La controversia por la presencia de ciudadanos peruanos en el conflicto entre Rusia y Ucrania ha escalado en las últimas semanas, luego de que el Gobierno de Perú confirmara que al menos 11 peruanos murieron y 114 permanecen desaparecidos tras unirse a la guerra en territorio ruso. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, un total de 459 connacionales se habrían sumado a la Operación Militar Especial, como denomina Moscú a su ofensiva en Ucrania, y al menos tres han sido capturados por las fuerzas ucranianas.

Esta situación ha generado preocupación en Lima y ha llevado a la Cancillería peruana a sostener reuniones informativas con las familias afectadas, así como a enviar delegaciones especiales a Moscú para gestionar la repatriación de algunos ciudadanos y exigir información transparente sobre la ubicación y el estado de los involucrados.

En medio de denuncias por reclutamiento irregular y posibles engaños, la Embajada de Rusia en Perú difundió un comunicado oficial el 15 de agosto de 2026, en el que sostiene que mantiene contacto permanente con las autoridades peruanas y que ha gestionado encuentros con familiares de los ciudadanos involucrados. La delegación diplomática señala que ha respondido a todas las solicitudes oficiales de información provenientes tanto de la Cancillería en Lima como de la Embajada del Perú en Moscú.

Respuesta a las denuncias de engaño y coerción

El comunicado de la embajada rusa responde directamente a versiones difundidas en Perú sobre la supuesta existencia de redes que habrían engañado o coaccionado a ciudadanos para ser enviados a Rusia, donde habrían sido forzados a firmar contratos con el Ministerio de Defensa. Moscú rechaza estas acusaciones y afirma que “todos los que firmaron dichos contratos eran capaces y conscientes de las disposiciones del documento, de las condiciones del servicio militar y de los riesgos asociados, así como de los derechos y deberes de las partes”.

La embajada enfatiza que la Federación de Rusia cumple con todas las obligaciones establecidas en los citados contratos, incluyendo la capacitación militar de los peruanos reclutados. Con este mensaje, se busca descartar que las personas hayan sido forzadas a combatir sin conocer plenamente las condiciones.

Postura rusa sobre la participación de peruanos en el conflicto

La misión diplomática resalta la “alta valoración” que otorgan a la contribución de los peruanos, quienes, según el comunicado, colaboran junto a militares rusos en la Operación Militar Especial. Además, asegura que trata con especial atención las solicitudes peruanas relativas a cada ciudadano afectado y reitera su disposición para mantener un diálogo integral con Lima sobre una “amplia gama de cuestiones”.

Moscú insiste en que la participación de peruanos se da en el marco de contratos firmados de forma consciente y voluntaria. Al mismo tiempo, la embajada subraya su compromiso con la transparencia y la cooperación ante cualquier preocupación presentada por las autoridades peruanas.

Reacciones y contexto internacional

El debate sobre la presencia de latinoamericanos en la guerra se amplió tras denuncias de Amnistía Internacional Ucrania, que advirtió sobre la existencia de ciudadanos reclutados bajo ofertas laborales engañosas, especialmente en áreas como la construcción o la cocina Ucrania: denuncian el reclutamiento de latinoamericanos para Rusia. Estas acusaciones incluyen a personas de Brasil, Cuba, Perú y Uruguay, así como de países africanos y asiáticos.

El gobierno peruano, por su parte, ha intensificado las gestiones para proteger a sus ciudadanos y obtener información actualizada sobre su paradero. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos continúan alertando sobre los riesgos a los que se enfrentan migrantes y trabajadores extranjeros que terminan en el frente de batalla tras aceptar propuestas laborales que resultan distintas a lo acordado.

Rusia atacó instalaciones del Grupo Naftogaz de Ucrania 13 veces durante la última semana y ha golpeado sus instalaciones casi 300 veces en lo que va de año, informó el lunes la empresa ucraniana estatal de energía.

Rusia ha golpeado repetidamente la red eléctrica ucraniana desde su invasión a gran escala hace más de cuatro años. Moscú espera minar la voluntad de lucha de Ucrania al privar a los civiles de luz, calefacción y agua corriente durante los crudos meses de invierno.

Funcionarios ucranianos, que afirman que Rusia está “utilizando el invierno como arma”, temen que Moscú también mantenga su campaña durante el próximo invierno.

Drones y misiles rusos impactaron instalaciones en varias regiones del país, y un activo fue alcanzado varias veces durante la semana, señaló Naftogaz, al informar de graves daños en equipos y en la capacidad de producción. Ningún empleado resultó herido en los ataques, indicó la empresa.

El Grupo DTEK, una empresa de minería de carbón y producción de energía que afirma ser el mayor inversor privado en el sector energético de Ucrania, también dijo que un ataque ruso provocó un incendio en una de sus minas, matando a un hombre de 52 años.

Ataques cruzados y cientos de drones en una sola noche

Los movimientos de tropas a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros se han visto en gran medida estancados por drones y robots, de modo que tanto Rusia como Ucrania están ampliando sus campañas aéreas y diseñando nuevas armas de largo alcance.

Ataques ucranianos de largo alcance contra Rusia mataron a siete personas, mientras que cinco civiles murieron en Ucrania tras ataques de las fuerzas de Moscú, informaron funcionarios el lunes al recopilar los ataques ocurridos durante la noche.

Con la capital rusa ahora dentro del alcance de drones ucranianos que atacan regularmente la región, los organizadores cancelaron un gran festival de música militar que estaba previsto celebrarse en la Plaza Roja del centro de Moscú a partir del viernes. Los organizadores del Festival Internacional de Música Militar de la Torre Spasskaya dijeron el lunes en redes sociales que el evento fue pospuesto hasta el próximo año por razones fuera de su control.

En mayo, las autoridades redujeron significativamente las celebraciones anuales del Día de la Victoria de Rusia en la Plaza Roja por primera vez en casi dos décadas. Los funcionarios atribuyeron la medida a la “situación operativa actual”, pero no dieron más detalles.

Ucrania dependió en gran medida de la ayuda militar extranjera tras la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, pero ha incrementado gradualmente su potencia de fuego producida en el país. El domingo lanzó una andanada de más de 800 drones de largo alcance contra Rusia.

Ucrania también ha atacado con éxito almacenes propiedad de Wildberries, el principal minorista en línea de Rusia, a una distancia de hasta 2.000 kilómetros de la frontera ucraniana.

Casi 17.000 civiles muertos y una carrera por nuevas defensas

Las fuerzas rusas han golpeado cada vez más edificios de apartamentos, puertos, escuelas y hospitales, entre otros objetivos urbanos, y han matado a cerca de 17.000 civiles, según Naciones Unidas. La cifra de 437 civiles ucranianos muertos en julio fue un 70% más alta que en el mismo mes de 2025, indicó la semana pasada, a medida que se intensificaban las andanadas de Rusia.

Rusia ha aprovechado la grave escasez de interceptores de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense en Ucrania, que son la única forma de contrarrestar los misiles balísticos.

Pero Kiev está innovando con rapidez: Ucrania ahora desarrolla su propio misil balístico para responder a Rusia y trabaja con países europeos en el desarrollo de más defensas aéreas antibalísticas.

(Con información de AP)

Un tribunal ruso condenó este lunes a 11 años y un mes de prisión al político opositor Lev Shlosberg, vicepresidente del partido antiguerra Yábloko, por sus críticas a la ofensiva rusa en Ucrania. El tribunal de Pskov, a unos 600 kilómetros al noroeste de Moscú, lo declaró culpable de “acciones públicas destinadas a desacreditar el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia” y de difundir “información falsa” sobre el ejército.

Los cargos se originaron en un debate en el que Shlosberg pidió el fin de la guerra, y en la publicación en su canal de Telegram de la portada de un tabloide británico con la imagen de una mujer ensangrentada junto a una del presidente ruso, Vladímir Putin, bajo el título: “Su sangre... sus manos”. El político, que rechazó los cargos por considerarlos infundados, respondió al juez cuando le preguntó si entendía el veredicto: “Lo siento por usted, señoría, tendrá que vivir con esto”.

El segundo juicio en dos años

Se trató del segundo juicio contra Shlosberg, de 63 años, en los últimos dos años. También fue designado “agente extranjero”, una etiqueta con fuerte connotación peyorativa en Rusia que conlleva mayor escrutinio estatal, y ya había sido condenado por violar esa normativa. Desde diciembre de 2025 permanece detenido de forma preventiva por los cargos actuales.

En su declaración final ante el tribunal, el viernes pasado, Shlosberg dijo que Rusia atravesó en 30 años “un camino desde las esperanzas de libertad hasta la casi completa destrucción de los derechos y libertades humanas y civiles”.

Afirmó además que la guerra en Ucrania “cambió la vida de cada ciudadano ruso, sin excepción”, y anticipó que, cuando se conozca su verdadero número de muertos, “todo el país se estremecerá”.

Represión antes de las elecciones legislativas

El veredicto llega días después de que Yábloko —el único partido oficial que se opone abiertamente a la guerra y que sigue funcionando en Rusia— fuera excluido de las elecciones legislativas de septiembre, una decisión que la agrupación recurrió este lunes. Una multitud se concentró en Moscú para respaldar al partido, en un acto que terminó con sesenta detenciones, según un dirigente de la formación.

Tras conocerse la sentencia, Yábloko afirmó en Telegram que Shlosberg recibió la “brutal condena” por su “amor a la patria y sus pedidos de alto el fuego”, y anunció que apelará el fallo. Sus dirigentes, Nikolay Rybakov y Grigory Yavlinsky, calificaron la decisión como “la tragedia de la desintegración de la justicia rusa moderna”.

El reclamo de Amnistía Internacional

La organización Amnistía Internacional denunció el veredicto. “Su persecución y condena arbitrarias son represalias flagrantes por ejercer su derecho a la libertad de expresión para pedir la paz”, dijo Marie Struthers, directora del organismo para Europa del Este y Asia Central. “Las autoridades rusas deben liberar inmediata e incondicionalmente a Lev Shlosberg y anular su condena. Deben derogar la legislación que criminaliza la expresión pacífica contra la guerra, poner fin a la persecución de los miembros y simpatizantes de Yábloko, y respetar los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política de todos los rusos”, agregó.

Desde 2014, cuando Rusia anexionó la península de Crimea y respaldó a los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania, Shlosberg denunció de forma sostenida las acciones de Moscú. Rusia penaliza las críticas a su ofensiva con leyes que castigan la “desacreditación” del ejército y la difusión de “información falsa” con penas de hasta 15 años de prisión.

El partido liberal ruso Yábloko denunció este domingo que Rusia Unida, la formación del presidente Vladímir Putin, recibió donaciones desde el extranjero por un valor cercano a los USD 10 millones, la misma acusación que el Tribunal Supremo utilizó para excluir a la propia Yábloko de las elecciones legislativas del 20 de septiembre. Según un informe publicado por el partido opositor, titulado “Entonces exclúyanlos a todos”, el oficialismo y otras cuatro formaciones con representación en la Duma captaron en conjunto al menos 1.153 millones de rublos (unos USD 13,6 millones) en aportaciones “con indicios de financiación extranjera” entre 2021 y 2025.

El documento sostiene que Rusia Unida recibió 811.750 millones de rublos —casi USD 10 millones— de donantes registrados en 22 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, naciones que el Kremlin califica de “hostiles” desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. Yábloko subraya que esa cifra contrasta con los 16.900 rublos, apenas USD 200, que el alto tribunal esgrimió como prueba de financiación exterior irregular para anular el registro de sus propias listas electorales.

“Esta es la suma de donaciones de compañías que cuentan con importantes vínculos en el exterior. No aseguramos que esos partidos hayan violado la ley”, señala el informe, que matiza que no imputa delitos a las otras formaciones. “Pero todos los partidos parlamentarios claramente han infringido el criterio acuñado por la decisión del Supremo del pasado 10 de agosto”, añade el texto, en referencia al fallo que dejó fuera de la contienda a la única fuerza que aboga abiertamente por el fin de la guerra en Ucrania.

Yábloko recuerda que la legislación rusa no prohíbe a un particular donar fondos de origen extranjero, por lo que considera “una construcción jurídica absurda” trasladar ese hecho individual a una acusación de financiación externa del partido receptor. Con ese argumento, la formación exige al Supremo que anule su propio fallo o que aplique el mismo criterio de forma “congruente” al resto de partidos que competirán en septiembre.

El Supremo excluyó a Yábloko el 10 de agosto tras admitir una demanda del partido nacionalista Ródina, que acusó a la formación liberal de financiación extranjera, infracciones de derechos de autor en su material de campaña y de promover el “extremismo”. Según reveló el diario ruso Kommersant, la decisión se apoyó en datos aportados por Rosfinmonitoring, el organismo de supervisión financiera que también elabora listas de personas y entidades vinculadas al terrorismo. Yábloko presentó el viernes un recurso contra la anulación de su registro, que el alto tribunal debe resolver este lunes, dentro del plazo de cinco días previsto por la ley electoral.

La exclusión, la primera en la historia reciente de Rusia de un partido cuyo nombre ya figuraba impreso en la papeleta oficial, generó protestas frente a la sede del Supremo en Moscú, donde cientos de simpatizantes, en su mayoría menores de 30 años, se manifestaron contra el fallo. Yábloko es la única formación registrada en Rusia que reclama abiertamente un alto el fuego en Ucrania, un conflicto que se prolonga desde febrero de 2022 y que, según los sondeos del Centro Levada, dos tercios de los rusos desean ver concluido cuanto antes.

El repunte de apoyo al partido tras su registro oficial a finales de julio, especialmente entre jóvenes urbanos reacios a ser movilizados, había despertado inquietud en el Kremlin, según coinciden analistas y medios independientes rusos. El periodista Mijaíl Zigar afirmó el sábado que fue el propio Putin quien decidió personalmente apartar a Yábloko de la contienda, cuyo lema de campaña, “Por la paz y la libertad”, se oponía frontalmente al eslogan oficialista “Todo por la victoria”.

El presidente de Yábloko, Nikolái Ribakov, ha calificado la exclusión como un intento de silenciar “preguntas incómodas para las autoridades” y ha denunciado que el verdadero motivo del proceso judicial es el rechazo del partido a la ofensiva militar en Ucrania. La decisión que el Supremo debe emitir este lunes determinará si la única alternativa electoral favorable a la paz puede finalmente competir en unos comicios cuyo resultado, en ausencia de competencia real, se da por descontado desde hace más de dos décadas.

El ejército ruso atacó este domingo terminales y barcos en el puerto ucraniano de Odesa y sus inmediaciones, tras rechazar la propuesta de Kiev de declarar una moratoria a las operaciones contra objetivos en el mar Negro.

Según informó el Ministerio de Defensa ruso, en el bombardeo fueron golpeados tres buques mercantes y dos petroleros que supuestamente portaban equipos militares y combustible para el ejército enemigo. Además, también fue destruido un barco que transportaba armamento occidental en aguas al este del puerto de Odesa.

Drones rusos también atacaron patrulleras ucranianas atracadas a unos 138 kilómetros al suroeste de Odesa y una fábrica de ensamblaje de drones acuáticos a unos 40 kilómetros de la citada ciudad.

“Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan realizando ataques contra la infraestructura portuaria y los barcos que operan en interés del ejército ucraniano”, señala la nota castrense.

El ataque ruso contra Odesa se produjo días después de que Ucrania golpeara la principal base naval rusa en el mar Negro, en Novorossiysk, en una operación que el Servicio de Seguridad ucraniano (SBU) describió como de “importancia estratégica”. Según precisó el presidente Volodímir Zelensky, el bombardeo con drones y misiles impactó dos fragatas, un gran buque de desembarco, una corbeta y otras embarcaciones, además de dañar infraestructura petrolera y granelera clave para las exportaciones rusas. Imágenes satelitales difundidas posteriormente mostraron el alcance de los daños, con dos importantes terminales de granos obligadas a suspender operaciones. Rusia había trasladado buena parte de su flota a Novorossiysk luego de que Ucrania atacara repetidamente la base naval de Sebastopol, en la Crimea anexionada, en etapas anteriores de la guerra.

Una tregua rechazada y su impacto en las exportaciones de grano

El Ministerio de Exteriores de Rusia rechazó esta semana una posible tregua en el mar Negro propuesta, según medios internacionales, por Ucrania a través de Turquía, debido al impacto en las exportaciones de grano de los ataques rusos contra sus puertos.

“No vemos ningún indicio de que la situación esté mejorando y, por consiguiente, no vemos motivos para adoptar medidas a medias que simplemente darán al régimen de Kiev un respiro temporal”, dijo María Zakharova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa.

La ONU alertó a finales de julio de que los precios del trigo habían subido un 20% desde principios de mes, alcanzando sus mayores niveles desde marzo de 2024, lo que supone una amenaza para la seguridad alimentaria global.

De hecho, el grano ruso destinado a la exportación también cayó un 22% en los primeros diez días de agosto, según la Unión Cerealista de Rusia (UCR), a lo que hay que sumar que las exportaciones ya habían caído 26,6% en julio, en comparación con el mes anterior.

A su vez, UCR admitió que a día de hoy carece de medios para la siembra de invierno, ya que los productores están vendiendo el grano con grandes pérdidas.

En la misma línea, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró el viernes que Turquía y Estados Unidos nunca han condenado públicamente los ataques ucranianos contra los buques o las instalaciones del oleoducto del Caspio en el mar Negro, cuyo consorcio operador incluye a compañías occidentales. También descartó un posible cese de las hostilidades en el frente, que solo consideró posible “cuando se llegue a un arreglo duradero, fiable y sólido”.

Una de las mayores ofensivas aéreas de la guerra

El ataque a Odesa se dio en medio de una jornada marcada por bombardeos cruzados de gran escala, que dejaron al menos 12 muertos en Rusia y Ucrania. Kiev lanzó cientos de drones sobre territorio ruso, en uno de los mayores ataques aéreos de la guerra, y aseguró además haber dejado fuera de servicio a siete de los diez mayores centros logísticos de Wildberries, el gigante del comercio electrónico ruso, tras un nuevo ataque con drones contra la región de Moscú.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que destruyó 822 drones durante la noche, mientras el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, señaló que unos 600 drones fueron dirigidos hacia la capital rusa. Un hombre de 83 años murió tras el impacto de un dron contra una vivienda en la región de Moscú, y una andanada de más de 150 drones sobre la región de Rostov mató a cinco personas, dañó viviendas y una estación de tren, y provocó un incendio forestal, según el gobernador local, Yuri Slusar.

Del lado ucraniano, un ataque ruso con misiles contra Kryvyi Rih mató a dos personas e hirió a otras 14, según Zelensky, quien agregó que otra persona murió en Sumy. La planta de ArcelorMittal Kryvyi Rih, el mayor productor de acero de Ucrania, confirmó que uno de sus sitios fue alcanzado y que debió suspender parcialmente sus operaciones. En Zaporiyia, un hombre y una mujer murieron cuando su vivienda fue impactada, según el jefe de la administración militar local, Iván Fedorov. En Kiev, un incendio arrasó con el emblemático mercado de libros de Pochaina. “Dondequiera que los rusos puedan alcanzar con sus misiles balísticos, atacan infraestructura civil”, dijo Zelenski.

La intensificación de la ofensiva estatal contra las modelos de OnlyFans en Rusia ha marcado un nuevo episodio en la política de “valores tradicionales” que impulsa el presidente Vladimir Putin. En los últimos meses, las autoridades rusas han desplegado una campaña de persecución judicial y mediática contra jóvenes creadoras de contenido para adultos, invocando la defensa de la moral y la protección de la infancia. Esta iniciativa, que se fortaleció tras la invasión de Ucrania, refleja una política de control social más estricta que busca limitar la influencia de plataformas occidentales y reforzar las normas conservadoras en la sociedad rusa.

De acuerdo con reportes de The Moscow Times y el medio local BAZA, la policía rusa ha comenzado a realizar registros y detenciones en todo el país, dirigidos tanto a modelos de OnlyFans como a productores y camarógrafos que colaboran en la creación de videos para adultos.“En Rusia han comenzado a iniciarse procesos penales por contenido pornográfico en OnlyFans”, publicó The Moscow Times en relación con la oleada de procesos judiciales recientes. A pesar de que la ley rusa permite el consumo y almacenamiento de pornografía, la producción y distribución se consideran delitos penales, lo que deja a las creadoras expuestas a acusaciones formales.

El caso de Sofya Vershinina, conocida en redes como Sonya Marmeladova, ha captado la atención internacional. Esta joven de 21 años fue condenada por un tribunal de Moscú tras comprobarse que había obtenido el equivalente a 300.000 libras esterlinas por la venta de sus propios videos en OnlyFans y canales de Telegram desde enero de 2024. Según información recogida por The Moscow Times, las autoridades solicitaron una pena de tres años y medio en una colonia penal rusa, aunque el fallo final le impuso una condena de tres años de prisión en suspenso y una multa de 45.000 libras. El tribunal condicionó la suspensión a que Vershinina no incumpliera las restricciones impuestas. Las autoridades incautaron un teléfono móvil de alta gama, mientras que ciertos accesorios personales fueron devueltos tras la investigación.

En junio, la modelo y actriz Anastasia Ovsyannikova, conocida como Nastya Kholod, fue arrestada bajo sospecha de producir y difundir material pornográfico ilegal. Paralelamente fue detenido el productor alemán Ludwig Kritschker y confiscado su equipo profesional. Ovsyannikova mantenía una colaboración con Diana Shurygina, otra creadora detenida bajo cargos similares. Shurygina, de 27 años, enfrenta la posibilidad de una condena de seis años de prisión tras ser acusada por el Kremlin de vender contenido explícito en la plataforma. La policía allanó su vivienda en Moscú, decomisando material audiovisual y objetos relacionados con la producción de videos. Según informaron medios locales, Shurygina intentó salir de Rusia hacia Indonesia antes de ser arrestada y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario mientras avanzan las diligencias judiciales.

El endurecimiento de las políticas estatales ha sido liderado por Ekaterina Mizulina, presidenta de la Liga de Internet Seguro de Rusia y miembro de la Cámara Cívica, quien según The Moscow Times sería cercana a Putin. Mizulina participó activamente en la redacción de la llamada ley de “propaganda gay” en 2013, que sanciona la exhibición de contenidos LGTBQ+ a menores y fue la base legal para declarar al movimiento LGTBQ+ como extremista en 2023. Además, Mizulina denunció a la influencer Anastasia Bragina por grabar un video caminando desnuda por Moscú, lo que derivó en su detención y nuevas acusaciones de distribución de pornografía por medios digitales.

Según The Moscow Times y BAZA, estas acciones forman parte de un movimiento más amplio para restaurar la llamada “normalidad moral” en Rusia, intensificado desde la guerra en Ucrania y el aislamiento internacional. Diversos analistas consideran que la aplicación selectiva de leyes ambiguas permite al Kremlin perseguir no solo a creadoras de contenido para adultos, sino también a opositores y colectivos feministas. “Los agentes de las fuerzas del orden están analizando activamente las páginas de los blogueros en busca de contenidos para mayores de 18 años”, alertó BAZA sobre el seguimiento digital a modelos y productores.

El fenómeno de OnlyFans ha experimentado un crecimiento exponencial desde la pandemia de COVID-19, con más de cuatro millones de creadores y cerca de 370 millones de usuarios registrados a nivel mundial. El éxito de la plataforma ha generado polémica en numerosos países. En Rusia, el servicio sufrió bloqueos temporales en 2022 tras la imposición de sanciones económicas internacionales por la invasión de Ucrania. La compañía prohibió temporalmente los pagos a creadores y usuarios rusos, aunque luego restableció el acceso en la medida en que los sistemas de pago lo permitieron.

En otros países, la represión sobre OnlyFans adopta distintas formas. El acceso está restringido o prohibido en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán, Pakistán, China, Turquía, Bielorrusia, Indonesia, Malasia y Filipinas. En India, los ciudadanos pueden consumir el contenido, pero no producirlo. El caso ruso, no obstante, destaca por el uso de procesos judiciales contra personas específicas y la vinculación con una agenda política de valores tradicionales.

La presidenta del gremio estadounidense de artistas para adultos, Alana Evans, comentó su preocupación por la situación de las creadoras rusas tras el endurecimiento de las sanciones y el bloqueo temporal de la plataforma: “Me parte el corazón lo que les está pasando, porque me imagino lo difícil que debe de ser todo. Dejando a un lado la política, son personas”.

Ucrania aseguró este domingo que sus ataques contra el gigante del comercio electrónico Wildberries, conocido como el “Amazon ruso”, dejaron fuera de servicio a siete de los diez mayores centros logísticos de la compañía. “Ucrania ha dejado fuera de servicio 7 de los 10 mayores centros logísticos de Wildberries”, señaló el Ministerio de Defensa ucraniano en Facebook.

El último ataque contra la empresa se produjo la noche del sábado al domingo, cuando varios drones fueron lanzados contra la región de Moscú. Según Defensa, además del almacén de Domodédovo, dejó de funcionar el centro logístico ubicado en el parque industrial Kóledino, que Kiev señaló como el de mayor superficie de la compañía, con 250.000 metros cuadrados.

Pérdidas millonarias, según la inteligencia ucraniana

Esta semana, el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania cifró en más de 100.000 millones de rublos (unos 1.214 millones de dólares) los perjuicios económicos causados a Wildberries por los ataques con drones de largo alcance. Según ese organismo, Ucrania provocó incendios y la destrucción de al menos 14 centros logísticos de la empresa desde que comenzó la campaña, a mediados de julio.

En un escenario pesimista para la compañía, los daños financieros podrían alcanzar los 200.000 millones de rublos (unos 2.428 millones de dólares), de acuerdo con la misma fuente, que estimó además que las necesidades totales de financiamiento de Wildberries ya ascienden a 1,3 billones de rublos (unos 15.780 millones de dólares). El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, justifica los ataques con el argumento de que la compañía rusa almacena suministros militares y componentes para drones.

Una de las mayores ofensivas aéreas de la guerra

El ataque a Wildberries se enmarca en una jornada de fuertes bombardeos cruzados que dejó al menos 12 muertos en Rusia y Ucrania. Ucrania lanzó cientos de drones sobre territorio ruso, en uno de los mayores ataques aéreos de Kiev en la guerra. El Ministerio de Defensa ruso dijo que destruyó 822 drones durante la noche, mientras el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, señaló que unos 600 drones fueron dirigidos hacia la capital rusa. Un hombre de 83 años murió tras el impacto de un dron contra una vivienda en la región de Moscú, y una andanada de más de 150 drones sobre la región de Rostov mató a cinco personas, dañó viviendas y una estación de tren, y provocó un incendio forestal, según el gobernador local, Yuri Slusar.

Del lado ucraniano, un ataque ruso con misiles contra Kryvyi Rih mató a dos personas e hirió a otras 14, según informó Zelensky, quien agregó que otra persona murió en Sumy. La planta de ArcelorMittal Kryvyi Rih, el mayor productor de acero de Ucrania, confirmó que uno de sus sitios fue alcanzado y que debió suspender parcialmente sus operaciones. En Zaporiyia, un hombre y una mujer murieron cuando su vivienda fue impactada, según el jefe de la administración militar local, Iván Fedorov. En Kiev, un incendio arrasó con el emblemático mercado de libros de Pochaina, y otros seis heridos se reportaron en la capital. “Dondequiera que los rusos puedan alcanzar con sus misiles balísticos, atacan infraestructura civil”, dijo Zelensky, quien remarcó que en la última semana Ucrania fue blanco de más de 1.550 drones de ataque, cerca de 1.560 bombas aéreas guiadas y 62 misiles.

Un dron derribado en espacio aéreo rumano

El domingo, un avión de combate F-18 de la Fuerza Aérea española derribó un dron que había ingresado al espacio aéreo de Rumania, país miembro de la OTAN, cerca de la frontera con Moldavia. Fue el cuarto despliegue de este tipo por parte de España en la zona, según la canciller interina rumana, Oana Toiu, quien señaló que responde a un pedido de Rumania y la OTAN para reforzar el flanco oriental tras incidentes previos con drones. Días atrás, la Alianza Atlántica también había derribado un dron que ingresó al espacio aéreo de Letonia, el segundo incidente de este tipo en esa región en una semana.

Una economía rusa que, por ahora, resiste

Pese a la magnitud de los ataques ucranianos, la economía rusa mostró señales de recuperación en el segundo trimestre del año: el PBI creció 1,3% entre abril y junio, según datos oficiales de la agencia Rosstat, tras una contracción de 0,2% en el primer trimestre, impulsado por la demanda de consumo interno. Sin embargo, el propio Banco Central de Rusia recortó recientemente su proyección de crecimiento anual a un rango de entre 0% y 1%, frente a una estimación previa de 0,4% a 1,3%, en medio de las presiones que generan los altos costos de financiamiento, la escasez de mano de obra y la inflación. Según un conteo de la ONU, en julio murieron 437 civiles en Ucrania, el peor registro mensual desde mayo de 2022, mientras que las autoridades rusas reportaron 79 civiles muertos en su territorio ese mismo mes.

En una mañana fría y plomiza de invierno en un hotel del barrio porteño de Recoleta, Veronika Sentsov-Velch recibe a Infobae en su último día en Buenos Aires. Es abogada y doctora en Relaciones Internacionales, y desde abril de 2024 dirige Amnistía Internacional Ucrania, cargo que asumió después de una crisis interna de la organización con el encargo, dice, de reconstruir la confianza con el Gobierno y con la sociedad civil ucraniana.

Llegó a la capital argentina para reunirse con la comunidad ucraniana local, la embajada de su país y organizaciones de derechos humanos, y encontró una ciudad que, dice, “se siente como en casa”: el café, la gente, cierto aire europeo, con una excepción que la sorprendió gratamente, el mate. La gira está destinada a tender puentes con la sociedad civil del Sur Global. Un término que, asegura, no le gusta. “Cuando uno está en esta parte del mundo, no se siente el Sur de nada, se siente el centro del mundo.” Agrega que este fue el primer país, en mucho tiempo, donde al decir de dónde era no le siguió una pregunta sobre la guerra: “Para mucha gente acá, lo de Ucrania es algo que pasó hace tiempo y ya quedó atrás.”

Volvió a Ucrania cuando empezó la guerra a gran escala, tras vivir muchos años en Estados Unidos. Su marido, el cineasta Oleh Sentsov —preso político del Kremlin en Crimea entre 2014 y 2019— se sumó a las fuerzas armadas, y la pareja tuvo un hijo al que Sentsov-Velch llama, sin vueltas, “un bebé de guerra”: no conoció otra cosa. “Soy testigo, y no solo testigo de esta guerra: la vivo”, dice. Dirige, además, un equipo de investigadores que trabaja bajo alarmas antiaéreas. “Para mi equipo la realidad es bajar a dormir al metro a las diez de la noche con sus hijos y volver a trabajar a la mañana siguiente. Para nosotros la guerra no es un titular: es la realidad en la que te pueden matar cualquier noche”, dice.

Antes de sentarse a hablar de crímenes de guerra, tribunales y niños deportados, fue a buscar la casa de Jorge Luis Borges, uno de sus autores favoritos. No la encontró: en su lugar hay un local de artículos de tenis en pleno Palermo. “Eso también es parte de la vida, hay que aceptarlo. Nada sigue igual”, dice, sin saber todavía que esa misma idea y ese mismo autor van a volver en el cierre de esta entrevista.

—¿Qué encontró sobre cómo se percibe la guerra desde tan lejos?

—Es muy difícil hacer que esto le importe a alguien que no lo vive. No hay, en general, una razón que le toque el corazón a la gente, salvo los civiles y los niños ucranianos, con quienes sí pueden identificarse. Creo que para algunos es más fácil leer sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre cómo sobrevivió Londres, sin entender que eso es exactamente lo que viven los ucranianos ahora mismo. Y esta es una guerra de agresión: Ucrania no provocó nada.

—Amnistía documentó que hay prisioneros de guerra latinoamericanos, africanos y asiáticos que combatieron del lado ruso. ¿Qué encontraron?

—No recuerdo a nadie de Argentina, para nuestra sorpresa, vimos que hay un número considerable de latinoamericanos, de Brasil, Cuba, Perú, Uruguay; también hay mucha gente de África y países como Sri Lanka, Bangladesh. Cuando uno entiende la economía de estos países, entiende por qué tomaron esa mala decisión: probablemente ni siquiera eligieron sumarse a las fuerzas rusas, fueron las circunstancias las que los llevaron al frente. Algunos, claramente, son víctimas de trata de personas. Llevan ya cuatro años cautivos y a nadie le importan, porque técnicamente cometieron un crimen de guerra al sumarse a una guerra de agresión.

—¿Cómo caen en esas redes?

—Rusia necesita gente ahora, está tratando de movilizar más. Firmas un contrato para trabajar de cocinero o de albañil y terminas en el frente, donde solo caben dos destinos: que te capturen o que te maten. No hay vuelta atrás. Nunca vi a un prisionero al que le hayan pagado lo prometido, ni a su familia, ni que haya recibido el pasaporte ruso que le ofrecieron. Es una trampa, la forma más nueva de atrapar gente, y por eso queremos que se sepa: que no firmen esos contratos.

—¿Es la propaganda rusa la que los convence?

—La verdad, ni siquiera sé si es propaganda o es ignorancia y falta de información. Muchas veces la gente simplemente no sabe. Al principio de la guerra a gran escala, en 2022, quienes se sumaban a las fuerzas rusas solían hacerlo por ideología; ahora es sobre todo por razones económicas, gente que no puede sostener a su familia y busca una vida mejor sin tener mucha información sobre cómo va a terminar esto. Nos llegan pedidos de familiares, por ejemplo de Cuba, que buscan a un hermano que firmó para ser obrero de la construcción: quedamos en un limbo legal donde es casi imposible actuar. Lamentablemente, Latinoamérica, África y Asia están alimentando al ejército ruso con un porcentaje importante de gente que muchas veces ni entiende bien qué está haciendo.

—¿Cuáles son hoy las violaciones de derechos humanos más urgentes en los territorios ocupados por Rusia?

—Los asesinatos de civiles, tanto en zona ocupada como en la controlada por Ucrania. Hay un fenómeno terrible con los drones que cambió la guerra: los “safaris humanos”, como en Sarajevo, cuando se disparaba contra la gente como en una cacería. Hay operadores que cazan a hombres, mujeres y niños en una plaza y después lo suben a las redes sociales rusas, orgullosos del crimen que acaban de cometer. A eso se suman los misiles —ahora que Corea del Norte suministra una cantidad enorme— contra edificios civiles: la cifra de muertos es la más alta desde abril de 2022, y volvió a subir así en junio de este año.

—¿Cómo es vivir bajo esos ataques, noche tras noche?

—Con los misiles balísticos no llegas a tiempo al refugio, así que cuando te alcanzan, te alcanzan. Y quienes trabajan reconstruyendo los edificios atacados sufren “ataques dobles”: golpean una vez, llegan los rescatistas, y golpean de nuevo. Los equipos están tan agotados que en mi barrio hubo un incendio hace poco y no había nadie disponible para atenderlo, porque la noche anterior habían terminado un turno entero sacando gente de edificios colapsados. Y la vida sigue: ese es el problema de todo esto.

—Ucrania insiste en un tribunal internacional para estos crímenes, pero en las negociaciones de paz también circula la idea de una amnistía como condición para cerrar la guerra. ¿Qué piensa Amnistía?

—Estoy totalmente en contra de la amnistía para los crímenes de guerra que se cometieron. Primero, porque si dejamos libres a quienes empezaron esta guerra de agresión, damos un mal ejemplo para que otros hagan lo mismo con sus propios civiles: sería tapar todo bajo la alfombra, sin ninguna sensación de haber vencido algo grande y malo. Segundo, y es casi sarcástico: hay quienes dicen que los derechos humanos no importan, pero si no importan, ¿por qué los regímenes autoritarios insisten tanto en pedir amnistía? Además, esos crímenes no prescriben, así que el caso se puede reabrir en cualquier momento. No hay un camino sostenible hacia el futuro sin un umbral mínimo de justicia.

—¿Y cómo se hace justicia mientras tanto, con Putin viajando por el mundo y reuniéndose con otros líderes?

—Tenemos el sistema internacional mejor construido de la historia, pero sin herramientas para aplicarlo: es como tener el Maserati más bonito sin ruedas ni combustible. Es cierto que da un mal ejemplo ver a Putin reunirse con gente como Netanyahu y darse la mano, pero seamos honestos: tampoco tienen la misma capacidad de viajar a cualquier lado, siguen bastante aislados. Incluso en Amnistía vemos que cuando planean algún viaje, la sociedad civil presiona para que no venga. Así que funciona, no de la manera en que nos gustaría, pero funciona. Y el tribunal se está reconstruyendo de una forma u otra: esta guerra lleva casi doce años, la fase a gran escala ya cinco, tenemos todo filmado y documentado, y hasta ahora no pasó nada. Ahí está la mayor frustración.

—¿Cuáles son los principales obstáculos para documentar lo que ocurre en los territorios ocupados?

—El acceso a la gente: no queremos que nadie acabe en una cárcel rusa solo por hablar con nosotros, porque Amnistía está prohibida en Rusia. Aun así, hay tártaros de Crimea muy valientes que siguen allí y piden apoyo. Documentamos rusificación forzada, adoctrinamiento de niños ucranianos y persecución de docentes. Los regímenes autoritarios no son especialmente creativos cuando ocupan un territorio: cometen siempre los mismos crímenes, golpean, violan, amenazan a las familias, se quedan con las propiedades —Rusia nacionalizó todo, y hay ucranianos que ahora ven sus casas en venta por internet, con sus propias fotos adentro—. El otro problema es la retraumatización: entrevistar diez veces a la misma víctima hace que ya no recuerde bien qué pasó, por eso es tan importante documentar todo de primera mano en cuanto ocurre.

—¿Tienen algún tipo de diálogo con activistas o asociaciones rusas de derechos humanos?

—Sí. Tenemos colegas rusos, algunos trabajando desde el exilio, y también abogados en el terreno; no son muchos, y es peligroso para ellos. Vivir en el exilio no es lo mismo que estar en el terreno, pero hacemos lo que podemos para mantener la comunicación, y ayuda mucho.

—Argentina integra la coalición internacional para el regreso de los niños ucranianos deportados. ¿Cómo valora ese esfuerzo?

—Es una gran iniciativa y hay que seguir empujándola. Ucrania logró repatriar a algunos, pero la evidencia habla de más de 1.200 niños, probablemente muchos más, porque en los territorios ocupados no sabemos cuántos fueron dados en adopción. Muchos fueron secuestrados, adoctrinados, y varios pasaron por hogares de acogida, que es la parte más aterradora de todo esto. Vale la pena pelear por cada uno: lo importante es sacarlos de allí, sea a Ucrania o a un tercer país.

—¿Cree que la experiencia argentina en esta materia tras última dictadura militar podría serle útil a Ucrania?

—Creo que lo más útil que Ucrania puede aprender es que es muy fácil deslizarse hacia una dictadura en tiempos de guerra. Cuando trabajas en derechos humanos hay que vigilar dos frentes: uno es la guerra de agresión de Rusia, y el otro es Ucrania misma. Si luchamos por este país es porque es democrático, porque queremos Estado de derecho, elecciones libres, ser parte de la comunidad europea, tener ciertos estándares de vida. Pero si ese país se desliza hacia una dictadura militar, no tiene sentido: ¿para qué estaríamos luchando entonces?

—¿Tiene esa misma preocupación respecto de Ucrania?

—Creo que la mejor forma de prevenirlo es mantener una preocupación constante. Hace años que no tenemos elecciones, y la opinión entre los ucranianos está muy dividida al respecto; es uno de los temas de mi propio doctorado, y entiendo que es casi imposible tenerlas en esta condición. Pero si la guerra sigue así diez años más, o cinco, tampoco podremos seguir viviendo así para siempre. La libertad de expresión es algo que hay que monitorear todo el tiempo —hay temas, como ubicaciones u objetivos militares, que no se pueden revelar—, pero si hay corrupción de por medio, hay que exponerla: corroe a la sociedad tanto como los trolls rusos. Hay protestas ahora mismo, y estoy muy orgullosa de que muchos jóvenes digan que así no va a funcionar: aunque no haya elecciones, la protesta se convirtió en la herramienta que canaliza esa voz propia, y quienes las organizan no pueden ser perseguidos ni castigados.

—Usted asumió la dirección de Amnistía Ucrania en medio de una fuerte polémica con el Gobierno. ¿Cómo describe hoy esa relación, y cómo equilibran la crítica a Kiev sin alimentar la propaganda rusa?

—Es lo más difícil, y no solo para nosotros. Cuando criticas tienes que estar segura de que lo haces con buena intención, y no alcanza con criticar: hay que proponer también una salida. Ucrania vivió una especie de autocensura el primer o segundo año de guerra, pero ahora, si algo no te convence, lo dices, y por lo general están dispuestos a escuchar.

—¿Qué avances hay en los canjes de prisioneros entre Ucrania y Rusia?

—Ucrania tiene un número enorme de desaparecidos, y es difícil saber si están cautivos o si les pasó otra cosa; cuando no lo sabemos, el trato que reciben puede ser distinto, porque esa persona técnicamente no existe. Rusia, por su parte, tiene su propio orden de prioridades: los chechenos suelen ir primero, y a los prisioneros internacionales casi nunca los incluyen, salvo a los norcoreanos.

—Su marido, Oleh Sentsov, fue preso político en Crimea. ¿Cómo influye esa experiencia en su trabajo con los prisioneros de guerra rusos?

—Entendés que todos son seres humanos. A la mayoría no querría encontrármelos armados por la calle, y no les daría la espalda, pero hablar con ellos y comprender esa perspectiva humana es muy útil. Hay un libro hermoso de la autora yugoslava Dubravka Ugrešić que dice que esas personas creen que no le harían daño ni a una mosca, y eso es lo más llamativo: la interacción ocurre a un nivel muy básico, hablas de películas y de cualquier cosa, y de golpe piensas “esta persona vino a matarme”. Una vez les pregunté a unos prisioneros egipcios si habían escuchado hablar de “los fascistas”, y me preguntaron qué era eso: no lo sabían. Hay distintos niveles de ignorancia y de educación, pero todos saben que no tienen forma de darle de comer a sus hijos, y terminan cometiendo algo terrible y eso es lo más problemático de todo.

—Después de tantos años, ¿cómo sostiene la esperanza de que la rendición de cuentas todavía sea posible?

—Leo mucho sobre guerra e historia, y sé que algún tipo de justicia siempre termina por imponerse. Esta guerra es tan injusta y tan agresiva que en algún momento vamos a tener ese tribunal, vamos a tener a esas personas. No sé si será en mi vida, pero sí en la de mis hijos. Como decía Borges, somos nuestra historia, y lo que hacemos ahora es construirla: estamos viviendo un momento histórico y hay que construirlo, o dejarlo pasar. Lo único que quiero es una vida más sostenible para mis hijos: no de venganza, sino de justicia verdadera y pacífica, y quizás de perdón, y de futuro. Porque si no, el mundo entero se derrumba.

El gobernador regional de Krivói Rog, al sur del país invadido, informó que una mujer murió y seis personas resultaron heridas. La ciudad natal del presidente ucraniano Volodimir Zelensky fue blanco de un ataque combinado con misiles balísticos y drones. Oleksandr Vilkul, jefe del consejo de defensa local, declaró en Telegram: “La ciudad está bajo un ataque combinado con misiles balísticos y drones”, y advirtió sobre la posibilidad de nuevas oleadas. Vilkul detalló que las fuerzas rusas atacaron dos instalaciones industriales, una de ellas de libros, lo que motivó labores de rescate y extinción de incendios.

En Kiev, las autoridades emitieron una alerta de ataque aéreo poco antes de las 2:00 de la madrugada, ante la amenaza de un misil balístico. Periodistas locales registraron varias explosiones en la capital poco después. El alcalde Vitali Klitschko afirmó: “Kiev está bajo ataque con misiles balísticos”, e instó a la población a permanecer en los refugios. El ataque dejó una persona herida y provocó incendios en edificios no residenciales de los distritos Obolonsky y Holosiivskyi.

La ofensiva del Kremlin también dejó dos víctimas fatales en la región sureña de Zaporizhzhia.

Las autoridades locales informaron que Kremenchuk, en la región central de Poltava, también fue atacada, aunque no se detalló el alcance de los daños ni el número de víctimas.

En Moscú, el alcalde Sergei Sobyanin reportó un ataque nocturno con drones que se prolongó durante horas. Según sus declaraciones en la plataforma MAX, las defensas aéreas interceptaron más de 600 drones dirigidos hacia la capital. Sobyanin indicó que los servicios de emergencia actuaron en las zonas afectadas por la caída de escombros y señaló que tres personas resultaron heridas.

Ucrania justificó el aumento de ofensivas contra instalaciones militares, industriales y logísticas dentro de Rusia como respuesta a los constantes ataques rusos sobre ciudades e infraestructuras ucranianas. Desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, Rusia mantiene ataques casi diarios con misiles y drones en distintas zonas del país, incluyendo áreas alejadas del frente. Rusia incrementó el uso de misiles de largo alcance en su ofensiva contra Ucrania, mientras que Kiev intensificó la utilización de drones para atacar objetivos dentro del territorio ruso, incluyendo intentos reiterados de alcanzar la capital.

Las fuerzas rusas provocaron en julio la muerte y heridas a 3.047 civiles en Ucrania, la cifra mensual más alta desde marzo de 2022, según informó la Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU). El informe, difundido este jueves, precisa que al menos 437 civiles fallecieron y 2.610 resultaron lesionados en zonas bajo control ucraniano, aunque la misión advirtió que el número podría incrementarse, ya que no dispone de acceso a territorios ocupados por Rusia.

La HRMMU señaló que estos datos suponen un aumento del 30 % respecto a junio y un 70 % en comparación con julio de 2025. Separando los fallecimientos, la cifra de muertos es la más elevada desde mayo de 2022 y la de menores víctimas, la mayor desde abril de 2022.

La jefa de la misión, Danielle Bell, declaró: “Cada mes de este año el número de civiles muertos y heridos ha ido en aumento. La tendencia se ha acelerado bruscamente en julio. El número de bajas civiles en julio es el más alto que hemos documentado en un sólo mes desde marzo de 2022”.

En lo que va de año, la HRMMU contabiliza 1.939 muertos y 10.638 heridos a causa de la guerra, lo que representa un incremento del 44 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1.434 muertos y 7.216 heridos. La cifra duplica los datos del mismo periodo de 2024, cuando se documentaron 1.188 muertos y 4.560 heridos.

Kiev figura entre las ciudades más afectadas por los bombardeos rusos, con 54 muertos y 202 heridos en un mes.

(Con información de AFP)

El arte, a veces, se esconde en los márgenes de una hoja. Para Iván Yákovlevich Bilibin, nacido el 16 de agosto de 1876 -hace exactamente 150 años- en las afueras de San Petersburgo, Rusia, la página de un libro no era un simple soporte de papel; era una pieza arquitectónica. Cada bosque sombrío, cada princesa de mirada melancólica y cada criatura mitológica que salió de su pincel formó parte de una revolución silenciosa que cambió para siempre la forma en que el mundo imaginó el folclore eslavo.

Hoy, a un siglo y medio de su nacimiento, el universo visual de las animaciones modernas —desde los grandes clásicos soviéticos de Soyuzmultfilm hasta los paisajes geométricos de la factoría Disney— conserva la huella dactilar de un creador obsesivo, apodado por sus contemporáneos como “el cirujano del trazo”. La historia de Bilibin comenzó con un mandato familiar roto. Hijo de un médico militar, se graduó con honores en Derecho en la Universidad de San Petersburgo en el año 1900.

Pero los códigos civiles no pudieron competir contra la atracción del lienzo. Mientras completaba sus estudios universitarios, se formaba secretamente en Múnich y absorbía los secretos del realismo bajo la tutela del mítico maestro Iliá Repin. El quiebre definitivo ocurrió entre 1902 y 1904. Enviado por el departamento de etnografía del Museo de Alejandro III, Bilibin se internó en las zonas rurales del norte de Rusia, recorriendo regiones como Vólogda y Arjánguelsk.

En ese viaje iniciático quedó magnetizado por las viejas iglesias de madera talladas a mano, los trajes bordados de las campesinas y las leyendas paganas que sobrevivían al invierno profundo. No regresó como un pintor convencional: regresó como el guardián de una identidad visual que estaba a punto de desaparecer. Lo que diferenció a Bilibin de otros ilustradores de su época fue un rigor técnico casi matemático. No permitía el trazo azaroso ni la mancha espontánea. Su proceso era una coreografía milimétrica.

Primero estructuraba un boceto geométrico, luego colocaba un papel calco transparente y, con pinceles de marta increíblemente finos, delineaba un contorno negro y cerrado de grosor inalterable. Esta técnica, inspirada en los grabados medievales y la estampa japonesa Ukiyo-e (xilografías del período Edo, entre 1603 y1868), atrapaba los colores puros de las acuarelas —azules nocturnos, púrpuras y dorados opacos— creando una atmósfera tridimensional sin recurrir al realismo tradicional.

Además, entendía que el texto y la imagen debían convivir en armonía. Por eso, diseñó marcos ornamentales complejos repletos de setas, runas y trenzados folclóricos. En obras fundamentales como Vasilisa la Bella (1899), El Cuento del Zar Saltán (1905) —basado en los poemas de Aleksandr Pushkin— y María Morevna (1907), leer un cuento se transformó en una experiencia estética inmersiva. Así el terror de la bruja Baba Yaga o la inquietante figura de Koschéi el Inmortal tomaron formas definitivas.

La vida de Bilibin fuera del taller tuvo el mismo dramatismo que sus ilustraciones. Miembro activo de la vanguardia bohemia del grupo Mir Iskusstva, lidió durante años con un severo alcoholismo que dinamitó sus relaciones personales. Sin embargo, su pulso gráfico era tan respetado que, tras la Revolución de Febrero de 1917, el Gobierno Provisional le encargó el diseño de la nueva águila bicéfala sin insignias imperiales (en los noventa, el Banco de Rusia acuñó ese diseño en una moneda).

La llegada de la Guerra Civil Rusa quebró su estabilidad y lo empujó al exilio. En 1920 desembarcó en Alejandría tras pasar por un campo de refugiados en Chipre. En El Cairo, fascinado por el arte copto y los mosaicos bizantinos, se dedicó a decorar iglesias ortodoxas. Para 1925, se trasladó al corazón cultural del mundo: París. En la capital francesa diseñó decorados y trajes para óperas como Borís Godunov de Músorgski y El gallo de oro de Rimski-Kórsakov, trabajando de cerca con los icónicos Ballets Rusos.

Pero el desarraigo fue más fuerte que el éxito europeo. En 1936, seducido por la promesa soviética de un regreso digno y el reencuentro con sus raíces, Bilibin volvió a Leningrado. Fue recibido con honores de estado y se le otorgó una cátedra en la Academia de Artes. Pero la historia no terminaría. El último acto de su vida estuvo marcado por el sacrificio. Durante la Segunda Guerra Mundial, con las tropas nazis cercando ferozmente a Leningrado, él decidió quedarse.

Fue un asedio de casi novecientos días. Las autoridades soviéticas le ofrecieron ser evacuado pero se negó rotundamente. “Uno no huye de una fortaleza sitiada, la defiende”, argumentó. Pasó sus últimos meses refugiado en las frías y oscuras bodegas de la Academia de Artes, enseñando a sus alumnos y dibujando bajo la luz de las velas mientras las bombas caían sobre la ciudad. El 7 de febrero de 1942, su cuerpo no resistió más. Iván Bilibin murió por inanición, víctima del hambre y el frío extremo.

Rusia reclamó este sábado explicaciones a Estados Unidos y Turquía por un posible envío de armamento pesado a Ucrania, una operación que incluiría misiles tácticos ATACMS, lanzaderas múltiples y 50.000 proyectiles. Moscú advirtió que la transferencia dañaría sus vínculos con Washington y Ankara.

El Ministerio de Exteriores ruso formalizó el pedido de aclaraciones a ambos gobiernos después de que trascendiera información sobre una eventual transferencia de armas de fabricación estadounidense almacenadas en territorio turco.

Según la posición oficial rusa, el posible traspaso no alteraría de forma decisiva el curso de la guerra, pero sí agravaría la tensión con dos países a los que Moscú reprochó sostener una retórica de solución político-diplomática mientras evalúan nuevos suministros militares.

La portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, sostuvo que Moscú ya se dirigió a Estados Unidos y Turquía para conocer el alcance de la operación. De acuerdo con la información citada por la diplomática, el paquete incluiría 12 lanzaderas de misiles, 70 misiles tácticos ATACMS y cerca de 50.000 proyectiles. En su comunicado, Zajárova afirmó que el perjuicio de esos suministros sería “inevitable” y alcanzaría tanto el plano militar como el diplomático.

Turquía solicitó la semana pasada autorización a Washington para transferir a Kiev decenas de miles de proyectiles de artillería y cohetes de munición de racimo que permanecían desde hace décadas en sus arsenales. Ese material, producido bajo licencia estadounidense en 1987, no puede ser entregado a un tercer país sin la aprobación previa de Washington.

