La Corte Suprema de Justicia de Panamá cerró un nuevo capítulo en el caso New Business al declarar no inconstitucionales tanto la resolución de indagatoria como la sentencia condenatoria contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, desestimando así tres recursos legales presentados por su defensa en un intento por anular el proceso penal en su contra.

La decisión del pleno del máximo tribunal fue divulgada mediante el Edicto No. 560 el 22 de abril de 2026, con ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, y responde a las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por los abogados Ángel Álvarez —en representación de Marta Linares de Martinelli— y Nadia Castillo, quienes cuestionaban tanto la legalidad de la investigación fiscal como la validez de la condena emitida en 2023.

Tras analizar los argumentos, la Corte Suprema concluyó que no existían violaciones constitucionales en la resolución indagatoria No. 1 del 30 de junio de 2020, emitida por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, ni en la sentencia mixta No. 2 del 17 de julio de 2023, dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, ratificando así la legalidad del proceso y dejando sin efecto los últimos intentos por revertir el fallo.

Con esta decisión, el tribunal mantiene firme la condena de 128 meses de prisión —equivalentes a 10 años y ocho meses— impuesta a Martinelli por el delito de blanqueo de capitales, así como la multa de $19.2 millones y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, sanciones derivadas de su rol como autor en una estructura financiera utilizada para la compra de un grupo editorial con fondos de origen ilícito.

El caso New Business gira en torno a la adquisición, en 2010, de la Editora Panamá América, mediante una sociedad canasta que habría servido para canalizar dinero proveniente de contratos estatales adjudicados de manera irregular durante su administración, configurando un esquema de lavado de dinero en el que participaron empresarios y exfuncionarios, algunos de los cuales también fueron condenados.

La decisión judicial se produce mientras Martinelli permanece asilado en Colombia, país al que llegó en mayo de 2025 tras abandonar la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se refugió durante más de un año luego de que se hiciera efectiva su condena penal.

El exmandatario solicitó inicialmente asilo al gobierno nicaragüense, pero el proceso no se concretó, lo que derivó en su traslado a territorio colombiano tras gestiones diplomáticas.

El ingreso de Martinelli a la embajada nicaragüense ocurrió en febrero de 2024, poco después de que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmara su condena, en un contexto donde buscaba evitar su detención inmediata.

Su salida hacia Colombia marcó un giro en el caso, al quedar bajo la figura de asilo político, lo que limita las posibilidades de ejecución directa de la pena impuesta en Panamá.

Con el fallo del pleno de la Corte Suprema, se refuerza la validez del proceso judicial y se reduce significativamente el margen legal de la defensa para revertir la condena, consolidando el caso New Business como uno de los más relevantes en materia de corrupción y blanqueo de capitales en la historia reciente del país, con implicaciones tanto en el ámbito judicial como en el escenario político nacional.

La Fiscalía Anticorrupción de Panamá solicitó una sentencia condenatoria contra el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, que ejerció el cargo entre 2009 y 2012, al considerarlo autor del delito de peculado doloso agravado dentro del proceso judicial relacionado con supuestos sobrecostos en proyectos viales ejecutados durante ese período.

El Ministerio Público también pidió condena para un consultor que participó en la elaboración del precio de referencia de las obras investigadas. Según la acusación fiscal, las irregularidades habrían generado perjuicios millonarios al Estado en la ejecución de proyectos del Plan de Reordenamiento Vial de la ciudad de Panamá.

La solicitud fue presentada durante la fase final del juicio ordinario que se desarrolló en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, donde las fiscales Ruth Morcillo, Jenisbeth Malek y Thalia Palacios sostuvieron que existen elementos probatorios suficientes para responsabilizar penalmente a los acusados.

Las investigaciones se concentran en los proyectos de rehabilitación del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo y en la ampliación de la avenida José Domingo Díaz, obras ejecutadas como parte de las intervenciones viales impulsadas por el gobierno del expresidente, Ricardo Martinelli, entre 2009 y 2014.

De acuerdo con los informes de auditoría de la Contraloría General de la República, el presunto perjuicio económico al Estado se relaciona con sobrecostos en ambas obras, los cuales superarían los 90 millones de dólares.

El informe de auditoría n.° 03-009-2017 DIAF, fechado el 24 de abril de 2017, determinó que en la fase precontractual del proyecto de estudio, diseño, construcción y financiamiento para el ensanche de la avenida Domingo Díaz se habría producido un sobreprecio de $47,388,002.

Adicionalmente, el proyecto vinculado al Patrimonio Histórico registraría irregularidades por $51,496,740, según los documentos presentados por el Ministerio Público durante el proceso judicial.

La acusación fiscal sostiene que el exministro del MOP, durante su gestión, contrató servicios de consultoría con empresas privadas para la elaboración de los costos estimados de las obras, en el marco de procesos de licitación por mejor valor con evaluación separada.

Cada contrato de consultoría fue suscrito por $29,900, pero posteriormente se habrían aprobado precios estimados que derivaron en sobrecostos en la construcción de pasos elevados peatonales dentro del proyecto de ampliación de la avenida Domingo Díaz.

Según la investigación, estas decisiones habrían provocado un sobreprecio adicional de $5,694,482.78 en esa infraestructura específica.

El expediente judicial también incluye información bancaria y financiera recopilada durante las investigaciones iniciadas en mayo de 2017, cuando el Ministerio Público abrió el proceso por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales.

Las autoridades analizaron movimientos bancarios de empresas y particulares con el objetivo de establecer la trazabilidad del dinero vinculado a los contratos investigados.

Además, el caso incorpora declaraciones juradas de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General, así como testimonios de representantes de entidades financieras.

Durante la audiencia, la Fiscalía también solicitó la absolución de cuatro personas que formaron parte de la Comisión Técnica Evaluadora en los procesos de licitación.

Según la acusación, no se pudo determinar que estos funcionarios hubieran participado en un esquema para favorecer a un contratista específico al fijar los precios de referencia de las obras.

El Ministerio Público indicó que las evidencias disponibles no permitieron establecer responsabilidad penal directa en relación con estas personas, por lo que pidió su absolución dentro del proceso.

Los proyectos investigados fueron ejecutados por consorcios integrados por empresas internacionales que participaron en las licitaciones públicas. La rehabilitación del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo fue adjudicada a Odebrecht y a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), mientras que la ampliación de la avenida José Domingo Díaz fue ejecutada por el consorcio ICA-MECO.

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, varias compañías habrían coordinado previamente las ofertas económicas para repartirse los contratos, estableciendo márgenes destinados al pago de sobornos dentro de las estructuras de contratación pública.

La audiencia ordinaria concluyó el miércoles 11 de marzo de 2026, luego de más de una semana de alegatos por parte de la Fiscalía, la querella y los abogados defensores.

El proceso judicial comenzó el 2 de marzo y el expediente acumulado de los casos “Patrimonio Histórico” y “Avenida Domingo Díaz” supera los 60 tomos de documentación. Durante la jornada final, los defensores cuestionaron los informes periciales elaborados por auditores de la Contraloría, argumentando que las metodologías utilizadas para calcular los precios de referencia no reflejaban necesariamente irregularidades en las licitaciones.

Al cierre de la audiencia, la jueza Águeda Rentería anunció que se acogerá al término que establece la ley para emitir su decisión sobre el caso. El tribunal deberá evaluar las pruebas presentadas por las partes y determinar si existió responsabilidad penal en la fijación de los precios de las obras.

La sentencia definirá el futuro judicial de los acusados en uno de los procesos vinculados a supuestos sobrecostos en proyectos de infraestructura pública desarrollados en Panamá durante la última década.

El juicio por el caso Odebrecht en Panamá volvió a colocarse esta semana en el centro de la atención pública, tras reanudarse el miércoles 21 de enero luego de un receso procesal.

Sin embargo, la audiencia prevista para el viernes no pudo continuar por la ausencia de uno de los abogados defensores de los implicados, lo que llevó a la jueza a suspender la sesión y reprogramar el proceso para el lunes 26 de enero.

La pausa se dio en medio de un expediente marcado por objeciones cruzadas, acuerdos de pena, pruebas extraordinarias y un amplio listado de acusados que incluye a exfuncionarios de alto nivel y empresarios.

Desde que se retomaron las audiencias, el debate ha estado centrado en la admisión de pruebas extraordinarias presentadas por las defensas, así como en la respuesta del Ministerio Público a estas solicitudes.

Las defensas plantearon cerca de 50 pruebas adicionales, una maniobra que fue objetada por la Fiscalía al considerar que muchas de ellas no cumplen con los requisitos legales para ser incorporadas en esta etapa del proceso.

El tribunal deberá decidir si estas pruebas son admitidas o descartadas, una decisión que podría incidir directamente en la duración y el desenlace del juicio.

En paralelo, el Ministerio Público también presentó objeciones formales a algunas de las pruebas anunciadas por los abogados defensores, alegando que varias de ellas son impertinentes, repetitivas o buscan dilatar el proceso.

Este intercambio técnico ha ocupado buena parte de las sesiones más recientes y ha evidenciado la complejidad del expediente, uno de los más voluminosos y sensibles de la historia judicial reciente del país.

El juicio se desarrolla tras años de investigaciones relacionadas con los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para asegurar contratos de obras públicas en Panamá.

Según las investigaciones, la empresa habría distribuido millones de dólares en coimas a funcionarios y terceros para facilitar la adjudicación y ejecución de proyectos de infraestructura durante varios gobiernos.

Uno de los elementos que marcó la reanudación del juicio el miércoles pasado fue la referencia a acuerdos de pena alcanzados previamente con algunos implicados, los cuales han sido incorporados como parte del expediente.

El acuerdo implica una condena de 30 meses y la devolución de 1.9 millones de dólares. La legislación panameña permite que penas como la acordada pueda ser reemplazada por días multas o trabajo comunitario. Este es el tercer acuerdo de pena que se registra dentro del expediente Odebrecht.

Entre los nombres que siguen gravitando alrededor del caso se encuentra el del expresidente Ricardo Martinelli, señalado por el Ministerio Público como uno de los principales beneficiarios de sobornos vinculados a Odebrecht.

Martinelli, sin embargo, no está presente en este juicio, ya que actualmente se encuentra asilado en Colombia, una situación que ha impedido que enfrente este proceso en los tribunales panameños por ahora.

Además de Martinelli, el expediente también menciona al expresidente Juan Carlos Varela, así como a exministros, exfuncionarios y familiares del propio Martinelli.

No obstante, varios de estos señalados no están siendo juzgados en esta causa ordinaria, debido a que cuentan con inmunidad al formar parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En esos casos, la competencia para juzgarlos recae en la Corte Suprema de Justicia, lo que ha fragmentado el tratamiento judicial del caso y ha generado críticas sobre la lentitud y la dispersión de responsabilidades.

La semana de audiencias también estuvo marcada por la discusión en torno a un testigo protegido presentado por el Ministerio Público, cuya participación fue objetada por varias defensas.

Los abogados argumentaron que su testimonio carece de garantías suficientes y que su incorporación vulnera derechos procesales de los acusados. La Fiscalía, por su parte, defendió la legalidad del testigo y la relevancia de su aporte para esclarecer la estructura de pagos ilegales.

El caso Odebrecht en Panamá se desarrolla en un contexto regional donde la constructora brasileña ha enfrentado procesos judiciales en varios países de América Latina, con sentencias, condenas y acuerdos de cooperación.

En Panamá, sin embargo, el proceso ha sido especialmente largo y complejo, tanto por la cantidad de acusados como por la diversidad de instancias judiciales involucradas.

El inicio del juicio por el caso Odebrecht en Panamá, celebrado el 12 de enero de 2026, representa un punto decisivo en la respuesta institucional frente a uno de los mayores escándalos de corrupción registrados en el país.

A esta instancia se llega tras años de demoras judiciales y complejas gestiones internacionales, en un proceso que involucra a más de 20 imputados, incluidos exmandatarios y empresarios, y que se apoya en un expediente que supera 1.3 millones de páginas, La magnitud del caso, junto con el volumen de pruebas, anticipa que las audiencias se prolongarán durante varios meses.

En este contexto, la jueza Baloísa Marquínez, responsable del proceso, subrayó la necesidad de “garantizar el derecho a la defensa y el contradictorio”.

Conforme a esta premisa, ha solicitado asistencias judiciales internacionales, principalmente a Brasil, para recabar testimonios esenciales que aún no obran en el expediente. Esta búsqueda de colaboración ha marcado el desarrollo del juicio, dificultando la comparecencia de los imputados y forzando sucesivos aplazamientos.

La reconstrucción judicial de los hechos sitúa el epicentro de la trama entre 2010 y 2014, período en el que la constructora brasileña Odebrecht distribuyó sobornos por más de 59 millones de dólares en Panamá, asegurando contratos públicos que, en total, ascendieron a 175 millones de dólares.

Funcionarios de alto nivel entre los involucrados

Entre los beneficiarios de estos pagos se encuentran funcionarios de alto nivel y prominentes empresarios, según las investigaciones que se reactivaron en 2017, tras la confesión de Odebrecht en Estados Unidos acerca de su red internacional de coimas.

Entre los acusados sobresalen los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). Martinelli permanece asilado en Colombia desde mayo de 2025, luego de haber sido condenado previamente en otra causa por blanqueo de capitales.

Respecto a Varela, se le atribuye la aceptación de pagos ilegales a cambio de concesionar contratos oficiales. La implicación familiar también es significativa: los hijos de Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, admitieron ante la justicia de Estados Unidos haber blanqueado 28 millones de dólares que, según declararon, provenían de órdenes directas de su padre. Ambos fueron condenados en 2022.

El desarrollo judicial del caso ha estado marcado por obstáculos logísticos y legales. La falta de cooperación internacional hizo inviable la notificación oportuna a varios implicados, forzando un primer aplazamiento del juicio previsto originalmente para agosto de 2023, luego reprogramado en distintas fechas hasta fijarse en 2026.

Al respecto, Marquínez insistió en la relevancia de obtener “asistencias judiciales internacionales”, sobre todo de Brasil, país donde se originaron algunos de los principales testimonios.

El curso actual del juicio pone de manifiesto los desafíos que enfrenta Panamá en su combate contra la corrupción estructural. La cifra de más de 20 imputados y el alcance de las actuaciones judiciales reflejan la profundidad de una trama que afectó los principales órganos de la administración pública, y cuya resolución mantiene el foco público y mediático, tanto a nivel nacional como internacional.

Un juicio siete veces pospuesto

La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada y reabierta en 2017 – luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países – y culminó en octubre de 2018.

Este lunes inició finalmente el juicio, un proceso que se ha ido dilatando tras posponerse en hasta seis ocasiones desde 2023.

«Esta es la séptima ocasión que se convoca esta audiencia, pero la séptima es la vencida, dado que ya no hay nuevas oportunidades de postergación.

Obviamente, sí veremos algunas estrategias de abogados defensores de tratar de postergarlo o más, pero ya no es posible», aseguró a EFE el abogado y analista panameño Rodrigo Noriega.

De acuerdo con EFECOM, la audiencia se lleva a cabo en la ciudad de Panamá e involucra a figuras de alto perfil, entre ellas Ricardo Martinelli, quien gobernó el país entre 2009 y 2014, y quien participa de manera virtual, ya que permanece asilado en Colombia tras su condena a más de 10 años por blanqueo de capitales en el caso ‘New Business’. La misma fuente detalló que la sesión de este martes estuvo destinada a la lectura del documento de más de 400 páginas derivado del auto de llamamiento a juicio de noviembre de 2022, cuyo cierre se prevé para el miércoles, momento a partir del cual se presentarán las pruebas extraordinarias propuestas por las partes.

Entre los acusados se incluyen miembros relevantes del entorno de Martinelli, como sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, así como Navin Mohan Bhakta, empresario señalado como socio de ambos. El diario local La Prensa, citado por EFECOM, reveló que Bhakta habría estado involucrado en la adquisición de un helicóptero financiado con fondos provenientes de la “Caja 2” de Odebrecht, una estructura desde la que supuestamente se realizaban pagos ilegales y sobornos. Tanto Bhakta como el resto de los involucrados, durante la primera jornada, negaron ante la jueza Baloísa Marquínez su responsabilidad en los delitos de blanqueo de capitales.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares ya confesaron en una corte federal de Estados Unidos su participación en movimientos de dinero ilícito vinculados a Odebrecht por un monto de 28 millones de dólares, acción que, según su declaración, llevaron a cabo por instrucción de su padre, el expresidente panameño. Ambos cumplieron condena en prisiones estadounidenses antes de ser deportados a Panamá en enero de 2023, según reportó EFECOM.

La agencia también menciona que el expresidente Juan Carlos Varela, quien encabezó el gobierno panameño entre 2014 y 2019, así como un exministro, enfrenta el proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia debido a su fuero especial por pertenecer al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Este mismo trato se les otorga a los hermanos Martinelli Linares.

Durante la jornada, José Domingo Arias, excandidato presidencial del partido Cambio Democrático, agrupación política fundada por Martinelli, expresó su inocencia ante los cargos de lavado de dinero. Arias manifestó a los medios, según recogió EFECOM, que desconocía los aportes de Odebrecht a su campaña política y reiteró que el contrato correspondiente fue firmando por el partido antes de haber ganado las primarias internas, por lo que rechazó su responsabilidad penal.

El proceso judicial en curso tiene sus raíces en una investigación que inició en 2015 y que enfrentó un archivo temporal antes de ser reabierta en 2017. Este relanzamiento estuvo motivado por la admisión de Odebrecht en Estados Unidos de pagos de 788 millones de dólares en sobornos distribuidos en 12 países, entre ellos Panamá, según consignó EFECOM. La pesquisa panameña concluyó en octubre de 2018 con la recopilación de diversas evidencias sobre flujos monetarios hacia funcionarios y particulares.

Según publicó EFECOM, el exgerente de Odebrecht en Panamá, André Rabello, reconoció que la empresa brasileña transfirió más de 80 millones de dólares en sobornos y otros incentivos a funcionarios y privados en el país centroamericano. La Fiscalía obtuvo más de una decena de acuerdos de pena con imputados, en un proceso que en su origen incluyó a 36 personas, de las que actualmente permanecen procesadas 25.

Las sesiones judiciales transcurren bajo un intenso interés nacional e internacional, dado el largo alcance del escándalo Odebrecht en América Latina y las conexiones con figuras clave de la política y el empresariado panameños. EFECOM subraya que la presentación de pruebas extraordinarias, previstas tras la lectura documental, será decisiva para las estrategias de la Fiscalía y de la defensa en un juicio considerado histórico por la magnitud de los fondos implicados, los cargos formulados y la identidad de los procesados.

Las denuncias sobre la ausencia de testimonios y pruebas procedentes de autoridades brasileñas han generado controversia en el arranque del proceso judicial por uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Panamá. De acuerdo con la prensa panameña, el juicio por el caso Odebrecht reúne a más de una veintena de antiguos altos cargos y empresarios, entre quienes figuran exministros, banqueros y personajes clave de los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). La constructora brasileña está acusada de pagar desde 2007 más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares panameños a cambio de contratos públicos para obras reconocidas como el Saneamiento de la Bahía y varias líneas del Metro de Panamá, según informó la prensa local.

El lunes se formalizó la apertura del proceso ante la jueza Baloísa Marquínez, quien decretó un receso tras el inicio de la audiencia a raíz de incidentes procesales vinculados con los acuerdos de pena, detalló la prensa panameña. El Ministerio Público presentó una acusación respaldada por 2.973 tomos de pruebas, que documentan supuestos desvíos de fondos y manejo irregular de contratos públicos asociados con la constructora Odebrecht.

El proceso ha estado marcado por una serie de obstáculos, como retrasos continuos, recursos legales y ausencias de documentación internacional, especialmente de fuentes brasileñas, reportó la prensa de Panamá. Esta situación motivó críticas y cuestionamientos desde la defensa de varios acusados. Alfredo Vallarino, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, acusó a la Fiscalía de promover un juicio “sin sustento real”. En palabras de Vallarino, “lo que están haciendo es un show para decir que están trabajando y que todos queden notificados para una nueva audiencia”.

La posición de los imputados se conoció durante las primeras horas del juicio, según consignó la prensa panameña. Desde Colombia, donde permanece exiliado tras recibir asilo político en 2025, Ricardo Martinelli negó las acusaciones durante su intervención telemática: “Soy inocente y no soy responsable”, manifestó vía Zoom. Otros procesados, como el exministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, también negaron responsabilidad alguna en los hechos investigados.

Entre quienes han rechazado los cargos figuran Aurora Muradas Fraiz, expareja de Martinelli; Frank De Lima, exministro de Economía; el banquero Juan Antonio Niño; el exdiputado Jorge Alberto Rosas y José Domingo Arias, exministro y excandidato presidencial, de acuerdo con lo publicado por la prensa local.

El expediente judicial compila más de diez años de pesquisas y detalla que los sobornos de la compañía brasileña tuvieron como objetivo asegurar la adjudicación de proyectos emblemáticos de infraestructura. Entre los proyectos señalados en las denuncias se encuentran la Cinta Costera tramo II, la autopista Madden-Colón, la renovación urbana de Curundú y Colón, además de las líneas 1 y 2 del Metro, informó la prensa panameña.

Este caso adquirió notoriedad tanto por la cantidad de exfuncionarios involucrados como por el volumen de dinero señalado en las acusaciones. El Ministerio Público sostiene que el esquema de sobornos funcionó a través de una red de intermediarios y empresas pantalla, para canalizar fondos ilícitos a funcionarios públicos a cambio de la adjudicación de multimillonarios contratos de obras públicas.

La prensa panameña detalló también que Martinelli enfrenta una sentencia de diez años de prisión, una multa de 19,2 millones de dólares (17 millones de euros) y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por delitos de blanqueo de capitales, antecedentes que han marcado el contexto de su comparecencia en este proceso.

El desarrollo del juicio ha estado precedido por una serie de retrasos, solicitudes de excusas médicas y recursos legales que retrasaron el inicio de la vista oral. Según la prensa panameña, la falta de colaboración y documentación procedente de las autoridades judiciales de Brasil ha dificultado la incorporación de testigos claves y pruebas relevantes para el avance del proceso.

Las actuaciones de la jueza Baloísa Marquínez, quien decidió un receso apenas iniciado el juicio ante la presentación de incidentes procesales relativos a los acuerdos de pena, se presentan como un nuevo capítulo en el extenso expediente que ha acumulado miles de páginas con análisis financieros, registros de contratos y operaciones sospechosas.

El caso Odebrecht en Panamá sigue el patrón de otros procesos judiciales abiertos en la región latinoamericana, en los que la constructora confesó el pago de sobornos a cambio de la obtención de grandes negocios en infraestructura. Según la prensa panameña, el juicio involucra a exfuncionarios de dos administraciones consecutivas, señalados por actuar en beneficio de la empresa brasileña, facilitando la adjudicación de proyectos públicos de gran impacto económico y social para el país.

El debate sobre el posible destino del dictador Nicolás Maduro por un eventual cambio de poder en Venezuela cobró fuerza en el escenario internacional, especialmente tras la reciente decisión del Gobierno de Colombia de conceder asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli en 2025.

Este antecedente, sumado a las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio a Caracol Radio, reavivó la discusión sobre si el mandatario venezolano podría solicitar protección en territorio colombiano si se intensifican las presiones de Estados Unidos o si Donald Trump opta por medidas más drásticas para desplazarlo del poder.

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La ministra de Relaciones Exteriores habló del “apoyo” que Colombia podría brindar a Nicolás Maduro en caso de que solicite asilo político. Aunque el régimen venezolano no ha emitido ninguna postura oficial al respecto, la posibilidad de que Maduro busque refugio en Colombia se ha instalado como una de las alternativas más discutidas en los círculos diplomáticos y políticos, junto con otras opciones cuyo desenlace resulta incierto.

El asilo político, según el derecho internacional, constituye una protección otorgada a personas cuya vida o integridad se encuentra en riesgo por motivos políticos, humanitarios, de raza o religión, entre otros. En Colombia, esta figura ha sido aplicada en diversas ocasiones a lo largo de la historia.

Uno de los casos más recientes y mediáticos fue el de Ricardo Martinelli, que, tras ser acusado de corrupción y lavado de activos en Panamá, recibió asilo en Colombia durante el Gobierno de Gustavo Petro. Martinelli expresó su agradecimiento tanto a Petro como al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, por haberle salvado la vida, y denunció que enfrentaba una persecución judicial en su país.

