El Desierto de Atacama enfrenta una emergencia ambiental por la acumulación masiva de ropa usada importada, fenómeno que ha puesto en el centro del debate a la industria textil mundial, los sistemas regulatorios y la responsabilidad estatal. Un fallo judicial inédito en Chile obligó al Estado a reparar los daños ecológicos, mientras organizaciones, asociaciones comerciales y voces del sector productivo reclaman soluciones ante la expansión del problema.

La escena que se repite en el norte de Chile muestra montañas de prendas de vestir, muchas nuevas y otras de segunda mano, desechadas en pleno desierto. El puerto de Iquique se consolidó como el principal punto de ingreso de ropa usada a la región, recibiendo entre 120.000 y 180.000 toneladas cada año. Esta dinámica se vincula con la baja presión impositiva sobre este tipo de productos, lo que convierte al país en el cuarto importador mundial de indumentaria usada. El destino de gran parte de estos residuos es el propio Atacama, considerado el mayor basural textil de América Latina y uno de los símbolos más visibles del impacto global de la moda rápida.

En este contexto, organizaciones ambientalistas y entidades científicas han presentado estudios que advierten sobre los riesgos que implica la acumulación y quema de residuos textiles en el Desierto de Atacama. El empresario argentino Guillermo Whpei, a través de la Fundación para la Democracia Internacional, fue uno de los encargados de visibilizar esta situación y ahora busca que el estado chileno cumpla con el fallo que lo obliga a presentar un plan y tomar medidas para reparar el daño ambiental causado por la industria textil.

Asimismo, la Scientific Plastic Pollution Alliance of Chile (SPLACH) y colectivos como Desierto Vestido han documentado que la incineración simultánea de prendas sintéticas y plásticos genera combinaciones de compuestos químicos tóxicos, cuyas consecuencias ambientales y sanitarias resultan imprevisibles. La acumulación de estos desechos afecta la calidad del suelo y contribuye a la emisión de gases contaminantes, en un ecosistema que ya se caracteriza por su extrema fragilidad.

Además, organizaciones internacionales como Greenpeace y voces del ámbito académico han desarrollado campañas para visibilizar la problemática, subrayando la necesidad de una gestión responsable de los residuos textiles y una regulación efectiva que garantice la protección de los ecosistemas vulnerables. Informes de medios internacionales como la BBC han recogido testimonios de habitantes de las zonas afectadas, exponiendo el deterioro ambiental y social que genera la acumulación de textiles en el desierto.

El fenómeno trasciende fronteras. En el último año, la Argentina experimentó un salto sin precedentes en la importación de ropa usada, impulsada por la eliminación de las restricciones legales que rigieron durante casi tres décadas. Camiones cargados cruzan cada semana la frontera, consolidando un nuevo corredor comercial hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires. De acuerdo con datos de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria, solo en los primeros cuatro meses de 2025 ingresaron cerca de 200 camiones, con un récord mensual de 1.067 toneladas en octubre y un acumulado anual de 3.521 toneladas. El 90% de este volumen provino de Chile, replicando el patrón de circulación que termina afectando los ecosistemas más frágiles de la región.

El costo de las prendas usadas importadas, que ronda los 1,2 dólares por kilo, resulta mucho menor que el de la indumentaria nueva, cuyo valor promedio supera los 18 dólares por kilo. Comerciantes y representantes del sector textil argentino advierten que el diferencial de precios agudiza la competencia desleal y pone en riesgo empleos en la industria local, un reclamo que se repite en foros empresariales y gremiales. La liberalización del mercado, sumada a la falta de controles estrictos en fronteras y el auge del comercio informal, profundiza un circuito donde los textiles descartados pueden terminar en vertederos sin gestión ambiental adecuada.

