Luego de que se confirmara que el cuerpo encontrado en el río Juramento pertenecía a Isabel Verónica Galbán, la mujer de 40 años que era buscada en Salta, la Fiscalía imputó a la pareja de la víctima por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Además, una mujer del entorno del hombre fue acusada de encubrimiento.

Los sospechosos fueron arrestados poco después de que el cadáver fuera encontrado en el camping Laguna Blanca, en la localidad de Joaquín V. González, el lunes por la tarde. Según explicaron las autoridades, el arresto se dispuso debido a que se detectaron contradicciones en las versiones que dieron a los efectivos.

Mientras que uno de ellos se trata de un hombre que mantenía una relación con la víctima, la mujer fue identificada como una persona mayor de edad que sería parte del entorno del principal acusado. Ambos se abstuvieron de declarar, por lo que el Ministerio Público Fiscal (MPF) salteño pidió que continúen detenidos.

En línea con esto, la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, acusó de manera provisoria a la pareja Galbán como presunto autor de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Asimismo, la mujer fue imputada como presunta autora del delito de encubrimiento.

Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal de Salta, al momento del hallazgo, los investigadores solo habían logrado establecer que se trataba de una persona de sexo femenino. Por esto, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde se practicó la autopsia.

A raíz del avanzado estado de descomposición, se ordenaron análisis de anatomopatología, toxicología y otros estudios complementarios para establecer la causa y la data de la muerte. Asimismo, indicaron que la identificación se realizó mediante el reconocimiento de familiares y el cotejo de huellas dactilares.

Pese a las imputaciones, la fiscal García Pisacic indicó que la investigación continúa en curso y que todavía se ejecutan numerosas medidas investigativas. También pidió prudencia en la difusión de información para evitar interferencias que puedan afectar el avance de la causa.

Galbán había sido vista por última vez durante la mañana del jueves 22 de octubre, cuando salió de su vivienda en el barrio Facundo Quiroga de Joaquín V. González. Según el pedido de localización, dijo que iba a dirigirse a la casa de su madre, pero desde entonces su familia perdió contacto con ella.

La denuncia por desaparición fue presentada el 23 de octubre. Durante el operativo de búsqueda, una cámara de seguridad registró a la mujer con pantalón vaquero y zapatillas blancas, prendas que no coincidían con la descripción inicial aportada por el denunciante.

Otro femicidio en Salta

El resultado de la autopsia practicada a Roxana Guiravica, la joven de 28 años hallada sin vida en San José de Metán, determinó que murió por asfixia mecánica por ahorcamiento. No obstante, la Fiscalía Penal 2 departamental mantiene abierta la investigación bajo el protocolo para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El cuerpo fue encontrado el sábado pasado en una zona descampada de la ciudad por efectivos de la División Caballería de la Policía de Salta. Los agentes realizaban un rastrillaje para localizar a un detenido que se había fugado de la comisaría de El Galpón cuando dieron con los restos.

El cadáver, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, fue trasladado a la ciudad de Salta para la intervención del Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El informe preliminar estableció que Guiravica presentaba una lesión en el cuello compatible con un surco de ahorcadura oblicuo, ascendente de derecha a izquierda. Los peritos también constataron tres cortes superficiales en el antebrazo izquierdo, aunque aclararon que no tenían gravedad suficiente para provocar la muerte.

El fiscal Gonzalo Gómez Amado indicó que la pesquisa continuará bajo el protocolo vigente para este tipo de muertes. Según la normativa de la Procuración General de Salta, la causa debe ser investigada con presunción de homicidio doloso en todos los fallecimientos, incluso aquellos que en una primera instancia puedan parecer accidentes o suicidios, hasta descartar de manera fundada la intervención de un delito.

Luego de que los familiares identificaron formalmente a la joven, el cuerpo fue entregado para su inhumación. La hermana de la víctima, Cintia Rueda, pidió que la Justicia profundice las medidas para determinar qué ocurrió.

Por otro lado, se conoció que la familia había perdido contacto con Guiravica cerca de una semana antes del hallazgo, aunque no había presentado una denuncia por desaparición. Sus allegados señalaron que la joven atravesaba problemas de consumo y que solía ausentarse de su domicilio durante varios días.

Encontraron el cuerpo de una mujer en el río Juramento, en Salta, y ahora la Justicia busca establecer si se trata de Isabel Verónica Galbán, de 40 años, desaparecida desde el jueves 22 de octubre. El cadáver fue hallado cerca del camping Laguna Blanca y su avanzado estado de descomposición impidió una identificación inicial.

El hallazgo se produjo durante la tarde de este lunes, en un sector del río ubicado en jurisdicción de Joaquín V. González, departamento de Anta. Según las primeras actuaciones, dos pescadores detectaron la presencia de los restos sobre las márgenes del curso de agua y alertaron a la Policía.

Tras la notificación, efectivos policiales y personal especializado desplegaron un operativo para preservar el lugar, retirar el cuerpo y reunir elementos que permitan reconstruir las circunstancias del hecho. La investigación quedó bajo la dirección de la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic.

El Ministerio Público Fiscal informó que, hasta el momento, solo pudo determinarse que el cadáver corresponde a una persona de sexo femenino. Las condiciones en las que fue encontrado impidieron realizar un reconocimiento inicial y, por ese motivo, no existe una confirmación oficial sobre si se trata de Galbán.

La fiscal dispuso el traslado del cuerpo al hospital de El Quebrachal, donde se realizará la autopsia correspondiente. El examen forense buscará establecer aspectos centrales como la causa de muerte, la fecha aproximada del fallecimiento y las circunstancias en las que el cuerpo llegó al río. Antes de atribuir a la mujer desaparecida el cuerpo encontrado, la Fiscalía espera los resultados de las pericias.

La desaparición de Isabel Verónica Galbán

Isabel Verónica Galbán, de 40 años, fue vista por última vez durante la mañana del jueves 22 de octubre, cuando salió de su casa del barrio Facundo Quiroga, en Joaquín V. González. De acuerdo con la información difundida en el pedido de localización, la mujer habría dicho que se dirigiría a la vivienda de su progenitora, aunque desde entonces no volvió a tener contacto con sus familiares.

La denuncia por su desaparición fue radicada el viernes 23 en la Comisaría 1 de la localidad. Una cámara de seguridad habría registrado a Galbán con pantalón vaquero y zapatillas blancas, prendas que diferían de la descripción inicial aportada por el denunciante, según indicó la Policía de Salta.

En los días posteriores, familiares y allegados cuestionaron públicamente la respuesta inicial de las autoridades y denunciaron demoras para iniciar los rastrillajes por una presunta falta de recursos y combustible. Más tarde, la Policía informó que el Distrito de Prevención 5 había organizado un operativo de búsqueda bajo las directivas de la Fiscalía Penal 1, con la intervención de distintas áreas y unidades especiales.

Las tareas incluyeron rastrillajes y la recopilación de información sobre los últimos movimientos de Galbán, sus contactos y los lugares que pudo haber frecuentado antes de que se perdiera todo registro de su paradero.

En paralelo, la Fiscalía ordenó la detención de dos personas investigadas por su posible relación con la desaparición. Entre ellas se encuentra el hombre con quien Galbán mantenía una relación de pareja y otra mujer mayor de edad.

Las medidas fueron tomadas después de que surgieran contradicciones en declaraciones incorporadas durante las primeras actuaciones. Los detenidos serán imputados este martes, aunque hasta ahora no se informó de manera oficial qué delitos les atribuirá la fiscalía.

Asimismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó autorización judicial para efectuar tres allanamientos en domicilios de Joaquín V. González. En los procedimientos participaron efectivos policiales, especialistas de Criminalística y personal de la División Canes, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la causa.

Efectivos de la Policía de Salta que este sábado encabezaban la búsqueda de un preso fugado en la ciudad de San José de Metán hallaron el cuerpo de Roxana Guiravica, una joven de 28 años cuyos restos aparecieron en un descampado tras permanecer desaparecida durante al menos una semana.

Si bien una de las primeras hipótesis que barajaba el fiscal Gonzalo Gómez Amado, de la Fiscalía Penal 2 departamental, apuntaba a un presunto suicidio, el resultado de la autopsia, difundido este domingo por el Ministerio Público Fiscal provincial, podría provocar un giro en la causa.

Según precisaron fuentes del caso a Infobae, el hallazgo del cuerpo de Roxana ocurrió en una zona descampada de la ciudad, durante un rastrillaje que personal de la División Caballería realizaba para dar con el paradero de un recluso que escapó de la comisaría de la localidad El Galpón. El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y fue trasladado a la ciudad de Salta para la realización de la autopsia.

El estudio forense estableció que la mujer encontrada sin vida murió por asfixia mecánica por ahorcamiento.

De acuerdo con el informe preliminar del Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, el cuerpo presentaba una lesión única en el cuello, compatible con un surco de ahorcadura oblicuo ascendente de derecha a izquierda.

Además, los peritos constataron tres lesiones cortantes superficiales en el antebrazo izquierdo, que, según el informe, no tenían entidad suficiente para causar la muerte.

El fiscal Gómez Amado indicó que la investigación continúa bajo el protocolo vigente para establecer las circunstancias del hecho. Al momento del hallazgo, familiares señalaron que la mujer se encontraba ausente de su hogar, aunque no se había presentado una denuncia por su desaparición.

La actuación se rige por una resolución de la Procuración General de la Provincia que dispone aplicar la presunción de homicidio doloso ante toda muerte, incluso cuando inicialmente pudiera aparentar un accidente o un suicidio, hasta descartar de forma fundada la intervención de un delito.

Consumado el hallazgo, los familiares de Roxana realizaron la identificación formal y el cuerpo fue entregado para su inhumación.

La familia apunta a un presunto crimen

La hermana de Roxana, Cintia Rueda, expresó sus dudas sobre lo ocurrido y pidió que la Justicia profundice la investigación.

“No creo que se haya quitado la vida, alguien le hizo algo”, sostuvo en declaraciones a El Tribuno.

Asimismo, la mujer explicó que Roxana atravesaba problemas de consumo de drogas y que, por esa situación, solía ausentarse de su hogar durante varios días. La familia había perdido contacto con ella aproximadamente una semana antes del hallazgo, pero no había presentado una denuncia por desaparición porque esas ausencias eran habituales.

Uno de los principales cuestionamientos de sus allegados está relacionado con las condiciones en las que apareció el cuerpo, que fue encontrado en el suelo y llevaba varios días en el lugar.

Una médica fue golpeada por la hija de un paciente y sufrió una doble fractura de maxilar superior. El ataque ocurrió el martes en un sector restringido del Hospital Papa Francisco, en la ciudad de Salta. Según denunció la dirección del nosocomio, la agresora no quedó detenida después de la intervención policial.

La profesional recibió atención de sus compañeros y se encuentra con licencia laboral, bajo acompañamiento de un equipo multidisciplinario.

La agresora ingresó al primer piso del hospital y accedió a una sala privada donde personal médico realizaba tareas administrativas. Ese espacio no estaba destinado a la circulación de pacientes ni familiares. Según Hola Salta, allí, la mujer golpeó en el rostro a la médica.

La lesión fue descripta como una doble fractura de maxilar superior, por lo que la trabajadora debió ser asistida de inmediato por otros integrantes del equipo de salud. Tras el ataque, sus colegas cerraron la puerta de la sala para protegerla y evitar que la situación continuara dentro de ese sector.

Las autoridades resolvieron luego gestionar el traslado de ese paciente a otro centro asistencial, con el objetivo de garantizar la continuidad de su tratamiento y, al mismo tiempo, preservar la seguridad del personal afectado.

La agresión física no habría sido el único episodio. Luego del ataque inicial, la mujer volvió a cruzarse con la médica en presencia de la directora médica del establecimiento, Betania Sánchez. En ese momento, la agresora profirió insultos y amenazas de muerte contra la profesional.

Frente a esa situación, la dirección del hospital dispuso que fuera retirada del edificio. La médica permanece fuera de sus tareas habituales mientras recibe contención laboral y asistencia especializada.

Desde el centro de salud, consideran que el caso expone un problema que excede a un episodio puntual: la falta de resguardo suficiente para médicos, enfermeros, administrativos y el resto de los trabajadores que cumplen funciones en guardias y áreas de atención.

Las agresiones contra personal sanitario suelen tener consecuencias que trascienden a la víctima directa. En un hospital, una situación de violencia puede afectar la atención de otros pacientes, obligar a reorganizar equipos y generar interrupciones en servicios que funcionan bajo demanda permanente.

El hospital reclamó más seguridad tras la agresión

El director del Hospital Papa Francisco, Rodrigo Maroni, cuestionó el procedimiento de los efectivos que acudieron al lugar tras un llamado al 911. El funcionario sostuvo que la intervención fue insuficiente ante la gravedad de las lesiones y las amenazas posteriores.

También denunció que la agresora no quedó bajo custodia policial y señaló que, según la versión expuesta por la institución, los uniformados incluso la acompañaron a radicar una denuncia contra el hospital. “Es una ofensa hacia el trabajador de la salud pública”, afirmó.

Maroni vinculó lo ocurrido con una reducción sostenida de recursos de seguridad. El hospital brinda cobertura a 254.000 habitantes y su Guardia Médica recibe más de 180 consultas diarias, según los datos aportados por la dirección.

Actualmente, el establecimiento cuenta actualmente con apenas dos vigiladores por turno. El director aseguró que en los últimos años se perdió el 80% del personal de seguridad que prestaba tareas en la institución.

El hospital tiene un espacio preparado para un destacamento policial, aunque permanece vacío desde hace dos años. La dirección aseguró que ya solicitó al secretario de Seguridad, Vilches, que se destine personal al lugar.

La médica continuará bajo licencia mientras se recupera de las lesiones. En paralelo, las autoridades del centro asistencial insisten en que se adopten medidas para reforzar la seguridad y evitar nuevos ataques contra el personal.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta condenó a 10 años de prisión a dos pilotos bolivianos que el 4 de noviembre de 2025 se estrellaron con una avioneta cargada con 364 kilos de cocaína en la ciudad de Rosario de la Frontera. La sentencia, dictada el lunes pasado por la jueza Gabriela Catalano, llegó tras un acuerdo pleno que los consideró coautores de contrabando de importación de estupefacientes destinados a su comercialización, con agravantes por la participación de tres o más personas y el uso de transporte aéreo por rutas no autorizadas con aterrizaje clandestino.

La aeronave, una avioneta con matrícula CP-3167 y bandera de Bolivia, había partido del aeropuerto Germán Quiroga Guardia, en el municipio boliviano de San Borja, y realizó una escala en la provincia de Wernes para cargar la droga. Su destino era la finca “El Cóndor o Laguna Negra”, ubicada a la vera de la ruta provincial N°3, a pocos kilómetros del puesto fijo de Gendarmería Nacional en El Naranjo.

Al intentar descender, los pilotos perdieron el control y la aeronave se estrelló contra una cortina de arbustos espinosos conocidos como churquis. La maniobra fallida incluyó el choque contra un Volkswagen Gol Trend que pertenecía a uno de los cómplices, Julián Darío Mansilla, y que terminó incendiado. Mansilla fue rescatado por sus compañeros antes de que las llamas consumieran el vehículo.

El acuerdo pleno fue impulsado por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, y alcanzó al piloto Juan Pablo Quinteros Peredo y al copiloto Henry Álvaro Mercado Cuajera. Además de la pena de prisión, la sentencia incluyó la inhabilitación por cinco años para ejercer el comercio y por el doble del tiempo de la condena para desempeñarse como funcionario público. También se ordenó el decomiso de la avioneta en favor de la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica N°3.144 “Capitán Marcelo Lotufo”, con fines didácticos. La identificación de la aeronave no pudo ser rastreada porque el fuselaje y el motor carecían de números de serie.

Cuando los gendarmes llegaron al lugar del accidente, encontraron la avioneta parcialmente cubierta de barro e incrustada en la vegetación. En la cabina había rastros de sangre y, sobre el piso, tres bolsas de arpillera que contenían 136 kilos de cocaína, distribuidos en 42 paquetes con la inscripción “Prada Milano”.

Junto a la carga hallaron botellas de gaseosa de procedencia boliviana. A pocos metros del aparato, los efectivos también localizaron la cédula de una moto a nombre de Mansilla, una antena satelital y bidones de combustible que, se presume, estaban destinados a reabastecer la aeronave.

La investigación, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, avanzó con rapidez. En paralelo, la División Drogas Peligrosas de la Policía de Salta informó sobre una denuncia previa que señalaba a Mansilla, Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuellar como integrantes de una organización dedicada al transporte de droga en grandes cantidades.

Primero se detuvo a Mansilla y luego a Gómez, quien circulaba en una camioneta Chevrolet S10. A partir de esos operativos se logró el hallazgo de otras 5 bolsas con cocaína que habían sido transportadas en la avioneta siniestrada y estaban enterradas en un predio cercano al lugar del accidente. Cada una contenía 42 paquetes, con un peso total de 228 kilos. Esta droga presentaba una pureza del 74 %, con capacidad de producir cerca de 2 millones y medio de dosis, una circunstancia que la fiscalía destacó por su afectación a la salud pública.

Los dos pilotos, por su parte, fueron capturados la tarde del 5 de noviembre de 2025 en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera. Un comerciante alertó a las autoridades sobre dos hombres con tonada boliviana que presentaban heridas en los brazos e intentaban cambiar dólares por pesos. Al día siguiente, Cuellar fue detenido en Antillas, donde se había refugiado en la casa de una vecina. El operativo demandó un amplio despliegue de fuerzas, con intervención de unidades de Gendarmería Nacional, la División Rural de la Policía de Salta y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que quedó a cargo de las tareas de investigación posteriores.

Durante la audiencia de homologación, Quinteros Peredo y Mercado Cuajera alegaron que habían actuado por necesidad, ante la crisis que atraviesa su país. Sin embargo, reconocieron su responsabilidad penal y prestaron conformidad con los términos del acuerdo, que fue ratificado por la defensa. La jueza Catalano coincidió con la fiscalía y subrayó la gravedad del hecho por la modalidad empleada. “Aquí estamos en un nivel superior”, dijo, y agregó que “la droga podía haber intoxicado a más de dos millones de argentinos”. Sobre lo declarado por los pilotos, sostuvo que solo habían intentado justificarse y que era notoria su intención de lucro.

Un hombre de 25 años fue imputado provisionalmente por amenazas y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en una causa que investiga la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera en la provincia de Salta. La acusación se vincula con una denuncia realizada por una mujer embarazada, quien afirmó haber sido agredida por su entonces pareja durante una discusión.

El fiscal penal Nicolás Rodríguez López formalizó la imputación durante una audiencia en la que el acusado contó con la asistencia de la defensa oficial. El hombre optó por no declarar ante la acusación, mientras que la Fiscalía pidió que continúe detenido mientras avanza el proceso.

Según la información judicial disponible, el caso tuvo origen el 19 de octubre. La denunciante relató una secuencia de agresiones y amenazas que, de acuerdo con su presentación, comenzó en el ámbito de la relación de pareja y continuó fuera del lugar donde se produjo el primer episodio.

La mujer manifestó que mantuvo una discusión con el hombre con el que mantenía hasta ese momento una relación de pareja. En ese contexto, según su denuncia, habría sufrido una agresión física.

De acuerdo con la información del portal del Ministerio Público Fiscal de Salta, la calificación legal provisoria incluye el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y el género. Esa figura contempla, en esta etapa inicial, la presunta existencia de una lesión cuya gravedad legal es considerada leve, aunque el vínculo entre las personas involucradas y el contexto de violencia de género son elementos que agravan la acusación.

La imputación también comprende el delito de amenazas, señalado por la Fiscalía en concurso ideal con las lesiones. Esta modalidad se aplica de manera provisoria cuando una misma situación o conducta puede quedar alcanzada por más de una figura penal, una circunstancia que deberá ser analizada en el desarrollo de la investigación.

La acusación formulada no implica una condena ni establece responsabilidad penal definitiva. La causa continuará bajo investigación y el imputado conserva las garantías del debido proceso, entre ellas el derecho a defensa y el principio de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.

Tras el episodio inicial, la denunciante indicó que pudo retirarse del lugar. Sin embargo, sostuvo que el acusado la interceptó posteriormente en la vía pública, donde habría continuado con su accionar.

De acuerdo con el relato incorporado a la causa, una mujer que se encontraba ocasionalmente en la zona intervino en esa situación.

La mujer afirmó además que, luego de llegar a la vivienda de un familiar, recibió una llamada telefónica de su pareja. Según su presentación, durante esa comunicación persistieron las amenazas que motivaron la intervención de la Fiscalía.

La investigación deberá determinar las circunstancias de cada uno de los hechos denunciados, la secuencia temporal, el contenido de las comunicaciones y la eventual existencia de otros elementos de prueba.

Durante la audiencia de imputación, el fiscal Nicolás Rodríguez López requirió que el hombre permanezca detenido. El pedido deberá ser resuelto conforme a las instancias procesales correspondientes y a la valoración judicial de los elementos reunidos en el expediente.

El hombre fue asistido por la defensa oficial y decidió abstenerse de declarar. Esa decisión forma parte de los derechos que tiene toda persona imputada y no puede interpretarse como reconocimiento de los hechos atribuidos por la Fiscalía.

La investigación permanece en una etapa preliminar, con una imputación provisoria que puede sostenerse, modificarse o ampliarse según los elementos que se incorporen durante el proceso.

Un joven de 21 años permanece detenido en Joaquín V. González, provincia de Salta, como presunto responsable de la muerte de su propia madre, una mujer de 38 años, ocurrida durante la madrugada del lunes 19 de octubre en una vivienda del barrio Facundo Quiroga. La fiscal a cargo del caso confirmó que el acusado será imputado este martes en una audiencia formal, mientras la investigación avanza con las primeras conclusiones de la autopsia.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta informó que la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, intervino de forma inmediata tras el reporte del hecho. La funcionaria se trasladó hasta el domicilio donde se produjo el ataque para coordinar en persona las tareas del personal de Criminalística y ordenó la realización de una autopsia que permitiera determinar con precisión la causa del deceso.

Los resultados preliminares de ese estudio arrojaron un dato contundente: la mujer falleció como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano grave, una lesión que comprometió de manera directa su cabeza. Con ese informe en mano, la fiscal dispuso las medidas necesarias para formalizar la acusación contra el hijo de la víctima, quien fue detenido en el lugar como principal sospechoso del ataque.

La audiencia de imputación, según confirmó el MPF, quedó fijada para este martes. En esa instancia, se le comunicará formalmente al joven la acusación en su contra.

Mientras se prepara esa audiencia, la Fiscalía continúa con distintas diligencias orientadas a reconstruir las circunstancias exactas del ataque. El objetivo de los investigadores es establecer cómo se desencadenaron los hechos que derivaron en la muerte de la mujer en las primeras horas del lunes, dentro de la vivienda que ambos compartían en el barrio Facundo Quiroga.

El MPF no brindó mayores precisiones sobre la mecánica del ataque ni sobre lo que ocurrió en las horas previas al hecho. Una vez cumplidos los trámites de rigor con el cuerpo de la víctima, la Justicia autorizó su entrega a los familiares para que pudieran proceder con la inhumación.

García Pisacic señaló, a través de un comunicado oficial, que se encuentran en cumplimiento todas las medidas necesarias para lograr esclarecer lo sucedido. El joven de 21 años continuará detenido al menos hasta la audiencia de este martes, cuando se defina su situación procesal.

“Me mandé una cagada”: mató a golpes a su pareja y llamó a su madre para confesar

La tranquilidad habitual de Valeria del Mar se vio alterada el sábado por la tarde, cuando un vecino escuchó discusiones y llantos provenientes de una vivienda de la calle Betbeder al 400, entre las 15 y las 17. Horas después, un niño de 12 años encontró a su madre, Aldana Novik Rojas, de 38, asesinada a golpes en el interior de la casa.

Por el femicidio fue detenido Cristian Navarro, de 45 años, pareja de la víctima, quien, tras el crimen, llamó a su madre para decirle que “se había mandado una cagada”. Luego se comunicó con un amigo, al que le confesó lo ocurrido y le envió su ubicación. Finalmente, agentes de la Policía Bonaerense lo encontraron en un descampado de la localidad balnearia.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el niño había salido de la vivienda para participar de una actividad recreativa y no se encontraba allí cuando ocurrió el ataque. En la casa, en cambio, estaba una hija menor de edad del acusado, una niña con discapacidad que no es hija de Aldana. Tras el crimen, quedó bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la principal hipótesis es que Navarro atacó a Aldana a golpes de puño en el rostro y le provocó una fractura de cráneo. La víctima murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Luego del ataque, el sospechoso se habría provocado heridas cortantes con un cuchillo en los brazos, el cuello y el abdomen, antes de abandonar el lugar. Las lesiones, de acuerdo con las fuentes consultadas, no fueron profundas ni revisten gravedad.

La artista interpretaba Favorita cuando advirtió que desde el techo comenzaban a caer materiales. Sin interrumpir la canción, Torres hizo señas a integrantes de su equipo técnico para alertarlos sobre la situación y siguió con atención lo que sucedía en la sala.

El hecho generó preocupación entre quienes asistían al espectáculo, aunque no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad. La función se desarrollaba con el teatro colmado, por lo que el desprendimiento provocó una inmediata reacción entre los espectadores.

La reacción de Torres desde el escenario

El momento quedó registrado en videos que algunos asistentes difundieron en redes sociales. En las imágenes se observa a Ángela Torres mirando hacia el sector afectado y realizando gestos hacia el personal del espectáculo, mientras continuaba con su interpretación.

La respuesta de la artista fue uno de los aspectos más comentados tras el recital. Varios fanáticos señalaron que mantuvo la calma frente a una situación que podía provocar una mayor alteración entre el público.

Una de las personas que presenció el episodio relató en redes sociales la tensión que se vivió dentro del teatro. “Se estaba cayendo el techo del teatro, por Dios... ”, expresó una testigo que se encontraba cerca del lugar donde se produjo el desprendimiento.

El comentario reflejó el impacto que tuvo la escena entre los presentes. Las publicaciones se multiplicaron durante las horas posteriores, junto con mensajes de preocupación por las condiciones del edificio y por la seguridad de quienes estaban en la sala.

El show formaba parte del No Me Olvides Tour, la gira con la que la cantante recorre distintas ciudades argentinas para presentar las canciones de su primer álbum de estudio.

La fecha en Salta reunía a seguidores de la artista en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. El incidente se produjo en pleno espectáculo, en un momento de alta concentración de público frente al escenario.

Hasta el momento, la información difundida indicó que no hubo consecuencias de gravedad para los asistentes. Tampoco sobre posibles modificaciones en la agenda de la gira.

El incidente en Salta ocurrió en un momento de expansión profesional para Ángela Torres. Tras lanzar No Me Olvides, presentó el material en el Teatro Margarita Xirgu, una sala con capacidad aproximada para 300 personas.

Meses después, la cantante anunció su primer recital en el Movistar Arena de Buenos Aires. La convocatoria tuvo una respuesta inmediata: las entradas para la primera función se agotaron en cuatro horas, lo que llevó a sumar una segunda fecha.

La agenda de Torres también incluyó presentaciones de gran escala. La artista fue telonera de los tres conciertos de Shakira en el estadio Vélez y participó en eventos como el festival Lollapalooza Argentina 2026 y la Fiesta de la Confluencia.

Otro de los hitos de esta etapa fue su aparición en una pantalla de Times Square, en Nueva York, como parte del programa EQUAL. La iniciativa de Spotify visibiliza a artistas mujeres de distintos países y acompaña sus lanzamientos.

En la Fiesta de la Confluencia, Torres actuó ante una multitud estimada en 370.000 personas, según la información difundida sobre el evento. Con esa serie de actuaciones, la cantante amplió su alcance más allá de Buenos Aires y reforzó su vínculo con audiencias de distintas provincias.

La legisladora advirtió que el oficialismo todavía no cuenta con los respaldos necesarios para eliminar las primarias de cara a las elecciones de 2027. “Hoy no están los votos para tratar la eliminación de la PASO”, afirmó.

El proyecto impulsado por el Gobierno también contempla modificaciones vinculadas con el financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, las negociaciones parlamentarias continúan abiertas y la iniciativa todavía no reúne el consenso necesario para avanzar en el Senado.

Royón propuso revisar el funcionamiento de las PASO

La senadora consideró que la utilidad de las primarias depende de la existencia de competencia real entre candidatos de un mismo espacio político. “Yo creo que es un tema que hay que discutirlo más en profundidad”, señaló.

En ese sentido, cuestionó que la instancia electoral se convierta en una medición anticipada cuando no hay alternativas para los votantes. “Terminó siendo una encuesta cuando no hay oferta”, sostuvo.

Royón también defendió el propósito original del sistema, orientado a ampliar la participación ciudadana en la selección de candidaturas y evitar que las conducciones partidarias resuelvan las postulaciones sin competencia interna.

“Lo que vino a resolver las PASO [fue] que los partidos políticos no decidan en un escritorio quiénes son los candidatos”, explicó. Por eso, planteó la necesidad de perfeccionar el mecanismo antes que descartarlo definitivamente.

Consultada sobre una eventual suspensión temporal, la legisladora no descartó esa posibilidad. “La suspensión se podría ver, se podría analizar”, respondió.

Como alternativa, propuso estudiar una modalidad voluntaria que permita reducir los costos de organización. También consideró necesario elevar las exigencias para la conformación de partidos y la presentación de candidaturas. “Me parece que hay que levantar el piso”, afirmó.

La senadora reclamó que el Senado trate Ficha Limpia

Royón cuestionó la falta de acuerdos sobre la reforma electoral y criticó la dificultad para introducir modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo durante su tratamiento parlamentario.

“Cuando te mandan una ley y no se acepta ningún tipo de modificaciones, es muy difícil”, señaló. A su entender, la construcción de mayorías requiere negociación entre el Gobierno y las distintas fuerzas políticas.

En paralelo, reclamó que el Senado avance con Ficha Limpia, una iniciativa que busca establecer restricciones para que determinadas personas con condenas por delitos puedan presentarse como candidatas a cargos electivos, según las condiciones que determine la legislación.

“Ficha limpia sí”, afirmó al expresar su respaldo. Además, calificó el tema como “una deuda pendiente del Senado”.

La senadora recordó que, durante las conversaciones sobre la reforma electoral, existía el compromiso de tratar primero esa iniciativa. “Uno de los compromisos para trabajar en reforma electoral es que íbamos a tratar antes Ficha Limpia. Y esto no se ha cumplido”, sostuvo.

Royón también remarcó que hay distintos proyectos presentados por integrantes de la Cámara alta y pidió que la discusión no quede supeditada al resto de los cambios electorales. “No puede ser que te manden un proyecto de ley y sea todo o nada”, afirmó.

Royón planteó una tercera vía con foco en el empleo

La legisladora también se refirió al escenario político de cara a 2027 y planteó la necesidad de construir una alternativa que combine estabilidad macroeconómica y desarrollo productivo.

“Argentina tiene que tener una tercera vía”, sostuvo. Según explicó, ese espacio debería reconocer los avances en el equilibrio de las cuentas públicas y la desaceleración de la inflación, pero incorporar propuestas para ampliar la producción y generar puestos de trabajo.

“Que ponga en valor los logros de las cuentas públicas, de la estabilidad fiscal, de bajar la inflación”, enumeró. Sin embargo, advirtió que la economía no puede depender exclusivamente de los sectores energético y minero. “No todo es energía y minería”, remarcó.

Royón reclamó una estrategia que contemple las particularidades de las economías regionales e incluya debates sobre la reforma tributaria, el sistema previsional y la coparticipación federal.

Al referirse a Salta, destacó el potencial de la energía solar y la minería para atraer inversiones y generar exportaciones. No obstante, advirtió que ambas actividades requieren grandes inversiones de capital y tienen una capacidad limitada para absorber mano de obra en relación con los recursos que movilizan.

“Energía y minería son muy intensivos en capital, pero eso no es sinónimo de que sean intensivos en generar mano de obra”, explicó.

Por ese motivo, defendió el desarrollo del turismo, el comercio, la agroindustria y la ganadería. También señaló que la infraestructura es determinante para mejorar la competitividad de esas actividades y reducir los costos logísticos.

En particular, mencionó los ramales ferroviarios C14 y C15, vinculados con la conexión de Salta con Chile y Bolivia, y cuestionó la falta de avances en las obras. “Las obras para el ramal C14 y C15 que nos conectan con Chile y con Bolivia son optativas o no están”, concluyó.

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La Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución de Atta Miguel Gerala, exintendente de la localidad salteña de Coronel Juan Solá (Morillo), y lo condenó por el desmantelamiento sistemático y posterior contrabando de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril General Belgrano.

El ex jefe comunal había sido absuelto en abril de este año por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta. Ahora, los jueces de primera instancia deberán fijar el monto de la pena acorde a lo resuelto por el máximo tribunal penal.

La investigación judicial comenzó en agosto de 2023, luego de que personal de Correo Argentino denunció el hallazgo de neumáticos extranjeros sin aval aduanero en la Ruta Nacional 50. Las pesquisas condujeron a David Edilberto Medina, un comerciante que administraba un galpón en Orán. Mediante intervenciones telefónicas, las autoridades descubrieron que la organización criminal expandió sus actividades hacia la sustracción de rieles ferroviarios. El material extraído se trasladaba en camiones hacia la frontera y se cruzaba a Bolivia en balsas de goma por pasos clandestinos.

Por estos hechos, la justicia salteña homologó previamente acuerdos de juicio abreviado. José Miguel “Yopi” Gerala, hijo del exintendente, recibió una pena de seis años de prisión como coautor de contrabando agravado, robo en despoblado y en banda, y cohecho activo. Medina recibió idéntica sanción por los mismos delitos. Por su parte, el cabo de Gendarmería Nacional, Jorge Fernando Cabrera, resultó condenado a dos años de prisión condicional por cohecho pasivo, al comprobarse que facilitaba el tránsito de los cargamentos a cambio de dinero.

El TOF N° 2 de Salta dictó, el 23 de abril último, la absolución de Atta Miguel Gerala por el beneficio de la duda. En aquella instancia, los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Gabriela Catalano consideraron que no existían pruebas directas sobre su participación. Argumentaron que las herramientas secuestradas en su taller no coincidían en marca y color con las utilizadas en las vías, y que la camioneta Toyota Hilux de su propiedad era usada habitualmente por su hijo sin que se acreditara el conocimiento del padre.

En ese mismo debate, el tribunal oral condenó al oficial de la policía salteña Mauro Rodríguez a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa del policía y el Ministerio Público Fiscal recurrieron dicha resolución.

Giro en Casación

El fiscal general Raúl Pleé y los representantes de la fiscalía de Salta impugnaron la absolución de Gerala por considerarla arbitraria. Sostuvieron que el tribunal de juicio valoró las pruebas de manera fragmentada y aislada, desarticulando un cuadro indiciario global y unívoco.

Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Antonio Petrone y Javier Carbajo, votaron a favor de revocar la absolución. El magistrado Alejandro Slokar votó en disidencia, inclinándose por mantener la decisión del tribunal de origen bajo el principio de inocencia.

La mayoría de la Cámara determinó que el exintendente realizó un aporte consciente y necesario para la sustracción de los bienes públicos. Los jueces señalaron que Gerala gobernó el municipio durante casi tres décadas, lo que le otorgaba un control absoluto del territorio. El desmantelamiento del ramal ferroviario se extendió por ocho meses, a plena luz del día, utilizando mano de obra de comunidades originarias locales que eran trasladadas en el vehículo particular del funcionario.

Además, durante el allanamiento en la vivienda particular de Gerala, donde también funcionaba la Secretaría de Finanzas y un taller municipal, las fuerzas de seguridad incautaron 15 rieles de origen ilegal y herramientas compatibles con el corte de metales. Casación remarcó que la ausencia física del exjefe comunal en las vías no lo exime de responsabilidad penal, ya que su rol consistió en otorgar la cobertura política, logística y territorial indispensable para asegurar la impunidad de la banda.

De este modo, el tribunal de alzada declaró a Atta Miguel Gerala partícipe necesario del delito de contrabando de mercadería, triplemente agravado por la cantidad de personas, su condición de funcionario público y el valor de los bienes (valuados en más de 558 millones de pesos), en concurso real con robo agravado cometido en despoblado y en banda.

Las actuaciones regresaron al tribunal de origen para que fije la pena correspondiente.

En el mismo fallo, la Cámara de Casación desestimó los planteos de la defensa de Mauro Rodríguez y ratificó su condena por cohecho pasivo. Los jueces validaron las pruebas digitales obtenidas del teléfono de “Yopi” Gerala, donde constaban mensajes de texto del 7 de mayo de 2024. En dicha conversación, el oficial se identificó como el jefe del puesto de Pluma de Pato y negoció coimas de entre 200.000 y 300.000 pesos por cada camión que transitara sin inspección.

El Libro de Guardia del destacamento policial corroboró que, en las mismas horas del intercambio de mensajes, Rodríguez inició un “operativo saturación” y se apostó en la Ruta Nacional 81. Casación concluyó que el cohecho se consumó con el acuerdo venal y la promesa de dinero, sin que fuera necesario demostrar transferencias bancarias o el paso físico de un vehículo específico.

Un trabajador rural, de 48 años, oriundo de Buenos Aires y residente en Metán, provincia de Salta, denunció que le sustrajeron $ 10.000.000 de una billetera virtual luego de ingresar a una publicación de redes sociales que se presentaba como una vía para obtener información sobre el cobro digital del peaje. El hecho habría ocurrido este miércoles y quedó asentado en una denuncia.

Según el relato del damnificado, la maniobra comenzó con un anuncio por una plataforma y continuó a través de WhatsApp y una llamada telefónica. Durante la conversación, una persona que se presentó como gestor le indicó que accediera a su cuenta de home banking y siguiera determinados pasos relacionados con transferencias.

En ese momento, también le proporcionó un CBU. La persona que se comunicó con la víctima le habría señalado que, al realizar una transferencia, el dinero quedaría depositado en una cuenta determinada. Más adelante, le compartió un segundo CBU, una situación que despertó la desconfianza del hombre.

Ante la aparición de una nueva cuenta de destino, el denunciante preguntó de manera directa si se estaban realizando extracciones de sus fondos. La respuesta que recibió, siempre según su relato, fue que no se trataba de un retiro de dinero sino de un paso necesario para completar el supuesto trámite.

La víctima advirtió movimientos irregulares cuando terminó la comunicación. Para entonces, afirmó que su cuenta bancaria había quedado sin saldo y que desde su billetera virtual se había retirado el dinero. Tras detectar la situación, resolvió bloquear sus cuentas.

Tras finalizar la comunicación, la víctima afirmó que verificó su billetera virtual y detectó la sustracción de $ 10.000.000. También constató que su cuenta bancaria no tenía fondos disponibles.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, trabajador indicó además que, antes de atender esa comunicación, ya había recibido intentos de contacto desde otra línea con característica de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante este tipo de situaciones, Mariano Brandanini, vocero de la concesionaria Autovía del Noa (AUNOA), recomendó realizar cualquier gestión vinculada con el sistema mediante el sitio oficil.

La indicación busca evitar que los usuarios ingresen a anuncios, perfiles o enlaces de redes sociales cuya procedencia no pueda verificarse. En particular, cualquier pedido de ingreso al home banking, de transferencia a un CBU informado durante una llamada o de entrega de datos de seguridad debe ser considerado una señal de alerta.

A medidados de septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires, detuvieron a tres personas acusadas de una estafa por 200 mil dólares mediante la modalidad “cuento del tío”.

Según la investigación, los sospechosos usaron parte del dinero para adquirir dos vehículos, un departamento en Villa Lugano y unas vacaciones en Bariloche.

Los procedimientos incluyeron seis allanamientos en la Villa 20 de Lugano, Avellaneda y un hotel del centro porteño. La causa quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 45, a cargo de Alejandra Provitola, con la Secretaría 122 de Nicolás Coronel.

La denunciante relató que el 16 de junio recibió una llamada telefónica de una persona que se presentó como integrante de una entidad bancaria. De acuerdo con su declaración, el interlocutor utilizó argumentos engañosos para que retirara el dinero de una caja de seguridad.

La mujer retiró 200 mil dólares y luego fue despojada de esa suma. La pesquisa incorporó imágenes de una cámara de seguridad privada, que registró a uno de los involucrados durante el día del robo.

La División Investigaciones Comunales 1 Sur realizó tareas durante dos meses y estableció que uno de los presuntos participantes se trasladaba con frecuencia a un domicilio de la Villa 20, en Villa Lugano.

El procedimiento estuvo a cargo del Escuadrón 22 “San Antonio de los Cobres”, que interceptó una Ford Ecosport en la zona comprendida entre la Ruta Nacional 52 y la Ruta Provincial 11. Los ocupantes del vehículo, ambos provenientes de Jujuy, quedaron a disposición de la Justicia federal.

La intervención se inició a partir de información remitida por la Unidad de Inteligencia Criminal “La Quiaca”. Tras detener la marcha de la camioneta, los gendarmes realizaron una inspección y advirtieron irregularidades en distintos sectores de la estructura.

Esa observación motivó una requisa más detallada. El personal detectó compartimientos ocultos bajo los asientos y en el piso del baúl, donde estaba escondida la carga. Las imágenes del procedimiento muestran que los paquetes habían sido acondicionados en cavidades bajo chapas y revestimientos del vehículo, fuera de la vista de los ocupantes.

Con la presencia de testigos, los efectivos utilizaron herramientas de corte para remover parte de esa estructura y acceder a los espacios acondicionados. De allí retiraron 34 paquetes rectangulares.

Las pruebas de campo Narcotest determinaron que el contenido era clorhidrato de cocaína. El pesaje final arrojó 35 kilos con 180 gramos de esa sustancia. En el operativo también fue hallado un envoltorio con 155 gramos de marihuana.

La Fiscalía Federal de Salta dispuso la detención de los dos hombres en carácter de incomunicados. También ordenó el secuestro de los estupefacientes, la Ford Ecosport y los dos teléfonos celulares encontrados durante el procedimiento.

Los operativos de Gendarmería en las rutas pueden originarse en controles preventivos o en datos aportados por las áreas de inteligencia criminal. Según las características de cada procedimiento, la fuerza puede recurrir a perros detectores, escáneres móviles y personal especializado para profundizar las inspecciones.

La investigación continuará para establecer de dónde provenía la droga, cuál era su destino y si había otras personas involucradas en el traslado.

En la Ruta 34 hallaron 108 kilos de cocaína dentro de un camión

En otro procedimiento realizado por Gendarmería Nacional en el norte del país, los efectivos secuestraron 108 kilos de cocaína que eran transportados en un camión cisterna con patente de Bolivia. El operativo se concretó durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 34.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los gendarmes inspeccionaron la cabina y el sector de la cisterna. Durante esa revisión advirtieron que tres mochilas de gran tamaño tenían un peso inusual, por lo que profundizaron el control.

Ante la presencia de testigos, el personal abrió los bolsos y encontró paquetes compactos con una sustancia blanquecina. Las pruebas de campo dieron positivo para cocaína y el pesaje total alcanzó los 108 kilos. Además de la droga, fueron secuestrados el camión y los teléfonos celulares encontrados durante el procedimiento.

El conductor, de nacionalidad boliviana, quedó detenido e incomunicado por orden de la Justicia federal. La investigación buscará reconstruir el recorrido que tenía previsto el transporte y establecer si existieron otras personas involucradas en la maniobra.

Según informó la fuerza, los camiones que transportan combustible pueden ser utilizados para ocultar cargamentos ilegales porque el olor intenso propio de ese tipo de vehículos puede dificultar la detección por parte de los perros antinarcóticos. Ese aspecto forma parte de las modalidades que se analizan en investigaciones sobre el traslado de estupefacientes por rutas del norte argentino.

Cuando Ganfeng Lithium comenzó a planificar la construcción de su planta en General Güemes, Salta, supo ver que iba a necesitar soldadores de una especialización muy específica que los trabajadores de la zona no tenían. Tenían tiempo para formarlos: la empresa trabajó con el municipio y las instituciones educativas en una capacitación de soldadura en titanio y en argón para que pudieran incorporarse a la obra.

Juan Martín Gilly, presidente de la Cámara de la Minería de Salta y director de Legales, Relaciones Institucionales y Comunitarias de Ganfeng Lithium, contó esta experiencia paradigmática en conversación con TICMAS, la EdTech que se enfoca en el aprendizaje y el desarrollo de talento. La charla se dio en el marco de la 15° edición de Litio en Sudamérica, que Panorama Minero realizó en San Salvador de Jujuy. Para Gilly, conocer las necesidades de las empresas permite organizar una oferta educativa que llegue a tiempo.

—Desde la Cámara, ¿cómo se relacionan con los distintos actores de la industria y con los gobiernos?

—Estamos en contacto permanente con muchos actores. La articulación que tenemos a nivel público y privado es excelente: con la provincia de Salta, con el Gobierno nacional y también con las otras cámaras mineras y de proveedores del NOA.

A nivel nacional estamos en diálogo permanente sobre los temas que nos interesan a ambos, los temas comunes: infraestructura, educación. Es una construcción de puntos comunes que nos ayuden a seguir desarrollando una minería sustentable, con oportunidades para una mayor cantidad de gente.

—¿Qué les piden a las escuelas, a los institutos de formación, a las universidades?

—Lo que pedimos, y en este caso también surge del lado de la provincia, es trabajar en función de la demanda que va a venir. Sabemos, por ejemplo, que vamos a necesitar operadores de caldera: hay que trabajar para capacitar a una determinada cantidad de personas como operadores de caldera. Lo mismo con el tratamiento de salmueras en el laboratorio, que es clave para las empresas mineras. Lo hicimos y hace poco entregamos diplomas junto con el Ministerio de Educación de la provincia y UPATecO. Se trata de trabajar de manera orientada a la demanda, quirúrgicamente.

—¿También trabajan para acercar a los estudiantes del secundario a las universidades?

—Sí. Nuestra zona de influencia directa es Tolar Grande y hemos desarrollado planes de educación a distancia para que chicos que quizás antes no estudiaban, porque no tenían la posibilidad de ir a Salta, puedan hacerlo desde ahí. Hay chicos que terminaron el colegio y pueden acceder a una universidad virtual, con un tutor y el acompañamiento de la empresa, para hacer la carrera que quieran. No tiene que estar vinculada con la minería: pueden elegir la carrera que quieran. Es una forma de facilitar la educación en todos los ámbitos y en todo el territorio donde tenemos influencia.

—Con el caso de los sodadores de argón, ¿qué pasa cuando termina el período de construcción?

—La construcción dura un tiempo. Después empieza la operación. Pero esas personas van a tener esa aptitud toda la vida para trabajar en otro lado. Adquirieron una habilidad que no era tan común en la Argentina. Es un círculo virtuoso que le permite a ese trabajador seguir capacitándose e incorporando habilidades.

—Si un proyecto tiene una vida útil de varias décadas, ¿pueden anticipar qué trabajadores les van a faltar y empezar a acompañar hoy a los estudiantes que podrían ocupar esos puestos?

—Totalmente. Es lo que estamos haciendo. Lo que queremos hacer a futuro. Desde la Cámara, con las empresas mineras, elaboramos un diagnóstico de lo que se iba a necesitar a quince o veinte años y se lo pasamos a la Secretaría de Minería para que lo tengan en cuenta al armar sus planes de capacitación y al trabajar con el Ministerio de Educación. La provincia tomó la minería como política de Estado. Entonces, las áreas de gobierno, dentro de sus competencias y sabiendo que tienen una amplia variedad de tareas, conocen que la minería es uno de los motores de la provincia y trabajan en ese sentido. Otra cosa que estamos haciendo desde la Cámara es trabajar en un plan para incorporar, de cuarto a séptimo grado, la materia Minería en las escuelas públicas y privadas de la provincia. Queremos que los chicos, desde los nueve años, empiecen a conocer la actividad: el ambiente, las medidas de seguridad, la importancia del trabajo en equipo. Es algo muy lindo que nos gustaría que ocurriera cuanto antes y que estamos trabajando con el Ministerio de Educación de una manera muy didáctica.

—Durante mucho tiempo, en las mesas de trabajo cada actor parecía tirar para su lado. Pero el crecimiento como el que está teniendo el litio exige acuerdos.

—Totalmente. Si no trabajamos juntos, puede ocurrir que las soluciones de infraestructura no aparezcan. Necesitamos que el sector público y el privado se comuniquen, que estén en armonía siempre bien entendida: puede haber contrapuntos, pero pensando en un objetivo común. En infraestructura, capacitación y talentos tenemos que anticiparnos. Lo que viene es bueno. Tenemos que evitar que aparezcan cuellos de botella en recursos humanos. Lo que logramos es entender cuáles van a ser las demandas de perfiles para los próximos cinco, diez, quince o veinte años, y trabajar en función de eso en materia de capacitación y educación.

—Pensar a veinte años es un desafío para la Argentina, pero también para un mundo que cambia muy rápido.

—Es así. Pasa un día y cambia el mundo. Pero la minería no existe sin pensarse a largo plazo. Un proyecto de exploración puede tardar veinte o veinticinco años en llegar a producción. Después, la vida útil del proyecto puede ser de veinte, veinticinco, treinta o cuarenta años. Nuestro pensamiento tiene que ser a largo plazo y me parece que, como país, también. Lo estamos viendo con medidas orientadas a dar seguridad jurídica, estabilidad y previsibilidad, para que los inversores que tengan intención de venir a la Argentina sepan que las reglas van a ser claras y estables en el tiempo.

—¿Qué le piden la Cámara y las empresas al Estado?

—Principalmente eso: reglas claras y seguridad jurídica. Es fundamental. La minería implica inversiones a muy largo plazo y con riesgo total. Si el inversor tiene alguna duda de que en algún momento van a cambiar las reglas, se va a ir a otro lado, porque los recursos para la inversión son escasos, sobre todo para la exploración. Si hay un lugar con reglas claras y otro que no las tiene, va a elegir el primero. Y, obviamente, trabajar en infraestructura y educación, que es algo que estamos haciendo. Trabajar en las rutas y con el ferrocarril, que es otro tema importante.

—¿Es cierto que habrá más empleo?

—Sí. La minería hoy está entre las industrias con mejores estándares de empleo a nivel nacional y creo que va a seguir mejorando. El empleo de calidad implica también cuidar la salud del trabajador y tomar las medidas de seguridad para que pueda trabajar correctamente, con control y seguridad. Creo que estamos subiendo la vara.

—¿Cómo se coordinan las cámaras de las tres provincias cuando hay mucha demanda y pocos trabajadores preparados?

—Intentamos hacerlo coordinadamente. Esa situación de escasez ocurrió entre 2021 y 2024, pero la idea es coordinar y prevenir: que no existan esos cuellos de botella y que no haya que ir a otras provincias o ciudades a buscar gente. Obviamente, en algunos casos ocurre de manera natural, como en cualquier industria que puede contratar a un trabajador o a un profesional de otra provincia. Pero la idea es prevenirlo.

El Gobierno nacional convocará la próxima semana a empresas del sector minero y operadoras logísticas para analizar medidas que optimicen la capacidad operativa del Ramal C14 en la puna salteña.

La reunión también abordará la búsqueda de fondos de inversión privados para poner en funcionamiento integral el Ramal C15, cuya conexión con Bolivia y los mercados internacionales resulta relevante para la producción de Salta.

La convocatoria se inscribe en la licitación pública nacional e internacional para privatizar y conceder durante 50 años las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, operadas hasta ahora por Belgrano Cargas y Logística S.A. El proceso busca modernizar la infraestructura productiva y mejorar la competitividad regional.

