El acuerdo forma parte de los esfuerzos del presidente Trump por encontrar gobiernos dispuestos a aceptar a personas que fueron detenidas en Estados Unidos.

Costa Rica dijo el lunes que aceptó recibir hasta 25 deportados semanales de Estados Unidos, en un momento en que el país centroamericano busca una alianza más cercana con el gobierno de Donald Trump.

El acuerdo forma parte de los esfuerzos del presidente Trump por encontrar países dispuestos a acoger a los migrantes que han sido detenidos en Estados Unidos. Muchas de las personas que ya han sido deportadas proceden de países de África, Europa Oriental y Asia, donde las autoridades estadounidenses no pueden devolverlas fácilmente. Muchos migrantes tampoco pueden ser devueltos de manera legal a sus países de origen por temor a sufrir persecución o abusos.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y Kristi Noem firmaron el acuerdo. Noem visitó el país como enviada especial de Trump para la coalición Escudo de las Américas contra el narcotráfico, tras su reciente destitución como secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Chaves dijo que el acuerdo es voluntario y no vinculante, y permite a Costa Rica decidir qué deportados acepta o rechaza, incluida la elección de nacionalidades concretas. En virtud del acuerdo, el gobierno estadounidense proporciona ayuda económica y la Organización Internacional para las Migraciones, organismo de las Naciones Unidas, sufraga los costos de alojamiento y manutención de los deportados, dijo la oficina del presidente costarricense en un comunicado.

La Organización Internacional para las Migraciones y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se ocupa de las expulsiones, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El martes, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, quien sucederá a Chaves en mayo, dijo a la prensa que el acuerdo era un gesto de reciprocidad hacia el gobierno de Trump, al que Chaves ha intentado cortejar mediante una serie de concesiones sin precedentes.

"Nosotros tenemos una alianza", dijo Fernández, y añadió que el gobierno estadounidense ha ejecutado operaciones de seguridad conjuntas con Costa Rica y ha proporcionado equipamiento y formación a la policía del país, entre otras acciones encaminadas a debilitar a los grupos delictivos. "Y cuando usted está en una alianza, se entiende que usted recibe y también da apoyo a su aliado".

Aunque el acuerdo establece que solo se trasladarán 25 personas deportadas por semana, ese límite puede ser ajustado por Costa Rica, según el comunicado. Las autoridades no facilitaron copia del acuerdo.

El gobierno costarricense dijo que los migrantes serán procesados conforme a su ley de inmigración y que se les concederá un estatuto jurídico temporal mientras se decide su situación a largo plazo. En virtud de esta misma política, el año pasado el gobierno permitió a los migrantes deportados solicitar asilo, abandonar Costa Rica o vivir con un estatuto especial designado, aunque solo después de haberlos tenido recluidos durante meses.

"Esas personas deportadas ingresarían al país en contra de su voluntad, traídas por autoridades oficiales, sin haber cometido ninguna infracción en Costa Rica", dijo Mauricio Herrera, exministro costarricense que presentó el año pasado una solicitud de habeas corpus para impugnar las detenciones.

"Si Costa Rica acepta traerlos", dijo, "los migrantes deben ser puestos en libertad en cuanto toquen territorio nacional". Las autoridades también deben proporcionar servicios de traducción, alimentos, atención médica y educación para los niños, añadió.

El año pasado, el gobierno costarricense aceptó recibir a 200 deportados de Estados Unidos, entre ellos 81 niños, que habían llegado de lugares tan lejanos como China, Afganistán, Rusia y Azerbaiyán.

Ese grupo viajó en autobuses durante varias horas hasta un refugio temporal ubicado cerca de la frontera con Panamá. Allí, los guardias recogieron sus pasaportes y los hacinaron en barracones, con hasta cinco familias por habitación, según relataron varios deportados a The New York Times a principios de febrero. La atención médica era irregular, incluso cuando la gente adelgazaba y enfermaba, dijeron dos familias que aún vivían en Costa Rica.

Omer Badilla, director de la autoridad de migración de Costa Rica, rebatió las afirmaciones, algunas de las cuales fueron documentadas por grupos de derechos humanos.

"Se les ofreció un país al cual pudieran acceder y disfrutar los extremos de nuestro país", dijo en una entrevista el mes pasado, "para que formaran parte de nosotros".

