Un hombre de 55 años fue imputado y quedó bajo prisión preventiva tras ser acusado de matar a su ex pareja, Viviana “Quica” Vilte, de 55 años. El hecho ocurrió este viernes en La Silleta, la provincia de Salta, y fue denunciado por el hijo de la víctima, quien llamó al 911 para alertar sobre un episodio de violencia en el interior del hogar familiar. Cuando los efectivos policiales y el personal de salud arribaron al lugar constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

La autopsia arrojó datos estremecedores: determinó que la mujer sufrió más de 40 heridas realizadas con un cuchillo de grandes dimensiones que terminaron con su vida “en un contexto de absoluta violencia e indefensión”.

Por el hecho fue detenido su ex, quien quedó imputado por homicidio triplemente calificado por la relación de pareja, violencia de género y ensañamiento. La medida fue dictada por el juez del distrito Centro, Antonio Pastrana, luego de la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en la que la fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM) en feria, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal.

Durante la jornada, el imputado fue asistido por defensa oficial y optó por abstenerse de declarar. La fiscal Sodero Calvet explicó ante el tribunal que la calificación legal responde al carácter “brutal” del hecho, ya que, según el informe preliminar de autopsia, la víctima recibió más de 40 puñaladas.

En la vivienda donde ocurrió el homicidio residía la mujer junto a su hijo, según El Tribuno. El hombre detenido, mayor de 50 años, frecuentaba la casa desde hacía un tiempo y los vecinos lo identificaron como la ex pareja de la víctima. La comunidad señaló al medio local que en ese domicilio solían organizar reuniones durante los fines de semana, donde consumían bebidas alcohólicas.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el contexto en el que se produjo el ataque. Vecinos del barrio relataron que la noche del homicidio escucharon “música muy alta” proveniente de la vivienda, lo que impidió que se percibieran posibles gritos o pedidos de auxilio. “No se escuchó nada por el volumen”, expresó una de las personas consultadas por El Tribuno.

En lo que va del año se han registrado cinco femicidios en la provincia de Salta. En dos de esos casos, la acción penal se extinguió debido al suicidio de los autores. La provincia se encuentra en emergencia por violencia de género desde hace más de una década, aunque los episodios no han disminuido y los organismos de protección continúan en alerta ante la reiteración de hechos similares.

La comunidad de La Silleta, en la provincia de Salta, permanece conmocionada tras confirmarse la muerte violenta de una mujer de 55 años, quien fue hallada sin vida con una herida de arma blanca dentro de su domicilio durante la madrugada del viernes. La víctima vivía en una vivienda ubicada a pocos metros del ingreso al pueblo y el hecho se produjo cerca de las 2.30. El caso es investigado como un presunto femicidio y ya hay un hombre detenido, quien habría mantenido una relación de pareja con la mujer.

De acuerdo con El Tribuno, la alerta surgió luego de que el hijo de la víctima se comunicara con el Sistema de Emergencias 911. El joven informó sobre un episodio de violencia en el interior del hogar familiar. Cuando los efectivos policiales y el personal de salud arribaron al lugar constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales y que presentaba al menos una lesión provocada por un arma blanca.

La investigación del caso quedó inicialmente bajo la órbita del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) en feria, Daniel Espilocín, quien ordenó la intervención de personal de Criminalística y Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El equipo realizó las primeras pericias y levantó muestras en la escena del crimen, resguardando el domicilio para avanzar con la recolección de pruebas. Posteriormente, la causa fue asignada a la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien se trasladó hasta La Silleta para coordinar las actuaciones judiciales.

En la vivienda donde ocurrió el homicidio residía la mujer junto a su hijo, según El Tribuno. El hombre detenido, mayor de 50 años, frecuentaba la casa desde hacía un tiempo y los vecinos lo identificaron como la pareja de la víctima. La comunidad señaló al medio local que en ese domicilio solían organizar reuniones durante los fines de semana, donde consumían bebidas alcohólicas.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el contexto en el que se produjo el ataque. Vecinos del barrio relataron que la noche del homicidio escucharon “música muy alta” proveniente de la vivienda, lo que impidió que se percibieran posibles gritos o pedidos de auxilio. “No se escuchó nada por el volumen”, expresó una de las personas consultadas por El Tribuno. Los testimonios recogidos indican que la víctima mantenía una rutina de trabajo regular y que su entorno familiar era conocido en la zona.

La labor de los peritos del CIF incluyó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense, donde se realizará la autopsia para determinar con precisión las causas y características de la muerte. Además, los investigadores analizan si existió una ingesta de alcohol previa al hecho, ya que algunos indicios sugieren que durante la noche se desarrollaba una reunión social en el domicilio.

La investigación sigue bajo la coordinación de la Unidad de Femicidios, que deberá determinar el grado de responsabilidad del hombre detenido y establecer las circunstancias que rodearon el hecho. Se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados preliminares de la autopsia y se avance con las declaraciones de testigos y familiares. Los peritos profundizarán en el análisis de los elementos secuestrados en la vivienda y en los testimonios vecinales para reconstruir la secuencia de los hechos.

En lo que va del año se han registrado cinco femicidios en la provincia de Salta. En dos de esos casos, la acción penal se extinguió debido al suicidio de los autores. La provincia se encuentra en emergencia por violencia de género desde hace más de una década, aunque los episodios no han disminuido y los organismos de protección continúan en alerta ante la reiteración de hechos similares.

Esta historia demuestra que el amor entre presos, a veces, puede ser complicado.

Se trata de dos detenidos, con casos más o menos idénticos, signados por el movimiento narco del noroeste argentino, la droga que va y viene en coches y micros. El primero es Roy Toro Pocco. Su nombre parece inventado, el pistolero de un spaghetti western, pero es real. Oriundo de Perú, fue condenado a ocho años de prisión en abril de 2025 por el Tribunal Oral Federal de Jujuy, acusado de transportar diez kilos de marihuana.

Ese mismo mes, Gendarmería Nacional le encontró dos valijas en la bodega del micro en el que viajaba junto a dos cómplices, uno argentino y otro boliviano. Un perro llamado Urco olfateó la carga del colectivo que había partido desde Orán, Salta, en un retén sobre la Ruta Nacional 34, kilómetro 1212, en el puesto fijo de Chalicán, provincia de Jujuy. Los cómplices argentinos de Roy Toro, detenidos y condenados también, no dudaron en delatarlo como el dueño de la droga.

La otra es Rocío Verónica Cruz Maigua, oriunda de Bermejo, Bolivia. Gendarmería la detuvo el 20 de noviembre de 2025 junto a su hermana Lizet sobre el kilómetro 46 de la Ruta Nacional N°50, mientras viajaban en un micro desde Aguas Blancas hacia Orán. La fuerza federal les encontró seis kilos de cocaína ocultos en mochilas, droga de baja pureza, ya cortada, 40 por ciento como mucho. Sin mucho margen, ambas aceptaron su culpa en un juicio abreviado. Fueron condenadas a cuatro años y dos meses de cárcel cada una.

Lizet logró ser echada de vuelta a Bolivia, según su acuerdo. La Justicia, en cambio, decidió “diferir” la expulsión de Rocío Verónica “hasta tanto se incorporen mayores elementos probatorios e informes amplios”, afirma la condena en su contra.

Así, Roy Toro y Rocío Verónica terminaron presos en la misma prisión, el Complejo Penitenciario Federal NOA III en la zona de Güemes, provincia de Salta, una prisión que aloja por separado a hombres y mujeres. Se conocieron, de alguna forma. Luego, se enamoraron. Ahora, reclaman verse. La Justicia no les deja. El Servicio Penitenciario Federal, tampoco. El rechazo no es caprichoso. Hay un por qué.

En menos de dos meses, entre el 2 de junio y el 22 de julio últimos, la Sala I de la Cámara Federal de Salta rechazó in limine tres veces una serie de habeas corpus presentados por el narco y la mula, con el objeto de un pedido de “visita intermodular” para el que no recibieron respuesta. “No se vislumbra un proceder de manifiesta arbitrariedad o ilegalidad de las condiciones”, razonaron los jueces Ernesto Solá Espeche, Santiago French y Luis Rabbi Baldi Cabanillas en uno de los fallos.

El término habeas corpus puede sonar excesivo. En rigor, es la forma que los detenidos y sus defensas tienen para reclamar por sus condiciones de detención, sea por torturas sufridas o la falta de un cepillo de dientes.

“Sin perjuicio de ello, se hizo saber que los internos mantienen comunicación mediante videollamadas desde el 10/4/26, las que se realizan cada quince días”, continuaron los magistrados en el fallo.

Las reglas para el amor en la cárcel

El amor entre presos, o entre un preso y su pareja en libertad, suele ser pasto para fantasías populares, con las visitas de prostitutas a penales, el fenómeno de las ranas -las mujeres que buscan tener sexo con presos, aumentado por los celulares permitidos o clandestinos en pabellones, con un negocio de remiseros dedicados a trasladarlas- o el histórico chat del penal de Ezeiza entre teléfonos públicos, que permitía que detenidos y detenidas se vinculen. La situación tiene ciertas reglas, que dicta el Servicio Penitenciario Federal.

Uno de los fallos rememora que, en la situación de Roy Toro y Verónica, “las visitas entre detenidos en calidad afectiva se autorizarán “siempre que se acredite una vinculación previa no inferior a seis meses”, destacándose que, en este caso, el plazo para iniciar el trámite administrativo se cumple el 7/7/26″. Es decir, poco menos de dos semanas atrás.

Esta norma, por ejemplo, está incluida en el “Reglamento de Comunicaciones para los Internos”, el viejo decreto número 1136/97.

El decreto no usa el término “visita íntima”, parte de la jerga cotidiana en los tribunales y en los despachos penitenciarios. Prefiere algo menos sugerente: “reunión conyugal”, en pos de afianzar los “lazos familiares”.

La norma determina que el detenido puede mantener un encuentro “resguardando la intimidad de ambos y la tranquilidad del establecimiento", tras un pedido formal por escrito.

“Asimismo, previo estudio e informe del Servicio Social, se podrá autorizar esta modalidad de visita en el caso de una relación afectiva iniciada con posterioridad a la detención, siempre que se acredite una vinculación previa no inferior a los SEIS (6) meses”, continúa el texto: “La frecuencia de esta visita será quincenal con una duración máxima de DOS (2) horas”.

El decreto, también, exige un “informe del Servicio Médico del establecimiento sobre el estado de salud psicofísica del interno y si padece o no alguna enfermedad infectocontagiosa” y un informe equivalente para el visitante, con análisis de sangre.

Roy Toro, precisamente, reclamó en su último habeas corpus a la Cámara Federal por la presunta demora del análisis de sangre, que se encontraba agendado para este último jueves. Según fuentes al tanto del caso, la extracción fue practicada.

Ahora, queda otra pregunta: ¿quién espera a Roy Toro en casa?

La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego G. Barroetaveña, Alejandro W. Slokar y Carlos A. Mahiques, trató el caso de Roy Toro en marzo del año pasado.

El fallo de la Cámara es bastante revelador. Mostró, por ejemplo, que Toro Pocco ya estuvo preso en Perú, detenido desde el 29 de abril de 2015 al 28 de enero de 2024, con una condena por narco, según certificó el Poder Judicial del Perú al Estado argentino. El Juzgado Penal Colegiado de Arequipa le había dado 8 años y 9 meses por tráfico ilícito de drogas, una pena idéntica a la que recibió en argentina.

El documento revela también que una defensora de menores e incapaces se había presentado en la Justicia jujeña con “un informe social elaborado en la República del Perú que detalla la situación sociofamiliar y económica familiar” del acusado.

Roy Toro no solo tiene dos hijos: también tiene una mujer de vuelta en casa. Preocupada, su esposa se comunicó por teléfono con la Justicia argentina.

Pocos nombres de la política argentina del siglo XX generan una reacción como el de Mario Eduardo Firmenich. Fundador y jefe de Montoneros, la organización guerrillera peronista que operó en los años setenta, fue condenado en 1986 a 30 años de prisión por homicidios y atentados, y luego indultado en 1990 por Carlos Menem. Tiene hoy 78 años y reparte su tiempo entre Vilanova i la Geltrú, la localidad catalana donde se radicó tras su exilio, y Managua, donde asesora al gobierno de Daniel Ortega. Durante décadas eligió el silencio público.

Ahora publica sus memorias. Orígenes. Las raíces de nuestra militancia llega a las librerías argentinas el 1° de agosto y propone un recorrido por lo que Firmenich llama las raíces de su generación política: no la lucha armada, sino los años previos, cuando un grupo de jóvenes católicos universitarios hacía misiones en el interior del país y descubría una pobreza que no aparecía en ningún manual.

El capítulo que reproducimos aquí transcurre en Tartagal, en 1966, y narra el encuentro con los hacheros tobas del monte santafesino: trabajadores atrapados en un sistema de deuda perpetua que Firmenich compara, sin rodeos, con la mecánica del FMI y la deuda externa argentina.

“Orígenes”, por Mario Firmenich (Fragmento)

Los obreros del monte chaqueño eran los “hacheros”. La mayoría de ellos eran de etnia toba. Pobres de toda pobreza. Inaceptablemente explotados de un modo inimaginable para un obrero industrial de los grandes centros urbanos de la segunda mitad del siglo XX.

Solían alojarse en campamentos dentro del campo del patrón. Para encontrar un quebracho útil debían caminar mucho entre la espesura del bosque. Tanto para cortar y “pelar” un quebracho como para talar cualquier árbol y reducirlo a trozos pequeños para el carbón, el esfuerzo físico del hachero era enorme. Les pagaban a destajo, o sea, por cantidad de madera cortada. La comida, la yerba y el tabaco se los tenían que pagar ellos. En medio del bosque chaqueño, el único lugar donde podían comprar estas provisiones era en “la provista”, un almacén de ramos generales del patrón dentro del mismo obraje.

El trabajo era pagado a mes vencido pero el hachero no tenía ahorros para financiarse todo el mes hasta cobrar. Entonces el obrajero “le fiaba”. Le iba “adelantando” parte de sus jornales con vales de papel donde se anotaba un valor monetario. Eran una especie de billetes subdesarrollados de un juego de mesa. Con eso se les pagaba un “adelanto del jornal” para que el hachero lo fuera gastando en la provista. No se les pagaba el trabajo con dinero de curso legal, sino con esos “vales”. No hace falta explicar que los precios de la provista eran los típicos de la explotación monopólica del consumidor.

Conclusión: cuando a fin de mes el patrón le liquidaba al hachero el valor de su trabajo, siempre resultaba que éste había gastado en la provista más de lo que había ganado trabajando. Esto lo obligaba a quedarse en ese trabajo. Debía pagar “la deuda”. Pero al término del mes siguiente la situación era la misma.

El hachero quedaba prisionero de una deuda eterna trabajando como bestia por una miseria. No es casualidad que el método sea básicamente igual a lo que ocurre con la deuda externa nacional y el FMI.

La solidaridad necesaria que debíamos tener con los trabajadores ex-plotados no era la cooperativa de trabajo inviable. Nuestra prioridad para la misión pasó a ser la organización de un sindicato de hacheros. Necesitábamos asistencia jurídica. Algunos de los compañeros santafesinos de la misión eran de la ciudad de Reconquista. Nos dijeron que conocían a un abogado joven que colaboraba con ellos. Nos comunicamos inmediatamente con él para solicitar su presencia en Tartagal. Así nos conocimos en febrero de 1966 con el joven abogado Roberto Cirilo Perdía.

También colaboraron inmediatamente con la idea de crear el sin-dicato de hacheros unos curas belgas y franceses que vivían y trabajaban como hacheros. Pertenecían a la comunidad de los Hermanos de Foucauld, cuya cabeza directriz era el padre italiano Arturo Paoli. Desarrollaban sus tareas pastorales en toda la cuña boscosa santafesina. Compartían la totalidad de su vida cotidiana con la sufrida realidad de nuestros compatriotas hacheros explotados.

Recuerdo vívidamente la imponente presencia moral del padre Esteban. Era un belga de pequeña estatura y aspecto frágil. Con una sonrisa eterna en su rostro caminaba leguas y más leguas, con su hacha al hombro, recorriendo la agreste geografía de sus feligreses hacheros. Él también se ganaba la vida con el hacha, volteando quebrachos, algarrobos o lo que encontrara.

Con la ayuda de los lugareños enviamos la convocatoria a diversos obrajes para reunir una asamblea de hacheros, que estaban muy dispersos entre sí. Logramos reunir una asamblea en la escuela de Tartagal. Concurrieron más de cien, provenientes de diversos lugares.

Uno de los hacheros denunció la situación de explotación que sufrían con una frase que nos impactó a todos y que Carlos Mugica haría famosa: “Nosotros aquí somos la alpargata de los patrones”.

A raíz de esta asamblea, los obrajeros nos denunciaron a la guardia rural. Era una gendarmería provincial santafesina especializada en la cuña boscosa. La guardia rural nos sitió en la escuela como a delincuentes acorralados. No nos acusaban de nada porque no violábamos ninguna ley. Éramos solamente un grupo de católicos en acción misionera encabezados por dos sacerdotes. La solidaridad social consistía en crear un sindicato conforme a la legislación vigente. Pero nos tenían confinados en la escuela sin dejarnos salir.

Nos convirtieron en subversivos sin violar ninguna ley.

En esa situación, un obrajero que vivía en Tartagal mandó a su hijo para informarnos que su padre quería negociar. El joven llegó hasta la escuela aparatosamente, montando un hermoso caballo brioso. Su padre exigía que fuéramos a su casa dos de nosotros. Los elegidos fuimos Marta, una compañera de Buenos Aires de origen árabe que tenía unos ojos hermosos, y yo. No sabíamos qué pretendía ni por qué nos elegía a Marta y a mí. Lo conversamos entre todos y se decidió que fuéramos a ver de qué se trataba.

El obrajero era un “turco”, como les decimos coloquialmente a los descendientes de árabes cuyos antepasados inmigraron con pasaportes del Imperio Otomano. El turco nos invitó a cenar. Fuimos. La mesa estaba preparada como para un evento importante. Nos sentamos, en una cena muy formal, junto al obrajero, su esposa, el joven que había ido a la escuela y una hija adolescente. Con palabras amables y en tono muy conciliador el patriarca nos dijo que este problema lo podíamos resolver rápidamente. ¡¡¡Nos propuso como solución que Marta se casara con su hijo y yo me casara con su hija!!!

Nos cruzamos con Marta en una mirada fugaz, como jugadores de truco que se entienden sin señas. Con una diplomacia telepática nunca ensayada, concluimos la cena conversando amablemente y nos fuimos, obviamente sin dar ninguna respuesta. Las carcajadas debieron esperar a que estuviéramos dentro de la escuela con todos los demás.

A pesar de que no hubo nupcias al estilo de una negociación medieval, alguien con sentido común (no sé quién) ordenó que la guardia rural se retirara y nos devolviera nuestra libertad de movimientos. ¡Vivíamos todavía en un supuesto estado de derecho con Arturo Illia de presidente!

Más allá de la jocosa anécdota insólita, aquella realidad socioeconómica era muchísimo más cruel que la pobreza de las villas de emergencia de Buenos Aires. Terminé de comprenderlo hablando con una vecina de Tartagal.

Visitábamos a las familias para ver si necesitaban algo en que nosotros pudiéramos ayudarlos. La señora me hizo pasar y me ofreció una silla. Conversamos un rato largo sentados en el patio de tierra.

Un chico de unos cinco o seis años, supongo que el hijo menor de la señora, descalzo, se sentó en la tierra frente a mí sin decir nada. Yo tenía puestos unos borceguíes. El chico se quedó todo el tiempo inmóvil en esa posición mirando mi calzado. Ellos nunca tuvieron ni tendrían borceguíes de cuero para caminar por la maleza de un bosque poblado de venenosas yararás. Él, de chiquito, estaba descalzo y de grande nunca tendría más que unas alpargatas.

La carita de aquel pequeño mirando mis pies bien calzados expresaba el sentimiento de humillación, mamado desde la cuna, de ser pisoteados como “la alpargata de los patrones”. Jamás hubiera imaginado que mis zapatos comunes pudieran ser un privilegio insultante. Nunca había sentido esa mezcla de tanto dolor y tanta vergüenza.

Mientras tanto, la señora me explicaba que su hijo mayor estaba en muy buena posición. Se había ido a trabajar a Buenos Aires. ¡Vivía en una villa de emergencia de Quilmes!

Toda esta realidad nos gritaba que nuestro compromiso cristiano con los más pobres estaba a años luz de lo necesario.

La provincia de Salta reportó más de 4.000 casos de bronquiolitis en lo que va de 2026, según el último informe de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica. El documento, con base en datos de la Salud Pública provincial, indica que solo en la semana del 5 al 11 de julio se notificaron 188 nuevos diagnósticos.

Esta cifra refleja el impacto sostenido de la enfermedad durante los meses más fríos, cuando las infecciones respiratorias agudas encuentran condiciones propicias para su propagación. La infección suele producirse por diversos virus, aunque el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es el agente más frecuentemente identificado.

La bronquiolitis afecta principalmente a recién nacidos y bebés menores de dos años, poblaciones particularmente vulnerables por la inmadurez de su sistema inmunológico. Desde el inicio de 2026 hasta la semana informada, 4.009 niños y niñas recibieron diagnóstico de bronquiolitis en los centros de salud de la provincia.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, confirmó que 27 pacientes pediátricos fueron hospitalizados por enfermedades respiratorias. De ellos, tres niños tuvieron que ser internados en cuidados intensivos debido a la gravedad de sus cuadros, aunque no se reportaron nuevos fallecimientos asociados en ese período.

Las autoridades sanitarias explicaron que esta afección compromete las vías aéreas pequeñas, generando distintos grados de dificultad respiratoria. Entre los síntomas más habituales figuran tos persistente, agitación, decaimiento y problemas para alimentarse o dormir. El cuadro clínico puede evolucionar con rapidez, requiriendo en algunos casos internación hospitalaria para su manejo.

La estrategia de prevención frente a la bronquiolitis incorporó una novedad en 2024, cuando el Calendario Nacional de Vacunación sumó la inmunización contra el VSR para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. La vacuna, de carácter gratuito y obligatorio, tiene como objetivo principal transmitir anticuerpos maternos al bebé, otorgando protección en los primeros seis meses de vida, etapa de mayor riesgo de complicaciones.

Informe epidemiológico en Salta

El último informe de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica reveló que la provincia de Salta atraviesa una de las mayores cifras de chikungunya registradas en los últimos años. Hasta la semana epidemiológica 27, se notificaron 2.234 casos positivos en distintas regiones del territorio.

Los departamentos de General San Martín, Orán y Anta concentran la mayor cantidad de diagnósticos confirmados de chikungunya, lo que evidencia una expansión geográfica del virus en áreas donde la presencia del mosquito vector, Aedes aegypti, resulta más habitual por las condiciones climáticas y ambientales.

En cuanto a enfermedades inmunoprevenibles, el reporte señaló cinco nuevos casos de varicela, acumulando 284 en el año, y un caso de parotiditis. No se confirmaron diagnósticos de coqueluche, sarampión, difteria ni poliomielitis durante el periodo analizado. La hepatitis viral también se mantuvo estable, con 11 casos confirmados por laboratorio, distribuidos principalmente en el departamento San Martín y la capital.

En el capítulo de enfermedades transmitidas por alimentos, se notificaron 521 casos de diarrea aguda solo en la última semana, lo que eleva el acumulado anual a 30.644 incidentes. Además, se registraron 27 casos de salmonelosis, tres de botulismo del lactante y un diagnóstico de síndrome urémico hemolítico.

Además, se contemplaron los incidentes catalogados como accidentes potencialmente rábicos. En lo que va de 2026, la provincia acumuló 501 mordeduras de perros, consideradas de riesgo para la transmisión de rabia. En la última semana se sumaron 15 nuevos episodios, la mayoría en la capital provincial.

También se sumaron otras patologías de interés sanitario, como la leishmaniasis cutánea humana, que sumó un nuevo caso, alcanzando seis en el acumulado anual. También se contabilizaron cuatro diagnósticos de leishmaniasis mucocutánea, tres de leishmaniasis visceral humana y 11 de lepra en el territorio salteño.

Un hombre que es investigado por presuntas estafas reiteradas vinculadas a inversiones y alquiler de vehículos en Salta quedó detenido este jueves, luego de que no cumpliera con la caución real fijada por el Juzgado de Garantías. Según confirmaron fuentes oficiales, se trataba de un sujeto que, antes de ser detenido, tenía un pedido de captura vigente.

La medida fue dispuesta en el marco de una causa que lleva adelante la Fiscalía Penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio, durante la feria judicial. El sospechoso se encontraba detenido desde el pasado 15 de julio, luego de que fuera arrestado durante una serie de allanamientos.

El ofrecimiento de que pagara una caución por su libertad se dio en respuesta a la solicitud del representante legal del acusado, quien había pedido medidas sustitutivas a permanecer detenido. A raíz de esto, el juez de Garantías Nicolás Rodríguez Pipino estableció un monto de 794 millones de pesos como condición para evitar la detención.

Según la información publicada por el Ministerio Público de Salta, el sospechoso se habría negado a cumplir con la medida, por lo que el auxiliar fiscal Pablo Nieva pidió que la medida de detención fuera ejecutada, lo que fue ordenado por el juez Antonio Pastrana.

Para este viernes 24 de julio se programó la audiencia de formalización de la investigación penal. De la misma manera, informaron que continúan vigentes las órdenes de detención respecto de otros dos investigados en la misma causa.

La causa se originó a partir de denuncias de varios damnificados, quienes informaron que entregaron sumas de dinero y bienes bajo la promesa de recibir una rentabilidad determinada. Los hechos investigados estarían relacionados con maniobras defraudatorias empleando esquemas de captación de fondos a través de la adquisición y alquiler de vehículos.

Hasta el momento, la UDEC le tomó testimonio a cinco personas que aseguraron haber confiado en el relato de los sospechosos. Según reconstruyeron, estos se presentaban como responsables de las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L., a través de las cuales prometían retribuir a los supuestos clientes con rendimientos mensuales en dólares.

De la misma manera, la fiscal Salinas Odorisio buscaría establecer si existió una organización destinada a captar fondos de terceros y determinar el destino de los aportes, así como las responsabilidades penales de los involucrados. En este sentido, las autoridades sospecharían que los involucrados habrían montado una supuesta estafa piramidal.

A raíz de esto, el pasado 15 de julio, la UDEC dispuso seis allanamientos en los que se secuestraron 12 vehículos, dispositivos electrónicos y documentación relevante para la investigación. El operativo tuvo como blanco las oficinas comerciales, viviendas particulares y un predio en la zona de Las Costitas, San Lorenzo, donde se resguardaría parte de la flota de vehículos.

Respecto al uso de los vehículos, las autoridades explicaron que algunos de ellos habrían sido utilizados para prestar servicios en plataformas de transporte. No obstante, plantearon como hipótesis que otra parte habría sido trasladada a otras provincias para dificultar su localización.

Por otro lado, los investigadores examinaron los desplazamientos reiterados de los investigados entre Salta, Buenos Aires y países como Brasil, Chile y Portugal. Estos traslados habían motivado a la fiscal Salinas Odorisio a requerir medidas ante el Juzgado de Garantías N° 2 del distrito Centro, a cargo de Ignacio Colombo, con el fin de evitar riesgos procesales.

En línea con esto, se solicitó la inmovilización de cuentas bancarias asociadas a los sospechosos y a sus sociedades, la detención de dos de los investigados y la prohibición de salida del país para los otros tres involucrados.

Por el momento, las actuaciones se mantienen bajo secreto de sumario, mientras se analiza la documentación incautada. Además, se espera profundizar la investigación sobre los movimientos financieros y se evalúa la posible existencia de otras personas afectadas por el presunto esquema.

Un asalto violento a una conductora de aplicación de viajes en la zona de San Luis, Rosario de Lerma, provincia de Salta, desencadenó una investigación que concluyó con la imputación de tres personas y el secuestro de bienes presuntamente robados y adulterados.

La víctima, una joven que se desempeñaba como conductora, acudió a un viaje solicitado mediante la aplicación. Al llegar al punto de encuentro, fue abordada por dos hombres armados con cuchillos que la obligaron a descender de su motocicleta. En la maniobra, sufrió lesiones al caer del rodado y al quedar atrapada una pierna con el escape caliente, mientras los agresores intentaban huir del lugar.

De acuerdo con lo informado por la página web de los fiscales de la provincia de Salta, la denuncia presentada por la víctima fue el punto de partida para una serie de tareas investigativas coordinadas por la fiscalía penal de Rosario de Lerma.

Según la información oficial, se realizaron análisis de cámaras de seguridad, reconocimientos y comparaciones faciales que permitieron identificar a los presuntos autores. El trabajo pericial fue clave para individualizar a dos jóvenes, uno de 20 años y un menor de 16, como coautores del robo calificado por el uso de armas.

En paralelo, se detectó la posible participación de un tercer individuo. Esta persona, también de 20 años, habría adquirido la motocicleta sustraída, la cual presentaba adulteración de los números identificatorios del motor y del cuadro. Las autoridades consideran que esta acción configura los delitos de receptación dolosa de elemento mal habido y adulteración de bien registrable.

El fiscal en feria Daniel Alejandro Escalante solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes. El 17 de julio, efectivos policiales concretaron los operativos en los domicilios de los investigados, logrando el secuestro de partes de motovehículos, motores y prendas de vestir que guardarían relación con el asalto.

Un fiscal de Rosario de Lerma imputó a dos jóvenes, uno de ellos menor, como coautores de un robo agravado por el uso de armas tras el asalto a una conductora de aplicación en San Luis. Un tercer hombre fue acusado de receptación dolosa y adulteración de moto, luego de que se hallaran piezas y motores vinculados al hecho, según informó la fiscalía.

El fiscal subrayó que las diligencias continúan, con el objetivo de reunir más pruebas que permitan robustecer la causa y establecer el grado de participación de cada uno. Se espera la pericia sobre los elementos secuestrados para determinar su vínculo directo con el hecho denunciado.

Le robaron la moto a punta de pistola y la Policía encontró a los delincuentes escondidos en una casa

Dos motochorros fueron detenidos este miércoles en la localidad platense de Melchor Romero, acusados de haber cometido un robo a mano armada de una motocicleta. La rápida resolución del caso fue posible gracias al sistema de rastreo satelital que tenía instalado el vehículo de la víctima.

Según pudo saber Infobae, el hecho ocurrió en la zona de avenida 32 y 166, donde un llamado al 911 alertó sobre el robo de una moto. Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con la víctima, un ciudadano colombiano de 38 años, quien relató que momentos antes había sido interceptado por dos delincuentes que circulaban en una Honda CG 150 de color rojo.

De acuerdo con la denuncia, los sospechosos lo amenazaron con un arma de fuego, lo obligaron a descender de su motocicleta Mondial Max 110 y escaparon con el vehículo.

Sin embargo, el damnificado informó a los efectivos que la moto robada contaba con un sistema de rastreo GPS que permanecía activo y marcaba una ubicación en una vivienda situada sobre la calle 60, entre 161 y 162.

Con esa información, los policías se dirigieron al lugar. Tras obtener la autorización de la propietaria del inmueble para ingresar, encontraron en el interior tanto la motocicleta sustraída como la Honda utilizada por los presuntos asaltantes para cometer el robo.

En una de las habitaciones de la casa fueron aprehendidos Aron David Planchon, de 27 años, y Jorge Ruiz, de 26, quienes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de La Plata.

Un violento enfrentamiento dentro de la Unidad Carcelaria N.º 2 de Metán terminó con tres internos heridos y un fuerte operativo de seguridad en un hospital de Salta. La agresión habría involucrado un elemento punzocortante y uno de los detenidos sufrió una lesión próxima al tórax mientras que los otros dos continuan internados y bajo observación en Metán.

Todos fueron llevados al hospital del Carmen. Allí, uno de ellos recibió atención de urgencia y, debido a la gravedad de la lesión fue posteriormente derivado a la ciudad de Salta bajo custodia penitenciaria. Esta situación, motivó un amplio operativo de seguridad por parte del personal policial con el objetivo de resguardar tanto la integridad de los pacientes como la de los propios internos y del personal sanitario.

De acuerdo con Spacio TV, el hospital reforzó la vigilancia en distintos sectores para garantizar la custodia de los detenidos durante su asistencia médica y evitar cualquier incidente adicional. El despliegue incluyó la presencia de agentes en accesos y pasillos, así como la restricción del movimiento en áreas específicas del centro de salud. El operativo desplegado en el hospital del Carmen se mantuvo durante toda la intervención médica y el traslado posterior, sin que se reportaran incidentes.

Por otro lado, los otros dos internos heridos por el enfrentamiento en la cárcel, recibieron atención en el hospital de Metán y permanecen bajo observación. Sin embargo, no se difundió información oficial sobre su evolución médica ni se comunicaron detalles acerca de su estado de salud, lo que incrementa la incertidumbre entre sus familiares y en la comunidad local.

Las primeras versiones apuntan a que el enfrentamiento se habría originado por diferencias previas entre los internos, aunque no se precisó el sector específico del penal donde ocurrió la pelea ni las circunstancias exactas que la desencadenaron. Hasta el momento, no se emitió ningún comuicado oficial.

Permanecen pendientes varias cuestiones: el origen del enfrentamiento, el sector donde se produjo, los elementos utilizados durante la pelea y la evolución médica de los tres internos heridos. También resta conocer si se realizaron requisas posteriores y si las autoridades penitenciarias secuestraron armas blancas u otros objetos.

La falta de información oficial también alimenta la preocupación de los familiares de los internos y de la comunidad de Metán. Ante la gravedad del episodio y el contexto de conflictividad carcelaria en la provincia de Salta, se espera que en las próximas horas las autoridades penitenciarias brinden detalles sobre la evolución de los heridos y las medidas adoptadas para evitar nuevos incidentes dentro del penal.

El episodio dejó en evidencia las dificultades persistentes para garantizar la seguridad interna en el sistema penitenciario, donde se registran situaciones similares de violencia. De acuerdo con datos recientes citados por Infobae, el hacinamiento se consolidó como uno de los problemas estructurales del sistema penitenciario argentino.

Más de 133.000 personas permanecen detenidas en cárceles y comisarías del país, lo que implica una sobreocupación del 130% respecto de la capacidad prevista. Este contexto de superpoblación dificulta la labor del personal penitenciario, deteriora las condiciones de detención y debilita el control estatal sobre los pabellones. En ese escenario, aparecen jerarquías internas, liderazgos informales y actividades ilegales, factores que incrementan el riesgo de enfrentamientos violentos entre internos y consolidan la inseguridad dentro de los penales.

La Unidad Carcelaria N.º 2 de Metán no escapa a esta problemática. Si bien la jurisdicción enfrenta sus propios desafíos, la sobrepoblación y la falta de recursos agravan las tensiones cotidianas y dificultan la prevención de episodios como el enfrentamiento que dejó tres heridos. Los hechos registrados en el penal de Metán se inscriben en un fenómeno más amplio.

Una investigación de cinco meses permitió desarticular una organización criminal dedicada al transporte de cocaína desde la provincia de Salta hacia Buenos Aires. El operativo, realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) junto con la Policía de Salta, terminó con siete personas detenidas y el secuestro de casi 200 kilos de cocaína, además de armas de fuego, dinero en efectivo y vehículos.

El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad de Control de Narcotráfico y Delito Complejo (UOCNyDC) Norte de la PSA, en el marco de una investigación que tramita ante la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba.

Según supo Infobae, la pesquiza comenzó en febrero pasado, a partir de un oficio judicial que ordenó profundizar la investigación sobre una organización narcocriminal que operaba en el norte del país. Durante cinco meses, los investigadores realizaron intervenciones telefónicas, análisis de teléfonos celulares y documentación, tareas de inteligencia, vigilancias y seguimientos que permitieron identificar a los integrantes de la banda, reconstruir sus vínculos y determinar el rol que cumplía cada uno dentro de la estructura.

Uno de los aspectos clave para dar con ellos fue el seguimiento de dos camionetas utilizadas por la organización para trasladar la droga. Según informó la PSA, los vehículos fueron monitoreados mediante cámaras de seguridad y dispositivos GPS colocados durante la pesquisa, lo que permitió reconstruir sus desplazamientos y detectar el momento en que se concretaría el envío del cargamento.

Con esa información, la PSA y efectivos de las Divisiones de Investigación Compleja contra la Narcocriminalidad (DICON) de la Policía de Salta desplegaron una serie de operativos simultáneos.

Una de las camionetas fue interceptada en el peaje Cabeza de Buey, en territorio salteño. En ese vehículo viajaban dos mujeres y un menor de edad. Durante la requisa, los efectivos encontraron varios paquetes de cocaína ocultos en el rodado.

En paralelo, la segunda camioneta, que cumplía funciones de apoyo y vigilancia —la modalidad conocida en el ambiente delictivo como “punta”—, fue detenida en la localidad de Metán. Allí fue arrestado quien, según la investigación, era el principal integrante de la organización.

Mientras se concretaban esos procedimientos, las fuerzas realizaron diez allanamientos simultáneos en distintos domicilios, donde detuvieron al resto de los sospechosos y secuestraron diversos elementos de interés para la causa.

Como resultado de los operativos fueron detenidas siete personas y se secuestraron 192 kilos de cocaína, siete armas de fuego —cuatro pistolas, dos rifles y una carabina—, 117 municiones y cartuchos de distintos calibres, 8.337.150 pesos, 6.257 dólares estadounidenses, cinco vehículos —tres camionetas, un automóvil y una motocicleta—, 26 teléfonos celulares, seis tarjetas SIM, dos notebooks, dispositivos de almacenamiento de datos, dos máquinas contadoras de billetes, rollos de papel film y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta, que continuará con la investigación para determinar si existen otros integrantes de la organización y reconstruir la totalidad de la ruta utilizada para el traslado de la droga desde el norte argentino hacia la provincia de Buenos Aires.

Tras el operativo, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Moteoliva, destacó el procedimiento a través de sus redes sociales.

“200 kilos de cocaína y siete narcos menos. Cinco meses de investigación de la PSA terminaron con una organización que trasladaba droga desde Salta hacia Buenos Aires. Siete detenidos, cocaína incautada y un arsenal fuera de circulación. Ley y orden”, escribió la funcionaria.

Una mujer de 35 años fue hallada muerta durante la madrugada del miércoles en una casilla del barrio Juan Pablo II, en la ciudad de Salta. La autopsia determinó que falleció por asfixia por ahorcamiento y la Justicia investiga si hubo delito.

El hallazgo ocurrió cerca de las 4:00, cuando vecinos llamaron al Sistema de Emergencias 911 por una persona que aparentemente no presentaba signos vitales en una casilla ubicada junto al santuario del Gauchito Gil, sobre la avenida Escuadrón Los Decididos y en la intersección con la avenida 17 de Junio.

La causa se tramita bajo la Resolución 1284/21 de la Procuración General de Salta, que ordenó abordar en forma inicial toda muerte de causa no esclarecida como un posible homicidio doloso, incluso cuando las primeras hipótesis apunten a un accidente o a un suicidio. Por eso intervienen de manera conjunta la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria y la Unidad de Femicidios.

Cómo fue el hallazgo

La mujer estaba en situación de calle y, de acuerdo con las primeras averiguaciones, usaba esa casilla como refugio nocturno junto con su pareja. Fue el hombre quien la encontró sin vida y aportó información a los investigadores.

“La hipótesis más fuerte que se maneja es la de un suicidio. La mujer era una persona con consumos problemáticos. La pareja era conocida por los vecinos de la zona”, indicaron a Infobae fuentes con acceso al expediente del caso.

Por disposición del fiscal penal Daniel Espilocín, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, el cuerpo había sido trasladado para la autopsia: el informe forense concluyó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento y descartó signos de violencia en el cuerpo.

Medidas tomadas por la fiscalía y reclamos de una organización feminista

Aunque la necropsia no detectó lesiones de agresión, el fiscal ordenó pericias en la escena del hallazgo. En el lugar trabajó personal de Criminalística y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, el CIF.

La fiscal de la Unidad de Femicidios María Luján Sodero Calvet interviene en la causa para esclarecer cómo ocurrió la muerte.

Tras conocerse el hecho, el Observatorio Popular Feminista Ñawi reclamó que la investigación se realice con perspectiva de género y que se agoten todas las líneas antes de descartar hipótesis, según publicó Informate Salta.

El colectivo sostuvo que el caso obliga a mirar no solo las circunstancias de la muerte, sino también las condiciones de vida de las personas en situación de calle. La organización afirmó que una mujer no puede quedar reducida a una estadística y planteó que detrás de cada caso hay una historia que debe ser escuchada y respetada. También reclamó que toda muerte violenta de una mujer contemple las violencias que pudo haber atravesado la víctima.

Una nena de 12 años sufrió quemaduras graves en aproximadamente el 70% de su cuerpo tras haberse registrado un incendio en el paraje Corrales, perteneciente a la comunidad indígena La Mesada, en el municipio de Iruya, provincia de Salta. A raíz de la gravedad de su estado, la menor tuvo que ser trasladada de urgencia hacia el Hospital Garrahan en Buenos Aires.

Según trascendió, la adolescente sufrió las consecuencias de que se produjera una demora en la evacuación inicial, motivada por la ubicación remota en la que se produjo el fuego. Una vez que los servicios de emergencia lograron ponerla a salvo, la derivaron al Hospital Materno Infantil de Jujuy.

Después de que evaluaran la condición en la que se encontraba, el personal médico ordenó que fuera trasladada hacia la capital nacional. Por este motivo, se solicitó un vuelo sanitario al Hospital Garrahan, para que pudiera recibir atención especializada de mayor complejidad.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, su hermana también resultó afectada por quemaduras, aunque de menor gravedad, por lo que permanece bajo cuidado médico en la localidad. Además, varios de los habitantes de la comunidad recibieron atención ambulatoria, sin que fuera necesaria su hospitalización.

El siniestro afectó una superficie estimada de 7.000 hectáreas, que impactó a unas 50 familias de pequeñas productoras que perdieron ganado, pasturas y estructuras de sus puestos transitorios. Se trata de una zona que es utilizada principalmente para el pastoreo de animales, por lo que el daño socioeconómico generó preocupación en los productores que quedaron en situación de vulnerabilidad.

En un hecho paralelo, un hombre de 38 años murió en el paraje Punta Laja, ubicado a unos 20 kilómetros de La Mesada, mientras intentaba controlar los focos ígneos que se expandían en la zona de alta montaña entre Nazareno e Iruya.

Según relató Irma Tolaba, cuñada de la víctima, a Radio Salta: “Él fue a ver su ganado; criaba vacas y cabras”. Asimismo, contó que “se desesperó de ver el fuego avanzar y acercándose a sus animalitos. Estaba acompañado por la policía, pero él se alejó para proteger a los animales”.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta indicó que el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Daniel Espilocín, está a cargo de la investigación. Luego de que lo encontraran sin vida, se determinó que había sufrido un shock hipovolémico producto de las quemaduras que sufrió.

Hasta el momento, la región permanece en alerta por los focos activos y la dificultad de acceso para los servicios de emergencia. Por este motivo, las autoridades continúan trabajando en la contención de los incendios y la asistencia a los afectados.

Recientemente, el subsecretario de Defensa Civil salteño, Gonzalo Rodríguez, afirmó que el interior de la provincia enfrenta una situación más compleja que la capital. “Se estima que, de mejorar el clima, se podría concretar un vuelo en las próximas horas”, indicó al confirmar que la zona de Nazareno se encuentra bajo monitoreo constante.

A raíz de esto, el Gobierno provincial anunció la implementación de un convenio de asistencia financiera no reintegrable dirigido a labores de apoyo para los vecinos afectados por los incendios. La medida buscará brindar ayuda a las familias que perdieron sus fuentes de subsistencia en la zona rural del norte.

Multaron a un hombre que intentaba quemar basura en pastizales de la ciudad de Salta

La Municipalidad de Salta inició una serie de acciones preventivas ante el comienzo de la temporada de incendios forestales, que incluyen recorridos por áreas identificadas como potenciales focos ígneos. En este contexto, el lunes por la tarde, agentes municipales detectaron y multaron a un hombre que intentaba quemar basura sobre pastizales en las inmediaciones del Parque Industrial.

El operativo fue realizado por personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana conjuntamente con la Patrulla Ambiental. Las autoridades actuaron tras identificar la acción prohibida, aplicando la sanción correspondiente para desalentar este tipo de conductas durante una época caracterizada por un elevado riesgo de incendios.

Desde el municipio se solicitó a la comunidad abstenerse de realizar quemas de cualquier tipo, recordando que la prevención y la responsabilidad son esenciales para evitar daños ambientales y proteger a la población. Además, apuntaron que, pese a que se prevé una semana con condiciones meteorológicas estables y temperaturas agradables, la amenaza de incendios se mantiene latente durante esta temporada.

Para reportar situaciones similares o emergencias vinculadas a incendios, las autoridades recomendaron comunicarse de inmediato con el 105 o el 911, canales habilitados para la atención de este tipo de incidentes en la región.

Un trabajador de la construcción de 40 años murió tras caer desde un andamio en la obra de la Ciudad Judicial de Orán, en la provincia de Salta. El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 y derivó en una investigación a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Ministerio Público Fiscal de Salta.

El operario cayó desde gran altura y las circunstancias en que ocurrió el hecho aún se tratan de establecer. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde falleció horas más tarde. El accidente ocurrió el lunes.

Ante el deceso, la Fiscalía Penal 2 de ese distrito, que tomó intervención de manera inicial, giró las actuaciones a la Unidad de Graves Atentados, donde quedaron bajo la órbita de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo.

El cuerpo del trabajador fue remitido al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para la realización de la autopsia. El informe determinó que el deceso se produjo por politraumatismo y traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave por caída de altura.

En forma paralela a las diligencias médico-legales, la fiscalía dispuso el despliegue de personal de Criminalística en el lugar del hecho para las tareas de rigor. Efectivos de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) también trabajaron en el relevamiento de testimonios, cámaras de seguridad y otras medidas de recolección de pruebas.

“Se encuentran en cumplimiento las diligencias pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido”, aseguró la fiscal Filtrín Cuezzo, según informó el MPF. La magistrada tiene a su cargo la conducción de la investigación en el marco de la feria judicial.

La causa busca determinar las condiciones en que se desarrollaba la obra y las circunstancias precisas que rodearon la caída del operario en la Ciudad Judicial de Orán.

Un hombre murió aplastado por la torre de un torno que le cayó encima

Un operario de edad avanzada perdió la vida en un taller de tornería y metalúrgica industrial del departamento de Guaymallén, Mendoza, tras el derrumbe de la torre de un torno vertical sobre su cuerpo mientras cumplía funciones en el lugar. El hombre, cuya identidad no fue establecida por las autoridades, llegó sin vida al Hospital Central, donde el médico de guardia certificó su deceso.

El siniestro ocurrió cerca de las 13 del martes en el local de la calle San Francisco del Monte 42, en la esquina con Primitivo de la Reta, en el corazón del departamento de Guaymallén. Fue la Comisaría 45° la que tomó intervención y dio cuenta del hecho a las autoridades correspondientes.

Según las primeras diligencias policiales, el trabajador y sus colegas desplazaban insumos dentro del establecimiento cuando, por razones que la investigación deberá precisar, la estructura del torno vertical cedió por completo y aplastó al hombre contra el suelo. Las circunstancias exactas del colapso de la maquinaria permanecen bajo análisis y no se descarta ninguna hipótesis.

Fueron los propios compañeros de la víctima quienes, tras presenciar el accidente, llamaron de inmediato al número de emergencias 911. El personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al taller en escasos minutos, prestó asistencia al trabajador en el lugar y ordenó su traslado de urgencia al Hospital Central. La celeridad del operativo, no obstante, no fue suficiente para preservar su vida: el operario llegó al centro médico sin signos vitales.

El profesional de guardia constató el fallecimiento y estableció como causa de muerte un aplastamiento torácico. La identidad de la víctima permaneció sin confirmar, en tanto las autoridades pusieron en marcha las actuaciones correspondientes para determinar con exactitud qué provocó la caída de la estructura sobre el trabajador.

En el noroeste argentino,fuertes ráfagas de viento Zonda provocaron incendios durante el pasado fin de semana. El fuego arrasó diferentes zonas y dejó como saldo cientos de hectáreas quemadas, cortes de energía y destrozos materiales en Salta. En las últimas horas también se abrió una investigación por la muerte de un hombre que se encontraba combatiendo las llamas.

El hombre, de 38 años, falleció el pasado sábado en el paraje Punta Laja, en la localidad de Nazareno, al norte salteño, mientras intentaba sofocar los focos ígneos que arrasaban la región de alta montaña ubicada entre Nazareno e Iruya.

El deceso, que se produjo por shock hipovolémico a causa de las quemaduras sufridas, desencadenó una investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal de Salta (MPF).

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Daniel Espilocín, tomó intervención tras el hallazgo del cuerpo en una zona de difícil acceso. El hombre había perdido contacto con sus familiares el mismo sábado, quienes lo reportaron como desaparecido. Horas después, fue encontrado sin vida en el lugar.

Personal de Criminalística y el médico legal de la Policía se trasladaron hasta el paraje para realizar las tareas correspondientes. Espilocín confirmó la causa del fallecimiento y, según el MPF, “se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido”.

