero permitió a la fiscalía reforzar la acusación con detalles sobre la planificación, el reparto de beneficios y las maniobras diseñadas para sortear controles, lo que impactó a los jueces y asistentes, según informó el Ministerio Público Fiscal.

Tras reproducirse estos audios, ni las defensas repreguntaron ni los imputados reaccionaron. Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que estos registros confirmaban los roles de cada involucrado no solo en los transportes juzgados, sino también en traslados previos, consolidando la hipótesis de una estructura criminal con distribución de tareas claramente definida.

Las grabaciones extraídas de los celulares secuestrados y presentadas ante el Tribunal Oral Federal 2 de Salta muestran cómo los acusados discutían sobre rutas a tomar, la forma de acondicionar la droga y las precauciones necesarias para evitar ser detectados. Uno de los audios señala: “Vos mirás los detalles, ¿viste? Ahí es donde te llama la atención y ya querés chusmear y mirar ahí, porque el milico es inquieto, ¿viste? Entonces, hay que evitar eso, tiene que estar lo más original posible y bien hecho el trabajo”.

Otros fragmentos mencionan apodos como “Los Peluches” y reparten tareas para que los traslados pasen desapercibidos: “Vos lo ves de afuera y está impecable, le hacen un cajoncito adentro, le comen la gomaespuma, ¿viste?, y atrás en el cierre, vos abrís y ahí entran unos cuantos ‘celulares’”.

El primer alférez Octavio Mansilla, integrante de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) Salta, contribuyó a interpretar estos mensajes y ubicar a cada imputado en el entramado delictivo. Mansilla expuso ante el tribunal cómo las pruebas digitales permitieron reconstruir las rutas, identificar apodos, maniobras y la adquisición de vehículos específicamente para el tráfico de drogas.

El grupo de WhatsApp operaba como centro de comando, en el que los miembros discutían ajustes en el ocultamiento de la cocaína, el uso de vehículos ploteados y legales, y los argumentos a emplear frente a los controles. En otro audio, se aconseja: “Y ahí le podés decir que te estás yendo a Corrientes, Misiones. Si preguntan, eh… no sé, tu viejo enfermo, enferma, tuvo un accidente, lo que sea. Ahí le ponés la historia que vos quieras”.

Además de instrucciones para evitar controles, los audios detallan ganancias, inversión en camionetas y la exigencia de mantener la discreción. En un extracto directo, se reparten utilidades: “Decile a ‘Pichón’ que le voy a pedir también 6, ¿viste?, y ahí como hablamos: 2 para vos, 2 para ‘Pichón’ y 2 para mí, y ahí ya ‘Pichón’ recupera lo de la cubierta”.

El uso de la pertenencia o proximidad a Gendarmería Nacional formaba parte de la estrategia para sortear los controles. Algunos audios desaconsejan emplear vehículos robados o “mellizos” y resaltan la necesidad de usar vehículos legales y en condiciones originales para no despertar sospechas.

Siete acusados enfrentan cargos por transporte agravado de estupefacientes. Entre ellos figuran los hermanos Richar Ariel Delgado y Diego Hernán Delgado, Gabriel Osvaldo Ruíz Apaza, Adrián Emilio Escarlata, Jonathan Leonel Ostapowicz y los partícipes Federico Rubén Batista y Francisco Agustín Flores. Excepto Ostapowicz, comerciante, todos tenían relación con la fuerza: algunos en actividad, otros exonerados o aspirantes.

Batista y Diego Delgado desempeñaban funciones activas en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo al momento de los hechos. Escarlata y Richar Delgado estaban dados de baja, mientras que Apaza y Flores eran aspirantes. La fiscalía remarcó la agravante del número de intervinientes y la condición de miembros de fuerzas federales de varios procesados.

El primer episodio ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando el cabo primero Diego Delgado fue interceptado con 302 kilos de cocaína en la caja de una Toyota Hilux en General Pizarro. Llevaba su uniforme de gendarme colgado en la camioneta y admitió la tenencia de la droga, cuyo destino era Buenos Aires.

El segundo hecho sucedió el 26 de octubre de 2024 en el puesto de El Naranjo, en Rosario de la Frontera. En ese caso, Escarlata transportaba 32 kilos de cocaína ocultos en la rueda de auxilio de una Volkswagen Amarok proveniente de Orán. Con el avance de la investigación, se lograron detenciones en cadena al reunir la Unidad Fiscal de Salta pruebas sobre la participación de los implicados.

La acusación afirma que la organización funcionaba como una “empresa” o “asociación”, conforme surge de las escuchas: “Vamos, que la empresa tiene que ir pum para arriba. La asociación, el microemprendimiento”.

La reproducción de los audios, basada en tecnología especializada del área de Casos Complejos, consolidó ante el tribunal la imagen de un grupo con roles, jerarquías y códigos propios. En otro mensaje, se remarca: “Todo sea por el futuro de la asociación”, dejando en claro la proyección criminal de sus actividades.

El juicio, presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por los magistrados Domingo Batule y Diego Matteucci, sigue su curso con nuevos testimonios y análisis de evidencia a cargo del fiscal Ricardo Toranzos y su equipo.

En las últimas horas, la Policía de Salta activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de O. S., un hombre que se dio a la fuga luego de que le confesara a su suegra que había asesinado a golpes a su hija. La víctima era una mujer de 37 años llamada Natalia Cruz, que murió poco después de que fuera ingresada en el hospital local.

El brutal episodio ocurrió el martes por la tarde, en una vivienda de la Manzana 79 ubicada en el barrio Luz y Fuerza de la localidad salteña de Campo Quijano. Allí, la pareja había mantenido una fuerte discusión, cuyo origen todavía sería desconocido para las autoridades.

Sin embargo, la discusión verbal escaló a una agresión física. Todo sucedió en una de las habitaciones de la propiedad, mientras en la casa también se encontraban los familiares de la víctima. Tras el ataque, la madre de la joven lo increpó al verlo salir de la habitación y cerrarla con llave.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la mujer le había preguntado qué había ocurrido y que, sin ningún tipo de escrúpulo, le habría confesado que la había golpeado y dejado moribunda. En ese momento, ella y sus demás hijas lograron ingresar por una ventana trasera para rescatar a la joven, mientras que el agresor escapaba del lugar.

Según relataron, lo primero que vieron fue a la mujer tirada en el suelo y casi sin signos vitales. A pesar de esto, un vecino las ayudó a sacarla de la habitación y trasladarla en un auto particular hacia el Hospital Francisco Herrera de Campo Quijano.

Luego de que la ingresaran a la guardia médica, Cruz recibió atención médica, pero su muerte fue confirmada minutos después. En principio, indicaron que la mujer presentaba indicios de haber sufrido lesiones, golpes y asfixia mecánica, pero se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causales y corroborar la hipótesis.

La investigación está bajo la órbita del fiscal penal Gabriel González de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien ordenó la intervención de la Unidad de Investigación UGAP del DIC y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia. Además, el protocolo UFEM fue activado tras confirmarse la muerte de la víctima.

En paralelo,inciaron un operativo de búsqueda, que incluyó allanamientos en el barrio Pipino Ferreyra y la interrupción de un espectáculo en una carpa bailable junto a la ruta 36, sitios donde habría estado el sospechoso antes del crimen.

Posteriormente, la Policía se desplazó hacia el paraje El Mollar, sobre la Ruta Nacional 51, para rastrillar la propiedad de un familiar del fugitivo, aunque el resultado fue negativo. Según indicaron, el acusado habría sido visto movilizándose en una camioneta Ford EcoSport gris y no se descarta que haya huido hacia la zona de la Puna.

Después de que se conociera la noticia de su muerte, las autoridades confirmaron que ambos mantenían un vícnulo de pareja. Era madre de dos hijos, que fueron producto de una relación sentimental anterior. Además, era conocida por mantener fuertes lazos familiares y sociales en el barrio San Jorge.

De hecho, horas después la mujer fue despedida por el Padre Sergio Chauque y la comunidad de la Parroquia Santiago Apóstol de Campo Quijano. “Acompañamos en oración a la familia de Natalia Cruz”, manifestaron al desear que sus familiares puedan encontrar en Dios “la fortaleza y la paz”, para afrontar lo sucedido.

Una mujer fue asesinada dentro de su casa y detuvieron a un sospechoso

Hace tan solo dos semanas, una mujer fue asesinada de una puñalada en Bariloche, Río Negro. Todo sucedió el viernes 30 de enero cerca de las 02.20 de la madrugada. Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido tras recibir un llamado al 911, que alertaba sobre lo sucedido en una casa de la calle Tierra del Fuego al 350.