El año pasado, la situación llegó a la justicia chilena. El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta emitió un fallo sin precedentes, reconociendo la responsabilidad del Estado por omisión, al no prevenir ni fiscalizar la disposición ilegal de residuos textiles en terrenos fiscales de Alto Hospicio. La sentencia ordenó a las autoridades la elaboración y ejecución de un plan de reparación ambiental de diez años, que incluya diagnóstico del daño, retiro y disposición segura de los residuos, restauración de suelos, recuperación del paisaje, trazabilidad de los cargamentos y la publicación de los costos reales del proceso.

El proceso judicial abrió una nueva etapa de reclamos. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló la sentencia ante la Corte Suprema, alegando vicios formales y errores de derecho en el dictamen. Mientras se resuelve el recurso, distintos actores sociales y ambientales insisten en la necesidad de avanzar con las medidas exigidas por la resolución. Desde el sector ambiental, se subraya que la acumulación de ropa usada convertida en desecho representa una amenaza para la salud pública, la biodiversidad y la calidad ambiental regional.

El impacto trasciende Chile y alcanza a los países de origen y destino de la ropa usada. En Argentina, la Cámara Industrial y asociaciones de comerciantes han manifestado preocupación por el aumento de las importaciones y la falta de un marco normativo que garantice la trazabilidad de los productos, su salubridad y su disposición final. Los gremios del sector textil advierten que la avalancha de prendas de segunda mano no solo afecta la producción nacional, sino que también podría replicar el escenario ambiental de Atacama si no se regulan los sistemas de gestión de residuos.

El debate sobre la importación y destino de la ropa usada involucra a gobiernos, empresas, organizaciones sociales, comunidades locales y referentes de la industria textil. Las demandas se centran en la implementación de políticas públicas integrales que aborden el ciclo completo de los residuos: desde la producción y el consumo hasta la disposición final y la restauración de los ambientes degradados. La resolución definitiva del caso Atacama sigue pendiente, mientras las montañas de prendas continúan creciendo y el reclamo por una solución efectiva se intensifica.

En el vertiginoso universo de la farándula, pocos nombres logran mantenerse en el centro de la escena como Wanda Nara. Ya sea por sus escándalos mediáticos con Mauro Icardi, sus proyectos laborales, su exposición familiar o sus lanzamientos comerciales, la empresaria jamás pasa inadvertida. Entre entrevistas, causas judiciales y titulares de revista, Wanda sorprendió esta semana al apostar por una movida diferente: abrir su propio guardarropa y poner a la venta en su tienda virtual dos prendas personales, seleccionadas y usadas en eventos que ya son parte de la memoria de sus seguidores.

Entre sus productos habituales en una de sus tiendas web, dos nuevos ítems destacaban porque no eran parte de la marca, sino prendas usadas por la propia Wanda, ofrecidas ahora en la web para que algún fanático pueda darles una segunda vida. La primera es una campera corta de cuero negro, con la inscripción “BAD BITCH” en brillantes tipo strass sobre la espalda. No se trata de una campera cualquiera: la conductora la lució en el show de Martín Cirio en el Movistar Arena. La descripción en el portal oficial la vende como “protagonista absoluta y declaración de actitud”, confeccionada en cuero de alta calidad y con un diseño moderno y sensual que realza la silueta. El aplique promete “un efecto glam y poderoso, ideal para looks de impacto”.

La tienda añade que es una pieza “de corte cropped y estructura firme, esta campera combina el espíritu rock con un toque luxury. Fue usada por Wanda Nara en un evento, convirtiéndose en una pieza icónica y audaz. Perfecta para llevar de noche o elevar cualquier outfit con impronta fuerte y femenina”. Como detalle no menor, el valor que le puso Nara a la campera es de $1.300.000.