Los incendios forestales que cobraron la vida del hombre forman parte de una emergencia que ya acumula consecuencias de gran magnitud en la región. En la zona de Nazareno, las llamas consumieron cerca de 7.000 hectáreas y afectaron a unas 50 familias, pequeñas productoras que perdieron ganado, pasturas e instalaciones de puestos transitorios ganaderos, de acuerdo con la información de la agencia de noticias NA.

Desde la Municipalidad de Nazareno informaron que el fuego, que se inició el jueves de la semana pasada, comenzó a ceder gracias al ingreso de un frente frío proveniente del este.

El panorama en el interior de la provincia, con todo, presenta mayor complejidad que en la capital. El subsecretario de Defensa Civil de Salta, Gonzalo Rodríguez, detalló que la superficie afectada en la zona de Nazareno está bajo monitoreo constante a través de seguimiento satelital.

El funcionario explicó que el avión vigía tenía como objetivo primario sobrevolar esa área, pero las condiciones meteorológicas lo impidieron: “Se estima que, de mejorar el clima, se podría concretar un vuelo en las próximas horas”, sostuvo Rodríguez.

Mientras tanto, el Gobierno provincial comunicó un convenio de asistencia financiera no reintegrable destinado a trabajos de asistencia a los vecinos afectados por los incendios, una medida que busca dar respuesta a las familias que perdieron sus medios de subsistencia en la zona rural del norte salteño.

El escenario en la capital provincial ofrece un contraste con la situación del interior. Este lunes, el Gobierno salteño realizó un sobrevuelo de monitoreo sobre Salta Capital y sus alrededores, con resultados favorables: sin focos activos en la ciudad ni en sus inmediaciones.

El jueves fue la jornada de mayor actividad, con 47 incendios de pastizales registrados de forma simultánea. La cifra fue disminuyendo de manera progresiva hasta los 11 focos contabilizados el domingo. El sobrevuelo abarcó sectores específicos, entre ellos la zona de Potrero Uriburu, para verificar el estado del terreno.

El ingreso de un frente fresco y la disminución del viento este lunes permitieron que no se registraran nuevos inconvenientes en la capital. Sin embargo, la situación meteorológica mantiene en alerta a los organismos de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente este martes una alerta amarilla por fuertes vientos que afecta al oeste de la provincia.

El origen del fenómeno remite a las ráfagas de viento Zonda que azotaron el noroeste argentino durante el fin de semana, dejando cientos de hectáreas quemadas, cortes de energía y destrozos materiales en Salta y Jujuy.

Rodríguez advirtió, además, que este año los vientos fuertes se anticiparon respecto al promedio histórico. “Normalmente, en la estadística de estos últimos años, siempre fueron los primeros días de agosto. El año pasado fue el 1 de agosto y después se repitió el 20. Este año se adelantó un poco”, señaló el funcionario.

El episodio ocurrió en un momento en que las autoridades provinciales y municipales habían desplegado recorridos preventivos por potenciales focos ígneos, precisamente en el marco del inicio de la temporada de incendios forestales. La combinación de vegetación seca, baja humedad y ráfagas persistentes convirtió cualquier llama en un riesgo de propagación inmediata, según advirtieron los organismos de emergencia en los días previos.

El episodio no fue un caso aislado ni menor: se produjo mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía activa una alerta amarilla por vientos intensos y zonda para distintas zonas de la provincia, con ráfagas que podían alcanzar los 100 kilómetros por hora en sectores de la Puna y los valles. Las autoridades habían instado expresamente a la población a no realizar quemas bajo esas condiciones.

El contexto inmediato era de máxima tensión. Entre el jueves 17 y el domingo 20 de julio, las ráfagas del zonda habían generado aproximadamente 830 hectáreas afectadas solo en Salta Capital y sus alrededores, según confirmó el subsecretario de Defensa Civil de la Provincia, Gonzalo Rodríguez. El jueves representó el pico más alto de actividad, con 47 incendios de pastizales registrados en simultáneo; la cifra fue descendiendo hasta los 11 focos contabilizados el domingo.

En zonas rurales como Finca La Pedrera, sobre la ruta 39, el fuego avanzó por tres frentes distintos, alcanzó al menos una vivienda y se extendió hacia el cerro, de acuerdo a los medios locales. Vecinos de las áreas afectadas debieron organizarse con baldes, mangueras y elementos domésticos para contener las llamas hasta la llegada de los equipos especializados. El panorama en el interior provincial resultó aún más grave: en la zona de Nazareno, en el norte salteño, se estimó una superficie afectada de alrededor de 5.700 hectáreas, monitoreada de forma constante mediante seguimiento satelital.

Rodríguez señaló que este año los vientos fuertes se anticiparon respecto al promedio histórico: “Normalmente, en la estadística de estos últimos años, siempre fueron los primeros días de agosto. El año pasado fue el 1 de agosto y después se repitió el 20. Este año se adelantó un poco”. El dato preocupa a los organismos de emergencia porque implica una ventana de riesgo más extensa que la habitual.

El mismo fenómeno meteorológico golpeó con especial violencia la provincia de Jujuy el sábado 18 de julio, donde las ráfagas superaron los 130 kilómetros por hora. Las autoridades jujeñas calificaron el temporal como el más intenso en más de treinta años. El evento dejó más de 5.000 usuarios sin suministro eléctrico, voladuras de techos, caída de árboles y múltiples incendios en distintas localidades. El gobierno provincial conformó de urgencia un comité coordinador integrado por todos los ministerios, cuerpos de bomberos, la municipalidad capitalina y equipos de emergencia, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En ese escenario, el SMN emitió para este martes 21 de julio una nueva alerta amarilla que rige entre las 0 y las 12 horas para la Cordillera de los Andes y sectores de la Puna —Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos—, con vientos del sector oeste de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, según informó Todosalta con datos de la Secretaría de Prensa y Comunicación provincial. Para los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, la advertencia por zonda rige entre las 6 y las 12 horas, con vientos de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno puede provocar además una reducción brusca de la visibilidad por polvo en suspensión, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Ante ese cuadro, la Municipalidad de Salta solicitó a la comunidad abstenerse de realizar quemas y recordó que los recorridos preventivos continúan activos en la ciudad. Para reportar cualquier foco ígneo o inconveniente, las autoridades habilitaron las líneas 105 y 911.

Uno de los casos más extremos es el vivido en un campamento minero en Catamarca, a 4.500 metros de altura, en donde varios operarios permanecen varados por la tormenta. Es en Tres Quebradas, en la cordillera de Fiambalá, donde el termómetro marcó -27 °C, según informó En Boca de Todos HD.

Las imágenes enviadas desde el yacimiento muestran camionetas cubiertas por nieve y acumulaciones superiores a un metro. En varios tramos la visibilidad es prácticamente nula, lo que impide circular y obliga al personal a permanecer dentro del campamento hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

En esa zona de operaciones mineras, los trabajadores esperan poder retomar tareas y abandonar el lugar de manera segura. Por su parte, el Paso Internacional San Francisco permanece cerrado e intransitable por el mismo fenómeno, que se extendió sobre la alta cordillera catamarqueña.

El medio local El Ancasti informó que el grupo de mineros quedó atascado por la nieve en un sector de difícil tránsito durante más de 36 horas y que dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Santa María partieron para asistirlos y evaluar una evacuación.

La Asociación Obrera Minera Argentina de Catamarca presentó denuncias ante el Ministerio de Minería. El secretario general del gremio en la provincia, Gustavo Molina, advirtió: “De acuerdo con la información que pudimos recabar, se habría autorizado la circulación de vehículos en condiciones climáticas adversas, con presencia de nieve, desconociendo lo establecido por el Protocolo de Invierno. Si eso se confirma, estamos frente a una situación de extrema gravedad”.

El dirigente confirmó que el gremio pidió una investigación interna a la minera, la identificación de los responsables y el apartamiento preventivo de quienes estuvieron a cargo del Departamento de Seguridad Vial hasta que se esclarezcan los hechos. También reclamó que no se habiliten traslados de personal, contratistas, insumos o equipos mientras no estén garantizadas las condiciones de circulación y el cumplimiento estricto del Operativo de Invierno.

Alertas y acumulación de nieve en San Juan, Salta y Mendoza

La situación también afecta a San Juan, donde el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta naranja por nevadas intensas y persistentes para la cordillera de los departamentos Calingasta e Iglesia, de acuerdo con Diario de Cuyo. El organismo prevé acumulaciones de entre 50 y 150 cm durante todo el período de vigencia del aviso, con valores que podrían superarse en algunos sectores.

El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, una combinación que favorece el viento blanco y reduce de forma marcada la visibilidad en rutas de montaña. Para la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda sigue vigente un alerta amarilla.

En esas áreas se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulados de entre 20 y 50 centímetros en sectores de alta montaña. En las zonas más bajas de la precordillera se pronostican entre cinco y 20 centímetros, con precipitaciones que pueden presentarse como lluvia y nieve o lluvia, según la altura y la temperatura.

La recomendación oficial es evitar desplazamientos hacia la cordillera mientras persistan las nevadas, consultar el estado de las rutas antes de viajar y circular solo con vehículos equipados para nieve. Protección Civil de San Juan también informó alerta amarilla para la madrugada, la mañana y la tarde de este martes en la precordillera provincial.

En localidades como Barreal, perteneciente a Calingasta, varios vecinos informaron a Diario La Provincia SJ que nieva desde hace tres días consecutivos y que el peso acumulado provocó daños en viviendas, con techos que no resistieron y filtraciones en el interior de las casas.

El temporal también tiró ramas, árboles y postes de luz. El medio sanjuanino informó que las complicaciones alcanzan a los servicios y mantienen en alerta a los habitantes de la zona.

Por recomendación de la Dirección de Protección Civil y ante la alerta meteorológica vigente, el Ministerio de Educación suspendió las actividades escolares este 21 de julio en todo el departamento. La medida abarca todos los turnos, niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.

Según el SMN, podrían caer entre 30 y 50 centímetros por jornada en el nivel amarillo, mientras que el nivel naranja advierte acumulaciones superiores durante la vigencia del fenómeno.

En la Puna salteña, organismos que monitorean el estado de los caminos advirtieron este lunes que la nieve acumulada y las fuertes ráfagas con viento blanco reducen la visibilidad y generan complicaciones para transitar. La recomendación fue bajar la velocidad, mantener distancia entre vehículos y respetar las indicaciones del personal vial.

En Mendoza, durante el fin de semana se acumuló más de un metro y medio de nieve en sectores de la cordillera bajo alertas naranja y amarilla. Los avisos seguirán vigentes hasta hoy y los registros más altos se observaron en Las Leñas y Los Puquios, en la zona de Puente del Inca.

La Justicia de Salta investiga la muerte de un turista de nacionalidad paraguaya que fue encontrado muerto en plena calle.

El cuerpo fue hallado poco después de las 20 horas de ayer, en las inmediaciones de la Plaza 9 de Julio, en pleno centro de la ciudad.

Según indicaron fuentes policiales al portal del diario El Tribuno, el personal de la Policía de Salta y peritos forenses trabajaron intensamente durante la noche en el lugar para recabar indicios y definir las causas del deceso. El cuerpo permaneció por largas horas bajo custodia, mientras los investigadores realizaban las primeras actuaciones.

Al cierre de la jornada, los agentes buscaban determinar si se trató de una muerte natural, un episodio traumático o si existieron otras circunstancias que explicaran el desenlace. No se difundió aún la identidad del turista, ni se conocen datos sobre su estadía ni sobre posibles vínculos con residentes locales.

El avance de la investigación depende, en buena medida, de los estudios forenses que deben esclarecer si existieron signos de violencia, intoxicación o una causa natural detrás de la muerte. Hasta tanto no se conozcan los resultados de la autopsia y la identificación formal, las autoridades evitaron brindar detalles sobre el estado del cuerpo o la posible cronología de los hechos.

La Fiscalía interviniente solicitó la colaboración de testigos y de quienes hayan observado movimientos inusuales en las inmediaciones de la plaza durante la tarde y la noche de ayer lunes.

A mediados del mes de abril, un turista brasileño murió tras descompensarse mientras realizaba una caminata junto a su pareja en el Cerro Centinela, ubicado en el sector norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, en las inmediaciones de Villa La Angostura.

El episodio generó momentos de tensión e incertidumbre entre los presentes. El hombre, acompañado de su esposa y otros turistas, comenzó a sentir un dolor en el pecho durante el ascenso y quedó tendido en el suelo, lo que motivó el llamado de emergencia.

La alerta se registró a las 16.20, según detalló el grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA), a partir del aviso realizado por otra pareja de turistas que se encontraba en el lugar. En cuestión de minutos, distintos equipos de emergencia de la región se movilizaron hacia el cerro, coordinando acciones bajo los protocolos para intervenciones en zonas agrestes.

La víctima brasileña fue asistida por una paramédica y personal de salud, pero no lograron revertir el cuadro cardiaco

Alrededor de las 17, el personal de rescate llegó hasta el matrimonio, donde ya se le realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El equipo prosiguió con los primeros auxilios siguiendo los procedimientos establecidos, hasta la llegada del médico.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, el médico que arribó al sitio constató que el turista ya no presentaba signos vitales.

El operativo de evacuación requirió varias horas, dadas las características del terreno y la necesidad de atender también al resto de los visitantes, visiblemente afectados por la situación. Finalmente, cerca de las 21, se completó el traslado del cuerpo hacia la morgue del Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes.

En la operación participaron personal de la Comisaría 28, el hospital local, Parques Nacionales y el equipo de BRZA. Las autoridades informaron que no se detectaron indicios de criminalidad, aunque se dispuso la realización de una autopsia para determinar la causa precisa del deceso.

Las ráfagas de viento Zonda que azotaron el noroeste argentino durante el fin de semana dejaron un saldo de cientos de hectáreas quemadas, cortes de energía y destrozos materiales en Salta y Jujuy. El gobierno salteño realizó este lunes un sobrevuelo de monitoreo sobre la capital provincial y sus alrededores para verificar el estado de las zonas afectadas por los incendios registrados durante los últimos días. La supervisión arrojó resultados positivos: sin focos activos en la ciudad ni en sus inmediaciones.

El subsecretario de Defensa Civil de la Provincia, Gonzalo Rodríguez, confirmó que entre el jueves y el domingo se contabilizaron aproximadamente 830 hectáreas afectadas en Salta Capital y alrededores. El jueves fue la jornada de mayor actividad, con 47 incendios de pastizales registrados en simultáneo. La cifra fue disminuyendo progresivamente hasta los 11 focos contabilizados el domingo.

Este lunes, el ingreso de un frente fresco y la disminución del viento permitieron que no se registraran nuevos inconvenientes en la capital, según informó Rodríguez. El funcionario detalló que el sobrevuelo abarcó sectores específicos, entre ellos la zona de Potrero Uriburu, para verificar el estado del terreno tras días de intensa actividad ígnea.

El panorama en el interior de la provincia presenta mayor complejidad. En la zona de Nazareno, en el norte salteño, se estima una superficie afectada de alrededor de 5.700 hectáreas, monitoreada de forma constante mediante seguimiento satelital. Rodríguez indicó que el avión vigía tenía como objetivo primario sobrevolar esa área, pero las condiciones meteorológicas impidieron concretar el vuelo: “Se estima que, de mejorar el clima, se podría concretar un vuelo en las próximas horas”, expresó.

El subsecretario también advirtió que este año los vientos fuertes se anticiparon respecto al promedio histórico. “Normalmente, en la estadística de estos últimos años, siempre fueron los primeros días de agosto. El año pasado fue el 1 de agosto y después se repitió el 20. Este año se adelantó un poco”, sostuvo. El dato marca una tendencia que preocupa a los organismos de emergencia, dado que implica una ventana de riesgo más extensa.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente este lunes una alerta amarilla por fuertes vientos y viento Zonda que afecta distintos sectores de los Valles de la provincia. La advertencia rige hasta las 18 horas e incluye la posibilidad de ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Las zonas comprendidas son los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, con vientos sostenidos de entre 60 y 80 kilómetros por hora provenientes del sector oeste, según difundió el Ministerio de Seguridad de Salta.

La alerta cobra mayor peso en un contexto regional adverso. El sábado 18 de julio, el mismo fenómeno meteorológico impactó con especial violencia en la provincia de Jujuy, donde las ráfagas superaron los 130 kilómetros por hora. Las autoridades jujeñas calificaron el temporal como el más intenso en más de treinta años. El evento dejó más de 5.000 usuarios sin suministro eléctrico, voladuras de techos, caída de árboles y múltiples incendios forestales en distintas localidades.

Ante la gravedad del cuadro en Jujuy, el gobierno provincial conformó de urgencia un comité coordinador integrado por todos los ministerios, cuerpos de bomberos, la municipalidad capitalina y equipos de emergencia, de acuerdo con lo informado por la Agencia Noticias Argentinas. El ministro de Infraestructura jujeño, Carlos Stanic, precisó que la prioridad fue garantizar los servicios esenciales y la operatividad hospitalaria, comprometida por los cortes masivos de energía que también afectaron el abastecimiento de agua.

En Salta, la combinación de baja humedad, vegetación seca y ráfagas del Zonda permitió que el fuego se expandiera en minutos en distintos puntos. En la zona rural de Finca La Pedrera, sobre la ruta 39, el fuego avanzó por tres frentes distintos, alcanzó al menos una vivienda y se extendió hacia el cerro. Vecinos de las áreas afectadas se organizaron con baldes, mangueras y elementos domésticos para contener las llamas hasta la llegada de los equipos especializados.

Las acciones se desplegaron los días 18 y 19 de julio con la intervención de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta”, junto a efectivos de investigaciones de “Jujuy” y “La Quiaca”.

Durante la investigación, los agentes detectaron un vehículo con modificaciones destinadas al ocultamiento de estupefacientes. Ante esto, solicitaron apoyo al personal de la Sección Tres Cruces del Escuadrón 21 “La Quiaca”, cuya intervención resultó clave.

Durante un control en la Ruta Nacional N° 9, un perro detector marcó la presencia de drogas. La inspección permitió hallar 58 paquetes de cocaína escondidos en el torpedo y los zócalos del rodado, con un peso total de 61 kilos con 514 gramos.

A partir de este hallazgo, el Juzgado Federal de Jujuy ordenó doce allanamientos simultáneos en varias viviendas de San Salvador de Jujuy, La Quiaca, la localidad salteña de General Güemes y en una cárcel federal, donde uno de los miembros coordinaba las maniobras desde su celda.

Fuentes del caso detallaron que durante el operativo incautaron diez automóviles, dos camiones, una pistola, dos chalecos antibalas, 47 municiones calibre 9 mm, seis municiones 7,62 mm, tres cartuchos calibre 36, 40 teléfonos celulares, cuatro notebooks, nueve pendrives, 1.618.650 pesos y 26.000 dólares.

A su vez, detuvieron a siete personas que pertenecen al mismo grupo familiar. Según pudo saber Infobae, entre ellos figura un hombre que, a pesar de estar privado de la libertad, continuaba coordinando maniobras desde una cárcel federal a través de comunicaciones telefónicas.

El operativo fue supervisado por el fiscal federal de distrito de Salta, Eduardo Villalba, en coordinación con la fiscal de PROCUNAR, Mariana Gamba, y el secretario Viltes Monier. Las investigaciones continúan bajo la órbita del Juzgado Federal de Jujuy.

A principios de junio, efectivos de Gendarmería Nacional lograron desarticular una red narcocriminal que operaba entre Salta y Catamarca. El operativo, impulsado por el Juzgado Federal de Catamarca, incluyó un cerrojo para interceptar un vehículo en la capital catamarqueña, donde se detuvo a tres hombres y se incautaron más de tres kilos de cocaína con el sello del delfín, asociado a cárteles transnacionales.

La captura de estos sospechosos derivó en allanamientos simultáneos, donde se secuestraron marihuana, tusi, semillas de cannabis, balanzas, teléfonos y dinero.

El despliegue continuó con procedimientos en domicilios de Catamarca y Salta, donde se incautaron más drogas, vehículos y elementos vinculados al tráfico. Cinco personas, entre ellas dos mujeres y tres hombres, fueron arrestadas como responsables de la distribución y adulteración de las sustancias. La operación tenía como objetivo desmantelar tanto las redes de distribución como la estructura económica y logística del grupo.

Las mujeres wichí de Tartagal dependen del chaguar para producir artesanías. Confeccionan tejidos y objetos de uso doméstico, que sostienen la economía familiar. La degradación del bosque chaqueño amenaza de manera directa la disponibilidad de esta fibra nativa y pone en riesgo no solo una fuente de ingresos, sino también conocimientos ancestrales y prácticas culturales transmitidas entre generaciones.

Una fibra que escasea: el chaguar —Bromelia hieronymi y especies relacionadas— funciona como indicador biológico de la salud del bosque del Gran Chaco Americano.

Para la comunidad, también representa una medida concreta de equilibrio y de futuro: si el chaguar desaparece, no se pierde únicamente una planta. Se compromete una economía, una cultura y un sistema de conocimiento ancestral que la comunidad wichí transmite entre generaciones, con el corazón y el profundo sentido de un legado.

Nativa del Gran Chaco Americano, la planta de chaguar fue utilizada históricamente por las mujeres wichí para producir fibras textiles. Con ellas elaboran yicas, bolsos, redes, tapices, animales, paneras y diversos objetos o utensilios, así como otras artesanías que representan una fuente importante de ingresos familiares.

Esta crónica, junto al contenido audiovisual, es la segunda entrega de una serie de cuatro episodios que narran cómo mujeres de comunidades indígenas diseñan su futuro con modelos de resiliencia productiva.

Infobae y la periodista Daniela Blanco recibieron una beca internacional del Pulitzer Center, organización de referencia en apoyo al periodismo de investigación.

Estas narrativas en el Gran Chaco Americano forman parte del proyecto presentado al Pulitzer Center junto a Gabriela Oliván, líder y fundadora de Women’s International News Network (WINN), la red global que impulsa el liderazgo de mujeres periodistas y promueve un periodismo libre, innovador y sin sesgos.

¿Qué ocurre cuando desaparece la materia prima de la que viven las mujeres wichí?

El chaguar crece asociado al bosque chaqueño y su disponibilidad está vinculada a la salud del ecosistema. En esa relación, el cambio climático aparece como parte del problema, no solo por la escasez de la fibra, sino también por el impacto sobre el hábitat.

Aunque el chaguar no suele cultivarse y depende de la conservación del monte, el desafío ante la escasez es producirlo cerca, fuera de su hábitat natural. En la comunidad de Tichat, un proyecto liderado por la ONG Pronorte impulsa el cultivo de chaguaderales en los fondos de las casas de las mujeres wichí. En Tartagal no crece el chaguar de manera directa; las mujeres lo buscan en el monte. Poder traerlo y cultivarlo en los fondos de las casas es una forma concreta de asegurar la sostenibilidad de las artesanías de la comunidad wichí.

Estas tejedoras del monte wichí emergen en Pichanal, una localidad seca y árida situada a poco más de 100 kilómetros de Tartagal. La economía de las artesanas depende del chaguar, hoy considerado un ícono como especie amenazada.

Cuando Infobae visitó la comunidad de la tierra wichí, la vulnerabilidad del entorno volvió todo más urgente: el impacto del cambio ambiental sobre los ingresos y la autonomía económica de las mujeres es directo cuando el monte se degrada y el chaguar deja de estar disponible.

La variabilidad del clima en el Gran Chaco Americano es otra manifestación del cambio climático, con efectos acumulativos sobre el monte y su biodiversidad.

El rol vital del chaguar para la comunidad wichí

Las fibras de la planta chaguar (Bromelia hieronymi) fueron utilizadas históricamente por las artesanas wichí para elaborar artículos de uso cotidiano y piezas para la venta.

Más allá de su importancia en la economía familiar, Sebastián Gómez, técnico del proyecto Tichat de Fundación Pronorte, explicó a Infobae que la artesanía es “ante todo un modo de expresión, de transmisión y reivindicación cultural”.

Además, advirtió sobre un problema ambiental actual: la escasez de plantas de chaguar de calidad en el bosque nativo.

En el proyecto Tichat, impulsado por la Fundación Pronorte, se combina el cultivo de chaguar a nivel familiar con la recolección tradicional en el monte. La experiencia comenzó en 2018 y se mantiene vigente, con la participación de artesanas, Fundación Niwok y el INTA.

Sobre el chaguar, hay cuatro puntos clave: no suele cultivarse, depende de la conservación del monte, crece asociado al bosque chaqueño y su disponibilidad está vinculada a la salud del ecosistema. En la intersección entre economía, cultura y ambiente, el cultivo a escala familiar surge como una respuesta posible frente a la escasez, como complemento y no reemplazo de la recolección en el monte.

Jorgelina y el arduo trabajo de tejer la fibra de chaguar

Infobae entrevistó a Jorgelina Jara, cacica de la comunidad wichí en Tartagal. Las mujeres guardan el saber ancestral y asumen la responsabilidad de transferirlo a la mayor cantidad posible de mujeres, especialmente de las mayores a las más jóvenes, para que tengan en sus manos la posibilidad de desarrollarse y sobrevivir.

“Nosotras somos wichí”, inició la cacica Jorgelina en diálogo con Infobae.

—Es un honor verlas tejer, en una fila intergeneracional. Están tejiendo juntas, cada una con su paño de fibra de chaguar, entramando las fibras; luego viene el teñido. ¿Cuánto tiempo les lleva hacer un paño de chaguar para, por ejemplo, fabricar una cartera?

—Jorgelina: Con este paño estoy desde hace un mes. Se empieza con las espinas, luego hay que machucar y teñir con algarroba y urundel. El proceso no suele reflejarse en el objeto terminado. Es muy laborioso. Parece que no cuesta, pero cuesta mucho. Nosotras somos trabajadoras. Ustedes nos ayudan a abrir la puerta. Ahora se conocerá en todos lados.

—¿De quién aprendiste este saber ancestral? ¿Veías a tu madre, a las mujeres de la familia?

—Vi a todas las mujeres de mi alrededor trabajar el chaguar. A mis nietas les digo: “Hay que aprender”. Yo no sé hasta cuándo voy a estar, esperaré a que Dios eleve mi alma al cielo. Y ellas van a quedar en mi lugar y van a trabajar como yo. Cuando venga gente de afuera, ella te va a conocer como yo. Toda la gente me conoce. Adonde voy, la gente me dice: “Ahí está la que sale en la tele, en celulares”. Me gusta eso, yo no tengo vergüenza.

—Es una manera de que la sociedad conozca lo que hay detrás de una cartera o un paño de chaguar. Cada pieza guarda la historia de vida de todas ustedes, que además enfrentan el desafío de la escasez del chaguar.

—Sí, el chaguar se está terminando. No crece en Tartagal, hay que ir a buscarlo al monte. Cuando viene gente de Chaco, nos trae. Cambiamos por colchas, cambiamos cuatro o cinco polleras nuevas por hojas de chaguar para poder trabajar. El chaguar me da la vida. Cuando usted o alguien compra y ya tengo para el pan, con eso mantengo a mis dos huérfanos. Mis nietos ahora ya son grandes, y tengo más tiempo para salir a buscar chaguar.

Infobae confirmó en el territorio la escasez del chaguar: cuando no existe intercambio para conseguirlo entre los lugareños de la comunidad y alrededores, queda por delante una larga caminata —de al menos cinco a seis horas, ida y vuelta— hasta el monte en busca de chaguaderales.

Luisa, artesana wichí, y la ardua tarea de buscar chaguar en el monte

—¿Cómo es ese proceso arduo de ir a buscar el chaguar al monte, de pincharse los dedos hasta convertirlo en fibra?

—Luisa: El chaguar es muy trabajoso, tiene muchos procesos. Para nosotros, buscarlo es un desafío muy grande porque en esta zona de Tartagal no hay, y tenemos que ir a buscarlo muy lejos. Son horas de caminata, a veces días.

—Una vez que tenés las hojas de la planta frente a vos, ¿qué procesos seguís antes de tener la fibra disponible?

—La fibra se saca de adentro de cada hoja. Luego se remoja. Una vez que la pelás, queda en remojo. Es muy importante y doloroso sacar las espinas para llegar mejor a la fibra. Y con eso se trabaja. Los colores naturales se venden más, y eso también lleva tiempo: buscar la corteza, buscar el árbol, esperar que se seque y molerlo para lograr el color deseado.

—La fibra del chaguar conoce los colores. Ahí comienza otra técnica ancestral para lograr el teñido y la tonalización de las fibras.

—No es de un día para el otro; a veces hay que esperar toda la noche y al día siguiente volver a lavar y esperar que se seque la fibra para teñirla. Detrás de cada producto, de cada artesanía, hay una historia. Y pensar que ese bolsito, esa carterita, cuando la vendamos, nos permitirá tener lo que nos hace falta.

En la explicación de Pérez, la artesanía no es solo el objeto terminado: es una suma de tiempos —de caminata, de remojo, de secado— y también una forma de sostenerse.

—El desafío de preservar la planta se impone más que nunca. ¿Qué le dirías a un ganadero que, tal vez por desconocimiento, deja un montón de chaguar al costado del camino?

—Cada uno protege lo suyo. Tener ganado también implica cuidarlo. Al mismo tiempo, hay que pensar que ese chaguar tiene valor para nuestra comunidad. Por ejemplo, en estas zonas de comunidades originarias como la wichí, toba y chorote, trabajamos con chaguar. Y ellos —ganaderos o cualquiera que trabaja sus tierras— lo saben.

Luisa insistió en la misma idea: el chaguar garantiza un sistema de trabajo. La escasez obliga a recalcular qué conviene producir con lo que se consigue y a buscar alternativas que no siempre funcionan. Empezó desde chica, a los 12 años, con telar de algodón, de chaguar, con el hilo que tenía a mano.

Hoy Luisa y Jorgelina hacen yicas, que sirven para guardar y transportar pescados y frutos. “Nuestros antepasados —recuerdan ambas— usaban las yicas hechas de chaguar para la tarea de recolección en el monte. También, inspiradas por nuestras hijas y nietas, hacemos paños, carteras y caminos de mesa”.

Cuando la conversación volvió a la escasez, Luisa describió intentos y redes: “Nosotros hemos empezado con nuestros propios medios, a ver cómo y de dónde vamos a sacarlo”. Contó que intentaron cultivar, pero no resulta tan fácil: “Intenté plantar chaguar, pero nunca creció”.

Plantar en el patio

La cacica Jorgelina Jara tuvo mejor suerte al buscar nuevas alternativas y soluciones para la preservación del chaguar: “Plantar en el patio de nuestras casas”, precisó a Infobae. Jorgelina relató que llevó “como cinco” plantas, las sembró y, con el tiempo, crecieron. “Para poder tener trabajo”.

Si el chaguar no alcanza, las mujeres buscan otros materiales para sostener la producción artesanal: “Si no tenemos chaguar, usamos lana para hacer yica. Y hacemos jomba, yica con tapa. Todo esto lo hacemos nosotras”.

Luisa es madre de siete hijos. El monte sigue siendo el lugar de crecimiento natural del chaguar. Y cuando falta el chaguar “natural”, la respuesta vuelve a ser la misma: adaptarse.

Luisa resume el legado ancestral del que forma parte: “Detrás de cada artesanía hay una historia, lo que vivimos día a día. Con ese bolsito, esa carterita que vendemos, vamos a tener lo que nos hace falta. Es un sacrificio seguir siendo artesana. Hay muchísimos artesanos que lo padecen, que lo siguen sufriendo. Algunos piensan que es solamente un bolsito, pero detrás de eso está la historia de nuestros ancestros”.

El chaguar del futuro

El Gran Chaco Americano (GCA) es un bioma que ocupa más de un millón de kilómetros cuadrados en el corazón de Sudamérica. Entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil se extiende este bosque —el segundo más grande de Sudamérica después de la Amazonía—, donde conviven 29 lenguas indígenas, miles de especies animales y vegetales, y cerca de nueve millones de personas.

El territorio del GCA es uno de los más afectados por la deforestación, la pobreza estructural y el avance de modelos extractivos que amenazan su equilibrio ambiental.

En ese contexto, la experiencia del proyecto Tichat busca crear una especie de “chaguar del futuro”, como lo llamó Infobae ante la propia comunidad wichí. A partir de las experiencias de las mujeres wichí, la idea es cultivar chaguaderales fuera del monte, cerca de las casas, como respuesta a la escasez de la fibra.

En diálogo con Infobae, Sebastián Gómez, técnico del proyecto Tichat de Fundación Pronorte, explicó el sentido de esa estrategia y su implementación en el territorio: “Frente a la escasez del chaguar que presenta el monte, las artesanas como Érica, con sus manos, plantaron este chaguar madre y creció, y vemos unos ‘hijitos’ a su alrededor. Por eso, sin duda, el camino es la preservación y la conservación, el mensaje que está dejando el monte frente a la escasez de un elemento fundamental para las artesanas, para que puedan continuar con el legado ancestral”.

Gómez destacó que la experiencia de plantaciones de chaguar se desarrolló “con varias mujeres” en la zona de Tartagal y que la idea es replicarla para que “tengan chaguaderales en su propio territorio”. “El chaguar ha prendido, está teniendo hijos y la idea es ir replicando esto”, describió, y lo definió como “un gran avance” ante la falta de materia prima.

En su análisis, el cultivo cerca de las casas no reemplaza el vínculo cultural con el monte, sino que busca sostenerlo: “La simbiosis que hay de las mujeres con el chaguar está en la esencia del pueblo wichí”. Por eso, el proyecto se apoya en una red: “Es una experiencia que se va replicando en una red de mujeres que están asociadas con ingenieros de recursos naturales”.

Sobre el final, Gómez lo planteó como un objetivo inmediato y concreto: “Ojalá en breve tengamos un chaguaderal en los fondos de la casa de Érica, porque es una manera de continuar con el legado, necesita la planta, y para ello hay que conservarla y multiplicarla. Es una planta sagrada para ellos y esta experiencia está siendo positiva y viable, está dando resultados y nos anima a seguir conservando estos saberes y estas prácticas”.

Chaguar y cambio climático: qué se altera en la fibra y en el monte

Consultada por Infobae, la experta del INTA María Inés Cavallero estudia la relación entre el chaguar y el cambio climático, y advierte que la vulnerabilidad de la especie aumenta ante la degradación del monte. “En la región chaqueña —explicó—, el chaguar crece ligado al bosque nativo y depende de sus condiciones microclimáticas, como la sombra, la humedad y la fertilidad. En ese contexto, cualquier retroceso de la cobertura arbórea expone a los chaguaderales a un ambiente más hostil y reduce su producción”.

Cavallero detalló cambios en la dinámica de lluvias: “No se trata tanto de la disminución de precipitaciones, sino del aumento de eventos más extremos como sequías prolongadas, lluvias muy concentradas y erráticas, y el corrimiento de las fechas habituales. Esto deriva en menos agua disponible para las plantas, más estrés y menor crecimiento”.

Sobre las temperaturas, Cavallero indicó que el chaguar tiene un metabolismo particular, el “CAM” (Metabolismo Ácido de las Crasuláceas), que le permite fotosintetizar con alta temperatura y bajas precipitaciones. Sin embargo, advirtió que cuando las temperaturas se elevan demasiado, su funcionamiento se ve afectado.

El impacto también llega a la calidad de la fibra. Cavallero señaló que el estrés térmico e hídrico afecta el desarrollo de las hojas y que las artesanas reportan que, con mayor radiación o sequía extrema, las plantas producen hojas más cortas, quebradizas y con fibras de menor calidad. Ese deterioro complica el proceso de desfibrado y el hilado, y se observa con mayor claridad en plantas que crecen fuera del monte, en ambientes más restrictivos.

Aun así, Cavallero planteó un matiz central: el cambio climático afecta al chaguar, pero “no es su principal enemigo”. En su diagnóstico, el factor más crítico hoy es el avance y desplazamiento de la frontera agropecuaria, que destruye el hábitat de forma directa.

El chaguar, un seguro contra la crisis del clima

La especialista del INTA sugirió que el chaguar podría considerarse un “seguro” ante el cambio climático: una planta resiliente, con menores requerimientos que otras especies, que podría seguir contribuyendo al ingreso de las mujeres artesanas si se logra sostener la producción de fibra y el entramado social y cultural que la rodea.

En diálogo con Infobae, Fernando Semenza, técnico ambiental de ACDI, indicó que el chaguar es una bromelia, una forma de vida vegetal nativa del Gran Chaco Americano. Las artesanas wichí de Tartagal, explicó, utilizan la especie Iern-iernoymi.

Su importancia en el territorio va más allá de lo botánico: “Para las mujeres wichí de Tartagal y de otras zonas del Chaco Seco y el norte de Salta, el chaguar no es solamente una fibra textil, sino que forma parte de una identidad cultural y de un conocimiento que atraviesa distintas generaciones”.

“Las mujeres van al monte y recolectan las hojas —hoy con machetes, antes con palos u horquetas—, extraen la fibra, la hilan con un procedimiento que Semenza definió como ‘bastante complejo’ y elaboran artesanías”.

En su diagnóstico, Semenza señaló que el principal problema actual es la pérdida del monte nativo, un conflicto que se manifiesta en el desmonte y en los incendios. Aunque el chaguar está adaptado a ambientes secos, depende del microclima que genera el bosque y de un sistema de interacciones —desde microorganismos del suelo hasta depredadores— que se altera cuando suben las temperaturas y se prolongan las sequías.

En ese escenario, afirmó que “se reduce el crecimiento de la planta y se vuelve más lenta su regeneración. Se reproduce principalmente por hijuelos y, con las alteraciones —la mayoría extremas— del clima, se generan menos hijuelos”.

Ese deterioro tiene una consecuencia directa para las mujeres: cada vez hay menos plantas disponibles y deben recorrer mayores distancias para encontrarlas. Semenza añadió que hoy el territorio indígena “está delimitado” y que, si el chaguar no aparece dentro de esos límites, la búsqueda empuja hacia otras fronteras “con dueños”, lo que genera un conflicto adicional: “Para la cosmovisión indígena, la tierra no tiene dueño”.

Una beca internacional que reconoce el periodismo de investigación

Cada uno de los cuatro reportajes —estrenados el 13 de julio y publicados durante cuatro lunes consecutivos— profundiza en historias de mujeres de comunidades indígenas y un clima que cambia, a partir de un trabajo en el territorio del Gran Chaco Americano, una región estratégica para la biodiversidad de Sudamérica y especialmente expuesta a los efectos del cambio climático.

Como se detalló en la primera nota de la serie, las siguientes organizaciones de la sociedad civil fueron determinantes para la investigación de Infobae en el territorio: Redes Chaco e Impacto Verde (que articula a seis organizaciones: Fundación Pronorte, Pata Pila, ACDI Argentina, Fundación Proyungas, Fundación Gran Chaco y Avina).

Sobre el Pulitzer Center

Fundado en 2006 en Washington D.C., el Pulitzer Center es una organización sin fines de lucro que apoya el periodismo de calidad sobre desafíos globales mediante becas, alianzas con medios y programas educativos. Su foco está en investigaciones y coberturas de profundidad sobre cambio climático, salud, derechos humanos, migraciones, democracia, economía y desarrollo sostenible. Cada año selecciona proyectos de distintos países a través de convocatorias competitivas. Sus becas han respaldado trabajos publicados en medios de referencia y visibilizado historias que suelen quedar fuera de la agenda informativa tradicional.

*Fotos y realización en el territorio: Matías Arbotto

*Director de los episodios audiovisuales: Alejo García Sosa y equipo Media Lab Infobae

*Este artículo fue producido gracias al apoyo de Pulitzer Center

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, fue hospitalizado este sábado luego de que sufriera un siniestro vial. Según trascendió, el funcionario circulaba en motocicleta por la ruta nacional 68, a la altura de la localidad de Coronel Moldes, cuando se produjo el accidente.

A pesar de que no trascendieron detalles sobre cómo fue la mecánica del incidente, desde el Ministerio de Salud Pública salteño informaron que Mangione fue trasladado de manera preventiva al Hospital San Bernardo, principal hospital de referencia de la provincia.

En el centro de salud, el titular de la cartera de Salud provincial fue sometido a diversos estudios y controles médicos, que determinaron que se encontraba en buen estado de salud y fuera de peligro. No obstante, como consecuencia de la caída, el ministro solo presentó raspones y golpes leves, sin registrarse lesiones de gravedad.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, al momento del accidente, Mangione circulaba con todo el equipamiento de seguridad reglamentario para conducir la motocicleta. Por este motivo, desde el ministerio destacaron que el uso de estos elementos permitió evitar consecuencias más graves.

El accidente se produjo en la ruta nacional 68, que históricamente es reconocida como uno de los circuitos paisajísticos más destacados del norte argentino. Según la Subsecretaría de Turismo de la Nación, es una carretera asfaltada de 183 kilómetros que conecta la ciudad de Salta con Cafayate. Además, uno de sus principales atractivos es el recorrido por la Quebrada de las Conchas, un sector donde se observan formaciones rocosas rojizas como la Garganta del Diablo y el Anfiteatro.

Federico Mangione es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y especialista en cirugía infantil. Completó un posgrado en gestión en salud pública y privada, y fue becario del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Ricardo Gutiérrez. Se encuentra a cargo del Ministerio de Salud Pública de Salta desde diciembre de 2022, luego de que fuera designado por el actual gobernador Gustavo Sáenz.

Se desempeñó como gerente general del Hospital Público Materno Infantil de Salta. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Sociedad Argentina de Cirugía Infantil, además de secretario del Comité de Cirugía Infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría filial Salta. También integra el Tribunal Evaluador de Especialidades del Colegio Médico de Salta.

Chocaron la camioneta que trasladaba al ministro de Seguridad de Santa Fe

Esta misma semana, la camioneta oficial del ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, fue embestida por otro vehículo sobre la avenida Circunvalación de Rosario. El incidente, ocurrido cerca de las 17:00 horas del jueves en la ruta nacional A008 a la altura de Uriburu, no dejó heridos ni entre el funcionario ni entre el personal que lo acompañaba.

Según confirmó el Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino, Cococcioni se trasladaba en una Toyota Hilux negra de uso oficial cuando el rodado fue impactado desde atrás en el carril norte. Tras el choque, el ministro permaneció en el lugar junto a efectivos de la Policía de Santa Fe, participando en las actuaciones correspondientes. Minutos después, se retiró sin inconvenientes, mientras se verificaba que tampoco hubiera lesionados entre los ocupantes del otro vehículo involucrado.

El accidente de la comitiva ministerial fue el primero de una serie de tres siniestros viales registrados en el mismo tramo de la Circunvalación durante la misma tarde. A unos 50 metros del primer impacto, tres vehículos también habían protagonizado una segunda colisión.

Más adelante, a la altura de Presidente Perón, otros dos automóviles chocaron entre sí. Aunque las autoridades descartaron que se tratara de un choque en cadena, las causas de los tres hechos se mantienen bajo investigación.

No obstante, la sucesión de los siniestros generó un operativo de envergadura sobre uno de los accesos más transitados de la ciudad. Según lo informado, se dispuso un corte preventivo en la intersección de Circunvalación y Avellaneda, en sentido norte, lo que provocó demoras para los conductores que se dirigían hacia el puente Rosario-Victoria.

Pablo Cococcioni es abogado penalista y docente en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Asumió como ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe en diciembre de 2023, coincidiendo con la llegada de Maximiliano Pullaro a la gobernación.

Previamente, ejerció como director del Instituto Correccional Modelo de Coronda, director general del Servicio Penitenciario y secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, lo que lo posiciona entre los funcionarios con mayor experiencia en el sistema de seguridad santafesino.

El temporal de viento Zonda que impactó el sábado 18 de julio en Jujuy y provocó graves daños materiales, cortes de energía y caída de árboles. Las ráfagas, consideradas las más intensas en más de treinta años por las autoridades jujeñas, exigieron la activación de un comité operativo de emergencia y la coordinación de todos los organismos provinciales, municipales y de servicios públicos.

El temporal también generó focos de incendios forestales en diferentes puntos de la provincia. Las autoridades advirtieron que la combinación de ráfagas intensas y vegetación seca incrementó de manera considerable el riesgo de propagación del fuego, por lo que solicitaron a la población no encender ningún tipo de quema y evitar salir de los domicilios durante la vigencia de la alerta naranja.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas por viento Zonda para áreas de alta cordillera y otras zonas críticas del país. Según el aviso publicado por el ente nacional: “El área de alta cordillera será afectada por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos. Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad”.

En este marco, el Gobierno de Jujuy conformó de urgencia un comité coordinador integrado por todos los ministerios, cuerpos de bomberos, la municipalidad capitalina y equipos de emergencia. El objetivo fue unificar recursos y acelerar la asistencia a las familias damnificadas. El ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, detalló que la prioridad fue blindar los servicios esenciales y coordinar directamente con intendentes para garantizar la operatividad hospitalaria y el abastecimiento de agua, cuya provisión resultó comprometida por cortes de luz masivos.

La Secretaría de Energía exigió formalmente a la empresa EJESA reforzar los operativos de calle debido a que más de 5.000 usuarios permanecieron sin suministro eléctrico en la provincia, según Somos Jujuy. Los barrios de San Salvador de Jujuy donde el personal sigue trabajando por las interrupciones parciales son: Alto Comedero, Coronel Arias, Bajo La Viña y Villa Jardín de Reyes, entre otros.

Por otro lado, el vocal primero de Agua Potable de Jujuy, Luis Jure, informó que se activaron grupos electrógenos para sostener el funcionamiento de las estaciones de bombeo clave y se desplegaron camiones cisterna en zonas críticas. La población recibió la recomendación de realizar un uso extremadamente racional del recurso hasta que se restableciera el servicio regular.

El SAME mantuvo la respuesta permanente en toda la provincia. El ministro de Salud, José Manzur, confirmó el funcionamiento pleno de todos los hospitales y la atención a pacientes electrodependientes. En el plano social, el secretario de Desarrollo Integral, Rodolfo Nieto, indicó que el Ministerio de Desarrollo Humano iniciaría un relevamiento casa por casa para identificar daños y necesidades de las familias afectadas.

Se desplegaron cuadrillas para despejar calles obstruidas por ramas y reiteró la advertencia a conductores y peatones por el apagado de semáforos y la presencia de obstáculos en la vía pública. Las autoridades insistieron en el pedido de restringir la circulación pública a casos indispensables y evitar cualquier actividad que pudiera generar nuevos focos de incendio.

El incendio en Salta propagados por el viento Zonda

Jujuy no fue la única provincia afectada por el fénomeno ya que Salta permece bajo alerta por la presencia de viento Zonda, lo que provocó más de 25 focos de incendio activos en simultáneo. Equipos de Defensa Civil y Bomberos trabajaron coordinados con recursos limitados para contener el avance de las llamas en la capital y localidades vecinas.

La propagación de los incendios se vio favorecida por la combinación de baja humedad, vegetación seca y ráfagas del Zonda, que permitieron que el fuego se expandiera en minutos. El SMN reforzó su advertencia resaltando que el fenómeno podía generar una reducción significativa de la visibilidad y condiciones extremadamente peligrosas para la población y los equipos de emergencia.

Áreas como el barrio 14 de Mayo de La Aldea, el Ecodistrito sobre Circunvalación Oeste y la zona del Hotel de La Liga sufrieron daños directos, con viviendas afectadas y al menos 20 hectáreas quemadas en el aeropuerto local. El avance del fuego en zonas rurales, como Iruya, obligó a evaluar el pedido de refuerzos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego para monitoreo aéreo.

En la zona rural de Finca La Pedrera, ubicada sobre la ruta 39 en Salta, el fuego se expandió a través de tres frentes diferentes, alcanzando al menos una vivienda y avanzando hacia el cerro. Las condiciones meteorológicas, marcadas por la intensidad del viento, dificultaron las tareas de contención y pusieron en riesgo a otras propiedades cercanas.

Los vecinos se organizaron y utilizaron baldes, mangueras y elementos domésticos para intentar frenar el avance de las llamas hasta la llegada de los equipos especializados. Según relataron residentes de las zonas afectadas, la propagación del fuego fue tan rápida que la intervención vecinal resultó crucial para proteger viviendas y evitar daños mayores.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que el consentimiento sexual debe ser actual, expreso y puede retirarse en cualquier momento, al confirmar la condena a un teniente del Ejército Argentino por abuso sexual simple cometido en un cuartel de Salta.

El hecho se produjo en la madrugada del 16 de septiembre de 2023, en las instalaciones de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 5 de Salta, que depende del Ejército Argentino.

Según lo que se tuvo por acreditado en el fallo, G.B. D., quien se desempeñaba como oficial de semana y tenía a su cargo la seguridad del establecimiento, ingresó sin autorización al dormitorio donde descansaba Z., una suboficial. Una vez en el lugar, se despojó parcialmente de su uniforme y se abalanzó sobre ella con indudable intención sexual.

“Se le tiró encima semidesnudo en la cama, al mismo tiempo que le decía la frase “esto muere acá”. Ante el abalanzamiento, la víctima logró reaccionar inmediatamente, lo empujó, lo repelió y le exigió que se fuera de la habitación“, reconstruye el fallo, que señala que el acusado luego “murmuró enojado, se volvió a vestir y se retiró del lugar”.