La decisión responde al pedido de inversiones formulado por el gobernador Gustavo Sáenz y por entidades empresarias y productivas de Salta para completar la operatividad ferroviaria en la provincia y la región. La búsqueda de capital privado para el ramal C15 se realizará sin alterar el modelo de equilibrio fiscal nacional.

Un reclamo de largo trayecto

Las entidades productivas de Salta buscan que los ramales C14 y C15 del Belgrano Cargas queden incluidos como inversiones obligatorias en la futura concesión ferroviaria, para evitar que su recuperación dependa de decisiones optativas durante un contrato previsto por 50 años.

La iniciativa apunta a reducir costos de transporte, sostener el crecimiento agroindustrial y minero y mejorar la conexión con los mercados externos.

El área de influencia del ramal C15 produce cada año más de 1,8 millones de toneladas de granos, azúcar, papel y derivados, además de 252 millones de litros de alcohol y bioetanol. Esa carga debe trasladarse desde el norte salteño hacia los puertos de Rosario, principalmente por carretera.

El transporte en camión hasta los principales nodos exportadores puede costar hasta USD 80 por tonelada, de acuerdo con la información difundida por las entidades. Un servicio ferroviario eficiente permitiría una reducción de entre 20% y 30%, con impacto directo sobre los márgenes de las economías regionales.

Obras obligatorias para evitar nuevas postergaciones

La Mesa Empresaria y Productiva de Salta llevó el planteo a una reunión con autoridades provinciales. Allí acordaron realizar gestiones conjuntas ante el Gobierno nacional para modificar los pliegos de la próxima concesión e incorporar las obras en ambos ramales desde el comienzo del contrato.

La discusión dejó de centrarse únicamente en el avance de la licitación del sistema ferroviario y pasó a enfocarse en las inversiones que quedarán comprometidas. Para las cámaras salteñas, esa definición determinará si la rehabilitación de los trazados se ejecuta o puede quedar postergada durante décadas.

La Mesa Empresaria y Productiva de Salta reúne a cámaras industriales, comerciales, mineras, agropecuarias y de comercio exterior. Su objetivo es que la nueva etapa del Belgrano Cargas contemple una infraestructura capaz de responder al aumento previsto de la demanda de transporte.

Los ramales también son considerados necesarios para ampliar las conexiones ferroviarias con Chile y Bolivia. Esa integración ofrecería alternativas para el traslado de cargas y fortalecería la salida internacional de la producción del norte argentino.

La minería y el agro, detrás de la demanda logística

Prograno, la asociación de productores que relevó el volumen de cargas en torno al C15, sostiene que la expansión de los proyectos mineros del noroeste argentino incrementará la necesidad de medios de transporte de gran volumen. El sector agroindustrial, por su parte, busca disminuir la dependencia exclusiva del camión para cubrir largas distancias hasta los puertos.

La recuperación ferroviaria fue vinculada con la capacidad de acompañar nuevas inversiones productivas. Las entidades consideran que la infraestructura debe absorber tanto el crecimiento de las producciones agroindustriales como la expansión de la actividad minera.

Previamente, la asociación de productores había advertido sobre la demora del proceso licitatorio y la incertidumbre que generaba para los proyectos previstos en la región. La entidad estimó que la falta de definiciones podía afectar inversiones superiores a USD 3.000 millones y señaló que había interés privado en operar y modernizar el sistema ferroviario.

Un efectivo policial que circulaba con 1,284 gramos de alcohol por litro de sangre cuando, según la investigación, embistió a una mujer que cruzaba la ruta provincial 36 en la provincia de Salta. Por esto mismo, deberá presentarse hoy ante la Justicia en una audiencia de imputación.

El siniestro ocurrió el pasado 3 de octubre a las 6 de la mañana. La víctima intentaba cruzar la calzada en dirección a barrio Rastreador Fournier cuando fue alcanzada por la motocicleta en el kilómetro 9 de la ruta, a la altura del ingreso a esa zona residencial. Según su propio relato, antes de avanzar había mirado hacia ambos lados sin advertir la presencia de ningún vehículo. El impacto se produjo cuando ya había recorrido casi la totalidad del cruce.

La mujer, de acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, sufrió múltiples lesiones, entre ellas una fractura de peroné izquierdo que debió resolverse con una cirugía y la colocación de tornillos. El certificado médico incorporado a la causa fijó un plazo estimado de curación e incapacidad laboral de 90 días, salvo que se presenten complicaciones o secuelas posteriores.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, resolvió citar al efectivo policial a una audiencia de imputación en calidad de presunto autor del delito de lesiones culposas graves agravadas en accidente de tránsito. La figura está prevista en el artículo 94 bis, segundo párrafo, del Código Penal, que contempla un agravante específico cuando el responsable del siniestro conducía bajo los efectos del alcohol.

La audiencia se desarrollará este jueves en el marco de la causa abierta por el siniestro vial. Según pudo reconstruirse, tanto la damnificada como un testigo presencial coincidieron en señalar que la motocicleta circulaba a gran velocidad en dirección a Campo Quijano al momento del impacto.

Entre las actuaciones incorporadas al expediente figura el test de alcoholemia practicado al conductor de la moto, que arrojó un resultado de 1,284 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de los límites permitidos para circular. Ese dato, sumado a las declaraciones testimoniales, la denuncia de la víctima y el certificado médico que acredita las lesiones, conformó la base probatoria sobre la que el fiscal Escalante sustentó el pedido de imputación.

A partir de las circunstancias relevadas durante la investigación, la Fiscalía dispuso además oficiar, en carácter de recomendación, a los municipios de Rosario de Lerma y Campo Quijano, así como a la Subsecretaría de Seguridad Vial de la provincia. El objetivo de la medida es que se intensifiquen los controles de tránsito periódicos en el tramo donde ocurrió el siniestro, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones legales para circular, entre ellas los límites de velocidad y los controles de alcoholemia a conductores

La causa continuará su curso tras la audiencia de imputación prevista para hoy jueves, en la que el fiscal Escalante formalizará los cargos contra el efectivo policial investigado.

Un hombre de 55 años fue imputado en Salta por el presunto rapto y abuso sexual con acceso carnal en dos oportunidades contra una adolescente de 16 años. Este martes, se dispuso la prisión preventiva del acusado, que continuará detenido mientras avanza la causa.

El hecho investigado ocurrió a fines de agosto de 2026, cuando la joven se dirigía al Club Gimnasia y Tiro. La adolescente había conocido al hombre meses antes, en una parada de colectivos. De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado la interceptó en las inmediaciones del club, la tomó del brazo y la obligó a ingresar a un vehículo.

Luego, la habría trasladado a un gimnasio ubicado en la intersección de las calles San Luis y Cornejo. Según la denuncia, el acusado la condujo hasta una habitación del establecimiento y, pese a la resistencia de la adolescente, habría cometido dos hechos de abuso sexual.

El juez Diego Rodríguez Pipino aceptó el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía, por lo que el imputado permanecerá detenido mientras se reúnen nuevas pruebas y se desarrollan las medidas previstas en la causa.

La investigación está a cargo de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 3 (UDIS 3). En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal fue representado por la auxiliar fiscal Celeste Morales, quien actuó por disposición de la fiscal penal interina María Luján Sodero Calvet.

La imputación provisoria comprende los delitos de rapto y abuso sexual con acceso carnal en dos oportunidades, en concurso real. Esta calificación supone, en esta etapa inicial del proceso, que la Fiscalía investiga hechos diferenciados que habrían sido cometidos por la misma persona.

Uno de los elementos centrales de la causa es la declaración de la adolescente, que fue recibida mediante el dispositivo de Cámara Gesell. Según el relato aportado por la víctima, durante la agresión intentó pedir auxilio, sin embargo, el acusado habría evitado que se fuera del lugar.

La denuncia también menciona que, antes de retirarse, el hombre la habría intimidado para evitar que recurriera a las autoridades. La adolescente indicó que el hombre afirmó tener contactos con integrantes de la Policía.

La causa se inició tras una denuncia presentada por el padre de la joven en la Comisaría 3 de Tres Cerritos. A partir de esa intervención, la Fiscalía activó las actuaciones correspondientes y ordenó distintas medidas para esclarecer lo ocurrido.

Entre ellas, se realizó el examen médico legal, efectuado por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Los agentes del CIF llevaron adelante diligencias destinadas a establecer el paradero del sospechoso, identificar los lugares señalados en la denuncia y reunir información que resultara útil para la pesquisa.

Esas tareas permitieron que las autoridades localizaran al hombre en Aunor antes de que pudiera abandonar la provincia, según informó el Ministerio Público Fiscal. Luego de la detención, se realizó la audiencia de imputación, durante la cual se debatió la necesidad de mantener la medida cautelar que había solicitado la acusación.

En las próximas etapas, el expediente deberá avanzar con el análisis de las pruebas ya incorporadas, posibles nuevas pericias y otras medidas que permitan precisar la secuencia de los hechos denunciados. De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal de Salta, los elementos incorporados hasta el momento permiten sostener de manera preliminar la existencia de los hechos denunciados.

Cada hecho de abuso sexual con acceso carnal prevé penas de entre 6 y 15 años de prisión, mientras que el rapto tiene una escala de 1 a 4 años. La pena definitiva dependerá de la valoración de las pruebas y de la decisión judicial. La investigación continuará para determinar las circunstancias y responsabilidades del caso.

“No podemos permitir que sean opcionales, tienen que ser obligatorias, porque depende de eso el futuro y el progreso de nuestra querida provincia de Salta, y también de todo el Norte argentino. El C14 termina en Chile, el ramal C15 termina en Bolivia. Es la integración que necesitamos para el progreso de nuestra querida provincia”, expresó el mandatario provincial.

En octubre de 2024, el Gobierno inició el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., mediante el procedimiento previsto en la Ley Bases. Pero recién en agosto se avanzó concretamente, al convocarse a una licitación pública nacional e internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

El esquema previsto se establece bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, según Saénz, la convocatoria deja de lado el requisito de que las empresas se harán cargo del servicio que afecta a la logística del norte salteño.

En este marco, la estrategia del gobernador es conseguir ese punto favorable frente a una negociación con el Poder Ejecutivo y el Congreso, en el marco de la discusión del Presupuesto 2027.

“Les pido humildemente a los 3 senadores por Salta, a los 7 diputados nacionales por Salta, y a todos aquellos que integran el Norte grande que nos acompañen en este planteo. Estas obras no pueden ser optativas, deben ser obligatorias, y tenemos la obligación, la responsabilidad de hacerlo, despojados de todo interés político y partidario”, dijo Sáenz en en el video que compartió por Instagram.

El gobernador informó que se reunió con siete cámaras que integran la mesa productiva y empresarial de Salta para impulsar el reclamo. Según explicó, el sector acompañó la gestión para impulsar su solicitud. “Juntos, con fuerza, estamos peleando para revertir esta situación. Les comuniqué que vengo hablando de esto hace un mes con todos los actores del gobierno nacional, el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía, la Secretaría de Transporte, y todos aquellos que tienen algún tipo de injerencia en esta licitación”, insistió.

“Lamentablemente, aquellos que hicieron los pliegos se olvidaron de esta parte de Argentina y los pusieron como optativos. Los salteños no podemos, y el Norte grande no puede seguir esperando por 50 años más, algo que venimos planteando como una necesidad histórica: poder llevar nuestros productos y hacerlos competitivos”, graficó Sáenz.

De acuerdo a los cálculos del gobernador, el traslado de la producción salteña hasta el puerto de Rosario implica un sobrecosto de 30% que, en algunos casos, la diferencia alcanzó el 40%. “Cuesta mucho más caro llevar nuestros productos al puerto de Rosario que de Rosario a Ámsterdam”, remarcó.

Una privatización estratégica

De resultar exitosa, la privatización del Belgrano Cargas será uno de los procesos de venta que se transformarán en un ícono de la gestión libertaria por su peso económico. Para el Gobierno, la empresa en su gestión estatal es deficitaria, cuenta con una planta sobredimensionada y presenta una estructura jerárquica elevada que no se corresponde con sus funciones.

El discurso oficial apunta a señalar que, en los últimos 50 años, la producción agropecuaria nacional se sextuplicó. A pesar de ese salto, el Belgrano Cargas transporta desde hace 15 años un volumen similar de toneladas. Desde la perspectiva libertaria, la privatización apunta a mejorar la eficiencia y competitividad del transporte ferroviario de cargas, promover la inversión en el sector e incorporar una lógica de mercado a la actividad ferroviaria.

El modelo privatizador elegido se basa en la desintegración vertical: la licitación no obliga al concesionario a operar el material rodante, sino que le exige administrar y mantener la infraestructura y cobrar un peaje a cualquier operador que quiera circular por la red. Se trata de un esquema conocido como open access, donde se elimina la exclusividad comercial que hoy tienen los ramales y abre la puerta a que empresas logísticas, cerealeras o mineras puedan incorporar sus propios trenes y pagar por el uso de la vía, tal como ocurre con camiones en rutas o barcos en la hidrovía.

En lo fiscal, el gobierno de Milei espera un ahorro de al menos 78.000 millones de pesos en concepto de transferencias corrientes una vez que la concesión quede en manos privadas.

En agosto, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el Presidente crearon un fideicomiso por decreto de destino exclusivo para administrar los fondos que obtenga por la venta de locomotoras y vagones del Belgrano Cargas.

La Justicia de Salta espera el traslado desde Australia de Nicolás Mendioroz Juncosa, investigado en una causa por presuntas estafas y administración fraudulenta vinculadas con inversiones en bitcoin. El acusado estaba prófugo desde 2022 hasta que, finalmente, fue localizado al otro lado del mundo.

Luego de que fuera detenido en el país oceánico, se confirmó que el acusado será trasladado el próximo jueves 15 de octubre. Está previsto que las autoridades australianas entreguen al detenido a Interpol, para que pueda ser transportado hasta la capital salteña.

Según indicaron fuentes oficiales, Mendioroz Juncosa fue declarado fugitivo luego de haber dejado la provincia en 2022, poco antes de una audiencia de imputación. Desde entonces, sobre él pesaba una orden de captura nacional e internacional.

Uno de los damnificados afirmó a El Tribuno que en 2021 el acusado administraba más de USD 170.000 que habrían sido destinados a operaciones con criptomonedas. A raíz de este testimonio, la investigación contempló imputaciones por estafa y administración fraudulenta, entre otros delitos.

En línea con esto, los denunciantes sostuvieron que el acusado permaneció fuera del alcance de la justicia durante varios años gracias a que se habría llevado el dinero producto de las estafas. No obstante, su localización en Australia reactivó el procedimiento para que vuelva a quedar a disposición de los tribunales salteños.

Mientras se llevaba a cabo el trámite de extradición, la defensa de Mendioroz Juncosa había solicitado que no fuera trasladado en condición de detenido y que pudiera regresar por sus propios medios para presentarse ante la justicia.

De acuerdo con la información obtenida por Informate Salta, la familia del acusado también había ofrecido un inmueble como caución real. Sin embargo, los damnificados se opusieron a ese pedido y reclamaron que se mantenga el mecanismo dispuesto por la justicia salteña.

Tras exigir que se cumplan las medidas de rigor solicitadas por la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, los denunciantes reprocharon la actitud de la familia de Mendioroz Juncosa. “Este hombre pertenece a la que se hace llamar ‘gente de bien’ y sus vínculos con el poder de estos círculos no son necesarios enumerarlos”, indicaron.

“Nunca se presentó ante los requerimientos de la justicia local, se fugó y no dio señales de vida ni propuso solución de nada”, expresaron varios de los damnificados. Incluso, plantearon que “seguramente estaba esperando la prescripción de la causa para regresar triunfal a Salta”.

“Desde el 2022 estamos esperando una respuesta sobre nuestro dinero”, manifestaron los damnificados al asegurar que el trabajo de la Interpol les “abrió una ventana de esperanza” para conseguir justicia por las pérdidas denunciadas.

Financiera ilegal en Salta: la condenaron por 48 hechos de estafa y deberá indemnizar a las víctimas con $35 millones

Una mujer fue condenada en Salta a tres años de prisión condicional tras admitir su responsabilidad en 48 hechos de estafa ligados a una financiera ilegal que ofrecía rendimientos semanales de hasta 60%. Además, deberá pagar $35 millones en nueve cuotas como compensación económica.

La condenada es Patricia Jimena Vidaurre, quien llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC). El juez Nicolás Rodríguez Pipino homologó el acuerdo durante una audiencia de revisión de prisión preventiva.

La investigación comenzó en agosto de 2025, luego de que varias personas denunciaran haber entregado dinero a “Inversiones Alyson”, una firma que, según la acusación, operaba sin autorización. La propuesta incluía rendimientos semanales de entre 40% y 60% sobre las sumas aportadas.

Las operaciones se coordinaban principalmente mediante grupos de WhatsApp. El dinero se recibía en efectivo o a través de transferencias bancarias, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Al comienzo, los inversores cobraron los rendimientos prometidos. Esa dinámica habría generado confianza entre los participantes, que incrementaron sus aportes y recomendaron la operatoria a otras personas. Con el tiempo, los pagos se demoraron hasta que se interrumpieron, al igual que la comunicación con quienes reclamaban sus fondos.

La UDEC reunió denuncias, comprobantes de transferencias, capturas de conversaciones y documentación vinculada con “Préstamos e Inversiones Alyson”. Por este motivo, también requirió información a bancos y entidades financieras sobre las cuentas utilizadas para recibir el dinero de las víctimas.

Vidaurre fue detenida el 28 de agosto de 2025 junto con su pareja y el hijo de este. No obstante, los otros dos implicados todavía no fueron juzgados y su situación procesal continúa en trámite.

Los allanamientos se realizaron en Salta capital y Rosario de Lerma. En esos procedimientos se secuestró documentación y se dispuso la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales asociadas a la acusada.

Como parte del acuerdo, Vidaurre deberá abonar $35 millones en nueve cuotas. Uno de sus inmuebles seguirá embargado hasta que se cancele la totalidad de la suma comprometida.

También deberá cumplir reglas de conducta durante tres años para mantener la libertad, entre ellas, fijar y mantener actualizado un domicilio, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de alcohol, no cometer nuevos delitos y realizar tareas de limpieza semanales en una dependencia policial cercana a su domicilio.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tiene una hoja de ruta diseñada. Puede sufrir modificaciones. Desvíos, reconsideraciones, trabas impensadas. Está decidido a buscar su segunda reelección para tratar de darle inicio a su tercer mandato. Todavía no lo oficializó, pero es lo que piensa. Está al frente del Poder Ejecutivo desde 2019 y consolidó un poder territorial importante, absorbiendo a un sector del peronismo y quedándose este año con la conducción formal del PJ salteño.

Sáenz se alejó definitivamente del núcleo duro del justicialismo. Durante los tres años de gestión de Javier Milei fue un aliado táctico, que movió sus fichas en el Congreso para acompañar, en varias oportunidades, los pedidos de la Casa Rosada. Esa cercanía tuvo un corte durante el año electoral, cuando los libertarios le prometieron que no iban a poner un candidato en la ciudad de Salta y, en el tramo final de la negociación, decidieron plantar a uno que, apadrinado por la sensores María Eugenia Orozco, terminó ganando la elección. No cumplieron lo pactado, pero todo siguió su curso.

El principal escollo que puede el salteño en sus planes de reelección está centrado en el artículo 140 de la Constitución de Salta, que fue modificado por la Convención Constituyente, por iniciativa del propio Sáenz en 2021, a mitad de su primer mandato. El artículo que habilitaba al gobernador a reelegir en dos oportunidades, y así poder completar tres mandatos consecutivos, fue modificado e impuso un límite a las reelecciones. A partir de entonces, el gobernador de Salta solo puede ser reelegido una vez. Es decir, encabezar dos mandatos.

La clave de la discusión está en que Sáenz asumió su primer mandato durante la primera constitución, mientras que su segundo período lo hizo con la reformada concretada. Entonces, puede interpretarse que su segundo mandato es contado como el primero y el que intentaría comenzar en el 2027, sería el segundo. De esa forma, llegaría a tres mandatos, pero dividido entre dos etapas distintas de la Constitución.

Los opositores consideran que de esa forma se está exigiendo de sobremanera la interpretación de la Constitución y que se está violando el principio de alternancia. Además, hay quienes entienden que al limitar los mandatos durante su primer período, las generales de la ley también le caben a él.

En los últimos años la Corte Suprema ha fallado en contra de las distintas interpretaciones sobre las reelecciones. Sucedió en Tucumán con Juan Manzur, en San Juan con Sergio Uñac y en Santiago del Estero con Gerardo Zamora. Siempre ha mostrado su rechazo los vericuetos interpretativos. Sin embargo, nadie sabe la palabra final con exactitud.

Cada caso tiene una especificidad, por lo cual la comparación tiene matices, pero existe una postura uniforme del máximo tribunal sobre las interpretaciones de las constituciones provinciales que es desfavorable a las pretensiones de los oficialismos. De todas formas, por el momento, esa es una amenaza latente de los sectores opositores, afuera y adentro del peronismo, que se podría volver una realidad una vez que haga formal su candidatura.

Sáenz está decidido a competir, pero todavía no tiene en claro el panorama electoral que se puede encontrar. Tiene un canal de comunicación muy fluido con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, donde se cruzan charlas de gestión, pedidos legislativos y necesidades electorales. La Casa Rosada ya ha dado algunas señales de que no tienen un gran interés en plantar candidatos competitivos para ganar las elecciones provinciales.

Les interesan más las listas de legisladores, que las gobernaciones. La prioridad es mantener las alianzas y asegurarse un cierre de año sin demasiados contratiempos, con el Presupuesto y la reforma política aprobados. El mayor esfuerzo está dirigido a suspender las PASO y el oficialismo parece estar cada vez más cerca de lograrlo.

La principal rival del gobernador en Salta es María Emilia Orozco, senadora nacional y referente principal de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia del norte. La legisladora fue la cabeza visible de la campaña que terminó con un triunfo libertario sorprendente en la ciudad capital y tiene intenciones de competir el año que viene por la gobernación. Es, además, la principal crítica del gobierno provincial y el sostén del crecimiento libertario en la provincia. En Salta Milei tiene buenos niveles de aprobación, aunque fueron bajando en los últimos meses en forma escalonada.

En la Casa Rosada aseguran que la estrategia en la provincia se definirá más adelante y en acuerdo con Orozco que, con muchas de sus intervenciones, ha generado cortocircuitos entre el gobernador y el círculo chico de Milei, con el que tiene diálogo abierto. De todas formas, y en línea con el plan de acción de sostener las estrategia de alianzas con los gobernadores, hoy parece difícil que el Gobierno arme una candidatura sólida para intentar desbancar al gobernador salteño.

Desde que comenzó la era Milei, Sáenz alterna críticas con respaldos al Gobierno. Tres semanas atrás tiró con munición gruesa cuando aseguró que “la lealtad es una avenida de ida y vuelta pero yo siento que los gobernadores venimos siempre y ellos no van nunca para allá, para el interior”. Dos semanas después fue invitado por Milei para viajar al evento Argentina Week, que se realizó en París. Hubo abrazos con el Presidente y predisposición para escuchar a los voceros del Gobierno en tierra francesa.

“Me preocupa mucho que la gente quiera volver al pasado pero es que tampoco están conformes con el presente. Se hace muy difícil discutir Milei o Cristina. Las inversiones no llegan porque no damos confianza al mundo, porque todos amenazan con volver a fojas cero”, dijo en una entrevista con América 24 a fines de septiembre. Un intento por transitar el camino del medio

En esa definición se esconde uno de sus deseos. El mandatario salteño tiene en su cabeza la idea de construir una candidatura nacional. No lo dice en público, pero sí lo analiza en privado. Lejos de la pata peronista de la provincia, que hoy está referenciada en Juan Manuel Urtubey, y sin intenciones claras de estar en la boleta violeta del Gobierno, Sáenz es de los gobernadores que está discutiendo la conformación de una tercera posición para el 2027.

Tal como adelantó Infobae un par de semanas atrás, hay un grupo de ocho gobernadores que vienen dialogando desde hace un tiempo la idea de construir una alternativa que rompa los polos del PJ y LLA. Ese entramado político no tiene posibles candidatos y el salteño, que tiene la voluntad de jugar en el terreno nacional, podría ser una opción. Pero tiene en claro también que el primer paso que debe dar es defender y solidificar su liderazgo en la provincia.

Más allá de si termina siendo candidato nacional o no, Sáenz tiene pensado levantar su perfil y llevar su idea de país a distintas provincias. La herramienta para hacerlo será la presentación de su libro “Federalismo y progreso. Charlas sobre el pasado, presente y futuro de la Argentina”, que se publicó un puñado de días atrás y que le regaló al Presidente durante la estadía en París.

El mandatario salteño hace tiempo que repite que en el año electoral debe haber un “proyecto lógico”, que se escape de los polos y brinde otra alternativa al electorado. Sáenz cree que una opción política que contenga al kirchnerismo sería volver al pasado, pero que el Gobierno no logra advertir con claridad que no basta con el ordenamiento de la macroeconomía para llevar adelante la gestión. Ni una cosa, ni la otra.

El Gobernador tiene ambiciones presidenciales. En su interior se anima a creer que puede ser un potencial candidato de una opción de centro. Pero aún faltan varios meses por delante y un sinfín de acontecimientos políticos que pueden dar vuelta el tablero electoral.

El exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, quedó imputado como jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos de origen delictivo. El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, ordenó además su prisión preventiva por dos meses y fijó un plazo de seis meses para el avance de la investigación.

La decisión fue tomada durante una audiencia de formalización solicitada por la Procuraduría de Narcocriminalidad del Noroeste Argentino (PROCUNAR NOA). El exjefe comunal fue detenido luego de haberse presentado en una dependencia de la Policía de Salta, tras permanecer prófugo desde el sábado pasado.

La investigación apunta a una estructura que habría utilizado empresas y contrataciones de la Municipalidad de Aguas Blancas para incorporar al circuito legal fondos provenientes del narcotráfico, el contrabando y otros delitos.

Los investigadores también analizan si parte de esos recursos se destinó a la compra de votos durante la campaña electoral de 2023 y a la protección de funcionarios. Esos extremos forman parte de la acusación y deberán ser probados durante la investigación judicial.

La pesquisa comenzó cerca de dos años atrás y, de acuerdo con la fiscalía, las maniobras bajo análisis continuaron aun después de que Martínez dejara la intendencia, en septiembre de 2024.

En la audiencia intervinieron la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, en representación de PROCUNAR NOA; el fiscal coadyuvante Ezequiel Coscia, y el fiscal Alberto Barbuto, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

El sábado 3 de octubre de 2026, Gendarmería Nacional realizó 32 allanamientos en el marco de la causa federal. En los procedimientos fueron detenidas 11 personas, entre ellas familiares de Martínez y dos contadores, según la información difundida sobre el expediente.

El martes 6 de octubre, la fiscalía imputó a ese grupo por su presunta participación en la organización investigada. Siete de los acusados quedaron con prisión preventiva, mientras que los restantes recibieron medidas menos restrictivas.

Sin embargo, Martínez no fue detenido durante esos procedimientos ya que según expusieron los investigadores, habría tenido información anticipada sobre los operativos. El exintendente se presentó el miércoles 7 de octubre en una dependencia policial de Orán, donde quedó a disposición de la Justicia.

El juez Gustavo Montoya, imputó a Martínez como presunto jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos y ordenó su prisión preventiva por dos meses. La medida fue solicitada por la fiscalía, que advirtió riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El exintendente será trasladado al penal de Villa Las Rosas.

La defensa del exintendente cuestionó la medida y alegó problemas de salud, en particular antecedentes de intervenciones quirúrgicas en la cabeza. Sin embargo, la única constancia médica presentada durante la audiencia databa de cuatro meses atrás.

Frente a ese planteo, la fiscalía presentó documentación de la clínica donde Martínez había sido atendido. Según expusieron los acusadores, esos registros indicaban una evolución favorable de su estado de salud.

Para fundamentar la prisión preventiva, los fiscales también aludieron a la cercanía de Aguas Blancas con Bolivia, a la capacidad económica que le atribuyen al exfuncionario y a las relaciones que habría mantenido en la región a partir de su trayectoria política. A criterio de la fiscalía, esos factores incrementaban el riesgo de que se sustrajera nuevamente de la Justicia.

La situación judicial de Martínez registra antecedentes desde noviembre de 2023, cuando su hermano César “Oreja” Martínez fue asesinado en San Ramón de la Nueva Orán. En abril de 2024, la vivienda del entonces intendente de Aguas Blancas fue allanada en el marco de esa investigación.

En septiembre de ese año, Martínez fue detenido bajo sospecha de haber entorpecido la pesquisa por el homicidio. La causa analizaba una presunta filtración de información reservada sobre medidas judiciales. En octubre de 2024, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria.

La investigación actual tramita en el fuero federal y aborda hechos distintos: la presunta existencia de una organización destinada a lavar activos provenientes del narcotráfico, el contrabando y otros delitos. Aunque ambos expedientes involucran a Martínez, se trata de procesos separados.

La Unidad Fiscal Contravencional de Salta (UFICON) investiga a un profesor de matemáticas de 50 años por presuntas conductas de connotación sexual hacia cuatro alumnas menores de edad. La pesquisa se tramita bajo la figura de acoso callejero, contemplada en el artículo 115 del Código Contravencional provincial.

El expediente se originó luego de que las adolescentes comunicaran a una docente situaciones que les habían causado incomodidad dentro y fuera del ámbito escolar. Esa profesora llevó los relatos ante las autoridades de la institución y la directora presentó la denuncia formal en mayo de 2026.

Según lo informado por el portal del Ministerio Público de Salta, el auxiliar fiscal de UFICON, Marcos Bravo, interviene en las actuaciones, que reúnen declaraciones de las estudiantes, testimonios de docentes y familiares, material fotográfico y documentación relacionada con los intercambios denunciados en redes sociales. La Fiscalía mantiene en reserva toda información que pueda identificar a las adolescentes o al establecimiento educativo.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, los episodios bajo análisis ocurrieron durante marzo de este año. La investigación apunta a determinar si el docente realizó acercamientos físicos y contactos por medios digitales que afectaron a cuatro alumnas menores de edad.

Entre los elementos que la fiscalía incorporó al expediente figuran los relatos de las alumnas, aportes de personas de su entorno y registros que permitirían reconstruir parte de las interacciones investigadas. La documentación incluye antecedentes vinculados con contactos efectuados a través de plataformas digitales.

Uno de los hechos investigados refiere a una estudiante a la que el profesor habría tomado de la cintura. Según consta en las actuaciones, posteriormente el docente comenzó a seguir a esa alumna en Instagram.

En otro caso, el investigado habría anotado su número de teléfono en una hoja de trabajo entregada a una estudiante. De acuerdo con la información reunida, le habría expresado que esperaba recibir un mensaje suyo y habría realizado gestos para que se acercara a abrazarlo.

Las otras dos adolescentes mencionaron situaciones relacionadas con solicitudes de contacto e interacciones por TikTok e Instagram. Las autoridades analizan el contenido y el contexto de esos intercambios como parte de la investigación en curso.

La pesquisa considera tanto los presuntos episodios de cercanía física como las comunicaciones digitales. Para la Fiscalía, los elementos recolectados hasta el momento permiten sostener de forma preliminar que esas conductas pudieron afectar la integridad psicológica de las alumnas y generar un entorno ofensivo para ellas.

El auxiliar fiscal Marcos Bravo encuadró los hechos de manera provisoria en la contravención de acoso callejero, prevista en el artículo 115 del Código Contravencional de Salta. La investigación contempla un concurso real, una figura que se aplica cuando se analizan varios hechos que podrían constituir infracciones diferenciadas.

La calificación provisoria responde a la información disponible en esta etapa de la causa y puede ser objeto de análisis durante el proceso. La Oficina Judicial deberá intervenir una vez que la fiscalía presente formalmente la acusación.

El avance del expediente dependerá de la valoración de las pruebas ya incorporadas y de las medidas que puedan disponerse antes de la presentación acusatoria. Por el momento, la causa continúa bajo la órbita de UFICON.

La Fiscalía decidió no difundir datos que permitan reconocer a las cuatro adolescentes ni al establecimiento al que concurren. La medida busca evitar una exposición que pueda revictimizarlas y preservar su integridad durante el desarrollo de las actuaciones.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen de Daniela Guantay, la joven que fue torturada, abusada sexualmente y mutilada en una vivienda de la ciudad de Salta en marzo de 2017.

La decisión del máximo tribunal alcanza a Carlos Alfredo Agüero y Griselda Urzagaste, cuyas defensas habían recurrido a la Corte para cuestionar las penas impuestas por la Justicia salteña.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación “porque el planteo defensivo no refutaba todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia cuestionada”. De esta manera, quedaron firmes las condenas a perpetua de ambos.

El crimen ocurrió entre la noche del 2 de marzo de 2017 y la madrugada del día siguiente, en una casa del barrio 17 de Octubre, en la capital provincial. De acuerdo con lo que se probó en el expediente, Guantay fue llevada al domicilio de Juan Reynaldo Álvarez, donde la inmovilizaron en una silla, con las manos atadas hacia atrás.

En el lugar estaban Agüero, Urzagaste, Álvarez, Norberto Silvestre, Julio César Monasterio y una adolescente. La acusaban de haberse quedado con estupefacientes y la sometieron a una sucesión de agresiones: la golpearon, abusaron sexualmente de ella y le amputaron las manos. Sus restos fueron abandonados en las inmediaciones de un río.

Daniela tenía 22 años y tres hijos, de siete, cinco y dos años. Era la segunda de seis hermanos.

El juicio, tres años después

La investigación comenzó el 4 de marzo de 2017, cuando la madre de Daniela denunció su desaparición. Tres días después, el cuerpo fue encontrado en las márgenes del río Mojotoro, al norte de la ciudad de Salta.

El caso llegó a juicio y, el 27 de febrero de 2020, la Sala VII del Tribunal de Juicio de Salta condenó a prisión perpetua a los cinco adultos. La adolescente, en tanto, fue declarada penalmente responsable.

Al conocerse aquel veredicto, Agüero, Silvestre, Monasterio y Álvarez fueron condenados como coautores de homicidio calificado por mediar violencia de género, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por la participación de una menor de edad. En el caso de Griselda Urzagaste, la condena fue por homicidio calificado por ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, también agravado por la intervención de la adolescente.

El tribunal estuvo integrado por Paola Marocco, María Livia Carabajal y Francisco Mascarello. La fiscal Verónica Simesen de Bielke había solicitado las cinco perpetuas y la declaración de responsabilidad penal de la menor de edad, tal como resolvieron los jueces.

Después de aquel fallo, las condenas atravesaron distintas instancias de revisión. En junio de 2024, la Sala I del Tribunal de Impugnación confirmó la decisión. Al año siguiente, hizo lo mismo la Corte de Justicia de Salta.

Las defensas de Agüero y Urzagaste llevaron entonces sus cuestionamientos al máximo tribunal nacional. El rechazo de esa presentación dejó firmes las perpetuas impuestas a ambos por el crimen de Daniela.

La carta de su mamá

El 17 de abril de 2017, Verónica Guantay, la madre de Daniela, expresó su dolor en una carta titulada “De cómo llorar a una hija, cuando no te tomaron la denuncia”, que publicó en el Facebook de La Garganta Poderosa. Allí recordó a la joven de 22 años, madre de tres chicos, y denunció las trabas que había encontrado cuando salió a buscarla.

“A cada hora, más te necesito abrazar y menos creo que ya no vayas a regresar. Vos, que siempre fuiste la más mamera, tan compañera... Desde nuestra digna humildad, toda la vida luché para poder darte lo mejor y verte feliz”, escribió. “Salgo a la mañana, miro a la calle y te espero, todavía”, siguió.

En la carta también habló de sus nietos, que entonces tenían 7, 5 y 2 años: “Son tan chiquitos que sinceramente no sé cómo explicarles lo que pasó. Yo no quería tener que decirles esto. Yo quería ser la abuela que consintiera sus gustos y que llevara los regalitos para jugar”. Luego, resumió cómo el crimen había cambiado su vida: “Y de la noche a la mañana, me toca volver a empezar”.

Verónica recordó además la participación de su hija en la asamblea del barrio Juan Manuel de Rosas y la última comida que habían compartido, el 28 de febrero: “Cocinaste pollo con arroz, comimos, charlamos, nos reímos y te fuiste. Para siempre, te fuiste”.

El relato dio paso a un reclamo por la actuación policial. Según denunció en aquel texto, intentó reportar la desaparición desde el 1° de marzo, pero no le recibieron la denuncia durante los primeros días. “Sin esperar un solo segundo, avisé, alerté y grité tu desaparición, pero la Policía no quiso tomarme la denuncia, ¡hasta que pasaron cuatro días!”, sostuvo.

“Una corazonada me advertía que debía buscarte en el río, pero los datos que llegaban cambiaban la orientación”, relató sobre la búsqueda. Incluso después del hallazgo, conservó la esperanza: “Pese al hallazgo y las evidencias, soñaba que no, que no fueras vos. Pero después de varios días largos, interminables, los análisis confirmaron lo peor”.

“¿Por qué te mataron? ¿Por qué las instituciones no actuaron?”, se preguntó.

La carta cerraba con una promesa: “Por vos y por mis nietos lucharé hasta el final, para que nadie deba sentir este dolor que hoy debemos transitar, nunca, pero nunca más”.

El debate por el compre local en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) está en el centro de la escena pública. Los grandes proyectos que el modelo identifica como motores de crecimiento se desarrollan bajo ese régimen, mientras las empresas locales —en su mayoría, pymes— tienen dificultades para insertarse en su cadena de valor. A eso se suma la discusión sobre el costo fiscal del programa y su capacidad real de generar derrame sobre el entramado productivo argentino.

En este escenario, Rio Tinto —la minera dueña de Rincón, uno de los mayores proyectos de litio del país— reveló que, entre sus operaciones en el Noroeste Argentino (NOA) y sus dos proyectos bajo el RIGI, ya canalizó más de USD 1.800 millones a proveedores argentinos.

El número surge de tres fuentes con períodos que no son idénticos entre sí. En las operaciones regulares de la compañía —los proyectos Sal de Vida (Catamarca), Sal de los Ángeles (también Catamarca) y Olaroz (Jujuy)— para el ejercicio 2025/2026, se emitieron órdenes de compra por USD 696 millones, de los cuales el 79% correspondió a proveedores nacionales.

Y los dos proyectos bajo el RIGI suman el grueso restante: Rincón, en Salta, acumula USD 941 millones en proveedores argentinos desde el inicio de la obra, mientras que Fénix 1B, la ampliación en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca), adjudicó USD 310,7 millones a empresas locales en el cuarto trimestre 2025/2026. La suma de esos tres tramos supera los USD 1.800 millones.

El proyecto de litio Rincón, que recibió financiamiento internacional por USD 1.175 millones en marzo de organismos como la Corporación Financiera Internacional (IFC), BID Invest, Export Finance Australia (EFA) y el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC), es el más voluminoso del portafolio local.

Hasta la fecha, las órdenes de compra emitidas desde el inicio de la obra suman USD 1.419 millones, de los cuales USD 941 millones —el 66%— corresponden a proveedores del país: USD 34 millones a comunidades cercanas al proyecto, USD 428 millones a empresas salteñas y USD 479 millones al resto del país. Los pagos efectivamente realizados hasta junio de 2026 ascendieron a USD 483 millones en Argentina y USD 265 millones al exterior. En total, 236 proveedores trabajan en el proyecto, 182 de ellos argentinos.

La compañía estima que, al final de la obra, el 75% de las contrataciones habrá correspondido a empresas nacionales, contra el 25% restante de origen internacional, porción que incluye una parte relevante del paquete tecnológico. El proyecto tiene una vida útil de 40 años y apunta a producir 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, suficientes para abastecer aproximadamente un millón de vehículos eléctricos por año, según proyecciones de la IFC.

En Fénix 1B, por su parte, el 99% de lo adjudicado durante el período informado fue a proveedores argentinos. Catamarca concentró USD 153,6 millones, casi la mitad del monto total adjudicado en ese tramo.

Las importaciones del RIGI y un debate que se intensifica

El otro eje del debate son las importaciones que realizan los proyectos adheridos al régimen. Según un relevamiento de Federico Bernini, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), las compras externas acumuladas por los proyectos del RIGI superaron los USD 550 millones al cierre de septiembre, el segundo registro mensual más alto desde la puesta en marcha del esquema.

Solo en ese mes, ocho proyectos realizaron importaciones por USD 95 millones, con tres iniciativas que concentraron cerca del 70% del total: GEAR (USD 33,4 millones en grupos electrógenos), Rincón Mining (USD 16,7 millones en equipos de filtrado) y VMOS (USD 16,6 millones en aparatos de medición y tubos para infraestructura energética). Para Bernini, los datos de septiembre confirman que los proyectos transitan de la etapa de aprobación a la de ejecución, aunque el proceso sigue siendo gradual y concentrado en grandes iniciativas.

Pese a la aceleración, ese volumen acumulado equivale a menos del 1% de los USD 49.766 millones de inversión comprometida por los proyectos aprobados. La mayor parte de las importaciones corresponde a bienes de capital, equipamiento y componentes de alto valor unitario que, en muchos casos, no tienen oferta local suficiente en escala, plazo o especificaciones técnicas.

La tensión entre ambas dinámicas —compras locales y compras externas— está en el centro del debate que protagonizan la Unión Industrial Argentina (UIA), el sector energético-minero y el propio Gobierno. La UIA señala que sus afiliados tienen “capacidades, conocimiento y experiencia para formar parte de los grandes proyectos de inversión”, pero reconoce que la integración requiere avances en infraestructura, cadenas productivas, carga impositiva y acceso al crédito.

Rondas de negocios para vincular pymes al RIGI

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, respondió al debate con una iniciativa concreta: las Rondas de Negocios RIGI, cuyo primer encuentro se realizará el 29 de octubre en Rosario. El objetivo es conectar a los grandes proyectos del régimen con proveedores nacionales de bienes, servicios, tecnología y obras.

Detrás de esa iniciativa hay una tensión normativa de fondo. La Ley Bases, que incorporó el RIGI en 2024, obliga a los proyectos adheridos a contratar proveedores argentinos por al menos el 20% del monto total, siempre que exista oferta local en condiciones de precio y calidad. Ese piso está muy por debajo de los esquemas provinciales vigentes: Salta exige entre el 40% y el 70% según etapa y magnitud; Catamarca, el 70%; Jujuy, también el 70 por ciento.

Al mismo tiempo, el costo fiscal del régimen se convirtió en uno de los ejes del debate presupuestario. Según estimaciones de la consultora EcoGo, el RIGI implica un gasto tributario de USD 8.493 millones para los 23 proyectos ya aprobados, equivalente al 25% de la inversión computable. De ese total, USD 6.231 millones corresponden a recursos que resigna la Nación. La consultora calcula, sin embargo, que los mismos proyectos generarían USD 17.499 millones en recaudación a valor presente, y que el impacto fiscal neto pasa a ser positivo si aproximadamente uno de cada tres dólares invertidos no se hubiera materializado sin el régimen.

El régimen actualmente cuenta con 23 proyectos aprobados —12 de minería, 7 de petróleo y gas, 2 de energía eléctrica, 1 de siderurgia y 1 de infraestructura— y otros 24 en evaluación por USD 159.480 millones adicionales.

Estudiar una carrera técnica y, al mismo tiempo, sumar experiencia real dentro de una empresa. Esa es la fórmula educativa que Italia utiliza a través del modelo de los ITS (Istituto Tecnologico Superiore) Academy y que comenzará a desembarcar en Argentina durante 2027, con las primeras tecnicaturas previstas en Salta y la posibilidad de sumar también a Córdoba.

El proyecto llega al país de la mano de la Cámara de Comercio e Industria Ítalo-Iberoamericana (CCIIA), que en los últimos meses impulsó una serie de gestiones entre instituciones educativas, entidades empresarias y los gobiernos de Argentina e Italia para adaptar a la realidad local un modelo que busca achicar una de las brechas más persistentes del mercado laboral: la distancia entre lo que se aprende en las aulas y las capacidades que requieren las empresas.

La característica que distingue a los ITS Academy es precisamente esa conexión con el mundo productivo. Más del 50% de la carga horaria se desarrolla mediante prácticas profesionales en empresas, y el resto corresponde a formación teórica. Además, una proporción importante de los docentes debe provenir directamente de la industria.

La idea es que el estudiante no llegue al empleo sólo con conocimientos académicos, sino también con experiencia concreta sobre procesos, tecnologías y dinámicas de trabajo.

El presidente del ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita-Giulio Natta, Giuseppe Nardiello, lo explicó durante su reciente visita a la Argentina con una imagen bastante gráfica: el objetivo es enseñar a los estudiantes a desenvolverse en situaciones reales y no solamente explicarles cómo hacerlo desde un libro.

Ese contacto temprano con las empresas es también uno de los factores que explican los altos niveles de inserción laboral asociados al sistema italiano y constituye la principal apuesta detrás de su llegada a la Argentina: formar técnicos de acuerdo con necesidades productivas concretas y permitirles incorporarse rápidamente al mercado de trabajo.

Un acuerdo entre Argentina e Italia abrió la puerta

El paso institucional decisivo se produjo el 7 de septiembre, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Educación y del Mérito de Italia, Giuseppe Valditara, firmaron en Buenos Aires un Memorándum de Entendimiento para promover la cooperación bilateral en materia de formación técnica y profesional.

El acuerdo fue el resultado de un proceso de vinculación que había comenzado meses antes y en el que la CCIIA tuvo un papel activo acercando a los actores públicos, educativos y empresariales de ambos países.

En diciembre de 2025 su presidente, Darío H. Pellegrini, junto a una comitiva empresaria, se reunió con Giuseppe Nardiello y comenzaron a trabajar en Milán sobre la posibilidad de trasladar el modelo del ITS a América Latina, con Argentina como primer destino.

La iniciativa avanzó durante 2026 hasta llegar al Ministerio de Capital Humano y, finalmente, al entendimiento firmado por Pettovello y Valditara.

El interés, sin embargo, excede las fronteras argentinas. Tanto desde el gobierno italiano como desde organizaciones empresarias de ese país existe la intención de utilizar la experiencia como punto de partida para expandir el sistema a otros países en Latinoamérica.

Salta será el primer laboratorio

Salta será el primer escenario concreto del proyecto. Allí se trabaja para comenzar en marzo de 2027 con tres trayectos de formación técnica de dos años y alrededor de 3.000 horas.

Las áreas elegidas responden directamente a necesidades que actualmente plantean sectores productivos de la provincia. Una de las tecnicaturas estará vinculada con las energías renovables y sustentables.

Otra estará enfocada en maquinaria pesada y vial, particularmente vinculada a la minería, e incorporará mecánica, electromecánica, electrónica, mantenimiento, logística, sensores, Internet de las Cosas e Industria 4.0.

La tercera apunta al mantenimiento y reparación de equipamiento médico y de laboratorio de alta complejidad, un segmento en el que actualmente las reparaciones especializadas deben realizarse fuera de la provincia.

En el esquema salteño participan la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Católica de Salta, junto con empresas y entidades del sector productivo.

La intención es que los programas no sean réplicas rígidas de los italianos sino que se adapten a la matriz económica de cada lugar. La premisa que utilizan los impulsores del proyecto es que la formación debe comenzar por identificar qué técnicos necesitan efectivamente las empresas y construir los trayectos educativos a partir de esa demanda.

Córdoba también busca incorporarse

El modelo podría tener otro de sus primeros nodos en Córdoba. Durante septiembre, empresarios y representantes institucionales argentinos e italianos mantuvieron un encuentro en el Polígono Córdoba-Parque Industrial, donde se analizaron posibles trayectos asociados con energía sostenible, biotecnología, tecnologías biomédicas, mecatrónica y automatización.

Una de las posibilidades en estudio es que los centros de formación funcionen incluso dentro de parques industriales, llevando todavía más lejos la integración entre educación y empresas.

En la construcción del proyecto la CCIIA involucró a organizaciones como ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, y APIA, que nuclea a parques industriales de distintas regiones del país, además de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y representantes del sector privado, de modo que actúen como amplificadores y aliados de un desembarco que precisa muchas manos.

El objetivo inicial es poner en funcionamiento tres experiencias durante 2027, avanzar luego hacia cinco centros y, en una segunda etapa, proyectar una red más amplia en la Argentina.

De Argentina al resto de América Latina

La hoja de ruta ya contempla el siguiente movimiento. En noviembre, la propuesta será presentada en Chile durante la ENATRANS Expo Chile Transporte, como parte de la estrategia para comenzar a extender el sistema hacia otros países de América Latina.

Ese salto regional refleja también la escala que intenta alcanzar la CCIIA.

Presidida por Darío H. Pellegrini, la Cámara nació con la intención de convertirse en un puente entre empresas e instituciones italianas e iberoamericanas. Su estructura reúne empresarios y representantes vinculados con Italia, España, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y otros países de la región.

Desde el inicio de su gestión, en agosto del año pasado, Pellegrini aplicó una estrategia de articulación que posibilitó los avances necesarios para introducir en Argentina el modelo de formación de los ITS Academy. La apuesta ahora es transformar esa primera experiencia en una plataforma regional.

Para Italia, el interés no es solamente educativo. La formación de recursos humanos bajo estándares compatibles con sus sectores productivos también puede funcionar como un incentivo para que empresas italianas encuentren mejores condiciones para invertir y desarrollarse en América Latina.

Durante los encuentros realizados en Córdoba, Pellegrini resumió esa lógica en una frase: “Esto empieza por formación y termina por inversión”.

POSCO Argentina inauguró la Planta II del proyecto Sal de Oro, con una capacidad de producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, en el Salar del Hombre Muerto, en la Puna. La puesta en marcha se realizó el 6 de octubre de 2026 y estuvo acompañada por un acuerdo entre Salta, Catamarca y la empresa para avanzar con nuevas etapas que proyectan una producción de 100.000 toneladas anuales de productos de litio.

La compañía surcoreana acumula una inversión superior a USD 2.000 millones en Argentina desde el inicio de sus operaciones, con actividad en las provincias de Salta y Catamarca. La nueva instalación empleará tecnología convencional para elaborar carbonato de litio, un insumo destinado a baterías y sistemas de almacenamiento energético, informó POSCO Argentina.

La inauguración reunió a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; a los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil; y a directivos de POSCO Holdings. También asistieron el embajador de Corea en Argentina, Chong Hwa Lee, y autoridades nacionales, provinciales, empresariales y comunitarias.

El proyecto ya cuenta con una planta de hidróxido de litio que puede producir 25.000 toneladas por año. Con la incorporación de la planta de carbonato, POSCO ampliará su actividad industrial en el país, aunque el inicio comercial estará acompañado por un período de aumento gradual de la producción durante 2027, según la agencia Noticias Argentinas.

Karina Milei transmitió un mensaje del presidente Javier Milei durante el acto. La funcionaria afirmó: “Quiero traerles el saludo de nuestro presidente, Javier Milei, que agradece especialmente a POSCO por seguir confiando en la Argentina. Esta nueva inversión significa más producción, más empleo y más oportunidades para la región”.

La secretaria general agregó que el Gobierno nacional valora a quienes invierten y generan empleo. “Gracias a POSCO y a todos sus trabajadores y directivos que hicieron posible este nuevo paso. Esperamos que sea uno de muchos más”, expresó.