Los asilos políticos otorgados por Colombia

Colombia ha sido escenario de otros asilos políticos relevantes. Entre ellos destaca el del líder peruano Víctor Raúl de Haya de la Torre, que obtuvo protección en 1920 tras ser acusado de rebelión militar por la dictadura de Manuel Odría en Perú. También figura Pedro Carmona, expresidente interino de Venezuela, que recibió asilo en Colombia luego de un fallido intento de golpe de Estado.

La posibilidad de que Nicolás Maduro se convierta en el próximo asilado político en Colombia generó interrogantes y críticas hacia el gobierno de Gustavo Petro, especialmente por las graves acusaciones que pesan sobre el mandatario venezolano, que incluyen presuntos vínculos con el cartel de los Soles y denuncias de fraude electoral.

Las criticas a la posibilidad de asilo político para Nicolás Maduro

Frente a una eventual llegada del líder chavista a Colombia, Alváro Uribe Vélez señaló que “Nicolás Maduro le ha dado asilo a las Farc, al ELN, al narcotráfico, a grupos terroristas de otras partes como Hezbolá y Hamás y eso nos ha creado un problema”.

“Si Venezuela amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, sirve de camino para que salga todo ese narcotráfico de Colombia y Petro se alía con Nicolás Maduro, y el candidato de Petro históricamente ha elogiado a Nicolás Maduro, pues ¿qué dice Trump? Nos va a tocar intervenir”, dijo a La FM.

Por su parte, María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático, sostuvo que brindarle asilo a Maduro es otra muestra de que el presidente Petro mantiene vínculos con el líder del régimen venezolano y el cartel de los Soles.

Además, dijo que si llega a ganar las elecciones de 2026 quitaría la protección que la Cancillería de Colombia otorgue al sucesor de Hugo Chávez. Señaló que el dictador Maduro debe pagar por los crímenes que ha cometido contra el pueblo venezolano.

“Si al criminal socio de Petro, Nicolás Maduro le dan asilo en Colombia, el 7 de agosto de 2026 cuando llegue a la presidencia lo primero que haré será retirarle esa condición y entregarlo a los EE.UU. Ese jefe del narcotráfico debe responder por el genocidio contra su pueblo (sic)”, escribió la precandidata presidencial en su cuenta de X.

Bajo la misma línea, Paloma Valencia, compañera de partido político y aspirante a la Casa de Nariño, usó sus redes sociales para exponer su posición frente a las declaraciones de la canciller Villavicencio. “Estamos de acuerdo en darle asilo a Maduro, siempre y cuando sea en la Picota o Picaleña”, aseveró la legisladora.

El oficialismo optó por impulsar la reforma de los artículos 80 y 133 de la Constitución para eliminar las diputaciones del Parlacen, la cual debe ser ratificada - lo que puede hace esta misma legislatura - para su aprobación definitiva.

Los diputados oficialistas argumentan que las resoluciones del Parlacen "carecen de efectos reales", que el organismo representa un "gasto ineficiente", que la nación podría ahorrar cerca de 1,7 millones de dólares y que la inmunidad que otorga a sus miembros ampara muchas veces a funcionarios corruptos.

El Parlacen fue constituido en octubre de 1991 y actualmente está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Costa Rica es el único país centroamericano que no se ha adherido al mecanismo.

Cada país cuenta con 20 diputados electos por voto popular, a los que se suman otros dos, quienes son los expresidentes y exvicepresidentes de las naciones centroamericanas que automáticamente pasan a ser legisladores del organismo.

El gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) fracasó en su intentó de sacar a Panamá del Parlacen, una medida que impulsó bajo el argumento de que era una institución inoperante.

La dificultad radica en que el Tratado Constitutivo del Parlacen no contempla una cláusula de denuncia o de retiro explícita, por lo que intentar este paso involucra dos vías, la diplomática y la del derecho internacional, ambas aplicadas por Panamá sin éxito.

En noviembre de 2009 el entonces presidente del Parlacen, el nicaragüense Jacinto Suárez, explicó que la vía diplomática consistía en que los presidentes de las naciones miembros debían dar el visto bueno a la salida de un país.

Entonces se informó que los gobiernos de Guatemala y Nicaragua, presididos por Álvaro Colom y Daniel Ortega respectivamente, se habían opuesto a la salida de Panamá del parlamento regional.

Ante ello, el Gobierno de Martinelli impulsó una ley, la 78 de 2011, que derogó las normas que aprobaban los instrumentos internacionales relativos al Parlacen haciendo efectivo así el retiro de Panamá de este foro político.

Pero la Corte Suprema de Justicia panameña declaró inconstitucional la Ley 78, por lo que en enero de 2013 la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó una ley que restableció la presencia de Panamá en el Parlacen.

De acuerdo con la información de la prensa local, Panamá adeudaba en 2013 unos 3,7 millones de dólares al foro regional por el tiempo que se mantuvo ausente.

Martinelli, que llegó a llamar "cueva de ladrones" al Parlacen, hizo uso de la prerrogativa que le otorga a los expresidentes y juró como diputado del ente regional, lo que le dio un fuero que le permitió evadir la justicia ordinaria en un caso de escuchas ilegales, del que finalmente fue absuelto.

El expresidente Martinelli está asilado en Colombia para evitar ir a la cárcel tras ser condenado por la Justicia de su país a más de 10 años por un caso de blanqueo de capitales. EFE

En los últimos años, Colombia y Panamá han tenido una relación constante por varios factores, principalmente, la crisis migratoria que se registra en el tapón del Darién, única frontera terrestre entre América del Sur y Centroamérica.

Debido a que las posturas sobre este tema son diferentes entre José Raúl Mulino y Gustavo Petro, mandatarios de Panamá y Colombia, respectivamente, se han registrado varios encuentros entre ellos para llegar a acuerdos sobre la problemática.

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El último registrado fue el 28 de marzo de 2025, en el que Mulino reveló que los temas principales fueron la migración y sus soluciones; además de una alianza a futuro sobre interconexión eléctrica y otros aspectos que no fueron expuestos.

Mulino visitará Colombia con varios temas prioritarios

Dos meses después del último encuentro entre los mandatarios, José Raúl Mulino llegará a Colombia el 30 de mayo para participar de la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que se llevará a cabo en Montería, Córdoba.

El mandatario centroamericano indicó que retornará al país en la misma jornada tras concluir la agenda oficial, que de acuerdo con medios panameños, incluirá diálogo con varios de los presidentes que asistirán al evento, incluido Gustavo Petro.

Cabe recordar que la Asociación de Estados del Caribe es un organismo regional creado en 1994, que tiene como objetivo promover la cooperación, el diálogo político, el comercio y la integración entre los países del “Gran Caribe”.

La AEC está conformada por Estados insulares y continentales que comparten costas en el mar Caribe; entre sus principales retos están el desarrollo sostenible, el turismo, la reducción del riesgo de desastres y la protección del mar Caribe como patrimonio.

Las claves ente Panamá y Colombia en la actualidad

El tema central del diálogo entre Mulino y Petro podría ser el tapón del Darién, que ha dejado de ser una prioridad para el Estado centroamericano tras la intervención que provocó que la llegada de migrantes mermara hasta en un 99%.

Con esta problemática, en la que los presidentes no están de acuerdo en la forma de intervenir, baja a nivel de estadísticas, la prioridad de ambos países podría estar en la recuperación de la selva del Darién, que ha sido afectada por el paso constante de personas.

Al respecto, algunas entidades estiman que hay más de 2.500 toneladas de basura en el Darién y que limpiar el desastre podría costar más de 12 millones de dólares.

En segundo lugar, otro tema clave es la actualidad del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, que llegó el 10 de mayo a Bogotá, en donde recibió asilo político tras permanecer durante un tiempo en la embajada de Nicaragua en su país.

Cabe recordar que Martinelli fue condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales, por lo que fue una sorpresa para el Gobierno de Panamá que desde Colombia le notificara que habían aceptado la solicitud del expresidente.

Desde que llegó a Colombia, Martinelli le ha agradecido a Gustavo Petro en repetidas ocasiones, asegurando que estaba siendo “perseguido” en su país; además, ha expresado su apoyo a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.

Al respecto, Gustavo Petro indicó, durante su visita a China, que su nación será un territorio para proteger los derechos en todo momento. “Colombia ha sido tierra de asilo, es un derecho universal. No importa que sean de derecha, de izquierda, o que sean poetas, políticos o perseguidos”, indicó el presidente de los colombianos sobre la protección que ha recibido Martinelli desde hace 18 días.

La marcha, que fue convocada por el sindicato de la Construcción, Suntracs, cuyo secretario general Saúl Méndez se refugió este miércoles en la embajada de Bolivia al alegar persecución, partió desde un céntrico parque de la capital con la intención de llegar hasta el palacio presidencial, en el casco viejo de la ciudad.

Las protestas en Panamá se vienen dando desde el pasado 23 de abril, cuando varios sindicatos de docentes del sector público dieron inicio a un paro gremial al que se unieron después los obreros de la construcción, para exigir la derogación de la Ley 462 de 2025 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS) que, denuncian, privatiza sus servicios y compromete el sistema de pensiones.

Este par de sindicatos también rechazan un acuerdo de seguridad entre el Gobierno de Panamá y EE.UU. suscrito en abril pasado, así como los planes de reactivación de una gran mina de cobre administrada por la canadiense First Quantum Minerals (FQM) y cuya concesión fue declarada inconstitucional por el Supremo panameño.

Los manifestantes marcharon con telas y pancartas en las que se podía leer "Los educadores de Coclé (provincia central panameña) dicen no a la Ley 462", y "La salud no es negocio: fuera los piratas de la Caja de Seguro Social", entre otras.

Fernando Ábrego, que es el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), criticó los procesos judiciales que siguen en contra de los líderes de sectores populares, mientras que según dijo a EFE "a los ricos que roban millones y que se roban los sueños del pueblo panameño le dan salvoconducto para que gocen de la riqueza robada en otros países", afirmó en referencia al expresidente Ricardo Martinelli.

Por el contrario, "a los patriotas, a los luchadores sociales, a los gremialistas y sindicalistas se le aplica el rigor de la ley (...) con expedientes amañados, con pruebas falseadas, falsedad ideológica en la construcción de todos esos expedientes", añadió Ábrego

"Están judicializando la protesta social, están persiguiendo a los dirigentes que contestamos porque queremos un Panamá diferente que es posible, porque luchamos por justicia social y porque la dignidad se haga costumbre en este país, en nuestro pueblo y lo seguiremos haciendo hasta alcanzar el objetivo", remarcó el líder docente.

En medio de estas protestas, el principal líder sindical del país, Saúl Méndez, se refugió el pasado miércoles en la embajada de Bolivia al alegar persecución política, acusación que el Gobierno niega. Bolivia le ha dado "protección temporal" mientras analiza el asilo.

La Fiscalía ordenó además la aprehensión de "ciudadanos panameños en el marco de una investigación penal que data del año 2022", a raíz de una "querella interpuesta por extrabajadores de un proyecto de construcción (...) quienes se encontraban afiliados al Suntracs".

Entre esos ciudadanos hay 11 dirigentes del Suntracs, uno de ellos sería Méndez, según medios locales. Otro dirigente del sindicato se entregó este jueves a las autoridades panameñas.

El dirigente magisterial Jorge Aparicio expresó a EFE que espera que la población le dé su apoyo y se "solidarice con este movimiento que definitivamente va en crecimiento" y que también apuesta por el diálogo.

"Lo que tratamos al final de lograr con esta medida es lograr un acercamiento con el gobierno, ya que ha mostrado su posición intransigente de no negociar y lo que estamos mostrando es que sí queremos sentarnos para encontrar una salida viable a esta situación", dijo Aparicio y resaltó que "evidentemente la Ley 462 es uno de la de los temas más neurálgicos". EFE

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"El presidente Martinelli pidió un asilo a Colombia a través de una carta, que yo me enteré casi al momento de que Colombia nos informó de que estaba procesando esa petición. El Gobierno panameño no gestionó esa petición", expresó Mulino durante su rueda de prensa semanal.

"Tuvimos que hacer lo que corresponde y lo que no permitió Nicaragua, tampoco, que fue el reconocimiento de asilo, un derecho soberano único del Estado que lo da. Panamá entregó el salvoconducto y coordinamos su salida del país con su seguridad, etc, hasta el aeropuerto y se fue", agregó.

Mulino se refiere al frustrado intento de Martinelli de viajar a Nicaragua asilado, cancelado in extremis porque el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo solicitó aclarar la situación en torno a una orden de Interpol, pese a que las autoridades panameñas reiteraron que no existía por improcedente.

Martinelli, de 73 años de edad, salió repentinamente el sábado en la noche de la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se había refugiado en febrero de 2024 luego que la justicia confirmara su condena por blanqueo de capitales, y llegó a Colombia tras recibir asilo político.

Ese asilo, defendido por el Gobierno del colombiano Gustavo Petro, ha levantado polémicas en Colombia y Panamá ya que muchas ong consideran que se da impunidad a Martinelli y convierte el país sureño en un "protector" de la corrupción.

Tras llegar a Bogotá ese mismo sábado, Martinelli posteó en sus redes sociales numerosos vídeos "feliz y contento" en restaurantes y discotecas bailando y celebrando su asilo en Colombia.

Entre esas fotos, publicó una con el embajador panameño en Colombia, Mario Boyd, al parecer un íntimo amigo de Martinelli.

Sin embargo, esa situación enfureció al actual presidente panameño al punto que "reprendió" a su diplomático en el país vecino y le advirtió de las "consecuencias" de seguir "por ese camino".

"Personalmente, he dado fuertes reprimendas al embajador Boyd en Colombia. Fue un error garrafal. Y le dije (parafrasea): 'Mario (Boyd) tu no eres la nana ni el nano (cuidador) de Martinelli en Colombia y te quiero lejos de ahí'. Porque eso compromete mi Gobierno", señaló hoy Mulino, que admitió que dicha foto estaba "de más".

El asilo de Martinelli se inició en febrero de 2024 tras confirmarse su condena a más de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso 'New Business', vinculado a la compra de un conglomerado de medios de comunicación con fondos públicos.

Además del caso 'New Business', Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de Odebrecht y en España por supuestos sobornos y por un caso de interceptación de comunicaciones en Mallorca.

Mulino sustituyó in extremis a Martinelli, su "amigo", en las elecciones del año pasado ante la imposibilidad del exmandatario de correr en los comicios por la condena de corrupción. El eslogan de campaña de Mulino se basó en frases como "El loco (apodo popular de Martinelli) con Mulino". EFE

El expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por corrupción, recibió asilo político en Colombia, lo que ha generado controversia tanto en su país de origen como en el país que lo acogió.

Según informó el presidente panameño José Raúl Mulino, el asilo fue solicitado directamente por Martinelli mediante una carta enviada a las autoridades colombianas, sin que el gobierno de Panamá interviniera en el proceso.

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Mulino explicó que, tras la aprobación del asilo por parte de Colombia, su administración facilitó un salvoconducto y coordinó la salida del exmandatario hacia Bogotá.

De acuerdo con Mulino, el asilo otorgado por Colombia se produjo después de que Nicaragua, donde Martinelli se había refugiado previamente en su embajada en Panamá, rechazara otorgarle protección.

Este rechazo se debió a la solicitud del Gobierno nicaragüense de aclarar la existencia de una orden de captura de Interpol, la cual, según las autoridades panameñas, no era válida.

Martinelli, de 73 años, abandonó la embajada nicaragüense en Panamá el sábado por la noche y llegó a Colombia, donde fue recibido bajo la figura de asilo político.

El caso ha generado críticas en ambos países. En Colombia, organizaciones no gubernamentales han señalado que el asilo podría interpretarse como un acto que fomenta la impunidad y convierte al país en un “protector” de la corrupción.

En Panamá, la situación ha provocado tensiones políticas, especialmente tras la publicación de imágenes de Martinelli celebrando su llegada a Bogotá en restaurantes y discotecas, lo que fue interpretado por muchos como una burla a la justicia.

Una de las imágenes que más polémica generó fue una fotografía de Martinelli junto al embajador panameño en Colombia, Mario Boyd, considerado un amigo cercano del exmandatario.

Esta situación llevó al presidente Mulino a reprender públicamente a Boyd, calificando su comportamiento como un “error garrafal”.

Según Mulino, le advirtió al diplomático que debía mantenerse alejado de Martinelli para no comprometer la imagen de su gobierno.

El asilo de Martinelli se produce en un contexto de múltiples acusaciones legales en su contra.

En febrero de 2024, la justicia panameña confirmó una condena de más de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso conocido como New Business, relacionado con la compra de un conglomerado de medios de comunicación utilizando fondos públicos.

Además, enfrenta otros procesos judiciales en Panamá, como el escándalo de Odebrecht, y en España, donde se le acusa de sobornos y de un caso de interceptación de comunicaciones en Mallorca.

La figura de Martinelli ha sido central en la política panameña durante años.

Su condena por corrupción le impidió participar en las elecciones presidenciales de 2024, lo que llevó a Mulino, quien era su aliado político, a asumir su lugar como candidato.

Durante la campaña, Mulino utilizó eslóganes que apelaban a la conexión con Martinelli, como “El loco con Mulino”, en referencia al apodo popular del exmandatario.

Gustavo Petro defiende la llegada de Martinelli a Colombia: “Colombia ha sido tierra del asilo”

En medio de las críticas que ha generado esta decisión, Petro reiteró que el asilo político es un principio que trasciende las diferencias ideológicas.

“Colombia ha sido tierra del asilo, es un derecho universal. No importa que sean de derecha, de izquierda”, declaró el mandatario. Estas palabras contrastan con declaraciones previas de Petro sobre Martinelli.

En 2018, cuando aún era candidato presidencial, Petro expresó en redes sociales su preocupación por las acciones del exmandatario panameño, acusándolo de interceptar comunicaciones de sus opositores y de recibir presuntos sobornos de la constructora Odebrecht.

Martinelli, quien ha negado las acusaciones en su contra, celebró públicamente su llegada a Colombia. A través de su cuenta de Instagram, compartió imágenes junto a su perro y un video en el que canta la canción El Rey.

En sus publicaciones, expresó su alegría y agradecimiento, afirmando: “Aquí estoy yo, pa’ lante, feliz y contento (…) Viva Colombia, viva Nicaragua, viva Panamá”.

Madrid, 14 may (EFE).- Usar al "mayor socio estratégico y diplomático de Panamá para atacar al Gobierno" no es la estrategia más sensata a ojos del alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, que cree que el Ejecutivo de José Raúl Mulino "lo está haciendo bien" en lo que se refiere a las relaciones de su país con Estados Unidos.

Mizrachi conversó con EFE sobre el estado de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos y su labor al frente de la alcaldía en la capital panameña tras ocho meses en el cargo, durante su reciente visita a Madrid para participar en un encuentro de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (Ucci).

El alcalde "se quita el sombrero" ante la gestión del Gobierno panameño desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y pone como ejemplo de su "fuerte relación en positivo" el hecho de que Panamá recibiese los aranceles más bajos dentro del paquete de las sanciones económicas estadounidenses.

Preguntado por el memorándum de entendimiento entre Panamá y EE.UU. alcanzado en abril, que ha sido criticado por la oposición y ha provocado una fuerte respuesta entre la población panameña, Mizrachi lo ve como un "excelente trabajo": "Antes había hasta un interés de retomar el Canal explícitamente, hoy en día se habla de entendimiento".

Cree que el hecho de que Trump haya nombrado a su primer embajador en Latinoamérica en Panamá es reflejo de su interés por desarrollar una relación con el país centroamericano, por lo que ve este momento como una "oportunidad de oro" para que Panamá comience a venderse como un "hub logístico" para las empresas extranjeras.

Mizrachi se define como un 'outsider' dentro de la política panameña, por su edad (38 años), y por haber llegado a alcalde al margen de los partidos tradicionales -un empresario que anunció su salto a la política en redes sociales en 2023 y ganó las elecciones un año después-, y dice ser "un gran fan" del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Inspirado en el ejemplo salvadoreño, al que reconoce como "líder" en la materia, el alcalde ha querido incorporar las criptomonedas a los servicios públicos de Ciudad de Panamá, que aceptará el pago de impuestos a través de este tipo de divisas.

Cree que su iniciativa puede ser una "inspiración" para todo el país y adelanta que espera afectar el primer cobro por criptomoneda en su ciudad el próximo 29 de mayo, mediante un acuerdo con el banco Towerbank, que será el intermediario encargado de hacer la conversión de divisas.

También reconoce la visión de Bukele sobre la necesidad de crear un bloque económico centroamericano: "Su visión es bastante clara, cuanta mayor coordinación y comunicación entre los países centroamericanos, mejor para la región entera".

Como alcalde de Ciudad de Panamá, Mizrachi ha querido poner la tecnología en el centro del desarrollo de la capital.

Cree que se defiende mejor en el ámbito de las redes sociales que otros políticos, algo que explotó durante su campaña a la alcaldía, a la que llegó en julio de 2024: "Si no me prestan atención en redes significa que mi trabajo no importa, no impacta".

Una de sus promesas electorales fue hacer de Ciudad de Panamá un nuevo Silicon Valley, para lo que explica que están creando el "primer espacio físico de intercambio intelectual abierto" para formar a la ciudadanía en el ámbito digital, especialmente en inteligencia artificial.

El alcalde resalta la "confianza" de la población en la administración como éxito de estas políticas y admite que la situación con el expresidente panameño Ricardo Martinelli, que es cuñado de su padre, "dificulta la gestión de cualquier servidor público".

Martinelli (2009-2014) llegó el sábado a Colombia como asilado tras abandonar de manera sorpresiva la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se encontraba refugiado desde febrero de 2024 tras ser condenado por corrupción.

Mizrachi explica que el sector público entero puede ser cuestionado "por la acción de una persona o una situación en particular", por lo que siente que la situación actual es "un peso para cargar". "Pero lo cargo con toda la responsabilidad con la cual viene el puesto", concluye. EFE

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Así lo expresó el director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, en un video publicado en redes sociales en el que además recuerda que Martinelli tiene una condena de 10 años de prisión por lavado de activos con dineros públicos.

"Con esta decisión, el presidente Petro y su Gobierno le envía a la comunidad internacional un mensaje equivocado y el país corre el riesgo de convertirse en una nación protectora de la impunidad de la gran corrupción", aseguró Hernández.

Petro defendió este lunes la concesión de asilo político a Martinelli porque, según indicó, Colombia "debe ser sitio de refugio y libertad" y el asilo es un "derecho universal" que trasciende ideologías políticas.

"Colombia ha sido tierra del asilo, es un derecho universal. No importa que sean de derecha, de izquierda, o que sean poetas, políticos o perseguidos", declaró Petro a medios colombianos en Pekín, donde mañana participará en la IV Reunión Ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y China.

Hernández aseguró que, "con este asilo indebido, Petro se vuelve cómplice de la burla que Martinelli le hace a su propio país".

Martinelli, de 73 años de edad, salió repentinamente el sábado en la noche de la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se había refugiado en febrero de 2024 luego que la justicia confirmara su condena por blanqueo de capitales, y llegó a Colombia tras recibir asilo político.

Tras llegar a Bogotá el sábado pasado, Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, escribió en sus redes sociales que se sentía "feliz y contento". El exmandatario también publicó numerosos videos en restaurantes y discotecas bailando y celebrando su asilo en Colombia.

El asilo de Martinelli, con una extensa trayectoria empresarial, puso fin a un prolongado episodio diplomático entre Panamá y Nicaragua, que se inició en febrero de 2024 tras confirmarse su condena a más de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso 'New Business', vinculado a la compra de un conglomerado de medios de comunicación con fondos públicos.

Además del caso 'New Business', Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de Odebrecht y en España por supuestos sobornos y por un caso de interceptación de comunicaciones en Mallorca. EFE

"Colombia ha sido tierra del asilo, es un derecho universal. No importa que sean de derecha, de izquierda, o que sean poetas, políticos o perseguidos", declaró Petro a medios colombianos en Pekín, donde este martes participará en la IV Reunión Ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y China.

Cuestionado por los periodistas por el historial judicial de Martinelli, el mandatario respondió: "En mi opinión, Colombia debe ser, como lo fue Panamá, un sitio de refugio, de libertad, de libre expresión".

Martinelli salió de manera repentina el sábado en la noche de la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se había refugiado en febrero de 2024 luego que la justicia confirmara su condena por blanqueo de capitales, y llegó a Colombia tras recibir asilo político.

La decisión de Petro de proteger al expresidente panameño desató críticas a nivel nacional, entre ellas del excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien en sus redes sociales cuestionó la medida y la tachó de una "gran vergüenza y desfachatez".

Petro resaltó que, en el pasado, Colombia ha otorgado asilo político "a perseguidos de (Daniel) Ortega en Nicaragua" y "a la oposición venezolana que se ha quedado en Colombia". También a chilenos y paraguayos, añadió.