Existía un vínculo previo entre el oficial y la suboficial. Sin embargo, según argumentó la querella, la víctima fue clara y precisa en cinco declaraciones al relatar la “angustia genuina” acerca de las circunstancias. En su reconstrucción, dijo que antes del acto de abuso, cortó comunicación a la medianoche con su agresor y que previamente fue explícita al decir “acá no, afuera”, rechazando cualquier encuentro en el lugar de trabajo.

Por esta situación, el militar fue condenado a la pena de 9 meses de prisión en suspenso, como autor del delito de abuso sexual simple previsto en el art. 119, primer párrafo, del Código Penal. Ahora, la condena que fue confirmada en la instancia de Casación, al rechazar la impugnación interpuesta por la defensa.

En un fallo de especial relevancia para la jurisprudencia en materia de delitos contra la integridad sexual, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo aplicaron principios rectores para el juzgamiento de los delitos contra la integridad sexual, que vienen consolidándose en la jurisprudencia argentina e interamericana.

El juez Hornos, que lideró la decisión, desarrolló en su voto una extensa fundamentación y subrayó que “el consentimiento para un acto sexual debe ser actual, libre, expreso y mantenerse durante todo el desarrollo de la conducta". Es decir, no puede presumirse que conversaciones anteriores, vínculos previos o supuestas insinuaciones, tal como pretendió la defensa en el caso, “en modo alguno puede erigirse como una autorización” al consentimiento, según el magistrado.

La sentencia recordó que los delitos sexuales suelen cometerse en ámbitos de intimidad, lo que dificulta la existencia de pruebas directas o testigos presenciales. Por eso, indicó que la valoración probatoria debe seguir los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW.

El tribunal sostuvo que la ausencia de prueba directa no impide alcanzar certeza judicial cuando el relato de la víctima es consistente y se corrobora con otros elementos objetivos e indiciarios. Y agregó que juzgar con perspectiva de género implica eliminar estereotipos que históricamente han deslegitimado a las víctimas, como atribuir las denuncias a motivos sentimentales o intereses laborales.

Las pruebas de la acusación

El tribunal valoró la firmeza y coherencia del relato de la víctima, que se mantuvo consistente a lo largo de varias declaraciones -incluida la Cámara Gesell- y fue corroborado por pericias informáticas sobre los teléfonos celulares de ambas partes, registros de cámaras de seguridad, testimonios de personal militar y referentes institucionales de género, así como evaluaciones psicológicas.

Entre el conjunto de pruebas, el peritaje informático a los celulares permitió descartar la existencia de un “coqueteo previo”, ya que el análisis de los mensajes entre ambos durante año y medio mostró un trato “estrictamente formal, institucional y verticalista”. Asimismo, el corte abrupto de la comunicación de la víctima fue considerado un “acto inequívoco de rechazo”.

El conjunto de pruebas permitió corroborar la ausencia de consentimiento y descartar la hipótesis defensiva de un encuentro sexual consentido.

La sentencia también resolvió que los hechos constituyeron violencia institucional dentro del Ejército Argentino y enfatizó la obligación estatal de prevenir, investigar y sancionar hechos de violencia de género en sus propias estructuras.

Además de confirmar la condena penal, avaló la reparación económica, ante la necesidad de cubrir el costo terapéutico -128 sesiones a $23.000 cada una, totalizando $2.944.000 por daño psicológico- y sumando $1.177.600 por daño moral.

La ciudad de Salta y distintas localidades vecinas permanecen bajo alerta por la presencia del viento Zonda, que provocó más de 25 focos de incendio activos y complicó las tareas de los equipos de emergencia. Autoridades provinciales y municipales coordinan operativos para contener el avance de las llamas, mientras la población sigue atenta a la evolución de la situación.

La magnitud de los incendios quedó en evidencia mientras se disputaba el partido entre River Plate y Aldosivi en el Estadio Martearena de Salta, donde el fuego resultó visible desde el campo de juego. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron cómo las llamas avanzaban a pocos metros del estadio, generando una postal impactante para jugadores, público y televidentes.

Según informó El Tribuno, Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios coordinan acciones con recursos limitados para atender las múltiples emergencias. El subsecretario de Defensa Civil de la provincia, Gonzalo Rodríguez, explicó que cuentan con “dos cisternas, tres autobombas y tres camiones de reacción rápida” y que la colaboración entre todas las entidades es clave para intentar controlar una situación que se agrava por las condiciones meteorológicas.

Entre las áreas más afectadas, se encuentran: el barrio 14 de Mayo de La Aldea, el Ecodistrito sobre Circunvalación Oeste y la zona del Hotel de La Liga, donde el fuego llegó a consumir varias viviendas. El aeropuerto de Salta registró 20 hectáreas quemadas y requirió intervención urgente para evitar complicaciones mayores. En barrio San Carlos se reportaron otras 7 hectáreas afectadas.

Uno de los focos más alarmantes se produjo en el ingreso a Ampliación 14 de Mayo, donde el fuego avanzó sobre un terreno baldío rodeado de casas. Los vecinos relataron que el descampado suele estar cubierto de yuyos y vegetación seca, lo que facilitó la propagación de las llamas.

Un residente de la zona manifestó: “Estamos cansados”. Además, responsabilizó al estado de abandono del terreno por el “riesgo permanente durante la temporada de incendios”. Tras el incendio, los habitantes se organizaron rápidamente para contener el fuego antes de la llegada de los bomberos. Usaron baldes y mangueras domésticas en un intento desesperado por proteger sus viviendas.

Una vecina de barrio Los Eucaliptos también describió la situación: “Exactamente a las 15 fue esto, muy rápido todo. Estaba almorzando y comencé a sentir olor a humo. Desperté a mi papá y salimos a ver. Era todo viento y humo negro”. Sacó su vehículo y alertó al resto del barrio tocando bocina, lo que permitió que más vecinos salieran a colaborar. “Por suerte pudimos controlarlo y después llegaron los bomberos”, afirmó.

Rodríguez detalló que “anoche se reavivó el foco, pero fue sofocado”. Por otro lado, en zonas rurales y de difícil acceso, como Iruya, las autoridades evalúan solicitar refuerzos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para contar con monitoreo aéreo, ya que la intensidad del viento impide el desplazamiento seguro de brigadas terrestres.

El fenómeno del viento Zonda propició un escenario extremadamente peligroso: las ráfagas, la baja humedad y la acumulación de vegetación seca permitió que el fuego se propague en cuestión de minutos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó la alerta a naranja para la zona de Capital y el Valle de Lerma: “El área de alta cordillera será afectada por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100km/h”.

Además el SMN informó que hay “ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos. Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad”. La persistencia del viento Zonda y la aparición constante de nuevos focos mantienen la incertidumbre entre los habitantes de Salta. Rodríguez subrayó que la situación “se terminará cuando el viento cese”, lo que deja a la ciudad.

Las autoridades reiteran la importancia de extremar precauciones y seguir las recomendaciones oficiales. Se solicita evitar cualquier tipo de quema, no arrojar colillas de cigarrillo en terrenos secos y avisar de inmediato al Sistema de Emergencias 911 ante la presencia de humo o fuego. Los medios locales remarcan la importancia de la colaboración ciudadana y sugieren utilizar los canales oficiales para acceder a información actualizada sobre los incendios y las zonas comprometidas.

Tal como lo habían anticipado fuentes oficiales, el Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó que apelará la decisión del Tribunal de Impugnación que el miércoles por la noche dio a conocer un inesperado giro en la causa por el homicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en la localidad de Vaqueros.

Mediante una publicación, el organismo aseguró que recurrirá a todas las instancias que sean necesarias, empezando por la Corte de Justicia de Salta, luego de que revocaran la sentencia contra el declarado autor del crimen, el fallecido Javier Nicolás Saavedra, ocho meses después de dictarla. En paralelo, reafirmó la absolución del resto de los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra, tras rechazar el recurso de casación elevado por el MPF que buscaba revertir esta acción.

Los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano habían aplicado el principio jurídico “in dubio pro reo”, en donde los absolvieron por el beneficio de la duda.

La presentación ante la Corte de Justicia abarcará distintos aspectos de la resolución que, a criterio del MPF, merecen revisión constitucional. El organismo también se reservó la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si las instancias provinciales no prosperan.

Uno de los argumentos centrales del recurso radica en una distinción que el MPF considera que el Tribunal de Impugnación no supo separar: la imposibilidad jurídica de condenar a una persona fallecida y la obligación del Estado de dejar asentado, en la sentencia, cuáles fueron los hechos que el juicio oral acreditó. Para el organismo, reconstruir cómo ocurrió un delito a partir de las pruebas producidas en un debate público no equivale a atribuir responsabilidad penal a quien ya no está vivo.

El propio fallo del Tribunal reconoció que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que el principal acusado participó activamente en el crimen junto con, al menos, otra persona. “Prácticamente la totalidad de la prueba producida en el debate dio cuenta de una activa participación de Javier Saavedra en el accionar delictivo que terminara con la muerte de quien en vida se llamara Jimena Salas”, indicó el MPF. Aun así, los jueces anularon la condena porque Saavedra había muerto horas antes de que comenzara el juicio oral, lo que, según su criterio, impedía mantener cualquier pronunciamiento en su contra.

El organismo público calificó esa decisión como un recurso a “conceptos anacrónicos y desactualizados” al destacar que los jueces de Impugnación —quienes tenían “activa participación de Javier Saavedra en el hecho delictivo”— recurrieron a “un naif e innecesario tecnicismo anacrónico y desactualizado” para tomar la decisión y pretendieron justificarlo mediante el fallecimiento.

El MPF también cuestionó que los jueces hayan anulado un punto de la sentencia que ninguna de las partes había pedido revisar. Las defensas del resto de los Saavedra solo habían recurrido para cuestionar sus propias absoluciones, sin plantear ningún reparo sobre la condena al fallecido. “Lo más importante es que declararon la nulidad de la responsabilidad de Javier Nicolás Saavedra y no hicieron lugar a los pedidos de los fiscales y la querella”, sostuvo la defensa.

Entre los elementos de prueba que el MPF destacó para reforzar su postura, señaló que la propia perito de parte de la defensa confirmó que el ADN hallado en la escena del crimen pertenecía a Javier Nicolás Saavedra, en coincidencia con la perito genetista del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Dada la repercusión del caso, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, anunció que participará personalmente en el recurso junto al fiscal de la causa, Eduardo Sylvester.

La investigación para identificar al denominado “Hombre 2”, señalado como el segundo autor material del crimen, continúa en paralelo con distintas medidas probatorias orientadas a su eventual sometimiento a proceso, según aclaró el MPF. El organismo subrayó que esas tareas no son una consecuencia del fallo del Tribunal de Impugnación, sino que estaban en marcha con anterioridad a su dictado.

El femicidio de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros, Salta. La víctima, de 44 años, fue encontrada con decenas de puñaladas en su vivienda.

La causa atravesó distintas hipótesis y dos juicios hasta que el foco recayó sobre los hermanos Saavedra. Javier, cuyo ADN coincidió con una de las muestras genéticas halladas en la escena, fue señalado como autor material, pero apareció muerto en la alcaidía un día antes del segundo juicio, en lo que se determinó como suicidio.

“Piqueteros nos vinieron a extorsionar que si no les dábamos obras, cortaban la ruta y tomaban el municipio”, publicó el intendente en sus redes sociales, junto a dos videos de la reunión.

Junto al orgullo de haberse plantado firme ante ellos, agregó: “Se acabaron las viejas mañas y vivir del Estado”.

“No vamos a ceder ante presiones ni amenazas. Nadie puede condicionar mediante cortes de ruta, tomas de la municipalidad o cualquier medida que perjudique a los vecinos. Mi responsabilidad es defender el derecho de los tartagalenses a vivir, trabajar y circular en paz. No permitiré que la extorsión sea una práctica para intentar imponer intereses personales”, concluyó sus mensajes.

En los videos, se lo ve a Hernández Berni sentado a la cabecera de una mesa junto a cuatro representantes piqueteros y el comisario  Jorge  Ruiz, jefe de la Comisaría 3 de Tartagal.

“El municipio no les falló nunca. La ciudad tiene que aguantar que ustedes tomen el municipio”, manifiesta en las imágenes el intendente.

Y le recuerda a uno de ellos: “Vos terminaste la obra hace tres semanas. No está certificada la obra, porque cuando vinieron a verla no estaba terminada”.

Los encargados de los trabajos habían pedido un pago a cuenta, el cual solo podía realizarse tras una certificación por parte del gobierno provincial. Al no haber podido cumplirse ese requisito, el dinero no estuvo disponible.

Ante la insistencia, Hernández Berni le pregunta a uno de sus interlocutores: “Si no te doy una obra, ¿van a seguir haciendo acampes?”. Como la respuesta fue afirmativa, lanzó una contrapropuesta llena de ironía: “Hacé obras privadas, entonces”.

Los cooperativistas, la semana pasada, luego de haberse encadenado a la sede de Rentas de Tartagal, comenzaron el corte de la Ruta Nacional 34, a la altura del puente Cuña Muerta. Se trata de una arteria clave tanto para el transporte de pasajeros como para el de carga, por ser una vía de comunicación con Bolivia.

Todo el tránsito fue desviado hacia caminos alternativos. Muchos, incluso, denunciaron que se les cobró un peaje para seguir sus caminos.

“Les dimos una obra de 196 millones de pesos el año pasado, y otra obra de 121 millones de pesos, que es la actual, que la terminaron hace cuatro semanas. ¿Y me decís que no tienen trabajo?“, espetó en la reunión el intendente.

Hernández Berni resaltó que “los recursos de Nación se cortaron y el gobernador hace un esfuerzo enorme”.

Al no obtener la respuesta que fueron a buscar, los piqueteros se levantaron de la mesa con la promesa de continuar con las medidas de fuerza.

“A mí no me vengas a amenazar. Mandate a mudar”, los despidió el intendente de Tartagal.

Según expuso el propio jefe comunal, lo amenazaron con avanzar con la toma del edificio municipal, cortes de ruta y manifestaciones en la Casa de Gobierno de Salta como forma de presión para obtener beneficios.

“Se terminó el tiempo de los aprietes. En Tartagal se gobierna con firmeza y pensando en todos los vecinos”, afirmó Hernández Berni, quien además remarcó que la prioridad de su administración es preservar la paz social, garantizar el cumplimiento de las normas y administrar los recursos públicos con transparencia y equidad.

Por otro lado, reafirmó que las obras públicas y la asistencia municipal se asignan de acuerdo con criterios objetivos y procedimientos administrativos, y no como consecuencia de presiones o medidas de fuerza.

A nueve años del femicidio de Jimena Beatriz Salas, el Tribunal de Impugnación de Salta dio un nuevo giro judicial a la causa. Luego de que Javier Nicolás Saavedra, el principal sospechoso que fue encontrado muerto en su celda, fuera declarado autor del hecho post mortem, la sentencia fue revocada. Asimismo, ratificaron la absolución del resto de los acusados.

En un fallo de 54 páginas, los jueces Javier Francisco Araníbar y Ramón Esteban Medina dieron lugar al recurso de casación presentado por el abogado defensor Marcelo Arancibia contra la sentencia del 7 de noviembre de 2025, que declaró a Saavedra como el responsable de la muerte de la joven.

La declaración de nulidad también beneficiaría a la persona identificada como “Hombre 2”, cuya identidad no se dilucidó, pese a que en la escena del crimen se había encontrado su perfil genético. Como consecuencia, las actuaciones serán remitidas a los investigadores para que continúen la investigación en torno a los responsables del homicidio de Salas.

De igual modo, el tribunal rechazó el recurso de casación elevado por el Ministerio Público Fiscal que buscaba revertir la absolución de los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra. Esta había sido solicitada por Arancibia, tras argumentar que no había pruebas suficientes para demostrar que hubieran cometido y/o participado del delito.

Tras evaluarse la situación procesal de los Saavedra, los José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano aplicaron el principio jurídico “in dubio pro reo”, es decir, los absolvieron por el beneficio de la duda. Así, la decisión quedó firme al recibir la aprobación del Tribunal de Impugnación de Salta.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el fallo se dio a conocer el miércoles por la noche, pero las autoridades del Ministerio Público Fiscal aún no habrían sido notificadas formalmente. No obstante, fuentes oficiales anticiparon que recurrirán a instancias superiores, incluyendo una revisión por parte del máximo tribunal provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Poco después de que trascendiera la noticia, el abogado defensor de los hermanos Saavedra destacó que “lo más importante es que declararon la nulidad de la responsabilidad de Javier Nicolás Saavedra y no hicieron lugar a los pedidos de los fiscales y la querella”.

El femicidio de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017, entre las 12:30 y las 13:30 horas, en el barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros, provincia de Salta. La víctima, de 44 años, había sido encontrada con decenas de puñaladas en su vivienda, en una escena que los investigadores describieron como de extrema violencia.

En los nueve años transcurridos, la causa atravesó varias etapas de investigación. Inicialmente, los fiscales Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix sostuvieron la hipótesis de un crimen durante un robo, basado en que los autores habrían utilizado un Caniche Toy como señuelo para ingresar a la casa.

En la escena se recogieron dos muestras genéticas, identificadas como “Hombre 1” y “Hombre 2”, pero no se logró identificar a los responsables y la investigación quedó estancada. Posteriormente, con el cambio de fiscales, la pesquisa se orientó hacia la hipótesis de un crimen por encargo, donde el viudo, Nicolás Cajal, pasó a ser el principal sospechoso.

Fue así que el 14 de junio de 2019 fue detenido Sergio Vargas, un vendedor ambulante que había estado en el barrio de la víctima al momento del crimen. En principio, había sido acusado como autor material, pero luego se le atribuyó una participación menor. Asimismo, a Cajal se le imputó por presunto encubrimiento. Ambos terminaron absueltos en el primer juicio por falta de pruebas concluyentes.

Con el nuevo rumbo de la investigación, el foco se puso sobre los hermanos Javier, Carlos y Adrián Saavedra. En el caso de Javier, este fue señalado como el más comprometido por la coincidencia de su ADN con el perfil de “Hombre 1”. Sin embargo, fue hallado muerto en la alcaidía un día antes del segundo juicio, en lo que se determinó como suicidio.

A raíz de esto, el tribunal dictó su sobreseimiento por extinción de la acción penal, pero dejó asentada en la sentencia una certeza de responsabilidad como autor material. Es decir, la decisión que ahora fue anulada por el Tribunal de Impugnación salteño.

Tras la decisión judicial, la causa por el asesinato de Jimena Salas volvió a ser abierta, por lo que se deberá retomar la investigación para esclarecer la autoría material y la posible participación de otros involucrados. A casi una década del brutal crimen, el caso sigue sin responsables condenados.

Un operativo judicial realizado en la ciudad de Salta concluyó con el secuestro de 12 automóviles, dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos de interés en el marco de una investigación por presuntas estafas reiteradas y operaciones irregulares con vehículos. Una de las hipótesis indicaría que se habría tratado de una estafa piramidal.

La investigación fue llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que actuó tras recibir cinco denuncias de damnificados. Según los testimonios, los sospechosos se presentaban como responsables de las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L., a través de las cuales ofrecían esquemas de inversión vinculados a la compra y alquiler de vehículos o a la captación de capitales con promesas de rendimientos mensuales en dólares.

De acuerdo con las denuncias, tras recibir sumas de dinero o vehículos, los compromisos de pago dejaron de cumplirse y las garantías ofrecidas carecían de valor efectivo. En principio, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio sospecharía que los investigados habrían utilizado los aportes de nuevos inversores para cumplir pagos iniciales a otros participantes hasta que habrían dejado de percibir ingresos.

Esta forma de operar habría generado perjuicios patrimoniales millonarios, según la información dada a conocer por el Ministerio Público Fiscal de Salta. A raíz de esto, las autoridades ordenaron seis allanamientos en varios domicilios que estarían vinculados a las firmas investigadas.

El operativo tuvo como blanco oficinas comerciales, viviendas particulares y un predio en la zona de Las Costitas, San Lorenzo, donde se resguardaría parte de la flota de vehículos. Como resultado de los procedimientos, el personal de la Unidad UDEC del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF incautó automóviles, dispositivos informáticos, documentación y el pasaporte de una de las tres personas señaladas como parte de la maniobra.

Hasta el momento, las tareas de la UDEC permitieron identificar que algunos automóviles habrían sido utilizados para prestar servicios en plataformas de transporte y, en ciertos casos, habrían sido trasladados a otras provincias para dificultar su localización.

En línea con esto, las autoridades analizaron también los frecuentes desplazamientos de los investigados entre Salta, Buenos Aires y destinos internacionales como Brasil, Chile y Portugal. Este tipo de movimientos llevó a la fiscal a solicitar medidas para evitar riesgos procesales.

Por este motivo, Salinas Odorisio solicitó ante el Juzgado de Garantías N° 2 del distrito Centro, a cargo del juez Ignacio Colombo, la inmovilización de cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos y sus sociedades. Además, pidió la detención de dos de los investigados y la prohibición de salida del país para los tres involucrados.

Actualmente, las actuaciones continúan bajo secreto de sumario. No obstante, se analiza la documentación secuestrada, se amplía la pesquisa sobre los movimientos financieros y la posible existencia de otros damnificados por el presunto esquema investigado.

Ofrecía puestos en el Poder Judicial de Salta y cobraba $40.000

Un hombre fue imputado por estafas reiteradas en la provincia de Salta, acusado de engañar a más de cien personas con falsas promesas de empleo en el Poder Judicial. Según informó la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), el acusado ofrecía supuestos puestos de trabajo como secretarias en la Ciudad Judicial a cambio de dinero y documentación personal.

El imputado se presentaba como licenciado en Psicología y aseguraba trabajar en el área. Por medio de esa identidad ficticia, ofrecía gestionar el ingreso laboral de las postulantes y solicitaba el pago de 40.000 pesos para tramitar certificados de antecedentes.

Además, requería a los denunciantes su currículum vitae, fotografías tipo carnet, estudios médicos y otra documentación personal, bajo el pretexto de integrar un legajo de ingreso. La oferta se difundía principalmente a través de redes sociales y WhatsApp, alcanzando amplia circulación.

Tras entregar el dinero y la documentación, las víctimas recibían mensajes en los que se reprogramaban reiteradamente entrevistas, exámenes psicotécnicos y estudios pre-ocupacionales, incluso con turnos en hospitales. La postergación sistemática fue lo que encendió la alarma entre las afectadas.

Finalmente, todo se descubrió cuando acudieron al área de recursos humanos del Poder Judicial y otros organismos, en donde pudieron comprobar que no existía ninguna convocatoria abierta y que el supuesto empleado no pertenecía a la institución.

A raíz de esto, la UDEC, representada por el auxiliar fiscal Pablo Nieva, formalizó la imputación en audiencia. En esa instancia, el acusado fue asistido por un defensor oficial, se negó a declarar y tampoco respondió a las preguntas de la Fiscalía.

A través de su defensa, solicitó que la causa sea derivada a mediación penal. Sin embargo, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio encuadró provisionalmente los hechos como estafas reiteradas en cuatro hechos en concurso real, considerando que el imputado habría desplegado maniobras engañosas para inducir a error a las víctimas, obtener dinero y ocasionarles un perjuicio patrimonial. La investigación se inició a partir de las denuncias radicadas entre mayo y junio de este año.

Entre los elementos reunidos constan las denuncias de las damnificadas, la documentación aportada por ellas, conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, un informe del Banco Central de la República Argentina y publicaciones oficiales del Poder Judicial de Salta.

Luego de que se tomara conocimiento del caso, desde el Poder Judicial de Salta se advirtió a través de medios locales que los delincuentes empleaban correos electrónicos con asuntos como “notificación extrajudicial”, “intimación digital”, “aviso de despacho emitido, responda a la brevedad” o referencias a un supuesto “tribunal regional de trabajo”.

Debido a que los mensajes provenían de cuentas con dominios ajenos a cualquier dependencia oficial, como “@libero.it”, se permitió detectar el fraude. El estafador incluso ofrecía facilidades de pago para el desembolso inicial de los 40.000 pesos.

Por este motivo, las autoridades llamaron a la ciudadanía a no abrir correos provenientes de dominios no oficiales ni acceder a los enlaces incluidos, ya que estas prácticas podrían ser utilizadas para el robo de datos personales o la infección de dispositivos. Además, se instó a desconfiar de cualquier pedido de dinero como condición para iniciar trámites laborales y a verificar las búsquedas de empleo únicamente a través de los canales oficiales de cada organismo.

La Unidad de Investigaciones Antidrogas “Aguaray” de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) secuestró una avioneta en el aeródromo de la localidad salteña de General Mosconi, detuvo a sus dos ocupantes -ambos de nacionalidad boliviana- e investiga si son parte de una red de narcotráfico en la frontera norte del país.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el operativo se concretó el jueves 9 de julio pasado, alrededor de las 16.40, cuando las autoridades tomaron conocimiento de que una aeronave Cessna 210, matrícula LV-KDE, había aterrizado en el aeródromo.

Según pudieron establecer los investigadores, los ocupantes salieron de la terminal aérea en un remis hacia la localidad.

El plan de vuelo de la aeronave inicialmente no figuraba en los registros aeronáuticos, aunque posteriormente la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) confirmó que había sido presentado con origen en Santiago del Estero y destino en General Mosconi.

El personal antidrogas se presentó en el aeródromo y, con la autorización del responsable del predio, realizó las primeras diligencias para recabar información sobre el arribo y los movimientos de los ocupantes.

En coordinación con la Fiscalía Federal de Tartagal, los investigadores desplegaron tareas de análisis e inteligencia que permitieron localizar el hotel donde se alojaban los sospechosos. Con los indicios reunidos, la Fiscalía solicitó al Juzgado Federal de Orán, a cargo del juez Jorge Gustavo Montoya, las órdenes de allanamiento y detención, que fueron autorizadas de inmediato.

El operativo, realizado con apoyo de la fuerza especial ESTAGAL, incluyó el allanamiento del alojamiento, la extracción de información de los teléfonos celulares hallados y la inspección posterior de la aeronave, que fue secuestrada por orden judicial.

Entre los elementos incautados figuran un teléfono iPhone 13 Pro, un teléfono Samsung A04, tres bidones de combustible vacíos y documentación de interés para la causa. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Según informó la Unidad de Investigaciones Antidrogas, el avalúo de los bienes secuestrados asciende a más de $300 millones de pesos. Asimismo, las fuentes consultadas por este medio, indicaron que la investigación y procedimientos se encuadran en el marco de la Ley 23.737, que regula los delitos relacionados al tráfico de estupefacientes.

El operativo se desarrolló con comunicación fluida entre la fuerza y el Ministerio Público Fiscal, lo que permitió la obtención y el análisis de indicios, antecedentes y elementos para solicitar medidas judiciales con rapidez. La intervención incluyó tareas de campo, gabinete y análisis de información.

La investigación, bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Tartagal que encabeza la fiscal Lucía Romina Orsetti junto al secretario federal Rafael Lamas, continúa con el objetivo de determinar el rol de los detenidos y el destino que tendría la aeronave dentro de la maniobra que se investiga.

Según el diario El Tribuno de Salta, tras la audiencia de imputación realizada ayer, la Fiscalía les atribuyó los delitos de ejercicio ilegal de la actividad aeronáutica y tentativa de contrabando de exportación agravado, al considerar que pretendían sacar del país la aeronave. El juez Montoya hizo lugar al pedido de prisión preventiva por 80 días formulado por la Fiscalía, medida que cumplirán en el Complejo Penitenciario Federal NOA III.

Una mujer fue asesinada de varios disparos en la provincia de Salta, durante la madrugada del pasado domingo. Hasta el momento, el caso se investiga como presunto femicidio y su pareja es el principal sospechoso.

El hecho, que ocurrió en medio de la noche en una vivienda del barrio Las Palmeras, en Colonia Santa Rosa, departamento Orán. Las circunstancias en las que sucedió todo aún son desconocidas.

La víctima, de 36 años, perdió la vida tras ser trasladada de urgencia al Hospital San Vicente de Paúl, donde los médicos intentaron reanimarla sin éxito. Ahora, el caso se inviestiga como presunto femicidio.

El procedimiento policial se activó tras la denuncia de una balacera en el domicilio donde vivía la víctima. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, la mujer recibió disparos de arma de fuego en el abdomen, lo que le provocó una hemorragia aguda intraabdominal.

La Fiscalía Penal de Colonia Santa Rosa confirmó la detención preventiva de un hombre de 32 años, pareja de la víctima, quien quedó imputado de manera provisoria por el delito de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género (femicidio).

La fiscal penal Claudia Carreras, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán durante la feria judicial, ordenó una serie de medidas para reunir las pruebas necesarias que permitan esclarecer el caso.

La recolección de testimonios y evidencias en la vivienda donde ocurrió el ataque fue llevada adelante por personal de Criminalística y por la Unidad de Investigación de la UGAP Orán, dependiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la mecánica de la agresión, ni se revelaron datos sobre la identidad de la víctima o del presunto autor.

A principios de mes de mayo, un hecho similar se reportó en Orán, cuando un hombre de 27 años prendió fuego a su pareja. El agresor se dio a la fuga tras el crimen, mientras que la víctima sufrió graves quemaduras en el rostro y cuello.

El agresor fue identificado como Jorge Fernando Carrizo, quien ya contaba con antencedentes por violencia de género. De acuerdo con El Tribuno, el agresor había sido previamente imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia. La fiscal Claudia Carreras había solicitado su prisión preventiva, pero el 16 de abril el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido y dictó su liberación.

Por su parte, la mujer, también de 27 años, sufrió graves heridas luego de que Carrizo la rociara con un líquido inflamable y le prendió fuego. Los familiares de la víctima denunciaron que la víctima no estaba en su domicilio y evadió la custodia dispuesta para su protección, motivo por el cual las autoridades trabajan también en su localización.

Por su parte, la mujer, también de 27 años, sufrió graves consecuencias luego del brutal epusodio donde su pareja la roció con un líquido inflamable y le prendió fuego. Los familiares de la víctima denunciaron que la víctima no estaba en su domicilio y evadió la custodia dispuesta para su protección, motivo por el cual las autoridades trabajan también en su localización.

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso de la firma Liex al régimen, con un proyecto de producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca. La iniciativa demandará una inversión total de USD 709 millones y eleva a 21 el número de proyectos aprobados, con compromisos que en conjunto alcanzan los USD 46.700 millones.

El ministro de Economía Luis Caputo publicó la novedad en su cuenta oficial de X. Según el texto del titular del Palacio de Hacienda, el proyecto contempla la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. La infraestructura asociada incluye pozos para la extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos, tuberías, instalaciones industriales auxiliares y obras de control de inundaciones.

Los estudios técnicos presentados ante el Comité indican que el salar cuenta con recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva. Las exportaciones del complejo, puntualizó Caputo en su cuenta oficial de X, generarán ingresos estimados en alrededor de USD 400 millones por año y el proyecto creará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación.

Catamarca ya concentra varios de los proyectos mineros aprobados bajo el RIGI. En el Salar del Hombre Muerto, la australiana Galan Lithium Ltd opera desde el 1 de abril la planta Hombre Muerto Oeste (HMW), con una capacidad de 12.000 toneladas anuales de carbonato de litio —y es, hasta ahora, el segundo proyecto del régimen en estar operativo, apenas cinco meses después de su aprobación en agosto de 2025. Rio Tinto tiene allí su propio proyecto de expansión, Fénix, con 9.500 toneladas adicionales de capacidad y una inversión de USD 530 millones. Con la incorporación de Liex —subsidiaria de la minera china Zijin Mining—, la provincia suma un tercer proyecto litífero aprobado bajo el régimen.

La actividad litífera bajo el RIGI no se circunscribe a Catamarca. Rio Tinto también tiene aprobado el Proyecto Rincón, en el Salar de Rincón, Salta: una expansión de planta de carbonato de litio con capacidad para 60.000 toneladas anuales de grado batería, suficiente para abastecer aproximadamente un millón de vehículos eléctricos por año, con una inversión total de USD 3.000 millones.

En marzo de 2026, la compañía realizó el primer envío comercial de carbonato de litio desde ese salar: 200 toneladas en diez contenedores desde el Puerto de Buenos Aires con destino a Shanghái, lo que la convirtió en la única productora con exportación activa en las tres provincias del noroeste argentino. Junto con Jujuy, las tres provincias conforman el llamado triángulo del litio, la región con las mayores reservas del mineral en el mundo, que Argentina comparte con Chile y Bolivia.

El mapa del RIGI

De los 39 proyectos presentados ante el Comité Evaluador desde la creación del régimen, 20 contaban con aprobación al cierre del último relevamiento disponible —cifra que con la última incorporación trepa a 21—, mientras que otros 21 permanecen en evaluación y uno fue rechazado. El monto total comprometido por todas las iniciativas presentadas asciende a USD 121.237 millones, aunque los activos computables de los proyectos ya aprobados suman USD 16.092 millones.

Detrás de esas cifras, la estructura de los compromisos muestra matices. De los primeros 17 proyectos aprobados, solo USD 7.000 millones corresponden a inversión firme, mientras que USD 16.000 millones representan la inversión mínima obligatoria. El 30% adicional que se anuncia en las presentaciones no conlleva penalidades en caso de incumplimiento.

Por sector, energía concentra la mayor porción de inversión declarada con USD 78.300 millones, seguida por minería con USD 42.200 millones. En infraestructura y siderurgia los montos son marginales: USD 500 millones y USD 300 millones, respectivamente. Por subsector, Oil & Gas lidera en cantidad de proyectos con 13 iniciativas, seguido por litio con 11 y cobre con 5. En términos de estado administrativo, el 81% del monto total comprometido corresponde a proyectos aprobados —USD 98.000 millones— frente al 18,8% aún en evaluación —USD 23.000 millones—. En el régimen participan 45 empresas provenientes de 11 países.

El régimen, creado por la Ley Bases en 2024 y extendido hasta julio de 2027, otorga a los proyectos aprobados una batería de beneficios: reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por entre 30 y 40 años, según la categoría del proyecto.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a cuatro integrantes de la empresa Aguas del Norte por homicidio culposo en perjuicio de los dos trabajadores fallecidos a principios de mayo cuando arreglaban una cloaca en Salta. También les adjudicó el delito de lesiones graves respecto del tercer operario que sobrevivió a la tragedia.

El hecho ocurrió en Rivadavia Banda Sur, cuando una cuadrilla realizaba tareas de mantenimiento en el sistema cloacal. De acuerdo con la investigación, los tres operarios descendieron a una boca de registro de unos siete metros de profundidad luego de reemplazar una bomba y advertir una obstrucción persistente en el sistema.

Sin embargo, los trabajadores ingresaron al espacio confinado sin los elementos de seguridad ni la capacitación exigida por la normativa vigente, lo que provocó que a los pocos minutos los tres resultaran descompensados. En ese contexto, dos fallecieron y el tercero sufrió lesiones graves.

Las autopsias confirmaron que las víctimas murieron por asfixia tóxica. En uno de los casos, los estudios toxicológicos detectaron la presencia de sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico capaz de provocar pérdida de conciencia y muerte en pocos segundos dentro de espacios confinados.

La imputación formulada en las últimas horas alcanzó al jefe Operativo–Supervisor, a quien se le atribuye haber omitido ejercer control y supervisión efectivos sobre la cuadrilla y tolerar prácticas inseguras. También se acusa al coordinador de Higiene y Seguridad y a la responsable del Área de Higiene y Seguridad por no implementar ni controlar los protocolos de trabajo, no garantizar la capacitación específica del personal ni asegurar la provisión de elementos de protección y rescate.

El gerente Operativo del Interior Provincial, por su parte, fue imputado por presuntamente haber incumplido sus deberes de organización, dirección y control, al no garantizar la asignación de recursos materiales y de seguridad necesarios.

Las víctimas fueron identificadas como Emanuel Aguirre, de 24 años, y Raúl Torres, padre de cuatro hijos, ambos oriundos de La Unión. El primero murió en el lugar; Torres falleció cerca de las 21:30 durante su traslado al Hospital San Ramón de la Nueva Orán.

“A mi hijo lo obligaron a entrar, le dieron la orden. Vamos a saber quién fue. Él es el primero en entrar y se descompensa. Luego ingresa Raúl Torres para rescatarlo y también muere luego. Después entran otros dos que logran salir, pero Raúl y mi hijo murieron por los gases que despiden las cloacas", relató el padre de Emanuel en una entrevista poco después del hecho.

“Es como una bocacalle, de esas que hay en las esquinas. Por ese espacio metieron a mi hijo, que tenía un cuerpo grandote”, dijo en el lugar donde ocurrió el accidente. Luego apuntó directamente contra la empresa: “Mi hijo y sus compañeros siempre trabajaron sin equipos de seguridad. Si estos trabajadores hubieran estado bien equipados, no tendría que haber muerto ninguno”.

Su reclamo fue directo: “Yo lo único que pido es justicia, que se sepa la verdad. Quiero saber quién le dio la orden de entrar a esa cámara y quién es el responsable de estas dos muertes. A la empresa solo le interesa facturar, no la vida de sus trabajadores”.

Una jubilada de 70 años fue víctima de una estafa telefónica luego de que unos supuestos falsos policías le habían notificado que su hija había atropellado a una familiar del gobernador de Salta. Sin embargo, para cuando se enteró de que era mentira, ya había entregado 2,7 millones de pesos.

La víctima se encontraba en su casa del barrio Santa Lucía cuando comenzó a recibir amenazas y presiones por parte de una mujer que se hizo pasar por agente de policía. La llamada se habría realizado desde un teléfono fijo y, según denunció, le habían asegurado que su hija había estado involucrada en un accidente fatal.

Durante las comunicaciones, la supuesta agente le comunicó que su hija había atropellado y causado la muerte de una mujer vinculada familiarmente con el gobernador de la provincia. A partir de esto, como condición para evitar que la hija quedara detenida, le exigieron 700 mil pesos de manera urgente.

Bajo presión y en estado de temor, la mujer reunió el dinero y lo entregó a un hombre que se presentó caminando en la intersección de avenida Costanera y diagonal 9 de Julio. Sin embargo, después de la primera entrega, los estafadores volvieron a comunicarse con la jubilada.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno de Salta, en una segunda llamada, la misma mujer le informó que, tras “evaluar la situación”, la suma inicial era insuficiente. En consecuencia, exigieron una nueva suma de dinero.

A raíz de esto, la jubilada entregó otros 2 millones de pesos en el mismo punto de encuentro. De este modo, los delincuentes lograron apropiarse de un total de 2,7 millones de pesos en dos entregas consecutivas. Finalmente, la estafa fue descubierta cuando la víctima pudo comunicarse con su hija.

En ese momento, la joven le confirmó que se encontraba en buen estado, no había sufrido ningún accidente y desconocía lo relatado por la supuesta policía. Al constatar el engaño, la mujer realizó la denuncia ante las autoridades.

Por este motivo, la Policía inició una investigación para identificar a la persona que efectuó las llamadas y al hombre que retiró el dinero en ambas ocasiones. Hasta el momento, no se informó sobre detenciones ni recuperación de los fondos entregados, según consignó Radio Salta.

Detuvieron a un hombre acusado de engañar a una jubilada con el “cuento del tío” en Bahía Blanca

Un hombre de 44 años fue detenido en la ciudad de Bahía Blanca, acusado de estafar a una jubilada bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”. El sospechoso —con antecedentes por hechos similares y que había estado preso— fue interceptado por el personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera en la intersección de las calles Thompson y Estados Unidos, en el barrio Parque Patagonia.

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer de 74 años, quien relató que recibió un llamado telefónico y, poco después, un hombre se presentó en su domicilio para llevarse una suma considerable de dinero en dólares y euros, además de varias joyas.

Por medio del análisis de las cámaras de seguridad particulares y públicas, junto al trabajo del Centro Único de Monitoreo, se permitió identificar al autor y reconstruir el recorrido posterior al robo. Fue así que los investigadores realizaron tareas encubiertas y revisaron registros fílmicos hasta ubicar y detener al sospechoso en la vía pública.

A raíz de esto, el aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía N.º 18 del Departamento Judicial Bahía Blanca, especializada en delitos complejos. Según confirmaron fuentes oficiales, el hombre posee antecedentes por múltiples estafas bajo la misma modalidad, delitos contra la propiedad y robos a mano armada, y había cumplido condena en la unidad penal local.

Un hombre fue condenado a 15 años de prisión por abusar sexualmente de su hija cuando era menor de edad. El hecho ocurrió en Salta. Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que los ataques ocurrieron durante la pandemia de COVID-19, mientras el acusado cumplía arresto domiciliario por una causa federal.

El fallo fue dictado por el juez Martín Pérez, quien impuso la pena de cumplimiento efectivo por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia preexistente. Además, el acusado fue declarado reincidente por segunda vez, en línea con el pedido de la Fiscalía Penal interina de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, representada por Celina Morales Torino.

La investigación judicial reveló que los abusos comenzaron en 2020, cuando la víctima tenía 11 años y convivía con el acusado, en un contexto de aislamiento por las restricciones sanitarias. El hombre aprovechó la ausencia de la madre de la niña, quien salía a trabajar, y la situación de encierro para someter sexualmente a su hija en reiteradas ocasiones. Los ataques se extendieron hasta los 13 años de la víctima, hacia fines de noviembre de 2021, momento en el que el acusado fue nuevamente detenido por otra causa penal.

Durante el proceso oral, que se desarrolló entre el 30 de junio y el 3 de julio, la fiscal sostuvo que el acusado actuó con “planificación perversa”, aislando a la menor y aprovechando el vínculo de parentesco y la convivencia para ejercer un control absoluto sobre ella. Según Morales Torino, el hombre “atentó no solo contra la integridad sexual de la niña sino que interrumpió su inocencia y quebrantó el deber de protección que todo padre debe tener para con sus hijas”.

Según la acusación, en varias oportunidades suministró bebidas a la niña que le provocaban visión doble y somnolencia, con el objetivo de facilitar los abusos. Además, el acusado ejercía amenazas psicológicas, advirtiéndole que, si contaba lo sucedido, causaría daño a otros familiares o atentaría contra la vida de su mamá.

El silencio de la víctima se rompió cuando, tras recibir una llamada de su papá desde el lugar de detención —en la que le informó que pediría permiso para visitarla—, la niña le contó lo ocurrido a su maestra. Ese testimonio resultó determinante para dar inicio a la causa penal.

En el juicio declararon profesionales de la salud y especialistas que asistieron a la menor, quienes describieron un cuadro de grave compromiso emocional y psicológico. Los informes médicos y psicológicos confirmaron la presencia de ideaciones suicidas, trastornos del sueño y manifestaciones psicosomáticas. Además, las pericias médicas acreditaron indicadores compatibles con abuso sexual.

Durante la audiencia de clausura, celebrada el 3 de julio, el tribunal declaró al acusado penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia preexistente. A su vez, el juez Martín Pérez hizo lugar a la demanda civil promovida contra el imputado, al considerar acreditado el daño psíquico y moral ocasionado a la niña.

En la instancia de cesura, la Fiscalía pidió la imposición de una pena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo y que el acusado fuera declarado reincidente por segunda vez, en atención a sus antecedentes condenatorios. El tribunal aceptó en su totalidad el planteo fiscal y dictó la condena solicitada.

Un hombre fue imputado por estafas reiteradas en la provincia de Salta, acusado de engañar a numerosas víctimas con falsas promesas de empleo en el Poder Judicial, según informó la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la Fiscalía local. La maniobra, que habría afectado a más de cien personas, consistía en ofrecer puestos de trabajo como secretarias en la Ciudad Judicial a cambio de dinero y documentación personal.

El acusado se presentaba ante las víctimas como licenciado en Psicología y aseguraba trabajar en el Poder Judicial de Salta. Bajo esa identidad ficticia, ofrecía gestionar el ingreso laboral de las postulantes y les solicitaba el pago de 40.000 pesos para tramitar certificados de antecedentes, además de requerirles currículum vitae, fotografías tipo carnet, estudios médicos y otra documentación personal destinada a integrar un supuesto legajo. La oferta se difundía a través de redes sociales y WhatsApp, donde alcanzó una amplia circulación.

Tras entregar el dinero y la documentación, las denunciantes recibían mensajes en los que se reprogramaban reiteradamente entrevistas, exámenes psicotécnicos y estudios pre-ocupacionales, algunos de ellos con turnos en hospitales.

La postergación sistemática fue la primera señal de alarma. Al presentarse en el área de recursos humanos del Poder Judicial y en otros organismos, las víctimas confirmaron que no existía ninguna convocatoria abierta y que la persona no trabajaba ni ejercía como profesional en esa institución.

La UDEC, representada por el auxiliar fiscal Pablo Nieva, formalizó la imputación en audiencia. Durante esa instancia, el acusado fue asistido por un defensor oficial, se negó a declarar y a responder preguntas de la Fiscalía. A través de su defensa, solicitó que la causa sea derivada a mediación penal.

La fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, encuadró provisionalmente los hechos como estafas reiteradas en cuatro hechos en concurso real, al considerar que el imputado habría desplegado maniobras engañosas para inducir a error a las víctimas, obtener dinero y ocasionarles un perjuicio patrimonial. La investigación se inició a partir de las denuncias radicadas entre mayo y junio de este año.

Entre los elementos reunidos constan las denuncias de las damnificadas, la documentación aportada por ellas, conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, un informe del Banco Central de la República Argentina y publicaciones oficiales del Poder Judicial de Salta.

La escala del fraude superó el caso puntual que llegó a la Justicia. Desde el Poder Judicial advirtieron a través de medios locales que los delincuentes utilizaban correos electrónicos con asuntos como “notificación extrajudicial”, “intimación digital”, “aviso de despacho emitido, responda a la brevedad” o referencias a un supuesto “tribunal regional de trabajo”, de acuerdo con la información de pue!.

Los mensajes provenían de cuentas con dominios que no corresponden a ninguna dependencia oficial, como el dominio “@libero.it”, un indicio que permitió detectar el fraude. El estafador llegó incluso a ofrecer facilidades de pago para el desembolso inicial de los 40.000 pesos.

Ante el alcance de la maniobra, el organismo llamó a la ciudadanía a no abrir correos provenientes de dominios no oficiales ni acceder a los enlaces que figuran en esos mensajes, dado que podrían emplearse para el robo de datos personales o la infección de dispositivos. También instó a desconfiar de cualquier pedido de dinero como condición para iniciar trámites laborales y a verificar las búsquedas de empleo exclusivamente a través de los canales oficiales de cada organismo.

La Justicia de Salta imputó a un hombre de 32 años por dos incendios dolosos que arrasaron más de 200 hectáreas de bosque nativo y pastizales en la localidad de Cafayate, en el suroeste provincial. El auxiliar fiscal Juan Pablo Miralpeix, en representación de la Fiscalía Penal de Cafayate, formalizó los cargos contra el acusado como presunto autor de los hechos previstos en el artículo 186 del Código Penal, en concurso real.

Los focos investigados se registraron el 13 de mayo y el 7 de junio de 2026 en un sector de bosque nativo y pastizales de la matrícula catastral N.º 6524, propiedad de Finca El Monte S.A., en inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque. En ambas oportunidades debieron intervenir Bomberos Voluntarios, Brigadistas Forestales, efectivos de la Policía de la Provincia y vecinos, quienes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y frenar su propagación hacia otros sectores del predio.

La magnitud del desastre motivó que el Concejo Deliberante de Cafayate declarara el Estado de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en todo el departamento, medida que estará vigente durante 18 meses. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la intendenta Rita Guevara, y desde entonces la fiscalía orientó sus diligencias a determinar si el origen del fuego respondía a una acción intencional, a una conducta negligente o a causas naturales.

Según la hipótesis fiscal, la investigación reunió un conjunto de elementos de convicción que permitieron atribuir provisionalmente la autoría de ambos hechos al imputado. Entre las pruebas recabadas figuran denuncias, declaraciones testimoniales, informes de la División Brigada de Investigaciones N.º 6, relevamientos del lugar, registros audiovisuales, análisis de telefonía celular, georreferenciación de dispositivos móviles, impactos de antenas e individualización del vehículo que el acusado utilizaba habitualmente.

La pesquisa también estableció, siempre según la versión fiscal, que el hombre frecuentaba el sector donde se produjeron los incendios para realizar extracción de leña, conocía los caminos internos del predio y mantenía conflictos vinculados con el uso de esos terrenos. Distintos testimonios incorporados al expediente señalan que el imputado habría reconocido su participación en el siniestro de mayo y manifestado su intención de provocar otro en el mismo lugar.

La fiscal Sandra Rojas, quien supervisó el avance del operativo sobre el terreno y recorrió la zona afectada junto a la intendenta Guevara y autoridades de Defensa Civil, había advertido en declaraciones recogidas por Infobae que las pérdidas ambientales eran “impactantes” y “muy difíciles de dimensionar”, con brasas que aún permanecían latentes bajo las cenizas semanas después de iniciado el primer foco.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva al señalar que el imputado registra una condena de ejecución condicional dictada en octubre de 2025, que persisten riesgos procesales y que aún restan producir diversas medidas probatorias, entre ellas relevamientos y recepción de nuevos testimonios. La defensa particular negó la participación del acusado en los hechos.

Tras escuchar a ambas partes, la jueza de Garantías tuvo por formalizada la imputación y dispuso la prisión preventiva por 30 días bajo la modalidad de arresto domiciliario. Además, impuso la prohibición de mantener comunicación con cualquier persona vinculada a la causa.

