Un importante avance se registró en la investigación por la muerte de un hombre de 52 años, que había sido hallado gravemente herido junto a su automóvil sobre la Ruta Nacional 9, cerca del acceso este de la ciudad de Salta. Este viernes, la Justicia dictó la prisión preventiva para un hombre de 31 años, acusado de participar en el ataque, que es investigado por la fiscalía como homicidio en ocasión de robo.

Tras abrirse una investigación para esclarecer el hecho, este viernes la jueza del distrito Centro, Cecilia Flores Toranzos, dictó prisión preventiva a un hombre de 31 años. Durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria solicitada por el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, el acusado optó por abstenerse de declarar.

Después de que la magistrada analizara los elementos incorporados a la causa, ordenó que permanezca detenido mientras la pesquisa continúa su curso. En línea con esto, dispuso que la carátula del caso se mantenga como homicidio en ocasión de robo.

Según la información publicada por El Tribuno, las autoridades todavía mantienen abiertas las incorporaciones de nuevas pruebas y pericias para determinar con precisión las circunstancias del ataque que derivó en la muerte del hombre de 52 años.

El caso se remonta a la mañana del 25 de mayo, cuando unas personas que transitaban por un camino de tierra cercano a la ruta nacional 9, a la altura de Cabañas Las Tunas, observaron un vehículo detenido en una zona descampada.

Luego de que se diera aviso a la línea de emergencia, los efectivos policiales encontraron a un hombre inconsciente, con lesiones visibles, que fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo. A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima murió horas después.

A partir de esto, el fiscal López Soto había dispuesto la intervención de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología. De la misma manera, se ordenó que el cuerpo fuera trasladado al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia y estudios complementarios.

Mientras se aguardaban los resultados periciales, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos previos de la víctima mediante el análisis de cámaras de seguridad, declaraciones testimoniales y relevamiento de comunicaciones.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, estas tareas permitieron identificar a un sospechoso, quien fue detenido este jueves 4 de junio en la vía pública. En la audiencia, el fiscal expuso que el acusado se habría reunido previamente con la víctima y ambos se dirigieron hasta el lugar donde fue hallado el hombre herido.

Bajo esta narrativa, se planteó como hipótesis que en ese sector habría ocurrido una agresión, durante la cual la víctima recibió golpes y fue despojada de algunos bienes. Asimismo, la acusación apuntó que esos objetos sustraídos fueron posteriormente utilizados por el sospechoso, por lo que se constituyó en uno de los principales indicios reunidos en la investigación.

Violento asalto en Salta: robaron 25 millones de pesos, tras emboscar a unos empresarios

Lo que comenzó como una operación comercial entre empresarios de Córdoba y Santiago del Estero culminó en un violento asalto en el paraje Vertiente Chica, en el norte de Santa Victoria Este, provincia de Salta.

El 28 de mayo, dos hombres llegaron a la zona para concretar la compra de 2.500 postes de quebracho colorado, tras un año de negociaciones telefónicas con un supuesto vendedor identificado como Ever Torres.

Al arribar al lugar pactado, fueron guiados por Torres hasta un sector de difícil acceso. Allí, al menos cinco personas, vestidas con ropa tipo militar y pasamontañas, los rodearon portando armas de fuego. En cuestión de segundos, la transacción se convirtió en una emboscada violenta.

Según relataron las víctimas, uno de los asaltantes efectuó un disparo al aire y los obligaron a tirarse al suelo bajo amenazas, despojándolos de dos portafolios con aproximadamente 25 millones de pesos, cheques y efectos personales. Además, los agresores se llevaron la llave de encendido del vehículo, dejándolos varados en una zona montuosa y aislada.

Para la Justicia provincial, los indicios recabados hasta el momento refuerzan la hipótesis de una emboscada organizada, con conocimiento detallado de los movimientos y del monto transportado por las víctimas. El caso quedó en manos del fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, quien dispuso medidas urgentes para identificar y detener a los responsables.

La investigación se centra en esclarecer el rol de Ever Torres, principal contacto de la transacción, y determinar si actuó como señuelo para los delincuentes o tuvo participación directa en la planificación.

Además, se analizan registros de llamadas, mensajes y posibles vínculos con otras personas de la zona o provincias cercanas. La logística del hecho, el uso de armas largas y la coordinación del grupo refuerzan la presunción de un asalto premeditado y ejecutado con roles definidos.

Un hombre de 27 años fue condenado a ocho años de prisión efectiva por abuso sexual infantil, tras quedar probado en un debate oral que utilizó recompensas virtuales del videojuego Free Fire, conocidas como “diamantes”, para captar y manipular a un niño de 10 años en Salta.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio, en el que testimonios, pericias psicológicas y evidencia contextual permitieron acreditar el profundo daño emocional sufrido por la víctima.

Todo comenzó cuando docentes y directivos de la escuela del niño notaron un cambio abrupto en su comportamiento, marcado por reiteradas inasistencias y modificaciones en su actitud. Al activar el protocolo de protección, el menor relató episodios de abuso sufridos por parte de un vecino, quien lo invitaba a su domicilio bajo la excusa de compartir videojuegos y participar en torneos de Free Fire.

Durante el juicio, se expuso que el acusado ofrecía “diamantes”, una moneda virtual utilizada en el juego, para ganarse la confianza del niño y lograr que vaya a su casa. El acusado aprovechó los momentos en los que no estaban los padres para abusar del menor.

Desde el MPF detallaron que, en su alegato, la fiscal Morales Torino remarcó el valor de la prueba y el daño emocional provocado en la víctima, así como los mecanismos de manipulación desplegados por el acusado, quien formaba parte del círculo de confianza del menor.

Entre los testimonios más relevantes, destacó el de la madre del niño, quien describió un progresivo aislamiento, episodios de agresividad y temor, y el abandono de actividades habituales, como los entrenamientos de fútbol, por miedo a encontrarse con el agresor.

Uno de los momentos clave del juicio fue el relato de la docente del niño, quien, al notar los cambios en su actitud, decidió conversar con él fuera del aula. El menor rompió en llanto y logró contar lo sucedido. Para Morales Torino dicho testimonio fue “un elemento de vital importancia porque representa el primer espacio seguro donde el niño pudo exteriorizar el trauma sufrido”.

A su vez, la fiscal sostuvo que la espontaneidad y coherencia de ese testimonio coincidieron con toda la prueba producida.

Por otro lado, también se tomaron en cuenta los testimonios de los familiares de menor, quienes confirmaron los cambios en la conducta del niño, como la pérdida de apetito, el rechazo a actividades recreativas y un estado de preocupación constante.

Desde el MPF indicaron que una pericia psicológica incorporada al expediente describió indicadores compatibles con abuso sexual infantil, incluyendo negación, disociación, altos niveles de estrés, aislamiento afectivo, inseguridad y sentimientos de vergüenza.

Durante el cierre del debate, la fiscal Morales Torino subrayó que el acusado no ofreció ninguna hipótesis alternativa ni produjo prueba que desvirtuase la acusación. Según trascendió, el condenado registraba antecedentes por grooming y exhibiciones obscenas.

Por lo tanto, la fiscal solicitó la declaración de responsabilidad penal y la continuidad del proceso para la determinación de la pena. Tras valorar las pruebas incorporadas al debate, el juez Leandro Ferns consideró acreditados los hechos y los calificó como abuso sexual con acceso carnal. Finalmente, el acusado fue condenado a ocho años de prisión.

Una compleja red criminal dedicada a la tramitación ilegal de pensiones por invalidez en la provincia de Salta quedó bajo el foco de la Justicia tras una investigación coordinada por la Unidad Fiscal Federal de Salta.

El caso, que involucra a profesionales de la salud, funcionarios y operadores políticos, expone un esquema sistemático de corrupción que otorgaba beneficios económicos a personas sin enfermedades a cambio de favores electorales.

El origen de la causa se remonta a noviembre de 2024, cuando una denuncia preliminar reveló la existencia de maniobras sospechosas en el otorgamiento de pensiones. La magnitud del entramado llevó a que, en junio de 2025, el fiscal federal formara un equipo especial con miembros de tres fiscalías descentralizadas. El grupo, con colaboración de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” de Gendarmería Nacional, avanzó en el entrecruzamiento de datos de beneficiarios del sistema previsional para identificar irregularidades.

La operatoria ilegal se encontraba aceitada y era coordinada, según se informó, por un ex funcionario municipal de una localidad del departamento de Anta. El esquema funcionaba a través de punteros políticos que identificaban a familias vulnerables o numerosas, ofreciéndoles la gestión de pensiones fraudulentas. Como contrapartida, los beneficiarios debían comprometer su voto a favor de quienes facilitaban el acceso al beneficio.

La red contaba con la colaboración de médicos, bioquímicos y enfermeros vinculados a funcionarios políticos. Estos profesionales eran responsables de extender certificados médicos, recurriendo a diagnósticos repetidos como enfermedad de Chagas y graves desviaciones en la columna vertebral. El circuito culminaba en una mesa de auditoría médica local, donde se validaban los falsos diagnósticos para aprobar los trámites.

Y de acuerdo con las pruebas recolectadas en la causa, la organización utilizaba laboratorios propios para fraguar resultados clínicos y falsificar placas radiográficas. Se detectó que, en varios expedientes, un mismo estudio médico era copiado y reutilizado para justificar la discapacidad de distintas personas. Además, funcionarios sin formación médica firmaban certificados de discapacidad, lo que agravó las imputaciones.

Los punteros políticos desempeñaban un papel clave en la captación de beneficiarios. Reclutaban a personas de escasos recursos o familias numerosas para incluirlas en el circuito fraudulento. A cambio, exigían el voto en elecciones a los integrantes del grupo que facilitaba las gestiones.

La pesquisa determinó que la maniobra se había naturalizado en la zona y que el esquema contaba con la protección de funcionarios municipales y el aval de profesionales de la salud que, en algunos casos, integraban equipos médicos de hospitales públicos y clínicas privadas.

La investigación judicial, que comenzó en noviembre de 2024, permitió establecer que el fraude en la tramitación de pensiones por invalidez no solo tenía fines económicos, sino que estaba vinculado a la obtención de favores electorales. El sistema se sostenía gracias a la connivencia entre operadores políticos, profesionales de la salud y funcionarios públicos, según establecieron los fiscales a cargo del caso.

En septiembre de 2025, el juez de Garantías N° 1 ordenó allanamientos simultáneos en clínicas privadas, hospitales públicos y domicilios particulares. Los procedimientos permitieron secuestrar documentación clave y soportes informáticos que confirmaron la existencia de la red. La evidencia recabada derivó en las primeras imputaciones formales por asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El análisis de la documentación incautada permitió profundizar la hipótesis fiscal y, este pasado martes, se ejecutó una segunda etapa operativa. Por disposición del Juzgado Federal de Garantías N° 2, se realizaron nuevos allanamientos en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal. En total, las fuerzas de seguridad intervinieron en nueve objetivos diferentes.

Durante los operativos, se hallaron radiografías de tórax y columna pertenecientes a distintas personas. El 90 % de esas placas presentaba desviaciones de columna, muchas con espacios en blanco para completar el nombre del paciente. También se incautaron estudios clínicos con resultados positivos de “chagas”, en su mayoría copias de otros estudios no originales.

En una de las viviendas allanadas, la fuerza de seguridad encontró un archivo con certificados médicos firmados por funcionarios que no eran médicos. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que el fraude era extendido y contaba con el aval de distintos estamentos institucionales.

Tras la finalización de los últimos operativos, las autoridades judiciales confirmaron que la Justicia evalúa las nuevas pruebas recolectadas. El objetivo es formalizar la imputación de ocho personas más, entre las que figuran tres médicos y nuevos funcionarios políticos de la provincia.

A once años de la primera movilización por el Ni Una Menos, las calles de las principales ciudades del interior del país volvieron a llenarse este miércoles 3 de junio con marchas, actos y concentraciones que se replicaron desde Córdoba hasta Neuquén, desde Mendoza hasta Salta.

La jornada que reclama de forma colectiva contra la violencia machista estuvo marcada por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, cuyo caso atravesó cada columna y cada pancarta del país.

En la capital cordobesa, la movilización tuvo un peso particular. Los familiares de la menor encabezaron la columna que partió desde la esquina de avenida Colón y La Cañada, convocada para las 18 horas. Las agrupaciones nucleadas en Alerta Feminista comenzaron a reunirse desde las 17, mientras que las organizaciones de la Asamblea Ni Una Menos se sumaron una hora después.

El recorrido avanzó por avenida Colón, continuó por avenida General Paz y tomó avenida Vélez Sarsfield hasta llegar al Patio Olmos, donde tuvo lugar el acto principal y la lectura de un comunicado. Un segundo grupo partió desde Duarte Quirós y Arturo M. Bas para confluir en el mismo punto.

En medio del dolor, Elizabeth Heredia, abuela de la víctima, reveló durante la marcha que encontró una carta oculta de su nieta con “su última voluntad”, según informó CBA24N. Los restos de la joven ya eran velados por familiares, amigos y vecinos mientras la movilización avanzaba por las calles.

El comunicado difundido por las organizaciones convocantes en Córdoba resumió el sentimiento que se extendió a lo largo de todo el país: “Agostina salió de su casa con vida. Eso tendría que ser suficiente para volver. ¿Cuántas más tenemos que perder para que la sociedad entienda el peligro al que estamos expuestas?”.

El texto también reclamó justicia por Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, asesinadas en Misiones y Temperley en los días previos a la marcha.

En Mendoza, miles de personas partieron desde el Kilómetro Cero, en San Martín y Garibaldi, y avanzaron por las calles San Martín, Las Heras y Patricias Mendocinas hacia la Plaza Independencia, donde estaba previsto un acto y la instalación de un altar en memoria de las víctimas de femicidios.

Desde Ni Una Menos Mendoza convocaron bajo la consigna de rechazo a “la violencia, la impunidad, la represión y el ajuste de Cornejo y Milei“, según consignó El Sol.

En Rosario, cientos de mujeres se encontraron en la plaza 25 de Mayo desde las 15.30 y marcharon por calle Santa Fe hasta la plaza San Martín, donde se leyó un documento consensuado por las organizaciones feministas y de la diversidad. “No son cifras, son vidas”, “Ni loco ni enfermo, se dice femicida” y “Hoy soy la voz de quien gritó pidiendo ayuda” fueron algunas de las consignas que se leyeron en los carteles y pancartas.

La convocatoria reunió grupos de amigas, madres, hijas, jóvenes y adultas, con pañuelos violetas, en lo que La Capital describió como una marea heterogénea que exigió políticas para frenar la violencia machista.

En la Patagonia, Neuquén se sumó a la jornada con una multitud concentrada en el monumento a San Martín, en el centro de la capital neuquina. Además de agrupaciones locales, también convocaron organizaciones de Plottier, Centenario y Senillosa, de acuerdo con lo informado por Diario Río Negro. La provincia de Río Negro tuvo movilizaciones simultáneas en distintas localidades.

En Cipolletti, la concentración partió a las 18 desde la Plaza de la Justicia. Mientras que en General Roca, la jornada arrancó por la mañana con la instalación de un Banco Rojo en la terminal de ómnibus y continuó con la marcha por el centro de la ciudad por la tarde.

En Bariloche, la convocatoria fue a las 18 en la intersección de Moreno y Beschedt, desde donde las columnas avanzaron hacia el Centro Cívico. El Bolsón y localidades de la Comarca Andina se concentraron a las 16 en la plaza principal de Lago Puelo, mientras que Sierra Colorada movilizó desde las 18.30 en la Plaza de la Madre, sumando a la Línea Sur al reclamo nacional.

En Mar del Plata, la marcha comenzó pasadas las 17.30 y se concentró en el Monumento a San Martín. “¿Te cansás de oírlo? Nosotras de vivirlo”, “somos el grito de las que faltan”, “que ser mujer no nos cueste la vida”, fueron algunos de los letreros que se observaron en la enorme convocatoria.

En Salta, la fecha también estuvo atravesada por dos casos que mantienen en vilo a la provincia: las desapariciones de Jésica Elizabeth Gutiérrez y Rosmery Aramayo Torres, cuyos nombres volvieron a estar presentes en la jornada. Gutiérrez desapareció el 11 de septiembre de 2024 en La Caldera; fue vista por última vez en cámaras de seguridad cruzando una plaza a metros de su domicilio.

La Policía de Salta mantiene vigente una recompensa de 6 millones de pesos para quienes aporten información útil. El caso tuvo un vuelco cuando su pareja fue hallada sin vida meses después. Aramayo Torres, por su parte, desapareció el 17 de enero de 2025 cuando salió junto a su pareja desde Salvador Mazza con dirección hacia la Ruta 54. Las cámaras registraron que solo el hombre regresó al domicilio; el vehículo fue lavado con posterioridad y luego se radicó una denuncia por desaparición. Por el caso se encuentra imputado José Eduardo Miranda, según informó Qué Pasa Salta. El cuerpo de Rosmery nunca fue encontrado.

La consigna que unificó las marchas en todo el país fue “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, bajo la cual organizaciones feministas, sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones de derechos humanos reclamaron políticas de prevención, asistencia y protección para las víctimas de violencia de género.

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial resolvió modificar una sentencia de primera instancia y condenó a un hombre a pagar 3 millones de pesos en concepto de daño moral por negarse a reconocer a su hija, incluso después de que un estudio de ADN confirmara la paternidad.

La resolución dio cierre a un litigio que comenzó hace seis años cuando la madre hizo una demanda de filiación ante la Justicia. Si bien durante la instancia inicial se determinó que la niña era hija del demandado, el proceso no resultó sencillo debido a la actitud del progenitor.

A pesar del reconocimiento legal del vínculo que se inició en 2022, el hombre adoptó una postura de resistencia, en donde mantuvo su falta de reconocimiento y una conducta omisiva, lo que llevó a que fuera declarado rebelde. La sentencia subrayó que su actitud fue “intencionalmente incumplidora y renuente respecto del deber legal que le cabía como progenitor de la niña”, una conducta que derivó en un daño moral pasible de reparación.

Los jueces del tribunal de segunda instancia de Salta, Verónica Gómez Naar y Leonardo Rubén Aranibar, destacaron que la negativa a reconocer a un hijo “viola derechos de la personalidad de la persona humana, a la identidad, al emplazamiento en el estado civil de hijo, a su nombre y, en suma, a ser reconocido por sus padres ante la sociedad en la cual vive”. Además, se trata de derechos fundamentales protegidos por tratados y convenciones, incorporados a la Constitución Nacional, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño.

A su vez, los magistrados repasaron el reconocimiento paterno regulado en los artículos 570 a 574 del Código Civil y Comercial. A partir de estos motivos, los jueces llegaron a la resolución de que se trata de un daño moral, señalando que el hijo tiene el derecho a ser reconocido por su progenitor.

Según lo que pudo saber el portal provincial El Tribuno, todo comenzó a partir del embarazo de la madre. Al enterarse, el hombre cortó todo vínculo, bloqueando a la mujer de las redes sociales y suspendiendo la comunicación. Tras el nacimiento de la niña, retomó contacto de forma breve y manifestó que asumiría su responsabilidad, aunque nunca procedió al reconocimiento. Sin embargo, volvió a desaparecer.

Poco después reapareció, pero mantuvo una actitud de violencia verbal hacia la mujer y le manifestó que tenía una nueva pareja. El hombre vio a su hija solo una vez a través de una foto enviada por una hermana y, en ese periodo, comenzó a entregar pequeñas sumas de dinero de forma esporádica como cuota alimentaria.

Cerca de la edad escolar de la menor, la madre decidió iniciar la demanda judicial que terminó con la reciente resolución por parte de la Justicia. La suma establecida como indemnización por daño moral devengará intereses a la tasa promedio activa citada en caso de incumplimiento de la condena.

Algo similar había ocurrido en abril pasado. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín revisó el fallo de un caso que involucró a una madre y su hija menor de edad en reclamo contra el presunto padre biológico por la falta de reconocimiento de la filiación.

La demanda se presentó por daños y perjuicios, alegando afectación a la dignidad y perjuicio emocional por la negativa del hombre a reconocer legalmente a la niña como hija extramatrimonial. El proceso judicial se centró en la solicitud de indemnizaciones tanto para la menor como para la progenitora.

La Cámara consideró probado que tanto la madre como la hija resultaron psicológicamente afectadas por la conducta omisiva del progenitor, motivo por el cual justificó la indemnización para cubrir el tratamiento terapéutico profesional. La menor continuará percibiendo la indemnización por daño moral y los gastos derivados de la terapia, mientras que la madre solo recibirá el monto correspondiente al tratamiento psicológico.

La hoja de coca volvió a subir de precio en Salta y Jujuy. El producto escasea, en medio de los bloqueos de rutas y la crisis política y social que tiene lugar en Bolivia, una combinación que dificulta la importación y el traslado del producto, genera faltantes y ya encarece las presentaciones más consumidas mientras cae la demanda, según reportaron distintos medios de la región.

En Salta, el precio de la hoja de coca generó la reacción de consumidores habituales que, según El Tribuno, denuncian aumentos que, ante una práctica arraigada en el norte argentino, empezó a percibirse como un gasto cada vez más difícil de sostener.

La suba quedó expuesta en una lista observada en un comercio salteño: las presentaciones más pequeñas rondan los $4.000 y $8.000, el octavo ya llega a $14.000, el cuarto figura a $27.000 y el medio kilo alcanza $54.000, según relevó El Tribuno. Para los consumidores consultados por ese medio, esas cifras generan un malestar que se arrastra desde 2020, en épocas de pandemia.

La pregunta que resume ese reclamo la formuló Jorge, un lector del diario salteño. Su planteo no estuvo dirigido contra el consumo ni contra la tradición, sino contra el modo en que, según dijo, “los kioscos en Salta arman y desarman los valores a su antojo”.

“Siempre te dicen lo mismo: ‘hay problemas en Bolivia’, pero nadie explica quién regula esto”, expresó Jorge en la publicación local. Allí relató que esta semana fue a comprar a una franquicia conocida de la ciudad y se encontró con nuevos valores que, según su testimonio, no dejan de aumentar.

Más al norte, en la provincia de Jujuy, los valores oscilan entre 10 mil y 22 mil pesos, según relevó el portal Somos Jujuy, y una de las subas más marcadas se dio en el cuarto kilo, que pasó de 15 mil a 20 mil pesos en apenas dos semanas, de acuerdo con ese medio.

La presión sobre el consumo también aparece en las ferias de la capital jujeña. Alicia, comerciante de la feria de avenida El Éxodo, dijo a Jujuy al Momento semanas atrás que la hoja especial cuesta 22 mil pesos el cuarto y que la común, la de mayor salida, ronda los 20 mil pesos, con variaciones según la calidad.

“Todo el tema del bloqueo y la situación socioeconómica del país vecino tiene un impacto directo en la importación de coca. Los cortes de ruta complican mucho los traslados”, explicó una vendedora.

Las bolsitas de 120 gramos, que figuran entre las opciones más buscadas, también aumentaron. Ahora se venden a 12 mil pesos cuando antes costaban 10 mil, según Somos Jujuy.

En las variedades, los paquetes de 120 gramos tienen un valor aproximado de 10 mil pesos. Desde los puestos de venta señalaron a ese medio que, pese a los aumentos, los compradores siguen eligiendo sobre todo las presentaciones pequeñas y de menor costo.

“Las bolsitas de 120 gramos son las que más se venden y la gente busca las opciones más económicas”, relató una comerciante. Alicia agregó a Jujuy al Momento que una “hoja linda” cuesta 13 mil pesos y otra de menor calidad, 12 mil.

El efecto central del aumento es una caída del consumo. La misma comerciante relató que muchos clientes redujeron sus compras o dejaron de consumir, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.

“Ya no compran como antes. Antes llevaban dos cuartos o un cuarto; ahora compran medio cuarto. La gente cuida mucho el bolsillo y eso se nota”, afirmó Alicia al portal Jujuy al Momento.

La retracción también cambió la duración de cada compra. “Antes un cuarto les duraba tres días; ahora lo hacen durar una o dos semanas. Compran menos, pero tratan de que les rinda más”, señaló.

Según la misma comerciante, incluso entre los consumidores de hojas especiales hubo ajustes. “Los que consumen las especiales, como los doctores que vienen del centro, antes llevaban un cuarto; ahora llevan medio”, añadió.

Luego de que la Justicia Federal resolviera intervenir al Partido Justicialista (PJ) de Salta, este viernes el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta convocó a elecciones internas para el domingo 2 de agosto de 2026. Tras establecerse un cronograma con plazos breves, la decisión fue cuestionada por parte del sector que se encolumna detrás de la titular del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner.

El calendario electoral estará compuesto por cuatro etapas. Primero, la presentación de afiliaciones, seguida por la exhibición de padrones provisorios y definitivos, la presentación y oficialización de listas de candidatos y, finalmente, la votación.

Aunque desde el sector interno del partido señalaron que la velocidad de los trámites podría condicionar la competencia y favorecer a quienes ya cuentan con una estructura territorial consolidada, el ex interventor que había sido designado por el PJ nacional, Pablo Kosiner, expresó su preocupación por el acotado plazo de tiempo brindado para presentar las afiliaciones.

“Esto de dar quince días para presentar una lista y cuatro días para presentar la ficha de afiliación es prácticamente negar la posibilidad de participar a todos aquellos sectores que tengan voluntad de hacerlo y que no tengan ninguna estructura oficial atrás de ellos”, cuestionó el dirigente durante una breve entrevista con Radio Salta.

Al hacer mención al antiguo cronograma que habían planteado durante su co-conducción con Nora Cannuni, Kosiner destacó que durante su gestión anterior se buscaba un proceso territorial y más extenso que permitiera recuperar masa de afiliados y fortalecer la representatividad del partido.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el ex interventor del PJ salteño alertó que en el primer relevamiento sobre padrones detectaron solo 650 afiliados menores de 25 años sobre 90.000, lo que significó una pérdida de entre 25.000 y 30.000 afiliados.

Bajo su punto de vista, la falta de internas y elecciones PASO provocó una fuga de afiliados hacia otros partidos, debiendo ahora reconstruir la base de militancia. Por este motivo, advirtió que la situación afecta la representatividad y la legitimidad del proceso interno, anticipando que su sector probablemente no participará de las internas debido al carácter restrictivo del cronograma.

“Sospechamos que volverá a haber como una lista casi única de quienes estaban a cargo del partido antes de que se haya intervenido”, apuntó. Tras criticar la intervención judicial desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Kosiner cuestionó su legitimidad para organizar elecciones provinciales. “Perjudicará a otros sectores, sobre todo a los más pequeños”, denunció al indicar que el sector había apelado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Por su parte, el interventor Gambetta señaló que la convocatoria busca legitimar las autoridades y fortalecer la unidad partidaria. “La clave es que se convoquen elecciones para que haya autoridades legitimadas y para que la unidad pueda alcanzarse de manera más natural, ya sea antes o después de los comicios”, planteó tras advertir que mantener el partido bajo intervención prolongada debilita su democracia interna.

Desde el sector saencista se expresó disposición a competir. Una fuente indicó que Gambetta es percibido como “mucho más neutral” y anticipó que ya están reuniendo la documentación para presentar lista. Además, destacaron la importancia del trabajo territorial para armar listas competitivas y mencionaron que la clave será dialogar con los cinco departamentos principales —San Martín, Güemes, Orán, Metán y Capital—, sumado a la articulación regional en áreas como la Puna y los Valles.

La intervención del espacio peronista salteño fue dispuesta por la jueza María Servini de Cubría hace dos semanas, luego de que el partido permaneciera intervenido desde el 24 de febrero de 2025 por decisión de las autoridades partidarias a nivel nacional.

En aquella oportunidad, la presidenta del PJ nacional había designado como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso. No obstante, Kosiner y Cannuni fueron nombrados en reemplazo y, tras permanecer más de un año a la cabeza, fueron desplazados por la Justicia Federal al plantearse que la duración de la medida se había convertido en un “mecanismo abusivo”.

Pese a que las antiguas autoridades habían convocado a elecciones para el 25 de octubre de este año, este cronograma quedó trunco por disposición judicial, debido a que indicaron que el llamado electoral fue tardío. No solo por el tiempo que demoraron en proponerse la fecha, sino por el plazo que quedaba por delante.

En paralelo, durante el congreso nacional del PJ celebrado el 20 de mayo, los afiliados votaron por la realización de elecciones en octubre en los partidos intervenidos, es decir, Salta y Jujuy. Sin embargo, se trataría de una propuesta contraria a la decisión judicial.

Una abuela será llevada a juicio, luego de que fuera acusada de secuestrar a su nieto de tres años desde su casa en la ciudad de Tunuyán, Mendoza, con la presunta intención de venderlo en la provincia de Salta. En el caso también está imputada su pareja, quien fue acusado de haber sido partícipe del macabro plan. Desde que fueron detenidos, se encuentran detenidos en el penal de San Felipe.

El caso se conoció el 1 de junio de 2025, cuando una adolescente, que sería la presunta hija de la acusada, del barrio La Tablada llamó al 911 para denunciar que pretendían llevarse a su hijo sin permiso a otra provincia. La rápida intervención de la policía permitió localizar en el callejón Belgrano a un hombre con el nene, acompañado por una mujer y un adolescente, quienes avanzaban en dirección a la Ruta 40.

Luego de que las autoridades lograran detenerlos, se confirmó que la abuela sería una mujer de 37 años, identificada como J. V., mientras que la pareja de esta se trataría de un hombre de 28 años, cuyas iniciales serían E. M. Según confirmó la Fiscalía de Tunuyán, ambos fueron acusados de sustracción de menores, un delito que contempla penas de entre cinco y quince años de prisión.

Durante el operativo, el hombre manifestó ante los efectivos que el menor le había sido entregado por la madre debido a que no podía cuidarlo por motivos de salud. Sin embargo, otra comisión policial acudió al domicilio de la madre y encontró a la joven, de 19 años, llorando.

Por otro lado, tres personas presentes en la vivienda confirmaron que el nene había sido retirado con el objetivo de venderlo en Salta por $14.000.000, suma de la cual ya se habría pagado un 50 %. No obstante, desde ese momento la Fiscalía dispuso el secreto de sumario y no habían descartado en un primer momento la hipótesis de trata de personas.

En la audiencia preliminar celebrada ante la jueza Mónica Romero, las partes acordaron los puntos del debate, que se desarrollará próximamente en los tribunales del Valle de Uco. De acuerdo con la información obtenida por Telesoldiario, las autoridades judiciales anticiparon que “el debate se realizará a la brevedad”.

El caso generó amplia repercusión, por lo que la Justicia de Mendoza había alertado a las autoridades de Salta, que iniciaron una investigación para determinar si detrás de este traslado existía una red de posibles compradores o intermediarios.

Según la información que había sido recopilada por El Tribuno de Salta, el hecho abrió una línea de investigación colaborativa entre ambas jurisdicciones para esclarecer la existencia de un posible circuito de venta de menores.

Buscan en Buenos Aires a una nena mendocina de 7 años: creen que habría sido ocultada por su madre

La Justicia de Mendoza ordenó la búsqueda y restitución de Sur Álvarez Tovar, una nena de siete años presuntamente oculta por su madre en la provincia de Buenos Aires. La disposición fue tomada por la jueza de Familia Natalia Lorena Vila, quien resolvió el retorno de la menor a su padre, identificado como A. A., luego de que este presentara una acción judicial ante los tribunales de Gestión Judicial Asociada de Familia de Maipú.

Según surge del expediente, Sofía Micaela Tovar, madre de la menor, no acató la orden judicial de entrega y habría cambiado el nombre de la menor, lo que dificultaría las tareas de localización. El último dato oficial indica que estuvieron en el partido bonaerense de San Isidro, donde Sur fue inscripta por última vez en una escuela.

La resolución de la jueza Vila establece el regreso inmediato de la nena a Mendoza y habilita la intervención de organismos especializados, entre ellos el Ministerio Público Pupilar, encargado de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las autoridades remarcaron que el seguimiento descartaría posibles cambios de establecimiento escolar o modificaciones en las características personales de la menor, ya que existen antecedentes de alteraciones de este tipo.

La Justicia de Mendoza autorizó la difusión pública de imágenes, datos y señas particulares de Sur Álvarez Tovar para facilitar su localización y el cumplimiento de la decisión judicial. Las fotografías que acompañan el comunicado oficial fueron divulgadas a través de medios y plataformas públicas, conforme a la autorización judicial.

Desde la Oficina de Prensa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se recordó que estos procedimientos buscan garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y asegurar la ejecución de las resoluciones judiciales. Ante cualquier información relevante sobre el paradero de Sur, se solicita a la ciudadanía dar aviso inmediato en la comisaría más cercana o comunicarse al 911.

Una mujer de 66 años falleció en Salta Capital tras haber sido diagnosticada con gripe A. El caso generó alarma en el sistema de salud provincial debido a que la paciente no contaba con la vacunación antigripal. El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó que la mujer permaneció internada en terapia intensiva y su deceso se produce en un contexto de incremento sostenido de enfermedades respiratorias en la región.

La Influenza A es un tipo de virus de la gripe que afecta principalmente al sistema respiratorio. Este virus pertenece a la familia de los Orthomyxoviridae y se caracteriza por provocar infecciones agudas que pueden variar desde cuadros leves hasta formas graves, especialmente en personas con factores de riesgo como adultos mayores, niños pequeños, embarazadas o pacientes con enfermedades crónicas.

De acuerdo con El Tribuno, la víctima presentaba antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), condiciones que aumentan el riesgo de desarrollar cuadros graves ante infecciones respiratorias. La paciente inició síntomas el 7 de mayo y recién recibió atención médica el 21 de mayo, fecha en la que fue hospitalizada en el Hospital Señor del Milagro. El fallecimiento ocurrió el 27 de mayo, tras varios días de internación en cuidados intensivos.

El Ministerio de Salud Pública hizo hincapié en que la mujer no había recibido la vacuna contra la gripe. Según los equipos epidemiológicos, este aspecto refuerza la importancia de completar los esquemas de inmunización, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La provincia de Salta notificó casi 12 mil casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en lo que va de 2026 y se registraron más de 1.400 internaciones por infecciones respiratorias agudas.

El monitoreo epidemiológico evidencia que la circulación viral abarca todos los grupos etarios, con mayor incidencia en niños y adolescentes. El grupo de 5 a 9 años reporta 1.917 casos, representando el 16% del total provincial, seguido por adolescentes de 10 a 14 años con 1.532 casos y adultos jóvenes de 25 a 34 años con 1.419 casos. En adultos mayores, el impacto de los cuadros graves es más notorio: en el grupo de entre 65 y 74 años hubo 323 casos y entre los mayores de 75 años se notificaron 150.

Las hospitalizaciones asociadas a infecciones respiratorias muestran un incremento sostenido. Hasta la semana epidemiológica 20, el sistema de salud provincial acumuló 1.435 internaciones por virus respiratorios. Solo en la última semana analizada, 60 personas ingresaron a hospitales por cuadros severos y dos requirieron terapia intensiva. La ciudad de Salta concentra la mayor cantidad de ingresos hospitalarios con 693 casos acumulados y 35 nuevos ingresos en la última semana, lo que representa más de la mitad del total provincial.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud Pública reiteró la importancia de completar la vacunación antigripal y mantener actualizado el esquema contra COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio (VSR), especialmente en los grupos de riesgo. Vanina Galván, jefa del Programa de Vigilancia Epidemiológica, subrayó que aún es posible recibir la vacuna antigripal y reducir complicaciones durante el invierno. “Muchas personas creen que si todavía no se vacunaron ya es tarde, y eso no es así. Estamos en un momento oportuno para hacerlo y disminuir el riesgo de complicaciones durante los meses de mayor circulación viral”, afirmó Galván.

Según la Organización Mundial de la Salud, el virus de la Influenza A es responsable de la mayoría de las epidemias estacionales y pandemias de gripe. Se transmite fácilmente de persona a persona a través de gotitas que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Los síntomas habituales incluyen fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolores musculares, fatiga y, en algunos casos, dificultad respiratoria.

Existen diferentes subtipos de Influenza A, clasificados según las proteínas de superficie hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Entre los subtipos más conocidos se encuentran el H1N1 y el H3N2. La vacunación anual es la principal estrategia para prevenir la infección y sus complicaciones, especialmente en los grupos de riesgo.

Las autoridades sanitarias recordaron medidas de prevención como el lavado frecuente de manos, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar, ventilar ambientes cerrados y desinfectar superficies de uso común. También recomendaron el aislamiento preventivo voluntario ante síntomas respiratorios, evitando el contacto con otras personas hasta permanecer al menos 24 horas sin fiebre y con mejoría evidente. Para quienes viajan o regresan de zonas con alta circulación viral, el pedido es extremar cuidados y consultar rápidamente ante la aparición de síntomas compatibles con gripe, sobre todo si pertenecen a grupos con mayor riesgo de complicaciones.

Lo que comenzó como una operación comercial entre empresarios de distintas provincias terminó en un violento asalto que conmocionó a la comunidad de Santa Victoria Este, en el norte de Salta.

Allí, dos hombres, uno oriundo de Córdoba y otro de Santiago del Estero, llegaron hasta el paraje Vertiente Chica para cerrar la compra de 2.500 postes de quebracho colorado. El acuerdo, gestionado durante un año mediante conversaciones telefónicas, parecía encaminarse a una transacción habitual dentro del rubro forestal.

El clima cambió abruptamente cuando, tras ser guiados por el supuesto vendedor hasta una zona de difícil acceso, se vieron rodeados por al menos cinco individuos. Los atacantes llevaban ropa tipo militar, ocultaban sus rostros con pasamontañas y portaban armas de fuego. En segundos, lo que debía ser el cierre de un negocio se transformó en una escena de intimidación y violencia.

Las víctimas relataron que uno de los asaltantes disparó al aire para amedrentarlos. Bajo amenazas, fueron obligados a tenderse en el suelo mientras los despojaban de dos portafolios con aproximadamente 25 millones de pesos, cheques de distintas sumas y otros efectos personales. Los agresores también sustrajeron la llave de encendido del vehículo en el que se movilizaban, dejándolos varados en medio del monte salteño.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Tribuno, el hecho fue reportado cerca de las 14.05 horas del 28 de mayo, cuando efectivos de la Subcomisaría de Santa Victoria Este recibieron un llamado telefónico alertando sobre un robo a mano armada. El lugar del ataque, ubicado a unos 20 kilómetros de la localidad, es una zona montuosa y aislada, lo que dificultó el acceso inmediato de las fuerzas policiales.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con los damnificados, quienes aseguraron haber sido emboscados tras pactar la compra con un individuo identificado como Ever Torres. El contacto con el supuesto vendedor llevaba cerca de un año, durante el cual se intercambiaron mensajes y llamadas para coordinar la transacción. Según la denuncia, Torres los condujo hasta el punto del encuentro, donde aguardaban los postes de madera, pero también la emboscada. El grupo armado actuó con notable coordinación y rapidez.

Los investigadores no descartan que los atacantes hayan planificado previamente la maniobra para atraer a los compradores hasta un sector despoblado, aprovechando la distancia y la falta de vigilancia. Para la Justicia, los elementos recabados hasta el momento sugieren una emboscada cuidadosamente organizada, con conocimiento del movimiento de las víctimas y de la suma que llevaban consigo.

La causa quedó en manos del fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, quien dispuso una serie de medidas urgentes para esclarecer el hecho y dar con los responsables. De manera provisional, el caso fue calificado como robo calificado, debido al número de intervinientes, el uso de armas de fuego y la comisión en despoblado.

El fiscal ordenó la intervención de la Dirección de Investigación, con el objetivo de profundizar en los vínculos previos entre las partes y determinar si existieron cómplices o facilitadores en la maniobra. Se analiza especialmente el rol de Ever Torres, el supuesto vendedor, para establecer si fue parte activa en la planificación del asalto o si actuó como señuelo para los delincuentes.

El hecho de que los atacantes hayan actuado encapuchados y portando armas largas refuerza la hipótesis de un asalto premeditado, con logística y roles definidos. Las autoridades trabajan sobre los registros de llamadas y mensajes para trazar el recorrido de las comunicaciones previas y posibles nexos con otras personas de la zona o de provincias vecinas.

El robo de 25 millones de pesos en efectivo y cheques representa uno de los golpes más significativos de los últimos tiempos en la región. La magnitud del botín, la violencia del ataque y la presunta planificación previa han generado preocupación en el sector comercial y forestal, donde no se registraban antecedentes recientes de hechos similares con ese grado de organización.

El caso ha puesto en alerta a comerciantes y productores de la zona, quienes expresaron su inquietud por la inseguridad creciente en áreas rurales alejadas de los principales centros urbanos. Aunque las autoridades desplegaron operativos para dar con los autores materiales, hasta el momento no se produjeron detenciones ni recupero del dinero sustraído.

La investigación continúa en etapa de producción de pruebas. Se busca reconstruir cómo se gestó el encuentro, los movimientos de los involucrados y el grado de participación de cada uno en la maniobra. La Justicia provincial intenta determinar si el hecho se enmarca dentro de una modalidad delictiva recurrente o si responde a una oportunidad puntual generada por el conocimiento previo entre las partes.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, intensificó su agenda en Buenos Aires con una serie de reuniones en las que reclamó al Gobierno nacional el cumplimiento de compromisos de obra pública y la resolución de problemas estructurales que afectan a la provincia. En Casa Rosada, se encontró con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, para coordinar acciones conjuntas orientadas al crecimiento regional y al fortalecimiento institucional de Salta.

El encuentro con Santilli y Menem se produjo un día después de que Sáenz se reuniera con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para exigir la regularización de fondos destinados a proyectos de infraestructura sanitaria, vial y educativa comprometidos bajo los acuerdos firmados en abril de 2024. En ambas instancias, el mandatario salteño llevó el mismo mensaje: la provincia necesita respuestas concretas del Estado federal para sostener obras que, en varios casos, ya están siendo financiadas con recursos propios.

La visita a la sede del Poder Ejecutivo nacional forma parte de una estrategia de gestión directa que Sáenz mantiene con las distintas carteras del gobierno central. Según informó la Secretaría de Prensa y Comunicación de la Provincia, el objetivo es “gestionar, coordinar y articular líneas de trabajo conjuntas” que redunden en beneficios para el territorio salteño.

En la reunión con Santilli y Menem, las autoridades repasaron distintos ejes de la administración pública, con foco en el diseño de políticas que promuevan el equilibrio federal y atiendan las prioridades del interior del país. Se evaluó el avance de los acuerdos vigentes y se fijaron prioridades en materia de infraestructura y fortalecimiento institucional. Sáenz ratificó, según la gacetilla oficial, “la disposición del Gobierno de la Provincia para dar continuidad al trabajo técnico con los ministerios nacionales”.

Las autoridades nacionales, por su parte, coincidieron en la necesidad de mantener canales de diálogo institucional directos con Salta para consolidar objetivos comunes de desarrollo regional y descentralización.

La jornada previa había sido igualmente intensa. Ante Caputo, Sáenz planteó la necesidad de destrabar recursos para proyectos paralizados o demorados, entre ellos las plantas depuradoras de Salta capital y Cafayate, tramos de rutas nacionales, la Ciudad Judicial de Orán y obras de infraestructura escolar. El gobernador advirtió que la Provincia viene asumiendo con fondos propios el pago de certificaciones que corresponden a la Nación, una medida adoptada para evitar la paralización de los trabajos.

En materia energética, Sáenz planteó ante Economía previsibilidad en el abastecimiento de gas para la región y reclamó la inclusión de nuevos departamentos salteños al sistema de zonas cálidas, que otorga subsidios de energía a los usuarios. Remarcó que el Norte Grande sufre de manera recurrente la falta de suministro cada vez que descienden las temperaturas, una situación que paraliza la actividad productiva y afecta la vida cotidiana de miles de familias.

Dentro del paquete de obras hídricas y de saneamiento, se evaluó la situación de la Planta Depuradora Sur en Salta capital y la de Cafayate, cuyo desarrollo se encuentra actualmente detenido. En conectividad vial, se analizó el avance del puente sobre el río Vaqueros, obra en la que la Provincia también intervino financieramente.

Se repasaron además las tareas sobre la Ruta Nacional 40 en el tramo Seclantás-Molinos; la Ruta Nacional 51 en los tramos Mina Poma-Alto Chorrillos y Alto Chorrillos-Campo Amarillo. En relación con la Ruta Nacional 9/34, en el tramo Metán-Rosario de la Frontera, Sáenz confirmó que Salta financiará de manera transitoria las tareas básicas sobre la traza, con un plan de contingencia que incluye saneamiento integral de la calzada, bacheo profundo y perfilado de banquinas.

Finalmente, se revisó el estado de la primera etapa de la Ciudad Judicial de San Ramón de la Nueva Orán y el avance de la Escuela de Educación Técnica N.º 3102 “Ing. Nikola Tesla” de la ciudad de General Güemes.

El caso se conoció por una entrevista publicada por Qué Pasa Salta. En ese testimonio, el chico explicó por qué tomó la decisión de armar su propio álbum con hojas y cartón. Dilan resumió su situación con una frase que se viralizó: “A mí se me ocurrió hacer el álbum del mundial”. También agregó: “Mi mamá no tuvo plata para comprarme”, según el video difundido por el medio salteño.

En la entrevista, el nene explicó que el costo del producto original quedó fuera del alcance familiar. “Mi mamá no tuvo plata para comprarme y un álbum está más de 25 mil”, contó. Y agregó: “Me encantaría tener el álbum”, mientras mostraba las páginas que llevaba completadas.

Con lo que tenía a mano, usó hojas, marcadores y cartón. Dibujó el logo, los sobres y las páginas con selecciones. Entre los jugadores incluyó a Lionel Messi, a quien señaló como su ídolo. “Acá tienen los números, en qué número van”, afirmó en el video.

Dilan contó que avanzó con tres selecciones. “Hice tres: Argentina, Brasil y Francia. Me faltan más”, dijo. También explicó por qué se frenó: “No lo pude hacer porque en ese día yo me había enfermado”.

La situación familiar

Qué Pasa Salta informó que la madre, Carolina, describió una situación económica compleja y la dificultad para sostener un trabajo por tareas de cuidado. Según relató en la entrevista citada por el medio, en la familia hay una nena con epilepsia refractaria crónica y discapacidad. Ese diagnóstico implica controles, medicación y cuidados.

Carolina explicó su limitación para salir a trabajar con una frase textual difundida por el medio: “Yo tengo voluntad de trabajar, pero no tengo quién me la cuide”.

Dilan dijo que el objetivo no quedó limitado a tener su álbum. “Mi sueño es ayudar a mi mamá para que se ponga algo o ponerme algo yo para vender”, contó en el video.

Después de la viralización, varias personas consultaron cómo ayudar a la familia. El medio publicó un número de contacto y una vía para transferencias a nombre de Carolina: 3872170662 y el alias Carolinaa90.

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Un hombre fue encontrado inconsciente el domingo por la mañana dentro de un auto en el acceso a la ciudad de Salta, y horas más tarde falleció. Si bien el informe médico había indicado que se trataba de una “muerte súbita”, la fiscalía abrió una investigación debido al estado que presentaba cuando lo trasladaron.

El vehículo en el que se encontraba la víctima de 56 años estaba sobre la Ruta Nacional 9. Cuando las autoridades policiales acudieron al lugar, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia, lo encontraron golpeado con lesiones en el rostro y la cabeza.

El aviso ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 8, cuando testigos detectaron que un automóvil permanecía estacionado desde hacía cerca de cuatro horas, con una de sus puertas abiertas, en las inmediaciones de calle Las Tunas, una zona próxima a cabañas y al ingreso a la ciudad. La Policía de Salta observó además que estaba descalzo. Así lo informó el portal El Tribuno.

Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias y Catástrofes (SAMEC) asistió a la víctima en el lugar y la trasladó con urgencia al hospital San Bernardo donde falleció durante la tarde. El diagnóstico inicial indicaba politraumatismos y traumatismo facial, y la causa de muerte la causa de muerte consignada fue “muerte súbita”, información que fue comunicada a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del MPF.

Sin embargo, las autoridades, a través del área de Homicidios, dispuso la apertura de una investigación y la realización de una autopsia junto a estudios toxicológicos. Fuentes ligadas al caso precisaron que, en principio, todas las pertenencias personales de la víctima se encontraban en el vehículo. También estaba el teléfono celular, lo que llevó a descartar en una primera instancia el móvil del robo.

Por el momento aguardan los resultados de la autopsia y los análisis toxicológicos para determinar la causa de muerte y esclarecer las causantes de las lesiones.

Lo encontraron sin vida y golpeado en su casa de Córdoba

El cuerpo de Cándido Lino Cuello, un ex policía de 74 años, fue encontrado sin vida en su vivienda del barrio Villa Aspacia en la ciudad de Córdoba, tras una reunión que había organizado para ver la final del Club Atlético Belgrano. El hallazgo se produjo el día posterior a los festejos por el campeonato, y la investigación apunta a un homicidio, según fuentes judiciales.

El domicilio, ubicado en calle Tirana al 4800, fue el punto de encuentro elegido por Cuello para compartir el partido junto a familiares y vecinos. De acuerdo con la información publicada por La Voz, desde temprano en el día de la final, la víctima se reunió con otras personas y consumió bebidas alcohólicas durante la jornada. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado con lesiones en el rostro y manchas de sangre esparcidas en el lugar.