La información divulgada en registros legislativos de Estados Unidos y recogida en distintas versiones periodísticas describió un arsenal de gran escala. Entre los sistemas mencionados figuraban 2.524 cohetes M26 de 227 milímetros y 47.000 proyectiles de artillería M509A1 de 203 milímetros con munición de racimo. La eventual transferencia, según esa documentación, se canalizaría hacia el Gobierno ucraniano a través de entidades privadas turcas.

Rusia también cuestionó el tipo de munición incluida en la operación, además de la magnitud del eventual envío. Zajárova cuestionó que países que aspiran a desempeñar un papel especial en una solución político-diplomática de la crisis ucraniana puedan, al mismo tiempo, avanzar en entregas de armas que Rusia considera letales. La portavoz también puso el foco en las declaraciones previas de funcionarios turcos, que habían sostenido que Turquía evitaba el envío de armamento de ese tipo a Kiev.

Ni Estados Unidos ni Turquía forman parte de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, el tratado internacional que prohíbe el uso, la venta y la exportación de este tipo de armamento. Esa clase de munición dispersa submuniciones explosivas sobre amplias superficies y mantiene un alto nivel de riesgo tras el impacto inicial. La organización Human Rights Watch advirtió que alrededor de 40% de esas cargas no explota al dispersarse, lo que las convierte en artefactos que pueden herir a civiles mucho después del fin de los combates.

Zajárova sostuvo que ese armamento no alteraría de forma significativa la campaña militar, aunque insistió en que tendría consecuencias en materia de víctimas y destrucción, además de afectar las relaciones de Moscú con Washington y Ankara. En ese marco, afirmó que todavía había margen para que ambos países revisaran sus planes.

El nuevo reclamo de la cancillería rusa se produjo un día después de otra declaración de Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, quien pidió explicaciones a Estados Unidos por un posible suministro de datos de inteligencia a Ucrania para atacar objetivos dentro del territorio ruso. En sus declaraciones, sostuvo que Washington estaba cada vez más implicado en la organización y ejecución de ataques contra objetivos civiles en Rusia.

Ese reclamo se sumó al pedido ruso de aclaraciones sobre el eventual suministro de armas. Moscú dejó planteado que espera respuestas formales de Estados Unidos y Turquía, aunque Lavrov afirmó que Rusia no emitía ultimátums.

El posible nuevo suministro de misiles ATACMS, lanzadores múltiples y grandes cantidades de proyectiles se conoció después de que la anterior administración estadounidense entregó los primeros ATACMS a Kiev en la segunda mitad de 2023. El nuevo cruce diplomático se conoció además en la antesala de los seis meses desde la última ronda de negociaciones de paz entre rusos y ucranianos con mediación de Estados Unidos.

(Con información de EFE)

El derrame de petróleo provocado por la fuga en el buque cisterna Caroline Bezengi continúa su desplazamiento en mar abierto hacia el sureste de la provincia omaní de Musandam, en dirección a alta mar, al tiempo que ya afecta a 12 kilómetros de las playas de la zona de Ras Madrakah, informaron este sábado fuentes oficiales.

“La Autoridad Ambiental continúa monitoreando, rastreando y respondiendo a la contaminación por petróleo. Los últimos resultados de campo indican que la extensión de las playas afectadas en el área de Ras Madrakah abarca aproximadamente 12 kilómetros. No se han observado efectos significativos de contaminación en otros sitios”, indicó la autoridad, según la agencia omaní de noticias ONA.

Los resultados hasta la fecha confirman que la contaminación por petróleo “no ha alcanzado las costas de la isla Masirah, cuya parte sur se encuentra dentro del área potencialmente afectada”.

Del mismo modo, el derrame “continúa desplazándose en mar abierto hacia el sureste de la provincia de Musandam, en dirección a alta mar”.

Las autoridades de Omán adoptaron medidas para limitar la propagación y minimizar los impactos ambientales del derrame, dado a conocer el pasado lunes, cuando el gobierno omaní afirmó que la mancha de petróleo cubría unos 390 kilómetros cuadrados frente a las costas del sur del país. Desde entonces, la mancha se extendió hasta superar los 2.000 km², según el análisis de imágenes satelitales realizado por John Amos, especialista en vertidos de petróleo.

La fuga fue detectada en el Caroline Bezengi, un petrolero de 274 metros con bandera de Camerún —aunque la Organización Marítima Internacional (OMI) lo lista actualmente con bandera desconocida, tras perder su registro a finales de mayo— varado cerca de las islas Hallaniyat, que partió del puerto suroccidental ruso de Novorosíisk y que, de acuerdo con fuentes de seguridad marítima, sufrió una explosión a bordo a principios de junio en aguas de Yemen.

El buque transportaba unos 800.000 barriles de crudo ruso sujeto a sanciones internacionales y forma parte de la denominada flota fantasma rusa.

Las autoridades de Omán, país ribereño del estrecho de Ormuz junto a Irán, no ofrecieron detalles sobre el incidente ni los daños sufridos por el buque. Hasta el momento, se desconoce si fue objeto de un ataque en el marco de la guerra en Medio Oriente y de las acciones contra la navegación comercial.

Ninguna parte ha reivindicado un eventual ataque.

El Caroline Bezengi atravesaba dos zonas de conflicto activo —Rusia y Yemen— antes de encallar el 30 de junio en una isla omaní que forma parte de una reserva natural marina.

Lo que agrava la situación es la cadena de responsabilidades rota: el propietario del buque, con sede reportada en Shanghái, no respondió a los requerimientos de las autoridades omaníes, y no hay constancia de que el buque cuente con seguro bajo ningún club de protección e indemnización (P&I) reconocido.

En muchos sentidos, parecía un campamento de verano. Ofrecía asados y partidos de voleibol de playa. Un centro de bienestar se llamaba “Relájate y diviértete”.

Los hombres y mujeres que asistieron al programa realizado en un complejo turístico ubicado en una zona remota de Serbia también participaron en actividades más siniestras, como aprender a romper cordones policiales e incendiar edificios. Se ponían chalecos antibalas y entrenaban con rifles de asalto.

Resultó que sus consejeros eran agentes operativos con vínculos en el servicio de inteligencia militar de Rusia, conocido como el GRU. Su propósito, según funcionarios de inteligencia de tres países que describieron las actividades, era construir un cuadro de tropas de choque disciplinadas y entrenadas en interferencia electoral.

El objetivo era la pequeña Moldavia, un país de unos tres millones de habitantes que tiene una importancia desmesurada para Vladimir Putin, el presidente de Rusia.

La campaña del Kremlin incluía métodos conocidos en otras partes de Occidente, como el hackeo y la desinformación. Pero en Moldavia, su intervención llegó más lejos que quizá en cualquier otro lugar fuera de Ucrania, y se destaca como uno de los complots más extensos y audaces hasta la fecha en el esfuerzo de Putin por desestabilizar a Occidente, según dijeron los tres funcionarios de inteligencia occidentales.

Además del campamento en Serbia, agentes rusos dirigieron programas de entrenamiento en Bosnia y Moscú que estaban diseñados para convertir a moldavos prorrusos en soldados de infantería. Moscú les pagó a cientos de sacerdotes ortodoxos moldavos para reclutar votantes y promover narrativas rusas desde el púlpito. Además, gastó cientos de millones de dólares en un sofisticado complot de compra de votos financiado por un multimillonario moldavo en el exilio, concebido y operado desde Skolkovo, una zona ubicada a las afueras de Moscú que es considerada como la versión del Kremlin de Silicon Valley.

La campaña de Moscú no se ha detenido. Esta primavera, misiles rusos atacaron infraestructura energética que brindaba servicio a Moldavia, contaminando vías fluviales e interrumpiendo los flujos de electricidad.

Este artículo se basa en entrevistas con activistas que participaron en el esfuerzo ruso; altos funcionarios de seguridad y de las fuerzas del orden moldavos; y más de media decena de funcionarios de inteligencia europeos y estadounidenses. The New York Times también revisó miles de documentos relacionados con los intentos de Rusia de interferir en las elecciones de Moldavia.

Muchos de los entrevistados insistieron en hablar de forma anónima, ya sea para poder discutir operaciones de seguridad delicadas o porque temían represalias.

Detalles sobre los esfuerzos rusos en Moldavia han surgido en casos judiciales y reportajes locales, pero el alcance y la extensión de la campaña, incluido el esquema de compra de votos y el papel de los servicios de inteligencia de Rusia, no se habían reportado previamente.

Públicamente, los funcionarios rusos han negado interferir en los asuntos de Moldavia y han desestimado las acusaciones de que Moscú está intentando socavar a Occidente. En diciembre pasado, Putin, en un discurso dirigido a comandantes militares, reprendió a los líderes europeos por “alimentar la histeria” sobre la amenaza de Rusia.

Sin embargo, poco después reunió a los líderes para una sesión informativa secreta con el fin de comunicar exactamente el mensaje opuesto, según funcionarios de dos países con conocimiento del episodio. Su objetivo para 2026, les dijo Putin, es “el colapso de la OTAN y de la Unión Europea desde adentro”, dijeron las personas.

Moldavia es fundamental para este esfuerzo. En la jerarquía de las prioridades del Kremlin, según dijeron los funcionarios de inteligencia occidentales, conquistar Ucrania es lo primero, y tomar el control de Moldavia es lo segundo. Aunque no es miembro de la Unión Europea (UE) ni de la OTAN, está ubicada estratégicamente, encajonada entre miembros de la OTAN y Ucrania.

Moldavia sería una cabeza de playa ideal para Rusia para futuras agresiones bien sea contra Ucrania u Occidente, dijeron los funcionarios, y agregaron que Putin todavía espera conquistar una franja del sur de Ucrania para crear un puente terrestre que conecte a Rusia con Moldavia.

Un mapa de los movimientos planeados de las tropas rusas, exhibido públicamente por el presidente de Bielorrusia al principio de la guerra, mostraba a las fuerzas rusas irrumpiendo en Transnistria, una región separatista en Moldavia que alberga un contingente de tropas rusas. Rusia no ha logrado ese objetivo.

Rusia quiere usar a Moldavia “como un trampolín para actividades hostiles contra Ucrania, así como contra su principal partidario financiero y de defensa, la Unión Europea”, dijo Stanislav Secrieru, asesor de defensa y seguridad nacional de la presidenta moldava.

“Por estas razones”, dijo, “Rusia asignó recursos sin precedentes en los últimos años”.

Cuando se le pidió un comentario sobre las acusaciones de interferencia rusa en Moldavia, Dmitri S. Peskov, el portavoz del Kremlin, dijo: “Todas estas son afirmaciones falsas que no tienen base alguna”.

El gobierno prooccidental de la presidenta Maia Sandu ha establecido la membresía en la Unión Europea como una prioridad, lo que lo ha convertido en un objetivo del Kremlin. En cada votación reciente, incluida una elección presidencial y un referéndum sobre si solicitar unirse al bloque europeo en 2024, y elecciones parlamentarias el año pasado, Moscú ha invertido recursos para desbancar a Sandu y a PAS, su partido.

Ese fue el objetivo el otoño pasado, cuando Moldavia celebró elecciones parlamentarias críticas para determinar si el partido de Sandu retendría el poder o lo cedería a una coalición respaldada por Moscú. El Kremlin había pasado meses preparándose. Sus ciberguerreros se infiltraron en la comisión electoral; sus campañas de propaganda y compra de votos estaban en pleno apogeo; sus equipos de reclutas entrenados en Serbia estaban listos para sembrar el caos.

Sergiu Zama, un fiscal moldavo de alto rango, que ha estado investigando casos relacionados con la interferencia electoral durante más de un año, dijo que solo se necesitaba un grupo de reclutas para interrumpir la votación. “El objetivo no era identificar a mil personas para cometer crímenes”, dijo. “Encender la chispa era suficiente”.

Actividades malévolas en campamentos

Los rusos establecieron su campamento de entrenamiento en un complejo turístico en el oeste de Serbia en el verano de 2025, meses antes de las elecciones parlamentarias. A los participantes, en su mayoría de Moldavia, se les pagaron 400 dólares por asistir a un curso de tres a cuatro días, según Zama, lo cual es una suma enorme para los estándares moldavos.

Videos del campamento, que fiscales moldavos y el servicio de inteligencia del país dijeron que fueron tomados de los teléfonos de los participantes, muestran a hombres vestidos con camuflaje y chalecos antibalas entrenando con rifles de asalto.

El campamento de Serbia fue uno de varios establecidos por operativos rusos. También hubo un campamento en las afueras de Moscú donde más de 100 jóvenes moldavos practicaron la “fabricación y el uso de artículos incendiarios y explosivos caseros” y el manejo de drones “con accesorios especiales para explosivos o incendios provocados”, según dijeron los fiscales moldavos en un comunicado. Dos de los funcionarios de los servicios de inteligencia occidentales dijeron que el entrenamiento fue supervisado por el GRU.

Iuri Vitneanski, un activista político moldavo que asistió al campamento de Moscú, negó haber participado en actividades sediciosas. Dijo en una entrevista que el propósito era crear “relaciones amistosas y de cooperación” con jóvenes políticos rusos. Se negó a decir más al respecto.

Dijo que no sabía que el campamento estaba supervisado por la inteligencia rusa. Las autoridades moldavas reconocieron que no todas las personas conocían el verdadero propósito del campamento.

Algunos asistentes dijeron que se habían negado a participar en las sesiones de entrenamiento. Maxim Rosca, quien asistió al campamento de entrenamiento en Bosnia, testificó más tarde en un tribunal de Moldavia que, cuando dijo que no participaría, un entrenador ruso lo golpeó en la cara y le tumbó un diente.

En octubre de 2024, tres participantes del campamento de Bosnia fueron arrestados al cruzar de regreso a Moldavia. Los fiscales dijeron que llevaban componentes de drones, incluidos accesorios para lanzar granadas.

También tenían un manual titulado Russian Cuisine: The ABCs of Homemade Terrorism (“Cocina rusa: el abecé del terrorismo casero”), según los fiscales.

Dinero por votos

Los manifestantes se reunieron bajo el sol intenso. Agitaban escobas y carteles con consignas antigubernamentales.

La protesta realizada en el pueblo provincial de Taraclia en julio de 2025 parecía orgánica.

Vitneanski, el activista político moldavo que asistió al campamento de Moscú, estuvo en el evento. En una entrevista con la televisión local, lo describió como “la iniciativa de los residentes locales”.

En realidad, fue organizada a unos 1255 kilómetros de distancia, en Moscú, por operativos que trabajan para Ilan Shor, un oligarca israelí-moldavo que vive en Rusia.

Días antes de la protesta, los asociados de Shor, utilizando Telegram, el servicio de mensajería en línea, habían contactado a miles de moldavos, prometiéndoles pagos en efectivo y ordenándoles que se presentaran en el edificio del consejo de distrito del pueblo con escobas, como un accesorio simbólico para “barrer a estos tipos”.

“Se reembolsarán los gastos de viaje y viáticos”, decía el mensaje.

Los mensajes formaban parte de un conjunto masivo de documentos de la empresa de servicios financieros de Shor, con sede en Moscú, que ayuda a las empresas rusas a evadir las sanciones occidentales. Los documentos contenían nombres, ubicaciones e información de contacto de los activistas reclutados por la operación de Shor, y muestran que más de 150.000 moldavos fueron reclutados.

Los documentos también incluían cientos de páginas de mensajes de chat entre operativos que trabajaban para Shor, cuyo nombre de usuario era Travolta.

Todo sumaba una operación en expansión supervisada por Shor, destinada a influir en la política moldava mucho más allá de una sola protesta, según dijeron funcionarios de inteligencia occidentales y fiscales moldavos. A cambio de dinero en efectivo, los reclutas recibían instrucciones a través de las redes sociales para publicar material en internet y participar en mítines coreografiados, instando a los moldavos a votar en contra de Sandu, su partido y la membresía en la Unión Europea.

Los registros estaban almacenados en una carpeta en la nube perteneciente a un ingeniero de software que trabajaba para Shor, que era de acceso público en internet y fue revisada por el Times, que también verificó la base de datos poniéndose en contacto con personas cuya información aparecía en ella, revisando publicaciones en redes sociales vinculadas en los datos y rastreando las coordenadas GPS incluidas en la base de datos hasta la dirección de su desarrollador, cerca del Centro de Innovación de Skolkovo en las afueras de Moscú.

Después de que el Times contactara al desarrollador en Rusia, fue eliminada.

Documentos adicionales de las operaciones de Shor que se filtraron en internet mostraban pagos a 38.000 activistas por un total de casi 20 millones de dólares durante los cuatro meses de 2024 previos al referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea. El Times contactó a algunos de los activistas por teléfono para confirmar su identidad; otros son conocidos públicamente.

La existencia de los documentos filtrados y el material que contenían fueron reportados por primera vez por Ziarul de Gardă (ZDG), el principal medio de noticias de investigación de Moldavia. Desde entonces, los documentos han sido eliminados de internet, pero fueron proporcionados al Times por una persona que los descargó antes de que fueran eliminados.

Shor era muy conocido por las autoridades moldavas. Huyó de Moldavia en 2019 cuando fue acusado de defraudar a bancos por 1000 millones de dólares. Se ha establecido en Rusia, donde, según los tres funcionarios de inteligencia occidentales, rinde cuentas a Sergei V. Kiriyenko, un alto miembro del gobierno de Putin que tiene la responsabilidad de países como Moldavia, que el Kremlin considera en su esfera de influencia. En 2025, la empresa de Shor fue sancionada por Estados Unidos.

Shor no respondió a los mensajes que solicitaban comentarios.

Utilizando Telegram, los desarrolladores de Shor crearon 240 chatbots diferentes para alistar y coordinar reclutas, según muestra la base de datos.

Hubo un estricto proceso de investigación de antecedentes para eliminar a los “infiltrados” y a los informantes de la policía. Los nuevos reclutas eran conocidos como “simpatizantes”. Por encima de ellos había 35.000 “activistas” y luego, en el nivel superior, 1200 responsables locales.

La estrategia creció como una pirámide: cerca de 99.000 miembros fueron inscritos por alguien que ya estaba involucrado en la operación.

Los operativos de Shor rastreaban el progreso con hojas de cálculo, las cuales muestran a los reclutas moldavos publicando miles de mensajes en las redes sociales, denunciando el referéndum de la Unión Europea y a Sandu. Los reclutas también promovían a Shor, quien, hablando en ruso, prometió proporcionarles gas gratis a los moldavos.

Rusia casi nunca se menciona. Pero un anuncio ampliamente compartido advierte que estrechar relaciones con Occidente conduciría a “una repetición exacta del escenario ucraniano”.

“¿El resultado?”, decía el anuncio. “Guerra. Muerte. Lágrimas”.

En junio, la Unión Europea impuso sanciones a cuatro moldavos asociados con los esfuerzos de Shor por socavar las elecciones parlamentarias de 2025. Entre ellos, estaba Vitneanski, quien, según la UE, recibe un sueldo mensual de Shor y estuvo involucrado en el “intento de desestabilizar y derrocar el orden constitucional”. Los documentos hackeados muestran que Vitneanski recibió pagos de unos 2300 dólares cada uno.

Propaganda desde el púlpito

La campaña del Kremlin también reclutó sacerdotes. Cientos de ellos viajaron a Rusia a partir del verano de 2024, visitando lugares sagrados y a los principales líderes de la iglesia.

Antes de regresar a casa, cada uno de los sacerdotes firmó un contrato para una tarjeta de débito emitida por un banco ruso, Promsvyazbank, que tiene vínculos con el ministerio de defensa del país y posee el 49 por ciento de la empresa de servicios financieros de Shor. En el contrato, del cual el Times revisó una copia, se declararon empleados de Evrazia, una organización vinculada al Kremlin que, según funcionarios de inteligencia occidentales, impulsa políticas prorrusas en los estados exsoviéticos. Shor es miembro de la junta directiva de esa organización.

A cambio de unos 1000 dólares, los sacerdotes debían instar a sus seguidores a rechazar el referéndum sobre la membresía de Moldavia en la UE, así como hacer campaña en contra de las políticas a favor de Occidente. Cientos aceptaron el dinero, dijeron los funcionarios moldavos.

Los documentos hackeados describían a un sacerdote, el reverendo Gheorghe Tursulet, como “un activo confiable”, y registran un pago de unos 1000 dólares. Un alto funcionario moldavo confirmó que participó en las peregrinaciones a Rusia.

Otro sacerdote moldavo, el reverendo Pavel Petrov, está afiliado a un grupo de sacerdotes prorrusos pero no asistió a las peregrinaciones, según dijo el alto funcionario. Unas semanas antes de las elecciones de 2024, pronunció comentarios desde el púlpito denunciando a la UE.

“¿Democracia? ¿Qué tipo de democracia te impone toda la inmundicia que trajeron de Europa?”, preguntó, y continuó condenando a las escuelas con baños mixtos.

“Nosotros, la gente, ¿qué queremos? ¿Sodoma y Gomorra? ¿Que Dios nos queme vivos? Él nos quemará”, dijo según un video de su sermón grabado con un teléfono celular, que posteriormente fue publicado por un medio de noticias local, NordNews, y verificado por el Times.

Tursulet y Petrov no respondieron a una solicitud de comentarios.

El reverendo Iulian Rața, arcipreste de la ciudad de Orhei, insistió en una entrevista en que ni él ni los sacerdotes que supervisa “llevaron a cabo una campaña directa ni apoyaron a nadie en las elecciones”.

Sin embargo, es un opositor declarado del gobierno de Sandu, al cual ha acusado de acosar a sacerdotes como él que son leales a la Iglesia ortodoxa rusa. Reconoció haber participado en las peregrinaciones a Moscú y dijo que lo volvería a hacer. La política, dijo, volvería a cambiar a su favor.

“Esperaremos”, dijo. “Tienen dos años hasta las próximas elecciones”.

Un camino incierto a futuro

Los rusos casi lo logran.

El día de las elecciones parlamentarias, el 28 de septiembre de 2025, juntaron todos sus esfuerzos.

Operativos entrenados en Serbia se prepararon para generar caos en Chisináu y en otros lugares. Según el fiscal Zama, lucían brazaletes amarillos y azules para distinguirse en las multitudes y algunos llevaban dispositivos incendiarios.

Hackers rusos habían penetrado la Comisión Electoral Central de Moldavia y tomaron el control de miles de enrutadores personales, dijo el alto funcionario moldavo.

Las autoridades moldavas estaban preparadas.

En las semanas previas a la votación, la policía moldava realizó redadas en cientos de hogares, arrestando a personas que habían asistido a los campamentos o que aceptaron dinero como parte del esquema de Shor.

Los ciberexpertos de Moldavia, con la ayuda de aliados occidentales, frustraron los ataques de hackeo. Estallaron protestas, pero no hubo violencia grave.

Cuando la policía arrestó a varias personas sospechosas de tramar violencia, los arrestados afirmaron que los dispositivos incendiarios que tenían en su poder eran para una fiesta de revelación de género, dijo Zama.

El partido de Sandu ganó con poco más del 50 por ciento de los votos, en gran parte gracias a la fuerza de la diáspora moldava en el extranjero.

Para el Kremlin, la victoria de Sandu apenas fue un fracaso. El gobierno moldavo tuvo que gastar una pequeña fortuna y dedicar vastos recursos de las fuerzas del orden para frustrar la interferencia rusa. Y los aliados del Kremlin han utilizado los arrestos masivos de los opositores de Sandu con fines de propaganda, presentándolo como prueba de una represión autoritaria.

Desde entonces, el Kremlin ha ampliado sus esfuerzos.

A principios de marzo, un ataque ruso a una planta hidroeléctrica ucraniana cerca de la frontera con Moldavia contaminó el suministro de agua para una franja de Ucrania y Moldavia.

Luego, drones rusos impactaron una línea de alto voltaje en el oeste de Ucrania que proporciona hasta el 70 por ciento de la electricidad de Moldavia, provocando apagones. Cuando visitamos algunos edificios gubernamentales, incluido el complejo presidencial, las luces a menudo estaban apagadas para ahorrar energía y los trabajadores atravesaban los pasillos sin ventanas con linternas.

Según los funcionarios moldavos, Moscú está jugando a largo plazo.

“Ganamos la batalla”, dijo Mihai Lupascu, el director de la Agencia de Ciberseguridad de Moldavia. “Pero no ganamos la guerra”.

© The New York Times 2026.

Rusia reconoció este viernes un nuevo deterioro en el abastecimiento de combustibles en varias regiones del país después de los recientes ataques ucranianos contra refinerías, entre ellas la de Orsk, cuya recuperación demandará hasta seis meses.

El gobierno informó que persisten problemas de suministro en estaciones de servicio de distintas zonas y dispuso un refuerzo de los envíos hacia los puntos más afectados. La situación fue revisada en una reunión encabezada por el viceprimer ministro para Energía, Aleksandr Novak, con participación de ministerios, autoridades regionales y representantes del sector.

La refinería de Orsk, en la región de Oremburgo, quedó completamente paralizada tras el ataque del 11 de agosto. Las autoridades locales señalaron que los daños alcanzaron infraestructura clave y explicaron que la reparación llevará meses porque parte del equipamiento necesario proviene del exterior y su reposición enfrenta obstáculos por las sanciones.

La salida de operación de esa planta se sumó a otros episodios recientes sobre instalaciones petroleras rusas. A fines de julio quedó inactiva la refinería de Riazán, al sur de Moscú, con un plazo de reparación de varias semanas. Antes también fue atacada una planta en Tiumén, en Siberia occidental, sin una fecha confirmada para reanudar la actividad.

En Oremburgo, las autoridades indicaron que cerca del 80% de las 287 estaciones de servicio seguía operativo. El resto presentaba faltantes o interrupciones vinculadas a problemas de distribución. Novak también ordenó un seguimiento de los precios para productores agropecuarios y para la venta minorista.

La región de Krasnodar volvió a figurar entre las más afectadas. Su gobernador, Veniamín Kondrátiev, advirtió que las petroleras redujeron volúmenes de entrega, impusieron nuevas limitaciones y acotaron horarios de atención en estaciones de servicio, con impacto sobre residentes y visitantes.

La crisis de abastecimiento tomó impulso a fines de mayo, cuando Ucrania intensificó los ataques contra la infraestructura energética rusa. El déficit apareció primero en Crimea y luego se extendió a otras regiones. Aunque en las últimas semanas algunas zonas levantaron restricciones al repostaje, el cuadro volvió a empeorar.

En distintos puntos del país se aplicaron cupos de venta y otras limitaciones para evitar el acopio. La continuidad de esas medidas reflejó el efecto de la menor capacidad de refinación tras los daños sufridos por varias plantas.

Frente a ese escenario, Rusia recurrió a importaciones de gasolina. A comienzos de agosto llegaron cargamentos desde India, y también se informaron partidas vinculadas a Marruecos y Singapur. Parte de ese combustible quedó retenido en el puerto de Múrmansk por diferencias entre importadores y reguladores sobre el precio de comercialización.

Al mismo tiempo, el gobierno autorizó la venta interna de combustible Euro-2, por debajo del estándar Euro-5, con la intención de aliviar la escasez en algunas regiones. La medida coincidió con una nueva presión sobre la red de refinación y distribución, afectada por ataques, paradas técnicas y dificultades para incorporar suministros externos.

(Con información de AFP)

Cazas de la OTAN derribaron este viernes un dron sobre el noreste de Letonia que había ingresado al espacio aéreo nacional como consecuencia de la “guerra electromagnética rusa”, según informó el comunicado de las Fuerzas Armadas letonas. El derribo fue ejecutado por aeronaves de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la Alianza Atlántica en la región de Balvi, tras el cual soldados y policías fueron desplegados para localizar los restos del aparato.

La alerta generó una reacción inmediata en la población: cientos de peregrinos que participaban en la mayor festividad religiosa católica del norte de Europa buscaron refugio cuando las alarmas sonaron en teléfonos móviles alrededor de las 04.00 de la madrugada. La advertencia afectó las regiones de Augšdaugava, Preiļi, Rēzekne, Balvi y Alūksne, donde se informó de amenazas para el espacio aéreo.

Este es el segundo incidente en el año en que cazas de la OTAN interceptan un dron desviado en el espacio aéreo letón. El pasado 8 de junio, aviones franceses de la organización derribaron un dron procedente de Ucrania que fue desviado por contramedidas rusas. Los países bálticos han enfrentado varios episodios de incursión de drones en su espacio aéreo. En mayo, cazas F-16 rumanos de la OTAN derribaron un dron desviado sobre Estonia.

Uno de los incidentes más graves se produjo también en mayo en Letonia, cuando dos drones impactaron contra una instalación vacía de almacenamiento de petróleo en Rēzekne y explotaron, lo que provocó un pequeño incendio.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa finlandesas establecieron una zona de restricción temporal en el espacio aéreo y marítimo de la parte oriental del golfo de Finlandia, con el objetivo de “garantizar la seguridad de los transeúntes y la capacidad operativa de las autoridades para hacer frente a posibles drones”. La medida responde al aumento de incidentes con vehículos aéreos no tripulados en la región y busca reforzar la vigilancia y la protección en un área considerada estratégica por su proximidad a escenarios de conflicto.

Durante el verano europeo, Finlandia aplicó restricciones similares en varias ocasiones a raíz de la guerra en la región.

El jueves, dos cazas F-18 españoles desplegados por la OTAN en Rumanía despegaron tras detectarse un dron no identificado cerca del espacio aéreo rumano en la frontera con Ucrania, según informaron las autoridades militares rumanas. Los aviones partieron a las 15.20 hora local desde la base Mihail Kogălniceanu para vigilar la situación, después de que un radar del Ministerio de Defensa rumano identificara un objeto volador tres minutos antes, en las proximidades de la frontera fluvial.

El Ministerio de Defensa rumano comunicó que el dron penetró en el espacio aéreo nacional en un punto ubicado a 3,5 kilómetros al sureste de la localidad de Chilia Veche, permaneció allí durante unos 12 minutos y luego regresó a Ucrania. Tras su salida, la alerta se dio por finalizada a las 16.28 hora local.

Durante el periodo de alerta, las autoridades enviaron mensajes de advertencia a los habitantes del condado de Tulcea, recomendando que permanecieran en sus viviendas y estuvieran atentos a la caída de objetos desde el cielo.

Este incidente representó la tercera alerta aérea del día en Rumanía. La noche anterior, dos aviones F-16 rumanos despegaron para vigilar otro dron que ingresó en el espacio aéreo nacional sobre la 01.30 hora local, permaneció unos diez minutos y luego se alejó hacia Ucrania. “Poco después de abandonar el espacio aéreo rumano, se registraron explosiones en territorio ucraniano”, informó el Ministerio de Defensa rumano.

(Con información de EFE)

Estados Unidos reconoció este viernes la soberanía de Japón sobre las islas en disputa visitadas por el presidente ruso Vladimir Putin, según declaró el embajador estadounidense en Tokio, George Glass. El mandatario ruso viajó el jueves al archipiélago que Moscú denomina Kuriles del Sur y que las autoridades japonesas llaman Territorios del Norte.

Tras el viaje, Rusia y Japón intercambiaron duras críticas sobre la soberanía de las islas, objeto de una disputa bilateral que se prolonga desde hace décadas. “Estados Unidos mantiene una postura inquebrantable en su apoyo a su aliado más importante y en su reconocimiento de la soberanía japonesa sobre los Territorios del Norte”, afirmó Glass en la red social X.

El diplomático agregó: “En un momento en que la Alianza entre Estados Unidos y Japón se dedica a fomentar la prosperidad en toda la región del Indo-Pacífico, nos oponemos firmemente a cualquier acción que socave su paz y estabilidad”.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, protestó públicamente señalando que “los Territorios del Norte son parte inherente del territorio de Japón, tanto desde el punto de vista histórico como según el derecho internacional”. Tras la visita, Japón convocó al embajador ruso para expresar su inconformidad y la sede diplomática de Rusia informó que su representante reafirmó que las islas son “parte integrante de la Federación Rusa”. Además, sostuvo que el viaje de Putin “no era un asunto para discutir con otros países”.

La disputa por las islas Kuriles, conocidas en Japón como los “Territorios del Norte”, tiene origen en acuerdos suscritos desde mediados del siglo XIX. En 1855, el Tratado de Shimoda estableció la frontera entre Rusia y Japón justo al norte de las cuatro islas más cercanas al territorio japonés: Iturup, Kunashir, Shikotán y el grupo de las Habomai, que quedaron bajo control japonés, mientras que el resto del archipiélago pasó a manos rusas.

En 1875, el Tratado de San Petersburgo otorgó a Japón el dominio sobre toda la cadena de las Kuriles, a cambio de la soberanía rusa plena sobre la isla de Sajalín. El panorama volvió a cambiar tras la Guerra Ruso-Japonesa de 1905, cuando Japón recuperó la mitad sur de Sajalín.

El desenlace decisivo llegó al final de la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 1945, durante la Conferencia de Yalta, los líderes de Estados Unidos, Unión Soviética y Reino Unido negociaron el reparto del mundo posbélico. Según la versión rusa, Franklin D. Roosevelt ofreció a Iósif Stalin la posibilidad de recuperar las Kuriles a cambio de la participación soviética contra Tokio, aunque el acuerdo nunca mencionó explícitamente todas las islas, una ambigüedad que persiste en las relaciones internacionales.

La Unión Soviética declaró la guerra a Japón el 9 de agosto de 1945 y, tras la rendición japonesa, ocupó todo el archipiélago, incluidas las cuatro islas del sur reclamadas por Tokio. En ese momento, cerca de 17.000 residentes japoneses habitaban esas islas. Entre 1947 y 1949, el gobierno soviético dispuso su deportación forzosa hacia el Japón continental.

El Tratado de San Francisco de 1951 implicó que Japón renunciara a “todo derecho, título y reclamo” sobre las “islas Kuriles”, aunque el texto no especificó si la renuncia abarcaba las cuatro islas australes. La Unión Soviética no firmó el tratado, por lo que la disputa territorial no se resolvió. Japón sostiene que esas cuatro islas nunca formaron parte de la cadena de las Kuriles en sentido estricto y que, por tanto, no renunció a ellas.

En 1956, la Declaración Conjunta Japón-URSS restableció las relaciones diplomáticas pero dejó pendiente la disputa. Moscú propuso devolver Shikotán y las Habomai, las dos islas más pequeñas y próximas a Japón, que representan solo el 7% del territorio en litigio. Tokio rechazó la oferta, insistiendo en la devolución de las cuatro islas.

Varios intentos de negociación posteriores resultaron infructuosos. En 1998, los líderes de ambos países se comprometieron en Moscú a resolver la disputa en 14 meses, sin éxito.

En 2010, el entonces presidente ruso Dmitri Medvedev visitó las islas, lo que generó una protesta formal de Japón. Cinco años más tarde, Rusia intensificó la militarización del archipiélago, con la construcción de sistemas de misiles, el despliegue de lanzadores antiaéreos y la instalación de más de 50 infraestructuras militares nuevas, en un contexto de creciente tensión y atención internacional dispersa en otros escenarios.

Naciones Unidas exhortó este jueves a Rusia y Japón a mantener la moderación y la responsabilidad tras la visita del presidente ruso Vladimir Putin a las Islas Kuriles, territorio en disputa entre ambos países. La portavoz del secretario general de la ONU, Daniela Gross, remarcó en rueda de prensa que se trata de “una cuestión bilateral entre Estados miembros”, pero llamó a las partes a evitar actos que puedan elevar las tensiones diplomáticas.

“Se trata de una cuestión bilateral entre Estados miembros, pero animamos a todas las partes implicadas a que actúen con moderación, de forma responsable, y a que eviten cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones”, expresó Gross durante la comparecencia.

Rusia y Japón intercambiaron fuertes críticas el jueves después de la primera visita de Putin al archipiélago de las Kuriles, una zona en disputa entre ambos países desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las tensiones bilaterales se concentran en torno a cuatro islas del Pacífico Norte que el ejército soviético ocupó en 1945.

Durante su recorrido por Iturup —denominada Kuriles del Sur por Moscú y Territorios del Norte por Tokio—, Putin visitó una escuela, una planta procesadora de pescado y degustó caviar. En un video difundido por el Kremlin, el mandatario comentó: “Qué buen clima tienen aquí, es como un resort”. Esta fue la primera visita de un presidente ruso a la zona desde el viaje de Dmitri Medvédev en 2010.

La reacción del gobierno nipón no tardó. La primera ministra Sanae Takaichi calificó el viaje como “absolutamente inaceptable” y sostuvo que “hiere los sentimientos del pueblo japonés”. El ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, convocó al embajador ruso en Japón, Nikolái Nozdrev, para transmitirle una “enérgica protesta”.

La respuesta de Moscú fue inmediata. La portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, consideró las críticas de Tokio como “jurídicamente infundadas” y acusó al gobierno japonés de llevar adelante una “política antirrusa rayana en la hostilidad”. Zajárova afirmó: “Tokio vuelve a estar obsesionado con discursos revisionistas”.

El conflicto por la soberanía de las islas se agravó tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en 2022. Ese año, Japón declaró por primera vez desde 2003 que la porción más meridional de las Kuriles estaba “ocupada ilegalmente”.

Putin visitó la isla de Iturup un día después de desplazarse a Sajalín, donde la Marina rusa realizaba maniobras militares. Durante su estancia en Sajalín, el mandatario ruso encabezó una reunión sobre “la garantía de la seguridad de las fronteras orientales de Rusia”, según informaron medios estatales.

Las relaciones entre Japón y Rusia se deterioraron aún más desde que Tokio impuso sanciones a Moscú por la invasión en Ucrania, medidas que Putin calificó como “injustificadas”. El jefe de Estado ruso sostuvo: “Japón ha identificado a Rusia como una gran fuente de amenazas. Me gustaría señalar que no estamos amenazando a Japón (...) Por el contrario, (Japón) tiene reclamos territoriales contra nuestro país”.

En el actual contexto, Rusia fortaleció su cooperación militar con China. Las fuerzas navales y aéreas de ambos países realizan maniobras conjuntas en zonas próximas a Japón, lo que obligó a la aviación nipona a responder con despegues de alerta en numerosas ocasiones cada año. Paralelamente, Corea del Norte criticó este mes el refuerzo militar de Tokio y suministró soldados y municiones para apoyar el esfuerzo bélico ruso en el conflicto con Ucrania.

Desde 1945, Tokio fundamenta sus reclamos en el tratado de 1855, por el cual la Rusia zarista y Japón establecieron la frontera justo más allá de las cuatro islas en disputa: Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai. Rusia, en cambio, reivindica el acuerdo alcanzado en la conferencia de Yalta de febrero de 1945, donde los Aliados pactaron la cesión de las Kuriles a la Unión Soviética a cambio de la entrada en guerra contra Japón.

Actualmente, cerca de 20.000 ciudadanos rusos residen en las Kuriles, un archipiélago con yacimientos de oro y plata y extensas zonas de pesca, cuya relevancia estratégica aumentó durante la Guerra Fría.

(Con información de AFP)

Una persona murió y otras 15 resultaron heridas en ataques rusos en Kramatorsk, en el este de Ucrania, según informaron este jueves autoridades ucranianas. En la región suroriental de Zaporizhzhia, otro ataque ruso dejó dos personas heridas, entre ellas un niño de cinco años, informó Ivan Fedorov, jefe de la administración militar local.

Los bombardeos se produjeron en un contexto de intensificación de los ataques de largo alcance entre Rusia y Ucrania, a más de cuatro años del inicio de la ofensiva rusa a gran escala.

El gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin, precisó que “al menos una persona murió y 15 resultaron heridas como consecuencia de los ataques nocturnos contra la comunidad de Kramatorsk”. Filashkin detalló que las fuerzas rusas atacaron Kramatorsk y Bilenke en ocho ocasiones durante la noche, con impactos en edificios residenciales.

La toma de los bastiones de Kramatorsk y Sloviansk por parte del Ejército ruso, los últimos de Donetsk que permanecen en poder de Ucrania, implicaría el control total de esta región para Moscú, anexionada por Rusia en 2022.

En paralelo, el Ejército de Letonia informó este viernes que aviones de combate de la Misión de Patrulla del Espacio Aéreo Báltico de la OTAN derribaron un vehículo aéreo no tripulado extranjero que ingresó al territorio letón durante la madrugada, en el marco de la guerra. El incidente se produjo en la región de Balvi, en el este del país, y motivó la activación de alertas en varias zonas fronterizas, según el comunicado de las Fuerzas Armadas letonas.

La autoridad militar no precisó la procedencia del dron interceptado, aunque señaló que las amenazas al espacio aéreo en las regiones de Augsdaugava, Preili, Rezekne, Balvi y Aluksne ya concluyeron. El Ejército subrayó que, junto con sus aliados de la OTAN, mantiene una vigilancia constante del espacio aéreo nacional para “garantizar la capacidad de responder de inmediato ante una posible amenaza”. Además, advirtió que “mientras continúe la agresión de Rusia en Ucrania, es posible que se repitan casos en los cuales un avión no tripulado extranjero entre o se acerque al espacio aéreo” de Letonia.

A su vez, las Fuerzas de Defensa de Finlandia establecieron una zona de restricción temporal en el espacio aéreo y marítimo de la parte oriental del golfo de Finlandia, con el objetivo de “garantizar la seguridad de los transeúntes y la capacidad operativa de las autoridades para hacer frente a posibles drones”.

A comienzos de junio, aviones de combate franceses de la OTAN también derribaron un dron en el espacio aéreo letón, lo que llevó a activar una alerta similar ante la posibilidad de amenaza aérea y a recomendar a la población que permaneciera en lugares seguros.

En este escenario bélico, el número de civiles muertos en la invasión a Ucrania alcanzó en julio su nivel más alto desde mayo de 2022, según datos difundidos este jueves por la ONU. El informe señala que al menos 437 civiles murieron el mes pasado, lo que representa un aumento del 30% respecto de junio y un 70% más que en julio de 2025.

Durante julio, Rusia lanzó un número récord de misiles contra Ucrania, de acuerdo con la fuerza aérea ucraniana y cifras analizadas por AFP. Los ataques incluyeron misiles balísticos y de crucero que impactaron en la capital, Kiev. La escalada de bombardeos y el incremento de víctimas civiles confirman la intensidad renovada del conflicto, a más de cuatro años del inicio de la ofensiva rusa. Los registros de la ONU muestran que el mes pasado fue el más letal para la población civil desde los primeros meses de la invasión.

(Con información de AFP y EFE)

El servicio de seguridad de Polonia frustró en Varsovia un plan para asesinar a un ciudadano con nacionalidad estadounidense y ucraniana, tras detener a un ruso de 29 años que, según las autoridades polacas, había sido reclutado por la inteligencia de Moscú

El arresto se produjo el 7 de agosto en la calle Woloska, en la capital polaca, y derivó en una acusación por preparación de homicidio. Dos días después, un tribunal ordenó tres meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación a cargo de la fiscalía de distrito de Varsovia Sródmiescie-Pólnoc.

La noticia fue anunciada este jueves por el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que afirmó que el objetivo del plan era una persona incómoda para el gobierno de Putin, aunque no dio detalles sobre su identidad. Sí precisó que se trataba de un hombre con doble ciudadanía, estadounidense y ucraniana. El operativo permitió impedir la ejecución antes de que se concretara.

La policía de Varsovia informó que el sospechoso tiene 29 años y fue detenido por cargos vinculados con la preparación de un asesinato, en el marco del artículo 148 del Código Penal polaco.

El caso quedó bajo investigación judicial y el tribunal aceptó el pedido de la fiscalía para imponerle prisión preventiva, una medida que busca asegurar el avance del expediente mientras continúan las diligencias.

La operación polaca contó con cooperación de servicios estadounidenses. El ministro polaco encargado de supervisar los servicios de inteligencia, Tomasz Siemoniak, mencionó en X, que la persona bajo amenaza era un ciudadano de Estados Unidos “de origen ucraniano”. Ni él ni otras autoridades ofrecieron más precisiones sobre la víctima presuntamente buscada por el sospechoso.

Además, la información conocida hasta ahora no incluyó datos sobre el modo en que se iba a ejecutar el ataque ni sobre el vínculo previo entre el detenido y la inteligencia rusa. Tampoco hubo detalles públicos sobre el grado de avance del plan. Las autoridades sí remarcaron que la intervención se produjo en el tramo final y evitó que el atentado se consumara.

“Desafortunadamente, debemos asumir que el régimen de (el presidente) Vladimir Putin intentará eliminar a personas que le resulten incómodas por diversos motivos, en distintos lugares del mundo, y por tanto, nuestras acciones en este asunto serán extremadamente intensas, orientadas a impedir nuevos intentos dirigidos contra ciudadanos de Polonia o de otros países en nuestro territorio”, declaró Tusk en la rueda de prensa.

En su exposición, situó el episodio dentro de un cuadro más amplio de amenazas atribuidas por su país a Moscú desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Polonia sostiene desde hace tiempo que su condición de plataforma logística para el envío de ayuda militar y de otro tipo al país vecino la convirtió en un objetivo de espionaje, sabotaje y operaciones hostiles rusas.

El caso se conoció después de otro episodio que generó conmoción en Polonia. En junio, un artista ruso crítico de Putin fue asesinado a tiros cerca de su casa en la ciudad oriental de Biala Podlaska. Los fiscales informaron entonces el homicidio y Tusk declaró que el crimen tenía rasgos de asesinato político, aunque las autoridades polacas no atribuyeron formalmente ese hecho a Moscú.

(Con información de AFP, AP, Europa Press y Reuters)

El gobernador de Oremburgo, Evgueni Solntsev, dijo que fue alcanzada “infraestructura clave, que no puede restaurarse por el momento”, incluido equipamiento importado, y que las reparaciones podrían demorar hasta seis meses debido a las sanciones internacionales, en un infrecuente reconocimiento público de los problemas que generan los ataques ucranianos. “La planta está completamente parada. Nos estamos preparando para el peor de los escenarios”, escribió en redes sociales, y agregó que la región deberá recurrir a importaciones de combustible para cubrir sus necesidades.

El Estado Mayor ucraniano había reportado el ataque a la planta el martes, en el marco de su ofensiva contra la infraestructura petrolera rusa, con la que busca reducir los ingresos que sostienen la guerra lanzada por Moscú hace más de cuatro años y medio.

Otra refinería atacada en Baskortostán

El ataque a Orsk fue el tercero de una seguidilla que continuó el jueves con un nuevo golpe contra el complejo Gazprom Neftekhim Salavat, en la república de Baskortostán, el cuarto ataque a refinerías en solo tres días. El Estado Mayor ucraniano informó que sus fuerzas alcanzaron la planta durante la noche, provocando un incendio. El complejo, ubicado a unos 1.300 kilómetros de la frontera con Ucrania, procesa hasta 74 millones de barriles de petróleo al año y es una de las mayores refinerías del país.

El gobernador de Baskortostán, Radiy Khabirov, confirmó que el ataque hirió a dos civiles. Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, informó además que un incendio se inició en una de sus instalaciones en esa misma zona industrial, aunque aclaró que el predio fue evacuado y no había mercancía almacenada.

Escasez y colas más largas en las estaciones de servicio

Los ataques ucranianos generaron escasez de combustible en distintas regiones de Rusia, obligando a casi todas a restringir en algún momento las ventas, limitando la cantidad que puede adquirir cada cliente o prohibiendo el llenado de bidones. Aunque las autoridades habían asegurado que la situación mejoraba en las últimas semanas, automovilistas consultados por la AFP en Moscú el miércoles no compartían ese diagnóstico. “Las colas vuelven a ser más largas. Y los precios de la gasolina no bajan; al contrario, suben”, dijo el taxista Nursultán Ajmádov.

El golpe a las refinerías se dio un día después de que misiles y drones ucranianos atacaran una importante base naval rusa en el mar Negro. En paralelo, cuatro técnicos en explosivos y un guardia de seguridad murieron el jueves en Sebastopol tras la detonación de un arma ucraniana no identificada, según el gobernador instalado por Rusia en la ciudad, Mikhail Razvozháyev. Rusia, por su parte, intensificó sus ataques contra Ucrania con misiles balísticos, drones y bombas planeadoras, que ya mataron a más de 16.000 civiles desde el inicio de la guerra, según la ONU. Durante la última noche, ataques con 133 drones de largo alcance mataron a cuatro personas e hirieron a otras ocho en distintos puntos del país, entre ellos un maquinista y su asistente, alcanzados por un dron Shahed contra un tren de pasajeros en la región de Odesa.

La reciente visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a la isla de Iturup —la primera de un líder ruso a ese punto específico del archipiélago de las Kuriles— reactivó una disputa territorial que lleva más de ocho décadas sin resolverse y que, hasta hoy, le impide a Rusia y Japón firmar un tratado de paz formal que cierre la Segunda Guerra Mundial entre ambos países.

Un conflicto que empieza en el siglo XIX

La disputa por las islas Kuriles —conocidas en Japón como los “Territorios del Norte”— tiene raíces que se remontan a mediados del siglo XIX. En 1855, Rusia y Japón firmaron el Tratado de Shimoda, el primer acuerdo bilateral entre ambos países, que trazó la frontera justo al norte de las cuatro islas más cercanas al territorio japonés: Iturup, Kunashir, Shikotán y el grupo de las Habomai. Bajo ese tratado, esas cuatro islas quedaron en manos japonesas, mientras que el resto de la cadena, hacia el norte, correspondió a Rusia.

Dos décadas más tarde, en 1875, un nuevo acuerdo —el Tratado de San Petersburgo— le otorgó a Japón el control de toda la cadena de las Kuriles, a cambio de que Rusia obtuviera el dominio pleno de la isla de Sajalín. La relación entre ambos imperios se volvió a modificar en 1905, cuando Japón derrotó a Rusia en la Guerra Ruso-Japonesa y recuperó el control de la mitad sur de Sajalín, que había perdido tres décadas antes.

La Segunda Guerra Mundial y la ocupación soviética

El giro decisivo llegó en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 1945, durante la Conferencia de Yalta, el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, se reunió con el líder soviético Iósif Stalin y con el primer ministro británico Winston Churchill para negociar el reparto del mundo de posguerra. Según la versión rusa, en ese encuentro Roosevelt le prometió a Stalin la posibilidad de recuperar las Kuriles a cambio de que la Unión Soviética se sumara a la guerra contra Japón. Sin embargo, el texto del acuerdo de Yalta nunca mencionó explícitamente “todas” las islas, una ambigüedad que Japón y Estados Unidos disputan hasta el día de hoy.

La Unión Soviética le declaró la guerra a Japón el 9 de agosto de 1945, apenas días después de que Estados Unidos lanzara la bomba atómica sobre Hiroshima. En las semanas siguientes, y ya con Japón camino a la rendición, tropas soviéticas invadieron y ocuparon el archipiélago completo de las Kuriles, incluidas las cuatro islas del sur que Japón considera parte de su territorio histórico. En ese momento, unos 17.000 residentes japoneses vivían en esas islas. Entre 1947 y 1949, el gobierno de Stalin ordenó su deportación forzosa hacia el Japón continental.

Un tratado que no resolvió nada

En 1951, los países Aliados y Japón firmaron el Tratado de San Francisco, mediante el cual Tokio renunció a “todo derecho, título y reclamo” sobre las “islas Kuriles”. Pero el texto nunca precisó si esa renuncia incluía a las cuatro islas más australes, y la Unión Soviética —clave para resolver cualquier disputa territorial sobre el archipiélago— no firmó ese tratado. Desde entonces, Japón sostiene que esas cuatro islas nunca formaron parte de la cadena de las Kuriles en sentido estricto, sino que constituyen sus propios “Territorios del Norte”, y que por lo tanto nunca renunció a ellas.

Cinco años más tarde, en 1956, la Declaración Conjunta Japón-URSS restableció relaciones diplomáticas entre ambos países, pero dejó sin resolver la disputa territorial. En ese momento, la Unión Soviética ofreció devolver las dos islas más pequeñas y cercanas a Japón —Shikotán y las Habomai, que en conjunto representan apenas el 7% del territorio en disputa—, pero Japón rechazó la propuesta, insistiendo en la devolución de las cuatro islas.

Décadas de estancamiento diplomático

Los intentos posteriores por destrabar el conflicto tampoco prosperaron. En 1998, el entonces presidente ruso Boris Yeltsin y el primer ministro japonés Keizo Obuchi se comprometieron, en una cumbre en Moscú, a resolver la disputa en un plazo de 14 meses. El compromiso no se cumplió.

En 2010, el entonces presidente ruso Dmitri Medvedev se convirtió en el primer líder de su país en visitar las islas, un gesto que generó una fuerte protesta de Japón.

Desde 2015, además, Rusia inició un proceso de militarización del archipiélago, con la construcción de sistemas de misiles, el despliegue permanente de lanzadores antiaéreos y más de 50 nuevas instalaciones militares, en momentos en que la atención internacional se concentraba en otros frentes de tensión con Moscú.

La disputa hoy

En la actualidad, unos 19.000 a 20.000 residentes rusos viven en las islas en disputa, que Rusia administra como parte de la región de Sajalín. La reciente visita de Putin a Iturup —que generó un fuerte rechazo del gobierno japonés, que la calificó de “absolutamente inaceptable”— confirma que, más de 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Japón continúan sin firmar un tratado de paz formal, y que la disputa por las Kuriles sigue siendo uno de los conflictos territoriales sin resolver más antiguos del mundo.