El operativo de emergencia desplegado en la región involucró a la Brigada Nacional Centro, los Bomberos Voluntarios de Cafayate, los Bomberos de la Policía de Salta y personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), bajo coordinación de la Subsecretaría de Defensa Civil. Las cuadrillas trabajaron con recursos terrestres y aéreos: camiones cisterna, motobombas y aviones hidrantes turbohélice de más de 3.000 litros de capacidad, que realizaron más de 23 vuelos para combatir el avance de las llamas.

El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, subrayó el alcance del daño sobre el entorno: “El daño ambiental es cuantioso y sumamente importante porque estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura y lluvia; es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”.

El presidente de los Bomberos Voluntarios de Cafayate, Gabriel Domingo, advirtió sobre las consecuencias a largo plazo: “Para reforestar necesitaríamos planificar un sistema de riego, porque el recurso más escaso que tiene Cafayate es el agua”. Domingo explicó que la alta temperatura del siniestro produce esterilidad del suelo y genera una capa de ceniza que dificulta el retorno de nutrientes. Algunos brigadistas sufrieron quemaduras leves e inhalación de humo durante las tareas de extinción.

Las condiciones meteorológicas agravaron el panorama a lo largo de todo el operativo. El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo alertas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que superaron los 90 km/h, sin pronóstico de lluvias para los días siguientes. Las autoridades no registraron daños en viviendas ni pérdidas de animales, aunque reconocieron que las consecuencias sobre el entorno natural son de largo alcance.

La relación entre el ambiente y las comunidades indígenas es de profunda hermandad. Se redefinen y se intervienen. El monte es vida. ¿Qué ocurre cuando desaparece la materia prima de la que viven las mujeres? ¿Puede la conservación generar oportunidades económicas sostenibles? ¿Puede la restauración convertirse en una herramienta eficaz para enfrentar la crisis climática? ¿Cómo se adaptan estas comunidades indígenas cuando el agua se vuelve menos predecible?

Fotos y realización audiovisual en el territorio: Matías Arbotto

Director de formatos audiovisuales: Alejo García Sosa

*Este artículo fue producido gracias al apoyo de Pulitzer Center.

La condena a Adriana Mabel Martínez y Abel Ángel Martínez, integrantes de una misma familia por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización marca un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Salta.

La investigación, iniciada por denuncias anónimas, permitió a las autoridades reunir pruebas contundentes sobre la actividad ilícita que ambos desarrollaban en una vivienda del barrio Norte Grande. Entre los elementos más relevantes, se encuentran el secuestro de más de 300 dosis de pasta base de cocaína, dinero en efectivo y elementos asociados a la venta de drogas, derivó en penas de prisión efectiva para los involucrados.

Durante la audiencia de medidas alternativas de solución de conflictos, el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal y expuso los resultados de la pesquisa.

Adriana Mabel Martínez fue condenada en juicio abreviado a cuatro años de prisión efectiva, mientras que el hombre recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva. Además, se declaró la reincidencia de Abel Ángel Martínez por tercera vez. Con estos elementos, la jueza Claudia Puertas homologó el acuerdo alcanzado entre las partes, validando así el procedimiento judicial.

Las presentaciones alertaban sobre la venta de estupefacientes en una vivienda del barrio Norte Grande, lo que llevó a la intervención de la UFINAR, con el apoyo del Grupo de Drogas del Sector 6 de la Policía de la Provincia. El fiscal Torres Rubelt ordenó entonces el despliegue de medidas investigativas, que incluyeron tareas de vigilancia, entrevistas y registros fotográficos y fílmicos.

Las acciones de inteligencia permitieron documentar reiteradas maniobras de comercialización de drogas en las inmediaciones del domicilio investigado. Los registros realizados mostraron el intercambio de dinero por envoltorios, una mecánica habitual en la venta de estupefacientes según las autoridades. La Policía demoró a compradores habituales, quienes portaban envoltorios con pasta base de cocaína, lo que contribuyó a fortalecer la hipótesis de venta directa desde la vivienda señalada.

En una primera instancia, un allanamiento fue previsto para el 18 de marzo. Sin embargo, la difusión de procedimientos policiales en redes sociales y grupos de WhatsApp del barrio alertó a los sospechosos, quienes cesaron temporalmente la actividad ilícita y abandonaron el inmueble. La reacción motivó a los investigadores a reforzar la vigilancia y a trabajar en la obtención de pruebas adicionales antes de intervenir nuevamente.

El 29 de marzo, tras reunir nuevos elementos de convicción, la UFINAR solicitó y obtuvo una nueva orden de allanamiento. Durante el operativo, los efectivos lograron secuestrar envoltorios con pasta base de cocaína ocultos en un inodoro y en un alhajero, además de 180 mil pesos en efectivo y elementos de interés para la causa.

El narcotest realizado en el laboratorio confirmó que la sustancia incautada correspondía a más de 300 dosis de pasta base de cocaína. Este resultado fue clave para consolidar la acusación formal contra Adriana Mabel Martínez y Abel Ángel Martínez, quienes fueron detenidos y trasladados a la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

El caso evidencia la importancia de la participación ciudadana en la denuncia de hechos vinculados al narcotráfico y la necesidad de una respuesta coordinada por parte de las instituciones encargadas de la investigación y persecución penal en la provincia de Salta.

Los médicos L.J.U. y N.V.M. fueron acusados de la sustracción de seis equipos neonatales del Hospital Público Materno Infantil de Salta. Según informó el Ministerio Público Fiscal, los equipos fueron hallados en la empresa privada de neonatología Neofénix, de la que ambos eran socios.

Este martes, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) presentó ante la Oficina Judicial la acusación formal contra L.J.U. y N.V.M. La fiscal penal interina, Ana Inés Salinas Odorisio, los imputó como coautores del delito de peculado (N.d.R.: malversación de caudales públicos), previsto y reprimido por el artículo 261 del Código Penal, y solicitó el sobreseimiento de los otros dos profesionales inicialmente investigados.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los médicos del servicio de Neonatología del hospital habrían aprovechado su acceso a los equipos estatales para incorporarlos al circuito operativo de la clínica privada, generando un beneficio económico. Según la acusación, la maniobra investigada “habría afectado no solo el patrimonio de la administración pública, sino también su correcto funcionamiento”, además de vulnerar “los deberes de fidelidad, probidad y transparencia que deben observar los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”.

La causa se inició en junio de 2025 a partir de una denuncia presentada por el director general del hospital, Esteban Rusinek, luego de una inspección en la que se detectó la posible presencia de equipamiento del hospital en el servicio de Neonatología de Neofénix.

A partir de esa denuncia, la Fiscalía dispuso numerosas medidas investigativas, entre ellas el relevamiento de documentación patrimonial y administrativa, la recepción de declaraciones testimoniales, inspecciones y registros, además de diversos informes técnicos y periciales.

En el procedimiento, personal de la Unidad de Investigación UDEC-CIF constató la existencia de seis equipos médicos con números de serie coincidentes con los del hospital denunciante. Esos equipos se encontraban en funcionamiento en el área de terapia intensiva pediátrica y Neonatología de la clínica, y fueron secuestrados y posteriormente restituidos por orden judicial al hospital público.

Según la información publicada en Gente de Salta, los equipos en cuestión incluían dos humidificadores y un oxímetro pertenecientes al hospital, junto a otros tres oxímetros entregados bajo comodato al hospital.

Cuando el caso salió a la luz, N.V.M., gerente de Neofénix, sostuvo que los equipos pertenecían a la empresa y que habían sido adquiridos de buena fe, rechazando irregularidades y denunciando una supuesta “campaña de desprestigio”.

La acusación formal implica que la fiscalía considera que existen pruebas suficientes para solicitar la elevación a juicio. No obstante, la imputación no supone una condena, ya que la responsabilidad penal será determinada por la Justicia.

En tanto, el pedido de sobreseimiento alcanzó a J.C. y J.N.U., también investigados por su vínculo societario con Neofénix, quienes quedaron desvinculados de la causa porque la UDEC concluyó que no participaron del hecho investigado. Ambos profesionales argumentaron que no tenían acceso ni relación funcional con los equipos bajo investigación.

De esta manera, la investigación quedó enfocada únicamente en Ubal y Murúa, quienes continúan imputados por la supuesta sustracción de equipamiento estatal para beneficio privado. La causa avanzará ahora hacia la instancia de control judicial para determinar si corresponde la elevación a juicio oral.

Argentina no tiene cárteles como los de Colombia o México, ni organizaciones criminales con el arraigo territorial del Primer Comando Capital o el Comando Vermelho, que dominan las favelas de Brasil a sangre y fuego. Pero los números cuentan otra historia: entre enero de 2024 y junio de 2026, las fuerzas federales argentinas decomisaron 14.946 kilos de clorhidrato de cocaína en operativos de gran escala, una cifra que representa un incremento del 508 % en el volumen incautado y del 680 % en la cantidad de procedimientos respecto del promedio registrado entre 2020 y 2023.

El dato surge de un informe elaborado por el Fondo de Investigación e Inteligencia Financiera (FININT) que analizó 44 procedimientos verificables —todos con cargamentos de al menos 100 kilogramos— y que traza, con precisión estadística, el avance del narcotráfico transnacional sobre el territorio argentino.

La ausencia de estructuras criminales verticales y violentas como las que operan en los países vecinos no equivale a inmunidad frente al tráfico de drogas. Lo que muestran los datos de FININT es que Argentina funciona cada vez más como un corredor de tránsito y distribución de cocaína, con rutas consolidadas, modalidades de transporte diversificadas y un origen geográfico dominante: Bolivia, país al que se rastreó la procedencia de más del 80 % de las cargas decomisadas.

El estudio analizó procedimientos en los que la cantidad incautada fue igual o superior a los 100 kilogramos, todos realizados dentro del territorio argentino o en pasos fronterizos bajo control de fuerzas federales. La base empírica se construyó a partir de información pública del Ministerio de Seguridad de la Nación, complementada con portales periodísticos nacionales y provinciales, y con datos del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF). Los 44 casos relevados totalizan 14.946 kg y representan aproximadamente el 85 % de toda la cocaína incautada en el período bajo análisis.

Infobae conversó con Juan Félix Marteau, presidente de FININT, a raíz del informe que realizó el equipo de especialistas de FININT titulado “ Incautaciones de Cocaína en Argentina” para comprender la magnitud de estos datos.

—¿A partir de sus investigaciones encuentran una razón objetiva sobre el mayor número de incautaciones de drogas en los años analizados, comparados con los cuatro años anteriores? Ustedes creen que esto es producto de una decisión política de perseguir este tipo de delito; es producto de que ingresa más droga y por eso se suman más kilos secuestrados; o es una combinación de ambos posibilidades?, preguntó este medio.

Hay dos razones que tienen fundamento objetivo: por un lado, los países andinos que tienen el oligopolio en la producción de cocaína de máxima pureza están batiendo récords en esta actividad. En 2023, Colombia, Perú y Bolivia pusieron en el mercado 3700 toneladas de esta droga, lo que implica un crecimiento de más del 300% en esta última década. Al mismo tiempo, el mercado de consumo de cocaína europeo ha seguido creciendo. Recordemos que la Argentina es un territorio de tránsito en el abastecimiento de estos consumidores. Por otro lado, indudablemente las fuerzas federales están más activas en su tarea de control de las rutas habituales por las que se transporta este tipo de sustancia. El nivel de violencia que provoco el narcotráfico en la Argentina hasta 2023 produjo una reacción tanto del gobierno federal como de los gobernadores, incluida la provincia de Santa Fe. La conclusión es que una importante cantidad de cocaína sigue circulando por nuestro territorio lo que implica que el narcotráfico continúa siendo una amenaza relevante para nuestro país, respondió Marteau.

El salto estadístico

Según el trabajo realizado por FININT, entre los años 2020 y 2023, es decir bajo el gobierno de Alberto Fernández, el promedio anual de procedimientos de esta escala fue de 2,5 casos y 1.092 kilos incautados. Entre 2024 y 2025, esto es en el gobierno de La Libertad Avanza, esa cifra saltó a 19,5 operativos y más de seis toneladas por año. El cargamento promedio por procedimiento fue de 340 kilos.

La distribución cada 12 meses muestra una curva ascendente: 15 procedimientos en 2024 con 5.654 kilos secuestrados; 24 procedimientos en 2025 con 7.631 kilos; y 5 procedimientos en el primer semestre de 2026 con 1.660 kilos sin registrarse ningún caso en junio. Pero, cuál es la principal ruta de ingreso de estupefacientes ilegales al país. El titular de FININT, explicó así: “Las incautaciones que analizamos permiten concluir que la ruta 34 es el principal vector de tráfico de cocaína boliviana en nuestro territorio. De los casi 15.000 kilogramos secuestrados, 5.000 fueron incautados en este corredor.

—Según sus estudios, qué destino tenía la droga secuestrada y de qué forma iba a salir del país, quiso saber Infobae.

—La presunción es que la droga secuestrada, en su gran mayoría, tenía por destino Europa. Pero para ser certeros en esta conclusión, deberíamos realizar un estudio sobre las conclusiones a las que arriba la investigación penal en cada uno de los casos analizados. Se trata de un tipo de informe con que la Argentina debe contar con cierta urgencia, respondió Juan Félix Marteau,

El especialista también explicó que el análisis geográfico de los procedimientos relevados evidencia una marcada concentración sobre el corredor terrestre articulado en torno a la Ruta Nacional 34, que conecta los principales pasos fronterizos con Bolivia —entre ellos Aguas Blancas, Salvador Mazza, La Quiaca, Aguaray y Pichanal— con los centros urbanos del litoral y el área metropolitana de Rosario, y desde allí, a través de la Ruta Nacional 9, con la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, el estudio identificó un corredor aéreo vinculado a operaciones de aterrizaje clandestino en el norte de la provincia de Santa Fe—particularmente en Vera, Villa Eloísa y San Cristóbal— mediante el empleo de avionetas Cessna con matrícula boliviana.

“En el marco de los 44 procedimientos analizados eñ 11 % de la muestra involucraron la incautación de aeronaves que en todos los casos, se tratan avionetas Cessna 210 procedentes de Bolivia, que fueron halladas en pistas de aterrizaje clandestinas en el norte de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos”, explicó y precisó: “Aquí tenemos un caso de una entrega vigilada producto de una cooperación internacional con la DEA que permitió a la Gendarmería y a la PROCUNAR secuestrar el estupefaciente que transportaba. No tenemos dudas de que este tipo de transporte es el más difícil de identificar debido a la versatilidad que tiene para hacer vuelos desde el vecino país andino”.

Estacionalidad y picos de actividad

El análisis mensual de los procedimientos del estudio revela dos patrones recurrentes. Por un lado, una concentración notable en los meses de mayo y noviembre: esos dos meses -se lee en el trabajo- acumulan 8 y 7 procedimientos respectivamente, equivalentes al 34 % del total de casos. Por otro lado, una ausencia sistemática de operativos en febrero —cero procedimientos en los tres años— y una baja relativa en agosto.

En de noviembre de 2025, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, fue el mes de mayor actividad de toda la serie investigada, tanto en número de casos, tres, como en volumen: 1.748 kilos de cocaína incautada. El dato más saliente de ese mes fue la detención de Brian Bilbao en el marco del operativo Cosecha Blanca II, con 957 kilos decomisados.

Mayo de 2025, a su vez, concentró cuatro procedimientos y 1.314 kilos, entre los que se destacó la Operación Cereales Blancos sobre el buque MV Ceci en el puerto de San Lorenzo, con 469 kilos de cocaína secuestrada por las fuerzas de seguridad.

La distribución territorial de los operativos dibuja con precisión el mapa del narcotráfico transnacional en Argentina. Salta concentra 20 de los 44 procedimientos —el 45 % del total— y 6.014 kilos —el 40 % del volumen—, lo que la posiciona como el principal corredor de ingreso desde Bolivia. Le siguen Santa Fe (7 casos, 2.737 kilos), Buenos Aires (4 casos, 1.972 kilos) y Jujuy (2 casos, 1.107 kilos).

El eje articulador de ese tráfico es la Ruta Nacional 34, que conecta los pasos fronterizos con Bolivia —Aguas Blancas, Salvador Mazza, La Quiaca, Aguaray y Pichanal— con los centros urbanos del litoral y el área metropolitana de Rosario, y desde allí, por la Ruta Nacional 9, con la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo se mueve la droga

El análisis realizado por la Fundación FININT revela varias categorías de transporte:

• Las camionetas que es el vehículo más frecuente: representan el 39% de los casos.
• Los camiones, el 18 %
• Los automóvil, el 11 %.

La combinación de camionetas y camiones representa el 57 % de los procedimientos, un dato que refleja el peso del corredor terrestre Bolivia–Salta–Rosario/Buenos Aires, describe el informe al que accedió este medio.

Las modalidades aérea y marítima son numéricamente menores pero concentran un volumen muy importante: suman el 16 % de los casos pero acumulan el 30 % del volumen total incautado:4.466 kilos de cocaína secuestrada. Eso indica que los cargamentos trasladados por esas vías son, en promedio, considerablemente más grandes que los que circulan por tierra.

Los decomisos por fuerzas de seguridad

Gendarmería Nacional Argentina lideró 35 de los 44 procedimientos analizados por la Fundación FININT, el 80 % de la muestra. Esa centralidad responde tanto a la localización geográfica del fenómeno —frontera norte y principales rutas terrestres— como a la misión institucional de la fuerza en materia de control fronterizo e interdicción terrestre.

El informe establece que en más del 80 % de los procedimientos pudo determinarse que la cocaína tenía origen en Bolivia. Esa conclusión se apoya en la información geográfica de los operativos —la mayoría concentrados en la frontera norte—, en los datos de las investigaciones judiciales y en el perfil de los vehículos y aeronaves intervenidas, muchas de ellas con matrícula boliviana.

El estudio de FININT también procura contextualizar los hallazgos dentro de las transformaciones recientes del mercado global de cocaína. Según organismos internacionales especializados citados en el informe, la producción y el tráfico de cocaína a escala mundial atraviesan un período de expansión, lo que brinda un marco explicativo para el incremento observado en Argentina.

—¿Cuanto influyen las decisiones políticas y judiciales en el combate contra el narcotráfico?, le preguntó Infobae a Félix Marteau.

—El combate contra el narcotráfico es un concepto amplio y, en cierta medida, ambiguo. Se supone que engloba que el Estado impide u obstaculiza el ingreso de cocaína en el país; que las bandas criminales dedicadas a este negocio ilícito son identificadas y encarceladas; y, algo muy importante, que se produce un deterioro significativo de los circuitos económicos-financieros que produce el tráfico y la comercialización de este producto tan rentable. Algunos entienden que el combate, también debería incluir incentivos en la población para que dejen de consumir este tipo de sustancias. Este último punto es crítico porque aunque el Estado ponga todo de sí para ser exitoso, si ciertos grupos sociales tienen compromiso o deciden consumir, lo único que pueden hacer los gobiernos es barrer la basura que este goce produce.

—¿Cuál es la principal conclusión del informe?

—La investigación nos aporta indicios que se suman a los otros análisis de campo que hemos realizado en este último tiempo y nos permite concluir que los narcos que operan en la Argentina son menos violentos y están más ricos. Si los gobiernos nacionales y provinciales no multiplican mejoran su efectividad en el deterioro de las inversiones y las actividades comerciales de los traficantes y sus testaferros, es muy probable que la violencia resurja nuevamente. Tendrán un botín más grande por que pelearse, respondió.

El Tribunal de Juicio de Orán, provincia de Salta condenó a prisión perpetua a Víctor y Gonzalo Salvatierra, declarados culpables como coautores de homicidio doblemente calificado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas.

El fallo, que representa la pena máxima prevista en el Código Penal argentino, ordenó el inmediato traslado de los condenados a la Unidad Carcelaria 3 de Orán y su registro en el Banco de Datos Genéticos.

La sentencia fue dictada tras un extenso proceso oral en el que la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, actuó en representación del Ministerio Público Fiscal.

Durante el debate, la acusación sostuvo la responsabilidad penal de tres hombres de 29, 31 y 39 años, imputados como coautores del crimen de Pablo César Almaraz, un puestero rural hallado sin vida y en condiciones de extrema violencia a la vera de la ruta nacional 34.

El hecho que motivó la investigación ocurrió el 1 de octubre de 2022. Aquel día, un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre el hallazgo de un cadáver entre las localidades de Pichanal y Colonia Santa Rosa. La víctima, de 41 años, fue identificada como Pablo César Almaraz. Su cuerpo presentaba signos de brutalidad: estaba decapitado y tenía las manos atadas, lo que permitió a los investigadores calificar el crimen como homicidio con agravantes.

La audiencia de debate, a cargo de los jueces Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos, se extendió por varias jornadas, en las que se escucharon testimonios, pericias y los argumentos de las partes.

La fiscal Filtrín Cuezzo mantuvo la acusación contra los tres imputados y pidió la aplicación de prisión perpetua, solicitud a la que adhirió la querella. La defensa de los acusados intentó desmontar la hipótesis de la participación de sus asistidos, insistiendo en la falta de pruebas directas.

Ayer lunes, reanudada la audiencia, el Tribunal otorgó a los imputados la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de deliberar. Una vez finalizada esta instancia, los jueces pasaron a deliberar en privado.

En su resolución, el Tribunal determinó que Víctor y Gonzalo Salvatierra fueron responsables del homicidio doblemente calificado, valorando la existencia de alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. Por el contrario, el tercer acusado fue absuelto por el beneficio de la duda. Se ordenó su inmediata libertad ante la falta de elementos concluyentes que lo vincularan de manera directa con el hecho.

La brutalidad del hecho investigado marcó el curso de la causa desde el inicio. El cuerpo de Almaraz fue encontrado decapitado y maniatado, lo que orientó a los investigadores hacia una hipótesis de homicidio ejecutado con planificación y extrema violencia. Los peritajes forenses confirmaron que la víctima fue sometida a un ataque premeditado, descartando la posibilidad de un acto impulsivo o fortuito.

La fiscalía reconstruyó la secuencia de los hechos en base a pruebas periciales, testimonios y elementos recolectados en la escena del crimen. El lugar del hallazgo, a un costado de la ruta nacional 34, entre Pichanal y Colonia Santa Rosa, fue clave para establecer el contexto y la mecánica del ataque.

Con el veredicto leído este lunes, la causa por el homicidio de Almaraz se aproxima a su cierre judicial, aunque las secuelas del crimen seguirán presentes en la comunidad rural afectada y en la memoria de sus allegados.

Habían pasado poco más de cien días del golpe cívico militar que derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón y el plan sistemático de represión ilegal implementado por la dictadura marchaba a todo vapor cuando la mañana del 6 de julio de 1976 Braulio Pérez, director del penal de Villa Las Rosas, en la provincia de Salta, fue convocado al despacho del jefe de la guarnición militar, coronel Carlos Alberto Mulhall, para recibir una orden directa. El militar le dijo que esa tarde se realizaría un traslado de presos, sin aclararle la cantidad ni la identidad de los trasladados. Simplemente le ordenó que siguiera las instrucciones del oficial a cargo del operativo.

Julio de 1976 fue un mes clave en la aceleración y la profundización de la escalada de exterminio de la disidencia política, social y gremial. Dos días antes de que el coronel Mulhall citara a Braulio Pérez, un grupo de tareas había irrumpido en la Iglesia de San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano, y ejecutado a balazos a tres curas y dos seminaristas relacionados con el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Esa masacre, que en ese momento se intentó hacer pasar como una “operación perpetrada por elementos subversivos”, fue en realidad un pretendido acto de venganza por un atentado con explosivos realizado el 2 de julio en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, con un saldo de 23 muertos.

Por entonces, el jefe de la Policía Federal, general Arturo Corbetta, se negaba a que la fuerza se sumara a la represión ilegal y pretendía que actuara “con el Código Penal en la mano”. Después de la masacre de los curas palotinos, no solo se mantuvo en esa postura, sino que desplazó a dos jefes policiales sospechados de haber liberado la zona para que el grupo de tareas pudiera actuar sin ser molestado. Luego de eso, Corbetta fue desplazado y reemplazado por el general Edmundo Ojeda, dispuesto a actuar sin poner ningún reparo. El “traslado” de presos del penal de Villa Las Rosas se produjo el mismo día de ese reemplazo y no demoró en ser leído como otra represalia por el atentado contra la Superintendencia de Seguridad Federal.

Once condenados

Eran las 19.45 del 6 de julio y hacía rato que había oscurecido cuando llegó al penal un grupo de militares al mando del capitán Hugo Espeche, que le entregó a Pérez una orden escrita y la lista de los detenidos que debía trasladar. Era evidente que los uniformados eran oficiales del Ejército, pero no llevaban insignias que permitieran determinar sus grados. En cuanto a quiénes eran, salvo en el caso de Espeche era imposible saberlo, porque se llamaban entre sí por apodos, una de las tantas medidas con las que intentaban mantener ocultas sus identidades los grupos de tareas encargados de la represión ilegal.

Pese a que no llevaba insignias en el uniforme, quedaba claro que Espeche era el encargado de dar las órdenes a todos, incluido el director de la cárcel. A Pérez le dijo que debía sacar de sus puestos a todos los penitenciarios encargados de controlar el acceso al penal, con la excepción de los guardias de los muros; también debía apagar todas las luces del lugar, salvo las del pabellón donde estaban los presos que iban a ser trasladados.

Dicho esto le dio una lista con once nombres, los de los hombres y las mujeres que se llevaría: Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolai, María Amaru Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Leonardo Ávila, Pablo Ouetes Saravia, José Ricardo Povolo, Roberto Luis Oglietti, Rodolfo Pedro Ussinger, y Alberto Simón Zavarnsky.

Minutos después los sacaron de las celdas, uno detrás del otro, con solo la ropa que llevaban puesta. A Celia Leonard de Ávila le quitaron el hijo de meses que tenía en sus brazos y se lo entregaron a su hermana Nora, que también estaba presa en el penal. En medio de la oscuridad, los empujaron por los pasillos hasta el patio, donde los subieron a un camión que ya estaba con el motor en marcha. El camión cargado de presos salió del penal y se sumergió en las tinieblas rumbo al lugar elegido para terminar el operativo, que distaba de ser un simple traslado desde una cárcel a otra.

Ejecuciones a sangre fría

Al mismo tiempo que el grupo al mando del capitán Espeche sacaba a los presos del penal de Villa Las Rosas, a pocos kilómetros de ahí un grupo de uniformados realizaba un control de vehículos en la ruta que une la localidad de Güemes con la capital provincial. En realidad, necesitaban robar autos para montar una escena que les permitiera encubrir un asesinato en masa a sangre fría.

Eligieron los autos casi al azar. Primero detuvieron un Torino conducido por Héctor Mendilaharzu y poco después a una camioneta Ford F-100 donde viajaban Martín Julio González y su hermano. En los dos casos los hicieron bajar y, apuntándoles con armas largas, les dijeron que eran un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y que necesitaban los vehículos para una operación de rescate. Los ataron, los amordazaron y los llevaron a un monte cercano, donde quedaron custodiados durante aproximadamente dos horas, hasta que los dejaron ir. Los tres liberados corrieron a campo traviesa, sin mirar atrás, aterrorizados.

Poco después, el convoy que “trasladaba” a los detenidos y los dos vehículos supuestamente secuestrados por el ERP confluyeron en el paraje Palomitas, sobre la ruta 34, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Güemes. Estaba todo listo para montar la escena: los fusilamientos a sangre fría de once personas disfrazados de muertes durante un enfrentamiento entre militares y “subversivos” que intentaban rescatar a los presos.

La mañana del 7 de julio, por aviso de alguien que pasaba por allí, el Torino y la F-100 fueron “encontrados” a la vera del camino. Había cápsulas servidas por doquier. Las carrocerías tenían muchos impactos de bala y manchas de sangre. En uno de los asientos de la F-100 se encontraron restos de masa encefálica y una falange.

Un falso enfrentamiento

A primera hora de la tarde, un comunicado de la Guarnición Militar Salta informó sobre un “enfrentamiento con fuerzas subversivas” que habían intentado rescatar a los detenidos mientras los trasladaban. Era un discurso que se empezaba a repetir y que pronto se convertiría en una sangrienta caricatura: todos los “subversivos” morían en combate mientras que, llamativamente, nunca se contaban bajas entre las “fuerzas legales”. Era la manera de encubrir las ejecuciones haciéndolas pasar como enfrentamientos.

Eso fue la “masacre de Palomitas”, como se la llamó de inmediato. Las investigaciones posteriores dejaron en claro que ninguno de los militares que participaron del supuesto “enfrentamiento” había recibido heridas y que ninguno de los vehículos que formaban parte del convoy de “traslado” tenía impacto de balas. En cuanto a los supuestos integrantes del comando del ERP que secuestró las camionetas para rescatar a los presos, nunca más se supo de ellos. Los únicos cadáveres que se encontraron eran de los presos que supuestamente iban a ser trasladados.

Los cuerpos de las víctimas fueron apareciendo poco a poco en diferentes lugares a raíz de denuncias de testigos que presenciaron extraños enterramientos de cuerpos humanos llevados en bolsas a cementerios de Salta, Jujuy y Tucumán. Las autopsias determinaron que, en todos los casos, las víctimas habían sido golpeadas salvajemente y ejecutadas con disparos realizados de arriba hacia abajo, es decir, cuando estaban arrodilladas.

Los restos de dos de las cinco mujeres fusiladas siguen sin ser encontrados: son los de Georgina Graciela Droz y Evangelina Botta de Nicolai. La maniobra de ocultamiento se cerró con certificados de defunción firmados por un médico llamado Quintín Orué, un nombre que llamativamente no figuraba ni figura en los registros profesionales de la Argentina.

Décadas de impunidad

La Masacre de Palomitas fue uno de los hechos aportados como prueba en la Causa 13/84, el Juicio a las Juntas Militares. Pero para que se avanzara sobre al menos algunos de los responsables locales hubo que esperar mucho más. La primera sentencia llegó recién en 2010. Ese año, Mulhall, Gentil y Espeche fueron condenados a reclusión perpetua.

La segunda sentencia fue al año siguiente, en el juicio conocido como Palomitas II, cuando fueron condenados a prisión perpetua el exjefe del III Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex director de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil, mientras que el ex federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray recibió una pena de 20 años de prisión.

Luego de esas dos sentencias, se inició otra investigación, llamada Palomitas III, donde quedaron imputados el ex jefe de Logística del Regimiento 5º de Caballería, Luis Dubois; los ex guardiacárceles Napoleón Soberón, Vicente Agustín Puppi, Víctor Manuel Rodríguez, Juan Salvador Sanguino, y los militares Joaquín Cornejo Alemán y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, subjefe del Ejército en Salta el primero y jefe de Personal el segundo, integrantes de la plana mayor. El proceso todavía está en su etapa de investigación penal preparatoria y requerimientos de instrucción complementaria, a la espera de la elevación a debate oral.

Desde 2017, el lugar donde fueron asesinadas las once víctimas de la masacre de Palomitas está señalizado como Sitio de la Memoria.

Carta de una sobreviviente

Los presos del penal de Villa Las Rosas sabían que los iban a asesinar. En 2006 –al cumplirse 30 años de la masacre-, Graciela López, que estaba detenida allí noche del 6 de julio de 1976, dio una carta estremecedora relatando los hechos: “Quiero compartir con ustedes el volver a sentir el vacío que la tragedia ha dejado en nuestras vidas: la Masacre de Palomitas con nuestras ex compañeras de prisión en Salta. Treinta años, sí 30, ese es el tiempo que ha transcurrido desde aquella noche de invierno en que sacaron a nuestras compañeras del pabellón donde yo estaba con ellas. Esa imagen recortada que conservo, donde primero escuchamos el pisar fuerte de abotinados, luego el ruido metálico de cadenas o esposas y las voces duras que gritaron uno a uno el nombre de nuestras compañeras, y ellas, en medio del silencio que anticipaba la tragedia, salieron preguntando a dónde iban. Así, con lo que llevaban puesto dentro del pabellón, sin más abrigo para protegerse del frío exterior desaparecieron ante nuestras miradas impotentes y nuestras preguntas, que quedaron sin respuesta ¿Adónde las llevan? ¿Por qué se las llevan? ¿Cuándo regresan? Traslado… traslado… traslado fue lo que escuchamos al día siguiente. Todas, absolutamente todas, sabíamos lo que eso quería decir: MUERTE”, dice el texto de la sobreviviente.

También relata cómo supieron que iban a matarlos. “Días antes Braulio Pérez, entonces director de la cárcel, acompañado de su hijo y otros carceleros, en una de sus habituales visitas a nuestro pabellón nos había dicho mientras sonreía cínicamente: ‘los militares vienen quinteando’. ‘¿Y qué quiere decir eso?’, le preguntamos, y respondió con otra sonrisa: ‘uno, dos, tres, cuatro, cinco… al paredón…’. Ese paredón fue el de Palomitas. Al día siguiente lo confirmamos. Había dentro del penal algunos empleados sensibles, gente que aún no se había deshumanizado y que no querían avalar el crimen. Ellos rompieron el silencio. Conocimos detalles, de cómo los sacaron, de cómo los obligaron a salir del vehículo para simular un intento de fuga, de cómo fueron cayendo uno a uno entre ráfagas de ametralladoras que rompían el silencio de la noche”, cuenta en la carta.

La muerte de Thiago Altamirano, un niño de dos años en la ciudad de Salta, derivó en la detención inmediata de su madre, María del Milagro Cuéllar Medina, y de la pareja de ella, Franco Nicolás Funes, tras la llegada del menor al hospital con lesiones que despertaron la sospecha de los profesionales médicos. Aunque al principio relataron que el menor sufrió una caída de la cama, desde un primer momento la Justicia consideró que el cuadro era incompatible con un accidente doméstico.

Meses antes del fatal episodio, ya existían había denuncias previas donde se ordenó la protección para Thiago y su hermano, las cuales resultaron insuficientes. El caso pone en foco la eficacia de las medidas judiciales previas y el rol de las instituciones en la vigilancia de situaciones de vulnerabilidad.

En las últimas horas, la causa sumó nuevos elementos a partir de los resultados de la autopsia, los estudios forenses y las declaraciones de testigos clave. La autopsia confirmó que el fallecimiento se produjo por asfixia mecánica provocada, lo que descartó la versión inicial expuesta por los imputados. Este dato central orientó la investigación hacia la hipótesis de un homicidio.

“No hay ninguna lesión que avale la versión del imputado”, describió el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, en diálogo con El Tribuno. Esto fue determinante para imputar a Franco Nicolás Funes, pareja de la madre y principal acusado por homicidio agravado por alevosía, al atribuirle la muerte del niño mediante maniobras de asfixia.

Declararon la propietaria del inquilinato y vecinos del lugar, testimonios que permitieron “avanzar en la imputación”, según el fiscal. Uno de los puntos más relevantes de la investigación radica en determinar si la madre conocía los riesgos a los que estaban sometidos sus hijos. Los testigos advirtieron que: “los niños le tenían miedo” a Funes, y esa situación habría sido advertida a la madre.

“Han corroborado que la madre dejaba a los niños al cuidado de otra persona cuando salía”, señaló el fiscal Espilocín. El fiscal aclaró que la imputación a la madre no se basa en prejuicios sobre el ejercicio de la maternidad, sino en su responsabilidad como adulta a cargo de personas vulnerables. La investigación busca determinar si la madre conocía el temor que sus hijos manifestaban hacia Funes y si esta omisión podría justificar una eventual condena.

Varias declaraciones aportaron que la madre se ausentaba, delegando el cuidado de los menores en Funes, y que existía un acompañamiento de la Secretaría de Primera Infancia y Niñez debido a la situación de vulnerabilidad. El expediente judicial reveló que la jueza María Carolina Cáceres Moreno había ordenado medidas de protección para Thiago y su hermano, luego de la denuncia del abuelo paterno.

El fiscal Espilocín se refirió también a la naturaleza del vínculo entre Funes y Cuéllar Medina. Aunque el imputado aseguró que mantenía solo una relación ocasional con la madre de Thiago, los testimonios reunidos en la causa lo desmienten. Vecinos y la propietaria del inquilinato afirmaron que Funes concurría habitualmente al domicilio, solía quedarse a dormir y también aportaba dinero para el hogar, lo que demuestra una presencia constante.

El expediente también incluye los aportes de los médicos que atendieron a Thiago en el Hospital Papa Francisco. Una de las doctoras que intervino subrayó que el cuadro clínico no era compatible con una caída de la cama, como alegaron los imputados. El menor ingresó al hospital en estado crítico y fue derivado al Hospital Materno Infantil, donde se confirmó su fallecimiento por asfixia.

Todavía quedan estudios por realizar, como el cotejo genético de muestras tomadas al imputado, lo que podría aportar claridad sobre la mecánica del hecho y la responsabilidad de los acusados. Pese a estos elementos pendientes, hay una hipótesis que tiene más fuerza: a pesar de que la madre sabía la situación por la que atravesaban sus hijos, no hizo nada para detenerlo.

La Libertad Avanza presentó una acción popular de inconstitucionalidad -única provincia que lo aplica- ante la Corte de Justicia de Salta para frenar la reforma electoral provincial que ya fue aprobada en ambas cámaras.

La presentación, que fue confirmada a Infobae por el senador Roque Cornejo Avellaneda, cuestiona el mecanismo que permite que los votos de distintas listas de un mismo frente se sumen para definir al espacio más votado en las categorías de legisladores e intendentes, aunque excluye la de gobernador. Esto -sostuvo el legislador- “puede alterar el resultado en los próximos comicios".

La iniciativa de la reforma electoral había obtenido el rechazo de los 9 diputados provinciales de La Libertad Avanza, la radical Soledad Farfán y José Gauffín, del Bloque de la Reconquista. El proyecto pasó al Senado y también se aprobó.

La nueva ley de reforma electoral autoriza hasta cuatro listas por frente, elimina los pisos mínimos de votos para acceder al reparto de cargos y mantiene el sistema D’Hondt.

Ahora, ante este recurso jurídico presentado por LLA, el máximo tribunal provincial deberá resolver si la norma es compatible con la Constitución de Salta o si alguno de sus puntos debe ser invalidado antes de su aplicación electoral.

La demanda contra el mecanismo de acumulación de votos

El espacio libertario sostiene que la reforma habilita una mecánica por la cual el resultado final puede beneficiar a una fuerza política mediante la acumulación de votos entre distintos sublemas, incluso si un candidato individual no fue el más votado.

En un comunicado, LLA Salta definió la ley como “un atropello a la democracia y a las instituciones republicanas”. También afirmó que el sistema aprobado “distorsiona la representación real del elector”, porque desvirtúa el principio de elección directa de los representantes.

Para el partido, la reforma modifica el sentido del sufragio ciudadano y favorece a las estructuras con mayor capacidad territorial y organizativa. La fuerza insiste en que se trata de una ley de lemas encubierta, una caracterización que ya había utilizado durante la discusión parlamentaria.

La herramienta elegida fue una acción popular de inconstitucionalidad, prevista en la legislación salteña. Ese mecanismo permite a cualquier ciudadano pedir a la Corte la invalidez de una norma por presunta contradicción con la Constitución, sin necesidad de acreditar un perjuicio personal y directo.

La defensa del oficialismo y las críticas opositoras

Durante el tratamiento legislativo, el oficialismo rechazó esas críticas y sostuvo que la modificación actualiza el sistema electoral de la provincia. El objetivo declarado de la iniciativa fue ampliar la participación, ordenar la competencia tras la eliminación de las PASO y fijar nuevas reglas para la presentación de candidaturas.

El diputado Gustavo Dantur sostuvo entonces que la reforma “permitirá mayor claridad sobre las posturas políticas” y pidió “no subestimar al electorado”. En la misma discusión, la diputada Socorro Villamayor afirmó que el nuevo esquema “ordena la legislación después de los cambios de las PASO y amplía la participación ciudadana”.

La norma también incorporó exigencias adicionales para los postulantes, entre ellas narcotests obligatorios, y redefinió los plazos de presentación de listas. Para sus impulsores, esos cambios aportan transparencia e idoneidad; para sus detractores, forman parte de un rediseño que concentra poder en las cúpulas partidarias.

Las objeciones no provinieron solo de LLA. La radical Soledad Farfán y José Gauffín, del Bloque de la Reconquista, también cuestionaron el proyecto en la Cámara de Diputados salteña y advirtieron sobre una posible distorsión de la representación y sobre el costo político e institucional del nuevo esquema.

Con la demanda presentada, la controversia dejó de estar concentrada en la Legislatura y pasó al terreno judicial. La decisión de la Corte de Justicia de Salta determinará si la reforma puede aplicarse en los próximos procesos electorales o si el texto deberá ser revisado por sus presuntas incompatibilidades constitucionales.

Qué es una acción popular de inconstitucionalidad

La acción popular de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 92 de la Constitución Provincial, tiene por exclusivo objeto la declaración de inconstitucionalidad de una norma de alcance general contraria a dicha Constitución.

“Salta es la única provincia del país que la aplica en donde cualquier ciudadano puede presentar ante la Corte de Justicia esta acción jurídica”, sostuvo Cornejo Avellaneda a Infobae. Además, deberá contener cita expresa de la cláusula que sostenga haberse infringido y los fundamentos que motivan la pretensión, bajo pena de inadmisibilidad.

En su artículo 2 expresa que tramitará bajo las reglas del juicio sumario previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, como cuestión de puro derecho. Y en el siguiente articulado que la demanda se interpondrá ante la Corte de Justicia dentro del plazo de treinta días hábiles, computados desde la publicación de la norma de alcance general contraria a la Constitución Provincial.

A su vez, el Presidente de la Corte dará traslado de la demanda por ese lapso al Fiscal de Estado, salvo que la acción haya sido interpuesta por éste, como así también a los representantes legales de los municipios o a los funcionarios que ejerzan la titularidad de los organismos involucrados, cuando los preceptos emanaren de dichas entidades.

La Sala I de revisión de Salta ratificó la prisión preventiva de Ivana Portal, médica de Gendarmería Nacional, junto a una cosmetóloga y un comerciante, acusados por transportar e intentar robar 66 kilos de cocaína. El hecho ocurrió el domingo pasado en Rosario de la Frontera e incluyó disparos durante el intento de robo. Además, hay una cuarta implicada, identificada como A.I., que permanece en libertad bajo reglas de conducta y prohibición de salida del país.

El Ministerio Público Fiscal considera el caso de especial gravedad, ya que por primera vez en esa jurisdicción hay una integrante de Gendarmería vinculada a un presunto delito de narcotráfico. La investigación, que tiene un plazo de 70 días, ya incluyó diversas medidas de prueba y el levantamiento del secreto bancario de los imputados, según el Ministerio Público Fiscal.

Ivana Portal, médica en el hospital público de Tartagal, fue imputada por transporte agravado de estupefacientes debido a su condición de integrante de una fuerza de seguridad. La cosmetóloga, identificada como D.T., que viajaba con Portal rumbo a Rosario fue acusada por el mismo delito. El comerciante, J.T., de Rosario de la Frontera, fue imputado por tentativa de homicidio contra ambas mujeres y por confabulación para el tráfico de drogas. Su pareja fue acusada solo por este último delito.

El caso se inició cerca de las 9 de la mañana del domingo, cuando una vecina de El Potrero, en el departamento Rosario de la Frontera, alertó a la policía sobre dos mujeres que pedían auxilio tras ser perseguidas y atacadas a tiros. Un policía provincial identificó a las ocupantes del vehículo como la médica de Gendarmería y la cosmetóloga.

Las mujeres afirmaron que se dirigían a Rosario para asistir a un congreso. Relataron que, tras una consulta en una estación de servicio por parte del conductor de una camioneta blanca, fueron seguidas por ese vehículo y otra camioneta azul sobre la ruta nacional 34, desde donde les dispararon. Un proyectil rompió la luneta trasera, otros dos impactaron en la puerta y el lateral del auto, y otro dañó una rueda. Por ello buscaron refugio en El Potrero.

Durante la requisa inicial, los investigadores hallaron un doble fondo en el baúl de la Renault Duster, donde encontraron 64 paquetes de cocaína con un peso total de 66 kilos. Ambas mujeres quedaron detenidas y la causa pasó a la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad de Salta, que luego derivó el expediente al Área de Casos Complejos del fuero federal. Posteriormente detuvieron al comerciante, que viajaba hacia Tucumán en una Chevrolet Captiva conducida por su pareja.

La hipótesis principal

El fiscal federal Ricardo Toranzos, indicó que la causa está en sus primeras etapas y resta definir el rol de cada involucrado, así como identificar a otros posibles partícipes. Señaló que la condición de funcionaria de Portal pudo haber facilitado el paso por controles.

Como hipótesis principal, el Ministerio Público Fiscal consideró que el ataque fue una “mexicaneada”, es decir, fue parte de una disputa entre personas involucradas en el tráfico de drogas, no un robo al azar. Según la investigación, un grupo intentaba quedarse con un cargamento de droga que transportaba otro grupo.

El conductor, identificado como el comerciante imputado, escapó y fue detenido más tarde en el puesto de control de El Tala. El fiscal también destacó la presencia de efectivos de la Policía de Tucumán, quienes aseguraron haber llegado para colaborar, pero se retiraron tras el hallazgo de la droga sin informar a las autoridades de Salta, una conducta que aún se investiga.

El juez federal de garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, declaró legales las detenciones y ordenó las prisiones preventivas ante el riesgo de fuga, posible obstrucción de la investigación, la gravedad de los hechos y la severidad de las penas. Las defensas solicitaron el arresto domiciliario por problemas de salud, pero Bavio rechazó el pedido por falta de pruebas.

La apelación fue tratada por la Sala I, integrada por los jueces Santiago French, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Solá. En la audiencia, las defensas insistieron en los argumentos médicos, pero el fiscal sostuvo que no existían situaciones de urgencia y que la cosmetóloga había superado sus problemas de salud.

En el marco de la investigación por los incendios que devastaron más de 200 hectáreas en Cafayate, en el suroeste de Salta, detuvieron a un hombre. Según informó en las últimas horas la fiscal Sandra Rojas, el arresto se concretó tras una serie de diligencias que buscan establecer el origen del fuego y determinar las posibles responsabilidades penales en uno de los siniestros ambientales más graves registrados en la región.

El caso se inició a partir de la denuncia presentada por la Municipalidad de Cafayate, encabezada por la intendenta Rita Guevara, cuando el incendio arrasó con vegetación nativa, bosques protegidos y zonas de dunas, afectando un área que, según datos oficiales, superó las 200 hectáreas. La magnitud de los daños llevó al Concejo Deliberante de Cafayate a declarar el Estado de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en todo el departamento, medida que estará vigente durante 18 meses.

La investigación, sigue abierta y avanza con la recolección de declaraciones testimoniales, entrevistas y análisis de información aportada tanto por las personas encargadas de la finca donde se inició el fuego como por organismos como Defensa Civil. La Fiscalía también considera los movimientos de vehículos detectados en la zona durante los primeros momentos del incendio, en busca de pistas que permitan reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer si el fuego fue accidental, resultado de negligencia o provocado de manera intencional.

La detención del sospechoso responde a las tareas desplegadas en el terreno y a la colaboración activa de los equipos de emergencia. La audiencia de imputación fue fijada para el próximo lunes, mientras la fiscalía continúa con la producción de pruebas y no descarta nuevas medidas en el corto plazo.

En diálogo con El Tribuno, la fiscal afirmó: “Esto no es solamente un asunto de la Fiscalía, sino de toda la comunidad. Todos debemos colaborar para esclarecer lo ocurrido”. Además, indicó que si se haya culpable al aprehendido, la causa podría encuadrarse en el delito de estrago -figura que prevé de tres a diez años de prisión-.

El operativo por los incendios de Cafayate

El operativo de emergencia desplegado en la región involucra a la Brigada Nacional Centro, los Bomberos Voluntarios de Cafayate, los Bomberos de la Policía de Salta y personal especializado del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), bajo la coordinación de la Subsecretaría de Defensa Civil. Las cuadrillas trabajan con recursos terrestres y aéreos: incluyendo camiones cisterna, motobombas, además de aviones hidrantes turbohélice de más de 3.000 litros que ya realizaron más de 23 vuelos para combatir el avance de las llamas.

En paralelo, la Dirección General de Seguridad Vial desplegó operativos en la Ruta Nacional 68 para prevenir accidentes ante la reducción de visibilidad por humo y polvo. Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños en viviendas ni pérdidas de animales, aunque las consecuencias sobre el entorno natural son consideradas de largo alcance.

El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, subrayó el impacto ambiental del desastre: “El daño ambiental es cuantioso y sumamente importante porque estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura y lluvia; es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”.

Las condiciones meteorológicas dificultaron la tarea de los brigadistas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por vientos del sector oeste, con velocidades que superan los 70 km/h y ráfagas de más de 90 km/h, mientras que no se prevén lluvias en los próximos días.

El presidente de los Bomberos Voluntarios de Cafayate, Gabriel Domingo, advirtió que “la alta temperatura del siniestro produce esterilidad del suelo y una capa de ceniza que dificulta el retorno de nutrientes. Para reforestar necesitaríamos planificar un sistema de riego, porque el recurso más escaso que tiene Cafayate es el agua”.

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán enfrenta un nuevo episodio de violencia tras el fallecimiento de un hombre de 26 años que fue atacado con un arma blanca. El hecho sucedió el miércoles en el barrio Caballito, ubicado en Salta, cuando una discusión entre un grupo de amigos desencadenó un enfrentamiento fatal.