La Fiscalía a cargo de Luis Micheli dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Hasta el momento, no hay personas detenidas ni imputadas en la causa, aunque la investigación apunta como principal sospechoso a un ex cuñado de la víctima, quien habría mantenido una discusión con Cuello durante el encuentro. Los investigadores trabajan sobre esta línea, aunque no descartan otras posibilidades.

Según lo informado por las autoridades, la autopsia y los estudios forenses resultarán fundamentales para definir si las heridas detectadas corresponden a una agresión o a un accidente. La escena permanece bajo resguardo judicial mientras avanzan las pericias y se toman declaraciones a los asistentes al encuentro. La expectativa está puesta en los resultados de la autopsia y en las pruebas que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Después de cinco días de incertidumbre, apareció Lourdes Rosario Brizuela, la joven argentina de 23 años que era buscada en Chile luego de denunciar que “había personas siguiéndola”. El fiscal jefe de Pichilemu, Rodrigo Troncoso, confirmó a Infobae que la salteña fue ubicada en la comuna de San Fernando y que ya quedó sin efecto la orden de búsqueda.

“La joven fue ubicada en San Fernando. Se presentó a una unidad policial de esa comuna dejando constancia de su paradero”, explicó el fiscal a este medio. El funcionario agregó que desde la fiscalía se comunicaron telefónicamente con Lourdes y que ella misma confirmó que se encontraba bien. Tras esa presentación, se dejó sin efecto la orden de búsqueda.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre dónde estuvo la joven durante los cinco días en los que permaneció desaparecida ni qué ocurrió desde la última comunicación con su familia. Infobae intentó obtener precisiones de la Fundación Volviendo a Casa —la ONG que difundió la alerta—, pero hasta el momento no brindaron más información sobre el caso.

La desaparición de Lourdes había generado preocupación entre sus familiares luego de que dejaran de tener contacto con ella el pasado 20 de mayo. Según habían denunciado, antes de cortar la comunicación la joven les manifestó que “había personas siguiéndola” y que tenía miedo de que pudiera sucederle algo.

De acuerdo con el relato de sus familiares, la argentina había viajado a Chile en diciembre de 2025. Desde entonces, se había instalado en Punta de Lobos, una localidad costera de la región de O’Higgins.

Tras perder contacto con ella, la Fundación Volviendo a Casa emitió una alerta y pidió colaboración para acelerar la búsqueda en ambos países.

Finalmente, este lunes, Lourdes se presentó por sus propios medios en una comisaría de San Fernando, donde notificó formalmente a las autoridades sobre su paradero. Luego de esa presentación, la Justicia chilena levantó la orden de búsqueda y dio por finalizado el operativo.

Otra búsqueda con alerta amarilla de Interpol

En paralelo, continúa la búsqueda de Mía Guadalupe Salteño Altamirano la nena de cinco años que fue vista por última vez en agosto de 2023 en Santa Fe. En los últimos días, Interpol emitió una notificación amarilla para facilitar su localización fuera de Argentina, en el contexto de una causa federal por presunta sustracción, retención y ocultamiento por parte de su madre.

“Estamos buscando visibilizar un caso que estuvo archivado durante un año y medio por la Fiscalía Provincial. En agosto se van a cumplir tres años de que mi hija está desaparecida por un incumplimiento de la ley y una situación que no supieron manejar”, manifestó el padre de la niña, Nicolás Altamirano en un reportaje radial.

“Presenté miles de pruebas de malos tratos que sufría mi hija y de una posible fuga por parte de la madre y no hicieron nada. Hoy estamos en esta lucha donde ya existe la sustracción, retención y ocultamiento de mi nena”, lamentó el hombre.

Según la Unidad Fiscal Santa Fe, la principal hipótesis de los investigadores es que la niña fue sacada del país y sin autorización paterna. Para su padre, la menor estaría en Barinas, Venezuela, donde existirían vínculos familiares por parte de la actual pareja de la madre.

Hasta el momento, no existen registros migratorios formales de salida del país a nombre de Mía, su madre o la pareja de ella. Por eso, la fiscalía mantiene activa la cooperación internacional y reiteró el pedido de colaboración para obtener datos sobre el paradero de la niña. Cualquier persona que cuente con información puede comunicarse al +54 9 3416 38-5788 o al correo atencioninicial-sfe@mpf.gov.ar.

La ciudad de Salta se convirtió en epicentro artístico con la inauguración de Cuatro actos para un ensayo visual, la exhibición que celebra el centenario del nacimiento de Miguel Dávila y recorre más de seis décadas de su obra.

El Museo de Bellas Artes Lola Mora abrió sus salas a este tributo extraordinario, donde más de 64 obras resumen la fuerza y la complejidad de uno de los grandes nombres del arte argentino.

La muestra, curada por Joaquín Rodríguez, se aparta del orden cronológico. La propuesta organizó el espacio en núcleos temáticos, favoreciendo cruces entre distintas etapas y lenguajes. Este montaje incluye una pieza de 2x5 metros —un imponente acrílico sobre tela— que es una de las protagonistas de la sala.

Lejos de un único relato, la exposición invita a descubrir cómo ciertas formas y gamas cromáticas reaparecen, como pensamientos visuales en evolución constante, a lo largo de toda la producción de Dávila.

Este centenario no solo marca un hito biográfico: ensambla una perspectiva nueva sobre la trayectoria de Dávila, nacido en La Rioja en 1926 y fallecido en Buenos Aires en 2009. La muestra reúne piezas tempranas, desde 1952, hasta creaciones finales, permitiendo visualizar la transición entre escuelas y búsquedas personales.

Dávila fue formado por maestros reconocidos —como Enrique Policastro, Lino Eneas Spilimbergo, Pompeyo Audivert y Lajos Szalay— y supo tomar distancia crítica de los movimientos dominantes: surcó el informalismo, el expresionismo y la nueva figuración, pero nunca se sometió a la rigidez de los “ismos”. “Usaba los lenguajes disponibles y no los dogmas estéticos que limitaran su libertad creativa”, plantea el curador.

En palabras de Joaquín Rodríguez, este homenaje es más que un recuento: “La exposición revela a un Dávila inabarcable, cuya mayor lealtad no fue hacia un estilo, sino hacia la pintura y a la búsqueda de una verdad propia”.

De acuerdo con Rodríguez, la curaduría estructuró la exposición en cuatro grandes núcleos, cada uno condensando un aspecto central del imaginario de Dávila.

Uno de ellos gira en torno al retrato, la figura y la condición humana. Desde ejercicios iniciales de taller hasta composiciones arriesgadas de madurez, la figura funciona como laboratorio: se deforma, se desdibuja o se fragmenta, pero siempre es el eje de experimentación estética. El cuerpo deja de ser apenas una imagen y se convierte en impulso para nuevas soluciones visuales.

El segundo núcleo explora el mito y la fantasía. Aquí, la obra despliega relatos atravesados por símbolos y atmósferas enrarecidas; la realidad se filtra a través del prisma del misterio, evidenciando la capacidad de Dávila para abordar emociones profundas y comentarios de contexto desde la alegoría.

La “mirada crítica sobre la ciudad” representa el tercer núcleo: un territorio social y metafísico, descrito en obras de gran formato donde el límite entre lo visible y lo conceptual se vuelve difuso.

Finaliza el recorrido con los paisajes asociados a La Rioja y otros escenarios, impregnados de añoranza. Es en estas piezas donde el color asume el papel central para reconstruir la memoria afectiva de lugares nunca abandonados del todo. “El color toma el protagonismo absoluto para reconstruir una memoria afectiva de los lugares a los que volvió sin necesidad de trasladarse”, destaca Rodríguez en el texto de sala.

*La exposición estará disponible en el Museo de Bellas Artes Lola Mora de Salta hasta agosto, con entrada libre y gratuita, y luego tendrá sede en la Casa del Bicentenario en octubre de 2026.

Desde hace varios días que la familia de Lourdes Rosario Brizuela, una joven salteña de 23 años, dejó de recibir mensajes de ella luego de que les comunicara que “había personas siguiéndola”. El 20 de mayo de 2026 fue la última vez que pudieron contactarla, cuando se encontraba en la ciudad de Pichilemu, ubicada en la Región de O’Higgins, Chile.

En las últimas horas, la alerta fue difundida por la Fundación Volviendo a Casa, que solicitó máxima difusión internacional ante el riesgo que representaría para su integridad física y psicológica. Según informaron sus familiares, la argentina había viajado al país vecino en diciembre de 2025.

Desde entonces, Lourdes se había asentado en Punta de Lobos, una localidad costera de la misma región. No obstante, días antes de su desaparición, la joven advirtió a través de WhatsApp que “había personas siguiéndola” y manifestó temor de que pudiera sucederle algo.

Desde ese momento, su madre afirmó que no respondió mensajes ni videollamadas. Según la información publicada por El Tribuno, la Fundación Volviendo a Casa emitió una alerta para que el caso adquiera visibilidad en ambos países y solicitó colaboración de la ciudadanía para acelerar la búsqueda.

En línea con esto, la familia de Lourdes proporcionó datos físicos y señales particulares para facilitar su identificación: mide aproximadamente 1,60 metros, tiene contextura delgada, tez blanca, cabello castaño claro y ondulado hasta los hombros. Sus ojos son de color marrón claro y cuenta con una quemadura en la mano izquierda, tatuajes de una luna y dos astronautas en la pierna izquierda, un símbolo en la nuca y un lunar marrón grande en el pecho.

Quienes cuenten con información relevante deben comunicarse de manera inmediata con las autoridades a través del teléfono +54 9 387 457-0296 o al número de emergencias 911. La familia y la fundación insistieron en la necesidad de difundir la búsqueda para lograr avances en la investigación y resguardar la integridad de la joven.

Buscan a una nena santafesina de 5 años que habría sido sacada del país por su madre

La búsqueda de Mía Guadalupe Salteño Altamirano, una niña de cinco años desaparecida desde agosto de 2023 en Santa Fe, incorporó en las últimas horas una dimensión internacional. Interpol emitió una notificación amarilla para facilitar su localización fuera de Argentina, en el contexto de una causa federal por presunta sustracción, retención y ocultamiento por parte de su madre.

Según la Unidad Fiscal Santa Fe, la principal hipótesis sostiene que Fiorella Abigail Salteño, madre de la niña, habría sustraído y mantenido a Mía fuera del contacto con su padre desde el 23 de agosto de 2023, trasladándola fuera del país sin autorización. El Ministerio Público Fiscal informó que estos hechos podrían configurarse como un delito.

El caso se originó tras la denuncia presentada por el padre de la menor el 25 de agosto de 2023 en la Comisaría 1ª de la ciudad de Santa Fe. Posteriormente, la investigación pasó al fuero federal, quedando radicada en la Unidad Fiscal Santa Fe a partir del 3 de septiembre de 2024, bajo la intervención de los fiscales coadyuvantes Natalia Palacín y Juan Claudio Aguirre. Desde ese momento, se desplegaron múltiples medidas orientadas a reconstruir los hechos y ubicar a la niña.

La fiscalía solicitó la intervención del Departamento de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Santa Fe, así como informes a la Dirección Nacional de Migraciones, la CNRT, la Secretaría de Derechos Humanos y COELSA. Además de analizarse perfiles y publicaciones en redes sociales, se recabaron testimonios para identificar posibles domicilios o lugares de tránsito.

Uno de los ejes consistió en el análisis de direcciones IP vinculadas a cuentas presuntamente usadas por la madre. Con asistencia de la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se geolocalizaron accesos desde diversos países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil, con registros recientes asociados al estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

Distintos testimonios orientaron parte de la pesquisa hacia Venezuela, debido a posibles vínculos familiares de Pedro Luis Sáez Castillo, pareja de la madre, con la ciudad de Barinas. Sin embargo, hasta la fecha de la denuncia, no se registran ingresos ni egresos formales de Mía, su madre o la pareja de esta al o desde territorio argentino.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) confirmó la ausencia de viajes documentados en servicios de transporte automotor interurbano de jurisdicción nacional a nombre de las personas investigadas. Para la Fiscalía, estos datos reforzarían la hipótesis de una salida por pasos no habilitados y sin controles migratorios.

En el marco de la búsqueda, se solicitó cooperación internacional a través de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, con intervención de los ministerios públicos de Brasil y Venezuela.

Simultáneamente, Interpol publicó la notificación amarilla, una herramienta internacional destinada a encontrar a personas desaparecidas. También se enviaron requerimientos a entidades venezolanas, como DIGITEL y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, para intentar confirmar o descartar domicilios, líneas telefónicas o vinculaciones educativas de la menor.

La Unidad Fiscal Santa Fe reiteró su pedido de colaboración a la ciudadanía, por lo que quienes tengan información pueden comunicarse al WhatsApp +54 9 3416 38-5788 o al correo electrónico oficial atencioninicial-sfe@mpf.gov.ar.

La Justicia de Salta declaró culpable a un hombre por haber abusado sexualmente de un menor utilizando como mecanismo la manipulación mediante un videojuego.

El caso tuvo origen en junio de 2023, cuando un niño de sexto grado le contó a su maestra que un vecino le ofrecía comprarle “diamantes”, la moneda virtual del videojuego Free Fire, a cambio de realizarle sexo oral. Inmediatamente, las autoridades de la escuela activaron el protocolo correspondiente y se pusieron en contacto con la familia del menor para informarle lo ocurrido.

Este miércoles por la tarde tuvo lugar el veredicto luego de que durante la mañana se desarrollara la audiencia de alegatos. Según la información publicada por el Ministerio Público de Salta, la fiscal Celina Morales Torino solicitó que el acusado fuera declarado penalmente responsable del delito por el que llegó a juicio. La querella y el Ministerio Público Pupilar, representado por la asesora Natalia Pérez de González, adhirieron al pedido de la fiscalía.

Por su parte la defensa había solicitado la absolución, mientras que el imputado optó por no hacer uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras antes de que el juez tomara una decisión.

Tras el veredicto de culpabilidad confirmado, el juez pidió a fiscalía y defensa que aporten pruebas para definir cuántos años de prisión recibirá el condenado. Aún no se determinó cuándo será la fecha de audiencia, la cual será fijada por la Oficina Judicial (OFIJU).

Durante los tres años de investigación, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba reunió las pruebas presentadas en el debate y sostuvo la acusación hasta obtener el veredicto de este miércoles.

Un tribunal de Villa Dolores, en la provincia de Córdoba, condenó a 13 años y medio de prisión a un hombre de 60 años, identificado como H. CH. por abusar sexualmente de una menor de su entorno familiar. Los hechos ocurrieron entre enero y marzo de 2019 en un paraje rural cercano a La Paz, en el departamento San Javier.

El tribunal determinó que el condenado utilizó su relación de confianza con la menor para cometer los abusos. La sentencia lo encontró responsable de abuso sexual simple agravado, promoción a la corrupción de menores agravada y coacción agravada por el uso de armas. El vocal Raúl Castro fundamentó la pena en el carácter continuado de los delitos y en el empleo de amenazas con armas para someter a la víctima.

El clima en la sala judicial reflejaba la gravedad de los hechos juzgados. Las partes escucharon la lectura de la resolución y entre los agravantes que el tribunal tuvo en cuenta figuraron el rol de guardador que ejercía el acusado sobre la víctima y el grave daño en la salud mental de la niña, acreditado mediante pericias psicológicas y testimonios reunidos durante el proceso.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, no es la primera condena que recae sobre H. CH. En 2025, la misma Cámara del Crimen y Correccional de Villa Dolores lo había sentenciado a cuatro años de prisión por hechos similares dentro del mismo entorno familiar, causa que aún no tiene sentencia firme en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La reiteración de conductas en el mismo círculo afectivo fue considerada al momento de fijar la nueva pena. Consideraron que se valió de su relación de confianza y cercanía para perpetrar los abusos, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima y la falta de protección en el ámbito familiar.

El fallo también recomendó que el condenado acceda a tratamiento médico y psicoterapéutico dentro del Servicio Penitenciario, con el objetivo de abordar los factores que llevaron a los delitos y reducir el riesgo de reincidencia.

A partir del próximo 17 de diciembre, Salta tendrá su primera conexión aérea directa con Río de Janeiro, operada por la aerolínea brasileña Gol. La ruta contará con dos frecuencias semanales: los vuelos desde suelo salteño partirán los lunes y viernes a las 2.30 y llegarán a la ciudad brasileña a las 6, mientras que los regresos desde Brasil operarán los jueves y domingos a las 21.45, con arribo a Salta a la 1.30. Los pasajes ya están disponibles en agencias de viajes y en el sitio oficial de la compañía.

La incorporación de esta ruta completa un mapa aéreo internacional que la provincia del norte argentino venía construyendo con tres destinos previos. LATAM cubre la conexión con Lima con tres frecuencias semanales; Copa Airlines une Salta con Panamá también tres veces por semana; y Paranair opera dos frecuencias semanales hacia Asunción. Con la suma del vuelo a Río de Janeiro, la provincia alcanza cuatro rutas internacionales directas activas dentro de un plan estratégico de conectividad.

La novedad fue presentada en un acto que fue encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz junto al gerente de Desarrollo Internacional de Gol Linhas Aéreas, Luciano Arizada.

“Por primera vez en la historia, nuestra provincia tendrá conexión directa con Río de Janeiro”, afirmó Sáenz durante el acto. El mandatario calificó la nueva ruta como “un paso muy importante para Salta” y subrayó que se trata de un avance para el turismo, la economía local y el conjunto de los argentinos.

Sáenz también destacó los lazos que históricamente unen a ambos países: “Nos unen muchas cosas. La puerta que hoy se abre hacia Río es enorme y nos permitirá compartir aún más, entre ellas la calidez de ustedes y de nuestra gente”, expresó ante los presentes.

“Más conectividad significa más turismo receptivo, más movimiento económico, más trabajo y más oportunidades para los salteños, porque esta tierra tiene todo lo que el mundo demanda”, agregó el gobernador, quien aseguró que continuará impulsando el crecimiento de la provincia en materia de infraestructura aérea.

Por su parte, Arizada manifestó su satisfacción por el inicio de la nueva conexión. “Es un honor para nosotros poder conectar ciudades y seguir generando desarrollo para el turismo”, declaró el gerente.

Durante la ceremonia, Sáenz rubricó un convenio de colaboración y conectividad, firmado entre la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, y Arizada. El acuerdo formaliza el compromiso de ambas partes para potenciar el intercambio turístico, cultural y comercial entre Salta y Brasil.

Al acto asistieron también la cónsul honoraria de la República Federativa de Brasil, Alcione Cristina Patrocinio, operadores turísticos y otras autoridades provinciales. Las cifras respaldan el peso de la provincia en el mapa turístico regional: más del 50% de los viajeros que ingresan al Noroeste Argentino lo hacen a través de Salta, lo que la consolida como el epicentro del desarrollo económico de la zona.

El resultado es un posicionamiento concreto de Salta como puerta de entrada y salida del turismo en el norte de Argentina, con acceso directo a tres de los principales hubs de la región —Panamá y Lima— y a dos destinos de alta demanda turística como Asunción y Río de Janeiro.

La oferta que aguarda a quienes lleguen por estas rutas es geográficamente diversa.

La Ruta del Vino recorre los municipios de La Viña, Cafayate, San Carlos, Cachi y Molinos, y pone en primer plano al Torrontés, el blanco emblema de la provincia, junto a tintos producidos en viñedos ubicados entre 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Al oeste, la Puna de los Andes se extiende a más de 3.600 metros de altura con volcanes, picos nevados y extensos salares. San Antonio de los Cobres ofrece paseos en llama y el avistamiento del Viaducto La Polvorilla, la obra de ingeniería donde el Tren a las Nubes hace su parada a 4.200 metros de altitud. Más adentro del Salar de Arizaro, el Cono de Arita —una formación natural de sal negra de origen volcánico— atrae a quienes buscan paisajes de difícil explicación. En el extremo opuesto, la selva y las Yungas ofrecen una transición radical hacia el verde y la humedad.

Tres Parques Nacionales vertebran la oferta de naturaleza. Los Cardones, en los Valles Calchaquíes, toma su nombre de los cardones que pueden vivir hasta 300 años. El Rey funciona como un anfiteatro natural con muestras del Chaco Seco y las Yungas. Baritú, el único parque tropical de Argentina, está protegido por accidentes geográficos que preservan una selva sin intervención humana significativa. En conjunto, la provincia alberga más de 660 especies de aves, el 60% de la biodiversidad ornitológica del país.

Para el turismo de aventura, el territorio ofrece rafting y canopy sobre el Río Juramento, descenso en bicicleta por la Cuesta del Obispo, vuelos en parapente sobre los valles y rutas de senderismo. Además, peñas, restaurantes y bares iluminan la vida nocturna salteña.

Los pasajes para la nueva ruta Salta-Río de Janeiro ya se comercializan, con salida inaugural prevista para el 17 de diciembre a bordo de Gol.

En Molulo, la vegetación de la zona quedó teñida de blanco por la caída de nieve. El paisaje de las Sierras de Tilcara, que habitualmente presenta características propias de la altura, se transformó por completo durante la jornada. Las imágenes del lugar mostraron cómo la nieve cubrió la vegetación de la zona.

En Salta, se registró de un video donde se ve la nieve sobre la Ruta Provincial 33, en el tramo de Piedra del Molino, camino a Cachi. El material muestra el suelo pedregoso y la vegetación escasa de la zona de altura cubiertos de blanco, a medida que la nieve avanza sobre las curvas del camino.

Ante las condiciones del tramo, El Tribuno recomendó a quienes circulen por la zona extremar la precaución al conducir y respetar las señales de tránsito.

El fenómeno, aunque llamativo, no resulta del todo inesperado para las zonas altas del norte del país. El meteorólogo Edgardo Escobar explicó a Todo Jujuy que las nevadas en sectores de menor altura responden a dinámicas climáticas específicas. “Es más fácil cuando tenemos etapas Niña que se registren precipitaciones en forma de nieve”, sostuvo el especialista.

Escobar precisó que el escenario actual corresponde a una etapa climática neutral, con posibilidad de ingreso a un fenómeno El Niño. “Este es un claro indicador de que estamos en una etapa neutra y con posibilidad de ingresar a un fenómeno El Niño en cualquier momento”, afirmó. Ese comportamiento climático, según detalló, incide directamente sobre las posibilidades de precipitaciones níveas en distintas regiones.

En cuanto a las perspectivas para el resto del invierno, el meteorólogo señaló que los pronósticos trimestrales apuntan a temperaturas levemente por encima de los valores medios para esta época. “Los pronósticos están indicando temperaturas levemente superiores a los valores medios”, indicó Escobar.

Con ese panorama, las probabilidades de nieve en zonas bajas son, por el momento, menores. “Las nevadas se van a mantener en zonas altas y sectores de cordillera”, concluyó el especialista.

Cómo estará el clima en Salta y Jujuy este fin de semana, según el SMN

El fin de semana llegará a Salta y San Salvador de Jujuy con temperaturas bajo los 13° y cielos variables, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viernes marcará el punto más frío del período, con máximas de apenas 11° en ambas ciudades, mientras que el domingo traerá una recuperación térmica hasta los 18°.

El viernes abrirá con nubes en Salta capital: la mañana registrará entre 0% y 10% de probabilidad de lluvia y vientos de entre 7 y 12 km/h, con una mínima de 4°. En el segundo turno matinal, la niebla o neblina tomará protagonismo, con vientos que caerán a entre 0 y 2 km/h. La tarde traerá un cie

lo parcialmente nublado y vientos igualmente calmos, de 0 a 2 km/h, antes de que la noche vuelva a cerrarse con nubes y ráfagas de entre 7 y 12 km/h. La máxima del día no superará los 11°.

En San Salvador de Jujuy, ese mismo viernes el panorama será muy similar. La mínima llegará a 5° y la máxima a 11°. La mañana arrancará nublada con niebla y una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%, con vientos de 0 a 2 km/h. La tarde despejará parcialmente, pero los vientos subirán a entre 7 y 12 km/h. La noche cerrará con nubes y vientos de 0 a 2 km/h.

El sábado traerá algo más de alivio térmico. En Salta, la mínima descenderá a 3° y la máxima subirá a 13°. Los cielos alternarán entre despejados y parcialmente nublados a lo largo del día, con probabilidad de lluvia del 0% en todos los turnos. Los vientos se mantendrán entre 0 y 2 km/h por la mañana, y escalarán a entre 7 y 12 km/h por la tarde y la noche.

Jujuy registrará condiciones prácticamente iguales: mínima de 4°, máxima de 13°, sin lluvia prevista y vientos que también oscilarán entre 7 y 12 km/h en los turnos vespertino y nocturno.

El domingo será la jornada con mayor ascenso de las temperaturas. Tanto Salta como Jujuy alcanzarán una máxima de 18°, con mínimas de 3° y 4° respectivamente.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante todo el día en las dos ciudades. Los vientos serán leves por la mañana, de 0 a 2 km/h, y aumentarán hacia la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Todo ocurrió sobre el final del acto que se realizó este jueves para hacer el anuncio de lo que será la cuarta ruta internacional que tendrá la provincia y que comenzará a funcionar el próximo 17 de diciembre, en pleno auge de las vacaciones de argentinos en tierras cariocas.

En la presentación, tras el discurso del mandatario provincial, un grupo de bailarines de samba, la tradicional danza del carnaval brasileño, comenzaron con un show e invitaron a Sáenz a participar. Sin dudar, el gobernador se metió en el grupo y mostró sus pasos.

El acto fue encabezado por Sáenz junto al gerente de Desarrollo Internacional de Gol Linhas Aéreas, Luciano Arizada, quien acompañó al mandatario en la presentación oficial. La nueva frecuencia unirá de forma directa la ciudad de Salta con Río de Janeiro desde diciembre, con dos vuelos semanales en cada sentido.

Salta se convierte así en la provincia del interior del país con una de las redes de vuelos internacionales más extensas, al sumar este destino a las rutas ya operativas hacia Lima, Asunción y Ciudad de Panamá. El gobernador remarcó que la conexión posiciona a la provincia como el principal hub regional del Noroeste y el Nordeste argentino.

“Por primera vez en la historia nuestra provincia tendrá conexión directa con Río de Janeiro”, afirmó Sáenz durante el acto. El mandatario calificó la nueva ruta como “un paso muy importante para Salta” y subrayó que se trata de un avance para el turismo, la economía local y el conjunto de los argentinos.

Sáenz también destacó los lazos que históricamente unen a ambos países: “Nos unen muchas cosas. La puerta que hoy se abre hacia Río es enorme y nos permitirá compartir aún más, entre ellas la calidez de ustedes y de nuestra gente”, expresó ante los presentes.

“Más conectividad significa más turismo receptivo, más movimiento económico, más trabajo y más oportunidades para los salteños, porque esta tierra tiene todo lo que el mundo demanda”, agregó el gobernador, quien aseguró que continuará impulsando el crecimiento de la provincia en materia de infraestructura aérea.

Por su parte, Arizada manifestó su satisfacción por el inicio de la nueva conexión. “Es un honor para nosotros poder conectar ciudades y seguir generando desarrollo para el turismo”, declaró el gerente, quien detalló la operatoria prevista. Las partidas desde Salta operarán los lunes y viernes a las 02:30 h, con arribo a Río de Janeiro a las 06:00 h.

Los regresos desde Brasil saldrán los jueves y domingos a las 21:45 h, llegando a la capital salteña a la 01:30 h del día siguiente. Los pasajes ya están disponibles a través de agencias de viajes y en el sitio oficial de la aerolínea.

Durante la ceremonia, Sáenz rubricó un convenio de colaboración y conectividad, firmado entre la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, y Arizada. El acuerdo formaliza el compromiso de ambas partes para potenciar el intercambio turístico, cultural y comercial entre Salta y Brasil.

Al acto asistieron también la cónsul honoraria de la República Federativa de Brasil, Alcione Cristina Patrocinio, operadores turísticos y otras autoridades provinciales. Las cifras respaldan el peso de la provincia en el mapa turístico regional: más del 50% de los viajeros que ingresan al Noroeste Argentino lo hacen a través de Salta, lo que la consolida como el epicentro del desarrollo económico de la zona.

Finalmente, tras la denuncia del Ministerio Público Fiscal de Salta sobre un supuesto boicot y una escena que incluyó gritos y forcejeos en una sede fiscal, se realizó una pericia clave en el marco de la investigación por el doble femicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumi, las turistas francesas que fueron asesinadas en esa provincia en 2011.

Ocurrió esta mañana, cuando Beatriz Yapura -la esposa de Santos Clemente Vera, que estuvo 11 años detenido antes de ser absuelto por el doble crimen— se presentó voluntariamente junto a su perito de parte al Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), para realizar el hisopado bucal de ADN dispuesto por el juez de Garantías Ignacio Colombo.

La acompañó Carlos Manuel Garrido, titular de Innocence Project Argentina, quien había repudiado “el brutal traslado por la fuerza pública” de Yapura, el viernes pasado, cuando se negó a la pericia.

“Están ocurriendo cosas vergonzosas en los tribunales de Salta, donde están denunciando a periodistas y a abogados”, expresó Garrido tras la extracción a la que también asistieron los abogados Roberto Reyes y Humberto Vargas y el perito Gabriel Boselli.

“Yo vengo diez veces si es necesario, pero que cumplan con la ley”, remarcó la mujer al salir del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta.

El viernes pasado, Yapura, requerida por la Fiscalía, se negó a aportar una muestra genética en el marco de la nueva investigación, a fin de cotejarla con rastros biológicos femeninos detectados por el laboratorio IFEG de Francia.

En un comunicado, Innocence Project Argentina aseguró: "Nada vincula a Beatriz con el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. No está imputada. No existe una sospecha concreta en su contra. Lo único que la une a esta causa es ser la esposa de un hombre condenado erróneamente".

“Pese a ello, oficiales la arrastraron por la fuerza para extraerle una muestra de ADN. Lo hicieron contra una mujer que atraviesa un delicado estado de salud y pese a que su defensa había apelado la orden que autorizaba esa extracción”, agregaron sobre el episodio.

“Este proceder carece de racionalidad y viola garantías básicas reconocidas por la Constitución Nacional. Afecta su libertad, su integridad física y psíquica, su intimidad genética, su dignidad, su derecho de defensa y el debido proceso”, remarcaron.

“La extracción compulsiva de ADN no es una diligencia menor ni puede ejecutarse como si fuera un trámite común. Es una prueba corporal invasiva, que exige control judicial estricto, fundamentación reforzada, necesidad concreta y proporcionalidad”, manifestaron.

Por último, denunciaron: “Al dolor infligido por la persecución injusta y la detención de Santos Clemente Vera durante más de diez años, se suma ahora el hostigamiento estatal contra Beatriz. Lo ocurrido duele e indigna. No es justicia. Es violencia institucional contra la familia de una persona condenada por error”.

La denuncia de boicot

Según el comunicado oficial del MPF, la presunta obstrucción se produjo durante el traslado de Beatriz Elizabeth Yapura, para realizarse el hisopado.

“La resolución judicial dictada a requerimiento de la Unidad Fiscal, autorizaba la conducción por la fuerza pública de la persona mencionada y la extracción de manera compulsiva de la muestra requerida, ya que la señora Yapura no había concurrido a las citaciones previamente cursadas”, indicó el Ministerio Público salteño.

De acuerdo con el texto oficial, durante el peritaje se vivió una situación insólita: Yapura se arrojó al suelo, se negó a colaborar e intentó morder al personal médico, situación que obligó a suspender el procedimiento por motivos de seguridad. Al ingresar a la sala, las autoridades encontraron un micrófono inalámbrico oculto entre sus prendas, además de la presencia de corresponsales franceses y periodistas locales.

El comunicado oficial dio detalles increíbles de la situación. “Se negó a ingresar a la sala de extracción, arrojándose al suelo y debiendo personal policial femenino utilizar la fuerza en la medida de lo necesario, para cumplir la manda judicial”, señalaron.

“Sin embargo, una vez en el interior de la sala y pese a que el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales le explicó, en presencia de sus abogados, que la medida no era invasiva, no prestó colaboración para la realización del hisopado bucal, intentando incluso morder al personal a cargo. Por este motivo, el personal interviniente suspendió la medida toda vez que vio amenazada su integridad física y remitió las constancias a la dirección del CIF", agregaron.

La Unidad Fiscal calificó de “llamativa” la logística desplegada alrededor del procedimiento frustrado. De acuerdo con la información, la Fiscalía iniciará investigaciones penales contra los abogados defensores Roberto Adrián Reyes y Humberto Vargas, quienes grabaron el episodio con sus teléfonos e incitaron a Yapura a exigir la presencia del Procurador y del gobernador de la provincia. Esto pese a que los peritos de parte propuestos por ellos habían sido aceptados por la Justicia desde el 10 de abril, sin que se presentaran en el marco del expediente.

“También se encontraba presente una persona que, sin ser parte del proceso, se identificó como Roberto Ezequiel Reyes, el que también se encontraba filmando con su celular pese a las advertencias de los funcionarios policiales y del personal del Servicio de Biología Molecular para que desista, toda vez que éstos últimos no autorizaron la difusión de sus imágenes, motivo por el cual se secuestró el celular de éste último", precisaron.

“Durante el desarrollo de la diligencia, se encontraban periodistas locales y corresponsales franceses que registraban fotográfica y fílmicamente lo sucedido tanto en el exterior como en el interior de las instalaciones. En este contexto, resultó llamativo que la Sra. Beatriz Elizabeth Yapura portara oculto entre sus prendas y adosado a su cuerpo, previamente acondicionado, un micrófono inalámbrico, el cual también fue advertido y secuestrado por personal de la Unidad de Investigaciones", comunicó el MPF.

Y añadieron: “Se hace notar que los mismos corresponsales franceses fueron quienes visitaron a una persona que formuló una denuncia por abuso sexual contra Santos Clemente Vera, reclamándole por esta situación, motivo por el cual la Fiscalía interviniente de Integridad Sexual solicitó medidas de protección”.

El requerimiento de la muestra de Yapura, pareja de Santos Clemente Vera, responde a la búsqueda de cotejar un perfil genético femenino hallado por peritos franceses en el cuerpo de Cassandre Bouvier. Para descartar hipótesis de contaminación por arrastre o transferencia, la Justicia citó a mujeres vinculadas a los imputados, personal de laboratorio de la UBA y a la médica que realizó las autopsias, Ana María Vega. Todas ellas accedieron voluntariamente a la extracción.

“En virtud de las comunicaciones realizadas a la dirección del CIF por los sucesos mencionados, la Unidad Fiscal remitirá copias de las actuaciones pertinentes a los fines de que la Fiscalía que corresponda, inicie las investigaciones necesarias para identificar a todos los autores y partícipes que impidieron que se cumpla la orden judicial", señalaron.

“La necesidad de contar con una muestra de saliva de la Sra. Beatriz Elizabeth Yapura, entre otras mujeres, responde al extremo de comparar el perfil genético femenino constatado por los peritos franceses en el cuerpo de la víctima Cassandre Bouvier”, aclararon.

“A estos fines fueron también citadas para toma de muestras no sólo la Sra. Yapura sino también Fernanda Cañizarez (pareja al momento del hecho, del condenado Gustavo Lasi), Andrea Alarcón (quien mantenía al momento del hecho una relación sentimental con Santos Clemente Vera), Filomena Tolaba (pareja de Walter Lasi), una persona que denunció haber sido abusada por Santos Clemente Vera, la Dra. Ana María Vega (encargada de la realización de las autopsias) y a nueve operadoras del Laboratorio de Huellas Genéticas de la UBA que intervinieron durante la Instrucción Formal en el cotejo genético de las muestras”, detallaron.

“Se requirió también al laboratorio francés los perfiles genéticas de las personas que intervinieron en las operaciones realizadas en ese país. Todas las personas mencionadas, con excepción de la Sra. Yapura, concurrieron para la extracción de muestras”, precisaron.

Desde la Fiscalía se aclaró que un eventual resultado positivo no implicaría una acusación penal ni modificaría la situación de Vera, quien fue sobreseído por el Tribunal de Impugnación después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anulara su condena.

El nuevo impulso a la pericia científica responde a un pedido de Jean Michel Bouvier, padre de Cassandre, quien solicitó revisar los estudios genéticos realizados en Europa. Por este motivo, una comitiva del Ministerio Público Fiscal viajará la próxima semana a Francia, mediante exhorto internacional y con apoyo de Cancillería, para recoger testimonios y recuperar las pericias originales en París.

“Los cotejos genéticos requeridos permitirán determinar si el perfil femenino detectado por los expertos de Francia coincide con el de alguna de las personas mencionadas, ya sea por acción de arrastre o transferencia en los casos de las mujeres que estuvieron vinculadas con los sospechosos; o por contaminación de quienes intervinieron en la autopsia u otras pericias”, dijo el MPF.

Los videos publicados por la actriz exhiben un paisaje de montañas y vegetación que rodean su hogar, situado a minutos del centro de Salta y a 1.400 kilómetros de Buenos Aires. En estas imágenes, Florencia Peña invita a sus seguidores a descubrir su refugio: una propiedad con galería panorámica, piscina y una decoración rústica, que adquirió junto a su esposo, el salteño Ramiro Ponce de León y donde destaca sus momentos de intimidad y bienestar en plena naturaleza.

De acuerdo con las publicaciones de Florencia Peña, el entorno de la casa permite una convivencia personal y familiar alejada del ritmo porteño. La actriz recorre con su celular las calles empedradas del barrio y se detiene a mostrar la vista única de las sierras, acompañada por frases como “Vista, casita Salta” y “Llegar al lugar que te hace bien”.

Los detalles de la casa de Florencia Peña en Salta

La vivienda es una propiedad de una sola planta con cinco habitaciones, según los videos de Peña y datos publicados por Infobae. Cuenta con una amplia galería que da al lago, una piscina y mobiliario que sigue un estilo rústico, lo que aporta un ambiente cálido y natural.

La casa fue adquirida por la pareja hace varios años como refugio familiar. Tanto Peña como Ramiro Ponce de León han enfocado el espacio para sus hijos y para disfrutar de tiempos de descanso, manteniendo un entorno hogareño e integrado con el paisaje serrano.

La familia ensamblada de Florencia Peña

La relación entre Florencia Peña y el abogado salteño Ramiro Ponce de León comenzó en 2013, cuando se conocieron durante la boda de Freddie Ponce de León, hermano de Ramiro. En 2017 ampliaron la familia con el nacimiento de Felipe, sumando a Juan y Tomás, hijos de Peña con el músico Mariano Otero.

En 2022, la pareja formalizó su matrimonio primero en Cafayate, Salta, y luego celebró una segunda ceremonia en Buenos Aires. La convivencia gira en torno a esta familia ensamblada, en la que cada integrante aporta su historia y sus afectos a la dinámica cotidiana.

La actriz ha resaltado en varias ocasiones la importancia de estos vínculos y cómo la vida en Salta favorece las reuniones familiares, proporcionando un espacio de intimidad fuera del centro mediático de la capital.

Un desayuno de complicidad y risas en la familia Peña

En los últimos días de abril, Florencia Peña publicó un video en el que comparte un desayuno con su madre, Norma, y su hermana, María Belén Peña. La escena, marcada por el humor y la espontaneidad, permitió a la audiencia acercarse a la intimidad de su círculo más íntimo.

Durante la grabación, la actriz invitó: “Acá estamos las tres, vení acercate”, desatando risas al bautizar el momento como el de “las tres locas”. La complicidad familiar se reflejó en las bromas y en los gestos cotidianos, mientras la hermana, habitualmente menos expuesta a los medios, cobró protagonismo compartiendo este espacio junto a sus hijos y sobrinos, bajo la mirada y energía de Norma Finoli.

Las imágenes que Florencia Peña difunde sobre su vida en Salta no solo exhiben la belleza del entorno, sino que también resaltan el valor de la compañía familiar en los pequeños momentos del día a día. Esta convivencia, entre paisajes serranos y encuentros espontáneos, refuerza la cercanía y el afecto que caracterizan la vida cotidiana de la actriz lejos del bullicio porteño.

El Ministerio Público Fiscal de Salta denunció un supuesto boicot durante una pericia clave en el marco de la investigación por el doble femicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumi, las turistas francesas que fueron asesinadas en esa provincia en 2011.

Según el comunicado oficial del MPF, la presunta obstrucción se produjo durante el traslado de Beatriz Elizabeth Yapura, la esposa del ex condenado por el caso, Santos Clemente Vera, al Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde debía someterse a un hisopado bucal de ADN dispuesto por el juez de Garantías Ignacio Colombo.

“La resolución judicial dictada a requerimiento de la Unidad Fiscal, autorizaba la conducción por la fuerza pública de la persona mencionada y la extracción de manera compulsiva de la muestra requerida, ya que la señora Yapura no había concurrido a las citaciones previamente cursadas”, indicó el Ministerio Público salteño.

De acuerdo con el texto oficial, durante el peritaje se vivió una situación insólita: Yapura se arrojó al suelo, se negó a colaborar e intentó morder al personal médico, situación que obligó a suspender el procedimiento por motivos de seguridad. Al ingresar a la sala, las autoridades encontraron un micrófono inalámbrico oculto entre sus prendas, además de la presencia de corresponsales franceses y periodistas locales.

El comunicado oficial dio detalles increíbles de la situación. “Se negó a ingresar a la sala de extracción, arrojándose al suelo y debiendo personal policial femenino utilizar la fuerza en la medida de lo necesario, para cumplir la manda judicial”, señalaron.

“Sin embargo, una vez en el interior de la sala y pese a que el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales le explicó, en presencia de sus abogados, que la medida no era invasiva, no prestó colaboración para la realización del hisopado bucal, intentando incluso morder al personal a cargo. Por este motivo, el personal interviniente suspendió la medida toda vez que vio amenazada su integridad física y remitió las constancias a la dirección del CIF", agregaron.

La Unidad Fiscal calificó de “llamativa” la logística desplegada alrededor del procedimiento frustrado. De acuerdo con la información, la Fiscalía iniciará investigaciones penales contra los abogados defensores Roberto Adrián Reyes y Humberto Vargas, quienes grabaron el episodio con sus teléfonos e incitaron a Yapura a exigir la presencia del Procurador y del gobernador de la provincia. Esto pese a que los peritos de parte propuestos por ellos habían sido aceptados por la Justicia desde el 10 de abril, sin que se presentaran en el marco del expediente.

“También se encontraba presente una persona que, sin ser parte del proceso, se identificó como Roberto Ezequiel Reyes, el que también se encontraba filmando con su celular pese a las advertencias de los funcionarios policiales y del personal del Servicio de Biología Molecular para que desista, toda vez que éstos últimos no autorizaron la difusión de sus imágenes, motivo por el cual se secuestró el celular de éste último", precisaron.

“Durante el desarrollo de la diligencia, se encontraban periodistas locales y corresponsales franceses que registraban fotográfica y fílmicamente lo sucedido tanto en el exterior como en el interior de las instalaciones. En este contexto, resultó llamativo que la Sra. Beatriz Elizabeth Yapura portara oculto entre sus prendas y adosado a su cuerpo, previamente acondicionado, un micrófono inalámbrico, el cual también fue advertido y secuestrado por personal de la Unidad de Investigaciones", comunicó el MPF.

Y añadieron: “Se hace notar que los mismos corresponsales franceses fueron quienes visitaron a una persona que formuló una denuncia por abuso sexual contra Santos Clemente Vera, reclamándole por esta situación, motivo por el cual la Fiscalía interviniente de Integridad Sexual solicitó medidas de protección”.

El requerimiento de la muestra de Yapura, pareja de Santos Clemente Vera, responde a la búsqueda de cotejar un perfil genético femenino hallado por peritos franceses en el cuerpo de Cassandre Bouvier. Para descartar hipótesis de contaminación por arrastre o transferencia, la Justicia citó a mujeres vinculadas a los imputados, personal de laboratorio de la UBA y a la médica que realizó las autopsias, Ana María Vega. Todas ellas accedieron voluntariamente a la extracción.

“En virtud de las comunicaciones realizadas a la dirección del CIF por los sucesos mencionados, la Unidad Fiscal remitirá copias de las actuaciones pertinentes a los fines de que la Fiscalía que corresponda, inicie las investigaciones necesarias para identificar a todos los autores y partícipes que impidieron que se cumpla la orden judicial", señalaron.

“La necesidad de contar con una muestra de saliva de la Sra. Beatriz Elizabeth Yapura, entre otras mujeres, responde al extremo de comparar el perfil genético femenino constatado por los peritos franceses en el cuerpo de la víctima Cassandre Bouvier”, aclararon.

“A estos fines fueron también citadas para toma de muestras no sólo la Sra. Yapura sino también Fernanda Cañizarez (pareja al momento del hecho, del condenado Gustavo Lasi), Andrea Alarcón (quien mantenía al momento del hecho una relación sentimental con Santos Clemente Vera), Filomena Tolaba (pareja de Walter Lasi), una persona que denunció haber sido abusada por Santos Clemente Vera, la Dra. Ana María Vega (encargada de la realización de las autopsias) y a nueve operadoras del Laboratorio de Huellas Genéticas de la UBA que intervinieron durante la Instrucción Formal en el cotejo genético de las muestras”, detallaron.

“Se requirió también al laboratorio francés los perfiles genéticas de las personas que intervinieron en las operaciones realizadas en ese país. Todas las personas mencionadas, con excepción de la Sra. Yapura, concurrieron para la extracción de muestras”, precisaron.

Desde la Fiscalía se aclaró que un eventual resultado positivo no implicaría una acusación penal ni modificaría la situación de Vera, quien fue sobreseído por el Tribunal de Impugnación después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anulara su condena.

El nuevo impulso a la pericia científica responde a un pedido de Jean Michel Bouvier, padre de Cassandre, quien solicitó revisar los estudios genéticos realizados en Europa. Por este motivo, una comitiva del Ministerio Público Fiscal viajará la próxima semana a Francia, mediante exhorto internacional y con apoyo de Cancillería, para recoger testimonios y recuperar las pericias originales en París.

“Los cotejos genéticos requeridos permitirán determinar si el perfil femenino detectado por los expertos de Francia coincide con el de alguna de las personas mencionadas, ya sea por acción de arrastre o transferencia en los casos de las mujeres que estuvieron vinculadas con los sospechosos; o por contaminación de quienes intervinieron en la autopsia u otras pericias”, dijo el MPF.

La versión de los corresponsales y periodistas

En respuesta al comunicado del MPF salteño, los corresponsales franceses y periodistas locales que se encontraban en el lugar difundieron una declaración conjunta. Según explicaron, su presencia obedecía a la filmación de una serie internacional sobre el caso de las turistas francesas.

En ese sentido, relataron que el viernes entrevistaban a Yapura en un espacio público cuando, durante la nota, el personal policial la llevó de manera compulsiva, sin permitirles retirar el micrófono que utilizaban para la grabación.

El equipo periodístico negó haber interferido en el procedimiento o vulnerado la confidencialidad, y denunció que los efectivos policiales impidieron su labor y secuestraron de manera ilegítima un equipo de filmación.

Además, rechazaron la acusación de la fiscalía respecto a un supuesto reportaje a una denunciante de Santos Clemente Vera, señalando que ningún integrante francés realizó dicha entrevista.

Por último, los corresponsales informaron que interpusieron una denuncia penal para solicitar la restitución de su equipo periodístico y remarcaron que su producción internacional fue afectada por lo que calificaron como una violación a sus derechos.

La causa que investiga la publicación de imágenes íntimas falsas de mujeres creadas con inteligencia artificial en un sitio de pornografía sumó un segundo imputado. El caso tuvo su origen en las denuncias realizadas por once mujeres damnificadas y por la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta.

En un primer momento, un compañero de facultad de las denunciantes fue detenido. El hombre de 28 años tomaba imágenes reales de redes sociales, las convertía en desnudos con inteligencia artificial y las subía a un sitio web de contenido sexual.

Este martes, el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que un hombre de 26 años, acusado como autor del delito de lesiones graves agravadas por mediar violencia de género reiteradas, quedó imputado en la causa.

Durante la audiencia, la fiscal penal Mercedes de la Cuesta, interina en la Fiscalía 1 de Violencia Familiar y de Género del distrito Centro, detalló la calificación legal, los hechos atribuidos al sospechoso, el grado de participación del acusado y las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho investigado, junto con los elementos de prueba reunidos.

La jueza del distrito Centro, Victoria Montoya Quiroga, dispuso la libertad del imputado, con el cumplimiento de medidas sustitutivas. A su vez, autorizó la extracción de datos del teléfono celular y la computadora del imputado, los cuales fueron secuestrados durante el allanamiento a su domicilio.

Todo comenzó entre el 26 de marzo y el 2 de abril cuando las jóvenes detectaron que sus rostros aparecían en imágenes sexualmente explícitas subidas a un sitio pornográfico. Las fotos originales, que las jóvenes habían compartido en redes sociales, fueron manipuladas con IA para simular desnudos y luego publicadas sin su consentimiento.

Durante un allanamiento, encabezado por la Dirección de Ciberseguridad, el sospechoso de 28 años fue detenido y se secuestraron computadoras, celulares y otros dispositivos electrónicos.

En diálogo con Infobae, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, a cargo del caso, explicó: “Las fotos originales son reales y las que están subidas en esa plataforma son exactamente iguales, nada más que están sin ropa”. Y agregó: “El menoscabo a su integridad es tremendo”.

La investigación permitió identificar al menos 43 imágenes manipuladas y difundidas. Según relató la fiscal, el daño psicológico y emocional fue inmediato: las víctimas sufrieron ataques de pánico y ansiedad, debieron restringir sus redes sociales y modificar rutinas, incluso tuvieron que asistir acompañadas a la facultad.