El más reciente intercambio humanitario de civiles entre Rusia y Ucrania se realizó en territorio de Bielorrusia, según informó la agencia BelTA y confirmó la agencia estatal rusa TASS.

Ocho personas cruzaron hacia Rusia y siete a Ucrania a través del puesto de control de Novaya Guta, ubicado en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania.

Durante el procedimiento, los ciudadanos recibieron paquetes de comida caliente, agua potable y fruta, mientras personal de ambulancias bielorruso permanecía en el lugar para ofrecer asistencia y consultas.

La operación contó con el acompañamiento de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Rusia y Bielorrusia.

Assem Elessawi, jefe adjunto de la delegación de operaciones del CICR, subrayó la importancia de estas misiones para la reunificación familiar y el retorno de las personas a sus países de origen.

“También podemos brindar este tipo de apoyo, organizando el traslado mediante transporte regular o especial, según la solicitud. Analizamos cada caso individualmente, desde la ruta hasta garantizar las condiciones necesarias”, manifestó Elessawi según recogió BelTA.

En los últimos años, se han realizado más de 70 intercambios de civiles entre ambos países en territorio bielorruso.

En otro frente humanitario, Rusia y Ucrania llevaron a cabo un intercambio de cuerpos de fallecidos en la guerra, con la devolución de 261 cadáveres por parte de Moscú y 24 por parte de Kiev, según confirmó el Centro para la Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra de Ucrania, citado por la agencia de noticias EFE.

El organismo ucraniano detalló que “como resultado de medidas de repatriación, fueron retornados a Ucrania los cuerpos de 261 muertos que, según la parte rusa, pertenecen a soldados ucranianos”.

Medios como el diario ruso RBC habían adelantado el intercambio, mencionando la participación del diputado ruso Shamsail Saralíev, representante de la Operación Militar Especial.

La última operación de esta naturaleza se realizó el 16 de julio, con el intercambio de 31 cuerpos por parte de Ucrania y 501 por parte de Rusia.

Desde la interrupción de las negociaciones de paz a finales de febrero pasado, los contactos diplomáticos entre ambos países se han limitado a intercambios humanitarios, como la devolución de fallecidos y la reunificación de menores separados de sus familias.

Imágenes satelitales revelaron este miércoles la magnitud de los daños causados por el reciente ataque ucraniano contra el puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, que alcanzó buques de guerra en la base naval y obligó a dos importantes terminales de granos a suspender sus operaciones, según confirmaron funcionarios rusos y ucranianos, además de fuentes de la industria granelera.

En la base naval, las imágenes exhiben daños en buques patrulleros, fragatas y en áreas cercanas a submarinos, además del deterioro general sufrido por la base.

Una de las imágenes, tomada el 11 de agosto, muestra un petrolero amarrado en la terminal antes del ataque; otra, capturada el día siguiente, revela al mismo buque dañado y rodeado de escombros tras el bombardeo.

Otras fotografías tomadas por la empresa Vantor muestran una vista general de la ciudad y de las instalaciones de almacenamiento de granos, con daños visibles en un transportador de granos y en varias estructuras de almacenamiento, además de afectaciones combinadas en zonas de infraestructura granelera y petrolera.

Una base clave también para las exportaciones petroleras

Novorossiysk alberga además infraestructura clave para la exportación de petróleo, incluida la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio, parcialmente propiedad de las petroleras estadounidenses Chevron y ExxonMobil, y que transporta al mercado internacional gran parte del crudo kazajo.

Un ataque de “importancia estratégica”, según Kiev

El servicio de seguridad ucraniano (SBU) describió la operación como de “importancia estratégica” y confirmó que las fuerzas de Kiev alcanzaron la base naval de Novorossiysk con drones y misiles. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, precisó que el ataque impactó dos fragatas, un gran buque de desembarco, una corbeta y otras embarcaciones.

El ataque se enmarca en una guerra que ya se extiende por más de cuatro años y medio, en la que Moscú intensificó sus bombardeos contra la logística y los depósitos ucranianos en respuesta a los ataques de Kiev contra la infraestructura energética, portuaria y logística rusa. Ucrania reclamó en reiteradas ocasiones un alto el fuego, mientras Rusia sostiene que busca una solución negociada, aunque condicionada a que Kiev ceda por completo cuatro regiones que Moscú reclama como propias y a resolver lo que llama las “causas profundas” del conflicto.

El ataque se conoció un día después de que Ucrania describiera como “única” una operación nocturna contra la misma base, en la que misiles antibuque y drones golpearon defensas antiaéreas, muelles y otra infraestructura portuaria, según había informado Zelensky. Rusia trasladó buena parte de su flota a Novorossiysk luego de que Ucrania atacara repetidamente la principal base naval del mar Negro en Sebastopol, en la península de Crimea, en etapas anteriores de la guerra.

En ese ataque previo, el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, había reportado la muerte de tres personas, entre ellas un niño de 8 años, y 24 heridos, además de daños en decenas de edificios residenciales y en dos de las tres terminales de granos de la ciudad, una de las cuales debió detener sus operaciones. El diario económico ruso Vedomosti había confirmado esos daños en la industria granelera. Las defensas antiaéreas rusas, según el Ministerio de Defensa en Moscú, habían derribado más de 500 drones ucranianos durante esa jornada.

Dos panameños que viajaron a Ucrania atraídos por ofertas económicas y la promesa de que no estarían obligados a combatir regresaron al país y relataron cómo las condiciones cambiaron una vez llegaron a territorio ucraniano.

Aseguran que les quitaron sus teléfonos y pasaportes, firmaron contratos que no pudieron leer y terminaron bajo presión para participar en misiones.

Los hombres ofrecieron su testimonio este miércoles 12 de agosto, en momentos en que Panamá investiga una presunta estructura dedicada a captar nacionales para trasladarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Ambos reconocieron que viajaron voluntariamente y sabían cuál era su destino, pero sostienen que las condiciones ofrecidas en Panamá no fueron las que encontraron al llegar.

“Nos dijeron una cantidad de dinero sin misión y con misión era otra cantidad”, relató uno. Sin embargo, afirmó que una vez incorporados a la brigada debían ir a misiones “sí o sí”. La situación, agregó, comenzó a generar temor cuando observaron lo que ocurría con otros hombres enviados al frente: “el que iba, no salía”.

Los dos permanecieron aproximadamente un mes y 15 días en Ucrania y aseguran que no recibieron ningún pago. “A nosotros no nos dieron ninguna cantidad de dinero. Cero”, sostuvo uno de ellos. Según la investigación del Ministerio Público, las ofertas para captar panameños podían alcanzar entre $3,000 y $9,000 mensuales, dependiendo de las funciones asignadas.

Reclutados por redes sociales

Los testimonios coinciden con elementos que investiga la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. Los contactos se producían principalmente mediante TikTok, Instagram y WhatsApp, donde circulaban las propuestas. Uno de los repatriados advirtió que no existiría un solo captador y aseguró que varias personas estarían reclutando desde Panamá, incluso utilizando números telefónicos extranjeros.

La necesidad económica fue determinante para aceptar. Uno de los hombres explicó que tiene hijos pequeños y vio en la propuesta una oportunidad para obtener mayores ingresos sin exponerse directamente al combate. “Nosotros fuimos conscientes para dónde íbamos”, reconoció, aunque insistió en que “las situaciones en Ucrania cambiaron totalmente” respecto de lo ofrecido antes del viaje.

Entre esas diferencias estuvo la retención de documentos. Los panameños aseguran que antes de partir les prometieron conservar sus pasaportes, teléfonos y comunicación con sus familias.

Al llegar, sostienen, ocurrió exactamente lo contrario. Uno de ellos todavía no había recuperado su pasaporte, documento en el que mantiene una visa estadounidense de turista que teme perder.

También denunciaron que el contrato estaba redactado completamente en ucraniano y no se les permitió traducirlo al español antes de firmarlo. “Nunca pudimos saber qué decía el contrato”, afirmó uno. Cuando posteriormente solicitaron abandonar la brigada, les habrían respondido que debían permanecer seis meses por el compromiso firmado.

Los panameños incluso ofrecieron devolver el dinero utilizado para financiar su traslado, pero la propuesta fue rechazada. Para entonces, aseguran, habían comprendido el nivel de riesgo al que estaban expuestos. Uno de ellos contó que resultó afectado en el ojo izquierdo por la explosión de una granada de conmoción mientras permanecía en Ucrania.

Una investigación en Panamá

El relato surge mientras el Ministerio Público investiga a Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, un panameño de 63 años y veterano de la guerra en Ucrania, a quien se le imputó el presunto delito de tráfico de personas. Un juez ordenó su detención provisional, mientras la Fiscalía profundiza las pesquisas sobre la captación y traslado de nacionales.

Según la Fiscalía, tres víctimas identificaron a Ryfkogel como la persona que las habría reclutado y financiado parte de las gestiones necesarias para viajar. Las autoridades sostienen que los interesados eran contactados mediante redes sociales y luego trasladados a lugares en la capital panameña, mientras se gestionaban pasaportes y boletos para llegar a Ucrania.

Ryfkogel ha negado ser reclutador y sostiene que únicamente ayudó a personas que se acercaron a él interesadas en viajar. La investigación, sin embargo, apunta a que más de 18 personas pudieron haber sido trasladadas mediante este esquema y que algunas encontraron condiciones distintas de las ofrecidas originalmente una vez llegaron al conflicto.

El primer detenido en Panamá por el presunto reclutamiento de nacionales para la guerra fue Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años residente en San Miguelito. Fue aprehendido a finales de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde, según la Fiscalía, mantenía en su poder los pasaportes de dos panameños que presuntamente viajarían hacia Rusia.

La investigación sostiene que las víctimas habían recibido ofertas de salarios de entre $3,000 y $3,500 mensuales, además de bonos por incorporarse al conflicto. Irwonds Brooks negó ser reclutador y aseguró que únicamente había prestado servicios de transporte, mientras señaló que los verdaderos responsables de la captación se encontrarían en Rusia.

Un tribunal le imputó el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral y ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Uno de los repatriados recordó que, al llegar a una segunda casa donde fue alojado en Ucrania, encontró a otros cuatro panameños que habían llegado previamente. Actualmente desconoce cuál es su situación. Las gestiones realizadas con la Cancillería panameña y la representación diplomática que atiende Ucrania desde Polonia permitieron finalmente concretar su salida y regreso.

El canciller Javier Martínez-Acha informó que unos 60 panameños podrían estar o haber estado vinculados a las fuerzas rusas y otros 17 a las ucranianas, aunque aclaró que se trata de estimaciones. Panamá ha pedido a ambos países información sobre la ubicación y condición de sus nacionales, especialmente de quienes buscan terminar sus contratos.

Para quienes ya regresaron, la advertencia es contundente. “Les sugiero que no caigan”, expresó uno de ellos al recordar la propuesta que lo llevó a abandonar Panamá buscando ingresos para su familia. Después de más de un mes en Ucrania, volvió sin el dinero prometido y tras comprobar, según su relato, que la oferta que parecía laboral podía terminar llevándolo directamente al frente de guerra.

La familia de Axel supo de su destino cuando ya era tarde: había partido ilusionado, esperando trabajar en España como paramédico, pero terminó perdiendo la vida tras pisar una mina en el conflicto ruso-ucraniano.

Gloria La Torre, hermana de Axel, relató que el joven comunicó a su familia su viaje a Europa para ocupar un puesto que le permitiría mejorar su economía. “Nos llamó alegre porque iba a ganar bien. Le habían dicho que sería como paramédico”, recordó.

El optimismo inicial pronto dio paso a la preocupación, cuando comenzaron a percibir inconsistencias en sus comunicaciones. Gloria preguntó en varias ocasiones si se encontraba realmente en España, hasta que su hermano admitió estar en Rusia. El contacto se perdió el 25 de mayo y desde entonces la familia no volvió a saber de él.

Perfil buscado por las redes de captación

Axel La Torre reunió las características ideales para las redes que operan reclutando extranjeros: experiencia en primeros auxilios, entrenamiento en situaciones de emergencia y disposición para ayudar.

Según el testimonio de sus familiares, el joven nunca pensó en formar parte de un conflicto armado. Su vocación como bombero en el Callao siempre estuvo orientada al servicio y la protección civil.

“Al instante que él pisa, les dice a sus compañeros que salgan corriendo. Cuando ellos salen, explotó la mina. Mi hermano se destrozó las piernas. No pudieron ayudarlo y lo dejaron abandonado”, narró su hermana a ATV Noticias.

El tatuaje de un búho en su mano y brazo han serán claves para identificar el cuerpo.

La Cancillería peruana reconoció la gravedad de la situación y confirmó que investiga el caso de Axel, así como el de otros connacionales atrapados en circunstancias similares. Las autoridades peruanas han convocado al embajador ruso para exigir información sobre los ciudadanos retenidos y exigir garantías para los sobrevivientes.

Los datos oficiales reflejan la magnitud de la tragedia: 459 peruanos han sido enlistados en el conflicto, de los cuales once han fallecido, ciento catorce están desaparecidos y tres han sido capturados por el ejército. Un testigo directo, también peruano, expresó que “todo mi equipo murió. Todos fueron enviados a morir. No hay forma de sobrevivir ahí. Somos enviados a caminar solos con un fusil”, se escucha decir en un video proporcionado a la familia.

La familia de Axel La Torreexige la repatriación del cuerpo y una investigación sobre las redes de captación que operan en Perú y otros países latinoamericanos. Los testimonios recogidos apuntan a la existencia de organizaciones que ofrecen empleos ficticios en Europa para, después, trasladar a los reclutados hasta zonas de conflicto en Rusia y Ucrania.

Frente a ello, la familia se mantiene atenta ante cualquier solicitud del Ministerio de Relaciones y Exteriores tras solicitar una reunión con embajador.

Axel La Torre viajó a Rusia con la esperanza de mejorar la situación económica de sus padres y de sus dos hijos. Según testimonios de sus seres queridos, buscaba oportunidades laborales que le permitieran enviar dinero a su familia, aunque nunca explicó que su destino final sería el frente del conflicto armado.

Su madre relató que, antes de partir, el joven le aseguró que solo viajaría a Arequipa y que pronto enviaría recursos para el hogar. Es así como el joven decidió ocultar la verdad a su progenitora ante la promesa de mejorar su economía.

De acuerdo con la Cancillería del Perú, la mayoría de los connacionales fallecidos en el conflicto habían sido captados mediante engaños y se enfrentaron a un proceso de reclutamiento forzado una vez llegaron a territorio ruso.

Hasta el momento, la Cancillería peruana señala que al menos once peruanos han fallecido en circunstancias similares. Asimismo, señala que la mayoría de los connacionales fallecidos en el conflicto habían sido captados mediante engaños y se enfrentaron a un proceso de reclutamiento forzado una vez llegaron a territorio ruso.

Repatriación del cuerpo: familia pide apoyo

La familia de Axel La Torre perdió todo contacto con él a partir de mayo de este año. Su hermana explicó que recibieron información de un compatriota que logró escapar del conflicto y que confirmó la muerte de Axel, a quien apodaban ‘Búho’. El testimonio detalla que pisó una mina que destruyó sus piernas y fue abandonado por sus compañeros, quienes huyeron para proteger sus vidas.

“Él les gritó que corrieran y que se salvaran, mientras él quedó a la espera de ayuda, pero no recibió auxilio y murió desangrado”, narró la hermana al noticiero de Panamerica Noticias.

La familia subrayó que Axel no tenía antecedentes militares y que su única vinculación era con el cuerpo de bomberos voluntarios. Su labor solidaria y su deseo de apoyar a sus padres lo impulsaron a tomar la decisión de emigrar para un mejor futuro.

Poco antes de conocerse el deceso de Axel La Torre, la Cancillería peruana facilitó la repatriación de cuatro jóvenes que habían logrado escapar del frente y regresar con sus familias. Ellos llegaron hace unos días luego del calvario y engaños que vivieron como ciento de peruanos creyeron.

La familia de Axel aguarda ahora la colaboración de las autoridades para la repatriación de sus restos, en medio de un proceso que, de acuerdo con diversas fuentes oficiales, puede presentar dificultades logísticas y diplomáticas debido a las circunstancias del conflicto. De esta manera, piden el apoyo para que La Torre puede ser velado en su hogar y darle el último adiós.

El ataque alcanzó un centro logístico de la compañía en el distrito de Chishminski, según denunció el gobernador de la región, Radi Khabirov, quien no dio mayores detalles sobre las instalaciones afectadas más allá de confirmar los heridos. Wildberries informó por su parte que un incendio se desató en una de sus instalaciones en la región, aunque aclaró que en el predio afectado no había mercancía almacenada.

Un video verificado por Reuters mostró el momento del impacto: drones ucranianos golpeando el almacén, seguidos de destellos y estallidos de explosiones, con columnas de humo elevándose sobre la zona mientras el tránsito continuaba con normalidad en las calles cercanas. En el registro se escucha a testigos comentando la secuencia del ataque desde fuera de cámara, describiendo cómo los drones llegaban “desde dos direcciones” distintas.

Una campaña sostenida desde julio

Los almacenes de Wildberries son blanco de una serie de ataques con drones ucranianos desde el 18 de julio. En las últimas semanas, instalaciones de la empresa en las ciudades de Tula, Tver, Leningrado y Moscú fueron alcanzadas, con un saldo de varios muertos y decenas de heridos. Con esta campaña, Kiev busca no solo golpear la economía rusa, sino también trasladar de forma directa los estragos de la guerra a la población civil rusa.

Wildberries representa alrededor del 10% de todas las ventas minoristas del país, y Kiev sostiene que se trata de un objetivo legítimo porque, según acusa, la plataforma provee bienes a soldados rusos, incluidos chalecos antibalas, cascos y drones de uso militar. La compañía, en cambio, ha calificado los ataques como “terroristas” y niega vender armamento, aunque reconoce que no puede controlar por completo lo que ofrecen sus vendedores independientes.

Los ataques ya afectaron a al menos 23 instalaciones de Wildberries en todo el país, con mercancía destruida por un valor estimado en hasta 480.000 millones de rublos (unos 5.900 millones de dólares), según la consultora de comercio electrónico Data Insight.

La empresa, fundada por Tatyana Kim, la mujer más rica de Rusia, intenta descentralizar su logística y ya realizó pagos voluntarios a más de 80.000 vendedores afectados, mientras el gobierno ruso evalúa un paquete de ayuda que incluiría exenciones fiscales.

Otros desarrollos: refinerías atacadas y explosión en Sebastopol

En la misma jornada, el gobernador de Baskortostán también reportó un ataque contra la refinería de Salavat, una de las mayores de petróleo y petroquímicos de Rusia, alcanzada en tres ocasiones por Ucrania en el último año. Según Khabirov, se utilizaron 21 drones en total, de los cuales 16 fueron derribados en esa ciudad.

Por otro lado, un funcionario ruso confirmó que un ataque ucraniano dejó fuera de servicio, por al menos seis meses, una refinería situada en Orsk, a unos 1.300 kilómetros del frente, debido a que el equipamiento importado necesario para las reparaciones está sujeto a sanciones internacionales. El gobernador local, Evgueni Solntsev, advirtió que la región deberá recurrir a importaciones de combustible mientras dure el cierre.

Además, cinco personas murieron en una explosión en Sebastopol, en la península de Crimea, cuando técnicos rusos inspeccionaban la zona tras un ataque ucraniano previo y una munición sin detonar estalló, según informó el gobernador local impuesto por Moscú, Mijaíl Razvozháyev.

La seguidilla de ataques ucranianos contra infraestructura energética llevó a las autoridades a declarar este verano boreal una “situación de emergencia” en toda la península, que enfrenta escasez de combustible y cortes de electricidad.

“Como Gobierno de Japón, hemos solicitado en reiteradas ocasiones a la parte rusa que el presidente se abstenga de visitar los Territorios del Norte. Sin embargo, protestamos enérgicamente por la visita del presidente Putin a la isla de Etorofu (Iturup) hoy”, declaró Takaichi ante la prensa, en un comunicado emitido desde su residencia.

“Absolutamente inaceptable”

La primera ministra fue categórica al calificar el hecho: “Los Territorios del Norte son parte inherente del territorio de Japón, tanto histórica como jurídicamente, bajo el derecho internacional. Esta última visita a la isla de Etorofu por parte del actual presidente de Rusia va en contra de la posición constante de Japón respecto a los Territorios del Norte. Además, hiere los sentimientos del pueblo japonés y es absolutamente inaceptable”.

Takaichi también advirtió sobre el impacto de la visita en el ya deteriorado vínculo bilateral: “Tras la invasión rusa a Ucrania, la relación entre Japón y Rusia atraviesa una situación difícil. Aún en esas circunstancias, Japón ha hecho todos los esfuerzos posibles [por mejorar la relación]. Sin embargo, esta visita solo profundizará el sentimiento negativo hacia Rusia en Japón y dificultará la reconstrucción del vínculo a largo plazo”.

La mandataria remarcó además la dimensión humanitaria del reclamo territorial: “Para Japón, las cuestiones vinculadas a los Territorios del Norte, en particular las relacionadas con ex residentes de las islas que visitan las tumbas de sus familiares, son asuntos humanitarios. Por eso hemos mantenido canales de diálogo abiertos y continuamos abordando estos temas a través de conversaciones. Pero la situación actual es extremadamente lamentable. En cuanto a nuestra respuesta futura, el Gobierno considerará cuidadosamente las medidas apropiadas”.

Una visita con fuerte carga simbólica y militar

Putin visitó el jueves una planta procesadora de pescado, un hospital y una escuela en Iturup, y se reunió brevemente con residentes y con el gobernador de la región rusa de Sajalín, Valery Limarenko. La visita se produjo después de que el mandatario ruso hiciera escala en Sajalín, donde presenció ejercicios de la Flota del Pacífico a bordo del crucero portamisiles Varyag y advirtió que Moscú respondería de forma “simétrica” si gobiernos europeos avanzan con la confiscación de buques mercantes rusos, una amenaza que, dijo, podría concretarse “donde Rusia lo considere necesario”.

Japón reclama las cuatro islas más meridionales del archipiélago de las Kuriles, a las que llama Territorios del Norte. La disputa se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética tomó control de las islas, y desde entonces ha impedido que Moscú y Tokio firmen un tratado de paz formal.

Japón ya había protestado en 2021 por una visita a la zona del entonces primer ministro ruso Mikhail Mishustin, y en las últimas décadas los contactos diplomáticos entre ambos países no lograron destrabar el conflicto territorial, mientras el Kremlin reforzó su presencia militar en el archipiélago.

Un contexto regional tenso

La protesta japonesa se produjo además horas después de que Corea del Norte, aliada de Rusia, lanzara el miércoles un misil balístico hacia aguas al este de la península coreana, días antes del inicio de ejercicios militares conjuntos entre Seúl y Washington que Pyongyang denuncia habitualmente. El episodio se suma a una serie de gestos de asertividad militar en la región, en momentos en que Rusia también enfrenta presión creciente de la Unión Europea sobre su llamada flota en la sombra, con sanciones ampliadas contra cientos de barcos y la retención de algunas embarcaciones y tripulaciones para inspecciones.

El Gobierno japonés presentó este jueves una protesta enérgica tras la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a la isla de Iturup —denominada Etorofu en Japón—, la mayor del archipiélago de las Kuriles, bajo control de Moscú y reclamado por Tokio.

El ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi, argumentó que las islas conocidas en Japón como Territorios del Norte (Kunashiri, Etorofu, Shikotan y Habomai) son parte inherente del territorio nipón, “tanto histórica como jurídicamente según el Derecho Internacional”, según un comunicado de su cartera.

“Los Territorios del Norte son parte inherente del territorio de Japón, tanto históricamente como según el derecho internacional”, declaró la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a los periodistas y agregó que el viaje del mandatario ruso “ofende los sentimientos del pueblo japonés y es absolutamente inaceptable”. “Dificulta el restablecimiento de las relaciones a mediano y largo plazo”, sentenció.

La oficina de prensa del Kremlin informó que Putin visitó en Iturup un complejo de procesamiento de pescado, un hospital y una escuela secundaria, y mantuvo una reunión con el gobernador de Sajalín, Valeri Limarenko.

La visita se produjo tras supervisar maniobras militares de la Flota del Pacífico, donde el mandatario ruso enfatizó que la “realidad” de las islas Kuriles “está recogida en documentos internacionales”, según la agencia TASS, pese a los reclamos de Japón.

En Sajalín, Putin celebró una reunión “para garantizar la seguridad de las fronteras orientales de Rusia”, según informó RIA Novosti.

En cuanto a la relación bilateral, Putin reconoció el papel constructivo del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, pero criticó las sanciones impuestas por Tokio tras la invasión rusa a Ucrania. “Estamos viendo un cambio en su posición, uno que, quiero recalcar, no fue provocado en absoluto por nosotros”, afirmó el presidente ruso, en referencia a la actual primera ministra nipona.

Las islas Kuriles, aunque descubiertas por navegantes rusos, pasaron a ser parte de Japón en 1875 mediante el Tratado de San Petersburgo. Ubicadas al norte de Hokkaido, estos territorios fueron incorporados a la Unión Soviética (URSS) tras la Segunda Guerra Mundial, en virtud del Tratado de San Francisco.

En 1956, la URSS y Japón reanudaron relaciones diplomáticas a través de una declaración que sentó las bases para negociar un tratado de paz, contemplando la devolución a Japón de dos de las cuatro islas. Aunque ambos países dejaron sin efecto ese acuerdo, Tokio mantiene la reclamación sobre las cuatro islas, lo que constituye uno de los principales focos de tensión bilateral y la razón por la que aún no se ha firmado un tratado de paz definitivo tras el segundo conflicto bélico mundial.

En 2010, el entonces presidente Dmitry Medvedev se convirtió en el primer líder ruso en visitar el territorio en disputa de las islas Kuriles. Más adelante, Medvedev realizó varias visitas adicionales a la zona durante su mandato como primer ministro.

Los nombres de las islas en disputa presentan similitudes en ambos idiomas: Kunashir, Habomai, Shikotan e Iturup en ruso, frente a Kunashiri, Habomai, Shikotan y Etorofu en japonés. Actualmente, su población ronda los 20.000 ciudadanos rusos, quienes residen en un entorno de clima riguroso. Las islas cuentan con yacimientos minerales, incluidos oro y plata, además de abundantes caladeros de pesca.

Tras la ocupación en 1945, Moscú deportó a cerca de 17.000 japoneses que habitaban el archipiélago. Posteriormente, las islas cobraron importancia estratégica como bases aéreas y marítimas durante la Guerra Fría, periodo en el que la Unión Soviética mantenía un enfrentamiento con Estados Unidos y su principal aliado en el Pacífico, Japón.

Putin amenazó con confiscar barcos en cualquier parte del mundo

La amenaza a buques europeos dominó la visita de Vladimir Putin, presidente de Rusia, al crucero portamisiles Variag en la isla de Sajalín, donde advirtió que Moscú responderá si países europeos confiscan barcos mercantes rusos en medio de maniobras de la Flota del Pacífico.

Putin alertó que la reacción sería “simétrica” y no se limitaría a los mismos mares, sino que podría producirse en cualquier lugar que Rusia considere necesario, incluida la zona de responsabilidad de la Flota del Pacífico. El mandatario formuló la advertencia durante una gira de trabajo por Siberia y el Lejano Oriente, y la presentó como respuesta a medidas europeas que, según sus palabras, buscan restringir el movimiento de buques civiles rusos.

A bordo del Variag, Putin afirmó que algunos gobiernos europeos actúan “en violación del derecho marítimo internacional” al limitar el tránsito de embarcaciones de operadores rusos y que la idea de requisar estos buques y vender su carga constituye “piratería y saqueo”.

(Con información de AFP)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó este miércoles una fuerte preocupación por la inhabilitación del partido opositor Yábloko, la única formación política que se contrapone a la invasión de Ucrania que seguía presente en la papeleta electoral en Rusia, y exigió que las autoridades revocaran la decisión antes de las elecciones parlamentarias de septiembre.

Según el organismo encabezado por Volker Turk, “Nos preocupa profundamente la exclusión de Yábloko, uno de los partidos políticos más antiguos de Rusia, de las elecciones parlamentarias de septiembre. Instamos a las autoridades a que revoquen dicha prohibición”, publicó el ACNUDH en sus canales oficiales de redes sociales.

La declaración se difundió tras el fallo del Tribunal Supremo de Rusia, que a comienzos de esta semana prohibió al partido participar en los comicios legislativos, luego de que el partido Rodina presentara una demanda por supuesta financiación irregular. El líder de Yábloko, Nikolai Ribakov, rechazó las acusaciones y anticipó que el partido apelará la decisión judicial.

“Tenemos cinco días y haremos todo lo posible para garantizar que Yábloko permanezca en la papeleta electoral”, afirmó Ribakov ante la prensa en las inmediaciones del Supremo en Moscú. El dirigente ya había resultado inhabilitado previamente bajo cargos de “extremismo”, tras manifestar apoyo y condolencias por la muerte del opositor Alexéi Navalny.

La decisión del Supremo deja a Rusia sin representación de partidos abiertamente contrarios a la invasión a Ucrania en la próxima elección parlamentaria. Organizaciones internacionales como el ACNUDH reiteraron su pedido para que el país garantice la pluralidad política y el respeto a los derechos civiles en el proceso electoral.

El partido opositor ruso Yábloko quedó excluido el miércoles de los comicios parlamentarios, consolidando su condición como la única fuerza política que, desde la caída de la Unión Soviética, mantuvo una postura contraria a todas las guerras en las que participó Rusia, desde Chechenia (1994) hasta Ucrania (2022), pasando por Siria (2015).

Fundado en 1993, Yábloko —cuyo nombre significa “manzana” en ruso— surgió menos de dos años después de la desintegración soviética como una alianza de democristianos, socialdemócratas, verdes y feministas. La formación, de marcado perfil liberal y orientación occidental, defendió la economía de mercado, los derechos humanos y la supremacía de la ley, postulados que lo enfrentaron sistemáticamente con los gobiernos de Boris Yeltsin y Vladimir Putin.

Su líder histórico es Grigori Yavlinski, economista de origen ucraniano, quien fundó el partido junto a Vladimir Lukín y Yuri Bóldirev. Durante la primera década de existencia, Yábloko tuvo representación estable en la Duma, la cámara baja del Parlamento.

A partir de la llegada de Putin a la Presidencia en 2000, el partido perdió influencia: en 2003 dejó de tener fracción parlamentaria y en 2007 se quedó sin escaños. Pese a este retroceso, el partido sirvió de plataforma para distintos opositores al Kremlin, como el asesinado Alexéi Navalny o el exiliado Iliá Yashin.

El rasgo distintivo del partido durante más de treinta años fue el pacifismo. Se opuso a la campaña militar de Yeltsin contra el separatismo checheno en 1994 y a la Segunda Guerra de Chechenia iniciada por Putin en 1999. El rechazo a la línea militarista le costó al partido una fuerte caída de popularidad, reflejada en el 5,8 % de votos que obtuvo Yavlinski en las presidenciales, además del revés sufrido en las legislativas de 2003.

En 2014, cuando la anexión de Crimea tenía amplio respaldo en la sociedad rusa, Yábloko publicó la declaración “¡No a la guerra!”, defendiendo la integridad territorial de Ucrania y criticando el conflicto en el Donbás. La misma postura expresó frente a la intervención en Siria en 2015 y a la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

La fuerza política mantuvo representación local en circunscripciones de Moscú, San Petersburgo y regiones como Pskov o Carelia. Sus miembros sufrieron persecución política, especialmente tras el inicio de la guerra en Ucrania, mientras la represión contra la formación se intensificó en los últimos meses.

El avance de posturas pacifistas en las encuestas coincidió con un endurecimiento del cerco oficialista: ocho dirigentes del partido fueron encarcelados y otros catorce, incluido su actual líder Nikolái Ribakov, inhabilitados por “extremismo”. Criticar la guerra, denunciar la violencia contra civiles en Ucrania o compartir una imagen de Navalny en redes sociales se convirtió en un impedimento para participar en los comicios.

(Con información de Europa Press)

El barco es el Caroline Bezengi, un petrolero de 274 metros que transportaba unos 800.000 barriles de crudo ruso bajo sanciones internacionales. Encalló el 30 de junio cerca de las islas Hallaniyat, frente a la gobernación meridional de Dhofar, en un área que forma parte de una reserva natural marina.

Según informó la agencia de noticias Reuters, la tripulación había reportado dificultades por primera vez el 8 de junio frente al puerto yemení de Mukalla, y fuentes de seguridad marítima señalaron que las primeras evaluaciones apuntaban a una explosión a bordo, aunque la causa exacta del daño no está aclarada.

La mancha se extiende al noreste de las islas Hallaniyat y, en su punto más cercano, queda a unos siete kilómetros de la costa. El seguimiento oficial recogido por Oman Daily indicó que la extensión observada a lo largo de la trayectoria de la contaminación alcanzó aproximadamente 449 kilómetros, con un desplazamiento previsto de unos 121 kilómetros adicionales en las siguientes 48 horas, sujeto a variaciones por vientos, corrientes y estado del mar.

Las partes más densas de la contaminación podrían dirigirse hacia las entradas de Ras Madrakah, una zona con arrecifes de coral, áreas de anidación de tortugas y hábitats marinos considerados prioritarios.

Haneen Keskes, responsable de campañas políticas de Greenpeace para Medio Oriente y Norte de África, describió el escenario como una emergencia sin precedentes legales claros. “Llevamos semanas con un petrolero dañado que transporta una carga muy sustancial de crudo, varado en un área marina protegida y ecológicamente sensible, y ahora pierde petróleo al mar a un ritmo exponencial”, afirmó.

Lo que complica aún más la situación es la cadena de responsabilidades rota. En un incidente marítimo convencional, la cadena de responsabilidad recorre tres eslabones: el propietario del buque, el club de protección e indemnización (P&I) que lo asegura y el Estado de bandera bajo el que está registrado.

En el caso del Caroline Bezengi, los tres eslabones están cortados o directamente ausentes. El barco perdió su registro en Camerún a finales de mayo, y la Organización Marítima Internacional (OMI) lo lista actualmente con bandera desconocida.

El propietario, con sede reportada en Shanghái, no habría respondido a los requerimientos de las autoridades omaníes para mover la nave. Y no hay constancia de que el buque esté asegurado bajo ningún club P&I reconocido.

“No queda claro quién va a pagar por esto, ni qué mecanismo legal podría utilizar el gobierno omaní para obligar a alguien a hacerlo”, advirtió Keskes a Reuters. La activista señaló que esa situación podría dejar al gobierno de Omán como único responsable de costear la respuesta, y reclamó apoyo internacional para acelerar las tareas de contención.

La respuesta oficial omaní se apoya en un sistema de monitoreo con imágenes satelitales, modelos ambientales y operaciones de buceo. Mohammed bin Abdullah Al-Rawahi, director general de Asuntos Marítimos del Ministerio de Transporte, reconoció según Oman Daily que las condiciones meteorológicas dificultaron las operaciones técnicas. El ministerio trabaja con una empresa especializada para inspeccionar el casco, localizar las fuentes de las fugas y preparar el traslado seguro de la carga.

Abdullah bin Ali Al-Amri, presidente de la Autoridad de Medio Ambiente de Omán, sostuvo que “no existe absolutamente ningún motivo de preocupación” respecto de plantas desalinizadoras, el proyecto de piscicultura y los sistemas económicos y turísticos en la costa, y que las aeronaves rastrean a diario el movimiento de las manchas.

Aun así, el análisis de Reuters sobre imágenes satelitales consultadas con especialistas marítimos confirmó que el derrame continuaba expandiéndose a finales del mes pasado.

El incidente se produce en un momento de máxima tensión diplomática en torno a la llamada flota fantasma rusa. El presidente Vladimir Putin aprovechó una visita al crucero portamisiles Variag en la isla de Sajalín para advertir que Moscú respondería de forma “simétrica” si gobiernos europeos confiscan buques mercantes rusos, y que esa respuesta no se limitaría a los mismos mares donde se produjera la incautación.

El almirante Víktor Líina, comandante de la Flota del Pacífico, respondió al mandatario que sus fuerzas “cuentan con los medios para detener buques de los países inamistosos”.

La advertencia llegó mientras la Unión Europea (UE) endurece la presión sobre centenares de barcos sospechosos de evadir sanciones, con retenciones de naves y tripulaciones para inspecciones. Putin calificó esas medidas de violatorias del derecho marítimo internacional y equiparó la posibilidad de requisar cargamentos rusos con “piratería y saqueo”.

El Caroline Bezengi navegaba entre dos zonas de conflicto activo, Rusia y Yemen, antes de encallar. Ninguna parte ha reclamado un eventual ataque contra el buque. Con la nave aún varada, la fuga sin detener y la cadena de responsabilidades legales rota, la Autoridad de Medio Ambiente de Omán reiteró que seguirá publicando actualizaciones oficiales y pidió no difundir cifras o estimaciones no autorizadas.

Las fuerzas armadas ucranianas “llevaron a cabo una operación única dirigida contra la base naval en Novorossiysk —el último gran bastión de la flota rusa en el mar Negro, a más de 300 kilómetros de la línea del frente—”, escribió Zelensky en redes sociales. El mandatario aseguró que el ataque alcanzó defensas antiaéreas, muelles y otra infraestructura portuaria en la ciudad de la región de Krasnodar, y publicó un video tomado de redes sociales rusas que mostraba el ataque en desarrollo: destellos anaranjados de la defensa antiaérea, haces de láser azul contra drones y una espesa nube gris elevándose sobre la ciudad al amanecer.

El gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, indicó que “varios cientos” de drones ucranianos atacaron durante la noche Novorossiysk, Anapa y Gelendzhik, además del distrito de Temryuk. Según el alcalde de Novorossiysk, Andrei Kravchenko, el ataque dañó cuatro empresas y más de dos decenas de edificios residenciales en la ciudad. Las defensas antiaéreas rusas derribaron 502 drones ucranianos en su territorio y sobre el mar Negro durante la noche, informó el Ministerio de Defensa en Moscú.

Un niño muerto y una decena de heridos

En Novorossiysk, un niño de ocho años murió en el ataque, según confirmaron tanto Kravchenko como Kondratyev. El gobernador precisó en Telegram que, en total, ocho personas resultaron heridas y hospitalizadas, entre ellas un menor.

Otra persona murió en la región de Krasnodar cuando restos de un dron cayeron en el jardín de una vivienda particular en el pueblo de Volna, mientras que otras dos personas resultaron heridas en la localidad turística de Gelendzhik, sobre la costa del mar Negro.

Restos de drones derribados cayeron además cerca de plantas industriales y edificios residenciales en la zona, según Kondratyev, aunque las autoridades no precisaron el alcance de los daños. Imágenes en redes sociales mostraron edificios con ventanas voladas y autos calcinados.

Un golpe a la infraestructura petrolera rusa

Novorossiysk alberga además una terminal internacional clave de petróleo: el complejo de Grushovaya, cercano a la ciudad, es uno de los mayores centros de trasbordo del sur de Rusia para petróleo y derivados. En febrero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos había expresado su descontento por los ataques ucranianos contra Novorossiysk, al señalar que afectaban intereses petroleros estadounidenses en Kazajistán: el Consorcio del Oleoducto del Caspio opera un oleoducto que transporta hasta esa terminal gran parte de las exportaciones de crudo de yacimientos kazajos en los que Chevron y ExxonMobil tienen participaciones.

En Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia, las defensas antiaéreas derribaron 115 drones ucranianos sobre Sebastopol durante la noche, según el jefe de la ciudad designado por Moscú, Mikhail Razvozhayev, quien reportó daños en 10 edificios de apartamentos y 25 viviendas particulares.

Rusia responde con ataques que matan a dos en Kherson´

Del otro lado del frente, la fuerza aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 138 drones de ataque de largo alcance y un número no especificado de misiles contra Ucrania durante la noche, con daños confirmados en 16 localidades del país. En la región sureña de Kherson, un ataque ruso a gran escala con drones mató a dos personas e hirió a otras dos, según el jefe regional, Oleksandr Prokudin; entre las víctimas se encontraba una mujer cuya vivienda fue alcanzada directamente. Los ataques también destruyeron un centro comercial en la ciudad sureña de Zaporizhzhia, según las autoridades locales.

Zelensky advierte sobre una nueva movilización rusa

El intercambio de ataques se da en momentos en que funcionarios ucranianos calculan que el presidente ruso, Vladímir Putin, está decidido a proseguir la guerra pese al avance lento y costoso de su ejército en el frente y a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos por alcanzar un acuerdo.

Putin planea “una movilización rápida adicional de varios cientos de miles de rusos para fines de año”, escribió Zelensky en redes sociales, citando reportes de inteligencia ucranianos, que también señalan que Rusia está ampliando su producción de misiles balísticos y drones de propulsión a chorro, ambos difíciles de contrarrestar para las defensas antiaéreas de Kiev. Mientras tanto, Ucrania intenta a su vez aumentar su propia fabricación de armamento mediante acuerdos con países socios.

Putin amenazó con una respuesta “simétrica” si gobiernos europeos confiscan buques mercantes rusos. También dijo que esa reacción no se limitaría a los mismos mares y que podría producirse donde Moscú lo considere necesario, incluida la zona de responsabilidad de la Flota del Pacífico.

El mandatario lanzó el aviso durante una visita de trabajo por Siberia y el Lejano Oriente. Desde el buque insignia de la flota, presentó la advertencia como una reacción a medidas europeas que, según dijo, buscan restringir el movimiento de barcos civiles rusos.

A bordo del Variag, Putin sostuvo que algunos gobiernos europeos actúan “en violación del derecho marítimo internacional” al limitar el tránsito de buques de operadores económicos rusos. También afirmó que la idea de requisarlos y vender su carga equivale a “piratería y saqueo”.

La presión europea sobre la flota fantasma rusa

La advertencia llegó cuando la Unión Europea (UE) endurece la presión sobre la llamada flota fantasma rusa, una ampliación de sanciones contra centenares de barcos, además de la retención de algunas naves y sus tripulaciones para inspecciones.

Algunos gobiernos europeos estudian medidas de control marítimo más duras contra embarcaciones sospechosas de evadir sanciones. Putin vinculó ese debate con la posibilidad de que se avance desde las inspecciones hasta la requisa de buques rusos.

El presidente diferenció entre los barcos de operadores económicos civiles y la llamada flota fantasma. Aun así, incluyó ambos asuntos dentro de su denuncia sobre la presión europea.

La puesta en escena militar en el Pacífico

La escenificación del mensaje quedó reforzada por el entorno militar de la visita. Putin recorrió el crucero con uniforme naval y calificó las maniobras de necesarias para mantener la preparación combativa de la flota y proteger los intereses del país en Asia-Pacífico.

El almirante Víktor Líina, comandante de la Flota del Pacífico, respondió al jefe del Kremlin que la agrupación “cuenta con fuerzas para detener buques de los países inamistosos y su flota fantasma”. También aseguró que están listos para comenzar esas misiones.

Putin añadió que estos ejercicios sirven para perfeccionar todo el componente militar ruso en esa región. Además, afirmó que la infantería de marina del Pacífico está preparada para cualquier tarea y aludió a la experiencia adquirida por el Ejército ruso en la guerra en Ucrania.

También acusó a la OTAN de aumentar la tensión en Asia-Pacífico y en el Ártico. Según su versión, la alianza busca abrirse paso en la región y prepara el despliegue de nuevos sistemas de armas que, a su juicio, crean amenazas para Rusia.

Japón y la escalada verbal en Asia-Pacífico

Putin extendió luego su discurso a Japón, al que reprochó las “sanciones injustificadas” impuestas contra Rusia con el argumento de la guerra en Ucrania. Añadió que Tokio incluyó recientemente a Rusia entre sus principales amenazas en su doctrina militar.

El presidente ruso rechazó que su país represente una amenaza para Japón. Afirmó que Moscú no tiene reclamaciones contra ese vecino, aunque recordó la disputa territorial por las islas Kuriles y subrayó que su estatus quedó fijado por los resultados de la Segunda Guerra Mundial.

Desde el Pacífico ruso, el Kremlin dejó planteado que una eventual incautación europea de barcos rusos no recibiría una respuesta limitada al espacio marítimo donde se produjera. El mensaje fue que Moscú se reserva actuar donde estime conveniente, con el respaldo exhibido de su flota en el Lejano Oriente.

El Ejecutivo alemán lleva meses debatiendo una reforma destinada a transformar el funcionamiento de su aparato de inteligencia. El plan gubernamental, que se espera presentar oficialmente, busca ampliar las atribuciones de estos organismos para que puedan realizar operaciones clandestinas y responder a riesgos del exterior. Hasta ahora, la legislación limitaba a estas agencias a funciones centradas en la obtención de datos y la elaboración de informes, sin margen para otras actuaciones más directas.

La coalición encabezada por el canciller Friedrich Merz considera imprescindible reforzar los recursos de inteligencia. Según fuentes parlamentarias y gubernamentales citadas por la AFP, el contexto internacional exige una respuesta más eficaz frente a amenazas que van desde potencias extranjeras hostiles hasta grupos terroristas y actores dedicados a la ciberdelincuencia. Gran parte de esta preocupación llega por Rusia, acusada por las autoridades alemanas de sostener una estrategia de sabotaje, espionaje y desinformación contra el país, que permanece entre los principales aliados militares de Ucrania.

Marc Henrichmann, presidente del comité de control parlamentario sobre inteligencia, subrayó para la AFP que la situación actual es “un conflicto híbrido, no solo con Rusia sino también con otros actores”. Henrichmann incidió en la necesidad de modernizar estos organismos, asegurando que sus servicios de inteligencia “también deben adaptarse a los tiempos y mantenerse un paso adelante”. Según su visión, la prudencia de su aparato de inteligencia ha provocado que el país haya quedado “rezagado” y no haya podido aportar lo necesario a la seguridad europea.

Entre los argumentos recabados para fundamentar el cambio normativo figura el reciente descubrimiento de un dron cargado de explosivos en el aeropuerto de Leipzig, suceso que el Gobierno alemán calificó de “atentado híbrido”. “Nos enfrentamos a adversarios que no respetan ninguna regla. No tienen consideración por la ley ni el orden. Su objetivo no es solo presionar a Occidente, la Unión Europea y Alemania, sino, idealmente, doblegarlos”, aseveró Henrichmann.

Durante mucho tiempo, el marco legal en Alemania ha mantenido bajo estrictas restricciones tanto al BND (el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, O Bundesnachrichtendienst), responsable del espionaje exterior; como a la BfV (la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, o Bundesamt für Verfassungsschutz) encargado de la seguridad interna. Estas limitaciones, justificadas en parte por los antecedentes históricos del país bajo el régimen nazi y en la RDA, así como por una cultura política muy sensible a la privacidad, han impedido que se desarrollen operaciones encubiertas similares a las que se llevan a cabo en otros países.

Peter Neumann, profesor en el King’s College de Londres, explicó a la AFP: “Hasta hace poco, los servicios de inteligencia alemanes eran esencialmente organismos de recolección de información”. Aunque existía cierta capacidad para recopilar datos y asesorar a los responsables políticos, las posibilidades de actuación estaban muy restringidas.

A raíz de la invasión rusa de Ucrania, Berlín ha incrementado de forma notable el presupuesto destinado a defensa y a la modernización de las Fuerzas Armadas. Ahora, existe consenso sobre la necesidad de adaptar también los recursos de inteligencia para que estas agencias, según describe el borrador legislativo, puedan ejecutar ciberataques, desactivar infraestructuras digitales extranjeras empleadas por adversarios o bloquear transferencias sospechosas. También se contempla el uso de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos y la conservación de información por periodos más largos, como el sistema francés ChapsVision, elegido sobre el estadounidense Palantir por las autoridades alemanas, según DW.

El paquete de medidas, de más de 700 páginas, incluye disposiciones para regular la vigilancia online y el rastreo digital. En casos excepcionales, se permitiría al BND acometer misiones de sabotaje en el extranjero, aunque la ley mantendría la prohibición expresa de asesinatos y otras operaciones letales.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, declaró al diario Bild: “Estamos convirtiendo nuestros servicios de inteligencia en verdaderos servicios secretos. Estamos dando una nueva respuesta al panorama de amenazas híbridas y a los intentos de desestabilización mediante sabotaje, espionaje, ciberataques y acciones encubiertas de potencias extranjeras”. Dobrindt argumentó que la reforma situaría a Alemania “a la par de las agencias aliadas en todo el mundo”.

Neumann apuntó que servicios equivalentes en el Reino Unido, Francia o Países Bajos “ya cuentan con muchas más competencias”, y que las restricciones alemanas han dificultado la cooperación internacional y las operaciones conjuntas. “Ya es hora de que los servicios de inteligencia alemanes tengan facultades similares a las de otras democracias europeas”, afirmó.

El vicepresidente del comité de control, Konstantin von Notz, admitió que “nuevos y sólidos poderes son apropiados, dada la desafiante coyuntura de seguridad actual”, pero alertó de que la propuesta legal podría ir “demasiado lejos” si no se refuerza la supervisión independiente y se arriesga a vulnerar la constitución, que prohíbe a los servicios secretos ejercer tareas policiales.

Henrichmann considera que, pese al refuerzo de competencias, los servicios de inteligencia alemanes son los “más vigilados del mundo” por los controles y garantías legales existentes. Para la Sociedad para los Derechos Civiles, eliminar ciertas restricciones a la inteligencia alemana y permitir la extensión de la vigilancia digital “afectaría profundamente los derechos fundamentales”.

El pasado 31 de julio, la ciudad de Ceuta, de apenas 84.000 habitantes, se vio sobrepasada por la entrada masiva y repentina de 72.000 personas desde Marruecos. Las autoridades españolas y marroquíes han atribuido la tragedia a una interpretación malintencionada de una sentencia del Supremo, que, aprovechada por bandas criminales y amplificada en las redes y medios locales, condujo a una marea humana hacia la frontera con el enclave español.

Desde Moncloa se ha evitado responsabilizar al gobierno de Marruecos pese a que la UE paga a Rabat cientos de millones de euros precisamente para que gestione el control migratorio. Sin embargo, una de las pocas voces autorizadas en Europa que sí ha cargado contra el reino de Mohamed VI ha sido el excomisario europeo de Comercio, Thierry Breton, quien denunció que detrás de la tragedia se escondía una “operación híbrida” por parte de Rabat. Es decir, una acción coordinada por un Estado que combina medios militares, informativos, cibernéticos y migratorios por debajo del umbral del conflicto abierto, con el fin de debilitar a un adversario sin darle un motivo para la guerra. “Lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio cumple todos los requisitos”, aseveró el francés.

Los expertos académicos debaten sobre si es correcta la terminología militarista para referirse a la cuestión de Ceuta, pero sí coinciden en que la coerción migratoria no es nueva en Marruecos, quien ya ha levantado en pasadas ocasiones la mano cuando considera lesionados sus intereses. La última de ellas fue en 2021, cuando las autoridades marroquíes facilitaron el acceso de 10.000 migrantes en Ceuta. Ahora, un informe de los servicios secretos españoles confirmó que Marruecos no planificó la avalancha migratoria, pero sí la permitió y sacó provecho político para colocar en primera plana en la agenda mediática su reivindicación histórica con los enclaves españoles de Ceuta y Melilla.

Pese al trágico coste humano que conllevan estas avalanchas humanas, las conclusiones que el Estado marroquí podría llevarse son las de una Europa que no fue capaz de cerrar filas y que acabó incluso enfrentada con España cuando esta pedía auxilio. Cabe matizar que, operativamente hablando, sí se superó la prueba de seguridad en el espacio Schengen, ya que ningún migrante consiguió acceder a la península (Ceuta y Melilla están excluidas del tratado).

El test migratorio ruso

El ejemplo perfecto de la instrumentalización de la migración con fines políticos es Rusia —y su país satélite Bielorrusia—, que ha utilizado a las personas para desestabilizar a los países fronterizos de la UE como Polonia, Finlandia o los países bálticos. El Instituto Finlandés de Asuntos Exteriores (FIIA) recuerda que Rusia dirigió, a través de los lazos entre funcionarios rusos y las bandas criminales –que actuaron como intermediario–, a 72.000 personas a los pasos fronterizos del norte de Noruega y Finlandia entre 2015 y 2016, con el objetivo de evaluar cómo respondían ante esta crisis. Un examen, recuerda el investigador Jyri Lavikainen, que sirvió de proyecto piloto para la ocupación de Crimea, la gran operación híbrida exitosa en Europa.

Salvando las distancias, algunos académicos han trazado paralelismos entre aquella operación híbrida y los métodos de ataque no convencionales con los que Rabat presiona a España. “Ceuta entrará en la historia de la guerra híbrida como la segunda más exitosa después de la anexión de Crimea por Rusia en 2014″, afirmó el investigador, el experto del Centro de Estudios de Geopolítica y Seguridad lituano, Dionis Cenușa, quien añadió que es probable que hasta las próximas elecciones en 2027, España sea sometida repetidamente a diversas formas de guerra híbrida.

El experto matizó, no obstante, que en Crimea, una reivindicación histórica para Rusia, se utilizaron además otras herramientas. La península ucraniana fue. Moscú recurrió a los llamados “hombrecillos verdes”, soldados sin insignias ni banderas rusas que ocuparon instalaciones institucionales y puntos estratégicos ucranianos.