La policía de Salta detuvo a un joven de 22 años que estuvo presente durante el ataque. De acuerdo con los primeros indicios, el sospechoso sería parte del círculo de conocidos de la víctima -serían amigos de la infancia-. Las autoridades informaron que el detenido permanece bajo custodia. Mientras se desarrollan las actuaciones judiciales para esclarecer su grado de participación y las causas del conflicto.

Según informaron medios de la provincia, los jóvenes estaban bebiendo en la vía pública cuando se desató la pelea. Aunque la juntada habría comenzado de forma pacífica, los presentes comenzaron a discutir y uno de los presentes extrajo un cuchillo y agredió a la víctima. La identidad del joven asesinado todavía no se difundió oficialmente.

Vecinos intentaron auxiliarlo, pero las lesiones le costaron la vida y la llegada de los servicios de emergencia y de la policía provincial confirmó el deceso. El personal especializado preservó la escena y recabó pruebas para dar solidez a la investigación. El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para completar los estudios forenses.

Tras la muerte, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quedó a cargo de la investigación y ordenó la intervención de personal de Criminalística y la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Los especialistas realizaron las pericias correspondientes en la intersección de las calles 17 de Octubre y Natalio Roldán, donde tuvo lugar el ataque.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron que el acusado afronta cargos por homicidio simple, aunque la carátula podría modificarse conforme surjan nuevos elementos. El procedimiento de indagatoria y el análisis de las pruebas recolectadas en el lugar serán determinantes para definir la situación procesal del imputado.

“El caso se investiga como un hecho de extrema gravedad que se inscribe en el contexto de violencia urbana que afecta a Orán”, expresaron fuentes judiciales. Sumando esta violenta muerte, San Ramón de la Nueva Orán acumula una serie de episodios, muchos de ellos relacionados con el consumo de alcohol y sustancias ilícitas. Con una tasa de homicidios que alarma, vecinos de la zona advierten sobre la presencia de redes de narcotráfico y la falta de controles efectivos.

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el joven de 26 años falleció por un shock hipovolémico causado por una lesión en la arteria aorta, producida por un arma blanca. Sin embargo, la investigación sigue a la espera de los resultados de las pericias forenses y de la declaración de nuevos testigos. La fiscalía local solicitó la colaboración, razón por la que muchos vecinos ya prestaron declaración ante la policía.

El presunto autor del homicidio, un joven de 22 años, fue demorado en el lugar del hecho y será imputado en sede fiscal. Según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal, la audiencia de imputación está prevista para las próximas horas y se mantendrán todas las medidas de rigor mientras avanza la investigación.

El caso de barrio Caballito se suma a una lista de hechos violentos que golpean a San Ramón de la Nueva Orán, reforzando la preocupación de la población y el desafío de las autoridades por frenar la escalada de homicidios y recuperar la tranquilidad en los barrios más afectados.

La Galería Julia Baitalá abrirá el 4 de julio en Villa Crespo la muestra Nocturno, dedicada a seis tapices de "Pajita" García Bes, con una lectura curatorial que presenta esa serie como una intervención directa en una disputa de fondo: la obra textil no como arte aplicado, sino como un lenguaje autónomo dentro de la plástica argentina.

La exhibición, que cuenta con curaduría de Solana Franzini, coincide con el 3º aniversario de la galería y reúne piezas realizadas entre 1973 y 1977, que nunca fueron mostradas en conjunto en Buenos Aires.

García Bes toma la tradición precolombina, en especial la cultura de Paracas y su textilería, para representar relatos y leyendas de las civilizaciones de la América antigua a través de formas planimétricas en un cruce que “coquetea con la modernidad”.

Franzini definió el núcleo conceptual del proyecto con una frase que ordena la muestra desde su título hasta sus imágenes: “Todo aquello que sucede en la noche cabe bajo el término nocturno”. La curadora amplió esa idea al señalar que la noción también abarca “aquellos fenómenos celestes u observaciones astronómicas que ocurren cuando no hay luz solar”, además de una pieza instrumental íntima y una composición literaria con la noche como escenario.

La propuesta de la sala pone ese marco en relación con una secuencia visual precisa: la luna como centro, perros que ladran, un búho entre las sombras y mujeres que danzan entre pájaros hasta la aparición del sol. Esa trama es la que el espacio exhibirá como puerta de entrada a una zona central del legado del artista salteño.

“Pajita García Bes, el pintor, hace del tapiz una categoría suficiente”. Con esa definición, la muestra instala el argumento principal de la exhibición: el tapiz aparece no como soporte secundario, sino como una forma plena de producción artística. Y agrega: “Supera el viejo conflicto entre arte y artesanía”.

La curadora agregó que ese relato “narra la historia del territorio y de las raíces indígenas que, como germen esencial de la tierra americana, recopilan el aura de nuestra Salta”. La muestra enlaza así la escena nocturna con una memoria cultural y geográfica anclada en la provincia donde nació el artista.

Carlos Luis “Pajita” García Bes (Salta, 1914-1978) se formó en Buenos Aires, en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, donde egresó como Profesor Nacional de Dibujo en 1938 y Profesor Superior de Pintura en 1942.

Fue “un inmenso artista, investigador, docente y gestor cultural salteño”, que tras su regreso a Salta en 1942 marcó el inicio de un proceso de revalorización del tapiz. Además, fue fundador de la Escuela de Bellas Artes Tomás Cabrera y del Mercado Artesanal, además de director de Cultura.

La biografía sumada por la galería incorpora otro dato sobre su circulación: su taller textil, identificado con el sello El Caburé, lo convirtió en el único artista del interior de Argentina incluido por la crítica Rosa Faccaro en la movida internacional del Centro Internacional de la Tapicería Antigua y Moderna de París. El texto añade que llegó a exponer en espacios de Francia y España.

*“Nocturno”, de Pajita García Bes, inauguración sábado 4 de julio a las 17:00 en la sede de la galería, en Antezana 150, en el barrio porteño de Villa Crespo. La muestra podrá visitarse hasta el 14 de agosto de 2026.

Un hombre fue condenado a ocho años de prisión por abusar sexualmente de su hijo menor de edad en Salta.

La presentación contra el hombre de 29 años estuvo en manos de la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, quien actualmente se desempeña de manera interina en la Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS).

El imputado enfrentaba cargos por delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el vínculo y por la guarda, en perjuicio de su propio hijo, un menor de nueve años.

La audiencia, desarrollada ante la jueza del distrito Centro Sandra Espeche, concluyó con un acuerdo de juicio abreviado. En ese marco, el acusado confesó los hechos y se llegó a una resolución consensuada entre las partes. La jueza dictó una condena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo y ordenó la incorporación del condenado al Banco de Datos Genéticos.

El caso fue denunciado tras conocerse que el hombre habría aprovechado la ausencia de la madre del menor y la convivencia cotidiana, así como la relación de autoridad propia del vínculo paterno-filial, para perpetrar actos continuados de abuso sexual entre los meses de marzo y junio del corriente año. La situación de vulnerabilidad de la víctima fue señalada como un factor agravante en la imputación.

Según la denuncia, los abusos ocurrieron en diversos momentos entre marzo y junio de este año.

Enjuician a un hombre que abusó del bebé de su ex pareja

Hace dos semanas, un hombre de 35 años comenzó a ser enjuiciado en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, acusado de abusar sexualmente de su ex pareja y la beba de 11 meses de la mujer. Los hechos sucedieron entre 2021 y 2023. Otro menor fue víctima de agresiones y amenazas.

El proceso, que se desarrolla en el Tribunal Penal Dos de la capital provincial, abarca hechos que involucran a su ex pareja, la hija menor de edad de ambos y el hijo de la mujer.

V. E. llega a esta instancia judicial con cargos que incluyen desobediencia judicial, abuso sexual con acceso carnal en concurso real, abuso sexual sin acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, amenazas reiteradas y lesiones leves reiteradas.

La causa se concentra en un patrón de violencia y desobediencia a las órdenes judiciales, situaciones que, según la acusación, se extendieron durante más de dos años. El fiscal Vladimir Glinka está a cargo de la presentación de las pruebas y la exposición de los hechos, que describen un entorno familiar marcado por el temor y la vulneración de derechos.

De acuerdo a lo informado por el portal El Territorio, el Tribunal Penal Dos abrió el debate oral con la exposición de los cargos, en una jornada que reunió a testigos, familiares y profesionales vinculados a la causa. El juicio, organizado en tres audiencias, prevé la declaración de la denunciante, así como de especialistas y otros testigos que aportarán elementos claves para el análisis de los hechos.

En línea con la acusación del Ministerio Público Fiscal, V. E. habría incumplido en reiteradas oportunidades una orden de prohibición de acercamiento y exclusión del hogar, dictada por el Juzgado de Paz de Concepción de la Sierra. Entre los episodios señalados, se destaca un hecho ocurrido en marzo de 2023, cuando el imputado habría ingresado a la vivienda de su ex pareja pese a estar vigente la restricción.

Luego de 15 años del asesinato de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en Salta, la investigación judicial realizó pericias en Francia que arrojan nuevos indicios sobre el caso. En este marco, se sumaron nuevas medidas en París, con el objetivo de profundizar el análisis de pruebas recolectadas en la causa original y avanzar con las pesquisas que siguen abiertas.

Cabe recordar que las turistas francesas fueron encontradas sin vida en la Quebrada de San Lorenzo, en la provincia de Salta, en julio de 2011. La investigación identificó como principales acusados a Gustavo Lasi, Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera, imputados por abuso sexual y homicidio agravado. Lasi recibió condena a prisión perpetua. Vilte Laxi también enfrentó penas de cárcel, aunque Vera fue absuelto por la Corte Suprema.

Las pericias continúan bajo análisis porque persisten dudas sobre la responsabilidad de algunos de los condenados y la existencia de posibles irregularidades en la investigación inicial. En septiembre de 2025, la justicia francesa abrió una nueva causa tras la denuncia presentada por Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, para investigar posibles irregularidades y profundizar en el esclarecimiento del crimen.

Cassandre Bouvier, de 29 años, y Houria Moumni, de 23, dejaron el hostal en el que se alojaban en la ciudad de Salta para realizar una caminata por la Quebrada de San Lorenzo el 15 de julio. Al no regresar, sus familiares y amigos dieron aviso a las autoridades, que comenzaron la búsqueda en la zona. Cinco días después, la policía encontró los cuerpos de ambas turistas con signos de violencia y abuso sexual.

Las medidas centrales fueron en el laboratorio de la Gendarmería Nacional de París, de remanentes de muestras biológicas conservadas desde la investigación original y enviadas en su momento por el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires. La unidad fiscal quedó a la espera de esos resultados para incorporarlos y evaluarlos dentro de la causa.

En los análisis realizados originalmente en el laboratorio argentino, se identificó en una de las muestras tomadas del cuerpo de Cassandre Bouvier un perfil genético parcialmente coincidente con la línea paterna de Santos Clemente Vera. Sin embargo, cuando especialistas franceses repitieron el estudio en laboratorios de París, no detectaron ese mismo rastro genético.

Por otro lado, se recibieron declaraciones testimoniales de genetistas del Laboratorio de Nantes que intervinieron en estudios durante la primera investigación. Sostuvieron que las diferencias se atribuyen a que los equipos trabajaron sobre partes distintas del hisopo con material biológico, lo que podría haber influido en los resultados y generó dudas sobre la solidez de la prueba que había sostenido la acusación contra Vera.

Los especialistas franceses señalaron que los perfiles genéticos masculinos detectados en el pantalón de una de las víctimas resultan incompletos y no son aptos para cotejos comparativos, ya que podrían corresponder a ADN degradado. Además, entregaron a las autoridades toda la documentación técnica relacionada con el perfil genético femenino hallado en el cuerpo de Cassandre Bouvier, material que permitirá avanzar en nuevos análisis y en la evaluación de posibles comparaciones futuras.

El médico legista francés que realizó las autopsias rectificó su informe inicial sobre la data de muerte: mientras en un primer momento la ubicó entre siete y nueve días antes del hallazgo, reconoció que el estudio entomológico desarrollado en Salta estableció un período más preciso, de entre 14 y 15 días previos al descubrimiento de los cuerpos.

Durante las nuevas diligencias en París, también declararon integrantes de la Universidad de La Sorbona, donde ambas jóvenes participaban de un coloquio académico, quienes confirmaron que las víctimas viajaron a Salta por turismo. Estas personas no habían sido citadas en la investigación original.

En paralelo, en Argentina, la Unidad Fiscal Especial creada en febrero de 2025 continúa la pesquisa y lleva adelante una causa por presunta falsedad ideológica contra personal policial que intervino en la instrucción inicial. Se investiga si funcionarios consignaron datos falsos sobre el hallazgo de balas en la escena del crimen y si existieron otras irregularidades que afectaron la recolección y el registro de pruebas.

Un preceptor de 52 años fue condenado a diez años de prisión efectiva por producir material de abuso sexual de una alumna de 16 años en la provincia de Salta. El caso se inició cuando la madre de la adolescente descubrió, en febrero, que su hija mantenía contacto por WhatsApp con el hombre, quien trabajaba en el colegio al que ella asistía.

La investigación, llevada adelante por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia Sofía Cornejo, del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, permitió establecer que los contactos telefónicos derivaron en encuentros presenciales en el domicilio del acusado. Fue allí donde el preceptor obtuvo fotografías y videos de contenido sexual de la menor, según informó el MPF.

La detención se concretó mediante un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías 8 del distrito Centro, ejecutado por personal de la Unidad de Investigación UDIS en la zona oeste de la ciudad de Salta. En ese procedimiento se secuestró toda la evidencia digital disponible para su análisis posterior.

La jueza del distrito Centro Gabriela González dictó el veredicto condenatorio a través de un juicio abreviado, modalidad en la que el acusado reconoció su responsabilidad ante el tribunal. Las partes acordaron la pena de diez años de cárcel de ejecución efectiva, y la magistrada dispuso además su incorporación al Banco de Datos Genéticos, según precisó el MPF en su comunicado.

González lo halló culpable de los delitos de corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación, producción de material de abuso y/o explotación infantil, tenencia de ese mismo tipo de material y grooming agravado por la participación de menores de 13 años, todos en concurso real. La agravante por su rol como educador resultó determinante en la calificación jurídica de los hechos.

El material de abuso sexual infantil (MASI) está tipificado en el artículo 128 del Código Penal argentino, con penas de entre tres y seis años de prisión. Cuando la víctima tiene menos de 13 años, la norma prevé una agravante específica. La legislación vigente no distingue entre contenido real y aquel generado mediante inteligencia artificial (IA): ambos quedan comprendidos bajo la misma protección de la integridad y los derechos de niños y adolescentes.

El grooming, en tanto, es una práctica de abuso y manipulación en línea en la que un adulto establece una relación de confianza con un menor —y frecuentemente también con su entorno familiar— con el objetivo de obtener imágenes de contenido sexual, concretar encuentros físicos o ejercer explotación sexual. En Argentina, el artículo 131 del Código Penal lo penaliza con prisión de entre seis meses y cuatro años. En España, el artículo 183 ter del Código Penal contempla penas de hasta tres años.

El proceso judicial recorrió varias etapas desde la denuncia inicial. Tras la detención del sospechoso, la fiscal Cornejo solicitó al Juzgado de Garantías 8 su prisión preventiva mientras se procesaba la evidencia digital incautada. En esa instancia, el imputado fue asistido por un defensor oficial y se abstuvo de declarar. Con el avance de la pesquisa, la fiscalía logró individualizar conductas delictivas adicionales a las que motivaron la detención original, lo que amplió el pliego de cargos que finalmente se llevó a juicio.

El caso expuso el funcionamiento del protocolo de investigación en delitos digitales contra menores, en esta oportunidad en la Justicia de la provincia de Salta: la cadena que va desde la denuncia de un familiar hasta el secuestro de dispositivos, el análisis forense del material y la imputación formal. La fiscal especializada en Ciberdelincuencia tuvo a su cargo cada una de esas etapas, según surge de las comunicaciones del MPF salteño.

El wéstern que protagonizaron una médica de Gendarmería y su amiga cosmetóloga, a partir del hallazgo de unos 70 kilos de cocaína en el baúl del auto en el que se desplazaban por Ruta Nacional N°34, en Salta -luego de que perseguidas y baleadas en un intento de “mexicaneada”- tuvo un nuevo capítulo este martes con la audiencia de formalización de la investigación, presidida por el juez federal Julio Leonardo Bavio.

En primer lugar, ambas mujeres cumplirán prisión preventiva por 60 días por transporte de estupefacientes (fueron 66,700 kilos, según el pesaje final), en carácter de coautoras, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Además, el fiscal Ricardo Toranzos presentó la acusación contra José Alfredo Troichuque, un hombre de 39 años al que apodan “Xuxa”. Bavio dictaminó 60 días de detención para él también por tentativa de homicidio y configuración para realizar delitos de narcotráfico.

Durante la jornada, Toranzos reveló algunos detalles desconocidos del caso que tiene rivetes muy particulares incluso para los experimentados agentes judiciales que intervienen en el expediente.

El fiscal hizo un relato de la secuencia, ocurrida este domingo cerca de las 9 de la mañana, que involucró a Ivana Georgina Portal (alferez, médica y pareja del chofer del jefe del Escuadrón de Tartagal) y Delia Yolanda Tame (conocida cosmetóloga en la zona), mientras viajaban en la ruta cerca de El Potrero, una localidad del departamento Rosario de la Frontera, con unos 350 habitantes.

En ese lugar, fueron interceptadas por dos camionetas, una blanca y otra azul. “Sus ocupantes pretendían que se detengan para robarle la drogra que llevaban en la Renault Duster en la que circulaban”, resumió una fuente sobre el intento de “mexicaneada”. Las mujeres se resistieron y escaparon. Les dispararon.

Portal y Tame ingresaron a El Potrero e intentaron ocultarse en una casa. “Se agazaparon con miedo”, describieron fuentes del caso. “Los vecinos llamaron a la Policía, no fueron ellas”, agregaron.

“Es raro que Portal, siendo de la fuerza, no se haya comunicado con Gendarmería ante la emergencia”, deslizó un detective sugiriendo que la médica, aunque no era propietaria del vehículo y no lo conducía, no desconocía la carga oculta en el baúl que quedó a la luz debido a que uno de los plomos provocó una rajadura en la chapa.

Minutos más tarde, un policía del pueblo llegó a la escena y les preguntó que había pasado. Las sospechosas aseguraron que habían sido víctimas de un intento de robo. Pero algo más sucedió. En ese momento, una Amarok blanca, sin patente, pasó frente a ellos. “Esa es una de las camionetas que nos atacó”, señalaron las mujeres.

El efectivo reconoció inmediatamente al chofer: se trataba de “Xuxa”. Sucede que el ahora imputado contaba con historial delictivo en Metán, donde el agente había prestado servicio. Le dieron la voz de alto, pero “Xuxa” se dio a la fuga.

Sin embargo, fue capturado camino a Tucumán. Iba en otro vehículo y en compañía de su mujer, Adriana Angélica Ita, quien también fue aprehendida e imputada por configuración para realizar delitos de narcotrafico, aunque Bavio decidió que continúe el proceso en libertad.

Para sumarle complejidad a la causa, se investiga el papel que jugaron cuatro policías tucumanos que aparecieron en la escena donde se escondieron la médica y la cosmetóloga, es decir, a 20 kilómetros de distancia de su jurisdicción, en una camioneta.

“Además, no persiguieron a la camioneta que se escapaba con el hombre identificado por las víctimas. Sospechamos que participaron de la mexicaneada”, reveló una fuente. Justificaron su presencia por el supuesto aviso de transeúntes y se retiraron sin dar explicaciones. La fiscalía no les creyó.

Por esa razón, se allanó el destacamento policial 7 de abril de Tucumán y se secuestraron las armas a los efectivos para realizar pericias balísticas respecto a los daños que sufrió la Duster.

Detectives que conocen cómo operan las organizaciones narco de la zona, señalaron que existe un grupo, liderado por un clan, que ejecuta “mexicaneadas” de sus propios envíos para evitar pagar el transporte de la droga. Asimismo y de esta manera, las personas que debían hacer el traslado contraen una deuda con la banda.

El cocodrilo

Hay más. Los ladrillos embalados con cinta amarilla que llevaban Portal y Tame tienen como distintivo la imagen de un cocodrilo.

Esa característica llamó rápidamente la atención de los agentes judiciales que actúan en el caso debido a que, ese mismo día, se realizaron otros procedimientos en los que se hallaron paquetes de cocaína con el reptil, un tigre y una araña. Todos ocurrieron en la ruta 34 en la zona de El Naranjo.

Tal como puede verse en el video que acompaña esta nota, 25 ladrillos de la droga fueron hallados en el tanque de combustible de un Chevrolet Onix.

“Creemos que detrás de esos cargamentos está una misma banda y que quisieron aprovechar que el partido del sábado de la Selección Argentina para hacer los traslados”, resumieron.

El municipio de Cafayate prohibió mediante resolución oficial los loteos en las zonas afectadas por los incendios forestales que consumieron más de 200 hectáreas de bosque nativo en la localidad salteña, en medio de una investigación judicial que busca determinar si el fuego fue accidental, negligente o deliberado. La medida apunta a frenar emprendimientos que deriven de presuntos actos intencionales, en una región de alto valor ecológico y turístico, mientras las brasas aún permanecen latentes bajo las cenizas.

La intendenta Rita Guevara firmó la resolución 179/26, que prohíbe nuevos emprendimientos sobre los terrenos quemados e impide aprobar subdivisiones o urbanizaciones que contradigan las restricciones establecidas. La decisión se tomó ante la sospecha de un posible interés de desarrollo inmobiliario en Cafayate, una localidad enclavada en los Valles Calchaquíes que combina un perfil turístico consolidado con una producción vitivinícola de referencia provincial.

El origen de la medida se remonta a los primeros días de junio, cuando se registraron dos focos simultáneos en una zona de fincas, circunstancia que despertó las sospechas de las autoridades. Ante ese escenario, Guevara presentó una denuncia penal para que la justicia establezca si los incendios respondieron a causas naturales, negligencia o una acción premeditada.

La resolución también ordenó la creación de un Registro Municipal de Áreas Afectadas por Incendios Forestales, con el objetivo de identificar, georreferenciar y resguardar las superficies dañadas. A su vez, la intendenta solicitó la colaboración de organismos provinciales y nacionales para delimitar con exactitud los sectores comprometidos.

La fiscal Sandra Rojas recorrió la zona afectada el 24 de junio y confirmó que la investigación judicial permanece abierta. “La fiscalía y el Ministerio Público Fiscal de Salta está comprometida desde el primer momento con la investigación para identificar a los responsables de este hecho tan lamentable", declaró ante la prensa local. Rojas describió las pérdidas ambientales como “impactantes” y “muy difíciles de dimensionar”.

El fuego, activo por más de dos semanas al momento del recorrido de la fiscal, afectó vegetación nativa en un área de dunas y bosques protegidos. La magnitud del siniestro llevó al Concejo Deliberante de Cafayate a declarar el Estado de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en todo el departamento por un plazo inicial de 18 meses.

El operativo de emergencia desplegado en la región integró a la Brigada Nacional Centro, los Bomberos Voluntarios de Cafayate, los Bomberos de la Policía de Salta y personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y la Subsecretaría de Defensa Civil. Las cuadrillas trabajaron coordinadas por tierra y aire, con camionetas 4x4, camiones cisterna, motobombas y herramientas especiales.

Las autoridades provinciales incorporaron dos aviones hidrantes turbohélice de más de 3.000 litros de capacidad a las tareas de combate. El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, confirmó que se realizaron más de 23 vuelos y subrayó el alcance de los daños: “El daño ambiental es cuantioso y sumamente importante para nosotros los cafayateños porque estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura, de lluvia; es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”, expresó.

Los equipos también trabajaron en enfriar el suelo, asegurar los bordes del incendio y verificar que no quedaran brasas activas en zonas de difícil acceso. En horas de la tarde del domingo previo al recorrido de la fiscal, el monitoreo detectó dos nuevos puntos calientes que provocaron el reinicio de focos en sectores denominados “islas”, alejados de las áreas más comprometidas.

El presidente de los Bomberos Voluntarios de Cafayate, Gabriel Domingo, advirtió que las ráfagas de viento zonda sorprendieron a las cuadrillas y favorecieron la propagación. Algunos brigadistas sufrieron quemaduras leves e inhalación de humo durante las tareas. Domingo también alertó sobre las secuelas a largo plazo: la alta temperatura del siniestro produce esterilidad del suelo y genera una capa de ceniza que dificulta el retorno de nutrientes. “Para reforestar necesitaríamos planificar un sistema de riego, porque el recurso más escaso que tiene Cafayate es el agua”, advirtió el funcionario, según el mismo medio.

Cerca de las 10 de la mañana de este domingo una médica de Gendarmería fue detenida en Tartagal (Salta) luego de denunciar un intento de asalto y, al revisar el vehículo en el que se movilizaba con otra mujer, la Policía encontró unos 70 kilos de cocaína ocultos en el baúl del auto en el que se movilizaban.

El curioso episodio fue protagonizado por Ivana Georgina Portal, de 39 años, calificada como irrecuperable por el sistema financiero y pareja del chofer -también gendarme- del jefe del Escuadrón de esa ciudad salteña, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Pero la trama previa al hallazgo de la droga es aún más llamativa. Sucede que Portal y su acompañante, Delia Yolanda Tame, una conocida cosmetóloga de 35 años, llamaron a la Policía luego de protagonizar una escena de película cuando transitaban por la Ruta N°34.

Según relataron a la Policía de Salta, fueron interceptadas por otro vehículo, tipo camioneta, de color blanca sin patente la parte de atrás. Al resistirse al supuesto asalto, los ocupantes realizaron disparos. Lograron escapar sin un rasguño, aunque los plomos reventaron el vidrio trasero y una cubierta. Se detuvieron a la altura del ingreso de la localidad de El Potrero.

Lo que no habían advertido las mujeres -amigas- es que una de las balas había levantado la chapa de un doble fondo en el baúl del auto que Tame manejaba. La rajadura puso en evidencia los ladrillos de cocaína, de color amarillo, que trasladaban a Buenos Aires. Ambas fueron detenidas.

Investigadores indicaron a este medio que es probable que el ataque haya sido parte de una falsa “mexicaneada” (el robo de cocaína de una banda a otra) y que las víctimas temieron por su vida, razón por la que se comunicaron con las autoridades, pese al riesgo de ser descubiertas.

Y hay algo más, en ese lugar, se había registrado una secuencia similar. Los detectives creen que se trata de una modalidad de un grupo narco de la zona que organiza los envíos y, también, las mexicaneadas. “Se roban así mismos para no pagar el transporte. Y las personas a las que le sacan la droga, quedan en deuda con ellos”.

Según esta línea, la médica y la cosmetóloga tienen un problema más grande que la prisión. De acuerdo a las fuentes, el cargamento tendría relación con un clan narco que opera en Tartagal.

La muerte de Thiago Altamirano, un niño de dos años en la ciudad de Salta, dio lugar a una investigación penal y abrió un debate sobre la actuación de los organismos estatales encargados de la protección infantil. El caso es investigado como un posible homicidio debido a que el menor ingresó al hospital el lunes 15 de junio con lesiones graves y golpes que los médicos consideraron incompatibles con la versión de una caída de la cama.

El caso tomó relevancia a partir de que la Justicia había emitido una advertencia formal sobre la situación de vulnerabilidad del menor casi siete meses antes de su fallecimiento. La jueza María Carolina Cáceres Moreno dispuso medidas de protección para Thiago y su hermano en diciembre de 2025, tras la denuncia presentada por el abuelo.

La intervención judicial se produjo a raíz de la denuncia del abuelo paterno, Ciro Altamirano, y que las medidas adoptadas tenían como objetivo resguardar la integridad física y psíquica de los menores. El monitoreo policial diario no fue permanente desde la primera advertencia judicial, sino que se implementó recién entre el 14 y el 22 de junio de 2026, tras las nuevas demandas.

Sin embargo, los informes oficiales sostienen que no se detectaron señales de violencia por parte de la madre. Según El Tribuno, la Justicia ya había advertido el riesgo y ordenado medidas de protección en diciembre de 2025, casi siete meses antes de esas rondas policiales, lo que generó cuestionamientos sobre la eficacia del monitoreo institucional.

La investigación penal busca esclarecer las responsabilidades directas en la muerte del niño, cuyo deceso fue notificado inicialmente como asfixia. Posteriormente, se detectaron lesiones y golpes incompatibles con la versión aportada por la madre y Funes, quienes señalaron que el niño se había caído de la cama. El menor ingresó al Hospital Papa Francisco en estado crítico y fue derivado al Hospital Materno Infantil, donde falleció pese a los intentos médicos.

María del Milagro Cuéllar, madre de Thiago, y su pareja, Franco Nicolás Funes, permanecen detenidos mientras avanza la causa que investiga las circunstancias de la muerte del menor. Funes es el principal acusado por el homicidio, aunque existen versiones que ponen en cuestión la relación de pareja entre ambos y describen un entorno familiar marcado por la vulnerabilidad.

En el entorno de Franco Funes surgieron versiones que afirman que no mantenía una relación estable con la madre de Thiago y que al llegar a la vivienda encontró a los niños en condiciones de desnutrición y con signos de violencia. Alegan que ayudó económicamente a la mujer para adquirir comida, aunque la causa judicial continúa bajo secreto de sumario y busca determinar la veracidad de estos testimonios.

El expediente judicial detalla que la magistrada intimó a la madre a abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia contra sus hijos Thiago y Valentín, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia judicial. Además, la resolución, firmada el 2 de diciembre de 2025, dispuso rondas policiales diarias, informes socioambientales y la intervención de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. La jueza también ordenó que la madre acudiera a un centro de consulta de la Secretaría de Adicciones para evaluar una posible situación de consumo problemático.

La causa penal continúa en curso y la Justicia local investiga no solo las responsabilidades de los adultos a cargo, sino también la actuación de los organismos estatales convocados a intervenir desde la primera denuncia. La situación de riesgo había sido advertida formalmente desde el año pasado, lo que mantiene abierto el debate sobre la eficacia del sistema de protección a la infancia en la provincia de Salta.

Un chofer de remis de 46 años enfrenta una acusación formal por abuso sexual con acceso carnal, lesiones y privación ilegítima de la libertad, tras un hecho ocurrido en septiembre de 2025 en la ciudad de Salta. La víctima, una mujer que había salido de un boliche bailable, denunció que el conductor la agredió sexualmente dentro del vehículo luego de que los otros pasajeros descendieran, quedando a solas con el acusado.

La mujer perdió el conocimiento durante el viaje y al despertar, se hallaba en el asiento delantero del automóvil, desorientada y con signos físicos compatibles con abuso sexual. La denunciante relató que, al solicitar que la llevaran a su domicilio, el conductor se dirigió hacia una zona de descampados.

La situación se agravó cuando, en presencia de empleados de una empresa y de un efectivo policial, el vehículo redujo la velocidad. La mujer intentó descender, pero el conductor aceleró bruscamente, lo que provocó que fuera arrastrada varios metros.

Finalmente, la víctima fue asistida por personal policial, quienes la trasladaron a un centro de salud, donde recibió atención médica. El efectivo que intervino logró anotar la patente del vehículo, dato que resultó determinante para identificar tanto al propietario del vehículo como al acusado, quien alquilaba el automóvil para prestar servicio de remis.

Durante la investigación, la Fiscalía dispuso múltiples medidas probatorias: informes médicos, análisis de cámaras de seguridad, testimonios, inspección y pericia del automóvil e informes psicológicos para la víctima. Un punto central de la acusación es el resultado de la pericia genética practicada por el Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que detectó material biológico del imputado en el cuerpo y la ropa de la denunciante.

De acuerdo con la fiscal Morales Torino, estos elementos, junto con el resto de las pruebas reunidas, permiten considerar acreditada la existencia de los hechos denunciados y la presunta responsabilidad penal del acusado. Ahora, la Oficina Judicial deberá sortear al juez encargado del control de la acusación. Una vez designado, se convocará a las partes a la audiencia correspondiente, donde se definirá si la causa avanza hacia la etapa de juicio.

En Argentina, el abuso sexual con acceso carnal (artículo 119, tercer párrafo del Código Penal) prevé una pena de seis a quince años de prisión. Si concurren otras figuras como privación ilegítima de la libertad (artículo 142) y lesiones leves (artículo 89), el tribunal puede aplicar penas en concurso real, lo que sumaría los mínimos y máximos de cada delito, aunque existe un límite legal para las penas acumuladas.

Trabajaba como remisero y tenia pedido de captura por abuso sexual

Un hombre de 65 años prófugo por abuso sexual con acceso carnal contra una menor fue detenido en Misiones a fines de marzo mientras trabajaba de remisero. El acusado fue buscado por un hecho ocurrido en Zárate mientras convivía con la víctima al momento del ataque.

El operativo se activó cuando el sospechoso tramitó un nuevo ejemplar de su DNI, un paso que permitió a los investigadores rastrearlo. Al actualizar sus datos biométricos, declaró un domicilio en Corpus, aunque las tareas de vigilancia establecieron que se había instalado en Oberá, donde trabajaba como remisero para pasar inadvertido.

La captura fue coordinada por la Policía Federal Argentina y el Departamento de Investigaciones Complejas NEA. Los agentes obtuvieron un dato clave: el hombre tenía previsto llevar su auto a la VTV en una fecha determinada, por lo que montaron un operativo cerrojo en la intersección de la Ruta Nacional 14 y la Ruta Provincial 5.

El sospechoso fue interceptado en la vía pública mientras circulaba en su vehículo de trabajo. No ofreció resistencia y confirmó su identidad. El detenido quedó alojado en una dependencia policial a la espera de su traslado a la provincia de Buenos Aires. En el caso interviene el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo del juez Mariano Agustín Chausis, que deberá indagarlo.

El reciente hallazgo de restos óseos y prendas en la zona de El Palmar, en el chaco salteño, reavivó la investigación sobre el paradero de Rosmery Aramayo Torres, una mujer de Salvador Mazza cuyo rastro se perdió a inicios de 2025. La localización de los restos fue notificada por un poblador local a la policía, en inmediaciones del paraje Curva de Juan, a unos 60 kilómetros al este de la intersección entre la ruta nacional 34 y la provincial 54.

Rosmery Aramayo Torres fue vista por última vez el 17 de enero de 2025 en su domicilio del barrio Ferroviario de Salvador Mazza. Las cámaras de seguridad la registraron poco después, junto a su pareja, José Eduardo Miranda, a bordo de una camioneta doble tracción sobre la ruta nacional 34, en dirección a la ruta provincial 54, hacia el chaco salteño.

Su pareja, José Eduardo Miranda, declaró inicialmente que ella se había marchado voluntariamente, pero su testimonio fue desestimado por contradicciones. Miranda fue imputado por femicidio y permanece detenido. La causa, ahora caratulada como femicidio, fue elevada a juicio oral y público.

Un año y medio después de la desaparición, un lugareño reportó el hallazgo de restos óseos y prendas en inmediaciones del puesto Curva de Juan. El jefe de la Brigada de Investigaciones N° 4 de Tartagal, comisario Diego Aguirre, comentó que la denuncia fue realizada a través del sistema de emergencias 911. “A partir de allí, de forma inmediata se pasó la información a la fiscalía GAP, que dispuso una serie de medidas”, explicó el funcionario policial.

En el lugar, además de los restos y prendas, se halló una cuerda o cinto en la zona del cuello, aunque las fuentes oficiales mantienen reserva sobre ese detalle. La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas aclaró que todavía no existe confirmación sobre la identidad de los restos, que fueron enviados a laboratorios de alta complejidad para análisis de ADN y peritajes forenses.

Durante el procedimiento también se encontró una cuerda o cinto en la zona que correspondería al cuello de los restos encontrados. “Si bien se han encontrado los restos óseos aún no podemos determinar a quién pertenecen. Los equipos científicos deberán establecer si es posible recuperar material genético”, indicó el fiscal Gonzalo Ariel Vega.

De acuerdo con El Tribuno, este sector ya había sido rastrillada previamente en el marco de la búsqueda de Aramayo Torres, aunque sin resultados positivos en ese momento. El reciente hallazgo ocurrió en ese mismo lugar, motivo por el cual la expectativa creció en torno a la causa, ya que se trataba de un punto revisado previamente por los investigadores.

El operativo más reciente de búsqueda se realizó el 1 de julio en un camino conocido como El Quebrachal, en el paraje El Pelícano, al norte de Salta. El procedimiento involucró a cerca de 50 efectivos policiales, equipos de la Unidad Fiscal creada por resolución 1597/25 del Procurador General Pedro García Castiella, personal de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía de Catamarca, que utilizó canes adiestrados en la detección de restos cadavéricos humanos.

Los grupos de trabajo recorrieron sectores con desniveles y hundimientos de tierra, ampliando progresivamente la búsqueda. Este rastrillaje de principios de julio finalmente terminó sin resultados concretos sobre el paradero de la mujer. Los fiscales destacaron la colaboración activa de familiares de Aramayo Torres, quienes acompañaron las tareas en terreno.

Desde la desaparición de Aramayo Torres, las autoridades desplegaron múltiples operativos de búsqueda, incluyendo allanamientos y rastrillajes por tierra y agua en sitios como Pozo La Yegua y la zona rural de El Chivil, sin obtener indicios sólidos. Uno de los operativos incluyó la pérdida temporal de un efectivo policial, quien fue hallado con ayuda de baqueanos, informó El Tribuno. Los familiares de la víctima organizaron diversas marchas para reclamar avances en el esclarecimiento del caso.

El incendio forestal que afectó a la localidad de Cafayate, en la provincia de Salta, logró la fase de contención tras más de dos semanas de trabajo de brigadistas, bomberos y recursos aéreos. Según informó el Ministerio de Seguridad de Salta, los focos activos se encuentran controlados, aunque los equipos siguen operando en sectores vulnerables para asegurar que no surjan reinicios del incendio.

El subsecretario de Defensa Civil, Juan Ignacio Vilchez, confirmó que los incendios “están en la fase de contención y circunscripción”. Aunque se mantiene el monitoreo permanente sobre algunos puntos con combustión subterránea, considerados de bajo riesgo de propagación. Las llamas arrasaron más de 220 hectáreas de bosques nativos en la zona de Finca El Monte y sectores de dunas protegidas. El avance del fuego, favorecido por ráfagas de viento zonda que superaron los 70 kilómetros por hora, obligó al despliegue de operativos de emergencia.

A raíz del desastre, el Concejo Deliberante de Cafayate declaró el Estado de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales a principios de junio en todo el departamento por un plazo inicial de 18 meses. Durante toda la emergencia, equipos de la Dirección General de Seguridad Vial mantuvieron controles y asistencia en la ruta nacional 68, donde el humo y el polvo obligaron a cortes preventivos del tránsito.

El operativo incluyó la intervención de la Brigada Nacional Centro, los Bomberos Voluntarios de Cafayate, la Policía de Salta y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), con el despliegue de aeronaves hidrantes para apoyar las tareas de control y extinción. Por otro lado, se inició una causa judicial tras una denuncia presentada por la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, y apunta a determinar si el fuego tuvo origen natural, por negligencia o de manera intencional.

“La fiscalía y el Ministerio Público Fiscal de Salta están comprometidos desde el primer momento con la investigación para identificar a los responsables de este hecho tan lamentable”, afirmó la fiscal Sandra Rojas, quien confirmó que la investigación judicial por los incendios permanece abierta y busca identificar a los responsables.

Las autoridades locales y provinciales solicitaron al Gobierno de Salta fondos extraordinarios y asistencia técnica para enfrentar la emergencia y avanzar en la remediación ambiental. El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, explicó el severo daño ambiental: “Estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura y lluvia; es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”.

Aunque no se registraron daños en viviendas ni pérdidas de animales, varios brigadistas sufrieron lesiones por quemaduras e inhalación de humo. El jefe de Bomberos Voluntarios, Gabriel Domingo, detalló: “Fueron quemaduras leves, pero quemaduras al fin, una gran inhalación de humo”.

Gabriel Domingo también advirtió que la alta temperatura del incendio produce esterilidad del suelo y una capa de ceniza que dificulta el retorno de nutrientes. “Para reforestar necesitaríamos planificar un sistema de riego, porque el recurso más escaso que tiene Cafayate es el agua”, indicó el jefe de bomberos.

El operativo contó con la colaboración del sector privado, empresas como Aguas del Norte y la comunidad cafayateña, que aportaron bombas y cisternas. El monitoreo se mantiene sobre puntos con combustión subterránea, catalogados de bajo riesgo de propagación, y una aeronave hidrante seguirá disponible en la zona hasta fin de mes para responder a posibles emergencias.

La extinción completa y el control total del fuego dependerán de las condiciones meteorológicas de las próximas semanas. El repliegue de la Brigada Forestal de Salta y el retorno a su base de los brigadistas nacionales se realizará de forma gradual. La emergencia deja en evidencia la vulnerabilidad ambiental de la región y la necesidad de reforzar la prevención y la respuesta ante futuros incendios.

La mamá y el padrastro de Thiago Altamirano quedaron bajo prisión preventiva luego de que la Justicia los imputara por provocarle la muerte. El niño de dos años había sido derivado el lunes por la noche al Hospital Materno Infantil donde los médicos constataron que ingresó sin signos vitales.

Tras conocerse la noticia, los familiares paternos del menor apuntaron contra la madre. “Yo les advertí, con cuatro denuncias, que mi nieto estaba en riesgo, en peligro”, sostuvo la abuela durante la audiencia de acusación formal que se llevó a cabo en horas del mediodía de este jueves. La mamá de Thiago quedó imputada por el presunto delito de homicidio agravado por el vínculo, mientras que su pareja, de 32, quedó acusado por homicidio agravado por alevosía. Ambos fueron señalados como coautores del hecho, según indicó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Por su parte, el juez Leonardo Gabriel Feans les dictó la prisión preventiva luego de que el fiscal Daniel Espilocín, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, formalizara la acusación.

Durante la jornada, los dos acusados declararon ante las partes y brindaron su versión de los hechos, asistidos por sus respectivos defensores. La defensa del hombre solicitó el arresto domiciliario, mientras que la de la mujer pidió su libertad y, de forma subsidiaria, también el arresto domiciliario.

Sin embargo, Feans rechazó ambas solicitudes e hizo lugar al pedido del fiscal quien fundamentó el pedido de prisión preventiva en la gravedad de los hechos y en los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Según la hipótesis informada por el MPF, el padrastro habría provocado la muerte del niño mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la mujer se le atribuye una conducta omisiva ante lo ocurrido.

El reclamo de los abuelos

El lunes, Thiago fue llevado al Hospital Papa Francisco junto a la madre, pero su estado era delicado por lo que lo derivaron en código rojo a otro nosocomio. La joven manifestó a las autoridades policiales que su hijo se había caído de una cama de manera accidental, pero los profesionales de la salud advirtieron la gravedad de las lesiones que presentaba.

Inmediatamente, Espilocín solicitó ante el juez de Garantías de turno la detención preventiva los adultos que estaban a cargo del niño y dispuso la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). A partir de estas medidas, se realizaron pericias en la vivienda donde residía el menor y luego el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la correspondiente autopsia.

Marta, la mamá del padre de Thiago habló con el portal El Tribuno, en medio del dolor tras la despedida del niño y reclamó justicia y la restitución de su segundo nieto quien permanece bajo resguardo institucional. “Sé que ya no vamos a ver a Thiago, lo vamos a llevar en la mente y en el corazón. Solo queremos que entreguen a Tobías”, expresó, rodeada de familiares.

La mujer describió el estado en que se encuentra el padre del niño. “Mi hijo está destrozado, acaba de dejar a su hijo. Devuelvan a mi nieto, devuelvan el hijo de mi hijo”, reclamó.

La mujer insistió en que la Justicia debe actuar con urgencia para resolver la situación del otro menor: “Ya que ya le mataron un hijo, que lo devuelvan. Por Dios, la Justicia que haga eso, que se lo devuelva”. Además, se refirieron a los procedimientos judiciales y exigieron justicia. “La pena máxima, perpetua para ellos”, insistió la abuela.

A su vez, volvió a mencionar que la familia había advertido con anticipación sobre la situación del menor. “A pesar de todas las denuncias, no nos escucharon. Yo les advertí, con cuatro denuncias, que mi nieto estaba en riesgo, en peligro”, señaló. A estas declaraciones se sumaron la de los vecinos del barrio donde reside la pareja y algunos aseguraron que no sería la primera vez que se registraban situaciones de violencia en la vivienda. Señalaron al padrastro del menor como una persona violenta.

“Averigüen todo, que paguen todo lo que han hecho. No quiero que salgan más, quiero la condena máxima para esos dos”, exclamaron desde el entorno de Thiago.

Un hombre recibió seis años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual con acceso carnal contra su pareja, tras admitir el delito ante la justicia de Salvador Mazza, en la provincia de Salta. La sentencia fue dictada luego de un juicio abreviado, según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta.

De acuerdo con el reporte del organismo judicial, el hecho ocurrió el 2 de septiembre del año pasado en una vivienda de Salvador Mazza, cuando el condenado intentó mantener relaciones sexuales con su pareja. Ante la negativa de la mujer, el hombre la golpeó con el puño en el rostro y luego la obligó a tener relaciones. El hijo menor de edad de ambos se encontraba presente y presenció el ataque.

Frente a la contundencia de las pruebas reunidas, el imputado reconoció su responsabilidad y solicitó un juicio abreviado. La jueza Sandra Sánchez homologó el acuerdo alcanzado entre las partes, dictando la sentencia de prisión efectiva, que el condenado comenzó a cumplir de inmediato. Tanto la fiscalía como el tribunal consideraron el impacto emocional sufrido por la víctima y el menor, quien presenció la agresión.

La investigación incluyó la recepción de testimonios y la obtención de pruebas genéticas, cuyos resultados resultaron determinantes para establecer con objetividad la autoría del hecho. El Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales informó que el cotejo de las muestras biológicas permitió confirmar la presencia de perfiles genéticos compatibles con los de la víctima y el acusado.

La pesquisa se inició inmediatamente después de la denuncia y las pruebas científicas fueron claves en la resolución del caso. La Fiscalía destacó la importancia de la obtención de muestras biológicas en delitos de índole sexual, dado que su cotejo puede aportar pruebas objetivas para la determinación de responsabilidades.

Diversos sectores judiciales y sociales destacaron que la sentencia representa un antecedente relevante para la región norte de Salta, en materia de lucha contra la violencia de género y el abuso sexual en el ámbito familiar. El condenado permanecerá privado de su libertad, cumpliendo la pena impuesta por el tribunal salteño.

10 años de prisión por abuso sexual a dos hombres en Entre Ríos

Un caso que guarda similitudes y evidencia la gravedad de la problemática en el país se registró recientemente en la provincia de Entre Ríos. El 5 de junio de 2026, la justicia provincial impuso diez años y seis meses de prisión a dos hombres condenados por delitos contra la integridad sexual. Ambos fueron hallados culpables por un jurado popular de “abuso sexual agravado por la intervención de dos o más personas” y “corrupción de menores”.

El tribunal dispuso la prisión domiciliaria con tobillera electrónica hasta que la sentencia quede firme. Según el reporte oficial del Poder Judicial de Entre Ríos, el veredicto se conoció a finales de abril, y los hechos involucraron abuso sexual con acceso carnal y agravantes por la intervención de más de una persona, además de corrupción de menores. La causa, que conmocionó a la ciudad de Paraná, resalta el impacto de estos delitos y la importancia de una respuesta judicial efectiva para su sanción y prevención.

De acuerdo con organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y la niñez, la reiteración de este tipo de episodios en diversas provincias argentinas subraya la necesidad de profundizar las políticas públicas de prevención, asistencia y acceso a la justicia para las víctimas.

En ese sentido, los equipos técnicos y judiciales remarcan la importancia de la recolección de pruebas científicas y el acompañamiento integral a las víctimas. El uso de análisis genéticos y la actuación rápida de las fiscalías especializadas han sido factores decisivos para la resolución de varios casos recientes.

En las últimas horas del miércoles, la Justicia de Salta imputó a dos personas por robar un celular y luego realizar transferencias desde las cuentas bancarias de la víctima.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Gonzalo Gómez Amado, que abarca los cargos de hurto, defraudación mediante el uso de medios electrónicos y amenazas con arma de fuego.

El episodio comenzó con la denuncia de un hombre que reportó la sustracción de su teléfono celular y la realización, a través de la aplicación Mercado Pago, de cuatro transferencias no autorizadas que totalizaron 220 mil pesos.

La investigación permitió identificar a un hombre de 26 años, como presunto autor material del hurto y las transferencias fraudulentas, y a una mujer de 28 años como coautora en la maniobra de defraudación electrónica.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó la continuidad de la detención de ambos sospechosos ante el Juzgado de Garantías interviniente, mientras avanza la instrucción del caso.

El propio fiscal resaltó que el rastreo de las transferencias fue clave para identificar a los presuntos autores, quienes habrían actuado en conjunto para concretar la maniobra delictiva.

La situación se agravó cuando la madre del denunciante, al intentar recuperar los fondos sustraídos, fue objeto de amenazas por parte de uno de los sospechosos. Según la denuncia, el hombre presuntamente le exhibió un arma de fuego y profirió insultos en un episodio que, según la víctima, le generó temor por la seguridad de toda su familia. Además, se informó sobre actos intimidatorios ocurridos en el domicilio de la mujer.