"De derecha, de izquierda, no importa", insistió el presidente.

Petro agregó que Colombia quiere "atraer al pueblo panameño" y que ambos países "deben asociarse", pues planteó una "confederación de naciones que sea capaz de aprovechar con mucha soberanía su posición en su geografía y la historia".

Tras llegar a Bogotá el sábado pasado, Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, escribió en sus redes sociales que se sentía "feliz y contento". El exmandatario también publicó numerosos videos en restaurantes y discotecas bailando y celebrando su asilo en Colombia.

El asilo de Martinelli, de 73 años y con una extensa trayectoria empresarial, puso fin a un prolongado episodio diplomático entre Panamá y Nicaragua, que se inició en febrero de 2024 tras confirmarse su condena a más de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso 'New Business', vinculado a la compra de un conglomerado de medios de comunicación con fondos públicos.

Además del caso 'New Business', Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de Odebrecht y en España por supuestos sobornos y por un caso de interceptación de comunicaciones en Mallorca. EFE

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La ONG anticorrupcion pidió a su vez a la Fiscalía panameña solicitar con urgencia una alerta de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra el exmandatario para evitar que "pasee por el mundo a su antojo", según el comunicado publicado hoy.

"El nuevo capítulo del penoso caso del expresidente Ricardo Martinelli, constituye una clara violación a los tratados internacionales en materia de asilo, al sistema de Administración de Justicia, a la separación de poderes que sostiene el sistema democrático y al Estado de Derecho en su conjunto", dijo TI.

Así, agrega que el "repentino viaje de Martinelli a Colombia, gracias al salvoconducto otorgado por la administración del presidente José Raúl Mulino, cierra con un lamentable sello de impunidad, el largo y arduo camino recorrido por fiscales y jueces, que hicieron posible que un poderoso ex presidente fuese condenado por blanqueo de capitales".

El expresidente panameño Ricardo Martinelli llegó el pasado sábado a Colombia como asilado tras abandonar de manera sorpresiva la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se encontraba refugiado desde febrero de 2024 tras ser condenado por corrupción.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) de Panamá otorgó un salvoconducto para "la pronta y segura salida" del expresidente después de que el Gobierno de Colombia, "mediante una nota formal dirigida" por el presidente colombiano, Gustavo Petro, a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, informara de la concesión del asilo a Martinelli.

TI calificó la "actuación" de la Cancillería panameña como "alarmante" porque "no solo emitió un salvoconducto para un caso de delincuencia común, burlando la razón de ser de la institución del asilo, sino que además lo hizo en un contexto de opacidad, sin rendir cuentas a la ciudadanía".

Eso, según TI, "se trata de una violación al principio de legalidad, que constriñe la actuación de los funcionarios a lo que permite la ley".

En cuanto a la decisión de Colombia de otorgar asilo al expresidente panameño, TI considera que también "constituye una grave acusación directa al sistema judicial panameño" por lo que "es absolutamente inaceptable que un país hermano desacredite así nuestras instituciones, ignorando que se trata de un condenado por corrupción".

La situación alrededor del exgobernante "afecta de forma importante la credibilidad de Panamá y sus instituciones, erosiona nuestra gobernabilidad democrática y mina los esfuerzos para enfrentar la corrupción, incluyendo el emblemático caso Odebrecht, que aún espera la realización del juicio".

"Ricardo Martinelli se ha burlado de todos, con la complicidad del Gobierno Nacional, y quienes trabajamos para hacer de Panamá un lugar donde impere la justicia, lo lamentamos profundamente", concluye el comunicado.

Martinelli se mantenía refugiado en la Embajada de Nicaragua en Panamá desde febrero de 2024, tras confirmarse su condena a más de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso 'New Business', vinculado a la compra de un conglomerado de medios de comunicación con fondos públicos.

En marzo pasado tuvo un frustrado intento de ir a Nicaragua como asilado, pero el viaje fue cancelado el último momento, después de que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo solicitara aclarar una posible alerta roja de Interpol contra él, que ya las autoridades panameñas habían declarado que no existía por improcedente.EFE

"Feliz y contento cantando EL REY. Estoy feliz", expresó en sus redes sociales el expresidente panameño, que en el video aparece rodeado de varias personas en lo que parece ser una discoteca y canta, casi gritando: "Sigo siendo el rey".

Esa canción de José Alfredo Jiménez es una ranchera popular mexicana de la década de los setenta del siglo pasado, que trata de un hombre convencido de que nada le impide seguir siendo el rey.

Desde su llegada a Bogotá, Martinelli, condenado por corrupción en su país, ha publicado numerosos videos en restaurantes y discotecas bailando y celebrando su asilo en Colombia.

El expresidente llegó el sábado por la noche a Bogotá tras abandonar de manera sorpresiva la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se encontraba refugiado desde febrero de 2024 tras ser condenado por corrupción en su país.

La salida del exmandatario, de 73 años y con una extensa trayectoria empresarial, puso fin a un prolongado episodio diplomático entre Panamá y Nicaragua, que se inició en febrero de 2024 tras confirmarse su condena a más de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso 'New Business', vinculado a la compra de un conglomerado de medios de comunicación con fondos públicos.

El Gobierno panameño de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó entonces la solicitud del salvoconducto y llamó la atención al Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega por la forma en la que Martinelli buscaba incidir en la política de Panamá desde la sede diplomática nicaragüense.

No fue hasta marzo pasado cuando el Gobierno de José Raúl Mulino aprobó un primer salvoconducto para que el expresidente viajara a Nicaragua. Sin embargo, la salida hacia ese país centroamericano nunca se concretó.

Además del caso 'New Business', Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de Odebrecht y en España por supuestos sobornos y por un caso de interceptación de comunicaciones en Mallorca. EFE

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El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha defendido este lunes la concesión del asilo político al exmandatario panameño Ricardo Martinelli, alegando que se trata de "un derecho universal" en el que no importa la condición o ideología de quienes salen beneficiados, "que sean de derecha o sean de izquierda".

"Colombia es tierra de asilo", ha reivindicado Petro, que desde China ha valorado por primera vez en declaraciones a los medios el inesperado traslado de Martinelli de la Embajada nicaragüense en Panamá, donde permanecía refugiado desde febrero de 2024 al pesar sobre él una condena de diez años de cárcel por blanqueo de capitales.

El Ministerio de Exteriores colombiano ya apeló a la "tradición humanista" del país al anunciar el sábado a última hora la concesión del asilo a Martinelli, que a su llegada a Bogotá volvió a autoproclamarse "un perseguido político". "Estuve 16 meses asilado en su embajada donde gracias a ellos pude salvar mi vida. Les estaré eternamente agradecido", declaró en redes sociales.

El que fuera presidente de Panamá entre 2009 y 2014 fue condenado también a pagar una multa de 19,2 millones de dólares (17 millones de euros) y vio frustradas sus aspiraciones de volver a gobernar el país al ser inhabilitado en virtud de la Constitución. Aún tiene otro juicio pendiente por supuestos sobornos de la constructora Odebrecht.

"Más allá de las implicaciones que tenga (...) si el señor tiene problemas judiciales o no, habría que revisar el asilo con base en qué es", expresó Benedetti en una entrevista con la emisora Caracol Radio sobre el caso del expresidente panameño, condenado por corrupción en su país.

Benedetti añadió: "Yo no he leído con base en qué es el asilo (...) pero los asilos se dan por persecuciones políticas o persecuciones de Estados (...) Habría que ver qué es eso, porque los asilos poco tienen que ver con temas judiciales. Habría que revisar el asilo con base en qué es y eso es potestad o manejo de la Cancillería".

Martinelli llegó el sábado por la noche a Bogotá tras abandonar de manera sorpresiva la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se encontraba refugiado desde febrero de 2024 tras ser condenado por corrupción.

La salida del exmandatario, de 73 años y con una extensa trayectoria empresarial, puso fin a un prolongado episodio diplomático entre Panamá y Nicaragua, que se inició en febrero de 2024 tras confirmarse su condena a más de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso 'New Business', vinculado a la compra de un conglomerado de medios de comunicación con fondos públicos.

El Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó entonces la solicitud del salvoconducto y llamó la atención al Gobierno de Daniel Ortega por la forma en la que Martinelli buscaba incidir en la política desde la sede diplomática nicaragüense.

No fue hasta marzo pasado cuando el Gobierno de José Raúl Mulino aprobó un primer salvoconducto para que el expresidente viajara a Nicaragua. Sin embargo, la salida hacia ese país centroamericano nunca se concretó.

Además del caso 'New Business', Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de Odebrecht y en España por supuestos sobornos y por un caso de interceptación de comunicaciones en Mallorca. EFE

"Feliz y contento porque estoy ya en Bogotá donde recibí asilo político al ser un perseguido político. Mil gracias al Gobierno colombiano y al presidente Gustavo Petro por haberme concedido dicho asilo político", manifestó Martinelli en un mensaje en su cuenta de X.

El expresidente acompañó su mensaje con una fotografía del breve comunicado de la Cancillería colombiana que confirmó la concesión del asilo "en la observancia del principio pro persona y de la tradición humanista de protección a personas perseguidas por razones políticas".

Martinelli llegó a última hora del sábado a Bogotá tras abandonar de manera sorpresiva la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se encontraba refugiado desde febrero de 2024 tras ser condenado por corrupción.

En otro mensaje en la misma red social, Martinelli dio las gracias "al hermano pueblo nicaragüense y muy en especial al presidente Daniel Ortega y la copresidente Rosario Murillo" por haberlo acogido en la embajada de ese país en Panamá.

"Estuve 16 meses asilado en su embajada donde gracias a ellos, pude salvar mi vida. Les estaré eternamente agradecido", dijo en X.

La salida de Martinelli, de 73 años y con una extensa trayectoria empresarial, puso fin a un prolongado episodio diplomático entre Panamá y Nicaragua, que se inició en febrero de 2024 tras confirmarse su condena a más de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso 'New Business', vinculado a la compra de un conglomerado de medios de comunicación con fondos públicos.

El Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó entonces la solicitud del salvoconducto y llamó la atención al Gobierno de Daniel Ortega por la forma en la que Martinelli buscaba incidir en la política desde la sede diplomática nicaragüense.

No fue hasta marzo pasado cuando el Gobierno de José Raúl Mulino aprobó un primer salvoconducto para que el expresidente viajara a Nicaragua. Sin embargo, la salida hacia ese país centroamericano nunca se concretó.

Además del caso 'New Business', Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht y en España por supuestos sobornos y por un caso de interceptación de comunicaciones en la isla de Mallorca. EFE

A continuación, presentamos cinco claves sobre el proceso que llevó al expresidente Martinelli a asilarse en Colombia:

En junio de 2023, Ricardo Martinelli, quien había gobernado Panamá entre 2009 y 2014, oficializó su candidatura presidencial para las elecciones de mayo de 2024. Esto ocurrió mientras enfrentaba un proceso por blanqueo de capitales relacionado con la compra irregular de una editorial de medios y a la espera del inicio del juicio por el caso Odebrecht.

Martinelli fue proclamado candidato por su nuevo partido fundado en 2021, Realizando Metas (RM), tras imponerse en unas primarias en las que obtuvo más del 96 % de los votos.

Sin embargo, en marzo de 2024 Martinelli vio truncadas sus aspiraciones de regresar al poder después de que el Tribunal Electoral (TE) anunció su inhabilitación como candidato presidencial para las elecciones del 5 de mayo de ese año, en las que partía como favorito, tras recibir la sentencia que condenó al político a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales.

La máxima instancia electoral también resolvió que en la boleta de votación en las elecciones para presidente, en la casilla de los partidos Realizando Metas y el partido Alianza, apareciera su compañero de fórmula José Raúl Mulino, que ganaría finalmente las elecciones, tomando posesión el 1 de julio de 2024.

El Tribunal Electoral de Panamá había iniciado la deliberación sobre la inhabilitación tras recibir una copia del fallo judicial del caso 'New Business'. Esa sentencia quedó en firme el 2 de febrero de 2024 tras serle rechazado el último recurso que buscaba anularla.

Días después, el 7 de febrero, Martinelli se asilaba en la embajada de Nicaragua alegando que la condena en su contra era una persecución política para impedirle participar en las elecciones.

El Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó la solicitud de salvoconducto y llamó la atención al Gobierno de Daniel Ortega por la forma en la que Martinelli buscaba incidir en la política desde la sede diplomática nicaragüense.

No fue hasta marzo pasado cuando el Gobierno de José Raúl Mulino, que tomó posesión en julio de 2024, aprobó un primer salvoconducto para que Martinelli viajara a Nicaragua. Sin embargo, la salida nunca se concretó.

Martinelli vio frustrado su viaje de asilado a Nicaragua en el último momento, después de que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo cancelara hasta que no se aclarara una posible alerta roja de Interpol contra él, que ya las autoridades panameñas habían declarado que no existía por improcedente.

La Cancillería panameña informó entonces que, aunque se esperaba la autorización de Managua para que Martinelli abandonara la embajada, ese visto bueno nunca llegó.

Nicaragua, por su parte, cuestionó también la falta de respaldo panameño en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), lo cual fue calificado por analistas y políticos panameños como un intento de chantaje.

Después de todo el revuelo causado durante el periodo de concesión del primer salvoconducto, vigente del 27 al 31 de marzo y luego ampliado por 72 horas más para tratar de formalizar el viaje de Martinelli a Nicaragua, esta vez la concesión del nuevo salvoconducto se mantuvo en secreto y no se conoció hasta que el expresidente había abandonado ya la embajada.

La Cancillería panameña informó este sábado que, mediante una nota firmada por el presidente Gustavo Petro, Colombia ofreció asilo al exmandatario panameño, algo confirmado luego por Bogotá.

Poco después, el exmandatario llegaba a Colombia.

"Aquí en Bogotá con asilo político por ser un perseguido político. No sabía lo bello que es Bogotá. Le doy las gracias a los Gobiernos de Nicaragua y Colombia por haberme recibido en sus bellos países", publicó Martinelli en sus redes sociales en la noche del sábado. EFE

Martinelli, de 73 años, se refugió el 7 de febrero de 2024 en la Embajada de Nicaragua tras su condena y a una multa de 19,2 millones de dólares, que se le impuso al ser hallado culpable de blanqueo de capitales por el caso 'New Business', sobre la compra de un conglomerado de medios con dinero público.

Nacido en 1952 en la Ciudad de Panamá, es licenciado en Administración de Empresas.

Durante la década de los 70 trabajó como oficial de crédito en Citibank y luego pasó al sector de la distribución. En 1981 fue administrador de 'Almacén 99', que años después adquirió y renombró como 'Super 99'.

Este fue el punto de partida de su extensa cadena de supermercados.

En el sector público, Martinelli fue director de la Caja del Seguro Social durante el Gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) y ministro del Canal de Panamá en la Administración de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004).

Fundador del partido Cambio Democrático (CD) en 1998, en las presidenciales de mayo de 2004 fue candidato.

Concurrió de nuevo por la Alianza por el Cambio en las presidenciales de mayo de 2009, donde alcanzó la mayoría, con el 59,97 % y sustituyó a Martín Torrijos, en el primer puesto del país.

Sin embargo, en las siguientes, de 2014, la victoria fue para Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista (PPa), su más enconado enemigo. Martinelli renovó así su acta de diputado.

Acusado por el Gobierno de Varela por el despilfarro y los casos de corrupción en su Administración, en enero de 2015 la Corte Suprema de Justicia le abrió un proceso penal por corrupción, por un supuesto sobrecosto en la compra de alimentos para comedores públicos escolares por un monto de 45 millones de dólares.

Ese mismo día abandonó Panamá y en abril cedió la presidencia del CD a su secretario general, Rómulo Roux.

A continuación, se enfrentó a una larga lista de querellas. En diciembre de 2015 la Corte Suprema ordenó su detención provisional, tras no presentarse a una audiencia y se inició un proceso para su búsqueda y captura.

La Corte Suprema envió en mayo de 2016 la solicitud de su extradición por el caso de las escuchas ilegales, que fue solicitada al Departamento de Estado estadounidense.

En 2017, en enero, a raíz de nuevos escándalos de la brasileña Odebrecht, Suiza puso a disposición de Panamá 22 millones de dólares supuestamente provenientes de sobornos y que se encontraban en cuentas de dos de sus hijos, quienes fueron puestos en búsqueda por la Interpol.

Martinelli, también en búsqueda y captura internacional por la Interpol, fue detenido el 12 de junio de 2017 en Coral Gables, próxima a Miami (EE.UU.), donde comenzó el proceso para su extradición a Panamá por el caso escuchas.

Semanas después, un juez estadounidense accedió a la entrega, que se produjo en junio de 2018.

El juicio por las escuchas arrancó en marzo de 2019 y el 9 de agosto fue declarado "no culpable". Tras el recurso de la Fiscalía la sentencia fue anulada, para ser absuelto en noviembre.

Seguidamente, en 2020 se inició otra causa en su contra, por la compra de un conglomerado de medios de comunicación en 2010 en un supuesto blanqueo, conocido como 'New Business', por el que luego sería condenado.

En junio de 2023 fue elegido como candidato presidencial por su nuevo partido, Realizando Metas.

Sin embargo, en marzo de 2024, Martinelli vio truncadas sus aspiraciones de regresar al poder después de que el Tribunal Electoral (TE) anunció su inhabilitación como candidato presidencial para las elecciones del 5 de mayo de ese año, en las que partía como favorito, tras recibir la sentencia que lo condenó a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales.

La máxima instancia electoral también resolvió que en la boleta de votación en las elecciones para presidente, en la casilla de los partidos Realizando Metas y el partido Alianza, apareciera su compañero de fórmula José Raúl Mulino, que ganaría finalmente las elecciones, tomando posesión el 1 de julio de 2024.

El Tribunal Electoral de Panamá había iniciado la deliberación sobre la inhabilitación tras recibir una copia del fallo judicial del caso 'New Business'. Esa sentencia quedó en firme el 2 de febrero de 2024 tras serle rechazado el último recurso que buscaba anularla.

Días después, el 7 de febrero, Martinelli se asilaba en la Embajada de Nicaragua alegando que la condena en su contra era una persecución política para impedirle participar en las elecciones.

El Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó entonces el salvoconducto para que viajara a Nicaragua y llamó la atención al Gobierno de Daniel Ortega por la forma en la que Martinelli buscaba incidir en la política desde la sede diplomática nicaragüense.

Su protegido, Mulino, tardó casi 9 meses en concederle un salvoconducto, el pasado 27 de marzo.

Sin embargo Martinelli vio frustrado su viaje de asilado a Nicaragua en el último momento, después de que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo cancelara hasta que no se aclarara una posible alerta roja de Interpol contra él, que ya las autoridades panameñas habían declarado que no existía por improcedente.

Este nuevo salvoconducto para viajar a Colombia llegó sin anuncio previo, conociéndose en la noche de este sábado cuando Martinelli ya había abandonado la embajada hacia su nuevo destino. EFE

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El ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ha informado en un comunicado que el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) se encuentra de viaje hacia Colombia, país que le ha concedido asilo político, y ha dejado las dependencias de la Embajada de Nicaragua en la ciudad de Panamá, donde se encontraba refugiado desde febrero de 2024 al pesar sobre él una orden de captura por blanqueo de capitales.

"El señor presidente de la República de Colombia, su excelencia Gustavo Petro, (...) ha otorgado asilo al ciudadano panameño Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expresidente de la República de Panamá", reza el comunicado del ministerio panameño.

En este sentido, la nota informa que Martinelli ya ha salido del país gracias a un salvoconducto otorgado por el Gobierno para poder recorrer la distancia entre la Embajada nicaragüense y un "aeropuerto local", un viaje que ha realizado en coche "diplomático".

Panamá ya concedió un salvoconducto a finales del mes de marzo para que el exmandatario pudiera refugiarse en Nicaragua, sin embargo, en ese momento Martinelli acusó las autoridades panameñas de tenderle una "vil trampa", asegurando que las fuerzas de seguridad panameñas habían rodeado el edificio de la Embajada.

Tras el fin del período de gracia otorgado por Panamá, Martinelli continuó en el edificio diplomático ya que cabía la posibilidad de su detención al existir una alerta roja de la Interpol activa sobre su persona, aunque el Gobierno aseguró que "ninguna alerta (...) puede impedir el viaje".

Sobre el expresidente pesa una condena de diez años de cárcel por blanqueo de capitales, pero él asegura que está siendo perseguido por "razones políticas".

"La República de Colombia es un Estado que históricamente ha reconocido con el mayor respeto, cumplimiento y promoción a las instituciones de Derecho Internacional, incluyendo la de asilo en el sistema interamericano", ha mencionado el ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.

El que fuera presidente de Panamá entre 2009 y 2014 fue condenado también a pagar una multa de 19,2 millones de dólares (17 millones de euros) y vio frustradas sus aspiraciones de volver a gobernar el país al ser inhabilitado en virtud de la Constitución. Aún tiene otro juicio pendiente por supuestos sobornos de la constructora Odebrecht.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que el presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, concedió asilo político al expresidente de Panamá, señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, decisión que fue debidamente comunicada al Gobierno del vecino país", señaló la Cancillería colombiana en un comunicado. EFE

Nueva Delhi/Islamabad- La India y Pakistán observan el primer día en vigencia del alto el fuego mediado por Estados Unidos tras haberse registrado anoche violaciones del entendimiento, principalmente en la Cachemira india, según Nueva Delhi, y con Islamabad asegurando que la crisis se ha saldado con una "victoria" paquistaní.

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UCRANIA GUERRA

Moscú - El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso a Ucrania celebrar negociaciones directas el próximo 15 de mayo en Estambul para encontrar una salida pacífica al conflicto después de más de tres años de guerra. Al mismo tiempo, Putin no respondió directamente a la propuesta de tregua de 30 días que le plantearon el sábado en Kiev los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia, que trataron por teléfono dicha iniciativa con Trump.

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Kiev - Tras el fin de la tregua unilateral de Moscú en Ucrania, Kiev y las capitales europeas están a la espera de que el presidente ruso, Vladímir Putin, prolongue el alto el fuego pero en esta ocasión con una duración de 30 días.

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PAPA LEÓN XIV

Ciudad del Vaticano - El nuevo papa León XIV reza la oración del regina coeli desde el balcón de la logia central de la basílica de San Pedro.

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Chicago (EE.UU.) - Los latinos católicos de Chicago, la ciudad donde nació el papa León XIV, esperan del pontífice que "ablande" al presidente Donald Trump, especialmente en su política migratoria. (Texto) (Foto) (Video)

Chiclayo (Perú)- Los habitantes de Chiclayo, la ciudad en la que León XIV vivió durante ocho años y a la que saludó en inmaculado castellano durante su primer mensaje, prepara una "ruta papal" para atraer a turistas de todo el mundo interesados por la vida pastoral del hombre que, hasta este jueves, era conocido exclusivamente como Robert Prevost. (Texto) (Foto) (Video)

PANAMÁ MARTINELLI

Panamá/Colombia - El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) viajó este sábado asilado a Colombia tras abandonar la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se encontraba refugiado desde febrero de 2024 tras ser condenado por corrupción, según confirmó la Cancillería panameña.

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EEUU TRUMP

Washington - El legislador demócrata estadounidense Shri Thanedar ha sido el primero en buscar la destitución de Donald Trump en este segundo mandato. El proceso que ha iniciado para cesarle no puede verse abocado al fracaso porque su comportamiento, según afirma, es inconstitucional: "Está siendo un dictador". Por Marta Garde

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ISRAEL ALEMANIA

Jerusalén - El nuevo ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, visita Israel en una jornada en la que tiene previsto ir junto a su homólogo israelí, Gideon Saar, al museo del holocausto en Jerusalén.

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- Seguimiento de la ofensiva militar israelí en la franja de Gaza.

ANIVERSARIO MAUTHAUSEN

Mauthausen (Austria) - Los reyes de España participan en la conmemoración del 80 aniversario de la liberación del campo nazi de Mauthausen, donde miles de republicanos españoles fueron deportados y la mayoría perdió la vida en condiciones extremas de trabajos forzados.    (Texto) (Foto) (Vídeo)

GUERRA COMERCIAL

Ginebra - Estados Unidos y China se reúnen por segundo y último día en Ginebra con el objetivo de intentar encontrar la fórmula para negociar el fin de la guerra comercial lanzada por Washington.

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IRÁN EEUU

Mascate - Irán y Estados Unidos celebran una nueva ronda de negociaciones nucleares en Omán, después de que se aplazase el cuarto encuentro la semana pasada.