La inversión incluye el desarrollo de capacidades productivas, tecnológicas y laborales vinculadas con la actividad minera. La empresa señaló que su presencia en las dos provincias impulsó contrataciones, demanda de servicios y oportunidades para compañías de la región.

El emprendimiento generó más de 5.000 puestos de trabajo, entre ellos más de 600 empleos directos dentro de POSCO Argentina. La compañía trabaja además con más de 270 proveedores locales y desarrolla programas de capacitación en oficios, becas, asistencia médica, visitas educativas y acciones comunitarias, de acuerdo con Noticias Argentinas.

Diego Santilli ubicó a la minería entre las actividades con potencial de expansión en el país. “Hoy, en la Argentina, hay un segundo motor que empuja fuertemente, que es el oil and gas, que está empujando a nuestro país a salir de una balanza deficitaria a una balanza superavitaria. Y éste, hoy, es el tercer motor de la República Argentina: la minería”, sostuvo el jefe de Gabinete.

El funcionario consideró que la actividad minera avanza hacia el lugar que el Gobierno pretende alcanzar. “Hoy estamos inaugurando el comienzo de un camino”, dijo durante la ceremonia.

El proyecto Sal de Oro recibió un financiamiento de hasta USD 700 millones liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Según POSCO Argentina, esos recursos respaldan la estructura financiera de la iniciativa, el comienzo de las operaciones de las plantas y la aplicación de estándares internacionales de sostenibilidad junto con bancos internacionales.

La empresa también indicó que Sal de Oro II fue aprobada dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El esquema ofrece estabilidad normativa y seguridad jurídica para inversiones de largo plazo, dos condiciones que la compañía vinculó con el desarrollo de instalaciones de gran escala.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, planteó que el impacto de la actividad debe medirse más allá de los volúmenes de producción. “El desarrollo minero no se mide únicamente en toneladas exportadas o números fríos; se mide en la calidad de vida de cada trabajador, de cada proveedor local y de cada familia puneña”, afirmó.

El mandatario salteño añadió que el resultado de una iniciativa de este tipo depende de las capacidades locales y del vínculo con los habitantes de la zona. En una publicación en redes sociales, sostuvo que la planta fortalece a proveedores y genera nuevas oportunidades para ambas provincias.

El acuerdo para las etapas III y IV

Los gobiernos de Salta y Catamarca suscribieron con POSCO Argentina un Memorándum de Entendimiento destinado a coordinar el desarrollo de las etapas III y IV de Sal de Oro. El objetivo es llevar el proyecto a una capacidad anual de 100.000 toneladas de productos de litio.

El acuerdo prevé coordinar permisos y procedimientos administrativos, facilitar el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en las próximas fases, fortalecer el contacto con comunidades y ampliar las oportunidades de empleo y de desarrollo de proveedores locales.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, señaló que la cooperación entre ambas jurisdicciones permitió establecer una zona de trabajo conjunto para recibir inversiones y producir litio. También indicó que el acuerdo brindó condiciones para que POSCO avanzara sin que las provincias resignaran la defensa de sus respectivos territorios.

El mandatario catamarqueño definió a la nueva planta como el primer proyecto incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que entra en funcionamiento en su provincia. “Firmamos un memorándum para avanzar con las etapas III y IV de Sal de Oro, con la proyección de alcanzar las 100.000 toneladas anuales de productos de litio”, expresó.

La expansión prevista busca consolidar la inserción del emprendimiento en la cadena global de valor del litio y ampliar la formación de talento técnico en la región. El entendimiento también contempla acciones conjuntas con instituciones educativas, empresas y comunidades.

In Hwa Chang, CEO de POSCO Holdings, afirmó que la empresa concentrará sus esfuerzos en asegurar la operación estable y la competitividad de las plantas I y II. “Estamos evaluando en profundidad inversiones adicionales como la próxima etapa de crecimiento”, señaló.

El directivo aseguró que las próximas decisiones de inversión se realizarán mediante cooperación con los gobiernos y las comunidades argentinas. POSCO Argentina está presente en el país desde 2018 y desarrolla el proyecto Sal de Oro en Salta y Catamarca.

Dos pasajeros fueron interceptados en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery con casi 200 cápsulas de cocaína alojadas en sus organismos, en el marco de un operativo realizado el pasado 30 de septiembre como parte de una investigación iniciada en Mendoza sobre una presunta organización familiar que trasladaba estupefacientes desde el norte argentino hacia la Patagonia.

El hombre y la mujer, ambos mayores de edad y de nacionalidad boliviana, habían abordado en el Aeropuerto Internacional de Salta un vuelo de cabotaje con escala en la ciudad de Buenos Aires. Su destino final era Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

Según precisaron desde la Gendarmería Nacional a Infobae, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” interceptaron a los viajeros con el apoyo de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Durante la inspección, un escáner corporal indicó la presencia de elementos compatibles con cápsulas dentro de sus cuerpos. En consecuencia, y por orden de la autoridad judicial interviniente, los dos pasajeros fueron derivados al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.

Allí, los sospechosos evacuaron 199 cápsulas con un peso total de 2 kilos y 465 gramos de cocaína. Además, los agentes secuestraron 500 dólares estadounidenses, 2.530 pesos bolivianos y 840.700 pesos en efectivo, además de dos teléfonos celulares.

La investigación, coordinada por la Mesa de Análisis Criminal de la Región X de Gendarmería Nacional, ya había derivado en otros dos procedimientos vinculados con la misma estructura. En la pesquisa participaron la Unidad de Inteligencia Criminal “Mendoza”, la Unidad de Inteligencia Criminal “San Juan” y la unidad investigadora mendocina.

En mayo, una mujer identificada como presunta coordinadora de la maniobra fue detenida mientras viajaba en un ómnibus hacia San Carlos de Bariloche. En esa oportunidad, la “mula” llevaba 184 cápsulas de cocaína ocultas en el doble fondo de una valija.

Un mes después, en junio, dos ciudadanos bolivianos fueron interceptados en la ciudad mendocina de Lavalle, mientras se trasladaban en un colectivo de larga distancia. Tras permanecer bajo control sanitario, evacuaron 188 cápsulas de clorhidrato de cocaína, con un peso de 2 kilos y 456 gramos.

Las tareas de inteligencia realizadas en Salta, Mendoza, Buenos Aires y Santa Cruz permitieron establecer, según comunicaron desde la fuerza federal, que la estructura trasladaba cocaína hacia distintos puntos de la Patagonia.

De acuerdo con el análisis de los investigadores, luego de los procedimientos registrados en rutas terrestres, la banda habría cambiado su modalidad y comenzado a utilizar vuelos comerciales de cabotaje. La pesquisa busca determinar el alcance de esa operatoria y las responsabilidades de los involucrados.

Según los investigadores, el cambio en la modalidad de traslado buscaba acortar los tiempos de viaje y reducir la exposición de las “mulas” a los controles preventivos desplegados sobre las principales rutas del país.

El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de la droga y del resto de los elementos hallados, además de la detención de los dos involucrados.

El Gobierno se encuentra en semanas clave en su objetivo de conseguir los votos para aprobar la Reforma Política y el Presupuesto 2027. Lo reconocieron los funcionarios de primera línea que viajaron la semana pasada a París con 13 gobernadores. Si bien no se trazó el mismo panorama para todos ellos, a muchos se les ratificó que por estos días habrá demostraciones concretas para cerrar acuerdos políticos de cara al próximo año.

Con ello, los integrantes del Gabinete planean reducir la incertidumbre que pesa sobre el mercado y demostrarles que hay una alianza táctica con mandatarios de provincias aliadas que les permitiría aprobar la suspensión de las PASO y la planificación presupuestaria. En retribución, a los jefes provinciales se les recompensaría con una competencia “mermada” que les permitiría retener el poder en sus respectivos distritos.

Este martes se materializará la primera actividad que busca ir en ese sentido. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, asistirán a la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en la Puna, encuadrada en el marco de una inversión del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). También viajarán el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Medios, Fabián Fernández.

El dato político es que la comitiva será recibida por los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). La actividad resulta una forma de visibilizar los efectos económicos del RIGI, pero al mismo tiempo es una excusa para mostrarse con estos dos mandatarios, quienes no ven con malos ojos un entendimiento político-electoral con la Casa Rosada.

Infobae pudo saber por fuentes del entorno de Sáenz que el acuerdo electoral aún no está, pero que el gobernador “lo estaría pidiendo”. “Creo que lo van a decidir más cerca del llamado a la elección con números de encuestas”, amplían.

En esa provincia se da una situación particular: el oficialismo local tiene una aprobación suficiente como para pensar que tiene chances de reelegirse, pero Sáenz todavía no sabe si puede presentarse para una reelección porque impulsó en 2021 una reforma constitucional que limita los mandatos, y sus adversarios argumentan que su primer período (2019-2023) ya debe contarse bajo ese límite. De ser así, se le impediría volver a competir en 2027.

Sobre todas las cosas, en Salta se da la particularidad de que hay una figura libertaria que tiene conocimiento en la provincia y que mide bien. Se trata de Emilia Orozco, que el año pasado fue elegida como senadora nacional y tres años atrás como diputada nacional. Aún así, ha tenido reprimendas al interior del armado político producto de declaraciones suyas contra Sáenz que friccionaron el vínculo entre la gobernación y la Casa Rosada. Se trata de una figura con peso en el Congreso, ya que tiene a los diputados nacionales Pablo Outes, Yolanda Vega y Bernardo Biella, así como a la senadora nacional Flavia Royon.

Así, el encuentro ocurrirá mientras el Gobierno nacional negocia una reforma electoral que busca eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y analiza alianzas para 2027. No está previsto si habrá algún tipo de anuncio al terminar la jornada, pero se prevé que las conversaciones con ambas provincias comiencen a encaminarse.

La actividad comenzará a las 9:20 con la llegada al Salar del Hombre Muerto y, diez minutos después, se realizará el acto inaugural. Allí se firmará un memorándum de entendimiento para las etapas III y IV del proyecto, que aspira a una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio. A las 10 está prevista la presentación del informe final de obra y la inauguración formal de la planta. Participarán Sáenz, Jalil, el embajador de Corea del Sur, Lee Chong Hwa, y el director ejecutivo de POSCO Holdings, Chang In-hwa.

La visita motivó la postergación de la reunión oficial denominada Mesa Política, cuya nueva fecha todavía no fue comunicada. La agenda en Salta coincide con versiones sobre el desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de las elecciones nacionales. El ministro de Gobierno y Justicia salteño, Ignacio Jarsún, confirmó que la provincia celebrará en 2027 una elección separada que se prevé para mayo.

Por su parte, el presidente Javier Milei realizará hasta diciembre una gira por nueve provincias y volverá a recorrer diferentes sitios de la provincia de Buenos Aires, todas apariciones que tienen como excusa la visita de proyectos incorporados al RIGI, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, con el objetivo de exhibir inversiones y actividad productiva.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada y del partido nacional de La Libertad Avanza, las provincias seleccionadas en un principio son las siguientes: Catamarca, Salta, San Juan, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe. La agenda presidencial incluirá esos distritos, además de un nuevo paso por la provincia de Buenos Aires.

Los primeros 23 proyectos aprobados bajo el régimen comprometían USD 49.766 millones de inversión y una proyección de 108.450 empleos directos e indirectos. Doce pertenecen a la minería, siete al petróleo y gas, dos a la energía eléctrica, uno a la siderurgia y uno a infraestructura. A esas iniciativas se sumaron anuncios y aprobaciones realizados en París. Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén obtuvieron el ingreso al RIGI para el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta, con un desembolso de USD 12.400 millones previsto para 25 años.

El primer antecedente de la gira presidencial ocurrió hace dos semanas en Bahía Blanca, antes del viaje de Milei a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego a París para la Argentina Week. Allí recorrió las plantas de Compañía Mega, Louis Dreyfus Company y Fértil Pampa. Se trata de una ciudad en donde La Libertad Avanza tiene altísimas chances de ganar el año próximo. Eso mismo no puede decirse de todas las provincias donde hay un RIGI aplicado.

A excepción de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, Milei mantiene una relación fluida con los jefes provinciales de los distritos incluidos en el itinerario.

Sáenz, Jalil, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el de Río Negro, Alberto Weretilneck; el de Neuquén, Rolando “Rolo” Figueroa; el de Jujuy, Carlos Sadir; y el de Mendoza, Alfredo Cornejo, participaron del viaje oficial a París. Milei se reunió allí con ellos, en una instancia que el Gobierno considera relevante para reunir apoyos legislativos a la reforma electoral. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no viajaron a Francia, pero han tenido encuentros presenciales en la Casa Rosada.

La investigación por el asesinato de Hernán Velarde, profesor de Educación Física de 28 años, tuvo su primer avance judicial con la detención de dos hombres mayores de edad. Ambos están sospechados de haber participado en el hecho, ocurrido el sábado en el barrio Miguel Ortiz, al norte de la ciudad de Salta.

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet confirmó las capturas luego de las primeras tareas realizadas por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) del Departamento de Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). La causa permanece en etapa inicial y todavía no se informó cuál habría sido la intervención específica de cada detenido.

Según lo informado por el portal del diario El Tribuno, Velarde fue encontrado sin vida sobre la calle Juan de Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón, después de una pelea en la vía pública. La Justicia procura establecer la secuencia de la agresión, determinar quiénes participaron y conocer la causa precisa de muerte, que aún no fue difundida oficialmente.

Las detenciones se produjeron tras un relevamiento de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Esas medidas permitieron identificar a personas que, de acuerdo con la hipótesis inicial de los investigadores, podrían haber tenido vinculación con el ataque contra Velarde.

El Ministerio Público Fiscal informó que la formalización de la investigación penal preparatoria se realizará en las próximas horas. En esa audiencia, se conocerán las imputaciones que la Fiscalía atribuirá a los dos acusados y los elementos reunidos hasta el momento.

La fiscal Sodero Calvet es quien interviene en la causa. Tras el hallazgo del cuerpo, se constituyó en el lugar para coordinar las actuaciones del CIF y las pericias iniciales en el sector donde ocurrió el episodio.

La causa continúa abierta y la Fiscalía mantiene medidas en curso para reconstruir las circunstancias de la muerte. Entre los puntos por esclarecer figuran el origen de la confrontación, la cantidad de personas involucradas y el eventual empleo de un arma u otro elemento durante la agresión.

El episodio fue advertido a través de una comunicación al Sistema de Emergencias 911, recibida pasadas las 19 del sábado. El aviso señalaba que se registraba una pelea entre varias personas en cercanías de la calle Matienzo, en el barrio Miguel Ortiz.

Cristian Aguilera, director de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, explicó que los policías que patrullaban la jurisdicción llegaron al sitio tras la alerta. Allí encontraron a un único hombre tendido sobre la calzada.

Los efectivos intentaron asistirlo y pidieron una ambulancia del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (Samec). Sin embargo, los profesionales de salud constataron el fallecimiento cuando arribaron al lugar, según la información policial conocida durante las primeras horas de la investigación.

Aguilera indicó entonces que, de acuerdo con los datos preliminares que manejaba la fuerza, “dos grupos de personas se agredieron mutuamente”. El funcionario aclaró que en ese momento no era posible determinar de qué modo se produjo la muerte ni confirmar si se utilizó algún objeto o arma en el enfrentamiento.

Familiares del joven difundieron en redes sociales mensajes de dolor y reclamos para que el hecho sea esclarecido. Según su versión, Velarde habría sido interceptado por cuatro hombres antes de ser atacado en la vía pública. Esa hipótesis forma parte de los elementos que deberán ser verificados dentro del expediente judicial.

Los dos arrestos constituyen el primer avance relevante en la investigación del homicidio, aunque no implican una definición sobre la responsabilidad penal de los acusados. La Fiscalía deberá reunir y evaluar los testimonios, las imágenes de videovigilancia, las pericias de la escena y el informe de la autopsia.

En medio de una pelea durante la mañana del domingo, un hombre fue asesinado con un arma blanca en el barrio Alto Verde de Salvador Mazza, en la provincia de Salta. La víctima fue identificada como Nicolás Guzmán y por su homicidio hay dos hombres detenidos, quienes serán imputados este lunes.

El informe preliminar de la autopsia indicó que la víctima murió a causa de un shock hipovolémico, producto de la pérdida de sangre ocasionada por la herida. De acuerdo con la información oficial, Guzmán sufrió una lesión con un elemento cortante en circunstancias que todavía son materia de investigación.

Fue asistido y trasladado inicialmente al hospital de Salvador Mazza, pero debido a la gravedad de su cuadro se ordenó una derivación al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. La derivación de la víctima se realizó ante la gravedad de la herida, aunque Guzmán murió durante el traslado. El joven falleció antes de llegar al centro asistencial.

El caso es investigado por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Ariel Vega, quien dispuso las primeras medidas tras tomar conocimiento del fallecimiento. El cuerpo fue enviado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en Orán, para la realización de la autopsia.

Mientras avanzaban las primeras diligencias, los investigadores detuvieron a dos sospechosos por el hecho. En ese marco, secuestraron un automóvil y otros elementos que serán analizados. La Fiscalía deberá determinar qué intervención tuvo cada uno de los involucrados y quién provocó la herida que causó la muerte de Guzmán.

Qué se sabe de la secuencia previa

Según publicó El Tribuno, una reconstrucción inicial basada en fuentes cercanas a la investigación sitúa el comienzo del conflicto durante la madrugada, en un local bailable de la localidad. Allí se habría producido una discusión entre personas que se conocían del barrio.

De acuerdo con la versión preliminar, después de salir del local un grupo se trasladó en un vehículo hasta la casa de Guzmán, donde continuó el encuentro. En ese lugar, el consumo de bebidas alcohólicas habría precedido a una nueva discusión, que derivó en un enfrentamiento físico.

Entre las hipótesis que analizan los investigadores figura un incidente vinculado con la pareja de la víctima. Esa línea sostiene que uno de los presentes habría intentado besarla, lo que habría desencadenado el enojo de Guzmán. Sin embargo, esa reconstrucción aún debe ser corroborada mediante testimonios, pericias y otros elementos incorporados al expediente.

Durante la pelea uno de los hombres habría sufrido una herida en la zona de los glúteos. Luego, uno de los involucrados habría salido de la vivienda, se habría dirigido al automóvil y habría regresado con otro cuchillo. En ese contexto se habría producido la lesión abdominal que resultó fatal para Guzmán.

La investigación se encuentra en una instancia inicial y la Fiscalía no confirmó públicamente esa secuencia. Las declaraciones de quienes estuvieron en el lugar, el análisis de los elementos secuestrados y las pericias forenses serán centrales para establecer cómo ocurrió la agresión y definir las responsabilidades penales de los detenidos.

Quién era la víctima

La víctima fue identificada como Nicolás Guzmán, un vecino de Salvador Mazza cuya muerte generó pesar entre familiares, amigos y allegados. Su identidad se conoció durante las horas posteriores al crimen, mientras continuaban las actuaciones judiciales y policiales en torno al caso.

Sus seres queridos difundieron una tarjeta de despedida en la que lo recordaron como “una gran persona, un primo, un amigo, un ser querido”. En el mensaje, la familia destacó “su alegría, su buena energía y su gran corazón”, además de expresar el dolor por su muerte.

“Con mucho dolor y tristeza despedimos a mi primo Nicolás Guzmán”, señalaron sus familiares, según recogió El Tribuno. El mensaje concluyó con una despedida: “Siempre en nuestros corazones”.

La causa permanece bajo investigación de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Este lunes se realizarán las imputaciones de los dos detenidos, mientras continúan las pericias y la toma de testimonios para establecer la secuencia del ataque.

Un hombre de 28 años fue hallado sin vida este sábado por la tarde en el barrio Miguel Ortiz, ubicado en la zona norte de Salta, después de que se desatara una pelea entre dos grupos de personas. La Policía investiga las circunstancias del hecho y aguarda los resultados de las pericias y la autopsia para establecer qué provocó el deceso.

El episodio ocurrió en la calle Juan de Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón. El aviso al Sistema de Emergencias 911 ingresó después de las 19:00 horas por una gresca en la vía pública, según informó el director de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, Cristian Aguilera.

Fue así que los agentes que recorrían la jurisdicción acudieron al lugar y encontraron al joven tendido sobre la calle. Aunque intentaron asistirlo, cuando llegó la ambulancia del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC), se constató su muerte.

La víctima sería residente del barrio Miguel Ortiz, de acuerdo con los datos iniciales difundidos por la fuerza, pero su identidad aún no fue informada oficialmente. Por esto, la circulación por Juan de Matienzo estuvo interrumpida mientras trabajaban las autoridades en el lugar.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, antes de que se desatara el enfrentamiento, en el sector había un grupo de personas que consumía bebidas alcohólicas. Luego, otro grupo se habría acercado y se produjo una pelea de bandas.

“Dos grupos de personas se agredieron mutuamente”, afirmó Aguilera. No obstante, el funcionario remarcó que aún no fue posible determinar la secuencia del enfrentamiento ni la mecánica que derivó en la muerte del joven.

Tampoco hay precisiones sobre la eventual utilización de un arma o algún otro elemento durante la pelea. “No tengo precisiones todavía”, respondió el director de Prensa y Difusión policial al ser consultado sobre esa posibilidad.

Después de que se confirmara la muerte de la víctima, intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) quedó a cargo de las pericias en el lugar. Los investigadores documentaron la escena, relevaron indicios y buscaron elementos para reconstruir lo ocurrido.

De la misma forma, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet se trasladó hasta el barrio y dispuso las medidas iniciales de la causa. Asimismo, solicitó que el cuerpo sea llevado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para que realicen la autopsia.

Por el momento, no hay personas detenidas. Los efectivos identificaron a quienes se encontraban o circulaban por la zona al momento de su llegada, aunque Aguilera aclaró que no existía una orden judicial de detención.

Muerte en una fiesta religiosa: la Justicia investiga a dos hijastros acusados de atacar a su padrastro

Un hombre murió durante la madrugada del domingo 20 de septiembre en el barrio Juan Manuel de Rosas, cerca del río Vaqueros, en Salta, tras una agresión en la que habría recibido golpes y heridas con un elemento cortante. Por el hecho, dos jóvenes fueron detenidos y la Justicia espera el resultado de la autopsia para avanzar con la investigación.

El ataque ocurrió al finalizar una celebración en honor a la Virgen de Urkupiña que se realizaba en un predio de la zona. El Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta cerca de las 05:30 horas por una pelea en el sector de los baños.

La víctima consiguió alejarse del lugar donde se habría iniciado la discusión, pero cayó herida a pocos metros. Una ambulancia acudió para asistirlo y el personal médico confirmó su fallecimiento. Su identidad no fue difundida oficialmente.

Los primeros elementos de la causa señalaron que dos personas jóvenes, un hombre y una mujer de entre 19 y 23 años, habrían interceptado al hombre en inmediaciones de los baños. La discusión derivó en una agresión física durante la cual se habría utilizado un objeto cortante.

No obstante, los efectivos de la Dirección General de Investigaciones identificaron y localizaron a los sospechosos a partir de los testimonios recabados en el predio. Ambos permanecen detenidos a disposición de la Justicia.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los detenidos serían hijastros de la víctima. Sin embargo, hasta el momento no se informaron imputaciones formales ni se conocieron declaraciones de los acusados.

Asimismo, el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de Criminalística realizó las pericias en el lugar para preservar, documentar la escena y recolectar indicios. Los investigadores deberán determinar qué elemento se habría utilizado en la agresión y si participaron otras personas. También se busca establecer si existía un conflicto previo entre los involucrados y cómo se originó la pelea.

Tres hombres fueron condenados por el robo de motocicletas estacionadas en la vía pública en distintos puntos de Salta, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado. La pena fijada fue de tres años de prisión de ejecución condicional para cada uno de los imputados.

La resolución alcanzó a Jesús Claudio Silvano Cruz, Antonio García y Tomás Mauricio Chocobar, quienes admitieron su intervención en hechos ocurridos entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre de 2025. Uno de ellos fue declarado responsable de tres sustracciones, mientras que los otros dos recibieron condenas por su participación en uno de los casos.

El acuerdo, según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, incluyó compromisos económicos para reparar el perjuicio de las víctimas y reglas de conducta que los condenados deberán respetar. Entre ellas figuran la prohibición de acercamiento a los damnificados, de cometer nuevos delitos y de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas.

La causa fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal, con la intervención del auxiliar fiscal Julio Cervante, por disposición del fiscal penal 5 del Distrito Centro, Federico Jovanovics. La investigación reunió elementos sobre tres robos de motocicletas cometidos en zonas diferentes de la ciudad.

El primer episodio se registró el 14 de septiembre de 2025 en pasaje Miramar. De acuerdo con la investigación, una Yamaha FZ de 150 centímetros cúbicos estaba estacionada cuando uno de los ahora condenados dañó el sistema de bloqueo del manubrio, tomó el vehículo y se retiró del lugar.

El segundo hecho ocurrió el 30 de septiembre sobre calle Florida. En ese caso, dos hombres arribaron a bordo de una moto y observaron la zona antes de actuar. Tras comprobar que no había personas circulando por el sector, forzaron el trabamanos de una Gilera Smash 110.

Luego de la sustracción, los involucrados se dividieron para escapar: uno se trasladó en la motocicleta utilizada para llegar al lugar y el otro condujo el rodado que acababan de sustraer. Los dos vehículos fueron utilizados para concretar la huida, según la reconstrucción expuesta en el proceso.

El tercer robo se produjo el 2 de octubre sobre avenida Chile. Allí, fue sustraída otra Gilera Smash 110. Mientras uno de los participantes manipulaba el mecanismo de seguridad de la motocicleta, el restante permanecía atento a lo que ocurría en las inmediaciones.

Una vez liberado el vehículo, el autor material subió a la moto robada. El otro acusado colaboró durante la fuga desde una segunda motocicleta, desde la cual lo empujó para facilitar el desplazamiento inicial. La modalidad investigada incluyó la vulneración de las trabas de manubrio de los tres rodados.

La Fiscalía Penal 5 del Distrito Centro ordenó distintas medidas para establecer quiénes habían intervenido en cada hecho y para determinar la secuencia de los robos. La pesquisa incluyó el relevamiento de imágenes captadas por cámaras privadas y por el Sistema de Emergencias 911.

Los investigadores también realizaron tareas de identificación y cotejo de imágenes. A esas diligencias se sumaron revisiones de perfiles en redes sociales y pericias antropométricas, una técnica que permite comparar características físicas observables en registros audiovisuales con las de personas investigadas.

El conjunto de medidas permitió vincular a los tres acusados con los sucesos investigados. Posteriormente, durante allanamientos realizados en los domicilios de los hombres, se incautaron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para el expediente.

En esos procedimientos también fue secuestrada una motocicleta. La investigación dirigida por Jovanovics avanzó con esos elementos hasta la instancia en la que las partes acordaron resolver el caso mediante un juicio abreviado.

Además de la condena condicional, el acuerdo estableció modalidades de reparación para las tres personas afectadas por los robos. Una de las víctimas recibirá una motocicleta Yamaha FZ acompañada por su documentación y una suma adicional de $200.000.

Para otra de las personas damnificadas, se acordó el pago de $150.000. La tercera recibirá $300.000, monto que será abonado en dos cuotas. Las reparaciones económicas quedaron incorporadas como reglas de conducta dentro de las condiciones impuestas a los condenados.

Un panadero de 58 años murió en la madrugada de este martes dentro de su vivienda en el barrio Nuevo Hogar, en la localidad salteña de Metán. La causa, según los primeros elementos recabados por la Policía de Salta, habría sido una descarga eléctrica provocada por un horno que el hombre utilizaba para elaborar pan de manera casera.

El hecho se conoció cerca de las 6:15 de la mañana, cuando un vecino llamó al Sistema de Emergencias 911 para alertar que había una persona tendida en el interior de una vivienda. Personal de la Policía de Salta llegó al domicilio junto con una ambulancia del hospital local. Al ingresar, los profesionales médicos constataron que el hombre ya no tenía signos vitales.

La comisaria mayor Karina Corbalán fue quien confirmó los detalles del caso en declaraciones al programa radial El Bueno y El Malo. Según explicó, los primeros elementos recabados apuntarían a que la víctima sufrió una descarga eléctrica mientras elaboraba pan en su domicilio. El artefacto bajo sospecha: un horno eléctrico que el hombre había incorporado hace poco a su rutina de trabajo.

Ese detalle es central para entender lo que pudo haber pasado. El fallecido trabajaba en el oficio desde hacía tiempo. Parte de su jornada la cumplía en un establecimiento comercial de la ciudad, pero en sus horas libres continuaba con la actividad de forma casera, en su propia vivienda. Para esa tarea, siempre había recurrido a hornos de leña. Sin embargo, recientemente había conseguido un horno eléctrico, con el que había comenzado a trabajar. Fue precisamente ese equipo el que quedó bajo análisis tras el fatal suceso.

El caso pasó a manos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), cuyo personal se constituyó en el domicilio para llevar adelante los peritajes técnicos correspondientes. El foco de la investigación está puesto en las instalaciones eléctricas de la vivienda y en el electrodoméstico en cuestión, con el objetivo de reconstruir con precisión la mecánica del accidente.

Por disposición de las autoridades judiciales, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de San José de Metán, donde quedó a disposición de la familia para concretar el servicio de sepelio.

Murió en Misiones un hombre que chocó un tendido de cables con su ala delta motorizada

Hace tan solo dos semanas, Edgar Alexander Koch, un hombre de 40 años, murió al precipitarse con un ala delta motorizada luego de impactar contra cables del tendido eléctrico en el paraje Ojo de Agua, en jurisdicción de Posadas, Misiones. El hecho fue reportado cerca de las 17.30 de este jueves y sacudió a los vecinos de esa zona rural.

Según relató la madre de la víctima —una mujer de 70 años que fue la principal testigo del episodio—, su hijo había salido a volar momentos antes del accidente y era la primera vez que utilizaba el equipo. El vuelo duró apenas unos instantes: Koch alcanzó a recorrer aproximadamente 250 metros en el aire antes de que la aeronave impactara contra los cables del suministro eléctrico. Tras el golpe, el aparato se precipitó sobre un sector de pastizales y se incendió.

Efectivos de la Comisaría 15.ª fueron los primeros en arribar al lugar, donde constataron el fallecimiento del hombre y preservaron la escena para las pericias de rigor. El médico de turno que examinó el cuerpo determinó que se encontraba carbonizado, motivo por el cual solicitó la realización de una autopsia médico-legal para determinar con precisión las causas de la muerte.

El trabajo en el lugar involucró a múltiples organismos. Personal de la Policía Científica de San Isidro, Bomberos, efectivos de la Empresa Misionera de Energía (EMSA) y el médico interviniente trabajaron de forma conjunta en la escena para recolectar elementos y establecer la mecánica del siniestro. Las circunstancias precisas del accidente son materia de investigación judicial.

Por orden de la autoridad judicial interviniente, la Policía secuestró las partes del ala delta motorizada involucrada en el accidente, que será sometida a las pericias técnicas correspondientes. Paralelamente, la Morguera Policial trasladó los restos de Koch hasta la Morgue Judicial, donde se llevará a cabo el examen forense que permitirá establecer oficialmente las causas del deceso.

El episodio ocurrió durante la noche del miércoles sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de la localidad de Cerrillos. El hombre, oriundo de la localidad de La Merced, viajaba solo al volante de un Renault 11 en el momento del impacto.

Entre las víctimas, tres de los menores fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica; uno de ellos ya recibió el alta. La comisaria María Estrada, de la Policía de Salta, confirmó el saldo de las personas atendidas durante una entrevista en el programa local Somos la Mañana.

El medio local Qué Pasa Salta indicó que entre las personas asistidas con mayor urgencia también se encuentra una mujer. Además, trascendió que un bebé continúa internado en el Hospital Materno Infantil de Salta Capital.

Tras el impacto, el conductor sufrió una crisis de nervios y mostró signos de desorientación, por lo que recibió asistencia médica en el lugar. Sobre su estado, Estrada explicó: “No fue necesario el traslado a ningún hospital”.

En ese sentido, los agentes de la fuerza controlaron la documentación personal y la del automóvil. Según trascendió, todo estaba en regla. Además, los policías a cargo del operativo le realizaron el test de alcoholemia al jubilado, cuyo resultado dio negativo.

Las pericias practicadas en el lugar buscarán reconstruir la mecánica del hecho y determinar por qué el hombre perdió el control del vehículo. Por el momento, las autoridades no precisaron una causa concreta que explique el accidente, cuyas imágenes quedaron grabadas por una cámara de seguridad. Una de las hipótesis es que el automovilista habría sufrido una descompensación mientras manejaba.

En la filmación, que acompaña esta nota, se observa cómo el auto perdió el control, se subió a la vereda y embistió a las víctimas.

De repente, el vehículo apareció por la parte superior de la pantalla y embistió al grupo antes de quedar sobre la vereda. Algunos vecinos lograron escapar a tiempo, mientras que otros fueron alcanzados por el auto. La grabación muestra además cómo los presentes se asisten entre sí y levantan a quienes quedaron tendidos en el piso tras el impacto.

Un allanamiento por una disputa familiar permitió descubrir un arsenal de armas y explosivos en una vivienda de Villa Las Rosas, en la provincia de Salta.

La pesquisa está a cargo del fiscal penal 4 del Distrito Centro, Facundo Ruiz de los Llanos, quien dispuso medidas para asegurar los elementos localizados y requirió la intervención de la Justicia Federal ante la presencia de armamento y explosivos de características militares.

Dos personas que residían en el inmueble fueron identificadas en el marco de una investigación por la presunta tenencia ilegítima de armas de uso civil y de guerra, además de materiales explosivos.

La orden de allanamiento no había sido dictada inicialmente para buscar armas. El Juzgado de Garantías había autorizado el ingreso a la vivienda para localizar bienes que la Fiscalía Penal 4 consideraba relevantes para una causa previa. Sin embargo, el operativo derivó en el secuestro de un conjunto de elementos cuya evaluación requiere la participación de áreas policiales especializadas y, posteriormente, de la jurisdicción federal.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de Salta, la intervención judicial se produjo dentro de un expediente por hurto simple y desobediencia judicial, relacionado con un conflicto familiar de larga data. En ese marco, la Fiscalía Penal 4 solicitó registrar la propiedad para secuestrar objetos que podían aportar información a esa investigación.

Entre los bienes incluidos en la medida figuraban computadoras, monitores, cámaras y accesorios de fotografía, equipos de sonido, memorias externas y un teléfono celular. También se buscaban instrumentos musicales, una grabadora profesional, un televisor y documentación asociada con parte de esos objetos.

Personal de la División Investigaciones Este de la Policía de Salta acudió al domicilio con el objetivo de ejecutar la orden emitida por el Juzgado de Garantías. La diligencia se desarrollaba bajo los alcances establecidos para la causa original, hasta que los efectivos detectaron elementos ajenos a la lista de bienes que debían localizar.

Según las actuaciones, una de las mujeres que se encontraba en la vivienda habría impedido inicialmente el ingreso de los investigadores, pese a que los agentes se identificaron y exhibieron la autorización judicial. La misma persona habría dirigido amenazas hacia las testigos civiles presentes y habría empujado a los policías.

Ante esa situación, la moradora fue demorada y el procedimiento siguió su curso. Los investigadores pudieron avanzar con la revisión del inmueble y secuestraron los objetos de interés para el expediente por hurto simple y desobediencia judicial.

De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal de Salta, los oficiales incautaron cuatro granadas FMK2 y otras tres granadas de distintas características. Además, fueron encontrados un proyectil antiaéreo de 20 milímetros, detonadores y accesorios vinculados con tareas de voladura.

La diligencia permitió también incautar revólveres y pistolas de varios calibres, armas largas, cargadores y cientos de municiones. A ese conjunto se sumaron otros componentes asociados con armamento, que quedaron bajo secuestro para su posterior análisis.

Por instrucciones de Facundo Ruiz de los Llanos, el material con características militares fue colocado bajo custodia especializada.

El operativo no arrojó información pública, hasta el momento, sobre el origen de las armas ni sobre si tenían registros, autorizaciones o antecedentes de utilización en otros hechos. Esos aspectos forman parte de las verificaciones que deberán realizar las autoridades competentes a partir de los secuestros efectuados.

Frente al hallazgo, el auxiliar fiscal Pablo Alavila consultó con la Fiscalía Federal para determinar cómo debía continuarse con el tratamiento de los elementos. Desde esa jurisdicción se indicó que, de manera inicial, el material permaneciera a disposición de la Fiscalía Penal 4, antes de avanzar con la intervención formal de la Justicia Federal.

En paralelo, la Fiscalía Penal 4 continuará con la causa por hurto simple y desobediencia judicial que originó la orden de registro. En ese expediente ya fueron secuestrados los elementos previstos en la autorización judicial, mientras se aguarda la intervención de la Justicia Federal por el armamento, las municiones y los explosivos encontrados durante el mismo procedimiento.

Joaquín Cardozo, de 34 años, detenido con prisión preventiva por el doble homicidio de su expareja, Verónica de los Ángeles Palacios, y de la madre de ella, Felicia Bernarda Romero, en Cafayate, enfrentará una ampliación de imputación por presuntos abusos sexuales contra su hija adolescente.

Los nuevos hechos habrían ocurrido antes de los femicidios, entre los 12 y los 15 años de la víctima. La Fiscalía indicó que se habrían producido en un contexto de convivencia y que incluyeron maniobras de manipulación, intimidación y amenazas.

El expediente se abrió tras el doble homicidio de Verónica de los Ángeles Palacios, de 32 años, y de su madre, Felicia Bernarda Romero, de 83, ocurrido la noche del 9 de octubre de 2024 en una vivienda del barrio Prelatura de Cafayate. Por esas muertes, Cardozo ya había sido imputado y permanece detenido.

Ahora, el avance de las medidas dispuestas en esa causa incorporó hechos de índole sexual que habrían tenido como víctima a la hija adolescente del imputado. La Fiscalía sostuvo que las declaraciones reunidas y una pericia sobre dispositivos digitales aportaron elementos para atribuirle nuevos delitos.

La ampliación fue solicitada por la fiscal penal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios, María Luján Sodero Calvet, ante el Juzgado de Garantías interviniente. La audiencia para formalizar y precisar esta ampliación acusatoria todavía no tiene fecha. La fiscalía pidió su realización ante el juzgado que interviene en la causa y aguarda que se fije el día para el acto procesal.

La nueva imputación comprende los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia con una menor de 18 años, en modalidad continuada; y promoción de la corrupción de menores, agravada por el vínculo y la intimidación.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, esos delitos concurren de manera ideal entre sí. A su vez, la acusación incorpora el cargo de producción de material de abuso sexual infantil, que se investigará en concurso real con los restantes hechos atribuidos al hombre.

Según la acusación fiscal, los hechos que se habrían repetido con frecuencia y en distintos lugares. Por tratarse de una víctima menor de edad y de delitos contra la integridad sexual, no se difundieron datos que permitan identificarla.

Sodero Calvet señaló que una pericia informática realizada durante la pesquisa permitió incorporar elementos que vincularían al imputado con la producción de registros de los hechos investigados. Esa información digital pasó a formar parte de las pruebas que sustentan el pedido de ampliación.

El hombre se encontraba detenido por dos femicidios

Cardozo habría disparado contra Palacios, de 32 años, con quien había mantenido una relación de pareja, y contra Romero, de 83, en una vivienda del barrio Prelatura de Cafayate. La investigación determinó que ambas mujeres fueron alcanzadas por disparos de arma de fuego dentro de la vivienda.

Luego del ataque, Cardozo se presentó en una dependencia policial de Cafayate. La información fue difundida en la cobertura inicial del caso a partir de fuentes policiales.

Por la muerte de quien había sido su pareja, el acusado enfrenta cargos por homicidio agravado por la relación de pareja previa, por alevosía, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego.

En relación con la mujer de 83 años, madre de la víctima, fue imputado como presunto autor de homicidio calificado por alevosía, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego. Hasta el momento, la investigación no pudo establecer el orden en que ocurrieron ambos asesinatos.

La ampliación de los cargos abre una nueva línea dentro del expediente judicial, con hechos y víctimas diferentes a los contemplados en la causa por el doble homicidio. El imputado podrá ejercer su derecho de defensa durante la audiencia que deberá convocar el Juzgado de Garantías.

Un hombre de 45 años que cumplía arresto domiciliario fue identificado mientras realizaba compras en un centro comercial de la zona sur de la capital de Salta. La Justicia revocó el beneficio que debía cumplir en la casa de su madre y ordenó su prisión preventiva en la Alcaidía General.

La medida fue resuelta en una audiencia presidida por el juez del distrito Centro, José Luis Musa, quien aceptó el pedido formulado por el fiscal penal 2 del distrito Centro, Esteban Martearena. Con esa resolución, el acusado dejó de contar con el beneficio que le había sido concedido tras su imputación y quedó bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación penal.

El hecho que motivó el expediente inicial ocurrió en junio en un centro de compras de San Lorenzo Chico, donde el hombre fue detenido bajo sospecha de haber cometido un robo. Según la investigación, habría utilizado la modalidad denominada “violentador” para ingresar a una camioneta estacionada y sustraer una mochila con una computadora portátil y dinero.

La figura conocida como “violentador” suele estar asociada al daño o forzamiento de vehículos para acceder a objetos dejados en su interior. En la causa investigada en Salta, esa habría sido la maniobra utilizada para apoderarse de la mochila, según la hipótesis que analiza la Fiscalía.

Los objetos que habían sido denunciados como robados fueron recuperados y restituidos a su propietario. Sin embargo, el proceso penal continuó y, tras la audiencia de imputación, se había dispuesto que el acusado cumpliera arresto domiciliario en la casa de su madre.

El incumplimiento de la medida cautelar fue advertido el domingo 13 de septiembre. Un efectivo policial que prestaba servicio adicional en un centro comercial de la zona sur reconoció al hombre mientras se encontraba realizando compras dentro del establecimiento.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el agente solicitó la colaboración del personal de seguridad privada del lugar y el acusado fue demorado. La intervención permitió informar de inmediato a la Fiscalía sobre la situación y sobre la presunta violación de las condiciones impuestas para su detención domiciliaria.

En este caso, la salida del acusado de la vivienda donde debía cumplir la medida fue el elemento central que motivó el planteo fiscal. Martearena solicitó que se dejara sin efecto el arresto domiciliario y que el hombre fuera alojado en una unidad de detención, al considerar que había incumplido la obligación judicial vigente.

Prisión preventiva por el incumplimiento de la medida

Durante la audiencia, las partes expusieron sus posiciones ante el juez José Luis Musa. Tras escuchar los argumentos, el magistrado hizo lugar al pedido de la Fiscalía y resolvió revocar el beneficio domiciliario que había sido otorgado al imputado.

El arresto domiciliario es una modalidad de detención que obliga a la persona alcanzada por la medida a permanecer en la vivienda fijada por la Justicia. Su concesión está sujeta al cumplimiento de reglas concretas y puede ser revocada si se detectan salidas no autorizadas u otras conductas incompatibles con las condiciones dispuestas por el tribunal.

La decisión incluyó el dictado de la prisión preventiva y la orden de traslado a la Alcaidía General, donde deberá permanecer mientras continúe el trámite de la causa. La medida no implica una condena, sino una resolución cautelar dictada durante la investigación judicial.

El hombre, cuya identidad no fue difundida, registra además antecedentes por delitos contra la propiedad. Ese dato forma parte de los elementos conocidos en el marco del proceso y fue consignado al informarse la resolución.

Con la revocación del arresto domiciliario, el acusado deberá permanecer bajo custodia mientras la Fiscalía avanza con las medidas pendientes en el expediente.

La investigación por el homicidio de Gustavo Ferreyra, el adolescente de 16 años que fue hallado el domingo dentro de un canal de Las Lajitas, en Salta, mantiene detenidos a dos hermanos. No obstante, la familia de la víctima reclama que se esclarezca cómo llegó al lugar y pide una condena para los responsables.

Después de que se presentara en la Fiscalía, la madre del joven, Eva Gómez, confirmó que los dos sospechosos, identificados como N. S. (21) y M. S. (25), continúan detenidos mientras avanza la causa. Si bien los familiares los vinculan con el asesinato, la Justicia deberá determinar su responsabilidad y la participación de cada uno.

Gustavo había cumplido 16 años el 15 de septiembre. Según el relato de su madre, los dos sospechosos habían recuperado la libertad el 18 de este mes, después de permanecer detenidos por una causa previa. No obstante, nueve días más tarde, el adolescente fue encontrado sin vida.

Uno de los interrogantes centrales de la causa es cómo llegó el adolescente al canal donde fue hallado. De acuerdo con El Tribuno, Gómez indicó que todavía no recibió precisiones sobre ese punto y que aguarda los resultados de las medidas ordenadas por la Fiscalía.

“Eso es lo que nosotros estamos esperando, porque toda investigación sigue su curso y tenemos que seguir esperando”, afirmó la madre en declaraciones a La Mañana de Fabián Leiva. Asimismo, señaló que el cuerpo presentaba lesiones y sostuvo que el joven pudo haber sido atacado con un machete.

De esta manera, Gómez contó que la familia no pudo realizar un velatorio a cajón abierto por las condiciones en que fue encontrado su hijo. “Solo estuvimos unos segundos, estaba irreconocible”, expresó. Sin embargo, esa hipótesis forma parte de la investigación y deberá ser confirmada o descartada mediante las actuaciones judiciales y los informes periciales.

Frente a esto, la mujer pidió una respuesta judicial contundente. “Yo lo único que pido es justicia, porque esto tiene que ser una condena perpetua, que no salga nunca más”, sostuvo. “Nada justifica arrebatarle la vida a una criatura inocente”, añadió Gómez.

Por su parte, el tío de Gustavo afirmó que los dos detenidos habían estado privados de su libertad junto a un tercer hombre por un episodio anterior. Según su versión, él había sufrido un ataque con arma de fuego y señaló a D. S. como presunto autor del disparo.

“Es un momento muy duro. Toda nuestra familia está destruida, estamos atravesando por un dolor inmenso. Pedimos justicia por lo que le pasó a mi sobrino”, manifestó el tío del adolescente asesinado.

Asimismo, los familiares de Ferreyra expusieron los antecedentes que los hermanos detenidos tenían previo al crimen. En este sentido, también les atribuyeron causas por robos, lesiones graves, amenazas e intentos de homicidio. No obstante, esos señalamientos deberán ser corroborados en el expediente judicial.

Así fue la detención de los sospechosos y el hallazgo del cuerpo

Los dos hombres mayores de edad fueron detenidos en Las Lajitas por el crimen del adolescente. La Fiscalía anticipó que los sospechosos serán imputados de forma provisoria por homicidio criminis causa.

Desde el minuto cero, la causa quedó a cargo del fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, quien acudió al lugar del hallazgo y dispuso medidas para determinar la secuencia de los hechos e identificar a todos los posibles involucrados.

En línea con esto, informaron que la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta realizó allanamientos en distintos domicilios luego del hallazgo del cuerpo. En el marco de esos operativos fueron arrestados los dos sospechosos.

Durante las medidas se secuestraron objetos que podrían aportar elementos para el esclarecimiento del caso, según informó El Tribuno. Sin embargo, el material será sometido a pericias y cotejos junto con otras pruebas reunidas por los investigadores.

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta indicó que los detenidos enfrentarán, de manera provisoria, una acusación por homicidio criminis causa. La figura se aplica cuando la muerte se comete para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para procurar la impunidad de sus autores o partícipes.

A pesar de esto, la situación procesal de los dos hombres quedará sujeta a las resoluciones que adopte la Justicia en las próximas etapas de la causa. Tras el procedimiento inicial en la propiedad rural de Las Lajitas, el cuerpo del adolescente fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta.

Allí se realizó la autopsia dispuesta dentro del expediente. El resultado de ese estudio forense será una de las pruebas centrales para establecer las circunstancias de la muerte.

La causa por apremios ilegales, vinculada con los homicidios de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, tuvo un nuevo capítulo en los tribunales de Salta: el pedido de sobreseimiento formulado por las defensas de los policías imputados fue rechazado, y el proceso seguirá su marcha hacia el juicio oral.

El Tribunal que intervino en la causa está presidido por el juez Leonardo Fearns e integrado por el juez Eduardo Sangari y la jueza Gabriela González. Fue ese cuerpo el que, luego de un cuarto intermedio convocado en la audiencia anterior, dio a conocer su resolución sobre el planteo de insubsistencia de la acción penal por afectación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, mecanismo al que recurrieron las defensas para solicitar la extinción de la acción penal y la desvinculación definitiva de todos los acusados.

Para llegar a esa conclusión, los jueces desarrollaron un análisis que contempló tres dimensiones: la complejidad propia del expediente, la conducta procesal de cada una de las partes y la actuación de los órganos judiciales a lo largo de la tramitación. Reconocieron que el proceso lleva un tiempo prolongado, pero sostuvieron que esa duración no puede leerse de forma aislada. En ese marco, señalaron que las defensas promovieron numerosos recursos y planteos que, aunque constituyen el ejercicio legítimo del derecho de defensa, generaron suspensiones que extendieron los tiempos del proceso.

Lejos de ser la primera vez que el tema se instalaba en la sala de audiencias, el Tribunal recordó que ya había rechazado un planteo de similares características el 15 de mayo de 2025. Esa decisión fue luego ratificada por el Tribunal de Impugnación el 17 de septiembre de 2025. La diferencia con el nuevo análisis radicó en el tiempo transcurrido desde aquel pronunciamiento y en que, en esta oportunidad, las defensas de todos los acusados presentaron conjuntamente el pedido de desvinculación definitiva, lo que dio al Tribunal razones para examinar nuevamente la cuestión.

Conocido el rechazo, las defensas manifestaron su intención de recurrir la decisión. Ante eso, el fiscal Espilocín tomó la palabra para sostener que el anuncio del recurso no impedía continuar con la audiencia. Pidió avanzar en ese mismo acto con el tratamiento de la prueba ofrecida por las partes, que es el paso previo necesario para llegar al debate oral. En su argumentación, señaló que el MPF no desconocía el derecho de los acusados y sus defensas a recurrir, pero que esa circunstancia no debía funcionar como freno al avance del proceso, en línea con lo que el propio Tribunal de Impugnación había recomendado en oportunidades anteriores.

El Tribunal, sin embargo, adoptó una postura distinta. Entendió que el recurso anunciado por las defensas tiene efecto suspensivo y, por esa razón, dispuso que primero se tramite y resuelva la impugnación. Recién una vez definida esa instancia, y de acuerdo con lo que decida el tribunal interviniente, el proceso retomará con el segundo tramo de la audiencia destinado al tratamiento de la prueba para el eventual debate oral.

En la audiencia comparecieron los dieciséis acusados: Martín Alberto Flores Saravia, Rubén Ángel Aguirre, Juan Carlos Paz, Osvaldo René Guanca, Néstor Orlando Chilo, Diego Aguirre Guantay, Rodolfo López, Ricardo Hernán Tabacache, Miguel Bernardino Flores, Dante Eduardo Ceballos, Adrián José Quipilor, Carlos Villagrán Guerrero, Fabio José Litián, Héctor Adrián Vázquez, Rodrigo Emmanuel Bautista y Ferraoti. También estuvieron presentes, en calidad de damnificados, Gustavo Orlando Lasi, Francisco Ariel Tejada y Daniel Octavio Vilte Laxi.