“Queremos que las víctimas puedan concluir sus estudios tranquilas”, manifestó Simesen de Bielke.

El caso fue encuadrado bajo la Ley Olimpia, que penaliza la difusión no consentida de material íntimo, real o manipulado, y reconoce la violencia digital como una forma de violencia de género. Simesen de Bielke remarcó: “Es importante que los jóvenes entiendan que esto es un delito, no es simplemente utilizar una aplicación para divertirse. Hay una responsabilidad penal”.

La fiscalía advirtió que podrían aparecer más víctimas y recomendó que cualquier persona afectada realice la denuncia.

El operativo se desplegó sobre la ruta nacional 9/34, a la altura del acceso al Parque Industrial de General Güemes. Efectivos de Infantería, Brigada de Investigaciones y personal del Distrito de Prevención número siete, a cargo del comisario general Burgos, junto a la Dirección General de Seguridad Vial, cubrieron distintos puntos de acceso a la ciudad.

El marco del operativo no fue casual. El Ministerio de Seguridad ya había sido alertado por un enfrentamiento previo ocurrido en Metán, también en la provincia de Salta, lo que llevó a la implementación de un control preventivo.

De esta manera, dos camionetas 4x4 con patentes de Mendoza quedaron detenidas en el acceso al Parque Industrial. A bordo viajaban ocho personas que, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, estaban en la ciudad de Salta capital desde el día anterior, razón por la que no fueron detectadas en los primeros controles de acceso provincial.

Durante la requisa realizada el viernes cerca de las 19:30, los agentes hallaron tres armas de fuego —entre ellas pistolas calibre 40 y calibre 9 milímetros, consideradas armas de guerra— y rifles de aire comprimido de distintos calibres. También se secuestraron más de 200 cartuchos, miguelitos, bates de béisbol y cuchillos.

Los ocho ocupantes contaban con documentación de legítimo usuario de ANMaC y RENAR para las armas, pero esa habilitación, según explicó un oficial de la fuerza en declaraciones a Canal Once, no justificaba trasladarse por rutas salteñas con semejante volumen de armamento y municiones en el contexto de esa reunión gremial.

Lo que más alertó a las autoridades fue la identidad de los detenidos. No eran simples militantes, sino que todos integran la Comisión Directiva del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo, conducido por Gabriel Barroso. Desde la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), organizadora del acto, responsabilizaron directamente a Barroso y a Sebastián Barrios, Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, por haber ordenado el operativo.

Esa misma noche, un segundo procedimiento tuvo lugar en el sector de Madre Vieja, sobre la ruta provincial 11 que une Güemes con Aguas Calientes, en Jujuy. Allí fue detenido un colectivo con 42 pasajeros. Cinco de ellos reconocieron la tenencia de cuchillos y miguelitos.

Según confirmaron fuentes del caso, se trataría de una contravención y no de un delito, al igual que en el primer procedimiento, donde los portadores contaban con habilitación legal para las armas. En total, once personas quedaron a disposición de la Justicia. La Fiscalía Penal de General Güemes intervino en la causa y formalizó las imputaciones correspondientes.

La FASiPeGyBio emitió un comunicado oficial, firmado por su Secretario General, Tomás Mario Lavia. En el documento, la federación denunció formalmente a Barrios y a Barroso por “intentar romper dicho acto con toda violencia y ser los responsables de mandar a su gente armados para cumplir con su objetivo”.

También señaló que se trata de “un hecho que enluta a la familia de nuestra Federación, que en toda su historia jamás vivió una situación similar, agravada por tratarse de miembros de la Comisión Directiva de un sindicato adherido a la misma”.

Lavia habló con Infobae y fue más directo: “Lo que ocurrió en Salta es gravísimo. Acá no estamos hablando de una discusión gremial o de diferencias internas: estamos hablando de personas trasladándose a un acto sindical con armas y municiones. La rápida intervención de la Policía evitó una tragedia”.

El dirigente también advirtió: “No podemos naturalizar que en la vida sindical aparezcan prácticas de intimidación o violencia. Los trabajadores necesitan dirigentes que defiendan derechos, no escenas que pongan en riesgo vidas. La democracia sindical se defiende con participación, no con amenazas".

El acto que se buscaba interrumpir era el lanzamiento formal de la Agrupación Azul y Blanca, con participación restringida a trabajadores del gas, refinerías y yacimientos afines a esa agrupación. Al evento llegaron alrededor de 250 personas provenientes de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco, según relató el oficial de policía en Canal Once. Desde el norte de la provincia se aproximaba además un colectivo con más de 30 personas identificadas como opositoras al acto.

La FASiPeGyBio anunció en el comunicado que convocará a todos sus cuerpos orgánicos para determinar las medidas a tomar. “Bajo ningún punto de vista esto pasará al olvido sin las penalidades que correspondan”, advirtió la conducción nacional de la federación.

Una camioneta Toyota utilizada por la empresa minera GVH perdió el control en la Ruta Provincial 33 y se desplomó unos 30 metros por un barranco en el sector conocido como El Maray, a la altura del kilómetro 38, en las proximidades de la Cuesta del Obispo, en la provincia de Salta. El vehículo quedó completamente destruido al fondo del desnivel, pero quienes viajaban a bordo sobrevivieron de manera milagrosa.

El accidente ocurrió en uno de los tramos más complicados del recorrido montañoso que conduce hacia Cachi, una zona de curvas cerradas y pronunciados desniveles donde cualquier pérdida de control tiene consecuencias difíciles de revertir.

La magnitud del impacto fue inmediatamente visible para los automovilistas y turistas que transitaban por el lugar en ese momento.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación. El personal especializado desplegado en el lugar trabaja para determinar si la unidad se desvió por una imprudencia del conductor, una falla mecánica o una falla de conducción, según informó Informate Salta.

La camioneta, preparada para tareas mineras, salió de la cinta asfáltica y cayó al vacío antes de quedar destrozada en el fondo del barranco.

Pese al estado del vehículo, que evidenciaba la fuerza del impacto, los ocupantes lograron sobrevivir. Según los primeros informes médicos se encuentran en buen estado de salud física, aunque atraviesan un estado de conmoción tras el episodio.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos, equipos de rescate y personal del grupo de auxilio de la propia empresa. El operativo, desplegado en un terreno de difícil acceso, permitió asistir a los ocupantes y avanzar en la recuperación del vehículo del fondo del precipicio.El rápido accionar de los rescatistas fue clave para brindar atención inmediata a las víctimas. La investigación continúa abierta.

Un conductor sufrió un ataque de epilepsia y causó un choque múltiple con ocho heridos en el barrio de Belgrano

Un choque múltiple en avenida Monroe y avenida Cramer, en el barrio porteño de Belgrano, dejó este domingo ocho personas heridas, luego de que el conductor de una camioneta sufriera un ataque de epilepsia y perdiera el control del vehículo, informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El siniestro involucró dos motos y cinco automóviles y requirió una rápida intervención del SAME y el despliegue de un operativo en una de las zonas de mayor tránsito de la ciudad, informó la fuerza de seguridad.

Todo comenzó cuando, a las 13:20, el conductor de una camioneta Haval detenido ante el semáforo en la intersección de avenida Monroe y avenida Cramer sufrió un ataque de epilepsia, lo que provocó que acelerara de manera involuntaria. La camioneta atropelló primero a dos motos que se encontraban delante, cruzó al carril opuesto e impactó de frente contra un auto particular en la mano contraria, desencadenando un choque en cadena con otros tres vehículos, informó la Policía.

Ocho personas resultaron heridas tras el accidente. Según reportó TN, fueron llevadas al Hospital Pirovano y al Hospital Tornú para su atención en tanto que otra optó por recibir atención en un centro asistencial privado. En ese sentido, la Policía precisó que los diagnósticos indicaron politraumatismos, aunque en todos los casos se descartó riesgo de vida.

El SAME intervino con varias ambulancias para asistir a los ocho heridos. Las primeras atenciones a los heridos fueron prestadas en el lugar del accidente. Según TN uno de los afectados rechazó la asistencia y se trasladó a un sanatorio particular.

La sucesión de colisiones afectó la circulación en esos tramos de la avenida Cramer y de Monroe, tanto porque los vehículos quedaron detenidos en el lugar del impacto como por por el despliegue generado de ambulancias, patrulleros y motos de la Policía.

Tini Stoessel sorprendió durante su presentación en el Estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta. La cantante invitó a un trabajador de limpieza a bailar con ella en el escenario. El hecho ocurrió el fin de semana y rápidamente generó repercusión en redes sociales. El episodio, protagonizado por la artista y el joven salteño identificado como Rodrigo, se transformó en uno de los momentos más comentados del espectáculo.

El momento ocurrió durante la prueba de sonido previa al show. Rodrigo, quien cumplía tareas de limpieza en el estadio, llamó la atención de Tini al imitar las coreografías de sus bailarines. “Vi mucho Tini, bailarines y yo muchas veces bailo su coreo, las veo, me las aprendo y las bailo y las grabo. Y bueno, ahora se me dio la oportunidad de que Tini me vio y me pudo subir”, contó Rodrigo en una entrevista posterior. El suceso quedó registrado en video y fue difundido por cuentas de fanáticos, lo que incrementó su viralización.

Los videos que circularon por diferentes plataformas mostraron tanto la espontaneidad del momento como el entusiasmo del público. Rodrigo aclaró que “estaba trabajando acá con el empleado de limpieza y bueno, acá en la prueba de sonido me distraje mucho”.

El momento viral desde el ensayo hasta el escenario

El episodio tomó aún mayor dimensión por la noche, cuando Tini invitó de nuevo a Rodrigo a subir al escenario durante el show. Ante la ovación del público, la artista le propuso compartir una de las coreografías más reconocidas de su repertorio.

Rodrigo interpretó la rutina junto a Tini, compuesta por pasos icónicos del espectáculo. Las imágenes del momento incrementaron la difusión del hecho. El propio Rodrigo relató después: “No lo puedo creer. En serio, no lo puedo creer y la amo mucho”.

Durante la presentación, el público respondió con gritos y aplausos en apoyo a la actitud de Tini y la participación de Rodrigo. Las reacciones en redes sociales oscilaron entre el asombro y las expresiones de alegría.

El episodio de Salta recordó a situaciones similares vividas en recientes recitales de Tini, en los que la artista interactuó espontáneamente con seguidores o integrantes del staff. Sin embargo, la participación del trabajador de limpieza marcó una diferencia por su carácter inesperado y la repercusión lograda en redes sociales.

El hecho se convirtió en tendencia y consolidó otro hito en la gira nacional de la cantante. Rodrigo continúa recibiendo mensajes de apoyo en redes y el video de su baile junto a Tini supera miles de reproducciones en plataformas digitales.

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A más de un año de que se desataran las fricciones partidarias entre el Partido Justicialista (PJ) nacional, bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, y los dirigentes que representaban al espacio en Salta, la jueza María Servini resolvió la intervención judicial del Partido Justicialista (PJ) Distrito Salta.

En línea con esto, las autoridades electorales designaron como interventor judicial a José Luis Napoleón Gambetta. De esta manera, su tarea principal será normalizar el partido a través de elecciones internas, tras haber pasado más de un año bajo intervención partidaria ejercida por el PJ nacional.

La intervención original en el distrito Salta fue dispuesta el 24 de febrero de 2025 y ratificada por el Congreso Nacional del PJ el 20 de mayo del mismo año. En aquella instancia, la presidenta del PJ nacional designó como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso.

Posteriormente, el 20 de febrero, se nombró a dos referentes locales, Pablo Kosiner y Nora Cannuni, quienes habían convocado a celebrar elecciones internas para el 25 de octubre de 2026, es decir, varios meses después del vencimiento del plazo original de intervención. No obstante, la propuesta estaba pendiente de ser tratada en el Congreso Nacional programado para este martes 19 de mayo.

A pesar de esto, en el fallo, se consideró que los distintos interventores designados no realizaron actos concretos ni convocatorias verificables durante el periodo de intervención. Según la información obtenida por El Tribuno, las autoridades electorales lo interpretaron como un vaciamiento institucional que afectó de forma directa los derechos de los afiliados del PJ en Salta.

Según la resolución, la intervención partidaria prevista en la Ley 23.298 es una herramienta excepcional, destinada a restablecer la normalidad solo en contextos de acefalia de órganos, renuncias masivas o incumplimiento de elecciones internas.

De la misma manera, el tribunal remarcó que el uso reiterado y prolongado de la intervención por parte del PJ nacional se transformó en un “mecanismo abusivo”, que no logró resolver los conflictos internos del distrito y comprometió tanto la autonomía como la democracia interna del partido.

En línea con esto, se señaló que la convocatoria a internas para el 25 de octubre de 2026 resultaba “tardía” en relación con el vencimiento de la intervención y carecería de garantía de concreción de actos electorales verificables.

Por este motivo, plantearon que la única vía para asegurar la normalización institucional era la intervención judicial. Por ello, Gambetta tendrá la obligación de presentar informes quincenales sobre sus acciones y mantener informado al Juzgado Federal con competencia electoral en Salta. Además, deberá garantizar que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, estableciendo fechas y procedimientos claros para la elección interna de autoridades.

Mientras que desde el PJ Nacional no hubo una respuesta al fallo, el ex interventor Kosiner repudió la decisión de las autoridades electorales. Por medio de un comunicado, denunció que “la decisión de la Justicia Federal de intervenir el Partido Justicialista de Salta vulnera gravemente la autonomía y la vida interna de un partido político”.

“Cuando existían mecanismos institucionales en marcha para normalizar y ordenar el proceso interno, se optó por una intervención que altera la voluntad partidaria y debilita la autonomía política garantizada por la Constitución”, reiteró el dirigente salteño al hacer referencia a que el cronograma electoral iba a ser aprobado formalmente el próximo martes.

Por otro lado, el ex titular del espacio consideró que “la resolución se inscribe en un preocupante clima de época en la Argentina”. Asimismo, apuntó que “se naturaliza y se avala desde sectores funcionales, la vulneración de instituciones, la afectación de autonomías y el avance sobre ámbitos que deberían resolverse dentro de las reglas democráticas y del respeto a la voluntad de las organizaciones políticas”.

“La autonomía de los partidos políticos es una garantía democrática”, sostuvo Kosiner. Finalmente, concluyó el comunicado con una reflexión: “Cuando se desconoce la voluntad de sus órganos y se interviene judicialmente aun existiendo mecanismos institucionales en marcha, lo que se debilita no es solo a un partido: es a la calidad democrática de la Argentina”.

Este domingo por la mañana, en la Ruta Provincial 33 cerca de la Cuesta del Obispo, una camioneta Toyota utilizada para tareas mineras perdió el control en el tramo montañoso hacia Cachi, en la zona de El Maray, y cayó unos 30 metros hasta el fondo de un barranco.

El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 38, en uno de los sectores considerados de mayor riesgo por sus curvas pronunciadas y pendientes abruptas de Salta. De inmediato, se desplegó un operativo de emergencia en donde trabajaron la policía, los bomberos y equipos de rescate especializados, además del grupo de auxilio de la propia empresa minera.

A pesar del impacto y de la destrucción total del vehículo, los ocupantes sobrevivieron y resultaron ilesos. Según fuentes vinculadas al procedimiento, citadas por El Tribuno, ninguno de ellos sufrió heridas de gravedad. El conductor y los acompañantes fueron asistidos en el lugar por personal médico y trasladados a un centro asistencial para controles preventivos, de acuerdo a lo que explicaron. Para poder llevar a cabo el rescate, debieon utilizar equipos de cuerdas y herramientas especializadas para garantizar la seguridad tanto de las víctimas como de los trabajadores de rescate.

Las circunstancias que provocaron la pérdida de control de la camioneta permanecen bajo investigación. En tanto, las autoridades policiales trabajan en la recolección de testimonios y el análisis de las condiciones del asfalto, el estado del vehículo y posibles factores climáticos que pudieron influir en el desenlace, en una zona conocida por ser peligrosa.

La camioneta, utilizada habitualmente para actividades mineras, quedó completamente destruida tras el impacto.

A fines del mes pasado, durante la madrugada un accidente de tránsito ocurrió en el barrio General Artigas, en la ciudad de Córdoba. Un Volkswagen Voyage, conducido por una mujer mayor de edad, circulaba por la colectora de la Circunvalación cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo. El auto impactó contra un cartel ubicado en el cruce de avenida Agustín Tosco y avenida Concejal Felipe Belardinelli, y terminó cayendo en una zanja al costado de la vía.

En el interior del vehículo viajaba un hombre como acompañante. Tras la colisión, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a las personas involucradas. Al llegar, constataron que el acompañante presentaba politraumatismos de gravedad. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Misericordia, donde el equipo médico intentó estabilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente. La conductora, en tanto, no resultó con lesiones y fue asistida en el lugar por los profesionales de la salud, aunque no requirió internación.

El hecho generó la intervención de personal policial, que desplegó un operativo en la zona para relevar pruebas e iniciar las actuaciones correspondientes. Los efectivos trabajaron en la recolección de datos y en la preservación del lugar del incidente, mientras la Justicia comenzó con la investigación para determinar cómo se produjo el despiste y el posterior choque. Las autoridades no descartaban ninguna hipótesis y analizaron diferentes factores que podrían haber influido en el siniestro, como el estado del vehículo, las condiciones de la calzada y la posible presencia de algún elemento externo que haya dificultado el control del auto.

El caso permanecerá bajo investigación judicial hasta que se determinen las causas y se definan las eventuales responsabilidades de quienes participaron en el siniestro.

En medio del espectáculo, la cantante tomó el micrófono y, visiblemente sensibilizada, se animó a hablar de una problemática que atraviesa a su público femenino. “Anímense a hablar, a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema. Es muy loco ver también a tantas mujeres esta noche, algunas muy chiquitas, otras más grandes… Qué injusto muchas cosas, pero al día de hoy es muy loco... Sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa. Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo. En todo, en el trabajo, en el colegio…”, compartió Tini, recibiendo la atención silenciosa del estadio.

La artista continuó con su mensaje, remarcando la importancia de apoyarse unas a otras y de no dejar pasar ni los detalles más pequeños. “Estamos acá, todas juntas y estamos todas en esta misma lucha, pero de esas mínimas cositas a las más grandes, no las dejen pasar. Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema, pero es muy loco porque te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene alguna historia para contarte”, expresó, dejando en evidencia la magnitud y la universalidad de la situación.

El público, conmovido y atento, acompañó a la cantante con aplausos y momentos de silencio mientras ella hacía una pausa para contener la emoción. “Escucho este silencio y me parece estremecedor. Te tirás a caminar por la calle… ¿Cuándo va a ser el día que cambien tantas cosas? Yo también las amo mucho. No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar, no tengan miedo. Y espero que seamos más escuchadas”, agregó Tini, recibiendo la ovación de sus seguidoras.

El momento no tardó en multiplicarse en redes sociales. El video de la artista hablando sobre el escenario se viralizó y generó una ola de mensajes de apoyo y agradecimiento. “Te amo, Tini”; “Sos una referente, Tini, qué bueno lo que hacés”; “Gracias Tini por acompañarnos”; “Nos hacés sentir escuchadas, te amamos”; “Diosa, la bancamos”, comentaron sus fanáticas, quienes valoraron la valentía y la empatía de la cantante.

Stoessel, quien a lo largo de su carrera ha sabido reinventarse y conectar con diferentes generaciones gracias a su talento, volvió a demostrar que el escenario puede ser mucho más que un lugar para cantar. Su valentía para hablar de la violencia de género y el acoso, su cercanía con el público y su capacidad para conmover y generar empatía, la ayudaron a acercarse más a su público, como también a destacar su fuerte compromiso social.

Así, la noche salteña no solo fue una fiesta de música y luces, sino también un escenario de sororidad y conciencia. Stoessel volvió a demostrar que su voz puede ir mucho más allá de una canción, convirtiéndose en un faro para quienes necesitan sentirse acompañadas y escuchadas. Su mensaje, directo y genuino, dejó en claro que todavía queda mucho por hacer, pero que animarse a hablar es el primer paso fundamental para cambiar la realidad.

Un argentino fue detenido en Bolivia acusado de liderar una célula de trata de personas con fines de explotación sexual. Durante el operativo, se logró rescatar a tres víctimas. Asimismo, confirmaron que una de ellas se trataba de una menor de 16 años que había sido reportada como desaparecida días antes en la provincia de Salta.

La investigación comenzó el lunes 11 de mayo, luego de que la madre de la adolescente salteña radicara una denuncia por su desaparición. Posteriormente, un requerimiento oficial presentado por la Cancillería y el Ministerio de Gobierno de Salta motivó la búsqueda y localización de la joven.

A partir de la foto de la menor que había sido provista por sus familiares, las autoridades lograron rastrear sus últimos movimientos y determinaron que se encontraba en Yacuiba, una ciudad boliviana que se ubica a una distancia aproximada de 430 kilómetros de la ciudad de Salta. Como consecuencia de esto, se envió un pedido de colaboración a las autoridades del país vecino.

Con la ubicación del inmueble identificada, el Comando de Frontera Policial de Yacuiba implementó un operativo cerrojo que permitió rescatar a la adolescente argentina y a otras dos mujeres bolivianas mayores de edad. De acuerdo con la información publicada por Agencias Noticias Argentinas, el argentino capturado se trataría de un ciudadano de 43 años, identificado por sus iniciales C. E. D., quien fue señalado como líder de la red de explotación sexual.

Tras concluirse el operativo, el teniente coronel Ever Cossío, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), describió el funcionamiento de la organización. Según se estableció, el acusado organizaba “citas express”, a la vez que gestionaba grupos en redes sociales con numerosos seguidores.

Aparentemente, utilizaba estas plataformas para promocionar a las mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente por la red. De la misma manera, facilitaba que los clientes las recogieran en el domicilio, las trasladaran y luego las devolvieran al mismo lugar. Además, se descubrió que mantenía un acuerdo con un local llamado “El Faraón”.

Respecto a la situación de la adolescente argentina rescatada, las autoridades confirmaron que la menor fue restituida a Argentina este viernes para reencontrarse con su madre. En cuanto al detenido, permanece bajo custodia a la espera de la audiencia de medidas cautelares, donde un juez definirá su situación legal.

Rescataron a tres mujeres víctimas de trata de personas en el centro de La Plata

Tres mujeres víctimas de explotación sexual fueron rescatadas por la Policía Federal Argentina (PFA) en una vivienda ubicada en el centro de La Plata. El operativo, encabezado por el Departamento Trata de Personas, se realizó tras una investigación judicial iniciada a partir de una denuncia presentada por vecinos y fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Las fuentes policiales informaron a Infobae que las víctimas, dos de nacionalidad paraguaya y una argentina, eran privadas de su libertad y obligadas a ejercer la prostitución. Las responsables, dos mujeres paraguayas de 38 y 42 años, captaban a las víctimas mediante engaños, ofreciéndoles falsos empleos como acompañantes de adultos mayores. Una vez en el país, las mujeres eran forzadas a realizar servicios sexuales bajo amenazas y condiciones coercitivas.

Las tareas de vigilancia confirmaron el arribo constante de vehículos de alta gama al domicilio, cuyos ocupantes eran recibidos por mujeres en ropa interior. Con estos elementos, el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Eduardo Silva Pelossi, autorizó el allanamiento de la vivienda. Durante el procedimiento, fueron detenidas las dos acusadas y se secuestraron cuatro teléfonos celulares utilizados para coordinar los encuentros con los clientes.

De la misma manera, las tres mujeres rescatadas recibieron asistencia y contención por parte del equipo profesional del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional junto con la Unidad Fiscal de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial La Plata, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Petit Bosnic y la secretaria Laura Inés Romano. Las detenidas quedaron a disposición del magistrado interviniente por presunta infracción a la Ley N° 26.364 de “prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”.

Una original campaña de adopción de perros se volvió viral en las últimas horas luego de que un refugio de la ciudad de Salta presentara a sus mascotas rescatadas como si fueran jugadores de fútbol, a través de figuritas inspiradas en los clásicos álbumes del Mundial.

La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Salta y el centro “Matías Nicolás Mancilla”, con el objetivo de encontrarles un hogar a los perros rescatados de la calle. En total, hay 25 animales disponibles para adopción.

“Capaz, entre estas figuritas está ese compañero que te va a cambiar la vida para siempre”, señala la campaña difundida en redes sociales. En cada imagen se puede ver la foto del animal junto con datos como su nombre, edad y porte, además de un club ficticio creado especialmente para la propuesta.

En la primera publicación fueron presentados Akira, de dos años y porte medio; India, de cuatro años y tamaño mediano; Gael, de 13 años y porte grande; Mufasa, de 12 años y gran tamaño; Nacho, de seis años y porte medio; Ñiaro, de cuatro años y tamaño grande; Pilo, de un año y porte mediano; Pipi, de ocho años y tamaño grande; Princesa, de dos años y porte medio; Pumba, de seis años y tamaño intermedio; Marcos, de 10 años y porte mediano; y Trueno, de un año y tamaño medio.

En la segunda tanda le siguieron Plumero, de ocho años y porte medio; Eliot, de 11 años y tamaño grande; Hashimi, de tres años y porte pequeño; Lucho, de ocho años y tamaño mediano; Rumy, de cuatro años y porte medio; Marian, de dos años y tamaño chico; Aramis, de cinco años y porte grande; Diana, de 10 años y tamaño mediano; Ringo, de seis años y porte grande; Perla, de cinco años y tamaño medio; Pablito, de 10 años y porte mediano; Daisy, de dos años y tamaño medio; y Michael, de siete años y porte grande.

Entre los equipos inventados aparecen nombres como Club Atlético Rescatados, Los Sin Raza F.C., Los Veteranos F.C., C.A. Patas Bravas, La Banda del Refugio, Los Mil Razas, Team Princesitas y Los Petisos.

Desde el centro de adopción, ubicado en el barrio Villa Palacios, al sur de la capital salteña, recordaron que quienes estén interesados pueden acercarse a conocer a las mascotas de lunes a viernes, entre las 8 y las 18. El predio se encuentra en la intersección de avenida Gato y Mancha.

Los requisitos para adoptar

El refugio estableció una serie de requisitos para quienes deseen adoptar alguno de los perros incluidos en la campaña. Estos son:

• Ser mayor de edad. Presentar DNI, fotocopia del mismo y una factura de algún servicio.
• Firmar un acta que compromete a quien adopta a cuidar de la mascota y mantenerla en “condiciones óptimas de espacio, tiempo, alimentación, ejercicio”, así como “brindarle los cuidados veterinarios que necesite”.
• Notificar al centro de adopciones sobre cualquier suceso, como pérdida o muerte del animal.
• Menores de edad deben ir acompañados por sus padres.

A su vez, remarcaron que el Centro de Adopciones no funciona como un refugio donde las personas puedan dejar a sus animales de compañía, sino que está destinado exclusivamente a perros en situación de calle.

Según la última actualización publicada en el sitio web del centro de adopción, la capacidad del predio está limitada por la cantidad de caniles disponibles y su ocupación es muy dinámica: “(El centro) se encuentra al límite de su capacidad en las cuatro alas, ya que cuenta con alrededor de 60 a 70 caniles y todos están ocupados”.

En el refugio trabajan proteccionistas, voluntarios y veterinarios que pertenecen a la Subsecretaría de Bienestar Animal de Salta.

Una megacausa por estafas con falsas promesas de trabajo en el sector minero en Salta involucra hasta el momento a casi 60 víctimas. Según detalló el Ministerio Público Fiscal salteño, hay una mujer detenida y otras cuatro personas estarían bajo investigación.

Hasta el momento, la detenida fue señalada como la principal responsable. Por este motivo, enfrenta actualmente cargos por 57 hechos de fraude tras una actualización en la imputación formalizada durante una audiencia judicial.

La investigación penal sostiene que la mujer ofrecía supuestos puestos laborales en minería y solicitaba dinero a cambio de trámites y estudios preocupacionales. Para dar apariencia de legalidad a su accionar, utilizaba nombres de estructuras comerciales como “Baez Mamani Group”, “Rimay Group S.R.L.” y “Consultora Bomblin”, con los que emitía documentación y convocaba a profesionales.

Según la información publicada por Diario UNO, entre las personas estafadas se encontrarían ingenieros, topógrafos y operarios. Aparentemente, las víctimas entregaron pagos mediante transferencias bancarias a cuentas de terceros vinculados con el grupo.

Tras una denuncia inicial presentada el 27 de febrero, la principal acusada fue detenida el 10 de marzo. Los investigadores establecieron que la mujer se presentaba como profesional del área técnica y utilizaba títulos no acreditados para captar a las víctimas, prometiéndoles acceso a obras y proyectos mineros que nunca se concretaban.

Muchos de los denunciantes relataron haber renunciado a sus empleos previos al confiar en la posibilidad de acceder a trabajos bien remunerados en minería. Sin embargo, el esquema de fraude no solo afectó a residentes de Salta, ya que los investigadores establecieron que la principal sospechosa habría replicado estas maniobras en otras jurisdicciones del país.

Actualmente, la causa cuenta con un total de 31 denuncias formales adicionales de personas que aseguran haber sido contactadas bajo las mismas promesas falsas. Al mismo tiempo, el avance de la investigación permitió identificar a otras cuatro personas involucradas, que serán imputadas próximamente, según fuentes judiciales de Salta.

De la misma manera que se permitió ampliar los hechos imputados, se prevé que el número de afectados continúe en aumento a medida que surgen nuevos testimonios y se identifican más transferencias vinculadas al grupo investigado.

Más de 400 personas denunciaron fraude por falsas ofertas laborales para trabajar en un festival de Córdoba

Una banda integrada por al menos cuatro personas fue denunciada por más de 400 habitantes de La Rioja tras ser señalada como responsable de una megaestafa vinculada a la falsa oferta de empleos en el festival Cosquín Rock.

Los afectados relataron que los acusados les exigieron anticipos monetarios a cambio de reservarles puestos de trabajo en el área de seguridad para el evento, cuya realización estaba prevista en Córdoba. Sin embargo, días antes del viaje, el plan fue cancelado abruptamente, lo que llevó a los denunciantes a descubrir el engaño.

El caso comenzó a gestarse desde octubre de 2025, momento en el cual la banda habría iniciado la captación de víctimas mediante reuniones virtuales. Según se detalló en los testimonios recabados, los imputados prometían sueldos de 2 millones de pesos, traslado y hospedaje incluidos, y alegaban contar con experiencia previa en la seguridad de eventos masivos, como la Copa Argentina.

De acuerdo con Rioja Política, la maniobra incluía la realización de encuentros virtuales para ofrecer una imagen de legalidad y profesionalismo. Asimismo, indicaron que los acusados, identificados por los apellidos Díaz, Coronel, Gómez y Martínez, solicitaban a las víctimas el depósito de sumas que oscilaban entre $90.000 y $350.000.

El argumento que utilizaban los sospechosos era la necesidad de costear uniformes de seguridad o el ingreso a una presunta mutual. No obstante, la promesa de trabajo fue desmontada cuando, a escasos días del viaje, los supuestos empleadores comunicaron la cancelación de la oferta, aduciendo una decisión unilateral de los organizadores del festival.

Asimismo, muchos damnificados lograron contactar a la empresa productora de Cosquín Rock, que desmintió cualquier vínculo con el grupo denunciado. La causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 1 de La Rioja y fue fragmentada en tres expedientes distintos. El abogado Fernando Brizuela asumió la representación de unos 30 denunciantes, aunque el número total de afectados podría multiplicarse hasta 400.

En respuesta al fraude, los afectados realizaron una protesta frente al domicilio de Díaz, uno de los imputados, reclamando su detención. Poco después, el letrado denunció que durante la manifestación se registraron agresiones físicas, luego de que una mujer saliera del inmueble y golpeara en el rostro a una de las manifestantes.

El avance judicial incluyó el bloqueo de cuentas de Mercado Pago y el secuestro de un automóvil perteneciente a los acusados. No obstante, Brizuela advirtió que la recuperación del dinero no está asegurada en esta etapa, ya que la prioridad de la instrucción radica en determinar la figura penal aplicable. Además, informó que solicitará la acumulación de las denuncias para unificar la causa y endurecer la situación procesal de los sospechosos que permanecen en libertad.

En este sentido, adelantó que pedirá cambiar la calificación legal de “estafa” a “asociación ilícita”, argumentando la existencia de una estructura organizada y roles diferenciados entre los imputados. Por esto, dijo que la maniobra no fue un hecho aislado, sino el resultado de una red delictiva coordinada.

La investigación comenzó el 18 de septiembre del año pasado, cuando un miembro arrepentido de la propia banda denunció que uno de los choferes de la estructura trasladaba grandes cantidades de droga desde San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, hacia Córdoba. Para ocultar los estupefacientes, la organización simulaba transportar piedras y cascotes para la construcción en camiones.

En el caso intervino la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, con la Secretaría N°1 de Melanie Bauer. La clave para avanzar en la investigación fue el número de celular del conductor, aportado por el denunciante.

A partir de la intervención de esa línea y del análisis de escuchas telefónicas, los investigadores reconstruyeron el modus operandi de la organización: un camión cargado con droga circulaba detrás de una camioneta que hacía de “puntero” y avisaba sobre eventuales controles policiales en la ruta.

Con esa información, los federales detectaron que se estaba organizando un nuevo viaje desde Orán hacia Córdoba. Entonces, con autorización judicial, una comitiva de la PFA fue enviada al norte del país y montó un operativo sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la intersección con la avenida Güemes, en Pichanal, Salta.

Allí, los agentes detuvieron primero a la camioneta que funcionaba como puntero. Detrás venía el camión sospechoso. Durante la requisa, los detectives advirtieron que varios tornillos de la batea tenían signos de haber sido removidos. Al revisar ese sector, encontraron un compartimiento oculto.

Adentro había 150 envoltorios tipo “ladrillo” con clorhidrato de cocaína, envueltos en nylon amarillo e identificados con la marca del Delfín. El pesaje final arrojó 157,90 kilos.

Tras el hallazgo, Arroyo Salgado dispuso el traslado del procedimiento a las instalaciones de la División Antidrogas San Pedro Jujuy para completar la extracción de la sustancia y avanzar con nuevas medidas. Luego ordenó cinco allanamientos en domicilios vinculados a los detenidos: cuatro en la localidad jujeña de Yuto —sobre las calles Rivadavia, San Juan, Mariano Moreno y en el barrio Jardín— y el restante en la calle Oscar Cabalén, en Córdoba capital.

Durante esos procedimientos, los efectivos detuvieron a la esposa de uno de los conductores. Además, secuestraron 73 panes de marihuana, con un peso aproximado de 37 kilos; otros 7 kilos de cogollos de la misma sustancia; 7 plantas de cannabis sativa; una escopeta calibre 12/70; dos pistolas calibre 9 milímetros; una pistola calibre .22; un revólver calibre .38 y otro calibre .22; municiones de distintos calibres; $3.280.000 y 11.500 dólares.

También fueron decomisados dos camiones, un acoplado, una camioneta, dos autos, tres motos, un tractor y dos tráileres para vehículos. A eso se sumaron siete teléfonos celulares, dos tablets y tres balanzas de precisión.

El operativo fue denominado “Cascote Blanco” y estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, a través de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico. También participaron las divisiones antidrogas de San Pedro Jujuy, San Ramón de la Nueva Orán y Córdoba.

Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro por infracción a la Ley 23.737. Fuentes del caso indicaron que la investigación continúa en curso y que no se descartan nuevas medidas.

La Policía de Salta detuvo a un hombre acusado de montar y difundir en Internet imágenes íntimas falsas de mujeres mediante Inteligencia Artificial. La investigación —a cargo de la fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género del distrito Centro, Verónica Simesen de Bielke— se inició tras una denuncia presentada por la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta junto a once damnificadas. El acusado es alumno de la misma facultad que las víctimas.

En diálogo con Infobae, la fiscal explicó que todo comenzó entre el 26 de marzo y el 2 de abril cuando las jóvenes —de entre 18 y 23 años— detectaron que fotos personales publicadas en Instagram, Facebook y WhatsApp habían sido intervenidas digitalmente para simular desnudez y luego subidas a un sitio para adultos.

“Las fotos originales son reales y las que están subidas en esta plataforma son exactamente iguales, nada más que están sin ropa”, precisó Simesen de Bielke. El material fue publicado en una página pornográfica bajo una URL específica, lo que permitió avanzar con el rastreo digital.

La denuncia fue presentada tanto por las damnificadas como por la Decana de la Facultad de Humanidades. Según la fiscal, las víctimas comparten un perfil de militancia social y participación en espacios feministas, lo que no descarta —aunque aún no está probado— un posible componente de violencia dirigida.

El análisis técnico permitió identificar al presunto responsable. “Es un alumno de la misma facultad”, confirmó Simesen de Bielke, quien agregó que no se descarta la existencia de más víctimas: en el sitio se detectaron al menos 43 imágenes.

El impacto en las víctimas fue inmediato. “Están con ataques de pánico y de ansiedad, sumaron terapia con psicólogos y acompañamiento. Varias de ellas cerraron sus redes, restringieron contactos y modificaron rutinas, incluso asistiendo acompañadas a la facultad”, describió la fiscal. “Les han hecho cambiar su estilo de vida”, señaló.

Durante un allanamiento realizado por la Dirección de Ciberseguridad, el sospechoso fue detenido y se secuestraron celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento que ahora serán peritados. “Todavía no sabemos desde cuándo se subían estas imágenes”, indicó la fiscal.

La causa se investiga bajo la Ley Olimpia (27.736), que incorpora la violencia digital como forma de violencia de género. La normativa penaliza la difusión no consentida de material íntimo —real o manipulado—, así como el acoso y la exposición digital de las víctimas. Las penas van de uno a tres años de prisión, con posibles agravantes que pueden elevarlas hasta seis años.

“En este caso, además, podría haber violencia política porque no sabemos si el ataque fue específico contra este colectivo. El menoscabo a su integridad es tremendo”, sostuvo Simesen de Bielke.

De momento, la fiscalía formalizó la imputación y pidió medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento a la universidad y la restricción de contacto con las víctimas, que ya cuentan con resguardo de identidad. “Queremos que puedan concluir sus estudios tranquilas”, detalló la fiscal.

La funcionaria subrayó, además, la importancia de la difusión del caso para desalentar este tipo de conductas. “En Argentina existen muy pocos casos que han sido llevados a proceso, por eso es importante que los jóvenes entiendan que esto es un delito, no es simplemente utilizar una aplicación para divertirse. Hay una responsabilidad penal”, cerró.

Más de 60 kilos de droga ocultos dentro de un micro de larga distancia fueron descubiertos por efectivos de Gendarmería Nacional durante un control vial en Santa Fe. El procedimiento terminó con una mujer detenida y la intervención de Migraciones por la presencia de tres ciudadanos extranjeros sin papeles.

El operativo tuvo lugar en la intersección de las rutas provinciales 2 y 17, donde integrantes de la Sección de Seguridad Vial “Ceres”, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela”, detuvieron la marcha de un colectivo proveniente de Orán, Salta, con destino a la Ciudad de Buenos Aires.

Al inspeccionar la bodega del micro, los gendarmes detectaron tres cajas de cartón que desprendían un fuerte olor a pintura. Además, advirtieron que no tenían remitente ni destinatario.

Cuando abrieron los bultos, encontraron 20 asaderas negras de chapa enlozada. Sin embargo, al revisar en detalle, descubrieron que debajo del embalaje original había placas de aluminio ocultas, aplastadas y disimuladas, que contenían una sustancia amarillenta.

Según informaron fuentes del caso, el Narcotest arrojó resultado positivo para cocaína en forma de “pasta base”, con un peso de 20 kilos 15 gramos.

Tras ese hallazgo, los efectivos continuaron con la inspección dentro del mismo micro. En ese contexto, detectaron el notorio estado de nerviosismo de una pasajera de nacionalidad boliviana.

Al revisar la mercadería que transportaba, hallaron 44 paquetes rectangulares envueltos en cinta verde, ocultos entre mantas y otros objetos.

En este caso el Narcotest confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 47 kilos con 120 gramos.

Asimismo, los gendarmes constataron que en el micro viajaban tres ciudadanos de nacionalidad china que no contaban con la documentación que acreditara su ingreso legal al país, por lo que se dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones.

Por disposición del Juzgado Federal de Rafaela, se ordenó la detención de la mujer involucrada, el secuestro de la droga incautada y de la encomienda que contenía la pasta base, cuyo propietario no pudo ser identificado.

En otro operativo reciente, dos mujeres fueron detenidas tras intentar enviar una encomienda de Salta a Tucumán con 48 kilos de marihuana. La investigación comenzó cuando el personal policial advirtió irregularidades en un paquete durante un control en la Ruta Nacional 34, a la altura del acceso a la localidad de San José de Metán. Al inspeccionar el contenido, los efectivos hallaron 59 panes de marihuana ocultos en dos cajas, disimulados entre artículos de bazar.

Tras detectar el envío, los investigadores coordinaron un seguimiento controlado y montaron un operativo en la terminal de ómnibus de Tucumán. Las dos mujeres, identificadas como las destinatarias de la encomienda, fueron arrestadas en el momento en que se presentaron a retirarla. Según fuentes del caso, ambas tienen domicilio en la provincia de Salta y quedaron imputadas por infracción a la ley de drogas.

El procedimiento permitió incautar la totalidad de la carga antes de que llegara a destino y detener a las responsables del intento de tráfico. La droga secuestrada quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente, que también dispuso el análisis de las comunicaciones entre las involucradas para establecer si existen otros integrantes en la maniobra. Las mujeres permanecen detenidas mientras avanza la investigación para determinar el origen y el destino final de la marihuana.

Un violento episodio de delincuencia ocurrido en una vivienda de la ciudad salteña de Tartagal derivó en un importante operativo policial que terminó con la detención de dos personas en el asentamiento San Francisco.

La intervención de la Policía de Salta permitió avanzar en la investigación de un ataque ocurrido en el barrio Tomás Ryan, donde un hombre de 32 años fue golpeado y despojado de sus pertenencias.

La secuencia comenzó cuando la víctima fue interceptada en la vía pública y agredida físicamente. Como consecuencia de la golpiza, el hombre debió recibir asistencia médica en el hospital local, donde permaneció en observación hasta que pudo recibir el alta. Según informaron fuentes policiales, la rápida atención permitió que las lesiones no revistieran mayor gravedad.

El portal Que Pasa Salta informó que se trató de un robo calificado en banda y en zona poblada, y quedó a cargo de la Fiscalía Penal 2. Se ordenaron una serie de procedimientos para esclarecer lo sucedido.

La investigación avanzó de manera decisiva gracias a la revisión de registros fílmicos obtenidos por el Centro de Videovigilancia. Las imágenes permitieron reconstruir parte del trayecto de los presuntos autores tras el ataque y establecer cuáles habían sido sus movimientos horas antes. Con estos datos, personal de la Dirección General de Investigaciones pudo identificar a un hombre de 28 años y a una mujer de 22, ambos en situación de calle, como sospechosos principales.

En un operativo coordinado, los efectivos se trasladaron al asentamiento San Francisco, donde lograron localizar y detener a los acusados. Durante el procedimiento, la policía secuestró prendas de vestir y diversos elementos personales que pertenecerían a la víctima.

Según la información proporcionada por el mismo portal en base a los datos proporcionados por Policía de Salta, los detenidos permanecerán a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. El caso fue caratulado como lesiones y robo calificado en poblado y en banda, una figura penal que contempla agravantes dada la modalidad y el contexto en el que se produjo el hecho.

La Fiscalía Penal 2 dispuso la realización de nuevas medidas probatorias y la ampliación de las tareas investigativas en la zona. Los investigadores trabajan en la recolección de testimonios y en el análisis de los elementos secuestrados durante el operativo. El objetivo es determinar con precisión la participación de los aprehendidos y establecer si existen otros involucrados en la agresión y el robo. La víctima, tras recibir el alta médica, amplió su declaración ante la fiscalía.

Dos jóvenes detenidos por un robo en La Plata

Dos jóvenes fueron detenidos este lunes en las afueras de La Plata tras protagonizar un violento ingreso a una vivienda particular, según informaron fuentes policiales.

El episodio se registró en una finca situada sobre la calle 142 entre 33 y 34, donde los delincuentes sorprendieron al propietario bajo amenazas y lo sometieron con un arma blanca.

La secuencia comenzó cuando los sujetos, de 25 y 18 años, forzaron la puerta principal de la casa y accedieron al interior de manera abrupta. Una vez adentro, redujeron a un hombre de 53 años, utilizando una cuchilla de gran tamaño.

De acuerdo a lo informado, bajo intimidación constante, los individuos obligaron a la víctima a desbloquear su teléfono móvil y lo mantuvieron en el suelo mientras revisaban las habitaciones y sustraían diversos objetos de valor.

Tras el llamado de alerta al 911, los efectivos del Comando de Patrullas se trasladaron rápidamente al lugar del hecho. Allí, la víctima pudo describir a los asaltantes y brindar detalles relevantes sobre la vestimenta y las características físicas de los individuos. Los sospechosos, según la reconstrucción, habían escapado a pie por las calles de la zona.

A solo 400 metros de la vivienda, en la intersección de 142 y 528, los uniformados interceptaron a dos jóvenes que coincidían con la descripción aportada por la víctima. Durante la requisa, los agentes hallaron una mochila en poder de los detenidos que contenía una computadora notebook de alta gama y la cuchilla de 35 centímetros utilizada en el ataque.

El propietario reconoció de inmediato tanto a los individuos como los elementos secuestrados durante el procedimiento policial. Los detenidos quedaron bajo custodia a disposición de la justicia, en tanto los objetos recuperados fueron devueltos a la víctima.

A pesar del arresto de los dos sospechosos y la recuperación de parte de los bienes robados, los investigadores constataron que aún faltaban otros elementos sustraídos durante el episodio. Entre los objetos que no fueron hallados se encuentran un televisor LED de 42 pulgadas, una guitarra criolla y dos teléfonos celulares.

Para encontrar los elementos restantes, personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) llevó adelante el registro de una vivienda ubicada sobre la calle 143, señalada como posible escondite o refugio de los autores del hecho. Tras la inspección, no se encontraron rastros de los artículos faltantes ni indicios de su ubicación.

La causa quedó a cargo de la UFI N°3 de La Plata, desde donde se avalaron las actuaciones policiales y se dispuso la permanencia de los detenidos bajo custodia hasta su comparecencia en sede judicial durante la jornada.

El mandatario salteño fundamentó su exigencia en el aporte histórico de la provincia a la matriz energética del país. “Salta fue durante décadas una provincia que le dio gas a la Argentina. Desde nuestra tierra salió energía para abastecer y hacer crecer al país. Por eso no podemos aceptar que hoy tengamos que estar mendigando algo que históricamente aportamos los salteños”, afirmó, según el comunicado oficial del gobierno provincial.

Sáenz subrayó que el problema afecta de manera directa a miles de familias, comercios e industrias del norte, que ven comprometida su planificación productiva y cotidiana por la ausencia de certezas técnicas. “Quiero ser muy claro: el norte argentino merece previsibilidad, inversiones y respuestas definitivas”, señaló, y reafirmó su compromiso de elevar el reclamo ante las autoridades competentes. “Lo que estamos pidiendo no es un privilegio: es lo que le corresponde a nuestra gente”, concluyó en el video.

La declaración de Sáenz se produce en un contexto de restricciones concretas en el sistema gasífero nacional. Desde las 06:00 del 28 de abril, las principales distribuidoras del área Metropolitana de Buenos Aires, Naturgy y Metrogas, ordenaron limitar las ventas de GNC al “firme contratado”, suspendiendo el servicio interrumpible para estaciones de servicio e industrias. La medida buscó evitar una caída de presión en los gasoductos ante el primer pico de frío polar del año.

La situación en el norte del país es, según los antecedentes disponibles, estructuralmente más grave que en el área metropolitana. Con las obras de reversión del Gasoducto Norte aún inconclusas, provincias como Salta, Jujuy y Tucumán enfrentan un escenario de escasez que ya repercute en sectores fabriles y agroindustriales. Es en ese marco donde el reclamo de Sáenz adquiere urgencia concreta: no se trata de una advertencia preventiva, sino de una demanda ante un problema que, según el propio gobernador, “no puede seguir siendo naturalizada”.

La preocupación del gobernador encuentra respaldo en señales del sector privado. La Unión Industrial de Salta (UIS) emitió un comunicado —citado por el medio salteño— en el que advirtió que las empresas atraviesan negociaciones de contratos sin definiciones claras. El texto señaló que “la falta de infraestructura de transporte desde Vaca Muerta hacia el norte del país y la prioridad que el sistema otorga a la demanda residencial en los meses fríos amenazan con generar restricciones para industrias de cerámica, ingenios, curtiembres y minería”.

El comunicado de la UIS también apuntó al costo del gas natural licuado (GNL) como alternativa inviable: su precio es seis veces superior al del gas proveniente de Neuquén. La paradoja que describe es contundente: “El gas sobra, pero no hay capacidad para transportarlo”.

El economista especializado en energía Juan José Carbajales proyectó ante que la factura de GNL para este invierno podría trepar hasta USD 1.400 millones, el doble de lo que costó en 2025. A ese precio, advirtió, “la industria no va a consumir ese gas; va a haber cortes: o paran la producción o usan carbón, que es más barato, aunque más contaminante”.

