Era un conservador aristócrata de pura cepa, que a los 59 años había llegado a la presidencia gracias al fraude pero que se había propuesto terminarlo. Por cuestiones de salud, vivió en la Casa Rosada, donde hacía vestir a sus ordenanzas con un uniforme de los tiempos del rey Luis XIV. Rápidamente la calle apodó a este consumado gourmet y experimentado catador de vinos como Roque I. El mismo, como parte de su habitual vestimenta, usaba capa, sin importarle el qué dirán.

Roque José Antonio del Sagrado Corazón de Jesús Sáenz Peña había nacido en Buenos Aires el 19 de marzo de 1851, en el seno de una familia rosista. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se graduó en Derecho.

Era un jovencito cuando se sumó al ejército en el Regimiento 2 para defender al gobierno contra la revolución de Bartolomé Mitre de 1874. Enrolado en el Partido Autonomista, fue electo legislador y llegó a la presidencia del cuerpo a los 26 años. Pero en 1878 se alejó de la política por desavenencias dentro de la agrupación.

No tuvo mejor idea que ir a pelear como voluntario para Perú en la Guerra del Pacífico o del Guano, que libraba contra Chile. “Mi querido Tata, tranquilícese de mi separación momentánea; volveré a sus brazos más hombre aún y sin otra idea que compensarle los malos ratos que le doy y devolver a los más la tranquilidad que le quito”, le escribió a su papá, don Luis Sáenz Peña.

Tuvo su bautismo de fuego en la batalla de Dolores y fue ayudante de campo del veterano general Juan Domingo Buendía. Después se batió con arrojo en un ataque sorpresa chileno y, corridos por el ejército de ese país, se retiraron a Arica, un lugar que nunca olvidaría.

Allí, unos 1500 peruanos al mando del legendario coronel Francisco Bolognesi se enfrentaron a 5000 chilenos. Sáenz Peña, con el grado de teniente coronel, comandaba el Batallón 33. Estimado por sus soldados, prefería compartir con ellos la trinchera y sus mismas vicisitudes.

La que se libró en el morro de Arica fue una lucha desigual, donde la proporción era cuatro contra uno. El argentino fue herido en su brazo derecho, y de pronto tomó nota que su unidad había sido diezmada. Su sable estaba tan doblado que no pudo envainarlo, a su caballo lo mataron y, de pronto, se quedó solo con dos hombres más. Esperaba tranquilamente a los chilenos, que avanzaban sin hacer prisioneros.

Sin embargo, un oficial enemigo lo reconoció y ordenó mantenerlo vivo y, con otros prisioneros, fue embarcado hacia Valparaíso. Se negó a firmar un documento en el que pretendían hacerle prometer que no lucharía más contra Chile, y gracias a las gestiones de sus amigos, como Miguel Cané, lo liberaron y llegó a Buenos Aires convertido en héroe. Años después, el Perú lo nombró general honorario y, como tal, estaba habilitado para presidir las ceremonias conmemorativas de esa guerra.

En 1887 se casó con la mendocina Rosa Isidora González, siete años menor, que siendo primera dama tenía la costumbre, a contramano de la etiqueta presidencial, de viajar en tranvía como una más.

Cumplió diversas funciones como diplomático y en la Primera Conferencia Panamericana, celebrada en Washington, se le plantó al secretario de Estado James Blaine –partidario de una política global hacia América- imponiendo la consigna “Sea América para la humanidad”, enfrentándola a la Doctrina Monroe, de “América para los americanos”.

Estuvo entre los fundadores de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y también la integró, y también fue embajador argentino en España e Italia.

Integrante del Partido Modernista, alejado de los manejos del roquismo, tenía la juventud, la inteligencia y un razonamiento práctico que lo hacían encajar en una candidatura presidencial. Pero Julio A. Roca, en connivencia con Mitre, urdió la maniobra de promover a la presidencia a su padre, Luis Sáenz Peña, porque sabía que su hijo daría un paso al costado. Roque se olvidó de la política, se recluyó en Entre Ríos y regresó cuando su progenitor renunció en enero de 1895.

