La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa dio un paso clave en el debate sobre el uso de los fondos de pensión en Costa Rica, tras avalar dos proyectos de ley que buscan permitir el retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). Se trata de los expedientes 24.984 y 24.972, impulsados por la diputada oficialista Ada Acuña y la legisladora del Frente Amplio Rocío Alfaro, respectivamente.

Ambas iniciativas, aunque con diferencias en su enfoque, coinciden en abrir la posibilidad de que ciertos grupos de la población accedan de forma anticipada a los recursos acumulados en sus cuentas individuales, un tema que ha generado amplio debate en los últimos años por sus posibles implicaciones económicas y sociales.

El proyecto presentado por Acuña plantea dos mecanismos diferenciados para el retiro de los fondos. Por un lado, establece la posibilidad de un retiro total para aquellas personas cuya pensión mensual sea inferior a 746.000 colones.

Por otro, propone un esquema de retiro programado que permitiría a los beneficiarios acceder a sus recursos en un plazo que oscila entre los dos y los 15 años.

Esta propuesta busca, según sus impulsores, ofrecer una alternativa flexible que se adapte a las necesidades de los pensionados, especialmente aquellos con ingresos más bajos, quienes podrían requerir liquidez inmediata para enfrentar gastos básicos o deudas acumuladas.

En paralelo, la iniciativa de la diputada Alfaro propone una modificación a un transitorio de la ley vigente, con el fin de permitir que las personas ya pensionadas o próximas a pensionarse puedan retirar la totalidad de sus ahorros en un periodo de dos años. Este planteamiento pone el foco en un grupo específico de la población que, según la legisladora, se ha visto particularmente afectado por las condiciones actuales del sistema.

Durante la discusión en comisión, algunos legisladores recordaron los cuestionamientos históricos en torno a la creación del ROP, vigente desde el año 2000, especialmente sobre quiénes se han beneficiado del manejo de estos recursos y cuáles han sido los destinos de los fondos administrados por las operadoras de pensiones.

En ese contexto, se planteó la necesidad de analizar con detenimiento los criterios económicos asociados a las propuestas de retiro anticipado. Según se expuso, incluso en el peor de los escenarios, el impacto de estas medidas sería reducido en relación con el tamaño total del fondo, que asciende a aproximadamente 14 billones de colones.

“Tenemos que entender y analizar que hay criterios económicos vertidos sobre las propuestas de retiro, que el peor de los escenarios alcanzaría un porcentaje ínfimo sobre un fondo de catorce billones de colones”, señaló Acuña.

El respaldo a las iniciativas también se ha sustentado en la idea de que los proyectos mantienen la viabilidad financiera del sistema. Algunos diputados argumentaron que las condiciones planteadas permitirían la entrega de los recursos sin generar un impacto significativo en la estabilidad económica del régimen.

Por su parte, defensores de la propuesta han insistido en que el objetivo central es brindar alivio financiero a las personas que han enfrentado dificultades económicas, permitiéndoles utilizar sus propios ahorros para salir de deudas, mejorar su calidad de vida o incluso invertir.

“Lo que busca el proyecto de ley es que precisamente ese sector de la población que fue afectado se le pueda devolver en un rango de dos años, de manera que también las operadoras no tengan ningún desbalance”, explicó Alfaro.

Además, se destacó que los montos acumulados en muchas cuentas individuales no han crecido de forma significativa, lo que refuerza el argumento de que permitir su retiro podría tener un impacto positivo inmediato en la economía de los beneficiarios sin comprometer el sistema en el largo plazo.

El debate, sin embargo, no ha estado exento de preocupaciones. Expertos y sectores técnicos han advertido en ocasiones anteriores sobre los riesgos de debilitar los mecanismos de ahorro para la vejez, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y presión sobre los sistemas de pensiones.

¿Qué es el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP)?

El Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) es un fondo de ahorro complementario en Costa Rica, creado en el año 2000, que se acumula mediante aportes patronales y de los trabajadores, gestionado por operadoras de pensiones (OPC) para mejorar la pensión básica (IVM) al jubilarse. Se financia principalmente con el 3.25% de aporte patronal.

Con los dictámenes afirmativos de la Comisión de Asuntos Sociales, ambas propuestas pasarán ahora al Plenario Legislativo, donde deberán enfrentar la discusión final y la eventual votación por parte de los diputados.

El avance de estos proyectos marca un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del ROP en Costa Rica, en medio de un equilibrio complejo entre la necesidad de proteger el ahorro para la jubilación y la urgencia de brindar soluciones inmediatas a quienes enfrentan dificultades económicas.