Cuando agentes de la Comisaría 28 de Bariloche acudieron al lugar, se encontraron con una escena sangrienta: en el interior del dormitorio la víctima yacía sobre la cama con diversas lesiones en el cuerpo. Pese a que se solicitó de inmediato una ambulancia, los profesionales de la salud constataron su fallecimiento en el lugar.

La víctima fue identificada como María Angélica Zapata, de 50 años. Fueron los propios vecinos del barrio quienes lograron aprehender a quien sería el presunto autor del hecho. Se trata de un hombre de 65 años, identificado con las iniciales T. D., a quien retuvieron cuando salía de la casa. El sospechoso, de profesión jardinero, estaba domiciliado en la misma vivienda que la mujer, aunque aún no confirmaron oficialmente qué vínculo tenían.

En la madrugada del domingo, una secuencia de siniestros viales sacudió la Ruta Nacional 68, en la provincia de Salta, dejando como desenlace a dos personas fallecidas y a una tercera con lesiones graves.

El primer incidente se registró cerca de la zona conocida como La Merced, cuando un conductor, identificado luego como un joven de 24 años, embistió a un ciclista que transitaba en la misma dirección. La víctima, Richard Mendiolaza, de aproximadamente 30 años y residente del barrio Fátima, falleció en el acto. Según informó El Tribuno, el conductor del vehículo habría estado bajo los efectos del alcohol y no detuvo su marcha tras el impacto.

La secuencia no terminó allí. A unos ocho kilómetros del primer hecho, en la conocida curva de Sumalao, el mismo vehículo protagonizó un segundo choque frontal. El impacto involucró a un Volkswagen Gol Trend conducido por una mujer de aproximadamente 40 años, quien viajaba hacia la ciudad de Salta para cumplir con su jornada laboral. La conductora resultó con una triple fractura expuesta en la pierna izquierda y fue trasladada de urgencia a un centro de salud.

El conductor del primer vehículo perdió la vida en el lugar del segundo choque. Las autoridades confirmaron que al momento del impacto no llevaba colocado el cinturón de seguridad. La investigación policial, en un principio, trató ambos episodios como hechos separados, pero tras las primeras pericias y la toma de declaraciones, se estableció la conexión entre los dos incidentes y la participación del mismo conductor.

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía de Salta, personal de Seguridad Vial, bomberos y peritos de Criminalística. Durante varias horas, los carriles de la ruta permanecieron parcialmente cortados para permitir las tareas forenses y el levantamiento de pruebas.

El director general de Seguridad Vial de Salta, Adrián Sánchez Rosado, confirmó a El Expreso de Salta que existen sospechas sobre el consumo de alcohol y alta velocidad como factores determinantes en la tragedia. “Se puede presumir que hubo alta velocidad por el estado de los vehículos. También se presume, por declaraciones de testigos, que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, ya que lo hacía en zigzag en distintos tramos”, aseguró el funcionario. Aunque aún se aguardan los resultados de los análisis de sangre, la hipótesis cobra fuerza entre los investigadores.

Dos mujeres fallecieron tras un trágico choque entre una moto y una camioneta en Tucumán

Un trágico accidente conmocionó a Tucumán en la madrugada del domingo, cuando dos mujeres fallecieron en un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 157. El hecho ocurrió cerca de la ciudad de La Madrid, en el departamento Graneros, alrededor de las seis de la mañana. La colisión involucró a una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Corven 110 cc, ambas circulando en sentido sur-norte por la mencionada ruta.

De acuerdo con la información de El Tucumano, el vehículo mayor era conducido por J.P.R., de 29 años, domiciliado en la ciudad de Graneros, quien viajaba acompañado por otras cuatro personas adultas. En la motocicleta se desplazaban Luciana Cardozo y Erika Luna, de 29 y 23 años respectivamente, ambas residentes de La Madrid. Tras el impacto, las dos ocupantes de la moto perdieron la vida en el lugar, según detalló el mismo medio.

La causa fue caratulada como lesiones culposas seguidas de doble homicidio culposo, con intervención de la Unidad Regional Sur.

Las autoridades policiales y personal de apoyo se hicieron presentes en el sitio del accidente para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes, una tarea que incluyó la intervención de la comisaría de La Madrid y la disposición de la Justicia local, que ordenó los peritajes necesarios para esclarecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades.

En tanto, los ocupantes del vehículo identificados como G.D.G., de 22 años, sufrió politraumatismos, y Y.D.C., de 19, fue diagnosticada con politraumatismos y fractura en el brazo derecho. Ambos habrían viajado como acompañantes en la Toyota Hilux y fueron inicialmente asistidos en el hospital de Concepción, para luego ser trasladados en ambulancias del Siprosa al Centro de Salud, donde permanecen estables y bajo observación médica.

La Policía de Salta logró recapturar a uno de los tres detenidos que se fugaron de una comisaría ubicada al norte de la provincia, durante una operación realizada este lunes.

Según información de los medios locales, el aprehendido fue identificado como Ernesto Damián Miranda, de 31 años, quien fue localizado en horas de la noche en el marco de los rastrillajes coordinados por el Distrito de Prevención 2, con intervención de distintas áreas investigativas y operativas.

Mientras tanto, las autoridades policiales, junto con la Fiscalía Penal 1 de Orán y el Cuerpo de Investigadores Fiscales del Ministerio Público Fiscal, mantienen activa la búsqueda del resto de los prófugos que se encontraban detenidos en la Comisaría Primera de la ciudad. Se trata de Jorge Nelson Bizama y Luis Ángel Vizcarra, de 31 y 46 años respectivamente.

La fuga de los tres reclusos desató un importante operativo luego de que el personal policial constatara la ausencia de los internos durante una revisión de rutina en la dependencia. De acuerdo con lo reportado por El Tribuno, las fuerzas de seguridad desplegaron patrullajes intensivos en barrios de San Ramón de la Nueva Orán, caminos rurales y accesos a localidades vecinas como Aguas Blancas, Hipólito Yrigoyen y Pichanal, ante la posibilidad de que los prófugos buscaran salir del área urbana o cruzar a otras jurisdicciones. Además, la ubicación, próxima a la frontera norte, llevó a que se refuercen los controles en rutas nacionales y provinciales, así como la ampliación del radio de búsqueda.

El dispositivo de recaptura incluyó la revisión de registros fílmicos de cámaras públicas y privadas, la verificación de datos aportados por vecinos y el análisis de posibles contactos de los evadidos. Voceros de la Policía de Salta solicitaron a la población que cualquier información relevante sea comunicada al Sistema de Emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana, sin intentar acciones particulares. La fuerza resaltó la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la localización de los prófugos.

No se brindaron detalles oficiales sobre el mecanismo utilizado para la fuga, aunque se indicó que se realiza un relevamiento de las instalaciones y de los sectores por donde los detenidos podrían haber escapado.

Buscan a un preso que se fugó en Neuquén

La Policía de Neuquén mantiene activo un operativo de búsqueda para localizar a Lucas Exequiel Muñoz, un joven de 25 años que logró evadirse del Hospital Bouquet Roldán durante la madrugada del miércoles. Muñoz, quien estaba bajo custodia tras permanecer detenido en la Comisaría 19, simuló una convulsión para ser trasladado al centro de salud y allí aprovechó un descuido para escapar. Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando personal médico le retiró las esposas para ser atendido.

El recluso fue derivado al hospital luego de manifestar síntomas compatibles con un cuadro epiléptico. Una vez en el sector de atención, Muñoz aprovechó la oportunidad para romper una persiana metálica, saltar hacia un pasillo interno y subir al techo del edificio. Parte de la secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad, aunque el seguimiento se perdió en ese punto. De inmediato, la Policía desplegó patrullajes y rastrillajes en la zona junto a diferentes unidades, pero hasta el momento no se logró dar con el paradero del fugitivo.

Las autoridades resaltaron que no es la primera vez que Muñoz evade a la Justicia y recordaron que en una ocasión anterior recurrió a una maniobra similar para escapar de la custodia policial. La Comisaría 19, dependiente de la Superintendencia de Seguridad, interviene en la investigación y mantiene la alerta en la región ante la posibilidad de nuevos intentos de fuga o desplazamiento.