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ALBANIA ELECCIONES

Scopje - Más de 3,7 millones de albaneses están convocados a las urnas en unas elecciones generales cruciales de cara a la aspiración del país a integrarse en la Unión Europea antes de finalizar la década.

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CHINA CELAC ECONOMÍA (Serie previa)

Redacción América - Con América Latina dilucidando entre las inversiones y su autonomía, la segunda potencia mundial llega al IV Foro China Celac con el bolsillo abierto y la mirada estratégica. Pekín será el escenario de un nuevo capítulo en la creciente relación chino-latinoamericana, marcada por multimillonarios proyectos en energía, litio e infraestructura.

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Redacción América - La IV Reunión Ministerial del Foro China-CELAC reunirá este 13 de mayo en la capital china a una representación diversa de América Latina y el Caribe encabezada por los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Gabriel Boric, en un encuentro que busca consolidar la cooperación con Pekín mientras ofrece una instantánea de las prioridades políticas y diplomáticas de cada país en su relación con el gigante asiático.

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TELEVISIÓN BAFTA

Londres - Ceremonia de entrega de la 71 edición de los Premios BAFTA de la televisión británica, en los que la serie 'Mi reno de peluche' (Baby Reindeer) parte como favorita con ocho nominaciones.

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Agenda Informativa

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América

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- Concluye la XXXVII Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) que tiene a España como país invitado de honor. (Texto)(Foto) (Video)

Montevideo.- URUGUAY ELECCIONES.- Uruguay celebra las elecciones departamentales, a las que unos 2,7 millones de ciudadanos deberán acudir obligatoriamente a las urnas para elegir a los intendentes de los 19 departamentos (provincias). (Texto)(Foto) (Video)

Caracas - VENEZUELA ELECCIONES - El opositor venezolano Rodrigo Campos, candidato a la Gobernación del estado Aragua (norte), percibe las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo como un paso para "reconstruir" las bases antichavistas y la maquinaria electoral de cara al proceso de reforma constitucional que denomina, en una entrevista con EFE, como "la batalla más importante". (Texto) (Foto) (Video)

La Habana.- CUBA ARTE.- Más de 150 piezas entre esculturas, juego de cubiertos, abanicos y licoreras de metal, vidrio o porcelana conforman la muestra ´De París a La Habana. Cien años de Art Déco´, con la cual Cuba celebra el centenario de la exposición que cimentó ese estilo artístico en la capital francesa. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México - MÉXICO LITERATURA  (Entrevista) - El periodista mexicano Diego Enrique Osorno habla en una entrevista con EFE sobre su libro ‘En la montaña’, en donde narra la expedición del Ejército Zapatista Nacional de Liberación (EZLN) en un velero hacia Europa y que recibió el premio Anagrama de Crónica en 2024. (Texto) (Foto) (Video)

Quito-  ECUADOR GALÁPAGOS - Más de dos años le tomó al ecuatoriano Roberto Jiménez, investigador en ciencias marinas y acuarelista, reunir la información recolectada durante cuatro décadas para crear el libro de artista 'Charles Darwin y las Islas Galápagos en el Pacífico ecuatorial', una obra en formato acordeón de 63 metros en línea recta.  (Texto) (Foto) (Video)

San juan - PUERTO RICO MÚSICA - El maestro Maximiano Valdés, director titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR), explica a EFE que el Festival Casals 2025 que en esta edición está inspirado en la herencia española, llevará a la isla caribeña músicos "de gran nivel" que representarán la ópera ‘Ainadamar’, la obra ‘¡Hispania! – Un viaje desde España a las Américas’ y dos conciertos sinfónicos. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- Los portugueses inscritos para ejercer su derecho al voto anticipado por movilidad antes de las elecciones legislativas del próximo 18 de mayo acuden a las urnas este domingo. (Texto)

Madrid.- ESPAÑA MÚSICA.- Con toda una vida sobre los escenarios, la cantante Soledad Bravo se siente emocionada de volver a España desde Venezuela, para ofrecer un recital con el que repasar su trayectoria: es una de las voces de América en un montón de géneros pero "siempre cerca de la poesía". Por Luis Ángel Reglero. (Texto)

Budapest.- EUROPA PARLAMENTO.- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, asiste a la reunión de la Troika presidencial (España, Hungría y Bélgica) en el marco de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la Unión Europea. (Texto)

Madrid.- LÍBANO MUJER.- La periodista española Txell Feixas, autora del libro 'Aliadas' (Capitán Swing), conversa con EFE sobre la historia detrás del proyecto revolucionario de un equipo de baloncesto femenino en el campo de refugiados de Shatila, en Beirut, por el que ya han pasado más de 150 niñas. (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN CHILE.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, realiza una visita de dos días a Japón durante los que se reunirá con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, y visitará el pabellón de Chile en la Expo Mundial 2025 en la ciudad de Osaka. (Texto)

int/amg

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Ciudad de Panamá, 10 may (EFE).- El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) viajó este sábado asilado a Colombia tras abandonar la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se encontraba refugiado desde febrero de 2024 tras ser condenado por corrupción, según confirmó la Cancillería panameña.

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Desde el sábado 10 de mayo de 2025, el expresidente panameño Ricardo Martinelli arribó a Colombia, donde estará con asilo político, tras la autorización del Gobierno de Gustavo Petro.

Tras su llegada al país sudamericano, el exmandatario centroamericano ha expresado su gratitud al presidente colombiano por acoger su solicitud, tras permanecer en la embajada de Panamá en Nicaragua desde febrero de 2024.

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“Feliz y contento porque estoy ya en Bogotá donde recibí asilo político al ser un perseguido político. Mil gracias al Gobierno Colombiano y al Presidente Gustavo Petro por haberme concedido dicho asilo político”, escribió Martinelli en las redes sociales.

No obstante, en las plataformas digitales se han conocido varios videos donde se observa la felicidad del expresidente Martinelli a territorio colombiano.

En uno de los audiovisuales se muestra que departe con algunos familiares y allegados en un establecimiento nocturno de Bogotá.

“Aqui estoy yo, Pa’ lante, feliz y contento. Vamos a gozar la vida, gocen la vida todos ustedes. Viva Colombia. Viva Nicaragua. Viva Panamá”, expresa el exjefe de Estado panameño, con voz eufórica y música de fondo.

En otro video, se observa al expresidente Ricardo Martinelli cantando el tema El rey, del fallecido artista mexicano Vicente Fernández, mostrando su felicidad por su asilo político en Colombia.

“Feliz y contento cantando El rey. Estoy feliz”, expresó el político en su cuenta de Instagram, reflejando el tono festivo que marcó su estancia en la capital colombiana tras el anuncio del asilo.

Incluso, en otro video divulgado en redes sociales se observa como el expresidente panameño está bailando con varios familiares y allegados en un establecimiento nocturno de Bogotá, lo que generó distintas reacciones en las redes sociales.

La presencia de Martinelli en Bogotá y su actitud celebratoria han captado la atención de varios sectores políticos y sociales del país, generando un debate sobre las razones y consecuencias de la decisión del gobierno colombiano.

Por qué Ricardo Martinelli pidió asilo político en Colombia

Ricardo Martinelli, presidente de Panamá entre 2009 y 2014, enfrenta múltiples acusaciones legales tanto en su país como en el extranjero.

En 2023, fue condenado por la justicia panameña a más de 10 años de prisión tras ser hallado culpable de recibir sobornos, entre ellos, pagos provenientes de la multinacional brasileña Odebrecht, involucrada en un escándalo de corrupción que afectó a varios países de América Latina, entre ellos Colombia, con personalidades políticas involucradas, como el expresidente Juan Manuel Santos y el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.

Además de los procesos judiciales en Panamá, Martinelli enfrenta acusaciones en España, donde fue imputado en una investigación relacionada con la constructora FCC. Según las autoridades españolas, esta empresa habría realizado pagos ilícitos para asegurar contratos en Panamá durante el mandato de Martinelli. Estas imputaciones han ampliado el alcance internacional de los problemas legales del exmandatario.

A pesar de las condenas y las investigaciones en su contra, Martinelli ha negado todas las acusaciones, calificándolas como parte de una estrategia de sus adversarios políticos para bloquear su regreso al poder.

La influencia política de Martinelli sigue siendo evidente, a pesar de su inhabilitación para ocupar cargos públicos. En las elecciones presidenciales de 2024, su candidato a vicepresidente, José Domingo Arias Mulino, asumió el liderazgo de su campaña y terminó reemplazándolo como aspirante presidencial y posteriormente asumió como mandatario del país centroamericano.

La llegada de Martinelli a Bogotá fue confirmada por el propio exmandatario y también por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, que informó sobre su traslado al país sudamericano. Este movimiento marca un nuevo capítulo en la situación del exjefe de Estado, quien ahora se encuentra bajo la protección del gobierno colombiano.

El otorgamiento de asilo político por parte de Colombia a Martinelli se enmarca en la política exterior del presidente Gustavo Petro, quien ha enfatizado la importancia de brindar refugio a personas que se consideran perseguidas políticamente.

“El asilo es un derecho universal. No importa que sean de derecha, no importa que sean de izquierda o que sean poetas o que sean políticos o que sean perseguidos. Le dimos asilo político, incluso doble nacionalidad, a perseguidos de Ortega en Nicaragua”, declaró el mandatario colombiano en medio de su visita a China.

Pese a las críticas que recibió el Gobierno nacional por otorgarle asilo al político panameño Ricardo Martinelli, el presidente Gustavo Petro defendió la decisión tomada por el Ejecutivo que permitió la llegada del exmandatario centroamericano a suelo colombiano el 10 de mayo.

En medio de su visita oficial a China, el jefe de Estado aseguró que Colombia tiene las puertas abiertas a los perseguidos políticos de diferentes nacionalidades y sin importar su postura política, incluso, a pesar de los fuertes enfrentamientos que protagonizó con Martinelli en el pasado.

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“El asilo es un derecho universal. No importa que sean de derecha, no importa que sean de izquierda o que sean poetas o que sean políticos o que sean perseguidos. Le dimos asilo político, incluso doble nacionalidad, a perseguidos de Ortega en Nicaragua”, comentó el mandatario.

Además, el presidente aseguró que la decisión, además de ser una especie de “agradecimiento” con Panamá y sus acciones como “sitio de refugio”, también hace parte de una estrategia para afianzar alianzas con el vecino país, especialmente, en materia política y comercial.

“Pues en mi opinión Colombia debe ser como lo fue Panamá, un sitio de refugio. Un sitio de libertad, un sitio de libre expresión. Panamá y Colombia deben asociarse y nosotros queremos atraer al pueblo panameño, como alguna vez, quizás ya no seamos una misma nación como antaño, pero bien podemos plantearnos una confederación de naciones que sea capaz de aprovechar con mucha soberanía su posición en la geografía y en la historia”, concluyó Petro.

Entretanto, la reciente concesión de asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli por parte del Gobierno de Colombia ha generado una ola de reacciones, especialmente debido a las críticas que en el pasado el presidente Gustavo Petro expresó sobre Martinelli.

Según informó la Cancillería colombiana, la decisión se fundamenta en el principio pro persona y en la tradición humanista del país de proteger a personas perseguidas por razones políticas. Sin embargo, esta medida ha sido objeto de controversia, tanto en Colombia como en Panamá.

Martinelli, que había permanecido asilado durante 16 meses en la embajada de Nicaragua en Panamá, anunció el sábado 10 de mayo, a través de su cuenta en la red social X, que ya se encontraba en Bogotá.

En su mensaje, agradeció tanto al Gobierno colombiano como al nicaragüense por su apoyo, afirmando que este último le permitió “salvar” su vida. La decisión de Colombia ha sido duramente criticada por el Gobierno panameño, que considera que este asilo obstaculiza la posibilidad de que Martinelli cumpla la condena impuesta por la justicia de su país por actos de corrupción relacionados con el uso indebido de fondos públicos.

Por su parte, Martinelli sostiene que las acusaciones en su contra son producto de una persecución política.

El otorgamiento de asilo a Martinelli ha reavivado el debate sobre las opiniones que Gustavo Petro expresó en el pasado sobre el expresidente panameño.

Petro criticó en múltiples ocasiones a Martinelli, especialmente durante los años en que este último ocupaba la presidencia de Panamá. En 2010, Petro cuestionó la decisión del Gobierno panameño de conceder asilo político a María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, que había sido acusada de perseguir a magistrados que investigaban casos de paramilitarismo.

En una publicación en redes sociales, Petro afirmó: “La que persiguió a los magistrados por sus investigaciones contra el paramilitarismo es protegida por Martinelli, la canciller ríe”.

En otro mensaje, Petro criticó al entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, por aceptar la decisión de Panamá de otorgar asilo a Hurtado, señalando que esto implicaba reconocer a Martinelli como un “perseguidor político”.

Además, en varias ocasiones, Petro vinculó a Martinelli con el expresidente colombiano Álvaro Uribe, calificándolos como aliados y acusándolos de encubrir actividades ilícitas. En una de sus publicaciones, Petro escribió: “Uribe y el panameño Martinelli se entendían tan bien, Dios los hace y...”.

Sergio Fajardo, excandidato presidencial y exalcalde de Medellín, cuestionó al Gobierno del presidente Gustavo Petro luego de conocerse que Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, recibió asilo político en Colombia.

A través de su cuenta de X, Fajardo precisó que Martinelli y su familia fueron condenados por corrupción y no son víctimas de persecución política, motivo por el cual expresó su rechazo con lo sucedido.

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“El señor Martinelli y su familia fueron CONDENADOS POR SER GRANDES CORRUPTOS. Nadie lo está persiguiendo por razones políticas”, indicó Fajardo.

El exgobernador de Antioquia señaló que fue el propio Gobierno nacional, por medio de su política exterior, que facilitaron el ingreso de Ricardo Martinelli y su familia a Colombia.

“El gobierno del presidente Petro, quien lidera las relaciones internacionales, le abrió las puertas de Colombia. Dónde quedaron la decencia y la dignidad de la que tanto hablan? GRAN VERGÜENZA, qué DESFACHATEZ: PRISIONEROS de la CORRUPCIÓN. Y lo que falta...”, aseveró Sergio Fajardo.

Sergio Fajardo en su opinión, compartió el comunicado de la Cancillería de Colombia, donde confirman el otorgamiento de asilo político a Ricardo Martinelli.

En el corto comunicado, la cartera precisó que “el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, concedió asilo político al expresidente de Panamá, señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, decisión que fue debidamente comunicada al Gobierno del vecino país”.

Según la Cancillería, la razón de otorgar asilo a Martinelli se debe a la “observancia del principio pro persona”.

“La decisión se apoya en la observancia del principio pro persona y de la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas”, puntualizó la Cancillería.

Llegada de Ricardo Martinelli a Colombia

En la noche del sábado 10 de mayo de 2025, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, aterrizó en Bogotá (Colombia) donde estará con asilo político a partir de la fecha en la capital del país.

Así lo confirmó el exmandatario en su cuenta de X, tras permanecer en la embajada panameña en Managua (Nicaragua) desde febrero de 2024. En su publicación, el exjefe de Estado centroamericano agradeció al Gobierno colombiano, en especial, al presidente Gustavo Petro por brindarle estadía en el territorio nacional.

“Feliz y contento porque estoy ya en Bogotá donde recibí asilo político al ser un perseguido político. Mil gracias al Gobierno Colombiano y al Presidente Gustavo Petro por haberme concedido dicho asilo político”, escribió Martinelli en las redes sociales.

Adicionalmente, el expresidente panameño envió un mensaje de agradecimiento al régimen de Daniel Ortega y a los nicaragüenses por, según él, resguardar su vida en ese país.

“Muchas gracias al Hermano Pueblo Nicaragüense y muy en especial al Presidente Daniel Ortega y la Co Presidente Rosario Murillo. Estuve 16 meses asilado en su embajada donde, gracias a ellos, pude salvar mi vida. Les estaré eternamente agradecido”, afirmó.

Ricardo Martinelli, presidente de Panamá entre 2009 y 2014, enfrenta múltiples acusaciones legales tanto en su país como en el extranjero.

En 2023, fue condenado por la justicia panameña a más de 10 años de prisión tras ser hallado culpable de recibir sobornos, entre ellos pagos provenientes de la multinacional brasileña Odebrecht, involucrada en un escándalo de corrupción que afectó a varios países de América Latina, entre ellos Colombia, con personalidades políticas involucradas como el expresidente Juan Manuel Santos y el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.

Además, en España, el expresidente fue imputado en una investigación relacionada con la constructora FCC, acusada de realizar pagos ilícitos para obtener contratos en Panamá.

En reiteradas ocasiones, Martinelli ha rechazado todas las acusaciones en su contra, argumentando que los procesos judiciales que enfrenta son parte de una estrategia de sus adversarios políticos para impedir su regreso al poder. A pesar de su inhabilitación, su influencia política sigue siendo evidente, ya que su candidato a vicepresidente, José Domingo Arias Mulino, terminó reemplazándolo en las elecciones presidenciales de 2024.

Ahora, con la decisión del Gobierno colombiano, el expresidente podrá residir en el país bajo la figura de asilo político, lo que le otorga protección frente a posibles acciones legales en su contra mientras permanezca en territorio colombiano.

En medio de una decisión diplomática que provocó amplias repercusiones tanto dentro como fuera de Colombia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro concedió asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por corrupción en su país y objeto de una alerta roja por parte de Interpol. La medida, anunciada de manera sorpresiva por la Cancillería colombiana, desencadenó una oleada de críticas en redes sociales y sectores políticos que cuestionan duramente la aparente contradicción entre la postura actual del mandatario colombiano y sus opiniones pasadas sobre el ex jefe de Estado panameño.

Ricardo Martinelli, que se mantuvo por más de un año recluido en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá para evadir la justicia panameña, llegó a Bogotá el sábado 10 de mayo tras recibir el salvoconducto que le permitió abandonar el territorio panameño.

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La decisión está basada en “la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas”, aseguró el Ministerio de Exteriores colombiano a través de un comunicado breve que no abordó los antecedentes judiciales del exmandatario centroamericano.

No obstante, este pronunciamiento no logró apaciguar las reacciones que rápidamente se propagaron por la red social X. Usuarios y periodistas revivieron viejos mensajes publicados por el propio Gustavo Petro, sobre todo que datan de 2010, en los que el ahora presidente expresaba duras críticas contra Ricardo Martinelli y lo vinculaba con prácticas políticas y judiciales que, en ese momento, consideraba reprochables.

Uno de los mensajes citados señala: “La que persiguió a los magistrados por sus investigaciones contra el paramilitarismo es protegida por Martinelli, la canciller ríe (sic)”. En otro mensaje, Petro expresaba sus sospechas sobre una posible complicidad entre Colombia y Panamá al cuestionar: “Si USA se negó al pedido de Martinelli, ¿el gobierno colombiano lo habrá ayudado? (sic)”.

En diversas publicaciones, también se muestra su desconfianza hacia la relación entre Martinelli y el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, indicando que “Uribe después que su amigo Martinelli encubre al delincuente me ataca porque no fui a la audiencia de su tribunal de bolsillo (sic)”.

El periodista Melquisedec Torres utilizó la red social para publicar una captura de pantalla en la que se evidencian los mensajes mencionados, exponiendo así la postura que en su momento expresó el presidente frente al exmandatario panameño, lo cual resulta contradictorio con la reciente decisión de concederle asilo, que puede interpretarse como una forma de respaldo.

Además, el mandatario trajo a colación el escándalo de Odebrecht, la empresa brasileña implicada en una red de sobornos destinada a asegurar contratos de infraestructura en diversos países de América Latina, entre ellos Colombia. En la misma línea, mencionó a los hijos del expresidente de Panamá y rememoró estos hechos en 2016, cuando el caso salió a la luz pública.

“Hijos d expresidente acusado de interceptación ilegal recibieron sobornos d Odebrecht. Se trata de Martinelli Panamá (sic)”, escribió Petro en su momento.

Martinelli aterriza en Bogotá tras más de un año asilado en embajada

El otorgamiento del asilo fue interpretado por muchos como un giro notable en la postura del presidente colombiano, que durante años fue uno de los críticos más firmes del expresidente panameño. En ese sentido, varias voces señalaron que esta medida contradice la línea política que Petro defendió durante su carrera como senador y líder opositor. La falta de explicaciones de fondo sobre los motivos del asilo alimentó la percepción de incoherencia, lo cual ha sido ampliamente comentado en la opinión pública digital.

El expresidente Martinelli, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, fue condenado a más de diez años de prisión por corrupción y lavado de activos. Durante su mandato, impulsó significativos proyectos de infraestructura como el metro de Ciudad de Panamá y mantuvo una alta popularidad, en parte gracias al crecimiento económico de esos años.

No obstante, su figura está rodeada de controversia judicial desde su salida del poder. En los últimos años, defendió que sus procesos legales son producto de una persecución política.

A finales de marzo, el Gobierno de Panamá le concedió un salvoconducto por razones humanitarias para que pudiera trasladarse a Nicaragua, país que ya le había ofrecido asilo; sin embargo, Martinelli se negó a salir de inmediato, denunciando que las autoridades panameñas habían rodeado la embajada con la intención de arrestarlo, lo que describió como “una vil trampa”.

Con la expiración del período de gracia otorgado por Panamá, el exmandatario continuó refugiado en la sede diplomática nicaragüense hasta que se concretó su viaje a Bogotá.

El traslado de Martinelli a Colombia se produce mientras el presidente Petro se encuentra en una visita oficial a China, enfocada en fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países. Esta coincidencia también fue interpretada por algunos sectores como un intento de minimizar la atención sobre una decisión diplomática delicada y controversial, aunque desde el Gobierno no se ha emitido ninguna declaración adicional sobre el caso

Un día después de conocerse el aval del presidente de la República, Gustavo Petro, a la solicitud de asilo por parte del exmandatario panameño Ricardo Martinelli, el exjefe de Estado del istmo está en medio de una fuerte polémica. Y todo por los comentarios que el veterano político, que está condenado a una pena de 10 años y ocho meses tras ser hallado responsable de lavado de activos, había expresado en el pasado del gobernante colombiano.

Aunque en sus redes sociales agradeció al primer mandatario por su determinación de recibirlo en el país, siguiendo los lineamientos Convención sobre Asilo de 1928 y en la Convención sobre Asilo Político de 1933, en las mismas plataformas digitales aprovecharon para sacarle en cara viejas declaraciones, en las que pedía, de manera enérgica, que al jefe de Estado de corte progresista se le pusiera un “bozal”; debido a lo que consideraba sus polémicas posiciones.

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“Feliz y contento porque estoy ya en Bogotá, donde recibí asilo político al ser un perseguido político. Mil gracias al Gobierno Colombiano y al presidente Gustavo Petro por haberme concedido dicho asilo político”, comentó el expresidente panameño, en su perfil de X, al compartir el mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que, con un escueto comunicado, se confirmaba lo que había adelantado desde el otro lado de la frontera.

La vez en que Ricardo Martinelli pidió que se le pusiera “bozal” a Gustavo Petro

Las afirmaciones que tienen en el centro de la controversia a Martinelli son del 10 de septiembre de 2023, cuando aprovechó una entrevista en la calle para enviarle un mensaje al presidente Laurentino Cortizo, en relación con lo que consideraba eran las intromisiones de Petro sobre asuntos internos de Panamá y sus señalamientos al presidente, al que incluso señaló de creer que el istmo aún pertenecía a Colombia, pese a que se separó en 1903.

“Yo recomiendo al presidente Cortizo que le ponga el bozal al presidente Petro, porque ese señor está hablando demasiadas cosas que no debe sobre Panamá. Él cree que todavía somos un Estado que pertenecemos a Colombia. Creo que los panameños nos merecemos nuestro valor”, expresó en primer término el expresidente, acusado de lavar dinero con el proyecto New Business: que se centró en el uso de fondos públicos para la adquisición de un conglomerado mediático durante su mandato (2009-2014).

En ese sentido, el expresidente panameño indicó que eran una república independiente y agregó que, “si bien es cierto que le tenían ”mucho respeto, cariño y aprecio” a Colombia, no podían permitir que Petro insultara a Cortizo. “E insulte a Panamá, porque el insulto a Cortizo es insulto a todos los panameños. Yo exhorto al presidente Cortizo a que ahora que vaya a las Naciones Unidas le hable y lo ponga en su lugar”, reafirmó el dirigente político de 73 años, al que le recordaron sus afirmaciones.

En su momento, las afirmaciones de Petro iban en el sentido de establecer un plan conjunto sobre la delicada situación del Tapón del Darién: sitio por el que centenares de inmigrantes iniciaban su tránsito por Centroamérica, buscando el llamado “Sueño americano”. Considerado, de hecho, una “bomba migratoria” que afectaba no solo a ambos países, sino a toda la región.