Estafaron a un jubilado en La Plata

La semana pasada, un jubilado de La Plata denunció haber sido víctima de un engaño telefónico que le provocó la pérdida de más de un millón de pesos.

El hecho, que ocurrió en el tradicional barrio La Loma, expone la sofisticación creciente de los métodos utilizados por los delincuentes para acceder a datos bancarios y vaciar cuentas mediante aplicaciones digitales.

La mañana de la estafa comenzó de manera rutinaria para la víctima, quien recibió una llamada que creyó provenía del servicio de atención al cliente de una reconocida aseguradora. Según su declaración ante las autoridades, durante la conversación le solicitaron datos personales y bancarios, bajo el pretexto de actualizar información de su cuenta. El hombre, confiado en la veracidad del contacto, proporcionó los datos requeridos sin advertir la maniobra fraudulenta.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, poco después de brindar la información, el jubilado notó movimientos irregulares en sus cuentas bancarias. Entre las operaciones detectadas figuraba una transferencia por más de un millón de pesos y otra por 100.000 pesos, además de transacciones realizadas a través de aplicaciones digitales que nunca había autorizado. “Recibí un correo electrónico que informaba la aprobación de un préstamo online que jamás solicité”, precisó el denunciante en sede policial.

La denuncia presentada detalla que el contacto inicial se produjo alrededor de las 10 de la mañana. El interlocutor, con un tono profesional y conocimiento del sistema, logró ganarse la confianza del hombre.

La víctima explicó que, tras advertir la situación, procedió a bloquear y dar de baja distintos accesos a sus cuentas bancarias. No obstante, ya se habían concretado las principales operaciones fraudulentas. El monto total sustraído supera ampliamente el millón de pesos, una cifra que representa ahorros de toda una vida para muchos jubilados.

La fiscal Sandra Rojas recorrió este miércoles la zona de Cafayate, en el suroeste de la provincia de Salta, y confirmó que la investigación judicial por los incendios que arrasaron más de 200 hectáreas de bosque nativo en Finca El Monte permanece abierta. Su objetivo declarado es “encontrar a los responsables”, según afirmó ante la prensa local.

El fuego, que lleva más de dos semanas activo, consumió vegetación nativa en una zona de dunas y bosques protegidos. Las pérdidas ambientales son, en palabras de la propia fiscal, “impactantes” y “muy difíciles de dimensionar”, con brasas que aún permanecen latentes bajo las cenizas. La magnitud del siniestro llevó al Concejo Deliberante de Cafayate a declarar el Estado de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en todo el departamento por un plazo inicial de 18 meses.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, a principios de este mes. Desde entonces, la fiscalía recolecta testimonios, entrevistas y pruebas para determinar si el incendio tuvo un origen natural, surgió de una conducta negligente o fue producto de una acción intencional.

Rojas se presentó en el lugar junto a Guevara y autoridades de Defensa Civil para supervisar el estado de la zona y conocer los avances del operativo. “La fiscalía y el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta está comprometida desde el primer momento con la investigación para identificar a los responsables de este hecho tan lamentable", remarcó la funcionaria judicial.

El operativo de emergencia desplegado en la región integra a la Brigada Nacional Centro, los Bomberos Voluntarios de Cafayate, los Bomberos de la Policía de Salta y personal especializado del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y la Subsecretaría de Defensa Civil. Las cuadrillas trabajan coordinadas por tierra y aire, con camionetas 4x4, camiones cisterna, motobombas y herramientas especiales.

En las últimas horas, las autoridades provinciales incorporaron dos aviones hidrantes turbohélice de más de 3.000 litros de capacidad a las tareas de combate, que se suman a otra aeronave de igual capacidad ya operativa. El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, confirmó que se realizaron más de 23 vuelos: “Estamos trabajando de manera coordinada con los brigadistas en tierra”, señaló.

Solá Usandivaras también subrayó el alcance de los daños sobre el entorno: “El daño ambiental es cuantioso y sumamente importante para nosotros los cafayateños porque estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura, de lluvia; es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”, expresó el funcionario.

Los bomberos mantienen el operativo en los laterales de la ruta nacional 68 para evitar que el fuego alcance áreas pobladas. La Dirección General de Seguridad Vial desplegó móviles y personal en distintos tramos de esa vía, donde la reducción de visibilidad por humo y polvo obligó a cortes preventivos momentáneos del tránsito.

El trabajo no se limita a extinguir las llamas visibles. Los equipos también enfrían el suelo, aseguran los bordes del incendio y verifican que no queden brasas activas en zonas de difícil acceso, para evitar reactivaciones. En horas de la tarde del domingo, el monitoreo detectó dos nuevos puntos calientes que provocaron el reinicio de focos en zonas denominadas “islas”, alejadas de los sectores más comprometidos.

El presidente de los Bomberos Voluntarios de Cafayate, Gabriel Domingo, advirtió que las ráfagas de viento zonda sorprendieron a las cuadrillas y favorecieron la propagación del fuego. Algunos brigadistas sufrieron lesiones durante las tareas: “Fueron quemaduras leves, pero quemaduras al fin, una gran inhalación de humo”, detalló. Además, alertó sobre el impacto a largo plazo: la alta temperatura del siniestro produce esterilidad del suelo y una capa de ceniza que dificulta el retorno de nutrientes. “Para reforestar necesitaríamos planificar un sistema de riego, porque el recurso más escaso que tiene Cafayate es el agua”, advirtió Domingo.

Las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias en los próximos días, y las alertas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, permanecen activas en toda la región. Hasta el momento, las autoridades no registraron daños en viviendas ni pérdidas de animales.

La muerte de Thiago Altamirano, un niño de apenas dos años, generó conmoción en la ciudad de Salta. Más aun tras conocerse detalles de su fallecimiento y la posterior detención de su madre y el padrastro. En las últimas horas, se supo el último mensaje que publicó por WhatsApp, antes de que fuera aprehendida y quedara a disposición de la Justicia: “Perdoname amor por todo”.

El texto es de las 23.03 del lunes. En la imagen, se ve al niño con la camiseta de la Selección Argentina, según divulgó Multivisión Federal. Minutos después, la acusada compartió otro estado en su red social: “Hasta siempre mi bebé, te amaré siempre mi Thiago hermoso”. La denuncia de la madre había sido al 911, a las 21.30, por lo que la certeza de la muerte de su hijo se supo al poco tiempo.

El fiscal penal N°2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, encabeza la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, ocurrida en la zona sudeste de Salta. Se informó que la madre llevó al niño al hospital Papa Francisco, y debido a la gravedad del cuadro y señales de golpes, fue derivado al hospital Materno Infantil. Allí ingresó sin signos vitales.

La Justicia de Salta ordenó la detención preventiva de la madre y su pareja, mientras se espera el resultado preliminar de la autopsia.

“La Justicia es culpable”

Los abuelos paternos, Marta Salazar y Ciro Altamirano, manifestaron su enojo y dolor ante los medios locales contra la Justicia y el dispositivo oficial que debía cuidar al niño. Desde el año 2025 existían denuncias previas contra la madre por maltratos, y también existían indicios de que el padrastro era una persona de comportamiento agresivo.

“Ella era inestable, tenía problemas de adicciones y era muy conflictiva. Todo esto sabía la justicia. Por eso la justicia es culpable de lo que ahora él no está”, sostuvo Salazar.

Altamirano aclaró que hizo "cuatro denuncias” desde febrero del año pasado porque notaba a su nieto “mal, triste” y sentía que estaba en riesgo. Ambos relataron que, en la última visita, notaron señales de violencia, pero hacía casi tres meses que no podían ver a Thiago porque la madre impedía el contacto.

Consultados sobre la actuación de la justicia, Salazar ratificaron que solo hubo un interés en privilegiar el vínculo de la mujer con sus hijos. “A ella la protegieron, a los chicos no. Si la justicia hubiese actuado, estarían los chicos bien, estarían con nosotros”, lamentaron.

Sobre la intervención de asistentes sociales, Altamirano recordó: “El asistente social vino acá, pero lo venía a ver a ella. Yo le dije: ‘Vos tendrías que ser asistente de mi nieto, no de ella’. Esta asistente más tiraba para ella que para los chicos”.

Respecto a la situación en el barrio, Salazar aseguró que “hay varios testigos” dispuestos a declarar y que algunos vecinos escucharon “ruido y maltrato hacia Thiago” y de la que también podría ser víctima su hermano menor.

La abogada de la familia paterna, Belén Carrazana, en diálogo con El Once TV, se refirió a la situación del menor de 9 meses, quien quedó alojado en Casa Cuna. En ese marco, la familia solicitó prioridad para que sea restituido a la familia paterna, ante el hecho de que “la Justicia en este caso actuó de forma muy lenta y tuvimos el desenlace fatal que fue el fallecimiento del menor de 2 años”.

Además, requirieron que “se tomen todas las cartas en el asunto con las licenciadas, asistente social que intervinieron en el caso y que informaron la criticidad y la peligrosidad de los niños, pero aun así no tomaron ninguna medida al respecto”, comentó la letrada.

El subsecretario de Niñez y Familia de la provincia, Cristian López Traficando, indicó a Salta/12 que este organismo había intervenido en el caso de esta familia, a raíz de una causa por violencia de género entre ambos progenitores de Thiago. La mamá tiene 19 años y el progenitor de los niños, 32. En la causa se radicaron denuncias de ambas partes por violencia, y la Justicia dispuso medidas de restricción mutua.

Las medidas provisorias vencieron el 25 de mayo y se esperaba una audiencia para continuar con la causa.

Cómo sigue la investigación

Según el comunicado del Ministerio Público Fiscal, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) intervino en la vivienda familiar para realizar las pericias y trasladó el cuerpo del menor al Servicio de Tanatología Forense del CIF.

El Ministerio Público Fiscal informó que los familiares directos de Thiago recibieron asistencia y contención por parte de una trabajadora social del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Las tareas investigativas se encuentran a cargo de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF.

El resultado de la necropsia será clave para determinar las causas del fallecimiento y avanzar con la imputación. Todos los involucrados están a la espera de las conclusiones de la autopsia y del avance de la investigación.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la Fiscalía de Salta presentó una acusación formal por fraude a la administración pública contra el ex presidente de la Sociedad del Estado “Pan Solidario”, su esposa y su cuñada, por presuntas maniobras irregulares cometidas durante 2023 que generaron un daño económico de $150 millones.

Se trata de Luis Emilio F. M., quien estuvo al frente del organismo entre abril de 2021 y enero de 2024. De acuerdo con la fiscal Ana Inés Salinas, se trata del presunto autor del delito; mientras que su esposa —R.G.D. y la hermana J.G.D.— fueron imputadas como partícipes necesarias.

A partir de la acción llevada a cabo por la funcionaria la Oficina Judicial deberá sortear al juez interviniente y convocar a la audiencia de control donde se definirá si la causa queda en condiciones de ser elevada a juicio.

Qué reveló el caso

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por el Procurador General de la Municipalidad de Salta. Según la hipótesis fiscal, el hombre acusado habría intervenido en contrataciones con proveedoras vinculadas a su propio grupo familiar, lo que configuró una situación de conflicto de intereses en el manejo de fondos públicos.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, ambas mujeres se incorporaron como proveedoras del organismo poco antes de concretarse las operaciones investigadas, sin registrar antecedentes comerciales ni experiencia previa en el rubro. Las contrataciones con la esposa del implicado alcanzaron $48.833.755,34; y las realizadas con su cuñada sumaron $7.739.180, según la documentación contable incorporada al expediente.

La Fiscalía argumentó que parte de los insumos facturados no habrían ingresado efectivamente al organismo ni fueron registrados en stock. El informe del Gabinete de Delitos Económicos del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) determinó faltantes de mercadería por montos millonarios, con una proyección actualizada que supera los $150 millones en uno de los casos analizados. Entre los principales faltantes figuran importantes volúmenes de harina y dulce de leche.

A eso se suman diferencias entre los precios abonados y los valores de mercado en la compra de determinados insumos. También se detectaron compras de materias primas en cantidades superiores a las requeridas para la producción, sin que el excedente quedara registrado ni en stock.

Según la hipótesis fiscal, Luis Emilio F. M. autorizaba las contrataciones y los pagos cuestionados, en tanto las dos proveedoras habrían intervenido en el circuito de facturación de las operaciones investigadas. Esto para las autoridades significaría que el accionar conjunto permitió el desvío de fondos públicos mediante compras sobrefacturadas, mercadería que no ingresó al organismo y operaciones incompatibles con los deberes de administración propios del cargo.

Fraude en PAMI

A principios del mes pasado, una auditoría interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detectó una red de fraude sistemático en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en múltiples provincias del país, con al menos cinco modalidades de desvío que van desde la sobrefacturación de anteojos hasta el cobro de prestaciones inexistentes. Los datos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, surgen de cruces del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y relevamientos prestacionales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y Concordia.

Los prestadores recetaban lentes de baja graduación, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. La segunda modalidad eran las prestaciones fantasma, consultas sin historia clínica, estudios de fondo de ojos o topografías nunca realizados, con hasta el 50% de las órdenes sin respaldo clínico en algunos casos. Se sumaron la manipulación de códigos de facturación, circuitos cerrados con conflicto de interés y el cobro indebido a afiliados por prestaciones que debían ser gratuitas. En este último esquema, el prestador cobraba dos veces: al afiliado y al PAMI. Se detectaron casos de hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos.

La auditoría documentó tres casos con datos específicos. En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones en la muestra auditada y el 95% de las recetas derivadas a una misma óptica con vínculo familiar con el médico prescriptor. En Mar del Plata, 58 prestaciones carecían de historia clínica. En Entre Ríos, un único profesional sobrefacturó 613 casos, con 151 consultas sin historia clínica y 16 recetas emitidas sin dioptrías. En Concordia, 830 casos quedaron concentrados en un solo médico.

“Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, afirmaron fuentes del organismo en diálogo con Infobae. Hay al menos seis causas judiciales activas impulsadas por el PAMI y la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal en distintas jurisdicciones.

La muerte de Thiago Altamirano, un niño de 2 años, ocurrida en las últimas horas en la ciudad de Salta es investigada por la Justicia provincial. Por el caso fueron detenidos la madre del menor y su pareja, mientras se aguardan los resultados de la autopsia que permitirán determinar las causas del fallecimiento.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el niño fue llevado por su madre al hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de su estado, los médicos dispusieron su derivación al Hospital Materno Infantil, donde ingresó sin signos vitales.

De acuerdo con medios locales, todo comenzó alrededor de las 21.30 del lunes, cuando una llamada al 911 alertó sobre la situación del menor. La primera explicación brindada por los adultos fue que el niño se había caído de una cama de manera accidental. Sin embargo, esa versión comenzó a ser puesta en duda cuando los profesionales de la salud advirtieron la gravedad de las lesiones que presentaba.

Ante el reporte de lo sucedido, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, solicitó ante el juez de Garantías de turno la detención preventiva de la madre del niño y del hombre con quien mantenía una relación de pareja.

Además, dispuso la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para la realización de pericias en la vivienda donde residía el menor y el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la correspondiente autopsia.

Según publicó El Tribuno, cuando la Policía llegó al domicilio encontró al pequeño en un delicado estado de salud. Tras ser trasladado al hospital Papa Francisco recibió las primeras atenciones y luego fue derivado de urgencia al Materno Infantil con código rojo. Pese a los esfuerzos médicos, falleció pocos minutos después de ingresar al centro asistencial.

El caso generó conmoción en el barrio Convivencia, en la zona sudeste de la capital salteña. De acuerdo con El Tribuno, algunos vecinos aseguraron que no sería la primera vez que se registraban situaciones de violencia en la vivienda y señalaron al padrastro del menor como una persona violenta.

La investigación también podría avanzar sobre posibles antecedentes vinculados al entorno familiar del niño. Según relató Marta, la abuela paterna de Thiago, la familia había realizado al menos cinco denuncias previas por presuntos maltratos, descuidos y situaciones de riesgo que involucraban al menor y a su hermano de 10 meses.

En declaraciones a Radio Salta reproducidas por medios locales, la mujer aseguró que hacía aproximadamente tres meses que no podían ver al niño porque la madre habría impedido el contacto con la familia paterna. También sostuvo que existían presentaciones judiciales previas impulsadas por el padre del menor y reclamó que se investigue qué respuesta tuvieron esos planteos.

“Lo que no queríamos que pase, pasó anoche”, afirmó la abuela, quien además pidió que el hermano menor de Thiago quede bajo la guarda de la familia paterna. Según indicó, el bebé de 10 meses ya se encuentra bajo resguardo estatal mientras se define su situación.

Los dichos de la familia forman parte de las líneas que ahora deberán ser corroboradas por los investigadores. En ese marco, la fiscalía ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas la recolección de testimonios, las pericias forenses y el análisis de eventuales antecedentes vinculados al grupo familiar.

Mientras la investigación avanza, en las últimas horas también comenzó a circular en redes sociales una publicación realizada por la madre del niño el pasado 11 de abril. En el mensaje, la joven expresaba públicamente el cariño que sentía por Thiago y su otro hijo.

“Gracias por existir, por ser ese sostén, no sé qué sería de mí sin ustedes. Con solo verlos me alegran la vida. Por ustedes seguí, sigo y seguiré. Solo por ustedes vivo. Los amo mis niños, amor de la mamá”, escribió entonces en una publicación acompañada por un corazón rojo.

Un nuevo episodio de violencia armada sacude a la región de Orán, en la frontera norte argentina, tras confirmarse el fallecimiento de Emelda Irma Alzu, de 65 años, quien resultó herida de bala en un robo a mano armada.

El incidente ocurrió días atrás en la ruta nacional 34, a la altura de la rotonda de Colonia Santa Rosa. La víctima, oriunda de Orán, viajaba en un colectivo de tours de compras junto a otros 15 pasajeros cuando el vehículo se detuvo en la banquina.

En ese momento, individuos armados que circulaban en una camioneta abordaron la unidad y, bajo amenazas, despojaron a los ocupantes de sus pertenencias, dinero en efectivo y mercadería. Durante el asalto, Alzu recibió dos disparos y fue trasladada de urgencia al Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta, donde permaneció varios días en estado delicado.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, el deceso de la mujer fue confirmado por fuentes del departamento Orán, que también detallaron que sus restos son velados en la Sala Pieve de la ciudad. El caso se suma a una larga lista de crímenes registrados en los últimos meses en la frontera norte, generando un clima de profunda preocupación y conmoción en la comunidad local.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, se encuentra a cargo de la investigación y ha dispuesto una serie de medidas para esclarecer el hecho. Entre las acciones implementadas se destaca la recolección de testimonios de los pasajeros y testigos, así como el análisis de registros de cámaras de seguridad en la zona. Personal especializado trabaja desde el primer momento en la identificación de los responsables, aunque hasta el momento no se han informado detenciones.

Además, indicó que los investigadores trabajan con diversas líneas, incluyendo la hipótesis de que los atacantes contaban con información previa sobre los movimientos del colectivo. El análisis de las cámaras de la rotonda y de los accesos a Colonia Santa Rosa es una de las prioridades para poder identificar la camioneta utilizada en el asalto y a sus ocupantes.

Seis mujeres detenidas en un tour de compras en Tucumán

Hace unos meses, efectivos de Gendarmería interceptaron un ómnibus de larga distancia en Huacra, sobre la Ruta Nacional 38, y descubrieron más de 10 kilos de cocaína distribuidos entre cápsulas ingeridas y envoltorios ocultos en el cuerpo y pertenencias de pasajeros. El procedimiento se realizó en el límite interprovincial entre Tucumán y Catamarca, en el departamento La Cocha.

Durante el operativo, los funcionarios de la Sección Núcleo del Escuadrón 71 “Aguilares” detuvieron la marcha de un colectivo que cubría el trayecto Aguas Blancas (Salta) – Ciudad de Mendoza. En el control de rutina una pasajera evidenció signos de nerviosismo, lo que motivó una requisa por parte del personal femenino.

Los agentes detectaron que la mujer llevaba envoltorios adheridos a su cuerpo con una sustancia blanca en su interior. Además, hallaron otros paquetes ocultos en la butaca y dispersos en distintos sectores del vehículo.

El hallazgo inicial derivó en la sospecha de que algunos pasajeros podrían estar utilizando el método de los “cápsuleros” o “mulas”, que consiste en ingerir cápsulas con droga. El Juzgado Federal de Tucumán N° 2 intervino y ordenó el traslado de los 53 pasajeros hacia el asiento del Escuadrón 71 para realizar una revisión exhaustiva.

En la inspección física y documental, los agentes constataron el hallazgo de 249 envoltorios con más de 3 kilos de cocaína que eran trasladados entre las pertenencias y prendas de tres ciudadanas.

A la mañana siguiente, las sospechas sobre el uso de la modalidad de “mulas” llevaron a que se practicaran placas radiográficas a todos los pasajeros. Las imágenes revelaron cuerpos extraños en el abdomen de cuatro mujeres y dos hombres, una de las placas ilustra este artículo. La modalidad es altamente peligrosa para la salud.

Los seis pasajeros identificados fueron internados bajo custodia en los hospitales de Santa Ana y Los Sarmientos, donde expulsaron un total de 503 cápsulas con un peso superior a los 6 kilos de cocaína. El área de Criminalística y Estudios Forenses contabilizó un total de 752 cápsulas con 10 kilos 316 gramos de la droga.

El magistrado a cargo del caso dispuso la detención de nueve personas de nacionalidad boliviana en carácter de comunicadas y ordenó el secuestro de la droga, celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria, pendrives, dinero en efectivo, tickets y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento refuerza las alertas sobre la utilización de colectivos de larga distancia y rutas del norte argentino para el tráfico de estupefacientes con esa modalidad que parece en ascenso.

La Justicia de Salta condenó a siete años de prisión efectiva a un policía de 32 años declarado penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y grooming contra dos menores de edad, en concurso real. La jueza María Victoria Montoya Quiroga también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena, es decir, 14 años.

El condenado es Alberto Gabriel Guaymás, un efectivo de la fuerza policial salteña cuyas víctimas tenían 5 y 12 años al momento de los hechos. La fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, sostuvo la acusación ante el tribunal y subrayó que el imputado “lejos de honrar su función, quebrantó el deber de protección que le competía a quien portaba un uniforme para proteger a la sociedad”.

Según consta en la causa, la nena de 5 años era hija de una amiga del acusado. Los hechos ocurrieron una tarde en que la pequeña acompañó a su madre de visita a la casa de Guaymás. Mientras los adultos conversaban en el comedor, la niña miraba televisión en otra habitación. Fue allí donde, de acuerdo con el relato que la menor reprodujo en Cámara Gesell —con las posibilidades simbólicas propias de su edad—, el policía entró al cuarto, se bajó el pantalón y le introdujo su miembro en la boca. También contó que le tocó sus partes íntimas.

La acusación advirtió que, al no haber testigos directos, el análisis del relato de la víctima fue el eje central de la prueba. Ese testimonio se mantuvo consistente a lo largo del tiempo y fue respaldado por declaraciones de docentes, profesionales de salud mental y referentes de una fundación a la que asistía la niña. Las pericias psicológicas incorporadas al debate dieron cuenta de que lo vivido afectó el desarrollo emocional de la menor: los peritos registraron problemas de aprendizaje, episodios de angustia, temor a quedarse sola y una baja marcada en su rendimiento escolar.

El segundo caso involucra a una adolescente de 12 años. Según la imputación acreditada en el juicio, Guaymás obtuvo el número de celular de la menor a partir de una intervención policial realizada en el marco de un llamado al 911. Con esos datos en su poder, inició comunicaciones privadas con la chica, le envió mensajes de tono personal para ganarse su confianza, le hizo preguntas de contenido sexual, le pidió fotografías e intentó coordinar un encuentro. La madre de la adolescente declaró en el juicio y relató que, al descubrir los mensajes, su hija comenzó a sentir miedo y desconfianza hacia la autoridad policial. La familia, además, modificó hábitos y rutinas cotidianas por la sensación de inseguridad que generó la situación.

La fiscal Morales Torino marcó ante el tribunal que la condición de uniformado del acusado no fue un dato menor: Guaymás “aprovechó la asimetría de poder, la vulnerabilidad de las víctimas y, fundamentalmente, la confianza depositada por sus familias”. Los delitos fueron encuadrados en los artículos 119 y 131 del Código Penal, que contemplan el abuso sexual y el grooming, respectivamente.

El monto de la pena fue comunicado durante la audiencia de cesura, instancia posterior a la declaración de culpabilidad que la jueza Montoya Quiroga había establecido en una primera resolución.

La iniciativa surgió en marzo, cuando propuso a sus nietos tejerles buzos para el mundial. Según relató, mantiene un grupo de WhatsApp solo con sus nietos, donde consultó qué modelos preferían. Cada uno eligió detalles y colores específicos, algunos con escudos, otros con rayas y estrellas, replicando la estética de los uniformes deportivos.

La viralización del video superó las expectativas de López. “No pensé que ese video se iba a hacer tan viral”, afirmó en diálogo con Infobae Al Mediodía. Detalló que al poco tiempo de la publicación, la cantidad de visualizaciones alcanzó cifras elevadas. “Está llegando a 800.000 reproducciones. 100.000 likes”, precisó durante la entrevista. El fenómeno impulsó el crecimiento de su comunidad digital y la posicionó como referente en su rubro.

La historia detrás del proyecto familiar

López relató que teje desde los trece años y que durante mucho tiempo trabajó como empleada doméstica. Al formar su familia y con sus hijas adultas, decidió dedicarse de lleno a su pasión por el tejido. “Amo tejer”, expresó. Los nietos participan activamente en la elección de los modelos y colores de cada prenda, lo que refuerza el vínculo familiar.

La tejedora organiza su tiempo entre los encargos profesionales y las prendas para sus familiares. Explicó que el proceso incluye intercambiar ideas y ajustar detalles según los gustos de cada nieto. Para la confección utiliza una máquina de tejido que, aunque no es moderna, le permite completar los pedidos con eficiencia. Cada suéter requiere entre doscientos y trescientos gramos de lana, dependiendo del tamaño.

Viralización y crecimiento en redes sociales

El video donde Sonia López muestra los buzos personalizados se grabó de forma espontánea y sin edición compleja. “Lo grabé, hablé y lo subí”, contó durante la entrevista. Aunque posee otros videos editados, ninguno alcanzó la repercusión del contenido viral. “Nunca llegaron ni a las cien vistas”, reconoció.

A partir de la viralización, la cantidad de seguidores en Instagram creció de 2.100 a 25.000 en poco tiempo. Además, recibió mensajes y comentarios de personas interesadas en sus productos. “Tengo agenda completa hasta noviembre”, aseguró. Antes del video, su agenda llegaba hasta julio gracias a clientas habituales. Ahora, la demanda superó su capacidad de respuesta inmediata.

La repercusión no se limitó a la plataforma original. Otras páginas repostearon el video y generaron nuevas visualizaciones. López admitió que debió ajustar el uso de WhatsApp en Instagram debido a la gran cantidad de mensajes que recibió. “No me da el tiempo para contestar ni darle like a todos los comentarios”, explicó.

Impacto en la demanda y desafíos laborales

La viralización del video cambió el panorama laboral de Sonia. A partir del interés generado, recibió nuevos pedidos de buzos inspirados en la selección argentina. López confirmó que incluso clientas habituales optaron por modelos similares a los de sus nietos.

La tejedora expresó que su sueño es contar con un taller propio o un local para ampliar la producción. Actualmente, vive en un departamento pequeño y compra materiales en tres laneras locales de Salta. “Nunca compré por mayor porque las clientas eligen distintos colores”, señaló. El espacio limitado condiciona la cantidad de material disponible.

Al mismo tiempo aseguró que no vive únicamente del tejido, ya que no produce en grandes cantidades. Su esposo es jubilado y trabaja como herrero para complementar los ingresos familiares. La tejedora organiza su día entre los quehaceres del hogar y las horas dedicadas a cumplir con los encargos de clientas y familiares.

López maneja cuentas en Instagram, Facebook y TikTok, donde comparte sus trabajos y novedades. Aprendió a utilizar las redes sociales con ayuda de sus hijas y edita los videos de forma autodidacta. “Voy entendiendo cómo hacerlo”, comentó. La viralización de su trabajo abrió la posibilidad de sumar nuevos clientes y proyectar el sueño de un taller propio.

Así la tejedora salteña convirtió un gesto familiar en un fenómeno digital que transformó su rutina y expandió su horizonte profesional.

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El PRO salteño votó el domingo y el resultado derivó en una pelea que excedió por lejos los límites de la provincia. María Eugenia “Cocó” Varela González ganó la presidencia del partido en Salta con el respaldo de Fernando De Andreis, secretario general del PRO y el dirigente que con mayor fidelidad expresa el pensamiento político de Mauricio Macri. Su rival, Rolando Carrizo, llegó a la interna con el apoyo de Patricia Bullrich y el acompañamiento de Horacio Rodríguez Larreta. Perdió. Y lo que vino después fue más significativo que el resultado mismo.

Apenas se conoció el escrutinio, De Andreis salió a marcar el territorio, sin eufemismos y con destinatarios precisos. Pero antes de los tuits habían sido los audios.

Antes del domingo, dos mensajes de voz habían circulado entre los afiliados salteños y terminaron por definir el tono de lo que vendría. Larreta eligió un registro personal. “Rolando, querido, sé que sos un gran laburante con todo un gran equipo que has armado ahí de muchos años de laburo. Te deseo la mejor de las suertes y estoy seguro que la gente te va a acompañar. Suerte el domingo. Abrazo grande”, le dijo al candidato. Un gesto de afecto, sin pedido de voto explícito.

El mensaje de Bullrich fue de otra naturaleza. “Hola, soy Patricia Bullrich. Sé que van a estar en unas elecciones este domingo y conozco mucho a Rolando Carrizo. Quiero que reciba mi saludo, mi apoyo”, arrancó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Y fue más lejos: “Creo que Rolando nos garantiza un cambio importante, una coalición entre todos los sectores liberales, republicanos, para que podamos hacer la Argentina grande otra vez. Vamos, Rolando, con toda la fuerza.”

El pedido de voto fue explícito. Bullrich no solo acompañó: intervino. Y el macrismo lo tomó como una afrenta.

Conocidos los resultados, De Andreis disparó. “Con el resultado queda al descubierto el patético intento de intervención de @PatoBullrich y @horaciorlarreta en la provincia, al apoyar a uno de los dos candidatos”, escribió en X. La palabra “patético” no fue casual: es el término que el macrismo duro reserva para lo que considera una intromisión ilegítima de quienes ya no pertenecen al espacio.

La andanada no terminó ahí. “Los dos, con su interna, antes de irse del PRO, fueron los grandes responsables de la destrucción de vínculos en el partido que ahora estamos reconstruyendo. Los dos perdieron. Un paso más para dejar atrás ese pasado", sentenció el secretario general. El mensaje tenía una lógica narrativa precisa: el PRO que hoy conduce Macri es el que sobrevivió a la gestión de quienes lo llevaron a la derrota de 2023, y el proceso de reconstrucción no admite interferencias de quienes ya se fueron.

Horas después, en un segundo posteo, De Andreis volvió sobre sus palabras, no para moderar el tono, sino para afinar la puntería y concentrar la crítica más dura sobre Bullrich. “De manera equivocada, comparé la participación de Horacio en la elección de Salta al mismo nivel que la de Patricia. No son iguales. Horacio reconoció el trabajo de uno de los candidatos. Patricia, en cambio, dio un paso más y directamente pidió el voto para uno de los competidores”, escribió.

El cierre fue el concepto político que resume la posición del macrismo frente a ambos: “Todos tienen derecho a irse del partido. Lo que no es válido es seguir jugando desde afuera e intentar incidir por intereses personales.”

La distinción era importante y tenía consecuencias: Larreta cometió una imprudencia; Bullrich, en la mirada del macrismo, cruzó una línea. El secretario general del PRO se tomó el trabajo de separar los casos, pero la conclusión política fue la misma para los dos: perdieron, y la derrota los dejó más expuestos que antes.

Lo que ocurrió en Salta el domingo no fue un hecho aislado. Fue la expresión más reciente de una fractura que lleva años abriéndose y que el ciclo electoral de 2025 no hizo más que profundizar. Desde que Bullrich abandonó el PRO para encabezar el bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y desde que Larreta dejó el partido para construir un proyecto propio con el que busca volver al gobierno porteño, diferenciándose tanto de Macri como de Milei, la relación de ambos con la estructura macrista entró en un deterioro que ya no admite disimulo.

El partido que Macri reconstruye bajo la conducción de Fernando De Andreis tiene una narrativa definida: el PRO es el espacio que sobrevivió a quienes lo condujeron hacia la derrota y que hoy busca reposicionarse con identidad propia dentro del ecosistema de la derecha argentina. En ese relato, Bullrich y Larreta no son aliados incómodos ni socios en pausa. Son, en la mirada del macrismo duro, el pasado que hay que dejar atrás.

Salta fue, este domingo, la ocasión para decirlo en voz alta. Y De Andreis no la desaprovechó.

Las tareas para contener el avance del fuego en la zona de Cafayate continúan intensificándose y, en las últimas horas, las autoridades de Salta confirmaron que sumaron refuerzos a los trabajos de los brigadistas.

Dos aviones hidrantes turbohélice de más de 3.000 litros de capacidad fueron incorporados a las tareas de combate, que se suman a otro vehículo aéreo de igual capacidad que ya era parte del operativo. Además, los brigadistras cuentan con camionetas 4x4, camiones cisterna, motobombas, equipos de comunicación y herramientas especiales, camionetas.

De esta manera, la Brigada Nacional Centro, Bomberos Voluntarios de Cafayate, Bomberos de la Policía de Salta y personal especializado del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y la Subsecretaría de Defensa Civil, trabajan coordinados por tierra y aire. Los bomberos mantienen el operativo en los laterales de la ruta nacional 68, con el objetivo de evitar que el fuego alcance áreas pobladas. Mientras tanto, la Dirección General de Seguridad Vial desplegó móviles y personal en distintos tramos de esa ruta, donde la reducción de visibilidad por humo y polvo en suspensión obligó a cortes preventivos momentáneos del tránsito.

“Se realizaron más de 23 vuelos, las dotaciones de bomberos, el agua que fluye constantemente… estamos trabajando de manera coordinada con los brigadistas en tierra”, aseguró el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras.

A su vez, remarcó: “El daño ambiental es cuantioso y sumamente importante para nosotros los cafayateños porque estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura, de lluvia, en fin, es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”.

Este domingo, el secretario de Seguridad provincialm, Nicolás Avellaneda, recorrió los sectores afectados junto al jefe de Policía, Diego Bustos, y al subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, según informó el Gobierno provincial.

En tanto, la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, participó de una reunión operativa con las autoridades provinciales para definir estrategias de contención y enfriamiento una vez que las condiciones meteorológicas mejoren. Del operativo también participan integrantes de la Policía Rural y Ambiental, que realizan recorridos preventivos en los sectores afectados.

En el aeródromo local, los Bomberos Voluntarios de Cafayate se encargaron del reaprovisionamiento de agua para los aviones hidrantes. Sobre el terreno, dos cuadrillas de la Brigada Nacional Centro avanzaban con motosierras para abrir paso a los equipos de bombeo en los sectores más comprometidos, según mencionó el portal El Tribuno. De las tareas también participaron un coordinador regional y un equipo técnico para realizar informes meteorológicos y apoyo logístico, indicó la Agencia Federal de Emergencia en la red social X.

El trabajo no se limita a extinguir las llamas visibles, sino que los equipos también enfrían el suelo, aseguran los bordes del incendio y verifican que no queden brasas activas en zonas de difícil acceso, para evitar reactivaciones con el viento.

En horas de la tarde noche del domingo, el monitoreo detectó dos nuevos puntos calientes que provocaron el reinicio de focos ígneos en zonas denominadas “islas”, alejadas de los sectores críticos. El personal trabajaba para contener esas reactivaciones antes de que el viento pueda extenderlas.

El presidente de los Bomberos Voluntarios de Cafayate, Gabriel Domingo, detalló que algunos brigadistas sufrieron lesiones por el fuego: “Fueron quemaduras leves, pero quemaduras al fin, una gran inhalación de humo”.

Las adversidades climáticas siguen siendo un problema para los trabajos. Las advertencias por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, se mantienen activas en toda la región y esto podría reavivar las llamas en algunas zonas.

De acuerdo con la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias en los próximos días. Solo el fenómeno del viento es el que mantiene una alerta amarilla debido a la capacidad de daño.

Luego de que el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta convocara a elecciones internas en el Partido Justicialista (PJ) de Salta, este fin de semana se confirmó que se presentaron 24 listas para participar del proceso de normalización ordenado por la Justicia Federal.

Tal como habían anunciado a finales de mayo, los comicios están previstos para el 2 de agosto próximo. Aparentemente, el cronograma original se mantendría sin cambios y la votación se realizaría con boleta de papel, de acuerdo con las aclaraciones requeridas por las autoridades judiciales.

Hasta el momento, la inscripción contemplaría la reserva de nombre, la designación de apoderados y la constitución de domicilio legal. Según trascendió, entre las listas presentadas, dos corresponderían a la Juventud Peronista, mientras que las restantes representarían a distintos sectores de la provincia, incluyendo la Capital, el interior, el norte, el sur y el departamento Anta.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, este abanico territorial como señal de una participación amplia en la convocatoria. Por el momento, la presentación de listas corresponde solo a la primera etapa del cronograma electoral y no implica aún la oficialización de candidaturas.

Tras anotarse las 24 listas, se abrirá una fase de negociaciones, acuerdos y eventuales unificaciones en el PJ salteño. Desde el sector afín al gobernador Gustavo Sáenz, no se descartaría la conformación de una lista de unidad. No obstante, indicaron que ninguno de los listados representaría al ala kirchernerista.

Según está planteado en el cronograma electoral, el reconocimiento oficial de las listas podrá realizarse hasta el 23 de junio. Posteriormente, la presentación de listas de candidatos será del 24 al 27 de junio, etapa en la que deberán conocerse los nombres concretos que competirán por los cargos.

El proceso interno se produce tras una larga disputa por la conducción partidaria cuando, en febrero del 2025, el Consejo Nacional del PJ intervino el distrito Salta, que hasta entonces estaba liderado por Esteban Amat Lacroix.

A partir de este movimiento, la intervención designó como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso, pero la decisión fue judicializada. En mayo de 2025, la jueza María Servini declaró inválida la intervención, al considerarla arbitraria, aunque la Cámara Nacional Electoral suspendió ese fallo y el PJ salteño continuó bajo intervención.

En febrero de este año, la conducción nacional desplazó a Berni y nombró a Pablo Kosiner al frente del partido. No obstante, las impugnaciones y pedidos de elecciones internas derivaron en una nueva intervención judicial. Fue así que el pasado 15 de mayo, la Justicia Electoral designó a José Luis Napoleón Gambetta como interventor, con la misión de normalizar el partido y convocar a internas.

Según el fallo, la magistrada reclamó la falta de actos y/o convocatorias concretas que tuvieran como objetivo normalizar el espacio político. Por este motivo, consideró que la intervención había sido utilizada como una herramienta para provocar un vaciamiento institucional que afectó de forma directa los derechos de los afiliados.

En línea con esto, recordó que la intervención partidaria prevista en la Ley 23.298 es una herramienta excepcional, destinada a restablecer la normalidad solo en contextos de acefalia de órganos, renuncias masivas o incumplimiento de elecciones internas. Por lo que, en este caso, consideró que funcionó como un “mecanismo abusivo” que no logró resolver los conflictos internos de la jurisdicción.

A pesar de que dio cuenta de que las autoridades anteriores tenían previsto celebrar las internas el 25 de octubre de este año, la jueza Servini criticó el llamado al calificarlo como tardío en relación con el vencimiento de la intervención y carecería de garantía de concreción de actos electorales verificables.

En este contexto, señaló que la única vía para asegurar la normalización institucional era la intervención judicial. Por esto, dispuso que Gambetta tendrá la obligación de presentar informes quincenales sobre sus acciones y mantener informado al Juzgado Federal con competencia electoral en Salta. Además, deberá garantizar que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, estableciendo fechas y procedimientos claros para la elección interna de autoridades.

Luego de que Mariana Aranda caminara más de 300 kilómetros desde General Enrique Mosconi hasta Salta capital para pedir que investiguen las muertes de su hija, Valentina Cabana, y su nieta, Isabelle Evangeline Cabana, ante la falta de avances en la causa, el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, dispuso la reasignación del caso.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 1739/26, García Castiella anunció que el expediente quedará en manos de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) Nº 1 del Distrito Judicial Centro, a cargo del fiscal penal Santiago López Soto.

El cambio en la Fiscalía interviniente luego de que el viernes pasado la madre y abuela de las víctimas fuera recibida en la sede de la Procuración General. En esa oportunidad, Aranda estuvo acompañada por sus abogados, quienes expusieron las inquietudes sobre el avance de la investigación y solicitó medidas para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Salta, antes de la audiencia con el procurador, Aranda había sido recibida el 16 de junio por el coordinador general de fiscales del Ministerio Público Fiscal, Pablo Rivero, tras llegar a la ciudad capital. En ambas instancias, se abordaron inquietudes respecto al proceso y las acciones ya adoptadas en la investigación.

El pedido de justicia por las muertes de Valentina y Evangeline Cabana lleva vigente ocho meses, cuando ambas murieron poco después de que les realizaran una cesárea en la clínica San Antonio de Tartagal. "El 26 de septiembre entró caminando y a los 9 días fue llevada a la muerte, y por infecciones de un quirófano insalubre y, a consecuencia de la infección de la madre, perdí a mi nieta“, denunció.

Tanto la salud de Valentina como la de la recién nacida eran buenas antes del procedimiento, por lo que Aranda descartó las versiones sobre enfermedades preexistentes. “No tenía ninguna enfermedad, todos los estudios daban un buen estado de salud; mi hija entró caminando y la saqué en un cajón", lamentó.

Según relató en un diálogo con Informate Salta, la mujer acusó que los fiscales se negaron a tomar la causa en Tartagal, pese a que la muerte ocurrió en esa jurisdicción. De la misma manera, cuestionó la derivación del caso a Embarcación por supuestos vínculos con uno de los profesionales implicados.

Respecto a la investigación, indicó que fue calificada como homicidio culposo agravado contra el médico S. O. Sin embargo, criticó la actuación fiscal que se encontraba a cargo de la causa, debido a que había solicitado la historia clínica que tenían en la Clínica Virgen de Urkupiña, pero no había solicitado la medida correspondiente y tuvieron que solicitarla los familiares.

“Las pruebas originales se tomaron en su momento; nos dijeron que no era un secuestro, pero no nos las han regresado”, señaló la mujer al contar que también decidieron revocarle el poder de la representación a su anterior abogado, debido a que no le brindaba respuestas.

Bajo su punto de vista, las muertes de su hija y nieta fueron producto de una “cadena de errores y de horror”, tras contar: “Pasé por el frente del consultorio, confié en él; el padre de este médico me trajo a mi hija al mundo y su hijo me la termina matando”.

“Una enfermera que no registró un cuadro febril, un médico que hizo caso omiso a las pérdidas de líquidos marrones y con olor”, enumeró, para luego cuestionar la decisión de haberle dado el alta médica. Y completó: “Me la volvieron a internar, la entraron al quirófano y la lavaron”.

A raíz de la gravedad de su cuadro, Aranda relató que su hija tuvo que ser trasladada hacia la capital, en donde fue sometida a cuatro operaciones en menos de nueve días hasta que murió en terapia intensiva sin alcanzar a ser trasladada al quirófano, pese a la proximidad de este dentro del hospital.

“Ella no murió por ser mamá, sino por negligencia médica, por quirófanos insalubres y clínicas que, mientras aumentan sus cuentas, se nos van nuestros hijos”, denunció la mujer. Asimismo, expresó que el dolor persiste, pese al paso del tiempo, especialmente por la juventud de Valentina, quien tenía quince años y esperaba a Evangeline con ilusión.

Finalmente, la madre y abuela de las víctimas subrayó que, aunque tiene cinco hijos, el amor y el dolor por la pérdida de Valentina y su nieta no pueden ser reemplazados. “Es un derecho el que ella tenía, el de vivir, y siento que no se ha respetado”, concluyó.

El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, recorrió el campamento de bomberos en el área afectada. “El daño ambiental es cuantioso y sumamente importante para nosotros los cafayateños porque estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura, de lluvia, en fin, es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”, expresó.

Gaspar Solá detalló que el avión hidrante, con una cisterna de aproximadamente 3.000 litros, realizó descargas estratégicas para apoyar el combate del fuego desde el aire, en una tarea que estimó se extenderá durante varios días. “Hoy se realizaron más de 23 vuelos, las dotaciones de bomberos, el agua que fluye constantemente… estamos trabajando de manera coordinada con los brigadistas en tierra”, afirmó el funcionario.

El viento zonda, con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora, favoreció la propagación de las llamas y generó nuevos focos fuera de control. Gabriel Domingo, presidente de los Bomberos Voluntarios de Cafayate, en diálogo con Radio Lup 94.7 informó que el incendio alcanzó áreas que no se habían visto afectadas anteriormente. “Es un desierto”, describió el jefe de bomberos, al referirse a la devastación en sectores del este de la Ruta 68 y el monte virgen entre los kilómetros 7 y 5.

La Ruta 68 continúa habilitada al tránsito, la zona ya había sido regenerada con especies nativas tras un incendio en 2005. Se recomienda a los conductores extremar la precaución debido a la presencia de equipos que trabajan en el lugar. Desde los equipos de emergencia advierten sobre la necesidad de mayor conciencia en la población para evitar quemas no controladas, que pueden derivar en situaciones como la actual y poner en riesgo tanto a personas como al patrimonio ambiental.

La recuperación de las áreas afectadas no será inmediata. La alta temperatura del incendio produce esterilidad del suelo y una capa de ceniza que dificulta el retorno de nutrientes. “Para reforestar necesitaríamos planificar un sistema de riego, porque el recurso más escaso que tiene Cafayate es el agua”, subrayó Gabriel Domingo.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños materiales en viviendas ni pérdidas de animales. Sin embargo, el jefe de Bomberos Voluntarios detalló que brigadistas sufrieron lesiones por el fuego: “Fueron quemaduras leves, pero quemaduras al fin, una gran inhalación de humo”. Las ráfagas de viento zonda sorprendieron a los brigadistas y favorecieron la propagación del fuego, lo que elevó el riesgo para quienes combaten el incendio.

El operativo de emergencia integra tareas de enfriamiento, remoción y control de puntos calientes, apoyadas por cámaras térmicas aéreas. En este marco, la meteorología aparece como un factor decisivo que podría ayudar el fuego. El descenso de la temperatura y la disminución de las ráfagas de viento facilitaron el accionar del avión hidrante y el avance del operativo -que continuará mientras persista riesgo de reactivación-.

El Concejo Deliberante de Cafayate declaró el Estado de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en todo el departamento por un plazo inicial de 18 meses, ante la magnitud del desastre y el impacto sobre los bosques nativos y recursos naturales. Según la ordenanza aprobada en sesión especial, la gravedad de la situación supera la capacidad técnica y financiera del municipio, lo que llevó a solicitar al Gobierno provincial fondos extraordinarios, asistencia técnica y recursos logísticos para enfrentar la emergencia y avanzar en la remediación ambiental.

El Escuadrón 20 “Orán” de Gendarmería Nacional Argentina incautó 1.276 kilogramos de hojas de coca y 21.750 paquetes de cigarrillos de contrabando durante un operativo fluvial en el río Bermejo, en la provincia de Salta. La acción se desplegó en la confluencia del río Tarija, donde los efectivos detectaron al menos nueve embarcaciones artesanales, conocidas localmente como “jangadas”, cargadas con bultos de gran tamaño.

Los involucrados, al advertir la presencia de los uniformados, abandonaron la mercadería y se internaron en la espesura del monte, evitando su detención. Fuentes de la Gendarmería Nacional Argentina confirmaron que el procedimiento se realizó en el marco del Plan Güemes, destinado a reforzar el control sobre rutas fluviales utilizadas para el contrabando en la región norte del país.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo no permitió la aprehensión de sospechosos debido a las condiciones del terreno y la baja visibilidad. Según Informate Salta, la carga secuestrada fue trasladada a la Sección “28 de Julio” para su pesaje y conteo, en presencia de testigos habilitados.

La mercadería incautada incluía dos marcas extranjeras distintas de cigarrillos y carecía de la documentación aduanera correspondiente. La Sede Fiscal Descentralizada de Orán intervino en el caso y ordenó el secuestro de la totalidad de la carga, además de iniciar las actuaciones procesales pertinentes.

El accionar de la Gendarmería Nacional Argentina se enmarca en una serie de operativos recientes orientados a combatir el tráfico ilegal de productos en la frontera norte, donde el cruce fluvial y la utilización de embarcaciones improvisadas representan un desafío constante para las autoridades.

El procedimiento dejó en evidencia la magnitud del contrabando en la zona y el despliegue de recursos de las fuerzas federales para interceptar el ingreso irregular de mercaderías. Hasta el momento, no se han registrado detenciones vinculadas a este operativo y la investigación sigue a cargo de la fiscalía local.