La llegada de los hombres “educados”

Llegaron en febrero de 2024 vistiendo uniformes rusos, portando armas rusas y conduciendo camiones con matrícula rusa. Pero cuando se le preguntó en una conferencia de prensa sobre aquellos hombres, Putin negó tajantemente que fueran soldados, calificándolos de “unidades locales de autodefensa” o simplemente “hombres educados” -terminología que sirvió para crear la imagen de un soldado libertador en lugar de un invasor-. Su afirmación acabaría desmontándose a los pocos meses, cuando el líder ruso felicitó a los oficiales por la exitosa ocupación rusa.

La presencia de tropas rusas sin identificación pretendía generar confusión y retrasar la reacción de la comunidad internacional. Al actuar sin distintivos, estos efectivos dificultaron distinguir entre fuerzas locales y elementos externos, lo que complicó la respuesta de Ucrania y pospuso tanto la condena como las medidas de otros países. Esta ambigüedad facilitó que Rusia consolidara su control sobre Crimea con rapidez y escasa oposición, ya que la falta de claridad sobre la identidad de los soldados favoreció la idea de un conflicto interno en lugar de una invasión extranjera.

Rusia ha liberado a un veterano militar estadounidense que pasó más de cuatro años en prisión por cargos controvertidos y en condiciones abusivas. Se decía que estaba gravemente enfermo y en riesgo de muerte, según informó el martes un grupo que abogaba por él.

Robert Gilman se dirigía a un hospital militar estadounidense en Texas, donde sería evaluado y tratado médica y psicológicamente, declaró Eric Lebson, director de estrategia de Global Reach, un grupo que ha estado trabajando para liberarlo a él y a otros detenidos estadounidenses en el extranjero. La familia de Gilman viajó a Texas para estar con él, incluida su madre, quien se encontraba en Rusia intentando visitarlo en el hospital.

Gilman, un profesor de 32 años detenido desde 2022, fue condenado inicialmente a tres años y medio de prisión tras ser declarado culpable de agredir a un agente de policía después de ser bajado de un tren por causar disturbios. Posteriormente, fue declarado culpable de agredir a un inspector de prisiones durante una revisión de celda, golpear a un investigador y agredir a un guardia, y en octubre de 2024 fue sentenciado a ocho años y un mes. Su condena se extendió el año pasado a diez años tras ser declarado culpable de agredir a guardias de prisión.

La hermana de Gilman, Lexie Hudson, reconoció la labor del presidente Donald Trump y del senador estadounidense Ed Markey de Massachusetts para lograr la liberación del ex marine.

Donald Trump por su parte anunció que Gilman fue liberado por Rusia tras conversaciones con el presidente Vladimir Putin y afirmó que no hubo concesiones de parte de Washington.

“Rusia accedió a liberarlo por razones humanitarias”, dijo el mandatario, al señalar que Moscú “no ha pedido nada a cambio; no hubo ningún intercambio”.

Según Trump, Gilman “regresa a casa” este mismo día y “aterrizará esta noche en la Base de la Fuerza Aérea Andrews, en Washington, D.C.”. Añadió que “mis representantes, algunos de los cuales viajan con él, le darán la bienvenida a los Estados Unidos de América”.

Al describir el caso, Trump sostuvo que Gilman “fue encarcelado en Rusia en 2022, durante la administración Biden”. El presidente aseguró que habló con él poco antes del vuelo de regreso: “Acabo de hablar con él y me pidió una cosa: una hamburguesa con queso espectacular al aterrizar. ¡Me encargaré de ello!”.

Trump también afirmó que su gobierno dio prioridad a la repatriación de ciudadanos detenidos fuera del país.

“Durante mi administración, hemos priorizado el regreso a casa de los estadounidenses detenidos en el extranjero, y lo hemos hecho a un nivel sin precedentes, devolviendo a cientos de personas con sus familias”, declaró.

En el mismo mensaje, el mandatario dijo que su administración gestionó liberaciones de otras nacionalidades.

“También hemos liberado a muchos no estadounidenses que estaban cautivos en diferentes países del mundo”, sostuvo.

Trump indicó que Gilman ya estaba junto a su madre durante el viaje. “Robert Gilman se ha reunido con su maravillosa madre, Nancy, quien también viaja con él en el avión, y pronto podrá ver a todos sus seres queridos”, afirmó.

El presidente atribuyó la operación a miembros de su equipo y mencionó al “Enviado Especial para Misiones de Paz, Steve Witkoff”, al “Enviado Especial para la Respuesta a Rehenes, Adam Boehler”, al “Director Superior de Contraterrorismo, Sebastian Gorka”, y a Jared Kushner: “Gracias a mi increíble equipo... y a muchos otros que hicieron esto posible”.

“No hay otra razón por la que Robert esté vivo hoy que el hecho de que el presidente Trump se enterara del caso y actuara”, dijo Hudson, quien agradeció a Markey “por liderar nuestros esfuerzos de defensa en el Congreso».

“Los rusos trataron muy mal a mi hermano”, dijo Hudson. “Lo lastimaron sin motivo alguno, solo porque era estadounidense y marine. ¿Qué ganaron con esto? ¿Por qué le hicieron esto a una persona tan maravillosa?»

El Departamento de Estado declaró que Gilman, cuya detención injusta se había determinado recientemente, fue liberado por razones humanitarias y que “no formó parte de un intercambio ni se le ofrecieron otras concesiones”.

“Este es un paso positivo que esperamos conduzca a la liberación de estadounidenses detenidos injustamente en Rusia, como Stephen Hubbard”, afirmó.

Antes de ser trasladado fuera de Rusia, Gilman había estado en “un estado de estupor disociativo” durante 47 días debido a los abusos sufridos en prisión, según Lebson. Gilman fue trasladado de la prisión a un hospital civil, donde lo conectaron a una sonda de alimentación y lo esposaron a una cama.

Los informes del hospital describieron el estado de Gilman como “grave y potencialmente mortal”, lo que impulsó al gobierno estadounidense a actuar y condujo a “una liberación humanitaria unilateral” por parte de las autoridades rusas, explicó Lebson.

Markey había instado a Rusia y a Estados Unidos a colaborar para lograr la liberación del residente de Massachusetts. Gilman figuraba entre al menos ocho estadounidenses que permanecían bajo custodia rusa tras una serie de intercambios de prisioneros de alto perfil con Estados Unidos en los últimos años.

Markey culpó a Rusia del delicado estado de salud de Gilman, afirmando que su regreso a Estados Unidos se había demorado demasiado.

“Es una tragedia que Robert tuviera que estar al borde de la muerte para que su caso recibiera la atención necesaria para negociar su liberación”, declaró Markey. “Durante su detención, Robert fue sometido a tortura física, medicación forzada y provocaciones por parte de las autoridades rusas. No cabe duda de que el trato recibido por las autoridades rusas es la razón por la que Robert se encuentra hoy en este estado tan precario».

(Con información de AP)

Rosario María Murillo Zambrana confía en sus talismanes y piedras para sobrevivir en el poder. Arrastra en su esoterismo y misticismo a su esposo, Daniel Ortega, con quien no sólo comparte lecho, sino el comando absoluto de Nicaragua. El matrimonio dictatorial, sin embargo, no descansa sólo en las cartas. También revisa la información dura que le agrupa su círculo cercano para contrastar con la suerte que, juran, siempre está de su lado.

Los Ortega-Murillo leen, además, las noticias. Y saben que algo no anda del todo bien con quienes le prometieron una alianza indestructible. O una protección a prueba de crisis. Sobre todo a partir del 3 de enero último.

Esa madrugada crítica, Rusia no logró salvar a la dictadura de Nicolás Maduro ni a su esposa, Cilia Flores. A pesar de las reiteradas promesas del Kremlin y la presencia de una misión militar encabezada por el general Oleg Leontievich Makarevich, el régimen chavista no resistió el operativo militar de Estados Unidos. El uniformado -cuyas destrezas en el terreno ya habían sido confirmadas negativamente en Ucrania- creía que podría poner a resguardo a sus protegidos desde su smartphone conectándose tan sólo a una app: FlightRadar24.

Durante años, Moscú se presentó como un aliado indispensable de Maduro, asegurando un control absoluto del espacio aéreo venezolano y la capacidad tecnológica para anticipar cualquier amenaza. La Equator Task Force, bajo dirección rusa, se ocupó de entrenar y asesorar a las fuerzas armadas venezolanas con la promesa de protección frente a eventuales intervenciones extranjeras.

En los momentos críticos, entre noviembre y diciembre de 2025, Makarevich transmitió confianza a Maduro y a su entorno, asegurando que Rusia disponía de los medios necesarios para garantizar la seguridad del mandatario y de los principales cuadros chavistas.

Sin embargo, la madrugada del 3 de enero de 2026, la operación estadounidense “Resolución Absoluta” sorprendió tanto a las fuerzas venezolanas como a sus asesores rusos (y cubanos). Más de 150 aeronaves participaron en bombardeos y maniobras que culminaron con la captura del dictador y su esposa en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

El operativo expuso la ineficacia de la tecnología y los sistemas de inteligencia rusos desplegados en Venezuela... que no funcionaron. Fuentes militares venezolanas y cubanas señalaron su desconfianza hacia Makarevich, quien llegó a Caracas tras un desempeño poco destacado en Ucrania. El fracaso dejó un saldo de 33 militares cubanos muertos, responsables de la custodia de Maduro, y desencadenó cuestionamientos internos sobre la verdadera capacidad de Rusia para garantizar la protección de regímenes aliados. La Habana culpa a Rusia, no sólo a Venezuela, por esas muertes.

Actualmente, Maduro se encuentra detenido en Nueva York, enfrentando cargos federales en Estados Unidos. Mientras tanto, la cúpula cubana debate el valor real de la protección rusa. Aunque Moscú sigue ofreciendo respaldo a La Habana, la experiencia venezolana ha sembrado dudas sobre la eficacia y sinceridad de esas promesas. La dirigencia cubana percibe que, más allá de los discursos, Rusia nunca tuvo un plan concreto para defender a Maduro y que, llegado el momento, podría abandonar también a Cuba.

Esa información es la que no sólo leen a diario los Ortega-Murillo, sino que son los datos que comparten -cuando la discreción lo permite- con oficiales y enviados de Cuba.

Pero además, en la intimidad del poder nicaraguense, creen que incluso están un eslabón por debajo de la protección que Rusia podría ofrecerle a sus pares de La Habana. Sienten que la tecnología en radares que Moscú dijo haber invertido -alrededor de 1.000 millones de dólares- para proteger a los tres regímenes latinoamericanos nunca existió. “O al menos es tan secreta que nadie la ha visto”, ironiza un general en comunicación con Infobae, por un sistema encriptado. Esa red de radares fue vendida como más moderna, incluso, que la que estaría protegiendo los cielos cubanos.

Pero los Ortega-Murillo también sienten una traición que no tiene que ver con lo militar. Sino con lo político y económico.

Se sienten defraudados por parte de Rusia por no haber apoyado su moción para ingresar a los BRICS, el bloque político y económico de naciones emergentes formado originalmente por Brasil, Rusia, India y China, al que se sumaron, entre otros, Sudáfrica e Irán.

Managua padeció una doble desilusión en su intento por escalar “socialmente” en el mundo a partir de ese bloque de economías un poco más sólidas que la enclenque nicaragüense. Primero fue Brasil el que se opuso a su inclusión, pero luego supo que el Kremlin no revirtió ese destino fijado por Itamaraty cuando había prometido otros caminos al matrimonio dictatorial.

La política exterior rusa atraviesa un momento de absoluta desconfianza por parte de sus aliados. “Antes no teníamos más remedio que estar con ellos y creerles, pero ahora son cada vez menos confiables”, dice la misma fuente en off the record.

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La Cancillería del Perú informó que convocó al embajador de Rusia en Lima, Alekséi Ushakov, para exigir información actualizada sobre los peruanos fallecidos o desaparecidos en la guerra contra Ucrania. Esto luego de que se registrara un total de 11 fallecidos, 114 desaparecidos y 459 connacionales enlistados en el conflicto, según informó la propia cartera diplomática.

El reclamo del Gobierno peruano incluyó un pedido formal para conocer la ubicación y el estado real de sus ciudadanos en territorio ruso. A la reunión también asistieron representantes de las familias afectadas, que expusieron su preocupación por la falta de información de las autoridades rusas.

“El Canciller, Carlos Espá, transmitió la preocupación de la Presidenta Keiko Fujimori para que se proporcione toda la información necesaria respecto de la ubicación y situación de los peruanos que se encuentran en Rusia por ser de justicia y un derecho humano a la información que la comunidad internacional reconoce”, se lee en el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El documento oficial también señala que el Viceministro, Embajador Eric Anderson, afirmó durante la reunión que “el Perú no va a olvidar ni despreocuparse de los peruanos estén donde estén, instando a las autoridades rusas, a brindar información precisa y actualizada sobre la ubicación y situación en la que se encuentran”.

La Cancillería envió un delegado especial a Moscú

La cartera de Relaciones Exteriores señaló que, como parte de las acciones de apoyo, sostuvo más de 25 reuniones con las familias damnificadas y dispuso el envío de un delegado especial a Moscú para indagar directamente sobre los casos.

El ministerio también indicó que contribuyó a la repatriación de 27 compatriotas. En el informe más reciente, además, reportó 31 evacuados de Rusia, de los cuales 28 retornaron al país con apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Salud.

Entre las gestiones consulares, la Embajada del Perú en Rusia intervino en la repatriación de cuatro jóvenes peruanos que, según la Cancillería, fueron llevados mediante engaños y falsas ofertas de trabajo y terminaron como víctimas de reclutamiento forzado en el frente de batalla.

La información oficial agrega que dos de esos connacionales estaban en una situación de vulnerabilidad después de haber escapado de las filas del reclutamiento militar ruso.

Las familias de las víctimas denunciaron públicamente ante la embajada rusa en Lima que sus allegados reciben tratos inhumanos en hospitales de combate y que son enviados otra vez al frente incluso cuando presentan heridas de gravedad.

Perú registra más de 114 desaparecidos y 3 capturados en la guerra

A través de un comunicado difundido este 9 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores actualizó las cifras relacionadas con los compatriotas que terminaron vinculados a las fuerzas armadas rusas. La institución señaló que tiene conocimiento oficial de 459 peruanos enlistados.

Dentro de ese grupo, 11 han fallecido, mientras que 114 se encuentran desaparecidos. Además, tres ciudadanos peruanos fueron capturados por el Ejército de Ucrania, de acuerdo con la información comunicada por la Cancillería.

El reporte llega en medio de los reclamos de familiares que desde hace meses buscan conocer el paradero y estado de sus seres queridos. En Lima, grupos de familiares han protagonizado plantones frente a la Embajada de Rusia y han solicitado la intervención de las autoridades peruanas para obtener información sobre quienes dejaron de comunicarse después de viajar al país euroasiático.

Al menos nueve personas murieron y 20 resultaron heridas en ataques rusos contra Ucrania durante la noche, que afectaron a Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk y Kiev, donde se registraron varias explosiones tras una alerta por misiles.

En Zaporizhzhia, seis personas murieron y 19 resultaron heridas, informó el jefe de la administración militar regional, Iván Fédorov, en la plataforma Telegram. El funcionario indicó que las fuerzas rusas “atacaron instalaciones e infraestructuras industriales”.

Fédorov también compartió una imagen de un automóvil completamente destruido por las llamas tras el ataque.

En la región de Dnipropetrovsk, el ejército ruso lanzó ataques con drones y artillería contra cinco distritos. Tres personas murieron, incluido un adolescente de 15 años, según informó el jefe de la administración militar local, Oleksandr Ganja.

En Kiev, una serie de explosiones se produjo poco después de la medianoche del martes, tras una alerta de las autoridades ucranianas por la aproximación de varios misiles. Periodistas de la AFP constataron las detonaciones.

La administración militar de la capital informó que al menos una persona resultó herida, aunque no ofreció más detalles sobre el ataque.

En la región oriental de Kharkiv, un ataque ruso contra la ciudad de Zlatopil causó daños en “infraestructuras civiles” y dejó al menos un herido, según informó el alcalde Mikola Bakcheiev.

Los ataques se produjeron después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmara que Rusia se preparaba para desplegar más soldados norcoreanos en su territorio y que recibió nuevos misiles balísticos procedentes de Corea del Norte.

Moscú intensificó en las últimas semanas sus ataques con misiles balísticos. Según información difundida en Ucrania, solo algunos sistemas de defensa antiaérea, entre ellos los Patriot estadounidenses, cuentan con capacidad para interceptar este tipo de proyectiles.

La escasez de interceptores PAC-3 para estas baterías se agravó desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero. Zelensky reclamó una mayor provisión de sistemas Patriot y pidió a Washington y a otros aliados que aceleren la entrega de estas baterías para reforzar la defensa de civiles e infraestructura estratégica.

El mandatario también planteó la posibilidad de fabricar munición para los Patriot en territorio ucraniano o de obtener la autorización de Elon Musk para utilizar el sistema de comunicaciones satelitales Starlink en operaciones destinadas a guiar ataques contra lanzadores de misiles rusos.

En paralelo, las fuerzas ucranianas mantienen ataques con drones de largo alcance contra infraestructuras energéticas y objetivos económicos dentro de Rusia. Entre los blancos recientes figura Wildberries, el mayor minorista en línea ruso, además de instalaciones vinculadas con la crisis de combustible registrada en las últimas semanas.

En el plano diplomático, Zelensky volvió a cuestionar el volumen de misiles Patriot recibidos pese al reciente acuerdo con Estados Unidos para ampliar su suministro. Durante su visita a Belgrado, donde se reunió con el presidente serbio Aleksandar Vucic, afirmó que Ucrania recibe actualmente una tercera parte menos de misiles que el año anterior.

“¿Nos suministrarán misiles cada mes? Sí. Tenemos acuerdos. ¿Son suficientes estos misiles? No”, declaró el mandatario.

Zelensky también señaló que Washington autorizó la producción de estos proyectiles en Ucrania, aunque la disponibilidad continúa por debajo de los niveles del año anterior. El presidente ucraniano evitó proporcionar cifras precisas para no revelar información que pueda favorecer a Rusia en el campo de batalla y afirmó que “en 2026 había menos misiles de este tipo” que en 2025.

(Con información de AFP)

La Cancillería del Perú realizó una convocatoria urgente al embajador de la Federación de Rusia en Lima, Alekséi Ushakov, y expresó de forma directa la preocupación del Gobierno peruano por la situación de los nacionales que permanecen en territorio ruso en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, transmitió el interés de la presidenta Keiko Fujimori en obtener información precisa sobre la ubicación de los peruanos afectados, subrayando que se trata de “un derecho humano a la información que reconoce la comunidad internacional”.

Familiares de peruanos en Rusia piden respuestas

En la sesión celebrada el 10 de agosto de 2026, representantes de las familias de los peruanos involucrados participaron junto a funcionarios diplomáticos peruanos y trasladaron su inquietud al embajador ruso. Expusieron la falta de información oficial sobre el paradero de sus seres queridos, lo que ha generado preocupación y desasosiego en sus hogares.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson, remarcó que “el Perú no va a olvidar ni despreocuparse de los peruanos estén donde estén” y exhortó a las autoridades rusas a proporcionar datos actualizados sobre cada caso. Según registros oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha celebrado más de 25 reuniones de coordinación con las familias, ha enviado un delegado especial a Moscú y ha participado en la repatriación de 27 ciudadanos.

Repatriación de peruanos víctimas de reclutamiento forzoso

La sección consular de la Embajada del Perú en la Federación Rusa informó que en las últimas semanas se gestionó la repatriación de cuatro jóvenes peruanos, quienes habían escapado de un proceso de reclutamiento forzado para prestar servicios en la guerra. Dos de ellos lograron regresar a finales de julio, y los otros dos arribaron en los primeros días de agosto.

Todos los jóvenes ya se encuentran en territorio peruano junto a sus familias. En estas gestiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores contó con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Salud para brindar asistencia integral a los repatriados.

Cifras oficiales y advertencias a la ciudadanía

Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la fecha se ha evacuado a 31 peruanos desde Rusia: 28 han retornado al país y 3 permanecen en Europa por decisión propia. De acuerdo con información oficial, 459 ciudadanos peruanos se enlistaron en el conflicto, registrándose 11 fallecidos, 114 desaparecidos y 3 capturados por el ejército ucraniano.

El ministerio alertó a la población sobre los riesgos de aceptar ofertas laborales fraudulentas que podrían derivar en situaciones de trata o reclutamiento ilegal. Recordó que prestar servicio militar a un Estado extranjero requiere autorización previa del Gobierno peruano, conforme a la Constitución nacional.

Mecanismos de contacto y asistencia consular

Las autoridades reiteraron que los familiares y compatriotas afectados pueden acceder a ayuda a través de los canales de emergencia consular. Para casos en la Federación de Rusia, se habilitaron los números +7 985 389 06 60 (celular y WhatsApp) y 8 985 389 06 60 (teléfono fijo). En el caso de Ucrania, el contacto de emergencia es +48 601 083 987, gestionado por la sección consular peruana en Varsovia.

La Cancillería reafirmó su compromiso de mantener abiertas las vías de comunicación y continuar con las acciones de protección y repatriación de los nacionales que se encuentren en situación de vulnerabilidad en el exterior.

El Tribunal Supremo de Rusia canceló este lunes el registro de la lista federal de candidatos de Yábloko para las elecciones a la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento, previstas para el 19 y el 20 de septiembre. La decisión deja fuera de la contienda a la única formación política legalmente inscrita que se opone de manera abierta a la guerra en Ucrania y reclama negociaciones de paz.

El fallo respondió a una demanda presentada por Ródina (Patria), un partido ultranacionalista aliado del Kremlin, que acusó a Yábloko de recibir financiación extranjera, incurrir en infracciones de derechos de autor y promover el “extremismo”. La Comisión Electoral Central (CEC), el organismo que supervisa los comicios rusos, respaldó la denuncia durante la audiencia.

El caso fue presidido por el juez Viacheslav Kirílov, el mismo magistrado que en 2021 dictó la disolución de Memorial, la organización de derechos humanos distinguida con el Premio Nobel de la Paz en 2022. Kirílov consideró justificada la exclusión de Yábloko de la papeleta electoral.

Representantes de la CEC presentaron ante el tribunal un documento que, según su testimonio, confirmaría transferencias de fondos desde el exterior a varios candidatos de Yábloko durante 2025, con base en datos de Rosfinmonitoring, el organismo estatal que supervisa el sistema financiero ruso y elabora la lista oficial de personas vinculadas al extremismo.

Yábloko, fundado en 1993 y de orientación socioliberal, había logrado que la CEC aprobara su lista de 269 candidatos a finales de julio, ocupando el segundo lugar en la papeleta detrás de Rusia Unida, el partido del Kremlin. La formación anunció que recurrirá el fallo del Supremo, para lo cual dispone de un plazo de cinco días.

Nikolái Ribakov, líder del partido, calificó de política la ofensiva judicial en su contra. “La clave de nuestras discrepancias es que nosotros estamos a favor de la paz y ellos a favor del derramamiento de sangre. Ellos entienden que la gente quiere votar por la paz. Y tienen miedo. Por eso nos quieren excluir de las elecciones”, declaró ante el tribunal, según recogió la agencia EFE.

Cientos de simpatizantes se concentraron frente al Tribunal Supremo en Moscú para seguir la audiencia. Al conocerse el fallo, corearon consignas de protesta. Un oficial de policía advirtió por megáfono que quienes no se dispersaran en pocos minutos podrían ser remitidos a oficinas de reclutamiento militar.

La exclusión se enmarca en una escalada de presión judicial contra la oposición rusa, intensificada tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, numerosos dirigentes opositores han sido encarcelados, declarados “agentes extranjeros” o forzados al exilio. El propio Yábloko había sido excluido en julio de las elecciones regionales de Carelia y de los comicios municipales de San Petersburgo, uno de sus bastiones históricos, por supuestos defectos de forma.

El partido se había desmarcado días antes del fallo de un llamamiento de la oposición en el exilio, liderada por Yulia Naválnaya, viuda de Alexéi Navalny, a votar por Yábloko en septiembre, en un intento de evitar nuevas acusaciones de recibir apoyo desde el extranjero.

Con la salida de Yábloko de la papeleta, la Duma que surja de las elecciones de septiembre quedará compuesta exclusivamente por formaciones que respaldan la continuidad de la guerra, lo que consolida el cierre del espacio institucional para cualquier disidencia política dentro de las reglas del sistema ruso.

El Ministerio del Interior de Austria anunció este lunes el desmantelamiento de una red que suministró maquinaria de precisión a la industria militar rusa en violación de las sanciones impuestas por la Unión Europea. La empresa, con sede en Viena y cuyo nombre no fue revelado, falsificó certificados de destinatario final para exportar herramientas de metalistería y máquinas de control numérico computarizado (CNC), equipos capaces de fabricar piezas y componentes de alta precisión.

Según el ministerio, el responsable de la compañía, un ciudadano bielorruso de 28 años, fue arrestado en mayo. Los investigadores determinaron que la red ocultó sus envíos mediante una cadena de sociedades pantalla radicadas en Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Bielorrusia, Kirguistán, Corea del Sur, Polonia y Lituania, un entramado diseñado para dificultar el rastreo del destino final de la mercancía.

El día del arresto, la policía incautó máquinas CNC y herramientas especializadas por un valor aproximado de 162.000 dólares. El sospechoso permanece detenido mientras continúa la investigación. Cuatro allanamientos realizados en agosto del año pasado aportaron pruebas de que, desde 2022, la red había entregado bienes industriales por más de 3,3 millones de dólares a fabricantes de armamento rusos.

El equipo exportado llegó a compañías vinculadas a Rostec, el conglomerado industrial estatal que agrupa a la mayoría de los fabricantes de armamento de Rusia, entre ellos productores de motores para misiles de crucero y sistemas de defensa aérea. Las pesquisas más recientes indican que la maquinaria austríaca se empleó efectivamente en la producción de estos componentes militares.

“Es inaceptable que tecnología europea de alta precisión se desvíe hacia la fabricación de misiles de crucero y sistemas de defensa antiaérea”, declaró Joerg Leichtfried, secretario de Estado austríaco a cargo de los servicios de inteligencia. El funcionario añadió que su país “continuará tomando medidas contundentes” contra quienes intenten eludir las prohibiciones legales de apoyo a la industria armamentística rusa.

Tanto la embajada rusa en Viena como Rostec declinaron realizar comentarios sobre el caso.

El hallazgo se enmarca en un patrón más amplio de evasión de sanciones que la Unión Europea intenta contener desde 2022. Las máquinas CNC se han convertido en uno de los componentes de doble uso más codiciados por Moscú, ya que permiten un fresado de alta precisión imposible de replicar con maquinaria convencional, y su producción se concentra en un número reducido de países —Alemania, Japón, Estados Unidos, Suiza, Corea del Sur e Italia, entre otros— lo que ha empujado a las redes de contrabando a diversificar rutas de tránsito a través de terceros países. Según una investigación difundida por el Business and Human Rights Resource Centre, solo Japón ha prohibido por completo la exportación de estas máquinas a Rusia, mientras que otros fabricantes enfrentan dificultades para controlar la reventa a través de intermediarios.

Austria, además, ha sido escenario de otros episodios de tensión vinculados a las sanciones contra Moscú. A comienzos de octubre, el país bloqueó temporalmente un nuevo paquete de restricciones de la Unión Europea al exigir la liberación de activos vinculados al empresario ruso Oleg Deripaska, en un litigio relacionado con compensaciones al banco austríaco Raiffeisen. El episodio ilustró las tensiones internas que atraviesa la coalición europea de sanciones, entre la voluntad declarada de aislar a la industria armamentística rusa y los intereses económicos y financieros que distintos Estados miembros mantienen con Moscú.

El caso destapado esta semana en Viena confirma que, más de tres años después de iniciada la ofensiva rusa contra Ucrania, el régimen de sanciones europeo sigue enfrentando el desafío estructural de cerrar las rutas de triangulación comercial que permiten a Moscú abastecer su complejo militar-industrial pese a las restricciones formales.

El Servicio de Seguridad sueco (Säpo) aseguró este lunes haber frustrado una operación de inteligencia rusa dirigida a desacreditar a Suecia, la OTAN y la Unión Europea, que involucraba a un “agente” que trabajaba en una misión diplomática extranjera en el país.

La agencia de contraespionaje informó en un comunicado que había “reunido información y tomado medidas contra una operación de inteligencia rusa orientada a influir en la toma de decisiones sueca y a desacreditar a Suecia, la OTAN y la UE”. Según el Säpo, la operación “fue planeada y dirigida durante algún tiempo” por el servicio de inteligencia exterior ruso, SVR.

El jefe adjunto de operaciones del Säpo, Christoffer Wedelin, dijo a la agencia AFP que la operación fue llevada adelante por agentes de inteligencia rusos que actuaban bajo inmunidad diplomática, quienes a su vez habían reclutado a otro “agente” que trabajaba en la misión diplomática de otro país. El Säpo no identificó de qué misión diplomática se trataba.

“En reuniones con el agente, los oficiales de inteligencia rusos... le encargaron obtener información de diversas maneras”, relató Wedelin. Según explicó, los objetivos de la operación fueron “crear división” dentro de Suecia, así como entre los aliados de la UE y la OTAN. El funcionario precisó que la información buscada estaba relacionada con la toma de decisiones sueca, aunque evitó dar más detalles sobre qué información se había obtenido o cuánto tiempo llevaba en marcha la operación.

Sin detenidos, pero con la operación “interrumpida”

“Nuestra evaluación es que hemos interrumpido y evitado la actividad”, afirmó Wedelin, y agregó que tanto los agentes de inteligencia rusos como el agente reclutado ya no se encuentran en Suecia. En la operación, en la que no hubo detenidos, participaron dos oficiales rusos con inmunidad diplomática y un agente reclutado, según precisó el funcionario en declaraciones a la televisión pública sueca SVT, donde calificó el caso como “muy serio”.

Según el Säpo, la inteligencia rusa concentra sus esfuerzos sobre todo en obtener información acerca de las posturas políticas de Suecia y de su rol de apoyo a la OTAN, la UE y a Ucrania. La agencia remarcó que el caso confirma que los servicios de inteligencia rusos continúan priorizando métodos tradicionales, como el reclutamiento de fuentes humanas —agentes— para ejercer influencia sobre terceros.

Un patrón de “acciones ofensivas” de Moscú, según el gobierno sueco

El ministro de Justicia sueco, Gunnar Strommer, dijo que el gobierno toma estos reportes “en serio”. “Esto es parte de un patrón en el que Rusia, y otros actores estatales, actúan de manera ofensiva para promover sus intereses en Suecia”, declaró Strommer ante la prensa.

El caso se conoce dos años después de que Suecia pusiera fin a dos siglos de no alineamiento militar y se sumara a la OTAN, un giro impulsado por la invasión rusa a Ucrania en 2022. El Säpo señaló en reiteradas ocasiones a Rusia, junto con China e Irán, como las principales amenazas de inteligencia para el país.

El nuevo reporte da cuenta de la situación de los 459 peruanos que, de manera oficial, se conoce que se han enlistado en Rusia. Mientras las familias continúan buscando información sobre sus seres queridos, el Gobierno peruano informó además que viene coordinando la repatriación de cuatro jóvenes que lograron escapar del reclutamiento forzado y se encontraban en situación de vulnerabilidad en territorio ruso. Dos de ellos fueron asistidos recientemente por la sección consular de la Embajada del Perú en Moscú y ya se encuentran en el país.

11 peruanos fallecieron y 114 permanecen desaparecidos, según reporte oficial

A través de un comunicado difundido este 9 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores actualizó las cifras relacionadas con los compatriotas que terminaron vinculados a las fuerzas armadas rusas. La institución señaló que tiene conocimiento oficial de 459 peruanos enlistados.

Dentro de ese grupo, 11 han fallecido, mientras que 114 se encuentran desaparecidos. Además, tres ciudadanos peruanos fueron capturados por el Ejército de Ucrania, de acuerdo con la información comunicada por la Cancillería.

El reporte llega en medio de los reclamos de familiares que desde hace meses buscan conocer el paradero y estado de sus seres queridos. En Lima, grupos de familiares han protagonizado plantones frente a la Embajada de Rusia y han solicitado la intervención de las autoridades peruanas para obtener información sobre quienes dejaron de comunicarse después de viajar al país euroasiático.

Las familias han denunciado que algunos ciudadanos aceptaron propuestas de empleo que, según sus testimonios, ofrecían labores civiles y buenos ingresos. Sin embargo, una vez que llegaron a Rusia, habrían terminado vinculados a actividades militares.

En anteriores testimonios difundidos por medios de comunicación, familiares y ciudadanos afectados señalaron que algunas personas fueron contactadas mediante redes de reclutamiento y viajaron convencidas de que trabajarían como cocineros, vigilantes, cuidadores o personal de limpieza. Posteriormente, según estas denuncias, fueron trasladadas a instalaciones militares y se les pidió firmar contratos redactados en ruso.

Uno de los ciudadanos peruanos que logró comunicarse desde Rusia relató recientemente que había viajado con la expectativa de realizar labores de limpieza. Según su testimonio, al llegar fue obligado a firmar documentos cuyo contenido no comprendía y posteriormente terminó en una zona vinculada al conflicto.

El caso también ha sido objeto de investigaciones en Perú por las denuncias relacionadas con el presunto uso de falsas ofertas laborales para captar ciudadanos y trasladarlos fuera del país.

En ese contexto, la Cancillería reiteró su llamado a la población para no aceptar propuestas de empleo que puedan estar relacionadas con actividades militares y pidió denunciar a los presuntos reclutadores ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cancillería repatria a cuatro jóvenes que escaparon del reclutamiento en Rusia

Además de informar sobre los fallecidos, desaparecidos y capturados, la Cancillería comunicó que su sección consular en Rusia logró asistir y gestionar el retorno de cuatro jóvenes peruanos en situación de vulnerabilidad.

Los dos últimos casos fueron atendidos por la Embajada del Perú en la Federación Rusa después de que los jóvenes consiguieran escapar del reclutamiento forzado del que, según el comunicado oficial, fueron víctimas. Ambos fueron trasladados de regreso al Perú y ya se encuentran con sus familias.

Estos casos se suman a otros dos compatriotas que recibieron asistencia consular a finales de julio. Para brindarles atención durante el proceso de retorno, el Ministerio de Relaciones Exteriores contó con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y del Ministerio de Salud (Minsa).

Con estos cuatro nuevos casos, la Cancillería informó que ya ha conseguido evacuar a 31 compatriotas vinculados a esta problemática. De ese total, 28 retornaron al Perú, mientras que otros tres permanecen en Europa por decisión propia.

La institución también recordó que los ciudadanos que busquen ayuda o tengan familiares afectados pueden comunicarse con las secciones consulares mediante sus canales de emergencia.

En Rusia, la Sección Consular de la Embajada del Perú en Moscú atiende emergencias a través del número +7 985 389 06 60, disponible para llamadas y WhatsApp. También se encuentra habilitado el teléfono fijo en Rusia 8 985 389 06 60.

Para ciudadanos ubicados en Ucrania, la sección consular con sede en Varsovia dispone del número de emergencia +48 601 083 987.

La Cancillería advirtió que las personas que acepten ofertas laborales relacionadas con servicios militares para otro Estado pueden exponerse a situaciones de riesgo. El Ministerio recordó que prestar servicio militar para un Estado extranjero requiere autorización previa del Gobierno peruano, conforme a la Constitución.

Asimismo, exhortó a los afectados y sus familiares a comunicar cualquier información sobre posibles reclutadores a las autoridades competentes para que puedan realizarse las investigaciones correspondientes.

La Cancillería peruana informó este domingo 9 de agosto que logró gestionar el retorno al país de cuatro jóvenes peruanos que se encontraban en una situación de vulnerabilidad en Rusia, luego de escapar del presunto reclutamiento forzado para prestar servicios en la guerra contra Ucrania. Los dos últimos fueron asistidos por la sección consular de la Embajada del Perú en la Federación Rusa y ya se reencontraron con sus familias.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que estos dos jóvenes se suman a otros dos compatriotas que fueron atendidos a finales de julio. Para concretar su atención y retorno, las autoridades peruanas contaron con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Salud (Minsa). Con estos nuevos casos, la cifra de peruanos evacuados por la Cancillería asciende a 31 compatriotas, en medio de las denuncias sobre ciudadanos que viajaron a Rusia tras recibir supuestas ofertas laborales y terminaron vinculados al conflicto armado.

Cancillería reporta 31 peruanos evacuados y 11 fallecidos

De acuerdo con el comunicado de prensa 033-26, publicado este 9 de agosto de 2026, la Cancillería ha conseguido evacuar a 31 peruanos que se encontraban vinculados a esta situación. De ellos, 28 ya retornaron al Perú, mientras que otros tres permanecen en Europa por decisión propia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también actualizó la información oficial sobre los compatriotas que se enlistaron en las fuerzas armadas rusas. Hasta la fecha, se tiene conocimiento oficial de 459 peruanos enlistados. Dentro de este grupo se han registrado 11 fallecidos, 114 desaparecidos y 3 capturados por el Ejército de Ucrania.

Las cifras se conocen mientras familiares de ciudadanos peruanos continúan solicitando información sobre sus seres queridos. En las últimas semanas, allegados de varios afectados realizaron plantones frente a la Embajada de Rusia en Lima y reclamaron una mayor intervención de las autoridades para conocer el paradero de quienes llevan meses sin comunicarse.

Algunos de los testimonios recogidos durante estas protestas describieron situaciones en las que ciudadanos habrían viajado con la expectativa de conseguir empleos civiles, pero posteriormente fueron vinculados a actividades militares. Entre las ofertas mencionadas por familiares aparecen trabajos como personal de limpieza, cuidadores, guardias de seguridad o cocineros.

Uno de los peruanos que logró comunicarse desde Rusia con medios de comunicación relató que, tras llegar al país, fue obligado a firmar un documento redactado en ruso que no podía comprender. Según su testimonio, posteriormente fue trasladado a un campamento militar y terminó en una zona de combate.

Cancillería alerta por falsas ofertas laborales y pide denunciar a reclutadores

El Ministerio de Relaciones Exteriores aprovechó el nuevo reporte para emitir una advertencia a los ciudadanos que reciban ofertas de trabajo en Rusia u otros países que puedan estar vinculadas con actividades militares. La institución pidió no dejarse convencer por propuestas laborales que podrían utilizarse para captar personas y trasladarlas fuera del país.

Según la Cancillería, existe el riesgo de que quienes acepten estas propuestas terminen siendo víctimas de redes delictivas de trata de personas. La advertencia adquiere especial relevancia debido a las denuncias presentadas por familiares de peruanos que aseguran que sus seres queridos viajaron pensando que realizarían trabajos civiles y posteriormente fueron incorporados a estructuras militares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó además que prestar servicio militar para cualquier Estado extranjero requiere autorización previa del Gobierno peruano, de acuerdo con la Constitución.

Por ello, la institución exhortó a quienes tengan información sobre posibles reclutadores a presentar las respectivas denuncias ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

La Cancillería también mantiene canales de emergencia para los ciudadanos peruanos y sus familiares que requieran asistencia consular relacionada con esta situación.

En Rusia, la sección consular de la Embajada del Perú en Moscú recibe comunicaciones de emergencia a través del número +7 985 389 06 60, disponible para llamadas y WhatsApp. Para casos relacionados con ciudadanos peruanos ubicados en Ucrania, la sección consular con sede en Varsovia dispone del celular de emergencia +48 601 083 987.

Las autoridades de Siria y Rusia alcanzaron este domingo un acuerdo que redefine la presencia militar rusa en el país árabe, al firmar un memorando de entendimiento que permitirá a Moscú mantener sus bases en Hmeimim y Tartús, ubicadas en la costa mediterránea siria. Este pacto llega tras dieciocho meses de negociaciones, iniciadas después de la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Exteriores sirio, el memorando establece “el proceso de reorganización de la presencia rusa en la costa siria”. Damasco asumirá la gestión de las instalaciones civiles, en particular el aeropuerto de Hmeimim y el cuarto muelle comercial del puerto de Tartús, con el objetivo de incorporarlos gradualmente a la administración civil nacional.

El texto del acuerdo indica que las bases militares se transformarán en “centros conjuntos de entrenamiento y rehabilitación”, con un plazo máximo de tres meses para completar el proceso de transición. La culminación de este acuerdo pone fin a un periodo de intensas negociaciones entre las nuevas autoridades sirias y el gobierno de Vladimir Putin, quien había intervenido en Siria desde 2015 en apoyo al régimen de Al Assad.

La guerra civil siria, que se prolongó durante más de una década, contó con el respaldo decisivo de Rusia al gobierno de Al Assad. La presencia militar del Kremlin se consolidó a través de las bases de Hmeimim, construida en 2015, y Tartús, utilizada desde la década de 1970 tras un acuerdo entre la Unión Soviética y Siria. En 2017, ambos países firmaron un tratado de arrendamiento por 49 años, que otorgaba a Moscú plenos poderes operativos sobre estas instalaciones.

El derrocamiento de Al Assad en 2024 alteró el equilibrio de poder y dejó en suspenso el control sobre ambas bases. Desde entonces, las nuevas autoridades sirias y Rusia iniciaron un complejo proceso de negociación para redefinir el estatus de las relaciones militares y diplomáticas, en un contexto de transición política que todavía continúa en el país.

Según la agencia SANA, las nuevas disposiciones convierten a Hmeimim y Tartús en los únicos centros oficiales que Rusia mantiene fuera del antiguo espacio soviético, bajo la fórmula de “centros conjuntos de formación y capacitación de capacidades, dentro de nuevos arreglos que preservan los intereses mutuos”. El memorando fija un plazo máximo de tres meses para implementar completamente la reestructuración.

El traspaso de las instalaciones civiles de las bases a la administración siria se realizará de forma progresiva. El presidente de la Autoridad General de Aviación Civil y Transporte Aéreo sirio, Omar Hosari, confirmó que el gobierno ya ha recibido el control del Aeropuerto Internacional de Latakia, colindante a Hmeimim. “Este paso representa un avance importante en la recuperación y puesta en marcha de los aeropuertos sirios y su reintegración al sistema nacional de aviación civil”, afirmó Hosari. Equipos técnicos han comenzado la evaluación de las instalaciones y sistemas para diseñar un plan de rehabilitación.

En paralelo, el Ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al-Shaibani, realizó una visita a las bases para inspeccionar las infraestructuras incluidas en el memorando. SANA subrayó que el gobierno de Siria ha mostrado disposición para cooperar con Moscú, mientras el nuevo presidente, Ahmed al-Sharaa, ha sido recibido por Putin en dos ocasiones desde su llegada al poder. No obstante, Damasco sigue exigiendo la extradición del exdictador Al Assad, refugiado en Moscú junto a su esposa desde su salida del país.

La influencia rusa en Siria se ha visto afectada tras la caída de Al Assad, lo que ha llevado al Kremlin a buscar nuevos acuerdos con las autoridades actuales para asegurar la permanencia de sus bases. Este año, Rusia retiró además su contingente del aeropuerto de Qamishli, en el noreste sirio, como parte de la reorganización de su despliegue militar.

Mientras tanto, tanto Hmeimim como Tartús han seguido operativas durante el periodo de negociaciones, desempeñando un papel estratégico para Moscú en el Mediterráneo oriental. El acuerdo alcanzado este domingo marca una nueva etapa en la relación bilateral, con el foco puesto en la cooperación técnica y el entrenamiento conjunto, dentro de un marco que redefine la proyección rusa en la región y la transición interna de Siria.

China entregó al régimen cubano un segundo lote de 5.000 sistema fotovoltaico, con el objetivo de asegurar energía solar en centros de salud, círculos infantiles y sucursales bancarias distribuidos en los 169 municipios del país. La iniciativa forma parte de la cooperación bilateral entre La Habana y Beijing para fortalecer la infraestructura energética cubana mediante fuentes renovables, en un contexto marcado por los reiterados apagones a nivel nacional.

La ceremonia de entrega de nuevos equipos de energía renovable se realizó en la sede del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) en la capital cubana, con la presencia de directivos del organismo, representantes de la Unión Eléctrica de Cuba y miembros de la Embajada China, según informó el propio ministerio a través de Facebook.

Los sistemas, gestionados por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de China, ofrecen una mejora técnica respecto al primer lote donado en noviembre de 2025. Los nuevos equipos alcanzan una potencia de 3,6 KWh y duplican la capacidad de almacenamiento hasta 14,3 KWh.

Durante la ceremonia, el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga agradeció el respaldo de Beijing y destacó “su especial significado en el muy complejo escenario que vive el país”. Por su parte, el embajador chino Hua Xin enmarcó la entrega en las vísperas del centenario del nacimiento de Fidel Castro, que se conmemora el 13 de agosto, y la calificó como “un regalo del pueblo chino para ayudar de forma práctica a mejorar el bienestar de la población cubana”.

La donación se produce días después de que Cuba experimentara dos colapsos totales del sistema eléctrico nacional en menos de 48 horas, el domingo 2 y el lunes 3 de agosto, sumando así el sexto y séptimo apagón general del año.

El primer envío, compuesto por 5.000 sistemas y entregado a finales de 2025, tuvo un valor superior a USD 114 millones y generó críticas contra el régimen, ya que parte de esos equipos fue reasignada al monopolio estatal de telecomunicaciones, Etecsa, para mantener servicios de telefonía fija y Nauta Hogar en Matanzas, en vez de destinarse directamente a aliviar los apagones en los hogares cubanos.

El régimen de Cuba aprobó nuevas regulaciones para el uso de energías renovables, con exenciones fiscales para la importación de equipos y cambios en la compraventa de electricidad producida a partir de biomasa y energía eólica, en un contexto donde también es crítica la generación eléctrica en toda la isla.

Las resoluciones 179 y 180 de 2026 entraron en vigor el sábado, anunció la prensa estatal, y buscan ampliar los incentivos a personas y empresas que inviertan en fuentes renovables en medio de una de las etapas más críticas del sistema eléctrico cubano.

La Resolución 180 eximió del pago de impuestos aduaneros a quienes importen sistemas solares fotovoltaicos y sus componentes esenciales. La medida también alcanza calentadores solares, bombas fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, biodigestores de geomembranas, motobombas a biogás, alumbrado solar, sistemas de aire acondicionado solar y cargadores para vehículos eléctricos que funcionen con fuentes renovables. Además, incluye equipos para el procesamiento de biomasa destinados a la producción de energía y sus partes fundamentales.

Por su parte, la Resolución 179 modificó una regulación previa de mayo y amplió el alcance de la compraventa de energía entregada al Sistema Electroenergético Nacional. Hasta ahora, la normativa priorizaba la generación solar fotovoltaica. Con la nueva disposición, la red nacional podrá incorporar en mayor medida la energía producida a partir de biomasa vegetal y de fuentes eólicas.

Para el sábado, la estatal Unión Eléctrica anticipó que el mayor apagón del día dejaría sin servicio al 69 % del país durante el horario de máxima demanda. La capacidad disponible permanece en 1.050 megavatios, frente a una demanda estimada de 3.300 megavatios, lo que obligó a desconectar 2.280 megavatios para evitar interrupciones desordenadas en el sistema.

De acuerdo con los datos oficiales, los 9,4 millones de cubanos dispondrán en promedio de apenas dos o tres horas de electricidad en la jornada. La situación provocó manifestaciones pacíficas, cacerolazos y quema de basura en barrios de La Habana, mientras persiste el deterioro en el suministro eléctrico y se agravan las protestas ciudadanas ante los prolongados cortes de luz.

(Con información de EFE)

La Marina Real británica incrementó sus operaciones de vigilancia sobre la actividad de la “flota fantasma” rusa en el Atlántico Norte y las aguas del Reino Unido durante julio, acumulando 21 días seguidos de patrullas. Este despliegue representa un aumento del 25% en las activaciones respecto al año anterior.

Durante ese periodo, los buques HMS Somerset, HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn patrullaron junto a helicópteros Wildcat y aviones Merlin con capacidad antisubmarina. El objetivo fue monitorear de cerca los movimientos de buques y submarinos rusos, en especial de la fragata Neustrashimy, que realizó múltiples tránsitos por la zona británica, escoltando petroleros de la llamada “flota fantasma”.

Entre los incidentes más relevantes, el HMS Tyne debió situarse a solo cinco millas náuticas cuando el Neustrashimy efectuó disparos de artillería fuera de las aguas territoriales británicas y francesas el 20 de julio, mientras la tripulación británica continuaba con la recopilación de inteligencia y observaba la caída de los proyectiles.

En respuesta a la pregunta sobre el motivo de este aumento en la actividad, las autoridades británicas atribuyen la intensificación de la vigilancia a la necesidad de desarticular la flota encubierta rusa que, mediante el traslado de hidrocarburos, financia la invasión en Ucrania y supone una amenaza directa a la seguridad europea.

El Reino Unido sancionó ya a más de 500 buques vinculados a este esquema, lo que afectó considerablemente los ingresos energéticos rusos y obligó a reforzar el monitoreo marítimo.

El teniente comandante Sam Fields, al mando del HMS Tyne, explicó: “Gracias a su presencia constante y a la estrecha cooperación con los aliados, el HMS Tyne era idóneo para esta tarea, ya que proporcionaba seguridad y vigilancia, al tiempo que permitía a otras unidades de la Flota continuar con sus compromisos operativos”.

La interacción con buques rusos no se limitó a la vigilancia pasiva. El HMS Tyne documentó alrededor de 20 disparos del armamento principal de 100 mm y la batería de 30 mm del Neustrashimy, manteniendo la distancia adecuada para la seguridad, pero sin perder el contacto visual y electrónico.

Operaciones de largo alcance en el Atlántico Norte

La fragata tipo 23 HMS Somerset finalizó su despliegue de cuatro meses, regresando a Plymouth tras recorrer más de 24.000 millas náuticas. Su misión consistió en rastrear tanto buques de superficie como submarinos. El comandante Matt Millyard resaltó: “Este despliegue demuestra exactamente para qué existe la Marina Real: proteger al Reino Unido y a nuestros aliados de dondequiera que nuestros intereses estén amenazados”.

“Estoy inmensamente orgulloso de cada uno de los miembros de la tripulación por lo que hemos logrado en los últimos cuatro meses. Ya sea rastreando submarinos, trabajando junto a los aliados de la OTAN y el Grupo de Ataque de Portaaviones, o manteniendo el buque en un estado de preparación excepcionalmente alto durante tanto tiempo, su profesionalismo y espíritu han sido sobresalientes”, añadió Millyard, quien celebró también el reencuentro de la dotación con sus familias tras el despliegue.

El HMS Severn y el HMS Mersey también asumieron misiones de seguimiento de buques rusos. El Severn vigiló el tránsito del Admiral Grigorovich y posteriormente interceptó al Neustrashimy, relevando durante tres días al Mersey en la vigilancia en el Mar del Norte.

El patrullero británico no solo siguió a la fragata rusa, sino que mantuvo el monitoreo mientras el Neustrashimy escoltaba al petrolero MV Vulkan desde el Báltico hasta Ushant, en la costa francesa. Tras completar la escolta, ambos buques británicos coordinaron el relevo para mantener la vigilancia sobre los movimientos rusos hacia el oeste.

Las autoridades británicas insistieron en que la vigilancia intensificada y las sanciones a la flota encubierta rusa lograron reducir en un 24% los ingresos rusos por petróleo y gas en 2025, debilitando los recursos con los que Moscú financia su campaña militar en Ucrania.

Según la información oficial, la cooperación internacional y la capacidad de reacción de la Marina británica son clave para sostener la seguridad tanto nacional como europea, obligando a Rusia a modificar sus rutas y tácticas marítimas bajo una supervisión constante.

Dos panameños que permanecían en Ucrania lograron salir de ese país mediante una operación de asistencia consular coordinada por el Gobierno de Panamá y se encuentran a salvo en Polonia, desde donde emprenderán su regreso este domingo.

Con su llegada, serán siete los ciudadanos que habrán retornado esta semana desde Rusia y Ucrania en medio de las investigaciones sobre nacionales vinculados a la guerra.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Edmar Camacho y Efraín Calvo salieron de territorio ucraniano luego de una operación desarrollada por la representación diplomática panameña.

Ambos cruzaron la frontera con Polonia sin incidentes y permanecerán allí hasta iniciar el viaje de regreso a Panamá el domingo 9 de agosto.

La operación tuvo una complejidad particular debido a que los dos ciudadanos se encontraban dentro de Ucrania, en medio del conflicto armado con Rusia. Para concretar su salida, el diplomático panameño Aldo Rodríguez, funcionario de la Embajada de Panamá en Polonia y concurrente ante Ucrania, ingresó a territorio ucraniano para brindarles asistencia consular directa.

Rodríguez estableció contacto con Camacho y Calvo, se desplazó hasta el punto de encuentro previamente acordado y los acompañó durante el recorrido hacia territorio polaco.

Según Cancillería, el cruce fronterizo se completó bajo condiciones de seguridad. Panamá también agradeció la colaboración del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y la coordinación entre ambos países.