Al cierre del acto, el juez Fearns se dirigió a los damnificados para explicarles que, si bien el Tribunal había rechazado el sobreseimiento solicitado por las defensas, el anuncio de impugnar esa decisión obliga a tramitar ese recurso antes de seguir adelante. Lo que ocurra después dependerá de lo que resuelva el tribunal que intervenga en esa instancia.

A partir de eso, el ex futbolista de 43 años se alejó definitivamente de la práctica deportiva para iniciar una nueva etapa, más ligada a su acercamiento a la religión y sus presentaciones como predicador, que lo llevarán a presentarse en la Argentina entre el 15 y 20 de octubre en el norte del país.

Alves publicó estas novedades en sus cuentas oficiales, en las que se aprecia su asistencia al evento llamado El Impacto de su Gloria, que se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre en el Ministerio Internacional Centro de Gloria, que se define como una iglesia cristiana. “Estableciendo El Reino de Dios en Formosa, llamados a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación”, detalla en la descripción de su perfil institucional de Facebook.

También será parte de un evento en la provincia de Salta del 19 al 20 de octubre, que lo llevará a transmitir sus experiencias en la religión. La Fundación Estilo de Vida participará de la jornada y dio a conocer la noticia a través de sus canales institucionales: “Atención Salta: Este 19 y 20 de octubre, le damos la bienvenida a un gran amigo y deportista que será parte de un acontecimiento especial para nuestra provincia: DANI ALVES”.

En ambos casos, el ex jugador comunicó estas visitas con diferentes pasajes bíblicos en su perfil oficial de Instagram, entre los que se destaca una frase: “Es tiempo de liberación y de arrepentimiento”. Estos viajes suceden en medio de su recorrida por diferentes países latinoamericanos, ya que recientemente estuvo en la capital paraguaya de Asunción y visitó El Salvador.

Según pudo saber Infobae con fuentes de la Fundación Estilo de Vida, la presencia del bicampeón de la Copa América con la selección de Brasil contempla una charla deportiva el lunes 19 de octubre en horario matutino en Rosario de Lerma y el martes 20 realizará un encuentro deportivo desde las 9:00 en el estadio Delmi. Ambas citas están dirigidas a colegios de nivel primario, secundario, terciario, clubes y escuelas de fútbol, entre otros.

Al cierre de ese martes, desde las 20:30, precisaron que brindará un evento para todo público, donde él contará su testimonio y todo lo que vivió en su vida deportiva y personal. “Viene a respaldar a la Fundación, abrirnos las puertas afuera del país y también apadrinar nuestra escuela de fútbol”, detallaron desde el organismo a este medio.

Tras recuperar la libertad, Dani Alves hizo un “pacto con Dios” y se volcó a la comunidad evangélica. En noviembre de 2025, se replicaron diferentes imágenes en su papel de predicador en una iglesia en la ciudad de Girona. En la filmación difundida por El Español se lo observa caminando en un pasillo con muchos fieles a los costados e intenta transmitir su autoconvencimiento en el discurso: “Es el Dios que está aquí. No penséis, no penséis que el Dios que está ahí está lejos de ustedes que están aquí. ¡No, no, no! El Dios de ahí es el mismo Dios de aquí...”.

Los medios españoles Sport y Marca informaron que la fe cristiana evangélica se ha convertido en el eje central de su vida y ahora se define como “discípulo de Cristo Jesús”. Una de sus primeras presencias en este tipo de actos ocurrió poco tiempo después de su absolución: fue invitado al tercer congreso de jóvenes de la Iglesia Elim de Girona, celebrado a fines de octubre de 2025.

El ex lateral derecho de 43 años inició su carrera en el Bahía de Brasil y vistió las camisetas de Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, Sao Paulo y Pumas. Es el segundo futbolista más ganador de la historia con 43 títulos, igualado con Marquinhos y solo superado por Lionel Messi (48). Y en enero de 2026 fue presentado como nuevo inversor de la SAD del Sporting Clube de São João de Ver, equipo de la tercera división de Portugal.

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, Vidal Podestá habló sobre el futuro del agro, la necesidad de incorporar nuevas profesiones a la actividad y su propia historia, marcada por la vida rural salteña, su llegada a Buenos Aires y una mirada sobre la participación política que no necesariamente pasa por ocupar un cargo.

Su exposición pública tuvo un capítulo inesperado. Un video grabado durante una actividad del Ateneo en Formosa comenzó a circular en redes sociales y le valió el apodo de “Luquitas Viral Podestá”. “Parece que, como dice, ya no soy Luquitas Vidal Podestá, sino Luquitas Viral Podestá”, bromeó durante la entrevista.

El dirigente recordó que aquella grabación había sido realizada cerca de las tres y media de la mañana, durante una actividad con integrantes del Ateneo de la Sociedad Rural de Jujuy. Su particular forma de hablar y una imagen asociada al traje y la corbata también contribuyeron a llamar la atención. “Saco y corbata pa todo”, resumió entre risas.

El rol de los jóvenes en el futuro del campo

Más allá de la anécdota, Vidal Podestá ocupa un lugar dentro de una estructura que busca incorporar jóvenes a la discusión sobre el sector agropecuario. Según explicó, el Ateneo funciona como un espacio de formación y debate que reúne a casi mil participantes en distintos puntos del país.

“El Ateneo es el grupo joven de la Sociedad Rural Argentina que se junta un poco a filosofar, a debatir ideas y a básicamente aprender y formarse acerca de la realidad del sector agropecuario”, definió.

Su mirada sobre el campo, sin embargo, no se limita a quienes trabajan directamente en una explotación. Para el dirigente, la transformación de la actividad exige incorporar conocimientos de distintas disciplinas. “El campo bien entendido no se lo puede ver sin un abogado, sin un contador, sin un ingeniero en programación”, sostuvo.

La afirmación también refleja su propio recorrido: aunque creció ligado al mundo rural, eligió estudiar Derecho y hoy ejerce como abogado en Buenos Aires. Su vínculo con el agro se mantiene a través de la dirigencia juvenil y de una historia familiar que comenzó en Salta.

De la vida rural salteña a la abogacía en Buenos Aires

Vidal Podestá pasó buena parte de su infancia entre campos del Valle de Lerma y Guachipas. “Todas mis vacaciones eran al campo”, recordó. Su familia conserva una pequeña porción de tierra en La Silleta, donde comenzó a criar caballos peruanos.

También mantiene un vínculo con las tradiciones gauchas de su provincia y forma parte de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes. Según contó, su relación con esa tradición también está presente en su historia familiar.

Cuando llegó a Buenos Aires para estudiar en la Universidad de Buenos Aires, su objetivo era desarrollar una carrera judicial, una elección vinculada también con su abuelo, quien fue presidente de la Corte de Justicia de Salta.

Con el tiempo, encontró una forma de combinar ambas facetas. “Acá en el Ateneo y en Buenos Aires pude encontrar las dos facetas que me gustan: el campo y la actividad profesional de la abogacía”, explicó.

Esa identidad también atraviesa su mirada sobre el desarrollo productivo. Desde su experiencia en Salta, cuestiona que el campo sea asociado exclusivamente con la agricultura extensiva y la ganadería. “Hay un montón de economías regionales que ahí realmente también está el valor del campo argentino”, planteó, y mencionó actividades como el tabaco, el pistacho y el maní.

Agro, minería y energía: una agenda más amplia

Para Vidal Podestá, la discusión sobre el desarrollo argentino debería integrar al agro con otros sectores estratégicos. “Tenemos literalmente todo lo que el mundo necesita: minería, energía, petróleo”, afirmó.

En esa línea, planteó una mayor articulación entre las distintas actividades productivas y una agenda que pueda sostenerse más allá de los cambios de gobierno. “Tenemos que ir todos juntos, formar una sola mesa y no depender del gobierno de turno”, sostuvo.

La discusión sobre el campo también lo llevó a cuestionar las políticas que, según su mirada, afectaron la producción durante las últimas décadas. Al referirse a las retenciones, mencionó datos del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural y comparó la evolución argentina con la de Brasil.

Su preocupación, sin embargo, apunta a una cuestión más amplia: la necesidad de generar condiciones de largo plazo para las actividades productivas. En su visión, Argentina cuenta con recursos y capacidades en distintas regiones, pero todavía tiene pendiente articularlos dentro de una estrategia común.

“La política empieza en el club del barrio”

El federalismo aparece como otro de los temas centrales en su discurso. Desde su experiencia como salteño radicado en Buenos Aires, Vidal Podestá considera que existe una distancia entre el principio constitucional y la experiencia concreta de quienes viven fuera de la capital.

“La Constitución dice que es un país federal. Yo hay veces que no lo siento tan así”, reconoció.

Frente a esa situación, sostiene que los jóvenes pueden involucrarse en la vida pública sin necesidad de esperar una candidatura. “Tenemos que ponernos nosotros los pantalones y decir: bueno, cómo nosotros, desde nuestro metro cuadrado, podemos ejercer ese federalismo”, planteó.

La conversación derivó entonces hacia la política. Vidal Podestá explicó que su interés está puesto en una concepción amplia de la participación ciudadana y no necesariamente en una carrera electoral. “A mí me gusta la política bien entendida como herramienta de transformación”, afirmó.

Su definición sobre dónde comienza esa participación fue concreta: “La política empieza en el club del barrio, en el colegio de abogados, en el colegio, en la comisión de padres”.

Su etapa al frente del Ateneo está próxima a terminar y, por ahora, asegura que quiere concentrarse en la abogacía. “Me quiero dedicar a la profesión y empezar a generar algo de plata, porque también hay que vivir”, dijo entre risas.

Entre el campo salteño, el Derecho y la dirigencia juvenil, Vidal Podestá construyó un recorrido que combina una identidad rural con una formación profesional desarrollada lejos de su provincia. Su mirada sobre el sector parte de esa experiencia y pone el foco en una generación que busca encontrar su lugar en la discusión sobre el desarrollo productivo y el futuro federal del país.

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Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en Las Lajitas, provincia de Salta, en el marco de la investigación por el homicidio de un adolescente, cuyo cuerpo fue hallado el domingo pasado en una propiedad rural de la localidad salteña. La Fiscalía informó que los sospechosos serán imputados de manera provisoria por homicidio criminis causa.

El caso quedó bajo la intervención del fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, quien se presentó en el lugar donde fue localizado el cuerpo y ordenó medidas para reconstruir lo ocurrido.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y reúne peritajes, declaraciones y el análisis de los elementos secuestrados durante los procedimientos. Mientras avanzan esas diligencias, las autoridades mantienen distintas hipótesis de trabajo para determinar la secuencia del hecho y establecer las responsabilidades penales.

La Fiscalía Penal 2 de Anta confirmó que la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta realizó allanamientos en varios domicilios como parte de las actuaciones dispuestas tras el hallazgo. En ese contexto, fueron arrestados dos hombres mayores de edad, considerados sospechosos de haber intervenido en la muerte del adolescente.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal, ambos serán imputados provisoriamente por el delito de homicidio criminis causa. Esta calificación está prevista para los homicidios cometidos con el propósito de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para procurar la impunidad de sus autores o partícipes.

La figura contempla una pena de prisión perpetua. Sin embargo, la imputación tiene carácter provisorio y podrá modificarse a medida que se incorporen nuevas pruebas a la causa. La situación procesal de los detenidos dependerá de las medidas que se adopten en las próximas etapas de la investigación.

Durante los allanamientos y de acuerdo a lo informado por el portal del diario El Tribuno, los investigadores incautaron distintos elementos que podrían aportar información para el esclarecimiento del caso. Esos objetos serán sometidos a pericias y cotejos, junto con el resto del material reunido por los equipos especializados.

Tras el procedimiento inicial en el predio rural, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta. Allí, se practicó la autopsia ordenada dentro del expediente judicial.

El estudio forense forma parte de las medidas centrales para determinar las circunstancias de la muerte, la posible mecánica del hecho y otros aspectos relevantes para la pesquisa.

En el sitio trabajaron profesionales de Criminalística y efectivos de la Brigada de Investigaciones. Las tareas incluyeron el relevamiento de la propiedad y la búsqueda de elementos que puedan establecer qué ocurrió antes de que el adolescente fuera encontrado sin vida.

La información difundida presenta una diferencia respecto de la edad de la víctima. La comunicación oficial de la Fiscalía refiere a un adolescente de 16 años, mientras que una versión preliminar indicó que tenía 15. Hasta el momento, las autoridades confirmaron que el joven ya fue identificado, pero no difundieron públicamente su nombre.

La Fiscalía no difundió detalles sobre el vínculo que podrían tener los detenidos con la víctima ni sobre el contenido de los elementos incautados. Tampoco se informaron resultados de las pericias forenses ni la fecha en la que se formalizará la imputación ante la Justicia.

Los familiares que se encontraban en el lugar recibieron asistencia de una licenciada en Trabajo Social e integrante de la Guardia Psicosocial del CIF. La intervención tuvo como objetivo brindar contención a las personas allegadas al adolescente durante las primeras medidas realizadas en el predio.

El expediente continuará con el análisis de los resultados de la autopsia, las pruebas obtenidas en los allanamientos y las demás diligencias que disponga la Fiscalía. Esas medidas serán determinantes para establecer la acusación definitiva y reconstruir el hecho investigado en Las Lajitas.

El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, aprobó mediante la Resolución N.º 1767 un protocolo para unificar la actuación fiscal ante delitos atribuidos a adolescentes de 14 años y hasta antes de cumplir 18, con respuestas ajustadas a cada caso, prioridad para alternativas a la judicialización y privación de libertad como medida excepcional.

La medida regirá en todos los distritos judiciales de esa provincia, sin importar el régimen procesal vigente en cada jurisdicción. También incluye una Guía Operativa de Actuación Fiscal para orientar decisiones desde el ingreso de una causa.

El nuevo esquema fue elaborado a partir del Régimen Penal Juvenil fijado por la Ley Nacional N.º 27.801. La Procuración General de la Provincia de Salta informó que sus criterios deberán ser aplicados por fiscales, auxiliares fiscales y otros funcionarios del Ministerio Público Fiscal en toda la provincia.

La incorporación de adolescentes desde los 14 años al sistema de responsabilidad penal no supone una respuesta idéntica a la prevista para adultos. La actuación deberá ajustarse a los principios de especialidad, interés superior del niño, mínima intervención penal, proporcionalidad, celeridad, desjudicialización y excepcionalidad de las medidas de encierro.

Cada investigación deberá contemplar la edad al momento del hecho, el grado de desarrollo, la naturaleza y gravedad concreta del delito, la forma de participación, la violencia empleada, el daño ocasionado, la situación de la víctima y la posible intervención de otras personas.

Menores de 14 años fuera del régimen penal

Las personas menores de 14 años quedan excluidas del régimen de responsabilidad penal juvenil. En esos casos, no podrá iniciarse ni continuar una persecución penal contra el niño o adolescente involucrado.

Esa exclusión no obliga a cerrar la investigación. El Ministerio Público Fiscal podrá determinar cómo ocurrió el hecho, establecer si participaron otras personas con responsabilidad penal y preservar los derechos de la víctima.

Para adolescentes de 14 a menos de 16 años, el protocolo dispone una intervención especialmente restrictiva por su cercanía con la edad mínima de responsabilidad penal. La continuidad de la persecución deberá tener una justificación reforzada y dar prioridad a mecanismos de desjudicialización y soluciones alternativas cuando la ley lo permita.

En los casos de adolescentes de 16 a menos de 18 años, se aplicarán plenamente los principios de especialidad y los criterios de política criminal previstos. La edad no permitirá, por sí sola, equiparar la culpabilidad de un adolescente con la de una persona adulta ni definir automáticamente la intensidad de la respuesta penal.

Los antecedentes o intervenciones penales previas tampoco podrán justificar por sí mismos una reacción más intensa. La estrategia fiscal deberá surgir de una evaluación individual de las circunstancias de cada causa.

Tres niveles para definir la intervención fiscal

El protocolo divide los casos en tres niveles orientativos: baja intensidad, intensidad intermedia e intervención prioritaria. La categoría no dependerá únicamente de la calificación legal del delito, sino de una valoración conjunta de las particularidades del hecho que los fiscales deberán fundamentar.

En los conflictos de menor gravedad, la fiscalía deberá analizar desde el comienzo el uso de criterios de oportunidad, soluciones alternativas y mecanismos restaurativos. Esas herramientas podrán aplicarse cuando se reúnan las condiciones legales y permitan resolver el conflicto sin una judicialización innecesaria.

La intervención prioritaria quedará reservada para delitos de especial gravedad, cuando exista un interés público particularmente comprometido en su investigación y esclarecimiento. En esos casos, se exige una actuación fiscal diligente y eficaz.

El sistema procura evitar dos respuestas: restar importancia a hechos graves por haber sido cometidos por adolescentes o tratar de manera automática a un adolescente como si fuera una persona adulta. La intensidad de la intervención deberá considerar su participación concreta y las consecuencias del hecho.

Investigación sobre adultos y estructuras de criminalidad

Los fiscales deberán profundizar las pesquisas cuando existan indicios de que un adolescente fue influenciado, instigado, captado, utilizado o dirigido por otras personas. Esa línea de investigación tendrá especial relevancia en hechos vinculados con estructuras de criminalidad organizada.

La pesquisa no deberá limitarse al adolescente que aparece involucrado de forma directa. Deberá avanzar sobre los adultos que puedan haber intervenido en su captación, dirección o aprovechamiento para incorporarlo a actividades delictivas.

Cuando se compruebe que el propio adolescente tuvo una participación relevante dentro de una organización, el caso podrá ser considerado de intervención prioritaria. Esa evaluación deberá atender a su intervención específica y no podrá presumir una responsabilidad equivalente a la de un adulto.

La tutela de las víctimas forma parte de la evaluación fiscal. Los funcionarios deberán garantizar información, participación y protección durante el proceso, además de adoptar medidas para evitar la revictimización, en particular si la víctima es una niña, niño o adolescente.

La vulnerabilidad de la víctima, el daño provocado y su situación dentro de la causa deberán incidir en la definición de la respuesta fiscal. La especialidad del régimen juvenil deberá coexistir con una protección efectiva de sus derechos.

La privación de libertad como medida de última instancia

La privación de libertad durante el proceso solo podrá solicitarse cuando sea necesaria, idónea y proporcional. El fiscal deberá identificar los riesgos procesales concretos que busca neutralizar y evaluar antes si existen medidas menos restrictivas capaces de cumplir el mismo objetivo.

La gravedad del hecho o la escala penal prevista no alcanzarán, por sí solas, para justificar una medida de encierro. Durante el trámite de la causa, también deberá revisarse si se mantienen las condiciones que dieron lugar a esa restricción y promover su sustitución o cese cuando corresponda.

La excepcionalidad deberá regir igualmente al definir una eventual sanción. Una solicitud de pena privativa de libertad requerirá fundamentos reforzados sobre la culpabilidad concreta del adolescente, la gravedad y las consecuencias del hecho, además de la insuficiencia de respuestas no privativas de libertad.

Una mujer de 34 años que había sido internada con quemaduras en gran parte de la zona superior del cuerpo murió este sábado en Orán, provincia de Salta, donde permanecía en terapia intensiva desde el ataque investigado por la Justicia. Tras la muerte, la causa deberá ser recaratulada.

La víctima fue identificada por sus iniciales como M. A. R.. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal salteño, había ingresado al hospital local con lesiones en el rostro, el cuello, los hombros, el tórax y las manos. Su cuadro era crítico desde el momento de la internación.

A raíz de esto, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la ciudad. De esta manera, se podrán establecer las causas médicas de la muerte y aportar elementos a la investigación judicial.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la investigación se inició por un episodio ocurrido durante la mañana del sábado 19 de septiembre en la esquina de Moro Díaz y Zárate. En ese lugar se alertó sobre la presencia de una persona de 34 años con quemaduras visibles en la parte superior de su cuerpo.

Luego de la intervención inicial, la víctima fue trasladada al Hospital de Orán. Los profesionales constataron quemaduras en cinco zonas: rostro, cuello, hombros, tórax y manos. Por la gravedad de las heridas, quedó internada en terapia intensiva, donde fue asistida hasta que se confirmara su muerte.

En las inmediaciones del lugar del hecho fue identificada una mujer de 29 años que, según las primeras medidas de la causa, había estado reunida con la víctima antes de que se produjeran las lesiones. La sospechosa permanece detenida e imputada de forma provisoria como autora de tentativa de homicidio simple.

La hipótesis bajo análisis indica que ambas mujeres habrían mantenido una discusión. De acuerdo con las actuaciones iniciales, la detenida le habría arrojado alcohol a M. A. R. y luego le habría prendido fuego. Esa secuencia es materia de investigación y deberá ser reconstruida con las pruebas reunidas por la fiscalía.

El cambio en el estado de salud de la víctima modificó el escenario judicial. La fiscal informó que el próximo lunes ampliará la imputación contra la mujer de 29 años a partir de la muerte de la víctima. Sin embargo, la calificación legal definitiva dependerá del avance de la investigación y de los resultados de las pericias.

Mientras tanto, el personal de la Unidad UGAP de Orán, perteneciente al Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, continúa con las tareas ordenadas para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, entre las medidas ordenadas se encuentran el relevamiento de testigos, el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias en el sector donde ocurrió el ataque que derivó en la muerte de M.A.R.

De esta manera, los investigadores buscan establecer con precisión cómo se desarrollaron los momentos previos al ataque, cuál fue la interacción entre las dos personas y si existieron testigos que presenciaron la secuencia o que puedan aportar información relevante.

También se procura reconstruir el recorrido posterior a la agresión y verificar los registros audiovisuales disponibles. No obstante, consideraron que las pericias, los testimonios y la autopsia serán elementos relevantes para definir las circunstancias del caso.

Detuvieron a un hombre acusado de intentar matar a su pareja en Puerto Madryn

En una vivienda del barrio Presidente Perón de Puerto Madryn, una mujer de 29 años sufrió quemaduras y lesiones en las vías respiratorias durante un incendio. Después de permanecer varias semanas internada y de declarar ante la Fiscalía, su pareja fue detenida e imputada por tentativa de femicidio.

El acusado fue identificado por el apellido Avilés y afronta, de manera provisoria, una acusación por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. La audiencia de control de detención se llevó a cabo el miércoles pasado ante la jueza Stella Eizmendi.

El caso se investiga a partir de un incendio ocurrido hace poco más de un mes en una casa situada cerca de las calles España y Bordenave. Los dos ocupantes del inmueble resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Andrés Ísola, aunque el cuadro de la mujer requirió una internación en terapia intensiva.

La mujer permaneció bajo cuidados intensivos debido a las quemaduras y al compromiso de sus vías respiratorias. Cuando su evolución permitió que fuera trasladada a una sala común, pudo brindar declaración ante representantes del Ministerio Público Fiscal de Chubut.

Fue allí que la víctima denunció que su pareja habría intentado matarla tras rociarla con un líquido inflamable. También relató que el hombre se habría arrojado la sustancia sobre el cuerpo antes de que se iniciara el fuego. Su testimonio fue incorporado a la causa como un elemento para reconstruir la secuencia dentro de la vivienda.

La declaración fue recibida por un equipo conformado por la fiscal Anya Puchetta y la abogada Gimena Marote Regonat. Durante esa instancia, la mujer contó con la asistencia de profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, que interviene en el acompañamiento de personas afectadas por hechos delictivos.

Desde el comienzo de las actuaciones, la Fiscalía evaluaba si el incendio había sido provocado en un contexto de violencia de género. El relato de la denunciante reforzó esa línea de investigación, aunque la acusación mantiene carácter provisorio y puede modificarse de acuerdo con las pruebas que se incorporen al expediente.

Avilés también sufrió lesiones durante el incendio y fue atendido por personal de salud. Una vez que obtuvo el alta médica, quedó detenido por orden judicial. En la audiencia de control, la Fiscalía solicitó que permanezca bajo prisión preventiva mientras avanzan las medidas pendientes de la investigación.

La imputación provisoria es por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una figura contemplada en el artículo 80 del Código Penal. En casos atribuidos en grado de tentativa, la escala penal se reduce respecto de un homicidio consumado.

De acuerdo con la calificación expuesta por la Fiscalía, la expectativa de pena para el delito imputado se ubica entre 10 y 15 años de prisión. Para sostener esa acusación, los investigadores deberán reunir elementos que respalden la declaración de la víctima y permitan establecer la mecánica del incendio.

La causa cuenta con la intervención de Bomberos, el personal de Criminalística y otras áreas especializadas. Los peritos buscan determinar cómo comenzó el incendio, qué sustancia pudo haberse utilizado y cuáles fueron las circunstancias previas a la propagación de las llamas dentro de la casa.

Entre las medidas que aún están pendientes figura un informe de Bomberos de la Policía Federal. Ese documento será analizado junto con las actuaciones realizadas en el lugar, los registros médicos y el resto de las evidencias reunidas por la Fiscalía.

La información técnica será relevante para establecer si el fuego fue provocado, precisar la intervención de cada una de las personas que se encontraban en la vivienda y definir las responsabilidades penales que pudieran corresponder. También se evaluarán los resultados de las pericias y los testimonios que se incorporen durante la investigación penal preparatoria.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, informó que el Gobierno nacional reconoció mediante una resolución a las zonas cálidas y contempló subsidios eléctricos focalizados. Al mismo tiempo, pidió a los senadores del Norte Grande que acompañen la reforma del régimen de Zonas Frías, que este miércoles será tratada en el Senado.

El régimen de Zonas Frías reduce una parte de la factura de gas de los hogares ubicados en regiones con bajas temperaturas, donde la calefacción eleva el consumo durante gran parte del año. El debate actual gira en torno a quiénes deben conservar ese descuento y bajo qué criterios. En contraste, las zonas cálidas refieren a provincias donde el mayor gasto energético se concentra en el uso de electricidad para refrigeración durante los meses de altas temperaturas; el esquema anunciado para esas áreas prevé una asistencia focalizada sobre ese consumo.

“El reconocimiento de las zonas cálidas constituye un reclamo histórico de las provincias del NOA y del NEA”, sostuvo Sáenz en un mensaje difundido en sus redes sociales. Según planteó, la asistencia debe estar destinada a los hogares que acrediten necesidad económica.

“Hoy existe un subsidio para las zonas frías, sin importar los ingresos. Lo que buscamos con esta resolución es justicia y equidad para todos. Los subsidios deben ser solo para quienes los necesitan”, afirmó el mandatario salteño.

El acuerdo vincula los subsidios eléctricos del Norte con la reforma de Zonas Frías

El anuncio se produjo antes de la sesión convocada en la Cámara alta este mediodía para debatir el proyecto que ya recibió media sanción en Diputados. La iniciativa modifica el régimen de subsidios al gas y busca concentrar el beneficio automático en las regiones históricamente contempladas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.

La propuesta también redefine la ampliación aprobada en 2021, que había incorporado a zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Rioja, Tucumán y Catamarca. Con la nueva redacción, los descuentos quedarían focalizados en usuarios de bajos ingresos, personas con discapacidad y excombatientes dentro de las áreas que continúen alcanzadas por el régimen.

En paralelo, la Nación acordó con los gobernadores del Norte Grande instrumentar por resolución un esquema de subsidios al consumo eléctrico para las provincias con temperaturas elevadas. La medida apunta a compensar el mayor uso de energía durante los meses de calor y fue parte de las negociaciones para reunir respaldos en el Senado.

Sáenz reclamó a los senadores que respalden el proyecto

Sáenz sostuvo que los legisladores nacionales de las provincias del Norte tienen la posibilidad de acompañar una demanda regional vinculada al costo de la energía. También cuestionó a quienes no respalden la sesión o voten en contra de la iniciativa.

“Quienes voten en contra o pretendan dejar sin quorum la sesión tendrán que explicar en sus provincias por qué priorizaron la política y no las necesidades de su pueblo”, expresó el gobernador.

El tratamiento en el Senado definirá si el proyecto obtiene sanción definitiva o si requiere nuevas negociaciones parlamentarias. La discusión se da mientras las provincias del NOA y el NEA esperan la implementación efectiva de la resolución anunciada para las zonas cálidas.

El Tribunal de Juicio que interviene en la causa contra los 16 policías de Salta acusados por presuntos apremios ilegales durante la investigación del crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni evaluará si el expediente podría ser elevado a juicio oral. Frente a esto, la defensa pidió la extinción de la acción penal.

Luego de que los representantes legales de los agentes imputados solicitaran anular la causa en contra de ellos, al argumentar que se había vencido el plazo razonable, la Fiscalía requirió rechazar el planteo y sostuvo que la duración del expediente ya fue examinada anteriormente.

De la misma manera, los fiscales María Luján Sodero Calvet y Daniel Espilocín también se opusieron a una nueva suspensión del trámite. No obstante, el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio antes de definir si la causa continuará su curso o será archivada.

Según indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, el expediente investiga hechos atribuidos a integrantes de la fuerza policial durante las actuaciones de 2011 relacionadas con los homicidios de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni.

La audiencia fue convocada por la Oficina de Gestión Judicial de Juicios (OFIJU-JUI) para definir la prueba que podría producirse en el juicio. Estuvo a cargo de un tribunal presidido por el juez Leonardo Fearns, junto con el juez Eduardo Sangari y la jueza Gabriela González.

Las defensas plantearon la insubsistencia de la acción penal por una presunta afectación del plazo razonable y solicitaron el sobreseimiento de los imputados. Además, requirieron que se detuviera el avance de la audiencia hasta que quedara firme una decisión sobre ese pedido.

Los acusados por presuntamente haber recibido apremios ilegales son Martín Alberto Flores Saravia, Rubén Ángel Aguirre, Juan Carlos Paz, Osvaldo René Guanca, Néstor Orlando Chilo, Diego Aguirre Guantay, Rodolfo López, Ricardo Hernán Tabacache, Miguel Bernardino Flores, Dante Eduardo Ceballos, Adrián José Quipilor, Carlos Villagrán Guerrero, Fabio José Litián, Héctor Adrián Vázquez y Rodrigo Emmanuel Bautista.

Mientras que 15 de los imputados comparecieron ante el tribunal, desde el Ministerio Público Fiscal salteño indicaron que el decimosexto acusado, identificado como Ferraoti, no estuvo presente en la audiencia.

“Son más de 15 años. Es un desgaste jurisdiccional y genera incertidumbre en nuestros defendidos”, evaluó el abogado Nicolás Vedia, quien se encuentra a cargo de la representación legal de 12 de los 16 imputados, durante un diálogo con El Tribuno. Asimismo, indicó que varios de ellos ya se habían retirado de la fuerza de seguridad.

Frente al planteo de la defensa, Espilocín, fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), indicó que el planteo defensivo ya había sido resuelto. Además, recordó que el Tribunal de Impugnación confirmó el 17 de septiembre de 2025 una decisión dictada el 15 de mayo de ese año por el Tribunal de Juicio, que había rechazado la insubsistencia de la acción penal.

Según explicó, el plazo razonable debe evaluarse a partir de las circunstancias de cada expediente y no mediante una aplicación automática. Entre los factores considerados en resoluciones previas mencionó la complejidad del caso, el número de imputados, la naturaleza de los hechos y las actuaciones acumuladas durante la investigación.

En línea con esto, el fiscal señaló que hubo numerosos recursos e incidencias promovidos por las partes. Aclaró que esas presentaciones integran el derecho de defensa, aunque derivaron en suspensiones procesales. También sostuvo que el expediente mantuvo actividad desde la etapa inicial de investigación hasta la citación a juicio.

De esta manera, Espilocín vinculó el caso con la investigación de los homicidios de Bouvier y Moumni, que continúa bajo revisión en distintos ámbitos. Por esto, mencionó una actuación judicial en Francia y advirtió que la falta de una definición mediante debate oral y público podría generar responsabilidad para el Estado argentino.

Por su parte, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, sostuvo que los tribunales que intervinieron con anterioridad analizaron los institutos invocados por las defensas. También rechazó que las decisiones previas hubieran incurrido en una confusión conceptual.

Para Sodero Calvet, la declaración de insubsistencia de la acción penal es una medida excepcional que debe analizarse según las particularidades del caso. Por esto, remarcó que la investigación alcanza a efectivos policiales por hechos conectados con un expediente de gravedad institucional y con posibles afectaciones a derechos fundamentales.

En este sentido, afirmó que una eventual demora estatal no puede traducirse en impunidad, incluso en el supuesto de que hubiera existido una mora, circunstancia que descartó en esta causa. Incluso, añadió que un tribunal superior ya había indicado que la discusión sobre el plazo razonable podía ser valorada durante el debate y había recomendado adoptar medidas para avanzar hacia el juicio.

Entre los denunciantes por los presuntos apremios e irregularidades estuvo presente Gustavo Orlando Lasi, condenado por los homicidios de Bouvier y Moumni, quien fue trasladado bajo custodia. También asistieron los sospechosos que fueron absueltos, Francisco Ariel Tejada y Nelson Ricardo Vilte Laxi, mientras que Daniel Octavio Vilte Laxi no compareció.

Luego de escuchar los argumentos, el Tribunal consideró que el planteo requiere un análisis específico y dispuso un cuarto intermedio. A raíz de esto, la Oficina Judicial deberá fijar, con la mayor proximidad posible, una nueva audiencia para comunicar la resolución sobre la extinción de la acción penal.

Por último, los jueces declararon abstracto el pedido de suspensión formulado por las defensas, al entender que la cuestión ya había sido expuesta y debatida. Si el proceso continúa, la audiencia seguirá con el tratamiento de la prueba ofrecida por las partes y con la posible fijación de la fecha para el juicio oral.

La Justicia de Salta condenó a Miguel Ángel Erazo a 13 años de prisión efectiva por homicidio simple, tras el juicio por la muerte de un hombre que había sido herido con un arma blanca en octubre de 2024, en la localidad salteña de Hipólito Yrigoyen.

La decisión fue comunicada este miércoles por la jueza Norma Roxana Palomo, luego de la instancia de alegatos y de la posterior deliberación. La magistrada aceptó el planteo de la Fiscalía y ordenó además que el condenado sea incorporado al Banco de Datos Genéticos.

El debate estuvo a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quien sostuvo la acusación contra Erazo y pidió una pena de 13 años de cárcel de cumplimiento efectivo. El tribunal resolvió en el mismo sentido.

El caso juzgado, según informó el portal del Ministerio Público de Salta, se remonta al 19 de octubre de 2024, cuando ocurrió un episodio violento en la calle Sarmiento, en el tramo comprendido entre las calles 20 de Febrero y 16 de Abril de Hipólito Yrigoyen.

De acuerdo con la acusación presentada en el proceso, Erazo y la víctima se encontraban en una reunión donde se habrían consumido bebidas alcohólicas y otras sustancias. En ese contexto, se desató una pelea entre ambos hombres.

Durante la gresca, la víctima recibió una lesión provocada con un arma blanca. La herida motivó su traslado inicial al hospital de la localidad y, ante la necesidad de una atención de mayor complejidad, fue derivada al hospital de San Ramón de la Nueva Orán.

La persona herida falleció posteriormente en ese centro asistencial. A partir de ese desenlace, la investigación quedó encuadrada como homicidio simple, figura por la que finalmente fue condenado Erazo.

En la reanudación de la audiencia de debate, las partes expusieron sus alegatos finales ante la jueza Palomo. La fiscal Filtrín Cuezzo mantuvo la imputación contra el acusado y solicitó que se le impusiera una pena de 13 años de prisión de ejecución efectiva.

La resolución también dispuso la incorporación del condenado al Banco de Datos Genéticos, una medida que forma parte de las órdenes emitidas luego del veredicto. La información suministrada no precisa otros alcances de esa disposición ni eventuales recursos contra la sentencia.

La identificación de Erazo se produjo durante la etapa de investigación, a partir de las diligencias desarrolladas por personal de la Unidad UGAP Orán. Esa dependencia integra el Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Hace unos meses, la Justicia de Salta condenó a ocho años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hijo menor de edad.

La presentación contra el hombre de 29 años estuvo en manos de la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, quien actualmente se desempeña de manera interina en la Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS).

El imputado enfrentaba cargos por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el vínculo y por la guarda, en perjuicio de su propio hijo, un menor de nueve años.

La audiencia, desarrollada ante la jueza del distrito Centro Sandra Espeche, concluyó con un acuerdo de juicio abreviado. En ese marco, el acusado confesó los hechos y se llegó a una resolución consensuada entre las partes. La jueza dictó una condena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo y ordenó la incorporación del condenado al Banco de Datos Genéticos.

El caso fue denunciado tras conocerse que el hombre habría aprovechado la ausencia de la madre del menor y la convivencia cotidiana, así como la relación de autoridad propia del vínculo paterno-filial, para perpetrar actos continuados de abuso sexual entre los meses de marzo y junio de este año. La situación de vulnerabilidad de la víctima fue señalada como un factor agravante en la imputación.

Según la denuncia, los abusos ocurrieron en diversos momentos entre marzo y junio de este año.

Un hombre de 44 años fue condenado por abusar sexualmente a una niña de 13 años, además, produjo y almacenó material de contenido de explotación sexual infantil. Por los hechos, fue sentenciado en Orán, provincia de Salta, a 10 años de prisión efectiva en un juicio abreviado y será incorporado al Banco de Datos Genéticos.

El hombre fue considerado autor de producción de material de abuso sexual y explotación infantil agravada por la edad de las víctimas, tenencia de ese tipo de contenidos agravada por involucrar a menores y abuso sexual gravemente ultrajante. Los delitos fueron considerados en concurso real, una figura que se aplica cuando una persona comete varios hechos punibles independientes entre sí.

La condena fue resuelta por la jueza del distrito Orán, Norma Palomo, luego de que el acusado reconociera los hechos y las partes alcanzaran un acuerdo. El proceso estuvo a cargo de la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, en representación del Ministerio Público Fiscal de Salta.

La investigación se inició a partir de un reporte sobre la presunta tenencia y distribución en Internet de material de abuso sexual infantil (MASI). Ese aviso abrió una pesquisa destinada a identificar a la persona detrás de las conexiones y a determinar el alcance de los hechos.

La Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia solicitó informes a Google y avanzó con el análisis de teléfonos celulares y direcciones IP, los identificadores numéricos que permiten vincular una conexión a Internet con un dispositivo o usuario. Con esa información, los investigadores lograron individualizar al sospechoso y obtuvieron medidas para avanzar sobre su domicilio.

Durante un allanamiento, se incautaron dispositivos electrónicos e informáticos que luego fueron sometidos a peritajes. El examen del material digital permitió establecer que el condenado había producido imágenes y videos de abuso sexual contra una niña, según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

La víctima no formaba parte del grupo familiar del imputado. Además de los registros producidos por el acusado, la investigación detectó en sus dispositivos otros videos de circulación viral que contenían situaciones de abuso y explotación sexual de menores de edad.

El análisis de los equipos secuestrados tuvo un papel central en la causa. La revisión permitió reconstruir la actividad digital atribuida al acusado y reunir elementos que respaldaron la acusación presentada por la fiscalía.

La pesquisa también permitió localizar a la niña que había sido víctima de los hechos. El trabajo conjunto entre la Fiscalía y la asesora de Menores e Incapaces de Orán, Gladys Reynoso, hizo posible su individualización y el acceso a instancias de asesoramiento y contención.

La condena comprende delitos vinculados a la producción y posesión de material de abuso sexual infantil, agravados por la edad de las víctimas, junto con el abuso sexual gravemente ultrajante atribuido en perjuicio de la niña. La pena fijada fue de 10 años de prisión efectiva, por lo que no contempla una ejecución condicional.

Además de imponer una pena de prisión de cumplimiento efectivo, la jueza Palomo dispuso que el condenado sea incorporado al Banco de Datos Genéticos. Esa medida permite registrar un perfil genético en una base destinada a colaborar con investigaciones criminales, bajo los alcances que fija la normativa vigente.

La fiscal puso el foco en la importancia de realizar denuncias ante cualquier actividad sospechosa y de fortalecer la prevención en ámbitos familiares y escolares. La advertencia apunta a que adultos responsables, instituciones educativas y la comunidad puedan reconocer señales de riesgo y recurrir a los canales institucionales correspondientes.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta indicaron que las investigaciones sobre delitos cometidos en Internet requieren el cruce de información técnica, peritajes especializados y coordinación entre distintas áreas.

Un camionero murió aplastado por el acoplado de su propio vehículo mientras realizaba una inspección debajo del camión que conducía, sobre la Ruta Nacional 9/34 a la altura del peaje Cabeza de Buey, en la provincia de Salta. La víctima es un ciudadano boliviano que fue identificado como Celso Copio Saldias, con domicilio en la localidad de Tarija.

El hecho se registró durante la mañana del martes. Cerca de las 7, comenzaron a ingresar los primeros avisos a la Policía, aunque, según consignó El Tribuno, varios conductores que pasaron por el lugar antes de que llegaran los equipos de emergencia no tomaron mayor atención a la situación: al ver al hombre debajo del vehículo, supusieron que se trataba de una tarea de mantenimiento habitual.

La reconstrucción preliminar del hecho indica que Copio Saldias detuvo el camión Volvo en la banquina de la ruta ante la sospecha de algún desperfecto. Tras descender de la cabina, habría levantado uno de los ejes traseros del tractor y se colocó debajo del vehículo para revisar la falla. Fue en ese momento cuando el acoplado se desprendió del conjunto y cayó sobre él, con consecuencias fatales. La causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio por aplastamiento, según las primeras determinaciones.

Entre las hipótesis que analiza la investigación aparece una posible falla en el sistema neumático de elevación de ejes, propio de este tipo de unidades de carga pesada. De acuerdo con explicaciones vinculadas al funcionamiento de ese mecanismo, una pérdida de presión de aire podría haber provocado el descenso brusco del eje sobre el conductor. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada y la causa exacta del accidente continúa bajo investigación.

En el lugar trabajaron bomberos, efectivos policiales de la zona y personal médico, mientras se aguardaban las actuaciones correspondientes para el retiro del cuerpo. El camión, identificado con un cartel que llevaba la leyenda “Vitamina Vida”, quedó inmovilizado sobre la calzada hasta que las autoridades completaran las diligencias de rigor.

Choque fatal en Jujuy: murió un hombre sobre la ruta 34

El sábado pasado, un hombre de 41 años murió en un choque entre un camión y una camioneta ocurrido sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Caimancito, Jujuy. Mientras la Justicia intenta determinar las causas y responsabilidades del siniestro, el conductor del camión dio positivo en el control de alcoholemia.

Miguel Guerrero fue identificado como la víctima fatal. Conducía una Chevrolet S10 cuando se produjo el impacto, cerca de las seis, sobre el puente del arroyo Sauzalito, próximo a la intersección de la ruta nacional 34 y la ruta provincial 1.

De acuerdo con la información policial, la camioneta circulaba en sentido contrario a un camión Mercedes-Benz. Por razones bajo investigación, el vehículo de carga habría cruzado hacia el carril opuesto e impactó contra el lateral izquierdo de la S10.

Como resultado de la colisión, Guerrero falleció en el lugar. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a su acompañante y lo trasladó al hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín. Al mismo centro de salud fue derivado el acompañante del camionero, mientras el chofer del vehículo de mayor porte sufrió lesiones leves.

La camioneta quedó sobre la banquina luego del choque, con graves daños en el área del conductor. A su vez, el camión terminó suspendido en el puente sobre el arroyo Sauzalito, situación que requirió un operativo para retirar ambos vehículos y efectuar las pericias.

El control de alcoholemia practicado por efectivos de Seguridad Vial al camionero tuvo resultado positivo. Ese resultado fue incorporado a las actuaciones judiciales.

Del operativo participaron agentes de las comisarías 42ª de Caimancito y 22ª de Yuto, junto con personal de Gendarmería Nacional, Bomberos, Criminalística, Seguridad Vial y SAME. La circulación por el sector permaneció restringida durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales.

Una integrante de la Policía de Salta murió ayer lunes después de haber sido encontrada con heridas de gravedad en el barrio Fraternidad, en el sector sudeste de la ciudad de Salta. La mujer recibió asistencia de emergencia y fue derivada al Hospital San Bernardo, pero falleció pese a las maniobras médicas realizadas para estabilizarla.

El hallazgo se produjo después de las seis de la mañana. La gravedad de su estado motivó un traslado en código rojo, un procedimiento reservado para pacientes que requieren atención inmediata por el riesgo que representa su cuadro clínico. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las lesiones que presentaba ni sobre las circunstancias previas al hecho.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, la víctima fue identificada como Nicole Paz, una suboficial que llevaba aproximadamente tres años de antigüedad dentro de la fuerza provincial.

La muerte de esta oficial ocurre menos de 24 horas después de que otro integrante de la fuerza fuera encontrado sin vida en la capital salteña.

El caso quedó bajo investigación de la Policía de Salta, que busca reconstruir la secuencia previa al hallazgo. Las actuaciones apuntan a determinar qué ocurrió antes de que la oficial fuera trasladada al hospital y cuáles fueron las causas de las heridas que derivaron en su muerte.

Los investigadores deberán reunir los elementos disponibles para conocer el contexto en el que la mujer resultó herida. La información que surja de esas tareas será relevante para precisar el recorrido de la oficial durante las horas anteriores y las circunstancias que llevaron a su traslado de urgencia.

En ese contexto, las actuaciones de la Policía de Salta continuarán orientadas a reunir información sobre ambos hechos. Las definiciones dependerán de los resultados de las medidas investigativas que se dispongan en cada expediente.

A mediados del mes de julio, un agente de la Policía Bonaerense murió tras ser atacado a tiros por dos sospechosos que intentó identificar mientras prestaba servicio como caminante en la base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en Tres de Febrero, dentro de la zona conocida como Fuerte Apache. El hecho ocurrió en horas de la tarde cerca de la Avenida Militar 2949, Nudo 01, Barrio Ejército de los Andes, durante un operativo de rutina.

Según fuentes policiales, el episodio comenzó cuando los sospechosos huyeron a las corridas tras ser requeridos para identificarse por el agente. Ante esta reacción, el policía, de nombre Alan Fabián Molina, se adelantó cerca de 30 metros respecto a sus compañeros y entró al sector donde se ocultaron los hombres.

En ese momento, fue atacado a tiros: uno de los disparos impactó en la axila derecha y otro en la cintura, ambos en zonas no cubiertas por el chaleco antibalas reglamentario.

El ataque fue alertado al 911 y el efectivo fue trasladado de urgencia e inconsciente al Hospital Ramón Carrillo, donde falleció pocos minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas. Los agresores, por su parte, lograron escapar y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

El hecho ya es investigado por la Justicia, que trabaja en la identificación de los sospechosos. La causa fue caratulada como homicidio agravado y la investigación quedó a cargo de la UFI N°7 del Departamento Judicial San Martín.

El agente Molina tenía 30 años y había egresado de la fuerza en febrero. Residía en Tres Arroyos, pero había sido destinado a prestar servicio en el conurbano, a casi 500 kilómetros de su casa. Iba y venía todos los días a Fuerte Apache, lo que le implicaba largos viajes para poder cumplir con sus tareas. Además, había sido papá hacía poco.

Un hombre murió luego de un ataque a golpes y con un arma blanca ocurrido durante la madrugada del domingo en el barrio Juan Manuel de Rosas, en inmediaciones del río Vaqueros, de la provincia de Salta. Por el hecho, la Justicia ordenó la detención de dos jóvenes que, de acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, serían hijastros de la víctima.

El episodio se registró cuando concluía una celebración en honor a la Virgen de Urkupiña realizada en un predio de la zona. La alerta inicial se produjo cerca de las 5.30, después de que una pelea fuera advertida en el sector de los baños.

La víctima logró salir de ese lugar tras la agresión, aunque cayó herida a poca distancia. Una ambulancia se presentó para asistirlo, pero el personal médico constató su fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente su identidad.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, el Sistema de Emergencias 911 recibió una comunicación que advertía sobre una confrontación cuando la actividad comunitaria llegaba a su fin. Los primeros datos incorporados a la causa indican que el hombre habría sido interceptado en el área de los baños por dos personas jóvenes, un hombre y una mujer, de entre 19 y 23 años.

Según la información preliminar, entre los involucrados se produjo una discusión que derivó en una agresión física. Durante ese episodio se habría empleado un elemento cortante, cuya identificación precisa todavía forma parte de las medidas ordenadas por los investigadores.

Testigos que permanecían en el predio relataron haber visto a la víctima salir del sector donde se inició el enfrentamiento. Detrás de él habrían aparecido los dos jóvenes que luego fueron localizados por la policía. Esos aportes son considerados relevantes para establecer el recorrido de cada participante y la secuencia previa al desenlace fatal.

La pesquisa deberá determinar si el altercado comenzó dentro del predio o si existían antecedentes inmediatos entre las personas involucradas. También se busca precisar cuántas personas estuvieron presentes en el lugar de los hechos y si hubo otros testigos directos de la agresión.

Efectivos de la Dirección General de Investigaciones identificaron y localizaron a los dos sospechosos a partir de los testimonios reunidos en el lugar. Ambos quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia, que deberá resolver su situación procesal conforme avance la investigación.

Las fuentes consultadas señalaron que los detenidos tendrían un vínculo familiar con el hombre fallecido y serían sus hijastros.

Por ahora, no se informó de manera oficial imputaciones concretas ni declaraciones de los detenidos. La causa se encuentra en una etapa inicial, con medidas orientadas a reunir evidencia material y testimonios antes de reconstruir una hipótesis completa sobre lo sucedido.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de Criminalística trabajó en el predio donde ocurrió el ataque. Las tareas incluyeron la preservación del sector, la documentación de la escena y el levantamiento de indicios que puedan aportar datos sobre la mecánica de la agresión.

Entre los puntos que deberán esclarecerse figura la identificación del arma presuntamente utilizada.

La Justicia dispuso la realización de la autopsia sobre el cuerpo del hombre fallecido. El examen forense será determinante para identificar la causa puntual de la muerte, el tipo y la cantidad de lesiones que presentaba y la posible intervención de un arma blanca.

Los clientes llegaban con importantes sumas de dinero en efectivo para depositar y entregaban los fajos a los cajeros. Después del conteo, en algunos casos aparecía una diferencia: había menos plata de la que creían haber llevado. Lejos de sospechar de los empleados que tenían enfrente, varios asumían que se habían equivocado y reponían el faltante de su propio bolsillo.

Detrás de esas diferencias estaba la maniobra conocida como “pellizco”, por la que esta semana fueron condenados Castro y Arias Knudsen, pareja y ex empleados de la entidad bancaria.

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta tuvo por acreditados 18 hechos ocurridos durante 2023: 17 atribuidos a la mujer y uno al hombre. Ella recibió una pena de dos años de prisión en suspenso y él, de seis meses, también en suspenso. Ambos fueron considerados responsables del delito de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La confianza como clave de la maniobra

La reconstrucción del caso permitió conocer cómo funcionaba un mecanismo que, principalmente, se apoyaba en la confianza de los clientes.

Castro llevaba más de 30 años trabajando en la sucursal. Entre quienes acudían a su caja había clientes habituales que realizaban depósitos por montos importantes, entre ellos representantes de empresas locales.

La disposición del lugar resultó clave. Una vez que recibía el efectivo, la cajera trasladaba los fajos hasta una máquina contadora ubicada en un box contiguo que quedaba fuera del campo visual del cliente. Además, un vidrio esmerilado impedía observar con claridad lo que ocurría durante el procedimiento.

Según quedó probado durante el juicio, Castro aprovechaba ese momento para separar billetes. En algunas oportunidades lo hacía antes de pasar el dinero por la máquina; en otras, después de un primer conteo. Luego ocultaba el efectivo dentro de un folleto publicitario del propio Banco Nación.