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica emitió un informe mordaz y crítico sobre el trato dado a los deportados. Posteriormente, la Sala Constitucional consideró que su detención era arbitraria e ilegal. Las autoridades costarricenses liberaron a los migrantes y les dieron la opción de quedarse o marcharse.

De los 200 migrantes expulsados a Costa Rica, 110 regresaron a sus países de origen y 34 solicitaron asilo allí, dijo Badilla. El resto recibió un estatus migratorio especial, que les permitía encontrar trabajo y moverse libremente por Costa Rica.

Pero Badilla reconoció que el gobierno había perdido la pista de casi todos los migrantes que no habían regresado inmediatamente a sus países de origen, lo que sugería que algunos podían haber abandonado el país.

Algunos críticos pidieron al gobierno que pusiera fin al acuerdo.

"Nuestro llamado para el gobierno es que revise esta decisión y que no la implemente", dijo Marcia Aguiluz Soto, abogada costarricense de derechos humanos del American Friends Service Committee, quien asistió a algunas de las familias deportadas.

"Es una concesión que parte de una política transaccional", añadió, "que no beneficia al país, a nuestra imagen, a la ciudadanía o a las personas que llegan a Costa Rica".

David Bolaños colaboró con reportería desde San José, Costa Rica.

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.

David Bolaños colaboró con reportería desde San José, Costa Rica.

DeportationRefugees and Displaced PersonsUnited NationsTrump, Donald JCosta Rica

El país está tomando medidas para "proteger" a decenas de migrantes de naciones lejanas que fueron deportados de Estados Unidos y que hasta hace poco estaban detenidos indefinidamente.

Las autoridades costarricenses dijeron esta semana que harían posible que decenas de migrantes deportados de Estados Unidos se quedaran legalmente en el país, o que se marcharan si así lo decidían.

Omer Badilla, director de migración de Costa Rica, afirmó que a partir del lunes las autoridades estaban devolviendo los pasaportes y otros documentos a personas que habían estado detenidas desde febrero en un centro alejado, a horas de la capital.

También dijo que una resolución aprobada el lunes por el gobierno abriría un camino para que los deportados pudieran quedarse e integrarse en la sociedad costarricense.

Badilla dijo en una entrevista con The New York Times que los funcionarios solo habían retenido los pasaportes como una medida de protección. "Si la persona tiene un temor fundado de retornar a su país, nosotros no lo vamos a retornar jamás", dijo. "Los vamos a proteger".

La medida llega después de que el propio defensor de los habitantes del país, grupos de derechos humanos y una coalición de abogados internacionales denunciaron a Costa Rica por lo que, dijeron, era la detención indebida de migrantes deportados. Afirmaron que el gobierno había violado sus derechos en el proceso.

En febrero, 200 migrantes de países como China, Irán, Rusia y Afganistán llegaron a Costa Rica procedentes de Estados Unidos como parte de los planes de deportación masiva del gobierno de Donald Trump. Después fueron trasladados en autobús a un centro de detención, una antigua fábrica de lápices, cerca de la frontera con Panamá.

En una entrevista anterior, Badilla dijo que los migrantes no podían salir del centro a menos que estuvieran escoltados por agentes de policía. Y eran retenidos hasta que accedieran a ser repatriados a sus lugares de origen --de los que muchos habían huido--, o solicitaran asilo a Costa Rica o a otro país, según los abogados que la semana pasada presentaron una demanda contra Costa Rica ante un comité de Naciones Unidas.

Según la demanda, decenas de niños no tenían acceso a educación, atención pediátrica ni asesoría legal mientras estaban detenidos.

Quedan alrededor de 80 personas en el centro de retención, en su mayoría familias con niños, explicó Badilla. El resto ya regresó a sus países de origen, dijo.

El país "reconoció la gravedad, la urgencia y la necesidad de ayuda humanitaria que tienen estas personas", dijo Juan Ignacio Rodríguez Porras, abogado del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, una de las tres organizaciones que presentaron la demanda.

Aún así, dijo, queda mucho por hacer.

La resolución que Costa Rica publicó el lunes concede a los deportados un permiso humanitario especial de tres meses para abandonar el centro de detención, aunque también les permite quedarse si necesitan un lugar donde dormir, comer y ducharse.