Los dos panameños pasaron dos noches en Polonia para descansar y recuperarse del trayecto realizado desde Ucrania. Su retorno está programado para este domingo mediante la ruta Varsovia-Ámsterdam-Panamá, en un vuelo de KLM. Con ello se completará otra operación consular vinculada directamente con panameños involucrados en el contexto de la guerra.

Camacho y Calvo elevarán a siete el número de nacionales que habrán regresado a Panamá durante esta semana desde ambos lados del conflicto. El primero fue Adrián Gabriel González, quien retornó el 5 de agosto después de desvincularse de las fuerzas militares rusas y recibir asistencia de la Embajada de Panamá en la Federación de Rusia.

Otros cuatro ciudadanos —Orlando Murillo Murillo, Dionel Villarreta Ovalles, Rennie Blake Gladstone Adolphus y Emmanuel Isaac Robert’s Bryan— regresaron la noche del viernes 7 de agosto, también después de permanecer bajo protección y asistencia consular en Rusia. Los cuatro viajaron hacia Panamá en un vuelo de Turkish Airlines.

La salida de Camacho y Calvo amplía el alcance de las gestiones diplomáticas, pues en este caso la operación se desarrolló desde territorio ucraniano hasta Polonia.

La Cancillería señaló que continuará ofreciendo protección a los nacionales que se encuentren en el exterior, incluso ante escenarios considerados de alta complejidad y riesgo.

Los retornos ocurren mientras las autoridades panameñas mantienen abiertas investigaciones para determinar cómo ciudadanos del país terminaron incorporándose a las fuerzas enfrentadas en Europa oriental.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, informó recientemente que 30 panameños han sido identificados por su posible vinculación con alguno de los dos bandos.

De acuerdo con las cifras divulgadas por las autoridades, 21 ciudadanos habrían sido potencialmente reclutados para incorporarse a las fuerzas rusas, mientras otros nueve viajaron o intentaron viajar para combatir del lado de Ucrania.

Las investigaciones han ido aumentando conforme familiares presentan denuncias y aparecen nuevos testimonios de personas vinculadas al conflicto.

Al menos dos panameños han muerto en combate. Michael Alexander Navas, de 31 años, se había incorporado a las fuerzas ucranianas, mientras que Abimael Becerra Ortiz, de 19 años, formaba parte de las fuerzas rusas. Ambos eran originarios de Colón y sus casos expusieron los riesgos enfrentados por nacionales que viajaron hacia la zona de guerra.

El Ministerio Público mantiene varias investigaciones para esclarecer si detrás de algunos de esos viajes funcionó una estructura dedicada a captar y trasladar personas mediante ofertas laborales.

Entre los elementos investigados aparecen promesas de salarios mensuales de entre $3,000 y $3,500 y bonos considerablemente mayores, dirigidas en algunos casos a personas que atravesaban situaciones económicas vulnerables.

Uno de los investigados es Mario Alberto Irwonds Brooks, de 70 años, quien permanece bajo detención provisional por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

La Fiscalía intenta determinar su participación y establecer quiénes intervinieron en la captación y traslado de ciudadanos hacia Rusia, mientras Brooks sostiene que únicamente prestó un servicio de transporte y niega haber actuado como reclutador.

El regreso de los siete panameños en apenas una semana marca el mayor movimiento de retorno conocido desde que comenzaron a salir a la luz estos casos.

Sin embargo, las pesquisas continúan abiertas y el número de nacionales identificados supera ampliamente a quienes han logrado regresar, por lo que la dimensión completa de la participación panameña en la guerra todavía está bajo investigación.

Ucrania está reforzando su frontera norte por el temor de un posible ataque de Bielorrusia, ante la continua expansión de Minsk de su capacidad militar.

“Nos estamos preparando para todo tipo de escenarios y amenazas”, declaró a la agencia de noticias EFE Margarita Vershínina, portavoz del destacamento fronterizo de Volinia, que abarca 203 km de la frontera en el noroeste de Ucrania.

Frontera fortificada

Hasta el inicio de la invasión rusa a gran escala hace casi cuatro años y medio, solo una estrecha franja de arena separaba a los dos países en la zona visitada por EFE a finales de julio. Los habitantes de ambos lados solían recolectar setas y bayas en los bosques situados a pocos metros de la línea sin fortificar.

Hoy, un muro de bloques de hormigón y alambre de púas recorre la frontera, patrullada por soldados ucranianos a pie y en vehículos, y vigilada las 24 horas. En las cercanías hay señales que advierten de la presencia de campos minados.

“Dependiendo de la zona, hemos instalado diferentes tipos de vallas, zanjas antitanque y ‘dientes de dragón’”, dijo Vershínina y explicó que las medidas están diseñadas principalmente para detener a la infantería y los vehículos enemigos.

Las principales obras de ingeniería en la región, donde se ubican algunas rutas de suministro clave desde la vecina Polonia a Kiev y el este de Ucrania, se completaron a finales de 2025. Aproximadamente un tercio de la frontera está protegido por terrenos pantanosos, una barrera natural para la maquinaria pesada.

Vershínina señala que los trabajos siguen a lo largo de la frontera y en las zonas adyacentes para reforzar las defensas, incluida la instalación de redes antidrones en las carreteras de algunos sectores.

Una amenaza creciente

Bielorrusia no cuenta actualmente con fuerzas suficientes cerca de la frontera para un ataque inmediato a gran escala. Sin embargo, ha expandido progresivamente su infraestructura militar y aumentado el número de tropas.

En junio, el presidente Volodimir Zelensky advirtió públicamente al líder bielorruso Aleksandr Lukashenko que dejara de colaborar con los ataques de drones rusos y pidió el desmantelamiento de los transmisores utilizados para guiar a los drones sobre Volinia y otras regiones.

Los transmisores fueron desconectados, pero los funcionarios ucranianos creen que Minsk sigue bajo una creciente presión rusa para que asuma un papel más activo, ya sea mediante una ofensiva a gran escala o mediante operaciones transfronterizas limitadas que distraigan a las fuerzas ucranianas desde el frente y pongan en peligro a la población civil.

A principios de agosto, el comandante de las fuerzas de operaciones especiales de Bielorrusia, Alexander Iliukevich, confirmó la formación en curso de una nueva brigada de asalto aerotransportada cerca de Gomel, a unos 40 km de la frontera con Ucrania.

Los guardias fronterizos ucranianos y bielorrusos siguen patrullando a pocos metros de distancia, pero todo contacto entre ellos cesó después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania desde territorio bielorruso cerca de Kiev en febrero de 2022, a pesar de las garantías dadas por la cúpula militar bielorrusa.

“Nos conocíamos bien después de años de servicio. Pero ya no puedo y no quiero estrecharles la mano”, declaró a EFE un guardia fronterizo ucraniano.

La vida a la sombra de la amenaza

El cierre total de los pasos fronterizos ha afectado gravemente a las comunidades locales. Muchos residentes tienen familiares en Bielorrusia y anteriormente trabajaban al otro lado de la frontera.

Los bosques siguen siendo la principal fuente de ingresos para los habitantes de un pueblo cercano. Llevan las bayas recolectadas en zonas libres de minas a una tienda local.

“Antes este lugar estaba lleno de coches bielorrusos. Venían aquí a comprar de todo porque era más barato”, declaró a EFE Nina, una comerciante de 56 años.

Acaba de hablar por teléfono con su hermana, que vive al otro lado de la frontera. Ahora es su único medio de comunicación; su hermana tiene miedo de viajar a Ucrania incluso a través de Polonia.

La política rara vez forma parte de las conversaciones entre familiares que viven en ambos países para evitar problemas a estos últimos.

Volodímir, de 79 años, admite que le asustó un reciente ataque con drones rusos en la zona y pensó que Bielorrusia había comenzado una ofensiva. Sin embargo, espera que Minsk no lance un ataque directo.

“A algunos de allí no les caemos bien, pero en Bielorrusia hay más gente inteligente que gente dispuesta a meterse en una guerra con nosotros”, afirmó. La mayoría de los habitantes confía en que el experimentado ejército ucraniano sería capaz de repeler cualquier nueva ofensiva desde el norte.

Las restricciones y la represión estatal en Rusia no impidieron que el partido liberal Yábloko insista en su mensaje: pedir un alto el fuego en Ucrania y proponer una alternativa de oposición en las elecciones parlamentarias de septiembre. La organización, fundada en 1993, enfrenta un panorama marcado por el control estricto del proceso electoral y la persecución a sus integrantes, pero sus líderes consideran que la campaña ya ha dado frutos en la movilización de nuevos simpatizantes.

En la coyuntura actual, el partido Yábloko se presenta como la única agrupación relevante que pide abiertamente detener la guerra y apuesta por las negociaciones de paz. Aunque las encuestas más recientes le otorgan apenas un 3% de apoyo, por debajo del umbral necesario para ingresar a la Duma Estatal, la formación liberal sostiene que su actividad está ampliando la base, especialmente entre la juventud.

El contexto de las elecciones rusas plantea una paradoja: el partido gobernante, Rusia Unida, triunfó en todas las parlamentarias desde 2003 en un escenario de competencia limitada. Pero la frustración por el poco avance en la invasión a Ucrania y el descontento por los cortes de internet abrieron una vía para que Yábloko difunda su mensaje antibelicista.

A la pregunta sobre la situación de Yábloko y su papel en las próximas elecciones, la respuesta es clara: el partido no tiene posibilidades reales de acceder a escaños en la Duma debido al control del proceso, pero utiliza la campaña para dar visibilidad nacional a su postura contraria a la guerra, captar a nuevos seguidores, sobre todo entre jóvenes, y denunciar la represión estatal que sufren sus integrantes

El líder del partido, Nikolay Rybakov, explicó a la agencia AFP: “Si logramos acercar la paz aunque sea un solo día, nuestra participación en todo esto no habrá sido en vano”. Rybakov advirtió que las tensiones derivadas del conflicto podrían llevar a una catástrofe global: “Nuestros principales expertos afirman que estamos más cerca de una guerra nuclear que nunca”.

La organización incorporó a decenas de activistas jóvenes. Marijat Ramazanova, encargada de redes sociales, ilustró el cambio generacional: “Yábloko, que en su día fue una organización formada por personas de cuarenta y tantos años, está ahora en auge, sobre todo entre los menores de 20”. Ramazanova, con 28 años, figura entre los cerca de 400 candidatos que presenta el partido, de los cuales casi un tercio son menores de 30. Ivan Dorofeyev, otro joven militante, resumió el sentir de muchos de sus compañeros: “Vivir nuestros mejores años con miedo no es normal”.

La represión contra la oposición es constante. El subdirector de Yábloko, Maxim Kruglov, fue condenado a siete años de prisión en junio por criticar la guerra en redes sociales. El jefe del partido en Pskov, Lev Shlosberg, también fue arrestado en 2023. El propio Rybakov recibió una multa en diciembre tras publicar una foto de Alexéi Navalny en sus redes, lo que le impide postularse en estas elecciones.

El partido enfrenta, además, la amenaza de ser excluido del proceso electoral. El Tribunal Supremo tiene previsto examinar una demanda de un partido nacionalista que pide la inhabilitación de sus candidatos, mientras que el Kremlin y los medios oficialistas acusan a Yábloko de ser “extremista” y de recibir apoyo de figuras exiliadas, como Yulia Navalnaya.

A pesar de todo, la organización liberal sigue sumando apoyos. Rybakov denunció que “alrededor de 40 activistas del partido se enfrentan a un proceso judicial” y que ocho de ellos permanecen bajo custodia.

Las encuestas reflejan que el hartazgo con la guerra está muy extendido. El Centro Levada, catalogado como “agente extranjero” por el gobierno ruso, determinó en junio que el 64% de la población apoya negociaciones de paz con Kiev, porcentaje que sube al 78% entre los jóvenes de 18 a 24 años.

No obstante, algunos analistas y opositores en el exilio dudan de la efectividad de la campaña de Yábloko. El columnista Andrey Volna sugirió que las autoridades toleran su participación para simular pluralidad y garantizar “participación masiva”. Por su parte, el analista independiente Konstantin Kalachev sostuvo que el partido carece de “canales de comunicación suficientes” para desafiar a Vladimir Putin.

Las restricciones a internet y la represión política han llevado a muchos jóvenes a aproximarse a la política, como explicó Ramazanova: “Queremos vivir en un país libre y normal y construir nuestro futuro allí”.

Rybakov resumió el espíritu de la formación opositora en una frase: “¿Por qué debería alguien más decidir si vivo o no? Simplemente queremos vivir. Denle a la gente esa oportunidad”.

Aunque las posibilidades de lograr representación parlamentaria son mínimas y la represión estatal persiste, Yábloko insiste en ocupar el espacio de oposición pacifista y captar a una nueva generación desencantada con el rumbo del país.

(Con información de AFP)

El jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, confirmó el número de víctimas fatales y precisó que entre los heridos también hay un menor de edad. El ataque causó daños en un edificio residencial, varios vehículos y otras instalaciones de la zona, mientras que en un inmueble se declaró un incendio, según el reporte oficial. Los servicios de emergencia permanecen en las áreas afectadas para evaluar los daños y asistir a los damnificados.

“Rusia sigue aterrorizando a la población civil”, denunció Tkachenko en un mensaje en el que condenó los nuevos ataques contra la ciudadanía. En la propia capital, las autoridades militares registraron cuatro lesionados, y en las localidades cercanas, otros tres.

Las primeras explosiones se escucharon en la capital alrededor de las 00.45 horas (hora local), según recogió el diario Kyiv Independent. La administración militar de la capital había pedido poco antes a los habitantes que se dirigieran a los refugios tras activarse una “alerta aérea debido al uso de misiles balísticos”.

Minutos después, se registró una nueva secuencia de explosiones. Durante la madrugada, mientras los equipos de rescate intentaban controlar los incendios en Brovari, se escucharon más detonaciones en Kiev y la Fuerza Aérea alertó sobre ataques con misiles balísticos contra la ciudad.

Brovari, localidad al este de Kiev, se encuentra en proceso de recuperación tras un reciente ataque ruso que dejó ocho muertos en una estación de tren, considerado uno de los más graves en la zona desde el inicio de la invasión rusa a gran escala.

Durante los últimos meses, los ataques rusos contra Kiev y otras ciudades ucranianas se intensificaron en un escenario donde Ucrania enfrenta crecientes dificultades para sostener una defensa aérea efectiva ante las olas de misiles balísticos lanzados por Moscú.

El bombardeo de este sábado ocurrió apenas dos días después de otro ataque de gran magnitud contra la capital y su región, que provocó la muerte de 17 personas y dejó cerca de 30 heridos. En esa ofensiva, Rusia lanzó 24 misiles balísticos y cuatro misiles hipersónicos, ninguno de los cuales habría sido interceptado por las defensas ucranianas, de acuerdo con la Fuerza Aérea del país.

En Rusia, desde el 18 de julio, el panorama cambió radicalmente tras el inicio de una serie de ataques con drones realizados por Ucrania contra los almacenes de Wildberries en toda Rusia. Estos ataques, que se han vuelto casi diarios, han afectado al menos 20 instalaciones de la empresa, provocando grandes incendios y la destrucción de almacenes completos, lo que impactó de manera directa la red logística de la compañía en el país.

Un análisis de imágenes satelitales realizado por Reuters identificó que al menos 1,18 millones de metros cuadrados de espacio de almacenamiento, es decir, más de una quinta parte de la capacidad de la empresa, resultaron dañados o destruidos. Wildberries informó el viernes sobre un nuevo ataque y señaló que busca socios para abrir nuevos centros de almacenamiento.

La interrupción en la cadena logística ha generado conmoción en el sector minorista ruso, afectando tanto a franquiciados como a decenas de miles de pequeñas empresas que dependen de la plataforma para vender sus productos. “Las ventas han caído alrededor de un 50% durante el último mes, y eso se debe a que casi no hay entregas”, explicó Vasily Klimov, quien opera bajo franquicia de Wildberries. “El último mes ha sido totalmente deficitario”.

(Con información de Europa Press y Reuters)

Para entender la Rusia contemporánea, no basta con analizar sus políticas públicas ni su diplomacia formal. Es indispensable comprender que la inteligencia rusa no es un simple instrumento del Estado: es la columna vertebral del régimen, la garantía de supervivencia política para Vladímir Putin y el motor directo de su proyección internacional.

En la Rusia actual, las agencias de seguridad no rinden cuentas a instituciones civiles, sino directamente a la figura presidencial. La trayectoria de Putin en la KGB –donde prestó servicio entre 1975 y 1991– constituye el hito histórico que definió por completo su cosmovisión geopolítica, sus métodos de gobierno y una desconfianza estructural hacia Occidente.

El mito del superespía: qué hacía realmente Putin en Alemania Oriental

En la década de 1970, la KGB no funcionaba simplemente como un servicio de inteligencia militar o diplomático; era un auténtico “Estado dentro del Estado” y el árbitro ideológico indiscutido de la Unión Soviética. Un joven Putin de 23 años ingresó a sus filas en 1975, motivado en gran medida por la narrativa patriótica de las novelas y películas de espías de la época.

Tras formarse en la Escuela 401 de Leningrado y en el Instituto Andrópov de Moscú, fue destinado a la Dirección General de Inteligencia Exterior, sirviendo entre 1985 y 1990 en la ciudad de Dresde, en la antigua Alemania Oriental.

Aunque la historiografía oficial del Kremlin suele retratarlo con tintes de superespía, documentos desclasificados e investigaciones independientes coinciden en que sus tareas principales eran más terrenales: consistían en reclutar informantes, monitorear la lealtad política y recopilar tecnología bélica a través de la red de “ilegales”, es decir, agentes que operaban sin cobertura diplomática.

Más allá de las operaciones tácticas de campo, lo determinante de su paso por Alemania Oriental fue la doctrina que absorbió para el resto de su vida: la paranoia contra Occidente, el culto estricto al secreto y la convicción absoluta de que solo un control estatal inflexible previene el caos social.

La captura del Kremlin por los siloviki

Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, el entonces presidente Boris Yeltsin buscó desmantelar la estructura central de la KGB para evitar posibles golpes de Estado, fragmentándola en diversas agencias independientes. De ese proceso, surgió el Servicio Federal de Seguridad (FSB) como la entidad de mayor volumen. Sin embargo, las cenizas del aparato soviético no tardaron en reorganizarse. El punto de giro definitivo ocurrió en julio de 1998, cuando Yeltsin nombró a Vladímir Putin como director del FSB, paso previo a su ascenso a la presidencia en el año 2000.

Al asumir la jefatura del Estado, Putin no buscó civilizar las instituciones, sino que introdujo la lógica de la inteligencia en el centro mismo del gobierno. Ubicó a sus antiguos compañeros de los servicios de seguridad en puestos estratégicos de la economía, el sector energético y la administración pública, consolidando así la casta de los siloviki u “hombres de fuerza”.

Bajo este esquema, las agencias secretas recuperaron su histórico rol de “espada y escudo” del régimen, obteniendo facultades casi ilimitadas de vigilancia masiva, control fronterizo, ciberseguridad e impunidad operativa para neutralizar la disidencia interna y operar en el extranjero.

Anatomía de la inteligencia rusa: un ecosistema competitivo

El ecosistema de espionaje ruso comprende hoy un entramado masivo de más de 400.000 efectivos, lo que convierte a Rusia en uno de los países con mayor densidad de agentes por habitante del mundo. Lejos de crear un mando único y monolítico, Putin diseñó un sistema deliberadamente competitivo en el que cuatro agencias principales rivalizan constantemente por recursos, influencia y el favor presidencial.

En el plano interno, el Servicio Federal de Seguridad, encabezado por Aleksandr Bórtnikov, actúa como el guardián de la estabilidad social, el contraespionaje y la supervisión del espacio exsoviético. Para las operaciones en el exterior, el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR), bajo la dirección de Serguéi Naryshkin, se encarga del espionaje diplomático, el análisis geopolítico y la interferencia en procesos electorales extranjeros.

Por su parte, la inteligencia militar recae en la Dirección Principal del Estado Mayor (GRU), liderada por el almirante Ígor Kostyukov, una rama enfocada en operaciones tácticas encubiertas, ciberataques, sabotajes y el despliegue de las fuerzas especiales Spetsnaz. Finalmente, la seguridad personal del mandatario y el blindaje del Kremlin están garantizados por el Servicio Federal de Protección (FSO), dirigido por Dmitri Kóchnev.

El rol del espionaje en la guerra de Ucrania

La invasión a Ucrania en febrero de 2022 representó la prueba de fuego más exigente para este entramado de inteligencia, pero su inicio estuvo marcado por un fallo estratégico colosal. La responsabilidad de preparar el terreno político en Kiev antes del ataque recayó sobre el “Quinto Servicio” del FSB, dirigido por el general Serguéi Beseda. Este departamento administró presupuestos millonarios destinados a coaccionar o sobornar a líderes ucranianos, prometiendo a Putin que las tropas rusas serían recibidas con flores y que el gobierno de Volodímir Zelenski colapsaría en cuestión de 72 horas.

El sesgo de confirmación propio de un régimen autoritario, sumado a la corrupción interna y el desvío de fondos, derivó en un diagnóstico erróneo que descarriló la ofensiva inicial. Ante la dura resistencia ucraniana y la prolongación del conflicto, el sistema se vio obligado a reestructurarse.

En las etapas posteriores de la guerra, el GRU y el FSB asumieron tácticas mucho más agresivas y adaptativas: intensificaron el reclutamiento clandestino mediante plataformas digitales como Telegram para contratar saboteadores locales en Europa, desplegaron ciberataques contra infraestructuras críticas de la OTAN y establecieron estrictos sistemas de filtración en los territorios ocupados para neutralizar a la resistencia.

El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes un amplio paquete de sanciones contra Rusia que autoriza aranceles de hasta 500% sobre las importaciones rusas y de hasta 100% sobre los bienes de los principales compradores de petróleo y gas ruso, como China e India. La legislación, impulsada por el fallecido senador republicano Lindsey Graham, obtuvo respaldo bipartidista con una votación de 86 a 11.

El proyecto lleva el nombre de Graham, quien murió el 11 de julio tras más de un año construyendo apoyo para la iniciativa. Poco antes de su deceso, el legislador por Carolina del Sur anunció haber alcanzado un acuerdo con la Casa Blanca sobre una versión revisada del texto. Su hermana Darline Graham, designada para ocupar su escaño, declaró momentos antes de la votación que la medida “golpea a Putin donde más le duele”.

La legislación apuntaría a funcionarios rusos, oligarcas, instituciones financieras y la denominada “flota fantasma” —embarcaciones utilizadas para eludir las restricciones a las exportaciones de petróleo de Moscú. El presidente Donald Trump quedaría facultado para aplicar aranceles de hasta 100% sobre los bienes de los cinco principales compradores de crudo y gas natural ruso, así como de los cinco países que más colaboren en evadir las sanciones energéticas a Rusia. La autoridad arancelaria tendría una vigencia de cinco años.

El propio presidente ruso Vladimir Putin figuraría entre los sancionados directamente, junto con otros altos funcionarios del Kremlin. El texto también extiende la Ley de Sanciones a Irán de 1996 hasta 2031, norma que impone sanciones económicas secundarias a empresas no estadounidenses que operen con Teherán y que estaba previsto que expirara este año.

La medida fue objeto de críticas desde distintos flancos. El senador republicano Rand Paul, de Kentucky, alertó que el proyecto podría ser utilizado por Trump como justificación legal para imponer amplios aranceles a socios comerciales como China e India; su enmienda para bloquear esa autoridad arancelaria fue rechazada.

Legisladores demócratas también expresaron reservas sobre la efectividad real del paquete. “Si está dispuesto a seguir legitimando y congraciándose con Vladimir Putin, las sanciones no resolverán el problema de fondo”, dijo el senador Chris Murphy, de Connecticut, a periodistas en el Capitolio la semana pasada.

La Casa Blanca negoció exenciones amplias que otorgan al presidente amplia discrecionalidad para no aplicar las penalidades. Trump ya había impuesto un arancel del 25% sobre productos indios en respuesta a las compras de energía rusa de Nueva Delhi, pero luego lo levantó para facilitar un acuerdo comercial más amplio con India. China, uno de los mayores clientes petroleros de Rusia, escapó a sanciones similares mientras Trump buscó limitar las tensiones comerciales con Pekín.

El proyecto deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes, aunque el voto no se producirá antes de principios de septiembre debido al receso estival del Congreso. La senadora demócrata Jeanne Shaheen, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, afirmó que el proyecto “golpea muy duramente los sectores energético y financiero de Rusia” y que Putin “solo entiende la fuerza y solo responde a la presión”.

La embajada rusa en Washington condenó la iniciativa, señalando que “le hace un flaco favor a la actual administración estadounidense”.

En paralelo, la Unión Europea acordó el mes pasado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el vigésimo primero desde la invasión de febrero de 2022, aunque más moderado respecto de propuestas iniciales más severas. El paquete se centró en congelar el nivel del tope al precio del petróleo ruso para impedir que Moscú se beneficie de la escalada de precios derivada de la guerra con Irán.

El acuerdo final se desbloqueó tras conceder a Grecia una exención que permite a sus empresas navieras continuar transportando gas natural licuado ruso desde el Ártico. El paquete también apunta al sector financiero ruso, a empresas de criptomonedas y amplía la lista negra de funcionarios rusos, aunque una propuesta de veto masivo de visados fue descartada.

Ya son cinco los panameños que lograron regresar al país tras permanecer bajo asistencia de la Embajada de Panamá en Rusia, en medio de las investigaciones por el reclutamiento de nacionales para participar en la guerra contra Ucrania.

Los últimos cuatro ciudadanos llegarán este viernes al Aeropuerto Internacional de Tocumen, con lo que la Cancillería dará por culminado el proceso de repatriación del grupo que estaba bajo protección de la misión diplomática.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Orlando Murillo Murillo, Dionel Villarreta Ovalles, Rennie Blake Gladstone Adolphus y Emmanuel Isaac Robert’s Bryan viajarán en un vuelo de Turkish Airlines, cuya llegada a Panamá está prevista para las 7:25 p.m. de este viernes 7 de agosto.

Los cuatro se sumarán a Adrián Gabriel González, quien regresó a Panamá el pasado 5 de agosto, después de desvincularse de las fuerzas militares rusas. González fue el primero de los cinco ciudadanos que se encontraban bajo protección y asistencia consular de la Embajada de Panamá en la Federación de Rusia en completar su retorno.

En ese primer caso, la representación diplomática panameña acompañó a González durante todo el proceso necesario para abandonar territorio ruso. Las autoridades de ese país facilitaron los trámites correspondientes y un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso lo acompañó hasta la puerta de embarque para garantizar su salida.

La Cancillería destacó la gestión de la embajadora de Panamá en Rusia, Carmen Ávila, y del equipo de la misión diplomática para concretar el regreso de los cinco ciudadanos. El Gobierno indicó que continuará ofreciendo protección y asistencia consular a los panameños en el exterior cuando las circunstancias lo requieran.

El retorno ocurre mientras las autoridades panameñas intentan determinar el verdadero alcance del reclutamiento de nacionales para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, informó recientemente que 30 panameños han sido identificados hasta ahora por su posible vinculación con alguno de los dos bandos.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, 21 ciudadanos habrían sido potencialmente reclutados para incorporarse a las fuerzas rusas, mientras que otros nueve viajaron o intentaron viajar para combatir del lado de Ucrania.

Las cifras han aumentado conforme aparecen nuevos testimonios y familiares denuncian la pérdida de contacto con sus allegados.

La participación de panameños en el conflicto ya ha dejado al menos dos nacionales muertos en combate, ambos originarios de la provincia de Colón.

Los fallecidos fueron identificados como Michael Alexander Navas, de 31 años, quien se había incorporado al ejército ucraniano, y Abimael Becerra Ortiz, de 19 años, quien formaba parte de las fuerzas rusas.

Navas habría fallecido tras ser alcanzado por un dron mientras intentaba evacuar a varios heridos en el frente de batalla.

Su familia fue informada de su muerte, aunque su cuerpo no había podido ser recuperado debido a las condiciones del conflicto. El panameño había sido reclutado después de firmar un contrato en un hotel de Calidonia.

Becerra Ortiz, por su parte, viajó a Rusia en junio de 2026 con la intención de obtener mayores ingresos para ayudar económicamente a sus padres.

Su familia recibió posteriormente la noticia de su muerte en combate. Antes de fallecer, el joven había advertido a su hermana sobre las dificultades y peligros que enfrentaba en el escenario de guerra.

El Ministerio Público mantiene actualmente seis investigaciones bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada para esclarecer estos casos.

Las pesquisas buscan determinar cómo operaba el mecanismo de captación, quiénes participaban en el traslado y si existía una estructura organizada que utilizaba falsas oportunidades laborales para llevar panameños hasta el conflicto armado.

Uno de los principales investigados es Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años que permanece en detención provisional, imputado por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Según la Fiscalía, habría participado en el traslado y acompañamiento de ciudadanos que se preparaban para viajar hacia Rusia.

Las investigaciones indican que a algunos interesados se les ofrecían salarios mensuales de entre $3.000 y $3.500, además de bonos que podían alcanzar los $70.000.

La Fiscalía sostiene que entre los potenciales reclutados había personas en condiciones de vulnerabilidad económica, incluido un vendedor ambulante que obtenía alrededor de $10 diarios y un hombre con una bebé recién nacida.

Brooks ha rechazado las acusaciones y aseguró durante una audiencia que su participación se limitó a prestar un servicio de transporte y que los responsables del reclutamiento se encontraban en Rusia. Sin embargo, una jueza de garantías ordenó mantenerlo detenido mientras avanzan las diligencias para determinar quiénes participaron en la captación y traslado de los panameños.

Con la llegada de los últimos cuatro ciudadanos, Cancillería dará por concluido el retorno de los cinco panameños que permanecían directamente bajo protección de la embajada en Rusia, pero las investigaciones continuarán abiertas.

Las autoridades buscan establecer cuántos viajaron voluntariamente, quiénes pudieron haber sido engañados y si otras personas participaron en una red que captaba nacionales para llevarlos a la guerra.

Vladimir Putin intensificó su ofensiva contra la disidencia política al impulsar una maniobra judicial para excluir al partido Yábloko de las elecciones legislativas del 20 de septiembre, el único espacio opositor legal que rechaza abiertamente la guerra contra Ucrania. La acción fue presentada este viernes ante el Tribunal Supremo (TS) por el partido ultranacionalista Ródina (Patria), alineado con el Kremlin.

“Hoy, el partido Ródina ha interpuesto una demanda administrativa para cancelar el registro de la lista federal de candidatos a la Duma del partido Yábloko”, confirmó Alexéi Zhuravliov, líder de esa formación, a la agencia de noticias TASS. “Exigimos que se anule el registro de todos los candidatos a diputado”, agregó.

La denuncia no es un hecho aislado. Ródina ya recurrió a la misma estrategia el mes pasado en la región noroccidental de Carelia, donde un tribunal local terminó por excluir a Yábloko de las elecciones a la asamblea regional. El argumento central en ambos casos gira en torno a presuntas infracciones de financiación a través de “redes sociales prohibidas”.

El discurso oficial no deja margen a la ambigüedad. “El partido Yábloko son unos traidores nacionales. Son gente que trabaja para Occidente, gente cercana a los valores occidentales, que exigen nuestra capitulación”, afirmó Zhuravliov.

La formación liberal, por su parte, exige el cese inmediato de los combates, negociaciones de paz con Ucrania y la liberación de más de 1.750 presos políticos. El partido lleva adelante su campaña bajo el lema “Por la paz y la libertad”, y presentó 269 candidatos por listas y 135 por circunscripciones electorales.

La presión sobre Yábloko no proviene solo de los ultranacionalistas. Figuras del sistema político ruso también se sumaron a la campaña. Guennadi Ziugánov, el veterano líder del Partido Comunista, declaró el jueves a la agencia RIA Nóvosti: “No conozco ni un solo caso en el que hayan prestado ayuda a los que sufren allí, a quienes combatieron en el frente. Y es que si queremos sobrevivir, debemos vencer allí. Al fin y al cabo, se ha declarado una guerra de total exterminio contra el mundo ruso”.

El miércoles, Serguéi Mirónov, jefe del partido Rusia Justa y con representación en la Duma, instó al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General a investigar a la única formación opositora legal. “No hay que permitir que ese partido utilice la campaña electoral con fines antirrusos”, afirmó Mirónov, quien acusó a sus miembros de ser “traidores a la patria”.

Apoyo de la oposición en el exilio

Desde Alemania, donde reside junto a sus hijos, Yulia Naválnaya —viuda del opositor Alexéi Navalny y actual líder de la plataforma opositora rusa— llamó a los ciudadanos rusos a respaldar a Yábloko en las próximas elecciones.

“Creo que es moral y políticamente correcto apoyar al partido Yábloko. Este es el momento de dejar de lado las diferencias del pasado y ayudar. Intentemos frustrar los planes del Kremlin”, declaró en un video difundido en sus redes sociales.

Naválnaya consideró que los comicios de septiembre representan la única oportunidad legal y segura en años para expresar el rechazo al gobierno, mediante el voto a un partido con postura antibelicista.

Ese respaldo, paradójicamente, encendió las alarmas dentro del propio Yábloko. Su líder, Nikolái Ribakov, publicó en Telegram: “En los últimos días, personas cuyo apoyo en las actuales condiciones puede conducir a que nuestro partido sea excluido de las elecciones decidieron apoyar a Yábloko en las redes sociales”.

Ribakov subrayó que el partido “no es financiado desde el extranjero, no tiene relación alguna con las organizaciones declaradas indeseables en Rusia y no considera las declaraciones, mensajes o actividades llevadas a cabo por cualquier persona en el extranjero como parte de su campaña electoral”.

El vínculo entre Navalny y Yábloko tiene historia. Alexéi Navalny se hizo conocido por crear la plataforma “Voto inteligente”, que orientaba a los ciudadanos sobre cuál candidato tenía más posibilidades de vencer al partido oficialista Rusia Unida, vinculado a Putin. El partido liberal fue, en el pasado, uno de los espacios que acogió al opositor antes de su envenenamiento y posterior muerte en prisión en febrero de 2024.

La situación de Yábloko refleja el avance del aparato represivo sobre cualquier forma de disidencia. Decenas de sus candidatos, incluido Ribakov, ya fueron excluidos por criticar la guerra o por publicar imágenes de Navalny en redes sociales, acusados de extremismo. Sus listas también fueron rechazadas por las comisiones electorales locales en San Petersburgo, ciudad natal de Putin, y en la capital de la región de Carelia.

Las autoridades y los partidos oficialistas temen que Yábloko aglutine el voto de protesta contra la guerra en Ucrania, que dos tercios de los rusos quieren que concluya cuanto antes, según encuestas del Centro Levada.

La opositora rusa en el exilio Yulia Naválnaya instó a votar por el partido Yábloko en las próximas elecciones legislativas de septiembre, al considerarlo la única formación contraria a la invasión en Ucrania y que en el pasado acogió a su esposo, el líder opositor envenenado y encarcelado por el Kremlin antes de su muerte, Alexéi Navalny.

“Creo que es moral y políticamente correcto apoyar al partido Yábloko. Este es el momento de dejar de lado las diferencias del pasado y ayudar. Intentemos frustrar los planes del Kremlin”, declaró Naválnaya en un video difundido en sus redes sociales.

Radicada en Alemania junto a sus hijos, pidió evitar disputas y discusiones sobre los supuestos defectos de Yábloko, en referencia a los desacuerdos habituales dentro de la oposición rusa en el exilio. Naválnaya consideró que, pese a las limitaciones, las próximas elecciones representan la única oportunidad legal y segura en años para expresar el desacuerdo con el Gobierno, mediante el voto a un partido con postura antibelicista. Tras la muerte en prisión de Navalny en febrero de 2024, Naválnaya asumió el liderazgo de la plataforma opositora.

Alexéi Navalny se hizo conocido en Rusia por crear la plataforma ‘Voto inteligente’, que permitía a los ciudadanos identificar al candidato con más posibilidades de vencer al partido oficialista Rusia Unida, vinculado al presidente Vladimir Putin. La estrategia buscaba, pese a la dificultad de ganar elecciones ante la corrupción política en el país, debilitar al partido del Kremlin mediante el voto coordinado.

Tras confirmarse que Yábloko superó los controles de la Comisión Electoral Central (CEC) para participar en las elecciones legislativas del próximo 20 de septiembre, el partido liberal, activo desde los años noventa, recibió duras críticas de figuras oficialistas. Serguéi Mirónov, líder de Rusia Justa, afirmó: “No hay que permitir que ese partido utilice la campaña electoral con fines antirrusos”, y acusó a sus miembros de ser “traidores a la patria”.

Mirónov acusó a Yábloko de “vender” a Rusia a Occidente, apoyar a “agentes extranjeros” y oponerse a la llamada “operación militar especial” en Ucrania. El partido aboga por el cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz.

Yábloko participa en la campaña electoral bajo el lema “Por la paz y la libertad” y presentó 269 candidatos por listas y 135 por circunscripciones electorales. Aunque el partido recibió la aprobación de la CEC, sus listas fueron rechazadas por las comisiones electorales locales en las asambleas municipales de San Petersburgo, ciudad natal de Putin, y la capital de la región de Carelia, donde cuenta con un mayor respaldo.

Además, varias decenas de los candidatos más populares de Yábloko, incluido su líder Nikolái Ribakov, fueron excluidos de la contienda por criticar la guerra o por acusaciones de extremismo, entre ellas, la publicación en redes sociales de imágenes de Alexéi Navalny.

Reino Unido sancionó a científicos y entidades rusas vinculadas al caso de Navalny

A principios de julio, Londres anunció un nuevo paquete de medidas contra siete ciudadanos rusos y dos institutos científicos, a los que responsabiliza de participar en el desarrollo de armas químicas empleadas en ataques atribuidos a Moscú, como el envenenamiento del opositor Alexéi Navalny y el intento de asesinato del ex agente de inteligencia Serguéi Skripal en Reino Unido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico informó que entre los sancionados figuran científicos y altos funcionarios relacionados con investigaciones sobre el agente nervioso Novichok y la toxina Epibatidine. El Gobierno británico afirmó que ambas sustancias fueron utilizadas en operaciones que provocaron víctimas tanto dentro como fuera de Rusia. Londres explicó que estas medidas se dirigen a quienes participaron en un programa de armas químicas calificado como “ilegal” y contrario a las obligaciones internacionales de Rusia.

Entre las personas alcanzadas por las sanciones del Reino Unido figuran Artur Zhirov, Andrei Antokhin, Sergei Chepur, Vladimir Kondratyev, Aleksandr Makhlay, Ivan Kravstov y Viktor Taranchenko. Las medidas también incluyen al instituto estatal SC Signal y al Instituto Estatal de Investigación y Pruebas de Medicina Militar (GNIII VM), identificados por Londres como entidades involucradas en el desarrollo e investigación de agentes químicos prohibidos.

(Con información de EFE)

El Servicio Europeo de Acción Exterior advirtió que Rusia incorporó a más de 28.000 extranjeros de 135 países desde el inicio de su invasión contra Ucrania. Esta cifra se enmarca en el contexto de las graves pérdidas sufridas por Moscú desde el comienzo de la guerra a gran escala, con más de 1,4 millones de bajas rusas según estimaciones europeas.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, colocó el foco en el modo en que estos ciudadanos extranjeros llegan al frente. “Muchos han sido coaccionados o engañados para servir como tropas de asalto”, denunció la jefa de la diplomacia a través de sus redes sociales, tras señalar la presión y los métodos fraudulentos empleados en el reclutamiento.

En su comunicado, el organismo europeo subrayó: “Los reclutas extranjeros pueden ganar tiempo, pero no la victoria”. Esta advertencia se produjo tras difundir una publicación de la Delegación de la UE en Sudáfrica, que añadió datos sobre el impacto humano de esta estrategia. “Se ha confirmado que más de 3.500 extranjeros han fallecido luchando por Rusia contra Ucrania”, expuso la delegación en un mensaje que también citaba un reportaje del periódico sudafricano Daily Maverick.

En ese mismo mensaje, la representación europea en Pretoria insistió en que “muchos de ellos eran jóvenes africanos arrastrados al campo de batalla”. La Delegación reclamó a Moscú: “Rusia debe poner fin a su guerra de agresión”.

Durante el último año, se reportaron numerosos casos de ciudadanos africanos —principalmente de Kenia, Uganda y Zimbabue— reclutados para combatir en Ucrania del lado ruso. El fenómeno se extendió también a Latinoamérica, con la presencia documentada de colombianos y, más recientemente, bolivianos en las filas rusas.

Las informaciones recopiladas por la Unión Europea y medios africanos muestran una tendencia preocupante: el uso sistemático de engaños, fraudes y coerción para captar combatientes foráneos. La mayoría de estos extranjeros no tenía experiencia militar previa ni conocimiento real del conflicto antes de ser enviados al frente.

El reclutamiento de extranjeros para la invasión en Ucrania por parte de Rusia responde a la necesidad de compensar las bajas acumuladas en el conflicto. Las autoridades europeas sostienen que estos métodos, que incluyen la coacción y el fraude, provocaron la muerte de miles de ciudadanos de países en desarrollo, especialmente jóvenes africanos y latinoamericanos, que fueron llevados al frente bajo promesas falsas o presiones económicas.

El fenómeno del reclutamiento extranjero, con métodos cuestionables y consecuencias fatales, se ha convertido en uno de los aspectos más polémicos y dolorosos de la invasión en Ucrania. Las cifras oficiales y los testimonios difundidos por organismos europeos y medios africanos evidencian la magnitud del problema y la urgencia de una respuesta internacional. Desde Bruselas, la diplomacia europea cerró su último comunicado con una advertencia: “El uso de reclutas extranjeros solo puede prolongar el conflicto, pero no cambiar su desenlace”.

Una red internacional de reclutamiento, operada por agencias privadas y facilitadores locales, dirige su actividad hacia América Latina bajo la apariencia de ofertas laborales legítimas y salarios atractivos. Decenas de ciudadanos de países como El Salvador, Colombia y Cuba están siendo trasladados a Rusia, donde la situación cambia radicalmente al arribar al país.

Según una investigación de Infobae, los contratos civiles ofrecidos se convierten en obligaciones militares y las supuestas zonas de trabajo resultan ser frentes de combate. El reclutamiento no se realiza en oficinas formales, sino a través de plataformas digitales como TikTok, Facebook y Telegram, donde los reclutadores difunden anuncios prometiendo empleos en seguridad privada, logística, construcción o cocina, junto con incentivos financieros y beneficios excepcionales.

Entre las promesas, destacan bonos de alistamiento de entre 25.000 y 50.000 dólares, salarios mensuales de hasta 2.600 dólares y el acceso rápido a la ciudadanía rusa para el trabajador y su familia tras finalizar el servicio. Sin embargo, la barrera idiomática es utilizada como parte del engaño: los contratos solo se presentan en ruso, lo que dificulta la comprensión de cláusulas fundamentales como la obligación de servir “hasta el final de la guerra”, impuesta por decretos presidenciales en vigor en Rusia.

Documentos oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia y del Servicio Federal de Seguridad, obtenidos en el Aeropuerto Internacional de Vnukovo, demuestran que ciudadanos latinoamericanos fueron víctimas de esta modalidad de reclutamiento engañoso.

(Con información de Europa Press)

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el jueves los ataques contra zonas civiles en Ucrania y Rusia, en medio de una nueva escalada militar marcada por bombardeos de largo alcance, ataques contra infraestructura energética, víctimas civiles y advertencias sobre la seguridad de la central nuclear de Zaporizhzhia. La jornada también dejó nuevos llamados de Kiev para reforzar su defensa aérea y la confirmación de una próxima visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a Serbia.

La condena de Naciones Unidas llegó después de que Ucrania atacara durante la noche dos refinerías de petróleo en territorio ruso y Rusia respondiera con nuevos bombardeos contra infraestructura ucraniana, entre ellos una estación ferroviaria y un buque mercante que transportaba trigo por el mar Negro.

El portavoz de la ONU, Farhan Haq, advirtió que la violencia contra zonas pobladas sigue una tendencia preocupante. “Esta última serie de ataques sigue un patrón alarmante de escalada de ataques contra zonas pobladas”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Además, sostuvo que “los ataques contra civiles e infraestructuras civiles constituyen una clara violación del derecho internacional humanitario y deben cesar de inmediato”.

En los últimos meses, tanto Ucrania como Rusia incrementaron de forma significativa sus operaciones de largo alcance. Kiev lanzó una cantidad récord de drones contra territorio ruso, mientras Moscú respondió con ataques con misiles de una magnitud sin precedentes, un escenario que elevó el número de víctimas civiles en ambos países.

Zelensky confirmó que las fuerzas ucranianas alcanzaron refinerías ubicadas en las regiones rusas de Bashkortostán y Yaroslavl, situadas aproximadamente a 1.300 y 700 kilómetros de la línea del frente, respectivamente.

Tras difundir un video publicado en redes sociales rusas en el que se observó una densa columna de humo sobre una instalación petrolera, el mandatario ucraniano aseguró que “Rusia debe optar por la paz”. También sostuvo que los nuevos ataques rusos contra Ucrania “fortalecen las perspectivas de la diplomacia”.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó previamente que sus sistemas antiaéreos derribaron 605 drones ucranianos durante la noche.

Por su parte, el gobernador de la región de Yaroslavl señaló que las defensas interceptaron 92 drones y calificó el episodio como el ataque “más masivo” contra esa región desde el comienzo de la guerra.

En la región rusa de Tver, otro dron impactó contra un centro logístico perteneciente a Wildberries, la mayor empresa rusa de comercio electrónico, que durante el último mes sufrió múltiples ataques.

La nueva ofensiva se produjo un día después de un ataque ruso con misiles sobre Kiev que dejó al menos 17 muertos y destruyó depósitos pertenecientes a varios comercios minoristas. Según el contexto presentado por las autoridades ucranianas, esa acción fue interpretada como una respuesta a la campaña de Kiev contra Wildberries, conocida popularmente como “el Amazonas ruso”.

Durante la noche del jueves, nuevos bombardeos rusos provocaron la muerte de dos personas en la estación ferroviaria de Lozova, en la región nororiental de Kharkiv. Además, un buque mercante que transportaba trigo ucraniano resultó alcanzado en el mar Negro por un barco ruso. El gobernador de la región de Odesa informó que el ataque causó la muerte de una persona.

Los recientes bombardeos también dejaron en evidencia las limitaciones de la defensa aérea ucraniana. Kiev no logró interceptar ninguno de los misiles lanzados por Rusia, situación que llevó a Zelensky a reiterar sus pedidos urgentes para obtener nuevos sistemas de defensa antiaérea de sus aliados.

Mientras los enfrentamientos continúan, los esfuerzos diplomáticos permanecen bloqueados más de cuatro años después del inicio de la ofensiva militar rusa a gran escala contra Ucrania. En paralelo, ambos países profundizaron sus ataques de largo alcance, con un impacto cada vez mayor sobre la población civil.

En ese contexto, un alto funcionario ucraniano confirmó a la AFP que Zelensky viajará este fin de semana a Serbia para realizar su primera visita oficial desde el comienzo de la invasión rusa. La fuente describió el viaje como “una bofetada para los rusos”.

La oficina del presidente serbio, Aleksandar Vučić, confirmó la visita oficial y recordó que entre los temas previstos figuran las aspiraciones de ambos países para ingresar en la Unión Europea, además de la cooperación económica y energética.

Vučić reiteró la posición de Belgrado respecto del conflicto. “Serbia ha establecido su política”, afirmó durante un acto público. El mandatario agregó que, aunque Zelensky deje clara su posición durante la visita, la política serbia “seguirá siendo la misma hasta nuevo aviso”.

Serbia figura entre los pocos países europeos que no aplicaron sanciones contra Rusia desde el inicio de la guerra.

La jornada también estuvo marcada por una nueva advertencia del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la situación en la central nuclear de Central Nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por fuerzas rusas.

El director del organismo, Rafael Grossi, expresó su preocupación por los reiterados cortes del suministro eléctrico externo.

“Esta tendencia, con el creciente número de cortes de energía fuera de las instalaciones... es profundamente preocupante y claramente no es sostenible”, señaló en un comunicado.

El OIEA indicó además que su personal continúa escuchando actividad militar cerca de la planta, incluidas explosiones en las inmediaciones, y reiteró el llamado a la “máxima moderación militar” para evitar riesgos adicionales en una instalación que depende de sistemas eléctricos estables para mantener la refrigeración de sus reactores. La central sufrió un nuevo corte de energía el martes, aunque las causas todavía no fueron determinadas.

(Con información de AFP)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, ordenó este jueves una serie de operaciones especiales dirigidas contra la industria de armamento de Rusia, según informó la agencia alemana DPA. La instrucción fue comunicada durante una reunión con la cúpula militar y política del país y apunta, según el propio mandatario, contra “empresas específicas que ya hemos identificado”.

Zelensky detalló en un mensaje publicado en Facebook que todos los presentes en el encuentro recibieron tareas concretas. “Espero que se cumplan en su totalidad”, advirtió, sin precisar cuántas compañías integran la lista ni en qué sectores operan.

El presidente ucraniano sostuvo que la industria militar rusa debe ser “significativamente reducida” y cuestionó que Moscú continúe recibiendo apoyo y componentes clave del extranjero para sostener su esfuerzo bélico. “Podemos ver que cada misil ruso, cada dron y otras armas contienen componentes críticos de otros países, sin los cuales esas armas simplemente no podrían existir”, afirmó, de acuerdo con dpa.

La dependencia rusa de piezas importadas para su producción armamentística ha sido documentada de forma reiterada por Kiev en los últimos meses. Funcionarios ucranianos, entre ellos el comisionado presidencial para políticas de sanciones, Vladyslav Vlasiuk, han advertido en distintas ocasiones que Moscú continúa abasteciéndose de componentes electrónicos y tecnología de origen occidental pese a las restricciones vigentes. Un ataque ruso con misiles y drones ejecutado a comienzos de julio incorporó cerca de 35.000 piezas de fabricación extranjera, un dato que ilustra las limitaciones de los controles internacionales a la exportación de tecnología sensible.

El anuncio se produce en un momento de creciente presión occidental sobre el aparato productivo militar del Kremlin. A mediados de julio, la Unión Europea cerró su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia, que incluyó restricciones adicionales sobre empresas y personas vinculadas al esfuerzo de guerra, endureció las medidas contra el sector financiero ruso y fijó un tope de 44 dólares por barril para las exportaciones de crudo. Ese marco sancionatorio europeo constituye el telón de fondo en el que se inscribe la nueva orden de Zelensky, aunque el mandatario ucraniano no vinculó explícitamente sus instrucciones con el paquete comunitario.

Las operaciones especiales anunciadas este jueves se suman a una serie de medidas similares aprobadas por Zelensky en los meses recientes. El 25 de junio, el presidente había autorizado una operación de 40 días a cargo del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), orientada a presionar a Rusia hacia el fin de la guerra, cuyos resultados concretos no fueron detallados públicamente. A comienzos de agosto, Zelensky reconoció “resultados sólidos” de ese organismo sin precisar cifras ni objetivos alcanzados, y anunció además una purga interna para apartar a funcionarios que, según sus palabras, “trabajan para sí mismos y no para Ucrania”.

En paralelo a esta ofensiva contra la cadena de suministro industrial, Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus ataques con drones de largo alcance contra infraestructura energética y militar rusa, con incursiones que han llegado a alcanzar instalaciones en Siberia, a varios miles de kilómetros de la frontera ucraniana. Esa estrategia ha dañado refinerías de petróleo y plantas vinculadas a la producción de armamento, en lo que Kiev describe como un intento de erosionar la capacidad rusa de sostener el esfuerzo de guerra a mediano plazo.

La combinación de presión diplomática, sanciones económicas y ataques directos contra la infraestructura productiva rusa refleja un cambio de énfasis en la estrategia ucraniana, que ya no se limita al frente de batalla sino que busca golpear la base industrial que sostiene la maquinaria bélica del Kremlin. La eficacia real de estas operaciones especiales, sin embargo, dependerá de la capacidad de Kiev y sus aliados para cerrar las rutas de suministro de componentes extranjeros que, según el propio Zelensky, siguen llegando a Rusia pese a años de sanciones internacionales.

Robert Gilman, un ex infante de marina estadounidense detenido en Rusia desde enero de 2022, se encuentra en estado crítico en la unidad psiquiátrica de un hospital civil de Voronezh, según alertaron dos organizaciones de defensa de rehenes y su propia familia.

A finales de junio, las autoridades penitenciarias trasladaron al joven de 32 años en condición catatónica a un hospital de urgencias ubicado a unos 547 kilómetros al sur de Moscú. Desde entonces, permanece con los ojos cerrados, sin capacidad de moverse ni de responder a estímulos externos, y depende de una sonda para recibir alimento e hidratación. Los médicos diagnosticaron el cuadro como “estupor disociativo”, lo que le ha impedido asistir a sus propias audiencias judiciales, según Eric Lebson, director de estrategia de Global Reach, organización que representa a su familia.