El Partido Aprista Peruano (APRA) es la única agrupación política que celebrará elecciones internas con voto directo de sus militantes para definir a su candidato presidencial rumbo a las Elecciones Generales de 2026. A diferencia de los 39 partidos y cuatro alianzas que optaron por el sistema de delegados.

De acuerdo con el cronograma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las Elecciones Primarias se desarrollarán el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859). En esas fechas, los militantes apristas elegirán a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencias, Senado y Cámara de Diputados.

El proceso, supervisado por la ONPE, se inició con la participación de 42 militantes inscritos formalmente, quienes presentaron 15 planchas de candidaturas a la presidencia y vicepresidencias. Entre las principales fórmulas destacan las encabezadas por Jorge del Castillo, Hernán Garrido-Lecca y Enrique Valderrama. Una encuesta interna realizada por militantes y simpatizantes ubica a Garrido-Lecca con ligera ventaja (40,95%) sobre Del Castillo (40,81%), mientras que Valderrama registra un 9,68% de apoyo.

Los candidatos y la modalidad de votación

El 30 de noviembre los militantes elegirán la fórmula presidencial aprista. La primera plancha inscrita fue la de Jorge del Castillo, acompañado por Mauricio Mulder como primer vicepresidente y Belén García Mendoza, actual secretaria general del partido, como segunda vicepresidenta. Luego se presentó la lista de Hernán Garrido-Lecca, quien postula junto al exalcalde de Huanta, Omar Quesada Martínez, y la excongresista Olga Cribilleros. En tanto, el economista Enrique Valderrama, líder de la corriente interna “Renovación con Unidad”, también busca la nominación presidencial.

Además, se han inscrito Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, Rafael Zevallos Bueno y otros precandidatos que completan las 15 planchas en competencia.

• Yamel Romero Peralta
• Hernán Garrido Lecca Montañez
• Jorge Del Castillo Gálvez
• Magno Mendoza Rodríguez
• Augusto Valqui Malpica
• Rafael Zevallos Bueno
• Enrique Valderrama Peña
• José Antonio Torres Iriarte
• Nury Cotreras Biette
• Jorge Morales Loyola
• Neptalí Ramírez Herrera
• Juan Carlos Sánchez Montes de Oca
• Javier Velásquez Quesquén
• Emiliano Vargas Ibañez
• Jorge Risco Vega

En paralelo, el partido definirá sus listas para el Congreso bicameral, donde figuran nombres históricos como Benigno Chirinos, Carla García, Erasmo Reyna (exabogado de Alan García) y César Zumaeta para el Senado. Para la Cámara de Diputados postulan Omar Quesada, Ricardo Pinedo, Enrique Valderrama y el propio Mauricio Mulder.

Consultado por Infobae Perú, Mauricio Mulder explicó que el proceso interno busca mantener viva la esencia democrática del aprismo.

“Los que van a presentarse a la presidencia de la República, van en fórmula. O sea, en tres. Con un presidente, y dos vicepresidentes, que son los que puedan, este, eventualmente, reemplazar al presidente”, indicó.

El excongresista detalló que las elecciones internas no se limitan a la candidatura presidencial.

“Lo que estamos, en este momento, es la definición de todos los candidatos y de todas las personas que han mostrado sus ganas, su anhelo de ser candidatos. Entonces, hemos hecho elecciones, estamos haciendo elecciones internas, para cada uno de los cargos que existen. O sea, si uno quiere ser diputado, otro quiere ser senador, otro quiere ser presidente de la República, etcétera”, señaló.

El político también destacó que el proceso cuenta con el acompañamiento de la ONPE y una participación sin precedentes.

“Eso ya lo venimos haciendo con el acompañamiento de la ONPE y creo, me parece que somos el único partido que está haciendo elecciones internas”, enfatizó.

Un proceso democrático supervisado por la ONPE

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el Partido Aprista cuenta con 44.138 afiliados, de los cuales al menos el 10 % deberá participar en los comicios internos para que estos sean válidos.

Mulder detalló que el proceso interno abarca todos los niveles de representación:

“Se han presentado algo así como casi ochenta candidatos internos para, eh, las elecciones internas que tienen que ver con la presidencia de la República, la vicepresidencia de la República, la, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entre todos esos, estamos más o menos hablando de unas cuatrocientas personas”.