Un mes antes de asumir este hombre parco a la hora de hacer declaraciones, se reunió en secreto con el principal líder de la oposición, Hipólito Yrigoyen. Temía un estallido popular por la práctica indiscriminada del fraude y estaba convencido de que el radicalismo había sido sobrevalorado y que no tenía el peso que se le adjudicaba y que se le podía ganar.

Ambos líderes se vieron a comienzos de septiembre de 1910 en la casa que el diputado nacional por Tucumán, Manuel Paz, poseía en la calle Viamonte. Ahí Sáenz Peña le aseguró que su intención era de imponer una reforma electoral. Yrigoyen le propuso la intervención de las 14 provincias para neutralizar la influencia de los gobernadores, manejados por lo que él llamaba “el Régimen”, elegidos por métodos fraudulentos. Sáenz Peña se negó y le ofreció dos ministerios al radicalismo. “El Partido Radical no busca ministerios. Únicamente pide garantías para votar libremente en las urnas”. El presidente electo le dijo que se usará el padrón militar y el líder radical le aseguró que si el gobierno brindaba las garantías, concurrirían a las urnas. Yrigoyen le dijo entonces a un amigo: “En 1916 somos gobierno”.

Finalmente, el 12 de octubre de 1910 asumió la primera magistratura, y promovió una ley para hacer elecciones más transparentes. La ley del voto universal, secreto y obligatorio, su caballito de batalla, necesitaba de una mente esclarecida y sólida para defender el proyecto en el Congreso. Lo encontró en el salteño Indalecio Gómez, a quien nombró ministro del interior. Para él, el proyecto era “la revolución por los comicios”, y tuvo la tarea de defender el proyecto en el Congreso.

Sancionada el 10 de febrero de 1912, se aplicó por primera vez en marzo de ese año en las elecciones a gobernador de Santa Fe, donde resultó ganador el radical Manuel Menchaca.

Durante su gestión, en años caracterizados por un crecimiento de reclamo social, Sáenz Peña debió enfrentar la protesta de los chacareros en lo que se conoció como “El grito de Alcorta”; se desarrolló el tercer censo nacional, también se inauguró la primera línea del subterráneo, habían comenzado las obras de la estación ferroviaria de Retiro y se aprobó la apertura de Diagonal Norte.

A partir de 1913 su salud empeoró -arrastraba viejas dolencias de los tiempos en que peleó en el Perú- y cada vez eran más prolongados sus pedidos de licencia. Por eso había decidido vivir en la casa de gobierno, para evitar los viajes desde su domicilio en Santa Fe al 3200.

Finalmente debió delegar el mando en su vice, Victorino de la Plaza. Falleció el 9 de agosto de 1914 a los 63 años.

No pudo llegar a presidir los festejos del centenario de la independencia argentina, como era su deseo. Tampoco comprobar la premonición de Hipólito Yrigoyen, quien había asegurado que en 1916 el radicalismo sería gobierno. ayudó a que vinieran nuevos tiempos, pero no los pudo ver.

Roque Sáenz Peña era un conservador aristócrata de pura cepa, que a los 59 años había llegado a la presidencia gracias al fraude pero que se había propuesto terminarlo. Por cuestiones de salud, vivió en la Casa Rosada, donde hacía vestir a sus ordenanzas con un uniforme de los tiempos del rey Luis XIV. Rápidamente la calle apodó a este consumado gourmet y experimentado catador de vinos como Roque I. En 1887 se había casado con la mendocina Rosa Isidora González, siete años menor, que siendo primera dama tenía la costumbre de viajar en tranvía como una más.