“Tengo más miedo por mi hermano que nunca desde que comenzó esta horrible pesadilla”, declaró Lexie Hudson, hermana del detenido. “Me preocupa no volver a verlo si los rusos no lo liberan. Me preocupa que pueda morir”.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado han exigido a Moscú su liberación para que pueda recibir atención médica en Estados Unidos. Según una fuente que habló bajo condición de anonimato, el secretario de Estado Marco Rubio llevó el caso directamente al canciller ruso Serguéi Lavrov durante un encuentro en Manila el 23 de julio, aunque se desconoce qué respondió el diplomático.

Un alto funcionario de la administración Trump afirmó, también en anonimato, que el gobierno “sigue de cerca el caso del Sr. Gilman y ha realizado reiterados y coordinados contactos con las autoridades rusas para solicitar su regreso a Estados Unidos”. La embajada rusa no respondió a las solicitudes de comentarios.

“Nos preocupa profundamente la salud de Robert Gilman y su detención continuada”, expresó el Departamento de Estado en un comunicado.

El centro hospitalario ha bloqueado las visitas de su madre, pese a que dispone de una orden judicial que le autoriza el ingreso, según Lebson. Ni los funcionarios consulares estadounidenses —quienes podían ingresar ocasionalmente a la prisión— ni su abogado ruso han logrado acceder al establecimiento.

“Parece que no está recibiendo la atención que necesita, y estamos muy preocupados por su vida y su seguridad”, sostuvo Elizabeth Richards, directora de la Fundación Foley, organización que lleva seguimiento del caso.

El exmarine sirvió en la Infantería de Marina de Estados Unidos entre agosto de 2019 y agosto de 2020. Fue detenido el 17 de enero de 2022 mientras viajaba en tren por Voronezh; los medios estatales rusos informaron que el arresto se produjo por supuestamente patear a un policía en estado de ebriedad.

Su padre, Vladimir Gilman —quien emigró desde Rusia a Massachusetts—, rechazó esa versión en un artículo de opinión publicado el 11 de octubre de 2024 en el Boston Globe. Según escribió, su hijo estaba enfermo en el momento del incidente y el golpe al agente fue accidental. El propio policía resultó ileso, retiró los cargos y no presentó pruebas durante el juicio.

Aun así, Robert Gilman fue condenado a 4 años y medio de prisión. En 2024, la prensa oficial rusa informaron que la pena se extendió a 10 años por una supuesta agresión a personal penitenciario, versión que Lebson y Richards desmintieron. Según ambos, el estadounidense fue sometido a condiciones de reclusión extremas, torturado y objeto de inyecciones de drogas psicotrópicas por parte de los guardias, un trato que derivó en su actual deterioro.

La familia solicitó al Departamento de Estado en marzo de 2023 que lo designara como detenido injustamente, una categoría que convertiría su liberación en prioridad absoluta para Washington. Gilman es uno de al menos 10 ciudadanos estadounidenses que se sabe están encarcelados en Rusia, y su muerte agravaría una relación bilateral ya deteriorada por los conflictos en Ucrania e Irán.

Se desconoce por qué esa designación no se ha concretado. Lebson señaló que Rubio no ha otorgado esa calificación a ningún ciudadano detenido en territorio ruso desde el inicio del segundo mandato de Trump.

“Nos preocupa seriamente que podamos presenciar otra situación como la de Otto Warmbier”, advirtió Lebson, en referencia al estudiante universitario estadounidense que fue devuelto por Corea del Norte en coma en junio de 2017, tras 17 meses de detención.

(Con información de Reuters)

En Rusia están floreciendo en plena guerra las organizaciones machistas, antiabortistas y xenófobas, mientras las fuerzas de seguridad persiguen iniciativas civiles no alineadas con los valores conservadores promovidos por el Kremlin.

La guerra iniciada en Ucrania reforzó el nacionalismo ruso y los valores que Moscú ha inculcado a la bandera nacional, como la moral tradicional, la religión y la familia, entre otras ideas que tratan de distinguirla del Occidente liberal.

Ello ha llevado a que muchos ciudadanos rusos llevaran estas ideas demasiado lejos y ahora enarbolen discursos de odio contra determinados colectivos o exijan retrocesos de derechos conquistados hace ya un siglo.

En algunas ocasiones incluso se plantan en desacuerdo con el actual rumbo político del país, pues consideran que las medidas tomadas son demasiado liberales. Con todo, estas organizaciones no llaman la atención de las fuerzas policiales rusas, que a menudo incluso colaboran con ellas.

Además de movimientos políticos opositores, las fuerzas de seguridad han reprimido y desarticulado incluso asociaciones contra la violencia de género y refugios de animales.

Están constantemente en el punto de mira de la policía los locales de ocio frecuentados por colectivos LGTBI, donde se llevan a cabo redadas y se llega a castigar con prisión a sus coordinadores.

El camino masculino

Muzhskoi Put (El Camino Masculino) es una organización que vela por los derechos de los hombres rusos, lucha por una estructura familiar extremadamente patriarcal y apoya a los varones ante la supuesta desigualdad que favorece a las mujeres en el país.

“Rusia ha carecido durante mucho tiempo de patriarcado e igualdad, pero sí cuenta con un matriarcado estatal, donde el 72% de los funcionarios son mujeres, y esta tendencia va en aumento”, denunció a EFE el director de la organización, Andréi Brezguin.

En la cosmovisión que ofrece Brezguin, que anteriormente fue condenado a dos años de prisión por el secuestro de su propia hija, el hombre debe ganar más dinero que la mujer y gestionar los gastos de la familia, en la que él debe llevar siempre la voz cantante.

“Considerando los enormes riesgos (legales) que enfrentan los hombres en Rusia, la mayoría se niega a formar una familia y tener hijos”, se queja Brezguin, quien considera que el gobierno debería tomar medidas para fomentar la natalidad y dejar de financiar el aborto.

Marchas contra el aborto

Con la llegada de la primavera se anunciaron varias marchas en todo el país a favor de la familia tradicional y en contra del aborto, derecho que ya ha sufrido restricciones en numerosas regiones.

“Nuestro objetivo final es la prohibición total del aborto, pero acogemos con beneplácito cualquier medida intermedia en esa dirección”, respondió en una entrevista Eugene Rosenblum, participante y coordinador de las protestas antiaborto ‘Marcha por la vida’, que tienen lugar anualmente cada 1 de junio.

Según Rosenblum se trata de un “compromiso moral y cívico” y no hay motivos religiosos detrás.

El activista explicó que el año pasado la iniciativa fue llevada a cabo en un centenar de ciudades. Además, ha tenido el apoyo de organizaciones como la ONG antiaborto ‘Por la vida’ y la organización ultranacionalista y xenófoba Comunidad Rusa.

Rusia para los blancos

Comunidad Rusa cuenta con delegaciones a lo largo de casi todo el país, aboga por la unidad del pueblo ruso, se posiciona en contra de la inmigración y se declara afín al liderazgo del presidente ruso, Vladímir Putin.

Según medios opositores rusos, la organización está estrechamente vinculada al Servicio Federal de Seguridad (FSB) y habitualmente acompañan a las fuerzas policiales en redadas contra inmigrantes que han desembocado en ocasiones en actos violentos.

Los miembros se coordinan para realizar marchas de vigilancia por la ciudad y redadas propias. Posteriormente se jactan de sus actos en redes sociales, donde suben vídeos intimidando a trabajadores inmigrantes de tiendas de alimentación o shawarmas, donde suelen trabajar los inmigrantes centroasiáticos.

Los gimnasios y asociaciones de hinchas de fútbol son espacios tradicionales para la reunión y reclutamiento por parte de este tipo de organizaciones.

Según el portal Meduza, Comunidad Rusa es uno de los sujetos que más denuncias particulares presentan ante las autoridades rusas, encontrándose por detrás de órganos de censura oficiales, tales como la Liga de Internet Seguro.

La prensa disidente sostiene que detrás de su organización y financiación se encuentran personalidades como el oligarca ultraortodoxo Konstantín Maloféyev. La BBC también les ha vinculado con Dmitri Pátrushev, hijo del ex director del FSB, Nikolái Pátrushev.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Panamá confirmó el regreso al país de un ciudadano panameño procedente de la Federación de Rusia, en medio de las investigaciones que buscan determinar el alcance del presunto reclutamiento de nacionales para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El retorno ocurre después de que el Ministerio Público informara que 30 panameños han sido identificados como posibles participantes en ambos bandos del conflicto y mantiene abiertas varias investigaciones por presuntos delitos de trata de personas y reclutamiento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el ciudadano Adrián González Morán emprendió su viaje de regreso a Panamá tras desvincularse de las fuerzas militares rusas.

La Cancillería explicó que la Embajada de Panamá en Moscú brindó acompañamiento durante todo el proceso para facilitar su salida del país euroasiático y garantizar que pudiera abordar su vuelo sin contratiempos.

Según el comunicado oficial, la embajadora de Panamá en Rusia, Suzi Carmen Auli, acompañó personalmente al ciudadano al aeropuerto para verificar su embarque y asegurar que el proceso de salida se desarrollara sin inconvenientes.

Asimismo, las autoridades de la Federación de Rusia facilitaron los trámites correspondientes para permitir su salida del país y un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso lo acompañó hasta la puerta de embarque.

La Cancillería precisó que González Morán asumió con recursos propios el costo del boleto aéreo de regreso y tenía previsto arribar a la ciudad de Panamá en un vuelo de Turkish Airlines.

La institución reiteró que continuará brindando el apoyo consular necesario a su llegada al país y dará seguimiento a su situación en coordinación con las autoridades nacionales competentes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también reafirmó que la protección y asistencia a los ciudadanos panameños en el exterior constituye una prioridad permanente del Estado.

En ese sentido, indicó que mantendrá el acompañamiento consular para los nacionales que requieran apoyo fuera del país, conforme a las normas del derecho internacional y a los principios humanitarios que rigen la labor diplomática.

El anuncio coincide con la ampliación de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público sobre el presunto reclutamiento de panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, reveló recientemente que las autoridades han identificado 30 ciudadanos panameños relacionados con ambos bandos del conflicto, una cifra superior a la reportada inicialmente.

De acuerdo con la información compartida por la Procuraduría tras una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 21 panameños habrían sido potencialmente reclutados para incorporarse a las fuerzas de Rusia, mientras que nueve viajaron o intentaron integrarse al bando de Ucrania.

El procurador explicó que las pesquisas continúan evolucionando conforme aparecen nuevos testimonios y familiares presentan denuncias sobre personas con las que perdieron contacto tras viajar al extranjero.

Las investigaciones también se han ampliado en número. Actualmente existen seis expedientes bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, frente a los cuatro casos que se conocían días antes.

Las autoridades buscan establecer cómo operaba el presunto mecanismo de captación, quiénes participaban en el proceso de reclutamiento y si existía una estructura organizada dedicada a trasladar ciudadanos panameños hacia un escenario de guerra mediante falsas promesas de empleo.

Como parte de esas investigaciones permanece en detención provisional Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años, imputado por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Según la Fiscalía, habría participado en el traslado y acompañamiento de ciudadanos panameños que estaban próximos a viajar hacia Rusia bajo supuestas ofertas de trabajo con salarios de entre $3.000 y $3.500 mensuales, además de bonos que podían alcanzar $70.000.

El Ministerio Público sostiene que las presuntas víctimas eran seleccionadas por su vulnerabilidad económica y convencidas de aceptar una aparente oportunidad laboral que terminaría vinculándolas al conflicto armado.

Entre los casos investigados figuran un vendedor ambulante con ingresos diarios cercanos a $10 y un hombre con una bebé recién nacida, perfiles que, según la Fiscalía, evidencian un patrón de captación dirigido a personas con necesidades económicas.

Durante la audiencia de garantías, Brooks rechazó las acusaciones y aseguró que únicamente prestó un servicio de transporte, argumentando que los verdaderos responsables del reclutamiento se encuentran en Rusia.

No obstante, la jueza Eyvis Jaén ordenó su detención provisional al considerar que existían suficientes elementos para vincularlo con la investigación, decisión que posteriormente fue apelada por la defensa.

El retorno de Adrián González Morán representa el primer caso confirmado oficialmente por la Cancillería de un panameño que logra regresar al país tras desvincularse de las fuerzas rusas.

Mientras tanto, las autoridades panameñas mantienen abiertas las investigaciones para determinar cuántos ciudadanos pudieron haber sido captados, si viajaron voluntariamente o mediante engaño y si existieron otras personas involucradas en una red de reclutamiento que aprovechó la situación económica de sus víctimas para llevarlas a uno de los conflictos armados más importantes de la actualidad.

Desde las primeras semanas de la invasión de 2022, las fuerzas de Moscú están atrincheradas justo al sur de Zaporizhzhia, una ciudad industrial clave de unos 700.000 habitantes, a la que castigan con misiles y drones. Pero una nueva ola de ataques volvió la vida más letal para sus residentes, en el marco de una escalada de la guerra aérea rusa contra ciudades ucranianas, mientras el avance ruso en el frente terrestre sigue siendo apenas gradual.

“Ahora es simplemente un safari”

“Incluso hace medio año todavía daba miedo, claro, y había ataques. Pero no era así. Ahora es simplemente un ‘safari’”, contó Lahuta. Los ucranianos adoptaron el término “safari” para describir a los drones que “cazan” civiles o vehículos en la calle, algo que los residentes de Kherson, una ciudad más pequeña sobre el frente sur, vienen sufriendo desde hace más tiempo.

Periodistas de Reuters que visitaron el negocio de Lahuta debieron buscar refugio al escuchar el zumbido de un dron FPV (de primera persona), esos pequeños helicópteros ágiles cargados de explosivos y pilotados por video que convirtieron el frente ucraniano en una “zona de exterminio”. Rusia ha negado en reiteradas ocasiones atacar deliberadamente a civiles en la guerra.

Parada entre los restos calcinados de la planta de procesamiento que abastecía a sus locales, Lahuta relató que los ataques rusos ahuyentaron a los clientes y volvieron casi imposible cualquier planificación a largo plazo, mientras la necesidad de soldados para el frente redujo la mano de obra disponible. “Cada día es como una especie de batalla”, dijo.

Una estrategia para “generar máxima presión”

Según funcionarios locales, Rusia busca sembrar pánico además de dañar infraestructura con ataques cada vez más frecuentes en toda la ciudad, utilizando drones FPV por primera vez con esta regularidad y bombas planeadoras más grandes y destructivas. Zaporizhzhia es la capital de una de las cuatro regiones ucranianas que Rusia reclama como propias, pese a controlar solo tres cuartas partes de su territorio.

Las tropas terrestres rusas no lograron avanzar por un estrecho corredor al sur de la ciudad, donde el ejército ucraniano opuso una resistencia firme en los últimos meses. Pero desde allí, los drones FPV rusos atacan grupos de civiles, vehículos y transporte público, particularmente en el sur de la ciudad, según el gobernador Ivan Fédorov.

“El enemigo está haciendo de la generación de máxima presión sobre la población civil una prioridad”, dijo Fédorov en una entrevista realizada en una escuela subterránea construida para funcionar como refugio antiaéreo.

Los drones FPV fueron modificados para extender su alcance, mientras que las bombas planeadoras lanzadas desde el aire —como las que impactaron contra el negocio de Lahuta— no pueden ser interceptadas sin sistemas de defensa aérea más avanzados.

Una normalidad forzada

En el centro de Zaporizhzhia, los cafés y el flujo constante de gente que va y viene generan cierta sensación de normalidad pese a las frecuentes alertas antiaéreas. Aun así, incluso los viernes por la tarde, la ciudad se siente apagada.

La autoridad de transporte municipal comenzó a experimentar con detectores de drones para los choferes de colectivos y prueba nuevos vidrios antiimpacto, según explicó el director Volodímir Sujachov. Doce colectivos municipales fueron alcanzados por drones FPV este año, aunque no hay planes de reducir el servicio, aseguró.

Ania Sivova, costurera de 34 años cuyo esposo combate en la guerra, vio el mes pasado cómo un dron FPV impactó contra un colectivo cercano mientras regresaba a su casa, en el sur de la ciudad. “Tal vez tengo un buen ángel guardián”, dijo con una sonrisa. Sivova, que envía a su hija de 6 años a un jardín de infantes subterráneo, contó que ella y su hija aprendieron a adaptarse. “Suena horrible, pero nos acostumbramos a esta vida. Por ahora, lamentablemente, no tenemos otra”, afirmó.

Fédorov agregó que Rusia también ataca Zaporizhzhia entre cuatro y seis veces por día con bombas planeadoras, que describió como imposibles de predecir en su trayectoria de vuelo.

Una táctica que ya se documentó en Kherson

El fenómeno no es nuevo ni exclusivo de Zaporizhzhia. Hace apenas dos días, un video difundido por la Administración Militar Regional de Kherson mostró el momento exacto en que un dron ruso persiguió y atacó deliberadamente a un civil de 52 años en un mercado de esa ciudad, hiriéndolo con metralla y una conmoción cerebral.

El canciller ucraniano, Andrí Sibiga, calificó ese ataque como un “crimen de guerra”.

Según una comisión de derechos humanos de la ONU, esta táctica de “safari humano” ya causó al menos 200 muertos civiles y más de 2.000 heridos solo en la región de Kherson desde que comenzó a documentarse a mediados de 2024, con una alta probabilidad, según el organismo, de que las fuerzas armadas rusas sean responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

(Con información de Reuters, AFP y propia)

En las imágenes, el dron permanece suspendido frente al hombre mientras este está de pie junto al vehículo. El hombre se desplaza luego detrás del minibús, y el dron parece seguir su movimiento. Un colectivo pasa por la ruta detrás de él antes de que el artefacto se precipite y detone cerca del capot del minibús, provocando una explosión junto al lugar donde se encontraba la víctima.

Según las autoridades ucranianas, el hecho ocurrió el 4 de agosto. La policía nacional de Ucrania informó que el hombre es un residente de 52 años de la región de Mykolaiv que estaba comerciando en el mercado cuando resultó herido en el ataque. De acuerdo con la policía, el hombre sobrevivió, aunque sufrió lesiones por la onda expansiva, heridas de metralla y una conmoción cerebral.

“Un crimen de guerra”, según Kiev

El canciller ucraniano, Andrí Sibiga, condenó el ataque y lo describió como un crimen de guerra ruso, al sostener que el operador del dron apuntó deliberadamente contra un civil.

Tanto la policía nacional como el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano señalaron que el incidente ocurrió este martes 4 de agosto. No se encontraron versiones anteriores del video publicadas en línea antes de esa fecha.

Rusia ha negado en reiteradas ocasiones atacar deliberadamente a civiles durante su invasión a gran escala de Ucrania.

El “safari humano” de Kherson

El ataque se enmarca en una táctica rusa ampliamente documentada por organismos internacionales y prensa desde mediados de 2024, que residentes y periodistas locales bautizaron como “safari humano“: el uso de drones FPV (de primera persona) para perseguir y atacar deliberadamente a civiles en Kherson, sin objetivo militar alguno.

Una comisión de derechos humanos de la ONU concluyó en octubre de 2025 que al menos 200 civiles murieron y más de 2.000 resultaron heridos por drones rusos en la región, y que existe una alta probabilidad de que las fuerzas armadas rusas sean responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por esta campaña.

Una “zona de muerte” dominada por drones

El episodio se enmarca en una transformación radical del campo de batalla en Ucrania. Los drones, que van desde dispositivos comerciales baratos hasta aeronaves cargadas de explosivos, son responsables de hasta el 80% de los daños registrados en el frente, según ha señalado el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov. La línea de combate se convirtió en lo que la experta militar Kateryna Bondar describe como una “zona de muerte” de hasta 20 kilómetros de profundidad, un área “constantemente monitoreada por drones” donde “nada puede sobrevivir”. Su uso ya no se limita a blancos militares: soldados ucranianos denuncian de forma creciente ataques rusos con drones contra civiles y trabajadores en zonas alejadas del frente, como el ocurrido este martes en Kherson.

Tres personas murieron en ataques rusos en la región de Kharkiv, al noreste de Ucrania, en la última ola de ataques de Moscú contra Ucrania, según informó el jueves este gobernador local. Los ataques alcanzaron una zona residencial y provocaron la muerte de dos mujeres y un hombre, de acuerdo con Vitalii Karabanov, jefe de la administración militar en Balakliya, ciudad ubicada en la línea del frente.

En la región de Sumy, también en el noreste, el funcionario regional Sergiy Kryvosheenko reportó que un bombardeo con bomba guiada rusa dejó 13 heridos. Además, en la región de Dnipro, dos personas resultaron heridas en un ataque separado, según Oleksandr Ganzha, jefe de la administración militar regional.

La Administración Militar de la Ciudad de Sumy detalló que en un lapso de 8 minutos durante la noche, el ejército ruso lanzó 8 bombas KAB sobre las zonas norte y central de la localidad. “Una de ellas fue neutralizada por la defensa antiaérea”, señaló y agregó: “Como consecuencia del masivo ataque aéreo, un centro comercial, 5 tiendas, las ventanas de 10 edificios de gran altura, 3 casas particulares y 5 coches resultaron dañados”.

Por otra parte, la ciudad rusa de Yaroslavl fue atacada con proyectiles ucranianos, según confirmó el gobernador regional, Mykhailo Yevraev. Las autoridades rusas informaron que la ciudad y su región estuvieron “bajo ataque hostil de drones ucranianos”, lo que llevó al bloqueo del tráfico de transporte que conecta la ciudad con Moscú.

El miércoles, Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, lamentó el “devastador golpe” que las Fuerzas Armadas de Rusia dieron durante la noche del martes a Kiev mediante un ataque a gran escala que dejó al menos 17 muertos y medio centenar de heridos. El mandatario indicó que muchas vidas podrían haberse salvado si su país hubiera contado con los misiles interceptores necesarios, en línea con sus recientes demandas a los países aliados y las licencias que Washington concedió para fabricar sistemas Patriot.

Zelensky advirtió que “los retrasos en los suministros o la falta de preparación para transferir sistemas antibalísticos llevan precisamente a estas terribles víctimas y a esta destrucción”. Por este motivo, solicitó a los aliados que, en caso de no poder suministrar estos sistemas, presionen a Rusia con nuevas sanciones, y señaló que “una parte importante de la producción balística de Rusia no está bajo sanciones”. El mandatario instó al G7 y a la Unión Europea a tomar “nuevos pasos” para proteger la vida civil.

Las fuerzas rusas utilizaron durante la noche 24 misiles balísticos, cuatro misiles de crucero Zircón y 115 drones, centrando los ataques en almacenes de empresas civiles, infraestructura y una estación de tren. El Servicio Estatal de Emergencias reportó que los distritos de Brovari, Bucha y Fastiv también sufrieron daños.

En el frente, las autoridades ucranianas ordenaron la evacuación obligatoria de menores en ciertos territorios de la zona de Kramatorsk, uno de los últimos bastiones bajo control ucraniano en la región oriental de Donetsk, ante el avance de las fuerzas rusas. Vadim Filashkin, jefe de la administración militar regional, informó que la medida afecta a 525 menores de 424 familias, quienes serán evacuados forzosamente junto con sus tutores legales.

“Es una decisión difícil pero necesaria. La situación se está deteriorando, así que es inaceptable dejar a los niños bajo la amenaza constante de los bombardeos rusos. Pido a los padres que no retrasen, sino que faciliten la labor de los equipos de evacuación”, señaló Filashkin en redes sociales. El martes, un bombardeo ruso provocó la muerte de una persona y dejó a otras 27 heridas en Kramatorsk.

Según la plataforma ucraniana Deepstate, las tropas rusas se encuentran a unos veinte kilómetros de la ciudad, que junto con Sloviansk constituye el último bastión ucraniano en la región que no ha sido ocupado.

(Con información de AFP y Europa Press)

Los misiles balísticos rusos comenzaron a atravesar las defensas aéreas de Ucrania con una frecuencia cada vez mayor, lo que expone a las principales ciudades y a la población civil a daños devastadores, mientras Kiev enfrenta limitaciones críticas en sus sistemas de interceptación y una presión militar sostenida en el frente oriental.

En la última ofensiva que sacudió Kiev y sus alrededores, los sistemas de defensa aérea no lograron interceptar ninguno de los proyectiles lanzados por Rusia. Los misiles impactaron en una cervecería, un almacén y una oficina de clasificación de correo, y provocaron la muerte de al menos 17 personas, además de decenas de heridos. La administración militar confirmó la destrucción de viviendas y edificios residenciales.

En paralelo, la intensificación de los ataques rusos en la región de Donetsk forzó la evacuación de cientos de familias con niños en Kramatorsk, donde las fuerzas rusas se acercaron a menos de 20 kilómetros del borde este de la ciudad.

La creciente efectividad de los misiles balísticos rusos se explica, en parte, por la velocidad y la trayectoria de estos proyectiles, que descendieron a varias veces la velocidad del sonido con una inclinación tan pronunciada que solo las baterías Patriot suministradas por Estados Unidos lograron interceptarlos de manera puntual. A diferencia de los misiles de crucero, que volaron a baja altura y pudieron rastrearse como aviones no tripulados, los misiles balísticos se dispararon como cohetes y cayeron casi en vertical, lo que dejó a los operadores de defensa apenas unos segundos para reaccionar antes del impacto.

El sistema Patriot, el más avanzado entre los que recibió Ucrania, utilizó interceptores diseñados para chocar directamente contra la ojiva enemiga. Sin embargo, la cantidad de baterías Patriot disponibles resultó insuficiente para proteger todos los centros urbanos, y la escasez de interceptores obligó a racionar el uso de los misiles defensivos.

Rusia aprovechó esta debilidad y aumentó la combinación de ataques con misiles balísticos, drones y señuelos, lo que saturó los sistemas de defensa y dificultó la labor de los operadores ucranianos.

La situación se agravó cuando la demanda internacional de interceptores Patriot y THAAD creció debido a otros conflictos. El inventario estadounidense de interceptores Patriot se redujo de manera significativa. La producción actual no alcanzó a compensar la demanda: Lockheed Martin entregó más de 600 interceptores en 2025 y trabaja para aumentar la capacidad, pero la brecha persiste.

En Europa, la OTAN espera inaugurar una planta de producción de misiles Patriot en Alemania, aunque ese refuerzo aún no llegó a las líneas de defensa ucranianas. En el terreno político, el futuro suministro de sistemas Patriot también enfrentó incertidumbre.

Durante la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía, el presidente Donald Trump prometió una licencia para que Ucrania pueda producir misiles Patriot, pero semanas después aclaró que no tomó una decisión definitiva. Funcionarios y especialistas coincidieron en que la producción local, en caso de concretarse, demoraría años.

Frente al desafío de los misiles balísticos, Ucrania adoptó una estrategia complementaria: atacar los lanzadores rusos antes de que disparen. Para eso, el presidente Volodimir Zelensky solicitó a Estados Unidos ayuda para obtener acceso a la red Starlink, con el objetivo de utilizar drones para ubicar lanzadores y su infraestructura en territorio ruso. Ese permiso, hasta ahora, no recibió confirmación pública por parte de la Casa Blanca ni de SpaceX.

Mientras tanto, Kiev impulsó el desarrollo de un sistema antibalístico propio, denominado Freya, con el respaldo de nueve países europeos. El proyecto buscó reducir la dependencia de los Patriot y acelerar la producción de defensas antimisiles, aunque su despliegue aún no tuvo fecha definida.

Bajo este contexto, Zelensky remarcó que Ucrania solo recibió un tercio de los misiles de defensa aérea en la primera mitad del año, en comparación con el mismo periodo anterior, y pidió a sus aliados un aumento inmediato en la entrega de interceptores o, en su defecto, la imposición de sanciones más estrictas contra la industria militar rusa, que mantiene su capacidad de producción intacta.

(Con información de AP)

Corea del Norte ha comenzado a desplegar una unidad de misiles balísticos en el oeste de Rusia que podría llegar a contar con 120 proyectiles y seis lanzadores para atacar Ucrania, según denunció un funcionario de la inteligencia militar ucraniana. El anuncio confirma la profundización de la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022.

Andrii Cherniak, representante de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (HUR, por sus siglas en ucraniano), explicó que Rusia planea instalar a unos 90 militares norcoreanos en la región occidental de Vorónezh, integrados en la 112.ª Brigada de Misiles del Ejército ruso. Pyongyang ya envió un nuevo lote de 40 misiles balísticos KN-23 y KN-24 con personal técnico, aunque la configuración final y el número total de proyectiles se acordarán en negociaciones de alto nivel previstas para el próximo mes.

La cooperación militar entre ambos países se aceleró tras la invasión de 2022. Corea del Norte ha suministrado millones de proyectiles de artillería al esfuerzo bélico ruso y, según funcionarios ucranianos, envió unos 14.000 soldados a la región rusa de Kursk en 2024 para repeler una incursión terrestre ucraniana. Moscú y Pyongyang firmaron ese mismo año un pacto de defensa mutua que consolidó jurídicamente la alianza.

El uso de misiles balísticos norcoreanos por Rusia comenzó a fines de 2023, cuando Moscú recurrió con mayor frecuencia a este armamento, difícil de interceptar y neutralizable solo con sistemas Patriot estadounidenses, ante la escasez de interceptores que enfrenta Ucrania. Entre 2023 y agosto de 2025, Pyongyang suministró 150 misiles KN-23 y KN-24, de acuerdo con Cherniak.

El ataque de la semana pasada contra Radushne, en la región de Dnipropetrovsk, cerca de Kryvyi Rig, fue el primero documentado con misiles norcoreanos desde agosto de 2025. El proyectil arrasó una vivienda y mató a al menos cinco integrantes de una misma familia, un episodio que el presidente Volodímir Zelenski atribuyó de manera preliminar a un misil balístico norcoreano.

Los KN-23 y KN-24 tienen mayor alcance y capacidad de carga que el Iskander ruso, su equivalente más cercano, pero son menos precisos y han estado vinculados a ataques con alto número de víctimas civiles, según fuentes militares ucranianas citadas por Reuters. Esa combinación explica la preocupación de Kiev ante un eventual aumento del arsenal norcoreano en manos rusas.

Rob Lee, investigador principal del Foreign Policy Research Institute, con sede en Filadelfia, calificó los nuevos recursos norcoreanos como una amenaza significativa. “La defensa antimisiles balísticos es una de las mayores vulnerabilidades de Ucrania, así que cualquier aumento en la cantidad que enfrenten planteará un desafío mayor”, señaló a Reuters. Lee advirtió que las defensas antiaéreas ucranianas enfrentarán especial presión este invierno, si Rusia vuelve a atacar la red eléctrica.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de Cherniak, basadas, según dijo, en inteligencia que no puede divulgarse por motivos de sensibilidad.

Cherniak indicó además que unos 9.500 soldados norcoreanos permanecen en Kursk, fronteriza con Ucrania, sin participar directamente en operaciones militares. Zelensky afirmó el mes pasado que el Kremlin solicitó a Pyongyang el envío de 30.000 soldados adicionales, y que Rusia ya prepara la infraestructura para recibirlos en Vorónezh, la misma región que albergará la nueva unidad de misiles.

La coincidencia geográfica entre el nuevo contingente de misiles y la eventual llegada de decenas de miles de soldados norcoreanos sugiere que Vorónezh se consolida como nodo logístico central de la presencia militar de Pyongyang en Rusia, más allá del papel que hasta ahora cumplió Kursk. Para Ucrania, el desafío inmediato no es solo diplomático, sino operativo: sostener su capacidad de intercepción frente a un adversario que multiplica el volumen y la procedencia de sus misiles balísticos.

Las autoridades panameñas ampliaron el alcance de las investigaciones sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de que el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, revelara que el Ministerio Público ha identificado hasta el momento a 30 panameños que habrían sido enlistados para ambos bandos del conflicto.

La cifra representa un aumento con respecto a los reportes divulgados días atrás y mantiene abiertas varias líneas de investigación por posibles delitos de trata de personas y reclutamiento.

De acuerdo con el procurador, tras una reunión sostenida con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la información actualizada indica que 21 panameños fueron potencialmente reclutados para integrarse a las fuerzas de Rusia, mientras que nueve habrían viajado o intentado incorporarse al bando de Ucrania.

“Nos notificaron de veintiún personas que potencialmente fueron enlistadas para pertenecer a Rusia y nueve con respecto a Ucrania”, explicó Gómez al ofrecer un balance de las investigaciones.

El jefe del Ministerio Público informó además que actualmente existen seis investigaciones en curso bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, un incremento frente a los cuatro expedientes que se conocían hasta hace pocos días.

Asimismo, confirmó que una persona permanece detenida provisionalmente como parte de las pesquisas, mientras continúan las diligencias para determinar el alcance de la presunta red de captación.

La persona bajo detención es Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años, quien fue imputado por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

La Fiscalía sostiene que habría participado en el traslado y acompañamiento de ciudadanos panameños que estaban próximos a viajar hacia Rusia mediante supuestas ofertas de empleo que, según la investigación, ocultaban un esquema de reclutamiento para incorporarlos posteriormente al conflicto armado.

Durante la audiencia de garantías, la fiscal Elizabeth Carrión explicó que al menos dos ciudadanos panameños fueron contactados mediante promesas de salarios mensuales de entre 3,000 y 3,500 dólares, además de bonos que oscilarían entre 20,000 y 70,000 dólares.

Según el Ministerio Público, esas ofertas buscaban atraer principalmente a personas en situación de vulnerabilidad económica para convencerlas de aceptar el viaje.

Las investigaciones también establecieron que entre las víctimas figuraban un buhonero que obtenía alrededor de 10 dólares diarios y un hombre casado con una bebé recién nacida. Para la Fiscalía, esos perfiles evidencian que los presuntos reclutadores seleccionaban personas con necesidades económicas, aprovechándose de su situación para ofrecerles una aparente oportunidad laboral en el extranjero.

Las autoridades sostienen que Brooks habría transportado a dos de esas personas hasta una sucursal bancaria ubicada en 24 de Diciembre, donde retiraron dinero antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Al momento de su captura, los investigadores aseguran que el imputado mantenía en su poder los pasaportes de ambos ciudadanos, quienes finalmente fueron rescatados antes de abandonar Panamá.

Durante la audiencia, el imputado rechazó las acusaciones y afirmó que únicamente prestó un servicio de transporte. También sostuvo que los verdaderos responsables del reclutamiento se encuentran en Rusia y aseguró desconocer cómo funcionaba el supuesto mecanismo de captación.

Sin embargo, la jueza de garantías Eyvis Jaén consideró que existían suficientes elementos para ordenar la detención provisional, decisión que apelada por la defensa.

El procurador Luis Carlos Gómez advirtió que las investigaciones todavía no descartan la existencia de más personas involucradas en el reclutamiento de panameños. “No se descarta que puedan haber otras personas realizando labores de reclutamiento”, afirmó, al indicar que las autoridades continúan verificando el alcance de la estructura y los distintos niveles de participación de quienes facilitarían estos viajes.

Gómez también explicó que una de las principales líneas de investigación consiste en determinar si estos hechos pueden configurarse como trata de personas, particularmente cuando existan elementos de engaño o coacción.

“Habría que verificar esos niveles de reclutamiento y si pueden coincidir con modalidades posibles de trata de personas”, señaló.

Otra de las interrogantes que busca resolver el Ministerio Público es si algunos de los ciudadanos viajaron voluntariamente o si fueron inducidos mediante información falsa sobre las condiciones reales del empleo ofrecido.

Al ser consultado sobre este aspecto, el procurador respondió que esa será precisamente una de las tareas de las investigaciones. “Vamos a ir afinando las líneas que correspondan para identificar si efectivamente fue un ingreso voluntario o un ingreso bajo coacción”, indicó.

El funcionario también aprovechó para enviar un mensaje de advertencia a quienes puedan sentirse atraídos por este tipo de ofertas. Señaló que incorporarse a conflictos armados en el extranjero puede tener consecuencias fatales y reiteró el llamado a mantenerse alerta frente a propuestas laborales que prometen elevados ingresos sin suficiente respaldo o garantías.

Las investigaciones se producen mientras continúa la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que ha generado múltiples denuncias internacionales sobre el reclutamiento de ciudadanos extranjeros mediante incentivos económicos.

En Panamá, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar si existió una organización dedicada a captar personas aprovechando su situación económica y trasladarlas hacia un escenario de guerra bajo falsas promesas de empleo.

Las autoridades ucranianas ordenaron este miércoles la evacuación forzosa de cientos de familias con niños de la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, ante la intensificación de los ataques rusos y el avance de las tropas de Moscú en la zona.

“Es una decisión difícil pero necesaria. La situación de seguridad se está deteriorando, por lo que es inaceptable dejar a los niños bajo la amenaza constante de los ataques rusos”, declaró el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin.

525 niños, obligados a partir

En total, 525 niños y sus tutores serán evacuados de manera forzosa de Kramatorsk y las regiones circundantes. Según DeepState, un observador del conflicto cercano al ejército ucraniano, las fuerzas rusas se encuentran a menos de 20 kilómetros del borde este de la ciudad.

Kramatorsk es una de las principales ciudades que Rusia aún no ha logrado capturar en la región de Donetsk, que Moscú reclama como propia. Se trata de un centro logístico y de abastecimiento clave para gran parte de la guerra, y forma parte del llamado “cinturón de fortalezas” que las tropas ucranianas intentan retener a toda costa.

Pese al avance ruso, un funcionario local había indicado el mes pasado que unas 50.000 personas seguían viviendo allí, entre ellas más de 2.000 niños.

El avance ruso a lo largo del extenso frente se ha ralentizado en 2026, aunque el ejército ucraniano sigue sobreexigido por la escasez de personal y el desgaste acumulado, mientras la invasión rusa se extiende ya hacia su quinto año.

Una noche letal en Kiev

La orden de evacuación llegó horas después de que ataques rusos con misiles y drones mataran a al menos 17 personas y dejaran decenas de heridos en Kiev y la región circundante durante la madrugada. Ucrania no logró derribar ninguno de los misiles lanzados por Rusia, cuyos ataques cada vez más intensos han llevado a Kiev a reclamar más interceptores Patriot de fabricación estadounidense.

“Los interceptores balísticos son lo que podría haber salvado la vida de quienes murieron hoy”, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, al anunciar el saldo de víctimas. Más de 40 personas resultaron heridas en la capital y sus alrededores, según las autoridades locales.

“La noche fue tan aterradora, tan dura”, contó a la agencia AFP la residente de Kiev Natalia Reutska. “Nos hemos acostumbrado a despertarnos pensando ‘hoy tuvimos suerte’, y eso da mucho miedo”, agregó.

Ataques a centros logísticos

Los bombardeos de la madrugada apuntaron principalmente a almacenes, con algunos impactos en infraestructura y una estación de trenes, según Kiev. Ocho personas murieron en un ataque contra una estación ferroviaria en el borde este de la capital. También murieron un empleado en el incendio total de un centro logístico de la cadena Epicentr y tres trabajadores de un centro de clasificación postal. La firma de comercio electrónico Rozetka informó que sufrió su tercer ataque en la semana.

Moscú, por su parte, afirmó haber alcanzado “centros de transporte, logística y distribución” en Kiev y la región vinculados al almacenamiento y despacho de armamento y carga militar, así como a la producción y distribución de drones.

La red del minorista ruso en línea Wildberries fue atacada una decena de veces desde mediados de julio por fuerzas ucranianas, en una serie de ataques que ya dejó al menos ocho muertos y afectó buena parte de la capacidad de almacenamiento de la empresa.

Von der Leyen: “Atrocidades horribles”

La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, condenó las “atrocidades horribles”, mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que Francia “no cederá ante la intimidación” y pidió aumentar las sanciones contra Rusia.

Zelensky señaló que la cantidad de misiles antiaéreos suministrados por los aliados se redujo a un tercio respecto de 2025, y advirtió reiteradamente sobre una escasez crítica de defensas aéreas, en momentos en que Moscú disparó en julio una cifra récord de misiles contra Ucrania, según un análisis de datos de la fuerza aérea ucraniana publicado el sábado por AFP.

La ONU informó además un aumento de las muertes de civiles a lo largo de 2026, mientras la guerra —ya en su quinto año— continúa sin señales de un acuerdo de paz.

La influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, acusó este miércoles a Japón de una “transformación en un Estado de guerra”, en momentos en que Tokio refuerza su postura militar en el Pacífico.

Japón se ha ido alejando gradualmente de su condición pacifista de posguerra —adoptada tras la Segunda Guerra Mundial—, aumentando el gasto militar, ampliando sus pactos de defensa y desplegando lanzadores de misiles en sus islas periféricas. El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, dijo el martes que las fuerzas armadas del país necesitan reforzarse “con sentido de urgencia y crisis”, luego de que una nueva evaluación gubernamental —el Libro Blanco de Defensa, aprobado ese mismo día— advirtiera sobre las crecientes amenazas de China, Rusia y Corea del Norte.

En un comunicado difundido por los medios estatales norcoreanos, Kim Yo-jong afirmó que el liderazgo de Pyongyang “establecerá opciones militares adicionales, que obviamente se deben a la transformación de Japón”. “Japón, un Estado criminal de guerra, está acelerando su transformación en un Estado de guerra”, sostuvo en el comunicado publicado por la agencia estatal KCNA.

Kim citó como evidencia el reciente ensayo de misiles de crucero de largo alcance Tomahawk por parte de Tokio, así como su participación en mayo en ejercicios liderados por Estados Unidos en Filipinas, como prueba del respaldo de Washington a “movimientos militares peligrosos” en el Pacífico. Según ella, Tokio avanza “hacia la formulación de la posesión de capacidad de ataque preventivo”.

“Nunca seremos un observador pasivo de la evolución militar de Japón, que puede representar una amenaza grave”, advirtió.

La respuesta de Tokio: “Una defensa para prevenir guerras”

El Ministerio de Defensa japonés se negó a comentar directamente las declaraciones de Kim, pero dijo a la agencia AFP que las capacidades de defensa del país “siguen siendo mínimas” y “no están destinadas a amenazar a otros países”.

“La nuestra no es una defensa para librar guerras, sino para prevenir nuevas guerras, estrictamente limitada a la autodefensa y dentro del marco de nuestra Constitución (pacifista) y del derecho internacional”, señaló en un comunicado.

El ministerio confirmó además que el ensayo del Tomahawk de la semana pasada fue el primero de Japón, y agregó que el país busca adquirir hasta 400 misiles Tomahawk para fines del año fiscal 2027.

Una herida colonial que persiste

Japón ocupó la totalidad de Corea antes de su rendición en 1945, tras la cual la península quedó dividida en dos estados a lo largo del paralelo 38.

El legado de ese violento período colonial sigue pesando en la política exterior de ambas Coreas.

“Si los descendientes del militarismo, que heredaron los genes de la astucia y la agresión, han tomado armas letales en sus manos, algo desagradable va a suceder”, advirtió Kim en su comunicado.

El contexto: rearme japonés y tensiones con China y Rusia

Japón alberga bases militares estadounidenses desde su rendición en la Segunda Guerra Mundial. El país aumentó su gasto militar un 9,7%, hasta los 62.200 millones de dólares en 2025 —equivalente al 1,4% de su PBI, la proporción más alta desde 1958.

China, aliado clave de Corea del Norte, también expresó recientemente alarma ante lo que considera un “nuevo militarismo” japonés. Las relaciones se deterioraron desde que la primera ministra japonesa, la halcón Sanae Takaichi, sugirió en noviembre que una eventual acción china para tomar Taiwán podría justificar una reacción de las fuerzas armadas de Japón. Beijing reclama desde hace tiempo que Taiwán es parte de su territorio y no ha descartado tomarlo por la fuerza.

El propio Libro Blanco de Defensa japonés, aprobado el martes, ya había descrito a Corea del Norte como una “amenaza inminente” para la seguridad del archipiélago, citando los avances de Pyongyang en tecnología de misiles y su creciente cooperación militar con Rusia —una caracterización que la reacción de Kim Yo-jong pareció venir a confirmar.

Pyongyang, por su parte, se ha declarado en reiteradas ocasiones un Estado nuclear “irreversible” desde que la cumbre de 2019 entre el líder Kim Jong-un y el entonces presidente estadounidense Donald Trump colapsó por desacuerdos sobre el alcance de la desnuclearización y el alivio de sanciones.

(Con información de AFP)

Periodistas en la ciudad reportaron explosiones poco después de la medianoche, luego de que la fuerza aérea ucraniana advirtiera sobre la llegada de misiles balísticos. Uno de ellos describió la presencia de humo negro y el persistente olor a quemado en el aire horas después del ataque.

La administración militar de Kiev confirmó que los misiles y drones impactaron edificios residenciales y almacenes. “El enemigo está atacando una vez más deliberadamente a personas e infraestructura civil”, señaló la institución en un comunicado difundido en Telegram. En Kiev, el ataque provocó incendios en cuatro distritos, y dejó una mujer muerta y al menos 24 personas heridas.

En la región de la capital, las autoridades informaron de 14 fallecidos y más de 20 heridos en las zonas aledañas. “La región de Kiev ha sufrido esta noche uno de sus ataques enemigos más trágicos”, escribió Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional.

Luego, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky anunció que el total de víctimas aumentó a 17 y lamentó: “Los interceptores balísticos podrían haber salvado la vida de los fallecidos hoy”.

La nueva ola de ataques se suma a otras incursiones nocturnas recientes: el sábado, bombardeos rusos sobre Kiev y sus suburbios dejaron 10 muertos y más de 30 heridos, mientras que drones ucranianos hundieron un buque portacontenedores ruso en el Mar Negro. En los últimos meses, Ucrania solicitó a sus aliados el suministro de más interceptores Patriot de fabricación estadounidense, a medida que Rusia incrementa el uso de misiles balísticos más de cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala.

Un análisis de la agencia AFP indicó que tanto Rusia como Ucrania intensificaron sus ataques de largo alcance en las últimas semanas, con Rusia duplicando el uso de misiles en julio. El empleo de drones se volvió habitual y Ucrania incrementó sus bombardeos contra infraestructuras, incluidas instalaciones de petróleo, gas y logística en territorio ruso.

Cinco personas murieron y otras diez resultaron heridas el martes por la mañana en la región de Moscú, en una ofensiva de Kiev dirigida a almacenes del gigante ruso de comercio electrónico Wildberries. El alcalde de Moscú informó que las defensas aéreas rusas interceptaron y destruyeron al menos diez drones que se dirigían hacia la capital. El gobernador de Tula, al sur de la capital, reportó que las defensas destruyeron 107 drones ucranianos durante la noche, con daños en dos edificios de apartamentos y un incendio en una instalación logística de Wildberries.

La empresa, a la que Ucrania acusa de almacenar piezas de drones y colaborar con el Ejército ruso, ordenó una “evacuación preventiva”. Mientras tanto, Kiev expresó indignación por un vídeo que muestra a un hombre perseguido por un dron en Kherson, hecho al que calificó como una “caza” deliberada de civiles.

Los observadores de derechos humanos de la ONU alertaron por el aumento de víctimas civiles, que alcanzó su nivel más alto desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que la falta de interceptores de misiles balísticos “solo anima a Rusia a lanzar ataques que cuestan vidas humanas”. La semana pasada, Zelensky se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, para solicitar licencias que permitan la producción de sistemas Patriot en Ucrania.

Rusia declaró que el ataque del sábado tenía como objetivo industrias del complejo militar-industrial y centros logísticos. Entre los edificios dañados en Kiev se encuentran la embajada de Lituania y un edificio residencial de cinco plantas.

(Con información de EFE)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo el martes una conversación telefónica con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para abordar asuntos de política bilateral e internacional en el marco de la visita a Brasil del asesor presidencial ruso, Nikolái Pátrushev.

Según un comunicado del Kremlin, ambas partes discutieron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en diversas áreas, incluidos los resultados de la reunión de la Comisión de Alto Nivel Ruso-Brasileña, celebrada en Brasilia a principios de año, así como otros contactos recientes. La presidencia rusa señaló que se prestó especial atención a la expansión y diversificación del comercio bilateral y que se intercambiaron puntos de vista sobre asuntos internacionales de actualidad, incluyendo la situación en torno a Ucrania.

Durante su visita, Pátrushev, ex director del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y actual responsable de la gestión de la flota naval rusa, inició actividades en el Colegio Marítimo Nacional, con reuniones enfocadas en la cooperación naval y la seguridad marítima entre ambos países. Una de las sesiones tuvo lugar en el Ministerio de Puertos y Aeropuertos, donde se analizaron oportunidades de colaboración en el sector logístico y medidas para mejorar la eficiencia del transporte marítimo, según informó la prensa brasileña.

Estos encuentros se producen en un contexto de sanciones internacionales a la denominada “flota fantasma” rusa, conformada por navíos que Moscú utiliza para sortear las restricciones impuestas por la invasión a Ucrania. El martes, el Financial Times publicó que Rusia amplía esta flota con nuevos buques cisterna de gas natural licuado y señaló a China como su principal comprador.

Mientras Lula da Silva se acerca al Kremlin y desafía los aranceles de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, Estados Unidos revocó el martes la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, como medida de reciprocidad ante la negativa del Gobierno brasileño de conceder el beneplácito al embajador designado por la Casa Blanca y por las restricciones que, según el Departamento de Estado, afectaron a funcionarios estadounidenses en Brasil.

La cancelación del documento migratorio no implica la expulsión inmediata de la diplomática, pero constituye una señal de presión en un contexto de deterioro de las relaciones bilaterales. Un alto funcionario estadounidense explicó que la medida podrá revertirse cuando Brasil autorice el nombramiento del representante norteamericano y se normalice el funcionamiento diplomático entre ambos países.

“La acción consistió en revocar o cancelar la visa de una alta diplomática. Eso no es lo mismo que expulsarla del país”, indicó el funcionario durante un encuentro con la prensa bajo condición de anonimato. Añadió que Maria Luiza Ribeiro Viotti podrá recuperar el documento si se resuelve el conflicto: “Su visa sería restablecida si se restablece el equilibrio otorgando el agrément a nuestro candidato para la embajada”, manifestó el representante estadounidense, en referencia al procedimiento por el cual un país acepta oficialmente al embajador designado por otro Estado.

El desacuerdo bilateral se centra en la nominación de Daniel Pérez, legislador estatal por Florida y aliado cercano del secretario de Estado Marco Rubio, a quien el presidente Trump propuso el 1 de junio para encabezar la embajada estadounidense en Brasilia. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva aún no ha concedido el beneplácito necesario para que Pérez asuma el cargo.

Washington sostiene que el retraso dejó de ser un trámite habitual y que normalmente se resuelve como formalidad. Las autoridades estadounidenses señalaron además que varios de sus diplomáticos tampoco han obtenido las visas requeridas para cumplir funciones oficiales en territorio brasileño.

“Nuestros diplomáticos estaban siendo privados de la posibilidad de realizar el trabajo rutinario y habitual entre ambos países”, sostuvo el funcionario estadounidense. Explicó que, ante “el largo retraso” y la ausencia de señales de pronta solución, Estados Unidos optó por responder con una medida equivalente contra una representante diplomática brasileña.

(Con información de EFE)

Las autoridades de Ucrania sancionaron a más de 40 entidades y personas por su participación en la fabricación y suministro de equipo militar y tecnológico para la industria de defensa rusa, en el contexto de la invasión iniciada por Moscú febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, firmó un decreto para aplicar la medida recomendada por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, que afecta a 23 empresas y 20 personas acusadas de “fabricar y suministrar equipos y componentes para la industria de defensa y los organismos de seguridad rusos”.

Según comunicó la Presidencia, entre las sancionadas figuran la armamentística Kidma Tech —dedicada a la fabricación y reparación de misiles— y la planta Morozoc, que produce explosivos y combustible para proyectiles, incluidas cargas para motores de misiles balísticos Iskander-M. También fueron incluidas las empresas Spetselektronkomplekt, especializada en producción de misiles; Aurum, que suministra sistemas de guerra electrónica y drones a las fuerzas de ocupación rusas; así como otras tecnológicas rusas.

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos incorporó a varias personas y entidades militares rusas a su régimen de sanciones por violar la ley destinada a evitar la proliferación de armas de destrucción en Irán, Siria y Corea del Norte, conocida como INKSNA. En la denominada “lista negra” de Washington figuran cinco ciudadanos rusos y entidades de las Fuerzas Terrestres de Rusia, así como agencias dependientes del Ministerio de Defensa, entre ellas la Dirección Principal de Misiles y Artillería.

También fueron sancionadas las empresas rusas Gedion Alpha Company e International Invest Company, acusadas de facilitar la transferencia de equipos, tecnología, suministros y componentes de armamento sensible a los países señalados por la ley.

Estas sanciones, alcanzan además a entidades y personas de China, Irán, Malasia, Siria, Corea del Norte y Taiwán. La ley INKSNA no solo contempla a los países señalados, sino también a terceros que transfieran o comercien con ellos bienes, servicios o tecnología sujetos a acuerdos multilaterales sobre no proliferación de armas.

Por su parte, Putin introdujo modificaciones en el acuerdo de cooperación técnico-militar con Bielorrusia firmado en 2009, con el objetivo de adaptarlo a la alianza estratégica consolidada entre ambos países desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. El documento, publicado por el portal de información legal ruso, busca simplificar el procedimiento conjunto para el suministro de armamento.

El Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar informó recientemente a la Duma que la cooperación se ha acelerado tanto en contenido como en volumen, lo que motivó la actualización del acuerdo. Las enmiendas aprobadas por Putin reducirán los plazos de entrega de componentes, piezas de repuesto y armamento de nueva generación.