Muñoz, de nacionalidad argentina, mide 1,70 metros, posee contextura delgada, tez trigueña, cabello y ojos oscuros. En 2017 fue condenado por tenencia ilegal de arma de fuego, tras aceptar seis meses de prisión efectiva en un juicio abreviado, aunque reincidió en el mismo delito poco después.

Un intenso operativo policial se mantiene en San Ramón de la Nueva Orán para localizar a tres detenidos que se fugaron de la Comisaría Primera. La acción fue detectada rápidamente, lo que activó un despliegue coordinado por el Centro de Coordinación Operativa junto con distintas áreas del Distrito de Prevención 2, equipos investigativos y personal de calle.

Según informó el medio local Agenda Salta, los prófugos fueron identificados como Jorge Nelson Bizama, de 31 años; Ernesto Damián Miranda, de la misma edad; y Luis Ángel Viscarra, de 46. Desde que se confirmó su ausencia, se intensificaron los patrullajes en varios barrios de Orán, áreas estratégicas de la ciudad y caminos rurales, ante la posibilidad de desplazamiento hacia localidades vecinas o cruces departamentales.

La ubicación de Orán, próxima a la frontera, motivó que los controles se refuercen en accesos y rutas provinciales y nacionales. La búsqueda abarca tanto el ejido urbano como sectores periféricos, ampliando el radio ante la eventualidad de que los evadidos busquen salir del área.

Para esto, las autoridades ejecutan rastrillajes, análisis de registros fílmicos de cámaras públicas y privadas, verificación de datos aportados por vecinos y seguimiento de posibles contactos. El trabajo combina personal uniformado y civil, con el objetivo de avanzar en la recaptura de los evadidos.

En la investigación interviene la Fiscalía Penal 1 de Orán, junto con el Cuerpo de Investigadores Fiscales del Ministerio Público Fiscal, que disponen las medidas judiciales. Se dispusieron diligencias para determinar con precisión las circunstancias de la fuga y eventuales responsabilidades internas, sin descartar ninguna hipótesis.

La fuga en una dependencia del interior de Salta reactiva el debate sobre las condiciones de seguridad en las comisarías y la situación de las personas alojadas en ellas. En la región norte, donde suelen funcionar como alojamientos transitorios por la falta de plazas penitenciarias, la sobrecarga puede generar escenarios complejos.

Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre el mecanismo de evasión. Se realizan pericias internas, relevamiento de guardias y análisis de sectores por donde podrían haber escapado.

Desde la Policía de Salta solicitaron la colaboración de la comunidad. Ante cualquier información, se pidió comunicarse con el Sistema de Emergencias 911 o acudir a la comisaría más cercana, sin intentar intervenir de forma particular.

La búsqueda se extiende a localidades vecinas como Aguas Blancas, Hipólito Yrigoyen y Pichanal, y no se descarta que se haya alertado a otras unidades regionales para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos. Las próximas horas serán clave, con controles selectivos y tareas de inteligencia criminal orientadas a detectar posibles escondites o apoyos logísticos.

La situación generó preocupación en sectores de la población de Orán, donde hechos vinculados a la seguridad y la infraestructura policial han sido motivo de debate durante los últimos años.

Fuga de presos en una comisaría de Rosario: todos fueron recapturados

A medidados de enero, tres reclusos se fugaron de la comisaría 15ª, ubicada en la zona sur de Rosario. En un operativo cerrojo que realizó la Policía en cercanías de la seccional situada en Sarmiento al 4300, se logró la recaptura de los tres evadidos, quienes buscaron esconderse en domicilios vecinos.

La situación fue detectada a las 5, cuando los internos se fueron de la seccional policial, aparentemente, tras limar los barrotes del módulo de detención transitorio que funciona en esa comisaría. Rápidamente, se solicitaron refuerzos en la zona para tratar de dar con los delincuentes.

En Mitre, entre Mister Ross y Ameghino, a la vuelta de la comisaría, sonó la alarma de un domicilio, cuyo dueño se asomó a la calle e hizo señas a los agentes. Al ser entrevistado, comentó que había escuchado ruidos en el techo de su propiedad y autorizó el ingreso a los uniformados, quienes encontraron en el patio a Julián A.

La segunda recaptura fue la de Maximiliano R., quien fue localizado por el Comando Radioeléctrico en una casa vecina, en Mister Ross al 1100.

El tercer recluso tardó unos minutos más en ser recapturado. Lisandro R., cuyo video del traslado encabeza esta nota, fue hallado por la Policía mientras se bajaba del techo de una casa. Intentó correr, pero aparentemente había sufrido un golpe en la caída, ya que comenzó a renguear y fue fácilmente atrapado.

En principio, los tres recapturados fueron nuevamente llevados a la seccional 15ª, aunque serán trasladados a una unidad penitenciaria a la brevedad.

A dos semanas de que se conocieran los detalles de la trama de violencia de género y trata de personas que vivió A. Y., una joven japonesa de 23 años, a manos de M. L., su ex pareja y padre de su bebé de cuatro meses en Salta, la Justicia autorizó la salida del país y el cambio de residencia definitiva a Japón de ambas víctimas.

El fallo fue firmado por el Juzgado de Personas y Familia de 4ª Nominación, a cargo de la jueza María Mercedes Cabrera, el 10 de febrero, tras considerar que sería la respuesta más idónea para resguardar la seguridad de la denunciante y su hijo. Además, argumentó que el interés superior del niño fue el eje central de la decisión judicial.

Al remarcar que las medidas previas no habían evitado que el acusado cesara la violencia en su contra, la magistrada sostuvo que la mujer se encontraba en una posición de extrema vulnerabilidad al indicar que había arribado embarazada a Salta y quedó aislada. Asimismo, destacó que la joven no tenía dominio del idioma ni red de contención, por lo que siempre dependió casi exclusivamente de su ex pareja.

“La Justicia resolvió en forma inmediata respetando el interés superior del menor, contando con el esfuerzo conjunto del Polo de la Mujer con el único objetivo común de que la ciudadana japonesa regresara a su país”, valoró Claudia Kayssner, la abogada que representó a la joven en el proceso.

Desde que se conoció la sentencia, la joven espera en un domicilio neutral el envío de fondos desde Japón para poder concretar el regreso junto a su hijo a Ichikawa. El abuelo materno será quien afronte el costo de los pasajes internacionales, mientras las autoridades ya tramitaron el DNI y pasaporte del niño para viabilizar la salida.

No obstante, la resolución judicial impuso las costas del proceso al acusado, luego de que consideraran que su accionar fue determinante en la situación que llevó a la intervención de la Justicia. Asimismo, continuará detenido e imputado por violencia de género, delitos económicos y trata de personas.

En el caso también intervino el Asesor de Incapaces y organismos locales de protección de la mujer, quienes dictaminaron en favor del pedido de la madre. Coincidieron en que la permanencia en Salta era inviable por la ausencia de red social, la barrera idiomática y la continuidad de los hechos de violencia.

Según reconstruyó El Tribuno, las pruebas judiciales documentaron los episodios de apropiación de dinero que la familia enviaba desde Japón para solventar sus adicciones, control compulsivo, amenazas, agresiones, incluso abusos sexuales y violencia en presencia del niño recién nacido. En paralelo, los informes del Polo Integral de la Mujer clasificaron el caso como de “riesgo grave”.

La situación alcanzó su punto más álgido en diciembre de 2023, cuando el hombre fue detenido tras una agresión en el domicilio que compartían. En esa circunstancia, se negó al ingreso de la policía y mantuvo una actitud hostil con los efectivos, lo que motivó su detención.

Para ese entonces, la víctima ya se encontraba inmersa en un espiral de violencia. De acuerdo con el expediente judicial, la joven arribó embarazada a Argentina instada por su pareja, quien la había convencido de que nazca en el país y reciba asistencia sanitaria gratuita.

Pero, según pudo narrar la propia víctima, los maltratos comenzaron apenas se instalaron. Una situación que no había logrado advertir al comienzo de su relación en Japón, pese a que reconoció que el embarazo fue producto de que el acusado no respetara su pedido de que utilizara preservativo.

No obstante, el caso cobró visibilidad a partir de una denuncia y la intervención de organizaciones de defensa y agentes judiciales, lo que permitió a la joven acceder a protección formal. El fallo representó, en palabras de su entorno, mucho más que un trámite legal, ya que se trata de la oportunidad concreta para reconstruir su vida lejos del miedo.

Este miércoles, comenzó el proceso judicial contra el ex intendente Ernesto Fernando Gonza quedó abierto en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Salta. Junto a su hermano y ex secretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, enfrenta acusaciones vinculadas a delitos que, según el expediente, habrían ocasionado un grave perjuicio al erario municipal.