Y es que la aprobación de asilo por parte de la administración Petro dio pie a intensos debates en suelo panameño, frente a las posturas de los sectores políticos y judiciales, que piden que Martinelli afronte las determinaciones judiciales a las que ha sido sometido, por múltiples casos; incluido uno que lo sindica de haber recibido dineros de la multinacional brasileña Odebrecht. El expresidente es considerado como uno de los líderes políticos más controvertidos en la historia reciente de Panamá.

En la noche del sábado 10 de mayo de 2025, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, aterrizó en Bogotá (Colombia) donde estará con asilo político a partir de la fecha en la capital sudamericana.

Así lo confirmó el exmandatario en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, tras permanecer en la embajada panameña en Managua (Nicaragua) desde febrero de 2024. En su publicación, el exjefe de Estado centroamericano agradeció al Gobierno colombiano, en especial, al presidente Gustavo Petro por brindarle estadía en el territorio nacional.

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“Feliz y contento porque estoy ya en Bogotá donde recibí asilo político al ser un perseguido político. Mil gracias al Gobierno Colombiano y al Presidente Gustavo Petro por haberme concedido dicho asilo político”, escribió Martinelli en las redes sociales.

Adicionalmente, el expresidente panameño envió un mensaje de agradecimiento al régimen de Daniel Ortega y a los nicaragüenses por, según él, resguardar su vida en ese país.

“Muchas gracias al Hermano Pueblo Nicaragüense y muy en especial al Presidente Daniel Ortega y la Co Presidente Rosario Murillo. Estuve 16 meses asilado en su embajada donde, gracias a ellos, pude salvar mi vida. Les estaré eternamente agradecido”, afirmó.

La llegada de Ricardo Martinelli a Colombia se conoció el sábado 10 de mayo, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá confirmó que la administración de Gustavo Petro avaló la petición del político centroamericano para que se resguarde en Bogotá. Martinelli, de 73 años, enfrenta problemas de salud relacionados con afecciones gástricas, lo que habría influido en la solicitud de asilo.

El Gobierno de la República de Colombia, mediante Nota formal (...) ha otorgado asilo al ciudadano panameño Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expresidente de la República de Panamá, y quien hasta la fecha se encontraba asilado en la Embajada de la República de Nicaragua en la ciudad de Panamá”, señaló la cancillería panameña en un comunicado.

Dicha medida, según el Gobierno de Panamá, se fundamenta en los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de asilo, específicamente en la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933. El documento que formaliza la decisión fue firmado por el presidente Gustavo Petro y dirigido a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, conocido por su cercanía con Martinelli.

Posteriormente, la Cancillería de Colombia confirmó la llegada de Martinelli a territorio nacional para cumplir con su asilo político. “La decisión se apoya en la observancia del principio pro persona y de la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas”, señaló el ministerio colombiano en un comunicado.

En febrero de 2024, el gobierno del entonces presidente panameño Laurentino Cortizo, rechazó una petición de salvoconducto por razones humanitarias que habría permitido a Martinelli trasladarse a Nicaragua.

Las razones del asilo de Ricardo Martinelli en Colombia

Ricardo Martinelli, presidente de Panamá entre 2009 y 2014, enfrenta múltiples acusaciones legales tanto en su país como en el extranjero.

En 2023, fue condenado por la justicia panameña a más de 10 años de prisión tras ser hallado culpable de recibir sobornos, entre ellos pagos provenientes de la multinacional brasileña Odebrecht, involucrada en un escándalo de corrupción que afectó a varios países de América Latina, entre ellos Colombia, con personalidades políticas involucradas como el expresidente Juan Manuel Santos y el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.

Además, en España, el expresidente fue imputado en una investigación relacionada con la constructora FCC, acusada de realizar pagos ilícitos para obtener contratos en Panamá.

En reiteradas ocasiones, Martinelli ha rechazado todas las acusaciones en su contra, argumentando que los procesos judiciales que enfrenta son parte de una estrategia de sus adversarios políticos para impedir su regreso al poder. A pesar de su inhabilitación, su influencia política sigue siendo evidente, ya que su candidato a vicepresidente, José Domingo Arias Mulino, terminó reemplazándolo en las elecciones presidenciales de 2024.

Ahora, con la decisión del Gobierno colombiano, el expresidente podrá residir en el país bajo la figura de asilo político, lo que le otorga protección frente a posibles acciones legales en su contra mientras permanezca en territorio colombiano.

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli Berrocal, que permanecía desde febrero de 2024 en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, estará asilado a partir de la fecha en Colombia. Lo anterior, luego de que el Ministerio de Relaciones del país vecino confirmó el sábado 10 de mayo de 2025 que el Gobierno del presidente Gustavo Petro avaló la permanencia del político en suelo nacional, por lo que emitió el respectivo salvoconducto para su traslado seguro, por canales diplomáticos establecidos.

De acuerdo con el comunicado de la cancillería panameña, el permiso que permitió su salida hacia territorio colombiano se expidió cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de asilo, contemplados en la Convención sobre Asilo de 1928 y en la Convención sobre Asilo Político de 1933; esto en relación con el exjefe de Estado del istmo, que tiene 73 años y en la actualidad registra algunos inconvenientes de salud, debido a problemas de tipo gástrico. Y luego de que durante en febrero de 2024, el gobierno del anterior presidente, Laurentino Cortizo, negara la petición de salvoconducto por fines humanitarios hacia Nicaragua.

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En su misiva, la Cancillería panameña explicó que la decisión se formalizó a través de una nota firmada por el propio mandatario Petro, dirigida a su homólogo, José Raúl Mulino, amigo de Martinelli y que tomó su lugar en las elecciones presidenciales tras quedar inhabilitado, aprovechando que mantiene buenas relaciones pese a algunas diferencias de tipo ideológico. “La República de Colombia, mediante Nota formal (...) ha otorgado asilo al ciudadano panameño Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expresidente de la República de Panamá”, se leyó en el documento oficial.

En el mismo sentido, se reafirmó de parte de Panamá el compromiso histórico de Colombia como Estado con el respeto y promoción de las normas internacionales de asilo y los tratados interamericanos sobre el tema; sin que ello represente, de entrada, un diferendo entre dos gobiernos que han mantenido una cordial relación desde la llegada de Mulino al poder, el 1 de julio de 2024.

¿Por qué Ricardo Martinelli está asilado?

Martinelli, cabe destacar, había iniciado su estadía en la embajada nicaragüense el 7 de febrero de 2024, después de ser condenado por la justicia panameña a más de 10 años de prisión por haber lavado dinero en el conocido caso New Business y tras algunos reveses en su solicitud. Según su portavoz, Luis Eduardo Camacho, el exmandatario argumentó en su momento que solicitaba protección porque su vida “corría peligro” y se consideraba “un perseguido político”; no obstante, tiene pendiente el pago de una multa de 19,2 millones de dólares, y afronta cargos en otros procesos judiciales, tanto en el país canalero como en España.

Este expediente, el New Business, se centra en el uso de fondos públicos para la adquisición de un conglomerado mediático durante su gestión, que se extendió durante cinco años, entre 2009 y 2014. A esto se suma su vinculación al escándalo de los recursos recibidos por la multinacional brasileña Odebrecht, en un caso de corrupción internacional, al igual que las acusaciones por el pago de sobornos relacionados con la constructora FCC y un proceso de interceptación de comunicaciones en la isla ibérica de Mallorca.

Aunque Mulino había aprobado en marzo de 2025 un primer salvoconducto hacia Nicaragua, contrario a su antecesor, Cortizo, que en su momento lo denegó, este no se materalizó; pues el régimen de Daniel Ortega se negó a recibirlo, temiendo que tuviera circular roja de Interpol.

Ahora, el traslado de Martinelli a Colombia marca un nuevo capítulo en una serie de controversias legales que enfrentan él y su círculo próximo, por denuncias relacionadas con corrupción. Por tal motivo, en su momento, pidió refugio en la sede diplomática de Nicaragua en Ciudad de Panamá, mientras avanzaban los procesos en los que está inmerso. “El expresidente ha interpuesto una serie de demandas contra el fallo judicial condenatorio”, explicó en su momento el abogado Martínez-Acha, defensor del ex primer mandatario, que es hoy objeto del asilo.

Como era de esperarse, la aprobación de asilo por parte de la administración Petro dio pie a intensos debates al otro lado de la frontera, frente a los señalamientos de los sectores políticos y judiciales, que piden que Martinelli afronte las determinaciones judiciales. No en vano es considerado como uno de los líderes políticos más controvertidos en la historia reciente de Panamá, desde que se abrieron algunos de los procesos en su contra, desde 2016.

Así como se pronunciaron desde el istmo, Colombia también emitió una escueta declaración, con lo que reforzó el contenido de la nota enviada a Panamá. “El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, concedió asilo político al expresidente de Panamá, señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, decisión que fue debidamente comunicada al gobierno del vecino país. Se apoya en la observancia del principio pro persona y de la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas”, sostuvo la cancillería, a cargo de Laura Sarabia.

Padilla entregó hoy esos documentos oficiales ante Mulino, pero llegó en febrero a Panamá para tomar el relevo de su predecesora Consuelo Sandoval Mesa, que estuvo en ese cargo desde el 2023 hasta su renuncia en diciembre pasado.

Durante esos meses, las relaciones entre Panamá y Nicaragua han sido tensas: el intento de Martinelli por viajar a Nicaragua a finales del pasado marzo gracias al salvoconducto otorgado por la administración de Mulino fue interpretado por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una presunta trampa.

Eso complicó aún más las relaciones entre ambos países, con un Mulino que ya se había mostrado reacio al Gobierno de sus homólogos nicaragüenses al señalar que ese país no tiene "ni Dios ni ley", además de enviar varias quejas oficiales a la embajada en Panamá por declaraciones de Martinelli.

El pasado 27 de marzo el Gobierno panameño otorgó de forma inesperada a Martinelli un salvoconducto hasta el lunes 31 de marzo para que pudiera viajar a Nicaragua, pero cuando contra todo pronóstico el viaje no se produjo, se prorrogó el salvoconducto por otros tres días, sin que se produjera tampoco la salida durante ese tiempo.

La cancelación de ese viaje se debió a que el Gobierno nicaragüense pidió a Panamá aclarar una posible alerta roja de Interpol contra Martinelli, que las autoridades panameñas aludieron que no existía por improcedente, y denunció que esa situación era una "trampa" contra el expresidente, quien respaldó esa teoría.

En medio de todo ello, Managua reprochó también a Panamá no respaldar a su candidato en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), lo que fue catalogado por analistas como un posible chantaje.

Así, tras una semana de confusiones, incertidumbres y complicadas comunicaciones, Martinelli siguió refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá, donde lleva recluido desde hace más de un año, recurriendo con frecuencia a las redes sociales para hacer opiniones políticas y sociales del país.

Padilla es una exdirigente de la Juventud Sandinista, además fungió como ministra de la Mujer en Nicaragua y embajadora en República Dominicana. La nueva embajadora entregó hoy los documentos junto con los diplomáticos de otros ocho países: Rusia, Costa Rica, EE.UU, Uruguay, Corea del Sur, República Dominicana, Turquía y Portugal. EFE

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São Paulo, 24 ene (EFE).- Brasil suspendió su colaboración con las autoridades panameñas en el caso Odebrecht porque no dieron garantías de que no usarían pruebas que han sido anuladas en el país suramericano, informó este viernes el Ministerio de Justicia brasileño.

Panamá pidió la colaboración de Brasil para interrogar a ocho testigos en el juicio por el caso de corrupción que debería haber comenzado el pasado lunes, en el que se sientan en el banquillo dos expresidentes y varios políticos de alto rango.

Tras recibir esa solicitud, las autoridades brasileñas preguntaron a las de Panamá si usarían en el proceso judicial una serie de pruebas que han sido anuladas por el Tribunal Supremo de Brasil, pero no obtuvieron respuesta por parte del país centroamericano, según un comunicado enviado por el Ministerio de Justicia a EFE.

"Mientras el país requirente no responda indicando que estas pruebas no han sido utilizadas, la solicitud de cooperación será suspendida, sin ningún avance, con el fin de garantizar el cumplimiento de la decisión del Tribunal Supremo", afirmó el comunicado.

En 2023, el Tribunal Supremo anuló todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora, debido a errores procesales cometidos en la Justicia brasileña.

El juicio en Panamá del caso Odebrecht se volvió a posponer el pasado lunes, por cuarta vez, alegando falta de colaboración por parte de Brasil para oir a ocho testigos.

Por caso de los sobornos de Odebrecht están llamados al banquillo 31 imputados en Panamá, entre ellos los expresidentes Juan Carlos Varela (2014-2019) y Ricardo Martinelli (2009-2014), dos hijos de este último, además de exministros y otras personalidades por el delito de blanqueo de capitales.

Odebrecht admitió ante la Justicia de Estados Unidos que, entre 2001 y 2016, pagó 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países en relación con cien proyectos de construcción, unos actos criminales que le permitieron obtener beneficios por 3.336 millones de dólares.

Las revelaciones del caso provocaron terremotos políticos en países como Brasil, Panamá, Perú, República Dominicana y Ecuador, países donde fueron investigados o condenados políticos de alto nivel, entre ellos varios expresidentes.EFE

El ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado desde hace más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá, exigió este domingo a los diputados de su partido apoyar una propuesta de ley para amnistiar a condenados por corrupción.

“Como presidente del partido Realizando Metas (RM) se instruye por este medio a los 15 diputados que componen la bancada de RM en la Asamblea a que voten afirmativamente el proyecto de amnistía”, dijo Martinelli en un video subido a redes sociales, pues esa iniciativa de ley podría beneficiarle.

Martinelli, presidente del oficialista partido Realizando Metas, pidió a los diputados que no es solo votar a favor de dicha propuesta de ley sino “defender y participar activamente porque este proyecto va a reconciliar el país, sanar heridas y pasar la página de un triste momento donde la justicia fue amañada (...) con fines políticos”.

“Le pido a toda la ciudadanía y al país que pasemos la página, buscar la armonía y la paz”, agregó el expresidente, refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá tras ser condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales y tras un frustrado intento de viajar con salvoconducto al país centroamericano.

Ese proyecto de ley que daba amnistía a sentenciados y procesados por corrupción, por tratarse de supuestos delitos políticos, fue rechazado el pasado 15 de abril por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales del Parlamento, encargada del primero de los tres debates obligatorios para aprobarla.

En concreto, el proyecto de ley 235, que decreta Amnistía por delitos políticos y dicta otras disposiciones, fue tumbado con cinco votos en contra y dos a favor, uno de ellos fue del diputado Luis Eduardo Camacho, el portavoz y amigo de Martinelli, al rechazar el primer artículo de la propuesta, provocando así que se cayera por completo.

Sin embargo, Camacho alegó que insistiría sobre el proyecto de ley ante el pleno parlamentario al presentar una serie de informes.

Los diputados que votaron en contra argumentaron que dicha iniciativa legislativa favorecía y daba “impunidad” a los sentenciados por corrupción toda vez que era inconstitucional, lo que fue refutado por los parlamentarios que estaban a favor.

Durante la discusión se habló directamente de los expresidentes Martinelli y Juan Carlos Varela (2014-2019), que están entre los cerca de 30 acusados de blanqueo por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, cuyo juicio ha sido reprogramado varias veces, la última para finales de este año.

La propuesta de ley fue presentada por el diputado del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo ‘Bolota’ Salazar, aunque este colectivo se distanció explicando en un comunicado que la iniciativa “no fue presentada” por su bancada en el Parlamento, “ni responde a una agenda colectiva del partido”.

Al sustentarla, el diputo Salazar dijo que el expresidente es un “perseguido político” (como el mismo Martinelli sostiene constantemente), una víctima de la “justicia mala”, y que cualquiera de sus colegas legisladores podría serlo también en un futuro.

El capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) advirtió el lunes de las “graves objeciones legales y constitucionales” de esa iniciativa de ley a la vez que envió una carta a la comisión con un análisis jurídico sobre el proyecto que buscaba “extender beneficios de amnistía a delitos claramente comunes como peculado, corrupción, enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales, tergiversando su naturaleza para hacerlos pasar por delitos políticos”.

(Con información de EFE)

Ciudad de Panamá, 21 ene (EFE).- La nueva suspensión del juicio por los sobornos de Odebrecht en Panamá "es una clara manifestación de la dilatación de la justicia que abona el camino a la impunidad", afirmó este martes el capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI).

El inicio del juicio por el caso Odebrecht, donde hay 26 acusados de blanqueo llamados al banquillo en la justicia ordinaria, fue suspendido este lunes - por cuarta vez - debido a que, nuevamente no han llegado a Panamá unas asistencias judiciales internacionales solicitadas a Brasil y Perú, según la información disponible.

Quedó programado para el 11 de noviembre de 2025 como fecha principal y para el 12 de enero de 2026 como fecha alterna, y en el país centroamericano se da como un hecho que el proceso se retomará dentro de un año, tal como lo expresó este lunes la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo panameño de TI.

En su misiva, la ONG recuerda que en otros países donde operó la constructora brasileña con su esquema de sobornos los procesos judiciales avanzaron y hay exfuncionarios, incluidos expresidentes, condenados, a diferencia de Panamá.

Asimismo, señala que mientras "en México, Colombia, Perú, Argentina, Angola, Guatemala y República Dominicana" se le aplicó a la empresa una multa y se limitó o prohibió su participación en licitaciones públicas, en Panamá "solo se le aplicó una multa".

Odebrecht se comprometió en 2017 con la justicia panameña a pagar una multa de 220 millones de dólares en un plazo de 12 años pero no ha cumplido con el cronograma de pagos, según ha denunciado la Fiscalía panameña, que ha cifrado en 74,4 millones de dólares lo recaudado hasta ahora entre pagos voluntarios y retenciones a la empresa.

"El desvío de recursos públicos mediante el esquema creado por Odebrecht con la complicidad de empresas y funcionarios, resultó en una enorme pérdida para el país (Panamá) cuyas cifras son de vértigo. Y hasta ahora, solo hemos visto impunidad", destaca la ONG.

Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora en Panamá.

Entre los acusados en Panamá están el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), dos de sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, y el exgobernante Juan Carlos Varela (2014-2019). Estos tres últimos enfrentarán el proceso en la Corte Suprema de Justicia por ser actualmente diputados.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares ya pagaron cárcel por esta trama en EE.UU., donde confesaron haber participado "en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht" por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron "por órdenes del padre", según su defensa.

La investigación por el caso Odebrecht, que llegó a ser el principal contratista del Estado panameño, se abrió en Panamá en el 2015, fue archivada, reabierta en 2017 luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado millones en sobornos en una docena de países, y culminó en octubre de 2018.

Odebrecht protagonizó el escándalo de corrupción más grande del continente y admitió ante las autoridades de EE.UU. haber pagado millones en sobornos en una docena de países, casi todos en Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de 2.600 millones de dólares. EFE

Ciudad de Panamá, 19 ene (EFE).- El juicio por el caso Odebrecht en Panamá, que involucra a 26 procesados por blanqueo, entre ellos expresidentes, exministros y empresarios locales, comienza este lunes tras varias suspensiones y con expectativas sobre el desenlace de la mayor trama de corrupción en la historia del país centroamericano.

La jueza panameña Baloísa Marquínez, que ha llevado otros casos de corrupción de alto perfil en el país, es la encargada de este juicio, que podría durar meses pues solamente el expediente en manos de la magistrada tiene 2.757 tomos y más de 1,3 millones de páginas.

Aquí las claves para entender el juicio del mayor caso de corrupción de Panamá.

El inicio de este juicio ha sido pospuesto al menos en tres ocasiones: la primera de ellas fue en julio de 2023, luego en septiembre de 2023 y la última en noviembre de 2024 debido a que se estaba en "etapa de admisibilidad de pruebas" y, después, faltaban unas "asistencias internacionales" de Brasil.

Esas asistencias fueron solicitadas por el Ministerio Público (Fiscalía) y contienen declaraciones de altos cargos de la constructora brasileña detallando como fue el proceso de pagos ilegales a funcionarios panameños, según recoge el diario La Prensa. El retraso de esos documentos fue lo que obligó a remover el inicio del juicio en la última ocasión, el pasado noviembre.

Durante esta espera, el juez federal brasileño José Antonio Dias Toffoli anuló las pruebas aportadas por los delatores de Odebrecht contra los dos expresidentes panameños involucrados, Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).

Por caso de los sobornos de Odebrecht están llamados al banquillo los expresidentes Varela y Martinelli, dos hijos de este último, además de exministros y otras personalidades por el delito de blanqueo de capitales.

Pero ni el expresidente Varela ni Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, los hijos del exgobernante Martinelli, enfrentarán el proceso a partir de este lunes por ser diputados, condición por la cual solo pueden ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de acuerdo a las leyes locales.

Ricardo Alberto y Luis Enrique ya cumplieron cárcel por esta trama en EE.UU., donde confesaron haber participado "en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht" por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron "por órdenes del padre", según su defensa.

El expresidente Martinelli está asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el pasado 7 de febrero tras la condena a más de 10 años de prisión por otro caso de blanqueo de capitales conocido como New Business.

Debido a su condición de refugiado, el expresidente podría declarar a través de videoconferencia, aunque eso debe determinarlo la jueza durante el proceso, según dijeron fuentes judiciales a EFE.

Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora en el país centroamericano. A juicio de la Fiscalía panameña - según dijo en 2022-, Odebrecht pagó "sobornos a diestra y siniestra".

Las declaraciones de Rabello fueron desveladas por la Fiscalía en noviembre de 2017 durante la audiencia judicial que validó, además, un acuerdo mediante el cual la empresa, que llegó a ser el principal contratista del Estado panameño, se comprometió a pagar en un plazo de 12 años una multa de 220 millones de dólares por los sobornos desembolsados en el país, al que llegó en 2006.

La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 - luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado millones en sobornos en una docena de países - y culminó en octubre de 2018. EFE

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A la seis de la tarde del 31 de marzo Bruno ya estaba listo para el viaje. Para la ocasión vistió su más elegante traje. Frac negro con camisa blanca plisada de encajes y pajarita roja en el cuello. Las horas previas fueron intensas. Ir y venir de gente en la residencia de La Alameda, corregimiento de Betania, en la capital panameña; fiestas de despedida, hacer maletas, un último asado y, por supuesto, las fotos y videos para redes sociales.

Una foto coqueta en Instagram y la leyenda: “El asilado Bruno ya listo para partir a la bella y hermana República de Nicaragua”.

Tras Bruno, un perro yorkshire terrier, está la mano de Ricardo Martinelli, 73 años, el ex presidente panameño que hace más de un año se asiló en la embajada de Nicaragua en Panamá, y quien usa su mascota como una especie de “alter ego” para decir en redes sociales cosas que no dice en nombre propio. No es por casualidad que a Martinelli lo apodan “El Loco”.

En realidad, quien el 31 de marzo estaba con las maletas listas, mascota incluida, para abandonar la embajada nicaragüense, montar en su avión privado y llegar a Managua, era Martinelli. Ese día cumplía 417 recluido en la embajada de Nicaragua en Panamá, a la que llegó el 7 de febrero de 2024 tras una orden de captura de la justicia panameña en un millonario caso de corrupción que se ejecutó bajo su presidencia (2009-2014).

Con su jocosidad característica, Martinelli se burló de sus adversarios, anunciando su viaje en un post de X. “Qué locura, por allí viene la nueva canción o el pregón ´se va el chen chen, se va el chen chen y se va para Nicaragua para después volver´. (…) Y estaré feliz, junto con Bruno en mi hamaca nicaragüense conociendo todo Nicaragua y disfrutando de ese bello y gran país, poblado de gente noble, sana y buena”.

Sin embargo, en lo que parecía el fin de una intensa novela política, resultó ser solo un capítulo sorpresa. Una orden de captura internacional emitida por Interpol llegó a la Policía Nacional de Panamá y abortó el viaje. O, al menos, sirvió de excusa para ello.

La alerta roja de Interpol fue solicitada por Baloisa Marquínez, jueza a cargo de la causa por la que Martinelli fue condenado en julio de 2023 a 10 años y 6 meses de cárcel, además de una multa por más de 19,2 millones de dólares, y del caso Odebrecht en el que el ex presidente panameño también es indiciado.

Desde Managua llegó la mala noticia. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se negó a recibir a Martinelli a pesar del asilo político otorgado, debido a que consideraron como “emboscada” del gobierno panameño la alerta roja que se activó junto con el salvoconducto para que saliera de la embajada y viajara a Nicaragua.