El contraste con años anteriores ilustra la magnitud del cambio. En 2025, Enarsa adquirió 27 buques por USD 697,9 millones en total. En 2022, tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Argentina llegó a importar 41 buques a un costo de USD 2.884,8 millones. Para el invierno en curso, las estimaciones apuntan a un volumen de compra más acotado, tanto por las restricciones internacionales como por la resistencia de la industria a convalidar los nuevos precios.

El Ministerio de Economía oficializó la inclusión del proyecto Diablillos, desarrollado por la compañía canadiense AbraSilver, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De esta manera, se confirmó una inversión de USD 481 millones -que podría ampliarse hasta los USD 764 millones- para construir una nueva mina de oro y plata en la frontera entre Salta y Catamarca.

El proyecto, cuya adhesión al régimen se publicó este lunes en el Boletín Oficial y cuenta con la firma del ministro Luis Caputo, busca posicionar a la región como polo de desarrollo a la vez que contempla la generación de 2.013 empleos directos e indirectos y tiene un potencial exportador estimado en USD 417 millones.

Si bien la cifra de USD 764 millones corresponde a la inversión total estimada a largo plazo, el monto oficialmente aprobado por el Gobierno en el marco del RIGI para la etapa inicial es de USD 481,7 millones.

Diablillos se emplaza en la región de la Puna, en el límite de los departamentos Los Andes (Salta) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca), a 160 km de Salta capital y 375 km de San Fernando del Valle de Catamarca. La propiedad comprende quince concesiones minerales que adquirió AbraSilver en 2016.

Según los relevamientos geológicos que llevó a cabo la empresa, el yacimiento cuenta con reservas de 199 millones de onzas de plata y 1,7 millones de onzas de oro sobre una estimación de recursos medidos e indicados de 103,9 millones de toneladas con una ley de 59 g/t de plata y 0,51 g/t de oro. Se trata, según destacó la empresa en comunicados anteriores, de un significativo potencial exploratorio aún sin explotar.

Marco legal, plazos y actores empresariales del proyecto minero

El beneficiario formal de los instrumentos fiscales previstos por el RIGI es Pacific Rim Mining Corporation Argentina S.A., firma que actúa como Vehículo de Proyecto Único (VPU), una estructura creada por la Ley Bases para asegurar la trazabilidad y control de los incentivos fiscales. Si bien la titularidad administrativa recae en Pacific Rim, la operación y desarrollo están dirigidos globalmente por AbraSilver Resource Corp., que cotiza en la bolsa de Toronto y se proyecta como referente internacional tras la adquisición de la propiedad en 2016.

El desembolso comprometido para la construcción de Diablillos es de USD 481,7 millones, con un plazo de edificación estimado en julio de 2026 y el inicio de operaciones previsto para julio de 2029, según la presentación de Pacific Rim.

La empresa invertirá unos USD 98,5 millones durante el primer año y USD 253,9 millones el segundo, sumando un total de USD 352,4 millones en los dos primeros años, lo cual supera el umbral del 40% de la inversión total exigido por la normativa regulatoria diseñada por el Gobierno para dinamizar las grandes inversiones en sectores estratégicos. La fecha máxima para ejecutar la totalidad de la inversión se estableció en el 30 de noviembre de 2027.

Uno de los requisitos del RIGI, sin embargo, es la obligación de asignar no menos del 40% de los fondos a activos computables en la etapa inicial y de emplear cerca de 55% de proveedores locales, bajo la supervisión de la Secretaría de Minería, encargada de fiscalizar el cumplimiento normativo. Según se detalla en la resolución ministerial difundida en el Boletín Oficial, este esquema persigue el objetivo de atraer capitales nacionales y extranjeros, generando impacto en la competitividad, el empleo y las exportaciones regionales.

Entre los inversores principales de AbraSilver Resource Corp., destaca Central Puerto, que a través de su filial Proener S.A.U. amplió su participación en febrero de 2025 hasta alcanzar el 9,9%, convirtiéndose así en el mayor accionista de AbraSilver. Además de Diablillos, AbraSilver desarrolla otros emprendimientos como el proyecto La Coipita de cobre y oro en la provincia de San Juan.

El auge de la minería bajo el RIGI y la proyección exportadora

La industria minera argentina atraviesa una etapa de fuerte expansión bajo el RIGI, con ocho de los trece proyectos aprobados correspondientes a la actividad extractiva, según datos de CAEM, la cámara sectorial que agrupa a más de 190 empresas del sector.

Entre los proyectos destacados figuran Hombre Muerto (explotación de litio en Catamarca por la empresa Galan Lithium), Rincón (litio, Salta, Rio Tinto), Los Azules (cobre, San Juan, Mc Ewen Mining), Gualcamayo (oro, San Juan, AISA Group), Veladero (oro, San Juan, Barrick) y Fenix (litio, Catamarca, Rio Tinto), además de Diablillos. Todos ellos, de acuerdo a la sumatoria oficial, totalizan USD 7.948 millones en inversiones aprobadas por el gobierno nacional.

Las proyecciones para el sector minero sitúan las exportaciones argentinas en USD 9.000 millones para 2026, un crecimiento de 49% respecto al año anterior, bajo un contexto de recuperación en los precios internacionales del oro y litio, según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). El presidente de la entidad, Roberto Cacciola, precisó durante una presentación que el cierre de 2025 dejó un saldo exportador de USD 6.056 millones, lo que ya había supuesto un incremento del 30% respecto a 2024.

Cacciola afirmó que si los precios internacionales se mantienen en los niveles actuales, “ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior”.

En la provincia de Salta, un joven de 25 años recibió una condena de seis meses de prisión efectiva por violencia de género a su expareja, tan solo 24 horas después de la denuncia presentada en su contra. El caso se resolvió bajo el nuevo Código Procesal Penal de Salta (Ley 8520), que establece procedimientos más ágiles para la tramitación de causas penales.

La investigación estableció que lo hechos ocurrieron el 7 de mayo en una residencia de Villa Soledad, donde vivia la mujer. Allí, el acusado inició una discusión relacionada con su hijo menor y en medio de la pelea, el hombre agredió físicamente a su expareja y a la madre de ella. Además, durante el conflicto, lanzó amenazas de muerte en dos oportunidades y ocasionó daños en la puerta de la vivienda.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el proceso fue encabezado por el fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal, quien formalizó la acusación contra el imputado tras los hechos ocurridos en la ciudad de Salta. La condena se definió en el marco de un juicio abreviado, acuerdo que fue homologado por la jueza Gabriela Romero Nayar.

Durante la audiencia, fue imputado por: lesiones leves agravadas por el género en perjuicio de la madre de su expareja, además de dos hechos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, dos hechos deamenazas y daños. La Fiscalía encuadró los hechos en concurso real y fundamentó la acusación en las denuncias de las víctimas, informes policiales y certificados médico-legales incorporados a la causa.

El acusado admitió su responsabilidad ante la jueza y aceptó los cargos por los dos episodios de amenazas y daños materiales. De esa manera, asistido por la Defensoría Oficial Penal 8, renunció junto con su defensa y el fiscal al derecho de apelar la sentencia.

El fallo judicial dispuso el traslado del joven a la Unidad Carcelaria 1 y recomendó que reciba tratamiento para adicciones y asistencia psicológica específica para el control de impulsos violentos. Además, la jueza ordenó notificar a las víctimas sobre la resolución y remitir las actuaciones pertinentes para el cómputo de la pena y los trámites administrativos correspondientes.

La sentencia declaró reincidente al acusado por segunda vez, lo que fue considerado en la determinación de la condena. El Ministerio Público Fiscal destacó que el uso del juicio abreviado, permitido por el nuevo Código Procesal Penal, facilitó la resolución del caso en menos de 24 horas desde la denuncia.

El nuevo Código Procesal Penal

El Código Procesal Penal de Salta, Ley 8520, entró en vigencia el 4 de mayo de 2026, con el objetivo de modernizar el sistema de administración de justicia penal en la provincia. Entre sus principales innovaciones, se encuentra la agilización de procesos para causas de violencia de género, la implementación de audiencias rápidas y la promoción de acuerdos abreviados cuando el imputado reconoce los hechos. El nuevo marco normativo también contempla medidas de protección inmediatas para las víctimas y mecanismos de seguimiento posterior a la sentencia.

El caso fue tomado como referencia por organizaciones que trabajan en la protección de víctimas de violencia de género en Salta, que resaltaron el impacto del nuevo Código Procesal Penal en la respuesta inmediata ante denuncias. La Fiscalía continuará supervisando el cumplimiento de las medidas impuestas y el avance de los tratamientos recomendados.

La causa se mantendrá bajo seguimiento judicial mientras se efectúan los trámites administrativos y se garantiza la protección de las víctimas. El Ministerio Público Fiscal reafirmó su compromiso con la aplicación efectiva del nuevo marco legal, que busca fortalecer la prevención y sanción de la violencia de género en la provincia.

En el Valle de Lerma, provincia de Salta, una menor de edad con discapacidad intelectual denunció haber sido víctima de explotación sexual facilitada por su entorno. Declaró que fue entregada por una mujer y cuatro hombres abusaron sexualmente de ella. Tras la detención de la acusada que oficializaba como nexo y que entregó a la adolescente a cambio de dinero, la fiscalía logró identificar a los hombres involucrados. El caso continúa bajo investigación judicial, mientras se espera avances en el esclarecimiento y sanción de los hechos denunciados.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de la fiscal interina Verónica Simesen de Bielke, identificó a los cuatro hombres mayores de edad señalados como responsables del abuso. La fiscal detalló que la mujer, también adulta, habría promovido y facilitado la prostitución agravada de la menor, coaccionando a la adolescente para que mantuviera relaciones sexuales a cambio de una suma de dinero.

Las detenciones se realizaron tras una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro. Personal de la Unidad de Investigación UDIS ejecutó los operativos en distintos domicilios del Valle de Lerma, donde incautó teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa. Los dispositivos electrónicos serán sometidos a peritajes para obtener evidencia digital que podría resultar clave para el proceso penal.

Según la reconstrucción de los hechos, la mujer detenida habría contactado a los hombres y recibido una contraprestación económica por permitir el acceso carnal a la adolescente, quien padece una discapacidad intelectual. El Tribuno informó que la investigación busca determinar el tiempo durante el cual ocurrió la explotación de la menor y si existieron episodios previos.

Operativos y detalles de la investigación

La menor logró denunciar la situación ante las autoridades, lo que permitió activar el protocolo de protección y avanzar con la investigación. Estos procedimientos se rigen por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y los códigos procesales penales provinciales. La fiscalía mantiene abiertas varias líneas de pesquisa para determinar si existen más personas involucradas o si la modalidad se replicó en otros casos similares en la región.

La fiscalía solicitó que, conforme a lo previsto en el artículo 306 del nuevo Código Procesal Penal, los detenidos fueran sometidos a la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en un plazo de 24 horas. Durante la audiencia, la fiscal Simesen de Bielke comunicó a los acusados el hecho que se les atribuye, la calificación legal y el grado de participación, exponiendo además los elementos de prueba reunidos hasta el momento.

Además, se investiga si los acusados formaban parte de una estructura organizada o si actuaron de manera individual bajo la intermediación de la mujer detenida. Mientras avanza la causa, los imputados permanecen privados de libertad y a disposición de la justicia. Las autoridades no descartan nuevas detenciones o imputaciones en caso de que surjan pruebas adicionales durante el análisis de los elementos recolectados en los procedimientos recientes.

La fiscal Simesen de Bielke insistió en la reserva de identidad tanto de la adolescente como de los acusados, en resguardo del proceso y de la integridad de la víctima. Además reiteró que el caso se trata con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, en línea con los protocolos vigentes para la protección de víctimas de delitos sexuales. La causa permanece en etapa de instrucción, con medidas de protección reforzadas para la menor, y el seguimiento de organizaciones especializadas que brindan acompañamiento psicológico y legal.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la insólita situación se dio el jueves a las 5 de la madrugada, en la ruta Provincial Nº5, a la altura de la localidad de Pichanal. Allí, el conductor del vehículo, identificado como Jorge Luis Zenteno, de 39 años, intentó evadir el control policial y aceleró el camión.

Unos cuantos metros después, descendió del vehículo, para después darse a la fuga a través de un campo abierto. Su intento falló: fue detenido pocos minutos después por los efectivos federales.

No fue lo único que descubrieron. Durante la inspección, los agentes detectaron que el conductor no estaba habilitado para conducir el camión ni para circular en la ruta provincial. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la documentación presentada también resultó ser falsa.

El hombre mostró una hoja de ruta trucha y al revisar la carga del camión, que en principio figuraba como harina de soja, se observaron bolsas de nylon negro que rápidamente generaron sospechas sobre su contenido real.

Por directiva de la Unidad Fiscal Federal de Orán, a cargo de fiscal Marcos César Romero, el camión fue trasladado —tras superar un desperfecto mecánico— a la localidad de Aguas Blancas, ubicada a unos 100 kilómetros, para una inspección exhaustiva con el escáner de la Aduana.

Los agentes no se habían equivocado en sus sospechas y descubrieron que el camión transportaba un total de 1.845 kilos de hojas de coca en estado natural, distribuidos en 82 bultos.

En el procedimiento se secuestró además un teléfono celular marca Infinix GT color gris y la documentación falsa. El valor de la droga incautada fue estimado en $57.000.000. El camión y la totalidad de los elementos quedaron a disposición de la justicia federal.

La Justicia dispuso la imputación de Zenteno por los delitos de infracción a la Ley 23.737 de Drogas y al Código Aduanero Ley 22.415, además de falsificación de documento público.

El operativo fue ejecutado por un total de 12 efectivos y cuatro móviles de la División Unidad Operativa Federal de Orán, con apoyo de personal de comunicaciones de Tucumán. El camión, el cargamento y los dispositivos incautados quedaron bajo custodia judicial para continuar con la investigación, añadieron las fuentes consultadas por este medio.

En ese sentido, las fuentes explicaron que La Policía informó que el procedimiento se inició cuando los agentes intentaron identificar al conductor y la carga sospechosa, lo que derivó en la persecución y su posterior detención. Las pericias determinaron la autenticidad de la carga de hojas de coca y la falsedad de la documentación que había presentado el sospechoso.

Por el momento no se reportó la participación de otros implicados en el hecho, según los datos oficiales informados por las fuentes consultadas por Infobae.

Al menos seis recién nacidos en Salta contrajeron chikungunya tras la transmisión del virus por parte de sus madres en los últimos días del embarazo, según confirmó el Ministerio de Salud Pública provincial. Todos los bebés permanecen estables y bajo seguimiento médico, sin registrar por ahora complicaciones graves, informó la cartera sanitaria.

La provincia de Salta atraviesa una situación de vigilancia epidemiológica reforzada tras confirmarse 1.632 casos de chikungunya en lo que va de 2026, con una concentración particular en los departamentos San Martín y Orán, donde las autoridades sanitarias han intensificado el seguimiento, sobre todo en embarazadas y neonatos, según datos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica difundidos por la Secretaría de Prensa y Comunicación del Gobierno de Salta.

Ante el continuo ascenso de contagios, la provincia busca limitar el avance del virus transmitido por el mosquito, priorizando la protección de los grupos más vulnerables. En este contexto, el informe técnico oficial detalló que, hasta el 5 de mayo de 2026, 113 personas han requerido internación a causa de síntomas graves asociados al chikungunya. Además, la vigilancia sanitaria se ha enfocado en 46 gestantes que contrajeron la infección y seis recién nacidos menores de 28 días, lo que marca un aumento notable en la incidencia de la enfermedad en grupos de riesgo.

El análisis por edades realizado por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica expone que la franja más afectada es la de 45 a 65 años, que representa 19,8% del total de infectados. Le siguen los adolescentes de 10 a 14 años con un 15,8%, luego los adultos de 25 a 34 años con un 13,6%, y las personas de 35 a 44 años con un 13,2%. El grupo de mayores de 65 años corresponde al 7,2% del total, mientras los niños de 5 a 9 años constituyen un 9,6% de los reportes. Los casos en neonatos, aunque infrecuentes, alcanzan el 0,3%.

El monitoreo focalizado en mujeres embarazadas y en neonatos plantea un desafío sanitario adicional, en tanto estos grupos poseen mayor riesgo de complicaciones clínicas. La presencia de chikungunya en menores de un mes evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia en maternidades y neonatologías públicas y privadas de toda la provincia.

Prevención del chikungunya

La prevención adquiere un papel central, ya que la eliminación de criaderos de mosquitos es la única medida comprobada para interrumpir la circulación del virus. La recomendación sanitaria enfatiza eliminar criaderos de mosquitos (vaciar o cubrir baldes, floreros y recipientes con agua), implementar el uso de repelentes, vestir ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, instalar telas mosquiteras en puertas y ventanas y utilizar espirales o tabletas insecticidas en los hogares. La limpieza de patios, jardines y canaletas forma parte de las acciones para cortar el ciclo de vida del Aedes aegypti y, con ello, frenar la transmisión del virus.

El chikungunya es causado por un virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, vector también responsable del dengue y la infección por Zika. La vía principal de transmisión es la picadura de este mosquito tras haberse alimentado con la sangre de una persona infectada. Existe, además, riesgo de transmisión vertical: una persona gestante infectada puede contagiar el virus a su bebé durante el embarazo, lo que exige medidas estrictas de protección para este grupo.

Se recomienda que ante la aparición de estos síntomas, el paciente asista a un centro de salud, evite la automedicación e incrementar la ingesta de líquidos:

• Fiebre alta
• Dolor de articulaciones
• Dolor Muscular
• Dolor de cabeza
• Conjuntivitis
• Náuseas y vómitos
• Fatiga
• Erupción cutánea

Uno de los rasgos distintivos de la infección del virus es que los dolores articulares pueden persistir durante meses después del episodio febril inicial. Esta prolongación dificulta la recuperación total y retrasa el regreso a las actividades cotidianas, lo cual la diferencia de otras enfermedades transmitidas por el mismo mosquito Aedes aegypti.

El Ministerio de Salud Pública informó este viernes el traslado de uno de los trabajadores sobrevivientes de la tragedia de Rivadavia Banda Sur, quienes fueron intoxicados con gases en una tubería cloacal en la provincia de Salta la noche del martes. El incidente, que involucra a empleados de la empresa Aguas del Norte, provocó la apertura de una investigación judicial para determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad y esclarecer las eventuales responsabilidades.

Mediante el vuelo sanitario provincial hacia la Unidad de Cuidados Críticos (UCO) del IMAC, trasladaron a Leonardo Sebastián Méndez, de 29 años, tras estar internado desde el 5 de mayo por asfixia por inmersión e insuficiencia respiratoria. Según detalló El Tribuno en base al parte oficial, el paciente se encuentra hemodinámicamente compensado y con parámetros respiratorios estables bajo asistencia mecánica, aunque la derivación se dispuso para intensificar el control cardiológico luego de detectarse signos de isquemia en los estudios recientes.

El accidente tuvo lugar cerca de las 19:45, cuando un grupo de operarios efectuaba trabajos en una cámara cloacal. Todo comenzó cuando uno de los trabajadores se descompensó en el interior de la fosa. En un intento por rescatarlo, otros tres empleados ingresaron a la cavidad, y la acción derivó en la muerte de Emanuel Aguirre, de 24 años, fallecido en el lugar, y de Raúl Torres, quien murió cerca de las 21:30 camino al Hospital San Ramón de la Nueva Orán.

El segundo sobreviviente, Lisandro Ruiz, intervino de inmediato y buscó ayuda mientras intentaba sacar a sus colegas del pozo. Fueron vecinos de la zona quienes finalmente lograron asistirlo y evitar que el número de víctimas aumentara, ya que Ruiz también presentaba signos de descompensación.

La causa principal identificada es la exposición a gases tóxicos durante un operativo de mantenimiento rutinario, lo que ha potenciado el reclamo por condiciones laborales seguras para el personal involucrado en tareas de saneamiento. La Fiscalía y la Policía de la provincia trabajan de forma conjunta para esclarecer si los procedimientos de higiene y seguridad establecidos por Aguas del Norte y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) se cumplieron eficazmente.

El Ministerio de Salud Pública y las autoridades provinciales continúan el seguimiento del estado de Méndez, quien permanece bajo estricta supervisión médica en el IMAC, mientras avanzan las investigaciones sobre las causas y responsabilidades en la tragedia que enlutó a la comunidad del norte salteño. Además, la hipótesis de los gases tóxicos tendrá que ser comprobada con los resultados de las autopsias que determinarán las causas exactas de ambos decesos.

El comunicado de la empresa

Por medio de un comunicado oficial, Aguas del Norte expresó “lamentar con profundo dolor el fallecimiento de dos trabajadores de la compañía mientras cumplían funciones en Rivadavia Banda Sur” y aseguró haber puesto a disposición “todos los canales de asistencia y acompañamiento para las familias de las víctimas”.

El gerente general de la empresa, Juan Bazán, habló con medios locales y comentó que: “Era personal de lugar que habitualmente realiza estas tareas. Estas instalaciones están operativas desde hace muchos años”. Además, comentó sobre la causa: “No sabemos cuál es la razón que provocó este desenlace. Habitualmente, en las cámaras se concentran gases, por eso el protocolo establece que este es un trabajo de equipo”.

La empresa también informó que sus equipos de Higiene y Seguridad, la ART, la Policía provincial y la Fiscalía llevan adelante una investigación conjunta para esclarecer el incidente. Además, se informó que el director de la empresa, Jorge Ignacio Jarsún, viajaba desde Buenos Aires hacia Orán en el momento en que se hacían públicas las denuncias.

La conmoción por el hecho se trasladó a La Unión, donde el jueves los vecinos organizaron una marcha silenciosa para reclamar justicia por las muertes de los trabajadores y exigir que se esclarezcan las condiciones en que se realizaban los trabajos cloacales. En diálogo con El Tribuno, el papá de Emanuel habló sobre la tragedia: “Es como una bocacalle, de esas que hay en las esquinas. Por ese espacio metieron a mi hijo, que tenía un cuerpo grandote. Mi hijo y sus compañeros siempre trabajaron sin equipos de seguridad. Si estos trabajadores hubieran estado bien equipados no tendrían que haber muerto ninguno”.

“Yo lo único que pido es justicia, que se sepa la verdad. Quiero saber quién le dio la orden de entrar a esa cámara y quién es el responsable de estas dos muertes. A la empresa solo le interesa facturar, no la vida de sus trabajadores”, reclamó Miguel Aguirre, padre de una de las víctimas fallecidas.

Dos trabajadores de Aguas del Norte murieron tras intoxicarse con gases en una tubería cloacal en Rivadavia Banda Sur, provincia de Salta, y otros dos fueron trasladados a Orán para recibir atención médica. Por el hecho, se inició una investigación judicial para determinar responsabilidades y si estaban en correcto funcionamiento los protocolos de seguridad.

El trágico episodio se produjo el martes, alrededor de las 19:45, cuando un grupo de operarios de la empresa Aguas del Norte realizaba tareas de mantenimiento en una tubería cloacal. Uno de los trabajadores se descompensó en el interior de una fosa; sus compañeros ingresaron para intentar asistirlo, pero no lo lograron, señalaron medios locales.

Las víctimas fueron identificadas como Emanuel Aguirre, de 24 años, y Raúl Torres, padre de cuatro hijos, ambos oriundos de La Unión. El primero murió en el lugar; Torres falleció cerca de las 21:30 durante su traslado al Hospital San Ramón de la Nueva Orán.

En cuanto a los otros dos operarios que también resultaron afectados: uno de ellos fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del mismo nosocomio, mientras que el segundo permanecía bajo observación en el sector de Guardia.

La versión del padre de Emanuel, Miguel Aguirre, introdujo un elemento que podría reorientar el curso de la investigación. En declaraciones a El Tribuno, antes de dirigirse a la morgue de Orán para reconocer el cuerpo de su hijo, el hombre sostuvo que el ingreso a la cámara no fue una decisión voluntaria del trabajador.

“A mi hijo lo obligaron a entrar, le dieron la orden. Vamos a saber quién fue. Él es el primero en entrar y se descompensa. Luego ingresa Raúl Torres para rescatarlo y también muere luego. Después entran otros dos que logran salir, pero Raúl y mi hijo murieron por los gases que despiden las cloacas", relató el hombre.

“Es como una bocacalle, de esas que hay en las esquinas. Por ese espacio metieron a mi hijo, que tenía un cuerpo grandote”, dijo en el lugar donde ocurrió el accidente. Luego apuntó directamente contra la empresa: “Mi hijo y sus compañeros siempre trabajaron sin equipos de seguridad. Si estos trabajadores hubieran estado bien equipados, no tendría que haber muerto ninguno”.

Su reclamo fue directo: “Yo lo único que pido es justicia, que se sepa la verdad. Quiero saber quién le dio la orden de entrar a esa cámara y quién es el responsable de estas dos muertes. A la empresa solo le interesa facturar, no la vida de sus trabajadores”.

La hipótesis de la inhalación de gases tóxicos acumulados en el interior de la excavación es la que manejan las autoridades como causa principal del incidente, según informó InformateSalta. No obstante, esa versión deberá ser confirmada mediante pericias. Personal policial trabajó en el lugar y se aguardan directivas judiciales para avanzar con la investigación, que busca establecer con precisión las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.

Desde Aguas del Norte, emitieron un comunicado en el que expresaron que “lamentan con profundo dolor el fallecimiento de dos trabajadores de la compañía mientras cumplían funciones en Rivadavia Banda Sur” y aseguraron tener “a disposición todos los canales de asistencia y acompañamiento para las familias de las víctimas”.

Además, indicó que trabaja de manera coordinada con la Policía de la Provincia y la Fiscalía, y que las áreas de Higiene y Seguridad de la compañía junto a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) llevan adelante una investigación del incidente.

Miguel Aguirre confirmó, en el marco de sus declaraciones a El Tribuno, que el director de la empresa, Jorge Ignacio Jarsún, viajaba desde Buenos Aires hacia Orán al momento en que se hacían públicas las denuncias. También señaló que representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Obras Sanitarias de Salta (SUTOSS) acompañaban a las familias de las víctimas.

Tras el reconocimiento de los cuerpos en la morgue, se realizarán las autopsias para determinar las causas exactas de los fallecimientos. Los restos de Emanuel Aguirre serán trasladados a Rivadavia para el sepelio, mientras que el entierro de Torres estaba previsto para hoy en Coronel Moldes.

Un hombre de 28 años murió este lunes 4 de mayo tras recibir una herida de arma blanca en la cárcel de Orán, ubicada en la provincia de Salta. El hecho ocurrió durante la mañana y la víctima falleció en el hospital local por un ataque en un pulmón y corazón, pese a los intentos médicos por salvarle la vida.

El interno fue atacado en el pabellón “A” de la Unidad Carcelaria 3 de Orán y sufrió heridas en la zona torácica con un elemento punzocortante, según informó El Tribuno. Cuando llegaron al hospital, había sufrido dos paros cardíacos y fue derivado a terapia intensiva, donde falleció poco después. Otros dos internos también resultaron lesionados, aunque sin heridas graves.

Tras el brutal ataque, la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, dirige la investigación. La fiscal dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para la realización de la autopsia y ordenó la intervención del personal de la Unidad de Investigación UGAP.

El informe preliminar de autopsia, indica que la causa de muerte fue shock hipovolémico por una herida de arma blanca, que provocó daño tanto en el corazón como en el pulmón. Las primeras diligencias incluyeron, no solo la realización de la autopsia, sino también el análisis de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a testigos, lo que permitió individualizar a dos internos como sospechosos, uno de ellos señalado como autor y el otro como partícipe.

La pesquisa continúa con el cumplimiento de las medidas de rigor para esclarecer el episodio ocurrido en la cárcel de Orán. se espera que, a medida que avance el caso, las autoridades puedan definir responsabilidades y adoptar nuevas medidas para reforzar la seguridad interna de la Unidad Carcelaria 3 de Orán.

El pedido de justicia de la familia

La víctima fue identificada como Julio Cesar Flores, quien cumplía desde hacia varios años una condena por homicidio. Sus familiares se presentron en el establacimiento de Orán para pedir justicia y mostrar su descotento por la falta de comunicación y transparencia por parte del servicio penitenciario. Nadia Flores, dialogó con la prensa local y expresó: “Estamos muy enojados porque nunca nos avisaron oficialmente sobre la muerte de mi primo, nosotros nos terminamos enterando por alguien que trabaja allí en la cárcel”.

La familia exige a la Justicia y a la Fiscalía que se tomen medidas para proteger a los presos y planean movilizarse para exigir una investigación exhaustiva. También señalaron que la pelea habría comenzado por una discusión y que uno de los involucrados utilizó un arma blanca.

Por la mañana del martes, mientras se realizaba la autopsia, la familia también se presentó en la morgue. “Mi primo murió ayer a la mañana y recién hoy le están haciendo la autopsia porque la médica legal no tenía los ayudantes necesarios”, reclamó Flores en Radio Ciudad.

“Los atendieron primero a los otros y después lo dejaron a mi primo, cuando hace el otro paro lo llevan a terapia, quedó ahí entubado en terapia y la doctora tampoco daba esperanzas de vida”, afirmó Nadia sobre el crimen. En este marco, manifestó que iniciarán acciones legales contra las autoridades del Servicio Penitenciario para que la causa no quede “en la nada”.

La mujer también exigió una explicación de por qué su primo se encontraba en un pabellón que no era el propio. “Porque el que lo mato a mi primo ya tiene condena por asesinato y tenemos conocimiento que ya mató a un interno y se tienen que tomar las medidas no solo para los presos sino para los que trabajan ahí”, explicó.

El ambiente del polo vive horas de profunda tristeza por la muerte de Esteban D’Andrea Patrón Costas a los 34 años mientras jugaba un partido en Cafayate este fin de semana. La noticia también generó repercusión en el mapa político porque se trata del hijo de Esteban D’Andrea, senador provincial por el departamento de Chicoana, en Salta.

Según precisó La Gaceta de Tucumán, D’Andrea Patrón Costas sufrió una “descompensación repentina” al cierre del primer chukker (así se conoce a los períodos de tiempo en el polo). Allí, comenzó a sentirse mal y se desplomó.

A continuación, la fuente citada profundiza la historia con base en el relato de diferentes testigos. Señalaron que se activaron las maniobras de asistencia y reanimación cardiopulmonar de inmediato. Las mismas se extendieron durante 50 minutos de manera aproximada. No logró ser reanimado, a pesar de los esfuerzos del personal presente y la rápida intervención para su traslado a un centro médico.

Ese medio añadió que no hay información oficial sobre las causas de su deceso, pero los allegados al polista detallaron que se trató de un “episodio súbito” sucedido en el plano de la actividad deportiva. El diario salteño El Tribuno ratificó esta versión y accedió a una fuente del entorno: “Al parecer tuvo un aneurisma el sábado a la tarde cuando jugaba un partido de polo en Cafayate”.

Su padre es el Vicepresidente Segundo de la Cámara de Senadores en la provincia de Salta, según consta en la página oficial del organismo. Representa a los municipios de Chicoana y El Carril. En este contexto, la Municipalidad de este último emitió un sentido mensaje en las redes sociales para expresar el pésame: “Su fallecimiento enluta a toda la comunidad de El Carril, generando una tristeza inmensa y difícil de expresar con palabras”.

“Acompañamos con respeto y sincero pesar al Sr. senador provincial Esteban D’Andrea y a toda su familia en este momento de inmenso dolor, rogando a Dios que les conceda consuelo y fortaleza. El intendente municipal, Efraín Orosco Bernardette, y el Gobierno de El Carril se unen en oración por su eterno descanso”, señalaron.

Cun, como era apodado por su círculo íntimo, nació el 20 de enero de 1992, era un destacado jugador del polo salteño y había sido parte de diferentes competencias, tanto en el ámbito nacional como internacional. Según repasaron los portales mencionados, era un jugador respetado dentro del circuito y se mantenía con activa presencia en los torneos desarrollados en distintos puntos de Argentina.

Así lo despidió su familia, según consta en el obituario de este domingo en El Tribuno: “Falleció el 02/05/26 a los 34 años. Esposa Mariana Ibáñez, hija Joaquina, padres Esteban D’Andrea, Ana Patrón Costas, hermana Ana y demás familiares invitan al velatorio en salas de calle Zuviria 375 hasta horas 14.00”.

En las horas posteriores a su muerte, se destacó el mensaje de su profesora de inglés, Teresa Abdala, que motivó una sentida respuesta de Ana, hermana de Cun.

La carta de Abadala en Instagram incluyó una imagen del deportista: “Mi pequeño hermoso Esteban D’Andrea Patrón Costas. Tenías 7 u 8 años cuando tu mamá Anita te llevaba a las clases de inglés, muy tímidamente: ‘Hello, teacher’. Y cuánto creciste... Pasaron los años y no te volví a ver. Pero este año supe por Simón Tolaba que jugabas al polo, te habías casado y esas cosas de la vida... Le pedí tu cel y te dije: ‘¡Hola Cun! ¡No sé si me recuerdas, pequeño Cun! I am your former English teacher’”.

Él le respondió: “¡Hola Teresa! Tantos años, sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Cómo anda usted?”. Y así cierra su misiva la mujer: “Me sentí feliz y el 9/04 pregunté por vos, a tu padre. Estabas bien. Y ayer cuando una amiga me avisa... Lloré, y mucho... cerré mis ojos y quise despertarte... Perdón, no pude... solo mi alma abrazó ese bello recuerdo del niño bonito, aprendiendo inglés y grabado en mi corazón. Fuerza a su esposa, padres en tan doloroso y difícil momento”.

En este sentido, Ana le dejó un comentario en la publicación: “Teresa, de parte de mi papa, mi mamá y mías, te agradecemos de corazón por tus palabras tan lindas y por esa foto, que lo muestra tal como es, con esa sonrisa pícara y dulce al mismo tiempo. Muchos besos”. Ante lo cual, Abdala le respondió: “Un niño, adolescente y joven adorable! ¡¡ANITA!!”.

Diferentes medios de la disciplina también se hicieron eco de la triste noticia. Uno de ellos fue ClickPolo: “Despedimos al “Cun” D’Andrea, figura del polo salteño y habitual protagonista del CAIH (Campeonato Argentino del Interior con Handicap) y de los torneos del Interior. Desde ClickPolo acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento”.

Un hombre de 27 años fue detenido e imputado tras una serie de episodios de violencia de género que se extendieron durante semanas y que incluyeron ingresos no autorizados al domicilio de su expareja, agresiones físicas y hasta un intento de fuga.

Los hechos ocurrieron en el barrio San Jorge, en Salta, y quedaron registrados entre el 17 de marzo y el 26 de abril de este año. La medida fue impuesta por el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante.

La imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal de Salta recoge cuatro hechos de violación de domicilio, siete de desobediencia judicial y tres de lesiones doblemente agravadas —por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género—, todo en concurso real.

El acusado tenía vigente una medida judicial de prohibición de acercamiento hacia la denunciante, que le había sido debidamente notificada, pero la ignoró de forma sistemática.

El primer episodio documentado se produjo el 17 de marzo de 2026. Según la investigación, el imputado habría ingresado sin autorización al domicilio de la víctima mientras ella dormía. Horas después, ese mismo día, regresó al lugar y la habría atacado a golpes de puño en la cabeza y el rostro, con lesiones que quedaron certificadas médicamente.

Tres semanas más tarde, el 8 de abril, alrededor de la medianoche, el acusado volvió a presentarse en la vivienda. Entró sin permiso y se negó a retirarse pese a los pedidos de la familia de la víctima. Fue un nuevo incumplimiento de las medidas dictadas por la Justicia, al que le siguió uno aún más grave. El 19 de abril por la noche, el hombre habría ingresado otra vez al domicilio mientras la denunciante descansaba, se habría recostado a su lado y, tras una discusión, la habría tomado del cuello y golpeado en el rostro, con lesiones como resultado.

El episodio del 26 de abril derivó directamente en su detención. Personal policial lo encontró dentro de la habitación de la víctima, donde dormitaba sin ninguna autorización para estar allí. Ese mismo día, mientras permanecía bajo una consigna policial dispuesta en el marco de una causa por violencia familiar, el imputado se habría fugado del lugar en el que debía permanecer bajo control, en otro incumplimiento de una orden judicial.

El fiscal Escalante señaló que la conducta del imputado evidencia un accionar reiterado, violento y contumaz, con incumplimientos sistemáticos de las medidas dispuestas por la Justicia y un claro riesgo para la integridad física de la víctima. El hombre permanece detenido.

Un antecedente similar en Mar del Plata

En diciembre, en el barrio Autódromo de la ciudad de Mar del Plata, un hombre de 37 años fue arrestado por incumplir una orden de restricción y retener por la fuerza a su expareja, una mujer de 38, dentro de una vivienda. La intervención de la Policía impidió que el episodio tuviera consecuencias mayores.

El incidente comenzó cuando una llamada al 911 advirtió sobre un posible delito dentro de una casa. Ante la alerta, el Comando de Patrullas acudió rápidamente y halló al sospechoso en el lugar, a pesar de existir una medida cautelar que le prohibía estar allí.

Los uniformados dialogaron con el hombre, quien finalmente accedió a entregarse, permitiendo su detención sin que la situación escalara.

Fuentes policiales citadas por La Capital indicaron que desde la Fiscalía de Flagrancia se dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N.º 44 del Complejo Penitenciario de Batán, así como el secuestro de un arma blanca, presuntamente utilizada para amenazar a la víctima.

De acuerdo con la declaración de la mujer, su expareja la mantuvo incomunicada dentro de la vivienda y la amenazó con un cuchillo durante un tiempo indeterminado. A pesar de las restricciones que él le imponía, la víctima logró contactar a las autoridades.

La investigación fue caratulada como desobediencia, amenazas calificadas, violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad, delitos que contemplan penas agravadas cuando se enmarcan en episodios de violencia familiar o de género.

El juez de Garantías del distrito Centro de Salta, Pablo Zerdán, dictó la prisión preventiva de Miguel Plaza, el chofer del intendente de La Merced, Javier Wayar, acusado del homicidio culposo de un niño de 5 años que circulaba en bicicleta junto a su madre cuando fue embestido por una camioneta Ford Ranger en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle General Güemes.

La resolución fue adoptada tras una audiencia flexible y multipropósito convocada por la Oficina Judicial (OfiJu), en la que el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, expuso los fundamentos que, a su criterio, justificaban mantener al acusado privado de su libertad. Zerdán consideró acreditados los riesgos procesales planteados por la fiscalía y dio lugar al pedido.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, al momento del siniestro Plaza conducía con la licencia nacional suspendida, documento que le había sido retenido previamente por manejar bajo los efectos del alcohol y por acumular diversas infracciones a las normas de tránsito. Pese a esos antecedentes, tomó el volante sin estar habilitado para hacerlo.

La acusación encuadra su conducta en el artículo 84 bis, primer párrafo, del Código Penal, que reprime el homicidio culposo por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. Según informó el MPF, Plaza optó por no prestar declaración sobre los hechos durante la audiencia de imputación, donde estuvo asistido por la defensa oficial. Sí acreditó su vínculo laboral con la Municipalidad de La Merced y manifestó que, al momento del hecho, residía en el mismo domicilio que el jefe comunal.

La reconstrucción de lo ocurrido indica que esa noche un niño de 5 años cruzaba la calzada en bicicleta junto a su madre cuando la camioneta, que transitaba en sentido sur-norte por la ruta, los impactó. El menor fue trasladado de urgencia al hospital local y luego derivado en código rojo al Hospital Público Materno Infantil, donde murió a las 22:50 a causa de un shock hipovolémico por politraumatismo grave. El vehículo se desplazaba a alta velocidad, lo que habría impedido detenerlo a tiempo.

La audiencia tuvo una particularidad: los familiares del niño participaron activamente del proceso y expresaron su posición ante los planteos de las partes. La muerte del menor desencadenó además una serie de protestas en La Merced.

El lunes siguiente al hecho, vecinos se congregaron en distintos puntos de la localidad, incluida la ruta principal y la sede de la Municipalidad, con quema de cubiertas y enfrentamientos con las fuerzas de Infantería.

Ante la conmoción, el intendente Wayar difundió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias a la familia de la víctima e informó que realizó la denuncia correspondiente por la sustracción de la camioneta oficial sin su conocimiento.

“La persona involucrada en este hecho es alguien a quien conozco desde hace muchos años. No es un familiar, pero sí alguien a quien he acompañado a lo largo de su vida, brindándole oportunidades y apoyo. Sin embargo, esto no modifica en absoluto mi responsabilidad institucional”, señaló el jefe comunal en el documento. El MPF salteño investiga esa denuncia por sustracción para corroborar su veracidad.

En el mismo comunicado, Wayar fue explícito respecto a la actuación de la Justicia: “Quiero ser claro y firme: le pido a la Justicia que actúe con el mayor rigor de la ley. Confío plenamente en su accionar. Nadie está por encima de la ley”. También pidió a la comunidad y a los actores políticos no utilizar el dolor de la familia con fines partidarios.

El caso adquirió una dimensión institucional adicional cuando la Cámara de Diputados de Salta recibió un pedido formal para intervenir el municipio de La Merced a raíz de los hechos.

Mientras tanto, el MPF precisó que Plaza “deberá continuar privado de su libertad hasta tanto se cumplan las diligencias dispuestas” para el esclarecimiento del caso.

Un ex legislador de Salta que ya enfrentaba cargos por contrabando agravado y asociación ilícita fue imputado por dos nuevos delitos luego de que intentara, a través de un intermediario, comprar la voluntad de un auxiliar fiscal con dinero en efectivo. La maniobra quedó registrada en una grabación que el propio funcionario judicial obtuvo al concurrir al encuentro con una pequeña grabadora oculta en el bolsillo de su campera. “Hay plata. Mucha plata. Sí, la que vos quieras. ¿Te imaginás?”, se escucha decir al intermediario en uno de los fragmentos reproducidos durante la audiencia.

El acusado es Luis Gerónimo Cisnero, ex diputado provincial de la provincia norteña, quien desde septiembre del año pasado se encontraba bajo proceso penal por una presunta operatoria de contrabando de granos a gran escala.

Lejos de mantenerse al margen del expediente que lo tenía como investigado, Cisnero habría diseñado una estrategia para acercarse a un integrante del Ministerio Público Fiscal (MPF) con vínculos en su causa y torcer el rumbo del proceso antes de una audiencia determinante prevista para el 23 de junio, fecha en la que vence el plazo de investigación y la fiscalía debe formalizar la acusación penal.

La Sede Fiscal Descentralizada Tartagal y la Fiscalía de Distrito de Salta ampliaron la imputación contra el exlegislador por los delitos de cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego. La audiencia de formalización se realizó ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández, quien calificó el episodio como un hecho de "inusitada gravedad institucional" —expresión que también emplearon los fiscales intervinientes— y dispuso la prisión preventiva de Cisnero por 60 días, con lo que dejó sin efecto la libertad bajo caución real de 500 millones de pesos que le había sido concedida en diciembre pasado.

La maniobra para llegar al auxiliar fiscal no fue un acercamiento improvisado. Según expuso en la audiencia la fiscal federal Lucía Orsetti, titular de la sede de Tartagal y a cargo de la investigación principal, Cisnero conocía al funcionario porque este había intervenido en una audiencia de su causa el 23 de diciembre pasado. A partir de ese momento, mientras gozaba de libertad, el exdiputado buscó contactarlo mediante vínculos personales y familiares. En una primera instancia recurrieron a una persona amiga de la familia del auxiliar fiscal, pero la falta de trato frecuente hizo que el funcionario no respondiera a los insistentes llamados. Fue entonces cuando el intermediario identificado como J.M.A. logró llegar a un amigo personal del auxiliar fiscal, a quien convenció de llamarlo por teléfono para concertar un encuentro, sin revelar el verdadero motivo.

La secuencia culminó el sábado previo a la audiencia, cuando J.M.A. interceptó al funcionario a la salida de un gimnasio de General Mosconi y lo invitó a conversar dentro de una camioneta Toyota. El auxiliar fiscal, prevenido ante la situación, llegó con una grabadora oculta. Allí, el intermediario le dijo que hablaba en nombre del ex legislador y le ofreció dinero para que influyera en su favor antes del 23 de junio. “Él dice que está dispuesto a poner guita”, afirmó J.M.A. según los audios reproducidos en la audiencia por el MPF. Y agregó, en alusión directa a la funcionaria a cargo del caso: “Me dijo que la que corta el queso es la fiscal. Y si él quiere, que él hable con la jueza, yo pongo guita”.

Los fragmentos también revelaron referencias a supuestos pagos anteriores: “Él ha pagado 15.000 dólares de garantía. Ya ha puesto los 15.000 dólares. Pero si no le entregan en 5 o 6 meses, tiene que seguir pagando los 15.000, la garantía". Para el MPF, el episodio evidenció el intento de ambos acusados de abrir un canal de influencia dentro del sistema judicial. El fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Salta, Eduardo Villalba, y la fiscal Orsetti sostuvieron en la audiencia que el caso reviste una gravedad que no podía ser contenida con las medidas restrictivas vigentes.

La jueza Hernández coincidió con esa valoración. Al resolver los pedidos, ponderó el riesgo de fuga y, de manera particular, el argumento del MPF sobre el entorpecimiento procesal, que a su criterio no había podido ser neutralizado con la caución real ni con la libertad concedida meses atrás. Rechazó los planteos de las defensas para limitar el análisis de los dispositivos secuestrados y extendió la prisión preventiva de 60 días también a J.M.A., a quien se imputó por cohecho agravado en concurso real con asociación ilícita en calidad de miembro.

Los allanamientos realizados el martes previo a la audiencia abarcaron cinco inmuebles: dos en Campamento Vespucio —la vivienda de J.M.A. y su local comercial—, uno en la calle Gorriti de Tartagal y otros dos en el barrio privado Green House de General Mosconi, en domicilios vinculados al exlegislador y a uno de sus hijos. El avalúo preliminar de los bienes incautados asciende a 584.603.895 pesos.

Entre los objetos secuestrados en la vivienda de Cisnero en Green House figuran un automóvil Mini Cooper Countryman, un Volkswagen T-Cross y una camioneta VW Amarok, además de tres teléfonos celulares, dos notebooks, cámaras fotográficas y de video, tres pasaportes, una pistola calibre .22 con cargador y municiones, y documentación diversa. En efectivo se hallaron 36.917.700 pesos, 84.390 dólares y 500 euros. Entre las joyas se incautaron 24 cadenas doradas, 19 anillos, 11 pulseras, una barra de oro fino de 24 quilates y dos monedas bitcoin de oro, entre otros objetos de valor.

En el inmueble de la calle Gorriti, vinculado a un hijo del exlegislador, se incautaron 48.000 dólares, 374.500 pesos, moneda extranjera boliviana y mexicana, soportes digitales y una notebook. En otro domicilio del mismo barrio privado, también asociado a un hijo de Cisnero, se secuestraron una camioneta Toyota Hilux, dos motocicletas KTM, un sistema de cámaras de seguridad, cuatro celulares y documentación variada. La investigación principal, en la que hay otras cinco personas imputadas además de Cisnero, tiene como próxima instancia la audiencia de Control de la Acusación prevista para el 23 de junio, paso previo a una eventual elevación del caso a juicio oral y público.

La Justicia de Salta sentenció a prisión perpetua a José Eduardo Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras, un caso que sacudió a la provincia y tuvo amplio impacto nacional. La familia de la víctima, que atravesó un proceso judicial extenso y complejo, expresó que la resolución judicial representa un paso hacia la tranquilidad y la justicia esperada, aunque la pérdida sigue marcando sus vidas. Así lo relató Francisco Kvedaras, hermano de Mercedes, quien compartió sus sensaciones tras el fallo.

Francisco Kvedaras declaró en diálogo con ElTribuno, que la condena no logra devolverles a su hermana, pero sí les otorga “paz y tranquilidad”. “No hay nada que festejar, pero esta sentencia nos da una sensación de justicia, como lo esperábamos”, afirmó. El hermano de la víctima describió la experiencia del juicio como emocionalmente difícil y dolorosa, sobre todo por la exposición pública y las declaraciones escuchadas durante el proceso.

Además, manifestó que durante el juicio, la familia enfrentó argumentos de la defensa que consideró que “no eran ciertas”. A lo largo del debate, el círculo íntimo de Mercedes Kvedaras sostuvo que el objetivo era que el acusado dijera la verdad sobre lo ocurrido.

El hermano recordó la figura de Mercedes con afecto: “La recuerdo bien, con mucha felicidad y paz. Y en sus hijos la veo a ella todos los días”. También señaló que el proceso judicial significó un momento de cierre y la posibilidad de mirar hacia adelante, siempre con la esperanza de que algún día el condenado exprese verdadero arrepentimiento por sus acciones.

El caso de Mercedes Kvedaras se inscribe en un contexto de violencia de género reiterada, donde los familiares y allegados remarcaron la dificultad para identificar y abordar situaciones de abuso dentro de la pareja. La víctima había manifestado su intención de separarse de José Figueroa, pero el acusado no aceptó la decisión y ejerció diferentes formas de control y agresión en el ámbito privado. El entorno de la víctima coincidió en que existía una dinámica de poder desigual que derivó en el desenlace trágico.

El juicio de José Figueroa

Durante el juicio, la autopsia y los informes periciales resultaron determinantes para la calificación de los hechos. Los especialistas concluyeron que la causa de muerte fue asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica. Este dato, junto a las lesiones encontradas y el testimonio de testigos, permitió al tribunal dictar la prisión perpetua, pena máxima prevista por la ley ante el delito de femicidio.