Cuando la máquina marcaba una suma inferior a la que el cliente aseguraba haber entregado, aparecía la otra parte de la maniobra: la víctima no sospechaba de quien estaba detrás de la caja.

Durante el debate declararon personas que habían sufrido esos faltantes. Contaron que, en ese momento, los habían atribuido a equivocaciones propias. Algunos incluso completaron la diferencia para poder realizar el depósito.

Cómo los descubrieron

La maniobra comenzó a quedar al descubierto el 17 de noviembre de 2023, y no fue inicialmente por la denuncia de uno de esos clientes.

Ese día, un compañero de Castro se acercó hasta su caja para comunicarle una gestión interna. Como la mujer estaba atendiendo, esperó. Fue entonces cuando observó que retiraba dinero de un depósito y lo guardaba dentro de un folleto.

El empleado esperó y luego revisó el material. Adentro encontró los billetes que habían sido separados del fajo entregado por el cliente.

El episodio fue comunicado a las autoridades del banco y abrió una revisión de las cámaras de seguridad de la sucursal. Los registros se remontaron hasta el 19 de julio de 2023 y permitieron detectar que no se trataba de un hecho aislado.

La investigación identificó inicialmente 22 maniobras: 20 atribuidas a Castro y dos a Arias Knudsen. Finalmente, el tribunal consideró probadas 18.

Los videos se convirtieron en una de las pruebas centrales del juicio. En las imágenes se observaron las maniobras realizadas detrás de las cajas y el ocultamiento de los billetes.

Los cajeros denunciaron una “persecución laboral”

Castro y Arias Knudsen negaron haber sustraído dinero y atribuyeron la acusación a conflictos internos dentro de la sucursal. Él, que al igual que su pareja se desempeña como delegado gremial, hizo hincapié durante su declaración en supuestos enfrentamientos con el tesorero del banco.

Castro, por su parte, habló de una “persecución laboral” y mencionó presuntas falencias internas de la entidad. También dio una explicación sobre una de las principales pruebas en su contra: los videos en los que se la veía separar billetes mientras realizaba operaciones.

Según declaró, ese dinero era suyo y lo llevaba desde su casa para cambiarlo por billetes de menor denominación, una práctica que, sostuvo, también realizaban otros empleados. Además, negó haberse quedado con plata de los clientes y argumentó que no se habían registrado reclamos por los faltantes.

Esa explicación, sin embargo, fue descartada por el juez Domingo Batule, quien tuvo en cuenta las filmaciones, los testimonios de las víctimas y el resto de la prueba incorporada al debate. El magistrado destacó además el abuso de confianza sobre el que se sostenía el mecanismo y consideró que la conducta no solamente perjudicó a quienes perdieron dinero, sino que también afectó la imagen de la entidad.

La investigación penal se había iniciado formalmente a partir de una denuncia presentada el 29 de diciembre de 2023 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), luego de que salieran a la luz los faltantes registrados en depósitos realizados en la sucursal.

En el juicio intervino el fiscal federal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, quien había solicitado dos años y seis meses de prisión en suspenso para Castro y un año para Arias Knudsen.

Finalmente, el tribunal fijó penas de dos años y seis meses, respectivamente. Además, ambos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de sus condenas y deberán cumplir durante dos años distintas reglas de conducta.

Los clientes damnificados, en tanto, quedaron habilitados para iniciar reclamos por los perjuicios sufridos.

Al resolver, Batule también descartó que detrás de las maniobras hubiera una situación de necesidad económica. Durante el juicio se incorporó información sobre los ingresos de la pareja y una actividad comercial que desarrollaban por fuera del banco.

“Solo la necesidad de lucro es lo que los ha motivado a cometer estos hechos”, concluyó el juez.

El juez Domingo Batule los declaró responsables del delito de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ambos también quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de sus condenas. Es decir, Castro deberá cumplir una inhabilitación de cuatro años, mientras que Arias Knudsen no podrá ocupar cargos públicos durante un año.

Además, deberán someterse durante dos años al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, entre otras reglas de conducta impuestas por el magistrado.

La información fue difundida por el Ministerio Público Fiscal, que intervino en el debate a través del fiscal federal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán.

La investigación había identificado 22 maniobras realizadas en 2023: 20 atribuidas a Castro y dos a Arias Knudsen. El tribunal consideró acreditados 18 hechos, de los cuales 17 correspondieron a la cajera y uno a su pareja.

La modalidad consistía en retirar algunos billetes de los fajos que los clientes entregaban para depositar. Castro trasladaba el dinero hacia una máquina contadora ubicada fuera del campo visual de los depositantes y ocultaba parte de los billetes en un folleto publicitario de la entidad.

En algunos casos, la sustracción se producía antes de que el efectivo pasara por la máquina. En otros, ocurría después de una primera cuenta. La distribución de las cajas y la presencia de un vidrio esmerilado impedían que los clientes observaran el procedimiento.

Las víctimas eran, en su mayoría, clientes habituales que depositaban sumas importantes, entre ellos representantes de empresas locales. Cuando aparecía una diferencia, varios asumían que se habían equivocado al contar el dinero y reponían el faltante sin presentar reclamos.

La maniobra -conocida como “pellizco” en la jerga policial- quedó al descubierto el 17 de noviembre de 2023. Un compañero de trabajo de Castro advirtió que la mujer retiraba billetes de un depósito y los guardaba en un folleto. Luego revisó el material y encontró el dinero que había sido separado del fajo.

A partir de ese episodio, las autoridades del banco revisaron las cámaras de seguridad. Las imágenes, registradas desde el 19 de julio de 2023, permitieron detectar otras operaciones similares y dieron origen a la denuncia penal.

Durante el juicio se exhibieron los videos y declararon clientes que habían sufrido faltantes. Varios aseguraron que desconocían que el dinero había sido retirado y que, hasta entonces, habían atribuido las diferencias a errores propios.

Los condenados negaron los hechos y sostuvieron que la acusación respondía a conflictos laborales dentro de la sucursal. Sin embargo, el juez descartó esa explicación, valoró el abuso de confianza hacia los clientes y señaló que la maniobra también afectó la imagen de la entidad bancaria.

El fiscal Romero había solicitado dos años y seis meses de prisión en suspenso para Castro y un año para Arias Knudsen. La sentencia finalmente fijó penas menores, aunque mantuvo la calificación legal planteada por la acusación.

Los damnificados ahora podrán iniciar reclamos por los perjuicios sufridos.

Castro tenía una trayectoria de más de 30 años de trabajo en esa sucursal. En su alegato, el fiscal resaltó que ninguno de los acusados atravesaba una situación de necesidad económica que pudiera explicar su accionar. Al respecto, recordó un informe que daba cuenta de que ambos residían en una vivienda de importantes dimensiones, en un buen barrio, y que en el mismo inmueble funcionaba un comercio de venta de piscinas y productos de limpieza.

Romero señaló que, sumados los ingresos provenientes de esa actividad comercial y de sus salarios, los condenados contaban con un buen nivel económico.

“Solo la necesidad de lucro es lo que los ha motivado a cometer estos hechos”, concluyó el juez Batule en su resolución.

El encuentro se llevó adelante este miercoles, tan solo horas después de que sea enviado al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Además, del mandatario salteño participaron Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Durante más de dos horas, Santilli les explicó a los dirigentes del norte los detalles del rumbo de la economía y las proyecciones que hizo la administración libertaria para el año que viene. También escuchó los reclamos de las provincias.

De esta manera, al evaluar la relación entre el Poder Ejecutivo y las provincias, Sáenz afirmó que existe una “falta de consideración y de reciprocidad”. Incluso, para con aquellas jurisdicciones que acompañaron iniciativas oficiales en el Congreso.

“La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y esta falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos”, cuestionó el mandatario al remarcar que, al igual que Nación, cada una de las provincias también tiene los mismos problemas.

Durante una breve entrevista con A24, Sáenz apuntó: “No estamos pidiendo nada”, en referencia a los fondos nacionales para obras públicas. Luego de que el Gobierno fijara como máxima mantener el déficit fiscal equilibrado, el jefe del Estado de Salta explicó que tuvieron que buscar financiamiento internacional.

A pesar de esto, el gobernador criticó la falta de respuesta por parte de Nación, que presentaría una demora en otorgar las autorizaciones para continuar con los proyectos planificados por la provincia.

En este sentido, explicó que pidió autorización y garantía soberana nacional para refinanciar una deuda tomada durante la gestión anterior. Así, precisó que la provincia tenía un compromiso original de 640 millones de dólares y que ya canceló cerca de 500 millones.

Según relató, el ministro de Economía, Luis Caputo, le recomendó avanzar con la refinanciación por la baja del riesgo país y de las tasas de interés. Sin embargo, señaló que para concretar la operación requiere el aval nacional.

“Para eso necesitamos la autorización y la garantía soberana de Nación”, dijo Sáenz. De la misma forma, agregó que esa herramienta también es necesaria para obtener financiamiento internacional destinado a obras viales en territorio salteño.

Pese a que recordó que el mantenimiento y obras referidas a las rutas nacionales deberían estar a cargo del Ejecutivo central, indicó que la provincia resolvió asumir las tareas con fondos externos. “Son endeudamientos que tienen que ver con obras fundamentales para Salta”, planteó sobre los frenos que encontró.

Por otro lado, Sáenz vinculó sus reclamos con el comportamiento de referentes oficialistas en las legislaturas provinciales. En línea con esto, afirmó que sectores que respaldan al presidente Javier Milei en Salta, Tucumán y otros distritos votan en contra de las iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las provincias.

“Cuando nos necesitan, hablan con nosotros todos los días, a toda hora y en todo momento”, cuestionó el gobernador, tras plantear que los mandatarios provinciales acompañaron leyes nacionales, pero no reciben el mismo respaldo para resolver necesidades de índole local.

Por este motivo, afirmó que la relación con el Gobierno debe tener una lógica de reciprocidad. “Yo siempre dije que la lealtad es una avenida de ida y vuelta, y yo siento que venimos siempre y nunca vuelven para allá”, expresó.

En la misma sintonía del reclamo, sostuvo que en encuentros anteriores hubo compromisos que no se concretaron y pidió que los acuerdos alcanzados con funcionarios nacionales se cumplan antes de abrir nuevas discusiones.

Por otro lado, el mandatario salteño diferenció los reclamos financieros de la posición que adoptará frente a la ley de emergencia en discapacidad. Así, confirmó que no acompañará esa iniciativa al considerar que los sectores más vulnerables requieren asistencia estatal.

“El equilibrio fiscal que tanto se defiende también vaya acompañado de un equilibrio social”, afirmó. Por esto, sostuvo que las personas con discapacidad no pueden ser tratadas como “una planilla Excel” y admitió que pueden existir irregularidades, aunque señaló que deben detectarse a través de auditorías.

A pesar de esto, el gobernador pidió controles para verificar las prestaciones y beneficios. Asimismo, insistió en que ese proceso no debe derivar en la desatención de quienes tienen una discapacidad acreditada.

Durante la entrevista, Sáenz también se refirió al escenario político y económico. Si bien señaló que una parte de la sociedad rechaza un regreso al pasado, remarcó que tampoco está conforme con el presente. Además, consideró que el debate público no puede reducirse a una confrontación entre Milei y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A su entender, la falta de institucionalidad, confianza y previsibilidad afecta la llegada de inversiones y frena el impacto de la estabilidad macroeconómica en la actividad cotidiana. Mencionó el consumo, las exportaciones y la inversión como sectores que todavía no despegan.

Incluso, cuestionó los planteos de dirigentes que prometen revertir normas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) si llegan al poder. “Tienen que ser política de Estado independientemente”, sostuvo.

Finalmente, Sáenz comparó el nivel del riesgo país argentino con el de naciones vecinas y señaló que, pese a una macroeconomía que describió como estabilizada, Argentina se ubica —según sus dichos— entre 450 y 500 puntos, por encima de países como Uruguay y Chile.

En San Antonio de los Cobres, localidad de la provincia de Salta, una denuncia presentada por el padre de una adolescente de 16 años derivó en una investigación por la presunta comisión del delito de grooming y en la detención de un hombre que vive en la misma localidad. La causa está a cargo de la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo.

La investigación se inició luego de que el denunciante detectara intercambios en una red social entre su hija y un adulto. De acuerdo con la información incorporada a la causa, los mensajes tendrían contenido sexual y habrían incluido pedidos de imágenes a la adolescente.

Según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, el expediente avanzó con la entrega del teléfono utilizado en las conversaciones y otros elementos aportados por el padre. A partir de ese material, los investigadores lograron identificar a un sospechoso y solicitaron una serie de medidas judiciales para preservar dispositivos y otros soportes digitales que podrían resultar de interés para el caso.

De acuerdo con el análisis de los mensajes, el adulto planteó la posibilidad de tener un encuentro presencial. Ese aspecto fue incorporado a las actuaciones como parte de las circunstancias que son analizadas por la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia.

La información disponible no detalla el período durante el cual se produjeron los contactos ni la cantidad de mensajes bajo revisión. Tampoco se difundieron las identidades de la menor, de su padre ni del hombre detenido, una reserva que se vincula con la protección de las personas involucradas y con el desarrollo de la investigación penal.

Con el material reunido durante la etapa inicial, la Fiscalía requirió una orden de allanamiento ante la Oficina Judicial de Garantías del distrito Centro. El pedido incluyó el ingreso al domicilio del investigado, el secuestro de posibles pruebas digitales y la detención del sospechoso.

La medida fue autorizada y ejecutada durante las últimas horas por personal de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas. El procedimiento se realizó en San Antonio de los Cobres, donde reside el hombre señalado en la denuncia.

El hombre detenido será imputado por la presunta comisión de grooming, figura contemplada en el artículo 131 del Código Penal argentino.

Nuevo detenido en la causa por grooming y abuso sexual de menores

A finales de agosto, la detención de un nuevo imputado por grooming elevó a 16 la cantidad de acusados en la causa por presuntos abusos sexuales contra adolescentes en Villa de María del Río Seco.

El expediente, a cargo de la fiscal de Deán Funes Analía Cepede, se inició a comienzos de julio y mantiene abierta la posibilidad de nuevas imputaciones.

El último arresto ocurrió en la zona rural donde trabajaba el sospechoso. El hombre quedó imputado por grooming y abuso sexual con acceso carnal.

Según informó ElDoce.tv, realizaba tareas vinculadas con la actividad rural y será trasladado a Cruz del Eje.

El procedimiento coincidió con el comienzo de las declaraciones indagatorias de los primeros acusados. La investigación también mantiene una orden de captura contra otro sospechoso que se encuentra fuera de Córdoba.

La causa comenzó con siete detenidos. Luego, la cifra ascendió a 14, dentro de un total de 15 órdenes de detención, con un prófugo.

Con la incorporación del último acusado, el expediente reúne ahora 16 detenidos. ElDoce.tv indicó que la búsqueda del hombre requerido sigue vigente.

Cerca de las 5 de la mañana de este domingo, una motocicleta embistió a un grupo de cinco mujeres que caminaban por la ruta a la altura de Termo Andes, en jurisdicción de General Güemes, Salta. El conductor circulaba alcoholizado. Las peregrinas iban de camino hacia la Catedral Basílica de Salta y ninguna de ellas figuraba en el registro oficial de la Policía provincial.

El hecho ocurrió cuando las mujeres transitaban a pie desde Apolinario Saravia con destino a la ciudad de Salta, en el marco de la peregrinación hacia la Catedral Basílica. Tras el impacto, los equipos de emergencia asistieron a las cinco víctimas en el lugar.

Dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres fueron derivadas al Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta. La Policía informó que, pese a la violencia del choque, ninguna presentó lesiones de gravedad y todas se encuentran fuera de peligro.

El conductor de la motocicleta fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras ese resultado positivo, quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

Desde la fuerza provincial aclararon que las mujeres formaban parte de un grupo reducido que había decidido iniciar el camino por su cuenta, sin incorporarse al registro oficial de peregrinos ni contar con la aplicación “Soy Peregrino”, la herramienta que la Policía utiliza para dar seguimiento y brindar contención a quienes transitan las rutas hacia la Catedral.

“Hay gente que decide venir a caminar sola hacia la Catedral, lo cual claramente no tiene nada de malo, pero al no contar con la aplicación ‘Soy Peregrino’ nunca estuvieron en los registros de la Policía como para, de esta manera, brindarles contención cuando transitan por la ruta”, señalaron desde la institución, según el medio regional El Tribuno. Al no figurar en ese esquema de acompañamiento preventivo, su tránsito por la ruta no contaba con asistencia policial activa al momento del accidente.

Un motociclista murió al chocar con un auto conducido por un custodio de la vicegobernadora de Mendoza

Un motociclista de 24 años murió este domingo tras chocar de frente contra un auto en la Ruta Nacional 40, en el departamento mendocino de Lavalle. El vehículo era conducido por un agente policial que presta servicios de custodia en la Vicegobernación de Mendoza.

El siniestro ocurrió a las 6.40, cuando un Suzuki Fun circulaba de sur a norte y colisionó con la moto, que avanzaba en dirección contraria. Las causas de la maniobra son materia de investigación, según informó MDZ.

El motociclista, identificado como D.M.D., fue trasladado al Hospital Central junto al conductor del automóvil, pero murió en el centro de salud como consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto. La Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle interviene en la causa y dispuso las medidas de rigor para determinar la mecánica del hecho.

El auto era manejado por el efectivo policial identificado por sus iniciales J.S.A., de 39 años. El agente presta servicios en el área de custodia de la Vicegobernación de Mendoza.

Así lo dijo la propia vicegobernadora Hebe Casado, quien confirmó en sus redes sociales que el policía involucrado forma parte de su sector. La funcionaria expresó sus condolencias por la muerte del joven.

“Lamento profundamente el fallecimiento de un joven de 24 años como consecuencia del incidente”, afirmó Casado en su comunicado, en el que señaló que el hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 40, en dirección a Lavalle.

La vicegobernadora indicó que desde el inicio se puso a disposición de la Justicia “todas las herramientas, información y mecanismos necesarios” para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

También remarcó la necesidad de “determinar con precisión la mecánica del hecho y permitir que la investigación avance con absoluta transparencia”.

Por último, Casado afirmó que confía en la actuación judicial y advirtió que, “si se determinan responsabilidades, se actuará con todo el peso de la ley, sin privilegios ni excepciones de ningún tipo”.

La muerte de Thiago Altamirano, el niño de dos años que llegó sin signos vitales al Hospital Materno Infantil de Salta el 22 de junio, derivó en una investigación por homicidio que tiene como imputados a su madre, de 19 años y a la pareja, de 32 años. En ese marco, la Justicia de Salta rechazó este viernes el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de la joven.

La decisión fue tomada por el juez Ignacio Colombo durante una audiencia en la que se analizaron los argumentos de la defensa y la oposición planteada por el Ministerio Público Fiscal. El planteo de sobreseimiento, una resolución que habría implicado apartarla definitivamente de la causa penal, fue rechazado ya que no existe la certeza requerida para desvincularla.

El expediente también tiene como imputado a un hombre de 32 años que era pareja de la joven al momento del hecho. Sobre él pesa una acusación como presunto autor de homicidio agravado por alevosía. Según la hipótesis fiscal, habría provocado la muerte de Thiago mediante maniobras de asfixia y sofocación.

La acusación, en representación del Ministerio Público Fiscal ejercida por el fiscal penal Daniel Espilocín, afirmó que existen pruebas suficientes recolectadas durante la investigación para que la imputación continúe en pie. La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas argumentó que todavía resta profundizar el análisis de las evidencias y determinar las responsabilidades de cada una de las personas acusadas.

La decisión no define la responsabilidad penal de la joven: la investigación continuará con el análisis de las pruebas reunidas y las medidas que aún puedan ordenarse.

La hipótesis fiscal

La investigación comenzó el lunes 22 de junio, cuando Thiago fue trasladado por su madre al Hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de su estado, los profesionales dispusieron su derivación en código rojo al Hospital Materno Infantil, donde el niño llegó sin signos vitales.

En un primer momento, los imputados habrían sostenido que el niño sufrió una caída de la cama. Esa explicación fue incorporada a la pesquisa como una de las primeras versiones sobre lo ocurrido en la vivienda del barrio Convivencia.

A partir de la intervención médica y de los estudios ordenados posteriormente, se inició la investigación judicial. La autopsia concluyó que la muerte se produjo por asfixia mecánica provocada, un resultado que contradijo la versión inicial atribuida a los imputados. Los médicos que lo asistieron también indicaron que el cuadro clínico no era compatible con un accidente doméstico.

Con esos elementos, la causa avanzó con la imputación de la madre y de su pareja. Al hombre de 32 años se le atribuye haber provocado la muerte de Thiago mediante maniobras de asfixia y sofocación. En tanto, la madre fue imputada como presunta coautora a partir de una posible conducta omisiva: la Fiscalía busca determinar si conocía la situación de riesgo a la que estaban expuestos sus hijos y si no adoptó medidas para evitar el desenlace.

Vecinos y la propietaria del inquilinato donde vivía la familia aportaron testimonios sobre la presencia frecuente del hombre en el domicilio. También señalaron que los niños le tenían temor y que la madre se ausentaba, dejando a los menores bajo su cuidado. Esos elementos forman parte de la pesquisa que conduce la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

El caso también puso bajo revisión las medidas de protección que habían sido dispuestas con anterioridad para Thiago y su hermano menor. Según los antecedentes conocidos, existía una denuncia realizada por el abuelo paterno y un acompañamiento de organismos de niñez debido a la situación de vulnerabilidad familiar.

Luego de la muerte de Thiago, su hermano quedó bajo una medida de resguardo. Tras casi dos meses, el niño fue restituido a la familia paterna, mientras los organismos de protección continúan con el seguimiento de su situación.

La recuperación de De Stefano es lenta, pero va en la dirección correcta

En la entrevista, Calabró fue cauta pero directa al hablar del estado de salud del empresario. “No está bien todavía. Le falta porque estuvo mucho tiempo internado, entonces ahora necesita una rehabilitación”, señaló. Y agregó: “Está mucho mejor de como empezamos esto ya hace casi dos meses, pero cuando está mucho tiempo internado, después necesita rehabilitarse para volver a recuperar su vida normal”.

De Stefano, empresario del rubro de la marmolería con local en el barrio porteño de Chacarita, padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) desde hace años. En agosto, una neumonía complicó su cuadro de base y derivó en su ingreso a terapia intensiva en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo, donde permaneció intubado y con ventilación mecánica mientras el equipo médico trabajaba para estabilizarlo.

Calabró agradeció en la catedral de Salta y pidió salud

La actriz estuvo en la ciudad junto al elenco de la obra y aprovechó su visita para ir a la catedral durante la novena de la Virgen del Milagro. Consultada por el programa si había pedido algo en especial, respondió con firmeza: “No, yo agradezco. Siempre pedí salud, porque el resto va y viene. La salud es lo único que hay que atesorar y cuidar en todas las familias”.

Al hablar de De Stefano, Calabró no ocultó la gravedad que tuvo el cuadro en su momento más crítico: “Estuvo a un paso de pasar al otro lado, así que todo es bendecido, todo el proceso bendecido”. También contó que le lleva estampitas religiosas durante las visitas al sanatorio.

La gira de teatro continuó a pesar del difícil momento personal

A pesar de la situación personal, Calabró continuó con la gira de Viuda e hijas, que protagoniza junto a Nora Cárpena, María Valenzuela, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea, bajo la dirección de Héctor Díaz, y se mostró agradecida con el público salteño. “La gente disfrutó, no se perdían una gracia. Nos celebró y eso se vive con mucha alegría. Es una vitamina a tanto esfuerzo y sacrificio”, expresó ante Desenchufadas.

Además de la obra, la actriz participa en Iluminadas, el programa que emite la TV Pública. “La idea es iluminar a la gente, que se le prenda una lamparita, que trabaje para la buena salud y la armonía”, describió.

Una pareja que nació en 2023

Calabró y De Stefano se conocieron en 2023 gracias a una coincidencia: tanto el joyero de ambos como la abogada Ana Rosenfeld los pusieron en contacto por separado. La conexión fue tan rápida que a los dos meses de conocerse decidieron convivir en el departamento de la actriz en el barrio de Palermo.

En declaraciones previas, Calabró había sintetizado el vínculo con una frase: “Él es muy fuerte, ya ha salido de varias, así que esta no va a ser la excepción”. El empresario había tenido otro episodio de alto impacto en enero de 2025, cuando una ambulancia lo embistió en el barrio de Caballito, aunque en esa ocasión no sufrió lesiones de gravedad.

Por el momento, el estado de De Stefano se mantiene en proceso de rehabilitación. La pareja no brindó precisiones sobre los plazos de recuperación ni emitió un parte médico oficial, aunque desde el entorno de Calabró señalaron que la evolución es favorable y que el empresario avanza de manera progresiva.

A casi dos años de haber concretado un robo millonario, un hombre fue condenado en San José de Metán, provincia de Salta, a tres años de prisión condicional por su participación en el asalto a la vivienda de un comerciante, donde una banda sustrajo dinero en pesos y moneda extranjera.

La sentencia recayó sobre Horacio Santiago Orellana, quien admitió haber intervenido como coautor de un hecho ocurrido el 29 de octubre de 2024. Así, en el marco de un juicio abreviado, el fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, solicitó la pena.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, el juez Mario Dilascio homologó el acuerdo luego de que el acusado confesara su participación y le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Además, deberá cumplir con varias reglas de conducta.

Según reconstruyó la acusación, Orellana, oriundo de Tucumán, actuó junto a otros dos hombres que ya habían sido condenados en julio de 2025. Tras haber ingresado a la casa de un comerciante de Metán, se llevaron una suma de dinero tanto en pesos argentinos como en moneda extranjera.

Por este motivo, la causa encuadró el hecho como robo agravado en poblado y en banda, previsto en el artículo 167, inciso 2, del Código Penal. Asimismo, el fiscal Gómez Amado destacó las tareas de la Brigada de Investigaciones N.º 3 de Metán, que permitieron identificar a los participantes y avanzar en el esclarecimiento del robo.

Durante la investigación, el personal policial analizó registros de cámaras de seguridad y tomó declaraciones a testigos. Esas medidas permitieron establecer la identidad de los presuntos responsables. Así, se descubrió que uno de los involucrados mantenía un vínculo de parentesco político con el damnificado.

A mediados de julio del año pasado, otros dos hombres fueron condenados por el robo a la vivienda de un comerciante de Metán. En esa oportunidad, las partes también alcanzaron un acuerdo particular para reparar el daño ocasionado.

De este modo, el juez Mario Dilascio impuso a Juan Pablo Lambertucci una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta. En tanto, Adrián Gustavo Albornoz recibió un año y seis meses de prisión condicional, con las mismas obligaciones.

En este sentido, Lambertucci fue condenado como autor de robo doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda, en concurso real con el delito de desobediencia judicial. Albornoz, por su parte, recibió una condena como partícipe secundario del mismo robo. Ambos acuerdos fueron alcanzados, debido a que el comerciante afectado aceptó la propuesta y fue representado por el fiscal Gómez Amado en el proceso.

Durante la audiencia, ambos acusados confesaron su intervención. En línea con esto, además de las penas y las reglas de conducta, las partes dejaron constancia de un acuerdo privado relacionado con la reparación del perjuicio sufrido por la víctima.

Una mujer quedó detenida por el robo millonario a un comerciante en Orán

Una mujer de 31 años fue imputada como coautora de un robo a mano armada en Orán, en el que una banda se llevó 15 millones de pesos, teléfonos celulares y otros objetos de valor de la vivienda de un comerciante.

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, le atribuyó el delito de robo doblemente agravado y solicitó su prisión preventiva. La acusada fue asistida por la defensa oficial y optó por no declarar durante la audiencia de imputación.

El hecho investigado ocurrió el 18 de julio en un domicilio particular de la ciudad. Según la información reunida en la causa, varios integrantes del grupo ingresaron al inmueble, redujeron a la víctima mediante amenazas y violencia física, y se apoderaron del dinero y de otros bienes.

La investigación se inició con la revisión de registros de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la casa afectada. Las imágenes, junto con los testimonios de personas que presenciaron parte de la secuencia, permitieron reconstruir los movimientos.

Incluso, se logró identificar el dominio del vehículo que habría sido utilizado para la fuga. El cruce de esa información con registros vehiculares y los aportes de vecinos y comerciantes de la zona permitió avanzar en la localización de la sospechosa.

Con los elementos reunidos, la fiscal Murúa pidió la orden de allanamiento y detención para el domicilio de la acusada. Durante el procedimiento, la Policía detuvo a la mujer y secuestró el rodado que estaría relacionado con el hecho, además de otros objetos de interés para la investigación.

La hipótesis de la Fiscalía apuntaría a que el robo fue cometido por una organización con planificación previa y tareas distribuidas entre sus integrantes. No obstante, la causa continuará con declaraciones testimoniales, peritajes sobre los elementos secuestrados y el análisis de comunicaciones que podrían establecer vínculos entre la detenida y otros posibles participantes. No se descartan nuevos allanamientos, detenciones ni imputaciones.

Un hombre y una agente de la Policía de Salta fueron imputados por estafa y extorsión vinculadas con la promesa de gestionar un traslado dentro de la fuerza. La denuncia fue presentada por una integrante de la institución que aseguró haber entregado dinero por un cambio de destino que nunca se concretó.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, les atribuyó a ambos la presunta coautoría de los delitos de estafa y extorsión. En el caso de la agente, la acusación incorpora además el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa se originó tras la denuncia de una mujer que presta servicios en la Subcomisaría San Jorge y buscaba ser trasladada al Departamento Bicipolicías. De acuerdo con su relato, una compañera le facilitó el número de una persona a la que identificó como “Sonia”, presentada como alguien con vínculos en la Dirección General de Recursos Humanos y capacidad para intervenir en el cambio de destino.

El contacto le habría pedido $700.000 para poner en marcha el supuesto trámite. La mujer transfirió $200.000 y luego $500.000 a una cuenta bancaria a nombre de uno de los imputados. Sin embargo, el cambio de destino nunca se produjo.

Ante la falta de resultados, la denunciante habría decidido desistir de la gestión. Según su relato, entonces le exigieron $250.000 para cancelarla. Como parte de ese nuevo reclamo, realizó dos transferencias de $100.000 cada una, por lo que abonó $200.000.

De acuerdo con la denuncia, las exigencias continuaron después de esos pagos. Le habrían advertido que la supuesta deuda aumentaría si no completaba el monto reclamado y, entre otros pedidos, le exigieron el equivalente al 35% de su sueldo, unos $350.000.

Para la Fiscalía, el dinero entregado por la promesa de un traslado sustenta la imputación por estafa. Los reclamos posteriores y las advertencias sobre el aumento de la supuesta deuda fundamentan la acusación por extorsión.

Al no concretarse el trámite, la denunciante hizo averiguaciones sobre el número desde el que se realizaban las gestiones. Esa información habría permitido relacionar la línea con la agente que le había facilitado el contacto. A partir de allí, la investigación avanzó sobre los intercambios de mensajes, los registros digitales, la documentación bancaria y los movimientos de las cuentas involucradas.

Para el Ministerio Público Fiscal, la agente habría empleado un número alternativo y una identidad ficticia para aparentar que poseía contactos en áreas administrativas de la institución capaces de conseguir traslados a cambio de dinero. Esa es una hipótesis de investigación que deberá ser contrastada durante el proceso judicial.

De acuerdo con los informes incorporados, la cuenta que recibió las transferencias de la denunciante pertenecía al otro acusado. Luego, esos fondos habrían sido derivados a una cuenta de la agente policial. Ese circuito financiero es uno de los elementos que, según la Fiscalía, conecta a los dos imputados con la maniobra denunciada.

En el marco de las medidas ordenadas por la Fiscalía de Rosario de Lerma, el 4 de septiembre se realizaron allanamientos en domicilios vinculados con ambos imputados. Los procedimientos fueron autorizados por el juez Antonio Germán Pastrana.

La información oficial indicó que las diligencias arrojaron resultados positivos para la pesquisa, aunque no detalló qué elementos fueron secuestrados ni si a partir de esos operativos surgieron nuevas medidas. La investigación continúa con el análisis de las comunicaciones, los dispositivos y los movimientos bancarios incorporados al expediente.

En una causa que ya acumulaba cinco denuncias por inversiones fallidas y vehículos comprometidos, la Justicia de Salta amplió la acusación contra el principal investigado por presuntas maniobras vinculadas a la compra y alquiler de autos. Con esta nueva atribución, el hombre quedó imputado por otro nuevo caso de fraude en concurso real y continuará detenido con prisión preventiva.

La audiencia en la que se formalizó la ampliación de la imputación contó con la intervención del auxiliar fiscal Pablo Nieva, en representación del Ministerio Público Fiscal. En esa instancia, además, el juez Antonio Pastrana rechazó el planteo de los denunciantes que buscaban recuperar vehículos vinculados con las operaciones investigadas, un punto que mantiene abierto el conflicto patrimonial en torno a los bienes bajo análisis.

El hombre ya estaba acusado por cinco maniobras, y con la ampliación, la situación procesal del sospechoso se agravó. El expediente se centra en operaciones presentadas como inversiones para adquirir vehículos que luego serían destinados al alquiler o a otras explotaciones comerciales. De acuerdo con la hipótesis fiscal, a los aportantes se les prometía una renta mensual en dólares y, más adelante, la devolución del capital invertido.

Permanece con prisión preventiva desde agosto, después de haber sido detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y trasladado posteriormente a la capital salteña. La pesquisa intenta determinar si detrás de ese esquema existió una estructura organizada para captar fondos y sostener pagos iniciales hasta que comenzaron los incumplimientos.

En la misma causa, otras dos personas fueron imputadas como partícipes necesarios de cinco hechos de estafa, mientras que cinco personas más quedaron acusadas de encubrimiento agravado por la presunta adquisición de 11 vehículos relacionados con las maniobras investigadas.

El inicio de la causa

La investigación comenzó tras la presentación de las primeras denuncias y desde ese momento quedó planteada la hipótesis de una posible estafa piramidal. Según los investigadores, los aportes de nuevos inversores habrían sido utilizados para sostener pagos iniciales a otros participantes.

En ese marco, la UDEC realizó seis allanamientos en la ciudad de Salta y secuestró 12 vehículos, documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés, mientras avanzaba también sobre el análisis de movimientos de los sospechosos entre Buenos Aires, Brasil, Chile y Portugal.

El esquema ofrecía, según los testimonios, pagos mensuales en moneda estadounidense y la posibilidad de recuperar el capital al final del acuerdo. Con el correr de los meses, sin embargo, varios inversores denunciaron que esos compromisos dejaron de cumplirse. Fue entonces cuando intentaron recuperar los vehículos o resguardar los activos asociados a las operaciones.

En ese momento, advirtieron que algunas unidades estaban prendadas o alcanzadas por contratos de leasing, lo que complicaba cualquier restitución y revelaba una situación patrimonial distinta a la que se les había presentado al momento de invertir.

Según la hipótesis del Ministerio Público, las operaciones investigadas se habrían canalizado a través de dos sociedades que actuaban bajo un mismo nombre comercial. La investigación intenta establecer qué rol cumplió cada firma, cómo se instrumentaban los contratos y de qué manera ingresaban los aportes de quienes aceptaban invertir en el negocio.

Durante la audiencia más reciente, uno de los puntos discutidos fue el destino de los vehículos vinculados con las operaciones bajo investigación. Los denunciantes solicitaron que esas unidades fueran restituidas, pero el juez Pastrana desestimó el planteo.

Por ahora, los vehículos seguirán alcanzados por las medidas dispuestas en la causa, mientras se define su situación jurídica y se profundiza el análisis sobre la titularidad, las garantías que pudieran pesar sobre ellos y su eventual vinculación con los hechos denunciados.

A siete meses de haberse notificado que Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, se había fugado de la Alcaidía General de la ciudad de Salta, el peligroso delincuente fue recapturado este martes por la tarde en las inmediaciones del dique Campo Alegre, en La Caldera.

Según informó el fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, Peloc estaba prófugo desde el 4 de abril. Además, se trata de uno de los presos de alto perfil, ya que había sido imputado como autor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por una tentativa de homicidio.

Desde abril, se había puesto en marcha una investigación minuciosa que incluyó análisis de las cámaras de seguridad, comunicaciones y otras medidas. Fue así que ese trabajo permitió identificar a personas del entorno del prófugo que habrían colaborado tanto en su fuga como en su permanencia en la clandestinidad.

De hecho, el fiscal Paz confirmó que, al momento de la detención, el acusado se encontraba junto a uno de sus hermanos. Luego de que se ordenara la detención e imputación de estas personas, indicaron que la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se realizará en los próximos días.

Por último, el investigador destacó la tarea de un equipo de investigadores encabezado por el comisario Mario Cortez y por personal del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI), dependiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, por hacer posible la detención.

Los detalles de la fuga y los delitos que le imputaron a Peloc

La fuga se produjo durante la madrugada del sábado 4 de abril, cuando Jonatan Jordan Peloc y Jorge Miguel Ángel Fernández, de 31 años, escaparon del pabellón A1 de la Alcaidía. Mientras que Fernández fue recapturado pocas horas después, Peloc continuó prófugo.

A raíz de esto, y ante el perfil de riesgo del evadido, las autoridades también dispusieron reforzar las medidas de protección para el fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, y para las víctimas vinculadas a la causa.

Según publicó El Tribuno, Peloc se encontraba detenido con prisión preventiva en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El expediente está vinculado a un violento hecho ocurrido en noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión, en la ciudad de Salta. El acusado ya había permanecido prófugo durante más de un año antes de ser capturado, circunstancia que profundizó la preocupación tras su nueva evasión.

En ese contexto, el operativo para localizarlo continuó con controles en puntos estratégicos, patrullajes, análisis de cámaras de seguridad y rastrillajes en distintas zonas. En paralelo, se abrió una investigación interna para determinar cómo fue posible la fuga desde un lugar de detención bajo custodia estatal.

Además, el fiscal Paz ordenó la intervención del área de Criminalística para recolectar pruebas y reconstruir la mecánica del escape. El Ministerio Público Fiscal reiteró, a su vez, el pedido de colaboración a la comunidad para aportar datos sobre el paradero del prófugo a través del 911 o en la dependencia policial más cercana.

La causa por la que Peloc estaba detenido se remonta al 15 de noviembre de 2024. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el episodio comenzó por la tarde durante una reunión familiar en la que había niños y un pelotero instalado en la vereda. En ese contexto, uno de los imputados arrojó piedras contra una mujer, lo que originó el reclamo de los familiares que participaban del encuentro.

Según la investigación, Peloc intervino entonces armado y lanzó amenazas antes de retirarse del lugar junto a otras personas. Más tarde, ya por la noche, regresó acompañado por los demás implicados, esta vez con armas de fuego y objetos contundentes.

De acuerdo con la pesquisa, el grupo efectuó disparos primero al aire y luego contra viviendas, personas presentes y transeúntes. El recorrido se inició en el domicilio de Peloc, alias “Camboya”, y se extendió hasta el pasaje Boedo, generando una grave situación de riesgo para vecinos, familias y menores de edad que se encontraban en la zona.

Como consecuencia del ataque, un joven de 24 años recibió un disparo en el tórax con compromiso de órganos vitales. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde murió pese a la atención médica.

Además, un hombre de 32 años sufrió una herida de arma de fuego en una pierna, con lesiones óseas y de partes blandas, mientras que otra víctima presentó un traumatismo encéfalo craneano, una herida cortante y pérdida de conocimiento. Durante el mismo hecho, también fue asesinado de un disparo un perro.

En la escena se secuestraron 18 vainas servidas, incorporadas luego a la causa como prueba. La investigación también incluyó declaraciones testimoniales, análisis de cámaras públicas y privadas, pericias balísticas, químicas, médicas y forenses, informes de criminalística, estudios de biología molecular e informática forense, además del análisis de registros del sistema 911.

Según los investigadores, esas tareas permitieron reconstruir la dinámica del ataque, determinar el grado de participación de cada imputado, identificar las armas utilizadas y localizar a Peloc, quien había permanecido prófugo hasta su detención del 3 de febrero.

Finalmente, el 6 de febrero, el fiscal penal 2 Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), logró imputar a Peloc por amenaza con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y actos de crueldad animal agravados, todo en concurso real.

Por la misma causa, también quedaron detenidos con prisión preventiva e imputados otros tres hombres, de 22, 19 y 25 años, acusados por los mismos delitos. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, Peloc era el único imputado de este expediente que permanecía evadido.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tomó la palabra este martes en el ciclo Democracia y Desarrollo —organizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)— para formular uno de los planteos que viene sosteniendo desde hace tiempo: que Argentina necesita reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica para generar la confianza que los inversores exigen. Lo dijo ante un auditorio de gobernadores, empresarios y funcionarios nacionales, en una jornada que reunió a referentes del ámbito político, institucional y del sector privado bajo la consigna “Infraestructura para el Desarrollo”.

El mandatario salteño lleva tiempo insistiendo con que uno de los principales obstáculos para atraer inversiones al país radica en la inestabilidad de las reglas de juego entre un gobierno y otro. En esa línea, su participación en el ciclo funcionó como una reafirmación pública de ese diagnóstico, con nombres y ejemplos concretos sobre la mesa.

“Argentina no genera confianza si cada gobierno que llega cambia las reglas de juego”, afirmó Sáenz durante su disertación, según recogió el mandatario en su cuenta de la red social X. Para el gobernador, esta dinámica tiene consecuencias directas sobre el flujo de capitales: las inversiones “llegan de a poco” precisamente porque la falta de seguridad jurídica opera como un freno sostenido en el tiempo.

Desde el MALBA, Sáenz fue más lejos y señaló con nombre propio uno de los factores que, según su visión, deteriora la imagen institucional del país frente al mundo. “No somos un país serio cuando tenemos dirigentes nacionales que dicen que si llegan al gobierno voltean el RIGI”, cuestionó, en alusión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

La afirmación fue acompañada de una pregunta retórica: “¿Cómo va a generar confianza si nosotros los gobernadores vemos que viene un gobierno, licita una obra y llega otro y dice que está mal y no se va a hacer?”.

Frente a ese cuadro, el gobernador salteño propuso una salida concreta: definir tres o cuatro políticas que queden “blindadas” para quienes quieran invertir, producir y generar trabajo en el país, y que ningún gobierno futuro pueda modificar. Los ejes que identificó fueron institucionalidad, confianza y seriedad. “En el ciclo Democracia y Desarrollo reafirmé algo que vengo sosteniendo hace tiempo, necesitamos políticas de Estado que trasciendan los gobiernos y den certezas a quienes quieren invertir, producir y generar trabajo en nuestro país”, escribió en X.

Más allá del diagnóstico sobre la institucionalidad, Sáenz articuló su postura con una lectura sobre el momento que atraviesa la Argentina en términos productivos y geopolíticos. Para el mandatario, la transformación de la matriz económica del país está poniendo en valor a las provincias de una manera que antes no ocurría. “La Nación se está dando cuenta que la salida es por el Norte”, sostuvo ante el auditorio del MALBA.

En ese marco, consideró que las provincias cuentan hoy con los recursos que el país necesita mostrar al mundo y que eso le da una nueva dimensión al debate sobre el federalismo.

“La relación de Nación y provincias es distinta ahora. El diálogo ahora es más justo, porque las provincias tienen más fuerza, tienen lo que Nación necesita mostrar al mundo”, planteó Sáenz. Al mismo tiempo, reclamó por el estado de las rutas y por la ley de Coparticipación, que —señaló— “no se cumple desde 1994”.

El caso de Salta, en particular, ocupó parte central de su intervención. “Salta tiene una ubicación privilegiada. Nosotros dejamos de ser una provincia con minerales críticos para convertirnos en una provincia minera”, precisó el gobernador, al tiempo que subrayó que esa posición estratégica —limítrofe con tres países y seis provincias, en el corazón del denominado Triángulo del Litio— le da a la jurisdicción un rol diferencial en la captación de inversiones externas. Desde esa perspectiva, el mandatario vinculó la discusión sobre federalismo real con la necesidad concreta de infraestructura, rutas y condiciones que permitan a las provincias ser competitivas.

“Hoy las provincias tenemos un rol protagónico. Contamos con los recursos que el mundo demanda, pero necesitamos un federalismo real, con infraestructura, rutas y condiciones que nos permitan ser competitivos. El futuro de la Argentina también se construye desde el Norte”, subrayó en su cuenta de X.

La jornada en el MALBA fue la tercera y última del ciclo organizado bajo el título general “Ampliando fronteras competitivas”. Sáenz disertó en el panel “Desafíos y oportunidades de las provincias” junto a los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Neuquén, Rolando Figueroa; y Mendoza, Alfredo Cornejo. El encuentro contó además con la apertura del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y con la participación de representantes del sector privado y organismos de financiamiento internacional.

El pasado 21 de junio, tres perros de caza acorralaron a un oso hormiguero gigante dentro de la Reserva Nacional Pizarro, en el departamento de Anta, Salta. Los animales pertenecían a un padre y su hijo que habían ingresado ilegalmente al área protegida. Lo que siguió fue un proceso penal que terminó en un acuerdo inédito: los imputados deberán costear la reposición de un tramo del alambrado de la reserva.

Fue durante un patrullaje de rutina cuando los guardaparques Abraham Rojas, Jairo Palma y Soledad Rojas escucharon ladridos provenientes del monte. Siguieron los rastros hasta advertir que los animales entraban y salían de la vegetación. Al acercarse, encontraron a tres perros de caza que habían acorralado a un ejemplar de la especie myrmecophaga tridactyla —conocida popularmente como oso hormiguero gigante o yurumí—, que presentaba heridas provocadas por mordeduras. Los agentes lograron poner a los canes a distancia y poner al animal protegido a resguardo. Poco después, localizaron a los propietarios de los perros en las inmediaciones. Una vez controlada la situación, el ejemplar se recuperó y se internó nuevamente en el monte.

A partir del hecho, la Unidad Fiscal Salta inició actuaciones por infracción a la Ley N°22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. La imputación se sustentó en el artículo 25 de esa norma, que establece una pena de dos meses a dos años de prisión e inhabilitación especial de hasta cinco años para quien “cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación”.

La auxiliar fiscal Carolina Jorge, del Área de Casos Sencillos de la mencionada unidad, explicó durante la audiencia que los implicados —padre e hijo— habían ingresado ilegalmente a la reserva con fines de caza, motivo por el cual se formalizó la imputación penal en su contra.

Sin embargo, las partes llegaron a una solución antes de que el caso avanzara hacia un juicio. El acuerdo de reparación, presentado por el fiscal general Carlos Martín Amad y por Jorge, fue homologado por el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, el viernes pasado. En el marco de ese convenio, los imputados se comprometieron a solventar la compra de los materiales necesarios para reponer un tramo del alambrado de la Reserva Nacional Pizarro, una necesidad que había sido informada por el intendente de la reserva, Néstor Walter Sucunza.

La fiscalía solicitó además que, al momento de homologar el acuerdo, el magistrado dejara constancia de que los fondos aportados serían destinados exclusivamente a la Reserva Nacional Pizarro. Anzorreguy consultó a los imputados sobre los términos del convenio; ambos manifestaron su conformidad, al igual que su defensa. En consecuencia, el magistrado homologó la reparación acordada y les advirtió sobre las consecuencias de reincidir en una conducta ilícita.

La Reserva Nacional Pizarro está ubicada en el departamento de Anta, en la provincia de Salta, y constituye un área protegida en la que se encuentra vedada la caza y la depredación de fauna.

El yurumí —el ejemplar afectado en este caso— es una especie de especial importancia para la conservación de la biodiversidad. El hecho ocurrió entre los lotes 3 y 7 de la reserva, zona en la que los guardaparques desarrollaban su recorrida habitual cuando detectaron la situación.

La Justicia de Salta declaró culpable a un ex concejal por el robo de un vehículo y la falsificación de documentos públicos. Además, también encontraron resposanbles de delitos similares a sus dos cómplices.

La resolución fue dictada en un debate en el que la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal.

La decisión del magistrado Guillermo Pereyra abarcó hechos vinculados con la salida irregular de una camioneta retenida, la presentación de documentación falsa, un episodio de resistencia a la autoridad, daños en una dependencia y, además, una causa separada por incumplimiento de asistencia familiar y desobediencia judicial.

El caso avanzará ahora hacia una nueva instancia procesal. La audiencia de cesura fue fijada para hoy martes 8 a las 10:15, momento en el que se definirán las penas para los imputados que resultaron condenados. Hasta esa etapa, lo resuelto por el juez delimita qué conductas consideró acreditadas y cuáles no alcanzaron el grado de prueba necesario para una condena.

En su decisión y según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, el juez declaró a Julio Conte penalmente responsable como autor del delito de peculado. También consideró a César Eduardo Acosta coautor del delito de resistencia a la autoridad. En el caso del ex concejal Martín Miguel Poma Ovejero, el pronunciamiento fue más extenso: quedó señalado como partícipe necesario del delito de peculado, autor de dos hechos de falsificación de instrumento público, autor de daño doblemente agravado, coautor de resistencia a la autoridad, autor de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y de un hecho de desobediencia judicial, todo ello en concurso real.

La misma sentencia incluyó absoluciones parciales. Poma Ovejero fue absuelto por un hecho de desobediencia judicial y también por los delitos de estafa y falsificación de documento privado en concurso ideal. A su vez, Ramiro Mauricio Maldonado Blanque fue absuelto de todos los cargos por los que había sido llevado a juicio.

Todas las causas

El origen de la primera causa se remonta al 5 de enero de 2024, cuando Maldonado Blanque conducía una Volkswagen Amarok que, según la acusación ventilada en el juicio, había sido dejada por su propietario en un taller mecánico para reparaciones y luego prestada por el dueño del establecimiento. Acosta viajaba en ese vehículo al momento cuando chocó.

Después del siniestro vial, personal de Tránsito dispuso la retención de la camioneta por falta de documentación. Fue en ese procedimiento donde intervino Poma Ovejero y se produjo un altercado con los inspectores. De acuerdo con la reconstrucción incorporada al debate, Acosta agredió a uno de los agentes y, en ese contexto, Poma Ovejero se retiró con la camioneta.

Más tarde, el rodado fue trasladado primero a una dependencia policial y luego al Canchón Municipal, donde quedó bajo custodia. Ese movimiento del vehículo resultó central en la causa, porque el expediente posterior analizó no solo la situación administrativa de la camioneta sino también las maniobras que se realizaron para intentar recuperarla.

Al día siguiente del ingreso del vehículo, Poma Ovejero se presentó en la dependencia policial para entregar la llave de la Amarok. Durante esa intervención, según la resolución judicial, dañó el Libro de Guardia, una conducta por la que luego fue declarado responsable como autor de daño doblemente agravado.

La pesquisa también sumó un segundo tramo. Días después, Poma Ovejero remitió documentación al Tribunal de Faltas con el objetivo de obtener la restitución del vehículo. Entre esos papeles, el organismo detectó un poder general para juicios adulterado y documentación identificatoria falsa de la camioneta, por lo que no autorizó la entrega.

Ese episodio derivó en la atribución de dos hechos de falsificación de instrumento público, uno de los núcleos penales que el juez tuvo por acreditados. La maniobra no prosperó administrativamente, pero quedó incorporada a la acusación como parte de una secuencia orientada a recuperar el rodado por vías no autorizadas.

0tro de los puntos centrales del debate fue lo ocurrido el 18 de enero, cuando Poma Ovejero obtuvo permiso para ingresar al Canchón Municipal con el único fin de observar la camioneta. En ese momento, Conte cumplía funciones de retén y tenía a su cargo la custodia de los vehículos retenidos en el predio.