Sin embargo, el documento no permite que los migrantes trabajen en el país, un paso necesario para encontrar su lugar en una nación con la que no están familiarizados, dijo Rodríguez Porras.

"Entonces, en la práctica, ¿qué les están dando?", dijo. "Lo que buscan es que las personas quieran irse lo antes posible".

Badilla dijo que el gobierno también estaba colaborando con otros países, entre ellos Canadá, para ver si aceptaban a algunos de los migrantes. Pero añadió que todos ellos podrían solicitar asilo en Costa Rica en cualquier momento, lo que les brindaría una vía legal hacia el empleo.

"Queremos que esta población se integre a nuestro país", dijo, "porque yo sé que ellos nos pueden ofrecer mucho a nosotros".

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.

United States Politics and GovernmentVisasArias Sanchez, OscarRubio, MarcoCentral AmericaCosta RicaUnited StatesUnited States International Relations

El premio nobel y dos veces presidente de Costa Rica ha criticado duramente al presidente Trump al describir su actuar como el de un "emperador romano".

Óscar Arias Sánchez, premio nobel y expresidente de Costa Rica, dijo el martes que Estados Unidos le había revocado la visa para ingresar al país, sin dar ninguna razón.

Arias, crítico declarado del presidente Donald Trump, parece ser el más destacado de una serie de personas a las que se ha cancelado la visa o denegado la entrada, ahora que el gobierno de Trump prohíbe la entrada a quienes considera que tienen "actitudes hostiles" hacia Estados Unidos.

Arias, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1987 por mediar en un plan para poner fin a las guerras civiles en Centroamérica, dijo que había recibido un breve correo electrónico del gobierno estadounidense en el que se le informaba que se le había revocado la visa.

En una conferencia de prensa en San José, Costa Rica, dijo que el correo electrónico, que recibió el martes por la mañana, citaba la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite al secretario de Estado y a los funcionarios consulares revocar visas a discreción.

El Departamento de Estado estadounidense no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios, ni tampoco lo hizo el gobierno costarricense.

"No sé por qué me han suprimido la visa", dijo Arias en la conferencia de prensa. "No sé si es producto de una represalia porque digo lo que pienso, y escribo lo que digo".

Arias ha criticado al gobierno de Trump en las redes sociales. En febrero, escribió en Facebook que Trump se comportaba como "un emperador romano, diciéndole al resto del mundo lo que debe hacer".

"Si alguien quiere utilizar alguna represalia para silenciarme, pues obviamente no me van a silenciar", dijo Arias el martes. Dijo que no tenía previsto viajar a Estados Unidos, y no facilitó información sobre qué tipo de visa tenía ni cuándo caducaba.

Arias, quien fue presidente de Costa Rica de 1986 a 1990 y de 2006 a 2010, es uno de los principales estadistas del país y dirige una fundación que promueve la paz y la democracia.

El gobierno de Trump ha tomado medidas para deportar a algunos residentes y estudiantes extranjeros que han participado en protestas en campus universitarios contra la guerra de Israel en Gaza, o que pueden haber criticado a Estados Unidos.

El secretario de Estado Marco Rubio ha ordenado a los diplomáticos que examinen las publicaciones en las redes sociales de algunos solicitantes de visa. En un cable enviado a las misiones en el extranjero el 25 de marzo, se afirmaba que se puede denegar la visa a los solicitantes si su comportamiento o acciones demuestran que tienen "una actitud hostil hacia los ciudadanos estadounidenses o la cultura estadounidense (incluidos el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales)".

Rubio dijo la semana pasada que había firmado tal vez más de 300 cartas de revocación de visas de estudiantes, visitantes y otras personas a fin de expulsarlos de Estados Unidos por sus opiniones sobre política exterior o sus actividades delictivas.

El mes pasado, el gobierno de Francia dijo que se había impedido la entrada en Estados Unidos a un científico francés por una opinión que había expresado sobre las políticas del gobierno de Trump en materia de investigación académica. Pero las autoridades estadounidenses lo negaron, afirmando que el científico había sido rechazado porque tenía datos "confidenciales" de un laboratorio estadounidense, no por sus creencias personales.

Annie Correal colaboró con reportería.