La causa se originó tras una auditoría externa ordenada por el actual jefe comunal, quien dispuso revisar la gestión anterior. El informe resultante expuso numerosas inconsistencias en la administración municipal, lo que derivó en una denuncia formal y la apertura del proceso judicial.

Según informó el medio local El Tribuno, durante la etapa más reciente del juicio, el tribunal colegiado presidido por Federico Diez resolvió cuestiones preliminares tras los planteos de las defensas de los Gonza y de Guaymás. Se hizo lugar parcialmente a una revocatoria solicitada por la defensa anterior de los hermanos Gonza y se declaró abstracto un pedido de nulidad presentado por Guaymás. El tribunal también postergó el dictamen sobre un recurso de casación presentado por la defensa.

El defensor de Guaymás, Juan Diego Herrera, objetó la continuidad del juez presidente al alegar que había intervenido en un expediente previo, de 2011, donde Guaymás también figuraba como imputado. A raíz de este planteo, el tribunal estableció un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de febrero a las 9.30, período durante el cual fiscales y querellantes deberán revisar el expediente objetado antes de continuar el debate.

Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todos en concurso real. Guaymás, en tanto, enfrenta cargos como presunto autor de peculado e incumplimiento de deberes, mientras que Dalmiro Gonza figura como partícipe necesario de peculado, de acuerdo con la acusación judicial.

La investigación sostiene que el ex intendente habría ignorado reiteradamente las normativas establecidas para la gestión financiera y administrativa del municipio. Según la imputación, los tres acusados habrían dispuesto de los recursos municipales de forma discrecional, omitiendo los controles y procedimientos que exige la ley. Según la Justicia, esta conducta habría causado un grave perjuicio al erario municipal.

Uno de los puntos centrales de la acusación es la falta de presentación de rendiciones de cuentas por parte de Ernesto Gonza al concluir su mandato. El tribunal está integrado por Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello. El Ministerio Público está representado por la fiscal Claudia Geria, mientras que la querella está a cargo de Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez, apoderada de la Municipalidad de San Lorenzo.

Gonza ya había sido condenado a tres años de prisión en ejecución condicional. En esa oportunidad, los hechos investigados lo vincularon con la malversación de fondos que debían destinarse al plan de viviendas “Una casa para tu hogar”, durante su gestión al frente del municipio.

La sentencia incluye la privación del empleo aunque provenga de elección popular. La decisión llegó tras una revisión judicial que lo halló responsable de fraude y peculado cometidos durante su mandato en la gestión municipal.

Sin embargo, compitió en las elecciones como candidato y se convirtió en concejal de San Lorenzo. Frente a esto, la Justicia ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“Se le impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público, la cual implica la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular”, aclaró un comunicado emitido este martes por el Poder Judicial salteño.

La Justicia Federal dictó una condena de cinco años y ocho meses de prisión para dos hombres que transportaban 63 kilogramos de cocaína adulterada con sustancias tóxicas en Salta.

La droga, cortada con un antiparasitario veterinario y cafeína, fue hallada dentro de un vehículo durante un operativo de rutina realizado por Gendarmería Nacional.

El fallo fue emitido por el juez federal de Revisión Guillermo Elías, quien convalidó un acuerdo entre las partes, alcanzado durante un juicio abreviado.

De acuedo con lo informado por el portal Fiscales.gob, la investigación, desarrollada por el Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, bajo la dirección del fiscal general Carlos Martín Amad, permitió identificar a los responsables y secuestrar el vehículo utilizado en el transporte. Las autoridades resaltaron la peligrosidad de la sustancia incautada, que tenía una pureza media y estaba mezclada con Levamisol, un medicamento prohibido para consumo humano, junto a cafeína.

El operativo se llevó a cabo el 27 de septiembre del año pasado. Allí, un control vehicular de Gendarmería Nacional en la ruta próxima al paraje Cabeza de Buey, cerca de la ciudad de General Güemes en la provincia de Salta, derivó en el descubrimiento de un cargamento inusual.

Los agentes detectaron un fuerte olor a pegamento que salía de un Peugeot 408. Al inspeccionar el vehículo, hallaron 45 paquetes de cocaína ocultos en el sistema del aire acondicionado y otros 18 paquetes adicionales escondidos en los zócalos bajo los asientos del conductor y el acompañante.

Los detenidos, identificados como Rubén Lupa Mamani y Eric González Delgado, se dirigían a la provincia de Buenos Aires. Durante la requisa, los agentes también encontraron elementos considerados propios de rituales esotéricos, entre ellos la fotografía de un hombre junto a estiércol de caballo, la pata de una cabra, pulseras y otros objetos. Estos hallazgos fueron consignados en el expediente como indicios de prácticas rituales, aunque no se profundizó en su significado dentro del proceso judicial.

La auxiliar fiscal Josefina Vargas aportó detalles clave sobre los riesgos sanitarios de la droga incautada. El peritaje químico detectó que la cocaína tenía un nivel de pureza de entre 46 % y 56 % y contenía una alta concentración de Levamisol. Además, la mezcla incluía cafeína, lo que, de acuerdo al Ministerio Público Fiscal (MPF), evidenció una total indiferencia por la vida de los consumidores y una estrategia para aumentar el volumen de droga comercializable.

Según la representante del MPF, el Levamisol puede provocar cuadros graves como leucopenia, agranulocitosis, leucoencefalopatía, artritis, vasculopatía trombótica y vasculitis.

Citando información de los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, Vargas precisó que el consumo de esta sustancia produce alteraciones hematológicas y daños en la producción de glóbulos blancos, además de provocar inflamación de vasos sanguíneos y potencial destrucción de la mielina, la sustancia que recubre las fibras nerviosas.

La utilización de Levamisol en la adulteración de cocaína se ha extendido en los últimos años y es motivo de preocupación para organismos sanitarios internacionales. El MPF subrayó que la combinación de estas sustancias representa un riesgo significativo para la salud pública y refuerza la peligrosidad del delito.

El fallo incluyó el decomiso del vehículo Peugeot 408 utilizado para el traslado y la destrucción inmediata de la droga, que, según los peritajes, equivalía a 310.142 dosis potenciales. El magistrado calificó el hecho como un delito de extrema gravedad, ya que no solo se trató del transporte de estupefacientes, sino de una sustancia con “corte asesino”.

Durante la audiencia, Elías interrogó a los acusados, quienes prestaron conformidad con la sentencia, al igual que sus defensas. De este modo, la condena de cinco años y ocho meses quedó firme.

A pocas horas del debate por la reforma laboral, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expuso presiones y amenazas dirigidas a diputados y senadores del peronismo para que no apoyen el proyecto impulsado por el Gobierno, cuyo objetivo es modernizar las relaciones entre trabajadores y empresarios. La denuncia evidenció la tensión interna que atraviesa el justicialismo en la antesala de una votación clave.

El eje del conflicto se sitúa en el bloque Convicción Federal, conformado por cinco senadores que mantienen una postura ambigua respecto al bloque peronista, integrado por 28 legisladores. Su decisión resultará determinante para el desenlace. Mientras tanto, la Casa Rosada acelera negociaciones con los gobernadores para asegurar una victoria en el primer tramo parlamentario, que se definirá este miércoles en el Senado, en un contexto marcado por la presión sindical, la resistencia del kirchnerismo y un clima político cada vez más tenso.

La advertencia de Sáenz se produjo en el momento más delicado de la negociación, cuando el oficialismo busca quebrar la disciplina interna del peronismo para alcanzar la mayoría, mientras el sector liderado por el kirchnerismo intenta unificar posturas para bloquear una ley considerada estratégica para el modelo libertario.

El anticipo de esa decisión ya ocurrió en Misiones, la propia Salta y, últimamente, Jujuy. De hecho, el apoyo de la senadora Carolina Moisés al Presupuesto ya derivó en la intervención del PJ de esa provincia. “Amenazan con repetir eso en otros distritos. Podría ser Tucumán o, incluso, La Rioja”, reveló una fuente partidaria que pidió anonimato.

La reforma laboral constituye el principal objetivo político del gobierno de Javier Milei en su primer gran desafío legislativo. El proyecto será debatido este miércoles desde las 11 en una sesión signada por la tensión, con una movilización convocada por la CGT, advertencias sindicales en varias provincias y la firme oposición del kirchnerismo, que intenta transformar la votación en un límite político para el Presidente.