La segunda prenda disponible generó aún más conversación: se trata de una polera de punto en tono blanco de Balenciaga, un lujo de la alta moda que Wanda lució en un programa de ¿Quién es la Máscara? (Telefe) durante 2022. Según la web, se trata de “una pieza icónica que fusiona minimalismo y lujo contemporáneo. Confeccionada en tejido suave y liviano, se adapta cómodamente al cuerpo, logrando un calce moderno y sofisticado”. Destacan también el cuello alto y la silueta relajada, identificando la prenda como “versátil”, idónea tanto para looks urbanos como para estilismos más elevados. Que la haya usado Wanda en televisión “reafirma su carácter fashion-forward y su estética de alto impacto”.

Toda la estética glam y descripción de la prenda se conjuga en la frase de cierre: “Una prenda statement, reconocible y atemporal, perfecta para quienes buscan lujo sin esfuerzo”. El precio, acorde a la etiqueta internacional, casi quintuplica el valor de la campera anterior: $4.999.999.

La movida de la conductora no dejó indiferente a nadie. En redes, los seguidores debatieron la actitud de vender ropa personal y el precio de las piezas. “Me parece un montón”; “¿Alguien se las va a comprar?“; ”Que la done“; “Son una barbaridad esos precios”; “A ella no le falta la plata”; “Esto es cualquier cosa”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron ante el intento de la empresaria por vender su ropa.

Mientras tanto, Wanda sigue mostrando que, aun en tiempos turbulentos o sensibles, no hay quien la detenga en el deseo de crear, mostrar y sacudir el mercado y las redes. Los detalles de la ropa, las descripciones precisas y las historias detrás de cada pieza refuerzan su lugar como referente de moda, show business y creatividad digital. Así, incluso lejos de las fiestas familiares tradicionales y en pleno ir y venir legal, Wanda transforma su guardarropa en noticia y su estilo en uno de los grandes fenómenos pop de fin de año.

La importación de ropa usada vivió en la Argentina un crecimiento sin precedentes durante los últimos meses, generando un impacto mayúsculo en el comercio y la cadena de producción textil local. Este fenómeno, liderado por el ingreso masivo de prendas provenientes de países extranjeros, se intensificó tras la eliminación de la normativa que por casi tres décadas restringió el comercio de indumentaria de segunda mano.

Desde inicios de 2025, la magnitud física del fenómeno sorprendió incluso a los propios agentes del sector: en cuatro meses ingresaron cerca de 200 camiones cargados con ropa usada. Sólo en octubre, las importaciones alcanzaron las 1.067 toneladas, lo que contribuyó a un acumulado anual de 3.521 toneladas según datos compilados por la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria. Esta cantidad corresponde a aproximadamente el 11% del total de importaciones de prendas de vestir que atravesaron la aduana argentina durante ese período.

Las cifras alertaron a cámaras empresariales y comerciantes, quienes cuestionaron el efecto de estos volúmenes sobre la cadena productiva nacional. El sector observó cómo las prendas de segunda mano arribaron al país con precios unitarios promedio de 1,2 dólares por kilo, una cifra sustancialmente inferior al promedio de indumentaria nueva importada, cuyo costo ronda los 18,4 dólares por kilo. Los actores de la industria local calificaron el diferencial como un factor que agudiza la competencia desleal y complica la situación de empleadores y trabajadores argentinos. Y en tiempos de cierres como el que acaba de anunciar el gigante TN & Platex.

La liberalización reciente expuso un entramado logístico y comercial en el que el 90% del total de la ropa usada ingresó desde Chile, a través del transporte por camión. Las estadísticas mostraron que el 84% de las prendas cruzaron la frontera por la aduana de Jujuy, con destino mayoritario en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Este corredor consolidó una dinámica que replica lo que sucede en Chile, cuarto importador mundial de ropa usada. El país vecino detenta antecedentes problemáticos en la materia: casi el 40% de la indumentaria importada termina descartada en el desierto de Atacama, donde las prendas fabricadas con fibras sintéticas y productos químicos se convirtieron en focos de contaminación ambiental.