Había peleado contra Bartolomé Mitre en la revolución de 1874, luchó como voluntario en la Guerra del Pacífico en el ejército peruano donde, gracias a su valerosa actuación, sería distinguido como general honorario de ese país. Como diplomático impuso el concepto de “sea América para la Humanidad”, en contraposición a la doctrina Monroe y tuvo mucho que ver con la creación de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Pudo ser presidente antes, pero una jugada de Julio A. Roca hizo que su padre lo fuera. Roque se retiró de la política y regresó cuando su progenitor renunció. Finalmente, el 12 de octubre de 1910 asumió la primera magistratura. Y promovió una ley para hacer elecciones más transparentes.

Los cambios en el sistema electoral

Algunos sostienen que el primer fraude fue en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, donde de los 400 vecinos convocados, solo pudieron votar 251. En 1821 se había establecido el sufragio universal y el voto calificado, en el que se exigía ser propietario. Votaba poquísima gente y era usual que en la campaña nadie se enterase. La Constitución sancionada en 1853 proclamó la soberanía popular y el sufragio universal para los adultos masculinos. Las parroquias eran las que determinaban las secciones electorales y poco a poco fueron apareciendo los clubes políticos.

Hasta 1863 no existía un padrón elaborado previamente, sino que antes del comienzo de la elección, se organizaba la lista de votantes. Para ello, debían acreditar domicilio en esa parroquia y estar inscripto en la Guardia Nacional. Solo votaba entre el 2 y el 3% de la lista y casi siempre todo terminaba en forma violenta, ya que cada club político armaba su fuerza de choque con peones, carreros, desocupados y estudiantes que se iniciaban en política.

En esas instancias, se repetía el siguiente diálogo: “Vengo a decirles que me llamo Gómez pero en la papeleta me pusieron Pérez; ¿Por quién va a votar usted? Por el candidato oficialista. Ah, entonces no importa”.

Las estrategias de un voto poco transparente

Se votaba en los atrios de las iglesias, en los frentes de los juzgados de paz o en dependencias municipales. En esas elecciones la constante era la unanimidad de los sufragios del partido gobernante. Se formaban grupos que votaban de parroquia en parroquia. Lo mismo se repetía en el campo. También había individuos que votaban más de una vez en el mismo lugar.

La gente que se anotaba en distintos registros y el voto de los muertos eran prácticas comunes usadas por los candidatos para imponerse. Tampoco era extraño que al final del comicio el número de votantes en una mesa superase al registro. Y si la elección venía adversa al partido de turno, de pronto aparecían con una urna nueva y la original desaparecía. Hay cientos de anécdotas, como el episodio ocurrido en la parroquia de San Bernardo. Allí, votaron 200 personas pero el recuento dio 1500 votos para el oficialismo.

Luego del recuento de votos y del número de votantes y asentar los datos en un acta, se proclamaba a viva voz el nombre del ganador. Los resultados se enviaban a la legislatura. Hubo casos que, ante una sorpresiva victoria opositora, en la misma legislatura se cambiaba el nombre del ganador por el que debía haber triunfado.

Votos comprados

Los votos se compraban. Luego de votar, el hombre recibía un vale que cambiaba por dinero en el comité. Para ello se llevaba un minucioso registro de estas personas, que eran usadas en mesas donde la elección venía reñida.

Las autoridades de mesa eran seleccionadas entre los propios vecinos. Dos eran elegidos por sorteo y otros dos nombrados por la legislatura. Recién en 1873 los partidos políticos sumaron a los fiscales y se cambió el voto oral por la boleta con los datos del sufragante y con los nombres marcados de los candidatos a votar. No se votaba por listas, sino por nombres.

La primera ley sobre el régimen electoral fue la 140, de 1857, que establecía el voto calificado. El requisito para votar era ser mayor de 21 años. No podían hacerlo ni los sordomudos ni los funcionarios eclesiásticos. La ley 207, de 1859, bajó la edad a 18 años y establecía el sistema de lista incompleta. Además, el voto no era obligatorio.