Yan Zhuang es reportera en la oficina del Times en Seúl y cubre noticias de último momento. Más de Yan Zhuang

Annie Correal colaboró con reportería.

Costa RicaDeportationIllegal ImmigrationTrump, Donald J

El vuelo aterrizó en San José, la capital costarricense, el jueves por la noche. Entre el grupo de migrantes a bordo había decenas de niños, dijeron las autoridades.

Migrantes de todo el mundo --entre ellos decenas de niños-- aterrizaron el jueves por la noche en San José, capital de Costa Rica, tras haber sido deportados de Estados Unidos por cruzar ilegalmente la frontera sur.

Su avión fue el primer vuelo de este tipo que llegaba a Costa Rica y transportaba al más reciente grupo de migrantes de países del hemisferio oriental deportados por Estados Unidos a Centroamérica, una nueva táctica en la ofensiva del gobierno de Trump contra la migración.

La semana pasada, tres vuelos fueron enviados a Panamá con personas procedentes de países como China e Irán, donde organizar las deportaciones es más complicado para Estados Unidos debido a la falta de relaciones diplomáticas con sus gobiernos o a otros obstáculos.

En Panamá, los migrantes consiguieron comunicarse con periodistas de The New York Times mientras estaban retenidos en un hotel, llamando la atención sobre su incierta situación. Algunos dijeron que habían abandonado sus países huyendo de la persecución y temían por su seguridad si los devolvían.

El jueves, cuando el avión aterrizó en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, a las afueras de San José, un grupo de periodistas que se había reunido en la pista captó imágenes de los migrantes a bordo.

Sostenían sus teléfonos móviles junto a las ventanillas, lo que revelaba que no llevaban esposas ni les habían quitado los dispositivos.

Las autoridades dijeron que en el vuelo viajaban 135 personas: 65 niños y 70 adultos, entre ellos un anciano y dos mujeres embarazadas. "En su mayoría son núcleos familiares; vienen familias completas", dijo Omer Badilla, viceministro de Gobernación y director de la autoridad migratoria de Costa Rica.

Otros 65 migrantes llegarían al país en los próximos días, dijo Badilla, señalando que Costa Rica se había comprometido a recibir a 200 migrantes en total.

El vuelo transportaba a personas de más de una decena de naciones, dijeron las autoridades. Más de la mitad del grupo procedía de unos pocos países: Uzbekistán, China y Armenia.

También había personas a bordo procedentes de Afganistán, Irán, Turquía, Jordania, Rusia y Georgia.

A la pregunta de un periodista sobre qué ocurriría con quien se negara a ser devuelto a su país de origen, Badilla dijo: "La mayoría, o casi la totalidad, tiene su deseo de retornar a sus países. Eventualmente, se atenderían puntualmente casos específicos, si existiera alguna solicitud particular".

Dijo: "Es una mera colaboración que pidió Estados Unidos. Entendemos que ellos ya tenían un proceso de deportación, y lo que hace Estados Unidos es buscar un aliado para que le colabore en toda esta plataforma de traslado a sus países".

El avión estaba rodeado por unos 20 agentes de policía. Los deportados desembarcaron a cierta distancia de la multitud de periodistas y subieron inmediatamente a varios autobuses señalizados con la palabra "turismo" que esperaban en la pista de aterrizaje.

Cuando el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habló del vuelo en una conferencia de prensa esta semana, dijo que el gobierno de su país se había sentido obligado a aceptar a estos deportados en particular porque entre ellos había niños.

Costa Rica ha hecho alarde de su historial de defensa de los derechos humanos, incluido el trato a los migrantes.

Desde el aeropuerto, los migrantes serían trasladados a una instalación remota denominada Centro de Atención Temporal de Migrantes, dijeron las autoridades. Se encuentra en el cantón sureño de Corredores, a más de 320 kilómetros de la capital.

"Nosotros descartamos la posibilidad de un hotel justamente para que no nos pase la situación de Panamá", dijo Badilla, funcionario de migración, a The Associated Press.

El gobierno de Costa Rica ha estipulado que los migrantes no permanezcan en el país más de 30 días antes de ser enviados a sus países de origen, una operación que, según ha dicho, será supervisada por organismos de las Naciones Unidas, incluida la Organización Internacional para las Migraciones, y financiada por Estados Unidos. Sin embargo, Chaves ha admitido que, en algunos casos, organizar las deportaciones podría llevar más tiempo.