“No comprendemos por qué las autoridades panameñas han otorgado salvoconducto y casi inmediatamente han emitido una solicitud de alerta roja por acciones criminales a Interpol”, reclamó Rosario Murillo, durante su intervención del mediodía ante medios oficialistas.

Y aseguró que “mientras ellos no resuelvan estas incongruencias no lo podemos (...) aceptar, lo que consideramos una emboscada tanto al ciudadano ex presidente, en condición de asilo y refugio en nuestra sede diplomática, quien estaría expuesto a acciones agresivas, como al mismo Gobierno de Nicaragua, a quien se pretende generar un conflicto internacional que ni nos interesa, ni nos incumbe, ni nos pertenece”.

El propio Martinelli salió al paso este viernes en su cuenta de Instagram con una explicación que coincide con las acusaciones de Managua. “Era una vil trampa la que me estaban tratando de hacer. Por un lado, me estaban dando una supuesta salida y por el otro lado me querían joder, inventándome una serie de cosas. Con esta gente no se puede confiar. (…) Lo que me querían hacer era matarme”.

A pesar de que tanto la Cancillería panameña como la Policía de ese país aclararon que la alerta roja no afectaba el traslado de Martinelli, el régimen de Nicaragua se negó a recibirlo, prolongando la estadía del ex presidente en la embajada nicaragüense.

“El salvoconducto a favor del ex presidente Ricardo Martinelli ha sido concedido en aplicación de normas convencionales de Derecho Internacional, las cuales prevalecen sobre el accionar de las autoridades de la policía en este caso. Por tanto, ninguna alerta roja establecida por Interpol puede impedir el viaje del ex presidente Ricardo Martinelli”, aseguró en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Aclarado lo del salvoconducto, Nicaragua esgrimió otra excusa para frenar el viaje de Martinelli. Los dictadores sandinistas acusaron al actual mandatario panameño José Raúl Mulino de difamar a Nicaragua y de no apoyar a Managua en el Sistema de la Integración Centroamericana, lo que en Panamá se percibió como un chantaje.

Martinelli, un empresario millonario, dueño de la cadena de supermercados Super 99, tiene una vieja relación con Nicaragua. Entre 1975 y 1977 estudió una maestría en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), cuya sede se localizaba en Managua, hasta septiembre del 2023 cuando Ortega ordenó su cierre.

También mantiene relación de amistad con empresarios nicaragüenses y tiene participación en empresas de diferentes tipos en ese país. Su cadena de supermercados, Super 99, opera en Nicaragua y otros países de la región.

Llegó a la presidencia de Panamá en 2009 tras ganar las elecciones ese año con el 60 por ciento de los votos, una victoria aplastante sobre su principal rival, Balbina Herrera, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Sin embargo, su mandato estuvo marcado por acusaciones de corrupción, abuso de poder y espionaje político, lo que derivó en múltiples investigaciones y procesos judiciales en su contra tras dejar el cargo. En diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia panameña emitió una orden de captura en su contra por un caso de espionaje telefónico de 150 opositores y periodistas.

Martinelli se encontraba en Estados Unidos, y el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) solicitó su extradición y emitió una alerta roja a la Interpol. El 13 de junio de 2017 fue arrestado en Miami y, casi un año después, enviado a Panamá.

Una vez en su país, fue recluido en el Sistema Penitenciario El Renacer. Luego, el 12 de junio de 2019, fue enviado a detención domiciliar y el 9 de agosto de ese mismo año un tribunal lo declaró “no culpable” de los delitos que le imputaban.

Sin embargo, nuevos procesos lo acechaban. Martinelli fue condenado en julio de 2023 a 10 años y 6 meses de cárcel, además de una multa por más de 19,2 millones de dólares, por el escándalo conocido como “New Business”, que significó la compra de una editorial de periódicos con dinero proveniente de sobornos.

La sentencia por blanqueo de capital del caso “New Business” quedó en firme a principios de febrero de 2024 luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá rechazó un recurso de casación, la última vía legal que le quedaba a Martinelli para invalidarla.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia dejó inhabilitado a Martinelli para participar como candidato en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, en las que, según las encuestas, se mostraba como favorito. Y lo impulsó a buscar refugio en la embajada de Nicaragua en Panamá.

El 7 de ese febrero el gobierno de Nicaragua le otorgó asilo político. Desde la embajada nicaragüense llamó a votar por quien hasta pocos días antes era su candidato a vicepresidente, José Raúl Mulino, del partido Realizando Metas (RM), quien finalmente se impuso con más de un tercio de los votos.

La llegada del ex presidente panameño significó una revolución en el más bien modesto edificio de la embajada de Nicaragua, ubicado en la urbanización La Alameda, corregimiento de Betania, en la capital panameña.

Un día después del ingreso de Martinelli a la embajada nicaragüense, llegó su mascota, Bruno, el perro yorkshire terrier que se presentan en redes sociales como “influencer”, “patrón del partido RM” y “Candidato presidencial de las patitas amigas”.

Bruno tiene 23.5 mil seguidores en Instagram donde se le encuentra como @soybrunooficial. También tiene presencia en X (antes Twitter), TikTok y Facebook donde se publican videos acompañando o “conversando” con Martinelli.

El equipo de apoyo de Martinelli justificó la incorporación de Bruno a la sede diplomática como “apoyo emocional” para el asilado.

Al tiempo que la Cancillería nicaragüense anunciaba su decisión de otorgar asilo a Martinelli, también solicitó a Panamá un salvoconducto para que Martinelli pudiese salir del país. El gobierno panameño, sin embargo, rechazó la petición, según su argumento, porque la condición de condenado en firme de Martinelli impide que pueda acogerse a la figura de “asilo político”.

Martinelli convirtió cada día de refugio en un espectáculo mediático. La prensa panameña se mantiene fuera del local reportando las visitas y la constante llegada de enseres para el hogar, artefactos, bebidas y comidas, así como constructores y técnicos de refrigeración, para la instalación de aires acondicionados.

En su cuenta de Instagram (@ricardomartinelli99), con más de un millón de seguidores, se muestra en su fiesta de cumpleaños rodeado de amigos, sus frecuentes asados y paellas, su día a día con Bruno, con una botella de licor en un jacuzzi, y hasta cuando se inyecta Ozempic (semaglutida), “para perder peso”.

“Una de mis últimos asados. ¡Miren qué carne tan buena!”, posteó Martinelli mostrando un filete como parte de su frustrada despedida de la embajada nicaragüense. “Ahora en Nicaragua voy a hacer asado de verdad. ¡Los invito a todos!”.

Daniel Ortega y Rosario Murillo han convertido a Nicaragua en un santuario para extranjeros de alto perfil acusados de corrupción. Tres ex presidentes centroamericanos destacan entre los personajes que han buscado refugio en el país en los últimos años para huir de la justicia en sus respectivos países.

Antes de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, de 73 años, el ex presidente panameño protegido de Ortega y Murillo, llegaron a Nicaragua los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes Cartagena (2009-2014), fallecido en enero pasado a los 65 años, y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), de 80 años, ambos requeridos por la justicia de El Salvador por casos de corrupción.

Martinelli vive en una especie de limbo diplomático. El régimen de Ortega y Murillo le otorgó asilo político y desde febrero de 2024 permanece refugiado en la embajada nicaragüense en Panamá. Sin embargo, Nicaragua se ha negado a recibirlo debido a una alerta roja de Interpol que se conoció después de que se anunciara su viaje.

No obstante, el diario panameño La Prensa ha señalado la contradicción del régimen nicaragüense, que en el pasado ha concedido asilo a otros fugitivos con órdenes de captura internacional en su contra.

“El gobierno de Nicaragua ha asumido una postura contradictoria respecto al asilo político del expresidente Ricardo Martinelli. Por un lado, le concedió asilo, pero al mismo tiempo se niega a permitir su ingreso al país debido a una supuesta alerta de la Policía Internacional (Interpol)”, señaló el periódico en un artículo publicado este lunes.

“La copresidenta nicaragüense Rosario Murillo defendió esta decisión el lunes, argumentando que su gobierno no acepta a personas con alertas internacionales, una postura que contrasta con decisiones previas del régimen sandinista”, agregó.

El diario se refiere, entre otros casos, al de Sánchez Cerén, quien llegó a Nicaragua en julio de 2021 en busca de refugio, pese a tener una orden de captura internacional en su contra por acusaciones de corrupción y malversación. Se le señala de haber recibido pagos irregulares por 530.000 dólares cuando era vicepresidente de Mauricio Funes.

Tanto Sánchez Cerén como Funes Cartagena obtuvieron la nacionalidad nicaragüense de forma expedita, lo que impide su extradición, ya que la Constitución de Nicaragua prohíbe la entrega de sus ciudadanos a otros países. Interpol retiró el nombre de Sánchez Cerén de la lista roja en septiembre de 2021.

El expresidente panameño Ricardo Martinelli se refugió en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá el 2 de febrero de 2024, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá ratificara una sentencia de julio de 2023 que lo condenó a 10 años y 6 meses de cárcel, además de una multa superior a 19,2 millones de dólares, por el escándalo conocido como New Business. Este caso involucra la compra de una editorial de periódicos con dinero proveniente de sobornos.

El 7 de febrero de 2024, el gobierno nicaragüense le otorgó asilo político, argumentando que era perseguido por razones políticas y que su vida corría peligro.

Martinelli, empresario y político panameño, fue presidente de Panamá entre 2009 y 2014 y buscaba postularse nuevamente al cargo. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema lo dejó inhabilitado para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, en las que, según las encuestas, era el favorito.

Su compañero de fórmula, José Raúl Mulino, asumió la candidatura en su lugar y ganó las elecciones con más de un tercio de los votos. Mulino no emitió el salvoconducto que Martinelli necesitaba para salir de la embajada hacia Nicaragua de inmediato, sino hasta el 28 de marzo, cuando el expresidente llevaba más de un año refugiado en la sede diplomática nicaragüense.

Sin embargo, el régimen de Ortega se negó a recibirlo, alegando que se trataba de una trampa o “emboscada”, ya que se activó una orden de captura internacional contra él.

“Hemos comunicado a las autoridades panameñas que mientras ellos no resuelvan esta incongruencia, no podemos, como autoridades de un Estado responsable y humanista, aceptar lo que consideramos una emboscada. Tanto el ciudadano expresidente, en condición de asilo y refugio en nuestra sede diplomática, estaría expuesto a acciones agresivas, como el mismo Gobierno de Nicaragua, al que se pretende generar un conflicto internacional que ni nos interesa, ni nos incumbe, ni nos pertenece”, señaló la Cancillería de Nicaragua en un comunicado.

El primer expresidente en buscar refugio en Nicaragua fue Mauricio Funes Cartagena, quien falleció en enero de este año como ciudadano nicaragüense.

El 30 de julio de 2019, Funes, su esposa, Ada Michel Guzmán, y sus hijos, Carlos Manuel Mauricio Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, fueron declarados oficialmente ciudadanos nicaragüenses mediante la resolución número 3119, publicada en el diario oficial La Gaceta.

Funes fue condenado en ausencia a 14 años de prisión por negociar una tregua con pandillas en El Salvador, la cual buscaba reducir las tasas de homicidios a cambio de beneficios para los líderes pandilleros encarcelados.

El expresidente enfrentaba cuatro procesos penales en su país. La Fiscalía salvadoreña lo acusaba de peculado, enriquecimiento ilícito y malversación de unos 351 millones de dólares del presupuesto público, en un esquema que involucraba a familiares, amigos y exfuncionarios.

Salvador Sánchez Cerén, profesor y exguerrillero, sigue siendo buscado por la justicia de su país. En julio de 2021, la Fiscalía General de El Salvador presentó cargos de corrupción en su contra por recibir pagos irregulares cuando era vicepresidente de Mauricio Funes. Pocos días después de que la Fiscalía formalizara la acusación, el régimen de Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense a él y a su familia.

Nicaragua tiene una larga tradición de ofrecer refugio a prófugos de la justicia desde los años 80, durante la revolución sandinista, una política que se ha acentuado tras el regreso de Ortega al poder en 2007.

Uno de los casos más notorios es el del italiano Alessio Casimirri, condenado en ausencia en su país a seis cadenas perpetuas y 24 años de prisión, además de dos años de aislamiento diurno, por su participación en el secuestro y asesinato del primer ministro Aldo Moro en 1978.

Casimirri ha vivido en Nicaragua por 42 años y posee un restaurante de mariscos a 13 kilómetros de Managua.

En 1984, el mismo Pablo Escobar Gaviria estuvo refugiado en Nicaragua y realizó transacciones que vincularon al gobierno revolucionario con el tráfico de drogas. Barry Seal, el doble agente de la DEA cuya historia fue llevada al cine con Tom Cruise como protagonista, fotografió a Escobar junto a funcionarios sandinistas transportando droga en un aeropuerto de Managua.

El ex narcotraficante colombiano Carlos Lehder, recientemente liberado después de 34 años de prisión en EEUU, también se refugió en Nicaragua junto a otros capos de la droga del Cartel de Medellín, según relató en un libro publicado bajo el título “Vida y Muerte del Cartel de Medellín”.

“Nicaragua es un paraíso para corruptos notables”, afirmó a Infobae Javier Meléndez, investigador y director del centro de pensamiento Expediente Abierto. “Nicaragua como paraíso residencial es un activo que se ofrece y se vende al que paga. ¡Y debes pagar bien! No importa si eras mi amigo o enemigo ideológico. No importa si eres un paramilitar asesino, un guerrillero narcotraficante, un expolítico salvadoreño de izquierda o uno hondureño de derecha y ladrón”.

El ex presidente panameño Ricardo Martinelli seguirá como asilado en la Embajada de Nicaragua en el país luego de que una serie de quejas y condiciones del régimen de Daniel Ortega frustraran su intento de salida por medio de un salvoconducto.

El pasado 27 de marzo, la Cancillería panameña anunció de manera sorpresiva que había accedido a brindar esta garantía de salida segura del país al ex funcionario, quien fue condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales y lleva más de 450 días recluido en la sede diplomática.

La medida tenía una vigencia inicial de cuatro días, aunque luego se extendió por 72 horas más, en un intento por facilitar los arreglos.

Sin embargo, nada de ello tuvo efecto ya que a la medianoche del jueves expiró el plazo y el salvoconducto quedó sin efecto, dejando a Martinelli nuevamente bajo “el reconocimiento del asilo diplomático” que ya le había sido concedido.

“Como consecuencia de la falta de respuesta, a pesar de que se envió por canales formales toda la documentación solicitada por el Gobierno de la República de Nicaragua, el salvoconducto ha llegado a su término de vencimiento”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

La razón de ello fue que, tras la conferencia de prensa del Ministro de Exteriores, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó una serie de quejas y exigencias que impidieron la ejecución de la medida.

Precisamente, la Copresidenta pidió que se aclarase una posible alerta roja de Interpol -que las autoridades panameñas sostienen que no existe por improcedente- y acusó al presidente José Raúl Mulino de estar teniendo una “trampa” a Martinelli, algo que el propio asilado respaldó.

“Era una vil trampa, la que me estaban tratando de hacer. Por un lado, me estaban dando una supuesta salida y, por otro, me querían joder inventándome una serie de cosas. Con esta gente no se puede confiar (...) lo que querían hacer era matarme”, dijo el ex Presidente en un video en el que reconoció que había deliberado durante horas si aceptar o no el salvoconducto y agradeció a Nicaragua por el asilo.

Asimismo, Murillo aprovechó esta instancia para recriminar a Panamá la falta de apoyo en el órgano de integración regional SICA, así como las “difamaciones” de su Administración.

“El Gobierno de Panamá, además, se ha caracterizado, desde que asumió el presidente José Raúl Mulino Quintero, por desconocer, difamar y actuar contra el Gobierno de Nicaragua, en inmerecidas declaraciones ofensivas, y además, bloquear, en complicidad con otros países, el derecho de Nicaragua al asiento que nos corresponde legítimamente en la Secretaría General del SICA”, sostuvo en un comunicado en el que hacía referencia al rechazo de varios países a su ex canciller Denis Moncada para el cargo de secretario general del organismo, vacante desde noviembre de 2023.

Esto último, sin embargo, fue considerado parte de un “chantaje” por parte de Managua y repudiado por la oposición, que destacó que “es imperativo recordar el noble y constante compromiso de Panamá en la promoción de la democracia y la paz en Nicaragua”.

(Con información de EFE)

La dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega, está en el ojo de la opinión pública debido a que se ha generado el rumor de que podrían otorgarle asilo político al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.

Cabe recordar que, la justicia panameña declaró culpable a Martinelli por el delito de lavado de dinero, por lo que, en teoría, debería cumplir con una condena de 10 años de prisión en la nación centroamericana.

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Debido a esta situación, se recordó que no sería la primera vez que Nicaragua serviría como refugio de un delincuente, puesto que en los 80 se conoció que Ortega tuvo vínculos directos con Pablo Escobar y el cartel de Medellín.

“El intento del expresidente panameño Ricardo Martinelli para refugiarse en Nicaragua vuelve a poner en el foco un patrón: el país se ha convertido en un santuario para figuras de alto perfil acusadas de corrupción y otros delitos en sus naciones de origen”, indicó el medio internacional France 24 al respecto.

Así fue el paso de Escobar por Nicaragua

Los vínculos entre Escobar y los sandinistas han sido expuestos por Hollywood en la película sobre la vida de Barry Seal, un piloto norteamericano que tras trabajar con el capo se convirtió en informante de las autoridades y entregó una fotografía del colombiano en la que se le observaba descargando un cargamento de cocaína en Nicaragua.

Con esta información, el entonces presidente Ronald Reagan acusó al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que había tomado el poder de la nación centroamericana en 1979, de permitir el ingreso de droga que luego era enviada a Estados Unidos por parte de capos colombianos.

Por su parte, Seal fue descubierto por los colombianos y en 1986 fue asesinado en Luisiana, Estados Unidos.

Los familiares de Escobar también expusieron los negocios que tenía el capo en Nicaragua, el primero en hacerlo fue su hijo, Juan Pablo Escobar, que en el libro Pablo Escobar, mi padre reveló detalles de la estadía de la familia del narcotraficante en Nicaragua; afirmó que a pesar del dinero que tenían era poco lo que podían comprar en una nación que estaba en guerra.

“El día a día se nos hizo insoportable porque Managua era invivible, pues estaba en guerra civil por cuenta de los ataques de los contras, enviados por Estados Unidos a través de las fronteras de Costa Rica y Honduras…, la ciudad estaba sitiada y los estragos de la confrontación se notaban en los edificios derruidos, los negocios cerrados y no había supermercados ni droguerías. Además, los tiroteos eran frecuentes”.

De la misma forma, la hermana del capo, Marina Gaviria, indicó en una entrevista para Más allá del silencio que los líderes del cartel de Medellín se trasladaron a Nicaragua debido a que el dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega, pensaba entregar a los colombianos.

“Resulta que ellos le habían dado una plata al presidente de allá, pero Noriega los iba a entregar a la DEA, Noriega estaba jugando con doble carta. Entonces, Pablo y “El mexicano”, que estaban con sus esposas, nos fuimos para Nicaragua. Pablo tuvo que dejar unos días a la niña”.

Sobre el tiempo que vivieron en Nicaragua, Marina Gaviria indicó que se hospedaron en una mansión, pero decidieron volver a Colombia debido a que la madre del capo se había cansado de estar lejos de su tierra.

“Allá estuvimos un tiempo con ellos, con mi mamá, protegidos por los sandinistas, por Ortega. Había una casa, que la nombraban como la casa de la toma de la embajada, en esa casa. Era una mansión, hermosa. Pablo estuvo mucho tiempo, pero mi mamá se aburrió mucho en Nicaragua, por lo que un día nos devolvimos. Yo estuve escondida en una caleta, al mes secuestraron a mi papá”.

El Gobierno de Panamá informó este jueves, pocos minutos antes de la medianoche, que el salvoconducto otorgado al ex presidente Ricardo Martinelli para su traslado a Nicaragua llegó a su vencimiento sin haber sido utilizado, debido a la falta de respuesta del régimen de Daniel Ortega.

Con este anuncio, las autoridades panameñas confirmaron el cierre, por ahora, del intento de salida del ex mandatario, quien permanece asilado en la embajada nicaragüense en Ciudad de Panamá desde el 7 de febrero.

En un comunicado oficial, la Cancillería panameña explicó que a pesar de haber cumplido con todos los requerimientos solicitados por Managua, no se recibió ningún pronunciamiento formal de aceptación.

“Como consecuencia de la falta de respuesta, a pesar de que se envió por canales formales toda la documentación solicitada por el Gobierno de la República de Nicaragua, el salvoconducto ha llegado a su término de vencimiento”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

El salvoconducto fue otorgado inicialmente el 27 de marzo y tenía como objetivo permitir la salida de Martinelli hacia Nicaragua, país que le concedió asilo diplomático. Luego de que el régimen nicaragüense cancelara su traslado a última hora el pasado lunes —alegando dudas sobre una alerta roja de Interpol—, el Gobierno panameño extendió el permiso por 72 horas, hasta este jueves. Finalmente, al no recibir confirmación, se dio por finalizado el trámite.

A pesar del vencimiento del salvoconducto, el gobierno del presidente José Raúl Mulino reiteró que Panamá sigue reconociendo y respetando el asilo otorgado por Nicaragua, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y asilo diplomático. No obstante, la ausencia de colaboración por parte de Managua ha generado malestar dentro del Ejecutivo.

En su rueda de prensa semanal, Mulino fue claro al afirmar que no ha habido voluntad política del régimen nicaragüense para concretar la salida del ex mandatario.

“No hay decisión de Nicaragua de aceptar a Ricardo Martinelli”, expresó. Además, desmintió que Managua haya planteado formalmente alguna exigencia relacionada con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), desmarcándose de los rumores sobre un posible “intercambio político” para facilitar la llegada de Martinelli.

Críticas al silencio del régimen nicaragüense

Desde el lunes, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha evitado dar una respuesta oficial sobre la situación. La única declaración fue un comunicado leído por Murillo, en el que Nicaragua acusó a Panamá de actuar con contradicción y de no apoyar sus intereses en el SICA. Ese comunicado sirvió como justificación para suspender temporalmente la recepción de Martinelli.

Para analistas y políticos panameños, la falta de cooperación de Managua evidencia una actitud chantajista del régimen nicaragüense, que intenta utilizar el caso Martinelli como ficha de presión regional.

Desde el oficialismo y la oposición en Panamá, se ha señalado que el la dictadura sandinista actúa sin transparencia y con motivaciones ajenas al derecho internacional.

Martinelli continúa en la embajada

Mientras tanto, Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso “New Business”, permanece refugiado dentro de la embajada nicaragüense. Desde su ingreso el 7 de febrero, su equipo legal ha mantenido gestiones constantes para facilitar su salida.

En los últimos días, la prensa y seguidores se mantuvieron apostados en los alrededores del edificio, a la espera de una resolución que no llegó.

Su abogada, Alma Cortés, confirmó esta medianoche que Martinelli seguirá en la sede “hasta que la situación se resuelva por vías diplomáticas”.

Por el momento, la justicia panameña mantiene vigente su condena, y el ex presidente solo podría abandonar la embajada si el régimen de Ortega emite una nueva autorización para su traslado.

Panamá, por su parte, ha dejado claro que ha cumplido con todos los procedimientos requeridos, y que la continuidad del caso depende exclusivamente de Nicaragua.

(Con información de EFE)

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que “hasta el momento no hay decisión de Nicaragua de aceptar” al ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), pendiente de viajar como asilado a ese país centroamericano con un salvoconducto, otorgado por el Gobierno panameño y que vence hoy.

“Hasta el momento, que yo sepa, no hay decisión de Nicaragua de aceptar (al expresidente), si no ese avión no puede despegar de Panamá”, señaló Mulino durante su conferencia de prensa semanal, y añadió que “va a esperar el plazo dado y de lo contrario, pues, actuar en concordancia”.

El Gobierno panameño prorrogó el pasado lunes por tres días más la vigencia del salvoconducto —otorgado el jueves pasado— para que Martinelli fuera trasladado a Nicaragua, después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo suspendió el viaje ese mismo día.

El nuevo plazo del salvoconducto expira hoy jueves.

El Ejecutivo nicaragüense argumentó ese mismo lunes que no recibiría al ex presidente panameño mientras no se aclarara una posible alerta roja de Interpol contra él, que ya las autoridades panameñas aclararon que no existe por improcedente.

El ex presidente Martinelli, un magnate de 73 años, está refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el 7 de febrero de 2024, tras confirmarse su condena a más de diez años de prisión y una multa millonaria por el caso ‘New Business’, relacionado con la compra de medios de comunicación con fondos públicos. Se autoconsidera un “perseguido político”.