Un mes antes de asumir, Sáenz Peña se reunió en secreto con el principal líder de la oposición, Hipólito Yrigoyen. Temía un estallido popular por la práctica indiscriminada del fraude y estaba convencido de que el radicalismo había sido sobrevalorado y que no tenía el peso que se le adjudicaba y que se le podía ganar.

Ambos líderes se vieron a comienzos de septiembre de 1910 en la casa que el diputado nacional por Tucumán, Manuel Paz, poseía en la calle Viamonte. Ahí Sáenz Peña le aseguró que su intención era de imponer una reforma electoral. Yrigoyen le propuso la intervención de las 14 provincias para neutralizar la influencia de los gobernadores, manejados por lo que él llamaba “el Régimen”, elegidos por métodos fraudulentos. Sáenz Peña se negó y le ofreció dos ministerios al radicalismo. “El Partido Radical no busca ministerios. Únicamente pide garantías para votar libremente en las urnas”. El presidente electo le dijo que se usará el padrón militar y el líder radical le aseguró que si el gobierno brindaba las garantías, concurrirían a las urnas. Yrigoyen le dijo entonces a un amigo: “En 1916 somos gobierno”.

Desde Europa, el salteño Indalecio Gómez recibió un telegrama de su viejo amigo Sáenz Peña, en el que le decía que había sido electo presidente y que le ofrecía el ministerio del interior. Cuando le preguntaron por qué lo había elegido, dijo: “Nunca lo quiso a Roca”.

Gómez era un ferviente católico que fue diputado nacional y tuvo bastante que ver en la organización de la Facultad de Filosofía y Letras y del Museo Etnográfico. Fue uno de los más entusiastas defensores de la Encíclica Rerum Novarum, que apuntaba a la situación de la clase trabajadora, y fundó la Unión Católica. Allí se relacionó con José Manuel Estrada, Pedro Goyena y Emilio Lamarca.

La ley del voto universal, secreto y obligatorio, el caballito de batalla de Sáenz Peña, necesitaba de una mente esclarecida y sólida para defender el proyecto en el Congreso. Gómez era la persona indicada. Para él, el proyecto era “la revolución por los comicios”.

Las dos leyes que precedieron a la llamada Sáenz Peña son la 8129, que establecía el enrolamiento obligatorio y unificación de los registros electorales con los militares, y la 8130, que encomendaba a los jueces la formación de los padrones.

El Poder Ejecutivo envió el 11 de agosto de 1911 el proyecto de voto secreto y obligatorio, y el sistema de lista incompleta, que adjudicaba a la primera mayoría los dos tercios y a la segunda mayoría el tercio restante. Favorecía la representación proporcional a fin de darle posibilidades a las agrupaciones menores.

“Sé que estoy en lucha con la rutina y con los intereses que se defienden”, fue lo primero que expresó mirando a la oposición, en esas larguísimas sesiones en el Congreso donde defendió el proyecto de ley.

El discurso del diputado clave

Cuando le tocaba exponer, se paraba, inclinaba levemente el cuerpo hacia adelante y hablaba en voz baja. A veces era dificultoso escuchar a ese brillante orador que esgrimía sólidos argumentos. “El espíritu cívico está muerto, nuestra democracia es nula; el pueblo no vota” y remarcó el descreimiento de la gente porque sabe que sus representantes no fueron elegidos en comicios sanos, “sino por un sistema corrupto y desfigurado”. Sostuvo que tres grandes males padecían el país: “la abstención, el fraude y la venalidad”. Denunció que el pueblo no elegía sino que lo hacía una “máquina” electoral y que el mal que aquejaba al país era la abstención.

En el mismo orden dijo que no se habían formado partidos populares porque no había libertad en los comicios. La batalla que dio en ambas cámaras rindió sus frutos.