El dirigente también reveló su doble rol dentro del proceso:

“Por ejemplo, yo soy candidato a diputado. Pero al mismo tiempo, estoy en la fórmula donde está Jorge del Castillo, Belén García y yo. Que es para la presidencia. Este… es así, pues, ¿no? O sea, es medio complicado”, añadió.

El 7 de diciembre se conocerán los resultados finales del proceso aprista, cuando se proclame la fórmula presidencial que representará al partido en las Elecciones Generales de 2026. Para el APRA, estas internas representan no solo la elección de un candidato, sino también la oportunidad de reafirmar su vigencia política y su histórica apuesta por la democracia partidaria.

El Juzgado Constitucional de Lima ordenó la imposición de multas y la remisión de antecedentes al Ministerio Público luego de constatar el incumplimiento, por parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del director nacional del Registro de Organizaciones Políticas, de la inscripción del partido de Duberlí Rodríguez.

Ante el desacato de dos resoluciones, la sala resolvió imponer una multa de 5 Unidades de Referencia Procesal (2,675) a cada integrante titular del Pleno del JNE —Roberto Rolando Burneo Bermejo, Martha Elizabeth Maisch Molina, Willy Ramírez Chávarry, Rubén Jaime Torres Cortez y Aaron Oyarce Yuzzelli— así como al director nacional del Registro de Organizaciones Políticas, Felipe Andrés Paredes San Román. La decisión responde a que los funcionarios no ejecutaron las resoluciones del juzgado en los plazos estipulados, relativos a actuaciones inmediatas sobre la inscripción y registro de agrupaciones políticas, de acuerdo con lo indicado en la Resolución N° 2 de agosto de 2025.

El documento, al que accedió Infobae Perú, detalla que el proceso se inició a raíz de un oficio de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, en el que se informó sobre la interposición de un recurso de apelación por parte del procurador público de la entidad. El recurso, presentado el 25 de agosto, busca anular o detener los efectos de la Resolución N° 2; sin embargo, el juzgado precisó que, por tratarse de una resolución sin efecto suspensivo, la ejecución anticipada debe continuar, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional.

Nuevas multas y eventual destitución

El fallo judicial ordena nuevamente al Pleno del JNE y al director nacional del Registro de Organizaciones Políticas cumplir, en el plazo de dos días hábiles, con la Resolución N° 1, bajo amenaza de imposición de nuevas multas individuales y progresivas, así como de nueva remisión de antecedentes al Ministerio Público.

La resolución dispone también que copias de los actuados se remitan al Ministerio Público para determinar si corresponde iniciar investigaciones penales o administrativas contra los funcionarios implicados. En caso de nuevo incumplimiento, se advierte la posibilidad de iniciar un “procedimiento disciplinario para la destitución” del director nacional del Registro de Organizaciones Políticas, Felipe Andrés Paredes San Román.

res_2025063749116004000097096 (1) by Camila Calderón

¿Por qué el JNE se niega a acatar la decisión del PJ?

En la víspera, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró “inejecutable” la resolución judicial que ordenaba inscribir a Unidad Popular, agrupación presidida por Duberlí Rodríguez, al considerar que la medida judicial perturbaba de manera irreversible el cronograma ya ejecutado de cara a las Elecciones Generales de 2026.

Según expuso el Pleno del JNE en documento oficial, reconocer la inscripción con fecha retroactiva al 12 de abril de 2025 habría supuesto suspender la aplicación de diversos hitos ya superados, como la remisión del padrón de afiliados por parte del Reniec, y alterado los principios de preclusión y seguridad jurídica que rigen el proceso electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó modificaciones al Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), con importantes cambios en el proceso de afiliación de ciudadanos a partidos y en los plazos para la inscripción de organizaciones políticas. Las disposiciones forman parte de la Resolución 0191-2025-JNE, publicada este miércoles en una Edición Extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, y buscan regular con mayor precisión el padrón de afiliados de cara a las Elecciones Generales 2026.

Entre las modificaciones destaca la regulación sobre el registro no válido, definido como el resultado negativo que se obtiene tras el cotejo realizado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entre las firmas o impresiones dactilares de los ciudadanos en las fichas de afiliación y las que obran en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN). Cuando estas no presentan características relevantes similares, se considera que el registro no es válido y, por lo tanto, no puede ser tomado en cuenta para los procesos electorales.