Según dio por probado el juez, el ex concejal obtuvo la llave y retiró la Amarok sin autorización, pese a que el acceso concedido no habilitaba esa acción. A partir de ese hecho, Conte fue declarado responsable como autor de peculado, mientras que Poma Ovejero fue considerado partícipe necesario de ese mismo delito.

Además de los hechos vinculados con la camioneta, la sentencia abordó una segunda causa seguida únicamente contra quien se desempeñó como funcionario legislativo. Ese expediente estaba relacionado con incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y con dos hechos de desobediencia judicial.

La tercera causa se originó en una operación de compraventa de un terreno en General Güemes. Según se expuso durante el proceso, el comprador entregó $170.000 por el lote y una suma adicional por gastos, en una gestión en la que intervino Poma Ovejero.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle Juan Carlos Dávalos, en el barrio El Portal, durante el horario de salida escolar. La denuncia fue presentada por las familias de los jóvenes, quienes indicaron que también se habrían producido insultos y expresiones intimidatorias en contra de los estudiantes.

Mientras que la identidad y la edad del adolescente acusado permanecen bajo resguardo judicial, en redes sociales se difundieron varios videos captados por las cámaras de seguridad de la zona. En ellos, se observa cómo un adolescente, con un objeto similar a un arma de fuego, se acercaba al grupo de alumnos.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia del barrio fueron requeridas por la Policía e incorporadas a las actuaciones abiertas a partir de la denuncia formal. Aparentemente, el elemento que aparece en el registro habría sido una réplica de arma de fuego.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre eventuales medidas a adoptar, mientras la investigación sigue en curso para determinar cómo ocurrió el episodio y qué responsabilidades podrían surgir del caso.

La causa quedó encuadrada de manera preliminar como “amenazas”, una calificación provisoria que deberá ajustarse a medida que avance la recolección de pruebas y se establezcan las circunstancias del hecho.

Cabe destacar que el caso sumó atención pública además por el contexto normativo, debido a que este 5 de septiembre comenzó a regir la Ley Nacional 27.801, que fija un nuevo marco para el proceso penal juvenil y regula la intervención estatal ante hechos cometidos por adolescentes.

De esta manera, la normativa establece que las personas menores de 18 años pueden quedar alcanzadas por sanciones penales a partir de los 14 años, aunque también prevé medidas socioeducativas y mecanismos orientados a la reinserción.

Entre los cambios principales, la ley prohíbe imponer penas de prisión perpetua o reclusión perpetua. Además, establece que las condenas privativas de la libertad no podrán superar los 15 años y habilita la posibilidad de acceder a la libertad condicional, siempre que se cumplan dos tercios de la pena y el resto de los requisitos previstos para ese beneficio.

La entrada en vigencia del nuevo régimen no implica que todo delito cometido por una persona menor de 18 años derive de manera automática en una medida de encierro. En este sentido, se incorporan alternativas para determinados casos, en especial cuando la escala penal prevista supera los tres años y no excede los diez.

Además, entre las herramientas previstas aparecen las restricciones de acercamiento, la reparación del daño a la víctima, reglas de conducta y la obligación de participar en actividades educativas o comunitarias.

También se suma la amonestación, concebida como un llamado de atención formal que puede aplicarse junto con otras medidas previstas en la ley. Otra novedad es el monitoreo electrónico para adolescentes, destinado a controlar el cumplimiento de ciertas sanciones o a funcionar como medida dentro del régimen penal juvenil.

En materia de alojamiento, los menores privados de libertad deberán permanecer en establecimientos acondicionados para ese fin y atendidos por personal especializado. A la vez, mantiene la prohibición de que compartan encierro con personas mayores de edad.

El régimen prevé que el alojamiento pueda cumplirse en institutos abiertos, institutos especializados de detención o, en algunos supuestos, bajo arresto domiciliario. También conserva la prohibición de difundir nombres, apodos, datos filiatorios, parentesco, domicilio o imágenes que permitan identificar al adolescente imputado.

Así, la nueva normativa también amplía la intervención de las víctimas dentro del proceso, ya que podrán participar del trámite judicial y recibir información sobre el avance del expediente. Y, por último, establece la responsabilidad civil de los padres de los menores sometidos a proceso penal por los daños derivados de los hechos ilícitos que se atribuyan a sus hijos.

No obstante, su aplicación dependerá de cada expediente y de las decisiones de los organismos judiciales competentes, con evaluación de la edad del adolescente involucrado, la gravedad del hecho investigado y las condiciones particulares del caso.

Un temblor se sintió este sábado por la mañana en el noroeste argentino, donde un sismo de magnitud 4,7 tuvo epicentro en la provincia de Salta y alcanzó distintos niveles de percepción en localidades de esa provincia, además de la capital tucumana y la ciudad de San Salvador de Jujuy, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo oficial, el movimiento ocurrió a las 08:37:13 hora local de este 5 de septiembre de 2026. El registro también consignó la hora GMT, fijada en 11:37:13, y ubicó el foco en las coordenadas -25.974 y -66.703, con una profundidad de 6 kilómetros.

La referencia geográfica publicada por el INPRES señaló que el epicentro se localizó a 71 kilómetros al este de Antofagasta, a 71 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra y a 74 kilómetros al oeste de Cafayate. En el informe difundido por el instituto, el área marcada se situó dentro del territorio salteño, en una zona próxima al límite con Catamarca y relativamente cerca del sector de los Valles Calchaquíes.

La cifra principal del informe fue la magnitud 4,7, mientras que el apartado sobre profundidad indicó 6 km. En la misma ficha, el instituto presentó además una tabla de intensidad Mercalli modificada, con el detalle de los lugares donde el fenómeno se percibió y los efectos asociados a cada nivel.

En esa tabla, Molinos, en la provincia de Salta, apareció con intensidad IV. El organismo describió ese nivel con la frase “Objetos colgantes oscilan”, una de las referencias incluidas para clasificar cómo se percibió el movimiento en superficie.

Para Cafayate, también en Salta, el parte asignó una intensidad de III a IV. En ese tramo de la escala, el cuadro oficial indicó: “Entre lo perciben algunas personas en reposo, y objetos colgantes oscilan”. La mención ubicó a esa ciudad entre los puntos donde el sismo tuvo una percepción intermedia dentro del listado difundido.

La tabla publicada por el instituto sumó otros centros urbanos. La ciudad de Salta y la ciudad de San Miguel de Tucumán quedaron encuadradas en intensidad III. Para ese nivel, el detalle del organismo señaló: “Lo perciben algunas personas en reposo”.

El parte oficial agregó a la ciudad de San Salvador de Jujuy dentro del rango II a III. En esa categoría, el texto del cuadro indicó que el fenómeno fue “sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios”.

La distribución de intensidades mostró que la percepción del movimiento alcanzó al menos cuatro áreas urbanas o localidades mencionadas expresamente por el organismo nacional. El listado abarcó puntos de Salta, Tucumán y Jujuy, con diferentes efectos reportados según la escala Mercalli modificada.

Un empresario gastronómico de Salta fue imputado formalmente por trata de personas con fines de explotación laboral luego de que una inspección en su finca revelara que siete trabajadores vivían con piso de tierra, camas hechas con palets y baños de letrinas.

La Unidad Fiscal Salta, representada por el fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal subrogante Paula Gallo, formalizó la investigación penal ante el juez federal de Garantías N°2 de la provincia, Diego Anzorreguy, quien aceptó este miércoles la imputación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada. La agravante responde al número de afectados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la consumación del hecho. Junto a Villalba y Gallo, el equipo del Ministerio Público Fiscal (MPF) incluyó a la auxiliar fiscal Vanina Pedrano y al abogado José Manuel Lavilla.

El caso tiene su punto de partida en una denuncia anónima recibida a través del servicio telefónico gratuito 145, la línea habilitada por el Ministerio Nacional de Seguridad para alertar sobre situaciones de trata de personas. La llamada apuntó a una posible situación de precariedad laboral en una finca ubicada en Cerrillos, dedicada a la producción porcina y también al cultivo y cosecha de tabaco y aceitunas.

Con la intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX), personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concretó una inspección al establecimiento, donde se detectaron condiciones insalubres e irregularidades graves en la percepción de ingresos por parte de los empleados. A partir de esos hallazgos, la Unidad Fiscal Salta avanzó con las actuaciones preliminares que había iniciado en marzo de este año, lo que permitió acumular mayores pruebas de la presunta actividad ilegal. En paralelo, se notificó al imputado sobre las tareas que llevaba adelante el MPF.

Durante la audiencia de formalización, los fiscales exhibieron fotografías de la finca y detallaron la situación de los 20 trabajadores que se encontraban en el lugar, aunque la imputación recae específicamente sobre siete de ellos. Las imágenes mostraron habitaciones con piso de tierra, camas armadas con palets y baños de letrinas. Para asearse, los trabajadores debían calentar agua en tachos.

En materia salarial, Pedrano señaló que las remuneraciones no superaban, en general, los 500.000 pesos, con una carga horaria que calificó como excesiva y sin que se abonaran horas extras, feriados ni domingos. Tampoco se cubría a los empleados cuando se enfermaban o sufrían un accidente. Uno de los trabajadores padeció una lesión en una pierna durante su jornada, no fue asistido por el empresario y tuvo que ser trasladado por un familiar. No recibió compensación alguna ni se le pagaron los días que no pudo trabajar.

La fiscalía también describió otra maniobra habitual e ilegal: el empresario registraba a sus empleados como personal para la cosecha de tabaco —lo que implica una carga salarial menor— para luego derivarlos a otras actividades, en particular a la cría de cerdos negros, especialidad de un local gastronómico de su propiedad, y a la cosecha de aceitunas. Según explicaron los representantes del MPF, esta práctica permite a los empleadores reducir el costo laboral de manera fraudulenta.

Entre los afectados había adultos mayores a quienes se les asignaban tareas excesivas con pagos exiguos. Uno de ellos debía concurrir al comedor de Cáritas porque sus ingresos no le alcanzaban para alimentarse. Como contrapunto, los fiscales pusieron sobre la mesa la situación financiera del imputado: según los datos aportados por ARCA, el empresario registró ingresos que superaron los 600 millones de pesos en 2025 y una cifra similar en lo que va de 2026. Con esos números, el MPF argumentó que el acusado contaba con la solvencia para garantizar condiciones de vivienda dignas y para cumplir con el pago salarial previsto por la ley.

Tras la exposición de la fiscalía, el defensor público de víctimas, Nicolás Escandar, quien representa a tres de los afectados, adhirió a la posición del MPF y solicitó la formalización de la imputación. El juez Anzorreguy fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación e impuso al empresario medidas coercitivas que incluyen la prohibición de salida del país y el impedimento de tomar contacto con determinados empleados.

Al prestar declaración, el imputado rechazó los cargos. “Creo que no he cometido ningún delito, esto me pasa por ayudar a la gente”, sostuvo. Sobre las condiciones en que vivían sus trabajadores, argumentó que los baños con letrina no estaban habilitados pero que los empleados los utilizaban de todas formas. Respecto de las habitaciones de adobe, admitió que su error fue “no haber derribado esas piezas” e indicó que dispone de viviendas con aire acondicionado y televisión satelital, aunque sostuvo que durante la inspección no se tomaron fotografías de esos espacios.

La minería argentina atraviesa una etapa de crecimiento que plantea nuevos desafíos para las empresas vinculadas con la actividad. La expansión de proyectos en zonas de alta montaña exige soluciones capaces de garantizar eficiencia, disponibilidad energética y continuidad operativa.

Las operaciones ubicadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar requieren una planificación específica. Las bajas temperaturas, las grandes distancias y las condiciones permanentes de trabajo convierten al abastecimiento energético en un factor clave para la productividad.

En ese escenario, contar con combustibles formulados para ambientes extremos adquiere un papel central. Durante Argentina Mining Salta 2026, YPF presentó su propuesta para la industria y destacó Diesel 10 Minero, un producto que ya está disponible en el mercado nacional.

El nuevo combustible fue desarrollado especialmente para las necesidades de las operaciones mineras. Cuenta con ultra bajo contenido de azufre y no posee biocomponentes, características pensadas para ofrecer desempeño y confiabilidad en territorios de alta montaña y con temperaturas reducidas.

Una solución para la alta montaña

Diesel 10 Minero responde a una demanda concreta del sector: disponer de productos formulados para escenarios donde una interrupción puede afectar el ritmo de producción. Su desarrollo contempla las nuevas exigencias tecnológicas y ambientales de una industria con proyectos de mayor escala.

Por otra parte, el producto forma parte de una estrategia más amplia de YPF para el segmento minero. La compañía posee una participación superior al 90% en el mercado de abastecimiento de combustibles para minería, junto con una oferta que suma logística especializada, soluciones energéticas y asistencia técnica.

La infraestructura representa otro de los pilares de esta propuesta. En San Antonio de los Cobres, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, funciona una nueva base logística integral destinada a fortalecer el abastecimiento de los proyectos ubicados en la Puna salteña.

Infraestructura para una industria en expansión

El complejo cuenta con una estación de servicio modular, una planta de suministro de combustible orientada a las operaciones mineras y un patio logístico para la carga, descarga y movimiento de equipos e insumos. Su ubicación permite sumar cercanía y capacidad operativa en una zona estratégica para la actividad.

A su vez, YPF Luz aporta alternativas para las distintas etapas de los proyectos mediante contratos de abastecimiento eléctrico, energía renovable, generación on-site y desarrollo de líneas de alta tensión. La compañía posee una capacidad instalada de 3,8 GW y presencia en ocho provincias.

En paralelo, YPF Gas ofrece soluciones para operaciones ubicadas en zonas remotas mediante suministro de GLP, infraestructura, logística, telemedición y soporte técnico especializado. Su presencia en General Güemes permite atender requerimientos asociados a proyectos de gran escala y escenarios logísticos complejos.

La propuesta también incluye el trabajo de Servicio Técnico YPF, con una oferta que contempla lubricantes, refrigerantes, urea automotriz y herramientas de mantenimiento predictivo. A través de servicios como AUCTOR, la compañía busca anticipar fallas, optimizar intervalos de mantenimiento y extender la vida útil de activos críticos.

Una propuesta integral para la minería

De esta manera, la estrategia apunta a cubrir distintas necesidades de los emprendimientos mineros. Combustibles, electricidad, gas, infraestructura y asistencia técnica quedan articulados dentro de una misma propuesta destinada a mejorar la eficiencia y la confiabilidad.

Asimismo, Diesel 10 Minero representa una respuesta específica ante las condiciones de la minería de alta montaña. Su formulación busca aportar una alternativa confiable para equipos que deben funcionar en territorios exigentes, con bajas temperaturas y grandes desafíos logísticos.

De esta forma, YPF plantea una mirada integral sobre el crecimiento de la minería argentina. Esta propuesta se suma a un conjunto de soluciones que buscan acompañar las demandas energéticas de una industria estratégica para el desarrollo y las exportaciones del país.

El nuevo combustible permite ampliar la oferta de la compañía para un sector que requiere productos especializados, abastecimiento seguro y respaldo técnico. La apuesta combina una formulación adaptada a condiciones extremas con infraestructura y servicios destinados a sostener la continuidad de las operaciones mineras.

Una mujer fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la ciudad de Salta, después de que un acuerdo entre las partes fuera homologado en una audiencia de revisión de prisión preventiva. La acusada, Daniela Alejandra Aguilera, admitió su responsabilidad penal en una causa impulsada por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR).

La resolución fue dictada por el juez José Luis Riera, mientras que la representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo del fiscal penal Gustavo Torres Rubelt. El caso tuvo origen en una denuncia anónima presentada a través del sitio web, a partir de la cual se inició una investigación sobre presuntas maniobras de venta de droga en una vivienda de barrio Solidaridad, en la capital salteña.

El expediente avanzó con tareas de vigilancia y recolección de pruebas que, según la información proporcionada, permitieron documentar una modalidad de comercialización directa desde el inmueble. La pesquisa concluyó con un allanamiento realizado el 17 de julio, el secuestro de droga fraccionada y otros elementos vinculados al narcomenudeo, y una condena que dejó firme la responsabilidad de la imputada.

De acuerdo con los datos del caso, se realizaron entrevistas, vigilancia y registros fotográficos y fílmicos. Ese conjunto de medidas permitió reconstruir movimientos reiterados en torno a la vivienda y aportar pruebas sobre intercambios compatibles con operaciones de venta al menudeo.

La secuencia observada por los investigadores mostraba a personas que se acercaban hasta una ventana de la casa. Allí, siempre según la acusación sostenida en el expediente, se concretaban intercambios de dinero por envoltorios con droga, una modalidad que luego fue incorporada como uno de los ejes probatorios de la causa.

Uno de los elementos que fortaleció la investigación fue la intervención sobre algunos compradores después de que se retiraran del inmueble. En esos procedimientos, se constató que varias de esas personas llevaban consigo pasta base de cocaína, un dato que reforzó la hipótesis de comercialización sostenida por la fiscalía.

La información reunida en esa etapa sirvió para que la UFINAR solicitara una orden judicial de allanamiento sobre la vivienda investigada. El pedido se apoyó en el seguimiento previo, en los registros obtenidos por los agentes y en la identificación de maniobras repetidas en el domicilio señalado en la denuncia.

Durante el procedimiento en la vivienda, los agentes encontraron envoltorios con cocaína, algunos de ellos escondidos dentro de un mate. También se halló cocaína granulada sobre dos platos, además de otros indicios asociados a una actividad de preparación y venta de droga.

Entre los objetos secuestrados figuraban cuchillos y un colador con restos de sustancia, una balanza, una tijera, bolsas y recortes de plástico. De acuerdo con la información judicial difundida, esos elementos eran compatibles con tareas de fraccionamiento para la distribución de dosis.

El operativo también derivó en el secuestro de marihuana, dinero en efectivo y ocho teléfonos celulares, todos incorporados a la causa como parte del material recogido en el inmueble. La diversidad de elementos encontrados fue valorada dentro del expediente como sustento adicional de la acusación por tenencia con fines de comercialización. Según el resultado informado en la causa, el total equivalía a más de 400 dosis de cocaína y marihuana, una cantidad incorporada como dato central en la acusación.

La acusada permanecía detenida en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta mientras avanzaba el proceso. En ese contexto se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva, una instancia en la que las partes alcanzaron un acuerdo en torno al delito atribuido.

En la audiencia, el fiscal penal Gustavo Torres Rubelt representó al Ministerio Público Fiscal en el marco de la actuación de la UFINAR. Allí, las partes arribaron a un acuerdo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, figura por la que finalmente recayó la condena.

El juez José Luis Riera homologó ese acuerdo y condenó a Daniela Alejandra Aguilera a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. La decisión cerró el proceso judicial sobre la base de la admisión de responsabilidad realizada por la acusada.

Rafael Resnick Brenner, exdirector de la Regional Salta de la AFIP y señalado como mano derecha de Ricardo Echegaray durante su gestión al frente del organismo recaudador, se entregó ante la Justicia en Campana y quedó detenido luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme una condena a cuatro años de prisión por delitos de corrupción.

La presentación se concretó ante el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Luego, la Justicia dispuso su alojamiento en la División Unidad Operativa Federal de Campana, donde quedó a disposición del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, que había ordenado su detención.

La situación procesal de Resnick Brenner quedó definida la semana pasada, cuando el Máximo Tribunal rechazó los recursos de queja presentados por su defensa y por la de Nicolás Antonio Fili, quien se desempeñaba como jefe del Área Jurídica de la delegación salteña de la AFIP -actual ARCA-. Con esa decisión quedaron firmes las condenas dictadas contra ambos por el delito de concusión.

La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los jueces declararon inadmisibles los planteos contra las respectivas condenas mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Resnick Brenner recibió una pena de cuatro años de prisión como autor de concusión, mientras que Fili fue condenado a tres años como partícipe necesario. La figura penal sanciona al funcionario público que, aprovechándose de su cargo, exige o percibe indebidamente dinero o contribuciones.

La causa se originó en una investigación sobre pedidos de dinero a contribuyentes a cambio de beneficios frente a controles tributarios. Durante el juicio oral declaró el empresario salteño Freddy Rosario Tejerina, quien reconoció haber entregado en agosto de 2015 dos pagos de $500.000 a Resnick Brenner y Fili para que dejaran de realizar controles sobre una de sus empresas.

Según se reconstruyó durante el proceso, Resnick Brenner le había pedido al empresario que cubriera determinados “honorarios” para resolver los problemas tributarios de la firma Wicap S.A., que tenía bloqueado su CUIT. El acuerdo contemplaba tres cuotas de $500.000, aunque una de ellas no llegó a abonarse. Fili fue presentado ante el empresario como una persona de confianza de Resnick Brenner y recibió uno de los pagos.

También declaró Guillermo Oro, quien sucedió a Resnick Brenner al frente de la Regional Salta de la AFIP. Durante el debate ratificó el relato de Tejerina y explicó cómo detectó el pago efectuado a los exfuncionarios. Su testimonio también hizo referencia a otras denuncias por presuntas maniobras irregulares atribuidas al entonces responsable regional.

Resnick Brenner ya contaba con una condena previa de tres años de prisión en suspenso por el caso Ciccone. Durante aquel proceso había declarado contra Echegaray, pese a haber sido uno de sus funcionarios de mayor confianza dentro de la AFIP.

El expediente de Salta todavía mantiene otro capítulo pendiente. En el mismo juicio, el tribunal absolvió a Resnick Brenner, Fili y a los empresarios Pablo Daniel Haddad y Federico Guijarro Jiménez, vinculados a la minera Santa Rita, de una acusación por coimas.

La fiscalía apeló esas absoluciones y la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal las anuló, con lo cual quedó habilitada la posibilidad de un nuevo juicio por esos hechos. La Corte rechazó los planteos contra esa decisión al considerar que no estaban dirigidos contra una sentencia definitiva.

Con su presentación en Campana, Resnick Brenner quedó a disposición del tribunal salteño para avanzar con la ejecución de la pena que quedó firme.

La fiebre chikungunya concentró el principal brote de arbovirosis de la temporada 2025-2026 en Argentina, en un escenario sanitario que mostró al mismo tiempo una circulación de dengue muy por debajo de los años previos, vigilancia sostenida sobre otros cuadros febriles y una temporada respiratoria con predominio de virus sincicial respiratorio (VSR) entre los pacientes internados. El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), correspondiente a la semana epidemiológica 33, ubicó al brote con eje en el noroeste del país y lo distinguió como el evento más relevante entre las enfermedades transmitidas por mosquitos durante el último ciclo.

Según el cierre de temporada incluido en el BEN, se notificaron 3.730 casos confirmados o probables de chikungunya sobre un total de 13.308 sospechosos. La curva alcanzó su máximo en la semana epidemiológica 16 de 2026, con 614 casos notificados, y luego mostró una caída progresiva hasta el final del período analizado.

La concentración territorial fue marcada. El 97% de los casos se localizó en la región NOA, sobre todo en Salta, Tucumán y Jujuy. El informe indicó además que el 83% de los afectados no tenía antecedente de viaje, un dato que apuntó a un predominio de la transmisión local. También se registraron brotes o casos en Catamarca, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

El evento tuvo su origen en la detección de casos importados desde Bolivia, con posterior expansión local. La vigilancia genómica identificó en las muestras estudiadas el genotipo ECSA, vinculado con virus circulantes en Brasil y Bolivia. El BEN precisó, además, que no se detectó la mutación E1-A226V, asociada con una mayor adaptación del virus al mosquito Aedes albopictus.

La caracterización clínica del brote agregó una dimensión de gravedad. La mediana de edad de los casos fue de 31 años y el mayor número se concentró en el grupo de 10 a 19 años. Del total, 239 pacientes requirieron hospitalización, se notificaron 9 casos graves y se confirmaron 2 fallecimientos, ambos en la provincia de Salta. Entre los cuadros graves se incluyeron neonatos en cuidados intensivos, una mujer de 33 años con encefalitis, una lactante de cuatro meses con asistencia respiratoria mecánica y un hombre de 81 años con compromiso sistémico, según el BEN.

El dengue cerró una temporada de circulación baja, sin casos graves y con 71 confirmados

En contraste con la magnitud del brote de chikungunya, la temporada de dengue 2025-2026 mostró una circulación baja y sin transmisión sostenida. El informe oficial consignó 71 casos confirmados de un total de 28.028 sospechosos y 189 probables. Entre los confirmados, 39 fueron autóctonos y 32 importados, con antecedentes de viaje a países de América Latina y el Caribe, África y Asia.

El BEN remarcó que no se registraron casos graves y que la mayor parte de los confirmados se concentró en la primera parte del año. El 79% de los casos confirmados se notificó entre las semanas 1 y 22 de 2026, mientras que el mayor número semanal fue de 8 casos en la semana 10.

La región Centro concentró el 83% de los casos, en especial en CABA y la provincia de Buenos Aires, un dato que consolidó el desplazamiento del principal escenario de circulación hacia esa zona del país. Entre las semanas 9 y 17 se detectó un pequeño conglomerado en Villa Real, en la ciudad de Buenos Aires, que luego fue controlado. En las regiones Sur y Cuyo no se registraron casos autóctonos, mientras que en Jujuy se detectó el primer y único caso de DENV-3 sin antecedente de viaje de toda la temporada.

La aparición de DENV-3 quedó bajo seguimiento en un contexto de positividad de 0,25%

Entre las 34 muestras en las que fue posible identificar el serotipo, predominó DENV-2, con 61,8%, seguido por DENV-3, con 26,5%, y DENV-1, con 11,8%. En las muestras de DENV-3, la vigilancia genómica detectó el genotipo III, linaje B3, relacionado con virus circulantes en Brasil y el Caribe.

Ese hallazgo quedó bajo seguimiento por la expansión regional de ese serotipo. Durante la temporada, además, 29 casos presentaron antecedente de vacunación contra el dengue dentro de los 30 días previos al inicio de síntomas, un dato incorporado en el análisis epidemiológico de la vigilancia.

La magnitud de la circulación viral fue baja en términos nacionales. La positividad se ubicó en 0,25% y la incidencia acumulada en 0,15 casos cada 100.000 habitantes, muy por debajo de los 1.239 casos cada 100.000 registrados durante la epidemia de 2023-2024.

En paralelo, el informe incorporó el balance de la vacunación contra el dengue. Entre la semana 31 de 2025 y la semana 30 de 2026 se aplicaron 428.607 dosis en todo el país, de las cuales 274.092 correspondieron a primeras dosis y 154.515 a segundas. La mayor cantidad de aplicaciones se concentró en la región Centro, en especial en la provincia de Buenos Aires, seguida por Córdoba y CABA, mientras que fuera de esa región se destacó Tucumán.

El sistema de vigilancia sostuvo la notificación y permitió confirmar otros diagnósticos

El BEN vinculó ese cuadro con la escasa circulación del virus, aunque también destacó la capacidad del sistema de salud para mantener la sospecha clínica, la notificación y el estudio de personas con síndrome febril. El 91% de los casos notificados tuvo estudios de laboratorio y el 70% fue analizado mediante métodos directos. La mediana entre la consulta y la notificación fue de dos días, mientras que el tiempo promedio entre el inicio de síntomas y la consulta fue de un día.

Esa vigilancia permitió identificar diagnósticos alternativos entre personas inicialmente estudiadas por dengue. En 940 pacientes con dengue descartado se confirmaron otros eventos de notificación obligatoria. Los más frecuentes fueron fiebre chikungunya, con 327 casos, e infecciones respiratorias, con 259.

En ese mismo grupo también se confirmaron leptospirosis, fiebre hemorrágica argentina, hantavirosis, rickettsiosis, psitacosis, meningoencefalitis, paludismo e infecciones bacterianas invasivas, entre otras enfermedades sometidas a vigilancia nacional.

Para la temporada 2026-2027, el BEN informó que se mantienen 2 casos confirmados de dengue detectados en la semana 32, ambos con antecedente de viaje a Brasil. Los casos correspondieron a la provincia de Buenos Aires y presentaron serotipo DENV-3.

El boletín detalló que en la semana 33 se habían notificado 243 casos sospechosos de dengue, con 134 descartados, 102 en estudio y 5 probables. En el caso de chikungunya, todavía no se confirmaron casos en la nueva temporada, pero sí se notificaron 55 sospechosos y 5 probables en Salta, localizados en los departamentos de Orán, General José de San Martín y Anta.

Frente a ese cuadro, el Ministerio de Salud mantuvo la recomendación de sostener una vigilancia intensificada por la posibilidad de circulación en áreas con condiciones ambientales, sociales y epidemiológicas favorables para la transmisión, además del ingreso de serotipos a través de casos importados. En el caso de chikungunya, el seguimiento continúa orientado a la búsqueda activa entre los cuadros de síndrome febril agudo inespecífico.

Otras alertas sanitarias

El peso que tuvo la chikungunya en la temporada 2025-2026 no fue la única señal que dejó el Boletín Epidemiológico Nacional. Junto con el brote concentrado en el NOA y el retroceso del dengue, el informe mostró que la vigilancia epidemiológica sigue captando otros eventos con comportamiento por encima de los valores históricos. En esa lista aparecen la coqueluche, que acumuló 362 casos frente a una mediana histórica de 176 y quedó en aumento en las últimas cuatro semanas; la triquinosis, con 460 casos contra una mediana de 274; la hantavirosis, con 56 frente a 39; la leptospirosis, con 190 contra 106; y la hepatitis A, con 62 frente a 39.

Ese mapa también incluyó eventos de transmisión sexual y salud mental. La sífilis en población general llegó a 2.377 casos acumulados, por encima de la mediana histórica de 1.810, mientras que la sífilis en embarazadas sumó 2.296 casos frente a 1.779, con una clasificación de aumento en el acumulado anual. En paralelo, el BEN ubicó por encima de lo esperado los intentos de suicidio, con 8.096 episodios sin resultado mortal y 362 con resultado mortal, este último además con un comportamiento por encima de lo esperado en las últimas cuatro semanas. Así, el cierre de la temporada no solo dejó a la chikungunya como principal brote de arbovirosis, sino también un conjunto más amplio de alertas sanitarias que van desde zoonosis e infecciones inmunoprevenibles hasta eventos ligados a la salud mental.

En paralelo, el boletín actualizó la situación de los virus respiratorios y señaló que el escenario se mantuvo sin cambios significativos y dentro de lo esperado para esta época del año, aunque con un volumen elevado de cuadros gripales y una circulación sostenida de influenza y VSR. En consultas ambulatorias se notificaron 14 casos de influenza en la última semana analizada y la positividad se ubicó en 26,4%.

La vigilancia nacional mostró que en 2026 las detecciones de influenza aumentaron desde la semana 10, con predominio de influenza A(H3N2) y un máximo entre las semanas 21 y 22, tras lo cual comenzó un descenso. Entre las semanas 31 y 32 se notificaron 416 casos de influenza, mientras que entre personas hospitalizadas se registraron 8.247 casos en lo que va del año, con predominio de influenza A y 149 fallecimientos con diagnóstico de influenza.

En cuanto al VSR, el ascenso se observa desde la semana 13. En las últimas cuatro semanas analizadas se detectaron 31 casos positivos entre 338 muestras ambulatorias estudiadas. Entre pacientes internados, durante las primeras 33 semanas de 2026 se registraron 5.222 internaciones por infección respiratoria aguda grave, y en las últimas cuatro semanas predominaron las detecciones de VSR, con 302 positivos entre 819 casos estudiados, por encima de influenza (34 casos). Además, en lo que va del año se notificaron 4.338 casos hospitalizados con detección de VSR, con 652 detecciones en las semanas 32 y 33.

El informe recordó que los mayores porcentajes de positividad de VSR se observan en menores de 2 años y destacó la estrategia de prevención incorporada al Calendario Nacional de Vacunación para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento. En paralelo, SARS-CoV-2 se mantuvo en niveles bajos durante 2026, con 710 casos en personas internadas y sin fallecimientos notificados en la semana 33.

El año acumula 853.798 cuadros gripales y una tendencia descendente desde la semana 22

En lo que va de 2026, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) recibió 853.798 notificaciones de enfermedad tipo influenza (ETI). Aunque los registros hasta la semana 32 superaron los de años previos, el BEN indicó que se mantuvieron en niveles de seguridad y alerta y que desde la semana 22 se observa una tendencia descendente.

En el caso de la neumonía, las tasas de incidencia de este año fueron similares a las de los años anteriores, con valores levemente inferiores. El máximo se registró en las semanas 21 y 22, seguido por una baja en las semanas posteriores. Para la bronquiolitis, el comportamiento de 2026 también mostró un descenso respecto de los valores históricos, mientras que para ambas enfermedades el pico de la serie sigue ubicado en 2016.

María Angélica Romero fue vista por última vez en la localidad salteña de La Silleta el 12 de marzo del año pasado. Desde su entorno denunciaron la desaparición tras varios días sin tener noticias de ella. Este lunes, trascendió que los restos óseos hallados en una finca de El Encón Grande pertenecen a la docente.

Con este resultado, las autoridades pusieron fin a la búsqueda que comenzó hace 17 meses, cuando la mujer de 64 años desapareció. Los resultados de los estudios genéticos fueron comunicados por la División Búsqueda de Personas de la Policía de Salta al Ministerio Público Fiscal y a los familiares, indicaron desde el portal Agenda Salta.

El caso se remonta a marzo de 2025. Los allegados de Romero contaron que no era habitual que se alejara sola de su entorno. La mañana de su desaparición había salido de su domicilio vistiendo una campera cuadrillé roja y negra, sin documentos, dinero ni pertenencias, según detalló Informatesalta. En aquel entonces, tres vecinos dijeron que la vieron pasar a las 7:30 en la bajada de La Silleta, en inmediaciones del río Arenales, lo que orientó a las autoridades en las primeras tareas de rastrillaje.

El operativo de búsqueda se inició esa misma tarde y se extendió durante horas, aunque debió interrumpirse de madrugada por la dificultad del terreno y la escasa visibilidad. Al día siguiente se retomaron las tareas con refuerzos: se incorporaron efectivos del Cuerpo de Bomberos Martín Albarracín de San Luis, el equipo de combate de La Silleta y la División Canes, que amplió el radio de exploración hacia El Encón. En los días y meses posteriores, los rastrillajes se extendieron también hacia zonas rurales y áreas cercanas al río.

Durante los primeros días aparecieron algunas pertenencias que fueron vinculadas con la mujer aunque no obtuvieron datos concluyentes. Se analizaron distintas hipótesis y se recabaron testimonios de vecinos y posibles testigos, pero ninguno condujo a un resultado definitivo. Con el paso de los meses, el caso quedó sin resolución.

El aviso de un trabajador

El panorama cambió con el descubrimiento en febrero de restos óseos en una finca de El Encón Grande —ubicado al noroeste cerca de La Silleta y Potrero de Linares— justo en la zona hacia donde se había dirigido la mujer, de acuerdo con lo que habían podido reconstruir de testimonios.

El propietario de una finca ubicada en los márgenes del río Arenales halló un cráneo con características compatibles con restos humanos cuando estaba trabajando en el arreglo de un alambrado. De inmediato, dio aviso a las autoridades y los efectivos del destacamento policial de la zona se hicieron presentes para preservar la escena a la espera del arribo de personal especializado.

La investigación quedó a cargo de los fiscales penales Luján Sodero y Daniel Escalante, quienes intervinieron de manera conjunta. Por disposición de la Unidad Fiscal, se dio participación a la División de Género del Departamento de Investigaciones Criminalísticas (DIC) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Luego, los restos óseos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense, donde se realizaron los estudios correspondientes que finalmente arrojaron datos esclarecedores.

Durante ese período, la familia de Romero atravesó una nueva etapa de espera dado que existía la posibilidad de que los restos fueran de la docente desaparecida, pero era necesario aguardar la confirmación oficial antes de cerrar la búsqueda.

Los resultados del análisis genético determinaron finalmente que correspondían a la mujer. La confirmación oficial llegó casi un año y medio después de la última vez que fue vista con vida. Al momento se desconocen los detalles de la investigación.

Leandro Petersen y Mario Pergolini fueron protagonistas de Cumbre NOA 2026 en Salta, una jornada organizada e impulsada por Daniela Yapura que reunió a unas 1.500 personas en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. Con la moderación de Milagros Hadad, directora de Infobae Studio, Petersen repasó el proceso de expansión global de la Selección Argentina y presentó TAI, su nueva etapa profesional vinculada al desarrollo y proyección de marcas.

La primera edición del encuentro convocó a referentes de diferentes industrias para conversar sobre innovación, tecnología, inteligencia artificial, comunicación, marketing y las transformaciones que están modificando la manera de pensar y desarrollar proyectos.

Entre los protagonistas estuvieron Leandro Petersen y Mario Pergolini, quienes, desde trayectorias muy diferentes, compartieron una mirada sobre un desafío común: la necesidad de anticiparse a los cambios, cuestionar los modelos establecidos y detectar oportunidades antes de que resulten evidentes. Ese fue uno de los ejes que atravesó la jornada: la importancia de anticiparse al futuro para construir proyectos con capacidad de crecer en escenarios cada vez más dinámicos.

Petersen, ex director Comercial y de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue uno de los responsables de la estrategia que acompañó la expansión comercial e internacional de la Selección Argentina. Pergolini, por su parte, desarrolló una carrera atravesada por la transformación de los medios, la tecnología, la comunicación y la búsqueda permanente de nuevos formatos.

El encuentro entre ambos permitió cruzar esas dos experiencias para pensar qué significa innovar en un escenario en el que las industrias cambian a una velocidad cada vez mayor. La conversación mostró, además, cómo dos recorridos profesionales muy distintos pueden encontrar puntos de contacto alrededor de una misma idea: para construir algo relevante en el largo plazo hace falta animarse a mirar más allá de lo evidente.

“Con Mario venimos de mundos y recorridos diferentes, pero encontré un punto en común que me quedó dando vueltas: para construir algo grande, primero hay que animarse a verlo cuando todavía no es evidente para los demás. Hay que pensar distinto, incomodarse con lo establecido, anticipar cambios y entender que reinventarse no significa dejar atrás lo que uno es, sino animarse a imaginar lo que puede venir”, señaló Petersen.

De tres sponsors a una marca de alcance global

La experiencia de Petersen durante sus nueve años al frente del área Comercial y de Marketing de AFA fue uno de los casos que atravesaron su participación en Cumbre NOA.

Cuando comenzó ese proceso, la institución contaba con tres sponsors. A lo largo de esos años llegó a superar los 120 acuerdos comerciales, mientras la marca Selección Argentina extendió su presencia hacia mercados como China, India, Medio Oriente y Estados Unidos.

La transformación permitió analizar durante el encuentro cómo una marca argentina puede proyectarse internacionalmente y competir en algunos de los principales mercados del mundo. Para Petersen, el crecimiento no fue solamente consecuencia de los resultados deportivos. Detrás de la expansión hubo una estrategia comercial de largo plazo, la búsqueda de nuevos mercados y una visión sobre el potencial internacional que podía alcanzar la Selección Argentina.

“Los grandes resultados muchas veces empiezan a construirse mucho antes de que los demás puedan verlos. Una marca global no se construye solamente a partir del éxito: necesita una visión, una estrategia y la capacidad de sostenerlas incluso cuando todavía no existen resultados que las validen”, afirmó.

TAI, la nueva etapa de Leandro Petersen

Esa experiencia acumulada durante casi una década en AFA es también el punto de partida de la nueva etapa profesional de Petersen con TAI, su proyecto enfocado en la construcción y expansión de marcas y en la generación de oportunidades vinculadas con el deporte, el entretenimiento y la cultura.

El proyecto representa para Petersen la posibilidad de trasladar parte de los aprendizajes obtenidos durante la internacionalización de la marca Selección Argentina hacia nuevos desafíos y otras industrias.

La apuesta vuelve sobre una de las ideas que atravesó su participación en Salta: pensar las marcas desde su origen con una perspectiva global, en lugar de esperar a alcanzar determinada escala para comenzar a mirar hacia otros mercados.

En ese sentido, la experiencia de AFA funciona como antecedente de una estrategia que Petersen busca proyectar ahora desde TAI: desarrollar marcas capaces de crecer internacionalmente, generar alianzas y encontrar oportunidades en la intersección entre diferentes industrias.

El cruce con Mario Pergolini

El intercambio con Mario Pergolini sumó otra perspectiva a esa discusión.

Desde el mundo de los medios, Pergolini atravesó diferentes etapas de transformación tecnológica y cambios profundos en los hábitos de las audiencias. Su trayectoria estuvo marcada por la búsqueda de formatos y plataformas en momentos en los que los modelos tradicionales de comunicación comenzaban a ser cuestionados.

Petersen llegó a esa conversación desde otro recorrido, pero con una experiencia atravesada también por la necesidad de imaginar escenarios futuros: proyectar internacionalmente una marca argentina y desarrollar mercados que todavía tenían un enorme potencial de crecimiento.

El punto de encuentro estuvo en la capacidad de anticiparse. Más que intentar predecir exactamente qué ocurrirá, el intercambio puso el foco en la importancia de estar dispuesto a cuestionar aquello que funciona en el presente para construir lo que puede resultar relevante en el futuro.

Milagros Hadad, moderadora del encuentro

La jornada contó además con Milagros Hadad, directora de Infobae Studio, como moderadora del encuentro.

La conversación permitió profundizar sobre las tendencias que están transformando los negocios, el impacto de la innovación y el desafío de desarrollar desde la Argentina marcas con capacidad de competir internacionalmente.

En el caso de Petersen, uno de los ejes fue precisamente la experiencia de la Selección Argentina y los aprendizajes obtenidos durante su proceso de internacionalización, además de los nuevos desafíos que enfrenta a partir del lanzamiento de TAI.

Así, la conversación fue desde el caso concreto de AFA hacia una discusión más amplia: qué necesitan hoy las empresas y los emprendedores argentinos para pensar sus proyectos más allá del mercado local.

Daniela Yapura y una Cumbre NOA con 1.500 personas

La primera edición de Cumbre NOA 2026 fue organizada e impulsada por Daniela Yapura, quien llevó adelante una convocatoria pensada para acercar al norte argentino conversaciones, experiencias y herramientas vinculadas con los cambios que están atravesando a las empresas y los negocios.

La respuesta del público marcó la dimensión del encuentro: unas 1.500 personas participaron de la jornada y colmaron el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, en la ciudad de Salta.

La propuesta reunió a empresarios, emprendedores, profesionales y referentes de distintas actividades alrededor de temas como innovación, tecnología, inteligencia artificial, comunicación, marketing y nuevos modelos de negocios.

Uno de los rasgos de la Cumbre fue justamente el cruce entre protagonistas provenientes de universos diferentes. La conversación entre Petersen y Pergolini reflejó esa búsqueda: encontrar puntos en común entre la transformación de los medios y la construcción internacional de una marca deportiva.

Pensar desde Argentina hacia el mundo

El caso de la Selección Argentina sirvió además para plantear una discusión que excede al fútbol: la posibilidad de crear desde el país proyectos y marcas capaces de competir globalmente.

Para Petersen, pensar de esa manera supone asumir desde el comienzo que el mercado potencial puede ir mucho más allá de las fronteras argentinas. Es una visión que ahora busca trasladar a TAI y que conectó con el concepto que atravesó su intercambio con Pergolini: muchas de las grandes transformaciones comienzan antes de que sus resultados sean visibles.

“Desde Argentina podemos construir proyectos que jueguen en las grandes ligas. Para hacerlo, primero tenemos que animarnos a pensarnos así”, concluyó Petersen.

Una charla que continuó fuera del escenario

La conversación entre Mario Pergolini y Leandro Petersen no terminó con la disertación.

Una vez finalizada su participación en Cumbre NOA, ambos continuaron conversando de manera distendida en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, después de una jornada que había convocado a unas 1.500 personas.

Ya fuera de la dinámica formal del escenario, Pergolini y Petersen retomaron algunos de los temas que habían atravesado el encuentro y compartieron un momento junto a sus familias.

Los dos referentes se sacaron una foto acompañados por sus familiares, una imagen que terminó por cerrar una jornada marcada por el intercambio de experiencias y por una misma idea que recorrió buena parte de Cumbre NOA: para construir el futuro, muchas veces primero hay que ser capaz de imaginarlo.

Una mujer de 43 años fue imputada en la localidad salteña de San José de Metán por presuntas amenazas y desobediencia judicial, luego de que se presentara en la casa de su madre pese a tener vigente una orden de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento. Allí, empuñó un cuchillo con la intención de que la víctima le diera dinero.

La acusación quedó a cargo del fiscal penal 3 de Violencia Familiar y de Género de Metán subrogante, Oscar López Ibarra, quien además solicitó que la imputada continúe detenida tras concluir la audiencia.

Según argumentó el fiscal, la imputación tomó como base la denuncia de la víctima, el informe policial y las actuaciones previas vinculadas con las medidas de protección que ya se encontraban vigentes desde enero.

De acuerdo con la denuncia, el episodio ocurrió cuando la mujer llegó al domicilio de su madre para pedirle dinero con el objetivo de comprar sustancias estupefacientes. Ante la negativa, habría comenzado a insultarla y amenazarla de muerte, al igual que a otros integrantes de la familia que se encontraban presentes.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público de Salta, la acusada portaba un cuchillo y habría golpeado una mesa con el arma durante el hecho. Este nivel de agresividad habría agravado la situación dentro de la vivienda.

La intervención policial se produjo luego de que una nieta de la víctima escuchara los gritos y avisara a otro familiar, quien se comunicó con las autoridades. Fue así que los efectivos acudieron al lugar y demoraron a la sospechosa.

Le robó a su tía de 86 años, la llevó a hacer la denuncia y fue detenido

A mediados de abril, una mujer de 86 años denunció haber sido asaltada en su casa de Carapachay, en el partido de Vicente López. Sin embargo, el caso dio un giro en la investigación cuando los detectives identificaron como principal sospechoso a su propio sobrino político, el mismo que la había acompañado a realizar la denuncia.

La víctima dormía cerca de las 4 de la madrugada del 23 de abril cuando un hombre la despertó y, bajo amenazas con un arma blanca, la redujo, la ató y le exigió dinero a golpes. De acuerdo con el expediente, el asaltante se llevó 2.000 dólares, que constituían sus ahorros.

Después de que radicara la denuncia, la causa quedó en manos de la Sub DDI de Vicente López, con intervención de la UFI Vicente López Oeste, a cargo del fiscal Gastón Larramendi. En las primeras medidas, los investigadores detectaron que la puerta de acceso a la vivienda no había sido forzada.

Esa línea cobró fuerza a partir del análisis de cámaras de seguridad de la cuadra. De hecho, en una de las grabaciones, el ladrón aparece con el rostro cubierto, pero ingresa a la propiedad tras abrir la puerta con llave.

A partir de ese registro, los investigadores siguieron el vehículo utilizado en la maniobra, un Peugeot 208. La sorpresa llegó cuando determinaron que se trataba del mismo auto en el que la víctima había llegado a la comisaría para radicar la denuncia.

Con ese dato, la pesquisa avanzó sobre Carlos Adolfo Guevara, de 48 años, quien finalmente fue detenido en un almacén familiar de la zona de Del Viso. Durante el procedimiento, la Policía Bonaerense secuestró un arma blanca, una navaja que iba a ser peritada para determinar si fue utilizada en el robo.

En paralelo, también fue allanado y detenido su hijo, de 25 años, acusado de encubrimiento. En ese operativo, los efectivos encontraron un millón de pesos, suma que los investigadores analizan para establecer si guarda relación con el dinero robado.

Fuentes del caso indicaron que Guevara fue indagado, pero optó por no declarar. Los investigadores también señalaron que existía una relación estrecha entre la víctima y el principal acusado: la mujer incluso lo había ayudado tiempo atrás a comprar su casa.

De acuerdo con los registros incorporados a la causa, el imputado figura como remisero en ARCA, percibe un plan social, tiene empleo formal y antecedentes laborales en las municipalidades de Vicente López y Pilar. A la vez, su perfil financiero exhibe deudas por préstamos y créditos recientes con entidades financieras y cuatro bancos por más de 12 millones de pesos.

La minera surcoreana Posco consiguió USD 700 millones para extraer litio en el Salar del Hombre Muerto, en Salta y Catamarca, a través de un financiamiento del BID Invest —el brazo de inversión privada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— que respaldará la expansión de su proyecto Sal de Oro, uno de los más grandes del país.

La estructura del préstamo combina un tramo de hasta USD 250 millones aportados directamente por BID Invest con la posible movilización de hasta USD 450 millones adicionales de instituciones financieras internacionales privadas. Los fondos financiarán la puesta en marcha y el aumento gradual de producción en dos plantas: una de hidróxido de litio, con capacidad para 25.000 toneladas anuales, y otra de carbonato de litio, con capacidad de 23.000 toneladas anuales.

Según BID Invest, una vez que ambas plantas alcancen plena operación, el proyecto producirá y exportará cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio y generará alrededor de 620 empleos permanentes formales. “Esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región”, afirmó James Scriven, gerente general de BID Invest.

La operación se enmarca en IDB LAC Minerals, la iniciativa del Grupo BID orientada a desarrollar cadenas de suministro de minerales críticos con mayor valor agregado en América Latina y el Caribe. La segunda etapa de Sal de Oro —que supone una inversión adicional de USD 208 millones— había recibido el visto bueno del gobierno de Javier Milei para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en junio pasado, lo que le otorga a Posco exenciones impositivas, estabilidad regulatoria por 30 años y acceso al arbitraje internacional.

El financiamiento llega en un momento en que el proyecto Sal de Oro acaba de registrar su primer trimestre con ganancia operativa: en el segundo trimestre de 2026, Posco Argentina obtuvo un beneficio operativo de 11.000 millones de wones (unos USD 8 millones), ocho años después de la llegada de la compañía al país y casi dos años después del inicio de su operación comercial, en octubre de 2024. Hasta ese resultado, la unidad argentina había acumulado pérdidas operativas cercanas a los 300.000 millones de wones.

La apuesta de Posco en Argentina comenzó en 2018, cuando adquirió los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto por USD 280 millones. Desde entonces, la compañía perforó decenas de pozos, construyó piletas de evaporación que superan el tamaño combinado de 1.000 canchas de fútbol y avanzó durante años sin ver retornos. La inversión total en derechos mineros y en la construcción de las dos primeras plantas de litio supera los USD 2.700 millones.

Este año, la compañía profundizó aún más su posición en el país: en abril, adquirió el proyecto Hombre Muerto Norte (HMN) —también en el Salar del Hombre Muerto— por USD 65 millones, a través de la compra del 100% de las acciones de NRG Metals Argentina S.A., subsidiaria de la canadiense Lithium South. El activo, en fase de exploración avanzada, tiene potencial de producir hasta 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.

La expansión empresaria de Posco se dio en paralelo a un acercamiento político entre Argentina y Corea del Sur. El 31 de julio, el presidente Lee Jae Myung visitó Buenos Aires —la primera visita de un mandatario surcoreano al país en 22 años— y se reunió con Milei en la Casa Rosada. Ese mismo día, el canciller argentino Pablo Quirno y el ministro de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur, Kim Jeong-kwan, firmaron un memorando de cooperación en minerales críticos, con foco en el litio, para promover inversiones conjuntas en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento, y fortalecer cadenas de suministro para las industrias de baterías y tecnología avanzada.