Detectaron 700 kilos de hojas de coca en un micro

Un operativo de control realizado por Gendarmería Nacional Argentina durante esta semana, permitió el secuestro de más de 700 kilos de hojas de coca. Los paquetes eran transportados en un micro que viajaba desde San Ramón de la Nueva Orán en Salta, hacia la localidad de Ingeniero Budge en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El procedimiento se concretó durante la noche del martes sobre la Ruta Provincial Nº92, en la provincia de Santiago del Estero, donde los efectivos de la Sección Quimilí del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” detuvieron la marcha del vehículo, identificado como un transporte de “tour de compras”.

La inspección del micro reveló la presencia de 35 bultos de grandes dimensiones distribuidos en el pasillo del colectivo. La totalidad de la carga, cuyo peso alcanzó los 768 kilos, fue secuestrada en el lugar. La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero, que imputó a los involucrados por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

Tras identificar a los propietarios de la carga, los gendarmes corroboraron que se trataba de tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad. En presencia de testigos, se procedió a la apertura de los paquetes, constatando que contenían hojas de coca en estado natural. Los cuatro propietarios fueron retirados del micro para el inicio de las actuaciones legales correspondientes.

El hallazgo refleja la persistencia del tráfico de hojas de coca en el país y la utilización de diferentes rutas y modalidades para su traslado, incluyendo el transporte de pasajeros. Las autoridades federales remarcaron la importancia de los controles preventivos en rutas nacionales y provinciales para impedir el ingreso y circulación de mercadería sin el aval aduanero exigido por la ley.

J. D. A. permanece internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado tras haber sido víctima de una balacera en un barrio de la ciudad salteña de Orán.

Por el hecho, detuvieron e imputaron en las últimas horas a dos jóvenes de 20 y 21 años, como responsables de haber disparado contra el adolescente de 18 años durante el fin de semana.

El ataque se produjo durante la madrugada del domingo en la intersección de la avenida Constituyentes y la calle España, cuando desde un automóvil abrieron fuego contra la víctima, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. El joven fue trasladado de inmediato al hospital San Bernardo, donde continúa bajo asistencia médica crítica.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó de forma provisional a los dos detenidos como coautores del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó que ambos permanezcan privados de su libertad mientras avanza la investigación.

El caso fue inicialmente recibido por la Fiscalía Penal 2 del distrito. Al determinarse la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, las actuaciones fueron remitidas a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que asumió la conducción del proceso, de acuerdo a los datos proporcionados por El Tribuno.

Los sospechosos cayeron tras la investigación iniciada por los integrantes del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que lograron localizarlos a partir de las diligencias realizadas en las horas posteriores al ataque.

Uno de ellos fue capturado directamente por los investigadores de la UGAP; el segundo fue detenido por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la jurisdicción.

La fiscalía dispuso numerosas medidas de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existieron otros partícipes dado que se desconoce si los jóvenes involucrados viajaban con otras personas dentro del vehículo desde donde se produjo la balacera.

Recibió un disparo en la cabeza en medio de un enfrentamiento entre bandas

Pocos días después de haberse producido este violento episodio en Salta, en el conurbano bonaerense una joven de 20 años era trasladada a un nosocomio tras quedar en medio de un enfrentamiento a tiros.

La víctima quedó internada en estado crítico también por un disparo en la cabeza durante una violenta pelea entre bandas en González Catán. La joven fue identificada como L. A. S., quien no tenía vínculo alguno con los grupos y quedó en medio del fuego cruzado.

El incidente ocurrió en la noche del martes en la esquina de las calles Sanabria y Chicago, cuando transitaba por el sector al momento en que estalló la pelea armada. Un proyectil la alcanzó en la cabeza y debió ser trasladada de urgencia al hospital Simplemente Evita, donde ingresó sin conocimiento.

Los médicos le practicaron una intervención quirúrgica para descomprimir la zona afectada por el impacto y le administraron la medicación de protocolo. Fuentes de la investigación consultadas por Primer Plano Online describieron el estado de la paciente como “muy delicado” y señalaron que la evolución en las próximas horas será determinante para su pronóstico.

Hasta el momento, no hay detenidos por el hecho. La Policía Bonaerense trabaja en la identificación de los responsables del tiroteo a partir de las diligencias iniciadas tras el ataque.

La causa quedó a cargo del fiscal Sebastián Gallo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 2 de Laferrere, quien caratuló el hecho, en principio, como lesiones graves provocadas por el uso de arma de fuego. Las autoridades aguardan información sobre el estado de salud de la víctima.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 cuando el colectivo de la empresa 20 de Junio, que cubría el trayecto Mendoza-Jujuy, embistió la parte trasera de un camión de la firma Transporte Victoria que transportaba un cargamento de carbón. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido de marcha al momento de la colisión, según las primeras informaciones de medios locales.

El impacto fue de tal magnitud que varias personas quedaron atrapadas dentro del micro, incluido uno de los choferes, que tuvo que ser rescatado entre los hierros por los equipos de emergencia. Los dos vehículos sufrieron daños estructurales de consideración.

De las 24 personas trasladadas, al menos una mujer resultó con fractura de pierna, mientras que el resto presentaba heridas de menor gravedad. Todos los lesionados fueron derivados al Hospital Dr. Joaquín Castellanos de General Güemes, donde quedaron bajo observación médica, según indicó el portal Las 24 Horas de Jujuy. No trascendió información oficial sobre el estado actualizado de cada uno de los pacientes.

Tras el siniestro, se desplegó un operativo en la zona con la participación de bomberos voluntarios General Belgrano de Güemes, gendarmes, efectivos policiales, personal de Seguridad Vial y equipos de emergencia. La ruta nacional 9/34 permaneció cortada durante varias horas mientras los rescatistas liberaban a los ocupantes atrapados y los peritos avanzaban con las tareas de rigor.

Peritos de Criminalística trabajan en la reconstrucción de la mecánica del siniestro para determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades del caso. Las causas del choque aún son materia de investigación y se espera por novedades en cuanto a la evolución de los lesionados.

Un impresionante choque múltiple dejó cuatro muertos y varios heridos

Un brutal accidente múltiple dejó al menos cuatro víctimas fatales y varios heridos sobre la Ruta Nacional 12. El siniestro ocurrió días atrás, a la altura del kilómetro 98, en la zona de Isla Talavera, próximo al complejo Zárate - Brazo Largo, que vincula la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos.

Según la información disponible hasta el momento, el choque tuvo como protagonistas a dos autos y una camioneta. Medios locales reportaron que, por razones aún bajo investigación, los vehículos colisionaron entre sí y uno de ellos volcó, con un saldo fatal de cuatro personas.

El hecho se produjo este lunes por la tarde en el sector bonaerense del Delta, entre los dos puentes del complejo vial. Este tramo forma parte de la Autovía del Mercosur, uno de los corredores de mayor circulación del país, que conecta Buenos Aires con las provincias del litoral argentino.

A raíz del siniestro, Vialidad Nacional emitió un comunicado con el cierre total de la calzada en sentido norte-sur, es decir, desde Entre Ríos hacia Buenos Aires. El organismo instó a los conductores a respetar las indicaciones del personal desplegado en el lugar y a prever demoras significativas hasta la restitución del tránsito normal.

Pasadas las 19, las autoridades habilitaron un carril en dirección a Buenos Aires, aunque mantuvieron el llamado a extremar precauciones en el sector.

En el lugar actuaron fuerzas de seguridad, equipos de emergencia y personal de Seguridad Vial, con tareas simultáneas de asistencia a las víctimas, ordenamiento del tránsito y relevamiento pericial. La remoción de los vehículos involucrados también integraba el operativo al momento de elaborarse esta información.

La cifra exacta de heridos no tuvo confirmación oficial, aunque fuentes vinculadas al operativo indicaron a medios locales que varios ocupantes de los vehículos recibieron atención de los servicios de emergencia en el lugar.

La Justicia Federal de Salta dictó prisión preventiva para una pareja acusada de acopiar y comercializar más de 200 kilos de marihuana y cocaína, luego de un operativo que permitió secuestrar un cargamento valuado en más de 900 mil dosis, según estimaciones oficiales. La investigación, bajo la órbita federal, se inició tras un control vehicular y derivó en el allanamiento de una vivienda en el barrio Juan Pablo II, en la zona sur de la capital provincial.

El procedimiento comenzó con efectivos de la Policía de Salta en un punto de control vial, donde detectaron inconsistencias en la documentación de un automóvil conducido por J.L.M. Durante la requisa, la Policía encontró 17 kilos de marihuana en el baúl y más de un kilo de cocaína debajo del asiento. El hombre quedó detenido en ese momento y el caso pasó a la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Las autoridades hallaron además comprobantes de pago de expensas vinculados a un departamento en la zona sur, lo que orientó la investigación hacia un posible lugar de acopio. Según El Tribuno, la fiscalía federal solicitó un allanamiento en ese inmueble. Allí, los agentes secuestraron nueve bolsas de arpillera con 188 kilos de marihuana y casi 400 gramos de cocaína, además de documentación relevante para la causa.

Durante el operativo en la vivienda allanada se presentó la pareja del detenido, S.A.B., quien fue arrestada luego de que testigos aseguraran que convivía con J.L.M. en ese inmueble. El movimiento constante de personas en el departamento seria uno de los elementos que va a ser analizado para determinar si el sitio funcionaba como punto de almacenamiento o distribución de estupefacientes.

La cantidad de droga incautada superó los 205 kilos y estaba acondicionada en distintos paquetes, lista para su fraccionamiento y posterior distribución en la provincia. La Fiscalía Federal de Transición y el Juzgado Federal N°1 de Salta coordinan la investigación, que ahora apunta a esclarecer el origen del cargamento, identificar el destino final y determinar si existen otros implicados en la red de tráfico.

El juez federal Julio Bavio formalizó la imputación por transporte, acopio y comercialización de estupefacientes. En el caso de J.L.M., la prisión preventiva fue fijada por 60 días, mientras que para S.A.B. la medida se dictó por un plazo inicial de 10 días, al considerar la gravedad del caso y el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. La decisión incluyó el levantamiento del secreto bancario y bursátil de los acusados, así como la realización de peritajes sobre la droga y los dispositivos electrónicos secuestrados.

La fiscalía consideró que el volumen de droga y los elementos hallados refuerzan la hipótesis de una maniobra vinculada a una estructura criminal más amplia. “Las evidencias permiten suponer la existencia de una organización narcocriminal mayor”, sostuvo el fiscal Carlos Martín Amad. Además, remarcó la importancia de asegurar el análisis de los teléfonos y la reconstrucción patrimonial de los imputados para esclarecer el circuito de distribución.

Durante la audiencia judicial, la defensa de S.A.B., quien cursa un embarazo de tres meses, solicitó el arresto domiciliario, argumentando su desconocimiento de las actividades ilícitas de su pareja. “Mi pareja no tiene nada que ver con esto, ella no sabía lo que yo hacía”, declaró J.L.M. ante el juez. La fiscalía se opuso, aludiendo a la necesidad de preservar la investigación.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que profundizará los peritajes y el análisis de los bienes y documentos incautados. Además de la droga, los agentes secuestraron dos motocicletas de alta cilindrada, una balanza de precisión y documentación de interés. El caso forma parte de una serie de operativos recientes que permitieron desarticular redes de tráfico en la región, involucrando a múltiples dependencias y recursos federales.

La investigación sigue abierta y las autoridades buscan identificar si existen otros integrantes, proveedores o destinatarios del cargamento, así como reconstruir el flujo de dinero y las conexiones entre distintos domicilios y puntos de venta.

Más de 205 kilos de droga fueron incautados en un operativo realizado en la zona sur de la ciudad de Salta, tras el allanamiento de una vivienda en barrio Juan Pablo II. La acción policial resultó en la detención de una mujer mayor de edad y permitió avanzar en el desmantelamiento de un presunto circuito de acopio y distribución de estupefacientes.

La investigación, bajo la órbita federal, había comenzado menos de 24 horas antes, luego de un control vehicular en barrio El Rosedal, que ya había dejado a un hombre arrestado y el secuestro de droga en su automóvil.

El hallazgo de la droga en la vivienda allanada fue posible gracias al seguimiento realizado por las autoridades, cuando efectivos de Seguridad Vial detectaron irregularidades en la documentación de un automovilista. La requisa, realizada en presencia de testigos civiles, reveló que el vehículo transportaba paquetes con marihuana y cocaína en el baúl. El conductor fue detenido en el lugar, y el caso pasó bajo la responsabilidad de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

La secuencia de procedimientos se desarrolló en menos de un día y permitió secuestrar una cantidad de droga equivalente, según cálculos oficiales, a más de 900 mil dosis no comercializadas. La sustancia estaba acondicionada en distintos paquetes, lista para su fraccionamiento y posterior distribución en la provincia. Las autoridades federales informaron que los dos detenidos, un hombre y una mujer, quedaron a disposición de la Justicia y que la investigación se centra en determinar el origen y destino final del cargamento, así como el alcance de la red involucrada.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, el operativo fue coordinado por la Fiscalía Federal de Transición en turno y el Juzgado Federal 1 de Salta. En el inicio de la causa también intervino la Fiscalía Federal de Delitos Complejos, encargada de las primeras medidas tras el hallazgo en el control vehicular. Con base en los resultados obtenidos, se ordenaron nuevas diligencias que derivaron en el allanamiento y la incautación de la mayor parte de la droga.

Ahora, la investigación se orienta ahora a esclarecer el origen de la droga, identificar su destino final y determinar si existen otras personas vinculadas a la organización o al circuito de distribución. Se están analizando los elementos secuestrados durante las medidas judiciales —incluidos vehículos, teléfonos y documentación— para establecer posibles conexiones con otros domicilios o puntos de venta.

La causa quedó bajo jurisdicción federal, al estar vinculada al tráfico de estupefacientes. La Justicia Federal deberá definir la situación procesal de los dos detenidos y profundizar las pericias sobre la droga incautada, los vehículos, teléfonos y demás elementos secuestrados.

Días atrás, en un operativo de envergadura inusual para la región, fuerzas de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia y efectivos de Gendarmería Nacional lograron desarticular una red narcocriminal que operaba entre las provincias de Salta y Catamarca.

La acción coordinada, que involucró a múltiples dependencias y recursos, permitió detener a integrantes clave de la estructura, incautar drogas de alto valor y secuestrar vehículos y elementos vinculados al tráfico ilegal.

La investigación, impulsada por el Juzgado Federal de Catamarca a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras, se centró en una organización señalada por el acopio y comercialización de estupefacientes en el Valle Central.

El despliegue comenzó el sábado pasado de la semana pasada por la tarde, cuando fuerzas federales y provinciales montaron un operativo cerrojo para interceptar un Volkswagen Polo blanco. El vehículo, que circulaba por la capital catamarqueña, estaba tripulado por tres hombres, todos oriundos de Salta. Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron huir, desencadenando una persecución que se extendió por diversas calles y requirió la intervención de patrulleros de distintas jurisdicciones.

El operativo culminó en la intersección de avenidas Alem y Güemes, donde los agentes lograron detener y reducir a los sospechosos, cuyas edades oscilaban entre 21, 23 y 25 años. Al requisar el automóvil, los efectivos hallaron 3,136 kilogramos de cocaína compactada en “ladrillos”, cada uno con el sello del delfín, una marca asociada a cárteles transnacionales de estupefacientes. Además, se secuestraron cinco comprimidos de Midazolam de 15 mg, y el mismo vehículo utilizado para el transporte quedó bajo custodia judicial.

La detención de los tres salteños funcionó como detonante para una serie de allanamientos simultáneos en domicilios de la ciudad de Catamarca, realizados durante la tarde del último martes. En estos procedimientos, los agentes incautaron 303 gramos de marihuana compactada, diversos envoltorios con cogollos listos para la venta al menudeo, semillas de cannabis sativa y dos envoltorios de tusi (o cocaína rosa), una sustancia sintética de elevado costo y circulación poco habitual en la zona.

El operativo también permitió secuestrar dos balanzas grameras de precisión, un posnet utilizado para transacciones electrónicas, una caja fuerte, una cámara de seguridad instalada para controlar el búnker, once teléfonos celulares, dos motocicletas y un vehículo particular. Las fuerzas actuantes detuvieron a cinco personas identificadas como responsables de la distribución y adulteración de las sustancias: una joven de 27 años, una mujer de 36, y tres hombres de 23, 30 y 42 años.

En el marco de la causa, la Justicia Federal dispuso la realización de tres allanamientos simultáneos en Salta ese mismo martes, con el objetivo de localizar y desmantelar los centros de acopio desde donde partían los cargamentos marcados con el sello del delfín hacia Catamarca.

La operación fue liderada por el Juzgado Federal de Catamarca, que ordenó todas las medidas procesales, y contó con la colaboración de la Dirección Drogas Peligrosas y Gendarmería Nacional.

La investigación continúa abierta, con el objetivo de identificar posibles ramificaciones de la red y determinar la procedencia exacta de los cargamentos. El destino de los vehículos y bienes incautados quedará sujeto a lo que disponga la Justicia Federal, en tanto se profundizan las pericias sobre las sustancias y dispositivos electrónicos secuestrados.

En las últimas horas, Jorge Fernando Carrizo, el hombre de 27 años que era intensamente buscado por una causa de tentativa de femicidio, fue capturado en la provincia de Jujuy. El pasado 22 de mayo, en San Ramón de la Nueva Orán, Salta, el acusado roció con un líquido inflamable a su pareja, la prendió fuego y escapó. Desde entonces, las autoridades desplegaron un operativo para dar con su paradero.

Este jueves, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, confirmó la detención del sospechoso y la localización de la víctima, quien se encontraba ausente de su domicilio y fuera de la custodia dispuesta para su protección.

Fuentes del caso indicaron que el sospechoso y la mujer mantenían una relación de pareja con antecedentes de violencia y que, antes de la presunta tentativa de femicidio, Carrizo ya había sido imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán, a cargo de la fiscal penal Claudia Carreras, como autor de los delitos de lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia en perjuicio de la misma mujer.

En aquella causa, la fiscal Carreras solicitó la prisión preventiva del acusado. Sin embargo, durante la audiencia realizada el 16 de abril, el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó su inmediata libertad.

Poco más de un mes después, según la investigación, Carrizo volvió a atacar a la mujer. Tras el episodio, familiares de la víctima denunciaron que la joven había abandonado su domicilio y que ya no se encontraba bajo la custodia policial que había sido dispuesta para protegerla.

Ante esa situación, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información sobre el paradero de ambos, a través del Sistema de Emergencias 911.

La búsqueda demandó un trabajo conjunto entre personal de la Unidad UGAP Orán, del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Jujuy.

El pasado 8 de junio, la Sala II del Tribunal de Impugnación, integrada por el juez Guillermo Poliotto, revocó la decisión que había dispuesto la libertad de Carrizo, ordenó su inmediata detención y lo declaró en rebeldía.

Finalmente, el sospechoso fue localizado y detenido en la provincia de Jujuy, donde quedó a disposición de la Justicia. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal salteño, la medida se cumple bajo la modalidad de prisión preventiva.

Por su parte, la víctima fue ubicada recientemente y será sometida a una evaluación médica para constatar su estado de salud. Además, se prevé la intervención de organismos especializados para brindarle asistencia integral y facilitar el reencuentro con su familia.

La fiscal Filtrín Cuezzo destacó el trabajo coordinado entre los equipos de investigación y el apoyo brindado por las fuerzas de seguridad de Jujuy para concretar la detención del acusado.

YPF inauguró en Salta la primera estación Refiplus del país, un nuevo formato dentro de su red que apunta a una carga de combustible más rápida y simple.

La apertura se realizó en la capital provincial, sobre Avenida Hipólito Yrigoyen, con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz y el presidente y CEO de la petrolera de mayoría estatal, Horacio Marín.

Según explicó Marín, el objetivo del nuevo modelo es agilizar la operación sin cambios en la calidad: “Refiplus es una propuesta pensada para lo que hoy valora el cliente: resolver la carga de forma ágil, sin resignar calidad. Es simple, eficiente y con el respaldo de YPF en cada litro”.

El formato incorpora una combinación de islas asistidas y autodespacho, con integración a la App YPF para el pago y el vínculo con el cliente, de acuerdo con la compañía. También mantiene una oferta de servicios esenciales y opciones de conveniencia adaptadas a cada plaza, con una gestión operativa simplificada.

Sáenz destacó el impacto del nuevo servicio para el interior provincial: “Brindar servicios es fundamental cuando las distancias son tan largas. Llevarles esta posibilidad a la gente de los pueblos más alejados, para nosotros, es fundamental. Gracias a YPF por inaugurar aquí la primera Refiplus del país”.

YPF indicó que Refiplus Energía YPF se integra a su estrategia de evolucionar la red con distintos formatos y que promoverá la transformación de estaciones existentes hacia este modelo, con un despliegue que se extenderá a distintas regiones del país.

Mariana Aranda hará más de 500 kilómetros a pie y no tiene intención de detenerse. La mujer, oriunda de Tartagal, provincia de Salta, emprendió una caminata desde esa ciudad hacia la capital provincial para exigir respuestas por la muerte de su hija de 15 años y su nieta recién nacida, ambas fallecidas en la clínica San Antonio tras una cesárea. Ocho meses de silencio institucional la empujaron a tomar la ruta.

Fue en el transcurso de esa marcha cuando el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta decidió involucrarse en la situación y conocer su historia. Por disposición del Procurador General de la Provincia, Pedro Oscar del Milagro García Castiella, representantes del organismo salieron al encuentro de Aranda para transmitirle, según el comunicado oficial, “la predisposición institucional de escuchar personalmente sus planteos y facilitar la escucha de sus peticiones de justicia”.

El MPF le propuso además una reunión con el equipo fiscal a cargo de la causa, a realizarse en las oficinas del organismo en la ciudad de Orán. El objetivo es ponerla al tanto del estado de avance de la investigación y recibir sus inquietudes de forma directa.

Aranda agradeció el ofrecimiento, pero su respuesta fue categórica: primero termina la caminata. Su voluntad es mantener ese encuentro una vez que llegue a la ciudad de Salta.

La investigación está en marcha. Desde el MPF informaron que ya fueron requeridos los informes técnicos y médicos correspondientes, las historias clínicas y demás elementos de análisis. El organismo no descartó que esas evaluaciones científicas se profundicen en el futuro, según consta en el comunicado institucional.

El mismo documento detalla que “actualmente se desarrollan diversas diligencias orientadas a la evaluación, alcance penal y esclarecimiento de los hechos denunciados”, e indica que Aranda fue invitada a incorporarse y ejercer el control de la investigación.

El MPF también reiteró su compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo con la familia, con acceso a toda la información que legalmente corresponda y el acompañamiento necesario durante el proceso.

La causa tiene como eje central las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la adolescente y la recién nacida en la clínica San Antonio, institución médica que tampoco le habría dado respuestas a la familia en estos ocho meses de reclamo.

Tres jóvenes murieron en un incendio y una de las víctimas estaba embarazada

Tres jóvenes identificados como Milagros Maidana, Tomás Maidana y Milagros Arenales perdieron la vida al quedar atrapados en el interior de una vivienda durante un incendio en Del Viso, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Una de ellas cursaba un embarazo de cinco meses al momento del siniestro. Fuentes de la investigación señalaron que el fuego tuvo su origen en una falla de una estufa ubicada en el living de la casa, lo que aceleró la propagación de las llamas e impidió la huida de las víctimas, quienes se encontraban en la planta alta.

El hecho tuvo lugar días atrás, en una vivienda del barrio De Vicenzo, sobre la calle Golf Club Necochea, entre Campo Municipal de Golf y Golf Club Boulogne. Las autoridades indicaron que un llamado al 911 llevó a la policía hasta el lugar en pocos minutos, donde hallaron al padre de los Maidana. El hombre, de 43 años, declaró ante los agentes que hizo lo posible por salvar a sus hijos y a su nuera, quienes no lograron ponerse a salvo pese a todos los intentos.

El incendio dejó a otros tres integrantes de la familia con necesidad de atención médica: el padre fue trasladado por el SAME de Pilar con quemaduras en el rostro y los brazos, su pareja atravesó una crisis nerviosa y la sobrina, menor de 14 años, sufrió un principio de asfixia. Los tres permanecen bajo observación tras ser derivados a un centro de salud, según informaron voceros del caso.

Los peritajes preliminares publicados por Pilar a Diario confirmaron que el fuego se inició en la estufa del living. Una explosión en ese mismo ambiente extendió las llamas con rapidez y cortó la salida de los jóvenes que estaban en la planta alta. Los bomberos lograron extinguir el fuego y, al ingresar al interior de la vivienda, encontraron los cuerpos de las tres víctimas, que fueron trasladados para la autopsia correspondiente.

Testigos presentes en el lugar aportaron detalles sobre los últimos movimientos de las víctimas: la joven embarazada fue encontrada dentro de un placard, donde buscó protegerse del fuego. Tomás Maidana intentó arrancar una reja para salir por una ventana, mientras que el padre de los jóvenes recurrió a un hacha para abrir el techo en un intento desesperado por llegar hasta ellos.

En un operativo de envergadura inusual para la región, fuerzas de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia y efectivos de Gendarmería Nacional lograron desarticular una red narcocriminal que operaba entre las provincias de Salta y Catamarca.

La acción coordinada, que involucró a múltiples dependencias y recursos, permitió detener a integrantes clave de la estructura, incautar drogas de alto valor y secuestrar vehículos y elementos vinculados al tráfico ilegal.

La investigación, impulsada por el Juzgado Federal de Catamarca a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras, se centró en una organización señalada por el acopio y comercialización de estupefacientes en el Valle Central.

El despliegue comenzó el sábado pasado por la tarde, cuando fuerzas federales y provinciales montaron un operativo cerrojo para interceptar un Volkswagen Polo blanco. El vehículo, que circulaba por la capital catamarqueña, estaba tripulado por tres hombres, todos oriundos de Salta. Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron huir, desencadenando una persecución que se extendió por diversas calles y requirió la intervención de patrulleros de distintas jurisdicciones.

El operativo culminó en la intersección de avenidas Alem y Güemes, donde los agentes lograron detener y reducir a los sospechosos, cuyas edades oscilaban entre 21, 23 y 25 años. Al requisar el automóvil, los efectivos hallaron 3,136 kilogramos de cocaína compactada en “ladrillos”, cada uno con el sello del delfín, una marca asociada a cárteles transnacionales de estupefacientes. Además, se secuestraron cinco comprimidos de Midazolam de 15 mg, y el mismo vehículo utilizado para el transporte quedó bajo custodia judicial.

Según lo informado por el portal del diario El Esquiú, la detención de los tres salteños funcionó como detonante para una serie de allanamientos simultáneos en domicilios de la ciudad de Catamarca, realizados durante la tarde del último martes. En estos procedimientos, los agentes incautaron 303 gramos de marihuana compactada, diversos envoltorios con cogollos listos para la venta al menudeo, semillas de cannabis sativa y dos envoltorios de tusi (o cocaína rosa), una sustancia sintética de elevado costo y circulación poco habitual en la zona.

El operativo también permitió secuestrar dos balanzas grameras de precisión, un posnet utilizado para transacciones electrónicas, una caja fuerte, una cámara de seguridad instalada para controlar el búnker, once teléfonos celulares, dos motocicletas y un vehículo particular. Las fuerzas actuantes detuvieron a cinco personas identificadas como responsables de la distribución y adulteración de las sustancias: una joven de 27 años, una mujer de 36, y tres hombres de 23, 30 y 42 años.

En el marco de la causa, la Justicia Federal dispuso la realización de tres allanamientos simultáneos en Salta ese mismo martes, con el objetivo de localizar y desmantelar los centros de acopio desde donde partían los cargamentos marcados con el sello del delfín hacia Catamarca.

La operación fue liderada por el Juzgado Federal de Catamarca, que ordenó todas las medidas procesales, y contó con la colaboración de la Dirección Drogas Peligrosas y Gendarmería Nacional.

La investigación continúa abierta, con el objetivo de identificar posibles ramificaciones de la red y determinar la procedencia exacta de los cargamentos. El destino de los vehículos y bienes incautados quedará sujeto a lo que disponga la Justicia Federal, en tanto se profundizan las pericias sobre las sustancias y dispositivos electrónicos secuestrados.

La desarticulación de esta organización responde a una estrategia de ataque conjunto al tráfico de drogas en el noroeste argentino, que busca no solo desbaratar las redes de distribución sino también afectar las estructuras económicas y logísticas de los grupos criminales.

El caso por el doble homicidio de las turistas francesas en Salta, ocurrido en 2011, vuelve a ser centro de atención tras la confirmación de una nueva pericia genética clave tras meses de espera.

Un informe emitido por el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales estableció que la prueba se efectuará el próximo martes 16 de junio y estará enfocada en las muestras de Beatriz Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, uno de los condenados y posteriormente absuelto por el crimen.

El anuncio se produce en medio de crecientes especulaciones en torno al avance de la causa. En los últimos días, el abogado defensor Roberto Reyes difundió un comunicado en el que aseguraraba que ya disponía del informe genético que compara la muestra de Yapura con un perfil femenino obtenido por expertos franceses.

Estas afirmaciones fueron desmentidas por la Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales María Luján Sodero Calvet, Daniel Espilocín y Pablo Paz, quienes recalcaron que aún no se ha realizado la pericia oficial y, por ende, el abogado no podría disponer de ese resultado.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, la comunicación oficial subraya que la difusión de datos incorrectos solo contribuye a obstaculizar la investigación, cuya complejidad y resonancia internacional mantienen el interés público desde hace más de una década.

Según detallaron fuentes del Servicio de Biología Molecular, la pericia genética con la muestra de Beatriz Yapura fue programada para el martes 16 de junio en el laboratorio oficial del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Esta diligencia se notificó formalmente a todas las partes involucradas, garantizando la transparencia del proceso y el acceso a la información relevante para las defensas y las querellas.

Los cotejos genéticos con otras mujeres señaladas como de interés en la investigación ya se efectuaron previamente. Sólo resta comparar el material genético de Yapura, recolectado el pasado 20 de mayo, con el perfil femenino identificado por peritos franceses en la escena del crimen.

El caso, que derivó en la condena y posterior absolución de Santos Clemente Vera, se mantiene abierto con nuevas líneas de investigación basadas en análisis científicos. Desde la fiscalía manifestaron que los resultados de la pericia genética serán informados oportunamente, una vez que haya finalizado el procesamiento integral de las muestras, incluidas las diligencias realizadas en Francia en mayo pasado.

El doble femicidio de las ciudadanas francesas ocurrió en la zona de El Mirador, cerca de la quebrada de San Lorenzo, en julio de 2011. El proceso judicial ha estado marcado por cambios en la imputación y revisiones de sentencias, lo que convirtió al expediente en un caso emblemático para la justicia provincial y nacional. Vera resultó condenado en un primer juicio, pero fue absuelto años después, tras la revisión de las pruebas y la intervención de nuevas pericias.

La expectativa sobre los resultados se mantiene alta, dado el impacto que podría tener el material genético en la reconstrucción de los hechos y la eventual identificación de responsables. Mientras tanto, el proceso judicial sigue marcado por la cautela y la exigencia de transparencia en cada una de las instancias técnicas y procesales.

Un hombre de 27 años prendió fuego a su pareja en un intento de femicidio el 22 de mayo en San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta. El atacante permanece prófugo, mientras que la víctima sufrió graves quemaduras en el rostro y cuello. Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo para encontrarlo, mientras organizaciones y familiares alertaron por la situación crítica en la que quedó la joven.

Su pareja, identificado como Jorge Fernando Carrizo, había sido liberado semanas antes por la Justicia, pese a los antecedentes de violencia de género y a un pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía. Tras protagonizar el intento de femicidio, el hombre se fugo y actualmente continúan con la intensa búsqueda para dar con su paradero.

De acuerdo con El Tribuno, el presunto agresor, había sido previamente imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia. La fiscal Claudia Carreras había solicitado su prisión preventiva, pero el 16 de abril el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido y dictó su liberación.

Por su parte, la mujer, también de 27 años, sufrió graves consecuencias luego del brutal epusodio donde su pareja la roció con un líquido inflamable y le prendió fuego. Los familiares de la víctima denunciaron que la víctima no estaba en su domicilio y evadió la custodia dispuesta para su protección, motivo por el cual las autoridades trabajan también en su localización.

La situación de absoluta vulnerabilidad de la joven motivó un pedido a la comunidad para que aporte cualquier dato sobre su paradero o el del sospechoso, comunicándose con la dependencia policial más próxima o al Sistema de Emergencia 911.

El caso quedó bajo investigación de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quien coordinó las medidas para esclarecer el hecho. Las tareas de campo están a cargo de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. El 8 de junio la Sala II del Tribunal de Impugnación, encabezada por el juez Guillermo Poliotto, revocó la decisión inicial y ordenó la detención inmediata de Carrizo, declarándolo en rebeldía.

Otro intento de femicidio en Salta

A fines de abril, la provincia de Salta también se vio conmocionada por un intento de femicidio cuando un hombre atacó a su pareja en presencia de sus hijos en una vivienda del barrio Ampliación Solís Pizarro. El hecho se produjo ocurrió el 21 de abril, cuando el agresor infligió tres puñaladas a la mujer tras una discusión.

Los gritos de auxilio de los hijos alertaron a los vecinos, quienes avisaron de inmediato a la Policía. Los menores lograron salir de la casa y pedir ayuda mientras la mujer quedaba gravemente herida. Los efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y hallaron a la víctima en estado crítico. Fue trasladada de urgencia primero a una salita barrial y luego al hospital San Bernardo.

La intervención médica resultó fundamental para estabilizar a la mujer ante la gravedad de las lesiones sufridas. En paralelo, el agresor huyó de la vivienda, pero fue localizado poco después en el barrio Ceferino, a poca distancia del lugar del ataque. Al verse acorralado por la policía, el hombre intentó quitarse la vida causándose lesiones leves, por lo que también recibió atención médica y quedó detenido, a disposición de la Justicia.

La investigación determinó que la víctima ya había sido objeto de violencia previa, situación que un familiar denunció el año anterior ante las autoridades. Ambos casos reflejan un patrón de violencia reiterada y la insuficiencia de las medidas de protección judicial para mujeres en situación de riesgo, aun cuando existían antecedentes y denuncias formales.

En Cafayate, provincia de Salt, brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de Defensa Civil contuvieron un incendio forestal que afectó bosques nativos cercanos a la ruta nacional 68 y a sectores como el aeródromo local, la zona de paneles solares y el barrio Pueblo Nuevo, mientras las autoridades locales buscan determinar si el fuego fue provocado y preparan una presentación judicial por tratarse del segundo siniestro en el área en menos de un mes, según la Secretaría de Prensa y Comunicación del Gobierno de Salta y medios locales.

La superficie afectada supera las 50 hectáreas, según Un Nuevo Día. El mismo medio informó que el área dañada estaba destinada a un proyecto de lotes para 154 familias sin vivienda.

La primera respuesta ante la emergencia estuvo a cargo del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cafayate, conducido por el jefe Gabriel Domingo, que desplegó todos sus recursos logísticos y humanos y sumó un dron térmico para seguir el comportamiento de los focos ígneos, según la Secretaría de Prensa y Comunicación del Gobierno de Salta. Al operativo también llegaron tres móviles, 12 brigadistas de la Brigada Forestal, un camión hidrante de Defensa Civil, Bomberos de la Policía y una dotación de Bomberos Voluntarios de Santa María de Catamarca, de acuerdo con la misma fuente.

La investigación no descarta que se trate de una acción deliberada, según Cuarto. Ese medio informó que, durante las inspecciones en el área, personal del cuartel de bomberos encontró troncos cortados con motosierras y otros rastros que refuerzan esa hipótesis.

La intendenta Rita Guevara confirmó que presentará una denuncia ante la fiscalía para que se investigue el origen del siniestro, según Qué Pasa Salta. Guevara pidió una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares si se comprueba que el incendio fue provocado, de acuerdo con el mismo medio.

Las pericias siguen en curso y no hay conclusiones definitivas sobre cómo comenzó el fuego ni sobre quiénes podrían ser los responsables, según Cuarto. La proximidad de las llamas a las instalaciones de paneles solares mantiene bajo vigilancia permanente la evolución del frente, informó ese medio.

El operativo se concentra en proteger Pueblo Nuevo, el aeródromo y la ruta nacional 68. Las tareas de contención se desarrollan por tierra en una zona de difícil acceso, según la Secretaría de Prensa y Comunicación del Gobierno de Salta. Los equipos trabajaron con herramientas de mano, bombeo de agua y sofocación con mochilas en distintos sectores cercanos al aeródromo, la zona de paneles solares y Pueblo Nuevo, bajo la coordinación del subsecretario de Defensa Civil Juan Ignacio Vilchez y del director de Operaciones Matías Garrone, de acuerdo con la comunicación oficial.

El objetivo inmediato es contener el perímetro para evitar nuevos avances hacia Pueblo Nuevo, el aeródromo y la ruta nacional 68. Las cuadrillas realizan tareas de enfriamiento, remoción de material y apertura de picadas.

En la cobertura de seguridad se desplegó personal del Distrito de Prevención 6 con acciones preventivas en distintos puntos de la localidad, según la Secretaría de Prensa y Comunicación del Gobierno de Salta. Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y la Policía sostienen además relevamientos permanentes para el monitoreo general del incendio, informó la misma fuente.

Un cambio en la dirección del viento alteró el comportamiento del fuego y obligó a evacuar a parte del personal de emergencias, según Cuarto, que citó a Voces Críticas. Como consecuencia, una bombera sufrió quemaduras y recibió asistencia médica, mientras otros integrantes de los equipos presentaron lesiones menores, de acuerdo con ese medio.

Qué Pasa Salta también informó que una integrante del cuartel sufrió lesiones leves y fue atendida en el lugar. El mismo medio señaló que el trabajo se organiza en turnos rotativos, condicionados por las dificultades de acceso al área afectada.

El Gobierno de Salta informó que se espera en las próximas horas el apoyo de un avión hidrante enviado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Según Qué Pasa Salta, el operativo ya recibe apoyo de diez brigadistas del Plan Nacional de Manejo del Fuego, aunque el despegue de la aeronave solicitada permanece condicionado por las condiciones meteorológicas.

El Ministerio Público Fiscal pidió penas de hasta 16 años de prisión para siete integrantes de “Los Peluches”, una banda narco integrada por efectivos de la Gendarmería Nacional que operaba en Salta. El grupo fue declarado penalmente responsable por el transporte de 334 kilos de cocaína en dos operativos realizados en 2024.

El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, pidió condenas de entre 3 y 16 años ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. Entre los acusados hay dos efectivos de Gendarmería Nacional en actividad, dos exonerados y dos aspirantes, además de un comerciante.

“El caso evidencia un alto nivel de criminalidad organizada”, sostuvo el fiscal durante su alegato, y remarcó que la investigación permitió avanzar más allá de los hechos de flagrancia para reconstruir el funcionamiento de la estructura criminal.

La fiscalía solicitó 16 años de prisión para Richar Ariel Delgado (exgendarme exonerado), Gabriel Ruiz Apaza (aspirante a la fuerza) y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), a quienes consideró coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de varias personas en dos hechos.

Por otro lado, para Adrián Emilio Escarlata (exgendarme exonerado) pidió 13 años, mientras que para Diego Hernán Delgado (cabo primero en actividad), la pena solicitada fue de 9 años y 6 meses tras una reducción por colaboración. Federico Rubén Batista (integrante de Gendarmería) y Francisco Agustín Flores (aspirante) enfrentan pedidos de 3 años de prisión condicional por su rol secundario.

El fiscal también requirió el decomiso de una vivienda en Orán utilizada como centro de operaciones y de tres camionetas que eran utilizadas para el transporte de la droga. Se trata de dos Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux, la cual era utilizada como “coche puntero”.

Durante el juicio, Toranzos subrayó que la banda operaba con división de roles y coordinación a través de un grupo de WhatsApp llamado “Los Peluches”, donde “enseñaban cómo acondicionar la droga y vulnerar los controles en las rutas”. Según explicó, la droga era obtenida en el NOA y trasladada hacia el NEA para su comercialización o para continuar viaje hacia otras jurisdicciones.

“Todo lo que el Estado invirtió en ellos, en materia de capacitación, ellos lo pusieron al servicio del narcotráfico”, expresó el fiscal.

Los hechos juzgados incluyeron dos operativos clave. El primero, el 19 de mayo de 2024 en General Pizarro, donde Diego Hernán Delgado fue detenido mientras transportaba 303 kilos de cocaína en una Toyota Hilux. El vehículo había sido aportado por Ostapowicz y financiado por Richar Delgado.

En el segundo, el 26 de octubre de 2024 en El Naranjo, el exgendarme Escarlata fue interceptado trasladando 31 kilos de cocaína ocultos dentro de la rueda de auxilio de una camioneta Amarok. Ruiz Apaza proveyó la droga y, junto a Flores, realizó tareas de vigilancia y acompañamiento en otro vehículo. El volumen de droga incautado en los dos procedimientos fue suficiente para producir más de dos millones y medio de dosis.

Entre las pruebas presentadas en el juicio se incluyeron mensajes en los que los acusados se referían a la organización como “la empresa”. Además, descubrieron que cada uno de los miembros tenía su propio apodo: “Pulga” (Ostapowicz); “Pinky” (Ruiz Apaza); “Coco” (Escarlata) y “Fiero2” (Richar Delgado).

En la vivienda señalada como centro de mando de la organización, secuestraron una caricatura enmarcada donde los acusados se personificaban en una mesa de juego junto a referencias a Pablo Escobar y el “Chapo” Guzmán.

Por último, desde el MPF adelantaron que el tribunal dará a conocer las penas el próximo jueves.

Un importante avance se registró en la investigación por la muerte de un hombre de 52 años, que había sido hallado gravemente herido junto a su automóvil sobre la Ruta Nacional 9, cerca del acceso este de la ciudad de Salta. Este viernes, la Justicia dictó la prisión preventiva para un hombre de 31 años, acusado de participar en el ataque, que es investigado por la fiscalía como homicidio en ocasión de robo.

Tras abrirse una investigación para esclarecer el hecho, este viernes la jueza del distrito Centro, Cecilia Flores Toranzos, dictó prisión preventiva a un hombre de 31 años. Durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria solicitada por el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, el acusado optó por abstenerse de declarar.

Después de que la magistrada analizara los elementos incorporados a la causa, ordenó que permanezca detenido mientras la pesquisa continúa su curso. En línea con esto, dispuso que la carátula del caso se mantenga como homicidio en ocasión de robo.

Según la información publicada por El Tribuno, las autoridades todavía mantienen abiertas las incorporaciones de nuevas pruebas y pericias para determinar con precisión las circunstancias del ataque que derivó en la muerte del hombre de 52 años.

El caso se remonta a la mañana del 25 de mayo, cuando unas personas que transitaban por un camino de tierra cercano a la ruta nacional 9, a la altura de Cabañas Las Tunas, observaron un vehículo detenido en una zona descampada.

Luego de que se diera aviso a la línea de emergencia, los efectivos policiales encontraron a un hombre inconsciente, con lesiones visibles, que fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo. A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima murió horas después.

A partir de esto, el fiscal López Soto había dispuesto la intervención de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología. De la misma manera, se ordenó que el cuerpo fuera trasladado al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia y estudios complementarios.

Mientras se aguardaban los resultados periciales, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos previos de la víctima mediante el análisis de cámaras de seguridad, declaraciones testimoniales y relevamiento de comunicaciones.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, estas tareas permitieron identificar a un sospechoso, quien fue detenido este jueves 4 de junio en la vía pública. En la audiencia, el fiscal expuso que el acusado se habría reunido previamente con la víctima y ambos se dirigieron hasta el lugar donde fue hallado el hombre herido.

Bajo esta narrativa, se planteó como hipótesis que en ese sector habría ocurrido una agresión, durante la cual la víctima recibió golpes y fue despojada de algunos bienes. Asimismo, la acusación apuntó que esos objetos sustraídos fueron posteriormente utilizados por el sospechoso, por lo que se constituyó en uno de los principales indicios reunidos en la investigación.

Violento asalto en Salta: robaron 25 millones de pesos, tras emboscar a unos empresarios

Lo que comenzó como una operación comercial entre empresarios de Córdoba y Santiago del Estero culminó en un violento asalto en el paraje Vertiente Chica, en el norte de Santa Victoria Este, provincia de Salta.

El 28 de mayo, dos hombres llegaron a la zona para concretar la compra de 2.500 postes de quebracho colorado, tras un año de negociaciones telefónicas con un supuesto vendedor identificado como Ever Torres.

Al arribar al lugar pactado, fueron guiados por Torres hasta un sector de difícil acceso. Allí, al menos cinco personas, vestidas con ropa tipo militar y pasamontañas, los rodearon portando armas de fuego. En cuestión de segundos, la transacción se convirtió en una emboscada violenta.

Según relataron las víctimas, uno de los asaltantes efectuó un disparo al aire y los obligaron a tirarse al suelo bajo amenazas, despojándolos de dos portafolios con aproximadamente 25 millones de pesos, cheques y efectos personales. Además, los agresores se llevaron la llave de encendido del vehículo, dejándolos varados en una zona montuosa y aislada.

Para la Justicia provincial, los indicios recabados hasta el momento refuerzan la hipótesis de una emboscada organizada, con conocimiento detallado de los movimientos y del monto transportado por las víctimas. El caso quedó en manos del fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, quien dispuso medidas urgentes para identificar y detener a los responsables.

La investigación se centra en esclarecer el rol de Ever Torres, principal contacto de la transacción, y determinar si actuó como señuelo para los delincuentes o tuvo participación directa en la planificación.

Además, se analizan registros de llamadas, mensajes y posibles vínculos con otras personas de la zona o provincias cercanas. La logística del hecho, el uso de armas largas y la coordinación del grupo refuerzan la presunción de un asalto premeditado y ejecutado con roles definidos.

Un hombre de 27 años fue condenado a ocho años de prisión efectiva por abuso sexual infantil, tras quedar probado en un debate oral que utilizó recompensas virtuales del videojuego Free Fire, conocidas como “diamantes”, para captar y manipular a un niño de 10 años en Salta.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio, en el que testimonios, pericias psicológicas y evidencia contextual permitieron acreditar el profundo daño emocional sufrido por la víctima.

Todo comenzó cuando docentes y directivos de la escuela del niño notaron un cambio abrupto en su comportamiento, marcado por reiteradas inasistencias y modificaciones en su actitud. Al activar el protocolo de protección, el menor relató episodios de abuso sufridos por parte de un vecino, quien lo invitaba a su domicilio bajo la excusa de compartir videojuegos y participar en torneos de Free Fire.

Durante el juicio, se expuso que el acusado ofrecía “diamantes”, una moneda virtual utilizada en el juego, para ganarse la confianza del niño y lograr que vaya a su casa. El acusado aprovechó los momentos en los que no estaban los padres para abusar del menor.

Desde el MPF detallaron que, en su alegato, la fiscal Morales Torino remarcó el valor de la prueba y el daño emocional provocado en la víctima, así como los mecanismos de manipulación desplegados por el acusado, quien formaba parte del círculo de confianza del menor.

Entre los testimonios más relevantes, destacó el de la madre del niño, quien describió un progresivo aislamiento, episodios de agresividad y temor, y el abandono de actividades habituales, como los entrenamientos de fútbol, por miedo a encontrarse con el agresor.

Uno de los momentos clave del juicio fue el relato de la docente del niño, quien, al notar los cambios en su actitud, decidió conversar con él fuera del aula. El menor rompió en llanto y logró contar lo sucedido. Para Morales Torino dicho testimonio fue “un elemento de vital importancia porque representa el primer espacio seguro donde el niño pudo exteriorizar el trauma sufrido”.

A su vez, la fiscal sostuvo que la espontaneidad y coherencia de ese testimonio coincidieron con toda la prueba producida.

Por otro lado, también se tomaron en cuenta los testimonios de los familiares de menor, quienes confirmaron los cambios en la conducta del niño, como la pérdida de apetito, el rechazo a actividades recreativas y un estado de preocupación constante.

Desde el MPF indicaron que una pericia psicológica incorporada al expediente describió indicadores compatibles con abuso sexual infantil, incluyendo negación, disociación, altos niveles de estrés, aislamiento afectivo, inseguridad y sentimientos de vergüenza.

Durante el cierre del debate, la fiscal Morales Torino subrayó que el acusado no ofreció ninguna hipótesis alternativa ni produjo prueba que desvirtuase la acusación. Según trascendió, el condenado registraba antecedentes por grooming y exhibiciones obscenas.

Por lo tanto, la fiscal solicitó la declaración de responsabilidad penal y la continuidad del proceso para la determinación de la pena. Tras valorar las pruebas incorporadas al debate, el juez Leandro Ferns consideró acreditados los hechos y los calificó como abuso sexual con acceso carnal. Finalmente, el acusado fue condenado a ocho años de prisión.

Una compleja red criminal dedicada a la tramitación ilegal de pensiones por invalidez en la provincia de Salta quedó bajo el foco de la Justicia tras una investigación coordinada por la Unidad Fiscal Federal de Salta.

El caso, que involucra a profesionales de la salud, funcionarios y operadores políticos, expone un esquema sistemático de corrupción que otorgaba beneficios económicos a personas sin enfermedades a cambio de favores electorales.