Mínimo de afiliados y publicación del padrón

Para garantizar la veracidad del número mínimo de afiliados exigido a las organizaciones políticas, el Reniec podrá efectuar la verificación de firmas conforme a su propio reglamento. En caso de recibir más de un requerimiento de verificación, remitirá los resultados a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) dentro de los plazos establecidos por la normativa.

Asimismo, la DNROP tiene la obligación de publicar el padrón y los afiliados a comités una vez que reciba los resultados del Reniec. Esta publicación se realiza a través del portal institucional del JNE, previa difusión de un aviso en el diario oficial El Peruano. El Jurado Nacional de Elecciones también implementará un sistema de alerta dirigido a los ciudadanos que se pretende afiliar, utilizando medios físicos o digitales para notificar a los interesados.

Retiro por afiliación indebida

La norma contempla además mecanismos para que los ciudadanos puedan verificar su afiliación y solicitar el retiro en caso de afiliación indebida. Es decir, si una persona advierte que ha sido inscrita en un partido político sin su consentimiento, podrá pedir que se le retire dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación del padrón.

Para facilitar este proceso, el JNE está autorizado a implementar un servicio gratuito de alerta de afiliación política, mediante el cual notificará a quienes se hayan inscrito en un padrón de ciudadanos o comités, siempre que hayan solicitado este servicio con anterioridad.

El procedimiento para solicitar el retiro por afiliación indebida requiere que el ciudadano presente una solicitud dirigida a la DNROP, acompañada de una declaración jurada y otros requisitos que el JNE establezca. La solicitud será remitida a la organización política correspondiente, la cual tiene un plazo de tres días hábiles para confirmar o desvirtuar la afirmación del ciudadano. Si no se emite respuesta, se procederá a registrar el retiro de la afiliación solicitada.

Inscripción de nuevos partidos políticos

En cuanto a la inscripción de nuevas organizaciones políticas, se establece que la calificación de solicitudes para partidos políticos, movimientos regionales, fusiones o integraciones estará a cargo de un funcionario designado para tal fin. Este deberá calificar las solicitudes en un plazo máximo de 15 días hábiles, tiempo que comienza a correr una vez que se cuenten con los resultados de la verificación de la existencia y funcionamiento de los comités, las firmas de adherentes, el padrón de afiliados y los afiliados de comités.

Para las alianzas electorales, el plazo para la calificación también es de 15 días hábiles, pero este se computa a partir del día siguiente de la recepción del expediente por parte de la DNROP. Estas disposiciones buscan agilizar los procesos y garantizar que todas las organizaciones políticas cumplan con los requisitos mínimos antes de participar en los comicios.

Además, el título IX del Reglamento del ROP precisa que las organizaciones políticas inscritas estarán sujetas a procedimientos de fiscalización posterior en cuanto a la información presentada durante el trámite de inscripción. Esto se realizará conforme a la normativa vigente, con el objetivo de verificar la veracidad y legalidad de los datos proporcionados.

Fecha límite para inscripción

Para participar en cualquier proceso electoral, con presentación de fórmulas o listas de candidatos, las organizaciones políticas deben contar con su inscripción vigente en el ROP a más tardar en la fecha límite establecida para la convocatoria al proceso electoral correspondiente. De no cumplir con este requisito, no podrán presentar candidaturas oficiales.

Finalmente, la resolución contiene una disposición complementaria transitoria que habilita para el cómputo de plazos y realización de actuaciones los días sábados 2, 9, 16 y 23 de agosto de 2025; los domingos 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto de 2025; así como el feriado del 30 de agosto de 2025. Esto aplica para el JNE, las organizaciones políticas y los ciudadanos durante el procedimiento de inscripción de alianzas electorales, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

En las últimas semanas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recibido un número inusualmente alto de solicitudes de desafiliación a partidos políticos debido a lo que los ciudadanos denuncian como afiliaciones indebidas. Esta situación ha generado una respuesta por parte de las autoridades electorales, quienes reconocen que se trata de una práctica extendida en todo el espectro partidario del país.

En conversación con RPP, Felipe Paredes, jefe del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, informó que el número de solicitudes por desafiliación creció significativamente desde comienzos de 2025. Mientras que en enero se presentaron solo seis solicitudes, en febrero la cifra subió a ocho. En marzo se registraron 33 casos y, hasta el 21 de abril, se alcanzaron los 80 pedidos. “Evidentemente, la curva es incremental, va subiendo”, afirmó Paredes.