En mayo pasado, Rusia y Bielorrusia realizaron sus primeras maniobras nucleares conjuntas con armamento táctico-estratégico en territorio bielorruso, que limita con miembros de la OTAN como Polonia, Letonia y Lituania. El jefe de Estado ruso autorizó el despliegue en el país vecino de armamento nuclear táctico y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik como medida de disuasión ante la amenaza que representa la Alianza Atlántica.

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, a quien el mandatario ucraniano Zelensky acusa de complicidad en la operación militar rusa, negó que Minsk tenga intención de entrar en guerra con Ucrania.

En el plano de las conversaciones para un acuerdo que ponga fin a la invasión, el Ministerio de Exteriores de Rusia instó a los socios de Ucrania a adoptar una postura “madura” para facilitar negociaciones que permitan detener la guerra que ya lleva más de cuatro años. Según la Cancillería rusa, la campaña militar “continuará” si Moscú no percibe voluntad para garantizar que Kiev cumpla los compromisos acordados con sus aliados occidentales, en referencia a propuestas de Estados Unidos durante la cumbre de agosto de 2025 en Alaska.

“Siempre estamos dispuestos a negociar, estamos abiertos a una solución negociada, y lo hemos demostrado en más de una ocasión: la otra parte, la ucraniana, se ha retirado de las negociaciones; se ha retirado de ellas y luego se ha autoexcluido, comportándose, por decirlo suavemente, de forma incoherente”, declaró el viceministro de Exteriores, Mijail Galuzin, a la agencia rusa TASS.

(Con información de Europa Press y EFE)

El reclamo de los familiares de peruanos enviados a Rusia bajo presuntos engaños se hizo sentir en Lima, con más fuerza esta semana. Un numeroso grupo se congregó frente a la Embajada de Rusia, en San Isidro.

La manifestación, motivada por la ausencia de información oficial, busca respuestas sobre el paradero de más de 400 compatriotas que partieron en busca de oportunidades laborales y terminaron involucrados en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Los allegados señalan que la mayoría de los afectados fue captada con falsas promesas y que hoy no saben nada sobre su situación.

“No tenemos información de mi familiar hace más de tres meses. No sé si está vivo o muerto. Ellos se fueron por un sueño, por una mejora económica, que en el Perú no existe. Los llevaron con engaños. Les dijeron que van a ir a resguardo, no sabían ni tocar un arma. Los mandaron como parte de primera línea como carne de cañón”, dijo una de las asistentes a la protesta.

La falta de información oficial alimenta rumores sobre posibles fallecimientos o internamientos en hospitales rusos, según expuso Norma, vocera del grupo de familiares, durante la protesta.

“Mi hijo figura como desaparecido y existen decenas de casos similares. Nos han dicho que al menos 150 peruanos habrían fallecido, pero no hay confirmación oficial de la Cancillería”.

Los manifestantes también exigieron que las autoridades peruanas aceleren las investigaciones sobre las redes que habrían captado a los ciudadanos con ofertas laborales falsas.

“Esos estafadores están engañando, aprovechándose del dolor ajeno, prometiendo por la falta de oportunidades aquí”, agregó Norma. La situación, según explican, se agrava por la falta de comunicación directa con los afectados y la escasa colaboración internacional.

Testimonios directos y llamados a la Cancillería

En medio de la protesta, se vivió un momento de fuerte impacto cuando José, uno de los peruanos reclutados, realizó una videollamada desde un hospital cercano a Moscú.

Desde la cama, explicó: “No me han operado, tengo esquirlas el corazón, en la arteria pulmonar, en la cabeza”. José narró que resultó herido tras la explosión de un misil y que otro compatriota latinoamericano perdió una pierna en el mismo ataque.

Carolina Fernández, hermana de José, precisó que él viajó tras aceptar un contrato para realizar labores de limpieza y apoyo como paramédico.

“Le dijeron que tiene que sobrevivir con eso y será enviado nuevamente a primera línea este 15 de agosto”, contó. Carolina señaló que su hermano decidió hacer pública su situación para advertir a otros peruanos sobre los riesgos del reclutamiento bajo engaños.

Los familiares denuncian que la Cancillería no ha brindado información certera ni acompañamiento suficiente. “Algunos llevan más de 4 meses acá buscando respuestas. Tenemos versiones contradictorias de Cancillería Muchos han recibido información de que se encuentran en servicio. Por medio de otras personas que se encuentran allá, nos dicen que están fallecidos o que están en hospitales. Necesitamos algo oficial”, expresó otra de las asistentes.

Asimismo, le expusieron la problemática a la presidenta Keiko Fujimori, solicitando apoyo para acelerar los trámites y obtener respuestas oficiales.

El grupo sostiene que la incertidumbre ha generado un profundo desgaste emocional y social, mientras los días transcurren sin noticias y los rumores aumentan la preocupación.

Denuncias y acciones legales en curso

En abril, los familiares presentaron denuncias ante la Fiscalía por presunta trata de personas vinculada al reclutamiento de peruanos para el conflicto. Sin embargo, afirman que quienes habrían promovido estas ofertas fraudulentas continúan en libertad y que las investigaciones no muestran avances significativos.

La protesta estuvo marcada por testimonios de profundo dolor. Mientras madres, esposas e hijos sostenían fotografías de sus familiares desaparecidos, uno de los ciudadanos peruanos que permanece en territorio ruso logró comunicarse en vivo con la prensa peruana para relatar las condiciones que, asegura, enfrentan los extranjeros reclutados. Paralelamente, los manifestantes pidieron la intervención de la Cancillería, de la presidenta Keiko Fujimori y del nuevo canciller Carlos Espá, para gestionar información oficial y la eventual repatriación de los compatriotas.

Peruano atrapado en Rusia asegura que fue obligado a firmar documentos y enviado al frente de guerra

Uno de los momentos más impactantes de la jornada ocurrió durante una videollamada realizada con un ciudadano peruano identificado como José, quien afirmó encontrarse actualmente en Rusia tras haber viajado convencido de que desempeñaría labores de limpieza.

Según relató, la oferta laboral nunca se cumplió. Explicó que, apenas llegó al país, fue obligado a firmar un contrato redactado completamente en ruso, sin posibilidad de traducir su contenido ni comprender las condiciones que estaba aceptando.

Además, sostuvo que también le hicieron firmar un poder notarial y que posteriormente fue trasladado a un campamento militar, donde —según su versión— los reclutas extranjeros eran presionados para aceptar su incorporación a las fuerzas rusas.

José afirmó que quienes se negaban a firmar eran amenazados con ser enviados a campamentos disciplinarios o directamente al frente de combate. También indicó que observó la muerte de varios compatriotas durante las operaciones militares y describió escenas de extrema violencia.

El ciudadano peruano relató que resultó gravemente herido durante un ataque y permaneció varios días sin recibir atención médica adecuada. Señaló que actualmente se encuentra en un centro de recuperación, aunque aseguró que ya le informaron que volvería a ser enviado al combate.

Durante la entrevista también indicó que intentó solicitar ayuda a la Embajada del Perú en Rusia, pero aseguró que la única alternativa que le plantearon fue intentar abandonar el lugar por sus propios medios, algo que considera imposible debido a la vigilancia militar existente.

Las declaraciones coinciden con otras denuncias conocidas en los últimos meses sobre ciudadanos extranjeros que habrían sido captados mediante promesas de empleo civil para luego terminar firmando contratos militares en idioma ruso.

Una investigación publicada semanas atrás por CNN reveló testimonios de familias peruanas cuyos parientes viajaron creyendo que trabajarían como cocineros, guardias de seguridad o personal de apoyo, pero posteriormente aparecieron en zonas cercanas al frente de guerra. El reportaje también recogió casos de contratos firmados sin traducción y denuncias sobre presuntas redes de reclutamiento que ofrecían elevados salarios para captar trabajadores latinoamericanos.

Familiares denuncian meses sin información y piden intervención urgente de la Cancillería

Mientras se desarrollaba la comunicación con José, decenas de familiares permanecían frente a la sede diplomática rusa sosteniendo fotografías y documentos relacionados con sus seres queridos.

Una de las hijas presentes contó que la última comunicación con su padre ocurrió el 2 de abril. Explicó que él había viajado convencido de que desempeñaría funciones como cuidador, luego de haber trabajado durante años como albañil y pintor en Perú.

Desde entonces, aseguró que no ha recibido ningún mensaje ni información oficial sobre su estado.

Otros familiares indicaron que varios compatriotas partieron buscando una oportunidad económica debido a la falta de empleo en el país y denunciaron que fueron convencidos mediante falsas promesas de trabajo.

Durante la manifestación también señalaron que desconocen si sus parientes permanecen con vida, se encuentran hospitalizados o fallecieron durante los enfrentamientos.

Los manifestantes afirmaron que existen aproximadamente 459 peruanos sobre los cuales continúan solicitando información y sostuvieron que recibieron versiones sobre una posible lista de fallecidos, aunque aseguran que dicha documentación no les ha sido entregada oficialmente.

Además, denunciaron que desde hace varios meses vienen solicitando respuestas sin obtener información concreta sobre el estado de sus familiares.

Según indicaron, las respuestas recibidas hasta ahora por parte de las autoridades han sido limitadas y no permiten confirmar la ubicación o condición de los ciudadanos peruanos que permanecen en territorio ruso.

Las familias solicitaron la intervención directa de la Cancillería peruana, argumentando que se requieren gestiones diplomáticas para conocer el paradero de los compatriotas y facilitar su retorno cuando sea posible.

El caso también es materia de investigación en Perú. De acuerdo con información difundida previamente, la Fiscalía investiga denuncias relacionadas con presuntas ofertas laborales falsas que habrían servido para captar ciudadanos y trasladarlos a Rusia, donde posteriormente terminaron participando en el conflicto armado. Las pesquisas buscan determinar si los hechos podrían configurar un caso de trata de personas con fines de explotación en un conflicto bélico.

El herido, identificado por las autoridades como Yurii, de 52 años, sobrevivió al ataque, aunque sufrió un cuadro de shock y heridas de metralla en ambas piernas y en la espalda. Desde una cama del hospital donde permanece internado, relató el momento del ataque en una entrevista difundida por Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar regional de Kherson, a través de Telegram.

Yurii explicó que acababa de instalar su puesto y comenzaba a descargar la mercancía junto a su esposa cuando escuchó un zumbido que no pudo identificar de inmediato. “Venía de algún lugar detrás del mercado, de esos arbustos de allí, y volaba muy bajo”, relató. Describió el terreno abierto de la zona como una trampa sin escapatoria: “Es una estepa abierta. No hay adónde ir. Da pánico, por supuesto. De verdad, da pánico”.

El ataque se inscribe en una campaña de drones rusos contra la población civil de Kherson que organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos documentan desde mediados de 2024. Human Rights Watch, tras entrevistar a 59 personas y analizar decenas de videos de ataques individuales publicados en canales de Telegram vinculados al Ejército ruso, concluyó que las fuerzas rusas atacan deliberadamente a civiles que caminan, circulan en bicicleta o conducen por la ciudad. Solo entre mayo y diciembre de 2024, los ataques con drones dejaron al menos 30 civiles muertos y 483 heridos en la región, según la organización.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, dependiente de Naciones Unidas, fue más allá en un informe publicado en mayo de este año: concluyó que los ataques con drones contra civiles en la provincia de Khersona, ejecutados de forma sistemática desde julio de 2024 a lo largo de más de 100 kilómetros de la ribera del río Dniéper, constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato. El organismo determinó que los ataques siguen un patrón regular que evidencia planificación, dirección y organización por parte de las autoridades militares y civiles rusas, sin que existan indicios de que estas hayan intentado detenerlos.

Los datos recopilados durante 2025 confirman la intensidad de la ofensiva. Según el proyecto de monitoreo de fuentes abiertas Tochnyi, citado por medios ucranianos, los ataques con drones dejaron 3.152 víctimas civiles en la región de Kherson a lo largo del año, incluidas 332 muertes, además de 384 heridos adicionales entre socorristas, muchos de ellos víctimas de los llamados “ataques de doble impacto”, en los que un segundo dron golpea a quienes acuden a asistir a las víctimas del primero.

Reuters verificó la ubicación del ataque a Yurii mediante el análisis de edificios, el trazado de las calles y la vegetación visibles en el video, que coinciden con imágenes satelitales y de archivo de la zona. La agencia no pudo confirmar la fecha exacta de forma independiente, aunque tanto la policía ucraniana como el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, sitúan el episodio el martes. El Ministerio de Defensa ruso no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

El presidente Volodímir Zelensky calificó lo ocurrido como un nuevo episodio de lo que describió como el “safari” de drones rusos contra la población de Kherson, en un mensaje publicado en la red social X. “Rusia se ha vuelto loca”, escribió, antes de reclamar mayor presión internacional sobre Moscú y garantías de seguridad reforzadas para Ucrania. “Debemos actuar y defender la vida de tal manera que obliguemos a Rusia a plantearse seriamente la paz, en lugar de ampliar el alcance de sus drones”, añadió.

Sybiha, por su parte, calificó el episodio como un “bárbaro crimen de guerra” que exige condena internacional y rendición de cuentas, aunque advirtió que la mayoría de los casos similares nunca trascienden. “Miles de crímenes similares nunca llegan a ser conocidos por la opinión pública”, escribió en Telegram.

Japón está aumentando su capacidad de defensa con drones e inteligencia artificial (IA), sacando lecciones de las guerras de Ucrania y Oriente Medio, y reforzando su capacidad de producción militar ante una región cada vez más hostil, según el nuevo Libro Blanco de Defensa aprobado este martes.

“Como parte del fortalecimiento de sus capacidades de defensa no tripulada, Japón adquirirá un gran número de vehículos no tripulados aéreos, de superficie y submarinos" en el presente año fiscal, afirma el Ministerio de Defensa japonés en el documento.

El texto, de más de 600 páginas, incluye por primera vez un capítulo sobre "nuevas formas de combate" en relación con los drones y la inteligencia artificial, donde menciona su uso destructivo en la invasión rusa de Ucrania. En él, Defensa subraya que los equipos y tácticas se actualizan en “ciclos extremadamente cortos“.

Asimismo, Tokio señala que los ámbitos tecnológicos se han convertido en facilitadores de nuevas formas de guerra y las tecnologías avanzadas que los sustentan, como la IA, son campos que avanzan con rapidez, lo que supone una "amenaza cada vez más grave" en la guerra de la información, con el uso de vídeos e imágenes falsas.

El informe anual publicado por el Ministerio de Defensa japonés señala que la producción de equipos militares en el propio archipiélago es una parte “prácticamente integral de la propia capacidad de defensa”, y defiende que aprovechar las tecnologías locales es "un elemento clave" para la seguridad del archipiélago.

China, Corea del Norte y Rusia

El Libro Blanco alerta de que es "imperativo" que el fortalecimiento de la capacidad de defensa del archipiélago se lleve a cabo “con un sentido de urgencia y crisis mayor que nunca”.

Las actividades militares de China se intensificaron durante el periodo analizado, que comprende desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, y cita operaciones de portaaviones en el Pacífico, aproximaciones de cazas chinos a aeronaves japonesas y un incidente de bloqueo de radar.

Para las autoridades japonesas, las actividades militares de Beijing son "motivo de grave preocupación" y representan “un desafío estratégico sin precedentes y el mayor al que Japón debe responder con todo su poderío, en cooperación y colaboración con aliados".

En cuanto a Corea del Norte, el informe describe al país como una "amenaza inminente" para la seguridad del archipiélago, debido a los avances en tecnología de misiles, la ampliación de capacidades navales y no tripuladas, y una mayor cooperación militar con Rusia.

También indica que las actividades militares rusas en la región, sumadas a su asociación estratégica con China, plantean una "seria preocupación en materia de seguridad" para el archipiélago. En este sentido, el documento menciona la construcción en curso de instalaciones para sus tropas en la región, despliegue de equipamiento y la realización de maniobras a gran escala.

Reforma de su política de Defensa

Poco después de la llegada al poder el pasado octubre de la primera ministra, Sanae Takaichi, Japón comenzó a debatir una revisión de los tres documentos clave de su estrategia de seguridad nacional, con un posible giro en materia de armas nucleares en el punto de mira.

El Ministerio de Defensa afirma en el texto aprobado hoy que los desafíos a la seguridad han cambiado desde que fueron revisados por última vez en 2022, cuando el archipiélago emprendió un giro sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial al contemplar su mayor rearme desde entonces, y destaca las deliberaciones internas en marcha para volver a reformarlos este mismo año.

(Con información de EFE)

El general Oleg Makarevich secaba las gotas de transpiración que recorrían la despoblada superficie de su cabeza mientras sostenía su smartphone. Observaba con detenimiento su aplicación favorita: FlightRadar24. Esa app de posicionamiento y rastreo de vuelos le mostraba la posición de cazas y helicópteros norteamericanos. O eso creía. En eso descansaba él y hacía descansar al resto de la cúpula chavista a la que tanto él como el Kremlin prometieron proteger.

Makarevich -quien llegó a Venezuela luego de su pobre performance en Ucrania en noviembre de 2023- seguía órdenes de sus superiores. Debía convencer a los venezolanos que tenía las herramientas necesarias para garantizar su seguridad ante amenazas externas. Sería el guardián del régimen que por entonces comandaba Nicolás Maduro.

En sus horas más dramáticas -entre noviembre y diciembre de 2025-, el general ruso le subrayó al dictador latinoamericano y las autoridades militares venezolanas y cubanas que tenía todo bajo control. Le había informado -a él y a su esposa, Cilia Flores- que contaba con la tecnología necesaria para saber cuándo una nave de guerra de los Estados Unidos sería una amenaza. O cuándo un misil podría tener como destino Miraflores o dondequiera que se encontrara.

Durante años, Moscú se posicionó como un aliado incondicional del chavismo. Militarmente resaltó que tenían absoluto control aéreo de lo que ocurría en Venezuela. Y que cualquier plan de desembarco y ataque podría ser anticipado gracias a sus sistemas de inteligencia de señales y de escuchas.

Makarevich tenía a su cargo la Equator Task Force, una fuerza militar de alrededor de 120 miembros que tenía como función entrenar agentes del Ejército de Venezuela. Los capacitaba en tácticas de infantería, operaciones de drones, reconocimiento y comunicaciones.

Pero el día más importante para la historia chavista -el 3 de enero por la madrugada-, las fuerzas rusas miraron hacia otro lado. Algunos dicen que fue una traición planificada. Otros que simplemente nunca tuvieron las capacidades que le prometieron a Maduro en el menú de servicios. “No puedes proteger a un dictador con FlightRadar; es absurdo... e indignante”, señala una fuente militar venezolana.

Los militares venezolanos que debían velar por Maduro nunca estuvieron convencidos de la sinceridad o eficacia de Makarevich. Conocían sus pobres antecedentes en el frente ucraniano. “Es el gran responsable de la muerte de los soldados cubanos que protegían al presidente”, dice otra fuente chavista, que ya no está cerca del poder.

La presencia del general provoca reacciones no del todo agradables. El embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárov lo responsabiliza por el fracaso del operativo para impedir que Estados Unidos irrumpiera en el bunker de Maduro para llevárselo, pese a la cortina de protección que rodeaba al dictador. Nunca lo dirá en público, pero es lo que repite casi a diario cuando debe dar una explicación sobre el operativo en la capital venezolana en la cual se llevaron detenido a Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Makarevich había instalado la supuesta base de observación para evitar una incursión norteamericana en el pueblo de Manzanares, al sur de Caracas. Pero nada de ello funcionó.

La madrugada del 3 de enero de 2026 la operación militar “Resolución Absoluta” se puso en marcha sin que los supuestos radares de Rusia actuaran o supieran qué estaba pasando. La misión fue ejecutada tras meses de preparación y ejercicios, involucrando a más de 150 aeronaves.

El despliegue de las fuerzas norteamericanas comenzó con bombardeos intensos dirigidos contra Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, y una base aérea, además de ataques en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Caracas. En Fuerte Tiuna estaba Maduro. Rusia estaba tan desconcertada como las autoridades del régimen chavista. Y el general Oleg Makarevich todavía no entendía de qué se trataba todo aquello frente a sus ojos.

Desde enero, las autoridades de la dictadura cubana han estado debatiendo qué hacer con la “ayuda” que Rusia les ofrece para protegerlos. Saben que los hombres de la Equator Task Force al mando de Makarevich no sólo no protegieron a Maduro, sino que además su ineficiencia generó la muerte de 33 militares cubanos que se suponía debían proteger al dictador chavista. Pero la cúpula cubana tiene claro que los rusos nunca tuvieron un plan diseñado para proteger a Maduro, quien hoy está preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

También saben que su tiempo se acerca. Y que tarde o temprano los rusos también los abandonarán. Sólo resta saber cuándo.

X: @TotiPI

A partir de 2027, la Unión Europea prohibirá por completo la importación de gas natural licuado (GNL) ruso, un mercado del que hoy depende en gran medida: los países del bloque compraron casi toda la producción de la planta siberiana de Yamal durante el primer semestre de este año. Ante esa fecha límite, Rusia viene ampliando de forma discreta su flota de buques gaseros para sostener sus exportaciones pese a las restricciones, según reveló el diario Financial Times.

Una flota que ya suma 25 buques

Según la firma de datos marítimos Windward, citada por el diario británico, al menos ocho tanqueros de GNL usados fueron vendidos y utilizados en los últimos seis meses para transportar cargamentos rusos, lo que eleva a 25 buques el tamaño de esta flota. Incluye dos naves nuevas construidas en el astillero ruso de Zvezdá: el Alekséi Kosygin, que transporta cargamentos del sancionado proyecto Ártico LNG 2 desde diciembre, y el Konstantín Posiet, bautizado este mes.

Cuatro de los buques recientemente adquiridos por Rusia transportaron volúmenes desde terminales que manejan GNL sujeto a sanciones occidentales, de acuerdo con datos de Kpler analizados por el Financial Times. Todos navegan hoy bajo bandera rusa, rebautizados con nombres como Kosmos, Orión, Merkuri y Luch.

El mismo manual que la flota petrolera

El esquema replica el que Rusia ya utiliza con su “flota oscura” de petroleros —que supera los 1.000 barcos— para eludir las sanciones occidentales sobre el crudo.

“La flota petrolera en la sombra tuvo precedentes en Irán y Venezuela. Pero ningún otro país había alcanzado ese nivel de avance tecnológico en producción de gas para el momento en que fue sancionado”, dijo al Financial Times Irina Mirónova, investigadora sénior del New Energy Advancement Hub, quien calificó el fenómeno de “único”.

Los tanqueros de esta flota gasera pertenecen mayormente a empresas fantasma radicadas en Dubái, Hong Kong y Singapur, y navegan bajo banderas de conveniencia, recurriendo a interferencia de señales y transferencias buque a buque para disimular el origen de la carga.

Por qué construir un buque gasero es más difícil

Sin embargo, replicar el modelo petrolero con gas es considerablemente más complejo, advirtió Septimus Knox, director de la firma de inteligencia S-RM, en declaraciones al Financial Times. “La ejecución es mucho más difícil por la naturaleza del transporte de GNL. Hay menos buques y se requiere infraestructura más específica y escasa”, explicó.

Los buques gaseros cuestan unos 300 millones de dólares y necesitan sistemas de contención complejos para mantener el gas líquido a -162°C. Como las principales plantas rusas están en el Ártico, además se requieren buques de clase hielo durante gran parte del año.

China es hoy el único comprador de la producción sancionada de Ártico LNG 2: once buques, con diez años de antigüedad promedio, transportan esos volúmenes hacia terminales flotantes desde donde se transfieren a tanqueros convencionales. Todos están bajo sanciones de Estados Unidos, y la empresa privada Novatek se convirtió en propietaria o fletadora de casi todos en los últimos dos años.

Novatek domina el sector: su planta de Yamal, junto con la sancionada Ártico LNG 2, produce más del 65% del total nacional, según el organismo estadístico ruso, mientras que el proyecto Sajalín-2, de la estatal Gazprom, aporta otro 30%. Buena parte de los volúmenes no sancionados todavía viaja en buques fletados a navieras internacionales, como la griega Dynagas o la japonesa Mitsui OSK, pero la ola de restricciones obligó a Moscú a diversificar.

Un cuello de botella tecnológico

El ritmo de expansión podría chocar pronto con una barrera técnica. Navin Kumar, de la consultora Drewry, dijo al Financial Times que Rusia podría tener dificultades para seguir construyendo sus propios buques, ya que la empresa francesa GTT mantiene un cuasi monopolio sobre los sistemas de contención especializados y suspendió sus contratos con Rusia en 2023 por las sanciones europeas. Aun si Moscú desarrollara tecnología propia, necesitaría aprobaciones de organismos internacionales, en un proceso que Kumar calificó de “largo y complejo”. Otros cuatro buques se construyen actualmente en Zvezdá, mientras seis embarcaciones de clase hielo permanecen bloqueadas para su entrega en el astillero surcoreano Hanwha.

Esa limitación empuja a Rusia hacia el mercado de segunda mano, donde ya compite con otros actores. “Hay muchos buques antiguos saliendo al mercado, y sí creo que una parte de ellos terminará en la flota rusa”, dijo al Financial Times Carl-Antoine Saverys, director ejecutivo de la naviera gasera Exmar, que reconvierte tanqueros usados en unidades de almacenamiento flotante.

La semana pasada, la Unión Europea dispuso que la venta de tanqueros de GNL a ciudadanos rusos deberá notificarse a Bruselas, aunque —tras presión de Grecia— evitó prohibir el transporte de gas ruso en buques comunitarios hacia terceros países.

El ataque alcanzó instalaciones en varias regiones. En las cercanías de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, un drone impactó un almacén logístico el martes, de acuerdo con el gobernador regional Alexander Drozdenko a través de Telegram. En este incidente, una persona resultó herida. La localización del almacén fue verificada por Reuters comparando edificaciones, infraestructuras y disposición del terreno con imágenes de archivo y satelitales, mientras que la fecha fue confirmada por declaraciones de las autoridades locales y de la propia empresa Wildberries.

La propia Wildberries confirmó que el incendio en su centro logístico de Krasny Bor, cercano a San Petersburgo, fue provocado por el ataque del 4 de agosto; en este caso, no hubo víctimas mortales. En la región de Tver, al noroeste de Moscú, otro centro de la compañía fue dañado por drones, según el gobernador interino Vitaly Korolyov. Tampoco se reportaron heridos en ese incidente.

En la región de Moscú, donde residen aproximadamente 22 millones de personas, un ataque con drones sobre la ciudad de Chekhov incendió un almacén no identificado y causó la muerte de cinco personas, además de dejar diez heridos, detalló el gobernador Andrei Vorobyov. Estas cifras constituyen el saldo más grave de la serie de ataques coordinados durante la jornada.

Las operaciones con drones han sido una estrategia de las fuerzas ucranianas para afectar la infraestructura logística y económica de Rusia. Desde el 18 de julio, más de una docena de instalaciones de Wildberries han sido blanco de ataques, según declaró la fundadora y directora general de la empresa, Tatyana Kim, quien calificó estos hechos como “actos de terrorismo”.

Los ataques aéreos nocturnos con drones ucranianos en diversas regiones rusas, incluyendo Moscú, Tver y San Petersburgo, dejaron un saldo de cinco fallecidos y diez heridos, afectando especialmente a la empresa Wildberries, considerada un pilar de la economía de consumo rusa. Las autoridades rusas atribuyeron la autoría a Ucrania y señalaron la continuidad de este tipo de incidentes desde mediados de julio.

En la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, un civil ruso murió tras el impacto de un drone ucraniano contra el vehículo en el que viajaba, según informó el gobernador en funciones Yegor Kovalchuk. El ataque ocurrió en la localidad de Lobki, distrito Pogarski. Kovalchuk transmitió sus condolencias a la familia del fallecido y anunció que las autoridades prestarían apoyo.

Las regiones fronterizas rusas de Briansk, Kursk y Bélgorod son objeto frecuente de ataques con drones de corto alcance, artillería y misiles ucranianos, lo que ha generado numerosas bajas civiles, según las autoridades locales.

En respuesta, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ejército la creación de una franja de seguridad en las regiones ucranianas de Kharkiv y Sumy con el objetivo de proteger a la población civil rusa de estos ataques, según comunicaron fuentes oficiales.

“Solíamos fabricar diferentes tipos de objetos necesarios para nuestros soldados, pero ahora nos centramos en estas capas. Es una guerra de drones”, dijo a EFE Natalia Tjorzevska, una profesora de instituto de lengua y literatura ucraniana de 54 años que lidera el grupo de voluntarios Diyemo Vze (Actuamos ahora).

Una decena de mujeres trabajan en una pequeña habitación para atender los últimos pedidos del frente, donde los combates prosiguen sin interrupción. Algunas extienden capas de material sintético de camuflaje y material de aislamiento térmico, mientras que otras las cosen dando forma a grandes ponchos espaciosos, con largas mangas, capucha y una lámina transparente al nivel del rostro.

Ocultarse de los drones

Su objetivo es impedir que escape la mayor parte del calor que emite el cuerpo humano para que los drones enemigos equipados con cámaras térmicas no puedan detectar fácilmente a quienes los llevan.

Las cámaras térmicas, empleadas junto con cámaras de vídeo ordinarias, permiten a los operadores de los aparatos no tripulados detectar y atacar a soldados que a menudo se ven obligados a caminar kilómetros, durante horas o incluso días, para alcanzar posiciones sin ser detectados.

“No pueden ir conduciendo para llegar a las posiciones que están en el mismo borde de la línea de contacto porque cualquier vehículo es destruido. Tienen que ir caminando. Y es ahí donde está el mayor riesgo”, explica Tjorzevska.

El peligro es mayor de noche, ya que el contraste de temperatura es más pronunciado y los soldados pueden aparecer en las pantallas como manchas rojas recortadas contra un fondo más frío.

Sin embargo, estas capas hacen que para los drones, que vuelan a altitudes de entre 50 y 100 metros, los soldados no sean más que otro arbusto o árbol, explicó Olena Rizko, otra mujer del equipo, de 53 años.

Rizko se coloca la capa, que pesa menos de un kilo, en cuestión de segundos para mostrar cómo su diseño permite a los soldados reaccionar casi instantáneamente cuando escuchan un dron. También pueden acuclillarse fácilmente para reducir aún más su visibilidad.

Esos ponchos también funcionan de día. Los voluntarios adaptan los estampados de color al terreno y a la estación, para que los efectivos puedan camuflarse y ocultarse también de las cámaras normales.

‘Feedback’ del frente

Ver a mujeres civiles ordinarias en un pequeño taller cosiendo capas de protección contra drones de tecnología punta puede parecer surrealista, admite Tjorzevska.

Algunas son fabricadas por empresas privadas, pero la producción es insuficiente y los diseños son con frecuencia inadecuados, por lo que el ejército recurre a voluntarios, que responden con más rapidez al ‘feedback’ de los soldados después del uso del material en combate real, a pesar de que, por otro lado, dependen de las campañas de micromecenazgo para financiarse.

Ninguna capa ofrece una protección total y cada diseño tiene ventajas y desventajas. Pero la creciente demanda del frente demuestra su valor, dice Tjorzevska. El pequeño equipo produce un centenar a la semana y ha hecho ya más de 2.000.

A veces se emplean para tapar a heridos que esperan a ser evacuados. Para soldados que a veces pasan meses en fortificaciones cavadas en el suelo, también ofrecen la posibilidad de salir y caminar unos pasos.

“Los drones vuelan por encima en enjambres y las posibilidades de sobrevivir son muy bajas si sales afuera sin protección. Nuestros chicos usan estas capas cuando necesitan salir, aunque sea un momento, porque no pueden estar bajo tierra todo el tiempo”, dice Tjorzevska.

Según afirma, en una misión reciente 30 soldados salieron ilesos y consiguieron evacuar a algunos de sus compañeros heridos gracias a los ponchos. Estas historias ayudan a mantener la motivación de las voluntarias, la mayoría de las cuales tienen a familiares en el ejército.

“Mi marido lleva cuatro años luchando. Están todos cansados y necesitan urgentemente equipamiento”, dijo Oleksandra Samoja, una contable de 40 años que huyó con sus dos hijos de su hogar en Zaporiyia (sur) debido a los constantes ataques rusos y que ahora viene casi cada día al taller.

“Es nuestro deber hacer todo lo que podamos para ayudarles”, agrega.

(Con información de EFE)

Videos difundidos en redes sociales, verificados por Reuters a partir de las construcciones, la línea costera y la vegetación —coincidentes con imágenes satelitales y de archivo—, muestran un dron cayendo sobre una zona concurrida de playa, seguido de una fuerte explosión. El modelo del artefacto no pudo ser verificado. La fecha de grabación fue confirmada por un comunicado del gobernador de la región de Krasnodar, que dio cuenta del ataque en el balneario.

La tragedia ocurrió en la playa de Arjipo-Ósipovka, parte del área turística de Guelendzhik, donde cientos de familias tomaban sol y se bañaban en pleno verano. Según la prensa independiente, las alarmas antiaéreas no se activaron, por lo que el ataque tomó desprevenidos a los veraneantes.

Un equipo médico especializado en catástrofes fue enviado al lugar, informaron las autoridades locales.

Especialistas de una empresa militar, el verdadero objetivo

“Lo que ocurrió hoy fue un ataque deliberado del régimen de Kiev contra la población civil, que no tiene absolutamente ninguna relación con infraestructura militar”, declaró el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev, en Telegram.

El Ministerio de Salud ruso informó que 21 personas, incluidos tres niños, fueron trasladadas a hospitales y que nueve se encontraban en estado grave.

La portavoz de la cancillería rusa, Maria Zakharova, acusó a Ucrania de recurrir al “terrorismo” en declaraciones citadas por la agencia estatal TASS. “En el centro de Europa opera una banda terrorista que ha ocupado el aparato estatal de Ucrania. Los patrocinadores del terrorismo son los países de la OTAN”, sostuvo.

Según algunos medios rusos, el verdadero objetivo del ataque habría sido un hotel de descanso para especialistas e ingenieros de una empresa de la industria militar rusa.

No hubo comentarios inmediatos de Ucrania. Kiev sostiene que, a diferencia de Rusia, no ataca deliberadamente a civiles en la guerra a gran escala que Moscú inició en 2022. El mes pasado, Rusia había acusado a las fuerzas de Kiev de matar a 11 personas, incluidos cuatro niños, en un ataque contra un campamento vacacional en una zona de la región ucraniana de Zaporizhzhia ocupada por Rusia.

El líder de la anexionada Crimea, Serguéi Axiónov, informó además de la muerte de otros cuatro civiles en un ataque ucraniano nocturno separado.

Zelensky: atacar la retaguardia para forzar la paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, aseguró este lunes en un encuentro con embajadores en Kiev que su objetivo es lograr que Rusia detenga los combates antes del invierno. Según medios locales, el mandatario defendió los ataques con drones contra la retaguardia rusa como una estrategia para elevar el costo de la guerra y dejar a Moscú sin alternativa frente a la paz.

Zelensky acusó además al presidente ruso, Vladimir Putin, de buscar prolongar la “operación militar especial” y de planear una segunda movilización tras las elecciones legislativas de septiembre.

Rusia, por su parte, ha atacado reiteradamente Kiev y otras ciudades ucranianas, desplazando a millones de personas y devastando amplias zonas del país. Miles de civiles murieron desde el inicio de la guerra, la mayoría ucranianos víctimas de ataques rusos. Ucrania, en tanto, intensificó en los últimos meses los ataques de largo alcance contra territorio ruso, apuntando principalmente a refinerías de petróleo y depósitos de comercio electrónico, en lo que Kiev describe como una campaña para que la población rusa sienta el costo de la guerra.

“Tengo buenas noticias: estoy vivo y libre. Lamentablemente, de momento no estoy en Rusia. Ahora necesito evaluar mi situación y decidir cómo seguir adelante. Escribiré sobre mis planes más adelante”, dijo el político, de 63 años, en su canal de Telegram.

Una de las últimas voces críticas que quedaba en el país

Nadezhdin era uno de los pocos políticos que criticaban abiertamente a Putin y la ofensiva de Moscú en Ucrania que permanecía en Rusia. Casi todos los críticos del Kremlin están presos, exiliados o muertos.

El opositor buscaba postularse a un escaño en el pueblo de Dolgoprudny, cerca de Moscú, en las estrictamente controladas elecciones legislativas de septiembre. Pero en julio las autoridades lo declararon “agente extranjero” —una designación que conlleva mayor escrutinio estatal y una fuerte connotación estigmatizante en Rusia—, lo detuvieron brevemente y lo multaron con unos 1.000 rublos (13 dólares) por exhibir "símbolos extremistas“, en una audiencia tan tensa que debieron llamar a paramédicos tras un pico en su presión arterial.

Los cargos se originaron en un video de 2023 que mostró brevemente una imagen del fallecido líder opositor Alexei Navalny, condenado por extremismo en un caso ampliamente considerado de motivación política. Nadezhdin rechazó la acusación como “absurda” y argumentó que, tras la muerte de Navalny, las autoridades debieron haberlo retirado de la lista de extremistas y terroristas.

“Silenciado” y forzado a abandonar la política

Ante la presión —que técnicamente lo habría inhabilitado como candidato—, Nadezhdin anunció que abandonaba su campaña, asegurando que había sido "silenciado" y "expulsado de la política“. El político había dicho previamente que consideraba mudarse al extranjero, pero que se le había prohibido salir de Rusia; no quedó claro por su video del lunes si esa prohibición fue levantada o si salió del país pese a ella.

El mes pasado había declarado a la agencia AFP que las autoridades lo atacaban porque estaban “nerviosas” por su popularidad.

Un veterano crítico del Kremlin

Nadezhdin, político con trayectoria desde los años noventa, trabajó como asesor de Serguéi Kiriyenko —hoy uno de los principales asesores de Putin— y luego se desempeñó como legislador y concejal municipal.

En 2024 había intentado postularse a la presidencia contra Putin, recolectando decenas de miles de firmas de apoyo, pero la Corte Suprema rusa lo excluyó de la papeleta al considerar inválidas más de 9.000 de esas firmas, cifra suficiente para descalificarlo. Putin enfrentó entonces una oposición meramente simbólica y logró un quinto mandato con facilidad.

El Kremlin busca preservar su dominio

El oficialista partido Rusia Unida busca mantener su predominio en la cámara baja del Parlamento en una contienda frente al Partido Comunista y otras fuerzas que votan en sintonía con el Kremlin en temas clave. La campaña se da en medio de señales de creciente hartazgo con la guerra en Ucrania, agravada por la escasez de combustible y las dificultades económicas, un clima que reduce aún más la tolerancia de las autoridades hacia incluso la oposición simbólica.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, las autoridades rusas intensificaron su ofensiva contra la disidencia y la libertad de expresión, con una persecución sostenida contra organizaciones de derechos humanos, medios independientes y críticos del Kremlin. Cientos de personas fueron encarceladas y miles más huyeron del país.

Un bombardeo ruso contra un almacén en el noreste de Ucrania durante el fin de semana destruyó ocho millones de libros, según informó el lunes la editorial, que calificó al hecho como un ataque contra la cultura ucraniana.

No es la primera vez que Rusia ataca un importante centro editorial, lo que ha llevado a Kiev a acusar a Moscú de tomarlos específicamente como blanco.

“Se trata de la mayor pérdida para la infraestructura editorial de Ucrania desde el inicio de la guerra a gran escala” en 2022, afirmó la editorial Ranok.

Un reportero de la AFP vio el sábado cómo los bomberos luchaban por controlar el incendio en el almacén de Járkov, horas después de que Rusia lanzara un ataque con drones y misiles.

“Más de 8 millones de libros fueron destruidos en el incendio, entre ellos libros de texto para niños”, señaló Ranok en un comunicado publicado en las redes sociales.

“El incendio sigue devorando. El enemigo está intentando destruir nuestra educación y nuestra cultura”, añadió.

El director de la editorial, Viktor Kruglov, lo calificó de “ataque contra la educación y la cultura ucranianas”.

Un bombardeo contra un almacén cercano a Kiev el mes pasado redujo a cenizas 800.000 libros, según informó la editorial, cuyo catálogo incluye obras de George Orwell y Barack Obama.

A lo largo de su invasión, Rusia ha atacado con frecuencia museos, galerías, estudios de cine, iglesias y otros lugares de importancia cultural en Ucrania.

Fuente: AFP

Wildberries, conocida como la “Amazon rusa”, ha sido blanco de una serie de ataques similares desde mediados de julio. De acuerdo con la compañía, este es el décimo octavo almacén afectado por bombardeos ucranianos en las últimas semanas. La empresa comunicó que tras el ataque, los bomberos trabajan en la zona y las operaciones logísticas fueron reorganizadas para mantener el despacho y la recepción de pedidos en otras instalaciones.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la noche las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 131 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones del país, la península de Crimea y el mar Negro. Las autoridades rusas denunciaron que los ataques buscaban afectar principalmente infraestructura civil.

Desde el 17 y 18 de julio, Ucrania ha atacado cerca de 20 instalaciones de Wildberries en diversas zonas de Rusia y Crimea. Los primeros ataques dejaron un saldo de ocho fallecidos y unos 90 heridos en las regiones de Moscú y Tambov, según fuentes locales. Los nuevos ataques alcanzaron también áreas cercanas a San Petersburgo, Simferópol (Crimea), Krasnodar y Volgogrado.

En el distrito de Guelendzhik, en la región de Krasnodar, la caída de fragmentos de drones derribados provocó la muerte de tres personas y heridas a otras trece, entre ellas menores de edad, de acuerdo con el gobernador local, Veniamin Kondrátiev. Los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar, que fue descrito como un área de infraestructura civil afectada.

El líder de la península de Crimea, Serguéi Axiónov, informó sobre la muerte de otros tres civiles y al menos dos personas heridas tras ataques en la zona. En la región fronteriza de Briansk, se reportaron ocho heridos como consecuencia de bombardeos ucranianos, afirmó el gobernador en funciones, Yegor Kovalchuk.

Las autoridades ucranianas han declarado que la campaña de bombardeos tiene como objetivo obligar al Kremlin a negociar el fin de la guerra iniciada por Rusia en febrero de 2022. Además, acusan a Wildberries de participar en la venta de equipamiento militar, lo que ha intensificado los ataques contra su infraestructura logística.

El estuco barroco del Palacio Mariinsky de Kiev es de color azul aguamarina, y las carpetas azules entregadas a Volodimir Zelensky y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, eran solo unos tonos más oscuros. La ceremonia de firma del 15 de julio marcó el inicio de un nuevo acuerdo que proporcionará 10.000 millones de euros (11.500 millones de dólares) para la producción conjunta de drones y misiles de largo alcance. Esta financiación forma parte del préstamo de apoyo a Ucrania de la Unión Europea, por valor de 90.000 millones de euros.

Pero las sonrisas de los líderes ocultaban una realidad incómoda: aunque la máxima aspiración de Ucrania es la adhesión a la UE, está demorando las reformas necesarias. Las negociaciones sobre un conjunto inicial de “elementos fundamentales”, que incluye disposiciones sobre el estado de derecho, la democracia, la lucha contra la corrupción y la administración pública, se inauguraron formalmente en junio. Sin embargo, Ucrania debería haber comenzado a aprobar la legislación necesaria seis meses antes, según un plan de diez puntos muy publicitado, firmado en diciembre pasado por el comisario de ampliación de la UE y el ministro de Integración Europea de Ucrania. En cambio, hasta el momento el gobierno solo ha presentado cuatro proyectos de ley, y el parlamento solo ha aprobado dos. Uno de ellos, según denuncian las organizaciones de control, está plagado de lagunas legales. Un informe publicado por una coalición de ONG ucranianas califica el progreso con un 15 sobre 100.

La falta de avances en el sistema judicial es especialmente preocupante. Los escándalos son habituales. A principios de julio, un tribunal de distrito intentó prohibir la publicación de un informe de medios de comunicación anticorrupción que mencionaba al director de la Oficina Estatal de Investigación, encargada de investigar los delitos cometidos por funcionarios públicos. (Se alega que el hermano del director adquirió propiedades a precios muy inferiores a su valor de mercado; ambos niegan haber cometido irregularidad alguna).

El 9 de junio, el Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley que los reformistas consideran un retroceso, ya que facilita a los jueces ocultar sus bienes. Se han producido pocos avances en las leyes para reformar el Tribunal Supremo, cuyo expresidente fue condenado recientemente a cinco años de prisión por soborno, y la Fiscalía General, que participó el verano pasado en un intento de debilitar a los organismos anticorrupción. Las encuestas muestran que los inversores extranjeros afirman que el Estado de derecho es su mayor preocupación, incluso por encima de la defensa y la seguridad. Otra encuesta reciente reveló que tres de cada cuatro ucranianos no confían en los tribunales.

La UE está centrada en los esfuerzos de Ucrania por defenderse a sí misma y a Europa, y hace la vista gorda ante estos problemas. Se supone que la reforma judicial es una condición fundamental para la continuidad del apoyo financiero; sin embargo, el 8 de junio se desembolsó un séptimo tramo de préstamo, por valor de 2.800 millones de euros, a pesar de la falta de avances. Ucrania está aprendiendo que puede salirse con la suya, afirma Jakub Parusinski, consultor político en Kiev: «El enfoque es: ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer? ¿Qué es suficiente?».

Mykhailo Zhernakov, exjuez y director de la Fundación Dejure, uno de los grupos de expertos que elaboraron el informe sobre las reformas, afirma que, paradójicamente, las largas listas de exigencias facilitan eludir lo importante. «Se puede decir: “¡Hemos digitalizado las sentencias judiciales, bravo!”. Pero no importa que no hayamos hecho nada con respecto al Tribunal Supremo». Los argumentos para ser indulgentes con Ucrania son hábilmente utilizados por la facción que defiende el statu quo dentro del gobierno: que las reformas son inconstitucionales, violan la soberanía, son imposibles en tiempos de guerra, cuestan demasiado o son imposibles de aprobar en el parlamento. «Lo llamamos bingo de tonterías antirreformas».

Zelensky ha perdido la mayoría parlamentaria y actualmente debe negociar con los conservadores proyecto de ley tras proyecto de ley. Sin embargo, puede lograr una mayoría cuando lo desea, como lo hizo durante la remodelación ministerial del mes pasado. Gran parte de la oposición a una reforma más rápida proviene de su propio gobierno. Con la esperanza de presionar al gobierno para que actúe, un grupo de diputados reformistas ha presentado cuatro proyectos de ley de reforma. Aun así, Taras Kachka, el ministro saliente de Integración Europea, se burla diciendo que redactar un nuevo código legal no es como pedir comida a domicilio. Llama a Zhernakov “un Quijote”.

Para la UE, denunciar a Ucrania es difícil. Se está ejerciendo presión entre bastidores, según una portavoz de la Comisión. Pero esta contención diplomática podría impedir cualquier progreso real. Dentro del gobierno ucraniano, afirma un diputado, «existe la percepción de que los criterios de referencia se renegociarán y se retirarán de la agenda». Al aceptar la ley defectuosa sobre las declaraciones patrimoniales de los jueces, la UE ha «abierto la caja de Pandora. Esto sucederá ahora con cualquier proyecto de ley delicado». El Parlamento podría pensar que puede salirse con la suya con una ley igualmente diluida sobre la reforma de la Oficina Estatal de Investigación, notoriamente politizada.

Las encuestas siguen mostrando que una gran mayoría de ucranianos desea la adhesión a la UE y que los aliados extranjeros mantengan la presión para lograr cambios. Sin embargo, no hay perspectivas de elecciones mientras la guerra continúe, por lo que la ciudadanía tiene poca influencia sobre el gobierno. Ciertamente, la destitución de Mykhailo Fedorov, un reformista popular, como ministro de Defensa por parte del Sr. Zelensky a mediados de julio provocó grandes protestas, incluyendo una marcha de miles de personas por el centro de Kiev el 31 de julio. El revuelo convenció al presidente de reemplazar a Oleksandr Syrsky, el principal rival de Fedorov, como comandante en jefe. Pero es poco probable que los detalles de los procedimientos de nombramiento judicial consigan movilizar a la gente de la misma manera.

Los ucranianos de a pie están más preocupados por el próximo ataque con misiles rusos, afirma Ihor Lachenkov, un comentarista político de 27 años cuyo canal de Telegram cuenta con más de 1,5 millones de seguidores. “Están cansados, gastan el 80% de sus ingresos en comida. No les interesa mucho cómo van las reformas”. Por eso, añade el Sr. Zhernakov, Europa debe ejercer su influencia. “La única manera de que las cosas avancen es decir ‘Esto es lo que se necesita’ y luego mantener la postura”.

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Una misión naval de la Unión Europea liderada por Italia abordó este domingo un petrolero de la llamada flota fantasma rusa frente a las costas de Sicilia, la segunda operación de este tipo en menos de dos semanas, en el marco de una ofensiva europea para reforzar el control sobre los buques que ayudan a Moscú a esquivar las sanciones petroleras.

El Ministerio de Defensa italiano informó que el buque Thaon di Revel, insignia de la operación EUNAVFOR MED Irini, interceptó al petrolero Toa Payoh en aguas internacionales al oeste de la isla de Pantelleria. El barco, sujeto a sanciones de la Unión Europea, navegaba desde el puerto beninés de Cotonú hacia Estambul cuando fue detenido.

Según una fuente familiarizada con la operación, el Toa Payoh había cambiado su registro a la bandera de Camerún apenas una semana antes del abordaje, un patrón habitual entre los buques vinculados a la flota fantasma para dificultar su identificación y sanción. Las autoridades italianas iniciaron la inspección precisamente para verificar la validez de ese registro.

El capitán del petrolero se negó en un primer momento a cooperar con los efectivos europeos, lo que obligó a un equipo militar italiano a abordar el buque desde un helicóptero desplegado desde el Thaon di Revel. La inspección, respaldada por un buque griego y un avión de patrulla marítima polaco, se prolongó unas dos horas y concluyó sin incidentes, según el ministerio.

La operación se realizó al amparo del artículo 110 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que permite a un buque de guerra verificar la nacionalidad y el pabellón de una embarcación mercante cuando existen sospechas fundadas. Irini carece, sin embargo, de potestad para incautar buques durante este tipo de inspecciones, por lo que el Toa Payoh fue liberado tras el registro. La documentación recabada durante el abordaje sigue siendo examinada y podría emplearse por las autoridades nacionales para una eventual incautación posterior.

El precedente inmediato se produjo el 20 de julio, cuando la misma unidad naval abordó el petrolero MV South Star, de pabellón turco y 39.817 toneladas de peso muerto, también sospechoso de operar bajo bandera falsa. Aquel buque había sido sancionado en 2025 bajo un nombre distinto por su papel en el transporte de crudo ruso, y tras la inspección fue autorizado a continuar su ruta hasta atracar en el puerto tunecino de Rades.

Estos dos episodios reflejan un cambio operativo decidido por Bruselas el pasado 8 de junio, cuando la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, anunció una modificación de las reglas de enfrentamiento de la misión Irini para autorizar expresamente el abordaje de buques sospechosos de pertenecer a la flota fantasma rusa. Hasta entonces, la misión se había limitado casi exclusivamente a la vigilancia del embargo de armas sobre Libia, su mandato original desde su creación en 2020.

Irini nació como una operación naval europea destinada a hacer cumplir el embargo de armas impuesto por la ONU a Libia en el contexto de la segunda guerra civil de ese país. El mandato de Naciones Unidas expiró el pasado 24 de mayo, pero la misión continúa operando bajo la autoridad de la Unión Europea, con un mandato comunitario vigente hasta marzo de 2027 y funciones ahora ampliadas a la seguridad marítima general en el Mediterráneo.

La Unión Europea ha impuesto sanciones a decenas de petroleros que, según Bruselas, integran la flota fantasma utilizada por Rusia para seguir exportando crudo pese a las restricciones vigentes desde la invasión de Ucrania en 2022. Se trata de buques de propiedad opaca, con seguros irregulares y cambios frecuentes de bandera, que permiten a Moscú sortear el límite de precio fijado por los países occidentales al petróleo ruso.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, felicitó al personal naval por el resultado de la operación y subrayó el compromiso de Roma con la seguridad del Mediterráneo. Moscú no realizó comentarios inmediatos sobre el episodio.

La estrategia europea, definida por analistas navales como de “parar y liberar”, evidencia tanto la voluntad de Bruselas de intensificar la presión sobre la red logística rusa como los límites jurídicos que aún condicionan su capacidad real de sancionarla en alta mar. La consolidación de esta política dependerá de si los Estados miembros logran dotar a Irini de mecanismos que permitan traducir las inspecciones en consecuencias efectivas para los buques implicados.

El objetivo del atentado fallido ocurrido la noche del sábado en Moscú, que de todos modos dejó al menos tres muertos y 21 heridos, era el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales rusas, Alexandr Chaiko, quien celebraba su 55° cumpleaños en uno de los restaurantes más caros de la capital, informaron este domingo canales de Telegram.

Un festejo privado, un blanco de alto perfil

Un video difundido por el portal independiente Meduza muestra el decorado del restaurante Balzi Rossi, cerrado al público esa noche por una fiesta privada. Según el canal de Telegram VChK-OGPU, al evento asistieron altos mandos del FSB, generales del Ministerio de Defensa, parlamentarios y funcionarios gubernamentales.