El origen de la causa se remonta a noviembre de 2024, cuando una denuncia preliminar reveló la existencia de maniobras sospechosas en el otorgamiento de pensiones. La magnitud del entramado llevó a que, en junio de 2025, el fiscal federal formara un equipo especial con miembros de tres fiscalías descentralizadas. El grupo, con colaboración de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” de Gendarmería Nacional, avanzó en el entrecruzamiento de datos de beneficiarios del sistema previsional para identificar irregularidades.

La operatoria ilegal se encontraba aceitada y era coordinada, según se informó, por un ex funcionario municipal de una localidad del departamento de Anta. El esquema funcionaba a través de punteros políticos que identificaban a familias vulnerables o numerosas, ofreciéndoles la gestión de pensiones fraudulentas. Como contrapartida, los beneficiarios debían comprometer su voto a favor de quienes facilitaban el acceso al beneficio.

La red contaba con la colaboración de médicos, bioquímicos y enfermeros vinculados a funcionarios políticos. Estos profesionales eran responsables de extender certificados médicos, recurriendo a diagnósticos repetidos como enfermedad de Chagas y graves desviaciones en la columna vertebral. El circuito culminaba en una mesa de auditoría médica local, donde se validaban los falsos diagnósticos para aprobar los trámites.

Y de acuerdo con las pruebas recolectadas en la causa, la organización utilizaba laboratorios propios para fraguar resultados clínicos y falsificar placas radiográficas. Se detectó que, en varios expedientes, un mismo estudio médico era copiado y reutilizado para justificar la discapacidad de distintas personas. Además, funcionarios sin formación médica firmaban certificados de discapacidad, lo que agravó las imputaciones.

Los punteros políticos desempeñaban un papel clave en la captación de beneficiarios. Reclutaban a personas de escasos recursos o familias numerosas para incluirlas en el circuito fraudulento. A cambio, exigían el voto en elecciones a los integrantes del grupo que facilitaba las gestiones.

La pesquisa determinó que la maniobra se había naturalizado en la zona y que el esquema contaba con la protección de funcionarios municipales y el aval de profesionales de la salud que, en algunos casos, integraban equipos médicos de hospitales públicos y clínicas privadas.

La investigación judicial, que comenzó en noviembre de 2024, permitió establecer que el fraude en la tramitación de pensiones por invalidez no solo tenía fines económicos, sino que estaba vinculado a la obtención de favores electorales. El sistema se sostenía gracias a la connivencia entre operadores políticos, profesionales de la salud y funcionarios públicos, según establecieron los fiscales a cargo del caso.

En septiembre de 2025, el juez de Garantías N° 1 ordenó allanamientos simultáneos en clínicas privadas, hospitales públicos y domicilios particulares. Los procedimientos permitieron secuestrar documentación clave y soportes informáticos que confirmaron la existencia de la red. La evidencia recabada derivó en las primeras imputaciones formales por asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El análisis de la documentación incautada permitió profundizar la hipótesis fiscal y, este pasado martes, se ejecutó una segunda etapa operativa. Por disposición del Juzgado Federal de Garantías N° 2, se realizaron nuevos allanamientos en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal. En total, las fuerzas de seguridad intervinieron en nueve objetivos diferentes.

Durante los operativos, se hallaron radiografías de tórax y columna pertenecientes a distintas personas. El 90 % de esas placas presentaba desviaciones de columna, muchas con espacios en blanco para completar el nombre del paciente. También se incautaron estudios clínicos con resultados positivos de “chagas”, en su mayoría copias de otros estudios no originales.

En una de las viviendas allanadas, la fuerza de seguridad encontró un archivo con certificados médicos firmados por funcionarios que no eran médicos. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que el fraude era extendido y contaba con el aval de distintos estamentos institucionales.

Tras la finalización de los últimos operativos, las autoridades judiciales confirmaron que la Justicia evalúa las nuevas pruebas recolectadas. El objetivo es formalizar la imputación de ocho personas más, entre las que figuran tres médicos y nuevos funcionarios políticos de la provincia.

A once años de la primera movilización por el Ni Una Menos, las calles de las principales ciudades del interior del país volvieron a llenarse este miércoles 3 de junio con marchas, actos y concentraciones que se replicaron desde Córdoba hasta Neuquén, desde Mendoza hasta Salta.

La jornada que reclama de forma colectiva contra la violencia machista estuvo marcada por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, cuyo caso atravesó cada columna y cada pancarta del país.

En la capital cordobesa, la movilización tuvo un peso particular. Los familiares de la menor encabezaron la columna que partió desde la esquina de avenida Colón y La Cañada, convocada para las 18 horas. Las agrupaciones nucleadas en Alerta Feminista comenzaron a reunirse desde las 17, mientras que las organizaciones de la Asamblea Ni Una Menos se sumaron una hora después.

El recorrido avanzó por avenida Colón, continuó por avenida General Paz y tomó avenida Vélez Sarsfield hasta llegar al Patio Olmos, donde tuvo lugar el acto principal y la lectura de un comunicado. Un segundo grupo partió desde Duarte Quirós y Arturo M. Bas para confluir en el mismo punto.

En medio del dolor, Elizabeth Heredia, abuela de la víctima, reveló durante la marcha que encontró una carta oculta de su nieta con “su última voluntad”, según informó CBA24N. Los restos de la joven ya eran velados por familiares, amigos y vecinos mientras la movilización avanzaba por las calles.

El comunicado difundido por las organizaciones convocantes en Córdoba resumió el sentimiento que se extendió a lo largo de todo el país: “Agostina salió de su casa con vida. Eso tendría que ser suficiente para volver. ¿Cuántas más tenemos que perder para que la sociedad entienda el peligro al que estamos expuestas?”.

El texto también reclamó justicia por Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, asesinadas en Misiones y Temperley en los días previos a la marcha.

En Mendoza, miles de personas partieron desde el Kilómetro Cero, en San Martín y Garibaldi, y avanzaron por las calles San Martín, Las Heras y Patricias Mendocinas hacia la Plaza Independencia, donde estaba previsto un acto y la instalación de un altar en memoria de las víctimas de femicidios.

Desde Ni Una Menos Mendoza convocaron bajo la consigna de rechazo a “la violencia, la impunidad, la represión y el ajuste de Cornejo y Milei“, según consignó El Sol.

En Rosario, cientos de mujeres se encontraron en la plaza 25 de Mayo desde las 15.30 y marcharon por calle Santa Fe hasta la plaza San Martín, donde se leyó un documento consensuado por las organizaciones feministas y de la diversidad. “No son cifras, son vidas”, “Ni loco ni enfermo, se dice femicida” y “Hoy soy la voz de quien gritó pidiendo ayuda” fueron algunas de las consignas que se leyeron en los carteles y pancartas.

La convocatoria reunió grupos de amigas, madres, hijas, jóvenes y adultas, con pañuelos violetas, en lo que La Capital describió como una marea heterogénea que exigió políticas para frenar la violencia machista.

En la Patagonia, Neuquén se sumó a la jornada con una multitud concentrada en el monumento a San Martín, en el centro de la capital neuquina. Además de agrupaciones locales, también convocaron organizaciones de Plottier, Centenario y Senillosa, de acuerdo con lo informado por Diario Río Negro. La provincia de Río Negro tuvo movilizaciones simultáneas en distintas localidades.

En Cipolletti, la concentración partió a las 18 desde la Plaza de la Justicia. Mientras que en General Roca, la jornada arrancó por la mañana con la instalación de un Banco Rojo en la terminal de ómnibus y continuó con la marcha por el centro de la ciudad por la tarde.

En Bariloche, la convocatoria fue a las 18 en la intersección de Moreno y Beschedt, desde donde las columnas avanzaron hacia el Centro Cívico. El Bolsón y localidades de la Comarca Andina se concentraron a las 16 en la plaza principal de Lago Puelo, mientras que Sierra Colorada movilizó desde las 18.30 en la Plaza de la Madre, sumando a la Línea Sur al reclamo nacional.

En Mar del Plata, la marcha comenzó pasadas las 17.30 y se concentró en el Monumento a San Martín. “¿Te cansás de oírlo? Nosotras de vivirlo”, “somos el grito de las que faltan”, “que ser mujer no nos cueste la vida”, fueron algunos de los letreros que se observaron en la enorme convocatoria.

En Salta, la fecha también estuvo atravesada por dos casos que mantienen en vilo a la provincia: las desapariciones de Jésica Elizabeth Gutiérrez y Rosmery Aramayo Torres, cuyos nombres volvieron a estar presentes en la jornada. Gutiérrez desapareció el 11 de septiembre de 2024 en La Caldera; fue vista por última vez en cámaras de seguridad cruzando una plaza a metros de su domicilio.

La Policía de Salta mantiene vigente una recompensa de 6 millones de pesos para quienes aporten información útil. El caso tuvo un vuelco cuando su pareja fue hallada sin vida meses después. Aramayo Torres, por su parte, desapareció el 17 de enero de 2025 cuando salió junto a su pareja desde Salvador Mazza con dirección hacia la Ruta 54. Las cámaras registraron que solo el hombre regresó al domicilio; el vehículo fue lavado con posterioridad y luego se radicó una denuncia por desaparición. Por el caso se encuentra imputado José Eduardo Miranda, según informó Qué Pasa Salta. El cuerpo de Rosmery nunca fue encontrado.

La consigna que unificó las marchas en todo el país fue “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, bajo la cual organizaciones feministas, sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones de derechos humanos reclamaron políticas de prevención, asistencia y protección para las víctimas de violencia de género.

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial resolvió modificar una sentencia de primera instancia y condenó a un hombre a pagar 3 millones de pesos en concepto de daño moral por negarse a reconocer a su hija, incluso después de que un estudio de ADN confirmara la paternidad.

La resolución dio cierre a un litigio que comenzó hace seis años cuando la madre hizo una demanda de filiación ante la Justicia. Si bien durante la instancia inicial se determinó que la niña era hija del demandado, el proceso no resultó sencillo debido a la actitud del progenitor.

A pesar del reconocimiento legal del vínculo que se inició en 2022, el hombre adoptó una postura de resistencia, en donde mantuvo su falta de reconocimiento y una conducta omisiva, lo que llevó a que fuera declarado rebelde. La sentencia subrayó que su actitud fue “intencionalmente incumplidora y renuente respecto del deber legal que le cabía como progenitor de la niña”, una conducta que derivó en un daño moral pasible de reparación.

Los jueces del tribunal de segunda instancia de Salta, Verónica Gómez Naar y Leonardo Rubén Aranibar, destacaron que la negativa a reconocer a un hijo “viola derechos de la personalidad de la persona humana, a la identidad, al emplazamiento en el estado civil de hijo, a su nombre y, en suma, a ser reconocido por sus padres ante la sociedad en la cual vive”. Además, se trata de derechos fundamentales protegidos por tratados y convenciones, incorporados a la Constitución Nacional, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño.

A su vez, los magistrados repasaron el reconocimiento paterno regulado en los artículos 570 a 574 del Código Civil y Comercial. A partir de estos motivos, los jueces llegaron a la resolución de que se trata de un daño moral, señalando que el hijo tiene el derecho a ser reconocido por su progenitor.

Según lo que pudo saber el portal provincial El Tribuno, todo comenzó a partir del embarazo de la madre. Al enterarse, el hombre cortó todo vínculo, bloqueando a la mujer de las redes sociales y suspendiendo la comunicación. Tras el nacimiento de la niña, retomó contacto de forma breve y manifestó que asumiría su responsabilidad, aunque nunca procedió al reconocimiento. Sin embargo, volvió a desaparecer.

Poco después reapareció, pero mantuvo una actitud de violencia verbal hacia la mujer y le manifestó que tenía una nueva pareja. El hombre vio a su hija solo una vez a través de una foto enviada por una hermana y, en ese periodo, comenzó a entregar pequeñas sumas de dinero de forma esporádica como cuota alimentaria.

Cerca de la edad escolar de la menor, la madre decidió iniciar la demanda judicial que terminó con la reciente resolución por parte de la Justicia. La suma establecida como indemnización por daño moral devengará intereses a la tasa promedio activa citada en caso de incumplimiento de la condena.

Algo similar había ocurrido en abril pasado. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín revisó el fallo de un caso que involucró a una madre y su hija menor de edad en reclamo contra el presunto padre biológico por la falta de reconocimiento de la filiación.

La demanda se presentó por daños y perjuicios, alegando afectación a la dignidad y perjuicio emocional por la negativa del hombre a reconocer legalmente a la niña como hija extramatrimonial. El proceso judicial se centró en la solicitud de indemnizaciones tanto para la menor como para la progenitora.

La Cámara consideró probado que tanto la madre como la hija resultaron psicológicamente afectadas por la conducta omisiva del progenitor, motivo por el cual justificó la indemnización para cubrir el tratamiento terapéutico profesional. La menor continuará percibiendo la indemnización por daño moral y los gastos derivados de la terapia, mientras que la madre solo recibirá el monto correspondiente al tratamiento psicológico.

La hoja de coca volvió a subir de precio en Salta y Jujuy. El producto escasea, en medio de los bloqueos de rutas y la crisis política y social que tiene lugar en Bolivia, una combinación que dificulta la importación y el traslado del producto, genera faltantes y ya encarece las presentaciones más consumidas mientras cae la demanda, según reportaron distintos medios de la región.

En Salta, el precio de la hoja de coca generó la reacción de consumidores habituales que, según El Tribuno, denuncian aumentos que, ante una práctica arraigada en el norte argentino, empezó a percibirse como un gasto cada vez más difícil de sostener.

La suba quedó expuesta en una lista observada en un comercio salteño: las presentaciones más pequeñas rondan los $4.000 y $8.000, el octavo ya llega a $14.000, el cuarto figura a $27.000 y el medio kilo alcanza $54.000, según relevó El Tribuno. Para los consumidores consultados por ese medio, esas cifras generan un malestar que se arrastra desde 2020, en épocas de pandemia.

La pregunta que resume ese reclamo la formuló Jorge, un lector del diario salteño. Su planteo no estuvo dirigido contra el consumo ni contra la tradición, sino contra el modo en que, según dijo, “los kioscos en Salta arman y desarman los valores a su antojo”.

“Siempre te dicen lo mismo: ‘hay problemas en Bolivia’, pero nadie explica quién regula esto”, expresó Jorge en la publicación local. Allí relató que esta semana fue a comprar a una franquicia conocida de la ciudad y se encontró con nuevos valores que, según su testimonio, no dejan de aumentar.

Más al norte, en la provincia de Jujuy, los valores oscilan entre 10 mil y 22 mil pesos, según relevó el portal Somos Jujuy, y una de las subas más marcadas se dio en el cuarto kilo, que pasó de 15 mil a 20 mil pesos en apenas dos semanas, de acuerdo con ese medio.

La presión sobre el consumo también aparece en las ferias de la capital jujeña. Alicia, comerciante de la feria de avenida El Éxodo, dijo a Jujuy al Momento semanas atrás que la hoja especial cuesta 22 mil pesos el cuarto y que la común, la de mayor salida, ronda los 20 mil pesos, con variaciones según la calidad.

“Todo el tema del bloqueo y la situación socioeconómica del país vecino tiene un impacto directo en la importación de coca. Los cortes de ruta complican mucho los traslados”, explicó una vendedora.

Las bolsitas de 120 gramos, que figuran entre las opciones más buscadas, también aumentaron. Ahora se venden a 12 mil pesos cuando antes costaban 10 mil, según Somos Jujuy.

En las variedades, los paquetes de 120 gramos tienen un valor aproximado de 10 mil pesos. Desde los puestos de venta señalaron a ese medio que, pese a los aumentos, los compradores siguen eligiendo sobre todo las presentaciones pequeñas y de menor costo.

“Las bolsitas de 120 gramos son las que más se venden y la gente busca las opciones más económicas”, relató una comerciante. Alicia agregó a Jujuy al Momento que una “hoja linda” cuesta 13 mil pesos y otra de menor calidad, 12 mil.

El efecto central del aumento es una caída del consumo. La misma comerciante relató que muchos clientes redujeron sus compras o dejaron de consumir, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.

“Ya no compran como antes. Antes llevaban dos cuartos o un cuarto; ahora compran medio cuarto. La gente cuida mucho el bolsillo y eso se nota”, afirmó Alicia al portal Jujuy al Momento.

La retracción también cambió la duración de cada compra. “Antes un cuarto les duraba tres días; ahora lo hacen durar una o dos semanas. Compran menos, pero tratan de que les rinda más”, señaló.

Según la misma comerciante, incluso entre los consumidores de hojas especiales hubo ajustes. “Los que consumen las especiales, como los doctores que vienen del centro, antes llevaban un cuarto; ahora llevan medio”, añadió.

Luego de que la Justicia Federal resolviera intervenir al Partido Justicialista (PJ) de Salta, este viernes el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta convocó a elecciones internas para el domingo 2 de agosto de 2026. Tras establecerse un cronograma con plazos breves, la decisión fue cuestionada por parte del sector que se encolumna detrás de la titular del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner.

El calendario electoral estará compuesto por cuatro etapas. Primero, la presentación de afiliaciones, seguida por la exhibición de padrones provisorios y definitivos, la presentación y oficialización de listas de candidatos y, finalmente, la votación.

Aunque desde el sector interno del partido señalaron que la velocidad de los trámites podría condicionar la competencia y favorecer a quienes ya cuentan con una estructura territorial consolidada, el ex interventor que había sido designado por el PJ nacional, Pablo Kosiner, expresó su preocupación por el acotado plazo de tiempo brindado para presentar las afiliaciones.

“Esto de dar quince días para presentar una lista y cuatro días para presentar la ficha de afiliación es prácticamente negar la posibilidad de participar a todos aquellos sectores que tengan voluntad de hacerlo y que no tengan ninguna estructura oficial atrás de ellos”, cuestionó el dirigente durante una breve entrevista con Radio Salta.

Al hacer mención al antiguo cronograma que habían planteado durante su co-conducción con Nora Cannuni, Kosiner destacó que durante su gestión anterior se buscaba un proceso territorial y más extenso que permitiera recuperar masa de afiliados y fortalecer la representatividad del partido.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el ex interventor del PJ salteño alertó que en el primer relevamiento sobre padrones detectaron solo 650 afiliados menores de 25 años sobre 90.000, lo que significó una pérdida de entre 25.000 y 30.000 afiliados.

Bajo su punto de vista, la falta de internas y elecciones PASO provocó una fuga de afiliados hacia otros partidos, debiendo ahora reconstruir la base de militancia. Por este motivo, advirtió que la situación afecta la representatividad y la legitimidad del proceso interno, anticipando que su sector probablemente no participará de las internas debido al carácter restrictivo del cronograma.

“Sospechamos que volverá a haber como una lista casi única de quienes estaban a cargo del partido antes de que se haya intervenido”, apuntó. Tras criticar la intervención judicial desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Kosiner cuestionó su legitimidad para organizar elecciones provinciales. “Perjudicará a otros sectores, sobre todo a los más pequeños”, denunció al indicar que el sector había apelado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Por su parte, el interventor Gambetta señaló que la convocatoria busca legitimar las autoridades y fortalecer la unidad partidaria. “La clave es que se convoquen elecciones para que haya autoridades legitimadas y para que la unidad pueda alcanzarse de manera más natural, ya sea antes o después de los comicios”, planteó tras advertir que mantener el partido bajo intervención prolongada debilita su democracia interna.

Desde el sector saencista se expresó disposición a competir. Una fuente indicó que Gambetta es percibido como “mucho más neutral” y anticipó que ya están reuniendo la documentación para presentar lista. Además, destacaron la importancia del trabajo territorial para armar listas competitivas y mencionaron que la clave será dialogar con los cinco departamentos principales —San Martín, Güemes, Orán, Metán y Capital—, sumado a la articulación regional en áreas como la Puna y los Valles.

La intervención del espacio peronista salteño fue dispuesta por la jueza María Servini de Cubría hace dos semanas, luego de que el partido permaneciera intervenido desde el 24 de febrero de 2025 por decisión de las autoridades partidarias a nivel nacional.

En aquella oportunidad, la presidenta del PJ nacional había designado como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso. No obstante, Kosiner y Cannuni fueron nombrados en reemplazo y, tras permanecer más de un año a la cabeza, fueron desplazados por la Justicia Federal al plantearse que la duración de la medida se había convertido en un “mecanismo abusivo”.

Pese a que las antiguas autoridades habían convocado a elecciones para el 25 de octubre de este año, este cronograma quedó trunco por disposición judicial, debido a que indicaron que el llamado electoral fue tardío. No solo por el tiempo que demoraron en proponerse la fecha, sino por el plazo que quedaba por delante.

En paralelo, durante el congreso nacional del PJ celebrado el 20 de mayo, los afiliados votaron por la realización de elecciones en octubre en los partidos intervenidos, es decir, Salta y Jujuy. Sin embargo, se trataría de una propuesta contraria a la decisión judicial.

Una abuela será llevada a juicio, luego de que fuera acusada de secuestrar a su nieto de tres años desde su casa en la ciudad de Tunuyán, Mendoza, con la presunta intención de venderlo en la provincia de Salta. En el caso también está imputada su pareja, quien fue acusado de haber sido partícipe del macabro plan. Desde que fueron detenidos, se encuentran detenidos en el penal de San Felipe.

El caso se conoció el 1 de junio de 2025, cuando una adolescente, que sería la presunta hija de la acusada, del barrio La Tablada llamó al 911 para denunciar que pretendían llevarse a su hijo sin permiso a otra provincia. La rápida intervención de la policía permitió localizar en el callejón Belgrano a un hombre con el nene, acompañado por una mujer y un adolescente, quienes avanzaban en dirección a la Ruta 40.

Luego de que las autoridades lograran detenerlos, se confirmó que la abuela sería una mujer de 37 años, identificada como J. V., mientras que la pareja de esta se trataría de un hombre de 28 años, cuyas iniciales serían E. M. Según confirmó la Fiscalía de Tunuyán, ambos fueron acusados de sustracción de menores, un delito que contempla penas de entre cinco y quince años de prisión.

Durante el operativo, el hombre manifestó ante los efectivos que el menor le había sido entregado por la madre debido a que no podía cuidarlo por motivos de salud. Sin embargo, otra comisión policial acudió al domicilio de la madre y encontró a la joven, de 19 años, llorando.

Por otro lado, tres personas presentes en la vivienda confirmaron que el nene había sido retirado con el objetivo de venderlo en Salta por $14.000.000, suma de la cual ya se habría pagado un 50 %. No obstante, desde ese momento la Fiscalía dispuso el secreto de sumario y no habían descartado en un primer momento la hipótesis de trata de personas.

En la audiencia preliminar celebrada ante la jueza Mónica Romero, las partes acordaron los puntos del debate, que se desarrollará próximamente en los tribunales del Valle de Uco. De acuerdo con la información obtenida por Telesoldiario, las autoridades judiciales anticiparon que “el debate se realizará a la brevedad”.

El caso generó amplia repercusión, por lo que la Justicia de Mendoza había alertado a las autoridades de Salta, que iniciaron una investigación para determinar si detrás de este traslado existía una red de posibles compradores o intermediarios.

Según la información que había sido recopilada por El Tribuno de Salta, el hecho abrió una línea de investigación colaborativa entre ambas jurisdicciones para esclarecer la existencia de un posible circuito de venta de menores.

Buscan en Buenos Aires a una nena mendocina de 7 años: creen que habría sido ocultada por su madre

La Justicia de Mendoza ordenó la búsqueda y restitución de Sur Álvarez Tovar, una nena de siete años presuntamente oculta por su madre en la provincia de Buenos Aires. La disposición fue tomada por la jueza de Familia Natalia Lorena Vila, quien resolvió el retorno de la menor a su padre, identificado como A. A., luego de que este presentara una acción judicial ante los tribunales de Gestión Judicial Asociada de Familia de Maipú.

Según surge del expediente, Sofía Micaela Tovar, madre de la menor, no acató la orden judicial de entrega y habría cambiado el nombre de la menor, lo que dificultaría las tareas de localización. El último dato oficial indica que estuvieron en el partido bonaerense de San Isidro, donde Sur fue inscripta por última vez en una escuela.

La resolución de la jueza Vila establece el regreso inmediato de la nena a Mendoza y habilita la intervención de organismos especializados, entre ellos el Ministerio Público Pupilar, encargado de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las autoridades remarcaron que el seguimiento descartaría posibles cambios de establecimiento escolar o modificaciones en las características personales de la menor, ya que existen antecedentes de alteraciones de este tipo.

La Justicia de Mendoza autorizó la difusión pública de imágenes, datos y señas particulares de Sur Álvarez Tovar para facilitar su localización y el cumplimiento de la decisión judicial. Las fotografías que acompañan el comunicado oficial fueron divulgadas a través de medios y plataformas públicas, conforme a la autorización judicial.

Desde la Oficina de Prensa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se recordó que estos procedimientos buscan garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y asegurar la ejecución de las resoluciones judiciales. Ante cualquier información relevante sobre el paradero de Sur, se solicita a la ciudadanía dar aviso inmediato en la comisaría más cercana o comunicarse al 911.

Una mujer de 66 años falleció en Salta Capital tras haber sido diagnosticada con gripe A. El caso generó alarma en el sistema de salud provincial debido a que la paciente no contaba con la vacunación antigripal. El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó que la mujer permaneció internada en terapia intensiva y su deceso se produce en un contexto de incremento sostenido de enfermedades respiratorias en la región.

La Influenza A es un tipo de virus de la gripe que afecta principalmente al sistema respiratorio. Este virus pertenece a la familia de los Orthomyxoviridae y se caracteriza por provocar infecciones agudas que pueden variar desde cuadros leves hasta formas graves, especialmente en personas con factores de riesgo como adultos mayores, niños pequeños, embarazadas o pacientes con enfermedades crónicas.

De acuerdo con El Tribuno, la víctima presentaba antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), condiciones que aumentan el riesgo de desarrollar cuadros graves ante infecciones respiratorias. La paciente inició síntomas el 7 de mayo y recién recibió atención médica el 21 de mayo, fecha en la que fue hospitalizada en el Hospital Señor del Milagro. El fallecimiento ocurrió el 27 de mayo, tras varios días de internación en cuidados intensivos.

El Ministerio de Salud Pública hizo hincapié en que la mujer no había recibido la vacuna contra la gripe. Según los equipos epidemiológicos, este aspecto refuerza la importancia de completar los esquemas de inmunización, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La provincia de Salta notificó casi 12 mil casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en lo que va de 2026 y se registraron más de 1.400 internaciones por infecciones respiratorias agudas.

El monitoreo epidemiológico evidencia que la circulación viral abarca todos los grupos etarios, con mayor incidencia en niños y adolescentes. El grupo de 5 a 9 años reporta 1.917 casos, representando el 16% del total provincial, seguido por adolescentes de 10 a 14 años con 1.532 casos y adultos jóvenes de 25 a 34 años con 1.419 casos. En adultos mayores, el impacto de los cuadros graves es más notorio: en el grupo de entre 65 y 74 años hubo 323 casos y entre los mayores de 75 años se notificaron 150.

Las hospitalizaciones asociadas a infecciones respiratorias muestran un incremento sostenido. Hasta la semana epidemiológica 20, el sistema de salud provincial acumuló 1.435 internaciones por virus respiratorios. Solo en la última semana analizada, 60 personas ingresaron a hospitales por cuadros severos y dos requirieron terapia intensiva. La ciudad de Salta concentra la mayor cantidad de ingresos hospitalarios con 693 casos acumulados y 35 nuevos ingresos en la última semana, lo que representa más de la mitad del total provincial.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud Pública reiteró la importancia de completar la vacunación antigripal y mantener actualizado el esquema contra COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio (VSR), especialmente en los grupos de riesgo. Vanina Galván, jefa del Programa de Vigilancia Epidemiológica, subrayó que aún es posible recibir la vacuna antigripal y reducir complicaciones durante el invierno. “Muchas personas creen que si todavía no se vacunaron ya es tarde, y eso no es así. Estamos en un momento oportuno para hacerlo y disminuir el riesgo de complicaciones durante los meses de mayor circulación viral”, afirmó Galván.

Según la Organización Mundial de la Salud, el virus de la Influenza A es responsable de la mayoría de las epidemias estacionales y pandemias de gripe. Se transmite fácilmente de persona a persona a través de gotitas que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Los síntomas habituales incluyen fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolores musculares, fatiga y, en algunos casos, dificultad respiratoria.

Existen diferentes subtipos de Influenza A, clasificados según las proteínas de superficie hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Entre los subtipos más conocidos se encuentran el H1N1 y el H3N2. La vacunación anual es la principal estrategia para prevenir la infección y sus complicaciones, especialmente en los grupos de riesgo.

Las autoridades sanitarias recordaron medidas de prevención como el lavado frecuente de manos, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar, ventilar ambientes cerrados y desinfectar superficies de uso común. También recomendaron el aislamiento preventivo voluntario ante síntomas respiratorios, evitando el contacto con otras personas hasta permanecer al menos 24 horas sin fiebre y con mejoría evidente. Para quienes viajan o regresan de zonas con alta circulación viral, el pedido es extremar cuidados y consultar rápidamente ante la aparición de síntomas compatibles con gripe, sobre todo si pertenecen a grupos con mayor riesgo de complicaciones.

Lo que comenzó como una operación comercial entre empresarios de distintas provincias terminó en un violento asalto que conmocionó a la comunidad de Santa Victoria Este, en el norte de Salta.

Allí, dos hombres, uno oriundo de Córdoba y otro de Santiago del Estero, llegaron hasta el paraje Vertiente Chica para cerrar la compra de 2.500 postes de quebracho colorado. El acuerdo, gestionado durante un año mediante conversaciones telefónicas, parecía encaminarse a una transacción habitual dentro del rubro forestal.

El clima cambió abruptamente cuando, tras ser guiados por el supuesto vendedor hasta una zona de difícil acceso, se vieron rodeados por al menos cinco individuos. Los atacantes llevaban ropa tipo militar, ocultaban sus rostros con pasamontañas y portaban armas de fuego. En segundos, lo que debía ser el cierre de un negocio se transformó en una escena de intimidación y violencia.

Las víctimas relataron que uno de los asaltantes disparó al aire para amedrentarlos. Bajo amenazas, fueron obligados a tenderse en el suelo mientras los despojaban de dos portafolios con aproximadamente 25 millones de pesos, cheques de distintas sumas y otros efectos personales. Los agresores también sustrajeron la llave de encendido del vehículo en el que se movilizaban, dejándolos varados en medio del monte salteño.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Tribuno, el hecho fue reportado cerca de las 14.05 horas del 28 de mayo, cuando efectivos de la Subcomisaría de Santa Victoria Este recibieron un llamado telefónico alertando sobre un robo a mano armada. El lugar del ataque, ubicado a unos 20 kilómetros de la localidad, es una zona montuosa y aislada, lo que dificultó el acceso inmediato de las fuerzas policiales.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con los damnificados, quienes aseguraron haber sido emboscados tras pactar la compra con un individuo identificado como Ever Torres. El contacto con el supuesto vendedor llevaba cerca de un año, durante el cual se intercambiaron mensajes y llamadas para coordinar la transacción. Según la denuncia, Torres los condujo hasta el punto del encuentro, donde aguardaban los postes de madera, pero también la emboscada. El grupo armado actuó con notable coordinación y rapidez.

Los investigadores no descartan que los atacantes hayan planificado previamente la maniobra para atraer a los compradores hasta un sector despoblado, aprovechando la distancia y la falta de vigilancia. Para la Justicia, los elementos recabados hasta el momento sugieren una emboscada cuidadosamente organizada, con conocimiento del movimiento de las víctimas y de la suma que llevaban consigo.

La causa quedó en manos del fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, quien dispuso una serie de medidas urgentes para esclarecer el hecho y dar con los responsables. De manera provisional, el caso fue calificado como robo calificado, debido al número de intervinientes, el uso de armas de fuego y la comisión en despoblado.

El fiscal ordenó la intervención de la Dirección de Investigación, con el objetivo de profundizar en los vínculos previos entre las partes y determinar si existieron cómplices o facilitadores en la maniobra. Se analiza especialmente el rol de Ever Torres, el supuesto vendedor, para establecer si fue parte activa en la planificación del asalto o si actuó como señuelo para los delincuentes.

El hecho de que los atacantes hayan actuado encapuchados y portando armas largas refuerza la hipótesis de un asalto premeditado, con logística y roles definidos. Las autoridades trabajan sobre los registros de llamadas y mensajes para trazar el recorrido de las comunicaciones previas y posibles nexos con otras personas de la zona o de provincias vecinas.

El robo de 25 millones de pesos en efectivo y cheques representa uno de los golpes más significativos de los últimos tiempos en la región. La magnitud del botín, la violencia del ataque y la presunta planificación previa han generado preocupación en el sector comercial y forestal, donde no se registraban antecedentes recientes de hechos similares con ese grado de organización.

El caso ha puesto en alerta a comerciantes y productores de la zona, quienes expresaron su inquietud por la inseguridad creciente en áreas rurales alejadas de los principales centros urbanos. Aunque las autoridades desplegaron operativos para dar con los autores materiales, hasta el momento no se produjeron detenciones ni recupero del dinero sustraído.

La investigación continúa en etapa de producción de pruebas. Se busca reconstruir cómo se gestó el encuentro, los movimientos de los involucrados y el grado de participación de cada uno en la maniobra. La Justicia provincial intenta determinar si el hecho se enmarca dentro de una modalidad delictiva recurrente o si responde a una oportunidad puntual generada por el conocimiento previo entre las partes.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, intensificó su agenda en Buenos Aires con una serie de reuniones en las que reclamó al Gobierno nacional el cumplimiento de compromisos de obra pública y la resolución de problemas estructurales que afectan a la provincia. En Casa Rosada, se encontró con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, para coordinar acciones conjuntas orientadas al crecimiento regional y al fortalecimiento institucional de Salta.

El encuentro con Santilli y Menem se produjo un día después de que Sáenz se reuniera con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para exigir la regularización de fondos destinados a proyectos de infraestructura sanitaria, vial y educativa comprometidos bajo los acuerdos firmados en abril de 2024. En ambas instancias, el mandatario salteño llevó el mismo mensaje: la provincia necesita respuestas concretas del Estado federal para sostener obras que, en varios casos, ya están siendo financiadas con recursos propios.

La visita a la sede del Poder Ejecutivo nacional forma parte de una estrategia de gestión directa que Sáenz mantiene con las distintas carteras del gobierno central. Según informó la Secretaría de Prensa y Comunicación de la Provincia, el objetivo es “gestionar, coordinar y articular líneas de trabajo conjuntas” que redunden en beneficios para el territorio salteño.

En la reunión con Santilli y Menem, las autoridades repasaron distintos ejes de la administración pública, con foco en el diseño de políticas que promuevan el equilibrio federal y atiendan las prioridades del interior del país. Se evaluó el avance de los acuerdos vigentes y se fijaron prioridades en materia de infraestructura y fortalecimiento institucional. Sáenz ratificó, según la gacetilla oficial, “la disposición del Gobierno de la Provincia para dar continuidad al trabajo técnico con los ministerios nacionales”.

Las autoridades nacionales, por su parte, coincidieron en la necesidad de mantener canales de diálogo institucional directos con Salta para consolidar objetivos comunes de desarrollo regional y descentralización.

La jornada previa había sido igualmente intensa. Ante Caputo, Sáenz planteó la necesidad de destrabar recursos para proyectos paralizados o demorados, entre ellos las plantas depuradoras de Salta capital y Cafayate, tramos de rutas nacionales, la Ciudad Judicial de Orán y obras de infraestructura escolar. El gobernador advirtió que la Provincia viene asumiendo con fondos propios el pago de certificaciones que corresponden a la Nación, una medida adoptada para evitar la paralización de los trabajos.

En materia energética, Sáenz planteó ante Economía previsibilidad en el abastecimiento de gas para la región y reclamó la inclusión de nuevos departamentos salteños al sistema de zonas cálidas, que otorga subsidios de energía a los usuarios. Remarcó que el Norte Grande sufre de manera recurrente la falta de suministro cada vez que descienden las temperaturas, una situación que paraliza la actividad productiva y afecta la vida cotidiana de miles de familias.

Dentro del paquete de obras hídricas y de saneamiento, se evaluó la situación de la Planta Depuradora Sur en Salta capital y la de Cafayate, cuyo desarrollo se encuentra actualmente detenido. En conectividad vial, se analizó el avance del puente sobre el río Vaqueros, obra en la que la Provincia también intervino financieramente.

Se repasaron además las tareas sobre la Ruta Nacional 40 en el tramo Seclantás-Molinos; la Ruta Nacional 51 en los tramos Mina Poma-Alto Chorrillos y Alto Chorrillos-Campo Amarillo. En relación con la Ruta Nacional 9/34, en el tramo Metán-Rosario de la Frontera, Sáenz confirmó que Salta financiará de manera transitoria las tareas básicas sobre la traza, con un plan de contingencia que incluye saneamiento integral de la calzada, bacheo profundo y perfilado de banquinas.

Finalmente, se revisó el estado de la primera etapa de la Ciudad Judicial de San Ramón de la Nueva Orán y el avance de la Escuela de Educación Técnica N.º 3102 “Ing. Nikola Tesla” de la ciudad de General Güemes.

El caso se conoció por una entrevista publicada por Qué Pasa Salta. En ese testimonio, el chico explicó por qué tomó la decisión de armar su propio álbum con hojas y cartón. Dilan resumió su situación con una frase que se viralizó: “A mí se me ocurrió hacer el álbum del mundial”. También agregó: “Mi mamá no tuvo plata para comprarme”, según el video difundido por el medio salteño.

En la entrevista, el nene explicó que el costo del producto original quedó fuera del alcance familiar. “Mi mamá no tuvo plata para comprarme y un álbum está más de 25 mil”, contó. Y agregó: “Me encantaría tener el álbum”, mientras mostraba las páginas que llevaba completadas.

Con lo que tenía a mano, usó hojas, marcadores y cartón. Dibujó el logo, los sobres y las páginas con selecciones. Entre los jugadores incluyó a Lionel Messi, a quien señaló como su ídolo. “Acá tienen los números, en qué número van”, afirmó en el video.

Dilan contó que avanzó con tres selecciones. “Hice tres: Argentina, Brasil y Francia. Me faltan más”, dijo. También explicó por qué se frenó: “No lo pude hacer porque en ese día yo me había enfermado”.

La situación familiar

Qué Pasa Salta informó que la madre, Carolina, describió una situación económica compleja y la dificultad para sostener un trabajo por tareas de cuidado. Según relató en la entrevista citada por el medio, en la familia hay una nena con epilepsia refractaria crónica y discapacidad. Ese diagnóstico implica controles, medicación y cuidados.

Carolina explicó su limitación para salir a trabajar con una frase textual difundida por el medio: “Yo tengo voluntad de trabajar, pero no tengo quién me la cuide”.

Dilan dijo que el objetivo no quedó limitado a tener su álbum. “Mi sueño es ayudar a mi mamá para que se ponga algo o ponerme algo yo para vender”, contó en el video.

Después de la viralización, varias personas consultaron cómo ayudar a la familia. El medio publicó un número de contacto y una vía para transferencias a nombre de Carolina: 3872170662 y el alias Carolinaa90.

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Un hombre fue encontrado inconsciente el domingo por la mañana dentro de un auto en el acceso a la ciudad de Salta, y horas más tarde falleció. Si bien el informe médico había indicado que se trataba de una “muerte súbita”, la fiscalía abrió una investigación debido al estado que presentaba cuando lo trasladaron.

El vehículo en el que se encontraba la víctima de 56 años estaba sobre la Ruta Nacional 9. Cuando las autoridades policiales acudieron al lugar, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia, lo encontraron golpeado con lesiones en el rostro y la cabeza.

El aviso ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 8, cuando testigos detectaron que un automóvil permanecía estacionado desde hacía cerca de cuatro horas, con una de sus puertas abiertas, en las inmediaciones de calle Las Tunas, una zona próxima a cabañas y al ingreso a la ciudad. La Policía de Salta observó además que estaba descalzo. Así lo informó el portal El Tribuno.

Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias y Catástrofes (SAMEC) asistió a la víctima en el lugar y la trasladó con urgencia al hospital San Bernardo donde falleció durante la tarde. El diagnóstico inicial indicaba politraumatismos y traumatismo facial, y la causa de muerte la causa de muerte consignada fue “muerte súbita”, información que fue comunicada a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del MPF.

Sin embargo, las autoridades, a través del área de Homicidios, dispuso la apertura de una investigación y la realización de una autopsia junto a estudios toxicológicos. Fuentes ligadas al caso precisaron que, en principio, todas las pertenencias personales de la víctima se encontraban en el vehículo. También estaba el teléfono celular, lo que llevó a descartar en una primera instancia el móvil del robo.

Por el momento aguardan los resultados de la autopsia y los análisis toxicológicos para determinar la causa de muerte y esclarecer las causantes de las lesiones.

Lo encontraron sin vida y golpeado en su casa de Córdoba

El cuerpo de Cándido Lino Cuello, un ex policía de 74 años, fue encontrado sin vida en su vivienda del barrio Villa Aspacia en la ciudad de Córdoba, tras una reunión que había organizado para ver la final del Club Atlético Belgrano. El hallazgo se produjo el día posterior a los festejos por el campeonato, y la investigación apunta a un homicidio, según fuentes judiciales.

El domicilio, ubicado en calle Tirana al 4800, fue el punto de encuentro elegido por Cuello para compartir el partido junto a familiares y vecinos. De acuerdo con la información publicada por La Voz, desde temprano en el día de la final, la víctima se reunió con otras personas y consumió bebidas alcohólicas durante la jornada. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado con lesiones en el rostro y manchas de sangre esparcidas en el lugar.

La Fiscalía a cargo de Luis Micheli dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Hasta el momento, no hay personas detenidas ni imputadas en la causa, aunque la investigación apunta como principal sospechoso a un ex cuñado de la víctima, quien habría mantenido una discusión con Cuello durante el encuentro. Los investigadores trabajan sobre esta línea, aunque no descartan otras posibilidades.

Según lo informado por las autoridades, la autopsia y los estudios forenses resultarán fundamentales para definir si las heridas detectadas corresponden a una agresión o a un accidente. La escena permanece bajo resguardo judicial mientras avanzan las pericias y se toman declaraciones a los asistentes al encuentro. La expectativa está puesta en los resultados de la autopsia y en las pruebas que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Después de cinco días de incertidumbre, apareció Lourdes Rosario Brizuela, la joven argentina de 23 años que era buscada en Chile luego de denunciar que “había personas siguiéndola”. El fiscal jefe de Pichilemu, Rodrigo Troncoso, confirmó a Infobae que la salteña fue ubicada en la comuna de San Fernando y que ya quedó sin efecto la orden de búsqueda.

“La joven fue ubicada en San Fernando. Se presentó a una unidad policial de esa comuna dejando constancia de su paradero”, explicó el fiscal a este medio. El funcionario agregó que desde la fiscalía se comunicaron telefónicamente con Lourdes y que ella misma confirmó que se encontraba bien. Tras esa presentación, se dejó sin efecto la orden de búsqueda.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre dónde estuvo la joven durante los cinco días en los que permaneció desaparecida ni qué ocurrió desde la última comunicación con su familia. Infobae intentó obtener precisiones de la Fundación Volviendo a Casa —la ONG que difundió la alerta—, pero hasta el momento no brindaron más información sobre el caso.

La desaparición de Lourdes había generado preocupación entre sus familiares luego de que dejaran de tener contacto con ella el pasado 20 de mayo. Según habían denunciado, antes de cortar la comunicación la joven les manifestó que “había personas siguiéndola” y que tenía miedo de que pudiera sucederle algo.

De acuerdo con el relato de sus familiares, la argentina había viajado a Chile en diciembre de 2025. Desde entonces, se había instalado en Punta de Lobos, una localidad costera de la región de O’Higgins.

Tras perder contacto con ella, la Fundación Volviendo a Casa emitió una alerta y pidió colaboración para acelerar la búsqueda en ambos países.

Finalmente, este lunes, Lourdes se presentó por sus propios medios en una comisaría de San Fernando, donde notificó formalmente a las autoridades sobre su paradero. Luego de esa presentación, la Justicia chilena levantó la orden de búsqueda y dio por finalizado el operativo.

Otra búsqueda con alerta amarilla de Interpol

En paralelo, continúa la búsqueda de Mía Guadalupe Salteño Altamirano la nena de cinco años que fue vista por última vez en agosto de 2023 en Santa Fe. En los últimos días, Interpol emitió una notificación amarilla para facilitar su localización fuera de Argentina, en el contexto de una causa federal por presunta sustracción, retención y ocultamiento por parte de su madre.

“Estamos buscando visibilizar un caso que estuvo archivado durante un año y medio por la Fiscalía Provincial. En agosto se van a cumplir tres años de que mi hija está desaparecida por un incumplimiento de la ley y una situación que no supieron manejar”, manifestó el padre de la niña, Nicolás Altamirano en un reportaje radial.

“Presenté miles de pruebas de malos tratos que sufría mi hija y de una posible fuga por parte de la madre y no hicieron nada. Hoy estamos en esta lucha donde ya existe la sustracción, retención y ocultamiento de mi nena”, lamentó el hombre.

Según la Unidad Fiscal Santa Fe, la principal hipótesis de los investigadores es que la niña fue sacada del país y sin autorización paterna. Para su padre, la menor estaría en Barinas, Venezuela, donde existirían vínculos familiares por parte de la actual pareja de la madre.

Hasta el momento, no existen registros migratorios formales de salida del país a nombre de Mía, su madre o la pareja de ella. Por eso, la fiscalía mantiene activa la cooperación internacional y reiteró el pedido de colaboración para obtener datos sobre el paradero de la niña. Cualquier persona que cuente con información puede comunicarse al +54 9 3416 38-5788 o al correo atencioninicial-sfe@mpf.gov.ar.

La ciudad de Salta se convirtió en epicentro artístico con la inauguración de Cuatro actos para un ensayo visual, la exhibición que celebra el centenario del nacimiento de Miguel Dávila y recorre más de seis décadas de su obra.

El Museo de Bellas Artes Lola Mora abrió sus salas a este tributo extraordinario, donde más de 64 obras resumen la fuerza y la complejidad de uno de los grandes nombres del arte argentino.

La muestra, curada por Joaquín Rodríguez, se aparta del orden cronológico. La propuesta organizó el espacio en núcleos temáticos, favoreciendo cruces entre distintas etapas y lenguajes. Este montaje incluye una pieza de 2x5 metros —un imponente acrílico sobre tela— que es una de las protagonistas de la sala.

Lejos de un único relato, la exposición invita a descubrir cómo ciertas formas y gamas cromáticas reaparecen, como pensamientos visuales en evolución constante, a lo largo de toda la producción de Dávila.

Este centenario no solo marca un hito biográfico: ensambla una perspectiva nueva sobre la trayectoria de Dávila, nacido en La Rioja en 1926 y fallecido en Buenos Aires en 2009. La muestra reúne piezas tempranas, desde 1952, hasta creaciones finales, permitiendo visualizar la transición entre escuelas y búsquedas personales.

Dávila fue formado por maestros reconocidos —como Enrique Policastro, Lino Eneas Spilimbergo, Pompeyo Audivert y Lajos Szalay— y supo tomar distancia crítica de los movimientos dominantes: surcó el informalismo, el expresionismo y la nueva figuración, pero nunca se sometió a la rigidez de los “ismos”. “Usaba los lenguajes disponibles y no los dogmas estéticos que limitaran su libertad creativa”, plantea el curador.

En palabras de Joaquín Rodríguez, este homenaje es más que un recuento: “La exposición revela a un Dávila inabarcable, cuya mayor lealtad no fue hacia un estilo, sino hacia la pintura y a la búsqueda de una verdad propia”.

De acuerdo con Rodríguez, la curaduría estructuró la exposición en cuatro grandes núcleos, cada uno condensando un aspecto central del imaginario de Dávila.

Uno de ellos gira en torno al retrato, la figura y la condición humana. Desde ejercicios iniciales de taller hasta composiciones arriesgadas de madurez, la figura funciona como laboratorio: se deforma, se desdibuja o se fragmenta, pero siempre es el eje de experimentación estética. El cuerpo deja de ser apenas una imagen y se convierte en impulso para nuevas soluciones visuales.

El segundo núcleo explora el mito y la fantasía. Aquí, la obra despliega relatos atravesados por símbolos y atmósferas enrarecidas; la realidad se filtra a través del prisma del misterio, evidenciando la capacidad de Dávila para abordar emociones profundas y comentarios de contexto desde la alegoría.

La “mirada crítica sobre la ciudad” representa el tercer núcleo: un territorio social y metafísico, descrito en obras de gran formato donde el límite entre lo visible y lo conceptual se vuelve difuso.

Finaliza el recorrido con los paisajes asociados a La Rioja y otros escenarios, impregnados de añoranza. Es en estas piezas donde el color asume el papel central para reconstruir la memoria afectiva de lugares nunca abandonados del todo. “El color toma el protagonismo absoluto para reconstruir una memoria afectiva de los lugares a los que volvió sin necesidad de trasladarse”, destaca Rodríguez en el texto de sala.

*La exposición estará disponible en el Museo de Bellas Artes Lola Mora de Salta hasta agosto, con entrada libre y gratuita, y luego tendrá sede en la Casa del Bicentenario en octubre de 2026.