El funcionario también indicó que el tráfico en la página web del JNE ha aumentado, ya que numerosos ciudadanos acceden al portal para verificar si figuran como afiliados a alguna organización política sin su autorización. Ante esta tendencia, Paredes anticipó que es “muy probable que superemos en el mes de abril con toda seguridad a 100 solicitudes”.

Reportan afiliaciones no autorizadas

Desde hace algunos días, los peruanos reportaron en redes sociales que sus nombres aparecen como afiliados a partidos políticos sin consentimiento expreso. Esta situación ha generado preocupación pública, al evidenciarse que los mecanismos de afiliación partidaria pueden estar siendo utilizados de forma irregular.

El JNE ha tomado conocimiento de estos casos y ha iniciado procedimientos de verificación, al tiempo que ha llamado a la ciudadanía a revisar su situación de afiliación y, en caso de identificar alguna irregularidad, presentar la solicitud correspondiente de desafiliación ante el ROP.

Solicitudes de desafiliación podrían ser rechazadas

No todas las solicitudes de desafiliación presentadas ante el JNE son aceptadas. Según explicó Paredes, en ciertos casos se ha verificado que las afiliaciones fueron realizadas de manera correcta.

“También para ser justo, en muchos casos puede haber una solicitud presentada por un ciudadano rechazada por nosotros en la medida que no ha logrado acreditar que estamos ante una afiliación indebida”, expresó para el citado medio.

En esos escenarios, el JNE puede desestimar la solicitud si existen registros válidos que respalden la afiliación. “Es decir, más bien lo que vemos es que la afiliación fue debida”, añadió el vocero del organismo electoral. La revisión de estos casos se realiza de manera individual y puede derivar en consecuencias legales si se determina que el ciudadano presentó una declaración falsa.

El JNE ha advertido que presentar una solicitud de desafiliación sin sustento puede constituir una infracción. De acuerdo con el vocero, estos casos podrían ser considerados como “una falsa declaración en un procedimiento administrativo”, lo que abre la posibilidad de consecuencias penales para los ciudadanos que incurran en este tipo de acciones sin contar con pruebas que respalden su alegato.

Eliminación del pago por desafiliación

En paralelo a esta situación, el presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció la eliminación del pago de S/ 46.20 correspondiente al trámite de desafiliación por afiliación indebida. Esta medida busca facilitar el proceso a los ciudadanos que deseen corregir su situación de afiliación sin incurrir en costos adicionales.

El jefe del ROP precisó que esta decisión implica una modificación en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), la cual será oficializada en los próximos días.

“El presidente del Jurado ayer ha anunciado esta medida. El proceso para la expedición de la resolución que apruebe esto ya es indetenible, ya es una decisión adoptada y simplemente que hay que esperar algún tiempo para que se concrete esta. Pero la decisión del Jurado Nacional de Elecciones ya se comunicó a la ciudadanía en ese respecto. Entonces, sí, en un tiempo muy corto se va a expedir la resolución correspondiente”, expresó para el citado medio.

JNE denuncia a organizaciones políticas por afiliaciones indebidas

El presidente del pleno del JNE, Roberto Burneo, informó el miércoles 23 que la institución está denunciando ante el Ministerio Público a las organizaciones políticas que han afiliado a ciudadanos sin su consentimiento, consignando sus firmas de manera indebida.

Burneo, junto a Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), afirmó que las solicitudes de desafiliación se están atendiendo con celeridad. Sin embargo, no precisó el número de casos ni las organizaciones políticas denunciadas.

“El sustento de estas denuncias fueron los 130 informes técnicos presentados por el Reniec, con los que se observaron 238.335 firmas, las que quedaron invalidadas para el proceso de inscripción de estas organizaciones políticas”, detalló.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) ha dado un paso significativo en la gestión de la pesca artesanal en el Perú al publicar un nuevo Reglamento de Ordenamiento Pesquero (ROP) de la pota, reemplazando una normativa que estuvo vigente durante más de una década. Este cambio, oficializado mediante el Decreto Supremo Nº 003-2025-PRODUCE, busca garantizar la sostenibilidad de este recurso clave y fortalecer la competitividad de las embarcaciones peruanas frente a flotas extranjeras en aguas internacionales.

De acuerdo con PRODUCE, el nuevo reglamento establece que la pota, también conocida como calamar gigante, es un recurso plenamente explotado desde 2021, según informes del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Esto implica que la población del recurso se encuentra en niveles sostenibles, pero cualquier incremento en el esfuerzo pesquero podría poner en riesgo su equilibrio. Por ello, la normativa congela el crecimiento de la flota potera y limita la actividad exclusivamente a las embarcaciones que ya han estado operando en esta pesquería, en su mayoría de carácter artesanal.