“Créanmelo que lo he analizado mucho en el tiempo hasta que tomé la decisión cuando se da el salvoconducto para trasladar al señor Martinelli a Nicaragua”, expresó Mulino.

Y señaló que desde el Gobierno panameño se han dado “de manera directa y formal” los documentos solicitados por Nicaragua sobre la alerta de Interpol e, inclusive, una nota de la Corte Suprema de Justicia (máximo órgano de justicia) detallando que la decisión del salvoconducto es “estrictamente del órgano ejecutivo”.

“Los requerimientos, por lo menos que de manera formal nos han solicitado sobre Interpol y sobre un documento de la Corte Suprema de Justicia que hace referencia de que esta es una decisión estrictamente del órgano ejecutivo, y no tiene nada ni pasa por el órgano judicial, se han dado, todo lo que se ha pedido de manera directa y formal. ¿De qué depende? Yo no sé”, sostuvo Mulino.

Descarta chantaje y bloqueo a Nicaragua en el SICA

El régimen nicaragüense recriminó a Panamá el pasado lunes haber indicado que la salida del ex presidente se detuviera por la falta de apoyo en el órgano de integración regional SICA, lo que muchos analistas panameños calificaron de un “chantaje”.

Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, leyó ese día el comunicado de seis puntos, en el que Managua juzga al Gobierno de Mulino acusándolo de mantener una “conducta contradictoria” en el caso Martinelli, de “difamar” a la Administración de Nicaragua y también saca a relucir el tema del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Sin embargo, hoy Mulino argumentó que Nicaragua “no ha pedido nada” respecto al SICA y que “lo que se ha solicitado no es votar en contra, sino presenten nuevas ternas, eso no implica un bloqueo a Nicaragua”.

(Con información de EFE)

La posición asumida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de frenar a última hora el viaje a Nicaragua en calidad de asilado del ex presidente panameño Ricardo Martinelli alegando que Panamá no ha respaldo a Managua en el órgano de integración regional SICA es calificado por analistas locales como un “chantaje”.

Cuando el lunes todo estaba listo para que Martinelli (2009-2014), de 73 años y asilado en la embajada nicaragüense desde el 7 de febrero de 2024 para evitar ir a la cárcel por una sentencia a más de 10 años por blanqueo, viajara a Nicaragua, Murillo indicó que no lo recibirían mientras no se aclarara una posible alerta roja de Interpol contra él, que ya las autoridades panameñas aclararon no existe por improcedente.

Murillo, esposa de Daniel Ortega, leyó un comunicado de seis puntos, en el que Managua juzga al Gobierno del presidente José Raúl Mulino acusándolo de mantener una “conducta contradictoria” en el caso Martinelli, de “difamar” a Nicaragua y también saca a relucir el tema del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Así, el régimen nicaragüense señaló al Ejecutivo de Mulino de “bloquear” en el SICA, “en complicidad con otros países, el derecho de Nicaragua” a asumir la secretaría del organismo, que está vacante desde que en noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el periodo 2022-2026.

En su editorial de este martes, el diario La Prensa de Panamá expresa que el régimen nicaragüense, “que no respeta los derechos humanos ni el Estado de derecho y cuyas autoridades carecen de legitimidad (...) aprovechando el asilo de Ricardo Martinelli (...), intenta abiertamente chantajear a Panamá con el SICA, buscando imponer figuras que no comparten los valores democráticos”.

En el mismo sentido se expresó el presidente del histórico Partido Panameñista y ex alcalde de la Ciudad de Panamá José Isabel Blandón, quien dijo a la televisión local que pareciera que Nicaragua dice “yo le estoy haciendo un favor a Panamá aceptando a Martinelli acá, entonces favor con favor”, en referencia a la situación del SICA.

“Me parecería equivocado que Panamá ceda ante este tipo de chantajes y reitero, lo correcto desde el punto de vista de la Justicia, es que el señor Martinelli cumpla su condena en Panamá”, afirmó Blandón.

Así como el presidente del Partido Panameñista, muchos políticos y activistas panameños han rechazado que el Gobierno de Mulino, un correligionario de Martinelli, concediera el salvoconducto al expresidente al entender que ha sido condenado por un delito común, como es el blanqueo, a través de una sentencia ratificada en todas las instancias pertinentes, por lo que acusan que se está favoreciendo la impunidad.

Ante la posición de Nicaragua, la Cancillería de Panamá anunció la noche del lunes que el salvoconducto otorgado el 27 de marzo y que venció ayer, fue prorrogado “72 horas, hasta el final del día jueves 3 de abril” próximo, “tomando en cuenta causas imprevistas y la necesidad de contar con un plazo razonable para la ejecución del traslado” del político.

El portavoz del ex presidente y diputado por su partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, dijo este martes en declaración a la prensa en el exterior de la embajada que están “con buena vibra”, ya que los Gobiernos panameño y nicaragüense “han expresado que su preocupación es la salud y la vida de Ricardo Martinelli”.

“Así que estamos a buena vibra, nada más esperar los últimos detalles”, afirmó.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Panamá anunció este lunes la extensión por 72 horas del salvoconducto otorgado al ex presidente Ricardo Martinelli (2009–2014) para su traslado a Nicaragua, donde recibió asilo en febrero de 2024.

La decisión se produce después de que el régimen nicaragüense suspendiera el viaje de Martinelli previsto para este lunes, al exigir garantías sobre la existencia de una orden de captura de Interpol.

Martinelli, de 73 años, permanece desde el 7 de febrero en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, donde se refugió tras confirmarse una condena de casi 11 años de prisión por lavado de dinero en el caso conocido como ‘New Business’, que involucra la compra irregular de medios de comunicación con fondos públicos.

Su permanencia en la sede diplomática ha generado fricciones diplomáticas y reacciones internas por su constante presencia política y mediática desde el encierro.

El salvoconducto, inicialmente concedido por “razones humanitarias” relacionadas con su salud, vencía la noche del lunes. Sin embargo, a cuatro horas de su expiración, la Cancillería panameña anunció su extensión hasta el jueves 3 de abril, con el objetivo de facilitar su salida y evitar un mayor deterioro en las relaciones bilaterales con Managua.

En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la alerta roja solicitada por una jueza panameña fue “rechazada por improcedente” debido a la condición de asilado de Martinelli. Sin embargo, la controversia estalló el domingo, cuando el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó que existía una notificación en trámite, lo que llevó a la dictadura de Daniel Ortega a suspender el traslado del ex mandatario.

Desde Managua, la número dos del régimen, Rosario Murillo, leyó un comunicado en el que denunció una posible “emboscada” contra Martinelli.

“Pareciera una trampa legal”, afirmó, y exigió garantías claras de que no se había solicitado una alerta internacional a Interpol. “Mientras ellos no resuelvan esta incongruencia, no podemos (...) aceptar lo que consideramos una emboscada”, añadió.

El presidente panameño José Raúl Mulino, ex ministro de Seguridad de Martinelli y su aliado político, había otorgado el salvoconducto, aunque expresó incomodidad con el activismo político del ex mandatario, quien desde su refugio ha hecho campaña en redes sociales y recibido constantes visitas.

Su respaldo fue clave para el triunfo de Mulino en las elecciones presidenciales.

En videos y publicaciones difundidas durante su estancia en la embajada, Martinelli ha aparecido cocinando, haciendo ejercicio, recibiendo tratamientos médicos y posando junto a su perro Bruno, en imágenes que contrastan con su condición de condenado. Sus selfis en hamaca o dentro de un jacuzzi fueron ampliamente viralizados.

Martinelli fue inhabilitado políticamente tras su condena, lo que lo obligó a ceder su candidatura presidencial a Mulino. También enfrenta un nuevo proceso judicial por el caso Odebrecht, cuya audiencia está prevista para noviembre de 2025. Dos de sus hijos ya cumplieron condenas en Estados Unidos por delitos relacionados con ese escándalo y actualmente, tanto él como su familia tienen prohibido el ingreso a territorio estadounidense.

En el pasado, Martinelli buscó protección legal como diputado del Parlamento Centroamericano, pese a haber calificado esa institución como “una cueva de ladrones”. Tras finalizar su mandato en 2014, se trasladó a una villa en Miami, desde donde fue extraditado en 2018 por otro caso de espionaje político. Aunque fue absuelto en un segundo juicio en 2021, su historial judicial continúa marcando su figura política.

La ex guerrillera y opositora nicaragüense Dora María Téllez, exiliada en España, acusó al régimen de Ortega de convertir a Nicaragua en un refugio para “delincuentes de saco y corbata”, en alusión directa a Martinelli y a otros exmandatarios centroamericanos procesados por corrupción que han recibido asilo en el país centroamericano.

(Con información de AFP)

El régimen de Nicaragua anunció este lunes que no recibirá en su país al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado desde febrero de 2024 en la embajada nicaragüense en Panamá tras ser condenado por corrupción y que pretendía salir hacia Managua hoy tras concedérsele un salvoconducto, hasta que no se aclare una posible alerta de Interpol contra él.

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, leyó un comunicado de la Cancillería y dijo que el caso de Martinelli se trata de una “situación compleja contradictoria que llama mucho la atención” y que pareciera que se trata de una “trampa” o “emboscada” en contra del ex presidente panameño.

“Hemos comunicado a las autoridades panameñas que mientras ellos no resuelvan esta incongruencia, no podemos, como autoridades de un Estado responsable y humanista, aceptar lo que consideramos una emboscada, tanto al ciudadano ex presidente, en condición de asilo y refugio en nuestra sede diplomática, quien estaría expuesto a acciones agresivas, como al mismo Gobierno de Nicaragua, a quien se pretende generar un conflicto internacional que ni nos interesa, ni nos incumbe, ni nos pertenece”, señaló Managua.

“Denunciamos por lo tanto, las posiciones y actitudes absurdas de las autoridades de Panamá, posiciones que deberían enmendar de inmediato, ubicándose al lado de la corrección política y humanista”, agregó.

Murillo, esposa del copresidente Daniel Ortega, explicó que han “conocido, recientemente, con alarma, acciones violatorias del fuero diplomático y de la condición de asilo de parte de autoridades en distintos países que han asaltado e invadido embajadas, incluso agrediendo físicamente a embajador y secuestrando a asilados”.

En ese sentido dijo que Nicaragua no comprende “por qué las autoridades panameñas han otorgado salvoconducto y casi inmediatamente han emitido una solicitud de alerta roja por acciones criminales a Interpol”.

“En coherencia con nuestra vocación de buena vecindad y de correcta interpretación y aplicación de las legislaciones, convenciones y el Derecho Internacional, exigimos a las autoridades de Panamá, a su presidente, y a su Ministerio de Relaciones Exteriores, actuar como corresponde, y propiciar relaciones de respeto, entendimiento y hermandad entre nuestros países, porque nuestros pueblos sí saben ser hermanos”, concluyó.

Panamá le dio plazo al ex gobernante, de 73 años, hasta la medianoche de hoy para que deje la sede diplomática, que amaneció con más presencia de policías y un mayor movimiento de vehículos.

La víspera la cancillería envió un comunicado asegurando que Martinelli puede viajar “perfectamente” como asilado tras conocerse que una jueza pidió que se emitiera a través de Interpol una alerta roja de captura contra el ex gobernante.

El otorgamiento del salvoconducto por “razones estrictamente humanitarias”, según el gobierno, generó cuestionamientos de quienes consideran que promueve la impunidad de Martinelli. El ex mandatario fue condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales en julio de 2023 en relación con la compra de un grupo editorial. Luego de la confirmación de esa sentencia, el ex líder se refugió en la sede diplomática nicaragüense después de que el régimen de Ortega le dio asilo.

Martinelli gobernó entre 2009 y 2014, un periodo de rápido crecimiento económico impulsado por la construcción de grandes obras como el primer metro en Centroamérica y la expansión del canal interoceánico. Pero su reconocido poder de ejecución se vio manchado por acusaciones de sobornos y sobrecostos en las obras. Fue sancionado por Estados Unidos por corrupción en enero de 2023.

El año pasado fue inhabilitado para buscar un segundo mandato en los comicios en los que se perfilaba al frente de los sondeos, por lo que su compañero de fórmula, José Raúl Mulino, ocupó la candidatura presidencial de su partido y terminó ganando los comicios.

El anterior presidente Laurentino Cortizo (2019-2024) se negó a otorgarle el salvoconducto y protestó varias veces contra el gobierno de Ortega acusándolo de permitir a Martinelli realizar actividades proselitistas dentro de la embajada durante la pasada campaña electoral.

Cortizo dejó ese asunto diplomático sin resolver a Mulino, quien durante su campaña había prometido ayudar a su promotor político a salir de sus líos con la justicia. Pero en diciembre el mandatario, quien enfrenta la presión del gobierno de Donald Trump que amenaza con retomar el canal y otros grandes asuntos internos por resolver, también expresó su molestia a Nicaragua por las reuniones políticas de Martinelli en la sede diplomática.

Martinelli también figura entre los 26 llamados a juicio por el caso de los sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht para acceder a jugosos contratos públicos y otros favores en Panamá, cuyo inicio volvió a reprogramarse en enero.

Los expertos consideran que Martinelli puede ser enjuiciado en ausencia. Los abogados del ex presidente, en tanto, han presentado insistentes demandas de inconstitucionalidad contra esos procesos argumentando que violan un llamado principio de especialidad mediante el cual Estados Unidos repatrió a Martinelli en 2018 para que fuese procesado solamente por el caso de escuchas ilegales por el cual fue absuelto por segunda vez en 2021.

(Con información de AP)

El Gobierno de Panamá advirtió este domingo que el salvoconducto concedido esta semana al ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado desde febrero de 2024 en la embajada nicaragüense tras ser condenado por corrupción, prevalece ante cualquier alerta roja de Interpol, que no podría impedir el viaje del exmandatario previsto para este lunes a Nicaragua.

El ex mandatario saldrá el lunes de la embajada de Nicaragua y viajará a Managua, informaron este domingo las autoridades.

“El salvoconducto a favor del ex presidente Ricardo Martinelli ha sido concedido en aplicación de normas convencionales de Derecho Internacional, las cuales prevalecen sobre el accionar de las autoridades de la policía en este caso. Por tanto, ninguna alerta roja establecida por Interpol puede impedir el viaje del ex presidente Ricardo Martinelli”, aseguró en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

La nota insiste en que Martinelli “puede viajar perfectamente en condición de asilado, a pesar de la existencia de una alerta roja, ya que se dirige al país donde le ha sido concedido el asilo”, y el ex presidente “no viaja en otra condición que no sea la de asilado político”.

“No podemos referirnos a casos hipotéticos sobre si el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal abandona el país asilante”, concluye el comunicado.

La nota aclaratoria de la Cancillería panameña se produce después de una serie de declaraciones de la Policía de Panamá este domingo sobre una posible alerta de Interpol interpuesta contra Martinelli.

Primero el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró en declaraciones a la prensa que el viernes les había llegado “una alerta Interpol” contra Martinelli, aunque horas más tarde la misma Policía Nacional aclaraba en un comunicado que esa alerta solicitada por una jueza panameña se hallaba en “proceso”.

“Dicha solicitud debe ser analizada por la Secretaría General de Interpol (sede en Francia) para ser aprobada o rechazada. De ser aprobada se notificaría a los países miembros”, explicó el ente policial, por lo que se trataba de “un trámite que se encuentra activo y el expresidente Martinelli no mantiene una alerta que se haya confirmado”.

El salvoconducto a Martinelli

Ricardo Martinelli, de 73 años y con una amplia trayectoria empresarial, se refugió en la embajada nicaragüense en febrero de 2024 tras confirmarse su condena de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso ‘New Business’, relacionado con la compra de medios de comunicación con fondos públicos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, informó el jueves de forma sorpresiva que otorgaba un salvoconducto a Ricardo Martinelli por razones “humanitarias”, el cual tendría validez entre el 27 y el 31 de marzo.

Martinelli horas más tarde, a través de sus redes sociales, aceptó este salvoconducto para viajar a Nicaragua.

Este gesto a favor de Martinelli, que apadrinó al actual gobernante de Panamá, José Raúl Mulino, quien fue su ministro de Seguridad y le llamaba “amigo” durante la campaña proselitista que lo llevó al poder en 2024, contrasta con la negativa del Gobierno anterior, liderado por Laurentino Cortizo (2019-2024), que se basó en convenios internacionales para rechazar el salvoconducto.

La estancia de Martinelli en la embajada ha generado controversia por su implicación en la política local y las adaptaciones hechas en la sede para sus necesidades personales.

Además, Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de Odebrecht y en España por supuestos sobornos y por un caso de interceptación de comunicaciones en Mallorca.

(Con información de EFE)

Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá (2009-2014), se prepara para dejar la embajada de Nicaragua, donde ha estado refugiado desde febrero de 2024, para ser trasladado a Managua después de que el Gobierno panameño le concediera el jueves un salvoconducto, una operación en la que será acompañado por diplomáticos nicaragüenses y la Policía panameña, que se hará cargo de su seguridad.

“Desde que él salga de esta puerta (de la embajada de Nicaragua) la responsabilidad de la seguridad es del Estado panameño”, informó este viernes ante la prensa el portavoz del ex mandatario, Luis Eduardo Camacho.

Camacho, que también es secretario general del Partido Realizando Metas (RM) fundado por Martinelli en 2021, no precisó la fecha de salida de Martinelli de la embajada nicaragüense -tiene de plazo hasta la medianoche del 31 de marzo-, pero sí dejó claro que en su trayecto al aeropuerto el ex presidente tiene que contar con “custodia” policial, al haber insistido en el pasado que existen amenazas contra la vida del ex mandatario.

El portavoz adelantó que tiene previsto acompañar a Martinelli en su viaje hacia territorio nicaragüense.

Ricardo Martinelli, de 73 años y con una amplia trayectoria empresarial, se refugió en la embajada nicaragüense en febrero de 2024 tras confirmarse su condena de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso ‘New Business’, relacionado con la compra de medios de comunicación con fondos públicos.

Coordinación gubernamental

Carlos Carrillo, abogado que representa a Martinelli, señaló también este viernes ante la prensa en el exterior de la embajada que están a la espera de las gestiones del Gobierno panameño para la movilización del ex presidente.

Carrillo enfatizó que “por motivo de seguridad, nos imaginamos que eso lo va a manejar -como se dijo en el comunicado ayer- Cancillería” y remarcó que el asilo político fue solicitado por Martinelli y concedido por Nicaragua.

Con respecto a la posible libertad de movimiento de Martinelli en Nicaragua, Carrillo señaló que “las condiciones de su asilo las determina el país asilante” y que la defensa prefiere no emitir comentarios que puedan “enturbiar, afectar y poner en peligro la integridad” de su cliente.

El salvoconducto a Martinelli

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, informó el jueves de forma sorpresiva que otorgaba un salvoconducto a Ricardo Martinelli por razones “humanitarias”, el cual tendría validez entre el 27 y el 31 de marzo.

“Para la ejecución del traslado, amparado bajo el salvoconducto, se contará con los buenos oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores”, señaló.

Martinelli horas más tarde, a través de sus redes sociales, aceptó este salvoconducto para viajar a Nicaragua.

Este gesto a favor de Martinelli, que apadrinó al actual gobernante de Panamá, José Raúl Mulino, quien fue su ministro de Seguridad y le llamaba “amigo” durante la campaña proselitista que lo llevó al poder en 2024, contrasta con la negativa del Gobierno anterior, liderado por Laurentino Cortizo (2019-2024), que se basó en convenios internacionales para rechazar el salvoconducto.

La estancia de Martinelli en la embajada ha generado controversia por su implicación en la política local y las adaptaciones hechas en la sede para sus necesidades personales.

Además, Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de Odebrecht y en España por supuestos sobornos y por un caso de interceptación de comunicaciones en Mallorca.

(Con información de EFE)

El ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado desde el 7 de febrero de 2024 en la embajada nicaragüense tras ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales, anunció este jueves que acepta el salvoconducto para viajar a Nicaragua concedido por el Gobierno de Panamá horas antes.

“Hoy con mi hijo, mi familia y mis allegados he tomado la decisión de aceptar el salvoconducto como asilado político en la hermana República de Nicaragua otorgado por mi Gobierno”, escribió el ex mandatario en sus redes sociales.

Aseguró que aguardará “con tranquilidad” la decisión final de la Justicia, reiterando su inocencia frente a lo que calificó como “un injusto proceso político”. Añadió que realizará el viaje con su perro Bruno, aunque no precisó la fecha exacta de salida de la embajada.

El anuncio se produjo horas después de que el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, confirmara la concesión del salvoconducto mediante una declaración pública.

“El salvoconducto es concedido a partir de hoy, 27 de marzo de 2025, y tiene un plazo de vigencia improrrogable que termina a la medianoche del 31 de marzo de 2025. Para la ejecución del traslado, amparado bajo el salvoconducto, se contará con los buenos oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores”, afirmó el canciller.

La medida fue autorizada por el presidente José Raúl Mulino, quien asumió el poder tras ganar las elecciones de mayo de 2024 con el respaldo directo de Martinelli, que lo designó como su sucesor en la candidatura presidencial luego de ser inhabilitado a causa de su condena por corrupción.

Martínez-Acha justificó la concesión del salvoconducto por razones “estrictamente humanitarias”, señalando que permitirá a Martinelli “continuar su defensa en condiciones más favorables que las actuales, como acceder, en libertad, a tratamiento ambulatorio que mejora significativamente su calidad de vida”.

La referencia al estado de salud del ex mandatario coincidió con los mensajes del propio Martinelli en redes sociales, donde ha mencionado complicaciones médicas durante su permanencia en la sede diplomática.

Martinelli, de 73 años, fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión, además de una multa de 19,2 millones de dólares, tras ser hallado culpable de utilizar fondos públicos para adquirir un conglomerado de medios de comunicación a través de estructuras opacas. El caso, conocido como “New Business”, supuso la ratificación judicial de una de las principales causas por corrupción en su contra.

Antes de este giro, el anterior gobierno panameño, encabezado por Laurentino Cortizo, había rechazado el 9 de febrero de 2024 conceder el salvoconducto, invocando lo dispuesto en el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933, lo que generó una situación de tensión diplomática.

Durante su estancia en la embajada nicaragüense, Martinelli protagonizó diversos episodios polémicos. Su activa participación en asuntos de política interna violó las normas internacionales que rigen el asilo, que prohíben expresamente dichas intervenciones. Además, la sede diplomática fue objeto de reiteradas remodelaciones para adaptarse a sus requerimientos personales.

A la condena en el caso “New Business” se suman otros procesos pendientes. En Panamá, Martinelli enfrenta una acusación por blanqueo de capitales relacionada con el caso Odebrecht. En España, está imputado en dos investigaciones: una por presuntos sobornos vinculados a la constructora FCC y otra por supuesta interceptación ilegal de comunicaciones en la isla de Mallorca.

(Con información de EFE)

El gobierno panameño informó el jueves que concedió un salvoconducto al ex presidente Ricardo Martinelli, condenado en 2023 a 10 años de prisión por lavado de activos, para que pueda salir de la embajada de Nicaragua, en donde se refugió hace un año para eludir a la justicia de su país tras recibir asilo del régimen de Daniel Ortega.

El Ministerio de Relaciones Exteriores panameño anunció que reconoce el asilo otorgado por Nicaragua al ex mandatario y dio de plazo hasta el 31 de marzo a la medianoche para que Martinelli deje la embajada nicaragüense en la Ciudad de Panamá y salga del país. Según el pronunciamiento del canciller Javier Martínez-Acha Vázquez, el salvoconducto fue concedido por “causas estrictamente humanitarias”.

Martinelli, de 73 años, fue condenado por blanqueo de capitales en julio de 2023 y en febrero del año pasado se refugió en la embajada de Nicaragua en Panamá después de que el régimen de Ortega le concediera asilo político.

El salvoconducto le permitirá “continuar su defensa en condiciones más favorables que las actuales como acceder, en libertad, a tratamiento ambulatorio que mejora significativamente su calidad de vida”, indicó el comunicado de la Cancillería panameña.

El gobierno de Panamá, entonces bajo el mandato de Laurentino Cortizo, cuestionó el asilo de Nicaragua como una intromisión con “fines políticos” para evitar que el ex mandatario —quien gobernó entre 2009 y 2014— respondiera ante la justicia. Criticaron además que Martinelli siguiera haciendo pronunciamientos políticos desde la sede diplomática durante la campaña electoral del año pasado.