El 24 de noviembre de ese año se aprobó en general, por 49 contra 32 votos. El tratamiento en particular se prolongó hasta el 20 de diciembre. Diputados rechazó el voto obligatorio y pasó al Senado donde se insistió en la obligatoriedad y así la aprobó la cámara baja. Sancionada el 10 de febrero de 1912, fue promulgada el 13. Llevó el número 8871.

Desde su implementación en 1912 hasta las elecciones de 1928, la Unión Cívica Radical obtuvo el primer lugar.

El creador de la urna

Lo siguiente que se pensó es en la urna a usarse. El gobierno nacional llamó a un concurso, en el que se presentaron más de mil modelos. La condición para su confección era que debía ser segura, resistente y fácil de manejar. El ganador fue Tito Pedro José Bottai, quien entre 1928 y 1930 fue intendente de Esperanza, en Santa Fe.

La primera vez que se aplicó la ley fue el 31 de marzo de ese año para elegir gobernador y vice de la provincia de Santa Fe. En este estreno, resultó ganador el radical Manuel Menchaca con el 40% de los votos. La primera elección presidencial fue el domingo 2 de abril de 1916, en la que se impuso el radicalismo. Así se cumplió el vaticinio de Yrigoyen.

Sus posicionamientos políticos en la Argentina de finales del siglo XIX los ubicaron en veredas enfrentadas. Por un lado, Luis Sáenz Peña, representante del régimen político conservador consolidado a partir de 1880. Por el otro, Hipólito Yrigoyen, uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical, fuerza política cuyas banderas eran, precisamente, el cuestionamiento radical del sistema imperante.

Tuvieron, no obstante, características compartidas: ambos llegaron a la presidencia de la República ya entrados en años -sobre todo teniendo en cuenta el promedio de expectativa de vida de la época- y fueron patriotas que amaron sinceramente al país y aceptaron los desafíos que se les presentaron, y una vida de entrega por causas que entendían superiores.

Luis Sáenz Peña nació en Buenos Aires el 2 de abril de 1822 en el seno de una familia tradicional del patriciado porteño, hijo del matrimonio formado por Roque Julián y María Luisa Dávila. En 1848, en pleno gobierno de Juan Manuel de Rosas, contrajo matrimonio con Cipriana Lahitte.

Sáenz Peña obtuvo el título de abogado por la Universidad de Buenos Aires y abrazó la política militando en el Partido Autonomista Nacional (PAN), siendo diputado y senador. La crisis de 1890, incluida la revolución de julio de ese año que vio surgir a los radicales como actores políticos de consideración y la renuncia a la Presidencia de Miguel Juárez Celman, fue contemporánea al nombramiento de Luis Sáenz Peña como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hecho que podía entenderse como coronación exitosa de una carrera dedicada a la abogacía y la política.

Sin embargo, el destino le tenía preparado otro desafío. El sorpresivo surgimiento del radicalismo como opción electoral para los comicios presidenciales de 1892 forzó un entendimiento entre dos de los hombres fuertes de la política del momento: Julio Argentino Roca y Bartolomé Mitre, quienes dejando de lado sus mutuos recelos, acordaron ofrecer la candidatura presidencial por el PAN al ya anciano Luis Sáenz Peña, personalidad respetada por todos los sectores sociales.

Tras convencerlo de que era el único en condiciones de encauzar la situación (aún convulsionada por la crisis financiera y política iniciada en 1890) y apelando a su sentido del deber y patriotismo innato, lograron que don Luis dejara la comodidad de la Corte y se postulara para la presidencia, tomando posesión del mando el 12 de octubre de 1892.

Una curiosidad que habla de los códigos familiares y políticos de aquellas épocas lejanas: el que también tenía apetencias presidenciales era el hijo de don Luis, Roque Sáenz Peña. Incluso había lanzado su propia candidatura. Pero la sorpresiva aparición de la figura paterna lo obligó a declinar la suya. El tiempo le daría revancha, llegando don Roque a la primera magistratura en 1910.