Exclusividad para la pesca artesanal y uso de línea potera

Una de las disposiciones más destacadas del nuevo reglamento es la autorización exclusiva del uso de la línea potera como arte de pesca para la captura de pota. Este método, reconocido por su alta selectividad, busca proteger a los ejemplares más pequeños y vulnerables, evitando el uso de artes menos sostenibles como las redes de enmalle. Según Piero Rojas Vásquez, asesor legal de Innovations for Ocean Action y Profesor de la Universidad Científica, esta medida es fundamental para garantizar la sostenibilidad del recurso, especialmente ante reportes recientes de capturas intensivas de ejemplares de menor tamaño.

Además, el reglamento prohíbe la incorporación de nuevas flotas industriales, tanto nacionales como extranjeras, en aguas jurisdiccionales peruanas. Aunque la pesca industrial de pota no ha sido autorizada en más de una década, el reglamento anterior dejaba abierta esta posibilidad. Ahora, la normativa asegura que solo las embarcaciones artesanales que han operado históricamente en esta pesquería podrán continuar con la actividad.

Monitoreo satelital y trazabilidad

El nuevo ROP también refuerza el control y la vigilancia de la actividad pesquera mediante la obligatoriedad del uso de equipos satelitales del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT). Según PRODUCE, alrededor de 1.800 embarcaciones artesanales ya cuentan con estos dispositivos, lo que no solo mejora el monitoreo de las operaciones, sino que también incrementa la seguridad de los tripulantes en alta mar.

Asimismo, se establece la implementación progresiva del Sistema de Trazabilidad de Pesca y Acuicultura (SITRAPESCA), que permitirá registrar información detallada sobre las operaciones pesqueras a lo largo de toda la cadena de suministro. Esto no solo contribuirá a mejorar la gestión del recurso, sino que también garantizará la transparencia y la legalidad de los productos pesqueros peruanos en los mercados internacionales.

Competencia en aguas internacionales

Otro aspecto relevante del reglamento es la regulación de la pesca de pota más allá de las 200 millas náuticas, en aguas internacionales. Para ello, las embarcaciones peruanas deberán inscribirse en el Registro Único de Embarcaciones Pesqueras de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS). Actualmente, menos de 200 embarcaciones artesanales peruanas están registradas, frente a más de 500 grandes embarcaciones de bandera china que operan en estas aguas.

PRODUCE ha anunciado la creación de un canal virtual para agilizar el proceso de inscripción, lo que podría abrir nuevas oportunidades para que las embarcaciones peruanas compitan en igualdad de condiciones en aguas internacionales. Según el especialista Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana, este avance es crucial para consolidar un manejo sostenible del recurso y fortalecer la posición de la flota artesanal peruana en el ámbito global.

Desafíos pendientes y sostenibilidad a largo plazo

A pesar de los avances, el nuevo reglamento enfrenta retos importantes. Según Piero Rojas, uno de los principales desafíos es delimitar con precisión la flota artesanal que debería tener exclusividad en la pesca de pota. Actualmente, no existe un criterio claro para segmentar a las embarcaciones que realmente realizan esfuerzo pesquero en este recurso, lo que podría dificultar el manejo sostenible a largo plazo.

Otro tema crítico es la situación de las cuatro embarcaciones industriales de bandera nacional que aún cuentan con permisos para pescar pota. Según PRODUCE, estas embarcaciones no han operado en más de dos años, lo que podría llevar a la caducidad de sus derechos de pesca. De acuerdo con el nuevo reglamento, la capacidad de bodega liberada por estas embarcaciones sería asignada a la flota artesanal, reforzando la política de exclusividad para este sector.

Un recurso clave para la economía peruana

La pota se ha consolidado como la principal pesquería artesanal del Perú y un pilar fundamental de la industria de productos pesqueros congelados que el país exporta a mercados internacionales. En 2024, se registraron oficialmente 192.000 toneladas desembarcadas de este recurso, según cifras del gobierno peruano.

Con la publicación del nuevo ROP, el Perú busca no solo garantizar la sostenibilidad de la pota, sino también fortalecer la competitividad de su flota artesanal frente a desafíos globales. Tal como señaló Juan Carlos Riveros, este reglamento representa un avance significativo hacia un manejo pesquero más sostenible, aunque aún queda trabajo por hacer para asegurar la sostenibilidad del recurso en el largo plazo.