El tribunal de Salta, compuesto por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, resolvió por unanimidad la condena para José Eduardo Figueroa. Además, ordenó su inscripción en el Banco de Datos Genéticos, una medida que busca reforzar los mecanismos de prevención y persecución penal en delitos de violencia de género.

La defensa intentó desacreditar el contexto de violencia de género alegado por la fiscalía y argumentó que la muerte podría haberse generado en un estado de “emoción violenta”, buscando así una pena menor. A este debate se sumó una disputa técnica por el cuestionamiento de peritajes presentados por la defensa, que derivó incluso en pedidos de investigación por presunto falso testimonio a algunos especialistas.

Antes de conocer la sentencia, Figueroa solicitó la palabra para pedir disculpas a las familias involucradas y a sus propios hijos: “Les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”.

La causa obtuvo visibilidad pública y reavivó el debate acerca de la respuesta institucional frente a los femicidios. Organizaciones sociales y especialistas en violencia de género valoraron la sentencia como un antecedente importante en el ámbito judicial salteño. Para el entorno de Mercedes Kvedaras, el proceso judicial no borra el sufrimiento, pero representa una instancia de reparación y una oportunidad para continuar junto a los hijos de la víctima.

El desborde del río Bermejo y las intensas lluvias en el norte de Salta mantienen en emergencia a decenas de comunidades de Rivadavia Banda Sur, donde familias enteras permanecen aisladas sin acceso por tierra. Este jueves, el Ministerio de Desarrollo Social provincial llevó adelante un nuevo operativo de asistencia que alcanzó a 374 familias en esa localidad y a otras 153 en Rivadavia Banda Norte, en la zona de Morillo, a través de la Dirección General de Emergencias.

En Rivadavia Banda Sur, el operativo llegó a los parajes Las Llaves, San Felipe, La Esperanza, Destierro, Media Luna, Palmarcito, Ciervo Cansado, Mirador, Campo El Pañuelo, San Antonio, San Luis 56 y Nueva Población.

Del otro lado del río, en Rivadavia Banda Norte, la asistencia alcanzó las comunidades de La Salvación, Las Palomas, El Sauzal, El Ganzo Atao, Bajo Verde, Fortín Belgrano, Las Vertientes, Los Laureles, El Sauce, Dos Yuchanes y Palo Flojal. En total, el operativo de este jueves cubrió 527 familias distribuidas en ambas márgenes del río, según indicó el Gobierno provincial a través de un comunicado oficial.

La directora general de Emergencias, Gabriela Locuralo, destacó que esas acciones forman parte de un trabajo sostenido en territorio que permite dar respuestas concretas ante situaciones de emergencia, con acompañamiento a las familias y presencia del Estado en cada punto de la provincia.

El operativo de este jueves se suma a una serie de intervenciones que el Gobierno de Salta viene realizando desde el inicio del período estival. Por ejemplo, el pasado miércoles 8 de abril había finalizado el cuarto operativo de asistencia aérea del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del ministro Mario Mimessi, junto a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que, en aquella ocasión, también alcanzó a unas 500 familias de distintos parajes.

Uno de esos operativos aéreos anteriores —el tercero— se realizó también con participación del Ministerio de Salud Pública e implicó 16 vuelos, la entrega de más de 1.000 módulos alimentarios, atención médica en territorio y la evacuación de 18 personas desde zonas sin acceso vial.

Ese tercer operativo aéreo llegó a los parajes San Felipe, La Esperanza, Ciervo Cansado, Media Luna, Palmarcito, Mirador, San Luis, Destierro, Nueva Población, La Costa, Chañaral, Las Llaves, Campo Pañuelo y San Antonio.

Desde el inicio del período estival, el municipio de Rivadavia Banda Sur acumula la distribución de más de 4.600 módulos alimentarios a través de los distintos operativos territoriales, según indicó el medio local El Tribuno.

La emergencia también motivó despliegues por tierra y agua. El Comité de Emergencia Climática, encabezado por Mimessi, organizó un operativo fluvial-terrestre con camionetas, tractores, lanchas y gomones para llegar a los parajes El Chañaral, El Corralito, El Palmar, Carreta Quebrada y Esquina Grande, ubicados en la zona ribereña de los ríos Bermejo y Teuco.

En esa jornada participaron la secretaria de Personas Mayores, Agustina Esteban, personal de Policía Lacustre, de Aguas del Norte, y el secretario de Gobierno de Rivadavia Banda Sur, Rolando Rojas, junto a equipos municipales y provinciales, agregó el Gobierno de la provincia del norte en otro comunicado oficial.

La combinación de medios aéreos, fluviales y terrestres responde a la dificultad de acceso que imponen las condiciones del terreno. Los caminos anegados y la crecida de los cauces que atraviesan las comunidades cortaron las vías habituales de comunicación, lo que convierte a los vuelos y las embarcaciones en los únicos medios posibles para garantizar alimentos, atención sanitaria y evacuaciones.

Las autoridades provinciales informaron que planifican nuevas acciones para los próximos días, con foco en la asistencia directa a las familias que aún permanecen aisladas en la zona.

El tribunal consideró acreditado que se trató de un homicidio doblemente calificado: por el vínculo —en el marco de una relación de pareja preexistente— y por haber mediado violencia de género.

Antes de la lectura del veredicto, al ejercer su derecho a las últimas palabras, Figueroa pidió perdón a la familia de la víctima, a sus propios familiares y a sus hijos “por el dolor que les hizo vivir”. Ya lo había hecho días, cuando pidió la palabra para transmitir un mensaje personal: “Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”, afirmó.

Tras la deliberación, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans dieron a conocer el fallo, al que arribaron por unanimidad, y lo declararon autor material y penalmente responsable del delito. En la misma resolución, el tribunal ordenó su inscripción en el Banco de Datos Genéticos.

Al momento de escucharse el veredicto del tribunal, familiares de la víctima celebraron la condena a prisión perpetua en la sala de audiencias.

El caso y el debate oral

El femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrió el 4 de agosto de 2023 en el country El Tipal, en la provincia de Salta. Por el hecho fue imputado desde el inicio su esposo, José Eduardo Figueroa, con quien tenía dos hijos.

La investigación descartó desde el comienzo otras hipótesis y se centró en la dinámica de la pareja. Para la fiscalía, el crimen se produjo en un contexto de violencia de género sostenida, marcado por una relación desigual de poder. Testigos del entorno coincidieron en que la víctima atravesaba situaciones de violencia psicológica y buscaba separarse, algo que el acusado no aceptaba.

La autopsia fue una de las pruebas clave del expediente: determinó que Kvedaras murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica. Los peritos señalaron que hubo una acción sostenida durante varios minutos y múltiples lesiones compatibles con una situación de lucha.

Durante el juicio oral, que se desarrolló durante el mes de abril de 2026, declararon familiares, empleados de la casa y especialistas. Sus testimonios permitieron reconstruir la vida cotidiana de la pareja y aportaron elementos sobre el vínculo, atravesado —según la acusación— por episodios de control y agresiones.

En los alegatos, la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, sostuvo que el acusado mató a su esposa cuando ella decidió poner fin a la relación y recuperar su autonomía. En esa línea, calificó el hecho como femicidio y pidió la pena de prisión perpetua.

La defensa, en cambio, intentó desacreditar la hipótesis de violencia de género y planteó que el hecho pudo haber ocurrido en un contexto de “emoción violenta”, con el objetivo de obtener una pena menor.

El juicio quedó atravesado también por una fuerte disputa técnica: la fiscalía y la querella cuestionaron informes periciales presentados por la defensa e incluso pidieron investigar a algunos especialistas por presunto falso testimonio.

Finalmente, tras la ronda de alegatos y las últimas palabras del acusado, el tribunal avanzó hacia el veredicto que este mediodía lo condenó a prisión perpetua.

A casi un mes de haber comenzado el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras -ocurrido en agosto de 2023 en un barrio privado de Salta- la Justicia dará a conocer finalmente la decisión que tomó sobre el único acusado del crimen, el ex marido de la víctima, José Eduardo Figueroa.

El fallo condenatorio tendrá lugar este jueves -de acuerdo con lo informado por El Tribuno- tras la jornada de alegatos que se construyó el día anterior, en donde la fiscal que representa al Ministerio Público Fiscal, María Luján Sodero Calvet, pidió que se imponga una prisión perpetua para Figueroa. La jornada del miércoles estuvo marcada por exposiciones intensas y posturas enfrentadas entre las partes.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios de Salta explicó su pedido al considerar que “no hay otra respuesta jurídica ante este hecho que disponer la responsabilidad penal del señor Figueroa por el delito de homicidio doblemente calificado e imponer la sanción única que se prevé en este caso, que es la prisión perpetua”. Sodero Calvet fundamentó su pedido en la magnitud del daño ocasionado y la gravedad de la conducta atribuida al acusado, subrayando que la pena resulta ajustada a derecho, razonable y proporcional. Incluso, el mismo Figueroa reconoció durante la última ronda de testigos su responsabilidad. “Ya estoy pagando, estoy en un lugar impensado para mí, nunca pensé terminar en un lugar así. Me estoy haciendo responsable. Nunca quise evadir esa responsabilidad. Yo tengo que pagar, yo soy el responsable”, indicó.

“Figueroa sabía lo que hacía. El tipo de muerte que le dio a Mercedes habla de decisión, lucidez, determinación y voluntad”, indicó la funcionaria del MPF y requirió que el imputado permanezca detenido hasta la confirmación de la sentencia. Además, solicitó una indemnización económica para la familia de la víctima por el daño ocasionado.

Sodero Calvet remarcó que el caso se encuentra completamente abarcado por el agravante de violencia de género. En este sentido, explicó: “El agravante de la muerte en contexto de violencia de género, la muerte de una mujer por parte de un hombre, está probada totalmente y toda la última parte de mi alegato he hablado de esto. Cómo se presentó la violencia de género en cada una de las etapas durante la vida, la relación, durante la muerte, en el momento mismo de la muerte, posterior a la muerte. La violencia de género estuvo presente siempre y con esto queda abarcado el elemento normativo del tipo penal“.

La fiscal enfatizó que la relación entre la víctima y el acusado estuvo marcada por manipulación, control y episodios reiterados de violencia, acompañados de compensaciones materiales posteriores. Al respecto sentenció: “Todas las violencias estuvieron presentes: la violencia sexual, la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, simbólica y emocional”.

La fiscal recordó que, de acuerdo al resultado de la autopsia, la mujer murió por asfixia mecánica y presentaba golpes en todo el cuerpo, además de heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca y raspaduras en las rodillas.

“Cada uno de los elementos están acreditados. La mató y fue una muerte que está legítimamente probada”, aseguró mientras repasaba el pliego probatorio y criticaba la estrategia de la defensa, señalando que no logró consolidar una teoría alternativa ni desacreditar la hipótesis del Ministerio Público. Sostuvo que los testigos presentados por la defensa no refutaron el encuadre legal propuesto y que la violencia de género estuvo presente en todas las etapas de la relación y en el hecho investigado.

El 4 de agosto de 2023, el cuerpo sin vida de Kvedaras fue hallado en el barrio privado El Tipal, mientras que su esposo “Jota” Figueroa, presentaba lesiones y estaba dentro del auto familiar, con lesiones. La búsqueda se inició luego de que los familiares advirtieran que los hijos del matrimonio habían quedado solos en la vivienda. El hallazgo ocurrió cuando un allegado al propietario del vehículo acudió al lugar tras recibir un mensaje de WhatsApp de Figueroa en el que manifestaba no poder afrontar la situación.

Al llegar al barrio privado, las autoridades encontraron a la mujer sin signos vitales y trasladaron a Figueroa a un hospital local, donde permaneció internado un día hasta que se constató que sus lesiones no revestían gravedad. La investigación determinó que la muerte de Kvedaras fue violenta, descartando un accidente y el uso de arma blanca como causa principal.

Un sismo de magnitud 4.4 sacudió este miércoles al amanecer el norte de la provincia de Salta, con epicentro en la Sierra de Tartagal, y despertó a los habitantes de varias localidades del departamento San Martín cuando apenas eran las 7 de la mañana. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó el movimiento, que no dejó heridos ni daños en las construcciones.

La baja profundidad del foco —10 kilómetros desde la superficie— fue determinante para que la energía liberada se percibiera con claridad en zonas urbanas.

Según los datos del INPRES, el epicentro se ubicó a 95 kilómetros al este de Mazza, a 107 kilómetros al este de Tartagal y a 130 kilómetros al noroeste de Hickmann. El momento exacto fue a las 7:04.

La intensidad del evento fue clasificada en la escala de Mercalli Modificada con un Grado III, lo que implica la vibración de cristales y puertas, así como el movimiento visible de objetos colgantes.

El INPRES catalogó el fenómeno como “débil” en las ciudades de Tartagal, Salta y General Mosconi, donde lo percibieron principalmente personas en reposo. En localidades más alejadas como Aguaray, Coronel Cornejo y JC Salvatierra, y también en la provincia de Formosa, la intensidad fue evaluada como “muy débil”, perceptible apenas en edificios o para quienes se encontraban en descanso.

A pesar de que se sintió el movimiento, las autoridades locales no reportaron daños materiales de gravedad. General Mosconi y Tartagal fueron los puntos donde el temblor se convirtió en tema de conversación a lo largo de toda la mañana, desde las paradas de colectivos hasta las oficinas, según indicaron medios locales. Varios vecinos relataron que el movimiento fue leve pero suficiente para despertarlos y ponerlos en alerta.

El antecedente de un sismo que se sintió en varias provincias

Un sismo de magnitud 5 en la escala de Richter sacudió la región de La Rioja a principios de marzo, según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El epicentro del fenómeno, registrado a las 14:13, se ubicó a 36 kilómetros al sudoeste de Chepes, en territorio riojano, a una profundidad de 135 kilómetros, de acuerdo con la información difundida por el organismo.

El movimiento, catalogado como sismo intermedio por su profundidad, se percibió en diversas provincias del centro y oeste del país: San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza.

Según reportó El Tiempo de San Juan, vecinos sanjuaninos advirtieron el temblor, aunque de manera tenue. La repercusión llegó también a localidades cordobesas como Alta Gracia, La Falda y Villa Carlos Paz, conforme a los registros de guardias de Defensa Civil en esa zona.

El INPRES precisó que el sismo ocurrió en las coordenadas -31,532° de latitud sur y -66,893° de longitud oeste, con un área de percepción ubicada a 155 kilómetros al este de San Juan y a 203 kilómetros al norte de San Luis.

El organismo detalló además que la intensidad difirió entre provincias, medida a través de la escala Mercalli.

En Chepes, La Rioja, Villa San Agustín y San Juan se alcanzó un nivel medio, capaz de provocar que “objetos colgantes oscilen”, según indicó la entidad. Entre débil y medio se sintió en Mendoza y Córdoba, donde, al movimiento de objetos suspendidos, se sumó la percepción por parte de algunas personas en reposo.

En San Luis la intensidad fue la menor de todas. La escala Mercalli la catalogó como muy débil y solo la captaron algunas personas en reposo. Ningún reporte oficial registró daños materiales ni personales tras el temblor en ninguno de los puntos afectados.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios de Salta, María Luján Sodero Calvet, pidió este miércoles en su alegato final del juicio por el crimen de Mercedes Kvedaras, que José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima y único acusado, sea condenado a prisión perpetua.

“Considero que no hay otra respuesta jurídica ante este hecho que disponer la responsabilidad penal del señor José Figueroa por el delito de homicidio doblemente calificado e imponer la sanción única que se prevé en este caso, que es la prisión perpetua, porque ante una lesión de tamaña magnitud, la pena resulta ajustada a derecho, razonable y proporcional”, dijo la fiscal.

La funcionaria, además, solicitó que el hombre continúe detenido hasta que la sentencia sea confirmada y que indemnice económicamente a la familia por el daño generado a raíz del crimen.

“La ley así lo dice, porque no ha previsto una escala penal para este caso, porque es la única que se ajusta a derecho, es la prisión perpetua, porque es el máximo agravio que contempla la Ley; es el hecho más grave que contempla el Código de fondo y por eso es esta la pena única y la más grave. Y ningún atenuante cabe en este caso en relación a la pena”, continuó.

“Cada uno de los elementos están acreditados. La mató y fue una muerte que está legítimamente probada”, aseguró. Al respecto, sostuvo que “la conducta fue dolosa” y se probó. ”Con cada una de las pruebas fui descartando que fue una muerte accidental", argumentó.

“Figueroa sabía lo que hacía. El tipo de muerte que le dio a Mercedes habla de decisión y habla de lucidez, determinación y voluntad. Me remito a la totalidad del análisis que hice, pero además resalto los peritajes que se hicieron”, señaló.

Dijo que la muerte en contexto de violencia de género está probada y también cómo se presentó esta problemática siempre, tanto en la historia previa, como en el crimen y después del hecho.

“El agravante de la muerte en contexto de violencia de género, la muerte de una mujer por parte de un hombre, está probada totalmente y toda la última parte de mi alegato he hablado de esto. Cómo se presentó la violencia de género en cada una de las etapas durante la vida, la relación, durante la muerte, en el momento mismo de la muerte, posterior a la muerte. La violencia de género estuvo presente siempre y con esto queda abarcado el elemento normativo del tipo penal“, remarcó.

“Todas las violencias estuvieron presentes: la violencia sexual, la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, simbólica y emocional”, añadió.

Tras una extensa exposición de casi tres horas, que comenzó antes de las 9 de la mañana en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial salteño, la funcionaria judicial aseguró que está probado que el imputado asesinó a su mujer.

En ese sentido, sostuvo que no existen dudas respecto al encuadre legal del caso y remarcó que la Fiscalía mantiene desde el inicio la imputación por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

A lo largo de su alegato, la fiscal hizo un repaso por el pliego probatorio y el resultado de la autopsia, que reveló que Mercedes murió por asfixia mecánica y presentó golpes en todo el cuerpo. En ese sentido, dijo que los elementos científicos fueron determinantes para reconstruir el nivel de violencia que sufrió la víctima el 4 de agosto de 2023, en el barrio privado El Tipal.

“La sentencia lo que debe transmitir es la verdad, porque es lo que esta familia está esperando y es la única manera que van a tener de hacer un cierre sanador, recomponedor y que además redignifica a la víctima, porque la sentencia tiene que tener ese alcance, dar una respuesta que le dé, que le devuelva la dignidad a la víctima, reconociéndola como una víctima de violencia de género y que además le dé la verdad. La realidad a toda la familia que está esperando que se le diga qué es lo que ocurrió. Y esto es lo que ocurrió”, sentenció.

Luego del pedido de prisión perpetua, los jueces decretaron un cuarto intermedio. Los alegatos continuarán durante toda la jornada

La autopsia detalló que presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas. La familia de la víctima había comenzado a buscarla, luego de que descubrieran que los hijos de la pareja se habían quedado solos en la casa que el matrimonio compartía en el barrio privado.

“El cuerpo de ella habló en cada prueba aportada por la autopsia. Mercedes siempre fue manipulada por Figueroa, hizo lo que quiso sobre su víctima y el cuerpo de ella habló en cada prueba aportada por la autopsia”, dijo la fiscal.

La representante del Ministerio Público Fiscal dio cuenta de que la relación entre la víctima y el acusado siempre estuvo marcada por manipulación, el control y las compensaciones materiales posteriores a episodios violentos.

Dijo también que Mercedes debió sufrir violencia física, psicológica, económica y emocional, y que Figueroa en reiteradas oportunidades insultaba y humillaba a la mujer.

En otro tramo de su alegato, la funcionaria cuestionó la estrategia de la defensa al señalar que nunca logró consolidar una teoría concreta que derrumbe la acusación de la Fiscalía. Dijo que solo hubo intentos de abrir posibilidades sin rigor científico suficiente.

“Los testigos de la defensa no llegaron a desacreditar la hipótesis de la Fiscalía. Desde la estrategia de la defensa no se entiende lo que es la violencia de género. Llegaron a preguntar si era sumisa, si era infiel. Ese tipo de preguntas escuchamos y es inadmisible. ¿Qué clase de pregunta es esa?“, criticó.

Las palabras del acusado

El pasado viernes culminó la etapa de producción de pruebas. El Tribunal escuchó a los testigos y recibió la declaración de Figueroa, quien pidió la palabra para dirigirse directamente a sus hijos y familiares.

“No es una declaración, es un pedido de disculpas a mis hijitos”, afirmó el acusado. Expresó que extraña a sus hijos diariamente y les pidió perdón: “Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”, sostuvo en la audiencia. A su vez, manifestó su deseo de que los menores puedan sanar el dolor que el crimen les ocasionó.

En otro lado, también se refirió a la familia de la víctima y a quienes asumieron el cuidado de los niños tras el crimen. “Lo siento tanto por Mer. Ellos eran mi familia”, expresó ante el tribunal. Además, señaló sentirse desorientado por su situación actual y evitó brindar nuevos detalles sobre el día del hecho, remitiéndose a la declaración anterior realizada durante el debate.

“No puedo entender lo que estoy viviendo”, manifestó, y aclaró que no repetiría el relato de los hechos.

Figueroa describió que compartieron momentos positivos durante su matrimonio. “Con Mer tuvimos una historia muy linda. Se dijeron muchas cosas acá, pero nuestro matrimonio tuvo muchos momentos lindos”, relató. “Hoy parece todo oscuro, pero en verdad tuvimos momentos lindos. Siempre buscamos a nuestros hijos. Mer fue una buena madre, una buena mujer”, agregó.

La etapa final del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras tendrá lugar hoy miércoles desde las 8 de la mañana, cuando las partes presenten sus alegatos ante el Tribunal en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta.

El proceso judicial se encuentra en su tramo decisivo tras el cierre de la ronda de declaraciones testimoniales y la exposición final del acusado, José Eduardo Figueroa, imputado como autor de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. En su declaración, el ex esposo de Kvederás asumió su responsabilidad en el crimen cometido el 4 de agosto de 2023.

En cuanto a la jornada de este miércoles, se espera que todas las partes que integran el proceso expongan oralmente sus conclusiones sobre los hechos debatidos y la prueba producida durante el debate, ante los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. La fiscal María Luján Sodero Calvet representa al Ministerio Público Fiscal en este proceso, que investiga el asesinato en el barrio privado El Tipal.

El pasado viernes culminó la etapa de producción de pruebas. El Tribunal escuchó a los testigos y recibió la declaración de Figueroa, quien pidió la palabra para dirigirse directamente a sus hijos y familiares. “No es una declaración, es un pedido de disculpas a mis hijitos”, afirmó el acusado, según recogió La Gaceta. Expresó que extraña a sus hijos diariamente y les pidió perdón: “Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”, sostuvo en la audiencia. A su vez, manifestó su deseo de que los menores puedan sanar el dolor que el crimen les ocasionó.

En otro lado, también se refirió a la familia de la víctima y a quienes asumieron el cuidado de los niños tras el crimen. “Lo siento tanto por Mer. Ellos eran mi familia”, expresó ante el tribunal. Además, señaló sentirse desorientado por su situación actual y evitó brindar nuevos detalles sobre el día del hecho, remitiéndose a la declaración anterior realizada durante el debate. “No puedo entender lo que estoy viviendo”, manifestó, y aclaró que no repetiría el relato de los hechos.

Al referirse a la relación con la víctima, Figueroa describió que compartieron momentos positivos durante su matrimonio. “Con Mer tuvimos una historia muy linda. Se dijeron muchas cosas acá, pero nuestro matrimonio tuvo muchos momentos lindos”, relató, según publicó El Tribuno. “Hoy parece todo oscuro, pero en verdad tuvimos momentos lindos. Siempre buscamos a nuestros hijos. Mer fue una buena madre, una buena mujer”, agregó ante los jueces.

De acuerdo con lo difundido por medios locales, reiteró su asunción de responsabilidad y manifestó que se encuentra cumpliendo con las consecuencias de sus actos. “Ya estoy pagando, estoy en un lugar impensado para mí, nunca pensé terminar en un lugar así. Me estoy haciendo responsable. Nunca quise evadir esa responsabilidad. Yo tengo que pagar, yo soy el responsable”, enfatizó en la audiencia pública.

Al finalizar su exposición, Figueroa solicitó paz para ambas familias, expresando su esperanza de que puedan encontrar serenidad tras el hecho. “Rezo todos los días por Mercedes Kvedaras, por la familia Kvedaras, por sus hijitos, para que puedan sanar. Sé que están todos lastimados y pido que Dios reencuentre a las dos familias, que tengan paz, amor y sabiduría”, concluyó.

El cuerpo de la víctima fue hallado en el vehículo de la familia con varias lesiones, junto a Figueroa. Las autoridades establecieron que la muerte fue violenta. El informe oficial sostuvo que un golpe en la cabeza y el ahorcamiento fueron determinantes en el desenlace de Kvedaras, lo que orientó la causa hacia un presunto femicidio.

En tanto la autopsia detalló que presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas. La familia de la víctima había comenzado a buscarla, luego de que descubrieran que los hijos de la pareja se habían quedado solos en la casa que el matrimonio compartía en el barrio privado El Tipal.

Seis personas quedaron detenidas con prisión preventiva tras ser acusadas de integrar una organización narcocriminal que, según la investigación judicial, envió 50 kilos de cocaína y 100 de marihuana desde la provincia de Salta hacia Tucumán, ocultos en un camión cargado de limones.

El presunto líder de la banda, identificado por sus iniciales como Z. O. T., permanece prófugo, mientras que las autoridades judiciales dispusieron su captura nacional e internacional. La pesquisa reveló que el acusado utilizaba un comedor comunitario como fachada para encubrir las actividades ilícitas.

La imputación fue presentada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, durante una audiencia ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez. Toranzos detalló que la maniobra fue posible gracias a una estructura logística y operativa que involucró a varios integrantes, todos sindicados como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de participantes.

Según informó la página web de los fiscales, la jueza dispuso la prisión preventiva para los seis imputados: tres en modalidad de cumplimiento efectivo y los otros tres bajo arresto domiciliario. Además, fijó un plazo de noventa días hábiles tanto para la medida de coerción como para el avance de la investigación, autorizó peritajes sobre los teléfonos celulares incautados y ordenó la captura de Z. O. T., señalado como jefe de la organización.

De acuerdo con lo informado por la fiscalía, la investigación comenzó en los primeros meses de 2025, tras el análisis de antecedentes vinculados a maniobras de tráfico de drogas entre Jujuy, Tucumán y Mendoza. En 2024, una pesquisa previa había derivado en la condena de tres personas, lo que permitió identificar a nuevos sospechosos, entre ellos Z. O. T., quien ya figuraba en escuchas telefónicas analizadas por los investigadores.

Las intervenciones telefónicas fueron clave para detectar la planificación de la operación. En una de las grabaciones, el prófugo manifestaba la necesidad de trasladar estupefacientes hacia un paraje de Tucumán y de conseguir transportistas para la tarea. Las conversaciones incluían referencias a cantidades de droga —“tenemos 20 kilos en la bolsa”—, precios y la inminencia de una operación de mayor escala.

El 30 de mayo del año pasado, se registró un contacto entre Z. O. T. y H. A. Z., en el que se coordinaba el envío de droga desde Jujuy a Tucumán. En los meses siguientes, los implicados continuaron en comunicación, planificando el traslado de un cargamento mayor, para lo cual dispusieron la utilización de un camión con carga lícita como cobertura.

Uno de los diálogos entre H. A. Z. y su pareja, fechado el 14 de febrero, evidenció la dinámica de la organización. En esa conversación, H. A. Z. señaló que “en este viaje vamos limpios”, haciendo alusión a que solo transportaba bolsas de azúcar, lo que impedía ocultar droga en esa ocasión. Sin embargo, en marzo, las conversaciones se intensificaron y sumaron a otros participantes, quienes asumieron roles específicos, como el acondicionamiento de la droga o la función de “coche puntero” para alertar sobre controles en la ruta.

La operación policial se materializó el 29 de marzo, tras la detección de un camión que circulaba desde Colonia Santa Rosa (Salta) con una carga de limones. Los investigadores observaron que el vehículo realizaba paradas coordinadas con otro automóvil de apoyo. Ante la inminencia de la maniobra, la Fiscalía, junto al auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen y el investigador Pablo Carraro, organizó un operativo conjunto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y solicitó la colaboración de Gendarmería Nacional.

El punto de control fue establecido sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1.358, en la localidad tucumana de Trancas. En la requisa, se hallaron 144 paquetes de droga ocultos entre las bolsas de limones: 52 kilos con 215 gramos de cocaína y 100 kilos con 662 gramos de marihuana. El conductor y su acompañante, identificado como F. A. M. F., fueron detenidos en el lugar.

En los días siguientes, la Policía efectuó múltiples allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos en San Salvador de Jujuy y en el asentamiento Sagrado Corazón. En este último, los agentes buscaban capturar a Z. O. T., pero solo hallaron a tres familiares, quienes también fueron imputados por su presunta colaboración como “coche puntero”.

Las autoridades también arrestaron al responsable de acondicionar la droga y secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos relevantes para la investigación penal. Se informó que el presunto líder de la organización operaba desde un inmueble donde funcionaba un comedor comunitario, utilizado supuestamente como pantalla para las actividades delictivas.

Personal del Escuadrón 45 “Salta” de la Gendarmería Nacional rescató a una adolescente que viajaba sin adultos responsables en un transporte público interceptado sobre la Ruta Provincial N.° 10, en la localidad de General Güemes, provincia de Salta. El colectivo había partido desde Jujuy con destino a Buenos Aires. A bordo viajaban también 13 extranjeros sin documentación que acreditara su ingreso legal al país. A su vez, los oficiales encontraron casi 300 kilos de hojas de coca.

Durante la inspección documentológica de rutina, los efectivos constataron que la joven no estaba acompañada por sus padres o algún responsable a cargo. Al registrar los equipajes, hallaron en el interior elementos de uso íntimo entre las pertenencias de la menor y sus acompañantes, lo que profundizó las sospechas sobre un posible caso de trata de personas.

De acuerdo con la información difundidad por la fuerza, el magistrado interviniente ordenó el traslado de la adolescente al Hospital de General Güemes para estudios médicos y, posteriormente, al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta, donde permaneció internada con custodia policial. Una vez concluidas las actuaciones iniciales, fue entregada a la Dirección de Trata de Personas de la provincia para su asistencia y protección.

En el mismo procedimiento, los gendarmes secuestraron 280 kilos de hojas de coca en estado natural ocultos en un doble fondo de la bodega del vehículo, junto a 112 bultos de mercadería de origen extranjero. El operativo se encuadró en infracciones a la ley 25.871 de Migraciones, la ley 22.415 del Código Aduanero y la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

La Fiscalía Federal de Salta ordenó la detención de los 13 extranjeros —ciudadanos colombianos— y dispuso su expulsión por el Paso Internacional de Aguas Blancas. Los dos conductores del colectivo y la coordinadora del viaje quedaron supeditados a la causa judicial.

El caso se inscribe en una serie de procedimientos que vienen registrándose en el norte del país. A principios de marzo, personal de la Aduana —dependiente de ARCA— detectó 55 kilos y 763 gramos de marihuana ocultos en dos encomiendas procedentes de zonas limítrofes, durante controles de rutina en la Zona Secundaria Aduanera de Salta.

Las irregularidades fueron advertidas por el peso y las características externas de los paquetes, que luego fueron sometidos a un escáner móvil. Las imágenes arrojaron indicios compatibles con sustancia orgánica en su interior, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal y la apertura de los bultos ante testigos.

La Fiscalía Federal de Distrito Salta tomó intervención de inmediato y ordenó el secuestro de la totalidad de la droga, distribuida en envoltorios compactos disimulados entre otros objetos. Según fuentes del organismo, la modalidad de ocultar estupefacientes en paquetería es una estrategia frecuente para evadir controles fronterizos y trasladar mercancía hacia otras provincias.

El operativo se realizó en la Zona Secundaria Aduanera de Salta, donde el flujo de paquetería proveniente de la frontera norte constituye uno de los principales desafíos para las autoridades destinadas al control de tráfico ilegal.

Viajar implica mucho más que un simple desplazamiento; representa una experiencia capaz de transformar la percepción del mundo y de uno mismo. En cada destino, los sentidos se activan ante paisajes desconocidos, sabores inéditos y culturas diversas, enriqueciendo la memoria y el espíritu. Esta vivencia abre la posibilidad de descubrir historias, ampliar horizontes y crear lazos genuinos, constituyéndose en un proceso de crecimiento personal que trasciende el traslado físico.

Aunque cada estación del año brinda atractivos particulares para quienes disfrutan de explorar, el otoño destaca por su esencia especial. Las temperaturas templadas, alejadas tanto del calor del verano como del frío invernal, y la paleta de colores de las hojas, generan una atmósfera propicia para recorrer nuevos destinos y disfrutar la experiencia con plenitud.

En ese sentido, el atractivo natural y la riqueza cultural convierten a Salta en un destino con variadas actividades: circuitos escénicos, festivales, recorridos urbanos y experiencias enogastronómicas vinculadas.

Durante el otoño, colores, sabores y tradiciones cobran protagonismo, y la provincia despliega sus principales propuestas turísticas.

La transición estacional, marcada por temperaturas agradables y noches frescas, favorece un ritmo de viaje pausado y experiencias sensoriales en paisajes que mutan en una paleta de ocres, dorados y rojizos, generando una atmósfera especial para quienes visitan la región.

Un destino versátil en el norte argentino

En el norte argentino, Salta se consolida como un destino versátil donde, en distancias cortas, conviven selva, valles, diques, cerros multicolores y desierto. Esta variedad permite acceder a múltiples experiencias durante todo el año, pero en otoño se intensifican gracias a la calma del clima y la transformación cromática del entorno.

Los valles y la capital provincial se tiñen de nuevos colores, realzando la riqueza del entorno y aportando una dimensión más sensorial a cada recorrido. Las jornadas templadas y las noches frescas invitan tanto a actividades al aire libre como a disfrutar de la hospitalidad local en ambientes cerrados.

Entre los circuitos emblemáticos, el trayecto hacia Cachi, ubicado en los Valles Calchaquíes, atraviesa la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones, uno de los itinerarios panorámicos más reconocidos del país.

Este recorrido ofrece vistas que sintetizan la esencia del paisaje salteño, con una transición entre diferentes ecosistemas y una diversidad paisajística que sorprende a cada tramo. La arquitectura colonial de Cachi, sus calles adoquinadas y plazas arboladas, invitan a recorrer la localidad con tranquilidad y contemplar el entorno.

Naturaleza y aventura cerca de la ciudad

A pocos minutos de la ciudad de Salta, San Lorenzo se presenta como una puerta de entrada a la naturaleza. Los senderos entre yungas, arroyos y miradores naturales permiten desconectar del ritmo urbano y sumergirse en un entorno verde, óptimo para caminatas, paseos en bicicleta, cabalgatas y cuatriciclos.

La zona es elegida tanto por locales como por turistas que buscan contacto directo con la vegetación nativa y la posibilidad de observar aves y fauna del lugar.

Los diques Cabra Corral y Campo Alegre consolidan la oferta turística con actividades náuticas, deportes de aventura y alternativas para el relax. Rodeados de cerros y vegetación autóctona, estos embalses permiten disfrutar de paseos en kayak, navegación, pesca y deportes como el bungee jumping o el rafting.

La infraestructura de servicios en la zona contribuye a que la estadía sea confortable y adecuada para familias, grupos de amigos o viajeros solitarios.

La escena cultural salteña permanece activa todo el año. Ferias, fiestas populares y encuentros permiten interactuar con las costumbres locales, integrar a los visitantes en la vida comunitaria y ofrecer contacto directo con tradiciones vivas.

Música, danzas, gastronomía regional y celebraciones gauchas reflejan la identidad de cada localidad y generan oportunidades únicas para experimentar la cultura del norte argentino. Los mercados y ferias artesanales ofrecen productos autóctonos y la posibilidad de conocer la labor de los artesanos de la región.

Los Valles Calchaquíes se consolidan como núcleo de la experiencia enoturística. La Ruta del Vino articula geografía, cultura vitivinícola y sabores, con Cafayate como centro de desarrollo de vinos de altura, especialmente el Torrontés.

El recorrido incluye la Quebrada de las Conchas, conocida por sus formaciones geológicas y paisajes diversos. En este trayecto, bodegas y viñedos abren sus puertas para degustaciones y visitas guiadas, y la gastronomía local resalta productos regionales y recetas tradicionales.

Cachi, con su arquitectura colonial y ritmo sereno, invita a caminar calles adoquinadas y plazas arboladas. El acceso a la Puna de los Andes ofrece travesías por salares, volcanes y el Abra del Acay, uno de los pasos carreteros más elevados del país sobre la Ruta Nacional 40. Estos recorridos son ideales para quienes buscan experiencias de aventura o desean explorar paisajes fuera de los circuitos tradicionales.

Ciudad de Salta: tradición y modernidad

La ciudad de Salta funciona como punto de partida y complemento ideal. El casco histórico, museos, mercados e iglesias conviven con una oferta gastronómica que fusiona ingredientes originarios y tendencias contemporáneas.

Al anochecer, las peñas mantienen viva la música folclórica y el encuentro entre sabores, costumbres y herencia cultural. La ciudad también cuenta con una agenda cultural activa, con espectáculos, exposiciones y actividades para todas las edades.

Por su diversidad y conectividad, Salta se posiciona como un destino para todo el año. Durante el otoño, la provincia invita a descubrir cada paisaje, sabor y experiencia de manera más íntima y pausada, intensificando los sentidos y el contacto con la identidad local.

La estación propone una forma distinta de viajar, donde se privilegia el disfrute sin apuros y la posibilidad de conectar con la esencia de uno de los destinos más atractivos del norte argentino.

A 2 años, un mes y 10 días de la tragedia vial en avenida Paraguay, una de las arterias más transitadas de la capital salteña, el Tribunal de Sentencia provincial dictó este lunes una condena de 17 años de prisión para Luciano Nahir López, el joven que en marzo de 2024 protagonizó el siniestro que dejó un total de 5 víctimas fatales y 6 heridos.

La resolución de los jueces Gabriela Romero Nayar, Victoria Montoya Quiroga y Pablo Farah ratifica la gravedad del hecho que terminó con la vida de Florencia Acosta, Sergio Veisaga, Nahuel Brian Digan, Karen Marín y Ruth Tabarcache. Se trata de una de las sentencias más altas impuestas en la historia reciente argentina para un caso de siniestro vial con dolo eventual, la figura legal que implica que el acusado pudo prever el resultado fatal, pero eligió seguir con su conducta.

López fue declarado culpable de homicidio simple en perjuicio de cinco personas, lesiones graves a otras dos y lesiones leves a dos más. El Tribunal resolvió de forma unánime. También se dispuso el decomiso del vehículo utilizado esa madrugada.

Durante el debate, el fiscal Daniel Espilocín, representante de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, basó la acusación en el relevamiento de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y pericias. Según los registros, López conducía a 103,2 km/h en una zona donde el límite es 60 km/h y de solo 20 km/h para quienes salen de boliches.

El análisis toxicológico determinó que tenía 1,62 g/l de alcohol en sangre, más de tres veces el máximo permitido por ley nacional, agravado en Salta por la normativa de Tolerancia Cero. Los test de alcoholemia realizados a las 7.34 de esa mañana arrojaron 1,02 g/l en López y 0,39 g/l en su acompañante, Mamaní Oganeku.

El propio fiscal, durante su alegato, señaló: “No fue un accidente”, describiendo una conducción temeraria en un contexto de alta circulación peatonal.

La versión de López, que negó haber bebido alcohol, fue desmentida por el testimonio de su acompañante y respaldada por los exámenes. El acompañante afirmó que ambos tomaron bebidas alcohólicas antes y durante la estadía en un boliche.

Las pericias accidentológicas determinaron que López perdió el control del auto después de pasar el boliche La Rosa y el bar El Divino, embistiendo a los peatones que caminaban por la banquina, habilitada en esa zona urbana.

Para la fiscalía, la clave estuvo en demostrar el dolo eventual. Esta figura implica que el conductor era consciente del riesgo y aceptó que podría causar muertes. Espilocín describió que López violó normas de tránsito de manera deliberada: giró bruscamente en la rotonda de Cofruthos, cruzó dos semáforos en rojo, no respetó la línea de frenado y no intentó disminuir la velocidad ante la presencia de personas. Solo hizo un cambio de luces, sin frenar.

Uno de los testimonios que la fiscalía consideró determinante fue el del perito bioquímico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quien explicó que con ese nivel de alcohol, el conductor tuvo severa pérdida de reflejos y visión poco clara: “Con este nivel de alcohol en sangre, el conductor perdió los reflejos, tenía visión poco clara e ignoró el entorno”.

Las imágenes de una cámara de la maderera cercana fueron consideradas pieza central. Según el fiscal, “una imagen vale más que mil palabras”, sosteniendo que los registros demuestran que López pierde el control sin que ningún peatón cruce repentinamente frente al auto.

Durante el debate, la defensa de López sostuvo que debía absolverse al acusado del delito de homicidio simple y planteó que el hecho debía encuadrarse como homicidio culposo. Esta figura es la que se aplica cuando hay una muerte por negligencia, pero no por la voluntad de producirla.

El Tribunal también escuchó a testigos propuestos por la defensa. Sin embargo, el fiscal objetó la credibilidad de algunos, señalando que varias personas se presentaron espontáneamente, que mantenían lazos con el acusado o su entorno, y que sus versiones no coincidían con los hechos verificados científicamente.

Un caso particular fue el de una testigo que “tenía tendencia a la fabulación”. La defensa intentó retirar su declaración alegando que habría pedido “dádivas” para mantener su testimonio a favor de López. El Tribunal rechazó la solicitud, ordenó el secuestro de su celular y trasladó el expediente a la fiscalía correspondiente por posible falso testimonio.

La querella, por su parte, adhirió a los argumentos de la fiscalía, pero solicitó una pena aún más elevada: 20 años de prisión para López. Finalmente, le dieron 17 y dispusieron su traslado inmediato a la Unidad Carcelaria 1.

El principal y único acusado por el femicidio de Mercedes Kvedaras, José Eduardo Figueroa, se dirigió al tribunal este viernes durante la jornada del juicio oral en la ciudad de Salta. Tras la ronda de testigos, el acusado pidió la palabra para transmitir un mensaje personal, no una declaración formal, según aclaró ante los jueces.

Con visible emoción, Figueroa inició su intervención con un pedido de disculpas a sus hijos. “No es una declaración, es un pedido de disculpas a mis hijitos”, expresó, y continuó: “Por más que escuché muchas cosas, son mis hijitos. Todos los días los extraño”.

“Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”, afirmó el acusado durante el tramo final de la audiencia. Sin embargo, también expresó un pedido de disculpas a la familia Kvedaras y a quienes asumieron el cuidado de los menores tras el crimen. “Lo siento tanto por Mer. Ellos eran mi familia”, indicó,

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por El Tribuno, el imputado manifestó confusión acerca de su situación actual: “No puedo entender lo que estoy viviendo”. No obstante, se negó a hablar sobre el día del crimen, tras hacer referencia a que la declaración que brindó sobre los hechos “es lo que pasó” y que no repetiría el relato.

Sobre la relación con la víctima, Figueroa describió: “Con Mer tuvimos una historia muy linda. Se dijeron muchas cosas acá, pero nuestro matrimonio tuvo muchos momentos lindos”. Y continuó: “Hoy parece todo oscuro, pero en verdad tuvimos momentos lindos. Siempre buscamos a nuestros hijos. Mer fue una buena madre, una buena mujer”.

A pesar de esto, el acusado reconoció su responsabilidad ante el tribunal: “Ya estoy pagando, estoy en un lugar impensado para mí, nunca pensé terminar en un lugar así. Me estoy haciendo responsable. Nunca quise evadir esa responsabilidad. Yo tengo que pagar, yo soy el responsable”.

Al cierre de su exposición, Figueroa expresó su deseo de paz entre ambas familias: “Rezo todos los días por Mercedes Kvedaras, por la familia Kvedaras, por sus hijitos, para que puedan sanar. Sé que están todos lastimados y pido que Dios reencuentre a las dos familias, que tengan paz, amor y sabiduría”. Luego de agradecer al tribunal, el imputado rompió en llanto.

Finalmente, los jueces dispusieron un cuarto intermedio. Así, se espera que el juicio continúe en los próximos días con la declaración de nuevos testigos y la presentación de pruebas en la causa que investiga el femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrido en el barrio privado El Tipal.

Los detalles del brutal femicidio

La mañana del 4 de agosto de 2023, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Mercedes Kvedaras y a su esposo, José Figueroa, lesionado en el auto familiar. La familia de la víctima había comenzado a buscarla, luego de que descubrieran que los hijos de la pareja se habían quedado solos en la casa que el matrimonio compartía en el barrio privado El Tipal.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hallazgo se produjo cuando un amigo del propietario del automóvil acudió al barrio privado luego de recibir un mensaje de WhatsApp enviado por Figueroa, en el que este confesaba: “No podía con esto”. La intervención del allegado y la rápida acción de las autoridades permitieron encontrar el vehículo y a ambos ocupantes.

Mientras que la mujer ya no presentaba signos vitales, el hombre presentaba algunos cortes que les hicieron sospechar que había atentado contra su vida. Por este motivo, el acusado fue trasladado de urgencia a un hospital local, en donde permaneció internado un día tras comprobarse que las heridas no eran de gravedad.

En contraposición, las autoridades establecieron que la muerte de Mercedes Kvedaras fue considerada violenta, en tanto la secuencia de lesiones y el contexto en que fue encontrada descartaron tanto el accidente como el uso de un arma blanca como causa principal. El informe oficial sostiene que el golpe en la cabeza y el ahorcamiento fueron determinantes en el desenlace de la víctima, lo que orientó la causa hacia un presunto femicidio.

Además, la autopsia detalló que la víctima presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas. Estos elementos, sumados a un golpe brutal en el rostro y la cabeza, configuran el cuadro lesivo que culminó en el ahorcamiento.

Una investigación judicial en Salta permitió desmantelar una organización narcocriminal que alquilaba fincas agrícolas para ocultar grandes cargamentos de cocaína, utilizando plantaciones de hortalizas como pantalla. El caso cobró notoriedad tras el hallazgo de más de 170 kilos de cocaína enterrados en una plantación de tomates en Colonia Santa Rosa. En las últimas horas, imputaron a los líderes y un integrante de la banda, quienes quedaron detenidos con prisión preventiva por el término de 90 días.

La investigación comenzó en enero pasado, cuando una denuncia anónima llevó a Gendarmería Nacional a realizar un operativo en una estación de servicio de Pichanal. Allí, un camión que transportaba cajones de berenjenas fue requisado con la ayuda del perro antinarcóticos “Orfeo”, que detectó 30 kilos de cocaína camuflados entre la carga. En esa oportunidad, cinco personas fueron detenidas —incluidos el conductor del camión y ocupantes de un automóvil que oficiaba de apoyo logístico— y se inició una investigación más amplia bajo la dirección del fiscal federal de Orán, Marcos Romero.

El análisis de los teléfonos celulares secuestrados y el testimonio de tres arrepentidos permitió a la fiscalía identificar a dos hermanos, A.R. y J.R., como jefes de la organización, y al ciudadano venezolano J.B. como parte del grupo. El trabajo de los investigadores estableció que la banda arrendaba fincas en Colonia Santa Rosa, donde cultivaban tomates y otras verduras, pero el verdadero objetivo era utilizar estos predios como depósitos de droga, que ingresaba desde Bolivia y era almacenada de manera clandestina.

Durante la pesquisa, se detectó que los líderes de la banda alquilaron al menos tres terrenos agrícolas y utilizaban vehículos para desplazarse entre las distintas fincas, simulando tareas rurales. En uno de los inmuebles funcionaba el pool “El Bunker”, donde coordinaban el acopio y movimiento de la droga, y también se identificó la utilización de un local bailable y viviendas particulares para actividades conexas.

La investigación se profundizó con la intervención telefónica de los celulares de los hermanos y de J.B., lo que permitió a la fiscalía obtener evidencia sobre el inminente movimiento de un gran cargamento de estupefacientes. A partir de estas pruebas, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, ordenó ocho allanamientos simultáneos con intervención de Gendarmería Nacional. En una de las fincas, los agentes hallaron una zanja cubierta de yuyos donde había ocho bolsas con 171,45 kilos de cocaína distribuidos en 170 paquetes. Además, se secuestraron un tractor con acoplado, tres camionetas, dos automóviles, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento.

El juez Montoya declaró la legalidad de la detención de los tres principales acusados, admitió la imputación fiscal y dispuso la prisión preventiva por 90 días, además de autorizar peritajes sobre los teléfonos y dispositivos secuestrados. Los hermanos y el ciudadano venezolano fueron imputados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, y los dos primeros también por transporte de estupefacientes agravado.

La defensa de los imputados solicitó el arresto domiciliario, pero la fiscalía rechazó el planteo y advirtió que el ciudadano venezolano tenía un pedido de captura nacional e internacional por otra causa en Salta, y uno de los hermanos había sido declarado en rebeldía en un juzgado de Lanús. El juez finalmente rechazó los pedidos de la defensa y confirmó la prisión preventiva, fundamentando su decisión en la gravedad y logística de la organización, los riesgos de fuga y la posible obstrucción de la investigación.

La causa, a cargo del fiscal Marcos Romero, sigue abierta con la expectativa de nuevos avances. La fiscalía solicitó el peritaje de los dispositivos electrónicos para identificar a otros posibles involucrados y reconstruir el circuito completo de la organización, que mostraba un poderío económico y logístico significativo, con conexiones en diferentes puntos del país y vínculos con el tráfico internacional.