Annie Correal informa desde Estados Unidos y América Latina para el Times. Más de Annie Correal

Costa RicaDeportationCentral AmericaPanamaInternational Organization for MigrationIllegal ImmigrationUnited States International RelationsIndia

Costa Rica es el segundo país centroamericano que acepta migrantes de países lejanos mientras el gobierno de Trump aumenta los vuelos de deportación.

Costa Rica anunció el lunes que esta semana recibiría un vuelo procedente de Estados Unidos con 200 migrantes de Asia Central e India, lo que lo convierte en el segundo país de Centroamérica que acepta deportados de países lejanos que habían cruzado de forma ilegal a Estados Unidos.

La semana pasada, Panamá recibió tres vuelos de deportación estadounidenses, con migrantes procedentes de países de Asia, Medio Oriente y África.

Estos vuelos parecen ser la nueva táctica del gobierno de Donald Trump para tratar a los migrantes no autorizados procedentes de países a los que podría no ser fácil devolverlos, ya que el gobierno pretende aumentar las deportaciones. En lugar de mantener a esos migrantes en centros de detención en la frontera sur, el gobierno está reclutando a otros países dispuestos a aceptarlos, donde no está claro qué ocurrirá finalmente con los deportados.

Durante su viaje por Centroamérica y el Caribe a principios de este mes, el secretario de Estado Marco Rubio recibió garantías de varios gobiernos, entre ellos los de Panamá y Costa Rica, de que se comprometían a colaborar con el gobierno de Trump en cuestiones de migración. Pero se ofrecieron pocos detalles.

En su anuncio del lunes, el gobierno de Costa Rica dijo que el primer grupo de deportados llegaría en un vuelo comercial el miércoles por la tarde.

Costa Rica dijo que su territorio "servirá de puente" para el regreso de los migrantes a sus países de origen, y que el proceso de repatriación sería "completamente financiado por el Gobierno de los Estados Unidos, bajo la supervisión de la Organización Internacional para las Migraciones", organismo de las Naciones Unidas que, según Costa Rica, se encargaría del cuidado de los migrantes durante su estancia en el país. Panamá ha descrito un proceso similar para los deportados enviados allí por Estados Unidos.

Los representantes de la agencia de la ONU en Costa Rica no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Tras llegar al aeropuerto principal de San José, la capital, los deportados serán trasladados a un refugio para migrantes en el cantón de Corredores, en el sur del país, dijo Costa Rica.

Las autoridades costarricenses no dijeron cuántos migrantes esperaban que Estados Unidos enviara finalmente, ni cuánto tiempo permanecerían en Costa Rica antes de ser enviados a sus países de origen.

No hace mucho, Costa Rica estaba lidiando con cómo hacer frente a los miles de migrantes que pasaban por allí de camino a la frontera estadounidense. Sus albergues estaban abarrotados de personas que, en muchos casos, habían atravesado el peligroso Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, para llegar a Centroamérica.

En el último año, el número de migrantes que pasan por Costa Rica ha disminuido drásticamente a medida que Estados Unidos, México y Panamá han endurecido sus fronteras y reforzado la aplicación de las leyes de inmigración.

Annie Correal reporta desde Estados Unidos y América Latina para el Times. Más de Annie Correal

Aviation Accidents, Safety and DisastersAirlines and AirplanesDeaths (Fatalities)Costa RicaRescuesSan Jose (Costa Rica)

Personal de rescate recorrió durante la noche un remoto bosque de montaña con una mujer que sobrevivió al accidente en el que murieron cinco de las seis personas que iban a bordo.

Trabajadores de emergencias de Costa Rica caminaban a primera hora del martes por un remoto bosque montañoso con una mujer que se encontraba en estado crítico tras sobrevivir a un accidente aéreo en el que murieron cinco de las seis personas que iban a bordo.

El avión Cessna 206 Stationair se estrelló el lunes por la tarde en la zona de Pico Blanco, al suroeste de la capital, San José, dijo la Cruz Roja Costarricense. En la aeronave viajaban el piloto, el copiloto y una familia.