Lee había definido el acceso al litio como una “consideración estratégica” para Corea del Sur. Frente a las disrupciones en las cadenas globales de suministro y al avance de la inteligencia artificial, el presidente surcoreano sostuvo que los países necesitan “socios fiables y un comercio basado en reglas claras y confianza mutua”. La visita también incluyó conversaciones sobre un posible acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y el Mercosur.

Con el financiamiento del BID Invest asegurado, Posco planea adelantar la construcción de su tercera y cuarta planta de litio en brine para 2027 y 2030, respectivamente. El objetivo de largo plazo del grupo es alcanzar una producción combinada de 173.000 toneladas anuales de litio para 2033 —incluyendo producción en roca desde Australia—, lo que le permitiría posicionarse entre las cinco mayores compañías productoras de litio del mundo.

Argentina ocupa el quinto lugar entre los mayores productores mundiales de litio, detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue, y el tercero en reservas. Según la Secretaría de Minería, el país cuenta con 69 proyectos de litio en diversas etapas de avance, de los cuales solo siete están en producción. En 2025, las exportaciones mineras totalizaron USD 6.037 millones, el registro más alto desde que existen datos consolidados del sector, con un crecimiento del 29,2% respecto del año anterior.

Según informaron desde la Municipalidad de esta localidad, todo ocurrió al norte de la provincia, sobre el Paso Camba, uno de los sectores utilizados para cruces informales sobre el río Bermejo. En medio de un operativo de control, un grupo de bagayeros comenzó a lanzarle piedras a los miembros de la fuerza nacional y hubo tensión durante varias horas en el lugar.

El comisionado interventor, Adrián Zigaran, emitió un comunicado institucional en el que formalizó el pedido ante las autoridades nacionales para disponer el cierre temporario del Paso Camba. En el texto, la gestión municipal repudió “categóricamente cualquier acto de violencia hacia las fuerzas de seguridad nacionales, cuya integridad y labor deben ser garantizadas y respetadas en todo momento”. Como consecuencia directa de la medida solicitada, toda la circulación operativa y los trámites de cruce fronterizo en esa zona deberán realizarse de forma exclusiva por las instalaciones de la Aduana.

Zigaran describió la decisión como “firme e indeclinable” frente a lo que calificó como “graves e inadmisibles hechos de violencia”. La medida busca que el Gobierno nacional intervenga sobre el funcionamiento del paso y disponga acciones concretas para evitar nuevos ataques contra el personal en funciones.

El Paso Camba se ubica en el departamento Orán, en el extremo norte de Salta, sobre la ribera del río Bermejo, en el área limítrofe con Bolivia. No forma parte de los pasos internacionales habilitados oficialmente: ese rol lo cumple el corredor Aguas Blancas–Bermejo, que conecta la localidad salteña con la ciudad boliviana del mismo nombre a través de los controles fronterizos formales. El Paso Camba, en cambio, funciona como un sector alternativo e informal de cruce en la zona ribereña, frecuentado por quienes trasladan mercadería al margen de los registros aduaneros.

La situación de la frontera es compleja, ya que los controles de las fuerzas de seguridad conviven con la actividad de los bagayeros, que utilizan pasos alternativos para mover mercadería entre la Argentina y Bolivia. La dinámica es de larga data en la región y genera tensiones recurrentes con las autoridades.

En ese escenario, una imagen que comenzó a circular en portales y medios de la zona fronteriza sumó un dato más: debido al bajo nivel del agua, varias personas comenzaron a cruzar el río Bermejo directamente a pie, con el caudal apenas por encima de las rodillas en algunos sectores. La escena se registró en el área que conecta Aguas Blancas con Bermejo, uno de los puntos de mayor movimiento fronterizo de la región.

Las chalanas —las embarcaciones utilizadas para trasladar personas y mercadería de una orilla a otra— forman parte del paisaje cotidiano del Bermejo desde hace años, pero la bajante del río modificó ese escenario de forma considerable: en determinados tramos, el nivel resultó tan reducido que algunos cruces se realizaron directamente caminando, según informaron medios locales. La situación también dejó al descubierto extensas áreas del lecho y sectores de piedras que normalmente permanecen bajo el agua.

El antecedente reciente

En julio pasado, el Paso Internacional Puerto Chalanas fue el escenario de un enfrentamiento entre pasadores de mercadería con la policía, luego de negarse a la realización de un operativo.

Fuentes policiales le confirmaron a Infobae que el hecho ocurrió en el lado de Bolivia, donde los comerciantes –también conocidos como bagayeros- iban a transportar ilegalmente su mercadería hacia la localidad salteña de Aguas Blancas.

Sin embargo, según informó el canal TN, la policía local iba a llevar a cabo un operativo para decomisar ropa usada y mercadería, que culminó en la resistencia de los pasadores y el posterior enfrentamiento con los efectivos, que incluyó piedrazos. Como resultado, varios efectivos resultaron heridos y un vehículo militar terminó dañado.

Adrián Zigarán se refirió al hecho: “Esto es un desastre, pero este descontrol está hace años. Y ahora, que estamos llevando orden y control, no están contentos. Es una frontera argentina y se tiene que comportar como el resto de las fronteras argentinas”.

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán a Marta Noemí Mitrovich, una líder de la comunidad gitana que permanecía prófuga y sobre quien pesaba un pedido de captura por los delitos de estafa e instigación al suicidio.

La causa se inició en enero de este año, cuando Merlín Díaz Silva, una peluquera de Lomas de Zamora, fue abordada por tres mujeres de la comunidad gitana que le ofrecieron realizar una supuesta “limpieza espiritual” para eliminar un presunto “maleficio económico”.

Según la investigación, para llevar adelante el ritual las sospechosas le pidieron que entregara la totalidad de sus ahorros, una suma millonaria que le prometieron devolver una vez finalizado el supuesto trabajo. En total fueron 14 millones de pesos y joyas.

Sin embargo, el dinero nunca fue restituido. Con el paso de las semanas, la mujer comenzó a sospechar que había sido víctima de una estafa e intentó comunicarse con las acusadas.

“Mari, ¿ya vienen? Por favor, no me hagas sufrir. Te di mi confianza, te di todo de mí. ¿Me mintieron?”, fue uno de los mensajes que la víctima les escribió por WhatsApp. Ante la falta de respuestas, advirtió: “Si no vienen, van a cargar con mi vida”.

Frente a esto, una de ellas respondió: “Me extraña que por tan poca cosa querés hacer eso. Es tu problema”. Y continuó: “No te pongas así, porque lo que está sabiendo Dios, te va a castigar si no sacás esas palabras de la boca. Yo te voy a llevar la plata, no seas pelotuda”.

En ese contexto, Silva dejó una carta en la que aportó datos y pidió que se investigara a las responsables del engaño. Finalmente, tomó la decisión de quitarse la vida.

Por el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Ignacio Gabriel Torrigino, quien delegó en la División Búsqueda de Prófugos de la PFA las tareas destinadas a localizar y detener a Mitrovich, que ya había sido identificada como una de las sospechosas.

La investigación expuso la modalidad utilizada por las acusadas: convencían a sus víctimas de que estaban bajo un maleficio y les pedían importantes sumas de dinero para realizar supuestos “trabajos espirituales”. El avance de las averiguaciones permitió, además, detectar la existencia de otras presuntas damnificadas.

En mayo, la búsqueda de Mitrovich sumó un episodio insólito. Pese a que tenía un pedido de captura vigente, se presentó en una oficina del RENAPER para tramitar un nuevo DNI y no fue detenida porque el sistema no arrojó una alerta en tiempo real. El organismo explicó posteriormente que la notificación judicial ingresó después de que la mujer se había retirado del lugar.

En julio, a partir de tareas de campo y del análisis de la información reunida durante la pesquisa, la Policía Federal detuvo en Temperley a dos hombres familiares de la prófuga, quienes habrían actuado como encubridores al facilitar tanto su desplazamiento como su posterior ocultamiento de las autoridades judiciales.

Luego de esas detenciones, los investigadores continuaron con el procesamiento de la información vinculada a un teléfono celular que presuntamente utilizaba Mitrovich. El análisis de distintas redes sociales y de los impactos de antena permitió establecer que la mujer se encontraría en San Ramón de la Nueva Orán, en Salta.

Según informó la PFA, allí continuaba realizando sus “trabajos espirituales” para quitar supuestos maleficios.

Con esa información, la División Búsqueda de Prófugos solicitó la colaboración de la División Antidrogas San Ramón de la Nueva Orán para localizarla. Los investigadores lograron identificar un domicilio en el que sospechaban que se encontraba la mujer.

Con la autorización del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Orán, a cargo del juez Gustavo Ramiro Morizzio, los efectivos irrumpieron en la finca y detuvieron a Mitrovich.

La acusada quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Laura Verónica Ninni.

Dos ex empleados de la sucursal del Banco Nación en la localidad de Orán, en la provincia de Salta, comenzaron a ser juzgados bajo acusaciones de presuntamente haber sustraído dinero de los clientes durante operaciones de depósito en caja. La maniobra, conocida como “pellizco”, consistía en extraer billetes durante el conteo y ocultarlos para retirarlos posteriormente de la entidad.

Los imputados, identificados como Silvia Verónica Castro y Fernando Horacio Arias Knudsen, se desempeñaban como cajeros y ya declararon su inocencia en el proceso. No obstante, ambos enfrentan cargos por estafa y violación de los deberes de funcionario público.

El juicio se desarrolla desde el 7 de agosto ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, bajo la conducción unipersonal del juez Domingo Batule. Según trascendió, la causa se inició tras una denuncia presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), formalizada el 12 de noviembre de 2024.

De acuerdo con el sitio Fiscales, las maniobras ilícitas se detectaron el 17 de noviembre de 2023, cuando un empleado del área operativa notó un comportamiento inusual de la empleada en la caja número 5. El trabajador advirtió que, durante el conteo de un depósito importante, Castro extraía billetes y los ocultaba en un folleto del banco.

En ese momento, el cliente no podía observar el procedimiento porque la máquina contadora estaba ubicada fuera de su vista. Tras una revisión inmediata del folleto, se halló el dinero sustraído, y el cliente atribuyó la diferencia a un posible error propio.

Sin embargo, la posterior revisión de las cámaras de seguridad permitió corroborar que Castro ocultaba billetes y luego los guardaba en su cartera. A raíz del hallazgo, la entidad bancaria dio intervención a la PIA, que revisó las grabaciones entre el 19 de julio y el 17 de noviembre de 2023, lapso temporal en el que se detectaron 20 hechos atribuidos a Castro y dos a Arias Knudsen —pareja de la cajera— por sumas de entre 10 mil y 30 mil pesos en cada operación.

Frente a esto, el fiscal federal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, explicó que las sumas no resultaban llamativas en comparación con el volumen de dinero depositado, pero que la confianza de los clientes en Castro, con más de 30 años de antigüedad, facilitaba el esquema. Además, destacó la existencia de registros fílmicos, informes y peritajes como sustento de la acusación.

En este sentido, la abogada querellante del Banco Nación, Ángela Mizzau, respaldó la acusación tras señalar que los imputados no eran empleados inexpertos. Mientras que Castro ingresó en 1993, Arias Knudsen lo hizo en 2002.

“Ocuparon cargos de absoluta responsabilidad y el banco confió en ellos”, afirmó Mizzau. Por esto, sostuvo que la prueba permitirá demostrar que la confianza fue utilizada de modo fraudulento, causando un perjuicio económico a los clientes, quienes solían atribuir los faltantes a errores propios y, en ocasiones, cubrían la diferencia de su bolsillo.

En palabras de Mizzau: “Los videos no mienten. No se trataba de errores, sino de una modalidad deliberada y coordinada para obtener un beneficio económico indebido”. No obstante, los defensores Pedro Arancibia y Susana Aramayo negaron la comisión de delitos y cualquier irregularidad, alegando que no hubo afectación a clientes ni a la institución bancaria.

Durante el juicio, la Fiscalía convocó a clientes de la sucursal para observar los videos de sus operaciones. Varios manifestaron sorpresa al descubrir que les faltaba dinero, asegurando que en ese momento pensaron que se trataba de un error de conteo. También destacaron la confianza que tenían en Castro y expresaron que nunca sospecharon de una maniobra fraudulenta.

Por otro lado, los participantes de la investigación interna del banco explicaron que la ubicación de la máquina contadora fue clave para que las maniobras pasaran inadvertidas. Además, informaron que las pruebas reunidas motivaron la desvinculación de ambos empleados, medida supeditada al levantamiento de la tutela sindical, ya que tienen funciones como delegados gremiales.

A pesar de esto, en audiencia reciente, Arias Knudsen defendió su trayectoria y cargos de responsabilidad, pero evitó referirse en detalle a las imágenes y centró su defensa en supuestos conflictos internos con el tesorero de la sucursal. Mientras que Castro negó haber sustraído dinero, aludió a situaciones de persecución laboral y a deficiencias en la provisión de insumos.

“No estafé a mis clientes, no tengo reclamos de mis clientes. He devuelto dinero muchas veces y, si traía cambio, billetes en mal estado y los cambiaba, es plata mía. Yo le separaba dinero para mis compañeros, eso era habitual, transparente, lo hacíamos todos”, declaró la ex empleada, a modo de explicar las maniobras que quedaron registradas en los videos.

Desde Salta- Luego de una inversión inicial de USD 70 millones, Aeropuertos Argentina inauguró este miércoles la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Salta, que entrará en actividad el 27 de agosto y se convertirá en una de las más modernas del país. Las obras permitirán incrementar la capacidad operativa en un 65%, en línea con el fuerte crecimiento del turismo en la provincia.

El proyecto prevé un desembolso total de USD 110 millones, que se ejecutará en distintas etapas. En esta primera fase, se habilitaron un nuevo hall principal y 32 puestos de check-in, además de una ampliación de 650 m² en el sector de embarque doméstico.

Del acto de apertura participaron el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y la presidenta del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Noelia Ruiz. Se hicieron presentes también los 280 trabajadores que se desempeñan en el lugar, ejecutivos y referentes del turismo.

Ketchibachian manifestó: “Es un orgullo para nosotros presentar hoy una obra tan importante, porque sabemos que una terminal de este nivel no solo permitirá a los salteños viajar mejor, con mayor confort y servicios, sino que también posibilita un crecimiento de operaciones que contribuirá a dinamizar el turismo, la economía de la provincia y la región. Nuestro compromiso es que la conectividad aérea sea un factor de desarrollo del país”.

Sáenz, por su parte, expresó: “Esta obra es muy importante porque necesitamos infraestructura que acompañe el desarrollo que estamos construyendo y nos permita aprovechar plenamente el potencial de nuestra querida provincia. Un aeropuerto no es solamente una puerta de entrada y salida: es una herramienta de desarrollo económico, una plataforma para el turismo y un motor para atraer inversiones, impulsar la producción y acompañar el enorme crecimiento minero e industrial que Salta tiene por delante”.

“Contamos con recursos naturales, talento, una ubicación estratégica y sectores productivos en expansión, que generarán cada vez más actividad y empleo para los salteños. Para aprovechar todo ese potencial, necesitamos estar conectados”, señaló y remarcó la importancia del diálogo con los privados para seguir impulsando proyectos de esta magnitud.

En otro orden, y mencionando el “difícil contexto económico”, adelantó que se lanzarán acciones para promover el turismo, incluyendo devolución de impuestos en ciertos servicios vinculados.

La reforma en el aeropuerto salteño amplió su oferta comercial con la apertura de un nuevo drugstore de la cadena Open25, la llegada de la cafetería Tostado y un servicio de embalaje de maletas a cargo de Tripstore. A su vez, se añadieron cajeros automáticos del Banco Nación y Banco Macro. Asimismo, en el preembarque doméstico se instalaron ShopGallery y Charter Coffee.

En materia de infraestructura, se construyeron edificios técnicos destinados al soporte de las operaciones, entre ellos una oficina de correos y una subestación eléctrica, junto con otras reformas, como la refuncionalización de las vialidades y un nuevo portal de acceso vehicular.

La siguiente etapa de la remodelación comenzará la próxima semana. Una vez finalizada, la terminal alcanzará una superficie total de 16.160 m², lo que representa un incremento de 6.960 m². De este modo, el aeropuerto se consolidará como uno de los más importantes del norte.

Durante la segunda fase las tareas se concentrarán en la extensión del sector de embarque internacional, el área de migraciones en arribos y una sala VIP para vuelos de cabotaje.

El plan, liderado por Aeropuertos Argentina y coordinado con el ORSNA, busca dar respuesta tanto al aumento de pasajeros como a la incorporación de nuevas aerolíneas y frecuencias.

Según datos de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), en 2025 Salta encabezó la actividad aeroportuaria del NOA con el 49,86% de los movimientos aéreos, ubicándose por encima de Tucumán (20,83%) y Jujuy (9,79%).

En tanto, durante las vacaciones de invierno, la provincia registró un flujo de 267.628 turistas, de los cuales 118.193 pasaron por el aeropuerto. Así, ocupó el octavo lugar en el ranking nacional por volumen de visitantes totales.

En los primeros 7 meses del año, acumuló 830.859 pasajeros, lo que supone un alza del 1% frente al mismo período de 2025.

El desempeño se debe en gran medida a su conectividad directa con los principales destinos nacionales, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Iguazú y Neuquén.

En el plano internacional, GOL sumará un vuelo a Río de Janeiro en diciembre y COPA Airlines elevará a cuatro sus frecuencias con Panamá en febrero. De esta forma, junto a las rutas de Lima y Asunción, Salta alcanzará cuatro conexiones con el exterior, posicionándose como una de las terminales con mayor tráfico del país.

Inversiones de Aeropuertos Argentina

Cabe destacar que, en los últimos cinco años, la inversión de Aeropuertos Argentina totalizó USD 1.000 millones. Entre los proyectos más recientes se encuentran el desarrollo de la Plataforma Norte de Aeroparque, el Plan Estratégico de Obras de Ezeiza, la nueva terminal de San Juan, la puesta en valor de las pistas de Río Cuarto y Río Gallegos, y las mejoras en las terminales de Río Grande y Formosa.

Las próximas inauguraciones son:

Ezeiza — USD 118 millones

Finalización prevista: noviembre de 2026

• Rehabilitación de la pista secundaria.
• Nueva sala de calma en el sector doméstico.
• Nueva Sala VIP Club.
• Nueva planta de tratamiento de agua.
• Renovación de los periféricos utilizados por todas las aerolíneas, con 1.700 nuevos dispositivos.

Aeropuertos Argentina Cargas

Finalización prevista: noviembre de 2026

• Nueva Terminal Única de Courier (TUC), con una superficie de 12.000 m².
• Ampliación de las áreas de temperatura controlada en 4.500 m², que elevará la superficie total a 7.000 m².

Aeroparque — USD 85 millones

Finalización prevista: agosto de 2026

• Ampliación del PIR doméstico.
• Ampliación del hall de check-in.
• Incorporación de tecnología para agilizar el proceso de check-in.
• Nueva Sala VIP.
• Nuevas propuestas gastronómicas.
• Nueva sala “Amo Viajar”, con servicios adaptados para personas con CEA (Condición del Espectro Autista), personas con diabetes, personas ostomizadas y adultos mayores.

Aeropuerto de San Rafael — USD 20 millones

Finalización prevista: agosto de 2026

• Nueva terminal de 3.300 m².
• Incorporación de seis puestos de check-in, cuatro de ellos habilitados en la primera etapa.
• Implementación de un nuevo sistema BHS para la gestión de equipajes.
• Nuevos núcleos sanitarios y espacios gastronómicos y comerciales.
• Rediseño del flujo de pasajeros para optimizar la circulación.
• Construcción de nuevos edificios técnicos.

Una mujer fue condenada a tres años de prisión condicional y al pago de $35 millones como compensación económica en Salta luego de que admitiera haber cometido 48 hechos de estafa vinculados a la captación ilegal de fondos por medio de una financiera, bajo la promesa de otorgar elevados rendimientos semanales a las víctimas.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representada por Walter Inda, secretario letrado, alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con Patricia Jimena Vidaurre, quien reconoció su responsabilidad penal como autora de estafas reiteradas en concurso real. La homologación del acuerdo fue dispuesta por el juez Nicolás Rodríguez Pipino durante una audiencia de revisión de prisión preventiva.

Según se expuso, la investigación de la UDEC comenzó en agosto de 2025 tras denuncias de personas que habían entregado dinero a una financiera ilegal conocida como “Inversiones Alyson”. Allí, los inversores recibían la promesa de obtener rendimientos semanales del 40% al 60%, que eran calculados con base en el monto que destinaran a las supuestas inversiones realizadas.

Las operaciones se gestionaban principalmente por grupos de WhatsApp y el dinero era entregado en forma presencial o mediante transferencias, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta.

En un primer momento, los pagos acordados se efectuaron puntualmente, lo que generó confianza y motivó a los participantes a incrementar sus inversiones y recomendar la operatoria a otras personas. Pero, poco después, los pagos comenzaron a demorarse y finalmente se interrumpieron, junto con la comunicación con quienes reclamaban la devolución de los fondos.

La investigación permitió incorporar nuevas denuncias, comprobantes de transferencias, capturas de conversaciones y documentación de “Préstamos e Inversiones Alyson”. También se solicitaron informes a entidades bancarias y financieras sobre las cuentas empleadas para recibir los fondos y se tomaron declaraciones testimoniales a los damnificados.

Tras haberse recibido múltiples denuncias al respecto, en agosto de 2025, la UDEC dispuso una serie de medidas para determinar el alcance de la maniobra. Fue así que Vidaurre fue detenida el 28 de agosto de 2025 junto a su pareja y al hijo de éste, aunque respecto de ellos el proceso continúa.

Como parte de los operativos, se realizaron allanamientos en Salta Capital y Rosario de Lerma, donde se secuestró documentación relevante. Además, a pedido de la Fiscalía, se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales asociadas a la acusada.

El cúmulo de pruebas permitió ampliar la imputación de 32 a 48 hechos de estafa, sobre los que Vidaurre admitió su responsabilidad penal. Según el acuerdo judicial, deberá abonar la suma acordada en nueve cuotas, permaneciendo embargado uno de sus inmuebles hasta completar el pago.

En línea con esto, se le impusieron reglas de conducta por tres años. Entre ellas, indicaron que deberá fijar domicilio y mantenerlo actualizado, abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar del alcohol, no cometer nuevos delitos y realizar tareas de limpieza semanales en la dependencia policial más cercana a su domicilio. Finalmente, el juez ordenó su inmediata libertad bajo las condiciones pactadas.

Desarticularon presunta red de estafas procesales

Un abogado del fuero local de Salta, identificado como Lucas Ignacio M. G., enfrenta ahora más de 130 cargos penales en una investigación que apunta a una presunta red de fraudes operada durante años en el sistema judicial provincial. Recientemente, la UDEC actualizó la acusación durante una audiencia ante el juez de Garantías, llevando el total de imputaciones en su contra a 138 hechos de estafas procesales reiteradas, falsificación de instrumento privado y abuso de firma en blanco.

El caso involucra también a otras tres personas, dos de ellas incorporadas recientemente a la causa, acusadas de integrar una maniobra sistemática que utilizaba pagarés firmados en blanco para iniciar juicios ejecutivos contra personas que desconocían la existencia de esas deudas. Como resultado, varias víctimas sufrieron embargos sobre sus sueldos y bienes sin haber sido notificadas previamente.

La fiscal auxiliar Ahanduni presentó la acusación actualizada contra los investigados desde mayo y sumó a los dos nuevos imputados. Según el Ministerio Público Fiscal, el acusado pasó a enfrentar 64 hechos de estafas procesales, 24 de falsificación de instrumento privado y 50 de abuso de firma en blanco.

Previo a esto, a Lucas Ignacio M. G. se le habían imputado 77 cargos, distribuidos de forma variable entre las mismas figuras delictivas. Una mujer coimputada acumula 118 hechos bajo los mismos delitos, mientras que los otros dos hombres incorporados responden por 14 y 6 hechos respectivamente de estafas procesales.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, las víctimas eran captadas en situación de vulnerabilidad económica. Se les ofrecían préstamos informales bajo condiciones abusivas y, a cambio, debían firmar documentos en blanco. Posteriormente, estos eran completados con montos desproporcionados o datos falsos para iniciar las demandas. Además, se utilizaron domicilios inventados, lo que impedía a las víctimas recibir notificaciones judiciales y defenderse, lo que derivó en el embargo de sus sueldos y bienes.

La causa se originó cuando los titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos de Salta detectaron patrones repetidos de irregularidades en expedientes representados por el mismo abogado. Informaron a la UDEC sobre la existencia de domicilios duplicados o compartidos entre demandados y actores, lo que motivó la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Tras analizar más de 70 expedientes judiciales, se identificaron múltiples conductas repetidas que sustentaron la acusación.

Fue así que la Fiscalía incorporó nuevos testimonios y denuncias penales de personas que figuraban como demandadas. Algunas aseguraron haber firmado pagarés en blanco que luego fueron completados con datos que desconocían, mientras que otras negaron haber suscrito los documentos utilizados para iniciar los juicios.

A partir de esto, la UDEC solicitó el levantamiento del secreto bancario de los principales imputados, la prohibición de salida del país, la retención de documentos de viaje y la prohibición de contacto con denunciantes y damnificados.

El 29 de abril, con autorización judicial, se realizaron allanamientos en 19 domicilios, incluyendo el estudio jurídico del abogado, viviendas particulares y varios inmuebles señalados en los expedientes. En el estudio se secuestró dinero en pesos y moneda extranjera, documentación, expedientes y pagarés vinculados a la causa. Además, en la vivienda de la mujer coimputada, se incautaron dinero, cuadernos, carpetas, títulos de crédito en dólares y comprobantes bancarios.

Durante los operativos, se constató la existencia de domicilios ficticios en los expedientes, evidenciada por el hallazgo de propiedades desocupadas o ajenas a los acusados, lo que refuerza la hipótesis de fraude sistemático dentro del sistema judicial de Salta.

Un joven de 26 años, que había sido denunciado por su ex pareja por ejercer sobre ella distintos tipos de violencia durante la relación, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión en Salta. La Justicia lo halló culpable de abuso sexual, amenazas agravadas por el uso de arma y desobediencia de una orden judicial.

La decisión la tomó este martes el juez Martín Pérez durante una audiencia en el Distrito Centro de Salta. El magistrado declaró al acusado penalmente responsable de los delitos mencionados e indicó que la pena impuesta es de cumplimiento efectivo.

El caso llegó a juicio a partir de la denuncia de la víctima, una mujer con quien el acusado mantuvo una relación de pareja y tiene una hija en común. Ella describió una convivencia marcada por reiterados episodios de violencia física, verbal y sexual. Según su relato, el hombre llegó a amenazarla con armas, además de humillarla y someterla constantemente, de acuerdo con su relato.

Según informó el Ministerio Público Fiscal la provincia, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke llevó adelante la acusación durante el juicio oral. En la primera etapa del proceso celebrada el lunes con el objetivo de definir la pena, la fiscal argumentó en base a las pruebas producidas durante el debate y solicitó que el condenado recibiera 11 años de prisión. En dicha instancia Pérez emitió el veredicto de culpabilidad y fijó para el día siguiente la audiencia de cesura.

De esta manera, el martes se llevó a cabo la segunda etapa y, tras un cuarto intermedio, el juez fijó la condena en ocho años y seis meses, una pena menor a la requerida por la fiscalía pero que el tribunal consideró proporcional a los hechos probados. Además de la sentencia, el magistrado ordenó la inscripción del sujeto en el Banco de Datos Genéticos donde se almacenan la información biológica de personas condenadas por determinados delitos, entre ellos los delitos sexuales.

Por otro lado, el magistrado revocó el arresto domiciliario que le había sido concedido al acusado durante el proceso. En su reemplazo, dispuso su traslado inmediato a la Alcaidía General, desde donde será derivado a la Unidad Carcelaria 1 de la provincia para cumplir la condena.

Encontraron muerto a un hombre que había sido condenado por el crimen de su esposa

La autopsia practicada este martes sobre el cuerpo de José Eduardo “Jota” Figueroa determinó que murió por asfixia por ahorcamiento, lo que refuerza la hipótesis de suicidio. Lo hallaron el lunes por la tarde en un patio interno del pabellón “F” de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, en Salta, donde cumplía prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido el 4 de agosto de 2023 en la vivienda que compartía con el condenado en el barrio privado El Tipal. Kvedaras tenía 37 años cuando fue asesinada.

Figueroa fue trasladado al hospital San Bernardo, donde los médicos confirmaron su muerte, alrededor de las 19 horas del lunes. Los peritos establecieron que los surcos en el cuello del interno fueron producidos por una soga fabricada con vendas.

A pesar del resultado forense, el Ministerio Público Fiscal (MPF) mantiene abierta la investigación. El protocolo impuesto por el procurador Pedro García Castiella al inicio de su gestión establece que todo aparente suicidio dentro de una cárcel debe investigarse bajo los mismos estándares que un posible homicidio.

El fiscal Daniel Espilocín, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N°2, coordinó las primeras diligencias desde el penal y convocó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Según informó El Tribuno, se solicitó el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento y la toma de testimonios. Con el asesinato descartado por los forenses, la pesquisa apunta ahora a determinar si existió algún tipo de negligencia en la custodia del recluso.

Figueroa había sido condenado el 30 de agosto de 2025 por un tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. La sentencia, dictada por unanimidad, aún no estaba firme dado que la defensa había presentado un recurso ante el Tribunal de Impugnación para cuestionar tanto la calificación del crimen como el agravante de violencia de género.

Se lanza Argentina Federal, el nuevo bloque de diputados que responden a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y Misiones, Hugo Passalacqua. Son gobernadores que tienen una relación de tensión con el oficialismo y que lo anunciaron con el viejo adagio que busca mostrar independencia: el apoyo o no al oficialismo “será ley por ley”.

La presentación oficial será mañana 30 minutos antes de que comience la sesión en la que La Libertad Avanza busca darle media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y a la ley de inocencia fiscal en su segunda versión.

El nuevo bloque prometió dar quórum, por lo que mañana se sentarán en sus bancas cuatro diputados de Misiones -Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik-, tres de Salta -Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega-, el formoseño Gerardo Gustavo González y el puntano Claudio Álvares. Y la presentación en sociedad será con Sáenz y Passalacqua en el Salón de los Pasos Perdidos.

Sin embargo, en las últimas 24 horas el escenario se fue modificando. La visita de la ministra Sandra Pettovello a Salta y el rol de los legisladores libertarios generó malestar en la administración salteña. “Lo que pasó empioja la relación. Y lo de Orosco lo empeora”, explicó una fuente libertaria que busca mantener el apoyo de Argentina Federal.

En la visita de la ministra los legisladores salteños libertarios intentaron ningunear al gobernador buscando concentrar la atención de Pettovello. Luego el legislador provincial libertario Roque Cornejo, le negó el saludo a Sáenz, quien lo calificó de “guarango”. La ministra salió en defensa de un Sáenz visiblemente molesto y desató un nuevo capítulo de la interna libertaria.

“Creemos que no vamos a ir a un acuerdo con LLA, que no hace falta para la reelección”, explicó una fuente salteña que tiene diálogo con el gobernador. Del otro lado, el mundo libertario “amenaza” con impulsar una candidata propia: la senadora nacional libertaria por la provincia Emilia Orozco.

Orozco publicó un video en redes sociales luego de ese tenso momento en donde acusa a Sáenz de querer silenciarla y remata con un “necesitamos de sus votos para seguir sacando este país adelante, por eso no le digo un montón de verdades”.

Esto también tensa las relaciones dentro del oficialismo entre los sectores que buscan acordar en las provincias y los que tienen como estrategia electoral “poner candidatos propios en todas las provincias”.

En este escenario es donde empiezan a aparecer los riesgos: entre algunos observadores de la Cámara empieza a correr la teoría respecto a que, por más que ya garantizaron el quórum, existe el riesgo que en algunas de todas las votaciones de mañana el oficialismo pierda algunos de estos votos en el camino.

Entre los proyectos a tratar está el de reducir el IVA del 21% al 10,5% a la mandioca. “Es algo que casi no tiene impacto fiscal, le sirve a la economía regional y es un gesto con los aliados”, habían explicado los libertarios cuando apoyaron el dictamen.

En ese paquete de leyes aparece también declarar a la provincia de Salta como Capital Nacional del Ecoturismo.

El temario incluye una buena cantidad de proyectos de declaración de “la capital de” y esto genera que el oficialismo se asegure el quórum. Sin embargo, para la oposición son una muestra de debilidad. “Estos son proyectos de las últimas sesiones del año, los meten ahora para poder alcanzar el número porque entre los que se están subiendo el precio y los que empiezan a despegarse, parecería que al oficialismo le cuesta un poco más juntar socios”, dijo un legislador peronista que tiene más de una batalla dentro del recinto.

José “Jota” Eduardo Figueroa fue hallado muerto este lunes en un patio interno del pabellón “F” de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, en Salta, donde cumplía prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras, ocurrido en agosto de 2023.

Figueroa permanecía detenido desde 2024 y fue condenado el 30 de agosto pasado, es decir, cuatro meses atrás. El cuerpo fue hallado por un internó que dio aviso a los guardias de la prisión. Fue trasladado al hospital San Bernardo, donde los médicos constataron la muerte, cerca de las 19.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el resultado preliminar de autopsia, realizada este martes por la mañana, estableció que la muerte ocurrió por asfixia por ahorcamiento. Coincide con la hipótesis principal: el suicidio.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por el procurador Pedro García Castiella, continuará la investigación para determinar si hubo alguna negligencia o responsabilidad en el hecho.

El protocolo dispuesto por Castiella al inicio de su gestión, obliga a investigar todo aparente suicidio bajo presupuestos de homicidio, un protocolo similar al que recomienda la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en el caso de femicidios.

Por ese motivo, desde el inicio, el fiscal Daniel Espilocín, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N°2, coordinó las primeras medidas desde la carcél y dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), tal como informó El Tribuno.

De esta manera, ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia médico-legal con el fin de establecer la causa, la mecánica, la data de muerte y si el cuerpo presentaba lesiones.

Al mismo tiempo, solicitó el análisis de cámaras de seguridad de penitenciaria y la toma de testimonio. Descartado el asesinato por el resultado forense, este aspecto de la investigación está ligado al cuidado del recluso, detallaron las fuentes.

Este medio pudo saber que los peritos confirmaron que los surcos que presentaba Figueroa en el cuello fue realizado por una soga elaborada con vendas. La semana anterior había sido trasladado a clínica privada y se presume que allí se hizo del material médico.

Las últimas palabras del femicida

Antes de que el Tribunal, integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, diera a conocer el veredicto en su contra, Figueroa tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras en la sala.

Entre lágrimas, aseguró sentirse “avergonzado” y admitió: “Hice mucho daño. Vivo el dolor todos los días en carne propia”, recordó El Tribuno.

En su exposición expresó que rezaba “mucho por la familia Kvedaras” y por la suya. Se refirió especialmente a sus hijos: “Rezo por esas tres personitas”. “Me quedé con lo lindo. De aquí en más todo es pérdida”, cerró.

Mercedes Kvedaras tenía 37 años cuando fue asesinada el 4 de agosto de 2023 en la casa que compartía con Figueroa en el barrio privado El Tipal. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento y sofocación manual.

Los jueces descartaron el accidente, tomaron en cuenta la violencia ejercida durante el ataque y el femicida fue condenado -por unanimidad- como coautor del homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La sentencia todavía no estaba firme. Su abogado, Juan Casabella Dávalos, había presentado un recurso ante el Tribunal de Impugnación para que el crimen fuera recalificado por emoción violenta u homicidio preterintencional, sin intención de causar la muerte. El defensor también cuestionaba la aplicación del agravante de violencia de género.

El femicidio de una mujer en la ciudad de Metán, en la provincia de Salta, conmocionó a la provincia durante el fin de semana. El único sospechoso es su novio, de 26 años, quien se negó a declarar .

La Fiscalía Penal 1, a cargo de Nicolás Rodríguez López, encabeza la investigación por el crimen.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el Ministerio Público Fiscal de Salta, la Fiscalía llevó adelante la imputación formal y adelantó que en los próximos días solicitará la prisión preventiva para evitar cualquier riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

El acusado, asistido por la defensa oficial, optó por abstenerse de declarar durante la audiencia. Su silencio se suma a las incógnitas que rodean el caso, mientras avanzan las diligencias dispuestas por el Juzgado de Garantías interviniente.

De esta manera, Rodríguez López imputó de manera provisional al sospechoso por el delito de homicidio cuádruplemente calificado. La acusación se fundamenta en cuatro agravantes: la relación de pareja con la víctima, la existencia de violencia de género, la alevosía y el ensañamiento.

Durante la audiencia, la Fiscalía fue enfática en la necesidad de mantener la detención del imputado. Se argumentó que las circunstancias del caso y la naturaleza del delito ameritan una respuesta judicial inmediata y contundente. El juez de Garantías deberá resolver sobre la solicitud de ratificación mientras se cumplen las diligencias investigativas en curso.

Además, el fiscal Rodríguez López informó que durante la semana se tomarán testimonios clave en sede fiscal. Estas declaraciones serán fundamentales para establecer una secuencia clara de los acontecimientos y determinar posibles responsabilidades o complicidades.

Paralelamente, se encuentran en proceso de análisis las imágenes secuestradas de una cámara de seguridad particular, ubicada en la zona donde habría ocurrido la agresión. Este material audiovisual podría aportar elementos determinantes sobre los últimos movimientos de la víctima y el sospechoso, así como sobre el contexto inmediato del ataque.

El femicidio

El caso ocurrió durante la noche del viernes, cuando Díaz Orellana y Ramírez habían concurrido a un local bailable. Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Salta, luego de una discusión, el hombre la habría atacado con golpes de puño y con un elemento contundente en la zona de la cabeza. Luego, se habría retirado y la habría dejado tendida en la vía pública.

Horas más tarde, alrededor de las 4 de la madrugada del sábado, el sospechoso se presentó en una dependencia policial e informó lo sucedido. Tras su relato, quedó demorado y los efectivos se dirigieron hasta el lugar que había señalado, donde encontraron a la joven gravemente herida y solicitaron asistencia sanitaria.

Díaz Orellana fue trasladada inicialmente al hospital Del Carmen de Metán. De acuerdo con El Tribuno, presentaba hundimiento de cráneo, fracturas en la nariz y la mandíbula, heridas en el rostro, lesiones dentales y otros traumatismos de gravedad.

Debido a la gravedad de su cuadro, los médicos gestionaron su derivación a la ciudad de Salta. En un primer momento, se evaluó realizar el traslado mediante un helicóptero sanitario, pero las condiciones climáticas impidieron que la aeronave pudiera aterrizar, por lo que finalmente fue trasladada por vía terrestre una vez que lograron estabilizarla.

La joven quedó internada en el hospital San Bernardo, donde recibió atención especializada. Sin embargo, este domingo a las 9.15 los médicos confirmaron su fallecimiento como consecuencia de las graves lesiones que había sufrido.

La Justicia federal de Salta imputó a 15 personas, entre ellas diez funcionarios o exfuncionarios públicos, por integrar una presunta organización dedicada a falsificar certificados médicos y documentación para obtener pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento de Anta.

La acusación fue formalizada por el fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, ante el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, quien otorgó un plazo de un año para profundizar la investigación y dispuso, por el mismo período, la anotación de litis sobre bienes de los imputados.

La pesquisa se concentra principalmente en El Quebrachal y Joaquín V. González, donde la fiscalía detectó un circuito que, según su hipótesis, comenzaba con la captación de personas interesadas en acceder al beneficio y seguía con la confección de certificados médicos falsos, adulteración de estudios y diagnósticos de enfermedades inexistentes.

Entre los acusados figuran los médicos José B., Humberto B., Julio O., Luis V., César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana, además de Oscar Luna, exgerente del hospital de El Quebrachal. Orellana es actualmente diputado provincial por Anta.

También quedaron imputados el exjefe de la sucursal de ANSES de El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar; el bioquímico Luciano Benjamín Esteban; los empleados municipales Manuel Rolando Córdoba, Estela Mary Romano y Luis Casares; y un kiosquero identificado como Hugo M.

La fiscalía les atribuyó, con diferencias según la función de cada uno, los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación comenzó en julio de 2024 y avanzó a partir de 26 allanamientos realizados en domicilios, consultorios, hospitales, clínicas privadas y dependencias municipales.

Según informó el Ministerio Público Fiscal en su portal institucional, en esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, documentación y listados de personas que presuntamente habían pagado para tramitar pensiones, pese a que la gestión es gratuita. Parte de los dispositivos ya fue peritada y, de acuerdo con la acusación, los mensajes permitieron reconstruir vínculos entre los investigados e identificar nóminas de personas que habían abonado o todavía adeudaban dinero.

La hipótesis fiscal sostiene que algunos aspirantes eran derivados hacia consultorios o clínicas privadas vinculadas con los propios imputados. Allí se extendían diagnósticos por patologías como Chagas, diabetes o problemas de columna, con porcentajes de incapacidad suficientes para satisfacer los requisitos del beneficio.

El bioquímico Esteban habría aportado estudios correspondientes a pacientes que efectivamente padecían determinadas enfermedades para que luego fueran utilizados en trámites de otras personas.

Uno de los roles más particulares atribuidos en la causa es el de Hugo M., propietario de un kiosco ubicado cerca del hospital de El Quebrachal. Los investigadores afirman que desde allí captaba potenciales beneficiarios, modificaba documentación y cargaba trámites por Internet.

La imputación también ubica a Salazar como una pieza relevante del esquema, ya que habría facilitado mecanismos para que personas ajenas a ANSES pudieran acceder al sistema y subir documentación.

Otro tramo del caso apunta al supuesto cobro de dinero a personas en condiciones económicas vulnerables. Los montos podían superar los $300.000 y, en determinadas gestiones o renovaciones, alcanzar $1 millón. Según la fiscalía, algunos interesados tomaron préstamos o vendieron animales y otros bienes para afrontar esos pagos.

Respecto de Orellana, Amad señaló que durante su gestión como intendente de Joaquín V. González, entre 2007 y 2011, avaló trámites de personas que no cumplían con los requisitos. También sostuvo que, en períodos electorales, habría ofrecido pensiones a cambio de votos.

Aunque la audiencia estuvo centrada en Anta, la investigación podría extender su alcance. Por pedido de la fiscalía, la Gendarmería Nacional elaboró un informe según el cual unas 9.000 de las 39.715 pensiones no contributivas por discapacidad vigentes en la ciudad de Salta presentarían documentación apócrifa, incompleta o incumplimientos de requisitos.

A partir de esa estimación, el fiscal calculó un impacto económico de $3.240 millones mensuales y casi $40.000 millones anuales.

La causa tramita bajo el sistema acusatorio federal, vigente en Salta desde junio de 2019. En ese esquema, la investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, mientras que el juez de garantías interviene en las medidas y planteos que requieren control jurisdiccional. Fue en ese marco que Amad formalizó las imputaciones y Anzorreguy fijó el plazo para continuar reuniendo evidencia.

Gendarmería Nacional incautó este fin de semana más de 700 kilos de hojas de coca y 24 mil atados de cigarrillos que eran transportados de contrabando en Orán, provincia de Salta.

El procedimiento se inició cuando dos camionetas intentaron eludir el control dispuesto por la fuerza sobre la traza provincial. Según la información oficial, ambos rodados aceleraron para evadir la presencia de los uniformados, lo que motivó la inmediata reacción de los efectivos desplegados en el lugar. La situación activó protocolos de seguimiento, permitiendo en primera instancia localizar una de las camionetas, una Toyota Hilux, en el interior de una finca cercana.

De acuerdo con lo informado por el portal de La Gaceta, en el interior de la camioneta Toyota se encontraba un ocupante y una carga compuesta por 17.300 atados de cigarrillos de origen extranjero. El hallazgo resultó relevante para los investigadores, ya que la mercadería no contaba con la documentación aduanera correspondiente y se presume que su ingreso al país se realizó en infracción a la Ley 22.415, conocida como “Código Aduanero”.

A unos tres kilómetros del primer hallazgo, los gendarmes localizaron la segunda camioneta involucrada, una Chevrolet S10. El vehículo, que presentaba signos de colisión, había sido abandonado por sus ocupantes. Al inspeccionar su interior, los agentes encontraron 430 kilos de hojas de coca en estado natural.

El operativo fue supervisado por la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, que dispuso el secuestro de ambos vehículos y de la totalidad de la mercadería incautada. Además, según se informó, la persona detenida en la Toyota Hilux quedó “supeditada a la causa” por la presunta infracción a la ley aduanera.

La intervención judicial se orientó a la profundización de las investigaciones para determinar la posible existencia de una organización dedicada al tráfico de cigarrillos y hojas de coca, productos cuyo ingreso y circulación están regulados de manera estricta por la normativa vigente.

En un procedimiento independiente, realizado por efectivos de la Patrulla Fija “El Naranjo”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, se registró un nuevo intento de ocultar mercadería ilegal bajo materiales de descarte. El operativo tuvo lugar sobre la intersección de las Rutas Nacionales N° 9 y N° 34 y se centró en una camioneta Chevrolet D-20 ocupada por dos ciudadanos mayores de edad.

Al inspeccionar la carga, los uniformados detectaron que debajo de la chatarra se ocultaban 350 kilos de hojas de coca en estado natural y 6.750 paquetes de cigarrillos. La maniobra, según lo informado por la fuerza, habría sido diseñada para evitar la detección de la mercadería en los controles habituales.

La Fiscalía Federal de Salta dispuso el secuestro tanto de los rodados como de la mercadería, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 22.415. Los involucrados quedaron sujetos a proceso judicial.

Durante todo el fin de semana, la incautación de más de 780 kilos de hojas de coca y 24.050 atados de cigarrillos de contrabando, además del secuestro de tres vehículos. Las autoridades judiciales y de la fuerza federal indicaron que las investigaciones continúan a fin de identificar a los responsables y determinar la extensión de las redes de contrabando en la región.

La investigación por el crimen de las turistas francesas suma un nuevo capítulo luego de que la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal de Salta (MPF) pida que se declare la nulidad del sobreseimiento de Walter Lasi. Se trata del padre del único acusado y detenido por el homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, a partir de los análisis que se realizan desde hace tiempo en Francia.

De esta manera, más de 15 años después del crimen, se pone en revisión una de las decisiones más discutidas del proceso judicial. Según el parte oficial difundido por el organismo, el planteo alcanza las resoluciones dictadas entre julio de 2012 y mayo de 2013, que dispusieron y luego confirmaron el cierre de la investigación para Gustavo Lasi. Según la Fiscalía, esas resoluciones usaron criterios diferentes para analizar pruebas similares en el caso del padre del principal imputado y en el de otros imputados.

La Fiscalía cuestionó de manera puntual la forma en que se evaluaron la evidencia genética, la cercanía de los imputados con la escena del hecho, las armas incorporadas al expediente y las contradicciones detectadas en distintas declaraciones.

Para la acusación, hubo pruebas e indicios similares que fueron usados para comprometer a Santos Clemente Vera y Daniel Vilte Laxi, pero no tuvieron el mismo peso cuando la Justicia analizó la situación de Walter Lasi. Mientras que esas pruebas sirvieron para incriminar a los dos primeros, el mismo tipo de evidencia recibió una lectura desincriminante respecto del último, sin que las resoluciones cuestionadas ofrecieran una justificación para ese trato diferenciado. Esa decisión afectó el debido proceso y evitó que una posible responsabilidad penal fuera analizada en un juicio, sostuvieron.

La Fiscalía anticipó que la defensa podría argumentar que el sobreseimiento de Walter Lasi ya es definitivo e inapelable. Para contrarrestar ese argumento, las autoridades fiscales a la doctrina de la cosa juzgada írrita o aparente, que permite reabrir decisiones judiciales cuando estas fueron dictadas con graves irregularidades que pusieron en duda la imparcialidad o la solidez del proceso.

El reclamo también incorpora objeciones sobre parte del material usado durante la instrucción.

El caso de las turistas francesas asesinadas en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, en la provincia de Salta, aun continúa generando cambios. En 2014, Gustavo Lasi fue condenado por unanimidad a 30 años de prisión como autor de robo, abuso sexual con acceso carnal y doble homicidio agravado en perjuicio de Bouvier y Moumni.

En tanto, Santos Clemente Vera fue absuelto en el juicio de 2014 y luego condenado a prisión perpetua en una instancia posterior. Esa sentencia fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó un nuevo pronunciamiento y quedó libre.

En ese contexto, Walter Lasi había quedado al margen del expediente por las resoluciones que ahora la Unidad Fiscal busca revisar. No es la primera vez que su situación procesal queda bajo análisis. En noviembre de 2012, la Sala II del Tribunal de Impugnación de Salta había revocado un sobreseimiento dictado en primera instancia y ordenado profundizar medidas de prueba, entre ellas nuevas pericias y estudios genéticos incorporados al expediente.

La cooperación judicial entre Argentina y Francia se reactivó a partir de la denuncia de Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandra que en septiembre de 2025, pidió que se investiguen posibles irregulariodades y la justicia francesa abrió una nueva causa.

Esto permitió concretar medidas en territorio francés, entre ellas una nueva pericia genética en el Laboratorio de la Gendarmería Nacional de París. El resultado, según el Ministerio Público Fiscal y de acuerdo con lo publicado por Gente de Salta, volvió a detectar rastros genéticos de Gustavo Lasi en el cuerpo de las víctimas y no descartó una posible participación de su padre.

El organismo agregó que, bajo ciertos parámetros, el Código Penal francés y principios del derecho internacional permiten a las autoridades judiciales francesas avanzar en investigaciones sobre delitos cometidos contra ciudadanos de esa nacionalidad.

La Fiscalía aclaró que el planteo no implica una condena ni una definición anticipada sobre la responsabilidad penal de Walter Lasi. El objetivo inmediato consiste en remover los efectos de las decisiones que lo desvincularon, para que su situación pueda volver a examinarse dentro de una investigación ajustada a las garantías del debido proceso.

Una joven de 20 años, identificada como Cintia Díaz Orellana, murió este domingo luego de permanecer internada en grave estado por las lesiones que sufrió durante un ataque ocurrido en la ciudad salteña de Metán. Por el hecho se encuentra detenido su pareja Gastón Ramírez, de 26 años, quien será imputado este lunes como presunto autor del femicidio.

El caso ocurrió durante la noche del viernes, cuando Díaz Orellana y Ramírez habían concurrido a un local bailable. Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Salta, luego de una discusión, el hombre la habría atacado con golpes de puño y con un elemento contundente en la zona de la cabeza. Luego, se habría retirado y la habría dejado tendida en la vía pública.

Horas más tarde, alrededor de las 4 de la madrugada del sábado, el sospechoso se presentó en una dependencia policial e informó lo sucedido. Tras su relato, quedó demorado y los efectivos se dirigieron hasta el lugar que había señalado, donde encontraron a la joven gravemente herida y solicitaron asistencia sanitaria.

Díaz Orellana fue trasladada inicialmente al hospital Del Carmen de Metán. De acuerdo con El Tribuno, presentaba hundimiento de cráneo, fracturas en la nariz y la mandíbula, heridas en el rostro, lesiones dentales y otros traumatismos de gravedad.

Debido a la gravedad de su cuadro, los médicos gestionaron su derivación a la ciudad de Salta. En un primer momento se evaluó realizar el traslado mediante un helicóptero sanitario, pero las condiciones climáticas impidieron que la aeronave pudiera aterrizar, por lo que finalmente fue trasladada por vía terrestre una vez que lograron estabilizarla.