Tres estudiantes de sexto año de la Escuela Nuestra Señora del Camino, de entre 16 y 17 años, fueron imputados por intimidación pública después de amenazar con un tiroteo el lunes 20 de abril, según informó la Departamental DDI de Mar del Plata. La investigación señala que los adolescentes escribieron la frase “Lunes 20/4 tiroteo, los voy a matar a todos” en la puerta del baño de varones el jueves previo, lo que desencadenó la denuncia de la representante legal de la institución.

A través de las cámaras de seguridad lograron confirmar la secuencia y reconocer a los tres alumnos involucrados. Sin embargo, al ser convocados por las autridades educativas, negaron su participación. Más tarde, se presentó uno de los adolescentes y confesó el hecho. Finalmente, los imputados se arrepintieron y, en la tarde de este jueves, entregaron de manera voluntaria sus celulares —dos iPhone 13 y un iPhone XR— en la sede de la DDI junto a sus padres, tras ser notificados formalmente del inicio de la causa penal.

El fiscal Walter Martínez Soto, a cargo de la causa, instruyó al gabinete de menores de la Delegación Departamental de Investigaciones a citar a los estudiantes e informarles sobre la formación del expediente penal. Uno de los adolescentes solicitó expresamente que no se asignara responsabilidad a sus padres por los hechos, según consta en la acusación presentada.

Las autoridades escolares detallaron que, en situaciones recientes, se registraron amenazas similares en la Secundaria N° 18 Astor Piazzolla y en el Instituto Esquiú, reforzando los protocolos internos en zonas educativas del barrio Bernardino Rivadavia.

En estas semanas de creciente violencia escolar, los especialistas advierten sobre la expansión de patrones peligrosos y la urgente necesidad de estrategias de prevención. Las investigaciones han incorporado dos hipótesis principales sobre el origen y la propagación de las amenazas contra escuelas argentinas. Por un lado, la hipótesis del “efecto imitativo” sostiene que hechos violentos recientes generan réplicas o intentos de imitación entre adolescentes de otras provincias.

Por otro lado, la Justicia y las fuerzas de seguridad investigan el impacto de los desafíos virales en redes sociales. Esta línea, se centra en la participación de menores en comunidades virtuales centradas en el “True Crime”, donde se publicita la violencia y se ponderan hechos como la masacre de Columbine, ocurrida en Estados Unidos en 1999.

Imputaron a 4 alumnos por amenazas de tiroteos en Salta

La Justicia de Salta imputó a cuatro adolescentes acusados de intimidación pública tras una serie de amenazas de tiroteo y mensajes en dos escuelas de la capital provincial. El último operativo culminó con la imputación de dos jóvenes de 18 y 19 años y un menor de 17, quienes enfrentan cargos tras descubrirse amenazas violentas en el baño de varones del Colegio Walter Adet.

Estos mensajes intimidatorios encendieron alarmas en la comunidad educativa, y de inmediato la Fiscalía Penal N° 3 del Distrito Centro, bajo cargo de Horacio Córdoba Mazuranic, dispuso investigaciones y allanamientos en los barrios Santa Ana I y Miguel Aráoz, con la autorización del juez de garantías Pablo Zerdán.

En una audiencia aparte, la fiscal Carolina Hernández imputó a un adolescente de 16 años por un hecho violento ocurrido en el Colegio Secundario Técnico República de la India. El joven admitió su participación y manifestó arrepentimiento durante la declaración, acompañado por su madre y el defensor oficial. Como resultado, se dispuso un allanamiento en su domicilio para buscar pruebas de relevancia, medida autorizada tanto por la Justicia como por la progenitora.

La Policía de Salta advirtió en un comunicado que tanto los mensajes intimidatorios escritos en escuelas como los enviados por redes sociales constituyen delitos que pueden ser investigados. Indicó, además, que los padres o tutores legales pueden ser responsabilizados por los daños y perjuicios ocasionados por los menores bajo su tutela.

En una nueva audiencia por el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, una amiga de la infancia de la víctima, Carolina Wayar, brindó detalles sobre la dinámica de la pareja y los días previos al crimen cometido el 4 de agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal, en la ciudad de Salta.

Según el testimonio de la mujer, ambas mantuvieron un vínculo de larga data, con etapas de mayor o menor contacto, aunque siempre sostenido. No obstante, señaló que la relación con José Figueroa, el único acusado de haberla asesinado, afectó el lazo entre ambas. “Era el marido de mi amiga y nos imposibilitó compartir más tiempo”, afirmó.

A más de un año y medio del femicidio, Figueroa llegó al juicio oral imputado como autor de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de quien fuera su esposa. En esta instancia, el Ministerio Público Fiscal es representado por la titular de la Unidad de Femicidios, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet.

La mujer pidió que “se cumpla la condena que merece” y aportó nuevos detalles de los últimos días con vida de la víctima. Aunque la última vez que se habían visto de forma personal fue el 21 de julio, aseguró que la comunicación estuvo intacta hasta el día en el que fue brutalmente asesinada por su esposo y padre de sus hijos.

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por El Tribuno, Wayar relató que en ese último encuentro se habían encontrado con otra amiga para tomar el té. Además, confirmó que habían hablado sobre los deseos de Kvedaras de separarse de Figueroa.

“No podía separarse”, indicó la amiga de la víctima, tras reconocer que le había mostrado un mensaje que Mercedes le había escrito al acusado, en donde le había expresado que ya no lo quería “como un hombre”, sino como el padre de sus hijos.

Después de esa reunión, la conversación se mantuvo de forma virtual. Concretamente, Wayar recordó que el 3 de agosto le escribió y la notó “afónica”. Al día siguiente, el 4 de agosto a las 09:04 horas, le envió un mensaje que nunca fue escuchado. Este dato se integró a la reconstrucción temporal del hecho que realiza el tribunal, debido a que el crimen se cometió en las primeras horas de esa mañana.

Por otro lado, la testigo recordó a Mercedes como una persona “cálida y divertida” y diferenció su punto de vista respecto de la relación del matrimonio. “Siempre fue complicada”, apuntó, para luego manifestar que, en varias situaciones, había percibido un trato despectivo de Figueroa hacia Kvedaras.

“La menospreciaba”, sostuvo Wayar al reconocer que solía sentirse incómoda cuando tenía que compartir con su amiga y su esposo. “Cada vez que compartía tiempo con ambos me sentía nerviosa, en alerta”, describió. Asimismo, añadió que el acusado proyectaba hacia el exterior una imagen distinta: “Siempre se mostraba amable afuera”, por lo que lo calificó como un “hipócrita”.

Durante la audiencia, también rememoró un episodio en una finca, en el que Kvedaras fue demorada por personal policial tras olvidar la documentación del vehículo. En esa ocasión, al quedarse sin batería en su teléfono, utilizó el de Wayar para comunicarse con Figueroa, quien le recriminó la situación y le respondió: “Tampoco te vas a ocupar vos de pagar esto”. La testigo interpretó este gesto como una muestra del trato habitual del acusado hacia la víctima.

“Yo le decía que trabaje, no solo para tener libertad, sino para tener sus propios logros”, relató la mujer al señalar que, con el tiempo, se enteró de que su amiga había tomado la decisión de retomar sus estudios universitarios y tenía la intención de trabajar. Sin embargo, afirmó que la víctima nunca le habló de hechos de violencia física.

Luego de que la amiga de la víctima finalizara su declaración, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans escucharon el relato de dos policías que custodiaron a Figueroa desde el 5 de agosto de 2023 en el Hospital San Bernardo hasta la mañana del día siguiente.

Tras el crimen, el acusado fue hospitalizado, debido a que intentó atentar contra su vida. A raíz de su estado, indicaron que había sido atendido por médicos y enfermeras, no recibió visitas y permaneció dormido la mayor parte del tiempo.

De la misma manera, una enfermera y un médico traumatólogo responsables de la atención de Figueroa también se presentaron a brindar su testimonio. Ambos confirmaron que el imputado presentaba signos vitales normales, brindó sus datos personales y fue sometido a una intervención quirúrgica para toilette y cierre de heridas cortantes múltiples de carácter superficial, sin riesgo de vida.

Según el sitio del Ministerio Público Fiscal de Salta, el informe médico correspondiente a ese ingreso convalidó que el hombre no presentaba lesiones que comprometieran su salud de manera grave, limitándose el procedimiento a tratar heridas superficiales.

Finalmente, un médico psiquiatra del Hospital San Bernardo señaló que se encontraba lúcido, orientado en tiempo y espacio, con juicio conservado y sin alteraciones psicomotrices. Además, afirmó que el acusado no tenía ideación suicida y explicó que, al consultar por insomnio, Figueroa atribuyó la dificultad para dormir a los ruidos del lugar y la incomodidad de la cama.

Tras considerar que se trataba de una queja “banal”, el psiquiatra reconoció que había recomendado que recibiera el alta médica. Finalmente, mencionó que le llamó la atención que el propio Figueroa preguntara si sería derivado al Hospital Ragone. Está previsto que el juicio se reanude este jueves a las 08:30 horas.

El juicio por la tragedia vial en avenida Paraguay que dejó un total de 5 víctimas fatales y 6 heridos, entra en etapa final. El conductor que embistió a las 11 personas es Luciano Nahir López, acusado de homicidio simple y de causar lesiones graves y leves, se podría enfrentar a una pena de entre 8 a 25 años de prisión.

Hubo 11 víctimas atropelladas el 17 de marzo de 2024, entre ellas Ruth Tabarcache, Sergio Veizaga, Florencia Acosta, Karen Marín y Nahuel Brian Digan, quienes murieron en el momento o tras ser trasladados al hospital. Otras 6 personas resultaron heridas, 5 de ellas con lesiones graves y secuelas permanentes. A dos años del sinistro vial en la ciudad de Salta, el juicio oral contra Luciano López deberá determinar si la conducta del imputado se encuadra en el delito de homicidio por “dolo eventual”.

Entre las principales pruebas analizadas durante la jornada del miércoles, un médico forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) detalló que Nahuel Digan murió por shock hipovolémico por traumatismo toracoabdominal grave y que el deceso de Florencia Acosta se produjo de forma instantánea debido a un politraumatismo, ambos como consecuencia del accidente de tránsito.

El profesional también examinó a dos personas lesionadas y confirmó que una de ellas, identificada como el peatón que cruzaba la calzada antes del primer impacto, no presentaba heridas, descartando que hubiera sido responsable de la pérdida de control del vehículo. Además, durante la audiencia, una psicóloga del CIF presentó un informe sobre el estado de una de las víctimas lesionadas.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de una joven que se encontraba en la zona luego de salir del boliche. Los relatos presentados refuerzan la hipótesis de que hubo fuga posterior al hecho. Afirmó que el vehiculo embistió al grupo de peatones tras perder el control, cambiar de carril e impactar contra un árbol. Sin embargo, el dato más importante que aseveró la testigo fue que el conductor se bajó del auto y huyó.

Testigos presenciales también aportaron detalles sobre el contexto inmediato. Un empleado de una estación de servicio situada frente a la embotelladora de gaseosas confirmó haber escuchado “el estruendo del impacto” y presenciado el choque contra la palmera, aunque no pudo precisar la conducta de los ocupantes tras el evento. Asimismo, un amigo del acusado relató que ambos coincidieron esa noche en el mismo local bailable. Señaló que, al retirarse, López lo habría sobrepasado en dos ocasiones a alta velocidad en dirección sur-norte por avenida Paraguay.

Los detalles del incidente vial

El expediente revela que Luciano López, al momento del episodio ocurrido el 17 de marzo de 2024, tenía 21 años, conducía con 1,02 gramos de alcohol por litro de sangre y perdió el control de su vehículo cuando circulaba a 103 km/h. El informe retrospectivo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales elevó la estimación del alcohol en sangre a 1,62 gramos por litro. Además, el análisis toxicológico detectó consumo reciente de marihuana en orina.

En términos procesales, el imputado Luciano Nahir López enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual, todo en concurso ideal. La reconstrucción judicial, enriquecida por pericias médicas y relatos oculares, busca determinar la gravedad de conducta atribuida al acusado, con especial énfasis en la velocidad, las maniobras previas al impacto y la reacción posterior al accidente.

Desde lo sucedido, los familiares y amigos de las víctimas, muchos provenientes de otras provincias, soportaron 2 años de traslados y actividades solidarias para costear su permanencia en Salta durante las instancias judiciales. El padre de Ruth Tabarcache expresó a El Tribuno el dolor atravesado por las familias: “Desde ese día tengo un vacío tremendo en mi vida. Todas las familias estamos atravesadas por esta pérdida, por el daño moral que es inmenso”. Además reclamó que “esto sea un punto de inflexión en Salta, que siente jurisprudencia, que marque un antes y un después”.

Un intento de femicidio tuvo lugar este martes por la tarde en la zona oeste de la ciudad de Salta, cuando una mujer fue agredida brutalmente por su pareja en una vivienda ubicada en el barrio Ampliación Solís Pizarro.

El episodio se produjo alrededor de las 18, según informaron fuentes policiales, y dejó a la víctima en grave estado tras recibir tres puñaladas.

Los vecinos escucharon los gritos de auxilio de los hijos del matrimonio, y de inmediato avisaron a las autoridades. Los niños, presentes en la casa al momento del ataque, lograron salir y pedir ayuda desesperadamente.

La Policía acudió rápidamente al domicilio. Mientras los efectivos aseguraban la escena, la mujer fue trasladada de urgencia primero a la salita barrial y luego derivada al hospital San Bernardo, donde se encuentra internada en estado crítico. Fuentes consultadas por El Tribuno señalaron que la intervención médica fue crucial para estabilizar a la víctima ante la magnitud de las lesiones sufridas.

De acuerdo con los primeros datos recabados por la Policía, todo comenzó con una discusión entre la pareja que escaló rápidamente. El agresor, cuya identidad se mantiene bajo reserva en esta etapa de la investigación, huyó del lugar luego del ataque. Sin embargo, tras una breve búsqueda en la zona, los efectivos lograron localizar al agresor en el barrio Ceferino, a poca distancia del lugar del hecho.

Al verse rodeado por la Policía, el agresor intentó quitarse la vida, provocándose lesiones leves que requirieron atención médica. Fue derivado al hospital más cercano, donde se constató que su vida no corría peligro. Tras la revisión médica, quedó detenido y fue puesto a disposición de la justicia, en donde podría quedar imputado por intento de femicidio.

Las autoridades judiciales y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) iniciaron las primeras actuaciones en el domicilio, recolectando pruebas, levantando testimonios y asegurando el área en búsqueda de elementos que permitan reconstruir la secuencia del hecho.

Según se supo, la víctima había sido objeto de violencia previa por parte de su pareja. Un familiar de la mujer presentó una denuncia el año pasado ante las autoridades por situaciones similares de maltrato. El caso permanece bajo investigación y las actuaciones judiciales continúan en curso. Se espera que en las próximas horas la fiscalía brinde precisiones sobre el estado de salud de la víctima y la situación procesal del detenido.

Intento de femicidio y suicidio en Santa Fe

Días atrás, la localidad de Murphy, situada a unos 150 kilómetros al sudoeste de Rosario en la provincia de Santa Fe, atravesó una situación similar durante el fin de semana. Un hombre de 61 años irrumpió en el lugar de trabajo de su ex pareja y, tras dispararle con una escopeta, se quitó la vida.

El episodio ocurrió el último sábado por la tarde en un local ubicado en Córdoba al 300, donde la víctima trabajaba. Según fuentes policiales, el agresor llegó al establecimiento y, sin intercambiar demasiadas palabras, extrajo el arma de fuego y abrió fuego contra la víctima. El disparo impactó en la mano de la mujer, provocándole lesiones de consideración.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, la agredida fue asistida rápidamente por personal de servicios de emergencia, quienes la trasladaron para recibir atención médica. Se informó que permanece fuera de peligro vital, aunque continúa bajo observación debido a la gravedad de la lesión sufrida en la mano.

Sin embargo, el agresor, luego de ejecutar el disparo, utilizó la misma escopeta para suicidarse en el interior del establecimiento.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra quedó a cargo de la investigación y ordenó las pericias correspondientes en la escena del hecho. La causa fue caratulada como tentativa de femicidio seguido de suicidio.

Además, dispuso la intervención de equipos multidisciplinarios para brindar asistencia a la mujer herida y a su entorno cercano. Las autoridades pudieron reconstruir que ambos habían mantenido una relación, pero que el vínculo había finalizado. De igual forma, no se precisó si existían antecedentes de violencia previa o denuncias formales radicadas en dependencias de la zona.

La Cámara de Diputados de Salta aprobó una reforma electoral que modifica el sistema de votación para legisladores e intendentes, consolidando el esquema de frentes electorales e introduciendo cambios que han desatado una fuerte controversia política en la provincia.

La iniciativa obtuvo el rechazo de los 9 legisladores de La Libertad Avanza, la radical Soledad Farfán y José Gauffín, del Bloque de la Reconquista. El proyecto pasará ahora al Senado provincial, donde el oficialismo buscará transformarlo en ley.

La reforma electoral, aprobada en la Cámara de Diputados de Salta, establece un nuevo sistema donde los votos de distintas listas que integran un mismo frente se suman para definir al espacio más votado en las categorías de legisladores e intendentes, excluyendo la de gobernador. El proyecto permite que cada frente presente hasta cuatro listas, elimina los pisos mínimos de votos, requeridos para acceder a la distribución de cargos y mantiene el sistema D’Hondt.

Además, incorpora requisitos como la realización de narcotests obligatorios para los candidatos y fija nuevos plazos para la presentación de listas. El objetivo declarado es ampliar la participación, ordenar la competencia electoral tras la eliminación de las PASO y garantizar mayor transparencia e idoneidad en los postulantes.

El diputado Gustavo Dantur afirmó que la reforma “permitirá mayor claridad sobre las posturas políticas” y llamó a “no subestimar al electorado”. Dantur relativizó las críticas que señalan un regreso a la “Ley de Lemas”, al argumentar que el concepto debe interpretarse como una expresión de identidad política y no como una distorsión del sufragio. “El nuevo esquema busca fortalecer la representación democrática y evitar prácticas discrecionales en la selección de candidatos”, sostuvo el legislador.

La diputada oficialista Socorro Villamayor resaltó que la reforma “ordena la legislación después de los cambios de las PASO y amplía la participación ciudadana”. Explicó que el nuevo sistema sintetiza en un solo acto electoral la instancia interna y la general, suprimiendo la “selección a dedo” de candidaturas. “Se limitará la cantidad de listas por frente y por partido, lo que facilita la comprensión del electorado”, puntualizó.

La propuesta, que aún debe ser discutida en el Senado, con un escenario de polarización que anticipa un intenso debate en la legislatura salteña. Mientras el oficialismo defiende la medida como una actualización necesaria, la oposición la considera un retroceso institucional y advierte que se trata de una variante de la ley de lemas, que podría beneficiar al poder de turno.

Qué dijo la oposición

Desde la oposición, Soledad Farfán (UCR) advirtió que el texto “no fortalece el sistema electoral”, centraliza decisiones en las cúpulas partidarias y debilita la participación ciudadana. Farfán cuestionó la ausencia de un debate amplio con especialistas y organizaciones. “El nuevo sistema podría generar una distorsión en la representación y significar un retroceso respecto de estándares de transparencia y competitividad electoral”, subrayó la legisladora.

José Gauffín, del Partido de la Reconquista, advirtió que, sin acuerdos amplios, la reforma puede convertirse en una imposición. Citó al gobernador Gustavo Sáenz, quien había señalado que “algunos están pensando en las elecciones y no en la gente”. En ese sentido, el diputado provincial alertó sobre el costo económico de aplicar la reforma: “Habrá mayor pobreza, esto va a costar fortuna, no hay dudas de esto”.

Por su parte, Guillermo Durand Cornejo denunció irregularidades en el tratamiento del proyecto y lamentó la falta de consulta a los partidos políticos. Enfatizó que una ley electoral debe garantizar confianza ciudadana, objetivo que, según su perspectiva, se ve amenazado por la falta de participación en la elaboración. De esta manera, evocó los antecedentes de la Ley de Lemas, derogada en 2002 tras un acuerdo político, y advirtió sobre los riesgos de reinstaurar mecanismos que, en su opinión, distorsionan la voluntad popular. “Un voto podía terminar beneficiando a otro candidato”, recordó.

Franco Lastra, de La Libertad Avanza, calificó la reforma de “anticonstitucional” y “poco transparente”, y sostuvo que constituye un intento encubierto de reinstalar un sistema similar al de lemas. Lastra puso en duda la fortaleza electoral del Gobierno provincial y expresó que la reforma busca condicionar el resultado de futuras elecciones.

Desde la oposición, María Elena Dadis —también de LLA— denunció la falta de coherencia en el tratamiento legislativo y resaltó que muchas iniciativas de su bancada no llegan a comisión, mientras que la reforma avanza con rapidez. Dadis criticó el uso del voto electrónico en el sistema provincial y advirtió que el apuro en el tratamiento obedece a los tiempos políticos del oficialismo y no permite un debate plural.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, visitó las provincias de Salta y Jujuy en el marco de su primera misión oficial al interior desde que asumió el cargo. El diplomático priorizó el norte argentino, destacando la relevancia estratégica de la región. Durante su recorrido, mantuvo encuentros institucionales con los gobernadores, empresarios del sector minero en una agenda que combinó oportunidades de inversión y celebraciones.

Lamelas participó de la tradicional Serenata a la Ciudad en San Salvador de Jujuy, donde compartió escenario con el grupo Los Tekis en el aniversario 433° de la capital. El embajador enfatizó el valor estratégico de Jujuy y Salta para los Estados Unidos en sectores como la minería y la energía, y adelantó: “Aquí va a haber muchas inversiones de los Estados Unidos”. Para Lamelas, el potencial humano de la provincia es el factor diferencial: “Lo que me impresionó más no fueron los recursos de Argentina, sino la gente”, remarcó.

La agenda institucional de Peter Lamelas incluyó reuniones en Casa de Gobierno con ambos gobernadores. En Jujuy, Carlos Sadir agradeció la visita del diplomático y resaltó que la provincia haya sido uno de los primeros destinos elegidos en su gira federal.

“Cuando celebramos la libertad, crecemos más fuertes juntos”, publicó Lamelas en sus redes sociales en referencia al evento en Salta, donde compartió actividades junto el gobernador Gustavo Sáenz y al intendente Emiliano Durand.

Las oportunidades de inversión y el fortalecimiento de los lazos económicos fueron ejes centrales de la recorrida. El embajador Lamelas mantuvo reuniones con empresarios y referentes del sector minero de la región, resaltando el papel de la industria como motor de crecimiento, innovación y empleo. “La industria minera en Jujuy es clave para el crecimiento, la innovación y el empleo”, expresó Lamelas en sus publicaciones, y remarcó el interés de Estados Unidos en ser “el socio de preferencia de Argentina también en minería — impulsando inversión y más oportunidades para ambos países”.

El programa del embajador en Salta incluyó la participación en el operativo #EmbajadaenRuta, una iniciativa que acerca servicios de la sede diplomática a las provincias, brindando asesoramiento sobre visas, becas Fulbright y programas educativos, así como actividades culturales y espacios de conversación en inglés.

En materia de seguridad, el ministro de Seguridad de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, recibió al embajador Lamelas en la base operativa del Grupo Operativo de Lucha contra el Narcotráfico del NOA. Funcionarios provinciales y nacionales resaltaron la importancia estratégica del norte argentino como zona de tránsito de sustancias prohibidas y valoraron el aporte estadounidense en el fortalecimiento de las tareas logísticas e investigativas.

La presencia del “Freedom 250 Roadshow” en el norte argentino simbolizó también el interés de Estados Unidos en fortalecer no solo los vínculos económicos, sino los lazos culturales y sociales. “La Serenata a la Ciudad es una muestra increíble del talento de su gente: creatividad, calidez y ganas de crecer”, publicó el diplomático, quien compartió escenario con agrupaciones locales y referentes del folclore.

Peter Lamelas, médico y empresario de trayectoria, es el 53° embajador de Estados Unidos ante la República Argentina. Desde su llegada al país, ha manifestado la intención de visitar cada provincia durante su gestión para conocer de cerca su gente y potencial. En sus mensajes, reiteró que “Argentina no es solamente Buenos Aires”, y que la misión diplomática apunta a generar nuevas oportunidades de intercambio y negocios en todo el territorio nacional.

La gira de Peter Lamelas por Salta y Jujuy dejó como señal que Estados Unidos ve en el norte argentino un territorio clave para la inversión, el desarrollo minero y la cooperación institucional y cultural

En medio de la creciente violencia escolar por amenazas por tiroteos y mensajes intimidatorios, la Justicia imputó a cuatro jóvenes por intimidación pública en dos escuelas de Salta capital. Los casos generaron preocupación entre padres y encendieron la alarma en la comunidad educativa, tras una serie de amenazas que son investigadaas por la fiscalía penal y juvenil.

El fiscal penal N° 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, ordenó medidas de investigación e imputó a dos jóvenes de 18 y 19 años y a un menor de 17 por presuntos hechos de intimidación pública. La causa se originó después del hallazgo de inscripciones en el baño de varones del Colegio Walter Adet, donde se hacía referencia a situaciones violentas al inicio de la semana. La aparición de estos mensajes encendió las alarmas entre alumnos, docentes y familias, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades y el inicio de tareas investigativas.

Con la autorización del Juzgado de Garantías 5, a cargo del juez Pablo Zerdán, la División Investigaciones Sur y otras dependencias policiales realizaron allanamientos en domicilios de los barrios Santa Ana I y Miguel Aráoz. De acuerdo con El Tribuno, durante la audiencia de imputación, los acusados, asistidos por defensa particular, prestaron declaración y presentaron sus versiones de los hechos. La Fiscalía solicitó que se mantenga la detención mientras la investigación continúa.

La Policía de Salta remarcó que tanto los mensajes escritos en las escuelas como los enviados a través de redes, pueden ser considerados delitos. Además, en un comunicado oficial dijeron que también los padres o tutores pueden ser responsables por los daños y perjuicios realizados por el menor a cargo.

Las medidas para los menores pueden incluir tratamiento tutelar, medidas socioeducativas, restricciones a la libertad ambulatoria y, en los casos más graves, internación en institutos especializados. La privación de la libertad se considera una medida extrema y solo se aplica cuando no existen alternativas menos gravosas, siempre bajo evaluación interdisciplinaria. Si los imputados son mayores de 18 años y resultan responsables, pueden enfrentar una condena de 2 a 6 años de prisión.

Otro adolescente fue detenido en Salta

En paralelo, la fiscal penal juvenil 2, Carolina Hernández, imputó a un adolescente de 16 años por un hecho de violencia escolar ocurrido en el Colegio Secundario Técnico República de la India. El joven prestó declaración acompañado por su madre y con asesoramiento del defensor oficial, donde reconoció su participación y manifestó arrepentimiento, argumentando que no midió la gravedad de su conducta.

Con autorización judicial y de la progenitora, se realizó un allanamiento en el domicilio del adolescente para buscar elementos vinculados a la causa. El procedimiento fue dispuesto para constatar la posible existencia de pruebas relevantes.

Actualmente, el adolescente de 16 años permanece alojado en el Instituto Especializado de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, donde se realizan evaluaciones interdisciplinarias conforme a la Ley N° 8097. El resultado de estos estudios será determinante para definir la continuidad de la medida privativa de libertad.

Las investigaciones judiciales en torno a las amenazas en escuelas argentinas han incorporado dos hipótesis principales. Por un lado, se analiza el fenómeno del “efecto imitativo”, donde hechos violentos recientes, generan réplicas o intentos de imitación en adolescentes de otras provincias. Este patrón se ha observado en la reiteración de mensajes intimidatorios con contenidos y cronogramas similares, dirigidos a provocar alarma social en días particulares de la semana.

Por otro lado, la Justicia y las fuerzas de seguridad han puesto el foco en el impacto de los llamados desafíos virales surgidos en redes sociales y plataformas, así como en comunidades virtuales de “True Crime”, donde se glorifica la violencia y se ponderan masacres escolares, como la ocurrida en Columbine, Estados Unidos, en 1999. Investigaciones recientes confirmaron que menores involucrados en amenazas y ataques reales en escuelas argentinas participaban activamente en estos grupos digitales, donde se comparten narrativas y referencias a tiroteos masivos.

El análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos permitió identificar la pertenencia de algunos adolescentes a estas subculturas digitales. Los especialistas advierten que la interacción en estos entornos facilita el paso de la simple curiosidad o fascinación por crímenes reales a la apología y la planificación de acciones concretas, especialmente entre jóvenes con antecedentes de acoso escolar o conflictos de convivencia.

Las escuelas enfrentan una creciente preocupación de violencia por amenazas de tiroteo, mensajes intimidatorios y los casos a lo largo del país parecen seguir subiendo. Este viernes, en la provincia de Salta, detuvieron a cuatro jóvenes mayores de edad y dos menores acusados de emitir estas amenazas en las escuelas.

Según reportó El Tribuno, la investigación abarca tanto grafitis como advertencias sobre posibles hechos violentos, lo que generó alerta en la comunidad educativa y derivó en acciones coordinadas entre la Justicia, la Policía de Salta y organismos de menores. El avance más reciente se produjo en el Colegio Walter Adet, en barrio Santa Ana I, donde la intervención del fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, llevó a la detención de dos estudiantes de 18 y 19 años, junto con un menor de 17, todos alumnos del establecimiento.

Según la causa, los mensajes escritos en el baño de varones anticipaban hechos para el lunes siguiente, lo que motivó la intervención judicial inmediata. Señalaron que los tres jóvenes ingresaron al sector donde se hallaron los grafitis y, al ser consultados, explicaron que se trataba de “un reto”, hipótesis que ahora analiza la fiscalía para determinar si existe influencia de desafíos virales o conductas imitadas entre estudiantes.

Las audiencias de imputación para estos detenidos están previstas para el sábado 18, mientras continúan las medidas investigativas para esclarecer si los hechos responden a un fenómeno aislado o forman parte de una tendencia replicada a nivel provincial o nacional.

Otro caso de detención de alumnos fue en la Escuela de Educación Técnica República de la India de la ciudad de Salta, donde dos adolescentes emitieron mensajes intimidatorios. El procedimiento incluyó requisas domiciliarias y el secuestro de teléfonos para sumar pruebas a la causa. Además, en Rosario de la Frontera, la policía demoró a un menor vinculado a amenazas escritas en el Colegio 5009, bajo la intervención del Juzgado de Menores 3.

El patrón común en los casos incluye mensajes escritos en baños escolares o difundidos en plataformas digitales, con referencias a posibles ataques en fechas específicas. El Tribuno detalló que escuelas como el Miguel Aráoz, la Escuela ex Normal, el ex Nacional y el colegio María Teresa de Calcuta reforzaron la seguridad con presencia policial y monitoreo constante, mientras la Justicia advirtió que estas conductas pueden encuadrarse en el delito de intimidación pública, penado con entre 2 y 6 años de prisión según el Código Penal.

Más de 100 denuncias de tiroteos en escuelas de Córdoba

En la provincia de Córdoba se investigan más de 100 denuncias por amenazas en escuelas, y las autoridades judiciales analizan la posible viralización de este tipo de mensajes en todo el país. En el marco de estas investigaciones, el abogado penalista José D’Antona precisó que las conductas identificadas se encuadran bajo la figura de amenazas calificadas agravadas por el anonimato.

D’Antona explicó a Telenoche que el tipo penal aplicable establece penas de uno a tres años de prisión aun cuando los implicados sean menores de edad que resulten punibles. Detalló: “Si su reproducción es en orden a incitar, promover o incentivar a que otros hagan estas mismas cuestiones, claramente va a tener una responsabilidad penal como instigador, coautor, partícipe o hasta autor también”.

La provincia registra más de 100 denuncias por amenazas en escuelas distribuidas entre Córdoba capital, La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María. A raíz de estos hechos, se ejecutaron diversas órdenes judiciales que permitieron allanar domicilios de menores y adultos vinculados a las amenazas. “Con una orden que tenga todas las formalidades que el código de procedimiento exige es suficiente para que puedan allanar a un mayor o a un menor”, puntualizó D’Antona luego de que la Justicia cordobesa dispusiera nuevos procedimientos judiciales en la provincia.

Las amenazas en escuelas de Córdoba derivaron en la imputación de 8 adolescentes, investigaciones penales en múltiples localidades y la posibilidad de prisión de uno a tres años para los responsables. Además, se reforzaron controles y allanamientos a partir de órdenes judiciales que alcanzan tanto a menores como a adultos.

Una investigación federal permitió desarticular una red de explotación sexual de mujeres y menores en un conjunto de departamentos ubicados en avenida Artigas, Salta. El operativo estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional bajo la coordinación del fiscal federal de casos complejos.

El despliegue policial se llevó a cabo durante la tarde del miércoles. En el terreno en donde se realizaron varios allanamientos, se descubrieron departamentos que resultan prácticamente invisibles desde la vía pública.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder El Tribuno, hacia la media tarde, la fuerza federal comenzó el operativo y mantuvo estrictas medidas de reserva sobre los detalles del caso. Además, un camión laboratorio de Gendarmería y personal femenino especializado en rescate de personas participaron en las tareas ordenadas por la Fiscalía.

Aunque todavía no se difundió información pública acerca de los elementos hallados durante el procedimiento ni sobre la cantidad de víctimas rescatadas, el expediente pasó a la órbita federal al adquirir una dimensión mayor: “La investigación es explotación sexual de mujeres mayores y menores en esos departamentos”.

El despliegue en avenida Artigas se enmarca en una serie de acciones coordinadas por la Justicia Federal para combatir la trata de personas y los delitos conexos.

Según datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), cada año se detectan y desarticulan redes que operan en distintas provincias, aprovechando la vulnerabilidad de mujeres, adolescentes y niñas. El fenómeno afecta tanto a víctimas locales como extranjeras, muchas de ellas captadas bajo engaños o promesas de trabajo.

La Ley 26.364, promulgada en 2008 y posteriormente modificada, establece la prevención y sanción de la trata de personas, así como la asistencia integral a las víctimas. Esta norma reconoce que la captación, transporte y explotación de personas con fines sexuales constituye un delito federal y dispone la intervención de fuerzas de seguridad nacionales y fiscalías especializadas. Organismos como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a organizaciones no gubernamentales, han desarrollado protocolos para el rescate y la protección de quienes logran salir de estas redes.

Caso similar en Recoleta

En marzo de 2026, la Justicia Federal procesó a 9 hombres acusados de explotar sexualmente a 50 mujeres, incluidas 2 menores de edad, en un prostíbulo encubierto que operaba bajo la fachada de boliche en el barrio de Recoleta, frente al cementerio. El caso, instruido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), expuso la continuidad de un modelo de explotación sexual oculto tras actividades comerciales legales.

La investigación se inició en abril de 2022 gracias a una denuncia anónima recibida por la línea nacional 145. El denunciante detalló que el local presentaba un funcionamiento exclusivo para clientes varones, con horarios estrictos desde las 22 hasta las 6 de la mañana, y que las mujeres reclutadas no podían retirarse antes del cierre, bajo amenaza de no cobrar sus honorarios. Además, se reportó la presencia de menores de edad, la venta de drogas y posibles vínculos con fuerzas de seguridad.

El allanamiento, realizado en julio de 2024, permitió identificar a 50 mujeres, de las cuales 43 cumplían la función denominada “presencias”. Las víctimas eran captadas a través de redes sociales y por recomendación de otras trabajadoras, bajo la promesa de pagos por acompañar a los clientes en mesas y participar en bailes sensuales. Los pagos oscilaban entre 7.000 y 20.000 pesos por noche, sin participación en las ganancias por consumo de bebidas.

Sin embargo, la estructura delictiva inducía a las mujeres a ofrecer encuentros sexuales en hoteles cercanos, denominados “pases”, con tarifas de 150 a 500 dólares, de los cuales una parte era retenida por los organizadores. La investigación judicial reveló una organización jerárquica con roles bien definidos: reclutadores, administradores, encargados de logística y responsables del contacto con las víctimas.

El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de los imputados, cinco de ellos como coautores del delito de trata agravado por la presencia de menores y los otros cuatro como partícipes necesarios. Dispuso también embargos por 7.800 millones de pesos, la inhibición de bienes a la sociedad comercial responsable y la prohibición de salida del país y de contacto con las víctimas. El análisis financiero detectó movimientos por 1.500 millones de pesos, incluyendo depósitos en efectivo y transferencias a familiares para legitimar las ganancias derivadas de la explotación sexual.

En el marco del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras —que ocurrió en en el barrio privado El Tipal en 2023—, se sumaron este jueves nuevos elementos al caso con la nueva dedclaración de las asistentes sociales Mirna Tolaba y Mónica Descals, quienes elaboraron un informe socioambiental. El proceso judicial continúa en el Juzgado de Garantías 6 y el avance del debate oral mantiene el enfoque en la dinámica de pareja y en las circunstancias previas al hecho.

Durante la audiencia contra José Eduardo “Jota” Figueroa, imputado por homicidio doblemente calificado, quedó en evidencia que el estudio presentado por las profesionales resultó parcial, al centrarse exclusivamente en el entorno del imputado. Las especialistas explicaron que el estudio solo incluyó entrevistas a personas del círculo cercano al hombre: como familiares, compañeros de trabajo, vecinos y hasta una persona encargada de cobrar el estacionamiento en la zona.

En este marco, tanto la fiscalía como la querella remarcaron que el informe carecía de una visión integral. Según reportó El Tribuno, durante la audiencia quedó en evidencia que el estudio presentado en la sala resultó parcial, al omitir a familiares y allegados de la víctima.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue el testimonio sobre una entrevista con el propio Figueroa, donde relató una crisis matrimonial ocurrida en 2017. El imputado afirmó haber descubierto una infidelidad de su esposa a través de una conversación telefónica, lo que describió como “un golpazo” que le provocó dolor y humillación. Añadió que, tras dialogar, asumió parte de la responsabilidad por considerar que no le dedicó suficiente tiempo a la relación.

De acuerdo con lo expuesto por las asistentes sociales, el imputado por femicidio alegó: “Salta es una sociedad machista, se perdona la infidelidad de un hombre y no de una mujer”. Las profesionales interpretaron que esta frase buscaba “proteger” a Mercedes Kvedaras, ya que nunca se refirió a ella de modo descalificativo durante el encuentro.

Durante la audiencia, la fiscal Luján Sodero Calvet solicitó precisiones al interrogar sobre las afirmaciones contenidas en el informe. Entre ellas, se indicó que Kvedaras “tuvo oportunidades de emancipación”, que el acusado “la complació” al facilitarle un emprendimiento comercial (una dietética) y que “no había obstáculos” para su “desarrollo como mujer”. Estas declaraciones generaron preguntas sobre los criterios aplicados para evaluar el desarrollo personal de la víctima, lo que llevó a una ampliación de la explicación por parte de una de las profesionales.

Además, las profesionales señalaron que la relación entre Kvedaras y Figueroa era una: “independencia dentro de una dependencia económica”, concepto que fue puesto en discusión por la parte acusatoria. Las asistentes sociales reconocieron que el requerimiento judicial limitó el alcance del informe al entorno del imputado.

A principios de semana, se incorporó el testimonio del médico forense jefe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quien confirmó que Mercedes Kvedaras agonizó entre 3 y 5 minutos tras sufrir asfixia mecánica mixta. La causa de muerte fue provocada por una combinación de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica. El informe pericial, firmado por todos los especialistas, no presentó discrepancias y descartó la versión del acusado, también invalidada por la reconstrucción propuesta por la defensa.

La autopsia reveló múltiples lesiones y fue ratificada por la médica anatomopatóloga del CIF y el perito de la querella. El médico de confianza de la defensa, que inicialmente objetó el peritaje, terminó reconociendo la validez de la autopsia tras el interrogatorio de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet. Ante la exposición de las pericias, Figueroa solicitó retirarse de la sala.

La licenciada en criminalística Paula Geipel aportó datos relevantes sobre los indicios materiales hallados en la escena, que no respaldan la versión del imputado. La evidencia ubica el lugar que todo comenzó en el antebaño de la vivienda y no en el baño, como planteó la defensa. Entre los elementos principales, se encontraron una huella palmaria en una ventana y un aro de la víctima en un sector diferente al señalado por Figueroa. En el baño, no se identificaron rastros relevantes.

El análisis de la escena incorporó la revisión de objetos secuestrados, entre ellos dos teléfonos celulares, un cuchillo con manchas de sangre y un buzo con restos hemáticos. El estudio microscópico de las lesiones confirmó que fueron producidas en vida y en un contexto de violencia sostenida, con signos de compresión y desgarros en el cuello, fracturas del hueso hioides y un cuadro pulmonar compatible con asfixia.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta resolvió absolver al ex intendente de Coronel Juan Solá (Morillo) Atta Gerala en el marco de la investigación que pesaba sobre él por el robo sistemático de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas en el chaco salteño. En la misma causa, un policía, Mauro Rodríguez, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al haber sido hallado responsable del delito de cohecho pasivo. Además de la condena, se le prohibió residir o circular por la localidad de Pluma de Pato.

El veredicto fue dictado por los jueces Domingo Batule —presidente del tribunal—, Diego Matteucci y la jueza Gabriela Catalano. El juicio contó con la intervención del fiscal general Eduardo Villalba, coordinador de la Fiscalía de Distrito de Salta, y la asistencia de Roxana Gual, auxiliar fiscal.

La investigación, que se remonta a agosto de 2024, buscó desarticular una organización dedicada al robo y contrabando de material ferroviario. La causa se formalizó tras la audiencia de control de acusación del 12 de diciembre de 2025; el juicio oral se inició el 4 de marzo del año siguiente.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal solicitó la condena de Gerala como partícipe primario de contrabando agravado por la cantidad de intervinientes, la calidad de funcionario público y el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado y malversación de caudales públicos.

La fiscalía sostuvo que los hechos representaban “un delito de poder” y que en Morillo, “no se movía un alfiler sin que el entonces intendente lo supiera”. El tribunal, sin embargo, consideró que la prueba reunida no superó el umbral de la duda razonable respecto del ex intendente y dispuso su absolución.

Por el mismo caso, ya se habían dictado condenas mediante acuerdos de juicios abreviados a otros tres imputados, entre ellos Miguel Ángel “Yopi” Gerala, hijo del ex intendente, condenado a seis años de prisión como coautor de contrabando de mercadería agravado, cohecho activo y robo agravado.

El comerciante David Medina recibió la misma pena y fue inhabilitado para ejercer el comercio durante cinco años. El cabo de Gendarmería Nacional Jorge Fernando Cabrera fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por cohecho pasivo.

En cuanto a los hechos, la investigación se inició a raíz de una denuncia del Correo Argentino por el envío de 480 cubiertas de presunto origen extranjero. Ese dato permitió identificar al comerciante Medina, quien administraba un galpón en la ciudad de Orán. La pesquisa incluyó escuchas telefónicas y tareas de campo que detectaron la expansión de actividades hacia el contrabando de material ferroso, estableciendo un vínculo con el hijo del ex intendente. Este último, según la acusación, organizaba el robo de rieles y su traslado por rutas seguras, a cambio de pagos ilegales a funcionarios de Gendarmería Nacional y de la policía provincial.

El circuito delictivo incluía la extracción de rieles, su traslado en camiones y el cruce hacia Bolivia a través del río Bermejo. Según declaraciones recogidas durante el debate, el negocio generaba un rédito de 25 millones de pesos diarios, con pagos de 200 mil pesos por tonelada y entre cuatro y cinco viajes diarios de camiones, cada uno transportando entre 30 y 31 toneladas de rieles.

En relación a la prueba contra Gerala, la fiscalía señaló que en su domicilio se hallaron 15 rieles, herramientas de corte y una camioneta blanca utilizada por su hijo. Un procedimiento realizado el 18 de mayo de 2024 en Padre Lozano derivó en el secuestro de dos camiones con rieles robados. Un chofer manifestó que el traslado se realizaba por encargo de Gerala e intentó ponerlo en comunicación telefónica con el entonces intendente.

La defensa, encabezada por el abogado Alejandro Pomares, negó la responsabilidad penal de Gerala, aunque reconoció la de su hijo. Argumentó que las herramientas de corte halladas no eran las utilizadas en el robo de rieles y que los rieles encontrados en la propiedad estaban allí desde antes, posiblemente desde la adquisición del terreno. La defensa también sostuvo que no existen pruebas directas que vinculen al ex jefe comunal con los otros imputados condenados y que el contacto telefónico del ex intendente fue incorporado por el conductor después de los hechos.

El juez Batule valoró la decisión del MPF de llevar el caso a juicio, aunque concluyó que las evidencias contra Gerala no alcanzaron la contundencia necesaria para acreditar su responsabilidad penal. La presencia de rieles en el domicilio del acusado no fue considerada un indicio concluyente, y las herramientas de corte no coincidían con las empleadas en los robos. La camioneta blanca, aunque pertenecía al exintendente, no probó que supiera del uso que le daba su hijo.

Sobre Rodríguez, el tribunal ponderó como determinantes los registros de comunicaciones que evidenciaban negociaciones para el pago de sobornos. También se tuvo en cuenta que, como jefe del destacamento policial, no receptaba denuncias vinculadas a estos hechos ni promovía investigaciones para su esclarecimiento.

Además, se acreditó que desplegaba conductas intimidatorias hacia pobladores de comunidades originarias relacionadas con las denuncias de robo de rieles, incluyendo amenazas de apertura de causas penales.

Dos camioneros imputados en la causa accedieron a una suspensión de juicio a prueba, que contempló aportes económicos al hospital público de General Mosconi y tareas comunitarias por un año en una iglesia evangélica del departamento de Santa Victoria. Ambos habían sido detenidos el 18 de mayo de 2024 transportando rieles robados en la ruta provincial 53, en la localidad de Padre Lozano.

En el marco del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en un barrio privado de Salta, declaró la hermana de la víctima, quien relató el calvario que vivió la mujer los días previos al crimen: golpes, conductas humillantes y un teléfono roto. Según contó, en una oportunidad, José Eduardo Figueroa, el imputado, intentó ahorcarla.

Esta declaración fue clave para que el tribunal pueda concoer detalles íntimos de la vida de la pareja y el contexto previo al hecho investigado. El testimonio reveló el grado de temor y sufrimiento que atravesó la víctima en los meses previos.

De acuedo a lo informado por la web de los fiscales, la mujer relató relató ante el tribunal que la relación de pareja había pasado por diversas crisis, pero que en el último tiempo las situaciones de conflicto se habían agravado, generando un clima de temor constante. En ese sentido, aseguró que la víctima ya había decidido ponerle fin a la convivencia, y que ese proceso estaba siendo discutido entre ambos.

En su declaración, la testigo describió conductas humillantes ejercidas por el acusado, mencionando episodios en los que le arrojó agua en la cabeza y salsa de soja en la cara a Mercedes. Incluso, expuso que, en una ocasión, Figueroa rompió el teléfono de su esposa al intentar revisarlo y la ahorcó.

También hizo referencia a situaciones que involucraron a los hijos menores de la pareja, confirmando que, en los últimos días, la víctima manifestaba un temor creciente ante la conducta de su esposo, quien había llegado al extremo de seguirla en vehículo. Estas situaciones se repitieron por meses.

Durante la misma audiencia realizada, dos psicólogos del Poder Judicial presentaron un informe sobre el estado mental de José Eduardo Figueroa. Según sus conclusiones, el imputado es una persona en pleno uso de sus facultades, muestra capacidad reflexiva y ejerce un intenso control sobre sus emociones. Los especialistas señalaron que tiende a negar y evitar situaciones problemáticas, lo que le provoca tensión interna.

El abordaje profesional permitió inferir que, ante determinadas circunstancias que alteran su vida emocional, Figueroa puede presentar comportamientos impulsivos y agresivos. Este diagnóstico fue incorporado como elemento relevante para comprender el perfil de riesgo y la posibilidad de conductas violentas en el contexto de la relación de pareja.

También, brindaron testimonios dos trabajadoras sociales, que indicaron que la familia dependía económicamente del acusado, aunque las decisiones sobre la administración del hogar eran tomadas en conjunto.

Los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans ordenaron un cuarto intermedio hasta hoy jueves 16, momento en que continuará la presentación de pruebas y testimonios. La continuación de la ronda de testigos permitirá profundizar en el contexto familiar, social y emocional que rodeó los hechos, así como avanzar en la definición de las responsabilidades penales.

En la jronada anterior, un médico forense reveló que la víctima agonizó entre 3 y 5 minutos tras sufrir asfixia mecánica mixta, producto de una combinación de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica.

El profesional detalló que la autopsia evidenció múltiples lesiones y sostuvo que los hallazgos científicos no respaldan la versión del acusado.

Sin embargo, uno de los testimonios más resonantes fue el de la mujer que encontró el cuerpo de Mercedes. Se trata de María Mercedes Ibarra, cercana a la familia, quien participó de la búsqueda de la pareja.

Ella observó el vehículo en donde fue encontrado el cuerpo y se acercó. Una vez allí, observó que los vidrios estaban empañados y, al mirar por la ventana, vio a Figueroa sentado al volante, inclinado hacia el asiento del acompañante.

La mujer pensó que estaba muerto, por lo que gritó a Agustina Rodríguez Ibarra —su hija— que se aproximara, temiendo que “Jota” hubiese matado a Mercedes. Mientras intentaba contener a María Jiménez, madre de la víctima, para evitar que se acercara al vehículo, Agustina advirtió que el acusado aún tenía signos vitales y “parpadeaba”.