En este escenario, Convicción Federal quedó en el centro de la escena. Sus integrantes, vinculados a gobernadores del interior, sostienen desde hace meses una relación conflictiva con la conducción del bloque peronista. Aunque formalmente permanecen en el espacio, actúan de manera autónoma, con agenda propia y diálogo fluido con la Casa Rosada. No responden de forma automática a las decisiones del kirchnerismo y, en muchos casos, priorizan los intereses provinciales.

Este margen de autonomía los convirtió en actores clave: su eventual respaldo al oficialismo puede inclinar la balanza en un contexto de paridad. Por ello, concentran buena parte de la presión política, tanto desde el Gobierno como del propio peronismo.

Se trata, mayoritariamente, de senadores que representan distritos con alta dependencia de recursos nacionales y economías regionales golpeadas por la recesión. Para ellos, la reforma laboral trasciende la discusión ideológica o simbólica y adquiere un sentido económico: la ven como una posible herramienta para atraer inversiones, mejorar el clima de negocios y sostener el empleo en contextos de alta fragilidad social.

Este enfoque pragmático contrasta con la estrategia del kirchnerismo, que privilegia el enfrentamiento político con el Ejecutivo y rechaza cualquier iniciativa que pueda fortalecer al Gobierno en el Congreso. Para ese sector, la reforma representa una línea infranqueable.

De acuerdo con fuentes legislativas, en las últimas semanas los integrantes de Convicción Federal y otros senadores del interior recibieron llamados desde distintos niveles del peronismo. Algunos contactos fueron de naturaleza política tradicional; otros incluyeron advertencias explícitas sobre las consecuencias internas de respaldar al oficialismo.

El bloque apuntado está integrado, además de la jujeña Moisés, por Fernando Aldo Salino (San Luis), Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán), Jesús Fernando Rejal (La Rioja).

En este contexto se inscriben las declaraciones de Sáenz, que verbalizaron un malestar latente. “Tenemos voluntad de acompañar la reforma laboral y de ayudar, pero también queremos que nos escuchen”, afirmó el gobernador, marcando distancia tanto del alineamiento automático con el Gobierno como del rechazo cerrado que promueve el kirchnerismo.

Luego profundizó su denuncia: “Hay gobernadores y diputados que han sido hasta amenazados con que les iban a intervenir el partido”, explicó en TN. Según su relato, el mecanismo es directo: si los legisladores no votan en contra del proyecto, la conducción nacional interviene las estructuras provinciales del PJ.

Sáenz recordó antecedentes de intervenciones partidarias en Salta, Misiones y Jujuy, que —según describió— funcionaron como castigos políticos. No habló de hipótesis, sino de hechos concretos.

En la lógica que describió, el control del sello partidario constituye la principal herramienta de disciplinamiento. En muchas provincias, el PJ sigue siendo la plataforma electoral central; perderla implica quedar expuesto ante rivales internos, perder estructura territorial, financiamiento y capacidad de armado.

“Es la única herramienta electoral que tienen muchos gobernadores”, explicó. En un sistema donde los sellos alternativos suelen ser débiles y las alianzas, inestables, perder el partido equivale, en muchos casos, a quedar políticamente desarmado.

Mientras el peronismo intenta procesar su interna, el Gobierno aceleró su ofensiva hacia los mandatarios provinciales. En la Casa Rosada consideran que la relación con los gobernadores será decisiva para asegurar los votos y evitar sorpresas en el recinto.

En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene prevista una reunión con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, centrada en financiamiento, obra pública y asistencia fiscal. Simultáneamente, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá al mandatario de Chaco, Leandro Zdero, con una agenda que incluye recursos provinciales, programas nacionales y apoyo legislativo.

No se trata de reuniones protocolares: forman parte de una estrategia sistemática para reconstruir alianzas, ofrecer incentivos concretos y neutralizar resistencias. En el oficialismo reconocen que, sin apoyo provincial, la reforma queda expuesta.

“Sin las provincias, no pasa”, repiten en el entorno presidencial.

El bloque peronista, con 28 integrantes, llega a la sesión atravesado por desconfianzas internas. La conducción busca sostener una postura unificada, pero enfrenta crecientes dificultades para contener a los sectores dialoguistas. La derrota electoral, la falta de liderazgo y las tensiones entre Nación y provincias han erosionado la disciplina.

Convicción Federal opera como termómetro de esa crisis: exige margen para negociar beneficios concretos para sus distritos y resiste quedar atrapado en una lógica de confrontación permanente, lo que los convierte en blanco de críticas internas.

Desde el kirchnerismo los acusan de “coquetear” con el oficialismo y de anteponer intereses provinciales a la estrategia nacional. Ellos responden que no están dispuestos a asumir los costos económicos y sociales en sus provincias por una disputa política que consideran ajena.

En el trasfondo emerge la figura de Cristina Kirchner, referencia principal del sector más duro del peronismo. Su entorno promueve una oposición frontal a la reforma y trabaja para evitar fugas.

En este esquema, las intervenciones partidarias funcionan como mecanismo de control. No solo disciplinan a los dirigentes actuales, sino que envían una señal preventiva al resto: apartarse de la línea tiene consecuencias.

Sáenz, enfrentado de manera sostenida al kirchnerismo, desafió públicamente esa lógica. Su denuncia trasciende la coyuntura y cuestiona el modelo de conducción.

“Acá lo que se defiende son los privilegios de la política y de algunos representantes de los trabajadores”, señaló, en una crítica que también alcanzó a sectores sindicales que rechazan cualquier cambio en el statu quo.

A la disputa política se suma la presión gremial. La CGT convocó a una movilización para el día de la sesión y anticipó un clima de fuerte presión en las inmediaciones del Congreso. Si bien evitó llamar a un paro general, la marcha busca marcar un límite simbólico a la reforma y condicionar a los legisladores indecisos.

En varias provincias, los gremios hicieron sentir su peso con advertencias directas. Avalar el proyecto puede derivar en conflictos locales, paros sectoriales y desgaste político. Para numerosos legisladores, ese factor resulta tan determinante como las presiones partidarias.

El voto quedó así atrapado entre tres presiones: la del partido, la sindical y la del Gobierno nacional.

Para Milei, la votación representa un test de liderazgo: es su primera reforma estructural en un Congreso fragmentado y sin mayoría propia. Un revés abriría interrogantes sobre su capacidad para imponer la agenda.

Para el peronismo, será una prueba de cohesión. Para los gobernadores, un examen de supervivencia. Para los legisladores, una apuesta individual.

Cada voto tendrá consecuencias más allá de esta ley. Quienes respalden al oficialismo deberán afrontar eventuales represalias internas; quienes se alineen con el rechazo, arriesgan su vínculo con la Nación.

“Así es muy difícil trabajar”, sintetizó Sáenz. No aludía solo a esta votación, sino a un sistema en el que el debate político queda subordinado al castigo interno, la autonomía se penaliza y discutir una ley implica poner en riesgo la propia estructura.

La reforma laboral se debatirá este miércoles desde las 11, en medio de la presión sindical, la resistencia kirchnerista y una negociación frenética con los gobernadores. La discusión de fondo ya está planteada: quién detenta el control dentro del peronismo y hasta dónde está dispuesto a llegar para conservarlo.

Tras la caída de más de 200 milímetros, la Ruta Nacional (RN) 34 quedó restringida debido a las consecuencias que dejó el paso de la tormenta. El incidente más grave se registró en el paraje La Quena, ubicado en la cabecera norte del puente del río Bermejo, donde se produjo un desmoronamiento de parte de un cerro. Por este motivo, fue habilitada la circulación en una sola dirección.

En el resto del camino, el avance del agua sobre la cinta asfáltica, sumado al deterioro preexistente de la calzada, derivó en la reducción del tránsito a media calzada. A raíz de esto, pidieron a quienes transiten por la zona que incrementen las medidas de precaución.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, recomendaron a los conductores disminuir la velocidad y atender estrictamente las señalizaciones temporales instaladas en los tramos afectados. Asimismo, sostuvieron que la prioridad inmediata en el lugar es preservar la transitabilidad y evitar accidentes mientras se monitorea la evolución de las condiciones climáticas.

En el caso de la Ruta Nacional (RN) 51, se recuperó parcialmente su funcionamiento. Según la información oficial, luego de la limpieza de escombros en la zona de montaña cercana a Gobernador Solá, se habilitó el tránsito, aunque bajo condiciones de precaución y por media calzada en varios puntos. La importancia de este corredor es estratégica, tanto para el turismo como para la minería, sectores que dependen de su plena operatividad.