La joven quedó internada en el hospital San Bernardo, donde recibió atención especializada. Sin embargo, este domingo a las 9.15 los médicos confirmaron su fallecimiento como consecuencia de las graves lesiones que había sufrido.

La investigación está a cargo del fiscal penal Nicolás Rodríguez López, interino en la Fiscalía Penal N°1 de Metán, quien dispuso una serie de medidas para reconstruir las circunstancias del ataque.

Entre ellas, se ordenó la intervención de personal de Criminalística, el secuestro de las prendas de vestir de ambos involucrados, el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones testimoniales.

Tras conocerse la muerte de Díaz Orellana, el fiscal ordenó además que el cuerpo sea sometido a una autopsia en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, con el objetivo de determinar de manera precisa la causa del fallecimiento. También dispuso que se brinde asistencia y contención a los familiares de la víctima.

Ramírez permanece detenido y este lunes será sometido a la audiencia de imputación luego de realizarse el correspondiente control de legalidad. Hasta el momento, la Fiscalía no comunicó cuál será la calificación legal que le atribuirá.

En las últimas horas, familiares, allegados y vecinos comenzaron a despedir a Cintia a través de las redes sociales y reclamaron justicia por su muerte.

“Que tu nombre no sea uno más, Cintia”, publicó la cuenta “Siete Arcángeles” en Facebook. “Cintia no murió porque sí. A Cintia le arrebataron la vida. Que mañana su nombre no desaparezca detrás de otra noticia. Que el tiempo no apague la indignación. Que su hijo, algún día, pueda saber que muchas personas levantaron la voz por su mamá”, continúa el mensaje.

“Por ella. Por su pequeño. Por su familia. Y por todas las que todavía pueden ser salvadas. Que haya justicia. Que no haya impunidad. Descansá en paz, Cintia”, concluye la publicación.

Siempre fue de aquellos que defendían proyectos adelantados para su época o protagonista de empresas imposibles. A sus 41 años, Manuel Belgrano debía reorganizar el ejército, levantarle la moral y prepararlo para hacer frente a un ejército enemigo de unos tres mil hombres que ya se habían adueñado de Potosí y Chuquisaca, y que amenazaba con sobrepasar la frontera norte. El 20 de junio de 1811 la estrepitosa derrota de Huaqui había provocado la pérdida del Alto Perú. El panorama no era para nada halagüeño.

Para levantar el ánimo de los hombres, el 25 de mayo de ese año hizo bendecir por el cura Juan Ignacio Gorriti, capellán del ejército, la bandera que había creado en las barrancas del río Paraná a comienzos de ese año.

Con conocimientos militares adquiridos a los golpes en los campos de batalla, el ejército que encontró luego de que Juan Martín de Pueyrredón le pasase el mando en la Posta de Yatasto era un conglomerado de casi un millar de hombres, de los cuales una tercera parte estaba herida, mal vestida y peor armada. Solo contaban con 580 fusiles, 215 bayonetas, 21 carabinas y 34 pistolas.

Debía además lidiar con sus problemas de salud: sufría de reuma, tenía una fístula en un ojo y padecía problemas digestivos, se indigestaba con facilidad y en el norte tuvo la mala suerte de contraer paludismo.

En noviembre del año anterior ofreció desprenderse de la mitad de su sueldo, “siéndome sensible no poder hacer demostración mayor, pues mis facultades son ningunas y mi subsistencia pende de aquél, pero en todo evento sabré también reducirme a la ración del soldado, si es necesario, para salvar la justa causa que con tanto honor sostiene Vuestra Excelencia”.

Organizó la infantería en dos batallones, el 6°, el Cazadores del Perú y el cuerpo de Pardos y Morenos; unió a los Dragones y a los Húsares de la Patria y armó la Caballería Provisional del Río de la Plata. Además, al mando de Eustoquio Díaz Vélez, su segundo comandante de 29 años, formó el Escuadrón de caballería Patriotas Decididos compuesto por unos 200 voluntarios jujeños, en edades que iban de los 16 a los 35 años. Completaban ese ejército unos 60 jinetes de la Partida de Observación a cargo de Martín Miguel de Güemes. Creó una compañía de Guías, un hospital y un tribunal militar. La artillería era muy limitada y suplió la falta de bayonetas con lanzas.

Sus pedidos de armas y equipamiento que insistentemente hacía a la lejana Buenos Aires caían, uno a uno, en saco roto. “¿Se puede hacer la guerra sin gente, sin armas, sin municiones, sin pólvora siquiera?”, se preguntó en una de las cartas a Bernardino Rivadavia, secretario del Primer Triunvirato.

Como respuesta, obtuvo la orden de replegarse hacia el sur y que se hiciese fuerte en Córdoba.

Era difícil seguirle el paso en la calle y menos hablarle porque casi corría. Era de las personas que poco o nunca descansaba. Ese abogado devenido en general, de estatura regular, pelo rubio, de tez blanca y sin barba, en junio había separado a Güemes del ejército. Aparentemente, convivía con una mujer casada y compartían techo con el esposo de la mujer, que estaba amenazado por el salteño. A pesar de que se arrepentiría de su decisión, lo mandó a Buenos Aires. Con los años terminarían siendo amigos.

A él también lo seguía una mujer. Desde marzo, María Josefa Ezcurra, con quien mantenía un romance que había comenzado en Buenos Aires, decidió acompañarlo y se alojó en Salta. Cuando se embarazó, viajó a una estancia en Santa Fe, donde dio a luz a un niño al que llamó Pedro Pablo y que fue criado por Juan Manuel de Rosas.

Los realistas, al mando de José Manuel Goyeneche, habían tomado Cochabamba y desplegaron sus fuerzas hacia La Quiaca. Según le ordenó el virrey Abascal, debía avanzar hacia Salta con 2.000 hombres, dejar 1.000 en Suipacha y con destacamentos de 500 soldados realizar incursiones en Tucumán.

Ante esta amenaza del ejército español, y su inminente incursión sobre la quebrada de Humahuaca, Belgrano dispuso adoptar una decisión dramática e inédita: evacuar las poblaciones de Salta y Jujuy, llevándolas hacia el sur, junto con el ganado, alimentos, cosechas y todo lo que pudiera ser de utilidad al enemigo. Ya lo había padecido en carne propia cuando hizo la campaña al Paraguay, cuando en su marcha solía hallar solo tierra arrasada.

El jefe realista era el peruano Pío Tristán, con el que había sido compañero de estudios en Salamanca. Delgado, de baja estatura, trato cordial, ingenioso y famoso por su avaricia, siempre mantuvieron una relación respetuosa, aunque no de amistad.

Cuando se hizo cargo del Ejército del Norte, Belgrano le escribió: “Fui el pacificador de la gran provincia del Paraguay. ¿No me será posible lograr otra gran dulce satisfacción en estas provincias? Una esperanza muy lisonjera me asiste de conseguir un fin tan justo, cuando veo a tu primo y a ti, de principales jefes”. El primo al que aludía era Goyeneche.

Pero no pudo convencerlo. Belgrano puso en marcha su plan que todo el mundo conoció el 29 de julio de 1812 con un bando que habrá hecho estremecer a más de uno. “Desde que puse un pie en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, en que se halla interesado el Excelentísimo Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, os he hablado con verdad. Siguiendo con ella os manifiesto que las armas de Abascal, al mando de Goyeneche, se acercan a Suipacha. Y lo peor es que son llamados por los desnaturalizados que viven entre nosotros y que no pierden arbitrios para que nuestros sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y volváis a la esclavitud. Llegó, pues, la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reuniros al ejército de mi mando, si como aseguráis queréis ser libres, trayéndonos las armas de chispa, blanca y municiones que tengáis o podáis adquirir, y dando parte a la justicia de los que las tuvieron y permanecieren indiferentes a vista del riesgo que os amenaza de perder no sólo vuestros derechos, sino las propiedades que tenéis”.

A los hacendados los conminó a trasladarse junto con su ganado, caballos, ovejas y mulas; a los labradores a llevarse el producto de sus cosechas y a los comerciantes a embalar todos sus bienes. A todo quien desobedeciera esa orden sería considerado traidor a la patria y fusilado. También sería pasado por las armas si encontrase a alguien que no se hubiese plegado a esa retirada y serían pasibles de la misma pena el que se manifestara contrario a las ideas patriotas o que intentase sembrar el desaliento y el desánimo. Nadie podía quedar detrás. “Sabed que se acabaron las consideraciones de cualquier especie que sean, y que nada será bastante para que deje de cumplir cuanto dejo dispuesto”, termina el bando.

Y se puso en marcha el éxodo, un término acuñado décadas más tarde, que le brindaba reminiscencias bíblicas. Belgrano se refería a esta operación como “retirada” o “marcha retrógrada”.

Lo que no pudo ser llevado se lo destruyó o fue pasto de las llamas, especialmente las cosechas de papa, maíz, trigo, cebada y alfalfa que no pudieron transportarse. Belgrano se ocupó de que se destruyese el establecimiento donde se fundían los cañones.

La mayoría lo siguió; hubo quienes lograron esconderse o que huyeron. Esos fueron los que, seguros que la empresa de Belgrano fracasaría, recibieron con vivas al rey la llegada de las tropas españolas.

Desde los primeros días de agosto, los pobladores comenzaron la marcha hacia el sur, tomando varias rutas. A las cinco de la tarde del domingo 23 de agosto de 1812 se retiró el ejército. Belgrano fue el último en abandonar la ciudad, al filo de la medianoche, y alcanzaría al grueso de su fuerza a las tres de la mañana. Volvería como triunfador en marzo del año siguiente.

A unas leguas de Jujuy, cerca de Cobos, hubo varias explosiones, y temieron que fueran cañones españoles. Pero lo que había ocurrido había sido el estallido de una carreta de municiones.

Durante la marcha, Belgrano alentaba al que se retrasaba y reprendía al que infundía desánimo. Nunca se lo vio descansar. Temía que los españoles se adelantasen por la Quebrada del Toro y le cortasen el paso. Siempre decía que el enemigo sabía tanto o más que él de su propio ejército y no terminaba de confiar en sus espías.

Fueron cinco extenuantes días de marcha, por un camino cercano a la actual traza de la ruta nacional 34. Cubrieron unos 300 kilómetros hasta llegar a Tucumán.

Cuando Goyeneche llegó a Jujuy, acusó el golpe: “Me llena de la más dulce complacencia el voto unánime y general que U.S. me indica de los pocos vecinos que han quedado en esa ciudad de mantenerse decididos y adictos a la causa del Rey sin que los retraiga la devastación que el furor y la venganza del Caudillo Revolucionario Belgrano ha causado en su población, según lo tuvo anunciado en su impío bando del 29 de julio”.

El 24 de agosto las tropas de Pío Tristán ocuparon Jujuy, y designó al general Juan Ramírez como su gobernador, quien abandonaría el lugar luego de la victoria patriota en Salta.

Si bien la orden de Buenos Aires era continuar hasta Córdoba para salvar al ejército, fueron los propios tucumanos y salteños los que le suplicaron permanecer para defenderlos de la invasión española. Le prometieron colaborar con hombres y caballos.

Belgrano le había escrito al gobierno que era peligroso continuar la retirada sin evitar una dispersión de fuerzas y la inexorable pérdida de material. Aún así, el Triunvirato se mantuvo firme: “…emprenda V.S. su retirada, dejando inútil enteramente cuando lleva y pueda aprovechar el enemigo o quemándolo todo en el último caso. Así, lo manda y ordena este gobierno por última vez…” Cuando esta comunicación llegó, Belgrano ya había triunfado en Tucumán.

El creador de la bandera había visto una luz de esperanza cuando la retaguardia de su ejército, al mando de Díaz Vélez, derrotó a una avanzada enemiga en las orillas del río Las Piedras el 3 de septiembre, tomó prisionero a uno de sus jefes, Agustín Huici, y eso ayudó a levantar la moral de las tropas. El 14 de septiembre le hizo saber a Rivadavia que esperaría al enemigo allí. Luego de felicitarlo por haber sido padre recientemente, agregó que “sé que el enemigo se acerca, pero me da tiempo de reponerme y, mediante Dios, lograr alguna ventaja sobre ellos. Retirarme más y perecer son lo mismo, además de poner a la Patria en mayor apuro”.

No estaba errado. Las victorias de Tucumán el 25 de septiembre de 1812 y de Salta el 20 de febrero de 1813 fueron de importancia para mantener el control del norte. Luego vendrían dos graves derrotas. Pero el camino de la revolución ya estaba trazado.

El reclamo de las provincias del norte para obtener una compensación por las altas temperaturas avanzó esta semana con un acuerdo entre cinco gobernadores y funcionarios del gobierno nacional. La negociación apunta a crear un esquema de subsidios para las zonas cálidas y muy cálidas, en un sistema energético que durante años contempló beneficios para las regiones de bajas temperaturas pero no para los hogares que enfrentan veranos extremos.

El acuerdo se alcanzó el martes en el Ministerio de Economía, durante una reunión de la que participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria de Energía, María Tettamanti; y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González. Por las provincias estuvieron los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; Catamarca, Chaco, Corrientes y Jujuy. La Rioja participó mediante sus equipos técnicos.

La propuesta establece que el consumo eléctrico subsidiado en las zonas consideradas muy cálidas pase de 300 a 550 kWh, mientras que en las zonas cálidas aumente de 150 a 300 kWh. La aplicación está prevista para los meses de noviembre a abril, cuando el uso de electricidad aumenta por las altas temperaturas y el funcionamiento de equipos de refrigeración.

Según explicó Sáenz, el descuento podría cubrir entre el 50% y el 80% del costo de la electricidad, dependiendo de la categoría climática.

“El beneficio es subsidiar parte de la electricidad. Estamos hablando de entre un 50 y un 80%, dependiendo de si son zonas cálidas o muy cálidas”, explicó el gobernador salteño en diálogo con Infobae.

La discusión tiene como antecedente el régimen de zonas frías, que establece descuentos sobre el consumo de gas para usuarios de distintas provincias del centro y sur del país. Ese sistema se financia mediante un cargo que pagan los usuarios del servicio eléctrico de todo el país, incluidos los habitantes del norte.

El planteo de los gobernadores es incorporar al esquema energético una compensación para quienes viven en regiones donde el principal impacto climático no está relacionado con las bajas temperaturas sino con el calor.

Salta ya aplica un beneficio similar

Salta utiliza desde 2023 un régimen provincial de Bonificación de Tarifa para Zonas Cálidas. El programa alcanza a unas 106.000 familias y se financia con recursos del Tesoro provincial.

Durante el último verano, el costo fue de aproximadamente $1.800 millones mensuales, según los datos aportados por la administración salteña. El desembolso anual ronda los $9.000 millones.

El planteo de Sáenz en la negociación nacional busca ampliar la cobertura a unas 140.000 familias de los departamentos de Rivadavia, Orán, San Martín, Anta, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria.

El gobernador vinculó el reclamo con una discusión que, según señaló, lleva varios años y que involucró a distintas administraciones provinciales y legisladores del norte.

“Lo venimos peleando hace muchísimo tiempo: gobernadores anteriores, diputados y senadores anteriores. Esto es como la coparticipación, que no se resuelve desde el 94. Y me parece que esto puede poner un poquito de justicia”, afirmó.

Sáenz también cuestionó el esquema actual de distribución de los beneficios energéticos.

“El país está dividido en tres partes: el norte, el centro y el sur. Y realmente es un país injusto, porque el Norte viene subsidiando desde hace muchos años a las zonas frías. No digo que esté mal ni que esté bien: digo que es un análisis que tenemos que hacer.”

Una resolución primero y una ley después

Uno de los puntos que todavía debe definirse es el mecanismo jurídico que permitirá aplicar el nuevo esquema. La intención expresada durante la negociación es que una resolución de la Secretaría de Energía permita ponerlo en marcha y que posteriormente una ley establezca un marco de mayor permanencia.

La cuestión es relevante para las provincias porque, según Sáenz, los antecedentes de medidas similares muestran que algunos beneficios tuvieron una duración limitada.

“Lo que logramos es ponernos de acuerdo en que esto hay que resolverlo: a través de una resolución, de una ley o de un decreto, pero con algo que le dé continuidad en el tiempo. No sirve de nada sacar una resolución por un tiempo y que después volvamos a estar igual”, sostuvo.

En principio, la resolución permitiría aplicar el beneficio durante el próximo período de altas temperaturas. Después, el Gobierno y las provincias deberían avanzar en el Congreso con una norma que establezca el régimen.

El reclamo norteño quedó además vinculado con el debate legislativo sobre el régimen de zonas frías. El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 20 de mayo y llegó al Senado dos días después, donde quedó sin tratamiento durante casi tres meses.

Para Sáenz, el eventual subsidio no debería quedar asociado a los gobiernos provinciales sino a los usuarios que recibirían el descuento.

“No es un subsidio al gobernador de Salta, ni al de La Rioja, ni al de Chaco. Es un subsidio para la gente que lo vive, independientemente de que el usuario sea libertario, peronista o radical. Es un reclamo de toda la vida, porque los calores en el Norte son muy fuertes”, agregó.

Un grupo de científicos encabezado por la bióloga María Cecilia Martínez identificó en Argentina un nuevo grupo de chinches llamado Rotundedessa y sumó dos especies nuevas para la ciencia. El descubrimiento se realizó en las provincias de Salta y Jujuy, y fue publicado en la revista Neotropical Entomology.

Este avance ayuda a organizar mejor uno de los conjuntos más variados y complejos de clasificar dentro de la subfamilia denominada Edessinae.

El estudio surgió porque Edessinae reúne cerca de 500 especies en 20 grupos distintos, y uno de esos grupos, llamado Edessa, incluye alrededor de 350 especies ya conocidas y otras 300 que aún no han sido descritas.

Para abordar este desafío, los investigadores se enfocaron en analizar pequeños grupos de especies similares. Esto les permitió identificar características únicas y proponer la creación de un nuevo género para las especies que compartían esos rasgos.

“El estudio de pequeños grupos de especies morfológicamente similares constituye un método eficaz para abordar la diversidad taxonómica de Edessa y ha permitido la descripción de varios géneros nuevos”, escribieron los autores.

Las características de los hallazgos en el norte argentino

El nombre Rotundedessa deriva del latín rotundus, “redondo”, en alusión a la forma ovalada, redondeada y aplanada del cuerpo de estos insectos.

De acuerdo con el estudio, las especies de este género son pequeñas, con longitudes de 10,4 a 13,7 mm, cuerpo oval y deprimido, superficie dorsal marcadamente plana y coloración verde clara uniforme, salvo un área ventral abdominal amarilla en la línea media. También presentan ángulos humerales redondeados, patas marrón claro y una serie de rasgos particulares en la estructura genital y en áreas laterales del cuerpo.

Una es Rotundedessa luteola, encontrada en Jujuy. El holotipo, un macho, fue recolectado en Puesto Viejo, a 600 metros sobre el nivel del mar, el 18 de marzo de 2025 por Freddy Burgos Gallardo; el paratipo, una hembra, procede del mismo sitio.

Según la publicación, esta especie mide entre 7,4 y 9,8 mm de largo total, tiene el cuerpo verde claro con bordes amarillos y presenta un callo amarillento en el ápice del escutelo, la placa triangular del dorso. Entre sus rasgos diagnósticos figuran un rostro que no alcanza el proceso metasternal, brazos anteriores de ese proceso cortos y poco desarrollados, espiráculos amarillentos y antenas, rostro y patas de color marrón rojizo sin manchas.

La segunda especie nueva es Rotundedessa olivacea, registrada en Salta y también en Jujuy. El holotipo, un macho, fue recolectado en Finca San Luis, en General Güemes, Salta, a 1.807 m, el 10 de enero de 2024 por Martínez; el paratipo, también macho, fue hallado en Estancia Las Lauras, Jujuy, a 974 metros sobre el nivel del mar, el 27 de noviembre de 2024.

El estudio la describe con un cuerpo verde oliva, márgenes anterolaterales del pronoto y placas mandibulares bordeados en verde, y una superficie del pronoto y escutelo apenas rugosa, casi lisa. A diferencia de R. luteola, su rostro alcanza el proceso metasternal, y los brazos de la bifurcación anterior casi llegan a la mitad de las porciones ensanchadas del mesosterno.

Citado por Neotropical Entomology, el trabajo compara esta especie con R. eucnema, ya que ambas comparten un parámero más ancho en el extremo distal que en la base. La nueva especie se distingue por ángulos posterolaterales del pigóforo más desarrollados, parámeros plegados y un lóbulo ventral externo menos desarrollado.

Los ejemplares tipo quedaron depositados en el Museo de La Plata y en el Instituto de Biología de la Altura de Argentina. El artículo, firmado por Martínez, Freddy Burgos Gallardo, José Antonio Marin Fernandes y Luiz Alexandre Campos, incluyó además una clave de identificación actualizada para las especies de Rotundedessa.

El enfrentamiento político entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y su antiguo jefe político Carlos Rovira (histórico referente del Frente Renovador de la Concordia) tendrá efectos muy concretos en el Congreso y podría afectar el delicado esquema de alianzas del gobierno de Milei. El miércoles de la semana que viene, en la previa de la sesión donde se debatirán la reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal II, el bloque de diputados Innovación Federal dejará de existir para dar lugar a un nuevo espacio que responderá directamente a los mandatarios de Misiones y Salta.

La nueva bancada continuará casi con los mismos integrantes, cuatro diputados de Misiones -Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik- y tres de Salta -Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega-, pero ya no será presidida por Arrúa sino que quedará bajo la conducción de Herrera Ahuad (también ex gobernador). Si bien aclararon que las negociaciones no están cerradas, serán excluidos el puntano Claudio Álvarez y el formoseño Gerardo González, ex libertarios y con buena sintonía con el gobierno nacional. “No nos sirve que vengan a defender cosas de la General Paz para adentro, tienen que defender la agenda federal y regional”, explicaron ante la consulta de Infobae.

A pesar de que los integrantes del bloque seguirán siendo virtualmente los mismos, el principal cambio político radica en su alineamiento total con Passalacqua y Gustavo Saénz, en detrimento de la influencia que supo tener Carlos Rovira, ex gobernador y hombre fuerte de la política misionera. En particular de los diputados Alberto Arrúa y Daniel Vancsik, que eran los más cercanos al fundador del Frente Renovador de la Concordia.

En lo que va del gobierno de Milei, Rovira aportó en más de una oportunidad votos clave para la aprobación de las leyes impulsadas por el oficialismo. En cambio, el nuevo espacio buscará “negociar ley por ley” sin encerrarse en un alineamiento automático con la Casa Rosada. “Ya no vamos a negociar por un ATN, ahora se va a negociar por políticas públicas”, sintetizaron a Infobae desde el nuevo espacio. En esa línea, aclararon que las conversaciones en torno a una eventual eliminación de las PASO “están totalmente abiertas a negociación”, aunque también señalaron que probablemente no será una decisión individual de ningún gobernador, sino un posicionamiento colectivo.

Una primera muestra del impacto que podría tener un reposicionamiento de misioneros y salteños se vio hace dos semanas, cuando su rechazo a votar la Ley de Tierras fue el puntapié inicial del duro revés que sufrieron los libertarios en el Senado. En esa sesión tuvieron que retirar dos capítulos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Según pudo saber Infobae, la nota formal para conformar el nuevo bloque será enviada a las autoridades de la Cámara de Diputados el próximo miércoles antes del inicio de la sesión convocada por los libertarios y los gobernadores Passalacqua y Sáenz viajarían para participar de la presentación en sociedad. El nuevo espacio aún no tiene nombre definido pero una de las opciones tentativas es Movimiento Por Lo Que Viene, el mismo nombre del flamante espacio de Passalacqua a nivel provincial.

Por otro lado, los misioneros adelantaron que el bloque funcionará de una forma más coordinada con los senadores de su provincia, que ahora también responden al gobernador.

En la Cámara alta el reordenamiento fue un poco más desprolijo ya que tras la ruptura oficial la senadora Sonia Rojas Decut armó el monobloque Movimiento por Misiones, alineado a Passalacqua, mientras que Carlos Arce continuó con el sello Encuentro Misionero, bajo la órbita de Rovira. Sin embargo, a los pocos días Arce fue seducido por el gobernador y anunció que se sumará al bloque de Rojas Decut.

La primera prueba de la nueva lógica de negociación que buscan imponer los misioneros será justamente el próximo miércoles, con la incorporación al temario de la sesión del proyecto para reducir el IVA del 21% al 10,5% a la mandioca. “Es algo que casi no tiene impacto fiscal, le sirve a la economía regional y es un gesto con los aliados”, habían explicado los libertarios cuando apoyaron el dictamen.

En diálogo con Infobae, el fiscal Jorge Armando Cazón confirmó que se trata de Jesús Peralta Taceo, un ciudadano boliviano de 48 años que cuenta con antecedentes por robo, violencia y tenencia de armas, y que es conocido en el ambiente delictivo de Bolivia.

El video que encabeza la nota fue clave para identificar a Taceo. Alrededor de las 15.45, una de las cámaras de seguridad de la zona captó a tres sospechosos caminando a pocas cuadras del lavadero donde ocurrió el hecho.

Tras analizar el material audiovisual, los investigadores determinaron que uno de los sujetos era Taceo. Con esta información, el fiscal solicitó la captura y detención nacional e internacional del ciudadano boliviano de 48 años por el delito de robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda.

El caso comenzó el 14 de agosto, cuando, alrededor de las 16, un grupo de ladrones robó la camioneta Toyota Hilux modelo 2024 que el hijo de Gustavo Subelza había dejado en un lavadero ubicado sobre la avenida 9 de Julio, en barrio Luján.

El fiscal detalló que tres hombres armados irrumpieron en el local, maniataron al empleado, lo golpearon, lo dejaron encerrado bajo llave y luego huyeron con el vehículo. Gracias al relato del encargado, lograron elaborar un identikit. A partir de ese retrato y el análisis de cámaras de seguridad identificaron a Samuel Limón Álvarez, un delincuente argentino con antecedentes, como uno de los responsables.

Según pudo saber este medio, la camioneta descendió por la quebrada del Sauzal y, tras atravesar la frontera por un paso ilegal, entre las 17 y las 18 de ese mismo 14 de agosto, ingresó directamente a Yacuiba, Bolivia. Testigos observaron además la presencia de dos motos en la ruta, que habrían servido como apoyo logístico y “campana” para monitorear la reacción policial.

En este contexto, el fiscal le solicitó al Juzgado de Garantías Nº 2 la captura y detención nacional e internacional de Álvarez por el delito de robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda. Además, requirió que la orden se incorpore al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para su vigencia en todo el país y que INTERPOL emita una Notificación Roja para procurar su localización a nivel internacional.

El medio local El Tribuno detalló que las autoridades investigan si Álvarez estuvo involucrado en algún momento con la banda liderada por Miguel Ángel Condorí Ortíz, alias “El Botudo”, dedicada al robo de vehículos en la zona fronteriza de Salvador Mazza. “La Banda del Botudo” se consolidó en el año 2020 tras protagonizar asaltos armados en el norte de Salta.

Condorí Ortíz fue condenado en junio de 2020 por ser coautor de robo calificado en poblado y en banda. Tras recuperar la libertad, volvió a ser arrestado en octubre de 2024 tras facilitar su vivienda en construcción para perpetrar un robo en un domicilio lindante.

En estos momentos, Gendarmería Nacional Argentina y la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) de Bolivia trabajan para identificar al restante sospechoso y localizar a los miembros de la banda. El fiscal adelantó que la causa será remitida a la Justicia Federal de Tartagal, que continuará la investigación.

Durante una entrevista con Infobae en Vivo, Sáenz explicó que los mandatarios del norte acompañaron la baja del subsidio para zonas frías con la condición de que se incluya un beneficio semejante para quienes viven en zonas cálidas. “Así como en los lugares donde hace frío la gente gasta más en calefacción, en el norte, donde hace mucho calor, la gente gasta más en aire acondicionado y en electricidad”, remarcó el gobernador.

En este sentido subrayó el desfasaje entre las prioridades del Gobierno nacional y las necesidades de la sociedad. “Los tiempos de Milei no son los tiempos de la gente”, advirtió al analizar la demora en las respuestas oficiales y la falta de soluciones inmediatas para la población.

Reclamo por subsidios en zonas cálidas

El gobernador relató que la última reunión con funcionarios nacionales giró en torno a una posible resolución de la Secretaría de Energía, previa a la sanción de una ley, que permitiría subsidiar entre un 50 y un 80% del costo de la electricidad para usuarios en zonas cálidas o muy cálidas. “El beneficio es subsidiar parte de la electricidad, depende de la zona, sobre todo en los usuarios”, afirmó Sáenz.

El mandatario insistió en que el reclamo trasciende cualquier color político y forma parte de una necesidad de larga data. “No se trata de un subsidio para un gobernador, sino para los usuarios del norte argentino; es un pedido de toda la vida”, sostuvo. Sáenz pidió criterios objetivos y soluciones que permanezcan en el tiempo, ya que “no sirve de nada sacar una resolución por un tiempo y que después volvamos a tener el mismo problema”.

Impacto de la crisis económica y social

Sáenz describió el deterioro del empleo y la caída del consumo en Salta y la región. Relató que la gente enfrenta un escenario de desesperanza. “Llega un momento que deja de pagar la obra social, los chicos del colegio privado los mandan al colegio público, y los gobiernos provinciales tienen que hacerse cargo de la salud y la educación pública”, explicó.

El gobernador alertó sobre el aumento del endeudamiento y la morosidad. “Hay una alta tasa de morosidad importante”, indicó. Frente a esta situación, la provincia implementa planes de asistencia para ayudar a las familias a regularizar deudas y evitar un agravamiento de los problemas financieros.

Sáenz cuestionó la idea de que la sociedad demanda menos Estado. “El Estado presente tiene que estar presente. No hay forma que no esté, sobre todo en provincias que no han tenido posibilidad de crecimiento porque hubo una visión muy centralista”, afirmó.

Relación con el Gobierno nacional y gestión de recursos

El gobernador criticó la demora en la distribución de recursos y el traslado de responsabilidades desde la Nación hacia las provincias. Señaló que muchos gobiernos provinciales debieron asumir tareas como el mantenimiento de rutas, incentivos docentes y provisión de medicamentos, a pesar de los recursos limitados. “Ya no nos podemos seguir haciendo cargo de todo y mirando hacia otro lado”, afirmó.

Sáenz responsabilizó a la Nación por el estado de las rutas y la falta de obras. “Todos pagamos un impuesto que es para el mantenimiento y conservación de esa ruta. Hace dos años y medio que no se conservan ni se mantienen las rutas y así están”, puntualizó. Señaló que la población reclama soluciones a los funcionarios provinciales, aunque muchos problemas dependen de la administración nacional.

Perspectiva política y rol del peronismo

Consultado por su vínculo con el Gobierno nacional, Sáenz reiteró que mantiene diálogo con el presidente y con funcionarios, pero advirtió sobre la distancia que existe respecto de las prioridades sociales. “El presidente está convencido de que esto se va a resolver y se va a solucionar. El problema es que los tiempos de Milei no son los tiempos de la gente”, remarcó.

En cuanto al futuro político, Sáenz se distanció del kirchnerismo y sostuvo que el peronismo tradicional quedó absorbido por ese sector. “El kirchnerismo se apropió del peronismo. El peronismo nunca fue de izquierda ni mucho menos comunista”, declaró. No descartó la posibilidad de una alianza política amplia, pero advirtió que la sociedad no busca un retorno al pasado, sino respuestas en el presente.

Situación productiva y desafíos en Salta

Sobre el desarrollo productivo, Sáenz explicó que los proyectos de minería, turismo y vitivinicultura en Salta avanzan a largo plazo y aún no logran generar el impacto esperado en el empleo regional. “El problema es el mientras tanto. Cómo equilibramos el mientras tanto, ese es el problema”, reconoció.

Las soluciones para la región dependen de decisiones políticas sostenidas y de una mayor equidad en la distribución de recursos y beneficios para todas las zonas del país.

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Gendarmería ejecutó un operativo que permitió desarticular una estructura dedicada a la venta al menudeo de dogras provincia de Salta y en Santiago del Estero. El procedimiento, dirigido por el Fiscal Federal Eduardo Villalba, culminó con la captura del principal sospechoso después de un extenso trabajo de inteligencia que incluyó análisis de cámaras de seguridad, escuchas telefónicas y cruces de datos.

Según indicaron fuentes del caso a Infobae, la investigación se extendió durante cuatro meses e incorporó diversas técnicas de seguimiento y vigilancia.

El objetivo principal era ubicar al cabecilla de la organización, señalado como uno de los mayores proveedores de cocaína en la región. Se trata de A.N., quien mantenía un perfil bajo y cambiaba de domicilio con frecuencia para evadir a las autoridades.

Durante el periodo investigado, realizó cinco mudanzas, la última de ellas hacia una vivienda rural en San José de Metán, a 130 kilómetros de la capital de Salta.

La organización obtenía la cocaína de un ciudadano peruano apodado el “Chino”, radicado en San Ramón de la Nueva Orán, desde donde la droga se trasladaba primero a la capital salteña y luego a Santiago del Estero.

Este flujo quedó documentado en el expediente judicial y formó parte de los elementos probatorios recabados por la fuerza federal, según las fuentes.

El error que cometió

Un hecho inesperado precipitó la caída del líder. El propio A.N., en su intento por consolidar su ocultamiento, adquirió una propiedad en la zona rural de San José de Metán y contrató a dos hombres para limpiar el terreno y abrir un acceso.

Los contratados resultaron ser efectivos de Gendarmería que seguían sus movimientos en el marco de la investigación. Al obtener la ubicación exacta del fugitivo, Villalba emitió las órdenes de allanamiento. El operativo se desplegó en cuatro domicilios y culminó con la detención del sospechoso mientras se disponía a dar instrucciones sobre el desmalezamiento del camino de ingreso a su refugio.

Las fuentes oficiales confirmaron que la organización había sido objeto de un procedimiento previo, en febrero, cuando se incautaron cinco kilogramos de cocaína.

De acuerdo conlas fuentes, la investigación articuló el seguimiento del principal implicado con el análisis de su entorno.

La colaboración entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la Fiscalía Federal resultó determinante para ubicar y capturar al sospechoso, quien había logrado mantenerse prófugo gracias a constantes mudanzas y al uso de viviendas alejadas de la ciudad.

El destino judicial del detenido y el avance de las actuaciones forman parte del expediente bajo secreto de sumario, mientras la fuerza federal continúa con las tareas de investigación en torno a los vínculos y rutas identificadas durante el operativo.

A fines de julio, una organización que traficaba cocaína desde Salta hacia centros urbanos, cayó tras el aporte de un malabarista, quien, mientras demostraba sus habiladades en una esquina, vigilaba los movimientos de los miembros de la organización, a quines le secuestraron un cargamento 58 paquetes de cocaína, en Jujuy.

El envío estaba acompañado por una ofrenda: la foto de un difunto, una pata de gallina,una piedra envuelta en un trapo rojoy sangre de un animal, un método que utiliza el narcotráfico para proteger las cargas.

Una banda de delincuentes robó la camioneta del hijo del intendente de la ciudad salteña de Salvador Mazza. Tras el asalto, se dieron a la fuga y escaparon a Bolivia. En las últimas horas, solicitaron la captura nacional e internacional de uno de los delincuentes, identificado como Samuel Limón Álvarez, quien cuenta con antecedentes y es conocido en el ambiente delictivo de la zona fronteriza entre Argentina y el país limítrofe.

La investigación comenzó el viernes 14 de agosto, cuando, alrededor de las 16, un grupo de delincuentes robó la camioneta Toyota Hilux modelo 2024 que el hijo de Gustavo Subelza había dejado en un lavadero ubicado sobre la avenida 9 de Julio, en barrio Luján.

En diálogo con Infobae, el fiscal Jorge Armando Cazón detalló que tres hombres armados irrumpieron en el local, maniataron al empleado, lo golpearon, lo dejaron encerrado bajo llave y luego huyeron con el vehículo.

El encargado, quien resultó ileso, brindó detalles claves sobre el asalto y permitió la elaboración de un identikit. A partir de ese retrato y el análisis de cámaras de seguridad, identificaron a Álvarez como uno de los responsables.

El fiscal Cazón remarcó la rapidez y organización del golpe, típico de las bandas que operan en la frontera, y señaló que los delincuentes manejan los tiempos y los pasos clandestinos con precisión. “En cuestión de minutos cruzan de un país a otro y se pierden en la vegetación”, explicó. El seguimiento reconstruyó que la camioneta descendió por la quebrada del Sauzal y, tras atravesar la frontera por un paso ilegal, ingresó directamente a Yacuiba, Bolivia. Testigos observaron además la presencia de dos motos en la ruta, que habrían servido como apoyo logístico y “campana” para monitorear la reacción policial.

En este contexto, le solicitó al Juzgado de Garantías N.º 2 la captura y detención nacional e internacional de Álvarez por el delito de robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda. Además, requirió que la orden se incorpore al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para su vigencia en todo el país y que INTERPOL emita una Notificación Roja para procurar su localización a nivel internacional.

El fiscal también subrayó que la problemática de robo de vehículos en la frontera es de larga data y requiere una respuesta integral y tecnológica. “Estos hechos demuestran la importancia de contar con sistemas de vigilancia inteligente y un 911 con monitoreo en tiempo real, que en Salvador Mazza ya está funcionando y ha sido clave para la investigación”, señaló. Además, remarcó que “la coordinación entre fuerzas y el uso de cámaras de seguridad en puntos estratégicos son herramientas fundamentales para prevenir y esclarecer delitos en una zona tan permeable como la frontera”.

La investigación, que contó con la colaboración del Grupo de Investigaciones Sector 43 y fuerzas federales, continúa para identificar al resto de los miembros de la banda, que, según el fiscal, actúan con base en ambos lados de la frontera. “No son improvisados. Se mueven entre Argentina y Bolivia y están preparados para evadir controles”, sostuvo Cazón.

En estos momentos, la Gendarmería Nacional Argentina y la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) de Bolivia trabajan en conjunto para intentar recuperar la camioneta y detener al principal sospechoso. Por último, el fiscal anticipó que la causa será remitida a la Justicia Federal de Tartagal, que continuará la investigación en coordinación con autoridades de ambos países.

A pocas horas de que el intendente de la localidad salteña de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, denunciara que a su hijo le habían robado la camioneta en un lavadero, las fuerzas de seguridad informaron que el vehículo ya habría cruzado la frontera con Bolivia.

Desde que se radicó la denuncia durante la tarde, se desplegó un operativo que involucró a distintas fuerzas de seguridad desplegadas en el norte de Salta, entre ellas la Gendarmería Nacional y la Policía de Bolivia. Sin embargo, el dato del posible cruce internacional modificó el rumbo de la investigación.

Por este motivo, los investigadores buscarán determinar con precisión el recorrido que habría realizado la camioneta después del robo, que ocurrió en un lavadero sobre la avenida 9 de Julio de Salvador Mazza. Asimismo, explicaron que la rapidez con la que se produjo la fuga y la cercanía con el límite internacional dificultaron la posibilidad de interceptar el vehículo antes de que atravesara la frontera.

Hasta el momento, la hipótesis que suena con más fuerza indicaría que el vehículo habría atravesado la zona de la quebrada antes de ingresar a territorio boliviano. No obstante, las fuerzas de seguridad mantienen el operativo en la zona fronteriza y trabajan para reconstruir el trayecto mediante el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos de investigación.

La principal preocupación de los investigadores radicaría en identificar a los autores y determinar cómo lograron atravesar el paso fronterizo con la camioneta. Por esto, las tareas de seguimiento se centran en obtener registros visuales y testimonios que permitan esclarecer el recorrido y la mecánica del hecho.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, el ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, se comunicó con el intendente de Salvador Mazza y dispuso que un grupo de la División de Investigaciones se pusiera al frente del caso.

Por otro lado, anticiparon que, si se confirma el ingreso del vehículo a Bolivia, la causa podría pasar al ámbito de la Justicia Federal, ya que el hecho involucraría un posible delito con alcance internacional. En ese caso, la investigación avanzaría en coordinación con organismos de seguridad y autoridades judiciales nacionales y bolivianas.

El robo ocurrió este viernes en Salvador Mazza, cuando cuatro personas armadas ingresaron al lavadero ubicado en avenida 9 de Julio, barrio Luján. Tras amenazar y maniatar al encargado, se llevaron una camioneta Toyota. Posteriormente, abandonaron al empleado en el camino al Sauzal, donde logró ser auxiliado por vecinos de la zona.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, tomó intervención tras la denuncia presentada por la pareja del intendente durante la tarde del viernes. De acuerdo con el expediente, el hijo del jefe comunal había dejado la camioneta en el lavadero alrededor de las 13.30, y pasadas las 15, el encargado fue sorprendido por los asaltantes, quienes se llevaron el vehículo tras intimidarlo con armas de fuego.

A raíz de esto, Cazón dispuso la intervención del Destacamento Alto Verde, personal de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y efectivos de la jurisdicción para ubicar la camioneta e identificar a los autores. Subelza, por su parte, difundió el hecho a través de sus redes sociales, solicitando colaboración para recuperar la camioneta Hilux.

“Se acaban de robar esta Hilux de Salvador Mazza. Cualquier información al privado, se lo agradecería mucho”, rezaba la publicación con la imagen del vehículo. Asimismo, el jefe comunal manifestó su descontento con el accionar de las fuerzas federales. “No voy a permitir que mi pueblo sea tierra de nadie”, afirmó.

Asimismo, el intendente destacó que este episodio se suma a otros delitos recientes, como el robo de motocicletas y hurtos en la localidad, y reclamó mayor presencia policial. “No puede ser que estas cosas pasen a una cuadra de la comisaría”, había expresado durante un reclamo que realizó la semana pasada.

Una mujer de la ciudad de Orán, provincia de Salta, fue imputada este miércoles como coautora de un robo millonario: la suma total sustraída asciende a 15 millones de pesos.

El hecho que se le imputa tuvo lugar el pasado 18 de julio en un domilicio particular de la ciudad, donde la ahora acusada, de 31 años, participó de un robo a mano armada.

En este contexto, de acuerdo con la información del Ministerio Público de Salta, un grupo de personas irrumpió en el inmueble, redujo a un hombre mediante amenazas y violencia física, y le sustrajo 15 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos de valor.

La audiencia de imputación se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva conforme a los protocolos judiciales, fue asistida por defensa oficial y decidió abstenerse de declarar ante la Fiscalía. En este contexto, la fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, a cargo del caso la imputó por robo doblemente agravado y fundamentó la solicitud de prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías interviniente en la gravedad de los hechos y el riesgo procesal que implica la libertad de la imputada.

El inicio de la investigación estuvo marcado por el análisis minucioso de cámaras de seguridad privadas en las inmediaciones del domicilio afectado. Estas imágenes permitieron reconstruir parte de la secuencia delictiva y fueron complementadas con el testimonio de testigos presenciales. A través de estas tareas, los investigadores lograron identificar la presencia de una mujer que, junto a otros sujetos, participó activamente en el robo.

El dominio del vehículo utilizado para huir fue otro elemento clave en la pesquisa. Mediante el cruce de datos vehiculares y la revisión de registros, se avanzó en la localización de la sospechosa. Según el expediente, la identificación fue posible gracias a la colaboración de vecinos y comerciantes de la zona, quienes aportaron información relevante sobre los movimientos previos y posteriores al asalto.

Los elementos reunidos llevaron a la fiscal Murúa a solicitar una orden de allanamiento y detención para el domicilio de la mujer implicada. Durante el procedimiento, ejecutado bajo supervisión judicial, se produjo la detención de la sospechosa y el secuestro del vehículo presuntamente utilizado en el hecho, además de otros objetos que podrían ser de interés para la causa.

La hipótesis de los investigadores apunta a la existencia de una organización delictiva con capacidad de planificación y ejecución coordinada.

La Fiscalía informó que continuará con la toma de declaraciones testimoniales, el peritaje de los objetos secuestrados y el análisis de comunicaciones que puedan vincular a la detenida con otros integrantes de la banda. No se descartan nuevas medidas judiciales, incluyendo posibles allanamientos y detenciones adicionales si surgen nuevos elementos probatorios.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de los restantes implicados, pero la causa seguirá avanzando en busca de determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Un robo millonario tuvo lugar hace unos días en un barrio cerrado de la provincia de Santiago del Estero, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en una de las casas del country Aryres del Sur cuando se encontraba vacía.

La propietaria del inmueble, una mujer de 33 años, había salido de su casa para dirigirse a su lugar de trabajo. Al regresar, se encontró con un panorama desolador: su casa estaba completamente revuelta.

Al recorrer las distintas estancias, la propietaria advirtió que en uno de los dormitorios los ladrones habían forzado una caja fuerte. De su interior sustrajeron una suma cercana a 8 millones de pesos en efectivo, además de una pistola Bersa, un revólver Rossi, una PlayStation 4 y varios relojes.

Tres hombres fueron imputados como presuntos coautores del delito de homicidio simple tras la muerte de un joven de 25 años en la localidad de Salvador Mazza, provincia de Salta.

El hecho tuvo lugar el pasado domingo en el barrio La Pista, durante una reunión social en la que se consumían bebidas alcohólicas.

De acuerdo con lo señalado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, el caso es investigado por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, a cargo del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega.

Según informó la Fiscalía, la víctima se encontraba reunida con un grupo de personas cuando se desató una discusión que derivó en una pelea. En ese contexto, el joven recibió una herida punzocortante en el tórax, lo que motivó su traslado inmediato al hospital local. Ante el agravamiento de su estado de salud, fue derivado al hospital de Tartagal, donde finalmente falleció.

El fiscal Vega dispuso la intervención del personal de Criminalística para realizar las tareas de rigor en el lugar del hecho. Además, se solicitó la participación de la Unidad UGAP Tartagal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, con el objetivo de reunir pruebas y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Durante la audiencia de imputación, tres hombres de 19, 21 y 26 años fueron señalados como coautores del hecho. Todos estuvieron asistidos por la defensa oficial y dos de ellos prestaron declaración ante la autoridad judicial. El fiscal solicitó la detención preventiva de los tres imputados mientras se desarrollan diversas medidas orientadas a esclarecer lo sucedido, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal.

A partir del relevamiento de testigos y el análisis del material fílmico recolectado en la zona, los investigadores lograron identificar a los tres sospechosos de haber participado en el incidente. El trabajo conjunto entre las áreas de Criminalística y el Departamento de Investigaciones permitió reconstruir la secuencia de los hechos y avanzar en la individualización de los involucrados.

La intervención de las fuerzas de seguridad y del equipo forense fue inmediata tras reportarse el incidente en el barrio La Pista. El área de Criminalística realizó tareas de levantamiento de indicios en el lugar y se avanzó con la toma de declaraciones a testigos presenciales. El fiscal Vega dispuso la continuidad de la investigación bajo la hipótesis de homicidio simple, en tanto no se descartan nuevas imputaciones o modificaciones en la calificación legal si surgen elementos que lo justifiquen.

Una semana antes, un hecho similar ocurrió en el barrio Norte Grande. de la ciuadd de Salta. La víctima fue un hombre de 30 años. El ataque se habría producido por un enfrentamiento con otra persona en el que la víctima recibió una puñalada con un arma blanca. Según informó El Tribuno, la alerta llegó al Sistema de Emergencias 911 cerca de las 23.30 del martes. Inmediatamente, los efectivos policiales se trasladaron al lugar y encontraron a la víctima con vida.

Personal del Samec llegó al sitio minutos después y trasladó de urgencia al herido a la guardia del hospital San Bernardo. Aproximadamente una hora más tarde, el centro asistencial confirmó el fallecimiento del hombre a causa de las lesiones sufridas.

De acuerdo con el mencionado medio local, hay una persona detenida en relación con el hecho, a quien las autoridades policiales identificaron como el presunto agresor. Tras el crimen, la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) tomó a su cargo las tareas investigativas para reconstruir las circunstancias del enfrentamiento y establecer las responsabilidades en el homicidio.

Un abogado del fuero local de Salta sumó en las últimas horas más de 130 cargos penales por diferentes delitos a los 77 que ya se le habían adjudicado meses atrás cuando comenzó una investigación por una presunta red de fraudes que habría operado durante años dentro del propio sistema judicial, y que tiene más de un involucrado.

Junto al letrado, identificado como Lucas Ignacio M.G., hay otras tres personas imputadas -dos de ellas incorporadas recientemente a la causa-, por una maniobra sistemática que incluyó pagarés firmados en blanco usados para iniciar juicios ejecutivos contra personas que nunca supieron que existían y que sufrieron embargos sobre sus sueldos y bienes.

La última novedad ocurrió cuando la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal de Salta durante una audiencia en la que se leyeron los cargos atribuídos ante el juez de Garantías. La fiscal auxiliar Ahanduni presentó la acusación actualizada contra las dos personas investigadas desde mayo e incorporó a otros dos imputados.

En esta última actuación, M.G. pasó a enfrentar 138 hechos distribuidos entre estafas procesales reiteradas (64), falsificación de instrumento privado (24) y abuso de firma en blanco (50 hechos). Anteriormente, pesaban sobre él 28, 18 y 31 hechos, que variaban conforme la calificación. Mientras que la mujer acumuló 118 bajo los mismos delitos. Los otros dos hombres recién incorporados responden por 14 y 6 hechos del primero de los delitos mencionados.

Los nuevos testimonios de personas que figuraban como demandadas y nuevas denuncias penales, sustentaron la ampliación llevada a cabo este lunes por el Ministerio Público Fiscal que dio a conocer los avances. Algunos de los denunciantes aseguraron haber firmado pagarés en blanco que luego fueron completados con montos y datos que desconocían. Otros directamente negaron haber suscripto los documentos utilizados para promover las demandas en su contra.

La causa comenzó meses antes, cuando los titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos de Salta enviaron informes a la UDEC, señalando que existían patrones repetidos de irregularidades en casos bajo la representación de un mismo abogado.

Dentro de las irregularidades observadas, los magistrados advirtieron que ciertos demandados figuraban con domicilios duplicados o, de manera inusual, con las mismas direcciones que los actores implicados en esas causas. Desde ese momento, se inició una investigación por parte del personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que analizaron más de 70 expedientes judiciales e identificaron varias conductas repetidas.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que pudo hacer la Fiscalía, captaban personas en situación de vulnerabilidad económica a las que les ofrecían préstamos informales bajo condiciones abusivas. A cambio, les exigían la firma de los doumentos en blanco que luego eran completados con montos desproporcionados o datos falsos para dar inicio a juicios ejecutivos. No solo eso, utilizaban domicilios inventados por lo que las víctimas nunca recibían las notificaciones judiciales y quedaban sin posibilidad de defenderse. Esto derivó en sueldos y bienes embargados.

La UDEC solicitó el levantamiento del secreto bancario de ambos, además de la prohibición de salida del país, la retención de documentos de viaje y la prohibición de contacto con denunciantes y damnificados.

El 29 de abril, con autorización del Juzgado de Garantías, se realizaron allanamientos en 19 domicilios, entre ellos el estudio jurídico del abogado, viviendas particulares y varios inmuebles que figuraban en expedientes judiciales. En el estudio se secuestraron dinero en pesos y en moneda extranjera, documentación, expedientes y pagarés vinculados a la causa. En el domicilio de la femenina incautaron dinero, cuadernos, carpetas con documentación, un talonario de títulos de crédito en dólares y comprobantes bancarios.

Se constató la existencia de domicilios ficticios en los expedientes, lo que quedó probado mediante el descubrimiento de propiedades que estaban desocupadas o eran propiedad de personas ajenas a los acusados.