Ante el aumento imprevisto, gremios empresariales y referentes del sector textil expresaron su preocupación, argumentando que el ingreso masivo de ropa de descarte se traduce en un daño profundo para la industria y los comercios locales. Las entidades advirtieron, además, que la logística de estas operaciones y la falta de controles estrictos habilitan la entrada de prendas sin garantías sanitarias, con posibles riesgos para la salud y la seguridad pública.

Durante casi treinta años, el marco regulatorio argentino se mantuvo alineado con la prohibición del comercio de ropa usada. La normativa original de 1999, ratificada sucesivamente y por última vez prorrogada mediante el Decreto 333/2017, rigió hasta diciembre de 2022. Este cuerpo legal se fundaba en la protección de la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. Desde la expiración de estas restricciones, no volvió a establecerse ninguna barrera legal para impedir el ingreso de grandes volúmenes de prendas de descarte a territorio nacional.

El abrupto cambio en la política comercial habilitó el desarrollo de un nuevo y lucrativo negocio para intermediarios. Empresas de transporte, operadores portuarios y agentes aduaneros armaron circuitos eficientes que optimizaron los envíos de mercadería, reduciendo costos y tiempos de distribución. El foco principal del negocio reside en la intermediación: mercadería de países centrales, a menudo proveniente de campañas de donación, queda a disposición de importadores latinoamericanos que la comercializan en lotes destinados a la venta mayorista o minorista.

La evidencia recogida por asociaciones comerciantes y cámaras sectoriales identifica un correlato directo entre la avalancha de ofertas de ropa usada y la caída en las ventas de indumentaria nacional. Comerciantes ubicados en distintos barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires informaron una merma visible en la facturación, sobre todo en segmentos que dependen de precios bajos para sostener la actividad.

La cuestión ambiental también adquirió peso en el debate. Las prendas ingresadas, muchas veces fabricadas con fibras sintéticas y productos químicos, agregan presión sobre los sistemas de gestión de residuos urbanos. Referentes ambientales señalaron que la experiencia de Chile, donde el desecho de ropa usada importada contribuyó intensamente a la contaminación del desierto de Atacama, podría repetirse en Argentina si no se tomaran medidas para regular el destino final y propiciar una reutilización responsable de los productos textiles.

El control aduanero, señalaron portavoces del sector, resultó insuficiente ante el aumento repentino del volumen importado. Aduaneros de la frontera norte confirmaron que la mayor parte de los cargamentos procedió de Chile y que la ruta terrestre a través de Jujuy aceleró la llegada de camiones al centro del país. La trazabilidad de la mercadería, junto con el chequeo de condiciones sanitarias y la procedencia de los lotes, se consolidó como uno de los desafíos más urgentes para los organismos de fiscalización.

El auge en la importación de prendas de segundo uso se insertó en un contexto económico particular. Argentina experimentó durante los últimos años una sucesión de crisis de poder adquisitivo, altísima inflación y dificultades estructurales para sostener la producción local textil. Estos factores incrementaron la brecha de precios entre indumentaria local y ropa importada, agudizando la preferencia de sectores de bajos y medianos ingresos por las ofertas de segunda mano.

Esa preferencia, incentivada por la disparidad de valores, motivó el incremento del volumen de negocio en comercios informales, ferias barriales y mercados alternativos. Los datos muestran que los consumidores priorizaron el acceso a prendas a precios muy reducidos, desplazando la demanda de productos nacionales o de marcas reconocidas.

Mientras tanto, la industria local redobló sus reclamos al Estado para la restitución de un esquema regulatorio que permita preservar empleos y limitar el avance arrollador de la ropa de descarte extranjera. Las cámaras textiles solicitaron la reinstauración de medidas sanitarias y ambientales que en el pasado controlaron posibles epidemias o riesgos asociados a residuos contaminantes en la indumentaria.

La problemática involucró a diferentes actores, incluyendo gobiernos provinciales que articularon controles provinciales e impulsaron debates por la atribución de competencias sobre las fronteras. Los sindicatos del sector textil, agrupaciones ambientalistas y asociaciones de consumidores intensificaron sus demandas de transparencia y controles para evitar el colapso del mercado y la sobrecarga del sistema de residuos urbanos.