Hacia el norte provincial, las lluvias también impactaron sobre el puente del río Pescado en la Ruta Nacional (RN) 50. El aumento repentino del caudal provocó el desprendimiento del estribo sur, lo cual comprometió la seguridad de la estructura y redujo el paso de vehículos a un solo carril.

Ante esta situación, el personal vial y de Gendarmería Nacional señalizó la zona para ordenar el tránsito y evitar accidentes, mientras se evalúan intervenciones más profundas para restablecer la normalidad. Además, señalaron que las rutas nacionales 40 y 51 también sufrieron los efectos de los desbordes.

En la Ruta Nacional (RN) 40, sectores como Payogasta y Campo Negro, cerca de La Poma, permanecieron cortados durante varias horas nocturnas, hasta que el personal del campamento Cachi de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) completó los trabajos de restablecimiento, logrando restablecer la normalidad de la circulación.

Por su parte, la Ruta Nacional (RN) 51 estuvo marcada por cortes a la altura de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, donde la acumulación de material arrastrado impidió el paso, requiriendo la coordinación entre fuerzas de seguridad y equipos de vialidad.

Cómo siguen los barrios afectados por el temporal

Según informaron fuentes oficiales, en tres horas de lluvia sostenida se acumularon los 200 milímetros de agua. Por esto, subrayaron que la cifra superó ampliamente el promedio anual de precipitaciones para la zona, ocasionando el desborde de arroyos y canales, así como la inundación de casi la totalidad de Metán y El Galpón.

En respuesta, el Complejo Deportivo Municipal de El Galpón se transformó en el principal centro de asistencia, albergando a los evacuados y funcionando como base operativa para las brigadas de emergencia. Hasta el momento, la instalación recibió a más de 200 personas afectadas.

Entre las medidas adoptadas para mitigar el impacto del agua, destacaron la apertura de las compuertas del dique El Tunal y los trabajos del 5.° Distrito Salta de Vialidad Nacional, cuyos equipos facilitaron el drenaje hacia el río Medina mediante la limpieza de cunetas en la Ruta Nacional (RN) 16.

De la misma manera, los técnicos y operarios de la Dirección Nacional de Vialidad continuaron los recorridos de inspección, evaluando el estado de las rutas, los puentes y las banquinas, donde en algunos tramos fue necesario reponer materiales y reforzar la estructura. En ciertos trayectos, el tránsito sigue condicionado a media calzada debido a los daños provocados.

Otra de las tareas obligó a las autoridades a tener que demoler una de las paredes del cementerio local, debido a que había quedado bajo el agua. Así, realizaron una serie de compuertas que facilitarían el drenaje del campo santo.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) remarcó que las lluvias persistirán en la zona por varios días. Mientras que este domingo se esperan precipitaciones aisladas entre la madrugada y la mañana, advirtieron que las tormentas se reanudarían durante la noche del lunes.

En este sentido, las autoridades estipulan que las últimas gotas caerían en la madrugada del martes y se iniciaría el proceso de recuperación, ya que para el resto de los días el clima presentaría una tendencia a estar nublado.

Las consecuencias de las intensas lluvias ocurridas entre la noche y la madrugada dejaron una huella de destrucción en viviendas, un complejo panorama sanitario y un operativo de asistencia aún en marcha. Por este motivo, se dispuso que el Complejo Deportivo Municipal funcione como un refugio temporal para las familias damnificadas.

Al inicio de la tempestad, un matrimonio y su hija de nueve años provenientes de la Villa San José, junto con una vecina del barrio 20 de Junio, fueron los primeros ciudadanos en ser asistidos por las autoridades municipales. Sin embargo, con el paso de las horas, la cifra se disparó.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, los evacuados esperan una mejoría que les permita retornar a sus hogares, en tanto persisten los reclamos por ayuda urgente y soluciones estructurales duraderas ante la amenaza de nuevas inundaciones. Incluso, se registraron daños estructurales graves en las calles producto de la corriente de agua que pasó por esas zonas.

En la intersección de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy, el colapso de un canal subterráneo destruyó el pavimento. Casi en simultáneo, un automóvil fue arrastrado por la fuerza del agua proveniente de un canal desbordado en la ruta nacional 9/34, por lo que sus ocupantes debieron ser rescatados por los servicios de emergencia.

“Vivimos momentos terribles junto a mi pareja porque el agua comenzó a llevarse el auto hasta que nos dejó en la banquina. Después nos tuvieron que ayudar a salir”, relató Alicia, una de las personas que viajaba en el vehículo. Al mismo tiempo, el medio local recogió varios testimonios que retrataron la angustia de los vecinos que perdieron todo.

El testimonio de Mario, un vecino del barrio San Francisco, reflejó la magnitud del desastre: “Lamentablemente, está lleno de agua. En la parte donde yo vivo es el que más agua tiene”. Y agregó: “Hubo un desborde en el río Juramento. Llovió mucho. Casi al amanecer se nos mojó casi todo. En mi casa tenemos dos piezas y se nos llovió todo. Es la primera inundación que veo ahí”.

Según confirmaron las autoridades, esa zona fue el área más afectada por el temporal. No obstante, la emergencia también alcanzó a los barrios 20 de Junio y Maipú, donde algunos vecinos debieron ser auxiliados por los bomberos.

“La pasamos muy mal, comenzamos a combatir el agua e intentar sacarla de las piezas, la cocina y el baño, pero ya estaba todo inundado. Levantamos algo de mercadería y ropa. Nuevamente desbordó el canal que hay en la zona y las calles eran un río”, relató Ana. De hecho, la situación forzó la evacuación total de estas familias y provocó la pérdida completa de sus pertenencias.

Frente a esto, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, encabezado por Mario Mimessi, desplegó equipos de asistencia inmediata en los sectores más perjudicados, como Metán y El Galpón. “Luego de los relevamientos realizados por equipos municipales, se realizó una primera asistencia desde las áreas de acción social; y se prevé reforzar la contención a través del envío de mayores recursos”, informaron.

Asimismo, confirmaron que las acciones continuarán con relevamientos ampliados a la luz del día por los equipos territoriales de Desarrollo Social, que buscan evaluar plenamente el alcance de la emergencia para determinar la asistencia adicional necesaria.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la alerta naranja por tormentas seguirá vigente durante el sábado. Al mismo tiempo, gran parte del territorio salteño estará bajo alerta amarilla por tormentas, junto con la provincia de Jujuy, Tucumán y el noroeste de Santiago del Estero.

A raíz de esto, las autoridades recomendaron mantener la calma y seguir indicaciones precisas ante situaciones de emergencia. Asimismo, pidieron a los ciudadanos que solo salgan de sus casas si fuera imprescindible y aconsejaron desconectar electrodomésticos, así como cortar la energía eléctrica en caso de que ingresara agua a sus propiedades.

Entre las medidas señaladas, indicaron que sería conveniente alejarse de puertas y ventanas, retirarse de zonas inundables y evitar desplazarse por calles anegadas para reducir riesgos. También sugirieron asegurar o retirar objetos sueltos que puedan ser desplazados por fuertes vientos.

De la misma manera, solicitaron tener preparado un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna. Además, aconsejaron cargar los celulares por adelantado. Finalmente, instaron a registrar en la agenda los números de Protección Civil, Bomberos y Policía locales.

En la ciudad de Salta, seis equipos de uso clínico para pacientes neonatales pertenecientes al Hospital Público Materno Infantil estaban en pleno funcionamiento en una clínica privada. El caso despertó inquietud ante la delicada situación de los recién nacidos que dependen de estos dispositivos, mientras la Justicia decidió intervenir sin interrumpir los tratamientos en curso.

El operativo se realizó este jueves por orden de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, quien solicitó la presencia de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) en el centro de salud y en los servicios de Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatología dentro de la clínica privada, ubicada en calle Alvarado al 800, de la capital salteña.

Según reportó el Ministerio Público Fiscal de Salta, durante el registro del lugar se pudo constatar que los equipos médicos, propiedad del Hospital Público Materno Infantil (HPMI), se encontraban instalados y prestando “soporte vital a lactantes internados”. Frente a esta situación, la fiscal y la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, resolvieron no proceder al secuestro inmediato de los equipos para no poner en riesgo la vida ni la salud de los pacientes.

La intervención judicial se originó tras la denuncia presentada por el director del Hospital Público Materno Infantil, quien alertó por el presunto robo de varios equipos y otros artefactos entregados a la clínica de forma gratuita por un tiempo determinado.