Al ex gobernante, que tuvo inicialmente aspiraciones presidenciales en las últimas elecciones de 2024 en las que ganó su delfín José Raúl Mulino, también se le impuso una multa de 19 millones de dólares en el llamado caso “New Bussiness”, relacionado con la compra de una editorial de periódicos en 2010.

Según Martinelli, la condena en su contra tuvo motivaciones políticas para evitar que volviera a presentarse como candidato. Aunque en 2023 ganó la candidatura de su partido de cara a los comicios del año pasado, la sentencia le impidió finalmente aparecer en la papeleta electoral.

Cuando fue inhabilitado formalmente para participar en las elecciones a inicios de marzo del año pasado, designó a Mulino como su reemplazo. Quien fuera ex ministro de Seguridad en el gobierno de Martinelli y una de sus personas de confianza, terminó ganando los comicios gracias al capital político del ex mandatario condenado.

En el juicio en su contra, los fiscales alegaron que en la compra de la Editora Panamá América S.A., Martinelli captó recursos de empresarios y ejerció presión en varios contratistas del Estado para que aportaran a dicha adquisición un 10% del costo de obras que les fueron adjudicadas durante su gobierno.

(Con información de EFE)

Ciudad de Panamá, 26 dic (EFE).- El Gobierno de Nicaragua solicitó el beneplácito para que Jessica Padilla Leiva sustituya a Consuelo Sandoval Mesa como embajadora en Panamá, en cuya sede permanece refugiado desde febrero pasado el expresidente panameño Ricardo Martinelli, sentenciado a más de 10 años de cárcel por blanqueo.

El pasado 24 de diciembre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitó el beneplácito para Jessica Padilla Leiva, actual embajadora de Nicaragua en la República Dominicana, en reemplazo de la embajadora saliente", dijeron a EFE este jueves fuentes oficiales.

Sandoval Mesa, nombrada embajadora de Nicaragua en Panamá en 2023, renunció este jueves al cargo, informaron por su parte medios panameños. Fuentes oficiales dijeron a EFE que esta dimisión forma parte de los "pasos técnicos" cuando se pide el beneplácito para la sustitución del representante diplomático.

La portavoz de prensa de la Cancillería dijo hoy que "la embajadora Consuelo Sandoval Meza, se mantiene como su representante diplomática" en Panamá "hasta tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua no comunique su salida del país".

El cambio en la representación diplomática de Nicaragua tiene lugar después de que el pasado 12 de diciembre el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, avisara que la "llamada a la Cancillería" a la embajadora Sandoval por las "expresiones" de Martinelli, era una "primera advertencia" que se hace desde el Ejecutivo.

El Gobierno de Panamá convocó a inicios de diciembre a la embajadora nicaragüense para expresarle su "preocupación" por las "expresiones" de Martinelli y pedirle que esa sede diplomática no fuera un "foco de reuniones políticas", limitándose "solamente" a sus responsabilidades de asilo, según informó el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

Martinelli, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, está asilado en la embajada de Nicaragua desde el pasado 7 de febrero tras la condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el marco del caso New Business.

El expresidente, que impulsó la candidatura presidencial de Mulino, recibe en la embajada a correligionarios políticos y suele usar sus redes sociales para opinar sobre todo tipo de temáticas, incluida la política, y reiterar que su situación actual es parte de una supuesta "persecución política".

Este mismo diciembre, el ministro panameño de Economía, Felipe Chapman, señaló a la radio local que Martinelli es un "mitómano" que "promueve el caos" tras una publicación del expresidente opinando sobre un proyecto de ley para modificar la Seguridad Social, propuesto desde el Ejecutivo y aún en discusión en el Parlamento. EFE

Ciudad de Panamá, 12 dic (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, avisó este jueves que la "llamada a la Cancillería" a la embajadora de Nicaragua por las "expresiones" del exmandario Ricardo Martinelli, asilado en esa sede diplomática desde el pasado febrero, es la "primera advertencia" que se hace desde el Ejecutivo.

"Yo le pedí al canciller que hiciera eso (...) para poner un poco de orden ahí, que cumplan con los convenios internacionales de asilo. Tan sencillo como eso. No transformemos ni esa ni ninguna embajada en un centro político ni de actividad político-partidista ni a favor ni en contra de nadie", señaló Mulino en su rueda de prensa semanal.

Y agregó: "Espero que la República de Nicaragua entienda eso y es la primera advertencia que hacemos en ese sentido".

El Gobierno de Panamá convocó la semana pasada a la embajadora nicaragüense para expresarle su "preocupación" por las "expresiones" de Martinelli y a la vez pedirle que esa sede diplomática no sea un "foco de reuniones políticas", limitándose "solamente" a sus responsabilidades de asilo, según informó el miércoles el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009 -2014) suele usar sus redes sociales, dentro de la      Embajada de Nicaragua en condición de asilo, para opinar sobre diferentes problemas locales y reiterar que su situación actual es parte de una supuesta "persecución política".

 La semana pasada, además, el ministro de Economía, Felipe Chapman, señaló en un programa de radio que Martinelli es un "mitómano" que "promueve el caos" tras una publicación del expresidente opinando sobre un proyecto de ley para modificar la Seguridad Social, propuesto desde el Ejecutivo y aún en discusión en el Parlamento.

Esta no es la primera vez que la Cancillería panameña expresa formalmente a la embajada nicaragüense su rechazo por las expresiones de Martinelli, pues el Gobierno pasado de Laurentino Cortizo (2019-2024) envió varias notas reiterando su "enérgica protesta" por las acciones "político-partidistas" del exmandatario, ya que es "ilegal de conformidad con el derecho internacional".

"Esperemos que pase y entonces actuamos. Dije que esta era la primera decisión que se ha tomado. En el lenguaje diplomático cuando llamas a un embajador a la Cancillería es porque el tema es serio (y) sí lo es. Sobre todo, no se puede permitir", expresó este jueves  Mulino al ser preguntado por si tomará a futuro acciones más duras.

Y enfatizó: "Ahora, estamos ante un país que no tiene ni Dios ni Ley, en Nicaragua. Hay que entender también que no estamos trabajando con un país común y corriente respetuoso del derecho internacional, no respetan al internacional, el interno ni ningún derecho en Nicaragua".

Nicaragua, continuó, "es un país bastante subgeneris en materia de apelar la suplicación del derecho. Eso no existe allí. No hay derecho en Nicaragua".

Martinelli está asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el pasado 7 de febrero tras la condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el marco del caso New Business.

El actual presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sustituyó in extremis a Martinelli en la carrera política por la presidencia este año tras la inhabilitación del exmandatario por esa condena de corrupción.

Desde su llegada al poder el pasado 1 de julio, Mulino nombra cada vez con menos frecuencia a Martinelli. Sin embargo, ha designado en su Gobierno a algunos funcionarios de la administración del exmandatario, de la el mismo fue parte como ministro de Seguridad.EFE

Ciudad de Panamá, 11 dic (EFE).- El Gobierno de Panamá expresó a la embajada de Nicaragua su "preocupación" por las "expresiones" del expresidente Ricardo Martinelli, asilado en la sede diplomática de ese país desde febrero pasado por un caso de corrupción, a la vez que le pidió no ser un "foco de reuniones políticas" y "solamente" limitarse a sus responsabilidades de asilo, informó este miércoles el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

"La semana pasada convocamos a la embajadora de Nicaragua en Panamá y le expresamos nuestra preocupación por las expresiones que se dan dentro de la embajada", dijo el canciller panameño a la cadena Telemetro tras ser preguntado por el expresidente.

"Y le pedimos a la República de Nicaragua que, por favor, hiciera de la embajada lo que siempre ha debido ser en materia de asilo, solamente asilo y no un foco de reuniones políticas", agregó el funcionario.

El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009 -2014) suele usar sus redes sociales, dentro de la embajada de Nicaragua en condición de asilo, para opinar sobre diferentes problemas locales y reiterar que su situación actual es parte de una supuesta "persecución política".

"Se tocaron varios temas y las redes sociales se pueden utilizar en Panamá o estando en cualquier otro país (...) ya le comunicamos ahora el sentimiento del Gobierno del presidente (José Raúl) Mulino", señaló este miércoles el canciller de Panamá.

La semana pasada el ministro de Economía, Felipe Chapman, dijo en el programa de radio "180 noticias" que Martinelli es un "mitómano" que "promueve el caos" tras una publicación del expresidente opinando sobre un proyecto de ley para modificar la Seguridad Social, propuesto desde el Ejecutivo y aún en discusión en el Parlamento.

Esta no es la primera vez que la Cancillería panameña expresa formalmente a la embajada nicaragüense su rechazo por las expresiones de Martinelli, pues el Gobierno pasado de Laurentino Cortizo (2019-2024) envió varias notas reiterando su "enérgica protesta" por las acciones "político-partidistas" del exmandatario, ya que es "ilegal de conformidad con el derecho internacional".

"Nosotros siempre seguiremos las convenciones nacionales y Panamá ha respetado todo lo que se está hablando y conversando desde el día uno", expresó el ministro Martínez-Acha sobre el salvoconducto que le permitiría a Martinelli viajar a Nicaragua para asilarse.

El Gobierno anterior le denegó ese documento para trasladarse al país vecino por estar condenado por la justicia y, según dijo en julio el presidente de Panamá, hasta el momento no se ha vuelto a solicitar.

Martinelli está asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el pasado 7 de febrero tras la condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el marco del caso New Business. También, está envuelto en importantes casos de corrupción como Odebrecht, las escuchas ilegales y FCC.

El actual presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sustituyó in extremis a Martinelli en la carrera política por la presidencia este año tras la inhabilitación del exmandatario por esa condena de corrupción.

Desde su llegada al poder el pasado 1 de julio, Mulino nombra cada vez con menos frecuencia a Martinelli. Sin embargo, ha designado en su Gobierno a algunos funcionarios de la administración del exmandatario, de la el mismo fue parte como ministro de Seguridad.

Varios analistas preveían la "sombra" del expresidente Martinelli sobre la administración de Mulino, quien ha dicho en reiteradas ocasiones que el presidente es él, pero tampoco ha dudado en aclarar que está dispuesto a ayudar a su "amigo". EFE

El régimen sandinista de Nicaragua solicitó el beneplácito para que Jessica Padilla Leiva sustituya a Consuelo Sandoval Mesa como embajadora en Panamá, en cuya sede permanece refugiado desde febrero pasado el ex presidente panameño Ricardo Martinelli, sentenciado a más de 10 años de cárcel por blanqueo.

El pasado 24 de diciembre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitó el beneplácito para Jessica Padilla Leiva, actual embajadora de Nicaragua en la República Dominicana, en reemplazo de la embajadora saliente.

Sandoval Mesa, nombrada embajadora de Nicaragua en Panamá en 2023, renunció este jueves al cargo, informaron por su parte medios panameños. Fuentes oficiales dijeron que esta dimisión forma parte de los “pasos técnicos” cuando se pide el beneplácito para la sustitución del representante diplomático.

La portavoz de prensa de la Cancillería dijo hoy que “la embajadora Consuelo Sandoval Meza, se mantiene como su representante diplomática” en Panamá “hasta tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua no comunique su salida del país”.

El cambio en la representación diplomática de Nicaragua tiene lugar después de que el pasado 12 de diciembre el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, avisara que la “llamada a la Cancillería” a la embajadora Sandoval por las “expresiones” de Martinelli, era una “primera advertencia” que se hace desde el Ejecutivo.

El Gobierno de Panamá convocó a inicios de diciembre a la embajadora nicaragüense para expresarle su “preocupación” por las “expresiones” de Martinelli y pedirle que esa sede diplomática no fuera un “foco de reuniones políticas”, limitándose “solamente” a sus responsabilidades de asilo, según informó el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

Martinelli, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, está asilado en la embajada de Nicaragua desde el pasado 7 de febrero tras la condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el marco del caso New Business.

El ex presidente, que impulsó la candidatura presidencial de Mulino, recibe en la embajada a correligionarios políticos y suele usar sus redes sociales para opinar sobre todo tipo de temáticas, incluida la política, y reiterar que su situación actual es parte de una supuesta “persecución política”.

Este mismo diciembre, el ministro panameño de Economía, Felipe Chapman, señaló a la radio local que Martinelli es un “mitómano” que “promueve el caos” tras una publicación del ex presidente opinando sobre un proyecto de ley para modificar la Seguridad Social, propuesto desde el Ejecutivo y aún en discusión en el Parlamento.

(Con información de EFE)

Ciudad de Panamá, 8 nov (EFE).- El inicio del juicio por el caso Odebrecht en Panamá, que involucra a 31 imputados por blanqueo, entre ellos dos expresidentes del país, se pospuso para enero de 2025 tras la suspensión de la diligencia programada el próximo martes, informó este viernes el Órgano Judicial.

Estaba previsto que la audiencia de juicio comenzara el próximo 12 de noviembre, pero ahora será 20 de enero de 2025, "debido a que dentro de la causa se han solicitado asistencias internacionales en las que se espera respuesta, al igual que pruebas de informes solicitadas a instituciones nacionales", dijo la información oficial.

La causa seguida a 31 imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, de los cuales cinco están en rebeldía, se encuentra en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial, y será atendida por la juez adjunta Baloísa Marquínez, precisó el Órgano Judicial.

En febrero pasado, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales fijó como la fecha principal para celebrar el juicio del 12 de noviembre al 19 de diciembre de 2024, y como la fecha alterna del 20 de enero al 28 de febrero de 2025.

Los focos en este proceso se dirigen a los exgobernantes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), ambos designados en el 2023 por corrupción por Estados Unidos.

No es la primera vez que se suspende el inicio del juicio de Odebrecht, el mayor caso de corrupción en la historia de Panamá, que inicialmente estaba programado para agosto de 2023.

A juicio del abogado y expresidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, Carlos Barsallo, "es de esperar" más demoras en este caso, más allá del hecho de que "se ha convertido, lamentablemente, en práctica habitual, la posposición de la audiencia en su fecha principal y su celebración en su fecha alterna", algo que, recordó "permite la ley" panameña.

"Uno de los temas de fondo a ver en este caso es el tema de las últimas decisiones judiciales dadas en Brasil y la validez de ciertas pruebas. El Ministerio Público debe contar con pruebas adicionales para que el caso tenga éxito", comentó Barsallo a EFE.

El juez federal brasileño José Antonio Dias Toffoli anuló las pruebas aportadas en Brasil por los delatores de Odebrecht contra los expresidentes Martinelli y Varela, informó en abril pasado la prensa local.

El magistrado brasileño también prohibió a los delatores declarar desde Brasil, por teleconferencia, como testigos de la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá, de acuerdo con la información de la prensa panameña, que citó al diario brasileño Metropoles. EFE

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, cargó nuevamente contra Nicaragua y lo acusó de no respetar el derecho internacional, abriendo así un nuevo capítulo en la crisis diplomática entre los países.

El 7 de febrero, el ex presidente panameño Ricardo Martinelli ingresó en la sede diplomática nicaragüense bajo condición de asilado, tras ser condenado a casi once años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Este hecho llevó a que la relación entre los países se deteriorara, aunque la situación empeoró con el correr de los meses, a raíz de lo que el Gobierno local considera “acciones político-partidistas” del ex mandatario, que son de carácter “ilegal, conforme al derecho internacional”.

Desde la Embajada, Martinelli suele inmiscuirse en cuestiones políticas y opinar sobre debates de agenda, “promoviendo el caos” y buscando generar conflictos en la sociedad. Una de sus últimas demostraciones fue en redes sociales, donde opinó sobre un proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que busca modificar la Seguridad Social.

Por estos dichos, la Cancillería panameña convocó a una reunión a la diplomática nicaragüense, Consuelo Sandoval Meza, en la que le presentó una queja formal y le exigió que el edificio no sea un “foco de reuniones públicas” sino que cumpla con los convenios internacionales sobre asilo, que establecen que las personas en calidad de asilados deben abstenerse de lanzar mensajes políticos.

“En lenguaje diplomático, cuando llamas a un embajador a la cancillería es porque el tema es serio, y sí, lo es. Sobre todo, es algo que no se puede permitir”, dijo Mulino tras el pedido a la cartera.

Más tarde, este jueves, el Presidente volvió a referirse al tema, esta vez elevando el tono de sus declaraciones y la tensión entre las partes.

“Yo le pedí al canciller (Javier Martínez Acha) que hiciera eso (...) para poner un poco de orden ahí, que se cumpla con los convenios internacionales de asilo. Tan sencillo como eso. No transformaremos ni esa ni ninguna embajada en un centro político ni de actividad político-partidista, ni a favor ni en contra de nadie”, comenzó diciendo y advirtió: “Espero que la República de Nicaragua entienda eso... es la primera advertencia que hacemos en ese sentido. Si no cumplen, entonces actuaremos”.

A continuación, Mulino cargó contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que avalan este tipo de acciones en su sede y la estadía del político, que se dice un perseguido político, y denunció que Nicaragua “es un país bastante sui géneris en materia de apelar a la suplicación del derecho”.

“Eso no existe ahí, no hay derecho en Nicaragua. Es un país que no tiene ni Dios ni ley. No estamos trabajando con un país común y corriente, y respetuoso del derecho internacional. No respeta ni el internacional, ni el interno, ni ningún derecho”, denunció.

A mediados de abril, el Gobierno de Panamá ya había manifestado su descontento con Managua al llamar a consultas a su embajadora en el país, nuevamente por la violación “flagrante y reiterada” del derecho internacional que representa el despliegue de las “acciones político-partidistas” en su sede diplomática.

“La República de Panamá se siente verdaderamente afectada en su integridad territorial por la actitud permisiva de la República de Nicaragua, que viola flagrantemente y de manera reiterada normas fundamentales del derecho internacional”, expresó entonces la Cancillería en un comunicado.

(Con información de AFP y EFE)

Ciudad de Panamá, 1 nov (EFE).- Las autoridades de Panamá decomisaron 46 cajas de monedas de un balboa, la divisa nacional que se equipara al dólar estadounidense, procedentes de China, informó este viernes la Autoridad Nacional de Aduanas.

En Panamá, donde el dólar es signo legal y no hay un banco central emisor, estas monedas de un balboa son conocidas como 'Martinellis' porque las lanzó en 2011 el entonces presidente del país Ricardo Martinelli (2009-2014), condenado por corrupción y asilado desde febrero pasado en la embajada de Nicaragua para evitar la cárcel.

Las 46 cajas de monedas presuntamente falsas, que suman una cifra aún no precisada por las autoridades, proceden de China, llegaron a un puerto panameño y fueron trasladadas en un camión de carga a un comercio, se limitó a señalar un comunicado de prensa de Aduanas.

Una fuente oficial dijo a EFE que las autoridades están contabilizando el alijo de monedas para determinar a cuánto asciende el monto y su valor de fabricación.

"Según las investigaciones preliminares, las monedas ilegales tienen un solo dueño; este trató de evadir la seguridad mezclando las cajas de monedas con el resto de la mercancía que fue verificada para asegurar que cuenta con la documentación correcta para su tenencia", agregó la misiva oficial.

A mediados de año las autoridades del estatal Banco Nacional de Panamá anunciaron el retiro paulatino de las monedas de un balboa, que muchos comercios y personas rechazan temiendo que sean falsas. EFE

Mientras José Raúl Mulino celebraba su triunfo electoral la noche de este domingo en Panamá, a más de mil kilómetros, en Managua, un viejo dictador se frotaba complacido las manos.

“Daniel Ortega calculó el triunfo del partido de (Ricardo) Martinelli. Y por eso es que le da el asilo y por eso es que le da protección. Ahora Ortega va a cobrar favores”, dice el analista político nicaragüense Eliseo Núñez.

José Raúl Mulino, 64 años, ganó el domingo la elección presidencial en Panamá con poco más del 34 por ciento de los votos después de una azarosa campaña en la que el exmandatario Ricardo Martinelli, candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza, fue inhabilitado electoralmente tras una condena por blanqueo de dinero.

Mulino, ex ministro de Seguridad de Martinelli y candidato a la vicepresidencia, asumió el liderazgo de la campaña y en la boleta electoral, al tiempo que Martinelli se refugiaba en la embajada de Nicaragua en Panamá para solicitar asilo político y evitar la cárcel en su país.

Cinco días después que fuera ratificada una condena a más de diez años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por lavado de dinero contra Martinelli, el 7 de febrero pasado, el régimen de Daniel Ortega anunció que Nicaragua otorgaba asilo político al expresidente panameño por considerarlo “perseguido por razones políticas”.

El gobierno panameño, sin embargo, negó el salvoconducto necesario para que Martinelli pudiera salir de la embajada y viajar a Nicaragua o cualquier otro destino.

Martinelli convirtió la embajada de Nicaragua en Panamá en su santuario personal, lo que significó una revolución en el más bien modesto edificio diplomático, ubicado en la urbanización La Alameda, corregimiento de Betania, en la capital panameña.

Tras la llegada de Martinelli se realizaron remodelaciones profundas en el edificio y se vio un desfile de operarios llevando utensilios de vivienda, así como visitas de amigos y correligionarios del mandatario panameño.

Martinelli, que se declara de derecha, y a pesar de estar en las antípodas con Daniel Ortega, se convirtió de esta forma en el tercer expresidente centroamericano acusado de corrupción en su país que busca refugio en la dictadura nicaragüense.

A Nicaragua llegaron también, como asilados políticos y luego se convirtieron en ciudadanos nicaragüenses de forma expresa, los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén.

Durante la campaña electoral, el Gobierno de Panamá reclamó la injerencia de Nicaragua al otorgarle asilo político a alguien sobre quien pesaba una orden de captura y denunció que Martinelli utilizó la sede diplomática nicaragüense para realizar proselitismo político a favor de Mulino.

“Agradezco muy especialmente y le doy las gracias por el noble y desinteresado gesto que nunca olvidaré, al Presidente de Nicaragua Comandante Daniel Ortega y a Doña Rosario Murillo su esposa y VP”, publicó Martinelli en X el 11 de marzo cuando cumplió 75 años.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, felicitaron este lunes al presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, por el triunfo electoral de este domingo.

“Celebramos en hermandad nuestroamericana y caribeña la decisión del pueblo panameño de elegirle como jefe del Estado y el Gobierno con un programa que usted mismo ha descrito como caminos de esperanza para las familias panameñas”, dice la carta enviada a Mulino.

Para el líder opositor nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro es difícil predecir por ahora cómo va a terminar esta relación entre el régimen de Daniel Ortega y Panamá.

“En el corto plazo veo muy probable una emisión de salvoconducto para que Martinelli deje la embajada, y eso lo libere un poco de la presión judicial que tiene en su país, más allá de que después el presidente electo, ya en funciones, vaya a querer ejecutar algún tipo de indulto o algo un poco más definitivo”, calcula Chamorro.

“Ortega, ciertamente, gana en esta partida en el corto plazo, porque de alguna manera, puede cobrar con más tranquilidad ahora su tajada (parte). Probablemente vaya a recibir a Martinelli y probablemente vaya a pedirle favores políticos en el concierto internacional a Panamá. Eso estoy seguro de que Ortega lo hará, lo que no estoy muy seguro es si Mulino se lo otorgaría”, añade.

Eliseo Núñez, analista político, considera que, además de las cuentas a cobrar que tiene Ortega “al dueño del partido al cual pertenece el presidente electo, también tiene a su favor que el tema de Nicaragua no es una prioridad para la sociedad panameña, es decir, no le genera afecciones internas a Panamá el hecho de que el nuevo gobierno de Mulino tenga mejores relaciones con Ortega”.

Tanto Chamorro como Núñez coinciden en que Mulino tiene en el parlamento un importante escollo dado que el partido Realizando Metas solo consiguió 13 de 71 escaños, según los recuentos preliminares.

“Un factor adicional es que esta vez el partido que ganó tiene muy pocos diputados en la Asamblea legislativa. Entonces esto también le quita capacidad a Mulino de poder pagarle todos los favores a Ortega”, dice Núñez.

El analista agrega dos factores que podrían cambiar los cálculos de Ortega: la presión de Estados Unidos y la independencia que Mulino pueda mostrar ante Martinelli.

“La presión de los Estados Unidos sobre Panamá puede ser bastante puntual y fuerte, y dependerá también de si Nicaragua sigue siendo prioridad para Estados Unidos en la región; y lo segundo que puede ayudar en esto es que siempre es incómodo que alguien quiera mandar en lugar del presidente electo. Y esto pudiera ocasionar roces con Martinelli”, agrega.

Por el momento, afirma Núñez, “se ve que la jugada a Ortega le salió bien y Martinelli va a tener un indulto o, en el peor de los casos, puede obtener un salvoconducto para irse de Panamá. Pero, definitivamente, es momento para que Ortega cobre favores y veremos si Mulino los va a pagar”.