El desenlace regulatorio aún permanece abierto y genera interrogantes sobre cuál será la evolución del circuito. En este escenario, la importación de ropa usada en cifras inéditas marca un hito en la economía argentina, mientras la industria y la sociedad evalúan los próximos pasos frente a sus múltiples repercusiones.

En los últimos años, la venta de ropa de segunda mano ganó importancia en el mercado global. Este cambio se vio impulsado por una creciente conciencia sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental de la industria de la moda.

Los consumidores, cada vez más informados sobre los efectos negativos de la producción masiva de ropa, están optando por alternativas más ecológicas y responsables. Comprar prendas de segunda mano no solo reduce el desperdicio textil, también disminuye la demanda de nuevos recursos, contribuyendo a un ciclo de moda más sostenible y consciente.

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Además de los beneficios ambientales, la venta de ropa de segunda mano también ofrece ventajas económicas tanto para compradores como para vendedores. Los consumidores pueden adquirir piezas únicas y de alta calidad a precios accesibles, mientras que los vendedores tienen la oportunidad de dar una segunda vida a sus prendas y ganar dinero extra. Así mismo, el mercado global de ropa de segunda mano experimentó un impresionante crecimiento del 18% en 2023, alcanzando un valor de 197.000 millones de dólares, según un informe anual de la empresa ThredUp.

Esa tendencia también cobró fuerza en Colombia. Las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali se destacan como los principales centros de consumo de prendas usadas en el país. Según el informe ‘De primera mano sobre la segunda mano’, elaborado por la plataforma GoTrendier, estas ciudades lideran el mercado de ropa de segunda mano, reflejando un cambio significativo en los hábitos de compra de los colombianos.

El estudio reveló que, en 2023, las colombianas generaron ingresos significativos, alcanzando los más de 28.000 millones de pesos, a través de la venta de ropa que ya no utilizaban. Este informe también indicó que la reventa en línea es el sector de más rápido crecimiento dentro del mercado de segunda mano. Con proyecciones que sugieren que este sector podría alcanzar los 48.000 millones de pesos para 2027, la reventa en línea está creciendo a un ritmo dos veces más rápido que el mercado de segunda mano en general.

De igual forma, el estudio afirmó que los millennials lideran el mercado de ropa de segunda mano, representando un significativo 33% de los consumidores en este sector. Siguiéndolos de cerca, la generación z y la generación x también muestran un fuerte interés en las prendas de segunda mano, con cada grupo alcanzando un 26% de participación.

Bogotá y Medellín, donde más se compra de segunda mano

El estudio también destacó que Antioquia se posicionó como la segunda región de Colombia con mayor concentración de consumidores de ropa de segunda mano, representando el 13% del mercado. Esta cifra se sitúa por debajo de Cundinamarca, que lidera con un 42%, y por encima del Valle del Cauca, que ocupa el tercer lugar con un 8%.

Además, el informe señala que Medellín es la segunda ciudad del país en términos de consumo de prendas de segunda mano, capturando el 9% del mercado. Solo Bogotá supera esta cifra, abarcando el 39%. De igual forma, las prendas más apetecidas son las chaquetas, vestidos, blusas, pantalones, tenis, sweaters y jeans.

El informe concluye que, entre los compradores de ropa de segunda mano en Colombia, las marcas más populares para mujeres son Zara, H&M, Studio F, Shein y Stradivarius. Para la moda infantil, las marcas que dominan las preferencias de los compradores incluyen Carter’s, Offcorss, H&M, Zara Kids y EPK.

Ana Jiménez, Country Manager de la plataforma, afirma que cada vez existen más oportunidades en el país y el reto en el presente año es “seguir creciendo al mismo ritmo para que la segunda mano se convierta en un hábito en el consumo de moda y más ahora que abrimos la vertical para hombres”.