La investigación permitió identificar que un médico de planta del hospital, con funciones en el área de Gestión de Neonatología, figura como socio fundador de NEOFENIX S.R.L., la empresa que presta servicios en la clínica privada donde fueron localizados los dispositivos. El objeto social de la firma incluye la realización de prácticas de neonatología y pediatría.

“El hallazgo de los dispositivos en la clínica privada motivó que la fiscal dispusiera el relevamiento, identificación y la designación de un depositario judicial, cargo que recayó en el encargado administrativo del establecimiento”, según detalló el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Durante el procedimiento, la jueza Claudia Puertas supervisó junto a la fiscal el cumplimiento de las medidas, con el objetivo de preservar tanto la integridad de los pacientes como la cadena de custodia de los equipos. Los dispositivos permanecerán bajo custodia judicial hasta tanto avance la investigación.

La causa continúa bajo el seguimiento de la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta, mientras se analizan las responsabilidades legales y la razón por la cual los equipos se encontraban en uso dentro de la clínica privada.

No los dejaron entrar y desataron una brutal golpiza: sillazos y trompadas en una clínica de Mar del Plata

Escenas de extrema violencia se vivieron en las últimas horas en una clínica de la ciudad de Mar del Plata, donde familiares de un paciente atacaron a un empleado de seguridad. Hubo sillazos, piñas y hasta golpes con un casco de moto.

El brutal episodio ocurrió este lunes por la tarde en la clínica Luro, ubicada en avenida Pedro Luro al 4600. Minutos después de las 16, según indicaron medios locales, dos hombres ingresaron al establecimiento completamente fuera de sí.

Las cámaras de seguridad del sanatorio registraron toda la secuencia. Primero, uno de los agresores arrojó el casco de su moto contra el guardia de seguridad, que apenas alcanzó a cubrirse la cabeza. Luego, el segundo atacante hizo lo mismo.

De inmediato, ambos comenzaron a golpearlo a las piñas, llegando incluso a atacarlo con sillas. Varias personas que se encontraban dentro del sanatorio intentaron interceder para frenar la agresión, aunque la violencia se prolongó durante casi un minuto.

De acuerdo con las primeras informaciones, los agresores serían familiares de un paciente a quienes el guardia de seguridad les había negado el ingreso momentos antes, ya que en el lugar se estaban realizando tareas de limpieza.

La Justicia de Salta imputó esta semana a siete detenidos por, presuntamente, haber asesinado a golpes a José Antonio “Niti” Cuellar, un hombre de 52 años que había sido arrestado a fines de enero, acusado de abusar de una menor de edad en la ciudad de Joaquín V. González, ciudad cabecera del Departamento Anta.

Según precisaron desde el Ministerio Público Fiscal salteño, el hecho ocurrió el 28 de enero en la Comisaría 1 de Joaquín V. González, cuando entre las 14.40 y las 15.20, Cuellar habría sido agredido físicamente por sus compañeros de celda.

Como consecuencia, el hombre sufrió una descompensación y fue trasladado al hospital local, donde recibió asistencia médica y, aproximadamente, una hora más tarde, falleció.

En el marco de la investigación, la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, dispuso en primera instancia la documentación de la escena por parte de personal de Criminalística, la recepción de testimonios, el secuestro de elementos de interés y todas las medidas necesarias para trabajar en el esclarecimiento del hecho.

Asimismo, la fiscal Pisacic ordenó el traslado del cuerpo de Cuellar a la ciudad de Salta para la realización de la autopsia por parte del Servicio de Tanatología Forense del CIF. Hasta este jueves, los resultados del examen anatómico no habían sido difundidos por las autoridades.

La Fiscalía Penal de Anta, a cargo de los fiscales Pisasic y César Saravia, imputó de manera provisional a siete detenidos como coautores de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Los fiscales del caso señalaron que la investigación se encuentra en pleno desarrollo, con la afectación de todos los recursos necesarios y previéndose extensas jornadas de audiencias testimoniales y otras medidas que se dispusieron para identificar y condenar a los responsables.

Asimismo, Pisacic y Saravia destacaron el trabajo de personal de la Brigada de Investigaciones 5 y la colaboración de personal especializado del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en la realización de tareas de inspección ocular, análisis de registros, pericias técnicas, secuestro y análisis de elementos de interés y todas aquellas diligencias que resulten necesarias.

En este contexto, por el momento no se informó la apertura de investigaciones contra los policías que trasladaron a Cuellar a Las Lajitas, adonde había sido derivado luego de su detención.

Sobre esta versión, vecinos de Joaquín V. González señalaron al portal Anta Periodismo que “Cuellar habría sido agredido antes de su ingreso a la comisaría, presuntamente por particulares, y que durante su detención se habrían escuchado golpes al momento de ser subido al móvil policial”.

El reclamo de la familia

En una carta abierta consignada por el medio local Info Salta, familiares de Cuellar reclamaron justicia y cuestionaron el accionar policial y judicial.

En el texto, advirtieron que a la víctima “en menos de 24 horas lo culparon, lo condenaron y lo mataron”, y denunciaron que la Policía “se creyó con el poder de entregarlo”, apuntando también contra un “jefe de Policía ausente” y una Fiscalía que, según consideraron, permanece en silencio.

“No entendemos cómo no pudieron escuchar que estaban golpeando a un hombre, cómo no pudieron escuchar gritos de auxilio”, cuestionaron. Además, la familia sostuvo que no recibió información clara sobre las circunstancias de la muerte ni sobre el lugar donde se produjo el fallecimiento, y denunció malos tratos durante las horas posteriores al hecho.

Por último, la familia pidió el acompañamiento de la comunidad y advirtió sobre la falta de respuestas institucionales en la zona. “Hoy le tocó a José, pero mañana puede ser cualquier otro”, concluyeron.

La Policía logró detener al principal sospechoso por un crimen, ocurrido en noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión, provincia de Salta. El operativo fue realizado por personal especializado de la Unidad de Investigación de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), que concretó la captura tras una labor de vigilancia y seguimiento. El sospechoso permaneció más de un año prófugo.

El detenido, identificado como J. J. P., alias “Camboya”, está acusado de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, la operación se desarrolló en el sector oeste de la ciudad, donde los investigadores detectaron la presencia del sospechoso desplazándose en una motocicleta sin patente.

El seguimiento condujo al domicilio ubicado sobre Ruta 99 s/n, en el loteo Tierra Mía, donde se dispuso una vigilancia discreta ante la presencia de varias personas y la peligrosidad del individuo.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el sospechoso empredió una huida a pie por un terreno baldío.

El hecho que originó la causa se remonta al 15 de noviembre de 2024, cuando una serie de discusiones en el barrio Alta Tensión derivó en un enfrentamiento armado.

La víctima fatal, un joven de 24 años, recibió un disparo en el tórax y falleció horas después en el Hospital San Bernardo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida. Otras personas resultaron con heridas de gravedad.

En el lugar de los hechos se incautaron 18 vainas servidas, lo que da cuenta de la violencia desplegada en el episodio.

La investigación, a cargo del fiscal penal 2, Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, incluyó allanamientos, intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia y vigilancia, además de un pedido de captura nacional e internacional para el imputado, quien permaneció prófugo durante más de un año.

El Ministerio Público Fiscal dispuso medidas probatorias orientadas a reconstruir la secuencia de los hechos y determinar la autoría material del ataque. En el marco del expediente ya se encuentran detenidos con prisión preventiva otros tres hombres.

La detención de J. J. P. se logró gracias a un despliegue coordinado entre la Unidad de Investigación UGAP y el Sistema de Emergencias 911.

Desde el inicio de la pesquisa, los investigadores desplegaron medidas de inteligencia y recolección de pruebas, incluyendo allanamientos en distintos puntos de la ciudad e intervenciones telefónicas que permitieron identificar a los presuntos responsables.

A partir de ahora, las autoridades judiciales evalúan nuevas pruebas y testimonios recabados en los últimos días, en busca de esclarecer completamente la mecánica del hecho y el rol de cada uno de los implicados y en los próximos días se definirán nuevas medidas probatorias y se evaluará el avance de la investigación.

Estaba prófugo por abuso y cayó en Wilde

Días atrás, un hombre, apodado “El Chacal”, fue detenido en Wilde, en el sur del Conurbano bonaerense, acusado de abusar de forma reiterada de su hijastra de 4 años.

El imputado, sobre quien pesaba un pedido de captura, fue arrestado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.