Ibarra pudo ver el cuerpo de Kvedaras estaba parcialmente cubierto, con una pierna descubierta y el resto envuelto en una toalla y un buzo, “como si alguien la hubiera cargado y puesto ahí”.

El médico forense jefe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) reveló ante el tribunal que Mercedes Kvedaras agonizó entre 3 y 5 minutos tras sufrir asfixia mecánica mixta, producto de una combinación de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica.

El informe pericial, firmado por todos los especialistas presentes, no registró discrepancias sobre las causas del fallecimiento, según se informó en la nueva audiencia por el femicidio en El Tipal.

El profesional detalló que la autopsia evidenció múltiples lesiones y sostuvo que los hallazgos científicos no respaldan la versión del acusado, José Eduardo Figueroa, rechazada también a partir de la reconstrucción propuesta por la defensa.

Durante la declaración, la médica anatomopatóloga del CIF y el perito de la querella ratificaron por separado las conclusiones del jefe médico sobre la causa de muerte, en concordancia plena con el informe original, según la crónica de InformateSalta.

El médico de confianza de la defensa, que en principio expresó objeciones al peritaje, reconoció finalmente la validez de la autopsia tras las preguntas de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet. En la audiencia, el acusado solicitó retirarse de la sala mientras se exponían las pericias. El proceso judicial continuará el martes con nuevas declaraciones testimoniales.

Más allá de la causa de muerte, durante la audiencia la licenciada en criminalística Paula Geipel del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) aportó datos clave sobre los indicios materiales hallados en la escena y el estado en que fue encontrado el cuerpo de la víctima, elementos que el tribunal evalúa para reconstruir la dinámica del hecho. Geipel afirmó que la evidencia recolectada no concuerda con la versión presentada por el imputado, ya que los indicios ubican la escena primaria en el antebaño de la vivienda y no en el baño, como sostuvo la defensa.

Entre los elementos principales, Geipel citó la presencia de una huella palmaria en una ventana y el hallazgo de un aro de la víctima en un sector diferente al señalado por el imputado. Además, resaltó que en el baño no se identificaron rastros ni elementos relevantes que puedan sostener que allí se desarrolló la secuencia principal del hecho, informó diario El Tribuno.

A través del análisis de fotografías tomadas durante la inspección, la perito describió cómo fue encontrada la víctima. Entre los detalles, indicó que tenía el camisón estaba mal colocado, con solo una manga puesta y la otra sin vestir, y que la víctima estaba descalza.

Durante su exposición, Geipel también enumeró diversas lesiones visibles: en el párpado, el cuello, la frente, la mano derecha, el glúteo izquierdo, la pierna derecha y el pie izquierdo. Estas observaciones forman parte de la reconstrucción pericial que busca determinar cómo se produjo la muerte y en qué contexto se desarrollaron los hechos.

El análisis de la escena incluyó los objetos secuestrados durante la investigación. En el vehículo se encontraron dos teléfonos celulares, uno perteneciente a la víctima y otro al imputado; un cuchillo artesanal con manchas de sangre; y un buzo con restos hemáticos. También se incautaron pertenencias personales, documentación y una cámara fotográfica.

Resultados del análisis microscópico y la causa de muerte (CIF)

La médica anatomopatóloga del CIF, Claudia Portelli, informó que el estudio microscópico confirmó que las lesiones en el cuerpo de la víctima se produjeron en vida y en un contexto de violencia sostenida. Entre los hallazgos principales, se identificaron hemorragias en la arteria carótida, signos de elongación, compresión y desgarros, lo que —según Portelli— evidencia la aplicación de fuerza directa sobre el cuello.

También se confirmaron fracturas en el hueso hioides producidas en vida, lesiones en la espalda y un cuadro pulmonar compatible con asfixia, con signos de hipoxia a nivel alveolar. Estos datos fueron presentados para sustentar la hipótesis de un ataque violento y descartar una versión accidental de los hechos.

La reconstrucción pericial del CIF sostiene que la evidencia material y las lesiones detectadas en el cuerpo de la víctima permiten inferir una secuencia de hechos diferente a la relatada por el imputado, centrando la investigación en la hipótesis de un episodio violento con resultado fatal.

Tres hinchas de Juventud Antoniana murieron como consecuencia de un accidente vial en la Ruta Nacional 34, cerca de Antajé, Santiago del Estero, cuando regresaban a Salta luego del partido que el club disputó frente a Sarmiento de La Banda por la cuarta fecha del Torneo Federal A.

El hecho ocurrió la noche del domingo y tuvo como saldo la muerte de Darío Soto, Lucas López y, horas más tarde, de Mauricio Meres.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 735, en circunstancias que las autoridades buscan esclarecer. De acuerdo con un reporte de El Tribuno, el vehículo en el que viajaban los simpatizantes volcó luego de colisionar con un camión, lo que provocó que el automóvil diera varios tumbos sobre la ruta.

Peritos de la Policía y la Fiscalía de Santiago del Estero trabajan en la investigación para determinar las causas exactas del accidente. Las primeras versiones indican que el conductor habría perdido el control del rodado antes de impactar con el camión, aunque se analizan otros factores como el estado de la calzada y la dinámica previa al choque.

En el acto murieron Soto y López, mientras que otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia a centros de salud cercanos. Meres permanecía internado en grave estado en el Hospital Regional de la capital santiagueña hasta que se confirmó su fallecimiento el lunes por la tarde, después de las 18.

El fiscal interviniente, Hugo Herrera, ordenó la realización de la autopsia sobre el cuerpo de Meres para avanzar con la investigación del siniestro. De acuerdo con la información recogida por El Tribuno, los otros dos ocupantes, identificados como Quipildor y Robles, evolucionan favorablemente. Quipildor continúa internado con fracturas en al menos dos costillas, pero se encuentra fuera de peligro, mientras que Robles presenta lesiones y permanece estable.

La despedida del mundo del fútbol

La noticia causó un profundo impacto entre hinchas, directivos y allegados de Juventud Antoniana, quienes permanecen atentos al estado de los sobrevivientes y al avance de la investigación judicial.

A través de sus redes sociales, emitieron un comunicado de despedida y condolencias tras confirmarse la muerte de Meres. “El Centro Juventud Antoniana lamenta con profundo dolor el Fallecimiento de Mauricio Meres, quien se encontraba gravemente internado tras el accidente vial ocurrido cuando regresaba a nuestra provincia, luego de acompañar al equipo en Santiago del Estero”, escribieron en el mensaje.

“Su partida agrava aún más el dolor que atraviesa toda la familia antoniana en este momento tan difícil. Acompañamos con el corazón a su familia, seres queridos y allegados, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y poniéndonos a total disposición para lo que necesiten. Hoy despedimos a tres hinchas que dejaron todo por estos colores. Que su pasión y amor por Juventud permanezcan por siempre en nuestra memoria. Que en paz descansen Antonianos”, cerraron.

La tragedia generó una ola de pesar en el ambiente futbolero salteño y un clima de duelo en el club, que perdió a tres de sus simpatizantes en este trágico accidente.

En este contexto, desde Gimnasia y Tiro manifestaron su pesar y enviaron mensajes de solidaridad tras la trágica noticia, antes de confirmarse la última muerte. “El Club de Gimnasia y Tiro lamenta profundamente el fallecimiento de los dos seguidores del Centro Juventud Antoniana. Ante esta dolorosa noticia, nuestra institución desea expresar su más sincera solidaridad y acompañamiento a sus familiares, allegados y a toda la comunidad de Juventud Antoniana en este momento de duelo. Acompañamos en el sentimiento a quienes atraviesan esta difícil pérdida”, escribieron en sus redes sociales.

Por otra parte, Central Norte de Salta también emitió un breve comunicado a través de sus redes sociales, antes de confirmarse el tercer fallecido: “Club Atlético Central Norte expresa su profundo pesar por el fallecimiento de dos hinchas de Juventud Antoniana, ocurrido en un accidente en ruta. Acompañamos a sus familias, amigos y a toda la institución en este difícil momento. Q.E.P.D.”.

Detuvieron a una mujer por la validación irregular de 3.477 aptos médicos para licencias profesionales de conducir en Salta. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Clínica Cruz Azul, prestadora de servicios de estudios psicofísicos para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que detectó irregularidades en la emisión de certificados de aptitud médica.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, se realizaron allanamientos en tres domicilios de la ciudad de Salta y culminaron con la detención de una empleada administrativa y el secuestro de documentación relacionada con la causa.

La intervención judicial surgió luego de que el apoderado de la Clínica Cruz Azul SRL denunciara el 23 de diciembre pasado a una integrante del personal administrativo. De acuerdo con la información, la clínica, autorizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para emitir estudios psicofísicos requeridos en la obtención de licencias profesionales, detectó diferencias en los registros internos y oficiales de los aptos médicos emitidos.

La alerta se encendió cuando, durante las vacaciones de una trabajadora, la supervisora del área identificó recibos por prestaciones que no figuraban en la contabilidad y certificados de aptitud cargados en el sistema oficial (REPRE) a nombre de personas que nunca fueron atendidas por la institución.

A raíz de esto, la Clínica Cruz Azul solicitó a la ANSV un informe detallado de los certificados emitidos en 2025 y restringió el acceso al sistema, al modificar las claves de usuario.

El cruce de la base de datos interna (GoMedisys) con el registro oficial REPRE arrojó una diferencia significativa: se habrían validado 3.477 aptos médicos sin respaldo en atenciones reales. Esta anomalía motivó el inicio de una investigación interna mientras la empleada señalada presentó su renuncia el 12 de diciembre.

No obstante, el 22 de diciembre se registró la carga de seis nuevos certificados irregulares desde otro usuario, lo que llevó a la clínica a radicar la denuncia formal.

El Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) analizó los sistemas informáticos empleados en la clínica y cruzó los datos entre GoMedisys y REPRE para individualizar a los responsables.

La pesquisa permitió establecer que la empleada administrativa habría sido la encargada de ingresar los certificados de aptitud psicofísica sin respaldo documental y de generar recibos por servicios inexistentes. Además, se solicitó información a entidades bancarias y plataformas digitales con la finalidad de rastrear los movimientos financieros asociados a las maniobras investigadas.

El análisis contable permitió identificar una desproporción considerable entre los ingresos declarados por la empleada y los movimientos en sus cuentas bancarias, con transferencias reiteradas provenientes de personas incluidas en los listados de la clínica. El reporte del MPF señaló que “se identificó un patrón sistemático de operaciones que evidenciaría la percepción de sumas de dinero por fuera del circuito formal”.

La investigación, encabezada por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, también permitió identificar a otras dos personas presuntamente vinculadas a la maniobra. Con la información reunida, la fiscal solicitó al Juzgado de Garantías 8 los allanamientos de tres domicilios ubicados en el macrocentro de la ciudad y en el barrio Pereyra Rosas. Durante los operativos se procedió a la detención de la empleada administrativa y al secuestro de elementos de interés para la causa.

Un hombre de 29 años quedó bajo investigación judicial tras protagonizar una fuga con tobillera electrónica, saltar al río para intentar escapar y agredir a una agente policial en la ciudad de Salta. El episodio se desencadenó este ultimo domingo, cuando el sistema de monitoreo electrónico detectó la ausencia del sospechoso fuera del domicilio en el que debía cumplir arresto domiciliario, ubicado en calle Catamarca al 1300.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el fiscal penal 5 del Distrito Centro, Federico Jovanovics, imputó al acusado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas por tratarse de un funcionario policial, en concurso real, y solicitó su prisión preventiva. La causa que originó la medida de arresto domiciliario está vinculada a un hecho de robo, de acuerdo con el reporte oficial.

La alerta se activó cuando la tobillera electrónica marcó que el joven se había retirado sin autorización y fuera del horario permitido. Ante esta situación, la fuerza policial desplegó un operativo para dar con su paradero, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Salta. Horas después, el individuo fue localizado en las inmediaciones de Villa San Antonio. Al notar la presencia de los efectivos, emprendió la huida a pie, lo que derivó en una persecución por varias calles de la zona.

Durante el operativo, un grupo de personas intervino arrojando elementos contundentes hacia los uniformados, con la intención aparente de obstaculizar la detención y favorecer la evasión del hombre, según detalló el informe de la Fiscalía. La persecución terminó en cercanías de la avenida Costanera y calle 16 de Septiembre, donde el acusado se arrojó desde un paredón al interior del río, en un intento desesperado por evitar la captura.

Finalmente, los agentes lograron reducirlo y proceder a su demora. Al momento de ser interceptado, el hombre opuso resistencia y atacó con golpes de puño y patadas a los integrantes de la fuerza policial. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Salta, una agente resultó lesionada y debió recibir asistencia médica, con diagnóstico de traumatismos en el brazo y hombro izquierdo, además de lesiones en una de sus manos.

El imputado fue asistido por un defensor particular y optó por abstenerse de declarar ante la Fiscalía. El caso continúa bajo la órbita del fiscal Federico Jovanovics, quien formalizó la acusación y solicitó que el sospechoso permanezca bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Un árbitro dirigió con tobillera electrónica y protagonizó una pelea en el futbol amateur de Chubut

Un episodio inesperado alteró un campeonato de fútbol amateur en Trelew. Un árbitro identificado como Gustavo Monsalve, quien dirigía portando una tobillera electrónica, terminó involucrado en un incidente que incluyó a un policia en el complejo de canchas conocido como “Marquitos”. Pese a la pelea, el desarrollo de los partidos no se detuvo.

Según informó ADN Sur, Monsalve protagonizó un altercado físico con un miembro de la fuerza policial mientras dirigía uno de los encuentros del torneo barrial. Tras ese cruce, el árbitro se dirigió hacia un automóvil que, de acuerdo con testigos, no le pertenecía y permaneció varios minutos en el interior, generando incertidumbre entre quienes se encontraban en el predio. La situación se resolvió sin que se produjeran nuevos enfrentamientos.

Entre los presentes circuló la versión de que Monsalve se encuentra bajo una medida judicial que lo obliga a utilizar tobillera electrónica, presuntamente por una causa de violencia de género. La versión, no obstante, no fue corroborada por autoridades oficiales.

A pesar del incidente, los organizadores del torneo optaron por no suspender la programación y los partidos continuaron con normalidad. La decisión buscó evitar que el conflicto interfiriera en el desarrollo general de la jornada, aunque el ambiente en las canchas quedó alterado.

El hecho se produjo en un contexto de recientes operativos policiales en el mismo predio deportivo. Apenas un día antes, la policía había realizado un procedimiento en el lugar, que incluyó el secuestro de 13 vehículos, entre motocicletas y automóviles, y la detención de un hombre por presunta desobediencia.

La organización del torneo todavía no emitió un comunicado formal sobre lo sucedido ni acerca de la continuidad de Monsalve como árbitro en futuras fechas.

La Justicia de Salta condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a los padres de una beba de 8 meses por causar lesiones graves a su hija. La menor ingresó al hospital en un estado convulsivo a principios de marzo.

La sentencia se dictó después de que la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto acreditara en audiencia que ambos progenitores ejercieron maltrato infantil. El padre, además, fue responsabilizado por coacción contra un familiar directo de la menor. Como parte de la resolución, los padres perdieron la responsabilidad parental, quedando privados de la custodia y de los derechos sobre el cuidado y educación de la niña.

El caso se conoció a partir del ingreso de la menor al Hospital Materno Infantil el 5 de marzo pasado, en estado crítico, con un cuadro convulsivo y múltiples lesiones. El equipo médico reportó la situación a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, lo que dio inicio a la investigación penal y a la detención de ambos padres en Villa Lavalle.

El tribunal dispuso además medidas de protección para la menor, quien permanece internada bajo atención médica especializada.

Durante la investigación, un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal realizó visitas y entrevistas con el entorno familiar, recabando informes médicos y testimonios que evidenciaron un contexto de violencia. Las versiones contradictorias sobre las condiciones de vida de la niña reforzaron la decisión de mantener el seguimiento profesional y la protección integral de sus derechos.

Caso Ángel López

La condena de los padres de esta menor llega tan solo días después de que se conociera la noticia de la muerte de un niño de 4 años, que ingresó al Hospital de Regional de Comdoro Rivadavia en paro cardiorrespiratorio, con signos de traumatismo previo y un cuadro neurológico irreversible.

Por el caso, detuvieron a su madre biológica y a la pareja de ella. El informe preliminar de la autopsia, entrevistas, denuncias previas y testimonios fundamentaron el pedido de arresto que resolvió el juez Alejandro Soñis, tal como indicaron fuentes del caso a Infobae.

Ángel había sido trasladado el 5 de abril al hospital local en estado crítico, luego de descompensarse en la vivienda materna, donde se encontraba en el marco de un proceso de revinculación ordenado por la Justicia. Ingresó con un paro cardiorrespiratorio y falleció dos días después, pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico.

El parte médico oficial consignó que, presentaba signos de traumatismo previo y un cuadro neurológico irreversible. El informe médico, firmado por el pediatra Ariel Luizaga, detalló que el niño tenía lesiones compatibles con violencia física y niveles anormales de glucemia, elementos incorporados a la causa judicial.

“Me lo sacaron de mi casa, de nuestra familia, que vivía bien, feliz, contento. Se lo llevaron para matarlo. Porque no lo cuidaron, lo mataron, lo torturaron”, aseguró Luis, el padre de Ángel, al ser entrevistado en Radio Mitre.

El hombre contó que su hijo vivió con él desde su nacimiento y durante cuatro años en un entorno que describió como estable y afectuoso. “Fueron cuatro hermosos y felices años”, recordó, al tiempo que cuestionó la decisión judicial que otorgó la custodia a la madre en el marco de un proceso de revinculación.

Según su testimonio, la madre había abandonado previamente al niño y luego inició acciones para recuperarlo. “Lo dejó, se fue, como hizo con los otros hijo de Misiones. Y después lo quería tener”, afirmó. A partir de ese momento, según relató, comenzó una disputa legal que terminó con el traslado del menor a un entorno que calificó como “un horror”.

Uno de los puntos más duros de su declaración estuvo dirigido contra los organismos judiciales y profesionales que intervinieron en el caso. López acusó directamente a la psicóloga que participó del proceso de revinculación, a quien responsabilizó por haber elaborado informes que derivaron en la pérdida de la tenencia.

En el marco de los operativos para dar con el paradero de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, el peligroso preso que se fugó de una alcaidía de Salta hace unas semanas, la Policía detuvo a su novia y a un presunto encubridor.

Con la autorización del juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, el despliegue involucró a personal del Sector 1C de la Policía, junto a técnicos del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) e integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). El fiscal penal 1 del Distrito Centro, Pablo Paz, fue quien encabezó los operativos.

El dispositivo se concentró en viviendas de Villa Juanita, Atocha y barrio Los Paraísos, zonas señaladas como posibles refugios o puntos de contacto vinculados con la fuga.

La investigación, dirigida por la fiscalía, apunta a la existencia de una red de colaboración que habría facilitado tanto la salida del penal como la posterior protección del evadido. El caso ha generado inquietud en el entorno judicial, dado que las circunstancias de la fuga y los medios utilizados sugieren un grado de planificación inusual para este tipo de eventos.

De acuerdo con la página web de los fiscales de Salta, durante los procedimientos, se produjo la detención de Cristina Rocío Home, pareja de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”. Home es señalada como una de las principales sospechosas de haber colaborado activamente en la evasión. Según la investigación, la mujer habría ingresado de forma clandestina una sierra metálica en partes durante una visita al penal, herramienta que posteriormente fue utilizada para cortar uno de los barrotes de la celda. La hipótesis se sostiene en registros de visitas y en testimonios recabados en el marco de la causa.

En simultáneo, fue arrestado Rodrigo Matías Nahuel Barboza, actualmente bajo investigación por su presunta participación como encubridor. Consta en la causa que Barboza habría realizado una transferencia de dinero desde su teléfono celular el mismo día de la fuga, destinada al pago de un servicio de transporte que permitió el desplazamiento de Peloc hacia la zona de Atocha. Estos movimientos, detectados en análisis de datos bancarios y de telecomunicaciones, refuerzan la sospecha respecto a su rol en la logística del escape.

La fiscalía reconstruyó que la evasión tuvo lugar durante la madrugada del 4 de abril, cuando dos internos lograron vulnerar las rejas de la celda donde permanecían alojados. Tras acceder al sector intramuros, ambos escalaron estructuras internas y alcanzaron los techos del edificio, desde donde descendieron hacia el exterior.

Uno de los evadidos fue recapturado en las inmediaciones de la circunvalación oeste pocos minutos después, mientras que Peloc logró escapar cruzando la avenida Memoria, Verdad y Justicia, saltando el alambrado perimetral y perdiéndose entre los barrios cercanos al Parque Bicentenario.

Durante los allanamientos realizados el sábado pasado, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes. Estos elementos serán sometidos a pericias para determinar su relevancia en la causa y detectar posibles vínculos con otros delitos. En este contexto, se dio intervención a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), ampliándose el espectro de la investigación hacia posibles conexiones con redes delictivas más amplias.

El fiscal penal Leandro Flores solicitó formalmente la detención de Home, bajo sospecha de facilitar la evasión y de posibles vínculos con otras actividades ilícitas. Los detenidos serán imputados hoy, mientras continúan las tareas orientadas a la recaptura de Peloc y a la identificación de otras personas que puedan haber tenido participación en el hecho.

De hecho, para dar con el paradero del peligros criminal, el Gobierno provincial ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quien cuente con información respecto a su paradero.

La Universidad Nacional de Salta enfrenta una crisis institucional sin precedentes luego de que una auditoría interna detectara que al menos $634 millones de fondos públicos destinados a la institución fueron administrados fuera del circuito oficial a través de una fundación privada vinculada a la universidad.

Este peculiar hallazgo forma parte del Informe General Analítico de Gestión presentado por las actuales autoridades de la UNSa (encabezadas por el rector Miguel Martín Nina y la vicerrectora María Rita Martearena) ante el Consejo Superior (hoy a cargo de Angélica Elvira Astorga) que expone el estado institucional, financiero, académico y administrativo de la Universidad durante los primeros meses de la actual gestión.

Esta revelación abrió la puerta a posibles denuncias penales y sumarios administrativos contra integrantes de la anterior gestión, encabezada por el exrector Daniel Hoyos y su vice, Nicolás Innamorato.

El informe reveló que el monto en cuestión provino originalmente de un canon de $200 millones proveniente del Banco Patagonia, agente financiero de la universidad, transferido a la Fundación de Altos Estudios de la Universidad Nacional de Salta (Fundaltes) el 1 de agosto de 2023.

Según el informe, estos fondos se invirtieron en instrumentos financieros, generando intereses por $434.316.754, hasta conformar la cifra actualmente investigada. Además, la fundación -con personería jurídica independiente, pero vinculada estrechamente a la UNSa- está liderada en simultáneo por quienes ocupan la rectoría, la vicerrectoría y la secretaría administrativa de la universidad.

El informe coloca a Fundaltes bajo un “foco de prevención” y observa posibles desviaciones del circuito habitual y deseado de los fondos universitarios, señalando la urgencia de auditoría profunda, posible encuadre legal de su actividad y la necesidad de establecer controles más estrictos de las fundaciones vinculadas. La resolución de la situación será para la UNSa un caso testigo sobre transparencia, legalidad y administración financiera responsable.

Movimientos de fondos: ingresos y egresos

Según el reciente informe, Fundaltes recibió ingresos relevantes por un total de $634.316.754, discriminados en $200.000.000 provenientes del contrato con el Banco Patagonia para el pago de sueldos (a través de licitación pública) y $434.316.754 generados por renta financiera a partir de colocaciones en plazos fijos.

En materia de egresos, las salidas de fondos más significativas estuvieron asociadas a los casi 70 millones de pesos, en materia de contratación de pauta publicitaria, y 15 mil dólares (abonados íntegramente) por mejoras en la página web, sin que conste recepción final del trabajo efectuado, lo que implicó un alerta administrativo y de transparencia.

Ante esto, el informe menciona explícitamente que, por la naturaleza y origen de los fondos (derivados de mecanismos institucionales de la Universidad), los mismos debieron ingresar a las cuentas oficiales de la UNSa. Como resultado, señala una probable irregularidad en el manejo de los fondos universitarios por parte de Fundaltes y un posible apartamiento de la política institucional de uso de fondos públicos.

Actualmente (al momento de cierre del informe) se lleva adelante un análisis exhaustivo de los desembolsos realizados por la fundación con el objetivo de “brindar información completa sobre las operaciones que implicaron salida de fondos y deslindar responsabilidades”.

Alberto Mariscal, secretario general de la UNSa, expresó a El Tribuno que “la primera observación es por qué ingresó esta plata a Fundaltes y no a la universidad. Yo, a las luces, creo que sí hubo un desvío de fondos”, apuntó. Además, señaló la confusión que genera la coexistencia de dos personas jurídicas y la superposición de autoridades. Actualmente, las investigaciones buscan establecer la legalidad del trayecto de los fondos y la eventual responsabilidad de la gestión anterior.

La auditoría interna fue activada por la Universidad Nacional de Salta y se espera su resultado en un período de 30 a 45 días. El objetivo es esclarecer los hechos y determinar si existió o no un desvío de fondos.

Los movimientos observados violan principios fijados en la Ley de Educación Superior: “El inconveniente es que, en vez de buscar fondos externos, la fundación tomó -en este caso- fondos de la propia universidad para administrarlos por fuera”, señaló por su parte Daniel Mansilla Muñoz, titular de Asuntos Jurídicos de la casa de altos estudios al medio salteño.

Déficit millonario y frágil estructura financiera

La gravedad del caso se potenció cuando, al asumir el nuevo rector Miguel Martín Nina en mayo de 2025, la universidad reportó ante el Consejo Superior una situación financiera crítica. La disponibilidad en caja y bancos era de $370.721,35, lo que amenazaba la continuidad operativa de la UNSa.

El déficit estructural proyectado solo en gastos de personal era de $3.085 millones para 2025, con riesgo de superar los $4.000 millones en 2026, de acuerdo con el informe publicado en el sitio oficial de la universidad.

El déficit acumulado se vincula, entre otros motivos, a la continuidad de carreras como Medicina y diversas tecnicaturas utilizando fondos propios, ante la falta de financiación nacional específica.

Pese a la situación, el Consejo Superior logró aprobar los presupuestos correspondientes a 2025 y 2026 -los primeros después de dos años sin que existiera ese mecanismo fundamental-, e implementó medidas excepcionales para asegurar el pago de haberes, como transferencias internas y uso directo de instrumentos financieros.

La auditoría interna identificó, entre los gastos cuestionados, el pago de USD 15.000 a una empresa de Córdoba para el desarrollo de la página web institucional, un servicio que nunca fue entregado, pese a advertencias técnicas previas. Mariscal puntualizó a El Tribuno: “¿Cómo puedo pagar un servicio que no me ha sido prestado nunca?” y consideró que los hechos exceden el mal desempeño administrativo, aludiendo a la posible comisión de delitos.

Además, la investigación constató que tres vehículos fueron adquiridos sin licitación pública, en infracción a la ley de administración financiera, y registrados a nombre de la fundación a pesar de su uso universitario. Así, la responsabilidad civil recaía sobre la universidad en caso de accidentes o siniestros, pero los activos no figuraban en su patrimonio.

Otro caso es el de un parque solar de 60 kilowatts, cuya incorporación al sistema energético sigue paralizada y cuyo costo final muestra una diferencia cercana al 50% respecto del presupuesto original.

La investigación interna también detectó numerosas rendiciones pendientes, lo que llevó a fortalecer los mecanismos de control y a poner en marcha un Portal de Transparencia Institucional.

El interrogante sobre por qué los fondos terminaron en la fundación y no en la institución universitaria sigue sin aclararse. Para Mariscal, “esa es la gran pregunta”, y su resolución dependerá del avance de las auditorías internas y de un eventual accionar judicial.

Una nueva solicitud de ADN por parte de la Unidad Fiscal que investiga el doble crimen de las francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en julio de 2011 en Salta, volvió a fracasar.

A pesar de que el pedido a la esposa de Clemente Vera -uno de los condenados absueltos en 2021-, se presentara ante la Justicia, la medida quedó suspendida tras la intervención de un Juzgado de Garantías, en medio de cuestionamientos por parte de la defensa y la imposibilidad de contar con un perito propio.

El pedido anterior se había realizado a fines de marzo pero, en aquella ocasión, Beatriz Yapura no se presentó. La decisión de avanzar con la extracción de una muestra de ADN, se tomó tras varios intentos por parte del equipo especializado conformado para este caso, y luego de que se trasladaran a Salta muestras genéticas tomadas en las autopsias de las víctimas, que estaban resguardadas en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Fue tras ese procedimiento que la Fiscalía a cargo de la revisión de la causa había citado a la mujer, con la intención de que accediera voluntariamente. El abogado defensor de su esposo, José Vargas, subrayó en aquella ocasión que el pedido era “totalmente infundado”, algo similar a lo que manifestó recientemente. “La medida se realizó a espaldas o sin orden del juez de Garantías. Allí, se vulneraron derechos”, añadió.

El objetivo de estos procedimientos es realizar pericias genéticas en el marco de una nueva etapa de la investigación, con la intención de avanzar en el esclarecimiento del caso. Vargas calificó como infundado el pedido y denunció que se hizo sin la intervención judicial adecuada. A su vez, recordó que su defendido estuvo encarcelado durante diez años sin pruebas fehacientes en su contra.

Para darle un nuevo impulso a la investigación, en febrero de 2025, el Procurador General Pedro García Castiella conformó una Unidad Especial integrada por los fiscales María Luján Sodero, Pablo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín. Uno de los principales objetivos es el cotejo de ADN con perfiles genéticos almacenados en la UBA. Peritos forenses franceses lograron recuperar de los hisopados de las autopsias tres perfiles genéticos desconocidos, correspondientes a dos personas masculinas y una femenina, que no fueron individualizados ni incluidos en la primera etapa de la investigación.

Clemente Vera, jardinero de San Lorenzo, fue inicialmente colaborador de la policía en la quebrada donde ocurrieron los hechos. Durante la instrucción bajo el juez Martín Pérez, Vera pasó de ser guía a imputado y finalmente a condenado. En 2014 fue absuelto en el juicio oral, pero dos años después, la Sala III del Tribunal de Impugnación revocó esa decisión, lo condenó a prisión perpetua y dispuso su retorno a la cárcel. El 11 de diciembre de 2023, la Corte Suprema dejó sin efecto esa sentencia, cuestionó duramente a la Justicia salteña y ordenó la liberación inmediata de Vera.

Durante los 10 años que estuvo preso, recordó en una entrevista con Infobae: “La cárcel es peor que el infierno, pero por suerte yo siempre tuve el apoyo de mi esposa”. “Hace casi 15 años, Santos Clemente Vera colaboró como guía con los policías que buscaban a las mujeres francesas por toda la quebrada de San Lorenzo. De guía pasó a imputado y luego a condenado”, apuntó el abogado.

Aunque deslizó la posibilidad de que su muestra hubiera sido plantada en la escena, no pudo confirmar la hipótesis al indicar que no pudieron designar a un perito de parte para que evaluara la situación.

Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, prestó nuevamente declaración en la causa tras regresar al país con el propósito de entregar documentación y supuestas pruebas que permanecieron bajo resguardo en Francia. Entre ese material, se incluirían muestras genéticas que no habrían sido incorporadas previamente a la investigación.

En el marco de importantes investigaciones contra el delito organizado en Tartagal, provincia de Salta, la División Brigada de Investigaciones del Distrito de Prevención 4 (SDGI) logró esclarecer cinco causas penales vinculadas a robos en banda perpetrados entre febrero y marzo de 2026.

Las acciones, dirigidas por la Fiscalía Penal 1 de Pablo Cabot y la Fiscalía Penal 2 de Rafael Medina, permitieron desarticular dos organizaciones criminales con roles definidos.

Desde la madrugada, 26 allanamientos simultáneos se realizaron en las localidades de Tartagal y Salvador Mazza, con el objetivo de detener a los presuntos responsables y recolectar pruebas materiales.

El operativo reunió a 180 efectivos de distintas unidades policiales, incluyendo Infantería, Motorizada, Rural, Científica y personal del DDP 4, bajo la coordinación de Juan Contrera. La magnitud del despliegue y la coordinación entre las fuerzas fueron presentadas previamente al ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y a los fiscales a cargo de las investigaciones.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, el desarrollo de estas acciones permitió identificar a los integrantes de dos bandas que, según los investigadores, actuaban de forma organizada con tareas y funciones específicas.

Una de las agrupaciones delictivas fue señalada como responsable del robo en un local comercial céntrico, de donde sustrajeron 20 teléfonos celulares y participaron en el robo y posterior venta de vehículos en Bolivia. La otra banda irrumpía en viviendas con moradores presentes, apropiándose de objetos de valor y una suma superior a 15 millones de pesos.

Durante los procedimientos, se incautaron celulares, motocicletas, un automóvil, armas de fuego y municiones de distintos calibres, una réplica de pistola, marihuana, herramientas como cortafierros y ganzúas, además de más de 4 millones de pesos en efectivo.

Los allanamientos ejecutados fueron el resultado de semanas de seguimiento, análisis de información y tareas de inteligencia criminal. Según el informe de la policía, la primera organización criminal tenía como principal objetivo locales comerciales y vehículos, mientras que la segunda se especializaba en robos domiciliarios violentos.

La investigación determinó que los integrantes de las bandas contaban con roles diferenciados: algunos se encargaban de la vigilancia, otros de la irrupción y algunos más del traslado y venta de los bienes sustraídos. En particular, la conexión con Bolivia para la venta de vehículos robados representa un eje de interés para las autoridades, dado el impacto transfronterizo de estos delitos.

Los imputados permanecerán detenidos mientras se profundizan las diligencias y análisis de los elementos secuestrados. Las autoridades reiteraron su compromiso con la investigación y prevención del delito en el área, en el marco de una política de seguridad orientada a la desarticulación de bandas estructuradas.

Desarticularon una banda que robaba casas lujosas en Entre Ríos

Días atrás, agentes de la División de Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desmantelaron a la banda de liderada por los hermanos Chiesa, una organización dedicada a robar casas de alto poder adquisitivo de la ciudad entrerriana de Concordia mediante la modalidad “escruche” y cuyos integrantes se ocultaban en distintas localidades del conurbano bonaerense.

Según indicaron fuentes policiales, seis personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos simultáneos en el Gran Buenos Aires, por orden de la Unidad Fiscal de Concordia y el Juzgado de Garantías N° 1 de Entre Ríos. Fueron en el marco de una investigación por el robo agravado a la casa de una mujer de 55 años, ocurrido el 17 de febrero pasado.

De acuerdo con la denuncia, la víctima sufrió el robo tras regresar de viaje y hallar violentada una puerta lateral. Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, joyas, relojes, prendas de vestir y elementos de perfumería.

La detención de la banda se dio a raíz del análisis de material fílmico, seguimiento de vehículos, entrecruzamiento de llamadas y geolocalización, lo permitió identificar a la banda organizada presuntamente por los hermanos Chiesa y dedicada a robos en propiedades lujosas de la zona.

A partir de los elementos recabados en la investigación, se libraron seis órdenes de allanamiento vía exhorto en territorio bonaerense. Los lugares señalados por los investigadores fueron los partidos de Moreno, Merlo, San Miguel y Malvinas Argentinas. En la investigación se estableció que la organización aprovechaba la ausencia de los dueños de las casas para lograr su objetivo.

Allí, durante los procedimientos -que se realizaron el martes- se secuestraron dos inhibidores de señal, un revólver calibre 32 Doberman con dos municiones, un revólver calibre 22 Pasper sin numeración, 55 municiones calibre 9 mm, relojes de distintas marcas, joyas, perfumes, una bicicleta Alpina, una estufa, aires acondicionados, un horno eléctrico, televisores, afeitadoras, cajas de herramientas, una PlayStation 5, grifería y equipos de telefonía celular.

Y entre los detenidos se encuentran Norberto Ángel Chiesa (43), Luciana Cisterna (45), Geremías Horacio Pacheco (40), Macarena Melina Alcaraz (34), Blanca González Velázquez (34) y David de Sena Arias (43). Los últimos dos, de acuerdo con las fuentes, tienen DNI extranjero.

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en un barrio privado de Salta sumó este jueves nuevas voces clave en la sala de audiencias. Un testigo del círculo íntimo de la víctima relató ante el tribunal los episodios de violencia psicológica y la situación de temor que vivía la mujer en los meses previos a su muerte, ocurrida el 4 de agosto de 2023.

El proceso oral y público, que se desarrolla en la capital provincial, tiene como único acusado a José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima, imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al organismo en el debate. La jornada de este jueves dio paso a la declaración de cinco testigos, entre ellos un amigo de Figueroa, una amiga y una tía de la víctima, un amigo de la pareja y un hombre que había iniciado una relación sentimental con Kvedaras poco antes de su muerte. La reconstrucción de los hechos y la exposición de testimonios buscan arrojar luz sobre el contexto de violencia en el que se desenvolvió la vida de la mujer durante el último año.

Durante la audiencia, la amiga de la víctima ofreció referencias sobre la personalidad de Mercedes Kvedaras y compartió confidencias que la mujer le había transmitido. La testigo contó que la víctima le había revelado su deseo de separarse de su esposo y sus proyectos personales, especialmente aquellos vinculados a su desarrollo laboral. Según la declaración recogida por el Ministerio Público Fiscal, la víctima buscaba independizarse y construir un futuro distinto para ella y sus hijos.

La tía de la víctima también prestó testimonio, enfocándose en la relación cercana que mantenía con su sobrina. Detalló que, poco antes de la muerte de Kvedaras, escuchó de su propia voz la decisión de separarse y la preocupación por el bienestar de sus hijos. Consultada sobre la actitud de Figueroa, la pariente afirmó: “Sabía que el acusado no tenía un trato apropiado con mi sobrina”, y relató situaciones concretas que le hicieron comprender la angustia que vivía la víctima al no poder concretar la separación por la negativa de su esposo.

Uno de los testimonios más significativos fue el de un hombre que había mantenido una relación sentimental con Mercedes Kvedaras durante los meses previos al crimen. Este testigo explicó que, desde junio de 2023, la víctima había expresado ante el acusado su voluntad de separarse, pero Figueroa se opuso y manifestó su desacuerdo. El testigo relató que, a partir de julio, comenzó a notar a Kvedaras nerviosa y asustada por las actitudes de su esposo, quien incluso la seguía.

En palabras del testigo, “en el último tiempo la noté desbordada, sentía ‘pánico’ y sufría violencia psicológica por parte de su esposo, quien se mostraba renuente a la separación”. El hombre aseguró que le preocupaba el estado de la víctima, ya que incluso había perdido la voz casi por completo, y le recomendó buscar apoyo familiar y profesional. El testigo, visiblemente afectado durante su declaración, rememoró el último encuentro con Kvedaras el día previo a su muerte. La víctima manifestó sentirse atemorizada y le pidió permanecer en su domicilio, aunque finalmente decidió regresar a su casa para verificar el estado de sus hijos tras los insistentes llamados y mensajes de Figueroa.

El último contacto entre ambos se produjo la mañana del 4 de agosto de 2023, cuando la víctima le solicitó, con angustia, que acudiera a su domicilio. La comunicación se interrumpió de forma abrupta, según describió el testigo ante los jueces.

En el cierre de la audiencia, la fiscal Sodero Calvet solicitó al tribunal que dos hijos menores de la pareja fueran escuchados como víctimas directas. La petición, respaldada por la querella y la Asesora de Incapaces, se fundamentó en el derecho de los niños a ser oídos y en el principio del interés superior del niño, conforme a tratados internacionales.

La defensa se opuso a la medida. Tras deliberar, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans resolvieron no admitir el pedido, ordenando en cambio la reproducción de las declaraciones de los menores realizadas durante la investigación en cámara Gesell.

El proceso contra José Eduardo Figueroa se desarrolla en el contexto de una causa por homicidio doblemente calificado, con acusaciones centradas en la violencia de género ejercida sobre Mercedes Kvedaras en el entorno familiar. El tribunal, compuesto por Flores Toranzos, Sángari y Feans, continúa recibiendo testimonios y pruebas para determinar la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal de Salta, la reconstrucción de los hechos y las declaraciones de testigos del entorno más cercano de la víctima constituyen piezas fundamentales para comprender la dinámica de violencia previa al crimen. Las diligencias judiciales continuarán con la incorporación de nuevos testimonios y la evaluación de pruebas científicas y procesales, en un proceso que busca esclarecer las circunstancias del femicidio de Mercedes Kvedaras en el barrio privado El Tipal de Salta.

La Justicia Federal de Jujuy anuló la intervención dispuesta por Cristina Kirchner en el Partido Justicialista local y dejó sin efecto las últimas resoluciones dictadas por sus interventores, Aníbal Fernández y Gustavo Menendez, y designó en el cargo Ricardo Guillermo Villada, un funcionario del peronismo de Salta que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Villada tendrá la misión de normalizar el partido y reportarse cada 15 días ante la Justicia Federal.

La presentación judicial que cuestionaba las decisiones de Cristina Kirchner, presidenta del PJ nacional, fue impulsada por la senadora Carolina Moisés, entre otros dirigente de distintas líneas del peronismo en Jujuy.

La decisión judicial le da lugar a un planteo político que venían realizando dirigentes del peronismo en Jujuy y Salta, con Sáenz a la cabeza, en contra de la conducción nacional a cargo de la ex presidenta, con incidencia de La Cámpora.

El fallo destaca que desde mediados de 2023, el Partido Justicialista Distrito Jujuy se encontraba bajo intervención del órgano nacional, que conduce Cristina Kirchner, pero la promesa de elecciones para renovar autoridades se dilató en una sucesión de postergaciones, suspensiones y sanciones disciplinarias que, lejos de ordenar la vida partidaria, profundizaron el conflicto interno.

A su vez detalla cómo, a lo largo de casi tres años, la dirigencia justicialista jujeña alternó entre amnistías generales —como la dictada para permitir el regreso de afiliados sancionados— y procesos disciplinarios que derivaron en la suspensión preventiva de más de 300 afiliados, muchos de ellos precandidatos en el proceso electoral interno. El juez Esteban Eduardo Hansen remarcó que tales sanciones carecieron de toda garantía procedimental y fueron implementadas “al margen de toda garantía mínima”, dejando a los afectados sin posibilidad de defensa y sin que existieran descargos ni pruebas a favor.

La decisión de los interventores de “dar de baja inmediata y total el proceso electoral en curso” y de convocar a nuevos comicios sin asegurar la restitución de los derechos de los militantes suspendidos evidenció, para el tribunal, la intención de excluir a sectores internos bajo pretexto disciplinario. Esa maniobra, en palabras del fallo, constituyó “una restricción directa y sustancial al ejercicio de los derechos políticos intrapartidarios, alterando las condiciones de competencia y afectando la integridad del proceso democrático interno”.

El proceso estuvo atravesado por múltiples recursos, impugnaciones y presentaciones judiciales de distintas líneas internas, patrocinadas por reconocidos dirigentes, entre los que sobresalen Carolina Moisés, Rubén Armando Rivarola y Guillermo Raúl Jenefes.

La resolución describe las múltiples fechas frustradas para elecciones internas, pospuestas desde el 17 de noviembre de 2024 hasta el 15 de febrero de 2026, e incluso una convocatoria fijada para el 24 de abril de 2026 que, según comprobó el juzgado, resultó inviable por ausencia de cualquier organización material. “No se acompañó documentación alguna tendiente a la ejecución del acto eleccionario”, advierte la sentencia, que diagnostica una “ausencia absoluta de voluntad real de restablecer la normalidad institucional”.

El texto del Juzgado Federal de Jujuy es categórico al describir la dimensión de la interna partidaria: “La suspensión masiva de afiliados —carente de sustento procedimental— y la persistente dilación en la organización del proceso electoral no constituyen hechos aislados, sino manifestaciones concurrentes de un mismo cuadro de anormalidad institucional, caracterizado por la restricción indebida de la participación política interna y la postergación indefinida de los mecanismos democráticos de renovación de autoridades.”

El juez Hansen ordenó además un riguroso mecanismo de control sobre la nueva gestión: el interventor Ricardo Guillermo Villada deberá presentar informes quincenales al juzgado, detallando el avance concreto de la normalización y el cronograma electoral que debe derivar en la renovación legítima de autoridades.

Entre los fundamentos, la sentencia advirtió: “La intervención judicial es el único desenlace justo para situaciones en las que los partidos atraviesan una profunda crisis institucional” y puntualizó que el objetivo debe ser la realización de elecciones limpias, transparentes y con pleno respeto a la legalidad y al derecho de los afiliados a participar.

La decisión fue comunicada a la Cámara Nacional Electoral y al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Capital, y se notificó a los impulsores de la medida, cerrando con la disposición de archivar una vez cumplidas las notificaciones.

Tras el brote del chikungunya que preocupó a la provincia de Salta con un total de 572 casos positivos, este miércoles el Ministerio de Salud confirmó la primera muerte por la enfermedad. El paciente era de la ciudad de Embarcación y había comenzado con fiebre hace unas semanas y con el pasar de los días, se agravó con una neumopatía, terminando en consecuencias fatales.

Según el reporte oficial, el hombre había iniciado con síntomas el 27 de marzo, presentando: fiebre, dolor de cabeza, náuseas y fuertes dolores articulares. Su cuadro se agaravó por una complicación respiratoria y fue transladado al Hospital de San Ramón de la Nueva Óran el 3 de abril. Al día siguiente, el paciente falleció.

El deceso fue confirmado por Francisco García Campos, director de Epidemiología de la provincia, quien explicó a Informate Salta que se evaluaba la causa final: “Estamos analizando el caso, es el primero que se está presentando y hay que saber si está asociado a la fiebre chikungunya o si fue casual; cursó la fiebre chikungunya y por otros motivos fue la causa del deceso. Podemos hablar con una PCR positiva de chikungunya, eso hay que diferenciar bien: la causa por chikungunya. Una vez que tengamos todos los estudios y la evaluación de esta mortalidad ya podremos definir bien las causas”.

“Chikungunya es muy nuevo en toda esta situación y muchas veces se presentan cuadros atípicos. No es como dengue, que nosotros tenemos bien definidos los signos de alarma, las causas de muerte; hemos tenido muchos años con situaciones de dengue. Aquí es todo lo contrario, esto es nuevo y es la primera situación que se nos presenta lamentablemente”, expresó Francisco García Campos.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua en los domicilios, utilizar repelente, colocar mosquiteros y vestir ropa clara que cubra brazos y piernas para prevenir nuevas infecciones. Además, recomendaron acudir de inmediato al centro de salud más cercano ante la aparición de síntomas y evitar la automedicación.

Por otro lado, el director de Edipemiología de Salta comunicó: “Sabíamos que chikungunya nos iba a preocupar y que la población iba a tener algo de susto. Seguimos teniendo casos; habrán visto el parte de ayer, más de 500 casos en distintos departamentos de la provincia, por lo tanto seguimos en pleno ascenso con aparición de números de casos. Lo primero es la prevención”.

Anticipó que el brote podría extenderse durante los próximos años: “No terminó ahora, va a haber una nueva temporada que se va a iniciar cuando vengan los próximos calores, luego de este invierno, y puede que chikungunya siga en el 2027”.

Refuerzo sanitario por los casos de chinkunguya

El Ministerio de Salud de la Nación detalló que intensificó las acciones de bloqueo, vigilancia epidemiológica y manejo clínico en Salta, además de enviar test rápidos para fortalecer la respuesta local. Las estrategias se centran en la eliminación de criaderos, fumigación y búsqueda activa de personas con síntomas compatibles, así como capacitaciones para equipos de salud en el manejo de la enfermedad.

La fiebre chikungunya es transmitida por el mosquito Aedes aegypti y suele presentarse con fiebre alta repentina, dolores articulares intensos, mialgias y erupciones en la piel. La cartera sanitaria provincial advirtió que la patología atraviesa tres fases clínicas: aguda, post-aguda y crónica. Más del 50% de los pacientes puede evolucionar hacia cuadros persistentes, con dolor e inflamación articular que dificultan la movilidad.

En el reporte de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, se localizó los lugares más afectados de la provincia por el virus: San Martín, que suma 425 casos, seguido por Orán con 102 y Anta con 30. El resto de los casos se distribuyen en Salta Capital (11), Cerrillos (2), Rosario de la Frontera (1) y Rosario de Lerma (1).

Según el Ministerio de Salud de la Nación, la vigilancia intensificada continuará en todo el norte argentino, con especial atención en zonas fronterizas de alta movilidad poblacional y en coordinación con las provincias de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

Un operativo de la Dirección General de Aduanas (DGA), dependiente de ARCA, permitió incautar más de 3 kilogramos de pasta base de cocaína en Salta y secuestrar droga en tres micros de larga distancia que transportaban hinchas del club Olimpia de Paraguay en su paso por Formosa. Las acciones se desarrollaron durante controles de rutina y arrojaron resultados relevantes tanto por la cantidad de estupefacientes detectados como por los métodos empleados para el ocultamiento.

En la provincia de Salta, agentes especializados de Aduana interceptaron un furgón sobre la Ruta Nacional N° 9, vía que conecta la frontera con Bolivia y la ciudad de Buenos Aires. Durante la inspección, el escáner móvil reveló imágenes sospechosas en una hidrolavadora que formaba parte de la carga. La máquina, que carecía de motor, ocultaba en su interior bultos rectangulares de material orgánico.