La mujer de 31 años fue la única sobreviviente. Según dijo Patricia Solórzano Cordero, vocera de la Cruz Roja, cuando se acercaba la medianoche, los trabajadores de emergencia la llevaban a través de un bosque remoto hasta una zona donde esperaba una ambulancia. Dijo que se esperaba que la caminata durara al menos tres horas.

Un video que Solórzano Cordero compartió con The New York Times mostraba a los trabajadores con equipo de senderismo y linternas frontales mientras se abrían paso a través de una densa selva, trepando por las raíces mientras rozaban las ramas.

El equipo de búsqueda estaba formado por 60 integrantes de la Cruz Roja, 13 vehículos de emergencia y una unidad canina, según Solórzano Cordero. Cuando un grupo de rescatistas encontró la aeronave a las 8:30 p. m., dos de las personas a bordo estaban vivas, dijo.

La agencia de aviación civil de Costa Rica no respondió inmediatamente a las preguntas sobre el suceso.

Mike Ives es un reportero del Times que vive en Seúl, desde donde cubre noticias de última hora en todo el mundo. Más de Mike Ives

San José, 15 may (EFE).- Diversos sectores productivos de Costa Rica se manifestaron este miércoles en el centro de la capital en contra de las políticas agrícolas y monetarias del Gobierno, en especial por la caída de más del 25 % de la cotización del dólar con respecto a la moneda local, el colón.

Miles de agricultores, exportadores, trabajadores del sector turismo, de la construcción, de transporte, entre otros, marcharon pacíficamente por el centro de San José para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, que a juicio de estos sectores, están afectando la competitividad y el empleo.

"El sector productivo tiene más de 20 meses de estar advirtiendo al Banco Central y al Gobierno que esta política cambiaria y monetaria nos está liquidando y que hemos hecho el mayor de los esfuerzos para buscar una salida para un tipo de cambio neutro, equilibrado", declaró a EFE el secretario general Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional), Guido Vargas.

La manifestación, que también se enmarco en el Día del Agricultor Costarricense, recorrió el centro de San José con paradas en el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa, y reunió a miembros de cámaras y sectores que representan a 1,5 millones de empleos.

En la protesta participaron también diputados tanto de derecha como de izquierda, empresarios y sindicalistas, que expresaron su apoyo a los agricultores, a los trabajadores y a las empresas que se están viendo afectadas por la devaluación del dólar.

La situación radica en que la mayoría de los sectores, en especial el exportador y el turístico, reciben sus ingresos en dólares pero tienen sus costos locales en colones.

Desde el 23 de junio de 2022, cuando el dólar estuvo a 698,44 colones, el valor se ha venido cayendo constantemente y en 2024 ha llegado a rozar los 500, lo que supone una variación cercana al 28 %, niveles que no se veían desde el 2014.

La tendencia a la baja se ha mantenido en el 2024, pues el año comenzó con el dólar en 526,88 colones y este 15 de mayo se sitúa en 512,70.

Los trabajadores que reciben sus salarios en dólares han visto afectada su capacidad adquisitiva al trasladar el dinero a colones.

"Cada centavo de deslizamiento en el tipo de cambio del dólar hacia la baja representa entre 50 y 100 colones menos que tienen las empresas para pagar los salarios de 690.000 costarricenses de todo el país, con mayor incidencia en zonas rurales que dependen del sector productivo y amenaza con generar más desempleo”, aseguró el presidente de la Cámara de Exportadores, Víctor Pérez.

Los sectores participantes criticaron en un comunicado "la indiferencia de las autoridades con el sector productivo nacional que genera millones en divisas, empleos y dinamiza la economía"

El Gobierno y el Banco Central han dicho varias veces que esto se trata de una situación de mercado y que la entidad monetaria interviene en el mercado de divisas cuando lo considera necesario.

El exdiputado, exviceministro de agricultura y dirigente agrícola, Óscar Campos, afirmó que es urgente que el Gobierno brinde una atención especializada al sector exportador y agrícola para "amortiguar el golpe" que supone la devaluación del dólar.

"El ministro de Agricultura es un verdadero fiasco, no sirve. No hay ministro, ni política agrícola, el sector sobrevive porque es fuerte y valiente, no porque haya una estrategia para apoyarlo", afirmó Campos.