La investigación se inició a raíz de una denuncia efectuada por el padre de la pequeña víctima, quien comenzó a notar diferentes conductas de su hija que llamaron su atención. Tras varias conversaciones, la nena pudo contarle a su mamá lo que estaba sucediendo.

Los aberrantes hechos imputados a “El Chacal” ocurrieron en un domicilio ubicado en el barrio de Balvanera, de la Ciudad de Buenos Aires, entre los meses de mayo de 2021 y enero de 2022, cuando el atacante mantuvo una relación sentimental con la madre de la niña, de por entonces 4 años de edad, y se había mudado a vivir con ellas.

Luego de efectuar pericias que incluyeron entrevistas a la menor en Cámara Gesell, la causa fue elevada a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25, a cargo de Marcelo Romero.

Sin embargo, el agresor, al tanto del proceso judicial en su contra, desapareció antes de que pudieran notificarlo sobre la determinación judicial. Los detectives comprobaron que se había fugado con rumbo desconocido.

Ante esta circunstancia, el magistrado actuante decidió convocar a los efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA para que inicien tareas investigativas para encontrar al evadido.

En ese contexto, los federales efectuaron diversas tareas de campo y análisis de datos, logrando localizar al acusado en un domicilio ubicado en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, donde se ocultaba.

Los detectives implantaron una discreta vigilancia en la zona y, al cabo de algunos días, lograron hallar al acusado en la intersección del Camino General Belgrano y la calle Bouchard.

“El Chacal” llevaba el pelo rubio platinado y escuchaba música con auriculares mientras caminaba. No sospechaba que lo estaban vigilando de cerca. En ese momento, lo detuvieron sin demoras, precisaron las fuentes.

Una crecida del río Iruya dejó al descubierto restos óseos en la provincia de Salta y la Justicia confirmó que uno de ellos corresponde a Fernando José Rodríguez, el hombre desaparecido hace ocho meses en esa localidad.

El hallazgo se produjo cerca del río tras fuertes lluvias ocurridas entre el 20 y el 22 de diciembre pasado, cuando emergieron no solo huesos humanos, sino también un par de zapatillas que se investiga si pertenecían a Rodríguez.

La identidad de uno de los restos se estableció a partir de pruebas genéticas, que mostraron una compatibilidad superior al 99,99 por ciento con las muestras aportadas por una de las hermanas. La información fue difundida este miércoles por el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Rodríguez, de 29 años, había desaparecido el 9 de mayo de 2025 en el paraje Chiyayoc, en ocasión de las festividades patronales de la Virgen de Luján. La denuncia formal de la ausencia se presentó dos días después por parte de sus familiares, quienes impulsaron distintas acciones para dar con su paradero.

La noche previa a la desaparición, Rodríguez había llegado a Chiyayoc para participar de un campeonato de fútbol y una fiesta patronal. Entre las 4 y las 7 de la mañana del 9 de mayo se produjo una pelea en la que participaron al menos cuatro jóvenes. Testigos señalaron que la agresión empezó dentro del centro comunitario y siguió afuera.

Luego, alrededor de las 7, fue visto tendido fuera del salón, aunque nadie se acercó a ver cómo estaba. Según la familia y allegados, este comportamiento resultó muy extraño en una comunidad donde todos se conocen. La sospecha recae en que Rodríguez no estaba descansando en ese momento, sino que podría haber estado agonizando.

Lo cierto es que, a partir de esa mañana, el joven no fue visto de nuevo. “Es como si se lo hubiera tragado la tierra”, dijo su hermana, Reyna. En tanto, Raúl Viveros, vocero designado por la familia y referente de la región de Colanzulí, denunció en su momento que había sospechas de encubrimiento y que los autores del ataque estaban identificados.

Justamente, los jóvenes señalados fueron demorados en el inicio de la causa, pero recuperaron la libertad al poco tiempo.

Las tareas de búsqueda se desplegaron en la zona con equipos especializados y la participación de distintos grupos de la Policía de la Provincia de Salta, entre ellos Infantería, Bomberos, GORA, División Canes y GOPAR, además de personal proveniente de Tucumán. Utilizaron canes adiestrados, drones y realizaron recorridas de campo en un área de difícil acceso.

El fiscal penal Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas, viajó en junio a la región junto a la Unidad de Investigación UGAP para realizar inspecciones y tomar declaraciones testimoniales.

Tras las lluvias en diciembre que provocaron la crecida del río Iruya, aparecieron restos óseos y unas zapatillas a unos tres kilómetros de Chiyayoc.

El área se preservó y se extrajo material genético de las hermanas del joven desaparecido. El Departamento de Biología Molecular Forense del CIF analizó las muestras y estableció científicamente la correspondencia de uno de los restos con Rodríguez, confirmando así la información que la familia esperaba desde hacía meses.

Así las cosas, la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas mantiene la investigación abierta para identificar el resto de los elementos hallados y avanzar en el esclarecimiento del caso. Hasta el momento, no se informó sobre nuevas detenciones ni imputaciones.

Rodríguez residía en el paraje Río Grande de Colanzulí, y al momento de los hechos era el presidente del club de fútbol local. El caso generó un fuerte impacto en la comunidad local. Su familia, junto con vecinos, había realizado movilizaciones y actividades para reclamar avances en la causa, y mantuvo encuentros con autoridades judiciales a lo largo de estos meses.

El procedimiento se realizó en el marco de la inauguración del Hospital Público Digital SAFESA, un evento al que asistieron funcionarios, profesionales de la salud y legisladores. Frente a la reciente firma del DNU que establece la obligatoriedad de los exámenes, el mandatario buscó así dar una señal clara sobre la implementación de la nueva norma y la transparencia en el ejercicio de la función pública.

La jornada fue observada en detalle por el vicegobernador, el presidente del Foro de Intendentes y representantes legislativos, quienes también participaron de la demostración de la tecnología aplicada a la salud y el control toxicológico. Sáenz instó a los profesionales presentes a realizarle una rinoscopia, práctica que acompañó al test de sustancias psicoactivas. De esta manera, el gobernador puso en evidencia la utilidad de los avances tecnológicos y su integración en políticas de control y prevención, fortaleciendo el mensaje de que la responsabilidad institucional debe ir acompañada de acciones concretas.

El estudio, que arrojó un resultado negativo, enfatizó la norma que regirá para todas las personas que deseen ingresar o mantenerse en cargos públicos en los tres poderes del Estado provincial.

El DNU firmado por Sáenz establece que los exámenes toxicológicos serán obligatorios para funcionarios del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos de control y municipios. Detalla que la prueba será exigida desde el gobernador hasta los concejales e incluirá a quienes aspiren a ingresar a cualquier organismo estatal. El instrumento legal fue rubricado en presencia de diputados provinciales y autoridades del gabinete, y será remitido a la Legislatura para su tratamiento.

De acuerdo con la normativa, los controles buscarán detectar metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras sustancias psicoactivas. Los exámenes se realizarán de manera sorpresiva mediante test rápidos homologados. En caso de resultado positivo, se activará un protocolo que contempla un análisis confirmatorio en laboratorios habilitados y con sorteo, garantizando la cadena de custodia y el derecho de defensa a través de una contraprueba. “He tomado la decisión de hacerlo de esta manera para que esto no sea una invitación, sino una obligatoriedad para todos”, remarcó el gobernador, luego de que la iniciativa registrara retrasos en la Legislatura provincial.

Para cargos electivos o magistrados con estabilidad, como jueces de la Corte o legisladores, un resultado positivo derivará en la activación de los mecanismos de remoción previstos por la Constitución, como el juicio político o el jurado de enjuiciamiento. En el caso de funcionarios designados, será causal de remoción directa. La secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, destacó que la iniciativa “permite dar un paso muy importante” en la política de transparencia y ética en la provincia, al tiempo que renueva la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Hospital Público Digital

El lanzamiento del Hospital Público Digital SAFESA sirvió de marco para que Sáenz vinculara la tecnología con la política de control toxicológico. El nuevo sistema, pionero en el país, permitirá eliminar barreras geográficas y facilitar el acceso a la medicina de alta complejidad en toda la provincia. Durante la presentación, la neuróloga Noelia Flores realizó una consulta a distancia con el Hospital de La Merced, demostrando la funcionalidad del equipamiento.

Al cierre de la actividad, Sáenz reafirmó su compromiso de expandir el SAFESA a todo el territorio provincial en el plazo de seis meses. “Dijimos que íbamos a transformar Salta con hechos, no con palabras”, concluyó el gobernador.