Tras la intervención de la Fiscalía Federal de Distrito de Salta, a cargo del doctor Eduardo José Villalba, y la autorización del Juzgado Federal de Garantías, se procedió a abrir la encomienda. La verificación física permitió hallar cinco paquetes con una sustancia amarillenta, que arrojó resultado positivo para pasta base de cocaína.

El pesaje totalizó 3.164 gramos, con un valor estimado de $68,1 millones. De acuerdo con fuentes consultadas, la droga fue secuestrada y la posterior entrega vigilada no produjo más detenciones, aunque el remitente fue arrestado en Salvador Mazza, una ciudad cercana a la frontera con Bolivia.

Según la normativa vigente, la multa mínima por este delito podría llegar a $272.420.400, y la pena máxima, de acuerdo al artículo 866 del Código Aduanero, contempla hasta 12 años de prisión en caso de condena por contrabando de estupefacientes.

En otro punto del país, el paso fronterizo internacional Clorinda–Puerto José Falcón, en Formosa, fue escenario de un procedimiento que involucró a tres ómnibus de larga distancia, todos con simpatizantes del club Olimpia de Paraguay en tránsito hacia Chile.

El operativo de Aduana se planificó a partir de un análisis de riesgo que calificó el movimiento como sensible, ya que los micros transportaban hinchas rumbo al partido entre Olimpia y Audax Italiano por la Copa Sudamericana que se disputará esta noche a las 21.

El despliegue incluyó el uso de escáneres para vehículos y equipaje, además de canes entrenados para la detección de estupefacientes. Según lo informado por fuentes vinculadas al caso, se incautaron 253 gramos de cocaína, 190 gramos de marihuana y 13 unidades del psicotrópico Disomnilan, todos acondicionados en dosis de un gramo y ocultos en diferentes compartimentos de los micros, como parlantes, asientos, equipos de aire acondicionado y baños. El valor de la mercadería secuestrada asciende a $5,9 millones.

La intervención contó con la participación de la Unidad Fiscal Formosa y el Juzgado Criminal y Correccional de Clorinda, que ya iniciaron investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes. Los simpatizantes quedaron supeditados a la causa, mientras se avanza en la identificación de posibles responsables del intento de ingreso de drogas al país.

Fuentes del caso remarcaron que “la droga había sido acondicionada en pequeñas dosis y distribuida en distintos puntos de los vehículos”. El despliegue de controles reforzados respondió a la magnitud del evento deportivo y a informes previos que señalaban la posibilidad de intentos de contrabando durante el traslado de simpatizantes extranjeros a través del territorio argentino.

La acción coordinada de Aduana en Salta y Formosa forma parte de una estrategia de control en rutas y pasos fronterizos para combatir el tráfico de estupefacientes, utilizando tecnología de escaneo y equipos especializados en la detección de sustancias ilícitas.

La reconstrucción de los hechos en torno al femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrido en un barrio privado de Salta, en 2023, se desarrolló este miércoles bajo una fuerte presencia mediática, tras la decisión del tribunal de trasladarse a la vivienda donde se produjo el crimen. La diligencia tuvo lugar en el barrio El Tipal, en la zona oeste de la ciudad, y estuvo centrada en la exposición del acusado José Eduardo Figueroa, imputado por el delito de homicidio doblemente calificado.

La medida, dispuesta a solicitud de la defensa técnica del acusado, convocó a los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, así como a los representantes de las partes, quienes acudieron al lugar para observar la reconstrucción procesal.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, encabeza la representación fiscal en el proceso contra Figueroa, acusado por la muerte de su esposa el 4 de agosto de 2023.

La reconstrucción, según la defensa, tenía el objetivo de verificar si los hechos pudieron ocurrir según la versión del imputado. “Esto es una puesta en escena para ver si el hecho ocurrió o pudo ocurrir de la manera. Eso está absolutamente verificado el día de hoy”, declaró Casabella, defensor del imputado.

Añadió que “todo, absolutamente todo se fue confirmando con las pruebas científicas”. No obstante, aclaró que no se trató de una reconstrucción científica, sino procesal: “Es una representación de lo que cuenta el imputado, nada más”.

Desde la querella, el abogado Jorge Ovejero expresó cuestionamientos sobre la validez de la medida y sus resultados. En declaraciones recogidas por El Tribuno, afirmó: “Lo que se intentó plasmar no coincide con el resto de las pruebas”. Hizo hincapié en que la causa de muerte establecida en la autopsia fue asfixia mecánica mixta, por obstrucción de las vías aéreas, nariz y boca, y del cuello, y destacó que “eso no es compatible con esta mecánica que se está proponiendo”.

Ovejero también señaló discrepancias en las características físicas de los participantes en la reconstrucción. “No coinciden las medidas, las alturas de las personas con las medidas y las mecánicas que se proponen en el informe de reconstrucción virtual”, afirmó. Subrayó además que “la teoría o la declaración del imputado tiene muchas inconsistencias con el resto del material probatorio, principalmente con la autopsia, con el informe anatomopatológico y con otros informes de criminalística”.

Toda la secuencia fue registrada para su posterior incorporación al debate oral. Según el Ministerio Público Fiscal de Salta, la audiencia de debate se reanudará el jueves 9 con la declaración de cinco testigos del entorno más cercano a la pareja. Los especialistas deberán determinar si la mecánica recreada por el imputado resulta compatible con la evidencia reunida en la causa.

Cómo fue el femicidio

La autopsia que se practicó a Mercedes Kvedaras tras su hallazgo sin vida en 2023 reveló que su muerte fue precedida por un fuerte golpe en la cabeza y que la causa final fue ahorcamiento. El informe preliminar, detallado por el Ministerio Público Fiscal provincial, confirmó la hipótesis de “muerte violenta” y descarta versiones iniciales sobre una herida mortal con arma blanca. El esposo de la víctima, José Figueroa, quien ocupaba el automóvil junto al cuerpo cuando fue encontrado, quedó detenido en el momento.

La autopsia describe que Kvedaras presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda, producto de un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas. Estos hallazgos, junto al golpe brutal en el rostro y cabeza, configuran el cuadro lesivo que culminó con el ahorcamiento de la víctima.

El hallazgo del automóvil y ambos ocupantes se produjo tras la desaparición y la alerta del entorno. La reconstrucción de los hechos, basada en las fuentes judiciales, señala que un amigo del propietario acudió al barrio privado luego de recibir un mensaje de WhatsApp enviado por Figueroa, en el que el agresor confesaba: “No podía con esto”.

La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes una reforma que introduce sanciones para los padres de alumnos que incurran en acoso escolar y bullying. Los adultos responsables podrían recibir multas económicas o hasta 30 días de arresto si no prestan colaboración con solucionar la problemática.

La medida, que modifica el Código Contravencional provincial, representa un giro en la manera en que las instituciones educativas y las autoridades buscan frenar el avance del bullying en las escuelas salteñas.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, en el recinto, la diputada Socorro Villamayor subrayó que la reforma no implica una aplicación automática de prisión para los tutores. De hecho, el principal objetivo es que los adultos a cargo tengan un compromiso efectivo con esta problemática.

El impacto de la violencia escolar en Salta y el resto del país ha sido materia de preocupación reciente. Según se debatió en la legislatura, el endurecimiento de las sanciones responde a casos graves ocurridos en otras provincias, como el asesinato de un adolescente en Santa Fe en manos de un compañero armado. Estas situaciones intensificaron el debate sobre los mecanismos de protección y la responsabilidad de los adultos ante el acoso escolar.

La iniciativa busca reforzar la cooperación entre las familias y las instituciones educativas, de modo que los conflictos escolares no queden sin respuesta. El proyecto, presentado originalmente por la senadora Bettina Navarro, fue debatido en el recinto y recibió modificaciones de otras bancas. Tras la aprobación del texto, fue remitido al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación.

La legisladora Villamayor manifestó que la medida procura evitar que, ante una notificación formal de la escuela, los padres ignoren su deber de intervenir y prevenir la repetición de episodios de acoso.

Durante la discusión parlamentaria, varios diputados hicieron hincapié en el agravamiento de la violencia en los entornos escolares y la necesidad de actualizar los instrumentos legales para proteger a los menores.

La modificación del Código Contravencional establece que, frente a una denuncia o notificación de acoso escolar, los tutores deberán comparecer ante el juez y cumplir con las medidas que se les ordenen. Estas podrán incluir el pago de multas, el cumplimiento de tareas comunitarias o la asistencia a tratamientos psicológicos. El arresto quedará como última instancia y puede ser reemplazado si el responsable demuestra voluntad de colaborar.

El caso de Santa Fe

Con respecto a la violencia en entornos escolares, Villamayor tomó el tiroteo en San Cristóbal, Santa Fe, como ejemplo de esta problemática. Todo sucedió hace dos semanas, cuando un adolescente de 15 años llevó un arma al colegio, salió del baño y abrió fuego contra sus compañeros. Uno de esos tiros mató a Ian Cabrera, un niño de 13. Hasta el momento, no pudieron confirmar que ambos se conocieran; en principio, se sabe que no tenían relación y que Cabrera no estuvo relacionado con las agresiones que el atacante habría sufrido.

Frente a esto, las autoridades santafesinas comenzaron a investigar cómo era su ambiente familiar y el vínculo con sus compañeros. Hay testimonios que indican que el sospechoso, hijo de un camionero y una docente de nivel inicial y el segundo de dos hermanos, era una víctima de bullying sistemático.

Un video, posteado en X y donde se ve al tirador, muestra su rostro mientras otro compañero le pateaba la silla.

El tirador no tuvo episodios de violencia previos, aseguran fuentes oficiales a Infobae. Pero algo se rompió en la vida del chico antes del tiroteo, sin dudas. Los primeros indicios de la investigación apuntan a su casa.

Su padre, camionero, dejó la casa familiar dos años atrás para radicarse en la provincia de Entre Ríos, con un domicilio registrado en la zona de la ciudad de Federación. Los mismos investigadores hablan de un supuesto “consumo problemático” por parte del adulto.

La madre del tirador, que fue empleada del Ministerio de Educación santafesino, se encuentra bajo licencia psiquiátrica. Su hermana mayor, de 18 años, cursa el primer año de la facultad. El informe en manos de las autoridades habla de un grado de conflictividad familiar. La ausencia del padre, precisamente, sería el problema.

Vecinos y allegados describieron al tirador como “tranquilo”, “sin problemas”. Sin embargo, un padre de una alumna de 5° año de la Escuela N°40 aseguró que, una semana antes, el chico había anunciado que los iba a “matar a todos”.

La minera surcoreana Posco concretó la compra del proyecto Hombre Muerto Norte (HMN) en Salta por 65 millones de dólares. La operación, celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se inscribe en la estrategia de la compañía para asegurarse litio en la carrera global por las baterías eléctricas.

“Reunión con Posco, una de las principales compañías globales en acero y Litio. RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) próximo a aprobarse. Más inversiones para el norte de nuestro país”, expresó Caputo a través de su cuenta oficial de X.

El nuevo activo, ubicado en el Salar del Hombre Muerto entre las provincias de Salta y Catamarca a más de 4.000 metros de altitud, es una de las zonas globalmente reconocidas por la alta concentración del mineral.

Hoy, la Argentina se ubica entre los cinco mayores productores de litio del mundo, por detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue. Por su participación en el reconocido ‘Triángulo del litio’, el país también se distingue por ocupar el tercer lugar en reservas y su liderazgo compartido con Bolivia en recursos de este mineral, clave para la descarbonización del transporte y la transición energética.

La operación supone la compra del 100% de las acciones de NRG Metals Argentina S.A., subsidiaria de la canadiense Lithium South, titular del paquete HMN Li, anterior propietaria de Hombre Muerto.

Reunión con Posco, una de las principales compañías globales en acero y Litio. RIGI próximo a aprobarse. Más inversiones para el norte de nuestro país. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/wZsv5VxGnY

— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 7, 2026

La compra del paquete accionario otorga así a Posco Argentina el 99% de participación y a Posco Holdings el restante 1 por ciento. El activo se encuentra en fase de exploración avanzada, con potencial de producir hasta 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE).

En ese mismo reservorio también operan proyectos que quedaron bajo el control de Rio Tinto tras la adquisición de Arcadium Lithium —como Fénix, en fase de expansión— y la australiana Galan Lithium con Hombre Muerto Oeste. Si bien Posco ya había adquirido derechos mineros clave en el salar en 2018, ahora profundiza su presencia con nuevos recursos y mayores terrenos.

La compañía surcoreana es uno de los mayores productores de acero del mundo. En los últimos años, sin embargo, aceleró su reconversión estratégica: “El Grupo Posco considera el negocio de materiales energéticos como un motor de crecimiento fundamental junto con nuestras operaciones siderúrgicas, y estamos comprometidos a asegurar un suministro estable y competitivo de materias primas para mejorar nuestra competitividad a largo plazo”, explicó Chang In-hwa, presidente de Posco Holdings, en declaraciones a BNamericas.

En la Argentina, la minera es responsable del proyecto Sal de Oro, también en el Salar del Hombre Muerto, que aspira a ingresar al RIGI con una inversión proyectada de 633 millones de dólares. Sal de Oro integra una planta de hidróxido de litio con capacidad de 25.000 toneladas anuales, y está en marcha una segunda fase que prevé una planta de carbonato de litio de 23.000 toneladas anuales de LCE. Según proyecciones de la compañía, a partir de 2026, se espera alcanzar un volumen combinado de 50.000 toneladas anuales.

El mercado argentino de litio

En noviembre, la compañía había anunciado su compromiso de destinar 1,2 billones de wones (equivalentes a USD 817 millones) para asegurar el suministro de litio desde proyectos mineros en Argentina y Australia, así como la adquisición de una participación del 30% en una sociedad establecida por Mineral Resources Ltd. (MinRes) por USD 765 millones.

En este escenario, la Argentina se distingue como uno de los mercados más dinámicos para la minería de litio a nivel global. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el país cuenta con 66 proyectos en diferentes etapas de avance, de los cuales solo siete están actualmente en producción.

En 2025 las exportaciones mineras totalizaron unos USD 6.037 millones, el registro anual más alto desde que existen datos consolidados del sector. Según datos de la Secretaría de Minería, el monto exportado durante 2025 implicó un crecimiento del 29,2% en comparación con 2024, cuando las ventas externas del sector habían marcado USD 4.674 millones. El salto interanual permitió que las exportaciones mineras superaran por primera vez la barrera de los USD 6.000 millones en un solo año.

Sin embargo, las proyecciones para el país son más que optimistas. Un cálculo de BBVA Research estimó que las exportaciones mineras argentinas podrían elevarse hasta USD 25.000 millones para 2033 si el país logra concretar la mayor parte de los proyectos en carpeta y sostiene un entorno macroeconómico y regulatorio estable. Actualmente, la minería representa menos del 1% del PBI argentino y aporta menos del 6% de las exportaciones nacionales, pero las expectativas para la próxima década abren la posibilidad de una transformación estructural en el sector.

La localidad salteña de La Merced enfrenta una situación de conmoción tras conocerse la muerte de un niño de 5 años que fue atropellado por Miguel Plaza, el chofer del intendente de la ciudad, Javier Wayar.

El menor perdió la vida tras ser embestido por una camioneta Ford Ranger en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle General Güemes. El hecho ocurrió el domingo pasado por la noche, a las 20:42, y generó una serie de protestas y movilizaciones en la comunidad, que exigieron respuestas a las autoridades municipales.

De acuerdo con los reportes del Ministerio Público Fiscal de Salta, el menor circulaba en bicicleta junto a su madre cuando intentó cruzar la calzada y fue impactado por la camioneta.

Tras el incidente, el niño fue trasladado en estado crítico al hospital local y, posteriormente, derivado al Hospital Público Materno Infantil, donde falleció a las 22:50 debido a un shock hipovolémico por politraumatismo grave.

De acuerdo con la información de la agencia de noticias NA, los testigos presentes en el lugar señalaron que el conductor se desplazaba a alta velocidad, lo cual habría impedido frenar a tiempo para evitar la colisión.

La reacción social no se hizo esperar. El lunes siguiente al incidente, vecinos de La Merced se congregaron en distintos puntos de la localidad, incluyendo la ruta principal y la sede de la Municipalidad, para exigir justicia y explicaciones sobre lo sucedido. Durante las protestas se observaron quema de cubiertas y enfrentamientos con las fuerzas de Infantería, que debieron intervenir.

En cuanto a la investigación del caso, el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, imputó provisoriamente al hombre acusado por el delito de homicidio culposo, bajo la figura de conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria, prevista en el artículo 84 bis del Código Penal.

Durante la audiencia de imputación, Plaza, asistido por la defensa oficial, declaró que trabajaba como chofer para el intendente de la localidad, aunque decidió no prestar declaración sobre los hechos, de acuerdo con la información de Qué Pasa Salta.

El fiscal solicitó al Juzgado de Garantías que el acusado permanezca detenido mientras se desarrollan las pericias y se recaban elementos para el esclarecimiento del caso. El Ministerio Público Fiscal precisó que “el imputado deberá continuar privado de su libertad hasta tanto se cumplan las diligencias dispuestas”.

En respuesta a la gravedad del hecho, la Municipalidad de La Merced difundió un comunicado oficial firmado por el propio Wayar. En el documento, el intendente expresó sus condolencias y se puso a disposición de la familia de la víctima, además de informar que realizó la denuncia correspondiente por la sustracción de la camioneta oficial sin su conocimiento.

Según pudo saber Infobae, el MPF salteño se encuentra investigando sobre esta supuesta denuncia por sustracción del vehículo, para corroborar que sea cierto.

El jefe comunal explicó: “La persona involucrada en este hecho es alguien a quien conozco desde hace muchos años. No es un familiar, pero sí alguien a quien he acompañado a lo largo de su vida, brindándole oportunidades y apoyo. Sin embargo, esto no modifica en absoluto mi responsabilidad institucional”.

El comunicado también contiene un pedido explícito a la justicia: “Quiero ser claro y firme: le pido a la Justicia que actúe con el mayor rigor de la ley. Confío plenamente en su accionar. Nadie está por encima de la ley”.

Además, Wayar solicitó a la comunidad y a los actores políticos evitar la utilización del dolor con fines partidarios, subrayando: “Este es un momento que nos exige humanidad, respeto y responsabilidad. Hoy más que nunca debemos acompañar, respetar el dolor de la familia y confiar en que la verdad saldrá a la luz”.

El caso sumó un ingrediente institucional tras conocerse que la Cámara de Diputados de Salta recibió un pedido formal para intervenir el municipio de La Merced a raíz de los hechos.

“Cafayate, Salta, Argentina de mi corazón”, escribió la actriz al abrir su álbum digital, dejando en claro el profundo amor que siente por la tierra que la cobija. Las primeras imágenes mostraban jardines y caminos bordeados de flores silvestres en tonos rosas y violetas, con el cielo diáfano y las montañas de fondo. Julia, la menor de la familia, de rulos inconfundibles y mirada curiosa, apareció tocando con delicadeza los pétalos de las flores, dejando ver su espíritu inquieto y su conexión con la naturaleza. Belita, la mayor de las hermanas, también se sumó a la aventura, posando sonriente entre margaritas y cosmos, y dibujando corazones con sus manos en gestos espontáneos de alegría.

El recorrido de la familia incluyó caminatas por viñedos y paisajes únicos, donde los verdes intensos de las plantas se mezclan con los colores tierra característicos de la región. En este entorno, las fotos muestran también la experiencia gastronómica. Una de las postales revela una mesa servida con platos coloridos y copas de vino blanco, en el clásico maridaje que define a Cafayate. La comida, decorada con granada y reducciones, refleja la fusión entre la cocina tradicional y la sofisticación del norte argentino. Las empanadas, infaltables en toda visita a Salta, tuvieron su protagonismo: Belita apareció en una foto divertida, sosteniendo una empanada como si fuera una sonrisa gigante, mostrando el costado más lúdico de la experiencia culinaria.

No faltó la oportunidad para descubrir sabores típicos. Julia, siempre atenta, disfrutó del pan casero recién horneado, mientras la familia se tomaba un descanso después de recorrer los viñedos y admirar el paisaje. Las imágenes de panes regionales en distintas formas y texturas dan cuenta de la riqueza culinaria y las tradiciones que se mantienen vivas en cada rincón de Cafayate. Otra foto muestra un clásico picadillo de tomate, cebolla y ají servido en plato de barro, sumando un guiño a los sabores auténticos del norte.

El entorno natural fue otro de los grandes protagonistas. Los paisajes de Cafayate, con montañas rojizas y formaciones rocosas, regalaban a cada paso un telón de fondo perfecto para las aventuras familiares. El contraste entre los viñedos, la vegetación silvestre y las montañas invita a recorrer el lugar a paso lento, disfrutando del aire puro y el silencio solo interrumpido por las risas de las niñas. En una de las postales más impactantes, Belita posa de pie frente a la inmensidad de los Valles Calchaquíes, en una imagen que parece sacada de una postal.

La familia aprovechó cada rincón de Cafayate para compartir tiempo de calidad. Las caminatas entre flores, los juegos en el jardín y los almuerzos al aire libre se sucedieron en una atmósfera de calma y conexión. Las niñas, protagonistas de la escapada, exploraron el entorno, recogieron flores, jugaron entre caminos de piedra y disfrutaron de la libertad que solo ofrece la vida en contacto con la naturaleza.

El paseo se completó con una recorrida por el pueblo y las ferias artesanales. En una de las imágenes, Isabel, Belita y Julia aparecen sentadas en una plaza bajo la sombra de un árbol, con puestos de feria y toldos azules de fondo, tomándose un respiro tras una mañana de exploración. Julia, con su vincha de orejas y vestido azul, aparece concentrada, mientras Belita y su mamá observan el entorno y disfrutan del ritmo tranquilo del lugar. Otra foto muestra a toda la familia reunida en una mesa al aire libre, con un cactus de fondo y una carta sobre la mesa, listos para almorzar juntos y compartir el menú regional.

La escapada a Cafayate fue una oportunidad para Macedo y su familia de desconectarse de la rutina, reconectarse con la naturaleza y celebrar la vida en familia. Las fotos reflejan no solo la belleza del paisaje salteño, sino también la alegría de los momentos simples: una caminata, una flor, una empanada, el pan recién horneado y una risa compartida. Para la actriz, estos días en Salta quedarán guardados entre los mejores recuerdos, en un álbum familiar lleno de color, naturaleza y abrazos.

El incidente motivó una reacción inmediata de la comunidad de La Merced ante el silencio del jefe comunal: decenas de vecinos organizaron manifestaciones públicas, cortaron la ruta 38 y provocaron un incendio frente a la Municipalidad.

El lamentable hecho ocurrió a las 20:42 en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle General Güemes. El menor, alumno de primer grado de la Escuela N° 4742 María Dolores Laurentina Aranda, falleció dos horas después en el Hospital Público Materno Infantil, a donde lo trasladaron en código rojo tras resultar gravemente herido por el impacto.

Según el parte policial e información del Ministerio Público Fiscal de Salta, el niño circulaba en bicicleta junto a su madre cuando una camioneta Ford Ranger, conducida por Miguel Plaza, circulaba a alta velocidad por la zona urbana, lo embistió mientras cruzaba por la senda peatonal.

El conductor fue demorado en el lugar y permanece detenido por disposición de la Fiscalía. El caso podría derivar en una condena superior a cinco años de prisión.

La jornada posterior al accidente estuvo marcada por manifestaciones vecinales que derivaron en incidentes: quema de cubiertas, corte de ruta y enfrentamientos con fuerzas de Infantería. Estos episodios dejaron como saldo una mujer policía herida y un manifestante detenido. Además, fuentes policiales informaron sobre la posible presencia de infiltrados que habrían alimentado los disturbios, mientras el Gobierno provincial investiga la motivación y el origen político de los hechos.

En paralelo, grupos de vecinos exigieron la renuncia del intendente Wayar, intensificando el clima de conflictividad social en el municipio. Por otro lado, los restos del niño fueron inhumados ayer en el cementerio local luego de una dolorosa peregrinación y cortejo fúnebre.

El comunicado del intendente

Javier Wayar mostró su pesar a través de la cuenta de Facebook de la Municipalidad de La Merced. “Pudo haber sido mi hijo. No existen palabras que alcancen para describir una pérdida de esta magnitud“.

Y agregó: “Como padre y como intendente, este hecho me atraviesa profundamente. A su familia les expreso mis más sinceras condolencias y todo mi acompañamiento. Me pongo a total disposición para estar cerca, asistirlos y acompañarlos en lo que necesiten en este momento tan desgarrador".

Con respecto a la investigación de la causa, el jefe comunal sostuvo: “He realizado la denuncia correspondiente por la sustracción de la camioneta sin mi conocimiento. La persona involucrada en este hecho es alguien a quien conozco desde hace muchos años. No es un familiar, pero sí alguien a quien he acompañado a lo largo de su vida, brindándole oportunidades y apoyo. Sin embargo, esto no modifica en absoluto mi responsabilidad institucional", indicó.

“Quiero ser claro y firme: le pido a la Justicia que actúe con el mayor rigor de la ley”, aseveró. Y agregó: “Quiero solicitar, con el mayor respeto, que frente a una tragedia de esta magnitud no se utilice el dolor con fines políticos. Este es un momento que nos exige humanidad, respeto y responsabilidad. Hoy más que nunca debemos acompañar, respetar el dolor de la familia y confiar en que la verdad saldrá a la luz“, cerró su mensaje.

El acusado y la investigación

El acusado, un empleado municipal, fue imputado provisionalmente por homicidio culposo en el marco del artículo 84 bis del Código Penal.

Durante la audiencia de imputación manifestó ser trabajador del intendente Wayar, pero optó por no declarar, asistido por la defensa oficial. El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, solicitó la detención preventiva mientras se desarrolla la investigación.

La investigación determinó. según El Tribuno, que el conductor no tenía licencia de conducir y poseía certificado de discapacidad; lo que agravó el panorama judicial del imputado.

Testimonios recabados por El Tribuno afirmaron que Plaza no descendió del rodado ni socorrió a la víctima de inmediato, lo que abre la hipótesis de una posible omisión de auxilio o abandono de persona, delitos contemplados por la legislación penal.

De acuerdo con los testimonios, el llamado al servicio de emergencias (911) no fue realizado de inmediato por el imputado, lo que refuerza la hipótesis de una actuación indiferente ante la gravedad de lo sucedido.

Inicialmente, el intendente Wayar no se presentó en la escena de la tragedia ni tomó contacto con la familia, decisión que agudizó las críticas sobre su rol institucional y sobre el vínculo con el acusado.

El Ministerio Público Fiscal de Salta y el Gobierno provincial dispusieron una recompensa de $10 millones para quien aporte información precisa que facilite la detención de Jonatan Jordan Peloc, conocido como “Camboya”, prófugo desde el sábado tras fugarse de la Alcaidía General de la ciudad de Salta. El dato, confirmado por el fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, sitúa la recompensa entre las cifras más altas ofrecidas en causas provinciales recientes y obedece al impacto institucional y social de la fuga.

El Decreto N° 178 del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, consignado en la notificación, establece que el pago de $10.000.000 se otorgará solo a quienes no hayan intervenido en la evasión y entreguen información veraz y comprobable, requisito señalado como excluyente para la habilitación del beneficio. Funcionarios públicos, integrantes de fuerzas de seguridad o personal de inteligencia quedan expresamente fuera de la posibilidad de percibir el monto.

El acusado, cuyo paradero permanece desconocido desde el sábado 4 de abril, estaba detenido bajo prisión preventiva en el marco de una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, relacionado con un hecho ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta, según confirmaron fuentes judiciales en la instrucción de la investigación.

La resolución autoriza a los informantes a entregar datos “en forma personal o a través de terceros”, bajo la condición de confidencialidad y asegurando canales de comunicación fuera de la órbita policial habitual. El mecanismo de pago se vincula expresamente a información no solo aportada, sino “determinante para la localización” del buscado.

El Gobierno de Salta instruyó la instrumentación inmediata del plan de recompensa, solicitando amplia difusión en medios y la reasignación de partidas presupuestarias específicas para garantizar la disponibilidad de los fondos, según consta en la documentación oficial. El esquema busca atraer colaboración de particulares tras la repercusión de la fuga y la inquietud generada en la comunidad.

En términos operativos, las fuerzas intervinientes intensificaron las tareas de rastreo en el área metropolitana de San Salvador de Salta, priorizando la recepción de información proveniente del entorno social y barrial del prófugo.

El caso

Todo ocurrió el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta. Según reconstruyeron los investigadores, el hecho se desarrolló en dos momentos. Durante la tarde, en una reunión familiar con niños y un pelotero instalado en la vereda, uno de los imputados arrojó piedras contra una mujer. A raíz de esto, los familiares que participaban de la fiesta infantil reclamaron por el ataque.

En ese contexto, Peloc intervino portando un arma de fuego y profiriendo amenazas; posteriormente, el grupo se retiró de la zona. Ya durante la noche, regresó acompañado de los otros implicados, esta vez con armas de fuego y objetos contundentes.

La banda realizó disparos, primero al aire y luego contra viviendas, personas presentes y transeúntes. El recorrido comenzó en el domicilio de “Camboya” hacia el pasaje Boedo, lo que generó una situación de peligro para vecinos, familias y menores presentes.

El ataque dejó como saldo un joven de 24 años herido por un disparo de arma de fuego en el tórax, con compromiso de órganos vitales. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde murió pese a la atención médica recibida.

Un hombre de 32 años sufrió una herida de arma de fuego en una pierna, con lesiones óseas y de partes blandas. Otra víctima presentó traumatismo encéfalo craneano, con herida cortante y pérdida de conciencia, debiendo ser asistida en un centro sanitario. Durante el mismo episodio, también asesinaron a un perro de un disparo.

En la escena se incautaron 18 vainas servidas, incorporadas al expediente como elementos probatorios. El trabajo investigativo incluyó toma de declaraciones testimoniales, análisis de registros de cámaras públicas y privadas, pericias balísticas, químicas, médicas y forenses, informes de criminalística, biología molecular e informática forense, así como el análisis de registros de 911.

Según los investigadores, estas tareas permitieron reconstruir la dinámica de los hechos, establecer el grado de participación de cada imputado, identificar las armas utilizadas y ubicar a Peloc, quien permanecía prófugo hasta su detención el 3 de febrero.

El 6 de febrero, el fiscal penal 2 Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), imputó a “Camboya” por los delitos de amenaza con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y actos de crueldad animal agravados, todos en concurso real.

Por los mismos hechos, se encuentran detenidos con prisión preventiva e imputados tres hombres de 22, 19 y 25 años, bajo los mismos cargos.

En la segunda jornada del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, el testimonio de María Mercedes Ibarra aportó detalles clave sobre el hallazgo del cuerpo y la secuencia de hechos ocurridos el 4 de agosto de 2023 en el barrio El Tipal, provincia de Salta.

La mujer fue la primera en declarar durante la audiencia realizada este lunes. De esta manera, describió también las circunstancias en las que encontró al acusado del crimen, José Eduardo “Jota” Figueroa.

De acuerdo con el testimonio relevado por el medio local El Tribuno, al llegar a El Tipal, Ibarra relató que descendió del vehículo y se acercó al auto estacionado dentro del terreno de “Lalo” Figueroa, padre del implicado. Observó que los vidrios estaban empañados y, al mirar por la ventana, vio a Figueroa sentado al volante, inclinado hacia el asiento del acompañante.

La mujer pensó que estaba muerto, por lo que gritó a Agustina Rodríguez Ibarra —su hija— que se aproximara, temiendo que “Jota” hubiese matado a Mercedes. Mientras intentaba contener a María Jiménez, madre de la víctima, para evitar que se acercara al vehículo, Agustina advirtió que el acusado aún tenía signos vitales y “parpadeaba”.

Ibarra pudo ver el cuerpo de Kvedaras estaba parcialmente cubierto, con una pierna descubierta y el resto envuelto en una toalla y un buzo, “como si alguien la hubiera cargado y puesto ahí”. Fue su hija quien llamó a la Policía para dar aviso de la situación. La búsqueda se había iniciado esa misma mañana, ante la falta de contacto con la joven y con Figueroa; el hallazgo confirmó la muerte de Kvedaras y desencadenó la intervención policial y judicial, con la investigación centrada en un contexto de violencia de género.

En su declaración, Ibarra explicó que su padre había sido socio de “Lalo” Figueroa y que el propio acusado era acreedor de su empresa. Detalló que en ocasiones trabajaban juntos y que Figueroa era cliente suyo, además de mantener una deuda económica con él. Con respecto al acusado aseguró que “era muy solidario, siempre fue amable” y que días antes del crimen se habían reunido para hablar sobre la situación crítica de su empresa.

Sobre la víctima, la describió como “muy alegre” y recordó la cercanía entre ambas familias. Durante su exposición, la testigo se mostró visiblemente afectada y lloró en reiteradas oportunidades.

En la misma jornada declaró Manuel Kvedaras, hermano de la víctima, quien relató el impacto al ver el cuerpo de Mercedes durante el sepelio. “Me di cuenta de lo violento de su muerte”, afirmó, y señaló que la magnitud de las lesiones lo llevó a decidir que el velorio fuera a cajón cerrado tras advertir un moretón en la frente de su hermana.

Manuel aportó un dato clave a la investigación: durante la búsqueda, logró localizar el teléfono celular de Mercedes porque tenía la contraseña del dispositivo desde 2019, cuando ella le había pedido ayuda con un equipo perdido. Mientras trabajaba en Buenos Aires, utilizó esa información y avisó a su madre que el teléfono estaba en la zona de la casa de “Lalo” Figueroa, padre del acusado.

El hermano reconstruyó los días previos al crimen, describiendo un vínculo deteriorado entre Mercedes y Figueroa. En ese sentido, detalló que el 29 de julio la víctima le pidió apoyo para separarse y le comentó que Figueroa “estaba muy enojado”. Ese día, Mercedes le envió mensajes en los que relataba discusiones y humillaciones sufridas, y le pidió que la acompañara para no enfrentarlo sola. Manuel reconoció que no accedió a ese pedido.

Aclaró que durante años mantuvo una relación cercana con el imputado, a quien consideraba amigo y confidente, aunque observó malos tratos en la pareja, sin registrar agresiones físicas directas. Recordó que desde fines de 2022 Mercedes había comenzado a plantear la separación y había convocado a sus hermanos a conversar sobre el tema.

El debate se desarrolla ante un tribunal compuesto por María Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. La acusación está a cargo de la fiscal Luján Sodero Calvet, la querella es representada por el abogado Jorge Ovejero y la defensa del imputado por Juan Casabella Dávalos. El juicio, que tiene como único acusado a José Eduardo “Jota” Figueroa por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, continuará con nuevas declaraciones en los próximos días.

Este lunes se reanuda el jucio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido en agosto de 2023, luego de haber tenido su primera audiencia el jueves pasado. El tribunal se prepara para la incorporación de nuevos testimonios después de haber escuchado a la madre de la víctima, María del Valle Jiménez de los Ríos, quien pidió para el único acusado la pena máxima.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal de Salta (MPF) anticipó que el miércoles se llevará a cabo la reconstrucción de los hechos en la vivienda del barrio privado El Tipal, con la presencia de José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima, sobre quien pesa una imputación por homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género. También estarán los peritos y las partes involucradas en el proceso.

El debate judicial, que investiga el crimen ocurrido el 4 de agosto de 2023, está encabezado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, mientras que la acusación está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien representa al MPF en un proceso que se prevé se extienda hasta el 4 de mayo y en el que se escucharán alrededor de 80 testigos.

En el inicio de la ronda de testimoniales, Jiménez de los Ríos declaró durante más de dos horas refiriéndose a su conocimiento sobre la relación que mantenía su hija con el acusado. Relató que no aprobaba el trato que Figueroa ejercía sobre ella y habló del día del hecho. Indicó que recibió un mensaje de audio de WhatsApp del acusado a las 08:52, mientras estaba trabajando. El mensaje, que duró 48 segundos, decía: “María, perdón, no aguantaba más. Ella hace mucho que elige a otros hombres”.

Fue en aquel momento en que la familia inició la búsqueda de Mercedes. La mujer habló con un hermano de la víctima quien le sugirió buscar ayuda médica. Ambos acudieron a la vivienda de la pareja, donde la empleada doméstica les informó que la casa estaba vacía. Al llegar, notaron que las llaves estaban puestas y que tanto la camioneta como la moto de Figueroa seguían en el lugar. En el interior, la computadora permanecía encendida y figuraba un turno de tenis programado para las 11:00 horas en el barrio.

Ante la ausencia de la pareja, los familiares consideraron que Mercedes podía encontrarse en el gimnasio o realizando actividad física en las inmediaciones. Mientras la madre de Mercedes intentaba contactarla sin éxito, otro hijo, desde Buenos Aires, rastreó el celular de Mercedes y detectó que la señal del dispositivo se encontraba en las cercanías de la casa del padre del acusado.

Durante la audiencia, el hombre decidió no declarar aunque sí se llevo a cabo la reproducción de un video tomado el 11 de agosto de 2023, con una declaración hecha por él. En el mismo decía: “no fue mi intención matarla” y reconstruyó su versión de la relación de pareja. De acuerdo con la acusación, Mercedes Kvedaras habría sido atacada físicamente y luego asfixiada dentro del baño de la casa. La hipótesis sostiene que, tras la agresión, el cuerpo fue trasladado fuera del domicilio.

Por otro lado, el imputado sostiene que hubo una discusión que derivó en un forcejeo, seguido de una caída en el baño y un desenlace que, según su versión, no fue intencional.

La autopsia determinó que Mercedes murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento y sofocación, y presentaba múltiples lesiones. La habían encontrado sin vida dentro del auto familiar, junto a Figueroa, quien presentaba lesiones de arma blanca en el cuello y en las muñecas. El acusado permaneció hospitalizado hasta que pudo recuperarse del estado crítico en el que se encontraba.

La Justicia de Salta activó medidas de seguridad excepcionales para proteger a un fiscal y a las víctimas de Jonathan Jordan Peloc, alias “Camboya”, un peligroso preso de 41 años que se encuentra prófugo desde que logró huir de la Alcaidía General N.º 1. Junto a él también se encontraba un cómplice, que fue recapturado horas más tarde de que comenzara la búsqueda.

Todo ocurrió durante la madrugada del sábado cuando Peloc y Jorge Miguel Ángel Fernández, de 31 años, escaparon del pabellón A1 del establecimiento policial. Horas después, Fernández fue recapturado por las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, Peloc continúa prófugo, lo que mantiene vigente la alerta en la región y obligó a las autoridades a mantener el operativo de búsqueda activo. Asimismo, el perfil riesgoso del evadido motivó una solicitud para reforzar las medidas preventivas para resguardar la integridad del fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, y las víctimas.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, Peloc estaba detenido bajo prisión preventiva por una causa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Se trató de una causa relacionada con un crimen en el barrio Alta Tensión ocurrido en noviembre de 2024. El mismo individuo había permanecido prófugo durante más de un año antes de ser capturado, un panorama que agravó la preocupación por su reciente evasión.

Por este motivo, el operativo para localizar a Peloc sigue en marcha con controles en puntos estratégicos, patrullajes y análisis de cámaras de seguridad. Además, se realizan rastrillajes en varias zonas y se dispuso una investigación interna para determinar las circunstancias que permitieron la fuga desde un espacio bajo custodia estatal.

Además de haberse engrosado las medidas de seguridad, el fiscal Paz dispuso la intervención del área de Criminalística para recolectar pruebas y reconstruir la mecánica del escape. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal reiteró el pedido de colaboración a la comunidad: cualquier información relevante sobre el paradero del prófugo puede comunicarse al 911 o en la dependencia policial más cercana.

Los detalles del crimen por el que se acusa a “Camboya” Peloc

Todo ocurrió el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta. Según reconstruyeron los investigadores, el hecho se desarrolló en dos momentos diferenciados. En la tarde, durante una reunión familiar con niños y un pelotero instalado en la vereda, uno de los imputados arrojó piedras contra una mujer. A raíz de esto, los familiares que participaban de la fiesta infantil reclamaron por el ataque.

En ese contexto, Peloc intervino portando un arma de fuego y profiriendo amenazas; posteriormente, el grupo se retiró de la zona. Ya entrada la noche, regresó acompañado de los otros implicados, esta vez con armas de fuego y objetos contundentes.

Así, la banda realizó disparos, primero al aire y luego contra viviendas, personas presentes y transeúntes en la zona. El recorrido que realizaron comenzó en el domicilio de “Camboya” hacia el pasaje Boedo, lo que generó una situación de peligro para vecinos, familias y menores presentes.

El ataque dejó como saldo un joven de 24 años herido por un disparo de arma de fuego en el tórax, con compromiso de órganos vitales. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde murió pese a la atención médica recibida.

De igual forma, un hombre de 32 años sufrió una herida de arma de fuego en una pierna, con lesiones óseas y de partes blandas. Otra víctima presentó traumatismo encéfalo craneano, con herida cortante y pérdida de conciencia, debiendo ser asistida en un centro sanitario. Durante el mismo episodio, también asesinaron a un perro de un disparo.

En la escena se incautaron 18 vainas servidas, incorporadas al expediente como elementos probatorios. Asimismo, indicaron que el trabajo investigativo incluyó toma de declaraciones testimoniales, análisis de registros de cámaras públicas y privadas, pericias balísticas, químicas, médicas y forenses, informes de criminalística, biología molecular e informática forense, así como el análisis de registros de 911.

Según los investigadores, las tareas realizadas permitieron reconstruir la dinámica de los hechos, establecer el grado de participación de cada imputado, identificar las armas utilizadas y ubicar a Peloc, quien permanecía prófugo hasta su detención el 3 de febrero.

Fue así que el pasado 6 de febrero, el fiscal penal 2 Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), imputó a “Camboya” por los delitos de amenaza con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y actos de crueldad animal agravados, todos en concurso real, tras ser detenido el martes 3.

Por los mismos hechos, se encuentran detenidos con prisión preventiva e imputados tres hombres de veintidós, diecinueve y veinticinco años, bajo los mismos cargos. Según el Ministerio Público Fiscal, Peloc era el único acusado que permanecía evadido de la Justicia en esta causa.

La Justicia de la provincia de Salta investiga el violento crimen de un hombre de 35 años, asesinado de al menos un balazo en medio de un supuesta batalla campal entre vecinos en un barrio del sudeste de la capital. Por el hecho, 14 personas fueron detenidas, de las cuales dos son menores de edad.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal salteño, el hecho se registró en las primeras horas del viernes detrás de la fábrica La Cerámica, en el barrio La Fama, por motivos que todavía no están del todo claros. La investigación está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios en turno, María Luján Sodero Calvet, quien dispuso que personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP realicen peritajes en el lugar.

El cadáver fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia para determinar la causa del fallecimiento. Las 14 personas sospechadas serán imputadas el próximo lunes.

De acuerdo con el diario El Tribuno de Salta, el crimen del hombre de 60 años se habría producido a partir de una discusión por la demora en un pedido de bebidas a un delivery ubicado sobre calle Samuel Quevedo.

De acuerdo con los primeros datos que trascendieron en base a fuentes judiciales citadas por el medio, un hombre que había realizado el pedido comenzó a reclamar por la tardanza. Ante la situación, se sumaron otras personas y se generó una discusión que rápidamente escaló en violencia.

Al parecer, en la vivienda donde funciona el delivery estaban reunidas varias personas, mientras ingerían bebidas alcohólicas y escuchaban música. A partir de allí, salieron varias de esas personas y el conflicto se agravó.

Según trascendió, la víctima es un hombre de tendría 35 años conocido como “El Tuerto”, quien luego de recibir al menos un balazos, falleció cuando llegó al hospital San Bernardo.

Las detenciones no fueron sencillas. Tras el llamado al 911, tanto los móviles de la Policía como la ambulancia que concurrieron al lugar, fueron atacadas con piedras por parte de los vecinos. En medio del operativo, varios de los involucrados escaparon por los techos, lo que complicó el procedimiento y motivó un despliegue mayor de efectivos.

Los efectivos encontraron dos armas de fuego, que deberán ser sometidas a peritajes. “En el avance investigativo, adelantó que se produjo la demora de 14 personas, entre ellas 2 menores de edad, como sospechosas de haber tenido participación en el hecho y que serán imputadas el próximo lunes en sede fiscal”. comunicó el MPF de Salta.

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en el barrio privado El Tipal, ubicado en Salta, ocurrido en agosto de 2023, tuvo en su primera audiencia a María del Valle Jiménez de los Ríos, madre de la víctima, como única testigo. “Yo no imaginé la magnitud del miedo que ella le tenía”, expresó, para luego pedir que se le aplique al acusado la pena máxima: prisión perpetua.

En el banquillo de los acusados se ubicó José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima que llegó a esta instancia imputado por homicidio doblemente calificado, en contexto de violencia de género. El caso fue encuadrado como un femicidio desde el inicio de la investigación por la fiscal de la Unidad Fiscal de Femicidios, Luján Sodero Calvet.

La audiencia de apertura comenzó a las 08:30 horas con las formalidades y se extendió durante la mañana por cuestiones técnicas respecto a la organización del debate, la modalidad y fecha de la reconstrucción en el lugar del crimen y el orden de los testigos. Recién cerca de las 14:00 horas, la mamá de Mercedes ingresó a la sala tras una prolongada espera.

Frente al tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, la mujer relató el miedo que su hija sentía hacia su esposo, José Eduardo Figueroa, único imputado. Aunque dejó en claro que no siente odio, reclamó que se conozca la verdad y que el responsable reciba la condena que corresponda.

Durante las tres horas que se extendió su declaración, Jiménez de los Ríos reconstruyó el vínculo entre su hija y Figueroa, en donde indicó que estuvo marcado por insultos y un clima de miedo que se intensificó en los días previos al crimen.

“Yo no imaginé la magnitud del miedo que tenía”, reiteró en un tramo central, según las declaraciones recopiladas por El Tribuno. No obstante, la madre planteó que Mercedes había naturalizado los insultos y, tras los hechos, reconoció que pudo identificar otras formas de violencia que sufrió su hija, como, por ejemplo, la económica.

Uno de los momentos más reveladores del testimonio fue la reconstrucción del sábado previo al crimen. Ese día, Mercedes la visitó y se negó a bajar del auto. “Estoy muy mal, no me hagas bajar”, le dijo. Asimismo, la mujer reconoció que hasta entonces había intentado persuadirla de enfrentar la situación matrimonial, también por sus hijos.

Sin embargo, para Jiménez de los Ríos, ese episodio marcó un punto de inflexión, ya que la víctima llegó a manifestar con claridad el miedo que sentía y señaló que Figueroa estaba en un estado alterado. “Me decía que él estaba endiablado”, recordó ante los magistrados.

Ese temor no era un hecho aislado. Mercedes lo había compartido también con su hermana Rosario, residente en España, a quien le confesó que atravesaba una situación de miedo y que había sufrido agresiones físicas.

De la misma manera, la madre de la víctima relató que su hija intentó alejarse en distintas ocasiones, incluso una noche en la que salió de la casa junto a dos de sus hijos. Mercedes también había manifestado su intención de separarse, pero indicó que se sentía hostigada.

La mamá de Mercedes reconstruyó cómo fue el día del femicidio

El 4 de agosto de 2023, Jiménez de los Ríos indicó que recibió un mensaje de audio de WhatsApp del esposo de su hija a las 08:52, mientras trabajaba. El mensaje, que duró 48 segundos, decía: “María, perdón, no aguantaba más. Ella hace mucho que elige a otros hombres”, y pedía que cuidaran a los hijos de la pareja.

Al recordar el tono de voz del principal acusado, la mujer planteó que había interpretado que Figueroa podía atentar contra su propia vida, ya que su voz sonaba angustiada. Por este motivo, le respondió pidiéndole que se tranquilizara y pensara en los hijos.

A raíz de ese audio se activó la búsqueda de Mercedes. En paralelo, la mujer contactó a su hijo Francisco Kvedaras, quien la orientó para buscar ayuda médica. Fueron a la vivienda de la pareja, donde la empleada informó que no estaban.

En ese momento, se percataron de que las llaves estaban puestas y que la camioneta y la moto de Figueroa permanecían allí. Dentro de la casa, la computadora estaba encendida y figuraba un turno de tenis para las 11:00 horas en el barrio.

El grupo, al no hallar a la pareja, pensó que Mercedes podría estar en el gimnasio o realizando alguna actividad cerca, incluso subiendo el cerro Elefante. Luego se sumaron Mercedes Ibarra, madre de la novia de Francisco, y revisaron las cámaras de seguridad del barrio privado.

La madre de Mercedes intentó contactarla sin éxito, mientras la desesperación crecía. Otro hijo, desde Buenos Aires, logró rastrear el celular de Mercedes. Así descubrió que este trazaba un camino hasta las inmediaciones de la casa del padre de Figueroa.

Poco después, la madre presenció el traslado del cuerpo de su hija. “Vi que se llevaron a mi hijita en una camioneta blanca, estaba muerta”, rememoró Jiménez de los Ríos. Según la investigación, el crimen se produjo entre las 8 y las 9 de la mañana, coincidiendo con el envío del audio.

La autopsia determinó que Mercedes murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento y sofocación, y presentaba múltiples lesiones. La habían encontrado sin vida dentro del auto familiar, junto a Figueroa, quien presentaba lesiones de arma blanca en el cuello y en las muñecas. El acusado permaneció hospitalizado hasta que pudo recuperarse del estado crítico en el que se encontraba.