Chaiko, que cumplió años realmente el lunes 27 de julio, ascendió a su cargo en mayo. Al inicio de la guerra en 2022 comandaba las tropas del Distrito Militar Oriental, implicadas según Meduza en crímenes de guerra en Bucha.

La explosión y sus víctimas

El Comité Nacional Antiterrorista informó el sábado que una bomba casera, con una potencia equivalente a casi un kilogramo de TNT, fue activada a distancia cuando un guardia de seguridad revisó el paquete que portaba una mujer que se presentaba como repartidora. Entre los muertos figuran la propia mujer, el guardia y un cliente del restaurante, según el diario Kommersant.

El ataque, calificado por el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, como un “brutal acto terrorista”, obligó además a cancelar una prueba cicloturista nocturna prevista por el centro de la ciudad de 13 millones de habitantes.

Una larga lista de ataques a figuras cercanas al Kremlin

Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, los servicios de inteligencia ucranianos han sido vinculados a una serie de atentados contra militares y figuras públicas afines al Kremlin. El caso más reciente antes de este fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú por la explosión de un coche bomba.

En diciembre de 2024, una bomba adosada a un patinete eléctrico frente a un edificio de departamentos en Moscú mató al general Igor Kirillov, jefe de la división de defensa química del Ejército ruso, junto con su asistente.

En abril de 2023, el bloguero militar prokremlin Vladlen Tatarski —cuyo nombre real era Maxim Fomin— murió cuando una estatuilla que le entregaron explotó en una cafetería de San Petersburgo. Ese mismo mes, un mes antes, un mes más tarde —en mayo de 2023—, el escritor y nacionalista prokremlin Zajar Prilepin resultó gravemente herido en un atentado con coche bomba cerca de la ciudad de Nizhni Nóvgorod, en el que murió otra persona.

Rusia también responsabilizó a Ucrania por la muerte del general Yaroslav Moskalik, asesinado con un coche bomba en abril de 2025.

Y en agosto de 2022, la nacionalista Daria Duguina, hija del ideólogo ultraconservador ruso Alexandr Duguin, murió cerca de Moscú cuando explotó una bomba adosada a su automóvil; muchos creen que el verdadero blanco era su padre.

Hasta el momento, nadie se atribuyó la autoría del ataque contra Chaiko.

Las Fuerzas Armadas ucranianas reivindicaron este domingo una serie de ataques con drones contra infraestructuras clave en territorio ruso, incluyendo un aeródromo, una refinería y un depósito de combustible, con el objetivo declarado de “reducir el potencial económico-militar” de Rusia, según informó el Estado mayor del Ejército ucraniano en redes sociales.

Entre los objetivos alcanzados figura la refinería de Sarátov, una de las mayores plantas de refinado de crudo en la región del Volga, con una capacidad de procesamiento de aproximadamente siete millones de toneladas de crudo al año. El ataque, perpetrado durante la noche del sábado 1 al domingo 2 de agosto, provocó un incendio en las instalaciones, de acuerdo con la información militar ucraniana. Esta infraestructura se encuentra a unos 700 kilómetros al sureste de Moscú.

En la misma región fue impactado el aeródromo de Engels, donde, según el mismo comunicado, también se desató un incendio. Las Fuerzas Armadas ucranianas identificaron esta base como una de las principales de la aviación estratégica rusa, que alberga bombarderos Tu-95MS y Tu-160 utilizados frecuentemente para lanzar misiles contra el territorio de Ucrania.

El Estado mayor ucraniano detalló que otro ataque se dirigió contra el depósito de Liudinovsk, en la región de Kaluga, empleado para almacenar combustibles y lubricantes destinados al ejército ruso. También se reportaron impactos sobre un punto de almacenamiento y lanzamiento de drones en Navli, región de Briansk, así como sobre puntos de manejo de drones en Kursk y en zonas bajo ocupación rusa en Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia.

Las autoridades rusas confirmaron dos víctimas mortales en la región de Sarátov, donde también comunicaron daños en una vivienda privada. El gobernador de Sarátov, Román Busarguin, precisó en redes sociales: "Dos personas murieron en un ataque con dron enemigo“. Además, canales de Telegram informaron de incendios tanto en el aeródromo como en una refinería de Rosneft.

En la región vecina de Samara, un almacén de la empresa Wildberries, conocida como la Amazon rusa, fue blanco de otro ataque que provocó un incendio, aunque la compañía aseguró que "no hay víctimas" y que los bomberos se encontraban trabajando en el lugar.

El Ministerio de Defensa ruso informó que las defensas antiaéreas derribaron un total de 635 drones ucranianos durante la noche en múltiples regiones, entre ellas Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Riazán, Sarátov, Tambov, Tula, la región de Moscú, Krasnodar y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. También se interceptaron drones sobre el mar de Azov y el mar Negro.

Erik Høeg, diplomático danés de 58 años, está por cumplir un año como embajador de la Unión Europea en Argentina, adonde llegó tras haber sido embajador de Dinamarca en Colombia. En ese primer año se selló uno de los hitos que la UE esperaba desde hacía 25 años: la entrada en vigor provisional, el 1 de mayo, del acuerdo de libre comercio con el Mercosur. “No fue mérito mío —aunque me gustaría pensarlo—”, bromeó Høeg, y atribuyó el logro a “un trabajo de equipo”, con el impulso que también le dio el gobierno de Javier Milei a la ratificación.

Pero el eje de la entrevista, realizada en la sede de la Delegación de la Unión Europea en Buenos Aires, fue la guerra en Ucrania, que ya lleva más de cuatro años. Sobre el estado del conflicto no dejó lugar a dudas: “Rusia no está ganando esta guerra. Está estancada, con pérdidas cada vez mayores”. Según Høeg, Rusia pierde unas 30.000 bajas por mes, y la supervivencia media de un soldado ruso en el frente no supera la media hora.

Desde que empezó la invasión, la Unión Europea comprometió 210.000 millones de euros en ayuda a Kiev, entre asistencia militar, humanitaria y económica: “por lejos, el donante más importante”, según el embajador. Es, dice, “un conflicto existencial” para el bloque.

La conversación con Infobae abarcó también otros ejes de la agenda europea en la región: el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, el vínculo trasatlántico y la mirada del bloque sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

Ucrania: “Un conflicto existencial para nosotros”

—Cuatro años después de la invasión, con el frente estancado, ¿hay margen para un cese de hostilidades en el corto plazo?

—Eso es lo que esperamos. Apoyamos todas las iniciativas para llegar a un cese el fuego como precondición para negociar la paz, incluidas las de Estados Unidos. Es una catástrofe humanitaria que golpea a la población civil, con bombardeos rusos sobre infraestructura energética y viviendas. Nuestro apoyo sigue firme en lo político, lo humanitario, lo militar y lo económico: hace poco se aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros, 60.000 millones para la capacidad bélica ucraniana y 30.000 millones para que el Estado siga funcionando, con sus escuelas, sus pensiones, el salario de los empleados públicos. Rusia está estancada, con pérdidas cada vez mayores. Se habla de treinta mil bajas por mes, y la sobrevivencia media de un soldado ruso en el frente es de menos de treinta minutos. Es una masacre. Lo que hace Putin no es solo una invasión totalmente injustificada: también está destruyendo su propio país, una nación que ya tenía un fuerte declive demográfico.

—¿En la Unión Europea ven a Putin debilitado puertas adentro, con más represión interna? ¿Eso abre alguna posibilidad de negociar con él?

—No voy a subestimar su capacidad de represión; ya instaló un régimen totalmente autoritario —cada vez más totalitario—. Pero la crítica interna en Rusia está aumentando, aunque hasta ahora la respuesta no ha sido cambiar el rumbo de la guerra. No creemos en esferas de influencia como en el siglo XIX, ni en la reemergencia de imperios. Sería precipitado decir hoy si negociaríamos con Putin. Primero necesitaríamos un cese el fuego, y después construir las condiciones para una paz duradera. La Unión Europea lanzó además la idea de un tribunal para los crímenes cometidos en Ucrania y para las reparaciones: el país que empezó la agresión debería reparar los daños al país invadido. Costa Rica ya se sumó, y me gustaría que más países de América Latina lo hagan.

—¿Cómo evalúa el apoyo de los países latinoamericanos, incluido el de Argentina?

—Para nosotros este es un conflicto existencial. Tenemos un buen diálogo con el gobierno argentino: vemos que sigue firme en su rechazo a la invasión rusa. Me alegra estar en un país donde la posición me parece clara sobre quién es el responsable de la invasión y quién es el país agredido.

—Hay críticos que le achacan a la Unión Europea cierta pasividad frente al protagonismo de Estados Unidos en las negociaciones. ¿Debería el bloque asumir un rol más activo?

—Me parece que ya lo hemos tomado. Europa es, por lejos, el donante más importante: se han dado o comprometido 210.000 millones de euros. Se formó además la Coalición de los Voluntarios, que analiza cómo desplegar fuerzas de paz ante un eventual cese el fuego. Recibimos a millones de refugiados: hoy hay 4,3 millones de ucranianos en la Unión Europea. Si la intención de Rusia era fragmentar Europa, pasó todo lo contrario: conseguimos mantener a veintisiete países unidos, por unanimidad.

—¿Cómo impacta que Estados Unidos haya reducido este año su ayuda militar directa a Ucrania? ¿Es algo pasajero o hay un replanteo de fondo?

—La Unión Europea va a tener un papel distinto de cara al futuro. Casi todos los países de la OTAN se comprometieron a gastar el 5% de su PBI en defensa, un salto grande respecto de antes. Hay algo puntual que tiene que ver con la administración estadounidense actual, con otra visión ideológica, pero también un movimiento de más largo plazo, que ya vimos con Obama, con Estados Unidos cada vez más enfocado en Asia y el Pacífico. Ese giro estratégico ya venía desde entonces, y de cierta manera la guerra de Ucrania obligó a Estados Unidos a replantear los tiempos, pero me parece que responde a una dinámica de largo plazo. Con la administración actual seguimos con diálogo y coordinación en distintos grupos, y para nosotros sigue importando que no haya una discusión sobre Ucrania sin Ucrania: que el país agredido esté en la mesa donde se negocian los acuerdos. Notamos un cambio de tonalidad de parte de Washington, que se vio con claridad en la última cumbre de la OTAN, y eso demuestra que las posiciones europeas se escucharon, y que el diálogo, al final, es útil y eficaz.

—¿La salida de Viktor Orbán de Hungría refuerza la unidad europea y, por otro lado, no le preocupa que las próximas elecciones en Europa traigan gobiernos más afines a Rusia?

—La configuración actual es más propicia que hace un año. Siempre hay matices de algún gobierno más escéptico, pero no voy a expresar preocupación sobre una u otra elección: pienso que, al final, el principio de la unidad europea prevalece sobre las diferencias ideológicas. Lo vimos en el pasado y creo que lo vamos a ver en el futuro.

Mercosur, la economía argentina y la mirada sobre Milei

Fuera de Ucrania, Høeg también habló de cómo viene la implementación del acuerdo con el Mercosur y su mirada sobre la gestión económica de Javier Milei.

¿Cómo viene la implementación del acuerdo hasta ahora? ¿Qué obstáculos quedan y qué sectores cree que pueden beneficiarse más rápido?

—Ha ido bien, aunque siguen los temas de aproximación de normas y cuestiones sanitarias. Algunas pymes todavía quieren entender cómo exportar a la Unión Europea, y ahí estamos facilitando información junto con Cancillería. Hay un paquete de apoyo de la UE al Mercosur de 1.800 millones de euros, del cual una parte será para Argentina. El agroindustrial es el sector que puede beneficiarse más rápido, con aranceles más bajos o eliminados.

—¿Qué le diría a un empresario PYME argentino que teme la competencia de la industria europea?

—En el acuerdo se tomaron en cuenta los equilibrios de intereses, con períodos de transición largos en las industrias donde el Mercosur podía enfrentar más presión competitiva. Tampoco del lado europeo faltan sectores agrícolas preocupados por la llegada de productos del Mercosur. Cuando el acuerdo lleve uno o dos años implementado, se van a ver los beneficios para ambos lados.

—En diciembre de 2025 usted había elogiado el rumbo económico del gobierno. ¿Sigue pensando lo mismo hoy, y qué reformas o señales la UE espera todavía?

—El elogio sigue en pie. Argentina venía de momentos difíciles, con hiperinflación e incertidumbre para las inversiones europeas; ahora el riesgo país bajó y la inflación está en niveles mucho más manejables. Valoramos el acuerdo con el Mercosur, el camino hacia la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la previsibilidad que aporta el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). El 40% de las inversiones extranjeras en el país vienen de empresas europeas, y esperamos que la estabilidad perdure más allá de las próximas elecciones, con la misma idea de estabilidad macroeconómica y un marco regulatorio previsible. Muchas de nuestras empresas vienen para diez, veinte, treinta años y quieren saber que no va a cambiar el marco —la cancha de juego, por decirlo así— cada cuatro años. Eso es un factor importante.

—Algunos organismos y sectores sociales cuestionan el costo que están teniendo los recortes del ajuste. ¿Cómo lo ve la Unión Europea?

—Sin dudas hay costos sociales. Son reformas muy drásticas, y nadie ocultó que iban a tener consecuencias. Argentina venía de un momento en que se necesitaban medidas drásticas; si hay otros caminos, eso lo van a decidir los argentinos en las urnas. Estaba claro que Argentina era un paciente con enfermedades crónicas que había que atender. Habrá que ver si el medicamento está dosificado en la medida justa, y eso lo dirá el votante en 2027.

Según el organismo, una mujer intentó ingresar al local con la bomba, y un guardia de seguridad trató de impedirle el acceso durante un evento privado. La explosión ocurrió en ese momento y causó la muerte de ella, el guardia y un cliente del restaurante.

El diario local Kommersant, basándose en fuentes propias, informó que la bomba estaba destinada a causar víctimas entre las personas que se encontraban en la terraza de verano del restaurante. Además, señalaron que el explosivo tenía una potencia similar a la de un kilo de TNT y estaba preparado con balines metálicos para multiplicar el daño y provocar más víctimas.

Las autoridades no informaron la identidad de las personas fallecidas o heridas, ni señalaron a posibles responsables por el hecho. Tras el incidente, los heridos presentaron distintos niveles de gravedad, según informó la policía.

Un testigo contó al canal de Telegram ruso Baza que en el lugar se realizaba una recepción de boda con alrededor de 50 invitados y que, tras la explosión, observó cómo algunas personas salían del sitio cubiertas de sangre.

Al principio, se informó que la explosión ocurrió en la cocina, pero más tarde el restaurante aclaró en un comunicado que el interior no sufrió daños y que el incidente tuvo lugar afuera del local.

En paralelo, el Ministerio de Salud de Rusia indicó que los servicios de emergencia y agentes del Ministerio del Interior se encuentran en el lugar.

“Las víctimas de la explosión en el restaurante de Moscú están recibiendo toda la atención médica necesaria”, declaró Alexey Kuznetsov, asesor del ministro de Sanidad, a los periodistas.

Además, el sitio web del restaurante señaló que el establecimiento se encontraba cerrado el sábado debido a un evento privado.

El chef Carmine Alfieri expresó su agradecimiento por el apoyo recibido tras la explosión y aseguró que todo el personal se encuentra bien. También calificó lo sucedido como “un incidente menor”.

“Estamos todos bien, y nuestro restaurante y nuestra cocina están en perfectas condiciones; solo hubo un incidente menor en la entrada del restaurante”, mencionó Alfieri en su cuenta de Instagram.

Mientras continuaban las tareas en el área, algunos medios rusos informaron que el tráfico en la zona cercana a la plaza fue bloqueado de forma temporal y que las entradas a la estación de metro Barrikadnaya permanecen cerradas.

Además, en videos compartidos, se observó la presencia de numerosos camiones de bomberos y ambulancias.

El restaurante funciona en la planta baja de una torre emblemática de la plaza Kudrinskaya, que integra el conjunto de las “Siete Hermanas” de Moscú: rascacielos de estilo estalinista levantados en la década de 1950.

Las calles alrededor de la plaza fueron cerradas por un corto tiempo. Decenas de ciclistas, que se habían reunido en la zona para un evento nocturno organizado con antelación, suspendieron su actividad.

(Con información de AP, BBC, Reuters)

La Justicia panameña dio este sábado un nuevo paso en la investigación sobre el reclutamiento de ciudadanos para la guerra entre Rusia y Ucrania al imputar cargos por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral y ordenar la detención provisional de Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos captadores de panameños mediante falsas ofertas de trabajo.

La decisión fue adoptada por la juez de garantías Eyvis Jaén, quien además legalizó la aprehensión realizada el viernes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, así como diversas diligencias de vigilancia y seguimiento desarrolladas por la Policía Nacional y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.

La investigación sostiene que el imputado habría participado en el traslado y acompañamiento de personas que estaban próximas a viajar hacia Rusia.

Durante la audiencia, la fiscal Elizabeth Carrión explicó que la investigación ha permitido establecer que, al menos, dos ciudadanos panameños fueron contactados para incorporarse al conflicto armado.

Según el Ministerio Público, las víctimas recibían promesas de salarios mensuales de entre 3,000 y 3,500 dólares, además de un bono que oscilaría entre 20,000 y 70,000 dólares, una oferta económica que habría sido utilizada para atraer principalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad.

La Fiscalía sostiene que detrás de esas propuestas laborales se ocultaba un esquema de captación para trasladar a los reclutados hasta Rusia, desde donde posteriormente terminarían vinculados con operaciones militares relacionadas con la guerra contra Ucrania.

Las autoridades investigan el caso como un posible delito de trata de personas, al considerar que las víctimas habrían sido engañadas sobre la verdadera naturaleza del viaje.

Entre las personas identificadas por la investigación figuran un buhonero que obtenía alrededor de 10 dólares diarios y un hombre casado con una bebé recién nacida, perfiles que, según la Fiscalía, evidencian que los presuntos reclutadores buscaban personas con necesidades económicas para convencerlas de aceptar la oferta.

Las investigaciones también revelan que el ahora imputado habría transportado a dos de las víctimas hasta una sucursal bancaria ubicada en 24 de Diciembre, donde retiraron dinero antes de dirigirse al aeropuerto.

Posteriormente, las autoridades lo sorprendieron en Tocumen cuando, presuntamente, esperaba a los viajeros y mantenía en su poder los pasaportes de ambos ciudadanos, quienes finalmente fueron rescatados antes de abandonar el país.

Durante la audiencia, Brooks rechazó las acusaciones. El imputado aseguró que únicamente prestó un servicio de transporte y afirmó que los verdaderos responsables del reclutamiento se encuentran en Rusia.

En una breve intervención también manifestó que desconoce cómo funcionaba el proceso para captar personas y negó haber participado en la organización de esos viajes.

Pese a esos argumentos, la juez concluyó que existían elementos suficientes para ordenar la detención provisional, al considerar los riesgos procesales planteados por la Fiscalía. La defensa presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar, por lo que un tribunal superior deberá fijar en los próximos días la fecha para revisar esa decisión.

La captura del imputado ocurrió apenas horas después de que el Gobierno de Panamá actualizara a 24 el número de ciudadanos identificados en ambos bandos de la guerra.

De acuerdo con la Cancillería, 19 panameños han sido vinculados con las Fuerzas Armadas de Rusia y cinco con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, uno de ellos murió en combate y varios permanecen desaparecidos.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, explicó recientemente que el aumento de casos se produjo después de que más familiares acudieran a las autoridades para denunciar la desaparición o pérdida de contacto con personas que viajaron al extranjero atraídas por supuestas ofertas de empleo. Esos reportes permitieron ampliar el registro oficial y reforzar las investigaciones.

Actualmente, el Ministerio Público mantiene cuatro investigaciones relacionadas con estos hechos. Dos expedientes fueron abiertos tras denuncias de familiares y otros dos surgieron a partir de informes elaborados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que desde hace meses sigue la pista de personas que presuntamente facilitan estos viajes desde Panamá.

El caso también provocó una reacción de la Embajada de Rusia en Panamá, que rechazó las versiones sobre un supuesto sistema de reclutamiento fraudulento impulsado por el Estado ruso.

La representación diplomática aseguró que los extranjeros que ingresan a las Fuerzas Armadas de ese país lo hacen mediante contratos voluntarios y afirmó que la misión diplomática no organiza campañas de reclutamiento, aunque expresó su disposición de colaborar con las investigaciones que desarrollan las autoridades panameñas.

La Justicia rusa dispuso el arresto de Ígor Mazin, director ejecutivo de una filial de la energética estatal Gazprom, bajo cargos de soborno de gran magnitud. El tribunal de Moscú ordenó la prisión preventiva del directivo, quien encabeza Gazprom Energoholding Adquisiciones, el programa de compras responsable de los activos energéticos de la mayor empresa gasífera de Rusia.

La decisión judicial incluyó también a Ígor Moisiyenko, subdirector ejecutivo del departamento de protección corporativa, quien quedó detenido en el marco del mismo expediente. Sin embargo, no trascendió la naturaleza precisa de los cargos que pesan sobre él.

La causa penal se sustentó en la sospecha de aceptación de sobornos a gran escala, según lo establecido en el apartado 6 del artículo 290 del Código Penal ruso.

Los dos ejecutivos quedaron bajo medidas preventivas privativas de libertad, en una investigación que involucra a figuras del círculo de poder ruso y que, según versiones periodísticas, los conecta con los hermanos Arkadi y Borís Rotenberg, oligarcas próximos al presidente Vladímir Putin, con quien compartieron actividades deportivas durante su juventud.

El caso de Mazin no constituyó un hecho aislado. A principios de semana, la Justicia rusa sentenció a Serguéi Borodin, empresario vinculado a la trama de corrupción que rodeó al exviceministro de Defensa Timur Ivanov. Borodin recibió una condena de ocho años de prisión en una cárcel de alta seguridad y una multa de 500 millones de rublos, además de la confiscación de cuentas bancarias y propiedades.

El expediente judicial determinó que Borodin aceptó sobornos de gran cuantía y, tras admitir su culpabilidad, colaboró con las autoridades, lo que permitió la apertura de una causa penal complementaria contra Ivanov.

La investigación sobre Borodin derivó, además, en la incautación de bienes valuados en 1.372 millones de rublos y la extensión del proceso a otros funcionarios ligados al Ministerio de Defensa. El juicio se caracterizó por un procedimiento expedito, favorecido por la cooperación del acusado, quien sostuvo una relación de amistad con Ivanov.

El arresto de Borodin en abril de 2024 marcó el inicio de una serie de acciones judiciales, que incluyeron la condena de Ivanov a 13 años de prisión por malversación de fondos públicos relacionados con la compra de transbordadores en el estrecho de Kerch y la extracción de más de 3.900 millones de rublos del banco Interkommerts.

El endurecimiento de la acción penal contra figuras del aparato estatal y del sector empresarial adquiere una dimensión inédita tras la reestructuración del Ministerio de Defensa ruso. Las investigaciones y las sentencias judiciales modificaron la composición de los altos mandos y generaron una renovación profunda en distintas áreas de la administración pública.

La ofensiva judicial abarcó también a gobernadores y jueces, en una política que busca depurar el aparato estatal en medio de la prolongada confrontación militar con Ucrania. Las conexiones entre los principales procesados y empresarios de relevancia en la órbita del Kremlin, como los hermanos Rotenberg, consolidaron la percepción de que las investigaciones alcanzan a figuras tradicionalmente cercanas al poder.

(Con información de EFE)

El comercio marítimo internacional enfrenta uno de los escenarios más complejos de los últimos años. Un informe elaborado por Matías Contardi, Guido D’Angelo, Emilce Terré y Julio Calzada, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), analiza el impacto que los conflictos geopolíticos están teniendo sobre los principales estrechos y canales del mundo, verdaderos cuellos de botella por donde circulan energía, fertilizantes, granos y mercaderías de todo tipo. Según los especialistas, las tensiones en Ormuz, Bab el-Mandeb, Suez, el Bósforo y Kerch ponen bajo presión una porción significativa del comercio marítimo global.

El trabajo recuerda que el crecimiento económico mundial ha estado estrechamente ligado a la expansión del comercio internacional. Mientras la población del planeta se duplicó en los últimos cincuenta años, la producción de bienes y servicios se multiplicó por 4,5. En 2025, el intercambio global de mercancías alcanzó los US$ 26,3 billones, un valor equivalente a 1,3 veces el Producto Bruto Interno de China. Sin embargo, los autores advierten que ese proceso hoy enfrenta crecientes amenazas derivadas de los conflictos bélicos que afectan rutas marítimas estratégicas.

El informe destaca que el Fondo Monetario Internacional monitorea en tiempo real la actividad de 2.065 puertos, 28 canales y estrechos, que concentran el 99% del comercio marítimo mundial. Entre 2023 y 2025, más de 2.000 buques diarios atravesaron esas rutas. Pero durante 2026 cuatro de los principales pasos estratégicos entraron en una situación crítica. Los especialistas estiman que los conflictos actuales comprometen el 11% del flujo marítimo global, además del 25% de la carga transportada por buques tanque, el 19% del comercio mundial de contenedores y el 7% de la carga granelera.

Uno de los casos más sensibles es el estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula cerca de una quinta parte del petróleo consumido en el mundo, el 20% del comercio global de gas natural licuado y aproximadamente un tercio del comercio marítimo de fertilizantes nitrogenados. Tras el estallido del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, el tránsito cayó de 95 a apenas 31 buques diarios en promedio durante 2026, una contracción del 68%. Aunque el alto el fuego permitió una recuperación parcial, la reanudación de los bombardeos volvió a restringir la navegación y reforzó la preocupación sobre el abastecimiento energético mundial.

Otro de los puntos críticos es el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y constituye la puerta de entrada al Canal de Suez. Desde el inicio de los ataques hutíes a fines de 2023, el flujo de buques cayó un 42%, aunque el mayor impacto se produjo sobre el transporte de contenedores: el volumen movilizado se desplomó un 92%, reduciendo su participación en el comercio mundial del 9,8% al 0,8%. En contraste, el transporte de petróleo logró sostener buena parte de su circulación y pasó a dominar el tráfico remanente por esa vía.

El Canal de Suez, que integra el mismo corredor logístico entre Asia y Europa, también acusa el impacto de la crisis. El número de buques descendió de 61 a 41 por día respecto del período previo a los ataques, mientras que el volumen de contenedores transportados cayó un 53%. Según el informe, se trata del segmento más afectado debido a que concentra mercaderías de mayor valor agregado, lo que incrementa los costos logísticos y obliga a muchas navieras a rodear el continente africano para evitar la zona de conflicto.

La seguridad alimentaria y energética global, en riesgo

En la región del Mar Negro, la atención se concentra en el Bósforo y el estrecho de Kerch. El primero, principal salida marítima para Ucrania, Rumania, Bulgaria y parte del sur de Rusia, registró una disminución del 21% en el tránsito de embarcaciones durante 2026. Kerch, en tanto, se convirtió en uno de los escenarios más sensibles de la guerra entre Rusia y Ucrania. Allí el flujo de buques cayó un 78% respecto del período previo al conflicto y, tras los ataques con drones ucranianos, Rusia suspendió la navegación civil, dejando prácticamente interrumpido el acceso a puertos cerealeros estratégicos como Rostov y Taganrog.

Para los analistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, la creciente inestabilidad sobre estas rutas marítimas excede el plano geopolítico y representa un riesgo concreto para la seguridad alimentaria y energética global. La interrupción o el encarecimiento del transporte en estos corredores impacta directamente sobre el comercio de petróleo, gas, fertilizantes y granos, elevando la incertidumbre en los mercados internacionales y condicionando la evolución de los precios de los principales commodities.

Ucrania e Irán, dos países en guerra con potencias nucleares, se acercaron peligrosamente a un conflicto entre sí en días recientes, cuando el ejército ucraniano atacó a un buque de carga comercial iraní en el mar Caspio.

El ataque mató a un marinero civil iraní. Ucrania dijo que el barco transportaba equipo militar a Rusia. Irán consideró tomar represalias, pero los diplomáticos desactivaron la crisis mediante una llamada telefónica.

Para los analistas que observan de cerca ambas guerras, era solo cuestión de tiempo antes de que la violencia entre Ucrania e Irán escalara. Las preguntas que ahora enfrentan los gobiernos de todo el mundo son si las guerras están convergiendo y cuándo podría darse el próximo detonante.

Si los conflictos se fusionan de manera más directa, el resultado podría ser cataclísmico, con múltiples países, entre ellos Estados Unidos y Rusia, involucrados en una guerra abierta que abarcaría Eurasia y el Medio Oriente.

Ambas guerras ya han atraído a una infinidad de países. Con apoyo estadounidense y europeo, Ucrania se ha estado defendiendo de una invasión a gran escala por parte de Rusia desde 2022, mientras que Irán y Corea del Norte han enviado armas e incluso tropas para ayudar al ejército del presidente Vladimir Putin.

En febrero, Irán también se vio sumido en una guerra a gran escala, cuando Estados Unidos e Israel atacaron. Según un recuento, al menos 17 países —entre ellos Arabia Saudita, Catar, Jordania, Líbano e Irak— se han visto involucrados.

“En realidad, los dos conflictos en Ucrania e Irán han estado entrelazados desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022”, dijo Alina Polyakova, presidenta del Centro de Análisis de Políticas Europeas, un grupo de investigación en Washington que aboga por un fuerte apoyo de EEUU a Ucrania.

Rusia e Irán tienen una asociación de larga data, y ambos han estado del mismo lado en conflictos recientes, incluida la guerra civil en Siria. Por lo tanto, tal vez no ha sorprendido que Irán diera ayuda armamentística a Rusia poco después de que el ejército de Putin invadió Ucrania.

Irán envió drones e instructores de drones para trabajar con el ejército ruso en Crimea, la península que Rusia arrebató a Ucrania en 2014. La simbiosis es evidente en la naturaleza circular de esa asociación: Rusia mejoró los drones iraníes, comenzó a producirlos en masa y ahora está enviando las nuevas versiones a Irán para usarlas contra Estados Unidos e Israel.

El gobierno de Estados Unidos también ha dicho que Irán proporcionó misiles balísticos a Rusia.

En la guerra en el Medio Oriente, Rusia ha brindado a Irán inteligencia recopilada por satélites sobre activos militares estadounidenses en la región. Funcionarios de Estados Unidos dicen que los recientes ataques iraníes contra las tropas y sitios militares estadounidenses han sido más precisos y mortíferos. Un ataque a finales de este mes mató a tres elementos militares estadounidenses en Jordania.

Cuando un reportero le preguntó la semana pasada si Rusia y China estaban dando información sobre objetivos a Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó responder, excepto para decir que nada de lo que China había hecho “ha cambiado de ninguna manera la trayectoria” de la guerra. No mencionó a Rusia.

William Taylor, embajador de Estados Unidos en Ucrania en los gobiernos de Bush y Obama y jefe de la embajada en Kiev durante el primer gobierno de Trump, dijo que las guerras “se superponen pero no se han fusionado”.

“Ucrania está únicamente enfocada en derrotar la invasión rusa —una amenaza existencial para la nación— por todos y cada uno de los medios posibles”, dijo. Eso incluye el uso de medios militares para detener el apoyo que otras naciones están brindando a Rusia.

“Ucrania no busca un conflicto con Irán, pero está obligada a actuar para cortar el apoyo a Rusia de donde sea que provenga”, dijo Taylor.

No estaba claro si otro ataque de este tipo podría volver a ocurrir.

La embajadora de Ucrania en Washington, Olha Stefanishyna, dijo el jueves en una sesión informativa organizada por The Christian Science Monitor que no es política de su gobierno intentar conectar las dos guerras. El reciente ataque al barco iraní, dijo, había sido “no intencional”.

La innovación en drones y antidrones ha sido central para la guerra en Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo en marzo que iba a enviar a más de 200 expertos militares a Medio Oriente para ayudar a los países de la región a defenderse de los drones iraníes.

Zelenski ha intentado argumentar que las dos guerras tienen algunos elementos comunes. El sábado pasado, dijo que Ucrania estaba dispuesta a compartir inteligencia con aliados occidentales que mostraba que Rusia estaba proporcionando a Irán información satelital sobre naciones árabes del Golfo y bases militares de Estados Unidos en la región.

Poco después de que comenzara la guerra en Ucrania, Zelenski buscó ayuda de Israel. Pero el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha mantenido una postura neutral en torno a la guerra, cuidando de no poner en peligro su relación con Putin. El año pasado, los israelíes enviaron a Ucrania un sistema de misiles de defensa antiaérea Patriot reacondicionado, pero solo después de que el gobierno de Biden consiguiera un compromiso de Israel.

Zelenski y Netanyahu se dieron la mano y hablaron el martes en el funeral del senador Lindsey Graham en Washington. Fue la primera vez que se reunieron en persona en casi tres años. Ambos fueron a la Casa Blanca para sostener conversaciones con el presidente Trump por separado.

Algunos analistas que han sido críticos de las guerras estadounidenses, incluida la que se lleva a cabo en Irán, han advertido que el gobierno de Trump debe ser cauteloso ante la forma en que tanto Zelenski como Netanyahu podrían buscar profundizar el involucramiento estadounidense en los conflictos.

“Trump debería estar en guardia cuando Zelenski y Netanyahu llegan, sombrero en mano, a Washington”, escribió esta semana Andrew Day, editor principal de The American Conservative. “Ambos van a presionar por una mayor asistencia militar de EEUU, y ambos van a presentar sus demandas como si sirvieran a los intereses estadounidenses”.

Trita Parsi, uno de los fundadores del Instituto Quincy, organización que es crítica de la política exterior estadounidense que depende de la agresión militar, escribió que Zelenski podría lograr un “avance estratégico” con la “peligrosa maniobra” de intentar persuadir a Washington de que las dos guerras están entrelazadas.

Sin embargo, otros analistas dicen que Estados Unidos debería fortalecer sus compromisos con Ucrania e Israel para enfrentarse con mayor firmeza a una coalición antiestadounidense poco cohesionada que, argumentan, incluye a Rusia, China, Irán y Corea del Norte.

Esa línea de pensamiento se extiende por todo el espectro político en Washington y está arraigada en la política exterior tradicional, pero ganó impulso a finales del gobierno de Biden.

La variable más poderosa en el trasfondo de los conflictos es China, el único país capaz de desafiar la supremacía global estadounidense.

Polyakova, la defensora del apoyo de Estados Unidos al ejército ucraniano, dijo que “detrás de gran parte de esto está, por supuesto, China, que ha sido el facilitador clave de la guerra de Rusia en Ucrania”. China también es el mayor comprador de petróleo iraní, y los funcionarios de Estados Unidos dicen que empresas chinas han estado planeando enviar misiles que se disparan desde el hombro conocidos como Manpads a Irán.

© The New York Times 2026.

A medida que la guerra en Ucrania se prolonga tras años de intensa destrucción, la diplomacia internacional continúa enfrentándose a un muro impenetrable. La pregunta que recorre las cancillerías de todo el mundo es tan urgente como desalentadora: ¿por qué parece imposible alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania?

El alto costo humanitario de la guerra en Ucrania

Más allá de los análisis macroeconómicos y las maniobras diplomáticas, el verdadero costo de la guerra en Ucrania reside en su impacto demográfico. Informes de inteligencia militar occidental confirmaron un hito macabro: la cifra acumulada de combatientes caídos o heridos de gravedad de ambos bandos ya superó la barrera de los dos millones de personas.

Rusia registra el mayor volumen absoluto de bajas con un aproximado de 1.400.000 efectivos. Esta cifra es el resultado directo de la estrategia militar conocida como “picadora de carne”, que emplea oleadas continuas de infantería para desgastar la línea defensiva enemiga. Por su parte, Ucrania sufre un desgaste proporcionalmente devastador: con una población tres veces menor que la de Rusia, la pérdida de entre 400.000 y 600.000 soldados desangra a su juventud y compromete gravemente el futuro generacional del país.

Para ambos gobiernos, aceptar un acuerdo de paz que implique compromisos dolorosos equivaldría a admitir ante sus ciudadanos que los cientos de miles de soldados sacrificados murieron en vano. Para Zelenski, ceder tierras significaría traicionar los esfuerzos de guerra, mientras que, para Putin, retroceder pondría en riesgo la estabilidad misma de su régimen autocrático

Dos economías sometidas a presión

El pilar económico de ambos contendientes se transformó de raíz para sostener el esfuerzo bélico.

A pesar de las sanciones internacionales, Rusia mantiene su maquinaria bélica dedicando más del 6% del PIB al gasto militar. Sin embargo, los analistas advierten que esta estrategia genera un daño irreversible. La escasez de la mano de obra por la movilización militar, la reconversión industrial para la producción de armas y la vulnerabilidad energética ponen al Kremlin al borde de la canibalización de su propia economía.

En Ucrania, la situación es de supervivencia. Con casi la mitad de su infraestructura eléctrica destruida por los bombardeos, puertos bloqueados y zonas industriales bajo ocupación, la capacidad productiva nacional está devastada. El país se sostiene mediante un respirador artificial: la ayuda financiera y militar de sus aliados en la OTAN. Esto desplaza el poder de decisión sobre la paz o la continuidad del conflicto desde Kiev hacia las capitales occidentales.

¿Las pretensiones de Putin evitan la paz?

El principal obstáculo para acallar los cañones se encuentra en la incompatibilidad matemática de los objetivos políticos. Un eventual acuerdo de paz con Putin resulta inviable en la actualidad debido a que las demandas rusas exigen, en la práctica, la capitulación política de Kiev.

Para Vladímir Putin, cualquier mesa de negociación exige aceptar las “nuevas realidades territoriales”:

1. Anexión territorial completa: Moscú exige la entrega total de las provincias de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón, incluyendo zonas que las tropas rusas ni siquiera controlan militarmente en el terreno.
2. Desmilitarización y Neutralidad: Exigencia de una renuncia constitucional de Ucrania a integrarse en la OTAN y la desmilitarización del país, lo que convertiría a Ucrania en un Estado satélite indefenso ante futuras invasiones.

En contraste, la “Fórmula de Paz” del presidente Volodímir Zelenski sostiene que una paz justa solo es viable cumpliendo el derecho internacional: retirada absoluta de las tropas rusas de cada metro cuadrado de su territorio incluyendo Crimea, reparaciones económicas y el procesamiento de crímenes de guerra.

Para Ucrania, ceder territorio solo daría tiempo a Rusia para rearmarse y lanzar un ataque aún más devastador años más tarde.

Sin paz en el horizonte, la guerra continúa

Las posibilidades de mediación también sufrieron un golpe definitivo. Portavoces del Kremlin, como Dmitri Peskov, calificaron como “imposible” negociar hoy con Ucrania, justificando esta postura en la campaña ucraniana de ataques con drones de largo alcance dentro de territorio ruso.

Paralelamente, la confrontación rebasó las trincheras tradicionales para convertirse en un conflicto global e híbrido. Mientras en el frente terrestre se combate metro a metro, Rusia despliega masivas campañas de ciberataques y desinformación en Europa Occidental.

Con Rusia y Ucrania convencidos de que el tiempo juega a su favor, la mediación intermitente de Estados Unidos y la neutralidad de China, la guerra se perpetúa en un bucle del que nadie puede salir en el corto plazo.

De acuerdo con la administración militar, el ataque provocó “un incendio en un edificio de cinco pisos en el distrito de Solomianski”. La institución castrense advirtió que “la amenaza del uso de misiles balísticos sigue siendo alta” e instó a la población a permanecer en los refugios hasta el fin de la alerta aérea.

“Explosiones en la ciudad. Kiev está siendo atacada con misiles balísticos. ¡Permanezcan en los refugios!”, escribió Klitschko vía Telegram. Periodistas en la capital reportaron haber escuchado más de 10 explosiones consecutivas, lo que activó las alarmas de vehículos en la ciudad.

El balance de los heridos también aumentó a 30 personas, después de que inicialmente se informara sobre 10 lesionados. “Durante la noche, los rusos lanzaron 35 misiles contra Ucrania, incluidos 27 misiles balísticos, así como 185 drones de ataque de varios tipos. Kiev fue el objetivo principal, pero los ataques también alcanzaron las regiones de Dnipro, Sumy, Kharkiv y Poltava. Solo se interceptó un misil balístico, simplemente porque no hay interceptores para los sistemas Patriot“, detalló en su reporte matutino el presidente Volodimir Zelensky.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, afirmó que los ataques de Rusia demuestran que Ucrania “necesita urgentemente sistemas adicionales de defensa aérea y antimisiles, así como interceptores”. “La batalla por el control del espacio aéreo definirá la trayectoria de esta guerra. Cuanto más fuerte sea el escudo aéreo sobre Ucrania, más cerca estará la paz”, afirmó.

Por su parte, las autoridades de la región rusa de Bélgorod denunciaron el viernes a última hora la muerte de un civil y que otras tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras una serie de ataques atribuidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona fronteriza.

Kiev y Moscú intensificaron en las últimas semanas sus ataques de largo alcance, tras el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos encabezados por Washington para poner fin a la invasión. El episodio ocurre después de que las Naciones Unidas confirmaran que junio fue el mes más mortífero para la población civil en Ucrania desde abril de 2022, tras el aumento de los ataques de largo alcance por parte de Moscú contra localidades de todo el país.

Este último ataque contra la capital ucraniana ocurre un día después de que el Ejército del país invadido tomó represalias contra objetivos dentro de Rusia, buscando presionar a Moscú para que acceda a negociar tras casi cuatro años y medio de conflicto. El gigante ruso del comercio electrónico Wildberries informó el viernes que su centro logístico en Volgogrado se incendió tras un bombardeo nocturno, el más reciente de una serie de incidentes contra las instalaciones de la compañía. Kiev acusó a Wildberries de almacenar piezas de drones y apoyar al Ejército ruso.

En el ámbito diplomático, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, mantuvo el viernes una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky para abordar la situación crítica de la defensa aérea de Ucrania, la urgencia de contar con misiles interceptores para los sistemas Patriot y el impacto de la guerra en los mercados internacionales.

“He recibido una buena llamada de teléfono del vicepresidente de EEUU, JD Vance. Hemos hablado de nuestra reciente reunión con el presidente Trump en Washington, que fue positiva y productiva”, expresó Zelensky en su mensaje. El jefe de Estado ucraniano insistió ante Vance en que la recepción de misiles interceptores Patriot sigue siendo “una prioridad” para su país, especialmente ante el déficit de este armamento, clave para protegerse de los ataques con misiles balísticos rusos.

Durante la última reunión en Washington, Trump habría confirmado que Ucrania recibió permiso para fabricar misiles interceptores Patriot en colaboración con la empresa estadounidense Raytheon, tal como lo había anunciado en la cumbre de la OTAN en Ankara el 8 de julio. Sin embargo, el presidente estadounidense indicó ante la prensa que aún no está claro si finalmente se permitirá a Ucrania la producción de este armamento estratégico.

“Hay que ser muy prudentes, pero también muy cuidadosos. No hemos llegado a un acuerdo al respecto. Lo estamos considerando, pero es difícil ceder ese tipo de tecnología. Y no creo que esto llegue a suceder. Hay personas a las que se les da esa tecnología y que algún día podrían volverse en tu contra”, advirtió Trump al ser consultado sobre el futuro de la cooperación militar con Kiev.

(Con información de AFP)

Un proyecto de ley de sanciones contra Rusia, impulsado por el fallecido senador Lindsey Graham, enfrenta dificultades en el Congreso, ya que demócratas y algunos republicanos expresan su preocupación por las nuevas facultades comerciales que la legislación otorgaría al presidente Donald Trump.

Muchos demócratas, algunos republicanos y grupos comerciales de la industria están descontentos con una disposición del proyecto de ley, estancado desde hace tiempo, que permitiría a Trump imponer aranceles elevados a los países que compran grandes cantidades de petróleo y gas rusos, o a aquellos que su administración considere que facilitan la evasión de sanciones.

El proyecto de ley impondría sanciones a funcionarios rusos y autorizaría aranceles del 100% a los cinco mayores importadores de petróleo crudo o gas ruso, o a los cinco principales países que ayudan a Moscú a evadir las sanciones estadounidenses y a seguir financiando su guerra contra Ucrania, que ya lleva cinco años.

Estos países no se mencionan en el proyecto de ley, pero probablemente incluirían a China, India y posiblemente a algunos países europeos y a Japón.

Graham, quien falleció repentinamente a principios de este mes, presionó por la aprobación del proyecto de ley durante más de un año, pero solo en las últimas semanas obtuvo el apoyo de Trump, a medida que el presidente republicano ganaba confianza en Ucrania y se sentía más frustrado con Moscú.

Las disposiciones arancelarias cobraron mayor importancia para la Casa Blanca después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara en febrero los aranceles “recíprocos” de Trump, que oscilaban entre el 10% y el 50%, impuestos el año pasado, lo que obligó a la administración a buscar nuevas autoridades.

El proyecto de ley de sanciones también permitiría al presidente eximir a Rusia de las sanciones por razones de seguridad nacional no especificadas, una disposición a la que se oponen los demócratas pro-Ucrania, dada la cambiante postura de Trump sobre Rusia y Ucrania.

El proyecto de ley también extendería por cinco años las sanciones contra Irán en materia de energía y armas, promulgadas por primera vez en 1996 y que vencen este año, una medida añadida como condición para el apoyo de Trump. Esta semana, Trump exigió que el proyecto de ley también incluyera aranceles a Irán, a pesar de que el comercio entre Estados Unidos e Irán es prácticamente nulo.

Dado que las encuestas indican que los demócratas podrían obtener el control de la Cámara de Representantes y posiblemente del Senado en las elecciones legislativas de noviembre, algunos legisladores afirman que preferirían esperar para aprobar las sanciones contra Rusia hasta que los demócratas tengan mayor influencia sobre lo que muchos consideran una legislación sin precedentes.

El proyecto podría aprobarse en el Senado pero fracasar en la Cámara de Representantes

La legislación avanzó con un apoyo bipartidista abrumador en las votaciones de procedimiento en el Senado de Estados Unidos el martes y el miércoles, y los legisladores la calificaron como un homenaje a Graham.

Asistentes del Congreso indicaron que bien podría aprobarse en el pleno del Senado antes de que los senadores regresen a sus distritos la próxima semana.

Sin embargo, la legislación, rebautizada en honor a Graham, enfrenta mayores desafíos en la Cámara de Representantes, que se encuentra en receso hasta el 31 de agosto.

Algunos demócratas de alto rango ya se han manifestado en contra del proyecto de ley de sanciones.

El senador Ron Wyden y el representante Richard Neal, los principales demócratas en los comités de comercio del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, criticaron duramente el proyecto de ley por otorgar a Trump nuevos poderes arancelarios que, según afirman, podrían impulsar la inflación en Estados Unidos.

“No cabe duda de que el gobierno estadounidense debe tomar medidas más enérgicas contra los compradores de energía rusa que están alimentando la guerra injustificable contra Ucrania. Pero el último borrador de la Ley de Sanciones a Rusia es una receta para el caos y aranceles más altos”, declararon en un comunicado conjunto.

La legislación también genera preocupación entre algunos republicanos.

Mayur Patel, exasesor republicano del Congreso y ahora miembro del bufete de abogados Hogan Lovells Cadwalader, expresó sus dudas sobre la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes este año, dada la próxima temporada electoral y el persistente escepticismo republicano sobre el alcance de los aranceles impuestos por Trump hasta el momento.

Patel afirmó que muchos republicanos en el Congreso seguían preocupados por los aranceles generalizados impuestos anteriormente por Trump, y algunos estaban presionando activamente para obtener exenciones específicas, como la concedida esta semana, que ofrece un alivio temporal para el fertilizante fosfatado procedente de Marruecos para evitar la escasez causada por la guerra con Irán.

El senador Rand Paul, el único republicano que votó en contra del proyecto de ley el martes, ha declarado que presentará una enmienda para limitar los aranceles que Trump podría imponer, y es posible que otros sigan su ejemplo.

La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olha Stefanishyna, declaró el jueves que Ucrania necesita medidas rápidas antes del próximo invierno.

“Ustedes saben muy bien que los aranceles son un tema partidista en este momento, así que esperamos que esto no desvíe la atención de la verdadera intención de la ley”, dijo en un evento organizado por el Christian Science Monitor.

Nuevos precedentes

Más allá de la preocupación de que el proyecto de ley pueda aumentar la inflación interna, los expertos en sanciones y aranceles afirman que otorgaría a los presidentes una nueva capacidad para imponer aranceles secundarios a países, en lugar de limitarse a sancionar a individuos y entidades que faciliten la evasión de sanciones. El proyecto de ley contempla la expiración de estas facultades en cinco años, pero los expertos señalan que los gobiernos rara vez renuncian a poderes que una vez adquiridos.

La ampliación de la capacidad arancelaria podría desestabilizar la cooperación multilateral en funcionamiento, incluida la coalición liderada por Estados Unidos, integrada por más de 40 naciones, que impuso sanciones a Rusia tras su invasión a gran escala de Ucrania, según un diplomático occidental.

Los partidarios del proyecto de ley argumentan que la cláusula de expiración limita el alcance de los aranceles lo suficiente como para afectar los ingresos energéticos rusos sin consecuencias negativas.

Jess Hoversen, ex alto funcionario del gobierno estadounidense y actual economista jefe del banco de desarrollo Column, afirmó que, de aprobarse, el proyecto de ley crearía una herramienta de gran alcance capaz de afectar relaciones económicas bilaterales completas.

“Los aranceles secundarios, tal como se conciben en este proyecto de ley, funcionarían como un instrumento mucho más contundente que podría aplicar aranceles generales a todos los productos de un país en función de su comercio de energía con Rusia o de su papel en la evasión de sanciones”, dijo Hoversen.

Reuters

Ucrania solicitó a Guatemala sumarse a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, una iniciativa destinada a coordinar acciones globales frente a la deportación de menores por parte de Rusia.

La petición fue transmitida durante una conversación entre Mariana Betsa, viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania, y Mónica Bolaños, su homóloga guatemalteca, según confirmaron las cancillerías de ambos países.

Conversaciones diplomáticas y agenda bilateral

El diálogo, realizado por vía telefónica, giró en torno a la cooperación bilateral y multilateral entre Ucrania y Guatemala.

Las partes discutieron la situación actual de la relación, las dinámicas en el seno de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el respaldo guatemalteco a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

Uno de los puntos principales del encuentro fue el análisis de las consecuencias humanitarias de la invasión rusa, con especial énfasis en la deportación forzada de niños ucranianos a territorio ruso o zonas bajo ocupación. En este contexto, Ucrania solicitó formalmente a Guatemala que evalúe su adhesión a la coalición internacional creada para facilitar el retorno de esos menores, según reveló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania en un comunicado.

¿Qué implica la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos?

La Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos representa una plataforma diplomática, legal y humanitaria cuyo objetivo es identificar, localizar, repatriar y reintegrar a los miles de menores ucranianos trasladados ilegalmente fuera del país.

Al integrarse a la coalición, un Estado adquiere el compromiso de intercambiar información, aportar recursos financieros y técnicos, y ejercer presión diplomática en foros internacionales.

Entre las obligaciones asumidas por los miembros destacan: el intercambio ético de datos sobre casos documentados, la cooperación judicial y logística, y la exigencia a la Federación Rusa de cumplir las Convenciones de Ginebra y los derechos del niño.

Actualmente, la coalición incluye a 50 miembros entre países y organizaciones internacionales, con Ucrania y Canadá como co-presidentes. Se encuentran representadas naciones de América, Europa, Asia y Oceanía, así como entidades como la Unión Europea (UE) y la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.

Respuestas y próximos pasos de Guatemala

Durante la reunión, Guatemala recibió la información sobre la iniciativa y anunció que analizará la propuesta a través de los canales diplomáticos correspondientes.

Según autoridades consultadas por Infobae, el gobierno guatemalteco no ha adelantado detalles ni ha tomado una decisión mientras esté en curso la fase de análisis.

La Cancillería guatemalteca informó que el diálogo con Ucrania continuará y que se dará seguimiento a los temas abordados en futuras rondas diplomáticas.

“Ucrania compartió información sobre la iniciativa Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos y planteó a Guatemala la posibilidad de sumarse. Al respecto, Guatemala analizará la propuesta a través de los canales diplomáticos correspondientes, por lo que, por el momento y durante la fase de análisis, no es posible adelantar la decisión ni brindar mayores detalles sobre la iniciativa", dijo la cancillería a Infobae.

En el mismo intercambio, Guatemala reiteró su adhesión a los principios de la Carta de la ONU y al Derecho Internacional para la solución pacífica de controversias. El país reafirmó su compromiso con el multilateralismo, postura que ha sostenido en distintas instancias internacionales.

Impacto y acciones de la Coalición

Las gestiones de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos incluyen cumbres de alto nivel, operaciones de repatriación, respaldo judicial y programas de rehabilitación integral. Según cifras recogidas por Reuters, más de 1.600 niños ucranianos han logrado regresar a sus familias o tutores legales gracias a estas acciones colectivas.

El proceso de retorno suele ser complejo y requiere la mediación de terceros países, así como la participación de organismos internacionales. Además, la coalición financia programas de asistencia médica, apoyo psicológico y reintegración educativa para los menores repatriados.