Pese a su voluntad y patriotismo, Luis Sáenz Peña no pudo soportar las presiones sobre su gobierno. Por un lado, los ministerios eran manejados tanto por Roca como por Mitre, dándose situaciones -algunos ministros consultaban con ellos en vez de hacerlo con el presidente- que deterioraban la investidura propia del cargo. Por el otro, los radicales, entusiasmados con el apoyo popular a su causa, no se resignaban a ser espectadores pasivos y se levantaron en armas en 1893 poniendo en jaque al gobierno.

Cansado por estas circunstancias, Luis Sáenz Peña presentó la renuncia al cargo en 1895. Falleció en Buenos Aires en 1907, a los 85 años, edad muy avanzada para la época y fue sepultado en la bóveda familiar en el cementerio de La Recoleta.

Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen había nacido en Buenos Aires el 12 de julio de 1852 y durante su vida alternó el ejercicio de la docencia con la militancia política, fundamentalmente acompañando a su tío materno, Leando Alem en lo que comenzó como Unión Cívica para convertirse poco después en Unión Cívica Radical, partido de cuyo liderazgo se haría cargo tras el suicidio de Alem en 1896.

En su azarosa vida también destaca el haber sido propietario rural y comisario del barrio de Balvanera. Era desprendido desde el punto de vista material, donando en muchas ocasiones partes de sus ingresos para ayudar a personas necesitadas. Su vida sentimental nos da cuenta de varias relaciones amorosas pero jamás contrajo matrimonio, detalle inusual en la época. Acaso su carácter y temperamento tuviesen algo que ver con ello. Se lo apodaba cariñosamente “El Peludo” en alusión al huidizo animal de nuestras pampas. Él mismo dirá más tarde que el ser consciente del compromiso de vida que implicaba la lucha política tornaba imposible pensar en formar una familia a la cual dedicarle tiempo y responsabilidad.

Otra curiosidad de nuestra historia política: los cuestionamientos radicales sobre la corrupción inherente al sistema de votación utilizado en el país, caracterizado por el voto cantado y la ausencia de padrones oficiales, tuvieron eco en sus adversarios políticos, siendo Roque Sáenz Peña quien se comprometiera con Yrigoyen a impulsar una nueva legislación que le diera transparencia a las elecciones nacionales. Ello derivó en la aprobación de la llamada Ley Sáenz Peña de 1912 que garantizó, entre otras cosas, el sufragio universal y secreto.

El radicalismo accede por primera vez a la presidencia el 12 de octubre de 1916, con la asunción de un Yrigoyen que contaba entonces 64 años. En esa época el mandato duraba 6 años y no existía posibilidad de reelección inmediata. Por eso, terminado su primer mandato, Yrigoyen tuvo que esperar que otro radical, Marcelo Torcuato de Alvear, gobernara entre 1922 y 1928. Fue en ese último año que Yrigoyen se presentó por segunda vez triunfando en los comicios y asumiendo nuevamente la presidencia el 12 de octubre, con 76 años cumplidos. No pudo terminar su nuevo período por ser derrocado por el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930, muriendo tres años más tarde.

Es cierto que no tenía en 1928 la misma energía e ímpetu que en 1916, pero en los meses previos al golpe de estado que lo derrocó, los medios de prensa exageraban sobre su supuesta falta de aptitud física y mental para gobernar, dando por hecho que su edad avanzada conspiraba contra la celeridad y lucidez en la toma de decisiones. Pero eso es injusto porque el problema de Yrigoyen no era tanto sus 76 años sino su metodología de trabajo que siempre lo había caracterizado y que pasaba por un personalismo excesivo que le impedía delegar en otros incluso las más nimias de las decisiones gubernamentales.

Dos hombres, con sus condicionamientos y talentos, que demostraron a sus contemporáneos que para los grandes desafíos de la vida no existe, obligatoriamente, una edad de retiro o jubilación.